CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 450

SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 25

celebrada el miércoles, 16 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora subsecretaria de Sanidad y Política Social (Sánchez Naranjo), para informar sobre el Plan estratégico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente
212/000911.) ... (Página 2)


- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el reglamento (CE) número 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, Reach. (Número de expediente 121/000029.) ... (Página 17)


- Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el

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reglamento (CE) número 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, Reach. (Número de expediente
121/000029.) ... (Página 17)


Proposiciones no de ley:


- Sobre la asignación del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a fines sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000446.) ... (Página
21)


- Sobre las ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/000807.) ... (Página 21)


- Sobre las asignaciones a entidades sociales producto del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para fines sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000832.) ... (Página 21)


- Relativa a prevenir y erradicar los malos tratos a menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001183.) ... (Página 27)


- Relativa a la necesidad de adoptar medidas para solucionar los problemas de colapso en el puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001337.) ... href='#(Página29)'>(Página 29)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (SÁNCHEZ NARANJO), PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente
212/000911.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señorías, iniciamos la sesión de esta tarde con la comparecencia de la subsecretaria de Sanidad y Política Social para informar sobre el Plan estratégico de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, a petición del Gobierno.
Tiene la palabra la señora subsecretaria de Sanidad y Política Social.



La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Sánchez Naranjo): Señorías, en mi comparecencia del 9 de octubre del año 2008, en la que les informaba de las principales líneas presupuestarias del entonces Ministerio de Sanidad y
Consumo para el año 2009, hice referencia al hecho de que se iba a proceder a la elaboración de un plan estratégico en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con un horizonte temporal de cuatro años, cuyo objetivo era conseguir
la optimización de la organización y el funcionamiento de la agencia para un mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. Hoy comparezco, porque me parece que es importante informar en sede parlamentaria del resultado de este tipo de
trabajos que han involucrado a la organización, que no es otro que la implantación de la planificación estratégica en la agencia, transmitirles las principales características del desarrollo de esta experiencia durante el año 2009 y, al hilo de
ello, reflexionar con ustedes, si es posible, sobre la importancia de esta institución, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en nuestro sistema de salud.



Como SS.SS. bien conocen, la agencia es un organismo de enorme relevancia sanitaria, social, industrial y económica, ya que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y de los productos sanitarios. Además, en este
año 2009 se han cumplido los diez años desde la creación de la agencia, durante los cuales creo, de verdad, que se ha avanzado de una manera espectacular, tanto en el volumen de sus actuaciones como en el ámbito de sus competencias. Por hacer un
resumen rápido, les diré que las actividades y los productos regulados por la Aemps incluyen medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario, vigilancia del mantenimiento de un beneficio-riesgo favorable para todos los medicamentos que
están en el mercado, la vigilancia de las instalaciones de fabricación de


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medicamentos, la certificación de los productos sanitarios mediante el otorgamiento del marcado CE y la vigilancia de la seguridad de los productos sanitarios que están en el mercado español, las garantías de seguridad de los cosméticos y
muchas otras áreas de actuación a las que me iré refiriendo posteriormente al presentar los objetivos estratégicos.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Al mismo tiempo, y no menos importante que su actividad a nivel nacional, la Aemps ha consolidado un papel de liderazgo en la red de agencias europeas de medicamentos; ejemplo de su papel en la EMEA es sin duda el que ha desempeñado en la
vacuna de la gripe pandémica, de hecho, la Aemps, nuestra agencia española, ha sido una de las siete a las que se ha asignado la evaluación técnica de estas vacunas. Las características singulares que reúne la agencia, sus funciones, la
cualificación extraordinaria de su capital humano, la configuraban como un organismo idóneo para implantar la planificación estratégica como metodología de trabajo; un método integral que permite contemplar todas las fases de gestión, a corto, a
medio y a largo plazo, así como también evaluar los resultados y que hace ya cerca de dos décadas que comenzó a implantarse en el ámbito de la Administración General del Estado.



Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del pasado año, la Aemps elaboró su Plan estratégico general para el período 2009-2012 partiendo de dos principios metodológicos básicos: el trabajo en equipo y también el de descubrir
desde dentro de la organización los objetivos generales y las estrategias por parte del comité de dirección y, por supuesto, por parte del resto de los intervinientes -insisto en que ahí la organización estuvo muy involucrada, no solo en sus órganos
directivos sino en el conjunto de sus empleados- los proyectos correspondientes con sus objetivos específicos. El plan estratégico es un intento de sistematizar de una manera razonable todas las actividades de la agencia para el logro de sus
actividades durante este período al que hacía referencia. Atendiendo a los principios generales y a la teoría básica de la planificación estratégica y de la dirección por objetivos, este plan se estructura -como no podía ser de otra manera- en una
misión, que es la razón de ser de la agencia, que consiste, en concreto, en garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la calidad, la seguridad, la eficacia y la correcta información de los medicamentos y productos
sanitarios en el más amplio sentido, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de la salud de las personas y de los animales. La visión es la imagen de la realidad futura de la agencia, aquella que es
deseable y alcanzable por parte de la agencia. En tal sentido entendemos que la agencia debe consolidarse como la autoridad sanitaria de referencia para ciudadanos y para profesionales sanitarios en materia de garantías de calidad, seguridad,
eficacia, información y accesibilidad de los medicamentos y productos sanitarios. Sus objetivos son las metas, las finalidades, los propósitos de carácter general que se pretende conseguir con el actual equipo de la agencia en un período de cuatro
años, que en el caso de la agencia, como ahora veremos, se han identificado seis objetivos generales a los que me referiré ahora. Finalmente, las estrategias son los caminos, las vías o líneas de actuación de las diferentes unidades directivas de
la agencia para conseguir esos objetivos generales enunciados.



De acuerdo con esta estructura, el plan quedó configurado del siguiente modo: Seis objetivos generales, veintidós estrategias y ciento veintitrés proyectos concretos, que son los conjuntos coordinados de actividades que discurriendo por una
estrategia pretenden conseguir un objetivo específico que a su vez contribuya a la consecución de un objetivo general. Paso ya a exponerles cuáles son esos objetivos y algunas de las actuaciones que en el marco de cada uno de esos objetivos ha
desarrollado ya la agencia en el tiempo que lleva ya aprobado el plan estratégico. El primero y más importante es el de preservar las garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y accesibilidad a los medicamentos y productos sanitarios
en España, así como las garantías aplicables a los cosméticos y a los productos de higiene personal. Este es, como decía, el objetivo fundamental de la agencia, y es lógico que incluya una parte sustancial de los proyectos del plan estratégico, en
concreto, cincuenta y ocho proyectos agrupados en seis estrategias, y que tenga asignada, pues, la mayor parte de su presupuesto, más del 50 por ciento del presupuesto de la agencia se asigna en concreto a la ejecución de este objetivo.



Una de las estrategias para la consecución de este objetivo es la mejora de los procesos de autorización y control, es algo en lo que seguimos trabajando, aunque se ha avanzado mucho. Hemos realizado una revisión y actualización de la
normativa que creo, de verdad, que es espectacular, con seis reales decretos publicados sobre autorización de medicamentos, farmacovigilancia, medicamentos veterinarios, productos sanitarios, productos implantables activos y acceso a medicamentos
especiales no autorizados. A estos seis se añaden los dos últimos decretos de esta revisión y que acaban de finalizar el trámite de audiencia: el de autorización de laboratorios, que yo tengo la esperanza de que en un plazo máximo de dos meses
pueda estar aprobado por el Consejo de Ministros, y también el de autorización de las modificaciones en medicamentos ya autorizados, en el que ya hemos recibido las observaciones de la industria y estamos en condiciones de elaborar inmediatamente un
texto definitivo para enviar al Consejo de Estado.



En la elaboración de estas normas, que dan una idea de la importancia reguladora del organismo, además del refuerzo de las garantías sanitarias se han tenido muy presentes dos objetivos adicionales, y creo que tremendamente de futuro
-objetivos que enlazan con la vida y con la actividad de las agencias en el marco en el que nos movemos, que es el de la red europea de agencias-: garantizar el acceso electrónico ante la agencia, a los


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diferentes trámites de la agencia y, por supuesto, reducir las cargas administrativas para empresas y para ciudadanos. Con ello creo que estamos en condiciones de decir que la agencia a final de este año cumplirá el reto impuesto, marcado
por la Ley de administración electrónica, aprobada por el Parlamento no hace demasiado tiempo, creo que con mayoría absoluta de todos los grupos parlamentarios. Con esta ley, que garantizará el acceso electrónico de los ciudadanos y las empresas a
sus procedimientos, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner en marcha una oficina virtual de la agencia. Aquí quiero destacar, por supuesto, el portal Labofar para la industria farmacéutica, en el que se realizan ya decenas de procedimientos por
vía enteramente telemática. En 2010 se van a seguir revisando y modernizando el resto de los procedimientos que conforman la oficina virtual, entre los que va a tener un protagonismo especial el proyecto de implantación de los expedientes
electrónicos de medicamentos en formato internacional, los eCTD, iniciado ya en enero de 2009 y que queremos ir expandiendo a todas las empresas y procedimientos. En consonancia con esta transformación a una agencia sin papeles, se han revisado
múltiples procedimientos, varios de ellos incluidos en los planes del Gobierno para la reducción de cargas administrativas y la mejora de la regulación, aprobados en Consejo de Ministros en agosto de 2008 y en abril de 2009; estos acuerdos no son
más que el reflejo de una decisión de mayor ámbito, que es el ámbito europeo, que obliga al conjunto de los países de la Unión. En la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hemos hecho una apuesta decidida por la reducción de
cargas porque entendemos que es fundamental para el mejor desarrollo de nuestra industria farmacéutica.



Otro elemento importante de este objetivo es la idea de optimizar los sistemas de vigilancia y control de alertas de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos; una estrategia de gran envergadura en este objetivo que engloba catorce
proyectos específicos. El plan de farmacovigilancia establecido por la agencia para la gripe A quizá es un ejemplo de cómo es capaz de organizar una estrategia de vigilancia adaptada a las necesidades de un momento especial como este, utilizando
las estructuras y los proyectos y, por tanto, la planificación estratégica existente e iniciando programas nuevos tales como el registro español de síndrome de Guillain Barré o el registro de mujeres embarazadas vacunadas. Uno de los proyectos ya
existentes que ha cobrado especial sentido en el marco de este plan de farmacovigilancia para la gripe ha sido Bifap, que permite el seguimiento de la seguridad de los medicamentos en condiciones reales de uso a partir de las historias clínicas
electrónicas y anonimizadas de más de 2 millones de pacientes en 10 comunidades autónomas distintas y que además se ha integrado en el consorcio europeo financiado por el ECDC para el estudio de la seguridad de las vacunas.



Una estrategia que no quiero dejar de mencionar en este objetivo es la elaborada frente a los medicamentos falsificados, también un poco por lo novedosa, aunque SS.SS. la conocen sobradamente. Esta estrategia marca verdaderamente un antes
y un después para las actuaciones frente a este problema a nivel nacional, y se basa sobre todo, como tantos proyectos que incluye el plan estratégico, en la cooperación entre todos los sectores, entre todos los agentes implicados y, sobre todo, en
un intercambio de información rápido y permanente. Muestra de las actuaciones de esta naturaleza son la puesta en marcha una vez más de una herramienta electrónica que permite una comunicación constante entre la Aemps y la inspección farmacéutica
en frontera, y un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior que está ya en su fase final de preparación.



Importante es también señalar la vigilancia en frontera de la entrada de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos que realizan los farmacéuticos de las áreas de sanidad de las delegaciones del Gobierno.
Para mejorar su coordinación
funcional por parte de la Aemps, existen en el plan estratégico proyectos relativos al acceso compartido de la información o nuevas herramientas de gestión electrónica de sus actividades que, por supuesto, con la ayuda del Ministerio de la
Presidencia, que es del que dependen verdaderamente todas estas áreas, verán sus frutos sin duda en el año 2010.



Por otra parte, tengo que referirme necesariamente a las actuaciones encaminadas a la lucha contra la venta de medicamentos ilegales en Internet. Además de diversas acciones informativas para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos en el
caso de tomar estos productos que carecen absolutamente de garantías, la agencia está iniciando diversas líneas de actuación para atacar de forma eficaz este delito, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Sociedad y el Comercio
Electrónico y también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial mención a la Brigada de Investigación de Delitos Telemáticos.



Finalmente, se seguirá trabajando para mejorar el acceso a nuevos medicamentos eficaces para enfermedades para las que hoy no hay tratamiento o cuyos tratamientos no son satisfactorios, de forma que el acceso de los pacientes a los mismos se
pueda realizar muy rápidamente, sin dilación, y de la manera más segura posible. Además, la Aemps ha seguido trabajando para garantizar la disponibilidad de medicamentos veterinarios que cumplan los estándares de calidad, seguridad y eficacia, con
especial énfasis una vez más en los vacíos terapéuticos, sobre todo en las llamadas especies menores, que son aquellas en las que fundamentalmente existe un problema de disponibilidad de medicamentos con las debidas garantías de tiempos de espera.
En este ámbito tenemos un par de actuaciones muy recientes que verdaderamente han contribuido a facilitar la solución de algunos problemas en estas llamadas especies menores.



Paso ahora al objetivo 2, que es potenciar el conocimiento de la sociedad de las garantías aportadas por la agencia sobre medicamentos, productos sanitarios,


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cosméticos y otros productos de su ámbito de actuación. Para ello, existen diversos proyectos encaminados a profundizar en la transparencia y la difusión de la información objetiva y de elevado rigor científico que se produce y maneja en el
organismo. En el año 2009 se ha puesto en funcionamiento el centro de información on line de medicamentos autorizados en la página web de la agencia, que de forma permanentemente actualizada -y digo permanentemente porque es cierto, ya que se
actualiza de manera automática cada noche- ofrece la información sobre todos y cada uno de los medicamentos autorizados en España. Un dato que ilustra el valor de esta herramienta es el número de accesos, el número de descargas. Tenemos 500.000
descargas cada mes, y de verdad que no son todas achacables a profesionales; es una línea de información -se ha demostrado en el tiempo que lleva funcionando- de gran éxito. Este mismo servicio está ya disponible para los medicamentos de uso
veterinario, aunque le falta algún elemento para completar la información que ya hay en el caso de los medicamentos de uso humano, y esperamos completar esa información en el año 2010 con el acceso a las fichas técnicas de todos los medicamentos
veterinarios autorizados. Estos servicios on line se complementan con herramientas informativas adicionales tales como el informe mensual o las listas de suscripción electrónica libre a las noticias y alertas de la Aemps. Otros proyectos que se
incluyen en este objetivo y que se desarrollarán en los años 2010 a 2012 son los informes públicos de evaluación de los nuevos medicamentos o el registro público de ensayos clínicos.



La voluntad de transparencia se ha mostrado asimismo con las múltiples jornadas informativas que se han celebrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social, y en la que los sectores afectados han tenido la ocasión de conocer y preguntar
de una manera directa sobre las nuevas normas y las nuevas iniciativas. De hecho, en el año 2009 hemos organizado diez jornadas, y mañana tenemos la última, que se refiere en concreto a los productos sanitarios. Aquí la idea es incorporar a la
industria cada vez que tenemos una norma nueva para que nos pregunte. Ya hemos contado con ella en la fase previa, porque evidentemente hemos respetado las audiencias y no solamente de manera formal, en el sentido de remitirles una norma para que
por la vía formal nos hagan sus observaciones. Les hemos incorporado a las discusiones previas, pero además nos interesa ver cómo funcionan las normas, que no haya desconocimiento de las mismas y que se puedan resolver en un ámbito técnico dirigido
por la agencia de manera abierta y transparente las dudas y los problemas que se puedan plantear en los diferentes ámbitos. Hemos tenido jornadas para medicamentos de uso humano y explicar la norma nueva, el registro, la autorización, y hemos
tenido jornadas para los medicamentos de uso veterinario, para los medicamentos en usos especiales y por supuesto para los productos sanitarios que han sido la última incorporación normativa y más reciente.



En el mismo sentido, quiero señalar que una vez elaborado el plan estratégico, también se procedió a su difusión tanto en la propia agencia como en el entorno exterior relacionado directamente con la misma. Por eso era tan importante y por
eso solicitamos desde el ministerio esta comparecencia, porque nos parecía que dentro de ese contexto de máxima difusión del plan, que para nosotros además implica una responsabilidad adicional y la necesidad de dar cuenta de aquellos proyectos que
hemos incorporado a nuestros objetivos, era importante -insisto- que en sede parlamentaria tuviéramos la ocasión de explicarlo y debatirlo con SS.SS.
El plan finalmente está publicado con carácter permanente en la página web de la Aemps, y desde su
publicación hasta final de octubre ha sido objeto de casi 3.500 descargas, lo cual también indica que un cierto interés ha levantado.



El objetivo 3 es el apoyo a la investigación, desarrollo e innovación en materia de medicamentos y productos sanitarios. No hay que olvidar que la agencia es el organismo responsable de la autorización de los ensayos clínicos con
medicamentos y con productos sanitarios así como de otras actividades conexas relacionadas con la autorización de fabricación de medicamentos en investigación o las certificaciones a los centros de terapia celular o de radiofármacos. Con estas
actuaciones, la agencia vela por la protección de los derechos y el bienestar de los pacientes y voluntarios sanos que reciben medicamentos en investigación y también por la credibilidad de los resultados obtenidos. De hecho, en lo que va de año
2009 la agencia ha autorizado 664 ensayos clínicos y 108 nuevos productos para su entrada en fases de investigación clínica. Me gustaría destacar aquí por su relevancia sanitaria y porque ha sido objeto de interés por parte de algún medio de
comunicación de manera reciente, el incremento de la inclusión de niños en los ensayos clínicos, en un 11 por ciento de los ensayos en el año 2009, y el crecimiento en los últimos dos años de los ensayos no comerciales promovidos por grupos del
Sistema Nacional de Salud, un 22,5 por ciento del total de los ensayos en el año 2008.



Somos también conscientes de la enorme repercusión que las actuaciones de la agencia tienen en el desarrollo de la I+D+i en el sector de los medicamentos y productos sanitarios, sin duda uno de los motores de la I+D+i en España. Por ello,
en línea con otro tipo de objetivos del Gobierno, el plan estratégico de la Aemps aborda el apoyo decidido a la I+D+i en medicamentos y productos sanitarios. Por eso, uno de los proyectos del plan es la asesoría a las compañías y grupos de
investigación desde etapas precoces del desarrollo, con el fin de mejorar la eficiencia y el acierto de los planes de investigación que desarrollan. A veces los procesos son complejos; a veces los requisitos son muy complicados, y por esa razón
hemos entendido que la agencia tenía que estar desde el principio apoyando a las empresas y aclarando una vez más las dudas, para favorecer la resolución de los problemas en las etapas iniciales de esos procesos. Esta es


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la explicación de este proyecto, así como de otro proyecto que creo que es importante y que también nos ha demostrado que en esto no nos habíamos equivocado, y es la creación de una oficina de apoyo a la investigación independiente y a las
terapias avanzadas.



La investigación independiente de la industria farmacéutica es imprescindible desde el punto de vista de la salud pública, entre otros motivos porque aborda cuestiones relevantes que no están en las agendas de la industria farmacéutica al no
tener un interés comercial particular.
Los investigadores de nuestro sistema, al igual que sucede con los grupos que investigan en terapias avanzadas, tenían alguna dificultad para entender y cumplir los requisitos legalmente establecidos para la
investigación clínica, por lo que nuestra respuesta ha sido crear esta oficina que ayudara a estos grupos a cumplir con los requisitos necesarios para la utilización de ensayos clínicos o de instalaciones de fabricación, promoviendo la interacción
con los investigadores, sobre todo, como decía antes, en las etapas iniciales del proyecto. De hecho, desde su puesta en marcha en verano de 2009, la oficina ha atendido ya 191 consultas, lo que es una prueba de que los investigadores la perciben
como necesaria. En el año 2010 consolidará sus actuaciones y seguirá emitiendo documentos y recomendaciones, pero es importante anticiparnos a esas necesidades o testar cuál es el clima y los problemas, con el fin de emitir recomendaciones que
puedan incorporarse a los procesos con un mayor conocimiento y, por lo tanto, ganar tiempo, sobre todo porque en estos procedimientos es muy importante.



El objetivo 4 es el ejercicio de un papel de liderazgo en el ámbito de las agencias europeas, en concreto en la Agencia Europea de Medicamentos, y en otros organismos europeos. La verdad es que la agencia ha conseguido mantenerse en los
últimos años -ya lo he dicho alguna vez en comparecencias anteriores- como la quinta agencia europea en número de designaciones para evaluar procedimientos centralizados de uso humano y además es la tercera en lo que se refiere a medicamentos de uso
veterinario. Ello está indicándonos un elevado reconocimiento técnico y científico de nuestra agencia que ha incrementado notablemente los ingresos recibidos desde la UE por este concepto. Además es muy importante, en estos momentos previos a la
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, hacer referencia a las proyectos que tiene la agencia en esta materia. En concreto, la agencia trabajará en tres propuestas legislativas que persiguen reforzar la farmacovigilancia europea -una
directiva y un reglamento- y evitar la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de distribución -una directiva-. Estas propuestas forman parte de lo que se ha dado en llamar el paquete farmacéutico. Se complementan con una tercera
propuesta referida a la información directa de la industria a los pacientes sobre medicamentos de prescripción, que esta era una fase completamente distinta. En este primer semestre en el que vamos a ostentar la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea la Aemps también ostentará la presidencia de la red de agencias, por lo tanto ha tenido que organizar las reuniones habituales que se organizan y alguna especial. En concreto, tenemos previsto celebrar veinte reuniones. Para que se hagan
idea SS.SS., esas veinte reuniones representan la mitad de la actividad en eventos o reuniones del Ministerio de Sanidad y Política Social que, por otra parte, a fecha de hoy al menos es el departamento que más actividad de eventos tiene prevista en
el ámbito de la organización de la Presidencia.



El objetivo 5 es la cooperación con terceros países, especialmente en el ámbito de América Latina y sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento científico y regulatorio en materia de medicamentos y productos sanitarios. La verdad
es que la cooperación con los países de América Latina ha sido una constante desde la creación de la agencia. Se ha ido produciendo un incremento de las actuaciones desde el año en que se creó. Aquí es muy importante el papel que juega la agencia
dentro de su actuación como secretariado permanente de la EAMI, que es, como saben, la red de las agencias latinoamericanas. Tenemos prevista, de todas maneras, dentro del marco de las reuniones de la Presidencia, una específica de autoridades
europeas con autoridades de los países de América Latina también. Uno de los proyectos para el año 2010 que me gustaría destacar dentro de este ámbito es la primera edición en español de la farmacopea europea, que es fruto de un acuerdo entre el
Consejo de Europa y la agencia del año 2008 y que se convierte en una herramienta de importancia capital no solo para nuestro país sino para la comunidad hispanoamericana que disponía únicamente hasta ahora de la versión española de la farmacopea
estadounidense. Por lo tanto, también tenemos un papel importante de difusión en estos países de América Latina.



El objetivo 6 -y ya voy acabando, señorías- es adecuar la estructura, organización y funcionamiento de la agencia a sus necesidades actuales y futuras. Me gustaría resaltar el esfuerzo hecho por el ministerio para el refuerzo de la Aemps
que creo que queda patente, y lo hemos comentado en alguna ocasión ya, en el crecimiento progresivo de su presupuesto. En el año 2004 la agencia tenía un presupuesto de 22,3 millones de euros; en el año 2009, el presupuesto aprobado fue de 50,3
millones de euros, un crecimiento de más del doble en este periodo de cinco años. Además, también hay previsto un crecimiento, como saben porque lo anuncié hace unos días, para el año 2010, evidentemente no tan importante como en otros años, pero
es uno de los pocos organismos de la Administración que va a experimentar crecimiento, por aquello que hemos dicho siempre, porque las inversiones que se hacen en la agencia tanto en medios materiales como humanos siempre tienen retorno y es un
esfuerzo que hay que hacer y un objetivo en el que desde el ministerio creemos. Por supuesto en recursos humanos hemos hecho una apuesta importante; hemos ido creciendo en oferta de empleo público


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también en momentos en los que en otros organismos de la Administración no se crecía y además hemos ido creciendo en empleo cualificado, porque no hay que olvidar que el porcentaje de titulados superiores en la agencia se acerca ya al 80 por
ciento. Por lo tanto, el empleo que estamos generando en la agencia es un empleo público de calidad.



Tras el crecimiento experimentado en recursos y en actividad y cumplidos diez años de su creación, la agencia debe seguir mejorando su agilidad y su transparencia; de hecho, me gustaría decir, porque estoy convencida de que alguna de SS.SS.
me lo va a preguntar si no lo digo, que, tras un reciente informe que los representantes de la fabricación de los medicamentos genéricos han presentado, hemos incorporado a estos representantes a través de los cuatro laboratorios de mayor
implantación, los que representan al 50 por ciento de los laboratorios de genéricos en España, a una reunión que tuvimos, además muy reciente -fue el pasado lunes-, donde yo tuve ocasión de conocer de manera directa, en primera personal, qué era lo
que ellos entendían como debilidad desde nuestro sistema y así ayudarnos a tomar medidas y decisiones para agilizar procedimientos, que es lo que más les preocupaba, sobre todo determinados procedimientos que tienen que ver con aquellos establecidos
en el ámbito de la Unión Europea. Lo que hemos hecho nosotros lógicamente ha sido incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, en algunas ocasiones con adelanto con respecto a otros países, lo que les genera algún tipo de problema, aunque en este
caso a partir de enero estaremos todos los países igual. Recogimos el guante; de muchas de las propuestas que nos hicieron nos encantó comprobar que ya estaban incorporadas en nuestro plan estratégico tanto en el plan operativo del año 2010 como
en el de años sucesivos. También me encantó comprobar que, además de hacernos críticas y sugerencias -que en muchos casos aceptamos-, nos felicitaban por alguna cosa, porque son conscientes de que el esfuerzo ha tenido como resultado una mayor
permeabilidad en los contactos, en el conocimiento entre los procedimientos y la propia industria en el ámbito de los genéricos. Es un ámbito, un sector, que desde el Ministerio de Sanidad y Política Social mimamos y seguiremos mimando, y tanto es
así que hemos establecido, después de esta reunión del lunes, una reunión periódica que mantendremos con la directora de la agencia cada dos o tres meses para ver si verdaderamente las propuestas que nos hacen las hemos incorporado a nuestra
actividad y van mejorando las cosas.



Como decía, teníamos que mejorar en la agilidad y transparencia y en la capacidad de respuesta a los nuevos retos que se plantean en el campo puntero de los medicamentos y los productos, manteniendo además la acreditada solvencia técnica y
científica y consolidando la integración de la agencia y la competitividad de la misma en el entorno de las agencias europeas. Para ello entendimos, cuando abordamos el plan estratégico, que era necesario profundizar en mecanismos que otorgaran al
organismo mayor autonomía y flexibilidad en la gestión. Por lo tanto, no es de extrañar que el primero de los veintiséis proyectos incluidos en este objetivo tuviera como fin específico proponer ante los organismos competentes de la Administración
General del Estado la estructura y modelo organizativo adecuados para la agencia. ¿Esto qué significa? Que propusimos a los ministerios de la Presidencia y de Economía y Hacienda su conversión en agencia estatal de las previstas en la Ley de
agencias, y es para mí un honor, porque además ha habido también alguna iniciativa parlamentaria reciente en este ámbito, poder decir que hemos recibido justo hoy la respuesta del Ministerio de Economía autorizando el inicio de los trámites para la
conversión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en agencia estatal. Si no me falla la memoria, creo que es la única que ha sido autorizada este año por el Ministerio de Economía haciendo uso del precepto correspondiente de
la Ley de Presupuestos que habilitaba al Gobierno para el inicio de la creación de cinco agencias en el ejercicio actual. Por lo tanto, hoy es un día en el que celebramos el inicio de estos trámites que de verdad pensamos que van a dotar al
organismo de una estructura más adecuada a sus necesidades.
Por tanto, podremos seguir creciendo y podremos seguir dando respuesta, podremos sobre todo mejorar aquello que es mejorable, porque hay muchos ámbitos en los que nuestra actividad es
manifiestamente mejorable y somos conscientes de ello.



Una vez elaborado el plan estratégico, este debe ser desagregado en los correspondientes planes operativos anuales. Yo no se lo dije a ustedes al principio de la comparecencia, pero tengo aquí unos cuantos ejemplares del plan estratégico
por si alguna de SS.SS. no lo tuviera y que se lo pueda llevar. Además, tengo un ejemplar del Plan Operativo Anual del año 2009 en el que se recogen los proyectos que se han iniciado durante este ejercicio y que se pretenden culminar en el mismo o
en años posteriores.
La filosofía y la planificación estratégica incorpora además como elemento esencial una fase de seguimiento y evaluación periódicos sobre los resultados. Ese es uno de los objetivos del POA, del Plan Operativo Anual, y ha
establecido un sistema de autocontrol que suministra información permanente sobre el cumplimiento de los objetivos previamente determinados, identificando las desviaciones producidas para adoptar posteriormente las medidas correctoras que se
consideren necesarias. Esta metodología es una metodología viva, es decir, que si poniendo en marcha los proyectos se ve que es necesario introducir mejoras correctoras en alguno de ellos, se modifica y se camina en una dirección más razonable que
aquella que se ha demostrado que no era la más útil para la puesta en marcha de determinado proyecto. Esto es lo que quería comentarles. En el momento actual se está procediendo por parte de cada uno de los responsables de los proyectos a la
elaboración del informe anual de seguimiento y evaluación de estos proyectos y está previsto que este proceso


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concluya antes de finalizar el mes de enero del próximo año, de tal manera que en febrero tengamos tanto el informe anual como el propio proyecto de POA para el año 2010. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.)


He intentado transmitirles cómo la agencia ha iniciado durante este año su experiencia en el campo de la planificación estratégica, y quiero insistir en el magnífico trabajo que ha desarrollado el personal de la propia agencia. Es justo
reconocer que no solo la cualificación profesional distingue al personal de la agencia, sino también, en no pocos casos, la responsabilidad y el entusiasmo con los que vienen desempeñando su trabajo. Existe en este momento un reconocimiento a los
logros conseguidos por la agencia en los diez años de existencia, pero nos quedan todavía algunos retos por abordar. Seguiremos revisando los procesos con el fin de mantener una regulación de los medicamentos que sea proporcionada a los riesgos,
ágil, transparente y previsible; primaremos la interacción con el Sistema Nacional de Salud, asegurando la participación de sus expertos en las evaluaciones de la agencia y trabajaremos para mejorar la competitividad en el entorno de las agencias
europeas. Para afrontar estos retos, insisto, contamos con un nuevo modelo organizativo y todo ello, en fin, para que la agencia pueda consolidarse como la autoridad sanitaria de referencia para ciudadanos y profesionales y alcanzar la excelencia
en su funcionamiento y en la calidad de los servicios que presta la sociedad. Estoy segura de que en este proyecto contaremos con su colaboración.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Es el turno ahora de los portavoces de los grupos, lo que ocurre es que tenemos a una portavoz, la señora Tarruella, encerrada en un ascensor. Si no les importa a los grupos la dejaremos
intervenir cuando sea posible que comparezca en la sala. Empezamos por don Gaspar Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré muy brevemente, porque solamente quería hacer alguna pregunta. Quiero agradecer la comparecencia de la señora subsecretaria y disculparme por mi retraso, pero hay una reunión de presidentes de
Comisión en estos momentos y nos retrasamos en su inicio debido al Pleno. Únicamente quería hacer tres preguntas; alguna de ellas ya ha sido respondida en la comparecencia, pero me gustaría abundar en las mismas. En primer lugar, en el reciente,
siempre es reciente, aniversario de la agencia, en el acto institucional que se dio en sus instalaciones, los trabajadores de la agencia planteaban de manera muy reiterada el tema de la transformación de la agencia en agencia propiamente dicha, de
acuerdo con la ley y cómo podía afectar a su situación laboral. No lo hacían planteando ningún tipo de reservas a esa transformación, pero sí que la situación de interinidad no se debería mantener. Eso en primer lugar. Por lo tanto, parece que
tarda mucho la transformación de la Agencia Española del Medicamento en una agencia de acuerdo con la ley. En segundo lugar, la preocupación por que esa transformación signifique una mayor eficacia y agilidad de la agencia, pero, al mismo tiempo,
el mantenimiento de los derechos laborales y de los niveles de calidad que en estos momentos la agencia tiene acreditados. Únicamente quería plantear esa cuestión en relación a la transformación en agencia. Se ha anunciado que se ha autorizado por
el Gobierno, pero ahora queda un tiempo para transformar en la práctica a la agencia y sería bueno que no continuara el periodo de interinidad ni la inseguridad de los trabajadores, que pudiera dar lugar a esa contraposición entre calidad y
agilidad.



En este mismo sentido, en este caso ya en relación con las empresas, lo ha dicho la propia subsecretaria, existe una preocupación, con datos, de las empresas farmacéuticas, en particular de las empresas de genéricos, que se quejan de que las
autorizaciones son más ágiles en el ámbito de la Unión Europea que en nuestro país. Por tanto, que les supone una cierta indefensión a las empresas españolas de genéricos en relación con las empresas de genéricos europeas. Todos sabemos que en
estos momentos se está produciendo una fuerte competencia, no solamente en el ámbito del país, sino fuera del mismo, en el marco de la Unión Europea en materia de genéricos. Es una cuestión que a nosotros también nos han planteado y que nos
preocupa desde el punto de vista de agilizar los procesos garantizando la calidad. No pretendemos aquí afectar a la calidad de las determinaciones, autorizaciones y controles de la agencia, sino buscar el máximo nivel de calidad y, al mismo tiempo,
mejorar la agilidad. Lo cierto es que lo que nos transmiten esas empresas es que el argumento de la propia agencia es: primero, yo no soy todavía agencia, por tanto, no soy ágil, es decir, poco menos que nos echan la culpa a nosotros; segundo, a
la aplicación de la Ley de agencias y, por otra parte, no tengo suficientes trabajadores, no tengo suficiente personal. Eso me lleva a otra pregunta que también tiene que ver con los niveles de subcontratación de la propia agencia y las situaciones
laborales de las compañías o empresas subcontratadas. Esto solamente lo quiero dejar ahí, pero existe subcontratación y el nivel laboral de esas compañías subcontratadas en algunos casos, por lo que nosotros hemos conocido, deja que desear. Eso no
es bueno, en mi opinión, ni para los trabajadores ni para la calidad de la propia agencia.



Una última cuestión. Se planteaba en el segundo objetivo el conocimiento de la sociedad; a mí me preocupa también el conocimiento de los profesionales. Hay profesionales en este país que no reciben a lo largo del año ni una sola
información del servicio público de salud en relación con el tema de medicamentos; que reciben diariamente información de las compañías multinacionales de la farmacia, pero a los que no les llega ni una información objetiva ni una información
científica sobre los medicamentos en el sistema de salud. Este es un tema que, en mi opinión, debería ser una prioridad, sobre todo


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si se pretende unir, por un lado, la calidad de la atención farmacéutica en nuestro país, de la atención sanitaria en general y, por otro, mejorar los niveles de gestión y mejorar también los niveles de eficacia y eficiencia del gasto. Esa
en mi opinión sería una cuestión que entraría dentro de ese segundo objetivo pero creo que habría que delimitar claramente una información a los profesionales en materia de medicamentos que todavía no existe. Yo leo revistas profesionales donde se
pone en cuestión todavía -en una revista profesional- la compatibilidad de los genéricos, revistas profesionales que ponen en duda el nivel de compatibilidad de los genéricos. Entonces creo que ahí tenemos un problema, y un problema grave porque
estamos funcionando en algunos casos en el ámbito profesional más con prejuicios que con información objetiva.
Por lo tanto, falta información, y este es otro de los temas por el que le preguntamos a la subsecretaria.



Muchas gracias por su comparecencia y quedo a la espera de sus respuestas.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Ahora, sí, señor Martínez Soriano, tiene usted la palabra.



El señor MARTÍNEZ SORIANO: Señora subsecretaria, bienvenida de nuevo a esta Comisión. Tengo que decirle que en esta ocasión que venía para hablar del Plan estratégico 2009-2012 de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
me ha decepcionado un poquitín, y me ha decepcionado porque yo esperaba que viniera a dar cuenta del Plan Operativo Anual de este año, de 2009. Ha dicho a lo largo de esta comparecencia que estaba ahí, que lo tiene en esa libreta sobre la mesa,
pero lo importante es saber si este plan se está haciendo, qué nivel lleva de cumplimiento, si los objetivos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. En fin, esa era la situación y eso es lo que yo esperaba que viniera aquí a contarnos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)


La agencia durante este año ha trabajado bien, hay objetivos que no se han cumplido, hay otros que se podían haber cumplido y no han llegado a hacerse. En fin, eso es lo importante; entonces yo hubiera querido que se hubiera centrado en su
comparecencia en ese sentido. Y, cómo no, cuál va a ser el próximo Plan Operativo Anual para el año 2010, porque me ha parecido escuchar que se tendrá dispuesto a final de enero, pero creo que antes de empezar el año es cuando se tendría que saber
cuáles son los objetivos de ese año. Por lo tanto, yo le pediría que si no lo dice aquí porque no esté todavía resuelto, que lo haga llegar cuanto antes para poder hacer un seguimiento razonable del trabajo de esta agencia.



Esto me obliga a hacer una serie de preguntas. Se ha hablado de que se debía potenciar el uso -esto lo estoy señalando como objetivo de la agencia- del soporte electrónico para así agilizar la gestión de las solicitudes relacionadas con la
autorización de medicamentos. ¿Cuál ha sido realmente el porcentaje de casos que han utilizado este sistema durante el año 2009? Porque ha dicho múltiples; no, múltiples no, dígame usted: el 50 por ciento, el 60 por ciento de los expedientes de
este año han venido por la vía de soporte electrónico. ¿Se ha rediseñado ya -porque había que hacerlo- el procedimiento de evaluación de medicamentos en la etapa de preautorización? ¿Y en los procedimientos de actualización de los medicamentos ya
autorizados? ¿Se ha rediseñado? ¿Se han establecido ya procedimientos específicos de evaluación y control en colaboración con las comunidades autónomas y de esta forma se cumplen ya los criterios de transparencia haciendo públicas las evaluaciones
de la agencia? Esto tenía que hacerse de acuerdo al artículo 16.4 de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios que se aprobó, como bien saben, en el año 2006. ¿Cuántos informes de utilidad terapéutica de
medicamentos a petición de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios se han realizado durante el año 2009? De esa manera sabremos si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los objetivos. ¿Se han acortado los plazos de gestión
de los procedimientos de valoración y se ha mejorado el seguimiento de las solicitudes de autorización de los medicamentos veterinarios? Porque ahí habría mucho trabajo que hacer. En caso de haberse acortado los plazos, ¿en qué medida lo han
hecho? ¿Se ha adaptado el registro y gestión de los medicamentos veterinarios -Reavet- a las necesidades de los usuarios y se ha garantizado su uso? ¿Cómo marcha la revisión del vademécum de medicamentos farmacológicos e inmunológicos veterinarios
autorizados antes de 2009, cuando en 2012 deben estar renovadas las autorizaciones de estos medicamentos? ¿Va a buen ritmo? ¿Cuánto se ha conseguido de este vademécum? ¿Se cumplen los plazos establecidos en la normativa vigente sobre los
procedimientos de apertura y modificaciones de los laboratorios farmacéuticos? Porque hay quejas de tardanza. ¿Se cumplen los plazos legales establecidos en el procedimiento de evaluación y emisión de licencias de funcionamiento de empresas de
productos sanitarios? ¿Se ha establecido ya un nuevo procedimiento de evaluación acorde con el Real Decreto de Biocidas 1054/2002, de 11 de octubre? ¿Qué nuevos instrumentos para el control del mercado de los productos sanitarios comercializados
se han introducido en este control en coordinación con las autoridades competentes comunitarias? ¿Y qué nuevos instrumentos para impulsar el control del mercado, para mejorar las garantías de los cosméticos y productos de higiene personal
comercializados? Son unos instrumentos que había que hacer, que había que introducir, y quiero saber si se han hecho ya. ¿Se han introducido ya procedimientos eficaces para el seguimiento de pacientes tratados con medicamentos de especial control
médico? Porque ahí hay también un trabajo muy bueno que desarrollar y muy grande. ¿Se ha puesto en marcha un sistema coordinado de vigilancia para los medicamentos de terapias avanzadas? ¿Se ha


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implantado ya el sistema español de farmacovigilancia veterinaria conforme a lo establecido en el Real Decreto 1246/2008, porque aquí se ha hablado de farmacovigilancia en general, pero a mí me gustaría que me hablase de sistema español de
farmacovigilancia veterinaria concretamente. ¿Es ya compatible la base de datos Vigia-Vet veterinaria con la EudraVigilance? para la farmacovigilancia veterinaria? ¿Se controlan electrónicamente los calendarios de presentación de los informes
periódicos de seguridad, los famosos IPS? ¿Se ha establecido un programa específico de formación inicial y continuada para los inspectores? ¿Cuántos cursos de formación se han impartido durante el año 2009? ¿Cuántos inspectores han asistido y han
realizado estos cursos?


Urge, señora subsecretaria, desarrollar la normativa referida a la calificación de medicamentos sin interés comercial, estableciendo medidas especiales encaminadas a promover su supervivencia en el mercado español.
Esta normativa es
fundamental si queremos que existan medicamentos sin interés comercial en España, porque van a desaparecer y necesitamos esa normativa cuanto antes. ¿Se ha creado ya el comité de disponibilidad de medicamentos de uso veterinario? Porque había que
crear un comité y que empezasen a trabajar. También urge la puesta en marcha de un procedimiento electrónico para facilitar a los profesionales y a los ciudadanos la información permanentemente actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos de
uso humano informándose sobre los desabastecimientos, medidas tomadas y plazos estimados para su corrección, porque de vez en cuando nos encontramos con los sustos, entre comillas, de que hay medicamentos que se consideran esenciales y no hay manera
de conseguirlos en el mercado -ni en las farmacias-, que está totalmente desabastecido como consecuencia de este problema que no se ha corregido ni del que se ha informado previamente. ¿Se han desarrollado actuaciones efectivas contra la venta
ilegal de medicamentos por Internet? Porque esa es otra historia; al respecto, ¿cuántas actuaciones se han realizado durante el año 2009? Me va a decir que en parte interviene la policía, etcétera, pero yo creo que ahí hay mucho que hacer y sobre
todo controlar estos medicamentos que por lo general son falsos medicamentos. ¿Se ha establecido ya un plan para consolidar la red de expertos de la agencia permitiendo la incorporación de profesionales del Sistema Nacional de Salud y de las
universidades a las actividades de la agencia? Esa es una manera de colaborar con la agencia y de funcionar a nivel máximo de conocimiento. ¿Se ha elaborado el reglamento de comités y los procedimientos de interacción entre ellos y la agencia?
¿Se ha diseñado un sistema que facilite la participación de los técnicos de la agencia en las redes públicas de investigación Ciber y Retics estimulando el intercambio de conocimiento entre la agencia y las redes públicas de investigación? Como ve,
podría seguir haciéndole muchísimas preguntas. No quiero abrumarla; me gustaría que me respondiese a las que pueda en este momento y de las que no pueda que me haga llegar su contestación, porque no hay ningún problema en que las estudiemos más
tarde.



Hay una cosa que me preocupa y es la participación de las comunidades autónomas en la agencia. La disposición adicional décima de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos decía que las comunidades autónomas participarán en los
términos establecidos reglamentariamente en el consejo rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como órgano colegiado de dirección del organismo. Más tarde, el ministro anterior anunció que, en el nuevo estatuto de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se estaba tramitando -lo dijo en 2007; no sé si se ha tramitado ya, es posible que todavía no lo tengamos tramitado-, habría un consejo rector como órgano colegiado de dirección del
organismo autónomo; estaría presidido por la subsecretaria de Sanidad y Consumo y será su vicepresidente el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las comunidades autónomas estarán representadas por cinco vocales nombrados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por un periodo de dos años, con carácter rotativo. Pregunto: ¿dónde está el nuevo estatuto que pone en marcha esto? Para cumplir los
objetivos para el año 2012 de este amplio proyecto se necesita que todos los años se adecuen los presupuestos. Aquí se ha hablado de que los presupuestos han mejorado de 2004 a 2009 en gran cuantía. Sin embargo, ¿en cuánto se ha incrementado para
el año 2010 con respecto a 2009, teniendo en cuenta que el plan operativo de 2009 es fundamental desarrollarlo en gran medida y que necesita lógicamente presupuesto?


Quiero sumarme a las inquietudes que ha expresado Izquierda Unida sobre el personal y el funcionamiento de los empleados o técnicos de la agencia, porque coincidimos al cien por cien con lo expresado antes por el señor Llamazares.



El señor PRESIDENTE: Antes de que intervenga doña Pilar Grande, quiero comunicarles que votaremos no antes de las seis y media de la tarde, aunque intentaremos agilizar la sesión.



Doña Pilar Grande, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.



La señora GRANDE PESQUERO: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero darla la bienvenida a esta Comisión y agradecerla que haya solicitado esta comparecencia a petición propia, no solo porque nos satisface que los altos cargos del
Ministerio de Sanidad y Política Social vengan con frecuencia a esta casa, que lo hacen, sino porque hoy ha venido a hablarnos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que está dentro de sus competencias; además, porque nos ha
traído buenas noticias, señora subsecretaria, y para los tiempos que corren es un gran alivio


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tener noticias positivas en un sector como el de los medicamentos y productos sanitarios, con la repercusión que este sector tiene en nuestro país. Por ello, señora subsecretaria, insistso en que nos alegramos de que haya solicitado esta
comparecencia, que nos permitirá analizar monográficamente la Aemps y su planificación estratégica.



Como conocemos, usted misma nos lo ha comentado y nosotros hemos leído y estudiado el Plan estratégico general 2009-2012, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es el organismo del Ministerio de Sanidad y Política Social
que garantiza a los ciudadanos la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos, tanto de uso humano como veterinario, y de los productos sanitarios, así como de los cosméticos y los productos de higiene personal que se comercializan en
España, garantizando desde su investigación hasta su utilización en las personas y en los animales. Es además la autoridad sanitaria que asume esta importante responsabilidad, que la Constitución atribuye en exclusiva a la Administración General
del Estado, y para ello desarrolla una intensa actividad que nos ha ido usted detallando a lo largo de su intervención.
Voy a hacer alguna reflexión sobre ello y a formularle también alguna pregunta, no tantas como el señor Martínez Soriano, pero
sí alguna más general.



En primer lugar, en este Plan estratégico general 2009-2012 que ha ido desgranando, y tras analizar detalladamente el documento completo al que podemos acceder, como usted bien ha dicho, a través de la página web del ministerio, podemos
comprobar que los seis objetivos generales que contiene, las 22 estrategias y los correspondientes 123 proyectos recogen de manera muy completa la planificación necesaria para continuar mejorando la calidad del servicio público que presta este
organismo a la sociedad española y, como dijo en la presentación del documento el ministro Soria, se pretende, a través de la planificación estratégica, profundizar en la cultura de gestión que parte del establecimiento de unos objetivos claros y
establece las estrategias y proyectos necesarios para su cumplimiento, sometiendo su actividad a una evaluación y control de los resultados obtenidos, no solo por parte de la Administración General del Estado, sino por los propios ciudadanos, lo
cual también es muy importante. Asimismo quiero poner de relieve la importante y estrecha unión entre el mundo de los medicamentos y la I+D+i y entre estos y el desarrollo industrial y económico de nuestro país. Por ello, las estrategias recogidas
en el objetivo 3 me parecen dignas de resaltar, ya que la facilitación de la investigación de medicamentos con terapias avanzadas y la potenciación de la investigación independiente, que también usted en su intervención nos ha resaltado, así como el
papel científico asesor, no menos importante, de la agencia en investigación, desarrollo e innovación y en la evaluación de proyectos de investigación, además de su contribución a la formación de los propios investigadores, son absolutamente
fundamentales para contribuir a la instauración de ese nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que se viene impulsando por parte del Gobierno del Estado.



Para sustentar esta afirmación, sería bueno detenernos un momento en lo que ha sido la evolución de la Aemps desde su fundación en el año 1999 hace diez años. Sería bueno hablar de su llamada carga histórica, pero también de su crecimiento
presupuestario, porque desde luego nosotros creemos que es importante crear un organismo, pero, si luego no lo dotamos de personal y presupuesto suficiente, corremos el riesgo de que se quede, como se suele decir coloquialmente, en simple papel
mojado.
Afortunadamente, esto no ha ocurrido con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en estos últimos años, sobre todo debido a una apuesta firme por este organismo del Gobierno socialista desde el año 2004. Me he preocupado
de buscar información en varios aspectos y analizando la evolución de las solicitudes de evaluación para los medicamentos de uso humano desde 1900 a 2004 -el señor Martínez Soriano también preguntaba por eso- he encontrado información que nos dice
que las solicitudes que recibía la Aemps superaban en aquel momento en un 30 por ciento al número de resoluciones que se realizaban, lo que dio lugar a la llamada carga histórica de procedimientos nacionales. El tiempo de evaluación total era en el
año 2002 de 1.491 días y de 764 en el año 2004, siendo el tiempo medio en los procedimientos centralizados en la Aemea, de la agencia europea, 331 días. Realmente en aquel momento la agencia tardaba bastante más del doble de la media de la agencia
europea. Como resultado de un plan de ataque iniciado en el año 2006, se consiguió en el año 2007 cumplir con uno de los objetivos más importantes como era la finalización de la carga histórica de solicitudes pendientes de evaluación. En mayo de
2005 el número de solicitudes de medicamentos pendientes de iniciar evaluación por procedimiento nacional era de 1.390; en diciembre de 2006, se había reducido a 335 y en diciembre de 2007 se dio por liquidada la carga histórica, con 140
expedientes pendientes de iniciar la evaluación. En la actualidad, el número de solicitudes se corresponde con el de evaluaciones, por tanto, ya no existe la carga histórica, siendo el tiempo promedio para el inicio de la evaluación de un nuevo
expediente más o menos de alrededor de dos o tres meses, sin olvidar que el número de solicitudes sigue incrementándose, por lo que la agencia mantiene un ritmo creciente de incremento de su actividad.
Muestra de ello es la evolución de solicitudes
entre los años 2005 y 2008, que pasaron de 1.344, en 2005, a 2.065, en 2008, y el resultado de las evaluaciones pasaron de un total de 1.792 resoluciones en 2005 a 1.754 en el año 2008. Nuestras últimas noticias -por lo menos las que yo tengo- nos
dicen que hasta el final de noviembre de 2009 las solicitudes evaluadas han aumentado un 16,6 por ciento con respecto a las de 2008, habiéndose evaluado hasta el momento, en lo que va de año 2009, un total de 2.046 solicitudes. Y, lo que no es
menos


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importante, el tiempo medio de evaluación total en 2008 ha sido de 370 días, por tanto, asimilable al tiempo de la Aemea y, además, los plazos de evaluación son, por primera vez en la historia de la Aemps, similares para los procedimientos
nacionales y para los europeos.



Nos parece muy relevante la colaboración de la agencia con la Aeseg y la propia Farmaindustria para su implicación en las nuevas iniciativas de agilización de resoluciones, sobre todo en medicamentos genéricos, y la reunión que tuvieron esta
misma semana y que nos ha relatado la subsecretaria sobre el tema de genéricos, la toma de acuerdos y el debate, que es muy enriquecedor; también el hecho de que la agencia tomara nota de los requerimientos, de las quejas y sobre todo de las
dificultades de la asociación de medicamentos genéricos. Esas reuniones periódicas que nos ha anunciado creo que van a ser un medio muy importante para solucionar uno de los problemas, aunque no el único, que tienen las empresas de genéricos. Como
conocemos, tenemos fábricas en nuestro país que crean riqueza, crean empleo y que hacen todo lo posible por mejorar y mantener la calidad de los medicamentos que producen. Esta mejora en la eficiencia a la que me he referido no hubiera sido posible
sin el crecimiento presupuestario continuado en los diferentes ejercicios anuales. Recordemos que la agencia comenzó hace diez años, con un presupuesto total de algo más de 5 millones de euros, que crecieron hasta los 22 millones en el año 2004 y
que siguieron creciendo en el primer presupuesto del Gobierno socialista en el año 2005. La agencia en ese año ya tuvo 26,2 millones de euros, pero es que, entre los años 2005 y 2006, estos 26,2 millones de euros se convirtieron en 39,5 millones de
euros.
Este salto presupuestario nos podemos explicar que permitiera la mejora de la eficiencia que hemos comentado antes.



En este año 2009, la agencia ha dispuesto de 49,8 millones de euros y lo previsto para el ejercicio 2010 -que usted misma comentó en su día en la comparecencia de Presupuestos y que hoy nos ha vuelto a reiterar-, en tiempos de ajuste
presupuestario, será un presupuesto austero y pasará a ser 52 millones de euros. Esta evolución presupuestaria es la muestra de la apuesta firme del Gobierno por la mejora en la eficacia y la consolidación de un organismo como la Aemps, tan
importante para garantizar a los ciudadanos la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y productos sanitarios que se comercializan en nuestro país.
Además, se ha conseguido que la agencia española sea una de las cinco agencias más
activas en la Unión Europea; con sus 400 profesionales altamente especializados realiza al año la evaluación de 1.000 nuevos medicamentos, 14.000 variaciones de utilización en los ya comercializados y también, a través de la red de
farmacovigilancia, recibe y evalúa cada año alrededor de 10.000 sospechas de reacciones adversas comunicadas por la industria y los profesionales. Realiza asimismo, conjuntamente con las comunidades autónomas, la inspección de los laboratorios
farmacéuticos, a lo que también se refería el señor Martínez Soriano, y algo muy importante como son las numerosas actuaciones sobre la calidad de los medicamentos ya comercializados y sobre algo en lo que usted también se ha detenido, que son las
falsificaciones de medicamentos y la venta de estos por Internet. Todo ello, junto a las alertas de seguridad que la agencia puede declarar, son una muestra más de las garantías de seguridad que, a través de la agencia, el Ministerio de Sanidad
ofrece a los ciudadanos, ofrece, en definitiva, a los pacientes.



Este plan estratégico que nos ha presentado esperamos que consiga seguir mejorando la eficacia de la Aemps, pero me gustaría preguntarle, señora subsecretaria, qué ha significado la reducción de las cargas administrativas y qué tiene
previsto su departamento para continuar mejorando la reducción de estas cargas. Mi grupo celebra esta conversión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en agencia estatal no solamente porque es muy importante -va a ser muy
importante para el trabajo de la agencia, muy importante para mantener y mejorar todo lo que hemos querido poner de manifiesto-, sino porque realmente también es una alegría que seamos los primeros, que el Ministerio de Sanidad y Política Social
tenga la primera agencia estatal de las cinco que están previstas, como usted ha dicho.



Mi grupo espera que los nuevos retos a los que se enfrentará la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -agencia estatal dentro de no mucho tiempo- sean afrontados con mayor seguridad y eficacia a través de esta planificación
estratégica que usted ha venido hoy a presentarnos y que pretende conseguir, en definitiva, mejorar el servicio público que la Aemps presta a los ciudadanos, a los profesionales sanitarios y a las empresas del sector. Para conseguir este ambicioso
objetivo cuente, por supuesto, con el apoyo y la ayuda que le pueda prestar mi grupo parlamentario.



El señor PRESIDENTE: Como la señora Tarruella ha dicho que no quiere intervenir, sin más, pasamos la palabra a la señora Sánchez Naranjo.



La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Sánchez Naranjo): Han sido tantas las preguntas que no sé si me voy a dejar alguna. Trataré de contestar a todas ellas y, si no, espero que me las reformulen por escrito; estaremos
encantados de contestarlas. Después pasaré al bloque de las preguntas planteadas por el señor Martínez Soriano, pero voy a tratar de responder primero al señor Llamazares, aunque, como él mismo decía en su intervención, de los tres asuntos que ha
planteado, dos de ellos los había abordado yo con carácter previo en el contenido de mi comparecencia. Voy a hacer hincapié en el primero de ellos, sobre todo porque es una noticia reciente que tenemos la autorización del Ministerio de Economía y
Hacienda para iniciar los trámites de la conversión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en


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agencia estatal, según la Ley de Agencias. Su señoría no debe tener ningún temor en lo que se refiere a eventuales situaciones de interinidad, porque sencillamente estas no se van a producir. La agencia, como tal, según la Ley de Agencias,
solo entrará en funcionamiento cuando su decreto de creación esté aprobado por el Consejo de Ministros; por tanto, no es previsible un periodo de interinidad. Hay un antes y un después, pero nunca un periodo en el que pueden convivir dos fórmulas
organizativas distintas. El mecanismo que está previsto en la propia Ley de Agencias yo creo que es extenso, con carácter general en el tiempo, pero porque es garantista y lo es precisamente con la situación, por supuesto, de las funciones públicas
que tienen los organismos de la Administración General del Estado, pero también, como no podía ser de otra manera, con los derechos de los empleados públicos que trabajan en las agencias. Por consiguiente, cuando se produzca la conversión de la
agencia no habrá ningún problema -puedo dar fe de ello- con los empleados actuales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Además, el esquema de agencia estatal permite perfectamente, sin ningún problema, la convivencia entre
personal funcionario y personal laboral y, por tanto, el statu quo, la situación actual de los empleados actuales se puede mantener sin mayor problema.



Con respecto a los plazos, que ha sido un tema que también ha planteado el señor Martínez Soriano, aunque desde una perspectiva diferente, solo puedo reiterar lo que dije en mi intervención general. En el ámbito específico de los
medicamentos genéricos, quiero insistir en que, en la reunión que mantuvimos el pasado lunes con los principales cuatro laboratorios de medicamentos genéricos, presentaron propuestas para contribuir a acortar plazos de evaluación, mejorar la
comunicación, mejorar criterios de evaluación y adecuar al nuevo real decreto de registro los procedimientos que tienen que ver con la aprobación de medicamentos genéricos. Muchas de esas propuestas, como SS.SS. han podido ver, ya se encuentran
contempladas en nuestro plan estratégico, alguna de ellas en nuestro plan operativo y alguna otra está previsto que la introduzcamos en el plan operativo del año 2010. Por citar algún ejemplo, entre ellas está la no revisión de las traducciones de
textos, la aplicación directa de alguna norma, la comunicación automática. Incluso nos hacían alguna propuesta de comunicación interna entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Dirección General de Farmacia, sobre todo
de cara al establecimiento de precios. Alguna de esas propuestas ya la teníamos incorporada en nuestros objetivos y posiblemente alguna podrá ver la luz en las normas que tenemos en tramitación. Una de las cuestiones en las que más hincapié hacían
era la comunicación, la necesidad de establecer mecanismos de comunicación entre la industria y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ahí nos comprometimos -aparte de que está en nuestro plan estratégico- a mantener ese tipo
de reuniones con prontitud; de ahí que sea muy probable que en breve tengamos una primera. No puedo evitar decir que también nos felicitaron por un par de cuestiones, que antes no dije cuáles eran; nos felicitaron por el buen funcionamiento y
agilidad en la evaluación de los estudios de bioequivalencia -ahí creo que hemos hecho un avance importante- y también por la agilidad y buen funcionamiento del departamento de emisión de autorizaciones. De una manera tremendamente constructiva nos
hicieron propuestas que en gran medida podemos incorporar a nuestros objetivos y también -y es muy de agradecer- nos felicitaron por alguna cosa que funcionaba, en su opinión, de una manera más que razonable.



Otra de las preocupaciones de S.S. es en concreto el tema de las contrataciones temporales o posibles subcontrataciones. La agencia es un organismo que ha ido creciendo, en lo que se refiere a sus recursos humanos, siempre de una manera
inferior a cómo nos gustaría a sus gestores, porque, como dije en algún momento de mi intervención anterior, los recursos que se aportan a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tanto materiales como humanos, tienen un retorno.

Somos conscientes de que, si creciéramos exponencialmente en recursos, sobre todo humanos, casi con toda seguridad conseguiríamos mejorar nuestra competitividad en el ámbito de las redes europeas, que es un ámbito en el que trabajamos en
concurrencia competitiva con el resto de las agencias europeas. Por tanto, podríamos mejorar si mejorasen nuestros recursos. También es cierto que las cosas las hemos hecho de una manera razonable, hemos ido asentando nuestros equipos y
formándolos en la manera en que había que hacerlo y no muy lentamente. La agencia tiene diez años de vida y creo que ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos cinco años, aunque en los primeros cinco también tuvo un
crecimiento exponencial y no hay más que ver la evolución de presupuestos. Es evidente que hemos duplicado el presupuesto en los últimos cinco años, pero es que desde el primero hasta el quinto también se duplicó, lo que sucede es que las cuantías
eran más pequeñas. En estos diez años -y hago extensivo el piropo a los diez años desde que se creó la agencia- no se ha hecho otra cosa que consolidar sus recursos y tampoco es posible consolidar una institución a toda velocidad; no, hay que
hacer que esos recursos tengan el expertise suficiente, y para eso necesitan tiempo de formación, que solo se logra trabajando en la agencia. Cuando se producen contrataciones temporales es por situaciones específicas absolutamente justificadas,
que nos vienen autorizadas por la Dirección General de la Función Pública para situaciones concretas. Pongo un ejemplo que se ha dado recientemente, este año, con motivo de los trabajos adicionales que ha tenido la agencia en relación con la gripe,
hemos hecho alguna contratación temporal. Pero no va a hacer falta mantener esos puestos de trabajo una vez que se supere la situación crítica de la pandemia. Por lo tanto, es razonable incorporar, con carácter temporal, trabajadores a la Agencia


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Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Probablemente, cuando la agencia se convierta en agencia estatal tendrá la posibilidad de hacer una planificación para este tipo de eventualidades que se producen necesariamente en organismos
de esta naturaleza. En todo caso, señoría, las contrataciones se están haciendo con todas las garantías, tanto si se hacen con carácter temporal como si se hacen con carácter permanente, y de una manera razonable.



Con respecto a la preocupación que manifestaba en relación con el escaso conocimiento que pueden tener los profesionales de la actividad de la agencia, estamos haciendo grandes esfuerzos. Dentro del propósito específico de difusión de la
actividad de la agencia, los profesionales son nuestro primer objetivo -por supuesto el conjunto de la sociedad también es un objetivo que desearíamos alcanzar- pero, repito, los profesionales están en primer lugar dentro de nuestras prioridades.
Es a los profesionales a quienes dirigimos la mayor parte de nuestras comunicaciones. Bien es verdad que la agencia es una institución moderna que funciona en red y que funciona on line; por tanto, lo que no tenemos es una comunicación
personalizada con todos y cada uno de los profesionales. Creemos que no es necesario, creemos que los profesionales tienen la obligación -y lo hacen en su mayoría- de estar informados en materia de medicamentos. Insisto, lo hacen en su mayoría,
según los datos que tenemos. Eso no obsta para que haya algunas circunstancias o situaciones -que además se pueden hacer públicas, como ha sucedido, y lo manifestaba S.S.- en las que aparece un desconocimiento indeseado por parte de las autoridades
sanitarias, especialmente por parte de la agencia. Seguiremos haciendo esfuerzos en esta dirección, incorporando, en la medida de lo posible, a los profesionales, a los que, por otra parte, tenemos incorporados, a través de sus representantes, en
sociedades científicas, en organizaciones profesionales, en asociaciones de pacientes y recientemente en organizaciones de consumidores. De hecho, las señorías que estuvieron presentes el día que presentamos el plan y celebramos los diez años de
creación de la agencia -porque coincidió en el tiempo- pudieron ver que hicimos un esfuerzo para que aquella celebración se hiciera con todos y cada uno de los agentes que han de estar interesados por las actuaciones de la agencia y contamos con
todos esos colectivos. Los primeros con los que contamos fueron los profesionales. Evidentemente, tiene que haber una permeabilidad entre nuestras decisiones y sus usuarios. Creo que estamos en el camino, por supuesto, nos queda mucho por lograr
pero, insisto, creo que estamos en el camino.



Sobre las múltiples preguntas del señor Martínez Soriano quiero hacer una reflexión previa. Comprendo que S.S. pueda estar decepcionada con la intervención que precedió a sus preguntas. El objetivo de la comparecencia que solicitó el
ministerio era informar del Plan estratégico 2009-2012, es decir, un marco de trabajo, un marco planificado de actuaciones para un periodo temporal de cuatro años, que, lógicamente, se completa cada año con un plan operativo, que en el primer año de
funcionamiento -y presentamos el plan en marzo- aún no ha concluido, aunque sé que nos quedan pocos días, quince días, señoría. El seguimiento, como dije antes, es de carácter permanente y nos ha permitido mejorar alguno de los proyectos que
habíamos puesto en marcha, porque eso es lo que permite esta metodología de trabajo, permite reflexionar en mitad de la ejecución y por lo tanto corregir alguna cuestión que no estaba en la dirección en que nos parecía que debía estar. Seguimiento
estamos haciendo de manera permanente, ahora bien, la evaluación la tendremos lista en febrero. Se ha iniciado, porque hay muchos proyectos que estaban en el plan y que se han concluido a lo largo del año, pero hay otros de los que hasta final de
año no vamos a poder conocer su grado de cumplimiento. Su señoría sabe también que normalmente en este tipo de organizaciones el mes de diciembre es un lío monumental.
Es cuando se ejecuta el ejercicio, no al cien por cien, obviamente, pero sí
cuando se ejecuta una buena parte del presupuesto, y hay actuaciones que se valoran y analizan en ese momento. Sin ir más lejos, ayer tuvimos la reunión anual del consejo asesor de la agencia y hacíamos balance.
Lógicamente, avanzamos algunos
resultados del plan operativo anual. Yo humildemente, señoría, también lo he hecho en mi intervención de hoy. He ido objetivo a objetivo, no solo contando el objetivo y no solo contando las estrategias, sino también algunas de las consecuciones de
las ejecuciones de esas estrategias y también he dado algunas cifras y algunos datos. No obstante, estaré encantada de completar la información proyecto a proyecto, tal y como S.S. ha ido relatando. Algunos de los datos los tengo aquí y creo que
puedo facilitárselos y algunos otros, de una manera inmediata, estaremos en condiciones de remitírselos. Pero intento hacer el barrido de todas sus preguntas.



Se refiere a la evaluación de procedimientos y me pregunta si se han rediseñado. Pues sí, claro que se han rediseñado los procedimientos.
Todos. ¿Por qué? Porque estamos en la fase de conversión de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios a la Administración electrónica. Aunque los procedimientos fueran los mismos, que no lo son, porque, como ya dije, hay unas cuantas normas y en el aspecto regulatorio hemos cumplido con creces. También hemos introducido
novedades, pero además hubiéramos tenido que hacer modificaciones en los procedimientos.
Ese es el sentido de todo el trabajo que hemos hecho en administración electrónica. Todos los procedimientos han sido revisados. Algunos ya están en marcha
en este nuevo soporte y algunos, todavía no; lo estarán en los próximos meses en el cien por cien de los casos. Por tanto, ahí no tenemos mayores problemas.



En el caso de los procedimientos de inspección y control, hemos hecho muchas inspecciones en este ámbito. Hemos hecho muchos cursos de inspección: jornadas de inspectores con inspectores de las


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comunidades autónomas en el mes de marzo; jornadas de inspección de medicamentos ilegales con la Policía y con la Unión de Consumidores en el mes de abril; tres cursos para inspectores periféricos de las delegaciones del Gobierno, áreas de
Sanidad, a lo largo del año. En total hemos hecho cinco cursos de inspección, es decir, que me parece que este proyecto también está cumplido de una manera razonable, aunque seguiremos incrementando la actividad, porque estamos convencidos de que,
precisamente por la incorporación que hemos hecho de la normativa comunitaria y por el avance regulatorio que hemos hecho con respecto a nuestra propia normativa, hay que incrementar las actuaciones de inspección. Y porque así también nos lo viene
demandando la propia industria. Tenía una reunión hace unos días con representantes de la química fina y nos lo pedían para la certificación y para poder exportar en igualdad de condiciones, no con Europa -con respecto a la que estamos bastante
igual-, sino con algunos terceros países respecto a los cuales tenemos una cierta distancia en esta materia. Claro que tenemos que mejorar, creo que este año hemos cumplido, pero cumpliremos con creces -si todo va bien, si va como van las cosas
hasta ahora- a lo largo del año 2010.



Por lo que respecta a solicitudes de autorización de medicamentos veterinarios y a cómo estaba este asunto, la verdad es que ahí la agencia ha hecho un esfuerzo espectacular, señoría, porque en el momento de creación de la agencia y cuando
asumió las competencias sobre medicamentos veterinarios había un total de 10.000 registros existentes.
La agencia inició entonces un plan de revisión exhaustivo, que le ha llevado un montón de años. Señoría, 10.000 registros existentes son
muchísimos registros, y ahí estaba todo mezclado; había medicamentos, pero también había piensos medicamentosos, había productos de higiene y manejo de animales, había plaguicidas de uso ganadero. Esa revisión se ha hecho de una manera
tremendamente exhaustiva y después de este plan de revisión y homologación se han fijado nuevos criterios, que son los que se introducen actualmente en la norma que regula este tipo de productos.
A fecha 30 de noviembre -es decir, muy
recientemente- dimos por finalizada la revisión, con el siguiente resultado: 2.224 medicamentos comercializados, 824 medicamentos suspendidos temporalmente, 4.712 medicamentos anulados; además se han separado 2.240 productos que no se consideran
medicamentos sino productos de registro de los productos de higiene y manejo de los animales y los plaguicidas de uso ganadero. Por tanto, en lo que se refiere a medicamentos veterinarios creo que ya estamos al día; ya nos ha ocurrido con estos
medicamentos lo que en el año 2007 nos ocurrió con los medicamentos de uso humano, por razones diferentes. Como S.S. bien sabe, y lo decía la portavoz del Grupo Socialista, en el año 2007 dimos por cerrado el proceso de revisión de carga histórica
de medicamentos de uso humano y nos pusimos al día. Con los medicamentos veterinarios también nos hemos puesto al día y empezamos una etapa diferente, en la que vamos a mantenernos al día y vamos a evitar que vuelva a haber carga histórica, que
creo que resolvimos con mucho esfuerzo.



Sobre el cumplimiento de los plazos, podría ser muy reiterativa y creo que manejamos los mismos datos o muy parecidos a los que expuso en su intervención; además creo que están en la web de la agencia. Los plazos se están cumpliendo con
carácter general. Bien es verdad -y esto también lo tengo que aclarar- que a veces contamos de manea distinta la Administración y no todas pero sí algunas empresas. Digo que no todas porque no tenemos muchas quejas, algunas hemos tenido pero yo al
menos no he recibido muchas quejas, y suelen llegarme, porque cuando hay problemas de verdad con una empresa, con un producto o con un medicamento, normalmente acaban llegándome sus quejas y sus propuestas. Tenemos una manera diferente de contar
porque nosotros, como en todo procedimiento administrativo -y lo dice la Ley de Régimen Jurídico-, suspendemos los plazos cuando estamos a la espera de que la otra parte, es decir la empresa, aclare una duda o aporte una documentación que es
necesaria para la continuación del expediente. Lo que para nosotros es un plazo de tres meses, para una empresa a lo mejor es de seis, porque la empresa puede tardar tres meses en conseguir esa documentación que es necesaria para incorporarla al
expediente. Podríamos discutir eternamente sobre qué plazos son los reales.



En cuanto a medias, yo comparto las que daba la portavoz socialista y no voy a insistir más. Creo que estamos en unos plazos razonables, los plazos europeos. Con la carga histórica sí que teníamos un problema y un problema terrible, porque
eran miles los expedientes sin resolver que se acumulaban. Yo recuerdo que, cuando llegué al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, los expedientes estaban apilados, muchos de ellos en los pasillos de la calle Alcalá, antes del cambio de sede.
Todo aquello se ha resuelto y ahora tenemos unos plazos razonables en el ámbito europeo; trabajamos en red en concurrencia competitiva y somos la quinta agencia, luego no lo haremos tan mal. Por tanto, los plazos son los habituales. Algún
medicamento, algún producto se nos puede atascar por alguna razón, desde luego indeseable por parte de todos. Tratamos siempre de solucionarlo, pero en algunas ocasiones esos plazos se nos van. En cosméticos hemos avanzado mucho. Mientras
veníamos hacia la comparecencia comentábamos con la directora de la agencia que tenemos que completar la ronda de jornadas que hemos tenido con todos los ámbitos de la industria que se relaciona con nosotros en la agencia con los fabricantes de
cosméticos, porque efectivamente han sido los últimos en incorporarse a las reformas regulatorias y procedimentales. Los vamos a incorporar muy próximamente, es probable que en los primeros meses del año tengamos una jornada de esa naturaleza y que
por tanto también podamos establecer


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esta fórmula de trabajo, que es el intercambio de información y el diálogo permanente.



Por lo que se refiere al sistema de farmacovigilancia veterinaria, estamos justo en fase de prueba; por tanto, también daría por cumplido el objetivo y por supuesto es compatible con todos los sistemas. En cuanto a los cursos de formación
ya le contesté. En relación con los medicamentos por Internet, no voy a repetir las actuaciones a las que me referí en mi intervención. Ya comenté cuáles eran las que habíamos abordado. Es un mundo complejo, lógicamente, como S.S. bien conoce, y
nuestra actividad fundamental en esta materia es informar a los presuntos usuarios de esos medicamentos de que son medicamentos que no han pasado por la agencia y que por lo tanto no tienen el sello de garantía de la agencia, por lo que la agencia
no puede hacerse responsable de ellos. Nuestra labor básica es advertir a los ciudadanos -y ahí están nuestras campañas- de que esos medicamentos no tienen garantías de calidad y que por tanto pueden ser perjudiciales para su salud; eso lo hacemos
de manera sistemática y permanente. Por supuesto, hacemos más cosas, pero ese es nuestro principal objetivo y nuestra principal actividad. Además, en comunicación con los responsables del Ministerio de Industria y de la Policía también
intervenimos en algunas operaciones. Alguna de ellas se ha conocido en los medios y no hace falta repetirla aquí. Sí se ha consolidado, está consolidándose nuestra red de expertos, aunque es uno de nuestros proyectos de futuro. Tenemos un plan
estratégico para cuatro años y en un año hemos hecho muchas cosas, pero no hemos hecho todas, hemos hecho algunas. En un primer barrido de información -insisto en que lo vamos a tener a primeros de año, pero no antes de que termine el año-
estábamos en torno a un cumplimiento de un 70 por ciento de los proyectos, que yo creo que en un primer año es razonable. Lo comprobaremos en febrero, porque creo que es un poco superior, pero mis colaboradores son muy cautos. Son muy cautos, y
como todos somos muy exigentes, lógicamente, dan una cifra un poquito más baja de lo que pensamos que va a ser el cumplimiento. Es un cumplimiento aceptable en términos de planificación estratégica, si se quedara aquí, pero insisto en que va a ser
un poco superior a ese 70 por ciento.



Me preguntaba también S.S. por la participación de las comunidades autónomas en la agencia y sobre qué había ocurrido con el estatuto que estaba tramitándose y que preveía unas determinadas fórmulas de participación para las comunidades
autónomas. Aquel estatuto descayó en su tramitación, porque, después de analizar las características peculiares de la agencia y de considerar que merecía la pena dotar a la agencia de una organización más flexible y más ágil, pensamos que merecía
la pena tratar de hacer todo aquello que hubiera que hacer para convertirnos en una agencia de las estatales, de las de la Ley de Agencias, y por esa razón abordamos la planificación estratégica en la agencia. Porque pensamos que, sin planificación
estratégica, esa otra tarea sería imposible. Lógicamente, aquel sistema decayó, y en el futuro estatuto de la agencia por supuesto que habrá una participación de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. Contamos con ello, pero
aún no tenemos el borrador del estatuto. En cuanto lo tengamos, lo comentaremos, pero en el mismo va a haber una incorporación de las comunidades autónomas, insisto, como no podía ser de otra manera.



La previsión de incremento del presupuesto. Es casi de un 4 por ciento. No tengo el dato exacto aquí, es un tres y pico. Es uno de los pocos organismos de la administración que incrementa su presupuesto en el año 2010. Se prevén
incrementos en el capítulo 1 y un ligerísimo incremento en el capítulo 2, pero básicamente son incrementos en el capítulo 1, porque seguimos pensando que la apuesta fundamental que hay que hacer en la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios es en sus recursos humanos, que nos están dando un resultado estupendo. En relación con el presupuesto solo quiero aclarar una cosa, creo que en mi comparecencia de presupuestos también dije que la agencia además se autofinancia. Es un
organismo en el que es posible abordar subidas presupuestarias en un marco de austeridad, porque es un organismo que tiene una aportación del Estado simbólica, verdaderamente simbólica. Dado que se autofinancia, pensamos que había que hacer esa
propuesta de incremento que nos parece suficiente para el cumplimiento de sus fines.



Usted compartía la inquietud del señor Llamazares por el personal de la agencia. Le insisto, señoría, no tema. El personal no va a experimentar periodos de interinidad porque la agencia se transforme en una agencia de la Ley de Agencias.
Ha habido otras transformaciones de otros organismos de la Administración General del Estado, como, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, la Agencia Española de Cooperación Internacional, o el CSIC, que es más conocido por nuestro entorno, que
han gozado de la conversión en agencia estatal y no han tenido especiales problemas con sus empleados públicos. La ley lo prevé y le puedo asegurar que nosotros seremos absolutamente cuidadosos, porque además nos va en ello el éxito, que no es
nuestro éxito, no lo es, sino que es el éxito del conjunto, de la industria y también del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, seremos especialmente cuidadosos con los temas que afectan a los recursos humanos.



Con respecto a la intervención de la señora Grande, por supuesto, quiero agradecerle sus palabras, porque me parece que ha sabido resumir de una manera espléndida un espíritu que es el que nos ha animado, como gestores en el Ministerio de
Sanidad y Política Social, a sacar adelante este proyecto y a mejorarlo. Proyecto que, evidentemente, ya existía, que existía con unas características y con una misión muy parecida, pero que, efectivamente, en nuestra opinión no estaba
suficientemente dotado.
Insisto en que nunca nos parecerá que está suficientemente dotado, porque los recursos que se le destinen serán recursos necesarios, pero sinceramente creo


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que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por mejorar la organización de la agencia es justo y me anima profundamente ver que en algunos ámbitos se comparte y se comprende.



Su señoría hacía una pregunta fundamentalmente que se refería a las cargas administrativas. Aunque en mi comparecencia hice una reflexión sobre las cargas administrativas, creo que puedo aportar algunos datos. En realidad, este es un
proyecto europeo que, buscando una mejora de la competitividad, consiste en reducir cargas administrativas fundamentalmente para las empresas. Es un proyecto europeo que recoge el Gobierno español en un momento determinado. Además, el Gobierno
amplía la pretensión europea de reducir en un porcentaje de equis, decide dar un paso más y ampliarlo en un porcentaje mayor. Hay dos acuerdos de Consejo de Ministros que regulan el procedimiento para la reducción de las cargas y solo hay siete
departamentos ministeriales que se apuntan a este carro, con un total de 81 iniciativas aprobadas. De esas 81 iniciativas aprobadas de esos siete departamentos, hay doce que corresponden al Ministerio de Sanidad y Política Social, y concretamente
seis corresponden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ya se ha completado la medición económica de una de ellas y a mediados de enero se completará el resto. Están colaborando con nosotros precisamente las patronales de
la industria que se relacionan con nosotros, en concreto Farmaindustria, Veterindustria y Estampa, y dentro de unos días estaremos en condiciones de dar el resultado de estos procesos; sobre todo porque, como hay unas técnicas de medición muy
complejas, que, entre otras cosas, concluyen en cuáles son los ahorros para la administración, para los ciudadanos y para las empresas, estaremos en condiciones de concretar esos datos dentro de poco.



Además, se han hecho mejoras muy importantes que me gustaría resaltar y algunas se han realizado a través de los decretos que mencioné anteriormente. En todos los decretos y en toda la regulación que hemos hecho en materia de registro, en
materia de autorizaciones, en todo eso siempre hemos estado inspirados por la idea de la reducción de cargas y así lo hemos manifestado siempre. De hecho, hemos procurado sustituir de manera sistemática autorizaciones por comunicaciones, dentro del
marco de la Directiva de Servicios, esto lo hemos intentado en todos. En otros, por ejemplo, en el decreto ómnibus, vamos a abordar asuntos como la eliminación de una doble autorización, que existía para los medicamentos publicitarios, y en otros
lo haremos con ordenes o circulares de menor rango. Un ejemplo de esta filosofía está en uno de los decretos que está en tramitación, que es el de las variaciones, el que llamamos autorización de las modificaciones y los medicamentos autorizados.
Con este proyecto, aquellas modificaciones que sean simplemente administrativas pasan de un sistema de autorización previa, lo que supone una simplificación de gran relevancia, a una simple notificación sin periodo, sin plazo de latencia. Esto es
coherente con ese objetivo de reducir cargas, de conseguir una administración más abierta, más transparente y, algo que nos pide siempre la industria, más previsible en sus plazos. Otro ejemplo, que es de gran relevancia para los pacientes, sobre
todo en aquellos que están en situaciones más desesperadas, es el que se ha conseguido con el decreto que regula el uso compasivo de medicamentos en investigación, donde se han sustituido autorizaciones previas, paciente a paciente, por diversos
procedimientos, entre los que figura uno nuevo, que es la autorización temporal de uso. Este procedimiento permite una agilidad mayor en los hospitales a la vez que nos permite reforzar un control real sobre la seguridad de estos usos en la
investigación, desde la agencia, en colaboración con las comunidades autónomas y, por supuesto, con los profesionales sanitarios.



Creo que he contestado a casi todo, no sé si me he dejado alguna pregunta.
Muchísimas gracias por aguantarme esta réplica tan larga.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora subsecretaria.



No parece que haya voluntad de consumir ningún turno de contrarréplica.
Por tanto, damos por terminado este punto del orden del día para la presentación del plan estratégico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
Agradecemos de nuevo a la señora subsecretaria su comparecencia y pasamos, si les parece, dentro de un minuto al segundo punto. (Pausa.)


- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2006,
RELATIVO AL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS (REACH). (Número de expediente 121/000029.)


- APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVO AL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS (REACH). (Número de expediente 121/000029.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto -nos hemos alargado un poco en el primero- del orden


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del día, aparecen como 2.º y 3.º, pero en realidad es un solo punto, que es el informe de la ponencia y la aprobación con competencia legislativa plena de la ley que establece un régimen sancionador relativo al registro, evaluación,
autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos (Reach).



Únicamente quedan enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, Guillermo Mariscal, tiene la palabra para defenderlas. A continuación, daremos un turno de fijación de posiciones al resto de los grupos parlamentarios.



El señor MARISCAL ANAYA: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular como ponente de esta ley, ponencia que he llevado junto con mi compañero Juan de Dios Martínez Soriano. En primer lugar quiero decir que no vemos con buenos
ojos la tardanza de este Gobierno en trasponer las directivas. En el caso del Reglamento Reach, al que hoy hacemos referencia, el régimen sancionador debía haber estado aprobado antes del 1 de diciembre de 2008. El anteproyecto de ley se presentó
en el Consejo de Ministros en septiembre de 2009 y por fin ha llegado ahora a esta Cámara, motivo por el cual España ha sido informada por incumplimiento del artículo 226 del Tratado de las Comunidades Europeas y podía haber sido llevada a juicio
ante la Corte de Justicia. En segundo lugar, tampoco entendemos cómo siendo tan parecidos el Reglamento Reach y el Reglamento CLP, que se debaten hoy conjuntamente, no se trajo un proyecto de ley conjunto. Además, en el caso del Reglamento CLP
tenemos que decir que, al ser el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la autoridad competente en la elaboración del anteproyecto de ley del régimen sancionador, se están vulnerando, por una parte, el Convenio de Aarhus y, por otra
parte, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ya que no se ha sometido a la fase de consulta pública,
presentación ante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.



En tercer lugar, quiero decir que estamos ante un proyecto de ley que afecta a una industria importantísima, la quinta industria química de Europa es la española, ya que hablamos de 123.500 empleos directos y de más de 3.400 empresas;
además, hay que tener en cuenta que este sector dedica más del 60 por ciento de su producción industrial a la exportación. Se trata, por tanto, de un sector en crecimiento, que habla de un nuevo modelo económico y al que creo que hay que apoyar,
dada la dimensión del número de empleos directos que tiene. Creemos que no es positivo que se lastre su labor y anunciamos en este momento la presentación de una serie de iniciativas encaminadas a apoyar la consecución de este nuevo modelo
económico y de esta nueva industria. Nos referimos, por un lado, a la mala gestión que está realizando el Gobierno del portal de información Reach que afecta a esta ley, por las tardanzas, porque las soluciones que está dando son tardías y no son
satisfactorias para la industria. Por otro lado, vamos a solicitar la mejora de la formación para cumplir con las obligaciones Reach; también vamos a pedir que se palien los costes y que se pueda fraccionar el pago de las tasas.
Entendemos que
hay una falta evidente de recursos humanos para llevar a cabo las inspecciones que pide el Reach. Hay escasa formación en los controles aduaneros. Este sector necesita un aumento de inversiones en I+D+i, para la sustitución de sustancias tóxicas.
Por último, vamos a fomentar la creación de un centro, que además figuraba ya en el programa electoral del Partido Socialista, que en repetidas ocasiones ha sido incluido en los presupuestos, pero del que no se ha puesto ni la primera piedra, nos
referimos a la agencia española de contaminación química o, como a nosotros nos gustaría denominarlo, un nuevo centro tecnológico para la química sostenible.



En cuanto a las enmiendas, diré que el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con las transaccionales a nuestras enmiendas números 21, 22 y 23, y que el resto de enmiendas serán retiradas, excepto las números 6, 25 y 26, que paso a
defender a continuación. La enmienda 6, que presenta el Partido Popular, se refiere al órgano de coordinación mixta. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el reglamento que desarrolla este órgano de coordinación mixto debe tener una
fecha y un plazo de entrada en vigor. Este órgano de coordinación mixto está manifiestamente indefinido en el actual proyecto y se corre el riesgo de que la aplicación de este precepto se quede en nada si no se concreta. Existen casos en el
régimen de Reach-en-Force, que se ha elaborado durante este año, de empresas registradas dos veces por dos administraciones diferentes. No se puede penalizar a las empresas con más de treinta posibles interlocutores responsables de vigilar la
aplicación del Reglamento Reach. En cuanto a la enmienda número 25, referida al importe de las sanciones, consideramos que son excesivas, ya que en el caso de las muy graves multiplican por dos las vigentes, las que figuraban en la Ley General de
Sanidad y que regían los cuarenta elementos referidos a Reach. Además, haciendo un estudio sobre derecho comparado, se evidencia la enormidad de la propuesta de sanciones que elevan mucho la media europea, excepto en algunos países en los que, al
no haber separación de ordenamiento jurídico y mezclarse el administrativo con el civil y el penal, son muy superiores. En el caso de España, existe ordenamiento jurídico, jurídico-civil, penal y administrativo y existe ya una ley de
responsabilidad medioambiental, dentro del orden penal, que sanciona con graves penas el deterioro del medio ambiente. Por último, la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Popular, habla de la clausura de las instalaciones, de una clausura
temporal que puede llegar incluso a los cinco años. Nos parece que, dadas las graves consecuencias que esto tendría en cuanto al empleo y al desarrollo económico de la zona que se ve


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afectada, debe ser una decisión que debe tomar el máximo órgano administrativo competente, ya sea el Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma o bien el Consejo de Ministros. Este mecanismo ya figuraba en el artículo 36.2 de la Ley
General de Sanidad.



Quiero, por último destacar el tremendo esfuerzo que han realizado los demás grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo y reducir las distancias que inicialmente había en el trámite de ponencia, especialmente el trabajo desempeñado por
mi compañera la diputada señora Aburto, del Grupo Parlamentario Socialista, a la hora de buscar un entendimiento y un texto más fructífero y eficiente para todos los afectados.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mariscal, por su esfuerzo de síntesis.



Pasamos ahora a fijaciones de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Tarruella.



La señora TARRUELLA TOMÀS: Intervendré brevemente. Supongo que le habrá entregado la Mesa las dos últimas transacciones que hemos hecho con el Grupo Parlamentario Socialista. Una se refiere a nuestra enmienda 51 y la otra a la 52, sobre
la rebaja del importe de las sanciones. Este es un proyecto de ley, como su mismo título indica, por el que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos, Reach. Es un proyecto de ley muy muy técnico. En el proceso de presentación de enmiendas -tal como ha dicho ya el diputado del Partido
Popular- nos encontramos con que, a través de las enmiendas del Partido Socialista, se añadía un nuevo reglamento a esta ley y entonces el reglamento era conjunto. Tal como se presentó el proyecto de ley no nos gustaba porque, aun siendo una ley
muy técnica, es una ley muy importante que afecta a multitud tanto de pequeñas como de grandes empresas y por eso presentamos toda una serie de enmiendas, en concreto veintidos, para intentar corregir y orientar en otro sentido este proyecto de ley.
La verdad es que, llegados a este punto en la Comisión, tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho la ponente por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Fátima Aburto, así como los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, con
los que hemos transaccionado muchas enmiendas. Quiero agradecérselo porque de las veintidós enmiendas que presentó nuestro grupo solamente quedan vivas seis, que ya he retirado a favor de votar este dictamen del proyecto de ley con la incorporación
de estas dos últimas transaccionales. Creo que con estas incorporaciones el proyecto ha mejorado mucho. Estoy de acuerdo en que quizás hubiéramos podido ir un poquito más allá, pero sé que es muy difícil y que cuando se negocia llega un punto en
que te paras y ya no puedes ir más allá, al menos por nuestra parte.



Quiero reconocer aquí también el trabajo del letrado de la Comisión, que con tal cantidad de transacciones tiene mucho trabajo por delante. Espero que esta ley -que, vuelvo a repetir, está muy mejorada respecto de ese proyecto que nos
presentó el Gobierno- mejore todavía más en el trámite del Senado.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tarruella, por la brevedad.



Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Aburto.



La señora ABURTO BASELGA: Debatimos hoy una ley por la que se establece el régimen sancionador que supone la transcripción de una directiva europea, que por supuesto es un tramo bastante arduo y bastante árido, pero que nos da también la
oportunidad de alegrarnos de pertenecer a la región de seguridad más exigente del mundo, la Unión Europea. Es evidente que esto supone un reto para las empresas pero también una tranquilidad inmensa para la ciudadanía. Es una ley que tiene escasas
cualidades mediáticas, que tiene poco contenido político -al menos a primera vista- y que sin embargo tiene enorme importancia por su complejidad y por la responsabilidad que vuelca sobre las empresas y también por lo que supone de seguridad para
los ciudadanos. El objetivo de este régimen sancionador es preservar la salud pública y el patrimonio medioambiental. Hace recaer sobre las empresas el trabajo de vigilar, controlar y registrar las sustancias químicas y las mezclas, y sobre las
comunidades autónomas la vigilancia y las sanciones de los incumplimientos y las infracciones de estas especificaciones. En apariencia parecen intereses contradictorios, pero creo que eso es solamente cuando se mira a corto plazo porque
evidentemente al final son los propios ciudadanos los clientes finales de las empresas y los trabajadores de las mismas y, desde luego, si se pierde en salud y en patrimonio medioambiental tampoco las empresas tendrían un futuro muy boyante.



Entiendo, cómo no, las reticencias de las empresas porque recae sobre ellas un trabajo de gran complejidad. Cómo no lo voy a entender, supone una carga de trabajo importante y puede que incluso de gasto. Es un reto de competitividad frente
a otras zonas del mundo que no requieren tantos requisitos de seguridad pero también es una oportunidad para que produzcan más innovación y por tanto sean más sostenibles. Por experiencia -que la tengo porque en mi provincia, en Huelva, hay
muchísimas empresas químicas y porque me he ocupado también de visitar y de hablar con otras, fundamentalmente catalanas y vascas-, conozco sus problemas y sus exigencias de un marco estable, sobre todo en cuanto a la Administración y también en
cuanto a la energía. La aplicación del Reach es compleja y estoy segura de que van a tener la ayuda de las comunidades autónomas -que son las principales interesadas- para poderlo aplicar y desde luego la complicidad, siempre que se preserve la
seguridad de los ciudadanos.



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Esta ley comprende dos reglamentos y los compañeros que han intervenido antes han dicho que en uno ha supuesto una tardanza y en otro un adelanto. Comprendo sus alegaciones pero es bastante fácil de explicar: la tardanza en la aplicación
se explica por la propia complejidad del Reach, que además supone -si se mira la legislación europea- que por ejemplo la trasposición del Reino Unido constituye más de cien páginas y es algo impresionante porque repite totalmente ambos reglamentos
Reach.
En cambio en Francia solamente es una frase en la Ley General de Sanidad.
Es así de variado, es bastante difícil de comparar y es evidente que lo importante es conseguir un consenso europeo... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señora Aburto, perdone. Señorías, pueden hablar más bajo o fuera de la sala, pero la señora Aburto está interviniendo.
Continúe.



La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidente.



Lo importante es conseguir un consenso en cómo se aplica y de cómo se controla el Reach. Por lo tanto, comparar con los regímenes europeos es bastante complicado, es bastante más lógico compararlo con la legislación española, donde tiene
mucha coherencia no con la Ley General de Sanidad -que ya tiene unos cuantos años de vigencia y por lo tanto las cuantías de las sanciones no pueden ser comparables-, pero sí con la Ley de Responsabilidad Medioambiental y la Ley del Medicamento, que
por supuesto tienen una coherencia muy adecuada con las sanciones que proponemos.



En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y que no podemos admitir, quiero decirle que, al proponer un órgano coordinador que tenga una voz única, no es posible admitirlo desde el punto de vista de la ley, porque son las
comunidades autónomas y sus organismos sectoriales quienes tienen que decidir cómo organizarse y tener esa coordinación entre ellas. Esa es la única forma de conseguir algo realmente coherente y que no interfiera con las competencias de las
comunidades autónomas.



En cuanto al punto 25, sobre el que le parecen excesivas las sanciones, quiero decirle que el propio reglamento dice que las sanciones deben ser disuasorias. Por lo tanto, establecer la cuantía de 85.000 euros me parece que para una gran
multinacional ciertamente no es mucho cuando se trata de una falta grave. En cambio, la admisión de la enmienda que presentó la señora Tarruella sobre que la escasa cuantía del daño pueda hacer pasar a una falta grave o muy grave a leve, supone un
gran alivio para las pymes, que son las principales interesadas y, por supuesto, la escasa cuantía del daño solamente les puede corresponder a ellas.
Pensamos que tanto la tipificación como las sanciones están más que adecuadamente reguladas.



En cuanto a la enmienda 26, puede comprender que si una empresa produce, aunque no sea la sustancia final, una sustancia grave o muy gravemente peligrosa para la salud o el medio ambiente, no se le puede permitir que siga produciéndola, por
más que no sea la sustancia final, porque se va a ir acumulando sin control. Le puedo asegurar que en mi provincia tenemos experiencia en esto y los ciudadanos tendrían bastante que decir sobre ese tema; me refiero a los fosfoyesos, evidentemente.



Por último, quiero decirles también que he aprendido muchísimo, que esta era mi primera ley, que quiero dar las gracias porque ha sido tremendo el trabajo de todos los técnicos, tanto del ministerio como de los grupos parlamentarios como de
la propia Comisión, y en esta incluyo al letrado que, desde luego, tiene que tener muchísima tranquilidad para aguantar tantos cambios, transacciones y negociaciones que hemos emprendido.
Quiero agradecérselo también a mis compañeros Juli Fernández
y Guillermo Bernabeu y desde luego a Conchita Tarruella, que me ha ayudado en todo momento y que se ha mostrado enormemente colaboradora e innovadora buscando acuerdos. Por lo tanto, ha conseguido, fundamentalmente ella y por supuesto los demás
compañeros, que la ley haya salido muy mejorada respecto a la que nos presentó el Gobierno tanto para el bienestar de las empresas como para la defensa de los derechos de la ciudadanía. Para esto es para lo que nos pagan, para esto tenemos el
privilegio de representar a los ciudadanos y ciertamente, si es verdad que a corto plazo no podemos verle el beneficio, sin embargo, si no lo tenemos en cuenta estaremos destruyendo el futuro. Creo que con esta ley ganamos preservar nuestro futuro.
Por eso les doy las gracias a todos; creo que hemos hecho una buena ley.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un pequeño turno, pero breve. Tiene la palabra, señor Mariscal.



El señor MARISCAL ANAYA: Solamente quería hacer una referencia a nuestro enmienda número 6, porque de las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista entiendo que no nos hemos explicado bien. La pretensión que tenemos no es
invadir las competencias de las comunidades autónomas o que estas invadan las de la Administración General del Estado, sino definir un marco temporal en el que se establezca un reglamento de ese futuro órgano de coordinación porque estamos viendo
habitualmente en las últimas noticias de prensa en relación a las comisiones sectoriales Estado-comunidades autónomas que empieza a surgir el debate acerca de la necesidad de que haya un órgano que coordine efectiva y eficazmente las labores tanto
de las comunidades autónomas como de la Administración General del Estado.



El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Aburto.



La señora ABURTO BASELGA: Señor Mariscal, la realidad es que en la enmienda se pide que haya una voz


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única. Eso, cuando las competencias son de las comunidades autónomas, no es posible conseguirlo. Es posible conseguir un órgano coordinador, y eso figura en la ley, lo que pasa es que ese órgano coordinador tiene que construirse con las
competencias de las comunidades autónomas y eso no se puede obviar. Este es un Estado compuesto y eso es algo que tiene ciertamente alguna dificultad, pero que realmente tiene muchísimas ventajas. Le aseguro que en mi provincia, si no hubiera sido
por el Gobierno autonómico, todavía estaríamos tragando veneno.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL 0,7 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) A FINES SOCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000446.)


- SOBRE LAS AYUDAS PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL DERIVADAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000807.)


- SOBRE LAS ASIGNACIONES A ENTIDADES SOCIALES PRODUCTO DEL 0,7 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) PARA FINES SOCIALES. PRESENTA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000832.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones no de ley. Vamos a debatir conjuntamente los puntos 4.º, 5.º y 6.º, relativos a ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del
0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Vamos a dar la palabra por el orden de registro.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: El objeto de esta iniciativa es dar tranquilidad tanto a las organizaciones no gubernamentales como a aquellos colectivos que son atendidos por las ONG y que en esta época de creciente crisis económica nacional
están llevando a cabo una acción social verdaderamente encomiable. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.) Entidades de tanta envergadura como Cruz Roja o Cáritas, y tantas otras están cubriendo los huecos que,
desgraciadamente, deja la protección social en España ante lo que ya son casi más cinco millones de parados que cuatro. En años pasados hubo dudas sobre la puesta en marcha de esta ayuda, la del 0,7 por ciento del IRPF, que fue una respuesta a la
aprobación en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de 2006, en la cual se votó favorablemente por todos los partidos, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, de la propuesta de elevar el 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF. Con
posterioridad, hubo una propuesta gubernamental corregida, enmendada posteriormente, por la cual se pretendía excluir de esta orden nacional de ayudas a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales que tuviesen un ámbito infranacional, es decir,
autonómico, provincial o local, lo cual no nos parecía bien. Nosotros defendemos que la competencia sea, como hasta ahora, del Gobierno de España, y que, por tanto, sea una decisión ministerial, pero de la que no pueden quedar marginados los
proyectos interesantes que tengan carácter local, provincial o autonómico. Nos parece además que esta orden debe ser compatible con otras que ya existen en muchas comunidades autónomas y también en muchos municipios. Por tanto, defendíamos,
primero, la permanencia en el ámbito nacional; segundo, la compatibilidad con la permanencia de este mismo tipo de ayudas también dirigidas a acciones exclusivamente autonómicas, locales o provinciales. Además reclamábamos una mayor transparencia.
El dinero de las ONG ha servido en algún significado caso para financiar íntegramente con dinero de las ONG residencias de ancianos en municipios como Fabero del Bierzo o Béjar, residencia de una ex secretaria de Estado o de un ex ministro, y
hubiere merecido en su día alguna explicación. Por eso defendemos también que haya comparecencias anuales en sede parlamentaria del ministro competente para explicar el criterio con el que se dan las ayudas, que en general entiendo que debe ser muy
positivo, pero que en algunos casos merece explicación. Por ejemplo, en la propuesta de este año hay una ayuda de 904.000 euros para mujeres progresistas, que nos parece en principio bien si el proyecto es adecuado; a continuación hay otra para
mujeres progresistas, pero se supone que ya no forman parte de España, sino de Andalucía. Por tanto, algunas de las ayudas merecen explicación y exigen la transparencia que se reclama obviamente a la hora de distribuir 190 millones de euros entre
entidades, entre ONG que desarrollan una labor absolutamente admirable. Lo que se reclama es la transparencia, la calidad, la precisión en la aprobación de esas ayudas que todo el mundo venimos defendiendo tanto por el bien de las 25.000
organizaciones no gubernamentales de acción social que hay en España como de los once millones de potenciales beneficiarios que llenan las crecientes bolsas de pobreza que hay ya en España. Esta era la propuesta que llevaba mi grupo, que planteaba
hoy en esta Cámara. Explicación también, por cierto, que se debería dar del crecimiento de la pobreza que debe de haber en alguna comunidad autónoma española;


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crecimiento extraordinario, porque en estas ayudas de carácter nacional también entran, y estamos a favor y lo hemos defendido, ayudas de carácter autonómico. Llamativamente, de las diez primeras ayudas de mayor envergadura de carácter
autonómico, siete son para una comunidad autónoma, y nos parece muy bien, Cataluña, y dos son para Andalucía, y nos parece muy bien. Este señalamiento en ese orden de importancia quiere decir que la pobreza en España, desgraciadamente, se concentra
en las comunidades autónomas de Cataluña y de Andalucía, a juzgar por la propuesta de ayudas que ha hecho el ministerio a la hora de repartir, y nos parece bien, como si todas las ayudas de España tuviesen que concentrarse en una sola autonomía o en
una sola localidad porque allí el crecimiento de la pobreza lo justificase. Me parecería muy bien, pero entiendo que estas cosas merecen alguna explicación para dar transparencia, claridad y seguridad a todo el tejido asociativo nacional y también
al de aquellas personas que están siendo atendidas necesariamente en comedores sociales, en albergues y en otros lugares.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene ahora la palabra para defender la siguiente proposición no de ley del Grupo Catalán el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió planteó en la última reunión de Mesa y portavoces incorporar en el orden del día de la Comisión de esta tarde esta proposición no de ley que efectivamente versa sobre la gestión de las
subvenciones a cargo de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF. El texto que se ha incorporado en el orden del día es un texto que Convergència i Unió registró en la Cámara el 16 de febrero en un momento en el que los borradores de la
orden que regulaban estas subvenciones y que el Gobierno está manejando habían provocado un importante escándalo en la opinión pública, al menos la catalana, por la exclusión que en esa orden se contemplaba de las organizaciones de ámbito
supraestatal, de ámbito autonómico y de ámbito municipal. Finalmente el problema quedó resuelto merced a una iniciativa del señor Tardà en el Pleno del Congreso de los Diputados, que llevó en el mes de marzo, si no recuerdo mal, a aprobar con
nuestro apoyo, del Grupo Socialista y de otros grupos de la Cámara, una proposición no de ley que permitía detener ese intento del Gobierno central de acabar con las ayudas a las organizaciones de carácter supraestatal y que mandataba al Gobierno a
elaborar un nuevo modelo de ayudas para el desarrollo de programas sociales a cargo del 0,7 por ciento de IRPF. Pero Convergència i Unió optó por no retirar del registro de la Cámara esa proposición no de ley porque nos parecía, y vista la
evolución de esta materia en los últimos años, que mantener viva la proposición no de ley nos podía permitir hacer frente a posibles incumplimientos del Gobierno en esta materia, a una posible evolución negativa de ese compromiso asumido por el
Pleno en el mes de marzo, y creo que hicimos bien en mantener vivo este texto. Por un lado, porque han pasado unos cuantos meses y del cumplimiento de aquella proposición de ley del mes de marzo no sabemos absolutamente nada. Nos parece extraño
que ese compromiso de elaborar un nuevo modelo de gestión de las subvenciones vinculadas al IRPF que respondiese al marco constitucional y estatutario se estaba incumpliendo.
Por tanto, esta proposición no de ley podía servir para que la portavoz
del Grupo Socialista nos diese luz sobre la evolución de la posición del Gobierno en cumplimiento de esa proposición no de ley.



Además, esta misma semana hemos conocido que el propio Gobierno de la Generalitat anunciaba plantear dos recursos por invasión de competencias por parte del Estado en la concesión de subvenciones, uno en materia de asistencia social y el
otro a las ONG que responden a actuaciones de cooperación exterior y voluntariado social. En concreto, uno de los recursos se interponía ante la Audiencia Nacional contra la convocatoria de concesión de subvenciones a cargo del 0,7 por ciento del
IRPF hecha por el Gobierno español. Por tanto, nos parecía que no tan solo esta proposición no de ley podía servir para continuar insistiendo en la necesidad de dar cumplimiento a esa proposición no de ley que aprobó el Pleno del Congreso de los
Diputados, sino además para apoyar esa decisión anunciada por el Gobierno de Cataluña de recurrir esa orden de convocatoria de subvenciones. Es evidente, señorías, que esa decisión que ha anunciado el Gobierno de la Generalitat refuerza nuestra
argumentación de hace muchos años en esta materia de que esta política de gestión del 0,7 por ciento del IRPF va en contra del marco de la Constitución y en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del conjunto de estatutos de autonomía de
España. Es evidente. No es ya la posición exclusivamente de Esquerra Republicana o de Convergència i Unió y de otros grupos de la Cámara, sino que es la posición del Gobierno de la Generalitat, que no es la primera vez que recurre esas
convocatorias y que lo ha hecho en anteriores ocasiones.



Por tanto, sobre la proposición no de ley inicial de Convergència i Unió hemos planteado una autoenmienda para adaptar esa proposición no de ley a la nueva realidad y para incorporar una petición expresa al Estado de modificación de esta
normativa, para que la misma se adapte a las previsiones constitucionales y estatutarias en el sentido de la proposición no de ley que mi grupo va a someter a consideración de la Cámara. Por un lado, reclamar el pleno respeto al marco legal en
relación con la gestión de la asignación tributaria del 0,7 en coherencia con aquello que está defendiendo el Gobierno de la Generalitat. Por otro lado, insistir en la cuestión de fondo de los debates que hemos tenido durante todo este año, que, es
la necesidad de avanzar hacia una gestión territorializada por comunidades autónomas de los recursos destinados a la asignación tributaria del IRPF y además incorporando el consenso social en Cataluña en esta materia, que es que el 50 por ciento de
esa


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recaudación sea gestionado por los gobiernos autonómicos, garantizando que efectivamente estos recursos se destinen a las entidades del tercer sector.



Decía al principio de mi intervención que este no es un tema nuevo, que es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en el que en la Cámara ha habido diversos pronunciamientos muy claros, algunos en la línea que el Partido
Socialista y el Partido Popular comparten, que es esa visión restrictiva y anticonstitucional de la asignación tributaria del IRPF; algunas veces el Partido Socialista ha compartido con Esquerra Republicana, con Convergència i Unió, con Iniciativa
per Catalunya, con otros grupos de la Cámara una visión acorde con el modelo constitucional de respeto de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.



Mi grupo hoy le plantea a la portavoz socialista nuestra absoluta disposición para alcanzar con otros grupos de la Cámara un acuerdo en esta materia que sea coherente con aquello que está defendiendo el Gobierno de la Generalitat. Hoy mi
grupo no pretende poner en contradicción a los diputados catalanes del Partido Socialista, sino invitar a los diputados catalanes del Partido Socialista a que, junto con el resto de los grupos de la Cámara, acordemos una moción coherente con las
posiciones que el Gobierno de la Generalitat mantiene. Por tanto, yo espero que esa predisposición de Convergència i Unió a alcanzar este acuerdo sea posible, porque creo que todos sabemos que incluso más allá de la especial sensibilidad que en
Cataluña existe en esta materia, fruto de la propia realidad social de Cataluña, aquello que estamos planteando, la necesidad de que el 50 por ciento de estos programas sean gestionados por las comunidades autónomas y que el Estado cuando regule
estas subvenciones respete el marco competencial de todas las comunidades autónomas en materia de asistencia social, sea compartido por el conjunto de los grupos de la Cámara porque puede y va a beneficiar al conjunto de asociaciones del tercer
sector de todo el Estado, al conjunto de las políticas sociales que se desarrollan en el conjunto del Estado y, por tanto, al conjunto de personas beneficiarias de las políticas sociales que se gestionan con estos recursos. Espero que esta tarde
todos hagamos un esfuerzo para poder alcanzar un acuerdo en esta materia, como hemos hecho en anteriores ocasiones.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Para defender la enmienda de entidades sociales producto del 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor
Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: No se trata de una enmienda, sino de una proposición no de ley. Lo digo para que no haya confusiones a efectos del 'Diario de Sesiones'. Intentaré ser conciso y espero que nadie se moleste, pero en este tema ya
estamos un poco hartos de contradicciones y de situaciones un tanto peregrinas. Recuerdo la solemnidad con la que se aprobó una iniciativa parlamentaria de Esquerra Republicana, pactada después de días de negociación con el Grupo Socialista
-repito, días de negociación-, que estaba muy lejos de lo que nosotros queríamos alcanzar.
El Gobierno de Cataluña, en el que están el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds y donde también coincide la
oposición, en este caso Convergència i Unió, reclama que el 50 por ciento de lo recaudado en Cataluña se asigne directamente al Gobierno de Cataluña y que en el otro 50 por ciento que debe distribuir la Administración General del Estado puedan
participar las comunidades autónomas. Esta es nuestra posición, pero, teniendo en cuenta que el tema tiene tanto calado y que era necesario desbloquearlo después de años y años de estar inmersos en esta batalla, aceptábamos, en aras de buscar un
consenso, el contenido de una moción que hablaba de la progresiva territorialización. Este era un punto de encuentro y a partir de ahí ir hacia un escenario donde los agravios comparativos no fueran tan escandalosos, más allá de la injerencia
competencial, la vulneración del marco competencial, razón por la cual el mismo compañero Campuzano ya hablaba del conflicto que establecerá el Gobierno de Cataluña. Puestos en la tesitura de iniciar un proceso basado en la lealtad institucional
entre las partes para ir hacia una resolución progresiva del problema, no entendemos cómo el Grupo Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, todavía está atrincherado y en posiciones que no se corresponden con el marco actual. Pues bien, a
rebufo -si me permiten la expresión- de las nomenclaturas, porque aquí el poder fáctico son las nomenclaturas de las ONG estatales instaladas en Madrid -y aquí podemos hablar con nombres de Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones estatales, que a
veces tienen un doble vocabulario cuando las oyes hablar en Cataluña y las oyes hablar en Madrid; es decir, a veces no es trigo limpio todo lo que se verbaliza-, la entonces ministra Cabrera, al cabo de doce horas y después de estar días
negociando, y el señor Zerolo ya dijeron que, de lo aprobado por el Parlamento, nada de nada. Y no solamente esto, sino que, además, en la convocatoria de este año incluso hubo mayores impedimentos.
Luego lo corregimos porque era escandaloso que
las organizaciones no gubernamentales catalanas o de ámbito autonómico, sean andaluzas, castellanas o gallegas, tuvieran que complementarse con otras para poder acceder a la convocatoria. Era una sinrazón enorme, y lo corrigieron.



En definitiva, la convocatoria de 2009 no se ajustó a lo aprobado por este Parlamento, con lo cual ahora estamos en un escenario que, aun cuando volvemos a poner en nuestra iniciativa parlamentaria lo contenido en otras anteriores, y me
refiero al 50 por ciento antes aludido, nosotros estaríamos dispuestos otra vez, en un ejercicio de buena voluntad política, a reformular el punto de encuentro que ya teníamos el día que aprobamos aquella moción en el Pleno del Congreso; es decir,
que al menos la convocatoria del próximo año, la que deberá ser publicitada hacia finales de febrero, se


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redactara siguiendo los parámetros de lo que se aprobó en aquella moción pactada entre las partes. Cuando digo entre las partes, me refiero al Partido Socialista Obrero Español hacia las posiciones defendidas por Convergència i Unió, el
Bloque Nacionalista Galego, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, es decir, todos menos el Partido Popular, que al menos ellos siempre han dicho lo mismo, están situados en otro contexto respecto a su concepción de cómo deben repartirse
estos recursos. Ustedes son coherentes con lo suyo y por eso somos tan distintos, ni mejor ni peor, distintos.



¿Es posible que hoy, esta tarde, pudiéramos redactar una transaccional de mínimos? Creo que sería muy importante hacer el esfuerzo y con lo aprobado en la moción que se dijo que sería para 2009, pero que no ha podido ser, con buena
voluntad, podríamos aplicarlo para que sea la fuente para redactar la convocatoria de 2010 y nosotros también retiraríamos buena parte de nuestras demandas, lo cual no significa que después los gobiernos autonómicos puedan recurrir al conflicto en
la medida que consideren que no es de recibo que exista una doble discriminación. Creo que existe una doble discriminación. Creo que no se respeta la voluntad en este caso de los catalanes, pero también pudiera ser de otros ciudadanos de otros
territorios del Estado español, que ciertamente expresan su voluntad solidaria marcando la casilla, aunque luego estos recursos no revierten.



Si me permiten, les daré unos datos del Gobierno de Cataluña. La extrapolación de lo que se ha dejado de recaudar por solidaridad en los últimos años es de 90 millones de euros. Que además tengamos que aguantar algunos discursos que
condenan de entrada a algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, de ser insolidarias es ofensivo. Repito.
¿Es posible, Partido Socialista, Grupo Socialista, hacer una transacción de mínimos para poder trabajar? Esta es la pregunta.
Creo que el compañero Campuzano también se apuntaría y creo que, excepto para el Partido Popular, sería una buena noticia que recibirían con agrado todos los grupos parlamentarios del Partido Popular hacia la izquierda; es decir, hacia la
normalidad.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Evidentemente, usted ha defendido su propia proposición no de ley. Señor Tardà, convendría, si puede, que se pronunciase sobre la enmienda del Grupo Popular, para tenerlo ya recogido.



El señor TARDÀ I COMA: La rechazo.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Para fijar posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Esperanza Esteve.



La señora ESTEVE ORTEGA: Si lo fácil fuera tan fácil, seguro que hoy encontraríamos rápido un acuerdo entre todos; pero no es tan fácil ni es fácil tomar decisiones.



Estamos ante tres proposiciones no de ley presentadas, como ha dicho el señor Campuzano, en un momento ya pasado, que se mantienen vivas por si es oportuno abrir el debate de nuevo y, de hecho, se abre en estos momentos. Pero es mucho
tiempo para tratar una cuestión que ha evolucionado, en la que ha trabajado el Gobierno con las comunidades autónomas, donde se ha resuelto con total eficacia la convocatoria de este año 2009. Vamos a verlo. Mi grupo no entiende por qué se traen
ahora a debate en Comisión estas proposiciones no de ley, ya que parte de su contenido ha quedado obsoleto. Quiero hacer un poquito de memoria. Desde el 24 de septiembre de 2008 hasta la moción que aprobamos todos los grupos, a excepción del Grupo
Popular, en el Pleno a primeros de 2009, quiero poner en valor el proceso seguido por el Gobierno y que el Grupo Socialista está apoyando. Primero, se modificó la convocatoria que restringía la presentación de entidades que tuvieran su acción
social centrada en una única comunidad autónoma por una convocatoria que ha permitido la presentación de todas las entidades sea cual sea su ámbito territorial. Segundo, se ha dado cumplimiento al mandato parlamentario de pasar, por primera vez,
del 0,52 al 0,7 del IRPF, lo cual ha permitido aumentar la cifra destinada a las finalidades sociales del impuesto de manera considerable y ampliar dotaciones y número de entidades beneficiarias de esta asignación. Tercero, se han acordado con las
comunidades autónomas en conferencia sectorial para esta convocatoria de 2009 los proyectos a los que se daría prioridad de forma conjunta, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de los territorios.
Cuarto, se ha incrementado la
participación de las comunidades autónomas, es decir, tengo inputs en este sentido en el proceso de toma de decisiones sobre la calidad de los proyectos presentados, su prioridad y su cuantía. Todo esto lo hemos visto ya en 2009, es decir, hemos
hecho camino. Si este es el trabajo realizado por el Gobierno en tan poco tiempo, mi grupo cree que debemos dejarle trabajar para seguir avanzando en aquello que tenemos pendiente, en el modelo, en los criterios a utilizar, tanto en la distribución
como en la gestión, y todo ello con la participación de todas las comunidades autónomas, no de una u otra, de todas, y, a la vez, cumplir con un objetivo que yo misma señalé en una intervención en el pasado mandato y que quiero destacar hoy aquí:
que cualquier estrategia que se utilice deberá contar con las organizaciones sociales de los distintos niveles -entidades, federaciones, confederaciones-, porque todas las estructuras son imprescindibles para la acción social. Fíjense, la función
de atención a las necesidades sociales desde la proximidad es fundamental, y esto lo hacen las organizaciones sociales de territorio, que no siempre ven representados sus intereses en estructuras supraorganizacionales. Pero, a la vez -desde mi
punto de vista y habiendo trabajado muchísimo en estos temas- las redes de tercer nivel, las redes estatales son fundamentales, son redes de apoyo, de organización, de multiplicación de los proyectos en la medida en que permiten


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comparar, evaluar, transferir conocimientos de buenas prácticas en la ejecución de los proyectos y en la atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. No podemos ser ni reduccionistas ni maximizar todo diciendo que todo
lo que no se haga en el centro del Estado no tiene valor. Esto me preocupa porque, a veces, nos impide avanzar con libertad de pensamiento. Nuestra posición, como Grupo Socialista, es que hay que seguir trabajando y acordando de una manera
dinámica, sin problemas. Tiene que ver con el modelo, señor Campuzano, y no con aspectos jurídicos competenciales. No me digan: Ahora hemos hecho un recurso porque, por un lado, las comunidades autónomas pueden hacer un recurso y, por otro lado,
el Estado encarga dictámenes jurídicos que también le dan la razón. Nosotros siempre decimos que debemos huir del debate estrictamente competencial. Vamos a hacerlo desde la perspectiva de modelo, cómo podemos atender más las necesidades sociales,
cómo podemos ser más eficaces y eficientes, cómo podemos complementar la acción centralizada con la descentralizada, cómo podemos compartir el proceso de toma de decisiones. Esta es la clave, es que no hay más que esto. Cualquier solución, a
nuestro modo de entender, debe venir de la mano del sentido común. El sentido común es aquello que nos guía, y se lo digo de corazón, no estoy pensando ahora en clave política, estoy pensando más en el sentido común, en cómo podemos hacerlo mejor
para, primero, analizar la implantación y desarrollo de los proyectos aprobados -esto hay que hacerlo, estoy de acuerdo- y de su resultado en cuanto a impacto y optimización de los servicios y de los recursos, porque en esto estoy de acuerdo con el
señor Tardà. No hay ninguna garantía de que por el hecho de que lo haga una organización social estemos salvados. Hay que tener confianza en ellos pero hemos de tener mecanismos de seguimiento para ver el impacto que tiene y luego ver cómo estamos
utilizando los recursos públicos. Esto me parece sensato. Por tanto, señor Tardà y señor Campuzano, solo estamos cumpliendo lo acordado. Denos tiempo. Hemos avanzado y vamos a seguir (El señor Tardà i Coma hace gestos negativos.) trabajando y
confiando en el buen trabajo del Gobierno con las comunidades autónomas, porque me consta que se está trabajando en aras a encontrar la mejor manera de avanzar y de favorecer que este impuesto -que ha resultado estupendo en el porcentaje que se
aplica a finalidades sociales- vaya perfeccionándose, de acuerdo con la dinámica de las entidades sociales a nivel del Estado, de cómo se han implantando y de las necesidades sociales con parámetros que nos sean más claros y que sean fáciles de
comparar y de evaluar.



Por otro lado, señor Barrachina, usted sabe que le tengo mucho cariño y que llevamos tiempo trabajando juntos pero es difícil ponernos de acuerdo. Su visión, desde nuestro punto de vista, es altamente centralista. A veces le digo: Es que
hay temores. Nunca ha tenido en cuenta, desde mi humilde posición, la labor de proximidad de las organizaciones sociales, que son las auténticas generadoras de capital social y humano, es decir, no podemos solo validar las superestructuras.
La
apuesta tiene que ser por las estructuras básicas, de proximidad, de territorio, que son las que generan este capital humano y el propio valor del territorio en sí mismo, que es donde más se producen y concretan las transformaciones sociales y donde
hay dinámicas de cambio. Por tanto, ambos modelos deben ser compatibles y hemos de saberlo encontrar. Yo creo que podemos si queremos.



Por esto, lo más normal para nosotros, señora presidenta, hubiera sido presentar una enmienda, pero no. Lo hemos estado hablando con mi compañera Marisol y hemos estado reflexionando, pero no. ¿Por qué? Primero, porque creemos que vamos a
seguir debatiendo. Segundo, porque este es un debate extemporáneo. Esto se presentó en un momento pero ahora hay una nueva realidad y se está trabajando y hay motivos que no se ajustan a la realidad actual. Quiero hacer constar que vamos a darle
un voto de confianza al Gobierno, es lógico, para que siga trabajando, pero, a la vez, vamos a instar al Gobierno desde aquí en la línea que se ha planteado. En primer lugar, que nos mantenga informados; en segundo lugar, que podamos hacer un
seguimiento y, en tercer lugar, que podamos establecer posicionamientos políticos, como nos corresponde y como corresponde al buen hacer parlamentario. Por tanto, nuestra posición va a ser rechazarlas todas y, a la vez, invitarles a ser exigentes,
a tener la información e instar al Gobierno a seguir trabajando y a buscar acuerdos que hagan posible compatibilizar las dos visiones, la general, aquella que genera cohesión, que vela por el equilibrio entre territorios, porque nos lo creemos,
porque tiene que ser así, pero a la vez la local, la territorial, la autonómica, la de poner en valor estas 25.000 entidades que usted señalaba que son de una riqueza incalculable para todo el Estado. Debemos cuidar y velar para que esto ni se
afecte ni se rompa, todo lo contrario, que vayan articulándose, que vaya creciendo, que se vaya consolidando un modelo que, en definitiva, es un modelo de fortaleza y de vertebración de nuestra sociedad.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): No le pregunté antes al señor Campuzano si quería pronunciarse sobre la enmienda del Grupo Popular y ahora tiene la ocasión.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: De ninguna de las maneras podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): De acuerdo, señor Campuzano.



No es costumbre que haya un turno de réplica, pero puesto que se presentan tres proposiciones no de ley acumuladas, el señor Barrachina tiene la palabra.



El señor BARRACHINA ROS: Se lo agradezco porque además seré muy breve.
Además de defender mi


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propuesta, había dos enmiendas mías que no voy a defender, pero he escuchado alguna cosa que merece respuesta. Primero, lo de centralista es una afirmación muy gratuita. De hecho, los tres avances que ha hecho el Gobierno son regresar
simplemente a la posición acertada del Gobierno popular de José María Aznar, es decir, lo que ha hecho de que las ONG regionales, autonómicas, provinciales y locales también las puedan pedir es simplemente mantener el modelo que durante ocho años
consecutivos el Partido Popular mantuvo en España. Por tanto, lo que hizo el Gobierno socialista, la propuesta de orden era justamente lo que ella denuncia, centralista, es decir, negar la posibilidad de que ONG autonómicas y ONG locales pudiesen
acceder. Tenía razón el señor Tardà, el Gobierno rectificó y regreso a la posición que mantuvo el Gobierno popular durante ocho años.



El segundo gran éxito que se atribuye el Gobierno -y voy concluyendo, señora presidenta-, el paso del 0,52 al 0,7, efectivamente tuvo lugar en una Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto en la sesión celebrada el 10 de octubre de
2006 en la que el Grupo Popular... (La señora Esteve Ortega: Pido yo también la palabra porque si hay réplica hay réplica. No sabía que en las proposiciones no de ley hubiera réplica.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señora Esteve, estamos debatiendo tres proposiciones no de ley y creo que podemos ser un poquito flexibles, pero sea breve, por favor.



El señor BARRACHINA ROS: Si me permiten que utilice la palabra concluyo muy rápidamente, si no me vuelven a interrumpir. Aquella Comisión a la que se ha hecho referencia es una Comisión en la que, con el voto en contra del Grupo
Socialista, el resto de formaciones políticas pasamos del 0,52 al 0,7.



En cuanto a la tercera gran aportación que se ha hecho, que es la participación de las comunidades autónomas, le he de recordar que ese informe es preceptivo desde los ocho años de Gobierno popular en España.
Es preceptivo, obligatorio, por
tanto, felizmente el PSOE ha mantenido al final, después de múltiples virajes, el modelo existente.



Haré una última referencia. Yo sí creo -porque lo ha dicho el señor Campuzano- que este modelo es constitucional. Tuvimos dudas y de hecho la Xunta de Galicia lo recurrió en su día, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional -que es
ese tribunal al que recurre el Gobierno catalán, el mismo del que los editoriales de parte de la prensa catalana dicen que está desacreditado- que dijo en el año 1992 -aquí tengo el texto de la sentencia- que efectivamente era una convocatoria
constitucional. Y la referencia del señor Tardà a que la izquierda es lo normal, como no merece respuesta, no se la voy a dar.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Ha abierto usted el debate y por lo tanto los demás portavoces tienen la palabra. En primer lugar, el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Tan solo quiero lamentar que la portavoz del Grupo Socialista por un lado no haya respondido a nuestra oferta de transacción y que además no sepamos si comparte o no el criterio del Gobierno de la Generalitat
en relación con el carácter inconstitucional de esta convocatoria. Lo lamento; yo hubiese deseado una mayor coherencia entre aquello que se predica y practica en Barcelona y aquello que se dice y se vota en Madrid.



A nuestro colega el señor Barrachina le diré que tienen que hacérselo mirar cuando toda la prensa de Barcelona y de Cataluña -toda, no parte- se pronuncia de una manera tan contundente en defensa del Estatuto que aprobaron las Cámaras y que
está recurrido en el Tribunal Constitucional por su decisión, lo que quizás explica la situación de relativa marginalidad del Partido Popular en Cataluña y el hecho de que ellos estén en la oposición es ese tipo de medidas que han tomado. Si
ustedes pretenden tener algún día mayor representación de los ciudadanos de Cataluña y volver a gobernar en el conjunto de España quizás debería escuchar mejor el editorial de toda la prensa de Barcelona y también a los ciudadanos que el pasado
domingo participaron en unas consultas populares promovidas por un sector importante de la sociedad civil. Si prestaran atención a esa realidad social quizás tendrían mayor representación social y política en nuestro país.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Entiendo que el señor Tardà también quiere intervenir.



El señor TARDÀ I COMA: Sí, pero muy brevemente. Los argumentos que ha utilizado la compañera socialista son argumentos que nosotros asumimos.
Es más, creo que con sus argumentos se puede defender de forma categórica nuestras posiciones;
es así. Nosotros solamente queríamos un escenario donde fuera posible un punto de encuentro e incluso hacer todos un ejercicio de generosidad y olvidar recíprocas deslealtades institucionales, es decir, buscar un punto de encuentro a partir del
cual en el próximo año, en la próxima convocatoria del año 2010, todos, lejos de los objetivos finales -porque todo el mundo tiene objetivos finales legítimos-, buscáramos ese consenso. Creíamos que podíamos poner en valor lo aprobado en sede
parlamentaria. Por eso hemos ofrecido la posibilidad de redactar una transaccional que dejara claro al menos el sendero que tenemos que andar. Es una lástima que no podamos hacerlo porque si lo hiciéramos sí estaríamos trabajando a favor de un
nuevo modelo progresivo. Luego hay coincidencias argumentales. Porque, si no ¿sabe qué pasará, saben cuándo se resolverá esto?, y es muy triste; se resolverá el día que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tengan suficiente mayoría.
Ese día toda la historia y todos los grandes debates serán transparentes. Que problemas de este tipo, de tan poco calado, tengan que sufrir un aggiornamento hasta que exista una coyuntura en la cual o el candidato del Partido Popular o el del
Partido


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Socialista necesiten ser investidos; entonces, esto y lo que venga. Creo que perdemos una buena oportunidad, señora Esteve.



Nosotros estamos instalados -y acabo- en un estricto pragmatismo y en intentar hacer las cosas bien con ustedes.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): La señora Esteve tiene la palabra.



La señora ESTEVE ORTEGA: Intervengo en esta atípica segunda ronda. Señor Tardà, le agradezco su tono. Usted sabe que con la mayoría solemos y podemos trabajar. Aunque la política acaba siendo el arte de lo posible y es verdad que a veces
suceden cosas como usted dice y se configuran mayorías y minorías y a veces necesitamos de los apoyos, en definitiva este es el sistema del cual nos dotamos y así funciona. No digo que no pueda pasar lo que usted dice, pero lo que sí digo es que
más allá de la coyuntura, más allá de lo concreto, hay una visión. El Partido Socialista, no el de Cataluña, sino el Partido Socialista en todo el Estado español, tiene muy claro el modelo actual que nos hemos dotado, que es una estructura de
comunidades autónomas, que es de carácter federalista en muchos casos, que no solo acepta la pluralidad y la diferencia, sino que la pone en valor y la practica; este es nuestro instrumento. No podemos hacer nada que no esté en esta línea. Esta
es la posición y este es el modelo, luego está la práctica diaria, la coyuntura, los acuerdos y demás, y pueden pasar cosas -y usted lo sabe, porque también le toca hacerlo-, porque, según en qué situación, juega el momento histórico en el que uno
tenga que actuar. Esa es una cuestión, pero le digo que no estamos perdiendo una oportunidad, creo que la estamos ganando. ¿Sabe por qué la estamos ganando? Primero, porque cosas que han pasado este año, como que saliera una convocatoria
restringida que nos dejó a todos muy preocupados y que provocó una inmediata reacción, no volverán a pasar, al menos en esta coyuntura. No volverán a pasar. ¿Por qué? Porque se aprende, porque avanzamos, porque no estamos en la misma situación,
porque hemos de seguir estudiando modelos; y a esto le emplazo. No hoy, porque nos parece precipitado, porque todavía no tenemos la información de cómo ha ido exactamente la convocatoria del año 2009, donde se han añadido recursos, donde ha habido
redistribución, donde apenas hay reclamaciones, donde ha habido acuerdo con las comunidades autónomas. Le digo: pongámoslo en valor. Vamos a hacer una valoración. No confrontemos visiones de entidades; son necesarias sus redes, las redes
estatales con la acción local. Vamos a verlo en letras mayores y no vamos a buscarlo ahora, no lo digo por usted -ni lo digo por usted, señor Campuzano-, porque han pasado muchos años y este tema sigue sin resolverse. Hace muchos años que usted
los tenía en la agenda y sigue sin resolverse, tal y como a ustedes les gustaría. Por algo será; será cuestión de coyunturas. Efectivamente, solo me reafirmo -y esto sí que me sabe mal, señora presidenta- en que parece que en estos temas y en
otros muchos en los que estamos validando el modelo de Estado que tenemos, que están ustedes -y se lo digo, señor Barrachina-, como ha dicho el señor Tardà, no en otra posición, sino que no están en el marco que nos hemos dotado; digo parece y
desde mi humilde posición. Por tanto, le ruego que no tengamos réplica.



- RELATIVA A PREVENIR Y ERRADICAR LOS MALOS TRATOS A MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001183.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a prevenir y erradicar los malos tratos de menores, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, y para cuya defensa
tiene la palabra la señora Quintanilla.



La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender, en el seno de esta Comisión, una proposición no de ley que habla de la prevención y erradicación de los malos tratos
infligidos a menores. Desde luego, no podemos olvidar que la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 4425 de 20 de noviembre de 1989, y que entró en vigor el 2 de septiembre de
1990, reconoce que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, reiterando así la protección especial a los menores enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1959. Tenemos que reconocer, señora presidenta, que desde no hace muchos años, cuando se hablaba de malos tratos y abuso a menores, nuestro pensamiento siempre se dirigía a los problemas
derivados de los conflictos bélicos o a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, tenemos que mirar hoy a nuestro país. Desgraciadamente, en estos momentos, estamos tomando conciencia de que también en los países desarrollados, como en
España, hay cientos de menores que sufren la vulneración de sus derechos, de esa protección y asistencia especial que debemos darles.



El problema de los malos tratos a menores es un tema complejo del que no disponemos ni de datos ni de cifras exactas. Si bien informes recientes con cifras estimativas manifiestan que, desde el año 2001, el maltrato a menores en el ámbito
familiar se ha incrementado en España en un 150 por ciento y que cada año se detectan más de 6.000 casos de maltrato a menores en toda sus manifestaciones: malos tratos psíquicos, físicos, sexuales o los derivados de la negligencia por falta de
cuidados que, según los expertos, son los más habituales y frecuentes,


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y que representan el 86 por ciento de los casos. Asimismo, según una prestigiosa investigación médica, se estima que en los países desarrollados uno de cada diez niños sufre abandono o maltrato psicológico y entre el 4 y el 16 por ciento
sufren daños físicos. Sin duda alguna, tristemente y por desgracia, en muchas más ocasiones de las que nos podamos imaginar los más pequeños sufren con absoluta indefensión la consecuencia de las frustraciones de los adultos, de la desesperación o
rabia de los mayores que están encargados de velar por ellos: de sus progenitores, de sus canguros, de sus cuidadores habituales, de las personas que deben de estar a cargo de ellos en las guarderías, en los centros infantiles o en las
instituciones que deben de velar por la tutela de los más pequeños y de los adolescentes.



Precisamente para prevenir, evitar y acabar con esta nueva lacra social que surge en los países desarrollados, como en España, estamos debatiendo esta proposición no de ley. Es una iniciativa que estaba presentada desde hace mucho tiempo,
pero que el destino ha querido que se debata justo ahora, en un momento en el que cobra mucha más importancia, aún si cabe, a la vista de los últimos acontecimientos en relación con este tema y que nos debe llevar a todos, a todos los grupos
parlamentarios, a una reflexión seria sobre cómo se ha venido actuando hasta ahora y qué aspectos se pueden mejorar. Porque además no podemos crear alarma social, porque además tenemos que trabajar desde la más absoluta seriedad y honestidad para
proteger a aquellos niños y niñas que mañana serán los hombres y mujeres de este país. Además, con respecto a esa alarma social, me voy a referir a la muerte de la pequeña Aitana en Canarias, que en principio había sido víctima de malos tratos y
que, posteriormente, la autopsia reveló que su muerte fue provocada por una caída que había sufrido días antes. Mientras tanto, el compañero de la madre de la pequeña fue detenido y acusado de malos tratos entre un gran revuelo social y mediático
que lo juzgó y condenó sin piedad, sin tener en cuenta la presunción de inocencia y sin ni siquiera conocerse los resultados de la autopsia.



Por eso, hoy tenemos que debatir, como estamos debatiendo, con compromiso de poder ejercer lo que significa la tutela del Estado, pero también de lo que significa la prevención y la erradicación del maltrato a menores.
Es verdad que
cualquier acto de agresión o maltrato ejercido contra los menores merece una repulsa absoluta, pero también es verdad que casos como los que hemos conocido en estos días nos deben llevar -vuelvo a repetir- a una profunda reflexión sobre la necesidad
de velar por los menores, pero al mismo tiempo sin dejarnos llevar por una psicosis tal que no nos permita vislumbrar ni distinguir entre lo que son malos tratos reales o lo que son otro tipo de síntomas o lesiones habituales en nuestros más
pequeños. También es cierto que, por el contrario, en muchos casos de malos tratos a menores no se presenta la denuncia correcta, porque se considera que las lesiones son poco importantes o porque no se sabe con seguridad cómo se han producido y,
por tanto, existe también el miedo a emitir un parte de lesiones que pueden ser o no ser debidas a malos tratos. Por tanto, se trata de intentar conseguir el término justo, con el cual ni nos quedemos cortos en la protección de nuestros menores,
pero con el que tampoco se cree la alarma social y la psicosis a la que me refería anteriormente, que nos puede llevar a acusar de malos tratos y a arruinar la vida de personas que luego no son tales maltratadores.



Por ello, mi grupo parlamentario ha querido debatir hoy -y me alegro de haberlo hecho-, en el seno de esta Comisión, esta iniciativa. Además, con el grupo mayoritario que sustenta al Gobierno hemos llegado al compromiso de presentar una
enmienda transaccional, que haremos llegar a la Mesa nada más terminar la intervención de los distintos grupos, que me voy a permitir leerles para que cada uno de nosotros podamos pedir el voto favorable a esta iniciativa. Queremos que se impulse
el protocolo de actuación en casos de maltrato infantil elaborado por el Observatorio de la infancia, así como la evolución y el seguimiento del mismo. Queremos que se potencien, e instamos al Gobierno para ello, en colaboración con las comunidades
autónomas, las inspecciones necesarias y la implantación de mayores estándares de calidad en los centros de atención infantil.
Queremos que el Gobierno impulse acciones de prevención y detección de los posibles casos de maltrato a menores a través
de campañas de sensibilización, en la detección e intervención del maltrato potenciando el asesoramiento y formación de los profesionales y agentes implicados en la denuncia de estos casos. También pedimos que se desarrolle en todo el territorio
nacional un sistema unificado de registros de casos, que hoy no existe, así como la detección y notificación del maltrato infantil.
Además, instamos al Gobierno a que en un plazo de seis meses comparezca ante esta Comisión al objeto de informar
sobre el desarrollo de esta iniciativa y que indiscutiblemente haga todo lo posible por que el maltrato y el abuso a menores desaparezca de la vida de esos niños y de esas niñas que serán los hombres y mujeres del mañana de este país. No puede ser
de otra manera, todos los seres humanos merecen una infancia feliz y por eso queremos que se desarrollen como personas y que cada uno de ellos pueda tener un futuro feliz. Hemos llegado a ese acuerdo -repito que me felicito por ello- entre mi grupo
parlamentario y el grupo de la mayoría y pido el voto favorable a esta enmienda transaccional.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán, pero no veo a nadie de ese grupo en la sala.



Pasamos a defender la enmienda del Grupo Socialista y para ello tiene la palabra el señor Sahuquillo.



El señor SAHUQUILLO GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista entendíamos que era interesante esta proposición no de ley, pero al mismo tiempo


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también entendíamos que la prudencia debe prevalecer ante estas situaciones que pueden generar mucha controversia, puesto que las instituciones públicas tenemos que garantizar que se erradiquen lo antes posible. Hemos planteado una enmienda
a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Como decía la señora Quintanilla, al final hemos sido capaces de consensuar una enmienda transaccional que entendemos que refleja lo que planteábamos, fundamentalmente en cuestiones que ya
están hechas y que también recoge las competencias que tienen las comunidades autónomas. Me refiero a que todas las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores, han dictado normas en esta
materia, y más específicamente sobre el maltrato a los menores; normas dictadas en el ejercicio de sus competencias estatutarias y que no han sido objeto de controversia competencial. El Partido Popular planteaba elaborar un protocolo, pero este
ya existe, puesto que el Observatorio de la infancia, creado por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 1999, constituyó un grupo de estudio contra el maltrato infantil que acordó el 6 de abril de 2006 crear un subgrupo que está conformado por
trece comunidades autónomas, tres ministerios, distintas entidades que se dedican al trabajo con menores y coordinado por el Instituto Madrileño del Menor y de la Familia, que tiene una serie de objetivos que son irrenunciables y sobre los que se
está trabajando, como, por ejemplo, impulsar el conocimiento de la situación del maltrato infantil en España para la elaboración de las recomendaciones oportunas y el abordaje de esta situaciones; coordinar la información y normativa procedente de
las recomendaciones internacionales sobre esta materia a todos los efectos; fomentar la creación de protocolos para facilitar la intervención profesional; implantar hojas de detección y notificación de casos de maltrato infantil en los distintos
ámbitos de intervención, bien sean servicios sociales, educación, sanidad, policía, etcétera; crear un registro unificado de datos de maltrato infantil. Este módulo de referencia para el desarrollo de un protocolo de actuación de maltrato infantil
se aprobó por el pleno del Observatorio de la infancia el 22 de noviembre de 2007. De ahí que entendiendo el Grupo Socialista que ya está, lo que hay que hacer es impulsar su evaluación y, como bien decía la propia señora Quintanilla en esta
enmienda transada, que se dé cuenta de ello por parte del Gobierno en una comparecencia ante esta Comisión.
En cuanto a esa inspección que el Grupo Popular plantea en su proposición no de ley de guarderías y centros de atención a la infancia,
tenemos que decir que la normativa de las comunidades autónomas es abundante y exhaustiva y entendemos que se debe respetar la competencia de las mismas respecto al ejercicio de las competencias propias que tienen en lo concerniente a esta cuestión.



Señorías, entiendo que estamos ante una situación que genera mucha controversia, como decía al principio, e incluso en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular hablaba de algunos casos
concretos y, por tanto, reitero esa prudencia que debemos tener. Hay que seguir trabajando en coordinación con las comunidades autónomas, con ese Observatorio de la infancia, que lleva muchos años trabajando, para que dentro de muy poco tiempo
seamos capaces de decir que no existe absolutamente ningún menor que esté sufriendo maltrato y así podremos congratularnos de haber sido capaces, desde el consenso, desde el trabajo, desde la acción, con esos planteamientos de campañas de
sensibilización, de actuaciones unificadas con las comunidades autónomas, de evitar todos los problemas que se plantean.
Para eso tenemos una ruta a seguir, que está fijada en este protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil, que
emana del acuerdo plenario del Observatorio de la infancia del 22 de noviembre de 2007.
Para la elaboración de este protocolo se ha contado con la participación activa de múltiples organismos, instituciones y agentes sociales comprometidos con la
defensa de los derechos de la infancia y la promoción de su bienestar, por tanto, es el resultado de una labor conjunta de técnicos representantes de los sistemas de servicios sociales, justicia, sanidad, educación y de la Secretaría de Estado de
Seguridad; en dicho protocolo se plantea una visión integral del fenómeno y la necesidad de trabajar en red y contiene una serie de objetivos, de principios, de pautas de intervención. Si todos somos capaces de trabajar por ello, a la vuelta, como
les decía hace un rato, de poco tiempo nos podremos sentir satisfechos del trabajo realizado por todos.



- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE COLAPSO EN EL PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZA DEL PUERTO DE VIGO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001337.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la necesidad de adoptar medidas para solucionar los problemas de colapso en el puesto de inspección fronteriza del puerto
de Vigo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, no es la primera vez que los problemas de colapso en el puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo son motivo de preocupación y malestar por parte de operadores y usuarios y, por tanto, también
preocupación de esta diputada. De hecho, ya trasladamos este problema en el año 2006 y en aquel momento también instábamos al Gobierno a resolver el problema que existía. Por aquel entonces, el Gobierno anunció una serie de medidas -no solo las
anunció sino que las aprobó- que según


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parece ya se han puesto en marcha. Es el caso de la apertura del puesto las 24 horas del día y el aumento de plantilla que se incrementó en nueve inspectores. Dadas las ampliaciones efectuadas en este PIF, resulta difícil entender que se
reiteren los mismos problemas; en los medios de comunicación se habla de avalancha de reclamaciones patrimoniales contra Sanidad, reclamaciones que si bien el ministerio está rechazando parece que son asumidas por los juzgados de lo
Contencioso-administrativo. Está ocurriendo que las aseguradoras -y nos remitimos en este caso a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación- rechazan firmar pólizas sobre mercancías en Vigo por la lentitud en la inspección
sanitaria, así como por el hecho de que se pierdan más de cien mil toneladas de mercancía por el mal funcionamiento de estos puestos de inspección.



Señorías, resulta preocupante que pueda existir una relación entre la reducción del tráfico portuario en el puerto de Vigo y este tipo de deficiencias, puesto que, según la información que poseemos, la caída se centra en los contenedores con
congelados; nos referimos a que hay una cosa que sí se evidencia en el puerto y es la pérdida de llegada de mercancías. Por lo tanto, en la medida en que, como decimos, se refiere a mercancías relacionadas con contenedores con congeladores, nos
preocupa que pueda deberse a estas deficiencias del PIF. Tanto es así, señorías, que empresas que mantienen el mismo nivel de actividad en el sector del congelado están desviando mercancías a otros puertos; incluso se sabe que contenedores con
idéntica mercancía son rechazados en el puerto vigués, mientras pasan sin problemas las inspecciones en otros puertos del Estado. Voces del sector empresarial -trasciende en los medios de comunicación de Vigo- manifiestan que no se trata de
problemas de exceso normativo ni de falta de plantilla -antes comentábamos el incremento de esos nueve inspectores-, por tanto el retraso puede deberse a la lentitud en el proceso de las inspecciones. En este sentido viene al caso hacer mención a
las afirmaciones de responsables del puesto de inspección que señalan que su trabajo lo realizan con normalidad aunque no con todos los medios necesarios. Desde la Delegación del Gobierno se ha asegurado, en cambio, que se ha puesto en marcha una
auditoría para conocer las causas que provocan la situación que se vive en el PIF del puerto vigués.
Nosotros, señorías, no podemos entender que siga existiendo esta situación después de que el Gobierno aprobara el plan al que hacíamos alusión en
el año 2006, que digan los inspectores que trabajan con normalidad, y nos preocupa también que parte de aquellas cuestiones aprobadas en ese plan del año 2006 no se hayan llevado a cabo. Podemos verificar la ampliación a las 24 horas y la
ampliación de la plantilla en nueve inspectores. A partir de ahora se contará también con unas instalaciones que acaban de ser ampliadas estos días -voy terminando, señora presidenta-, pero hay otras cuestiones que no sabemos si se han llevado a
cabo.



Si me deja un minuto, señora presidenta, me gustaría explicar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas y así evito otro turno. Hemos transaccionado, después de dialogar entre los tres grupos, una propuesta que pasaremos a
la Mesa, en la que, por un lado, se trata de garantizar la aplicación efectiva del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno -hacemos mención específica a algunas que también suponían una preocupación en las enmiendas del Grupo Popular- y, por
otro lado, se mantiene íntegramente nuestro punto número 2. La transacción que hemos acordado, primero, puede permitir el acuerdo entre todos los grupos y, segundo, recoge justamente lo que nosotros pretendemos en nuestra proposición no de ley.
Pasamos inmediatamente la propuesta a la Mesa.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra doña María Ramallo.



La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Coincido con la ponente del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila, en que los problemas del PIF de Vigo no son nada nuevos. Desde hace mucho tiempo y a través de varias y diversas iniciativas en
esta Cámara, se han puesto de relieve los problemas que se producen en un servicio público que se presta desde el Ministerio de Sanidad y que repercuten directamente en la competitividad del puerto de Vigo, uno de nuestros puertos de interés
general. Las últimas noticias que han provocado el debate de esta PNL y que tuvieron su eco en la prensa obedecen, una vez más, a resaltar las deficiencias que se arrastran en la gestión de este servicio y a la imposibilidad que parece ser que está
existiendo para ponerle remedio -en este caso desde el Ministerio de Sanidad- a un problema que se arrastra, se enquista y se acaba sufriendo en la propia autoridad portuaria y en lo poco se puede hacer desde la gestión del puerto de Vigo por
hacerle frente y ponerle remedio si no se actúa desde la Administración, que debe poner las medidas adecuadas para que la eficacia y la eficiencia en la gestión redunde en los usuarios del puerto. Así se admite por la proponente que no es la
primera vez, y es un denominador común de toda la autoridad portuaria, con el puerto de Vigo a la cabeza, la preocupación creciente por el funcionamiento de la inspección sanitaria.



Las disfunciones están originando dos consecuencias importantísimas: por una parte la pérdida de tráficos y por otra el riesgo grave de deslocalización de empresas al puerto vecino de Leixoes, Portugal, en competencia directa con el puerto
de Vigo. Se han hecho diversas gestiones desde la autoridad portuaria, desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, peticiones realizadas desde la Xunta de Galicia, Consellería de Sanidad y presidente de la Xunta. ¿Cuál es el objetivo a
perseguir y qué debe guiar a la administración sanitaria a conseguir el objetivo propuesto? Intentar que el tiempo máximo de permanencia en el puerto de Vigo de la mercancía en


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espera de despacho sanitario sea de 48 horas. Ese debe ser el objetivo a seguir si queremos ser competitivos. Para lograr este objetivo habíamos presentado una enmienda con varias adiciones, algunas de ellas se han reflejado en esta
enmienda transaccional que se presenta por parte de los tres grupos, y en consecuencia tanto el protocolo de actuación para la apertura única del contenedor por parte de todas las administraciones que tienen competencia directa como la agilidad en
la inspección documental son básicas en este tema. Por lo tanto, y comprobando diversos datos, se ve que las diferencias son abismales: para la inspección documental se tarda entre dos y ocho días en Vigo y 14 horas en Leixoes; en cuanto a la
inspección de sanidad exterior, en Vigo es indeterminado el tiempo que se tarda y en Leixoes, una hora; para el despacho aduanero, en Vigo, un día y en Leixoes, una hora. Es imposible competir con estos tiempos que se marcan. Para reafirmar la
argumentación de que los tiempos son exagerados está el retraso claro en la adopción de decisiones en los casos en que los inspectores realizan consultas que deben resolverse fuera del PIF; retrasos que pueden alcanzar hasta los 50 días y cuyos
costes asociados pueden llegar a los 25.000 euros por contenedor.



¿Por qué surge ahora esta iniciativa y la polémica que desde el punto de vista de nuestro grupo ha tenido lugar en la prensa? El día 4 de noviembre tiene reflejo en la prensa la reunión convocada por la Federación de usuarios del puerto de
Vigo, a la que acuden representantes de la cooperativa de armadores, de Anfaco (conserva), de transitarios portuarios, del Ministerio de Sanidad a través de los responsables del PIF y del puerto de Vigo (El señor presidente ocupa la Presidencia.).

Todos coinciden en el diagnóstico, que se concreta en la lentitud y en la consecuencia final de pérdida de tráfico para el puerto de Vigo, pero lo más insólito del tema es que tanto la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el día 6 de noviembre,
como el delegado del Gobierno en Galicia, don Antón Louro, el día 17, descargan los problemas en el puerto; es decir, la Administración General del Estado le echa la culpa -por así decirlo- a otra parte de la Administración General del Estado que
en definitiva es el puerto de Vigo. Esta es la parte política del asunto que no hace más que distraer la atención, considerando además gravísimo por la presidenta del puerto que la Delegación del Gobierno no se hubiera enterado de que la obra de
ampliación del PIF, que aludía como pendiente, esté ya terminada y de que costó unos cuantos millones de euros, y a fecha 17 de noviembre se encuentra a disposición del Ministerio de Sanidad, que todavía no ha contestado a diversos escritos.
Por lo
tanto, lo positivo de esta tarde es haber llegado a un acuerdo entre los tres grupos, recoger lo propuesto en la enmienda del Partido Socialista, aunque evidentemente les traiciona un poco el subconsciente y ponen de manifiesto que si instamos al
Gobierno a garantizar la aplicación efectiva del paquete de medidas recogido en el año 2006 significa que no estaba siendo suficientemente garantizado por parte del Gobierno, y creo que ese es el quid de la cuestión.



Para finalizar, señor presidente, me queda apuntalar más si cabe las adiciones propuestas al texto que desde nuestro punto de vista lo han mejorado enormemente. Por lo tanto, apoyaremos la transacción porque incluye dos puntos que
entendíamos fundamentales en aras de arrancar un mayor compromiso y que tengamos a todos los que representan a la Administración del Estado remando en la misma dirección. Creo que al final eso debe ser lo positivo de esta tarde y lo positivo de
este acuerdo para uno de los motores importantes de Vigo como es su puerto.
(Una señora diputada: ¡Muy bien, muy bien!).



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Estrada.



La señora ESTRADA IBARS: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz de consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Alberto Fidalgo, la oportunidad que me ha brindado de poder defender la posición del Grupo Socialista en esta PNL que
estamos debatiendo y de formar parte, aunque solo sea por unos minutos, de esta Comisión.



El puerto de Vigo tiene una importancia vital para la economía de la ciudad. La historia de la ciudad está unida a su puerto desde el inicio de los primeros asentamientos. Desde entonces no ha dejado de ser el eje de su desarrollo y uno de
los pilares que hacen de Vigo la ciudad motor de la economía gallega. De ahí la necesidad de impulsar por parte de las administraciones pertinentes las actividades portuarias, que son muchas y muy variadas, y de tomar todas las medidas necesarias
para solucionar cualquier problema que se pueda plantear en el ámbito portuario. De este modo es como se ha venido trabajando en los últimos años, concretamente en el tema que hoy nos ocupa: el puesto de inspección fronteriza. Se comenta que es
motivo de preocupación para operadores y usuarios y que no es la primera vez que esto ocurre. Por ello, me voy a permitir hacer mención de las medidas adoptadas por los responsables de la autoridad portuaria, el señor Caballero y el señor Paz, así
como por el Gobierno; medidas encaminadas a solucionar los problemas que podía presentar el PIF de Vigo, que evidencian de una manera objetiva que se ha trabajado en este sentido.



El señor Caballero, siendo presidente del puerto de Vigo, conocida la situación del PIF, solicita al Gobierno que se proceda no solo a un aumento de la plantilla de veterinarios destinados al mismo sino también a una mejora de las
instalaciones del PIF. Debo señalar que el 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros acordó establecer el Plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior cuyo objetivo principal es mejorar el control sanitario exterior,
asegurando el cumplimiento de los fines asignados y así dar cumplida


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respuesta a las necesidades y demandas de las empresas cuyas mercancías sean motivo de inspección sanitaria. Dentro del plan se contempla la mejora del control sanitario en los puestos de inspección fronteriza y, en concreto, un conjunto de
medidas específicas de carácter prioritario que deben ser aplicadas a quince PIF, entre los que se encuentra el del puerto de Vigo, por lo que el Gobierno atiende las demandas formuladas desde dicho puerto, se incrementa el número de veterinarios
destinados al PIF y se inician los trámites oportunos para acometer actuaciones en las instalaciones del mismo. Siendo presidente del puerto de Vigo el señor Paz, indica que las medidas adoptadas resultan insuficientes y de nuevo solicita al
Gobierno que actúe en la misma dirección y el Gobierno atiende estas reclamaciones encaminadas a la mejora de la actividad del puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo.



Me van a permitir SS.SS. que haga una mención detallada de las medidas adoptadas, pues no hay mejor manera de evidenciar los hechos que con datos claros y verificables. Se ha aumentado considerablemente el número de personal que presta sus
servicios en la dependencia de sanidad en Vigo durante los últimos tres años. En concreto, como indicaba hace un minuto la señora Fernández Davila, la plantilla de inspectores veterinarios ha aumentado de seis a catorce. Este es un número
suficiente para garantizar la correcta prestación del servicio en los tres puestos de inspección fronteriza asignados: puerto y aeropuerto de Vigo y puerto de Marín. Se ha ampliado el horario de atención al público de ocho a veinte horas de manera
habitual y en el caso de ser necesario, debido al posicionamiento de contenedores, este se podría ampliar. Se ha aumentado el número de bocas de inspección de seis a ocho. Se ha ampliado la sala de inspección y dotado de despachos permanentes al
personal del PIF, procediéndose a la adquisición de mobiliario de oficina, mobiliario de laboratorio y equipos de laboratorio. Señorías, estamos hablando de una inversión de 2,5 millones de euros al cierre del año en curso; inversión realizada por
el Ministerio de Fomento encaminada a la mejora de la operatividad del PIF del puerto de Vigo. También se hace mención a la lentitud del trabajo de los inspectores encargados de realizar las inspecciones. A mí me gustaría, señorías, poder detallar
con precisión el trabajo que deben realizar estos inspectores, trabajo encaminado a garantizar la salubridad de los productos que llegan a nuestras mesas, por lo que implica una gran responsabilidad que no debemos obviar.



Como no soy experta y tampoco tenemos mucho tiempo, me voy a ceñir a hacer un breve resumen de los protocolos que se deben seguir. Los controles veterinarios de productos de terceros países introducidos en España se deben ajustar a la
Directiva europea 97/78/CE, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre. Estos controles comprenden las siguientes comprobaciones: control documental en el cien por cien de las partidas;
control de identidad también en el cien por cien de las partidas y control físico, cuya frecuencia está regulada a nivel comunitario mediante decisión 1994/360/CE. A estos debemos añadir controles reforzados sobre la base de las alertas
transmitidas por el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Comisión Europea y por el programa coordinado de controles de sanidad exterior nacional. Creo que SS.SS. se habrán podido dar cuenta de cómo deben actuar, que si lo hacen
así es porque es el procedimiento adecuado según la normativa europea y la nuestra propia; el procedimiento que va a garantizar algo tan importante como la salubridad de los productos que consumimos, tal y como hice mención antes. Se trata de
trabajadores responsables que han visto en muchas ocasiones cómo se ha puesto en entredicho su labor, apareciendo en la prensa numerosos artículos a lo largo de estos últimos años que se hacían eco de manifestaciones en este sentido, por lo que
pediría que se reconsiderasen estas afirmaciones y se respetase el trabajo que estos inspectores realizan y no se cayera en la contradicción constante de exigir un mayor control en las inspecciones y, por otro lado, decir que las inspecciones son
lentas y exageradas en exigencia, lo que conlleva el desvío de mercancías a otros puestos de inspección fronteriza.



Señorías, si hacen uso de las hemerotecas, podrán comprobar a lo que me estoy refiriendo. Por citar un ejemplo, la exigencia reiterativa por parte de algunos sectores de controles rigurosos para las importaciones de pez panga, aludiendo a
que la especie presenta graves deficiencias higiénico-sanitarias. El Grupo Parlamentario Popular declaró que no se defendía al sector pesquero gallego, solicitando una mayor intensificación del control de las importaciones de pez panga. Como
podemos comprobar, todos coincidimos en un mismo punto: la necesidad de proceder a los controles sanitarios necesarios que garanticen que el producto que llega a la ciudadanía presente todas las garantías de salubridad. Además, se debe tener en
consideración que muchos de los retrasos que se producen en el despacho de las mercancías del puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo son debidos a problemas ocasionados por la documentación de origen que acompaña a las partidas.
Por
otra parte, no debemos olvidar que la disponibilidad de medios en el centro de inspección dependen directamente de Termavi, empresa concesionaria de la gestión de la terminal, la cual en determinadas ocasiones contrata menos unidades tractoras para
transportar los contenedores desde la terminal y reduce el número del personal auxiliar para movilizar la carga, teniendo como consecuencia un aumento de los tiempos de posicionamiento de los contenedores. Estoy haciendo mención a posibles factores
que pueden contribuir a aumentar los tiempos de control. Aun así, si nos fijamos en los tiempos medios de tramitación de expedientes que corresponden a partidas destinadas a consumo humano en el puesto de inspección fronteriza de Vigo,
comprobaremos que son similares a los de otros puestos de inspección fronteriza


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españoles, como el de Barcelona o el de Valencia, los cuales tienen actividad sobre productos congelados.



Respecto a la mención que se hace a la Delegación del Gobierno, debo señalar que en todo momento ha trabajado en aras de conseguir un mejor...



El señor PRESIDENTE: Señora Estrada, vaya terminando, por favor.



La señora ESTRADA IBARS:... funcionamiento del puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo, siempre en sintonía con los presidentes de la autoridad portuaria, que han mostrado inquietud en este sentido, como han sido los señores
Caballero y Paz. El Grupo Parlamentario Socialista considera que se debe proceder a realizar todas las medidas factibles encaminadas a mejorar la operatividad y, por lo tanto, el rendimiento del puesto de inspección fronteriza. Por ello hemos
considerado la propuesta del grupo proponente como positiva en cuanto a que este es el objetivo que se persigue. Sin embargo, creemos oportuno señalar que en ciertos puntos a los que se hace referencia, como son la ampliación de plantilla y las
mejoras técnicas, ya se ha procedido en el sentido que indican.
Estando recogido el objetivo que se persigue en esta proposición no de ley de garantizar un servicio eficiente y de calidad por parte del puesto de inspección fronteriza del puerto de
Vigo en el Plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior presentamos una enmienda que ha facilitado la transaccional a la que hemos llegado tanto el grupo proponente como el Grupo Parlamentario Popular en la cual está recogida
la que nosotros hemos presentado.



El señor PRESIDENTE: Nos gustaría que la enmienda transaccional se pasase a la Mesa para poder votarla, porque aún no ha llegado.



Señorías, comenzamos la votación, en primer lugar del proyecto de ley Reach. Les propongo incorporar la corrección de errores en títulos y exposición de motivos. Pasamos a votar esa corrección de errores.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



En segundo lugar, incorporaríamos las enmiendas transaccionales. Son tres enmiendas transaccionales y les propongo, son conocidas, que las votemos en conjunto. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



En tercer lugar, votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Quieren votarlas en conjunto o por separado?


El señor MARISCAL ANAYA: En conjunto.



El señor PRESIDENTE: enmiendas 6, 25 y 26 del Grupo Parlamentario Popular, que votemos en conjunto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



A continuación votamos el conjunto del texto con la incorporación, por supuesto, de las transaccionales.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Pasamos a votar las proposiciones no de ley. En los puntos 4.º, 5.º y 6.º no hay acuerdo y, por tanto, los votaremos en sus términos. En primer lugar, el punto 4.º relativo al 0,7 por ciento a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
(El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)


Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, al menos en el caso de la proposición no de ley de CiU va a ser en los términos de la autoenmienda que hemos presentado a nuestro propio texto, que hemos aceptado lógicamente.



El señor PRESIDENTE: Autoenmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ¿y de nadie más? (Pausa.) Votamos la del Grupo Parlamentario Popular sobre el 0,7 por ciento. Esta se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Pasamos a votar la propuesta sobre el mismo tema, el 0,7 por ciento, en el caso del Grupo Parlamentario Catalán con autoenmienda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Pasamos al punto 6.º, que también tiene que ver con el 0,7 por ciento, a propuesta de Esquerra Republicana,


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Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. No hay enmienda, no ha sido aceptada la enmienda del Grupo Popular y, por tanto, se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Pasamos al 7.º punto relativo a malos tratos. Hay una enmienda transaccional. ¿La conocen sus señorías? (Asentimiento.) En los términos de la transaccional pasamos a votar.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



El 8.º punto del orden del día es el relativo a la inspección fronteriza del puerto de Vigo, a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, que cuenta con una enmienda transaccional del grupo proponente, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Pasamos a leerla -no es muy larga-: 1. Garantizar la aplicación efectiva del paquete de medidas adoptadas mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2006 por el que se establece un plan de medidas para la mejora de los servicios
de sanidad exterior y de manera especial los que se refieren a la mejora de la coordinación de los organismos implicados, al establecimiento de un protocolo de actuación entre los puestos de inspección fronteriza y las autoridades portuarias y al
plan de calidad sobre controles oficiales. 2. Garantizar de esta manera que el puesto de inspección fronteriza del puerto de Vigo mantenga un nivel de servicios eficiente y de calidad que resulte satisfactorio para los operadores que tienen al
puerto de Vigo como referencia.



Pasamos a votar esta enmienda transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Felices fiestas si no nos vemos antes. Se levanta la sesión.



Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.