CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 116

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 7 celebrada el miércoles 15 de octubre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Proposición no de ley:


- Sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000096.)... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Sobre medidas para alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000133.)... href='#(Página6)'>(Página 6)


- De presentación del plan de medidas que incorpore las conclusiones del informe de la ponencia sobre la prostitución. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000237.)... href='#(Página11)'>(Página 11)

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- Sobre flexibilización de horarios y el teletrabajo como medida de conciliación personal, familiar y laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000320.)... href='#(Página14)'>(Página 14)


- Relativa a los permisos de paternidad o maternidad en los cargos electos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000430.)... (Página 16)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000096.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.



Empezamos con el desarrollo del orden del día, que SS.SS. conocen, que consta de cinco proposiciones no de ley. Quiero anunciar a los miembros de la Comisión, para que cada cual se haga su composición de tiempo, que calculo que no podremos
votar antes de las siete de la tarde. Como SS.SS.
saben, son cinco proposiciones no de ley que, con arreglo al Reglamento, pueden durar más. Por tanto, ponemos esta previsión de tiempo por si lo hacemos en un ritmo más rápido que lo que prevé
nuestro artículo 195 que es el que regula este debate.



Iniciamos el orden del día con la primera proposición no de ley, propuesta por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que versa sobre medidas de integración laboral y social de las
personas transexuales. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar, debería decirles que la proposición no de ley que presentamos hoy en esta Comisión refleja un interés por parte de nuestra fuerza política, que ya se expresó en la pasada legislatura y que dio pie a
un debate en el año 2006. Digo esto porque al final de mi intervención, cuando intente concluir y poner encima de la mesa algunas consideraciones finales, se entenderá que nosotros con esta proposición no de ley no nos sacamos ningún as de la
manga, ni responde a una voluntad oportunista, sino a una voluntad política de avanzar en este ámbito que, por cierto, no es un interés exclusivo de nuestro grupo parlamentario sino también de otros grupos parlamentarios presentes en esta Cámara.
Digo esto porque es cierto que en la anterior legislatura esta Cámara hizo posible un pequeño pero importante avance en los derechos de las personas transexuales al legislar sobre el cambio de nombre y de sexo en el Registro Civil, siempre y cuando
se cumplieran un conjunto de requisitos. Este pequeño cambio supuso un avance porque permitió que las personas transexuales tuvieran reconocido en sus documentos oficiales un nombre de acuerdo con su personalidad. Ello permitía, en primer lugar,
hacer realidad un acto de justicia por el cual la sociedad reconocía e identificaba a las personas transexuales tal y como son. Por otro lado, y con toda sinceridad, este cambio permitía también avanzar en su integración social y laboral al evitar
situaciones de discriminación que se planteaban cuando se hacía pública una problemática que dejaba patente su propia documentación. No obstante, y a pesar de estos avances, la ley, en parte, defraudó las expectativas y no acabó siendo una ley de
identidad de género, sino una ley que simplemente regulaba una modificación registral del cambio de sexo de las personas. En consecuencia, se quedó corta, tanto en el fondo como en la forma. Porque una verdadera ley de identidad de género, más
allá de superar el ámbito propio de las personas transexuales, hubiera permitido abordar la necesidad de cubrir el proceso íntegro de reasignación de género para un verdadero reconocimiento de la identidad de género y para dar cumplimiento a los
artículos 9 y 10 de la Constitución española, que consagran la promoción por parte de los poderes públicos de la igualdad y de la libertad del individuo y el libre desarrollo de la personalidad; una oportunidad perdida que hoy debería ser de nuevo
encauzada. Y les hablo desde la legitimidad de ser un grupo parlamentario que ha trabajado en ello, no de forma exclusiva. Porque cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la identidad de género no podemos hacer
referencia exclusivamente a aquella simbólica, a aquella que se reconoce solo en el papel. También debemos abordar su reconocimiento real a nivel físico. No se trata de permitir que las personas transexuales puedan realizar su proceso de
reasignación de género sino de que el Estado garantice ese derecho a nivel leal y económico. Es por ello que debe hacerse realidad la inclusión, dentro de la cartera de servicios, de la cobertura sanitaria del proceso íntegro de reasignación de
género. Y en ello el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe trabajar y de forma urgente garantizándose, desde el Estado a las comunidades autónomas, los traspasos de recursos suficientes para garantizar una correcta
implementación de estas políticas. Este es nuestro punto número 2 de la proposición no de ley.



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Además, los procesos de marginación y expulsión en que a menudo viven estas personas, sobre todo las mujeres transexuales, no les permiten acceder a unos recursos económicos, por cierto muy elevados, como para poder afrontar el proceso de
reasignación de género. Esto convierte el derecho de reasignación en un lujo y el trayecto para conseguirlo en un calvario, que frecuentemente, lejos de distanciarlos de la exclusión, les hunde más en ella, especialmente cuando el no poder llevar a
cabo el proceso de reasignación de género, como una pescadilla que se muerde la cola, dificulta aún más su integración laboral. Hemos de ser conscientes de la marginación que padecen esas personas. Creo que aquí nadie puede poner en duda esta
situación. La cuestión es si este Estado de bienestar es también para estas personas o no, y, si lo es, merecen un plan de integración social y laboral que nosotros pretendemos que tuviera rango de ley porque no vale entrar por la puerta de atrás
sino con medidas de discriminación positiva, digámoslo claro, que inviertan la tendencia actual y garanticen una igualdad efectiva, como la que pretendía la ley orgánica que aprobó esta misma Cámara en la anterior legislatura para hombres y mujeres.
Nuestra iniciativa pretende un conjunto de medidas que alcancen el universo de todo aquello que debería permitir no solo hacer realidad unos derechos hoy día no materializados sino que, además, pretenden avanzar en la superación de múltiples
prejuicios, hoy día todavía existentes en nuestra sociedad, que no deberían tener arraigo. Es por ello que instamos también a la realización de una campaña institucional para hacer pedagogía y sensibilizar a la ciudadanía sobre la transexualidad,
porque sin ello resultaría muy difícil combatir la discriminación existente, lo cual comporta incluir contenidos de pedagogía y sensibilización desde la transexualidad en los niveles educativos, así como el apoyo a todo cuanto en relación a ello
desarrollen las asociaciones de personas transexuales. En definitiva, sin educación no hay futuro; sin cultura no hay superación de las estigmatizaciones sociales. La PNL que presentamos alcanza un universo global, incluso tiene una incursión
sobre el asilo político, sobre la necesidad de instaurar cátedras para el estudio científico de la transexualidad, pero también es cierto que los dos primeros puntos, es decir, aquel que hace referencia a presentar un proyecto de ley de medidas
integrales para la integración laboral y social de las personas transexuales, y el segundo, relativo a la inclusión dentro de la cartera de servicios de la cobertura sanitaria del proceso íntegro de reasignación, son los troncales.



Por último, en el año 2006, cuando Esquerra Republicana presentó una iniciativa parlamentaria que dio lugar a un acto parlamentario, fue producto de la buena predisposición del entonces grupo mayoritario, también hoy, el Grupo Socialista, de
consensuar, de pactar los contenidos de la iniciativa de Esquerra Republicana, y así fue. En Comisión se pactaron un conjunto de iniciativas que tenían básicamente como eje troncal el proyecto de ley al cual antes hacía referencia. Bien, quedaron
muchas cuestiones pendientes, luego entenderán que estamos absolutamente legitimados para volver a plantearlas una vez iniciada una nueva legislatura; es decir, todo aquello que quedó pendiente y que no fue posible consensuarlo. Como quiera que -y
termino, señora presidenta- no podemos criticarnos los unos a los otros que en la pasada legislatura no hiciéramos todos las labores y trabajáramos con intensidad en todo aquello que pactamos, entenderán ahora que incluso manifieste públicamente que
estamos francamente muy molestos con el Grupo Socialista. ¿Por qué lo digo? Porque el empeño, el afán, la voluntad política que pusieron en el año 2006 -y repito nuestra trayectoria creo que es de gente trabajadora, si se me permite la expresión-,
ha tenido como moneda de cambio el desdén absoluto que ni tan solo se han dignado a enmendar. Repito, es una proposición no de ley muy universal y no puedo entender que no haya, si se me permite la expresión, ningún gancho al cual pudieran
acogerse. Ustedes no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero les recuerdo que han hecho...



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, le ruego que vaya terminando.



El señor TARDÀ I COMA: Les recuerdo que ustedes han hecho bandera de esta Comisión. La Comisión de Igualdad, la Comisión transversal de nueva planta donde todos nos encontraríamos para poder avanzar en aquellas políticas que en estos
momentos son urgentes. Les recuerdo que nos van a necesitar mucho para cubrir el flanco izquierdista en la Ley de interrupción del embarazo y en otras cuestiones. Por lo cual, creo que empezamos mal, dicho con todo respeto.



La señora PRESIDENTA: Continuamos el debate con el único grupo enmendante de esta proposición, el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Durán.



La señora DURÁN RAMOS: Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Hemos presentado una enmienda transaccional al texto íntegro de la proposición no de ley, que ya sé por el proponente que no la va a aceptar. He podido leer
las iniciativas presentadas en años anteriores, como bien decía el señor Tardà, que obran en poder del departamento de documentación, y lo decía uno de los parlamentarios esta mañana en el hemiciclo, ya hay iniciativas parlamentarias que tienen
historia, y esta es una de ellas, aunque entiendo que todos los temas que traemos a las diferentes comisiones y sesiones plenarias la tienen. Desde mi grupo queremos volver a manifestar nuestro respeto a estos colectivos. Nos mostramos solidarios
con sus demandas y seguiremos trabajando con los derechos que les otorga la Constitución española en los artículos 9.2, 14 y 35. Estos derechos establecen a los poderes públicos una respuesta urgente, sólida y eficaz. Desde la Comunidad de Madrid,
como desde otras comunidades autónomas, se ha puesto en marcha un protocolo importantísimo, aprobado en junio de 2006, para establecer toda la atención a los trastornos de identidad que fueran surgiendo de los demandantes de disforias de género.
Estos problemas producen una adaptación social y laboral a quienes los padecen con el consiguiente sufrimiento personal, agravado por comportamiento de estimación y


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menoscabo de los derechos civiles y constitucionales. Ante estas demandas, el Grupo Parlamentario Popular seguirá solicitando al Gobierno de la nación políticas activas de empleo que beneficien a este colectivo y a todos los españoles.
Tengo que centrarme, y lo decía el señor Tardà, en parte de su proposición en la que habla, y lo podíamos ver hoy en un medio digital, del tema educativo. En principio esta proposición no de ley se había presentado en la Comisión de Educación, y
quizá dicha Comisión hubiese sido la adecuada para debatirla. Entiendo que el Ministerio de Igualdad hace unas políticas trasversales, pero esa proposición se debía de haber tratado en la Comisión de Educación puesto que el proponente hace más
hincapié en su intervención y en sus explicaciones en el tema educativo. Desde el Grupo Popular tengo que decirle que al no aceptar la enmienda que hemos presentado, rechazaremos la proposición no de ley. Seguiremos trabajando para demandar una
sociedad plenamente democrática que no permita la existencia de colectivos discriminados. Es algo en lo que se ha avanzado mucho desde 1989 desde Naciones Unidas y la Unión Europea. Y lo mismo que en otras legislaturas pasadas se ha traído ya un
texto como el que se recoge ahora en esa proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular no va apoyarla puesto que se nos ha denegado nuestra enmienda.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos la fijación de posiciones de los demás grupos. Tiene la palabra la señora Fernández Davila en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy a fijar nuestra posición en relación con este tema porque nos parece que tiene relevancia social en tanto que plantea un problema real que lo están viviendo muchas personas, independientemente de la
problemática que está alrededor de las personas que por diferentes razones han decidido cambiar el reconocimiento sexual y social que tenían con anterioridad, lo que se conoce como transexuales, y las dificultades de integración que tienen en la
sociedad, como dice la propuesta que nos hace el señor Tardà, y en muchas ocasiones de discriminación. De ahí que nuestro grupo se posicione en una iniciativa como esta sobre cuya formulación reconocemos cierta complejidad en los puntos propuestos,
en tanto que dentro de la racionabilidad de lo que se nos propone hay algunas cuestiones que consideramos que no son posibles llevar a cabo en el plazo de un año. Pero sí entendemos que es urgente llegar a acuerdos, por ejemplo en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en relación con estos colectivos. También es necesario orientar políticas destinadas a facilitar la integración laboral y social de estas personas, pero sobre todo programas destinados a desarrollar
políticas que eliminen ese tipo de prevenciones discriminatorias, dicho entre comillas, que muchos sectores sociales tienen en relación con los transexuales. Por tanto, nuestra postura, reconociendo la complejidad que decía antes, va a ser
favorable, entendiendo que la propuesta que nos hace el señor Tardà podría suscitar algún acuerdo parlamentario, si no con las enmiendas que se han presentado, sí motivadas in voce por el debate que se está dando. Es algo que planteo a todos los
grupos, incluido al proponente, en la medida en que me parece importante lo que se recoge, aunque -ya lo dije en dos ocasiones- tiene cierta complejidad desarrollarlo enteramente en un año. De todas maneras, vamos a dar nuestro apoyo a la
proposición no de ley por el interés del tema que trata.



La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.) Tiene la palabra el señor Aguirretxea.



El señor AGUIRRETXEA URRESTI: En primer lugar, quiero pedir disculpas por mi retraso por lo que no he podido escuchar la defensa de la proposición no de ley hecha por su proponente, aunque supongo que iría al hilo de lo que está escrito en
la propia proposición. En un principio mi grupo considera que es muy interesante y además necesario abordar este tema de un colectivo que no es una cuestión de número, si es numeroso, pequeño o mediano, porque los derechos no se miden en base a la
cantidad de las personas que los merecen, sino que es una cuestión de justicia y puramente democrática. Por lo tanto, el colectivo, por muy minoritario que sea, debe tener unos derechos cuyo reconocimiento creo que sí están en el fondo de esta
proposición no de ley, así como la proactividad que se debe tener desde las instituciones públicas.



Dicho esto como preámbulo, me gustaría matizar ciertas cuestiones. En primer lugar, consideramos que con esta proposición no de ley se quiere abarcar todo lo que afecta al mundo de la transexualidad, que es un mundo muy amplio y complejo y
quizá la mejor manera para ello no era la de incluir todos los elementos en una misma proposición no de ley. En este sentido, consideramos que hay puntos -de los nueve que plantea esta proposición no de ley en su parte dispositiva- en los que
estamos totalmente de acuerdo, menos de acuerdo en otros e, incluso, en contra en alguno. Por lo tanto, quiero decir de antemano que mi grupo se abstendrá en esta propuesta porque consideramos que hay elementos muy interesantes, pero también
creemos que hubiera sido más correcta quizá otra forma de formular esta proposición no de ley y ahí no hubiéramos tenido ningún problema en apoyarla en su totalidad.



El punto 2 recoge la materia sanitaria, la acción, que es la que más incidencia pura y dura tiene en este elemento. Provengo de una comunidad que sí está cubriendo esta serie de operaciones quirúrgicas. Aunque sé que en otras hay más
problemas, en mi comunidad el colectivo transexual puede disponer de estas intervenciones. Otra cosa son las intervenciones posoperatorias, todo el tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera.
Es un tratamiento muy complejo, porque ya no
estamos hablando solamente de una atención médica, estamos hablando de una atención que tiene mucho que ver con la personalidad, con el cambio de personalidad, etcétera. De todas formas, las autoridades vascas ya lo están contemplando.



Sí tenemos problemas en cuanto al punto número 3, en las modificaciones legales. No porque tengamos un problema


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de que no consideremos que la transfobia sea una forma de discriminación.
Por supuesto que lo es. Otra cosa es que si entráramos al detalle de tipificar en el Código Penal las fobias, podríamos no acabarlas porque efectivamente tendríamos
un amplísimo abanico de posibilidades a tipificar. Aunque no esté totalmente de acuerdo, como es normal, con el actual Código Penal en su totalidad, hay elementos que de por sí ya contemplan las discriminaciones y en los que están tipificadas este
tipo de discriminaciones. Además de ser complicado, esto exige un planteamiento de globalidad en cuanto a la discriminación en su totalidad a la hora de contemplar cambios en el Código Penal.



En conjunto, no tenemos problemas filosóficos a la hora de tener que hacer campañas antidiscriminatorias -sin duda alguna-, trabajo de pedagogía y de apoyo a este colectivo. Porque todos sabemos también -y tenemos que reconocer la realidad-
que una parte importante del mundo de la transexualidad se dedica a ciertas actividades que más de una vez tenemos que tratar en esta misma Comisión. Por lo tanto, es un mundo muy complejo que merece todos los respetos por mi parte y la de mi grupo
y que sí deberíamos contemplar. En cuanto a otros puntos que aparecen aquí, no tenemos excesivos problemas en apoyarlos pero tampoco los consideramos necesarios. Creo que es algo que hay que abordar quizá de una manera más integral. La
discriminación, que es el elemento central de la materia argumentativa de esta proposición no de ley, habría que agarrarla -como se dice- por los cuernos, pero no mediante una proposición no de ley en la cual se metan todos los elementos, que a
veces dan una sensación de ser excesivamente dispares unos de otros. Por lo tanto, y por todo lo que he comentado, mi grupo se abstendrá.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gasco Gonzalo.



El señor GASCO GONZALO: Intervengo para fijar la postura del Grupo Socialista con respecto a la proposición que ha elaborado el señor Tardà en esta Comisión. Voy a empezar por el final para extenderle la mano -a pesar de su posible
enfado-, porque le puedo garantizar que desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos a avanzar conjuntamente en la bandera de la igualdad, como usted ha señalado. Entendíamos que los instrumentos que usted planteaba en su proposición
no de ley -y lo voy a explicar posteriormente- no eran los más adecuados o los más precisos en este momento, porque en algunos casos ya existen iniciativas que han sido anunciadas o que está desarrollando el Gobierno en el propio seno parlamentario.
Sí que coincidimos -y se lo voy a exponer con mayor claridad- en los objetivos que usted planteaba de terminar con las discriminaciones que tienen las personas transexuales en nuestro país.
Evidentemente en otros sitios también, pero a nosotros nos
corresponde analizar la situación de nuestro país. Por lo tanto, estamos de acuerdo en los objetivos. En las medidas, ojalá a partir de ahora- y haremos un esfuerzo especial, señor Tardà- lleguemos a más acuerdos, quizá con más tiempo, para, como
usted señalaba, desde las fuerzas de progreso continuar avanzando en las libertades en nuestro país. En ese sentido, la enmienda que había presentado el Grupo Popular nos parece totalmente innecesaria, porque si hoy en día el Grupo Popular todavía
entiende que es necesario hacer un informe sobre la situación de las personas transexuales y su discriminación, es que no conoce la realidad de este país y ni la discriminación que padecen estas personas que, claramente, son obvias. Además, habría
que recordarle que desde el Gobierno se está haciendo un trabajo importante que ellos deberían conocer, porque en muchos casos es con comunidades autónomas que ellos gobiernan, para ir solucionando los problemas que tienen estas personas. En este
sentido, el Grupo Parlamentario Socialista enmarca la finalización de las actitudes discriminatorias con las personas transexuales en una visión más global.
Entendemos que no solo este es el colectivo que tiene discriminaciones en la sociedad
actual y, por tanto, que debe existir un nuevo marco legal integral donde se recojan todas las medidas legales para alcanzar una igualdad de trato que elimine la discriminación hacia cualquier persona, en todos los ámbitos y por cualquier motivo.
Compromiso que, por cierto, fue adquirido por el propio presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, en la sesión del debate de investidura de los días 8 y 9 de abril, y por la propia ministra de Igualdad, la señora Bibiana Aído, en su
comparecencia ante esta Comisión el pasado 9 de junio. Incluso, la semana pasada, en la intervención de la secretaria general del ministerio, doña Isabel Martínez, ante todos nosotros y nosotras reiteró el compromiso de elaborar y presentar una ley
integral de igualdad de trato en el próximo año. Es en el marco de esta ley, en ese enfoque global, donde entendemos que se van a ofrecer los mecanismos legales para erradicar o luchar contra las discriminaciones que todavía hoy padecemos, tanto
las directas como las indirectas, bien por motivos de religión o de creencias, bien por discapacidad, bien por edad, bien por sexo o bien por orientación sexual, origen racial o étnico, de conformidad, además -como la propia ministra enmarcó- con la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entendemos que es el marco de referencia donde debemos abordar toda esta cuestión de las discriminaciones. Desde el Grupo Socialsita entendemos que esta propuesta legal tiene la cualidad de
analizar las problemáticas existentes en su globalidad, y no solo de una manera parcial para cada uno de los colectivos que las sufren y padecen de manera todavía real e injusta en nuestra sociedad. Señor Tardà, la aceptación de su propuesta, tal y
como está formulada, tiene un carácter parcial que la hace menos operativa que la iniciativa que el Gobierno ya ha anunciado que ha puesto en marcha y que presentará en esta Cámara. Por tanto, su proposición no de ley hacía referencia exclusiva a
una determinada manifestación de identidad de la sexualidad, dejando al margen otras que creemos que también deben ser recogidas.



Con respecto a algunos de los puntos y de las cuestiones que se manifestaban en la proposición no de ley, desearía informarle a usted, al conjunto de los grupos y al resto de compañeros del Congreso de los Diputados, de algunas


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cuestiones que creemos que son innecesarias porque ya se están realizando.
En concreto, desearía informarle sobre lo que es el derecho de asilo y sobre cómo esta la cuestión sanitaria, que creemos que son dos temas esenciales en cuanto que
afectan a derechos intrínsecos y fundamentales de las personas. En este momento, España reconoce la condición de refugiado y, por tanto, concede el derecho de asilo por motivos de orientación e identidad sexual, tanto a las personas homosexuales,
travestismo o transexualismo, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los refugiados por pertenencia a un grupo social determinado. Esta aplicación de la Convención de Ginebra es práctica
consolidada en nuestro país. Este hecho se puede apreciar en las propuestas de resolución que sobre solicitudes de asilo basadas en estos hechos ha formulado la Comisión Interministerial de Asilo al Refugiado, CIAR, de los últimos años. Es más,
esta interpretación está ya recogida en la Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el Estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados; en concreto, en su
artículo 10, recoge las situaciones que usted plantea en su proposición no de ley y que, por tanto, están siendo atendidas, evidentemente, con los procedimientos y los documentos necesarios que exige también la ley para configurar esa situación de
refugiado en nuestro país.



Con respecto a la cuestión sanitaria, también creo que debemos reflexionar sobre esta cuestión sin precipitaciones. En este momento, desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías que llevan las materias sanitarias de distintas
comunidades autónomas, todas las que están integradas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se está trabajando sobre esta cuestión. Hay algunas comunidades, como Andalucía y Euskadi -como ha comentado el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, que también es mi territorio y mi país-, que ya tienen recogida esta cuestión, pero en otras se está trabajando en el consenso, se está buscando el acuerdo del conjunto de las comunidades para poder afrontar esa situación de que
las personas transexuales puedan hacer el cambio de género de forma gratuita, a cargo de las prestaciones de la salud pública. Por tanto, nos parece poco oportuno o poco adecuado que desde el Congreso de los Diputados se introduzcan algunos valores
que puedan dificultar ese acuerdo, ese consenso en el que se está trabajando en estos momentos. Además, se han dado pasos al respecto. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, ya establece que la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud, así como el procedimiento para su actualización, ha conseguido eliminar la exclusión explícita de la cirugía de cambio de sexo de entre las prestaciones del sistema sanitario público, paso previo para poder recogerlo
posteriormente en su catálogo.
Pero también, por ello, el propio consejo interterritorial ha acordado ya la atención a la transexualidad como procedimiento, para lo que ahora está en el proceso necesario de designar centros, servicios o unidades de
referencia, así como los criterios que deben cumplir para poder atender estas necesidades. Desde el Ministerio de Sanidad, desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas se están buscando esos acuerdos y ese consenso necesario en
esta materia, y creemos que en este momento no es oportuno respaldar una iniciativa que puede entorpecer el necesario e imprescindible acuerdo entre las instituciones del Estado.



En cuanto a la materia de la tipificación legal de la transfobia, que es un tema ya debatido en el Congreso de los Diputados en otras ocasiones, creemos que debe ser en esa ley general de lucha contra las discriminaciones donde se debe
abordar la ley integral de igualdad de trato, porque entendemos que de esa manera recogemos y tipificamos todos los aspectos y que conllevará las modificaciones oportunas del Código Penal que sean necesarias. Con respecto a las demás cuestiones que
usted plantea en su proposición, el Grupo Socialista le puede manifestar su proximidad, incluso su acuerdo con muchos de los planteamientos que usted realizaba, pero entendemos -así se lo hemos hecho llegar y espero que también nos comprenda- que
abordarlo o aprobarlo tal y como estaban recogidos los nueve puntos de su proposición no era el camino más adecuado para resolver la situación de discriminación que todavía hoy perdura en nuestra sociedad hacia estas personas transexuales y que
debíamos abordarlo en una visión mucho más general donde, sin lugar a dudas, se pueda difundir y luchar contra las discriminaciones que todavía existen, de tal manera que, cuando la ley se apruebe, una campaña pública para el conjunto de actuaciones
que son discriminatorias en la sociedad nos parece mucho más fuerte, mucho más sensibilizadora y mucho más pedagógica que hacerlo con un único colectivo; entendiendo que este colectivo lo necesita, creemos que no debíamos dejar al margen al resto.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, entiendo que la única enmienda presentada, la del Grupo Popular, no es aceptada por el grupo proponente.
Por tanto, se votará en sus términos la proposición y terminamos este primer punto del orden del
día.



- SOBRE MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN EN LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000133.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, sobre medidas para alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. El autor de esta proposición es
el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, para alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género se establecen, de acuerdo a criterios que emanan


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de la propia Constitución de 1978, una serie de medidas a desarrollar por los poderes públicos, como la obligación de estos de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos como los que se recogen en el
artículo 9.2 de la Carta Maga. En función de esta orientación, se regula el Título V de la referida ley orgánica, en el que se establece la llamada tutela judicial, a fin de garantizar -dice- un tratamiento adecuado y eficaz de la situación
jurídica familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer, como así se recoge en la exposición de motivos de la misma ley. Por tanto, se opta por la especialización en el orden penal de los jueces de instrucción y se crean los juzgados
de violencia de género o de violencia sobre la mujer, de acuerdo a la ley. Estos juzgados conocerán de la instrucción y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles
relacionadas. El tratamiento que judicialmente se estaba otorgando a los casos de violencia de género fue lo que motivó -y somos conocedoras todas las personas que formamos parte de esta Comisión- la decisión de incluir en la legislación medidas
como las de especialización y formación, tanto de las autoridades judiciales como del ministerio fiscal, porque en ese mismo capítulo 5 se contemplan normas que afectan a sus funciones; se crea la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer,
encargada de la supervisión y coordinación del ministerio fiscal en este aspecto. Señorías, el hecho de traer a debate el apartado 5 de la ley integral se fundamenta en la necesidad de profundizar en este aspecto, así como en la necesidad de buscar
soluciones a las deficiencias que existen en este tema. Transcurridos más de dos años desde la puesta en vigor de la Ley integral contra la violencia de género, se erige con fuerza una evidencia: los juzgados especializados creados resultan
insuficientes y, en su defecto, los juzgados ordinarios continúan atendiendo los casos de violencia de género. Esta realidad convierte a la atención judicial en la peor valorada de las disposiciones de la ley.



El motivo de que en el proceso de debate de la ley se incidiese tanto en la necesidad de la formación y especialización de jueces y fiscales es porque existe en la judicatura un tratamiento de la violencia de género donde predomina una
ideología conservadora y patriarcal que se ha hecho patente en muchas sentencias. En el mismo día de hoy, cuando estábamos analizando la defensa de esta proposición no de ley hicimos un repaso de diferentes sentencias, que denominaríamos perlas, y
solamente voy a tomar como referencia una que podía ser de otro juzgado, pero en este caso es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que se reduce la pena que inicialmente fuera considerada adecuada por un tribunal de jurado; se
reduce la pena por parte de los jueces por considerar eximente el hecho de que según los forenses las trece últimas cuchilladas se produjeron cuando la víctima estaba semiinconsciente o en estado agónico, o en estado de inconsciencia posterior a las
mortales. No queda margen para deducir -dice la sentencia- el ánimo refinado del agresor de prolongar martirios inhumanos a la víctima inconsciente y prácticamente muerte. En el repaso de las sentencias que hemos hecho hoy nos encontramos más de
una perla como esta, y la quería poner como ejemplo de la preocupación que por esta cuestión tuvimos cuando se elaboró la ley, tanto al analizar la propuesta que presentaba el Gobierno como en la ponencia que tramitó la misma.



Por lo que respecta al balance de mujeres asesinadas -y continúo con la defensa de nuestra proposición no de ley-, víctimas de la violencia de género en lo que va de año, podemos decir, sin lugar a dudas, que en lo concerniente a la atención
jurídica de las mujeres víctimas de maltrato queda mucho por hacer. Es indudable que no se han aportado los recursos necesarios para que la ley se cumpla en lo que a la cuestión jurídica se refiere. Somos directamente conocedoras de ello porque
recibimos en julio una respuesta por escrito del Ministerio de Justicia a preguntas que habíamos planteado sobre las diferentes actuaciones que desde el Gobierno se habían hecho en relación con las disposiciones de la ley y, como digo, en relación
con acciones dirigidas a todas las personas que están actuando desde los estamentos de justicia en el tratamiento de los casos de violencia de género. Pero seguimos observando que del cuerpo judicial siguen emanando posiciones conservadoras y
patriarcales, como así lo han puesto de manifiesto asociaciones de mujeres en los diferentes análisis que hacen del desarrollo de la ley; se continúa interrogando a las víctimas como si fuesen culpables, se dificulta todo el trámite de la denuncia,
se incumplen las medidas de alejamiento sin que los jueces actúen deteniendo al agresor, incluso cuando el incumplimiento es reiterado; no existe la debida coordinación con los cuerpos de seguridad para aplicar medidas de prevención como son las
pulseras, etcétera.
Tenemos que lamentar muchas muertes de mujeres. Esta proposición no de ley fue hecha en un momento en el que realmente estábamos alarmadas por lo que estaba ocurriendo, entre otras razones porque, a diferencia de otras
ocasiones, en este caso las mujeres asesinadas sí tenían orden de alejamiento. Por tanto, nuestra preocupación ha derivado en la presentación de esta proposición no de ley, porque entendemos que es necesario que se habiliten los recursos
financieros, técnicos y humanos que garanticen la creación de juzgados especializados en delitos de violencia de género en todo el territorio del Estado, en concreto los que hayan sido solicitados por las comunidades autónomas que, como en el caso
de Galicia, hayan justificado esa necesidad. Evidentemente, señorías y señora presidenta, nosotros no conocemos las solicitudes que hayan podido hacer otras comunidades autónomas, pero sí conocemos las de Galicia. En este momento el Tribunal
Superior de Galicia está preparando un informe sobre los juzgados de violencia y la necesidad de crear más. Hay incluso declaraciones de la fiscal de violencia de género de Pontevedra diciendo que considera necesaria la creación de un juzgado de
estas características en la capital de la provincia, teniendo en cuenta que hay uno en vigor en estos momentos.



Por tanto, nos parece que hay razones suficientes para que el Gobierno continúe incrementando, pero incrementando con urgencia porque el mismo Gobierno -en esa


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respuesta que he comentado anteriormente- reconoce que a finales del año 2007 había 83 juzgados exclusivos de violencia de género frente a los 375 juzgados compatibles y se prevé que a finales de este año 2008 los juzgados exclusivos sean
92, pero sigue habiendo un número de 375 compatibles. Por tanto, queramos o no, sigue habiendo una excesiva compatibilización de los juzgados especiales con los juzgados ordinarios.
En el caso concreto de Galicia -y me interesa ponerlo de relieve
porque es una demanda de la comunidad y de las asociaciones de jueces y abogados-, hay 45 juzgados que resuelven asuntos de violencia contra la mujer frente a los 2 exclusivos que existen en este momento. De ahí el punto número 1 que acabo de
defender.



En el punto número 2 entendemos que el Gobierno debe asegurar que las personas dedicadas a atender toda la tramitación jurídico-administrativa de estos casos de violencia deben contar con la formación necesaria para poder desarrollar
adecuadamente lo que la Ley integral contra la violencia de género establece, así como garantizar la debida coordinación entre estos juzgados especializados y los cuerpos de seguridad del Estado, a fin de poder realizar el seguimiento de las órdenes
de alejamiento y las medidas de protección a las mujeres que la ley contempla; cuestiones todas ellas, señorías, que nos parecen importantes.
Podíamos incluir más, pero nos parecía que el tema de la Ley de violencia de genero, independientemente
de que somos conscientes de que esa subcomisión que aprobamos...



La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, le ruego vaya concluyendo.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta, y pido disculpas por alargarme tanto en la exposición.



Decía que somos conscientes de que en la subcomisión para analizar la ley seguramente vamos a sacar conclusiones muy positivas pero, entre tanto, entendemos que otras iniciativas son oportunas e importantes.



La señora PRESIDENTA: Para defender la única enmienda que hay a la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Tardà por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor TARDÀ I COMA: Son dos enmiendas, señora presidenta.



La primera es respecto al apartado 1 de la parte dispositiva. Queremos añadir al final el siguiente texto: 'y con el consenso de las administraciones judiciales de cada comunidad autónoma'. La segunda enmienda es respecto al tercer punto.
El texto dice: 'Garantizar la debida coordinación entre los juzgados especializados y los cuerpos de seguridad del Estado'. Aquí nos gustaría intercalar -si es posible- el texto: 'o de las policías autonómicas en caso de que existiesen'. Y a
continuación seguiría el texto presentado por el Bloque Nacionalista Galego. Esas son nuestras dos enmiendas.



Debo decir que ha habido un error de trascripción. Le pasaré a la señora letrada la modificación del texto, ya que donde está la conjunción y debe estar o. Ha sido un error nuestro que desearíamos enmendar y así se lo haré llegar a la
señora letrada.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, pásenos por escrito la corrección.



Para fijación de posiciones tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Como no podía ser de otra manera, mi grupo apoyará esta proposición no de ley.



En la exposición de motivos que la diputada del Bloque Nacionalista Galego ha hecho ha surgido un tema muy interesante y que tendremos que trabajar cuando la subcomisión empiece a rodar. Porque aquí lo que se ha planteado,
independientemente de toda la parte argumentativa y dispositiva con las medidas concretas, es un debate que quizás es lo que está moviendo el asunto, que es que ya no solamente se está cuestionando la diligencia con la que los juzgados se está
trabajando, sino sus resoluciones judiciales. Esto es muy serio, no es algo que nosotros podamos legislar desde aquí ni decidir, porque estamos entrando en el terreno de qué tipo de veredictos están dando los jueces y cómo están cumpliéndose esos
veredictos. Esto es algo que preocupa a la sociedad porque los ejemplos que ha puesto la diputada Fernández son sangrantes, nunca mejor dicho. Esto es algo que se debe tratar pero quizás desde otra perspectiva mucho más amplia, porque lo que aquí
se está poniendo en jaque es no solamente la diligencia, sino la parte de los veredictos.



Entrando en los tres puntos de esta proposición no de ley, gracias a Dios algunas comunidades tenemos ya juzgados dedicados a la violencia de género, sin duda alguna colapsados porque la demanda es inmensa. Creo que se está haciendo todo lo
posible para que esto pueda tener un ritmo que no por rápido debe ser peor, porque a veces, quizás, para que todo pueda entrar, todo se atiende de una manera especialmente no muy profesional.
Por tanto, dótese, finánciese y adquiéranse los
compromisos para que verdaderamente estos juzgados tengan todo lo que necesitan. Respecto a los otros dos puntos, mi grupo también los apoyará sin duda alguna.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.



La señora SURROCA COMAS: También mi exposición va a ser breve, no creo que agote mi tiempo.



En primer lugar, parece ser que tenemos que lamentar y condenar otro caso más de violencia de género, esta vez en Motril, Granada. Desde aquí quiero expresar, como no puede ser de otra manera, nuestra condena más rotunda.



Pasando ya directamente a la iniciativa que nos ocupa, hoy estamos debatiendo tres cuestiones importantes, la propuesta que se nos traslada tiene tres puntos: proponer


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al Gobierno que se destinen más recursos de distinta índole -financieros, técnicos y humanos- a los juzgados especializados en violencia de género; además, garantizar la adecuada formación de todos los actuantes en este procedimiento y,
finalmente, garantizar la necesaria coordinación entre los juzgados especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Evidentemente, nuestro grupo parlamentario apoyará toda iniciativa que suponga un plus o mejora en el tratamiento de la
violencia de género.
Estamos profundamente convencidos de que esta es una cuestión que merece especial atención y, de hecho, todos los grupos parlamentarios hemos seguido este camino y todos vamos juntos en esta cuestión. No obstante, quisiera
precisar un punto de la iniciativa presentada por la señora Fernández Davila. Creemos que no podemos desplazar la responsabilidad principal de las muertes que lamentablemente han acontecido y continúan aconteciendo a nuestros órganos judiciales. A
pesar de ello, reconocemos problemas de descoordinación, problemas en cuanto a medios materiales e incluso en cuanto a la organización de estos medios. Por tanto, reconociendo esta problemática, apoyaremos esta iniciativa. Además -ya lo ha dicho
la señora Fernández Davila-, ya está en marcha la subcomisión específica para el estudio de la aplicación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y, por consiguiente, también entendemos que la presente
iniciativa quizá se adelanta a los resultados que se obtengan en dicha subcomisión. A pesar de ello, insistimos en que nuestro grupo apoyará esta medida por cuanto que cualquier mejora, por pequeña que sea, es importante. Nos reafirmamos, por
tanto, en nuestra posición.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, debemos comenzar, como ha hecho mi compañera, condenando y lamentando una nueva víctima de violencia de género. Ya llevamos más de 50, 52 en lo que va de año, por lo que hoy se hace especialmente
adecuado tratar en esta Comisión una respuesta ante la violencia de género.



El Grupo Mixto nos trae a debate una iniciativa que pretende mejorar el desarrollo y la aplicación de la Ley integral contra la violencia de género, aprobada hace más de tres años -no dos años, como dice la exposición de motivos-, e incide
en algunos de los aspectos donde la ley, desde nuestro punto de vista, está fallando más, donde más problemas de desarrollo tiene y que más dificultades está generando a las víctimas, que es el aspecto procesal, todo aquello que tiene que ver con
los juzgados de violencia, con la formación de los operadores jurídicos y con los problemas que están planteando de quebrantamientos de condena, fallos en la ejecución de sentencias, en el comunicado de las mismas, etcétera.
Desde el Grupo Popular,
fieles a nuestro compromiso con las mujeres maltratadas, vamos a seguir la misma política que pusimos en marcha la pasada legislatura y es apoyar todas las iniciativas, vengan de donde vengan, que redunden en una mejora de la ley y, sobre todo, en
una mejora de la respuesta ante la violencia. A pesar de no compartir algunos de los postulados de la exposición de motivos, de no coincidir con la señora Fernández Davila en algunas de las afirmaciones que ella mantiene, estamos de acuerdo con
ella en la necesidad de mejorar algunos de los aspectos de la ley que tienen que ver con los juzgados. Para nosotros son, como decía, dos de los aspectos que desde el principio están fallando en la aplicación de la ley y donde hemos hecho más
hincapié a lo largo de estos tres años, aunque en realidad con poca receptividad por parte del Gobierno, a través de distintas y múltiples iniciativas; estos dos aspectos son tanto la tutela procesal como el tema de la seguridad y protección de las
víctimas.



En cuanto a la tutela procesal, desde el principio nuestro grupo mantuvo dudas respecto a la idoneidad de una jurisdicción especializada temiendo que la creación de unos juzgados de violencia sobre la mujer pudieran crear dificultades
organizativas y de desarrollo. Lo cierto es que, desde su puesta en marcha, los juzgados exclusivos están saturados, colapsados, los funcionarios han tenido que soportar largas y extenuantes jornadas, una evidente falta de medios personales y
materiales que han derivado en numerosas protestas por parte de los mismos y en una importante huelga.
Es cierto que comenzamos con unos pocos juzgados exclusivos y que contamos con 83, habiéndose realizado un importante esfuerzo por parte de
todos, Estado y, especialmente, comunidades autónomas, pero no es menos cierto que serían necesarios muchos más juzgados exclusivos. La situación empeora, señorías, cuando hablamos de juzgados compatibles que tienen que hacer frente a los
procedimientos de violencia de género junto con el resto de asuntos penales y civiles que les toca por reparto. Estos juzgados están infradotados en relación con la ingente carga de trabajo que soportan, ya que tramitan el 56 por ciento de las
denuncias que se presentan por violencia de género. Esto está provocando que las víctimas reciban una respuesta judicial diferente según el lugar donde vivan, es decir, si tienen cerca o no un juzgado exclusivo serán mejor o peor tratadas. Por
ello, consideramos necesario incrementar la plantilla de los juzgados exclusivos asegurando que cuenten con la dotación necesaria, con salas especiales para las víctimas, con equipos psicosociales, con unidades de valoración forense, así como con la
formación adecuada de su personal, como solicita la señora Fernández Davila en el segundo punto de su petitum, cosa que hoy no ocurre.



Como usted decía, señoría, es necesario mejorar la aplicación de las órdenes de protección y alejamiento. Algunos fallos en el sistema producidos últimamente han permitido ver la luz de los graves problemas por los que atraviesa la
justicia. Las alarmas saltaron tras lo ocurrido con el asesinato de la niña Mari Luz, sin embargo no es el único caso y, en relación con la violencia de género, también nos hemos encontrado con situaciones no deseables que han derivado en la muerte
de mujeres.
Algunas las ha relatado usted, señora Fernández Davila, esta tarde, pero hay otras, como por ejemplo el asesinato de una joven rusa después de reencontrarse con su agresor en un programa de televisión cuando el presunto asesino había


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sido condenado, contaba con una orden de alejamiento y antecedentes anteriores por malos tratos, pero no había recibido la notificación de la sentencia y no se había hecho efectiva, por tanto, la orden de alejamiento. Nos preocupa saber que
no son casos aislados sino que se multiplican. Por tanto, creemos que se debe hacer un esfuerzo para que las sentencias se comuniquen adecuadamente, para que las órdenes de alejamiento, que desde mi punto de vista, junto con las de protección, son
uno de los mejores instrumentos con los que contamos para proteger y dar seguridad a las víctimas, sean efectivas y dejen de fallar, aunque creo que estos fallos no son solo judiciales, sino que tienen mucho que ver con la falta de medios de
protección al alcance de las víctimas, con la falta de medios de vigilancia al agresor y con la falta de agentes de seguridad que garanticen, primero, que se comunican las sentencias y las medidas cautelares y, posteriormente, que estas medidas de
alejamiento se cumplen. Por tanto, coincidimos con usted en el punto tercero de su propuesta, porque es injustificable, señorías, que el 20 por ciento de las mujeres asesinadas este año hubiera denunciado y contara con órdenes de protección o
alejamiento, como es el caso de la última víctima asesinada ayer en Granada. Para nosotros es inadmisible que una mujer que da el paso más difícil, el de la denuncia, que pide ayuda, que se enfrenta con su verdugo, no encuentre la protección y la
seguridad necesarias y que termine siendo asesinada.



Respecto a los comentarios que han realizado algunos de los diputados y diputadas que han intervenido anteriormente, quiero decir que es cierto que tenemos una subcomisión en marcha que próximamente va a ver la luz y que tendrá que debatir
algunos de los aspectos que más están fallando en esta ley, pero creo que esta subcomisión no puede justificar la paralización de cualquier mejora en la Ley de violencia de género, mejoras que son evidentemente necesarias viendo los resultados que
se han producido a lo largo de estos tres años. Por tanto, más allá de las conclusiones y de los resultados a que dé lugar esta subcomisión, creemos que el Gobierno tiene que seguir mejorando una ley que ha demostrado que tiene mucho que mejorar,
una ley evidentemente viva y que tiene que seguir desarrollándose en el futuro.



Por todo ello, y como anunciaba al principio, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta iniciativa del Grupo Mixto que consideramos, insisto, positiva y necesaria para mejorar la respuesta ante la violencia de género.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Medina.



La señora MEDINA TEVA: Como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa por el asesinato de la última víctima de esta violencia machista en Motril. Señoría,
efectivamente intervengo para posicionar a mi grupo en esta proposición no de ley que el Grupo Mixto nos presenta a través de la señora Fernández Davila, del BNG.



El artículo 15 de nuestra Constitución establece como el primero de los derechos de las personas el derecho a la vida, a la integridad física y moral. Lógicamente, con la vida y la integridad física amenazada no puede haber ejercicio pleno
de ninguno del resto de los derechos. La sociedad machista y patriarcal de la que venimos, con la que todavía convivimos y a la que combatimos, niega este derecho a cientos de miles de mujeres a quienes se amenaza para someterlas, dominarlas e
infravalorarlas. La Ley integral contra la violencia de género supone por primera vez en nuestro país que un hecho circunscrito histórica y socialmente al ámbito de lo privado salga a la superficie, al mundo de lo público y su erradicación se
convierta en objeto de reflexión social y en objetivo prioritario de las políticas públicas desarrolladas en general, pero muy especialmente las desarrolladas por el Gobierno socialista. Es una ley que ha vertebrado y estructurado la lucha contra
la violencia de género, una ley para atajar un problema social que supone un atentado contra los derechos humanos, una ley, en palabras de la propia ministra, y también ha hecho referencia a ello la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, viva;
hace poco más de dos meses presentaba en sede parlamentaria la señora ministra un informe de evaluación de los tres años de aplicación de la misma. Sin embargo, somos conscientes de que la promulgación de una ley, por muy eficaz que sea, y creemos
que esta realmente lo es, no soluciona un problema tan profundo de hoy para mañana. El proceso es largo, es mucho el camino que queda por recorrer, pero, señorías, no me pueden negar que es mucho también el camino recorrido.



No podemos negar que el Ministerio de Justicia ha cumplido el compromiso de creación de 43 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer durante el año 2007, de manera que a final de 2008 estarán en funcionamiento 92 juzgados exclusivos y
366 juzgados compatibles con el resto de materias de orden penal. No podemos negar la existencia de un turno de oficio gratuito 24 horas y más agentes especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado combatiendo este machismo
criminal. En el año 2008 el número de efectivos habrá alcanzado la cifra de 1.848. Tampoco podemos negar que todas las medidas que se vienen adoptando para la implementación de la ley orgánica han sido coordinadas con las administraciones
involucradas, cumpliendo con el objetivo perseguido de situar en cada partido judicial, ya sea exclusivo o compatibilizando actuaciones, un juzgado de violencia sobre la mujer. Tampoco podemos negar que la dotación de personal funcionario
especializado para dichos juzgados también se ha conseguido a través de la convocatoria de los correspondientes concursos públicos que se celebran en coordinación con las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, salvo el País
Vasco. De la misma manera, tampoco podemos negar que, por lo que se refiere a la formación y habilitación del personal de la Administración de Justicia en materia de violencia de género, se aprobaron durante el mes de junio de 2007 los criterios
comunes y homogéneos para la formación de los operadores jurídicos que actúan en los


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juzgados de violencia exclusivos o compatibles dirigidos a incrementar la formación en materia de violencia de género de los profesionales que intervienen en su prevención, tratamiento y sanción. Señorías, tampoco podemos negar que la
coordinación de las diferentes administraciones implicadas en la lucha contra esta lacra y en la dispensación de asistencia a las víctimas es una cuestión prioritaria para garantizar la eficacia de las medidas contempladas en la ley. Y no me voy a
extender en explicitar los diversos instrumentos de coordinación y colaboración y los distintos protocolos que se han firmado.



Por tanto, muchas de las actuaciones previstas en esta proposición no de ley que la señora Fernández Davila nos presenta están siendo desarrolladas por el Gobierno a través de la actuación del Ministerio de Justicia y de la colaboración y
coordinación de los ministerios de Igualdad y de Interior. En este sentido, como pensamos que las mujeres víctimas de violencia y, por tanto, destinatarias de esta ley y de las medidas que se han puesto en marcha merecen el acuerdo y no el
desacuerdo, el Grupo Parlamentario Socialista ofrece a la señora Fernández Davila dos enmiendas in voce que no vienen si no a complementar su iniciativa en referencia a los puntos 1 y 2. El punto 1 concretamente vendría a decir que el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a seguir creando, en función de las necesidades que se vayan detectando y en coordinación con las comunidades autónomas, los juzgados de violencia sobre la mujer necesarios para dar respuesta a este ámbito. El punto
2 quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con los programas de formación necesarios en materia de violencia contra las mujeres para desarrollar adecuadamente los objetivos de la Ley orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género respecto del personal que trabaja al servicio de la Administración de Justicia dentro del ámbito de sus competencias. En el ánimo de conseguir ese acuerdo estamos.



La señora PRESIDENTA: Le rogaría que nos diera el texto escrito a la Mesa cuando pueda.



Señora Fernández, tiene la palabra para manifestar la aceptación o no de las enmiendas que le han sido planteadas.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, dada la circunstancia de que es una enmienda in voce y que en el debate se suscita un gran consenso entre todos los grupos, agradecería un tiempo para que consensuemos a través de una
transacción la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presenta y que creemos que es posible. Se la pasaríamos posteriormente por escrito a la Mesa.



La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, ¿entiendo que la enmienda de adición con la corrección técnica que el Grupo de Esquerra Republicana había hecho sí está aceptada?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Como entendemos que son acertadas las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana y la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Socialista, sería conveniente poder llegar a un acuerdo para casar las propuestas de
los tres grupos.



La señora PRESIDENTA: Dispone S.S. hasta el momento de la votación.



- DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS QUE INCORPORE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA PONENCIA SOBRE LA PROSTITUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000237.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto 3.º del orden del día, proposición no de ley sobre presentación del plan de medidas que incorporen las conclusiones del informe de la ponencia sobre la prostitución. Esta es una propuesta
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra su portavoz, la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, el propósito que anima a mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, a presentar esta iniciativa es ni más ni menos que dotar de continuidad unos trabajos serios y profundos que ocuparon mucho tiempo y
muchas sesiones a la entonces llamada Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades en el informe de la ponencia que aprobó sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país.



Si leemos este informe, que recomiendo vivamente a todas SS.SS., vemos que en las recomendaciones dirigidas al Gobierno como recomendaciones generales figuran tres. En primer lugar, se instaba al Gobierno para que ratificara el convenio del
Consejo de Europa, de mayo del año 2005, contra la trata de seres humanos, un convenio que se ha firmado y ratificado ya y, por tanto, es un objetivo cumplido. En segundo lugar, se instaba al Gobierno a que elaborara un plan integral contra la
explotación sexual que contemplara distintos tipos de medidas. Esta, a su vez, era una recomendación que salía de una ponencia que hubo no en la pasada legislatura, sino en la anterior, también en la Comisión mixta.
Hemos instado al Gobierno
durante muchísimo tiempo a que se realizara este plan porque además es imperativo realizarlo, a nuestro juicio, después de firmar sobre todo el convenio del Consejo de Europa, de mayo del año 2005, y se nos dice por parte del Gobierno, y así tenemos
constancia, que es un plan que se está elaborando. Pero es un plan contra la explotación sexual y contra la trata; es decir, el contenido de lo que pretende erradicar dicho plan es todo él materia delictiva, que forma parte del contenido de
distintos tratados internacionales suscritos por el Gobierno de España y ratificados por estas Cortes Generales.



Además, había una tercera parte que obedecía a una enmienda realizada por mi propio grupo parlamentario


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que decía que además de estos otros dos puntos el Gobierno elaborara, en el plazo de seis meses, un plan de medidas que incorporaran las conclusiones del informe que entonces se estaba aprobando, plan contra la trata y contra la explotación
sexual, materia únicamente delictiva. Pero, además, en este informe se aprobaron medidas simplemente sobre la prostitución. Muchas de ellas, muchas de las medidas de este informe, realmente se corresponden con las medidas contra la explotación
sexual y contra la trata, pero hay otras que no, que son un plan sobre la prostitución. Y a que se elabore este plan con estas otras medidas es a lo que va dirigida la iniciativa que en este momento estoy defendiendo.



¿Qué medidas serían éstas? Sin ánimo de hacer una enumeración exhaustiva -porque creo que no es el momento y que además lo podemos leer en el propio informe- yo diría, por ejemplo, que en cuanto a las medidas de sensibilización, hay medidas
importantes que tienen como objeto y como sujeto al cliente de la prostitución; que no es un tema delictivo, pero que tienen como objeto y como sujeto al cliente de la prostitución, como por ejemplo: realizar campañas de sensibilización que
permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución, y
que dichas campañas tengan como objeto la reducción de la demanda, pura y simplemente. Otras de las medidas tienen como objeto y sujeto los anuncios de contactos sexuales. Así, se dice que se solicite a los medios de comunicación que se planteen
la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir hacer negocio con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, también, realizar planes de soporte integral a las mujeres en situación de prostitución, en cualquier situación de
prostitución; no solo la derivada de la trata o de la explotación sexual, sino en cualquier situación de prostitución. Por ejemplo, medidas derivadas de actuar con más dureza contra el proxenetismo, tales como instar al Gobierno a que interese del
fiscal general del Estado que éste dicte una instrucción dirigida a que los fiscales extremen su seguimiento y rigor en la persecución de las conductas delictivas relativas a la prostitución, con particular atención a las que se llevan a cabo en los
locales de negocio. También, en este tema del proxenetismo, plantearse la recuperación de figuras delictivas desaparecidas como la tercería locativa. Vigilar también el tema de los prestadores de servicios a través de Internet. Además, como
medidas de ámbito internacional, formalizar acuerdos bilaterales internacionales para prevenir y combatir evidentemente el tráfico y la trata, pero también solo y únicamente la prostitución. Todo este tipo de medidas entendemos que podrían estar
incluidas como un apartado o englobadas dentro del plan que está realizando el Gobierno, pero no tienen por qué estarlo. En todo caso, para que las incluyan o para que se realice el plan separadamente, tal como solicitamos en nuestra iniciativa, es
el propósito que nos anima a presentar todo este tipo de medidas en este plan sobre la prostitución, no sobre la trata, en este caso, ni sobre la explotación sexual.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no tiene enmendantes, por lo tanto, pasamos directamente a la posición de los grupos. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila. Señora Fernández, ¿va a utilizar su turno?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, dado que estamos en otros menesteres, sí quiero manifestar mi apoyo a la propuesta que acaba de defender la señora Pigem, pues es lo que tenemos previsto.



La señora PRESIDENTA: No veo a ningún diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida; tampoco del Grupo Vasco. Pasamos a la portavoz del Grupo Popular, la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, CiU nos trae a debate una iniciativa que coincide con otra iniciativa, con una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular hace algún tiempo, y que pretende dar cumplimiento a
una resolución del Parlamento de la pasada legislatura, como ha dicho la señora Pigem. Adelanto, por tanto, el voto positivo de mi grupo a esta iniciativa.



Sin duda, la prostitución en nuestro país genera preocupación entre la ciudadanía por los problemas de convivencia ciudadana que provoca. A menudo -cada vez más a menudo quizá- vemos en los medios de comunicación informaciones sobre las
consecuencias de la prostitución en nuestras ciudades así como las quejas de los vecinos que la padecen. Hasta ahora solo algunos ayuntamientos, como el de Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla, habían realizado actuaciones para mitigar el impacto
de este fenómeno, pero la prostitución en España sigue siendo una asignatura pendiente de los diferentes gobiernos. Por ello, en la pasada legislatura se creó, en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de
Oportunidades, una ponencia para el estudio de la situación de la prostitución en nuestro país, que concluyó con la aprobación de un informe donde se realizaba un diagnóstico sobre dicha situación, además de un importante número de recomendaciones
dirigidas al Gobierno que se concretaban en la aprobación de un plan de acción. Este informe, como ha dicho la señora Pigem, venía a completar el informe de la ponencia para el estudio y seguimiento del tráfico internacional de mujeres, niños y
niñas, constituido en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer durante la VII legislatura, y que concluyó con la necesidad de aprobar un plan de tráfico y explotación de mujeres y niñas que está también pendiente de ver la luz, a
pesar de las numerosas ocasiones en las que los grupos parlamentarios han instado por unanimidad al Gobierno a su puesta en marcha. Ambos planes suponen el firme compromiso de los grupos parlamentarios de hacer frente a este complejo fenómeno desde
todos los ángulos posibles: prostitución, trata, tráfico y explotación.



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En la ponencia de prostitución, los grupos parlamentarios nos propusimos el reto de afrontar el fenómeno de la prostitución en España y aprobar unas conclusiones que marcasen en el futuro las políticas a seguir al respecto. Para ello,
contamos -tengo que recordar- con las comparecencias y aportaciones de numerosos expertos en el tema; un arduo trabajo que quedó reflejado en el informe final aprobado y que contó -como he dicho- con una amplia mayoría de los grupos parlamentarios.
Este informe pretendía ser el marco de actuación que lograra terminar con la indefinición actual y con la falta de posicionamiento al respecto en España. El compromiso de los grupos parlamentarios se fijó en las conclusiones del informe, que
recogían diferentes propuestas que deberían ser plasmadas por el Gobierno en un plan de medidas que supongan un serio compromiso por parte del Gobierno, plan que, junto con el de tráfico, ponga los medios necesarios para terminar con estos
fenómenos.
Transcurrido más de un año y medio desde que aprobamos aquellas conclusiones, vemos que el plan sigue sin ver la luz. Que el Gobierno, a pesar de las prisas que nos dio para concluir con la ponencia alegando que quería presentar un plan
de forma inmediata, no ha hecho nada o casi nada al respecto. Solo se molestaron en anunciar -señorías, anunciar, que no aprobar- un plan contra la trata y la prostitución aprovechando la celebración del Día internacional contra la explotación
sexual y la trata de personas, un plan cuyas medidas no conocemos, salvo lo reflejado en los medios de comunicación, sin contenido y sin plazos para su puesta en marcha.



No vamos a entrar a debatir hoy si lo que se ha contado en los medios nos parece viable, positivo o lo más adecuado. Ese debate lo dejo para el día en que el Gobierno decida dirigirse a los grupos parlamentarios para contarles qué van a
hacer y en qué va a consistir dicho plan. Pero hoy Convergència i Unió solicita la aprobación del plan. Como consideramos que el trabajo que realizamos la pasada legislatura no puede quedar en papel mojado, como he dicho al principio, apoyaremos
la iniciativa de CiU para que en el plazo más breve posible -y sí que nos gustaría que fuese antes de los seis meses reflejados en el petitum de la iniciativa, porque creemos que no hay justificación para retrasarlo tanto con el tiempo que han
tenido para hacerlo- se aprobase dicho plan, que debe ser un buen punto de arranque para iniciar un camino que nos lleve a mejorar la vida de muchas mujeres que sufren cada día la falta de sus derechos más fundamentales.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Cabañes.



El señor CABAÑES ANDRÉS: Señorías, la prostitución es la manifestación más antigua de violencia de género que conocemos, consentida a veces, escondida otras, prohibida las menos y tolerada siempre. Hablar de prostitución es hacerlo de
desigualdad, marginación, pobreza, violencia, trata de mujeres y niñas, inmigración, esclavitud sexual, mafias, drogas, dinero. Sí, mucho y sucio dinero. Por todos estos motivos y más, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad
de Oportunidades elaboró una ponencia en la pasada legislatura para el estudio de este fenómeno y, como consecuencia del informe de esa ponencia, parte la proposición no de ley que hoy presenta CiU.



Ya le adelantamos que nuestro voto será positivo, pero querría hacer algunas matizaciones. Este es un tema recurrente de modo parlamentario y complejo, y si hacemos una revisión de la historia próxima, nos encontramos con él en múltiples
ocasiones en las últimas legislaturas.
Así, en la VII legislatura, a propuesta del Partido Popular, se aprobó la creación en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer de una ponencia para el estudio y seguimiento del tráfico internacional de
mujeres, niñas y niños. En el informe final se instaba ya a la creación de un plan integral de lucha contra el citado tráfico. Hay numerosas PNL sobre esclavitud sexual, tráfico de seres humanos con objeto de explotación sexual, interpelaciones de
CiU en el Senado, y en 2002 se produjo la petición por parte del Grupo Popular de la creación de la comisión especial en el Senado sobre la realidad y problemática que en el ámbito jurídico, social y económico plantea el fenómeno de la prostitución.

También esta fue aprobada.



La VIII Legislatura se inicia con un compromiso serio del Partido Socialista que incorpora en su programa el combate del tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual, la persecución de las mafias, la sensibilización social y
la atención y apoyo a las víctimas. Durante la legislatura se produce la definitiva creación de la comisión solicitada por el Grupo Popular por asentimiento. Después hay distintas iniciativas entre las cuales cabe destacar algunas que fueron
aprobadas y que instaban al Gobierno a estudiar la posible regularización laboral, encuadramiento en la Seguridad Social y un largo etcétera de iniciativas relacionadas con el tema de las prostitutas, así como una proposición no de ley del Grupo
Socialista con un amplio paquete de medidas para luchar contra la prostitución con relación a eventos multitudinarios, deportivos o de otra índole, coincidiendo con el Mundial de fútbol de Alemania. La Comisión mixta de los derechos de la mujer y
de la igualdad de oportunidades en su sesión de 4 de abril de 2006 acuerda crear la ponencia para el estudio del estado actual de la prostitución en España, y el 14 de abril de 2007 se genera el informe de la ponencia para elaborar un dictamen
informativo sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país. En dicho informe se realizan una serie de recomendaciones al Gobierno, unas de carácter general y otras específicas. Como bien ha dicho la proponente, entre las
recomendaciones generales se instaba al Gobierno a ratificar el Convenio del Consejo de Europa de mayo de 2005 sobre trata de seres humanos y a elaborar un plan integral sobre la explotación sexual que contemplase medidas de ámbito judicial, social,
educativo, policial y sobre migración. Se especificaban distintas líneas de acción y recomendaciones específicas sobre cada línea.



En la legislatura actual el Partido Socialista vuelve a plantear esta misma política en su programa electoral, y ya el 9 de junio de 2008 la ministra de Igualdad, en comparecencia en esta Comisión, anuncia la elaboración del


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plan integral contra la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente mujeres, niñas y niños. El 29 de septiembre de 2008 la ministra de Igualdad, en su comparecencia en la Comisión correspondiente del
Senado, anuncia nuevamente el plan integral, que ya ha sido presentado a las organizaciones sociales que trabajan en este campo para abrir un periodo de alegaciones. El 17 de septiembre de 2008 el Pleno del Senado aprueba una moción del Grupo
Popular con enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco, CiU y Socialista que instan al Gobierno a que apruebe antes de que finalice el actual periodo de sesiones, y teniendo en cuenta sus competencias, el plan integral de lucha contra el tráfico
de mujeres, niñas y niños auspiciado por la ponencia creada en el seno de la Comisión mixta, Congreso-Senado, de los derechos de la mujer. El Gobierno comparte plenamente las medidas y recomendaciones propuestas por la ponencia de la Comisión mixta
de los derechos de la mujer y de la igualdad de oportunidades, y en este sentido se ha venido trabajando por diversos ministerios, coordinados por la vicepresidenta primera del Gobierno, en la elaboración de un borrador de plan integral contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, borrador que se encuentra terminado, presentado a las asociaciones que trabajan en este campo y en periodo de alegaciones, y existe un compromiso firme de presentación en esta Comisión antes de
finalizar este año. Me gustaría decirle a la señora Pigem que he estudiado el borrador y en el área 1, los objetivos 2, 3, 4 y 5 se refieren todos a sensibilización de la sociedad, de los padres, alumnos y educadores, de los empresarios y un largo
etcétera. Es por ello -porque todo este trabajo se ha realizado y está a punto de concluirse- por lo que el Grupo Socialista, aun mostrándose plenamente de acuerdo con la exposición de motivos expresados en la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, piensa que esta PNL posiblemente hubiese sido innecesaria y que es un poco repetitiva. Ustedes han presentado esta proposición no de ley sabiendo que el plan que solicitan está prácticamente terminado. El
Gobierno está haciendo bien sus tareas y ustedes lo saben. A pesar de todo, y en aras del consenso por la importancia y la sensibilidad del fenómeno que estamos tratando, votaremos favorablemente su proposición no de ley.



- SOBRE FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS Y EL TELETRABAJO COMO MEDIDA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000320.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la cuarta proposición no de ley sobre flexibilización de horarios y el teletrabajo como medida de conciliación personal, familiar y laboral, presentada a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: El Grupo Popular, fiel a su apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad, trae a debate una proposición no de ley que incide en algunas medidas dirigidas a mejorar la vida laboral de las mujeres. Para
nosotros la igualdad pasa necesariamente por la conciliación y la corresponsabilidad. Es por eso que reiteradamente venimos presentando iniciativas en este sentido, algunas de ellas dirigidas al incremento de los permisos de maternidad y
paternidad. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de preguntar a la ministra de Igualdad sobre la postura del Gobierno ante la recomendación de la directiva europea de incrementar a dieciocho las semanas del permiso de maternidad, y una vez más
el Gobierno nos ha demostrado que para ellos la conciliación no es una prioridad y por eso no lo llevan en su agenda, no teniendo prevista ni la ampliación del permiso de maternidad ni concretando cómo ni cuándo se producirá la ampliación del
permiso de paternidad, que, como la Ley de Igualdad obliga, debe extenderse hasta las cuatro semanas en el plazo máximo de seis años. Si les preguntamos a las mujeres -y eso queda patente cada 8 de marzo cuando los medios de comunicación salen a la
calle y hacen las encuestas de turno- qué problemas tienen, la mayoría mantiene lo mismo: la falta de tiempo para llegar a todo lo que tienen que hacer; la falta de armonización entre los horarios laborales y escolares; la falta de plazas
públicas en las guarderías; la carestía de las guarderías privadas, etcétera. Nos encontramos entre los europeos con horarios menos flexibles. Mientras en la Unión Europea trabajan a la carta entre el 11 y el 13 por ciento, en España lo hacen
apenas un 1,2 por ciento de mujeres y un 1,4 por ciento de hombres. Por tanto, en España seguimos teniendo unos horarios imposibles manteniendo la jornada partida, lo que lleva a un escaso tiempo de ocio y a una difícil conciliación entre la vida
familiar, laboral y personal. Horarios que llevan a que muchas mujeres tengan que elegir entre renunciar a ser madres, renunciar a su puesto de trabajo o a un ascenso en el mismo, porque sin duda las grandes perjudicadas, las que hacemos los
sacrificios, siempre somos las mujeres.



La conciliación de la vida personal y laboral es un tema de preocupación y debate social en nuestro país, por tanto debe ser uno de los principales retos de este siglo y uno de los principales objetivos a alcanzar por este y por cualquier
Gobierno de un país moderno y democrático.
Acercándonos a la conciliación lograremos tener individuos más satisfechos y trabajadores más motivados. Las políticas de conciliación se pueden convertir en elementos que permitan mejorar la
competitividad en España a través de la mejora de la gestión empresarial. Los cambios sociales producidos en nuestro país han hecho de este problema una preocupación social para la que se demandan soluciones eficaces. Las esferas que requiere
modificaciones son: la organización de la producción y del trabajo, ya que la mala organización del trabajo termina siendo una rémora para la productividad. Hay que recordar que en España apenas el 60 por ciento del tiempo de trabajo es
aprovechado eficazmente. Somos uno de los primeros países europeos en cuanto a número de horas trabajadas,


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pero estamos a la cola en cuanto a la productividad. La gestión de los recursos humanos se convierte en elemento clave porque sin personas motivadas y satisfechas difícilmente se lograrán avances relevantes de productividad. Además, la
creciente participación de la mujer en el mundo laboral, los profundos cambios en las estructuras familiares con familias monoparentales, la reducción del número de integrantes del hogar, rupturas matrimoniales, etcétera, y el aumento de situaciones
de dependencia tienen importantes consecuencias que se manifiestan tanto en la vida privada de las mujeres, como puede ser la reducción de la tasa de natalidad o los problemas en la educación de los más pequeños y el cuidado de los mayores
dependientes, como en el aspecto laboral, como puede ser la discontinuidad de su carrera profesional. En este sentido, la pasada legislatura a iniciativa del Grupo Popular se creó una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo que tenía el
mandato de realizar un informe que analizase la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, flexibilización horaria y de jornada, así como la posibilidad de adecuar el horario laboral a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. En
sus conclusiones se aportan una serie de recomendaciones y medidas que el Gobierno debería tener en cuenta y entre las que se encuentran las que nosotros incluimos en esta iniciativa y otras muchas que pueden resultar beneficiosas.



Me gustaría que me permitiesen leer brevemente alguna de las medidas que se establecen en estas recomendaciones de la subcomisión. Por ejemplo, realizar actuaciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía acerca de la
ineficiencia de las prolongadas jornadas laborales y de las ventajas que reporta tanto para las empresas como para las personas que trabajan en ellas una jornada más reducida y mejor aprovechada; promover la utilización de las nuevas formas de
gestión del tiempo con el objetivo de instaurar las distintas medidas encaminadas a dotar de mayor flexibilidad horaria a las empresas; creación de un marco jurídico que regule el teletrabajo; fomentar el uso del trabajo a tiempo parcial como
fórmula temporal que facilite la conciliación, evitando el uso de prácticas que generan precariedad y un submercado de trabajo en particular para las mujeres; utilización de las nuevas formas de organización del trabajo, como teletrabajo, contrato
a tiempo parcial, jornada continuada, semana laboral comprimida, así como la implementación de las nuevas tecnologías o, finalmente, el desarrollo de la directiva europea relativa al teletrabajo, incidiendo en su carácter voluntario para el
trabajador o la trabajadora y regulando los nuevos derechos y obligaciones que se derivan de esta nueva forma de trabajo. Creemos, por tanto, que son recomendaciones positivas y en la línea de nuestra iniciativa. En nuestra voluntad de llegar a
acuerdos, adelanto ya que hemos decidido apoyar la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista con el convencimiento de que todos los grupos debemos trabajar juntos cuando se trata de feminizar la sociedad, de mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y, en este caso, su conciliación y la corresponsabilidad.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora García Valls.



La señora GARCÍA VALLS: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta en esta Comisión una proposición no de ley que tiene como objetivo instar al Gobierno a impulsar en el marco de la negociación colectiva de las empresas aquellas
medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, entre otras la flexibilización de los horarios, el desarrollo de las fórmulas de teletrabajo y la jornada de trabajo a tiempo parcial. El objetivo que se pretende
efectivamente coincide con una de las prioridades políticas del Gobierno socialista, tal y como lo demuestran las actuaciones que sobre esta materia está llevando a cabo desde que asumió sus funciones como Gobierno ya en la anterior legislatura, lo
que no ocurrió con las legislaturas en que gobernó el Partido Popular, que por cierto no apoyó la Ley de Igualdad, donde tantas medidas de conciliación se recogen y que incluso la recurrieron, recurso que por cierto también perdieron en los
tribunales.



No cabe duda de que una gestión adecuada de los tiempos de trabajo y la organización de los horarios son aspectos básicos para mejorar y facilitar esta conciliación y que la situación española respecto a esta cuestión debe mejorar. En el
propio programa electoral con el que nos presentamos los socialistas a las últimas elecciones generales se establecía que no solo las empresas necesitan flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, también los trabajadores y las trabajadoras
necesitan flexibilidad en su tiempo de trabajo para poder acomodarlo a las necesidades familiares y a los horarios escolares de sus hijos. Este compromiso también fue ratificado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, en el
que señaló como objetivos prioritarios para los próximos años de Gobierno el empleo femenino, las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, el apoyo a la corresponsabilidad de las cargas familiares y la promoción de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida social y política. Estamos ante el desafío de acercar a la trabajadora o al trabajador a la familia y de asimilar la empresa en el entorno vital de las trabajadoras y los trabajadores. La cuestión de la flexibilidad del
tiempo de trabajo sigue siendo puramente unidireccional en el sentido de adaptarse a las necesidades productivas de las empresas. Por ello, desde mi grupo consideramos que para avanzar en la igualdad hay que profundizar en los cambios. No hay duda
de que los avances legislativos han sido muy importantes, pero también es necesario cambiar la cultura interna de las empresas, que, aunque no con la rapidez que desearíamos, también se está cambiando, y esto es fundamental. Empiezan a ser
conscientes de que dar posibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores de conciliar la vida laboral y personal aumenta la capacidad de una empresa de retener el talento, reducir el nivel de absentismo y aumentar la productividad, y también desde
la empresa se empieza a considerar la importancia de la conciliación para traer directamente a los mejores profesionales, ya que con esta práctica se promueve el compromiso,


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la fidelización y la vinculación de la plantilla. En efecto, el Gobierno, como ya hizo en la anterior legislatura, tiene la intención, como se ha manifestado, de seguir avanzando en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de
las trabajadoras y de los trabajadores y, por otra parte, seguir apostando por el diálogo social para que sea en este marco en el que se traten y acuerden todas las cuestiones y medidas laborales, incluidas muy especialmente las relativas a la
igualdad y a la conciliación. Así ha quedado expresado y materializado en la Declaración de 29 de julio pasado para el diálogo social 2008 para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social, firmada por el Gobierno y
los agentes sociales, sindicatos y empresarios. En esta declaración las partes firmantes se comprometen a mantener un diálogo reforzado en una serie de materias, entre las que se incluye expresamente la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, al señalar que las partes convienen en seguir trabajando para ampliar la participación de las mujeres, evitar la discriminación salarial y avanzar en la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.



Es en este contexto donde las organizaciones empresariales y sindicales junto con el Gobierno deben concertar las medidas que conformen el ámbito de conciliación. Prueba también de que el Gobierno está trabajando por una mejora y
flexibilidad de los horarios es la postura del Gobierno español ante la propuesta de directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, al considerar que la prolongación de la jornada de trabajo prevista en la misma no favorece la
conciliación entre trabajo y vida familiar. Por tanto, es clara la opción del Gobierno de avanzar a través del diálogo, opción que una vez más supone el cumplimiento del compromiso socialista. Actuar de otro modo supondría una absoluta deslealtad
con las partes que están participando en el diálogo social, supondría actuar al margen, obviar el proceso de diálogo ya comenzado; por ello, este es el sentido de la enmienda transaccional que hemos presentado al Grupo Parlamentario Popular,
proponente de la iniciativa.
Insistimos desde el Grupo Socialista en la necesidad de que todas las medidas propuestas de mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que pretende adoptar el Gobierno deberán ser propuestas,
analizadas y valoradas dentro del diálogo social, de acuerdo con el compromiso firmado entre el Gobierno y las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores el pasado 29 de julio, y por ello el texto que se propone es el siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del diálogo social recientemente iniciado para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social firmado con los agentes sociales, sindicatos y empresarios,
impulse aquellas medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, entre otras, la flexibilización de los horarios, el desarrollo de las fórmulas de teletrabajo y la jornada de trabajo a tiempo parcial.



La señora PRESIDENTA: ¿Señora Fernández Davila? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió puede intervenir la señora Surroca.



La señora SURROCA COMAS: Desde Convergència i Unió creemos que todos tenemos que estar por la labor de la conciliación; creemos que de ningún modo puede manifestarse, como han hecho algunos o alguna con alta responsabilidad política, que
aquí no estamos para conciliar sino para trabajar. Creemos que evidentemente se puede trabajar y al mismo tiempo conciliar, solo es necesario que todos nos convenzamos decididamente de ello y que de una vez por todas emprendamos el camino para la
conciliación. Si fuéramos capaces de hacerlo, la vida de todos nosotros, de nuestra sociedad sería mucho mejor. Racionalizar los horarios es fundamental, tal y como se recoge en la iniciativa presentada por el Grupo Popular. Comparativamente
España se sigue rigiendo por unos horarios muy distintos a los del resto de los países de nuestro entorno.
Por tanto, es básico que todos trabajemos en el sentido de mejorar los horarios que tenemos. Además, hay otro punto que es muy importante,
que son las nuevas tecnologías. Hoy día la mayoría de nosotros tenemos este instrumento en nuestras manos y esto puede facilitar mucho la labor de compaginar o de compatibilizar el ámbito laboral y familiar. Desde CiU siempre hemos apostado por la
conciliación. Manifestamos que vamos a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Popular.



La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, turno para la aceptación de la enmienda.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Sí, ya había dicho en la intervención que aceptábamos la enmienda.



- RELATIVA A LOS PERMISOS DE PATERNIDAD O MATERNIDAD EN LOS CARGOS ELECTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000430.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a los permisos de paternidad o maternidad en los cargos electos. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa
tiene la palabra la señora Montón.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Todos y todas estaremos de acuerdo si decimos que la maternidad es un bien social y debe ser tenida en cuenta en todos los ámbitos de la vida económica y política. Tener hijos no puede ser un obstáculo, un
demérito para el ejercicio de la actividad política, principalmente para las mujeres, para nosotras, ya que tal actividad no puede configurarse como un hecho diferencial que nos discrimine. Para ello es preciso habilitar los mecanismos necesarios
para compatibilizar la participación política, en especial de las mujeres, y la maternidad o paternidad. En la pasada legislatura, con la Ley de Igualdad nos dotamos de poderosas medidas de


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conciliación, siendo muy importante en este ámbito los permisos de maternidad y, sobre todo, el de paternidad; sin embargo, hoy tenemos que hablar sobre la contradictoria situación de las mujeres y hombres que ostentan cargos electos cuando
son madres o padres. La realidad es que tienen derecho a disfrutar del permiso de maternidad y paternidad; sin embargo, a diferencia de cualquier otra ocupación, en esta situación no pueden ser sustituidos porque el acta de parlamentario es
personal y el voto intransferible, como se marca en la Constitución, y además es necesaria la presencia física para realizar funciones parlamentarias como, por ejemplo, el debate que hoy estamos celebrando o las votaciones que se realizarán a
continuación, como se recoge en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Todo esto hace que el disfrute del permiso de maternidad y paternidad no pueda hacerse efectivo plenamente.



Con la propuesta que traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista a esta Comisión de Igualdad tratamos -si me lo permiten- de humanizar la política porque no es comprensible tener que elegir entre la vida pública y ocuparse de los hijos
desde su nacimiento. Si hablamos de elecciones de este tipo, la estadística marca qué sexo elige cada cosa mayoritariamente, desplazando a las mujeres fuera de las instituciones, por lo que también se trata de favorecer el acceso y permanencia de
las mujeres como cargos electos sin que se las penalice por su maternidad. La participación paritaria de las mujeres y los hombres en puestos de responsabilidad política y en los centros de decisión se ha planteado desde hace años a escala europea
como una cuestión de principios democráticos. En España desde las primeras Cortes constituyentes las mujeres españolas se han ido incorporando de manera progresiva al Parlamento y en la actualidad se ha experimentado un importantísimo incremento de
participación de las mujeres. En estos momentos en el Congreso de los Diputados somos 124 diputadas, lo que representa el 35,42 por ciento de la representación parlamentaria, algo lejos del 60/40 con el que podríamos decir con satisfacción que
nuestra Cámara es paritaria, aunque lo pueda decir de mi grupo. En todo caso, es una labor común en la que debemos seguir trabajando.



Señorías, es innegable que los roles de nuestra sociedad están cambiando y cada vez más son las mujeres las que participamos activamente en la vida pública y en la política y cada vez más hay hombres que quieren ocuparse de sus hijos.
Aunque las cosas están cambiando y el avance de las españolas ha sido considerable en los últimos años, este aumento de la participación en la vida educativa, económica y política no ha venido acompañado del mismo nivel de redistribución de las
responsabilidades familiares. Junto a este reciente reparto de responsabilidades sociales y públicas son precisas además medidas que permitan a hombres y mujeres conciliar la vida familiar y laboral desde la corresponsabilidad.
Queremos potenciar
un cambio de modelo social de manera que cuando eres padre o madre quieras disfrutar por igual del permiso al que tienes derecho; un modelo por el que abogamos los y las socialistas porque los hijos son de los dos miembros de la pareja y no algo
exclusivo de las mujeres. No queremos fomentar ni mantener la idea de que la maternidad, la atención y cuidado de los hijos de la pareja es un asunto exclusivo e intransferible de las mujeres. La conciliación de la vida familiar y laboral es algo
que corresponde por igual a hombres y mujeres, por lo que el permiso de maternidad y de paternidad es un elemento de conciliación y también -esto es muy importante- de corresponsabilidad.



Señorías, en esta Comisión sabemos en carne propia que la actividad parlamentaria no es ajena a esta nueva realidad y a las dificultades de conciliar el ejercicio de la maternidad y paternidad con las responsabilidades en el espacio público.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es necesario que se estudien fórmulas para que los parlamentarios y las parlamentarias puedan disfrutar de los permisos por paternidad y maternidad. Queremos que se estudie cómo
modernizar la Cámara para evitar tener que elegir entre la vida pública y los hijos. Queremos que se estudien fórmulas para hacer compatibles los permisos de maternidad y paternidad con el ejercicio de las funciones públicas representativas de los
cargos electos acorde con la Ley de Igualdad. Para ello buscamos un gran acuerdo, siendo conscientes de las dificultades reglamentarias, incluso constitucionales que existen, pero esta propuesta solo la sacaremos adelante si existe la voluntad
común de resolver el problema. Por eso, instamos al Gobierno, tal y como se refleja en la proposición no de ley, a remitir al Parlamento antes de que finalice el presente periodo de sesiones un informe sobre las posibles reformas de la normativa
vigente en orden a posibilitar el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad a las personas que ostenten un cargo electo.



Señora presidenta, aprovecho el turno de palabra, y adelanto ya en esta intervención, que aceptaremos la enmienda presentada por CiU, puesto que la voluntad de la discusión que hoy realizamos y que queremos llevar a cabo en esta Cámara no es
otra que la de continuar el trabajo que ya se comenzó la pasada legislatura. Es cierto que en este momento estamos introduciendo el matiz de hablar de los permisos no solo de maternidad, sino también de paternidad, por lo que pensamos que damos una
visión más amplia de conciliación y, sobre todo, de corresponsabilidad. Repito que aceptaremos la enmienda, porque con la propuesta que hoy defendemos no pretendemos más que continuar ese camino que comenzamos y consensuamos ambos grupos en la
legislatura pasada. Felicito aquel consenso y felicito los consensos que tendrán que venir, porque aún están vigentes y porque tenemos que ser conscientes de que solo conseguiremos el objetivo de la igualdad también en la vida pública si todas
trabajamos unidas.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra la señora Pigem en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender la enmienda.



La señora PIGEM I PALMÉS: Comienzo mi intervención tomando el final de las palabras de la señora Montón y diciendo que hoy el Grupo Socialista nos trae


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a debate una iniciativa que a Convergència i Unió nos es especialmente familiar. Es una iniciativa que en su parte textual dice que se solicita un informe para posibilitar el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad en las
personas que ostenten un cargo electo. Quisiera que me perdonaran la inmodestia de precisar un poco cuál es el objetivo, porque creo que el disfrute lo pueden realizar. De lo que se trata es de un estudio que permita compatibilizar o facilitar las
votaciones en el caso de baja por maternidad o paternidad y en otras situaciones como, por ejemplo, el caso de baja por enfermedad, que también es una situación que puede suponer un grave escollo para poder cumplir las funciones para las cuales
hemos sido elegidas y elegidos.



Sobre la necesidad de facilitar estas votaciones es suficientemente ilustrativo lo que sucedió hace pocos días en el Parlamento de Andalucía en donde el Grupo Socialista perdió una votación porque varias diputadas estaban enfermas o tenían
la baja maternal. Esto, señorías, lo conocen ustedes muy bien, porque ni es la primera vez que sucede, ha sucedido antes en otros parlamentos, ni es España el único lugar en el que sucede, ni, como he dicho antes, la situación de maternidad o
paternidad es el único motivo, porque desgraciadamente hay enfermedades de larga duración o que requieren un periodo largo de convalecencia que también tienen esta misma dificultad. Por ello seguramente, y tal como se señala en el texto de la
iniciativa que estamos viendo en el preámbulo, algunos países, como Portugal, Irlanda o Dinamarca, han estudiado ya y han adoptado fórmulas para compatibilizar estas votaciones con los permisos; también hay otros países: Inglaterra, Luxemburgo,
Francia y Suecia. Son, por tanto, bastantes los países de nuestro entorno que sí han encontrado una solución. También en nuestro propio Estado otras Cámaras han encontrado una solución, y me quiero referir al Parlamento de Cataluña, en donde para
dar solución a situaciones como las que estamos contemplando se procedió a la modificación del Reglamento de la Cámara porque, tal como aquí se ha dicho, la Constitución veda la delegación de voto refiriéndose al Senado y al Congreso, pero no a otro
tipo de cámaras, por tanto allí se pudo proceder al sistema de delegación de votos. He dicho también que esta iniciativa para Convergència i Unió nos es familiar. Lo digo porque tampoco es la primera vez que se ve en esta Cámara, como muy bien ha
expuesto la señora Montón. En el año 2004, hace ya casi cinco años, tuvimos ocasión de defender una proposición no de ley en donde se proponía este mismo objetivo. Una proposición no de ley en la que el Grupo Socialista nos hizo una enmienda y se
aprobó. Enmienda que tradujimos también en otra de Convergència i Unió al tramitarse la Ley de Igualdad y que conformó parte del contenido de la Ley de Igualdad cuando se decía que el Gobierno propiciaría el tipo de soluciones adecuadas para poder
compatibilizar estas bajas con las votaciones.



Es cierto que hay una dificultad, porque la Constitución veda la delegación de voto para diputados, diputadas, senadores y senadores. En el texto del preámbulo de la iniciativa que se está defendiendo por el Grupo Socialista se alude
incluso a la posibilidad de que tengamos que modificar la Constitución. Francamente me gustaría encontrar otro tipo de solución porque si no esto va a ser a muy largo me lo fiais. Nosotros, como ya se había defendido en la pasada legislatura esta
iniciativa, ahora hemos presentado también dos iniciativas más ante el Pleno, y están pendientes de verse y votarse, para lo cual les solicito ya su voto favorable. Una de ellas es una proposición no de ley, con un contenido muy parecido al que
aquí estamos viendo, pero la otra es una propuesta de reforma del Reglamento en donde, previendo la imposibilidad de alegación de voto, lo que se propone es la utilización, siempre con acuerdo y por acuerdo de la Mesa de la Cámara, de esta tarjeta
de identificación que poseemos todas y todos, que es el voto electrónico. Este voto electrónico, tal como se regula en la propia ley de firma electrónica puede posibilitar que la firma sea personal, que sea intransferible y que solamente pueda
utilizarse cuando la Mesa de la Cámara así lo solicite.
Esto no es una delegación de voto, puesto que votaríamos los propios que estamos de baja por permiso de maternidad -ojalá pudiera- o paternidad, o por enfermedad -ojalá no me toque-, pero de
alguna manera creo que podríamos soslayar con una solución imaginativa la dificultad que se me antoja la reforma de la Constitución que requiere unas mayorías muy reforzadas. ¿Cuál es la novedad de lo que nos plantea el Grupo Socialista? Se nos ha
dicho que quizá la novedad sería que ahora se establece un plazo. No quisiera desanimarles, pero cuando se aprobó la iniciativa conjunta -porque en el año 2004 ustedes hicieron una enmienda que nosotros aceptamos- ya se puso un plazo, se dijo que
antes de un año estaría hecho; han pasado 2005, 2006, 2007 y casi 2008. Creo que quizás la novedad es que ahora realmente se cumpla; ésta sería una novedad. Como creo que el Grupo Socialista, que es el grupo que apoya al Gobierno, no va a
presentar una iniciativa si el Gobierno no está dispuesto a cumplirla, en la esperanza y en el deseo de que esto sea así, y con la enmienda que hemos aportado para dejar constancia de que esta Cámara ha realizado con anterioridad mandatos -porque es
importante conservar la memoria al respecto-, me sumo al voto afirmativo para esta necesaria iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández en nombre del Grupo Mixto.



El señor FERNÁNDEZ DAVILA: Empiezo por las últimas palabras de la señora Pigem en lo que se refiere a considerar que una vez que el Grupo Socialista nos presenta una iniciativa como esta es que está garantizado que el Gobierno va a actuar
en la dirección que se propone; lo digo porque, efectivamente -como también expuso la señora Pigem-, no es la primera vez que se debate este tema, ya que en concreto Convergència i Unió presentó estas iniciativas.



El Bloque Nacionalista Galego quiere manifestar su posición favorable a la propuesta que se hace por parte del Grupo Socialista por muchísimas razones, tanto las que expuso la señora proponente como la portavoz de


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Convergència i Unió. Comentaré un par de cuestiones más que no se han dicho, aunque fue suficiente y abundante la argumentación para entender como justo lo que se pretende. En cualquier tipo de actividad una persona que se pone enferma o
que coge una baja por enfermedad o por maternidad puede ser sustituida durante el tiempo que está de baja, pero eso no significa su renuncia al puesto de trabajo que tiene. En lo que se refiere a la actividad política, sea en un parlamento o sea en
una corporación municipal, el hecho de no poder asistir o hacer una sustitución de esa persona significa la renuncia de la persona electa. En ese sentido, nos parecen fundamentales las propuestas que se hacen, entendiendo además que en el caso de
los permisos por maternidad o paternidad tiene una doble razón, y es que sobre todo en el caso de las mujeres es una limitación clara para poder ejercitar la actividad política, al menos en muchas ocasiones se plantea esta cuestión como una
limitación. En el caso de cargos electos de las Cortes Generales o de los parlamentos autonómicos nos puede parecer que no hay demasiadas mujeres afectadas -desgraciadamente por otro lado-, pero sí que tenemos muchas mujeres afectadas por esta
cuestión en las corporaciones municipales, que es donde existe más participación de mujeres en la política institucional -de ahí que nos parezca que esto es importante-. Hay que tener en cuenta en todas las instituciones a los que participamos en
general, hombres y mujeres, en la medida en que compartimos también esa doble responsabilidad o corresponsabilidad que se recoge en la propuesta.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro Domínguez.



La señora CASTRO DOMÍNGUEZ: Intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición. También me voy a remitir a años atrás. Hace 77 años se lograba el derecho al sufragio universal de la mujer con la argumentación de que solo
otorgando a la mujer una serie de derechos se preocuparía por conocer los problemas sociales y valorar las posturas para saber quién los garantizará. De este modo se logra sacar adelante el derecho al voto de la mujer, recogido en el artículo 36 de
aquel nuevo texto constitucional: Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Hoy en día, setenta y siete años después, las diputadas y senadoras nos encontramos con
el mismo problema, el derecho al voto femenino en el ámbito de nuestras competencias políticas. En 1978, hace treinta años, la Constitución española reconocía expresamente el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en los artículos 14 y 9.2.
Desde entonces se equiparó a los hombres y mujeres en derechos y la incorporación de la mujer al trabajo se hizo una realidad. Este cambio de mentalidad propició la aparición de otras complicaciones, como el retraso de la maternidad y la
conciliación de la vida profesional y familiar. En el ámbito de la política los permisos por maternidad son casi inexistentes, a pesar de que la ley establezca un periodo de descanso de cuatro meses para las trabajadoras que acaban de alumbrar un
bebe. Los altos cargos y las diputadas llevamos la maternidad de forma distinta.
Diputadas y senadoras estamos obligadas por el artículo 79.3 de la Constitución a acudir a las votaciones, puesto que son personales e indelegables. Este voto
personal e indelegable es el principal obstáculo para modificar este punto. Por tanto, habrá que buscar una solución jurídica que compatibilice el derecho a la maternidad y paternidad con el deber político. Mientras los hombres no tengan un
permiso de paternidad obligatorio, como es el de la mujer, seguirá existiendo un alto porcentaje de mujeres con cargos ejecutivos y cargos electos que renuncien a su baja por maternidad o que, incluso, renuncien a su vida pública y política, como ya
ha sucedido en numerosas ocasiones. Las responsabilidades políticas no pueden ni deben impedir vivir la maternidad y la paternidad ni el pleno desarrollo de las funciones inherentes a la maternidad y a la paternidad, imprescindibles para el
bienestar físico y emocional de los hijos, especialmente en las primeras etapas de la vida. Por ello estamos de acuerdo en que el Congreso de los Diputados debe regular la participación de los diputados, especialmente de las diputadas, en la
actividad parlamentaria cuando, por razones de baja maternal, no puedan desplazarse físicamente hasta la sede de esta institución. Es preciso asegurar que ninguna mujer pueda ver mermados sus derechos. Las bajas por maternidad y paternidad deben
ser un derecho irrenunciable para cualquier trabajador. No se trata de establecer privilegios para alguien, sino de actitudes ejemplarizantes y normalizadoras. Estamos ante una cuestión fundamental, que será tomada como referencia por empresas e
instituciones. Por eso, nuestro grupo está de acuerdo con que se estudien diferentes opciones que se puedan aplicar en estos casos, y en el supuesto de las bajas por paternidad en el caso de los diputados. Nos parece bien, como una posibilidad, el
voto telemático empleando medios técnicos que garanticen la seguridad del procedimiento, previa certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre u organismo que se habilite al efecto.



Además y a modo de conclusión, el Reglamento del Congreso de los Diputados en su artículo 6.1 establece entre los derechos de los diputados: Los diputados tendrán el derecho de asistir con voto a las sesiones del Pleno del Congreso y a las
de las comisiones de que formen parte. Y el artículo 15, de los deberes de los diputados, dice: Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las comisiones de que formen parte. Considerando estos artículos
del Reglamento, es indudable que el Congreso debe trabajar para salvaguardar en todo momento los deberes y derechos de sus diputados y diputadas, senadores y senadoras y cargos electos y debe establecer las medidas adecuadas para permitir que las
diputadas que gocen de una baja por maternidad puedan continuar ejerciendo todos sus deberes y derechos y puedan así conciliar la vida laboral y familiar.



Por todo ello, nuestro grupo, con el mayor ánimo de consenso y de humanizar la política, va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, a pesar de que fue rechazada y no tramitada la del Grupo


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Popular en los mismos términos en el Parlamento gallego. Como consideración final, que no se quede simplemente en un mero informe, sino que se adquiera el compromiso de modificar la normativa pertinente para que, antes de que finalice esta
legislatura, ese sea un derecho real.



La señora PRESIDENTA: Con su intervención hemos terminado el 5.º punto del orden del día.



Habíamos fijado como posible hora de votación las siete, pero SS.SS. son muy eficientes y muy rápidos, por este orden, así que vamos a hacer un pequeño receso. Si SS.SS. controlan la presencia de cada uno de sus compañeros en esta
Comisión, podemos votar antes y, si no, tendríamos que mantener la hora de seguridad que habíamos dicho.



Son las seis y cinco de la tarde y podemos volver a la Comisión en veinte o veinticinco minutos, a las seis y media, si conseguimos que los miembros de la Comisión puedan venir a votar. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión para efectuar las votaciones.



Vamos a votar la primera proposición no de ley, sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales. Esta proposición no de ley se vota en sus términos dado que la enmienda del Grupo Popular ha sido rechazada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Pasamos a la segunda proposición no de ley, sobre medidas para alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. En esta proposición no de ley se ha aceptado una
transaccional relativa a los puntos 1 y 2, del Grupo Parlamentario Socialista, y otra al punto 3, de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la tercera proposición no de ley, relativa a la presentación del plan de medidas que incorpore las conclusiones del informe de la ponencia sobre la prostitución. Esta proposición se vota en sus términos puesto que no ha sido
enmendada.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la cuarta proposición no de ley, sobre flexibilización de horarios y teletrabajo como medida de conciliación personal, familiar y laboral. En este caso se ha aceptado la enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Por tanto,
votamos la enmienda.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Por último, votamos la proposición no de ley relativa a los permisos de paternidad o maternidad en los cargos electos. Esta proposición no de ley se vota con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.