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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 140, de 16/09/2020
cve: BOCG-14-D-140
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de septiembre de 2020
Núm. 140
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Defensa
161/001300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre incremento del personal sanitario militar ... (Página4)
161/001301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre formación sanitaria y epidemiológica del personal de las Fuerzas Armadas ...
Comisión de Interior
161/001310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a mejorar la situación de la sanidad en los centros penitenciarios ...
161/001312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de modificación del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para incorporar el uso de
las nuevas tecnologías de la comunicación ... (Página7)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan de tutorías individualizadas online. Retirada ... (Página8)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de garantizar la conciliación de las familias en circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19 ...
(Página9)
161/001311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de una nueva prórroga de los ERTE, así como de las medidas extraordinarias de cotización a la Seguridad Social y de protección por
desempleo para los trabajadores afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ... (Página10)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores ... (Página12)
161/001305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una Estrategia de inclusión de las personas mayores en la Sociedad de la Información y de las Tecnologías de Comunicación ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/001302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la aportación española a la historia y cultura de América y del mundo ... (Página14)
161/001314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre materia de deporte femenino tras la crisis epidémica de la COVID-19 ...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la eliminación de las comisiones bancarias y al fomento y accesibilidad a las cuentas de pago básicas ... (Página18)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de la situación laboral de los profesionales sanitarios en proceso de formación como especialistas (médicos internos residentes), para
garantizar la igualdad de trato, la conciliación de la vida familiar y una jornada laboral adecuada a sus circunstancias ... (Página20)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la racionalización y modernización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000460 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre valoración del proyecto OPS Master Plan para los Puertos Españoles ... (Página26)
181/000461 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre valoración del programa Objetivo Tren Seguro diseñado por Renfe para garantizar que sus servicios son operados con las mayores garantías
higiénico-sanitarias ... (Página26)
181/000462 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre valoración de los últimos resultados del indicador que mide la madurez y efectividad de los sistemas de gestión de seguridad de los proveedores de
servicio de navegación aérea en Europa (EoSM-Effectiveness of Safety Management) publicados por EUROCONTROL, referentes a la entidad pública empresarial ENAIRE ... (Página27)
Comisión de Cultura y Deporte
181/000459 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre confirmación por la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, de que
durante la semana del 21/08/2020 telefoneó en varias ocasiones a la Alcaldesa de A Coruña para comprar su silencio sobre el 'Caso Fuenlabrada' a cambio de inversiones del Gobierno de España en instalaciones deportivas de la ciudad ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/021281 Autor: Borràs Castanyer, Laura
Solicitud por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de escuchas telefónicas a Carles Puigdemont y sus colaboradores ... (Página27)
184/021330 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Alerta al Centro Criptológico Nacional del jaqueo sufrido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su condición de gestor de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
161/001300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Defensa, sobre incremento del personal sanitario militar.
Exposición de motivos
La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto un sobreesfuerzo para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los profesionales que lo integran han atendido, con absoluto compromiso dedicación, las
múltiples, exigentes y continuadas necesidades sanitarias que ha demandado una situación tan grave como la que estamos viviendo. El Ministerio de Defensa ha sumado a su contribución de medios materiales y humanos centrados en la Operación Balmis,
las capacidades de las que dispone la Sanidad Militar, que ha tenido que dar continuidad a sus cometidos ordinarios y contribuir con personal militar y estatutario, a la prestación de servicios de salud en el marco general propio del Sistema
Nacional de Salud.
Los esfuerzos desarrollados en los últimos años para incrementar las plantillas de la Sanidad Militar están dando ya sus frutos, pero aún es necesario reformar el sistema y potenciar la participación de los ciudadanos en su consolidación y
ampliación para atender las demandas tradicionales de la defensa, y a los nuevos escenarios y amenazadas con los que ha de enfrentarse la sociedad española, como son las epidemias y pandemias. Todo ello, aconseja que se pongan en marcha los
procesos de ampliación de las plantillas de la Sanidad Militar de manera urgente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con la política de ampliación de la oferta pública para aumentar el personal militar de la Sanidad Militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2020.-Roberto Uriarte Torrealday, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Defensa, en materia de formación sanitaria y epidemiológica del personal de las Fuerzas Armadas.
Exposición de motivos
La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha precisado de la intervención de las Fuerza Armadas, de sus hombre y mujeres y de sus capacidades. El Ministerio de Defensa ha centrado su contribución de medios
materiales y humanos en la Operación Balmis. No todas las unidades que se han desplegado tienen como misión habitual, la que han llevado a cabo en este nuevo entorno operativo, de singulares características y requerimientos. Esto ha evidenciado
que las epidemias y pandemias y la contribución de las Fuerzas Armadas a su erradicación, requieren en muchos casos y circunstancia, de un grado de especialización, formación y adiestramiento específicos. Las labores de prevención y actuación en un
entorno urbano y con un trato directo y permanente con la ciudadanía, deben ser realizadas con altos niveles de formación.
Todo esto requiere que se analice cómo se ha actuado, se documenten las lecciones aprendidas y se determinen las líneas de formación para futuras intervenciones en escenarios semejantes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a la vista de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas en la operación Balmis, proceder a realizar los ajustes oportunos en la formación de las Fuerzas Armadas al objeto de
mejorar su capacitación en la intervención en situaciones como la que ha dado lugar la operación Balmis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2020.-Roser Maestro Moliner, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Interior
161/001310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley,
para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a mejorar la situación de la sanidad en los centros penitenciarios.
Exposición de motivos
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto los riesgos que supone para el sistema penitenciario, tal y como se encuentra planteado hasta hoy en la práctica totalidad de países de Europa y el mundo, el desarrollo de una epidemia en el
país, y ello por el riesgo que implica el confinamiento multitudinario cerrado, situación que puede generar una especial problemática sanitaria dentro de los centros penitenciarios. Estos riesgos agravados dentro del sistema penitenciario han hecho
actuar a las administraciones públicas de cara a mejorar la prevención y control de crisis epidemiológicas dentro de los centros penitenciarios para proteger la salud de trabajadores e internos de cada uno de los centros, y así debe seguirse dotando
a los centros de protocolos de actuación, reforzando la asistencia sanitaria de
cada centro y el despliegue de diversas medidas que, sin duda, pueden limitar los efectos de una epidemia como la que ha padecido el conjunto del planeta.
Estas medidas de reforzamiento de la calidad de la asistencia sanitaria deben implementarse con el objetivo de dotar al sistema penitenciario de una asistencia sanitaria permanente de gran calidad, acorde con los estándares constitucionales
y legales que a todos los ciudadanos protegen.
Así, debe recordarse que la Constitución Española de 1978 garantiza, en su artículo 14, la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, al igual que en su artículo 43 la Constitución determina el derecho de todos los españoles a la protección de la salud atribuyendo a los poderes públicos las competencias para organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece, como criterio para la concreción de esos derechos, la necesaria prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente
evaluados y controlados.
Respecto a la población penitenciaria, el artículo 208 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, exige, en relación a las prestaciones sanitarias, que a todos los internos sin excepción se les
garantice una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Asimismo, reconoce el derecho de los internos a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta
atención.
Si bien se ha trabajado en garantizar el derecho a la salud de las personas presas y se han hecho grandes esfuerzos por parte del Gobierno así como de la Administración penitenciaria para paliar el impacto del COVID-19 no sólo entre las
personas presas sino también en relación a los y las trabajadoras, es necesario seguir trabajando en esa línea a fin de mejorar nuestro sistema y fortalecerlo. La aplicación de la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que se expresa como sigue, es un pilar fundamental en este sentido.
'Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los
estatutos de autonomía.'
Reconocemos los esfuerzos realizados junto a las Comunidades Autónomas para materializar esta disposición y confiamos en seguir trabajando para implementarla lo antes posible.
Esta situación empeora en el caso de las mujeres presas tal y como se recoge en el Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de Esparta y
Andalucía. Debido a una serie de factores que agravan la situación que viven en las prisiones españolas, diseñadas y pensadas para hombres pese a representar el 7,7 % de la población reclusa.
En otro orden de cosas, la Ley Orgánica General Penitenciaria, primera de nuestra democracia, favoreció la transformación del sistema penitenciario a un modelo moderno, democrático, inspirado en los métodos y procedimientos científicos,
respetuoso de los derechos humanos, acorde con la legislación internacional que ha acabado siendo una referencia internacional en múltiples aspectos.
Sin embargo, el transcurso del tiempo ha ido suponiendo la necesidad de distintas adaptaciones entre las que cabe destacar la transformación habida en las tecnologías de la comunicación desde la promulgación de la ley penitenciaria y,
concretamente, en los últimos tiempos, ha significado que la regulación reglamentaria dedicada a las relaciones con el exterior, comunicaciones y visitas, haya quedado superada.
Así, el uso habitual de las videoconferencias como forma de comunicación social, asumida y de utilización absolutamente generalizada en la actualidad, debe tener, también, su reflejo en el ámbito penitenciario. Suponen un bajo impacto
estructural, económico, de regulación, en cuanto a su uso en prisión y, sin embargo, las ventajas que pueden significar van más allá de una simple y mera modernización: acercan a la población reclusa a sus familiares y amigos sin necesidad de una
limitación en cuanto al número de comunicantes, facilitan los encuentros sin la obligatoriedad de desplazamientos al centro penitenciario, aspecto muy relevante en determinados contextos, y tienen un carácter de inmediatez en cuanto a su realización
que supera a las tradicionales comunicaciones orales. A su vez, desde un punto
de vista tratamental, la progresiva implementación de las nuevas tecnologías en la dinámica regimental de los centros penitenciarios ayuda a reducir la brecha tecnológica que sufren los internos una vez acceden al medio social normalizado.
Impactando todo ello positivamente en el bienestar de las personas presas como así lo ha demostrado la implementación de estos medios durante los primeros meses de la crisis sanitaria ocasionada por fa COVID-19.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando para que, en cumplimiento de la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se transfiera efectivamente a las Comunidades Autónomas los servicios e
instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias con el fin de conseguir su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. En tanto se lleva a cabo dicha transferencia, adoptar con carácter urgente
las siguientes medidas.
1.1 Seguir aumentando paulatinamente, el personal médico, especialistas vía MIR mediante oferta pública de empleo a fin de garantizar la presencia de médicos durante los fines de semana y días festivos, prestando una atención continua y de
calidad, respetando las condiciones del sistema de salud público. Para este fin ha de establecerse igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.
1.2 Reforzar la implementación de las recomendaciones de diversas instituciones para la protección de los derechos humanos. En concreto garantizar la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad que lo necesiten con mayor
frecuencia incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos.
En pos de seguir favoreciendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, se atenderá especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión.
2. Modificar el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento penitenciario, para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de realización de comunicaciones mediante
sistemas de videoconferencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2020.-Enrique Fernando Santiago Romero, Diputado.
161/001312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de modificación del Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica General Penitenciaria, primera de nuestra democracia, favoreció la trasformación del sistema penitenciario a un modelo moderno, democrático, inspirado en los métodos y procedimientos científicos, respetuoso de los derechos
humanos, acorde con la legislación internacional que ha acabado siendo una referencia internacional en múltiples aspectos.
No obstante, el transcurso del tiempo ha ido suponiendo la necesidad de distintas adaptaciones. Sin duda, y en el ámbito de esta propuesta que se realiza, la transformación habida en las tecnologías de la comunicación desde la promulgación
de la ley penitenciaria y, concretamente, en los últimos tiempos, ha
significado que la regulación reglamentaria dedicada a las relaciones con el exterior, comunicaciones y visitas, haya quedado superada.
Así, el uso habitual de las videoconferencias como forma de comunicación social, asumida y de utilización absolutamente generalizada en la actualidad, debe tener, también, su reflejo en el ámbito penitenciario.
Suponen un bajo impacto estructural, económico, de regulación, en cuanto a su uso en prisión y, sin embargo, las ventajas que pueden significar van más allá de una simple y mera modernización: acercan a la población reclusa a sus familiares
y amigos sin necesidad de una limitación en cuanto al número de comunicantes, facilitan los encuentros sin la obligatoriedad de desplazamientos al centro penitenciario, aspecto muy relevante en determinados contextos, y tienen un carácter de
inmediatez en cuanto a su realización que supera a las tradicionales comunicaciones orales. A su vez, desde un punto de vista tratamental, la progresiva implementación de las nuevas tecnologías en la dinámica regimental de los centros
penitenciarios ayuda a reducir la brecha tecnológica que sufren [os internos una vez acceden al medio social normalizado.
La reciente pandemia sufrida como consecuencia del COVID-19, y el uso que se ha dado de las videollamadas como mecanismo de comunicación durante las cuarentenas habidas ha supuesto la constatación de su necesidad y su gran utilidad.
Internos e internas han podido ver, hablar, interactuar con sus allegados. Éstos han reducido sus preocupaciones y angustia ante la imposibilidad de realizar las comunicaciones viéndose, por otro lado, notablemente mejoradas las tradicionales
comunicaciones telefónicas.
Más allá de las posibilidades que se abren en las relaciones con familiares y amigos, las propias comunicaciones con abogados y procuradores, con autoridades o profesionales como las autoridades judiciales o miembros del Ministerio Fiscal,
Defensor del Pueblo, etc. también pueden verse mejoradas mediante la utilización de este tipo de canales de comunicación. De hecho, ya vienen efectuándose con normalidad.
La Instrucción 2/2007 de esta Secretaría General sobre de implantación del sistema de videoconferencia ya establecía una regulación que ha permitido la celebración de este tipo de comunicaciones para el desarrollo de actuaciones judiciales
(juicios, diligencias), comunicaciones entre internos y familiares y consultas médicas, con resultados altamente satisfactorios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno modificar el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de
realización de comunicaciones mediante sistemas de videoconferencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2020.-David Serrada Pariente, Ana Botella Gómez, Ana Prieto Nieto, Rafael José Vélez, Josefa Andrés Barea, Francisco Aranda Vargas, Zaida Cantera de Castro, Santos Cerdán León, Luc
André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro, Ignacio López Cano y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001065
Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2020 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan de tutorías individualizadas online, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados'
serie D, núm. 125, de 24 de julio de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de garantizar la conciliación de las familias en
circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recogía en sus artículos 5 y 6 una serie de disposiciones dirigidas a facilitar la conciliación
entre la vida laboral y familiar de las personas trabajadores con necesidades de cuidado derivadas de circunstancias relacionadas con la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La primera de ellas establecía el carácter preferente del teletrabajo durante la vigencia de la emergencia sanitaria, siempre que la conversión a esta modalidad de trabajo fuese técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación
necesario resultase proporcionado.
La segunda regulaba el denominado 'Plan MECUIDA', que contemplaba el derecho de las personas trabajadoras con necesidades de conciliación para el cuidado de su cónyuge o pareja de hecho, de sus hijos o de familiares dentro del segundo grado
por consanguinidad, por circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de COVID-19 a la adaptación y/o a la reducción de la jornada de trabajo, que podía alcanzar hasta el 100 % de la jornada en supuestos justificados. Entre
estas circunstancias excepcionales de conciliación, se incluye el hecho de que el cónyuge, pareja de hecho, hijo o familiar dentro del segundo grado se encuentre en aislamiento epidemiológico o preventivo por COVID-19, o cuando deban permanecer en
el domicilio como consecuencia del cierre de centros educativos, sociales u otros análogos decretado por las autoridades competentes, o cuando estuviesen a cargo de una tercera persona que no pueda seguir haciéndose cargo de ellos por causas
justificadas relacionadas con la COVID-19.
Ambas medidas tenían una duración inicial de hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, ampliada posteriormente otros dos meses adicionales en virtud del artículo 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril. En
consecuencia, la vigencia de ambas medidas, en este momento, se circunscribe hasta el 30 de septiembre de 2020. Una fecha que sin duda resulta prematura a la luz de los nuevos rebrotes de COVID-19 que cada día se vienen produciendo con mayor
frecuencia en nuestro país y que pueden llegar a trastocar de manera significativa el reinicio de la actividad escolar. De ser así, se daría la circunstancia de que ambas medidas dejarían de estar vigentes precisamente en el contexto en el que
resultarían más necesarias, con los perjuicios que ello conllevaría.
Por otra parte, una de las críticas más recurrentes, y también más fundadas, a las dos medidas anteriores es que o bien no están al alcance de todo el mundo, o bien adoptarlas conlleva una renuncia a parte del salario que en muchos casos es
inviable. En efecto, la conversión al teletrabajo no es ni técnica ni funcionalmente viable o es directamente imposible en determinados sectores, actividades, puestos de trabajo o tareas concretas, mientras que la reducción de la jornada de
trabajo, aun cuando es una medida de alcance más general, conlleva una reducción del salario proporcional a la de la jornada.
Como señalamos desde Ciudadanos ya en el mes de marzo mediante carta remitida al Gobierno, estas limitaciones hacen necesario articular las medidas excepcionales oportunas, al menos mientras persista la emergencia sanitaria de COVID-19, que
permitan ofrecer una alternativa a las personas trabajadoras que no puedan teletrabajar que no implique reducción salarial o bien que compensen esta reducción cuando la misma resulte ineludible.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Extienda de manera indefinida la vigencia del carácter preferente del teletrabajo y del derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo del Plan MECUIDA, en los términos previstos en los
artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de modo que los trabajadores puedan acogerse a las mismas cada vez que concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19.
2. Establezca una prestación económica extraordinaria para todas las personas trabajadoras que, no siéndoles posibles teletrabajar, se acojan a la reducción de jornada especial del Plan MECUIDA para el cuidado de sus hijos o de otros
familiares dependientes a cargo, inclusive en el supuesto de que deban permanecer en el domicilio por el cierre del centro educativo, centro social u otros análogos decretados por las autoridades sanitarias por riesgo de contagio de COVID-19,
durante el tiempo en que estén pendientes de resultados de una PCR y, si fuesen negativos, durante el tiempo en que se mantenga cerrado el centro, de modo que se garantice que todas las personas trabajadoras puedan conciliar en estas circunstancias
excepcionales sin tener que renunciar a su salario o sus vacaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-María Muñoz Vidal, Sara Giménez Giménez y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de una nueva prórroga de los ERTE y de las medidas
extraordinarias de cotización a la Seguridad Social y de protección por desempleo para los trabajadores afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, recogía en su artículo 22 la regulación de medidas excepcionales en relación con los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de la jornada de trabajo, que en el ordenamiento laboral articula a través de los denominados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por causas de fuerza mayor relacionadas con la
pandemia de COVID-19, que se iniciasen durante la vigencia del Estado de Alarma declarado en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo, la citada norma, en su artículo 23, establecía una serie de especialidades en el procedimiento
de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que se iniciasen también durante la vigencia del Estado de Alarma.
La aplicación de estos expedientes llevaba a su vez aparejada una serie de medidas extraordinarias, tanto en materia de protección por desempleo como de cotización a la Seguridad Social, reguladas, respectivamente, en los artículos 24 y 25
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En relación con las primeras, la norma preveía el reconocimiento de la protección por contributiva por desempleo a los trabajadores afectados por el ERTE aunque no reuniesen el periodo mínimo de
carencia, así como el derecho de estos trabajadores a la reposición de sus prestaciones de cara a la solicitud de futuros derechos.
La duración de estos ERTE, cuya vigencia inicial se circunscribía al Estado de Alarma, ha sido con posterioridad objeto de sucesivas prórrogas. La primera de ellas, exigida por Ciudadanos como condición para apoyar la prórroga del Estado de
Alarma y aprobada por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, hasta el 30 de junio de 2020. La segunda, también exigida por Ciudadanos, y de acuerdo con lo pactado por los agentes sociales, se produjo en virtud del Real Decreto-ley 24/2020, de
26 de junio, hasta el 30 de septiembre.
El impulso conferido a los ERTE ha contribuido a que la mayor parte del ajuste del empleo indefinido durante esta crisis sanitaria se haya realizado a través de este procedimiento, en lugar de recurrir de manera directa al redimensionamiento
de plantillas mediante Expedientes de Regulación de Empleo, como sucedió en la crisis económica de 2008. Esta circunstancia ha permitido que, ante la mayor caída del PIB de la historia reciente de España, 4,5 millones de trabajadores, que de otro
modo hubieran perdido
su empleo de forma automática, hayan podido mantenerlo a la vez que percibían una protección social extraordinaria que garantizase su cobertura durante esta emergencia sanitaria.
Pese a todo, en la actualidad todavía cerca de 800.000 trabajadores continúan en un ERTE desde la declaración del Estado de Alarma, en la mayoría de los casos en actividades vinculadas al sector turístico. Para todos ellos, la perspectiva
de que los ERTE y las medidas extraordinarias que los acompañan, finalicen el 30 de septiembre, cuando la recuperación de su actividad no parece siquiera una alternativa remota, resulta completamente inviable.
Por si lo anterior no fuese suficiente, aquellos trabajadores en ERTE que pronto cumplirán seis meses de suspensión de contrato o reducción de jornada se enfrentan ahora a la reducción de la cuantía de la prestación por desempleo que
perciben, que, si no se hace nada por evitarlo, pasará a ser del 50 % de la base reguladora, en lugar del 70 %.
Por último, aunque menos importante, a medida que transcurren los meses resulta cada vez más patente la oportunidad que se está desperdiciando para que las personas trabajadoras afectadas por un ERTE pudieran aprovechar el tiempo de
suspensión o de reducción de jornada -en el que, por otra parte, no pueden tampoco realizar otras actividades con normalidad dadas las restricciones generales impuestas por la emergencia sanitaria- para formarse y reforzar o actualizar competencias
profesionales. Existen recursos suficientes en materia de formación profesional que podrían ser puestos a disposición de estos trabajadores, idealmente, en el marco de una oferta formativa diseñada atendiendo a las necesidades específicas de los
distintos sectores, pensando sobre todo en el turismo.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Prorrogue de nuevo la duración de los ERTE por causa de fuerza mayor iniciados durante el Estado de Alarma, con carácter general, hasta el 31 de diciembre, así como de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y
de cotización a la Seguridad Social, contemplando su posible extensión más allá de esa fecha en sectores de actividad donde el impacto de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 haya sido mayor, en particular el sector turístico.
2. Establezca, con carácter excepcional, que los trabajadores afectados que hayan permanecido en un ERTE iniciados durante el Estado de Alarma por más de seis meses no vean reducida la cuantía de la prestación por desempleo que tengan
reconocida, fijándose el importe de la misma durante toda la duración del ERTE en el 70 % de la base reguladora de la prestación por desempleo reconocida al trabajador, en lugar del 50 %, atendiendo a las restricciones extraordinarias a la movilidad
y al desarrollo de actividades decretadas por las autoridades sanitarias para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 que impiden a los trabajadores buscar y acceder a un empleo con normalidad.
3. Posibilite la declaración de ERTE por causa de fuerza mayor en los casos en que las empresas se vean forzadas a reducir su actividad, total o parcialmente, por causa de los nuevos rebrotes de COVID-19 que se producen en nuestro país, con
los mismos efectos y las mismas medidas extraordinarias en materia de cotización a la Seguridad Social y de protección por desempleo que para aquellos iniciados durante el estado de alarma.
4. Promueva el acceso de los trabajadores afectados por estos ERTE a los recursos de la formación profesional para el empleo para que puedan aprovechar el tiempo de suspensión o de reducción de jornada en reforzar y actualizar sus
competencias profesionales, impulsando, en paralelo, el diseño de ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los sectores más afectados, en particular el del turismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, para
su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
La OMS considera que los malos tratos a las personas mayores constituyen un problema importante de salud pública que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el
abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.
Según INPEA (red internacional de prevención del abuso y maltrato en la vejez) el maltrato a las personas mayores es 'cualquier acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas, que se producen dentro de cualquier relación donde
existe una expectativa de confianza, y que causa daño o angustia a una persona mayor'.
El Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas adoptado por todos los países en Madrid, en abril de 2002, reconoce claramente la importancia del maltrato a las personas mayores y lo pone en el contexto de los Derechos Humanos
Universales.
Existen numerosas formas de maltrato, tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. En los últimos meses se han conocido casos alarmantes de malos tratos en residencias de personas mayores, Es especialmente preocupante la
concentración de estos graves episodios en la Comunidad de Madrid, tanto en residencias públicas gestionadas por empresas privadas como en centros de gestión pública.
En la Comunidad de Madrid se han denunciado malos tratos físicos y psicológicos. Según manifiestan los afectados y sus familias, existe una evidente escasez de personal, condiciones laborales precarias, negativa a sustituir bajas, escasa
atención médica continuada. Todo ello ha dado lugar a una atención, falta de cuidados y problemas de salud que no se abordan como debería.
Según datos del IMSERSO, solamente se notifica uno de cada 24 casos de maltrato a personas mayores. En ocasiones, los afectados pueden sufrirlo y ni siquiera saberlo. Cuando son conscientes, muchas veces no saben cómo denunciar, no quieren
causar problemas y temen las consecuencias que una denuncia pudiera suponer.
A pesar de la dificultad que conlleva extrapolar la realidad del maltrato a los mayores a las estadísticas, un estudio publicado en la revista 'The Lancet Global Health' y financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaba, a
principios de 2017, que una de cada seis personas de edad avanzada sufre algún tipo de maltrato en todo el mundo, lo que supone aproximadamente unos 141 millones de afectados (en España, alrededor de 520.000 maltratados mayores de 65 años). Según
la Fundación ONCE, el riesgo a sufrir situaciones vejatorias se multiplica por 10 cuando el afectado presenta discapacidad, lo que ocurre en un alto porcentaje de los mayores.
Teniendo en cuenta estas cifras, que se presuponen subestimadas, y la baja tasa de denuncias que se ponen, los expertos coinciden en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la vulnerabilidad de esta parte de la población y tomar
medidas para prevenir y abordar los malos tratos a las personas mayores.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornas en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones
de discapacidad o dependencia. Este Plan se evaluará y revisará periódicamente en función de sus resultados y de las
conclusiones que se extraigan a raíz de la elaboración de una estadística actualizada, completa y fiable. En la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas
mayores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2020.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una Estrategia
de inclusión de las personas mayores en la Sociedad de la información y de las Tecnologías de Comunicación, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Según datos estadísticos del INE la media de esperanza de vida en España en 2019 se sitúa en 83,59 años, siendo de 80,87 años para los hombres y 86,22 años para las mujeres. En el año 2000 la media se situaba en 79,3 años y, por sexos, era
de 75,93 años para los hombres y 82,73 años para las mujeres. En nuestro país el promedio ha mejorado a un ritmo de cuatro años por década.
Sin duda, el reconocimiento constitucional de la salud como derecho, la implantación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y los avances en Ciencia, Tecnología y Medicina son piezas clave en el aumento de la esperanza de vida.
Como también lo son las políticas públicas dirigidas a promover y garantizar la calidad de vida en todas las fases y circunstancias del ciclo vital. Desde la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, el derecho a la vivienda
digna, la atención a la vulnerabilidad y la dependencia, las condiciones de trabajo y salario dignos, hasta la garantía de un sistema de pensiones dignas. Así como el impulso de las políticas medioambientales.
Esta mayor esperanza de vida ha dado lugar a que la longevidad se haya convertido un reto para los poderes públicos de los países desarrollados, en especial por lo que hace a la sostenibilidad del sistema para abordarla. Pero también es un
reto que implica a toda la sociedad.
La esperanza de vida saludable, definida por la OMS como los años que se espera que vivan las personas con buena salud, comporta el desafío social y político de adaptación continua a las especificidades de cada generación y sus necesidades.
En el marco de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, el aumento de la esperanza de vida saludable comporta la actualización, también continuada, tanto del concepto de inclusión como de las herramientas para hacerla efectiva.
Así, la atención a la dependencia ha evolucionado desde una perspectiva de asistencialista a un abordaje integral para garantizar la efectividad del derecho a la autonomía personal: pensiones dignas, asistencia sanitaria, cuidados
domiciliarios, vida activa y saludable, red social... son factores todos ellos determinantes para una sociedad inclusiva y cohesionada.
Y también es determinante para este objetivo de inclusión y cohesión, disponer los medios necesarios para que cada miembro de la sociedad se sienta y pueda ser partícipe de ella.
A la par que el aumento de la esperanza de vida, se ha producido la evolución de la tecnología de la información y la comunicación y su desarrollo como herramienta útil, segura y fiable utilizada en los ámbitos públicos y privados para la
mejora de la calidad de vida de las personas y contribuir a la cohesión social.
Las estadísticas señalan que las personas mayores son un grupo social que corre el riesgo de quedar aislados de una sociedad que se mueve en un entorno digital para obtener servicios, trabajar y relacionarse.
Según datos del INE referidos a 2019, un 23,4 % de las personas mayores de 74 ha utilizado internet en los últimos tres meses (frente a un 90,7 % de las personas entre 16 y 74 años) y sólo un 11,9 % lo ha
hecho a diario (frente a un 77,6 % de las personas entre 16 y 74 años). Entre los usos realizados destacan la mensajería instantánea (71.7 %), la lectura de prensa (55.9 %) y el correo electrónico (44,0 %).
Fomentar las habilidades en TIC entre la población de mayor edad favorece su acceso a los servicios públicos, amplía su capacidad de relación personal y social y refuerza su vínculo con la sociedad, contribuyendo a paliar y evitar la soledad
no deseada.
En el actual contexto de pandemia, la inclusión de las personas mayores en la Sociedad de la información y las nuevas tecnologías de la información deviene imprescindible para evitar el aislamiento y la pérdida de la calidad de vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar, en coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas, una Estrategia de inclusión de las personas mayores en la Sociedad de la información y de las tecnologías de comunicación, a fin de mejorar su calidad de vida y
reforzar su vínculo con la sociedad.
2. Incluir en la Estrategia como objetivo facilitar el acceso de las personas mayores a las plataformas digitales de tramitación de prestaciones y servicios públicos.
3. Incluir en la Estrategia como objetivo favorecer y ampliar las relaciones personales y con la comunidad de las personas mayores, a fin de contribuir a paliar y evitar la soledad no deseada.
4. Tomar en especial consideración las especificidades de las personas mayores con dificultades socioeconómicas para que estas no sean condicionante de su acceso a las tecnologías de la comunicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2020.-Carmen Andrés Añón y Sonia Guerra López, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la aportación
española a la historia y cultura de América y del mundo, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los Estados Unidos de América es un país amigo y socio fundamental para España con el que nos une una excelente e histórica relación bilateral, que tiene un rico pasado y una gran proyección de futuro en el siglo XXI. Un aliado con el que
pocos países en el mundo poseen unos vínculos históricos, culturales y lingüísticos tan sólidos como España.
La comunidad española residente en ese país también crece y supera ya las 150.000 personas, que asumen una posición destacada en los ámbitos empresarial, científico, tecnológico, educativo, cultural y deportivo de la sociedad estadounidense.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su red de Consejerías de Educación en el Exterior, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, principal pero no exclusivamente a través del Instituto Cervantes, realiza
una ingente labor para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior, así como de nuestro legado histórico en Estados Unidos. Más allá de nuestra lengua,
que hablan en Estados Unidos 57 millones de hispanohablantes y estudian varios millones más con el inglés como lengua materna, muchos
aspectos del legado español son todavía poco conocidos por el gran público norteamericano, como la influencia aún visible hoy de nuestra arquitectura, ingeniería y agricultura o el diseño urbanístico original de algunas de sus grandes
ciudades, como Los Ángeles, San Francisco, San Diego o San Antonio.
Asimismo, varias entidades independientes, como la Fundación Consejo EspañaEstados Unidos, el Hispanic Council o la Hispanic Society ponen de relieve y difunden los lazos históricos, pero también las actuales relaciones comerciales,
empresariales y científicas.
Por otro lado, a nivel educativo, el impacto de los programas del Ministerio de Educación en Estados Unidos se resume en la gestión de 1.384 profesores españoles a través del programa de Profesores Visitantes, financiados íntegramente por
las administraciones educativas norteamericanas contratantes. Asimismo, España está presente en 112 centros, denominados International Spanish Academias (ISA), que suman 45.000 alumnos en total. Envía profesores a 7 centros en la Sección Española
de Miami-Dade (PEI) con aproximadamente 1.800 alumnos y a la Sección en Nueva York en UNIS con 514 alumnos. Por otro lado, financia 30 Auxiliares de Conversación (AACC) españoles en EE.UU. destinados en escuelas estadounidenses. En esta línea,
contrata Auxiliares de Conversación (AACC) norteamericanos en España, 81 auxiliares financiados por el MECD y 2800 auxiliares financiados por las Comunidades Autónomas, lo que representa 1.000.000 de alumnos españoles beneficiados.
A pesar de esta intensa y estrecha relación entre ambos países, tras la muerte el pasado 25 de mayo del joven afroamericano George Floyd cuando era custodiado por la policía, ha desatado importantes revueltas en Estados Unidos. Fruto de
estos disturbios, varias esculturas de insignes españoles fueron atacadas con actos vandálicos, alegando ser símbolos de opresión racista en el pasado. En concreto, se trató de la figura del misionero mallorquín Fray Junípero Serra, que fue
derribada y la de Cervantes, que fue pintada con la palabra 'bastardo' con pintura roja, en la ciudad de San Francisco. Estos hechos, además del daño patrimonial y sentimental que producen, muestran una profunda ignorancia de la personalidad y la
actividad de estos ilustres españoles, alejada de la realidad, y un lamentable desconocimiento del legado cultural común de ambos países.
La historia nos debe valer para mejorar las sociedades, no como instrumento para validar unos hechos (como los actos vandálicos en EE.UU o los acontecidos en nuestro propio país). La historia no puede servir para legitimar un poder o
interés particular. No podemos estar en una continua duda de los hechos acontecidos. No existe una historia oficial o una historia a medida, y solo el rigor de la investigación, con las normas y procedimientos que internacionalmente nos hemos dado
deben de dar soporte a revisiones históricas.
En el caso de Fray Junípero Serra, misionero franciscano, desarrolló en California dieciséis misiones, donde además de llevar el Evangelio a la población indígena también les enseñó a cultivar alimentos y a realizar diferentes artesanías de
arcilla, ya que no conocían la agricultura.
A los indígenas les proporcionaban semillas y animales y les asesoraban en el trabajo de la tierra; otros aprendieron oficios como técnicas de carpintería, albañilería o herrería. Las mujeres recibían adiestramiento en labores de cocina,
costura y confección de tejidos. Serra era apreciado por los indígenas entre los que vivió, e incluso en ocasiones se enfrentó al poder político para defender a los nativos. Es el único español que tiene una estatua en el Salón Nacional de las
Estatuas situado en el Capitolio, sede del poder legislativo de Estados Unidos, donde están representados los personajes más ilustres de esta nación, a propuesta de California, porque es considerado personaje clave para la historia de este estado y
de los Estados Unidos. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y el Papa Francisco lo canonizo, siendo el primer Santo Hispano en EEUU.
La lengua española, que representa universalmente Miguel de Cervantes e impulsa y promociona el instituto que lleva su nombre por todo el mundo, ha sido el elemento de unión más importante entre España y Estados Unidos. Una lengua que une
dos culturas, a través del reconocimiento y respeto mutuo que han enriquecido nuestra lengua y a ambas sociedades, la americana y la española. La cultura ha sido un nexo entre continentes, nuestros grandes escritores han sido estudiados en América,
y es también allí donde muchos encontraron su inspiración y un país de acogida. Además de Cervantes Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Rosa Chacel, Francisco Ayala, Carmen Martín
Gaite, Elena Fortún, Manuel Chaves Nogales, María Zambrano y más recientemente el malogrado Carlos Ruiz Zafón son buenos ejemplos de producción literaria en español a un lado y al otro del Atlántico. Washington Irving, Edith Wharton o Ernest
Hemingway, ejemplos de estadounidenses amantes de España y difusores de su cultura y su forma de vida.
Es la cultura la que cimienta la comprensión mutua y ese conocimiento el que debe poner freno a estas olas de vandalismos, que nada tienen que ver con una justa reivindicación social. Nuestra historia debe ser reconocida, aceptada y no
juzgada con la perspectiva de nuestros principios actuales. Sin manipulación, sin perversión de nuestra historia, sin fabricar de forma interesada una historia negra que no existió, y mostrarnos orgullosos de las hitos que cambiaron el rumbo de de
la historia y que hicieron progresar al mundo, solo así podremos para mejorar el futuro de las sociedades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al debate de la Proposición no de Ley para la defensa de la aportación española a la historia y cultura de América y del mundo, así como los valores de cooperación y descubrimiento mutuo que
unieron el viejo con el nuevo mundo tras el descubrimiento de las Américas, que se define en los siguientes puntos:
- Rechazar enérgicamente desde el Gobierno en su conjunto, y más concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, los ataques vandálicos que han sufrido monumentos dedicados a personalidades de la historia común de España y Estados
Unidos en estos últimos días, en EE.UU y también en España, como las pintadas vandálicas de Fray Junípero Serra en Palma de Mallorca de estos días.
- Defender el legado español en Estados Unidos, así como las figuras de Miguel de Cervantes, Cristóbal Colon y del misionero fray Junípero Serra, a través del Instituto Cervantes.
- Defender el valor del descubrimiento de América, la importancia de las figuras de nuestro país que participaron en ella, como Cristóbal Colón o Hernán Cortés así como la figura de Juan Sebastián El Cano como protagonista de la primera
circunnavegación hace justo 500 años, que supuso un cambio de rumbo radical en la historia mundial.
- Instar al Instituto Cervantes a desarrollar un plan de expansión y comunicación en América de la cultura de España e Hispanoamérica y de las figuras históricas vinculadas a la historia común de estos países.
- Desarrollar, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, todas las medidas precisas para fortalecer y estrechar las relaciones de los dos continentes, a través de iniciativas de todo tipo, y con la participación del cuerpo consular.
- Reforzar el papel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Estados Unidos, a través de la Consejería de Educación para Estados Unidos y Canadá y seguir desarrollando la colaboración a distintos niveles con instituciones educativas
de Estados Unidos para incrementar el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura, según los fines propios otorgados por la normativa vigente a la red exterior.
- Reforzar el papel del Instituto Cervantes en Estados Unidos y desarrollar la colaboración a distintos niveles con instituciones educativas de Estados Unidos para incrementar el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura, tanto
de la población estadounidense, como de la española.
- Apoyar la realización y publicación de nuevos libros, estudios históricos, foros, reportajes de televisión, producciones cinematográficas, seminarios y conferencias para un mejor conocimiento de los aspectos comunes de nuestra historia.
- Difundir a través de la Marca España la verdadera historia del descubrimiento y la gran labor de nuestro país a favor del desarrollo humano de los pueblos indígenas de Norteamérica. Especial atención se debe prestar por parte de Marca
España, dentro de su cometido, a la proyección de una imagen positiva de nuestro país en el exterior, en colaboración con la Real Academia de la Historia y Acción Cultural Española (ACE) para la elaboración de contenidos y la preparación de eventos
de diferente tipo y alcance, fortaleciendo la educación sobre cultura e historia de España en los EE.UU.
- Retomar el apoyo a las actividades que realiza la Fundación Consejo España-Estados Unidos, como instrumento de colaboración público-privada y de diplomacia pública, en la promoción de la presencia histórica y el legado español en los
Estados Unidos y en la mejora del conocimiento mutuo entre ambas sociedades.
- Apoyar el galardón 'Bernardo de Gálvez 2021', que toma el nombre del malagueño cuya contribución a la Independencia de los Estados Unidos resultó tan valiosa y en cuyo honor la Fundación Consejo España-EE.UU concede dicho premio a las
personas o instituciones de Estados Unidos que fomentan la cooperación y que mejoran la comprensión mutua entre nuestros dos países.
- Retomar las acciones de hermanamiento entre ciudades españolas y americanas, que con tan buen entendimiento han estrechado lazos durante las últimas décadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-Marta González Vázquez, María Soledad Cruz-Guzmán García, Margarita Prohens Rigo, Eduardo Carazo Hermoso y Miguel Ángel Jerez Juan, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte sobre materia de deporte femenino tras la crisis epidémica de la COVID-19.
Exposición de motivos
La crisis epidemiológica del coronavirus ha provocado una parálisis del deporte en España. Esto afecta a la realidad deportiva de nuestro país, dibujando nuevos retos y perspectivas en este sector, que han de plasmarse en el programa y la
hoja de ruta legislativa del gobierno de España.
En el caso del deporte de alto rendimiento y profesional, quienes ocupan un lugar destacado en él lo representan campeones y campeonas mundiales; medallistas olímpicos, futbolistas profesionales, tenistas, ciclistas y deportistas de otras
disciplinas, de primera división o división de honor, que en este momento ven truncadas las expectativas de continuidad en sus trayectorias deportivas, e incluso han quedado abocadas al paro de la noche a la mañana.
Especial mención requieren las mujeres deportistas, que lejos de haber conseguido un reconocimiento tímido de su profesionalidad en algunos deportes mayoritarios, su situación de partida es completamente anómala y llevan décadas peleando por
la visibilidad y por una Ley del Deporte que no las discrimine. Las barreras y dificultades que encuentran las mujeres en el ámbito del deporte aumentan en grado entre aquellas que aspiran a dedicarse profesionalmente a través de la competición
reglada o dentro del tejido federativo, donde su participación no alcanza un escueto 14%.
En este contexto, la retribución salarial es el gran techo de cristal que no permite la profesionalización de las mujeres deportistas en igualdad de condiciones. Por ejemplo, un varón árbitro de fútbol puede ganar 300.000 euros anuales
frente a los 3.000 de una mujer. Nos encontramos frente a un sistema vicioso donde las mujeres son las grandes perdedoras. Esta desigualdad secuestra la historia deportiva femenina y queda ausente de referentes, invisibilizando a más del 50% de la
población.
En la lista Forbes, sólo hay una mujer entre los cien deportistas internacionales con más ingresos, y ello teniendo en cuenta que más del 50% de las medallas olímpicas las ganan equipos y mujeres deportistas; algo que tiene que ver con la
escasa inversión publicitaria que reciben por parte de patrocinadores. Pero también se debe a las masculinizadas estructuras federativas nacionales e internacionales y con el abuso sistemático de la ocupación de las parrillas deportivas en los
canales de radio y televisión públicos por el deporte masculino.
Si antes de la crisis epidemiológica de la COVID 19 la discriminación contra la mujer en el deporte era una situación clara, es necesario que se implemente un plan específico de medidas dirigidas a mujeres deportistas en el ámbito deportivo
profesional, con cambios legislativos importantes en el marco de la colaboración entre Ministerios.
Recuperar nuestro capital deportivo más preciado, que es entre otros las deportistas profesionales, y acabar con la situación de discriminación de las mujeres en el deporte, cumpliendo así el ODS n.º 5 de la Agenda 2030. Las mujeres quieren
ser deportistas de pleno derecho, tener las mismas oportunidades. Sin mujeres deportistas profesionales, no existirán campeonatos, ligas ni representación femenina en los Juegos Olímpicos. De ahí también la necesidad de impulsar de forma decidida
el apoyo a las mujeres deportistas profesionales de nuestro país, que debe ser una prioridad programática del actual gobierno.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas legislativas necesarias para alcanzar la igualdad de derechos laborales de las mujeres deportistas profesionales en todas las disciplinas, más allá del futbol.
2. Supervisar las normativas federativas para incluir a mujeres en los equipos técnicos de manera paritaria.
3. Impulsar un Plan de Actuación de la ITSS focalizado en la vigilancia de los derechos laborales de las mujeres en el deporte profesional.
4. Diseñar mecanismos de implementación que permitan desarrollar en este ámbito la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluyendo una comisión, oficina u órgano dirigido a verificar y
sancionar su incumplimiento en el ámbito del deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2020.-Antonia Jover Díaz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la eliminación de las comisiones bancarias y el fomento y accesibilidad a las Cuentas de Pago Básicas, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Para el día a día de toda la ciudadanía se hace imprescindible contar con ciertos servicios bancarios. Se hace obligatorio contar, cuando menos, con una cuenta abierta en un banco o caja de ahorros donde poder recibir los ingresos de la
nómina, pensión o subsidio, o desde la cuál hacer ciertos pagos que deben constar necesariamente mediante transferencia bancaria para que puedan ser tenidos en cuenta por las distintas Administraciones.
Pero tener una cuenta abierta y utilizar los servicios de una institución financiera que cuenta ya con los beneficios derivados del manejo del dinero depositado, no es gratis. Y lo que es peor, es más caro para los más necesitados poder
utilizar esos servicios financieros imprescindibles.
Hoy puede ponerse como ejemplo el recién estrenado Ingreso Mínimo Vital, que se destina a aquellas personas con mayores necesidades, pero que debe ser recibido a través de una cuenta bancaria necesariamente y sobre esa cuenta deberán pagarse
comisiones. Esto hace evidente la necesidad de que se haga accesible para personas que reciban algún tipo de subsidio, la posibilidad de abrir cuentas corrientes libres de comisiones. Pero también para el resto de la población, que simplemente
necesitan un servicio bancario básico.
El propio Parlamento Europeo aprobó ya en 2014 una Directiva que pretendía poner al alcance de cualquier persona residente en la UE la posibilidad de abrir lo que denominaba una Cuenta de Pago Básica, y que permitía que los Gobiernos fijaran
unas comisiones máximas y que los colectivos en situación de vulnerabilidad pudieran acceder a esos servicios de forma totalmente gratuita (Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 , sobre la comparabilidad
de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas). Sin embargo, la Directiva tardó tres años en ser transpuesta al ordenamiento del Estado español, y cuando lo hizo, no se fijaron
las comisiones máximas, para lo que hubo que esperar hasta 2019.
Así, existe la posibilidad legal, y la obligación de ofrecer, cuando menos a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, como sería el caso de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, la posibilidad de abrir una de estas
Cuentas de Pago Básicas de forma totalmente gratuita, pero esa información no se divulga, no existe el conocimiento entre la población general de esta posibilidad. Según la normativa actual, el resto de usuarios y usuarias podrían también utilizar
las Cuentas de Pago Básicas con una comisión única inicial reducida, pero esta información se oculta.
Lo lógico sería que se conviertan las cuentas de las personas que reciben el IMV u otros subsidios en cuentas sin comisiones de forma automática, pues al recibir esas ayudas ya están demostrando su pertenencia a ese colectivo de mayor
vulnerabilidad.
La Directiva fijaba un máximo de 3 euros de comisión por la apertura, y que luego los servicios (la gestión de operaciones, tarjeta y el uso de la ventanilla entre otros) serían totalmente gratuitas. Pero en la práctica esto no es así, y
las comisiones suponen que los bancos se queden de un 6 a un 10 por ciento del dinero recibido por los beneficiarios de estas ayudas.
Así, recae en los usuarios y usuarias la tarea de reclamar la aplicación de esta cuenta básica gratuita, lo que supone enfrentarse a enormes trabas burocráticas y gestiones interminables, y eso en el caso de que conozcan la existencia de
este tipo de productos gratuitos. Resulta imprescindible que se facilite información accesible sobre los productos gratuitos a disposición de los usuarios y usuarias, en lugar de ocultarse, y que, en el caso de las personas en exclusión social o
situación de especial vulnerabilidad, se conceda automáticamente esa modalidad, pues se conoce por la entidad bancaria los datos de renta de cada persona.
Las restricciones derivadas de la pandemia del COVID 19 han venido a agravar esta situación. Los bancos estaban ya instaurando una política de reducir el número de oficinas presenciales, e dentro de estas, limitando las gestiones que se
podían hacer presencialmente, obligando a los usuarios y usuarias de banca a utilizar la banca electrónica. Tras las limitaciones impuestas para evitar contagios por el COVID-19, muchas oficinas han cerrado sus puertas, y las que se mantienen
abiertas, utilizan el argumento de evitar aglomeraciones en la medida de lo posible para permitir únicamente determinadas gestiones, pero recomendando u obligando a realizarlas on line.
La banca electrónica es una herramienta útil, pero puede suponer un obstáculo insalvable en el caso de aquellos usuarios que no dispongan de las aptitudes y medios necesarios para su utilización. La mayor parte de las personas mayores, y
mucho más si residen en el rural, no podrían desenvolverse con normalidad con estas aplicaciones, siendo la única alternativa viable, acudir en persona a la oficina bancaria para la realización de las gestiones que necesiten.
Otra práctica habitual en los últimos tiempos es el cambio en el sistema de notificaciones sobre movimientos en la cuenta bancaria. Se intenta sustituir la notificación en papel que reciben los usuarios y usarías en sus domicilios, por
notificaciones electrónicas, normalmente a través de las aplicaciones de banca electrónica. Efectivamente, ahorrar en papel es una medida adecuada y que contribuye a proteger el medio ambiente y a evitar la deforestación, pero su aplicación a
determinados sectores de la población es inviable por los mismos motivos antes expresados. Las personas mayores y en general aquellas que tienen dificultades para acceder a los medios telemáticos, ya sea por su formación, por no disponer de
dispositivos adecuados o de conexión, deben poder contar con un sistema que le facilite esa información, es decir, deben poder seguir recibiendo los extractos en papel, sin que por ello deban hacer frente a un coste extra. Su preferencia no es una
opción personal, sino una necesidad.
El BNG considera que las comisiones bancarias deberían eliminarse en su totalidad, pero como mínimo, debe evitarse, de forma urgente, que los bancos obtengan sus beneficios de aquellas personas con una peor situación económica. Los bancos
ofrecen normalmente la posibilidad de eliminar comisiones en sus cuentas si los usuarios o usuarias tienen unos ingresos mensuales elevados, o si contratan con esa entidad otros productos financieros, es decir, tarjetas de crédito, depósitos o
seguros. Así, aquellas personas que tienen ingresos por encima de determinada cantidad pueden negociar con su banco que no se le apliquen comisiones, y son los que cuentan con menos recursos los que no tienen esa opción. Resulta claramente injusto
que los que menos tengan sean los que más paguen.
Efectivamente, las comisiones suponen una parte importante en los ingresos de la banca. Así, por ejemplo, al cierre del ejercicio 2019, las comisiones bancarias suponían el 24% de media de los ingresos del sector financiero español sobre el
margen bruto del sector. Pero no puede permitirse que ese negocio se haga a costa de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Los poderes públicos deben garantizar la posibilidad de acceder a servicios bancarios de forma gratuita, una de las mejores alternativas para lograr esto sería la existencia de un verdadero banco público, o cuando menos, la regulación
normativa que exija a las entidades financieras ofrecer estos productos gratuitos a sus clientes, y que su aplicación sea automática en el caso de la personas que reciban subsidios o rentas de inserción de algún tipo, pues con ello están demostrando
encontrarse entre la población vulnerable.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar los trámites necesarios para prohibir la aplicación de comisiones bancarias por las entidades financieras. El cobro de estas comisiones a los usuarios y usuarias de banca resulta abusivo, pues contar con una cuenta bancaria, es
hoy en día, un servicio básico imprescindible para toda la ciudadanía, por lo que debe garantizarse un acceso universal y gratuito.
2. Regular la obligación por parte de las entidades bancarias de aplicar de forma automática las cuentas de pago básicas sin comisiones a todas aquellas personas que, por recibir subsidios o ayudas públicas, como es el Ingreso Mínimo Vital
o Rentas de Inserción, ya tienen acreditada su situación de vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. José María Sánchez García, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio
Garriga Vaz de Concicao, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D. Antonio Salvá Verd y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la situación laboral de los profesionales sanitarios en proceso de formación como especialistas (médicos internos
residentes), para garantizar la igualdad de trato, la conciliación de la vida familiar y una jornada laboral adecuada a sus circunstancias, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, aplicable con carácter básico a todas las profesiones del ramo de las Ciencias de la Salud, establece en su artículo 20 lo siguiente:
'1. La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implicará tanto una formación teórica y práctica como una participación personal y progresiva del especialista en formación en la actividad y en las responsabilidades propias de la
especialidad de que se trate.
2. La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados.
En todo caso, los centros o unidades en los que se desarrolle la formación deberán estar acreditados conforme a lo previsto en el artículo 26.
3. La formación mediante residencia se atendrá a los siguientes criterios:
a) Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra actividad profesional. También será incompatible con cualquier
actividad formativa, siempre que esta se desarrolle dentro de la jornada laboral de la relación laboral especial del residente.
b) La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la especialidad y se señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas comunitarias.
c) La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de dirección conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros deforma tal que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de
urgencias del centro sanitario.
d) Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de
la especialidad.
e) Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán objeto de las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso existirán evaluaciones anuales y una evaluación final al término del
período de formación.
f) Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las características específicas de la actividad formativa y de la
actividad asistencial que se desarrolla en los centros sanitarios, y de acuerdo con los criterios que figuran en este capítulo y en la disposición adicional primera de esta ley, regulará la relación laboral especial de residencia.
4. Los principios establecidos en el número anterior y los demás que figuran en las secciones 1.ª y 2.ª de este capítulo, podrán ser adaptados por el Gobierno a las específicas características de la formación especializada en Ciencias de la
Salud de las profesiones previstas en los artículos 6.2, párrafos b), c) y d), 6.3 y 7 de esta ley.'
Segundo. Relación laboral de residencia para la formación en Ciencias de la Salud.
Existe una normativa específica en la materia, de aplicación preferente al Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud. Este, desarrollando lo previsto en el artículo 20.3.f) de la Ley 44/2003, dispone en su artículo 4.1 que los residentes tendrán, además de los establecidos con carácter general en el Estatuto de los
Trabajadores, una serie de derechos específicos: a recibir una formación teórico-práctica especializada que será objeto de evaluación, a contar con la asistencia de un médico adjunto que les tutele, a asumir niveles progresivos de responsabilidad,
etc.
Tercero. Régimen jurídico de la jornada laboral.
Respecto a la jornada de trabajo y el régimen de descansos de los residentes, dispone el artículo 5 del citado Real Decreto 1146/2006 lo señalado a continuación:
'1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los establecidos en el ámbito de los respectivos servicios de salud, con las siguientes peculiaridades:
a) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su defecto, será la establecida, mediante normas, pactos o acuerdos, para el personal estatutario de la especialidad que el residente esté cursando en cada
servicio de salud.
En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o convenio se establezca otro cómputo.
b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.
En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá un
descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
c) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá realizar más de siete guardias al mes.
2. La jornada laboral asegurará el cumplimiento de los programas formativos.
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada centro, se procurará disponer la jornada de los residentes deforma que la ordenación del tiempo de trabajo no perjudique su formación.
3. No podrán celebrarse contratos de trabajo del personal residente con jornada a tiempo parcial.'
Cuarto. Situación real de los residentes (MIR).
Expuesto el marco jurídico de los profesionales de la medicina en fase de especialización, es de justicia reconocer que su verdadera situación es muy distinta de la que sé puede inferir de los derechos que tienen reconocidos.
Así ha sido puesto de manifiesto por los propios MIR en varias ocasiones, la última de ellas a través del centenar de denuncias de abusos e incumplimientos de la normativa laboral presentadas en el Observatorio creado por la Asociación MIR
España 1.
(i) Vulneración de la normativa específica por la exigencia de jornadas abusivas.
La realidad es que, en muchos casos, son utilizados como si formasen parte de la plantilla de personal estatutario de los centros sanitarios en los que están realizando su formación de especialistas. Soportan además innumerables, y los
descansos a que tienen derecho desaparecen sistemáticamente en aplicación abusiva de la cláusula que recoge el artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, referida a los supuestos de 'emergencia asistencial'. Todo ello, además, han de realizarlo en
muchos casos sin la adecuada supervisión del médico especialista adjunto asignado, ya que éste sufre asimismo una sobrecarga de trabajo que le dificulta su labor docente.
1 https://www.consalud.es/especial-mir/centenar-mir-denuncian-abusos-incumplimientos-normativa-laboral-vigente__84636_102.html
Por otra parte, la aplicación de la jornada máxima de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo semestral, en los casos de atención continuada y como jornada complementaria a los residentes que introduce la Disposición Transitoria Primera
del mencionado Real Decreto, no parece acertada.
Al abordar la situación laboral de los residentes, no deberíamos perder la perspectiva de que se trata de profesionales en fase de formación. Los residentes son médicos en fase de especialización; es decir, adquieren una formación
especializada mediante el aprendizaje que parte del ejemplo y la docencia de los médicos adjuntos. Por esta razón, y en tanto en cuanto su faceta formativa es importante, no es coherente a su estatus verse obligados a asumir falsas 'emergencias
asistenciales' que les impidan disfrutar de los descansos que necesitan para rendir adecuadamente.
(ii) Vulneración de otros derechos reconocidos deforma general en el Estatuto de los Trabajadores.
Pero es que, además, si el primero de los derechos de todo residente es que se le aplique, con carácter general y de forma subsidiaria a su legislación específica, lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores, este precisamente recoge
entre los derechos de todos los trabajadores los siguientes:
- el descanso semanal (artículo 37);
- la duración máxima de la jornada de trabajo de 40 horas de promedio en cómputo anual, con respeto a los períodos mínimos de descanso diario y semanal, que en todo caso serán de al menos 12 horas entre jornadas diarias (artículo 34);
- la duración máxima de 80 horas extraordinarias por año (artículo 35); y
- la no discriminación (artículo 4.2.c).
(iii) Vulneración de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a las desigualdades salariales regionales.
Tampoco es acorde ni con el artículo 14 de la Constitución Española, ni con el artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores el hecho de que los residentes perciban diferentes salarios u otros conceptos retributivos en función de la
comunidad autónoma en la que realicen su formación, así como tampoco que las condiciones laborales en general puedan ser también diferentes. Lo lógico sería que quienes realicen una actividad formativo-laboral que es la misma para todo el
territorio español y por la que perciben una retribución pública, estén en las mismas condiciones con independencia del lugar donde se encuentren.
Quinto. Conclusión.
Todas las circunstancias referidas están provocando, entre los residentes de la rama de la medicina, un clima de conflictividad social y laboral que está poniendo en riesgo el sistema de formación sanitaria y la viabilidad del propio sistema
sanitario en diversas zonas de España, tal y como recogen diferentes medios de comunicación 2. Este problema, grave per se, se convierte en acuciante si tenemos en cuenta la importancia y la excelencia de la labor de los sanitarios en la crisis del
coronavirus que aún sigue azotando a nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en desarrollo de las competencias estatales recogidas en los artículos 149.1.7.º, 149.1.16.º y 149.1.18.º de la Constitución Española, lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Promover la aprobación de una Ley que establezca lo siguiente:
a) un único régimen laboral y retributivo para todos los profesionales sanitarios que realicen la formación teórico-práctica para obtener una especialidad, de manera que se garantice la igualdad de trato
2 https:/ / www.newtral.es/ transparentia-huelga-mir-sueldos/20200720/?https: / / www.lasprovincias.es / comunitat/ mir-mantienen-huelga-peligran-20200731123331-nt.html?https: / /
www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-huelga-realidad-tras-aplausos-si-gente-apoya-estamos-202007281411 noticia.html?ref=https: %2F%2Fwvvw.googIe.com
%2F?https://www.consalud.es/especial-mir/huelgas-mir-movilizan-pais-reclamar-mejoras-laborales 82794 102.html
de todos ellos, dentro del grupo profesional al que pertenezcan y a la especialidad elegida, con independencia del territorio en el que se encuentren.
b). que la jornada laboral ordinaria y efectiva de los residentes no superará, en ningún caso, las 37 horas y media de promedio en cómputo semestral.
c) la efectividad y obligatoriedad del descanso mínimo de 12 horas entre en final de una jornada y el inicio de la siguiente para los residentes.
d) que el régimen de participación del residente en las guardias del centro sanitario forme parte de su actividad formativa y no de las necesidades de personal que pueda tener el centro. El residente no deberá ser obligado, en ningún caso,
a realizar más de siete guardias mensuales y se le deberá aplicar un sistema de libranzas y descansos adecuado a la naturaleza formativa propia de su vinculación laboral. Bajo ningún concepto el residente podrá ser obligado a renunciar a los
descansos que se establezcan tras la realización de una guardia, sin perjuicio de lo que se hará constar en el apartado siguiente.
2. Promover las correcciones normativas necesarias para que los residentes sanitarios sean tratados, desde el punto de vista de la relación laboral, como profesionales en formación, sin que puedan ser considerados como integrantes de las
plantillas de los centros sanitarios a ningún efecto, debiendo desarrollar su actividad bajo la supervisión de un tutor especialista. A este se le reducirá la carga laboral para poder atender correctamente a los residentes, y se le abonará un
complemento retributivo por el desarrollo de tal labor de tutoría. Esta última se flexibilizará según vaya avanzando la formación del residente.
3. Introducir las modificaciones normativas necesarias para que, en los supuestos de emergencia asistencial a que se refiere el artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, cuando los residentes hayan de prestar servicio por
este motivo, perciban el 80% de todos los conceptos retributivos que les corresponderían si fueran especialistas contratados, y sin perjuicio del régimen de descansos previsto actualmente. En estos casos, primaría la urgente necesidad de contar con
profesionales sanitarios sobre la naturaleza formativa de la actividad laboral de los residentes. No obstante, la emergencia asistencial habrá de ser entendida como un escenario extraordinario que no forma parte de la habitualidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Pablo Juan Calvo Liste, José María Sánchez García, José María Figaredo Álvarez-Sala, Juan Luis Steegmann Olmedillas,
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Antonio Salvá Verd y Georgina Trías Gil, Diputados.- Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades relativa a la racionalización y modernización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Exposición de motivos
La investigación científica constituye un vector de transformación social y progreso económico. Tras la pandemia, tal y como se afirma en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, 'nos encontramos con un sistema
de ciencia, tecnología e innovación debilitado que necesita de un refuerzo urgente y de reformas estructurales'.
La Gran Recesión de 2008 dejó en una situación de enorme vulnerabilidad al sistema productivo y, en particular, al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el período 2008-2017 el presupuesto estatal no financiero en I+D+i
disminuyó en un 38%. A su vez, la falta de recursos ha
agravado los problemas administrativos y de gestión que afectan a los centros y, de manera destacada, al personal de investigación.
La falta de predictibilidad de las convocatorias o el exceso de cargas burocráticas constituyen verdaderos obstáculos en la carrera investigadora que requieren nuevas soluciones regulatorias y organizativas.
En este sentido, ya en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 se abogaba por 'la simplificación administrativa y la racionalización de las actuaciones públicas así como la adopción de procedimientos e
instrumentos fundamentados en esquemas sencillos, flexibles y dinámicos que reduzcan progresivamente los costes de transacción soportados por los agentes, abonando la comunicación e interacción con los mismos', así como por la armonización de
criterios y prácticas de evaluación.
Más recientemente, el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, entre otras cuestiones, llevó a cabo algunas de estas modificaciones encaminadas a
agilizar progresivamente la gestión en el ámbito del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, disminuyendo cargas administrativas y optimizando los procedimientos de gestión de las unidades y centros dedicados a la investigación
científica.
El reciente Plan de choque por la Ciencia y la Innovación ha supuesto un punto de inflexión para situar el I+D+I en el centro de la estrategia de reconstrucción tras una década perdida en materia científica. Sin perjuicio de que en la
futura Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación se acometan los nuevos desafíos estructurales de la investigación científica, se advierte necesario implementar con prontitud nuevas medidas organizativas que faciliten el trabajo a
los y las investigadoras de nuestro país.
Sin duda, la modernización administrativa y funcional de nuestro sistema científico también constituye un acicate para la retención, la atracción y, de manera destacada, el retorno del talento científico. Según el Informe Nacional RIO 2016,
publicado por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, sólo en el período 2010-2015, España perdió aproximadamente 12.000 investigadores. Cualquier política científica que pretenda fortalecer nuestro sistema de I+D+i
debe proporcionar todas las facilidades posibles para que los y las investigadoras que tuvieron que abandonar nuestro país puedan regresar e integrarse en nuestro sistema científico.
Según el informe INNOVACEF (2019), el 64,52% de las y los científicos de nuestro país que trabajan en el exterior estarían dispuestos a regresar a España si tuvieran oportunidades laborales adecuadas para seguir investigando. Sin embargo,
el Informe sobre el Retorno e Incorporación de Científicos e Investigadores a España (CRE, 2019) ha puesto de manifiesto la existencia de numerosas trabas a nivel profesional y administrativo que dificultan el retorno y la incorporación de
científicos e investigadores a España.
Por tanto, resulta necesario implementar nuevas medidas de carácter específico para modernizar la gestión y organización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y desarrollar un Plan de Modernización Organizativa del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incorpore, entre otras, las siguientes acciones:
a) Mejorar y agilizar el proceso de homologación del título de doctorado, promoviendo la suscripción de convenios a tal fin y la configuración de un listado de universidades extranjeras que, por los acuerdos establecidos, habiliten una
homologación simplificada.
b) Habilitar procesos de contratación y evaluación alternativos al sistema de acreditación que eludan sus rigideces, generen incentivos al retorno de las y los investigadores y garanticen la calidad y el control objetivo de los méritos.
c) Promover la potenciación del portal EURAXESS España, en el marco de las orientaciones de la Comisión Europea, a fin de reforzar la información sobre las convocatorias y oportunidades que ofrece el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
d) Extender el uso de un currículum vitae normalizado en todo el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
e) Avanzar hacia la planificación y calendarización de las convocatorias de plazas y ayudas, así como hacia la estabilidad y continuidad de la carrera investigadora, obligando a que todas las decisiones y convocatorias en la materia sean
explícitamente justificadas desde la adecuación al principio de carrera científica predecible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000460
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Diputado D. César Joaquín Ramos Esteban
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el proyecto OPS Master Plan para los Puertos Españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000461
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Diputado D. César Joaquín Ramos Esteban
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el programa Objetivo Tren Seguro diseñado por RENFE para garantizar que sus servicios son operados con las mayores garantías higiénicosanitarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000462
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Diputado D. César Joaquín Ramos Esteban
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno los últimos resultados del indicador que mide la madurez y efectividad de los sistemas de gestión de seguridad de los proveedores de servicio de navegación aérea en Europa (EoSM-Effectiveness of Safety Management}
publicados por EUROCONTROL, referentes a las entidad pública empresarial ENAIRE, adscrita al Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000459
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deportes
Diputado D. Javier Merino Martínez
Texto:
¿Confirma la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, D.ª. Irene Lozano, que durante la semana del 21 de agosto de 2020 telefoneó en varias ocasiones, a la Alcaldesa de A Coruña, para comprar su silencio sobre el 'Caso Fuenlabrada' a
cambio de inversiones del Gobierno de España en instalaciones deportivas de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-Javier Merino Martínez, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/021281
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Borràs Castanyer, Laura (GPlu).
Solicitud por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de escuchas telefónicas a Carles Puigdemont y sus colaboradores.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el tercer guion, teniendo en cuenta que
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo,
Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a
gastos reservados, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Laura Borrás i Castanyer en su calidad de Diputada de Junts per Catalunya, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por
escrito.
Este pasado fin de semana, en distintos medios de comunicación han aparecido informaciones en referencia a que fuerzas de seguridad del estado habrían solicitado una quincena de solicitudes de escuchas telefónicas al President Caries
Puigdemont y sus colaboradores, y el que el juez encargado habría dado luz verde a estas escuchas.
Desde Junts per Catalunya nos preguntamos:
- ¿Qué veracidad le da el gobierno a estas informaciones?
- Hace unos meses el propio presidente Pedro Sánchez admitía la existencia de una policía mal llamada, 'policía patriótica'. ¿le consta al Gobierno que estos informes y estas escuchas puedan tener alguna relación con ella?
- [...]
- En un estado supuestamente democrático, considera el gobierno que el espionaje político puede tener cabida en un estado democrático?
- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para defender las distintas y legítimas opciones políticas existentes o, por lo contrario, continuará blanqueando estas actuaciones más propias de tiempos pasados?
- ¿Se trata de investigaciones prospectivas?
- Es conocedor el Gobierno que las investigaciones prospectivas son contrarias a la legalidad?
- El artículo 12 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, y también el artículo 18.1 de la CE, establecen como bien protegido 'El derecho a la intimidad personal y familiar'. La vulneración de dichos derechos es delito. ¿Piensa
el gobierno actuar o dejará que se continúen vulnerando dichos derechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Diputada.
184/021330
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX) Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX) Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX) Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX) Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Alerta al Centro Criptológico Nacional del jaqueo sufrido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su condición de gestor de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del
Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, así como que de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la
información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando
este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos
Primero. La cuenta oficial en la red social Twitter del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por don José Luis Ábalos Meco, publicó el siguiente mensaje el pasado domingo 30 de agosto de 2020:
El tuit al que se refería era uno publicado por la Junta de Andalucía y referente a la visita del presidente de la Junta de Andalucía, .don Juan Manuel Moreno Bonilla, al puesto de mando avanzado del incendio forestal de Almonaster la Real
(Huelva).
Poco después, la misma cuenta oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicaba lo siguiente:
Segundo. Este jaqueo se produce de forma coetánea a otro producido en los dispositivos móviles de varios ministros y secretarios de Estado durante el pasado mes de agosto. En este último, al menos el ministro de Justicia, don Juan Carlos
Campo Romero, habría hecho clic en un enlace fraudulento que habría introducido un virus en su terminal móvil. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se
encontrarían investigando la extensión del daño sufrido y de los datos revelados.
Así las cosas, se plantean las siguientes
Preguntas
1. [...]
2. ¿Responden los dos jaqueos mencionados en el texto expositivo a las mismas causas?
3. ¿Existen razones para pensar que las anteriores acciones se enmarcan en un ataque cibernético a gran escala contra el Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Juan Calvo Liste y Carlos José Zambrano García-Raez,
Diputados.