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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 87, de 16/03/2021
cve: DSCD-14-PL-87 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 87

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 83

celebrada el martes,

16 de marzo de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)


Modificación del orden del día ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
143-1, de 15 de enero de 2021. (Número de expediente 122/000117) ... (Página5)


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Integral de Protección y Apoyo a las Familias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 53-1, de 14 de febrero de 2020. (Número de expediente 122/000028) ... href='#(Página16)'>(Página16)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte), sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del
Gobierno y de las comunidades autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 229, de 26 de febrero de 2021. (Número de expediente 162/000552) ... (Página29)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 23, de 31 de enero de 2020. (Número de expediente 162/000074) ... (Página39)



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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha comunidad autónoma de las competencias en materia
penitenciaria. (Número de expediente 173/000057) ... (Página50)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)


Corrección de error ... (Página60)


SUMARIO


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)


El señor don Juan Carlos Segura Just y la señora doña Pilar Calvo i Gómez adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.


Modificación del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de permutar entre sí el
orden de tramitación de los puntos correspondientes al debate de las enmiendas del Senado, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ramírez del Río, del Grupo Parlamentario VOX, y Carazo Hermoso, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de protección y apoyo a las familias ... (Página16)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Baldoví Roda y Boadella
Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Romero Vilches, del Grupo
Parlamentario VOX; García Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página29)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte), sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del
Gobierno y de las comunidades autónomas ... (Página29)


Defiende la proposición no de ley el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Requejo
Novoa, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Fagúndez Campo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora Granollers Cunillera, del
Grupo Parlamentario Republicano.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Guitarte Gimeno.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado ... href='#(Página39)'>(Página39)


Defiende la proposición no de ley la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y el señor Rego Candamil y la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Plural, en turno de fijación de posiciones, y el
señor Miquel i Valentí, en defensa de su enmienda, del mismo grupo.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Moneo Díez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martínez Seijo.



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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página50)


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha comunidad autónoma de las competencias en materia
penitenciaria ... (Página50)


Defiende la moción el señor Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y la señora Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Garrido
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, se aprueba por 67 votos a favor más 178 votos telemáticos, 245; 42 en contra más 46 votos telemáticos, 88; y 14 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de protección y apoyo a las familias, se rechaza por 43 votos a favor más 119 votos telemáticos, 162; en contra 66 más 117
votos telemáticos, 183; y 2 abstenciones con voto telemático.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías, se abre la sesión.


Con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.


En sustitución de don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, pregunto a don Juan Carlos Segura Just si jura o promete acatar la Constitución.


El señor SEGURA JUST: Sí, juro. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Laura Borràs Castanyer, pregunto a doña Pilar Calvo i Gómez si jura o promete acatar la Constitución.


La señora CALVO I GÓMEZ: Lleial a l'mandat de l'1 d'octubre, per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, per imperatiu legal, prometo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Don Juan Carlos Segura Just y doña Pilar Calvo i Gómez han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).



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MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
permutar entre sí el orden de debate de las enmiendas del Senado incluidas como puntos 27 y 28. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 122/000117).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes. Señorías, sabemos que, cómo mínimo, desde la Roma de Augusto existen estrategias de colaboración para favorecer sectores culturales o científicos. Es posible que sin Cayo Mecenas, quien da nombre a la actividad que hoy nos
ocupa, ni Horacio ni Virgilio hubiesen podido dejar el legado que dejaron hasta nuestros días. Del mismo modo, sabemos que la intervención de la familia Médici en Florencia en cuestiones culturales y científicas tiene mucho que ver con el legado
que Galileo Galilei, entre otros, nos ha dejado también hasta nuestros días. Durante los siglos XIX y XX las aportaciones de la burguesía en cuestiones culturales y sociales en nuestro país han sido más que destacables, y hoy tenemos en muchos
lugares de la península estrategias de éxito de colaboraciones público-privadas que funcionan y que funcionan muy bien.


Señorías, el mecenazgo viene de lejos, pero más allá de los argumentos históricos, que son muy importantes, hay otros argumentos que creo que son de obligada reflexión, y es obligado compartirlo con ustedes hoy para valorar esta iniciativa
que les presentamos. Esta Cámara aprobó en el año 1994 la primera Ley de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Fue una ley pionera; fue la primera ley de esas características en Europa y prácticamente
en el mundo. Lo fue de tal manera que parlamentos como el francés se inspiraron en nuestra ley para desarrollar la suya. Pero esta ley -como todas- quedó obsoleta, y solo ocho años después, en 2002, hubo que actualizarla. Hoy, en 2021, lo que
pedimos es que, dieciocho años después de esa ley de 2002, aprobemos una nueva actualización para acercar la legislación a la realidad.


Las iniciativas que tienen lugar en otros países como Francia nos deben servir de inspiración a la hora de configurar esta iniciativa. El índice del Global Filanthropy Environment, que elabora la Universidad de Indiana, y que tiene en
cuenta conceptos como la regulación, la creación, funcionamiento y disolución de organizaciones no lucrativas, la normativa que regula los incentivos fiscales en las donaciones en el propio país, la normativa que regula los incentivos fiscales en el
exterior, el entorno político y de gobernanza o el propio entorno social y cultural, ubican a España en una puntuación de 3,9 sobre 5. Puede parecer una buena noticia, pero analizando los países que nos acompañan en el ranking, uno se da cuenta de
que estamos en la misma posición que Ucrania y que estamos por debajo de países como Polonia, países escandinavos, Irlanda, Alemania y, por supuesto, Francia e Italia, que son países referentes en este ámbito.


Señorías, en Alemania, Bélgica o Suiza se puede deducir el 100 % de lo aportado, con distintos topes. En Francia, las empresas disponen de una desgravación fiscal del 60 % sobre el total de lo aportado, una deducción que puede subir al 66 %
si es un individuo el que hace la aportación, con algunas variaciones que pueden llegar hasta el 75 %. En Italia disfrutan de incentivos fiscales del 75 %, deducible en tres años, para aquellos particulares y empresas que hagan donaciones en apoyo
del patrimonio artístico y cultural nacional. En los Países Bajos, los ingresos provenientes de inversiones en proyectos culturales están exentos del impuesto sobre la renta hasta un límite de 54 620 euros. Señorías, los dos últimos ministros



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de Cultura y Deporte, el señor Guirau y el señor Martínez Uribe, han verbalizado en esta Cámara que es necesaria una actualización de la Ley de Mecenazgo.


Más allá de los argumentos históricos y de contexto, encontramos argumentos del propio Ministerio de Hacienda que nos invitan a reflexionar sobre esta cuestión. Fíjense, señorías, sobre los presupuestos generales, aprobados y participados
por el Partido Popular, encontramos una desviación entre los beneficios fiscales correspondientes a las entidades de mecenazgo que en el año 2018 llegaron a 347 millones de euros. También es verdad que en el mismo periodo, entre el año 2010 y el
año 2018, encontramos un agujero en aportaciones en investigación, cultura y ciencia que sobrepasan los 2000 millones de euros; con lo cual, señorías, parece evidente que, con 347 millones de euros, el sector cultural, la ciencia, la investigación
o el deporte no pueden realizar la misma labor que sin estos 2200 millones de euros.


Lo que proponemos hoy aquí no es ningún secreto; es más inversión pública en cultura, en ciencia, en desarrollo, en investigación, en deportes, y una Ley de Mecenazgo que favorezca la colaboración entre privados, que favorezca que aquellas
personas, empresas y organizaciones que deciden establecer convenios de colaboración, puedan hacerlo de forma más directa y mejorando sus dinámicas internas. En definitiva, ¿qué es lo que proponemos con esta actualización de la legislación sobre
mecenazgo? En primer lugar, proponemos actualizar el concepto de mecenas. Aceptamos que los mecenas ya no son una parte de la burguesía de nuestras sociedades, sino que son ciudadanos que deciden colaborar con sus ingresos, con sus rentas con
aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que generan o que trabajan en causas que les parecen interesantes. Por eso, proponemos que los 150 primeros euros sean deducibles en un 90 % y que el resto, la cantidad que supere estos 150 euros, tenga
una deducción del 50 %.


Creemos que es importante reconocer el papel de las plataformas de crowdfunding o micromecenazgo, que evidentemente en el año 2002, cuando se aprobó la legislación, no tenían la fuerza que tienen hoy. Por eso pedimos que las donaciones
realizadas a través de estas plataformas puedan beneficiarse también de dichos incentivos. En el caso de las donaciones efectuadas por personas jurídicas, proponemos incrementar al 50 % las deducciones por donaciones a las entidades sin ánimo de
lucro que contempla la ley. Pedimos que los límites de la aplicación de las deducciones también aumenten del 10 al 20 % de la base liquidable del contribuyente. Pedimos que se incorpore el concepto de la donación de servicios, porque creemos que
las colaboraciones no tienen que ser necesariamente transacciones monetarias; creemos que las colaboraciones en forma de servicios pueden ayudar a privados, pueden ayudar a empresas, pueden ayudar a ONG y pueden ayudar, en definitiva, a mejorar
este ecosistema que se genera entre organizaciones y empresas y particulares. Con lo cual, pedimos que se incorpore el concepto de donación de servicio, que se incorpore la donación destinada a la rehabilitación arquitectónica de bienes de interés
cultural, las donaciones para la protección de espacios naturales protegidos o las donaciones de bienes culturales a autores reconocidos, una iniciativa inspirada en leyes como la italiana. Pedimos que se refuerce el automatismo y aplicación de
exención de tributos locales a los bienes propiedad de instituciones sin ánimo de lucro, cuando estos no estén vinculados a actividades económicas no exentas de impuestos sobre sociedades. Proponemos ampliar las modalidades de explotaciones
económicas exentas cuando sean desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Entre las nuevas actividades incorporamos organizaciones de actividades públicas de difusión y promoción cultural, las prestaciones del servicio de inserción
sociolaboral de personas con riesgo de exclusión social, las educativas y de formación profesional o la prestación de servicios a entidades sin ánimo de lucro. Proponemos una modificación en el procedimiento relativo al reconocimiento de las
asociaciones de utilidad pública con la finalidad de dar más objetividad a dicho procedimiento. Y finalmente, señorías, pedimos que el Gobierno elabore un informe cada tres años para comprobar la eficacia de dicha iniciativa y poder mejorar
aquellas cosas que no funcionen.


Señorías, hace muchos años que el sector nos está pidiendo una actualización de esta iniciativa. Ha habido intentos fallidos en esta Cámara de tirar hacia delante iniciativas que se parecen a la que hoy presentamos, por eso les pedimos
apoyo. Hemos escuchado en estas últimas horas que esta proposición de ley tiene como objetivo financiar el independentismo. Señorías, no se me ocurre a mí semejante barbaridad y no soy capaz de entender cómo la portavoz del Partido Popular ha sido
capaz de afirmar dicha barbaridad. Por eso les decimos que esto no sirve para financiar el independentismo, que esto sirve para financiar sectores culturales, de investigación, de desarrollo, sectores sociales que necesitan nuestro apoyo y que
necesitan por lo menos -por lo menos- que esta Cámara no se entrometa en cuestiones



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privadas y que favorezca las colaboraciones público-privadas. Por eso les pedimos su apoyo, señorías del Partido Popular, porque no entendemos cómo han sido ustedes capaces de hacer dicha afirmación.


Les pedimos, señorías, a toda la Cámara su apoyo, porque es una iniciativa que no viene de un partido ni viene de una forma de entender el mundo, sino que viene de todos los sectores sociales, culturales, de investigación, de ciencia, del
mundo del deporte que necesitan que les facilitemos la vida, que necesitan, en definitiva, que seamos el elemento facilitador para que puedan encontrar fuera de la Administración los recursos para hacer sus dinámicas habituales, para funcionar de
forma normal y para poder trabajar con mejores condiciones. No es ningún secreto que mi partido político, el partido político en el que yo participo, defiende las colaboraciones público-privadas como forma de garantizar un buen funcionamiento del
sistema. Hoy yo no les pido que compartan ese sistema para apoyar esta ley, solo les pido que entiendan la necesidad de apoyar a los sectores que lo están pasando mal, que han visto cómo las aportaciones de la Administración a lo largo de estos
últimos años han ido menguando, y que necesitan que les apoyemos para poder seguir trabajando con mejores condiciones.


Señorías, en definitiva, les pido su voto para aceptar la tramitación de esta ley, que podamos discutir dieciocho años después de la última Ley de Mecenazgo aprobada por esta Cámara sobre unos nuevos conceptos, sobre unas nuevas ideas, sobre
cómo actualizamos una ley de mecenazgo para que sea homologable al resto de leyes de mecenazgo de países que son referentes, y que esta Cámara pueda recuperar el papel que ha dejado escapar los últimos años.


Señorías, por último, les pido este apoyo no solo en mi nombre, sino en nombre de todas aquellas entidades, como la Fundació Catalunya Cultura, el CoNCA y de tantas, tantas, tantas entidades no solo de Catalunya, sino de otros lugares del
Estado que han venido defendiendo esta iniciativa. Les pido su apoyo y me pongo a su disposición para debatir, señorías, sobre lo que consideren oportuno cuando esta ley inicie sus trámites de discusión de enmiendas.


Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas Gracias, Señor Miquel. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas Gracias, Señora Guille.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el Señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señoras y señores diputados. La cuestión de fondo que se desvela con esta propuesta es que España carece de una ley específica de mecenazgo y urge disponer de ella, más aún si cabe ante la perentoria necesidad de incentivar
los apoyos privados en beneficio de la sociedad. Lo que ahora tenemos vigente es un sucedáneo legislativo con el que se facilitó a principios de este siglo la colaboración entre el sector público y el privado, con objeto de estimular iniciativas
que apoyasen las actividades en diferentes ámbitos. Pero esta normativa, aún vigente y tibiamente reformada, se ciñe a cuestiones muy centradas en la fiscalidad con las que se trataba de mejorar la ley anterior, aprobada una década antes, la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, con la que se pretendían aumentar significativamente los estímulos fiscales a la colaboración privada. Con todo, el
Gobierno presidido por José María Aznar promulgó la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que obtuvo amplio respaldo parlamentario en las Cortes Generales
en su tramitación, tanto aquí, en el Congreso, como en el Senado. En 2016, se produjo una modificación para fomentar el denominado micromecenazgo, pero España continúa precisando de un impulso legislativo definido en torno al mecenazgo, que además
se sume al esfuerzo autonómico en esta misma materia que ya dispone de regulación, caso de las comunidades del País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha e Islas Baleares.


Señorías, sin duda la propuesta que ha defendido el diputado Miquel i Valentí podría ser una buena ocasión para mejorar esta asignatura pendiente, ya que su proposición de ley plantea y amplía las condiciones de patrocinio y mecenazgo en un
momento socioeconómico que, como todos ustedes saben, resulta de enorme complejidad y que se prolongará durante mucho tiempo -hablamos de años- como secuela de la pandemia del COVID-19. Asimismo, esta iniciativa parlamentaria también podría ser una
oportunidad para afrontar los cambios que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en sus primeros meses, incluso convocando comisiones interministeriales, pero que se quedaron en la nevera antes de la pandemia, y ahora el triple parapeto del
coronavirus de la ministra de Hacienda y de las prioridades para



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atender la emergencia sanitaria harán imposible que el Gobierno traiga a las Cortes la norma que comprometió para fomentar los proyectos de financiación público-privada.


La ley vigente -conviene insistir en ello- no es exactamente de mecenazgo por mucho que lo lleve en su título, al menos no en el sentido con el que se aplica en otros países de Europa y del mundo homólogos a España. Nuestra normativa
vigente es de índole fiscal porque trata de flexibilizar requisitos e incentivar la colaboración privada con actividades y tareas de indudable interés público, a través de entidades sin ánimo de lucro de índole académica, universitaria, fundacional,
científica, federativa, sanitaria, solidaria, medioambiental, cultural, deportiva, etcétera, que proporcionan a la sociedad -y esto hay que tenerlo presente y subrayarlo- un importante valor añadido que de otra forma, ante la limitación de los
Presupuestos Generales del Estado, sería imposible llevar a cabo. Incluso cabría exigir que determinados ámbitos y objetivos, como son los relativos al medio rural y al combate contra su despoblación, también sean objeto de medidas de mecenazgo.
De hecho, el Senado ya ha instado recientemente al Gobierno en este sentido.


Para Asturias esta es una cuestión de extraordinaria importancia. Partimos de una situación muy complicada, con el lastre que supusieron las diferentes crisis que hemos sufrido en los últimos quince años y los obligados recortes de gasto
público a los que nuestras administraciones fueron abocadas de forma singular, tras la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española, en septiembre de 2011, que han ido alejando las disponibilidades presupuestarias y descompensando
paulatinamente el indudable y necesario esfuerzo de amparo privado.


Señorías, en el pasado ejercicio 2020, primer año de la pandemia que trastocó nuestras vidas, la excesiva y a menudo errática producción legislativa del Consejo de Ministros trató de paliar los efectos de la emergencia sanitaria con unas
medidas iniciales de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que se plasmaron en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, y que fueron complementadas posteriormente con otras
normativas de urgencia ante lo insuficiente de los primeros apoyos, que no solamente fueron escasos, sino que pusieron en evidencia la necesidad de reformas de mayor calado. Esta de hoy va en esa línea reformista. Sin embargo, sucumbe cuando
plantea cuestiones que refuerzan la capacidad competencial de las comunidades autónomas que inciden en materia fiscal y en aspectos recaudatorios que corresponden al Estado.


Para los asturianos, que estamos escaldados de la altísima presión impositiva, producto de décadas de Gobiernos socialistas, solo nos faltaba atribuirles más capacidad para estrujar al contribuyente a cuenta de una ley de mecenazgo con las
características y aspiraciones competenciales que propone y pretende el PDeCAT. Si no supera esta primera tramitación, tendremos que continuar a la espera de tener una nueva ley, porque la colosal crisis que estamos viviendo va a repercutir muy
negativamente en el ámbito empresarial, con los consiguientes impactos en el mecenazgo y en el patrocinio que ya están siendo devastadores. No podemos perder de vista que en España tenemos del orden de 275 000 entidades no lucrativas, y todos los
estudios e informes realizados en estos últimos meses auguran grandes dificultades para un alto porcentaje de ellas, con su repercusión en términos de empleo, además de la merma social que supondrá el inevitable recorte en sus actividades y
actuaciones ordinarias, y en definitiva en muchas cuestiones de capital importancia.


Como seguimos ante esa necesidad perentoria, reclamo al Gobierno el cumplimiento de su compromiso para tratar de que España no permanezca descolgada de los impulsos al mecenazgo que están vigentes en la Unión Europea. En definitiva,
discrepo de esta proposición de ley, pero continuamos pensando desde Foro que es conveniente reforzar legislativamente cuanto antes las herramientas en las que ya se basan los recursos de supervivencia del tercer sector, y que también afectan al
micromecenazgo, para tratar de captar la participación ciudadana en proyectos asociativos de interés general.


Muchas gracias, señora presidenta. Votaré en contra.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Arratsalde on. Buenas tardes. La verdad es que pensaba que iba a presentar la iniciativa el señor Bel por ser un tema económico, pero agradezco al señor Miquel que la haya presentado igualmente bien.



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El señor Miquel hoy nos trae un proyecto de ley para modificar la Ley de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. Usted sabe que compartimos y coincidimos básicamente en casi todos los planteamientos económicos,
tanto a nivel personal como de grupo, y hoy también compartimos la necesidad de abordar una modificación o revisión de esta Ley de Mecenazgo. No sé si a lo mejor es el momento más adecuado por estar inmersos en una pandemia que establece o requiere
quizá de otras prioridades, justificación que tal vez otros grupos le pueden hacer hoy, pero también es cierto que no podemos estar continuamente escudándonos en una situación de pandemia, y por tanto dejar de lado algunas cuestiones que a lo mejor
son más ordinarias. Es una proposición de ley que, como he dicho y ha dicho usted, pretende cambiar una ley del año 2002, y es verdad que ya tuvo un intento de modificación en la X Legislatura por parte de Convergència i Unió, que finalmente no
salió adelante. Aquella propuesta y la que hoy nos presentan no difieren mucho en su planteamiento. Ambas trataban de incrementar los incentivos fiscales, tanto en IRPF como en sociedades, reforzar el papel de las comunidades autónomas en esta
materia y ampliar el concepto de donativos y donaciones; y hoy también plantean el tema del micromecenazgo, que en aquella ocasión no se planteaba.


Me gustaría decirle, señor Miquel, en confianza, porque creo que son muy meticulosos con lo que presentan siempre, que creo que su proposición tiene un pequeña errata en su exposición de motivos, ya que cuando habla de que hay que modificar
los porcentajes de deducción, los porcentajes que aparecen no son los vigentes, ya que el Decreto 17/2020 en su disposición final segunda modificaba los mismos, y ya no es del 75 % sino del 80 % para donaciones inferiores a 150 euros, y del 35 % en
lugar del 30 % para los importes que sean de 150 euros. Aunque también tengo que decirle que es normal que haya pasado esto, porque con tanto decreto que se ha ido aprobando, en que unos modifican los anteriores y con nuevas medidas, es normal que
nos equivoquemos. También quiero decir desde aquí que ya es hora de que todos estos decretos que vayan a ser tramitados como proyectos de ley se traigan a esta Cámara y se hagan así.


Es verdad que se ha visto la necesidad en los últimos tiempos de incrementar la participación del sector privado en las actividades de interés general, y en este sentido tengo que decir que los territorios históricos forales ya reformularon
el catálogo de incentivos fiscales para facilitar una mayor colaboración público-privado en la financiación de proyectos de interés general. En el caso de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava esta revisión tuvo lugar en 2019, ampliándose en 2020 para
aquellas donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios gratuitos a favor, tanto de Osakidetza como de investigación científica, en el contexto de la lucha contra el COVID-19.


También hay que decir que cuando se habla de mecenazgo, deberíamos tener claro también qué tipo de mecenazgo se quiere porque, si bien es cierto que este va a hacer que se ingresen unas cantidades de dinero para dar impulso a determinados
sectores, también es cierto que lo que entra por un lado deja de entrar por el otro, y los presupuestos se pueden ver afectados si el mecenazgo se hace de forma muy abierta. Por lo que entendemos que este mecenazgo ha de suponer, desde luego,
mantener un equilibrio entre deducciones y pérdida de ingresos para los presupuestos y, sobre todo, creemos que el mecenazgo no puede suponer una sustitución de ingresos.


Como usted conoce, nosotros tenemos competencia en esta materia, así lo recoge la propia ley en su artículo 1, que establece que la ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y Convenio navarro y, por tanto, la
posible modificación de la ley que hoy traen ustedes aquí no nos afectaría. Por eso nuestra posición va a ser la de abstención, porque al igual que nosotros tenemos capacidad de decisión sobre esta materia en nuestros territorios, tampoco queremos
influir en una decisión que no nos corresponde adoptar, sino que la misma corresponde a otras administraciones de otros territorios, y por ello, a pesar de que vemos con buenos ojos la necesidad de modificar esta ley y adaptarla desde luego a los
nuevos tiempos, como he dicho, nuestro voto será de abstención.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy el Grupo Plural nos presenta una ley que pretende incrementar los incentivos fiscales al mecenazgo, que amplía el concepto de donativo y que incluye la obligación de evaluar cada tres años su impacto. Nosotros en Ciudadanos ya
presentamos en otra legislatura una proposición de ley sobre



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mecenazgo, una ley que es una de las grandes reclamaciones del tercer sector en España, una ley que pretendía dar reconocimiento a nuestros mecenas. Como saben, en nuestro partido apostamos por la colaboración públicoprivada como una de las
formas de progreso para la sociedad, es una manera de ir todos de la mano hacia el futuro, y por eso nuestra propuesta se abría a los ámbitos de la solidaridad, la cultura, el deporte o la investigación. Por tanto, no estamos ante un asunto que nos
resulte extraño. Así que les adelanto que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos votaremos a favor de la tramitación de esta proposición de ley.


Creemos que estamos ante un buen punto de partida para empezar a trabajar en una reforma del sistema de bonificaciones económicas y de Gobierno de las aportaciones de mecenazgo. Como les digo, es un buen punto de partida, pero, si se
aprueba la tramitación de esta ley en esta Cámara, les adelanto que nos queda por delante muchísimo trabajo y que tenemos que verla en conciencia para desarrollar una ley que de verdad solucione los problemas que existen en estos momentos. Debemos
elaborar a lo largo de los próximos meses un texto mucho más ambicioso.


Desde mi grupo creemos que hubiera sido mejor desarrollar una norma específica como la que se encuentra registrada en estos momentos en el Congreso o en el Senado, una ley que no solo adapte las necesidades del sector y contemple nuevas
formas de apoyo a la cultura, a la ciencia, al deporte no profesional y a otras actividades de interés general, sino que se extienda y que establezca también claramente y reduzca al máximo la discrecionalidad en la interpretación y aplicación por
parte de las autoridades competentes de los beneficios en ella recogidos.


También creemos que los incentivos fiscales al mecenazgo van en buena dirección, pero hay mucho por hacer también, porque, según la AIReF, los donativos en España se sitúan muy por debajo del nivel de nuestros socios comunitarios y una forma
de proporcionar y de aumentar esos donativos es a través de incentivos fiscales.


Señorías, una parte de la reconstrucción del tejido económico y cultural de nuestro país debe estar por la articulación de un nuevo sistema de deducciones fiscales que incentive la colaboración público-privada y permita a las empresas del
sector tener a su disposición una mayor financiación para poder crecer y ser más productivos. Los datos nos están alertando de cómo la cultura está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. En el primer trimestre del año pasado el empleo
cultural cayó más de un 8 % respecto a 2019, una cifra que sale del informe elaborado por el propio ministerio sobre el impacto del COVID-19 en el empleo cultural. Este mismo informe nos indica que los contratos indefinidos en este sector ya eran
pocos antes de la pandemia, pues cayeron un 4 %. En Ciudadanos ya hemos puesto muchas veces sobre la mesa la posibilidad de que el ministro de Cultura y Deporte recogiera e hiciera suya nuestra propuesta, pero, por desgracia, el ministro sigue
ausente mientras el sector de la Cultura se desangra.


¿Qué más tiene que pasar, señorías del Gobierno? ¿Qué más tiene que pasar? Hay que ponerse a trabajar y esta ley podría ser un buen punto de partida para poder ayudar a los sectores que en estos momentos más lo necesitan como puede ser la
cultura.


No quiero acabar la intervención sin recordarles que en Ciudadanos registramos una enmienda a los presupuestos para incluir al Instituto de Salud Carlos III, al CSIC o a la Cruz Roja en la disposición adicional sobre actividades prioritarias
de mecenazgo. Por supuesto, las señorías que sustentan el Gobierno votaron en contra. Aprovechemos ahora la tramitación de esta ley para abordar el asunto desde su raíz, presentando a los españoles una regulación adecuada y adaptada a las
necesidades de los distintos sectores. No perdamos la oportunidad de tener un debate sosegado, en profundidad, escuchando a la sociedad y ofrecerles el mejor marco para que puedan seguir desarrollando sus actividades con los apoyos de todos los
españoles.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.


Bona tarda, diputades i diputats. Debatimos esta proposición de ley del PDeCAT sobre la reforma de la Ley de incentivos fiscales al mecenazgo. Felicitamos al señor Sergi Miquel por esta iniciativa porque creemos que es muy necesario que en
este año 2021 se reforme una ley que es del 2002 y más con todo lo que ha pasado en este último año de pandemia, pero antes una cuestión previa. Esta proposición



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pretende reformar la regulación de las inversiones privadas, como dice la exposición de motivos -cito literalmente-, para complementar el insuficiente gasto público destinado a estas actividades.


Antes de entrar en el fondo, queremos dejar claro que apostamos de manera prioritaria, como partido de izquierdas que somos, por la inversión del sector público en los ámbitos de la cultura, de la I+D+i, de la ciencia y del deporte, áreas
principales que estimulan el mecenazgo. El impacto de la COVID-19 es especialmente profundo en estos sectores, ya que tradicionalmente no han dispuesto de suficiente financiación pública y privada. Por eso se contempla imprescindible y de gran
urgencia la ejecución de políticas públicas de recuperación que prioricen y reivindiquen el valor social de la cultura y de la ciencia. Tras esta realidad se encuentra tanto la precariedad estructural de estos sectores como las implicaciones de la
anterior crisis financiera de 2008, que supuso importantes recortes presupuestarios por parte de la derecha española y también la catalana en las políticas culturales y de apoyo a la ciencia en las diferentes administraciones públicas, con lo cual
la grave situación de estos sectores no es consecuencia exclusiva de la actual recesión causada por la COVID-19. Por todo esto, necesitamos recursos públicos, muchos más recursos públicos, recursos que se obtienen por la vía de un sistema fiscal
más progresivo: Que pague más quien más tiene, que las grandes empresas tributen allá donde generen valor y que atajemos el fraude fiscal y la elusión fiscal, que es culpable de que más de 60 000 millones de euros al año se dejen de recaudar en el
Estado español. Solo así podremos garantizar las inversiones necesarias para conseguir una sociedad más igualitaria, justa, culta y que apueste por la innovación.


Ya en 2017 Esquerra Republicana presentó una moción en este Congreso que instaba, precisamente, a la reforma de la Ley de incentivos al mecenazgo con la finalidad de incluir los consorcios públicos del sistema de ciencia, tecnología e
innovación como entidades financieras beneficiarias del mecenazgo. En la actualidad, esta ley se encuentra claramente limitada tanto desde el punto de vista de los sectores a los que es de aplicación como desde el punto de vista de las entidades
que pueden ser beneficiarias y de los propios incentivos fiscales a los que pueden acogerse. El sistema de ciencia y tecnología está integrado no solo por las universidades públicas, por los organismos públicos de investigación y las fundaciones
dedicadas a la investigación, sino también por los consorcios, cuya misión principal es la investigación. De entre estos últimos, podemos citar como ejemplos el Barcelona Supercomputing Center y el Consorcio para la construcción, equipamiento y
explotación del laboratorio de luz Sincrotrón, CELLS. Es imprescindible que conste de manera explícita en una futura ley. Y permitir que las comunidades autónomas puedan incorporar actividades prioritarias de mecenazgo también nos parece una
reforma imprescindible. De hecho, ya presentamos una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado con esta misma intención y esperamos que sea aprobada la reforma que recoja este Pleno.


A nivel europeo, ámbitos como la cultura, la ciencia, la educación o la cooperación al desarrollo son reconocidos como espacios donde los ciudadanos pueden llegar a hacer aportaciones de mecenazgo de forma masiva. Les pongo un ejemplo
concreto. El Banc dels Aliments de Girona ha explicitado muchas veces la necesidad de mejorar el trato fiscal de las donaciones a partir de la mejora de esta ley. Por ejemplo, las empresas que les pueden ayudar pueden desgravar hoy aquí un 35 %
del impuesto sobre sociedades mientras que en otros países europeos esta desgravación llega hasta el 65 %, como sería el caso de Francia. En definitiva, aunque creemos que el modelo de mecenazgo es necesario, este debe ser complementario y siempre
por detrás de la inversión pública. Nosotros hubiéramos presentado una proposición de ley diferente, pero vamos a votar a favor de esta toma en consideración porque creemos que hay mucho margen para mejorar la actual ley y, por tanto, estamos
abiertos al debate.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.


Presidenta, vaya por delante que compartimos una buena parte de las inquietudes reflejadas en el texto presentado hoy por el PDeCAT para su debate. La primera de ellas es obvia, la propia pertinencia de una ley de mecenazgo, toda vez que,
como ya se ha dicho, la normativa vigente, la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, data del año 2002. Es decir, es de hace ya casi dos décadas, tiempo más que suficiente para someter
la norma a una actualización en profundidad y adaptarla a las nuevas y cambiantes circunstancias. Coincidimos también en la



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importancia de dotar a las entidades no lucrativas o de utilidad pública con herramientas suficientes para su financiación. Para ello, el Estado no solo debe transferir recursos directos a estas actividades, sino que debe implementarse todo
un sistema de estímulos fiscales para la implicación responsable y eficiente del sector privado en su sostenimiento como, de hecho, propone el texto sometido hoy a discusión. Ya durante la crisis de 2008-2012 la reducción drástica y repentina de
financiación pública demostró la conveniencia de abrir el espacio y fomentar la entrada de capitales privados de cara a compensar y corregir en parte esta situación; y digo en parte porque nada puede ni debe reemplazar al Estado en el protagonismo
de estas políticas.


Por otro lado, la crisis actual ha puesto de manifiesto la importancia de sostener estas actividades, no solo las que se llevan a cabo sin ánimo de lucro -y cuya relevancia en estos meses ha resultado fundamental para satisfacer necesidades
a las que sencillamente el Estado no llega-, sino también las vinculadas, por ejemplo, al mundo del deporte o de la cultura tan castigada y a la vez tan demandada en estos días extraños que nos ha tocado vivir. Estamos de acuerdo también en
promover mayores deducciones para los pequeños capitales, el micromecenazgo, tal y como decían ustedes. De algún modo, popularizar el concepto de mecenazgo no solo promueve un cierto igualitarismo, sino que apela a una responsabilidad ciudadana que
sin duda debe ser fomentada. Así, no podemos estar más de acuerdo con sacarlo del ámbito de la burguesía, como decía el señor Miquel. En el mismo sentido, se propone ampliar determinados conceptos como el de donativos y donaciones, propuestas
todas ellas que nos parecen acertadas o, al menos, bien direccionadas. De la misma forma, coincidimos en el protagonismo que deben asumir las comunidades autónomas en la gestión y diseño ulterior de estas herramientas. De hecho, como ya se ha
dicho también antes aquí, son ya varias las autonomías que han legislado en este sentido.


Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha argumentado que no solo es consciente de la desactualización normativa que se padece en este terreno, sino que, según declara, lleva meses estudiando una reforma en la dirección aquí apuntada.
Dado que el principal dispositivo para promover el mecenazgo es el de la fiscalidad, parece razonable reservar un cierto protagonismo al ministerio en el debate de la reforma, entre otras razones, por el carácter genuinamente transversal de la
propuesta por cuanto afecta a un buen número de figuras fiscales, algunas de las cuales, por cierto, ya se han modificado recientemente en esta dirección, como el aumento de esos 5 puntos porcentuales en la deducción por donativos en la cuota de
IRPF. Esto fue fijado el año pasado en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Asimismo, las modificaciones en tributos y tasas de ámbito local que aquí se proponen deberán realizarse dentro de una reforma conjunta del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y ello requiere la participación de las entidades locales -como bien sabrá el grupo que las propone- a través de sus órganos representativos y teniendo en cuenta las necesidades de compensación por parte de la
Administración del Estado.


Finalmente, el ministerio alega que todas las deducciones y exenciones contempladas en la presente proposición de ley tendrían un impacto aproximado en las arcas públicas de unos 295 millones de euros al año. Francamente, no me parece una
cifra alarmante y por mi parte estaría dispuesto a asumir ese impacto y aún uno mayor si se cumplieran los objetivos de promoción de estas actividades de interés general. Pero, como digo, afecta a uno de los pilares básicos del sostenimiento del
Estado del bienestar y no quisiéramos embarcarnos en semejante empresa si no es con el arquitecto jefe, es decir, con el ministerio, a pie de obra. Felizmente, este ha manifestado su acuerdo con la toma en consideración de esta iniciativa, con lo
que tenemos las garantías para iniciar su trámite. Desde luego, señorías del PDeCAT, cuenten con nuestro concurso.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. (Aplausos).


El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Con la venia.


Cuando venía hacia la tribuna me decía que hoy teníamos que conseguir todo lo que podamos para los españoles que lo están pasando mal. Este va a ser el objeto principal de esta intervención. (Aplausos). Cuando se produjo la moción de
censura al anterior presidente y llegó el primer Ejecutivo del PSOE, el señor Guirao, ministro de Cultura y Deportes de aquel gabinete, anunció de manera inmediata su apoyo a una nueva ley de mecenazgo, que consideraba inminente. Además, se suponía
que era la mera prolongación de trabajos que ya se estaban llevando a cabo en Cultura y en otras comisiones del Congreso.



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Por tanto, los trabajos estaban muy avanzados. Su sucesor, el señor Rodríguez Uribes, volvió a insistir en sus primeras comparecencias en el carácter avanzado de esos trámites y en que tenían prácticamente un texto que podían someter a la
consideración de este Congreso. Por desgracia, eso tampoco se ha cumplido. El hundimiento de los ingresos públicos de todas las administraciones, por más maquillaje contable que se les quiera poner, es ya una realidad. La necesidad de que buena
parte de las actividades que no podrá realizar la Administración pública sea asumida por la iniciativa privada es más aguda que nunca. Entidades sin ánimo de lucro que prestan de verdad su asistencia a los españoles más perjudicados por esta
pandemia necesitan de forma urgente todos los recursos que puedan reunir. En la medida en la que nos sea posible, es obligación de todos los miembros de esta Cámara prestar toda nuestra colaboración y darles esos recursos. En este sentido, el
Gobierno actual, como en todo, no está a la altura. En este contexto, el hecho de no contar con un instrumento adecuado y tener que regirnos por una la ley de 2012, como ya han dejado claro las personas que me han precedido en el uso de la palabra,
va a ser un problema importante. Por ello, dado que lo único que se ventila en esta sesión es la aceptación o no a trámite, y entendiendo perfectamente el objetivo que el señor Miquel i Valentí pretende con esta propuesta, nos inclinaremos por
votar a favor de su tramitación.


Este texto no es fruto de una elaboración reciente, sino una mera copia, en su mayor parte, de la propuesta presentada por Convergència i Unió, cuando aún era su portavoz el señor Duran i Lleida, y publicada en el Boletín de las Cortes el 23
de mayo de 2014. Si leemos varios de sus párrafos y el articulado, podemos decir que, ni aun adoptando el acercamiento extremadamente liberal en estas materias del ausente señor Sánchez, este es un trabajo original; esto es una mera reiteración de
una propuesta que no llegó ni a discutirse en Pleno. Entiendo que es lógico que mantengan las mismas ideas sobre un asunto como este, teniendo en cuenta que aquella iniciativa no llegó a debatirse, pero siete años es un periodo excesivo para no
haber realizado ninguna actualización más profunda. He sido miembro de patronatos de diferentes fundaciones tanto en España como en el extranjero y los cambios en administraciones en estos años han sido muy profundos; deberían haberse reflejado.
De todos modos, tengo que señalar que muchas de las mejoras que ustedes están proponiendo aquí traslucen un buen conocimiento de las entidades sin ánimo de lucro, de su financiación y deben ser tomadas en cuenta. En muchos casos mejorarían el texto
que tenemos en estos momentos. También consideramos buena la propuesta de incluir universidades privadas entre los centros que puedan recibir estas ventajas, ya que cada vez hay que tener más en cuenta todos los centros de investigación posibles,
como esta pandemia ha puesto de manifiesto.


Dejando de lado el hecho de que esta propuesta es casi idéntica a la de 2014, consideramos que hay aspectos -que esperamos poder corregir- que son preocupantes como, por ejemplo, el de los fondos patrimoniales indisponibles. Es cierto que
en Francia esta figura ha tenido bastante desarrollo porque trata de adaptar una figura del derecho islámico malikí, una trasposición de los bienes habices que se había dado ya en el derecho franco-argelino y que guarda analogía con diferentes
figuras del derecho europeo. No podemos decir de manera terminante que esto no se deba hacer, pero hacerlo con la ligereza con la que se despacha en este texto es muy excesivo. Hay incluso muchos países musulmanes en los que esto no se considera
aceptable. Es una cuestión sumamente compleja que debe debatirse de manera monográfica y no como una disposición adicional, como se despacha aquí.


También pensamos que algunas de las deducciones propuestas pueden dar lugar a una evasión fiscal importante. Por ello, aunque la prestación de servicios a fundaciones y a ONG sea perfectamente legítima y deba, por supuesto, dar lugar a una
desgravación, pensamos que sería muy bueno escuchar a esos funcionarios del ministerio para que nos indiquen más o menos por dónde pueden ir los tiros del desarrollo reglamentario a que esto pueda dar lugar.


Con todo lo apuntado, como señalé al principio de mi intervención, y como lo que se vota en estos momentos es si resulta necesario admitir a trámite esta reforma de la Ley del mecenazgo que habrá de ser elaborada partiendo de este texto,
apoyaremos su toma en consideración e introduciremos las mejoras que sea posible durante su trámite. Como les dije al principio, haremos todo lo posible por conseguir cualquier mejora para los españoles que lo están pasando peor.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.



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El señor CARAZO HERMOSO: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Señor Miquel, ¿es necesaria una nueva ley de mecenazgo? Sí, pero no así. Estamos de acuerdo con aumentar los incentivos al mecenazgo, pero no con convertir la reforma de la ley en un totum revolutum en el que el
Grupo Parlamentario Plural trata de incluir de rondón algunos traspasos de facto de competencias a las comunidades autónomas, con algunos puntos de dudosa constitucionalidad, como trataré de explicar a lo largo de mi intervención.


Señorías, el impulso del mecenazgo está en el ADN del proyecto cultural y social del Partido Popular, porque estamos con los grandes mecenas culturales que donan al Estado obras de incalculable valor, pero también con los mecenas que ahorran
10 euros para dar a final de mes una aportación a la Asociación Española contra el Cáncer; porque estamos con el apoyo al Museo del Prado, pero también con los centros de investigación universitarios que luchan contra el COVID; porque estamos con
los que donan un legado millonario, pero también con los que donan una pequeña cantidad a través de una plataforma de crowdfunding a una ONG que lucha para ayudar a los que tienen que recurrir a las colas del hambre.


Señorías, fue un Gobierno del Partido Popular el que a través de la citada Ley 49/2002 introdujo por primera vez el mecenazgo como protagonista de la legislación española. Esta norma, que sigue en vigor, introdujo unas importantes
deducciones fiscales para las aportaciones que personas y empresas realizaban a entidades sin fines de lucro que servían al interés general. Tras la llegada al Gobierno del PP de nuevo en 2011, se planteó dar un nuevo impulso al mecenazgo. La
situación de ruina que nos había dejado Rodríguez Zapatero no permitió la aprobación en esa primera legislatura de una normativa más amplia, pero sí nuevas deducciones en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, que fueron aumentando con los años
mientras la economía se recuperaba con efectos muy positivos.


Les daré algunos datos. La Asociación Española de Fundraising dice que cada español se dedujo de media de la cuota del IRPF por donaciones y otras aportaciones una cantidad de 10,1 euros en 2016 frente a los 4,7 euros de media en 2014. Es
decir, hubo un aumento de un 113 % tras la aprobación de estas nuevas ventajas fiscales en el año 2014. Ya en el año 2018 el Grupo Popular planteó una proposición de ley de promoción del mecenazgo que caducó tras la moción de censura del señor
Sánchez. Nuestro compromiso con esta cuestión, por tanto, es claro.


Como decía al comienzo, señor Miquel, hay cosas que nos gustan de esta proposición de ley, pero hay otras con las que no podemos estar de acuerdo. Empezando por la parte buena, nos gusta que se proponga aumentar los incentivos fiscales al
mecenazgo hasta equipararlo a otros países europeos. Nos gusta que se recojan incentivos a la ciencia o a la investigación. Nos gusta que se recojan nuevas figuras como el crowdfunding o micromecenazgo o la inclusión de nuevos supuestos de
mantenimiento del patrimonio histórico o medioambiental. Sin embargo, no entendemos que se aproveche una ley de mecenazgo para introducir reclamaciones independentistas, como que sea la comunidad autónoma la que haga la valoración de donaciones de
bienes a entidades privadas o que las comunidades autónomas puedan ampliar los supuestos de mecenazgo, incidiendo sobre impuestos que son estatales como el impuesto sobre sociedades o el tramo estatal del IRPF; o la pretensión de que los bienes
aportados como dación de pago de impuestos deban permanecer en la comunidad autónoma de origen. Esto supondría, por ejemplo, que un cuadro de Dalí, que era de Figueras, no se pudiera exponer en el Reina Sofía o que un Salzillo no se pueda exponer
en el Museo de Escultura de Valladolid o que un Picasso, que era de Málaga, no se pueda exponer en Barcelona.


El mecenazgo es solidaridad, señorías, y la solidaridad es incompatible con el nacionalismo excluyente o el egoísmo provinciano. (Aplausos). Las sociedades que se cierran, que excluyen la solidaridad retroceden; las sociedades abiertas,
libres, avanzan. No hay nada más que comparar los datos económicos de Cataluña y de Madrid en los últimos años. Y por eso no podemos apoyarla. Si se aprueba su toma en consideración, enmendaremos el texto, pero les anuncio que el Grupo Popular
presentará en los próximos días una proposición de ley de promoción del mecenazgo, que es necesaria, pero sin ningún añadido extraño, porque pensamos que, junto a la necesaria aportación pública a las entidades de interés general, la existencia de
recursos privados procedentes de la solidaridad de los ciudadanos ayuda al sostenimiento a medio plazo de las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, culturales pero también sociales, de investigación, educativas, todas ellas beneficiarias
del mecenazgo; porque pensamos que, además del necesario reconocimiento económico, debemos reforzar el reconocimiento social de los mecenas y porque además pensamos que el COVID nos ha hecho más solidarios, más conscientes de la importancia de
ayudar a causas como la investigación médica o la ciencia y hay que dar apoyo a esa solidaridad; una



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solidaridad más necesaria que nunca como consecuencia de la crisis económica y la caída en picado de las aportaciones de recursos privados.


Ante todo esto, ¿qué dice el Gobierno, que hoy no está? En mayo aumentó los incentivos con el Real Decreto-ley 17/2020 y está bien, pero se queda corto, como casi todo lo que hace en materia cultural. Se podría mejorar si tramitaran como
proyecto de ley este real decreto que tienen paralizado desde hace muchos meses en esta Cámara. Pero es que el ausente ministro Uribes decía la semana pasada que no era momento para una ley de mecenazgo porque conduce a la melancolía. Yo entiendo
que el señor Uribes no es muy de acción y que todas las acciones que emprende últimamente el Partido Socialista conducen a la melancolía, pero hace falta actuar. Añadía el señor Uribes que el momento no es oportuno porque ante el aumento masivo del
gasto es necesario recaudar. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque el mecenazgo es libertad. Porque pensar que lo importante es recaudar es socialismo. Pensar que son buenas las deducciones que dejan dinero en el bolsillo de los españoles
para que lo puedan destinar a causas sociales es libertad. Porque la solidaridad coercitiva es socialismo y la solidaridad voluntaria es libertad. Porque el modelo cultural que pretende arreglarlo todo a golpe de subvención es socialismo y el
modelo que apuesta por la cultura segura para que los artistas puedan continuar trabajando y desarrollando su actividad económica, como están haciendo en Madrid el alcalde Martínez-Almeida o la villana favorita de la izquierda, la presidenta Isabel
Díaz Ayuso (aplausos), es libertad. Entre socialismo o libertad y comunismo o libertad, como ya saben, nosotros siempre estamos con lo segundo.


Por todo ello, apoyo al mecenazgo, sí, siempre. Habrá que tramitar una ley y es necesaria una ley que ayude a impulsar el mecenazgo desde la solidaridad y la libertad. Lo demás, lo añadido, lo que está de aliño no procede y nos impide hoy
apoyar la toma en consideración de esta proposición.


Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Carazo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.


Señorías, compartimos la necesidad de una revisión global de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, una revisión motivada por el tiempo transcurrido desde su primera
aprobación y por la existencia de nuevas modalidades de financiación pública que justificarían incluso un nuevo marco normativo en esta materia. Sin embargo, la materialización de esta proposición de ley no refleja tal propósito, sino la
intencionalidad de obtener cuantas ventajas fiscales y tratamientos diferenciales sean posibles, y lo hace, a nuestro entender, sin dar respuesta a la complejidad de la materia como merece, distorsionando la imagen de un sector no lucrativo y
filantrópico de nuestro país que se aleja de la visión parcial que refleja la proposición. Y a los hechos me remito, la iniciativa se centra en ampliar el concepto de donativos y donaciones y el de entidades beneficiarias del mecenazgo. Creemos
que es discutible que se otorgue, como se pretende, el derecho a practicar las deducciones por las donaciones de servicios, ya que puede dificultar incluso el deseable objetivo de prevenir y evitar el fraude fiscal, dada la dificultad de controlar
la efectiva prestación de servicios como consultoría o asesoramientos y su correcta valoración.


Esta iniciativa persigue, además, como ya se ha explicado, elevar a tanto alzado -y para nuestro entender sin una clara justificación- las actuales cuantías de las deducciones y límites. Por ejemplo: incremento del 90 % de la deducción en
el IRPF, 50 % del impuesto de sociedades, exención del ICIO y una definición abierta de las explotaciones económicas exentas, entre otras cuestiones. En fin, esta iniciativa establece de manera simplista -a nuestro entender- todo un sinfín de
modificaciones. Y, señorías, no podemos convertir la revisión de esta ley en una mera competición de mejoras fiscales. Queremos y debemos fortalecer y potenciar un sector comprometido con los retos de nuestra sociedad, pero no podemos dar una
falsa señal, como intenta decir el Partido Popular. No podemos compartir que la solidaridad se mueva exclusivamente por un interés fiscal. De verdad que no lo compartimos. Tenemos una sociedad muy comprometida y solidaria y no podemos compartir
que única y exclusivamente se mueva por intereses fiscales. (Aplausos).


Señorías, estamos obligados, por responsabilidad, a cambiar el enfoque de la iniciativa y así lo haremos. La contribución social claro que es importante, pero también lo es la contribución fiscal, y debemos poner en valor ambas, en términos
reputacionales también. Además, me gustaría incorporar una reflexión al debate. Se obvia que la desgravación fiscal no es el factor principal de decisión a la hora



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de participar en propuestas de donación; así lo atestiguan distintos estudios y barómetros empresariales. De hecho, según estudios recientes, la filantropía europea movilizó más de 1100 millones de euros en un único mes, en el mes de mayo
de 2020. En un solo mes se han movilizado una gran cantidad de recursos, la mayoría orientados a la ayuda de emergencia para la crisis de la atención médica, así como al apoyo general para socios sin fines de lucro con dificultades; un enfoque que
ahora se desplaza hacia los efectos secundarios de la crisis. La crisis del coronavirus ha movilizado una respuesta sin precedentes por parte de la comunidad filantrópica que poco tiene que ver con el aumento de los incentivos fiscales. Asimismo,
la AIReF, en su análisis de las deducciones fiscales por donativos, dentro de la programación del Spending Review, no identifica la relación de causalidad directa entre beneficio fiscal y el avance de las donaciones. Las reformas de 2015 y 2016,
incrementando los porcentajes de deducción sobre los donativos aplicados, no produjeron efectos significativos ni diferenciales sobre las cantidades donadas ni sobre la probabilidad de que un contribuyente realizara más donativos. Se ha comprobado
que en los últimos años existen otros factores que están teniendo mayor influencia si cabe que los incentivos fiscales a la hora de realizar donativos, como son las campañas en redes sociales o los nuevos desarrollos tecnológicos, por ejemplo.


Por todo ello, establecer mejoras, mecanismos ágiles y transparentes para facilitar esa participación público-privada es una asignatura prioritaria, por delante del mero incremento de los incentivos fiscales; unos incentivos que, por
cierto, como aquí se ha repetido, recientemente ya se han mejorado de forma sensible para dar apoyo al sector cultural, para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, elevando hasta 5 puntos los porcentajes de deducción en el IRPF,
en el Real Decreto 17/2020, como ustedes han mencionado. Los beneficios fiscales recogidos en el presupuesto de 2021 por donativos en IRPF se han incrementado un 10 % respecto al año anterior; por donaciones en impuesto de sociedades, un 15,4 %.
Como reconoce la misma proposición, el avance es innegable en este último año. El esfuerzo presupuestario para 2021 es incuestionable en inversión y en gasto público en fines sociales, de investigación y de todo tipo; un esfuerzo muy distinto, por
cierto, al realizado por otros Gobiernos ante otras crisis. Mientras el Gobierno del Partido Popular debilitaba el sector público y el tejido social, el Gobierno progresista lo fortalece y lo continuará fortaleciendo. Controlar la pandemia, evitar
impactos estructurales, garantizar la recuperación económica rápida y sostenible y también -muy importante- garantizar unos ingresos públicos suficientes es la hoja de ruta de la Comisión Europea, que comparte el Gobierno de España, y también
debiera ser la de este Parlamento, por lo que creemos que se deben reconsiderar la literalidad y los términos utilizados en la iniciativa. De hacerse efectiva -se decía aquí- tiene un coste adicional que debemos reflexionar.


Por todo ello, pensamos que no debe ser una revisión tan limitada; es mejor evaluarla en sentido amplio, adaptarla para asegurar su finalidad y garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio. Señorías, les
animamos a trabajar juntos y a avanzar hacia un marco lo más ventajoso posible para todos. Es el camino que tenemos que seguir. Me consta que es el objetivo que también persiguen la mayoría de las entidades sin fines lucrativos y que debemos poner
en valor.


Señorías, para terminar, simplemente quiero decirles que, por todo lo expuesto, termino como empecé: compartimos la revisión de la ley, por lo que atendemos la toma en consideración, pero no compartimos la literalidad de los términos y, por
tanto, trabajaremos...


La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que terminar, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: ... con el fin de garantizar la revisión global; un reto complejo, pero que espero que seamos capaces de abordar con responsabilidad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 122/000028).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de protección y apoyo a las familias. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, venimos con una proposición de ley integral de apoyo a las familias porque en Ciudadanos lo que queremos es seguir trabajando -y les aseguro que hoy más que nunca- por propuestas



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moderadas, propuestas que beneficien a todas las familias, a todo el conjunto de familias sin dejar fuera a ninguna. El proceso que va desde que una persona empieza a formarse hasta lograr cierta estabilidad y poder formar una familia en
España actualmente es muy complicado. Es un proceso que pasa por la emancipación económica, conseguir un puesto de trabajo medianamente estable y acceder a una vivienda, y, claro, nuestro país tiene uno de los mercados laborales más disfuncionales
de Europa. Esta circunstancia está en la base de las dificultades que afrontan jóvenes, mujeres, trabajadores en general para poder conciliar su vida personal y laboral así como para poder formar una familia.


¿Qué es lo que pretende Ciudadanos con la propuesta de hoy? Queremos cambiar esta situación con un objetivo claro: queremos convertir a España en el mejor país para tener una familia. Esto solo se puede conseguir si abordamos el problema
desde todos los ámbitos, desde la igualdad, desde la conciliación, desde la corresponsabilidad y la natalidad. Hombres y mujeres tienen que asumir por igual sus responsabilidades familiares y la decisión de formar una familia y atender las
obligaciones que ello supone no pueden seguir suponiendo penalizaciones en el trabajo ni renuncias en la carrera profesional, especialmente en el caso de las mujeres.


Señorías, necesitamos dar apoyo a las familias porque el envejecimiento demográfico es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades occidentales. En España este es un problema especialmente grave, delicado. La OCDE
nos ha advertido de que para mediados de siglo nuestro país será el segundo país más envejecido de la OCDE, solo por detrás de Japón. Y esto no es solo un problema demográfico, sino que es un problema de sostenibilidad, es un problema de
sostenimiento del Estado del bienestar. Las cotizaciones de los trabajadores son discontinuas, el paro estructural es muy elevado, la inserción laboral de los jóvenes es difícil. Estamos a la cabeza de Europa en desempleo juvenil, precarización,
temporalidad, y todo esto teniendo en cuenta que la situación de crisis en la que nos hemos introducido va en aumento. Y los expertos ¿en qué coinciden? En que las mejores condiciones para tener hijos son haber completado una educación, tener
determinados años de formación, gozar de estabilidad económica y laboral, disponer de una vivienda adecuada y contar con una pareja estable. Esto es lo que se establece en el marco de expertos, pero son unas condiciones cada vez más difíciles de
alcanzar para poder conformar una familia. ¿Por qué? Por falta de políticas públicas efectivas orientadas a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Estas condiciones son difíciles de alcanzar porque no
atajamos el problema de nuestro mercado laboral; son difíciles de alcanzar porque el Estado también está olvidando a las familias. España ha estado sistemáticamente a la cola de los países de la OCDE en la inversión en familia, muy lejos de otros
países como Reino Unido, Dinamarca, Francia o Suecia.


Estas condiciones son, además, difíciles de alcanzar, señorías, porque todavía no hemos conseguido acabar con la discriminación laboral a la que nos enfrentamos las mujeres. La tasa de paro femenina sabemos que es muy elevada; las últimas
tasas de paro que hemos tenido en el mes de febrero nos apuntan a que el 70 % de las personas desempleadas son mujeres. Muchas mujeres, señorías, han tenido que dejar sus puestos de trabajo para hacerse cargo de personas dependientes, mayores o
hijos a cargo, ya que el sector público no les ha ofrecido una alternativa para poder continuar con su trabajo. Somos las mujeres las que pedimos las excedencias y las reducciones de jornada para cuidar de nuestros niños o de nuestros mayores. Por
ello es totalmente urgente que promovamos la corresponsabilidad, que se haga posible la conciliación, para que hombres y mujeres podamos desarrollar y distribuirnos las tareas de una manera equilibrada y podamos conciliar nuestra vida personal y
profesional. Las mujeres siguen dedicando mayor tiempo a la familia y al hogar, el doble de tiempo que los hombres, y esto no es sostenible, no es aceptable. Con la ley integral de apoyo a las familias queremos que la sociedad dé un paso más para
apuntalar nuestro Estado del bienestar incorporando todos los cuidados: atención a la natalidad, la infancia, la dependencia, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los cuidados son, en definitiva, la garantía para el
desarrollo libre, digno y pleno de los derechos fundamentales. Las políticas de dependencia y de conciliación son también una ayuda necesaria para los trabajadores que tienen que conciliar su vida profesional con la atención a otras personas a su
cargo, ya sean menores, mayores o dependientes.


¿Qué es lo que proponemos concretamente con esta norma? Que todas las familias con dos o más hijos sean consideradas familias numerosas y que aquellas que tengan tres sean consideradas familias numerosas de categoría especial. Establecemos
un régimen de protección para las familias monoparentales, que, como sabemos, están formadas esencialmente por mujeres; de esta forma, los beneficios reconocidos para las familias numerosas se hacen extensos también a las familias monoparentales y,
con la misma



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lógica, los reconocidos a las familias numerosas de categoría especial se hacen extensivos a las familias monoparentales con dos o más hijos. Reconocemos, además, explícitamente el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y su ejercicio corresponsable, reforzando las garantías judiciales para la tutela de este derecho a fin de asegurar su efectividad. Queremos equiparar el permiso reconocido para las trabajadoras que deban asistir a sesiones de preparación
al parto o a las sesiones preceptivas en procesos de adopción o que estén inmersas en tratamientos de reproducción asistida. Ampliamos el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares previsto en el Estatuto de los
Trabajadores, extendiendo su aplicación a quienes tengan a su cuidado directo a una persona mayor.


Esta ley refuerza los instrumentos para la prevención y protección frente a los riesgos laborales en supuestos relacionados con el embarazo, la maternidad y la lactancia, ampliando las obligaciones de las empresas en materia de prevención y
las posibilidades de la adaptación de la duración y la distribución de la jornada de trabajo. También amplía el subsidio por nacimiento y cuidado de menor reconocido a las trabajadoras que no reúnan los requisitos de cotización exigidos para
acceder a la prestación contributiva de la Seguridad Social. Del mismo modo, se crea una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las trabajadoras durante los periodos de suspensión por enfermedades causadas por
el embarazo, el parto o la lactancia natural.


Con esta ley garantizaremos también el derecho a la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a derechos y beneficios sociales. Así, se reconoce a las parejas de hecho la posibilidad de ser reconocidas como
familias numerosas, condición que antes les estaba excluida. También aprovechamos esta ley para pedir al Gobierno que elabore un pacto de Estado por la racionalización de horarios y la conciliación, que tenga por objeto conseguir unas jornadas de
trabajo flexibles y compactas, promover una verdadera conciliación de la vida personal, familiar y laboral y facilitar la posibilidad efectiva de su ejercicio corresponsable.


En definitiva, señorías, con esta ley queremos que España sea el mejor país para formar una familia, pero para ello necesitamos un consenso amplísimo y una mirada amplia en política, algo que siempre reitero en esta tribuna. Asimismo, si
esta es una proposición adecuada, buena para nuestro país, quiero que sea apoyada y que no porque sea una proposición de Ciudadanos -y esto ya nos ha pasado en algunas ocasiones en presupuestos- se mire hacia otro lado. Tengamos compromiso social
con aquellas proposiciones que son adecuadas y que luego se pueden mejorar en sucesivos trámites, pero que no se rechacen únicamente por el grupo proponente del que vienen. Por ello, lo que les quiero pedir es que voten a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, que podamos trabajar a lo largo de todo el proceso de una forma conjunta, reflexionando sobre los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y lograr soluciones que servirán para mejorar las condiciones
de vida de todas las personas en este país. Creo que a veces el ruido político que tenemos fuera nos nubla la mente y se nos olvidan las prioridades. La prioridad es legislar para el beneficio de todos los españoles; la prioridad es llegar a
acuerdos para el beneficio de toda nuestra ciudadanía, no mantener enfrentamientos que no nos llevan a ningún sitio. Es la propuesta que desde mi grupo parlamentario realizamos, desde la moderación, desde el centro, desde el lado progresista que
este partido tiene, y esperamos que realmente sea apoyada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero agradecer la presentación de esta iniciativa que ha defendido la diputada Giménez Giménez y que voy a respaldar, porque las medidas que plantea en favor de la familia contribuyen a la que debería ser una de las grandes prioridades de
España, pero más si cabe son una cuestión de emergencia para Asturias.


Señorías, un territorio sin relevo generacional carece de futuro. De ahí que baste señalar el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística la pasada semana, que refleja que mi comunidad autónoma de procedencia lidera la gran
caída nacional de natalidad a causa del COVID-19. El principado tuvo en enero casi un 25 % menos de nacimientos que en 2019 y perdió más de 1000 habitantes en un mes por primera vez. Son indicadores estadísticos que resaltan una dramática
incertidumbre que requiere medidas, y entre ellas las de tipo legislativo; una exigencia que viene acompañada de una preocupación



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alarmante por la incapacidad de los Gobiernos de España y del Principado para poner freno a esta situación que para los asturianos no es novedosa ni tampoco producto coyuntural del coronavirus, porque los sucesivos registros de población
vienen cayendo año tras año a mínimos históricos. Estamos como en 1941, en plena posguerra, en caída libre. El total de nacimientos en 2020 reflejó una pérdida de población nunca alcanzada anteriormente, y así llevamos año tras año desde 1984,
agudizando los registros negativos y, a tenor de lo sucedido en enero, en el actual 2021 serán peores. Urge suplir por vía legislativa la manifiesta incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez y, singularmente, corregir la inutilidad de la gestión
del Ministerio para el reto demográfico, así como el colosal engaño, también de la factoría socialista, denominado Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027, cuyos nefastos resultados están a la vista.


Señoras y señores diputados, el pasado mes de octubre interpelé en esta tribuna a la vicepresidenta Ribera porque el declive demográfico, el despoblamiento y las desigualdades sociales y económicas que se acentúan en las zonas rurales
deberían ser cuestión de Estado. Como entonces, reitero que necesitamos darnos legislación en favor de la familia, con especial atención a la protección de la maternidad, estableciendo asimismo una línea de ayudas públicas directas que permitan
combatir este crudo invierno demográfico, el envejecimiento de la población, la continua pérdida de habitantes y el éxodo de jóvenes que no tienen oportunidades laborales y ven lastrado su porvenir y mermadas sus aspiraciones de formar una familia.
Basta, en definitiva, con copiar lo que en otros países europeos se está aplicando con positivos resultados.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en la isla de La Palma existían en los años sesenta las que se llamaban las viudas blancas, que eran las mujeres humildes que se habían quedado con todos los chiquillos mientras los maridos iban para Venezuela; unos volvían y
otros no volvían, unos mandaban dinero y otros no mandaban dinero. Era una circunstancia terrible, además, con lo que podía suponer gestionar las propias propiedades, la vida, los hijos. Esas mujeres son las que hoy no quieren que sus hijas y sus
hijos vivan eso. Yo soy la mayor de diez hermanos; mi padre tenía siete hermanos, mi madre otros siete y todas mis tías tenían cuatro o cinco. Nosotros éramos familia numerosa de honor, pero estamos en 2021, no en los años sesenta, y tenemos que
adaptar las circunstancias de lo que se entiende por familia numerosa en un siglo que, además, tiene que ser el siglo de las mujeres y en el que hay que potenciar la igualdad de oportunidades, la conciliación, etcétera.


Aquí hay aspectos que a mí me parecen muy bien, como definir lo que se entiende en el año 2021 por familia numerosa, que las monoparentales estén en igualdad de condiciones o el impulso de la natalidad y la conciliación. Hay cosas en las
que no estoy de acuerdo, pero vamos a votar la toma en consideración porque creemos que a lo largo de la tramitación se pueden modificar. Por ejemplo, el tema de atención a mayores; eso debe ir vía Ley de dependencia y no tiene nada que ver con
los objetivos de proteger a la familia y sobre todo la conciliación de las mujeres.


Sí creo que hay un tema muy importante, y se lo digo a Podemos y al PSOE. Yo fui alcaldesa de La Laguna hace veinte años y teníamos dos escuelas infantiles; en mi época se llegaron a hacer seis u ocho. Lo que conseguimos hace veinte años
fue que no hubiera ninguna mujer en La Laguna que no pudiera trabajar porque no tuviera una plaza de escuela infantil. Lo que se hizo fue el cheque para la guardería. Creo sinceramente que si nos ponemos el objetivo de que toda escuela infantil
debe ser gratuita y universal, va a ser imposible hacer la inversión en los próximos años si queremos que toda sea pública. En mi municipio se hizo mediante cooperativas de mujeres a las que tú les garantizabas un contrato de cinco años, y eso es
viable. El Estado en los próximos diez años no va a poder invertir en la universalización pública, porque la inversión es tremenda, lo que sí podemos hacer es invertir en la prestación del servicio para que las familias puedan tener la plaza, sea
concertada o no, y con financiación pública cuando no se pueda pagar. Creo que eso es lo más importante que necesita este país. Yo tengo una hija de 26 años. Los dos grandes problemas de la gente joven, independientemente de la precariedad
laboral, son, primero, el tema de 0 a 3 años, porque no hay sueldo que pueda pagar una privada y no hay plazas públicas, y segundo, la vivienda. Creo que en esta proposición de ley falta el elemento de la vivienda como un



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elemento impulsor de la natalidad y de que la gente tenga ciertas preferencias, porque con la escasez de vivienda que hay es totalmente distinto que tengas tres chiquillos y que seas una madre monoparental a que tengas un chiquillo.


Lo que quiero decir es que me parece bien, señora Giménez. Desde luego, nosotros la vamos a apoyar. Creo que es un debate importante que se puede tener. Esta proposición de ley va a poder ampliar en esta Cámara sus aportaciones para de
verdad tener un país donde mi hija y las hijas y los hijos de todos se atrevan a tener chiquillos a pesar de la precariedad laboral, pero con unas garantías mínimas: un techo bajo el que dormir y que te cuiden al niño cuando vayas a trabajar.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.


Antes de cualquier otra cuestión, señora Giménez, quiero poner en valor el esfuerzo de los redactores o de la redactora, si lo es usted, de esta iniciativa, porque, al margen de otras consideraciones sobre su oportunidad o su acierto, lo
cierto es que nos ha llamado la atención su extensión, su rigor y su amplitud, aunque, por otro lado, también tenemos determinadas discrepancias con parte de su contenido, si bien no es su contenido, sino su falta de control económico lo que nos va
a llevar -se lo anuncio desde ahora- a posicionarnos en contra de su iniciativa.


Como reza en su exposición de motivos, la proposición de ley se estructura en veintinueve artículos, tres títulos, seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cinco finales, pero, a nuestro juicio, tiene un importante
déficit de medidas de apoyo a familias y, por qué no decirlo, a la natalidad. Sus medidas van dirigidas, como señala, primero a la propuesta de apoyo a familias, sean numerosas o monoparentales, incluyendo la extensión de la consideración de
familias numerosas y la integración de nuevas realidades monoparentales; en segundo lugar, a la precisión de nuevas medidas de conciliación entre el ámbito laboral y familiar, bien en orden estrictamente laboral o también a lo relativo al ámbito de
la Seguridad Social, incluyendo, de un lado, la modificación y la intensificación de prestaciones de medidas vinculadas a la maternidad y la paternidad, y, en tercer lugar, a medidas que se basculan, sobre todo, en la pretensión de equiparación de
derechos de las parejas de hecho tanto en su constitución, en los derechos laborales, como en su trato tributario o respecto de los supuestos de supervivencia, todo ello sin perjuicio de proponer en sus posiciones complementarias, cómo no, y esto ya
empieza a ser casi patológico, un nuevo pacto de Estado y una incursión en ámbitos laterales del sistema educativo y otras finalidades que sirven a ese mismo propósito. Buena parte de estas medidas van dirigidas a integrar un concepto más amplio de
familia que el actualmente recogido en el ordenamiento jurídico, si bien, a su vez, y dicho sea con todo respeto, propone otras, más voluntaristas que dotadas de precisión, con las que, aun bienintencionadamente, con el fin de no dejar fuera ninguna
realidad, se agudiza cierto desorden jurídico respecto al concepto de familia y unión, así como de las consecuencias en cuanto a los descendientes, que, lejos de tranquilizar, nos impulsan a cierto grado de inquietud. Como rasgo de su
hiperactivismo normativo y sin perjuicio de poder equivocarme, me ha parecido que el único supuesto que no es sometido a algún tipo de regulación es el de una pareja casada formalmente y con un hijo. Creo que es la única situación a la que no se
hace referencia de una u otra manera en el texto propuesto, lo cual la verdad es que no deja de ser llamativo, porque creo que prácticamente responde a una situación o estándar mayoritario. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa
la Presidencia).


Sin perjuicio de las buenas intenciones del grupo proponente, excepción hecha por cuanto hace referencia a títulos competenciales, respecto a lo que, como puede imaginar, no estamos excesivamente de acuerdo, como cuando se refiere al ámbito
educativo, lo cierto es que entendemos que la proposición carece, como defecto principal, de una herramienta básica pero imprescindible a la hora de su valoración, la de su estudio económico y financiero. Buena parte de las medidas, por no decir
casi todas, se dirigen no solo a la ampliación del universo jurídico regulador de la idea de familia, sino también a la implementación, mejora y ampliación de las medidas sociales, laborales y de Seguridad Social existentes. Y conste que no estamos
en desacuerdo con la mayor parte o casi la totalidad de las propuestas, pero he de entender que el oficio de ser bueno también tiene la correspondencia, como diría un buen amigo y antiguo diputado de esta Cámara, de saber cuánto cuesta la ronda y
quién la paga, porque mejorar la condición de todos es un buen oficio pero no es algo que el legislador se deba permitir sin saber cuál es su coste. Creemos que,



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en principio -dicho sea con todo respeto- es una buena y bienintencionada proposición, pero está algo hiperventilada. Es necesaria en muchos aspectos, pero también requiere de concreción en el gasto público. Como contrapartida, señora
Giménez, le diré que dicha labor hubiera debido corresponder a un Ejecutivo responsable, pero, frente a la inexistencia de ese personaje, no resulta aceptable el día de la madrina que nos propone y que seguramente usted también desempeñaría.


Concluiré. Repito mi reconocimiento para la redactora de la proposición; la ha trabajado mucho y bien, aunque, seguramente, como todas, es mejorable. Pero debe entender no el redactor, sino el grupo proponente que no es responsable hacer
propuestas ajenas a la realidad donde se insertan, y en ella la económica es fundamental. Por eso, como he anunciado, mi grupo votará en contra de su toma en consideración, sin perjuicio -repito- de la consideración y el respeto por su buen hacer.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


El otro día aquí, en la entrada, me preguntaron si sería capaz de votar a favor de una propuesta de Ciudadanos. Respondí lo que decimos siempre en Compromís: Lo importante no es con quién, sino el qué, a diferencia de lo que ha hecho
Ciudadanos en mi tierra, que expulsaba a cada concejal que votaba por un alcalde de Compromís. Creo que con la salida de un personaje como el que, afortunadamente, vuelve al teatro y deja la política ganaremos todos.


Votaremos a favor de la toma en consideración, y está bien que se hable justamente hoy de cosas importantes, de la familia. He sido padre de familia numerosa y conozco las dificultades que hemos tenido, que tienen todas las familias, y
mucho más las familias monoparentales. Mis hijas son ya mayores y se plantean muchísimo más que mi mujer y yo el tener un hijo. Nosotros no lo pensábamos, lo teníamos y en paz. Ahora cuesta mucho plantearse la posibilidad de tener un hijo.


La semana pasada salía una noticia preocupante, el número de nacimientos cayó al nivel más bajo jamás registrado: 23 226 nacimientos en diciembre de 2020, nada más y nada menos que un 20% menos que en 2019. Por tanto, acerca de que se
pueda hablar de familias numerosas, conciliación, permisos, escolarización de cero a tres años, familias monoparentales, parejas de hecho, trabajo a distancia, maternidad o embarazo, entendemos que son temas necesarios de los que nos tenemos que
ocupar los diputados y las diputadas. Por eso contarán con nuestro voto, para que se pueda hablar, podamos mejorarlo en el trámite de enmiendas.


Por último, hay dos temas que para nosotros son muy importantes cuando hablamos de familia y que necesariamente van ligados: la vivienda y, por qué no, empezar ya a hablar de la jornada laboral de treinta y dos horas.


Moltes gràcies.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor vicepresidente. Bona tarda.


Estamos ante una proposición de ley que plantea algunos temas que creo que son de actualidad y, por otra parte, son temas que nosotros también teníamos recogidos en nuestro programa electoral. Afrontar de una forma global toda la cuestión
relativa a la protección de la familia y la natalidad, ampliar las deducciones del IRPF por los hijos, ampliar el soporte a la familia -sea numerosa, monoparental o con personas con dependencia a su cargo- o la protección social en relación con
permisos y licencias son algunos de los temas que aparecen en esta proposición de ley y que compartimos; de algunos de ellos hemos hecho incluso bandera en medio de la pandemia, por ejemplo todas las cuestiones del Plan MeCuida, que perfectamente
podría ser mejorable, o toda la prestación que pedíamos para aquellos padres que tuvieran a los hijos confinados. Todo este soporte, toda esta protección social por supuesto que son temas de los que hemos hecho bandera a lo largo de lo que llevamos
de esta legislatura. Debo reconocer que aparecen algunas cuestiones interesantes, como la cuestión relativa a la bolsa horaria, la reducción de jornada o la tutela judicial que puedan tener estos derechos. Por tanto, a grandes rasgos, es cierto
que la



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proposición de ley afronta temas muy interesantes que creemos que tienen que ser debatidos aquí y es por este motivo por lo que vamos a votar a favor de su toma en consideración. Creemos que afrontar el debate es, como mínimo, el deber que
tenemos los representantes sobre esta cuestión.


No obstante, ante esta toma en consideración hay quien dice que no, que hace falta esperar al compromiso del señor Pablo Iglesias, que nos dijo que quería una ley de diversidad familiar. Pues bien, este compromiso viene de febrero de 2020.
¿Con una pandemia por medio? De acuerdo, pero también con treinta y nueve reales decretos-leyes por medio. Y el famoso compromiso del señor Pablo Iglesias, ya no sé si electoral o de Gobierno, es evidente que tampoco se va a cumplir, porque el
señor Pablo Iglesias se va. Nos dedica videos grabados desde su despacho -supongo que ha acabado de ver todas las series de Netflix que nos ha contado en la vida-, y lo cierto es que ahora ha priorizado un interés de partido, en vez de un interés
de Gobierno, un interés por las cosas que preocupan a la gente. Parece ser que prefiere el barro, la campaña electoral y la guerra dialéctica a ponerse a trabajar para sacar adelante un proyecto de ley que regule estas materias. Pues bien, ante la
ausencia de un proyecto de ley por parte del Gobierno, nosotros facilitaremos que este debate llegue al Congreso de los Diputados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, presidente. Señorías, molt bona tarda.


Avui parlem sobre protecció i suport a les families. Pero ¿qué familias? Yo pregunto si protegemos a la familia de Mame Mbaye, que ayer hace tres años que falleció aquí, en la calle del Oso, en Lavapiés; un mantero que vivía desde hacía
doce años en Madrid. Me pregunto si protegemos a la familia de Mame de las violencias sistemáticas, de la irregularidad y de las violencias sobre la gente migrada; más de seiscientas mil personas. (Aplausos). Esas seiscientas mil personas tienen
familia: madres, padres, hijos, hermanos y primas. ¿Qué familias protegemos?


Señorías de Ciudadanos, señoría Sara Giménez, realmente su iniciativa intenta actualizar el modelo de familia, es verdad. Es más, debo decirle que el argumentario de la exposición de motivos es muy bueno; de hecho, es mejor que el
articulado de la ley. Una ley de estas características debe tratar con profundidad muchos temas: las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar, la precariedad de las mujeres jóvenes, los contratos temporales y precarios, la vivienda, pensar
en cuidar criaturas, poder llenar la nevera, básicamente intentar sobrevivir a fin de mes. Desde nuestro punto de vista, muchos artículos de esta proposición de ley deberían ser revisados, pero, en general, es una primera apuesta por el
reconocimiento de la igualdad de las parejas de hecho con el matrimonio.


Aceptamos algunas propuestas de esta PL, señora Giménez, pero todavía no es una ley que verdaderamente suponga un impulso para que quien desee la maternidad realmente pueda vivirla con toda dignidad y la posibilidad que debería tener. Hace
falta un marco legal que recoja los derechos y las prestaciones para familias con situaciones especiales, como las familias monoparentales o las que tienen niños de acogida, que no cuentan con una regulación específica. Por ejemplo -siempre cito
aquí movimiento social-, la Federación Española de Familias Numerosas ha hecho hincapié en que se debe apoyar a otras familias con medidas y recursos necesarios, pero bajo un marco normativo propio, que recoja los distintos supuestos en función de
la estructura y composición familiar, que las dé protección y garantice su acceso a ayudas públicas, y no por la vía del título de familia numerosa, que regula los derechos y beneficios sociales de las familias numerosas, cuya realidad y necesidades
son muy diferentes de las del resto de las familias.


Para acabar, tristemente, creemos que esta proposición de ley sigue sin solucionar el problema que impide -repito, impide- a las parejas y madres monoparentales tener o adoptar niños, iniciar su proyecto de vida. Lo que les impide realmente
tener acceso a este proyecto de vida es la imposibilidad de acceder a un trabajo estable, a una vivienda digna, a una vida sin racismo, sin discriminación. Usted lo sabe y seguro que comparte conmigo lo que estoy diciendo. Con esta falta de
perspectiva de futuro, de apoyo social y, por supuesto, el patriarcado liberal -ahí voy-, sin una regulación de los alquileres firme, sin un aumento del salario mínimo, sin una mejora de las perspectivas económicas, no podemos pedir desde esta casa
a los jóvenes que tengan un hijo o que adopten.


La proposición tiene muchos defectos de forma, y, como tengo solo dos minutos, luego le acercaré los defectos que hemos encontrado. Pero también tiene defectos en el planteamiento de la familia. Nos



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parece una modificación de la ley de familias numerosas. Por eso nos preguntamos si se podrían añadir enmiendas, y claro que sí, se podrían añadir, pero, desde el punto de vista del Grupo Republicano no resulta interesante respecto de un
texto que es bastante neoliberal. Si queremos destacar el punto de vista ideológico, que con relación a los derechos humanos sí que importa, y mucho, para nosotras no es interesante votar a favor. Por tanto, votaremos en contra. Como acabo de
decir, la parte expositiva de esta ley nos parece que es buena, pero supongo que esta ley dice más de lo que está escrito en la misma.


En cincuenta segundos intentaré argumentarlo un poquito. Por ejemplo, en el capítulo 2, el artículo 10.2 es irrelevante porque el apartado ya fue derogado. El artículo 11 es mejorable. El artículo 2 empeora la ley actual al reducir el
número de horas disponibles y añadir el carácter recuperable de las horas. El artículo 13 da lugar a que el empresario pueda rechazar la reducción de jornada por razones de guarda legal al quedar redactado como está. El capítulo 3 es redundante.
En el capítulo 4 se reducen las semanas obligatorias ininterrumpidas posteriores al parto de seis a dos. En el capítulo 4, el artículo 18 es menos claro que la ley original. En el capítulo 5 debería quedar recogido un derecho a la prestación por
riesgo durante el embarazo y durante el periodo de lactancia. Tengo más argumentario, luego se lo paso.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Antes de nada, es increíble que pongan de ejemplo a Almeida en gestión cultural el mismo día en que ha empezado a vaciar las oficinas de Medialab-Prado. Ustedes de lo que deben saber mucho es de vender millas de oro, pero no de gestión
cultural. Respeten al equipo del proyecto, escuchen a Save the Lab y dejen de reproducir el falso mito de la subvención. (Aplausos). Quienes trabajan en la cultura son trabajadores y trabajadoras, y ustedes tienen másteres en puertas giratorias.
(Rumores).


Voy ya a la proposición de ley que nos trae el Grupo Ciudadanos. En primer lugar, quisiera dejar claro que no dudamos de la buena intención de la portavoz al traer esta iniciativa; no dudamos en absoluto, y digo esto con claridad, porque a
partir de aquí voy a ser dura.


Esta propuesta legislativa va dirigida a las familias, pero no pueden permitirse problemas de base. El problema del planteamiento de esta norma no se arregla con enmiendas, porque el punto de partida es errado. Por eso vamos a votar en
contra. Necesitamos una reforma integral en nuestro ordenamiento jurídico para que la realidad de todas las familias esté recogida, de tal manera que no se den desigualdades estructurales. Necesitamos políticas igualitaristas -lo digo con toda
claridad, políticas igualitaristas- para asegurar que todos los modelos de familia, en su diversidad, están en pie de igualdad, para que dejemos de ver cómo muchas personas renuncian a formar una familia, como ya se ha dicho, por imposibilidades
socioeconómicas. Un ejemplo es Asturias, que mencionaba el portavoz de Foro Asturias. El 62% las mujeres en edad fértil querrían tener uno o dos hijos pero no se lo pueden ni plantear, según los datos que nos da el INE en 2019. Pero, ojo, quienes
analizan los últimos datos que se han dado de 2020 también deberían tener en cuenta que hay una pandemia por medio. Digo yo que ese tipo de cosas influyen a la hora de pensar en proyectos familiares.


Entonces, como ven, esta realidad es compleja, y esto hace que requiera un estudio en profundidad. El diagnóstico ante la baja natalidad no puede consistir en un par de mantras que se repiten. Por eso, en cumplimiento del acuerdo de
Gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo diseñando un libro blanco, trabajado con la Unión Europea, trabajado con todos los ministerios y las comunidades autónomas, para poder tener estudios comparativos y ver cómo son de efectivas
las medidas que se llevan a cabo. No hacer esto con rigor puede llevarnos a propuestas vagas o desprovistas de sentido, porque su propuesta no es una propuesta integral, que es lo que necesita este país; su propuesta es modificar la Ley de
familias numerosas para abrir supuestos, y ustedes mismos cuantifican que pasaría a dar cobertura a seis millones de familias, con respecto a las 735 000 actuales. Pero ¿dónde quedan muchas familias con supuestos que no se entienden de especial
protección? ¿Dónde están las familias homoparentales? ¿Dónde están las familias con situación de conflictividad? ¿Dónde están las familias con menores en riesgo? Están las familias monomarentales, y uso este término a sabiendas de que son
mayoría mujeres las que encabezan esos modelos de familia, pero no están todas las familias monomarentales que lo necesitan. ¿Dónde están los criterios socioeconómicos? ¿Se dan cuenta de que pueden estar protegiendo,



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solo por el hecho de ser más en esa familia, a quienes tienen condiciones materiales mucho más acomodadas que quienes están en una situación de verdadera desprotección en cuanto a prestaciones y dejarlos sin ellas?


De verdad, reconozco la propuesta, el esfuerzo y que además tiene una apariencia que lleva a pensar que ustedes abandonan el camino neoliberal de la privatización y que al final el sistema va a dar más derechos que beneficencia a quienes,
desde la perspectiva de la meritocracia de su partido, no han demostrado lo mismo porque no se han esforzado lo suficiente, pero, señorías, yo no me aclaro acerca de si ustedes son del centro centrado o tan neoliberales como para abrazar a la
ultraderecha desnortada; yo no me aclaro y no sé si ustedes se aclaran, y no lo digo por los últimos días, sino por el propio texto que nos encontramos. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo por favor. (Pausa). Gracias. Continúe.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Lo digo por el texto y porque parece que obvian la concepción de la materialidad de las familias, que falta trabajo y que hay problemas que -lo siento- no se corrigen con las enmiendas.


Antes el portavoz del PDeCAT decía que el señor Iglesias se va. Sí, pero el acuerdo de Gobierno se queda, y, al final, de eso es de lo que se trata al estar en política, ¿no? (Aplausos). Este Gobierno trabaja con ahínco y compromiso,
coordinado con las comunidades autónomas, una ley de diversidad familiar que sabe, porque así lo trasladan muchos organismos internacionales, que hay situaciones de especial vulnerabilidad, que ya no son las familias numerosas las que necesariamente
están en mayor riesgo de exclusión. Es una ley con dos objetivos: el reconocimiento jurídico de los distintos tipos de las estructuras familiares y la determinación de todas las prestaciones y servicios a los que las familias tienen derecho según
sus características y nivel de ingresos. Se trata de una ley que de verdad recoja y comprenda el concepto de familia, de familias en su diversidad. Estrella de Diego nos explicó bien lo que son las postales con respecto a las ciudades o los
pueblos: son una fragmentación, son una representación no real de todo eso. Pues bien, por las mismas, en esa selección, en ese encuadre y en ese juego de luces están también los cánones de la cultura occidental, recortando la foto de la familia
sin tijeras, con la mirada que ve y luego reproduce.


Dice la ultraderecha que no nos gustan las familias a las izquierdas o a los comunistas o no sé a quienes; en cualquier caso mienten. Nos gustan, nos gustan todas, nos gustan tanto las familias que queremos quitar a la institución familiar
ese traje estrecho que tiene y habitarla tal y como cada una somos, tal y como cada una queremos y nos queremos, así que les animo a ver el trabajo de directoras de mi generación que están abordando esta cuestión en el cine, en las series, en la
ficción, porque no renunciamos a la familia, a estar en una, a tener una; vean la obra de Leticia Dolera, de Pilar Palomero, de Mar Coll, de Carla Simón. Desde Unidas Podemos en el Congreso y en el Gobierno, nuestro empeño está en que todas las
familias tengan las mismas condiciones materiales para existir, para desarrollarse, para ser, que no se queden en un plan imposible, que ello no signifique vivir continuamente en riesgo, que no suponga sacrificar la salud física o mental. Si esto
de verdad les preocupa -desde luego a la portavoz esto le importa-, estoy convencida de que podremos hablarlo cuando traigamos la ley que está preparando el Gobierno, una ley importantísima. Por eso, por millones de familias, es por lo que estamos
haciendo el trabajo con rigor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo parlamentario VOX tiene la palabra la señora Romero Vilches. (Aplausos).


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señor vicepresidente.


Señorías, siempre se ha dicho que la familia es la célula básica de la sociedad, y así lo reconocemos en VOX. Vemos de manera positiva el que por una vez traigan a esta tribuna los problemas reales que afectan a la sociedad española, en vez
de esas cuestiones bizantinas que tanto preocupan a algunos políticos y que nada tienen que ver con la realidad de quienes nos pagan el sueldo. Según las encuestas, la institución familiar sigue siendo la más valorada por los españoles, a pesar de
los continuos ataques que viene recibiendo en las últimas décadas.



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Lo primero que tenemos que decir es que valoramos positivamente la finalidad de esta iniciativa y algunos de los diagnósticos que se hacen en ella, pero también advertimos, señora Giménez, que no compartimos del todo la filosofía que la
promueve y, por eso, discrepamos de algunas de sus medidas concretas, lo que justifica las enmiendas que pretendemos introducir llegado el momento. En primer lugar, todos deberíamos reconocer la evidencia de que la inversión de la pirámide
poblacional es una verdadera bomba de relojería que puede acabar no solo con el Estado del bienestar, sino con la misma consistencia de la sociedad tal y como la conocemos en nuestros días. Evidentemente, la bajada de la mortalidad es una buena
noticia en sí misma, pero para el bien común sería imprescindible que esa bajada de la mortalidad fuera compensada por un aumento de la natalidad que garantizara el relevo generacional. Esta sí que es una verdadera emergencia social y no otras
iniciativas que desgastan nuestras fuerzas inútilmente.


Señorías de Ciudadanos, la principal tara de este proyecto es que no aborda para nada la necesidad de tratar de reforzar la cohesión familiar, a pesar de los ataques constantes que recibe de la izquierda con la tibieza y la complicidad de
ese autodenominado centro moderado. Señorías, se percibe una actitud de ataque y de prevención desde los poderes públicos contra la mitad de la población, con esas acusaciones generalizadas del heteropatriarcado, de machismo estructural y esa
presunción de culpabilidad que ustedes han arrojado sobre los varones y sobre las mujeres que no se pliegan a sus estereotipos, como nosotras, las mujeres de VOX (aplausos), mujeres sin complejos a las que el consenso progre no va a conseguir
doblegar.


Cuando desde los poderes públicos se pone como ideal de las mujeres llegar a casa solas y borrachas, parece que no se está apostando por promocionar los valores familiares. Cuando se adoctrina a nuestros hijos diciéndoles que la idea del
amor para toda la vida es un mito romántico irreal que perjudica a las mujeres, no se les está animando precisamente a ser madres. Cuando en España se abortan más de 100 000 criaturas al año y el Estado no mueve un solo músculo para ayudar a esas
madres que lo necesitan para traer a sus hijos al mundo (aplausos), se ve que la vida humana no está entre sus prioridades. Así que no se extrañen de que cada vez sean más los hogares de personas solitarias. Porque, aunque muchos de ustedes no
quieran oírlo, los niños vienen a este mundo cuando hay hombres y mujeres que confían el uno en el otro y se comprometen a largo plazo y de forma estable a criar a sus hijos. Porque la crianza de los hijos requiere colaboración estrecha de padre y
madre, al menos, durante dieciocho años. (Aplausos). Es evidente que si las parejas son volátiles y precarias, muy pocas mujeres se van a animar a tener descendencia. Por tanto, lo que a la sociedad le conviene es que haya muchas y sólidas
familias que se decidan a tener hijos. Para que eso ocurra hay que concederles beneficios de todo tipo, por ejemplo, beneficios fiscales, incentivos para la conciliación familiar, ayudas directas por hijo a cargo, ayudas crecientes también a partir
del segundo hijo, señorías. Porque no entendemos cómo en el invierno demográfico que padecemos el Gobierno se empeña en penalizar la maternidad; un Gobierno que se dice feminista, pero que recorta las pensiones de las madres con más hijos
(aplausos); un Gobierno que se dice feminista, pero que rechaza que las madres en ERTE puedan compatibilizar la prestación por maternidad, cuya propuesta trajo aquí VOX la semana pasada, pero fue rechazada.


Vemos bien la propuesta para la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque todavía hay mucho camino que recorrer en este sentido. Tampoco hay que engañarse, pues en el resto de Europa existen esos alicientes y los índices de
natalidad no son mucho mayores que los de nuestro país. Por cierto, gracias a sus políticas familiares tan solo Hungría está consiguiendo algunos resultados positivos para revitalizar la familia. Podrían tomar ejemplo los señores del Gobierno.
(Aplausos).


Creemos que se insiste erróneamente en la brecha salarial entre sexos. Esa forma de medir la importancia de los trabajos exclusivamente por el salario bruto que consigue es una simplificación malintencionada y absurda; porque, señorías,
cuando uno elige una profesión no todo el mundo tiene como único objetivo ganar el máximo dinero posible. La mayoría de la gente, tanto hombres como mujeres, junto con el dinero, miran también el nivel de estrés, el número de horas, la
peligrosidad, los horarios, la responsabilidad y, también, lo que se llama la propia vocación personal. (Aplausos). Se trata de decisiones complejas que toman las personas y las familias caso por caso, atendiendo a sus deseos y sus perspectivas,
sin que el Estado tenga ninguna legitimación para desviar los proyectos vitales de la gente en uno u otro sentido. Eso de ser una familia monoparental, como ustedes la llaman, constituye una situación de vulnerabilidad, sobre todo, para esos niños
que son criados sin la presencia de la figura paterna o materna en el hogar. Y, ciertamente, esas personas merecen apoyo, pero eso no las convierte en familias numerosas por mucho que ustedes se empeñen en llamarlas así.



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Creemos que hay que mantener separadas lo que son realidades diferentes, porque una cosa es el deber de protección de los seres vulnerables, algo en lo que estamos totalmente de acuerdo y, otro, el fenómeno de la natalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.


La señora ROMERO VILCHES: En definitiva, reiteramos nuestra disposición al diálogo en una iniciativa que entendemos positiva, pero que está lastrada de prejuicios ideológicos políticamente correctos y que entendemos que no va a ser
demasiado fructífera.


Apoyaremos la toma en consideración e intentaremos que se tengan en cuenta nuestras enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García Rodríguez.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Para el Partido Popular la familia es uno de los pilares sobre los que pivota nuestra sociedad; es el auténtico pilar del Estado del bienestar y, por lo tanto, merece una política verdadera e integral, con el fin de reforzar su protección
social, jurídica y económica si de verdad no quieren dejar a nadie atrás.


Vaya por delante mi reconocimiento y el de mi grupo a las familias españolas que, en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, son el refugio de muchos españoles ante la incertidumbre y la preocupación que están sufriendo como
consecuencia de la crisis sanitaria social y económica. La presente iniciativa, señorías, tiene unos objetivos loables, muy buena voluntad, pero le falta concreción y presupuesto. Presentan un texto desfasado al no tener en cuenta la última
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación, el contexto social derivado de la COVID-19, la corresponsabilidad como principal factor de la brecha salarial y laboral, medidas específicas para conciliar en el medio rural
o cómo afrontar el reto demográfico sin medidas concretas para apoyar la natalidad, el envejecimiento y, por tanto, la necesidad de conciliar de cuidadores no profesionales. Tener un familiar enfermo o dependiente obliga a muchas mujeres a
abandonar su puesto de trabajo. Conciliar también tiene que ir unido a reforzar las políticas de cuidados de personas dependientes o enfermos. Se trata de un texto sin los principios de libertad, corresponsabilidad, cooperación, transversalidad,
concienciación, sensibilización social e igualdad en las relaciones laborales. Y un ruego, señorías, no nos llamen colectivo, no nos colectivicen; las mujeres no somos un colectivo, somos mujeres, somos el 50 % de la población. (Aplausos).


Los populares defendemos que las políticas de conciliación y de familia deben buscar el equilibrio de la vida profesional y personal, que deben promover tres puntos que esta ley olvida. El primer punto, la participación de las mujeres en el
mercado laboral. La mejor política es el empleo, no hay nada más excluyente que no tener un empleo. Con el Partido Popular había 8 millones y medio de mujeres trabajando, y ustedes se sientan con un Gobierno que ha propiciado que 437 000 mujeres
se vayan al paro, un Gobierno que ha conseguido que España sea el país de la Unión Europea donde más creció el paro entre las mujeres, y eso que la ministra ascendida a vicepresidenta dijo que estaba prohibido despedir. Apuesten por las tres pes y
apostarán por las mujeres: participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral.


El segundo punto es la corresponsabilidad y lo han olvidado en el texto de la ley -no en su discurso, pero sí en el texto-; el reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado de familiares, que son asumidas mayoritariamente por
mujeres. Con Gobiernos del Partido Popular se reguló por primera vez el teletrabajo, se amplió la reducción de la jornada, el permiso de lactancia, el permiso de paternidad, aprobamos el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que incluía mayor
flexibilidad de la jornada laboral y la bolsa de horas recuperables que ahora Ciudadanos recoge en este texto. Algunas de sus propuestas pueden devolver a las mujeres a las tareas de cuidados, al hogar, y esto hay que evitarlo y estudiar fórmulas
de trabajo flexible, permiso de paternidad, el permiso parental, permisos para cuidadores, como apunta la directiva europea. Ahora bien, de corresponsabilidad quien sabe mucho es la ministra de Igualdad. Mientras el vicepresidente ve series ella
recurre a su madre o a la niñera, niñera que, según sabemos, pagamos todos los españoles. (Aplausos).



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Ustedes, señores de Ciudadanos, negocian con quienes incumplen sus propios pactos; incumplen el acuerdo de coalición de universalizar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años con una red pública y, a cambio, lo sustituyen por el Plan
Corresponsables, un plan con insuficiente presupuesto, 200 millones de euros a tres años y que no contempla la creación de plazas infantiles. Y, digo yo: ¿Dónde están las 65 000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años que comprometió el
presidente Sánchez? Señorías de Ciudadanos, ustedes tampoco recogen en este texto la necesidad de reforzar la oferta de los servicios de guardería o la oferta de servicios para los cuidados de larga duración.


El tercer punto sería la eliminación de las desigualdades en materia de ingresos y salarios. Los Gobiernos del Partido Popular redujeron casi 5 puntos la brecha salarial y 14 la brecha de género. La primera Ley de medidas de conciliación y
eliminación de brecha salarial en España se aprobó en Castilla y León con un gobierno del Partido Popular y en consenso con el diálogo social y, además, aprobamos el complemento de maternidad a las pensiones. Sí, fuimos los primeros en reconocer a
las mujeres su esfuerzo y en compensar a las madres, mientras que ustedes se alían con un Gobierno que ha propiciado el mayor recorte en pensiones de la historia de la democracia a las madres trabajadoras con dos o más hijos. (Aplausos). Y sí, se
ha dicho hoy aquí: estamos ante el Gobierno más antisocial, antifeminista y contrario a la familia que ha sufrido España; un Gobierno en el que el ministro de Inclusión con una mano suprime la prestación por hijo a cargo y con la otra recorta el
complemento de maternidad en las pensiones; en el que la ministra de Reto Demográfico anuncia excluir a las familias numerosas del bono social y en el que la ministra de Trabajo discrimina a las familias numerosas en la limitación de otras ayudas,
como la prestación por desempleo y los ERTE. Sin embargo, la palma se la lleva el vicepresidente ausente que con 30 000 fallecidos en residencias, y sin visitar ninguna, ha recortado la partida de protección familiar en 183 millones y ha amenazado
a las familias numerosas diciendo que hay que tener en cuenta la renta y no solo el número de hijos. Está claro lo que prefiere el vicepresidente Iglesias: la política del estercolero y del lodazal a resolver los problemas de la gente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo. Finalice, por favor.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Esta la ristra de logros deplorables, incumplen sus pactos y abandonan a la gente. No obstante, apoyaremos su iniciativa, pero me pregunto si harán lo mismo sus nuevos socios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Gómez.


La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas.


Señorías, propuesta de ley integral de protección y apoyo a las familias. A simple vista el enunciado de esta proposición de ley puede parecer integrador, plural y novedoso; no obstante, en el transcurso de mi exposición iré detallando
motivos por los que el posicionamiento del Grupo Socialista es en contra. Estoy casi convencida de que para todas las personas que estamos aquí el concepto de familia parte de una misma idea y una misma forma de entenderla: la familia es el grupo
humano fundamental para el crecimiento y la realización integral de las personas y comunidades, es la célula de la sociedad, promueve los valores, las creencias y modos de ser y de expresarse de cada miembro que la componen. En ella se desarrollan
las funciones afectivas, nutritivas y de protección, pero también de pertenencia, de identidad, de transmisión de la cultura y socialización de sus miembros. Como decía, podemos partir de una misma base, sin embargo, desde las filas socialistas el
concepto de familia avanza de la mano del avance de la sociedad. Los socialistas y las socialistas tenemos en el ADN la diversidad y apostamos por una ley de familia que responda a la realidad de las distintas estructuras familiares y que tenga en
cuenta sus necesidades.


Debemos adecuar las ayudas y las prestaciones a la situación de necesidad con criterios objetivos y alcanzables; no con promesas populistas que embriaguen a la población, teniendo en cuenta, por tanto, el tamaño, el número de integrantes,
las características y la renta familiar. Es así como se protege a las



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distintas realidades familiares elegidas con libertad. Bastan como ejemplo las medidas de apoyo para la adopción a las familias LGTBI y el reconocimiento de la afiliación de las parejas de mujeres lesbianas. (Aplausos). La diversidad debe
ser una norma por la que trabajar las formaciones políticas. Es intolerable que, a pesar de que la sociedad avance, haya movimientos políticos retrógrados, rancios y conservadores que quieran cercenar la libertad y que quieran volver a modelos
exclusivistas, donde aglutinar a toda la sociedad en un modelo familiar y social que no es real y que provoca grandes conflictos personales internos en quienes no encajan en esos moldes.


El Grupo Socialista tiene previsto promover la elaboración de una ley de diversidad familiar para mejorar el apoyo a las familias y que reconozca y proteja a las distintas estructuras familiares que coexisten en nuestra sociedad, atendiendo
a sus necesidades singulares, especialmente las más vulnerables. Aunque a algunas y algunos que ocupáis ese escaño os cueste aceptarlo, el modelo de familia tradicional y unificada ha sido superado hace mucho tiempo y ha dado paso a diversos
modelos de convivencia que expresan la libertad personal y son ejemplo de la enorme diversidad que tiene nuestra sociedad. Esta es la España que los y las socialistas queremos, la España pionera en el matrimonio igualitario, la España en la que
tienen cabida muchos modelos distintos y la España en la que con este Gobierno no vamos a dejar a nadie atrás.


Si partimos de la idea de que una familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital, de existencia común, que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, en el que existe compromiso personal
entre sus miembros y en el que se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia, qué importa quiénes compongan esa familia. (Aplausos). Expulsen, señorías, prejuicios y estereotipos que solo generan malestar y que son la
base de actitudes discriminatorias, porque estas pueden tener, y de hecho tienen, graves consecuencias en la convivencia y llegan incluso a convertirse en un absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión. Destierren pensamientos y frases
obsoletas como estas: si no tienen hijos, ¿cómo va a ser una familia?; los hijos de gays serán gays seguro; esa está loca, ¿cómo va a ser madre soltera?; ¿qué ejemplo es el que va a transmitir? Contra esto, el firme compromiso del Grupo
Socialista: familias sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas o compuestas, familias monoparentales, familias monomarentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas, todas
diferentes, pero todas familias. (Aplausos). Porque los socialistas y las socialistas no entendemos una sociedad donde no quepamos todos y todas y porque somos conscientes de que esta gran diversidad de familias y todos los tipos de familias
actuales que existen tienen sobradas capacidades en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que les competen.


No podemos considerar esta proposición de ley que hoy debatimos una norma integral, ya que no aborda la diversidad de las familias que existen. Además, las propuestas incluidas abarcan un abanico amplio y complejo de normas que para su
modificación exigen realizar un análisis detallado de su impacto y de su coste presupuestario, detalles que tampoco vienen reflejados en la proposición de ley, y un estudio económico y financiero es necesario. Otras, como las que reflejan la
modificación presupuestaria del artículo que regula en la actualidad el avance procesal para el ejercicio de las acciones correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no aportan tampoco nada nuevo ni establecen una
tutela judicial en ámbitos que ya están cubiertos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.


La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Finalizo.


Así que termino haciéndome eco de uno de los mensajes del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, el día de su investidura, donde ya trasladaba su compromiso con la familia: Se protegerá a todo tipo de familias y se movilizarán recursos
en favor de las familias en riesgo de pobreza.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GUITARTE), SOBRE LA CREACIÓN DE UN MECANISMO DE GARANTÍA, PARA EL MEDIO Y LAS SOCIEDADES RURALES, EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LEYES Y DESARROLLO NORMATIVO, ASÍ COMO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS DEL
GOBIERNO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 162/000552).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto de orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte, sobre la creación de un
mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales en el diseño y aplicación de las leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las comunidades autónomas. Para la presentación de la iniciativa,
tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Señor presidente, señorías, venimos hoy a hablar aquí de una herramienta que queremos instar a que el Gobierno proponga para evaluar la repercusión de la legislación y otras medidas administrativas sobre el medio
rural. Hemos traído esta proposición no de ley por razones, en primer lugar, de justicia con miles de personas y territorios que pocas veces han llegado a esta Cámara, y también por razones políticas, para fortalecer el Estado de derecho, para
profundizar en la democracia, y para mejorar, adaptar y evaluar las políticas públicas. El mecanismo de garantía rural que defendemos debe comenzar a cambiar la realidad de los obstáculos al desarrollo y las condiciones de vida sobre las áreas
rurales de España; debe generar una igualdad de servicios y oportunidades en el medio rural y tratar a sus sociedades y empresas, adaptándolas a su condición específica y a su situación compleja; así como superar la consecuente visión que hasta
ahora ha habido en los ámbitos mediáticos, sociales y políticos, una visión negativa sobre la España interior, una realidad y una visión que nos identificaban como espacios problemáticos, como áreas que solo demandaban inversiones cuando en realidad
hace décadas que están olvidadas. Una visión y una realidad que se refiere a mi provincia, Teruel, a buena parte de Aragón y a muchos territorios de la España vaciada.


Para transformar las áreas rurales, para que desde una nueva visión lleguen a ser áreas de oportunidad, como reclamamos, necesitamos implantar una nueva forma de hacer. Para ello y por ello debemos avanzar en la línea del acuerdo de Pleno
que esta Cámara tomó el 24 de junio de 2020, al instar sobre la necesidad de crear un pacto de Estado. Y en relación con este mecanismo de garantía rural, los fundamentos políticos en los que nos inspiramos son, por ejemplo, la propia Constitución
española, que lo reconoce en su artículo 9: la igualdad de todos los españoles en el marco de un Estado social, es decir, una igualdad real, efectiva y material para la que los poderes públicos deben proveer las condiciones y suprimir los
obstáculos. Del mismo modo, el artículo 131, que exige planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. O el artículo 138, que dice que el Estado
garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español, y añade:
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, y hasta qué punto hemos llegado que ahora debería incluir también al medio rural, como hace el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 174.


Sin embargo, a pesar de la rotundidad de esos artículos, la realidad muestra hasta qué punto en muchos territorios de la España vaciada estos artículos sobre derechos y garantías no se cumplen de manera satisfactoria. Los déficits de
servicios o de calidad de los mismos, así como las deficiencias en sanidad, en educación secundaria, en servicios administrativos, la infradotación de plantillas o la falta de efectivos, por ejemplo, en la Seguridad Social o en la Guardia Civil,
hacen que una demografía con pérdida gravísima de población, con elevado envejecimiento y con desequilibrios en su estructura auguren difíciles perspectivas demográficas para muchos pueblos, incluso para muchas comarcas. Las importantes
limitaciones de infraestructuras nos hacen tener una dificultosa accesibilidad física, la movilidad personal y el transporte de mercancías son complejos y la deficiente gestión del servicio ferroviario nos aísla, como ha sucedido recientemente en
Teruel con el tren convencional y en tantas provincias de manera similar. También ocurre con las telecomunicaciones cuando se provocan restricciones al servicio, porque se crean barreras para las empresas rurales que limitan el crecimiento de su
productividad rural. Asimismo, hay obstáculos insalvables para el acceso a la información, los sistemas educativos, las gestiones



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administrativas para la vida cotidiana para el ocio y la cultura y un reducido número de oportunidades para crear empleo y formación.


Señorías, con estos y otros ejemplos estamos hablando -nos han escuchado muchas veces ya decirlo- de desigualdad. Esto es así por la insuficiencia de los servicios que prestan las administraciones y también por el fracaso histórico de las
políticas públicas. Las políticas públicas en general carecen de sentido territorial y no entienden las diferencias de los ámbitos espaciales, no saben diferenciar entre lo rural y lo urbano. Por eso, en este mecanismo de garantía rural, y en
coherencia con las políticas que a partir de la Declaración de 2016 de Cork 2.0 se están implantando en algunos países europeos, y en la línea que está impulsando la propia Unión Europea, queremos instar a los responsables de la elaboración de las
políticas a aplicar una serie de recomendaciones en las que se incluyan, como hace la propia Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, 'revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural, teniendo en
cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en los perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades'.


El contenido de la Declaración de 2016 'Una vida mejor en el mundo rural', se articula en torno a diez puntos que citaré someramente: a) fomentar la prosperidad en el medio rural; b) fortalecer las cadenas de valor; c) invertir en la
viabilidad rural y en la habitabilidad del medio; d) preservar el medio rural; e) gestionar los recursos naturales; f) fomentar la acción por el clima; g) fomentar el conocimiento y la innovación; h) mejorar la gobernanza rural; i) mejorar la
aplicación y simplificar las políticas, y j) mejorar los resultados, y rendir cuentas.


Uno de aquellos objetivos de dicha declaración es garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tengan en cuenta sus demandas, sus necesidades y peculiaridades, tanto a la hora de formular las políticas como a la hora de
redactar los presupuestos de las administraciones públicas. Todas estas recomendaciones concluyen en la necesidad de que el diseño de los programas y estrategias de los Gobiernos reflejen las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales.
Del mismo modo, debe ser una obligación de las mismas reconocer el valor de estas sociedades, su contribución a la identidad social, su aportación al cuidado del territorio, su impulso al desarrollo sostenible, y valorar el potencial de las zonas
para aportar soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles. Este conjunto de objetivos deben guiar el mecanismo de garantía rural para que incluya, de manera proactiva, a las comunidades rurales y su potencial en la fase de diseño de política.
Ese tratamiento forma parte de las políticas de la Comisión Europea, donde ha creado una vicepresidencia de Democracia y Demografía que está trabajando en esos temas. Lo vienen aplicando Reino Unido, Finlandia y Suecia desde el año 2014. Es un
modelo que también se aplica en territorios parecidos a los nuestros y está empezando a aplicarse incluso en comunidades forales como la Navarra.


Por ello concluyo, señorías, pidiendo su apoyo a esta PNL que debatiremos hoy, pero que nosotros ya registramos el 5 de marzo de 2020 en la Comisión de Transición Ecológica, porque el mecanismo de garantía rural es fundamental para cambiar
el rumbo de este país, afrontando uno de sus grandes problemas, la despoblación y el desequilibrio territorial, y para la recualificación de las áreas rurales como espacios de oportunidades.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar ya, por favor.


El señor GUITARTE GIMENO: Es, en definitiva, una herramienta para una política transversal que debe garantizar la adaptación y revisión de las políticas, las leyes, los presupuestos y los programas. Estamos ante un objetivo central, humano
y político: la igualdad de todos los ciudadanos en España, incluidos también los que pertenecen a las áreas rurales.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Señorías, buenas tardes de nuevo. Abordar en esta Cámara medidas para el mundo rural, hablar de su presente y de su futuro es siempre una buena noticia. España no puede avanzar sin contar con sus



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pueblos, sin contar con sus aldeas, sin contar con centenares y centenares de municipios que sufren la despoblación. La iniciativa que estamos debatiendo, la creación de un mecanismo rural de garantía, es ya conocida en países de nuestro
entorno, como Reino Unido y Suecia, e incluso en países más alejados, como Canadá y Australia. En la exposición de motivos de esta iniciativa se hace referencia a la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, una conferencia que acabó con una
declaración cuyo primer punto, sobre el fomento de la prosperidad del medio rural, dice textualmente: 'Debería existir un mecanismo rural de garantía que asegure que este aspecto se refleja en las estrategias y políticas de la Unión'. Por
supuesto. Si exigimos eso en el marco de la Unión Europea, es más que razonable -yo diría que incluso imprescindible- que queramos lo mismo para nuestro país.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos cree que la mejor forma de afrontar el reto demográfico es con una política de desarrollo rural integral, que tenga en cuenta los desafíos particulares a los que se enfrenta el medio rural español en todas
sus dimensiones. Para lograrlo, el primer paso es fundamental. Hay que entender cómo la regulación, a veces sin darnos cuenta, está pensada por y para la ciudad y puede tener un impacto diferente en el medio rural.


También debo decir que no terminamos de compartir algunos de los aspectos de esta iniciativa, pero ya habrá ocasión de debatir de qué manera concreta debe ponerse en marcha el mecanismo rural de garantía. De hecho, pensamos que España
necesita un sistema de evaluación de las políticas públicas tanto antes como después de ponerlas en marcha, así que, señorías, aunque tengamos algunas aportaciones concretas que realizar sobre esta propuesta, creemos que ahora es importante apoyar
su puesta en marcha. Votaremos a favor porque no podemos dejar olvidado al mundo rural y es que hablar de la despoblación de la España vaciada es hablar también de igualdad, porque los españoles que viven en los pueblos tienen derecho a los mismos
servicios públicos y a las mismas políticas que los españoles que vivimos en las ciudades. Una de nuestras obligaciones es trabajar para que la igualdad de todas las personas sea real y efectiva, así que desde esta tribuna quiero hacer un
reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que apuestan por el desarrollo rural, por el desarrollo de sus pueblos y de sus comarcas con pequeñas iniciativas que son capaces de impulsar el avance de sus vecinos y de las personas que allí
desarrollan su labor, personas que dedican todo su esfuerzo a preservar un patrimonio cultural de incalculable valor, personas emprendedoras que se crecen ante la adversidad para ofrecer al resto de la sociedad una ventana a nuestro pasado, sí, pero
también ellos quieren un futuro digno.


Ciudadanos seguirá teniendo presentes a todos esos españoles que nos piden a gritos que no nos olvidemos de ellos. Seguiremos apoyando y presentando iniciativas que de verdad puedan ayudarles en su día a día y, por supuesto, seguiremos muy
de cerca cómo será su recuperación de la crisis provocada por el coronavirus. Y es que la pandemia nos ha recordado la importancia de nuestro sector ganadero, de nuestro sector agroalimentario y de nuestro mundo rural. ¿Cuántas personas han
acudido a ese mundo rural a trabajar para poder cuidar de los suyos de la mejor manera posible? Ciudadanos cree que este puede ser un primer paso y nosotros seguiremos trabajando -así lo hemos hecho- y presentando enmiendas a esta proposición no de
ley, que creemos que llegará a buen puerto con una transaccional en la que Teruel Existe está trabajando. Como decía, para terminar, todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y, por supuesto, todo nuestro trabajo para el mundo rural. Lo merecen.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Franco Carmona.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


Soy Isabel Franco, para aquellos y aquellas que no me conozcan. No soy de Murcia, soy de Sevilla, de Andalucía, y jamás seré una diputada tránsfuga. (Aplausos).


En primer lugar, quería remarcar que en Unidas Podemos entendemos que todas las acciones e iniciativas que pongan en el centro la situación de las zonas rurales y los problemas que la población que vive en lo que se ha denominado la España
vaciada encuentra para desarrollar su proyecto de vida día a día siempre son buenas. Pero también quería advertir de un peligro que lleva décadas operando y que es un clamor en las calles, en las casas, en los comercios, en los puestos de trabajo y
en los bares de las zonas rurales. Es un problema del cual en las instituciones nunca se habla y tampoco se habla en este Congreso. Creo que hoy hay que romper el silencio y hablar de ello.



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El Mecanismo Rural de Garantía de la Unión Europea es una recomendación de la Declaración Cork 2.0 con la que se pretende que las zonas rurales puedan acceder al diseño de programas y estrategias en torno a las políticas rurales. Se trata
de marcos de participación de la Unión Europea con mucha -demasiada- institución y poca participación de la sociedad civil y de la propia población rural. Por ello, cabe el riesgo de que caigan en saco roto y sería un absoluto fracaso que se
convirtiesen en una política inoperativa diseñada solo para cubrir el expediente. Con ello solo se conseguiría que en las zonas rurales siguiese aumentando el desafecto por la política, y sería con razón. Pero no solo ocurre en la Unión Europea.
En España, la derecha -el Partido Popular que tanto se llena la boca hablando de lo rural- metió bajo llave en un cajón la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, mutilando las posibilidades de hacer políticas
reales con la participación de las poblaciones afectadas para procurar el ansiado desarrollo de las zonas rurales. De lo que hay que hablar también en las instituciones es de que lo que necesitan las zonas rurales son políticas reales de inversión
en economía, en infraestructuras, en telecomunicaciones y en servicios públicos, y no más palabras bonitas ni más programas vacíos. A eso es a lo que aquí hay que venir.


La realidad es que en las zonas rurales viven una situación que es absolutamente insoportable. La concentración de la actividad financiera, turística, industrial y comercial en los grandes núcleos poblacionales y en sus periferias y el
abandono institucional complican especialmente la vida en las pequeñas zonas rurales y nos traen situaciones tan terribles como que, mientras que la tasa media de desempleo en España rondaba el 16,5 % en 2017 -cuando estábamos recuperándonos de la
crisis de 2008-, en las zonas rurales era del 19 % según datos de EAPN. La falta de servicios en las zonas rurales es tan brutal que el sector servicios tiene un peso del 40 % frente al 72 % que tiene en el medio urbano. Por ello, quiero hacer
hincapié en que la aplicación de políticas ultraliberales -en concreto, en su expresión privatizadora de los servicios públicos, ya sea con proyectos especulativos en la agricultura o en industria negra, como proyectos de minería que no son deseados
por las poblaciones locales- es un ariete de destrucción que opera con mayor virulencia en las condiciones de vida de nuestras zonas rurales, agudizando el proceso de despoblación y el empobrecimiento. Para la economía especuladora lo rural solo es
rentable si es susceptible de formar parte de un modelo de explotación especulativa a través de la agricultura superintensiva, de las macrogranjas o, respecto al sector privado, a través de privatización de los servicios públicos, ya sean
hospitales, servicios sociales o telefonía y, por tanto, aumentando la desigualdad respecto a las zonas de mayor concentración de población. Hay que seguir trabajando e invertir en las zonas rurales, y para ello va a ser fundamental que los fondos
europeos vayan a nuestros pueblos. No podemos seguir invirtiendo solo en los grandes centros urbanos, porque no solo es injusto sino también antisocial.


Acogemos esta proposición con simpatía, aunque hemos echado mucho en falta una visión feminista. Pero no solo valen palabras hermosas y vacías para el medio rural. Lo rural no puede seguir siendo maltratado -termino, señor presidente-.
Las zonas rurales reclaman derechos, oportunidades, autogobierno y políticas reales. Por ello, debemos seguir trabajando, porque lo que amamos hay que cuidarlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Requejo Novoa. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).


El señor REQUEJO NOVOA: Con su venia, presidente.


Rural no es sinónimo de despoblación, aunque en España poco le falta. Su proposición no de ley no aclara quién va a formar ese mecanismo ni de quién va a depender, ya que toca el ámbito autonómico, ni sobre todo cuánto nos va costar. Todo
queda en el aire. ¿Qué consiguió con su anterior moción? ¿Tal vez el ridículo presupuesto de 19 millones de euros para reto demográfico? Parte del ministerio que todo lo va a solucionar, Transición Ecológica, 12 307 millones de euros. Reto
demográfico, 19 millones de euros. ¿Es esta la realidad de lo que importa a este Gobierno lo rural y la despoblación? (Aplausos).


Los hechos lo confirman. En campaña, dos veces se acercó el doctor Sánchez a Zamora y dos veces lo prometió. A la autovía A-11 de Portugal a Zamora le faltan 70 kilómetros, tras treinta años de espera, valorados en 120 millones de euros,
pero en los Presupuestos Generales del Estado de este año se han



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presupuestado solo 400 000 euros. Otro proyecto: Monte la Reina, trasladar un regimiento a este cuartel vacío. De 82 millones de euros se presupuestan tan solo 350 000 euros. Le pregunté a la ministra de Defensa y me contestó que no hay
dinero. En cambio, sí lo hubo para rescatar la aerolínea venezolana Plus Ultra o para aumentar un 128 % el presupuesto del Ministerio de Igualdad. (Aplausos).


¿Este es el grado de cumplimiento que quiere el señor Guitarte para su mecanismo de garantía? Poco queda de su moción urgente, ni de su plan estrella 100-30-30 sobre la movilidad y banda ancha digital, que tanto podía ayudar a retornar
población urbana a la zona rural, ni del plan de medidas urgentes por el reequilibrio territorial, a acordar en tres meses, ni del pacto de Estado contra la despoblación en seis meses -ya llevamos diez-. Para rematar, Hacienda no vio viable una
fiscalidad diferenciada para las zonas despobladas. Eso sí, el paquete de género, empoderamiento e igualdad se ha aprobado al completo. (Aplausos).


Este Gobierno y sus socios no se quieren enterar de que el principal problema de España es la falta de natalidad. Castilla y León ha perdido en los últimos diez años 151 000 habitantes y la España rural un 10 % en los últimos ocho años. El
censo de Zamora disminuye cada año en casi 2000 personas, y lo que pasa hoy en Zamora sucederá mañana en toda España. (Aplausos). Hoy en día en España están naciendo menos niños que en cualquiera de los años de la Guerra Civil; al menos nacen 150
000 bebés menos, casi la mitad de los niños que en el año 1976. El envejecimiento de la población es también un problema europeo, pero allá aplican planes de ayuda para la familia y para la natalidad, y aquí no. En España tener hijos aumenta el
riesgo de exclusión social. Criar un niño en España tiene un gran coste, como mínimo 100 000 euros hasta que cumpla los 18 años. La sociedad tiene que ser consciente de ello y premiarlo si queremos que alguien pague las pensiones mañana. ¿Quién
se puede creer los Pactos de Toledo sin una pirámide poblacional estable?


Urge identificar las zonas afectadas por despoblación, que Europa las reconozca y consienta una fiscalidad diferenciada y un plan de ayudas, según el artículo 174 del Tratado de la fundación de la Unión Europea. Hasta ahora solo podían
beneficiarse teóricamente las provincias de Teruel, Soria y Cuenca. La España despoblada no son estas tres provincias, son cuarenta y cuatro. Sin embargo, este mes de febrero el Tribunal Europeo parece haber aceptado al municipio como unidad
estadística. Hay un mapa aceptado por el Defensor del Pueblo en 2018 que podría aplicarse. De esto va nuestra enmienda.


No se debe pretender que lo rural siga patrones idénticos a las ciudades. Hay que respetar su originalidad y reconocer que está inmerso en la naturaleza. El agro necesita un desarrollo propio dignificado y sostenible. En el sector
primario, como cimiento del mundo rural, hay que fomentar la rentabilidad y modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas. Hay que reequilibrar al hombre y a la naturaleza, consiguiendo un entorno natural y atractivo que invite a regresar
al campo. El campo no puede ser un desordenado patio trasero de la ciudad donde tenga cabida todo lo que la urbe necesite, sin contar con la población. Bermillo de Sayago, proyecto de sesenta y seis aerogeneradores de 220 metros de altura. ¿Es
esto lo que queremos para el campo? Algunos políticos afirman que la agricultura apenas importa, pues solo es el 3 % del PIB. Este desprecio no suma, se debería pensar antes en toda la economía que se crea...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Su tiempo ha terminado. Debe concluir, por favor.


El señor REQUEJO NOVOA: Muy bien. Cosa prometida es medio debida, y debida enteramente si quien te promete miente, señor Guitarte.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.


La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señor presidente.


Señor Guitarte, hace tan solo unos meses traía a esta Cámara una moción consecuencia de interpelación urgente ambiciosa, ya que instaba a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a aprobar de forma urgente un pacto de Estado
para una España vertebrada. Mi grupo parlamentario creyó que usted estaba cobrándose así el voto a favor de la investidura del presidente Sánchez. Desde



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nuestra vocación de servicio público, apoyamos ese pacto de Estado contra la despoblación. Debíamos impulsar una política de Estado precisamente para vertebrar España, cuyos cimientos ya los dejó preparados el Partido Popular, que
trabajábamos precisamente en aprobar una estrategia para el reto demográfico, cerrar la brecha digital de la España rural con el Plan 300 megabits por segundo al cien por cien del territorio. Además, les recuerdo que fue nuestro presidente, Casado,
el primero en ofrecer el pacto de Estado contra la despoblación.


Lamentablemente, señor Guitarte, no tardamos nada en darnos cuenta de la nula ascendencia que tiene usted con la ministra de la cosa y vicepresidenta cuarta del Gobierno, la señora Ribera, que presenta en su balance de gestión un cero
rotundo. Además, no lo digo yo, lo dicen los titulares de la prensa. Ha sido el ABC quien ha dicho que esta señora no dedica más que tres de cada cien reuniones al reto demográfico y que, además, desde su gabinete se dice que el pacto de Estado
contra la despoblación, que tenía comprometido con Teruel Existe, ahora no está en la agenda política. Señor Guitarte, su balance también tiene que ser cero en materia de despoblación, pero lo que es peor aún es que usted está siendo cómplice de
los desmanes de este Gobierno, y eso es lamentable. España no cuenta aún con una estrategia frente al reto demográfico. Van ya tres años de Gobierno socialista, y la estrategia debería ser el marco de diagnóstico y de actuación, pero no está.


¿Por qué no aprieta usted, señor Guitarte, para obligar al Gobierno a que elabore y apruebe ya la estrategia, que es vital para esta política? Además, los Presupuestos Generales del Estado milmillonarios han salido adelante con su voto y,
sin embargo, solo se han consignado 19 millones de euros para la Secretaría General del Reto Demográfico. Pero lo que es todavía más lamentable es que los fondos europeos de reconstrucción que son la esperanza de este país, a pesar de que el
Gobierno se empeñe en repartirlos con vicio y oscurantismo, no cuentan tampoco con una partida específica para el reto demográfico. Tenemos que alinearnos con estos fines: la digitalización, la economía verde, la sostenibilidad, la cohesión
territorial, las oportunidades de empleo tienen que ser también para una España que se despuebla.


Esta tarde, señor Guitarte, usted trae aquí una iniciativa que rebaja mucho las que trajo hace tan solo unos meses. De un pacto de Estado pasa a pedir simplemente un mecanismo de garantía rural. Y no es que al Partido Popular le parezca
mal, nosotros estamos a favor de que se evalúen las políticas y de que estas tengan una perspectiva rural, pero ese es trabajo del Gobierno. Eso es lo que, precisamente, tendría que estar haciendo la señora ministra del ramo, la señora Ribera, que
es quien tiene que introducir una evaluación estratégica del impacto de sus políticas, en colaboración con sus consejos asesores y también con la participación de las comunidades autónomas. Señor Guitarte, la lucha contra el reto demográfico urge,
y urge desde el Gobierno. Eso es lo que tiene que hacer la señora Ribera, gobernar, pero, claro, eso es perseverancia, iniciativa, acuerdo, negociación, liderazgo y presupuesto y de todo esto adolece la señora Ribera. Ella es más bien sectaria y
autoritaria, precisamente lo ha demostrado con la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas, poniendo en riesgo la supervivencia del mundo rural.


Si usted quiere hacer algo por la despoblación, señor Guitarte, únase a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta tarde a su iniciativa. Verdaderamente es con nosotros con quien usted podrá hacer algo. No solo
representa a Teruel ahí sentado, está representando a todos los españoles y a todos los territorios que sufren la despoblación. (Aplausos). Por eso hemos solicitado, en primer lugar, presupuesto, con una partida exclusiva de los fondos del
Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia. Ya lo hicimos. Si hoy hay presupuesto, es gracias a la enmienda Valcárcel, del Grupo Parlamentario Popular Europeo, con la que se consiguió destinar el 5 % de los Fondos Feder, precisamente, a los
territorios escasamente poblados.


Si quiere que empecemos a hablar de la evaluación de los efectos en el territorio de medidas legislativas y presupuestarias, que la ministra Ribera traiga ya a la Cámara un impacto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
precisamente sobre el territorio rural. Y que nos señale cuál va ser el desarrollo sostenible y cuáles van a ser las garantías que ofrece en términos de desarrollo socioeconómico y empleo al territorio. Por último, hemos enmendado para que la
señora del 'no a la caza', del 'no a los toros', respete los usos tradicionales del territorio rural porque es garantía de supervivencia de los mismos, proteja el patrimonio y la biodiversidad y no adopte medidas en contra de criterios de las
comunidades autónomas que precisamente albergan esta España más despoblada.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha pasado.


La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fagúndez Campo.


El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el inicio de esta legislatura ha sido voluntad de este Gobierno la apuesta por el medio rural; una apuesta decidida que nace de una fuerte convicción, y es que no puede ser que los derechos de los ciudadanos dependan del
número de habitantes por kilómetro cuadrado que tenga el territorio donde residen. Esta afirmación, que parece tan obvia y tan clara y simple, no lo es tanto ya que durante las pasadas legislaturas, las gobernadas por el Partido Popular, lo que
hubo fue un retroceso gracias a sus políticas de recorte, mirando atrás al mundo rural y privándolo de servicios básicos como la educación o la sanidad en un territorio rural que tanto lo necesita.


Señor Guitarte, estoy de acuerdo con usted en que hacen falta más medios, más políticas públicas, que hacen falta más oportunidades en el mundo rural, pero también lo que hace falta es voluntad política, y eso es lo que hoy en esta tribuna
quiero transmitirle por parte del Gobierno de España y de este grupo parlamentario. Dijo aquí el presidente del Gobierno hace apenas un año, en el debate de investidura, que los retos que tiene que afrontar el mundo rural deben tomarse como una
cuestión global, que afecten a todas las instituciones, empezando por el municipio más pequeño y acabando con la más alta institución de la Unión Europea, porque con un gran acuerdo global será la única manera de conseguirlo. Y es aquí donde este
Gobierno va a liderar este tipo de políticas. El Gobierno ha dado un paso adelante con la creación por primera vez de un ministerio específico, como es el Ministerio del reto demográfico. Lo ha hecho incorporando 2500 millones de euros en el
presupuesto, señores del Partido Popular, 2500 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa, con proyectos enfocados a la reactivación económica de las áreas afectadas por la despoblación, al acceso a servicios en igualdad de condiciones
para nuestros municipios, a la conectividad digital, al impulso de la vivienda o para los planes de sostenibilidad turística, nuestro turismo ecológico y de calidad. Lo hará también mejorando la acción legislativa, y aprobaremos la estrategia
nacional frente al reto demográfico que, sin duda, supondrá un avance legislativo para estos territorios en riesgo de despoblación. Y lo hemos hecho esta misma mañana en el Consejo de Ministros, aprobando el Plan de Medidas ante el Reto
Demográfico, 10 000 millones de euros, la mayor inversión que nunca ha tenido el mundo rural, un 10 % de ese Plan de Recuperación que, señores del PP, sí tiene el Gobierno pensado invertir en el mundo rural.


Señorías, pero no solo va a ser la acción del Gobierno la que impulse estas medidas en el mundo rural. También lo haremos desde este grupo parlamentario y en esta misma Cámara con acciones legislativas. Traeremos en las próximas semanas la
aprobación del estatuto básico del pequeño municipio, una iniciativa que pretende implementar una serie de medidas para mejorar el funcionamiento administrativo de estos pequeños municipios de nuestro país, mejorar sus procedimientos de contratación
-que tanto lo necesitan- y mejorar la prestación de los servicios que nuestros pequeños ayuntamientos prestan a los ciudadanos. En definitiva, que todos los servicios que se prestan desde la Administración General del Estado, las comunidades
autónomas o las entidades locales se presten y lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios.


Otra de las iniciativas que traeremos próximamente a esta Cámara será la evaluación del impacto demográfico, para que todas las normas de rango de ley y los reglamentos la conlleven. Una proposición de ley que tiene como objetivo que el
reto demográfico aparezca de un modo transversal en cualquiera de las políticas públicas que este Gobierno vaya a llevar adelante. En definitiva, la acción del Gobierno, por un lado, y la acción de este grupo parlamentario, por otro, ambas con un
único objetivo: avanzar hacia un país más justo, un país en el cual seamos capaces de implementar medidas que reduzcan los desequilibrios territoriales y sociales, un proyecto de país que, sin duda, garantice la igualdad de oportunidades en
cualquier parte de nuestro territorio.


Señorías, el medio rural está pidiendo oportunidades. Nuestro compromiso -como he dicho antes-, tanto de este grupo parlamentario como del Gobierno de España, es un compromiso firme con nuestro Gobierno y con el mundo rural. Por tanto, les
aseguro que este grupo parlamentario va a estar a la altura de las necesidades que ahora mismo el territorio rural nos está pidiendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea Urresti.



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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Tenemos hoy una proposición no de ley que nos ha traído el señor Guitarte que, más que una proposición no de ley, en el fondo es una queja, es un llamamiento, es un grito, no voy a decir desesperado, pero sí es para llamar la atención hacia
un sector, una zona o un entorno más de una vez desgraciadamente olvidado.


Es una proposición no de ley entendible y comprensible, aunque no es de fácil solución, porque evidentemente se expone cuál es la situación, se explica qué es lo que ha pasado, pero los planteamientos que se hacen para solucionarlo tampoco
son siempre los más exactos. La situación es sabida, todos lo han planteado en esta tribuna: despoblamiento, baja natalidad, ausencia de iniciativa industrial, éxodo de personas y de actividades, y en el fondo, el origen de todo, un desarrollo
rural tardío y lleno de carencias. La ausencia de actividad agraria o los problemas que la actividad agraria han generado, han desencadenado después todo lo demás, llamémosle la fuerza que el centro ha traído para el despoblamiento son elementos
que no vamos a repetir ahora, porque, incluso, toda una ponencia y una actividad se ha generado en este Congreso con el tema del despoblamiento, incluso tenemos un ministerio dedicado al reto demográfico, aunque son dos cuestiones bastante
diferentes el reto demográfico, el despoblamiento y la natalidad, que tienen relación, por supuesto, pero no es lo mismo. En cualquier caso, hay una situación análoga en muchos países europeos. Hoy en día, está claro que las ciudades cada vez son
más grandes, la costa cada vez llama más la atención, y el centro cada vez está siendo más despoblado, más abandonado y más vacío.


La Declaración de Cork, que el propio proponente nos planteaba aquí como base de su petición, evidentemente es una declaración en defensa del desarrollo rural en Europa, y yo creo que es fundamental, básico, y es un llamamiento para todos,
que asegura que este aspecto se refleje en las estrategias y en las políticas de la Unión, que es lo que pide, la articulación de un mecanismo rural, como decía el señor Guitarte. Pero, también dicen en la Declaración de Cork que los enfoques
integrados para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor rurales y las redes productivas locales deben centrarse en las políticas de la Unión en esas materias, y dar unas condiciones equitativas y transparentes en las relaciones
contractuales dentro de la cadena de suministro. Hoy en día estamos tramitando la ley de cadena alimentaria, que algo tiene que ver con todo eso. Pero, hay más cuestiones, las inversiones en las zonas rurales, generar valor añadido para la
sociedad, superar la brecha digital, incentivar la generación de bienes públicos medioambientales, hacer una gestión sostenible de los recursos naturales, y una urgente necesidad de hacer frente al desafío del cambio climático, entre otra serie de
cuestiones.


Todos estos planteamientos que se hacen en esa Declaración de Cork, en Euskadi por lo menos tuvimos esa visión a la hora de plantear la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, porque entendemos que ese mecanismo de garantía al que
se refiere esta proposición no de ley, basándose -como decía- en la Declaración de Cork, es también lo que impregna la propuesta de ley de desarrollo rural de Euskadi. Consiste el rural proofing -que usted cita, precisamente- en colocar una lente
que analice el impacto de las diferentes políticas en las zonas rurales. Es decir, que sea una especie de elemento transversal, un elemento paraguas, que sirva para que todas las políticas que se planteen tengan esa visión de lo rural y de las
necesidades de lo rural. Estamos totalmente de acuerdo con ese criterio. Creemos que es básico y fundamental y, como he citado, en Euskadi así lo hemos hecho. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Pero hay una serie de problemas en la denuncia que usted hace, porque en las soluciones que plantea tampoco es el todo o nada. Yo creo que hay que hacer hincapié en la defensa de quien sí ha hecho esas políticas. Por lo tanto, yo voy a
defender a quien sí lo ha aplicado, porque usted parece que no le da tanta importancia al huevo, perdón, al fuero, en el huevo sí estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta a quién le compete eso, cuándo le compete y cómo ha desarrollado eso
cuando le ha competido; y yo creo que, más de una vez, no han sabido acertar muchas de las administraciones públicas en sus competencias a la hora de afrontar estos desafíos


Nosotros creemos que la desigualdad tiene que superarse, por supuesto que sí. En la lectura que usted hace del artículo de la Constitución no estoy totalmente de acuerdo en la interpretación que hace, porque lo que dice es que no se puede
tratar de desigual manera en las mismas circunstancias.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene que terminar, por favor.



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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Termino ya, presidenta.


Hay que defender que no haya políticas de desigualdad, pero no perjudicando a quien sí las ha hecho, sino denunciando a quien no las ha hecho. Votaremos a favor.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Coincidimos en el objetivo de más apoyos públicos para desarrollar un medio rural con vitalidad y calidad de vida, pero más allá de que las propuestas nos parecen demasiado genéricas, creemos que no es bueno olvidar tres aspectos esenciales
a la hora de abordar las soluciones al despoblamiento rural. El primero, el hecho de que no existe una realidad del mundo rural, sino realidades diferentes que es necesario gestionar también con criterios distintos. La realidad de Galiza, con un
hábitat disperso, con predominio de las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, precisa soluciones propias, pues ya comprobamos en múltiples ocasiones cómo legislar o gestionar con criterios uniformes para realidades diferentes en muchas
ocasiones no solo no resuelve los problemas, sino que aumenta las inequidades.


En segundo lugar, el hecho de que la vitalidad rural está en relación directa con la posibilidad de vida digna a partir de la actividad agropecuaria y, por lo tanto, también con las políticas públicas que se desarrollan en este ámbito. En
el caso de Galiza sufrimos a partir de la entrada del Estado español en la Unión Europea -en aquel entonces el Mercado Común Europeo- un proceso llamado de reconversión especialmente en el sector agrario que fue, sin embargo, de auténtico
desmantelamiento de nuestra agricultura, y que implicó la desaparición de 90 000 pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas. Podemos imaginar el efecto que esto tuvo en pérdida de actividad económica, pero también en despoblación del mundo rural.


Aún en la actualidad la ausencia de políticas públicas adecuadas, tanto desde el Gobierno gallego como del español, lastra nuestro desarrollo rural. Hoy mismo el BNG registraba una iniciativa para detener la construcción de tres
macroparques eólicos en las zonas de Ourense, Lugo y O Bierzo que implican un impacto brutal en nuestro medio natural y en las comunidades afectadas, sin que aporten beneficio alguno en nuestro país, pero sí mayores lucros para una gran
multinacional del sector, en este caso noruega. No es el tipo de actividad que desarrolla el rural, como no lo es la receta casposa que nos acaba de traer otra vez aquí el Partido Popular de caza y toros.


La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar, por favor.


El señor REGO CANDAMIL: Finalizo.


En tercer lugar, el hecho de que un rural vivo exige la existencia de servicios adecuados...


La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar ya.


El señor REGO CANDAMIL: ... que hagan posibles estándares de dignidad, de vida y bienestar.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Cañadell Salvia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


Compartimos la valoración que se hace en esta proposición no de ley en cuanto al contenido, las conclusiones y los objetivos de la Declaración de Cort. La proposición no de ley que debatimos insta al Gobierno a la creación de un mecanismo
de garantía para el medio y las sociedades rurales en el diseño y aplicación de las leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las comunidades autónomas. En Catalunya nos consta que desde diferentes
administraciones se están promoviendo políticas en la línea que propone la proposición no de ley, por ejemplo, el Departament de Territori i Sostenibilitat elaboró una prueba piloto del Programa de Promoción de la Vivienda en el Medio Rural. Esta
medida tiene como objetivo facilitar que las personas y las familias se puedan instalar en los



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núcleos rurales. En la Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de Orientación Agraria, del Departament d´Agricultura, se trabaja y se analiza la potencia del medio rural y se constata una sociedad cada vez más preocupada por la integridad del
medio y del equilibrio territorial. La Diputació de Lleida, con el Plan de Cooperación Municipal para la Financiación de Inversiones 2020-2021, con 19 millones de euros, y el Plan para la Financiación de Inversiones en Materia de Salud, con 15
millones de euros, utiliza en los criterios de reparto la discriminación positiva y se prioriza a los municipios menores de 500 habitantes, a los que tienen una población entre 500 y 1000 y a los municipios de montaña de la zona del Pirineo más
despoblados.


Uno de los objetivos de la Declaración de Cork es garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tengan en cuenta sus demandas, sus necesidades y peculiaridades, tanto a la hora de formular las políticas como de redactar los
presupuestos de las administraciones públicas. Desde el medio rural nos hemos quedado afónicos de tanto reivindicar el ser escuchados. Precisamos de pueblos con igualdad de oportunidades, municipios con servicios, escuelas, centros médicos,
bibliotecas, nuevas tecnologías, conexiones, telecomunicaciones, infraestructuras. Es necesario revisar la normativa urbanística que afecta al territorio rural para adaptarla a las singularidades del territorio y garantizar la continuidad de las
explotaciones agrícolas y ganaderas, motores del medio rural. Hay que garantizar que los jóvenes puedan labrarse un futuro en el medio rural, si cabe con estímulos fiscales. En definitiva, necesitamos políticas basadas en la realidad rural,
escuchar, saber de las preocupaciones y necesidades, y luego legislar, siempre respetando las competencias. Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta.


Bona tarda, diputats i diputades. La Declaración de Cork pone de manifiesto la importancia de mantener una política agrícola y rural en la Unión Europea que impulse la economía, la gestión medioambiental, la biodiversidad y la integración
social en las zonas rurales; también destaca la necesidad de mejorar el desarrollo de las zonas rurales a través de soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles. En cuanto a la PNL que hoy nos trae aquí, analizamos cuáles serían los beneficios
del mecanismo rural de garantía y lo que a nuestro parecer debería incorporar. El mecanismo rural debe orientarse a aportar beneficios no solo a las comunidades rurales, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que las zonas rurales están
excepcionalmente situadas para proporcionar soluciones a múltiples retos sociales. El mecanismo rural de garantía debe impulsar soluciones que beneficien al empleo y al crecimiento rural y que contribuyan, además, a mejorar el acceso a los
servicios básicos.


La eficiencia de cualquier herramienta se mide por la habilidad de la mano que la maneja, así que tenemos que asegurarnos de que la herramienta no solo sea utilizada, sino que también esté bien utilizada, y aquí hacemos hincapié sobre el
principio de subsidiariedad. Las herramientas que se proponen deben estar definidas a nivel territorial, ya que desde la proximidad es desde donde se proponen las mejores soluciones, que al final son más eficaces en relación con el objetivo
buscado. Demasiadas veces pensamos que cuando se invierte en las zonas urbanas son muchos más los ciudadanos que se benefician de la inversión. Es importante, por tanto, que nuestras políticas tengan la capacidad de mejorar la vida de todos los
ciudadanos, y esto es precisamente lo que el mecanismo rural de garantía tendría que ayudarnos a conseguir: que se beneficie a toda la población. Si queremos que funcione, tiene que establecer medidas para el desarrollo y diversificación
económica, equiparar las condiciones de vida entre los espacios urbanos y las zonas rurales y parar así el éxodo rural y la pérdida de jóvenes.


¿Cómo se puede hacer? Proponemos siete puntos: uno, potenciar el medio rural para ofrecer soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles, con prosperidad económica, gestión de los recursos y, lo más importante, la inclusión social y el
arraigo de las personas migrantes; dar respuesta a la creciente demanda de los alimentos saludables, de los consumidores; demos condiciones equitativas y transparentes en las relaciones contractuales dentro de la cadena de suministro; procurar
ante todo superar la brecha digital y desarrollar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la conectividad de las zonas rurales; promover la calidad de la vida rural y satisfacer las aspiraciones de los jóvenes en relación con empleos
diversos y que estén además bien remunerados, y así facilitar el relevo generacional en el entorno rural; potenciar el desarrollo económico local con ecoturismo, estilos de vida saludables y la promoción del



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espacio natural para el ocio; producir de manera sostenible energías renovables y biomateriales, poniendo en funcionamiento sistemas de inversión adecuados, dando prioridad al desarrollo de la economía circular, y el último punto, ser
conscientes de la importancia de los agricultores y los silvicultores en la configuración de los paisajes, como guardianes del campo y principales proveedores de alimentos, bienes y servicios públicos medioambientales.


En definitiva, existe un gran potencial en las zonas rurales para desarrollar cadenas de valor nuevas y más sostenibles. Sumémonos a la iniciativa de los pueblos inteligentes, en los que colaboran políticas de diferentes ámbitos. Esto es
lo que representa la esencia de la Declaración de Cork, centrarnos en obtener resultados para todos los ciudadanos desde nuestro medio rural. Es muy importante conseguir estas mejoras y potenciar el medio rural, porque, de no ser así, si esos
emprendedores y empresarias rurales no disponen de las condiciones adecuadas para desarrollar sus empresas, no seremos capaces de liberar este potencial ubicado en el territorio y nadie se va a beneficiar de ello. Por esto desde el Grupo
Republicano vamos a votar que sí a esta proposición.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Granollers. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Guitarte, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?


El señor GUITARTE GIMENO: Vamos a presentar una transaccional.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Guitarte. Estaremos, pues, pendientes de la transaccional que nos anuncia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 27.1 Y 27.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LA PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CRÍTICA DEL ALUMNADO. (Número de expediente
162/000074).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la
capacidad crítica del alumnado.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Estamos en pleno siglo XXI en un país europeo vanguardista en derechos sociales y libertades, y podemos presumir de que tenemos una sociedad tolerante, solidaria, plural y diversa. Pero si hoy traemos esta
iniciativa es porque la ultraderecha no parece estar de acuerdo con este modelo de democracia y de sociedad, y quieren empezar a cambiar las cosas por la educación. La cuestión, señorías, es si los demás grupos parlamentarios, los demás grupos de
la derecha y algún otro también, se lo van a permitir, porque si permiten ese caballo de Troya dentro le hacen el juego a la ultraderecha y su guerra cultural, y contribuyen a socavar los cimientos de nuestra democracia.


Miren, el pin parental o -como a mí me gusta definirlo- censura educativa no es más que una utilización e instrumentalización de la educación, y lo que es peor, de la formación de los niños y las niñas, y, ¿para qué? Para imponer sus tesis
más ideológicas a la otra derecha, la del PP y Ciudadanos, y someterles a un chantaje que se basa en censura educativa infantil a costa o a cambio de gobierno y/o presupuestos, es decir, instrumentalización pura y dura, y para ello no tienen ningún
pudor en debilitar y perforar nuestro Estado social y democrático de derecho. Señorías de Ciudadanos, parece que en Murcia lo habían entendido, pero al parecer hay algunos que todavía no. ¿Qué van a hacer en otras comunidades autónomas? ¿Qué van
a hacer en Andalucía? ¿Qué van a hacer en Madrid en el futuro? Actúen como auténticos liberales y no como pagafantas de la peor ultraderecha. (Aplausos). Y señorías del Partido Popular, ustedes manosean la palabra libertad porque proclaman
libertad a la vez que la restringen. Como ejemplo, vetan a una ministra a dar una charla en un centro educativo y a la vez presuponen que va a adoctrinar; claman libertad, ¿para quién? ¿Para el señor Smith, sí? ¿Para una ministra, no? En fin,
creo que las palabras libertad y censura las deberían revisar y repasar, porque creo que han suspendido.


Nos dejan atónitos cuando la ultraderecha nos acusa de imposición de planteamientos sectarios, cuando piden respeto a las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles, pero, ¿qué



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concepto de libertad tienen ustedes, el de unos pocos que enfrentan al resto? Derechos fundamentales. ¿No es acaso un derecho el de un menor, los derechos de la infancia, el derecho a la educación o el derecho a la igualdad que ustedes
cuestionan? Ante sus vetos, nosotros defendemos el derecho del menor por encima de todo, proteger al menor y protección total ante su integrismo fanático. Para nosotros importa el derecho a la formación integral, el derecho a pensar por sí mismos,
a desarrollar una actitud crítica, el derecho a ser libres de elegir cuando sean adultos y el derecho a conocer, señorías, a conocer y entender la vida y la sociedad como es, no como a ustedes les gustaría que fuese, con diversidad y también con
diversidad sexual. Defendemos el libre desarrollo de la personalidad como garante de la autonomía personal y el derecho a la educación, que contribuye a que el individuo posea una libertad de elección real y personal frente a los diversos retos que
plantea la vida. La libertad permite discernir, y el pleno desarrollo de la personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por parte del alumnado, necesario para el correcto y adecuado
desarrollo del artículo 27 de la Constitución española. ¿Qué formación es la que deben compartir nuestros niños y niñas como integrantes y conciudadanos de una sociedad cada vez más diversa y compleja? Los principios de igualdad, la tolerancia, la
formación sobre la realidad y diversidad social, la identidad de género, que son cuestiones que están absolutamente interiorizadas en nuestra sociedad. Hay que tener mente sucia cuando se ve adoctrinamiento en la educación afectivo-sexual.


Miren, señorías del Partido Popular, el señor Casado apoyó públicamente el pin parental en Murcia, y yo les pregunto: ¿lo apoyan o no en Madrid? ¿Lo apoyan en Andalucía? Han perdido el horizonte educativo y la poca credibilidad que les
quedaba en educación. Eliminaron en la Lomce la capacidad de decisión en la toma de decisiones de los consejos escolares y ahora, incoherentemente, defienden el veto parental encubriendo lo que en realidad pretenden, que es la objeción de
conciencia, como ya hicieron con Educación para la Ciudadanía. La censura no es ni ha sido nunca buena, siempre ha traído movimientos retrógrados e involución de pensamiento, y por eso hoy en día existen leyes y normas que protegen, prevalece el
derecho constitucional fundamental a la educación, diversos tratados internacionales ratificados por España, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Memorándum de la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia, normativa educativa, legislación sobre la violencia de género y normativa específica en materia LGTBI, y ahora también la Lomloe. La normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la
autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes, y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos educativos. Lo que pedimos en esta
iniciativa es que se respete la libertad de cátedra y la profesionalidad de docentes y directivos en su quehacer diario, porque, desde que la ultraderecha se hizo visible en el escenario político español, no han parado de utilizar organizaciones
vinculadas para dinamitar todo lo que han podido las actividades complementarias, la educación sexual y poniendo todos los obstáculos posibles para torpedear planes de igualdad, los protocolos LGTBI, etcétera.


La educación es la mejor vía de progreso social y, frente a la deriva controladora de la derecha de nuestro país, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y en la inspección
educativa, confiar en nuestro sistema educativo y, ante todo, garantizar una formación integral para todos los niños y niñas.


Señorías, la garantía de estos principios es esencial y por eso les pedimos el apoyo en esta iniciativa, ni una sola fisura y ni un paso atrás ante una absoluta barbaridad que pretende instaurar la ultraderecha.


Señorías del PP y de Ciudadanos, les pido que actúen como una derecha responsable, con sentido de Estado y rompan con el chantaje de VOX, que les está ganando la partida. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.


Señoría, no me hable de venta a cambio de poder cuando ustedes han vendido la lengua en la Ley Celaá a cambio de los presupuestos. ¡No tenga desvergüenza! (Aplausos).


Es oler elecciones e inmediatamente el Partido Socialista y VOX sacan su cortina de humo favorita: el pin parental. ¡Ya estaban tardando! Y ponen ahora como tema de agenda la cuestión de que es un problema y un debate importante si los
padres tenemos derecho a elegir o si los padres tenemos derecho



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a vetar. Se lo voy a explicar otra vez, señores del PSOE. Los padres tenemos derecho a elegir. Sí, señores del PSOE, tenemos derecho a elegir -aunque a Celaá le fastidie- porque los hijos son nuestros y no son de ella, y nosotros tenemos
derecho a elegir el proyecto educativo que queremos para ellos. (Aplausos). Porque oírles a ustedes hablar de libertad educativa después de haber hecho la Ley Celaá es un chiste, un insulto o un oxímoron. No lo sé.


Señores de VOX, tienen toda la razón: los padres tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos; sí, señor, pero hay una cuestión importante también: los niños tienen todo el derecho a recibir una educación plural y en valores
democráticos. Por tanto, ¿tienen ustedes derecho a vetar? No. No tienen derecho a vetar. La clave, por tanto, está en combinar estas dos cuestiones: el derecho a elegir con el derecho a no vetar. Es compatible, se puede hacer y se lo he
explicado mil veces.


En educación hay dos cuestiones importantes. Por una parte, está el qué y, por otra parte, está el cómo. El qué son los contenidos curriculares, el proyecto educativo, que lo fijamos a través de la normativa educativa y ahí es donde
tenemos que establecer una serie de conocimientos y de valores, por supuesto, que tienen que estar como el respeto, la tolerancia y los valores democráticos. Y otra cosa muy importante, señores socialistas y señores nacionalistas, es el respeto a
la verdad, el respeto a la verdad.


El qué, señores de VOX, los contenidos curriculares, no son negociables. No se pueden hacer a la carta los contenidos curriculares y les voy a explicar por qué, porque esto generaría una locura y una desigualdad increíble. Imagínense que
los señores secesionistas dijeran que sus hijos no quieren estudiar la Constitución o que los terraplanistas dicen que no quieren dar Naturales. Esto sería un caos. O sea, que no, no, el qué no es negociable y en el qué están los conocimientos
veraces relacionados con los valores democráticos, la tolerancia y el respeto a la igualdad, toda, incluida la de género, sí, incluida la de género. Pero, además del qué, está el cómo. El cómo es cómo se transmiten esos contenidos y los contenidos
tienen que transmitirse garantizando la ausencia de manipulaciones y de distorsiones. Ahí es donde los padres tienen derecho a elegir, en el cómo. Los padres tienen que tener la libertad... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señora Martín. Pido un poco de silencio, por favor. Gracias.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Los padres tienen que tener la libertad de elegir el modelo educativo que quieran. Sí, señor, porque hay padres que pagan impuestos y quieren tener un modelo educativo de enseñanza religiosa. Pues se puede, claro
que se puede, pero la Administración tiene que supervisar que sea así y que se dé correctamente. La Administración tiene que garantizar que el qué se transmite correctamente controlando el cómo, con mecanismos de transparencia, con mecanismos de
evaluación y con mecanismos de rendición de cuentas y no con un pin parental que va a señalar a unos niños dentro de un contexto. Yo llevo años exigiendo que el proyecto educativo, que debe ser aprobado por el centro, tiene que ser conocido por los
padres con antelación y, si hay alguna irregularidad en su ejecución, tiene que intervenir la Inspección y la Alta Inspección cuando haga falta.


También, señores del PSOE, que les preocupa mucho ahora el tema del adoctrinamiento, tenemos que conocer el proyecto del modelo lingüístico del centro, que me lo han escondido. Me lo han escondido y he tenido que ir a buscar los modelos
lingüísticos de los centros porque no me los dan. No se pueden pedir unas cositas sí y otras no. Y en el caso de la mala praxis, se tienen que vetar todas las malas praxis, todas. Tenemos indicios y pruebas de que la Historia en Cataluña no se
transmite respetando la verdad. En algunos libros se transmiten fake news. Han escondido ustedes un informe de la Alta Inspección negando que hubiera adoctrinamiento. Me da risa que ustedes, señores del PSOE, me hablen de pensamiento crítico y de
libertad cuando son cómplices del nacionalismo más intolerante y más sectario, incluso con los niños, cuando han sido ustedes cómplices y tienen un acuerdo por escrito con Bildu, cuando llevan años permitiendo el adoctrinamiento en las aulas y
mirando para otro lado. Hemos enmendado la moción exigiendo que, además de por orientación sexual, se comprometen ustedes a rechazar cualquier tipo de adoctrinamiento, como el que ha habido en Cataluña con hijos, por ejemplo, de guardias civiles o
de policías...


La señora PRESIDENTA: Señora Martín, tiene que terminar, por favor.


La señora MARTÍN LLAGUNO: ... y a no poner en riesgo la convivencia por motivos políticos e ideológicos. Díganselo a los españoles, díganmelo a mí y díganselo a Celaá también. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Nos preocupan y mucho los intentos de la ultraderecha y de la derecha ultra de coartar la libertad de cátedra y de pensamiento para implantar un modelo educativo conservador y centralista. El BNG va a estar siempre combatiendo en favor de
la libertad y en contra de la imposición del pensamiento único. Y nos preocupa también que el Grupo Socialista venga aquí una vez más con una proposición no de ley a plantear un debate -legítimo, evidentemente- en vez de actuar desde el Gobierno
para blindar de verdad un sistema educativo que responda a los parámetros de calidad, libertad y pensamiento crítico. Hace solo cuatro meses fue aprobado en este Congreso la Lomloe. Ahí perdieron ustedes una oportunidad única para retirar
definitivamente la religión del sistema educativo y garantizar una educación pública laica, básica, para avanzar en una educación realmente transformadora al servicio del progreso y del bienestar social. Claro, una educación que promueve el
pensamiento crítico es también una educación anclada en la realidad social de cada nación y de cada pueblo; un sistema que garantice el derecho a una educación en la lengua propia y que permita acceder al reconocimiento...


La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene que terminar.


El señor REGO CANDAMIL: Finalizo.


... de la propia realidad cultural, histórica y nacional, algo que por lo menos en el caso de Galiza no es posible con el Gobierno del Partido Popular.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Desde que comenzó la desescalada hemos visto cómo la palabra libertad ha ido circulando de boca en boca y de tema en tema como una bandera más a agitar cada vez que tenemos discrepancias o cada vez que una no piensa
como nosotras. Se ha usado para no ponerse las mascarillas, para saltarse los confinamientos, como excusa para abrir negocios sin tener en cuenta los altísimos riesgos de contagio y ahora también como lema en alguna campaña electoral. Pero es
especialmente curioso que quienes más se llenan la boca con la palabra libertad sean aquellos que precisamente la cuestionan cuando se trata de considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho.


Señorías, la mayor aportación de la Convención sobre los Derechos del Niño es su consideración como sujetos de derecho y no como meros objetos de protección. Consecuentemente, los Estados tienen que garantizar la aplicación y la provisión
de esos derechos; de ahí que nosotros vayamos a apoyar esta propuesta. Las censuras parentales, según las principales organizaciones de infancia, son una vulneración del derecho de los niños y las niñas a una formación integral, tal como recoge la
convención. Tienen derecho a no heredar los prejuicios de sus padres, a ser educados en libertad y eso se garantiza gracias a las políticas públicas y a la educación pública. Por eso, nos parece oportuna esa propuesta que hoy nos planteamos. Para
los que censuran sistemáticamente, malas noticias, señorías. Desde el momento en que nacen nuestros hijos e hijas se convierten en sujetos de derecho.


La señora PRESIDENTA: Señora Sabanés, tiene que terminar.


La señora SABANÉS NADAL: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En último lugar, por el mismo grupo parlamentario y para defender la enmienda, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.



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El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.


Señorías, al sistema educativo le pedimos un equilibrio complejo entre garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y darles a los alumnos y a las alumnas una capacidad crítica para analizar y para ver el mundo
desde su propio punto de vista y no desde el punto de vista impuesto. Cuando hablamos de capacidad crítica, hablamos también de capacidad de analizar de forma crítica la manera de ver el mundo de sus padres. La capacidad crítica es crítica o no es
crítica, pero no puede ser crítica a ratos o crítica depende. Si educamos a los hijos con capacidad crítica, van a ser críticos también con las ideas de sus padres y sus madres. Es por este equilibrio entre garantizar el derecho de los padres a
elegir la educación de sus hijos y buscar la forma de dar una capacidad crítica a los hijos por lo que llega el pin parental y la idea de la extrema derecha para acabar con esta visión, con esta voluntad del sistema educativo y con este requisito
que le pedimos al sistema educativo de que eduque a los hijos con capacidad crítica. Por eso, estamos en contra del pin parental. Entendemos que el pin parental no es otra cosa que ocultar a los alumnos y a las alumnas una parte del mundo en el
que van a tener que vivir y con el que van a tener que convivir. La situación no puede ser más grave.


Queremos condenar el adoctrinamiento, y el pin parental es adoctrinamiento, pero queremos condenar también el uso y abuso del concepto de adoctrinamiento. Quiero aprovechar este momento para recordar a los nueve profesores del Instituto El
Palau de Sant Andreu de la Barca que fueron acusados de adoctrinamiento. Recordarán ustedes que algunos partidos de esta Cámara se manifestaron en contra de esos profesores acusándolos de adoctrinamiento y que algunos de los profesores tuvieron que
solicitar un cambio de destino porque no podían ejercer sus clases en ese centro. También se acordarán ustedes, señorías, de que el juzgado archivó la causa contra esos nueve profesores. Lo que les quiero decir es que se condene el adoctrinamiento
pero que no se vea adoctrinamiento donde solo hay libertad de cátedra.


Señorías, hemos presentado una enmienda a esta iniciativa, porque su contenido nos parece interesante, pero también porque es importante defender el marco competencial de las comunidades autónomas en cuestiones educativas. Si finalmente
aceptan la enmienda transaccional que incorpora nuestro texto, votaremos a favor de esta iniciativa.


Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. Que los grupos que han apoyado la Ley Celaá hablen de libertad de educación es un despropósito. Si algo tiene esa ley es falta de libertad, adoctrinamiento y pensamiento único, todo lo contrario de lo que trasladan
en esta iniciativa. Con esa ley no existe libertad de educación en España, no existe libertad de elección, y esto no es algo abstracto. En estos momentos, en la Comunidad Foral de Navarra a 2500 familias, con nombres y apellidos, a 4500 personas,
chicos y chicas, el Gobierno, presidido por el Partido Socialista con los mismos socios que tienen aquí, ha decidido que esos colegios no tengan derecho al concierto. Eso es mermar su libertad de elección, eso es castigar a las familias, eso es
castigar a las personas; personas que en estos momentos están preocupadas, como todos los demás, por problemas sanitarios, por falta de empleo, por si pierden el trabajo. Ustedes les han traído un problema más, y es que no saben cuál va a ser el
futuro escolar de sus hijos. ¿Saben ustedes lo grave que es eso? ¿Saben lo que eso supone para una familia? ¿Se pueden poner en su lugar? Una de las decisiones más difíciles que se toman en esta vida es la educación de los hijos, y ustedes han
decidido, con votos, como si se pudiera hacer así, que no tienen derecho a elegir el colegio. ¿Ustedes han pensado que esas 2500 familias son ricas? ¿Se han vuelto locos? ¿Cómo se puede decir a estas personas que se paguen ellos los vicios? Son
2500 familias. ¿De verdad están diciendo que el que quiera ir a un colegio determinado que se lo pague, como antes? ¿Que digan 'es que yo estudié en un colegio de pago'? ¿Eso es lo que quieren?


Ustedes no quieren dar la misma oportunidad a los hijos de un ministro que a los hijos de cualquiera que esté trabajando o que esté sin empleo. ¿Eso es lo que quieren ustedes? ¿Que no haya libertad de educación? (Aplausos). Eso sí, los
hijos de los ministros que elijan colegio, porque tienen dinero, pero el que esté en el paro no, que sus hijos vayan donde diga el Gobierno. Ustedes son unos sectarios y eso que han hecho es así. (La señora Martínez Seijo hace gestos al orador).
No, no me señale que



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no. Son unos sectarios y es lo que están haciendo y están complicando la vida a las familias con nombres y apellidos. Esto no es una cosa abstracta, esto es mucho más serio porque han puesto en riesgo muchas cosas para esas familias.
Ustedes hablan mucho, pero al final lo que queda claro es que quieren colegios solo para el que se lo pueda pagar y eso es un disparate. ¡Pero cómo! ¿Los niños no pueden estudiar en inglés pero ustedes mandan a sus hijos a Londres?
(Rumores.-Aplausos). Al final eso es lo que ocurre. (La señora Martínez Seijo hace gestos negativos). Ustedes son unos sectarios porque ustedes se pueden permitir llevar a sus hijos donde les dé la gana, pero muchas familias no pueden porque lo
están pasando muy mal.


Aquí se puede hablar de muchas cosas, como del artículo 27, pero el artículo 27 ya está en la Constitución. Tan está en la Constitución que cuando se presenten los recursos de inconstitucionalidad dirán que la Ley Celaá es inconstitucional,
porque lo es, y eso va a ocurrir. (Aplausos). Por tanto, no hay que volver a decir nada del artículo 27, que ya está en la Constitución. Eso sí, suerte van a tener algunos que dentro de unos días van a poder elegir, ellos sí, entre comunismo y
libertad. Ellos sí van a tener la suerte.


Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).


La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora presidenta. Arratsalde on guztioi.


En esta proposición no de ley que debatimos se da una gran paradoja. ¿Qué es una paradoja? Por definición, es un dicho o hecho que parece lo contrario a la lógica. Les voy a explicar por qué consideramos que se está dando una paradoja.
En su justificación y petición a tener en cuenta se insta a velar por el cumplimento de los artículos 27.1 y 27.2 de la Constitución española, además de relacionarlo con la promoción de la libertad de pensamiento y desarrollo de la capacidad crítica
del alumnado. El artículo 27.1 recoge que todos tenemos derecho a la educación. ¿A qué educación, señorías? ¿A la educación que se nos marca desde la centralidad de las instituciones estatales con una ley, como la próxima Lomloe, en la que se ha
puesto mucho interés en dejar claro que el 50 % del currículo venga impuesto a las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en educación, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad autónoma vasca? Resulta
paradójico hablar de libertad de pensamiento dentro de una cárcel; sí, una cárcel, porque eso es lo que supone para las naciones que conviven en el Estado español la propia Constitución española.


En el debate y la tramitación de la nueva Ley de educación, la Lomloe, nuestra formación se manifestó claramente en contra de ella por la invasión competencial. Recordemos que en esta sociedad del siglo XXI y, además, viviendo la
excepcionalidad de la crisis sanitaria y estructural, hoy más que nunca es necesario que las comunidades educativas de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad autónoma vasca tengan la capacidad de decidir por unos sistemas educativos que
respondan realmente a las necesidades de sus gentes, de su ciudadanía.


Se habla de favorecer el ejercicio de la autonomía de las comunidades autónomas y de los centros educativos para poder enriquecer el currículo, pero se insta a favorecer un perfil competencial común al alumnado, sea de Ceuta, León, A Coruña,
Durango, Iruña o Vic. Compartimos que el sistema educativo es una herramienta clave para el desarrollo de una sociedad. Compartimos también que los conocimientos van cimentados sobre competencias que capacitan para afrontar la realidad y las
necesidades de las personas y comunidades, y todo ello desde el cultivo del espíritu transformador y crítico. Nelson Mandela afirmó: La educación es la herramienta más poderosa para la transformación social, y así lo pensamos.


Hablan de libertad de enseñanza y pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pero ¿desde qué parámetros? ¿Creen que responde a los
parámetros de las comunidades y a la realidad que la demanda? Claramente no, ni en lo que enseña ni en lo que se evalúa. En Navarra y en la Comunidad autónoma vasca nos encontramos ante la imposibilidad del conocimiento universal del euskera o la
transmisión de nuestra cultura. Nos encontramos con una Ley de Educación que no respeta la laicidad como componente esencial de un sistema que aspira a formar ciudadanos y ciudadanas en una cultura de paz y convivencia; una ley que quiere contar
desde Madrid la historia de la democracia española y la memoria histórica. Esto no es libertad en la enseñanza. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).



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Para finalizar, queremos mostrar nuestra postura a favor de que se posibilite y reconozca la implicación y profesionalidad de las y los docentes de todos los ciclos educativos; también es verdad que mejorar su situación laboral lo
favorecería, sin duda. Vemos imprescindible que la coeducación y la educación sexual estén presentes en los sistemas educativos, que se eduque en igualdad desde la diversidad. En definitiva, que se eduque desde la libertad y la capacidad crítica y
siempre respetando nuestra capacidad de decisión y autogobierno. Teniendo en cuenta todo ello, nos abstendremos.


Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.


Señora Pozueta, ha habido un choque de posiciones. Justo los últimos que han intervenido han sido usted y el señor García Adanero. Usted ha utilizado, señora Pozueta, la expresión: nosotros estábamos radicalmente en contra de la Lomloe.
Hombre, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad. Radicalmente en contra de la Lomloe estaba, y está, como se ha evidenciado, el señor García Adanero. La actitud que ustedes tuvieron en el debate no era en absoluto una actitud de
radicalmente en contra, pero también es verdad que estaban radicalmente en contra de los presupuestos y les votaron a favor. Una abstención a la Lomloe, un sí a los Presupuestos del Estado, y luego hacen un discurso de que no han apoyado nada. Yo
creo que es muy importante en política la coherencia y la honestidad, y asumir las posiciones políticas que en cada uno de los debates se van adoptando.


En relación con el debate de hoy, yo creo que, si a nuestro grupo parlamentario alguien nos preguntara cuál es uno de los grandes valores de una sociedad, cuál es una de las grandes riquezas de una sociedad, desde el Partido Nacionalista
Vasco, desde el Grupo Vasco, responderíamos que la cohesión social. Desde nuestro punto de vista, una sociedad no cohesionada es un fracaso de sociedad. Y si también nos preguntaran cuáles son los elementos que son determinantes para lograr una
sociedad cohesionada, diríamos, indudablemente, una sanidad, un buen sistema sanitario, y por supuesto un buen sistema educativo. Nosotros entendemos que es la vía, es el instrumento, para dar oportunidades a toda la sociedad y para lograr una
sociedad tolerante, una sociedad que asuma e incorpore la diversidad, la pluralidad y actúe con un enfoque de respeto a las libertades, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. De eso es de lo que estamos debatiendo hoy. De hecho, en
nuestro programa electoral, en coherencia con este planteamiento, nosotros incorporábamos dos propuestas. Creo que es muy importante que los grupos parlamentarios recordemos de vez en cuando cuál es nuestra hoja de ruta en cada uno de los temas
sectoriales que estamos debatiendo. Planteábamos, como primer compromiso, situar la convivencia como eje vertebrador de las políticas y programas educativos que promueven la inclusión y la equidad y, segundo, definir un marco para la convivencia y
la equidad que refuerce el valor de la diversidad y que garantice una escolarización no discriminatoria. Nos parece absolutamente determinante. Por eso se están poniendo en marcha distintos protocolos LGTBI y planes de igualdad que están
avanzando.


Me gustaría terminar mi intervención en nombre del Grupo Vasco recordando el nombre de uno de los programas que en Euskadi se ha puesto en marcha, el nombre es Bizikasi, aprender a vivir, aprender a convivir. En ese programa, que es un
programa muy interesante para lograr que los centros escolares sean espacios de tolerancia cero contra el acoso escolar de todo tipo y para que tengan un ambiente positivo, se trabajan las competencias socioemocionales. Y lo que se hace en las
competencias socioemocionales y en este programa es promover el diálogo. ¿No les parece a ustedes que también nosotros tendríamos que trabajar un poco para promover y para avanzar en el diálogo? Se promueve la escucha activa, escuchar lo que los
demás dicen. Se promueve la asertividad. Sergi Miquel decía que si estamos educando en el pensamiento crítico, tenemos que asumir que los demás piensan distinto y que pueden rebatirnos. Necesitamos promover la asertividad, la resiliencia, la
empatía hacia los demás, el buen trato. ¿Qué les parece? ¿Nos apuntamos a Bizikasi?


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.



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La señora BASSA COLL: Gracias, presidente.


Evidentemente, Esquerra Republicana de Catalunya defiende el derecho a la libertad de enseñanza y la pluralidad de pensamiento y cree en planes de igualdad y protocolos LGTBI para la prevención de las violencias machistas y
heteropatriarcales. En Cataluña ya trabajamos en esta dirección desde hace años porque tenemos competencias. Es competencia de la Generalitat decidir las políticas y protocolos para garantizar la libertad, la diversidad y el pensamiento crítico de
alumnos y educadores. Somos conscientes de que el contexto social y político exige una ciudadanía capaz de razonar, desconfiar y transformar; aulas donde se eduque en desafiar los dogmas y en la necesidad de transformar la realidad. Temas de
actualidad como la acogida de las personas refugiadas, el derecho de la autodeterminación de las personas y de los pueblos, la persecución de la libertad de expresión, la invisibilidad de las mujeres o la visión heteropatriarcal del mundo deben ser
tratados y debatidos en las aulas de forma diaria a través del tratamiento interdisciplinar de los múltiples contenidos. Sin embargo, ¿recuerdan el señalamiento y la persecución que han padecido profesores catalanes por hablar de temas de
actualidad en clase? Curiosamente todos los perseguidos judicialmente se inclinaban a favor del derecho a decidir o de la independencia de Cataluña, no quienes defendían la unidad de España. Denuncias como la de los profesores de San Andreu de la
Barca o de los profesores de la Seu d'Urgell, el formulario de Sociedad Civil Catalana, los requerimientos del Ministerio de Educación, etcétera, hacen que algunos profesores hayan decidido no debatir con sus alumnos; otra consecuencia de la
represión.


Hoy nos hablan de garantizar la profesionalidad, independencia y libertad de cátedra del docente, pero ayer callaron mientras perseguían a nuestro profesorado. Permitir hoy esta invasión competencial es consentir el instrumento con el que
PP y VOX puedan perseguir nuevamente a nuestras profesoras en el futuro, así que vamos a votar en contra.


Además, no solo las derechas impiden la construcción de un espíritu crítico españolizando a los niños catalanes; ustedes, señores y señoras del PSOE, nos han demostrado reiteradamente que las buenas palabras e intenciones no van acompañadas
de declaraciones y acciones valientes, con más de tres mil represaliados, con el Govern en la cárcel y el exilio, con la presidenta del Parlament en la cárcel por permitir un debate y Cuixart y Sánchez por organizar manifestaciones, con la supresión
del tercer grado recientemente, con la presión para levantar la inmunidad del presidente Carles Puigdemont en el exilio, en definitiva, con la represión a pleno rendimiento, ¿cómo promover el pensamiento crítico sin miedo a nuevas represalias?


La Fiscalía continúa marcando el camino de un Estado donde la democracia es cada día más irreparable. Queremos profesionales que eduquen críticamente, sí; queremos repensar la formación de los maestros porque la enseñanza crítica no se
enseña, se aprende, pero no vivimos en un ambiente que ayude a crecer con libertad analizando la realidad con toda su complejidad. Si van a perseguir al profesorado por debatir y ello implica cuestionar la monarquía, la violencia policial o la
unidad de España, ¿qué libertad tienen? La represión no permite la libertad de pensamiento. Sin libertad de pensamiento y expresión no habrá maestros críticos, y sin maestros críticos no habrá educación crítica. Es el grado de democracia de una
sociedad y no el control fiscalizador de las aulas la garantía de la libertad de pensamiento y la pluralidad y la base de una educación y una sociedad libre y crítica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.


El Grupo Socialista nos trae una PNL para la promoción de la libertad de pensamiento y la capacidad crítica del alumnado, algo que puede sonar abstracto, pero que cobra sentido ante la ofensiva de la extrema derecha para implantar el llamado
veto parental y boicotear, por esta vía, las políticas educativas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas que educan en los derechos humanos y también las políticas que defienden los derechos de las personas LGTB.


El veto parental es efectivamente un ataque directo para muchos colectivos, pero también es un ataque al sentido último de la educación. ¿Se imagina alguien que un padre una madre terraplanistas pudieran sacar a sus hijos del colegio para
que no se les explicara algo tan básico como que la tierra es esférica? ¿O que unos padres que no creyeran, por ejemplo, en la teoría de la evolución pudieran vetar



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las clases de biología al considerarlas ideológicas? Pues eso precisamente es lo que pretende hacer VOX con todos los contenidos educativos que tengan que ver con la igualdad, la diversidad y los avances sociales. Los reaccionarios de VOX
juegan a confundir algo fundamental, y es que el derecho a la educación es el derecho de cada niño y de cada niña, pero no una suerte de prerrogativa absoluta por parte de los progenitores. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas del año 1989 y que ratificó España es muy clara a este respecto y reconoce el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En este sentido, no
existe algo así como la objeción de conciencia a la educación. Un padre maltratador, por ejemplo, no tiene derecho a sacar a su hijo de clase el día que se explican las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia machista, o una madre
racista no puede pedirle a la escuela de todos y de todas que eduque a sus hijos en sus prejuicios raciales. Por tanto, ni la teoría de la evolución ni tampoco los derechos humanos son contenidos opcionales, por mucho que se ría el señor Espinosa
de los Monteros, porque de existir el pin parental que propone VOX se desmontaría uno de los pilares básicos de la educación, a saber: la transmisión de los valores que una sociedad democrática considera positivos y que nos cohesionan como
comunidad política.


Pero, si estamos debatiendo sobre estos disparates no es solo culpa de VOX, es también culpa de un Partido Popular que está comprando estas políticas reaccionarias en la Región de Murcia, en Andalucía o en la Comunidad de Madrid; un Partido
Popular que parece que ha salido con la chequera a comprarlo todo (aplausos), porque ustedes le compran el pin parental a VOX y se compran a diputados tránsfugas de Ciudadanos para evitar mociones de censura contra su corrupción. (Aplausos).


A menudo, los reaccionarios que defienden el pin parental invocan la necesidad de acabar con un supuesto adoctrinamiento en las aulas. Son los mismos, por cierto, que luego ponen a los niños y a las niñas a hacer lacitos naranjas contra la
Ley Celaá o que multiplican las subvenciones a los colegios del Opus Dei, donde, por supuesto, no se adoctrina. Pero, miren, señorías del Partido Socialista, más allá de estos disparates solo hay un antídoto efectivo contra el adoctrinamiento:
escuela pública y escuela laica, porque solo la escuela pública es garantía de diversidad y, por ello, puede asegurar esa libertad de pensamiento y esa capacidad de crítica. Solo en un colegio público los alumnos y alumnas pueden tener profesores
de derechas, de izquierdas, creyentes, ateos, agnósticos; es gracias a esta diversidad que el alumnado puede conocer distintas visiones, confrontarlas y formar una visión del mundo, la suya propia, pero conociendo también la de los demás. Y ello
es así porque los docentes de un colegio público son elegidos por tribunales independientes en virtud de sus competencias pedagógicas y no por ningún tipo de afinidad religiosa o ideológica con el ideario del centro. (Risas). El señor Iván
Espinosa de los Monteros se lo está pasando pipa en esta PNL.


Señorías, el peligro del adoctrinamiento siempre existe, pero viene por parte de la extrema derecha, porque los que quieren adoctrinar son los que señalan a los docentes por hacer su trabajo, los que criminalizan los talleres de educación
afectivo-sexual y los que solo quieren una educación a la carta que sea espejo de sus propios prejuicios. Y, por supuesto -y voy terminando-, estos ataques a la educación tienen consecuencias. El pasado 8 de noviembre un niño de once años fue
brutalmente agredido a la puerta de su colegio en Cartagena. A Diego le rompieron el tabique nasal de un puñetazo y tuvo que ser hospitalizado. Van de otras clases a llamarle maricón, denunciaba su madre. Se trata de menores que reproducen la
homofobia que en algunos casos ven en sus casas. Este es el problema real, y los discursos de VOX son cómplices, porque VOX arma el brazo con sus discursos de odio, pero además pretende desarmar con su censura cualquier defensa frente a la cultura
de la homofobia y de la agresión.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Termino.


No podemos seguir fallando a chicas y chicos como Diego. Podemos parar estos puñetazos (rumores) y debemos hacerlo con una educación para la igualdad.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos puestos en pie).



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El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señor presidente.


Venimos a fijar posición, negativa por supuesto, sobre una PNL presentada por el Grupo Socialista, cuyo punto de partida es una proeza de memoria selectiva, porque consiguen recordar perfectamente los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la
Constitución y olvidan totalmente el apartado 3, que resulta ser, ¡oh, sorpresa!, el que consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo a sus propios valores. (Aplausos). Y es que la izquierda nunca ha confiado en los padres
como educadores. Su inspiración filosófica parecería ser la República de Platón, donde no existía la familia y los niños eran educados por el Estado; no en vano la vicepresidenta Calvo nos dijo hace un año que los hijos no pertenecen a sus padres.
Por cierto, la obsesión por el adoctrinamiento estatal de la juventud ha sido una constante histórica en los totalitarismos, desde las juventudes hitlerianas al Komsomol; recomiendo a sus señorías de Podemos que miren en Wikipedia que era esto del
Komsomol. (Aplausos).


La Lomloe, recientemente aprobada, persevera en el hostigamiento a la escuela concertada; ahora bien, la educación concertada es el modelo que en España permite a las familias con menos recursos acceder a una educación no controlada
totalmente por el Estado, por tanto, parece que el ideal de la izquierda en educación es aquello de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. (Aplausos). La frase es de Benito Mussolini.


Nos convoca aquí una PNL psicodélica que intenta proteger a los alumnos frente al adoctrinamiento derechista y centralista en las escuelas. La llamo psicodélica porque, obviamente, lo que ha ocurrido en los últimos cuarenta años ha sido un
adoctrinamiento sistemático de varias generaciones de jóvenes españoles por parte de la izquierda y los nacionalismos. España es el único país del mundo en el que no se puede conseguir que un niño reciba educación en la lengua oficial del Estado en
buena parte del territorio nacional. En Cataluña se espía a los niños en el recreo para que no hablen castellano, en el País Vasco el Olentzero riñe a los niños si no escriben en vascuence y en la en Galicia del señor Feijóo las matemáticas son la
única materia troncal que se imparte en castellano en primaria. (Aplausos).


La enseñanza de la historia es otro de los terrenos favoritos de la izquierda para la manipulación educativa, y no me refiero solamente a la imposición de un versión maniquea de nuestra Guerra Civil y nuestra Segunda República en el espíritu
de sus leyes de memoria histórica, me refiero a lo que ha indicado recientemente el sindicato docente AMES sobre cómo se enseña la historia en Cataluña, donde se presenta siempre a España como país extranjero y país opresor y a Cataluña como un país
próspero e independiente. Ahora bien, la izquierda también utiliza la educación para adoctrinar en materia sexual. Se está sexualizando prematuramente a los niños, llenando sus cabezas de inquietudes impropias de su edad, se les están diciendo
cosas como que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chicas, que todos los varones son maltratadores potenciales, que el amor romántico es una forma encubierta de machismo -es la doctrina Calvo sobre la cuestión- y que el aborto no es la
destrucción de un ser humano, sino un derecho de la mujer. (Aplausos). Todo esto socapa de prevención del bulling y promoción de la tolerancia, como hemos visto en intervenciones anteriores.


La izquierda siempre exige la máxima tolerancia para todos menos para los padres que no pensamos como la izquierda en estas materias, por ejemplo, los padres que pensamos que el amor entre hombre y mujer es la base de la conservación de la
sociedad y, por tanto, rechazamos la guerra de sexos. Ustedes, señores progresistas, nos desprecian tanto que quieren robarnos las almas de nuestros hijos, pero no lo vamos a permitir y para eso ha propuesto VOX el pin parental. En institutos de
Móstoles, activistas de Arcópoli imparten cursillos sobre cómo ser gay o ser lesbiana. El Programa de educación sexual Eskolae, que se imparte en Navarra, contiene fichas sobre cómo masturbarse y propone juegos eróticos en preescolar. En el
colegio El Pinillo una drag queen explicaba diversidad sexual a niños de primaria y en un instituto de Huércal-Overa una monitora obligó a un chico y a una chica a simular un acto sexual ante sus compañeros. Si desean más ejemplos, pueden
encontrarlos en los libros de Alicia Rubio, parlamentaria de VOX en la Asamblea de Madrid y la gran refutadora española de la ideología de género. (Aplausos).


Señores progresistas, dejen en paz a nuestros hijos y recuerden que es preferible tirarse al mar con una rueda de molino atada al cuello que escandalizar a esos pequeños. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moneo Díez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías del Partido Socialista, ¿qué quieren que les diga? No salgo de mi asombro, la verdad, primero por someter a debate esta iniciativa, algo que viniendo de ustedes no puede ser sino causa de esa bipolaridad constante en la que han
convertido su acción política. En segundo lugar, porque siguen tratando la educación como ese terreno embarrado donde pueden lanzarse exabruptos en ausencia de un proyecto educativo ambicioso, modernizador, transformador, el proyecto educativo que
en definitiva necesita España. Pero claro, hace tiempo que ustedes han perdido el tren del progreso, han preferido acomodarse en el discurso preconstitucional en el que un sector de la izquierda buscaba su razón de ser en la ausencia de libertades.
Pero yo les pido que despierten, señorías. Hace más de cuarenta años que en España existe un régimen constitucional que ha dado a nuestro país una de las etapas de progreso más importantes de nuestra historia, aunque curiosamente sean ustedes, los
que se dicen herederos de aquellos que defendieron las libertades, quienes ahora trabajan incansablemente para arrebatarnos las nuestras.


Por eso no son creíbles, señorías, por eso esta iniciativa está sellada por una profunda hipocresía. Hoy se atreven a hablarnos de libertad, de libertad real y personal, como dice su texto. ¿De la libertad que han atropellado con la
aprobación de su ley educativa, una ley que destila sectarismo desde la primera a la última línea? (Aplausos). ¿De la libertad de las familias, a las que ustedes pretenden hurtar el derecho a elegir el centro educativo, el modelo educativo
conforme a sus propias convicciones, tal y como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? ¿De qué libertad nos hablan, señorías? ¿De la libertad de los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, que
gracias a ustedes y a su trilerismo político ha perdido su condición de lengua vehicular en el sistema educativo? ¿De qué libertad? ¿La libertad sobre la base del pensamiento único? ¿La que expulsa las humanidades de la formación de los alumnos,
por cierto, con el aplauso y la complicidad de sus socios de Podemos, que han vendido la asignatura de Ética por treinta monedas de plata? Esa es la realidad, señorías. ¿De qué libertad? ¿La que asfixia a la escuela concertada para imponer un
modelo único, público y laico, el sueño del buen socialcomunista? ¿De qué libertad hablamos? ¿La que pretende que los padres de alumnos con discapacidad se sometan a la asignación de un centro porque no se les permite opinar lo contrario de lo que
dicta el Gobierno? ¡¿Esa es su libertad?! (Aplausos).


Pero si ustedes no creen en la libertad, ni en la libertad de elección ni en la libertad de pensamiento. De hecho, les molesta tanto la libertad de pensamiento que han pretendido amordazar a la sociedad española y su derecho a acudir aquí,
al Congreso de los Diputados, porque no admiten que nadie pueda contradecir ni sus ideas ni sus leyes. ¿Cómo piensan que vamos a apoyar esta iniciativa? Ni siquiera enmendarla. Busquen su cortada en otro sitio. Tendríamos que hacer un ejercicio
de amnesia colectiva para intentar sacar algo decente de este texto. No, señorías, no les vamos a apoyar, vamos a acudir al Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos y nuestras libertades (aplausos), el derecho de los alumnos a ser
educados en un sistema de la máxima calidad, alejado de ideologías y de adoctrinamientos; el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos sea en un centro público, en un centro concertado, en un centro ordinario, en un centro de
educación especial, en un centro de enseñanza diferenciada o no, porque todos caben en la Constitución. Vamos a defender la libertad de cátedra recogida en el artículo 20 de la Constitución, para que los docentes puedan ejercer su profesión con una
verdadera carrera profesional y en un marco de plenas garantías que pueda dar respuesta a una oferta plural.


Nos hablan ustedes de adoctrinamiento; ustedes que nunca han querido reforzar las competencias de la Alta Inspección de Educación y que ahora pretenden controlar el cuerpo de inspectores sustituyendo un sistema de selección objetivo por una
valoración subjetiva. ¿Para qué? ¿Para abrir la puerta a la arbitrariedad y al enchufismo? Porque eso lo han dicho los propios inspectores. Miren, vamos a acudir al Tribunal Constitucional para que la lengua oficial del Estado ocupe con todas
las garantías su condición de lengua vehicular en el sistema educativo. (Aplausos).


No, señorías, su iniciativa no merece la más mínima consideración, porque detrás de ella se esconde una gran mentira. No sé a otros grupos, pero a nosotros no nos van a engañar, porque la verdadera cara de su modelo educativo y su forma de
hacer política la hemos visto en la tramitación de la Lomloe, porque, como muy bien ha dicho el señor García Adanero, entre comunismo y libertad, nosotros elegimos libertad.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Martínez Seijo, ¿acepta su grupo alguna enmienda de las presentadas?



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La señora MARTÍNEZ SEIJO: Sí. Hemos presentado una enmienda transaccional acordada con Ciudadanos y con PDeCAT.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ACERCAMIENTO DE PRESOS ETARRAS A CÁRCELES PRÓXIMAS AL PAÍS VASCO, ASÍ COMO SOBRE EL TRASPASO A DICHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA
PENITENCIARIA. (Número de expediente 173/000057).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos
etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como el traspaso a dicha comunidad autónoma de las competencias en materia penitenciaria.


Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Una cuestión previa. Antes lo he escuchado y no puedo hacer otra cosa que contestar: señorías de Esquerra, no se españoliza a los niños catalanes, es que han nacido españoles y van a seguir siendo españoles. (Aplausos).


Debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación urgente al ministro Marlaska, al ministro del Interior, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco o próximas a dicha comunidad
autónoma. La semana pasada hice muchas preguntas al ministro -la verdad, en doce minutos me dio tiempo a hacer muchas- y, sinceramente, más allá de ver a Marlaska perder los nervios, que los perdió, y llegar a intentar ofenderme con
descalificativos personales, no contestó absolutamente a nada, y eso que las preguntas no eran para que me las respondiera directamente a mí o a mi Grupo Parlamentario, eran para las víctimas del terrorismo; por ellas es por quienes estábamos
preguntando y por eso presentamos esa interpelación.


Recientemente, en la tribuna del Parlamento Vasco, el Partido Nacionalista Vasco insinuó la existencia de un pacto entre Bildu y el Gobierno para aprobar un acercamiento a razón de cinco presos a la semana de la banda terrorista ETA a las
proximidades del País Vasco o al País Vasco. Abro comillas, señorías: cinco por semana.


Señorías, desde la semana pasada, cuando interpelé al alteradísimo ministro, el Gobierno ha resuelto acercar al etarra que asesinó al fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y de nuevo con la oposición manifiesta de la Junta de Tratamiento
de la prisión. Señores del PSOE y de Podemos, ¿han hablado ustedes con su familia? Si alguno de ustedes levanta la cabeza. Lo digo porque ellos dicen que no han recibido absolutamente nada del Gobierno. Su desprecio a las víctimas es terrible.
El asesino agraciado, además, en su currículum cuenta con dos asesinatos más: el del malagueño José Martín Carpena y el del médico militar Antonio Muñoz Cariñanos. El segundo de los agraciados por Marlaska esta semana es el asesino de Luis Conde,
mi compañero Eduardo Puelles y el atentado contra la Casa Cuartel de Burgos. ¿Saben cuál fue su condena, señorías? 3860 años de prisión; 3860 años de prisión, y para casita. Es indigno. El tercero de la semana es Jurdan Martitegui, que,
curiosamente, va a Martutene, que va a ser la prisión donde, al parecer, se van a volver a reunir los comandos militares de ETA. Este delincuente tiene una condena de solo 146 años de prisión. La cuarta de la semana es Beatriz Echevarria,
condenada también por el atentado de la casa cuartel de Burgos y otros delitos a 3860 años de prisión. Y el quinto de semana es Asier Badiola Lasarte, condenado por tentativa de asesinato y otros delitos a 50 años de prisión. Cinco, señorías, esta
semana. Y la semana que viene cinco más, ¿no? Así hasta que no quede ninguno que acercar. La verdad es que a nosotros -a mí, personalmente- no se nos va olvidar. Eso se llama traición. (Aplausos).


El acercamiento de presos etarras es una apisonadora, tanto que le gusta a usted las apisonadoras, pero es una apisonadora de los derechos de las víctimas que ha acelerado con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en julio de 2018, y que
se ha multiplicado exponencialmente, ¡oh, divina casualidad!, desde el pasado verano, curiosamente coincidiendo con la tramitación de los presupuestos generales del Estado para este año y la necesidad de este terrorífico Gobierno de contar con los
apoyos parlamentarios



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para sacar adelante muchas, por no decir todas, sus políticas, nefastas en muchos casos. Así, por ejemplo, el mismo día de octubre en que el Gobierno presentaba su proyecto de presupuestos para 2021 se aprobaba el traslado a las cárceles
del País Vasco o cercanas de ocho presos de la banda terrorista ETA condenados por la muerte de guardias civiles, policías nacionales, miembros del Ejército o políticos. ¡Es una vergüenza! Este masivo acercamiento de presos etarras, casi 160 con
Pedro Sánchez en el Gobierno, incluidos algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda, coincide también con el previsible traspaso al País Vasco de las competencias en materia de prisiones y con la megareforma de la prisión de Martutene,
lo que presumiblemente va a ocurrir muy pronto. Pues bien, nada sabemos de la realidad de este traspaso de competencias. Es un nuevo reflejo de la total y absoluta falta de transparencia de este Gobierno y especialmente en el ministerio menos
transparente de todos, en el del Interior. El Gobierno debería dar respuesta concreta e información detallada sobre si existe este pacto de la infamia, este pacto de la vergüenza, el pacto con Bildu y decir también si este pacto consiste en el
acercamiento de cinco presos a la semana, que es lo que estamos viendo con los hechos, así como si existe una correlación en la aproximación de algunos de estos presos terroristas y la búsqueda de apoyos parlamentarios al Gobierno para la aprobación
de los presupuestos generales del Estado y también del decreto sobre la gestión de los fondos europeos.


Hago un inciso en este punto para decirle al señor Santiago, que creo que no está y que el otro día me dijo que yo estaba muy encantado de conocerme -es cierto, lo estoy, aunque él, como el presidente del Partido Comunista de España, igual
no tanto- (aplausos), que cada vez que suba a esta tribuna voy a decir que soy policía nacional, porque estoy orgulloso. A él le molesta, pero yo estoy orgulloso de mi profesión; resulta que es eso. Sí, a él le molesta mucho que yo cada vez que
tengo un micrófono diga que soy policía nacional y pone caras; de hecho, el otro día se quejó abiertamente. Le diré que, como es una sensación que nunca va a experimentar, para mí es muy gratificante, así que trasládenselo. (Aplausos).


Voy a ir acabando, señorías del PSOE y de Podemos, voy a terminar con una pregunta muy sencilla si alguien de ustedes me escucha. ¿Tienen ustedes algo que ocultar? Si no es así, confío en el voto a favor de toda la Cámara, incluidos
ustedes; bueno, de toda no, de casi toda, porque hay cinco diputados allá arriba -que, en mi opinión, no deberían estar aquí- que tienen muy claro su bando. Pues bien, les toca al resto decidir dónde están, si del lado de la justicia o de la
infamia. ¡Memoria y dignidad: siempre con las víctimas!


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.


Señores de Ciudadanos, ¡menudo lío!, ¿verdad? Señor Cambronero, ¡qué caos! Es más, diría que el caos que están viviendo a nivel interno lo han querido trasladar a esta moción. (Una señora diputada: ¡Anda ya!). Es una moción plagada de
falsedades e incoherencias. Y lo más curioso es que invita al Gobierno a cometer un ilícito, a cometer un delito de prevaricación. Y eso resulta curioso cuando viene de una formación que defiende siempre tanto la legalidad, teóricamente. Veremos
cómo no.


Incoherencias. Proponen reprobar al Gobierno por acercar presos a su lugar de residencia, esto es, piden que se le repruebe por cumplir con la legalidad. Claro, a ustedes esto de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 12, las
reglas Mandela tomadas como referencia y estándar internacional por Naciones Unidas y las diferentes condenas del Tribunal de Estrasburgo a varios Estados por tener a presos alejados de su lugar de origen les parece algo de otro Estado o de otro
cuento. Es más, es curioso que ustedes, que tanto hablan del señor Macron y sus políticas, no tengan en cuenta que ha sido precisamente Francia y su Gobierno el que mayor número de presos vascos ha acercado a prisiones del País Vasco Norte,
Iparralde, y más rápido lo ha hecho. ¿No reprueban al señor Macron? Decían la semana pasada que este Gobierno es el que más presos vascos ha acercado. Pues haciendo una labor de hemeroteca, leí unas declaraciones de la señora Ordóñez, presidenta
de Covite, diciendo que no, que el Partido Popular había acercado a 466 presos vascos. ¿No reprueban a los Gobiernos del Partido Popular? Parece incoherente, ya digo. Es más, traen también -lo ha mencionado de pasada- afear al Gobierno, que, por
fin, cuarenta y dos años después, va a transferir la gestión de las prisiones a la comunidad



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autónoma vasca; una competencia pendiente, parte del bloque de constitucionalidad. Tanto que dicen que son constitucionalistas, y les parece mal que se cumpla con el bloque de constitucionalidad. Como decía, incoherente.


Vamos a las falsedades. En su segundo punto dicen que tenemos un acuerdo con el Partido Socialista. La segunda parte está plagada de calumnias, y eso ya no va con ustedes. Supongo que lo han hecho por protagonismo, por buscarse puntos en
algunos de los partidos de la derecha o de la extrema derecha, para ver si les hacen un hueco. Creo que es la Mesa la que tenía que haber retirado esa mención, como ya hizo el 11 de diciembre de 2018 en el Senado. Pero veamos, dicen que hay un
acuerdo. ¿Por qué no han hecho una labor de hemeroteca? ¿Por qué no han ido a las declaraciones? Veo aquí al lendakari López. ¿Por qué no hacen una labor de hemeroteca, a ver qué decía el señor López en los años 2017 y 2018, quien afirmaba que
había que acabar con esa política penitenciaria, que ya no tenía sentido, o las declaraciones del presidente Sánchez en junio de 2018 desde este mismo atril, manifestando que había que modificar esa política penitenciaria? Creo que están cumpliendo
parte de lo que dijeron. Es cierto que lo hacen despacio, muy lentamente, no sé por qué, porque han pasado ya tres años desde que gobiernan y a día de hoy la comunidad autónoma con más presos vascos todavía es Andalucía; un colectivo que, diez
años después de acabada esa violencia afortunadamente, sigue en primer grado. Creo que es hora ya de acabar con esa política de venganza y excepción y aplicar la legalidad normal a ese colectivo.


En cuanto a los puntos 3 y 4, proponen al Gobierno que tome una medida discrecional y arbitraria, en concreto con un colectivo de presos para incumplir la legalidad. Están pidiendo al Gobierno que prevarique, algo que es curioso. He visto
propuestas de todo tipo en esta Cámara en estos años, pero la suya es de las más atrevidas que he visto, cuando no frikis.


Por último, acabo dirigiéndome al Partido Socialista y también al Partido de Unidas Podemos. Creo que es hora ya de acabar con esa política del pasado, aquella que bajo el nombre de política de dispersión aplicó una política de alejamiento.
Hoy he vuelto a decir que el mayor número de presos sigue en Andalucía. Creo que es un sinsentido y la sociedad vasca les ha pedido que acaben ya con esto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señor presidente, pidiéndoles valentía y, más allá de los reproches de sectores ultras y reaccionarios, que escuchen a la sociedad vasca, a la legalidad y al sentido común.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).


La señora OLONA CHOCLÁN: Con la venia, señor presidente.


Señor Iñarritu, antes le habría imaginado a usted rezando en un lupanar que hablando de dignidad y legalidad en esta Cámara. ¡Qué vergüenza! (Aplausos). Este Gobierno cuenta con el beneplácito de ETA y supondrá -no tengo ninguna duda- la
culminación de los pactos y las conversaciones iniciados entre el PSOE y ETA hace más de veinte años, que solo pueden terminar en el blanqueamiento, la impunidad y el referéndum. 'Señor Sánchez, usted hoy aquí se ha mostrado muy seguro y yo lo
entiendo, usted está muy asegurado. [...] Lo que muchos españoles no sabían es que la compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA'. 7 de enero de 2020, palabras del presidente de
VOX, Santiago Abascal, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. (Aplausos). Tan solo unos días antes, el 17 de diciembre, una portavoz sin escrúpulos, la señora Lastra, y su brazo armado, el señor Simancas, oficializaban la relación con
ETA con una foto pública inédita. (Muestra una fotografía). Aquí los tienen, aunque en ese momento todavía mantenían el rostro compungido. Posteriormente, sin embargo, ya en febrero de 2020, cuando se iniciaban las negociaciones presupuestarias,
la señora Lastra abandonó hasta el último complejo y -ahora sí- la vemos posando con ETA con una amplia sonrisa. (Muestra otra fotografía). Con ETA. ¿Qué reivindicaciones puso encima de la mesa EH Bildu...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor. Le ruego que a la hora de referirse a grupos parlamentarios lo haga con el adecuado respeto. (Protestas.-Aplausos).



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La señora OLONA CHOCLÁN: Con ETA, señorías. (Muestra otra fotografía.-Protestas).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Olona, le ruego, por favor, que atienda a lo que le pido y no tengamos que reiterar la cuestión. Continúe, respetando -insisto- al resto de grupos parlamentarios. (Rumores).


La señora OLONA CHOCLÁN: ¿Qué reivindicaciones puso encima de la mesa EH Bildu para apoyar al Partido Socialista? Las de siempre, las que hoy mantiene, las que dijo claramente el presidente Santiago Abascal: blanqueamiento, impunidad y
referéndum. El blanqueamiento de la sangre que mancha las manos de EH Bildu no era una tarea sencilla. Exigía hacer desaparecer casi mil víctimas mortales de la banda terrorista ETA y mantener en el olvido los casi cuatrocientos crímenes que a la
fecha siguen sin resolverse, entre ellos, el de la familia de nuestro diputado Toni Salvá. (Aplausos). ¿Cómo conseguirlo? ¿Dónde esconden mil muertos? ¿En qué armario caben? ¿Cómo mirar a la cara de la señora Mertxe Aizpurua y no ver en ella el
rostro de la muerte? Es muy sencillo, ganando la batalla del relato, hablando de presos políticos vascos, de conflicto político vasco, del Estado torturador y de las fuerzas policiales opresoras, consiguiendo a través de la educación que nuestros
niños, luego jóvenes, cuando oigan hablar de Miguel Ángel Blanco sepan a quién se refieren. Segundo objetivo, impunidad. ETA no busca el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. ETA lo que busca es la impunidad a través de la amnistía.
Pero una ley se lo impide y además hoy tampoco es necesario. ¿Cómo se consigue este objetivo, porque va a ser este Gobierno socialcomunista el que abra las cárceles españolas para liberar a los presos etarras con total impunidad? Por un lado,
dinamitando la política penitenciaria, algo que niegan pero que es evidente con las cifras en la mano. Señor Patxi López, me escucha atentamente, ¿verdad? En 2018 el total de la población reclusa etarra ascendía a 236 presos. A fecha actual 49 ya
no están en prisión y 154 han sido acercados al País Vasco. El 70 % de los presos etarras han sido acercados al País Vasco. Con Sánchez 70 etarras con delitos de sangre, que acumulan 167 asesinados en 127 atentados, han sido privilegiados, porque
no se han arrepentido, porque no han colaborado con la justicia. Y en segundo lugar, una vez que tenemos a los presos etarras en el País Vasco, ¿cómo conseguimos la amnistía? Muy sencillo, transfiriendo la competencia en materia de prisiones, una
reivindicación histórica de ETA y del partido extorsionador vasco que se hará efectiva en el mes de abril, según ha anunciado el Gobierno. (Muestra una fotografía). Tercer objetivo, el referéndum. Con la independencia de esa ensoñación que
algunos llaman Euskal Herria, ETA habrá conseguido su principal objetivo, hoy a través de su brazo institucional. Y esta es, señorías, la hoja de ruta que se encuentra en marcha.


¿Sonríen, señorías? ¿Sonríen, con casi mil muertos encima de la mesa, once de ellos de su partido? ¿Se atreven a sonreír? Estas son las cifras de su traición. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario
VOX, puestos en pie). Les puedo asegurar, señorías, que el fuego en el que me he forjado es el norte, porque allí he combatido, porque allí he dado la batalla del relato, con más de 1500 recursos. Podría enumerar a los mejores que me han enseñado,
que guiaron mi espada jurídica; desde aquí menciono simplemente a Juan, en representación de todos ellos. A ETA no se le da la espalda, a ETA se la mira de frente. (Muestra otra fotografía). Y les puedo asegurar, señorías, que eso es lo que VOX
promete. Por eso, cuando Iñarritu, Aizpurua y el resto de representantes de EH Bildu pregunten con voz compungida qué es ETA, será VOX el que les mire de frente para decirles: ETA son ustedes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario VOX puestos en pie.-Protestas del señor Sánchez del Real señalando otros escaños del hemiciclo).


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez del Real, conténgase, por favor. (El señor Sánchez del Real pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas). Le pido que se contenga y que se siente para que continuemos con el debate, por favor. (El
señor Sánchez del Real, señalando otros escaños del hemiciclo: Dígaselo a ellos). Señor Sánchez del Real, le llamo al orden por primera vez.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero. (Rumores.-Protestas). Señorías, ruego silencio, por favor. Va a tomar la palabra el señor Adanero. (Rumores). Ruego silencio
y que se calmen, por favor. (Rumores). Les pido a todos que se calmen. Tiene la palabra señoría.


El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.


La verdad es que es lamentable, pero hemos llegado aquí porque un día se decidió pasar las líneas rojas; eso es así. Hubo un momento en el que un presidente del Gobierno de España, cosa que no había



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ocurrido nunca, decidió que se podía pasar la línea roja por tener el poder. Y lo denunciamos, como se ha dicho, el 7 de enero, y dijimos lo que iba a pasar. Dijimos que el Gobierno de España iba a estar arrodillado ante la banda
terrorista ETA. ¡Y se dice que ETA no existe! ¡Hombre, por favor, todos sabemos de qué estamos hablando! Eso es lo que ocurrió, que ese presidente del Gobierno se arrodilló. Pero no solo eso, es que es el único pacto que está cumpliendo. Si uno
analiza todos los acuerdos de los partidos con los que ha pactado, desde Podemos, con el que comparte Gobierno, hasta Esquerra, el PNV o cualquiera de los que le ayudaron a conseguir la investidura, el único acuerdo que cumple expresamente siempre,
sin moverse ni un minuto ni ninguna persona ni nada, es el que pactó con Bildu, el de los cinco presos a la semana. (Aplausos). Ese es el único que está cumpliendo. A todos los demás les está dando largas. Y además de ese acuerdo, iba otro
segundo, que es el del blanqueamiento famoso. Es así, se está blanqueando, y se blanquea el lenguaje. Pero no se puede hablar de presos vascos; hay que hablar de terroristas etarras, no de presos vascos. Presos vascos hay muchos, de muchas
clases. No, hay que decir terroristas etarras, porque están condenados por ser terroristas y pertenecer a la banda terrorista ETA, no a una banda de una cuadrilla de amigos. No, banda terrorista ETA. (Aplausos).


Parece que se están olvidando de todos los asesinatos que ha habido en España, y no se pueden olvidar. ¡Claro que no se pueden olvidar! ¿Cómo los vamos olvidar si les debemos que sigamos en democracia? ¿Cómo vamos a olvidar a todas
aquellas personas que se quedaron en el camino por defendernos al conjunto, por defender la libertad, por defender sus principios? ¿Cómo los vamos a olvidar? ¡No los debemos olvidar nunca! Y ustedes, miembros del Partido Socialista, tampoco
deberían olvidarlos, porque también murieron por su país y por la libertad de su país y de su tierra. Y aquí no es cuestión de ponerse medallas. Lo dije una vez, aunque no voy a hablar en nombre de todas las víctimas, porque no me corresponde,
pero, evidentemente, cuando te han asesinado a gente tienes todo el derecho del mundo a hablar aquí las veces que haga falta. ¡Solo faltaba que encima nos impidan reconocer y honrar a aquellos que murieron, compañeros nuestros, y a otros muchos que
a lo largo de los meses me han dado permiso para hablar en su nombre, por defender las libertades! Y respecto a que fuera en nombre de esa Euskal Herria, acerca de lo que el otro día el portavoz del PNV hacía unas risitas diciendo que yo no tenía ni
idea de lo que es Euskal Herria... No, perdón. ETA asesinaba en nombre de Euskal Herria. El artículo 1 del Estatuto del País Vasco habla del pueblo vasco o Euskal Herria, con lo cual que no me vengan con cuentos. Cuando se habla del pueblo vasco
en los artículos 1 y 2 del Estatuto vasco se está incluyendo a la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, yo saldré aquí todas veces que me dé la gana a decir que Euskal Herria es una entelequia, una quimera (aplausos), que ETA asesinó en nombre de
Euskal Herria y que a mí no me va a callar nadie. ¡Solo faltaba que me vaya a callar a mí, insultándome después, una persona del PNV en nombre de no sé qué, no teniendo ni representación por la Comunidad Foral de Navarra! ¡Hasta ahí podíamos
llegar! Esto es una ignominia.


Evidentemente, lo que se está haciendo con la banda terrorista ETA y los presos es el pago lógico por el poder de Pedro Sánchez. Eso sí, a costa... No, no me haga así, el gesto como de que estoy loco. (Rumores). ¿Sabe usted lo que es
mirar todos los días del año debajo de un coche? ¿Sabe lo que es eso? (Aplausos). ¿Sabe lo que es defender tus ideales políticos, estar amenazado y tener que ir por la calle escoltado? ¿Sabe usted lo que es eso? ¿A usted le parece que a mí me
gustaba perderme la juventud porque alguien me quisiera pegar un tiro? ¿Qué se han pensado que es esto? ¡Oiga, que se ha vivido así! ¿Pero ustedes dónde han vivido? ¿Ustedes no han vivido en España, o qué? Por defender las ideas, por defender
una Navarra foral y española, con identidad propia, dentro de la unidad de España, a mí me querían matar y a dos de los míos los mataron.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los Grupos Parlamentarios VOX, Ciudadanos y Popular en el Congreso, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Las consecuencias de la violencia injustificada de ETA durante más de cinco décadas, ahora ya finalizada desde la tregua de enero de 2011 y la renuncia al uso de la violencia en octubre de ese mismo año, nos hace necesaria una memoria que
conlleve una pedagogía compartida de la convivencia y una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo y vulneración de derechos fundamentales, que acoja el pluralismo de la sociedad y valores éticos y democráticos para rechazar cualquier
forma de legitimación



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de la violencia, para no aceptar la minimización de violaciones de derechos humanos de otros signos, para descartar cualquier justificación compensatoria entre violencias, para evitar también la discriminación entre víctimas y para poner en
primer lugar el compromiso con las víctimas, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación por el daño injusto causado por ETA. Pero a la vez que hacemos todo esto, tenemos que ser capaces de seguir caminando hacia el cierre definitivo del
pasado, y para esto también se hace necesaria la articulación de una nueva política penitenciaria, acorde a las circunstancias y al fin constitucional de las penas, que es principalmente la resocialización y la reinserción social de los penados.


Por eso, desaparecida ETA hace ahora diez años, tenemos que preguntarnos qué finalidad tiene la dispersión. Se ha dicho en las interpelaciones de la semana pasada que sin colaboración con las autoridades, sin expresar reproche o abandono,
sin arrepentimiento, sin petición expresa de perdón a las víctimas, sin participación de las víctimas, los acercamientos de presos de ETA a centros penitenciarios del País Vasco o proximidades son ilegales, son un beneficio penitenciario concedido
arbitrariamente, pero esto, señorías, es una falsedad, dicha a sabiendas por quien la dice. Todas sus señorías conocen que el principio que debe inspirar la fase de ejecución de las penas es la reinserción, y, para que esta pueda materializarse, el
mantenimiento de los vínculos familiares y sociales de los reclusos debe tenerse en cuenta a la hora de asignarlos al centro de cumplimiento más próximo a su domicilio a fin de evitar el desarraigo de los penados y permitir su resocialización,
derivándose esto de la misma Constitución, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de la Convención Europea de Derechos Humanos, de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de las reglas penitenciarias europeas y de las
recomendaciones a España del Comité de Prevención de la Tortura, sin perjuicio, lógicamente, de que ese derecho a la vida familiar y social pueda tener interferencias legítimas por parte de la Administración penitenciaria, siempre que sean
proporcionadas y fundadas en motivos organizativos insuperables -artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria- o razones de seguridad nacional o estatal para impedir la comisión de crímenes.


Pero, señorías, como les decía hace unos momentos, desaparecida ETA hace diez años, ¿qué razón puede subsistir, basada en motivos de seguridad, para mantener una política de dispersión, cuando además el acercamiento para evitar el desarraigo
que facilita la reinserción nada tiene que ver con los beneficios penitenciarios que son instituciones que permiten o bien el acortamiento de la condena o bien el acortamiento del tiempo efectivo de internamiento y que quedan condicionadas en los
delitos de terrorismo, entre otras, en virtud del apartado 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, modificada a este fin en el año 2003, a la colaboración, al arrepentimiento y a la petición expresa de perdón del penado para la
obtención del tercer grado que permita el adelanto de la libertad condicional? En definitiva, señorías, el acortamiento de la condena o del tiempo efectivo de internamiento, que es el objetivo propio de los beneficios penitenciarios y que en los
delitos de terrorismo quedan condicionados al cumplimiento por el penado de una serie de requisitos, nada tiene que ver respecto a en qué centro el recluso cumple su condena, que debe regirse por el principio geográfico, salvo motivos organizativos
insuperables...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.


El señor LEGARDA URIARTE: ... o de seguridad del Estado -acabo ya-, que nadie ha puesto encima de la mesa para oponerse a los traslados una vez desaparecida ETA hace ahora diez años.


Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Hay temas en los que muy probablemente la prudencia aconseja no pedir la palabra, pero hay días en los que el corazón te dice que callar y mirar hacia otro lado sería traicionar tu conciencia. Hoy es uno de ellos. He pedido la palabra
sabiendo que este era un debate incómodo, a blanco o negro, o estás con nosotros o con los etarras, sin dejar ningún espacio para pensar diferente.


Señorías de Ciudadanos, del PP, de VOX y de UPN, creo sinceramente que hay que dejar de instrumentalizar el dolor de las víctimas en beneficio partidista de una vez por todas. No podemos estar cada día hablando de ETA, cada día, cada día,
cada día, cada día. (Rumores). Y no lo digo yo, no lo digo



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yo, lo dicen las víctimas, los familiares de las víctimas. (Aplausos.-Protestas). Los familiares de las víctimas. Muchas veces se están usando las víctimas del terrorismo de ETA como elemento de confrontación política. Lo ha dicho un
familiar, no lo he dicho yo, lo ha dicho un familiar. Por eso vale la pena recordar tres cosas: ETA cesó su actividad armada el 20 de octubre de 2011, hace casi casi diez años; ETA anunció su disolución definitiva el 2 de mayo de 2018, hace casi
tres años; y Aznar, del PP, acercó a más de 400 presos de ETA. Y no lo digo yo, lo dice una víctima, señora Olona, Carmen Ordóñez, y ustedes están gobernando con los que también acercaron 400 presos de ETA. (Mostrando un recorte de
prensa.-Aplausos).


Señor Adanero, ¿se arrodilló Aznar? ¿Se arrodilló el PP? ¿Se arrodillaron cuando trasladaron 400 presos? (Rumores). Creo sinceramente que hay que mirar definitivamente al futuro y hay que celebrar los casi diez años sin violencia, sin
muertes y no volver una y otra vez a utilizar a las víctimas de forma obscena. (Rumores.-La señora Esteban Calonje pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas). Cuando hablamos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, por favor.


Señora Esteban Calonje, le pido, por favor, ante la reiteración de su llamada en alto y de su voz, que lo deje, que cese, por favor. Dejen, por favor, intervenir al interviniente.


Continúe.


El señor BALDOVÍ RODA: De presos ya lo ha dicho todo el señor Legarda, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco; pero se les olvida siempre un detalle, detrás de cada preso, detrás de cada presa, hay una madre, un padre, una hermana, un
hermano, una abuela, un abuelo, un amigo, una amiga, que no han cometido ningún delito, y a los que estamos condenando con su obcecación, con su ofuscamiento. Estamos condenando a familiares también; dieciséis familiares o amigos de presos
perdieron la vida cuando iban o volvían de visitar a un preso encarcelado a cientos de kilómetros de su casa, 400 o 1000 kilómetros. (Abandonan el hemiciclo gran parte de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).


Señorías, acabo. Si pretendemos que las leyes sean justas, tienen que ser iguales para todos, para todos, para todos. Acabo, y lo quiero hacer con una frase de Nelson Mandela que siempre deberíamos tener presente: Al salir por la puerta
hacia mi libertad supe que, si no dejaba atrás toda la ira, todo el odio, todo el resentimiento, seguiría siendo un prisionero.


No sigan siendo prisioneros de su ira.


Moltes gràcies. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez. (Rumores.-Aplausos).


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Me toca intervenir y marcar la posición de mi Grupo Confederal en esta moción que presenta Ciudadanos, pero la verdad que he visto el debate y me apetece más hablar como una ciudadana vasca, como una ciudadana vasca más. Lo primero que me
viene a la cabeza es una pregunta que le lanzo a Ciudadanos. ¿Qué aporta esta moción al camino de construcción de una paz estable y de una convivencia democrática en este país? (Un señor diputado: ¡Justicia!). ¿Qué aporta? Han visto un circo;
un circo del que no se beneficia nadie. (Aplausos).


Ustedes presentan aquí una moción que destila odio, venganza, ignorancia, no respeto al derecho. Realmente, vuelvo a repetir, ¿qué aporta esta moción? Les rogaría que escucharan a la sociedad vasca, al sentido común que está en la sociedad
vasca, y que escucharan a algunas mujeres vascas que están llenas de dignidad, que han aportado de verdad, que han aportado a la convivencia, que son generosas; y nombraría algunas de ellas, y pediría a las derechas -no sé, alguno, quizá, tenga
sentido común- que escucharan, por ejemplo, a Maixasabel Lasa, a María Jáuregui, a Edurne Brouard, a Sara Buesa, mujeres vascas que, a pesar de su sufrimiento, han aportado mucho a la convivencia y a la construcción de una sociedad vasca
cohesionada.


Dicho esto, y yendo ya al fondo del asunto, que es un asunto importante, entiendo que se han dado pasos y que quedan muchas cosas por hacer; que el camino a recorrer para avanzar en esa construcción



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de una paz estable y de una convivencia democrática está llena de obstáculos. En muchos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas o el reconocimiento del daño causado se han dado algunos pasos, pero está claro que quedan pasos
para dar. Lamentablemente, cuando hablamos de las personas privadas de libertad, de las personas presas, tampoco se ha avanzado lo suficiente. Desde mi Grupo Confederal abordamos la situación de las personas presas desde una perspectiva integral
de derechos humanos que, entre otras cuestiones, plantea el acercamiento al lugar de origen o a la residencia de los familiares, que trata de asegurar siempre un trato humanitario y que tiene como intención y como objetivo avanzar en esas políticas
de justicia restaurativa que faciliten la reinserción social.


La excepcionalidad legal de la política penitenciaria -y hay que repetirlo- supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas; además, el trato que reciben algunas personas presas con
enfermedades graves e incurables está lejos de ser humanitario. Pero esto que digo yo no lo dice ni mi fuerza política ni diferentes fuerzas políticas; esto está reflejado en multitud de informes de organismos internacionales como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos; esto lo ha dicho el Parlamento vasco con un consenso muy, muy amplio; estas exigencias de las que estamos hablando además no pueden ser abordadas con condiciones, deben ser abordadas sin condición alguna porque
responden a fundamentos básicos de un Estado democrático y de un Estado de derecho. En cualquier caso, esto tampoco quita para que sobre la base de esos mismos fundamentos democráticos y de derechos humanos se inste a las personas presas a avanzar
en el rechazo de la violencia y a reconocer lo injusto del daño causado y a revisar de forma crítica su pasado. Todo ello como reparación a las víctimas y como mejor garantía de no repetición en un futuro. En definitiva, la ética de los derechos
humanos no se puede relativizar. Cada uno de ellos, cada uno de estos derechos, debe ser respetado y debe ser salvaguardado específica e individualmente sin que pueda ser objeto nunca de prestaciones, de contraprestaciones y se supedite su defensa
a circunstancias del momento. Por lo tanto, construyamos una sociedad y una paz estables. Eso es lo que debemos a todas las víctimas.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Mateu Istúriz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes.


Señor Iñarritu, señor Baldoví, señora Garrido, qué discurso más irracional, vomitivo y abyecto. Ustedes tienen una falta de respeto absoluto hacia las víctimas del terrorismo, y sobre todo hacia las cuatro víctimas del terrorismo que nos
sentamos aquí. (El señor Baldoví Roda hace gestos negativos). Hablamos de que nuestros compañeros diputados han perdido a hijos, cuñados, hermanos; yo, personalmente, he perdido, asesinados por ETA, a mi padre y a un hermano en un intervalo de
ocho años. (Aplausos). Señorías del PSOE, dejen ustedes, por favor, de tragar absolutamente con todo lo que les hacen los bilduetarras; sigan su propia senda, porque han tenido once asesinados dentro de sus filas. Desde luego, es una auténtica
amoralidad.


Cada vez que el señor Grande-Marlaska se sube a esta tribuna o interviene desde el escaño nos indigna y enfada más a las víctimas del terrorismo y, desde luego, vemos que su catadura moral no es la que tiene que tener un ministro del
Interior. Señorías, el señor Grande-Marlaska nos intenta convencer de que esa aproximación de los presos a las cárceles de su territorio se hace por mor del cumplimiento de la legislación penitenciaria, lo mismo que la cesión de las competencias
penitenciarias.


Todos sabemos para qué se va a hacer eso; evidentemente para que los presos etarras, una vez que estén cerca de sus domicilios, carretera y manta y luego, la libertad, y entonces ya estamos todos felices en el territorio de Euskadi, que es
donde ellos quieren ir. Tenemos el ejemplo claro de que una vez en las cárceles vascas va a pasar como en Cataluña: cárceles de lujo, saliendo y entrando cuando quieran y recibimiento de visitas que a otros presos se les niegan. (Vuelven al
hemiciclo las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).


Señorías, a día de hoy han sido aproximados a las cárceles vascas más de 160 presos, el 81 % de los 197, y el Gobierno sigue aduciendo que cumple con la legislación penitenciaria. Perdónenme, señorías, pero la expresión que me sale es la
que me va a dejar satisfecho: Eso es mentira, es el pago al apoyo que realizan los bilduetarras, nacionalistas y demás independentistas a las políticas del Gobierno socialcomunista. (Aplausos). Señorías, si no explíquenme por qué se autoriza esa
visita de la portavoz de Bildu al penal del Puerto de Santa María para a visitar a 12 de los más sanguinarios etarras, entre los



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cuales se encuentra Henri Parot, autor de 82 asesinatos, señorías del PSOE, ni más ni menos, y que acumula 26 sentencias y 4800 años de prisión ante el silencio el ministro; sobre lo que le hemos preguntado varias veces y silencio absoluto,
pero yo se lo voy a decir. Esa señora era una emisaria para decirle a los asesinos etarras: quietos, parados, que os va llegar ya el momento de la aproximación a las cárceles del País Vasco y luego, de ahí, a la libertad, pero no pasando de la ley
a la ley, como se hizo en la Transición democrática.


Señorías, les recuerdo que el señor Parot, por llamarlo de alguna manera, ¡el asesino Parot!, fue el que dio nombre a una doctrina (aplausos), en la cual se significó mucho luego la excarcelación de los presos cuando se revocó por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2013, donde tuvo un papel el juez Grande-Marlaska, a la sazón presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Señora emisaria del Gobierno,
señora Aizpurua -no la veo-, cuando vuelva a visitar otra vez al asesino Parot, asesino de mi padre -insisto- y que también puso la bomba en el cuartel de Zaragoza -señor Alcaraz, ¿verdad que es así?, pues seguimos con el tema- dígale que en el
Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, hay un grupo parlamentario, el del Partido Popular, que está muy vigilante en el cumplimiento de requisitos tan sencillos, que siendo humanos -que no lo son- podrían brotar, como el
arrepentimiento, el perdón, el renegar de la violencia, por lo que estaremos siempre muy vigilantes en su cumplimiento.


Señorías, por cierto, respecto del perdón, les recuerdo el papelón que hizo Instituciones Penitenciarias porque la Audiencia Nacional reprobó las cartas en las que los etarras pedían el perdón, calificándolas únicamente como cartas
genéricas. Señorías, es tal la indignidad y suciedad con la que este Gobierno actúa, que el día después de hacernos esa mascarada de chafar pistolas incautadas, armamento incautado a la banda terrorista ETA, aproximó a las cárceles del País Vasco a
6 presos. Pero, señorías, ¿a quién se creen ustedes que están tomando el pelo? Es una falta de respeto a la memoria, dignidad y justicia de las víctimas (Aplausos).


Señores del Gobierno, lo que habría que hacer era aprisionar su indignidad, habría que aprisionar los pactos que ustedes mantienen con Bildu, habría que aprisionar los pactos que tienen con otras fuerzas indignas que, cuándo no, han apoyado
los fines que ha perseguido ETA a través del asesinato, el terror y la extorsión.


Voy terminando, señor presidente, con una reflexión, permítanmela. Si bien ETA ha sido derrotada policialmente, su espíritu social, educativo y moral sigue vivo desgraciadamente entre todos nosotros, residenciado fundamentalmente en Bildu,
y aceptado y consentido por un Gobierno que ha hecho de la incompetencia, de la falta de transparencia, de la falta de empatía con las víctimas del terrorismo, como se demuestra día a día con sus actuaciones, y de la mentira su modelo de gestión.


Termino, señor presidente, anunciando nuestro voto a favor de esta moción consecuencia de interpelación porque recoge planteamientos con los que estamos efectivamente de acuerdo, pero nuestras ideas y nuestras actuaciones no se agotarán
nunca en ellos.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mateu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.


El señor SERRADA PARIENTE: Señorías de la derecha, al Partido Socialista ni una sola lección, ni una, sobre ETA, sobre lucha antiterrorista y sobre política penitenciaria; ni una (aplausos), ni al señor Patxi López, ni al señor Odón Elorza
ni a los cientos y cientos de compañeros militantes del Partido Socialista Vasco que durante años combatieron el terrorismo de ETA, señorías. ¡Ni una sola lección! (Aplausos).


Miren, señorías, yo entiendo que la democracia a veces es dura para algunos, sobre todo para los que no creen en ella, y sobre todo para quienes son incapaces de escuchar opiniones en contra y opiniones que no tienen nada que ver con su
forma de ver la sociedad o con su forma de entender la política. Señorías, han desplegado hoy tanta dignidad que me llama la atención que hace unos días en Murcia no la tuvieran igual para pagar con dinero público a tres tránsfugas (aplausos), a
tres, con dinero público. La misma dignidad, la misma que están planteando hoy aquí, aplíquensela para todas sus acciones políticas, la misma, señorías. (Protestas).



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A nosotros nos duelen todas las víctimas, absolutamente todas (protestas), solo hay una diferencia con ustedes, no las utilizamos políticamente (continúan las protestas)...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor SERRADA PARIENTE: Ni las hemos utilizado ni las vamos a utilizar, nunca. (Protestas.-Aplausos).


Hay otra diferencia con ustedes, señores de la derecha, muy grande. El Partido Socialista siempre les apoyó, siempre, siempre fue leal con ustedes. Ustedes nunca lo han sido con nosotros, jamás. Esas son las diferencias, señorías, entre
este partido y el suyo (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y el suyo (señalando al Grupo Parlamentario Ciudadanos). Para lo único que ha servido esta moción hoy es para ver que a los señores de Ciudadanos
también les están esperando con los brazos abiertos en VOX, sobre todo viendo cómo les están aplaudiendo, señorías. Para eso está sirviendo.


Hoy traemos a esta Cámara -lo ha dicho el señor Baldoví- un debate que no está en la sociedad, no existe este debate en la sociedad. (El señor Garcés Sanagustín pronuncia palabras que no se perciben). Señorías, marzo de 1998, ETA
asesinando, y aquí se aprobó una moción en el mes de noviembre de ese año pidiendo a todos los partidos políticos que abrieran una vía de diálogo con la banda terrorista ETA, apoyada por todos con una excepción. Año 1998, el terrorismo es el
segundo problema para los españoles, 33,2 %. Enero de 2012, la banda terrorista disuelta, el terrorismo es un problema para un 1,3 % de los españoles. Febrero de 2021, CIS publicado hoy, cero por ciento. ¿Me quieren decir, señorías, qué debate es
este? ¿Me quieren decir, señorías de Ciudadanos, que ayer, con la señora Arrimadas, se conjuraron todos en la nueva dirección diciendo lo que iban a hacer y que iban a hablar de lo que importa a los ciudadanos, y resulta que hoy presentan esta
moción que no tiene nada que ver con lo que dicen los ciudadanos? (Rumores.-El señor Alonso Pérez pronuncia palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: Perdone, señor Serrada. Señor Alonso Pérez, le pido silencio, por favor. (Rumores).


Continúe, señor Serrada.


El señor SERRADA PARIENTE: Señorías, ¿este Gobierno está cometiendo alguna ilegalidad con la política penitenciaria que está aplicando? No, ninguna. ¿Saben por qué? Porque es la misma política penitenciaria que aplicaban ustedes, la
misma, no ha cambiado, principios constitucionales y Ley General Penitenciaria, la misma, tratamiento individualizado, lo mismo que decían sus ministros del Interior, lo mismo. (Aplausos). No ha cambiado la política penitenciaria, han cambiado
ustedes porque están en la oposición, señorías, y porque no son leales.


Les voy a recordar una cosa: ETA ya no está, ETA ya no mata, afortunadamente. Lo triste es que ustedes necesitan a ETA para seguir viviendo políticamente y para traer a esta Cámara debates que nada tienen que ver con lo que está pasando en
este país. (Aplausos). Preguntaba el señor Adanero que cuándo empezó a esto. El señor Adanero planteó una buena pregunta, cuándo empezó esto. ¿Empezó cuando ustedes en UPN se reunían con Herri Batasuna, matando ETA, para aprobar presupuestos?
¿Empezó entonces? (Aplausos.-El señor García Adanero hace signos negativos). ¿Cuándo empezó? ¿O empezó, señorías del Partido Popular, en el año 1996, cuando acercaron a 33 presos y dieron trece terceros grados? ¿O en 1997, cuando ETA asesinó a
13 personas y ustedes acercaron a 26 presos y concedieron siete terceros grados? ¿O en 1998, con 6 asesinatos, y acercaron 26 presos y dieron 4 terceros grados? En 1999, cifra récord, 105 presos. ¿Cuándo empezó, señor Adanero? ¿Cuándo empezó,
señorías del Partido Popular?


Señorías del Partido Popular, patriotismo de hojalata y dignidad de hojalata. Señorías, estos debates en esta Cámara, en esta situación que estamos viviendo ahora mismo de crisis económica, de crisis sanitaria, son absolutamente
improductivos para seguir avanzando en nuestro país.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Serrada.


¿Señor Cambronero, acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?



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El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Estamos todavía haciendo una transaccional con el Grupo Parlamentario VOX. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, señor Cambronero.


Votamos en 5 minutos. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 122/000117).


La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su
voto por procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño.


En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 109, más 238 votos telemáticos, 347; a favor, 67 más 178 votos telemáticos, 245; en contra, 42 más 46 votos telemáticos, 88; abstenciones, 14 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 122/000028).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de protección y apoyo a las familias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 109, más 238 votos telemáticos, 347; a favor, 43 más 119 votos telemáticos, 162; en contra, 66 más 117 votos telemáticos, 183; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Buenas noches a todos. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


Corrección de error.


En el Diario de Sesiones número 86, correspondiente a la sesión plenaria número 82, celebrada el jueves 11 de marzo de 2021, en la página 6, apartado 'Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación)', segundo párrafo, cuarta
línea, donde dice: 'se rechaza por 36 votos a favor más 115, 251;', debe decir: 'se rechaza por 36 votos a favor más 115 votos telemáticos, 151;'.


En la página 74, en el resultado de la primera votación, donde dice: 'votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 247;' debe decir: 'votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347;'.


En el resto de votaciones de la página 74, donde dice: 'votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248;', debe decir: 'votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348;'.


En la página 78, segunda votación, donde dice: 'a favor, 36 más 115 votos telemáticos, 251;', debe decir: 'a favor, 36 más 115 votos telemáticos, 151;'.