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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 185, de 17/12/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 185
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 7 celebrada el miércoles 17 de diciembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
De la diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Previsión del Ministerio de Trabajo e Inmigración de proceder a una reforma del Estatuto de los Trabajadores en el marco del diálogo social.
(Número de expediente 181/000131.)... (Página 2)
- Plazo previsto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para presentar en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley integral contra la siniestralidad laboral. (Número de expediente 181/000132.)... (Página
4)
Medidas previstas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para combatir los accidentes de trabajo graves y mortales relacionados con el tráfico y la seguridad vial. (Número de expediente 181/000133.)... (Página
6)
- Plazo previsto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para tener operativa la policía judicial especializada en la lucha contra la siniestralidad. (Número de expediente 181/000134.)... (Página 8)
Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda-Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre:
- Medidas previstas para impulsar el pleno desarrollo de la estrategia española de seguridad y salud 2007/2012 y un mayor cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. (Número de expediente
181/000878.)... (Página 10)
Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre:
- La aprobación del sistema de bonus de reducción de cotizaciones sociales para estimular la política de prevención de riesgos laborales de las empresas. (Número de expediente 181/000938.)... (Página 12)
De la diputada doña María del Carmen Guerra Guerra, en sustitución del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
- Medidas para impulsar y mejorar los procedimientos de expulsión y devolución de inmigrantes irregulares. (Número de expediente 181/000192.)... (Página 14)
De la diputada doña Carmen Navarro Cruz, en sustitución del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
- Cambios previstos ante el fracaso de la política de inmigración en la VIII Legislatura. (Número de expediente 181/000193.)... (Página 17)
De la diputada doña María Gràcia Muñoz Salvà, en sustitución del diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
- Pasos dados para incorporar las políticas de cooperación migratoria a las políticas desarrolladas en el seno de la Unión Europea. (Número de expediente 181/001013.)... (Página 20)
De la diputada doña María José Sánchez Rubio, en sustitución del diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
- Valoración de la Cumbre Europa-África, celebrada en París, en relación con las políticas de inmigración. (Número de expediente 181/001014.)...
(Página 21)
De la diputada doña María Elvira Cortajarena Iturrioz, en sustitución del diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
- Valoración de las aportaciones de España a la Conferencia sobre la integración de la inmigración en Europa, celebrada en Vichy los días 3 y 4 de noviembre de 2008. (Número de expediente 181/001015.)... (Página
23)
De la diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, en sustitución del diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
- Valoración de la evolución del número de certificados de registro o tarjetas de residencia para extranjeros residentes en España, teniendo en cuenta el país de origen de la Unión Europea o terceros países. (Número de expediente
181/001016.)... (Página 25)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración, para contestar a las preguntas que figuran en el orden del día.DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
PREVISIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN DE PROCEDER A UNA REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL.
(Número de expediente 181/000131.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas, para formular la pregunta en relación con el Estatuto de los Trabajadores en el marco del diálogo social. Doña Carmen, cuando usted quiera.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor subsecretario, muchas gracias por su comparecencia esta tarde en la Comisión de Trabajo e Inmigración para la contestación de preguntas. Creo que es todo lo que tenemos en el orden del día,
sucesivas preguntas dirigidas a su señoría.
Desde el Grupo Popular le formulamos primero una pregunta relacionada con la previsión que tenga el Ministerio de Trabajo e Inmigración para proceder a una reforma del Estatuto de los Trabajadores, lógicamente en el contexto del diálogo
social, que, según se nos ha venido informando, está abierto y conocemos ya su puesta en marcha quizá desde el mes de junio pasado. Queremos saber si hay alguna previsión de trabajar en este sentido y cuál es la postura que adopta el ministerio.
El señor PRESIDENTE: Para responder a esta pregunta inicial tiene la palabra el señor subsecretario de Trabajo e Inmigración, don Leandro González. Cuando usted quiera.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Antes de entrar en la respuesta de la pregunta, sí quiero anunciarles, lo conocen y tenemos que congratularnos, la votación que se ha producido en el Parlamento Europeo;
todas las enmiendas se han aprobado por mayoría absoluta, en el mismo sentido que este Parlamento, en la proposición no de ley, propuso la modificación del proyecto de directiva de las 65 horas. Yo creo que es una noticia buena para la posición del
Gobierno, para los agentes sociales por supuesto y desde luego para este Parlamento que, unánimemente, en una proposición no de ley, mantuvo una postura que es la que en definitiva se ha seguido en el Parlamento Europeo.
En cuanto a las previsiones de modificación del Estatuto de los Trabajadores en el marco del diálogo social, como ya sabe, en los últimos tiempos, en el Estatuto de los Trabajadores no ha habido una estrategia definida y precisa para hacer
una modificación en profundidad del Estatuto, sino que se ha ido produciendo a través de leyes horizontales y de leyes sectoriales, siempre contando indudablemente, en el marco de diálogo social, con los agentes sociales. La Ley 43/2006, de
Crecimiento y del Empleo, la Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley 36/2007, por la que se modificó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, todas ellas juntas supusieron una
gran lista de modificaciones de artículos del Estatuto de los Trabajadores. No era una estrategia de modificación, sino una repercusión en el Estatuto de los Trabajadores de decisiones legislativas que estaban contempladas en otras leyes
sectoriales horizontales.
Como sabe, en el diálogo social no está sobre la mesa expresamente, explícitamente, como punto definido, hacer modificaciones puntuales en el Estatuto de los Trabajadores. Sí que hay temas que en el programa del Gobierno tienen que ver con
la repercusión en el Estatuto para su modificación en temas de contratos formativos o modificación de las condiciones de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Precisamente en la Ley de Presupuestos para 2009 sí que hay una
modificación, una ampliación del permiso de paternidad, que en definitiva lo que está modificando es el Estatuto de los Trabajadores. En principio, en el Estatuto de los Trabajadores está la declaración que sienta la base de la recuperación del
crecimiento económico; hay seis ámbitos de actuación, como saben, las políticas de empleo para abordar el futuro, la política de inmigración orientada al empleo, la igualdad en el empleo, la formación e inversión en capital humano, la negociación
colectiva, la sostenibilidad y la mejora y adaptación del sistema de protección social.
Estos son los grandes ámbitos de actuación en el ámbito del diálogo social.
¿Cuáles son las mesas que están abiertas en este momento, qué temas se están tratando? Se están tratando y hay mesas abiertas para el tema de Seguridad Social y Pacto de Toledo, tema que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo,
juventud, dependencia, empleo y discapacidad, potenciación y mejora de la formación, Estatuto del Trabajo Autónomo, igualdad, evaluación del acuerdo de 2006, mercado de trabajo y modernización de los servicios públicos de empleo, industria y
energía, I+D+i, sanidad y vivienda. Estas son las mesas, los grupos de trabajo que están constituidos en torno a ese ámbito del diálogo social. Es posible que, lógicamente, de los acuerdos que nazcan en algunas de estas mesas haya proyección
normativa o resultados normativos que supongan modificación del Estatuto de los Trabajadores, pero en principio, en el ámbito del diálogo social no hay una posición concreta de modificar alguna parte concreta del Estatuto de los Trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Nosotros coincidimos en aquello con lo que ha iniciado el señor subsecretario su intervención. Es verdad que hay una serie de leyes horizontales que son las que han ido modificando el Estatuto de los
Trabajadores y justamente ese es uno de los puntos que al Grupo Parlamentario Popular y al Partido Popular en su momento, cuando elaboró el programa electoral, nos llevó a plantear la necesidad, dentro del diálogo social, de establecer una
adaptación, una reedición del Estatuto de los Trabajadores.
Si no tengo mal hechas mis anotaciones y todo lo que he estado trabajando al respecto, existen desde el año 1980, año en el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, que fue creo que uno de los avances importantes que desde los Pactos
de La Moncloa se consiguió, como la constitución de las relaciones laborales, por decirlo de alguna manera.
Hoy se cumplen 30 años de ese Estatuto, señorías, y hasta 37 son las modificaciones que yo tengo recogidas y que se han ido introduciendo en
ese texto legal, que, insisto, es el catecismo de las relaciones laborales; desde el año 1983 hasta las más recientes que ha habido. Pero al final lo que tenemos es un documento deshilvanado en muchas cosas, un documento que ha sido elaborado como
un puzle, con añadidos, con leyes que se han ido aprobando y que han incidido en él, pero que han terminado por hacer un conglomerado poco claro y yo creo que sobre todo poco actualizado a la nueva situación del siglo XXI. Entre otras cosas, yo
creo que sería necesario recoger todas las perspectivas. Y perdonen que no lo haya dicho al principio pero coincido, y celebro que lo haya dicho, con el señor subsecretario en que haya sido rechazada la iniciativa de la ampliación a 65 horas de la
jornada laboral. Desde el Grupo Parlamentario Popular lo celebramos y lo hemos apoyado tanto aquí como en el contexto del Parlamento Europeo. Sí que es verdad que sin embargo hay otras perspectivas laborales en el ámbito del diálogo europeo, que
puede ser interesante que se tengan en cuenta, como es lo de la seguridad y como son otra serie de normas que se están debatiendo a nivel europeo y que podrían ser recogidas en este nuevo Estatuto de los Trabajadores por el que nosotros trabajamos.
Se trataría de reordenar, de aclarar, de simplificar además la norma básica de las relaciones laborales, de introducir, como bien también ha dicho el señor subsecretario, algo que está en la mesa del diálogo y que está recogido indirectamente por
alguna ley horizontal, pero que sería necesario aclarar más y con más precisión en el Estatuto de los Trabajadores; es, por ejemplo, todo el tema de la conciliación, que está digamos recogido colateralmente en esa ley horizontal, pero que nos
gustaría que se estableciera como un derecho de los trabajadores en ese texto legal. También se podrían introducir todos los nuevos sistemas de trabajo, como pueden ser el teletrabajo, el trabajo a distancia, etcétera. Yo creo que hay suficientes
modificaciones de la economía española desde el año 1980, en el que se elaboró esta norma, a la situación actual para que pidamos y establezcamos que, dentro de ese debate del diálogo social, se tenga en cuenta la posibilidad de una reforma en
profundidad del Estatuto de los Trabajadores, que aclare la norma, que la ordene, que la modernice en definitiva.
Para terminar, señor presidente, voy a hacer alusión a unas declaraciones del secretario general de UGT, don Cándido Méndez, no ya ahora, que se cumplen 30 años del Estatuto, sino cuando se cumplieron los 25 años. Él ya abogó por la
elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y decía concretamente que el Estatuto de los Trabajadores vigente como norma de protección tiene, en términos clínicos, decía don Cándido Méndez, un pronóstico reservado. Sufre daños pero no se
delimitan ni evalúan los mismos. Yo creo que ha llegado el momento en el que evaluemos esos daños, que veamos de qué manera lo podemos ordenar, mejorar, aclarar, simplificar y adaptar por tanto a la economía y a las relaciones laborales del siglo
XXI. A eso le instamos y a que lo incluyan en el diálogo social como una de las prioridades; iría en beneficio del conjunto del aparato productivo y desde luego en beneficio de los trabajadores de España.
El señor PRESIDENTE: Para responder y cerrar el turno de esta pregunta tiene la palabra el señor subsecretario. Don Leandro, cuando usted quiera.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo creo que la pregunta tiene dos niveles de planteamiento. Uno es el nivel técnico, en el que yo puedo coincidir en el sentido de que ha habido muchas modificaciones del
Estatuto. Convendría seguramente hacer un texto refundido, aclarar, refundir e integrar. En la última legislatura yo cuento veintitantas modificaciones. El Estatuto de los Trabajadores es la norma fundamental que regula el mercado laboral. Es
bueno tener un texto claro, bien integrado, más sencillo, más simplificado. Ese es el nivel técnico.
En cuanto a las innovaciones normativas, qué cosas habría que cambiar en el mercado de trabajo. Desde hace 25 años bien sabe que ha habido modificaciones profundas en nuestro mercado de trabajo. Nadie duda en estos momentos de que tenemos
un mercado de trabajo que es un mercado de relaciones laborales; el mercado de trabajo es un mercado de trabajo abierto, flexible, tan abierto y flexible que ha posibilitado que en los últimos ocho años se generaran en nuestro mercado de trabajo
8.200.000 empleos. Así es de amplio y flexible. Seguramente hay inn ovaciones que habría que introducir, esas innovaciones que vayan surgiendo, alguna a lo mejor por parte de sus señorías se ha expuesto; posiblemente una de ellas tiene que ver
con la conciliación de la vida familiar y laboral, que está sobre la mesa. Son innovaciones que tendrían que recoger los agentes sociales y el gobierno en el diálogo tripartito y en el diálogo social.
- EL PLAZO PREVISTO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA PRESENTAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 181/000132.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta también está formulada por doña Carmen Álvarez-Arenas, sobre el plazo previsto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para presentar en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley integral
contra la siniestralidad laboral. Doña Carmen, cuando usted quiera.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: El Grupo Parlamentario Popular quiere conocer la intención del Gobierno de traer a la Cámara un proyecto de ley integral contra la siniestralidad laboral. Y ya pongo por delante que está recogido en el
programa electoral del Partido Socialista para las elecciones del año 2008, en su página 28 viene recogido expresamente este contexto y lo que requerimos ahora mismo del subsecretario y de su departamento son las previsiones que hay de cumplimiento
de este compromiso y si nos pudiera adelantar algún plazo en un tema tan importante.
El señor PRESIDENTE: Para responder a la pregunta tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Es un compromiso de legislatura, con lo cual no me cabe duda de que por parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno presentará a esta Cámara el proyecto de ley contra
la siniestralidad laboral integral. Una ley integral contra la siniestralidad laboral surge principalmente con objeto de simplificar y agilizar la exigencia de responsabilidad empresarial en vía judicial, en aquellos casos en los que la salud o la
integridad de los trabajadores se ve afectada por una inadecuada prevención o protección frente a los riesgos laborales mediante un único orden jurisdiccional, el social, salvo para la exigencia de responsabilidad penal, para dar respuesta unitaria,
rápida y eficaz a las víctimas, razón por la que hay que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia así como con el Consejo General del Poder Judicial.
Evidentemente, que haya distintas vías de exigencia de responsabilidad que coinciden sobre los mismos hechos, que es la vía civil para la responsabilidad civil, la social cuando hay un recargo en prestación de Seguridad Social, o la
contencioso-administrativa cuando se impugnan actas de infracción por parte de la inspección, es una mala solución jurídica. Es un tema complejo de unificación de jurisdicciones. Sí que se está trabajando con el Ministerio de Justicia, la
intención es traer una ley de esas características; además una ley integral en este sentido, en cuanto a materia de responsabilidad, sí es bueno que recoja la integración de la actuación de todos los actores y sujetos que en este momento tienen
responsabilidades públicas en materia de siniestralidad laboral. Además del proyecto de ley integral contra la siniestralidad laboral, también será necesario desarrollar las modificaciones y modificar la ley de prevención de riesgos laborales, en
función de los objetivos, de las estrategias y de las medidas previstas en la estrategia española de seguridad y salud 2007-2012. Habría seguramente que mejorar la calidad de prevención, fortaleciendo el modelo instaurado por la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. Sería una línea; no es la ley integral pero por ahí habría que avanzar legislativamente. Es seguro que habría que avanzar simplificando el cumplimiento de la Ley de Prevención, sin reducir el nivel de protección de los
trabajadores, e integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa, para conseguir la implicación de empresarios, trabajadores y representantes en la realización de actividades preventivas en la empresa. Posiblemente la estrategia de
seguridad y salud en el trabajo abra nuevas vías, que tengan que llegar a algún resultado de modificación normativa, de la normativa que tenemos actualmente en materia de salud y riesgos laborales.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, doña Carmen.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular apoya, como no puede ser de otra manera, la elaboración de una ley integral contra la siniestralidad laboral. Queremos dar una respuesta unitaria, una
respuesta rápida, una respuesta eficaz a las víctimas de los accidentes de trabajo laborales, y creemos que es insatisfactorio hasta ahora el cumplimiento de la norma de prevención y la falta de eficacia en muchos casos de la actuación judicial.
Después creo que hay una pregunta justamente en ese mismo sentido, por lo que, podrá haber un debate quizá más concreto sobre lo mismo. Pero con todo lo que ha dicho S.S., coincido básicamente, sobre todo en lo que es la unificación de la orden
jurisdiccional, que es verdaderamente enloquecedora, reconducirla hacia lo social exclusivamente, la creación también de una policía judicial especializada en estos temas, y algo muy importante, muy importante, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, que es una mayor simbiosis, una mayor interrelación de datos, de conocimientos, de trabajo conjunto entre la fiscalía y la Inspección de Trabajo. Creemos que esa puede ser una de las claves para la mejora de la siniestralidad. Ahí estamos
hablando concretamente ya cuando existe la siniestralidad y actúa la fiscalía y actúa la inspección, y creemos que hay que buscar en esa ley esos métodos de interrelación.
Y algo, señor subsecretario, que me permito indicarle y en lo que estoy segura de que usted va a coincidir conmigo, también todas las señorías de la Cámara, es incidir enormemente en el tema de educación y formación.
Está recogido en la
estrategia española y tiene que ser uno de los ejes que formen parte de esa ley integral. Tenemos que empezar, y lo he dicho en varios debates que hemos tenido en esta Comisión, en relación con los temas de seguridad laboral, por la educación, por
la educación de los jóvenes y de los niños en costumbres, en normas habituales de salud laboral y de lo que supone la prevención. Hay que empezar desde la propia posición o adopción de una postura determinada en la escuela; puede parecer simple,
pero ya se están previniendo así una serie de cuestiones que pueden incidir en la salud laboral. Es necesaria una verdadera formación en prevención e incidir en ese campo y colaborar con el Ministerio de Educación es absolutamente indispensable.
Para terminar, señor subsecretario, yo creo que además, y lo ha dicho usted muy bien, habrá que incidir también en la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desde el punto de vista de salud laboral. Según los últimos datos que
arrojan las estadísticas en cuanto a accidentes laborales, descienden los accidentes laborales; también hay que tener en cuenta que está descendiendo lamentablemente la actividad económica y eso, lamentablemente también tiene siempre una línea
bastante en paralelo. A mayor actividad suele haber mayor accidentalidad laboral; no debería ser así pero ese es el resultado estadístico. Y a mí me preocupa que, a pesar de ese descenso de actividad y de ese descenso generalizado que hay de los
accidentes, sin embargo hay un incremento en los accidentes mortales. Con que quedara un solo fallecido o un solo accidentado, merecería la pena que esta Cámara y nosotros estuviéramos trabajando sobre ello. Pero es que además hay un repunte del
1,9 por ciento de aumento en lo que son los accidentes mortales. Conviene también que analicemos, al hilo de lo que he dicho de tener en cuenta también la salud laboral además de la prevención de la siniestralidad, que son cosas paralelas y
colaterales pero diferentes, que muchísimos de los accidentes laborales, y de la mortalidad sobre todo, se producen básicamente por enfermedades, por infartos, por cuestiones no traumáticas, sino por enfermedades laborales Yo creo que prevenirlas,
trabajar en ese sentido, desde la modificación, como ha dicho el señor subsecretario, de la actual ley y desde la elaboración de esta ley integral, nos llevaría hacia un buen camino, porque sin duda todos deseamos que cese esta coyuntura económica
negativa, la desaceleración de la economía y por lo tanto de la actividad. Uno lee los datos de la siniestralidad y ve que donde más ha descendido es en la construcción; ello es lógico, porque es lo que más ha bajado su actividad y por lo tanto
tiene un paralelismo. Pero como todos deseamos que esto se reactive cuanto antes, yo creo que es el momento para poner esas bases y que, cuando haya una reactivación, tengamos una reactivación económica en positivo, creemos empleo con más calidad y
con mayor seguridad. Yo le animo a que en este momento de coyuntura trabajemos muy decididamente en este campo. Desde luego cuentan con el Grupo Parlamentario Popular para los trabajos de la elaboración de esta ley, porque estaremos dispuestos a
colaborar con el Gobierno, siempre en la mejora de la calidad de vida de nuestros trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar este turno tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo debo coincidir en los vectores, en el planteamiento de por dónde debería ir la línea de reforma, es decir, la ley integral. Sí que tiene que ver el tema con unidad de
jurisdicción, pero tiene que ver también con integración de actuaciones, de los actores que tienen responsabilidades en materia de prevención y en materia laboral, y tiene que haber fundamentalmente integración de la información. Esos son tres
vectores decisivos.
No cabe duda de que la educación es un elemento esencial. Cuando decimos educación tenemos que ver que es un cambio de cultura. Estamos hablando de un cambio de cultura en la sociedad. Es necesario ver esto de otra manera, el valor que
tiene la vida, la integridad, la salud y lo que ocurre en los centros de trabajo, pero no cabe duda de que tiene que haber un cambio de cultura en la empresa, en los empresarios; ¿Cuántos costes se externalizan por formas de gestión antiguas y por
formas poco modernas de gestión de recursos humanos? Ha citado el tema del infarto.
La presión a veces o la mala gestión de los recursos humanos hace que se pueda tener unos resultados contables determinados, pero en términos de costes, que se
externalizan y los sufren el resto de la sociedad, esa cultura de gestión interna de los recursos humanos yo creo que es un vector también; cuando hablamos de formación estamos hablando de cambio de cultura. Por tanto, coincido en los
planteamientos generales que está haciendo y agradezco la disposición del Partido Popular de colaborar, en una ley que yo creo que los objetivos son comunes, tanto en el Partido Popular como en el Gobierno.
- MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA COMBATIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO GRAVES Y MORTALES RELACIONADOS CON EL TRÁFICO Y LA SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 181/000133.)
El señor PRESIDENTE: La tercera pregunta también corresponde a doña Carmen Álvarez-Arenas, en relación con las medidas previstas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para combatir los accidentes de trabajo graves y mortales
relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Yo creo que con la lectura que ha hecho el señor presidente queda planteada en los términos en los que queremos establecer esta pregunta al representante del Ministerio de Trabajo, en el contexto de
continuación de lo que estábamos hablando, pero ya como una cuestión más específicamente dirigida a esta situación y sobre todo en virtud de la Comisión de Seguridad Vial de esta Cámara, en donde ha comparecido el director general de Tráfico, señor
Pérez Navarro, y ha planteado diversas cuestiones. Queremos conocer la posición del departamento de Trabajo en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo en principio
quiero decir qué cosas se van a hacer y qué cosas se están haciendo.
Primero, qué ha ocurrido. Yo creo que hay una conciencia distinta del problema, el problema se ve de otra manera. Tradicionalmente, la seguridad en el trabajo se veía
como un problema delimitado dentro de las paredes del centro de trabajo y la siniestralidad vial como un asunto que se ubicaba en el espacio público, que no tenía que ver con la responsabilidad y el poder del empresario. Esa era la visión
tradicional.
Ha cambiado la visión sobre esta separación, porque las cosas no son así; en el espacio público las decisiones empresariales también tienen notable responsabilidad cuando los trabajadores se desplazan por motivo de trabajo, por las
características de los vehículos, el mantenimiento, formación de conductores, exigencias horarias, acumulación de tareas, etcétera. La dimensión del problema se ha visto afectada por trabajadores que se desplazan en la jornada de trabajo y trabajo,
además, que se produce en la vía pública; la vía pública muchas veces es también lugar de trabajo y el desplazamiento al lugar de trabajo se hace en vehículos privados. En el año 2007, el 26 por ciento del total de los accidentes de trabajo
mortales en jornada de trabajo tuvieron como causa un accidente de tráfico. Un análisis detallado de las circunstancias y variables que rodean esta siniestralidad laboral debido al tráfico resulta en estos momentos imprescindible.
¿Qué se está haciendo? Se están haciendo inversiones en la actividad inspectora general. Hay una actividad inspectora, tanto por parte de la inspección a nivel supraautonómico como de la inspección dentro de cada comunidad autónoma, de
inspeccionar aquellas empresas que en los últimos años han tenido un accidente mortal o accidentes graves. Se focaliza la acción inspectora en ese tipo de empresas y aquí tienen cabida, dentro de estos accidentes, los accidentes que se producen en
la vía pública.
Dentro de este modo de hacer la inspección, se ha elaborado por parte de la inspección una guía, una guía dedicada expresamente a investigar la accidentalidad que se produce en la vía pública, que incluye un cuestionario que debe
ser cumplimentado en cada una de las empresas y que tiene por objeto comprobar si la empresa cuenta con un sistema de prevención vial, si tiene elaborada la evaluación de riesgos y cuenta con una gestión de desplazamientos, gestión del parque de
vehículos, gestión en la contratación de conductores, si lleva a cabo la vigilancia en la salud de los conductores, si se da formación específica en riesgos laborales, si afecta a una adecuada investigación de los accidentes debidos al tráfico. Es
decir, cuando hay accidentes en la vía pública, hay una guía de actuación por parte de la inspección que se cumplimenta, tanto a nivel supraautonómico como dentro de las comunidades autónomas.
¿Qué se va a hacer? Hay dos proyectos. Hay un proyecto por una parte, un protocolo, en el que están trabajando en coordinación la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, al objeto de llevar actuaciones coordinadas en los supuestos de investigación de accidentes producidos por el tráfico. Yo me imagino que de este protocolo informaría en su comparecencia el director general de Tráfico.
También por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo hay un proyecto de convenio entre la Dirección General de Tráfico, comunidades autónomas y el propio instituto. ¿Para qué? Para que haya una mayor y mejor información en
materia de los accidentes que se producen en la vía pública, para coordinar las investigaciones, coordinar las mutuas de accidentes de trabajo y aseguradoras de vehículos, estudiar y analizar los costes que suponen para las empresas los accidentes
de trabajo, incorporar la educación vial en los planes de formación, campañas divulgativas, divulgación de las mejores prácticas en las empresas, promover los planes o programas de seguridad.
Quiero resumir diciendo que se están haciendo cosas, la propia inspección tiene una guía de actuación cuando hay un accidente en la vía pública.
Pero además hay dos proyectos de protocolo; uno en materia inspectora por parte de la
Inspección de Trabajo en colaboración con Tráfico y con la fiscalía, y otro entre el Instituto de Seguridad e Higiene, que es más de estudio y análisis, con Tráfico y con las comunidades autónomas, para llegar a un convenio con todas ellas.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, doña Carmen.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Efectivamente, esas eran las cuestiones que a nosotros nos preocupaban. Nos tranquiliza saber que están trabajando en el protocolo, que esperamos que se firme pronto, que no sea, como se solía decir, que,
cuando no se sabe qué hacer, se crea una comisión, que la comisión y los trabajos concluyan ya en la firma de un protocolo concreto, que esperamos que nos pueda traer información y contenidos a esta Comisión. Porque verdaderamente los datos son
preocupantes.
Y hay una cuestión en la que quizá disienta un poco de lo que ha planteado el subsecretario. Ha incidido mucho, y nosotros coincidimos, en la formación necesaria que tienen que dar las empresas, en la preocupación por el nivel de seguridad
de los vehículos, de los desplazamientos que hacen sus trabajadores. Pero el dato que dio el director general de Tráfico en la Comisión de esta Cámara -y en la que él manifestó que quería poner en marcha un plan de prevención de accidentes de
trabajo en el ámbito laboral que lógicamente tiene que ser en colaboración con el Ministerio de Trabajo- era que el 40 por ciento de las personas que fallecieron en accidentes laborales durante 2007 lo hicieron en siniestros de tráfico, y de ellos
la inmensa mayoría, el 69 por ciento, no eran profesionales del transporte, como camioneros o conductores de empresas, etcétera. Este es un dato con el que yo coincido con S.S., la necesidad y la importancia de esos planes de prevención en las
empresas y que se mejore la calidad del vehículo en el que se viaja,
o de la formación de los empleados que lo utilicen. Pero es que los datos nos revelan ya, según información del director general de Tráfico, que no es entre los profesionales donde se dan los mayores accidentes, sino directamente en lo que
hemos venido en llamar siempre accidentes laborales in itínere, los que se producían yendo y viniendo al trabajo por causas que hay que estudiar, por el tráfico normal y corriente. Y eso sí que nos preocupa enormemente, porque además, en España
tenemos por costumbre utilizar, dentro de las estadísticas de siniestralidad los accidentes in itínere, que, como muy bien saben todas sus señorías, en el resto de la Unión Europea no están contemplados como tales accidentes laborales. Por tanto es
importante que incidamos en la mejora de la reducción de estos accidentes in itínere, que producen graves perjuicios, por supuesto lo primero a las víctimas que los padecen y, en segundo lugar, también a las empresas, que tienen unas incapacidades y
unos costes a la Seguridad Social en materia de discapacidades que se puedan producir o de enfermedades permanentes que se puedan también producir. Yo quiero incidir en la necesidad de que el Ministerio de Trabajo tome conciencia de esta situación,
trabaje coordinadamente con el Ministerio del Interior, con la Dirección General de Tráfico. Y nos parece bien el protocolo, también con la fiscalía, para investigación, todo lo que sean estudios y estadísticas, pero que estos protocolos adopten
medidas para mejorar esa siniestralidad in itínere, que incide directamente, sin duda, en la calidad de vida de nuestros trabajadores y que, insisto, es una de los mayores indicadores de accidentes laborales. Y dentro de los accidentes de tráfico,
también resulta que son los mayores y además, no por causas de la profesionalidad del transporte, sino del desplazamiento de los trabajadores de su casa a sus puntos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo coincido con su preocupación. El dato que yo tengo es que es el 26 por ciento del total de los accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo los que han tenido
como causa un accidente de tráfico. Hay que tener en cuenta la forma de medir las estadísticas, depende de cómo se hagan. Desde luego, en la capacidad de influir el empresario, los círculos son concéntricos. Es más fácil, desde el punto de vista
de la responsabilidad del empresario, en aquellas empresas transportistas, las que sus trabajos son transportistas; un segundo círculo es aquellos que su trabajo es desplazamiento en la vía pública, hasta ahí llega más la influencia del empresario
y de las actuaciones que puede llevar a cabo para evitar, para prevenir ese tipo de accidentes. Y el tercer círculo, donde está más lejano al poder del empresario y seguramente tiene que haber una mayor colaboración con otras autoridades como
Tráfico, son aquellos accidentes que se producen in itínere, que tienen que ver, algunos de ellos, sin duda ninguna, con problemas laborales: el problema laboral el trabajador lo lleva en la cabeza y ese tipo de cosas puede producir accidentes.
Este tercer círculo está más lejano de la capacidad de decisión del empresario, pero en todo ello hay que trabajar y en esos círculos habrá que centrar el protocolo con la Dirección General de Tráfico.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA NAVA CASTRO DOMÍNGUEZ EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- PLAZO PREVISTO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA TENER OPERATIVA LA POLICÍA JUDICIAL ESPECIALIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA SINIESTRALIDAD. (Número de expediente 181/000134.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta sobre el plazo previsto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para tener operativa la Policía judicial especializada en la lucha contra la siniestralidad. Esta pregunta también está
formulada por doña Carmen Álvarez-Arenas. ¿Ha habido un cambio?
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Creí que le habría informado, señor presidente. Esta pregunta la va a formular mi compañera de grupo, si no tienen inconveniente.
El señor PRESIDENTE: No me habían informado, pero no hay ningún problema.
Tiene usted la palabra, señora Castro.
La señora CASTRO DOMÍNGUEZ: En nombre del grupo, soy María Nava Castro Domínguez. El 19 de septiembre del año 2007 se firmaba un protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Fiscalía General del Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, con
el siguiente objeto recogido en su cláusula primera, el establecimiento de mecanismos de cooperación así como canales de comunicación ágiles entre las partes, para garantizar la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y
la integridad física de los trabajadores, y la ejecución de las sentencias condenatorias, además de servir de marco de referencia para la suscripción de convenios a nivel autonómico que desarrollen esta finalidad. Además, en su cláusula cuarta
recogía el compromiso de promover convenios a nivel autonómico, teniendo en cuenta que las competencias en estas materias corresponden en la actualidad a las comunidades
autónomas. Ya ha pasado más de un año desde la firma de dicho protocolo, por lo que en nombre del Grupo Parlamentario Popular formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el plazo previsto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para tener
operativa la Policía judicial especializada en la lucha con la siniestralidad laboral?
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Ha citado las cláusulas del protocolo firmadas, que efectivamente es el marco de actuación en esta materia. Desde mi punto de vista, yo creo que está dando unos buenos
resultados, es decir, la cláusula primera en los mecanismos de cooperación y de comunicación ágiles está funcionando. Por ejemplo, en enero de 2008 se estableció el mecanismo de coordinación, comunicación y contacto entre los responsables de las
inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y de la Policía judicial, de manera que en estos momentos existe una comunicación inmediata entre la Inspección de Trabajo y la Policía judicial. La cláusula segunda se refiere a la
organización de jornadas técnicas, que es la forma de crear policías especializadas. Se han impartido jornadas técnicas por parte del Ministerio del Interior para formar policías, para especializarlos en materia de prevención de riesgos laborales y
de accidentes mortales.
Cuarta cláusula. Se están promoviendo convenios con las comunidades autónomas, se está haciendo un seguimiento del protocolo y por supuesto, considerando que, según el anexo, deben colaborar la Administración sanitaria, la
intervención de la Policía judicial, la intervención de la Inspección de Trabajo y la intervención del ministerio fiscal y del Juzgado de Instrucción en los distintos papeles y con los tiempos que se recogen en el anexo, yo creo que se está
cumpliendo adecuadamente.
En estos momentos sí que es intención del Ministerio de Trabajo que se vaya consolidando una policía judicial especializada. Fundamentalmente, yo creo que en estos momentos las iniciativas, la Policía judicial, que de hecho está
especializada, las están haciendo las fiscalías, las fiscalías tienen policías especializados que trabajan en este tipo de temas. Por parte del ministerio sí querría seguir avanzando en que haya, dentro de la Policía judicial, una especialización
en la lucha contra la siniestralidad, aunque la responsabilidad de la especialización y en su caso de crear unidades especializadas en torno a las fiscalías fundamentalmente creemos que es una responsabilidad del Ministerio de Justicia. Pero eso no
quiere decir que tengamos que hacer dejación de nuestras responsabilidades para instar al Ministerio de Justicia y alcanzar este objetivo, que es un objetivo muy importante a la hora de analizar suficientemente los accidentes mortales de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Para la réplica tiene la palabra doña María Nava Castro.
La señora CASTRO DOMÍNGUEZ: Recordemos que el mismo día de la firma el entonces Ministro de Trabajo, el señor Caldera, reconoció que la siniestralidad laboral era la principal lacra de nuestro mundo laboral y también presumía que su
Gobierno era muy sensible con este tema. Hablaba también de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, un instrumento ambicioso con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar la salud de los trabajadores,
fruto del diálogo social que recoge ocho objetivos operativos. Entre las acciones previstas en esta estrategia figuraba la coordinación y cooperación entre las distintas instituciones. Está claro que tener operativa y disponer de Policía judicial
especializada en todas y cada una de las comunidades autónomas es sin duda necesario y consecuente con la exigencia social de nula tolerancia con los incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales.
Creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que ningún supuesto penalmente responsable debe quedar sin investigarse ni enjuiciarse y que se condene a los sujetos verdaderamente responsables del siniestro con el máximo rigor que corresponda.
Como de cifras ya ha hablado la señora Álvarez-Arenas, las voy a obviar. Pero, a pesar de tanta sensibilidad del Gobierno, señor subsecretario, y a pesar de las buenas intenciones del anterior ministro, está claro que una cosa son las buenas
intenciones y otra bien distinta son las actuales realidades. Por eso hoy, desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que nos dé una respuesta concreta y detallada de cuándo por fin se van a poner en marcha las policías judiciales
especializadas en la lucha contra la siniestrabilidad laboral en las distintas comunidades autónomas; también nos gustaría saber en cuántas comunidades autónomas y cuántas policías judiciales especializadas existen en este momento.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo lamento que toda la información concreta que me pide no la tengo. Hay comunidades, y yo creo que por iniciativa de las propias fiscalías de las comunidades, donde hay
policías que están especializados porque tienen formación, no hay unidades separadas dentro de la estructura organizativa de la policía, que yo conozca. En cuanto al objetivo de que cada comunidad autónoma deba tener, además de policía
especializada, una unidad orgánica, tengo que decir que seguro; no solamente especialización sino organizativamente que esto esté delimitado es un objetivo. El período de tiempo, cuándo, es un desiderátum. Yo sí coincido en el objetivo de que
esto es una necesidad importante, porque la especialización de la policía es un factor sine qua non, quizás sine qua non no, no quiero exagerar, pero muy decisivo a la hora de analizar perfectamente cómo ha sido el accidente correspondiente y las
consecuencias que puede tener en el orden jurisdiccional que sea.
No tengo otra información más concreta, el objetivo sí que está en marcha pero no tengo información de cuándo, porque depende de muchos actores; depende del Ministerio de Trabajo, pero fundamentalmente, fundamentalmente, las decisiones se
sustancian dentro del Ministerio de Justicia.
DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE EZQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE:
- MEDIDAS PREVISTAS PARA IMPULSAR EL PLENO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD 2007/2012 Y UN MAYOR CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (Número de expediente
181/000878.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta pregunta, que es la formulada por el diputado don Gaspar Llamazares. Cuando usted quiera, don Gaspar, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar quiero agradecer la comparecencia del señor subsecretario y la pregunta, además, es muy oportuna, en mi opinión. Ayer mismo hemos tenido de nuevo un accidente y un accidente muy grave en el sector
de la construcción, donde se une la irresponsabilidad del empresario y el incumplimiento de la ley por parte de las administraciones, por parte en concreto de la Administración local. Yo querría preguntar al Gobierno qué medidas piensa adoptar para
abordar este tema, que sigue siendo una lacra, quizás el principal indicador negativo de nuestro modelo laboral, toda vez que en nuestra opinión, los datos son parcialmente positivos pero sigue habiendo un nivel altísimo de accidentabilidad y de
mortalidad laboral, inexplicable para una sociedad desarrollada como la nuestra. Y en ese nivel altísimo de accidentabilidad hay distintas responsabilidades y, en nuestra opinión, en primer lugar hay una necesidad, que es el cumplimiento de la ley,
independientemente de la voluntad del Gobierno de elaborar nuevas leyes. Desde luego, el cumplimiento de la ley es muy deficiente, el cumplimiento de una ley, que es una ley potente, pero que es una ley incumplida.
Yo quiero preguntar al Gobierno qué medidas piensa adoptar tanto en relación con el cumplimiento de la ley como con respecto a la estrategia aprobada, y que en estos momentos está en marcha, 2007-2012.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Bien, qué va a hacer el Gobierno, qué tiene previsto. El Gobierno, el Ministerio de Trabajo está trabajando dentro del marco en el que debe trabajar, que es la estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las estrategias, de las dos estrategias, más las estrategias operativas de los objetivos operativos. Se ejecutó el primer plan de acción en la aplicación de la estrategia; el 15 de octubre la
Comisión nacional dio por cumplido el primer plan y aprobó el segundo plan de acción para el periodo 2008-2010. Cosas importantes que se hicieron en el primer plan fue la puesta en marcha del Observatorio estatal de condiciones de trabajo desde el
18 de julio, que constituye el medio y fuente de información y transmisión de datos sobre accidentes y enfermedades profesionales y resultados de estudios e investigaciones realizadas en materia de prevención por las administraciones públicas, el
observatorio. La puesta en funcionamiento a nivel estatal del registro de empresas acreditadas del sector de la construcción, un paso importante. Y la puesta en marcha de la campaña de sensibilización, que yo creo que han tenido un impacto
importante en la opinión pública y seguramente en los comportamientos de muchas personas que tienen responsabilidad, que son agentes o pacientes en materia de riesgos laborales.
El 15 de octubre se aprobó por el pleno de la Comisión el segundo plan para el período 2008-2010 y dónde va a trabajar. Pues en las líneas de trabajo. En primer lugar, mejorar la calidad de la prevención, lo cual supondrá fomentar la
presencia de recursos preventivos propios en las empresas; modificar la normativa de prevención con objeto de facilitar a las empresas de menos de 50 trabajadores el cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva; la ordenación
administrativa de actuación de las entidades especializadas en prevención de riesgos laborales, tales como servicios de prevención ajeno, entidades auditoras y formativas. Una segunda línea de acción es establecer medidas de apoyo a las pymes,
asesoramiento público a las microempresas que permitan que el empresario asuma y desarrolle la prevención a través de un centro de atención a usuarios y un sistema web de autodiagnóstico y autoevaluación.
Estas dos medidas está previsto que estén
en marcha en torno al mes de octubre del año 2009. Planes y programas que permitan fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en
coordinación con el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas se pondrá en marcha un plan de renovación de equipos de trabajo.
Otra línea de medidas y de acciones son medidas para mejorar la protección de los trabajadores autónomos. Se ha finalizado la realización de un estudio sobre las condiciones de trabajo del trabajador autónomo en materia de análisis,
investigación y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aplicación del Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de seguridad y salud; consolidar la cultura de la prevención en la
sociedad y sobre todo en los actores principales que intervienen en la prevención, empresarios y trabajadores. Elaborar el plan nacional de formación, que establecerá un conjunto de medidas a realizar en los próximos años para fomentar la
cultura preventiva; puesta en marcha del plan Prevea, que está ya rodando por parte de la Inspección de Trabajo.
Potenciación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han ingresado este año 70 inspectores nuevos y el compromiso es pasar de
una plantilla de 2.000 inspectores a una plantilla de 3.000 inspectores de Trabajo y Seguridad Social a final de legislatura. A pesar de las restricciones presupuestarias, vamos a seguir en el cumplimiento de convocar plazas suficientes para llegar
al objetivo al final de la legislatura de estar en torno a los 3.000 inspectores. La creación de una red nacional de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos laborales. Y la aprobación del sistema Bonus, prevista para el
año 2009 y que está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2008.
Esa es una lista de acciones previstas. Seguramente quedan cosas fuera y habrá que incidir en otras. Pero en definitiva ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando seguir el camino fijado en el segundo plan de acción que desarrolla la
estrategia española de seguridad y salud en el trabajo.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Hay varios temas en relación con el cumplimiento de este plan de acción. Primero, los datos, que no son tan buenos como aparentemente aparecen. Es verdad que se produce una baja del número de accidentes
laborales, sin embargo, si aplicáramos una tasa por número de trabajadores realmente activos, nos encontraríamos con que esa baja no es tal. Pero sin necesidad de aplicar una tasa, únicamente viendo los accidentes dentro del puesto de trabajo,
excluyendo los accidentes in itínere, que están a la baja, que están descendiendo, los accidentes dentro del puesto de trabajo y sobre todo los accidentes mortales están prácticamente en lo mismo, aumentando incluso levemente. Y a nosotros eso nos
preocupa. Y luego otra cosa a la que tampoco se hace referencia, los accidentes que no provocan baja están también en alza, están también en alza en los datos del propio Ministerio de Trabajo. Por lo tanto quiero matizar los datos y expresar la
preocupación de mi grupo parlamentario.
Pero hay un dato que recientemente ha provocado la realización de un estudio científico sobre la materia, que es el dato de la enfermedad profesional. Llamaba la atención en España el descenso muy brusco de
la enfermedad profesional. Se ha hecho un estudio por parte de unos investigadores catalanes y han llegado a la conclusión de que hay un subregistro debido a un cambio de la responsabilidad en el registro de enfermedades profesionales. Yo llamo la
atención del ministerio a este respecto, aparte de la incidencia de la mortalidad, que en nuestra opinión sigue siendo muy alta, también el problema del subregistro, sobre todo en enfermedades profesionales.
Segundo tema, que tiene que ver con la responsabilidad directa de su ministerio, la inspección laboral. Durante la legislatura pasada fue una preocupación de mi grupo en toda la negociación presupuestaria sobre el Ministerio de Trabajo
incrementar los medios y también los recursos humanos de la inspección. Tenemos que decir hoy por hoy que estamos bastante insatisfechos de para qué han servido esos presupuestos que se fueron incorporando año a año, para incrementar la plantilla
de inspección laboral. Lo cierto es que hay un tapón en la plantilla de inspectores y subinspectores. Y si lo calculamos en tasa con respecto al resto de los países europeos, seguimos teniendo un número de inspectores por trabajadores que están en
la mitad de la media de la Unión Europea.
Es decir, tenemos un grave problema con relación a la inspección, pero por si no fuera suficiente, el problema del número, del bajo número de inspectores y subinspectores y los conflictos profesionales
entre inspectores y subinspectores y viceversa, hay una descoordinación palmaria en materia de inspección en los últimos meses y en los últimos años, y yo querría manifestárselo al señor subsecretario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no
tenemos jefatura de inspección y no la tenemos porque no hay acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y eso ¿qué ha traído como consecuencia? Pues trae como consecuencia que, por ejemplo, el plan habitual que se realiza en
Navidades, de inspección a determinados trabajos que se hacen en esta época, no se ha realizado este año, porque no hay planificación o no hay quien dirija esa planificación. Yo creo que es un tema muy importante, el de la inspección y el de la
coordinación en materia de inspección. No entro en higiene y seguridad del trabajo en las comunidades autónomas y sus técnicos, donde tenemos un problema que, si no lo hacemos con cierta previsión, se incrementará con el proceso de traspasos y el
debate del proceso de traspasos en esta materia. Ya está produciéndose ese debate y en nuestra opinión la inspección es un instrumento esencial para luchar contra la accidentabilidad laboral.
Hay un segundo tema que a nosotros nos preocupa y que se está dando en estos momentos, por ejemplo en el accidente reciente en Baleares. La irresponsabilidad empresarial. Y ahora viene el chantaje empresarial. Es decir, allí donde no hay
un acuerdo en el marco del sector, por ejemplo en el sector de la construcción, para proveer fondos para las familias, una vez que se ha producido el accidente y que puedan afrontar su situación, nos encontramos con una presión de la empresa para
que esas familias no vayan a un proceso penal, sino que se queden únicamente en el proceso civil, es decir, que cobren la muerte de su familiar, nada más.
Yo creo que eso es inaceptable. Algunos sectores, como el de la construcción de Madrid u
otros sectores, tienen un fondo
para que esas familias no se vean obligadas a optar entre la vía penal y la vía civil únicamente, porque tienen dificultades económicas. Nosotros creemos que habría que ver también esa materia a nivel del Estado, habría que ver cómo las
familias pueden ir a fondo frente al empresario responsable y no tienen que dirimir si van a fondo y se quedan con el dinero más a largo plazo o bien van directamente a recoger solo la indemnización. Creemos que ese tema es importante y nos
gustaría sugerírselo también al propio Gobierno. Vuelvo al caso de este último accidente en Baleares, tres resoluciones sucesivas del ámbito que tiene capacidad para ello, de paralización de esa construcción o de esa rehabilitación, y tres
incumplimientos sucesivos por parte de la empresa.
Da la impresión de que no hay un cumplimiento hasta sus últimas consecuencias. Las resoluciones sucesivas deberían haber llevado al cierre, precintaje o lo que fuera, de esa empresa, para que no
continuara su actividad; sin embargo ha continuado su actividad hasta un gravísimo accidente mortal. A nosotros nos parece que sobre ese tema también debería reflexionarse por parte del Gobierno.
Y termino. En el trasfondo de todo ello un modelo laboral y un modelo de empleo precario. Nosotros creemos que hay más cosas que hacer por parte del Gobierno para luchar contra la precariedad, porque en muchos casos esa gente que está en
la precariedad, que tiene una baja experiencia en su puesto de trabajo, es la que es más proclive, más sensible a los accidentes laborales. Por eso yo le pido al Ministerio de Trabajo y al señor subsecretario, no solamente la persecución a través
de los mecanismos del Estado de la irresponsabilidad, sino la mejora de la inspección y de la coordinación en lo que son responsabilidades de la propia Administración.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Yo recojo las reflexiones y las sugerencias que hace S.S., tanto en materia sobre enfermedades profesionales, su registro y datos sobre siniestralidad. Los datos que yo
tengo son que el índice de incidencia ha disminuido un 6,2 por ciento y que los accidentes mortales han ascendido ligeramente, un 0,6 por ciento; que para calcular el índice de incidencias se tiene en cuenta la población afiliada, número de
accidentes por cada 100.000 trabajadores.Deberían existir fondos para asistir a las familias de accidentados -voy de Pilatos a Herodes- y además se cobra tarde y mal; es una sugerencia. También está el tema de cómo funcionan las administraciones
públicas a la hora de hacer cumplir las decisiones, sobre todo las administraciones locales en materia de licencias de obras que se están haciendo y sin embargo después no se paralizan. En estas preocupaciones la precariedad no cabe ninguna duda de
que es una fuente, entre otras cosas, de siniestralidad; el peor trabajo es el precario y de baja cualificación y sin formación.
En cuánto a la Inspección de Trabajo, no coincido con la valoración que ha expresado, en primer lugar porque se ha hecho un gran esfuerzo. Este año se han incorporado 70 inspectores nuevos, 70 en el cuerpo superior de inspectores, que es un
hito en muchos años. En la oferta de empleo del año 2008 hay 250 plazas para la Inspección de Trabajo, cosa que nunca había ocurrido, y queremos que la oferta de empleo del año 2009 esté en ese nivel. La maduración, desde cuando sale la oferta
hasta que entra el funcionario, es una maduración lenta, pero yo creo que estamos en el camino correcto, reforzar la inspección. El objetivo es conseguir 3.000 inspectores a final de legislatura, y creo que lo conseguiremos. Ha habido inversión en
medios tecnológicos, ha habido inversión en medios materiales, y el año que viene con las dificultades presupuestarias que tenemos, vamos a mantener el mismo nivel de inversión en medios tecnológicos y en medios materiales. Yo creo que ha aumentado
el grado de coordinación; es decir, a través de la conferencia sectorial y de los grupos de trabajo, que se reúnen periódicamente, yo creo que están suficientemente coordinadas las inspecciones. Sí coincido en que hay que ir hacia un nuevo modelo
de inspección, en eso estamos trabajando, es decir, qué pasa con los técnicos en prevención que están en las comunidades autónomas, cómo ocurre que no hay un segundo grupo B de especialistas en materia de prevención de riesgos, cómo se integra todo
esto con las competencias de las comunidades autónomas, cómo de todo esto debe salir un modelo de inspección con un sistema más reforzado, más multilateral y sobre todo lo que los ciudadanos quieren, que un servicio que cada vez es más apreciado
estemos en condiciones de poder ofrecérselo.
Lo de la Comunidad de Madrid puede haber tenido efectos en la programación, pero es una anécdota no planteable en este momento, yo creo que es la excepción dentro de los comportamientos de coordinación que tenemos con todas las comunidades
autónomas.
DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE:
- LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE BONUS DE REDUCCIÓN DE COTIZACIONES SOCIALES PARA ESTIMULAR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 181/000938.)
El señor PRESIDENTE: La sexta pregunta está formulada por el señor Campuzano. Señor Campuzano cuando usted quiera.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es evidente que hoy todos los grupos de la oposición, o al menos los
tres grupos que estamos asistiendo a esta Comisión, hemos tenido la oportunidad de plantear estas iniciativas después del dramático accidente de ayer en Cala Ratjada, en la isla de Mallorca, y también pocos días después de que el propio
ministerio hiciese públicas cifras de los primeros diez meses de este año, previsiblemente terminaremos con cerca de 900 personas muertas, por tanto todo ello es suficientemente dramático desde cualquier punto de vista.
Hoy mi grupo le plantea una cuestión que no es nueva, no es nueva porque mi grupo y otros grupos la han venido planteando desde hace tiempo, figura en la estrategia de seguridad y salud en el trabajo y, como usted hace un instante recordaba,
la Ley de Presupuestos para 2007 ya contemplaba, que es la posibilidad de establecer un sistema de bonus, de reducción de cotizaciones sociales, para aquellas empresas que tengan un índice de accidentes inferior al de su sector de actividad. Una
política que, insisto, hace años que se viene reclamando desde la convicción de que necesitamos en nuestra política pública en esta materia, no tan sólo aquellas acciones orientadas a la penalización de aquellas empresas que no cumplen con la
normativa, una política no tan sólo orientada al cumplimiento formal de esa propia normativa, sino que también estimule e incentive la actitud de las empresas en esta materia, donde es evidente que hoy no existen estímulos de ningún tipo para que
las empresas terminen cumpliendo con aquello que manda la ley, y ahí el mecanismo de bonus ha parecido durante muchos años una apuesta interesante. Desde ese punto de vista y conociendo que el Gobierno tiene elaborados ya diversos borradores de
proyectos de real decreto, nos gustaría conocer en qué momento se encuentra la aprobación del correspondiente real decreto que permita articular esta política de bonus.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Los antecedentes son esos, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que a su vez recogía lo que ya disponía la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el 2007; en 2008 se modifica el artículo 73 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en el que se destaca, entre los fines generales de prevención y rehabilitación, que el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestión
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades de la Seguridad Social, una vez cubiertas las reservas reglamentarias, queda afecto al fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales. Del referido 80 por ciento, según la nueva reacción del citado artículo, las mutuas podrán dedicar un 15 por ciento a incentivar la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable
a la reducción de la siniestralidad mediante un sistema bonus-malus, porque aquí estamos hablando de un sistema solo bonus, que es un sistema de incentivos, no de penalización. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo tiene muy avanzado el borrador
del proyecto de real decreto, y además la intención es que se apruebe en el primer trimestre del año 2009, porque lo que no se quiere es perder los fondos correspondientes al ejercicio de 2008, porque se actúa con cargo a fondos del año anterior.
¿Qué recoge el borrador de real decreto? El objeto de la disposición, la financiación del sistema, que está recogida ya en el artículo 73 del texto refundido, cuáles son los beneficiarios y los requisitos para poder acceder, que son los lógicos de
haber cotizado a la Seguridad Social por un volumen -está hablando de empresas medianas-grandes- total de cuota por contingencias profesionales superior a 5.000 euros durante un período de observación anterior con un máximo de cinco años y
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social, no rebasar los límites que se establezcan respecto a los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema que figuran en un anexo del
propio proyecto, añadir mediante el cuestionario de la declaración sobre actividad preventiva los requisitos básicos en materia de prevención de riesgos laborales y al menos dos de la siguientes acciones deben concurrir para tener derecho a la
reducción, el haber incorporado o incorporar a la plantilla recursos preventivos propios, realización de auditorias externas del sistema preventivo, existencia de planes de movilidad en la empresa, inversiones en prevención de riesgo superiores a
las legalmente establecidas, acreditación de la discriminación del número de trabajadores expuestos a riesgos de enfermedades profesionales. Estos son los requisitos lógicos y el ámbito de beneficiarios las empresas medianas-grandes.
El procedimiento. Presentación antes del 30 de abril de las solicitudes en la mutua en que estén asociadas las empresas y un acuerdo motivado por parte de la mutua antes del 30 de octubre. En el mes de noviembre de cada año, mediante la
correspondiente anotación contable, se reconocería el incentivo a la empresa correspondiente.
Cálculo y cuantía del incentivo. El porcentaje de reducción de la cotización por contingencias profesionales en que consistirá el incentivo se aplicará sobre el importe de las cuotas correspondientes al período de observación y será de una
cuantía equivalente al 5 por ciento de dichas cuotas o bien al 10 por ciento si los períodos de observación son consecutivos y en el inmediatamente anterior si se ha tenido reducción de cotización.
En cuánto a las empresas pequeñas, es decir aquellas que estén por debajo de los 5.000 euros de cuota en los cinco años anteriores, se les exigirá siniestralidad nula durante los cinco años anteriores, además cumplir alguno de estos
requisitos: asumir por el empresario la actividad preventiva o la realización de inversiones en materia de prevención por encima de las exigidas legalmente, y obligación por el empresario de, a los trabajadores designados
que vayan a asumir las tareas preventivas, darles formación real y efectiva. Son requisitos, son condiciones que derivan de la lógica del propio sistema.
Sí decir que en cuánto a 2008, porque la previsión es no perder los fondos que corresponden a 2008, las solicitudes correspondientes a 2008, que se harían ya en 2009, se podrían presentar dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del
real decreto y deberían quedar resueltas dentro del mes natural siguiente a la expiración del plazo de presentación de las solicitudes. Es decir, lo que se pretende es que entre en vigor en un momento determinado para que ya en el año 2009 se
puedan aplicar los excedentes correspondientes al ejercicio 2008. Es el desarrollo del artículo 73 en los términos normales, lógicos, esperables. Esto son las líneas del borrador y la intención es que el decreto se tramite y se pueda aprobar, es
la intención, dentro del primer trimestre del año 2009.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecerle al señor subsecretario la información que nos traslada e instarle a que ese proceso que queda pendiente se resuelva a la mayor celeridad posible, que efectivamente en los primeros meses del
año que viene por fin contemos con esa normativa que desarrolla la legislación vigente y de respuesta a la creación del sistema de bonus. Trasladarle simplemente que va a ser importante que exista la máxima transparencia en esta materia,
especialmente en la definición de los niveles de siniestralidad en los diversos sectores y que para la microempresa y la pequeña empresa esta sea una política aplicable. En materia de prevención de riesgos hemos encontrado que la pequeña empresa,
la microempresa ha quedado muy lejos de las previsiones del legislador, de las previsiones de la propia actuación de la Administración, con un nivel de estímulo que a veces no termina de funcionar. Además pedimos que el proceso sea fácil de
gestionar por parte de las empresas y por parte de las mutuas, para precisamente garantizar la extensión de esa política. Porque insisto, como le decía al principio, junto con esas medidas que usted ha ido anunciando que hacen referencia al
incremento de la inspección de trabajo o la mayor presión que se puede realizar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estamos también convencidos de que para la pequeña y mediana empresa y para la microempresa el esfuerzo hay que
ponerlo en la lógica del estímulo, en la lógica de una cultura preventiva que vaya más allá del simple cumplimiento formal de la norma, quizá ese ha sido el gran defecto de la ley de 1995 y hasta la fecha.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar ya este turno de preguntas, tiene la palabra el señor subsecretario, don Leandro.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Sí, la filosofía de la norma es esa exactamente: a través de la incentivación interesar a las empresas en la disminución, en el trabajo en la prevención de riesgos. La
transparencia va en el propio decreto; en los propios anexos figuran cuáles son los límites, se definen los índices de siniestralidad, con lo cuál es algo transparente. El procedimiento creemos que es un procedimiento ágil y fácil, y es recurrir a
la propia mutua con los datos que figuran en el propio decreto, la mutua resuelve y paga al mes siguiente. Estamos hablando del mes de abril, mes de octubre, mes de noviembre.
Esos son los objetivos del decreto, esperamos cumplirlos y ojalá esté listo en un momento cercano para poder utilizar los fondos correspondientes a los excedentes de las mutuas del ejercicio 2008.
El señor PRESIDENTE: Una vez concluido este primer bloque de preguntas, quiero darle las gracias en nombre de la Comisión al subsecretario de Trabajo e Inmigración, don Leandro González, por su presencia y por sus respuestas.
Suspendemos la sesión durante tres minutos para recibir a la secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí (Pausa).
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
- MEDIDAS PARA IMPULSAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN Y DEVOLUCIÓN DE INMIGRANTES IRREGULARES. (Número de expediente 181/000192.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión de la Comisión y pasamos al segundo bloque de preguntas. La 7.ª pregunta es sobre medidas para impulsar y mejorar los procedimientos de expulsión y devolución de inmigrantes irregulares y está
formulada por don Rafael Hernando, pero veo que la va a formular doña Carmen Guerra. Tampoco me habían comunicado el cambio, pero no hay ningún problema. Tiene usted la palabra.
La señora GUERRA GUERRA: Señora secretaria de Estado, el pasado día 9 de octubre de 2008, cuando usted compareció en esta Cámara, creo recordar además que fue hasta en esta sala, dijo usted, y así se recoge en el'Diario de Sesiones', que
los datos de repatriaciones a lo largo de la anterior legislatura han puesto de manifiesto que durante este período de tiempo es cuando más se ha repatriado. Yo quiero decir una cosa que usted no ha dicho, no creo que por desconocimiento: desde
luego es cuando más han repatriado pero es cuando más inmigrantes han llegado a este país. Le voy a dar algunas
cifras. Por ejemplo, en el año 2006 han llegado a este país 670.000 inmigrantes; en el año 2007, 725.000, y en el año 2008, 464.300. Ahora bien, en cuánto a las repatriaciones el Gobierno está claro que cada vez expulsa menos inmigrantes.
Desde el año 2005 al 2008, con estas llegadas que le acabo de comentar anteriormente, con esas cifras, han abierto expedientes a 156.111. De esos expedientes, solo 34.321, o sea el 22 por ciento, se ejecutaron. En el año 2005 solo el 26,5 fueron
expulsados; en el año 2006, el 23,3; en el año 2007, el 20 por ciento, y en el año 2008, solamente el 12 por ciento.
Eso quiere decir, señora Rumí, que la política de inmigración en este país es un desastre claramente, y además no sólo lo decimos el Grupo Popular, yo creo que hoy es usted consciente, como secretaria de Estado, de lo que dicen los españoles
en general. Está claro que para ellos está el problema de la crisis, el problema del paro y, luego, el problema de la inmigración. Estoy segura de que no se va usted a manifestar orgullosa de la política de inmigración que están haciendo en este
país, es más, yo creo que los ciudadanos no tienen claro quién hace la política de inmigración en este país. El ministro de Trabajo e Inmigración, el Ministro de Interior, el Ministro de Exteriores o la propia Vicepresidenta del Gobierno trabajan
todos en materia de inmigración y así y todo es la tercera preocupación para los españoles. Teniendo en cuenta que casi 3 millones de personas han llegado en la legislatura pasada a este país, la preocupación de los españoles es clarísima. Y por
otro lado hay casi un millón de personas irregulares en este país. Usted comentaba en esa comparecencia que aquí todo el que viene es porque tiene un contrato de trabajo. Usted, desde la responsabilidad que ocupa, no puede desconocer los asaltos,
por ejemplo, a la valla de Melilla, las llegadas a Canarias o los problemas que están ocurriendo en este país con la inmigración irregular. O tampoco puede desconocer las 350 personas que han fallecido en las llegadas a las costas.
Y espero que no intente usted esta tarde, como lo intentó en su comparecencia, desviar este tema con la política que lleva adelante el Partido Popular, porque intentó decir a mi portavoz, el señor Hernando, que nosotros vinculábamos la
inmigración a las muertes. Para nada. O sea, estas personas han muerto, han fallecido, le guste a usted o no lo guste; es así. Y, por otro lado, están los 1.500 menores que están en la Comunidad Autónoma de Canarias y que también son
competencias en materia de inmigración.
Por eso, señora Rumí, dado lo que le estoy diciendo esta tarde, me gustaría que usted me dijera qué medidas va a impulsar para mejorar los procedimientos de expulsión y devolución de los inmigrantes irregulares a su país.
El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra la señora secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): En primer lugar quiero decirle a su señoría que las repatriaciones, a través de las distintas fórmulas legales que existen, constituyen un elemento imprescindible de
la política de inmigración que viene desarrollando el Gobierno, y que además tienen un efecto pedagógico disuasorio muy importante, como así lo reflejan los datos. Esto ha sido posible gracias a una consolidación en la estrategia de cooperación con
los países de origen y de tránsito, y me voy a reiterar en las palabras que ya dije: hoy se repatría como nunca se había hecho, en cantidades como nunca se había hecho, y se repatría a países donde nunca se había hecho. Y esto es posible por esa
estrategia de cooperación, que ha desarrollado la posibilidad de firmar acuerdos de readmisión con 21 Estados y acuerdos de regulación y ordenación de flujos migratorios laborales, con cláusulas de readmisión, con otros tres países más.
Las cifras de personas repatriadas se han caracterizado por un importante incremento, crecimiento que a partir de 2004 las ha situado en torno a las 100.000 personas al año. Bien es cierto, señora diputada, que durante los últimos años, en
el 2004 y en el 2005, el número de ciudadanos rumanos y búlgaros repatriados era de aproximadamente 50.000 al año.
Claro, estamos hablando del 50 por ciento prácticamente de las repatriaciones, teniendo en cuenta que estas personas, estos
ciudadanos rumanos y búlgaros, forman parte ya de la Unión Europea y que por lo tanto no van a ser objeto de repatriación porque pueden transitar libremente por nuestro país, como nosotros lo hacemos por todos los países de la Unión Europea, habrá
un descenso en las repatriaciones. Pero en cualquier caso, y aprovecho también para informarle, aun no habiendo transcurrido el último mes del año, nos encontramos ya en torno a las 40.000 personas repatriadas.
Mire, los datos que usted ha dado no coinciden, vuelven a mezclar la llegada de personas en situación de regularidad. Si usted me habla de personas en situación de regularidad, no podemos estar hablando de repatriaciones, porque las
personas que llegan a nuestro país de forma regular, son personas que no son objeto de repatriación. Estamos hablando de aquellas que llegan en situación de irregularidad.
En cuánto a que sea el tercer problema, efectivamente, a mucha distancia del segundo, a mucha distancia del segundo. Con ustedes era el primer problema.
Y en cuánto a las cifras que da de personas irregulares, no basta con decir una cifra, habría que argumentarla. En fin, si tiene ocasión pues lo argumentaría ahora, si no, tengo que decirle que las cifras de irregularidad que usted da
carecen de todo rigor precisamente por el carácter de la irregularidad.
Y cuándo habla de las personas que han llegado, por ejemplo cuando habla de que en el año 2007 llegaron aproximadamente 900.000 personas, a mí me gustaría que también fueran rigurosos y hablaran de cuántas
personas han llegado de esas que son comunitarias, porque, si no, confunden a la población, porque de las 900.000 personas que llegaron en 2007, prácticamente 700.000 eran comunitarias. Por lo tanto, no estamos hablando de inmigrantes en un
sentido estricto, estamos hablando de personas comunitarias que pueden circular por nuestro país, insisto, como nosotros lo hacemos por el resto de los países.
Y con respecto a la llegada de inmigración clandestina, tengo que decirle que las cifras ponen de manifiesto cómo la cooperación con los países de origen y de tránsito y la ofensiva diplomática, así como todos los convenios que estamos
desarrollando en África, están dando resultados.
Hoy puedo decirle que la inmigración vía marítima ha descendido en más de un 22 por ciento a nivel nacional y también en las islas Canarias y si le añadimos el 50 por ciento que supuso de descenso el
año 2007 con respecto a 2006, se pone de manifiesto que el camino que iniciamos y que estamos desarrollando es el camino correcto, aunque también añadiré, como digo siempre, que mientras llegue una patera o un cayuco tenemos que estar alerta, en
primera línea, para conseguir un descenso continuado, hasta que alguna vez consigamos que no lleguen personas a través de estos medios, cayucos o pateras, sobre todo por el drama que supone y por la tragedia que tenemos que ver en algunas ocasiones.
Pero quién no conoce África puede hacer afirmaciones como las que usted ha hecho. Si conociera África entendería que hay que seguir trabajando, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y con el concurso de la Unión Europea como, por
cierto, se está haciendo a iniciativa de España.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra doña Carmen Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Lo último que me esperaba, señora Rumí, como secretaria de Estado, es que diga que yo no conozco África. No he sido invitada por la señora vicepresidenta a las vacaciones pagadas por el Estado Español que hace para
llevar el dinero, en este caso llevar las ayudas que damos a los países africanos de la caridad de todos los españoles. No he sido invitada pero en esos viajes seguro que se conocerá África mejor, de todas maneras le digo que las fotos con los
polígamos desde luego a mí no es algo que me apetezca.
Otra cosa, señora secretaria de Estado. Dijo usted el 9 de octubre que la complejidad del fenómeno migratorio -además lo puede leer, está en el'Diario de Sesiones',- hace que sea un fenómeno donde la demagogia, las especulaciones y las
previsiones electorales sobran. Eso lo dijo usted el 9 de octubre y está en la página 7 del'Diario de Sesiones'. Mire, es con lo único que estoy de acuerdo con usted de lo que dijo en esa comparecencia.
En cuánto a los datos, le voy a decir una cosa, los que yo le he dado esta tarde son de Eurostat, si usted no está de acuerdo, pues a lo mejor puede comentarlo con ellos. Desde luego no tenemos los del Gobierno porque les hemos pedido que
trimestralmente se informe en esta Cámara y su grupo, el Grupo Socialista, ha votado en contra. Eso sí se lo digo.
Y quiero decirle otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que la demagogia no se debe utilizar en un problema como este, en un fenómeno como el de la inmigración, pero la secretaria federal de Integración y Convivencia, la señora
Bernarda Jiménez, de su grupo político, dijo el pasado 9 de diciembre, y le leo textualmente, lo siguiente: considero xenófobas y racistas las declaraciones del diputado del PP Rafael Hernando en las que éste pedía la expulsión de los inmigrantes
que participaron en los enfrentamientos de la Mojonera, en Almería, como medida ejemplarizante. Yo sinceramente me pregunto si esta señora desconoce, y por eso me gustaría que conste en el'Diario de Sesiones', y además estoy segura de que usted le
hará llegar también lo que hemos hablado aquí esta tarde, no sé si desconoce el programa de gobierno del Partido Socialista, el programa con el que se presentó a las pasadas elecciones, porque decía: agilizar los procedimientos de expulsión del
territorio español de aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular, especialmente los que delincan o mantengan conductas antisociales o alteren el orden y la seguridad pública. Se refería desde luego, yo creo, a casos o cosas como
las que han pasado en la Mojonera.
Por cierto, ocho personas irregulares que no se habían expulsado de este país, y que desde luego está claro que estarán entre los que usted piensa que son personas irregulares que están aquí y que deberían haber
sido expulsados y que usted y su Gobierno no han sido capaces de expulsar de este país.
Pero es más, yendo con esa demagogia decía esta señora...
El señor PRESIDENTE: Señora Guerra, ha consumido ya su tiempo, así que, por favor, vaya terminando.
La señora GUERRA GUERRA: Termino, señor presidente, un segundo y termino.
Decía esta señora: Si el PP gobernara, los usarían en tiempos de bonanza para crear riqueza y los expulsarían en tiempos de crisis. Y también le quiero decir otra
cosa. Esta mañana he oído a una diputada aquí, en esta Cámara, decir: Usted no haga caso a la bancada de enfrente. Se lo dijo a un ministro. Y sí conocerá, porque todos los medios de comunicación lo han publicado, lo que dijo el presidente de la
FEMP: ¿por qué hay tanto tonto de los cojones que todavía vota a la derecha? Señora Rumí, yo creo que esto es para avergonzarse de estar en un partido y en un gobierno.
Sí, ríase señora Rumí, haga los gestos que usted quiera. Esto es para
avergonzarse, porque este Gobierno no gobierna para los que lo votaron, gobierna para todos los españoles.
Señora Rumí, espero que haga mejor su trabajo, y desde luego que los españoles estén más tranquilos con el fenómeno de la inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señora Rumí tiene usted la palabra para responder.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Mis gestos son de asombro porque en fin, yo vengo aquí a una comparecencia, a responder unas preguntas y en este caso muy concretas sobre las medidas de expulsión y
devolución de inmigrantes, y usted ha hecho ahí un batiburrillo; sinceramente, me asombra la falta de rigor y el oportunismo. Si usted quiere hablar de todas esas cosas, pues haga preguntas sobre todas esas cuestiones que le preocupan, y que yo
entiendo que le preocupen, pero en fin, aténgase al rigor y sobre todo al respeto que merece esta Cámara.
Yo me voy a limitar a seguir respondiéndole y a seguir ampliando sus conocimientos. Mire, los mecanismos de expulsión y devolución funcionan cada vez con mayor eficacia y los resultados están ahí. Sobre todo porque para que se materialice
una expulsión nadie puede ignorar que es imprescindible el acuerdo con los países de procedencia, sobre todo que el país quiera aceptar a esas personas, y la cooperación internacional en este sentido es clave y es lo que está haciendo este Gobierno.
La devolución, por ejemplo a Marruecos, es inmediata, en 24 ó 48 horas los ciudadanos marroquíes que llegan de forma clandestina son devueltos a su país porque Marruecos los acepta, así como pasa con los ciudadanos argelinos. Y vamos ampliando ese
tipo de cooperación con Senegal, con Mauritania, con Gambia, con Guinea. Eso es el trabajo ordenado y de cooperación que está haciendo este país para hacer las devoluciones aún más efectivas, algo que ustedes desconocían. Es más, en este sentido,
para aumentar más aún la eficacia, el Gobierno ya ha anunciado que en el marco de la modificación de la Ley de Extranjería planteará una ampliación del tiempo de internamiento, precisamente para ganar más tiempo, tener el tiempo suficiente para
poder hacer más repatriaciones.
Estamos refiriéndonos sobre todo a ciudadanos que proceden de países del continente asiático, que entrañan más dificultades, sobre todo a la hora de los reconocimientos y de la documentación, porque lo que siempre
hace este Gobierno es repatriar con todas las garantías y con todo el respeto a estas personas, porque aunque sean irregulares le asisten todos los derechos como seres humanos que son.
En cuanto a los datos, yo no he puesto en duda los datos que usted ha dado con respecto a cuántas personas llegaron en el año 2007, lo que pongo en duda es cómo usted lo expresa, porque de las 947.000 aproximadamente personas que llegaron en
2007, 700.000 son ciudadanos comunitarios, son ciudadanos de la Unión Europea, y por lo tanto usted no puede incluirlos en el mismo volumen de cifras como si fueran ciudadanos de terceros países, porque puede confundir a la opinión pública. A lo
mejor eso es lo que usted quiere. Por lo tanto, creo que debemos distinguir lo que son ciudadanos comunitarios de lo que son ciudadanos que pertenecen a terceros países, que son los que entendemos todos por inmigrantes.
DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN NAVARRO CRUZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- CAMBIOS PREVISTOS ANTE EL FRACASO DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN LA VIII LEGISLATURA. (Número de expediente 181/000193.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, sobre cambios previstos ante el fracaso de la política de inmigración en la VIII Legislatura, la va a formular doña Carmen Navarro si mis notas son correctas. Tiene usted la palabra.
La señora NAVARRO CRUZ: El fenómeno de la inmigración ilegal se ha convertido en un problema y la política de inmigración que el Gobierno aplicó durante la pasada legislatura no ha ayudado demasiado a resolverlo. Los inmigrantes continúan
viniendo a España de manera irregular. Las regularizaciones masivas, las políticas de papeles para todos, y la interpretación retorcida y picaresca de las reagrupaciones familiares se han convertido en clave del denominado efecto llamada. El
efecto llamada de las políticas adoptadas por el Gobierno confunde a quienes arriesgan sus vidas para acceder a las costas españolas en pequeñas embarcaciones y el resultado es dramático, con independencia de los resultados estadísticos de cientos
de personas que mueren en ese intento.
Los inmigrantes vienen a España para trabajar y sin embargo en la actualidad es el colectivo que registra mayor tasa de paro. Se destruyen puestos de trabajo ocupados por inmigrantes y los autónomos inmigrantes cesan en su actividad
económica, esto demuestra que las políticas de inmigración desarrolladas por su Gobierno han fracasado. España no sólo se ha convertido en un lugar de paso para la inmigración ilegal que se dirige hacia otros países de la Unión Europea, sino que
cientos de miles de inmigrantes quedan definitivamente en nuestro país. Por todas esas razones, el Partido Popular quiere preguntarle qué cambios tiene previsto hacer el Gobierno ante el fracaso de esa política de inmigración en la pasada
legislatura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Consuelo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Tengo que discrepar, señoría, porque lejos de fracasar en la
política de inmigración, hemos acertado. Pero mire, el acierto no es un acierto ni un éxito del Gobierno, es un éxito compartido con la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, con los empresarios. Ríase si quiere de los empresarios,
ríase de los sindicatos, de las organizaciones sociales que han participado en el desarrollo de la política de inmigración durante todos estos años. Cuando dice que la política del Gobierno en materia de inmigración ha fracasado, se está poniendo
frente a empresarios y sindicatos que la han respaldado, y que la han respaldado en un documento. Yo tengo muchísimo gusto en hacérselo llegar si usted lo desconoce. Por lo tanto, no es solo el Gobierno quien niega el fracaso, son los propios
agentes sociales los que desmienten al Partido Popular.
Mire señoría, lo que ha fracasado es su oposición, porque el Partido Popular lo que tiene es aislamiento político y aislamiento social.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Señora Rumí, usted hablaba de aciertos, pero hace un momento le contestaba a mi compañera hablándole también de rigor. Y por supuesto le voy a aclarar, antes de empezar a darle esas cifras y ese rigor, que por
supuesto en el Partido Popular no podemos ni reírnos ni estar enfrente, ni de los sindicatos ni de los empresarios; ahora lo que sí está claro es que hay un problema, un problema para los ciudadanos de este país y que, como mi compañera ha dicho,
es el tercero en ese grado de preocupación que tenemos los españoles.
Usted hablaba de rigor y yo no sé si considera un acierto que exista una diferencia de alrededor de 1.241.563 personas entre el número de extranjeros con tarjeta de residencia, 3.979.000 y los empadronados, 5.220.000. Ustedes ni siquiera
saben exactamente o no nos explican cuáles son las cifras reales que tienen en su Secretaría de Estado.
Por otra parte, antes ha dicho usted que ha bajado el número de pateras en un 20 por ciento y se vanagloria de que todo eso haya sido así. A nosotros nos parece muy bien que haya bajado el número de inmigrantes que llegan aquí en patera,
pero también le voy a decir una cosa, usted ha dicho que mientras un solo inmigrante venga en la patera estarán alerta.
Pues mire, mientras uno solo de esos emigrantes venga en patera, lo que está claro es que la política que se está aplicando por
parte de su Gobierno habrá fracasado; mientras eso siga ocurriendo, estaremos en una mala política de inmigración. Y además le voy a decir otra cosa. Son inmigrantes que están arriesgando su vida, como muy bien ha dicho usted, cruzando para venir
aquí a engrosar las bolsas de la marginalidad. Y la política de inmigración, mientras todo eso ocurra, seguirá siendo un fracaso.
También sabe usted que no todo el mundo viene aquí en pateras. Hay algunos inmigrantes que llegan en avión, que llegan en coche o a través de otros medios. Pero le voy a decir otra cosa, las pateras ahora mismo representan un doble
fracaso, porque cada vez son personas más jóvenes las que vienen en pateras, incluso bebés vienen en pateras. Las pateras están teniendo rostros infantiles y eso verdaderamente es un fracaso de su política de inmigración. Ustedes no se han
planteado la repatriación de menores, porque eso además necesitaría una política mucho más garantista y no parece que estén en condiciones de hacerla, pero sabe usted que los centros de menores en España están colapsados. También sabe usted que el
Defensor del Pueblo habla de que el 70 por ciento de los menores se escapan de esos centros de acogida o de internamiento antes de un año. Las comunidades autónomas, que son las competentes en esa materia, le han pedido en muchísimas ocasiones
ayuda y auxilio y no han encontrado respuesta por su parte. Si la política de inmigración fuera tan adecuada, a lo mejor no hubieran ocurrido hechos como el que ocurrió hace muy poco en la Mojonera, donde tres de los ocho que estaban implicados en
ese asesinato eran marroquíes irregulares, que efectivamente, como decía mi compañero Rafael Hernando, a lo mejor no deberían estar aquí. Por cierto, hubiera sido muy apreciada por el alcalde de la Mojonera alguna llamada de interés por su parte,
teniendo en cuenta, su doble condición de Secretaria de Estado y de almeriense.
Hubiera venido, la verdad, bastante bien.
El único cambio que se ha realizado por la política de inmigración del Gobierno ha sido el retorno, que afecta a 700 personas de un total de 230.000 desempleados, y también han elaborado un proyecto para reformar el reglamento y no para
eliminar el fraude de la regularización masiva o el reagrupamiento en cadena o el arraigo, y sin embargo sí que se han planteado un proyecto de decreto ley para dar a Cataluña la concesión de permisos para trabajo y residencia, rompiendo además la
coordinación entre comunidades autónomas y fragmentando las competencias del Gobierno.
Señora Rumí, nuestra Ley de Extranjería probablemente tendría muchos defectos en el momento en el que se hizo cuando gobernaba el Partido Popular, pero hay una cosa y es que garantizaba más que ninguna los derechos humanos y así lo
reconocieron desde la Unión Europea, algo distinto a lo que ocurrió con la suya. La verdad es que solo tengo que decirle para terminar que nosotros creemos en la inmigración regular, creemos en los derechos y en los deberes de los inmigrantes,
creemos en los contratos en origen, creemos en los flujos migratorios ordenados porque benefician a los inmigrantes y a los españoles, y desde luego no creemos en la política de puertas abiertas porque desgraciadamente no cabe todo el mundo, y menos
en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Por eso, el Partido Popular le pide que rectifiquen esa política de inmigración y que tomen medidas serias y responsables para evitar estos problemas.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, para finalizar ya este debate.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Antes de continuar contestándole querría sacarla de un error, la Ley de Extranjería actualmente en vigor es la ley del Partido Popular. Esto para que quede claro.
La propia formulación de la pregunta pone de manifiesto que quieren seguir confrontando con el Gobierno y que le da igual que el precio sea la soledad parlamentaria. Pero yo sí que quiero poner de manifiesto por qué creo y por qué afirmo el
acierto compartido con agentes sociales, y con fuerzas políticas y con el resto de las administraciones. En primer lugar porque la política que está desarrollando el Gobierno tiene una característica, es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica
de la política del Gobierno frente a la inseguridad jurídica del tiempo en que ustedes estuvieron gobernando. Le recuerdo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de su Ley de Extranjería, la Ley de Extranjería,
ocho sentencias de inconstitucionalidad, y que el Tribunal Supremo anuló varios artículos de su reglamento, que no es el reglamento que hay ahora que ya sí lo ha hecho un gobierno socialista.
Por tanto, señoría, todo un record de inseguridad
jurídica, como para andar presumiendo. Tres reformas de ley en una sola legislatura y además se la tumban los tribunales. Por tanto, primer elemento de diferenciación de políticas, seguridad jurídica de la política actual frente a la inseguridad
jurídica.
Segundo elemento. Ustedes sí que nos dejaron una herencia, una muy mala herencia, cientos de miles de ciudadanos en situación de irregularidad, a pesar de haber hecho hasta cinco regularizaciones, algunas de ellas en las que ni siquiera se
exigió presentar un certificado de carecer de antecedentes penales. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno socialista? Lo que hizo fue normalizar esa situación que nos dejaron heredada, por supuesto con un certificado de carecer de antecedentes
penales, y además esto vinculado a un contrato de trabajo. Por cierto, que el Pacto europeo de inmigración y asilo, contrariamente a lo que le oigo decir, respalda nuestra actuación y deja en evidencia la suya. Lo digo porque negocié el pacto y
conozco muy bien lo que pone, quizá ustedes no lo conocen. Y no hablaré más de la inmigración clandestina y de la lucha contra la inmigración clandestina porque ya me he referido en la anterior pregunta.
Tercera diferencia. Nosotros hemos llevado a cabo una reforma muy profunda sobre los instrumentos de contratación en origen, pieza angular de la política de este Gobierno. Se contrata a trabajadores en origen cuando no hay candidatos
españoles o residentes legales, y si tiene dudas sobre esto pregúnteles a los empresarios. Durante la etapa de su Gobierno, el contingente anual fue utilizado para legalizar a trabajadores en situación de irregularidad que ya estaban en España, no
es ahora, como se ha dicho en alguna ocasión sin el menor fundamento por cierto. Fue cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora, cuando se contrata en origen es cuando no hay candidatos en el país para cubrir esos puestos de trabajo.
Pero si
tiene duda, pregúnteles a los empresarios.
Cuarto elemento que quiero reseñar. El Gobierno, lejos de modificar su política de inmigración, porque como he dicho antes está concertada, lo que ha hecho es poner de manifiesto que los instrumentos que se diseñaron tienen vigencia, tienen
vigencia y son útiles en épocas de bonanza, en épocas de expansión del mercado laboral cuando se necesitaba contratar a un número muy importante de trabajadores, pero que también son útiles ahora, en una época de contracción del mercado laboral. Y,
por tanto, hoy se potencia lo que es lógico, la recolocación de aquellos trabajadores que han quedado en el desempleo, españoles o extranjeros con permiso de trabajo, pero, como digo, siempre con unos instrumentos diseñados para hacer una política
legal, ordenada y rigurosa. Y desde luego, lo que está claro es que es una apuesta seria y que viene refrendada por los avales que antes he comentado.
Le voy a decir una cosa, cuando usted habla de empadronamiento está claro que no sabe la diferencia que existe entre empadronado y residente, eso ya es público y notorio, pero lo que me sorprende aún más es que, como he dicho antes, no haya
caído en la cuenta de que bastante más de la mitad de las personas de las que estamos hablando son ciudadanos comunitarios y, por tanto, como pueden residir y circular libremente por nuestro país, no tienen por qué, si no quieren, estar registrados.
Por tanto, de los 900.000 a los que siempre hacen referencia, insisto para que quede claro, más de 700.000 son comunitarios.
Quinto elemento, la integración. Nunca les oí hablar de integración. Sin embargo, otra diferencia con la política de inmigración que venimos desarrollando es la apuesta por la integración, una apuesta a través de un plan estratégico,
dotado económicamente con más de 2.000 millones de euros y que estará en vigor hasta el año 2010. Pero, para que también quede clara esa diferencia en los recursos, le diré que entre los años 2005 y 2008 se invirtieron más de 1.000 millones de
euros en materia de integración y que en el año 2008 la cantidad invertida en integración han sido 309 millones de euros, frente a los 42 millones en el año 2004. Creo que también queda clara la apuesta no sólo por la integración, sino por los
recursos que hay que poner para hacerla posible.
Y me gustaría aprovechar esta ocasión para aclarar también otra cosa y que no se vuelva a incurrir en error por parte de su grupo. En algún texto de una proposición de ley se ha llegado a afirmar que en el Pacto europeo de inmigración y
asilo se hablaba del contrato de integración. Pues, para que quede claro, en el Pacto europeo de inmigración y asilo no hay ni rastro, ni la menor referencia al famoso contrato de integración que ustedes
comprometieron en la campaña electoral. Lo digo porque también he participado en él. Por lo tanto, no vuelvan a decirlo porque con leerse el pacto quedan en evidencia sus palabras.
Para terminar quiero decirle, señoría que tienen ahora una oportunidad estupenda, una oportunidad de oro, porque en breve tendremos que trabajar en la modificación de la Ley de Extranjería. Por cierto, tenemos que abordarla obligadamente
por la inconstitucionalidad de su propia reforma.
Me gustaría que reflexionaran, que corrigieran el rumbo, que renunciaran al conflicto y que buscaran el acuerdo. Sería una buena oportunidad, porque no le quepa la menor duda, señoría, de que la
ciudadanía distingue, distingue el trabajo serio del eslogan propagandístico. Por eso nosotros estamos en el Gobierno y ustedes en la oposición.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GRÀCIA MUÑOZ SALVÀ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- PASOS DADOS PARA INCORPORAR LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN MIGRATORIA A LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 181/001013.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 9.ª que está formulada por doña Gracia Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Antes de empezar la pregunta, me gustaría dejar constancia de la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la noticia que nos ha llegado esta mañana del Parlamento Europeo, en el cual se ha rechazado la
famosa directiva de la jornada laboral de 65 horas.
Aprovecho la ocasión para dejar constancia de dicha noticia en el seno de esta Comisión de Trabajo e Inmigración y que quede recogido en el'Diario de Sesiones'. Añadir también que nuestro grupo
parlamentario, a través del señor Membrado, propuso una iniciativa en el mimo sentido.
Señora Secretaria de Estado, yo y mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista hemos venido aquí a hacerle unas preguntas y a escucharla para que nos aporte información necesaria para nuestra actividad, y venimos con respeto a la Cámara
y a la institución, con lo cual es evidente la manera de trabajar del Grupo Parlamentario Popular.
Y ahora ya sí paso a la pregunta concreta. El ministerio, y su secretaría de Estado en concreto, pendientes del fenómeno migratorio y de sus previsiones, ideó y estableció en su momento medidas y acciones para paliar el hecho de la
inmigración, no sólo en su vertiente más dramática, sino también en otras, la de acogida, recepción y legalidad de estas personas en nuestro país. El control de la entrada de inmigrantes en función de la legalidad establecida en nuestro país, se ha
hecho teniendo siempre presente la protección de los derechos humanos. En estos días se han cumplido los sesenta años de aquella Declaración, por lo que por coherencia y sentido común en nuestro país se ha legislado y actuado en beneficio de las
personas, tanto de las que emigraban y llegaban a nuestro país, como de las autóctonas a fin de que la convivencia social no se viera perturbada por la llegada de personas de otras culturas. La coordinación con los países de origen a fin de que las
contrataciones de trabajo se hicieran en ellos y para que estas no fueran objeto de tráfico ilegal de personas y no se produjera explotación, sin duda ha supuesto una vía importante para la defensa de los derechos humanos. La atención y disposición
a la cooperación para el desarrollo de los países necesitados en el mundo, entre otros los de origen de inmigrantes que llegan a nuestro país, África subsahariana por ejemplo, ha supuesto crear redes de ayuda para avanzar en su propio desarrollo.
Dejar el país de origen involuntariamente para cualquiera es siempre dramático. Sin duda, son dos elementos que ponen de manifiesto el trabajo controlado y ordenado que se ha hecho por España, por su secretaría de Estado.
España hoy por hoy es Europa, es una parte activa e imprescindible de Europa, sin duda la política migratoria la concebimos desde un espacio más amplio que el territorio que comprende nuestro país, precisamente por pertenecer a una Europa de
libertades y sin fronteras. El esfuerzo que ha realizado España en estos últimos años no tiene precedentes. El fenómeno migratorio nos ha ayudado a crecer como país y a la vez hemos proporcionado a las personas inmigrantes el desarrollo de sus
expectativas y aspiraciones, siempre desde el control. Las diversas actuaciones realizadas desde la Unión Europea a través de su Consejo, como el Pacto europeo sobre inmigración y asilo, aunque este puede requerir una evolución, pretende continuar
desarrollando el pacto dentro del programa de La Haya, y en el que continúe en el 2010. La Unión Europea también tiene intención y compromiso de dar un nuevo impulso a la definición de una política común de inmigración y asilo, teniendo en cuenta
el interés colectivo de la Unión Europea y las particularidades de cada Estado miembro. Independientemente de estas bases y filosofía que sustenta el pacto, el Consejo Europeo adopta cinco compromisos que conoce usted perfectamente. Por tanto,
nosotros lo que queríamos es saber qué pasos se han realizado en las políticas de cooperación migratoria y cuáles se han incorporado a las políticas desarrolladas en el seno de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): La Unión Europea en sus tratados fundacionales no preveía competencia alguna para la Unión en este campo. Sin
embargo, con cada modificación de los tratados, los temas de política migratoria se han ido incorporando; pero, más allá de la regulación de los tratados, lo destacable es la importancia de la acción política del Gobierno de España desde la
llegada de nuestro presidente, de José Luís Rodríguez Zapatero. Uno de los textos básicos de la Unión Europea en materia migratoria es el llamado Enfoque global de las migraciones, aprobado en el Consejo de diciembre de 2005. Hasta aquel momento,
la inmigración en cierto modo era un tema colateral, aparecía en los puntos de varios en el orden del día, es decir, era un tema marginal. Tres años después, en diciembre de 2008, los temas de inmigración ocupan un lugar privilegiado y de primer
orden en la Unión Europea. Esto demuestra también las iniciativas en esta materia del Gobierno de España. Por lo tanto, en poco tiempo hemos asistido a una multiplicación de acciones dentro de la Unión Europea en materia migratoria. Y esto,
señoría, no es por casualidad, sino por el trabajo realizado. Y les voy a poner algunos ejemplos. El propio enfoque global de las migraciones que marca la adopción por parte de la Unión Europea de las posiciones en materia migratoria, con tres
ejes, los cauces de la inmigración legal, la lucha contra la inmigración irregular y la sinergia entre la migración y el desarrollo, y que ha sido además refrendado en el último Consejo JAI al que tuve la oportunidad y el honor de asistir. La
celebración de dos conferencias euroafricanas sobre inmigración y desarrollo, una en Rabat en el año 2006 y la otra en París en noviembre de este mismo año. Tres conferencias más sobre integración de los inmigrantes, la primera en Groningen en
noviembre de 2004, la segunda en Potsdam en mayo de 2007 y la tercera en Vichy también en noviembre de este año. Y, adelanto ya, la próxima va a ser en España, durante la Presidencia española en el año 2010. Y el pacto al que usted también ha
hecho mención, el Pacto europeo de inmigración y de asilo. Por tanto, creo que queda puesto de manifiesto el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España y también el éxito de ese esfuerzo, donde las políticas de inmigración, como digo, forman parte
de la agenda política de la Unión Europea, y sobre todo porque España ha sido protagonista e impulsora y ha promovido conjuntamente con otros países iniciativas tan importantes como la del pacto, con Francia y con Alemania en concreto. Pacto al que
me voy a referir, ya que me ha dado usted la oportunidad, porque revalida plenamente las posiciones mantenidas en política migratoria por el Gobierno de España. Por eso, lo he dicho antes, en la pregunta anterior, me ha sorprendido en alguna
iniciativa parlamentara que se vinculara el contrato de integración con el pacto, cuando no aparece en ningún sitio. Lo que sí aparece es un reflejo y un refrendo de las políticas desarrolladas por el Gobierno de España. Como digo, revalida las
líneas, las decisiones de la política española de inmigración y es una realidad que pone de manifiesto que el trabajo desarrollado durante la pasada y la presente legislatura ha obtenido su fruto.
Pero, señoría, no sólo se trata de las conferencias a las que yo he hecho mención, de los foros a nivel de la Unión Europea o con los países de origen y de tránsito, sino que también se trata de la multiplicación de iniciativas lanzadas a
través de la Comisión. Voy a nombrar algunas directivas, la Directiva sobre procedimiento único de residencia y trabajo y de derechos de los trabajadores de terceros países residentes legalmente en un Estado miembro. La Directiva sobre las
condiciones de entrada y residencia de trabajadores altamente cualificados procedentes de terceros países. La Directiva que establece sanciones contra los empleadores que contraten a nacionales de terceros países en situación irregular, que se va a
aprobar en el primer Consejo de la Presidencia checa entrante. O las tres directivas que se negociarán durante la Presidencia española, sobre desplazamiento de trabajadores en el seno de grupos de empresas, la relativa a la admisión de trabajadores
de temporada o la directiva sobre trabajadores en prácticas.
Por tanto, una profusa relación, tanto de conferencias como, de foros y de directivas que ponen de manifiesto esa gran diferencia desde que comenzamos a trabajar hasta el día de hoy. Ese compromiso de la Unión Europea por algo que no era
comentado, que como he dicho antes formaba parte de los últimos puntos del día o del punto de varios porque no había una implicación, implicación que sí hay hoy de la Unión Europea, y tengo que decirlo con sinceridad, no sólo por nosotros, no sólo
por el Gobierno de España, pero sí en una gran parte por ese esfuerzo de inclusión, de llevarlo a todas las reuniones que hemos tenido porque el tema de la inmigración tenía que estar en la agenda política europea, porque era un compromiso de todos
y sus respuestas también tenían que ser comunes. Hoy ya estamos mucho más cerca de una política común en materia de inmigración, mucho más cerca que hace cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, si quiere usted utilizar su turno de réplica, tiene usted su perfecto derecho.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Solamente para agradecerle la respuesta a la señora secretaria de Estado.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VALORACIÓN DE LA CUMBRE EUROPA-ÁFRICA, CELEBRADA EN PARÍS, EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 181/001014.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es sobre valoración de la cumbre Europa-África, celebrada en París, en relación con las políticas de inmigración y para formular la misma tiene la palabra doña María José Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Antes de iniciar la formulación de mi pregunta quería hacer una consideración aun a sabiendas de que la va a recoger el'Diario de Sesiones' exclusivamente, puesto que los diputados y diputadas del Grupo Popular no
están aquí, imagino que como una muestra de respeto a la Cámara y a esta Comisión. Por lo tanto, hago la consideración en ese sentido para que quede constancia.
Yo creo que se nos olvida, y tenemos que recordarlo, no podemos dejar de recordarlo, que los inmigrantes son personas, son personas que vienen a trabajar, son personas que vienen huyendo de la miseria y de la pobreza, que no vienen a
delinquir, no vienen a quitarnos nada, no nos invaden, es decir, son personas que necesitan de sensibilidad por parte de todas y todos, por parte de todos los grupos políticos. En el pasado mes de noviembre y en la línea de sensibilidad, y de
sensibilidad no solamente en nuestro país, sino en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, se celebró en París la cumbre Europa-África. Yo quiero destacar la importancia que el Gobierno de España ha venido dando a la colaboración con África
en materia de inmigración, incidiendo particularmente en la necesidad de que dicha colaboración se realizara implicando a la Unión Europea. Ya en octubre de 2005 la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
celebrada en Hampton Court así como la reunión del Consejo de Europa reunido en Bruselas en 2005, en diciembre, puso en evidencia el interés que el Gobierno de España tenía al respecto.
La iniciativa de nuestro país ha sido un buen instrumento para
resaltar el papel de Europa, el papel que debe desempeñar en la política de inmigración, así como para priorizar al continente africano en general y particularmente aquellos países de origen y tránsito de la inmigración.
Señora Rumí, yo soy consciente de que la incidencia de España en la Unión Europea en materia de inmigración es consecuencia del magnífico trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la secretaría
de Estado que usted dirige. Tal como nos manifestaba en su última comparecencia en esta Comisión, para su departamento siguen siendo prioritarios temas tan importante como la canalización de los flujos migratorios, la gestión del régimen de
extranjería, la cooperación con los países de origen en materia de formación de capital humano, los retornos voluntarios, las remesas de dinero, así como las políticas de integración, asuntos todos ellos de vital importancia en materia migratoria en
nuestro país, a lo que debemos añadir el trabajo que se viene haciendo desde Asuntos Exteriores y el compromiso que tiene España en destinar el 0,7 del PIB a la cooperación y ayuda al desarrollo con un enfoque compartido entre lo que es desarrollo y
cooperación.
En estos momentos de crisis económica, en los que el paro está siendo uno de los temas más preocupantes, el Gobierno de España sigue dando muestras de sensibilidad y compromiso en materia migratoria, a la vez que desempeña un papel destacado
en el marco de la Unión Europea, y lo hace consciente de que la integración es un instrumento fundamental para evitar que la población inmigrante sea considerada precisamente como competidora en el ámbito laboral y en el acceso y disfrute de los
servicios públicos.Yo creo que la política de integración que se está haciendo va a evitar incluso en situación de crisis que eso sea así y para eso es preciso de la lealtad de todos los grupos políticos, es preciso de la lealtad de todos los
interlocutores sociales, es preciso de la colaboración y la concurrencia de toda la población de nuestro país.
Es fundamental el trabajo que en este sentido está haciendo el Gobierno en nuestro país y en los foros internacionales para destacar esos
aspectos positivos que aporta la inmigración, tanto en los países de origen en forma de remesa como en los de destino como creación de riqueza, cotizaciones a la Seguridad Social, intercambio social y cultural. Yo creo que es importantísimo más si
cabe en estos momentos.
Señora Rumí, somos conocedores de su participación como miembro de la delegación española en la cumbre Europa-África que se ha celebrado recientemente en París y le rogaríamos nos valorara los trabajos realizados en la misma.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, tiene usted la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Señorías, esa segunda Conferencia ministerial euroafricana ha sido todo un éxito y estamos especialmente satisfechos por el desarrollo de la misma, porque España,
junto a Francia y Marruecos, ha formado parte de los países que con más ahínco han querido establecer esa nueva orientación entre las relaciones Unión Europea y África. Este nuevo enfoque tiene entre sus puntos de arranque el llamado proceso de
Rabat del año 2006 y a partir de ahí y a iniciativa también de España y Marruecos, tuvo lugar la primera Conferencia euroafricana sobre migración y desarrollo. Esa primera conferencia tuvo como conclusión una visión global del proceso migratorio y
se introdujo el concepto de ruta migratoria, permitiendo una aproximación integral a la cuestión migratoria y en particular a los lazos que debían existir entre la inmigración y el desarrollo. A partir de las actuaciones multilaterales y nacionales
de los años 2007 y 2008 en el marco del proceso de Rabat, se han abierto vías de cooperación entre los países involucrados por las rutas migratorias, basadas en el paternariado, la corresponsabilidad y la solidaridad, que confirman la validez de
esta estrategia.
Esta segunda conferencia celebrada en París merece como he dicho antes una valoración muy positiva. Ha puesto de manifiesto la fortaleza de esta nueva visión en la ordenación de los flujos migratorios procedentes del continente africano,
basada en la confianza mutua y en la colaboración, y en ella España ha tenido también un protagonismo especial, porque hemos formado parte de lo que se ha denominado el núcleo duro. La participación
activa de la delegación española en esta segunda conferencia también consolida nuestras actuaciones y nuestra fuerza a la hora de reclamar ciertos compromisos.
La continuación del proceso de Rabat desembocará en la celebración de una tercera conferencia a nivel ministerial a finales del año 2009 en Senegal. El programa de cooperación trianual aprobado para el período 2009-2011 contempla tres ejes
de intervención coincidentes, como no podía ser de otra manera, con el enfoque global de las migraciones, por una parte la organización de las migraciones legales, la lucha contra la inmigración irregular y la sinergia entre migración y desarrollo.
Me gustaría destacar que en este programa se incluyen por primera vez medidas de cooperación en relación con el tráfico ilegal de menores no acompañados. Es una pena que la representante del Partido Popular que tenía tanto interés en hablar de este
tema no conozca que existe este compromiso ahora entre la Unión Europea y el continente africano gracias además a una iniciativa española que fue aceptada por todos los miembros de la conferencia. También a instancias de la delegación española se
consiguió incluir en el texto la necesidad de evitar lo que hemos llamado la fuga de cerebros y el hecho de que una inmigración legal bien organizada actúa como elemento disuasorio de la migración irregular. Se incluyó también una cláusula donde se
anima a favorecer los contactos regulares entre los actores sociales en los países de origen y de destino. Fue defendida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y se concretará en una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores en la
organización de un foro empresarial Europa-África en el año 2009 en las islas Canarias.
En definitiva, la Conferencia de París ha puesto de relieve el creciente papel de liderazgo de nuestro país en el marco de las rutas migratorias de África occidental en la aplicación el enfoque global y en la construcción de una alianza
perdurable con nuestros socios europeos y en los países de origen y tránsito. Creo que iniciativas como esta son las que redundan en una serie de conclusiones, que además se están ejecutando porque se evalúan y están teniendo un resultado muy
positivo para trabajar en políticas integrales e integradoras de todos aquellos que estamos afectados.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ELVIRA CORTAJARENA ITURRIOZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES DE ESPAÑA A LA CONFERENCIA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN EUROPA, CELEBRADA EN VICHY LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2008. (Número de expediente 181/001015.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, sobre valoración de las aportaciones de España en la Conferencia sobre la integración de la inmigración en Europa, celebrada en Vichy los días 3 y 4 de noviembre de 2008. Para plantear
la pregunta tiene la palabra nuestra compañera de la Mesa doña Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, lamento profundamente que no esté en esta comparecencia la señora Guerra porque quería hacerle algún tipo de aclaración que me parece importante. No se puede tener tan poca sensibilidad para
decir que todo un gobierno va de vacaciones pagadas a hacer proyectos internacionales de cooperación y de solidaridad. Me parece absurdo y me parece muy reprobable hacerlo en ese tono y de esta manera. En segundo lugar, cuando dice que vamos a
repartir caridades le tengo que plantear a la señora Guerra que gracias a los socialistas la Constitución Española de 1978 eliminó la beneficencia pública y que por tanto las caridades se hacen de carácter individual, pero la caridad pública este
Estado no la reconoce. Se hacen programas de solidaridad que tienen planteamientos mucho más corresponsables con las personas y con los colectivos a los que nos estamos refiriendo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) En tercer lugar, cuando dice que
reclama a la secretaría de Estado que le manden los datos hay que decirle que se meta en Internet: en el observatorio los tiene trimestralmente. Entonces, como supongo que leerán esta comparecencia en el'Diario de Sesiones', sería bueno también
que la pueda leer y ya vaya a la fuente que tiene en su mano directamente.
En relación con el planteamiento que teníamos en este momento, yo que la conozco a usted hace muchos años, cuando ambas compartíamos actividad en esta casa, recuerdo perfectamente cómo de un tema muy duro y difícil, donde la sensibilización
política y social hacia la inmigración tenía elementos muy rechazables, sobre todo a veces por desconocimiento de la población y de la ciudadanía, hemos pasado a una situación en la que los elementos y las políticas en relación con la inmigración
están asumiendo una serie de valores nuevos de carácter muy transversal. No se puede decir tampoco que no se ponen de acuerdo los ministerios. Si algo tiene la política de inmigración, es la transversalidad. ¿Cómo no van a intervenir cuatro
ministerios? Y seis y ocho y los que hagan falta. Eso no es descoordinación ni falta de política, ni falta de estrategia.
Seamos serios, porque no se pueden decir esas cosas, o por lo menos se deben de decir con un cierto rigor.
Quiero plantearle en relación con la tercera Conferencia de Vichy que me parecen muy importantes las aportaciones que se van haciendo, porque en la Unión Europea ya se está abordando la integración como un asunto fundamental a la hora del
trabajo con los colectivos de la población de inmigrantes. Sin ir más lejos yo creo que hay dos cosas de las que nos podemos sentir orgullosos, del Plan estratégico de ciudadanía e integración y el informe sobre la situación social de los
inmigrantes y los refugiados. Aquí lo tenemos todos y realmente
es un trabajo serio donde están implicados cantidad de agentes.
En relación con la Conferencia de Vichy, me gustaría que nos trasladara cuáles son las valoraciones que usted hace y qué le parece lo más importante, lo más destacado sobre este tipo de encuentros, donde creo que el papel de España está
siendo bastante importante.
El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Tengo que decirle, señoría, que le agradezco mucho esta pregunta. Me siento especialmente orgullosa de haber podido encabezar la delegación española que fue a Vichy
y por tanto puedo trasladar también de primera mano los resultados de esa conferencia, que yo considero de una gran importancia. Esa conferencia ha tenido el objetivo de lograr una mayor convergencia en lo relativo a los conceptos y a las prácticas
aplicadas por la Unión Europea en torno a la integración de los inmigrantes. Además ha habido unos temas clave, que son los que yo quiero resaltar a petición suya, la promoción de los valores de la Unión Europea, el proceso de integración, el
acceso al empleo y la promoción de la diversidad, la integración de las mujeres y la educación de los niños, el diálogo intercultural al servicio de la integración y la gobernanza de las políticas de integración. Además la conferencia concluyó con
una declaración sobre la integración que nos va a permitir tener esa agenda común en materia de integración. Saben ustedes que las competencias en materia de integración son nacionales, pero estos son pasos que vamos dando para tener esa agenda
común si todos los Estados queremos, la compartimos y llegamos a un acuerdo, para ir trabajando en la misma dirección.
Me gustaría resaltar en particular un punto de esa declaración, es el de la integración de las mujeres. Todos somos conscientes del papel que juegan las mujeres en le proceso de integración, en particular en el ámbito familiar, y también
del riesgo que tienen de estar sometidas a la exclusión social, a la discriminación por ejemplo. En la declaración se recoge un apartado en el que se llama la atención a todos los Estados miembros para que destinen medios y acciones específicas
para combatir esta discriminación. Ya lo he dicho antes, pero vuelvo a repetirlo porque creo que es importante, la próxima conferencia ministerial sobre integración será en España -la cuarta- y durante la Presidencia europea y creo que esto es un
refrendo también a la labor del Gobierno y al trabajo que ha hecho España en materia de inmigración. Es uno de los pilares de nuestra política, por primera vez, inédita, no existía como un eje básico sobre el que trabajar en temas migratorios, y
por tanto creo que ese refrendo está ahí, se quiera o no se quiera ver, sobre todo porque España ha estado en condiciones de poder ofrecer a nuestros socios europeos el caudal de experiencia que hemos acumulado durante estos cuatro años. La mejor
expresión, lo ha dicho usted, se encuentra en ese Plan estratégico de ciudadanía e integración, dotado con más de 2.000 millones de euros, un plan que es una especie de hoja de ruta a través de la cual se le da coherencia al conjunto de iniciativas
públicas y privadas que se vienen desarrollando en el terreno de la integración y contiene además un modelo de integración. España tiene un modelo de integración, un modelo intercultural, basado en los principios de igualdad, de ciudadanía y de
interculturalidad.
Durante la conferencia España ha tenido también la oportunidad de ser ponente en la mesa de acceso al empleo. Ha habido un panel específico para esto, para que España tuviera la oportunidad de trasladar nuestras experiencias y nuestros
conocimientos en un tema crucial del modelo migratorio español, pues nuestro modelo pivota sobre la estrecha vinculación que existe entre la inmigración y la demanda del mercado laboral, y esto ha suscitado muchísimo interés por parte del resto de
los Estados miembros de cómo hemos arbitrado los instrumentos, cuáles son y cómo funcionan.
Para concluir me gustaría destacar tres cuestiones. La primera, la Declaración de Vichy es una prueba más de la importancia de las cuestiones migratorias en la Unión Europea, por tanto, un resultado también de ese impulso que se le ha dado
desde el Gobierno de España. En segundo lugar en lo que se refiere a la integración, en la Declaración de la Conferencia de Vichy viene a ponerse de manifiesto que se está en línea con lo que viene desarrollando España y que por tanto forma parte
de los trabajos encomendados desde el seno de la Unión Europea. Junto con otros países como Francia y Alemania, no solo existe una coincidencia fundamental en la política de integración, sino que compartimos trabajo y compartimos iniciativas
comunes, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Unión Europea. Van a ser varias las visitas durante el mes de enero de los responsables ministeriales de este tema en Alemania y en Francia, porque seguimos trabajando de forma bilateral. Por
último y para evitar cualquier confusión, quiero que quede muy claro que la Declaración de Vichy respalda las políticas de integración que viene realizando el Gobierno de España y lo que existe es una reconocida impronta de los planteamientos e
ideas en materia de integración que realiza nuestro Gobierno, el Gobierno de España, y que se ha puesto de manifiesto no solo en la declaración, que es muy importante porque así queda por escrito, sino a través de las distintas intervenciones de los
Estados miembros.
Nos han pedido documentación, nos han pedido el plan estratégico porque quieren, con las peculiaridades y las singularidades que tiene cada país, reproducirlo, porque creen que es un modelo a seguir.
El señor PRESIDENTE: Doña Elvira renuncia al turno de réplica.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO O TARJETAS DE RESIDENCIA PARA EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA, TENIENDO EN CUENTA EL PAÍS DE ORIGEN DE LA UNIÓN EUROPEA O TERCEROS PAÍSES. (Número de expediente
181/001016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la última pregunta de esta sesión de la Comisión y para formular la misma tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora secretaria de Estado, efectivamente vamos a hacerle la última pregunta en nombre del Grupo Socialista y curiosamente va a ser una pregunta sobre datos estadísticos, que lógicamente son accesibles
para todos, porque es preciso destacar que esta Administración utiliza los datos con claridad y rigor. Hemos podido comprobar esta tarde hasta qué punto el partido principal de la oposición, el Partido Popular, como adolece de falta de política de
inmigración y lo único que hace es utilizarla en una actitud de confrontación con el Gobierno, para justificar su estrategia manipula sistemáticamente todos los datos que sobre residentes extranjeros existen en nuestro país como forma de confusión
de lo que es un extranjero, de lo que es un sistema de empadronamiento, de lo que son los certificados de residentes, las tarjetas de residencia, sin considerar el ordenamiento jurídico cuando se trata de un ciudadano de un tercer país, o que tiene
derecho a residir en nuestro país cuando se trata de un ciudadano de la Unión Europea. Todo esto lo utiliza precisamente para generar una sensación de amenaza por un volumen incontrolado, algo muy lejos de la realidad, y por esa razón queremos
hacerle esta pregunta, que no tiene otro sentido sino clarificar cuáles son los datos básicos según la Administración que son de interés para nuestra Comisión, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a abordar un pacto político precisamente que se
encamina a modificar aspectos importantes de la Ley de Extranjería y es necesario clarificar de qué estamos hablando y a quién nos estamos refiriendo. Por eso le formulamos la pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución del
número de certificados de registro o de tarjetas de residencia para extranjeros residentes en España, teniendo en cuenta su país de origen, ya sea bien de la Unión Europea o de terceros países, y aquellos otros datos que crea conveniente deba
conocer esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Yo quería agradecerle a S.S. esta pregunta especialmente. Esperaba además que estuvieran los representantes del Grupo Parlamentario Popular, porque así, aunque ya
me he referido a algunos de estos datos en las dos preguntas que han hecho, ahora tengo más tiempo para poder aclararlo, sobre todo porque además, como usted ha dicho, son públicos y están a disposición de ellos, pero, en fin, ya sabemos que aunque
se suele decir que los discursos los soportan todo, en realidad yo creo que más bien son las cifras las que lo soportan todo y si hablamos de migraciones aún más.
La verdad es que durante el tiempo que llevo en esta responsabilidad he podido
comprobar con frecuencia cómo se hace uso y abuso de las cifras, sobre todo trasladando a la opinión pública una imagen alarmista en relación con la llegada de ciudadanos extranjeros. Esta es una muy buena oportunidad para aclarar estos extremos y
desde luego para que la claridad y el rigor sustituyan a la confusión.
En primer lugar, yo creo que es importante partir de la realidad que es indiscutible y que se viene consolidando desde los años noventa. El proceso de inmigración que ha tenido lugar en los últimos quince años ha sido en nuestro país de
gran intensidad y de aceleración y las cifras son reveladoras de esta dimensión. En 1995 la población extranjera se situaba en torno al medio millón y en septiembre de 2008 alcanza algo más de 4 millones. Esto tiene su justificación y a mí me
gustaría también decirla.
¿Por qué esta afluencia de inmigrantes a nuestro país en estas cantidades? Se encuentra directamente relacionada con el crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante más de una década. Por lo tanto, las
oportunidades que daba el mercado laboral español han sido un factor importantísimo de atracción. Entre 1995 y el año 2008, el mercado laboral ha incorporado 8 millones de empleos; evidentemente ha sido un ensanchamiento extraordinario que ha
hecho que se pase de 13 millones a 20 millones de empleos. Conviene significar además que ya en el año 2005, este también es un dato importante, más del 50 por ciento de los empleos fueron ocupados por trabajadores extranjeros y fue así ante la
falta de candidatos españoles. Por tanto, en nuestro país inmigración y empleo vienen de la mano y son dos caras de la misma moneda, un dato que me parece muy importante tener en cuenta.
Quiero añadir otro más, me refiero a la población de ciudadanos procedentes de la Unión Europea, hasta el punto que desde finales de 1995 su número se ha incrementado en prácticamente un millón y medio de personas. De nuevo las cifras son
rotundas. Voy a dar ahora las del 30 de septiembre de 2008. A 30 de septiembre de 2008 la población de ciudadanos registrados, a los que se aplica el régimen comunitario, es decir ciudadanos de la Unión Europea, es de algo más de 2 millones.
Lógicamente este dato se refiere exclusivamente a los que tienen el certificado, pero estamos hablando de aquellos que se registran. A 30 de septiembre los ciudadanos
pertenecientes a la Unión Europea registrados son algo más de 2 millones de personas. Es un segundo dato que debe quedar claro, porque normalmente suele ocultarse al conocimiento público por quienes tan solo hacen público el dato general,
que es verdad que es más efectista.
Prácticamente el 50 por ciento de los extranjeros residentes en España están acogidos a la normativa común de ciudadanía de la Unión. No son por tanto inmigrantes en sentido estricto del término. Estamos
hablando por tanto de que si el 50 por ciento de esas cantidades son ciudadanos de la Unión Europea, la cifra de residentes extracomunitarios es de poco más de 2 millones de personas. Es tan importante el alcance numérico de esta franja de
ciudadanos extranjeros acogidos al régimen comunitario que viene a explicar en buena parte el incremento que se ha registrado en el año 2007, como decía antes en mi intervención con motivo de las primeras preguntas, casi 700.000 registrados más que
en el año anterior, pero casi 700.000 registrados más en el año anterior comunitarios, de los 950.000 totales. La cifra hay que explicarla, hay que desglosarla para entenderla. Debía ser suficiente para avalar esta interpretación razonable y
desmentir desde luego a los abanderados de ese supuesto efecto llamada, que, como vemos, queda bastante mermado cuando se conoce la naturaleza de las cifras.
En tercer lugar, para entender también el significado de las cifras de residentes extranjeros en nuestro país, es preciso detenerse en la de los ciudadanos comunitarios pertenecientes a Rumania y a Bulgaria. Hay que destacar que en el año
2007, año de incorporación de estos dos países a la Unión Europea, el incremento mayor de población extranjera afectó al régimen comunitario. Si se miran los datos se ve claramente, pero para eso hay que mirarlos. El incremento mayor de población
en el año 2007 afecta al régimen comunitario en un 74,4 por ciento, mientras que el incremento de extranjeros en términos generales es de un 31,7 por ciento.
Por tanto, en términos absolutos la variación de extranjeros con certificado de registro o
con autorización de residencia en vigor en el año 2007 respecto al año 2006 ha sido de 957.206 personas y lo más destacable de este incremento es el número de rumanos, que casi se triplica llegando a 392.563, y de ciudadanos búlgaros, que aunque más
modesto es también importante, de 66.884 personas. Es decir, el incremento que se suele presentar con gran estruendo suele ocultar que más de la mitad se debe a la llegada de ciudadanos comunitarios de Rumania y de Bulgaria. Estamos hablando de
392.000, casi 393.000, más casi 67.000, lo que supone unas 460.000 personas. Así pues, no hay que mezclar unos datos con otros. Para terminar diré que los datos referidos a 2008 continúan esta tendencia, aunque menos pronunciada, de ciudadanos
comunitarios y con el tiempo veremos cuál es la perspectiva temporal para valorar en todo su espectro los posibles efectos que pueden tener.
El señor PRESIDENTE: Doña Concepción no quiere hacer uso de la réplica.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Rumí, por su presencia y por sus respuestas.
Les recuerdo a SS.SS. que mañana al finalizar el Pleno tendremos el acto de constitución de la ponencia de pensiones de viudedad. En este momento no estamos en condiciones de decirles en qué sala nos reuniremos. El horario es justo cuando
terminemos el Pleno. En el transcurso de la mañana les informaremos de la sala donde se producirá la constitución de esta ponencia.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.