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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 205, de 24/02/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 205
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 14 celebrada el martes 24 de febrero de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la modificación del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/000326.)... (Página 2)
- Sobre modificación de las valoraciones catastrales de construcciones en suelo rústico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000381.)... (Página 4)
Relativa a las incidencias que han afectado a la confección de los borradores de declaración del IRPF del ejercicio 2007. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000209.)...
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía (Vegara Figueras) para informar:
- Sobre la coyuntura de la economía española, previa remisión del informe correspondiente. Comparecencia cuatrimestral. A propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda. (Número de expediente 212/000477.)...
- En su condición de presidente de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, sobre la evolución reciente del fondo y sus efectos, a la luz de los informes elaborados por el comité técnico y por el Banco de
España. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000430.)... (Página 10)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1464/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000326.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. En primer lugar, hay una sugerencia de permuta en el orden del día, por la que la tercera proposición no de ley pasaría al primer punto del orden del día. Sería la proposición no de ley sobre la
modificación del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales. Ha sido presentada por el Grupo Popular y hay una enmienda del
Grupo Socialista. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Este asunto del que hoy vamos a tratar es muy importante porque el Real Decreto 1464/2007 está afectando a la suficiencia financiera de muchos municipios en toda España, pero particularmente en Galicia, donde de los 315
municipios existentes más de 103 ven alterada su capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos cuya cobertura tienen asignada. Nos preocupa mucho que bajo el concepto de bienes de naturaleza especial se produzcan modificaciones en los
valores catastrales, porque esta modificación alcanza casi al 50 por ciento del valor catastral existente y esto, como acabo de señalar, produce efectos muy indeseados. Además, en respuesta a preguntas que hemos hecho sobre este tema, el Gobierno
nos dijo en varias ocasiones que aplicáramos el tipo máximo, el 1,3. Este tipo ya se viene aplicando porque el raquitismo financiero de los ayuntamientos es evidente. No se ha producido ningún incremento de los recursos y sí han aumentado las
necesidades que tienen los ayuntamientos. Por lo tanto, la solución no consiste en aplicar el tipo máximo del 1,3; la solución, cuando una norma produce efectos perversos, es actuar constituyendo un fondo o creando un mecanismo que, por lo menos
de manera transitoria, no reduzca de forma tan notable la capacidad de atender las necesidades de todos los ayuntamientos.
Por eso, nosotros reclamábamos, en primer lugar, que se compensara transitoriamente a los municipios afectados y que se hiciera del mismo modo que se hizo cuando se suprimió el IAE, que también era un recurso con el que contaban las
haciendas locales y que fruto de la normativa, al desaparecer, creaba una importante dificultad financiera a los ayuntamientos. En segundo lugar, pedíamos que se modificara la normativa a la que afecta el real decreto, y que estos coeficientes
correctores a los que el artículo 19 se refiere al hablar de la depreciación según la antigüedad, y especialmente el hecho de que para los de más de treinta años el elemento corrector haga que los ingresos se vean mermados en el 30 por ciento, se
reconsideren dadas las necesidades de los ayuntamientos. Por último, el real decreto afecta también a otras obras públicas e infraestructuras. Sería bueno que el Gobierno tuviera en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que
se consideren bienes de carácter especial las instalaciones eólicas, que hasta ahora no tenían esta consideración. Por tanto, continuamos pidiéndole al Gobierno que atienda las necesidades de suficiencia financiera que tienen los ayuntamientos de
España ya que, fruto de cambios en la normativa, dejan de percibir una cantidad importante de ingresos, que se les compense transitoriamente y que en futuras modificaciones de esta normativa puedan ser tenidas en cuenta las circunstancias que acabo
de señalar.
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo de 5 marzo de 2004 -atención a la fecha-, en su artículo 6 apartado 4 define tres clases de inmuebles: los urbanos, los
rústicos y los de características especiales, de ahora en adelante los denominaremos Bices, bienes inmuebles de características especiales. Este tema es importante toda vez que los Bices habían sido motivo de larga discusión en el mundo local sobre
cuál era su consideración y su valoración, con la problemática que conllevaban, especialmente para muchos municipios pequeños ya que era su única fuente de ingresos. Embalses, instalaciones eléctricas, termoeléctricas, etcétera, al ser separados
estos bienes de los urbanos y rústicos se establecía una consideración interesante para el mundo local.
El desarrollo reglamentario de las normas técnicas aplicables a la determinación del valor catastral de los Bices viene determinado en el Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, que ahora estamos considerando. Es decir una vez
establecidos los Bices había que determinar cuáles eran las normas técnicas aplicables y, por ello, el Real Decreto 1464/2007 estableció ocho grupos distintos de Bices: producción de energía eléctrica; producción de gas y regasificación; refino
de petróleo; centrales nucleares; presas, saltos de agua y embalses; autopistas, carreteras y túneles de peaje; aeropuertos y puertos comerciales. La aplicación de este real decreto ha permitido la homogeneización de los valores de este tipo de
bienes a partir de criterios comunes y procedimientos reglados simultáneamente para todos estos elementos del territorio nacional; por primera vez tenemos una valoración hecha simultáneamente con los mismos criterios y para todo el territorio
nacional, superando así la disparidad de valoraciones existentes con anterioridad. Antes teníamos unos hechos de una manera, otros de otra, con distintos criterios y hechos en distintas épocas. Si bien es cierto que la mayoría de las nuevas
valoraciones fueron superiores a las antiguas, pueden darse casos -y se dan, de hecho- de valoraciones de disminución; situación que se da en todos los procesos de revisión catastral. Cuando hacemos un proceso de revisión catastral -de urbana,
rústica o, como en este caso, de Bices - tendremos elementos que irán al alza y elementos que irán a la baja. En Galicia, concretamente, los resultados globales son todos ellos positivos pero fueron dispares en cada una de las provincias. Esto
quiere decir que puede haber elementos cuya valoración catastral suba y otros que baje. Lugo fue muy beneficiada y Ourense fue perjudicada. Las valoraciones salieron distintas. Pero quiero volver a reseñar que las valoraciones se hicieron con
unidad de criterios y simultáneamente para todo el territorio nacional. La multiplicidad de situaciones que pueden producirse en numerosos municipios españoles con los inmuebles de los ocho grupos distintos puede ser muy dispar, por lo que hacer
consideraciones casuísticas en función del resultado de la combinación de algunos de estos elementos -municipios y grupos, municipio aragonés con una termoeléctrica, municipio gallego con un embalse, municipio levantino con una autopista-, pueden
desvirtuar completamente el impuesto, es decir, hacer consideraciones específicas en función del resultado y pretender resolverlo nos puede llevar a situaciones específicas que desvirtúen completamente el impuesto, máxime cuando hay posibilidades de
corrección del resultado final del proceso impositivo, contemplada en la propia Ley de Haciendas Locales, determinada por las administraciones municipales. El señor Erias ha hecho referencia a ellas hace un momento.
Por otro lado, difícilmente puede aceptarse la compensación de oficio que hubiera de derivarse de un proceso de revisión catastral de aquellos bienes que experimentan variaciones negativas, ya que iría contra la esencia misma del mecanismo
tributario. No estamos ante consideraciones legales de beneficios fiscales consolidados, sino ante variaciones de las bases fiscales que pueden ser positivas o negativas. Aquellos municipios cuyos Bices han tenido valoraciones más positivas que
las que tenían antes les vamos a decir que estupendo, que les ha tocado la lotería, y a aquellos que las han tenido negativas las vamos a compensar. Esto va contra el funcionamiento del resultado de un proceso impositivo a partir de una valoración
catastral que determina la base impositiva del impuesto. Sin embargo, podemos aceptar que en determinados municipios con escasa base fiscal la variación de la valoración de un elemento sustancial de las mismas puede ocasionar problemas en el
conjunto de sus ingresos tributarios y dislocar sus finanzas, como podría desprenderse de algunos de los casos que ahora consideramos. Las asambleas municipalistas han visto reiteradamente intervenciones de alcaldes exponiendo la problemática
concreta que les afecta derivada de estas situaciones y pidiendo la resolución de las mismas. Puedo dar fe de ellas porque he vivido durante veinte años este proceso en las asambleas municipalistas.
Los municipios con elementos en declive o
volátiles o volubles económicos, urbanísticos, poblacionales, intentan el mantenimiento de la estabilidad de sus recursos. Esto es absolutamente lógico y legítimo para sus alcaldes, pero este es otro problema que, de resolverse, no tendría que
hacerse en el marco tributario, aunque fuera derivado de él. Por esta razón, nosotros proponemos una enmienda transaccional, para que en el marco de la reforma de las haciendas locales se estudie la tributación de este tipo de inmuebles Bices
-casuísticas, valoraciones, revisiones de las mismas, consecuencias para el conjunto de las haciendas municipales particulares-, a los efectos de intentar asegurar la estabilidad de los recursos de las mismas. Pensamos que esta propuesta es más
equilibrada y comprensiva para las múltiples y dispares situaciones que se pueden producir a
lo largo de nuestra geografía. Pretender resolver normativamente uno a uno los casos que se presentan, solo conllevaría a un embrollo jurídico considerable y a la aparición de continuados y puntuales casos que, de no resolverse, provocarían
agravios innecesarios.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a los criterios de valoración catastral, quisiera hacer unas breves consideraciones. Creemos que con un contenido más
extenso el Senado aprobó en su momento una moción del Grupo Parlamentario Mixto más concreta, más amplia y mejor. La proposición no de ley que se presenta en el Congreso es limitada y solo hace referencia a los saltos de agua, las presas y los
embalses. En cambio, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y aprobada, como he dicho, en el Senado es, desde nuestro punto de vista, más concreta, más amplia y mejor. En la misma, se instaba al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para compensar a los ayuntamientos que habían visto mermados sus ingresos en concepto de IBI como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobaban normas técnicas de valoración
catastral de los bienes inmuebles de características especiales. La Comisión de Entidades Locales del Senado instó en aquel marco al Gobierno a compensar económicamente a los ayuntamientos que habían visto mermados sus ingresos por IBI por la
aminoración en la valoración de sus Bices derivada de la aplicación del real decreto al que hacía referencia antes, a fin de garantizar el principio de suficiencia financiera consolidada que tenían estos ayuntamientos conforme a determinados
artículos. También, en esa misma Comisión de Entidades Locales del Senado se instó a modificar la Ley de Haciendas Locales para garantizar un reparto más equitativo en el IBI-Bices, de modo que no se perjudicasen los ingresos de los municipios.
Asimismo, se instó a realizar otras modificaciones. Por tanto, las medidas de la moción eran más completas, más amplias y mejores que las que se presentan en esta proposición no de ley. El texto, a nuestro juicio, reduce el término de Bices, que
ha de comprender -y comprende- túneles, autopistas, etcétera. Hechas estas consideraciones y esta referencia a la moción aprobada en el Senado, votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún otro grupo para fijar posición. ¿Nos puede adelantar su posición el grupo proponente respecto de la enmienda presentada?
El señor ERIAS REY: Vamos a aceptar la enmienda, aunque pensamos que, tal y como le hemos manifestado al portavoz, largo me lo fiáis. En todo caso, la vamos a aceptar.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS VALORACIONES CATASTRALES DE CONSTRUCCIONES EN SUELO RÚSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000381.)
El señor PRESIDENTE: El texto final, por favor, nos lo pasan a la Mesa.
Retomamos la proposición no de ley que figuraba en el primer punto del orden del día, sobre modificación de las valoraciones catastrales de construcciones en suelo
rústico. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán y la defenderá la señora Riera. No señalé al principio la hora de votación. Podemos estimarla hacia las doce menos diez.
La señora RIERA I REÑÉ: Presentamos esta proposición no de ley sobre modificación de las valoraciones catastrales de construcciones en suelo rústico instando al Gobierno a dar las instrucciones oportunas a la Dirección General del Catastro
con objeto de revisar el procedimiento de valoración catastral de construcciones en suelo rústico, adecuándose a la normativa vigente a los efectos de tener en cuenta específicamente el uso, destino y calidad de cada una de las construcciones. ¿Por
qué? En primer lugar, porque entendemos que numerosos municipios afrontan cada año la revisión catastral. En el caso de Cataluña, actualmente alrededor de cincuenta municipios se encuentran inmersos en un proceso de revisión catastral. Las
gerencias territoriales del catastro ya han empezado a notificar a los interesados las nuevas valoraciones o tiene previsto hacerlo antes de finalizar el año. Pero existen problemas, y uno de ellos estriba en que en las notificaciones ya recibidas
se está constatando un incremento desproporcionado de los valores de las construcciones ubicadas en suelo rústico; es decir, de aquellas construcciones correspondientes a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Por un lado, este
incremento se ha producido por una incorrecta valoración de las construcciones. La legislación exige que los valores aplicables a las construcciones, indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, es
decir, granjas, invernaderos, etcétera, se basen en los valores del mercado, sin sobrepasar este valor, y consideren el coste de ejecución de las construcciones el uso, la calidad y la antigüedad de la edificación, los gastos de producción y los
beneficios de la actividad económica. La Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda ha dictado una circular interna que entendemos vulnera la legislación del catastro inmobiliario, ya que aplica directamente los valores
urbanos, equiparándolos al valor de las construcciones agrarias, sin haber hecho los estudios de mercado preceptivos en relación con las construcciones indispensables para las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Los valores comunicados
por las gerencias territoriales del catastro
siguiendo esta circular contravienen lo que establece la ley, a la vez que provocan una clara indefensión a los afectados, al enviar unas notificaciones que no incluyen los usos o destinos reales de las construcciones en suelo rústico ni
recogen la calidad de estas construcciones. Asimismo la valoración del suelo que ocupan las construcciones se ha realizado cualificando a todas ellas como no indispensables para el desarrollo de la explotación, lo que conlleva la aplicación de un
módulo superior al que correspondería si reuniera este carácter. En definitiva, esta combinación de errores en la aplicación de los valores del suelo ocupado por construcciones indispensables para las actividades agrícolas, ganaderas o forestales
en suelo rústico, más la aplicación de valores superiores a los establecidos en la legislación catastral a las propias construcciones llevan a suponer, en casos concretos, incrementos en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica de hasta el mil por ciento. En algunos casos, previa denuncia de organizaciones agrarias, la Administración ha rectificado de forma parcial las valoraciones efectuadas, pero no es suficiente y, a fin de reconducir esta grave situación que
afecta a este tipo de explotaciones, hemos presentado esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado sendas enmiendas, y por este orden, de los Grupos Popular y Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor García-Legaz.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la modificación de los valores catastrales de
construcciones en suelos rústicos. Anticipo que el Grupo Popular comparte plenamente el análisis del problema que ha expuesto la portavoz de Convergència i Unió. Consideramos que el proceso de revisión de estos valores catastrales en el mundo
rural está provocando perjuicios a miles de titulares de explotaciones agrarias y que el proceso de revisión de esos valores catastrales no se ajusta a lo previsto en la ley. El problema reside no tanto en el procedimiento concreto aplicado en los
municipios, sino en el proceso general y en las instrucciones que emanan de la Dirección General del Catastro en relación con el proceso de valoración de estas explotaciones. En primer lugar, se están aplicando valores urbanos con carácter
generalizado a todo tipo de construcciones agrarias. Esto no tiene demasiado sentido, puesto que buena parte de esas explotaciones no tienen una naturaleza que permita a los funcionarios y a los responsables del catastro aplicar ese tipo de
valoraciones. En segundo lugar, es evidente que este proceso de revisión de los valores catastrales está produciendo un incremento de la presión fiscal sobre este tipo de explotaciones, algo contraproducente en estos momentos de crisis económica y
que se está extendiendo también al mundo agrario y a las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. En consecuencia, el Grupo Popular propone, en línea con lo que ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que el Gobierno dicte las instrucciones oportunas para que la revisión de esas valoraciones catastrales se ajuste a lo previsto en la ley. Nos parece fundamental que el proceso de revisión de los valores catastrales atienda al carácter
indispensable de algunas de estas explotaciones para que no se produzca un perjuicio a las mismas, porque se está asimilando determinado tipo de explotaciones agrarias simplemente a construcciones de naturaleza urbana.
Poco más cabe decir. La
enmienda transaccional que propone el Grupo Parlamentario Popular especifica que el carácter de indispensable para el desarrollo de la explotación de cada una de las construcciones sea tenido en cuenta a la hora de la revisión de esos valores
catastrales. De ahí, que esta sea la principal enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Socialista la defenderá el señor Alonso. Tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En relación con la proposición no de ley de Convergència i Unió, de la lectura de la exposición de motivos y del texto y también de la intervención en esta Comisión, habría que sacar una primera conclusión, y es que,
en este caso, por parte del grupo proponente no se cuestiona la normativa aplicable para la revisión catastral de construcciones ubicadas en suelo rústico, por tanto, su actual régimen tributario. No podía ser de otra manera. Se trata de una
legislación aprobada hace varios años -en el año 2004- y creo que en su momento contó con el voto favorable de Convergència i Unió. En todo caso, la proposición no de ley y la intervención podrían justificarse en tratar de evitar los posibles
errores que se hayan podido producir por los técnicos encargados de realizar estas valoraciones catastrales en cumplimiento estricto de la ley. No podría mostrar acuerdo con S.S.
cuando ha manifestado que se ha producido un incremento
desproporcionado.
Podemos aceptar que hay un incremento, lógicamente, consecuente con las nuevas valoraciones, pero en absoluto se trata de incrementos desproporcionados en relación con los valores de las construcciones ubicadas en suelo rústico.
Y este sí es un motivo de discrepancia, porque este diputado ha consultado con los responsables del catastro y de distintos ayuntamientos en donde se está realizando esta revisión catastral y por ellos se me ha informado de que los valores
resultantes son proporcionados con el resto de construcciones del municipio, conforme marca la ley. Otra cosa es que anteriormente no estuvieran pagando por ellos, y por tanto ante una nueva valoración se produce un incremento del recibo que el
titular de los terrenos y edificios tiene que abonar. Como interpreto que no se trata de cambiar la legislación ni de hacer
perder a los municipios unos ingresos económicos a los que tienen derecho, que además son justos y que por tanto el titular de ese suelo rústico y de esas construcciones -en el marco de la ley, una ley aprobada en el año 2004- tiene que
realizar.
Como usted sabe, señora Riera, el incremento del valor catastral trae causa de la incorporación de las edificaciones no indispensables ubicadas en suelo rústico, que se realizó a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2004 que,
de acuerdo con lo que establece en su disposición adicional, comenzaría a aplicarse a partir de valoraciones que se empezaran a realizar en el año 2006. El valor catastral constituye la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, y sobre la
misma se aplica de oficio una reducción decreciente a lo largo de diez años. Es decir que un bien que se haya valorado en estos días o hace unos meses, por ejemplo en 21.000 euros, tendría una base liquidable el primer año de 11.000 e incrementos
anuales hasta llegar a esa cifra de 21.000 en el décimo año. Se dice en la PNL que se ha realizado una incorrecta valoración, y a estos efectos y también en relación con lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular le recuerdo lo
que dice la disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos de 2005. Dice así: el valor de la construcción se obtendrá por aplicación de idénticas reglas a las que se determinan para la obtención de las construcciones de bienes urbanos en la
ponencia de valores de la que trae causa el procedimiento de valor efectivo. El valor catastral será la suma del valor del suelo rústico más la valoración de las construcciones, conforme a esta regla que se establece en la ley. A partir de ahí se
aplican unos módulos en función de si la construcción está considerada como indispensable para la producción agraria, cuyo módulo es el más bajo de todos los que existen, o no está considerada como indispensable, y por tanto tendrían un módulo
mayor. Ese es un trabajo que tienen que hacer los técnicos que efectúan la valoración: calificar si es indispensable o no lo es, y en función de esta calificación tendrá un módulo mayor o un módulo inferior, y seguramente es aquí donde quizá se
hayan podido producir -o de hecho se han producido- en algunas provincias o en algunos municipios, y en concreto en Cataluña, algunos errores, que según nuestra información o se han corregido o están en fase de corrección.
La Dirección General del Catastro recoge en su circular estrictamente, desde nuestro punto de vista, los preceptos de la ley y consideramos que esa instrucción del catastro no vulnera en absoluto la legislación, sino que la traslada
específicamente al cumplimiento de la misma. Le reitero que efectivamente tenemos constancia -y así se ha reconocido por los responsables del catastro- de que se han producido algunos errores en la tipificación de determinadas construcciones
agrarias en Cataluña, que seguramente son las que han dado lugar a esas protestas que son el origen de la proposición no de ley. Se trata de errores en la aplicación de una norma que desde nuestro punto de vista está correctamente realizada.
Estos
errores fueron puestos en conocimiento de los ayuntamientos afectados; se realizaron las reuniones informativas con los afectados en las zonas donde se han producido los errores, y nos consta que se corrigieron los valores asignados inicialmente.
Por todo ello, señora Riera, y puesto que consideramos que no se está poniendo en cuestión ni el sistema ni la norma ni el fondo, hemos presentado una enmienda transaccional para instar al Gobierno a que asegure el eficaz cumplimiento de la
normativa vigente en el procedimiento de valoración catastral de construcciones en suelo rústico, y para que toda la normativa que se ha hecho hasta este momento se complemente con instrucciones específicas orientadas a facilitar la transparencia y
la adecuada información a los ciudadanos afectados sobre la normativa y criterios utilizados en la realización de dicho procedimiento. Esperamos que, puesto que en el fondo hay acuerdo, pudiéramos también ponernos de acuerdo en el contenido expreso
de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, su posición respecto a estas enmiendas.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, nosotros continuamos insistiendo en dos aspectos. En primer lugar, en el impacto de la incorrecta valoración de las construcciones; y luego en la calificación de indispensables o no. No ponemos
en duda en absoluto la normativa vigente, pero sí instamos a revisar el procedimiento de valoración catastral de las construcciones en suelo rústico, sin poner en duda en ningún momento la correcta adecuación a la normativa vigente. Lo que nosotros
queremos es que se respete la normativa vigente, y sobre todo que se subsanen estos errores que afectan a las explotaciones y a esta actividad económica. En este sentido, señor presidente, valoraremos la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en los términos que ha comentado su portavoz. Y sí pediríamos incluir el término de revisión del procedimiento de valoración catastral: instar al Gobierno a revisar el procedimiento de valoración catastral de
construcciones en suelo rústico, siempre adecuándose, como he dicho antes, a la normativa vigente, que no ponemos en duda ni cuestionamos.
El señor PRESIDENTE: Como dispondremos de tiempo de aquí a la hora de votación, ya comunicará a la Mesa los términos precisos en los que hemos de votar esta PNL.
-RELATIVA A LAS INCIDENCIAS QUE HAN AFECTADO A LA CONFECCIÓN DE LOS BORRADORES DE DECLARACIÓN DEL IRPF DEL EJERCICIO 2007. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000209.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la que figuraba como segunda proposición no de ley, relativa a las incidencias
que han afectado a la confección de los borradores de declaración del IRPF del ejercicio 2007. Es del Grupo Parlamentario Popular y la va a defender el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: La proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene como propósito alcanzar un consenso en esta Cámara que permita dar confianza y tranquilidad a los contribuyentes ante las muchas
irregularidades que se han puesto de manifiesto en las últimas campañas del impuesto sobre la renta de las personas físicas en torno a la fiabilidad de los borradores que envía a millones de contribuyentes la Agencia Tributaria.
Como saben SS.SS., este es un sistema que se introdujo en el año 2003, con un gobierno entonces del Partido Popular, dentro de una serie de importantes mejoras en la gestión tributaria que se habían impulsado en aquellos años para facilitar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que van desde el envío de los datos fiscales a los contribuyentes, hasta la posibilidad de realizar declaraciones telemáticas a través de Internet, convenios con administraciones autonómicas y locales
que hicieron proliferar los puntos de asistencia a los contribuyentes con ocasión de las campañas de renta, o los procesos de devolución rápida. Qué duda cabe que el envío de borradores por parte de la propia Administración tributaria, que son
confirmados o aceptados por los contribuyentes, es un importante avance, es una importante medida de simplificación, una novedad en nuestra Administración tributaria respecto a otras internacionales, pero para que este sistema sea eficaz se tiene
que basar en la plena confianza de los contribuyentes en la Administración. Recordarán SS.SS. cómo en la primavera pasada, con ocasión de la campaña de renta 2007, las páginas de los principales diarios se llenaron de titulares como: Hacienda no
lo sabe todo. Los errores de Hacienda. Un error en el borrador de la renta puede costarle caro. Los gestores alertan de que el 90 por ciento de los borradores de la renta en Galicia contienen incorrecciones. Y para colmo, Hacienda dice que, en
el peor de los casos, sus errores no llegarían al 20 por ciento.
Lo que más sorprendió de la situación que se produjo en esos momentos fue la rápida reacción de la propia Administración tributaria, consciente sin duda de la gravedad de la situación
que hasta entonces había permanecido oculta para la opinión pública. Que la propia Administración tributaria reconociese entonces que los borradores con errores podrían superar el 20 por ciento ponía de manifiesto que el sistema no estaba
funcionando bien.
Hasta entonces la Administración había sido pródiga en la promoción del borrador, anunciando por ejemplo que en la campaña de 2007 se iban a superar los 18 millones; anuncios en televisión, que ustedes sin duda recordarán, donde
se ponía de manifiesto una situación idílica en la que los contribuyentes podían cumplir sus obligaciones fiscales a bordo de un barco o por Internet, frente a una España de la época del Cuéntame, en blanco y negro, mientras una voz decía: ¿te
acuerdas cuando para presentar la declaración del IRPF había que echarle horas? ¿Quién iba a imaginar que hoy confirmas el borrador y ya está? Pues lo cierto es que no está.
A requerimiento del Grupo Popular, la Administración tributaria ha ofrecido a esta Cámara parte de la información que no se contenía en las memorias tributarias y que nuestro grupo venía reclamando. Por eso, basándonos en los propios datos
que ha ofrecido la Administración tributaria a las preguntas de este grupo, hoy sabemos que menos de un tercio de los borradores emitidos por la Administración tributaria son aceptados sin rectificación por parte de los contribuyentes. Es verdad
que se ha popularizado el instrumento, lógicamente con crecimientos desde la primera campaña muy notables -un 70 por ciento en 2004, un 25 por ciento en 2005, un 13 por ciento en 2006-, alcanzándose, según los datos que ha enviado a esta Cámara la
Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda, 12.737.918 borradores emitidos con ocasión de la campaña de la renta 2007. Pues bien, de estos 12.737.918 solamente 4.119.000 fueron confirmados sin rectificación; otros 2.514.000 fueron confirmados
con rectificación, mientras que casi la mitad, más de 6.100.000 borradores, no fueron confirmados en absoluto. Todos estos datos ponen de manifiesto que estamos ante un auténtico abuso de confianza por parte de la Administración tributaria que
promueve activamente un instrumento, los borradores del IRPF, que deberían ser la base de una gestión moderna, eficaz de nuestro sistema tributario, cuando lo cierto es que los contribuyentes, como estamos viendo, no confían en el instrumento ante
la multitud de errores que contiene. Se llegaron a denunciar errores por más de 30 conceptos distintos, referentes a la situación familiar y personal de los contribuyentes; por ejemplo, en los borradores del IRPF correspondientes a 2007 no se
tenían en cuenta los hijos nacidos en ese año, los cambios en el estado civil de los contribuyentes o gastos asociados a las hipotecas contraídas, cuando es notorio, por ejemplo, que todos los gastos asociados a las transacciones inmobiliarias,
después de la implantación del último Plan de lucha contra el fraude fiscal, son notificados automática y telemáticamente por los notarios a la Administración tributaria. Por tanto, son muchos los conceptos en los que hay errores, más de 33;
tampoco se tienen en cuenta en la elaboración del borrador más de 100 conceptos de deducción en distintas comunidades autónomas, según se puso de manifiesto, y eso hace que veamos que el instrumento no goza de la confianza necesaria para el
desarrollo de una relación fluida entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria.
Es por eso por lo que nuestro grupo propone en su PNL que esta Comisión alcance un consenso en cuatro áreas muy concretas. En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno remita a esta Cámara información exhaustiva sobre la evolución y
todas las incidencias relativas a la gestión de los borradores de declaración del IRPF. Ya disponemos hoy de una información más
completa en virtud de las preguntas que ha realizado el Grupo Popular, pero es necesario seguir en esta línea. Por otra parte, pedimos también que se impulsen cambios normativos y de gestión que permitan una mayor extensión del sistema de
borrador y restaurar la confianza en el mismo.
Como saben SS.SS., la Ley y el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas prevén que el borrador se limite a supuestos concretos, y que la Administración tributaria solamente lo
emita en aquellos casos en los que haya información completa, notificando al contribuyente aquellos casos en los que no pueda emitirse el borrador por falta de información. También pedimos que la Agencia Tributaria revise de oficio los datos de las
declaraciones del IRPF correspondientes a todos los borradores confirmados en los últimos años, para subsanar errores.
Puede parecer que ésta resulta una petición exorbitante, pero lo cierto es que vemos cómo en la confección de los borradores la
Agencia Tributaria ignora datos a los que podría tener acceso y que beneficiarían al contribuyente; más aún cuando se confeccionan y se emiten declaraciones provisionales, conocidas vulgarmente como paralelas, que solamente se notifica a los
contribuyentes cuando resulta una mayor deuda o cuota a ingresar a la Hacienda pública. Se trataría en este caso de que todos estos borradores, aceptados por los contribuyentes de buena fe, se revisasen por la Administración tributaria para
restaurar la confianza en el instrumento. En definitiva, se trataría de generar declaraciones paralelas en aquellos casos en que resultase la nueva declaración beneficiosa al contribuyente. También creemos que una mejora que se podría introducir
en la gestión de los borradores es la devolución inmediata de las cantidades a favor de los contribuyentes que resulten del propio borrador, cuando este sea aceptado por el contribuyente. En definitiva, todas las medidas que proponemos son, primero
de transparencia, luego de revisión de actos administrativos sobre los que pueda haber dudas; en segundo lugar cambios normativos para extender el instrumento, y finalmente de devolución inmediata de las cantidades que puedan resultar a favor de
los contribuyentes, que creemos que restaurarían la confianza en este importante instrumento de gestión tributaria, porque en caso contrario corremos el peligro de que se quiebre la confianza necesaria para la adecuada gestión del sistema
tributario.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de la posición correspondiente de los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra, en primer lugar, la señora Riera por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora RIERA I REÑÉ: Seré breve respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular relativa a las incidencias que han afectado a la confección de los borradores de declaración de IRPF del ejercicio 2007.
Compartimos la filosofía de la proposición no de ley; realmente es un tema que desde hace tiempo nos venía preocupando y sobre el que también hemos hecho varias preguntas por escrito al Gobierno. Pero en el contenido de la proposición no
de ley, si bien compartimos su filosofía y espíritu, existen distintos aspectos que entendemos pueden provocar efectos no deseados, como por ejemplo practicar las devoluciones de borradores confirmados con errores. Entendemos que hay que tener en
cuenta que la Administración tributaria ha de continuar con su función de servicio público, facilitando a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sobre todo ganando en eficacia, y ello significa que ha de esforzarse para
adecuar también los borradores a la realidad fiscal.
Nosotros, como decía, veníamos preocupándonos ya por este tema y en una de las preguntas escritas remitidas al Gobierno manifestábamos dicha preocupación, presuntando sobre las medidas previstas
por la Agencia Tributaria para solventar las incidencias detectadas en los borradores remitidos a los contribuyentes de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Señor presidente, compartiendo el espíritu, no compartimos algunos de los aspectos que incorpora esta proposición no de ley en los términos que he comentado, y optaremos por una abstención.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar la PNL que ha presentado el Grupo Popular sobre el borrador del IRPF porque, desde nuestro punto de vista, carece de justificación. Ustedes con esta iniciativa tratan
de cuestionar, desde mi punto de vista de manera irresponsable, un servicio de ayuda al contribuyente que presta la Agencia Tributaria, y que además funciona muy satisfactoriamente para el contribuyente, porque señor Tomé, es una grave
irresponsabilidad lanzar acusaciones y datos sin ningún fundamento, con la única intención de crear una alarma social y socavar la confianza que tienen en este momento los ciudadanos puesta en la Administración tributaria, de manera muy especial en
uno de sus servicios de ayuda como es el borrador del IRPF.
Señorías, el borrador del IRPF -se ha dicho ya en muchas ocasiones en esta Cámara-, como su propio nombre indica, es un borrador que en ningún caso puede ni debe sustituir la voluntad del contribuyente, porque como usted bien sabe, señor
Tomé, el régimen que tenemos en nuestro sistema fiscal es el de declaración y autoliquidación por el propio contribuyente.
Sinceramente no entiendo por qué quieren hacer ruido sobre este asunto, tratando de confundir y desprestigiar algo que es
bueno y que está funcionando bien, aunque creo que predican en el desierto a la vista de la valoración que del borrador hacen los propios contribuyentes; le voy a dar algunos datos, porque son ilustrativos. Por ejemplo, se han recibido más de 16,5
millones de solicitudes de borradores y datos fiscales en 2007; otro dato ilustrativo: el 88 por ciento de
los declarantes de IRPF 2007 han solicitado el servicio para el año siguiente, es decir, para esta campaña, y le recuerdo que el porcentaje era del 80 por ciento el año anterior. Por tanto, es razonable concluir que los ciudadanos saben
perfectamente en qué consiste este servicio y, lo que es más importante, valoran positivamente el servicio y, por tanto, tienen plena confianza en él.
El borrador es un instrumento de ayuda y no un servicio de sustitución de la obligación que tiene, en cualquier caso, el contribuyente de presentar su declaración y sus datos fiscales en el IRPF. Por tanto, no es un servicio para eximir a
los ciudadanos de su obligación de declarar la información sobre los ingresos y otros datos de trascendencia tributaria que debe presentar en los modelos de declaración. Quizá convenga recordar a SS.SS. que los borradores y los datos fiscales se
envían siempre a solicitud, y nunca de oficio. Considerando que es un servicio a solicitud, su éxito es innegable, puesto que casi el 90 por ciento de los contribuyentes hacen o hacemos uso de él. Se trata, como digo -esto es importante-, de un
servicio de ayuda que se confecciona con la información que tiene la Agencia Tributaria en el momento en que lo realiza, por lo que el contribuyente debe revisarlo en todo caso antes de confirmarlo, rectificarlo o presentar una declaración mediante
el procedimiento normal. Precisamente porque la Agencia Tributaria es consciente de que siempre no va a tener toda la información, le comunica al contribuyente que lo revise antes de confirmarlo, rectificarlo o aportar otros datos fiscales. Así se
le indica en la carta que se le remite junto con el borrador, en el folleto informativo, y en todo momento así lo indica la Agencia Tributaria.
Sería utópico pensar que la Administración tributaria tiene información completa sobre las situaciones personales, familiares y económicas que inciden en el IRPF. Lo que no cabe bajo ningún concepto, señor Tomé, es identificar como fallos,
errores o deficiencias la ausencia de determinada información, como se indica de forma expresa e individualizada a cada contribuyente que lo recibe: que revise el borrador es precisamente lo que le dice la Agencia Tributaria. Si el borrador, por
ejemplo, no incluye las cuotas sindicales que paga un trabajador a un sindicato o los cambios en el estado civil de una persona porque se ha casado, divorciado o separado durante ese año, no podemos afirmar que esto es un error; no es un error,
simplemente es una información de la que no dispone en ese momento la Agencia Tributaria.
Por tanto -usted lo sabe y lo ha dicho, señor Tomé- se trata de un servicio de asistencia tributaria, el más importante de España y de muchos países de
nuestro entorno.
Este servicio de ayuda en ningún caso constituye -y esto es importante también- un acto administrativo frente al que el contribuyente puede estar conforme o disconforme, pues, como ya he dicho anteriormente, el contribuyente tiene la
obligación de revisar la información que se le envía. Es más, todos los borradores confirmados por los contribuyentes, hayan sido o no rectificados, son objeto de revisión por la Agencia Tributaria, como ocurre con el resto de las declaraciones, y
esto parece lógico. Como ya dijo el señor Pedroche en la comparecencia de Presupuestos Generales del Estado para 2009, aunque hay determinada información que es difícil y alguna seguramente será imposible de tener en el futuro -por ejemplo, las
cuotas sindicales que le comentaba, que son importantes porque son deducibles de la renta del trabajo, parece que es difícil que las tenga la Agencia Tributaria, en cualquier caso por un asunto de privacidad-, aunque sea difícil, repito, como se
comprometió el propio director de la Agencia Tributaria en esa comparecencia, evidentemente todo servicio es susceptible de mejora, y en eso no le quepa la menor duda de que está trabajando la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria, todos los años y para esta campaña también, tiene en cuenta las sugerencias y las propuestas para mejorar este servicio que recibe, por ejemplo, de las comunidades autónomas -que le recuerdo que son corresponsables en
el IRPF-, y también tiene en cuenta todas las sugerencias que se le transmiten desde las asociaciones fiscales, desde el propio Consejo de Defensa de la Competencia o desde las encuestas que se realizan al ciudadano. Se ha hecho una con motivo de
la campaña del ejercicio anterior precisamente para mejorar en esta campaña que pronto se pondrá en marcha. Esa encuesta de la opinión de los ciudadanos recoge unos datos que también son muy importantes y que ahora les diré. El 94 por ciento de
los ciudadanos dicen que quieren recibir el borrador; y de esos que lo reciben, el 90 por ciento dicen que recomendarían a otras personas que lo soliciten. Como ven, es otro dato más de lo bien valorado que está un instrumento de ayuda como es el
borrador del IRPF. Pues bien, de todas estas aportaciones de las administraciones públicas, de asociaciones, de los propios ciudadanos en esa encuesta, se van a introducir ciertas mejoras para esta campaña que comienza próximamente.
Por ejemplo,
se van a transmitir mensajes claros de qué es el borrador y qué verificaciones tiene que realizar el contribuyente, también sobre la utilización de los servicios relacionados con las nuevas tecnologías -teléfono móvil o firma electrónica-; se van a
adelantar en el tiempo los borradores y datos fiscales, y habrá una mayor cobertura de las lenguas cooficiales, entre otros asuntos. El objetivo, como en años anteriores y teniendo en cuenta el compromiso de calidad de la Agencia Tributaria, es que
la campaña de este año resulte -si cabe- mejor que la del año anterior. De todo esto se encarga precisamente la Agencia Tributaria en lo que se refiere al borrador del IRPF, y terminaría con el ruego de que todos colaborásemos y aportásemos las
sugerencias que creamos que son buenas y positivas para mejorar, pero pediría al mismo tiempo que se deje la demagogia en un asunto como este.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión hasta las doce menos diez.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Iniciamos las votaciones.
En primer lugar, votaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificaciones de las valoraciones catastrales de construcciones en suelo rústico. Se votará en los términos de
la siguiente transaccional que voy a pasar a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar las instrucciones oportunas a la Dirección General del Catastro con objeto de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa vigente en el
procedimiento de valoración catastral de construcciones en suelo rústico, así como a asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa vigente para la consideración de carácter indispensable o no para el desarrollo de la explotación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A la segunda proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Se vota tal y como se presentó. Es la relativa a las incidencias que han afectado a la confección de los borradores de declaración del IRPF del ejercicio 2007, presentada
por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La tercera y última proposición no de ley se vota también en los términos de la enmienda transaccional que paso a leer: Que en el marco de la reforma de las haciendas locales que se está llevando a cabo se estudie la tributación por el
impuesto de bienes inmuebles de las construcciones singulares recogidas en el Real Decreto 1464/2007, a los efectos de asegurar su estabilidad para los municipios perceptores de la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (VEGARA FIGUERAS), PARA INFORMAR:
- SOBRE LA COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL. A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente número 212/9000477.)
- EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS, SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL FONDO Y SUS EFECTOS, A LA LUZ DE LOS INFORMES ELABORADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO Y POR EL BANCO DE
ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000430.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia del secretario de Estado de Economía, que tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Vegara Figueras): Señor presidente, señorías, es para mí un honor comparecer de nuevo ante esta Comisión de Economía. De acuerdo con el orden del día, mi intervención se dividirá en dos partes.
En la primera, me referiré a la evolución reciente de la economía española y muy brevemente a las medidas adoptadas por el Gobierno; en la segunda, me centraré en el funcionamiento del Fondo de adquisición de activos financieros, cumpliendo así el
compromiso del Gobierno de comparecer cada dos meses con este motivo.
En los últimos meses la crisis financiera ha ganado intensidad, situando a la economía mundial frente a la peor crisis en muchas décadas. Esto se ha puesto claramente de manifiesto con los datos del cuarto trimestre de 2008, que sitúan a la
gran mayoría de las grandes economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y un largo etcétera, también a España, en situación de recesión. Los datos recientes demuestran que la crisis no se manifiesta solo en el
ámbito financiero, sino también en la economía real. Pero si buscamos un factor común en el origen del grave deterioro de las expectativas de crecimiento en todos y cada uno de los países desarrollados, este se encuentra sin duda en las graves
distorsiones en los mercados financieros internacionales, que están afectando a la actividad, tanto de forma directa como de manera indirecta, como catalizador de la pérdida de confianza de los agentes económicos. En este contexto, las autoridades
públicas de todos los países se han visto obligadas a actuar con rapidez frente a la situación de verdadera emergencia que plantea la crisis en el corto plazo, con el objetivo de evitar que la crisis financiera y la actividad económica se
retroalimenten provocando una depresión económica de mayor calado. Así, los bancos centrales han recortado significativamente los tipos de interés y están siendo más activos en la provisión de liquidez; las políticas fiscales han adoptado un
carácter marcadamente expansivo y se han implementado diversas medidas para intentar restablecer el buen funcionamiento de los mercados financieros.
En este sentido, se han tomado -y se siguen tomando- medidas de apuntalamiento de proporciones
extraordinarias: recapitalizaciones, nacionalizaciones, sistemas de avales y garantías, esquemas de garantías de pérdidas
máximas en los balances de instituciones financieras, compras de activos de alta calidad, compra de activos de baja calidad, entre otros.
Todas estas medidas deberían contribuir a superar la crisis financiera internacional y hacer posible una recuperación gradual de las principales economías si bien la incertidumbre continúa siendo elevada. No obstante, todo indica que en el
corto plazo la crisis continuará, prolongándose durante el año 2009, como reflejan las últimas previsiones presentadas por el Fondo Monetario Internacional, según las cuales el producto interior bruto de las economías avanzadas caerá un 2 por ciento
este año.
En este contexto complejo, y de forma similar a lo que está ocurriendo en otros países, la economía española está experimentando una etapa de considerable debilidad que se refleja tanto en los datos de contabilidad trimestral nacional como
en los indicadores más recientes de demanda de actividad y de empleo. En el cuarto trimestre de 2008 el producto interior bruto registró una disminución en tasa interanual del 0,7 por ciento, que supone una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales
respecto al trimestre precedente. Esta evolución fue el resultado de la notable ralentización de la demanda nacional, parcialmente compensada por la mejora en la aportación de la demanda externa neta. Entre los componentes de la demanda interna
cabe resaltar la notable reducción del consumo privado, que en el cuarto trimestre cayó un 2,2 por ciento. Esta evolución es acorde con el comportamiento reciente de sus principales determinantes, como la renta disponible, que depende de forma muy
directa del empleo, la evolución de las condiciones de financiación y la erosión de la confianza de los consumidores. A ello se añade la contratación de la formación bruta de capital fijo, que en el cuarto trimestre retrocedió un 9,3 por ciento por
la caída de todos sus componentes. Al igual que en trimestres anteriores, volvió a destacar el deterioro de la inversión en construcción, con un descenso del 10,9 por ciento, así como la intensificación de la caída de la inversión en bienes de
equipo hasta una tasa del 9,7 por ciento.
La contracción de la demanda interna se está viendo compensada en parte por la mejoría de la contribución al crecimiento de la demanda externa.
En este sentido, los datos de contabilidad nacional reflejan una importante disminución tanto de
las importaciones, afectadas por la ralentización de la demanda final, como de las exportaciones, que descendieron como consecuencia de la debilidad de la demanda externa.
Dado que las importaciones cayeron con mayor intensidad que las
exportaciones y que su peso en el PIB es mayor, la contribución de la demanda exterior al crecimiento del producto interior bruto mejoró en 1,2 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre, hasta situarse en los 2,3 puntos porcentuales. En
cuanto a la evolución del mercado de trabajo, la desaceleración de la actividad en los últimos trimestres viene afectando significativamente al empleo. De hecho los datos de la contabilidad nacional trimestral, publicados la semana pasada,
reflejaron un descenso del empleo equivalente a tiempo completo del 3,1 por ciento en términos interanuales, siendo la pérdida de empleo especialmente acusada en el sector de la construcción. Al mismo tiempo, los datos de la EPA reflejan que la
población activa continúa creciendo intensamente, con un avance del 2,95 por ciento en el cuarto trimestre, lo que unido al mal comportamiento del empleo ha supuesto un aumento de la tasa de paro hasta el 13,9 por ciento.
En lo que se refiere a la inflación, los últimos datos muestran una marcada tendencia a la baja, que tiene su origen principalmente en el mejor comportamiento de los precios de la energía y de los alimentos.
Así, en enero el IPC situó su
tasa de crecimiento interanual en el 0,8 por ciento, con lo que la inflación se ha reducido en cuatro puntos y medio desde el máximo del 5,3 registrado el pasado mes de julio. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos no
elaborados y energía, muestra un comportamiento más estable y se situó en enero en el 2 por ciento. Como ya he comentado en alguna ocasión, esta moderación de los precios tiene efectos positivos en la medida que supone una ganancia de renta en
términos reales para las familias.
En definitiva, los datos más recientes reflejan una intensificación del proceso de ajuste de la economía española que ha acumulado dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y que de acuerdo con los indicadores más recientes de
demanda, actividad y empleo, mantendrá su debilidad en los próximos trimestres. Se trata, sin duda, de datos que no son positivos. No obstante, creo que para valorarlos de forma adecuada es bueno ponerlos en el contexto de lo que está ocurriendo
en los países de nuestro entorno. En este sentido, los datos avanzados hace algunos días por la Oficina Estadística de la Unión Europea confirmaban la recesión, como decía al principio, en el conjunto de la eurozona en el cuarto trimestre de 2008,
con una caída interanual del producto interior bruto del 1,1 por ciento en el área euro. Estos datos reflejan que, si bien nuestra economía se está viendo afectada con intensidad por la crisis económica, por el momento no se ha comportado peor que
las de su entorno más inmediato en términos de crecimiento. De acuerdo con el escenario que acabo de describirles, recientemente el Gobierno ha presentado el nuevo escenario macroeconómico para los próximos años en el marco de la actualización del
programa de Estabilidad 2008-2011, en el que se contempla un retroceso del producto interior bruto del 1,6 por ciento este año 2009 e importantes incrementos del desempleo y del déficit público en un contexto en el que la debilidad de la demanda
privada exige aumentar el impulso fiscal.
La crisis que estamos experimentando es de alcance global, pero evidentemente su impacto sobre cada economía depende de factores internos. En el caso de la economía española, nuestra posición fiscal de partida está siendo de ayuda y la
escasa exposición del sistema financiero a determinados activos tóxicos, así como unos estándares regulatorios más exigentes que los de otros países han contribuido a limitar hasta ahora el impacto de la crisis internacional sobre la solvencia de
las entidades
de crédito de nuestro país. Sin embargo, ello no debe llevarnos a infravalorar el impacto de la crisis financiera. En primer lugar, porque la economía española tiene un déficit exterior que, si bien se está corrigiendo, es de una magnitud
importante y debe financiarse necesariamente acudiendo a la financiación externa. En segundo lugar, porque la crisis financiera coincidió en el tiempo con el ajuste del sector de la construcción residencial, que se ha visto intensificado como
consecuencia de la situación en los mercados de crédito y que interactúa con ella. Ello nos coloca ante una situación enormemente compleja, pero estamos convencidos de que nuestra economía tiene la capacidad para superarla y recuperar tasas de
crecimiento más cercanas a nuestro potencial en un periodo de tiempo razonable. A ello deberían ayudar algunos factores de soporte, como la reducción de la inflación o de los tipos de interés y a ello deben contribuir también las medidas puestas en
marcha por el Gobierno.
El conjunto de actuaciones del Gobierno en materia de política económica se recogen en el Plan de estímulo de la economía y el empleo, el PlanE, que a su vez se enmarca en el Plan de recuperación económica presentado por la Comisión Europea
en noviembre y sobre el que se basan las decisiones acordadas en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de principios de diciembre y el Consejo Europeo de 11 y 12 de diciembre pasados. El plan consta de cuatro bloques: medidas de apoyo al
sistema financiero y presupuestarias, apoyo a las familias y empresas, fomento del empleo y, por último, aunque no por ello menos importante, medidas dirigidas a la modernización de nuestra economía y el reforzamiento de nuestro potencial de
crecimiento.
No voy a entrar a describir con detalle cada una de las iniciativas, pero sí me gustaría dar algunas breves pinceladas sobre las mismas. Las medidas fiscales supondrán, entre 2008 y 2009, una inyección de 14.000 millones de euros para las
familias y de 17.000 millones para euros para las empresas. Por su parte, los instrumentos disponibles de carácter financiero para facilitar el acceso al crédito de las empresas ascienden a 29.000 millones de euros, casi el 3 por ciento de nuestro
producto interior bruto, de los que tomando en consideración las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, 19.000 millones serán para la financiación del capital circulante de las pequeñas y medianas empresas.
Además de estos
mecanismos, cabe destacar la puesta en marcha del Fondo para entidades locales y el Fondo especial para la dinamización de la economía y el empleo, que movilizarán 11.000 millones de euros. Ello, unido al apoyo de la obra pública recogida en los
presupuestos del Estado, supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Por último, no debemos perder de vista que el verdadero reto de la economía española es lograr la transición hacia un modelo de competitividad más
basado en el avance de la productividad. En la legislatura pasada se fijó este objetivo como prioridad de la política económica del Gobierno y en el nuevo escenario este diagnóstico no solo no pierde validez, sino que cobra, si cabe, más relevancia
aun. No existen fórmulas mágicas para aumentar la productividad, pero sabemos de qué depende y qué políticas pueden contribuir a incrementarla en el medio y largo plazo. En este sentido, es esencial que insistamos en la capitalización de la
economía y continuemos priorizando la inversión en capítulos como las infraestructuras, la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación, que tienen un impacto positivo sobre la productividad en el medio y largo plazo. Además, para
mejorar la capacidad de adaptación de nuestra economía al nuevo entorno y aumentar el potencial de crecimiento de la misma, es imprescindible impulsar reformas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los mercados, entre las que cabe destacar
el impulso y dinamización del sector servicios, la reforma de los servicios profesionales y la reducción de las cargas administrativas, entre otras.
Por último, además de estas reformas que afectan a los mercados de bienes y servicios, es importante dar pasos adelante en el ámbito del mercado de trabajo. En este sentido, el Gobierno apuesta por el impulso y el fortalecimiento del
diálogo social, que además de impulsar la mejora y modernización de los servicios públicos de empleo, la formación profesional o la actualización de los planes y programas de empleo, debe ser el marco para una discusión profunda y constructiva sobre
el funcionamiento del mercado de trabajo en nuestro país. El objetivo, en este sentido, debe ser avanzar hacia un modelo cada vez más equilibrado y más eficiente, que contribuya a preservar al máximo los niveles de empleo, incluso en momentos como
el actual.
Señor presidente, señorías, permítanme por cuestión de tiempo dar paso a la segunda parte de mi intervención, que dedicaré a dar cuenta de la actividad del Fondo para la adquisición de activos financieros, cumpliendo el compromiso asumido
por el Gobierno de comparecer cada dos meses con este motivo. El Fondo para la adquisición de activos financieros nació en un contexto especialmente complejo. En otoño de 2008 la caída de Lehman Brothers agudizó la desconfianza que ya existía en
el mercado y puso en duda la solvencia de algunas grandes entidades financieras internacionales, que además vieron retroalimentarse sus problemas por la parálisis de los mercados de liquidez y de crédito. En un momento en el que el sistema
financiero internacional parecía al borde del colapso se hizo evidente que las autoridades debían intervenir de forma decidida y con la mayor coordinación posible. En el ámbito europeo, en las reuniones del Ecofin y en la cumbre extraordinaria de
jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, de 7 y 12 de octubre respectivamente, se adoptaron diversos acuerdos en los que se establecen criterios comunes de actuación. En concreto, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del área euro se
comprometieron a actuar de forma coordinada con el Banco Central Europeo para, entre otros objetivos, asegurar la liquidez, facilitar acceso a la financiación por parte de las instituciones financieras
y establecer mecanismos que permitieran, si fuera necesario, proveer de recursos de capital a las entidades financieras. De acuerdo con estos criterios el Gobierno aprobó un paquete de medidas económico-financieras, con el fin de paliar los
efectos que el racionamiento de crédito a nivel mundial pudiera tener sobre las entidades del sistema financiero español y, por consiguiente, sobre nuestra economía. Entre estas medidas ocupa un lugar destacado el Fondo para la adquisición de
activos financieros, que es el objeto de la comparecencia de hoy.
A continuación, me referiré al funcionamiento general del fondo y a la dinámica del proceso de subastas, antes de entrar en el detalle de las operaciones realizadas, para por último explicar cómo se está garantizando la transparencia y el
control del fondo y realizar algunas valoraciones sobre su actividad. El fondo, tras quedar plenamente constituido, inició su actividad el pasado 20 de noviembre, fecha en la que se celebró la primera subasta. Como saben, el fondo adquiere activos
financieros de la máxima calidad a las entidades de crédito, con el objetivo de mitigar los problemas de financiación asociados a las distorsiones en los mercados de capitales y con el fin último de facilitar el acceso a la financiación por parte de
las familias y de las empresas. El fondo está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Economía, y sus principales órganos rectores son el consejo rector, presidido por el ministro de Economía y
Hacienda, y la Comisión ejecutiva, que preside el secretario de Estado de Economía y que se encarga de realizar las operaciones de inversión de acuerdo con las directrices establecidas por el consejo rector. En cualquier caso, la Comisión ejecutiva
está asesorada por un comité técnico, en el que participan representantes del Banco de España, de la CNMV, del Tesoro y del Instituto de Crédito Oficial. Dicho comité eleva a la Comisión ejecutiva sus propuestas concretas y motivadas en relación a
cada una de las operaciones de inversión. El fondo adquiere los activos financieros que integran su cartera de valores a través de un mecanismo de subasta y mantiene dos carteras, una de activos adquiridos en firme y otra de valores adquiridos en
operaciones llamadas simultáneas. Con objeto de coordinar las actuaciones de los distintos órganos de gobierno del fondo y la gestión del mismo, se ha creado en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera una unidad de apoyo del Fondo
para la adquisición de activos financieros, que viene actuando desde el pasado mes de noviembre. Por otra parte, el Real Decreto-ley por el que se creó el fondo, 6/2008, también establece que el Banco de España es el encargado de instrumentar las
operaciones financieras del fondo y actuar como agente y banco depositario. En particular, sobre el Banco de España recae la organización de las subastas de adquisición de activos entre las entidades de crédito participantes, la comunicación y
liquidación de las operaciones de compraventa de valores y la gestión de las carteras del fondo, para todo lo cual el Banco de España ha creado un servicio específico.
Permítanme explicar, a continuación, la operativa del fondo. El consejo rector determina con carácter previo a la convocatoria de cada subasta los parámetros básicos de la misma, el volumen máximo y el tipo de activos a adquirir, su plazo
de vencimiento, así como si se trata de adquisiciones en firme o de operaciones simultáneas. También puede determinar previamente, en su caso, el importe reservado al tramo no competitivo de la subasta, en el cual las entidades presentan una única
puja y la adjudicación se realiza al tipo de interés marginal, es decir, el tipo mínimo del tramo competitivo de la subasta. El volumen de financiación que puede obtener cada entidad mediante este mecanismo se determina en función de su
contribución al crecimiento del crédito al sector privado residente en los tres meses inmediatamente anteriores al último dato disponible en el momento de la convocatoria.
Atendiendo a las directrices del consejo rector, las subastas se convocan mediante acuerdo de la Comisión ejecutiva, publicándose su convocatoria en el BOE y en la página web del fondo. Las dos primeras subastas se convocaron conjuntamente,
mediante resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera el 7 de noviembre pasado, mientras que la convocatoria de la tercera y cuarta subasta se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2008. De esta forma, las entidades de crédito
interesadas en acudir a la subasta conocían con suficiente antelación las características de las mismas. En primer lugar, las entidades deben manifestar al Banco de España que están interesadas en participar en las subastas del fondo,
estableciéndose en cada convocatoria la fecha límite para esta comunicación. Este requisito no obliga a las entidades a presentar ofertas en cada una de las subastas, pero sí es condición necesaria para que puedan hacerlo. La finalidad de esta
exigencia radica en la conveniencia de acotar el conjunto de entidades que presentarán pujas respecto al numeroso colectivo de entidades de crédito que potencialmente pueden participar. De esta forma, el Banco de España conoce con antelación cuáles
son las entidades que como máximo participarán en el proceso de oferta y adjudicación, facilitándose la comunicación con las mismas y la recepción de las pujas. A continuación, se abre el plazo de presentación de ofertas por parte de las entidades
de crédito. Cada entidad puede realizar un máximo de tres ofertas en el tramo competitivo, especificando el tipo de interés y el volumen de cada una de sus ofertas, mientras que tan solo puede realizar una única oferta en el tramo no competitivo,
indicando en este último caso el importe de la puja. Las ofertas, en cualquier caso, deben ser superiores a 3 millones de euros y siempre múltiples de un millón de euros. Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, el Banco de España
procesa la información y verifica la validez de las pujas preparando la documentación correspondiente para el comité técnico.
El comité técnico está presidido por la directora general del Tesoro y Política Financiera, y además integrado por tres representantes del Banco de España, dos representantes de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, dos representantes del propio Tesoro y un representante del Instituto de Crédito Oficial. En el ejercicio de sus funciones de asesoramiento a la Comisión ejecutiva, el comité elabora una propuesta motivada de adjudicación de la
subasta que eleva a la Comisión ejecutiva.
El método de resolución de la subastas es el denominado americano. Las ofertas se ordenan de mayor a menor tipo de interés ofertado. Una vez decidido el importe a adjudicar y el tipo de interés mínimo
aceptado, llamado tipo marginal, que en ningún caso puede ser inferior al coste equivalente de la deuda pública del Estado, se aceptan las peticiones no competitivas y aquellas competitivas con un interés igual o superior al tipo marginal. Las
adjudicaciones del tramo competitivo se efectúan al tipo de interés pujado por cada entidad y las del tramo no competitivo al tipo de interés marginal. La propuesta de resolución de la subasta del comité técnico tiene en cuenta las directrices
generales de inversión y de diversificación del fondo establecidas en su momento por el consejo rector. En particular, tiene en cuenta las limitaciones en términos de la tenencia de valores de una misma entidad en las carteras del fondo, así como
el importe efectivo adjudicado a una misma entidad en una subasta que no podrá superar la menor de las dos cantidades siguientes; por un lado, el 10 por ciento del volumen máximo a adquirir por el fondo en la subasta o dos veces y media la cuota de
crédito de la entidad de acuerdo con el último dato disponible en el momento de la convocatoria de la rúbrica de 'Crédito. Otros sectores residentes' del boletín estadístico del Banco de España, multiplicado, lógicamente, por el volumen máximo que
podrá adquirir el fondo en la subasta.
En caso de que el importe adjudicado en la subasta sea inferior al máximo posible, el exceso resultante se acumula con carácter general a la siguiente subasta, según lo previsto en la correspondiente convocatoria.
Teniendo en cuenta la
propuesta motivada de resolución del comité técnico, la Comisión ejecutiva acuerda la adjudicación de la subasta, así como su posterior publicación en el BOE. Los resultados de cada subasta se publican además en la página web del fondo y
simultáneamente el Banco de España comunica individualmente a las entidades el importe que les ha sido adjudicado. A continuación, las entidades deben remitir al Banco de España la información relativa a los valores que constituyen la contrapartida
de la financiación que obtienen y el Banco de España comprueba que se adecuan a los requisitos exigidos.
Las características definidas por el consejo rector varían dependiendo del tipo de operaciones. Los activos elegibles para las operaciones simultáneas deben ser cédulas hipotecarias, bonos de titulización de activos y bonos de titulización
hipotecaria, respaldado por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras, siempre que cumplan los siguientes requisitos. En primer lugar, que se emitan o hayan sido emitidos a partir del 1 de agosto de 2007. En segundo
lugar, que cumplan las condiciones para estar en la lista de activos elegibles del Banco Central Europeo. De hecho, los precios y recortes de valoración que se aplicarán en las operaciones de compra-venta doble han sido los utilizados por el Banco
Central Europeo. En tercer lugar, que los activos tengan una calificación crediticia de al menos doble A o asimilada de una agencia de calificación de riesgos, es decir, una calificación crediticia muy elevada. Esta prudente gestión de riesgos se
ve reforzada, además, por la sobrecolateralización que supone la aplicación de recortes de valoración sobre los activos de garantía. Y, en cuarto lugar, que su plazo de vencimiento o vida estimada media no sea superior a la dispuesta en cada
convocatoria. Hasta ahora el plazo de vencimiento de las dos subastas de operaciones simultáneas llevadas a cabo ha sido de dos años y, en todo caso, será superior a los doce meses, un rasgo distintivo respecto a las operaciones de política
monetaria del Banco Central Europeo, cuyo plazo máximo es de seis meses.
Por otra parte, los activos aptos para la adquisición en firme son las cédulas hipotecarias y los bonos de titulización de activos, respaldados por cédulas hipotecarias que cumplan también una serie de requisitos. En primer lugar, que se
emitan o hayan sido emitidos con posterioridad al 15 de octubre. En la convocatoria de cada subasta se especifican además las características concretas de los valores con el fin de garantizar su homogeneidad, puesto que estamos en una subasta, y la
eficiencia de la subasta como método de selección de los activos que adquiere el fondo. En segundo lugar, que los activos tengan una calificación crediticia triple A o asimilada de una agencia de calificación de riesgos. Y, en tercer lugar, que su
plazo de vencimiento o vida estimada media sea la dispuesta en cada convocatoria, que en las subastas adjudicadas hasta ahora ha sido de tres años. Para ambos tipos de operaciones los activos deberán estar admitidos en negociación en un mercado
regulado. La CNMV se encarga de corroborar el cumplimiento de esta exigencia para cada uno de los valores que adquiere el fondo. El Banco de España, una vez que ha comprobado que los activos que entregan las entidades satisfacen los requisitos
exigidos, procede a la liquidación de la subasta. Es importante destacar que en las directrices de inversión aprobadas por el consejo rector se estipula que durante la vida de las operaciones simultáneas se realizará una valoración periódica de los
activos adquiridos pudiendo requerirse sustituciones o aportaciones adicionales de valores o bien devolverse el exceso, en el caso de que el valor neto o la calificación crediticia de los valores varíe, utilizando preferentemente para ello la
operativa del Banco Central Europeo. En este sentido, el Banco de España viene valorando la cartera de operaciones simultáneas semanalmente y llevando a cabo los ajustes oportunos del colateral.
Pasando ahora al detalle de las subastas y de las operaciones realizadas, comenzaré refiriéndome a las operaciones de compra-venta simultáneas. Se han realizado hasta ahora dos subastas de este tipo, en ambos casos a un plazo de vencimiento
-como decía- de dos años, resueltas respectivamente el 20 de noviembre de 2008 y el 20 de enero de 2009. En la primera, que además supuso
la puesta en marcha del fondo, se inyectó financiación por valor de 2.115 millones de euros a 23 entidades de crédito y a un tipo de interés igual o superior al 3,15 por ciento. El importe solicitado por las entidades ascendió a 4.562
millones de euros, mientras que el importe efectivo máximo que podía adquirir el fondo en esa primera subasta era de 5.000 millones, es decir, las solicitudes supusieron el 91 por ciento del importe total subastado. Las veintiocho entidades que
acudieron a la subasta presentaron setenta pujas, de las que finalmente se adjudicaron cincuenta y una correspondientes a veintitrés entidades. El tipo marginal de la subasta, que se fijó en el 3,15, llevó a la adjudicación de un importe total
inferior al solicitado por las entidades, que habían realizado buena parte de sus pujas por debajo de dicho tipo de interés.
No obstante, el tipo medio ponderado de la subasta resultó en un 3,34, lo que da muestra de la dispersión del tipo de
interés de las ofertas presentadas. En esta subasta no hubo tramo no competitivo, dado que en el momento de su convocatoria no se disponía de datos que permitiesen premiar el esfuerzo de las entidades en la concesión al sector privado residente
tras la creación del fondo. De hecho, el último dato del que disponía el Banco de España por aquel entonces correspondía a septiembre del año 2008.
En la subasta de 20 de enero de 2009, la tercera que ha llevado a cabo el fondo, se introdujo por primera vez el denominado tramo no competitivo.
Para ello se reservaron 1.000 millones de euros, a distribuir entre las entidades que
contribuyeron al aumento del crédito a otros sectores residentes entre los meses de agosto y de noviembre de 2008. La demanda del tramo no competitivo ascendió a 3.373 millones de euros por parte de cuarenta y cuatro entidades. De los 1.000
millones de euros reservados a este tramo se adjudicaron 976 a cuarenta y dos entidades, en función, como decía, de su contribución al crédito en el periodo mencionado, al tipo de interés marginal resultante del tramo competitivo. Respecto al tramo
competitivo, se solicitaron 4.399 millones de euros, de los que se adjudicaron 3.024, es decir, la totalidad del importe disponible.
Cuarenta y nueve entidades presentaron ciento diecisiete pujas y, finalmente, se adjudicaron ochenta y ocho pujas a
cuarenta y cinco entidades a un tipo marginal del 2,45 por ciento, resultando un tipo medio ponderado del 2,69 por ciento. Por otra parte, la segunda y cuarta subastas del fondo se realizaron mediante la adquisición de títulos en firme a un plazo
de vencimiento, como decía, de tres años.
La segunda subasta permitió inyectar financiación por valor de 7.224 millones de euros a treinta y una entidades de crédito a un tipo de interés igual o superior al 3,75 por ciento y a un tipo medio ponderado del 3,93. El importe solicitado
por las entidades que acudieron a la segunda subasta ascendió a 9.479 millones de euros, superando ampliamente los 7.885 millones disponibles, resultantes de acumular 2.885 millones de euros no adjudicados en la primera subasta a los 5.000 millones
de euros inicialmente previstos.
En la cuarta subasta, adjudicada el 30 de enero de 2009, se había reservado un 25 por ciento del importe efectivo máximo a adquirir por el fondo en la subasta al tramo no competitivo. La demanda en el tramo no competitivo ascendió a 4.855
millones de euros por parte de treinta y seis entidades, a las que se adjudicaron 1.270 millones de euros. Al igual que en la segunda subasta, el remanente sobre el importe reservado a ese tramo, 231.000 millones de euros, resultante de pujas
inferiores a la cuota que les correspondía por parte de algunas entidades, se añadió al tramo competitivo. Respecto al tramo competitivo, se solicitaron 7.127 millones de euros, de los que se adjudicaron 4.732, es decir, la totalidad del importe
disponible para ese tramo. Cuarenta entidades presentaron cien pujas, de las que se adjudicaron sesenta a treinta y dos entidades a un tipo marginal del 3,33, resultando un tipo medio ponderado del 3,49 por ciento. Por tanto, sumando el tramo
competitivo y el no competitivo en la cuarta subasta, se adjudicaron 6.002 millones de euros.
Como resumen del resultado de las subastas que acabo de describirles, cuarenta y ocho entidades han captado financiación en las subastas de operaciones simultáneas, que han obtenido 6.115 millones de euros. De esta cantidad, siete entidades
de tamaño relativamente grande, con una cuota de mercado superior al 2 por ciento, han obtenido el 40,1 por ciento del total. Las entidades con cuota de mercado entre el 1 y el 2 por ciento han recibido el 19,7 por ciento de la financiación,
mientras que el resto, algo más de un 40 por ciento, ha ido a parar a treinta y seis entidades, con una cuota en el crédito total inferior al uno por ciento. En el caso de las subastas con adquisiciones a vencimiento, han obtenido financiación
algunas entidades menos -cuarenta y tres-, aunque el volumen de recursos movilizado ha sido más del doble, 13.226 millones de euros. El 64,5 por ciento de estos recursos ha sido obtenido por las entidades de mayor tamaño, con una cuota superior al
2 por ciento; otro 17,8 por ciento ha ido a ocho entidades de tamaño mediano, con una cuota entre el uno y el 2 por ciento; y, por último, el 17,7 por ciento restante ha sido obtenido por veintiséis entidades de tamaño más reducido. Para mayor
detalle pueden consultar el listado que hemos facilitado, donde se especifica el volumen de financiación obtenido por cada una de las entidades de crédito en el conjunto de las subastas realizadas hasta ahora y que será publicado esta mañana en la
web del fondo. Con ello se da cumplimiento al compromiso de transparencia del Gobierno en este sentido.
En relación con este tema, permítanme a continuación hacer un inciso respecto a la transparencia y el control al que está sometido el fondo, antes de pasar a realizar una valoración global del mismo. Quiero destacar que el Gobierno ha
puesto especial interés para que se establezcan mecanismos efectivos de control y de transparencia en la gestión. Por un lado, el fondo estará sometido al control de la Intervención General de la Administración del Estado a través de auditoría
pública, que efectuará el examen pertinente de las cuentas del fondo. Por otro lado, al control parlamentario, que en el caso del fondo
es múltiple. En primer lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda remitirá a esta Comisión un informe cuatrimestral sobre la gestión del fondo. En segundo lugar, el ministro de Economía y Hacienda, en calidad de presidente del consejo
rector, solicitará comparecer cuatrimestralmente ante esta Comisión para realizar la oportuna presentación del informe mencionado. Y, finalmente, de acuerdo con el compromiso del Gobierno al que hoy doy cumplimiento, el secretario de Estado de
Economía solicitará comparecer cada dos meses ante esta Comisión para -cito textualmente- informar sobre la evolución reciente del fondo y sus efectos a la luz de los informes elaborados por el comité técnico y por el Banco de España. Por último,
no puedo obviar el ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía que supone la creación de la página web del fondo. En la dirección, www.fondoaaf.es, los ciudadanos pueden encontrar amplia información relativa al fondo, su marco regulador, las
resoluciones del consejo rector, así como las adjudicaciones de las subastas, incluso una relación de las preguntas más frecuentes sobre el fondo y una dirección de correo electrónico de contacto para poder dirigir sus consultas. Esta página web se
encuentra operativa desde el pasado 7 de noviembre, es decir, con anterioridad a la convocatoria de las primeras subastas del fondo, y ha sido un instrumento muy utilizado por los profesionales del sector financiero para realizar sus consultas, así
como por numerosos ciudadanos que querían obtener mayor información sobre la operativa del fondo. Además, en dicha página web se vuelcan las adjudicaciones de las subastas antes de ser publicadas en el BOE, dando así información casi en tiempo real
sobre los resultados de las mismas.
Para finalizar, señor presidente, me gustaría realizar algunas reflexiones sobre la valoración que en estos momentos pueda hacerse del funcionamiento operativo del fondo y sobre el grado de consecución de los objetivos que con él se
persiguen. En relación con este último, no podemos olvidar el motivo que llevó a la creación de este fondo. En los últimos años las entidades de crédito habían contado con un amplio acceso a la financiación tanto en los mercados interbancarios
como en los mercados internacionales de capitales, lo cual les permitió expandir la oferta de crédito. Sin embargo, la crisis financiera ha distorsionado estas vías de obtención de financiación y ha limitado el acceso de las entidades a unos
recursos que son imprescindibles para que puedan canalizar financiación en forma de créditos al conjunto del sector privado. El objetivo del fondo es precisamente ayudar a restablecer, en la medida de lo posible, uno de estos canales permitiendo a
las entidades financieras utilizar parte de sus activos de mejor calidad para obtener financiación a medio plazo, con el objetivo último de mitigar los efectos de la restricción crediticia sobre las familias y las empresas. La valoración de la
actividad del fondo debe enmarcarse, entre otros aspectos, tanto en términos temporales como en términos de volúmenes relativos. Así, el último dato de crédito disponible se refiere al mes de diciembre y las dos primeras subastas tuvieron lugar el
20 de noviembre y el 11 de diciembre. Por tanto, no es fácil que a día de hoy podamos visualizar un impacto del fondo claro en la evolución del crédito.
Además, me parece conveniente tener presente algunos datos. En diciembre de 2008 el saldo de
créditos a otros sectores residentes, esto es, de crédito al sector privado, ascendía a casi un billón 855.000 millones de euros, una cifra que supone cerca de dos veces el producto interior bruto de nuestro país. A lo largo del último año el
crecimiento de esta rúbrica se ha ido ralentizando considerablemente, desde tasas superiores al 15 por ciento hasta un crecimiento interanual del 6 por ciento en diciembre de 2008. Esta última tasa supone que en un año, diciembre sobre diciembre,
el saldo de crédito ha aumentado, a pesar de su desaceleración, en más de 105.000 millones de euros a lo largo de 2008.
Es conveniente conocer estas cifras para entender que no puede esperarse que una sola medida, con el volumen de recursos del que
estamos hablando, pueda cambiar de forma radical la evolución del crédito. Para ello será necesario que funcione adecuadamente todo el conjunto de actuaciones que hemos puesto en marcha con este objetivo, y que en último término se restablezca
lógicamente la confianza entre los agentes privados. Dicho esto, tanto la instrumentación del fondo como el resultado de las subastas merecen una valoración positiva, porque en el breve espacio de tiempo desde su constitución ha permitido inyectar
al sistema financiero español 19.341 millones de euros, que han llegado a un número de entidades relativamente elevado en función de su actividad crediticia. De este modo, el fondo, otorgando financiación a medio plazo, ha complementado otras
fuentes de financiación de las entidades españolas, por ejemplo, los avales, premiando el esfuerzo en la concesión de crédito en los meses más recientes, y contribuyendo al impulso de la concesión de crédito al sector privado residente. El fondo
adquiere activos de máxima calidad de las entidades a un coste superior al endeudamiento del Estado a plazo equivalente, y lo hace a través de un sistema de designación eficiente y limpio como son las subastas. En este sentido debe recalcarse que
el fondo no constituye un plan de rescate de entidades y, sobre todo, no ha supuesto ni directa ni indirectamente la adquisición de activos de alto riesgo o tóxicos por parte del Estado. Esta es una diferencia, fundamental, respecto a otras medidas
adoptadas por algunos países.
Además -concluyo-, parece que la valoración positiva sobre el funcionamiento del fondo también es compartida por otros países. A título de ejemplo cabe destacar que el Reino Unido está introduciendo modificaciones en sus medidas
económico-financieras, adoptando instrumentos que mimetizan el funcionamiento de nuestro fondo. Así, el Banco de Inglaterra dio a conocer el pasado 18 de enero la creación de una nueva facilidad para la adquisición de activos, dotada con 50.000
millones de libras, con el fin de adquirir activos de máxima calidad de las entidades británicas a cambio de financiación. Otro
aspecto esencial del Fondo para la adquisición de activos financieros, que contribuye a explicar su -creo- positiva valoración a nivel internacional no solo por parte de otros países de nuestro entorno sino también por parte de organismos
supranacionales, es el exigente nivel de transparencia y control al que está sometido, lo que pone de manifiesto la sensibilidad del Gobierno de cara a la preocupación mostrada por la sociedad.
En cuanto a los resultados de las subastas, son más que aceptables por diversos motivos. En primer lugar, la creciente demanda por parte de las entidades ha puesto de manifiesto su interés por la financiación que podían obtener a través del
fondo. De hecho, se han solicitado alrededor del 137 por ciento del total de fondos subastados, mediante operaciones simultáneas, mientras que la ratio de cobertura media en las operaciones de compra en firme ha sido de 1,6 veces. Asimismo, la
dispersión de tipos de interés entre las diferentes peticiones ha sido significativa, y refleja la competencia entre entidades por acceder a la financiación que podían conseguir del fondo. En definitiva, la evidencia que nos ofrece la todavía corta
experiencia del fondo nos indica que se trata de un instrumento ágil, transparente y eficaz para inyectar financiación en el sistema financiero español, y de este modo contribuir a paliar el impacto del deficiente funcionamiento del mercado
interbancario y de los mercados de capitales internacionales.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones, empezando por el Grupo Popular, en cuyo nombre lo hará el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Señor secretario de Estado, comparece usted acumulando dos peticiones de comparencia propias sobre la situación económica española y sobre la evolución y la gestión del Fondo de activos financieros. Sin desmerecer su
comparecencia, señor secretario de Estado, el Fondo de activos financiero fue creado por decreto-ley que entró en vigor el 15 de octubre; ya han pasado más de cuatro meses, tendría que haber venido el vicepresidente a comparecer, tal y como hizo
con el decreto-ley, acompañado de dos informes que yo creo que son muy relevantes, elaborados por el Banco de España. En primer lugar, sobre la situación de los mercados crediticios en cuanto a la transmisión del crédito a sectores no residentes,
fundamentalmente familias y empresas y, en segundo lugar, sobre la situación general del sistema financiero, en las que se enmarca las emisiones de deuda pública y las demás situaciones de la deuda privada. Lo digo porque ya no solo es una cuestión
de fechas, que no vamos discutir, sino de oportunidad política. Hemos tenido dos meses, enero y febrero, plagados de declaraciones por parte del Gobierno; la más exuberante fue la del ministro de Industria diciendo que se le había acabado la
paciencia con los bancos, y hemos tenido una declaración del presidente del Gobierno, no hace mucho en el Pleno de este Congreso de los Diputados, diciéndonos que todas estas medidas que se aplicaron desde el mes de octubre se debieron a la
necesidad de evitar un colapso del sistema financiero. Con este tipo de declaraciones, comprenderá que es muy interesante que esta Cámara conozca la opinión del Banco de España sobre la situación del mercado financiero en general y sobre la
transmisión del crédito a familias y empresas, y que el vicepresidente hubiese dado de cuenta de ello, dado que en todo caso ya estamos pasados de fecha.
Dicha esta cuestión, vamos a entrar en la parte que usted describe de la situación económica. Nos ha dicho que la economía saldrá de la situación en la que se encuentra en un tiempo razonable, volverá a sus tasas de crecimiento potencial,
nos ha dicho. El vicepresidente del Gobierno ha sido relativamente pesimista, nos está hablando de un 2010 complejo, no sabemos qué ocurrirá con 2011. Esa es una sensación muy general entre los agentes económicos españoles y en la sociedad
española. Esta crisis va para largo. Hemos tenido unos datos de contabilidad nacional espeluznantes del último trimestre de 2008, estará usted de acuerdo conmigo. Las tasas intertrimestrales anualizadas de esa contabilidad nacional dan cifras
terribles, absolutamente terribles en cifras de inversión, con caídas del 20 por ciento en sus principales componentes.
Es un cuadro macroeconómico como el que nunca hemos visto en nuestro país, pero es que seguimos en los meses de enero y febrero
con indicadores de coyuntura realmente malísimos. Basta hablar de los índices de producción industrial, la situación del empleo, que evidentemente no se ha hablado mucho de empleo en su comparecencia, la destrucción de 600.000 empleos en el último
año y la cifra entre 5.000 a 6.000 parados que todos los días estamos teniendo en nuestro país. Cójase usted la EPA, cójase usted el paro registrado, me da exactamente lo mismo. Nos está colocando en el peor cuadro de la historia económica
española y lo peor de todo es que sigue agravándose. Y sigue agravándose no solo por los indicadores que están saliendo sino también por las perspectivas de futuro.
Nos ha hablado usted de productividad, y aquí sí que le tengo que dar una enhorabuena al Gobierno. Por fin crece mucho la productividad en España, no le digo que no, a base de despidos masivos se está incrementado la productividad del
factor trabajo. Desde luego sí que es verdad que en la contabilidad general hemos tenido un crecimiento de dos puntos. Si este era el objetivo del Gobierno, desde luego lo han logrado. El coste social de la medida, o por lo menos del indicador,
es inaceptable, por lo menos para mi grupo. ¿Por qué le digo que la situación económica tiene pinta de agravarse sustancialmente? Porque aparte de lo que ya llevamos, que no se puede decir que ya no hayamos vivido porque la situación económica no
puede deteriorarse más de lo que está deteriorándose, por lo menos en la cabeza de cualquier persona sensata, nos vienen dos acontecimientos en este año 2009 muy complejos de gestionar y que nos van a poner la situación económica todavía en una
situación más difícil. El primero de ellos es la situación de deflación. Usted se ha referido a la bajada de inflación de la
manera que lo está haciendo como un hecho positivo, yo no lo comparto. Una bajada de las tasas de inflación, a las velocidades que lo está haciendo, y situándose ya por debajo del uno por ciento, nos pone en un serio riesgo de inflación
negativa, situación totalmente nueva para la economía española. Una situación para la que nuestro sistema institucional no está preparado en ninguno de sus ámbitos; todo nuestro sistema socioecónomico está preparado para protegerse de la
inflación, pero no para lo contrario. Las distorsiones que esto puede generar son terroríficas, empezando por los problemas de financiación porque en una situación de bajada del nivel general de precios, lo que nos vamos a encontrar es que los
tipos de interés nominales por mucho que bajen se van a enfrentar a unos precios que están cayendo, y esos precios que están cayendo van a subir los tipos de interés reales, lo cual va a agravar sustancialmente los costes de financiación de la
economía española. ¿Cómo va a devolver un empresario, que ve que los precios en su mercado están cayendo, ese crédito que tiene contratado de forma nominal? ¿Cómo va a devolver una familia que ve que los salarios se quedan estancados -ya no
estamos hablando de la posibilidad de quedarse en desempleo- y que preveía que el peso de su hipoteca en el conjunto de sus salarios iba a ir disminuyendo con el tiempo, que lejos de disminuir con el tiempo lo que hace es aumentar? Esta situación
de deflación es totalmente nueva y es un serio peligro para la situación económica española. Los analistas más objetivos, por lo menos los que publican sus previsiones de inflación, prevén que el próximo año vamos a tener muchos meses, casi todo el
año por lo menos en tasas de inflación negativas, lo cual aparte de novedoso es un riesgo adicional a lo que está pasando.
Sin embargo, el mayor riesgo al que nos estamos acercando en 2009 en la economía española, del que usted no ha hecho ni mención, es una crisis bancaria o si lo prefiere de entidades financieras, para no llamar bancos a las cajas de ahorro.
Tenemos varias entidades en situación difícil y no ha hecho ni la más mínima mención sobre la cuestión. Ya tenemos una que está en proceso de búsqueda de una salida, de una solución a la situación grave en la que se encuentra. De esto voy a hablar
al final de mi intervención. Estoy hablando por supuesto de la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha.
La situación económica se agrava y, como usted ha dicho, es un problema de financiación. La economía española tiene un problema de financiación respecto al exterior. ¿Cuál ha sido la política que el Gobierno ha aplicado? Lo que el
Gobierno ha utilizado directamente es una medida discrecional de incremento del gasto público, estatal esencialmente, probablemente autonómico y también local a través del fondo, para dar un impulso a la demanda agregada. Si ustedes realmente
creían en esta política, manténganla. Yo, de entrada, le digo que a nuestro grupo le parece un profundísimo error, porque es añadir gasolina a un incendio, que es el problema de la financiación. Las únicas que no tenían problemas de financiación
ni de aumento de endeudamiento y déficit eran las administraciones públicas y ahora lo están haciendo, pero ustedes creen en esa política. Si creen realmente en esa política, ¿por qué dan marcha atrás? ¿Por qué ahora nos vienen con anuncios de
reducción de 1.500 millones del gasto del conjunto del Estado, esencialmente -en la mayor parte, es lo que dicen ustedes- en gasto corriente? Si ustedes realmente creen en una política de expansión del gasto, supongo que tendrán que mantenerla,
esperando a que los resultados -los que esperan ustedes- corrijan la situación actual del ciclo de la economía española.
Usted habrá leído este informe del Fondo Monetario Internacional que elaboró para los grupos técnicos del G-20, del día 31 de enero, en el que hacen una evaluación de las medidas fiscales discrecionales de los distintos países y qué impacto
han tenido. Son cifras similares a las que usted ha dicho, porque la evaluación del Fondo Monetario Internacional es que entre el año 2008 y 2009 las medidas discrecionales son aproximadamente 4,2 puntos del PIB, es decir, estaríamos hablando de
unos 45.000 millones de euros; entre unas cosas y otras, una cifra similar a la que usted dice. El impacto que el Fondo Monetario Internacional prevé en el ciclo de estas medidas es apenas medio punto del PIB. Es decir, nos gastamos 45.000
millones para sacar 5.000. Esto es el fracaso de una política que no ha podido expandir la demanda o la actividad económica de la manera que ustedes dicen. En términos económicos, como a usted y a mí nos gusta hablar, el multiplicador de esta
política fiscal es ridículo, es directamente tirar el dinero. Esto tiene efectos secundarios, sin duda. Las medidas discrecionales más el incremento de déficit que se debe a la situación cíclica tiene un coste que usted y yo conocemos
perfectamente, que es el incremento de deuda pública, el incremento del endeudamiento, la pérdida de imagen de nuestro país como país endeudado, sobre todo a través de sus administraciones públicas, que se ha traducido en un diferencial con el bono
alemán histórico dentro de la Europa del euro, mejor dicho dentro de la España del euro; son 120 puntos básicos en los que estamos ahora; son cifras muy malas que solo son superadas por Portugal, Grecia e Irlanda, y estamos haciendo compañía a
Bélgica, que es un país sin Gobierno y con un endeudamiento muy superior al nuestro, y a Austria, que es un país con un problema de reputación internacional por sus problemas de riesgo con Europa del Este. Es decir, estamos considerados como un
país de riesgo y cada vez más. Encima, cuando tenemos que hacer las cuentas claras, el Gobierno hoy nos ha dado una sorpresa, porque usted mismo, que es quien lo elabora, en el programa de estabilidad preveía un déficit de las administraciones
públicas del 3,4 por ciento, y un mes más tarde el Gobierno nos viene con un 3,8; son cuatro décimas que han salido de algún sitio en un solo mes. Es difícil entender cómo se desacierta en previsiones de lo que es el propio déficit, el propio
endeudamiento que se va a acumular solamente con un mes de diferencia, algo inaudito en las previsiones económicas, un elemento más de falta de seriedad o de falta de una
imagen de capacidad para hacer una mínima previsión siquiera en una cifra como esta.
Respecto a las medidas financieras, sabe que nos hubiera gustado que en las dos primeras subastas no competitivas, de las que ha hablado, del Fondo de adquisición de activos financieros, se hubiese incluido un 25 por ciento de no
competitivas para aquellos que han aumentado más el crédito. También hay un claro desequilibrio entre las compras directas que aumentan el riesgo para el Tesoro Público respecto a las operaciones simultáneas -ha sido una relación de dos a uno, que
debería estar mucho más equilibrada pero lo más interesante de la información que nos ha dado es que no nos cuenta cuánto le cuesta esto al Tesoro. Debería ser interesante poder comparar a cuánto están cobrando las entidades financieras sus
subastas, aunque sea en medias, para poderlo comparar con cuánto le cuesta al Tesoro, porque el riesgo del Tesoro no es directamente comparable con el riesgo de las entidades financieras. Tiene que haber una diferencia que el público tiene derecho
a conocer. En todo caso, cuando estamos hablando de los problemas de financiación de la economía española, se ha referido al crecimiento del crédito como un objetivo final de este tipo de medidas; objetivo final a lo mejor no tanto. La cuestión
era quizás esos problemas de liquidez que casi llevaban al colapso al sistema financiero. Si nos vamos a las cifras que usted dice, es verdad que ha aumentado ligeramente el crédito en diciembre respecto a diciembre del año anterior, pero ha habido
una caída en el incremento de unos 200.000 millones de euros; es decir, eso es lo que le falta al sector privado para estar con mediana tranquilidad. Por otro lado, las administraciones públicas han incrementado en ese mismo periodo su
financiación en unos 45.000 millones de euros. Es decir, el cazo de las administraciones públicas está expulsando ante una escasez de liquidez, lisa y llanamente, al sector privado y lo poco que se les da es a través de unas líneas del ICO que no
están operando adecuadamente.
Vamos a la última parte -no quiero extenderme mucho más-, que es lo más importante. No ha hecho usted mención a los problemas que tenemos en el sistema financiero. Lisa y llanamente las medidas tomadas en octubre están claramente
sobrepasadas. Se hablaba de problemas de liquidez, se atendieron con medidas y ahora mismo nos encontramos con unos problemas muy serios de solvencia, que es lo que está pasando claramente con la caja en cuestión, que es una de ellas; pero nos
gustaría que el Gobierno nos dijese si va a haber más y en qué medida. Ayer el presidente de la primera entidad financiera de este país habló de que era inevitable que se tuviesen que intervenir entidades, y el señor Solbes nos sorprendió diciendo
que las entidades tenían que sanear sus balances y con apoyo público. Aquí nos encontramos con la otra parte del decreto-ley que no se ha desarrollado; el Gobierno se ha dejado un margen de discrecionalidad enorme y aquí es donde realmente va a
entrar en juego, lo que probablemente esté ocupando la cabeza del Gobierno, por lo menos es lo que debería, porque ahora nos estamos encontrando con una situación muy diferente. Ya no es la liquidez, es la solvencia. ¿Desde cuándo conoce el
Gobierno este problema?, ¿desde cuándo el Gobierno tiene conciencia de que había problemas serios de solvencia? En las propias subastas algo tendrían que haber visto, porque hay entidades -la caja que le estoy diciendo en cuestión es una de ellas-
que no han podido acudir a las subastas de simultáneas sencillamente porque no tenían colateral de suficiente calidad. Alguna señal tenía que dar esto, aparte de lo que les informase el Banco de España, que es su obligación, puesto que la función
de supervisión de la entidad emisora está delegada al Gobierno.
¿Cuál es la gravedad del problema?, ¿en qué medida tenemos un serio problema de solvencia en nuestro sistema financiero, cuánto tiempo va a durar y qué vías de solución tiene? ¿El Gobierno va a utilizar la vía de la recapitalización de
entidades financieras?, ¿va a utilizar el Fondo de garantía de depósitos?, ¿en qué medida lo va hacer?, ¿con qué restricciones? Porque hasta ahora las medidas financieras de liquidez que estábamos aplicando, tanto el Fondo de activos financieros
como los avales que han quedado bajo un determinado control, no las tenían. ¿Con qué criterio va a actuar, cómo hasta ahora? Porque en el caso de esta caja lo que estamos viendo es un pacto político. No se ha buscado la responsabilidad de los
gestores de la caja ni diferentes ofertas que den la mejor opción empresarial, la mayor viabilidad, el mantenimiento de puestos de trabajo, el sostenimiento de la entidad y de sus inversiones.
De esto no hemos oído nada; solo hemos oído hablar de
órganos de Administración y de pactos entre gobiernos autonómicos, del mismo color político, evidentemente. Esto es un pacto entre dos administraciones socialistas. ¿Esto está bendecido por el Gobierno?, ¿al Ministerio de Economía le parece esto
bien o tendríamos que haber buscado diferentes opciones, con transparencia, haber apartado a los gestores de una caja, cuya gestión empresarial está fracasada, y no que sean los que están en medio del proceso de negociación? Este tipo de cuestiones
se tendrían que hacer de otra manera. Si no se hacen de otra manera, nuestro grupo no va a poder apoyar ningún proceso de reestructuración bancaria, que es lo que ahora mismo importa. Las subastas seguirán y la directora general del Tesoro seguirá
realizándolas para las entidades cuyo problema sea tener un poco más de liquidez, algo en lo que también les ayuda el Banco Central Europeo, pero estamos en el problema de la solvencia del sistema bancario. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno?
¿Cómo va a ser de transparente?, ¿cómo va a compartir esto con los demás grupos políticos? ¿Qué gravedad del problema tenemos en estos momentos? Hay que asumir las responsabilidades, obligar a los que tienen responsabilidades a asumirlas y no
taparlas con pactos políticos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora la señora Riera del Grupo Catalán Convergencia i Unió.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor secretario de Estado, nuevamente gracias por la comparecencia ante esta Comisión, en la que agradecemos la exposición y el análisis de la situación económica ante los nuevos datos y el deterioro de la situación
en los últimos meses. Estamos ante una crisis económica, dato evidenciado por el creciente número de procedimientos concursales, pero con graves consecuencias sociales; otro dato, los 3,3 millones de personas en paro, y más; y una crisis en la
que existe consenso sobre su extrema gravedad, crisis sobre la que las mismas cifras que nos llegan de la Comisión Europea nos alertan de la complicada situación, que ha obligado al Gobierno a redefinir un nuevo escenario macroeconómico, para
2009-2011, que nada tiene que ver con el que acompañaba a los presupuestos aprobados en el mes anterior. Ante esta situación y ante este cuadro macroeconómico, nuestro grupo parlamentario reitera nuestras propuestas y la vigencia de nuestro
posicionamiento frente a la crisis. La situación no ha mejorado, la profundidad de la crisis continúa siendo muy preocupante y delicada para nuestro tejido productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que constituyen el grueso de
nuestra actividad económica y hasta ahora han constituido la fuerza de nuestra economía. Continuamos señalando la imperiosa necesidad de actuar tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo. La excepcionalidad de la crisis lo requiere.
De la crisis saldremos, pero es muy importante salir con las mejores bases posibles para un crecimiento sólido y competitivo.
Hoy no me referiré a las medidas de medio y largo plazo, a los desequilibrios que tienen aún y que mantiene nuestra economía y a la necesidad de abordar de manera definitiva y decidida las reformas estructurales necesarias para ganar en
productividad y, sobre todo, en competitividad. La urgencia de hoy nos requiere centrarnos en el corto plazo. En nuestro grupo parlamentario continuamos insistiendo en la necesidad de tomar medidas y de actuar en tres frentes. El primero el
financiero, que quiere decir la liquidez y el crédito. La necesidad de dar capacidad financiera a empresas y a familias. Día a día, señor secretario de Estado, se pone de manifiesto la carencia de crédito, la no fluidez del mismo en la medida en
que el sistema lo necesita. El circulante es una imperiosa necesidad para la viabilidad del tejido productivo. Se han tomado medidas que han permitido cuantiosas inyecciones de recursos al sistema, también a través del Fondo de adquisición de
activos financieros, al que ha respondido también parte de su comparecencia, los avales a las emisiones bancarias o las ayudas a través del ICO, sin que se haya percibido hasta ahora la suficiente efectividad.
Cuando hablamos del Fondo de adquisición de activos financieros al que usted ha hecho referencia, es muy importante la transparencia en el proceso, pero el problema fundamental es que la financiación que reciben las entidades financieras no
llega al sistema productivo y deberemos activar más mecanismos de vinculación a la concesión del crédito. Las inyecciones de recursos han continuado topando con el ICO, por una parte, y con las entidades financieras, por otra. Por ello hemos
reclamado desde nuestro grupo parlamentario, una urgente adecuación del ICO en sus recursos y en su estructura para poder atender a las ampliaciones de sus líneas de actuación, derivadas de la situación económica actual. El Gobierno debe adecuar la
estructura del ICO a las nuevas funciones que son las de activar las líneas de crédito y de inversión que el tejido productivo, especialmente las pymes y autónomos, reclama y necesita. En segundo lugar, las entidades financieras que continúan
frenando el crédito, y aquí es también necesario que el Gobierno actúe con la máxima contundencia y exigencia ante ellas en un ejercicio conjunto de responsabilidad y de asunción de riesgo. Es muy importante evitar, y lo hemos reiterado en los
últimos meses y con más insistencia ahora, que empresas que puedan ser viables y competitivas en el futuro por problemas de corto plazo y de falta de circulante tengan que cerrar, con el coste de empleo que esto supone. Es necesario reconducir una
situación en la que los sectores económicos han perdido su unidad de acción. El sector financiero y la economía productiva tienen hoy prioridades diferentes y esto debe ser reconducido. Para ello es necesario actuar en dos frentes.
En primer
lugar, es necesario valorar la efectividad de las medidas que se van tomando y ser capaces de reorientar los recursos si estos no son efectivos o buscar nuevos mecanismos que permitan acelerar el proceso de acceso al crédito, la liquidez a las
empresas. Quizás debemos pensar en avales públicos finalistas a las empresas, vistas las dificultades que presentan las entidades financieras en compartir riesgos, o poner en marcha algunas de las medidas en las que hemos insistido que pueden
permitir dar más capacidad financiera al tejido productivo y a las familias.
Hemos propuesto, y continuamos insistiendo, el aplazamiento de impuestos, de los pagos en las cuotas a la Seguridad Social o la reducción en los plazos de pago por parte de las administraciones públicas, o las reducciones, al menos
selectivas, en las cotizaciones a la Seguridad Social. Son todas ellas medidas que pueden y deben ser efectivas, inmediatas y que pueden suponer un respiro financiero al sistema y al mantenimiento del empleo, algo que para nosotros y para todos ha
de ser prioritario. Nos ha dado la impresión de que hasta ahora el Gobierno parece que ha sido efectivo en el aval al sistema financiero, pero menos efectivo en el aval al sistema productivo y al consumidor.
El segundo eje de actuación es el eje industrial y urge la activación de medidas aún más decisivas, más directas por parte de la oferta. Las que se han aprobado hasta ahora no han sido suficientes, ni cuantitativamente respecto a las
cantidades asignadas respecto a otros países europeos a sectores similares, ni desde la tipología de empresa en cuanto que algunas de las medidas tomadas han dejado fuera a una parte importante del tejido productivo. Pensemos en el ejemplo de la
automoción. Hablar de empresas es también hablar de medidas contra la morosidad que no se han activado suficientemente, y reclamamos una mayor contundencia en su activación y en su actuación. Hablar
del tejido industrial, del tejido productivo e instrumentar medidas de activación por parte de la oferta es salvar empresas, y salvar empresas es salvar empleo. El ajuste económico que estamos viviendo no puede, de ninguna manera, hacerse
con cargo al empleo de la economía española, tal como parece a veces que pueda pasar. Esto no lo podemos permitir.
Tercer eje de actuación, el consumo. Urge actuar de manera aún más decidida frente al consumo. La activación de medidas por parte de la demanda, medidas que permitan actuar, comprar al consumidor con capacidad y darle capacidad suficiente
de compra. Más capacidad financiera, que no ha de ser suficiente, a través de la reducción de los tipos de interés o las ganancias derivadas de la bajada de las tasas de inflación, que dan más capacidad financiera pero no suficiente. En
definitiva, señor secretario de Estado, hemos de perseguir la efectividad en todas aquellas medidas que vayamos tomando, la urgencia de las mismas, la transparencia y su productividad. Esta es nuestra fotografía, una fotografía y unas propuestas
que usted conoce bien y sobre las que hemos continuado insistiendo. Estamos frente a niveles de déficit no superiores al establecido del 3 por ciento sino cercanos al 6 por ciento. Estamos frente a una situación grave y aceptamos el déficit. Lo
único que pedimos es que, dispuestos a asumirlo, este sea productivo. En este sentido, me refiero también a los 8.000 millones de euros destinados a la inversión a través de los ayuntamientos que como medida entendemos que es buena, pero sobre todo
exigimos que sea productiva.
Hablar de déficit es también hablar de austeridad de las administraciones públicas, austeridad en el gasto público, más allá de los 1.500 millones anunciados, y más teniendo en cuenta el escenario de caída de ingresos superior a los 6.000
millones respecto a los Presupuestos Generales del Estado a los que podremos llegar. No podemos olvidar, señor secretario de Estado, y voy terminando, que la crisis actual es una crisis real, muy grave económica y social, pero estamos ante una
crisis de confianza muy grave también. Y la confianza se recupera fundamentalmente a través de la efectividad de las medidas. También continuamos convencidos no solo de la oportunidad, sino de la necesidad de llegar a un gran acuerdo entre todos a
partir de una complicidad necesaria e imprescindible hoy, para que el conjunto de la sociedad perciba con claridad qué medidas van a adoptarse a partir de ahora, fruto de este consenso que entendemos necesario.
No quiero referirme en esta intervención a las entidades financieras que hasta hoy han presentado problemas de liquidez y no de solvencia, pero actualmente algunas evidencian problemas serios que podrían determinar ajustes o intervenciones
de soporte. Solo quiero hacer al respecto dos consideraciones muy breves. La primera, en relación con las cajas.
Cualquier ajuste que deba hacerse no debe ser con cargo a un modelo global que ha funcionado, un modelo que ha sido válido para el
sistema.
En segundo lugar, tenemos que continuar poniendo en valor la política del Banco de España, que ha permitido a nuestro sistema financiero aguantar más y mejor; esto hay que mantenerlo poniéndolo en valor.
Hoy, señor secretario de Estado, nos preocupan algunas situaciones financieras y también nos preocupa el riesgo de que algunas de ellas pasen de tener problemas de liquidez a tener problemas de solvencia, sobre las que será necesario
intervenir o hacer algún ajuste. Hoy lo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo es que el crédito fluya al sistema.
Sin crédito y sin liquidez no hay actividad económica y financiera.
Por último, quisiera preguntarle por el próximo encuentro del G-20 al que todos damos mucha importancia. El otro día en una reunión en Bruselas se evidenciaban los temores a las políticas proteccionistas por parte de algunos países.
Estamos convencidos de que son riesgos que hemos de evitar, pues serían el peor de los males. Europa y el euro han representando y representan un valor para nuestra economía en la actual situación de crisis económica. Un regreso a políticas
proteccionistas podría representar la pérdida de todos los avances que hemos registrado hasta ahora, desde el punto de vista económico y financiero. Nos gustaría conocer qué medidas piensan presentar en la reunión del G-20 y cuál va a ser su
estrategia. La economía española tiene una gran capacidad de aguante y de fuerza, no se hunde, pero la pérdida de confianza que hoy existe tenemos que reconducirla. Para ello es necesario buscar esta complicidad a través de un acuerdo y perseguir
la efectividad de las medidas; medidas que sean coordinadas, que respondan a una estrategia global de reactivación, que prioricen la defensa de la actividad productiva que es la defensa del empleo, que estimulen el consumo y, sobre todo, que el
conjunto responda a esta estrategia.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Azpiazu por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente porque gracias a Iberia no he podido llegar a la primera parte de la intervención del secretario de Estado, por lo que no quisiera hacer referencia a temas que él ya haya tratado en esta
comparecencia. Además, muchas de las cosas que preocupan al Grupo Vasco ya se han comentado en esta Comisión por parte del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por tanto, simplemente quisiera hacer
referencia a algunas cuestiones puntuales pero que son de relativa importancia.
El secretario de Estado nos ha dicho que el Fondo para la adquisición de activos alcanza los 19.300 millones de euros. Tenemos una información en la que se nos dice cómo se reparte esta participación de los activos. Me ha sorprendido
porque pensaba que algunas de las grandes entidades financieras habían entrado en este juego de la venta de activos financieros. Qué explicación tiene el secretario de Estado para que no hayan entrado ni
el BBVA ni el Santander en estas medidas adoptadas por el Gobierno. Nos gustaría saber dónde ha colocado el Gobierno las emisiones de deuda que ha realizado para canalizar esta financiación a las entidades financieras y a cuánto ha colocado
esta deuda. Nos ha dicho antes que el pago de las entidades financieras va a ser en torno al 3,15 ó 3,34 por ciento, luego, nos gustaría saber de qué cifras estamos hablando e incluso en qué supuestos beneficios podría estar pensando el Gobierno.
Pero lo que nos preocupa es que, a pesar de todas estas medidas, el dinero no llega a las familias, no llega a las empresas. Hay una crisis enorme de confianza y, en este sentido, el Gobierno podría hacer más de lo que se está haciendo en este
momento para obligar, entre comillas, a estas entidades para que llegue el dinero a las familias y a las empresas y no se queden con estos recursos para financiar los préstamos del exterior o esperar mejores momentos.
Estos días estamos escuchando y leyendo en los medios de comunicación que la crisis financiera es cada vez más evidente, más grave y más profunda.
Nos gustaría saber si el Gobierno sabe cuál es el alcance de la crisis financiera en la
economía española. Al igual que se tardó en reconocer la crisis económica, ahora nos estamos dando cuenta día a día de que la crisis financiera puede ser de un alcance superior del que se nos está diciendo. No digo que nos diga exactamente cuál es
el alcance, porque igual no lo puede decir, pero sí quisiera saber si el Gobierno sabe cuál es la profundidad de la crisis financiera de la economía española, si es que ha pedido información al respecto a las entidades financieras.
Dado que convenimos casi todos en que la crisis es una crisis de confianza y que entre las propias entidades financieras no existe la confianza suficiente como para prestarse el dinero, hay quien sugiere la posibilidad de que el Gobierno
avale el interbancario. Esta podría ser una medida para que entre las entidades financieras se prestaran el dinero y así ese dinero llegara a las empresas y a las familias. Esta es una posibilidad que le planteamos y querríamos saber qué piensa el
Gobierno en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, agradezco al señor secretario la comparecencia y las explicaciones e información que nos ha detallado. En segundo lugar, le plantearé algunos interrogantes y también alguna propuesta.
Primer elemento, hay quien apunta que estamos ya no solo ante un problema de liquidez, sino ante un problema de solvencia. No voy a entrar en ello.
Ayer el ministro de Economía nos decía que no se descartaba la intervención, por lo que
quiero preguntarle, en su calidad de secretario de Estado, con qué condiciones, porque ayer tuvimos el titular pero lo fundamental es saber las características de esa intervención ante determinadas entidades financieras, si va a ser con el Fondo de
garantías de depósitos -ya le digo que ese modelo no nos gusta- o si va a ser con compra de activos, si va a haber, por tanto, derechos políticos, si va a haber exigencia de responsabilidades, si va a haber limitación de remuneraciones. En resumen,
que nos explique con qué condiciones.
Segundo elemento, falta margen de maniobra. La semana pasada ya se lo trasladamos al ministro de Economía y hoy se lo volveremos a trasladar.
Hay medidas que ha implementado el Gobierno que, visto el alcance -no pasa nada, lo pueden
reconocer hoy-, no han tenido repercusión alguna.
Para nosotros el ejemplo paradigmático es el dichoso cheque de 400 euros, ese cheque que le gusta tanto a alguna de SS.SS., repartido en doce mensualidades y que, más allá del carácter inequitativo
que es evidente y no voy a discutir, tiene un elemento económico nulo. Por tanto, quería saber si ustedes van a valorar el ganar ese margen de maniobra, porque han anunciado un margen de maniobra que van a incrementar en 1.500 millones de euros
porque los van a dejar de gastar y, si se olvidasen de esa medida, ganarían un margen cercano a los 6.000 millones de euros, que no es nada despreciable.
Tercer elemento, ya entrando, señor Vegara, en el tema que nos ocupa, qué lectura hace -porque a mí, al igual que al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, me han sorprendido los datos detallados que nos han adjuntado- del mayor peso de
las cajas de ahorro en la venta de activos.
Dónde se ha producido la emisión de deuda y a cuánto. Lo digo porque en su discurso siempre nos han explicado que eso no costaría nada. Algo nos ha costado, nos ha costado la pérdida de margen de
maniobra, cuanta más emisión de deuda realizas, menos margen de emisión de deuda tienes para hacer otras cosas. Ese es el elemento que nosotros siempre hemos puesto encima de la mesa. Quería saber dónde y a cuánto han pagado esa emisión de deuda.
Quería saber si, a medida que han ido adquiriendo activos, hay un cambio en la calidad de los mismos, en los activos que llegan y en los que se adquieren y quería que me respondiese hasta cuándo cree usted que tenemos que continuar con la compra de
activos. Si le hago esta última pregunta es por una razón muy sencilla: si vamos al real decreto que se aprobó en el mes de octubre, podrá coincidir conmigo en que en ese real decreto, el que da pie a la compra de activos, el objetivo que se
buscaba precisamente era incrementar el crédito a las familias y a la pequeña y mediana empresa. Le puedo leer la exposición de motivos: El Gobierno ha decidido poner en marcha una medida que impulse la financiación a empresas y ciudadanos por
parte de las entidades financieras. Esta medida -decía el real decreto- tiene un carácter temporal, produciéndose su extinción de forma natural a medida que se normalicen los mercados. O decía: La restricción actual de la financiación a empresas
y familias determina la necesidad de adoptar de manera urgente la medida que se aprueba por medio de esta norma para el adecuado desarrollo de la actividad económica. Lo cierto es que desde que hemos comprado estos activos por valor
de 19.000 millones de euros hay quien opina que no hay un incremento del crédito. Usted puede sostener que lo que estamos haciendo es devolver el crédito a una situación normal después de años de tanto crecimiento, pero el problema está en
que muchos actores económicos piensan y afirman -podría poner como ejemplo el informe de las cámaras de comercio- que el crédito que se está otorgando está varios escalones más abajo incluso del crédito que se tendría que otorgar en estas
condiciones. De forma frecuente se nos dice por diferentes responsables de entidades financieras que dan el crédito a aquel que se lo pueden dar, pero lo cierto es que el primer problema que tienen empresas solventes para continuar manteniendo su
actividad es el financiero y que a empresas que funcionan perfectamente, cuando les vencen las letras, no les dan la renovación del crédito o se la dan con condiciones mucho más duras no ya de las que tenían hace apenas un año, sino de las que son
razonables incluso en un contexto como el actual. ¿Cuál es el problema desde nuestro punto de vista? El problema es que se han puesto encima de la mesa los 19.000 millones de euros, que además ha habido captación de pasivos a través de depósitos
de particulares y de empresas, remunerados generosamente, que ha permitido que las entidades financieras tengan ese activo, que además las entidades financieras han acudido al recurso masivo de los préstamos del Banco Central Europeo de forma muy
notable, pero todo eso no ha servido para incrementar el crédito, todo eso ha servido para prevenir el enorme ascenso de la morosidad que se prevé en este año y para solventar los problemas de devolución de los préstamos exteriores que vencen en
este año 2009 por valores muy notables. El problema está, por tanto, en que los 19.000 millones de euros, desde nuestro punto de vista, han servido en definitiva para solventar el problema que tenían las entidades financieras con el interbancario,
al que no podían acudir después de años de endeudar mucho a familias y a pequeñas y medianas empresas, y para solventar los problemas de mala gestión que se produjeron por parte de las entidades financieras. Ustedes siempre han dicho que la banca
no tenía un problema de solvencia grave y algunos siempre hemos pensado que la banca española -aunque es verdad que el Banco de España actuó de forma eficaz respecto a otros países, sin lugar a dudas- tenía una característica propia, y esta era que
sobreendeudó en exceso a las familias, sacó beneficios extraordinarios y ahora, para solventar ese sobreendeudamiento del que sacó beneficios, recurre a este dinero que estamos poniendo, que tenemos que ver si realmente supone una pérdida en
términos económicos pero que en cualquier caso ha supuesto una pérdida en términos de margen de maniobra, sin lugar a dudas.
Todo ello me lleva a la reflexión de hasta cuándo lo van a otorgar, hasta cuándo van a continuar con la compra de activos, porque la conclusión, desde nuestro punto de vista, es evidente: la compra de activos no está sirviendo para los
fines que el Gobierno aprobó en la exposición de motivos del real decreto del mes de octubre, que es para que haya un incremento del crédito a las familias y a la pequeña y mediana empresa.
Por eso nosotros sostenemos que o lo paran o le ponen
condiciones, alguna condición: que se dé un porcentaje de créditos, que se incremente en un porcentaje, que haya un seguimiento, que haya un control. Ponía como ejemplo en una interpelación al ministro Solbes que en un país que no se destaca por
tener un gobierno de izquierdas, como Francia con el Gobierno de Sarkozy, existe una intervención por parte del Estado para acompañar a los créditos que se otorgan por parte de las entidades financieras. Y ya no me refiero a los ejemplos de la
compra de activos, lo que nosotros preguntamos es que por qué no instrumentan alguna condición, alguna y, por tanto, pasan de la paciencia ilimitada a la exigencia, aunque sea moderada. No es un mal plan, señor Vegara. Por eso entendemos que
deberían introducir estas medidas, porque la compra de activos no está sirviendo para lo que se dijo que servía.
Para acabar, señor presidente, quería hacer una reflexión que ha hecho también la portavoz de Convergència i Unió, que es el papel del ICO en todo esto. Nosotros entendemos que se deberían introducir las reformas del ICO que permitiesen a
esta entidad actuar como banca minorista, sí, entre otras cosas porque el resto de instrumentos no acaban de funcionar, a no ser que optemos por la compra de titularidad de entidades financieras y recuperemos la función de algún instrumento público.
A nosotros no nos parecieron oportunas las privatizaciones que se produjeron con gobiernos del Partido Popular, pero lo cierto es que después de esas privatizaciones se perdió la capacidad de maniobra de instrumentos públicos y por tanto a nosotros
lo que nos gustaría es, por una u otra vía, garantizar en cualquier caso un papel público y pensamos que eso podría ser mediante el ICO, aunque tarde mucho tiempo, que ya sé que ese es el argumento que se nos reitera. Una reforma del ICO tardaría
mucho tiempo en permitir que esta entidad pudiese actuar como banca minorista, pero nos parece que este Gobierno debería introducir este elemento y ponerlo encima de la mesa para garantizar que el esfuerzo extraordinario que se está haciendo sirva,
y nosotros lo que vemos y detectamos es que este esfuerzo extraordinario no está sirviendo, seguramente porque no está habiendo condición alguna en este esfuerzo, en los 19.000 millones de euros; no ha habido condición alguna a las entidades
financieras y eso acaba siendo un problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora la señora Colldeforns, del Grupo Socialista.
La señora COLLDEFORNS I SOL: En primer lugar, quiero agradecer la información facilitada por el secretario de Estado, el orden y la claridad en la exposición de los dos temas, ambos de enorme interés y trascendencia. También quiero
agradecer el relato lúcido y sereno de la situación en que nos hallamos y de los retos con que nos enfrentamos. La semana pasada el ministro
de Economía habló largo y tendido de la situación económica, tanto en esta Comisión como en Pleno, y creo que vale la pena que nos centremos un poco en el segundo objetivo que es el del Fondo de adquisición de activos financieros y de las
otras medidas que se aprobaron con los dos reales decretos del mes de octubre.
El secretario de Estado ha puesto de manifiesto algo que quiero recordar y es la necesidad imperiosa que había de una acción coordinada y rápida, quisiera recordar y poner en valor que España jugó un papel relevante para que esta acción
internacional se llevara a cabo y se posicionó de manera explícita y convincente a su favor. Creo que es algo que no debemos olvidar porque la crisis no solo se sugiere en España, se sugiere en el mundo y solo juntos resolveremos los problemas. En
segundo lugar, también quisiera recordar que esto ocurrió -creo que las fechas son importantes- el 7 de octubre con el Ecofin de la Unión Europea. El viernes 10, en tres días, había un real decreto-ley aprobado y en tres días más teníamos el
segundo real decreto-ley aprobado. En total -no voy a repasar las fechas, son fáciles de recordar-, en menos de seis semanas la medida estaba en marcha y funcionando la primera subasta. España actuó rápido y bien, aunque no le guste reconocerlo al
Partido Popular, con una política propia y diferente, adecuada a nuestra situación. Yo quisiera felicitar no solo al Ministerio de Economía, no solo al Gobierno, porque desde un punto de vista técnico y de eficacia ha sido excelente, sino que
también creo que en aquel momento el conjunto de los españoles actuamos bien desde el punto de vista político y democrático porque lo hicimos con consenso, señorías. Cuando se aprobaron estas medidas con la casi total unanimidad de la Cámara, el
Grupo Socialista se alegró. Mi grupo acogió con satisfacción -recuérdenlo-, porque las comparte, las llamadas a la transparencia y el reconocimiento de que la buena regulación es necesaria y agradeció también las actitudes de colaboración en el
desarrollo reglamentario y en especial el reglamento del Fondo de compra de activos que hoy nos ocupa. Hubo -debo reconocerlo- en octubre de 2008 un espacio de colaboración y entendimiento entre el Gobierno y los principales partidos. De hecho,
debería reconocer, señor Nadal, usted casi personalmente, que el desarrollo reglamentario recogió muchas de sus sugerencias -quizá no todas-, el papel del Banco de España -mañana tendremos ocasión de hablar también de la cuestión-, la necesidad de
primar las entidades que generen crédito nuevo, la total transparencia y el control parlamentario que hoy estamos ejerciendo. El Grupo Socialista creía que por fin podíamos empezar a contar con una oposición responsable; sin embargo, la alegría
duró poco. De verdad se lo digo, señorías, creo que todos debemos volver a intentarlo. Deduzco de las intervenciones que han hecho los portavoces de los grupos parlamentarios que por lo menos podemos contar con todos los grupos, excepto quizá -lo
lamento- con el principal partido de la oposición, pero vuelvo a pedirles, señorías, que miren a su alrededor, que miren por ejemplo a la Unión Europea, que vean cómo hace dos días en Berlín los dirigentes aparcaban sus evidentes diferencias
ideológicas y se esforzaban en tener una posición común a defender para la próxima conferencia del G-20 en Londres. También le pido que nos explique un poco, señor secretario, qué podemos esperar de esta conferencia, algo que ya han hecho otros
grupos.
Este tipo de actitudes son las que nos pueden devolver la confianza en esto tan frágil, en esto que se rompe a veces casi sin tocarlo. Mi grupo apoya y defenderá -se lo adelanto- los acuerdos que se han adoptado en Berlín porque son
acuerdos que quieren luchar contra los paraísos fiscales, porque quieren establecer supervisiones y regulaciones de fondos de inversiones especulativas y porque creo que podremos avanzar en la buena dirección. Espero que nos lo explique un poco.
Otro tema que otros grupos han puesto de manifiesto que les preocupaba -a nosotros también- es el de la necesaria recuperación del crédito, en el bien entendido que una recuperación nunca será volver a los niveles anteriores, a aquello de
todo volverá a ser como antes. No, señorías, esperemos que todo no vuelva a ser como antes. De hecho, el propio Grupo Socialista afirmaba que para conocer la idoneidad de las medidas de insurgencia -estoy citando a nuestro portavoz- es preciso
evaluar si sirven para el objetivo perseguido, que no es otro que apoyar a las entidades financieras, apoyarlas para que recuperen la normalidad en sus operaciones de crédito y facilitar su acceso a familias y empresas. Este objetivo nosotros desde
luego lo compartimos; hemos hablado de ello bastante en las últimas semanas, pensamos que debemos apoyar a las entidades financieras para que recuperen esta normalidad y creemos que el mejor método no es el de obligar a dar crédito, sino el de
facilitar la recuperación del conjunto de condiciones que hacen que este crédito fluya adecuadamente. Además, a pesar de ello, ante la incertidumbre reinante, que nadie quiere minusvalorar, sobre la profundidad de la crisis, reconozcamos que esta
eventualidad está prevista en los reales decretos-leyes que aprobamos. Lo aprobamos todos y por tanto todos preveíamos que algo podía pasar, pero tranquilicémonos porque, en caso de que nuestra solvencia se debilite un poco por este flanco,
podremos actuar con gran rapidez.
Constato, señorías, tras la exposición de hoy del secretario de Estado y los informes que nos han hecho llegar que los fondos de adquisición de activos están empezando a funcionar, que los avales -espero que quizá nos pueda hablar un poco
ello- están empezando a funcionar y que las medidas específicas del ICO también. Sé que es un tema muy querido por algunos grupos de la oposición y quisiera poner de relieve la última información recogida por el propio ICO, donde sumando las líneas
propias de 21.900 millones, las nuevas líneas instruidas, que incluyen sobre todo una línea específica para liquidez de pequeñas y medianas empresas, que sé que les preocupa, y las líneas de colaboración con otros
ministerios da un total de actuaciones del ICO de 44.846 millones de euros. Es una cantidad importante -el límite del fondo recuerdo que está en 50.000 y, por tanto, es pareja- y creemos que una cantidad tan importante merece atención.
Démonos el margen de un mes. Dirán que es demasiado. Menos, quince días, de acuerdo, pero sigamos atentamente esta cuestión y no nos adelantemos a ser agoreros de la crisis, como el Partido Popular, que parece que está fascinado por la posibilidad
de que todas las cosas vayan cada vez peor. Parece que disfrutan, que están contentos y que en el fondo de su corazón -digo que parece esto, pero seguro que no- a lo mejor hasta se podrían alegrar. El año 2009 se presenta duro y difícil. Creo que
el secretario de Estado ha sido sincero y no ha querido escondernos ningún dato ni ninguna posibilidad. Es difícil además porque no depende solamente de lo que haga este Gobierno.
Ustedes tienen capacidad suficiente, señor Nadal, para entender que
todos los gobiernos dependen de todos y que a la vez todos dependen de que todos y cada uno hagan lo que pueden hacer con la máxima eficiencia y transparencia posible. Creo que debemos reconocer que este tema nuestro Gobierno lo está haciendo bien
y en segundo lugar debemos reconocer también que la crisis no es imparable. Es algo que parece que usted esté anunciando, que va a ser cada vez peor. No lo sé, no sé si va a ser peor, pero sí creemos que no es imparable y de nosotros también
depende que llegue antes o más tarde. Y sobre todo de nosotros también depende algo que a los socialistas desde luego nos preocupa y en lo que estamos trabajando, que los más débiles y los más vulnerables no se queden por el camino. No sé si a
ustedes les preocupa, pero no oigo decirlo nunca. Les preocupa el paro, les preocupa decir que aumenta para poder decir que el Gobierno no hace nada, pero, mire, estar en el paro no significa estar desamparado. Este Gobierno no va a dejar a nadie
desamparado y no dude de que vamos a seguir apoyando todas las acciones a favor del empleo, de las familias y de las empresas para luchar contra el paro.
Creo que no tengo mucho tiempo. Simplemente quiero señalar algunos temas que parece ser que a usted le han preocupado, como que se diga que el necesario impulso fiscal, que es la política que ha tomado este Gobierno, que es el que nosotros
tomamos, nos va a crear una situación dificilísima de financiación del gasto público. Creo que los últimos datos nos dicen que la renta disponible de los hogares ha subido y también la tasa de ahorro. Este es un comportamiento esperable de las
actuaciones del Gobierno de recortes fiscales y ayudas a las familias, por un lado, y desde luego una situación de crisis recomienda ahorrar y esperar tiempos mejores. Precisamente porque hay esta reacción, este es el comportamiento esperado que
explica que solamente un impulso de la demanda desde el sector público es efectiva para recuperar la demanda. Dígame usted un solo país en el mundo, uno solo -que no sea Lesotho, por favor-, que no aplique unas políticas de impulso fiscal, de
impulso público de la demanda. No es una paradoja, es una realidad. Los mercados no confían en los mercados y son los Gobiernos los que actúan para devolver la confianza en los mercados. Por ello, señorías, el Grupo Socialista, a pesar de lo que
ha dicho, a pesar de la irresponsabilidad que creo, señor Montoro... No sé si estaba usted ayer por la tarde. No, perdón. Ayer por la tarde, en la comparecencia del comisario de Economía de la Unión Europea, hubo un diputado del Partido Popular
que sacó a relucir -como ha hecho usted hoy- con premeditación y abundancia de adjetivos una posible crisis bancaria. Solo puedo decirle lo que le dijo el comisario, que es una gran irresponsabilidad por su parte alegrarse y dedicar más de la mitad
de su intervención a este tema. (El señor Montoro Romero: ¿Qué pasa? Señor presidente.-Rumores.) Por tanto, señorías, a pesar de ello les pido que se den cuenta de que el país necesita de todos, incluso del Partido Popular, aunque esto pueda
parecer mentira. Agradezco a los otros portavoces el tono, la actitud y los hechos que demuestran que realmente quieren colaborar y lamento, una vez más, que el Partido Popular haya perdido lo que podríamos llamar el pequeño espíritu del mes de
octubre.
(Aplausos.) (El señor Montoro Romero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Montoro, ¿qué ocurre?
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, la señora diputada se ha referido a mí y además con...
El señor PRESIDENTE: No, señor Montoro, no se ha referido a usted.
El señor MONTORO ROMERO: ¿Cómo que no?
El señor PRESIDENTE: No, inmediatamente ha corregido. Ha dicho que no era usted sino otro diputado.
El señor MONTORO ROMERO: No, no. Ha dicho que mis palabras eran inductoras...
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, no ha sido aludido. Se lo puedo confirmar.
El señor MONTORO ROMERO: Luego lo confirmaremos, señor presidente. Creo que no estaba usted al tanto. Luego ya lo confirmamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el compareciente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Vegara Figueras): Señorías, gracias por sus intervenciones. Ha habido una multiplicidad de temas y de preguntas. Voy a intentar abordar todos los que pueda y responderé en el orden en el que han
intervenido.
Señor Nadal, creo que haber venido aquí dos meses después cuando no se había hecho prácticamente ni una subasta del fondo no habría tenido sentido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer: desde la primera subasta, que es cuando en términos
objetivos se pone a funcionar el fondo, pedir la comparecencia el mismo día en que se cumplían los dos meses. Y lógicamente, dentro de dos meses, el vicepresidente, cuando serán cuatro meses desde la primera. Ha entrado usted en el tema de la
deflación, en cuán negativo era esto y todas las distorsiones que puede generar.
Efectivamente, la deflación crea disfunciones muy importantes en las economías. De todas formas, la pregunta anterior es si vamos a tener un proceso de deflación o
no. Esa es la primera, porque usted ya lo ha dado por hecho. No es lo mismo tener unos meses de inflación negativa que tener un proceso deflacionario. ¿Podemos tener en los próximos meses -y he insistido en diversas ocasiones en ello- inflaciones
negativas? Sí.
¿Ello nos lleva a un proceso deflacionario que yo defino -porque creo que en estas cosas hay que definirse- como una caída generalizada y persistente de los precios en una economía? La respuesta es no. Todos estos analistas -lo
digo para no que no crea usted que se lo digo yo- que usted dice que van a tener tienen exactamente esto: unos meses de inflación negativa. Porque cuando, supongamos, uno tiene una economía con una inflación tendencial del 2 -por poner algo-; a
energía pesa el 10 por ciento; de repente aumentan un 10 por ciento los precios de la energía y la inflación se va del 2 al 3 por ciento, si pasado un año la caída en energía -que pesa un 10 por ciento- es del 50 por ciento, esa economía pasa del
más 3 por ciento de inflación al menos 2 por ciento durante un año y si las cosas se mantienen vuelve al 2 por ciento. Eso es lo que vamos a tener. Por eso hemos advertido que es posible que vayamos a ver esto porque estamos comparando precios del
petróleo de 44 dólares ayer con precios del petróleo de 147 dólares en agosto, cuando teníamos la inflación del 5,3 por ciento. Por tanto, compartiendo con usted la poca deseabilidad de un proceso de este tipo, creo que no hay en absoluto elementos
para pensar que esto ser así.
Señor Nadal, voy a intentar ser muy preciso, porque en esto hay que ser muy preciso. Afirmar que tenemos una crisis bancaria creo que es no leer la prensa internacional. Porque de lo que estamos hablando es de un proceso general en el
sistema financiero mundial de proporciones desconocidas, y hasta este momento en nuestro país el comportamiento del sistema financiero, la solvencia de las entidades y el reconocimiento público -recientemente lo ha dicho en la reunión preparatoria
del G-20 el propio presidente del Banco Central Europeo sobre las provisiones anticíclicas en España- creo que están bien. Yo prefiero estar así que como están otros países. Creo que hay que ser extremadamente cuidadosos.
Ustedes ligan esto con
la situación en una caja de ahorros en la que se ha llegado, aparentemente, a un acuerdo de fusión con otra entidad, pero por ahora no se ha anunciado ni se ha dicho ni se ha anticipado en ningún momento la utilización de recursos públicos. Ojalá
pueda ser así durante todo ese proceso, pero si fuera el caso, ya dio una señal el Gobierno, ustedes y el Parlamento en el mes de octubre con el decreto-ley. En aquel momento, conjuntamente -y dijo conjuntamente porque sé de lo que hablo- dijimos
que si es necesario reforzar los recursos propios y el capital de las entidades financieras -eso es lo que viene a decir el decreto-ley- estamos preparados, el país está preparado y, por supuesto, el Gobierno al frente. Eso es lo que dijimos.
Hasta este momento hay que ser prudentes y alegrarnos razonablemente de que no ha sido necesario, mientras que es otra la situación cuando cruzamos cualquiera de nuestras fronteras: seis bancos han caído en Alemania hay monstruos -perdonen por la
expresión- como el Royal Bank of Scotland con el 70 por ciento de la participación pública; hay monstruos como Lloyds y HBOS con el 43 por ciento de la participación pública, etcétera, etcétera. Y cuando un gobierno pone en un decreto-ley -y el
Parlamento lo aprueba- que estamos preparados, no estamos diciendo que ponemos esto allí porque no va a ocurrir bajo ninguna de las potenciales circunstancias. El Gobierno y el Parlamento están diciendo: Señores, esto está muy complicado. Como
dijo el propio secretario del Tesoro americano, no tenemos GPS para esto y hay que estar preparado para todo. Porque hemos visto lo inimaginable -déjenme decirlo así-. Si hace dos años nos llegan a decir que veríamos lo que hemos visto en estos
dos años no nos lo hubiéramos creído, al menos yo. Por tanto, aquí tenemos unos instrumentos; tenemos además un sistema administrativo que ha demostrado en otras ocasiones sus ventajas, el Fondo de garantía de depósitos. No debemos olvidar nunca
que el Fondo de garantía de depósitos no involucra recursos públicos, es un sistema mutual del sector privado, por supuesto, con la participación... qué les voy a contar a ustedes y eso es importante. Pero sobre si la situación en los mercados
financieros internacionales sigue mal, ecétera, el Gobierno y el Parlamento ya lo dijeron en octubre. Esto es mejor así y no lo que ha ocurrido en otros países.
El señor Nadal me hablaba de la política fiscal, del incremento del gasto y de un informe del Fondo Monetario sobre lo mal que lo hemos hecho. Aquí hay varias discusiones, unos lo enfocan en el tema del déficit, y yo comparto lo que ha
dicho la señora Colldeforns. Si tenemos un problema de debilidad de demanda y un problema de aumento súbito de la tasa de ahorro como se está observando en España y en muchos países parece que es más adecuado esto que bajar impuestos. Pero lo que
no entiendo son estas discusiones respecto a que con el aumento del gasto generamos déficit, pero con la bajada de impuestos no generaríamos déficit. Generaríamos el mismo, lo que pasa es que hay argumentos técnicos muy potentes para decir que el
multiplicador es mayor. Entonces, usted para cubrir ese flanco -cosa muy razonable desde la perspectiva intelectual-, me saca el informe del Fondo Monetario. Del informe del
Fondo Monetario hay que ver la tabla, en la que se ven los países que han tomado decisiones y en qué proporción en 2008, 2009 y 2010, y el impacto en 2009 y 2010. Y la propia Comisión Europea y el propio fondo -no digo ya el Gobierno- dicen
que de los países que han tomado medidas, España ha sido el que más rápidamente las ha tomado, el que antes las tomó. Por tanto, para ser coherente con esto, desde la perspectiva intelectual, se debería ver el impacto también en 2008. Sí, tal y
como se lo estoy diciendo, señor Nadal. Si miramos las medidas tomadas en 2008, 2009 y 2010, digo yo que el impacto global tendrá que mirarse sobre 2008, 2009 y 2010, sobre todo cuando una parte muy importante de las medidas fueron tomadas en
abril/mayo de 2008. En segundo lugar, a pesar de respetar técnicamente el trabajo del Fondo Monetario -en eso no competirá nadie conmigo-, en este caso en particular yo creo que hay deficiencias técnicas. Sí, lo digo y lo voy a explicar. Entre
otras cosas, porque el fondo habla de impulso fiscal y añade un punto y medio de producto interior bruto diciendo que es una caída estructural de los ingresos. Y las caídas estructurales de los ingresos -y no voy a discutir si es un punto y medio,
el 1,2 o el 2 por ciento- no pueden meterse en el ámbito de un impulso fiscal. Yo creo que esto es discutible. Sobre el desacierto en las cifras de déficit, quiero decirle que ustedes han estado en el ministerio y saben que la Administración
central calibra muy bien sus números pero que luego en el déficit consolidado, lógicamente, trabaja con otras administraciones públicas. Esto es así.
Sobre el Fondo de activos financieros, usted ha hablado de un efecto expulsión, de un efecto crowging out del incremento de las administraciones públicas sobre el sector privado. Es verdad que el sector público español ha apelado más a los
mercados, como ahora. Pero vuelvo a lo que le decía antes, señor Nadal, miremos un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Esto no es una cosa en la que estemos nosotros solitos sin relacionarnos con nadie y haciendo algo que nadie está haciendo
en el mundo. No, no. El impulso fiscal es general. La necesidad de apelación general a los mercados, es decir, la competencia por los recursos con los avales está ahí, pero la debilidad de la demanda privada también. Y eso es lo que los
gobiernos están intentando, de alguna forma, compensar. Y, por supuesto, esto no es una ciencia exacta. En cuanto a qué se va utilizar, si la recapitalización o el Fondo de garantía de depósitos, cómo se va a hacer, de qué forma y por qué, como le
decía antes, este país tiene un esquema institucional que ha funcionado y que ha demostrado su capacidad para resolver situaciones difíciles en el sistema financiero antiguamente, que es el Fondo de garantía de depósitos. Es un esquema
institucional con el que -debo decirlo- muchos países no cuentan. Nosotros sí, por una serie de cosas que seguramente como país no nos hubiera gustado haber tenido que vivir en otras décadas, pero está ahí. Ha demostrado su capacidad de
funcionamiento, es un sistema mutual, no involucra recursos públicos, y lo que podamos utilizar del Fondo de garantía, lógicamente, se utilizará. Y si fuera necesaria la utilización del artículo 2 del decreto-ley, pues para eso lo han aprobado el
Parlamento y el Gobierno, y para eso dijimos desde el primer momento que no vamos a permitir que haya dificultades en estos campos porque conocemos la importancia -no solo el Gobierno español sino todos los gobiernos de todo el mundo desarrollado-
de las instituciones financieras, no solo porque son el núcleo del sistema de pagos sino también por los temas de riesgo sistémico. Creo que son dos razones que al menos yo he podido repetir últimamente en numerosas ocasiones. No se trata de
pactos políticos señor Nadal, sino de solucionar problemas, de eso es de lo que se trata fundamentalmente.
La señora Riera se ha referido más a temas de financiación. Yo estoy bastante de acuerdo, o muy de acuerdo, en muchas de las cosas que usted ha dicho, pero creo que debemos situarnos, por decirlo de alguna forma. Y esto no ha sido
suficiente. Hay una desaceleración del crédito y siempre es difícil identificar qué factores de oferta y qué factores de demanda tenemos por ahí. Me gustaría, en su caso, entender bien qué quiere decir la urgente adecuación del ICO, porque el
esfuerzo que ha hecho el ICO en los últimos meses no tiene parangón en toda su historia; no lo tiene.
Hemos aumento las líneas, los importes son realmente muy importantes.
Hemos puesto al ICO al lado de las entidades financieras, tomando el
riesgo que toman las entidades financieras. Hemos roto con una tradición de que en condiciones normales, que me parece razonable, el ICO no financie el capital circulante sino inversión, y con esto, reconociendo las excepcionales circunstancias, de
los 29.000 millones, 19.000 tienen relación. Comparto con usted totalmente la necesidad de evaluar permanentemente, y además, no lo duden, si este Gobierno ve que algo no funciona va a cambiarlo, a pesar de que se nos puedan echar encima. Lo vamos
a cambiar porque nuestro principal interés es que esto funcione.
Sin embargo, también tenemos que reconocer que estos temas, a pesar de que al primero, que sería el ministro de Economía y al segundo, que sería el secretario de Estado de Economía,
les gustaría que se pusieran en marcha como un tiro -si me permiten la expresión- al día siguiente, las cosas son un poco más difíciles. Entre otras cosas, permítanme decirlo, son un poco más difíciles porque gestionamos recursos públicos porque al
final estamos gestionando recursos públicos, y cuando se gestionen recursos públicos hay que ser extremadamente cuidadoso en cómo, cuándo, por qué, de qué forma, etcétera, se están utilizando estos recursos. Es verdad que esto en algunas ocasiones
nos lleva algo más de tiempo -insisto- del que no solo SS.SS. sino también nosotros querríamos.
El Gobierno ha hecho efectivo el aval, aunque en términos generales ha hablado usted del sistema financiero y no del sistema productivo.
Señoría, nosotros no queremos hacer demagogia con esto, es que es una condición necesaria porque el
núcleo del problema, el núcleo de la crisis, tiene un origen financiero. Es fundamental
que el sector financiero funcione bien, por las dos razones fundamentales -perdone la redundancia- que decía antes, porque es el núcleo de nuestro sistema de pagos y porque es una industria de carácter sistémico que es distinta de las demás.
No es mejor ni peor, simplemente es distinta. Esas son las razones por las cuales los gobiernos se han tomado esto tan en serio desde el principio, porque son conscientes, también el Gobierno español, de eso.
Respecto al G-20, señor presidente, estaré encantando de venir un día y dedicarlo plenamente al G-20, cuando ustedes quieran, incluso antes del G-20, para informarles sobre la posición y la visión española en los debates que están teniendo
lugar. Ahora me veo incapaz, y además, después del tiempo que le he dedicado al tema, creo que sería injusto conmigo mismo dedicar solo dos minutos a este tema.
El señor Azpiazu y veo que también el señor Herrera por una pregunta que ha hecho, están no diré preocupados pero sí interesados en cuánto cuesta la deuda pública y a cuánto invierte. Me van a permitir decir que, lógicamente, lo que hacemos
siempre en las subastas es comparar el coste de financiación homologable, que quiere decir a un plazo parecido -a dos años en un caso, a tres años en el otro-, con el tipo de la subasta; con el marginal, que es el mínimo -que tiene que ser
superior-, con el medio, por supuesto, porque como el marginal es el mínimo, el tipo medio está siempre por encima. ¿Cuál es exactamente la metodología y qué es lo que buscamos siempre? Creo que no sería bueno decirlo, porque en una subasta el
subastador nunca revela el precio sombra que tiene en las subastas porque si no, limitaríamos la competencia de las distintas entidades. Lo que sí les puedo decir -y esto es información bien pública- es que si ustedes el día de las subastas
comparan el tipo de interés de la subasta con la rentabilidad o el tipo de interés de los bonos, a dos años en un caso y a tres años en otro, verán que es bastante superior; en términos del tipo medio incluso más de medio punto porcentual.
¿Cómo resolveremos las crisis? ¿Qué alcance tiene? Lo que sí se puede decir, señor Azpiazu, si me permite, es que la crisis no ha tenido hasta ahora ni de lejos el alcance que ha tenido en Estados Unidos, en Austria, en Reino Unido, en
Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, y que solo esto ya es algo positivo. Ahora bien -lo decía el vicepresidente ayer y el señor Nadal se refería a ello-, esta es una crisis que lleva veintitantos meses, en la que hemos visto nombres
monstruosos caer, hemos visto una Citybank con una capitalización bursátil de 200.000 millones de euros antes de la crisis caer a una capitalización bursátil que ayer estaba, si no recuerdo mal, en 17000 ó 18.000 millones de euros, etcétera. Lo que
decimos es que si hubiera necesidad -cosa que el Gobierno anticipó y el Parlamento entendió también en materia de recapitalización- lo primero que haríamos sería utilizar aquel mecanismo que ha demostrado su efectividad y que ha hecho que, al menos
en los últimos veinte años, ningún problema de ninguna entidad financiera haya costado un euro a los ciudadanos, que es el Fondo de garantía de depósitos. Luego habrá que ver, entre otras cosas, porque si se está recapitalizando todas las
instituciones financieras en Europa y esto pone en situación de debilidad, habrá que considerarlo. Pero en estos momentos el Gobierno no lo ha considerado necesario; creo que es una buena noticia, estamos contentos de que no haya sido necesario, y
si lo tiene que ser en el futuro lo veremos en el futuro.
Sobre el aval interbancario, si me permiten, voy a entrar brevemente en los detalles. Las instituciones financieras, españolas por ejemplo, pueden emitir pagarés dentro del conjunto de instrumentos avalados. Es verdad que un pagaré no es
exactamente un préstamo interbancario, pero es verdad también que el Banco Central Europeo, que es el que gestiona la política monetaria, entiende también -y lo ha dicho- que todo lo que es funcionamiento de la curva corta, de la curva
interbancaria, sería mejor dejarlo en el ámbito de las subastas de liquidez que hace, por eso ha aumentado hasta seis meses, etcétera. Por tanto, yo creo que lo importante es -en eso nos estamos concentrando en el Tesoro- que los avales funcionen,
que salgan las emisiones, que las entidades los utilicen, etcétera.
Señor Herrera, sobre la compra de activos, derechos políticos, exigencias de responsabilidades, etcétera, lo puedo decir que nosotros nos ponemos muy serios cuando gestionamos recursos públicos, pero nos ponemos más serios aún cuando
involucramos los recursos públicos. Hasta ahora esto no ha sido necesario. Este es un debate que está teniendo lugar cada día en muchos países de nuestro entorno, pero hasta este momento aquí no. En el momento en que esto fuera necesario habrá
que discutirlo. El Fondo de garantía de depósitos a ustedes no les gusta. Yo lo respeto mucho. A mí me gusta porque no utiliza dinero de los ciudadanos, es un sistema mutual que tenemos ahí y que por ahora no ha tenido que ser utilizado, pero si
lo fuera no involucraría recursos públicos, y creo que siempre es mejor en situaciones como las que tiene que afrontar el Fondo de garantía de depósitos. Sobre que nos falta margen de maniobra y que las medidas -dice usted- no han tenido ninguna
repercusión, como nos podríamos poner a discutir sobre esto porque yo creo exactamente lo contrario que usted y no nos pondríamos de acuerdo, no voy a entrar en ello. Es importante recordar que en aquellos meses era justo después del repunte hasta
el 5,3 por ciento de la inflación, de la subida de tipos de interés, etcétera.
Decir que no ha tenido ningún impacto creo que es más que discutible.
¿Hasta cuándo tenemos que comprar activos? Creo que el decreto-ley es claro en esto. Es una medida excepcional para el año 2009. En estos momentos hemos hecho estas subastas, con un importe relevante, y abro un pequeño paréntesis para
decir que no debemos olvidar la comparación que he hecho del importe del fondo con el crédito en su conjunto, porque 20.000 millones de
euros efectivamente es una cifra muy importante, pero estamos hablando de un conjunto de 1.800. Dicho esto, es suficiente. Aunque usted ha hecho referencia a la exposición de motivos, si no recuerdo mal -usted hablaba de incremento del
crédito y luego ha leído la exposición de motivos y no se hacía referencia al incremento-, y hay algo que no debemos olvidar en todo este debate, y es que tan importante es incrementar el crédito como mantenerlo. No olviden SS.SS. que el dinero es
fungible. Cuando entra en el activo de una entidad financiera, si ustedes me dicen que ha servido para devolver dinero que debían, yo no voy a poder discutir eso, porque como es fungible no hay discusión posible. Lo que sí sabemos es que es
condición necesaria tener ese dinero para que al menos no disminuya el crédito. Esta es una parte del debate que a veces olvidamos y que no es en absoluto irrelevante. Otra cosa es que el objetivo fundamental sea que el crédito tenga la evolución
que tenga que tener, pero que no haya un parón brusco, que no solo está ahí el fondo, que están los avales, las operaciones con el ICO y el refuerzo, un conjunto de iniciativas, porque seguramente no hay una que vaya a abordar todas las
dificultades.
Comentaba el señor Herrera el papel del ICO y la necesidad de que haga banca minorista. Se ha respondido usted mismo sobre la base de algo que ya le deben de haber dicho antes. No voy ni a entrar en la discusión. Si lo que usted quiere es
que cada población de más de 10.000 habitantes acabe teniendo una oficina del ICO que pueda hacer banca minorista -eso es lo que quiere decir hacer banca minorista-, y no solo eso, sino toda la gestión de riesgos, el expertise y el conocimiento,
etcétera, no sé cuánto tiempo le han dicho, pero sin duda va a ser bastante.
La señora Colldeforns ha comentado varios temas. Hay dos que me parecen muy importantes. Uno es el consenso. Esto me parece fundamental. Esta es una situación que, especialmente en los temas de los que estamos hablando en esta
comparecencia, tiene mucho que ver con la situación en los mercados internacionales. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Hasta ahora es una buena noticia el comportamiento que ha tenido el sistema financiero español. Si esto, en vez de durar
los veinte, quince, catorce o doce meses que todo el mundo esperaba al principio, dura cuatro años, es más probable que haya más dificultades que si dura quince meses. Esto es una obviedad. Lo que hay que hacer es gestionar las dificultades que
pudieran venir, entre otras cosas, sobre la base de los instrumentos que han demostrado su efectividad y, sobre todo -y es algo positivo- habiendo visto cómo han funcionado toda una serie de instrumentos que están siendo utilizados en otros países
desde hace meses.
Lo único que me queda es proporcionar alguna información sobre los avales que me ha pedido la señora Colldeforns. A fecha de hoy puedo decirles que el 3 de febrero la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona realizó la primera emisión
avalada por la Administración General del Estado en un bono a tres años por un importe de 2.000 millones de euros; el 20 de febrero se produjo el desembolso de la segunda, en este caso, realizada por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
Caja Madrid, también por 2.000 millones de euros; la tercera correspondiente al Banco Popular, también a tres años, por un importe de 1.500 millones de euros se desembolsó el pasado 23, ayer; y la cuarta, correspondiente a Bankinter, a tres años,
por un importe también de 2.000 millones, tenía fecha de desembolso hoy. Estos son 7.500 millones. Hay comunicación de cumplimiento de las características para ser avaladas de otras siete emisiones por un importe de casi 9.000 millones de euros y
están en tramitación otras. Creo que este es un mecanismo que va a ayudar a resolver esta problemática.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nadal por tres minutos.
El señor NADAL BELDA: Señor secretario de Estado, el Gobierno corre el riesgo de hacer el mismo sonrojante ridículo que hizo en su calificación de la crisis económica que, hasta que no la tuvo ya encima, se tenía prohibido a los altos
cargos del Gobierno y del partido hablar de la palabra crisis. Ahora estamos en el mismo tema y con el mismo problema con la crisis de entidades financieras. ¿Usted me dice aquí que no tenemos una crisis de entidades financieras encima y que el
caso de Castilla-La Mancha es único? Eso es lo que me ha parecido entender. Yo francamente creo que por este camino van muy mal porque se van a encontrar con los mismos problemas. Es verdad que en su momento nos llamaron antipatriotas, ahora nos
llaman irresponsables. Pues yo llevo muy a gala ser irresponsable, si lo que estoy haciendo es advertir a la sociedad española de los riesgos a los que se enfrenta, porque son los riesgos que usted, como secretario de Estado, y miembro del equipo
económico del Gobierno, precisamente tiene que prevenir y atajar.
Nos dice que se está utilizando el sistema institucional al uso. ¿O sea, que lo que está pasando en esa caja de discusión entre gobiernos autonómicos y soluciones de tapadillo es el sistema institucional al uso? ¿Con otras crisis bancarias
diferentes que ha tenido este país se han utilizado otros sistemas? Lo digo, por ejemplo, por el caso Banesto, dado que aquí están alguno de los presentes que estuvieron entonces. ¿Está haciéndose lo mismo cuando estamos con el riesgo de una
entidad o se está haciendo otra cosa? No es un problema internacional solamente de cómo vayan los mercados financieros, como usted ha dicho. Es que la banca española tiene problemas de morosidad, surgidos de la propia crisis económica que está
deteriorando sustancialmente sus cuentas y está creándole muchos problemas, sobre todo, a aquellas entidades que son financieramente más débiles. Esto hay que reconocerlo, hay que preparar a la sociedad española para lo mismo y establecer
mecanismos objetivos, adecuados y financieramente viables
para darle salida al sector financiero español, y no solamente ir buscando enjuagues políticos para que las responsabilidades no se asuman, o se asuman al mínimo, como es el caso que estamos viviendo en este momento, porque muy mal
precedente es, señor secretario de Estado. Y si me dice que usted no tiene noticia de esto, ¿me está diciendo que el Ministerio de Economía y Hacienda no sabe lo que se trae entre manos o los problemas de determinadas entidades financieras que hay
en este país? Esto sería muy grave. A lo mejor, somos unos irresponsables nosotros, como también lo sería el presidente de la primera entidad financiera del país que ha dicho esto mismo: Que el Estado tendrá que intervenir determinadas entidades.
Ahí se lo dejo.
La segunda cuestión, la política económica, señor secretario de Estado, nadie parte de un 10 por ciento de déficit exterior en esta crisis. Nadie ha tenido un empleo tan sensible a esta crisis como España, y nadie ha tenido un problema de
reputación tan grave que, a las primeras de cambio, hemos perdido la máxima calificación que teníamos de la deuda pública por parte de las entidades de rating. Estos son condicionamientos muy serios de la política española. No podemos decir que
aquí se tiene que hacer lo mismo que hacen los demás sitios, porque los demás países no tienen el problema de endeudamiento exterior y de endeudamiento del sector privado que tiene nuestro país. Luego, las recetas no pueden ser miméticas. Si lo
son, ¿qué hacemos, traducir en el BOE lo que hacen otros países? Un poco absurdo.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ. Muy brevemente. Tres comentarios a la segunda intervención del secretario de Estado. El primero en relación con las entidades financieras. Liquidez y solvencia. Continuamos pensando que la política del Banco de
España ha sido buena política y que esto ha permitido al sistema financiero tener hasta ahora un problema de liquidez y no de entrar en problemas de solvencia. No voy a hablar de si en el caso de que fuese necesario y se diesen problemas de
solvencia, es mejor recapitalización directa por parte del Estado o intervenciones a través de instrumentos como el Fondo de Garantía de Depósitos. En el caso de que alguna superase la franja que lleva de un problema de liquidez a un problema de
solvencia, habría que intervenir de manera rápida y decidida.
También quisiera remarcar lo que he afirmado en mi intervención respecto a las cajas. Cualquier ajuste redimensionamiento en el sistema de cajas no debe hacerse a costa de un modelo que
ha funcionado. Si hemos de afrontar procesos de fusiones ha de ser manteniendo un modelo que ha funcionado y que ha sido bueno para el conjunto del sistema.
Segundo aspecto, liquidez y crédito. Estamos todos de acuerdo, señor secretario de Estado, en que ahora la prioridad inmediata es que el crédito fluya en el sistema, que el crédito llegue a empresas y familias, porque este es el mejor
camino para recuperar la confianza y para la reactivación económica. Si es necesario, después de una evaluación de los instrumentos con los que se están tomando las medidas, sea el Fondo de Adquisición de Activos, sea el ICO, sea el de avales, si
no funciona, hay que reorientarlos, como se ha hecho con el ICO. Las primeras líneas eran más de medio plazo y luego se han activado una serie de líneas de circulante. Bienvenidas sean. Nosotros estamos a favor de todas las líneas que se han
activado a través del ICO. Lo que sí decimos es que es necesario dar al ICO una estructura adecuada para hacer frente a la nueva actividad que le ha caído, a las nuevas líneas que se han activado a través del Instituto de Crédito Oficial para que
lleguen al sistema. Por último, reitero la importancia y la urgencia del crédito de que la liquidez se transforme en crédito al sistema productivo y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Todos los instrumentos que seamos capaces de
activar para que esto sea una realidad permitirán esta reactivación tan necesaria. Y si hay que tomar medidas adicionales, como las que hemos propuesto, que también he comentado en mi intervención, habrá que tomarlas.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Deseo agradecer al secretario de Estado las explicaciones. Ha mencionado -y nos alegramos de ello- que la situación en las entidades financieras españolas es mucho mejor que la situación de las entidades
financieras de Estados Unidos o de cualquier país europeo como Alemania y otros ejemplos que nos ha puesto. Precisamente hoy viene en el periódico el valor de la capitalización bursátil de entidades financieras. Usted ha hecho referencia a
Citigroup. En junio del año 2007, el valor de Citigroup era de 188.000 millones de euros y ahora es de apenas 9.000 millones de euros. Esto refleja un problema de mucho calado de esta entidad financiera. No es comparable, pero en el Santander,
por ejemplo, la diferencia del valor de capitalización entre el año 2007 y actualmente es también manifiesta. El Banco Santander pasa de 85.000 a 39.000, bastante menos de la mitad. En el caso de BBVA pasa a la tercera parte, de 61.000 a 21.000.
Creo que hay muchos afectados.
Aparte de los grandes accionistas, hay montones de pequeños accionistas, de familias, de pequeños ahorradores que han visto cómo sus pequeños ahorros han mermado a la mitad o a la tercera parte. Este es también un
problema real de la economía española, pero al mismo tiempo manifiesta que las entidades financieras están sufriendo los embates de esta crisis financiera. Como se ha reiterado aquí esta mañana, el propio presidente del BBVA no descartaba ayer la
posibilidad de que el Gobierno tuviera que invertir temporalmente en el capital -creo que decía- de las entidades financieras. Nos alegramos, efectivamente, de que el problema de las entidades financiera españolas no sea tan profundo, pero no
podemos ser tan inconscientes como para desechar lo que parece evidente, y es que las entidades financieras españolas tienen un problema realmente importante.
Yo le preguntaba -y me imagino que lo harán, aunque también le comentaba que si no puede decirlo, no me lo diga- si están pidiendo a las entidades financieras que expliquen cuál es su situación, cuáles son los problemas de fondo, cuáles son
los problemas que sufre cada entidad financiera para conocer, de alguna manera, la dimensión de la situación a la que nos enfrentamos. Entiendo que el Gobierno no lo pueda decir con toda franqueza, pero me gustaría saber si son conscientes de la
profundidad de la crisis financiera de las entidades financieras, de la economía española. Ahora no es el momento, pero creo que vamos a tener tiempo suficiente, porque habrá encuentros en esta Comisión entre usted mismo y nosotros para hacer un
seguimiento de estas cuestiones. También me gustaría, con tiempo, madurar un poco la idea del aval del interbancario, aunque imagino que más adelante tendremos ocasión de hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Intervendré también de forma telegráfica.
Una pregunta a la que no ha respondido, señor Vegara, es la de si hay un cambio en la calidad de los activos que llegan, es decir, si han detectado que los activos que se adquirían en la primera etapa son diferentes a los que están
adquiriendo hoy. Lo digo porque es evidente que cuando has puesto un volumen en torno a los 20.000 millones de euros -según nos llega, cifra que habría que contrastar- los activos que se están adquiriendo hoy no son de las mismas características
que los que se adquirían en la primera subasta.
Segundo elemento. La política del cheque de 2008 no sé si tenía una lógica: escenario de subida del Euribor, del IPC, no sé si la tenía. En cualquier caso, lo que decimos es que en el año 2009 el mantenimiento de esta política en los
presupuestos no tiene ninguna. Usted dice: Sí que ha servido. Pero su argumento era que esto tenía que servir para incrementar la demanda. Yo me remito a los datos económicos; déme un dato, un solo dato que avale que esto ha servido. Si me lo
da, a lo mejor me convence, pero es que no me lo da. No sabemos si servía en 2008, pero ustedes lo han mantenido en 2009, y esto supondría un margen de maniobra de 6.000 millones de euros para políticas anticíclicas, pero no exclusivamente en lo
financiero sino anticíclicas efectivas, y para políticas de expansión del gasto social, que en este momento entendemos que es necesario.
Tercer elemento. Usted ha dicho: la crisis es más grave en otros países.
Excepto en una variable en la que somos campeones: en la destrucción de empleo. En la destrucción de empleo no hay nadie que nos gane. Esto demuestra que a la
crisis global que existe y que nos afecta se le suma una crisis que seguramente nos tocaba, una crisis de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que los gobiernos del Partido Popular no hicieron nada por evitar y ustedes tampoco en las
reiteradas reformas fiscales. Y podríamos hablar de algún elemento del que hemos discutido, como las desgravaciones a la adquisición de compra, que desde hace años sostenemos que es una transferencia de capital del Estado al promotor, como se ha
demostrado, y que subió mucho el precio de la vivienda. Este es otro debate.
Por último, el ICO. Ustedes niegan la reforma por lo que tardaría, pero el problema está en que ahora mismo la propuesta que estamos aplicando, el hecho de que las entidades financieras tengan que participar del crédito que se concede está
haciendo que ese crédito no llegue tal y como ustedes y nosotros quisiéramos, y eso obliga a realizar una reforma del instrumento garantizando determinados porcentajes para que se dé el crédito. Creo que ustedes deberían modificar su postura,
porque el crédito no está llegando como debería.
Por último, señor Vegara, en la exposición de motivos sí se habla de la necesidad de mayor financiación. El Gobierno ha decidido poner en marcha una medida que impulse la financiación a empresas y ciudadanos por parte de entidades
financieras y después también explica el problema de financiación. Por tanto, lo que nosotros decimos es que no está sirviendo para lo que se ha planteado; está sirviendo para otras cosas. Reiteramos la necesidad de exigencias en esta compra de
activos. Mientras ustedes no quieran plantear estas exigencias, párenlo porque estamos perdiendo margen de maniobra.
El señor PRESIDENTE: Señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Quisiera agradecer dos cuestiones muy puntuales al secretario de Estado que a nuestro grupo le satisfacen particularmente. Una es constatar la decisión y la voluntad de vigilancia y el cambio, si es que de la
modificación de las circunstancias se deriva que es necesario, para adaptar las políticas precisas. También nos satisface el exquisito cuidado que pone en recordar que estos recursos son públicos y que por tanto debemos hacerlo con gran finura y
consenso.
No me queda más que lamentarlo una vez más, señor Nadal. Antes le he dicho que parecía que les fascinaba la crisis. Me han asegurado que no, pero después de su segunda intervención me parece que lo suyo es la fascinación del pirómano, del
que no se puede resistir a las ganas de echar leña al fuego. Le voy a decir algo que a lo mejor le suena.
Señoría, son las 14:30 del día 24 de febrero y, aunque parezca insólito, aún no hemos escuchado del Partido Popular ni una sola propuesta
para ayudar a España y a los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vegara.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Vegara Figueras): Señor Nadal, no me salga usted con el discurso de: Yo sí advierto a los ciudadanos.
Mucho más que usted advirtiendo a los ciudadanos
advierte el Gobierno cuando es lo suficientemente valiente, consciente de la que está cayendo, para proponer un decreto-ley diciendo: Tenemos que dotarnos de un instrumento que en un momento dado permita recapitalizar las instituciones
financieras. Más claro no puede ser. ¿Qué esta diciendo el Gobierno con esto? Esta diciendo: No es necesario en estos momentos, pero puede serlo. ¿Y por qué puede serlo? Porque lo estamos viendo. Se lo he dicho al principio, señor Nadal.
Creo que hay que mirar lo que está pasando fuera y ser conscientes de que los retos y los riesgos están ahí, de que esto hay que gestionarlo de la mejor forma posible y de que si hasta ahora no hemos tenido necesidad es mejor que haberla tenido.
Eso es lo que he dicho. Es mejor no haber tenido la necesidad hasta ahora que haberla tenido. Y no creo que muchos de mis colegas en el comité económico y financiero prefieran estar en el sitio donde han estado en los últimos meses -me refiero al
tema del sector financiero- que donde ha estado el secretario de Estado español. Lo veo así de claro.
Usted dice que la banca española tiene un problema porque aumenta la morosidad. ¡Pero cómo voy a negarle que está aumentando la morosidad si el Banco de España publica cada mes los datos y esto es así! Añadía S.S.
que nadie parte de un 10
por ciento de déficit exterior y que hemos perdido el rating. El rating lo han perdido algunos y son condicionante serios. Sí, señoría, pero también partimos de un nivel de deuda público muy inferior al de otros países; también somos más
sensibles al impacto sobre la renta disponible de las bajadas de tipos de interés que hemos visto en los últimos meses. Y lógicamente todos estamos en una situación extremadamente difícil.
En cuanto a lo que la señora Riera ha comentado sobre la liquidez y la solvencia, le respondería exactamente lo mismo. Nosotros en financiación o solvencia -llámelo como quiera- hemos tenido más de esto; es verdad que en el ámbito de la
solvencia de las instituciones financieras aún no hemos tenido un problema comparado con lo que pueden tener el conjunto de los países. Insisto en que habrá que gestionarlo con el esquema institucional que tenemos. Estoy de acuerdo con usted, en
que nuestro principal objetivo es que esto fluya, porque el Gobierno no hace las cosas para que no funcionen; se puede equivocar o no pero, lógicamente, no las hace para que no funcionen. Sobre si pedimos a las entidades financieras... Señor
Azpiazu -déjeme decírselo de manera irónica-, afortunadamente no, porque tenemos el Banco de España. El Banco de España es el responsable de la supervisión -no de la regulación- y del seguimiento. Es una institución que, a lo largo de los últimos
40 años, ha demostrado ser un buen supervisor y darse cuenta de las cosas de las que se tenía que dar cuenta; cosa que no podemos decir de algunos otros en los últimos dos años. Nosotros tenemos la tranquilidad de que el Banco de España, incluso
porque los procedimientos de supervisión son distintos que en otros países, hace un seguimiento absolutamente adecuado de la situación.
Señor Herrera, sobre la calidad de los activos, quiero decirle que cuando uno exige un cierto rating, los requisitos para que sea algo del máximo rating que establece la propia agencia en tiempos excelentes y menos buenos, también son
distintos. Lo que pasa es que al final tú siempre tienes una triple A. Esto, en términos de rating. En segundo lugar, no sé cómo le ha llegado esta preocupación porque nosotros no tenemos ninguna en este sentido y no hemos identificado ninguna
tendencia al respecto. Lo del cheque y el margen son dos cosas aplicables a cualquier política.
Repecto a cualquier política que se adoptó hace dos años, si no la hubiéramos tomado ahora tendríamos más margen. Usted tiene una fijación con el
cheque pero, en el fondo, el argumento que utiliza es el mismo para cualquier política. En relación con la crisis, enfática como si yo hubiera despreciado la importancia del empleo. Creo que he sido bastante preciso diciendo que esto sucede en el
ámbito de la crisis financiera; es evidente y quiero subrayarlo para que quede bien claro. Sobre el ICO, no me malinterprete. Lo que he dicho exactamente es que solo la cuestión de los tiempos me lleva a pensar que no era la medida más adecuada.
Si un día quiere que discutamos con calma por qué tampoco me parece razonable desde otras perspectivas, no solo la temporal, estaré encantado de hacerlo. Como el señor presidente me está mirando y dada la hora que es, no me atrevo a seguir.
El señor PRESIDENTE: Gracias por haber servido de coartada al final.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.