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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 193, de 11/02/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 193
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 10 celebrada el miércoles 11 de febrero de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), para informar:
- De las medidas que está adoptando y tiene previsto adoptar en el ámbito de la Administración de Justicia. A petición propia. (Número de expediente 214/000068.).
Acerca del grave descontento que los magistrados, jueces y secretarios judiciales han manifestado en relación con la política de su ministerio, así como de las medidas inmediatas que se están adoptando para la puesta en marcha de la oficina
judicial y dar cumplimiento al Pacto de justicia.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000191.).
Sobre las necesidades del servicio público de Justicia y el conflicto con los jueces. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000283.)....
Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000289.).
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los servicios de la Cámara, de los medios de comunicación y, por supuesto, de todas y todos ustedes, parlamentarios, miembros de la Comisión de Justicia. También deseo agradecer la presencia
del equipo del Ministerio de Justicia que nos acompaña y lógicamente la del ministro de Justicia, que comparece hoy ante esta Comisión para abordar los siguientes asuntos del orden del día que paso a relacionar. Por acuerdo de Mesa y portavoces de
esta Comisión, el orden del día recoge distintas iniciativas de petición de comparecencia: a petición propia del ministro de Justicia, para informar de las medidas que está adoptando y tiene previsto adoptar en el ámbito de la Administración de
Justicia; a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que informe acerca del grave descontento que los magistrados, jueces y secretarios judiciales han manifestado en relación con la política de su ministerio, así como de las
medidas inmediatas que se están adoptando para la puesta en marcha de la oficina judicial y dar cumplimiento al Pacto de justicia; a petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que
informe sobre las necesidades del servicio público de la justicia y el conflicto con los jueces, y una última también a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe sobre la posición del Gobierno en relación con la
plataforma reivindicativa de las asociaciones judiciales que ha llevado al anuncio de sucesivas convocatorias de huelga.
Por la entidad y el objeto de las distintas convocatorias y peticiones de comparecencia, vamos a dar un tratamiento único a todas ellas. La sesión -lo digo para que se administren y sepan cómo va a funcionar- se va a iniciar con una
exposición del ministro de Justicia; a continuación, intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor representación en la Cámara; habrá un nuevo turno del ministro de Justicia; un turno ya mucho más breve para preguntas, rectificaciones o
matizaciones de los grupos parlamentarios, y una intervención final del ministro de Justicia.
Aunque el Reglamento establece para estas comparecencias un tiempo máximo de diez minutos a los grupos parlamentarios, saben ustedes que hay flexibilidad
en estos casos, por la entidad de los temas a tratar. A todos los portavoces les advertiré en el momento que lleven consumidos esos diez minutos para que se autorregulen y no excedan ese tiempo de manera que ajusten sus intervenciones y sinteticen
lo máximo posible. Sin más rodeos, quiero reiterar una vez más en nombre de la Comisión de Justicia el agradecimiento por la presencia del ministro de Justicia, a quien damos la bienvenida y le cedo, por lo tanto, el uso de la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer en el día de hoy ante esta Comisión de Justicia con objeto de dar respuesta a las distintas peticiones de comparecencia que han
formulado SS.SS. en relación con el momento que se vive en el ámbito de la Administración de Justicia; sobre todo, para dar respuesta a aquellos interrogantes que están hoy en la sociedad en relación con la situación de la Administración de
Justicia y para dar cuenta de las respuestas que se dan, se están dando y se van a dar en el ámbito del ministerio que tengo el honor de dirigir.
Recordarán SS.SS. que en el debate de investidura el presidente del Gobierno anunció que la reforma de la justicia se había convertido en una de las grandes metas y sobre todo en algo inaplazable. En cumplimiento de ese objetivo, el
Ministerio de Justicia viene desarrollando un conjunto de actuaciones encuadradas en el Plan de modernización que se inició la pasada legislatura, que continua en el presente y que va a recibir un importante impulso durante 2009, como luego tendré
ocasión de explicar.
Por eso muchos pueden preguntarse, habida cuenta de la situación en que nos encontramos, por qué ahora un anuncio de huelga de jueces. Se plantea una huelga sin duda apelando al estado que en general se considera como de
déficit en la Administración de Justicia, que en los últimos treinta años de democracia no ha recibido el impulso definitivo que la sitúe en el nivel que todos deseamos. Pero no deja de ser sorprendente que, aun siendo esto así y con causas que
luego detallaré, se produzca nada menos que un anuncio de huelga -no una modalidad de protesta cualquiera, sino la amenaza de un cese completo de la actividad- invocando sobre todo -haremos luego un repaso de las reivindicaciones- deficiencias en el
ámbito de los medios personales y materiales. Y no deja de ser sorprendente que
esto ocurra en el momento en que, tras una legislatura y lo que va de esta, se han creado más plazas de jueces y fiscales; nada menos que 1.148 frente a 512 de la legislatura anterior del Partido Popular. También cuando se han creado 634
nuevas unidades judiciales entre 2005 y 2008 y están previstas otras 450 hasta 2011, a razón de 150 al año. También cuando en términos homogéneos -descontando el impacto de traspasos de Aragón- el presupuesto del ministerio para 2009 ha ascendido a
1.619 millones de euros, es decir, 145 millones más que el año anterior, casi un 10 por ciento de variación interanual; un incremento que ya se había hecho patente en la legislatura anterior con un crecimiento del 50 por ciento frente al 32 por
ciento de la última legislatura del Partido Popular, y que para el año 2009 representa un incremento superior al 60 por ciento sobre los créditos disponibles en 2004. También cuando se ha pasado de una inversión de 33 millones de euros en 2004 para
modernización tecnológica y de comunicaciones a 72 millones de euros en 2009, a los que hay que añadir el crédito extraordinario de 20 millones, al que luego me referiré que se acordó en el pasado Consejo de Ministros.
La pregunta es: ¿Por qué ahora? Es evidente que en el horizonte está una respuesta global. No hemos hecho en estos años de democracia todo lo que había que hacer por la Administración de Justicia. Pero eso, que es el contexto general,
creo que exige algunas precisiones. Desde la obviedad de la necesidad de mejora de la Administración de Justicia, desde la obviedad de una situación de lentitud y de falta de transparencia que necesitan respuestas contundentes, desde la
coincidencia en el análisis de lo que necesitamos, es verdad que existen más cosas. Se hacen cosas, se han hecho muchas cosas en estos años de democracia y, sin embargo, yo diría que lucen poco. La complejidad técnica de algunos proyectos, los
plazos a los que están sometidas las reformas legales que se proponen y las demoras de distinta naturaleza que se producen en todo proceso de cambio contribuyen a que se tenga la impresión de que no se están haciendo las cosas con la celeridad que
se tendrían que hacer. Esa sensación se acrecienta aún más al percibir la magnitud del cambio que se propone, cuando se mira de dónde venimos y adónde vamos a llegar al final del proceso iniciado. En este proyecto de modernización en el que
estamos embarcados -y les aseguro que todo mi equipo tiene el máximo empeño en llevarlo a buen puerto- no se le ha de escapar a nadie que, de la misma manera que se cuenta con los apoyos necesarios para llevarlo a cabo, también hay resistencias que
obstaculizan el camino, provocando conflictos por parte de aquellos que -equivocadamente, sin duda- interpretan que los cambios van a ir en detrimento del funcionamiento histórico y usual de la Administración de Justicia -eso es verdad, pero para
mejorar- o -lo que sería aún peor- en contra de algunos privilegios sin justificación posible.
Si pretendemos dar una respuesta real a las demandas ciudadanas de modernización de la justicia, es inevitable trastocar de algún modo muchas de las inercias y modos de actuar que se han consolidado a lo largo del tiempo. Los ciudadanos
saben que a los poderes del Estado, y precisamente por esa condición, cabe exigirles con mayor énfasis las responsabilidades que se derivan del ejercicio de ese poder. Sin embargo, y aunque estos principios deberían estar ya completamente asumidos,
nos encontramos todavía con resistencias que tienen a veces un origen corporativo con las que algunos pretender eludir la cuota de responsabilidad que les corresponde. No es aceptable que los evidentes fallos y deficiencias en el sistema y en el
funcionamiento del sistema sean achacables únicamente a una parte de la maquinaria que hace que el sistema ande. Creo, señorías, que alguna responsabilidad tienen todos los operadores jurídicos que coadyuvan en lo que llamamos Administración de
Justicia. Pienso que en parte esa actitud corporativista estuvo en la base de las protestas que comenzaron el pasado año a raíz de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial al juez Rafael Tirado.
Fue a partir de entonces cuando
un grupo de jueces, utilizando la intranet de la que se les ha dotado para facilitar su trabajo, aglutinó en torno a un movimiento llamado 8 de octubre al colectivo judicial, que en ese momento planteó la realización de una serie de acciones que
habrían de culminar -según el proyecto- en una jornada de huelga que, como ya saben SS.SS., está prevista para el próximo 18 de febrero. Aunque la justificación que les llevó a proponer una medida tan drástica e inédita para la carrera judicial
como la huelga fue la sanción a aquel juez y las consiguientes críticas por su levedad que se manifestaron de un modo unánime por todos los responsables políticos, aunque sea eso lo que esté en el origen del conflicto, no es menos cierto que existen
obviamente otras alternativas de interpretación de lo que está ocurriendo; entre ellas, la frustración que puede producir que, cumplido el quinquenio que preveía la ley de 2003, no se haya podido realizar la revisión retributiva que correspondía y
haya que haberla aplazado.
Aprovecho para decirles que mientras las asociaciones que se reunieron con el ministerio - en un ejercicio de responsabilidad, a mi juicio, que yo agradecí- renunciaron después de la reunión con el ministerio a cualquier reivindicación
económica para 2009, lamentablemente no se puede decir lo mismo de quienes están convocando la huelga para la próximo 18 de febrero, puesto que en todos los anuncios que han remitido al Consejo -algunos recibidos también en el ministerio- incorporan
esa reivindicación retributiva como parte esencial de lo que constituye la demanda que, de no ser satisfecha, provocará la huelga el día 18. Quiero hacer un inciso para preguntarme a mí y preguntar a todos por qué la huelga el día 18. Cuesta
entender que un grupo de jueces decida adoptar esa medida, la más drástica posible, en función de un marco general de deficiencias que todos conocemos y contra el que trabajamos. Sin duda está en
el origen una sanción que no se aceptó; también lo que se consideraron injerencias del Gobierno, y no solo del Gobierno sino también de la clase política, al opinar sobre la levedad -o lo que se entendió como levedad- de esa sanción;
también seguramente por el temor a que el ejercicio de la jurisdicción se vea sometido a un control del que no puede ser ajena de ninguna manera la exigencia de responsabilidad; quizá porque se pretenden conseguir mejoras en el ejercicio de la
profesión y hay jueces que consideran que las reformas que se necesitan ya no pueden aplazarse por más tiempo. Sin duda, todo ello, ese conjunto de cosas y la existencia de la intranet, que ha permitido concentrar de un modo muy visible las
reivindicaciones que históricamente se han hecho en el café y que ha permitido visualizarlas en conjunto. En respuesta a la situación creada por esas asambleas de jueces, las asociaciones judiciales legalmente constituidas dieron a conocer el
pasado 12 de enero un documento reivindicativo de la carrera judicial. En ese documento las cuatro asociaciones judiciales adoptaron una serie de acuerdos que seguramente SS.SS. conocen, aprobaban unas reivindicaciones, las sometían al
conocimiento de las asambleas que se convocaron, las trasladaban al Ministerio de Justicia -pero no solo al Ministerio de Justicia, también a las comunidades autónomas con competencias transferidas, como no podía ser menos- y al Consejo General del
Poder Judicial, y proclamaban la necesidad de adoptar medidas de presión para la consecución de los objetivos que se planteaban, diseñando en el horizonte un acto reivindicativo -sin precisar su forma- para el 18 de febrero y el anuncio de una
eventual convocatoria de huelga para el 26 de junio de 2009 si no hubiera habido antes respuestas satisfactorias a sus reivindicaciones.
Antes de continuar, conviene recordar que en el inicio del conflicto el pasado año los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial apenas habían comenzado su actual andadura, por lo que no sorprendió que en ese momento no se
adoptaran las iniciativas necesarias para resolver el conflicto; algo que sí ha ocurrido recientemente, en concreto el pasado lunes 9 de febrero. Ese día el Consejo General del Poder Judicial ha considerado que el ejercicio del derecho de huelga
de los jueces carece de soporte normativo, por lo que ha acordado por unanimidad no tener por anunciada la convocatoria de huelga, no fijar los servicios mínimos que se le pedían ni tener por reconocidos los que unilateralmente pretendían fijar
quienes anunciaban la huelga. Hasta ese pronunciamiento del consejo, el ministerio ha asumido sus responsabilidades, lo seguirá haciendo a partir de él, con el matiz que puede significar el contenido de lo que decide el consejo.
Hemos tomado la iniciativa de la apertura de un diálogo con todas las asociaciones que aglutinan y encauzan las reivindicaciones de los diferentes sectores que operan en el ámbito de la Administración de Justicia. Pero yo quiero trasladar a
SS.SS. y subrayar la complejidad que conlleva negociar con un colectivo de jueces que estaba ya desde el inicio dividido en diferentes grupos de intereses. Por una parte, los jueces afiliados a alguna de las cuatro asociaciones profesionales, por
otra parte, los jueces no afiliados, a su vez divididos entre quienes no apoyan la huelga y quienes, por el contrario, la estaban fomentando a través de un movimiento asambleario carente de legitimidad y carente de representantes identificables o
bien haciéndolo a través de las juntas de jueces que, como SS.SS. saben, son órganos de gobierno de los jueces, pero en absoluto órganos de representación y de defensa de los intereses profesionales de los jueces. Se estaba sencillamente
vulnerando la legalidad.
La división en la carrera judicial es patente como lo es también la heterogeneidad de los discursos con los que se pretende justificar el conflicto. Mientras unos no plantean ninguna reivindicación económica, otros lo consideran un punto
reivindicativo irrenunciable y en ambos casos se anuncia huelga o, en este caso, ya se convoca si no se responde inmediatamente a esa petición. Unos proponen un aumento de 1.200 jueces en cinco años, otros elevan ese cupo hasta llegar a la media
europea, lo que podría ser interpretado como la necesidad de crear nada más y nada menos que 4.500 jueces en cinco años. Se han tenido que escuchar ultimátums irreales e inalcanzables como la exigencia de que la nueva oficina judicial se encuentre
completa y definitivamente instaurada en enero del próximo año, obviando de manera poco reflexiva que es materialmente imposible cumplir ese plazo y que esa es la fecha para comenzar el inicio del despliegue, puesto que será la fecha de entrada en
vigor de la ley que se tramita en este momento en esta Cámara, que es el soporte de todo lo que ha de construirse encima. También se han formulado planteamientos poco sostenibles como la propuesta de que se oferten más plazas en las oposiciones a
la carrera judicial y que se cubran reduciendo, por tanto, el nivel de exigencia y evitando de ese modo que queden las plazas vacantes. Ya saben SS.SS. que en estos momentos se convocan aproximadamente unas 200 plazas anuales y de esas plazas
queda vacante aproximadamente un 25 por ciento. Se trataría, por tanto, de convocar muchas más bajando el nivel y ampliando el número de jueces por esa vía de descenso de la vigencia del principio de mérito y capacidad.
La sugerencia ministerial,
sin embargo, de complementar el sistema de oposición con otro sistema altamente exigente de acceso y formación inicial, basado también en los principios de mérito y capacidad, ha sido declarado por algunas asociaciones simplemente casus belli y, por
tanto, se cercenaba la posibilidad de abrir un diálogo por ese camino.
El devenir de los acontecimientos ya es conocido por SS.SS., porque a fecha de hoy la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia son dos de las asociaciones judiciales que se mantienen en el cumplimiento de los
acuerdos adoptados el 12 de enero, gracias en buena medida a la reunión que mantuvimos con ellos el 26 de enero con los representantes de las cuatro asociaciones. Pero saben SS.SS. que dos de ellas
decidieron abandonar el camino que en conjunto llevaban con las otras dos y unirse a la huelga del día 18. Esto ha supuesto el descabezamiento de la Asociación Francisco de Vitoria, cuyo presidente dimitió por no estar de acuerdo con esa
línea.
Es evidente que, cuando hablamos de división y de dificultad de establecimiento de un diálogo, se puede intuir fácilmente que no exageramos; es que el panorama es el que es. Considero, a pesar de todo, que todavía continúan abiertas las
posibilidades de alcanzar acuerdos en la medida en que también continúa abierta la oferta de diálogo con aquellos que quieren dialogar y están dispuestos a ello. De hecho, ya están convocadas en el Ministerio de Justicia para el próximo 17 de
febrero la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia con el fin de constituir la mesa técnica que concrete y desarrolle los acuerdos que alcanzamos en la reunión del pasado día 26.
Quiero insistir, una vez más, en que la
actitud de este ministerio es la del diálogo, el acuerdo y el compromiso, es la actitud que se ha venido manteniendo no solo con las asociaciones judiciales, también con las asociaciones de fiscales, con quienes me reuní el día 28 de enero, con las
de secretarios judiciales, con quienes lo hice igualmente el pasado 3 de febrero, y en el horizonte próximo la reunión con los sindicatos de funcionarios para continuar explicando cuál es el estado de situación en que nos encontramos y cuáles son
los proyectos. Resulta llamativo, en todo caso, que de las once asociaciones profesionales -once, digo- de jueces, fiscales y secretarios judiciales, con quienes personalmente me he reunido en las últimas semanas, haya habido dos que han optado por
abandonar directamente la vía de la negociación y sumarse a ese movimiento asambleario al que me refería. Es en esa actitud en la que se produce ese otro factor de división que he mencionado con la dimisión del presidente de la Asociación Francisco
de Vitoria.
El ministerio, y yo que lo dirijo, reconoce la existencia de carencias de diversa índole. Es una evidencia casi obvia la necesidad de afrontar reformas profundas ya en marcha para poner la Administración de Justicia en el tiempo y en la
hora que merece. Estamos involucrados desde el primer día en un plan de modernización que afecta a diversos ámbitos. Sin ánimo de ser exhaustivo, debo subrayar las propuestas ofrecidas y los compromisos asumidos por el ministerio en la reunión con
las asociaciones judiciales para que la Cámara tenga cumplido conocimiento de cuál es el estado del diálogo que se entabló con ellas. Recordarán SS.SS. que la primera de las peticiones que las asociaciones pusieron en la mesa fue la efectiva y
urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones de cada uno de los operadores. En ningún caso la organización debería restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la
facultad de señalar los juicios y vistas. Quiero transmitir a SS.SS. que el ministro y su equipo comparten plenamente el objetivo, la necesidad de implantar en el menor tiempo posible la oficina judicial. Por ello el proyecto de ley de
modificación de quince leyes procesales que son necesarias para la implantación de la nueva oficina judicial se encuentra ya en sede parlamentaria hace tiempo para su tramitación y aprobación en su caso.
Pero es que, además, la modernización de las
estructuras tecnológicas de la información y la comunicación tiene como finalidad en buena medida brindar el soporte necesario para el funcionamiento de esa nueva oficina judicial. Previsiblemente, en enero del próximo 2010 se darán las condiciones
de carácter legal y tecnológico para comenzar la implantación de la nueva oficina judicial, cuyo proceso deberá culminar en cinco años.
En la vertiente organizativa, la principal novedad de la reforma descansa, como saben, en el reparto de funciones que se establece dentro de la oficina judicial entre jueces, magistrados y secretarios judiciales. No es banal que yo recuerde
que eso significa que a los 4.500 jueces que actúan en este momento en funciones decisorias se unirán casi 4.000 secretarios para asumir funciones de ese tipo, sin merma, como es lógico, del principio básico de ejercicio de la jurisdicción por los
jueces del artículo 117 de la Constitución. Con ese nuevo y claro reparto de funciones, los secretarios resolverán, como saben, sobre admisión de las demandas, salvo supuestos en que se vean afectados derechos de implicados o terceros, como ocurre
en la jurisdicción penal, la terminación anticipada del procedimiento y la conciliación, o las decisiones de ejecución amparadas por orden general de un juez. Quiero aclarar, además, que para garantizar plenamente el derecho a la tutela efectiva no
se propone que resuelvan sobre la inadmisión de la demanda, sí sobre la admisión. También serán los responsables del conocimiento y resolución de múltiples trámites e incidentes de los procedimientos, como tasaciones de costas o jura de cuentas, y
asumirán las labores de dirección técnica del proceso. Las nuevas tecnologías facilitarán además el trabajo de todos los actores judiciales en claro beneficio de los justiciables y reforzarán las garantías de los derechos de los mismos. Se
extiende así a todos los órganos jurisdiccionales la obligación de registrar en soporte audiovisual las actuaciones que ante ellos se practiquen. Esta medida se está aplicando ya desde hace tiempo y con éxito en la jurisdicción civil, desde el año
2001 para ser exactos, y ahora, con la incorporación de la firma electrónica en las actas que se generen por medios electrónicos, harán que tengamos un ejercicio de la fe pública adaptado al siglo XXI, es decir, un ejercicio de la fe pública con
toda la garantía, en que el secretario, mediante firma electrónica y control de los sistemas de grabación, acreditará, dando fe, de la veracidad del soporte que contiene la grabación del acto que se acaba de desarrollar. Esto significa liberar al
cuerpo superior de secretarios de la obligatoriedad de la presencia física durante los actos públicos, durante las vistas. Eso significa liberar una enorme energía decisoria, que podrá estar, mientras esos actos se desarrollan -los días de vistas
duran toda la mañana generalmente y a veces parte
de la tarde-, dirigiendo la oficina judicial y realizando las nuevas funciones de decisión que se les encomienda.
De otro lado, en las subastas judiciales se introduce una importante reforma para generalizar, siempre bajo la dirección del secretario, la realización de pujas electrónicas a través de Internet. Esto ya está funcionando a través de la web
del Ministerio de Justicia y ya hay quien lo realiza así. Se pretende evitar situaciones discriminatorias y conseguir, como saben, una mayor participación paliando las prácticas de oclusión mediante la existencia de pactos entre personas que se
evitan o se dificultan con la utilización de Internet. La firma electrónica y los medios técnicos puestos a favor de todos conseguirán que lo que hoy ya está ahí sea utilizado con carácter de generalidad. Resulta sin duda difícil con un
planteamiento de esta naturaleza entender que se haya hecho cuestión esencial de un punto de la reforma, cual es quién tiene que tener la responsabilidad del reparto de salas de vistas para la realización de estas, quién tiene que distribuir. La
ley que hemos traído a esta Cámara prevé un sistema de agenda electrónica y ese sistema es de probada y acreditada eficacia, puesto que no es nuevo en nuestro derecho.
En definitiva, en el artículo 182 del proyecto que se ha remitido se propone un
sistema que no es diferente al que ya rige en la tramitación de los juicios de faltas en el procedimiento de urgencia, sino que va por esa línea. Se trata de una agenda en la que se rellenan semanalmente los huecos por aquel que tiene acreditado
que un procedimiento está en condiciones de ser señalado. Para que ustedes se hagan idea creo que lo saben, pero quiero subrayarlo, se trata de algo que funciona en estos momentos en el procedimiento de urgencia y significa que la Policía y la
Guardia Civil son quienes están señalando los juicios de faltas. Esto se ha producido con la naturalidad de las cosas que funcionan; funcionan así desde el año 2003. Del mismo modo, cuando se trata de juicios por delito ya es el secretario
judicial quien está haciendo -se ha dicho- esos señalamientos. Yo prefiero llamarlo distribución de las salas, que es realmente lo que se pretende aquí, el establecimiento de un orden para señalamientos y una optimización en la utilización de los
recursos que se tienen. Piensen SS.SS. que no estamos hablando del modelo histórico atomizado de juzgado, con un edificio, un juez, un secretario, funcionarios, una sala para uso exclusivo de ese juzgado. No, estamos pensando en el modelo de
oficina judicial, que es ante todo una locomotora donde hay varios jueces que se reparten los señalamientos y donde hay una secretaría que controla todo el bloque de funcionarios que produce el trabajo hasta el momento en que llega la hora de
decidir. Con tal modelo no es imaginable que cada uno de los jueces decida cuándo se va a utilizar una sala; sí cuando un asunto queda visto, queda en condiciones de celebración de juicio. Eso es evidente, pero alguien tiene que utilizar los
criterios que da la ley para repartir con el criterio de optimización de lo que se tiene.
En definitiva, como digo, es un modelo que existe ya y que ahora en el artículo 182 se hace depender de unos criterios objetivos. El secretario judicial señala las vistas por el orden en que los procedimientos llegan al estado en que deba
celebrarse dicha vista, pero eso lo decide el juez, salvo las excepciones que la propia ley prevea, atendiendo a las horas de audiencia, a la disponibilidad de la sala prevista para cada órgano judicial, a la organización de los recursos humanos de
la propia oficina y a la coordinación con el ministerio fiscal. Permítanme que subraye esto, porque el de coordinación es uno de los grandes problemas, con un órgano, que es el ministerio fiscal, que necesita también ordenarse, y teniendo en cuenta
el número de señalamientos y, lo que es más importante, las indicaciones y criterios de carácter general y, en particular, sobre la duración estimada de los actos a señalar que hayan sido proporcionados por el titular del correspondiente órgano
judicial o presidente de sala o sección en los tribunales colegiados, es decir, siguiendo las indicaciones generales y particulares del propio juez.
Permítanme que les subraye que estamos hablando de utilización de salas para vistas y que nada
tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de asuntos que deban fallarse sin celebración de vista, puesto que en esos asuntos, como no podía ser de otra manera, corresponde su señalamiento a los presidentes de
sala y sección en los órganos colegiados. Repito, no podía ser de otra manera.
Allí donde no hay vista, lo que hay es señalamiento para la deliberación y votación y, por tanto, ámbito estrictamente jurisdiccional. Una lectura serena del texto
propuesto demuestra la voluntad de introducir una mecánica con unos criterios objetivos y transparentes para conseguir la óptima utilización de las salas de vistas y racionalizar los tiempos y los medios de trabajo. No debemos dejar pasar por alto
que en órganos de la misma categoría, sobre todo unipersonales, que utilizan las mismas salas, llegan a producirse desequilibrios de señalamientos que pueden ir más allá del 50 por ciento entre unos órganos y otros. Esto merece una reflexión y esa
reflexión está en la ley para que SS.SS. puedan hacerla en el momento en que -ya toca- sea de su competencia.
Si uno de los motivos principales para convocar la huelga del día 18 de febrero, con la gravedad y trascendencia que supone, es la de reclamar para el juez los señalamientos a través de una agenda electrónica, permítanme decirles a SS.SS.
que creo que los convocantes de la huelga van a tener que esforzarse mucho para justificar ese acto de paro de su actividad delante de los ciudadanos. No obstante, tenemos una ventaja.
Sus señorías van a poder decidir, puesto que son quienes deben
hacerlo, sobre el artículo 182. Dije en su día que esto no era un dogma de fe.
Nada es un dogma de fe cuando algo viene al Parlamento; es el Parlamento el que va a decidir qué es lo que hay que hacer. Trataba simplemente de explicar el porqué de
una redacción que ha entrado en esta Cámara como ha entrado e intentar
arrojar un poco de luz sobre un debate que quizá no ha sido suficientemente explicado. Que además las asociaciones de jueces vayan a venir aquí a explicarse, garantiza que todos los elementos de juicios van a estar encima de la mesa para
tomara la decisión que se estime adecuada, y esa será la que todos deberemos acatar.
La segunda de las reivindicaciones ha sido la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, intercomunicando las bases de datos judiciales, dando urgente solución a la interconexión informática, así como todo lo demás que
completa todo lo que ustedes conocen. Hablaba al principio de mi comparecencia de la lentitud que muchas veces se percibe en las innovaciones en justicia. Es verdad. Con el objeto de acelerar y, por tanto, de acortar en el tiempo el proceso de
incorporación de nuevas tecnologías en el que estamos empeñados, el Consejo de Ministros del pasado día 23 añadió al presupuesto que ya teníamos, de 73 millones para innovación tecnológica, una partida de 20 millones de euros, para intentar
agilizar, acortando los tiempos, la puesta en marcha de las iniciativas en las que estamos trabajando en el ámbito de nuevas tecnologías. Como saben, Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información entre una gran diversidad de agentes
externos y los sistemas de gestión procesal, para la presentación de escritos y documentos, traslado de copias y realización de actos de comunicación procesal por vía telemática. Pues bien, en Lexnet se lleva trabajando mucho tiempo en el ámbito
del Ministerio de Justicia, pero pocas veces se hace una reflexión sobre el estado de implantación en el que se encuentra. Hoy la voy a hacer. Está implantado actualmente en los juzgados unipersonales de la mayor parte de las capitales de
provincia cuya gestión no ha sido transferida; también en las audiencias provinciales de León, Zamora y Cáceres; en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid; en la Audiencia Nacional, con excepción de la Sección
octava de lo Contencioso, y en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Galicia, mediante convenios de cooperación tecnológica celebrados con el ministerio. Avanzando un paso más, el próximo lunes 16 de febrero firmaremos en Sevilla el
convenio de cooperación con la Junta de Andalucía para la implantación de Lexnet. El objetivo comprometido con las asociaciones es que a finales del presente año, en diciembre de 2009, la plataforma Lexnet esté en condiciones técnicas de
implantación en todo el territorio nacional.
Por otra parte, como saben, en el boletín oficial del pasado sábado 7 de febrero, se ha publicado el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia. Conocen ya que una de las reivindicaciones y uno de los objetivos que tiene planteados el ministerio es la interconexión de sistemas. No es que no existan sistemas informáticos, es que existe una enorme asimetría y una dificultad de
interconexión entre los que hay. Una de las grandes metas es esa, la interconexión de sistemas. Se ha dicho muchas veces, y hemos tenido que escucharlo, que de lo que se trata es de que cualquiera desde un juzgado pueda entrar en los asuntos de
otro juzgado. Soberano disparate merece una rectificación en toda regla. Sus señorías saben que eso no es viable legalmente, que desde un juzgado no se puede entrar en los asuntos de otro. Lo primero que hay que definir cuando se habla de
interconexión es cuál es la información que debe ser compartida, cuál es la que puede ser compartida y qué requisitos debe tener el sistema para compartir, que debe tener una exquisita reserva en materia de protección de datos. Pues bien, uno de
los sistemas más claros para compartir información, para interconectar sistemas es el sistema de registros. Si piensan en lo que es un registro, convendrán conmigo en que se parece mucho a un cesto donde se pone información y al que puede acceder
cualquiera para ver lo que hay dentro.
Eso es un registro. Existen un conjunto de registros al servicio de la Administración de Justicia que han operado de un modo absolutamente disperso durante años y años. Bien. Esta norma es precisamente la
herramienta normativa que permite que todo ello se configure para el futuro como un solo registro de apoyo, como una sola ventana, que servirá para que todos y cada uno de los órganos que tienen que ver con la Administración de Justicia accedan de
un modo a otro y con unos niveles.
Poner en funcionamiento el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ha sido una de las grandes metas.
Pues bien, este real decreto es el que regula este registro, pero unifica además los que existían y les da una regulación actual. Terminar con la dispersión existente en las normas reguladoras de los diferentes registros era la meta.
Piensen que estaba el viejo Registro central de penados y rebeldes, el de protección de víctimas de violencia doméstica, el de medidas cautelares, rebeldes civiles y sentencias de responsabilidad penal de los menores; el de medidas
cautelares es el que acabamos de crear. Pues bien, algunas de las normas que regulaban estos registros tenían más de cien años de antigüedad y, por tanto, estaban completamente obsoletas y eran difíciles de gestionar. Se regula ahora unitariamente
su contenido, el sistema de cancelación y de acceso, con criterios uniformes y adecuados a la realidad social y a la evidencia de la vigencia en nuestro país de un sistema de protección de datos que debe ser respetado. El sistema supone además un
avance esencial para compartir información entre todos los órganos judiciales, o por mejor decir órganos de la Administración de Justicia de España. Se ofrecerán datos relevantes, que permitirán valorar la existencia de elementos tan determinantes
como el riesgo de fuga y la peligrosidad del sujeto antes de que los órganos judiciales adopten cualquier tipo de decisión o Instituciones Penitenciarias tenga que otorgar permisos. El sistema establece las bases para implantar en el próximo futuro
un sistema integrado de consulta y acceso a todos los registros que recoge la norma. Estos
mantendrán su individualidad, pero se interconectarán y se unificará la forma de acceder a ellos mediante una aplicación informática común y desde los distintos sistemas de gestión procesal. Se trata de que el funcionario que está operando
con un sistema procesal -Minerva, por ejemplo-, cuando acaba de plasmar en el instrumento informático una resolución, por ejemplo de medida cautelar, con la firma electrónica del secretario, será el secretario quien pase la tarjeta y dé a la tecla
para que inmediatamente sea anotada en el registro correspondiente la resolución que se acaba de dictar. Ese es el horizonte, ese es exactamente el horizonte que tenemos delante. Se eliminarán duplicidades de tiempo y se permitirá suprimir del
todo la utilización del soporte papel, que todavía en algunos ámbitos sobrevive.
El pasado día 27 de enero entró ya en funcionamiento la nueva aplicación del Registro central de penados y rebeldes civiles, y el próximo lunes 16 de febrero, señorías, entrará en funcionamiento el Registro de medidas cautelares,
requisitorias y sentencias no firmes -digo el próximo 16 de febrero-, que es uno de los instrumentos clave, cuya utilización ayudará sin duda a evitar casos desgraciados, como el de la niña Mari Luz, que han alarmado en fechas aún recientes a la
sociedad española. Es una herramienta más que va a tener la Administración de Justicia, a base de un sistema informático integrado y alarmas, para poder dar mejor respuesta, pero que nadie olvide que solo una actividad humana diligente permitirá
que esta herramienta dé todo su jugo. Si alguien se olvida de introducir el dato, o de consultar, estaremos exactamente en la misma situación que antes de haberlo instaurado. Con este registro, los órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía
judicial y determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil podrán acceder de manera automática a las penas y medidas de seguridad, medidas cautelares, autos de rebeldía, buscas y capturas y sentencias no firmes dictadas
por cualquier tribunal en cualquier procedimiento penal en el mismo instante en el que sean comunicadas. Los profesionales que estén expresamente autorizados podrán acceder a la información relativa a los delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, cuando la víctima sea un menor. El registro permitirá una mejor protección de estas víctimas. Por otra parte, en cuanto a la aplicación de gestión Minerva (nueva oficina judicial), que actualmente está en fase de pilotaje en Murcia, existe
el compromiso para que pueda implantarse en diciembre de 2009 en todo el territorio competencia del ministerio, y estar disponible para todas las comunidades autónomas que quieran utilizarlo. Diciembre de 2009.
Finalmente, considerando el mapa de competencias autonómicas en materia de justicia, en la conferencia sectorial del pasado 15 de diciembre se ha propuesto a las comunidades autónomas que tienen asumidas transferencias, la creación de un
consorcio administrativo con el objeto de establecer un marco de colaboración estable entre las distintas administraciones responsables de la Administración de Justicia. El objeto de ese consorcio administrativo es el desarrollo, la implantación y
el sostenimiento de sistemas de información comunes en este ámbito. Desde el absoluto respeto a las competencias de cada uno, la puesta en común a través de un consorcio administrativo de nuestro esfuerzo ha de significar una mejora de los costes
que todos padecemos. Compartir esos costes ya es un avance, pero es evidente que estar todos en la misma posición frente a quienes nos suministran nos fortalece sin duda. Compartir los sistemas de información, en definitiva, es una herramienta de
una enorme potencia para la integración de sistemas que deseamos. La adhesión al consorcio es por supuesto voluntaria, y supone asumir los derechos y obligaciones correspondientes. El consorcio promoverá la integración de los diferentes sistemas
de información, y quiero aprovechar la oportunidad para reiterar que la integración de sistemas, en contra de lo que erróneamente se piensa, significa simplemente la definición de qué es lo que hay que compartir y la estructuración de una
herramienta para poder compartirlo; en modo alguno significa abrir una autopista de comunicación entre los diferentes procedimientos que existen en los distintos órganos, que no es sino un soberano disparate si me permiten la afirmación tajante.
La tercera de las reivindicaciones de las asociaciones giraba en torno a la formación adecuada del personal al servicio de la Administración de Justicia, asegurando la inmediata cobertura de vacantes y la formación básica para el personal
interino. En este punto también hubo acuerdo con las asociaciones judiciales, y creo que estoy en la obligación de darles algunos datos ilustrativos. Durante 2008, 2.153 funcionarios entre interinos y de carrera recibieron formación continuada con
cargo a los presupuestos del ministerio en los diferentes centros de formación. En el territorio competencia del Ministerio de Justicia todo el personal interino, todo, procede de aspirantes opositores a los distintos cuerpos de la Administración
de Justicia que no han superado la totalidad de las pruebas selectivas. Sé que se dice con mucha frecuencia, y a veces es verdad, que el personal que accede interino acaba siendo pescado de unas bolsas de trabajo en las que no se exigen niveles.
En el territorio del ministerio hace mucho que esto no es cierto. Las bolsas se integran con este personal que ha opositado, ha aprobado algún ejercicio pero no todos y del cual cabe presumir que evidentemente tiene una base de conocimientos,
aunque sea mínima. En este punto, el territorio competencia del ministerio abre una vía que deberán seguir todos si queremos dar respuesta a esa demanda de las asociaciones judiciales. Se nos olvida a veces que cuando en las asociaciones
judiciales se hace una demanda de este tipo no tienen enfrente solo al Ministerio de Justicia -y significan un porcentaje muy importante de la Administración de Justicia de este país-; son también las comunidades autónomas con competencias
transferidas las que tienen que dar esa respuesta.
El pasado mes de noviembre el Ministerio de Justicia convocó, para dar respuesta precisamente a esta demanda
de personal, 5.493 plazas correspondientes a la oferta de empleo público para 2008. A estas hay que sumar 450 plazas de secretarios judiciales, que se hicieron públicas en convocatoria de julio. En justicia, como saben, a diferencia de la
mayoría de las administraciones, no se ha congelado la oferta de empleo público a pesar de la crisis. Finalmente, señorías, el compromiso asumido en este apartado es el de presentar, antes del mes de julio de este año, un proyecto de ley, que
vendrá a esta Cámara, que regule los perfiles profesionales y procesos de selección de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que es el complemento del que ustedes tienen ya aquí.
La cuarta reivindicación de las asociaciones es que el consejo estableciera carga máxima de trabajo razonable, y que en ningún caso se establecieran sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial. No entraré yo en el
ámbito de competencia del Consejo General del Poder Judicial, pero en algunas actuaciones que tienen que ver con la planta judicial es necesaria la participación del Ministerio de Justicia y también de las comunidades autónomas con competencias
transferidas.
Puedo informar a SS.SS. de que en la última reunión de la Comisión Nacional de Estadística Judicial -el 16 de diciembre- acordamos establecer un nuevo sistema de medición de la carga real de trabajo de los órganos judiciales en
sustitución del actual sistema de módulos que, por su simplicidad, aporta solamente datos estadísticos cuantitativos y ha resultado muy criticado por las asociaciones. Tuvieron conocimiento en la reunión que tuvimos con ellas de esta iniciativa, y
también de que la comisión ha acordado que en un plazo de seis meses se establecería el nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales que sustituye al actual de módulos, y que a lo largo de 2009 se podría alcanzar la
integración de los diferentes sistemas estadísticos existentes.
La quinta de las reivindicaciones, revisión en profundidad de la actual planta judicial partiendo del nuevo sistema diseñado por el consejo, me obliga a recordar que el Ministerio de Justicia ha creado entre los años 2005 y 2008 un total de
1.148 plazas de jueces y que pretendemos mantener esa cadencia durante la legislatura. De forma sucinta quiero insistir en que el Ministerio de Justicia tiene previsto acometer una reforma en profundidad de la actual Ley de Demarcación y Planta, y
trabaja ya en el borrador del anteproyecto de ley. Saben, sin embargo, SS. SS., que es una actividad que exige la corresponsabilidad de las comunidades autónomas y, por tanto, habrá de seguirse el cauce del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y en eso estamos: en la adaptación de la planta a la actual realidad sociodemográfica de España y a las cargas reales de trabajo existentes en los tribunales. Deben saber SS.SS. que algo menos de un 50 por ciento -pero próximo al 50 por
ciento- de órganos judiciales de este país está por debajo del módulo mínimo que establece el Consejo General del Poder Judicial; por debajo del módulo, lo cual nos habla de desequilibrios que se han ido corrigiendo cuando se han creado nuevas
plazas pero que subsisten por razones estrictamente estructurales de movimientos demográficos que no han tenido una respuesta en una nueva Ley de planta y demarcación.
En la sexta de sus reivindicaciones, en materia de sustituciones se pide arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares. El Ministerio de Justicia entendió razonable esa reivindicación y así lo
dijo, y la asumió como propuesta constructiva de las asociaciones, con el compromiso de realizar el estudio pertinente para arbitrar un sistema de sustituciones mediante jueces titulares. En todo caso, se les hizo ver que para que esa medida se
pueda ejecutar es requisito previo que la planta de jueces esté cubierta, para lo cual resulta no solo razonable sino necesario un sistema de selección de jueces y magistrados que permita cumplir esa premisa.
Finalmente, en la séptima de sus reivindicaciones se pedían medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar, con la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso y/o la supresión de otros
requisitos. El ministerio se ha comprometido con las asociaciones a elaborar una propuesta para la supresión del sistema de ascenso forzoso que presentará al Gobierno antes de junio de 2009. En cuanto a la conciliación de la vida laboral y
familiar, muchas de las medidas solicitadas han sido ya introducidas en la última modificación del reglamento de la carrera judicial, publicado en el boletín de 5 de enero de 2009, que el ministerio había informado favorablemente. Así, se han
reconocido ya los permisos y licencias por nacimiento y adopción, igualados al resto de la Función pública. Se han introducido los permisos, licencias y reducción de jornada por lactancia, cuidado de hijos o familiares, guarda legal, etcétera,
equiparados al ámbito de la Función pública. Además, a través de la Ley de Igualdad se ha introducido la reserva de plaza durante los dos primeros años de excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo o de un familiar.
Señorías, es necesario reconocer aquí que en algunas cuestiones, como el número de permisos al año -dieciocho para jueces y magistrados-, la carrera judicial resulta privilegiada en comparación con el resto de la Función pública. En este
mismo sentido tengo que insistir en que los jueces y magistrados carecen de obligación alguna de cumplimiento de horario y, como saben SS.SS., si bien tienen obligación de asistir en horas de audiencia a los juzgados, carecen de la obligación de
asistir, y si un juez durante veinticuatro horas no va al juzgado sencillamente no pasa nada. Se entiende que es el Poder Judicial y se entiende que se autorregula. Por eso hemos sostenido una y otra vez que no creemos que los jueces tengan
derecho a la huelga, pero no entraré en eso porque ya no es menester; el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho lo que tenía que decir.
Quiero subrayar simplemente que las reivindicaciones que se arropan con el título de compatibilización de la
vida familiar, son apoyadas por el Ministerio de Justicia, pero no puedo dejar de señalar que existe ya muy poco margen para apoyar ninguna otra sin crear un sistema de privilegio que no creo que se justificara por sí solo. Se trata de
equiparar, pero no se trata de organizar un sistema a la carta fruto de todas las bondades que cada uno de los sistemas administrativos tenga. Se trata de adecuar a la función que se desarrolla las respuestas en materia de armonización, y creo que
quien no tiene horario y puede no ir, y tiene en definitiva el número de días que se dice, tiene una respuesta que está recién dada y que hará muy difícil justificar en algún incumplimiento, nada menos que una huelga. En definitiva, tenemos una
buena oportunidad de caminar en la buena dirección pero, como decía al principio, todos deberán hacer también un poco de autocrítica. La reflexión conviene a todos, porque a todos conviene crear las mejores condiciones para tener la mejor justicia.
Finalmente, la última de las reivindicaciones que se mantiene por los huelguistas del día 18 es que, en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones, se proceda a la adecuación quinquenal de la retribución, especialmente en lo
referente al pago de los servicios de guardia. El ministerio dijo a las asociaciones en su día que no iba a responder positivamente a esta reivindicación ni se iba a hablar de condiciones nuevas de jubilación, ni por supuesto de revisión de
salarios porque, cito textualmente y permítanme la expresión, el horno no estaba para esos bollos. Y cuando la situación de crisis es la que es, quienes tienen un tratamiento salarial como el que tienen los miembros de la carrera judicial están en
condiciones de entender que así sea.
Quiero subrayar de nuevo que las cuatro asociaciones judiciales que se reunieron con el ministerio llegaron al acuerdo de no plantear un incremento salarial para 2009 por la situación económica existente. Yo les agradecí públicamente, y lo
hago hoy otra vez, esa actitud. Aceptaron la oferta ministerial de revisar durante este año el cuadro, el marco, el modelo retributivo, pero solo el modelo, para poner dentro lo que corresponda cuando se pueda. Agradezco, insisto, a esas
asociaciones su actitud, pero no puedo dejar de subrayar que la huelga del día 18 está anunciada también si no se accede por el Gobierno a esta reivindicación, a la que el Gobierno no va a responder positivamente, y no lo explicaré más. Quiero,
aclarar que, en todo caso, los jueces tendrán un incremento retributivo medio durante el año 2009 del 5.08 por ciento que es la consecuencia de sumar el 2 por ciento de la Ley de Presupuestos al 3,08 derivado del ajuste de pagas extraordinarias que
el ministerio se comprometió a hacer y está haciendo en un plazo de tres años. Ya vamos hacia el ecuador. En el final está la equiparación de las pagas extraordinarias que se cobrarán con sueldo real, cosa que no ocurría antes. Eso significa
durante 2009 una media de aumento retributivo de 5,08.
Concluyo, señorías. He pretendido en la comparecencia dar respuesta a sus peticiones de información y a la posición del Ministerio de Justicia en relación con el conflicto planteado por un sector de la carrera judicial.
Confío en haber
resultado suficientemente concreto y preciso en cuanto a la exposición de datos, los proyectos que están en marcha y los plazos que son para nosotros un compromiso; esos plazos están ahí y van a ser cumplidos. He de subrayar que estamos hablando
de una parte de la carrera judicial. De momento, sabemos los que convocan una huelga para el día 18 que son, sin duda, una minoría. Sabemos también los que no la han convocado para el día 18 y quieren seguir dialogando. La inmensa mayoría de la
carrera judicial, como siempre ocurre, no ha hablado. Suele mantenerse serenamente discreta, distante, haciendo bien su trabajo, y muy lejos del ruido que algunos otros en estos momentos hacen para el día 18. Yo les quiero agradecer a esos jueces
aquí públicamente, no ya la actitud sino el trabajo de cada día. Mi obligación es seguir intentando que los medios de que deben ser dotados estén cuanto antes -porque estarlo, lo van a estar-, pero debemos acortar los plazos para tener precisamente
pronto esas herramientas para la Administración de Justicia que es, en definitiva, la que todos queremos. Perdonen la duración de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir ahora el turno de intervenciones de los grupos. En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto tiene la palabra doña Rosa Díaz González.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor ministro, por su amplia comparecencia y por todas las explicaciones que nos ha dado, no solamente de lo que usted considera los objetivos, los propósitos o despropósitos de los convocantes de la
huelga, sobre lo que usted considera mayoría o minoría cualificada por parte de los convocante, sino también por las explicaciones que, en relación con todas esas reivindicaciones y el trabajo que está haciendo el ministerio, nos ha suministrado.
Sí quiero advertirle, en el sentido de avisar, que no voy a entrar en una disquisición sobre quien tiene razón, si quien convoca la huelga o quien considera desde el ministerio, como usted ha puesto de manifiesto, que no hay razones para tal
convocatoria y que, además, quienes la convocan son minoría. No entraré porque no me parece que me corresponda -es mi posición en todo caso- ni hacer de mediadora ni arbitrar en esta cuestión, pero sí me corresponde la función de control del
Ejecutivo. En esa medida quiero destacar en esta intervención, que haré lo más breve que pueda, lo que a mi juicio no se ha hecho por parte del ministerio, no en relación con la huelga sino en relación con la situación de la Administración de
Justicia en este momento en España, que es lo que verdaderamente me preocupa, al margen de que haya huelga, deje de haberla, la convoque una mayoría o la convoque una minoría.
Todos estaremos absolutamente de acuerdo en que el objetivo de la justicia y la obligación del Gobierno es garantizar una justicia eficaz, con jueces independientes, que dicten sentencias imparciales, técnicamente correctas y generalmente
previsibles en función del ordenamiento jurídico vigente, por tanto, una justicia eficaz y una justicia independiente; eficaz en su funcionamiento, en su capacidad de actuar en tiempo y forma, e independiente, es decir, sin injerencias del
ejecutivo, sin injerencias del poder político.
Le voy a hacer tres reflexiones con relación a lo que podríamos llamar la parte de la organización de la justicia. La obligación que tiene el ejecutivo de hacerlo, y nosotros de controlarlo, de dotar de medios a la Administración de
Justicia para que puedan cumplir con esa función de eficacia y rapidez al servicio de los ciudadanos. Tres pinceladas, porque tampoco tenemos tiempo para más, para poner el claroscuro, no sé si el oscuro frente al claro que el ministro nos ha
señalado, de todas las cosas que el ministerio está haciendo o se propone a hacer en el futuro.
Tres datos sobre recursos materiales adecuados y modernos. Señor ministro, nos podríamos poner de acuerdo si afirmamos que resulta imprescindible un
adecuado y moderno mecanismo de gestión documental informatizado, y usted hacía referencia a ello en su intervención. Un mecanismo que, podríamos decir, serviría con que se tome como modelo -salvadas las distancias- lo que es la Agencia Tributaria
y el Ministerio de Hacienda. Ojalá la justicia tuviera un modelo similar que funcionara respetando los derechos de los ciudadanos pero con una eficacia probada, como en el caso de la de la Agencia Tributaria y la del Ministerio de Hacienda. Por
tanto, poner un modelo similar en un país que ya sabe cómo hacer las cosas bien y hacerlo extensivo a la Administración de Justicia no debiera de habernos costado tanto tiempo, porque hemos demostrado que sabemos hacerlo. Con un modelo de esas
características, como el ministro corroborará conmigo, casos terribles por todos conocidos muy probablemente se hubieran podido evitar, con un modelo similar al que, insisto, tenemos. Por lo demás, hay que evitar el absurdo, fruto de la falta de
coordinación y de unidad de decisión y gestión, de que los diecisiete sistemas, y usted lo citaba, de gestión documental automatizado de las respectivas comunidades autónomas sean incompatibles entre ellos. No parece de recibo que los sistemas
informáticos de la fiscalía y la judicatura sean, incluso entre ellos, también incompatibles. Esto respecto de lo que podríamos llamar recursos materiales. Es una pincelada nada más.
Medidas personales. Usted lo ha citado también y, además, ha puesto de manifiesto la dificultad para resolverlo inmediatamente, y somos conscientes de que eso es así. Pero cuando se dice que faltan jueces no se dice algo más que una
obviedad que todos sabemos que es cierto. Faltan jueces ya que los actuales tienen una ratio de sentencias por unidad judicial que sobrepasa, con mucho, la media europea. Sin embargo, también he de decir, por lo menos es mi posición, que antes de
aumentar el número de jueces o jueces sustitutos o funcionarios de apoyo de forma desordenada o dispersa, habría que establecer un sistema objetivo y sólido de indicadores para medir las cargas judiciales. Comparto en ese sentido la idea de que hay
que saber dónde hacen falta los jueces, qué tipo de jueces y con qué medida se objetiva la contratación y la distribución de los jueces. Pero, en nuestra compleja sociedad moderna, además de más jueces hay un requisito que es ineludible para poder
afrontar con garantías la necesidad de una correcta administración de la justicia, la especialización de los jueces, combinándola necesariamente con otra cuestión: la actualización de la organización de la Administración de la Justicia. Y una
tercera pincelada: medidas organizativas y de coordinación.
Señor ministro, que debemos reflexionar muy seriamente, y más aún en estos momentos de crisis económica, sobre la ineficacia -lo digo claramente, la ineficacia- y el enorme gasto que la descentralización de la Administración de la Justicia
ha producido. Sé que no es políticamente correcto y que, además, esto siempre da pie a adjetivos de todo tipo, pero yo lo quiero decir aquí como lo digo también fuera de la Cámara.
Evitar una descentralización irracional e ineficaz debiera ser un
objetivo de cualquier Gobierno, de cualquier Ejecutivo y de cualquier Legislativo serio. Tiene que existir una vía única de entrada de asuntos y una adecuada gestión de los archivos. En muchas cuestiones la unidad es simplemente una necesidad de
puro sentido común. La descentralización orgánica, funcional y competencial está generando una situación de descoordinación realmente preocupante entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y determinadas consejerías de
Justicia de las comunidades autónomas. En petit comité estas cosas se dicen; cuando se habla en privado, cuando no hay cámaras, cuando no hay testigos, cuando podemos sincerarnos entre nosotros y tratamos las preocupaciones que nos ofrece este
campo -una política de Estado, quizá la primera-; esto decimos entre nosotros. Sin embargo, nos cuesta mucho decirlo cuando estamos en público; insisto, puede ser objetivado o parece que estamos tocando algún tabú, algo de lo que no se puede
hablar.
Estamos, sin duda, ante una de las cuestiones claves en lo que se refiere al Poder Judicial en España donde hace falta una reflexión valiente, rigurosa y, sobre todo, una reflexión en la que estemos pensando sobre todo -yo diría
exclusivamente- en el mejor servicio público a los ciudadanos más, que en el mayor poder competencial de cada una de las diecisiete comunidades o del Estado. El servicio a los ciudadanos es lo que nos tiene que mover y es lo que nos debe llevar a
hacer esta reflexión sin ningún tipo de prejuicios y sin ningún tipo de complejos, sin pensar en las competencias y pensando en la competencia de la Administración de la Justicia para prestar ese servicio a los ciudadanos.
Hechas estas tres pinceladas, señor ministro ha dado muchas cifras de los avances que se están produciendo.
Yo querría también -y sé que usted conoce los datos mucho mejor que yo- poner en este caso el claroscuro quizá en la parte oscura de la situación actual, por citar solo algunos ejemplos antes de agotar la paciencia del presidente. En este
momento hay dos millones y medio de asuntos pendientes. Había dos millones y medio de asuntos pendientes cuando hice estas notas -igual en este momento hay algunos más-: unos setecientos por órgano jurisdiccional y el doble si vamos a la
jurisdicción contencioso-administrativa, que son unos mil quinientos por cada órgano jurisdiccional. Son cifras alarmantes. Quince meses para ponernos al día si no entra un asunto más. En el caso del orden civil, tres años para ponernos al día si
no entra un asunto más. Ministro, ya sé que el tema es muy complicado, que se ha avanzado mucho, que las cosas no tienen solución de la noche a la mañana, pero me parece que la pregunta que me puedo hacer en alto -y que creo que se hace la gente
fuera de esta Cámara- es cómo es posible que, después de treinta años de democracia, con la cantidad de inversión en medios humanos y económicos que se ha hecho a todos los niveles de la modernización de nuestras administraciones, de nuestra
democracia, estemos en una situación como esta, en la justicia, que es un servicio esencial y una de las políticas claves del Estado.
Sin ánimo de ser impertinente y de entrar en polémicas que no quisiera que formaran parte del orden del día de la reunión de hoy, porque hay que separar también los escenarios, una explicación de por qué no hemos hecho bien los deberes en
esta materia, de por qué no lo han hecho bien los respectivos gobiernos -pero ahora le toca a usted estar en ese ministerio y por tanto me he de dirigir a usted- es que han estado más pendientes del control político que de resolver los problemas de
la justicia.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, lleva diez minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy a terminar en uno.
De esas dos claves -independencia de la justicia y medios humanos, técnicos y económicos- la segunda tiene muchos déficits todavía.
Necesitamos muchos más medios, pero el verdadero error político es el interés del Ejecutivo en controlar
políticamente a los jueces y a la justicia. Un país en el que no exista separación de poderes es una democracia que no merece la pena ser llamada tal, y el énfasis, el interés y el tiempo que ustedes dedican al control político del sistema
judicial, además de que nos hace mucho daño desde la perspectiva democrática, es un tiempo que pierden a la hora de dedicarlo realmente a resolver los problemas de la justicia. Termino, presidente, esta es nuestra peor enfermedad, es lo peor que
nos pasa en España, no poder presumir de tener un poder judicial independiente, no porque los jueces, los fiscales y el personal de la justicia no lo quieran ser sino porque a veces tienen que ser auténticos héroes para ser independientes del poder
político. Ese es un déficit del que son ustedes enteramente responsables.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, excelentísimo señor ministro, por su comparecencia y por su información. Cuando -me parece que fue el 12 de enero pasado- de forma insólita hasta cuatro asociaciones judiciales difundieron aquel comunicado
conjunto -con lo que usted ha venido en llamar su plataforma reivindicativa y que ha ido desgranando a lo largo de su intervención- y, además, con una velada amenaza de huelga, confieso que tuvimos la intuición -luego además contrastada y creo que
con certeza- de que se trataba en primera instancia de una respuesta ante el temor de que algún día se pudieran reproducir los hechos del llamado caso Mari Luz, sin duda un caso de negligencia inaceptable. No en vano, desde el entorno familiar del
juez Tirado se ha alentado en buena parte esta algarada -por decirlo como usted lo calificó en algún momento- a través de la intranet de los jueces, lo cual pone de relieve que se trata de una manifestación de signo claramente corporativista. Pero
corporativista de la peor especie, es decir, en el sentido de que detrás de esta iniciativa está el objetivo de conseguir determinados intereses particulares a costa del interés general. Por tanto, asistimos -no tengo ninguna duda ni nuestro grupo-
a lo que podríamos denominar un auténtico cierre de filas corporativista ante las sanciones del ministerio, ante las sanciones que en su día impuso también el consejo, ante el anuncio de reformas en el régimen disciplinario, ante lo que en su día se
consideró una injerencia inaceptable por parte del Ejecutivo. También es verdad -y luego me referiré a ello- que este conflicto estalla en medio del mayor atasco judicial de la historia. Lo decía hace un momento la señora Díez cuando recordaba que
el consejo ha estimado en dos millones y medio los asuntos pendientes de resolución judicial, aunque asimismo es cierto que no se pueden generalizar las causas ni las responsabilidades a imputar porque no todos los juzgados llevan retraso. Los hay
que están perfectamente al día y, en algún caso, la responsabilidad es incluso imputable al juez o magistrado, porque a idéntica carga de trabajo o a idénticos medios materiales y personales unos van mejor que otros, es decir, unos van peor que
otros. Por tanto, los jueces no son tampoco ajenos a la situación por la que atraviesa la Administración de Justicia y no solo es imputable en este caso a este Gobierno o a cualquier gobierno, de cualquier signo o color político.
En segundo lugar, vaya por delante que nuestro grupo -y hablo en nombre de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida- quiere reconocer de forma expresa el derecho de cualquier colectivo de trabajadores -los jueces y magistrados también lo
son- a reclamar
mejoras sociales, laborales y económicas, si bien con las limitaciones propias de su función constitucional y, evidentemente, de su condición de funcionario público. Aunque es verdad que cualquier derecho no expresamente prohibido está
permitido -y eso lo viene señalando la doctrina del propio Tribunal Constitucional; cierto es que no prohíbe el derecho de huelga de jueces y magistrados ni la Constitución ni la Ley orgánica de Libertad Sindical ni la ley que regula el derecho de
huelga-, creemos que en el conflicto entre dos derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de huelga, este último es el que siempre debe ceder. De ahí que cuando menos nos parece dudoso que un poder del Estado
se eche a la calle, baje la persiana y cree un auténtico vacío de poder. Pero aquí lo relevante, señor ministro, no es si tienen o no derecho. Usted dice que el consejo ya ha hablado -Roma locuta, causa finita-, pero tiene el valor que tiene lo
que pueda decir el consejo, aquí lo relevante es si es o no conveniente, y en nuestra opinión esta huelga no es conveniente; por eso el instrumento adecuado para alguien que encarna un poder del Estado es, evidentemente, el recurso a la vía del
diálogo. Además, no deja de ser paradójico -también quiero decirlo de forma muy clara y que conste en el'Diario de Sesiones'- que los que hasta hace muy poco han considerado amenazada su independencia judicial o han calificado de intromisión por
parte del Ejecutivo unas sanciones, ahora quieran imponer a otros poderes del Estado, sea el Ejecutivo o el Legislativo, su opinión, por ejemplo, acerca de la reforma de las leyes procesales para implementar la oficina judicial; un proyecto de ley
que en este momento ya está en manos de esta Cámara. Nos parece inaceptable que se amenace con la adopción de medidas de fuerza si el Gobierno -en este caso el Congreso de los Diputados- no accede a sus pretensiones.
Sea como fuere, señor ministro, lo grave es que después de describir esta situación y este relato que acabo de hacer, las negociaciones entre el ministerio y las asociaciones -no sé si asociaciones porque lo cierto es que aquí no se puede
hablar de jueces en general ni de asociaciones; usted lo ha dicho muy bien, aquí hay claramente dos sectores que se arrogan algún tipo de representatividad como son unas asociaciones o algunos jueces decanos; dejémoslo estar-, o en todo caso la
negociación entre las partes en conflicto, no han fructificado, aunque paradójicamente usted ha llegado a comprometer hasta 20 millones más en ese fondo de modernización y eso no ha servido para apaciguar el conflicto. Las negociaciones, repito, no
han servido para detener el movimiento de los jueces o al menos de una parte de ellos, quienes, por cierto, han ignorado la posición del consejo y no solo la han ignorado sino que incluso amenazan con fijar ellos mismos los servicios mínimos -cosas
veredes-, y además sigue en pie la convocatoria de esa jornada de protesta para el 18 de febrero e incluso de una posible huelga total para el 26 de junio. También hemos visto con preocupación cómo usted o el ministerio vienen azuzando un poco esta
situación y este conflicto públicamente, lejos de templar gaitas y lejos de mostrarse conciliador en algún momento. Señor ministro, nosotros podemos concederle -y además coincidimos claramente con usted hoy, como lo hicimos ya anteriormente- que la
huelga no es la vía más adecuada para mejorar aquello que necesitamos mejorar; más bien es una vía para que el Poder Judicial y la Administración de Justicia pierdan credibilidad, siendo como es un poder del Estado de los que goza de menor crédito
social, percibido como lento, inoperante e incluso, como se decía antes, excesivamente politizado. Pero continuamos pensando, e insistimos en ello, que el instrumento adecuado para la resolución de este conflicto es el diálogo. Desgraciadamente
algunos jueces están dispuestos a hacerse oír y está visto que creen que sus reivindicaciones -algunas legítimas- necesitan acompañamiento de percusión cargando el bombo y amenazando con ir a la huelga, pero creo que usted, señor ministro, debe
afrontar este desafío con mucha humildad, debe seguir negociando, debe impulsar la comisión mixta entre el ministerio y el consejo y propiciar el diálogo con el resto de operadores, como son los sindicatos de funcionarios, de secretarios, etcétera,
para salir del conflicto y dar respuesta a un problema estructural como es la modernización de la justicia.
Acabo con lo que en nuestra opinión son las dos grandes asignaturas pendientes. No voy a entrar en detalle en algunas de las cuestiones que usted ha planteado, pero hay dos temas que sí están pendientes. Señor ministro, nosotros tenemos
claro que la situación creada tiene mucho que ver con los siete años de dominio ultraconservador del órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, que ha erigido y construido una tipología de juez en el que la consideración de poder se
ha impuesto a la consideración de servicio público, que considera que la justicia es cosa de los jueces y de nadie más, como si fuera un coto privado. La modernización de la justicia no vendrá solo de la mano de una inyección de medios materiales y
personales -que evidentemente es muy necesaria- sino también de operar de una vez por todas las reformas estructurales seculares pendientes, y también de una democratización de la justicia, empezando entre otras cosas por democratizar el acceso a
algunas carreras jurídicas. Obviamente no estamos de acuerdo con posiciones corporativas, pero nada se ha hecho para reformar por ejemplo el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial -ahí está el acuerdo al que el
PSOE llegó con el Partido Popular-, tampoco el acceso a algunas carreras jurídicas. Los jueces deben responder ante los ciudadanos antes que ante sus propias asociaciones. Entro en la segunda asignatura pendiente. Más allá de estas
reivindicaciones, de este anuncio de huelga, que es un debate preocupante e incluso interesante, lo verdaderamente inquietante, señor ministro, es la situación en la que se encuentra la justicia, que es calamitosa, no digo después de cinco años de
Gobierno del Partido Socialista sino en
general después de treinta años de democracia. Es preocupante la falta de soluciones quizá porque la justicia no es rentable en términos electorales, no da votos. Ahí las preguntas, señor ministro, son muy simples. ¿Dónde está aquel
celebérrimo modelo progresista de justicia del que ustedes hablaban? ¿Dónde queda la legislatura de la justicia después de ver un presupuesto para 2009 que destina para este ministerio 1.659 millones de euros, cuando la memoria del presupuesto
decía que esta era un área de gasto prioritaria? El peso específico relativo de su departamento en el conjunto del presupuesto del Gobierno es de un 0,5 por ciento, muy lejos del 2 por ciento que en su día prometió el propio Partido Socialista.
¿Qué se ha hecho, por tanto, de aquella justicia del siglo XXI de la que usted hablaba, de calidad, rápida, ágil, al servicio de la ciudadanía? ¿Qué se ha hecho, en definitiva, de aquellos grandes propósitos mientras crece la litigiosidad, el
retraso, la penuria de medios, etcétera?
Acabo diciendo, para ser justos, que evidentemente los problemas de la justicia no han empezado ni hace uno ni hace cinco años, cuando ustedes llegaron al poder, pero bien puede decirse que durante estos cinco años se ha perdido un tiempo
muy precioso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, muchas gracias por su prolija intervención e ilustración.
Señor presidente, no me gustaría que fuera así pero esto tiene el fumus o la apariencia de que se va a convertir en una especie de uso parlamentario que empiece mi intervención no discrepando sino matizando algunas de las reflexiones que
hace mi buena amiga y compañera Rosa Díez.
Cuando le he oído comentar que algunos de los problemas que gravitan sobre las disfunciones en la prestación del servicio público de la justicia consisten en la descentralización, me he sorprendido
notablemente, sobre todo cuando casi todos los aquí presentes -todos menos la señora Díaz por lo que se ve- sabemos que uno de los problemas que afectan a este poder del Estado, a este servicio público esencial -utilícese la locución que se quiera-
es que seguramente será el único que no se ha ajustado a los requerimientos de un Estado constitucionalmente compuesto, autonómico. Y esto no lo digo yo; lo ha dicho el seor Belloch, lo ha dicho el señor López Aguilar y lo ha dicho el señor
Michavila, ministro del Partido Popular. Uno de los problemas de la justicia es su estructura rígidamente centralizada, jerarquizada y su ámbito estatal de ejecución, que no se compadece con los requerimientos de la Constitución, que configura un
Estado autonómico y compuesto que tendría que afectar a todos los poderes del Estado, también al Poder Judicial, hasta el punto de que observamos -algunos con preocupación y con espíritu sanamente crítico- que todos las instancias judiciales cuando
se agotan acaban en un tribunal de ámbito estatal, en el Tribunal Supremo, salvo dos excepciones que son los recursos de casación de derecho civil propio del derecho autonómico o derecho foral, y los enjuiciamientos de los aforados autonómicos, no
sin dudas en relación con esta última cuestión. Observamos también, no sin preocupación, que todos los poderes o competencias en relación con la gestión o la administración de la Administración de Justicia, parafraseando al Tribunal Constitucional
y su jurisprudencia, corresponden a un órgano de ámbito estatal que es el Consejo General del Poder Judicial, con escasísimas competencias en las juntas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Luego este
es el poder más centralizado de todos los que conocemos, en una Constitución que provee a un Estado no centralizado, no unitario. Es decir, el Poder Judicial, por resumir, es el que más se corresponde con las características de un Estado no
compuesto sino unitario, y es el que menos se corresponde con los requerimientos de un Estado compuesto, y en el caso del Estado español un Estado autonómico. Como no entiendo esta reflexión, quizá la señora Díez luego en la intimidad (Risas.) me
pueda glosar mejor sus reflexiones en relación con estas pretendidas dificultades que gravitan sobre la disfuncionalidad del servicio público de la justicia, pero se me antoja que esta no sería la más pertinente.
En cuanto a lo demás, señor ministro, yo comparto buena parte de sus argumentos. Aquí hay un miedo cerval o una especie de respeto atávico a lo que dice el Poder Judicial, el servicio público de la justicia, y nadie se ha atrevido, salvo
yo, quizá por una temeridad congénita a mi persona, a decir que, antes de que se pronunciara el Consejo General del Poder Judicial, que la preconización por parte de los jueces de la invocación del ejercicio del derecho de huelga era manifiestamente
ilegal. Lo dije cuando nosotros solicitamos a la Diputación Permanente su comparecencia inmediata y usted, por las razones que fueran, decidió posponerla hasta la fecha de hoy. Es manifiestamente ilegal por lo que ha dicho el Consejo General del
Poder Judicial y por muchas cosas más; esto lo sabe el Consejo General del Poder Judicial, lo saben todos los jueces y magistrados y todos los catedráticos de universidad y hasta los colegios de notarios y registradores. Tampoco hay que saber
tanto derecho para conocer cuál es el contenido esencial, porque ya lo ha definido la jurisprudencia constitucional, del ejercicio del derecho de huelga previsto en el artículo 28.2 de la Constitución. Es un derecho de huelga previsto para los
trabajadores dependientes, para los trabajadores por cuenta ajena. Por si no fuera suficientemente precisa mediante una ubicación sistemática en el precepto constitucional, junto al derecho de sindicación previsto en el artículo 28.1, el Real
Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, que glosa correctamente el Consejo General del Poder Judicial, establece quiénes son los detentadores de este derecho. Pero es que este real decreto-ley, que ha sido
constitucionalizado posteriormente por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, atribuye solo el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores dependientes. Utiliza esa alocución específica.
Ya me explicará si se puede
considerar trabajadores dependientes o trabajadores por cuenta ajena a los que conforman en su conjunto colectivamente un poder del Estado. No, es evidente que no. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido manifiestamente clara a la
hora de determinar quiénes son los detentadores de este derecho subjetivo tan importante como es la interposición de medidas de conflicto colectivo y particularmente su medida más extrema, que es el derecho de huelga.
Hay un articulista muy lúcido, en mi opinión, que ya ha glosado lo que está ocurriendo, que es la perversión de los derechos fundamentales y libertades públicas. Esta persona decía una cosa que es solo en parte indiscutible. Decía que el
derecho de huelga ha sido pervertido de tal manera que solo lo ejercen los comandantes de Iberia, los jueces y -no sé por qué razón- los obispos. A mí no me consta que los obispos hayan cesado en el ejercicio de sus funciones eclesiásticas en este
momento.
Las normas que les resulten de aplicación de naturaleza humana o no humana les configuran en relación con el contenido esencial del ejercicio de huelga. Pero no carecía de cierta densidad y profundidad esta reflexión, porque hace mucho
tiempo que los trabajadores parecen haber abdicado -decía él, no yo- del ejercicio de un derecho que se ha utilizado sistemáticamente para la emancipación de la clase trabajadora y para la consecución de los derechos que en este momento el
ordenamiento jurídico reconoce a la clase trabajadora. Luego que se atribuya a los jueces el ejercicio de un derecho de estas características -lo de los comandantes de Iberia me da igual y no me consta que los obispos lo hayan ejercido nunca- me
resulta irrelevante, pero es obvio. Yo no necesitaba esperar, y fui el único -no sé si me honra o constituye una temeridad- que me atreví a decirlo cuando solicitamos aquí, justo en esta sala, su comparecencia, que tendría que haberse realizado
quizás con más diligencia -permítame esta crítica ligera, señor ministro-, dado lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos.
Por si fuera poco todo lo anterior, usted conoce la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactada en el año 1985 por su predecesor el señor Belloch, que todos aplaudimos en su momento y en este momento cada vez aplaudimos menos y con más
reservas todos también, y cuando digo todos digo todos, exactamente los que la aplaudimos con entusiasmo en su momento, atribuyendo potestades importantes a este órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Dicha ley
tiene un precepto, el artículo 395, que prohíbe específicamente a jueces y magistrados presentar a los poderes públicos felicitaciones -no parece que el ejercicio del derecho de huelga sea una felicitación precisamente-, pero también censuras, y la
quintaesencia o el paradigma de la censura sería ejercitar un derecho de huelga contra la actitud o contra la actividad ministerial o gubernativa en el ámbito de la tabla de reivindicaciones que usted nos ha glosado en esta comparecencia.
Dicho esto, señor ministro, y habiendo sido aclarada la cuestión por el Consejo General del Poder Judicial -algunos grupos parlamentarios y usted mismo poseen respetos atávicos; yo no los poseo, porque ya estoy vacunado después de haber
estado cinco años en esa benemérita institución y haber pertenecido durante esos cinco años a la comisión disciplinaria-, tenía razón el señor Ridao cuando ha dicho que ha habido un elemento que ha precipitado los acontecimientos, que ha sido la
sanción al juez Tirado.
Yo he visto perfectamente cómo funciona la comisión disciplinaria y he visto cómo un magistrado, el juez Moreiras, por realizar reflexiones absolutamente perifrásticas, rayanas en lo incomprensible, en el diario ABC, ha sido
apartado de la carrera judicial y, sin embargo, otros jueces y magistrados que ocupan permanentemente la primera plana de todos los periódicos no han sido objeto ni de incoación de diligencias informativas. Yo sé cómo funciona y el maniqueísmo que
caracteriza muchas veces el ejercicio de la función disciplinaria que configura la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas son perversiones o formas de actuar que corresponden, parafraseando a Lucrecio, a la naturaleza de las cosas.
Al margen de esta cuestión, lo que ha hecho esto ha sido precipitar un malestar larvado que aquí sí nos conecta con la tabla reivindicativa de jueces y magistrados que usted nos ha expuesto y que es muy razonable en su generalidad.
Prácticamente la mayoría de las reivindicaciones presentadas por las asociaciones de jueces y también por la más importante de todas ellas, que es la de los jueces y magistrados no afiliados a ninguna, que es la que concita o concentra a la mayoría
de la carrera judicial, a más del 50 por ciento de la carrera judicial, se asumen como propias por el mal hacer de los gobiernos sucesivos, que no han considerado nunca prioritarias las cuestiones atinentes a la Administración de Justicia. Me estoy
refiriendo a los gobiernos de UCD, a los del Partido Popular y a los suyos, a los anteriores y al actual. Hay muchas asignaturas pendientes y las reivindicaciones de los jueces y magistrados con carácter general están preñadas de razón y
fundamentadas en reivindicaciones que tienen una plenitud de legitimidad, y yo creo que tácitamente usted lo ha reconocido, señor ministro.
Usted ha perdido mucho tiempo en intentar desactivar el conflicto estableciendo mesas de interlocución que han fracasado, y yo no sé a quién atribuir la responsabilidad, pero habrán fracasado seguramente por la actitud un tanto ortodoxa o
poco flexible de unos y de otros; de algunas de las asociaciones de jueces probablemente, pero también de los representantes del ministerio.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, lleva diez minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Llevo diez minutos ya, señor presidente? (La señora Díez González: Claro, te dedicas a aludirme a mí...) Me ha hecho una indicación la señora Díez muy pertinente, que tengo que dejar de aludirle porque pierdo
mucho tiempo con estas reflexiones.
Una buena informática judicial configuraría un salto cualitativo en la eficiencia de la Administración de Justicia porque el Cendoj, el Centro de Documentación Judicial, cuya sede radica en la vieja Audiencia Provincial de San Sebastián, de
Donostia, todavía no ha logrado complementar o armonizar 17 sistemas informáticos. Esto es algo que exige la reivindicación e incluso reclamación de responsabilidades políticas a diversos gobiernos, también a gobiernos del partido que usted
representa.
Es indignante que esto sea así, que estemos en una situación calamitosa de la justicia -y ya voy acabando, de verdad, señor presidente-, caracterizada por la existencia de 600.000 ejecutorias penales pendientes, entre otras cosas por el
sistema de módulos de medición de la productividad de jueces y magistrados. Cinco puntos atribuidos al hecho de dictar una sentencia y un solo punto para una ejecutoria penal, provoca una distorsión absoluta, de manera que convulsivamente los
jueces dictan sentencias pero ningún juez se preocupa de ejecutar las que ha dictado. Que sigan todavía difusas y perfectamente difuminadas en el ordenamiento jurídico las competencias de los secretarios judiciales; que los jueces sigan ejerciendo
funciones no estrictamente jurisdiccionales, como los señalamientos; que usted nos proponga algo que me abre las carnes absolutamente porque me resulta manifiestamente preocupante en un jurista ilustre como usted, y es que los agentes de la
autoridad, como ocurre con el reglamento de seguridad vial o la nueva Ley de Seguridad Vial, puedan incoar un procedimiento en relación con los juicios de faltas -me ha parecido entenderle bien; se inicia el procedimiento con la actuación de lo
agentes de la policía, de los funcionarios policiales, no por la actuación de los órganos que están constitucionalmente legitimados para instar un procedimiento; que estemos en una situación en la que se tarda diez años en acabar, desde que se
empieza hasta su finalización en el ámbito de la casación, un procedimiento contencioso administrativo; que haya más de un millón de asuntos pendientes en el orden civil de la jurisdicción; que en un contexto de crisis económica el orden laboral
de la jurisdicción tenga una pendencia como la que tiene en estos momentos, todo esto acredita que hemos fallado. Han fallado primero los gobiernos y hemos fallado todos en priorizar las necesidades de la justicia, que es un instrumento de
actuación absolutamente indispensable para que un país, un Estado, funcione de forma ordenada. Desde esa perspectiva, aquí tenemos una asignatura pendiente.
Nosotros -con esto acabo y es una promesa solemne la que le hago, señor presidente- hemos reivindicado en todas las legislaturas en las que yo he estado presente -y ya son cuatro o cinco, no recuerdo cuántas- un pacto de Estado para la
resolución de los problemas de la justicia, la resolución de los problemas profundos, de los problemas que deben ser objeto de consenso amplio entre todos los partidos políticos. Nuestras reivindicaciones han quedado en saco roto, nadie ha
afrontado la responsabilidad de articular o de intentar negociar con todos los partidos políticos y grupos parlamentarios un gran pacto para la reforma profunda de la justicia, del Poder Judicial, del servicio público de la justicia. Si usted no
tiene el coraje de afrontar esta responsabilidad, nos vamos a encontrar con una situación de estas características absolutamente recurrente, señor ministro, y usted lo sabe.
Le pido, por tanto -y ya con esto acabo-, valor para afrontar este pacto.
Cuente con nosotros, como seguramente podrá contar con otros grupos parlamentarios, porque si no afrontamos este problema de verdad, como se ha hecho en otros pactos
en relación con otras materias que eran disfuncionales, seguiremos conviviendo con estas disfuncionalidades, y seguir conviviendo con ellas supone seguir conviviendo con un Estado y con unas instituciones públicas también disfuncionales, y esto es
algo que no nos podemos permitir los responsables políticos ante nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané i Guasch.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, bienvenido a la Comisión de Justicia. Es oportuna su comparecencia hoy aquí y es necesaria. Llevamos demasiados días, señor ministro, en los que el mal funcionamiento de la justicia, las quejas en
el ámbito judicial, están en la calle, están en los medios de comunicación y no están aquí, donde deben estar también, en el debate parlamentario sereno y constructivo y con la presencia del máximo responsable del Gobierno en el ámbito de la
justicia, que es el propio ministro. Por tanto, su comparecencia es necesaria, debe producirse e incluso le pediríamos desde Convergència i Unió que buscáramos la fórmula de comparecencias periódicas para, a partir de un programa de Gobierno, ver
qué calendario nos damos de cumplimiento de los diversos compromisos adquiridos. Porque nos pasa lo siguiente, señor ministro: usted compareció el 25 de junio del año pasado, al inicio de esta legislatura, con un programa ambicioso. Mi grupo
parlamentario le dio apoyo inicial porque compartíamos que la justicia es una asignatura pendiente, que debíamos aportar muchos más medios y que además -y así se lo dijimos en su día- debíamos cumplir los estatutos de autonomía ya aprobados,
vigentes, y que en materia de justicia y de Poder Judicial tienen títulos específicos que deben cumplirse. En el caso de Cataluña pronto llegaremos al tercer aniversario del Estatuto de Autonomía, aprobado en el año 2006, y a la nula eficacia en el
desarrollo del contenido en el ámbito del Poder Judicial que se ha dado de
ese Estatuto. Por tanto, hay asignaturas pendientes. ¿Qué le ofrecía Convergència i Unió el 25 de junio -y está en el'Diario de Sesiones'-, qué le pedíamos, como le pide ahora el señor Olabarría? Le pedimos un pacto de Estado, pero un
pacto de Estado necesita, señor ministro, un cierto protagonismo, primero del Gobierno que lo propone y, segundo, de los grupos que se adhieren a él, una cierta solemnidad y, sobre todo, ese calendario preciso, concreto, de medidas a llevar a cabo
con el esfuerzo de todos. O lo hacemos o no lo hacemos, pero ese pacto de Estado ha ido de alguna manera saliendo a la luz cuando se llevaba a cabo, legítimamente, desde el primer partido de la oposición con el Gobierno, ignorando al resto de
formaciones políticas, escondiéndose cuando el principal partido de la oposición, legítimamente, haya podido discrepar de los objetivos que el Gobierno tiene en el ámbito de la justicia y, después, volviendo a llamar a nuestra puerta preguntándonos
si estamos aquí los demás grupos por si se tuvieran que aprobar con mayoría absoluta leyes que requieren de una votación orgánica en este Congreso de los Diputados. Señor ministro, estamos aquí si estamos siempre, no estamos aquí cuando se nos
necesita y cuando no, como si fuéramos un kleenex, se nos ignora a la hora de formalizar otro tipo de acuerdos de Estado, porque Estado somos todos y, por tanto, un pacto de Estado requiere que estemos todos trabajando desde el primer día con esos
compromisos.
Desde Convergència i Unió le ofrezco colaboración, pero a partir, señor ministro, de un calendario. Usted nos ha expuesto una serie de medidas y compromisos a raíz de lo que ha venido siendo una reivindicación en el ámbito de las
asociaciones judiciales, con esa amenaza de huelga encima de la mesa y nosotros decimos que además de dar respuesta a esas reivindicaciones y a ese repaso de los puntos que podrían llevar o no a esa huelga convocada, le pedimos un calendario de
actuaciones.
¿Legislativo? Por supuesto. Tenemos ya un proyecto de ley de planta y de la oficina judicial. Respecto a la oficina judicial, no sé con qué contaban para decir que acababa el plazo de enmiendas esta semana y que mañana ya se
reuniría la ponencia, cuando simplemente el plazo de enmiendas en el propio proyecto de ley finalizaba el martes y en todos los proyectos de ley, solo con que un grupo lo pida -y en un proyecto tan complejo, evidentemente, nuestro grupo y otros
grupos lo pidieron- puede ser prorrogado por lo menos los quince días que marca el Reglamento; como mínimo esos quince días. Eso es un calendario de trabajo y no, sin decir nada a los grupos, pensar que todos vamos, de alguna manera, a decir que
como hay esa amenaza de huelga vamos a presentar ya las enmiendas para dar la impresión -y si fuera así, eso es hipocresía- de que ya estamos trabajando en el tema de la oficina judicial. Claro que vamos a trabajar en el tema de la oficina
judicial, nosotros somos los primeros en querer desarrollarla, pero, señor ministro, con esos compromisos que desde Convergència i Unió le pedimos de desarrollo de los estatutos de autonomía en este ámbito. Hoy mismo el portavoz de Convergència i
Unió, el señor Duran i Lleida, ha firmado cinco proposiciones no de ley para ser debatidas en esta Cámara, en esta Comisión de Justicia, precisamente para encauzar ese desarrollo que esperemos que sea desde el consenso, en el ámbito de lo que prevén
los propios estatutos de autonomía. Por tanto, desde esa óptica le ofrecemos por parte de Convergència i Unió la colaboración, pero con esa hoja de ruta; una hoja de ruta, señor ministro, que ha venido también marcada por las propias asociaciones
de jueces. Han hecho unas reivindicaciones y desde Convergència i Unió tenemos que decir públicamente que comprendemos las reivindicaciones de las asociaciones de jueces, las comprendemos y, en la mayoría de los aspectos, las compartimos.
Entendemos que debemos pactar legítimamente aquello que se nos pide porque debemos ponernos en su situación; una situación de cansancio y de sobrecarga en algunos ámbitos -solo imagínese el ámbito concursal y la sobrecarga que están
teniendo quienes están en ese ámbito- y de falta de medios y de previsiones junto con una organización informática -se ha dicho ya por parte de otros portavoces- que en ocasiones no casa bien de una administración a otra, por lo que debemos tomar
medidas y trabajar en la dirección de garantizar una plena interconexión informática y que los datos fluyan. Por tanto, hay unas reivindicaciones que comprendemos, como las propias reivindicaciones retributivas. Estamos en un contexto de crisis
económica y alguien podría considerar poco adecuado que desde un ámbito que tiene la plaza garantizada se reclame un aumento retributivo.
Alguien podría pensarlo. Pero también debemos poner en contexto la retribución de la carrera judicial con la
alta responsabilidad de los miembros de la carrera judicial y con el sistema retributivo global que existe en el ámbito de la abogacía y de la procura. Debemos ponerlo todo en su contexto para valorar en su justa medida sus reivindicaciones. Es
cierto que estamos en ese contexto de crisis económica, pero es cierto también que hay una ley, la Ley 15/2003, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal con unos anexos. Expondré un dato objetivo y claro. Se dice en la
propia ley que hay anexos que deben revisarse periódicamente. Por ejemplo, se dice que determinadas ciudades están en un grupo retributivo o en otro dependiendo exclusivamente del padrón municipal de habitantes que viven en la misma.
Yo le voy a
poner un ejemplo. La ciudad de Tarragona, donde hay 137.536 habitantes, está en el grupo 4 y hay ciudades en el grupo 3 -están legítimamente y me parece bien que estén- como Pontevedra, con más de 80.000 habitantes pero que no llega ni por asomo a
los 100.000, que están ya en un grupo mejor. Eso crea disfunciones. Por tanto, hay que revisar, hay que tener cuidado y ver en cada momento si el sistema retributivo global es justo en los distintos territorios y provincias. Hay un trabajo por
hacer y hay que atender esas reivindicaciones. Pero de la misma manera que entendemos las reclamaciones y podemos llegar a comprenderlas e incluso a compartirlas, desde Convergència i Unió no
compartimos que se haga una llamada a la huelga. Lo decimos con claridad.
No compartimos esa llamada a la huelga por parte del mundo judicial. No la compartimos, señor ministro, porque estamos ante un poder del Estado.
Estamos ante un
poder que si se pone en huelga no es sustituible y que tiene esa exclusividad jurisdiccional que la Constitución le otorga en su artículo 24 cuando habla del derecho a la tutela judicial efectiva. Son los jueces y magistrados los que deben prestar
ese derecho fundamental a la ciudadanía y, por tanto, no entendemos que, aun en ese contexto de crisis económica, vayan a la huelga unos profesionales que forman parte de esa carrera judicial. Ir a la huelga -de alguna manera con legítimas
reivindicaciones, pero con una situación de seguridad en el empleo- no es la mejor respuesta ante el contexto global que tenemos. Por tanto, nosotros no compartimos la solución, pero sí exigimos desde Convergència i Unió esa hoja de ruta; una hoja
de ruta que le corresponde a usted en primer lugar, señor ministro. Usted debe convocarnos. Si nos convoca vendremos, pero le exigiremos ese programa global de legislatura; no ese plazo que hoy termina por asombro, porque se ha dicho que no se
trabaja o que la ponencia no se reúne. No se trata de esto, señor ministro. Se trata de pactar unos calendarios y unos programas de reforma legislativa.
Señor ministro, como le he podido comentar directamente en alguna otra ocasión, nosotros nos damos cuenta de todo. En la pasada legislatura se ampliaron en decenas de semanas los plazos de los proyectos de ley orgánica del Poder Judicial;
alguno de ellos, señor ministro, muy similar al de la oficina judicial que ahora se está tramitando, pero con una diferencia y es que en uno de ellos estaba ya la reforma del recurso de casación y en otro de ellos estaban los consejos de justicia de
las comunidades autónomas. Había un cierto intento de cumplir con los estatutos ya acordados. Esos plazos se fueron ampliando, terminó la legislatura y en la nueva legislatura, en lugar de volver a presentar aquello que decayó por el paso del
tiempo, se vuelve a presentar mutilado y sin una parte significativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, lleva ya diez minutos.
El señor JANÉ I GUASCH: Voy terminando, señor presidente.
Se mutila la parte relativa al desarrollo estatutario -claro que nos damos cuenta de que esto pasa- y se nos apresura a que rápidamente enmendemos y pactemos el resto de la reforma orgánica o la reforma de la oficina judicial. Señor
ministro, entendemos que hay mucho trabajo por hacer, muchos recursos que invertir y un pacto de Estado que debe concretarse cuanto antes. Debemos, sobre todo, dejar de producir comparecencias en las que al final todos decimos lo mismo: ponemos la
justicia como prioridad, admitimos que es la asignatura pendiente y admitimos que es ese poder que aún no se ha adaptado a la estructura plural del Estado.
Repetimos el mismo discurso. Podemos repasar los'Diarios de Sesiones' de esta Comisión y
veremos que, no ya su Gobierno sino gobiernos de otros colores políticos, hacían el mismo diagnóstico, pero no hay un calendario preciso que nos lleve a buen puerto, y eso lo nota quien está en el Poder Judicial. Lo nota, le causa desazón, marca
distancias y se implica menos.
Esto no es bueno para nadie; no es bueno para el ciudadano, que espera, por interés general, que el servicio público de la justicia funcione y funcione mejor. No le faltará en este ámbito la colaboración de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, señor ministro, señorías, en la última semana de enero pedíamos en Diputación Permanente que compareciera el señor ministro de Justicia para dar cuenta de las actuaciones del
ministerio en relación con la huelga. ¡Cuánto más le hubiera valido al señor ministro venir entonces! Porque una vez más el debate de esta tarde parece ajeno a la realidad, a la realidad social, a la realidad de la calle. No voy a perder mucho
tiempo con esas impúdicas ofertas de diálogo que hacen quienes entonces evitaron que compareciera el señor ministro en la Diputación Permanente. No merecen mayor comentario. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-El señor Jáuregui Atondo:
¡Haciendo amigos!) Me voy a centrar en lo que sabíamos hasta hoy y en lo que sabemos a partir de hoy. Hasta hoy sabíamos que más del 50 por ciento de los ciudadanos españoles suspende a la justicia y al Poder Judicial en nuestra democracia. Se lo
dije en su primera comparecencia en esta legislatura. Hasta hoy sabíamos que hay un atasco de más de 5 millones de asuntos presentados el año pasado, 2,5 millones sin despachar, 270.000 sentencias sin ejecutar y más de tres años de retraso por
término medio. Hasta hoy sabíamos -lo hemos debatido hasta la saciedad y hoy se le ha recordado- que hay una falta de medios escandalosa, que no se ha conseguido superar el 0,5 por ciento del gasto general de los Presupuestos Generales del Estado,
que tenemos la mitad de jueces de la media europea, que además tenemos unas leyes en muchos casos obsoletas y que no se emprende ninguna reforma procesal desde el año 2003 en que lo hiciera el Gobierno del Partido Popular. Aun así, por ser un tema
de Estado, porque afecta a todos los ciudadanos, porque no debe haber utilizaciones partidistas de la justicia y de los jueces, en el mes de julio sugerimos un pacto de Estado por sentido de la responsabilidad.
Hicimos -eso sí- reserva del Fiscal
General del Estado, Conde-Pumpido.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Y así le expresamos en cuantas ocasiones hemos tenido nuestra absoluta desconfianza y nuestra promesa de vigilancia intensa cuando hemos tenido ocasión de ello. Luego hemos sabido de
una nueva huelga, que viene a sumarse a la ya
producida de manera encubierta, que viene a sumarse a la anterior de los secretarios judiciales, que viene a sumarse a la de los oficiales de la Administración de Justicia y que ahora anuncian las cuatro asociaciones y la mayoría de las
juntas de jueces en toda España. Hasta hoy, sin embargo, no sabíamos que, además de todo eso, el señor ministro se dedicaba a socavar la confianza de los ciudadanos en la independencia de los jueces. Hasta la expresión gráfica que hemos conocido
esta mañana, no sabíamos que el Gobierno del Partido Socialista no solo lleva a la justicia a la peor situación que ha vivido en nuestra democracia, sino que además interfiere en conocidos casos y con conocidos jueces, con escándalo de la opinión
pública. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!) Estamos empezando, señorías. (Aplausos.-Protestas.)
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor ministro, no será porque no hemos sido responsables, no será porque no hemos aguantado mucho.
(Rumores.) Hoy, señorías, sabemos que la justicia está mal, muy mal, que carece de medios, que
tenemos la mitad de jueces que otros países europeos, pero además sabemos que el problema es el ministro de Justicia.
El principal problema de la justicia española hoy se llama Mariano Fernández Bermejo. Les voy a explicar por qué, señorías.
Comparece, es verdad -por fin-, tras la maniobra de quienes hoy le piden, excelentísimo señor, que les abra el diálogo también a quienes quieren desvertebrar lo que queda del Estado con las competencias autonómicas.
(El señor Ridao i
Martín: ¡Qué barbaridad!-Rumores.) Pues bien, señor Fernández Bermejo, hoy he de decir que me debato entre su incompetencia y su descaro, entre su fracaso y su desparpajo. No sé, señorías, si esta Comisión tiene tanto que certificar su fracaso
como ministro de Justicia cuanto denunciar ante la opinión pública española en sede parlamentaria el más descarado ataque a la independencia judicial que ha ocurrido en la democracia española, señor Fernández Bermejo. (Protestas.-La señora Juanes
Barciela: ¡Qué barbaridad!) Nos dirán ustedes que las aficiones cinegéticas del señor ministro no deben tener ubicación parlamentaria.
Claro que no. Quién nos lo iba a decir, don Mariano, hace pocas fechas, pero usted, señor Fernández Bermejo,
también es ministro los fines de semana. Usted, señor Fernández Bermejo, también es ministro cenando en lugares públicos o compareciendo en sitios públicos con un juez al que se le está, se está o está filtrando el secreto del sumario durante el
mismo fin de semana en que permanecen en prisión tres inculpados y se está desacreditando in audita parte al principal partido de la oposición.
(Aplausos.-Protestas.-La señora Hermosín Bono: Pero de qué habla, hombre, por Dios.)
Empecemos por el fracaso, ya que parece que a SS.SS les gusta más que hablemos del fracaso como ministro que de la injerencia en la independencia. Señorías, del año 2001 al año 2003 el Partido Popular ofreció desde su Gobierno un pacto de
Estado por la justicia. Fueron posibles entonces, en tres años, muchas de las reformas que quedaron aprobadas y algunas, desgraciadamente, tan solo iniciadas. En aquellos años, aquellas leyes obsoletas quedaron actualizadas. Aprobamos una nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil; aprobamos una Ley Concursal; aprobamos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir la oficina judicial. Y se rompió aquel pacto, ¿recuerdan SS.SS. por qué? Porque el Partido Socialista, entonces
en la oposición, dijo que no era suficiente.
Exigieron que el Gobierno del Partido Popular implementara anualmente 1.500 millones de euros adicionales al incremento vegetativo de los presupuestos de Justicia en los Presupuestos Generales del
Estado. Por eso rompieron ustedes el pacto; por eso y porque teníamos la mitad del número de jueces que tenían en Europa. Aun así, por sentido de la responsabilidad, nosotros, en el mes de julio, y a no pequeño coste, hemos suscrito de nuevo el
Pacto para la modernización de la justicia, que tanto ha molestado a quienes quieren fracturarla, como el señor Jané.
(Risas.-Rumores.) Sí. Les voy a decir una cosa, señorías. Entonces firmamos por responsabilidad y hoy no podemos seguir en ese
pacto por el mismo sentido de la responsabilidad y de Estado mientras el ministro Bermejo siga al frente del ministerio; por sentido de la responsabilidad.
(Rumores.) Repasen ustedes cuál ha sido la comparecencia y luego iremos a lo otro,
tranquilos.
¿Cómo puede seguir el señor ministro atribuyendo la causa, ha dicho, original del conflicto de la justicia al caso Mari Luz? ¿De verdad lo cree, señor ministro? ¿Ustedes también? (Varios señores diputados: Sí.) ¿Ustedes creen que todos
los jueces de España o su inmensa mayoría están en una actitud estrictamente corporativa? ¿Eso es lo que creen? (Varios señores diputados: No.) ¿Ustedes creen que el anuncio de huelga de las cuatro asociaciones judiciales, por primera vez en su
historia de acuerdo, que la convocatoria de las juntas de jueces, que la huelga de secretarios y que la huelga de oficiales -que fue mucho antes- son de verdad por un caso tan grave, como en efecto lo es, el caso Mari Luz? Usted, señor ministro, en
su intervención de hoy ha hecho lo que le ha caracterizado durante esta etapa, que para nosotros debiera concluir.
Usted se ha dedicado a zaherir a los jueces, se ha dedicado a intentar dividir a los jueces y se ha dedicado a intentar ocultar la
verdad. Ahora incluso dice que para seguir dialogando lo va a hacer con las dos asociaciones que permanecen en el malogrado encuentro -del que usted no ha contado nada- que durante cuatro, seis o no sé cuantas horas mantuvo en su ministerio. ¿Y
con los demás? Señorías, los jueces son 4.500; el mismo ministro ha reconocido que harían falta otros 4.500 para igualar la media europea. De esos 4.500 están asociados 2.000, por tanto, 2.500 no asociados, pero a su vez, de los que están
asociados hay que quitarles una buena parte. En consecuencia, señorías, si los números no fallan, dos tercios de los jueces y magistrados españoles quieren ir a la
huelga en las próximas semanas. (Protestas.- La señora Hermosín Bono: Vaya cuenta.) ¿Eso es por el caso Mari Luz, señorías? ¿Eso es porque son unos indeseables que solo quieren aumentos retributivos? ¿Saben ustedes cuál fue el caso Mari
Luz? Que no se podían saber cuáles eran los antecedentes penales, porque no se ha implementado un sistema informático único en toda España. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso, de los jueces? (El señor Jaúregui Atondo pronuncia palabras que
no se perciben.) Otros operadores jurídicos, como los registradores de la propiedad, de los que hablábamos el otro día, o los notarios, como lo hacen a su costa, han informatizado íntegramente el Registro de la Propiedad. No se ha hecho en aquellos
casos, como la justicia, en que dependen del Gobierno o, en el caso de Andalucía, fíjense, del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
Vayamos a los números, señoras y señores diputados. Ustedes rompieron el Pacto por la justicia, porque tenían que dotarse los presupuestos con un total de 1.500 millones de euros. Señorías, el otro día quizá les hice las cuentas demasiado
deprisa, porque en la Diputación Permanente no íbamos a anticipar este debate que ya está hoy suficientemente cargado.
En el año 2002 la sección de Justicia tenía 1.106 millones de euros; en el año 2009 se han presupuestado 1.658 millones de
euros, es decir, el incremento ha sido de 500 millones de euros en el crecimiento vegetativo.
En consecuencia, faltan, si contamos el crecimiento vegetativo, 1.000 millones, y si no lo contamos, 1.500 millones. Y eso pretende suplirse con 20
millones para mejorar el funcionamiento informático de los juzgados. Eso es lo que ofrece el ministro de Justicia después de tener a toda la justicia paralizada en este país. Nos habla de que ya está en marcha la experiencia piloto en Murcia. Eso
no es verdad, señor ministro, se lo digo aquí, apud acta, que dicen en derecho. Yo he hablado con los jueces de Murcia, naturalmente porque usted es diputado por allí y yo de allí. No es verdad. Usted ha puesto en marcha una experiencia piloto
para notificaciones, pero de oficina judicial, de la que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 2003 esperando su desarrollo, desde que la aprobó el Gobierno del Partido Popular, nada de nada, ni experiencia piloto ni
experiencia alguna, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, lleva diez minutos.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí, señor presidente, voy acabando.
En lo del registro que acaba de contar más vale ni entrar, que en el primer día quedó ya atascado y sin funcionamiento hasta hace dos días.
Usted, señor ministro -lo ha dicho nuestra portavoz muy bien esta mañana-, no ha hecho lo que debe y
hace lo que no debe.
Señorías, los episodios del fin de semana no solo son una cuestión de imagen, que sería muy grave, porque rompen la confianza. Señor Olabarría, el 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que alguna de SS.SS. ha citado, no solo dice lo
que usted ha dicho, dice además: No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos, y en todo caso les estará prohibido concurrir a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial. Hombre, si además de
haber sido diputado de sus filas y de haberse caracterizado por algún sumario contra el Partido Popular, que terminó absolutamente sin responsabilidad de nadie y con daño para mucha gente, el juez encargado de un caso que tiene a tres inculpados en
prisión y que tiene una permanente y sistemática filtración de su sumario, que dirige por sospechas contra el principal partido de la oposición, se dedica a pasar el fin de semana cazando, o lo que fuere, con el ministro de Justicia, señorías, no se
ha conocido un atentado mayor a la independencia del Poder Judicial en España en la historia democrática. (Aplausos.-Rumores.-Una señora diputada: ¡Anda ya, hombre!) ¿Se imaginan SS.SS. lo que pensarán los ciudadanos que tienen un asunto en
trámite? ¿Se imaginan SS.SS. lo que dirá cualquier analista objetivo, no ya que pertenezca al Partido Popular, absolutamente agraviado y afectado por un sumario ante el que se encuentra indefenso? ¿Se imaginan SS.SS. lo que dirá cualquier
analista nacional o internacional a la vista de esas fotos y en las presentes circunstancias? ¿Creen de verdad que es simplemente una anécdota? ¿Creen de verdad que es tolerable que ante ello el señor ministro, aquí presente, utilice la
terminología cinegética y diga que lo que nosotros denunciamos es disparar contra el Estado de derecho para tapar? Da la impresión, señor ministro, boutade por boutade, de que alguno de ustedes señala y afina y el otro dispara. Esa es la impresión
que dan este fin de semana. No sé quién es el que apunta y quién es el que dispara, lo que sé es que un ministro de Justicia y el juez que ha sido titular de primera página de todos los medios de comunicación por su acoso a un partido político
juntos durante el fin de semana es algo que no puede quedar así, señor ministro, no puede quedar así. Por eso, señorías, lo hemos denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial; por eso, señorías, vamos a pedir en cuanto termine esta
comparecencia, si sus explicaciones no nos satisfacen, su comparecencia específica para este asunto; por eso, señorías, vamos a pedir la comparecencia del fiscal general del Estado, porque nunca, volvemos a repetirlo, se ha producido un uso
político tan sectario y tan descarado de la Fiscalía General del Estado en favor de un partido como el que ha hecho el señor Conde-Pumpido durante su mandato. Por eso nosotros, señor Fernández Bermejo, no vamos a conversar con usted sobre ningún
desarrollo del Pacto de la Justicia mientras siga siendo el ministro de Justicia del Gobierno socialista. Hay, en fin, señor presidente, quien ha calificado el incidente -por decirlo de una manera suave- del fin de semana como algo estéticamente
obsceno (El
señor Villarrubia Mediavilla: Rajoy.); hay quien lo considera éticamente impresentable, inmoral. Nosotros aquí, señor ministro, le tenemos que decir que políticamente solo procede su dimisión, por incompetencia en su gestión, por descaro
en su aproximación al Poder Judicial, por la provocación continua a los jueces y magistrados españoles y por el desprestigio que usted ha querido imprimir a la justicia española durante sus nefastos años de mandato. (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, señor presidente, saludo al señor ministro y a todo el equipo del ministerio que le acompaña en esta sala en la animada tarde de hoy. En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, quiero
agradecerle la amplísima información sobre el estado de la justicia, sobre parte de los proyectos más importantes que se están tramitando en esta Cámara, sobre lo que se ha venido haciendo, sobre el reconocimiento de la situación, de las carencias
existentes y de la necesaria modernización, porque eso es lo que importa a casi todos los grupos políticos y a casi todos los ciudadanos de este país. De las intervenciones ha podido deducirse con cierta facilidad que a algún grupo parlamentario no
es eso lo que le importa, señor ministro, le importan otras cosas. Tendré ocasión de hacer alguna referencia a ello. Nosotros vamos a seguir trabajando por la auténtica asignatura comprometida por el presidente del Gobierno y por el Gobierno, que
es modernizar y mejorar el servicio público de la justicia, que es verdad que, pese a lo que se ha hecho, hoy todavía requiere mejoras sustanciales y que se le ponga a la altura que se merece nuestro país.
Quiero hacer una breve referencia, aunque a muchos no les interese, porque en el objeto de las cuatro convocatorias de comparecencia tres lo recogían a la situación generada con las protestas y las movilizaciones y el posible derecho de
huelga. Permítanme que haga una mención y que añada a la brillante exposición de don Emilio Olabarría -además de brillante, cierta- un pequeño matiz. En esa comparecencia en la Diputación Permanente, con menos brillantez, eso seguro, este modesto
diputado también defendió la tesis similar con argumentos parecidos y con algunos más. Simplemente quiero decir muy por encima que la propia Constitución, en el artículo 28, regula el derecho de sindicación, en el apartado 1, y el derecho de
huelga, en el apartado 2. En consecuencia, en el artículo 127, cuando se regula el Poder Judicial, dice expresamente que jueces y magistrados no pueden pertenecer ni a partidos políticos ni a sindicatos, lo cual hace pensar, en un primer análisis
sencillito desde el punto de vista constitucional, que si ni siquiera tienen derecho de sindicación -punto 1-, difícilmente pueden tener -punto 2- derecho de huelga, además de lo recogido acertadamente en el artículo 395 de la Ley Orgánica; y el
propio Tribunal Supremo, en alguna resolución que mencioné modestamente en esa comparecencia y que en aras de la brevedad no voy a repetir, también incide en esta situación. Además, el artículo 24 recoge el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, y es reiterada la jurisprudencia que insiste en que está por encima del derecho de huelga, por si hubiera alguna duda. Pero la cuestión -no voy a seguir por estos derroteros, porque no es lo que más interesa hoy- no es si este debate de
cierto interés político y/o jurídico es lo que importa a los ciudadanos.
Con todos los respetos, que cuatro mil y pico personas muy importantes de este país, tengan o no derecho de huelga, siendo de interés político o jurídico, no es el problema de
la Administración de Justicia, no es la necesaria mejora y modernización del servicio público de la justicia y no es lo que importa a los ciudadanos. Pero sí me importa decir, desde un punto de vista político que, además de las razones jurídicas,
no es pensable que un poder del Estado pueda ponerse en huelga. Me pregunto contra quién Y mi respuesta es que si deja de tutelar los derechos de los ciudadanos solo se pone en huelga contra los propios ciudadanos. ¿O imaginamos la hipótesis de
que ministros del Gobierno o diputados se pusieran en huelga contra el Poder Judicial porque tardan en dictar las resoluciones? Es una hipótesis, no hago una acusación. Es una auténtica locura.
En definitiva, el problema de la justicia es su necesaria modernización.
Damos por recibida y reproducida la exhaustiva y amplia información que ha dado el señor ministro, y también por reproducido el acuerdo, por si había alguna duda -que
no la había-, del Consejo General del Poder Judicial por unanimidad. Ese posible derecho carece de soporte normativo.
El Consejo General del Poder Judicial no puede acceder a las peticiones que se le formulan y no puede proceder a la fijación de
servicios mínimos. Y resuelve dos cuestiones que apuntaba el señor ministro. no procede, a), tener por anunciada la convocatoria y, b), fijar servicios mínimos ni tener por tales los que pudieran señalar los que suscriben los diferentes escritos.
Añade que el propio consejo ha impulsado un plan de modernización; añade que carecen de justificación esas propuestas cuando están abiertas las vías del diálogo con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas; añade que no comparte
medidas de presión que perjudiquen la tutela judicial efectiva, en línea con ese modesto análisis que algunos hemos puesto someramente sobre la mesa. Creo que es tan claro que no necesita mayor comentario, y además creo que le importa bastante poco
al principal partido de la oposición, al que, si me lo permiten, me voy a dirigir ahora con cierta brevedad para hablar de lo que sí le importa y sí le interesa, porque hay que poner de manifiesto algunas, a mi juicio, realidades, al margen de las
valoraciones.
Señor Trillo don Federico, es cierto que faltan medios económicos; cierto que el 50 por ciento de los ciudadanos
responden que el servicio público de la justicia no tiene el nivel adecuado; cierto es que tenemos no sé si tanto como el 50 por ciento, porque es discutible -dependería de los parámetros que tomáramos-, de los jueces de la media europea,
pero no es menos cierto que estamos en mucha mejor situación que la que dejó el Gobierno Aznar en el año 2004. Solo en medios personales de jueces y fiscales en la última legislatura don Federico, 1.148 plazas, frente a las 512 de los cuatro
últimos años del Gobierno Aznar. Es decir, más del doble. ¿Que hacen falta más? De acuerdo; pero lo dejamos en mejor situación que ustedes. Presupuestos. En 2009 aproximadamente el 60 por ciento más en términos homogéneos que en el presupuesto
de 2004. ¿Insuficiente? Claro que sí, y lo decimos, pero notablemente superior a como lo dejaron ustedes. ¿Ninguna reforma procesal? Las más importantes están tramitándose en esta Cámara y ustedes han pedido ampliación de plazo de enmiendas -en
su derecho, por supuesto, don Jordi-, probablemente con buen criterio, porque una ley tan compleja y tan importante como esta que reforma quince leyes procesales, pillando el mes de enero, que es verdad que cuesta ponerse y arremangarse -no porque
no trabajemos- y entrar en tanta profundidad y complejidad -cierto-, requiere a lo mejor el plazo de ampliación que han solicitado, pero nosotros, desde mi grupo, sabiendo que es lo habitual, intentábamos, para trabajar de verdad en la reforma y en
la implantación de la oficina judicial, que a ser posible no se produjera esa situación, pero ahí está.
Lo que no podemos admitir -admitir por supuesto que sí; entiéndaseme en términos exclusivamente dialécticos-, don Federico, es que no diga la verdad. ¿Por qué se rompió el pacto de Estado? No porque no consignaran ni un euro -que no-, el
crecimiento vegetativo escasamente; no porque hubiera la mitad de jueces -que no-, que crearon bastante pocos; menos de la mitad que nosotros; no. Por el auténtico desprecio a la oposición y la ocupación sin pudor y sectariamente de todos los
órganos de nombramientos de jueces y de fiscales, por una auténtica purga de todo lo que olía a progresista; situación que se ha cambiado desde 2005 acá. (Aplausos.- El señor Ayala Sánchez: Pero qué dice.) Sí digo, y rogaría el mismo respeto que
mi grupo y yo hemos tenido a la intervención del portavoz del mayor grupo de la oposición. Y el desprecio tan absoluto -que fue el auténtico motivo de ruptura- de tramitar las leyes, no negociando, leyes tan importantes como la reforma del Código
Penal. Yo fui ponente por parte de mi grupo. ¿Sabe cómo la despacharon? Con diez minutos de ponencia. Ni una llamada telefónica ni un acuerdo; una imposición con diez minutos de ponencia; de manera vergonzosa; con desprecio absoluto; con
mayoría absoluta; haciendo lo que han hecho en el Consejo General del Poder Judicial, que todavía estamos pagando todos hoy. Eso es lo que hicieron ustedes, eso, la utilización, la manipulación, el sectarismo, y como ven que se les va de las manos
no lo pueden soportar. El problema es ese, que se creen que la justicia es suya y no soportan que se intente mejorar este servicio público y democratizar un poquito siquiera el propio órgano del Consejo General del Poder Judicial. Ese fue el
motivo, su sectarismo y sus atropellos por romper el Pacto de Estado para la reforma de la Administración de Justicia que suscribimos estando en la oposición, y ustedes cuando están en la oposición lo único que hacen es amenazar con romper el pacto;
todo el día amenazando: Que me voy, que me voy. Si no han venido; si no se les espera.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, lleva diez minutos.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Trillo, es grave que usted plantee lo que ha puesto encima de la mesa, el mayor ataque, que es el problema.
Pero cómo no va a ser usted el problema, don Mariano, si usted es el problema de todos los
males de la Administración de Justicia. Usted es una persona con una trayectoria intachable, y eso lo sabe el que se ha dirigido en público esta tarde ante este noble auditorio. No es eso lo que persiguen. El problema era Juan Fernando López
Aguilar. En cuanto usted llegó, el problema era usted; hoy sigue siéndolo, y el día que usted no esté el problema será el que venga o la que venga, por supuesto del Partido Socialista; ese es el problema. Pero el problema es que tienen muchos
problemas, y como tienen muchos problemas realizan un montaje vergonzoso y descarado, señor ministro. (Un señor diputado: Ahí, ahí. Rumores.) Ese es el problema y lo escenifica el señor Rajoy con Gallardón, con Aguirre, con Camps y con toda la
plana mayor. (Aplausos.) Yo he sentido vergüenza ajena porque la democracia en nuestro país no se merece esto. Ahora resulta que la Guardia Civil, la Policía, los fiscales, los jueces, en lugar de perseguir a los malos, señor ministro, persiguen a
los buenos. Persiguen a los corruptos, pero no, deben ser los buenos. Es un disparate. Pero, ¡qué montaje, qué locura es esta! Esto es insólito. Y claro, esto ocurre porque usted públicamente -no ha habido que poner espías- parece ser que ha ido
-y a lo mejor no ha acertado, don Mariano- junto con otras cincuenta o sesenta personas -parece ser-, no oculto sino en público, a un acto en el que ha coincidido que por allí estaba también un juez que parece ser que no les gusta cómo actúa y que
le han puesto aquí a caldo. Allá sabrá cada uno sus responsabilidades, porque le han llamado prevaricador -aunque no con esas palabras-, entre otras cosas, y muchas más. Pero su pecado -y usted es el problema de la justicia- es que va a practicar
una afición abiertamente durante un fin de semana, en un lugar donde hay mayoritariamente gente del Partido Popular. ¡Cómo es tan osado, señor ministro! (Risas.) Mayoritariamente en esa mesa de cincuenta o sesenta personas y rodeado de gente del
Partido Popular. ¡Pero, cómo se le ocurre! ¿No ve que eso es la ruina de la justicia de este país? Eso es la ruina, ¡cómo se le ocurre! Claro que va a tener razón don Federico, y usted lógicamente
va a una cena de sesenta personas, con no sé cuántas docenas de cazadores -no sé si llegó a cruzarse o no con ese juez- (Risas.), y seguro que fue allí de tapadillo a ver cómo hacían no sé qué a no sé qué espías, porque yo no entiendo muy
bien de estas cosas. (Risas.)
El tema es serio, porque no lo sería si no se planteara con esta virulencia, con este descaro, como una cuestión de Estado. En estos momentos no les importa la Administración de Justicia. Hablan de descaro, cuando el colmo del descaro es
que hagan esto en lugar de pedir perdón con humildad a los españoles, a los ciudadanos, y limpiar la casa, que seguro que son pocos. Estoy convencido de la honorabilidad de todos los que se sientan en ese lado, de la honorabilidad de casi todos los
que se dedican a la actividad pública, menos unos cuantos sinvergüenzas que a veces hacen mucho daño. Señorías, no se pongan en la defensa de los sinvergüenzas; quítenles de en medio en lugar de protegerles y no dirijan esos disparos frente a la
gente que intenta, como el ministro de Justicia, mejorar el servicio público y combatir, como ha hecho durante toda su trayectoria, ese tipo de comportamientos. Ese es el ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos y no distraer la
atención.
Termino, señor presidente. Ustedes han procedido, desde un punto de vista jurídico, a elaborar una sentencia a priori y le han condenado a usted, han condenado al fiscal general del Estado, sin ningún tipo de pruebas.
Sin embargo, cuando
hay apariencia de comisión de un delito no es suficiente para que adopte medidas desde el punto de vista político.
Señor Trillo, creo que deben rectificar. El problema que tienen no voy a evaluarlo ni me voy a pronunciar, pero parece que hay
aspectos que están siendo investigados por los tribunales y que con el buen funcionamiento de las instituciones llevarán al fin que corresponda. Mi grupo parlamentario respetará ocurra lo que ocurra y no nos alegraremos de ninguna condena de
ninguna persona, pero sí nos alegraremos de que se persiga a cualquier sinvergüenza, pertenezca al partido que pertenezca, y que se le quite de en medio de la vía pública. Ahí debiéramos encontrarnos, señor Trillo, no haciendo demagogia, no
mintiendo y no realizando montajes como el que están realizando para desviar la atención. Nosotros vamos a seguir trabajando para intentar, por un lado, combatir la crisis económica tan fuerte que golpea nuestro país, mientras ustedes resuelvan las
suyas, y desde el punto de vista de la justicia vamos a pedir la colaboración de todos los grupos para mejorar este servicio público tan deteriorado, pero que no justifica estas actitudes cuando la voluntad real es de diálogo, de negociación, de
hacer esfuerzos económicos, de intentar buscar colaboración para mejorar, de verdad, este servicio público sin entrar en quien tenga más culpas desde 2009 para atrás. Sé que me está mirando el presidente. Tengo que cortar. Resuelvan las cosas con
limpieza, con decencia, con honestidad, que el pueblo español se lo va a agradecer. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al señor ministro, vamos a suspender la sesión por un tiempo máximo de cinco minutos. (Pausa.) Reiniciamos la sesión. Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, antes de nada quiero agradecer a todos la paciencia con la que han escuchado mi prolija intervención. Seguramente ha durado un punto más de lo que debiera, pero
les ruego entiendan que trataba de explicarles cuál ha sido en todos estos días la secuencia de las relaciones del ministerio con el ámbito de la justicia; una relación que no ha sido fácil y que ha tenido mucho contenido. Se trataba de explicar
bien esa relación pero sobre todo cuál es el proyecto del ministerio ante las reivindicaciones de los jueces. Les agradezco enormemente a todos el tono que han empleado; no excluyo siquiera al representante del Partido Popular, al que reconozco el
esfuerzo por contenerse. No le ha salido del todo bien pero el esfuerzo se lo reconozco, señor Trillo. (Risas.) Ha estado usted intentándolo y la interpretación no le ha salido mal. Ahora hablaremos de eso. En todo caso, muchas gracias por el
tono constructivo de los que han tenido ese tono, que han sido casi todos.
Agradezco las precisiones de la señora Díez, del Grupo Mixto, porque esa tríada que ha desarrollado, breve pero eficazmente, es compartida plenamente. No puede ser de otro modo. Resulta que aquí tenemos una huelga con una serie de
peticiones que todos estimamos razonables. En el caso del ministerio, no solo razonables sino que en eso estamos, es nuestro programa. Si quitamos la reivindicación económica y algún matiz, uno se debe preguntar si desde ese consenso en lo
necesario de lo que tiene que ocurrir se puede montar una huelga, no ya como respuesta a nada sino como anticipo de todo. Por tanto, señora Díez, comparto exactamente ese planteamiento. Solo un matiz. Es verdad, necesitamos -lo dijo en primer
lugar- una herramienta de gestión procesal. ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué Hacienda y la Seguridad Social sí la tienen? La comparación con Hacienda es recurrente y además se entiende porque se hizo bien y pronto, pero no resiste porque un
instrumento de gestión procesal es algo inmensamente más complejo y por ello está tardando más.
Si le añadimos que existen al menos cuatro modelos de instrumento de gestión procesal con muchos primos hermanos, la cosa se complica. Pero es verdad
que necesitamos esa herramienta; es verdad que esa herramienta está muy acabada y que es imprescindible. Pero imagínese, señora Díez, cuando se empieza a trabajar ya hace mucho en esta herramienta -hace más de cuatro años- nos encontramos con que
hay 22.000 modelos procesales a partir del modelo procesal de la ley, porque cada órgano judicial ha ido desarrollando el suyo y ha ajustado lo que le ha parecido bien. Y nos enfrentamos a la necesidad de protocolizar primero las actuaciones para
luego poner encima un sistema
informático. Este es el gran tema. Pero estoy de acuerdo plenamente, es la herramienta indispensable.
Estoy también de acuerdo en que hacen falta medios personales, más jueces.
Pero sobre todo creo que hacen falta jueces recolocados en los sitios que hacen falta, porque hay más de un 45 por ciento del territorio que está por debajo del
módulo que ha señalado el consejo. Luego lo que tenemos no es solo eso sino un desajuste. Creo que también hay que medir bien, porque suele afirmarse generalmente que estamos en la mitad de Europa, que la media es algo más de diecinueve y que
nosotros estamos en algo más de diez. Serían muchos los matices que se podrían hacer a esa afirmación pero el primero y más importante es que no estamos de acuerdo en qué llamamos juez en toda Europa. Nosotros jamás contabilizamos a los jueces de
paz cuando hacemos la cuenta, solo a los de la carrera judicial, sean titulares o interinos. Por ahí tienen modalidades de juez que nosotros equipararíamos a nuestros jueces de paz y, si lo hacemos así, las cuentas nos salen de otra manera y no es
en modo alguno esa enorme diferencia que se dice. No creo que sea solo eso. Si nos atenemos a los estudios que manejamos todos -que son los mismos-, somos uno de los países con más tribunales de jurisdicción general por habitante. Tenemos 4,6,
muy por encima de Francia que tiene 1,8 o Reino Unido, 1,2 tribunales de jurisdicción general, porque, como sabe, luego hay órganos especializados. Somos uno de los países con más órganos jurisdiccionales para atender asuntos menores -la
delincuencia bagatela, el pequeño robo-: 3,9 unidades judiciales por 100.000 habitantes, solo superada por Rusia que tiene 5,19. Sé que estos datos aburren. Son los que están en ese estudio que manejamos todos, pero que está ahí y hay que
manejarlo para todo.
Incido en la idea de que tenemos, ante todo, desequilibrio y en que necesitamos urgentemente un nuevo mapa judicial que se adapte a los cambios que han existido. Pero estoy de acuerdo, también faltan jueces.
Creo que podemos estar de
acuerdo en que la descentralización ha provocado desajustes. Precisamente de esos desajustes hablamos cuando mencionamos la asimetría en el desarrollo informático, la asincronía que se ha producido y como consecuencia lo otro. Es verdad, pero no
es menos cierto que ha habido muchas bondades en la descentralización. Creo que es evidente que la proximidad de la gestión ha dado buen juego. De ahí que esté en nuestro horizonte próximo acabar el proceso de transferencias, porque eso va a
aclarar también el escenario. Ya no habrá un territorio gestionado por el Gobierno central y otros transferidos. No. Hay una parte que será transferida. Quiero decirle que en ese ámbito es muy importante la reforma de la ley orgánica que estamos
preparando y que queremos que venga a esta Cámara antes de junio en el tema de funcionarios de justicia. Porque creo que uno de los temas es precisamente que exista un mejor perfil del funcionario y una mejor capacidad de gestión de quien tiene que
gestionar. Creo que una buena medida para aminorar las disfunciones que a veces produce no la descentralización, sino la multiplicidad de órganos con competencia que yo creo que es el matiz -comunidades autónomas, ministerio, onsejo- es ese
consorcio, que ha sido bien recibido en la conferencia sectorial, en el que el ministerio va a poner casi 6 millones de euros y que vamos a hacer arrancar como herramienta para ir tratando en común toda la modernización tecnológica. Creo que esa
herramienta es enormemente útil y por eso hice tanto hincapié en ella. Es verdad que hay una cifra de pendencia importante. La pendencia es, en todo caso, un concepto que probablemente sea el más afectado por la evidencia de que no tenemos un buen
sistema estadístico. Por eso reunimos a la Comisión Nacional de Estadística, por eso la hicimos contraer compromisos concretos y por eso en junio tiene que haber un nuevo modelo de registro, porque ahí está la clave. No se puede seguir registrando
cada uno como le apetece. En esas medidas de unificación de lo administrativo está el germen de lo que puede acabar siendo un escenario transparente que entendamos bien, que es para todos los que tienen responsabilidades y que puede significar la
gran herramienta para legislar bien, para saber cuáles son realmente nuestras necesidades. Le agradezco todas esas aportaciones y creo que el camino está marcado. Ahora necesitamos un impulso que en cuanto a esfuerzo nos sobra y en cuanto a
elementos económicos tenemos el presupuesto que tenemos y debemos hacer lo mismo que hemos hecho con algunas cosas, como ese registro de medidas cautelares que ha salido con el esfuerzo de lo que teníamos y con un costo realmente pequeño en
comparación con lo que suelen costar las cosas.
Gracias también, señor Ridao, por el tono constructivo. Le agradezco mucho ese tono, que lo que aporta sean siempre ideas para sumar y tomo muy buena nota. Puede que usted lo vea así, y yo tengo que aceptar que a veces mis palabras puedan
ayudar a azuzar. Le voy a aceptar su punto de vista y le voy a añadir que no está en mi intención azuzar nada; todo lo contrario, estoy siempre intentando aproximar pero quizá a veces no me sale. Le agradezco el matiz, le agradezco la
recomendación de humildad.
Creo que a todos nos hace falta que nos lo recuerden de vez en cuando.
Quizá mi vehemencia algunas veces se puede confundir con eso otro, pero, insisto, no lo discutiré con usted y en todo caso le agradezco los consejos
porque eso llevará a una reflexión de diálogo que yo creo necesario.
Efectivamente el presupuesto es escaso, pero no está en ese 0,5 por ciento del presupuesto, está en el uno por ciento. Lamento decirle que aunque soy de letras, hasta ahí llego. Estamos en ese uno por ciento; me gustaría estar en otro
sitio, pero estamos donde estamos. Parte de ese gran pacto que se reivindica por los señores Olabarría y Jané y con el que todos podemos estar de acuerdo en cuanto a la formulación, sería el pacto económico. Es verdad y tendremos mucho que hablar
de ello. Muchas gracias, en todo caso, por sus aportaciones.
Muchas gracias, señor Olabarría, también por el tono. No entraré en la polémica descentralizadora. Ya he matizado que creo que el modelo es el que es. Tiene una parte buena que hay que potenciar y tiene desajustes que es nuestra
responsabilidad intentar modificar. Insisto en que por eso subrayaba lo del consorcio. No les aburriré. Hay quien se sonríe cuando uno habla de Lexnet. Yo lo comprendo porque llevamos hablando de Lexnet más tiempo del que se debería, pero es que
es una gran herramienta de integración. El secretario general de Modernización del ministerio me recuerda muchas veces que ante todo estamos trabajando en estos momentos en infraestructuras. Una de ellas es Lexnet, que se está potenciando porque
es la gran autopista de comunicación telemática segura, que vamos a tener todos porque ya la tenemos casi todos y porque además es gratis.
La financia el Ministerio de Justicia y se ofrece para todos. Creo que es muy bueno que vayamos viendo en el
escenario esas herramientas potentes de integración, señor Olabarría. Es verdad que unos van más por delante y otros vamos más por detrás. La cuestión es que esa disfunción tiene arreglo y como tenemos voluntad de arreglarlo creo que somos capaces
de hacerlo. Coincidimos en el análisis, como le decía. Las reivindicaciones en general son razonables y como eso es así se va a dar respuesta razonable a las peticiones razonables.
Es verdad que podría haber venido antes. Lamento no haberlo hecho. En todo caso, aquí estoy. En cuanto a que ha habido tardanza en negociar, yo creo que no mucha. Realmente hice una convocatoria inmediata a las asociaciones, pero si
usted la considera demasiado tardía yo estoy dispuesto a aceptar que a lo mejor lo vemos de distinta manera. En cuanto a la rigidez, es cosas de dos, como usted ha dicho. En la parte que me toque, mea culpa. Sin embargo, me parece que es cosa de
dos. Sí quiero subrayarle que de once asociaciones que se han sentado conmigo a trabajar solo dos se han ido y una de ellas descabezada porque su propio presidente no participaba de las razones para levantarse, que a su juicio no existían. No es
un buen balance porque no se pudo arreglar la cosa pero tampoco es un balance que diga del ministro de Justicia que anduvo con excesiva rigidez, o quizás sí.
No he sabido explicarme suficientemente bien cuando he hablado de que ya existe señalamiento de juicios de faltas por la Policía y Guardia Civil.
Seguramente no me expliqué bien. Desde el año 2003 existe una agenda electrónica de
señalamiento que son unas casillas con los días de la semana libres. Cuando se toma declaración a alguien por un hecho de faltas lo que se hace es dejarle citado ya para uno de los días que está libre en las casillas. Lo hace la Guardia Civil y la
Policía y es una agenda electrónica. La pregunta nada retórica que yo me hago es: si eso está así desde 2003, ¿por qué hacerlo ahora en otros ámbitos es medio sacrílego? Pero item más, los secretarios judiciales señalan los juicios por delito en
esa agenda electrónica ya ahora en el ámbito de los procedimientos de urgencia, que son cuantitativamente los más numerosos.
¿Y sabe por qué? Porque hay que distribuir las salas y los tiempos y a mi juicio la independencia judicial no está
involucrada en absoluto. Hay otras cosas que tienen que ver con la funcionalidad y que están involucradas, pero en mi opinión no la independencia judicial. En cualquier caso, tomo buena nota y será bueno que sigamos el camino emprendido con este
tono de cooperación en el que estamos instalados.
Gracias, señor Jané, de Convergència i Unió. Incide en algo que es una necesidad y es que confluyamos. Usted lo ve como lo ve; lo hemos hablado.
Uno intenta dar respuesta a lo más urgente que además es lo más importante a mi juicio. Al
empezar la legislatura había algo que era más importante que las demás cosas: la modernización. Comprendo que esto es discutible y que por tanto puede ser criticado y acepto la crítica, pero me parecía que después de lo que ocurrió en la
legislatura pasada era urgente que el paquete de leyes modernizadoras de que dependía la oficina judicial, que es el terreno donde menos conflicto político hay, que fuera adelante. Por eso quitamos de ahí todo lo que fuera orgánico, para que la
tramitación fuera más ágil, desde la convicción de que es no solo lo más urgente, sino lo más importante. Vea cómo la actitud de los jueces me da en parte la razón porque su primera reivindicación es la puesta en marcha de una vez de la oficina
judicial, y eso es lo primero que yo he traído al Parlamento. Estoy de acuerdo con usted en que todo es importante y desde determinadas ópticas lo más importante es otra cosa. Desde una óptica colectiva la modernización de la justicia está ahí y
ha sido la prioridad del Gobierno y si se comparte, mejor, pero si no, se acepta la crítica si alguien cree que hay otras cosas que deberían haberse puesto antes o durante. Tener un calendario es fundamental, pero es lo que he hecho durante toda la
tarde: expresarles qué calendario se ha autoimpuesto el ministro de Justicia ante las asociaciones judiciales.
Por un lado, a través de la comisión de estadística que ha señalado junio para el nuevo sistema de registros; y por otro, con la fecha
de diciembre de 2009 que marca la generalización de Lexnet en todo el territorio del ministerio y agregados, que son casi la mayoría, y el sistema Minerva. A pesar de lo que diga el señor Trillo -que no se ha enterado muy bien de eso porque estaba
ocupado en otra cosa cuando yo hablaba; aparte, señor Trillo, de que yo creo que usted no venía hoy a esto pero ahora hablamos de eso-, Minerva no es eso que usted dice; eso es Lexnet. El sistema de comunicación que usted mencionaba es Lexnet.
Minerva es un sistema de gestión procesal, que es el soporte de la oficina judicial, pero si quiere se lo explico otro día en que no esté usted tan atareado con otras cosas. Ese sistema estará en diciembre de 2009, como antes de junio estará lista
la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial donde va a haber muchas cosas pero sobre todo la reforma de los funcionarios, con nuevas herramientas para que las comunidades autónomas puedan gobernar la oficina judicial, y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que también es modernizadora
y muy importante. A veces no gusta; esta Cámara tendrá que decir lo que tenga que decir. El Gobierno llevará adelante su programa y traerá aquí esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Muchas gracias por la oferta de colaboración. Como estamos convencidos de que esos objetivos -que son los de las asociaciones y que son los suyos- son los nuestros, tenemos un amplio camino que andar y una compañía que agradeceré. Señor
Trillo, muchas gracias por el esfuerzo. Se lo agradezco sinceramente, aunque no le ha salido del todo bien, pero no estuvo del todo mal tampoco. Vea cómo estoy hoy; es tremendo. Me daba usted algunas cifras que yo no voy a intentar discutir.
Convendrá en que dos millones y medio de asuntos pendientes no son dos millones y medio de asuntos atascados; es otra cosa, son dos millones y medio de asuntos pendientes, que es el gran mal de nuestra justicia, la lentitud. Pero lo he dicho
muchas veces: no es colapso, es marcha lenta, exasperantemente lenta; no es caos, es un orden decimonónico, que es otra cosa. En todo caso, creo que debemos ser rigurosos y hacer una revisión. Es evidente que no ha querido pronunciarse sobre la
legitimidad o no de la huelga. Yo respeto su silencio, que lo diferencia del conjunto de los que aquí estamos, que me parece que opinábamos todos que esa huelga de jueces no es precisamente un ejercicio de legalidad. En todo caso, usted tiene todo
el derecho a plantear lo que quiera. En lo que no puedo estar de acuerdo es en que todas esas huelgas que ha enumerado y que yo he soportado sean todas las huelgas. Supongo que incluirá también la anunciada para la Comunidad de Madrid por la no
percepción de salarios, y a lo mejor ese día usted hace otra valoración. Yo seguiré haciendo la misma: las huelgas en justicia no son nada buenas. Pero es verdad que, cuando se cierra en falso una negociación ofreciendo lo que no se tiene, si
luego no se paga, pasa factura más tarde o más pronto.
Yo no he dicho, señor Trillo, que las causas de la huelga sean el juez Tirado y lo que le rodea. Comprendo que estaba usted muy atareado en su planteamiento, que no tenía que ver con lo que aquí hablábamos, y no me ha escuchado. He dicho
claramente que es un complejo de causas y que el cuadro general es la frustración de los jueces por lo que es un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia. He añadido que es bueno que hagamos todos autocrítica y que ellos hagan la
suya, porque nadie puede aceptar sin sonrojarse que toda la culpa es de la Administración de Justicia y ninguna de quienes tienen la máxima responsabilidad en los juzgados. Dicho lo cual, creo que tampoco me escuchó cuando estuve contando
prolijamente -ya pedí perdón por ello, fui demasiado prolijo- la respuesta punto por punto a lo que habían planteado las asociaciones. Me dice usted que no he contado lo que pasó con las asociaciones. Lo he contado todo, señor Trillo. Si quiere
que le cuente algo más no tiene más que preguntar, pero he hecho un repaso desde el primer punto al octavo -no eran siete, eran ocho- y punto por punto he ido diciendo cuál es la respuesta del ministerio, la que se prevé. En definitiva, creo que sí
respondí, aunque quizá usted en ese momento no pudiera escucharme.
No le insistiré en que Minerva y el piloto Murcia no es ningún sistema de comunicaciones. Lamento no haberme explicado bien o que usted no me haya entendido, pero debería ser coherente con lo que tantas veces me ha dicho y que yo acepto de
buen grado, que llevo hablando de Minerva y del piloto de Murcia desde que llegué. Cierto, señor Trillo, pero veo que infructuosamente, porque usted no se ha enterado de lo que es Minerva, así que seguiré hablando de Minerva y trataré de explicarme
mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, porque se ve que no lo consigo.
No sé si solo leyó un titular, pero el nuevo Registro de antecedentes penales entró en funcionamiento la semana pasada y hubo un medio de comunicación que a usted le ha desorientado, porque decía: caos en el primer día de funcionamiento del
registro. La palabra caos es de las más utilizadas por todos cuando nos referimos a justicia y ya he dicho lo que opino, pero en este caso le quiero decir que ese día entró en funcionamiento y que, como todo engranaje que comienza, hubo alguna
disfunción, pero fíjese cuál fue. La media de actos que se inscriben o que se piden en el Registro central de antecedentes penales es de 1.000 diarios. Pues hubo 890 inscripciones y un resto de 110 con problemas, sobre todo de comunicación
telemática por las vías, que no funcionaron, y por otra curiosa incidencia: algunos funcionarios que acababan de incorporarse habían olvidado la clave y el sistema se bloquea en cuanto un funcionario intenta entrar por tercera vez con una clave que
no corresponde. Eso provocó un problema que se arregló a las 24 horas. No es verdad, por tanto, que en el Registro de antecedentes penales siga el caos. No lo estuvo nunca, mal podía seguir, pero se arregló la disfunción en 24 horas. Yo
comprendo que esto a lo mejor no le llene, porque también comprendo que a usted hoy le toca otro papel. Usted ha venido hoy aquí a continuar lo que su jefe ha decidido escenificar en la calle Génova. No puedo decirle aquello de mi respeto, porque
yo creo que es poco respetable lo que ustedes están haciendo hoy, pero tampoco le diré más. A cada uno le toca una responsabilidad. Ustedes han decidido escenificar con la desmesura que todos hemos podido comprobar algo con un guión que
sinceramente falla de principio a fin, pero de esto se irán dando cuenta poco a poco.
No sé si el hecho de compartir con no sé si 50 ó 60 personas, entre las que había un juez, la afición por el campo y por la cinegética es algo tan censurable como para que tenga que dimitir. No le voy a aceptar, señor Trillo, que diga que
yo con eso he atacado a la independencia judicial. El ataque a la independencia judicial se produce cuando desde quien tiene el poder se presiona del modo que sea a alguien para que haga algo que no quiere hacer. Sinceramente no sé cómo de mi
coincidencia en un acto cinegético en el campo con un juez se puede deducir que yo estoy haciendo ninguna presión.
Después de más de treinta años de fiscal, jamás se me ocurrió hablar con un juez de algo que estuviera bajo su jurisdicción, y ahora de ministro tampoco. No lo hago. (Aplausos.) Lo bueno es que usted lo sabe. No digo más, señor Trillo.
(El señor Trillo pronuncia palabras que no se perciben.) No, déjelo, yo sé que usted lo sabe, pero lamento el papelón que tiene usted que hacer hoy, lo lamento de verdad, porque nuestra relación es buena y lo va a seguir siendo, faltaría más, y me
duele que a usted le toque este marrón, porque es un marrón de desmesura el papel que usted ha venido a hacer hoy aquí. Qué le vamos a hacer.
El ataque a la independencia, y algo más grave que eso, el ataque al Estado de derecho, lo están protagonizando aquellos que intentan desviar la atención no de un problema, ustedes no tienen un problema, ustedes tienen un lío monumental.
Miren hacia dentro y arreglen sus cosas.
Estamos asistiendo al espectáculo del Partido Popular contra el Partido Popular, y usted dice que dimita don Mariano. ¿Qué don Mariano? (Risas.) Yo no sé qué es lo que tiene que pasar en el Partido
Popular, lo que tenga que pasar que pase, pero no apunten ustedes a las instituciones, dejen a las instituciones tranquilas. Yo creo que es bueno que los ciudadanos sepan que sus instituciones funcionan. Yo no sé si esta afición mía por el campo
la tendría que desarrollar con otra gente. No me parece mala compañía la de un juez. Debe ser vicio de fiscal, llevamos tantos años juntos que finalmente me parece muy normal. En todo caso, ya sabe que, como siempre está uno de paso, uno hace las
cosas lisa y llanamente. Así las voy a seguir haciendo, señor Trillo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo las cosas claras, tengo muy claro por dónde ando, por dónde voy, no tengo nada que ocultar, lo hago a campo libre, como ha dicho mi querido amigo
Julio. Eso es lo que hay. Si ustedes ahora lo que quieren es hacer de esto la gran cuestión de Estado para que no se piense en otras cosas, es su estrategia.
No sé si me tocaba apuntar o disparar en esta ocasión en el símil que ha utilizado. Yo cuando apunto y disparo soy bastante bueno -es feo que lo diga, a veces hasta fallo-, pero es en otra área. En esta es más seria la cosa y hacemos lo
que tenemos que hacer, que es trabajar por que la justicia en este país sea cada día mejor, y para eso es bueno que preservemos a las instituciones y que no caigamos de nuevo en la tentación de encender la hoguera para que el humo tape lo que uno no
quiere que se vea e incendiemos con ello las propias instituciones. No hay, en definitiva, nada de eso que ustedes están con tanta desmesura pretendiendo exhibir. Yo no voy a calificar. Usted ha mencionado que alguien ha dicho que era obsceno.
Yo he leído ya también cosas sobre calificativos, pero no los voy a reproducir aquí por respeto a la Cámara; simplemente les diré que cuando se sobreactúa de la forma que ustedes lo hacen, se acaba cayendo del drama en la pantomima o en el cómic.
Tengan cuidado, porque esas cosas pasan. No le voy a decir que no voy a seguir conversando; le diré que seguiré conversando siempre que ustedes quieran conversar; le diré que seguiré tendiendo la mano con el diálogo por herramienta, y le diré que
en este momento histórico -fíjese en lo que hemos coincidido todos, en que la justicia necesita la fuerza de todos para arreglarla- suena a pretexto un poco flojo que usted hoy nos haya traído aquí para dejar de colaborar. Es el momento de la
responsabilidad, no el momento de utilizar el marco de la justicia para intentar desviar atenciones sobre problemas que solo son suyos.
Pienso que sería bueno que siguiéramos conversando, que siguiéramos hablando y siguiéramos construyendo. En todo caso, esa será la actitud del ministro de Justicia ante esta Cámara, ante esta Comisión y desde el ministerio con mi equipo:
trabajar en cooperación con todos los que están dispuestos a trabajar y espero y deseo que entre ellos se cuente el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Como habíamos anunciado, solo a los efectos de aclarar y por un tiempo máximo de cinco minutos, ¿algún grupo quiere pedir la palabra? (Pausa.) Veo que quieren todos los grupos.
Empezamos por la señora Díez, del Grupo Mixto. Aquí ya los tiempos serán muy rígidos porque hay que precisar y sólo tendrán como máximo cinco minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, ministro, por la respuesta que me ha dado a una parte sustancial de mi intervención. Sé que ha obviado entrar en otra de las cuestiones que me preocupa, la independencia de la justicia y el control que
desde el poder político se quiere ejercer o se ejerce sobre la justicia, y haré una brevísima intervención al respecto.
Dos cuestiones. Contestándome a mí o a otro portavoz, no lo recuerdo exactamente, citaba usted que los dos millones y medio de asuntos pendientes no son colapso sino una marcha lenta. Señor ministro, eso sería peor, porque si no se
considera un colapso sino solamente una marcha lenta vendríamos a aceptar, como con resignación, que la situación de la justicia en España fuera esta. Probablemente su intención no ha sido esa a la hora de explicarlo, pero preferiría pensar que es
un colapso, o sea, que es una cosa que se ha producido pero que no es cotidiana, que no es lo habitual, porque si aceptáramos que la justicia marcha lentamente sería todavía muchísimo peor y me parecería muchísimo más preocupante.
He expresado inicialmente que no iba a hablar de la huelga, que me preocupaba más lo que ocurría en la justicia que si tenían derecho o no a ir a la huelga, si tenían motivos o no para convocarla y si eran la mayoría o la minoría quienes la
convocaban. Se han hecho muchas intervenciones sobre si es legal o ilegal la huelga y ha habido, creo, un consenso bastante generalizado respecto a que los jueces no tienen derecho a ir a la huelga porque son un poder del Estado. Tengo dudas al
respecto y se las quiero plantear, no para que resolvamos la cuestión ahora, pero me parece honesto decirlo, puesto que se ha establecido aquí un criterio que parecía general y que
era indiscutible respecto de que ese derecho no existía por ser jueces y por ser estos un poder del Estado. Quiero plantear la necesidad de que le demos una vuelta a esto aunque, insisto, sé que no es el momento. Usted planteó públicamente
nada más anunciarse la huelga o cuando se dijo que se iba a convocar, que los jueces no tenían derecho y que la Constitución lo prohibía. La Constitución no dice nada, como muy bien sabe el ministro. Es un asunto sobre el que la Constitución no se
pronuncia y el artículo 127.1, que aquí se ha citado, tampoco se pronuncia. Establece algunas cautelas respecto al sistema de asociación de los jueces, pero no va más allá de eso. Tampoco se ha pronunciado, señor Villarrubia, el Consejo General
del Poder Judicial en el sentido que usted ha querido interpretar. ¿Qué ha dicho el Consejo?, que no existe en este momento cobertura legal -no me acuerdo exactamente- o que carece de soporte normativo. No ha dicho que esté prohibida, ha dicho
que no hay norma que la regule, pero eso no impide que no la podamos regular; nosotros lo podemos regular y la Constitución no impide que se regule, con las características que sea, un derecho a la huelga en un sistema muy complicado porque son
poderes del Estado, pero además son trabajadores con dependencia también orgánica. No están en la misma situación que los parlamentarios o que los ministros, que aquí se citaba. Ha habido países de nuestro entorno, como muy bien sabe el ministro,
que han ido a la huelga; democracias tan sólidas, tan estables y tan respetables como la nuestra, desde Francia a Italia pasando por Grecia. En Francia, por cierto, en 1999, con reivindicaciones muy del estilo de estas, reivindicaciones salariales
y de que no haya interferencia política respecto al funcionamiento de la justicia. Por tanto, no debemos solemnizar esto de que como no está regulado no se puede regular. Eso merece una pensada -si se me permite la utilización castiza del término-
porque se debe y se puede regular, y estoy dispuesta a aceptar que no sea así.
Para finalizar, señor ministro. Ha hecho una última intervención en la que daba explicaciones en relación con un tema que ha surgido, naturalmente por parte del Partido Popular, y aunque no me corresponda, permítame que con toda prudencia
le dé un consejo: iba usted muy bien hasta que ha hecho el chiste entre los dos Marianos, porque usted es el ministro de Justicia, y a lo mejor un partido político se puede exceder, y podemos decir cada uno de nosotros si somos mejores o peores
parlamentarios a la hora de defender nuestra posición, pero el ministro de Justicia no debe caer en un chiste de esas características porque estamos hablando de cosas verdaderamente muy serias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor ministro, debo confesarle que aunque usted ha agradecido el buen tono de las intervenciones, en la parte final de este debate creo haber asistido, no sé si perplejo pero diría que en algún momento incluso
asqueado, a un debate bastante impúdico de signo partidista, e incluso le diría que lo que me pide el cuerpo es inhibirme directamente y emplazar a otros grupos a que discutan entre sí. Lo digo porque ese debate se ha suscitado como consecuencia de
algunos problemas domésticos de algún partido de esta Cámara -no voy a entrar ni salir, porque creo que hay quien se marca solo- y el aprovechamiento que algún otro partido pueda hacer de esta circunstancia. Me ha parecido no sé si hilarante, yo
diría incluso un poco ofensivo, que a propósito de una estampa que hoy publica un medio de comunicación -que debo decirle que no nos gusta ni como hecho cultural ni como hecho estético y, además, creo que el ministro de Justicia debe ser como la
mujer del césar-, se haya planteado un debate acerca de la independencia o no del Poder Judicial y de la instrumentalización o no de este poder. Ni el Partido Popular ni el PSOE están legitimados para hablar, como mínimo con vehemencia, de la
independencia del Poder Judicial. Pero, particularmente, amigo Federico Trillo, no creo que se pueda hablar desde las filas del Partido Popular de la independencia del Poder Judicial, después de la ejecutoria, estos últimos años, de un Tribunal
Constitucional que es víctima de la instrumentalización no ya política sino partidista del alto tribunal.
Solo ver cómo acaban ustedes de obstaculizar la renovación del Alto Tribunal con un objetivo, que es preservar una determinada mayoría para
cargarse en este caso el Estatuto catalán, francamente no les legitima en absoluto para hablar de independencia del Poder Judicial y podría poner otros ejemplos.
En todo caso, no voy a seguir por esos derroteros porque este debate debía servir y tiene incluso su origen en los problemas atávicos, seculares, que arrastra la justicia, cabalgando sobre el malestar, eso sí, y la protesta judicial que
paralizó ya nuestra justicia en octubre pasado, y amenaza además con nuevos paros. En ese sentido, aun admitiendo que el Gobierno por inacción, por inoperancia y por sus errores haya podido encender la mecha del polvorín con un catálogo de
cuestiones pendientes, que van desde la reforma de la ley orgánica -como se ha dicho-, la reforma de la jurisdicción voluntaria, la justicia de proximidad, la demarcación y planta, la interconexión informática, a anomalías en los registros, falta de
medios materiales y personales, retrasos en la puesta en marcha de la oficina judicial y reformas procesales -estas sí que vienen incluso desde el siglo XIX-, por citar algunas de las que se han hablado en este mismo debate, aun admitiendo que esto
sea quizá en buena parte por responsabilidad del actual Gobierno, lo que hay aquí también es un debate nada accesorio y muy importante, como es la auténtica fronda corporativista que alienta la huelga.
Lo digo porque este es el debate -lo he planteado y el señor ministro lo ha eludido- de la democratización y la normalización de la justicia. Si la Administración de Justicia es la que menos se ha modernizado, los jueces
son los funcionarios del Estado -con honrosas excepciones- que menos han evolucionado y que mantienen todavía un espíritu corporativo que, como todo espíritu corporativo, es un abuso de posición y una mentalidad que -con alguna excepción-
abarca un espectro que va de la derecha hacia la extrema derecha. Hay todavía mucha mentalidad del Tribunal de Orden Público en la justicia en este país. Incluso la risible sanción que se impuso en su día al juez Tirado es, en nuestra opinión, un
episodio vergonzoso de autoprotección gremial. Eso hay que decirlo claramente y sin ningún tipo de tapujos. Por tanto, aquí hay dos problemas: el problema que aqueja a la justicia y el problema de los jueces -o al menos de una buena parte de los
mismos- que, por cierto, no se va a resolver con la huelga anunciada que, como he dicho antes, me parece impropia de un poder del Estado. Los jueces en huelga dicen que no les animan intereses económicos, que tienen una preocupación sanísima por la
modernización de la justicia. Quizá sí, pero lo que es evidente es que algunas deficiencias en los juzgados -se ha hecho un relato en algún momento en esta sesión: esos legajos alicatados en los pasillos de los juzgados y ese retraso en los
procedimientos judiciales- no son una cosa de ayer. Por tanto, la pregunta es si esa bandera de la modernización de la justicia que exhiben algunos jueces no será en este caso un móvil o una coartada para enmascarar ese auténtico miedo cerval a que
haya reformas estructurales en la justicia y miedo, en definitiva, a que en el futuro puedan ser juzgados por sus propios errores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Comparto buena parte de los argumentos expuestos por el señor Ridao. Este debate me resulta particularmente deprimente.
Voy a decir solo lo que voy a decir y ni un punto más. No lo voy a glosar ni a interpretar,
ni siquiera bajo la amenaza de torturas. He sido durante cinco años vocal del Consejo General del Poder Judicial y le puedo asegurar que la despolitización del vértice jerárquico -cuando menos- de la Administración de Justicia es una asignatura
pendiente del Estado español. Sé quién daba las instrucciones, cuándo, dónde y cómo se incorporaban a las mayorías que se correspondían con las Mayorías parlamentarias de esa institución. Lo sé perfectamente. Y no voy a decir nada más. Este
órgano nombraba a todos los magistrados del Tribunal Supremo con criterios de discrecionalidad, nombraba a todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia autonómicos con absoluta discrecionalidad, a todos los presidentes de las
audiencias provinciales con absoluta discrecionalidad o mediante un sistema de cuotas. Y dentro de ese pacto de Estado que nosotros preconizamos, este tema lo tenemos que resolver, señor ministro. Usted lo sabe y lo sabemos todos los que estamos
aquí. Otra cosa es que lo reconozcamos. Cuando se ha hablado de politización -he escuchado atentamente al señor Trillo- estaba pensando en otro tipo de politización de mayor cuantía, de mayor entidad. Desde luego, no he venido aquí a dilucidar
razias entre partidos, problemas entre partidos o escenificaciones que forman parte de la política ficción. Yo he venido a hablar de los problemas profundos de la justicia y hoy no se puede. Ni lo que yo diga va a tener más relevancia que la pura
constancia en el'Diario de Sesiones' ni se va a poder trasladar a ningún medio de comunicación. Hoy interesan otras cosas y esas cosas no interesan a los justiciables. Por tanto, yo en este momento acabo mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané i Guasch.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, comparto que la urgencia es la modernización. Deberíamos ser capaces de acordar ese plan de modernización con todas las reformas que la mochila de ese plan requiere.
Pero esa modernización, señor
ministro, no está divorciada del cumplimiento, por ponerle un ejemplo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía -entre otros-, de lo que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía votado por un amplio consenso en esta Cámara. Eso también es
modernización. Debo pensar que cuando estas Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de Andalucía con esa amplísima mayoría, había una voluntad de caminar con esas disposiciones también hacia la modernización. Por tanto, no están
contrapuestas las medidas de modernización en la nueva oficina judicial que el Gobierno pueda plantear en un proyecto de ley con las medidas, también de modernización, en las nuevas atribuciones a los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas o con un replanteamiento de la casación, salvando aquello que corresponde al Tribunal Supremo porque la Constitución así lo garantiza. Señor ministro, esto tampoco está contrapuesto en ningún sentido con esta necesaria
modernización. Por tanto, le abro esa reflexión.
Quería decir al señor Trillo que desde una óptica personal me ha dolido.
Llevo muchos años en esta Comisión de Justicia. Para mí, pertenecer a la Comisión de Justicia es de lo más gratificante en esta Cámara. Quienes me conocen en esta
Comisión lo saben, porque hemos tenido largos, larguísimos debates a puerta cerrada en ponencias legislativas que lucen poco después en los medios de comunicación. No son debates mediáticos como el de hoy; son debates de la mejora del día a día,
proyecto a proyecto. No hace mucho con el señor Pizarro, del Grupo Parlamentario Popular, compartimos -y le reconocía al señor Pizarro en el'Diario de Sesiones' la manera en que habíamos trabajado- un proyecto de ley de índole societaria y creo que
mejoramos la justicia y el ordenamiento jurídico con ese trabajo legislativo. Me gusta -a otros no les gustará- trabajar los proyectos de ley y me gusta trabajar y fortalecer la justicia. Lo digo
con total sinceridad. Yo quiero fortalecer la justicia. He trabajado y creo en esa línea desde siempre, tanto en gobiernos del Partido Popular y con ministros del Partido Popular como con gobiernos y ministros del Partido Socialista. Es
aquello que nos debe motivar. Por tanto, me ha dolido que se diga que quiero fracturar la justicia. Lo que sí quiero, y creo que esto también es fortalecerla, es cumplir con las leyes aprobadas por estas Cortes Generales. Creo con sinceridad que
si aprobamos leyes, y leyes tan importantes como el Estatuto de Autonomía de Cataluña o el de Andalucía, bueno sería que nos marcáramos de qué manera las cumplimos.
Son estatutos que incluso han sido refrendados por la ciudadanía. Por tanto, más
allá de las legítimas discrepancias que todos podemos tener, lo que se ha dicho de que queremos fracturar la justicia -se lo digo con sinceridad, señor Trillo- me ha dolido. Con el señor Astarloa, su antecesor en esta Comisión, podríamos recopilar
las muchas discrepancias que a veces hemos podido tener en aspectos ideológicos, pero también las muchas coincidencias que hemos tenido en ese camino compartido de fortalecer la justicia, porque falta nos hace. La verdad es que aquí no sobra nadie.
Con toda sinceridad, en esta Comisión de Justicia tenemos muchísimo trabajo por hacer en esta legislatura y en las siguientes. No vamos a cambiarlo todo en estos tres años que nos quedan de legislatura. Hay grandes proyectos como el de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lleva años en los cajones de los ministerios y sobre la que veremos si somos capaces de fraguar un consenso. Por supuesto que cuando pido un pacto de Estado lo entiendo como un pacto de Estado con todos, y
también, con el principal grupo de la oposición. Poco pacto de Estado sería si se excluyera del mismo y quien legítimamente puede ser la alternancia política. Sería bueno que pactáramos en esta Cámara una hoja de ruta que sirviera para gobiernos
de distinto color político y que al final nos llevara a esa modernización de la que hablaba el señor ministro de Justicia -estoy de acuerdo, señor ministro-, pero sobre todo a ese fortalecimiento de lo que es también un servicio público para la
ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor ministro, señorías, intervengo muy telegráficamente para poder contestar a algunas alusiones que ha hecho el ministro y algunos de los intervinientes, especialmente por el Grupo Parlamentario
Socialista. La huelga de los jueces. El Grupo Parlamentario Popular ha dicho siempre y reitera hoy que comparte la plataforma reivindicativa de las asociaciones judiciales a la que usted se ha referido en términos de lo que ellas piden, pero no de
lo que va a ofrecer nuevo. De eso no ha habido nada. De hecho, debiera compartirla también usted como ministro representante del Gobierno en el pacto por la modernización de la justicia, porque es exactamente el contenido del pacto que suscribimos
el pasado verano. Por tanto, reiteramos que mantenemos esas reivindicaciones. Esas reivindicaciones las pueden mantener los jueces en la forma que consideren oportuno dentro de la ley y, desde luego, nosotros las vamos a seguir manteniendo.
Derecho o no la huelga. Siempre hemos dicho que acataríamos respetuosamente la decisión de quien tiene la competencia, el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que ha decidido un criterio por unanimidad.
Sobre ese criterio
las asociaciones, las que interpusieron el escrito de servicios mínimos, tienen recurso ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, que pueden ejercitar o no. Si lo ejercitan, naturalmente nuestro grupo también acatará la decisión de la Sala tercera
del Tribunal Supremo, para que quede claro.
Precisamente porque el Gobierno y el Partido Popular tienen suscrito un pacto, que coincide con las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y hasta de los jueces de distrito, es por lo que nosotros hoy hemos dicho las cosas que hemos
dicho. Porque SS.SS saben muy bien, y el ministro particularmente bien, que los contratos no se dejan en su cumplimiento a una sola de las partes. Tenemos el derecho y el deber de exigirle el cumplimiento que hasta ahora no se ha producido, muy
especialmente cuando hemos hecho alarde de lealtad al cumplimiento de ese pacto, cuando hemos traído al Pleno de la Cámara interpelaciones y subsiguientes mociónes que hemos suscrito y hemos ofertado a todos los grupos parlamentarios, y que vuelven
a vincular al Gobierno al cumplimiento de esos objetivos del pacto y de las plataformas de jueces y de las juntas de jueces, que no está cumpliendo.
Voy a referirme solamente a las dotaciones, de nuevo. Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular no dice que sea el 0,5 por ciento de los gastos generales del Estado. La sección de Justicia tiene, según los números oficiales del
Gobierno presentados en esta Cámara, el 0,5 de los gastos generales del Estado, no el uno por ciento. No han hecho el incremento porcentual que mereció la ruptura del pacto, señor Villarrubia Mediavilla. Le agradezco alguna referencia personal,
pero tengo que establecer y restablecer la verdad.
Señor presidente, el artículo 72.2 del Reglamento especifica que cualquier diputado podrá también pedir durante la discusión la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. Si a
estas horas yo les leo la carta de no sé cuantos folios del señor López Aguilar, les sometería a tortura y casi a trato inhumano, y no digo degradante pero, señor Villarrubia, la deposito en la Mesa, es el original. Aquí no dice lo que usted ha
dicho, aquí dice lo que yo he dicho. Ustedes rompieron porque era insuficiente la dotación presupuestaria, porque querían que se implementaran en los siguientes años al Pacto por la justicia los 1.500 millones de euros. Lo dice con todo detalle y
durante dos folios. (El señor Villarrubia Mediavilla hace signos negativos.) Sí, señoría, está aquí
y lo vamos a entregar a la Mesa y a repartir a la prensa. Con la verdad no se puede jugar.
Por cierto, señor ministro, nada nos ha dicho del compromiso ante esta Cámara, en la moción que suscribieron todos los grupos parlamentarios, sobre las tasas y la adscripción de las mismas a la financiación de la modernización de la
justicia. ¿Sabe S.S. -no sé si se lo ha explicado su equipo aquí presente, que no me dejará mentir- cuántos son los rendimientos de las tasas del último año, de 2008, de los nueve primeros meses conocidos más la proyección? Son 90 millones de
euros en 2008, de los cuales usted está ofertando 20 para la modernización de la justicia, para esa informática de la que dice que yo no me he enterado. Señor ministro, tuve que hacer una lectura muy larga y muy enjundiosa, porque es muy aburrida,
de los sistemas Libra, Minerva, Adriano, Justicia Bat, Avantius, Cicerón, Temis y Atlante en las distintas comunidades autónomas y de las dos del territorio común del Ministerio de Justicia. Claro que sabemos lo que es el sistema Minerva. Señor
ministro, se trata de un sistema de ejecutorias criticado por todo el mundo, porque no funciona, quizá porque se instaló, se adjudicó o lo que fuere precipitadamente, pero no me lo ponga como el ejemplo de la modernización. Segundo, después de
estos años de retraso no se le puede ofrecer, no ya a las asociaciones de jueces o al Congreso de los Diputados, a los ciudadanos que se van a arreglar las cosas a partir del primero de enero de 2009, para terminarse en 2015; si estamos en enero,
casi febrero, y no se han puesto en marcha, peor de 2010. ¿Cuánto tiempo puede esperar un ciudadano a que de verdad tenga una justicia en la que pueda confiar y que no se produzcan casos como el que usted ha mencionado tantas veces hoy aquí?
¿Cuánto tiempo ha de esperar, cinco, seis años más? Eso no es serio, señor ministro, sobre todo cuanto tiene, además de los ingresos por las tasas, los de las multas, que también se pueden estudiar y que son también unos cuantos millones de euros.
No le estoy pidiendo ni siquiera que aquel crédito del que habló ayer el presidente del Gobierno, el que nosotros le ofertamos y recordó el líder de la oposición, el que enmendamos en la sección de Justicia, lo aplique para solventar el problema.
Le estoy diciendo que afecte usted las tasas, que afecte el resultado de las multas, y nada de nada. Por eso, porque no podemos dejar el cumplimiento del pacto a una sola de las partes y porque este es el sitio donde tenemos que exigir su
cumplimiento, hemos dicho lo que hemos dicho hoy.
Termino con los famosos acontecimientos del fin de semana. Yo también distingo, señor Fernández Bermejo, entre lo personal y lo institucional.
Usted ha querido hacer una incursión por lo personal. Le diré que le felicito por la puntería
que dice tener pero, sinceramente y dicho con los mismos términos, no por la cuadrilla de caza. En este caso se ha equivocado usted gravemente, porque en lo institucional el ministro de Justicia no puede estar todo el fin de semana con el juez que
está instruyendo el caso que tiene conmocionada a la opinión pública, no solo al Partido Popular. El señor Villarrubia dice: No sabemos si se cruzaron.
Sí, sí, hay que actualizarse, lo ha dicho el ministro, que va allí a desconectar. Se consigue
en un ambiente relajado, donde se habla de la naturaleza y hablamos de nuestras cosas. (El señor Jaúregui Atondo: Bueno, bueno, qué barbaridad.) Nosotros queremos que el ministro de Justicia y el juez Garzón no hablen de sus cosas durante el fin
de semana en el que hay tres personas detenidas y en donde se está tratando de calumniar al principal partido de la oposición. Finalmente, señor Fernández Bermejo, no nos pida responsabilidad y prudencia a nosotros. Es usted el que tenía que haber
ejercitado el ejercicio de su cargo con mayor prudencia y asumirlo hoy con mayor responsabilidad. (Varios señores diputados: Muy bien.- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, intervengo con la misma brevedad y buen tono para señalar un par de aspectos. Uno el de la intervención, que yo refrendo no en su integridad en los contenidos, pero sí en el fondo, del
portavoz de Convergència i Unió, porque he tenido ocasión de ver a lo largo de muchas sesiones, algunas no públicas, las importantes aportaciones que su grupo, y personalmente don Jordi Jané, ha realizado para la mejora de muchísimos proyectos de
ley y de muchísimas iniciativas. Es más, ha tenido ocasión de sacarnos a distintos grupos de muchos apuros, dicho en el sentido positivo, no partidista de la palabra, y lo tengo que reconocer públicamente. Por tanto, me parece un poco injusto el
trato que ha recibido.
Le digo también que para la justicia en España es importante la implantación y la entrada en vigor de la nueva oficina judicial. Es verdad. Puedo coincidir con usted en que hay otros muchos temas que paralelamente son necesarios para la
mejora de la modernización de justicia, pero también es verdad, y a lo mejor es poco prudente lo que digo, que hay temas que pueden ser más conflictivos y en los que es más difícil coincidir entre los distintos grupos de la Cámara. Sin embargo, hay
algunos aspectos básicos, de mero funcionamiento, de modernización, en los que debemos y estamos obligados, dicho entre comillas, a ponernos de acuerdo todos. Quiero hacer esa matización, siendo verdad que hay otros muchos temas que hay que avalar.
Siguiente cuestión a la que me refiero de forma muy rápida. Don Federico, por mucha carta que haya pasado por escrito, yo no me he referido a una carta de don Juan Fernando López Aguilar, porque eso no es un acta notarial. Yo me remito
expresamente al'Diario de Sesiones' de la Cámara y a mis intervenciones como portavoz de este grupo parlamentario y como secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, ya que intervine en reiteradas ocasiones y en distintos años ante el
Pleno,
esta Comisión y la Diputación Permanente, denunciando y diciendo lo mismo que he dicho hoy ante esta Comisión, no cosa distinta. El camino de la verdad es uno. No sea tan tortuoso, don Federico, o si no solo habrá que hacer examen de
conciencia y luego cumplir la penitencia. La verdad la he dicho, la mantengo y está en el'Diario de Sesiones' de este Parlamento, con más amplitud de lo que he podido decir hoy, pero resumiendo casi literalmente las causas, porque eran profundas.
Es verdad. Probablemente esa carta, que yo desconozco, recoja como uno de los elementos objetivos la no dotación presupuestaria de la anualidad durante varios años, que no cumplió en ninguno de ellos, y probablemente el en ese momento portavoz, don
Juan Fernando López Aguilar, hiciera constar ese extremo, pero no solo ese, que yo también he puesto sobre la mesa, sino otros más importantes de fondo que la no consignación económica.
Finalmente, le agradezco de nuevo la información, señor ministro, y le animo a cumplir con esa constitución de mesas, que ya ha quedado fijada para el día 17, y con los acuerdos, cómo no, que se van a cumplir y a desarrollar para los pactos
que ha contraído y mantenido con las asociaciones judiciales. Por cierto, he podido leer en teletipos que sus representantes, a los que no he aludido, lógicamente no avalan esa interpretación que realiza el portavoz del Grupo Popular de esa
coincidencia multitudinaria en ese fin de semana, y dicen cosas como que eso es sacar de quicio las afirmaciones, y que las insinuaciones de complicidad están fuera de lugar. Pero es que no hace falta. Creo que es un asunto tan exagerado y tan
claro que no merece mucho mayor comentario.
En cuanto a lo de acatar tanto lo que dice el Consejo General del Poder Judicial como lo que en su caso pudiera decir la Sala tercera del Tribunal Supremo ¡faltaría más!. Lo que pasa es que nosotros hemos dado un pasito más adelante, que ha
sido manifestarnos expresamente en contra de la huelga en estos términos, en estos momentos y por las razones que doy por reproducidas, cuando están abiertos todos los mecanismos de negociación, todos los mecanismos de diálogo y cuando todo está
pendiente de desarrollar. Esa es la cuestión. No solo que se diga: compartimos los motivos y acatamos las sentencias del Tribunal Supremo. ¡Hasta ahí podíamos llegar!. Sería bueno que se dijera expresamente que se está en contra de este
movimiento minoritario, no de dos tercios, don Federico; si hablamos de verdades, a ver de dónde salen los dos tercios. Aunque usted sea de letras, creo que es un error excesivamente amplio. Por tanto, no me queda más que agradecerle la
información y animarle a seguir trabajando por este reto de la modernización de la justicia, que no puede esperar.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Quiero agradecerles a todos su colaboración. No hablaré más de demagogia ni de desmesura, ya hablé lo suficiente, ahora toca hablar de otra cosa. Creo que no tenemos el mejor sistema
universal de justicia, que está por llegar en todas partes, pero tenemos un sistema de justicia que garantiza la independencia judicial, por mucho que tengamos instituciones que podemos mejorar, y debemos hacerlo. Ahora toca apoyar a este nuevo
consejo para que pueda hacer su trabajo, que no lo tiene fácil, y en eso creo que debemos estar todos. Les agradezco enormemente su disposición y sus aportaciones y, desde luego, me quedo con el guante de esa cooperación, que significa un camino a
andar, en el que -insisto- espero que acabe estando de nuevo el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer su colaboración y su presencia a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y a todas y todos ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a todos los portavoces su colaboración en el
desarrollo de esta sesión. También quiero agradecer al equipo del Ministerio de Justicia y al ministro su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.