Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 282, de 16/01/2018
cve: BOCG-12-D-282
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de enero de 2018
Núm. 282
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de un programa de transferencia del conocimiento España-Israel... (Página6)
Comisión de Justicia
161/002727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el colapso de los juzgados especializados en condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias...
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización de la privatización de BFA-Bankia y el impulso de la banca pública...
161/002726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de políticas públicas de ayuda a la industria en el marco de la Ley de Transición Energética...
161/002747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regulación y promoción de los deportes electrónicos (eSports)... (Página13)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las subvenciones públicas...
Comisión de Fomento
161/002710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la transformación portuaria y urbanística de la ciudad de A Coruña y sus accesos ferroviarios al puerto exterior...
161/002717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integración del ferrocarril en la ciudad de Cáceres... (Página17)
161/002719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre infraestructuras ferroviarias para la ciudad de Elche... (Página18)
161/002721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los efectos de la sequía y el afán recaudatorio del Gobierno central... (Página19)
161/002723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje... (Página20)
161/002731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la línea de ferrocarril Madrid-Extremadura a su paso por la provincia de Toledo... (Página25)
161/002736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de un Tren Público y Social para la Comunidad Foral de Navarra...
161/002737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la colocación de semáforos en el paso a nivel denominado 'Camino de San Vicente a Recemil' en el municipio de Lugo...
161/002738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de las obras necesarias para mejorar la seguridad y eficiencia de las redes de suministro de agua dentro de las actuaciones
susceptibles de ser subvencionadas, tanto en viviendas unifamiliares como en las plurifamiliares en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021... (Página29)
161/002740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones necesarias para la adecuación y modernización del ferrocarril y las líneas de Cercanías en la Región de Murcia...
161/002742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de mejora en las carreteras nacionales de calzada única con dos carriles por circulación que tengan especial peligrosidad...
Comisión de Educación y Deporte
161/002724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las cuantías de indemnización del Seguro Obligatorio Deportivo...
161/002749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de un programa de transferencia del conocimiento España-Israel... (Página34)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Paradores Nacionales... (Página36)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la seguridad y viabilidad del modelo de seguros agrarios... (Página37)
161/002722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos
ambientales... (Página38)
161/002725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo y colaboración institucional con las 'reservas starlights'... (Página40)
161/002734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las orientaciones de política general en el proceso de negociación de la futura reforma de la PAC...
161/002735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la distribución de los Totales Admisibles de Captura para el año 2018 en el marco de la Política Pesquera
Común tras el Acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca... (Página44)
161/002741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a tomar las medidas oportunas para la supervivencia de las abejas... (Página46)
161/002744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la elaboración de un estudio y evaluación conjuntos de los cuatro fragmentos que componen el proyecto único de Gas Natural en el espacio
natural de Doñana y su entorno... (Página48)
161/002745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la rehabilitación, descontaminación y evaluación de la biodiversidad en el río Saviñao, en la provincia de Lugo...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios... (Página51)
Comisión de Igualdad
161/002718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al registro de planes de igualdad... (Página53)
161/002739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo de un código de regulación para evitar la publicidad sexista... (Página54)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y necesidad de que contemple las especificidades
propias de cada territorio... (Página56)
161/002748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las medidas para reducir las muertes por contaminación atmosférica en España...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento del uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad... (Página62)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de obras en el tramo de la antigua carretera entre Lugo y Santiago... (Página63)
161/002746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una política fiscal en apoyo a la bicicleta en las ciudades... (Página63)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesaria promoción de medidas para combatir la hipersexualización de la infancia... (Página65)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000675 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), sobre municipios que han cumplido la regla de gasto en la provincia de Córdoba en los últimos cinco años... (Página67)
Comisión de Fomento
181/000677 Pregunta formulada por los Diputados doña Yolanda Díaz Pérez y don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre motivo por el que se ha optado por iniciar las actividades preparatorias para volver a privatizar las nueve
autopistas quebradas y rescatadas con dinero público -la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda, la R-4 Madrid-Ocaña, la R-5 Madrid-Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la autopista Ocaña-La Roda
(AP-36), la autopista Cartagena-Vera de la AP-7 y la Circunvalación de Alicante-, en lugar de mantenerlas en el sector público... (Página67)
181/000678 Pregunta formulada por los Diputados doña Yolanda Díaz Pérez y don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de ampliar los periodos de concesión de las autopistas de peaje, cuyas concesiones finalizarán de
forma escalonada entre los años 2018 y 2021... (Página67)
181/000679 Pregunta formulada por los Diputados doña Yolanda Díaz Pérez y don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de nacionalizar la AP-9 que comunica Ferrol con Tuy... (Página68)
181/000681 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre adquisición de suelo en el polígono industrial El Recuenco, en Calahorra, La Rioja... (Página68)
181/000682 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre consideración del año 2018 como fecha de referencia para lograr la inclusión de la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en la
red básica del Corredor Atlántico... (Página68)
181/000683 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre actuaciones para incluir la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en la red básica del Corredor Atlántico...
181/000684 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre comunicación enviada al Gobierno por la Xunta de Galicia relativa a la integración de la conexión ferroviaria para el transporte de mercancías
entre los puertos gallegos de interés general en la red europea TEN-T, rediseñando el trazado del Corredor Atlántico de mercancías (red básica)... (Página69)
181/000685 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre disposición que tiene el Gobierno a defender en las instancias europeas la redefinición de la red básica para incluir la conexión ferroviaria de
los puertos con el Corredor Atlántico, vía Monforte, León y Palencia, así como actuaciones realizadas y que se prevé realizar... (Página69)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000676 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre repercusión de los acuerdos pesqueros cerrados recientemente en la Unión Europea sobre el atún rojo... (Página70)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/024973 Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Contenido de lo expuesto por el Canciller del Consulado General de España en Londres, don Luis González, en el día 02/12/2017... (Página70)
184/025014 Autor: Martínez Seijo, María Luz Meijón Couselo, Guillermo Antonio Batet Lamaña, Meritxell
Número de solicitudes de ayuda recibidas, denegadas y concedidas, en cada una de las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, desde el curso 2010/2011 hasta el
2017/2018 en la provincia de Lleida... (Página73)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Girauta, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
impulso de un programa de transferencia del conocimiento España-Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 17 de enero del pasado año 2016, se celebraron los treinta años desde que se establecieron oficialmente las relaciones entre España e Israel, durante los cuales ambos países se han caracterizado por mantener un buen entendimiento.
Durante los últimos años, además, los sucesivos gobiernos españoles han sabido resaltar el legado sefardí de la historia de España, contribuyendo a difundir a la vez la cultura sefardí y el reconocimiento de las raíces judías de nuestro
país.
En el plano comercial, Israel es uno de nuestros principales socios comerciales en Oriente Medio. En términos de exportación a Israel, destaca el sector automovilístico español, los productos químicos y el textil; y en términos de
importación desde Israel, destaca la importación de combustibles, los productos químicos orgánicos; y el material electrónico, a nuestro país.
Es importante destacar también los concursos y licitaciones que Israel está adjudicando a las empresas españolas en el sector de las infraestructuras y la energía.
Por otra parte, durante el programa de encuentros de los Embajadores de España e Israel que tuvo lugar en el año 2015, se establecieron una serie de líneas estratégicas sobre las que España e Israel desarrollarían una relación comercial de
forma consolidada. Estas líneas estratégicas se basarían en una serie de sectores en los que uno y otro país son punteros, y que representan grandes oportunidades empresariales. En concreto, se establecieron como sectores estratégicos en la
relación España-Israel: el sector farmacéutico; las energías renovables; las Smart Cities; la nanotecnología; el tratamiento de aguas; la tecnología agrícola; el tratamiento de residuos; y el sector de defensa.
De esta forma, si estos sectores estratégicos ya ofrecían importantes oportunidades comerciales para España e Israel, la consolidación oficial de las líneas estratégicas de colaboración entre ambos países abre aún más el campo de acción
sobre el que aunar esfuerzos para incrementar el número de oportunidades que representan tanto para nuestras empresas como para nuestros jóvenes.
Precisamente, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el refuerzo de la relación España-Israel debe focalizarse en nuestros jóvenes y vertebrarse en la formación académica, en el I+D, en el emprendimiento y en la estrecha
relación universidad-empresa.
Primeramente, debe cobrar especial relevancia la solidez del sistema académico israelí -desde la educación primaria hasta la educación superior-, pues representa uno de los pilares sobre el que el país basa su éxito.
Siendo uno de los países con más ingenieros per capita laboral del mundo, Israel es además el país que más invierte en I+D en términos de PIB. Cabe recordar que gran parte de esta inversión en I+D se destina al ámbito empresarial, lo que
hace que sus empresas tengan un gran componente de innovación.
En lo que respecta al sector de las Start-Ups, el gobierno de Israel destina multitud de programas de inversión público-privada para start-ups, consiguiendo así inyectar un importante capital público para el crecimiento de start-ups no
solamente a través de fondos de origen nacional, sino también internacionales.
Por último, cabe destacar la salida comercial que Israel está ofreciendo a las investigaciones, lo cual genera un verdadero aliciente para el investigador. Gracias a la importante presencia de los Centros de Transferencia Tecnológica y a su
gran inversión en patentes (cuarto país en número de patentes a nivel mundial), Israel está permitiendo a los investigadores que sus proyectos adquieran una salida comercial, lo cual revierte positivamente no solo en el propio investigador, sino
también en el gran número de proyectos con componente científico que se generan en el país.
Así pues, gracias a todos estos elementos, Israel se ha situado en el top 5 en términos de I+D; Educación Postsecundaria; Personal Investigador; patentes por habitante; e Índice Agregado Global. Actualmente, Israel ostenta la segunda
plaza en el ranking mundial de potencias tecnológicas, ofreciendo así grandes oportunidades empresariales en sectores como el de la tecnología agrícola; la automoción y el manejo del agua o las nuevas tecnologías.
Por todos estos motivos, y sobre la base de los sectores estratégicos referidos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera necesario reforzar los vínculos académicos y empresariales entre España e Israel, con el objetivo último de abrirle
a nuestros jóvenes el abanico de oportunidades profesionales a través de un programa de transferencia del conocimiento en el ámbito tecnológico y de innovación.
Por todo ello, se insta al Gobierno a
Proposición no de Ley
'1. Lanzar un programa de intercambio educativo e investigador entre España e Israel, que contemple los siguientes ámbitos de intercambio:
- El intercambio de estudiantes de Formación Profesional en sectores estratégicos con el fin de transferir conocimientos científicos y comerciales.
- El intercambio de estudiantes universitarios, priorizando estudios relacionados con los sectores estratégicos definidos por ambos países.
- El intercambio de docentes, de investigadores y del ámbito universitario y de la formación profesional, en la modalidad de profesores visitantes.
2. En el seno de este programa de intercambio, integrar los siguientes programas:
- Programa de movilidad e intercambio estudiantil, docente, e investigador.
- Programa de intercambio y transferencia tecnológica y comercial.
- Programa de refuerzo Universidad/Centros de Investigación-Empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2017.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/002727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el colapso de los
juzgados especializados en condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El pasado 25 de mayo de 2017, el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) adoptó, previo Informe favorable del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), un acuerdo para la especialización de determinados juzgados, uno por provincia, para que conociesen con carácter exclusivo y no excluyente de materias relativas a las condiciones generales incluidas en
contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Desde el inicio, el mencionado acuerdo generó una gran controversia y fue aprobado con la oposición de la práctica totalidad de los operadores jurídicos. Como era de esperar, una iniciativa que en principio estaba dirigida a mejorar la
defensa de los consumidores y usuarios y a facilitar los medios de la Justicia para tutelar los derechos de estos, ha terminado provocando justamente lo contrario: el colapso en los juzgados especializados y la acumulación de decenas de miles de
asuntos sin resolver.
Esta situación ya ha sido evidenciada por las conclusiones alcanzadas durante las XXVII Jornadas nacionales de Jueces decanos que tuvieron lugar en Bilbao el pasado 18 de octubre de 2017, donde estos mostraron su rechazo a la medida y
tildándola como 'un completo y absoluto fracaso'. Asimismo, los Jueces Decanos constatan: (I) que la entrada de asuntos desde el 1 de junio de 2017 ha desbordado todas las previsiones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, (II) que
la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España están ya saturados de asuntos (con números imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos, y por las oficinas judiciales), y (III) que la
previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final.
Los datos que recogen los Jueces Decanos en su informe no ofrecen lugar a dudas. Solo desde junio a octubre de 2017, en Madrid había 22.234 asuntos (a resolver por dos jueces en prácticas, un JAT, y un 25 % del Juez Titular; 10
funcionarios; dos LAJ), en Barcelona 8.727 (para dos jueces en prácticas y un 10 % del Juez Titular; cuatro funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones), en Valencia 4.257 asuntos (para tres Jueces en prácticas,
siete funcionarios y un LAJ) y en Córdoba 1.717 asuntos (para un JAT, un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones y tres funcionarios),
La situación es dramática. Tanto que el propio CGPJ, en su última Comisión Permanente (de fecha 2 de noviembre de 2017), ha constatado otros datos ciertamente alarmantes. En el Informe se cifra en 17.398 el número de demandas interpuestas
hasta el 28 de septiembre de 2017, cuyo estado era el siguiente: (I) 10.268 asuntos registrados, a fecha 3 de octubre de 2017; (II) 7.351 asuntos pendientes de Incoar, a fecha 30 de septiembre de 2017; (III) 2.252 asuntos en trámite a fecha 3 de
octubre de 2017; (IV) y solo 190 asuntos resueltos.
Con esta carga de trabajo absolutamente desmesurada y con la insoportable precariedad de medios humanos y materiales destinados a los juzgados especializados, es imposible hacer efectivo el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos. Y,
desde luego, resulta inexcusable que el Ministerio de Justicia emprenda de manera urgente cuantas acciones sean precisas para poner una solución eficaz a este enorme despropósito.
Ante la entidad del problema, consideramos que la única solución factible a fin de solventarlo en un plazo razonable habría pasado por dejar sin efecto, a partir del día 31 de diciembre (fecha de expiración, salvo prórroga), el Acuerdo del
CGPJ del pasado 25 de mayo de 2017, pasando los asuntos que se ingresen a partir del 1 de enero de 2018 a reparto general entre todos los Juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales, manteniendo en marcha los órganos
especializados, hasta la finalización del último de los asuntos ya asignados.
Sin embargo, según las últimas noticias aparecidas en prensa, el pasado 11 de diciembre de 2017, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acordaron mantener los juzgados especializados en cláusulas suelo en 2018 para
evitar que los juzgados de primera instancia se colapsen por el aumento de carga de trabajo. Sin lugar a dudas esto supone no solo la perpetuación sine die de una medida que en todo caso ha de ser excepcional y limitada en el tiempo (art. 98.2
LOPJ), sino también aceptar que en España existan justiciables de primera y justiciables de segunda, siendo estos últimos los ciudadanos afectados por condiciones generales insertas en préstamos hipotecarios.
Dado de que aún no se ha adoptado una decisión por parte del Consejo General del Poder Judicial (más allá del supuesto acuerdo habido en la reunión del pasado 11 de diciembre), lo cierto es que el próximo día 31 de diciembre quedarán sin
efecto el Acuerdo de 25 de mayo de 2017, para cuya prórroga se requeriría de informe favorable del Ministerio de Justicia, de conformidad con el artículo 98.2 de la LOPJ. Por tanto, a la fecha de presentación de esta Proposición no de ley, el
Gobierno aún está a tiempo de rectificar, informar desfavorablemente la prórroga del Acuerdo y, consecuentemente, poner fin a un plan que nunca debió ser acordado.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que desde el mes de junio se han asignado a los juzgados especializados de un número ingente de asuntos, se ha de garantizar que todos ellos sean resueltos sin menoscabo del derecho fundamental a la tutela
judicial de las partes implicadas y, en particular, de los consumidores. Y por ello, instamos al Gobierno para que dote a los juzgados especializados de los medios humanos y materiales necesarios para poder hacer frente a la formidable carga de
trabajo que les ha sido atribuida.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
(i) En virtud de lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, informar desfavorablemente la prórroga para el año 2018 (o, en su caso, las eventuales prórrogas futuras) del Acuerdo de 25 de
mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que los asuntos que se ingresen a partir del próximo día 1 de enero de 2018 (o, en su caso, a partir de la fecha de expiración de eventuales prórrogas futuras),
se repartan entre todos los Juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales.
(ii) Adicionalmente, respecto de los asuntos que hayan sido asignados a los juzgados especializados que fueron instituidos en virtud del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, dotar a estos de medios humanos y materiales suficientes, a fin de que
puedan desarrollar sus funciones de manera fluida y sin menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
(iii) Por último, en aras de que en el futuro no vuelvan a producirse situaciones de colapso (como la que dio lugar al Acuerdo de 25 de mayo de 2017), aumentar el número de jueces, fiscales, letrados y demás personal al servicio de la
Administración de Justicia, así como dotar a los juzgados de los medios materiales suficientes para el normal desarrollo de sus funciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-José Ignacio Prendes Prendes, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a la paralización de la privatización de BFA-Bankia y el impulso de la banca pública.
Exposición de motivos
En el Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria referido al periodo 2009-2015 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el mes de enero de 2017, el rescate bancario ha supuesto 122.122 millones de euros de ayudas
públicas recibidas por el sistema financiero, de los que 41.333 millones de euros [38.833 millones para la reestructuración de entidades de crédito y 2.500 millones para
la capitalización de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)] fueron provistos por la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera bajo el paraguas del Memorando de Entendimiento y el Acuerdo
Marco de Asistencia Financiera firmado con la Comisión Europea en julio de 2012. Tal y como recoge el Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 publicado en mayo por el Banco de España, a 31 de diciembre de 2015 el total de
ayudas aún sumaban 76.410 millones de euros, en términos netos (64.098 millones en forma de instrumentos de capital e híbridos, 10.390 millones en esquemas de protección de activos y 1.922 en garantías). De ese montante, hasta el momento apenas se
han recuperado 4.139 millones y se estima que el importe adicional que puede llegar a recuperarse sería de otros 12.198 millones de euros. De este modo, el coste que el rescate bancario va a suponer para las arcas del Estado alcanza los, al menos,
60.613 millones de euros, equivalente a un 5,6 % del PIB del año 2015.
Las cifras anteriores se han actualizado en las notas que periódicamente publica el Banco de España desde 2013, siendo la última de ellas de septiembre de 2017. En dicho documento se contabilizan a septiembre de 2017 las ayudas tanto por
tipo como por entidad. Concretamente el total de ayudas destinadas a ayudas financieras para el sector bancario alcanza el montante de 56.865, de los cuáles, 42.590 se consideran perdidos.
En el caso concreto de BFA-Bankia y BMN, los fondos públicos dedicados a la nacionalización y recapitalización de Bankia sumaron 24.473 millones de euros y los dedicados al rescate de BMN otros 1.645 millones. De esos importes, la cantidad
recuperable estimada para Bankia era de 9.734 millones de euros, mientras que para BMN era de 1.453 millones. Sin embargo, la operación de fusión por absorción de Bankia y BMN, aprobada por los consejos de administración de sendas entidades el
pasado 26 de junio, que ha dejado al FROB con una participación del 66,6 % en el capital de Bankia, ha supuesto la pérdida provisional de 1.109 millones de euros, debido a la valoración realizada de las acciones de BMN. Además, a esos montantes hay
que sumar otros 22.318 y 5.820 millones de euros, respectivamente, en activos tóxicos transferidos a la SAREB.
Aunque el Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, de 23 de julio de 2012, y el Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, de 24 de julio de 2012, no establece la obligatoriedad de la privatización de las
entidades capitalizadas, el apartado 4 del artículo 31 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, dispuso que la desinversión por el FROB de sus aportaciones al capital social de las entidades
reestructuradas se realizaría en un plazo inferior a los cinco años. Posteriormente, la disposición transitoria primera de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión,
modificada por el artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera, amplió ese plazo hasta los siete años. De este modo, se ha establecido 2019 como fecha límite para la privatización de Bankia,
aunque el plazo aún podría ser ampliado por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
Sin embargo, la situación del sistema financiero español después del proceso de reestructuración bancaria emprendido desaconseja realizar esa operación de privatización. En primer lugar, para evitar que las pérdidas potenciales en los
fondos públicos dedicados al proceso de reestructuración, de las que advierten los informes del Tribunal de Cuentas y el Banco de España, se hagan definitivamente efectivas.
En segundo lugar, porque la resolución del Banco Popular, con su venta por un euro al Banco Santander, ha incrementado aún más la concentración del sector. De hecho, la banca española es la que más se ha concentrado de toda Europa durante
los últimos años. En concreto, las cinco mayores entidades bancarias han pasado de poseer el 31,4 % del mercado en 1997, al 42,4 % en 2008 y al 61,8 % en 2016. De este modo, en contra de una de las lecciones básicas de la reciente crisis mundial,
se está configurando un sistema financiero en el que el tamaño de aproximadamente la mitad de las entidades suponen un riesgo sistémico potencial (too big to fail) a nivel del sector bancario nacional y al menos dos de ellas al nivel del europeo.
En tercer lugar, este proceso de concentración bancaria supone un obstáculo añadido para la necesaria transformación del modelo productivo de la economía española. Por un lado, hay que recordar que los bancos, junto con las antiguas cajas
de ahorros, fueron responsables directos de la canalización de los flujos financieros provenientes de la Zona Euro hacia el crédito promotor y el crédito hipotecario, promoviendo de esa manera la ampliación de la burbuja inmobiliaria. El control
sobre una mayor parte de los recursos financieros de la economía por parte de las entidades resultantes del proceso de reestructuración no va a hacer sino ampliar su capacidad de utilizar la política crédito para maximizar la
rentabilidad de sus modelos de negocios. De este modo, va, previsiblemente, a contribuir a la reproducción del sesgo inmobiliario del modelo productivo de la economía española, en cuya recuperación tienen un gran interés, ya que, no en
vano, permitiría reducir las pérdidas provisionadas por los activos inmobiliarios que aún poseen en sus carteras.
Por otro lado, la concentración del sector bancario supone una amenaza para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales conforman una gran parte del tejido productivo de nuestra economía y cuyo segmento de mercado estaba, en buena
medida, dominado por el Banco Popular. Al aumentar aún más el poder de negociación de las principales entidades financieras del país, los costes financieros de las pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de elevarse, a la vez que verse
disminuida su capacidad de acceso al crédito. No en vano, según el IV Informe de CESGAR sobre 'La financiación de la PYME en España', alrededor del 22 % de las PYMES españolas ha tenido necesidades de financiación en los seis meses anteriores.
Este porcentaje sube al 31,6 % si solo tenemos en cuenta las necesidades de financiación de las pymes exportadoras y 37,3 % de las que están innovando, declarando como principales problemas para acceder a dicha financiación el 'no haber podido
aportar las garantías solicitadas', así como con el coste de la misma.
En consecuencia, frente a la cada vez mayor concentración del sector bancario en unas pocas entidades privadas, resulta fundamental el desarrollo de una banca pública mediante la paralización de los planes de privatización de Bankia y su
conversión en el embrión de un polo bancario bajo control social y democrático. Esta medida permitiría asegurar la canalización del crédito hacia los sectores y actividades estratégicas para la transformación del modelo productivo de la economía
española. Al mismo tiempo, haría posible al acceso a la financiación en unas condiciones favorables a las PYMES. No solo eso, sino que permitiría reducir el poder de mercado de las grandes entidades bancarias privadas, contribuyendo así a reducir
el coste de los servicios financieros ofrecidos al conjunto de la ciudadanía.
Los obstáculos para poner en marcha esta banca pública son únicamente de voluntad política. El apartado 3 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que son compatibles con el mercado anterior 'las ayudas
destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común'. Más aún, el apartado 2 del artículo 123 de ese
mismo Tratado obliga a que los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo dispensen 'el mismo trato' respecto a la concesión de crédito 'a las entidades de crédito públicas' que a las privadas. Por último, de manera más general, debe
recordarse que organismos supranacionales, como el Banco Mundial, vienen recomendando desde 2012 la recuperación y el papel contracíclico de la banca pública. Además, de ser necesario, el Memorando de Entendimiento establece en que el mismo 'podrá
modificarse por mutuo acuerdo de las Partes'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender los planes de desinversión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en BFA-Bankia, modificando, si fuera necesario, el Memorando de Entendimiento firmado con la Comisión Europea.
2. Utilizar la participación mayoritaria en dicha entidad para promover la reorientación de su actividad hacia la de banca pública basada en una gestión profesionalizada, aunque bajo criterios sostenibilidad económica, social y
medioambiental, que, en convivencia con otras entidades bancarias, permita canalizar el crédito hacia la inversión productiva innovadora, especialmente de las PYMES, contribuyendo a la transformación del modelo productivo de la economía española.
3. Utilizar la participación mayoritaria en dicha entidad para generar un segmento de banca comercial que ayude a un redimensionamiento del tejido bancario minorista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García y Josep Vendrell Gardeñes, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, relativa al
establecimiento de políticas públicas de ayuda a la industria en el marco de la ley de transición energética, para su debate en Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
El 22 de enero de 2014, la Comisión Europea, en la Comunicación 'Un Marco estratégico en materia de Clima y Energía para el periodo 2020-2030', propuso:
i) reducir un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en comparación con los niveles de 1990;
ii) incrementar hasta el 20 % el porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo final de energía de la Unión; y
iii) mejorar un 20 % la eficiencia energética de la UE en comparación con los niveles de 1990.
Para llevar a cabo esta hoja de ruta, los gobiernos deberían implementar políticas que fueran encaminadas a conseguir estos objetivos.
En la legislatura 2008-2011, la Comisión Mixta Senado-Congreso para el estudio del cambio climático elaboró un conjunto de conclusiones entre las que se planteaba la elaboración de una ley de cambio climático y el Partido Popular fue el
único partido que se negó a apoyar este planteamiento. Ahora, seis años más tarde, el gobierno debe hacerlo por imperativo de la Comisión Europea. Y en el primer semestre del próximo año, vencerá el plazo establecido para que el Gobierno, en
cumplimiento del Acuerdo de París, presente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España y la Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de acuerdo con el mencionado marco estratégico europeo en el que deberá
fijarse una política destinada a apoyar la transición hacia una economía con bajas emisiones y eficiente en el uso de los recursos.
El 7 de julio de 2017 el Consejo de Ministros aprobó 'la creación de una Comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento
económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los
objetivos establecidos de la forma más eficiente posible. El informe de la Comisión de Expertos recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y
fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la
contribución de las políticas de eficiencia energética'.
Las conclusiones de la comisión de expertos deberían servir, además, para planificar y establecer una estrategia a largo plazo de política energética más predecible, menos volátil, con precios más competitivos para las empresas y asequibles
para los consumidores.
Y en la futura ley de transición energética y de cambio climático, debería recogerse la necesidad de apoyar altos niveles de competitividad de la industria como uno de los principales protagonistas para llevar a cabo el proceso de
transformación del modelo energético del país al poder mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEL) en sus procesos productivos y poder facilitar la integración en el sistema eléctrico de las energías
renovables. Todo ello debe realizarse con la participación, implicación y adaptación de sus empresas y trabajadores hacia un modelo más sostenible. Asimismo, la transición energética tendrá una dimensión social cuyo objetivo es garantizar una
mejor calidad de vida a los ciudadanos presentes y a las generaciones futuras.
Países de nuestro entorno, como Francia, ya lo han hecho, a través de su ambiciosa Ley de Transición Energética y la Comisión Europea también ha establecido una serie de medidas en materia de protección del medio ambiente y energía para las
cuales las políticas públicas y las ayudas estatales podrían, en determinadas condiciones, ser compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, en el marco de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las siguientes políticas públicas de ayuda a la industria, al amparo de las Directrices de la Comisión
Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020:
a) adaptación anticipada a futuras normas de la Unión y estudios medioambientales;
b) energía procedente de fuentes renovables;
c) medidas de eficiencia energética, incluida la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración;
d) uso eficiente de los recursos y, en especial, para la gestión de residuos; promoción de la economía circular;
e) captura, transporte y almacenamiento de CO2, incluidos elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento.
2. Publicar, a la mayor brevedad posible y una vez presupuestadas, las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-Patricia Blanquer Alcaraz, Ana María Botella Gómez, María Pilar Lucio Carrasco y Margarita Pérez Herráiz, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación y promoción de los deportes
electrónicos (eSports), para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La industria de los deportes electrónicos o eSports ha crecido de forma exponencial en los últimos años, consolidándose como una actividad competitiva, de ocio y global y como un negocio nuevo e independiente. El pasado año, 12 países se
unieron a los que ya retransmiten sus competiciones por televisión, las principales compañías de comunicación han invertido en el sector, y numerosos equipos de deportes tradicionales y empresas han decidido entrar en la industria.
Existe un creciente interés empresarial mundial gracias a las cifras de estudios que muestran la rentabilidad del sector: a nivel global, el sector mueve casi 700 millones de dólares (repartidos entre conceptos como publicidad, patrocinios,
derechos de retransmisión, merchandising, eventos, etcétera) y cuenta con una audiencia de 191 millones de espectadores. El sector tiene un potencial de crecimiento superior al 50 % en tres años, y se espera que el negocio de los derechos de
retransmisión se multiplique por siete en cuatro años.
España cuenta actualmente con más de 250.000 jugadores registrados, aunque, según los datos disponibles, el mercado potencial alcanzaría hasta los 13 millones de personas, cuya media de edad es de 36 años. Conviene recordar que el sector de
los videojuegos mueve en España cada año más de mil millones de euros, siendo un nicho de mercado que puede dar salida laboral a numerosos profesionales si se les brinda la orientación adecuada.
Ante el nuevo panorama que se abre en el sector, son muchas las dudas que se generan sobre los aspectos jurídicos a los que deben acogerse los deportes electrónicos, ya que actualmente no existe un
marco jurídico específico que lo regule. En este sentido, países como Francia ya han añadido artículos sobre la materia en su ley digital, con el fin de potenciar y otorgar mayor seguridad jurídica a los eSports.
Una regulación específica serviría, por ejemplo, para arrojar luz sobre la naturaleza de los eSports como actividad diferenciada, por ejemplo, de los juegos de azar, los juegos de habilidad, los concursos y las apuestas. Se podría, de este
modo, establecer órganos disciplinarios, asociaciones de jugadores o una política de protección para los jugadores, especialmente aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad, tal y como señala el profesor de Filosofía del Derecho de la
Universidad Pompeu-Fabra, José Luis Pérez Triviño. Se daría, en definitiva, un marco de seguridad jurídica a un sector que ofrece grandes oportunidades, tanto económicas como tecnológicas.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio sobre la situación legal en España de los diferentes agentes que operan en el mercado de los deportes electrónicos (eSports): jugadores, equipos, empresas, etcétera.
2. Presentar a la Cámara dicho estudio en el plazo de tres meses tras su finalización.
3. Llevar a cabo las medidas legislativas y reglamentarias necesarias con el fin de regular el sector de los deportes electrónicos, atendiendo a sus necesidades en base al resultado de dicho estudio.
4. Impulsar la colaboración con el sector de los deportes electrónicos para situarlo en una posición de competitividad, impulsar su crecimiento, hacer sostenibles las empresas ya creadas y fomentar la atracción de capital nacional e
internacional.
5. Mejorar la oferta formativa de cara a potenciar la formación en el desarrollo y producción del sector de los deportes electrónicos, con especial énfasis en las áreas tecnológicas específicas del sector: desarrollo del software,
monetización, diseño y arte, marketing, etcétera.
6. Mejorar los sistemas de acceso a la financiación del sector de los deportes electrónicos, incluyendo las nuevas formas de financiación (como el crowdfunding, las family offices y los business angels) como vía de captación de capital
privado, elaborándose también programas públicos de apoyo a la producción y distribución.
7. Incluir los deportes electrónicos en los programas de apoyo que impulsa la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dirigidos a la producción de contenidos digitales.
8. Incluir el sector en los acuerdos, convenios o tratados de cooperación cultural de España con terceros países.
9. Apoyar los clusters tecnológicos especializados en videojuegos, animación y aplicaciones, donde se concentran empresas desarrolladoras, centros tecnológicos y universidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2018.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
en las subvenciones públicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Históricamente, la cultura ha venido considerándose un bien público y es por ese motivo que las subvenciones recibidas por las entidades culturales estaban exentas del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, desde hace
algún tiempo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Agencia Tributaria, ha decidido llevar a cabo una interpretación diferente de la ley y empezar a reclamar información a los equipamientos y entidades culturales con el fin de
cobrar el 21 % de dichas ayudas en concepto de IVA. Y las reclamaciones no acaban en el sector de la cultura. El Ministerio también habría puesto el punto de mira en las aportaciones que las Administraciones Públicas realizan para financiar
servicios públicos, como el transporte. Este cambio de doctrina tributaria del Ministerio tiene su base en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2014 según las cuales las empresas subvencionadas tributarán el IVA si esta
afecta al precio del servicio, así como en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 2014 y en la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015.
En este contexto, el pasado 9 de noviembre entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta ley resolvió el conflicto interpretativo que se había suscitado con relación al tratamiento del IVA en las subvenciones públicas, en concreto, con las aportaciones públicas realizadas para
financiar servicios públicos, como el transporte, así como las que se destinan a fomentar la cultura.
A pesar de ello, la AEAT ha notificado recientemente diversas propuestas de liquidación de expedientes relativos a periodos no prescritos y ha iniciado también nuevas actuaciones de comprobación con relación a dichos periodos. Tales
actuaciones corresponden a periodos impositivos anteriores a la entrada en vigor de la citada Ley. En consecuencia, la AEAT está de hecho interpretando que la 'aclaración' que la Ley hace no tiene efectos retroactivos, limitando pues sus efectos a
partir de su entrada en vigor. Tal interpretación es contraria a derecho ya que la Ley 9/2017 no ha modificado, ni puede hacerlo, la ley del IVA, sino que se limita exclusivamente a interpretar la correcta aplicación del concepto comunitario de
'subvención vinculada al precio' y el de 'contraprestación' de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tal motivo, los efectos de tal disposición son meramente interpretativos y, como tales, han de ser aplicados en la correcta aplicación de la
ley con independencia del periodo impositivo de que se trate. La Ley 9/2017 es, en este sentido, una medida que pretende reducir la conflictividad y garantizar la seguridad jurídica de los distintos operadores. Por todo ello, es importante
precisar tal extremo y poner fin a los conflictos interpretativos que se están produciendo.
Por último, cabe apuntar que esta situación está poniendo en riesgo la supervivencia de numerosos equipamientos y entidades culturales, y de seguir adelante se dará un duro golpe, quizá definitivo, a todo el sector cultural.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner fin a los conflictos interpretativos que actualmente se están produciendo y garantice que la modificación del artículo 78 de la Ley 37/1992, del lVA, en su redacción dada por la
disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, tiene efectos interpretativos y se aplica, por tanto, a los periodos impositivos no prescritos anteriores a su entrada en vigor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/002710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la Transformación portuaria y urbanística de la Ciudad de A Coruña y sus accesos ferroviarios al Puerto exterior, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el año 1995, la Autoridad Portuaria de A Coruña inicia sus estudios previos para la construcción de una nueva dársena exterior para sustituir y mejorar las dotaciones del puerto coruñés, motivado por el crecimiento de los tráficos
portuarios, la intensa actividad de la refinería local, la mayor demanda de la central térmica y los sucesivos problemas ambientales derivados de los naufragios ocurridos frente a sus costas. Se hacía necesario empezar a pensar en la necesidad de
apartar el grueso de la actividad portuaria del corazón urbano. Además, otras razones obligaban a reflexionar sobre la necesidad de la dársena exterior, como tener en su subsuelo cuatro barrios y seis kilómetros de canalizaciones de gas y crudo
desde el barrio de Los Castros hasta la ubicación de la refinería.
Es en este contexto en el que se consigue la aprobación por parte del Gobierno de España de un compromiso firme de construir un puerto exterior. El 4 de febrero de 2004 se suscribe un convenio entre el Gobierno central, la Xunta de Galicia,
ADIF y los ayuntamientos de Arteixo y A Coruña, con el que se pretendía: a) dotar de un marco jurídico los acuerdos adoptados; b) aprobar un cronograma provisional de traslado de actividades portuarias del puerto interior al exterior y desafectar
progresivamente los terrenos; c) prever los usos de los suelos ocupados por el puerto interior; d) incluir estos suelos en las previsiones de financiamiento del puerto exterior; y e) remitir a la redacción de una modificación del PGOM y un PERI
del puerto los usos del suelo, hasta la fecha ocupado por el puerto interior.
El convenio es aprobado por el Pleno municipal en julio de ese mismo año de 2004, disponiendo las condiciones de edificabilidad y usos (hotelera, comercial, residencial...), y expresando el deseo de que llegue a cerrarse la fachada marítima
de la ciudad en condiciones de máxima calidad arquitectónica y mejora de la seguridad y la calidad medioambiental de la ciudad.
El Puerto exterior es adjudicado el 20 de diciembre de 2004, y seis años después los principales del puerto estaban concluidos: el dique, el contradique, así como los viarios y superestructura del puerto, quedando pendiente el acceso
ferroviario para desarrollar adecuadamente la eficacia y eficiencia de la infraestructura.
Atendiendo a estas disposiciones, el urbanista Joan Busquets redactó un documento de ordenación de los terrenos portuarios que respetaba la división zonal prevista, proponiendo una distribución de usos y suelos de acuerdo con las
disposiciones acordadas entre las instituciones firmantes.
En los últimos meses el debate sobre el presente y futuro del puerto exterior y de la fachada portuaria interior de la ciudad regresó al primer plano, con desencuentros entre las distintas instituciones gubernamentales locales, autonómicas y
nacionales.
La urgencia por arbitrar una solución aparece igualmente motivada por la incertidumbre que todo esto genera en los sectores profesionales vinculados al puerto, debido a la opacidad del Gobierno de España alrededor de la conexión ferroviaria.
Los datos de la actividad portuaria en los últimos años, cómo así ha reflejado el último informe del Tribunal de Cuentas, no han sido los deseados, debido a la actitud de conformismo de la Autoridad Portuaria que se limita a gestionar desde la
inercia los tráficos dependientes de las instalaciones de carbón o refino y cuya dependencia alcanza ya casi el 90 % de los tráficos, sin proponerse más expectativas. Los movimientos de tráficos generales ven como disminuye su peso relativo en la
actividad portuaria, con lo que esto significa de pérdida de operadores de carga y de pérdida de posiciones de la dársena coruñesa respecto a otras.
Por todo ello, y conscientes de la importancia del puerto de A Coruña, tanto desde el punto de vista económico como social, y conscientes también de su naturaleza estratégica respecto a la economía local y de la comunidad autónoma.
Considerando que los actuales desencuentros entre administraciones no solo no contribuyen a mejorar el posicionamiento económico de la ciudad y su puerto, sino que contribuyen
a un debate mal intencionado e interesado que desacredita una infraestructura necesaria, moderna, llamada a ser el motor económico del Norte de Galicia, al tiempo que demora la necesaria transformación de la fachada marítima de A Coruña.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Trabajar conjuntamente con la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de A Coruña y la Autoridad Portuaria, con la finalidad de garantizar la conexión con el puerto exterior, estableciendo los accesos ferroviarios previstos con esta
infraestructura, imprescindibles para su plena operatividad y explotación, y dotando las partidas presupuestarias necesarias para ello.
2. Activar la Comisión de Seguimiento prevista en el convenio firmado en febrero de 2004, con objeto de acordar la constitución de un consorcio público que lidera la gestión del proyecto de transformación portuaria y urbanística de la
ciudad con la necesaria readaptación de los usos previstos en el Convenio de 2004 y la financiación, plazos y ayudas del Gobierno al Puerto Exterior, todo ello sobre el fundamento y la definición de un nuevo horizonte litoral y portuario de la
ciudad basado, como principio orientador, en la irrenunciable titularidad pública de los terrenos, los equipamientos dotacionales y espacios públicos, así como en usos productivos portuarios y complementarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
integración del ferrocarril en la ciudad de Cáceres, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Poco a poco el desarrollo de la alta velocidad en Extremadura ha ido avanzando, eso sí, a un ritmo mucho menor que el esperado y con un incumplimiento reiterado de los distintos compromisos adquiridos por el Gobierno. Esto pasa cuando se
cumplen 25 años de la puesta en servicio de la primera línea de alta velocidad en España y cuando la mayoría de regiones ya cuentan con alta velocidad, lo que resta posibilidades de desarrollo a Extremadura frente al resto de Comunidades Autónomas.
En julio de 2017 el ministro de Fomento se trasladó hasta Talavera de la Reina y allí anunció la planificación definitiva para el desarrollo de la Alta Velocidad en su recorrido por Extremadura: 2019 puesta en servicio de la plataforma
entre Badajoz y Plasencia, 2020 electrificación de la línea entre Badajoz y Plasencia y 2023 puesta en servicio del tramo entre Navalmoral de la Mata y Plasencia. Pero nada dijo el ministro de la integración de la línea a su paso por las
principales poblaciones: Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. Según declaraciones de los principales responsables de Fomento, no están previstas las actuaciones contempladas inicialmente en las estaciones ni la integración
de la línea ferroviaria en las poblaciones extremeñas, por lo que aprovecharán la actual vía y sus características de red convencional conectadas a la línea de alta velocidad, con los problemas que esto conlleva.
Ante la pregunta de un medio regional al presidente de ADIF, Juan Bravo, sobre si estaba previsto construir nuevas estaciones del AVE en Extremadura, entre ellas la de la capital cacereña, la respuesta fue rotunda: 'no'.
Hay barrios de la ciudad de Cáceres que están separados del resto por la vía del tren. Según las previsiones del Gobierno de no hacer ninguna actuación en el tramo urbano de Cáceres, lleva a que esta
situación se siga dando durante más tiempo. Por lo que es imprescindible llevar a cabo actuaciones en un plazo corto para tener una integración más razonable del ferrocarril en la ciudad de Cáceres.
Las actuaciones previstas en el ferrocarril a su paso por Extremadura en el año 2019 hacen recomendable que se lleven a cabo varias actuaciones para mejorar el servicio y aprovechar las nuevas potencialidades que ello puede suponer. Además
de eliminar determinados problemas que crea actualmente el ferrocarril en Cáceres y que se puede ver incrementado con las mejoras del servicio.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una integración blanda del ferrocarril a su paso por Cáceres, permitiendo integrar en el entramado urbano los barrios de la misma, eliminando en la medida de las posibilidades el actual muro que supone para algunos barrios
la vía férrea.
2. Ampliación del parking de la estación de ferrocarril, aprovechando zonas en desuso que actualmente existen en la zona ferroviaria. Además de espacio para recarga de vehículos eléctricos.
3. Estudiar junto al Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura la creación de un nodo logístico de mercancías, que permita la intermodalidad, en la zona del polígono industrial de las Capellanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban y María Pilar Lucio Carrasco, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre infraestructuras ferroviarias para la ciudad de Elche, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Elche aprobó un 'Memorándum de las infraestructuras de comunicación en materia de conexión ferroviaria cuyo desarrollo se considera básico para el municipio de Elche'.
Su elaboración nace de la necesidad de concretar las principales necesidades en materia de conexiones ferroviarias para el municipio de Elche, con el fin de que todas las administraciones implicadas en su impulso, gestión y ejecución puedan
conocer con exactitud cuál es la demanda real en materia de transporte ferroviario del tejido socioeconómico ilicitano.
Según explicaba el propio Memorándum, el transporte de personas y mercancías es una actividad fundamental para cualquier economía, y además son los costes de transporte uno de los factores más importantes que tiene en cuenta cualquier
empresa para decidir la localización de su actividad económica. Además, es importante considerar la perspectiva ambiental del transporte, ya que la mayor proporción de emisiones contaminantes proceden de la utilización de vehículo privado, siendo
el transporte el causante de una cuarta parte del total de las emisiones de gases de 'Efecto Invernadero'.
En este esquema global, el ferrocarril es el medio de transporte más eficiente desde el punto de vista social, económico, y medioambiental. Es el transporte que menos gases genera debido a su extremada eficiencia ambiental y energética que,
en definitiva, repercute en una mayor eficiencia económica.
La existencia de una infraestructura de transporte ferroviario moderna, que dé respuesta a la demanda planteada por los agentes socioeconómicos locales, es un factor estratégico imprescindible para el posicionamiento competitivo de la ciudad
y para que podamos desarrollar al máximo su potencial de crecimiento, desarrollo y bienestar.
Esta demanda ilicitana, aprobada por su Ayuntamiento se incluye en la presente proposición no de ley como peticiones al Gobierno.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concluir y publicar de forma inmediata los estudios informativos relacionados con infraestructuras ferroviarias de Elche y a acelerar y, en su caso, iniciar la ejecución de obras de las
siguientes actuaciones de infraestructuras ferroviarias para la ciudad de Elche, realizando para ello las necesarias modificaciones de los Presupuestos Generales del Estado en vigor y los de los años sucesivos:
1. Entrada en servicio del ramal de la Línea de alta velocidad Madrid-Albacete-Elche-Murcia, que conectará Elche directamente con Madrid con convoyes de AVE. Y también incluiría servicios de convoyes desde Elche con Valencia por línea de
alta velocidad sin escalas.
2. Conexión de la estación de Elche Alta Velocidad con la línea de cercanía Alicante-Elche-Murcia, incluida en el estudio informativo de la Red Arterial Ferroviaria de Elche, en redacción desde 2011.
3. Conexión de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia con el aeropuerto Alicante-Elche, incluido en el estudio informativo de la RAFA, Red Arterial Ferroviaria de Alicante.
4. Conexión por carretera de la estación de alta velocidad de Elche con la Vía Parque, incluida inicialmente en el proyecto de la estación de alta velocidad, que incluirá una conexión con A-7 y la N-340.
5. Mejoras en el túnel del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano en el término municipal de Elche, incluido en el estudio informativo de la Red Arterial Ferroviaria de Elche, en redacción desde 2011.
6. Creación de una estación de pasajeros en la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia para favorecer el acceso a Torrellano, Instituto Ferial de Alicante (IFA), y la actuación industrial 'Elche Parque Empresarial'.
7. Supresión del paso a nivel con barreras existente en el núcleo urbano de Torrellano.
8. Construcción urgente de paso elevado sobre la línea ferroviaria en la zona Este-Nuevo Altabix, incluido en un estudio de integración ferroviaria.
9. Conexión de la estación de ferrocarril de cercanías de Elche con la estación de autobuses a través de un paso subterráneo.
10. Puesta en servicio del Corredor Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don lgnasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley ante los efectos de la sequía
y el afán recaudatorio del Gobierno central, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La prolongada sequía que se vive en gran parte de la península ibérica está causando graves problemas en los aprovechamientos de los recursos hídricos de algunos territorios y, de manera especial, en los usos agrícolas de regadío en una
amplia zona que abarca el sur de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, una buena parte de la Región de Murcia y también en el noreste de la provincia de Almería, en Andalucía.
Esta situación, que no es nueva, se está convirtiendo en angustiosa para decenas de familias y para una actividad económica de gran repercusión social debido a las tardanzas de la Administración en realizar
las inversiones necesarias para encontrar suficientes recursos alternativos y en aquellos dirigidas a mejorar los aprovechamientos.
A ello se suma el devastador efecto que podría tener, si se llegase a aplicar, la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sobre la
aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura que prevé un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea.
Una carga injusta y arbitraria que recaería sobre los ya esquilmados recursos de los regantes.
Por todo lo expuesto, don lgnasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a las Confederaciones Hidrográficas y Administración las inversiones urgentes y necesarias para resolver a corto y medio plazo las dotaciones alternativas a través de la desalinización o desalobración de los aprovechamientos de
las aguas depuradas, de los sistemas de reserva y utilización de los aportes del Júcar al Vinalopó, etc., así como las mejoras en modernización y racionalización de regadíos paralizadas durante años.
2. Emplazar el Gobierno de España a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 y eliminar la injusta y arbitraria 'derrama' aplicable a decenas de miles de familias con recursos cada vez más limitados.
3. Destinar una partida presupuestaria específica destinada a la investigación y desarrollo de energías renovables aplicadas a la desalación con el objetivo de abaratar el precio del agua desalada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y los Diputados don Antón Gómez-Reino Varela y don Rafael Mayoral Perales, al amparo del artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
Estamos en un momento decisivo para resolver la anomalía que supone la existencia de autopistas de peaje explotadas por empresas privadas, esto es, tramos privatizados en la red estatal de carreteras, explotados por grandes grupos del lobby
bancario/constructor, que convierten en negocio privado lo que debería ser una infraestructura pública de transporte por carretera.
A partir de 2018 se abre la posibilidad de terminar con esta anomalía privatizadora por dos motivos fundamentales:
El primero, es que entre 2018 y 2021 terminan de forma escalonada los plazos de concesión de la gran mayoría de autopistas de peaje de competencia estatal y, por lo tanto, si no se realizan ampliaciones de los mismos, retornarán al sector
público de forma automática y sin coste adicional.
El segundo, es que ante el fracaso y la quiebra de las últimas autopistas en entrar en funcionamiento -conocidas popularmente como las Radiales- el Estado se ha visto obligado a rescatarlas, con dinero público, en beneficio de intereses
privados y, por lo tanto, ya son de plena propiedad pública.
Entre 2018 y 2021 vence el plazo de concesión de nueve tramos muy importantes de autopistas de peaje (en la AP-7, la AP-4, la AP-2, la AP-6 y a AP-1) que en conjunto suman más de 1.000 kilómetros.
Por otro lado, los nueve tramos quebrados y rescatados suman más de 600 kilómetros de autopista, de tal forma que entre ambas equivalen al 70 % del total de los kilómetros de autopistas con peaje de competencia estatal.
Fuera de estos dos grupos solo quedan dos autopistas de peaje que superan los 100 km de recorrido: la AP-68, Bilbao-Zaragoza, que finaliza su periodo concesional en 2026 y la AP-9, Ferrol-frontera portuguesa, que tiene la misma fecha
inicial de concesión que la AP-68 (en 1973), pero que sucesivas ampliaciones del plazo hacen que este se extienda hasta 2048.
En síntesis, el 70% de los tramos de autopistas de peaje de competencia estatal ya están en el sector público o lo van a estar de forma gradual en los próximos cuatro años. Esto significa que sin coste adicional y a medida que vayan
caducando las concesiones, el Estado puede acabar con la anomalía de que una parte de las infraestructuras de transporte por carretera sean un negocio privado con elevados costes para la ciudadanía.
A finales de 2016, la red de carreteras de alta capacidad de competencia estatal estaba formada por 12.000 kilómetros, de los que 2.549 son autopistas con peaje y los 9.460 restantes son autopistas o carreteras multicarril.
Esto significa que las autopistas con peaje solo son el 21 % de los kilómetros de la red estatal de alta capacidad, porcentaje que se reduce al 1,5 % del total de la red de carreteras de España, que en sus diferentes modos y ámbitos
competenciales alcanza los 165.000 kilómetros.
RED DE CARRETERAS EN ESPAÑA
Fuente: elaboración propia con datos Ministerio de Fomento.
Las autopistas de peaje son, por lo tanto, una anomalía en la red de carreteras que se corresponde con decisiones tomadas básicamente en dos periodos determinados y que ahora estamos en condiciones de resolver de forma definitiva y además
hacerlo con un coste muy bajo, cuando no directamente cero.
Una posibilidad factible y barata para acabar con el negocio privado de las infraestructuras de transporte por carretera, rematando con una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red.
Sin embargo, esta recuperación para lo público de un negocio privado, que discrimina territorios y usuarios, está sometida a una doble amenaza: la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio
y la voluntad explicitada por el Partido Popular de ceder a esta presión.
Una doble amenaza que se concreta en el anuncio del gobierno de su intención de volver a privatizar la gestión de las radiales. Y en la posibilidad que se prorroguen las concesiones que irán venciendo entre 2018 y 2021, utilizando la
coartada de nuevas obras y peajes blandos.
Es por lo tanto urgente articular una respuesta colectiva para impedir que la estafa de las autopistas de peaje se prolongue en el tiempo. Porque esta forma de gestionar las infraestructuras es una anomalía
también temporal, porque una buena parte de ellas se corresponden con la explotación de concesiones realizadas antes de 1977, esto es, son concesiones previas a la recuperación de la democracia.
Es en pleno Franquismo, entre 1967 y 1975, cuando se utiliza por primera vez esta fórmula de explotación de tramos de autopista con peaje a través de concesiones para la financiación de la construcción de las autopistas, con todos los
problemas de legitimidad social que ello implica.
KILÓMETROS DE AUTOPISTAS CON PEAJE POR AÑO DE CONCESIÓN
Fuente: elaboración propia con datos Ministerio de Fomento.
Una legitimidad igualmente cuestionable en las autopistas de segunda generación, que son las que se construyen por iniciativa privada por concesiones realizadas entre 1999 y 2004. Son las denominadas autopistas radiales, impulsadas en el
segundo gobierno de Aznar, al calor de la burbuja especulativa, con estimaciones de tráfico sobrevaloradas y que han terminado en quiebra.
Esta es sin duda una reflexión importante. Las autopistas de peaje en España se corresponden en lo fundamental con dos periodos concretos de una historia.
Las de primera generación se construyen en la dictadura franquista con concesiones entre 1967 y 1975, con periodos iniciales de entre 25 y 39 años, pero que 50 años después siguen en vigor gracias a oportunas prórrogas del periodo
concesional. El récord lo tiene la AP-9, que tiene fecha de concesión el 18 de agosto de 1973, pero, después de sucesivas prórrogas, estará en vigor hasta 2048, esto es, 75 años de periodo concesional.
Desde 1976 hasta el año 1995 pasaron 20 años sin que prácticamente se realizaran nuevas concesiones, hasta que en 1996 llegó Aznar a la Presidencia de Gobierno y Álvarez Cascos al Ministerio de Fomento y se volvió al modelo de la
privatización de la red de carreteras. Así, entre el final de 1999 y 2004 se adjudicaron nueve concesiones para la explotación de autopistas de peaje entre Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, las cuatro radiales de Madrid, la
circunvalación de alicante y la Autovía al aeropuerto de Barajas.
Esta segunda generación de autopistas de peaje ha sido un enorme fracaso, generado por las grandes empresas constructoras y los bancos, pero con la complicidad del gobierno de Aznar.
Una complicidad culpable con el lobby bancario/constructor en el que aparecen los nombres de las personas, de las empresas constructoras y de los bancos que son los responsables de buena parte del inflado de la burbuja de la construcción, en
este caso en forma de obra pública en infraestructuras.
En la operación de las radiales está ACS (Florentino Pérez), OHL (Villar Mir), Sacyr (Del Rivero) y entidades como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar.
La planificación y la construcción de estas autopistas fue un auténtico desastre: mala planificación, sobrecostes en las expropiaciones -de las que se beneficiaron, entre otras, la familia Franco o los herederos de Serrano Suñer-,
previsiones infladas de tráfico, reducidos fondos propios y, por lo tanto, elevado apalancamiento.
Un despropósito absoluto que sin embargo contaba con una red de protección pública: la responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que, en caso de quiebra, el Estado se hace responsable del coste del rescate.
Este aval público, la garantía de que el Estado asumirá el coste, es en realidad la clave que explica la barbaridad del modelo elegido y la aberrante gestión privada del proyecto, en el que estaban, como se vio, la flor y nata de las
empresas especulativas del sector.
La anomalía de las autopistas con peaje como negocio privado de los grandes grupos de la construcción y de la banca, que rompen con el carácter público, universal e integrado de la red de carreteras, se pone de evidencia cuando se analiza lo
que sucedió en los diferentes periodos de nuestra historia reciente.
Porque como se dijo, las autopistas de peaje de competencia del gobierno central se hicieron en la dictadura de Franco y en los gobiernos de Aznar, pero en las últimas décadas también se han construido miles de kilómetros de vías de alta
capacidad libres de peajes.
Desde 1976 se han puesto en servicio más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril que articulan el territorio del estado, proporcionando movilidad a empresas y ciudadanía, pero son de propiedad pública y sin peajes.
Una amplia red, de carácter público, que cubre el conjunto del territorio, en una red articulada, que tiene una lógica integrada de gestión que sin embargo rompe la presencia de las autopistas de peaje.
Un ejemplo lo pone de evidencia. Un coche o un camión puede cubrir los 600 kilómetros que van desde Ferrol hasta Madrid (hasta Adanero en realidad) si pagar ningún peaje, pero si quiere ir a Vigo tiene que pagar 46 euros ida y vuelta.
¿Cuál es la lógica de esta situación? Ninguna, o mejor dicho una: el negocio de las grandes empresas que rentabilizan tramos de carretera que deberían ser de propiedad pública.
En cualquier caso, el rescate de las nueve autopistas de nueva generación, las de Aznar, y el final de la concesión de la mayoría de las autopistas de peaje de primera generación, las del dictador Franco, abre la oportunidad histórica de
acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta capacidad.
En el primer caso, las nueve autopistas que ha tenido que asumir el Estado, pagando varios miles de millones de euros en aplicación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, no deberían volver a ser privatizadas. Sería un
escándalo: rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para una vez recuperadas volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares.
Los cerca de 600 kilómetros de autopistas que ya son propiedad del Estado deben seguir siendo públicas, porque ya las hemos pagado. La voluntad del PP de volver a privatizarlas, después del fracaso absoluto cuando no la corresponsabilidad
en la estafa del gobierno Aznar, es inaceptable. No tiene ninguna lógica económica, al menos desde el interés público.
En el segundo caso, se trata de ir asumiendo la titularidad de la explotación a medida que se vayan terminado los plazos de las concesiones, que se concreta entre el final de 2018 y agosto de 2021.
En menos de cuatro años más de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje de competencia estatal terminarán su período concesional y, por lo tanto, volverán a manos públicas no solo su propiedad, sino su gestión.
Ante esta situación, las empresas propietarias están en plena campaña de presión al gobierno para conseguir, otra vez, prórrogas de las concesiones a cambio de compromisos de obras y de peajes blindados, al tiempo que argumentan que el
Estado no puede asumir el coste de explotación por la necesidad de reducir el gasto público y controlar el déficit.
La línea de actuación es clara: estamos ante la oportunidad de acabar con la anomalía de los peajes, con la privatización de parte de las infraestructuras de transporte terrestre, definiendo una red pública que debe ser gestionada de forma
única, acabando con los agravios tanto a los territorios como a las usuarias y usuarios, con las tarifas abusivas y la mala gestión de las grandes empresas del sector, dando por terminado un modelo de negocio que nace en el franquismo y tiene su
remedo en el neoliberalismo de amiguetes de Aznar.
Por todo ello se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas, dando marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector
privado, esto es, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos de servicios para la realización de algunas de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías, publicado en el ''BOE'' del 4 de
octubre de 2017. Estas nueve autopistas son:
- La R-2 Madrid-Guadalajara.
- La R-3 Madrid-Arganda.
- La R-4 Madrid-Ocaña.
- La R-5 Madrid-Navalcarnero.
- El eje aeropuerto (M-12).
- La autopista Madrid-Toledo (AP-41).
- La autopista Ocaña-La Roda (AP-36).
- La autopista Cartagena-Vera de la AP-7.
- La Circunvalación de Alicante.
2. No ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del periodo concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el
sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021:
- La AP-6 Villalba-Adanero el 29/1/2018.
- La AP-1 Burgos-Armiñán el 30/11/2018.
- La AP-7 Tarragona-Valencia el 31/12/2019.
- La AP-7 Valencia-Alicante el 31/12/2019.
- La AP-4 Sevilla-Cádiz el 31/12/2019.
- La AP-7 Montmeló-La Jonguera el 31/8/2021.
- La AP-7 Barcelona-Tarragona el 31/8/2021.
- La AP-7 Montmeló-El Papiol el 31/8/2021.
- Y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo el 31/8/2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Rafael Mayoral Perales y Pablo Iglesias Turrión, Diputados.-Irene María Montero Gil y Yolanda Díaz Pérez, , Portavoces del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley
para la mejora de la línea de ferrocarril Madrid-Extremadura a su paso por la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La conexión entre Madrid y Extremadura en Alta Velocidad con paso y parada en Talavera de la Reina (Toledo) es una necesidad ineludible que en estos momentos parece lejana en el tiempo puesto que el Ministerio de Fomento acaba de licitar la
redacción del Informe de declaración de impacto ambiental y por lo tanto se considera legítimo y urgente reivindicar que la línea de ferrocarril actual, a su paso por la provincia de Toledo, y al conectar los municipios de Illescas, Torrijos,
Talavera de la Reina y Oropesa con la Comunidad de Madrid y con Extremadura, actualmente deterioradas, afectando a la calidad del servicio público, sean objeto de las inversiones necesarias para posibilitar un tránsito ferroviario adecuado que
reduzca los tiempos medios de trayecto, suprima los retrasos actuales y elimine los incidentes que se vienen sucediendo sin solución de continuidad, ya que dichas inversiones también podrían ser utilizadas en el tránsito de mercancías como de
viajeros.
Por otra parte, en los meses de junio, julio y agosto de 2017 se han producido más de 70 incidentes en distintos tramos ferroviarios de la provincia que han dado lugar, en muchas ocasiones, a que los pasajeros se vieran obligados a abandonar
los trenes en los que viajaban, algo que consideramos no es justificable ni admisible.
Los agentes sociales más representativos de la provincia de Toledo, en representación de los trabajadores, CCOO y UGT, y de los empresarios, FEDETO, acordaron instar a las instituciones locales, provinciales, autonómicas y estatales para su
adhesión al Pacto social por el ferrocarril de la Provincia de Toledo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Acometer las inversiones necesarias para revertir la situación generada en las líneas ferroviarias que conectan los municipios de Illescas, Torrijos, Talavera de la Reina y Oropesa con Extremadura y Madrid, para eliminar los incidentes
y averías y reducir la duración del trayecto. A tales efectos se considera necesario:
a) Poner nuevamente en funcionamiento las estaciones de ferrocarril actualmente cerradas, de modo que faciliten el cruce de trenes, reduciendo así la duración de los trayectos y los actuales retrasos.
b) Reducir las curvas de radio reducido.
c) Acondicionar el estado de la vía en sus zonas más deterioradas.
d) Suprimir el elevado número de pasos a nivel existentes para reducir limitaciones de velocidad en el indicado trayecto.
e) Recuperar el transporte de mercancías en la línea.
f) Acometer el desdoble y electrificación de la vía.
g) Permitir la subida de viajeros en la estación de Villaluenga y Yuncler, donde existe una parada obligatoria de los trenes.
2. Implantar un Puerto Seco y una Plataforma Logística en Talavera de la Reina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-José Miguel Camacho Sánchez, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Ione Belarra Urteaga y de su Diputado Eduardo Santos ltoiz, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la
siguiente Proposición No de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa al Impulso de un Tren Público y Social para la Comunidad Foral de Navarra.
Exposición de motivos
El tren es un medio de transporte que gestionado de manera eficaz y eficiente puede prestar una parte muy significativa del tráfico de personas y mercancías en nuestro país. Además, un tren público y social que tenga como prioridad las
necesidades de la ciudadanía y la sostenibilidad ambiental, es la mejor alternativa al transporte por carretera y a los viajes en avión. Este último medio es, además, extremadamente contaminante y debería ser siempre la última opción, con respecto
a otras más ecológicas.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista han dedicado todos sus esfuerzos a generar un modelo de tren de Alta Velocidad que nos ha convertido en el segundo país del mundo en línea de Alta Velocidad
pero que ha derivado en una espiral imparable de sobrecostes, casos de corrupción y obras faraónicas que, en la Mayoría de los casos, han tenido un impacto social y ambiental negativo. El Caso ADIF, que afecta a Cataluña, Castilla León, Galicia,
Asturias o Euskadi implica sobrecostes, pagos de trabajos no realizados, materiales de peor calidad de la que se había pagado, plazos incumplidos, regalos y sobornos a altos cargos. Los sobrecostes han sido tan salvajes en algunos casos que, por
ejemplo, el AVE Alicante-Murcia se han superado en un 676 % los costes inicialmente previstos.
Es cierto que el AVE ha reducido los tiempos de trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Sevilla hasta hacerlos competitivos con el avión. Pero mientras tanto crea otros problemas dada su naturaleza de conexión única de grandes polos
económicos. Así nos encontramos ante un modelo de transporte elitista, centralista, de nula vertebración social, al alcance de unas pocas personas, que no deja de drenar recursos y presupuestos de los modelos de ferrocarril socialmente rentable.
La situación creada es tan grave que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso ha solicitado una Comisión de Investigación sobre el objeto, razones, destino y posible administración desleal de los recursos públicos
a través de la práctica sistemática de la autorización de modificados de proyecto de ejecución de obra, más conocidos como sobrecostes.
En 2016 los servicios ferroviarios considerados como transporte público como Cercanías y Media Distancia concentraron el 93 % de los viajeros de Renfe, con una media de 2 millones de viajeros y viajeras diarios, frente a los 23.000 de los
servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia. Sin embargo, el AVE concentra el 70 % de las inversiones en ferrocarril. Por cada euro invertido en la red convencional, se invierten cien euros en la red de Alta Velocidad, Nuestro grupo quiere apostar
por una inversión en infraestructuras y transporte proporcional a los usuarios de cada tipo de transporte ferroviario.
En este marco recientemente hemos conocido la aprobación por parte del Ministerio de Fomento de la licitación del proyecto de tren de Alta Velocidad para el subtramo entre Peralta y Olite (Navarra) de 10,3 Km y un presupuesto de 43,2
millones de euros, así como la licitación de unas obras de 5 kilómetros del subtramo Villafranca-Peralta. Este segundo subproyecto tendría 80,96 millones de presupuesto. Todo ello sin esperar a que finalicen los trabajos de la Ponencia para el
estudio de las necesidades de movilidad de nuestra sociedad y, en especial, del transporte en Navarra que está teniendo lugar en el Parlamento de Navarra. Estos subtramos serían el segundo y el tercero realizados en Navarra, después del proyecto
ejecutado de 14.7 Km entre Castejón y Villafranca, que literalmente va 'de ningún lado a ninguna parte'.
Esta licitación sale adelante sin el acuerdo con el actual Gobierno de Navarra que ha apostado desde la firma del Acuerdo Programático de investidura por un tren social y público que centre sus prioridades en las necesidades de la ciudadanía
navarra y en mejorar el actual trazado. La construcción de una nueva Línea ferroviaria de Alta Velocidad en Navarra ha recibido históricamente una fuerte contestación social por los riesgos sociales y ambientales que una obra de estas
características podía tener sobre nuestro territorio y, especialmente, por la percepción de la ciudadanía navarra de que esta obra era innecesaria para cubrir las necesidades de transporte de quienes vivimos en la Comunidad Foral. La derecha
navarra, con Unión del Pueblo Navarro (UPN) a la cabeza, han tratado sistemáticamente de engañar a la ciudadanía.
Es falso que Navarra no tiene Alta Velocidad ya que en las conexiones tanto con Madrid, como con Barcelona se aprovecha la existente vía de Alta Velocidad para reducir notablemente los tiempos del trayecto a ambas ciudades, mediante la
tecnología de trenes que se adaptan a anchos de vía diferentes (Servicios ALVIA).
Navarra necesita un tren público y social que cubra las necesidades reales de desplazamiento de su ciudadanía y de transporte de su economía. Por ello, teniendo en cuenta que un nuevo trazado de Alta Velocidad no permitiría el transporte de
mercancías por ese medio, son muchos los agentes sociales y políticos que desaconsejan continuar con ese proyecto. Tenemos que impulsar una red que garantice el derecho a la movilidad y al transporte como un derecho democrático fundamental de la
ciudadanía.
Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso apostamos por mejorar la vía del actual trazado, ampliándolo a una segunda vía que permita tráficos simultáneos de doble sentido (algo que ya está previsto y
para lo que las diferentes infraestructuras ferroviarias están preparadas), e incluir un tercer carril que permita que tanto trenes con ancho de vía ibérico, como trenes de ancho de vía internacional, puedan circular por ambas vías. Esto permitiría
conectar la salida de mercancías a través de Irún, conectándonos con toda Europa. Además, mejoras en las vías y vallar parte del recorrido del trayecto Pamplona-Madrid permitiría aumentar la velocidad media y reducir el tiempo de viaje en 18 min,
dejándolo en 2 h. y media, situando al tren en una posición muy competitiva frente al avión y reduciendo el tráfico en carretera.
Mantener el actual trazado favorece, por otra parte, la vertebración de nuestro territorio puesto que las paradas de Altsasu/Alsasua, Tafalla y Tudela no se cerrarán. Más aún, una mejora de la vía convencional actual repercute directamente
en los servicios de Media Distancia que unen Pamplona con Vitoria, Irún y Zaragoza, con numerosas paradas por toda Navarra. Una mejora de la vía actual que contemple velocidades máximas de hasta 160 km/h permitiría reducir tiempos de viaje en
trayectos frecuentes o incluso diarios de muchos navarros y navarras, sirviendo como modo troncal de nuestra red de transporte público. Una mayor cuota modal del ferrocarril en los desplazamientos cotidianos permitiría reducir los impactos
económicos, sociales y ambientales del actual modelo de transporte, mediante la sustitución fundamentalmente de vehículos de carretera. Esta mejora del transporte de Media Distancia es básica para una mejor vertebración de nuestro territorio y una
mayor permeabilidad del acceso a equipamientos y servicios para la ciudadanía navarra. Por su parte, es interesante también recuperar trazados de corta y media distancia que han sido abandonados, como el de Castejón con Soria (y que sirve además
para tener otra forma conexión con Madrid, más directa y con menor tiempo de viaje).
Más aún, es imprescindible destacar que apostamos por un modelo de tren que, en cada uno de los territorios de nuestro país, tenga como objetivo principal cubrir las necesidades de su ciudadanía del modo más eficaz y eficiente posible,
poniendo siempre los objetivos de sostenibilidad ambiental en el centro del debate. Esto implicará soluciones diversas y adaptadas a cada territorio. No es lo mismo el caso de Murcia, donde el AVE está construido hasta 50 km de la ciudad y su no
soterramiento implicaría el aislamiento de todo un barrio donde viven 130.000 personas, que el de Extremadura, donde los trenes de mercancías no pueden superar los 30 km/h. Cada caso es distinto y tendrá que tener una respuesta adaptada que ponga
los derechos de las personas y sus necesidades de transporte, y no lo sobrecostes y sobornos de unos pocos, en el centro del proyecto.
Tenemos un país diverso y que sufre enormes desigualdades también en lo que respecta a las infraestructuras. Es por ello que quienes queremos un país con futuro donde se garanticen los derechos de todas las personas, debemos apostar por
infraestructuras que reduzcan esa desigualdad territorial, tanto entre Comunidades Autónomas, como dentro de cada una de ellas. Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, queremos un tren que vertebre el territorio, que una
y que no separe.
Por todo lo expuesto, el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un plan para el desarrollo de un Tren Público y Social para Navarra que esté participado por la sociedad civil y la ciudadanía y ponga sus necesidades en el centro. Mientras tanto, retirar la licitación de los dos subtramos de
Alta Velocidad que acaba de autorizar el Consejo de Ministros y que
licitará ADIF Alta Velocidad. El primero de ellos entre Peralta y Olite (Navarra), de 10,3 Km y un presupuesto de 43,2 millones de euros, y el segundo de 5 Km. entre Villafranca y Olite (Navarra), por valor de 80,96 millones de euros.
2. Reorientar el proyecto ferroviario navarro en el sentido que indiquen las conclusiones el Plan para un Tren Público y Social arriba citado y, en cualquier caso, hacerlo atendiendo a los siguientes criterios:
2.1 Apostar por un Tren Público y Social para Navarra, que se desarrolle a lo largo de los próximos 10 años, y que se atenga a objetivos de sostenibilidad social y ambiental y a la vertebración del territorio.
2.2 Incorporar una segunda vía en el trazado ferroviario actual navarro, lo que permitiría descongestionar los nudos ferroviarios y duplicaría la capacidad máxima actual de tráfico ferroviario.
2.3 Incorporar la tecnología de tercer raíl en ambas vías (la nueva y la antigua) de manera que puedan circular por ella tanto trenes de ancho internacional, como trenes de ancho ibérico.
2.4 Aumentar la velocidad media del trayecto Pamplona-Madrid, de forma que el tren pueda competir con el avión, un medio de transporte mucho más contaminante y que en este trayecto tiene un 28 % de ocupación, frente a otros trayectos en los
que no llega al 10 %. Para ello, vallar parcialmente el trazado actual y las señalizaciones para poder aumentar la velocidad máxima a 180 km/h y mejorar el trazado de vía y su mantenimiento.
2.5 Acometer las obras necesarias para la mejora de las vías y reducción de pendientes en puntos delicados, que permita circular a trenes de mercancías de mayor longitud.
2.6 Adecuar la infraestructura, los trenes y la planificación de servicios a las necesidades de transporte público de Navarra, tanto para desplazamientos dentro de la Comunidad Foral, como para sus conexiones con Álava, Guipúzcoa y Zaragoza,
incrementando la velocidad media de los servicios por encima de los 130 km/h y adecuando los horarios de paso y frecuencias a las necesidades y flujos de transporte de los navarros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2017.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a colocación semáforos en el paso a nivel denominado 'Camino de San Vicente a Recemil' en el municipio de Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el municipio de Lugo y en el punto kilométrico 424+010 de la línea férrea Palencia-A Coruña, en la parroquia de Recimil, hay un paso a nivel denominado 'Camino de San Vicente a Recimil'.
La visibilidad en dicho paso se ve reducida por la abundante vegetación existente y especialmente por los bancos de niebla que se suelen formar en la zona por la mañana, especialmente en otoño e invierno y reduce la visibilidad real muy por
debajo de la distancia de visibilidad técnica.
Sería necesario colocar en dicho paso la protección indicada en el artículo 11.2.3 de la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de supresión y protección de pasos a nivel, dentro de las características de protección de la clase B: 'señalización luminosa constituida por un semáforo de dos luces rojas alternativamente intermitentes, establecido en el artículo 146.2 del
Reglamento General de Circulación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colocar semáforos en el paso a nivel denominado 'Camino de San Vicente a Recemil' en el municipio de Lugo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
inclusión de las obras necesarias para mejorar la seguridad y eficiencia de las redes de suministro de agua dentro de las actuaciones susceptibles de ser subvencionadas, tanto en viviendas unifamiliares como en las plurifamiliares en el plan estatal
de vivienda 2018-2021, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El parque español de viviendas tiene una antigüedad media superior a los 40 años, por lo que pertenece a una época en la que poco o nada preocupaba la falta de agua y la eficiencia en el consumo.
La falta de lluvias y la consecuente sequía está reduciendo el consumo medio de agua de los hogares. En 2014, último año del que se tienen datos oficiales, se refleja un aumento del consumo medio de los gallegos y gallegas hasta los 129
litros por habitante y día, siendo la media nacional de 130 litros.
Este incremento se le achaca al crecimiento de la población residente y al aumento del turismo, así como a los malos hábitos de las personas consumidoras y el propio deterioro de las infraestructuras públicas y privadas que canalizan el
agua.
La crisis económica obligó a recortar la inversión en los presupuestos, lo que impidió modernizar unas instalaciones envejecidas y no ajustadas para el preciso ahorro de agua.
Otro dato importante es que en Galicia se escaparon de la red 39.700 millones de litros de agua en 2014. Por lo tanto un 16 % del agua que circula por las tuberías municipales se pierde bien por averías o por fugas. Cifra a la que hay que
añadir el agua de las pérdidas dentro de las instalaciones particulares pero que son difíciles de registrar y detectar.
El agua es un bien demasiado valioso como para perder tantos litros en la red y las medidas de optimización son cada vez más necesarias porque las sequías parecen ya permanentes.
Parece fundamental que el nuevo Plan estatal de vivienda, que ya contempla entre los nuevos objetivos 10 programas distintos, incluya dentro del 'Programa fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas' como
otra de las actuaciones previstas para ser subvencionables, la mejora en seguridad y eficiencia de las redes de suministro de agua de manera que se incluyan las obras de renovación de instalaciones necesarias y que también sean posibles estas
subvenciones en el caso de viviendas unifamiliares. Especialmente cuando esto mejorará la sustentabilidad y respeto al medioambiente y favorecerá la eficiencia en la explotación y consumo de un recurso natural cada día más escaso como es el agua.
La escasez del agua, consecuencia del cambio climático, coloca a Galicia en una situación de alerta inédita ante la sequía y ante el que es preciso responder con nuevas medidas preventivas y de eficacia en el uso de los recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno a que, en el 'Plan Estatal de Vivienda 2018-2021' y dentro del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas
incluya, dentro de las actuaciones susceptibles de ser subvencionadas, las obras necesarias para mejorar la seguridad y eficiencia de las instalaciones de abastecimiento de agua correspondientes tanto a los elementos comunes como a los
elementos privativos en edificios y viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares, con una antigüedad superior a 20 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2017.-Pilar Cancela Rodríguez, Margarita Pérez Herráiz, María del Mar Rominguera Salazar, María del Rocío de Frutos Madrazo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Dolores Galovart
Carrera y Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las actuaciones necesarias para la adecuación y modernización del ferrocarril y las líneas de cercanías en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La red ferroviaria de cercanías de la Región de Murcia se encuentra en un estado objetivamente lamentable por el abandono del Gobierno central, a pesar de ser un medio de transporte cada día más demandado por las ventajas económicas y
medioambientales que presenta respecto a otros.
El déficit en materia de infraestructuras existente en Cartagena también se extiende al ámbito del transporte por ferrocarril. El PSOE ha venido demandando a lo largo de los últimos años la mejora del servicio ferroviario entre Murcia y
Cartagena y la puesta en marcha de un servicio de cercanías que comunique Cartagena con los territorios de nuestra Región.
No se entiende que una ciudad con más de 200.000 habitantes y que tiene en su haber muchos centros receptores de movilidad como, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cartagena; varios polígonos industriales que suponen miles de
desplazamientos diarios o un puerto de entrada para el turismo regional, no tenga un transporte público eficaz y eficiente, que facilite la comunicación con el resto del territorio, que abarate el coste a la ciudadanía en sus desplazamientos
diarios, así como que sirva a uno de los primeros fundamentos de la movilidad sostenible que es la protección de la salud y del medio ambiente.
Recientemente, también desde el entorno universitario, se han puesto de relieve las carencias en esta materia expresando las dificultades existentes para el alumnado, profesores y personal de administración y servicios en el uso de este tipo
de transporte, reclamando medidas que mejoren la frecuencia de los trenes, establezcan nuevas paradas y reduzcan los costes. Estas demandas avalan la necesidad de efectuar mejoras sustanciales en la red de ferrocarriles que respondan a los
requerimientos de la ciudadanía.
La remodelación de la estación de ferrocarril de Cartagena, exige simultáneamente de un servicio adecuado, no sólo acorde a las necesidades de los usuarios, sino que ayude a vertebrar territorialmente nuestra Región, facilitando el
desplazamiento de las personas.
Por otro lado, en la actualidad, existe una red de cercanías que enlaza las ciudades de Murcia, Lorca y Águilas y Murcia y Alicante. Consideramos imprescindible incluir también a Cartagena en esta red de cercanías de modo que los viajeros
dispongan de mejores oportunidades para desplazarse a otros puntos de la Región, con horarios más continuados y que fomenten el abandono del transporte privado para reducir las emisiones de gases que contaminan nuestras ciudades.
Si bien toda la región se encuentra afectada por esta situación, especialmente preocupante es la situación de la línea de cercanías Murcia / Lorca / Águilas, sometida durante las últimas décadas al más rotundo abandono por parte de los
gobiernos del Partido Popular tanto en la Región, como desde el Gobierno central.
Esta situación es achacable a una total ausencia de planificación e inversiones en este servicio, por lo que los murcianos y murcianas se ven obligados a viajar en los trenes más anticuados de todo el país. La
modernización de las vías mediante el desdoblamiento, así como la electrificación de todos los tramos ferroviarios de la Región, se hacen imprescindibles.
Los servicios de cercanías Murcia-Águilas y Lorca-Águilas contabilizan cifras dignas de mención. Según las estadísticas, estos trayectos representan una alternativa altamente competitiva y sostenible a la carretera.
La modernización de estas líneas es vital para fomentar y activar la economía de la zona, así como para facilitar la movilidad de la ciudadanía, especialmente de los universitarios, que diariamente abarrotan unos trenes más propios de los
servicios ferroviarios del pasado siglo.
Los vagones y motores de esta línea están obsoletos siendo los desechos de otras Comunidades autónomas. Las goteras y averías recurrentes, son la constatación de este hecho. A todo ello hay que sumar y recordar que la Región de Murcia es
la única Comunidad Autónoma que no tiene electrificación en la línea.
Es evidente que la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería es la solución final y definitiva a esta situación, pero no la inmediata. Y en tanto no sean puestas en marcha medidas con carácter inmediato, los usuarios y usuarias de esta línea
seguirán recibiendo este servicio en condición clara de inferioridad con respecto a los de otras zonas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La inclusión de la estación de ferrocarril de Cartagena en el circuito de cercanías existente actualmente, dotándola de los medios necesarios para la necesaria y adecuada implantación de este circuito, proporcionando un mejor servicio a
los usuarios, favoreciendo una mayor vertebración territorial de la Región de Murcia, como fomento del turismo y protección de la salud y el medio ambiente.
2. La modernización inmediata de los vagones y motores, el cambio de vehículos a otros eléctricos de última generación y la electrificación de la línea.
3. La construcción de la plataforma adaptada a las condiciones L. A. V. en los tramos donde no se ha actuado en la línea Murcia-Lorca-Águilas y renovación de las vías.
4. La reestructuración del servicio de cercanías en cuanto a horarios y frecuencias, de tal manera que se adapten a las necesidades reales de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2017.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas de mejora en las carreteras nacionales de calzada única con dos carriles por circulación que tengan especial peligrosidad, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según el informe de EuroRAP dentro de los tramos más peligrosos de la red viaria en nuestro país, solo hay carreteras nacionales de calzada única con dos carriles para la circulación, donde existe posibilidad de choque frontal, que es causa
importante de accidentalidad grave.
Los márgenes laterales suelen estar peor protegidos ante obstáculos rígidos como desmontes o árboles, por lo que una salida de vía puede ser mortal. Finalmente la distancia de visibilidad y las intersecciones con otras carreteras suelen ser
de peor calidad que en una autovía.
De hecho, el índice de riesgo en autopistas se redujo en un 49 % desde 2010 mientras que en carreteras convencionales se ha reducido solo un 35,9 %. En el año 2010 la probabilidad de tener un
accidente en una carretera convencional era un poco más del triple (3,6) que en una autopista, mientras que en 2016 esta probabilidad se multiplica por cuatro (4,1), aunque haya bajado el riesgo. Estos números nos indican que el Ministerio
de Fomento debería poner el foco de atención en actuaciones sobre estas carreteras.
El informe, que sigue una metodología estadística consensuada a nivel europeo y que ha sido publicado en 'El Confidencial', determina la peligrosidad de cada tramo de carretera relacionando la accidentalidad grave (con heridos graves y
muertes) y el tráfico de dicho tramo de carretera.
Este estudio ha analizado 24.899 kilómetros de las vías estatales españolas, de los que hay 3.595 kilómetros con un nivel de peligrosidad elevado o muy elevado (rojo y negro), lo que refleja un incremento del 10 % con respecto al del año
anterior. Dicho de otra forma, el 14,4 % de los kilómetros de la Red de Carreteras del Estado están marcadas en rojo y negro, 1,3 puntos más que en la anterior edición.
Desde 2013 en España se ha producido un estancamiento en la reducción de las cifras de siniestralidad que EuroRAP recoge en la edición de este año. En estos resultados influyen por un lado importantes políticas que fueron muy exitosas en la
gran reducción de la siniestralidad de hace 10-15 años como la introducción del carnet por puntos o el endurecimiento del código penal por lo que respecta a la conducción bajo efectos del alcohol y exceso de velocidad, pero que parece que ya han
llegado al límite de su impacto.
Por otro lado, al salir de la crisis, la movilidad ha aumentado otra vez, lo que provoca más accidentes, pero además se tiene que tener en cuenta que la crisis ha dejado un parque de vehículos más envejecido y peor mantenido, así como
importantes recortes en el mantenimiento en carreteras por parte del Ministerio de Fomento.
De acuerdo con el estudio, las comunidades autónomas con mayor riesgo de accidentalidad son Aragón, con un 23 % y Cantabria con 21 %, al concentrar una mayor proporción de kilómetros negros y rojos en su red vial.
Y si hablamos de provincias, Huesca sube al primer puesto de la lista al concentrar un 39 % de tramos negros y rojos; seguida por Lleida (37 %), León (31 %) y Burgos (31 %).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha en el plazo de seis meses un Plan para eliminar puntos negros con inversión adecuada y las actuaciones necesarias.
2. Adoptar medidas de mejora a corto plazo en las carreteras nacionales de calzada única con dos carriles por circulación que tengan una especial peligrosidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las cuantías de indemnización del Seguro Obligatorio Deportivo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La intervención pública en el deporte se fundamenta en su importante contribución al pleno desarrollo de la persona. Es incuestionable la importancia que reviste el deporte para la cultura, la educación, la salud y el desarrollo individual
y social, constituyendo un medio fundamental para la obtención del bienestar y la calidad de vida de las personas. La incorporación del deporte a los textos constitucionales es el resultado de la asunción definitiva por parte de los Estados de
acciones encaminadas a asegurar el bienestar social, así como la expresión de la importancia y relevancia social del mismo.
La Constitución Española contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (art. 43.3 CE) apareciendo ambas actividades estrechamente vinculadas con la salud, a la que se refiere el apartado 1 del
art. 43 CE, de forma que la educación física y el deporte no sólo son un medio para el mantenimiento de la salud, sino que también se trata de evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las
diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo.
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte distingue dos ámbitos de la actividad deportiva a efectos de determinar los instrumentos protectores de la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva: la práctica general del
ciudadano, cuya protección sanitaria queda cubierta por el aseguramiento público que corresponda o por aquellos seguros privados que el practicante del deporte tenga concertados; y la práctica deportiva de los deportistas federados que participen
en competiciones oficiales de ámbito estatal, para los que el artículo 59 establece que, con independencia de otros aseguramientos que puedan establecerse, deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud
derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.
La regulación del Seguro Obligatorio Deportivo se contiene en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, que determina las prestaciones mínimas que debe cubrir el citado seguro con objeto de garantizar un marco de seguridad sanitaria alrededor
de la práctica deportiva, debido a la especificidad de los riesgos que conlleva la práctica del deporte de competición.
A pesar de que han pasado veinticinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto 849/1993 y de que la disposición final primera fija una primera actualización de las cuantías indemnizatorias en un plazo de tres años, nunca se ha
procedido, hasta la fecha, a la revisión de las citadas cuantías o su adaptación a las distintas modalidades deportivas, de tal forma que ha quedado prácticamente desvirtuado el sentido que deben de tener este tipo de seguros al contener unas
indemnizaciones que no permiten atender, con una mínima dignidad, los efectos patrimoniales que puede provocar, en la propia persona del deportista, el riesgo de la práctica del deporte.
Por otro lado, el capítulo III del título II de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, referido al sistema de protección de la salud de los
deportistas y de las personas que realizan actividad deportiva, no ha sido plenamente desarrollado, impidiéndose con ello un despliegue eficaz y completo de las disposiciones legales contenidas en el citado capítulo. Se trata de medidas específicas
que constituyen elementos fundamentales del nuevo modelo de protección de la salud en el deporte que trata de implantarse con la citada ley, como el establecimiento de un sistema de reconocimientos médicos, la obligación de que los establecimientos
relacionados con la práctica deportiva más exigente dispongan de medios de lucha contra las enfermedades cardiorrespiratorias agudas, el establecimiento de un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional; o
las medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva. Todo ello en el marco de un Plan de Apoyo a la salud, que aún no se ha puesto en marcha, que determine los riesgos comunes y específicos, así como las medidas de
prevención, conservación y recuperación que puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados en los deportistas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, en un plazo de seis meses, las siguientes actuaciones:
1. Adaptar a las distintas modalidades deportivas y actualizar las cuantías indemnizatorias del Seguro Obligatorio Deportivo para equipararnos al resto de países de la Unión Europea en cuanto a baremos en materia de seguros obligatorios y
tomando como referencia la previsión de estudios y riesgos
recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
2. Desarrollar las actuaciones previstas en el capítulo III del título II de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, referido al sistema de
protección de la salud de los deportistas y de las personas que realizan actividad deportiva, y en concreto:
a) Aprobar un Plan de Apoyo a la salud en el ámbito de la actividad deportiva que determine los riesgos comunes y específicos, en especial atendiendo a las diferentes necesidades de mujeres, hombres y menores de edad, así como a las
necesidades específicas por razón de discapacidad y las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados.
b) Establecer un Protocolo de actuación que afecte a todos los deportes federados, de acuerdo con las Federaciones deportivas, sobre la asistencia sanitaria a dispensar a los deportistas y los dispositivos mínimos de asistencia sanitaria que
deben de existir en las competiciones deportivas.
c) Impulsar acuerdos con sociedades científicas y centros y profesionales que se dediquen a la medicina deportiva para el estudio de aquellas disciplinas deportivas que presenten importantes riesgos con objeto de garantizar la salud integral
del deportista.
d) Implantar definitivamente, a lo largo del año 2018, la obligatoriedad de los reconocimientos médicos previos a los deportistas federados.
e) Promover un acuerdo con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el desarrollo de programas específicos para atender los tratamientos médico-sanitarios y de atención a la salud de los deportistas federados, así como la
atención de curación y recuperación de aquellas lesiones o patologías que pudieran derivarse de la propia práctica deportiva.
f) Implantar definitivamente la tarjeta de salud del deportista.
3. Establecer un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento de la obligación de suscripción o entrega del certificado individual del Seguro Obligatorio Deportivo, por parte de las Federaciones deportivas españolas o las
Federaciones de ámbito autonómico integradas en ellas, a los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal o en otro tipo de competiciones bajo la organización y competencia de las Federaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-Javier Antón Cacho y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Girauta, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso de un programa de transferencia del conocimiento España-Israel, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El 17 de enero del pasado año 2016, se celebraron los treinta años desde que se establecieron oficialmente las relaciones entre España e Israel, durante los cuales, ambos países se han caracterizado por mantener un buen entendimiento.
Durante los últimos años además, los sucesivos Gobiernos españoles han sabido resaltar el legado sefardí de la historia de España, contribuyendo a difundir a la vez la cultura sefardí y el reconocimiento de las raíces judías de nuestro país.
En el plano comercial, Israel es uno de nuestros principales socios comerciales en Oriente Medio. En términos de exportación a Israel, destaca el sector automovilístico español, los productos químicos y el
textil; y en términos de importación desde Israel, destaca la importación de combustibles, los productos químicos orgánicos; y el material electrónico, a nuestro país.
Es importante destacar también los concursos y licitaciones que Israel está adjudicando a las empresas españolas en el sector de las infraestructuras y la energía.
Por otra parte, durante el programa de encuentros de los Embajadores de España e Israel que tuvo lugar en el año 2015, se establecieron una serie de líneas estratégicas sobre las que España e Israel desarrollarían una relación comercial de
forma consolidada. Estas líneas estratégicas se basarían en una serie de sectores en los que uno y otro país son punteros, y que representan grandes oportunidades empresariales. En concreto, se establecieron como sectores estratégicos en la
relación España-Israel: el sector farmacéutico; las energías renovables; las Smart Cities; la nanotecnología; el tratamiento de aguas; la tecnología agrícola; el tratamiento de residuos; y el sector de defensa.
De esta forma, si estos sectores estratégicos ya ofrecían importantes oportunidades comerciales para España e Israel, la consolidación oficial de las líneas estratégicas de colaboración entre ambos países abre aún más el campo de acción
sobre el que aunar esfuerzos para incrementar el número de oportunidades que representan tanto para nuestras empresas, como para nuestros jóvenes.
Precisamente, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el refuerzo de la relación España-Israel debe focalizarse en nuestros jóvenes y vertebrarse en la formación académica, en el I+D, en el emprendimiento y en la estrecha
relación universidad-empresa.
Primeramente, debe cobrar especial relevancia la solidez del sistema académico israelí -desde la educación primaria hasta la educación superior-, pues representa uno de los pilares sobre el que el país basa su éxito.
Siendo uno de los países con más ingenieros per capita laboral del mundo, Israel es además el país que más invierte en I+D en términos de PIB. Cabe recordar que gran parte de esta inversión en I+D se destina al ámbito empresarial, lo que
hace que sus empresas tengan un gran componente de innovación.
En lo que respecta al sector de las Start-Ups, el gobierno de Israel destina multitud de programas de inversión público-privada para start-ups, consiguiendo así inyectar un importante capital público para el crecimiento de start-ups no
solamente a través de fondos de origen nacional, sino también internacionales.
Por último, cabe destacar la salida comercial que Israel está ofreciendo a las investigaciones, lo cual genera un verdadero aliciente para el investigador. Gracias a la importante presencia de los Centros de Transferencia Tecnológica y a su
gran inversión en patentes (42 país en número de patentes a nivel mundial), Israel está permitiendo a los investigadores que sus proyectos adquieran una salida comercial, lo cual revierte positivamente no sólo en el propio investigador, sino también
en el gran número de proyectos con componente científico que se generan en el país.
Así pues, gracias a todos estos elementos, Israel se ha situado en el top 5 en términos de I+D; Educación Postsecundaria; Personal Investigador; patentes por habitante; e Índice Agregado Global. Actualmente, Israel ostenta la segunda
plaza en el ranking mundial de potencias tecnológicas, ofreciendo así grandes oportunidades empresariales en sectores como el de la tecnología agrícola; la automoción y el manejo del agua o las nuevas tecnologías.
Por todos estos motivos, y sobre la base de los sectores estratégicos referidos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera necesario reforzar los vínculos académicos y empresariales entre España e Israel, con el objetivo último de abrirle
a nuestros jóvenes el abanico de oportunidades profesionales a través de un programa de transferencia del conocimiento en el ámbito tecnológico y de innovación.
Por todo ello, se insta al Gobierno a
Proposición no de Ley
'1. Lanzar un programa de intercambio educativo e investigador entre España e Israel, que contemple los siguientes ámbitos de intercambio:
- El intercambio de estudiantes de Formación Profesional en sectores estratégicos con el fin de transferir conocimientos científicos y comerciales.
- El intercambio de estudiantes universitarios, priorizando estudios relacionados con los sectores estratégicos definidos por ambos países.
- El intercambio de docentes de investigadores y del ámbito universitario y de la formación profesional, en la modalidad de profesores visitantes.
2. En el seno de este programa de intercambio, integrar los siguientes programas:
- Programa de movilidad e intercambio estudiantil, docente, e investigador.
- Programa de intercambio y transferencia tecnológica y comercial.
- Programa de refuerzo Universidad/Centros de Investigación-Empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2017.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Paradores Nacionales, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
La Sociedad de Paradores Nacionales, es una empresa pública que ha acumulado seis ejercicios en pérdidas, ajustes de plantilla y red en el último trienio, así como ampliaciones de capital en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por un total 152
millones de euros por parte del Estado para hacer frente al pago de deudas incurridas.
A ello hay que añadir que Paradores ejecutó un ajuste de personal de 350 personas en 2014. Además, de un expediente de regulación temporal de empleo que acabó a finales de 2015. Esta medida afectó a 246 personas. Otros 400 trabajadores
vieron reducidas sus jornadas en un 25 %.
Paradores sólo consigue tasas de ocupación destacables en el verano, sobre todo en julio y agosto, aunque se encuentran bastante lejos de los máximos históricos que se alcanzaron en el sector turístico el pasado año en nuestro país.
Los beneficios el pasado año superaron los 8 millones de euros, pero a pesar de que por fin se obtienen beneficios en esta empresa pública, sindicatos como CSIF denuncian la enorme 'precariedad' en esta empresa pública, y la mejor muestra es
la nómina de un empleado que lleva más de 20 años en Paradores y ni siquiera alcanza los 1.000 euros de ingresos al mes. Se trata de un recepcionista de 47 años, padre de dos hijos, que domina inglés y francés y que se encuadra en el nivel 3 de la
tabla salarial que aprobó el Ministerio de Trabajo en 2008 y que entró en vigor al año siguiente. Este empleado cuenta con 14 pagas, pero dos de ellas se le ingresan prorrateadas y suman 138 euros al mes al sueldo base de apenas 900 euros que
recibe.
En la misma situación se encuentran decenas de empleados que entraron después de que se derogara el plus de antigüedad. Los empleados se marchan en cuanto tienen oportunidad.
Paradores no tiene en cuenta la antigüedad desde hace años y la cúpula de la empresa se niega a negociar un nuevo convenio.
Los del nivel 1, el máximo que contempla el texto marco de la sociedad pública, tampoco están mucho mejor. Se trata de jefes de departamento (cocina, mantenimiento, recepción, etc.) que incluso llegan a ser la máxima autoridad del
establecimiento cuando puntualmente el director del mismo se encuentra ausente y cuyo sueldo supera ligeramente los 14.000 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Es decir, menos de 1.200 euros al mes.
¿Cómo puede pagarse a ese precio la responsabilidad en una empresa pública que en 2016 obtuvo un beneficio neto superior a los ocho millones de euros?, sobre todo cuando el precio de una habitación en estos establecimientos se sitúa en
torno a los 160 euros y en Semana Santa se dispara hasta los 600 euros.
CSIF se queja de que, en contraste con estos ingresos que reciben los trabajadores, los directivos se embolsan cantidades desorbitadas. La propia Presidenta de Paradores renovada en el cargo hace un año, recibe más de 170.000 euros al año,
cifra a la que hay que sumar las dietas a que tienen derecho los directivos de la sociedad pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar, junto con la dirección de la sociedad Paradores de Turismo de España, S. A. y en colaboración con los directores de cada uno de los establecimientos de la Red y con los representantes de los trabajadores, un análisis y
actualización de la estructura de recursos humanos de toda la red de Paradores, que incluya:
1. Actualizar y renovar el Convenio Colectivo de Paradores en el plazo de tres meses.
2. Mejorar las condiciones laborales y sobre todo salariales de los trabajadores de Paradores Nacionales para reducir la actual precariedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Sebastián Franquis Vera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la seguridad y viabilidad del modelo de seguros agrarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La indefensión de agricultores y ganaderos frente a las inclemencias meteorológicas y otros agentes externos es una tónica a lo largo de la historia. Los padres de la Constitución fueron conscientes de este hecho y dejaron plasmado en una
de las primeras iniciativas de la Carta Magna, la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, que muchos califican como la primera Ley de la Democracia. La cobertura de dicha normativa fue un gran paso y una herramienta útil para un momento determinado y unas
circunstancias específicas de nuestra historia, y de la agricultura en nuestro país. Sin embargo, casi 40 años después, el panorama del campo no tiene nada que ver. Un paradigma diferente exige una normativa diferente, actualizada, real y efectiva
a las circunstancias a las que tienen que enfrentarse los agricultores hoy en día. Unas circunstancias en las que son un pilar determinante los efectos del cambio climático. Todos los expertos apuntan a que el cambio climático en España supondrá
una variación en el régimen pluviométrico, con sequías más prolongadas y severas y con inundaciones locales también muy importantes. Respecto a la variación de temperatura, el incremento previsible de varios grados en la temperatura media de la
Península no va a librarnos de heladas tardías que pongan en riesgo producciones completas, más bien al contrario los inviernos suaves inducirán el adelanto de las plantas y ello se traducirá en un mayor riesgo ante una helada tardía.
Los agricultores no sólo se enfrentan a las inclemencias de la meteorología, a otros factores externos, o a la incertidumbre del cambio climático, sino que desgraciadamente, parece que también tienen que enfrentarse al propio MAPAMA. Los
recortes han afectado también a uno de los eslabones más débiles de la cadena de producción agrícola. Cabe recordar que el MAPAMA ha reducido últimamente 10 puntos lineales sobre la subvención base en el actual plan de seguros agrarios. Un hecho
que demuestra el fracaso de las políticas adoptadas por el MAPAMA en los últimos tiempos.
El apoyo a la suscripción del seguro agrario mediante ayudas públicas es un acicate a la contratación; las propias asociaciones agrarias han contrastado cómo reducir la dotación presupuestaria en ese rubro indefectiblemente desemboca, bien
en un decremento de la contratación por abandono del seguro, bien en una migración a otras opciones de aseguramiento más baratas y asequibles, provocando una desprotección del asegurado ante ciertos riesgos. La reducción de las subvenciones lleva a
los agricultores a la desprotección y a la antiselección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, para garantizar la producción agrícola, fomentar la actividad en el mundo rural y potenciar el sector primario en nuestro país, insta al Gobierno a:
1. Asegurar a través del MAPAMA un presupuesto realista y suficiente para que, por un lado se puedan recuperar los niveles de subvenciones perdidas en materia de seguros agrarios, y por otro, que puedan incrementarse la contratación de los
mismos en aquellos sectores y zonas donde aún es baja.
2. Generalizar el seguro sobre la base de un nuevo modelo de seguro base con garantías adicionales, de forma que las primas se redujesen por una mayor dispersión del riesgo.
3. Trabajar en la armonización y automatización entre los procedimientos de contratación de los seguros y de solicitud de la PAC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Manuel González Ramos, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Antón Gómez-Reino Varela presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley sobre prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El plástico ha inundado nuestra vida diaria. En tan solo unas décadas ha pasado a ser omnipresente en todo tipo de objetos y materiales por sus características (flexibilidad, durabilidad y ligereza) y bajo precio.
La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, y en especial en las últimas décadas. Entre 2002-2013 aumentó un 50 %, de 204 millones de toneladas en 2002, a 299 millones de toneladas en 2013. Se estima que en
2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900 % más que los niveles de 1980.
China es el principal productor de plásticos seguido de Europa, Norte América y Asia (excluyendo China). Dentro de Europa, más de dos tercios de la demanda de plásticos se concentran en cinco países: Alemania (24,9 %), Italia (14,3 %),
Francia (9,6 %), Reino Unido (7,7 %) y España (7,4 %).
La mayor parte de los plásticos se emplean en la fabricación de envases, es decir, en productos de un solo uso. En concreto en Europa la demanda de plásticos para envases fue del 39 % en 2013, y en España ascendió al 45 %.
Al igual que su producción, el aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma dramática. Cuando nos deshacemos de un plástico puede terminar en un vertedero, ser incinerado o reciclado. En España, el 50 % de los plásticos que
llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados. Como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos (equivalente al peso de 800 Torre Eiffel,
para cubrir 34 veces la isla de Manhattan o el peso de 14.285 aviones Airbus A380) acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 60-80 % de la basura marina, en su mayoría en forma por micro plásticos
(fragmentos inferiores a 5 mm). Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estiman unos 5-50 billones fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en Las playas. Es un problema global
que está aumentando de forma alarmante.
El tiempo de degradación del plástico depende del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expone (luz solar, oxígeno, agentes mecánicos). Según el estudio 'Plásticos en los océanos. Datos, comparativas e impactos', publicado por
Greenpeace, los cubiertos de plástico tardan 400 años en desaparecer y los vasos entre 65 y 75, lo que los hace objetos altamente contaminantes.
Para frenar la contaminación por plásticos es esencial tomar medidas en los puntos de origen de los residuos. La reducción en el consumo de plástico es responsabilidad de todos, de quienes fabrican el producto, de quienes lo consumen y de
las administraciones que gestionan los residuos.
En muchos países ya se están adoptando medidas para atajar este problema global. Por ejemplo, varios países europeos (como Holanda, Alemania, Croacia o Letonia), Canadá y varios estados de EE. UU. y Australia, entre otros, ya tienen
implementado un sistema de retorno de envases que ha demostrado que permite la recuperación de casi el 100 % de los envases.
También son varios los países, como Francia, Marruecos, Senegal, Ruanda, Mauritania o China que han implementado algún tipo de prohibición del uso de determinadas bolsas de plástico. En este sentido la Unión Europea cuenta con la Directiva
(UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, la cual debía haber sido traspuesta antes del 27 de
noviembre de 2016.
En este contexto, si bien el uso utensilios de plástico desechables constituye solo una parte pequeña del problema en cuestión, su prohibición está siendo objeto de debate legislativo en diferentes países y concretamente en Francia, con el
objetivo de reducir el consumo de energía de la industria procesadora de plástico y la contaminación causada por los plásticos desechados, el 30 de agosto de 2016 el Gobierno francés aprobó un decreto mediante el cual se prohíbe la venta y
distribución gratuita de útiles desechables fabricados con plástico a partir del año 2020. Con la aprobación de ese decreto Francia se convirtió en el primer país en prohibir los platos, vasos, tazas y cubiertos de plástico.
Según esta normativa, a partir del 1 de enero de 2020, no habrá platos, vasos, tazas ni cubiertos hechos íntegramente con plástico ni en las estanterías de los comercios, ni en las máquinas de expendedoras. Este tipo de utensilios de
plástico que ahora se venden o se entregan de forma gratuita para el consumo de bebidas y alimentos deberán ser producidos total o parcialmente con materiales biológicos y utilizables para la fabricación de compost. Ni particulares ni empresas
podrán distribuir, usar, vender u ofrecer de manera gratuita vasos y platos de plásticos salvo que estén realizados a partir de materiales orgánicos. La norma afecta tanto a los establecimientos de restauración (restaurantes tradicionales, de
comida rápida, etc.), como a los de venta de bebidas y otros comestibles (panaderías, pastelerías, tiendas de alimentación, etc.). Así, a partir del 1 de enero de 2020, estos productos deberán ser fabricados en un 50 % con sustancias biodegradables
procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de patata. Y a partir del 2025, ese porcentaje será del 60 %.
Las organizaciones ecologistas celebraron la iniciativa del Gobierno francés, confiadas en que serviría de ejemplo para que otros países adoptasen medidas semejantes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir, con fecha de efectos de 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas
desechables, es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico, estableciendo que, a partir del 1 de enero de 2020 que estos productos deberán ser fabricados al menos en un 50 %
con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de patata y a partir del 2025, en al menos el 60 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre apoyo y colaboración institucional con las 'reservas starlights', para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 22 de diciembre del 2016, se concedió a la Comarca de los Pedroches la última distinción de 'Reserva Starlight'. Esta distinción se concede por el Instituto de Astrofísica de Canarias, con la aportación mayoritaria en su capital
patrimonial de la Consultora Corporación 5, cuyo objetivo es la difusión de la astronomía.
La Comarca de los Pedroches es una de las 8 'reservas starlights' que hay en España y una de las tres que hay en Andalucía. En concreto, la primera 'reserva starlight' se concedió a La Palma (Canarias) en el 2012. En el 2013 se concedieron
dos distinciones de 'reserva starlight' a Montsec (Cataluña) y Cumbres de Tenerife (Canarias). En el 2014 se concedieron otras dos distinciones que fueron para la Comarca Sierra Sur de Jaén y Sierra Morena Andaluza. En el 2015 se concedió una
distinción de 'reserva starlight' a Fuerteventura (Canarias). Y en el 2016 se concedieron dos distinciones, las últimas concedidas, a la Comarca de Gúdar-Javalambre (Aragón) y a la Comarca de los Pedroches. El cielo es un patrimonio natural a la
vez que un recurso económico, científico y cultural. En concreto, las reservas starlights tienen cielos nocturnos de muy buena calidad. Prueba de ello es que el 100 % de su población puede observar la Vía Láctea desde su propio municipio. Esta
cifra destaca muy significativamente frente a la media europea que está en torno al cinco por ciento. Esta situación brinda una oportunidad inmejorable para fomentar la economía local de estas comarcas.
El turismo astronómico, cada vez más demandado, está sirviendo para crear nuevos puestos de trabajo locales y acabar con la estacionalidad del sector. Además, la calidad del cielo nocturno permite impulsar un mercado emergente para las
empresas de consultoría medioambiental, que abarcan campos tales como auditorías luminotécnicas, mediciones del brillo del cielo o el diseño de herramientas para el seguimiento de la calidad del cielo, y, por último, para el fomentar la
investigación, desarrollo e innovación, realizados por los observatorios astronómicos y las universidades.
Actualmente no hay ninguna participación o colaboración con la Comarca de los Pedroches, ni con otras 'Reservas Starlight' de España. Es necesario que el Gobierno establezca un plan de actuación y un programa de promoción y preservación
para la Comarca de los Pedroches y para todas las comarcas distinguidas como 'reservas starlight', con vistas a sacar el máximo de provecho a estos atributos naturales, se garantice su preservación con las normas adecuadas y puedan ser disfrutados
por los amantes de la astronomía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en la puesta en valor de las 'reservas starlights', concretando un plan de actuación y un programa que ayude a preservar la calidad de estos cielos y a fomentar la investigación, el
desarrollo, la innovación y el turismo astronómico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002734
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a las orientaciones de política general en el proceso de negociación de la futura reforma de la PAC.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que la creación de una Ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dar seguimiento al proceso de negociación
de la reforma de la PAC se haría por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a las orientaciones de
política general en el proceso de negociación de la futura reforma de la PAC, para su debate y aprobación en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 29 de noviembre, la Comisión Europea hizo pública la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, que lleva por título 'El futuro de los alimentos
y de la agricultura' [COM 2017-713 final]. Este documento marca el inicio oficial de las negociaciones que nos llevarán a la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el escenario de 2020.
Atrás quedan nueve meses en los que se han producido las primeras conversaciones y consultas, y que han servido de base para la elaboración del documento público.
La Política Agraria Común, en sus 60 años de historia, ha sido una de las políticas más relevantes en el proceso de construcción de la Unión Europea. Su amplia cobertura y extensión territorial ha contribuido a la cohesión social y
económica, y ha permitido conformar, al menos en las primeras décadas, una estructura social y económica en el medio rural, en la cual el modelo de agricultura familiar ha sido fundamental. Los principios y objetivos que la inspiraron siguen siendo
válidos, y son compartidos en su esencia por la mayoría de los actores implicados, el conjunto de Estados miembros, y así los vuelve a recoger la Comisión en su documento. Sin embargo, también es cierto que la PAC ha sufrido un proceso de
deslegitimación social sin precedentes debido a la clamorosa injusticia en su distribución y a los impactos ambientales y sanitarios del modelo productivo que promueve. En el reto de la legitimidad social, económica y política es donde la PAC se
juega su futuro.
La PAC representa el 37,8 % de todo el Presupuesto Comunitario. A España le corresponde el 12,6 % del total, es decir, 43.996 millones de euros para el actual periodo 2014-2020. Del total de los fondos disponibles, el 71,3 % se destina a
los pagos directos, lo que equivale a 35.705 millones, y 8.291 millones
de euros para Desarrollo Rural. Una cantidad muy importante para un país que ha tenido que recortar en los últimos años de crisis muchas partidas de gasto. De un presupuesto medio anual del MAPAMA en torno a 10.000 millones de euros, cerca
del 75 % proceden de la PAC. Este monto económico se verá afectado sin duda por las negociaciones finales del Brexit y este hecho representa una de las grandes incertidumbres para el próximo periodo de programación. Estas cifras justifican
sobradamente la necesidad de que la posición y las propuestas que España va a defender en la próxima reforma de la PAC sean discutidas y aprobadas en sede parlamentaria, al igual que el resultado final de las negociaciones.
La PAC es una política pública y una de las últimas políticas económicas activas. El proceso de consulta ciudadana impulsado desde la Comisión Europea sobre el Futuro de la PAC, en el que participaron más 320.000 personas, mostró que la PAC
ha dejado de ser una preocupación exclusivamente sectorial. Los resultados de la consulta presentados el pasado 7 de julio de 2017 mostraron esto de forma evidente. Si queremos mantener el carácter central de esta política para la Unión Europea,
su desarrollo debe ser acorde con los objetivos generales que el conjunto de la sociedad le asigna. El derecho a una alimentación saludable y nutritiva, el sostenimiento de rentas justas para el sector, el mantenimiento de activos agrarios, la
transparencia y justicia en el funcionamiento de la cadena alimentaria, la generación de empleo en el medio rural, el apoyo al desarrollo rural que pasa por la diversificación económica y la lucha contra la despoblación, la sostenibilidad ambiental,
la contribución a la mitigación del cambio climático, los objetivos de bienestar y derechos de los animales son los objetivos a los que la futura reforma de la PAC deberá de responder. La futura PAC debe caminar hacia una política alimentaria que
deberá atender a las demandas crecientes de consumidores cada vez más conscientes sobre cuestiones sociales, ambientales y relacionadas con la salud.
La justicia en la distribución de las ayudas es el segundo escenario donde la PAC se juega su legitimidad. La injusta distribución actual tiene un primer eje en la identificación de los y las perceptoras de pagos directos de la PAC, y es
que pese a la intención de la Unión Europea de eliminar 'los agricultores de sofá', lo cierto es que este objetivo no se ha logrado en el periodo actual de programación. De los 842.343 perceptores, tan solo 365.987 están dados de alta como
agricultores y agricultoras en la Seguridad Social, lo que significa que en torno a un 60 % no tienen la agricultura como fuente fundamental de empleo o renta. Pero, además, el 40 % de los perceptores tienen más de 65 años, es decir, deberían estar
jubilados y jubiladas y cobrando una pensión digna. La mayoría de los actores económicos y políticos están de acuerdo en que la PAC debe ir dirigida sin trampas y sin retrueques al agricultor o agricultora que ejerce la actividad de manera
profesional.
La sociedad sabe a estas alturas que el 16 % de los perceptores reciben el 76 % de las ayudas, y mientras que un perceptor medio de la PAC en España cobra unos 5.125 euros al año, y hay 354.074 que reciben menos de 1.250 euros, 243
perceptores, es decir, un 0,03 %, cobran cada uno una media de más de 1 millón de euros al año, y reciben más que el 45 % de los perceptores que menos cobran. Pero, además, y como consecuencia de la regla de distribución, tan solo el 31 % de las
personas perceptoras son mujeres, pero además, al tener explotaciones más pequeñas, solo reciben el 18 % de los fondos. Además, tan solo un 5,72 % son jóvenes menores de 35 años.
Estando de acuerdo en la necesidad de un marco de convergencia para las ayudas, sin embargo, entendemos que la Política Agraria debe dirigirse a apoyar y promover un sector agropecuario social y sostenible apegado al territorio, proveedor de
bienes y servicios al conjunto de la sociedad que van más allá de la producción de alimentos, y que tienen que ver con valores ambientales, paisajísticos, culturales y de cohesión territorial. Esto implica que la distribución de las ayudas debe
favorecer el desarrollo de la actividad en territorios con dificultades especiales o en aquellos cuyos ecosistemas tienen que ser preservados, como las zonas de montaña o las dehesas, pero también las zonas de producción en secano. En segundo
lugar, se deben favorecer en la asignación de los derechos de pago las regiones en las cuales existen producciones que, por motivos sociales, ambientales o incluso de identidad de los sistemas tradicionales agrarios, contribuyan a los objetivos
generales de la Política Agraria. Estamos hablando de sectores como la ganadería extensiva o los sistemas agrosilvopastoriles. En el cruce de los dos criterios es donde los procesos de convergencia deben ser más efectivos. Los derechos históricos
pueden ser una referencia inicial en la construcción de la nueva PAC, pero su consolidación dificulta el avance hacia la reforma que necesitamos. Debemos activar otros mecanismos que permitan desarrollar otros marcos en la asignación de derechos,
como los contratos territoriales de explotación y otros que pudiéramos desarrollar, mucho más acordes con el conjunto de objetivos diversos que perseguirá la nueva PAC.
Contribuir a la viabilidad de las explotaciones agropecuarias que representan el modelo familiar y social de la Unión Europea requiere que la PAC recupere una actuación decidida en el eje de regulación de mercados. La regulación de la
cadena agroalimentaria con criterios de transparencia y justicia en la distribución del valor y del precio, y la consolidación de redes de seguridad que permitan enfrentar la vulnerabilidad del sector a las adversidades climáticas, y a la
volatilidad de los precios y caídas de renta, son aspectos que tanto el sector agropecuario, las CC.AA., el Ministerio y la propia Comisión Europea en sus últimos documentos han reflejado con mayor o menor profundidad. Sin embargo, consideramos
necesario ir más allá de las 'redes de seguridad' tal como estas se configuran en la actual PAC. Como levantan algunas voces, sería el momento de crear un tercer pilar de la PAC que, sobre el principio de preferencia comunitaria y los objetivos de
estabilidad de mercados y equilibrio de rentas, articulara una política integral de regulación de los mercados coherente con el resto de los objetivos.
El desarrollo rural deberá adquirir un mayor peso en la Política Agraria Común del futuro. La sostenibilidad ambiental, la conservación de la diversidad ecológica, paisajística, cultural y social de Europa, el equilibrio territorial, la
diversificación económica y la lucha contra la despoblación como proceso que pone en peligro todo lo anterior exige un mayor equilibrio entre los fondos (FEAGA y FEADER). El futuro pilar de desarrollo rural deberá dotarse con mayor presupuesto.
Los factores de desequilibrio deben tener mayor peso en la definición de las políticas de desarrollo rural. El despoblamiento es uno de los elementos que deberán ser tenidos muy en cuenta en el futuro de la política de desarrollo rural.
El pasado 18 de mayo de 2017, el MAPAMA hizo público el borrador del documento de Posición Común en relación con la iniciativa de modernización y simplificación de la PAC y que surge de la Conferencia Sectorial de Consejeros y Consejeras de
Agricultura de las CC. AA. con el MAPAMA. Este documento se hizo público dos meses después de la celebración de las Jornadas sobre el Futuro de la Reforma de la PAC organizadas por el Ministerio y en las que se le plantearon los diferentes puntos
de partida que deberán ser armonizados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común integre los siguientes principios:
a) La defensa del modelo de producción agropecuaria familiar, social, sostenible y de pequeña y mediana escala.
b) La defensa del medio rural a través de una política de desarrollo rural más fuerte y equilibrada en el seno de la estructura de la PAC, con un fortalecimiento de la metodología participativa del desarrollo rural y con nuevos instrumentos
adecuados a los retos del medio rural, entre los que destaca la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
c) La profundización y el fortalecimiento de los mecanismos que permitan la transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria acorde con los objetivos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático priorizando los sistemas,
modelos, prácticas y producciones sostenibles.
d) La adopción de medidas encaminadas a fortalecer el papel de las mujeres tanto en el sector agropecuario como en las estrategias de desarrollo rural, que rompan las brechas de género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural.
e) El fortalecimiento de las medidas de regulación de mercados, integrando propuestas de transparencia y justicia de la cadena alimentaria con mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios, y que permitan reactivar
el principio de preferencia comunitaria.
f) El fortalecimiento del derecho de los consumidores a una alimentación sana y saludable, accesible a toda la ciudadanía y conectada al resto de los anteriores objetivos. Por lo cual la nueva PAC también deberá ser una política
alimentaria.
g) Una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el medio rural. Esto implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y promover de manera definitiva
la pluriactividad, la multifuncionalidad y favorecer los sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad.
2. Que las posturas y propuestas que se presenten en el proceso de negociación cuenten con la máxima participación del conjunto de los actores sociales y económicos implicados.
3. La creación de una Ponencia de Estudio en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dé seguimiento al Proceso de Negociación de la Reforma de la PAC.
4. Que las posiciones defendidas por el Gobierno español durante el proceso de negociación de la Reforma de la PAC, incluido su voto final en el Consejo de la Unión Europea, sean sometidos previamente a debate y aprobación por el Congreso
de los Diputados y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando el mayor consenso y legitimidad política posible. De igual forma, que el Gobierno, y antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE, presente sus propuestas previamente ante la Comisión del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a la distribución de los
Totales Admisibles de Captura para el año 2018 en el marco de la Política Pesquera Común tras el Acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 13 de diciembre el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea llegó a un Acuerdo sobre los Totales Admisibles de Captura para el 2018, que entrará en vigor a partir del 1 de enero.
Los primeros informes públicos de la CE contenían aspectos 'positivos' al reconocer por primera vez mejoras en las pesquerías del Atlántico. Un 53 % de los stocks por especies de interés para la flota que faena en estas aguas han progresado
y están en el límite o por encima del rendimiento máximo sostenible (RMS) para mantener una explotación a niveles biológicos seguros.
El objetivo de la Política Pesquera Común (PPC), tal como se establece en el Reglamento (CE) 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, es garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que proporcione unas condiciones
económicas, medioambientales y sociales sostenibles. El artículo 2.2 de la PPC establece la obligación de restablecer y mantener las poblaciones por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS) nunca
más tarde de 2020. A medida que se aproxima el plazo jurídicamente vinculante para el objetivo de 2020, el margen para el establecimiento de cuotas que no sean sostenibles se reduce.
La Política Pesquera Común aplica el criterio de precaución a la gestión pesquera y procurará asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de
los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible. Los TAC son una herramienta con un gran potencial para gestionar los recursos pesqueros. Las obligaciones de la PPC exigen hacer coherentes los TAC con las recomendaciones
científicas, y aunque existe una mejora en el cumplimiento, los informes de diversos organismos muestran cómo se constatan incumplimientos en el 70 % de los stocks y en un 20 % exceso de capturas.
Terminar con la sobrepesca tendría consecuencias positivas sobre la salud de los mares europeos y las pesquerías, así como sobre la economía de las industrias asociadas y el empleo en el sector. La comunidad científica calcula que la
recuperación de los stocks llevaría consigo el incremento de las capturas en un 58 %, un incremento del valor de las capturas en un 57 %, la posibilidad de un aumento del 24 % del número de buques pesqueros, un incremento del 29 % en el empleo y un
aumento del 4,9 % del PIB de pesca.
Sin embargo, y esto es esencial, las presiones sobre los ecosistemas marinos no proceden únicamente de la sobrepesca. En todo caso, existen modalidades sostenibles social y ambientalmente, y otras que
son destructivas, pero, además, la contaminación marina, la degradación de los hábitats por diversas razones, las especies invasoras y, desde luego, el impacto del cambio climático a través del incremento de las temperaturas de las aguas son
determinantes en la situación.
El acuerdo alcanzado establece límites de capturas (TACs) al nivel de RMS para 53 stocks en 2018, lo que significa 9 más que en 2017. La Comisión ha recordado que estamos a mitad de la fecha límite de 2020 para garantizar que todas las
poblaciones se pesquen dentro de los límites del Rendimiento Máximo Sostenible. Para la Comisión, con el acuerdo alcanzado, dos tercios de los recursos pesqueros en el Atlántico y el Mar del Norte estarán sujetos a límites de captura coherentes con
los objetivos de sostenibilidad.
Los intereses concretos de los sectores pesqueros de las distintas Comunidades Autónomas son esenciales en el proceso de negociación, y su armonización constituye la dificultad fundamental de dicho proceso. Algunas Comunidades Autónomas han
pedido que se dé el mismo trato flexible para las especies en el mar del Norte a otras de interés para la flota española con cuotas pequeñas, como el lenguado del Golfo de Vizcaya o el relojito del Gran Sol, y que no cuenten en las normas sobre los
descartes. Para el Principado de Asturias es esencial el estado de la merluza del sur (aguas ibéricas) y las medidas que afecten a esa especie. Por su parte, Canarias ha solicitado una 'cuota' específica de capturas para las regiones
ultraperiféricas de la UE, por sus dificultades y por las características migratorias de las especies de sus aguas.
El acuerdo alcanzado implica cerrar las pesquerías de anguila durante tres meses en su período de migración, además del compromiso de los miembros a adoptar medidas adicionales para proteger las anguilas a lo largo de su ciclo de vida y en
todas las cuencas marítimas. Sin embargo, en la negociación no se tuvo en cuenta que el Plan de gestión de la Anguila tanto en Asturias como en Galicia se está cumpliendo y está dando buenos resultados, y que este acuerdo puede implicar el cierre
para las más de 100 familias que viven de esta pesca artesanal. Para la lubina, se acordó un paquete mejorado que debería permitir que la población comience a recuperarse después de años de declive.
En cuanto a la cuota del chicharro, se ha acordado una subida de un 21 % en el Cantábrico y en el Gran Sol (14.335 toneladas para el Estado español). Mientras que las cuotas de la anchoa se mantienen invariables en 33.000 toneladas. En el
caso del boquerón del Golfo de Cádiz, se fijan unas capturas máximas de 12.500 toneladas, con posibilidad de revisión a lo largo del año sobre la base del estado del stock. Las cuotas para el rape en el Golfo de Bizkaia seguirán invariables en los
mismos valores de 2017, con un volumen de 1.368 toneladas para el Estado español.
Las negociaciones han sido especialmente duras en relación con el TAC de la merluza sur y finalmente se ha pasado del 30 % del recorte a un 12 %, quedando una cuota de 5.923 toneladas para el Estado español. Las posibilidades de pesca para
la merluza norte se reducen en un 7 % con respecto a 2016, lo que hace que el recorte sea especialmente dramático porque se concentra sobre todo en un sector muy artesanal, de barcos pequeños, cuya economía es muy vulnerable, igual que sucede con el
verdel.
Al mismo tiempo, en el caso del jurel, ha aumentado un 21 % en la cuota del Cantábrico y se ha reducido un 24 % en el área 9 (que incluye Golfo de Cádiz). En cuanto a la cigala, sube un 13 % para las áreas 9, 10 y CECAF.
Según los cálculos del Ministerio, el Acuerdo alcanzado implica 41.000 toneladas adicionales de pesca para España, lo que supone un valor económico de 44 millones de euros. En este sentido, este incremento global en los TAC debe repartirse
de forma justa y adecuada primando el sector pesquero sostenible y de bajo impacto negativo sobre el medio ambiente.
A partir de estos datos globales conviene de nuevo recordar que el artículo 8 del Reglamento de la PPC dispone la asignación de posibilidades de pesca, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 1380/2013. El contenido del
artículo 17 del Reglamento de la PPC explicita los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros. 'Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición a que se hace referencia en el artículo 16, los
Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del
cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen
artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat'. Y continúa diciendo: 'El acceso a las pesquerías debe basarse en criterios transparentes y
objetivos, entre otros, de carácter
medioambiental, social y económico. Los Estados miembros deben promover la pesca responsable ofreciendo incentivos a aquellos operadores que faenen con las técnicas menos perjudiciales para el medio ambiente y que aporten los máximos
beneficios para la sociedad'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En aplicación de los Acuerdos sobre los TAC para el 2018 alcanzados, el Congreso insta al Gobierno a:
1. Garantizar un reparto justo, equitativo y transparente de las oportunidades de pesca que tenga en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 17 del Reglamento (UE) 1380/2013.
2. Analizar las medidas que se están tomando para avanzar en la obligación de desembarque y en la reducción de los descartes e implementar las nuevas medidas que sean necesarias, teniendo en cuenta las características diferenciales de cada
flota y pesquería y asumiendo el objetivo de eliminar incentivos para descartar sin crear cargas excesivas en la flota.
3. Garantizar una gestión ecosistémica de los recursos pesqueros y la puesta en marcha de 'planes de pesquería o por especies' como sistemas de gestión a largo plazo en contraposición a los 'planes de gestión de caladeros o flotas', como el
del Mediterráneo o del cerco, que no llegan al detalle necesario para alcanzar una gestión adecuada, y que son planes de flotas, no de recursos naturales.
4. Garantizar la puesta en marcha de un Plan de Recuperación para la sardina.
5. Establecer compensaciones para la pesca de bajura de la merluza y el verdel, así como para la flota de la anguila.
6. Estimular la efectiva dotación de contenidos en los Consejos Consultivos de la Pesca en tanto espacios capaces de generar diálogos y un marco de cooperación entre los distintos agentes involucrados en la pesca, imprescindibles para una
gestión sostenible, cuyo potencial en absoluto ha sido explotado.
7. Procurar que se recupere y aumente la inversión con fondos públicos necesarios para asegurar la mejora de la investigación científica que garantice una gestión pesquera eficaz para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental,
económica y social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a tomar las medidas oportunas para la supervivencia de las abejas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los declives en las colonias son una gran amenaza para las abejas en todo el mundo, así como para las muchas plantas silvestres y cultivos que estos insectos polinizan. Entre los posibles culpables que se han buscado al declive de estos
polinizadores -incluyendo parásitos, enfermedades, estrés climático y desnutrición- muchos han señalado directamente a los insecticidas como principal sospechoso.
Y entre ellos al grupo de los neonicotinoides, denominados así porque se derivan químicamente de la nicotina. El pasado junio, dos estudios en la revista 'Science' ponían de nuevo el foco en estos pesticidas, asegurando que la exposición
continuada a los insecticidas que contienen neonicotinoides afecta negativamente a las abejas.
Ahora, un nuevo estudio que publica la revista 'Nature' y realizado con abejorros concluye que los neonicotinoides obstaculizan a las reinas en la formación de nuevas colonias. Las reinas de abejorro
expuestas a este plaguicida común son menos capaces de formar nuevas colonias, lo que podría llevar a colapsos en poblaciones silvestres, advierte el estudio.
Los plaguicidas neonicotinoides son ampliamente utilizados en la agricultura, pero en los últimos años tanto los estudios de laboratorio como los de campo los han implicado en el declive de las poblaciones de abejas, lo que en la Unión
Europea condujo a una moratoria sobre su uso. Así, su uso en los cultivos se restringió en la UE en 2013 para proteger a los insectos polinizadores.
La formación de colonias es una etapa crucial en el ciclo de vida de las abejas, y estos resultados muestran que esta etapa es particularmente sensible a los efectos negativos de los neonicotinoides. Los autores señalan que se necesitan más
investigaciones para explorar los impactos a largo plazo que la reducción observada en la puesta de huevos puede tener sobre el éxito de las colonias y la dinámica de las poblaciones en el campo.
Se espera que la Comisión Europea revise antes de finales de este año la moratoria en el uso de estos pesticidas, cuyo uso sigue estando permitido en algunos casos, como para los cultivos que no son atractivos para las abejas, los cereales
de invierno, fumigaciones después de la floración o su empleo en invernadero.
Se trata de una moratoria parcial, pues afecta a tres insecticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam).
No obstante, los múltiples estudios que en los últimos tiempos se han publicado sobre el declive de las abejas, revelan también que la exposición a insecticidas es uno de los muchos factores que intervienen. Los investigadores están de
acuerdo en que es muy probable que la culpa de la desaparición de las abejas esté en una combinación de muchos factores, y que cuando las abejas están expuestas a factores de estrés adicionales, como la desnutrición o la acción de múltiples
pesticidas, pueden ser más sensibles a la acción de los pesticidas.
La desaparición de cientos de millones de abejas, vitales para mantener el ecosistema, se ha convertido en una preocupación para la comunidad científica desde hace años.
Según datos de la organización ecologista Greenpeace, se calcula que el valor económico de la labor de polinización de las abejas podría estar en torno a los 265.000 millones de euros anuales en todo el mundo, 22.000 millones para Europa y
más de 2.400 millones de euros para España, recientemente calculado en el informe 'Alimentos bajo amenaza'. Así pues, incluso desde un punto de vista puramente económico, merece la pena proteger a las abejas.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) ha mostrado en el informe 'UNEP Emerging lssues' que el declive de las abejas está ocurriendo en todo el mundo y que el
resto de polinizadores están en la misma situación.
La producción de miel en España tiene una gran importancia social y económica. El valor de la producción mielera española se estima en el 0,2 % de la Producción Final Agraria.
En 2016 se censaron exactamente 30.920 explotaciones apícolas, lo que supone un ascenso del 12,07 % respecto a 2015. Se debe al incremento de explotaciones no profesionales, de las que ya hay registradas 23.540, un 12,36 % más que en 2015,
mientras que las explotaciones profesionales se mantienen en el entorno de las 5.000-5.500 desde hace una década.
En la balanza comercial española pesan más las importaciones que las exportaciones, con un saldo deficitario de -2.097 toneladas. En concreto, España exportó 26.913 toneladas de miel el año pasado (77 % con destino UE), mientras que se
compraron en el exterior 29.010 toneladas (55,3 % procedente de terceros países).
España cuenta con un censo de 2,45 millones de colmenas, lo que le sitúan en primera posición a nivel comunitario, con el 15,66 % del total de las colmenas censadas en la UE. Por detrás se encuentran Francia (1,63 millones de colmenas) y
Grecia (1,58 millones).
Cada español consume 0,7 kilos de miel al año, según el dato de 2016, que es similar al de los ejercicios anteriores.
En cuanto a la producción de cera, se obtuvieron 1.734 toneladas en 2016, un -3,77% interanual. Si se establece la comparativa de los últimos cinco años, la obtención de cera ha subido un +7,70%, ya que en 2011 se produjeron 1.610
toneladas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y defender en las instituciones de la Unión Europea la revisión de la moratoria en el uso de determinados pesticidas, con el fin de impedir la utilización de aquellos cuyo impacto negativo en la supervivencia de las abejas se
haya demostrado científicamente.
2. Incrementar la partida económica para investigación en abejas, teniendo en cuenta su importancia económica para nuestro país.
3. Poner en marcha campañas de concienciación de la importancia que tienen estos insectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la
que se insta a la elaboración de un estudio y evaluación conjuntos de los cuatros fragmentos que componen el proyecto único de Gas Natural en el Espacio Natural de Doñana y su entorno, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El proyecto industrial de Gas Natural en Doñana está siendo promovido por la filial de dicho grupo Petroleum & Oil and Gas España y tiene el objetivo de instalar, entre otras infraestructuras, 70 kilómetros de gasoducto, 16 pozos de
extracción de agua y varios depósitos para almacenar 10.000 GWh de gas, cantidad que se acerca al tercio de la existente en España. Se trataría de una de los almacenamientos de gas mayores de Europa que afectaría directamente al Espacio Natural de
Doñana, uno de los ecosistemas con más valores naturales en todo el mundo, vital para la migración de gran número de especies de aves, y uno de los últimos hábitats en los que vive en libertad el lince ibérico.
El Gobierno de España aceptó la fragmentación del proyecto en cuatro subproyectos que comenzaron a tramitarse por separado y, por tanto, sin valorarse el impacto ambiental en su conjunto ni desde el punto de vista ecológico ni en cuanto al
riego sísmico que implicaba su situación.
De estos cuatro proyectos, el denominado 'Saladillo', situado dentro del Espacio Natural Doñana, cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable publicada en BOE el 28 de enero de 2013. Carece, sin embargo, de la preceptiva
autorización de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. De acuerdo con el PORN y el PRUG del Espacio Natural, dicha
autorización no sería viable.
'Marismas Occidental' no se encuentra dentro de los límites del Espacio Natural Doñana, pero uno de los dos emplazamientos del citado proyecto se encuentra dentro del ZEC Doñana Norte y Oeste (no perteneciente al Espacio Natural Doñana),
espacio de la Red Natura 2000; cuenta con DIA favorable publicada en BOE el 30/09/2010. Cuenta asimismo con Autorización Ambiental Unificada positiva de 15 de noviembre de 2010, prorrogada por dos años el 13 de septiembre de 2015. El 10 de marzo
de 2016 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entonces competente en Energía, otorga Autorización Sustantiva a este proyecto.
'Marismas Oriental', dentro del Espacio Natural Doñana, cuenta con DIA favorable publicada en BOE el 29/01/2013, pero la Junta de Andalucía emitió el 8 de enero de 2016 Resolución denegándole la Autorización Ambiental Unificada.
El cuarto, 'Aznalcázar', cerca pero fuera de los límites del Espacio Natural Doñana, cuenta con DIA favorable publicada en BOE el 28/01/2013 y con AAU favorable de fecha 8 de enero de 2016. No obstante,
dicho proyecto de 'Aznalcázar', tramitado conjuntamente con el anteriormente citado 'Marismas Oriental', no es viable desde un punto de vista logístico u operativo, según ha manifestado en diversas ocasiones la entidad promotora.
El 24 de julio de este año el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía dirigió escrito a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, solicitando que se iniciara el procedimiento
de modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan a los cuatro proyectos.
Los argumentos para llevar a cabo esta modificación que se pidió al Ministerio se basaban en los informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en el posicionamiento del CSIC a través de su Delegado
Institucional de Extremadura y Andalucía a la petición de informe del Defensor Andaluz de 20 de marzo de 2017.
Se considera a la luz de tales informes que la división en cuatro proyectos no tiene en cuenta que todos ellos afectan al mismo acuífero, el subsistema Almonte-Marisma, y al mismo sistema de placas y fallas. Asimismo, en las declaraciones
de impacto ambiental no se valora la amenaza que supone la inyección de gas en el subsuelo, lo cual implica un riesgo sísmico que por sí mismo es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener la aprobación y ejecución hasta que el
proyecto conjunto, incluyendo los cuatro subproyectos en que se subdividió, sea valorado científicamente por un equipo multidisciplinar.
El hecho de no haberse efectuado un estudio de riesgos sísmicos es una deficiencia en sí misma y, además, afecta al criterio utilizado para definir la posible contaminación del acuífero. Los riesgos sobre el mismo no se han estudiado en
profundidad.
Por todo ello, se pedía a la Sra. Ministra que instara al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la paralización del proyecto Marisma Occidental autorizado en marzo de 2016, así como que dicte acuerdo de inicio de modificación de
las cuatro declaraciones de impacto para que afronten una evaluación conjunta de los proyectos. Con fecha 19 de octubre de 2017, la Sra. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente contestó denegando todas las peticiones
formuladas, defendiendo, sorprendentemente, la conveniencia del fraccionamiento en cuatro del proyecto.
En esta situación y ante el riesgo existente sobre Doñana si prosiguen los cuatro proyectos hasta su ejecución, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, considerando el conjunto del proyecto industrial patrocinado por Gas Natural en Doñana perjudicial y contrario a la integridad de este espacio natural y su entorno, insta al Gobierno a:
1. Paralizar los cuatro proyectos de Gas Natural, Saladillo, Aznalcázar, Marismas Oriental y Marismas Occidental, iniciando procedimiento de modificación de las declaraciones de impacto ambiental para realizar una evaluación ambiental
conjunta de los cuatro fragmentos que componen el proyecto global único.
2. Realizar una valoración global del impacto de los cuatro proyectos sobre los acuíferos de Doñana y sobre los riesgos ambientales que puede generar toda la actuación en el Espacio Natural de Doñana y su entorno.
3. Promover la paralización de dichos proyectos hasta que no se realice un estudio geológico sobre los riesgos sísmicos del conjunto de la ejecución de los cuatro proyectos.
4. Impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente la ejecución de las cuatro partes de este proyecto en cuestión y revocar las autorizaciones que se hayan otorgado y las declaraciones de impacto positivas emitidas, en
virtud de un nuevo análisis global de la actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la rehabilitación, descontaminación y evaluación de la biodiversidad en el río Saviñao, en la provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los canales de agua etiquetados como manantiales, regos, regatos y ríos tienen una gran importancia en Galicia, que este año destacó más por la escasez de lluvias y la correspondiente sequía. Son recursos estratégicos que cada vez son más
relevantes, no solo desde el punto de vista medioambiental, ecológico y paisajístico, sino también para las actividades socioeconómicas.
Los manantiales, regos, regatos y ríos experimentaron un deterioro en la calidad y pureza de sus aguas, casi en paralelo a la disminución de sus caudales.
Primero fueron vertidos aislados y circunstanciales, que en los años ochenta acabaron por generalizarse con la mezcla de varios factores, como la falta de saneamientos adecuados de los lugares, pueblos y villas, con la proliferación de la
ganadería extensiva, los tratamientos químicos y con la instalación de alguna actividad de transformación.
El río Saviñao nace en el campo de la Lama de Escairón y en sus 9,5 km de longitud avanza con relativa suavidad por la zona que separa el río Miño del Valle de Lemos. Y en su tramo final acelera sus aguas desde los casi 500 m de altitud
hasta los 228 m de las aguas del río Miño al pie de la presa de Belesar.
La transformación de productos derivados del campo, especialmente leche, y los vertidos derivados de la falta de depuración contribuyen de forma fundamental al deterioro total del canal y el caudal, provocando una muerte técnica de la vida
en el río; todo esto potenciado por la escasez de lluvias y el agotamiento de los manantiales.
Son continuas las quejas de los vecinos, asociaciones y partidos, también son muchas las denuncias que se han hecho y las sanciones a los propietarios de la industria láctea que allí se ubica.
El deterioro del río alcanzó unos niveles alarmantes este año en el que se multiplicaron las quejas por la presencia de productos en el canal, espuma y malos olores.
Por otra parte, parece que la industria láctea está concluyendo una depuradora que en teoría saneará los vertidos y terminará con la mayor parte del problema.
A mayores de la vigilancia sobre la nueva situación, clave para la supervivencia del río, hay que llevar a cabo una profunda labor de descontaminación para que la regeneración del río pueda ser una realidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a:
1. Realizar un estudio en el primer trimestre de 2018 para evaluar la realidad medioambiental y el estado de la biodiversidad del río Saviñao, en la provincia de Lugo.
2. Llevar a cabo las labores necesarias para descontaminar y rehabilitar el río Saviñao hasta que el caudal presente la adecuada calidad medioambiental.
3. Establecer un sistema de alerta para los vertidos localizados a lo largo del caudal del río Saviñao para extremar la vigilancia sobre la calidad del agua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En España existen alrededor de 30.000 Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de distintas ramas que realizan una labor imprescindible para la organización de la asistencia sanitaria. Existen hasta once titulaciones diferentes, principalmente
en las siguientes especialidades: Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDyMN), Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría (TSRyD), Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (TSAPyC),
Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico (TSLCyB) y Técnicos Superiores en Dietética (TSD).
La normativa vigente en materia educativa que afecta a los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) los sitúa actualmente en el ámbito de la formación profesional de grado superior, siendo regulada esta figura por diversos Reales Decretos del
año 2014, que establecen la titulación de las diferentes especialidades, y por Órdenes del año 2015, que establecen el currículum de los ciclos formativos correspondientes.
Competencialmente, se inicia la regulación de los TSS con la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre competencias y funciones de los técnicos especialistas, y posteriormente por la Ley 44/2003, de
21 de noviembre de 2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS). Así, en la disposición transitoria tercera de esta Ley ya se establece la previsión de adecuación de las profesiones sanitarias de formación profesional al espacio europeo
de enseñanza superior.
Posteriormente, los Reales Decretos 1087/2005, de 16 de septiembre, 140/2011, de 4 de febrero y 887/2011, de 24 de junio, establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, situando a la mayoría de los TSS en un nivel 3 de cualificación profesional, dentro de la familia profesional de sanidad, en la formación profesional de grado superior. Dicha regulación establece por una parte las 'unidades de
competencia', con las correspondientes 'realizaciones profesionales' y 'criterios de realización'; y por otra parte, los 'módulos formativos', con las correspondientes 'capacidades' y 'criterios de evaluación', quedando delimitado así el marco
académico y competencial de los mismos.
Más tarde, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las titulaciones de TSS quedan situadas en el Nivel 1 del MECES (120 créditos ECTS, equivalentes a 2.000 horas de formación). Como así se refleja,
posteriormente, en lo articulado en el Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el Real Decreto 772/2014,
de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas, el Real Decreto 771/2014 por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas, o el Real Decreto 767/2014 para el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
Ocurre, por otra parte, que en el Espacio Educativo Europeo existen diversas titulaciones profesionales (por ejemplo, 'radiographer-radiotherapist') que, realizando funciones análogas a las de estos TSS, exigen una formación y reconocimiento
de grado universitario, con una exigencia de carga lectiva y desarrollo de competencias también superior (180 a 240 créditos ECTS). Esto obliga a los TSS españoles que desean ver reconocida su titulación o ejercer en otro país europeo a realizar
cursos o prácticas de formación que compensen la diferencia en los programas formativos entre los países. Con ello se perjudica la libre circulación de estos profesionales dentro del espacio europeo y, en ocasiones, se promueven
determinados comportamientos que no benefician a nadie, como, por ejemplo, la matriculación de españoles en escuelas de formación extranjeras con el fin de lograr la homologación de sus títulos.
Por otra parte, es evidente que una mejora de la formación y cualificación de estos profesionales redundaría en la mejora de la calidad técnico-asistencial que reciben los usuarios de la sanidad española en áreas técnicas, por otra parte,
sometidas a una acelerada innovación y tecnificación en muchas de sus especialidades.
El último informe que se conoce realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de agosto de 2006 ('Informe de Síntesis: La profesión de técnico especialista de laboratorio clínico y radiología médica en Europa: Situación actual y
principales tendencias de evolución') ya avanza que en esos años la mayoría de los países europeos están revisando sus planes de estudio para adaptarlos al marco educativo de Bolonia. También es cierto que en la mayoría de los países europeos
existe una titulación única para las dos especialidades de laboratorio: laboratorio de diagnóstico clínico y anatomía patológica; y otra, para las dos especialidades radiológicas: imagen para el diagnóstico (que incluye medicina nuclear) y
radioterapia.
Otro fenómeno que se produce es la coexistencia en España de las titulaciones de formación profesional superior sanitarias con nuevos grados universitarios desarrollados por Universidades españolas dentro del mismo espectro de competencias
(dietética y nutrición o laboratorio, por ejemplo).
Los TSS españoles llevan muchos años luchando por una mejora de su formación, cualificación y reconocimiento académico y profesional, así como por su homologación en el espacio europeo. En este sentido, recientemente (2016) la Asociación
Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL) ha visto aceptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su solicitud de realización de un 'Estudio y Análisis de la Situación Actual en España de la Titulación-Nivel de Formación y
Cualificación de los Profesionales Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico y Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico' y que, como consecuencia del citado estudio, se proceda a requerir al Estado español la
adecuación de su normativa interna a la de la Unión Europea y resto de países miembros.
Por último, el Congreso de los Diputados no ha sido ajeno a esta problemática, habiéndose tramitado, a lo largo de las VIII y IX Legislaturas, diferentes iniciativas parlamentarias, sobre todo preguntas escritas al Gobierno, pero también una
Proposición no de Ley de la VIII Legislatura que fue debatida, aunque no prosperó su aprobación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el diálogo con los sindicatos y las asociaciones de Técnicos Superiores Sanitarios con el fin de atender las demandas de reconocimiento académico y profesional de estos profesionales.
2. Elaborar un plan de reordenación de las actuales titulaciones de TSS orientadas a las nuevas necesidades tecnológicas requeridas por el Sistema Nacional de Salud, a la mejora de la formación de estos TSS, a su reconocimiento académico
más apropiado y al mutuo reconocimiento en el espacio europeo, tomando en consideración la práctica de la mayoría de los países del espacio educativo europeo.
3. Considerar prioritariamente, por existir ya una clara armonización europea, la unificación de las especialidades de laboratorio clínico y anatomía patológica, por una parte, y de radiodiagnóstico y radioterapia, por otra, homologando su
formación a los estándares europeos.
4. Incluir en el citado plan de reordenación los procedimientos y requerimientos que permitan a los actuales TSS su recalificación académica de acuerdo a los nuevos programas y titulaciones.
5. Recabar de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud una posición respecto de la adecuación de titulaciones y planes de estudio de estos profesionales, así como de su adaptación a la realidad tecnológica actual y
futura de las instituciones sanitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz e Ignacio Urquizu Sancho, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al registro de planes de igualdad, para su debate en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El reconocimiento constitucional del principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminación por razón de sexo ha resultado insuficiente en la práctica. Uno de los aspectos donde más claramente se manifiesta esta ausencia de
igualdad es en el ámbito empresarial, en el que todavía hoy se reflejan problemas estructurales en relación al empleo femenino, quedando lejos de la igualdad real y efectiva.
Una de las buenas intenciones que se presenta en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es la obligación de adoptar medidas para evitar la discriminación por sexo ya sea directa o indirecta en
el ámbito laboral, medidas que se han de negociar con los representantes de los trabajadores y que concluyen en un plan de igualdad cuando la empresa supere los 250 trabajadores en plantilla, sea cual sea el convenio por el que se rijan o cuando la
autoridad laboral acuerde un procedimiento sancionador que consista en sustituir la sanción por la elaboración e implantación de dicho plan.
Sin embargo, en el art. 45.5 de esta misma ley se manifiesta que dichos planes serán de elaboración e implantación voluntaria para las empresas con plantilla por debajo de los 250 trabajadores. Lo que quiere decir que las empresas con
plantilla menor están exentas de llevar a cabo la responsabilidad de fomentar y aplicar la igualdad real en sus empresas.
Hay que tener en cuenta, que el tejido empresarial español está formado en mayor medida por pequeñas y medianas empresas, lejos de cumplir los requisitos que se enumeran en el art. 45 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, lo que reduce significativamente el alcance de la obligatoriedad de elaborar, implantar y registrar los planes de igualdad.
Por otra parte, los planes de igualdad carecen de independencia suficiente, en cuanto que su texto se integra en el convenio colectivo de empresa. En el caso de que el convenio sea de ámbito superior (sectorial) los planes de igualdad
dependerán de cómo esté desarrollado el articulado en materia de igualdad de oportunidades, cuestión nada homogeneizada, ya que cada convenio está marcado tan solo por el marco de la LO 3/2007, dejando amplio margen para desarrollar o no las medidas
correspondientes a su ámbito de aplicación, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de una plantilla que supere el umbral de los 250 trabajadores.
Por tanto, también es importante tener presente que los planes de igualdad, para que sean efectivos, deben atender situaciones reales, es decir, que en el ámbito de un mismo sector las situaciones de desigualdad no son las mismas en todas
las empresas y por ello las directrices que marcan los convenios pueden ser demasiado generales.
Asimismo, la inexistencia de un registro oficial para dichos planes, donde se registren, depositen y publiquen, limita la posibilidad de impugnación por terceros, debilita su seguimiento y garantiza en menor medida su cumplimiento.
En este sentido cabe destacar que la obligatoriedad de registrar los planes de igualdad es inexistente, dependerá de que el texto del plan de igualdad esté integrado en el convenio colectivo de empresa. En el caso de los convenios
colectivos sectoriales los planes de igualdad serán el resultado de acuerdos de empresa, siendo su eficacia limitada y vinculante solo entre las partes firmantes. De nuevo este tipo de acuerdos no están obligados a ser registrados ni publicados,
solo están obligados a su publicación cuando se estipule en el convenio colectivo, vaya anexado al mismo o si es fruto de la negociación colectiva.
El Real Decreto 713/2010 establece que las Comunidades Autónomas crearán y regularán sus Registros de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
El REGCON es un registro de carácter público y constituye una base de datos central de acceso público, cuyos datos pueden ser consultados. En dicho registro se pueden registrar los acuerdos que
aprueben los planes de igualdad en las empresas afectadas por la negociación sectorial o derivados del convenio colectivo de empresa.
Aquellos acuerdos que aprueben planes de igualdad y que carezcan de convenio colectivo propio podrán registrarse solo a efectos de depósito.
Por tanto, actualmente los planes de igualdad dependen de la negociación colectiva y su registro está ligado al de los convenios y acuerdos. No siendo obligatoria su publicación, como se ha expuesto anteriormente.
El RD 713/2010 establece en el art. 17 la regulación sobre una base de datos de carácter central de convenios y acuerdos colectivos de trabajo en la que se incluye la obligación de todas las autoridades laborales competentes en materia de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de remitir a la base de datos centralizada todo asiento electrónico practicado en sus respectivos registros. Dicha obligación no existe para el caso de los planes de igualdad que no deriven de convenio
sectorial o de empresa.
Por tanto, unos de los problemas del registro de planes de igualdad tiene que ver precisamente con la no obligatoriedad de inscripción ni de envío a la base de datos central del REGCON por parte de las autoridades laborales autonómicas. Las
consecuencias de mantener esta regulación tienen que ver con la dificultad para su cumplimiento, seguimiento y la posible baja calidad de su contenido, lo que entorpece la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Es necesario crear un Registro de planes de igualdad dependiente de la autoridad laboral. Quedaría incluida en este registro la obligatoriedad de registro, depósito y publicación en cualquier caso, la obligación de la autoridad laboral
autonómica de remitir dicha información a la base de datos central y garantizar que los planes de igualdad sean normas de obligado cumplimiento en cualquier caso, incluidos los planes de igualdad que las mismas empresas desarrollan.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un sistema de registro, público, transparente y accesible, para los planes de igualdad que pueda clasificarse por Comunidades Autónomas.
2. Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas para que los planes de igualdad deban registrarse, depositarse y publicarse de manera obligatoria, independientemente de los convenios colectivos de la empresa o sectoriales.
3. Modificar la legislación precisa a fin de que se reduzca el número de trabajadores que debe tener una empresa para que se establezca un plan de igualdad en la misma, ya que la igualdad de la mujer debe perseguirse al margen del número de
empleados que posea una empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Marta Martín Llaguno, Patricia Reyes Rivera y Miguel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para el desarrollo de un código de regulación para evitar la publicidad sexista, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Aunque el sexismo es un tema de preocupación desde las más elementales normas democráticas de alcance mundial -Derechos del Niño, Derechos Humanos, etc.-, en los últimos años se ha vuelto a retomar con fuerza en las normativas públicas, de
forma que se han exigido remodelaciones legislativas con implicaciones en los discursos mediáticos.
La razón de estos nuevos impulsos normativos es que, en general, se considera que los mass media poseen influencia sobre la población como agentes de socialización y que son capaces de reproducir y de mantener la ideología tradicional del
género. En concreto, los medios de comunicación juegan un papel esencial 'en los procesos de construcción y difusión de las imágenes, identidades y relaciones de género'. De esta forma, junto a la familia y a la escuela, nos enseñan a ser
diferentes en función de nuestro sexo. Así, desde que nacemos, estamos inmersos en un proceso de socialización que consagra un 'modelo femenino' y un 'modelo masculino'.
En este contexto, la publicidad puede llegar a convertirse en un instrumento capaz de influir en la sociedad, al confirmar (o no) los roles que el sujeto ha adquirido durante su vida y ofrecer valores que refuerzan los estereotipos de
género.
Pese a existir abundante legislación que contempla el respeto de la imagen de la población femenina, el principal problema de las propuestas legales relacionadas con la discriminación por sexo en la comunicación comercial parece ser su
aplicabilidad. En efecto, en ciertas -por no decir en la mayoría de- ocasiones resulta realmente complejo implementarlas.
La ambigüedad terminológica sobre lo que se considera o no sexismo en la publicidad se erige como el elemento fundamental de esta dificultad y numerosos autores e investigadores de este ámbito lo confirman. La dificultad que supone medir el
grado de sexismo en los manifiestos publicitarios a través de las definiciones legales, especialmente cuando se consideran los estereotipos de género que pueden coadyuvar a generar violencia machista, ha sido, en este sentido, puesta de manifiesto
con anterioridad.
La preocupación por el sexismo publicitario queda reflejada por primera vez en la legislación en 1988 a través de la Ley General de Publicidad. Así, se estableció como ilícita la comunicación comercial 'que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer'. Autores como Balaguer consideran que esta definición es 'meramente enunciativa, y no especifica nada
acerca de cuándo un anunciante incurre en una lesión a los derechos fundamentales, y a qué derechos en concreto' se refiere. Este problema de ambigüedad terminológica y de falta de claridad parece no haberse resuelto en el marco de las nuevas
normas legislativas nacidas recientemente.
En el año 2004 se promulga la Ley Integral Contra la Violencia de Género que afecta a los medios de comunicación por considerar que estos pueden contribuir a fomentar la violencia machista. Esta normativa modifica la Ley General de
Publicidad al introducir los dos supuestos básicos de publicidad ilícita relacionados con el género, que tienen en cuenta la presentación vejatoria de las mujeres:
a) 'Bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar';
b) 'Bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar violencia de género'.
Si bien el primer precepto es fácilmente valorable, con referencia al segundo precepto, autores como Rodríguez y Tato entienden que el legislador considera que se trata de forma vejatoria a la mujer a) cuando esta aparece desempeñando una
labor vinculada tradicionalmente con las féminas y (no o) b) del mensaje publicitario se desprende la idea de que esta tarea es exclusiva y propia de la población femenina.
No obstante, Rodríguez también establece que no se precisa el contenido de la publicidad ilícita relacionada con la utilización de estereotipos asociados a la imagen de la mujer que coadyuven a generar violencia de género. La indefinición
permite que el término estereotipo sea interpretado de muy diversas formas.
En definitiva, la legislación española que regula la imagen de la mujer en la publicidad conlleva una compleja interpretación, situación que deriva en su dificultad para ser aplicada.
Paralelamente, el artículo 13 de la Ley integral de 2004, en su apartado Medios de comunicación disponía que:
'1. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de
situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.
2. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.'
Unos preceptos legales que no siempre se cumplen. Ante esta falta de interés de las administraciones de acabar con la publicidad sexista, ante la falta de operacionalización de conceptos jurídicos relacionados con el sexismo, su difícil
aplicabilidad y la falta de desarrollo de un texto de correlación que facilite la lucha contra la publicidad sexista en más de una década, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que todavía queda mucho margen de actuación desde las
instituciones para erradicar este tipo de publicidad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un código de regulación de la publicidad sexista que aborde, defina y permita evaluar claramente los sesgos de género en comunicación comercial de manera urgente, haciendo partícipe al Observatorio de la Mujer en su elaboración.
2. Colaborar con las entidades de autorregulación a fin de implantar, difundir y hacer cumplir este código.
3. Trasladar a las empresas de publicidad y comunicación de nuestro país la necesidad de producir contenidos publicitarios respetuosos con la igualdad de género y evitar toda publicidad sexista.
4. Trabajar formación específica a este respecto, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con los youtubers e influencers más representativos de nuestro país a fin de mejorar su formación en este ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Garaulet Rodríguez y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático relativa a la futura Ley de Cambio Climático y transición energética y necesidad de que contemple las especificidades propias de cada territorio.
Exposición de motivos
La sequía que asola todo el Estado está siendo especialmente voraz en zonas tradicionalmente húmedas y lluviosas, como Galicia. La bajísima o nula pluviosidad ha llevado a situaciones extremas especialmente en el sur del territorio gallego,
aunque afecta a toda Galicia con mayor o menor intensidad. Se han encendido ya todas las alarmas debido a la escasez de agua en embalses y ríos que está provocando problemas graves de abastecimiento, además de otros problemas de índole económica,
agrarios, sociales.
Tradicionalmente, la sequía ha sido un fenómeno más característico de las zonas situadas al sur de la península ibérica, más propio de estas áreas debido a su situación geográfica, pero nunca ha sido un fenómeno característico en las zonas
del norte del Estado caracterizadas por su alta pluviosidad y ecosistemas muy distintos.
Sin embargo, nos encontramos ante uno de los contundentes efectos del cambio climático, fenómeno global pero que actúa localmente y según las especificidades de cada territorio.
A priori, la causa de la sequía es la falta de lluvias. Aunque quedarse ahí sería reduccionista y excesivamente simplista, lo que no permitiría ir en la buena dirección a la hora de adoptar medidas. Ciertamente estamos ante otro de los
rostros del cambio climático. El hecho de que la sequía se cebe con áreas del noroeste que siempre se han destacado por su alta humedad y su alta pluviosidad no debe contemplarse como una cuestión puntual por ser un año seco, debe abordarse en su
amplitud.
Hay una secuencia que se viene detectando desde hace unos años. Los niveles freáticos han bajado hasta el punto de que se han secado manantiales y pozos, fenómeno que nunca se había registrado.
El calentamiento global a nivel planetario está teniendo un impacto enorme en los ciclos hidrológicos. Desde el ámbito científico se auguran periodos largos de sequías, así como inundaciones, la aceleración del deshielo de glaciares, y los
cambios bruscos del clima. En los Andes y en el Himalaya están desapareciendo glaciares, lo que afecta a las fuentes de agua de millones de personas. Tal y como advirtió la ONU, los veranos se van a adelantar y las primaveras se acortan.
Desde el año 2008, se han producido millones de desplazamientos debido a los desastres naturales que provoca el cambio climático, entre ellos la sequía.
A nivel peninsular y junto a la sequía, también ha habido fenómenos como la gota fría de finales de agosto que trajo lluvias de 150 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, y más de 12.000 rayos en un corto periodo de tiempo.
Las consecuencias son nefastas desde todos los puntos de vista: social, económico, agrario o medioambiental. El impacto en la agricultura, el agua, las poblaciones y el medio ambiente es algo que ya se puede cuantificar. La UE está
cuantificando ya el coste del cambio climático en Europa.
Durante el presente año, zonas tradicionalmente húmedas, verdes y con estaciones caracterizadas por su volumen de pluviosidad, caso de Galicia, han sufrido un cambio contundente en su clima. El 2017 es el año más seco que se recuerde. En
numerosos ayuntamientos de Galicia se están practicando restricciones de agua o reparto de agua en camiones cisterna. En la comarca de Vigo, los embalses de Eiras y Zamáns están en mínimos históricos, en el 38,91 % y en el 36,70 %. Según los datos
de Augas de Galicia (Xunta), la comarca de Vigo, A Coruña y el área de Baiona están a punto de que sus embalses se queden totalmente vacíos. Hablamos de los embalses que surten a las dos ciudades más pobladas de Galicia.
Y así podríamos seguir con los embalses de otras áreas del territorio gallego. La combinación de sequía, altas temperaturas y vientos secos, el famoso 30 30 30, en Galicia. El cambio climático, unido a otros factores como el modelo
forestal al servicio de los intereses de la factoría ENCE, que motivó el monocultivo de plantaciones de eucalipto o pino forman parte del mismo círculo vicioso.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ya declaró a comienzos de octubre la alerta por sequía en la cuenca, un nivel que tendría que subir al de emergencia a partir de diciembre si la situación de déficit de agua sigue igual.
Un estudio de geógrafos de la Universidad de Santiago de Compostela concluye que, en los últimos 66 años, prácticamente se han duplicado los días cálidos en los veranos gallegos y que el inicio de la primavera se ha ido adelantando cada
década. El estudio se enfoca especialmente en las repercusiones sobre la agricultura, la salud del ser humano y el riesgo de producirse incendios. Además, en la agricultura, y al haber más calor, se ha observado que las plantas tienen más estrés
hídrico, demandan más agua. Al no haber agua, les causa estrés hídrico lo que perjudicará su rendimiento y la cosecha final. Por contra, los episodios fríos eliminan las plagas pero si cada vez son más suaves los inviernos, también aumentarán las
plagas.
El cambio climático ha provocado el incremento de las temperaturas, sequías, cambios en la distribución de las precipitaciones, olas de calor y de frío, o heladas bruscas, así como baja productividad marina y pesquera, un aumento de los
incendios así como su magnitud, inundaciones, la acentuación de la erosión, la subida del nivel del mar, la invasión de especies exóticas, la pérdida de la biodiversidad, plagas o enfermedades en la salud humana. En el caso concreto de Galicia, ya
se ha observado una menor productividad en las rías gallegas debido a la modificación de las corrientes marinas.
Por ejemplo, la pérdida de aportes de nutrientes es una seria amenaza para el cultivo de mejillón. Afecta al rendimiento y crecimiento. También se produce una mayor proliferación de biotoxinas. La acidificación oceánica añade más riesgos.
De hecho, la elevación del nivel del mar tiene consecuencias en nuestro litoral, como la erosión de la línea de costa.
Hay elementos específicos que requieren un tratamiento concreto y distinto que no se englobe en el marco de medidas globales contra el Cambio Climático.
No estamos ante una sequía puntual en espera de las lluvias, hay muchos signos de alarma, sobre todo cuando zonas húmedas como Galicia están entrando en un ciclo de sequía que se va a ir repitiendo. De ahí la importancia de que exista una
concienciación en la buena dirección, así como la importancia de que se adopten medidas desde lo inmediato y adaptadas a cada territorio. Creemos un error que se aborde una estrategia de lucha contra el Cambio desde la generalidad, sin abordar las
concreciones, las diferencias o las especificidades.
El Acuerdo de París fue aprobado en diciembre de 2015. Es el objetivo mundial de lucha contra el cambio climático. El estado español adoptó dicho acuerdo y está en el proceso de trasladarlo a un marco normativo propio que recoja los
objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la planificación en materia de energía. La elaboración de la ley está pendiente y es objeto del trabajo de esta Comisión de Cambio Climático. El
Gobierno anunció que es su intención presentar el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en el primer trimestre de 2018. Sabemos que ha indicado que en dicho anteproyecto participan casi todos los ministerios a fin de
cumplir el Acuerdo de París pero desconocemos si está contando con la participación de las CC. AA. dadas las especificidades con las que cuenta cada territorio, caso de Galicia. Tiene diferentes efectos según la posición biogeográfica de cada
área, con diferentes grados de vulnerabilidad.
Desde En Marea, consideramos importante que la futura Ley del Cambio Climático tenga en cuenta las particularidades que existen en cada territorio, porque no creemos que pueda ser efectiva una homogeneización de medidas a adoptar sin que se
diferencien los ecosistemas sobre los que actuar.
Dada la gran diversidad de ambientes que existen en la península Ibérica, cada territorio puede presentar problemas específicos ante el cambio climático, de ahí que las medidas a adoptar deben tener en cuenta esa diversidad. Por eso creemos
lógico que también se 'descentralicen' las posibles medidas a adoptar para hacer frente al Cambio Climático, es decir, tener muy presente las singularidades y contar con la coordinación, colaboración y co-participación de las CC. AA. para poder
desarrollar un paquete de medidas adaptado a las distintas necesidades.
Es cierto que hay elementos comunes a incluir en una estrategia conjunta para actuar de forma unánime, como la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a la mejora del aprovechamiento del agua, la optimización de la gestión del agua para
su mejor aprovechamiento en tiempo de sequía.
Al igual que la necesidad de actuar sobre la contaminación o el estado de deterioro que afecta a muchos ríos que en ocasiones acaban siendo auténticas cloacas donde se depositan residuos urbanos e industriales. La contaminación y suciedad
de los ríos, unido a acciones de artificialización o segmentación, o los trasvases provocan una pérdida del poder de autodepuración y regeneración natural de los ríos, lo que tiene un importante impacto en las masas de agua y en los ecosistemas.
Sería idóneo promover su regeneración.
En cuestión de cuencas, no debemos olvidar el 'maltrato' que sufren los ríos desde hace décadas debido a la sobreexplotación hidrológica que las empresas eléctricas llevan a cabo en las cuencas. En las últimas dos décadas se han construido
y puesto en explotación 214 presas más. Aun así, sufrimos problemas de abastecimiento cuando faltan las lluvias. Galicia padece uno de los mayores índices de explotación hidroeléctrica en su cuenca del Miño-Sil, totalmente saturada de saltos
hidroeléctricos. En conjunto, Galicia posee 150 centrales hidroeléctricas, a pesar de ello se ha llegado a esta situación límite de emergencia, y con las empresas eléctricas subiendo abusivamente la factura de la luz debido, según dicen, a la
sequía.
Creemos importante que se adopten estrategias diferenciadas y adaptadas que tengan presente cuestiones como: Que la agricultura y la ganadería son el principal consumidor de agua en el Estado. Otros aspectos a tener en cuenta son, por
ejemplo, la obsoleta ejecución de concentraciones parcelarias que contribuyen a agravar localmente los episodios de sequía, incrementan la erosión, así como la evapotranspiración lo que finalmente constituyen actuaciones localmente catastróficas
desde el punto de vista hídrico y de resiliencia de los ecosistemas agro-pastorales.
Que se tenga en cuenta que los humedales, todos ellos, actúan como grandes reguladores y acumuladores hídricos. Se debe establecer una estrategia global para su conservación y recuperación en óptimas condiciones. Particularmente
interesantes son las lagunas desecadas en décadas pasadas, como la de Antela, en Ourense, así como turberas en áreas de montaña drenadas y que son fundamentales en la prevención de avenidas aguas abajo.
O la conservación de las masas forestales autóctonas en las cuencas pues contribuyen a la mejora de los hidrobiológicos.
En definitiva, en esta proposición no de ley queremos llamar la atención sobre los efectos del cambio climático una de cuyas caras es la sequía, que nos parece especialmente grave en su afectación a áreas húmedas que están perdiendo su
biodiversidad, sus ecosistemas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Coordinar y acordar con las CC. AA. la futura Ley de Cambio Climático y transición energética, a fin de incorporar las especificidades de cada territorio, así como el distinto impacto que el Cambio Climático causa según sea la
biodiversidad, los ecosistemas, los modelos agrarios y ganaderos, los ciclos hidrológicos, el modelo económico-industrial, entre otros muchos factores.
- Incorporar en la Estrategia contra el Cambio Climático no sólo medidas globales de actuación, como las recogidas en el Acuerdo de París (2015) y otras que se consideren en la norma estatal, sino también medidas que propongan los
territorios autonómicos en función de las particularidades y características propias, teniendo en cuenta que el Cambio Climático es global pero sus efectos se dejan sentir localmente.
- Aplicar las nuevas tecnologías a la mejora del aprovechamiento del agua y la optimización de la gestión del agua para su mejor aprovechamiento en los periodos de sequía.
- Aprobar Planes en cauces fluviales para actuar contra la contaminación, artificialización y segmentación que afecta a numerosos ríos, permitiendo la recuperación del poder de autodepuración y regeneración natural con efectos positivos
sobre los ecosistemas y las masas de agua. Garantizando el cumplimiento de la directiva marco del Agua.
- Adoptar estrategias diferenciadas y adaptadas que tengan en cuenta aspectos como que la agricultura y la ganadería son el principal consumidor de agua en el Estado. Que los humedales, todos ellos, actúan como grandes reguladores y
acumuladores hídricos, o que la conservación de las masas forestales autóctonas en las cuencas contribuyen a la mejora de los hidrobiológicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, relativa a las medidas para reducir las muertes por contaminación atmosférica en España.
Exposición de motivos
La contaminación del aire causa una décima parte del total mundial de defunciones. Afecta a la salud respiratoria, cardiovascular y provoca el incremento de casos de cáncer. Los costes económicos sanitarios derivados de esta contaminación
representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español. Supone, además, una aceleración del cambio climático y el deterioro de todo tipo de recursos naturales, con los costes adicionales que ello conlleva.
En Europa las emisiones de muchos contaminantes atmosféricos han disminuido sustancialmente en las últimas décadas, lo que ha mejorado la calidad del aire en toda la región. Sin embargo, las concentraciones de contaminantes en el aire
todavía son demasiado altas y persisten graves problemas medioambientales, económicos y de salud. Una proporción significativa de la población de Europa vive en
áreas donde se producen excesos de contaminación sobre los estándares internacionales, especialmente en zonas urbanas.
Por tanto, la reducción de la contaminación del aire resulta un asunto de crucial importancia. La contaminación atmosférica es un problema local, estatal, paneuropeo y global. La razón de esto reside en que los contaminantes del aire
liberados en un país pueden ser transportados a la atmósfera, dando como resultado una mala calidad del aire en otros lugares, así como contribuyendo a la aceleración del cambio climático.
El causante de estos contaminantes es tanto el tráfico rodado como las centrales termoeléctricas de carbón y de otros combustibles fósiles. En España, las olas extremas de calor y el incremento gradual de las temperaturas han contribuido
también a la expansión del ozono troposférico (O3). Este, junto al dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas o polvo fino (PM2,5 y PM10), se sitúan como los contaminantes del aire más preocupantes.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estamos ante el riesgo de salud ambiental más grande en Europa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima por su parte que la mala calidad del aire provoca cada año tres millones de
muertes prematuras a nivel mundial y que esta contaminación está relacionada con la aparición no solo de enfermedades respiratorias, sino también de diversos tipos de cáncer, convirtiéndose asimismo en uno de los principales factores de riesgo de
infarto cerebral.
La mala calidad del aire también tiene repercusiones económicas importantes, ya que incrementa los gastos médicos, reduce la productividad laboral y daña el suelo, los cultivos, los bosques, los lagos y los ríos.
Como ejemplo, se ha comprobado que los ingresos hospitalarios urgentes por enfermedades respiratorias aumentaron un 42 % durante los episodios de alta contaminación en Madrid, según los datos disponibles entre 2006 y 2013. En concreto,
durante las semanas que la concentración media de dióxido de nitrógeno (NO2) se mantuvo por debajo de los 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3), hubo un promedio de 264 ingresos hospitalarios. Por el contrario, en las semanas donde la presencia
del contaminante superó los 60 µg/m3, las entradas hospitalarias aumentaron hasta los 375 ingresos.
Un estudio realizado en el Hospital Universitaria de Canarias (HUC) en Santa Cruz de Tenerife concluyó que la exposición a NO2 aumentaba los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca y síndrome coronario agudo. De este modo, la
polución ambiental es un factor de riesgo sobre la salud cardiovascular por primera vez en España.
Según otro estudio realizado por investigadores españoles en la ciudad de Barcelona y publicado en el International Journal of Cardiology, los contaminantes del aire actúan como desencadenantes de los infartos de miocardio más graves. Los
dos contaminantes que tienen una asociación más fuerte con la aparición de infartos de miocardio y con su gravedad son las partículas PM2,5, que provienen fundamentalmente del tráfico rodado, y las PM10, que se generan por la fricción de las ruedas
de los coches con el suelo, de los frenos, etc.
Estas partículas suponen uno de los contaminantes del aire más dañinos. Medibles desde hace pocos años, se clasifican en aquellas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros (PM2,5), donde cada micrómetro corresponde a la milésima parte de 1
milímetro, y en aquellas con un diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10).
El modelo de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que el 92 % de la población mundial vive en lugares donde los niveles exceden los límites fijados por la OMS para una media anual de PM2,5, establecidos en
10 µg/m3. Las PM2,5 incluyen contaminantes como el sulfato, los nitratos y el hollín, que penetran profundamente en los pulmones y en el sistema cardiovascular, representando un riesgo grave y directo para la salud humana.
Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la calidad del aire en Europa - Informe 2017, las concentraciones de PM2,5 fueron responsables de una cifra estimada de 428.000 muertes prematuras en 41 países europeos en
2014, de las que en torno a 399.000 se produjeron en la Unión Europea. Asimismo, y siguiendo este informe, están aumentando los niveles del benzopireno, una sustancia con efectos cancerígenos y que es el único contaminante que continúa al alza.
En el caso de España, según el informe anual de Ecologistas en Acción, cerca de 44 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2016. Es decir, el 94 % de la población y el 90 % del territorio estuvieron expuestos a unos niveles
de contaminación que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto resulta significativo porque, si tomamos la normativa europea
adoptada por España, más laxa que aquella de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 16,9 millones de personas, un 36 % del total. Esto tiene las consecuencias de que, según datos de la
AEMA, las víctimas de la contaminación en España durante 2014 habrían sido de 23.180 por partículas finas, 6.740 por dióxido de nitrógeno y 1.600 por ozono.
Hasta 18 ciudades españolas han superado el pasado mes de noviembre de 2017 los límites de dióxido de nitrógeno o de concentración de partículas PM10 permitidos por la Unión Europea. Madrid encabeza los niveles horarios de dióxido de
nitrógeno, que entre el 15 y el 19 de noviembre alcanzaron, en una de sus estaciones, un máximo de 341 µg/m3, lo que supone casi 141 microgramos más del límite permitido legalmente (200 µg/m3). Además, en el mismo período también se superó la
concentración de partículas PM10.
La estabilidad atmosférica -caracterizada por la falta de lluvia- es responsable, según los expertos, de esta situación. Desde que entró en vigor la normativa europea, en el año 2010, Madrid y Barcelona han incumplido sistemáticamente la
tasa media permitida de dióxido de nitrógeno (NO2), fijada por la directiva 2008/50 de la Comisión Europea en un límite de 40 µg/m3. Otras cinco áreas urbanas, según Ecologistas en Acción, sobrepasaron este valor en 2016.
A pesar de la gravedad de este problema, España fue el país de la Unión Europea donde más subieron las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015, año en que se rompió la tendencia general decreciente del lustro anterior, según ha
informado la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Las razones principales para que se registrasen más emisiones en España son el aumento sustancial en carbón para la generación de electricidad, el incremento del uso de diésel para transporte rodado, en especial en coches de pasajeros, y el
mayor uso del gas en el sector comercial-institucional. La AEMA destacó también en su informe que el Producto Interior Bruto español creció fuertemente en 2015 y que las fuentes renovables decrecieron en términos de energía primaria. Además, este
problema se ha agravado por el cambio climático que, en países como España, está reduciendo las lluvias e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha planes de lucha contra la contaminación que incluyan actuaciones concretas, específicas, medibles, alcanzables, realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado global y detallado, dado que estos requisitos, en
general, no se cumplen en el recientemente aprobado Plan Aire II, todo ello en estricta coordinación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
2. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales.
3. Realizar campañas destinadas a aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud y el medio ambiente.
4. Cumplir la normativa europea sobre calidad del aire, garantizando el cierre de los procedimientos de infracción abiertos contra España en la actualidad por su incumplimiento.
5. Defender en la Unión Europea una adaptación completa a los estándares de la Organización Mundial de la Salud en materia de calidad del aire.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del uso de la
terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Durante las últimas décadas nuestro país ha experimentado un verdadero progreso social que ha supuesto la consolidación del Estado del Bienestar. Este avance se ha traducido, entre otros, en el impulso de los derechos de las personas con
discapacidad.
Para llegar a esta situación, ha hecho falta la firme voluntad y el trabajo de los Poderes Públicos, tanto españoles como internacionales; la intensa labor de las entidades del Tercer Sector de Acción Social; el impagable apoyo de las
familias, y el aumento de la sensibilidad ciudadana sobre la discapacidad.
Además, este cambio de paradigma se ha reforzado gracias a la puesta en marcha de instrumentos normativos como la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, o el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que avanzan en el fomento, la protección y la garantía del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
Sin embargo, el respeto de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes en el caso de las personas con discapacidad, debe llevar implícito, en primer lugar, el uso de una terminología adecuada para referirnos
a ellas.
Hace 30 años, las propias leyes y la sociedad en su conjunto se dirigían a las personas con discapacidad como 'discapacitadas; minusválidas, etc.'. En la actualidad, esos términos están desterrados del habla de la mayor parte de la
ciudadanía, y en ello, entre otras normas, tuvo que ver la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que en su Disposición Adicional Octava establecía que a partir
de su entrada en vigor, 'las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos persona con discapacidad o personas con discapacidad para denominarlas', coincidiendo, además, con la terminología reconocida
por Naciones Unidas.
Sin embargo, en los últimos tiempos, y en un intento de fomentar una plena inclusión de las personas con discapacidad se viene reivindicando el uso del término 'personas con diversidad funcional', como sustitutivo del legalmente establecido.
El sector que demanda la denominación 'persona con diversidad funcional' lo hace desde la perspectiva de que en la sociedad existe 'diversidad funcional', del mismo modo que existen otras muchas diversidades, y que esta denominación elimina
connotaciones negativas del término persona con discapacidad.
Ahora bien, según las asociaciones y federaciones mayoritarias, el uso del término 'personas con diversidad funcional' es ambiguo y hace invisible al grupo, al diluirlo en un grupo más amplio en el que tendría cabida la tercera edad o la
infancia, entre otros. Defienden, pues, que esta denominación genera confusión e inseguridad jurídica.
Por lo tanto, es necesario actuar para que la terminología legal y socialmente aceptada no se vea relegada por otra que desnaturaliza al colectivo de personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso con el uso de la terminología internacional y legalmente aceptada para referirse a las personas con discapacidad e insta al Gobierno, en colaboración
con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a promover el uso de la denominación 'persona con discapacidad', para referirse a una persona concreta, y 'personas con discapacidad' para referirse al grupo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la realización de obras en el tramo de la antigua carretera entre Lugo y Santiago, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En la carretera que unía Lugo y Santiago antes de la N 540, en la parroquia de Calde, hay un tramo que parte de dicha N 540 y desemboca en la misma, de 970,14 m, que da acceso a los núcleos rurales: A Pena, Corral de Arriba y Corral de
Abaixo; se encuentra en muy mal estado de conservación, con el firme muy deteriorado y márgenes obstruidos por la vegetación lo que supone un evidente riesgo para la seguridad vial.
Los vecinos se quejan al Ayuntamiento de esta circunstancia pero la vía es propiedad del Ministerio de Fomento ya que en el catastro aparece como 100 % propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente,
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las obras necesarias para la seguridad vial en el tramo de la antigua carretera entre Lugo y Santiago que da acceso a los lugares de: A Pena, Corral de Arriba y Corral de Abaixo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una
política fiscal en apoyo a la bicicleta en las ciudades, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Ha llegado el momento de aplicar menos impuestos a la bicicleta ante la falta de interés del Gobierno por apoyarla. La bici está cada vez más presente en las ciudades españolas y su utilización contribuye a fortalecer los comportamientos en
favor de una movilidad sostenible. Las ventajas que aporta su uso para la ciudadanía y el funcionamiento de las ciudades están ampliamente contrastadas: humaniza la ciudad,
calma el tráfico, mejora la salud de las personas y disminuye el gasto sanitario, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil y promueve la igualdad.
Las administraciones públicas, en un tiempo en el que la preocupación entre la ciudadanía es máxima por el nivel de polución en las ciudades, deberían adoptar con más decisión un conjunto de medidas repetidamente señaladas por los colectivos
de ciclistas urbanos, las entidades de la bicicleta y el movimiento ecologista.
El problema de la contaminación del aire en un importante número de ciudades, coincidiendo con unos años de reducción drástica del régimen de lluvias, afecta directamente a la salud pública de toda la ciudadanía. Eliminar esa polución es un
objetivo que va unido a la lucha contra el cambio climático y que exige la adopción de medidas que reduzcan el uso del vehículo privado y promuevan el aumento del número de usuarios de los transportes colectivos y de la bicicleta en las ciudades,
tanto la convencional como la eléctrica.
Para llegar al volumen de usuarios de la bici existente en gran número de países del centro de Europa, que incluso ofrecen peores condiciones climáticas para incentivar su uso habitual como sistema de transporte en las ciudades, son
imprescindibles: la ampliación de infraestructuras como los carriles bici en el marco de políticas urbanísticas eficientes, la extensión en las vías urbanas de las áreas 30, medidas legislativas, políticas que favorezcan la intermodalidad en el
transporte, un plan estratégico general así como partidas presupuestarias y medidas de carácter fiscal.
1. Ha sido una mala noticia la exclusión de la bicicleta del Decreto del Ministerio de Economía, industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA para 2017, con un programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente por
importe de 17 millones de euros. Este tipo de normas se explican como medidas para impulsar vehículos eléctricos y fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas. Además, tratan de facilitar una mayor utilización de vehículos eléctricos a
efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de
situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.
No se entiende, por tanto, la exclusión que el Gobierno de España hace de las bicicletas eléctricas entre los vehículos perceptores de las subvenciones que establece el citado Plan MOVEA. Es evidente que no ha tenido en cuenta razones como
la de facilitar el acceso a barrios en zonas altas, la condición física o edad avanzada de potenciales usuarios o la existencia de cuestas y desniveles en los viales.
Frente a ello, las bicis de pedaleo apoyadas por una pequeña batería recargable resultan una solución ideal para minimizar y superar esas dificultades en los desplazamientos por las ciudades, con un coste notablemente inferior al resto de
vehículos eléctricos. Además, según establece la normativa europea en los países de la Unión Europea, una bici de pedaleo asistido con batería de hasta 250W -con la que no pueda superar los 25 km/h- se considera una bicicleta asimilada a la
convencional y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrícula.
2. Desde hace años, organizaciones europeas del sector como COLIBI (Asociación del sector de la bicicleta en Europa) COLLIPED (Asociación del sector de componentes y accesorios de los vehículos de dos ruedas), ETRA (Asociación europea de
minoristas de bicicletas), ECF (Federación de Ciclistas Europeos), la propia ConBici, la Mesa Nacional de la Bicicleta y AMBE, vienen proponiendo reducir el IVA de las bicicletas urbanas, de los productos relacionados y de los servicios derivados
atendiendo a la función social y ecológica de la misma.
Así mismo, en distintas ocasiones la Unión Europea ha manifestado la necesidad de prestar especial atención a la reducción del IVA en las políticas comunitarias, como las relativas a proteger el medio ambiente, a mejorar la movilidad o en
aquellos servicios que cumplan una función social. Sin duda, pasar de un tipo del 21 % en España al IVA reducido del 10 % supondría una rebaja en el precio final de las bicicletas coherente con el objetivo de promover vehículos que hagan posible la
Movilidad Sostenible. Lo que no se entiende es que la bici soporte la misma fiscalidad que un coche.
La motivación de un nuevo tipo impositivo se basa, en lo que respecta a las bicicletas urbanas (entre las que se incluyen las bicicletas de pedaleo asistido), en que su mayor uso disminuiría la utilización de vehículos motorizados y por
tanto reduciría las emisiones de CO2, el ruido, la congestión en las calles y mejorarían el medio ambiente de las ciudades y la salud pública.
3. Por último, y siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Holanda o Gran Bretaña, con 34.000 empresas acogidas, distintas entidades del mundo de la bici propusieron al Ministerio de Hacienda, en
2014, incluir la bicicleta como un bien susceptible de ser valorado como retribución flexible. El Reglamento del IRPF considera ciertas exenciones para determinados productos o servicios cuando estos son entregados por una empresa a sus
empleados como parte del sueldo, ofreciendo una alternativa a que estos los paguen con un dinero que sí está sometido a tributación en el IRPF.
Los planes de retribución flexible en la actualidad consisten precisamente en eso: intercambiar salario en efectivo del trabajador por productos o servicios para motivar buenas prácticas, dentro de una lista puesta a su disposición por la
empresa.
Este mecanismo fiscal supone que el trabajador financia los bienes que desea adquirir, pero obtiene una serie de ventajas como la reducción de impuestos o la comodidad de acceso a dicho servicio. No se produce con este programa una afección
a las cotizaciones a la Seguridad Social. Ejemplos de estos bienes o servicios serían: los tickets de comida, el seguro médico, servicio de guardería, seguro de vida, vales de transporte, formación externa o compra de ordenadores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes ayudas y medidas fiscales en relación con el apoyo a la bicicleta como alternativa de transporte para promover una movilidad sostenible en las ciudades:
1. Incluir en el Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA, correspondiente al próximo ejercicio de 2018, la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería, como uno más de los
vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.
2. Analizar y evaluar la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido del 10 % a las entregas de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, solicitando, en su caso, a las instituciones europeas
correspondientes a la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a
los tipos reducidos del IVA.
3. Analizar y evaluar la posibilidad, para inspirar y motivar a las personas a que contribuyan con una práctica de movilidad sostenible, de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o
utilización de bicicletas, convencionales o de pedaleo asistido, por parte de sus empleados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2017.-Odón Elorza González y Pablo Bellido Acevedo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria promoción de
medidas para combatir la hipersexualización de la infancia, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
En las últimas décadas asistimos a un fenómeno que coloca la sexualidad de los más jóvenes como elemento central de su identidad. Podemos observarlo tanto en internet como en las redes sociales, en los medios de comunicación o en el
marketing empleado en determinados productos o servicios dirigidos a la
población infantil. Se entiende por 'hipersexualización infantil' o 'sexualización temprana de la infancia' la tendencia a enfatizar el valor sexual de los menores de edad, utilizándolos publicitariamente en actitudes, expresiones o códigos
de vestimenta precoces e inadecuados para su edad.
Asimismo, se han ido modificando determinadas actividades de ocio de los más pequeños, como pueden ser los concursos de belleza o las discotecas infantiles, y el tratamiento de la infancia que algunas firmas hacen a través de sus campañas
publicitarias, no solo para el consumo de productos entre los adultos, sino también para la adquisición de un público nuevo, los niños y las niñas. Todo ello provoca que los niños y las niñas den un salto muy precipitado a la vida adulta, sin estar
preparados para ello. Es decir, los menores de hoy viven inmersos en una realidad llena de connotaciones sexuales que pueden imitar o bien asumir, no por iniciativa propia, y que van a marcar su desarrollo, adelantando la vivencia de las diferentes
etapas del crecimiento, perdiendo los valores esenciales y los verdaderos cimientos de la autoestima.
En España, numerosos expertos advierten de la necesidad de frenar la 'hipersexualización infantil' y, según el VI Barómetro de la Familia 2017, elaborado por The Family Watch, las familias españolas denotan su preocupación por la
sexualización temprana de los menores. De manera que ya son muchas las personas que reclaman una respuesta de los poderes públicos.
En este sentido, cabe destacar que el Gobierno, atendiendo a la demanda social y en aras del cumplimiento de la obligación de proteger a la juventud y a la infancia reconocida en nuestra Constitución, durante la X Legislatura puso en marcha
instrumentos como el 11 Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, todos ellos con el fin de garantizar el interés superior del menor.
Sin embargo, a pesar de las medidas desplegadas, la infancia es un colectivo altamente vulnerable. Por ese motivo, resulta necesario combatir cualquier comportamiento que ponga en riesgo la identidad o dignidad de los menores y que suponga
la sexualización temprana o cosificación de los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector Social y demás agentes implicados, a garantizar una adecuada protección a la infancia, promoviendo medidas que
permitan sensibilizar a la ciudadanía del riesgo de la sexualización temprana de la infancia y desarrollando los instrumentos necesarios para combatir la hipersexualización infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000675
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputada doña María Jesús Serrano Jiménez
Texto:
En la provincia de Córdoba:
- ¿Cuántos municipios han cumplido la regla de gasto en los últimos cinco años?
- ¿Cuáles son, desglosados por anualidades?
- ¿Cuántos municipios han incumplido la regla de gasto en los últimos cinco años?
- ¿Cuáles son desglosados por anualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2017.-María Jesús Serrano Jiménez, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Yolanda Díaz Pérez y el Diputado Antón Gómez-Reino Varela, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, formulan la
siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
¿Por qué motivo ha optado el Gobierno por iniciar las actividades preparatorias para volver a privatizar las 9 autopistas quebradas y rescatadas con dinero público -la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda, la R-4 Madrid-Ocaña, la
R-5 Madrid-Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M-12), la autopista Madrid- Toledo (AP-41), la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), la autopista Cartagena-Vera de la AP-7, la Circunvalación de Alicante- en lugar de mantenerlas en el sector público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Yolanda Díez Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.
181/000678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Yolanda Díaz Pérez y el Diputado Antón Gómez-Reino Varela, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, formulan la
siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar los periodos de concesión de las siguientes autopistas de peaje, cuyas concesiones finalizarán de forma escalonada entre 2018 y 2021:
- la AP-6 Villalba-Adanero: el 29/1/2018
- la AP-1 Burgos-Armiñán: el 30/11/2018
- la AP-7 Tarragona-Valencia: el 31/12/2019
- la AP-7 Valencia-Alicante: el 31/12/2019
- la AP-4 Sevilla-Cádiz: el 31/12/2019
- la AP-7 Montmeló-La Jonquera: el 31/8/2021
- la AP-7 Barcelona-Tarragona: el 31/8/2021
- la AP-7 Montmeló-El Papiol: el 31/8/2021
- y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo: el 31/8/2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.
181/000679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Yolanda Díaz Pérez y el Diputado Antón Gómez-Reino Varela, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, formulan la
siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
¿Tiene previsto el Gobierno nacionalizar la AP-9, una de las principales vías de vertebración de Galicia, que comunica Ferrol con Tuy, es decir, cruza de norte a sur el oeste Galicia, atravesando las provincias de A Coruña y Pontevedra y
que, después de tres prórrogas, no finaliza su concesión hasta 2048?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.
181/000681
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don César Luena López
Texto:
En relación con el polígono industrial El Recuenco (Calahorra, La Rioja), ¿desde cuándo y a qué precio (euros por m2) puede adquirirse suelo en el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-César Luena López, Diputado.
181/000682
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Considera el Gobierno el año 2018 como fecha de referencia para lograr la inclusión de la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en la red básica del Corredor Atlántico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000683
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Ha renunciado el Gobierno a proceder a la modificación del Reglamento 1316/2013 y así poder incluir la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en la red básica del Corredor Atlántico? De no ser así, ¿qué actuaciones está
llevando a cabo para conseguir el fin señalado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000684
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Ha recibido el Gobierno alguna comunicación por parte de la Xunta de Galicia relativa a la integración de la conexión ferroviaria para el transporte de mercancías entre los puertos gallegos de interés general en la red europea TEN-T,
rediseñando el trazado del Corredor Atlántico de mercancías (red básica)? De ser así, ¿en qué términos y cuál ha sido la respuesta del gobierno o las actuaciones relacionadas con la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000685
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a defender en las instancias europeas la redefinición de la red básica para incluir la conexión ferroviaria de los puertos con el Corredor Atlántico, vía Montarte, León y Palencia'? De ser así, ¿cuáles han sido
las actuaciones realizadas hasta la fecha, así como las futuras a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000676
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Qué repercusión tienen los acuerdos pesqueros cerrados recientemente en la Unión Europea sobre el atún rojo, cómo va a realizarse el reparto interno y cómo afectará a la almadraba y a las flotas artesanales de anzuelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/024973
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM).
Contenido de lo expuesto por el Canciller del Consulado General de España en Londres, don Luis González, en el día 02/12/2017.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se aporte el desglose de las horas extras facturadas y pagadas durante los últimos 5 años a que se refiere la pregunta 1 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma
contenida en el escrito número de registro 68801, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número
de expediente 186/001103).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas
relativas al contenido de lo expuesto por el Canciller del Consulado General de España en Londres, don Luis González, en el día 2 de diciembre de 2017, dirigidas al Gobierno y para las que se ruega respuesta por escrito de forma desglosada.
Exposición de motivos
El sábado 2 de diciembre, durante la Primera Jornada de Puertas Abiertas sobre el Estado Actual de la Emigración Española en Reino Unido, organizado por la Coalición de Españoles en Londres en el Instituto Español Vicente Cañada, D. Luis
González, Canciller del Consulado General de Londres, expuso 1:
- Que en 2009, con un número aproximado de 51.000 personas de nacionalidad española inscritas en el Registro Consular, el Consulado General contaba con un total de treinta y cuatro personas en calidad de personal. En estos momentos, con un
número en torno a las 119.000 personas inscritas en el Registro Consular 2, el Consulado General cuenta con un personal treinta y siete personas (de las cuales sólo treinta y cuatro serían personal contratado con carácter indefinido);
- Reconoció haberse quedado él mismo hasta las once de la noche del viernes anterior dispensando citas previas; incluso aseguró que -muy probablemente- en ese mismo momento (mientras se desarrollaba el encuentro, sábado por la mañana)
habría personal del Consulado trabajando a puerta cerrada para dar abasto;
- Que se estaba tramitando la contratación de una persona de refuerzo para un período de 6 meses y que en enero se convocaría, además, una nueva plaza, solucionando así el problema descrito en el punto anterior;
- Por último, añadió que el edificio en el que se sitúa la sede del Consulado General en Londres no es apropiado para sus funciones; y que es incómodo tanto para los trabajadores que desarrollan allí sus funciones como para el público.
Más allá de lo concerniente a la administración general (y diaria) del Consulado General, el Canciller realizó aseveraciones con relación a materias consulares que entrañan cierta sensibilidad, caso de: i) asegurar no saber exactamente cómo
se iniciaba el procedimiento de inscripción consular para un recién nacido cuando un caballero le preguntaba si podía proceder al mismo telemáticamente para el nacimiento reciente de su hija; ii) declarar que la ausencia de un número mayor de
personas inscritas en el Consulado se debía a la ignorancia o a la voluntad de 'cometer fraude y cobrar prestaciones', para más tarde ignorar como posibilidad factores como el voto rogado o la exclusión sanitaria, cuestión que además dijo desconocer
que existía; iii) se mostró de acuerdo con el sistema actual de voto rogado, añadiendo que de lo contrarío (de imponerse otro sistema) habría españoles que nunca habían estado en España -y que no sabiendo siquiera dónde estaba España- votarían.
Especial gravedad revisten estas últimas declaraciones, habida cuenta de que mediante la Subcomisión para la reforma electoral, el Congreso de los Diputados se encuentra tramitando el nuevo régimen electoral, existiendo consenso
1 La intervención, completa, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/coesplondres/videos/vb.153260095152752/327778091034284/?type=2&theater
2 La Seguridad Social británica cifra en 47.741 españoles/as los/as que se inscribieron, solo en 2016; lo que induce a pensar que los datos del Registro Consular no se corresponden en modo alguno con el número real de población española
residente en Reino Unido.
entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria en torno a la necesidad y urgencia de acabar con el sistema de voto rogado.
Por todo lo anterior, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes
Preguntas
1. ¿Son las cifras y datos expuestos por el Canciller correctos? De ser así: ¿cómo justifica el Gobierno que el personal del Consulado esté echando horas extra y trabajando a puerta cerrada cuando esto era previsible? ¿Se cuantifica el
aporte de horas extra total por parte de los trabajadores y trabajadoras del Consulado? [...]
2. Aún con el refuerzo de un contrato indefinido y uno temporal a partir del año que viene, es materialmente imposible que den abasto. Desde 2008, el censo de población española se ha incrementado en un 133 % (aumentando en un total de +/-
68.000 personas) mientras que -aún con estos dos refuerzos previstos para la plantilla consular- se habrá incrementado en solo un 15 % (+5 personas). ¿Obran en conocimiento de la Subsecretaría del Ministerio estos datos? ¿Se han tenido en cuenta
para la previsión de personal destinado y/o contratado?
3. Según el INE, 13.281 españolas y españoles emigraron a Reino Unido en 2016 3, mientras que los datos oficiales de la Seguridad Social Británica indican que 47.741 españoles 4 se dieron de alta ese mismo año. ¿Considera el Gobierno que
la dotación tanto en términos materiales como de personal que ostenta en estos momentos la Misión Diplomática ante el Reino Unido es suficiente para atender las necesidades de la comunidad española en el Reino Unido? ¿Considera el Gobierno que la
Misión Diplomática en el Reino Unido (lo que incluye a la Embajada y a los Consulados Generales de Edimburgo y Londres) está dotada en suficiencia de personal, si el Canciller del Consulado General de España en Londres reconoce en un encuentro
público que tiene que quedarse dispensando citas previas hasta las once de la noche y que el funcionariado ha de hacer lo propio sábados por la mañana inclusive? ¿Se ha hecho alguna vez el cálculo de esas necesidades sobre la base y desde la
perspectiva de una cifra real de residentes, siquiera aproximada? ¿Cuál es esa cifra?
4. En contestación a este Diputado a pregunta con ruego de respuesta por escrito con Número de Expediente 184/17985, en la que se inquiría al Gobierno precisamente sobre la dotación de personal a la Embajada y Consulados Generales en el
Reino Unido, y más concretamente para el servicio que ha venido en denominarse Ventanilla Única, dependiente de la Embajada, el Gobierno aducía que 'por lo que respecta al apoyo a partir de enero del año 2018 este seguirá siendo el mismo, dado que
por el momento se considera suficiente'. ¿De dónde deduce el Gobierno la suficiencia del servicio de apoyo conocido como Ventanilla Única, si la aportación de personal se mantendrá constante, a pesar de preverse un mayor número de consultas y
necesidades en tanto en cuanto 2018 será un año decisivo para la materialización del Brexit?
5. ¿Cómo responde el Gobierno a la proporción denunciada por el Canciller del Consulado General de España en Londres (con más del doble de registros consulares con relación al año 2009 la cuantía de personal se mantiene constante)?
6. ¿Cómo explica el Gobierno la ignorancia demostrada por el Canciller respecto a materias que son de su directa competencia, como lo es el procedimiento para registrar a descendientes de españoles en el Consulado?
7. ¿Comparte el Gobierno las declaraciones vertidas por D. Luis González en lo que respecta al sistema de voto rogado? De no ser así, ¿ha procedido a comunicarle al Sr. González lo desafortunado de sus palabras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.
3 Datos disponibles en: http://www.ine.es/prensa/pere_2017.pdf
4 Datos disponibles en: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/593532/nino-registrations-adult-overseas-nationaIs-december-2016-tables.ods
184/025014
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Seijo, María Luz (GS). Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS). Batet Lamaña, Meritxell (GS).
Número de solicitudes de ayuda recibidas, denegadas y concedidas, en cada una de las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, desde el curso 2010/2011 hasta el
2017/2018 en la provincia de Lleida.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 64617, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Luz Martínez Seijo, Diputada por Palencia, don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Por todo ello, se recaba la respuesta del Gobierno a las siguientes preguntas:
En la provincia de Lleida.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas, denegadas y de ayudas concedidas, en cada una de las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, desde el curso
2010/2011 hasta el 2017/2018 en la provincia de Lleida? Distribuidas por cursos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Meritxell Batet Lamaña, Diputados.