El señor PRESIDENTE: Bienvenidos todos y todas en
estas circunstancias, que todavía siguen siendo complicadas. Esperemos
que la vacunación vaya ayudando a solucionar el problema. Por ese motivo,
vamos a guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de la
COVID.

La comisión, puesta en pie, guarda un minuto de
silencio.

El señor PRESIDENTE: Señor letrado, por favor, pase
lista para comprobar los existentes.

El señor letrado procede a la comprobación de los
señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Procede ahora la aprobación del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 30 de marzo de este año, que ya ha sido
repartida a todos vosotros y vosotras.

Si no hay alguna matización al acta, procedemos a
su aprobación por asentimiento. (Asentimiento).

Se aprueba por asentimiento.

El señor PRESIDENTE: El punto principal del orden
del día que nos trae aquí es la tramitación conjunta de cinco solicitudes
de comparecencia sobre líneas generales de política del departamento que
preside el ministro Iceta y tres solicitudes de comparecencia sobre
cuestiones específicas. Todas ellas constan en el orden del día que se ha
remitido. Como son conocidas ya por sus señorías, no procede que perdamos
el tiempo en leerlas, salvo que alguien lo pida expresamente.

Para exponer la materia objeto de estas
comparecencias, tiene la palabra el excelentísimo señor ministro de
Política Territorial y Función Pública, señor Iceta.

El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA (Iceta i Llorens): Gracias, presidente.

Buenos días a todas y a todos. Es una satisfacción
para mí comparecer en esta Comisión de Función Pública del Senado y
compartir con ustedes las líneas que me propongo impulsar en esta materia
desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Esta es la tercera vez que comparezco en las Cortes
Generales en poco más de un mes, la segunda que lo hago ante una Comisión
del Senado, y quiero subrayar una vez más la importancia que tiene para
mí el trabajo que realizan todos sus integrantes. Esta es la Comisión que
se ocupa y que se preocupa de los conciudadanos y conciudadanas que han
elegido estar al servicio de la comunidad, al servicio de lo público. Voy
a tener muy en cuenta el trabajo y las aportaciones que van a realizar
todos los grupos no solo en el día de hoy, sino a lo largo de toda la
legislatura que tenemos por delante.

Creo firmemente en el papel relevante que las
Cortes Generales deben desempeñar y desempeñan en el presente y el futuro
de la Función Pública, de manera particular esta Cámara territorial en la
que los mecanismos de cooperación, colaboración y trabajo conjunto entre
administraciones cobran especial relevancia. Por tanto, me pongo a
disposición de todas y todos ustedes. Les ofrezco mi colaboración para
trabajar de manera conjunta y leal, con voluntad de acuerdo y aceptando
de buen grado tanto críticas como propuestas, porque de ellas siempre
saldrá la mejor acción colectiva.

Señorías, antes de pasar a detallarles las líneas
de actuación, quiero trasladarles los dos valores que van a guiar mi
desempeño al frente del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública. Los he subrayado también en anteriores comparecencias, pero me
parece importante hacerlo hoy en la Comisión de Función Pública.

En primer lugar, está la importancia de los
servidores públicos, de las trabajadoras y trabajadores de las
administraciones públicas, que han demostrado con su labor comprometida,
más allá de sus obligaciones, por qué es necesario contar con unos
servicios públicos suficientemente dotados y en las condiciones adecuadas
para que sean lo más eficaces posibles. Si algo ha puesto de manifiesto
la emergencia sanitaria, es la importancia de lo público, de la función
pública y de la gestión pública para dar respuesta a lo extraordinario,
porque hemos visto que lo excepcional puede ocurrir y, señorías, a la
hora de la verdad, lo único que nos separa del desastre es lo
público.

En segundo lugar, están los valores democráticos
sobre los que se sostiene nuestro Estado: el diálogo, la negociación y el
pacto, imprescindibles para el desarrollo del Estado de las Autonomías;
un Estado de cooperación entre administraciones en el que las técnicas
federales son la mejor guía para solucionar los problemas.

La pandemia producida por la COVID-19 es el mayor
desafío al que se ha enfrentado este país desde la llegada de la
democracia, y una de las grandes lecciones aprendidas es que la
cogobernanza, el diálogo, la cooperación y el pacto funcionan. En ello
vamos a seguir profundizando para dar respuesta a los servidores y
servidoras públicos, que conforman la columna vertebral de los servicios
públicos de unas administraciones públicas que tenemos intención de
reforzar.

Los trabajadores y trabajadoras públicos tienen una
importancia trascendental y su vocación de servicio público ha quedado
absolutamente demostrada durante la pandemia. Me refiero a las
profesionales, a los profesionales sanitarios, que lo han dado todo, y
siguen haciéndolo, para cuidar de la salud de la población. Un año
después, su compromiso con la ciudadanía sigue intacto y desarrollan cada
día la mayor campaña de vacunación que jamás haya puesto en marcha este
país. También me refiero a los servidores públicos que trabajan en los
servicios administrativos, en los servicios sociales, al profesorado, a
las científicas e ingenieros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, a las policías autonómicas y locales, a los cuerpos militares, a
los diplomáticos, bomberos, a quienes se dedican a la cooperación
internacional, a los servicios de extranjería y asilo, a sistemas y
tecnologías; tantos y tantos ejemplos de dedicación, vocación y
compromiso. Todos ellos y ellas deben saber que este ministerio, el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es también su
casa.

Quiero subrayar en esta Cámara el compromiso del
Gobierno y del presidente del Gobierno con los servidores públicos. Mi
propósito será hacer valer ese compromiso y tratar de mejorar sus
condiciones de trabajo, consolidar sus empleos e incrementar su
valoración ciudadana. En definitiva, los trabajadores y trabajadoras
públicos merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y que las
administraciones, los poderes públicos les prestemos nuestra máxima
atención.

Señorías, el mecanismo de recuperación y
resiliencia puesto en marcha por la Comisión Europea, que se materializa
en España en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia
diseñado por el Gobierno, servirá para potenciar la recuperación
económica y para adecuar nuestro modelo productivo a los requerimientos
de la nueva sociedad del siglo XXI. El plan, que presentó la semana
pasada el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, consta
de cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, y diez
políticas palanca. Una de ellas, la cuarta, una Administración del siglo
XXI, se desarrolla a través del componente 11 y contempla la necesaria
modernización de la Administración para que pueda seguir desempeñando su
labor redistributiva y de cohesión social y territorial.

En materia de función pública, que es el asunto que
hoy nos ocupa, el plan contempla importantes reformas que afectan
directamente a las personas, de modo particular a los trabajadores y
trabajadoras públicos, a quienes se dirigirán las medidas de reducción de
la temporalidad y mejora de la formación, procurando que puedan
desarrollar tales capacidades al servicio de la ciudadanía. Queremos que
la Administración pública atraiga al talento joven; que la juventud vea
que la función pública es una opción para desarrollar plenamente sus
proyectos profesionales y de vida. De modo general, las reformas afectan
a las personas como sujetos de ciudadanía, porque con la digitalización
de la Administración pública y el refuerzo de la gobernanza, avanzaremos
en la calidad y eficiente prestación de todos los servicios
públicos.

En total, el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública invertirá 1000 de los 4000 millones de euros del
componente 11. De estos 1000 millones, 970 corresponderán a las
comunidades autónomas y entidades locales y 30 millones de euros los
gestionaremos directamente desde el ministerio. En estos momentos estamos
terminando de diseñar los criterios que deben informar los proyectos que
desarrollaremos en el marco de este componente 11, que presentaremos a la
Comisión Nacional de Administración Local y a la Conferencia Sectorial de
Administración Pública, en este caso para su aprobación, junto con los
parámetros de distribución de los fondos que a dichos proyectos se
destinan.

Señorías, desde que tomé posesión de mi cargo hace
casi tres meses, asumí un compromiso con los trabajadores y trabajadoras
públicas que quiero hoy volver a repetir. La elevada temporalidad en la
Función Pública no es aceptable, y trabajamos, el Gobierno trabaja, para
reducirla de manera sustancial. Somos conscientes de la demanda al
respecto que se produce y somos también muy conscientes de las
movilizaciones que están protagonizando las plataformas de interinos.
Queremos darles respuesta y, sobre todo, dar solución al problema que
justamente denuncian.

Sabemos que las políticas de austeridad han
generado un problema durante años porque, entre otros factores,
entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas estuvieron en el 0 %
y las administraciones, que debían seguir prestando los servicios, se
vieron abocadas a la contratación del personal interino. Sin embargo, ese
problema nace mucho antes. Me he encontrado casos de personas que me
dicen: Llevo veinte años en una situación de encadenamiento de contratos
temporales, muchos de ellos incluso en la misma plaza, otros cubriendo
diferentes funciones a lo largo del tiempo. En este aspecto, quiero
subrayar que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 han elevado
por primera vez la tasa de reposición hasta el cien por cien, llegando en
determinados ámbitos y circunstancias al 110, 115 %.

Como ya anuncié hace cinco semanas en el Congreso
de los Diputados, en junio publicaremos la oferta pública de empleo de
este año, pero somos conscientes de que una tasa de reposición del cien
por cien no resuelve la bolsa de personal temporal interino, que ha ido
creciendo; solo resuelve que mantenemos el nivel de empleo público. La
temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las
administraciones, pero no a todas por igual. Por supuesto que en la
Administración General del Estado se producen casos de temporalidad, pero
en menor medida que en otros ámbitos de la Administración. Hablamos, en
el caso de la Administración General del Estado, de una temporalidad
del 8 % frente a ratios que en ocasiones superan el 30 % a nivel
autonómico, que se suelen concentrar en los servicios de salud y
educación, y en los ayuntamientos, donde se sitúa en torno al 13 %.

Cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria
en determinadas circunstancias, pero si una persona desarrolla en la
Administración una función que es permanente, lo normal es que la realice
con un contrato fijo, no con una temporalidad que precariza su empleo y
que, además, hace muy difícil que pueda planificar su futuro. Por ello,
en el ministerio esperamos encontrar puntos de encuentro entre todas las
partes, Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y las organizaciones sindicales, para la definición de
las medidas concretas que nos permitan alcanzar estos objetivos con
prontitud y eficacia. Queremos hacerlo centrándonos en dos aspectos con
los que queremos reducir la temporalidad: prevenir futuros abusos y
estabilizar el empleo.

En primer lugar, vamos a reducir la actual tasa de
temporalidad en las administraciones a través de medidas eficaces que
eviten nuevas bolsas de empleo público temporal. Para ello, reformaremos
el Estatuto Básico del Empleado Público de modo que se establezca la
obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo
máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.
El objetivo es desarrollar medidas efectivas para prevenir y sancionar el
abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su
excepcionalidad y se delimite su duración máxima.

En segundo lugar, en cuanto a la estabilización, el
Gobierno reguló una ampliación de los procesos de estabilización porque
veíamos que se estaban desarrollando de forma más lenta de lo
inicialmente previsto. De cara al futuro, con el necesario respeto a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso
a la función pública, realizaremos un nuevo proceso —el último
esperamos—, en el que se promueva la estabilización con carácter
fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de
tipo estructural. Señorías, lo digo para distinguir entre la gente que ha
accedido a la Administración por un tiempo tasado para un proyecto
concreto y que, por lo tanto, no adquiere el derecho de mantenerse a la
Administración, de aquellos que han ido encadenando contratos y
desarrollan una labor fija estructural. Hemos puesto muchos ejemplos,
pero los que realizan las nóminas, por decir una función de la
Administración, deben poder hacerlo con carácter de estabilidad
permanente, porque nóminas hay que hacerlas cada año. Es muy distinto de
aquellos que se han incorporado para el desarrollo de un proyecto
concreto que tiene una duración tasada.

Nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien y
mantenernos en ese criterio que algunos expertos han ido definiendo, y es
que la tasa de temporalidad no pueda exceder el 8 % en el conjunto de las
administraciones públicas. Algunos de los que puedan escucharnos quizá no
entiendan por qué ha de haber un cierto volumen de temporalidad
—que, desde luego no es el que tenemos—, pero la cosa es
bastante sencilla de entender. Así como una vacante en un momento
determinado puede cubrirse a través de un proceso de concurso que dura un
año, hay vacantes que hay que cubrir al día siguiente —la plaza de
una doctora, de un médico, de una enfermera, de un camillero—, no
podemos esperar; por lo tanto, necesitamos tener una bolsa de
trabajadores que puedan incorporarse de forma inmediata a una función que
no admite espera. Por eso, decimos que ha de haber, como es lógico, un
cierto volumen de personal interino, pero, desde luego, no es el que
tenemos en estos momentos en nuestro país, que con justicia se ha
señalado que no es tolerable, no es aceptable, y hay sentencias al
respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también del
Tribunal Supremo.

Queremos hacerlo a la mayor brevedad posible y, en
este aspecto, quiero informarles de que el pasado 25 de marzo se reunió
la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que, como saben,
están presentes las comunidades autónomas y los entes locales, así como
el Ministerio de Hacienda. Es en ese marco en el que queremos discutir
criterios y tener una radiografía lo más precisa posible de la situación
de la temporalidad en el conjunto de administraciones públicas. Además de
la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, la
comisión trabaja en la concreción de criterios que tendrá el nuevo
proceso de estabilización y en las tasas de reposición flexibles a
aplicar para poder absorber en un plazo razonable las plazas
estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad. Mi compromiso es que
antes del verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos
alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones.

Señorías, la función pública en nuestro país tiene
también otros retos que es necesario abordar, como es el refuerzo y el
pleno desarrollo de las capacidades de los empleados y empleadas
públicos. En este aspecto, quiero anunciarles que en el mes de septiembre
llevaremos al Consejo de Ministros el Anteproyecto de ley de función
pública de la Administración General del Estado. Con esta nueva ley
consolidaremos un modelo de empleo público profesional, productivo,
eficaz y motivador, con una organización en materia de recursos humanos
más flexible, ágil e innovadora en sus procedimientos; un modelo en el
que los servidores y servidoras públicos puedan desarrollar plenamente su
carrera profesional a lo largo de la vida.

Si me permiten, quizá uno de los aspectos más
novedosos del texto en el que trabajamos sea el desarrollo de la figura
del directivo público profesional como elemento clave que nos acerca a
los modelos de función pública más avanzados. La figura del directivo
público profesional es un elemento consolidado en nuestro entorno europeo
y es una figura ya prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de
nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño, así
como el régimen de conflicto de intereses y cese. Hablar del desarrollo
de las capacidades requiere una referencia al Instituto Nacional de
Administración Pública. Este organismo dispone de un plan estratégico
para reforzar y apoyar la labor de las empleadas y los empleados
públicos, alineado con el Plan de capacitación digital, aprobado
recientemente por el Gobierno. En el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia el Instituto Nacional de Administración
Pública acometerá actuaciones para la mejora, descentralización y
telematización de los procesos selectivos, para la innovación y la
digitalización del aprendizaje y la formación, así como para la formación
para el teletrabajo.

Señorías, durante el último año hemos aprendido que
el teletrabajo ha llegado para quedarse. Como sabrán, el pasado 12 de
abril firmé un importante acuerdo con los sindicatos sobre el desarrollo
del teletrabajo en la Administración General del Estado, y espero que en
el mes de septiembre podamos aprobar el real decreto por el que se regula
el teletrabajo en el ámbito de la Administración General del Estado. Es
una medida que, dentro de la estrategia frente al reto demográfico,
también va a dar soluciones a las zonas en declive poblacional, y va a
permitir cubrir plazas en determinadas partes del territorio que suelen
quedar vacantes. Así, una empleada o empleado público que quiera seguir
viviendo en una zona en declive demográfico podrá hacerlo y prestar el
servicio en otra ciudad y, al mismo tiempo, permitirá garantizar la
prestación de servicios públicos a la ciudadanía en aquellas zonas en las
que las plazas tienen mayor dificultad para cubrirse.

Señorías, los avances en igualdad entre mujeres y
hombres en los últimos quince años en España han sido muy significativos,
pero es necesario consolidar de manera efectiva la igualdad de trato y de
oportunidades del personal al servicio de la Administración General del
Estado, la erradicación de cualquier forma de discriminación directa o
indirecta por razón de sexo en el ámbito de la Administración. En este
aspecto quiero subrayar el importante trabajo desarrollado en el III Plan
para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. A diferencia
de los planes anteriores, este plan incluye solo medidas de carácter
transversal, de aplicación al conjunto de la Administración General del
Estado, para avanzar en la homogeneización, con el objetivo de disponer
de criterios y acciones comunes. Es un plan que representa una voluntad
firme, ambiciosa y progresista para lograr la igualdad de género en
términos reales en la Administración General del Estado. En el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública daremos el necesario impulso a
la implementación de las medidas que contempla, y sobre una de ellas
puedo avanzarles que ya está listo el borrador del nuevo protocolo de
actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo para la
Administración General del Estado. En los próximos días iniciaremos su
negociación con las organizaciones sindicales en la Comisión Técnica de
Igualdad.

Señorías, tras la reducción de la temporalidad y el
refuerzo, mejora y desarrollo de las capacidades de los trabajadores y
trabajadoras públicos, el tercer eje de reformas en materia de función
pública tiene que ver con la atracción de talento al empleo público,
sobre todo de talento joven. Para dimensionar este asunto permítanme
darles dos datos muy significativos, a mi entender. Uno es que en los
próximos diez años el 51 % del personal de la Administración General del
Estado se jubilará; repito, en diez años, el 51 % de los funcionarios y
funcionarias del Estado se van a jubilar. Otro dato: apenas el 12 % del
total del personal de la Administración General del Estado tiene menos
de 40 años. Yo creo que estos dos datos nos dan una idea muy concreta de
uno de los problemas que tenemos: la necesidad de captar talento para la
Administración y la necesidad de rejuvenecer sus estructuras.

Además de las políticas de austeridad, que
redujeron las ofertas de empleo público en un 14 %, la Administración
General del Estado ha ido dejando de ser atractiva para las nuevas
generaciones, y en un país con unas tasas tan elevadas de desempleo
juvenil, creo que es algo que no podemos permitirnos. Por ello, estamos
trabajando en un plan de captación del talento, que presentaremos antes
del verano, que busca promover la orientación laboral de la ciudadanía
hacia la Administración General del Estado. Es un plan que va a nacer con
la vocación de que la Administración pública sea una opción atractiva y
real para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado
laboral.

Algunas de las medidas que ya se están poniendo en
marcha tienen que ver con acciones divulgativas en universidades,
institutos, centros de formación profesional o colegios profesionales. Yo
mismo participé en una de ellas la semana pasada en la Universidad Carlos
III, de Madrid. Otras medidas en las que estamos trabajando están
enfocadas a fomentar prácticas en diferentes sectores, o propiciar el
acceso a la función pública a quienes trabajan en el exterior. Y, desde
luego, en este ámbito, se hace preciso repensar los mecanismos de
selección, así como modernizar los perfiles profesionales en el empleo
público.

Pero, además, es necesario preguntarnos por qué
motivo en demasiadas ocasiones las plazas que se ofertan quedan vacantes
y con frecuencia nos excluyen como empleadores, porque no toda la
ciudadanía puede permitirse preparar una oposición, tal y como muchas de
ellas están planteadas. Necesitamos un acceso a la función pública en el
que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad
memorística de los candidatos, como ocurre ya en muchos países de nuestro
entorno. Y, además, vamos a estudiar la viabilidad de un sistema de
ayudas dirigidas a aspirantes que tienen grandes dificultades para
dedicar varios años de su vida a preparar una prueba de acceso. Buscamos
todos los perfiles, pero el que más nos interesa es aquel que tiene
vocación real de servicio público. En los últimos seis meses el Instituto
Nacional de Administración Pública ha reunido a cerca de un centenar de
personas del ámbito académico, de los sindicatos, expertos nacionales e
internacionales, en diferentes jornadas, donde se ha debatido ampliamente
sobre el acceso a la función pública. Y puedo anunciarles que en mayo
presentaremos una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo
público, que estará abierta al debate y la participación. El objetivo es
lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa, garantizando,
lógicamente, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad.

Señorías, al principio de mi intervención he
señalado que las reformas que pretendemos impulsar se centran en las
personas, en los empleados y empleadas públicos y en la ciudadanía en
general. Ahora quiero referirme a este segundo aspecto, en el que hay un
ámbito importante en el que nos estamos centrando, como es la
cogobernanza.

Como saben sus señorías, el IV Plan de Gobierno
abierto, aprobado en octubre de 2020, supuso una apuesta conjunta de las
administraciones y de la sociedad civil por la transparencia y la
integridad. Es un plan nacional fruto de la participación ciudadana y que
por primera vez cuenta con propuestas de la Administración General del
Estado, de las comunidades y ciudades autónomas y de las entidades
locales. El IV Plan recoge diez compromisos altamente innovadores en los
que ya estamos trabajando. Me refiero a la reforma de la normativa
estatal básica en materia de incompatibilidades y a la regulación de los
grupos de interés o lobbies, materias ambas en las que estamos trabajando
y esperamos someter a consulta pública en breve.

Antes de finalizar, quiero referirme a un asunto
que han incorporado en las solicitudes de comparecencia, a petición del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, relativo al pacto
antitransfuguismo. Probablemente la réplica dará pie a profundizar en
ello, pero debo decirles que, como saben, el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública ejerce la secretaría de ese pacto, pero son
los partidos políticos los titulares, quienes lo suscriben, quienes le
dan vida y quienes alcanzan o no, o no siempre, los resultados que todos
esperábamos. Lo digo no para quitarme de en medio, sino para que todos
otorguemos a cada uno de los agentes, de los actores políticos, su
responsabilidad al respecto. En estos momentos, como ustedes saben, se
han producido algunos casos muy relevantes, que pueden ser calificados de
transfuguismo. El pacto ha conseguido nombrar una comisión de expertos
para que dictamine sobre esas cuestiones, pero esos nombramientos y el
trabajo de esa comisión de expertos digamos que atraviesa ciertas
vicisitudes que no me corresponde a mí ni explicar ni valorar.

Señorías, finalizo ya. Han sido meses difíciles
para todos, también para poder dar cumplimiento a la agenda normativa del
Gobierno —soy muy consciente de ello—, pero los compromisos
siguen vigentes; varios de ellos están en marcha, algunos próximos a
cumplirse, y otros llevarán algo más de tiempo. No obstante, tenemos por
delante una legislatura que cuenta con una herramienta fundamental para
hacer realidad estos compromisos, como es el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia; un plan ambicioso que sentará las bases de
la transformación que necesitamos para seguir manteniendo la cohesión
social y territorial, para seguir reduciendo desigualdades y para seguir
avanzando hacia una sociedad más equitativa.

Vamos a dialogar, a negociar y a pactar, porque es
la esencia de este ministerio. Dialogaremos con los servidores y
servidoras públicos, con los sindicatos, con las entidades locales y,
desde luego, dialogaremos con las comunidades autónomas, porque son las
que prestan servicios tan relevantes, como la sanidad y la educación. Con
diálogo es como vamos a actuar en todos los temas, también en aquellos
tan delicados, pero para mí tan queridos, como el fomento de las lenguas
españolas que no son el castellano en la función pública, en las
administraciones y en la relación de la ciudadanía con estas.

Estoy convencido de que a todos y todas nos nueve
la mayor eficacia posible en la gestión de los recursos y de los
servicios públicos, para que puedan seguir prestándose a la ciudadanía en
las mejores condiciones de equidad. Esto es para lo que he venido, y aquí
me tendrán siempre a su disposición, para escuchar, para dialogar, para
acordar y para colaborar; para trabajar juntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias señor ministro, por
sus aportaciones.

Procede, ahora, entrar en la intervención de los
portavoces de los grupos parlamentarios por su orden reglamentario de
intervención, como saben, de menor a mayor, por un tiempo de diez
minutos.

Para comenzar, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente
señorías, señor ministro, gracias por venir a esta que es su casa. Su
ministerio, sin duda, está muy vinculado a la función territorial de esta
Cámara, y este senador está encantado de que no sea la primera sino la
segunda vez que viene y de escucharle, por su tono y por sus
propuestas.

Voy a centrar mi intervención en el objeto de la
comparecencia que solicité en su día. De nuevo estamos hablando sobre la
estabilización, la consolidación legal y eficaz de los empleados públicos
en abuso de temporalidad y fraude de ley. Desde mayo de 2020 venimos
tratando sobre la misma cuestión, sin que hasta la fecha se atisbe una
solución a un problema que el propio ministerio ha reconocido que existe,
que es real, y usted, ministro, lo ha dicho muy claramente. Todavía no
sabemos nada. Valoramos mucho su voluntad, pero sigue siendo la propuesta
genérica. Ahora se nos anuncia la posibilidad de un proceso de
consolidación extraordinario que, en su caso, habrá que saber cómo se
pretende regular, porque la incertidumbre sigue ahí.

Tras varias iniciativas y debates, la Comisión de
Función Pública, celebrada el 13 de octubre de 2020, aprobó por
unanimidad, tras aceptar la enmienda de sustitución del PSOE, la moción
presentada ese mes de mayo por el Partido Aragonés. Se acordó, por tanto,
entre otras cosas, reducir la temporalidad en las administraciones
públicas para dar respuestas legales de estabilización de los empleados
públicos, es decir, de las personas. Ahora sabemos cuáles han sido, o han
podido ser, las causas de la elevada tasa de temporalidad de empleados
públicos en España, así como ese índice en las diferentes
administraciones públicas que, como usted bien ha resaltado, es muy
elevada. También sabemos que España no ha procedido a la trasposición
completa de la Directiva 77/99/CE y sabemos cuáles son sus efectos, pero
no sabemos la causa por la que no se ha querido trasponer completamente
esta directiva.

Señor ministro, es el momento de dar una solución
legal y justa a un problema que no han creado los empleados públicos
temporales, a los que los españoles tanto debemos por su dedicación, por
su esfuerzo y por su sacrificio durante esta maldita pandemia. Estamos
a 22 de abril del año 2021, y no se ha dicho la manera en que se pretende
diseñar la fórmula de estabilización y consolidación de los empleados
públicos en abuso de temporalidad y fraude de ley. Como he dicho antes,
sí que se anuncia una solución de cara al futuro, con la que estamos
absolutamente de acuerdo —y era el punto tercero de la moción que
se aprobó—, pero nos falta conocer —y le rogaría que fuera
más concreto— cómo se pretende regular ese proceso extraordinario
de consolidación que parece que es la fórmula que apunta para reducir la
tasa de temporalidad actual.

Pero, mientras tanto, señor ministro, los llamados
procesos de consolidación, derivados de la Ley 6/2008, se siguen
celebrando. Se siguen convocando procesos selectivos, lo que está
suponiendo el cese de muchos servidores públicos temporales, con muchos
años de dedicación y de servicios. ¿Qué hacemos con estas personas que ya
han sido cesadas y a las que se va a cesar? Por ejemplo, catorce mujeres
cesadas en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales el IMAS, con
un 83 % de temporalidad; o, por ejemplo, el 3 de mayo se cesara a acerca
de doscientos empleados públicos, técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería de Aragón en plena pandemia como consecuencia de los procesos
selectivos. Es un tema que nos preocupa muchísimo; y si usted ha
anunciado una posible fórmula, lo sensato sería que se paralizaran por lo
menos hasta que se conozca la fórmula de estabilización.

Además, cada día se producen miles de reclamaciones
administrativas y judiciales, que están colapsando las distintas
administraciones públicas y nuestros juzgados, tanto sociales como
contencioso administrativos. La incertidumbre, inseguridad y desaliento
de miles de empleados públicos es patente, evidente y manifiesta, y
estamos hablando, señor ministro, de personas, de muchas personas, de
muchas familias. Es por ello necesario y urgente que se dé certidumbre y
estabilidad a la situación laboral de esos miles de servidores públicos
que durante años, insisto, han demostrado su dedicación, sus méritos y su
capacidad. Su precariedad laboral en estos tiempos es insostenible y,
además, injusta, y sin duda afecta de manera relevante a nuestros
servicios públicos esenciales.

Usted, con mucho acierto, ha destacado la
importancia de los empleados públicos. Yo, como no podía ser de otra
manera, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo público es lo que está
sosteniendo esta crisis que se nos ha venido encima. Y dice que para la
eficacia de los servicios públicos es necesario contar con esos
empleados. Pero esos empleados públicos, también los interinos y los
temporales, señor ministro, tienen que tener certezas, tienen que tener
certidumbres; es un derecho social europeo que no podemos eludir.

Usted el otro día, en la Comisión de Entidades
Locales, celebrada el 21 de abril, dijo que no es verdad que haya una
legislación europea que diga que, cuando hay un interino, hay que hacerlo
fijo. Y dijo que la normativa europea lo que dice es que hay que buscar
una solución a ese problema. Estamos de acuerdo. Claro que ni la
Directiva 77/99 ni la sentencias del Tribunal de Justicia dicen a los
Estados miembros y, por lo tanto al Estado español, qué solución
legislativa deben dar a la temporalidad de sus trabajadores, sean
públicos o privados, porque, como sabe, Europa no distingue entre los
tipos de trabajadores. Lo que sí definen tanto la directiva como las
sentencias que la interpretan es cuándo existe abuso de temporalidad y, a
partir de ahí, cuáles deben ser sus efectos y consecuencias. Se establece
que, en el supuesto de abuso de temporalidad, el Estado tiene que
determinar una sanción. No se dice qué sanción, sí que tiene que ser
eficaz, disuasoria y proporcional. Sí deja claro que los procesos de
selección para la consolidación de empleo no pueden ser la solución a la
temporalidad, entre otras razones, porque solo favorecen a los
infractores, que en este caso son las administraciones públicas.

No es, por lo tanto, una solución eficaz,
disuasoria y proporcional, y volvemos a reclamar por eso la necesidad de
su paralización inmediata. También se dice que, como es el caso de
España, cuando no exista una alternativa normativa a esa sanción, debe
reconocerse al trabajador en abuso de temporalidad la estabilidad en el
empleo, al tratarse de un derecho social básico de todos los trabajadores
europeos, no solo de los privados, también de los públicos.

En consecuencia, señor ministro, como decía ayer en
la reunión que hubo en esta misma sala, tenemos que cambiar el chip. El
debate para una solución no puede centrarse en los principios de mérito y
capacidad para el acceso a la Administración tal y como los tenemos
entendidos. No puede haber una solución que parta de la tradicional
mentalidad de acceso a la Administración. Usted lo ha dicho muy bien y
estoy absolutamente de acuerdo con usted en que hay que cambiar los
criterios de acceso, que no puede ser que solamente tenga valor la
memoria; no puede ser que solamente puedan acceder quienes tienen medios
para poder estar tres, cuatro, cinco o seis años preparando una
oposición. Hay que contemplar —y estoy totalmente de acuerdo con
usted— los principios de actitud y de capacidad.

En definitiva, no se trata de si se debe o no
superar un proceso selectivo, porque de alguna manera ya lo han superado;
no se está pidiendo el acceso a la Administración ni el reconocimiento de
la condición de funcionario público laboral fijo. Se trata de buscar una
solución a un problema como consecuencia de lo que nos dice Europa, y eso
lo tenemos que cumplir. En definitiva, señor ministro, se trata de
aplicar una directiva europea que está por encima del derecho interno y
que claramente dice que el abuso de temporalidad en la contratación de
los trabajadores debe ser objeto de una sanción eficaz, disuasoria y
proporcional.

El debate, por lo tanto, no se puede reducir a que
los interinos quieren la fijeza porque llevan mucho tiempo en sus plazas
y en sus puestos. No se trata de reconocerles el acceso a la condición de
funcionario de carrera laboral fijo. El hecho de haber venido ocupando
una plaza vacante de carácter estructural de manera permanente e
ininterrumpida debe calificarse como abuso, y este abuso debe tener un
efecto, y este efecto tiene que ser una sanción, y la sanción, como en
España no está regulada, tiene que ser la estabilización en el
empleo.

En definitiva, señor ministro, sería justo ese
reconocimiento de la condición de empleados públicos equiparables a los
funcionarios de carrera, como ya han dicho algunas sentencias, porque no
estamos hablando de ideas, sino de hechos, por ejemplo, las sentencias de
Alicante, y no voy a entrar en más debates jurídicos.

Estamos de acuerdo, en cualquier caso, y yo espero
que nos conteste a las preguntas que le formulamos y a las dudas que
tenemos, en que dar una solución justa y objetiva a miles de dignos y
entregados empleados públicos que durante años han acreditado su mérito y
capacidad mejorará, no me cabe la menor duda, la calidad de los servicios
públicos con plantillas más estructuradas y consolidadas, sin coste
significativo para las arcas públicas, que esto es muy importante.

En relación con las otras dos cuestiones que ha
planteado, estamos absolutamente de acuerdo en que hay que ahondar en la
reforma de la organización administrativa, que tiene que ser eficaz y
ágil. No puede ser que, por ejemplo, doscientos inspectores y
subinspectores de trabajo lleven dos años, desde que sacaron la
oposición, sin destino, con lo útiles que podrían llegar a ser. Aceptamos
por completo y me parece muy innovador —y en ese sentido, señor
ministro, puede contar con este humilde senador, en todo, por supuesto,
porque estamos para dialogar y para llegar a acuerdos— lo que ha
comentado respecto al acceso a la Administración pública, porque hay que
darle una vuelta por completo.

Muchas gracias por su atención y espero que atienda
nuestras dudas y nuestras peticiones. Nos tiene, para lo que usted desee.
Muchas gracias también al presidente por el exceso de tiempo que me ha
permitido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Ciudadanos, la senadora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias.

Buenos días y bienvenido de nuevo, señor ministro.
Señor Iceta, uno de los asuntos más acuciantes pero con más difícil
solución es el del abuso de la temporalidad en la Administración pública,
al que ya nos hemos referido anteriormente. Este problema no es nuevo,
efectivamente, lleva décadas produciéndose y es un tema muy sensible, con
verdaderos dramas detrás de personas que llevan toda la vida trabajando
en la Administración y ahora se enfrentan a la posibilidad de perder su
empleo, muchas de ellas con una edad ya cercana a la jubilación, con
cargas familiares y con difícil solución.

Usted, señor ministro, decía en prensa que se
comprometía a reducir drásticamente la temporalidad en el empleo. Hoy le
he escuchado decir que de forma sustancial. Lo que nos gustaría saber
exactamente es cuánto es ese drásticamente o cuánto es ese de forma
sustancial, o sea, en qué medida, a qué nivel o a qué grado, cuándo
piensa llevar a cabo esa reducción y cuándo podremos ver las
consecuencias o los efectos de su política en este sentido.

En su comparecencia en la Comisión de Entidades
Locales, hice alusión a otro problema que también surge aquí y es que la
propia Administración es la que crea el problema y, sin embargo, aun
incurriendo en irregularidades, en incumplimientos y en ocasiones incluso
en fraude de ley, vemos que tampoco hay consecuencias para la
Administración. Entendemos que usted sabe ya las consecuencias para una
empresa privada cuando incurre en este mismo caso con respecto a los
trabajadores. Yo no sé cuánto piensa usted que tarda la Administración en
sancionar a una empresa que esté abusando de los contratos temporales.
Desde luego, tarda bastante poco. Por tanto, no entendemos ni vemos
lógico que se exija a las empresas algo que no se está exigiendo a las
administraciones, y nos gustaría saber también qué va a hacer usted para
fiscalizar el trabajo que están haciendo las administraciones y de qué
forma va a asegurar que sigan cumpliendo con esto.

Ha hablado usted también de la Ley del estatuto
básico del empleado público. Ha dicho que se va a reunir con los
sindicatos y con las comunidades autónomas, y nos gustaría saber con qué
representantes sindicales se va a sentar para trabajar sobre esta ley,
porque pensamos que hay sindicatos que se consideran minoritarios, que no
son escuchados y que muchas veces también tendrían que ser tenidos en
cuenta.

Y voy a pasar ahora al tema en el que me quería
centrar y que me preocupa especialmente. Ha hablado usted de su
compromiso —de hecho, así ha comenzado hoy su intervención—
con los servidores públicos. Me gustaría saber qué opina sobre la
decisión de la Generalitat de no vacunar a guardias civiles y policías y,
sobre todo, qué medidas va a tomar su Gobierno contra la Generalitat.
Hoy, hablando de su compromiso con los servidores públicos, le estamos
dando la oportunidad de que muestre usted ese compromiso. Este es un
problema serio. Estamos hablando de la seguridad de nuestra Policía y de
nuestra Guardia Civil y también de la seguridad de sus familias.
Consideramos que esta es una nueva humillación a un colectivo que,
sinceramente, no se lo merece, que son los primeros que están cuando se
les necesita. Ha dicho la ministra Darias que el Gobierno los va a
vacunar ante el incumplimiento de la Generalitat, pero queremos saber qué
medidas van a tomar contra la Generalitat. ¿O no piensan tampoco tomar
medidas contra quienes incumplen? ¿Se imaginan que cualquier otra
comunidad autónoma hubiera decidido, de repente, dejar de vacunar a los
mayores o a los sanitarios? ¿Se imagina usted que la Generalitat se
hubiera negado a vacunarle a usted simplemente por el hecho de ser
ministro? Porque a usted sí le han vacunado sin pertenecer a un sector
esencial, sin entrañar riesgos su profesión. Imagínese eso, imagínese
que, de repente, la Generalitat decide que no va a vacunar a ningún cargo
del Partido Socialista. Pues sería una discriminación. Entendemos que es
una discriminación. Y tampoco podemos dejar pasar que no se esté
vacunando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, en Cataluña, y
tampoco podemos dejar pasar que ustedes hagan la vista gorda y asuman esa
competencia que debería estar asumiendo la Generalitat, sin ningún tipo
de consecuencias para la Generalitat.

Hay ciertas cosas, señor Iceta, que, sinceramente,
no se pueden permitir. Y si la negativa de la Generalitat a vacunar
hubiera sido sobre cualquier otro colectivo, estoy segura de que ustedes
ya habrían actuado. Quisiera saber por qué no se le está dando
importancia a este asunto, por qué no están tratándolo como debieran. Y,
si no toman medidas contra quienes no solo discriminan a nuestras fuerzas
y cuerpos de seguridad, sino que además están incumpliendo sus propias
competencias, están ustedes dejando la puerta abierta a que cualquier
comunidad autónoma, en cualquier momento, lo haga; habrán creado ustedes
un precedente y, por tanto, tendrán que asumir la responsabilidad de que
esto se repita. Si quiere datos, se los he traído. Sé que la Policía y la
Guardia Civil le han enviado una carta y supongo que la habrá recibido.
Dice: Policías y guardias civiles exponen ante Iceta las cifras de la
vergüenza: solo el 15 % de los agentes han sido vacunados en Cataluña
frente al casi 80 % que ha sido vacunado a nivel nacional. La diferencia
es grande y me gustaría saber concretamente eso, no solo que ustedes van
a vacunar a la Guardia Civil y a la Policía, sino qué consecuencias va a
tener para la Generalitat.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, el señor Cervera
Pinart. Veo que el señor Clavijo no está, así que tiene usted todo el
tiempo.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon
dia, ministre, i benvingut de nou.

Señorías, hemos empezado teniendo un recuerdo para
todas las personas fallecidas durante esta crisis sanitaria y mostrando
nuestras condolencias a sus familias. Igualmente, en el Grupo
Nacionalista queremos aprovechar para trasladar nuestro apoyo a todas las
personas que aún están afectadas por el virus o por sus consecuencias
sociales y económicas y, una vez más, queremos mostrar nuestro
agradecimiento a los que están y han estado dándolo todo para minimizar
los efectos de esta pandemia y para hacérnosla más llevadera. En
especial, y hoy aquí en esta Comisión, queremos transmitírselo a todos
los funcionarios y trabajadores públicos de todas las administraciones,
de todos los sectores y en cualquier situación contractual, porque, a
nuestro entender, la situación generada por la COVID ha obligado a todas
las administraciones a impulsar medidas con dos objetivos: primero,
garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores públicos, no
siempre con éxito, en especial durante la primera etapa del período de
pandemia, y segundo, garantizar la prestación de los servicios públicos.
En este sentido, todas las administraciones han debido dotarse de los
planes y herramientas adecuados para poder prestar estos servicios, los
esenciales para hacer frente a la pandemia y los no menos esenciales para
responder a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Y sabemos que todas las administraciones han
respondido con todos sus recursos, en especial la Administración Local,
la Administración, como siempre decimos y es cierto, más próxima y la que
a menudo da la primera respuesta a sus vecinos. Es una administración que
conozco bien y que, como le decía, siempre responde con todos sus
recursos, pero no con los recursos suficientes ni los recursos materiales
ni, sobre todo, los recursos humanos. Y coincido en que podemos atribuir
la culpa de esta falta de recursos humanos a las rigurosas limitaciones
para las contrataciones indefinidas que, mediante la legislación básica y
estatal, impulsó el Partido Popular y a la reiterada imposición por parte
de la Administración General de estrictas tasas de reposición de
efectivos. En muchas ocasiones, las vacantes que la legislación estatal
impedía ofertar para su ocupación estable se cubrieron mayoritariamente
con personal interino, porque era evidente que lo realmente importante
era preservar y garantizar estos servicios públicos, y en esto
coincidimos.

Esta situación, como sin duda saben bien, ha
provocado un incremento de la tasa de temporalidad y, a la vez, ha
colaborado, como también nos decía el ministro, en el envejecimiento de
plantillas. También ha confirmado, una vez más, la falta de soberanía de
las administraciones locales y autonómicas para tomar sus propias
decisiones. Ante esta situación, es evidente que el Estado se vio
obligado a autorizar precipitadamente tasas de reposición adicionales,
conocidas como de estabilización y consolidación, pero todos sabemos que
son insuficientes y que estos procesos no siempre responden a las
necesidades de los trabajadores temporales de las administraciones.

Ayer pudimos escuchar a los representantes de la
Coordinadora Estatal del personal público temporal en este mismo espacio,
y hoy le hemos podido escuchar a usted, ministro, hablar de la
importancia de los servidores públicos y de las condiciones adecuadas que
necesitan para prestar servicio. Y quería preguntarle si considera usted
que los 800 000 trabajadores temporales de las distintas administraciones
tienen hoy estas condiciones adecuadas garantizadas.

No voy a ahondar en la exposición de la situación
general de estas personas, porque el senador Sánchez-Garnica ha enmarcado
perfectamente la situación, pero sí que es cierto que usted ha reiterado
que quieren solucionar el problema de la temporalidad. Y creo que en esto
coincidimos todos.

Sí que queremos preguntarle, como representante del
Gobierno, qué soluciones proponen, porque lo que genera inquietud en el
colectivo, en muchas ocasiones, son las soluciones previstas por las
distintas administraciones, son estos procesos de estabilización que hay
abiertos en estos momentos. Nos gustaría conocer más detalles y los
tempos de esta solución que el Gobierno tiene para estas personas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
falta un portavoz, así que los diez minutos se repartirán entre los dos
presentes, cinco cada uno. (El señor Mulet García pide la palabra). Señor
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Nos habían indicado que eran
ocho minutos por peticionario.

El señor PRESIDENTE: No, los diez minutos que tiene
todo el grupo se repartían entre los tres solicitantes de comparecencia.
Al faltar el senador Chinea, son cinco minutos cada uno, pero soy
flexible con el tiempo. ¿Quién empieza?

La señora GONZÁLEZ MODINO: Empezaré yo, si le
parece bien, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por supuesto.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Muchas gracias.

Buenos días, señor ministro. Bienvenido. Soy yo
quien quiere hablar, como si fuera del fútbol, del asunto menos
importante entre los asuntos importantes que usted tiene hoy en cartera.
Evidentemente, el asunto importante es el de la función pública, sin
ninguna duda, el de la situación de las miles de personas, de
trabajadores y trabajadoras públicos, que han estado dando todo lo que
estaba en su mano durante esta pandemia y que tienen unas situaciones que
resolver. De eso ya han hablado otros portavoces y hablará mi compañero,
el señor Mulet.

Yo vengo a hablar del pacto antitransfuguismo,
señor ministro. Sé que es un tema incómodo y sé que es un tema menor
—insisto— comparado con la otra razón que le trae a usted hoy
aquí, que reconozco que esa sí es prioritaria. Es la tercera vez que
hablo de este tema, la primera a instancias mías, y espero que sea la
última. No tengo ganas de que estemos hablando de los problemas de los
políticos cuando estamos aquí para hablar de los problemas de los
ciudadanos, pero es que hay una cuestión muy grave.

Y si he solicitado su comparecencia para hablar de
este tema, no es porque le haga a usted responsable de nada, en absoluto,
sino porque creo que usted puede ser parte de la solución del problema.
Por eso la he solicitado.

Estamos en una democracia representativa; yo
entiendo que representar a la ciudadanía es un honor y una tarea de
servicio público que hacemos voluntariamente, y quien utiliza esa
representación de la ciudadanía en beneficio propio o con fines
partidarios o fines personales merece un absoluto reproche del conjunto
de la sociedad y del conjunto de las fuerzas políticas. Ese es el origen
de un pacto de Estado, y es que estamos hablando de un pacto de Estado,
señor ministro, que preside, efectivamente, la Comisión de seguimiento,
la persona que ostenta la cartera ministerial y que convoca —y esta
es la clave— las sesiones de la Comisión de seguimiento. Yo formulé
una pregunta escrita al Gobierno, y su antecesora me respondió en estos
términos, y usted ha dicho algo muy similar, con lo cual creo que estamos
de acuerdo.

Hay un problema fundamental que tiene que ver con
el transfuguismo, no con quienes son tránsfugas, que tienen todo el
reproche del mundo, y ahora hablaremos sobre cómo se define quién es
tránsfuga. El concepto tránsfuga se ha utilizado para aplicárselo a
quienes no lo son. Usted ha dicho que hay casos muy relevantes en este
momento.






En Murcia, ¿verdad? Pues antes los hubo en Andalucía. Han creado
un grupo de proscritos, porque ni siquiera son no adscritos; un grupo de
proscritos. Vinieron a plantear una especie de compadreo; dijeron a
representantes del Partido Socialista: «A ver si arreglamos lo del sur».
No sé si se referían a Ushuaia o a Ciudad del Cabo, porque ni siquiera
tuvieron la dignidad de nombrar a Andalucía. Pero ese compadreo de «A ver
si arreglamos lo del sur» es muy parecido a «Esto lo arreglamos en la
Fiscalía», es poner el Estado a un servicio particular, propio,
partidario, y es lo que ha ocurrido, señor ministro. Yo no sé cuál es el
caso de Murcia; sé, como ciudadana, lo que hemos visto en los medios de
comunicación, y habrá que tomar decisiones contra personas que han
alterado una mayoría, que han obtenido una prebenda o que han impedido la
formación de un Gobierno; alguna causa objetiva para el tema del
transfuguismo. Pero cuando no se ha cambiado ninguna mayoría, no se ha
impedido ninguna acción de gobierno, no se ha obtenido ninguna prebenda,
¿por qué a alguien se le declara tránsfuga? ¿Por qué, señor ministro? Es
que no tengo a nadie más a quien preguntar, solo al presidente de la
Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra el transfuguismo, que
es usted, señoría. Y lo hago porque creo que probablemente haya una
solución a esta cuestión: que congele la tercera adenda, la maldita
tercera adenda, que dice en el primero de sus acuerdos lo siguiente: «Se
entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y
estatales que, traicionando al sujeto político...» ¿Sujeto político? El
sujeto de derechos políticos es la ciudadanía, señor ministro; los
partidos somos instrumentos, no sujetos de derechos políticos. El derecho
de representación reside en la ciudadanía. Y sigue: «... a los
representantes que hayan abandonado su grupo, hayan sido expulsados o se
aparten del criterio fijado por los órganos competentes».

Señoría, con este texto los diputados socialistas
que votaron en contra de la investidura del señor Rajoy serían
tránsfugas. No lo digo yo, no es esa mi posición, es lo que dice la
tercera adenda del Pacto contra el transfuguismo. Por eso creo que usted,
que preside esta comisión, tiene la capacidad de congelar esta aberración
—este es el derecho penal del enemigo, señor ministro, que tiene
consecuencias jurídicas—, creo que tiene la capacidad de congelar
esta situación y convocar de nuevo a una cuarta adenda. ¿Expertos? Los
tiene todos: los servicios jurídicos del ministerio, los servicios
jurídicos de las cámaras legislativas, los servicios jurídicos de todo el
Estado. Esos sí son expertos y no las personas nombradas a dedo porque
tienen un carnet.

Se acaba el tiempo, pero, insisto, señor ministro,
mi exposición quiere dar una solución a este problema. Sé que ahora es
muy mal momento, porque con todo lo que ha ocurrido en Murcia ahora es
imposible que se pongan de acuerdo ustedes y el Partido Popular, y si
ustedes y el Partido Popular no se ponen de acuerdo, no hay acuerdo
antitransfuguismo. Pero, al menos, limiten el daño. Ya solo me queda una
esperanza, que es el Tribunal Constitucional ante quien mis compañeras y
compañeros han recurrido, y está cerca el tiempo en el que el tribunal se
pronuncie sobre si admite o no a trámite el recurso.

Usted ha dicho al inicio de su comparecencia que
aceptaba propuestas. Yo vengo con una propuesta, señor ministro, y con la
mejor voluntad para que esta sea la última vez que yo tenga que hablar de
esto; porque, además, me duele; cada vez que hablo de ello, me duele. La
propuesta es que convoque usted de nuevo a los representantes de los
partidos políticos y que, por consenso, como ha venido funcionando,
afortunadamente, hasta ahora esta Comisión de seguimiento —también
está incluido en la respuesta del Gobierno—, se pueda hacer una
cuarta adenda en la que los servicios jurídicos, la Abogacía del Estado o
quienes ustedes quieran contemplen las causas objetivas para ser
declarado o declarada tránsfuga. Si no hay causa objetiva, lo demás es
estalinismo, señor ministro, y eso es lo que están sufriendo mis
compañeras y mis compañeros en Andalucía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora González
Modino.

Tiene la palabra el señor Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor
presidente.

Pregunté por el formato que tendría esta comisión,
y el día 19 a las doce y media recibí un correo del señor letrado
informando de que, una vez visto el tema con el presidente de la
comisión, quedaría así: No habrá turno de grupos, sino que cada uno de
los tres senadores de Izquierda Confederal, la señora González Modino, el
señor Chinea Correa y yo mismo, tendríamos siete minutos en un primer
turno y dos minutos en cada turno de réplica. Por ello habíamos preparado
intervenciones ateniéndonos a esos siete minutos; si luego se ha cambiado
el criterio, no me consta que se haya comunicado. De todas formas, he
visto que la Presidencia es flexible y que hay grupos que se han excedido
del tiempo, pero intentaré ceñirme a los siete minutos.

En primer lugar, quiero saludar a todas las
interinas e interinos que están siguiendo con mucha atención está
comparecencia, que, como usted sabe, ha generado mucha expectativa.
Incluso hay gente aquí, en esta Cámara, que está siguiendo con atención
sus palabras desde diversas salas; entre ellas hay cuatro personas que
están haciendo huelga de hambre, algunas llevan más de dos semanas
haciéndola. Cuando una persona se pone en esta situación de riesgo es
porque realmente ve atacados sus derechos básicos y porque no ve
respuesta política a una solución que entendemos que tiene que ser
política. Al igual que ayer vinieron más de 40 interinos e interinas aquí
a exponernos su caso, hoy hay muchísima gente que está siguiendo esta
sesión en directo desde sus domicilios y también en esta Cámara para ver
qué respuesta da usted.

Entrando ya en su intervención, quiero agradecerle
que haya venido y que haya anunciado algunas medidas. Coincidimos con
parte del análisis. Tantos años de política neoliberal aplicada por el
Partido Popular, pero también por el Partido Socialista, han vendido el
mantra de que la solución para la Administración es aligerar el peso de
esa Administración pública. Se han provocado externalizaciones, que es el
eufemismo utilizado para hablar de privatizaciones, que ha supuesto que
haya trabajadores con menos derechos, con más coste al final para las
arcas públicas, generando un capitalismo de amiguetes y de negocios
alejados de lo público. ¿Qué ha hecho este Gobierno, del cual usted forma
parte, para derogar las políticas austericidas que han venido ahogando a
ayuntamientos y comunidades autónomas? Pues no ha hecho prácticamente
nada. Yo provengo de una comunidad autónoma que está ahogada
económicamente, donde parte del acuerdo de investidura con su Gobierno
era una reforma del sistema de financiación para que podamos cumplir con
nuestras obligaciones, pero esa solución todavía ni está ni se la espera.
Este ahogo, estas políticas austericidas que ustedes no han derogado
todavía han generado incapacidad en las administraciones para hacer
políticas sociales valientes y necesarias. Eso que ustedes mantienen
todavía es cochambre neoliberal. Ustedes continúan con el mismo esquema
que el PP, con la misma legislación que Montoro y que Rajoy. Por eso
pedimos que eliminen ya la tasa de reposición.

Estamos en una crisis sanitaria y social sin
precedentes, y el sector público, como usted ha reconocido, ha demostrado
que es imprescindible y vital, y hay que darle una solución pensando en
la realidad que vivimos, y no con los mismos esquemas austericidas de
hace años, que ahogan a las administraciones públicas, limitan el alcance
de las ofertas de empleo público, lastran y precarizan la función pública
y maltratan y permiten que se continúe maltratando a buena parte de los y
las empleadas públicas. La tasa de reposición ha provocado escasez de
recursos humanos en la Administración pública, ya que las personas que se
incorporan ni siquiera igualan a las que se jubilan. Hoy más que nunca
urge revertirlo. Con menos personas trabajando en la Administración
difícilmente puede mejorar la calidad del servicio, y en un momento de
emergencia como este es necesario más que nunca contar con unos servicios
públicos de calidad para tramitar en tiempo y forma políticas valientes
como las que estamos haciendo en la Generalitat Valenciana, como la renta
valenciana de inclusión. Necesitamos manos, necesitamos gente trabajando,
necesitamos gente para llevar a cabo políticas valientes, para
transformar día a día la realidad, como intentamos hacer en la
Generalitat Valenciana. Y aprovecho para recordar a la portavoz de
Ciudadanos que hay más que una Generalitat, porque, cuando ataca de forma
continuada a la Generalitat, no sabemos a cuál se refiere. Hay que hablar
con propiedad y atenerse a lo que es justo. Generalitat hay más de una en
el Estado español.

Necesitamos, como decía, más manos, más gente
trabajando para esa pequeña revolución que está intentando llevar
adelante nuestro Gobierno de la Generalitat Valenciana. Por eso
insistimos en que se elimine la tasa de reposición hasta que haya un
porcentaje aceptable de interinos, un número sensato y no desbocado y
abusado, como el que estamos sufriendo, y ustedes reconocen. Hagan un
plan de choque. Nuestros gobiernos autonómicos se esfuerzan en dar
solución, pero mientras las leyes estatales no se cambien, tienen un
serio problema: han de resolver el abuso de la temporalidad. Coincidimos
en el análisis, pero sus propuestas tampoco han quedado muy claras.

Apelamos a la creatividad del ministro, ya
contrastada, para que presente una solución, que sabemos que no es fácil,
pero es obligación de su Gobierno. Urge una reforma del Estatuto Básico
del Empleado Público, sí, pero que sea valiente y no superficial. No
estamos en el siglo XIX ni en el XX, estamos en el XXI, en medio de una
pandemia y urge reforzar el sistema público. Los gobiernos, del primero
al último, no han cumplido; no han solucionado una situación que se ha
venido enquistando.

Hay que ver cómo se traspone la directiva europea
que pide atajar la temporalidad en el Estado español. Muchos
ayuntamientos se pueden arruinar con indemnizaciones o con batallas
legales internas, y pensamos que acudir a los tribunales no es la
solución. El Estado tiene que ayudar a las administraciones a convocar
plazas, a cubrir vacantes y a estabilizar los trabajos públicos, y no
dejarlo a debates en mesas de negociación; que se debata y se negocie
ayuntamiento a ayuntamiento o pueblo a pueblo. Se ha de limitar al máximo
el porcentaje de la temporalidad —usted ha apuntado algo al
respecto—, acabar con la existente y dar respuesta a los y a las
abusadas, dar respuestas a todas y cada una de las personas en situación
de abuso.

Nosotros presentamos también aquí, en esta Cámara,
una moción, que salió adelante a pesar del voto en contra de su partido,
que planteaba una solución a las personas en fraude de ley, con la Ley de
excepcionalidad que contempla el artículo 61.6 del EBEP. Asimismo
hablábamos también de la reforma del EBEP, con una propuesta de máximos
abierta a modificaciones. También presentamos en esta Cámara dos
propuestas de ley, que su Gobierno ha vetado, en las que se pedía un
análisis de las causas de la temporalidad, abrir un proceso de
consolidación y abrir un proceso de selección dentro del marco legal.
Estas dos propuestas fueron vetadas, insisto, por su Gobierno, porque,
según ustedes, suponía un gasto inasumible de 1,8 millones de euros,
algo, como digo, inasumible para el Gobierno, que se ve que trastocaba
tremendamente los Presupuestos Generales del Estado. Por eso fueron
vetadas esas dos propuestas de ley, por algo que, por otra parte, es
falso, porque eso no supone ningún gasto, sino un ahorro para la
Administración pública.

Hemos vuelto a presentar tres propuestas de ley,
para las que también esperamos el veto de su Gobierno. Nosotros no les
decimos cómo tienen que hacerlo, solo les pedimos que hagan, que den
respuestas. Digan ustedes, como Gobierno, cómo piensan hacerlo, cómo
piensan dar solución a las personas interinas abusadas. En la solución
hay que implicar al Gobierno, a los gobiernos autonómicos, a los
ayuntamientos, a los técnicos, a organizaciones representativas. Usted
hablaba de los sindicatos, pero hay mucho más allá de los sindicatos. Hay
gente que no está en los sindicatos; hay sindicatos minoritarios; hay
plataformas; hay grupos organizados de personas interinas. No se olviden
de ellos a la hora de buscar esa solución.

Preguntas que le haríamos: si está trabajando en
una consolidación respecto al colectivo de secretarios interinos y
tesoreros que desempeñan sus puestos de trabajo de forma interina en
entidades locales cuya tasa de interinidad llega al 40 %. Si tiene planes
de consolidación de este colectivo de interinos cuya selección es
competencia exclusiva de la Administración General del Estado y que
desempeñan una función esencial a nivel presupuestario y de gestión de
subvenciones en los municipios de la llamada España vaciada. ¿Cuál es su
valoración, ministro, sobre la medida adoptada por el Parlamento de La
Rioja para consolidar al personal interino del propio Parlamento? Nos
preocupa qué solución propone. ¿Propone indemnización?, ¿propone
convocatorias de OPE?, ¿propone paralizar las OPE en marcha?, ¿propone
mandar a la gente a la calle?, ¿propone hacer fijos a los interinos
abusados?, ¿propone la fijeza?, ¿propone procesos abiertos o
restringidos? ¿Cómo piensa actuar ante las ofertas de OPE en marcha que
afectan a plazas ocupadas por interinos? ¿Qué hacemos con las personas
abusadas que han sido cesadas? ¿Plantean indemnizaciones disuasorias?
¿Cómo se va a responder a cada casuística de las personas abusadas? ¿Qué
entiende el Gobierno por abuso de la temporalidad?; ¿cree que existe o
cree que no? ¿Cómo cree que tienen que ser los contratos?, ¿se pueden
encadenar de manera ininterrumpida en la Administración pública?

Sabemos que es un asunto complejo, con muchas
aristas, con mucha casuística, pero presuponemos en usted mucha valentía,
originalidad e imaginación para llevarlo a cabo. Es complicado gobernar y
legislar, pero para eso estamos aquí; para eso nos escogieron y para eso
nos pagan, para solucionar los problemas y no perpetuarlos, por eso
esperamos que en su turno de respuesta aclare un poco más sus planes al
respecto.

Gracias por la paciencia que han tenido, tanto los
miembros de la Mesa, como el resto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mulet García.
Ha utilizado diez minutos y medio. Como ve, la flexibilidad de esta Mesa
choca un poco con su exigencia preventiva inicial.

A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Vasco, senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Ongi etorri, ministro jauna, eta zorionak zure
izendapen agatik. Aprovecho para felicitarle por su nombramiento y darle
la bienvenida a esta Comisión de Función Pública, sobre todo en esta
situación tan complicada y de incertidumbre provocada por la pandemia de
la COVID, con consecuencias sociales y económicas cuyo impacto todavía
desconocemos. En este sentido sí quería desearle suerte y aciertos en su
gestión.

Es agradable escuchar cuáles son los valores sobre
los que piensa inspirar su mandato: diálogo, negociación y pacto en un
Estado complejo, y lo enlazo con unas manifestaciones que realizó sobre
cuatro principios que iba usted a tener muy presente: el respeto a las
identidades diferenciadas; la solidaridad; la cooperación y la
gobernanza, y la mayor eficacia posible. Y compartimos también el
compromiso con los servicios públicos, con los y las empleadas del sector
público, a quienes agradecemos su labor en la pandemia. Pero no solo vale
con el agradecimiento; algo más tendremos que hacer, y de eso se trata,
sobre todo en esta comisión, porque, como le dijo mi compañero, el
senador Medina, bidea eginez egiten da, el camino se hace andando.

Y entrando ya en cuestiones más concretas, asume un
ministerio que ya lleva algo más de un año de andadura. Por decirlo con
un símil, asume un barco que ya estaba navegando, y nuestro grupo le va a
pedir algunos toques de timón —ya se lo pedíamos también a la
ministra Darias— para un cambio de rumbo. Y me voy a centrar en ese
cambio de rumbo en cuanto al empleo público, que además es la materia de
esta comisión.

Ayer en esta sala —lo han dicho otros
compañeros— tuvimos un encuentro las y los portavoces de esta
comisión con una delegación de interinos e interinas de todo el Estado,
que nos trasladaron y nos hicieron llegar su punto de vista. Nos hablaron
de la bolsa de la interinidad, que tiene cara, tiene cara de mujer; hay
más interinidad en puestos ocupados por mujeres que afectan a servicios
esenciales, cuidados, servicios sociales, sanidad y educación que están
en manos de las comunidades autónomas, en nuestro caso de las
diputaciones forales, y también de los ayuntamientos. Y nos trasladaron
su análisis jurídico, que se puede o no compartir, pero nos dijeron algo
que no parece muy descabellado: que tuviéramos en cuenta también, entre
todas las decisiones que se fueran a tomar, su propuesta sobre la
interinidad en la Administración pública. Lo que está claro es que existe
un problema, que se debe buscar una solución, que esta debe ser adecuada
y que no se debería esperar mucho más, puesto que el tiempo no hace sino
aumentar el problema. Para nuestro grupo, el problema no está en cambiar
la normativa para que, de cara al futuro, no se vuelva a reproducir la
situación. Esto es, evidentemente, algo que se debe hacer. Creemos que el
problema está en cómo se digiere esta gran bolsa de personal interino que
tenemos en las administraciones y cómo gestionamos esta asimilación con
los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque, a nuestro
entender, es el gran problema.

La realidad nos pone de manifiesto que las OPE
generan una gran insatisfacción entre el personal interino, porque
después de muchos años, las capacidades para enfrentarse a un
concurso-oposición son complicadas; se queda mucha gente atrás, gente con
muchos años de servicio —cinco, diez, quince, veinte y más años de
experiencia— y con talento, porque no solo las personas jóvenes
tienen talento; las personas algo más mayores también tenemos otros
talentos. El procedimiento de las OPE no va a permitir resolver el
problema, por lo menos a nuestro entender, de forma satisfactoria.
Creemos que hay posibilidades, que se están trabajando en el seno de la
Comisión de Coordinación del Empleo Público; creemos que se deberían y se
pueden dar soluciones valientes, respetando, claro, los derechos de todas
las partes, incluso los derechos latentes que pueda haber. Se trata de
una cuestión importante.

Nuestro grupo presentó a la Cámara Baja a finales
de diciembre una proposición no de ley que consiguió un gran consenso de
casi todas las fuerzas políticas, una iniciativa sobre la interinidad en
la Administración Pública, y aunque sé que la conoce, le reproduzco parte
de ella. Eran tres puntos: dentro del marco de la conferencia sectorial,
imputar con carácter urgente una reforma consensuada del EBEP; que
ofrezca respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y a la cláusula 5 de la directiva, y hacerlo con previo diálogo
entre las comunidades autónomas, la FEMP y las centrales sindicales.

Conoce nuestras propuestas: la inclusión de una
disposición transitoria en el EBEP a efectos de articular un proceso
extraordinario por una sola vez para la consolidación de empleo en grupos
de clasificación con altos porcentajes de interinidad; la eliminación de
las tasas de reposición —hablamos de las de 2002, pero están
desde 1997, lo que lleva el foco de la interinidad un poco más
atrás— como soporte a la aprobación de las OPE, y también cabría,
modificando el EBEP, habilitar expresamente a los parlamentos autonómicos
a regular procesos de consolidación de empleo temporal cuando concurran
elementos definitorios de alto porcentaje de interinidad. Y, muy
importante, si esto último no es posible, que el Estado se abstenga de
interponer recurso de inconstitucionalidad.

Como le digo, la respuesta debe ir más allá de
evitar en el futuro nuevas bolsas de interinidad; se trata de dar
respuesta a los problemas de las bolsas de interinidad de las
administraciones. Tampoco nos sirve de mucho decir que el Estado no tiene
interinidad o que tiene un 8 % de interinidad, como si esto fuera un
problema de gestión de personal de las comunidades autónomas y las
entidades locales, porque también hay que abordarlo desde las
competencias que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales
en los servicios que son esenciales; porque, no hace falta solo
declararlo: son servicios esenciales en manos de las comunidades
autónomas y servicios en los que no se puede no cubrir una vacante en un
momento dado, como ha dicho acertadamente; y sin eludir ninguna
responsabilidad, la que tenga cada Administración —nosotros no
solemos eludir las nuestras—, resulta que es una normativa básica
la que no permite, en la mayor parte de las ocasiones, dar una solución a
este problema.

Como le decía al principio, son unos toques de
timón para dar un cambio de rumbo al barco que ya está en marcha. En ese
camino de los valores de diálogo, negociación y acuerdo tendrá la mano
tendida de nuestro grupo para buscar una solución a este problema.

Sintiéndolo mucho, tengo que sustituir a una
compañera en una ponencia —usted conoce los parlamentos—, por
lo que si tiene algo que responder a lo que le he preguntado, lo
escucharé atentamente luego en la grabación.

Eskerrik asko, ministro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano
Varela.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Caminal
Cerdà.

El señor CAMINAL CERDÀ: Muchas gracias. Bon dia,
senyor ministre. Buenos días.

Seré breve, porque ya se han dado bastantes
argumentos sobre el problema que tenemos. Tenemos un problema y cuando
hay un problema es que la solución está en el aire, y a veces, el intento
de solucionar uno de estos problemas nos puede causar otro más grande.
Digo esto, porque el señor ministro nos ha hablado de los que se van a
jubilar, del aumento de la edad en cada colectivo, pero esta no es la
solución al problema, es el tránsito normal de generaciones, y se va a
arreglar solo una parte. El problema es cómo ordenamos los otros que
quedan: los interinos, los temporales o los que ya tienen plaza. ¿Qué
solución encontramos a los que son interinos de larga duración, que
llevan veinte, treinta, incluso cuarenta años como interinos? ¿Se les va
a hacer unas oposiciones especiales, para que luego se nos enfaden los
funcionarios de carrera, a quienes bastante trabajo les cuesta conseguir
una plaza también? La situación es muy delicada, porque estamos hablando
de situaciones que afectan a las personas.

Los recortes y las tasas de reposición de la crisis
de 2008 a 2012, la falta de oposiciones y los interinos —como
siempre, como comodín, como el repuesto permanente—, han puesto al
límite a las administraciones y sus servicios. Las administraciones
públicas pasan por uno de los momentos más delicados en décadas, dañadas
por los recortes generados como consecuencia de la restricción económica
y que afectaron a sectores tan vitales como la sanidad, la educación y
los servicios sociales, con la puntilla de la pandemia del coronavirus.
Por tanto, parece lógico que en sanidad tengamos una bolsa para nivelar
la demanda de esos servicios, porque se puede producir una emergencia,
como ha ocurrido ahora con la pandemia, y no la cubrimos. ¿Qué ha pasado?
Que hemos añadido a los funcionarios y trabajadores sanitarios una carga
laboral que es difícil de llevar. Al principio, con aplausos, parecía que
se iba normalizando esa tensión, pero no son aplausos lo que quieren;
necesitan unas condiciones extra por la situación extraordinaria que
hemos pasado con la pandemia.

En el mundo de la enseñanza pasa lo mismo. Toda una
generación se ha tenido que adaptar a un sistema de enseñanza diferente,
una enseñanza online. Los profesores han tenido que preparar las clases
de otra manera y los alumnos se han tenido que organizar de otra manera.
Con el tiempo veremos qué clase de estudiantes saldrán por esta crisis de
la pandemia del COVID.

Es evidente que el envejecimiento es otro factor
que puede ayudar, o no, a la resolución del problema. Es un dato
contrastado que está envejeciendo el mundo del funcionariado y no hay
repuesto, de momento, para que esto se pueda ir regulando.

Ante todo esto, no nos queda otra cosa que ponernos
las botas y empezar a ordenar el sistema, algo muy difícil, porque
llevamos años y años con el mismo problema de los interinos y de los que
se encuentran en fraude de ley, y no se solventa. Y fíjense que respecto
a los que se encuentran en fraude de ley, hay una sentencia de la Unión
Europea que solo hay que aplicar, pero no se aplica a los interinos, se
aplica a los empleadores, que es el Gobierno. Creo que tendríamos que
abordar todo esto con la voluntad de ir resolviendo problemas, porque si
no, tenemos a los funcionarios en la calle haciendo huelga.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Juan Pablo Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor ministro, sea usted bienvenido a la Comisión
de Función Pública del Senado. Le trasladamos nuestra felicitación por su
nombramiento, así como nuestro ánimo sincero de colaborar para sacar
adelante políticas en este ámbito, porque, al fin y al cabo, son las
políticas que repercuten sobre la eficacia y la viabilidad de unos
servicios, los públicos, que todos defendemos, que necesitamos a diario y
que contribuyen a vertebrar este país. Así se ha demostrado, una vez más,
pero con más fuerza que nunca durante esta pandemia. Los servicios y los
trabajadores públicos han sido esenciales para mantener este país a flote
en momentos muy difíciles, y aunque podamos diferir —que lo hacemos
y además profundamente— en cuanto a aspectos de organización y de
gestión, no lo haremos en cuanto al compromiso con unos servicios
públicos de calidad y eficaces al servicio de los ciudadanos.

Permítame que inicie mi intervención diciéndole que
tras escuchar su comparecencia hoy aquí, así como la que ofreció en el
Congreso hace algunas semanas, su discurso nos parece claramente
continuista respecto al de su predecesora. Continuista no solo en las
prioridades expuestas, lo cual no sería ni bueno ni malo en sí mismo,
sino continuista, porque no nos parece que haya aportado ninguna novedad
reseñable, ningún compromiso tangible ni ningún calendario que permita
concluir que su intervención ha respondido a las expectativas generadas.
Parece como si el tiempo no hubiera pasado en los diez meses
transcurridos desde que la señora Darias se dirigiera a esta misma
comisión, y eso nos puede llevar a concluir que poco se ha avanzado en
las líneas generales que se nos expusieron entonces; no diré que nada,
pero sí diré que poco. Los problemas no se solucionan, el tiempo pasa y
lo que entonces advertíamos como una ambigüedad más o menos calculada,
hoy se confirma como una falta de claridad a la hora de explicarnos cómo
pretende abordar las reformas que la función pública española requiere.
Se nos han hecho anuncios que más parece que quieren rebajar el nivel de
ruido sobre algunos temas que llegar a compromisos concretos.

En su primera comparecencia en esta Cámara en el
ámbito de la función pública, no le queremos hacer acreedor en la misma
proporción, de la falta de credibilidad que ha ido acumulando durante
años el Gobierno al que se ha incorporado; no sería justo. Pero resulta
evidente que va a tener que hacer mucho esfuerzo para revertir esa
impresión generalizada, y más en un ministerio que ha tenido tres
ministros en tres años, donde la estabilidad no parece ser una de sus
señas de identidad.

Usted ha expresado, señor Iceta, en distintas
ocasiones, y lo ha hecho también hoy aquí, que es una persona
comprometida con el diálogo y atento a los pactos adoptados en sede
parlamentaria. Pues bien, le informo de que en esta Comisión de Función
Pública, en los últimos meses se han aprobado mociones, en varios casos
con el apoyo de mi grupo, en otros con su representación, y siempre con
un altísimo grado de consenso en materias como: instar al Gobierno a la
adopción de acciones normativas y legislativas para consolidar a los
empleados públicos temporales; instar al Gobierno a diseñar un plan
estatal de cobertura de funcionarios habilitados nacionales, con especial
atención a la problemática de los pequeños municipios; instar al Gobierno
a la aprobación de un proyecto de ley de función pública; instar al
Gobierno a implementar el IV Plan de Gobierno abierto 2020-2024 o el III
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del
Estado. Es cierto, señor ministro, que usted se ha referido a alguna de
estas cuestiones en su intervención, pero ha hablado, por ejemplo, en
materia de plazos, con expresiones como: lo antes posible o plazos
razonables. Sinceramente, esperamos que en su segundo turno pueda
precisar un poco más.

Entrando en el ámbito de la temporalidad,
coincidimos en el diagnóstico de que la temporalidad en el empleo público
en todas las administraciones públicas, aunque muy divergentes entre la
Administración General del Estado, comunidades autónomas y entes locales,
alcanza unos niveles de volumen, frecuencia, intensidad y generalización
que no son aceptables. Coincidimos también en la necesidad de abordar
este problema desde posturas de carácter flexible, para que las medidas
que se adopten tengan efecto a medio plazo —no creemos en las
soluciones milagrosas ni automáticas— y con una eficacia tal, que
permita obtener resultados tangibles en todos los ámbitos de la
Administración, porque este es un problema transversal de todas las
administraciones y de todos los colores políticos.

Usted lo ha mencionado de pasada, pero yo no
quisiera entrar en el debate de las tasas de reposición. Es cierto que,
como concepto jurídico, se impusieron o introdujeron bajo gobiernos del
Partido Popular, pero no lo fueron por casualidad, sino como una
consecuencia directa de las políticas económicas de gobiernos
precedentes. Usted, en su intervención hoy aquí, ha hablado del
periodo 2012-2015. No sé si ha sido un lapsus o un cambio en relación con
lo que dijo en el Congreso. Allí puso como fecha clave 2008. En 2008 se
empezó la congelación de las ofertas de empleo público en este país.
En 2010 se aprobó un real decreto ley por el que se adoptaban medidas
extraordinarias que, entre ellas, hablaban de este tema y que
desembocaron en la reforma del artículo 135 de la Constitución. No creo
que haga falta que explique quién gobernaba y qué contenían aquellos
documentos. Así que seamos conscientes de que en muchas ocasiones las
circunstancias condicionan las decisiones de todos, también de ustedes y
de sus gobiernos. Si tan nocivas son las tasas de reposición, si tan
rechazables son como herramienta en materia de recursos humanos, han
tenido la oportunidad de suprimirlas en los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 y, sin embargo, no lo han hecho, han seguido estableciendo
límites a la cobertura de plazas fijas y al alcance de las ofertas de
empleo público. Los hechos a veces no se compadecen con las palabras,
pero créame que yo no soy partidario de volver a jugar partidos que ya se
jugaron hace años; creo que tenemos que jugar en el campo, con las reglas
y con el balón que en cada momento tenemos delante, que son los que
determinan cuáles son nuestras opciones de juego en cada momento, porque
hay que ser conscientes también de que ni la dimensión ni la percepción
social ni la percepción institucional del problema de la temporalidad son
iguales hoy a lo que eran hace diez años.

Creo que en esta comisión usted podrá comprobar que
existe una generalizada y clara voluntad de fondo para abordar un
problema como este. Estamos de acuerdo en que la temporalidad debe
analizarse y debatirse en el seno de la mesa general de negociación, pero
también lo estamos en que a usted y a su ministerio le corresponde
liderar la solución y hacer pública su propuesta en el ámbito
parlamentario, donde los diferentes grupos tenemos derecho a conocer y la
obligación de colaborar para encontrar una salida. La cogobernanza
—que usted ha equiparado en su intervención a técnicas federales de
hecho— no puede ser utilizada como burladero para la ausencia de
gobernanza o, lo que es peor, para un trato diferencial en según qué
territorio. La vacunación de guardias civiles y policías nacionales en
Cataluña es un claro ejemplo de que eso no se puede asumir, si entendemos
la cogobernanza como un proceso de lealtad institucional.

No solo por el carácter básico de esta normativa,
sino por la función coordinadora e impulsora que debe tener su
ministerio, le pedimos concreción y claridad sobre cuál va ser su
estrategia jurídica, sobre cuál va a ser la tramitación parlamentaria y
sobre cuál va a ser el calendario para hacer compatible la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias vienen a
reconocer que con el marco jurídico actualmente vigente, estos
trabajadores temporales al servicio de la Administración, que ocupan
puestos estructurales y cubren necesidades permanentes, precisan de una
protección jurídica adecuada.

En nuestra opinión, el problema de la temporalidad
en la Administración debe abordarse en dos niveles diferenciados. Por un
lado, evitando nuevas bolsas de temporalidad futuras que agraven el
problema y, por otro lado, afrontando la situación en la que se
encuentran los casi 800 000 trabajadores públicos temporales que llevan
años en esta situación. Usted, señor ministro, ha puesto el énfasis en la
reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero
eso suena más a una medida encaminada a evitar interinidades futuras que
a abordar la problemática de las presentes; tres años, nos ha dicho hoy,
como límite para regularizar jurídicamente el concepto de interinidad.
Tiene la oportunidad de explicarnos a todos los grupos parlamentarios y a
los propios interesados, que seguro que están muy pendientes de usted,
cuál es la estrategia del Gobierno para solucionar este problema.

Me gustaría hacerle algunas peticiones concretas,
por si en su segundo turno puede aclararlas. ¿En qué términos concretos
ha trasladado el Gobierno a la Mesa general de función pública cómo
quiere reformar el artículo 10 del estatuto? ¿Considera el Gobierno que
es necesario abordar de manera previa o paralela la reforma o la
adaptación de otras normas relativas a la contratación temporal en el
sector público? ¿Para cuándo prevé el Gobierno finalizar la reforma del
EBEP y, en su caso, las adaptaciones normativas complementarias que se
precisen?

En la última etapa del Gobierno del Partido Popular
se firmaron acuerdos para la defensa del empleo público que implicaban
procesos de consolidación, los últimos que se firmaron, señor ministro.
¿En qué estado de ejecución se encuentra el cumplimiento de estos
acuerdos de estabilización y qué actuaciones se están llevando a cabo
para su total ejecución? ¿Cómo piensan cerrarlos? ¿Tienen previsto firmar
acuerdos similares? Hoy ha hablado de un último y extraordinario proceso
de estabilización, y créame que si su objetivo era reducir la
incertidumbre o rebajar la inquietud de los interinos, probablemente,
cuando acabe su comparecencia estén mucho más preocupados de lo que
estaban. ¿Cómo se va a compatibilizar esa reducción efectiva de la tasa
de temporalidad con los principios de acceso a la función pública en
condiciones de igualdad, mérito y capacidad? Porque coincido con usted,
señor ministro, en que esa es una de las claves fundamentales de todo
este proceso y no se pueden generar expectativas que luego no se puedan
cumplir. Los partidos del Gobierno, al menos, deben ser prudentes con
esas cosas. Se puede interpretar de sus diferentes intervenciones que no
cree que pueda haber una consolidación o fijeza de oficio, ¿pero habrá o
no habrá oposición o concurso-oposición para consolidar puestos
temporales? Usted sabe también —aquí se ha dicho y ayer tuvimos una
reunión muy esclarecedora—






que estas personas implicadas en los
procesos de estabilización quieren que se paralicen, porque se están
poniendo en riesgo sus derechos. ¿Es usted partidario de esa
paralización?

Más allá de la cuestión de la temporalidad, señor
ministro —y abusando de la magnanimidad del presidente—, hay
otras cuestiones que aunque luego precisaré en mi segundo turno, creo que
es necesario abordar. Usted ha hablado de la nueva Ley de función pública
de la Administración General del Estado y la ha fechado para septiembre.
Déjeme que le diga que el 9 de marzo de 2020 ya se sometió, por parte de
la Secretaría de Estado de Función Pública, el anteproyecto de ley a
consulta pública. El Consejo de Ministros, en septiembre de 2020, ya
habló, dentro de su plan normativo, de que esta es una de las prioridades
del Gobierno. Parece, cuando menos, que esta norma, hasta ahora no ha
sido una prioridad para el Gobierno, y queremos creer en su voluntad,
aunque los precedentes no ayudan.

Nuestro grupo considera que esa ley es esencial, no
solo porque el EBEP ya la contemplase desde 2007, no solo porque haya
habido muchas comunidades autónomas que han legislado, y no así el
Estado, sino porque la consideramos esencial para una adecuada prestación
de los servicios públicos. Por ello estamos de acuerdo, no ya en iniciar
el proceso de tramitación normativa sino en continuarlo, y le anticipamos
que nuestro grupo parlamentario estará especialmente atento a la hora de
abordar aspectos que nos parecen esenciales: en primer lugar, en la
fórmula y requisitos de acceso a la función pública, si la cuestión de
las lenguas cooficiales se va a considerar requisito o mérito; la
regulación del personal directivo y eventual; un régimen de carrera
profesional y régimen retributivo transparente; los derechos y deberes de
los trabajadores; la temporalidad; la movilidad laboral y la posibilidad
de adscripción a distintos organismos en caso de situación de emergencia
o estado de alarma —el precedente del SEPE nos debe mover a
legislar en esa medida—; la igualdad; la conciliación de la vida
laboral; el teletrabajo —le anuncio, señor ministro, que en el seno
de esta comisión hoy mismo dará comienzo a sus trabajos una ponencia de
estudio sobre la transformación digital de la Administración General del
Estado, que para nosotros es mucho más que el teletrabajo. Espero que
salgan conclusiones interesantes—; las especificidades del
funcionariado en el mundo rural; la evaluación del desempeño y la
productividad; la edad de jubilación. Todo eso queremos que esté presente
en la Ley de función pública.

Usted ha hablado también de la necesidad de
rejuvenecer las plantillas públicas, dada su elevada edad media, 52 años
y medio, y el horizonte que marca su próxima jubilación de la mitad de la
plantilla. Creemos que eso no se resuelve solo con un plan de captación
de talento —nos ha dado algunas pinceladas, pero no ha
precisado—, que su antecesora resumió con la expresión de dar
charlas en universidades e institutos para explicar las bondades de la
función pública. Entendemos que hace falta algo más, y esperamos que
pueda ser más concreto.

En mi segundo turno hablaré de habilitados
nacionales, de transparencia y de otras cuestiones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Martín.
(Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, el señor Castellà Surribas.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Con la venia
presidente. Buenos días, señoras y señores senadores.

Buenos días, señor ministro. Benvingut a aquesta
comissió del Senat, que es el espacio donde intuyo que más y mejor va a
sintonizar con su dinámica de trabajo, no solo por su carácter de Cámara
territorial, sino especialmente por su vocación de Cámara de diálogo
articuladora de consenso, al permitir, más alejada de los focos de la
inmediata actualidad, un debate más sereno y con mayor amplitud de miras.
Si me lo permite, también una Cámara legislativa que es la Cámara de la
cogobernanza federalizante.

Permítame, señor ministro, que mis primeras
palabras, en nombre de todo el Grupo Socialista, sean para expresar
nuestro acompañamiento y solidaridad con todas aquellas personas que,
fruto de la pandemia de la COVID-19, han sufrido y sufren enfermedad, la
pérdida de sus seres próximos y queridos, así como la angustia y el miedo
derivados de esta situación y las tremendas consecuencias del aislamiento
social para la realidad económica y productiva y para nuestras formas de
relación y convivencia. Pero es justo que también las primeras palabras
fraternales vayan necesariamente acompañadas, una vez más, —y todas
son pocas— del reconocimiento a tantos trabajadores y trabajadoras
públicos que en la primera línea de atención a la ciudadanía han luchado
y luchan contra la pandemia y sus nefastas consecuencias y que han velado
por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar.
Permítame dedicarles hoy mi agradecimiento, con especial énfasis a los
trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE,
de los que me consta su duro esfuerzo en momentos tan complejos.
(Aplausos).

En este contexto, esta comisión de hoy ha de
convertirse de nuevo en un acto de agradecimiento y homenaje a los
empleados y empleadas públicos que durante la crisis han dado ejemplo de
compromiso con los diferentes colectivos, de profesionalidad, de calidad
y, en muchas ocasiones, de profunda solidaridad; empleados públicos que,
hay que recordar, sufrieron con especial contundencia, igual que otros
muchos ciudadanos, el abordaje austericida de la anterior crisis
económica: la reducción entre 2011 y 2017 de más de 160 000 empleos
públicos, la congelación o las bajas tasas de reposición, lo que comportó
un aumento de la temporalidad y un uso abusivo de ella, los problemas de
estabilización, la sobrecarga de trabajo y el estrés permanente, los
recortes salariales, la pérdida de condiciones laborales larga y
duramente conseguidas y, en definitiva, la desvalorización, cuando no el
desprecio y el desprestigio de su trabajo. Aunque algunos,
pretendidamente de izquierdas, digan que es lo mismo que con el PP,
saben, sabemos y saben los trabajadores y trabajadoras que no es así.
¡Vaya si hay diferencia!, y esta crisis lo ha puesto de manifiesto.

La intervención del señor ministro nos agrada
mucho, y no nos sorprende. Está en la línea armónica, como no podía ser
de otra manera, de la música de este Gobierno y de los grupos que lo
sustentan: una clara y contundente defensa de lo público; reconocer el
papel del Estado en una economía libre de mercado, como la que queremos
ser, para garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de la
ciudadanía; los servicios públicos como garantía de derechos —como
se ha dicho en reiteradas ocasiones—, como el patrimonio de
aquellos que no heredan y no tienen otro patrimonio; como garantía de la
igualdad de oportunidades, de la cohesión social y del bienestar de todos
los ciudadanos. En definitiva, como la expresión de lo que es y de lo
mejor que representa Europa; el milagro europeo que hoy, ante la
virulencia de la crisis provocada por la pandemia y cuyos efectos más
duros empezamos a intuir, aparece como la estructura y los cimientos
sólidos de este escudo social que ha levantado nuestro Gobierno para
garantizar el bienestar de todos; los servicios públicos como el
rompeolas de esta crisis, evitando el tsunami que llevaría por delante a
los más débiles y más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Pues bien, nuestras administraciones públicas,
nuestros empleados y empleadas públicas han superado con éxito la prueba
de esfuerzo, el test de estrés al que se han visto sometidos repentina e
inesperadamente con el confinamiento impuesto para frenar la crisis. Por
mucho que nos repitamos, serán siempre pocas las palabras de
agradecimiento y de reconocimiento de la conducta ejemplar, solidaria,
comprometida, profesional y del esfuerzo que han realizado nuestros
empleados y empleadas públicas. Podemos concluir que tenemos un gran
activo como sociedad y como nación en nuestro empleo público, del que
debemos sentirnos legítimamente orgullosos, conscientes de las
necesidades permanentes de modernización y de reforma, en especial
después del septenio negro que han vivido durante los gobiernos del
Partido Popular.

Hoy he llegado tarde porque he querido reunirme
previamente con las plataformas de interinos e interinas que nos
acompañan, aquellos que legítimamente se manifiestan hoy a las puertas de
este edificio. Hoy siguen esta sesión directa o indirectamente miles de
empleadas y empleados públicos temporales en fraude de ley, que, tras el
periplo que les lleva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
ven en la ejecución de esta sentencia la esperanza de poner fin a su
precaria inestabilidad. Desde el inicio, y es muy de agradecer, lo ha
dicho el ministro: es un sinsentido tener personal eventual y temporal
para puestos y tareas permanentes.

La interinidad generada por malas prácticas en
ocasiones, pero en otras, por las condiciones objetivas de unas duras
tasas de reposición y unas necesidades de servicio público, determinan
que hoy se tenga que dar una solución realista y satisfactoria con la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que no sea
factible dejar en manos de soluciones judiciales indemnizatorias la
situación de más de 800 000 interinos. La solución pasa, a mi entender,
por tres puntos o ejes básicos: en primer lugar, la solución tiene que
ser una solución, no es una reiteración; tiene que ser una solución
realista, no impugnable, acorde con nuestra Constitución.

En segundo lugar, la solución tiene que venir con
el diálogo necesario, imprescindible e inexcusable con las comunidades
autónomas y con las entidades locales. El problema está residenciado
principalmente en ellas y, por lo tanto, no puede el Estado imponer una
solución que cercene su autonomía, su margen de decisión; tiene que
posibilitar que cada cuerpo, que cada Administración, encuentre las
soluciones más adecuadas. Por ello, haberse activado la Mesa general de
la función pública con las comunidades autónomas y con la Federación
Española de Municipios y Provincias, de entidades locales, nos parece que
es la solución adecuada. Menciono dos colectivos de la Administración del
Estado por los que tenemos que tener una gran preocupación: los
funcionarios de habilitación nacional, secretarios de ayuntamientos e
interventores, que están haciendo un trabajo esencial, excelente, en
pequeños municipios especialmente, y los trabajadores del CSIC, también
con una alta temporalidad, dependientes del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

En tercer lugar, la solución que demos debe ser
honesta, no fuegos de artificio. Es una solución difícil, no se trata de
gritar en una moción: ¡fijeza ya! Hacer política requiere palabras
esdrújulas y frases subordinadas. (Aplausos). No se puede simplificar.
Hay que buscar soluciones complejas para realidades complejas. Huyamos de
la tentación de hacer del empleo público y de la función pública terreno
de guerra. Abandonen las malas praxis. Huyan del bulo de la exageración,
de la mentira, del generar miedo e incertidumbre. Guarden las cacerolas
en las cocinas y salgan a las calles a compartir el aplauso generoso de
nuestros compatriotas a sus servidores públicos y sean parte de una
solución compleja, allí donde gobiernen y allí donde participen en las
Cámaras parlamentarias. No es serio venir al Senado, cuando se gobierna
en autonomías y ayuntamientos, pidiendo fijeza ya, y estar sacando
oposiciones al día siguiente destinadas a expulsar a los interinos.
(Aplausos).

Es un gran acierto dedicar un eje del plan de
recuperación, transformación y resiliencia a la modernización de nuestra
Administración pública, hacer de la necesidad virtud, y en época difícil
de crisis, hacer de la transformación y modernización de nuestras
administraciones públicas el motor de la recuperación de nuestra vida
económica y productiva; poner la Administración como un tractor
complementario de la investigación, la innovación y el emprendimiento,
tractor de la creación de riqueza estable y sólida de las bases
estructurales de un nuevo futuro. La ciudadanía y los retos del presente
exigen que las administraciones públicas no se conviertan en trincheras
de intereses electorales a corto plazo, sino que encuentren un marco
estable de cooperación, de lealtad y de servicio conjunto a la
ciudadanía.

Modelos de gobernanza multinivel y cogobernanza son
la clave para abordar la calidad y la eficiencia de los servicios
públicos en un Estado compuesto y complejo como el nuestro y la
responsabilidad compartida y conjunta que todas las administraciones
tienen; cogobernanza centrando la acción política en el ciudadano. Igual
que en el proceso de Bolonia, las universidades explicaron que el centro
del proceso educativo pasaba a ser el estudiante y no el delirio y los
intereses del catedrático, también con la cogobernanza, el ciudadano se
sitúa en el centro de la acción política. No le expliquemos quién tiene
las competencias, no le expliquemos quién no está haciendo lo que le
toca, hagámoslo entre todos.

Es asimismo importante el avance hacia una nueva
ley de función pública, tantos años postergada, que permita el desarrollo
integral y cabal del Estatuto Básico del Empleado Público. Su talante de
diálogo y su voluntad participativa, sindical, social y ciudadana son su
garantía. Y es especialmente importante abordar el acceso a la función
pública en torno a los elementos configuradores del artículo 55 del
Estatuto Básico del Empleado Público. Los requisitos, el proceso
selectivo y la racionalización de los cuerpos deben ser los ejes de ese
debate. Es necesario tomar medidas proactivas para el rejuvenecimiento de
la Administración. La próxima década, como decía el ministro, podremos
ver renovados más de un 50 % los efectivos de empleados y empleadas
públicas. Todo un reto para una nueva cultura de servicio público y para
su formación. Nos constan los esfuerzos que está desarrollando el
Instituto Nacional de Administraciones Públicas con nuevos planes y
programas, así como el Instituto para la Evaluación de Políticas
Públicas, con una tarea seria, rigurosa, que seguro dará importantes
frutos en un futuro próximo.

Por último, permítanme referirme a la importancia
del IV Plan del Gobierno, que está en marcha, para hacer que el buen
gobierno, la transparencia y la transformación digital de nuestras
administraciones actúen como motor de esta nueva época que se está
inaugurando. Quiero agradecer la sensibilidad del ministro hacia el
pluralismo lingüístico, como no podía ser de otra manera. Algunos Estados
han regulado con una ley de lenguas estas realidades complejas.

Y quiero acabar señalando la importancia del
mutualismo administrativo de Muface, de Mugeju, de Isfas, que deben
seguir en la senda de avanzar en la digitalización, en la mejora de la
prestación de los servicios y en la respuesta integral a los
mutualistas.

Senadores, senadoras, hagamos del Senado la Cámara
que acompañe, con impulso y control, la modernización y la transformación
de nuestra Administración pública. Señor ministro, ha generado muchas
expectativas y esperanzas, pero, sobre todo, ha generado mucha confianza.
España necesita un ministro que se atreva a modernizar la Administración
pública y que piense en lógica federal, y sabemos que no es fácil, por
eso se lo agradecemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Castellà.

Para contestar a todas las cuestiones que han
planteado sus señorías, tiene la palabra el excelentísimo señor ministro
de Política Territorial y Función Pública.

El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA (Iceta i Llorens): Gracias, presidente.

Intentaré contestar a todas las cuestiones, aunque
prefiero decir casi todas para no generar una expectativa excesiva,
porque quizá algo quede en el tintero.

Señorías, quiero hacerles una reflexión general.
Todos hablamos de respeto, reconocimiento y aprecio por los empleados y
las empleadas públicos. Es lógico. En mi opinión, la mejor manera de
expresar el respeto y el reconocimiento es decir la verdad, explicar las
cosas como son y, por lo tanto, yo no sé si genero pocas o muchas
expectativas, lo que espero es no generar falsas expectativas. Y eso
viene al hilo de la parte inicial de mi réplica, que va a intentar dar
algunos datos. Pero quiero hacer un anuncio previo: no se tomen los datos
como un intento de derivar responsabilidades a otros ni de intentar
escurrir el bulto, porque este ministro hace suyo el problema de la
temporalidad en todas las administraciones, porque, en gran medida, la
solución pasa también por reformas y políticas que deben ser impulsadas
por el Gobierno de España. Por lo tanto, con los datos que doy ahora, lo
vuelvo a repetir, no intento rehuir una cuestión, ni muchísimo menos,
pero sí poner en perspectiva la cuestión.

Números, cifras. Temporalidad en las
administraciones públicas. Siguiente acotación: no toda temporalidad
necesariamente es abuso de ley. Hablamos de los interinos como un
colectivo muy homogéneo, y no es cierto: hay interinos que han accedido
mediante algún tipo de concurso, y hay algunos que no; hay interinos que
lo son porque accedieron a funciones que se estimaban temporales desde el
inicio, y otros que no, por lo tanto, a veces se hace difícil hacer estas
distinciones. Y ahora les hablo de temporalidad: comunidades
autónomas, 497 820; Administración Local, 70 103; universidades, 70 963;
Administración General del Estado y asimilados, 21 000. Todos decimos que
las comunidades autónomas a veces se han visto obligadas, particularmente
en los servicios de educación y de sanidad, a hacer una contratación
interina que probablemente no querían; hubieran preferido hacerla con
carácter de estabilidad. Es cierto, la normativa básica del Estado, las
limitaciones presupuestarias, la tasa de reposición obligan.

Ahora bien, y no voy a citar ningún nombre de
comunidad autónoma, como no he citado el nombre de ningún partido en mi
intervención, porque yo vengo aquí a dar una solución y solo puedo
hacerlo con todos ustedes y, por lo tanto, no diré cuáles, pero la
comunidad autónoma con menos temporalidad tiene un 28,49 %; la que más,
un 45,19 %. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, la legislación básica
afecta a todas por igual; la tasa de temporalidad afecta a todas por
igual; sin embargo, en algunos lugares se ha concentrado más temporalidad
que en otros. Yo solo quiero que lo tengan ustedes presente. ¿Qué ha
pasado en los últimos años, para no buscar las últimas cifras? Desde el
año 2011, la temporalidad era de un 25,34 % en las comunidades autónomas;
de un 7,9 % en la Administración General del Estado, y de un 6,73 % en
las entidades locales.

En el año 2020, la de las comunidades autónomas ha
pasado a ser un 36,66 %; la de la Administración General del Estado,
un 7,4 %, es decir, un poco menos, y en las entidades locales un 12,28 %,
casi se ha duplicado. Cuando llegué, seguramente leí mal una información,
que decía: El ministro Iceta tiene 800 000 interinos. Reuní a mi equipo
—pensaba que quizá me había equivocado al aceptar la
responsabilidad— y pregunté: pero ¿cuántos tenemos en el
ministerio? Me dijeron: no, en el ministerio no hay ninguno. Vamos a ver,
volví a preguntar: ¿quiere decir que en el ministerio no hay alguna
persona que esté ejerciendo de forma temporal su empleo? Me contestaron:
no, alguna hay, pero no están en fraude de ley, no están ejerciendo una
labor permanente desde un puesto de trabajo que no sea fijo. Eso sería lo
ideal, pero rápidamente me explicó mi equipo: Eso lo puedes hacer en tu
ministerio, pero no se puede hacer —lo ha dicho el senador de
Esquerra Republicana— en la sanidad. Por lo tanto, yo no voy a
comprometer un 0 % de temporalidad porque sería engañar a la gente. Lo
que sí digo es que ahora, que está entre el 30 y el 40 % en las
comunidades, vamos a llevarlo al 8 % y en un plazo razonable. Mi equipo
me insiste en que quizás soy demasiado optimista cuando hablo de tres
años, pero ese ha de ser el objetivo. Es verdad que, como dicen ustedes,
es más claro o más preciso en la solución a futuro que en la reparación
de los daños causados en los últimos veinte años. Senador del Grupo
Popular, cuando hablaba del 2012 y del 2015, solo me refería al hecho de
que, en esos años, se decidió que la tasa fuera del 0 %. No quiero que
encuentren en ninguna de mis expresiones un intento de derivar
responsabilidades o, como ha dicho su señoría con toda la razón, jugar
partidos que ya se disputaron. Ese es el pasado. Nosotros tenemos que dar
una respuesta para hoy y para a partir de mañana. Luego, cuando responda
al senador del Grupo Popular, relataré los compromisos temporales que he
asumido para que vean que quizá no he sido tan vago como él decía.

El senador Sánchez Guernica conoce muy bien el
tema, y me consta, por lo tanto, siempre es interesante escucharle. Mire,
tenemos más claro qué hacer para que no vuelva a suceder que cómo
arreglar el problema hasta ahora; es así. Tenemos una limitación nada más
y nada menos que constitucional, y ahora diré cosas que seguramente habrá
quien no le guste oír. No se puede hacer fijo por ley a un funcionario
concreto; no se puede. Alguien dirá: bueno, es su opinión. Sí, la mía y
la del Tribunal Constitucional. La senadora del Partido Nacionalista
Vasco no me podrá avalar ahora, pero el Gobierno vasco ha intentado
hacerlo en algunos casos con efectivos de la policía autónoma vasca, y el
Tribunal Constitucional ha dicho que eso vulnera los criterios de
igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto, la búsqueda de una solución
ha de ser una búsqueda encajable en nuestro marco constitucional, y si se
requiere, que seguro que sí, la modificación de algunas leyes, habrá que
modificarlas a través de los procedimientos que nuestro Estado de derecho
ha establecido; en consecuencia, también a través de un consenso político
amplio para que dentro de unos años —espero que sean muchos—,
cuando se produzca una alternancia, el nuevo Gobierno no se vea obligado
a revisar absolutamente todo lo que se haya hecho.

Efectivamente, la clave para que en el futuro no se
siga produciendo un fenómeno de estas características está en el EBEP. Si
me lo permite —ya sé que no soy muy riguroso desde el punto de
vista jurídico—, esa es la mejor trasposición de la directiva
europea que se nos ha ocurrido hasta la fecha. La directiva europea nos
dice algo en lo que todos estamos de acuerdo: la temporalidad no es de
recibo como regla general en las administraciones públicas, y es lo que
vamos a fijar por ley. Por lo tanto, va a haber una trasposición de esa
directiva.

¿Vamos a hacer un proceso de consolidación
extraordinario? Sí, vamos a hacerlo. Ahora bien, lo tenemos que acordar
con todas las administraciones, entre otras cosas porque la afectación a
unas y otras es muy distinta. No puedo ni debo ni quiero resolver por
decreto cuestiones que están en el ámbito de competencia de las
comunidades autónomas. Bienvenidos al Estado de las Autonomías, que es
casi todo lo contrario que lo que algunos llaman el mandarinato chino.
Pues no, aquí no podemos tomar decisiones en nombre de todos y para todos
sin atender a todos. Me ha gustado una cosa que ha dicho el portavoz del
Partido Popular porque es verdad, y es que la cogobernanza no puede
implicar desgobierno, despreocupación, llegar a decir: este bicho no es
mío, pero también es verdad que para decidir hemos de contar con
todos.

¿Cuándo vamos a hacerlo? Esta contestación servirá
seguramente para muchos de sus señorías. Nuestra idea es tener aprobada
en junio la propuesta de reforma, vía real decreto, del Estatuto Básico
del Empleado Público y acordado con las comunidades autónomas, los
ayuntamientos y los sindicatos el proceso, si me permiten, extraordinario
de estabilización. Si quieren llamarle plan de choque, pueden hacerlo
porque, efectivamente, las medidas que pretendemos acordar y desarrollar
suponen un verdadero plan de choque para atajar el problema de la
temporalidad. Pero, como les decía, no podemos hacer fija a la gente por
ley, ni podemos hacer concursos restringidos —digamos la
verdad— porque choca frontalmente con el criterio constitucional de
igualdad. Ahora, nadie nos impide valorar de forma muy especial el
conocimiento, la experiencia y haber trabajado durante un tiempo,
prolongado en algunos casos, en esa plaza a la que se quiere acceder. Eso
es otra cosa, pero, desde luego, no es un concurso restringido porque no
puede haberlo. Lo digo porque algunos, intentando ganarse el favor de las
personas que han sufrido ese abuso, prometen soluciones que no son
viables. Yo les digo que vayan con cuidado en el sentido de que en el
futuro seguramente alguno les dirá: oye, pero no nos habíais dicho
que…

La lectura de la legislación europea hay que leerla
y, si me lo permiten, entenderla. A mí, en algún caso, me costó un poco.
Lo que se dice allí es que hay que resolver el problema, pero queda claro
que ha de ser cada Estado miembro el que encuentre la solución. En
algunos casos —el senador Sánchez-Garnica se ha referido a
ello— puede ser vía indemnización. Pero indemnización no es fijeza;
indemnización es que se pone una compensación económica y aquí paz y
después gloria. Me consta que la inmensa mayoría de la gente que nos está
escuchando y los que se están manifestando no quieren esa solución,
porque la inmensa mayoría de ellos tienen una vocación de servicio
público que culmina en una estabilidad como empleados públicos, no en una
indemnización, pero es una solución. Si no tengo mal entendido, en Italia
se está empezando a utilizar en algunos lugares. Otros son procesos de
estabilización. Como ahora se me ocurre, se lo voy a decir. ¿Qué hemos
hecho nosotros con los que había en curso? Vía la Ley de presupuestos,
los hemos ampliado hasta finales de este año ¿Por qué? Porque no habían
culminado su objetivo. Y no valoró si en un determinado momento un
Gobierno consideró que esa era una vía, y tenía mayoría para hacerlo.
Probablemente, me atrevo a decir que si todo el mundo hubiera actuado con
diligencia, convicción y eficacia, se hubiera alcanzado el objetivo que
se pretendía, no digo yo que no. Por lo tanto, tendremos que valorar cuál
ha sido el cumplimiento, cuáles pueden ser los motivos por los que no se
hayan alcanzado los objetivos precisamente para, en el momento de
establecer ese último proceso de estabilización, evitar algunos
problemas. Todos hemos de aprender de la experiencia. No es para
echárnoslo en cara, sino sencillamente para demostrar que el progreso
existe, que aprendemos y que no queremos tropezar varias veces en la
misma piedra, sino que queremos saltar los obstáculos ¿Cómo se hace eso
sí? En parte, tiene que ver con el acceso.

Nosotros no vamos a frenar en seco, como se nos
pide —seguramente desilusionaré a una parte de sus señorías y a una
parte de quienes nos escuchan—, las ofertas públicas de empleo
porque creemos que no sería un buen servicio a la Administración; se lo
digo así. No quiero que dentro de unos años se diga: coño, vino Iceta,
paró las ofertas públicas de empleo, tenemos ahora más falta de
funcionarios, se han acumulado todavía más interinos y menuda gracia. No
quiero que pase eso. Las ofertas públicas de empleo se negocian con las
comunidades autónomas y las entidades locales. Por consiguiente, ha de
haber criterio en el momento de ver las cosas. Por otra parte, los
mecanismos de acceso pueden ajustarse a los criterios de la
estabilización. Por tanto, hay márgenes; cada uno tiene, en su margen de
competencia, alguna solución.

Se ha venido en convenir la idea del 8 %. Me parece
bien, no voy a discutir si es el 7, el 9 o el 10 %. Por lo tanto, aun
saliendo bien todo lo que estamos planteando, llegando a esos acuerdos
pasados esos tres años, va a seguir habiendo un porcentaje de
temporalidad en la Administración. Ahora bien, será porque así lo hemos
decidido, porque así lo precisan determinados servicios, como se ha
dicho, y porque evitamos la injusticia. Lo que también nos dice mucha
gente es que tengamos cuidado con el cambio de repente de las reglas del
juego, porque si a los que han estado preparando oposiciones ahora les
decimos que no las va a haber, no van a tener un buen concepto de
nosotros, permítanme que lo diga así. Por eso, repito, no todo empleo
temporal en la Administración, si me apuran, no todo interino está en
fraude de ley. El que entró por un determinado proyecto y, por lo tanto,
sometido a un plazo, entró con esas condiciones y lo sabía; en
consecuencia, de ahí no se pueden derivar otras obligaciones por parte de
la Administración. Lo que pasa es que yo creo —estaremos todos de
acuerdo— que la gran mayoría de quienes se manifiestan están en una
situación que, efectivamente, necesita una respuesta. Lo que les digo es
que con nuestra propuesta, si se acepta y somos capaces de acordarla con
los otros actores, vamos a conseguir en tres años una reducción drástica.
Pasar del 40 al 8 % es drástico. Ahora bien, eso no solo dependerá de una
decisión mejor o peor del ministro, sino de que haya un acuerdo político,
un compromiso de las administraciones y un esfuerzo de todos. Y también
han de preservarse los derechos adquiridos por otros. Como seguramente
ustedes las siguen más que yo, saben que en las redes empieza a haber
también una controversia. Probablemente, primero fueron a las redes
quienes querían reclamar legítimamente lo que consideran sus derechos,
pero es que ahora han salido otros que dicen: cuidado, que para acceder a
la Administración, la mayoría lo hemos tenido que hacer a través de unas
vías; por lo tanto, no hagáis ahora, con perdón por la expresión, mangas
y capirotes de lo que han sido las condiciones en las que entramos en la
administración.

Igualdad, mérito y capacidad, así está en la
Constitución. Seguramente, habrá quien diga: hombre, si no estuviera,
igual tendríamos más margen. No digo yo que no, pero lo que no voy a
hacer y nadie en esta Cámara debiera es desconocerlo porque no nos viene
bien. Se podrá preguntar: ¿por qué se puso así? Pues igualdad de todos
los españoles frente a la ley e igualdad en sus condiciones de acceso a
la Función Pública. Se quería acabar con la arbitrariedad, con la
discrecionalidad y, a ser posible, con el pongo a mis amigos. Mérito y
capacidad, ¡qué menos! Quien se dedica a la Función Pública tiene una
vocación de servicio público, pero tiene que cumplir con unos criterios
lo más objetivos posible para que en la función que quiere desarrollar
esté en condiciones de hacerlo.

Lo he dicho y lo repetiré cuando conteste a la
portavoz del Partido Popular, en mayo vamos a presentar la estrategia del
cambio en los criterios de acceso y los vamos a poder discutir porque
hemos de estar todos de acuerdo. Hay cosas en las que veo que estamos de
acuerdo. ¿Tiene sentido que la gente tenga que memorizar lo que se
encuentra en la Wikipedia? No lo tiene. Por lo tanto, vamos a intentar
que las pruebas, los criterios, acrediten unos conocimientos, una
experiencia, una vocación, una aptitud y una actitud. Vamos a intentarlo,
tendrá que ser el máximo objetivo posible. No puede ser que se haga ahora
porque nos parezca lo mejor y vaya ser muy discrecional.

Paso rápidamente a contestar a la senadora de
Ciudadanos, a la señora Ponce.






¿Cuánta reducción? Hasta el 8 %. ¿Cuándo?
Decisión en junio y desarrollo tres años. ¿Con qué representantes
sindicales se reunirá y pactará? Comisiones Obreras, Unión General de
Trabajadores, la CSIF, la CIGA y ELA-STV. Son los sindicatos que forman
parte de la Mesa la Función Pública por su representatividad. ¿Eso quiere
decir que no podamos escuchar a otros? No, claro que no, pero la
negociación se ha de producir en ese marco y con esa composición.

En cuanto a las vacunas, a mí me vacunaron porque
cumplí 60 años y eso ya no tiene marcha atrás. En Cataluña la Generalitat
decidió que convocaba a los mayores de 60 para ponernos AstraZeneca, y
estoy esperando ansiosamente que me pongan la segunda dosis; además, muy
bien organizado. Como no es un Gobierno en el que yo participé, creo que
aceptarán mi objetividad. Por eso me vacuné. Me hubiera parecido muy mal
no vacunarme, más en un momento en el que había quien quería poner en
duda la eficacia de algunas vacunas. Respecto a la vacunación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, el Gobierno se dirigió a la
Generalitat, el Gobierno de Cataluña nos dijo que habían tenido unos
problemas técnicos, entre otras cosa, por el cambio de criterios de
vacunación y de utilización de las vacunas. Los policías de más de 60
años se podían vacunar, pero los de menos no y teníamos demasiada
AstraZeneca en relación con otros sitios. ¿El Gobierno que hizo? Pues
dijo: si tú tienes ese problema, no te preocupes que me hago cargo y
vacuno. Me ha parecido que usted está más interesada en ver si reñimos a
la Generalitat que si en vacunamos a los policías. Nosotros hemos
decidido vacunar a los policías.

El senador Cervera se ha referido a que la
temporalidad no es homogénea. Estamos haciendo el conteo de personal
temporal porque yo, como les decía antes, cuando llegué eran 800 000;
cuando llevaba una semana sentado eran 600 y ahora nos están
saliendo 500 000. Pero es igual. ¡Si es un motón! ¡Si es demasiado! Si en
un colectivo de 2 millones, por redondear, de empleados públicos
fueran 500 000, sería muchísimo. Por lo tanto, lo que hemos de buscar es
un sistema que pueda atajar de forma drástica la temporalidad. Está en el
interés de todos. Por eso va a ser un proceso en el cual las comunidades
tienen mucho que decir. Primero, nos tienen que decir que están haciendo
su radiografía del problema de la temporalidad en cada comunidad
autónoma. Además, no solo es un número en términos absolutos porque si
estamos hablando de sanidad y educación estamos hablando de colectivos
concretos. También les diré —me parece que lo he dicho ya—
que hay interinos que entraron con algún sistema de selección. Nosotros
somos partidarios de convalidarlo porque no entraron —perdonen la
expresión y sobre todo que me perdone el personal— por la cara,
entraron ganándoselo, pero otros no. Por eso digo que, a veces,
utilizamos unos genéricos que pueden conducir a equívocos.

Por lo tanto, ahí vamos a estar. Desde luego, vamos
a acordar con todas las comunidades, con independencia de su color
político, y unidos todos —les he de decir que las reuniones que se
han empezado a mantener van en esa dirección— porque es un objetivo
compartido. En general, quienes tienen funciones de gobierno —se ha
referido a ello el portavoz del Grupo Popular— tienen un nivel de
conocimiento y de responsabilidad adecuado para abordar un tema tan
complejo como este, y vamos a avanzar, no tengo dudas, y en junio tendrán
ustedes un elemento clave o dos de crítica: uno, qué reforma del Estatuto
Básico del Empleado Público proponemos y, dos, qué plan de estabilización
extraordinaria en tres años para reducir drásticamente el problema
proponemos.

Senadora González Modino, yo simpatizo con lo que
me ha dicho, pero no declaro tránsfuga a nadie, senadora. Bueno, igual en
algún mitin y en algún momento he dicho, pero ni siquiera cuando he dicho
que hay problemas recientes me he referido a ninguna comunidad, lo ha
hecho usted. Porque, precisamente, nuestra labor de presidir, convocar o
ejercer la secretaría del pacto no nos permite hacer otra cosa; y,
además, creo que es bueno que sea así. Usted no me puede pedir a mí que
congele la tercera adenda del Pacto antitransfugismo. Bueno, usted puede
hacer lógicamente lo que considere conveniente, senadora, pero yo le
tengo que decir que esa tercera adenda la suscribieron dieciséis
partidos. Entonces, no va a venir ahora el ministro de Política
Territorial y Función Pública, y decir: eso que hicisteis no me gusta,
vamos a hacer lo que yo diga.

La convocatoria del pacto la llevamos a cabo
siempre que se nos pide. Nosotros en eso somos estrictamente mediadores.
Se hizo de forma muy rápida, precisamente por los acontecimientos
acaecidos en alguna comunidad autónoma, y se produjo la reunión. Y le
diré que, cuando me lo dijeron, pensé: de aquí no saldrá nada. Pero salió
algo, salió la constitución de la comisión de expertos, que era vital
para poder abordar todo esto con mecanismos objetivos. Luego ha tenido
algunos problemas de desarrollo esa comisión, pero eso tampoco le
corresponde resolverlo al ministro de Política Territorial y Función
Pública. Le iba decir —pero no sería verdad—: ya me gustaría
a mí. ¡Menudo lío! Siempre he creído que el transfuguismo, al final,
encierra cierta hipocresía de todos los que en un momento u otro se han
podido beneficiar o han pensado que se beneficiaban de operaciones de
este tipo. Usted está refiriéndose a un caso muy concreto, que conozco
—y puedo simpatizar con lo que usted dice—, pero no me
corresponde hacerlo; ni puedo ni debo. Por lo tanto, senadora, hay que
buscar otras soluciones.

También le diré, y me consta, que el ministerio
buscó en otros momentos alguna reforma legal que pudiera acotar o atajar
la cuestión, y el Tribunal Constitucional nos ha dicho que no. ¿Por qué?
Porque el cargo electo tiene unos derechos y unas prerrogativas
personales. La propia Constitución dice: no hay un mandato imperativo.
Por lo tanto, a veces los partidos —y ahí sí me meto—
pensamos que el cargo es nuestro, pero nuestra Constitución dice que no.
Por lo tanto, ahí hay que ver hasta qué punto se puede, porque a veces
hemos sugerido reformas para que, por ejemplo, una persona que haya
cambiado de grupo no pueda participar en la votación de una moción de
censura. Y mucha gente nos decía que parecía lógico. Pero el Tribunal
Constitucional nos ha dicho que no, que no podemos privar a un electo de
un derecho que ejerce porque ha sido electo. Por tanto, senadora,
entiendo su preocupación, quiero pensar que la expresa aquí para darle
audiencia y que la gente la conozca, pero me veo obligado a decirle: yo
no puedo dar respuesta a su preocupación ni a la demanda que me hace. No
puedo suspender la tercera adenda, de la misma manera que si los partidos
deciden hacer una cuarta, lógicamente nos atendremos a esa a esa
decisión.

Senador Mulet, hemos hablado mucho de la
temporalidad, pero hay dos o tres cosas más de las que podemos hablar.
Decía: ustedes no han cambiado las políticas austericidas. Permítame que
discrepe. Alguien podría decir: al final lo han hecho obligados por una
pandemia. Ahí no voy a discutir, pero se han liberado recursos como hacía
—iba a decir siglos— años que no se hacía en favor de
comunidades autónomas para la gestión y el combate contra la pandemia.
Eso es así.

Sobre la financiación autonómica sé, como ustedes
saben, que el Ministerio de Hacienda acaba de designar una comisión de
expertos y, por lo tanto, eso ha empezado. Es verdad que a algunos nos
gustaría que la financiación autonómica no quedase desligada de la
financiación local, que tuviese que ver también con un rediseño de las
competencias y que tuviese también que ver con una reforma de la
fiscalidad, para no pensar solo en el gasto, sino también en el ingreso,
en qué hace cada uno y qué recursos tiene. Usted ha dicho en su
intervención —y tiene razón— que no hay recursos suficientes.
Yo no he conocido nunca ningún Gobierno ni ninguna Administración en
ningún lugar del mundo que diga que tiene todos los recursos que
necesita. Es lógico, y ahí está la decisión. Es como aquel manual antiguo
de economía que empezaba con la expresión cañones o mantequilla. Porque
hay que decidir, no siempre puedes tenerlo todo o todo a la vez.

Una cuestión que usted planteaba, que es muy
interesante y frente a la que no tengo una respuesta definitiva, es la
tasa de reposición. Hay gente que dice que habría que eliminarla, otros
que habría que mantenerla y yo más bien me voy orientando en la línea de
ha de ser lo suficientemente flexible como para que, entre otras cosas,
nos permita desarrollar una estrategia de reducción drástica de la
temporalidad. No tiene mucho sentido una única tasa de reposición para
todos y para todo. En los últimos años ya ha habido una modulación
precisamente para atender —si no recuerdo mal; si no, me
disculparán— demandas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de
las policías autonómicas y locales. Yo creo que tendremos que hacer una
tasa a medida, a medida de cada Administración, a medida de cada
servicio, si queremos que la estrategia de reducción drástica de la
temporalidad avance. Porque, efectivamente, como les he dicho, estoy
satisfecho y orgulloso de que este Gobierno haya llevado la tasa de
reposición a cien, pero al mismo tiempo les he dicho que con eso no basta
para reducir la inmensa bolsa de temporalidad. Eso solo sirve para tener
cubiertas todas las plazas —que no es poco—, pero no aborda
la cuestión que hoy nos está llevando más tiempo.

Plan de choque. Ya le decía, señoría: llamémosle
plan de hecho. Me ha hecho ilusión —y creo que me entenderá—
cuando usted apelaba a la creatividad y a la imaginación del ministro.
Mire, voy a hacer lo que pueda porque este es uno de los grandes temas.
Ahora, yo tengo unas limitaciones y usted también —lo que pasa es
que usted no está ahora gobernando—, que son las que marcan
nuestras leyes. No puedo decir que vamos a eliminar los concursos, no
puedo decir que vamos a privar a cualquier ciudadano a presentarse a un
proceso selectivo. No puedo hacer una ley en la que figuren con su nombre
y dos apellidos los funcionarios a los que quiero hacer fijos. Yo quiero
hacerlos fijos; creo que merecen ser fijos. Lo que no puedo hacer es
ofrecerles una solución que no es verdad, y no quiero que nadie diga: nos
engañaste. Tenemos el ejemplo del Parlamento de La Rioja —lo ha
sacado usted—, pero un Parlamento no puede decidir por ley que hace
fijo a un funcionario, y menos si, como me parece que es el caso, eran
funcionarios eventuales al servicio de grupos parlamentarios. Esa
discusión la hemos tenido también en el Parlamento de Cataluña. ¿De quién
son los las personas que trabajan al servicio de un grupo parlamentario?
¿Son personal del Parlamento o son personal del grupo? ¿Entran por un
tiempo, lógicamente una legislatura, o una vez que entran se quedan?
Entiendo que frente a un problema como el que estamos abordando, la
tentación de encontrar soluciones mágicas existe; es humana, es lógica,
pero no es buena, y además luego vienen los tribunales y nos dicen que no
se puede hacer así. Por lo tanto, seamos todos prudentes. Ha llegado a
preguntar, si no lo he entendido mal: pero, oiga, ¿usted cree que hay
abuso? Sí. Se lo digo con claridad, senador: sí, no se puede tener veinte
años a una persona en el mismo sitio ejerciendo una labor imprescindible
con un contrato temporal. No se puede; no se debe. Vamos a prohibir que
se haga. Yo creo que ahí estamos todos bastante de acuerdo.

La senadora del Partido Nacionalista Vasco me pedía
un cambio de rumbo. Quizá ahí la voy a decepcionar porque, efectivamente,
me he tirado en marcha a un vehículo que ya funcionaba. Vengo a proseguir
una labor y entre esta legislatura y la anterior sucedo a muchos
ministros —los tengo a todos retratados en el ministerio—. La
ministra Meritxell Batet estuvo nueve meses y la ministra Carolina Darias
ha estado un año y dos meses, me parece. Por lo tanto, seguramente muchas
de las cosas que ahora les explico tienen su origen en reflexiones y
trabajos que iniciaron ellas. Pero también les diré que creo que en la
Administración —y no siempre lo conseguimos— ha de haber un
nivel de continuidad. Por ejemplo, ya saben que el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública tiene básicamente dos columnas: Función
Pública y Política Territorial, pues los secretarios generales que están
al frente de esa responsabilidad son los que lo estaban ya con la
ministra Darias. O sea, no he llegado yo y he dicho: ahora que venga aquí
gente que yo conozca, no. Hemos intentado precisamente predicar un poco
con el ejemplo. Estamos hablando muchas veces de profesionalización de la
Administración, pues en lo que depende de mí, al menos, creo haberlo
hecho de esta forma. Los datos que he dado de esta variabilidad entre
comunidades autónomas sirven en parte para enriquecer la reflexión que
hacía la senadora. Entre una comunidad con un 28,49 de temporalidad y
otra con un 45,19 de temporalidad, la diferencia no es la legislación
básica del Estado, y ahí lo dejo. Por lo tanto, seamos todos conscientes
de que si queremos de verdad abordar y resolver este problema lo vamos a
tener que hacer en coordinación, con diálogo, con un trabajo muy intenso
en el que debemos ir de la mano si queremos resolver el problema.

La reforma del EBEP —vuelvo a decir— va
a estar en junio. Alguien dirá: tendría que estar antes. Seguro. Pero yo,
que todavía no he podido celebrar los tres meses que llevo en el
ministerio —y tal como vamos no sé si podré celebrarlo alguna
vez—, le digo que en junio la vamos a tener. Y la vamos a tener
asociada a un plan acordado con comunidades, entidades locales y
sindicatos para resolver o, si se quiere, atajar de forma drástica este
problema.

Al senador de Esquerra Republicana le agradezco
mucho el tono, ese ejercicio de responsabilidad propio de los partidos
que están gobernando y que saben que no podemos, por ejemplo, en sanidad,
no tener cierto grado de temporalidad. Vamos a hacer las cosas de la mano
con las comunidades, porque es nuestra obligación y porque no se puede
hacer de otra manera. Yo creo que algunas de las decisiones que
históricamente se han tomado, por parte de gobiernos de diverso signo, no
han tenido todo el rendimiento que debían, quizá, porque no tomaron en
consideración suficientemente el carácter complejo de nuestro Estado y la
necesidad de acordar con mucha generosidad y mucha inteligencia con otros
niveles de la Administración.

Decía el senador del Partido Popular que mi
discurso es continuista. Creo que se lo he justificado, o al menos lo he
intentado ¿Y por qué lo es?, dice: porque no ha habido novedad, ni
calendario, ni concreción. Es verdad que luego usted mismo ha dicho:
bueno, ninguna no, poca. Entonces, he respirado un poco mejor. Les repito
los compromisos que he tomado. Temporalidad, en junio reforma del EBEP y
plan de choque; anteproyecto de ley de Función Pública, septiembre; real
decreto ley de teletrabajo —que desarrollará el acuerdo que ya se
ha firmado con los sindicatos—, en septiembre; Plan de captación de
talento, antes del verano; estrategia de selección, en mayo; el
anteproyecto de ley de incompatibilidades y la ley que regula los grupos
de interés saldrán a consulta pública en dos o tres semanas. Esto es lo
que le puedo decir, y me gustaría decirle más, senador. O sea, que me
tomo su intervención como un estímulo para trabajar más, mejor y más
rápido.

Usted ha tocado un tema que incumbe a nuestro
ministerio y que también le preocupa, el de los habilitados en pequeños
municipios, los habilitados, en general, pero con una especificidad en
los pequeños municipios. Quiero que sepa que estamos trabajando sobre lo
que hemos venido en llamar —el título no es muy feliz-el estatuto
para los municipios de menor población, que se incorporaría a la Ley de
bases de régimen local, para favorecer que se cubran esas plazas, que se
puedan tener secretarios en diversos ayuntamientos, que se pueda ejercer
vía teletrabajo; es decir, se trata de dar facilidades. Estamos también
dialogando intensamente con el Ministerio de Hacienda para hacer alguna
reforma de la Ley de contratos precisamente para que esos municipios que
no tienen la potencia administrativa y los servicios técnicos que tienen
los municipios mayores lo puedan abordar. Uno de los motivos por los
cuales todavía no ha llegado a consulta pública es que está siendo
revisado para ajustarse a la estrategia frente al reto demográfico y, por
lo tanto, que se enmarque en una visión más general del problema.

A lo de la gobernanza y el desgobierno ya le he
respondido.

En cuanto al proceso de estabilización,
efectivamente, estamos alargando los que había hasta final de este año
con la idea de que, antes de que acabe el año, tengamos ya acordado ese
último, que durará tres años. En algún sitio he leído: se habla de una
tasa de reposición del 130 %. ¿De dónde habrá salido eso? ¿Lo habré dicho
yo alguna vez? Pero luego he pensado: claro, si estamos hablando de tres
años y tú necesitas en tres años cubrir el 90 %, pues necesitas tasas
del 130 %. El problema no es solo ponerlo en una ley, no es solo contar
así lo que ha de contener una oferta pública de empleo o un plan de
estabilización, sino que luego se cumpla y se cubra. Uno de los problemas
que estamos teniendo es que no se cubren todas las plazas, ni muchísimo
menos. Por eso le damos importancia al tema de la captación del talento,
porque, fíjense, seguramente hoy la Administración necesita una tipología
de empleados públicos bastante distinta a la de hace diez o quince años.
Tanto es así que hay ministerios que están pidiendo que crezca su
plantilla y, en cambio, tienen puestos vacantes. Cuando se les dice que
tienen puestos vacantes, ellos argumentan que los puestos vacantes que
tienen no les hacen falta hoy y que en cambio lo que necesitan no lo
tienen, y luego sacan las plazas y no se cubren. ¿Por qué? Digámonos
todos las verdades: porque determinados empleos, determinadas profesiones
tienen una remuneración en el sector privado mucho mayor que en el sector
público. No es la única explicación, pero es una explicación.

Ha comentado usted muchas otras cosas y tiene toda
la razón cuando dice que el teletrabajo es una parte y que la
digitalización es el reto. Por eso, ese componente once del plan España
puede va dirigido fundamentalmente a modernizar y digitalizar. Sobre el
acceso, ya les digo que en mayo traeremos una propuesta de estrategia que
será seguramente discutida, y yo me brindo a venir a esta comisión a
presentarla para que ustedes puedan trabajarla, discutirla, criticarla y,
eventualmente, también enriquecerla con sus aportaciones. Sobre las
lenguas, ahí no hay ningún misterio, el Tribunal Constitucional ha
validado la idea de que en las comunidades con lengua propia el
conocimiento de la lengua de esa comunidad no sea solo un mérito, sino un
requisito, y nosotros no tenemos previsto cambiar eso. Es de las cosas
que me he apuntado, aunque seguramente había alguna más. A usted eso le
preocupaba y su grupo se comprometía a fijar su atención ahí en el
momento en que traigamos el anteproyecto de ley de la Función Pública de
la Administración General del Estado. Y se lo agradezco porque aquí nadie
tiene la razón; por lo tanto, un grupo tan importante como el suyo, con
amplias responsabilidades de Gobierno en ayuntamientos, en comunidades y
también en otras épocas en el Gobierno de España, tiene mucho que decir y
que aportar. Le he de decir que a veces, cuando alguien propone algo que
a mí no se me ha ocurrido, siento un poco de incomodidad y pienso: ¿por
qué esto no se me ha ocurrido a mí? Pero también doy la bienvenida a eso
porque es lo que nos permite enriquecer nuestra labor.

Por último, al Grupo Socialista le digo que me ha
gustado la pasión con la que el senador Castellà ha hecho su
intervención, porque es una pasión por lo público, por la Función pública
y por las ganas de cumplir con nuestras obligaciones; y nuestras
obligaciones, al final, no son más que el mejor servicio a los
ciudadanos, la mejor Administración posible y la resolución de problemas,
sean nuevos o más antiguos, que nos ha tocado resolver o afrontar en
estos momentos. Espero que la pasión que ha puesto su señoría se vea
correspondida con la eficacia que en este ministerio pensamos abordar los
temas.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Una vez contestadas las cuestiones por el señor
ministro, abrimos un nuevo turno de portavoces con un tiempo de cinco
minutos para cada grupo.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, señor ministro, yo también me he
vacunado, por razones de edad. Quiero felicitar al Servicio Aragonés de
Salud por su eficacia y diligencia y mandar un recuerdo muy sentido, muy
cariñoso al senador Fajardo, al que no le ha sentado bien la vacuna.
Gracias a Dios, mi mujer y yo hemos salido indemnes. Y también, como
usted, estoy deseando que el 5 de julio nos pongan la segunda vacuna de
AstraZeneca. Animo a toda la gente a que se vacune, porque lo hacemos por
nosotros y por los demás.

Yo le agradezco su talante y su claridad. Le puedo
asegurar que su empatía y su manera de escuchar y decir las cosas me
reconfortan y, aunque no pueda compartir muchas de las cosas que usted ha
dicho, por supuesto trabajaré con todas mis fuerzas para intentar ayudar
a la solución con la modestia de ser el único senador que tiene el
Partido Aragonés. Pero, como siempre hacemos en todos los lados,
trabajaremos para ayudar, no para poner obstáculos, en la búsqueda de una
solución que mejore la temporalidad y, sobre todo, en la reforma y en la
modernización de una Administración pública que se nos ha quedado un poco
antigua. Por eso vemos fundamental la modernización del Estatuto básico
que se aprobó en un momento dado del 2007 en el que las circunstancias
sociales, económicas y políticas no tenían que ver con la de ahora, y hay
que hacerlo. Y hay que hacerlo, en efecto, con la colaboración de las
comunidades autónomas, de las entidades locales y de los sindicatos
mayoritarios, a través de la mesa de negociación. El otro día les decía,
precisamente a los representantes de UGT y Comisiones —y se lo dije
a usted personalmente—, que de ellos dependían, en gran medida, las
soluciones que se pudieran adoptar. Yo le pediría, con toda humildad, que
se reúna y que escuche al colectivo de interinos; le aseguro que le
pueden ilustrar de una manera muy importante, como hicieron ayer con los
portavoces que estuvimos en esta misma sala.

Estoy de acuerdo con usted en que no toda
temporalidad incurre en abuso de temporalidad. El artículo 10 establece
las dos razones para la contratación de interinos: excepcionalidad y
necesidad. Estamos de acuerdo en que existen diferentes tipos de
interinos, hay mucha diversidad. Precisamente por eso se podría buscar
una fórmula para que, de forma individual, las distintas administraciones
públicas hicieran una inspección concreta de cómo está cada caso. Por eso
hay que individualizarlos, aunque a veces lo más fácil y cómodo es hablar
de una solución general. Y para eso está la Inspección. Mi hija es
inspectora de trabajo, de esas que todavía están pendientes de destino
después de dos años de aprobar la oposición, y yo le digo: vosotros, a la
empresa privada, la crujís cuando vais a buscar precariedad en las
condiciones laborales. Y me dice: Nosotros no tenemos esa competencia.
Bueno, ahí tenemos unos magníficos empleados públicos que conocen
perfectamente la materia. Si, como me dice, no tienen competencias, creo
que podríamos buscar una solución.

También estoy de acuerdo con usted —y se lo
agradezco, porque yo intento también llevar ese mensaje a todas las
personas que quieren hablar conmigo— en que no se pueden generar
falsas expectativas; eso es un error, porque eso sería frustrar a mucha
gente.

No estoy de acuerdo con la limitación
constitucional. No voy a entrar, se lo aseguro, en un debate jurídico,
nada más lejos de mi intención, porque aquí estamos para intentar buscar
soluciones de otro tipo, pero recuerde el principio de primacía del
derecho europeo. Precisamente, la sentencia de 11 de febrero de 2021, que
se refiere al caso griego, aborda ese problema y dice que la normativa
europea está por encima incluso de las constituciones. Y, además, el
propio artículo 87 de la Ley general de Presupuestos Generales del Estado
ha reconocido a los empleados públicos de los organismos autónomos y de
las empresas públicas la condición de indefinido, fijo, a extinguir. Hay
soluciones jurídicas, ministro. En derecho, dos más dos no son cuatro;
las hay.

Vuelvo a repetir que estoy de acuerdo con la
modificación del Estatuto.






Estoy de acuerdo con la modificación de los
criterios de acceso, yo creo que es muy importante, y ahí a lo mejor
habría que regular el sistema de situaciones administrativas. Desde mi
modesto punto de vista, que no soy funcionario, yo no concibo cómo
grandes funcionarios de nuestra Administración, la general, la autonómica
y la local, después de haberse formado en la Administración, se van a la
empresa privada y dejan a la Administración pública en situaciones
bastante precarias. Eso habría que contemplarlo también, porque, además
de que no es justo, hace un daño a la eficacia de nuestra
Administración.

Estoy de acuerdo, por supuesto, en el plan de
choque. Veremos a ver en qué queda ese plan de choque y ese proceso
extraordinario al que usted ha hecho referencia. No le voy a preguntar
más ni quiero que se moje más porque comprendo la necesidad de diálogo
con las entidades sociales. Y lamento que no esté de acuerdo con frenar
la ejecución de las OPE. Es que estamos viviendo un drama, es que es
necesario. Es decir, si está usted anunciando lo que está anunciando,
que, sin ser satisfactorio del todo, está marcando un camino, si se
siguen desarrollando los procesos de consolidación —mal llamados de
consolidación, porque no son de consolidación ni de estabilización, sino
de echar a la gente directamente—, vamos a tener un problema, como
lo tenemos con la vacuna, que cada día que pasa, si no se acelera, sigue
habiendo muertes. Bueno, pues esto, permítanme la comparación, es lo
mismo. Entonces, yo le rogaría que se reconsiderara esa necesidad o, por
lo menos, que no saquen las plazas ocupadas por supuestos interinos en
abuso de temporalidad. Si han esperado veinte años, esperen un año más, y
cuando se sepa cómo hay que actuar, sáquenlas, por supuesto, todas, para
cumplir ese plazo de tres años.

Reitero —y muchas gracias al presidente por
su paciencia— mi agradecimiento por su manera de escuchar, por su
manera de decir las cosas, porque así, entre todos, podemos contribuir a
dar soluciones y no a crear más problemas de los que ya tenemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Es el turno ahora de la representante del Grupo
Ciudadanos, señora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GARLLARDO: Muchas gracias.

Señor Iceta, ha hablado usted aquí de la igualdad
de todos los españoles. No se estaba usted refiriendo concretamente a la
Policía, pero es igualmente aplicable. Dice que yo parezco más preocupada
por el hecho de que ustedes riñan a la Generalitat que por el de que se
vacune a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues mire, no, no
se equivoque. Mi primera preocupación, por supuesto, es la seguridad
tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, pero lo que no voy
a consentir bajo ningún concepto es que nos sigan ustedes ninguneando y
humillando en Cataluña y que su Gobierno mire hacia otro lado y venda a
nuestra policía solo por agarrarse a un sillón. Con lo cual, sí, por
supuesto que estoy esperando de ustedes que tomen medidas contra esta
decisión de la Generalitat y no me estoy refiriendo a una riña, señor
ministro, me estoy refiriendo a que estén ustedes a la altura de su cargo
y tomen las medidas que tengan que tomar, porque ya está bien. Bastante
tiene ya nuestra Guardia Civil y nuestra Policía con el señalamiento y
con el acoso que sufren tanto ellos como sus familias en Cataluña, sin
que ustedes hagan absolutamente nada.

Y me va a disculpar, pero usted hoy en esta Cámara
está mintiendo descaradamente. Ha sido muy bonito su discurso sobre que
había problemas con la vacuna, que han estado hablando: no se preocupen,
ustedes no pueden vacunar, lo hacemos nosotros. ¿Solo en este colectivo
ha habido problemas, señor Iceta? Porque usted se ha puesto la vacuna.
¡Qué casualidad! El 10 de febrero, señor Iceta, ya su Gobierno pidió
explicaciones al conseller de Interior, a Miquel Sàmper, porque no
mencionaba ni a policías ni a guardias civiles en la estrategia de
vacunación y sí mencionaba a mossos d’esquadra, policías locales y
bomberos, a los que, por cierto, también se les ha puesto la vacuna. No
había problemas para poner la vacuna a otros colectivos, solo para estos
dos colectivos concretos, a los que, además, no se nombró en la
estrategia de vacunación. Fue el 10 de febrero, señor Iceta; no nos tome
por ingenuos. ¿Qué pasa? ¿Que consideraron que era perjudicial y que no
lo era para otros, que había vacunas para unos pero no había vacunas para
otros y siempre pierde nuestra Policía y nuestra Guardia Civil? Porque,
según la propia Generalitat, los efectos secundarios, y cito
textualmente, eran esperables y muy leves. Esto es de una nota de prensa
del 13 de febrero, el día antes de las elecciones que hubo en Cataluña
el 14 de febrero.

A esto se le llama, señor Iceta, discriminación,
además con todas las letras y en mayúscula, y dejadez de funciones. Y me
atrevo a decir incluso que hace responsable a la Generalitat, por desidia
y por inacción, de todos los contagios que están sufriendo nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña y hace responsable
a su Gobierno por anteponer sus intereses partidistas al bienestar de
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, un 14 % de
policías y un 15 % de guardias civiles son el porcentaje exacto de
vacunados en Cataluña y, en el resto de España, un 76 y un 77 %. ¿A usted
le parece razonable y lógico? ¿En el resto de España no ha habido
problemas con las vacunas? ¿Solo en la Generalitat, solo en Cataluña? No
nos parece aceptable su respuesta, a mí no me parece aceptable su
respuesta y, si la Generalitat no asume su responsabilidad y si ustedes
no hacen que asuma su responsabilidad, alguien en su Gobierno va a tener
que hacerlo, porque, desde luego, esto no se puede quedar así.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Turno ahora del Grupo Parlamentario Nacionalista en
el Senado.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.

Gràcies, ministre, per les seves respostes. No sé
si lo he entendido bien, pero me gustaría que me confirmara —seguro
que no lo ha dicho con estas palabras— si su Gobierno tiene
previsto poner fin a la excesiva tutela que se ejerce sobre el resto
administraciones territoriales, permitiendo establecer una tasa de
reposición a corporaciones locales y a comunidades autónomas, teniendo en
cuenta la situación de cada una de ellas y no de forma homogénea como se
está haciendo hasta ahora.

Permítame que me refiera a la comparecencia que
tuvo lugar en la Comisión de Entidades Locales, en la que no pude
replicar, como ya expliqué, por las casuísticas que tenemos los grupos
pequeños cuando se celebran comisiones al mismo tiempo. Quería referirme
al comentario que hice ante su oferta de diálogo territorial y en el cual
le pedía una clara apuesta del Gobierno más progresista de la historia
para despolitizar la justicia y desjudicializar la política. Como hacen
siempre ustedes, me respondió que España es un Estado de derecho con
separación de poderes y que la solución es cumplir la ley. Mire, hoy es
el cumpleaños del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quien
desde aquí mandamos un abrazo y toda nuestra solidaridad, que también
hacemos extensible a los casi 3000 represaliados que hay en Cataluña,
algunos también trabajadores y funcionarios de distintas
administraciones. Sabe usted bien quién es Jordi Cuixart, uno de nuestros
líderes sociales, que lleva tres años en prisión condenado por sedición a
pesar de pruebas evidentes de su compromiso con la mediación, con el
pacifismo y el ejercicio de derechos fundamentales, como el de
manifestación, reunión y expresión, como han recogido algunos
pronunciamientos y resoluciones de organismos internacionales reconocidos
por el Estado español y que reclaman su inmediata puesta en libertad. Hoy
se continúan vulnerando derechos fundamentales de estas personas, pues, a
pesar de que ustedes repitan mil veces que la ley del Estado español es
igual para todos, ejemplos hay que lo desmienten; ni siquiera los tiempos
son iguales para todos. Cuando el poder no tiene contrapesos efectivos y
el poder es parte y juez, la ley puede decir casi cualquier cosa.

Termino. Soy consciente de que hoy estamos aquí
para buscar y dar soluciones en el ámbito de la Función Pública,
soluciones que mejoren el día a día de los trabajadores públicos y del
servicio que se ofrece a los ciudadanos por todas las administraciones,
pero en Junts per Catalunya no vamos a normalizar la situación de
represión contra el independentismo. E igual que estamos convencidos de
que debemos adaptar la Función Pública, como usted decía, a los
estándares de los países más avanzados en este campo, también debemos
hacerlo en todos los ámbitos de las democracias consolidadas.

Llibertat presos polítics i retorn dels
exiliats.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera
Pinart.

Es el turno ahora del Grupo Izquierda Confederal.
El tiempo se iba a repartir entre tres, pero, como ahora solo están dos
portavoces, aproximadamente dispondrán de tres minutos cada uno, aunque
seré flexible. Quiero destacar que lo importante en una intervención no
es el tiempo, sino el contenido. No obstante, cada uno hace uso de su
tiempo como quiere.

Tiene la palabra la señora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Muchas gracias, señor
presidente, y estoy de acuerdo con usted: lo importante es el contenido,
efectivamente.

Muchas gracias también, señor ministro, además por
su simpatía por el caso del que le estoy hablando, pero no es suficiente.
No estoy buscando audiencia, en absoluto; ya le digo que es la primera
vez, y espero que sea la última, que hablo de esto, pero no podía perder
la oportunidad, al tener aquí a un miembro del Gobierno —que es
quien convoca, quien de algún modo supervisa y vela por la legalidad de
lo que ocurre en un pacto de Estado—, de plantearle estas
cuestiones. Porque no estoy buscando audiencia, sino una salida al
deterioro institucional que se está produciendo en el Parlamento de
Andalucía, que es Estado también, señor ministro. Es donde yo tengo
puesta la aguja del compás. Yo sé que la mayoría de ustedes la tienen
puesta aquí en Madrid —usted probablemente no—, pero yo tengo
puesta la aguja del compás, en política, en Andalucía. Y allí se está
produciendo un deterioro en la principal institución, en la que nace de
la soberanía de las andaluzas y de los andaluces, que eligen y mandan a
sus representantes a ese Parlamento, el mismo Parlamento que a mí me ha
mandado aquí, a esta Cámara territorial, a hacer mi trabajo. Yo sé que no
es el ministro quien declara tránsfuga a nadie; son los partidos
políticos, evidentemente, pero, o hay algunos motivos tasados, fijados,
objetivos, o, de lo contrario, no hay ningún pacto de Estado, lo que hay
es la Inquisición española. Y cualquier disidencia podrá ser castigada
con la etiqueta de tránsfuga.

Yo sé que sabe prácticamente todo de esta historia,
pero no sé si usted sabe el porqué de la celeridad, de las prisas, entre
el 27 de julio y el 3 de noviembre, por la resurrección de la Comisión de
Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo cuando había estado diez años
durmiente. Los años del Gobierno del Partido Popular, no se convocó nunca
la Comisión de seguimiento. ¿Sabe usted por qué las prisas, señor
ministro? Porque había que aprovechar una baja de maternidad, había que
aprovechar la baja de maternidad de una diputada para meter en el
registro del Parlamento de Andalucía, encriptada y con cláusula de
confidencialidad, una nota que declaraba tránsfugas a mis compañeras y a
mis compañeros. ¿Sabe quién fue más beligerante que nadie? Porque los que
les querían declarar tránsfugas no estaban; son como las ratas,
escondiditos en las sombras. ¿Saben quién fue más beligerante que nadie?
Yo no la voy a nombrar, pero es compañera suya, señor ministro. Ya ella
solita se proclamó máxima autoridad del Partido Socialista en un día de
aciaga memoria. Por mi respeto hacia todos ustedes, la mayoría del
Partido Socialista, no voy a nombrar a esa señora, pero fue la más
beligerante de todos, contra las advertencias del letrado mayor del
Parlamento. Se acaban de publicar las actas de la Mesa del Parlamento de
Andalucía: las ha publicado elDiario.es el 11 de abril. Yo ya no estoy
desvelando ningún secreto, porque, si el medio de comunicación las tiene,
evidentemente las públicas. Los más beligerantes fueron el Partido
Socialista y Ciudadanos.

Señor ministro, termino. Los griegos le llamaban
Némesis. En Andalucía decimos que quien escupe al cielo le cae en lo
alto. Pues eso es lo que ha ocurrido, porque quien se va de rositas es el
Partido Popular y quien tiene el problema en Murcia son ustedes y
Ciudadanos. Ahora, resuelvan ese lío. Y si alguna vez sus socios les
vuelven a decir que quieren arreglar lo del sur, mándenlos —le iba
a decir a Ciudad del Cabo, pero a Ciudad del Cabo no, porque allí
resucitan los problemas con las personas de color— a Ushuaia, a ver
si allí arreglan algo.

Gracias, señor ministro. Gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González
Modino.

Señor Mulet García, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente,
por su paciencia.

También comparto que no siempre el tamaño importa;
tampoco el tamaño del tiempo.

El ministro ha dicho algo obvio en lo que creo que
todos hemos coincidido: que no todo el personal interino es personal
abusado. Eso nadie lo ha dicho. Es cierto que existe mucho personal
interino al que hay que dar solución, pero nosotros nos referíamos, entre
ese personal interino excesivo que tiene la Administración, al que está
en situación de abuso. Nadie plantea medidas ilegales, primero, porque
estamos en una Cámara para legislar y para dar respuestas legales, para
modificar leyes, para avanzar. Usted propone también una modificación del
EBEP. Eso no es ilegal, es modificar la ley; hay un abismo.

Y dentro de la legislación actual, y sin tener que
modificarla —y nosotros sí estamos por modificar y lo hemos
intentado, a pesar de la negativa de su Gobierno—, existe margen en
el marco legal actual. Existen sentencias europeas que se han de
trasponer; existen sentencias españolas que dictan doctrina, que dicen
cómo se tiene que actuar. Por ejemplo, María Emilia Casas, expresidenta
del Tribunal Constitucional, hizo un excelente informe apuntando qué
reformas legislativas eran necesarias para dar solución a este colectivo.
Por tanto, existe un abanico de posibilidades, pero es muy difícil y muy
complejo.

Nosotros, es cierto, presentamos una moción, y
sabemos que las mociones no sirven para nada en esta Cámara, como las PNL
no sirven para nada el Congreso, salvo para tenernos un tiempo debatiendo
e instando al Gobierno. Y luego ya hemos visto el caso que hace el
Gobierno: de todas las que hemos aprobado no nos ha hecho caso en
ninguna, por lo menos a nuestro grupo. Y presentamos cinco propuestas de
ley. Somos un grupo pequeño, somos siete senadores, el senador que les
habla es el único de este partido político, y sabemos dónde llegamos. Y a
pesar de ello, lo hemos intentado por activa y por pasiva. Hemos pedido
reuniones con usted; también con su predecesora; hemos presentado una
moción que con el voto en contra del Partido Socialista no se ha
materializado; y hemos hecho cinco propuestas de toma de consideración de
proposiciones de ley, las dos primeras vetadas por su partido. Pero las
otras están en marcha. No las veten, tienen ahí un instrumento. Sabe cómo
funciona perfectamente. No se entra en el fondo del asunto, se presenta
una propuesta legislativa, va al Congreso, hay un tiempo estupendo para
enmendarla, para mejorarla y para modificarla, y luego vendrá aquí y la
volveremos a modificar. Pero, como digo, hay tres propuestas en marcha.
No las veten, y tendremos ya el instrumento para empezar y para no estar
esperando a que sea el Gobierno el que tome la iniciativa. ¿Que no
quieren? Pues sea usted quien tome la iniciativa, porque estaremos
encantados también aquí de intentar ayudar con nuestra modesta
aportación.

Usted se ha referido únicamente a unos pocos
sindicatos con los que piensa negociar y dice que al resto piensa
escucharles. Faltaría más. No únicamente escucharles, sino tener en
cuenta su criterio. Hay plataformas que están trabajando activamente, hay
sindicatos que no están entre los que ustedes han mencionado, que son más
pequeños, más modestos, pero que también tienen la representatividad y la
legitimidad. Y como estamos hablando de una casuística tan elevada,
seguramente cuantas más voces aporten soluciones más fácil será que la
solución sea lo más satisfactoria posible.

Y nadie le ha pedido que invada competencias
—faltaría más—, y menos por parte de nuestros grupos.
Hablamos de trabajar con las comunidades autónomas, y hemos puesto el
foco precisamente en lo contrario, en que las comunidades se ven muchas
veces condicionadas por la legislación estatal y, obviamente, convocan
oposiciones porque no tienen otro remedio. Siempre todos hemos reclamado
igualdad de méritos, capacidad, transparencia y todos los principios.
Nadie ha dicho lo contrario. Vemos que es más fácil —usted lo
reconoce— hacer una propuesta para corregir de cara al futuro, para
que no se incremente la temporalidad, que buscar una solución para las
personas abusadas, que es mucho más complejo. Lo entendemos, pero por eso
pedimos que se centre en esa actividad.

Esperamos que tenga muchos aciertos y que cuente
con todo el mundo para intentar buscar una solución y que esta sea lo más
rápida posible. Pensamos que sí se podría buscar una solución, como han
dicho otros compañeros: por lo menos en las ofertas públicas de empleo no
sacar a concurso aquellas que están ocupadas única y exclusivamente por
el personal abusado. Sabemos que es complejo también porque se tendría
que hacer una radiografía general de todas esas plazas. Pero usted ha
dicho que está haciendo todo lo que puede, y seguramente pueda un poquito
más, y nos tiene a mucha gente con la intención de colaborar en ese
poquito más que le pedimos.

Y termino haciéndole una invitación, aunque sé que
es una invitación un poco arriesgada: hay un grupo de interinos en la
sala Giménez Abad, entre ellos, cuatro personas que están en huelga de
hambre. Sabemos que ha pasado gente de su gabinete a hablar con ellos y a
exponerles sus planes, pero agradecería mucho que, si usted tiene tiempo,
ganas y disposición, pasase a saludarles, porque ellos aquí no pueden
venir.

Gracias por su tiempo. Y gracias por la paciencia
del señor presidente y del resto de la sala.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Dado que no está la representante del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Caminal, en nombre de
Esquerra Republicana-EH Bildu.

El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias, presidente.

Antes hemos hablado de que tenemos un problema,
pero hay dos responsabilidades que dependen de su ministerio: una, abrir
la ley, el EBEP, para poder hacer procesos selectivos facilitadores de
estabilización; y dos, impulsar la modificación de la ley para
flexibilizar las tasas de reposición y permitir el incremento suficiente
de puestos de trabajo fijos que hacen falta para estabilizar a todos los
colectivos. Esto, señor ministro, puede hacerlo. Entonces, hágalo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, señor
presidente.

La verdad, señor ministro, es que esta
comparecencia creo que marca un antes y un después. No es una
comparecencia más, porque fundamentalmente a partir de su segundo turno
se han aportado las líneas maestras de cómo cree usted que debe
afrontarse la estrategia contra la temporalidad. Es algo que llevamos
pidiendo toda la legislatura y que hoy por fin se pone negro sobre
blanco. Lo que no sé es si eso deja en muy buen lugar al Grupo
Parlamentario Socialista, que después de la intervención de hoy, que más
bien parecía una arenga o un mitin dirigido a una audiencia concreta,
creo que tendrá poco margen para ese doble discurso de los trabajadores
temporales de la Administración pública. Ya sabemos que es lo que hay
encima de la mesa, ya sabemos cuáles son los límites que el ministerio
contempla y, por lo tanto, a la hora de las reuniones y los discursos
todos sabremos de qué va este asunto.

Decía en mi anterior intervención que había dos
cuestiones esenciales sobre las que quería profundizar y no he tenido
tiempo. Una es la de los habilitados nacionales, de los que creo que se
ha hablado poco de su escasez endémica, de los altos porcentajes de
interinidad que se dan en muchos puestos, unos puestos que no son uno más
en las administraciones locales, sino que afectan a su operatividad y
funcionalidad. Quiero recordar que en comunidades como la mía, la de
Castilla y León, solo el 55 % de los puestos creados para habilitados
nacionales están cubiertos de manera definitiva, y este proceso se está
agudizando, entre otras cosas, porque el número de plazas que se
convocan, y cuya competencia y responsabilidad es exclusiva del Gobierno
de España, no es suficiente. Pero además cuando se convocan no se cubren.
La verdad es que creemos que, de no corregir esta situación de manera
inmediata, estaremos abocados a un auténtico shock en los ayuntamientos,
mancomunidades y diputaciones provinciales por imposibilidad funcional
para llevar adelante sus competencias. La situación se va a agravar,
además, porque la edad media del colectivo de los habilitados es superior
a la de la media de la Administración General del Estado. Las
interinidades, los nombramientos accidentales y las acumulaciones no son
solución, dado que estos profesionales tienen obligaciones y necesidades
de formación crecientes; y, por su parte, las diputaciones provinciales
carecen de la capacidad presupuestaria y de los recursos humanos
necesarios para ejercer con eficacia su papel subsidiario.

Nosotros creemos sinceramente que el emplazamiento
que se nos ha hecho hoy a un real decreto sobre teletrabajo tras el
verano, que, según su criterio, servirá para corregir el problema de los
ayuntamientos más pequeños, es claramente insuficiente. Permítame, señor
ministro, que en mi condición de alcalde de un municipio de menos de 5000
habitantes le indique que la presencialidad de los habilitados en los
ayuntamientos, dado que en muchas ocasiones es el único o de los pocos
funcionarios cualificados existentes en la corporación, aporta un valor
añadido que no se puede suplir con un mando a distancia o una pantalla de
plasma. Le pido que no descarte otras fórmulas, como el complemento de
ruralidad, una carrera profesional que prime para futuros destinos estos
puestos, u otras que incentiven la presencialidad y que articulen
procesos de selección mucho más ágiles, porque la situación es extrema.
Además, nos parece un tanto contradictorio el hecho de que se hable de
estrategias para luchar contra la España vaciada y a la vez se consagre
la ausencia funcionarial en destinos laborales en el mundo rural, algo
que nos tememos que pudiera ser la antesala de una modificación de la
planta municipal en nuestro país, cosa en la que no estamos de
acuerdo.

Le pedimos que todas estas cuestiones se puedan
abordar en el estatuto del pequeño municipio, cuya tramitación ya
anticipó en su comparecencia de hace unos días en la Comisión de
Entidades Locales del Senado. Creemos que ese estatuto es una oportunidad
que no debería servir solo para simplificar aspectos procedimentales, de
contratación u otros, sino aprovecharlo para incorporar medidas más
ambiciosas en materia de financiación local, en materia de organización y
en materia competencial que permitan dar un vuelco a esa situación de
desamparo y agravio que sufren muchas de estas entidades.

También se ha hablado de pasada de la evaluación de
las políticas públicas y de transparencia. A este respecto me gustaría
recordarle que su ministerio tiene pendiente designar al vocal en la
Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en representación de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Está pendiente desde
hace más de un año, y sin ese nombramiento no puede estar operativa la
Comisión de Transparencia. Le pedimos que agilice ese nombramiento,
porque, de lo contrario, los órganos que deben velar por la transparencia
desde el Gobierno no podrán funcionar con normalidad; y esa será una
rémora únicamente imputable a usted y a su ministerio. Y le pedimos de
paso que el Consejo de Ministros agilice el nombramiento del diputado y
de la senadora designados por las Cámaras para que la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno pueda también iniciar sus trabajos.

Por último, no quería que se quedara en el tintero
la cuestión de la utilización del fondo europeo que ya se ha anunciado,
porque ya lo ha hecho usted, que se utilizaría para la modernización de
la Administración General del Estado. Nos parece desproporcionada la
distribución de fondos de la que nos ha hablado: 970 millones a
comunidades autónomas y 30 a su ministerio. Nos gustaría que precisase
más los fines a los que van a ser destinados esos fondos. Y aprovecho
para reivindicar una vez más la necesaria mejora de la participación de
las entidades locales en esa distribución de los fondos de recuperación y
resiliencia. A igualdad de gasto público, igualdad de participación en
los fondos europeos.

Muchas gracias, y espero sus aclaraciones.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Turno ahora para el Grupo Socialista.

El señor Castellà, tiene la palabra.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias,
presidente.

Coincido con el portavoz del Grupo Popular en que
la comparecencia del ministro hoy es importante y marca un antes y un
después, y además es tremendamente respetuosa con las iniciativas de esta
Cámara. Efectivamente, las mociones sirven, y sirven para mucho. Esta
Cámara ha sido determinante a la hora de poner sobre la mesa el problema
de la interinidad y hacerlo suyo. Todos los grupos aprobamos
conjuntamente una moción el 13 de octubre en defensa de una solución en
la línea que plantea hoy el ministro; una resolución casi unánime que fue
rota por la voluntad del senador Mulet de traer una proposición donde
proponía una salida que nosotros entendíamos que era jurídicamente
inviable, y que, curiosamente, contó con el apoyo entusiasta del Partido
Popular, que luego, efectivamente, no aplicó lo que decía esa moción ni
en Andalucía ni en Murcia ni en Castilla y León. Por lo tanto, a veces
las lecciones sobre arengas políticas tienen también que mirarse hacia
adentro.

Pero, como decía, hoy es un día —no quiero
desdibujarlo— importante. Se enciende una luz para muchas personas,
empleados públicos e interinos, un margen de esperanza basado en el
realismo, no en soluciones mágicas. La política no es Hogwarts; no sirve
enfocar con la varita de Harry Potter y decir oculus reparo, sino que lo
importante es trabajar en soluciones posibles, seguras y que no sean
impugnables. Lo que nos propone hoy el ministro se basa en el interés
general, que es la primera obligación que tenemos todos, no en los
intereses de colectivos concretos. Se piensa en mejorar la Administración
pública y hacer de una situación problemática y acumulada durante tiempo
con la que se ha encontrado una posibilidad de mejorar nuestra
Administración y de mejorar el servicio a los ciudadanos. Y segundo e
importantísimo: una solución jurídica, no contra legem, respetuosa con
nuestros principios constitucionales y respetuosa con lo que nos ha dicho
la Unión Europea.

Y no todo sirve, no podemos confundirlo todo. Las
sentencias no se trasponen, se aplican. No confundamos primacía del
derecho con efecto directo del derecho. Teníamos una directiva mal
traspuesta. El Tribunal de Justicia ha orientado que tiene que haber una
trasposición correcta, pero el principio en el que se basa la
trasposición de directivas es el de la autonomía institucional y
procedimental de los Estados para aplicarlas como quieran. Por eso mismo
se trata de un procedimiento legislativo indirecto. No es un reglamento,
es una directiva, y adecuar esta directiva a nuestro ordenamiento pasa
por las soluciones que hoy proponía el ministro. Pero, sobre todo, además
de ser una solución de interés general, una solución jurídica, es una
solución basada en el diálogo; en el diálogo territorial, en el diálogo
con las administraciones que van a tener que aplicar y asumir la
solución, y en el diálogo sindical. Y quiero reivindicarlo aquí, porque
es especialmente importante: los sindicatos con visión general, con una
vocación de servicio a toda la sociedad, los sindicatos, que se han
quedado defendiendo lo público en los momentos más difíciles. Frente a
los recortes, frente a los ataques que sufría el Estado del bienestar,
había un sindicalismo comprometido con todo, un sindicalismo que valoro y
aprecio y que no puede ser sustituido por modelos de defensa de intereses
concretos. Ese sindicalismo es una garantía para los que están sindicados
y para los que no lo están. Por tanto, diálogo social, diálogo
territorial y diálogo político. Me parece, señor ministro, que ha dado
usted con las claves para encontrar una solución real, una solución
posible y una solución que no supone una magia que llevaría a la
inseguridad jurídica y a la impugnación de muchas de las soluciones.

Permítanme insistir en dos colectivos. Uno de
ellos, al que se ha referido también el Grupo Popular, es el de los
funcionarios de habilitación estatal, y especialmente los secretarios e
interventores de ayuntamientos. Hay que conseguir abrir las oposiciones
de estos cuerpos y que haya unos procesos reales de ocupación de plazas,
superando la temporalidad. Y el otro es el del personal laboral de la
agencia estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Estoy seguro que habrá tomado nota.

Quiero felicitar mucho su presencia hoy aquí. Decía
Blas de Otero en un poema que un trozo de mar y un margen de esperanza es
todo lo que necesita el hombre. Seguramente ya teníamos el trozo de mar,
y usted ha dado hoy un margen de esperanza a mucha gente con una solución
realista. Es verdad que hubiera hecho falta poder hablar más de la
estrategia de modernización que, gracias a los fondos europeos, se va a
impulsar en nuestra Administración, pero habrá más oportunidades para
ello. Hoy creo que hemos dado cumplimiento correcto a nuestra obligación
frente a esas personas, las víctimas de la temporalidad en fraude de
ley.

También quiero agradecer mucho que hoy también haya
estado aquí el secretario de Estado de Política Territorial y Función
Pública reuniéndose con los empleados públicos interinos que están
asistiendo, desde una sala próxima a nosotros, a la intervención del
ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Es el turno ahora del señor ministro para que pueda
dar respuesta a las cuestiones que le han planteado.

El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA (Iceta i Llorens): Muchas gracias, presidente.

Voy a intentar contestar a todo lo que han
planteado. Hablaba ahora el portavoz del Grupo Socialista, y se refería
también el senador Sánchez-Guernica, de escuchar al colectivo de
interinos. Lo hemos hecho hoy mismo, aprovechando esta presencia. Nos
hemos repartido el trabajo: yo hago el debate con ustedes y el secretario
de Estado recibe a los interinos que se han desplazado hasta aquí.

Me ha parecido que en su pregunta había un elemento
sobre cómo sancionamos a las administraciones, cómo hacemos si realmente
no cumplen. Yo primero estoy buscando el acuerdo, y luego ya veremos si
incorporamos o no elementos de sanción. Yo siempre he pensado que
avanzamos sobre la base del consenso y de los acuerdos. Yo no sé de
ningún Gobierno autonómico que no quiera afrontar este problema, de
ningún ayuntamiento que no quiera afrontar este problema, por lo tanto,
estoy convencido de que, si llegamos a un acuerdo que les proporcione
instrumentos para resolverlo, lo van a aplicar. Díganme ingenuo, pero yo
no me baso en el principio de desconfianza, sino en el contrario.

Decía usted, y entiendo su argumento, que no se
puede esgrimir la igualdad para no hacer determinadas cuestiones que
quizá sí tienen encaje legal. Le voy a decir una cosa: como yo admito su
mayor autoridad jurídica en esta cuestión, envíenme las propuestas que
crean que pueden contribuir a ello. Pero el criterio de la igualdad en el
acceso a la función pública creo que es sagrado por muchos motivos, no
solo porque lo diga la Constitución, sino porque nuestro Estado es un
Estado democrático que se funda en valores muy sólidos y, por lo tanto,
no deberíamos hacer nada que pudiera —y no digo que lo haya hecho
su señoría— desmerecer eso. Ahora bien, estamos aquí para hacer
política, estamos aquí para resolver problemas y, por lo tanto, si hay
propuestas que encajen en ese marco, que no lo desvirtúen y que, en
cambio, nos permitan avanzar más rápidamente en la solución del problema,
bienvenidas sean.

Alguien se ha referido —me parece que el
senador Mulet— al estudio de doña María Emilia Casas. Lo estamos
valorando, como tantos que recibimos, porque a nosotros lo que nos mueve
es acertar y, por tanto, lamentaríamos no haber tenido en cuenta todas
las propuestas que se nos puedan someter, porque igual en alguna de las
que no conocemos hay un punto de luz que nosotros no hemos sabido ver.
Así pues, estamos a tiempo, aunque no es un tiempo infinito, porque
tenemos que negociar y acordar esto antes de junio. Pero, en fin, ahí
estaremos.

Y es verdad que es un punto doloroso el paso de
gente que se ha formado en la Administración, que ha adquirido
conocimientos y experiencia y que en un momento determinado prefiere
saltar a lo público. Vamos a ver qué margen tenemos en la Ley de
incompatibilidades. Pero le he de decir que hablamos de igualdad y
también de libertad. Es verdad que a veces es un equilibrio complejo,
pero yo comparto el dolor que su señoría expresaba porque quizá un
talento que hemos contribuido a acrecentar luego no revierta plenamente
en la colectividad a través de la Administración pública.

Y me ha hecho usted una propuesta muy concreta
sobre la que, aprovechando las tecnologías, ya no tan nuevas, he
preguntado. Usted me decía, si no le he entendido mal: Excluyan de la
oferta de empleo público aquellas plazas que están siendo ocupadas en
estos momentos por interinos. Creo que le he entendido bien. Yo
rápidamente he preguntado —porque de lo que no sé, pregunto—:
¿podemos hacer esto? Y la respuesta que me dan es que nosotros no podemos
porque nos sacamos puestos de trabajo concretos. Los que sí pueden no
utilizarlos porque están ocupados por interinos son las administraciones
de las que dependen.






Por lo tanto, a lo que sí me comprometo, senador, es
a que en el momento que hayamos acordado y lanzado la oferta pública de
empleo hagamos una recomendación del ministerio para que nadie utilice
esas plazas. Pero, repito, nosotros no sacamos plazas concretas, sino
unas plazas en genérico que corresponden a unos determinados cuerpos, y
luego cada nivel de la Administración es el que debe decidir. Pero me
parece correcto, sin fuerza de obligar, pero sí como una recomendación,
en ese marco de diálogo y acuerdo con las administraciones, plantear esa
cuestión, que además sé que la sienten como propia. Yo recibo muchos
correos electrónicos de personal interino y conozco directamente que hay
tragedias personales. Por lo tanto, eso no lo puedo decidir, pero sí lo
puedo recomendar. Y así lo haré.

A la senadora de Ciudadanos le diré que nosotros
vamos a vacunar a los policías en Cataluña porque hemos apreciado que hay
un problema y vamos a resolverlo. Si usted cree que hay algún instrumento
legal que se pueda utilizar para ir contra una Administración… Pero
nosotros hemos hecho una cosa más sencilla: el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud estableció unos grupos de personal esencial
entre los que estaban, lógicamente, los miembros de las fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado. Y cuando hemos apreciado que en algún caso se
había demorado en exceso esa vacunación o la comunidad autónoma nos dice
que tiene problemas, lo hacemos nosotros. Por lo tanto, problema
resuelto. Nosotros vamos a vacunar a esos policías, a pesar de que usted
parece que lo lamenta.

Senador Cervera, ¿excesiva tutela? No, nosotros no
vamos a tutelar a las administraciones. Por eso también le diré que
tenemos que ir con mucho cuidado en el momento de legislar. El Estatuto
Básico del Empleado Público tiene características de ley de bases y, por
lo tanto, no podemos establecer en ella cosas que vayan contra
competencias autonómicas reconocidas en los estatutos de autonomía.
Sencillamente, no podemos. Por tanto, no vamos a ejercer, desde ese punto
de vista, una excesiva tutela.

Y sobre la tasa de reposición, creo que ya lo he
dicho. Hay tres posibilidades: mantenerla como está, eliminarla o hacer
un uso flexible que permita ser instrumental en el esfuerzo de reducir la
temporalidad. Nosotros nos inclinamos por esa visión. Repito que vamos a
tener que acordarlo con las comunidades, que tendrán también todas las
posibilidades de opinar sobre ello e incluso de oponerse. Y también les
diré que todo esto lo aprueba el Congreso de los Diputados, quiero decir
que a veces se habla del Gobierno —y me parece bien, porque el
Gobierno es muy importante—, pero es un Gobierno que no tiene
mayoría parlamentaria y que, por lo tanto, se ve obligado a negociar, a
ajustar, lógicamente, y a atender a todos.

Solo hay cosa, senador, en la que no nos podremos
poner de acuerdo, me temo. En España quien administra la justicia es el
Poder Judicial, y el Gobierno no debe interferir en ese proceso. Puede
tener una opinión, pero no debe interferir. Yo no quisiera vivir en un
país en el que la Administración de Justicia correspondiera al Poder
Ejecutivo. Eso se ha probado en algunos sitios, pero no ha ido bien. Y
usted dice: Nosotros no vamos a considerar normal lo que está pasando.
Pues están en su derecho, señoría. Usted ha sido elegido para defender
ese criterio en esta Cámara y en todas partes, y no puedo más que
expresar mi disconformidad, pero mi total respeto a su
planteamiento.

Y, senadora González Modino, perdone que le diga
una cosa: cuanto más habla usted, mejor me cae, pero no me pida cosas...
(La senadora González Modino: Pero no me arregla nada.— Risas). No,
porque me pide cosas que no están en mi mano. Usted me maltrata, y
perdone que use una expresión quizá inadecuada. Vamos a ver: yo ya le he
dicho que no solo no puedo decidir qué persona es o no tránsfuga, sino
que tampoco está en mi mano definir qué es tránsfuga. Yo creo que el
pacto antitransfuguismo tiene una dimensión que nos puede parecer mejor o
peor pero que es la que es: es un pacto entre partidos, que se regula por
el acuerdo que alcanzan los partidos; y resulta que en la adenda tercera
dieciséis partidos coincidieron en establecer unos determinados criterios
que hay partidos que seguramente no comparten. Pero yo no puedo, por así
decirlo, desempatar. Y lo que decidiera la Mesa o la Junta de Portavoces
del Parlamento andaluz a mí no me corresponde valorarlo. No me apriete,
senadora. Yo entiendo lo que dice en la cuestión del transfuguismo en
general —no estoy hablando ahora del caso, no del sur sino de
Andalucía, que es un caso muy concreto, que es el que es—, pero
hablando de transfuguismo, como todos hemos cambiado en un momento u otro
de criterio en función de algún interés que alguno podría decir que es
espurio, yo no le puedo decir más de lo que le digo. Si alguna fuerza
política firmante del pacto pide que se reúna, inmediatamente lo
convocamos; si se nos solicita algún tipo de apoyo técnico, también lo
hacemos; e incluso la comisión de expertos ha sido un nombramiento de los
propios partidos firmantes del pacto. A nosotros nos toca favorecer que
no se atasque administrativamente, pero no podemos tomar partido ni
decisión política que no nos corresponde.

El senador Mulet me ha apuntado una cosa que no voy
a dejar de decírsela. Mientras usted hablaba yo he apuntado: esperen a
junio y juzguen entonces. Yo entiendo perfectamente que su señoría tenga
más prisa o incluso más ambición; en fin, pongamos el calificativo
positivo que queramos. Usted puede presentar lo que quiera, solo
faltaría, pero nosotros tenemos una obligación que quizá usted no tiene.
Nosotros, antes de plantear una propuesta tenemos que haber intentado al
menos acordarla con comunidades, entidades locales y sindicatos. Por lo
tanto, seguramente en algunas cosas quizá seamos más lentos que su
señoría, pero nosotros tenemos al menos que intentar y, a ser posible,
conseguir eso.

En cuanto a los vetos, ya sabe usted que si se
aprecia que hay un incremento de gasto, el Gobierno tiene la capacidad de
vetar. Hay muchos caminos para saltarse eso. Hay gente que presenta
mociones diciendo que entren en vigor en el siguiente ejercicio. En fin,
yo he sido diputado y me lo conozco. Pero hágame caso; vamos a ir a junio
con una propuesta y un acuerdo que es doble: de modificación de cara al
futuro y de plan de choque para, en un plazo razonable, reducir
drásticamente la temporalidad. Y estoy muy confiado en que lo conseguiré.
Si no, tendré que venir a explicarles mi fracaso, pero espero que eso no
suceda.

Sobre a quién consideramos y no, yo tampoco puedo
hacer ahí lo que me dé la gana. Hay una Mesa de la función pública en la
que están presentes unos sindicatos en función de la representatividad
que han obtenido en unas elecciones sindicales. Y le diré que yo no era
muy consciente, y me alegré, porque pensaba: Administración General del
Estado, aquí estarán Comisiones Obreras, UGT y CSIF, y de repente me
encontré con que también están ELA y la Intersindical Galega, que tienen
también presencia en esa mesa, aunque es una Mesa de la Administración
General del Estado. Por lo tanto, nuestra negociación, nuestro diálogo,
parte de ese reconocimiento de representatividad, que no depende de
nosotros y que no es arbitrario. Y, desde luego, nosotros escuchamos a
todo el mundo —se lo he dicho, con motivo de mi respuesta, al
senador Sánchez Guernica— y hemos hablado también con los
interinos. Ahora bien, es muy difícil establecer la representatividad de
unas plataformas, y usted lo sabe bien. Entonces, desde nuestro punto de
vista, la negociación estricta solo puede establecerse con quienes están
habilitados para ello, que, por cierto, también defienden los criterios,
los intereses del personal interino, o sea que tampoco podemos hablar
como si fueran dos mundos absolutamente distintos.

El senador Caminal decía varias cosas y una era en
qué puede concretarse el cambio de la tasa de reposición. De ahí el
interés de llegar a un acuerdo antes de que se presenten los presupuestos
para el año que viene. Porque lo que nosotros queremos es que esto entre
en vigor muy rápidamente, todo lo rápidamente que la Administración y las
instituciones políticas trabajan, y, por lo tanto, nuestro interés era
tenerlo acabado en junio precisamente para que cuando el Gobierno tenga
que presentar el proyecto de presupuestos incorpore ya los compromisos
que hayamos alcanzado en materia de tasa de reposición.

Considera el portavoz del grupo del PP que es
insuficiente lo que he dicho. Lo respeto —seguramente en mi equipo
pensarán que he dicho demasiado—. Y tomo muy buena nota de la
cuestión de los habilitados nacionales. Hemos hablado del tema de los
pequeños municipios, y usted ha puesto sobre la mesa una cuestión
concreta que no es la primera vez que escucho, que es el complemento de
ruralidad. Vamos a ver si efectivamente eso es viable.

Luego ha habido una cosa que debo decir que no he
entendido muy bien, pero debe de ser culpa mía. Hablaba usted de una
desproporción de fondos europeos y lo que yo he registrado es que le
parece que el ministerio se reserva pocos fondos para sus proyectos.
Nosotros lo que hemos intentado, al menos en este terreno, es que la
inmensa mayoría de los fondos —970 millones, por un lado, y 30
millones, por otro— vaya a las comunidades autónomas y a las
entidades locales directamente. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo un
esfuerzo de modernización de la Administración. Usted me pedía que le
precisara más los proyectos. Fundamentalmente van a ser proyectos de
digitalización de la Administración. Y quiero ser muy sincero y muy
transparente: en el momento en que se articula el nuevo Gobierno se crea
una secretaría de Estado de Digitalización y es allí donde se concentran,
por así decirlo, el conocimiento y los proyectos. Les hemos pedido
—y se está trabajando ya— que nos ayuden a definir bien qué
ofrecemos, qué proyectos pueden presentar las administraciones para
acceder a esos fondos, y hemos tenido, lógicamente, un problema. España
tiene 8131 ayuntamientos, y vamos a hacer un corte, por así decirlo: los
ayuntamientos de más de 50 000 habitantes podrán acceder directamente y
los demás deberán hacerlo a través de las diputaciones, para intentar que
nadie quede fuera de esa posibilidad.

Y me he dejado como última la mejor, porque he
pensado: el portavoz del principal grupo de la oposición merece una
respuesta con la que se lleve algo muy concreto a casa. Usted me ha
hablado de la renovación de los vocales de la Comisión de Transparencia y
Buen Gobierno. Se aprueba en el Consejo de Ministros del martes que
viene. Y lo que hacemos, sencillamente, es recoger las propuestas que se
han hecho por parte de las Cámaras. En el caso del Congreso, es el
diputado Odón Elorza; en el caso del Senado, doña María Teresa
Ruiz-Sillero; el Tribunal de Cuentas nos ha propuesto a Margarita
Mariscal de Gante; el Defensor del Pueblo, a su secretario general, José
Manuel Sánchez Saudinós; la Agencia Española de Protección de Datos, a
don David Javier Santos Sánchez, que es jefe de su gabinete jurídico; por
parte del ministerio se incorporará la subdirectora general de
Transparencia y Atención al Ciudadano, que corresponde a la Dirección
General de Gobernanza Pública, doña Eloísa Paredes Bordegé; y,
finalmente, por la Airef, don Diego Pérez Martínez, que es director de la
División Jurídico Institucional. Por lo tanto, el martes lo completaremos
con el nombramiento oficial. Y aunque me parece bien que usted nos pida
mucha rapidez, debo decirle que la candidata propuesta por el Senado lo
fue el 30 de marzo. Si me lo permite el portavoz, creo que estamos en
tiempo y forma, y, desde luego, el martes lo vamos a nombrar.

Quiero agradecerles a todos el esfuerzo de
paciencia de escuchar a un ministro que a veces se alarga en exceso. Y
les quiero agradecer también sus propuestas y críticas. Yo ya sé que la
oposición —yo he sido oposición casi toda mi vida— a veces lo
tiene muy fácil, porque dice: poco, tarde y mal. Entonces, quiero acabar
agradeciendo al Grupo Socialista y también al Grupo de Unidas Podemos su
apoyo a este ministerio y al Gobierno y su estímulo para hacer las cosas
mejor. Podremos equivocarnos, pero en lo que les aseguro que no fallaré
es en el intento de resolver y de acertar. Luego espero que también nos
acompañe la suerte y el apoyo de todos ustedes y de todas las
administraciones, porque el problema que tenemos entre manos, el que más
ha ocupado mi comparecencia hoy, es un problema muy importante que abarca
muchos terrenos, con muchos matices con algunas dificultades. Por lo
tanto, reitero mi solicitud, y cuantas propuestas, dictámenes o estudios
puedan enriquecer nuestra labor e iluminar nuestro camino bienvenidos
serán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Gracias a sus señorías, por su asistencia y sus
aportaciones.

No olviden que esta tarde, los que somos miembros
de ella, tenemos una ponencia.

Señor ministro, muchas gracias por su intervención
y por la exposición de los planes del ministerio. Vemos que ha concretado
muchas cosas que a los funcionarios, y en general al ministerio, les
interesan y les vienen bien.

Ha hablado usted de venir a exponernos algún
proyecto. Sepa que tiene usted derecho a venir. Además, tiene la
obligación, entiendo yo, de venir, puesto que es el único ministerio cuyo
apellido, territorial, figura en su nombre y es un apellido
constitucional. Por tanto, esperamos verlo pronto.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y treinta y ocho minutos.