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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 226, de 23/02/2021
cve: BOCG-14-D-226
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de febrero de 2021
Núm. 226
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Vicepresidente Segundo del Gobierno por sus declaraciones sobre la calidad democrática de España ...
Comisión de Defensa
161/002063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a aumentar los fondos asignados al Ministerio de Defensa con el objeto de cubrir la totalidad del coste de sostenimiento y
mantenimiento de los sistemas de armas operados por las Fuerzas Armadas ... (Página13)
Comisión de Hacienda
161/002043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las ayudas por el terremoto de Lorca (Murcia) ... (Página16)
161/002046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la adopción de medidas de sensibilización y educación fiscal ciudadana ...
Comisión de Interior
161/002034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la toma de medidas necesarias para acabar con el colapso de las oficinas de extranjería y los
problemas derivados de la dificultad para obtener una cita tanto de extranjería como de protección internacional ... (Página18)
161/002066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación definitiva del sistema de turnos rotatorios 6×6 en la Policía Nacional y la Guardia Civil ... (Página20)
161/002067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la preparación y ejecución de una campaña de difusión sobre recomendaciones y pautas a seguir en caso de seísmos ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la construcción de un nuevo puente sobre el río Segura, en el paraje de El Ginete en el municipio de Cieza
(Murcia) ... (Página22)
161/002045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa al cumplimiento de las obligaciones de servicio público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca ... (Página22)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la igualdad de oportunidades del alumnado sordo y sordociego ... (Página24)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al control de los datos de holgura laboral ... (Página26)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso y reactivación del sector turístico y la hostelería ... (Página27)
161/002038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector del comercio ambulante ... (Página28)
161/002047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector feriante ... (Página31)
161/002049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas alternativas al cierre anunciado por Siemens Gamesa de sus plantas de Somozas y Cuenca ...
161/002051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la apertura urgente de todos los establecimientos del sector hostelero ... (Página33)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector del comercio ambulante ... (Página37)
161/002048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector feriante ... (Página40)
161/002062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el pleno acceso a la sociedad digital de las personas con discapacidad visual ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la plantación de choperas en la cuenca del río Carrión. Corrección de error ... (Página42)
161/002060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una aplicación consensuada, progresiva y justa de la nueva Política Agrícola Común (PAC) ... (Página43)
161/002065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre protección de la actividad agrícola frente a los efectos del cambio climático ... (Página44)
161/002068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que el Gobierno aborde de manera integral la problemática de los 'montes de socios' ... (Página46)
161/002070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la financiación de actuaciones de regadíos e infraestructuras asociadas con recursos de los fondos de recuperación de la Unión Europea NGEU
... (Página48)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los efectos causados por la borrasca Filomena ... (Página49)
161/002054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta de Galicia-Gobierno del Estado ... (Página51)
161/002057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la utilización de mascarillas para personas sordas entre los funcionarios públicos ... (Página52)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de aplicar una moratoria a la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y, en
consecuencia, mantener vigentes las actuales medidas de control de su población en los territorios al norte del río Duero ... (Página53)
161/002052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al Acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ...
161/002056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cierre de la central térmica de As Pontes ... (Página57)
161/002058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al compostaje doméstico y comunitario ... (Página58)
161/002064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre protección de la actividad agrícola frente a los efectos del cambio climático ... (Página59)
Comisión de Cultura y Deporte
161/002035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la presencia exclusiva de las federaciones deportivas españolas en competiciones oficiales internacionales ...
161/002050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a impulsar las reformas necesarias para evitar cualquier condena de artistas y creadores por motivos que atenten a la libertad de
expresión ... (Página63)
161/002055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la participación de las selecciones deportivas gallegas en competiciones oficiales ... (Página64)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Ministro de Consumo por sus declaraciones sobre las mascarillas FFP2 ... (Página65)
161/002061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las diferentes especialidades de la fisioterapia ... (Página66)
161/002069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para seguir fomentando la incorporación de la perspectiva de género en la política pública sanitaria ... (Página67)
161/002071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre exención total del IVA a las mascarillas FFP2 y FFP3 ... (Página69)
161/002072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acelerar la vacunación contra el COVID-19 de personas con factores de riesgo ... (Página70)
Comisión de Igualdad
161/002053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas ...
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento y transposición de las medidas legislativas del Pacto de Estado contra la violencia de género a nuestro ordenamiento
jurídico ... (Página72)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar y mejorar fiscalmente la condición de familia numerosa ... (Página74)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000692 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre proceso interno que se lleva a cabo en la Guardia Civil para la preparación y ejecución de la licitación de la adquisición de chalecos antibalas ...
181/000693 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre sometimiento a control aduanero en los aeropuertos sitos en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears a los pasajeros (y sus
equipajes) de vuelos con origen en Reino Unido ... (Página77)
181/000694 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre fecha prevista para licitar la compra de chalecos antibalas y para alcanzar el número suficiente para al menos reponer los retirados ...
181/000695 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de incrementar el catálogo de puestos de trabajo de las Unidades Fiscales de la Guardia Civil en los aeropuertos de Canarias y de las
Illes Balears, para garantizar el efectivo control aduanero de los pasajeros (y sus equipajes) de vuelos con origen en Reino Unido ... (Página78)
181/000696 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivo de la falta de previsión por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la situación generada con la retirada de 14.954 chalecos
antibala ... (Página78)
181/000697 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre proceso de licitación que se va a realizar para la adjudicación de la venta y adquisición de pistolas TASER a la Guardia Civil ...
181/000698 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de reforzar el papel de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil ('GREIM'), tras su
desmantelamiento en la zona del Roncal, con competencia de actuación en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página79)
181/000699 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre existencia en la Dirección General de la Guardia Civil de un plan de vacunación de la COVID-19, teniendo en cuenta que los servicios operativos en la
institución son los que desarrollan los miembros pertenecientes a Seguridad Ciudadana y Tráfico ... (Página79)
181/000700 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre informaciones y recomendaciones sobre el virus y medidas de protección que se dieron por la Dirección General de la Guardia Civil a sus agentes ...
181/000701 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre fecha prevista por el Ministerio del Interior para completar el acuerdo de equiparación firmado con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil ... (Página79)
181/000702 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de destinar más agentes de la Guardia Civil y medios materiales para la lucha contra la inmigración en el archipiélago canario ...
181/000703 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre número de kits de control de drogas puestos a disposición de los agentes de la Guardia Civil para el desarrollo de tareas de vigilancia y regulación y
control de tráfico desde el 03/08/2020 ... (Página80)
181/000704 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre dotación de los materiales necesarios para desarrollar plenamente las tareas de vigilancia, regulación y control de tráfico que habían quedado
suspendidas como consecuencia de la COVID-19, tras el correo de 03/08/2020 requiriendo a los funcionarios a retomar las funciones indicadas ... (Página80)
181/000705 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre déficit de chalecos antibala que existe en la Guardia Civil, a fecha de enero de 2021 ... (Página81)
181/000706 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivos por los que se ha desmantelado el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil ('GREIM'), en la zona del Roncal, con
competencia de actuación en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página81)
181/000707 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre fecha prevista por la Guardia Civil para aprobar y aplicar un nuevo Reglamento para los guardias civiles que les permita conciliar con una jornada anual
en horas equiparable a la de la Policía Nacional ... (Página81)
181/000708 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre medidas previstas para adecuar o renovar los cuarteles de la Guardia Civil que se encuentran en pésimo estado con el fin de permitir su operatividad en
el territorio correspondiente ... (Página81)
181/000709 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre medidas y fecha prevista por la Dirección General de la Guardia Civil para dotar de los medios materiales necesarios a los agentes destinados a la lucha
contra el narcotráfico en la zona de Campo de Gibraltar ... (Página82)
181/000710 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivo de la falta de abastecimiento del material necesario a los agentes de la Guardia Civil ... (Página82)
181/000711 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre mecanismos de estimación que tiene la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar la reposición de los chalecos antibalas que han sido retirados
el 23/12/2020 ... (Página82)
181/000712 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones de la Dirección General de la Guardia Civil de garantizar la protección de la salud de los agentes frente al coronavirus realizándoles
pruebas de diagnóstico PCR ... (Página83)
181/000713 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivos por los que la Directora General de la Guardia Civil no protegió debidamente y a tiempo a los agentes, teniendo en cuenta sus declaraciones de
01/05/2020, en las que afirma que tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde enero de 2020 ... (Página83)
181/000714 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre intención de la Dirección General de la Guardia Civil de adoptar alguna medida para la renovación de la flota de vehículos ...
181/000715 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre utilización de la Guardia Civil como moneda de cambio en acuerdos políticos ... (Página83)
181/000716 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de dotar de pistolas TASER a la Guardia Civil ... (Página84)
181/000717 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre medidas adoptadas para la prevención de los contagios entre los alumnos de los centros de formación y escuelas de la Guardia Civil ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000718 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista por ADIF-Alta Velocidad para licitar las actuaciones pendientes que figuran incluidas en el 'Estudio Informativo del proyecto de la nueva
estación intermodal de Ourense' ... (Página84)
181/000780 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), Zaragoza Alonso, José (GS), sobre mejora de la avenida Martín Palomino, que forma parte de la N-630 A en su paso por la ciudad de Plasencia ...
181/000781 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio López Cano (GS), Zaragoza Alonso, José (GS), sobre estado de los trabajos y fechas previstas para que esté en pleno funcionamiento el ramal central de los Corredores ferroviarios
Mediterráneo y Atlántico, en su tramo Algeciras-Bobadilla, así como trabajos finalizados y costes de los mismos ... (Página85)
181/000782 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre procedimientos y plazos para resolver la situación generada por el cierre de uno de los túneles de O Folgoso en la autovía A-52 ...
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000783 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre estudios y datos específicos en los que se basa el Ministro de Consumo para afirmar, en relación a las mascarillas FFP2, que 'no parece que haya una
fuente suficientemente rigurosa que acredite que estamos mejor protegidos de esa manera' ... (Página86)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000719 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.1 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000720 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.2 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000721 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.3 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000722 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.4 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000723 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.5 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000724 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.6 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000725 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.7 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000726 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.8 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000727 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.9 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000728 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.10 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000729 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.11 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000730 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.12 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000731 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.13 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000732 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.14 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000733 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.15 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000734 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.16 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000735 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.17 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000736 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.18 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000737 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.19 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000738 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.20 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000739 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.21 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000740 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.22 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000741 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.23 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000742 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.24 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000743 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.25 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000744 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.26 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000745 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.27 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000746 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.28 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000747 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.29 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000748 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.30 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000749 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.31 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000750 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.32 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000751 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.33 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000752 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.34 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000753 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.35 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000754 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.36 del Eje 1.3 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000755 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.37 del Eje 1.3 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000756 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.38 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000757 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.39 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000758 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.40 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000759 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.41 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000760 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.42 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000761 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.43 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000762 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.44 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000763 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.45 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000764 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.46 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000765 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.47 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000766 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.48 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000767 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.49 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000768 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.50 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000769 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.51 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000770 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.52 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000771 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.53 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000772 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.54 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000773 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.55 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000774 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.56 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000775 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.57 del Eje 1.5 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000776 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.58 del Eje 1.6 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000777 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.59 del Eje 1.6 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000778 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.60 del Eje 1.7 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
181/000779 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 1.61 del Eje 1.7 del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035138 Autor: Rego Candamil, Néstor
Obstaculización a la presentación de denuncias en gallego ante la Policía Nacional ... (Página104)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación del Vicepresidente Segundo
del Gobierno por sus declaraciones sobre la calidad democrática de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, el señor don Josep Borrell, acudió en los últimos días en viaje oficial a Rusia encomendando a ello por el Consejo de la Unión Europea, donde están
representados los gobiernos de los 27 Estados miembros. Muchos consideraron desafortunada esta visita debido a la reciente detención y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, que había sufrido previamente un intento de asesinato por
envenenamiento y cuyas pruebas parecen apuntar a los servicios secretos rusos.
En el marco de esa visita, además, el Alto Representante Borrell compareció en rueda de prensa junto al Ministro de Asuntos Exteriores ruso, el señor Lavrov, donde éste se dedicó a criticar abiertamente a la Unión Europea, calificándola de
'socio poco fiable', y a España. En este caso, el ministro Lavrov afirmó que la Unión Europea no podía dar lecciones sobre democracia a Rusia cuando permite una situación como la de los políticos independentistas presos. Esta afrenta fue
rápidamente respondida por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Sra. González Laya, que recordó que España es una de las pocas democracias plenas del mundo, situándose en una mejor posición en cuanto a calidad
democrática que otras democracias como Estados Unidos, Francia o Italia, y muy por delante de Rusia, que ocupa el puesto 124 de 167 países examinados por The Economist Intelligence Unit en su Índice de Democracia 2020.
La respuesta del gobierno ruso tampoco se hizo esperar y, por boca de su portavoz para asuntos exteriores la señora Zajarova, se burló de las declaraciones de la ministra González Laya afirmando de forma sarcástica en su página oficial de la
red social Facebook que 'Ahora tengo un nuevo ídolo democrático. Esta vez es una mujer. La ministra de Exteriores de España Arancha González Laya'.
Sin embargo, las burlas a las declaraciones de la ministra González Laya también han venido del propio Gobierno de España, puesto que el Vicepresidente Segundo del Gobierno, el señor Iglesias Turrión, la ha desautorizado. En una entrevista
con el diario ARA, el Vicepresidente Segundo ha afirmado que 'en España no hay una situación de plena normalidad democrática' en alusión a la situación de los políticos independentistas presos y a la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por
injurias y enaltecimiento del terrorismo. Por tanto, el Vicepresidente Segundo, jerárquicamente superior a la ministra González Laya, contradecía directamente las declaraciones que la ministra había realizado sobre que España es una democracia
plena. Ésta no es la primera vez que el Vicepresidente Segundo enmienda la plana a la
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero sí la primera vez que lo hace a la vez que inflige un terrible daño reputacional directo a España, al interés nacional y a nuestras instituciones democráticas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Vicepresidente Segundo del Gobierno, el señor don Pablo Iglesias Turrión, e insta al Presidente del Gobierno a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la imagen de España,
del interés nacional y de la reputación de sus instituciones democráticas en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Defensa
161/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, en sus condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno a aumentar los fondos asignados al Ministerio de Defensa con el objeto de cubrir la totalidad del coste de sostenimiento y mantenimiento de los sistemas de armas operados por las Fuerzas Armadas,
para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Este año 2021, la Unión Europea se dispone a establecer, por primera vez en su historia, fondos dedicados a Defensa. No obstante, la cifra final de recursos que irán destinados a este menester es notablemente inferior a la que se
propuso en un primer momento. Concretamente, los fondos se vieron reducidos de 13.000 millones de euros a apenas 7.000 millones -según lo acordado el 21 de julio del año pasado 1.
Sin embargo, esta tendencia a la baja en los fondos europeos no sigue la tendencia global. Así, según el 'Stockholm International Peace Research Institute' (SIPRI), en el año 2019 el gasto militar mundial alcanzó los 1.917 billones de
dólares, suponiendo un incremento del 3,6 % en relación con el año 2018 y el mayor incremento anual desde 2010 2.
Cabe resaltar que este rearme global no está siendo únicamente propiciado por el aumento de gasto militar de potencias como China o India. Países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Finlandia o Suecia, van a incrementar
de forma considerable sus fondos destinados a la Defensa Nacional.
En particular, el Reino Unido se dispone a invertir en Defensa 16.500 millones de libras en los cuatro próximos ejercicios presupuestarios. Alemania tiene proyectado un incremento cercano al 3 % para el presente ejercicio. Por su parte,
Francia va a aumentar su inversión en Defensa en un 4,5 %. La República
1 FORTE, G.S.: 'El pacto de recuperación de la UE deja el fondo de Defensa en 7.000 millones', Infodefensa, 21.07.2020. Disponible [en línea]:
httts://www.infodefensa.com/mundo/2020/07/21/noticia-pacto-recuperacion-fondodefensa-millones.html#:~:text=El%20acuerdo%20alcanzado%20esta%20madrugada,euros%20entre%202021%20y%202027.
2 'Global military expenditure sees largest annual increase in a decade -says SIPRI- reaching $1917 billion in 2019', Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 27.04.2020. Disponible [en línea]:
httts://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-militaryexpenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion
Helénica -debido a su disputa con Turquía- va doblar su inversión 3 Noruega, por ejemplo, ha previsto un aumento de sus gastos en Defensa del 27 % en los próximos ocho años.
En el caso de los países escandinavos, el aumento de fondos para la Defensa se incardina en un proceso de preparación para hacer frente a la creciente amenaza que supone la Federación Rusa para estos países. La investigadora del Real
Instituto Elcano y especialista en Rusia, Mira Milosevich-Juaristi, ha definido la vuelta del Kremlin al tablero geopolítico como 'el proceso de reimperialización de Rusia' 4.
Segundo. En contraposición a lo anterior, en el caso de España, las cifras que el Gobierno ha presentado en los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, 'PGE') del año 2021 para el Ministerio de Defensa son, cuando menos,
insuficientes. Concretamente, en los llamados 'Presupuestos para la Transformación', el Ejecutivo ha destinado 9.409 millones de euros a Defensa. Esta cifra supone un aumento del 4,6 % sobre el presupuesto base del año 2020. Sin embargo, si se
observa el cuadro general de los PGE, se deduce que la cifra destinada a Defensa no llega siquiera al raquítico 0,9 % del Producto Interior Bruto del país. Además, este liviano incremento de fondos es el segundo más bajo de todos los ministerios,
únicamente superado por el del Ministerio del Interior -3,9 %-. Este engañoso aumento se ve eclipsado por otros que llaman poderosamente la atención. En concreto, destaca el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que crece un 157,2 % respecto al
del ejercicio anterior, y recibe 49 millones de euros de los Fondos de la Unión Europea, mientras que a Defensa apenas se destinan 25 millones de estos fondos 5.
Tercero. El pasado jueves 5 de noviembre de 2020, el aún Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general del Aire Miguel Ángel Villarroya Villalta, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 en materia de Defensa. En su intervención, el JEMAD destacó la problemática que las Fuerzas Armadas sufren en materia de mantenimiento. Según Villarroya, apenas el 51 % de las necesidades de
mantenimiento están cubiertas en la actualidad.
Además, destacó que estos datos 'quedan muy lejos incluso del 70 % que se estableció como mínimo de emergencia, forzado por los años de crisis que comenzó en 2008' 6, y que este es 'el gran lastre de las Fuerzas Armadas: la disminución
porcentual constante en los últimos años, del recurso financiero disponible para el sostenimiento de los sistemas' 7. Por último, el JEMAD señaló que 'tenemos [las Fuerzas Armadas] un alto porcentaje de materiales y sistemas inmovilizado por falta
de recursos'.
Estas declaraciones son el ejemplo palmario de la grave situación en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. Pareciese que la dirección que toma el Ejecutivo es la de diseñar unas Fuerzas Armadas de 'escaparate'. Esto es, adquirir
el armamento necesario para dotar a un número muy limitado de unidades del equipamiento pertinente para que sean desplegadas en misiones en el exterior. De esta forma, se cumplen las cuotas de compras exigidas por nuestros socios. Mientras, el
resto de las Fuerzas Armadas permanece con armamento obsoleto, mantenimiento insuficiente y un ínfimo adiestramiento.
Así, estas actuaciones obedecen una visión totalmente errónea de la situación internacional.
Cuarto. En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobado ya por el Congreso de los Diputados, el Programa 122N 'Apoyo Logístico', Capítulo 6, de la Sección 14 'Ministerio de Defensa', incluye los créditos
necesarios para la preparación y funcionamiento de todas las Unidades encuadradas en el Apoyo a la Fuerza. Contempla, por tanto, las retribuciones de todo el personal destinado en esas Unidades y todos los gastos que implican su despliegue,
adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones, así como los gastos corrientes de sus acuartelamientos (gastos de electricidad, agua, gas, combustibles, trabajos realizados por otras empresas, etc.), la alimentación y equipo reglamentario.
Este programa también recoge parte de los créditos de los organismos autónomos que apoyan al ministerio. En relación con las inversiones, contempla los gastos necesarios para el correcto mantenimiento
3 'La defensa europea busca tomar impulso este nuevo año', Infodefensa, 04.01.2020. Disponible [en línea]: https://www.infodefensa.com/mundo/2021/01/04/noticia-defensa-europea-buscatomar-impulso-nuevo.html
4 MILOSEVICH-JUARISTI, Mira: 'El proceso de reimperialización de Rusia, 2000-2016', Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo 11/2016. 15.07.2016. Disponible [en línea]:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano es/zonas_es/dt11-2016-milosevichjuaristi-proceso-reimperializacionrusia-2000-2016
5 TORRES SOSPEDRA, Jorge y SOTO GÓMEZ, Juan Ángel: 'España y la Unión Europea en perspectiva global: un breve análisis desde el ámbito de la defensa', New Direction. Disponible [en línea]:
https://newdirection.onlíne/2018-publications-pdf/NDreportSP-Defence.pdf
6 https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponibleP?codOrgano=3 04&codSesion=8&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=05/11/2020
7 Ibídem.
de los equipos desde que entran en servicio hasta que se dan de baja, comprende múltiples actividades de índole logístico, principalmente, tareas de mantenimiento y abastecimiento.
En este caso, en la memoria del programa se señala lo siguiente: 'El mantenimiento de los sistemas de armas es de vital importancia para las Fuerzas Armadas, no sólo por la cantidad de recursos humanos y materiales que emplea, sino por su
impacto en la seguridad, la eficacia y la operatividad de la Fuerza'. No obstante, las declaraciones no se ajustan a los hechos. Algunos ejemplos son los siguientes:
1. La partida 'Mantenimiento misiles y torpedos' no tiene presupuestados fondos para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 1.900.000 euros.
2. La partida 'Mantenimiento buques. Unidades de superficie' tampoco tiene presupuestados fondos para 2021. No obstante, tanto en 2019 como 2020 tenía asignados 569.500 euros.
3. La partida 'Material logístico' tiene presupuestados 5.618.090 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 10.614.100 euros.
4. La partida 'Aviones' tiene presupuestados 22.687.520 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 58.034.000 euros. Desgraciadamente, en los últimos años se han producido
una serie de accidentes aéreos cuya fatal consecuencia ha sido la pérdida de miembros de las Fuerzas Armadas. Una mayor inversión en el mantenimiento de las aeronaves se torna esencial para asegurar las máximas condiciones de seguridad a los
hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas. Por ello, la drástica reducción -más de un 50 %- de esta partida, deja en evidencia la falta de interés por parte de este Gobierno en esta materia.
5. La partida 'Vehículos Acorazados' tiene presupuestados 11.817.100 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 24.500.200 euros. Cabe apuntar que este notable descenso
-cercano al 60 %-, se produce justo cuando los medios acorazados españoles se están desplegando en el exterior. Así, la Brigada 'Extremadura' XI acometió por primera vez -en mayo de 2017- el despliegue de carros de combate Leopardo 2E.
Quinto. En síntesis, el mundo se encuentra inmerso en un nuevo proceso de rearme, en el que los viejos paradigmas globalistas han quedado obsoletos. El orden internacional liberal, del cual Europa -y en concreto, España- se ha visto
beneficiada, se encuentra en crisis. La impugnación de dicho orden por parte de potencias revisionistas -como la República Popular China y la Federación Rusa-, nos conduce a un escenario dominado por la competición estratégica por el poder. Por
este motivo, los países europeos y sobre todo España, debe despertar de su atrofia estratégica, seguir la tendencia marcada por los países de nuestro entorno y mantener unas Fuerzas Armadas adiestradas y con unos sistemas de armas plenamente
operativos.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Aumentar la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa al objeto de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para asegurar el 100 % de las necesidades de mantenimiento de los sistemas con los que operan.
2. Elaborar un informe que incluya el estado de eficacia de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. En concreto, dicho informe habría de incluir lo siguiente:
1. Estado de eficacia de los órganos ejecutivos de Apoyo Logístico en los Elementos Funcionales de Mantenimiento y Aprovisionamiento.
2. Buques, aeronaves y sistemas inmovilizados por falta de sostenimiento.
3. Estimación de la preparación logística de la Fuerza por la incidencia de estos factores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/002043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las ayudas por el terremoto de
Lorca (Murcia), para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El terremoto de magnitud 5,1 grados según la escala de Richter que sufrió Lorca en 2011 ha sido el de mayor gravedad de nuestro país en su historia reciente.
En 2011 se aprobó el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, que recogía una serie de medidas para
paliar y reparar el daño causado.
El Real Decreto-ley recogía una serie de beneficios fiscales, incluyendo la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares,
de naturaleza urbana, situados en el municipio de Lorca (Murcia), cuando se acreditara que, tanto las personas como los bienes ubicados en aquellos, eran objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la
reparación de los daños sufridos. Del mismo modo, establecía ayudas excepcionales por daños tanto personales como materiales.
La gravedad del terremoto de Lorca, y sus dramáticas secuelas económicas y sociales, exigieron mantener las bonificaciones del 181 en los años siguientes, lo que siempre se hacía añadiendo una disposición adicional en los Presupuestos
Generales del Estado. En 2018, los últimos presupuestos del Partido Popular, se establecían en la disposición adicional centésima décima quinta.
Del mismo modo, el citado Real Decreto-ley 6/2011 regulaba los requisitos para tener acceso a las ayudas excepcionales contempladas, así como los procedimientos de justificación que debían cumplirse. El tiempo transcurrido desde que se
obtuvo la ayuda por parte de los beneficiarios hasta el momento actual ha ocasionado una enorme dificultad para que los interesados puedan acreditar con facturas y justificantes de pago las obras realizadas, ya que en algunos casos han extraviado
los documentos y en otros las empresas que ejecutaron las obras han desaparecido, por lo que no es posible, a día de hoy, la aportación de los justificantes. Otro tanto ocurre con aquellos beneficiarios de subvención que posteriormente desistieron
de la misma y con quienes han percibido la ayuda y posteriormente perciben la indemnización del consorcio. En todos los casos anteriores, en caso de incoarse expediente de reintegro, los damnificados no solo tienen que devolver las subvenciones que
no han utilizado o no pueden justificar, sino que además tienen que hacer frente al recargo de intereses por los años transcurridos desde que fue abonada la subvención, lo que afecta a unas 2.000 familias del municipio.
Finalmente, la Ley de Presupuestos Generales para 2017 preveía una subvención nominativa de 3.000.000 de euros para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad del Ayuntamiento de
Lorca como consecuencia de los daños causados por los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011, dedicándose dicha cantidad a diversos proyectos en las pedanías del municipio y con el compromiso, conforme al Real Decreto 6/2011 de 12 de mayo, de
seguir invirtiendo en las pedanías en los próximos ejercicios presupuestarios.
Los presupuestos aprobados para el 2021 excluyen cualquier tipo de subvención, beneficios fiscales o condonación de los intereses de demora y que afectan a la recuperación del municipio de Lorca. Tampoco se ha aprobado ninguna de las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso y en el Senado a favor de la recuperación de los daños, muchos de ellos aun existentes, y sus efectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Bonificar el 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2021, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en este Impuesto en el
artículo 12 del Real Decreto-ley 612011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca.
2. Que las ayudas correspondientes a paliar los efectos del terremoto previstas en el artículo 3.1.c) del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo y que no hayan podido justificarse y tengan que ser devueltas, no generen, en ningún caso,
intereses ni penalizaciones por demora.
3. Que se conceda una ayuda extraordinaria al municipio de Lorca de 3 M para continuar con la rehabilitación del patrimonio e infraestructuras dañadas por el terremoto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, María Isabel Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Hacienda sobre la adopción de medidas de sensibilización y educación fiscal ciudadana.
Exposición de motivos
El desconocimiento que tiene la sociedad española sobre nuestro sistema fiscal está generando problemas de conciencia social y sensibilización, haciendo que se debilite, todavía más, uno de los pilares fundamentales en el que se sustenta
nuestro Estado del Bienestar y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Un ejemplo claro de este desconocimiento lo podemos extraer de un reciente estudio, cuyos resultados se analizan en un artículo publicado el pasado mes de octubre por el Observatorio Social de 'La Caixa' titulado '¿Qué sabemos sobre los
impuestos que pagamos? ¿Y saber más cambia nuestra forma de pensar sobre la redistribución?', los cuales muestran que los ciudadanos están muy equivocados con respecto a los tipos medios y marginales que pagan en el IRPF. En concreto, las
personas creen que el tipo marginal está, en promedio, aproximadamente un 10 % por debajo de su verdadera tasa marginal y el tipo medio efectivo lo valoran por encima de su valor real.
Otro ejemplo reciente es el debate que se está produciendo con ocasión del cambio de residencia de España a Andorra de varias personas jóvenes influyentes por la única razón de eludir el pago de impuestos en España, a pesar de que buena
parte de sus seguidores están estudiando en centros públicos o concertados con fondos públicos, en situación de desempleo, en ERTE o son solicitantes del IMV. Debate que en ocasiones desenfoca o simplifica la cuestión a una mera apreciación
subjetiva de cada cual sobre si se pagan muchos o pocos impuestos en nuestro país, sin atender a quien los paga, o debería pagar, ni se conoce el lugar que la tributación en España ocupa entre los países de la UE o de la EA, y desconociendo la
distribución de los gastos públicos que se financian, y mucho menos la comparación de nuestro estado del Bienestar en Europa.
Un último ejemplo lo constituye la proliferación de las Campañas publicitarias de los 'Días sin IVA' que muchas grandes empresas comerciales reiteran desde hace varios años, y lo más preocupante no solo es la normalidad con la que la
ciudadanía en general asume dichas campañas, sino que esta estrategia de marketing parece ser más exitosa que una campaña convencional de descuentos del 20 % o 25 %.
Esto no es fruto de la casualidad, sino de la falta de educación, formación e información sobre nuestro sistema fiscal que hace que la ciudadanía carezca de los conocimientos básicos necesarios para poder entender el funcionamiento de los
tributos. Prueba de ello son los resultados de la última encuesta sobre opinión pública y política fiscal elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, de julio de 2020, que revelan que el 67,9 % de la población considera que los temas
fiscales son difíciles de entender debido a su complejidad y el 77,2 % considera que los impuestos no se pagan con justicia (pagan más quienes más tienen).
Se puede deducir, por tanto, que esta falta de conocimiento sobre el funcionamiento de las distintas figuras tributarias y sobre el destino de la recaudación no sólo afecta a nuestra percepción sobre la cantidad de impuestos que pagamos,
sino que también hace que aumente la desconfianza por nuestro sistema fiscal y crezca la aversión hacía el pago de impuestos. Problemas que corren el peligro de expandirse y enquistarse dentro de nuestra sociedad, haciendo que sean imposibles de
revertir.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común creemos que existe una necesidad capital de que el Gobierno actúe con el objetivo de sensibilizar en materia fiscal a la ciudadanía, generar
un ambiente de corresponsabilidad y seguir avanzando en el desarrollo de un sistema fiscal justo inspirado en los principios de generalidad, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31 de la Constitución española.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo, periódicamente, programas de información, sensibilización y educación fiscal ciudadana con información comparativa con los países europeos.
2. Reforzar la conciencia social para fomentar entre los ciudadanos actitudes de condena a la corrupción, evasión, contrabando, economía sumergida y abuso de los servicios públicos, mediante una mejor información de los casos denunciados y,
finalmente, condenados.
3. Extender a otros contenidos curriculares cuestiones relacionadas con la temática tributaria y presupuestaria, de forma similar a como por la LOMLOE ha incluido la función social de los impuestos y la justicia fiscal en la materia de
Educación en Valores cívicos y éticos del 4.º curso de la ESO (artículo 25.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
4. Desarrollar programas de enseñanza fiscal a los contribuyentes con información del coste de los servicios públicos.
5. Aumentar la transparencia de los resultados y costes de funcionamiento de la Agencia estatal de administración tributaria, Tribunales económico administrativos y de la Intervención general del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Interior
161/002034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la toma de medidas necesarias para acabar con el colapso de las oficinas de extranjería y los problemas derivados de dificultad para obtener una cita tanto de extranjería como de
protección internacional.
Exposición de motivos
Desde hace algunos meses se ha venido denunciado desde las entidades sociales, de apoyo a las personas migrantes, los propios colectivos de personas migrantes, y organizaciones sindicales, la dificultad para la solicitud de cita previa a
través de los canales telemáticos necesaria para la realización de trámites de extranjería y formalización de la petición de asilo.
Una de las consecuencias que ha tenido en la Administración la crisis del coronavirus ha sido el colapso absoluto de las oficinas de extranjería. La dificultad para obtener una cita, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona dónde
se hace en ocasiones prácticamente imposible, hace que
muchas personas vean como no pueden renovar su documentación o realizar cualquier otro de los trámites para la obtención de los permisos de residencia o trabajo así como para la obtención de la nacionalidad. Sin embargo esta situación no es
nueva. Antes del mes de marzo ya había dificultades para conseguir una cita a través de la página web y así lo denunciaban numerosas organizaciones desde hacía más de dos años. No obstante, a esta situación se le ha sumado un gran número de
trámites acumulados debido a la imposibilidad de atención presencial así como la cancelación de las citas que estaban fijadas para esos meses, y las restricciones para poder atender a quiénes acuden a las oficinas.
Este problema está afectando a todos los trámites que tienen que realizar las personas extranjeras residentes en el Estado español pues alcanza tanto a los permisos iniciales como a las modificaciones o renovaciones de las autorizaciones de
residencia y de residencia y trabajo y de las autorizaciones de larga duración así como a las reagrupaciones familiares, entre otros trámites.
Las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para paliar esta situación si bien van en el buen camino, siguen siendo insuficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites
relacionados con el régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Esta situación supone un menoscabo de los derechos y libertades de las personas migrantes en tanto tiene graves consecuencias en sus vidas. Dificulta su acceso a un puesto de trabajo o incluso a mantener los que ya tienen, afecta a la
formalización de contratos de alquiler, tener u operar con una cuenta bancaria u otros trámites administrativos. No tener la tarjeta también impide poder viajar al extranjero o realizar determinados trámites de extranjería, como por ejemplo el
reagrupamiento familiar.
Y no sólo supone un menoscabo de sus derechos sino que representa una clara discriminación en el derecho al acceso ágil y eficaz a la administración pública, puesto que es totalmente incompatible con los principios de servicio efectivo,
simplicidad, claridad, proximidad y eficiencia en la asignación de recursos públicos, previstos a la Ley de procedimiento administrativo.
En el mes de agosto el Defensor del Pueblo envió una recomendación al Ministerio de Interior para que facilitara el acceso al sistema de cita previa para la solicitud de la protección internacional y de los trámites de extranjería.
Previamente, en noviembre de 2019 y junio de 2020 había emitido también diferentes recomendaciones dirigidas al Gobierno para resolver la situación de colapso.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar dotando de los recursos tecnológicos y humanos necesarios a las administraciones públicas implicadas para garantizar el acceso ágil y eficaz tal y como se contempla en las líneas estratégicas de la Dirección General de Policía
(DGP) para las Oficinas de Documentación.
2. Seguir trabajando, tal y como está recogido en las líneas estratégicas de la DGP, para que la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero se haga en el momento de la toma de huellas, de la misma manera que ocurre con el Documento
Nacional de Identidad.
3. Considerar la posibilidad de la asignación de cita para la toma de huellas en la policía automáticamente con la resolución favorable. De la misma manera ante la caducidad de la tarjeta de larga duración o de la tarjeta permanente,
proceder a la asignación automática para la toma de huellas.
4. En tanto se soluciona esta situación, prohibir la sanción de personas migrantes por falta de documentación cuándo sea achacable a las dificultades de la Administración para facilitar dicho trámite.
5. Proceder a la prórroga de la vigencia de los documentos dada la imposibilidad o dificultad para conseguir cita, aun habiendo pasado varios meses e incluso, teniendo en cuenta la casuística de quiénes tenían cita que fue cancelada y no
les ha sido posible conseguir otra. Esta prórroga publicada originalmente el 20 de mayo en el BOE mediante Orden Ministerial (SND/421/2020) deberá tener vigencia durante el tiempo que duren las dificultades para obtener citas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Joan Mena Arca, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la implantación definitiva del sistema de turnos rotatorios 6×6 en
la Policía Nacional y la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la pandemia se propuso en el seno de la Dirección General de la Policía la inmediata aplicación de la modalidad de turnos 6×6, que suponía que la prestación de servicio de los agentes fuera en turnos estancos en los que no
se produjeran cambios de compañeros aleatorios, produciéndose así los mínimos contactos posibles entre ellos. Ello está dificultando la expansión del virus entre los agentes de la Policía Nacional que, además, están prestando un servicio magnífico
durante toda esta crisis.
Además de ser una modalidad de turnos que está resultando fundamental en estos momentos de pandemia, con su implantación definitiva se daría satisfacción a una antigua reivindicación del Cuerpo que pide, desde hace años, la aplicación de
este modelo por ser más eficaz para cubrir servicios y para conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios.
La pandemia ha demostrado que este sistema de turnos es especialmente efectivo tanto para cubrir eficazmente los servicios, como para mejorar la calidad de vida de los agentes y, en esta especial coyuntura, evitar contagios. De hecho, la
reciente Resolución de la Dirección General de la Policía de 8 de febrero de 2021, prórroga hasta el 30 de junio de este año la prestación del servicio mediante la modalidad de turnos rotatorios con la cadencia 6×6.
Por otro lado, es preciso recordar que en la Guardia Civil no existe una modalidad de turnos fija, dejando a criterio de cada puesto la modalidad de turnos a utilizar. Ello en ocasiones provoca, de un lado, que no se cubran siempre los
servicios y, de otro lado, que los agentes vean muy dificultada la conciliación de su vida laboral y familiar.
Siendo esto así y habiendo demostrado este sistema de turnos sus beneficios, entendemos que debería considerarse la incorporación de esta modalidad de turnos rotatorios con cadencia 6×6 con carácter definitivo en la Policía Nacional, y
también en la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer un balance de los beneficios que provoca la modalidad de turnos con cadencia 6×6 en el ámbito de los servicios operativos 24h de la Policía Nacional, tanto para la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, como para la mejora
en la calidad de vida de los agentes y las posibilidades de conciliación de su vida laboral y familiar.
2. A la vista de los resultados anteriores, impulsar la implantación definitiva del modelo de cadencia de turnos 6×6 en el ámbito de la Policía Nacional a partir de junio del 2021.
3. Impulsar la implantación de este modelo de cadencia de turnos 6×6 en el ámbito de la Guardia Civil a partir de junio del 2021, ya que actualmente carece de una modalidad fija de turnos que garanticen su seguridad personal y que cubra
íntegramente los servicios que deben prestar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley acerca de la preparación y ejecución de una campaña de difusión sobre
recomendaciones y pautas a seguir en caso de seísmos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En España se identifican una serie de zonas geográficas con especial incidencia sísmica. Granada está situada en una de las zonas con mayor actividad sísmica de España al encontrarse en el límite entre la placa tectónica euroasiática y la
africana.
Según el último mapa de Peligrosidad Sísmica de España, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional en 2012 y actualizado recientemente, la zona de Atarfe-Santa Fe presenta uno de los índices de peligrosidad más alto del país. El origen
de los terremotos se produce por la actividad de las placas litosféricas continentales. En la zona de la Vega de Granada coinciden varias fallas, la de Atarfe, la de Pinos Puentes y la de Santa Fe. Las tres son dinámicas.
Desde el pasado sábado 23 de enero Granada está viviendo una serie sísmica que ha inquietado a su población. Se están viviendo las jornadas con mayor actividad sísmica desde que existen registros de acuerdo con la información que recoge el
Instituto Geográfico Nacional (los últimos 70 años). La lista de terremotos registrados en Granada en la últimas semanas empieza a ser interminable 10, 15, 20, cada hora. Uno de ellos de 4,5 grados en la escala Richter el día 26 del pasado enero,
tendríamos que remontarnos a los últimos 40 años para encontrar otro de mayor magnitud y ese mismo día en apenas 20 minutos se registraron tres seísmos de más de 4 grados, la mayoría con su epicentro en Atarfe y en Santa Fe.
Este enjambre sísmico ha provocado algunos daños materiales en viviendas, edificios públicos y patrimonio histórico aunque no muy cuantiosos, pero lo que sí ha provocado es una gran inquietud en toda la población ya que los movimientos al
ser tan superficiales y cercanos a la población han sido muy perceptibles.
Como consecuencia de ello la población ha protagonizado algunas reacciones ante estos seísmos que no solo no seguían las recomendaciones de los expertos, si no que a veces han ido claramente en contra de las mismas. Un ejemplo de ello es el
abandono de viviendas y la ocupación de las vías públicas. Esta reacción tiene su principal explicación en el déficit de formación e información acerca de estos fenómenos naturales, estando claro que no se pueden evitar y que tenemos que vivir con
este riesgo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar y ejecutar una campaña de formación, e información dentro del sistema nacional de protección civil que incremente el nivel de preparación de la población que habita las zonas de
especial sensibilidad sísmica de España, dentro de la disponibilidad presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Elvira Ramón Utrabo, José Antonio Rodríguez Salas, María Inmaculada Oria López y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
161/002042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la
construcción de un nuevo puente sobre el río Segura, en el paraje de El Ginete en el municipio de Cieza (Murcia) para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La construcción de un nuevo puente sobre el río Segura, en el paraje de El Ginete en el municipio de Cieza, constituye uno de los proyectos fundamentales para la Región de Murcia ya que facilitaría el transporte de los productos del campo
hasta las empresas, mejoraría la comunicación con Cieza y tendría una repercusión importante sobre el turismo, actividad que se debe impulsar por ser una oportunidad única de creación de empleo y diversificación de la economía local.
El puente, que se situaría a unos 15 kilómetros de Cieza aguas arriba del río Segura, posibilitaría que toda la fruta recolectada en el margen derecho del río pudiera transportarse a las empresas manufactureras sin necesidad de atravesar la
ciudad. Además esta obra no sólo abarataría costes de transporte a los agricultores y el tráfico urbano, sino que reduciría la contaminación y el tráfico de las carreteras comarcales por las que los agricultores se ven obligados a circular más de
30 kilómetros por la inexistencia de esta infraestructura. La agricultura es el sector más vital de la economía de Cieza y así lo ha demostrado siendo el salvavidas del empleo en la zona durante la pandemia; por ello toda inversión encaminada a
reforzar su potencial debe ser asumida con celeridad y sin excusa.
Este nuevo puente constituye una vieja aspiración de los agricultores por las razones expuestas pero también de los vecinos de Cieza en general, puesto que los dos únicos puentes sobre el Segura que soportan tráfico rodado se encuentran en
la propia ciudad que debe asumir la totalidad del mismo a diario.
Se trata de una inversión cercana al millón de euros, que de tener que ser ejecutada por el Ayuntamiento de Cieza, es decir por todos los vecinos, supondría una importante pérdida de capacidad económica de esta administración local justo en
el momento en que le toca afrontar otras dificultades que, como el resto de españoles, están sufriendo los ciezanos como consecuencia de la actual crisis sanitaria y económica.
En coherencia con todo ello, ya en noviembre de 2020, el Grupo Parlamentario Popular, presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para ejecutar esta infraestructura. Dicha enmienda no fue aprobada.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la construcción de un nuevo puente sobre el río Segura, en el paraje de El Ginete en el municipio de Cieza, Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, María Isabel Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento
material de la OSP en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca ,para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La conectividad entra las islas de Menorca y Mallorca es vital para los menorquines. Muchos ciudadanos menorquines se ven obligados a desplazarse a Mallorca diaria o semanalmente por motivos profesionales, laborales, médicos o formativos.
Mediante la Resolución de 28 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas
aéreas entre las islas Baleares, se declaró Obligaciones de Servicio Público (OSP) en los servicios aéreos regulares prestados en, entra otras, la ruta aérea Mallorca-Menorca. Asimismo, dicha Resolución establece que el conjunto de las compañías
que operen servicios regulares en esta ruta deberán asegurar la frecuencia mínima de cuatro idas y vueltas diarias en la temporada de invierno para la ruta entre Mallorca y Menorca.
A pesar de ello, en los últimos meses se ha producido una falta de frecuencias en dicha ruta, lo que supone un gran problema para muchos ciudadanos. Efectivamente, entre la segunda quincena de enero y principios de febrero se ha detectado
que dichas frecuencias mínimas no se han cumplido por dos circunstancias.
Por un lado, algunos días ni siquiera existen cuatro vuelos de ida y cuatro de vuelta como exige la mencionada Resolución, sino tan solo tres. Por otro lado, también se ha detectado que hay días en los que, si bien formalmente se cumplen
los criterios marcados por la OSP, ya que se programan cuatro vuelos de ida y cuatro de vuelta diarios, estas frecuencias no son efectivas, puesto que en algunos casos se solapan las unas con las otras, provocando que determinadas franjas horarias
queden sin oferta de vuelos, generando unas graves disfunciones para muchos ciudadanos que deben desplazarse con cierta frecuencia por medio de esta ruta. Por ejemplo, si de los cuatro vuelos Menorca-Mallorca uno está programado a las 11.20 horas y
el siguiente a las 11.45 horas, un ciudadano menorquín que tenga que asistir a una reunión en Palma a las 18.00 horas de la tarde, tiene que salir de Menorca a las 11.20 horas, puesto que el siguiente vuelo no sale hasta el anochecer.
Todo ello demuestra que no existe un seguimiento por parte del Ministerio competente en materia de transportes del cumplimiento de las condiciones de la OSP de las compañías que operan la ruta entre Menorca y Mallorca.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a, en el período máximo de un mes:
1. Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar cuatro frecuencias efectivas diarias en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca, con intervalos de entre tres y cuatro horas entre los diferentes vuelos, dando así
cumplimiento material a las obligaciones de servicio público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca, establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público en
rutas aéreas entre las islas Baleares.
2. Establecer un mecanismo para realizar un seguimiento permanente del cumplimiento, por parte de las compañías aéreas que operan la ruta entre Menorca y Mallorca, de las condiciones establecidas en las obligaciones de servicio público
(OSP) recogidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Baleares.
3. Revisar las obligaciones de servicio público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca en el sentido de garantizar un mínimo de cinco frecuencias diarias de ida y vuelta en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca con un intervalo
máximo de dos horas y media entre vuelo y vuelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Marta Rosique i Saltor y Francecs Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la Igualdad de oportunidades
del alumnado sordo y sordociego, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Las lenguas son instrumentos imprescindibles de comunicación, un bien individual y social de obligada protección. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás; y su construcción
y utilización está estrechamente ligada a la forma en la que interpretaremos el mundo. Todas las lenguas integran un sistema simbólico de expresión del pensamiento. Es por lo tanto una riqueza del patrimonio cultural que en un país o territorio
puedan convivir distintas lenguas, también las lenguas de signos.
La lengua de signos española, así como la lengua de signos catalana (ambas incluyen también como variante la lengua de signos apoyada para los sordociegos), son lenguas que cumplen con todas las funciones comunicativas posibles, lenguas
vivas con características que las distinguen y evolucionan constantemente. De la misma forma que ha pasado con muchas lenguas minoritarias, las lenguas de signos han estado muchos años marginadas y relegadas al uso personal. La Ley 27/2007, de 23
de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, fue una ley de vital importancia para reconocer la
diversidad comunicativa de las personas con sordera. Aun así, es necesario seguir protegiendo las lenguas de signos existentes en el Estado español como valor cultural y social y desarrollar medidas en este sentido.
Los niños y niñas sordos se encuentran en nuestro país con graves dificultades que afectan a su desarrollo comunicativo y al aprendizaje de la lengua de signos. La modalidad bilingüe intermodal no está establecida en todo el territorio y
solo es lengua vehicular en muy pocos centros de educación especial, específicos de sordos, pero no en centros de enseñanza ordinarios. La falta de centros bilingües en todo el territorio, entendiéndose bilingüe como el dominio de, como mínimo, una
lengua de signos y una lengua oral, provoca que el acceso a una educación plena no esté siempre garantizado en el caso del alumnado sordo. Un problema que se da en todas las Comunidades Autónomas, si bien en unas se ha avanzado más que en otras, y
en todas las etapas educativas, tanto obligatorias como postobligatorias.
En el ámbito internacional, desde la perspectiva educativa, esta modalidad bilingüe se denomina también 'co-enrollment education', traducido al español como 'educación compartida'. Con este término no solo se resalta el hecho de que es una
modalidad bilingüe (o plurilingüe), sino también que cumple con los requisitos de la educación inclusiva. Además, la lengua de signos es una asignatura específica del currículo, enseñada por un profesor nativo sordo para que el alumnado sordo la
adquiera tanto a nivel comunicativo como gramatical. En estos centros, la lengua de signos suele ser también una asignatura de libre elección para el alumnado oyente, con el fin de que pueda comunicarse mejor con sus pares sordos.
Asociaciones como Volem Signar i Escoltar en Catalunya, Anpanxoga en Galicia y Abipans en la Comunidad de Madrid se han constituido para hacer frente a las dificultades que familias con niñas y niños sordos tienen para integrarlos en
igualdad de condiciones en la sociedad. Su objetivo es garantizar una educación bilingüe en modalidad oral y de lengua de signos con el fin de garantizar el derecho a la educación en unas condiciones totalmente accesibles.
Las familias denuncian que, en el momento de conocer que un niño o niña es sordo, la información que se recibe por parte de las Administraciones Educativas es incompleta y no se explican las ventajas de la lengua de signos y la importancia
de que sea una lengua vehicular para el aprendizaje y, en cambio, se impulsa la ayuda protésica y la lengua oral. Los audífonos e implantes pueden ser ayudas muy valiosas y recomendable para el aprendizaje de la lengua oral y escrita, pero, en
demasiados casos, no se obtienen los resultados esperados. Esta situación provoca que algunos niños y niñas no puedan desarrollar correctamente el lenguaje oral y, por lo tanto, tengan carencias significativas a todos los niveles, incluso son
secuelas irrecuperables para el resto de sus vidas.
En el estudio 'Support for Parents of Deaf children: Common Questions and Informed'publicado en la 'International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology' se afirma, respecto al éxito de los implantes, que solamente en un 20 % de los
casos, siendo optimistas, se recupera la audición de forma casi completa. Tras el implante, hay veces en las que no se recupera apenas la audición y, al mismo tiempo, las familias no aprenden la lengua de signos esperando al beneficio del implante,
ni tampoco se escolariza a los niños y niñas en esta situación en un modelo bilingüe. En otros casos, la recuperación es solo de una parte de la audición, por lo que no es suficiente para la adquisición completa de la lengua oral, privando al niño
o niña de un desarrollo psicosocial pleno. Varias investigaciones sobre el nivel de lengua oral en niños implantados muestran que estos niños y niñas van por detrás de los normo-oyentes entorno a cuatro años.
Lo que acaba sucediendo es que la privación lingüística que sufren los niños y niñas sordos supone una doble discapacidad, cognitiva y social, y se convierte en un atentado contra los derechos de la infancia y la adolescencia. Esta
situación tiene además importantes y graves consecuencias psicosociales derivadas de la falta de comunicación al no haber estado expuestos al desarrollo natural de una lengua primera antes del periodo crítico, es decir, el momento de maduración del
cerebro a partir del cual ya no es posible el desarrollo nativo de una lengua que algunos estudios sitúan en torno a los 8 años de edad. La privación lingüística aparece porque no se les ha proporcionado la posibilidad de adquirir la lengua de
signos, la única que pueden desarrollar de manera natural.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, de forma coordinada con las Administraciones Educativas, una investigación en el ámbito educativo para evaluar el nivel lingüístico tanto en la lengua oral como en la de signos y comprobar cuál es el grado de privación
lingüística ya adquirido por este colectivo.
2. Trabajar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, en un plan para eliminar las barreras de comunicación existentes en el ámbito educativo para los niños y niñas sordos y sordociegos, así como el aprendizaje de las lenguas de
signos española, y en las lenguas cooficiales como la catalana, y la implantación de la educación bilingüe para asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado sordo y sordociego.
3. Con el objetivo de reforzar la inclusión educativa, se trabajará de forma coordinada con las administraciones educativas para que se incorpore a la oferta educativa la lengua de signos española, así como las lenguas de signos cooficiales
cuando proceda, con el fin de evitar el síndrome de privación lingüística.
4. Fomentar, de forma coordinada con las Administraciones Educativas, el conocimiento de la lengua de signos por parte del profesorado y los y las profesionales del sistema educativo con programas de formación inicial y continua, así como
hacer evaluaciones de manera continuada para asegurar un correcto nivel de las lenguas de signos.
5. Trabajar, de forma coordinada con las Comunidad Autónomas, para incorporar en la oferta de grados universitarios y en la formación filológica y como docente las lenguas de signos españolas.
6. Trabajar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, para asegurar que alguna de las escuelas de 0-3 años de cada provincia incluya una unidad bilingüe, con los profesionales pertinentes, para que los niños y niñas sordos y
sordociegos puedan signar de manera nativa, al mismo tiempo que adquieren la lengua oral.
7. Trabajar, de forma coordinada con las Administraciones Educativas, para que el servicio de interpretación esté asegurado en los centros educativos de la etapa post-obligatoria, incluidas las prácticas.
8. Facilitar, con las medidas pertinentes, la incorporación de profesores sordos con titulación en Magisterio, o de Secundaria, a los centros educativos donde se realicen proyectos bilingües (en lengua oral/lengua de signos).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al control de los datos de holgura laboral, en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
De acuerdo a los datos facilitados por Eurostat 8, oficina estadística europea, con fecha 11 de enero de 2021, el mercado español arroja, junto con Grecia, los datos más altos de lo que se denomina como nivel de holgura del mercado de
trabajo. Este indicador está determinado por la tasa de paro y por variables entre las que se encuentra el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial involuntario y aquellos que no buscan empleo de forma activa. Estos datos revelan la gran oferta
de trabajadores que cuentan con puestos de trabajo a tiempo parcial, si bien son ejercidos por estos como 'involuntarios', es decir, forzados por la inexistencia de alternativas laborales adecuadas.
El Banco de España en un artículo 9 publicado en el año 2018 señala que 'en los últimos 15 años, la tasa de trabajadores a tiempo parcial involuntario creció rápidamente en España, hasta situarse en torno al 8 % de la población activa, desde
un nivel cercano al 2 %', añadiendo además que dicho factor es desencadenante, a su vez, de un bajo poder adquisitivo vinculado a la precariedad de las condiciones en que se prestan dichas labores.
Dicha tónica incide no solo en la precariedad que caracteriza al mercado laboral español, sino que afecta de forma determinante al desarrollo salarial, ya que por su parte no son pocos los estudios que advierten de que en la medida en que
dicha 'holgura' se hace mayor, también disminuyen las exigencias de revalorización de los salarios, atendiendo a una excesiva oferta de trabajadores con un bajo nivel de exigencia retributiva, ligada a su situación de necesidad y precariedad
laboral.
Esta situación exige la adopción de medidas concretas dirigidas a evitar la proliferación de dichas fórmulas baratas de contratación, o lo que es lo mismo, facilitar la conversión de estos contratos en otros de naturaleza diferenciada,
adecuada a las características deseables no solo por trabajadores, sino también por empresarios cuyo objeto debe ser la de la creación de puestos estables, convenientemente retribuidos, y por tanto con vocación de estabilidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Vasco presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Es por ello que el Grupo Vasco insta al Gobierno a:
1. Contabilizar los datos de nivel de holgura del mercado de trabajo de acuerdo con la definición que realiza Eurostat con la finalidad de ejercer un control sobre el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial involuntario y aquellos que
no buscan empleo de forma activa.
2. En base a los resultados obtenidos del indicador de holgura del mercado de trabajo, adoptar medidas concretas dirigidas a corregir la alta tasa de trabajadores contratados a tiempo parcial involuntario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
8 EU labour market in the third quarter 2020. https://ec.europa.eu/eurostaUdocuments/portlet_file_entry/2995521/3-11012021-APEN.pdf/9a87244e-159c-6ddb-f9cc-705c225b24ac
9 La moderación salarial en España y en la UEM. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/lnformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T 4/descargar/Fich/beaa 1804-art25.pdf
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso y reactivación del sector
turístico y la hostelería para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Cuando España se encerró en marzo de 2020 para ponerle freno a la pandemia de COVID-19 no sabía cuándo iba a salir. En la mente de muchos, tanto ciudadanos como quienes estaban en posiciones de responsabilidad, esa situación y las medidas
de control de la pandemia iban a ser de carácter eminentemente excepcional y temporal. En consecuencia, las medidas económicas que las acompañaron también fueron pensadas para una crisis muy intensa pero también de muy corta duración.
El primer problema que querían evitar muchas de esas medidas era que una situación de repentina falta de liquidez en la economía llevara a la insolvencia de miles de empresas. Se aprueban así varias medidas encaminadas a facilitar la
liquidez como moratorias en los pagos de deudas tributarias o las facilidades de crédito, incluidos los 2.500 millones de euros en créditos ICO para el sector turístico impulsados por Ciudadanos.
El otro problema que se quería evitar, que en el fondo no deja de ser una derivada del anterior, es que la falta de ingresos y liquidez de las empresas llevara a una destrucción masiva de empleo por la imposibilidad de pagar las nóminas de
los trabajadores. Como es conocido, los ERTE en particular han jugado un papel clave para el sostenimiento del empleo en los sectores más afectados.
Sin embargo, transcurrido casi un año desde que nos confinamos por primera vez en casa, la pandemia y la crisis de ella derivada no solo no ha remitido, sino que por desgracia sabemos ya que quedan muchos meses por delante antes de que la
situación vuelva a una relativa normalidad social y económica.
En sectores como el turismo y la hostelería, hace tiempo que la crisis dejó de ser un problema de liquidez para pasar a ser un grave problema de solvencia y medidas como las moratorias se vuelven insuficientes cuando no hay recuperación de
la actividad a la vista. España no puede permitir que una acción poco ambiciosa de sus gobernantes lleve a la destrucción irreversible del tejido empresarial de uno de los sectores más importantes de su economía como es el turismo y sectores
relacionados, que suponen casi tres millones de puestos de trabajo y el 11 % de todas las empresas, siendo pymes la gran mayoría de ellas.
Ante una situación extraordinaria como la que vive el sector turístico español, es imprescindible que las Administraciones Públicas presten su ayuda también de forma extraordinaria. Cuando gobiernos de países de nuestro entorno sí están
actuando para reforzar y renovar sus sectores turísticos, la inacción del Gobierno español pone en riesgo el liderazgo de los sectores turístico y hostelero españoles y causa una inasumible pérdida de competitividad internacional del que son unos de
los sectores de nuestra economía más competitivos y profesionalizados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para el impulso y reactivación del sector turístico y la hostelería:
1. Crear un Fondo Plurianual 2021-2023 de Reactivación del Sector Turístico y la Hostelería, recogido en los PGE, de 20.000 millones de euros en ayudas directas para inversiones dirigidas a:
a) Modernización, crecimiento y fortalecimiento empresarial;
b) Digitalización e implementación de servicios online y a distancia;
c) Formación y sostenibilidad del sector;
d) Asistencia al sector hostelero para el sostenimiento del tejido empresarial y laboral en dificultades a causa de la situación socio-sanitaria.
Del conjunto del fondo, 15.000 millones quedarán reservados para empresas cuya facturación no exceda de 800.000 euros.
2. Fijar, con carácter excepcional y vigencia durante todo el tiempo que estén en vigor las medidas de control sanitario contra la COVID-19 y, en cualquier caso, durante todo el año 2021, el tipo del 4 por 100 del Impuesto sobre el Valor
Añadido a los servicios prestados por las actividades del sector del turismo o vinculadas al mismo.
3. Tomar medidas especialmente encaminadas a ayudar los elementos más vulnerables del tejido empresarial turístico como son los autónomos y las pymes, incluyendo:
a) Establecer una tarifa plana de 60 euros para todos los autónomos que reanuden su actividad durante 2020 y 2021;
b) Permitir que los autónomos con una caída en la facturación de su negocio igual o superior al 40 % puedan acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad como consecuencias de las medidas sanitarias de control de la COVID-19;
c) Exención de la totalidad de la cuota de autónomos para aquellos que no estén percibiendo ingresos con motivo de las medidas sanitarias de control de la COVID-19.
4. Diseñar e implementar un Bono Turístico con el que todas las personas podrán recuperar los gastos que realicen en la compra de paquetes turísticos en agencias de viaje o en estancias en hoteles o alojamientos turísticos dentro de España,
con un tope máximo de 500 euros por persona, para, ante el cierre de gran parte de los mercados internacionales, fomentar el turismo doméstico y facilitar los viajes dentro del territorio nacional.
5. Trabajar desde ya en la implementación de corredores turísticos entre los principales países emisores de turistas y destinos nacionales, especialmente con los Archipiélagos Canario y Balear, para que estén operativos antes del inicio de
la temporada alta estival.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector del comercio ambulante, para su debate en
la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En el año 2006, se aprobó la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que imponía a los estados la obligación de eliminar trabas jurídicas y barreras administrativas
injustificadas a la libertad de establecimiento y de la prestación de servicios contemplada en los artículos 48 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico de España se
realizó a través de la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, por la que se establecía que, como norma general, las actividades de servicio comercial no estarían sometidas a autorización previa a
excepción de la venta ambulante o no sedentaria, y en atención a que esta actividad comercial requiera de la utilización de servicio público entre otras razones de interés general, tales como de orden público, seguridad y salud.
Actualmente, según lo previsto en el artículo 53 de la Ley 7/1996 'se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente'. En lo que respecta a su autorización, los
Ayuntamientos son las instituciones competentes para 'otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de competencias'.
Esta modificación legislativa provocó el desarrollo por parte del Gobierno de España del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Entre las aportaciones más
significativas que el mencionado Real Decreto cabe destacar el establecimiento de un procedimiento común para la autorización de esta actividad o la fijación de un régimen de inspección y sancionador.
Según las últimas cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno de España a través del informe 'La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta ambulante de la población gitana', el Ministerio de Economía y
Hacienda estimaba que existían en España entre 3.500 y 4.000 mercadillos que generaban 50.000 empleos a jornada completa, localizados mayoritariamente en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo, el volumen estimado de ventas en
aquel momento por el comercio ambulante suponía en torno al 2,5-3,5 % del total de ventas del sector comercial minorista.
Una de las consecuencias de las medidas de distanciamiento social y de limitación del derecho a la circulación para controlar la expansión de la Covid-19 en España fue el cierre de los mercadillos durante los meses que el confinamiento se
mantuvo en vigor. Posteriormente, tras la relajación de las medidas, una parte de los vendedores ambulantes han vuelto a desarrollar su actividad dentro del marco de las limitaciones impuestas por las diferentes Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. Sin embargo, las restricciones sanitarias, fijadas en forma de reducción de los aforos o establecimientos de distancias mínimas de separación en los recintos donde desarrollan su actividad, dificultan de manera considerable cualquier
tipo de recuperación de los ingresos perdidos por el sector desde el inicio de la actual crisis sanitaria.
Desde el primer momento, las asociaciones más representativas del sector pidieron ayudas económicas a las distintas administraciones para paliar el impacto económico que supondría el cierre de los mercadillos donde desarrollan su actividad.
En particular, el pasado 18 de marzo la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca) ya advertía del enorme impacto que las medidas que se estaban adoptando para controlar el avance de la pandemia tendrían sobre el sector y reclamaban
al Gobierno un plan de ayudas para modernizar el sector y compensar la reducción de las numerosas pérdida que esta situación iba a generar.
Sin embargo, y a pesar de los ingresos de miles familias de este país dependen del comercio ambulante, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida específica para paliar los efectos que la actual crisis sanitaria y económica está
teniendo este sector en particular.
La ausencia de compromiso del actual Ejecutivo con el sector quedo patente durante la tramitación de los Presupuestos Generales para el año 2021 en el Congreso de los Diputados. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos
presentamos una serie de enmiendas que hubieran permitido aliviar de manera muy considerable las dificultades por las que atraviesa el sector del comercio ambulante. Así, en particular, planteamos una modificación del régimen específico de
cotización a la Seguridad Social al que pueden acogerse los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o domicilio, actualmente consistente en una base de cotización minorada, por una tarifa plana de 60 euros mensuales con carácter
general para aquellos que optasen por la base mínima de cotización o una bonificación del 80 % de la base de cotización en caso de que optasen por una base mayor. La medida perseguía incentivar el alta en la Seguridad Social de estos trabajadores
por cuenta propia, habida cuenta de que una parte importante de los mismos en la actualidad operan en el ámbito de la economía informal, lo que no sólo supone una merma de los recursos públicos sino que también hace que estos trabajadores se
encuentren desprovistos de todo tipo de protección social, cuestión cuyos perjuicios quedan de manifiesto en momentos de crisis como el actual.
Igualmente, otra de nuestras enmiendas planteaba una modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales, para garantizar el acceso a la prestación por cese de actividad también a aquellos trabajadores
autónomos que hubieran visto limitado el desarrollo normal de su actividad, aunque ésta no se hubiera llegado a suspender. Esta propuesta tenía por objeto solucionar los problemas que estaba encontrando el comercio minorista, también el ambulante,
para poder acceder a esta prestación.
Del mismo modo, una tercera enmienda modificaba la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la finalidad de hacer extensibles las ayudas para trabajadores autónomos a los 'familiares colaboradores' del autónomo principal. Este aspecto es
muy relevante, dado que en la actualidad los familiares más
inmediatos del autónomo que trabajen con él en su negocio no pueden ser legalmente considerados trabajadores por cuenta ajena, los que les priva de la protección social reconocida al resto de trabajadores, en particular, la de desempleo.
Todas estas medidas, pese al salvavidas que hubieran supuesto para las miles de familias españoles que viven del comercio ambulante, sin embargo, fueron rechazadas por los dos grupos parlamentarios que actualmente participan del Gobierno de
España.
El actual contexto económico, marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, es un momento propicio para impulsar un paquete de medidas que contemplen la elaboración de un marco legislativo estatal más extenso que al actual sobre el
comercio ambulante hasta el desarrollo de un sistema de incentivos económicos que proporcione a los autónomos y trabajadores del sector herramientas para ser más competitivos en el actual contexto global y tecnológico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un Plan de Rescate del Comercio Ambulante que tenga como objetivos:
a) La concesión de ayudas directas extraordinarias no reembolsables para las empresas y a los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan sufrido pérdidas como consecuencia del impacto de la emergencia sanitaria causada
por la Covid-19.
b) El establecimiento de líneas de financiación a los entidades locales para facilitar la exención de tasas en mercadillos a las empresas y autónomos dedicados a la venta ambulante.
c) La modernización del sector mediante la creación de incentivos para mejorar su imagen y promocionar su actividad a través de las redes sociales.
d) El reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan visto limitado el desarrollo ordinario de su actividad, haciéndola extensible a los
familiares colaboradores del autónomo que trabajen con él en el mismo negocio.
e) La garantía de formación y adquisición de nuevas competencias por parte de los empresarios, autónomos y trabajadores del sector.
f) El fomento del asociacionismo de los vendedores ambulantes como herramienta para mejorar la reputación de sector, dinamizar la actividad económica y fomentar el aprendizaje conjunto en lo relativo a la actividad económica que desarrollan.
2. Impulsar un Proyecto de Ley marco del comercio ambulante o no sedentario, que establezca que las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad en toda España, para cuya elaboración se deberá contar con la participación de todos
los agentes implicados.
3. Flexibilizar el sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio, con el objetivo de favorecer el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y
que estas actividades operen en el ámbito de la economía formal, incluyendo la posibilidad de establecer una tarifa plana con carácter permanente para aquellos autónomos que coticen por la base mínima.
4. Promover, en colaboración con los Ayuntamientos, la eliminación de las tasas municipales, como mínimo, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector feriante, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 está afectando de forma muy directa a múltiples sectores, amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño de la actividad no es posible como consecuencia de las
restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para tratar de controlar la difusión del virus.
En el caso de las atracciones de feria, el coronavirus ha agravado unas dificultades que ya padecían con anterioridad a esta crisis sanitaria en forma de trabas administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la forma de
consumo, que ya complicaban el desempeño de las personas dedicadas a estas actividades en un contexto de normalidad. La naturaleza de esta actividad hace que su actividad se concentre en los meses de primavera y verano, periodos que, en el año
2020, se establecieron una serie de limitaciones en lo relativo del derecho a la movilidad y de reunión para frenar el avance de la COVID-19. La actual evolución epidemiológica lleva a pensar a que muchos feriantes no podrán retomar su actividad
con total normalidad hasta verano del año 2021.
Durante todos estos meses, sin embargo, los empresarios del sector feriante deberán mantener licencias y permisos e incurrir en gastos derivados de su negocio, como los de alquileres o de mantenimiento de las atracciones, todos los cuales
suponen costes muy notables en momentos en los que no estas personas no están pudiendo obtener apenas ningún ingreso. A esta situación hay que sumarle que las personas dedicadas a estas actividades tienen muchas dificultades para llegar a fin de
mes con sus ingresos ordinarios, lo que hace que una parte importante de las familias que dependen de la actividad del sector se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, quizá no sea suficiente para garantizar la supervivencia de un sector que resulta esencial para nuestros municipios, como dinamizador de eventos, fiestas populares
y que genera actividad comercial en muchos negocios locales durante el periodo en el que la feria permanece instalada.
El sector también reivindica que esta actividad sea considerada de tipo cultural. No en vano, las ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las
fiestas patronales, ferias comerciales, ferias agrícolas y ganaderas, motivo por el cual parece lógico pensar que forman parte de la cultura y tradición de todos los entes municipales. Numerosas asociaciones de feriantes de toda España llevan años
defendiendo este reconocimiento para las actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias de atracciones debido a su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición histórica, estando documentada esta
actividad en España desde hace varios siglos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Destinar una línea de ayudas económicas directas no reembolsables dirigidas a las empresas y autónomos del sector de las ferias de atracciones que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de covid-19.
2. Establecer líneas de financiación dirigidas a las entidades locales específicas para facilitar la exención de tasas y garantías a las empresas y autónomos del sector feriante.
3. Dictar las instrucciones que resulten precisas para la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de un código específico para las 'actividades recreativas, de entretenimiento y atracciones en ferias y
fiestas populares', que permita recoger de manera fidedigna las actividades que realizan las empresas y autónomos del sector feriante.
4. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de España.
5. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de actividad cultural a todos los efectos previstos en la normativa vigente que resulte de
aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas alternativas al
cierre anunciado por Siemens Gamesa de sus plantas de Somozas y Cuenca para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La corporación renovable Siemens Gamesa hizo público el pasado 11 de enero de 2021 el inicio del proceso de cierre de las plantas de fabricación de palas de aerogeneradores de Cuenca (Castilla-La Mancha) y Somozas (Galicia), y una
reestructuración en sus oficinas corporativas.
El despido colectivo programado por la multinacional germano española afectaría a un total de 266 trabajadores de las dos factorías: 51 empleados de la de Cuenca y 215 de la de Somozas. El impacto en el empleo de la reestructuración en
oficinas no ha sido cuantificado por la empresa.
Además, a la destrucción de empleo directo se suma la del empleo indirecto que depende de la propia actividad de dichas plantas en esos territorios. Efectivamente, debido a la capacidad tractora de esas dos factorías, un volumen
considerable de empleo regional está asociado a la actividad productiva de las mismas, en términos de abastecimiento de consumos intermedios y servicios industriales.
El anuncio de cierres del fabricante de aerogeneradores parece obedecer a una estrategia de deslocalización de la producción, y se realiza pese a que el sector se encuentra en expansión en España y a la apuesta decidida del Gobierno español
por las energías renovables. Cabe señalar también que Siemens Gamesa viene arrojando en los últimos años en España beneficios netos positivos por término medio.
Los cierres anunciados se sumarían a los que se articularon en 2018 en Miranda de Ebro (Burgos) y en agosto de 2020 en Aoiz (Navarra). Así, España quedaría sin centro alguno de fabricación de palas eólicas de la multinacional Siemens
Gamesa.
Como ha recordado CCOO. en un comunicado público, en octubre de 2019 delegadas y delegados de dicho sindicato se manifestaron en Zamudio (Vizcaya), donde se encuentra la sede social de Siemens Gamesa, contra la maniobra de deslocalización
que la representación de las y los trabajadores ya presumía cuando se compró a Senvion su planta de fabricación de palas en el norte de Portugal. Una operación que preocupaba a las y los trabajadores ante las duplicidades que generaba la compra de
una factoría similar a la de Galicia. Además, en esta comunidad autónoma y durante la última década, el goteo de deslocalizaciones en sectores como el del automóvil o el del metal, también hacia el norte de Portugal, está siendo continuo.
Desde entonces se ha producido un intenso trabajo sindical intentado aportar alternativas factibles para evitar más cierres en España. No parece haber servido de mucho porque ahora Siemens Gamesa, tal y como todo indica tenía planeado,
intentará cerrar las dos plantas de palas que quedaban en España.
Los sindicatos entienden que no hay justificación alguna para llevar a cabo ningún cierre, ya que España se posiciona como el país más atractivo del mundo para invertir en renovables. Sin embargo, mientras el resto de las empresas del
sector crean empleo y ponen en marcha nuevas instalaciones en España, Siemens Gamesa deslocaliza la producción de palas a Portugal.
Después de producirse el ya mencionado cierre de la planta de fabricación de palas Aoiz, el Gobierno español afirmaba, en respuesta a una pregunta parlamentaria, que su prioridad era mantener las
capacidades productivas y el empleo, apoyando a la industria en el proceso de transformación digital y transición ecológica. Además, declaraba trabajar de forma continua para poder encontrar alternativas viables que den continuidad a las
plantas industriales y garanticen un futuro para sus trabajadores. Y estimaba fundamental mantener la unidad de acción con los representantes de los trabajadores y las administraciones afectadas.
En este sentido, según el Gobierno, uno de los marcos más importantes para apoyar el tejido empresarial en España es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que define los objetivos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética en el horizonte 2030. Se pretende determinar, según reza el Plan, las líneas de actuación y la senda más eficiente, maximizando las oportunidades y beneficios
para la economía, la industria, la creación de empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuación a los sectores más intensivos en CO2.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emplazar a Siemens Gamesa, a la representación de las y los trabajadores y a las administraciones implicadas a buscar soluciones a cualquier despido en las plantas de Somozas y Cuenca.
2. Llevar a cabo todas las acciones precisas para favorecer el mantenimiento de la actividad industrial en dichas plantas, en el marco de la colaboración institucional con las diferentes administraciones territoriales.
3. Continuar realizando el seguimiento de todas las situaciones que afectan a la industria española y que pudieran derivar en una pérdida de actividad industrial y de empleo.
4. Continuar ejerciendo una política industrial proactiva para impulsar la transición ecológica y la digitalización, que genere empleos de calidad e incremente la base industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Alberto Rodríguez Rodríguez y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
161/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, y D.ª Patricia Rueda Perelló en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada, ambas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a promover la apertura urgente de todos los establecimientos del sector hostelero, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Restricciones a la hostelería desde el inicio de la pandemia.
1. Desde que se decretara el primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y
posteriormente con la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 10 ('RD 926/2020'), el sector hostelero 11 se ha visto sometido a numerosas restricciones de horario y aforo.
10 Prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por un periodo de 6 meses, desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.
11 A lo largo de este escrito toda referencia a la hostelería o sector hostelero engloba la prestación de servidos ligados tanto al alojamiento como a la restauración.
2. El artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020 dispone que la presidencia de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía será la autoridad competente delegada en el territorio de esa comunidad en los términos establecidos en el
mencionado Real Decreto. Ello ha provocado una disparidad de normas de restricción en todo el territorio nacional, entre las que se destacan las limitaciones de cierre impuestas a la hostelería. Veamos algunos ejemplos a grandes rasgos 12:
(i) Cataluña: las actividades de hostelería solo podrán abrir de 7:30 horas a 10:30 horas y de 13:00 horas a 16:30 horas. En el resto de horarios, pueden seguir funcionando para recogida o para entrega a domicilio 13.
(ii) Comunidad Vasca: los establecimientos de hostelería deberán cerrar en cualquier caso como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de los clientes, y no podrán abrir al público antes de las 06:00 horas 14.
(iii) Andalucía: los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 18:00 horas, aunque las cafeterías podrán hacerlo hasta las 20:00 horas, pero sin servir alcohol 15.
(iv) Madrid: el cierre de bares y restaurantes se fija a las 21:00 horas. A partir de esa hora podrán realizar, exclusivamente, servicios de entrega a domicilio hasta las 00:00 horas 16.
(v) Galicia: cierre temporal de la hostelería. Solo podrán hacer entrega a domicilio o recogida en el local con las correspondientes medidas de seguridad hasta las 00:00. Se exceptúan los servicios de cafetería y restaurante de centros
sanitarios, escolares o de trabajo con ciertas restricciones 17.
(vi) Comunidad Valenciana: hasta el 15 de febrero se establece el cierre de la hostelería. Las actividades de servicio a domicilio, o de recogida por la clientela en el establecimiento con cita previa, se podrán llevar a cabo hasta las 22
horas 18.
Segundo. La crisis del sector de la hostelería.
3. De acuerdo con el 'Anuario de la Hostelería de España 2020', publicado por la Con-federación Empresarial de Hostelería de España ('CEHE'), en 2019 la hostelería aportó a la economía española un total de 129.341 millones de euros. Ello
supuso un 6,2% del PIB nacional 19.
12 Todos estos datos están actualizados a fecha de 10 de febrero de 2021, por lo que durante la tramitación de esta iniciativa pueden variar.
13 Resolución SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
14 Decreto n.º 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
15 Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19 y Orden de 16 de enero de
2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2020,
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de
2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios.
16 Orden 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan los efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
17 Orden de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como conse-cuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autó-noma de Galicia.
18 Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
19 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística ('INE').
4. Igualmente, según el referido anuario de la CEHE, el sector hostelero está formado por más de 315.000 establecimientos, entre restaurantes, bares, alojamientos, pubs y cafeterías, de los que aproximadamente el 90% son de restauración.
En relación con el empleo, el impacto de la hostelería también es considerable, pues en 2019 se calcula que dio trabajo a más de 1,7 millones de empleados 20.
5. Pues bien, este valioso sector para España se ha visto totalmente abandonado por el Gobierno desde el inicio de la emergencia de salud pública. Su situación actual es insostenible.
6. La facturación del sector, según se publicó en el Anuario de la Hostelería en España de 2020 21, descendió un 50%. Las pérdidas pueden superar los 67.000 millones de euros. Según este mismo informe, en el mejor de los escenarios, la
recuperación de las cifras de ventas no llegaría hasta finales de 2021 o principios de 2022 22.
7. Las cifras de empleo también reflejan una situación crítica. En 2020 se ha producido un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la hostelería del 11,65% lo que equivale a una pérdida de 194.695 empleos.
Asimismo, son 363.657 los trabajadores del sector que, aunque están dados de alta en la Seguridad Social, se encuentran inmersos en un ERTE 23.
8. Es destacable que los datos varían en función de la comunidad autónoma. De esta manera, Andalucía se situaría en el peor puesto, con una caída de 37.017 cotizantes (-16,34%) durante el 2020, seguida de Cataluña, con una bajada de 34.905
afiliados (-15,69%). El tercer lugar lo ocupa Baleares, con un descenso de 27.420 empleados 24.
9. Las previsiones del sector a futuro tampoco son positivas. Tal y como indica la CEHE en el Anuario 2020, citado anteriormente, se calcula que a cierre del año habían desaparecido aproximadamente 85.000 establecimientos, cifra que puede
alcanzar los 100.000 en febrero. En el conjunto del año está prevista una pérdida de entre 900.000 y 1.100.000 de empleos, tanto directos como indirectos 25.
Tercero. La realidad de la epidemia en la hostelería.
10. Como se ha venido reivindicando por este sector, la realidad es que en los establecimientos hosteleros no se ha producido un alto índice de contagios que justifique las restricciones impuestas por las Comunidades Autónomas.
11. El propio Ministerio de Sanidad así lo confirma en su informe 'Actualización 265. Enfermedad por coronavirus (COVID-19)', de 4 de diciembre de 2020. Según este estudio, en este sector, sumando el ámbito laboral y social, solo se
habrían producido aproximadamente el 2,1 % de los casos de contagio por coronavirus (págs. 16 y 17).
12. No debe desconocerse, asimismo, que una amplia mayoría de los establecimientos de hostelería han realizado grandes inversiones para que sus instalaciones no sean fuentes de contagio. Así, ventilación suficiente, filtros HEPA de aire,
humidificadores, limitación de aforo o estrictos protocolos en el manejo de cubiertos o alimentos. Ello determina que la mayor parte de la hostelería sea, indudablemente, un lugar seguro.
13. No obstante, como se ha hecho referencia, tras la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional han sido numerosas las normas autonómicas dictadas para establecer restricciones de apertura al público a los locales
hosteleros. Limitaciones diversas, estrictas, irrazonables e injustificadas, en tanto que no han tenido en consideración los bajos índices de contagio existentes en este sector. Normas que han parecido promulgarse para aparentar que se hacía algo,
aunque ese algo no tuviese sentido lógico ni epidemiológico y haya condenado a la ruina a cientos de miles de familias.
14. Estamos una vez más ante un caso que ilustra muy bien la espiral nefasta en la que nos ha sumido el sistema autonómico desde hace cuatro décadas. Ahora, empujados por el Gobierno a través del artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020,
cuya constitucionalidad se encuentra cuestionada, cada reyezuelo taifa decide bajo su criterio hacia que dirección remar en función de los concretos intereses que pretende satisfacer. Todo esto solo trae consigo inestabilidad, desigualdad e
inseguridad entre los españoles.
20 Idem.
21 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE (pág. 31).
22 Ibid., pág. 33.
23 https: / / www.hosteltur.com/141891 medio-millon-de-trabajadores-de-la-hosteleria-se-han-quedado-sin-empleo.html [fecha de consulta: 10 de febrero de 2021]
24 Idem.
25 En el mismo sentido: https://www.europapress.es/economía/noticia-hosteleria-cerro-2020- perdidas-70000-millones-cierre-definitivo-85000-establecimientos-20210204113613.html [fecha de consulta: 10 de febrero de 2021]
15. Entre estas normas autonómicas encontramos el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en cuyo Anexo, apartado 9.1), se recoge lo siguiente:
'1) Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración conforme a las siguientes reglas: En los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de
Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la citada. En la página web del
Departamento de Salud (https://wwzn.euskadi.eus) se divulgará los lunes y jueves de cada semana una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de las Tasas por municipio, siendo eficaz su referencia a efectos de la
apertura o cierre de los establecimientos a partir del día siguiente.'
16. De esta forma, en la Comunidad Autónoma Vasca se establecía la posibilidad de reapertura de los establecimientos de hostelería en los municipios de más de 5.000 habitantes solo cuando la tasa de incidencia acumulada de casos positivos
por COVID-19 en los últimos 14 días fuese inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados si la tasa es igual o superior a la citada.
17. Sin embargo, este precepto fue recurrido en vía contenciosa-administrativa por las Asociaciones de Hostelería de Vizcaya, de Guipúzcoa y SEA, Empresas Alavesas, solicitándose al mismo tiempo como medida cautelarísima la suspensión de su
vigencia. El resultado ha sido el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma de 9 de febrero de 2021 (el 'Auto').
Cuarto. El primer pronunciamiento judicial contra el cierre injustificado de la hostelería.
18. El Auto acuerda lo siguiente:
'Adoptar la medida cautelar instada por la parte recurrente consistente en la suspensión de la vigencia del inciso relativo a reglas de reapertura del apartado 9.1) del anexo del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari,
prorrogado por Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari' [énfasis añadido].
19. En primer lugar, la parte dispositiva se inicia de la siguiente consideración:
'Que, entrando en el análisis de los requisitos exigidos por la adopción de una medida cautelar, el primero de ellos es el 'periculum in mora'. Ciertamente, en los muy numerosos municipios en la denominada 'zona roja' el cierre de las
actividades hosteleras es total hasta que salgan de tal zona con lo que, al carecer de ingresos, se genera un grave quebranto económico.
Es notorio y resulta muy difícil reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual'
[énfasis añadido].
20. Por tanto, a la hora de estudiar la existencia o no del 'periculum in mora', se afirma por el Tribunal que los cierres totales de la actividad hostelera implican directamente un perjuicio económico para estos empresarios. Perjuicios
que muy difícilmente podrán ser reparados con indemnización alguna.
21. Asimismo, se expone en el Auto cómo el 80% de los contagios se han producido precisamente en el ámbito privado, y no en la hostelería, sin que nada parezca apuntar a que el aumento de casos positivos encuentre su justificación en la
apertura de los establecimientos hosteleros:
'Tampoco puede desconocerse que días antes de la escalada del nivel de contagios se adoptaron diversas medidas en relación, fundamentalmente, con la movilidad y, sobre todo, comenzaron a producirse encuentros de familiares y amigos en
espacios privados con motivo de las celebraciones navideñas. Tales encuentros, según una parte importante de los epidemiólogos, puede producir en tomo al 80% de los contagios. De tal forma, la primera conclusión a la que ha de llegarse es que no
aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del vims tras la celebración de la Navidad. Por otra parte, tal apertura queda sometida a importantes medidas de corrección de
la actividad que permiten minimizar los riesgos de su desarrollo para la salud pública.
Dichas medidas, recogidas por la propia Administración demandada cuando la incidencia 5 es inferior a 500 sobre 100.000 habitantes, limitan de forma importante la actividad en cuanto a horarios, aforos, distancia entre mesas, ocupación de
mesas, prohibición de uso de la barra o consumo de pie. Ha de indicarse que, durante el mes de diciembre, se han considerado medidas adecuadas al no aparecer en dicho mes subida de contagios con la hostelería abierta en estas condiciones. En
definitiva, la conjugación de los intereses en conflicto hace que la Sala entienda que la apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública
por lo que se accederá a la medida cautelar en estos términos' [énfasis añadido].
22. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que los bajos índices de contagio en el sector hostelero hacen que las restricciones impuestas sean claramente injustificadas, con independencia del número de casos
positivos existente en una región.
23. Con ello, implícitamente se reconoce que, en el balance de los intereses en conflicto y analizando todos los elementos concurrentes, prima impedir la generación de graves quebrantos económicos injustificados consecuencia del cierre
total de los establecimientos. Ello, claro está, siempre que se cumpla de manera estricta con el resto de las medidas de seguridad en el ámbito sanitario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con fundamento en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, las medidas necesarias que fomenten y aseguren la inmediata apertura de los
establecimientos hosteleros de forma inmediata e igual en todo el territorio nacional, indemnizando a sus titulares por la pérdida de ingresos que hayan sufrido durante el periodo que se hayan visto obligados a permanecer cerrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector del comercio ambulante, para su debate en
la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En el año 2006, se aprobó la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que imponía a los estados la obligación de eliminar trabas jurídicas y barreras administrativas
injustificadas a la libertad de establecimiento y de la prestación de servicios contemplada en los artículos 48 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico de España se
realizó a través de la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, por la que se establecía que, como norma general, las actividades de servicio comercial no estarían sometidas a autorización previa a
excepción de la venta ambulante o no sedentaria, y en atención a que esta actividad comercial requiera de la utilización de servicio público entre otras razones de interés general, tales como de orden público, seguridad y salud.
Actualmente, según lo previsto en el artículo 53 de la Ley 7/1996 'se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente'. En lo que respecta a su autorización, los
Ayuntamientos son las instituciones competentes para 'otorgar las
autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de competencias'.
Esta modificación legislativa provocó el desarrollo por parte del Gobierno de España del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Entre las aportaciones más
significativas que el mencionado Real Decreto cabe destacar el establecimiento de un procedimiento común para la autorización de esta actividad o la fijación de un régimen de inspección y sancionador.
Según las últimas cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno de España a través del informe La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta ambulante de la población gitana, el Ministerio de Economía y Hacienda
estimaba que existían en España entre 3.500 y 4.000 mercadillos que generaban 50.000 empleos a jornada completa, localizados mayoritariamente en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo, el volumen estimado de ventas en aquel momento
por el comercio ambulante suponía en torno al 2,5-3,5% del total de ventas del sector comercial minorista.
Una de las consecuencias de las medidas de distanciamiento social y de limitación del derecho a la circulación para controlar la expansión de la COVID-19 en España fue el cierre de los mercadillos durante los meses que el confinamiento se
mantuvo en vigor. Posteriormente, tras la relajación de las medidas, una parte de los vendedores ambulantes han vuelto a desarrollar su actividad dentro del marco de las limitaciones impuestas por las diferentes Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. Sin embargo, las restricciones sanitarias, fijadas en forma de reducción de los aforos o establecimientos de distancias mínimas de separación en los recintos donde desarrollan su actividad, dificultan de manera considerable cualquier
tipo de recuperación de los ingresos perdidos por el sector desde el inicio de la actual crisis sanitaria.
Desde el primer momento, las asociaciones más representativas del sector pidieron ayudas económicas a las distintas administraciones para paliar el impacto económico que supondría el cierre de los mercadillos donde desarrollan su actividad.
En particular, el pasado 18 de marzo la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca) ya advertía del enorme impacto que las medidas que se estaban adoptando para controlar el avance de la pandemia tendrían sobre el sector y reclamaban
al Gobierno un plan de ayudas para modernizar el sector y compensar la reducción de las numerosas pérdida que esta situación iba a generar.
Sin embargo, y a pesar de los ingresos de miles familias de este país dependen del comercio ambulante, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida específica para paliar los efectos que la actual crisis sanitaria y económica está
teniendo este sector en particular.
La ausencia de compromiso del actual Ejecutivo con el sector quedo patente durante la tramitación de los Presupuestos Generales para el año 2021 en el Congreso de los Diputados. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos
presentamos una serie de enmiendas que hubieran permitido aliviar de manera muy considerable las dificultades por las que atraviesa el sector del comercio ambulante. Así, en particular, planteamos una modificación del régimen específico de
cotización a la Seguridad Social al que pueden acogerse los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o domicilio, actualmente consistente en una base de cotización minorada, por una tarifa plana de 60 euros mensuales con carácter
general para aquellos que optasen por la base mínima de cotización o una bonificación del 80% de la base de cotización en caso de que optasen por una base mayor. La medida perseguía incentivar el alta en la Seguridad Social de estos trabajadores
por cuenta propia, habida cuenta de que una parte importante de los mismos en la actualidad operan en el ámbito de la economía informal, lo que no sólo supone una merma de los recursos públicos sino que también hace que estos trabajadores se
encuentren desprovistos de todo tipo de protección social, cuestión cuyos perjuicios quedan de manifiesto en momentos de crisis como el actual.
Igualmente, otra de nuestras enmiendas planteaba una modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales, para garantizar el acceso a la prestación por cese de actividad también a aquellos trabajadores
autónomos que hubieran visto limitado el desarrollo normal de su actividad, aunque ésta no se hubiera llegado a suspender. Esta propuesta tenía por objeto solucionar los problemas que estaba encontrando el comercio minorista, también el ambulante,
para poder acceder a esta prestación.
Del mismo modo, una tercera enmienda modificaba la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la finalidad de hacer extensibles las ayudas para trabajadores autónomos a los 'familiares colaboradores'
del autónomo principal. Este aspecto es muy relevante, dado que en la actualidad los familiares más inmediatos del autónomo que trabajen con él en su negocio no pueden ser legalmente considerados trabajadores por cuenta ajena, los que les
priva de la protección social reconocida al resto de trabajadores, en particular, la de desempleo.
Todas estas medidas, pese al salvavidas que hubieran supuesto para las miles de familias españoles que viven del comercio ambulante, sin embargo, fueron rechazadas por los dos grupos parlamentarios que actualmente participan del Gobierno de
España.
El actual contexto económico, marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, es un momento propicio para impulsar un paquete de medidas que contemplen la elaboración de un marco legislativo estatal más extenso que al actual sobre el
comercio ambulante hasta el desarrollo de un sistema de incentivos económicos que proporcione a los autónomos y trabajadores del sector herramientas para ser más competitivos en el actual contexto global y tecnológico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un Plan de Rescate del Comercio Ambulante que tenga como objetivos:
a) La concesión de ayudas directas extraordinarias no reembolsables para las empresas y a los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan sufrido pérdidas como consecuencia del impacto de la emergencia sanitaria causada
por la covid-19.
b) El establecimiento de líneas de financiación a los entidades locales para facilitar la exención de tasas en mercadillos a las empresas y autónomos dedicados a la venta ambulante.
c) La modernización del sector mediante la creación de incentivos para mejorar su imagen y promocionar su actividad a través de las redes sociales.
d) El reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan visto limitado el desarrollo ordinario de su actividad, haciéndola extensible a los
familiares colaboradores del autónomo que trabajen con él en el mismo negocio.
e) La garantía de formación y adquisición de nuevas competencias por parte de los empresarios, autónomos y trabajadores del sector.
f) El fomento del asociacionismo de los vendedores ambulantes como herramienta para mejorar la reputación de sector, dinamizar la actividad económica y fomentar el aprendizaje conjunto en lo relativo a la actividad económica que desarrollan.
2. Impulsar un Proyecto de Ley marco del comercio ambulante o no sedentario, que establezca que las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad en toda España, para cuya elaboración se deberá contar con la participación de todos
los agentes implicados.
3. Flexibilizar el sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio, con el objetivo de favorecer el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y
que estas actividades operen en el ámbito de la economía formal, incluyendo la posibilidad de establecer una tarifa plana con carácter permanente para aquellos autónomos que coticen por la base mínima.
4. Promover, en colaboración con los Ayuntamientos, la eliminación de las tasas municipales, como mínimo, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector feriante, para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 está afectando de forma muy directa a múltiples sectores, amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño de la actividad no es posible como consecuencia de las
restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para tratar de controlar la difusión del virus.
En el caso de las atracciones de feria, el coronavirus ha agravado unas dificultades que ya padecían con anterioridad a esta crisis sanitaria en forma de trabas administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la forma de
consumo, que ya complicaban el desempeño de las personas dedicadas a estas actividades en un contexto de normalidad. La naturaleza de esta actividad hace que su actividad se concentre en los meses de primavera y verano, periodos que, en el año
2020, se establecieron una serie de limitaciones en lo relativo del derecho a la movilidad y de reunión para frenar el avance de la COVID-19. La actual evolución epidemiológica lleva a pensar a que muchos feriantes no podrán retomar su actividad
con total normalidad hasta verano del año 2021.
Durante todos estos meses, sin embargo, los empresarios del sector feriante deberán mantener licencias y permisos e incurrir en gastos derivados de su negocio, como los de alquileres o de mantenimiento de las atracciones, todos los cuales
suponen costes muy notables en momentos en los que no estas personas no están pudiendo obtener apenas ningún ingreso. A esta situación hay que sumarle que las personas dedicadas a estas actividades tienen muchas dificultades para llegar a fin de
mes con sus ingresos ordinarios, lo que hace que una parte importante de las familias que dependen de la actividad del sector se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, quizá no sea suficiente para garantizar la supervivencia de un sector que resulta esencial para nuestros municipios, como dinamizador de eventos, fiestas populares
y que genera actividad comercial en muchos negocios locales durante el periodo en el que la feria permanece instalada.
El sector también reivindica que esta actividad sea considerada de tipo cultural. No en vano, las ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las
fiestas patronales, ferias comerciales, ferias agrícolas y ganaderas, motivo por el cual parece lógico pensar que forman parte de la cultura y tradición de todos los entes municipales. Numerosas asociaciones de feriantes de toda España llevan años
defendiendo este reconocimiento para las actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias de atracciones debido a su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición histórica, estando documentada esta
actividad en España desde hace varios siglos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Destinar una línea de ayudas económicas directas no reembolsables dirigidas a las empresas y autónomos del sector de las ferias de atracciones que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de COVID-19.
2. Establecer líneas de financiación dirigidas a las entidades locales específicas para facilitar la exención de tasas y garantías a las empresas y autónomos del sector feriante.
3. Dictar las instrucciones que resulten precisas para la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de un código específico para las 'actividades recreativas, de entretenimiento y atracciones en ferias y
fiestas populares', que permita recoger de manera fidedigna las actividades que realizan las empresas y autónomos del sector feriante.
4. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de España.
5. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de actividad cultural a todos los efectos previstos en la normativa vigente que resulte de
aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad sobre el pleno acceso a la sociedad digital de las personas con discapacidad visual.
Exposición de motivos
Los derechos de las personas con discapacidad experimentaron un notable avance con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Dicha ley,
pretende implementar el derecho a la igualdad reflejados en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de nuestra Constitución, sobre la base de la vida independiente, la normalización, la accesibilidad universal, el diseño para todos, el diálogo civil y la
transversalidad en materia de políticas públicas.
Más adelante, con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se continúa un proceso legislativo de
avance en la eliminación de los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos y las consecuencias derivadas de exclusión social. De manera concreta, se pretende armonizar los derechos adquiridos a través
de las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o a la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuyo
objeto es sentar las condiciones básicas de accesibilidad y plazos de cumplimiento, así como un procedimiento sancionador para el caso de incumplimiento por administraciones y sociedad de estas normas. No obstante, a pesar de los grandes retos
legislativos alcanzados en materia de derechos para las personas con discapacidad, aún nos quedan retos que alcanzar fundamentados en la erradicación de aquellos derechos que mantienen la discriminación de este grupo vulnerable.
La Sociedad del Conocimiento del S.XXI, se fundamenta hoy día en la innovación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto modula incluso la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna.
En este sentido, el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social cuyo objeto fundamental es mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el contexto de las NTIC´s.
En este contexto, actividades como el manejo de ordenadores resulta extremadamente complicado para las personas con ceguera parcial o completa. No obstante, gracias al desarrollo técnico de los últimos años se ha avanzado en el acceso de
estas personas a utilizar el ordenador en su día a día sin grandes problemas. Herramientas como los 'screen readers' o las líneas braille táctiles, permiten que las personas invidentes también puedan utilizar el ordenador y otros dispositivos, como
los smartphones a través de aplicaciones de lectores de pantalla. Otras herramientas disponibles son los sistemas de
reconocimiento y dictado de voz, que permiten describir el contenido de todo lo que tocamos en pantalla; así como emitir o recibir instrucciones sobre todo aquello que seleccionamos, mediante mensajes de voz.
No obstante, la garantía de una 'Internet sin barreras', nos coloca por delante todo un camino por recorrer con retos que aún debemos alcanzar. Una 'Internet sin barreras' no se centra exclusivamente en la construcción de páginas web
adaptadas a personas discapacitadas, sino también a la accesibilidad de los contenidos y los textos, los sistemas operativos y las plataformas. En este sentido, detectamos problemas de los 'screen readers' cuando se encuentran con sitios webs
caracterizados con gráficos, tablas o composiciones/códigos de texto contenidos ocultos, marcos o formularios que impiden la adaptación a las personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el acceso a la sociedad digital de las personas con discapacidad visual.
2. Introducir las modificaciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a las Webs dependientes de los Servicios de Transporte Públicos, como por ejemplo las del grupo
RENFE, en base a una planificación factible.
3. Impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso de todas las personas a una 'Internet sin barreras' que permita a las personas con discapacidad visual las mismas oportunidades de participar en la Sociedad del Conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000110
Observado error en el autor de la Proposición no de Ley 161/000110, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 37, de 20 de febrero de 2020, pág. 100, se subsana a continuación:
Donde dice:
'161/000110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, [...]'
Debe decir:
'161/000110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, [...]'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.
161/002060
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una aplicación consensuada, progresiva y justa de la nueva
Política Agrícola Común (PAC) para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La profesionalidad y buen hacer de nuestros agricultores y ganaderos han convertido a España en una potencia agroalimentaria, con productos que son un verdadero ejemplo de calidad, sostenibilidad y compromiso medioambiental. El sector
primario español ha sido, además, un pilar fundamental durante lo más duro de la pandemia, garantizando en todo momento el suministro de mejor calidad. En este contexto, la Política Agrícola Común (PAC) constituye un elemento esencial para el
desarrollo económico, social, territorial y medioambiental de nuestro país.
Debido a que la nueva reforma de la PAC, negociada en el marco de la Unión Europea (UE), no ha podido ser aprobada antes del 1 de enero de 2021 tal y como estaba previsto, ha sido necesario aprobar un 'Paquete de Transición' para asegurar su
continuidad, aunque sea manteniendo provisionalmente el régimen previo. Así, la UE aprobó el Reglamento (UE) 2020/2220 con el objetivo de extender la aplicación de la antigua PAC 2014-2020 hasta 2022 y ofrecer la certidumbre necesaria a los
agricultores y ganaderos.
Por su parte, el Gobierno aprobó el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero de 2021, para trasponer al ordenamiento jurídico nacional lo acordado a nivel europeo y establecer el mecanismo de aplicación de la PAC para los años 2021 y 2022. Este
Real Decreto, sin embargo, fue aprobado sin la transparencia y el consenso con las organizaciones agrarias que medidas de este calado requieren.
En particular, el régimen de convergencia previsto, sin límite o moderación alguna en las pérdidas que miles de explotaciones agrícolas y ganaderas pudieran sufrir, resulta mejorable y peca de falta de empatía con el sector en un contexto de
grave crisis económica a causa de la pandemia.
Si bien la convergencia de los derechos de pago es un requisito de la PAC que no cabe eludir, esto no implica que se pueda hacer de cualquier manera y sin tener en consideración las circunstancias en las que se regula. De forma
incomprensible para gran parte del sector agrícola y ganadero español, el Gobierno ha decidido renunciar al margen de maniobra que le ofrece la norma comunitaria para facilitar la transición gradual suave al próximo periodo de la PAC y pone en
dificultades innecesarias a algunos de nuestros agricultores más productivos.
Desde Ciudadanos creemos que es posible un mejor y más justo modelo de convergencia en la política agraria que, sin renunciar al objetivo final, pueda garantizar un reparto equitativo de los costes de transición y que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del sector agrario español.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiniciar inmediatamente el diálogo con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y demás sectores afectados para garantizar que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en
España sean tomadas con el mayor consenso posible y con la antelación suficiente para minimizar los efectos contraproducentes de estos cambios y permitir a los afectados adaptarse a los mismos.
2. Modificar de manera urgente el Real Decreto 41/2020 para, haciendo uso de la habilitación prevista en el Reglamento (UE) 2020/2220, fijar un límite máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el proceso de
convergencia de los derechos de pago.
3. Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los costes de la transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma progresiva y equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y ganaderos más vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002065
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre protección de la actividad agrícola frente a los efectos del cambio climático.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 1, 4 y 6 se llevarían a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para protección de la actividad agrícola frente
a los efectos del cambio climático, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado año 2020 marcó de nuevo un récord histórico en materia climática, igualando a 2016 como el año que registró unas temperaturas más altas desde que hay registros. No en vano, 19 de los años más cálidos desde que hay registros han
ocurrido en los últimos 20 años -la excepción es 1998. Según los datos de la NASA, que realiza un seguimiento del aumento de temperaturas a nivel global, 1998 alcanzó temperaturas 0,61 ºC más altas que la media. 2020 ya ha superado el 1 ºC.
Además, este tipo de cambios afectan a los patrones meteorológicos en todo el mundo, con consecuencias devastadoras para España. Por ejemplo, la borrasca Filomena que afectó a gran parte de la Península Ibérica el pasado mes de enero venía
derivada de la ruptura del vórtice polar que contenía vientos fríos en el Polo Norte. Esta ruptura fue causada por el aumento de temperaturas en esta latitud, pero tuvo un efecto directo en nuestro país, suponiendo pérdidas de en torno a 21
millones de euros en el campo madrileño, según las estimaciones de ASAJA, y de hasta 46 millones de euros según la propia Comunidad de Madrid. Las peritaciones posteriores al temporal en el campo, tanto por destrucción de cultivos o instalaciones
como por daños en reses, hacen elevar estas estimaciones hasta los 70 millones de euros en toda España.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya registramos una proposición no de ley que tenía como objeto la introducción de medidas para paliar el impacto negativo de la borrasca Filomena en la actividad agraria. Sin embargo, Filomena es
simplemente un ejemplo de los riesgos a los que se enfrenta el campo español debido a los efectos del cambio climático. Nuevas y destructivas borrascas, olas de calor, sequías y escenarios de presión hídrica extrema se suman a los retos
estructurales que la producción agrícola y ganadera tiene que enfrentar en España. Pese a ello, el debate climático se centra principalmente en medidas de mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y generalmente se olvida
de la necesidad de adaptación de nuestra sociedad y de nuestra economía, especialmente aquellos sectores que dependen de forma más directa de su medio natural. Es más, incluso consiguiendo cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de
París de limitar el aumento de temperatura global a 1,5ºC
a final de siglo, dicho aumento tendrá consecuencias devastadoras para muchos sectores económicos, incluidas la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería.
El Gobierno de España entiende la relación entre cambio climático y el campo español como una dicotomía en la que la producción agrícola o ganadera deben sacrificarse en aras de la transición ecológica. Sin embargo, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos estamos convencidos de lo contrario: la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería ofrecen una oportunidad para recuperar el medio natural y para protegerlo de forma compatible con la explotación sostenible.
Además, los agricultores, pescadores, silvicultores y ganaderos españoles son la primera línea de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, y por ello son los principales actores que pueden aumentar nuestra capacidad de adaptación a
esa transformación del medio natural al tiempo que aseguramos su sostenibilidad también en términos económicos y de recursos humanos. Una prueba de que los sectores mencionados son parte esencial de la solución es que la agricultura y ganadería
europea representa el 1% de las emisiones mundiales de efecto invernadero, siendo un sector que ha conseguido reducir las emisiones de CO2 y de nitrato un 20% y 18% respectivamente desde 1990 y el consumo de antibióticos un 20% entre 2011 y 2016.
En particular, las funciones ecosistémicas y las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen una oportunidad para aprovechar este potencial. La agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería resultan afectadas por todos los tipos de
servicios ecosistémicos y, a su vez, influyen en ellos. Por ejemplo, la reforestación que supone una oportunidad para la silvicultura permite también una mejor conservación de la biodiversidad endémica, una nueva fuente natural de absorción de
emisiones de gases de efecto invernadero e, incluso, una forma de mitigar la erosión del suelo, evitando posibles desastres naturales como los corrimientos de tierras. La ganadería, a su vez, puede tener importantes beneficios a la hora de
recuperar las propiedades del suelo y preservar su fertilidad, lo que favorece también la conservación de biodiversidad y permite una mayor productividad agrícola. Otro ejemplo es el fomento la agricultura ecológica, que reduce la utilización de
sustancias activas (pesticidas y otros productos químicos) mejorando la calidad de los suelos. Además, este tipo de iniciativas encajan a la perfección con los objetivos del Pacto Verde Europeo, entre los cuales está el 25% de superficie de
agricultura ecológica de la Unión Europea.
En definitiva, estas prácticas que combinan el desarrollo económico del sector primario y un reconocimiento a sus externalidades positivas han ganado tracción a nivel global, con iniciativas como el Estándar Global para Soluciones Basadas en
la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza de la Fundación Conama o la posición de los agricultores y cooperativas agrarias
europeas agrupados en torno a COPA-COGECA reflejada en su campaña Farmers ClimAct.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Detallar en un informe que se remitirá a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados las iniciativas específicas y su presupuesto asignado que el Gobierno
de España esté impulsando para mejorar la adaptación de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería a los efectos del cambio climático en el seno del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.
2. Establecer un grupo de trabajo específico en el seno del Consejo Agrario que lleve a cabo una recopilación de necesidades, fortalezas y debilidades del sector agropecuario español en lo relativo a su adaptación al cambio climático y a la
implantación de soluciones basadas en la naturaleza en el sector primario.
3. Revisar el sistema de incentivos a externalidades positivas de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería, para asegurar que los profesionales del sector reciban compensaciones acordes con sus esfuerzos realizados en
materia de mitigación y adaptación al cambio climático, siempre en línea de lo establecido en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y en los objetivos del Pacto Verde Europeo.
4. Elaborar un informe técnico que evalúe el impacto del futuro Plan Estratégico Nacional PAC en el medio ambiente y en la preparación de la actividad agraria frente a los efectos del cambio climático, lo que permitiría una mejor evaluación
de vulnerabilidades y de opciones para mejorar la adaptación del sector primario a estos impactos, y remitirlo a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
5. Establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias, un programa específico de proyectos piloto para aplicar soluciones basadas en la naturaleza a la producción agrícola, la pesca, la silvicultura y la
ganadería que, a su vez, refuercen la capacidad de estos sectores de adaptarse a los efectos más devastadores del cambio climático.
6. Realizar, en un plazo máximo de 18 meses, una evaluación del progreso realizado en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para la adaptación de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería y
remitir los resultados de dicha evaluación a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno aborde de manera integral la problemática de los 'montes de socios'.
Exposición de motivos
En España existen entre 1,5 y 2 millones de hectáreas de terrenos de naturaleza forestal cuya propiedad corresponde a un conjunto de personas físicas y jurídicas en régimen de pro indivisión, siendo además alguna de ellas desconocidas.
Esta ingente cantidad de superficie, conformada por pastizales, matorrales, dehesas y bosques, supone el 6% de la superficie forestal de nuestro país, ocupando una extensión superficial equivalente a las de las CCAA del País Vasco, Cantabria
y La Rioja juntas.
Además, la localización de estos montes, coincide con en la mayor parte de los casos con los territorios altamente despoblados que conforman la conocida como 'España vaciada'.
El origen de estos montes mayoritariamente se corresponde con las compras que los habitantes del medio rural realizaron en las épocas desamortizadoras de finales del siglo XIX, cuando sus respectivos ayuntamientos fueron expropiados de sus
bienes rústicos y, ellos, abocados a tener que comprar la tierra de la que disfrutaban en su condición de vecinos, con el consiguiente empobrecimiento de sus economías familiares.
Los títulos de propiedad generados a partir de dichas subastas públicas se encuentran mayoritariamente desactualizados, siendo habitual que todavía aparezcan como titulares las personas que conformaron aquellas compras.
Siendo la naturaleza jurídica de estos montes la de una comunidad de bienes, deben estos regirse por lo establecido en los artículos 391 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, la realidad es que resulta imposible dar cumplimiento a lo
previsto en dicha normativa básica por tres razones fundamentales:
- La naturaleza jurídica de los montes de socios no encaja con la de la comunidad ordinaria del Código Civil, porque tienen vocación de permanencia y de uso colectivo, porque reúnen características de la comunidad romana y de la germánica en
cuanto a las formas de aprovechamiento, y porque requieren una regulación específica como comunidad funcional o especial.
- Existencia de cuotas de propiedad desconocidas: transcurridos más de 100 años desde que se generaron los títulos de adquisición de los montes, son habituales los casos de cuotas de propiedad desactualizadas o incluso desconocidas, en
muchos casos debido a los diferentes procesos migratorios acontecidos en nuestro país que desvincularon a las personas de sus raíces rurales, y porque no existen en la legislación actual los medios jurídicos adecuados para la actualización de la
titulación.
- Imposibilidad de quórum: la mayor parte de los condueños de estos montes ya no residen en las poblaciones donde estos se ubican. Además, habiendo transcurrido una media de 5 generaciones, los grupos de titulares suelen estar conformados
por centenares de personas, resultado en la práctica
imposible conseguir el quórum que el Código Civil exige para que las decisiones adoptadas por los comuneros puedan ser válidas.
Estas limitaciones han llevado a este tipo de montes a una situación de semiabandono, ante la imposibilidad formal de adoptar decisiones válidas para su uso.
La falta de gestión de estos montes tiene importantes consecuencias para nuestra sociedad y para el cuidado del territorio, con perjuicios en el ámbito ambiental (pérdida de biodiversidad, incendios forestales), en el ámbito económico
(infinidad de recursos como la madera, biomasa, pastos, resina, etc. que no generan actividad económica) y social (desempleo y despoblación).
Afortunadamente, en el año 2003, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de su disposición adicional décima habilitó la figura de las 'Juntas Gestoras' para permitir la gestión de los recursos forestales, energéticos y
mineros de este tipo de montes.
Posteriormente, la reforma de dicha Ley practicada en el año 2015 a través del artículo 27.bis, fortaleció dicha figura, diferenciando a este tipo de montes privados de naturaleza colectiva, del resto de la propiedad privada y acuñando para
los mismos la figura de 'montes de socios'.
Con la habilitación de las 'juntas gestoras' se ha configurado un interesantísimo proceso de recuperación y puesta en valor de estos montes que está contribuyendo a generar actividad económica, empleo, e incluso a revertir el proceso
despoblador en las localidades en las que se está llevando a cabo, generando un efectivo canal de acercamiento entre lo rural y lo urbano.
El desarrollo de este proceso recuperador ha puesto en evidencia que la normativa vigente es insuficiente, confusa y a veces contraproducente para atender las necesidades que el proceso de revitalización de estos espacios precisa, siendo
necesarios nuevos avances normativos.
Sin embargo, la base legal que ha permitido poner en marcha este proceso es muy frágil, puesto que se basa en un artículo de la legislación forestal, cuando sus necesidades de actuación requieren, por su complejidad, un texto normativo
completo que aborde su naturaleza jurídica, el régimen de actuación de las juntas gestoras, nuevos medios de actualización de titulación concordes con la normativa vigente, y un desarrollo fiscal adecuado.
Propiciando dicho desarrollo normativo específico, se permitiría a este tipo de montes desarrollar el potencial que albergan, dando lugar a una importantísima acción de revitalización económica, social y ambiental del medio rural.
No podemos olvidar que además, fue precisamente el Estado español quien expropió y subastó estos montes, entregando a sus nuevos propietarios un marco legal incapaz de dar cabida a los sistemas de gobernanza de sus comunidades titulares.
Parece por tanto coherente que sea el propio Estado quien resarza dicha deuda habilitando el marco normativo preciso para la recuperación y puesta en valor de estos montes. En muchos casos, los cotitulares actuales, son la última generación que
conserva cierto conocimiento y compromiso con estos montes, por lo que se trata de un tema realmente urgente. Una dejación de funciones supondría la puntilla final que significaría la desaparición de estos patrimonios naturales y culturales.
Es por ello por lo que es imprescindible abordar este fenómeno de una manera integral, instando a la promulgación de una Ley que contemple toda la problemática específica de los Montes de Socios, de forma que cobren la importancia económica
y de vertebración social, la dimensión ambiental y de cuidado del territorio y de revitalización de la España abandonada, que pueden tener.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa del Diputado Tomás Guitarte Gimeno, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una Ley que aborde de manera integral la problemática de los montes de socios respetando su naturaleza jurídica, perfeccionando sus órganos de gestión, adecuando los medios de
titulación a sus especialidades y estableciendo un marco adecuado para su tributación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de actuaciones
de regadíos e infraestructuras asociadas con recursos de los fondos de recuperación de la Unión Europea NGEU, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Históricamente, el regadío ha estado unido al desarrollo de la agricultura y ha tenido un papel clave en la economía agraria española. La modernización de las infraestructuras de regadío supone un impulso de la sostenibilidad económica,
ambiental y social a las zonas donde se realizan.
Gracias a las actuaciones de modernización de regadíos, el consumo de agua de riego por hectárea se redujo en España un 15% en los últimos diez años, a pesar de que la superficie de regadío creció algo más de un 10% en igual periodo.
Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad histórica para movilizar recursos e impulsar actuaciones relacionadas con el regadío y puede generar, además de un ahorro de recursos hídricos, un impacto muy positivo sobre el
conjunto de la sociedad y la economía de las comarcas o regiones.
Por este motivo, los proyectos destinados a mejorar y modernizar los regadíos y las infraestructuras asociadas deberían beneficiarse de los fondos de recuperación de la Unión Europea, si bien el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia aprobado por el Gobierno es muy timorato en las referencias agrícolas y de regadío.
Muestra del poco interés del gobierno de España son los escasos recursos procedentes de dichos fondos de recuperación europeos, que los Presupuestos Generales del Estado 2021 destinan a las políticas de agricultura de los 140.000 millones de
euros que llegarían de Europa a través del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tan solo un 1'67% (1050M) del total de presupuesto va al sector agroalimentario, a pesar de generar el 12% del PIB nacional.
Por otro lado, proyectos de regadíos y modernización de regadíos que como el del Canal de Urgell prevén en su actuación la regeneración ambiental asociada a los regadíos pueden ser financiados con este y con el 'Fondo de restauración
ecológica y resiliencia' (FRER) que tiene entre sus finalidades 'actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial'.
Por ello, se considera que proyectos, como el de 'modernización del Canal d'Urgell' (Lleida) que asegurará el desarrollo agroalimentario de 5 comarcas de Lleida y con ello el futuro de más de 120 municipios, coincidiría con los objetivos
para los que la UE envía a España estos fondos de recuperación.
Se trata de una actuación promovida por la Comunidad General de Regantes del Canal de Urgell, que afectaría a más de 75.000 hectáreas de regadío sometidas a modernización, que supondría un ahorro de agua y la implantación de energías
limpias, beneficiaría a 120 municipios e incluiría un Plan de recuperación ambiental de la zona y su aprovechamiento turístico.
Este tipo de proyectos, que aseguran la disposición de agua y su ahorro promoviendo con ello la actividad económica en las zonas rurales, contribuyen a asentar población y evitar el problema de despoblación que sufren muchas regiones rurales
de España, por lo que no debería perderse de vista a la hora de diseñar políticas y estrategias encaminadas a frenar este problema. Tal y como reconocen las organizaciones sectoriales, la despoblación rural es mayor en las zonas donde menos
regadíos hay.
En resumen, es aconsejable destinar parte de los recursos de los fondos Europeos de Recuperación a iniciar aquellas iniciativas susceptibles de poner en marcha en el ejercicio 2021 previstas por las Comunidades de Regantes y contempladas en
los compromisos y necesidades de los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca que suponen un aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para regadío.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Priorizar la aprobación y ejecución de los proyectos de aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para regadío con los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. Agilizar todas las tramitaciones necesarias de los proyectos de regadíos e infraestructuras asociadas (balsas, etc.) por su aportación a la sostenibilidad ambiental, contribución a la economía rural y como mecanismo de lucha contra la
despoblación.
3. Impulsar, aprobar, y agilizar la ejecución del proyecto de modernización del riego del Canal d'Urgell como beneficiario del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no sea excluyente de otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos causados por la borrasca Filomena, para su debate en la
Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La borrasca Filomena y una posterior ola de frío azotaron todo el territorio nacional entre los días 6 y 18 de enero, ocasionando sus vientos, nevadas, lluvias, y sus temperaturas extremadamente bajas, abundantes daños y alterando el normal
desenvolvimiento de la vida social, así como generando una situación de riesgo generalizado para la población, la vialidad, el funcionamiento de numerosas infraestructuras esenciales, el normal retorno a la actividad escolar tras el receso
vacacional de invierno, y el normal funcionamiento de algunos servicios públicos.
La intensidad y combinación de varios fenómenos meteorológicos adversos, y el hecho de afectar al mismo tiempo a una gran extensión del territorio nacional, así como su extraordinaria duración, han supuesto una de las amenazas más serias de
los últimos setenta años, y puesto a prueba la capacidad de respuesta de España a estos cada vez más frecuentes desafíos la ciencia asocia al calentamiento global del planeta.
Los daños producidos, todavía pendientes de evaluación, se extienden tanto al ámbito urbano como al rural, con afectación importante en el sector agrario.
La excepcional intensidad y duración del episodio, así como la combinación de fenómenos como vientos, lluvia, nieve y heladas, han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de prevención, respuesta y recuperación, así como el
funcionamiento de las infraestructuras esenciales, dependientes tanto de la Administración General del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como de las empresas privadas. Capacidad de respuesta que ha
conseguido minimizar los daños, restablecer en un muy corto espacio de tiempo el normal funcionamiento de los servicios esenciales, e iniciar las tareas de recuperación, como muestra la aprobación por el Gobierno en una fecha tan temprana a estos
efectos como el 19 de enero, una primera declaración de zonas especialmente afectadas por una emergencia de protección civil para varias Comunidades Autónomas.
La capacidad de respuesta, basada en el funcionamiento coordinado de unos servicios de emergencia integrados por todas las Administraciones Públicas en lo que constituye el Sistema Nacional de Protección
Civil, ha propiciado que, pese a la excepcionalidad del episodio, se haya saldado con muchos menos daños y afectaciones que otros que se han sucedido en el pasado, de mucha menor intensidad, pero con una muy superior incidencia.
El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que acumula las experiencias y las aportaciones de todas las Administraciones Públicas adquiridas durante los más de treinta y cinco años transcurridos desde su primera ley, se
ha basado en una amplia actividad de planificación, en la anticipación, en el uso intensivo de tecnología, en una excepcional capacidad de movilización de recursos, y en un eficaz entrenamiento de sus intervientes, que aun perteneciendo a colectivos
diversos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los Servicios Técnicos de Protección Civil, los Centros de Coordinación de Emergencias, los dispositivos que aseguran la vialidad en la red de carreteras, los
servicios meteorológicos del Estado, las Brigadas de Incendios Forestales, trabajan coordinadamente bajo una cultura común de respuesta en situaciones de emergencia.
El esfuerzo que supone para los ciudadanos el mantenimiento de los servicios públicos a los que se encomienda su seguridad en las situaciones de emergencia, en la que toda la ciudadanía presenta una gran vulnerabilidad, y la confianza
depositada en los mismos para su actuación eficaz, requiere de un apoyo continuo y de un redimensionamiento permanente que permita su preparación para las amenazas, crecientes y cambiantes, a las que la evolución de la climatología, por un lado, y
la cada vez mayor dependencia de tecnologías de muy difícil control, se enfrenta una sociedad avanzada como es la española.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar intensificando la coordinación y la cooperación entre todas las Administraciones Territoriales en el seno del Sistema Nacional de Protección Civil, desarrollando completamente las previsiones de la Ley 17/2015, de 9 de julio,
así como implantar las medidas previstas en el Plan Estatal General de Emergencias, aprobado el 15 de diciembre de 2020.
2. Profundizar, en el marco de los órganos de cooperación correspondientes, en particular el Consejo Nacional de Protección Civil, en el análisis de la capacidad de respuesta de las diferentes Administraciones Territoriales, con el fin de
homogeneizar la capacidad de respuesta, prevención, planificación y recuperación de cada una de ellas.
3. Mejorar los sistemas de alerta y avisos a la población en situaciones de emergencia, mediante la utilización de las más modernas tecnologías disponibles.
4. Fomentar la resiliencia de la sociedad mediante la intensificación de las acciones de autoprotección y formación, de forma que se asocie al esfuerzo de las Administraciones Públicas en la prevención de las catástrofes la contribución del
conjunto de la ciudadanía y de las organizaciones en las que se integra.
5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales la más rápida actuación posible para la recuperación de los daños ocasionados por las emergencias, sobre la base de las competencias atribuidas a cada nivel territorial.
6. Incluir las acciones de mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia entre los indicadores básicos de desarrollo regional equilibrado para su consideración entre las acciones de recuperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Uxía Tizón Vázquez, Rafaela Crespín Rubio, Patxi López Álvarez, José Luis Aceves Galindo, Ariagona González Pérez, Esther Padilla Ruiz, Josefa Andrés Barea, Isaura Leal Fernández,
José Luis Ramos Rodríguez, Santos Cerdán León, José Losada Fernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Miguel Ángel González Caballero y Cristina López Zamora, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta de Galiza-Gobierno del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado martes 2 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica procedente del Parlamento de Galiza, para la transferencia de la titularidad y competencias de la
autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galiza. Propuesta que ya iniciara su tramitación en diciembre de 2018 pero que decayera en aquel momento debido a la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de las Elecciones Generales de 2019.
Deben tenerse en cuenta los antecedentes de esta iniciativa, que tiene su punto de partida en el mes de septiembre del 2015, en una Proposición de Ley Orgánica del BNG en el Parlamento de Galiza, propuesta que fue vetada por el Gobierno
español, presidido en aquel momento por Mariano Rajoy, aduciendo razones de falta de previsión presupuestaria para llevarla a cabo.
Posteriormente, a comienzos de la X Legislatura fue aprobada de nuevo por unanimidad en el Parlamento gallego esta Proposición de Ley Orgánica y nuevamente fue vetada en el 2'17 por el Gobierno estatal de Mariano Rajoy.
Como ya se ha mencionado, la propuesta fue una vez más aprobada por el Parlamento de Galiza en 2018 y aunque en esta ocasión superó el veto del Gobierno y se admitió a trámite, la convocatoria electoral volvió a paralizarla.
Así, nos encontramos ahora en la cuarta tentativa de aprobación de esta Proposición de Ley, que ya ha superado el primer paso de toma en consideración en el Congreso, pero restando todavía la lenta tramitación parlamentaria.
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, los cinco años de retraso en la aprobación de la iniciativa, así como el acuerdo casi unánime mostrado en el Pleno del Congreso para la tramitación de la propuesta, el BNG considera urgente
abrir la vía de la negociación directa entre el Gobierno español y la Xunta de Galiza para el estudio la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9, así como del resto de competencias pendientes de transmisión y sobre las
que ha manifestado acuerdo entre las fuerzas políticas del Parlamento gallego. Es decir, debe convocarse la Comisión Mixta de Trasferencias Estado-Xunta de Galiza.
Sin embargo, la convocatoria de la Comisión Mixta no debe obstaculizar otras líneas de actuación referidas a la AP-9, entre las que cabe señalar los acuerdos del Parlamento gallego para la mejora de la gestión de la concesión y acabar con
los abusos de la concesionaria, la efectivización cuanto antes del acuerdo impulsado por el BNG para la aplicación de bonificaciones que reduzcan sensiblemente el precio de los peajes y el estudio sobre el rescate de la concesión para lograr la
gratuidad de la autopista, acabando así con el agravio comparativo con otras infraestructuras de la misma época que ya son gratuitas o van a serlo en los próximos años.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar los contactos y negociaciones necesarias con la Xunta de Galiza para la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta de Galiza-Gobierno del Estado e impulsar
la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 así como del resto de competencias sobre las que existen ya acuerdos parlamentarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización de mascarillas para personas sordas entre los funcionarios
públicos para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
A causa de la pandemia se ha impuesto un uso obligatorio de la mascarilla en nuestro país, hecho que ha supuesto una barrera infranqueable para las personas con problemas de audición. En España hay un millón y medio de personas con
discapacidad auditiva, según el INE; algunas utilizan para su comunicación la lengua de signos, pero otras solo cuentan con el apoyo de la lectura de los labios para mantener la relación social.
Este colectivo ha visto mermadas, de manera muy considerable, todas sus posibilidades de comunicación. De este modo, las acciones más cotidianas son, actualmente para ellos, prácticamente imposibles de realizar sin ayuda. Incluso la
distancia de seguridad, indispensable para evitar el contagio del virus, es otra de las barreras con las que estas personas se están encontrando; una exclusión comunicativa que, una vez más, les aísla e impide interactuar, adecuadamente, con su
entorno y la sociedad en general.
El uso de mascarilla higiénica o quirúrgica común supone incrementar un obstáculo en la comunicación ya existente, disminuyendo de forma importante la intensidad de la señal auditiva e imposibilitando la lectura labial, distorsionando los
sonidos del habla y generando un incremento de pérdida de información.
Estas trabas consecuentemente, también se dan en la atención pública, de manera que en la interacción con los diferentes empleados públicos, la mascarilla oculta la cara, anula su comunicación a través del gesto y limita la expresión facial.
La educación es uno de los ámbitos en los que más se han visto afectadas las personas con problemas auditivos, y el acceso a la información o la realización de gestiones, en un momento de cambios drásticos, se ha convertido en otro gran reto,
también en el ámbito público.
Siendo conscientes, de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está trabajando en el diseño y fabricación de mascarillas certificadas semitransparentes en respuesta a la reivindicación del colectivo de personas sordas,
es importante remarcar la necesidad de asegurar que los espacios públicos sean plenamente accesibles e inclusivos para las personas que padecen pérdida de audición, espectro autista u otras patologías en las que necesitan distinguir las emociones
que reflejan al ver un rostro.
Es urgente lograr la igualdad de condiciones, que las personas sordas sean plenamente respetadas y que se piense en sus necesidades básicas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Mostrar el apoyo a iniciativas innovadoras españolas que están surgiendo en torno a la fabricación y comercialización de mascarillas con la boca visible, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad, de manera que permitan facilitar
la comunicación e interacción con las personas con discapacidad auditiva, para evitar que les impidan comprender las emociones.
Promover la utilización de dichas mascarillas certificadas, con las pertinentes condiciones de seguridad y prevención de contagios, entre los empleados públicos que atiendan al público presencialmente.
Realizar acciones informativas para ampliar la utilización de este tipo de mascarillas, una vez que obtengan las certificaciones oportunas, para que estas personas tengan las mismas oportunidades de comunicación que el resto de la
población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Uxía Tizón Vázquez, Rafaela Crespín Rubio, Patxi López Álvarez, José Luis Aceves Galindo, Ariagona González Pérez, Esther Padilla Ruiz, Josefa Andrés Barea, Isaura Leal Fernández,
José Luis Ramos Rodríguez, Santos Cerdán León, José Losada Fernández y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de
aplicar una moratoria a la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y, en consecuencia, mantener vigentes las actuales medidas de control de su población en los territorios al norte
del río Duero.
Exposición de motivos
Recientemente, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha propuesto la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), por lo
que en un inmediato futuro dejará de ser especie cinegética homogeneizando el estatus de protección de la especie a nivel nacional, equiparando las poblaciones al sur y norte del Duero.
Las Comunidades Autónomas en las que su sector ganadero sufre muy asiduamente el ataque de los lobos causando cuantiosas pérdidas, expresaron con su voto negativo en la citada Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
este cambio tan perjudicial para una actividad tradicional e imprescindible para contener la paulatina despoblación de nuestros pueblos. De hecho, los graves daños causados por el lobo son, desde hace años, la principal preocupación e inquietud de
los ganaderos cuyas numerosas denuncias y protestas han encontrado respaldo en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos de las zonas afectadas.
Un necesario y buen control poblacional del lobo ibérico, así como el refuerzo de su gestión mediante planes adecuados y actualizados es compatible con la actividad ganadera, pero desentenderse del importante problema que desde hace años
sufren los ganaderos de Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia -en cuyos territorios se concentra el 95% de esta especie-, tendrá efectos sobre la principal actividad que sostiene la economía de las zonas rurales y sus habitantes.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no puede ser ajeno a la incertidumbre y desesperación de los ganaderos que sufren el ataque del lobo en los territorios al norte del Duero, especie que, por otra parte,
presenta un estado de conservación favorable con manadas estables e incluso en aumento. En este sentido, no se han dado a conocer los estudios científicos que adviertan sobre la necesidad o conveniencia de considerar especie protegida al lobo en
los referidos territorios al norte del Duero.
Por lo expuesto, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar una moratoria a la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (LESPRE) y, en consecuencia, mantener vigentes las actuales medidas de control de su población en los territorios al norte del río Duero con objeto de:
- Acordar, junto con los gobiernos de las Comunidades Autónomas y representantes de los sectores ganaderos afectados por los ataques del lobo, fórmulas que permitan compatibilizar la conservación de la especie con el sostenimiento de la
actividad ganadera.
- Establecer criterios diáfanos para compensar económica, adecuada y ágilmente los daños causados por los ataques del lobo a la cabaña ganadera.
- Actualizar los censos de población del lobo ibérico mediante investigaciones acreditadas añadiendo los estudios científicos sobre sus áreas de actividad, patrones de comportamiento en zonas habitadas, etc.
- Desarrollar y dotar presupuestariamente el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural que tiene, entre otras finalidades, la
de evitar su despoblación, una de las grandes prioridades de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carlos García Ádanero, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002052
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Proposición no de Ley relativa al Acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de que por el Gobierno se informe a la Cámara sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales que se están realizando al acuerdo de
asociación entre la Unión europea y Mercosur procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Exposición de motivos
El 28 de junio de 2019, la Comisión Europea y el Mercado Común del Sur (en adelante Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, anunciaron un pacto político para la celebración de un acuerdo de asociación entre las dos
regiones (en adelante Acuerdo UE-Mercosur) (1).
El Acuerdo UE-Mercosur es un tratado de carácter mixto, integrado por tres pilares relativos a comercio, cooperación y diálogo político, que debe ser ratificado por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo (PE) y los parlamentos nacionales
antes de su entrada en vigor.
El pilar comercial (2) es uno de los más relevantes porque además es el único que contiene disposiciones de obligado cumplimiento por ambas partes.
El objetivo central del capítulo comercial es liberalizar el comercio entre ambos bloques. La reducción de los aranceles comerciales afectará, en caso de ponerse en marcha, al 91% de los productos intercambiados entre las dos regiones (3),
incluyendo la industria agraria, automovilística, química, farmacéutica, textil y el sector servicios, entre otros.
Diversos estudios científicos alertan sobre los graves peligros de la entrada en vigor de este acuerdo en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad alimentaria o el sector rural, tanto en los países del bloque
Mercosur como en los países europeos, incluida España. A continuación señalamos algunos impactos.
1. Profundización de la crisis climática y la deforestación en ecosistemas clave como la Amazonia.
La ratificación del Acuerdo UE-Mercosur se plantea, sin ningún tipo de debate público y en un momento clave en el que los países de la UE y el Gobierno de España se enfrentan al gran reto de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En esta línea, recientemente el Consejo Europeo ha aprobado aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 55% en 2030, en relación al nivel de 1990 (4). Por su parte, el Gobierno de España está en vías de
aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En este sentido, los impactos del Acuerdo UE-Mercosur pueden ir en detrimento de cualquier esfuerzo institucional para paliar el cambio climático, ya que la reducción de las emisiones en España y la UE no puede ser a costa de la
externalización de las mismas en países del Sur Global.
Un estudio de impacto ambiental independiente (5), encargado por el Gobierno francés, estima que la deforestación en los países del bloque Mercosur aumentará un 5% anual debido a la nueva demanda de productos en Europa, mientras que las
emisiones de GEI adicionales se incrementarían entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2.
- Incremento de la deforestación.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las importaciones de la UE de productos agrícolas y ganaderos vinculados a la deforestación en la Amazonia, El Cerrado o el Pantanal. Algunos de estos productos son la carne de vacuno para consumo humano, la
soja para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles (6).
Un estudio de la revista Nature (7), publicado en julio de 2020, estima que al menos entre el 17% y el 22% de las importaciones anuales de la UE de soja y carne bovina procedentes de Brasil están vinculadas a la deforestación ilegal en las
regiones de la Amazonia y el Cerrado.
Estos ecosistemas, clave en la regulación del ciclo del agua, el clima o la protección ante nuevas pandemias, ya están sometidos a fuertes presiones y registran tasas de deforestación e incendios muy elevadas. Según el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonia ha perdido 11.088 kilómetros cuadrados de árboles en el último año, una superficie equivalente a tres campos de fútbol cada minuto. Esto supone que la deforestación ha aumentado un 9,5% con respecto a
2019, la cifra más alta en los últimos 12 años (8). La sabana tropical de El Cerrado en Brasil o el bosque seco del Gran Chaco en Argentina y Paraguay, también se están destruyendo a una velocidad cada vez mayor.
- Incremento de las emisiones de GEI.
La entrada en vigor del Acuerdo favorecerá el aumento de las emisiones de GEI debido a diferentes causas. Por un lado, los cambios en el uso del suelo, esto es la conversión de bosques y otro tipo de vegetación en pastos para ganado y
monocultivos, juegan un papel crucial. Según el Observatorio do Clima de Brasil, la destrucción de la Amazonia es el principal factor responsable de emisiones de GEI en Brasil (9). A esto hay que sumar otros aspectos del Acuerdo, como el
fortalecimiento de industrias que contribuyen de forma importante al calentamiento global como la industria automovilística o la ganadería industrial, y el incremento del transporte entre ambas regiones. Según algunos estudios entre el 26% y 33%
(10) de las emisiones de GEI están ligadas a la producción para los mercados internacionales.
2. Seguridad alimentaria e impactos en la salud.
Este Acuerdo incentiva un modelo agroindustrial basado en la utilización de grandes cantidades de productos tóxicos que se vinculan a la contaminación de acuíferos, el deterioro del bienestar animal y los riesgos para la salud de la
población.
Los estándares sanitarios y fitosanitarios de la UE y los países del bloque Mercosur son muy diferentes. Por ejemplo, 149 de los pesticidas empleados en Brasil están prohibidos en la UE (11).
El Acuerdo UE-Mercosur busca facilitar el comercio y el reconocimiento de los estándares entre ambas regiones, lo que previsiblemente supondrá una aceptación por parte de la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias del bloque Mercosur.
Aunque la UE sostiene que se implementarán mecanismos de control, el propio texto del Acuerdo indica que la parte exportadora será responsable de regular estos mecanismos (12).
Por lo tanto, las personas consumidoras podrían quedar expuestas a sustancias nocivas para la salud, como la hormona de crecimiento ractopamina, permitida en Argentina y Brasil pero prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE (13).
3. Aumento de la agroindustria en detrimento de las explotaciones agrícolas familiares y la ganadería extensiva.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las grandes superficies agroindustriales a ambos lados del Atlántico en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas y de la ganadería extensiva.
Según el estudio de impacto sobre la sostenibilidad (SIA) del Acuerdo UE-Mercosur encargado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (14), todas las producciones agrarias europeas se verían negativamente afectadas por el
aumento de las importaciones desde Mercosur, siendo los sectores del azúcar y el de la carne de ganado bovino los que acumularían mayores pérdidas. En España, los productores de carne de vacuno (con una nueva cuota importación de 99.000 tn), aves
(cuota de 180.000 tn), azúcar (cuota de 190.000 tn), arroz (cuota de 60.00 tn) y miel (cuota de 45.000 tn) serían los más perjudicados (15).
Sindicatos como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncian que los bajos costes de producción y de exportación del bloque Mercosur, son en parte debidos a una menor exigencia ambiental y social (16). El Acuerdo podría afectar
negativamente a las poblaciones locales, generando trabajo no regulado y una pérdida significativa de empleos.
Los impactos anteriormente descritos son más graves si se tiene en cuenta la falta de mecanismos vinculantes con el medio ambiente, el clima y los derechos humanos.
A diferencia de las cláusulas comerciales del Acuerdo UE-Mercosur, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, en el que se recogen las condiciones de respeto a los compromisos internacionales en materia de clima, biodiversidad y
derechos humanos, carece de mecanismos ejecutables, exigibles y sancionadores que permitan proteger de forma efectiva estos puntos (17). El cumplimiento de estas disposiciones se deja en manos de empresas y Estados, por lo que la supuesta
condicionalidad climática recogida en el Acuerdo UE-Mercosur carece de eficacia jurídica real.
A día de hoy, Austria, Holanda y la región belga de Valonia han aprobado mociones parlamentarias para rechazar la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur. Otros países, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Francia, han expresado de forma
pública su oposición a la entrada en vigor del Acuerdo. Además, durante la revisión del informe de la 'Aplicación de la política comercial común' el pasado 6 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para no ratificar el Acuerdo
UE-Mercosur en su estado actual (18). A diferencia de estos países, el Estado español no ha mostrado ningún posicionamiento al respecto en lo que va de año, si bien siempre se ha mostrado favorable y ha sido un claro promotor del acuerdo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur tras alcanzar un acuerdo de principio el 28 de junio de 2019.
2. Realizar un estudio independiente de impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del Tratado de Asociación UE-Mercosur en la agricultura y la ganadería, otros sectores económicos, la seguridad alimentaria, el medio
ambiente y el bienestar animal en España.
3. Evaluar, a la luz del estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno francés a una comisión independiente, la coherencia del acuerdo UE-Mercosur con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los compromisos
climáticos y medioambientales del Estado español y de la Unión Europea, así como con los objetivos del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019.
4. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur.
5. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, en el caso de que las anteriores disposiciones no se cumplan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el cierre de la central térmica de As Pontes, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 19 de enero, Endesa anunciaba públicamente de forma sorpresiva su decisión de acometer el cierre definitivo de la central térmica de As Pontes. La clausura precipitada de las instalaciones se justificaba en los datos desfavorables
aportados de forma unilateral por la empresa y sin control público, que tras la realización de diferentes pruebas sobre la posibilidad de mantener la planta en funcionamiento con biocombustible en lugar de carbón, aducía en su informe 'la
inviabilidad ambiental, técnica y económica de la central'.
En el anuncio realizado se evidenciaba de forma clara su falta de interés en posibles alternativas para mantener la planta abierta. La hoja de ruta de ENDESA ha quedado patente: su objetivo es cerrar la planta cuanto antes y conseguir la
concesión de megavatios eólicos. Confirma esta idea el hecho de que, pocos días después de hacer público su informe y el cierre inminente de la central, anunciaba su intención de impulsar una macroplanta de hidrógeno verde en As Pontes, eso sí,
condicionada a la obtención de fondos públicos, y con la clara intención de iniciar una operación de substitución de una tecnología por otra, pero sin asumir sus responsabilidades con el territorio y sin asumir tampoco su responsabilidad empresarial
en el negocio, en un claro chantaje a las Administraciones Públicas, que deben reaccionar.
Para el BNG la solución está clara: mientras As Pontes no tenga un plan alternativo de desarrollo, con proyectos, fechas e inversiones concretas que garantice el empleo actual y futuro, promovido por las Administraciones Públicas y con
aportaciones muy importantes por parte de Endesa, el Ministerio y la Xunta de Galiza, que tienen las competencias para ello, no pueden otorgarles favores a Endesa en forma de megavatios, eólicos o de evacuación.
Múltiples iniciativas sindicales, sociales y políticas demandan que la inevitable descarbonización no acabe siendo una nueva reconversión forzada y dramática sin alternativa para el sector industrial de Galiza. Sin embargo, la actitud de
los gobiernos gallego y español ha estado más encaminada a defender sus propias agendas partidarias que los intereses de Galiza, como demuestra la falta de interés y la lentitud en la constitución de foros de trabajo adecuados, el reparto de
acusaciones y la falta de compromisos en firme para buscar una solución. A todo ello hay que sumar la irrupción de la crisis sanitaria del coronavirus que, como es lógico, también ha tenido una influencia negativa.
Debe recordarse además, que el cierre de la central de As Pontes afectará al desarrollo de toda la comarca, pues provocará el cierre de la mayor parte de empresas auxiliares que dependían de la térmica como proveedores o desempeñando
actividades de mantenimiento o logística. Todas estas empresas necesitan también una garantía para poder mantener su actividad una vez se pare la planta.
Esta situación necesita de una intervención urgente por parte de los poderes públicos involucrados. Así es necesaria la implicación de la Xunta de Galiza, pero también la actuación decidida del Gobierno del Estado que tiene las competencias
directas para las autorizaciones de cierre, para la implantación y promoción de un Plan de Transición Justa y sobre las concesiones de megavatios futuras, que pueden condicionarse al cumplimiento de los compromisos sociales y económicos que la
empresa debe asumir.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Retrasar todo lo posible el expediente de cierre mientras no se llegue a un acuerdo en el marco de la Mesa para la Transición Justa de As Pontes que garantice la continuidad del empleo, tanto en la planta principal como en las empresas
auxiliares, contemplando proyectos de futuro concretos y valorados económicamente.
2. Convocar de forma urgente subastas específicas para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, tal y como permite el marco legal para una transición justa
acogiéndose al Marco Estratégico de Energía y Clima.
3. Convocar procedimientos de adjudicación de capacidad de acceso de evacuación en los nudos de transición justa de Meirama (550MW) y As Pontes (1400 MW) en los que sea de aplicación requisitos técnicos, económicos, ambientales y sociales
que contemplen la inclusión de la propuesta y ejecución de proyectos industriales asociados, contemplando las alegaciones remitidas desde Galiza.
4. Desarrollar las medidas oportunas para excluir del punto anterior, así como de la obtención de nuevos fondos de reactivación económica que se van a recibir debido a la situación generada por la pandemia, a aquellas empresas que están en
proceso de cierre de instalaciones mientras no se logre una solución laboral e industrial justa.
5. Realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para incluir una partida específica para la Transición energética y la colaboración económica con las necesidades de los acuerdos a los que se llegue en la Mesa de As Pontes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al compostaje doméstico y comunitario, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según la Directiva de Residuos europea, los estados miembros deben adoptar medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje de los mismos.
Por su parte, la Estrategia de Economía Circular de la Unión Europea persigue el mantenimiento del valor de un producto, los materiales y los recursos, durante el mayor tiempo posible. Es decir, se trata de extraer el máximo valor y uso a
las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Así la economía de la UE será más competitiva y sostenible. En materia de residuos, la Unión Europea insiste en
la necesidad de redoblar los esfuerzos para respaldar a los Estados miembros en su gestión.
La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor
tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia establece unas orientaciones estratégicas y marca una serie de objetivos cuantitativos
a alcanzar para el año 2030, entre los cuales figuran:
- Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.
- Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.
Esta Estrategia hace referencia a la importancia de la reducción de emisiones a través de la promoción del compostaje doméstico o comunitario, la recogida separada de biorresiduo con destino compostaje, la reducción del desperdicio
alimentario, etc.
El uso del compostaje permite eliminar y reciclar de una forma segura muchos tipos de residuos orgánicos biodegradables en insumos para la producción agrícola, evitando así problemas de contaminación ambiental que desencadenaría su abandono
o vertido. Además, permite dar un segundo uso a la materia orgánica, recuperándola y reciclándola; reduce la cantidad de residuos sólidos urbanos que se destinan a vertederos y plantas de tratamiento, evitando así problemas de contaminación de
suelos o la emisión de gases nocivos a la atmósfera. Con su uso, se favorece la productividad de la tierra sin necesidad de aplicar otros productos químicos de síntesis, por lo que produce una serie de efectos de repercusión agro-biológica muy
favorables.
En la actualidad, se encuentra en fase de anteproyecto la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Esta es una buena oportunidad para impulsar la recogida selectiva de residuos y el compostaje.
Estas políticas se corresponden con competencias de ámbito local y presentan en nuestro país cierto retraso, así como una profunda desigualdad de desarrollo en los territorios.
En España, la administración local fue especialmente golpeada por la anterior crisis económica mundial. Las limitaciones para el endeudamiento en proyectos de inversiones con períodos de amortización mayores al año, comprometieron en gran
medida la actuación de aquellos ayuntamientos con menor presupuesto.
Todo ello ha incrementado la brecha entre los municipios en función de factores como su tamaño y su renta, lo cual repercute en la posibilidad de desarrollar políticas de gestión de residuos acordes con la Estrategia de Economía Circular y,
en concreto, proyectos de compostaje.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias, a impulsar medidas encaminadas a apoyar proyectos locales, alineados con la Estrategia
Española de Economía Circular, destinados a la promoción del compostaje doméstico y comunitario, con especial atención a los municipios de menos de 50.000 habitantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez y Germán Renau Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002064
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre protección de la actividad agrícola frente a los efectos del cambio climático.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 1, 4 y 6 se llevarían a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para protección de la actividad agrícola frente
a los efectos del cambio climático, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado año 2020 marcó de nuevo un récord histórico en materia climática, igualando a 2016 como el año que registró unas temperaturas más altas desde que hay registros. No en vano, 19 de los años más cálidos desde que hay registros han
ocurrido en los últimos 20 años -la excepción es 1998. Según los datos de la NASA, que realiza un seguimiento del aumento de temperaturas a nivel global, 1998 alcanzó temperaturas 0,61 ºC más altas que la media. 2020 ya ha superado el 1 ºC.
Además, este tipo de cambios afectan a los patrones meteorológicos en todo el mundo, con consecuencias devastadoras para España. Por ejemplo, la borrasca Filomena que afectó a gran parte de la Península Ibérica el pasado mes de enero venía
derivada de la ruptura del vórtice polar que contenía vientos fríos en el Polo Norte. Esta ruptura fue causada por el aumento de temperaturas en esta latitud, pero tuvo un efecto directo en nuestro país, suponiendo pérdidas de en torno a 21
millones de euros en el campo madrileño, según las estimaciones de ASAJA, y de hasta 46 millones de euros según la propia Comunidad de Madrid. Las peritaciones posteriores al temporal en el campo, tanto por destrucción de cultivos o instalaciones
como por daños en reses, hacen elevar estas estimaciones hasta los 70 millones de euros en toda España.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya registramos una proposición no de ley que tenía como objeto la introducción de medidas para paliar el impacto negativo de la borrasca Filomena en la actividad agraria. Sin embargo, Filomena es
simplemente un ejemplo de los riesgos a los que se enfrenta el campo español debido a los efectos del cambio climático. Nuevas y destructivas borrascas, olas de calor, sequías y escenarios de presión hídrica extrema se suman a los retos
estructurales que la producción agrícola y ganadera tiene que enfrentar en España. Pese a ello, el debate climático se centra principalmente en medidas de mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y generalmente se olvida
de la necesidad de adaptación de nuestra sociedad y de nuestra economía, especialmente aquellos sectores que dependen de forma más directa de su medio natural. Es más, incluso consiguiendo cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de
París de limitar el aumento de temperatura global a 1,5ºC a final de siglo, dicho aumento tendrá consecuencias devastadoras para muchos sectores económicos, incluidas la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería.
El Gobierno de España entiende la relación entre cambio climático y el campo español como una dicotomía en la que la producción agrícola o ganadera deben sacrificarse en aras de la transición ecológica. Sin embargo, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos estamos convencidos de lo contrario: la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería ofrecen una oportunidad para recuperar el medio natural y para protegerlo de forma compatible con la explotación sostenible.
Además, los agricultores,
pescadores, silvicultores y ganaderos españoles son la primera línea de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, y por ello son los principales actores que pueden aumentar nuestra capacidad de adaptación a esa transformación
del medio natural al tiempo que aseguramos su sostenibilidad también en términos económicos y de recursos humanos. Una prueba de que los sectores mencionados son parte esencial de la solución es que la agricultura y ganadería europea representa el
1% de las emisiones mundiales de efecto invernadero, siendo un sector que ha conseguido reducir las emisiones de CO2 y de nitrato un 20% y 18% respectivamente desde 1990 y el consumo de antibióticos un 20% entre 2011 y 2016.
En particular, las funciones ecosistémicas y las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen una oportunidad para aprovechar este potencial. La agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería resultan afectadas por todos los tipos de
servicios ecosistémicos y, a su vez, influyen en ellos. Por ejemplo, la reforestación que supone una oportunidad para la silvicultura permite también una mejor conservación de la biodiversidad endémica, una nueva fuente natural de absorción de
emisiones de gases de efecto invernadero e, incluso, una forma de mitigar la erosión del suelo, evitando posibles desastres naturales como los corrimientos de tierras. La ganadería, a su vez, puede tener importantes beneficios a la hora de
recuperar las propiedades del suelo y preservar su fertilidad, lo que favorece también la conservación de biodiversidad y permite una mayor productividad agrícola. Otro ejemplo es el fomento la agricultura ecológica, que reduce la utilización de
sustancias activas (pesticidas y otros productos químicos) mejorando la calidad de los suelos. Además, este tipo de iniciativas encajan a la perfección con los objetivos del Pacto Verde Europeo, entre los cuales está el 25% de superficie de
agricultura ecológica de la Unión Europea.
En definitiva, estas prácticas que combinan el desarrollo económico del sector primario y un reconocimiento a sus externalidades positivas han ganado tracción a nivel global, con iniciativas como el Estándar Global para Soluciones Basadas en
la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza de la Fundación Conama o la posición de los agricultores y cooperativas agrarias
europeas agrupados en torno a COPA-COGECA reflejada en su campaña Farmers ClimAct.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Detallar en un informe que se remitirá a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados las iniciativas específicas y su presupuesto asignado que el Gobierno
de España esté impulsando para mejorar la adaptación de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería a los efectos del cambio climático en el seno del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.
2. Establecer un grupo de trabajo específico en el seno del Consejo Agrario que lleve a cabo una recopilación de necesidades, fortalezas y debilidades del sector agropecuario español en lo relativo a su adaptación al cambio climático y a la
implantación de soluciones basadas en la naturaleza en el sector primario.
3. Revisar el sistema de incentivos a externalidades positivas de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería, para asegurar que los profesionales del sector reciban compensaciones acordes con sus esfuerzos realizados en
materia de mitigación y adaptación al cambio climático, siempre en línea de lo establecido en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y en los objetivos del Pacto Verde Europeo.
4. Elaborar un informe técnico que evalúe el impacto del futuro Plan Estratégico Nacional PAC en el medio ambiente y en la preparación de la actividad agraria frente a los efectos del cambio climático, lo que permitiría una mejor evaluación
de vulnerabilidades y de opciones para mejorar la adaptación del sector primario a estos impactos, y remitirlo a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
5. Establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias, un programa específico de proyectos piloto para aplicar soluciones basadas en la naturaleza a la producción agrícola, la pesca, la silvicultura y la
ganadería que, a su vez, refuercen la capacidad de estos sectores de adaptarse a los efectos más devastadores del cambio climático.
6. Realizar, en un plazo máximo de 18 meses, una evaluación del progreso realizado en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para la adaptación de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería y
remitir los resultados de dicha evaluación a las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la presencia exclusiva de las federaciones deportivas
españolas en competiciones oficiales internacionales, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El 30 de diciembre de 2019, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hacían público el acuerdo por el cual la formación nacionalistas se comprometía a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez
como Presidente del Gobierno de España. Entre los 13 puntos acordados entre ambas formaciones, estaba uno por el cual el PSOE se comprometía 'a abrir los cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y
cultural'.
El 6 de febrero de 2020, el Gobierno de España, en respuesta a una pregunta para la que se solicitaba respuesta por escrito, confirmaba que el Gobierno de España seguía manteniendo vigente 'el compromiso de abrir cauces para promover la
representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural'. De igual modo, el Gobierno de España afirmaba que para dar cumplimiento al acuerdo, se explorarían las herramientas que posibiliten el cumplimiento del objetivo, con
seguridad jurídica, y en coordinación y colaboración con los agentes implicados.
Posteriormente, el 18 de noviembre de este mismo año, la Federación Vasca de Fútbol anunciaba un preacuerdo con el Gobierno de España para que el País Vasco jugase torneos oficiales a través del presidente de la citada Federación en una
entrevista en Radio Euskadi, tras el encuentro que enfrentó a la selección de esta comunidad autónoma con Costa Rica. Horas más tarde, el propio presidente de la Federación Vasca de Fútbol rectificó y anunció que 'la expresión utilizada había sido
un error'.
Este no es el primer intento de los partidos nacionalistas e independentistas de politizar el deporte para sus fines divisivos. En concreto, la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas difundió un vídeo en el año 2006 en el que
promocionó el partido de fútbol entre Cataluña y el País Vasco bajo el spot 'Una nació, una selecció'. A su vez, en el vídeo elaborado para anunciar este evento deportivo aparecía un niño vestido con la camiseta de 'la Roja', en clara alusión a la
Selección Española de Fútbol, en el que se dirigía a otro menor afirmando que solo se podía jugar a fútbol con su camiseta. Son solo algunos ejemplos de cómo el separatismo intenta romper también con la unidad en torno a nuestras selecciones
nacionales para impulsar selecciones autonómicas que aspiran a que compitan en torneos oficiales.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos defendemos que el Gobierno de España no puede seguir prestándose a cumplir estas demandas de formaciones políticas cuyo único objetivo es divulgar la imagen de unos supuestos Estados independientes
entre los ciudadanos de sus respectivas comunidades autónomas intentando al mismo tiempo ignorar que las selecciones oficiales son las que representan al conjunto de la ciudadanía española.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a garantizar la presencia exclusiva de las federaciones deportivas españolas en competiciones oficiales internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Cultura y Deporte una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar las reformas necesarias para evitar cualquier condena de artistas y creadores por motivos que atenten a la libertad de expresión.
Exposición de motivos
FREEMUSE, la organización internacional que defiende la libertad de expresión artística y que asesora a la ONU en esta materia. En su último informe relativo al año 2019, constata que en 2019 se conocía la existencia de setenta y un
artistas encarcelados por motivos relacionados con la libertad de expresión en dieciséis países. Entre estos países se encuentra el estado español conjuntamente con dictaduras como la China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, así como en estados con
democracias formales, pero alejadas de los modelos occidentales, como Turquía o Rusia.
En este contexto, el estado español, miembro de la Unión Europea, es ser el estado con más artistas en la prisión por motivos relacionados con la libertad de expresión, concretamente diecisiete.
En 2017, Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, hubo de exiliarse en Bélgica para evitar la condena a prisión dictada por la Audiencia Nacional. El motivo de la condena era que, según la visión del tribunal, las letras de sus
canciones constituían enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona española. Una de las letras manifestaba que el rey Juan Carlos recibía comisiones por la venda de armas a Arabia Saudí. Actualmente, el rey emérito está siendo investigado
por la justicia suiza acerca del cobro de comisiones del tren de alta velocidad a la Meca y a resultas de esta, la fiscalía española ha abierto una investigación.
Esta semana el cantante Pablo Hasel será detenido por la policía para que cumpla una pena de prisión dictada por la misma Audiencia Nacional porque según su entender las letras de sus canciones enaltecen el terrorismo e injurian a la corona
española. Entre estas letras se encuentra: 'Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios'.
Más de doscientos artistas han apoyado un manifiesto con el lema 'Sin libertad de expresión no hay democracia' en el que 'se exige la libertad para Pablo Hasel así como que se expulse del código penal este tipo de delitos que no hacen sino
cercenar el derecho, no solo de la libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística'. Entre los firmantes se encuentra Joan Manuel Serrat, Paco León, Luis Tosar, Willy Toledo, Melani Olivares, Isamel Serrano, Alba Flores o Fermín
Muguruza.
Una quincena de países de las Naciones Unidas han pedido en un último informe al gobierno español que revise las leyes relativas a los delitos de injurias a la corona, como recomendó expresamente Canadá.
En el mismo sentido se han expresado el Tribunal Europeo de los Derechos humanos (TEDH) y Amnistía internacional. En el caso del TEDH, ha hecho varios toques de atención al estado español cuestionando que esto pueda ser delito debido a que
un personaje público tiene que poder recibir un margen más amplio de críticas.
Ha pasado más de un año de la constitución del autodenominado 'el gobierno más progresista de la historia' y más de dos años y medio desde que el PSOE está gobernando y no se ha presentado ningún proyecto de ley para reformar el código penal
para garantizar la libertad de expresión.
Por todo ello, los diputados del Partit Demòcrata (PDeCAT) presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar inmediatamente las medidas necesarias con el fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión a todas las personas y, en particular la libertad de creación y expresión en
todas las actividades culturales y artísticas.
En este contexto, procederá a adoptar las decisiones que correspondan con el fin de evitar que haya un solo artista encarcelado a causa de delitos derivados de condenas vinculadas a la libertad de expresión cultural o artística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Ferran Bel Accensi, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la participación de las selecciones deportivas gallegas en competiciones oficiales, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Las distintas selecciones deportivas gallegas llevan muchos años representando a Galiza tanto dentro como fuera del Estado español. Un ejemplo es el primer partido de la selección gallega de fútbol que se celebró hace ya casi cien años, en
1922. Así mismo, podemos recordar las olimpiadas populares de Barcelona en 1936 en la que Galiza era una de las naciones invitadas a participar entre otros muchos países de todo el mundo, pero que no llegó a celebrarse por el golpe de Estado
franquista de ese mismo año.
Además de estos ejemplos del pasado, hoy en día Galiza cuenta con deportistas del más alto nivel que compiten y logran premios a nivel estatal e internacional en todas las disciplinas deportivas. Además, en casos como el del fútbol gaélico,
cuenta con su propia selección que lo representa en campeonatos europeos y mundiales, consiguiendo importantes galardones.
Por estas razones, y ya que contamos con deportistas profesionales, con las instalaciones y con la voluntad de ser representados y representadas como pueblo, no entendemos cómo es posible que el Gobierno siga poniendo trabas a que las
selecciones gallegas puedan competir oficialmente en los campeonatos europeos y mundiales, del mismo modo en que lo hacen ya otras naciones sin Estado como Escocia, Gales, los Territorios de Ultramar o Gibraltar. Hay 49 naciones sin Estado que
tiene una o más selecciones que compiten, por lo tanto, no hay impedimento legal en el concierto internacional para lograrlo. Ni la legislación española, ni la europea ni la internacional prohíben la oficialidad internacional de las selecciones
deportivas de las naciones sin Estado. No existe, en efecto, norma imperativa alguna que prohíba o imposibilite la proyección y dimensión internacional oficial de las federaciones deportivas gallegas.
Dado que las federaciones deportivas tienen una naturaleza jurídico-privada, la integración de una federación nacional en la misma sería perfectamente posible si las reglas de admisión de esa federación internacional permiten la integración
de federaciones de naciones sin Estado y si se cumplen el resto de requisitos que exija.
La propia Constitución española, en su artículo 148.1.19, así como el Estatuto de Autonomía en su artículo 27, establecen que Galiza tiene las competencias exclusivas en materia de deporte. Pese a que ambas normas dejan claro el título
competencial, el TC extralimitándose claramente en sus funciones y actuando como un verdadero legislador, inventó un título competencial según el cual, en base al interés general y a una supuesta necesidad de representación unitaria que no aparece
recogida en norma alguna, consideró necesario el 'permiso' de la federación española.
Esta sentencia ha supuesto que las federaciones nacionales del Estado español podrían participar en el ámbito internacional en tres supuestos: competiciones no oficiales, competiciones oficiales en las que no exista una federación española
constituida y competiciones oficiales en las que se cuente con la autorización del Consejo Superior de Deportes.
Resulta evidente que las razones para negar la posibilidad de competir a nivel internacional a las selecciones gallegas y al resto de selecciones nacionales del Estado español, no son jurídicas, sino políticas, un intento de potenciar
únicamente a la selección estatal.
Dado que no existen impedimentos jurídicos internacionales que lo impidan, pues como ya hemos mencionado otras naciones sin estado ya compiten a nivel internacional, y dado que los únicos impedimentos para que Galiza alcance ese
reconocimiento son de carácter político, es necesario que el Gobierno español, reconociendo la realidad plurinacional del Estado, cambie su política y facilite la participación internacional de las selecciones gallegas y del resto de selecciones
nacionales que así lo deseen.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a impulsar el reconocimiento oficial de las selecciones gallegas con el objetivo de que estas puedan participar en todas las competiciones internacionales de todas las disciplinas
deportivas.
Dotar a las federaciones deportivas gallegas de los medios y soportes jurídicos necesarios para que estas puedan solicitar su reconocimiento internacional de manera oficial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reprobación del Ministro de Consumo por sus
declaraciones sobre las mascarillas FFP2, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de gran magnitud sobre el sistema sanitario español. No sólo se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y con una tasa de mortalidad relativamente alta, sino que también deja
unas secuelas cardiovasculares que exigen un nivel de seguimiento muy concienzudo. No en vano, los efectos de la pandemia en nuestro país se han cobrado ya en torno a 120.000 personas, según los datos de exceso de mortalidad de los servicios
funerarios.
La falta de previsión del Gobierno, así como sus intereses partidistas, hicieron que la toma de medidas fuera tardía y dubitativa, lo que conllevó costes humanos y económicos inasumibles y evitables si se hubieran tomado medidas cuando
instaron a ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, desde el Gobierno se disuadió a los españoles de que utilizaran mascarilla
argumentando que era innecesario, cuando la razón real es que el Gobierno no contaba con suministro adecuado ni para el personal sanitario ni para la población general.
El pasado mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Sr Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como 'egoístas', y por tanto desincentivando su uso. Sin embargo, se ha probado
que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas sólo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en
varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Son, además, las más recomendables para su uso
en interiores poco ventilados si por cuestiones de fuerza mayor nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio.
Es más, varios gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas
mascarillas. En España, el Gobierno ni siquiera incluyó estas mascarillas, más caras, en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que el Gobierno está obligando a una familia española de
cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección. Desde el GP Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de
COVID-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial.
Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación
contraria. Así pues, el Ministro de Consumo declaró públicamente que 'no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite' que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el COVID-19. En definitiva, una vez más el
negacionismo y la irresponsabilidad del Gobierno puede conllevar importantes costes en términos económicos, pero, y sobre todo, en vidas humanas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Ministro de Consumo, el Sr. D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, e insta al Presidente del Gobierno a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la evidencia científica sobre
el uso de las mascarillas FFP2 como protección frente al COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las diferentes especialidades de la
fisioterapia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Gobierno de España anunció que elaboraría un proyecto de Real Decreto para regular la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, que actualizaría el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. Este proyecto es, por tanto, una oportunidad para la creación, revisión y modificación de
los títulos de especialista.
En el caso de la fisioterapia, como otras profesiones sanitarias, la pandemia de COVID-19 ha hecho aún más evidente la necesidad de reforzar la profesionalización de esta disciplina. El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España ha recordado en varias ocasiones que la fisioterapia se ha probado como un elemento clave en el tratamiento y recuperación de pacientes tanto en el ámbito respiratorio como en el de cuidados críticos, urgencias o medicina interna. Por ello,
los profesionales de la fisioterapia han reclamado la posibilidad de contar con especialidades que les permitan acreditar sus conocimientos específicos en áreas tan relevantes para el bienestar y la asistencia sanitaria. Actualmente, el Real
Decreto 183/2008 no contempla la fisioterapia.
Es muy importante para los profesionales sanitarios especializarse en un campo de su profesión sanitaria determinada para poder conocer de forma más completa las patologías de esa rama, sus síntomas y sus tratamientos. De esta forma, se
pueden abordar mejor las dolencias y los retos que
presentan, mejorando a su vez el trato a los pacientes y sus posibilidades de recuperación, con los beneficios que esto conlleva para la salud y el bienestar.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en el proyecto de actualización del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada las especialidades de la fisioterapia.
2. Contar con las Comunidades Autónomas y las asociaciones y colegios profesionales de los profesionales de esta rama a la hora de llevar a cabo la inclusión de las especialidades de fisioterapia en dicha actualización.
3. Establecer un proceso de selección y especialización para los profesionales fisioterapeutas similar al que establecen el MIR para los profesionales médicos o el MIR para los profesionales de enfermería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para seguir fomentando la incorporación de la perspectiva de género en
la política pública sanitaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La salud de las mujeres y las niñas debe ser una prioridad política para cualquier Estado. El bienestar físico, psicológico y social de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, es una cuestión de salud pública. La salud de
las mujeres y las niñas está condicionada por la biología relacionada con el sexo, pero también por los determinantes sociales y culturales patriarcales, el género, que determinan un desenlace desigual en el bienestar entre mujeres y hombres.
Según datos de la OMS, las mujeres somos más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74,2 años para las mujeres y de 69,8 años para los varones. Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las
mujeres, que utilizan los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva. Las siguientes evidencias sanitarias que publica la Organización Mundial de La salud ponen de manifiesto la necesidad de incorporar la
perspectiva de género a las políticas públicas sanitarias:
- 'Las enfermedades no transmisibles, que siguen siendo la principal causa de muerte en el sexo femenino, causaron 18,9 millones de defunciones de mujeres en 2015.
- Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres. Por lo que respecta al cáncer, el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes, y el carcinoma pulmonar, es la principal
causa de defunción.
- La depresión es más común en las mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%) [1]. En el caso de la depresión unipolar, es dos veces más frecuente.
- Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida, y fueron la segunda causa de defunción entre las mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015.
- Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida.
- Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, y las violaciones
y demás formas de violencia en contextos bélicos.
- Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.
- La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también mujeres, especialmente las jóvenes de 15 a 24 años.
- En los hogares y las comunidades, las mujeres son, sobre todo, quienes se ocupan de procurar cuidados a otras personas.
- El 70% del personal sociosanitario mundial es femenino'.
El informe Salud y Género publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2005 fue el primer estudio en esta materia publicado por el Ministerio de Sanidad en España. En su conclusión final primera describía que 'Los procesos y
resultados de salud y enfermedad, y de su atención desde los servicios de salud, son en gran medida distintos en mujeres y hombres. Estas diferencias, cuando son injustas y evitables, se convierten en desigualdades. La mayoría de ellas no se
pueden explicar por las diferencias ligadas al sexo biológico, sino que se relacionan con los roles y estereotipos de género.' Los datos contenidos en el informe avalan esta afirmación.
El informe 'Salud y género' se publicó hasta 2009 y en todas las ediciones se concluye que la perspectiva de género es imprescindible en la política pública sanitaria.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su articulado introduce la integración del principio de igualdad en la política de salud. En su artículo 27 punto 2 dictamina que 'Las
Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus
diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros'.
El Consejo de Ministros y Ministras de un Gobierno socialista acordó el 1 de marzo de 2019 crear el Observatorio de Salud de las Mujeres. Este observatorio fue impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad con la pretensión de que el Estado se dotase de un mecanismo que permitiese fortalecer el enfoque de género en las políticas sanitarias y así promocionar una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres también en el ámbito de la salud.
El Observatorio en este momento está adscrito al Ministerio de Sanidad y tiene como objeto asesorar y analizar 'las políticas de salud y proponer acciones para reducir las desigualdades de género en este ámbito, a través del conocimiento y
comprensión de la salud de las mujeres y de los hombres, de sus problemas y de sus necesidades, para la mejora del funcionamiento del sistema sanitario y de la salud y calidad de vida de los ciudadanos', tal y como se describe en el texto del BOE
que recoge su aprobación. Entre las funciones del Observatorio están la de promover la de difundir la información para mejorar el conocimiento acerca de las causas y dimensiones de las desigualdades de género en la salud, dar soporte al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el desarrollo de los indicadores, la metodología y los procedimientos que permitan el análisis de género de las políticas sanitarias del SNS; así como colaborar con la Comisión contra la violencia
de género del CISNS.
Desde su puesta en marcha en el año 2019 se han realizado diversas jornadas como la 'Jornada de Salud y Género siglo XXI, el 5 de marzo de 2019' o la Jornada Género, Salud y Cambio Climático celebradas el 10 diciembre 2019. También desde el
Observatorio se ha impulsado el Plan Operativo de Salud Sexual 2019-2020.
La sanidad pública española tiene que aspirar a dar una respuesta igualitaria teniendo en cuenta que el impacto de la misma difiere si las destinatarias son las mujeres.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retomar la publicación anual de informes de salud y género, con el fin de seguir analizando el impacto de género de las políticas públicas en materia de salud.
2. Seguir impulsando las funciones del Observatorio de Salud de las mujeres para cumplir con el objetivo de asesorar y analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las desigualdades de género en este ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Carmen Andrés Añón, Ana Prieto Nieto, Marisol Sánchez Jódar, José Ramón Ortega Domínguez, Julio Navalpotro Gómez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Elvira Ramón Utrabo, Sandra Guaita Esteruelas, Andrea Fernández Benítez, Daniel Vicenta Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de exención total del IVA a las
mascarillas FFP2 y FFP3, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Desde el 14 de marzo en que se declaró el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19 en España, se han contagiado en España 3.005.487 personas y el exceso de mortalidad se acerca a las 90.000 personas según el número de fallecidos
registrados por el INE.
Las medias recomendadas por científicos, expertos y autoridades para prevenir la cadena de contagios son: la higiene personal, el uso de mascarillas y el distanciamiento interpersonal. Consideramos probado que fue un grave error del
Gobierno no establecer como obligatorio del uso de las mascarillas desde el 14 de marzo, motivado sin duda, por su falta de previsión en la adquisición y puesta a disposición de los ciudadanos de mascarillas, en número y a precio asequible, lo que
generó desprotección a millones de personas. Durante la primera ola de la pandemia las afirmaciones acientíficas y las recomendaciones del Gobierno sobre el uso de mascarillas han sido erráticas, contradictorias y tardías, siempre por detrás del
virus, y su uso sólo fue obligatorio desde el 20 de mayo de 2020.
El uso obligatorio de las mascarillas para 45 millones de españoles ha supuesto un notable incremento en el gasto de las familias españolas que se ha estimado entre 75 y 150 euros al mes. Tras él clamor popular por el gasto excesivo en
mascarillas de los consumidores y las exigencias de la oposición, el gobierno redujo el IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21 al 4%, mantenido el IVA al 21% en las mascarillas FFP2 y FFP3, lo que supone un incremento de gasto en concepto de IVA
de 800 millones de euros a todas las familias españolas.
El Partido Popular viene reclamando desde el 16 de abril de 2020, a través de Proposiciones no de Ley, la reducción del precio de las mascarillas y el IVA a tipo cero para todos los tipos de mascarillas autorizadas y recomendadas por el
Ministerio de Sanidad, así como, que fueran gratuitas para colectivos vulnerables.
En las últimas semanas y ante al avance de la cepa británica del coronavirus, más contagiosa, algunos países de la Unión Europea, como Francia, Alemania y Austria, han actualizado sus protocolos sobre las recomendaciones de venta de las
mascarillas, haciendo obligatorio o recomendando las de capacidad de filtrado de partículas en suspensión igual o superior al 90% y consideran protectoras las quirúrgicas tipo las FFP2 y FFP3.
En España el director del Centro de Coordinación y de Alertas y Emergencias Sanitarias ha declarado que el Ministerio de Sanidad no descarta 'hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en algunas circunstancias concretas', algunas
comunidades autónomas han pedido el uso obligatorio de mascarillas FFP2 y FFP3 en ambientes interiores y transporte público y el Consejo General de Enfermería 'recomienda utilizar mascarillas FFP2 en lugares cerrados, con poca ventilación y
concurridos e insisten en que sean financiadas por el Sistema Nacional de Salud'.
Tras los errores, bandazos y engaños del Gobierno y teniendo en cuenta que el consumo de mascarillas FFP2 y FFP3, de alta eficacia para salvar vidas y prevenir los contagios por COVID-19, se ha incrementado un 490% en las últimas semanas y
que su uso será necesario para enfermos de alto riesgo o en algunos casos obligatorio durante el año 2021, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 'excepcionalmente, por la situación actual provocada por el COVID-19, y hasta diciembre de 2021, el tipo del IVA aplicable a las mascarillas FFP2 y FFP3 y de todas aquellas mascarillas
autorizadas por el Gobierno, sea del 0% dado que se consideran un producto sanitario de uso recomendado o, en su caso, obligatorio para la prevención del contagio por corona virus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Ana Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Mario Garcés Sanagustín, Carmen Riolobos Regadera, Carolina España Reina, Elvira Velasco Morillo y Elena Castillo López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar la vacunación contra el COVID-19
de personas con factores de riesgo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de gran magnitud sobre el sistema sanitario español. No sólo se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y con una tasa de mortalidad relativamente alta, sino que también deja
unas secuelas cardiovasculares que exigen un nivel de seguimiento muy concienzudo. No en vano, los efectos de la pandemia en nuestro país se han cobrado ya en torno a 120.000 personas, según los datos de exceso de mortalidad de los servicios
funerarios.
Este riesgo, que todos los ciudadanos estamos viviendo tan de cerca, es particularmente alto para algunas familias. La COVID-19 es especialmente dañina para personas que cuentan con algún factor de riesgo que les hacen aún más vulnerables a
los estragos que causa el SARS-CoV-2. Por ejemplo, hay evidencia sólida de que las afecciones cardíacas graves, el cáncer, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, la obesidad o la diabetes tipo 2 son un
importante factor de riesgo frente al COVID-19. Asimismo, hay también evidencia significativa de otros factores de riesgo también muy extendidos, como el asma, el uso de corticoides u otros inmunodepresores, la enfermedad hepática, enfermedades
pulmonares crónicas, personas con trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, o diabetes tipo 1. Es más, algunas de estas condiciones se solapan entre ellas.
Más recientemente, algunos estudios han demostrado que otro tipo de situaciones también pueden suponer un riesgo adicional. Por ejemplo, gracias a un estudio difundido por DOWN España tenemos una mejor comprensión de cómo el Síndrome de
Down puede suponer un riesgo adicional frente a la pandemia. De acuerdo a ese estudio, el riesgo de fallecimiento en pacientes con Síndrome de Down contagiados por COVID-19 aumenta a partir de los 40 años de edad, mientras que ese riesgo en la
población sin discapacidad aumenta únicamente a partir de los 60-65 años de edad.
Esta vulnerabilidad extrema ha llevado a las personas con factores de riesgo y a sus familias a un confinamiento extremo por el miedo al contagio. Esto supone que hay miles de personas que tienen que elegir entre acudir a su puesto de
trabajo o mantener a salvo a su familia, o miles de niños y jóvenes que no pueden acudir a la escuela o recibir la formación para evitar cualquier posible riesgo de contagio. Dada esta situación, y sus consecuencias para el bienestar físico, mental
y cognitivo de estas personas, especialmente de aquéllas con discapacidad o movilidad reducida, es evidente la urgencia existente para que la vacunación llegue con la mayor celeridad posible a estas personas. Pese a ello, la Estrategia de
Vacunación COVID- en España presentada por el Gobierno de España no recoge aún la vacunación de las personas con factores de riesgo. Tampoco se detalla cuándo y cómo se vacunará a personas que aúnan varios factores de riesgo y cuya vulnerabilidad
es extrema, lo que aumenta la desesperación en ellos y sus familias.
Además, dada esta vulnerabilidad, estas personas se enfrentan a un riesgo extremo incluso si acuden a ser vacunados en los términos en los que el Gobierno de España ha diseñado la campaña. Por ejemplo, si estas personas deben acudir a un
centro de salud o una clínica para vacunarse, están expuestos a contraer el SARS-CoV-2. Sin embargo, que estas personas sean vacunadas en sus domicilios puede suponer una ralentización de la campaña de vacunación, al necesitar profesionales
sanitarios que se dediquen específicamente a visitar domicilios, limitando el número de dosis que pueden administrar en cada turno. Por tanto, es necesario revisar la campaña de vacunación para priorizar a estas personas con factores de riesgo y
para asegurar que pueden recibir sus dosis de forma segura.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir a las personas con factores de riesgo frente al COVID-19 como personal prioritario para la vacunación con carácter inmediato.
2. Acondicionar pabellones, polideportivos, centros culturales y otro tipo de espacios similares de gran amplitud para administrar vacunas contra el COVID-19, comenzando a operar como centros de vacunación para personas con factores de
riesgo para evitar que tengan que acudir a centros de salud o clínicas donde puedan exponerse al SARS-CoV-2.
3. Establecer un sistema digital de citación para la vacunación de personas con factores de riesgo en este tipo de instalaciones amplias, evitando así que se formen colas o aglomeraciones en las entradas a estos centros de vacunación y
facilitando así la conciliación de sus acompañantes en caso de necesitarlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/002053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al
estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años, diversos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés) para la economía de los países. Un elevado nivel formativo en
disciplinas STEM se asocia con incrementos de productividad en sectores de alta tecnología y ha tenido un innegable impacto positivo en el empleo en la última década: mientras que el empleo total creció un 8% entre 2000 y 2011 en la Unión Europea,
el empleo en áreas STEM aumentó a tasas significativamente mayores (34%), llegando a suponer el 7% de la oferta global en 2011.
Además, es relevante destacar la transcendencia que la formación en estas materias también tienen a nivel del mercado laboral: los graduados en carreras STEM se benefician de tasas de empleo superiores (hasta un 7% más que en otras áreas,
según la OCDE) y salarios medios más altos. Esta situación no parece que vaya a modificarse en los próximos años, ya que se espera una creciente demanda de personal especializado para cubrir las necesidades propias de una economía cada vez más
innovadora y basada en las tecnologías de la información y la comunicación.
A pesar de los aspectos positivos mencionados, los últimos datos indican que existe una fuerte desproporción en la incorporación de hombres y mujeres al estudio de carreras STEM. Aunque la universidad española cuenta con una mayoría de
estudiantes mujeres en estudios de grados (55,2%), sólo representan el 25,14% del total de personas matriculadas de primer y segundo ciclo y egresadas en enseñanza en Ingeniería y Arquitectura, según la estadística publicada por el Ministerio de
Educación y FP para el curso 2019-2020. A su vez, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2018 en lo relativo al número de personas graduadas en educación superior por campo de estudio, solo el 2,6% de las mujeres
tenían un título de ciencias naturales, matemáticas o estadística frente al 4,1% de la UE-28, donde también existe una brecha muy importante en lo relativo a la matriculación de estudiantes femeninas respecto a los hombres en carreras STEM.
Desde Ciudadanos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en un ámbito en el que brecha de género sigue muy presente como es el mercado laboral. Por tanto, consideramos prioritario el
establecimiento de un plan de promoción de la incorporación de las mujeres en el ámbito educativo de disciplinas STEM.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Impulsar una comisión de estudio, con la participación de todos los agentes relevantes en el sector, para estudiar medidas que fomenten la incorporación de las mujeres al estudio de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
2. Elaborar, en el plazo máximo de un año, un plan de promoción en el ámbito educativo de disciplinas STEM, con especial atención a la incorporación de las mujeres en estas áreas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento y transposición de las medidas legislativas del Pacto de Estado contra la violencia de género a nuestro ordenamiento jurídico.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión por la que se insta al Gobierno a elaborar un informe de cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género para su presentación
por la Ministra ante la Comisión correspondiente, así como a comenzar en el seno de la misma con los preparativos para la redacción de un anteproyecto de ley, procedería llevarlo a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del vigente el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento y transposición
de las medidas legislativas del Pacto de Estado contra la violencia de género a nuestro ordenamiento jurídico, para su debate en la Comisión del seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto en materia Violencia de Género.
Exposición de motivos
El Congreso de los Diputados, en septiembre de 2017, aprobó, después de meses de comparecencias de personas expertas y de negociaciones entre los Grupos Parlamentarios, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el acuerdo de
todos los Grupos parlamentarios a excepción de Unidas Podemos, que, aunque había participado durante todo el proceso, decidió abstenerse en el último momento. En el Senado de España, un texto similar se aprobó paralelamente, incorporando el
Gobierno de Mariano Rajoy ambos documentos en un único texto que aporta más de doscientas medidas para mejorar el marco legislativo y de respuesta a la violencia de género en nuestro país.
El Gobierno, posteriormente, aprobó el Real Decreto-ley 9/2018, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, publicado en el BOE de 4 de agosto de 2018, en el que, efectivamente, se da rango de
Ley a determinadas medidas incluidas en el Pacto, como la designación de Letrado y Procurador de oficio, la habilitación legal para la representación procesal hasta la designación de Procurador en tanto la víctima no se haya personado como
acusación, la posibilidad de acreditar la situación de víctima de violencia de género a través de un mayor número de documentos que los que la Ley Orgánica 1/2004 permitía, la modificación de las ayudas del artículo 27 de la misma normativa y la
posibilidad de que la atención psicológica a menores víctimas de violencia de género pueda proporcionarse a petición de uno solo de los progenitores, con la modificación del artículo 156 del Código Civil.
A partir de la publicación de este Real Decreto-ley, la actividad legislativa vinculada al Pacto de Estado cesó, aprobándose tan solo, durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19 un nuevo Real Decreto-ley, el 12/2020, de 31 de
marzo, para garantizar el mantenimiento de los servicios de asistencia y protección de las víctimas, adaptándolos a las circunstancias excepcionales derivadas del Estado de alarma. El texto recuerda la vulnerabilidad del colectivo, cuyos miembros
se ven obligados a convivir con su agresor, por lo que se obliga a que las Administraciones competentes garanticen la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico, así como la teleasistencia, el servicio ATENPRO y la
asistencia social integral. Así mismo, hace referencia a los servicios de acogida a víctimas, cuyo funcionamiento debe mantenerse durante el confinamiento, y en el caso de que no pudiesen continuar en su actividad, se podrá disponer de
establecimientos de alojamiento turístico.
Actualmente el citado texto normativo se está tramitando como Proyecto de Ley pero hay que recordar que este texto no supone ningún avance en la implementación de las medidas del Pacto de Estado, sino que lo que hace es asegurar la
prestación de los servicios vinculados al estatuto de asistencia social integral que ya proporcionaba a las víctimas la Ley Orgánica 1/2004, durante las semanas de confinamiento y durante el Estado de alarma.
Han transcurrido ya diez meses desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país, tiempo suficiente para que el Gobierno pueda retomar el trabajo de cumplimiento legislativo de las medidas acordadas en el Pacto de Estado, que
tiene aún cuestiones de calado sin desarrollar y cuyo impulso corresponde al Gobierno central y no a los de las Comunidades Autónomas.
Entre ellas, la prohibición de las visitas de los hijos a prisión a los padres condenados; la revisión de las visitas de los hijos a padres denunciados o condenados, en el caso de que los menores hayan presenciado, sufrido o convivido con
manifestaciones de violencia; la mayor dotación de los equipos psicosociales de los Juzgados que evalúan la situación de los menores y de las mujeres víctimas y que precisan de un refuerzo importante; la dedicación las 24 horas del día de los
equipos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo esto, junto a muchas otras medidas, que no han sido aún tomadas en cuenta por el Gobierno y cuyos proyectos para instar a los Ministerios respectivos a que cumplan los
acuerdos del Pacto desconocemos.
Pero además de estas medidas mencionadas, hay cuestiones de mucho mayor calado en el Pacto de Estado, porque implican la elaboración de Proyectos de Ley nuevos y no de reformas concretas y puntuales de textos legales vigentes. En concreto,
dos temas cruciales no han sido abordados por el Gobierno y están pendientes: por un lado, la difícil ampliación del concepto de violencia contra la mujer o violencia de género, cuya definición en el marco legislativo español no se adecúa a la
concepción que de ella se hace en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2014, pues trasciende el ámbito de la violencia en el seno de la pareja o las ex parejas, incorporando también otras casuísticas como la
violencia sexual o aquella violencia ejercida contra mujeres con las que no se mantenga o haya mantenido ninguna relación sentimental. Este es un tema espinoso que el Gobierno
debe solucionar, pues según el Convenio, las Víctimas deben ser beneficiarias del mismo estatuto integral de protección establecido en España para las mujeres víctimas de violencia de género.
En segundo lugar, está el compromiso, reiteradamente reconocido por los diferentes Gobiernos, demandado con insistencia por las organizaciones y finalmente recogido en el Pacto de Estado, de la necesidad de aprobación de una Ley contra la
trata de personas con fines de explotación sexual, un fenómeno internacional del que son víctimas preferentes las mujeres y las niñas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito, en el último informe realizado sobre trata 'Global Report on Trafficking in Persons' 2018 determina, según los datos aportados por 110 países, un total de más de 25.000 víctimas de
trata detectadas hasta el 2016, de las cuales un 49% son mujeres -siendo las víctimas más numerosas- seguidas de un 23% de niñas, un 21% de hombres y un 7% de niños.
Analizando estos datos, la trata con fines de explotación sexual es la más detectada de forma global, en un 59%, constituida principalmente por mujeres y niñas, seguida de la trata con fines de explotación laboral, con un 34% y otros tipos
de explotación en un 7%.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (01T), la explotación sexual supone el 56% de un total estimado de dos millones y medio de personas sometidas a esclavitud, pero, sin embargo, acumula el 85% del volumen del negocio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
- Elaborar en un plazo máximo de dos meses un Informe de cumplimiento de las doscientas cuatro medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para su defensa por parte de la Ministra de Igualdad ante la Comisión de Seguimiento
del Pacto de Estado.
- Presentar, a la mayor brevedad posible, los textos legales necesarios para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de los puntos del Pacto de Estado pendientes aún, tres años después de la aprobación de éste.
- Comenzar en el seno de la misma Comisión, los preparativos para la redacción de un anteproyecto de Ley contra la trata, con las comparecencias de todas las organizaciones que trabajan en la atención y recuperación de las víctimas, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de los diferentes ministerios vinculados, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, María Valentina Martínez Ferro, Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis
Delgado Arce, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para garantizar y mejorar fiscalmente
la condición de familia numerosa, para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña múltiples funciones sociales que la hacen merecedora de una protección específica desde el punto de vista social, económico, jurídico y así, debe ser asegurado por los poderes
públicos.
Hoy en día, la tasa de natalidad en España ha descendido considerablemente desde 1960. Así, en 2019 fue el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja, con 7,6 nacimientos por cada mil habitantes, solo por detrás de
Italia (7 por millar de habitantes), según datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. A pesar de todo, en 2019 había en España más de 700.000 Títulos de Familia Numerosa en vigor. La edad media de los hijos en las familias numerosas
en España asciende a 10 años, según un estudio publicado en junio de 2020. En este tipo de hogares, el hijo menor tiene de media siete años, frente a los 16 años del hijo mayor.
En el año 2019, en España, según los datos del Ministerio competente, el número de Títulos de familia numerosa en vigor era de 735.583, de los cuales, de categoría general eran 652.943 mientras que la especial eran 82.640.
De los 735.583 en vigor, 630.031 eran de familias sin hijos con discapacidad mientras que el resto, 105.552 eran de hijos con discapacidad.
Actualmente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2003 la condición principal para ser familia numerosa es tener tres o más hijos con dependencia económica de los padres, pero no la única.
Según la Ley, los hogares con dos hijos y alguno de estos o sus progenitores tengan cierto grado de discapacidad, también podrán acceder al título.
El título de familia numerosa ha crecido, sorprendentemente en un país inmerso en pleno 'invierno demográfico', en la última década, al pasar de 402.562 en 2005 a 518.519 en 2011 y a 735.583 en el año 2019.
Las familias numerosas representan un colectivo con una vulnerabilidad particular cuya protección debe de responder a medidas sociales y no asistenciales. Así, el título de familia numerosa, que da derecho a que las familias que tienen más
hijos que la media obtengan ciertos beneficios, debe de mantener su finalidad de reconocer y compensar la aportación social que este colectivo hace a la sociedad en forma de capital humano.
Según el VI Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas de España (FEFN) presentado en octubre de 2019, la familia numerosa tipo está formada por una pareja, mayoritariamente
casada o viviendo juntos (89,7%), con tres hijos (67,7%) en edad escolar (la edad media del primogénito es de catorce años y la del pequeño, de siete) y en la que suelen trabajar fuera de casa el padre y la madre (85% de los padres y 65,9% de las
madres).
En lo económico, el Estudio confirma que las familias numerosas cuentan con unos ingresos más ajustados con los que cuesta cubrir todas las necesidades. Más de la mitad (el 54,2%) de las familias numerosas -hogares compuestos por un mínimo
de cinco personas- no supera los 2.500 euros al mes y un 16,6% ingresa mensualmente menos de 1.200 euros. Con ello, casi una de cada cuatro familias (38,4%) asegura que llega justa a fin de mes y casi el mismo porcentaje (36%) afirma que sus
ingresos no alcanzar a cubrir las necesidades familiares, por lo que tiene que recurrir a ahorros (15,5%) o a pedir un préstamo puntual (20,5%).
No olvidemos que las familias numerosas compensan la bajísima natalidad y el envejecimiento de población que amenaza el mantenimiento del Estado del Bienestar. Además, estos hogares tienen un alto nivel de consumo, por lo que pueden
considerarse un motor de desarrollo económico a corto y medio plazo, de especial importancia en épocas de crisis.
La condición de familia numerosa se tiene en cuenta con el número de hijos, un reconocimiento y apoyo a las familias que tienen mayor número de hijos, al margen del resto de circunstancias que tengan estos hogares u otros, y que deben
tratarse y apoyarse, en su caso, por una vía distinta.
La finalidad es proteger a los hogares donde hay más hijos, porque tienen un valor fundamental en sí mismos, porque son los ciudadanos del futuro, por lo que no puede confundirse con medidas orientadas a ayudar a las que tienen menores
recursos o están en situación de vulnerabilidad por determinadas circunstancias, porque eso supone perder todo el sentido del concepto de numerosa.
Ante la pretensión del Vicepresidente Segundo del Gobierno, respecto a tener en cuenta la renta y no solo el número de hijos para obtener el título de familia numerosa, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), ha mostrado su
disconformidad, al entender que va en contra del principio de equidad y desvirtúa el apoyo a los hogares con más hijos, que son los que más gastan y más capital humano aportan.
La Federación Española de Familias Numerosas ha pedido al Gobierno una mayor protección fiscal a las familias numerosas, con el fin de compensar el esfuerzo económico que realizan estos contribuyentes en la crianza de sus hijos. En
concreto, pide que se incrementen las deducciones por familia numerosa para poder 'devolver' a las familias una tercera parte de lo que destinan el cuidado de hijos, compensando así la aportación que hacen a través de sus hijos, que son un activo
para la sociedad.
Un estudio publicado en septiembre de 2020 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalaba que el coste del primer año de vida de un hijo ascendía a 7.706 euros. Se trata de una cifra muy elevada y que tiene un fuerte impacto
en la economía de las familias. Casi una de cada diez familias invierte más de la mitad de sus ingresos en gastos relacionados con el nuevo hijo y a un 37% de las familias le resultó muy difícil afrontar los gastos que implican la llegada de un
hijo. Una cantidad que en el caso de las familias numerosas se incrementa considerablemente dejando muy mermada la capacidad contributiva efectiva que tienen estos hogares.
Por este motivo, las familias numerosas merecen una especial protección por lo que se debiera ampliar los incentivos fiscales de la Ley 26/2015, de 28 de julio, entre otras medidas de apoyo al respecto. Triplicar las actuales deducciones
para estas familias, compensaría en casi un tercio lo que destinan al cuidado de sus hijos. Las actuales deducciones fiscales para familias de 3 hijos sin hijos menores de 3 años, es decir, que no reciben la deducción fiscal para madres
trabajadoras (con hijos de 0 a 3 años), compensan el coste de los hijos en un 15,7%, mientras que, triplicando esas deducciones, en el caso de una familia tipo con dos rentas de 25.000 euros (brutos anuales) cada una, se alcanzaría un 28,6% de todo
el dinero destinado a la crianza y educación de sus hijos.
Esta medida marca un camino necesario para apoyar a las familias, en especial, en la actual situación de crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19 que se está viviendo, y es también una medida positiva por todo lo que las
familias numerosas aportan.
Todo ello hace necesario que sean compensados y hay que hacer cálculos para que la compensación sea real, es decir, que haya un equilibrio entre lo que aportan al Estado, vía impuestos y en forma de capital humano, y lo que el Estado les
devuelve.
Según datos del Informe 'Tax Wages' 2019 de la OCDE, en España el tipo impositivo que soporta una pareja con dos niños es del 17,5%, 2,1 puntos porcentuales menos que el que soporta una pareja sin niños (19,6%). En la República Checa,
Hungría y Alemania esta diferencia en el tipo impositivo medio entre una familia con dos hijos y una familia sin hijos supera los 6 puntos, mientras que en Estados Unidos asciende a 4,6 puntos porcentuales, en Portugal a 3,9 y en Francia a 3,6.
España está por debajo de todos ellos, y por debajo también de la media de la OCDE-UE23, que está en los 2,4 puntos porcentuales.
Respecto a lo que destinan del PIB a desgravaciones fiscales para familias, según datos de la OCDE de 2018, España dedica tan solo un 0,12% del PIB frente al 0,85% de Alemania o el 0,75% de Francia.
Además, en España las ayudas fiscales se concentran en los tres primeros años de vida del hijo, a través, por ejemplo, de la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos de cero a tres años, mientras que se reducen o
desaparecen según van creciendo los hijos, sin tener en cuenta que éstos permanecen en el hogar familiar muchos años, actualmente hasta los 29 años, edad media de emancipación de los jóvenes españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que la condición de familia numerosa dependa solo del número de hijos como requisito para obtener el Título de familia numerosa y los beneficios a los que da derecho para no desvirtuar el concepto de numerosa, tal y como
reivindican todos los colectivos de familias numerosas en nuestro país.
2. Revisar la actual política fiscal para reforzar y mejorar las deducciones para compensar adecuadamente a los contribuyentes con hijos y especialmente las familias numerosas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-María de la O Redondo Calvillo, Ana Belén Vázquez Blanco y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/000692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué proceso interno se lleva a cabo en la Guardia Civil para la preparación y ejecución de la licitación de la adquisición de chalecos antibalas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
Ante la reciente salida de Reino Unido como miembro integrante de la Unión Europea, ¿se está sometiendo a control aduanero en los aeropuertos sitos en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Islas Baleares a todos pasajeros (y sus
equipajes) de vuelos con origen en Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuándo se va a licitar la compra de chalecos antibalas y va a alcanzarse el número suficiente para al menos reponer los retirados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
Ante la reciente salida de Reino Unido como miembro integrante de la Unión Europea, ¿se ha previsto incrementar el catálogo de puestos de trabajo de las Unidades Fiscales de la Guardia Civil en los aeropuertos de Canarias y Baleares para
poder así garantizar el efectivo control aduanero de todos los pasajeros (y sus equipajes) de vuelos con origen en Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
Ante la retirada de 14.954 chalecos antibala (fabricados en 2010), el 23 de diciembre de 2020, por caducidad de los mismos, ¿a qué se debió la falta de previsión por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la situación
generada con la retirada de tal cantidad de chalecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué proceso de licitación se va a realizar para la adjudicación de la venta y adquisición de pistolas TASER a la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Piensa reforzar de algún modo el papel de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil ('GREIM'), tras su desmantelamiento en la zona del Roncal, con competencia de actuación en la comunidad foral navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Tiene la Dirección General de la Guardia Civil un plan de vacunación de la COVID-19, con sus distintas instrucciones de vacunación y el personal del Cuerpo que tiene prioridad en la vacunación, teniendo en cuenta que los servicios
operativos en la Institución son los que desarrollan los miembros pertenecientes a Seguridad Ciudadana y Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué informaciones y recomendaciones sobre el virus y medidas de protección se dieron por la Dirección General de la Guardia Civil a sus agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Interior completar el acuerdo de equiparación firmado con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Se van a destinar más Agentes de la Guardia Civil y medios materiales para la lucha contra la inmigración que está azotando el archipiélago canario, tras las demandas de los Agentes que allí se encuentran destinados y se ven totalmente
superados por la situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuántos kits de control de drogas se han puesto a disposición de los Agentes de la Guardia Civil para el desarrollo de tareas de vigilancia y regulación y control de tráfico desde que se les requiriese retomar estas funciones a través de un
correo electrónico de 3 de agosto del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Se ha dotado de los materiales necesarios para desarrollar plenamente las tareas de vigilancia, regulación y control de tráfico que habían quedado suspendidas como consecuencia de la Covid-19, tras el correo de 3 de agosto de 2020
requiriendo a los funcionarios a retomar las funciones indicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
Ante la retirada de 14.954 chalecos antibala (fabricados en 2010), el 23 de diciembre de 2020, por caducidad, ¿cuál es el déficit de los mismos que existe en la Guardia Civil, a fecha de enero de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que se ha desmantelado el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil ('GREIM'), en la zona del Roncal, con competencia de actuación en la comunidad foral navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuándo tiene prevista la Guardia Civil aprobar y aplicar un nuevo Reglamento para los guardias civiles donde se garantice que estos, al igual que el resto de servicios de emergencias, tengan un turno de trabajo que les permita conciliar con
una jornada anual en horas equiparable a la de la Policía Nacional y una productividad justa a su sacrificio y esfuerzo realizado durante el servicio para dar la seguridad que merecen los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar la Dirección General para adecuar o renovar los cuarteles de la Guardia Civil que se encuentran en pésimo estado con el fin de permitir su operatividad en el territorio correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar y cuándo la Dirección General de la Guardia Civil de cara a dotar de los medios materiales necesarios a los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico en la zona de Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿A qué se debe la falta de abastecimiento del material necesario a los agentes de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué mecanismos de estimación tiene la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar la reposición de los chalecos antibalas que han sido retirados el 23 de diciembre de 2020 y del déficit en general, para que cada Agente de la
Guardia Civil disponga de uno propio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Va a garantizar la Dirección General de la Guardia Civil la protección de la salud de los agentes frente al Coronavirus realizándoles en todo caso pruebas de diagnóstico PCR y que no tengan que hacérsela por sus propios medios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Por qué no protegió debidamente y a tiempo a los agentes de la Guardia Civil, teniendo en cuenta sus declaraciones de 1 de mayo de 2020 en las que afirma que tenía conocimiento del riesgo del Coronavirus desde enero de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Tiene intención la Dirección General de la Guardia Civil de adoptar alguna medida de cara a la renovación de la flota de vehículos de la Guardia Civil para que los agentes ejerzan sus funciones con vehículos adecuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Se ha utilizado a la Guardia Civil como moneda de cambio en acuerdos políticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Se va a dotar de pistolas TASER a la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civi.l
Texto:
¿Qué medidas se han adoptado de cara a la prevención de los contagios entre los alumnos de los centros de formación y escuelas de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000718
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Cuándo licitará ADIF-ALTA VELOCIDAD las actuaciones pendientes que figura incluidas en el 'Estudio Informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense' cuya aprobación definitiva tuvo lugar en el BOE del 3 de febrero de
2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/000780
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputados don César Joaquín Ramos Esteban y don José Zaragoza Alonso.
Texto:
Desde hace muchos años los ciudadanos de Plasencia viene reclamando la mejora de la Avenida Martín Palomino, una avenida que forma parte de la Nacional 630 A en su paso por la ciudad de Plasencia.
¿Cuáles son los compromisos que se plantean para cada una de las partes en el convenio en el que se está trabajando?
¿Cuáles son los motivos para que no se haya ejecutado las partidas presupuestarias incluidas en los presupuestos?
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firmar dicho convenio?
¿La cantidad incluida en los PGE para 2021 es suficiente para ejecutar las actuaciones previstas en 2021?
¿En el caso de que el avance de la actuación en 2021 lo permitiera el Ministerio pondría partidas adicionales para hacerlo realidad? ¿En ese caso cuales serían esas partidas que se utilizarían?
¿Tiene previsto el Ministerio aportar un tercio del importe de la obra como se contempla en el convenio, y hacerlo en el momento que se necesite?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban y José Zaragoza Alonso, Diputados.
181/000781
Grupo Parlamentario Socialista
Diputados don Ignacio López Cano y don José Zaragoza Alonso.
Texto:
En relación a los corredores ferroviarios tanto Mediterráneo como Atlántico, así como al que se conoce como ramal central de los mismos, en su tramo Algeciras-Bobadilla, cuya transcendencia tanto para mercancías como para viajeros es
fundamental, quisiera preguntar:
¿Cómo avanzan los trabajos y que fechas podrían estimarse para que esté en pleno funcionamiento como parte de los corredores con las prestaciones necesarias de electrificación, tiempos de viaje, anchos de vía, estaciones de parada, y origen
destino de dicho tramo y subtramos del recorrido Algeciras Bobadilla así como los trabajos que ya se hayan concluido y sus costes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Ignacio López Cano y José Zaragoza Alonso, Diputados.
181/000782
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Qué procedimientos y plazos concretos maneja el MITMA para resolver a la mayor brevedad la complicada situación generada por el cierre de uno de los túneles de O Folgoso en la autovía A-52 que
está afectando seriamente a sectores estratégicos como es el del transporte de mercancías o, incluso, el sistema sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Celso LuisDelgado Arce, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000783
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿En qué estudios y datos científicos se basa, el ministro de Consumo, para afirmar en relación a las mascarillas FFP2 que 'no parece que haya una fuente suficientemente rigurosa que acredite que estamos mejor protegidos de esa manera?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000719
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.1 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Ampliar el contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004), para que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género tenga carácter permanente?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000720
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.2 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Encomendar a la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político
por la Educación articular las medidas acordadas para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000721
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.3 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación
afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo emocionales)?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000722
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.4 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del
machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección Educativa?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000723
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.5 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la
violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000724
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.6 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Designar, en los Consejos Escolares de los Centros
Educativos, un profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia, promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de las posibles
situaciones de violencia de género?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000725
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.7 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Supervisar, por parte de la Inspección Educativa, los planes de convivencia y los protocolos
de acoso escolar en los centros educativos, con el fin de identificar e incorporar actuaciones o indicadores de seguimiento relacionados con la violencia contra las mujeres?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000726
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.8 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Implicar a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la realización de estudios sobre
el impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario, y valorar, en su caso, la oportunidad de realizar campañas de prevención en los Campus Universitarios, y de forma particular de las agresiones sexuales 'en cita'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000727
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.9 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a
los cuerpos docentes?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000728
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.10 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento
Feminista, en el marco del Pacto de Educación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000729
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.11 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Establecer, a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos para la concesión y
mantenimiento de becas y ayudas al estudio, la opción de que sea excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la excepción tiene causa directa en una situación de violencia de género?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000730
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.12 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004, dedicado a la formación inicial y
permanente del profesorado, para que los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro o Maestra y de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de las profesiones de Profesor o Profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, incluyan competencias relacionadas con la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000731
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputadas doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.13 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004, dedicado a la formación inicial y
permanente del profesorado, para que en el ámbito de las Escuelas de formación del profesorado, tanto en los estudios de grado como en los másters, se incluyan planes de estudios con contenidos especializados en pedagogías para la igualdad y
prevención de la violencia de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000732
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputadas doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.14 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Introducir en el máster obligatorio de acceso al cuerpo de profesores y profesoras de
Educación Secundaria, un módulo sobre prevención de la violencia de género en el ámbito escolar. Asimismo, en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada,
deberá introducirse una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000733
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputadas doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.15 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Ofertar en los Programas de Formación permanente del profesorado de las Administraciones
Educativas de las Comunidades Autónomas al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia de género. En el marco del Pacto en Educación, se valorará la posibilidad de instrumentar acciones positivas en la formación
permanente, en aras a la promoción de valores igualitarios'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000734
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.16 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Solicitar a la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) el impulso y apoyo a los programas de formación y prevención de la violencia de género en las Universidades'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000735
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.17 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Establecer un itinerario formativo en materia de prevención de las violencias machistas y de
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, homologable y acreditable por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la autoridad competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000736
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.18 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en la composición de los órganos directivos y colegiados preceptivos en el ámbito educativo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000737
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.19 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Establecer un repositorio de buenas prácticas, estudios y contenidos a disposición de las
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que permita el intercambio de experiencias eficaces en el ámbito educativo. Dicho repositorio se incluirá en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar impulsado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte junto con las Comunidades Autónomas, como desarrollo del eje 'Educación en Igualdad y Socialización para la prevención de la violencia de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000738
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.20 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000739
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.21 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Exigir a los centros educativos que en el Proyecto Educativo de Centro se incluyan
contenidos específicos de prevención de la violencia de género, y que el Consejo Escolar realice su seguimiento'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000740
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.22 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Solicitar que en el Proyecto de Dirección de Centro los candidatos y candidatas a dirigir
los centros escolares deban incluir contenidos específicos de prevención de la violencia de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000741
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.23 del Eje 1.1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Mantener e incrementar dentro de los programas de ayudas a las federaciones y asociaciones
de padres y madres del alumnado los referidos a la formación
de las familias en temas de igualdad y Violencia de Género, fortaleciendo la concienciación de su papel en el ámbito de la educación en igualdad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000742
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.24 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y
adaptados a las exigencias de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto, y eligiendo los momentos más favorables para su difusión, como por ejemplo, los veranos. Esas campañas deben focalizarse en el rechazo al maltratador, y presentar
ejemplos de mujeres fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000743
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.25 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Revisar los criterios de las campañas publicitarias institucionales de prevención, para
introducir contenidos enfocados a ofrecer pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de situaciones de riesgo. Estas campañas deberán poner el foco en el maltratador y asimismo este nuevo enfoque deberá contar con las
recomendaciones del OEVM, que creará, a tal efecto, un grupo de trabajo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000744
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.26 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Realizar campañas que tengan como público objetivo a los jóvenes, utilizando preferentemente
las tecnologías de la información y la comunicación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000745
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.27 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Elaborar materiales informativos para madres y padres que les ayuden a detectar la violencia
de género de la que pueden ser víctimas o agresores sus hijas o hijos adolescentes'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000746
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.28 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Utilizar las consultas médicas, centros sanitarios y farmacias como plataformas informativas
sobre la violencia de género, con carteles, folletos, etc.'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000747
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.29 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y
en la elaboración de los materiales, los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000748
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.30 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Implicar a las Entidades Locales en la elaboración de
materiales, campañas y protocolos de actuación, que incidan en la necesidad de establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual, en espacios públicos. Asimismo fomentar el establecimiento de vigilancia por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los llamados 'puntos negros': aparcamientos, callejones, o pasadizos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000749
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.31 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Tener en cuenta en la realización de las campañas de sensibilización contra la violencia de
género, la mayor incidencia de ésta en las mujeres que viven en el ámbito rural y sus circunstancias'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000750
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.32 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a
empresas y espacios educativos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000751
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.33 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Promover Campañas contra la cosificación del cuerpo de las mujeres y contra la
hipersexualización de las niñas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000752
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.34 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Dar formación a los jóvenes sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas
tecnologías, especialmente en la protección de la privacidad y sobre los ciberdelitos (stalking, sexting, grooming, etc.)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000753
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.35 del Eje 1.2 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Visibilizar en campañas y actuaciones a las mujeres mayores'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000754
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.36 del Eje 1.3 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas
específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexuales ...)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000755
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.37 del Eje 1.3 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Instar a que en los recursos dedicados por España a la cooperación internacional para
refugiados y refugiadas se apliquen medidas específicas para la
prevención de la violencia machista contra las mujeres y menores de edad, tanto en tránsito como en destino'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000756
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.38 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Publicar en la web del Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), de forma más visible,
las resoluciones y sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios, intensificando la vigilancia específica de los contenidos de Internet y de las redes sociales que se vinculen a esta vulneración.
Promover la sindicación de contenidos entre el Observatorio Nacional y los Observatorios Autonómicos y Locales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000757
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.39 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Establecer una nueva regulación para que el código identificativo de productos audiovisuales
'especialmente recomendados para el fomento de la igualdad de género' creado por resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2011 tenga un lugar destacado en las carátulas de los productos audiovisuales. También se establecerá que
las obras que contemplen estos criterios obtengan una puntuación específica para la concesión de ayudas. Este código identificativo se otorga a la obra audiovisual que promueve la eliminación de prejuicios, imágenes estereotipadas y roles sexistas,
impulsa la construcción y difusión de representaciones plurales y reales de ambos sexos o fomenta el uso de un lenguaje no sexista que nombre la realidad de las mujeres e incorpore una visión igualitaria de las relaciones afectivas y de la
convivencia doméstica'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000758
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.40 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incorporar a la Comisión de Ayudas a la Producción de Largometrajes y Cortometrajes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una vocalía de igualdad
que elabore un informe preceptivo sobre impacto de género de dichas subvenciones, para incorporarlo al informe justificativo de la Comisión de Calificación de las Ayudas y Subvenciones de Cine y Audiovisuales para la organización de
festivales y certámenes cinematográficos en España, y para la producción de largometrajes y cortometrajes'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000759
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.41 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incluir en la publicación del Instituto de la Mujer, 'Mujeres en Cifras', un nuevo capítulo
sobre la presencia de mujeres en la industria cinematográfica y la gestión cultural, que identifique la brecha de género a través de indicadores cuantitativos y cualitativos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000760
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Margarita Prohens Rigo.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.42 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Acordar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las empresas de
telecomunicaciones y los principales proveedores de contenidos digitales, un sistema de coordinación, cooperación y corregulación para eliminar referencias potencialmente nocivas en la web que promuevan la violencia contra las mujeres'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Diputada.
181/000761
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.43 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Comprometer a los medios de comunicación a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en
casos de violencia de género, con el fin de ayudar a la erradicación de cualquier sensación de impunidad respecto a los autores de estos crímenes'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000762
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.44 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Garantizar que la concesión de sellos de calidad no recaiga en los sitios web con contenidos
digitales potencialmente nocivos que promuevan la violencia contra las mujeres'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000763
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.45 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'En el marco de la futura transposición de la revisión de la Directiva 2010/13/UE, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, al ordenamiento jurídico nacional, incluir la protección de los derechos
de las mujeres y la lucha contra los estereotipos sexistas al mismo nivel que la lucha contra la incitación al odio y la discriminación y la protección de los menores'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000764
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.46 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Fomentar los convenios de colaboración con las asociaciones y sindicatos profesionales de
guionistas audiovisuales, para fomentar un tratamiento de la imagen de las mujeres libre de estereotipos y prejuicios, que valore sus capacidades de las mujeres con el objeto de erradicar la imagen de desigualdad e implicarlos en la lucha contra el
sexismo. En estos convenios deberán incluirse líneas de formación sobre las consecuencias de la promoción del erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenidos de televisión'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000765
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.47 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Establecer un acuerdo marco para la corregulación, la especialización y formación de
profesionales de los medios de comunicación y publicidad, fomentando un cambio de actitud respecto a la violencia contra las mujeres, que no justifique, banalice o incite a la violencia contra ellas, que elimine los estereotipos sexistas y promueva
la toma conjunta de decisiones entre hombres y mujeres, con especial atención al ámbito doméstico. Este acuerdo estará dirigido a profesionales de prensa escrita, televisiones, emisoras de radio, agencias de noticias y publicidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000766
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.48 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Perfeccionar la actual regulación para clarificar los conceptos jurídicos indeterminados
relacionados con el sexismo en la comunicación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000767
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.49 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Desarrollar un sistema de corregulación que ponga en marcha un Código de Publicidad no
Sexista'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000768
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.50 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Recuperar la figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad audiovisual
independiente, siguiendo el modelo del resto de países europeos y de algunas Comunidades Autónomas. Entre sus objetivos estará promover la igualdad y erradicar la violencia de género, elaborar informes que permitan detectar la evolución de su
tratamiento informativo y actuar vía advertencia, requerimiento de cese ante el ilícito (sancionable si no se atiende el requerimiento previo), e incentivos, distinciones o sellos de buenas prácticas. Se daría así cumplimiento a la Directiva
201/13/UE, relativa a la prestación de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige un órgano regulador independiente, como existe en el resto de países de la UE'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000769
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.51 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Instar a RTVE a la creación en su seno de un Observatorio de Igualdad, para velar por el
cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad de la Corporación establecidos legalmente, implicando a los diferentes medios y departamentos. Estará adscrito al Consejo de Administración y tendrá participación directa, al menos, de
representantes de la Dirección, Departamento de Recursos Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, Defensoría de la Audiencia, Sindicatos más representativos y Sociedad Civil especializada en materia de igualdad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000770
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.52 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incluir en los ciclos superiores, másters, formación especializada y líneas de asesoría y
cursos personalizados del Instituto de RTVE, contenidos de especialización en comunicación y género, con especial incidencia en el tratamiento de la información relacionada con la violencia contra las mujeres'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000771
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.53 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incorporar criterios relacionados con la igualdad y la prevención de la violencia de género
en la selección, por el comité de cine de RTVE, de los proyectos cinematográficos cuya producción es financiada por el ente público'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000772
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.54 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Implicar al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para que las empresas
inscritas en su Registro tomen conciencia del relevante papel que el medio audiovisual juega en la transmisión de valores sexistas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000773
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.55 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Instar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que
exija que los másteres de Guión de Cine y TV, incluyan un análisis sobre la representación sexista de la mujer en el audiovisual'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000774
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.56 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Atender las necesidades informativas de la juventud para frenar conductas machistas que
desembocan en malos tratos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000775
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.57 del Eje 1.4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de la
violencia de género en los acontecimientos deportivos, para lo cual será necesaria la modificación del párrafo 1 del Preámbulo y del artículo 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte, con el fin de incluir en el mismo las connotaciones de signo sexista'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000776
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.58 del Eje 1.6 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Impulsar campañas institucionales contra la violencia de género, en colaboración con
organizaciones patronales, sindicales y empresas, coordinadas desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000777
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.59 del Eje 1.6 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Elaborar, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y en colaboración
con el Instituto de la Mujer, un sello identificativo para los servicios públicos y empresas privadas que establezcan políticas de responsabilidad social corporativa respecto de
la violencia de género, y manifiesten sensibilidad en el trato hacia las trabajadoras y personas que la hayan padecido, prestando atención especializada o dando facilidades a sus trabajadoras afectadas. Estos sellos deberán ser valorados
positivamente en los pliegos de condiciones para la contratación pública'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000778
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.60 del Eje 1.7 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, en
colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, a través de una mayor formación especializada de los y las profesionales sanitarios difundiendo los protocolos de actuación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/000779
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 1.61 del Eje 1.7 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se concreta en 'Incluir la formación en género en los estudios de los y las profesionales sanitarios y en
todos los planes de las especialidades del MIR'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035138
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Obstaculización a la presentación de denuncias en gallego ante la Policía Nacional.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Plural, formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para su respuesta escrita.
Recientemente se ha hecho público a través de las redes sociales y de distintos medios de comunicación el caso de una ciudadana gallega que acudió a una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Vigo para presentar una denuncia pero que,
tras manifestar su intención de hacerlo en gallego, fue obstaculizada de forma reiterada en su derecho a hacerlo.
La denunciante ha relatado como tras solicitar que la denuncia que debía presentar fuera redactada en gallego, el agente que la atendía le aseguró que no podía atender su petición puesto que la aplicación informática sólo está disponible en
español. Ante esta afirmación, la ciudadana declaró que su deseo era que sus palabras fuesen transcritas en la lengua en que la se iba a expresar, es decir, en gallego, y que no fueran traducidas. Sin embargo, el agente siguió insistiendo en la
imposibilidad de tomarle declaración en gallego, y sólo ante la insistencia de la declarante el agente acudió a su superior para consultar el asunto.
Tras realizar la consulta el agente volvió junto a la denunciante para sugerirle que la única posibilidad de presentar su denuncia en gallego era que la redactara ella misma a través de la página web de la Policía Nacional y que podía, si lo
deseaba, dejar una queja en la Comisaría.
Siendo consciente del derecho que la asistía, la ciudadana se negó a abandonar la comisaría e insistió nuevamente en que debía garantizarse la posibilidad de interponer la denuncia en gallego, para lo que solicitó hablar con el superior. El
agente al mando superior acudió a hablar con la ciudadana para convencerla de que desistiera de su derecho, en esta ocasión argumentando que tenían que traducir las palabras de aquellos que 'vienen del pueblo y no saben hablar castellano', pero que
tratándose de una persona que sí lo domina perfectamente le pedía que cediera y realizara la denuncia en castellano.
La ciudadana manifestó una vez más que quería hacer la denuncia en gallego, y solo debido a la insistencia de la ciudadana, el superior le indicó al agente que le tomase la declaración en gallego 'como quiere' añadiendo que 'este tipo de
delitos los investigan en Madrid, y usted pondrá denuncia para una finalidad, para que se investigue', dando a entender con ello que, de presentarse en gallego, la denuncia tendría menos posibilidades de ser tenida en consideración.
Desgraciadamente, no se trata de un caso aislado, sino que esta situación es lo habitual, se trata de la norma general y no de una excepción. Como ya hemos mencionado, los programas informáticos sólo están disponibles en español, los
agentes no preguntan en que lengua quieren que se redacte la denuncia, pues, independientemente de si la persona se expresara en gallego o en español, van a redactar la denuncia en español. Es más, aunque el ciudadano o ciudadana manifestara su
deseo de que se transcriba en gallego, van a intentar convencerla de que esa opción no es adecuada.
Esta práctica no puede seguir tolerándose y deben adoptarse las medidas e instrucciones necesarias desde el Ministerio para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Debe
recordarse que la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, en su artículo 5 apartado 1 establece que 'la lengua propia de Galicia es el gallego' y en su apartado segundo que todos tienen el derecho de conocerlo y
usarlo, y lo mismo se establece en la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, que además recoge en su artículo 6 el derecho de los ciudadanos 'al uso del gallego, oralmente y por escrito, en sus relaciones con la Administración
Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma' y en su artículo 7 que 'en
el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de Justicia'.
Además debe recordarse el contenido de la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas firmada por el Estado español y cuyo incumplimiento reiterado ha sido objeto de mención expresa por el Comité de Ministros, que ha recogido en su informe la
necesidad de seguir implementando medidas legales y prácticas para asegurar una presencia adecuada de las lenguas oficiales distintas del español en la Administración General del Estado, así como mejorar el conocimiento y uso de las mismas por los
funcionarios y empleados públicos estatales.
Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Dará el Ministerio de Interior, del que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las instrucciones precisas para que las y los agentes destinados en territorios con varias lenguas oficiales ofrezcan la posibilidad de
realizar los trámites que deban cursarse en dependencias policiales en la lengua de su elección?
2. ¿Se dará la formación adecuada para que todos los y las agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en un territorio con varias lenguas oficiales logren la competencia necesaria en el uso oral y escrito de todas
ellas para así garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía?
3. ¿Se actualizarán los programas y plataformas utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que todos los trámites y formularios puedan estar disponibles en cualquiera de las lenguas oficiales en el Estado español?
4. ¿Se darán las instrucciones necesarias a los mandos para promover el uso de las lenguas oficiales distintas del español, y se sancionarán las conductas que intenten limitar o desincentivar el uso de la lengua de su elección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.