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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 157, de 18/10/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 157
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 150
celebrada el jueves,
18 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. ('BOE' núm. 236, de 29 de septiembre de 2018).
(Número de expediente 130/000041) ... (Página4)
- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. ('BOE' núm. 242, de 6 de octubre de 2018). (Número de expediente 130/000042) ...
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 150-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 125/000016) ... (Página31)
- Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 13-1, de 24 de noviembre de 2017. (Número de expediente 121/000013) ...
Solicitud de prórroga de comisiones de investigación:
- Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013. (Número de expediente 152/000004) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)
Votación de conjunto ... (Página47)
Votación de conjunto ... (Página47)
Solicitud de prórroga de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página48)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La Presidencia informa de que las votaciones no se producirán antes de las doce horas.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre ... (Página4)
La señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i
Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario
Socialista; así como la señora Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hacen uso de la palabra el señor Rufián Romero y la señora Palmer Tous.
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores ... (Página16)
La señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz, Bataller i Ruiz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Vendrell Gardeñes,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra para la Transición Ecológica.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página31)
Proposición de ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad ... (Página31)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la
señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Arévalo Caraballo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y
los señores Ruiz i Carbonell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Tremiño Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales ... (Página38)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno intervienen los señores Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; y los señores Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de Comisiones de Investigación ... (Página45)
Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 ... (Página45)
La Presidencia informa de que la votación de este punto se realizará al final de la sesión de hoy.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se aprueba
por 270 votos a favor y 70 abstenciones más 2 votos telemáticos, 72.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 340 votos a favor más 2 votos telemáticos, 342.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se aprueba por 178 votos a favor más 2 votos telemáticos, 180, 2 en
contra y 160 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 334 votos a favor más 2 votos telemáticos, 336, 5 en contra y 1 abstención.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión a la proposición de ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad, se aprueba por 340 votos a favor y 1 abstención.
Votación de conjunto ... (Página47)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 340 votos a favor más 2 votos telemáticos, 342.
Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se rechazan todas.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 341 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página47)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 341 votos a favor más 2 votos telemáticos, 343.
Solicitud de prórroga de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación de los dictámenes de la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar el
derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, y del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Por tener carácter de ley orgánica, estas iniciativas tienen que ser sometidas a una
votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, les anuncio que las votaciones no se producirán antes de las doce horas.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 14/2018, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE 23 DE OCTUBRE. (Número de expediente 130/000041).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto correspondiente a convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de
septiembre, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Economía y Empresa.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, buenos días. Comparezco esta mañana ante el Pleno del Congreso para someter a convalidación el real decreto-ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores para avanzar en la
trasposición a nuestro ordenamiento jurídico del paquete de directivas conocido como MiFID II, es decir, la regulación de los mercados de instrumentos financieros. Como todos ustedes saben, este paquete legislativo fue aprobado en 2014 e incluye un
conjunto de directivas y reglamentos que actualizan la normativa MiFID I para adaptarla a la creciente complejidad de los mercados que se ha observado durante la crisis económica. MiFID II nace pues con un objetivo múltiple. En primer lugar,
pretende impulsar que la negociación de instrumentos financieros se haga en centros sujetos a regulación, en aras de favorecer la transparencia y la estabilidad financiera. En segundo lugar, pretende incrementar la transparencia en la negociación
de instrumentos financieros, como decía. Y en tercer lugar, introduce novedades en el ámbito de las empresas de servicios de inversión con el fin de reforzar la protección del inversor. Una parte de esta regulación ya está traspuesta a nuestro
ordenamiento jurídico, a través de un real decreto-ley que se aprobó en 2017, y que la Comisión de Economía del Congreso está actualmente tramitando como proyecto de ley. Me refiero a las disposiciones relacionadas con los centros de negociación y
el régimen sancionador. (Rumores). Pero aún quedaba pendiente de trasponer contenido de las directivas que debían estar en vigor desde julio de 2017 y por cuyo retraso pesa sobre España una decisión de la Comisión Europea de interponer una demanda
y, por ello, una amenaza de multa. Esta es, una vez más, la principal explicación que justifica que el Gobierno haya decidido traer a convalidación un real decreto-ley en materia financiera que nos permita cumplir con nuestras obligaciones de
trasposición y evitar que la Comisión interponga la demanda. Pero no se trata solo de eso, resulta acuciante avanzar en la adaptación de nuestra legislación para evitar los graves perjuicios que la incertidumbre regulatoria pueda acarrear a las
empresas de servicios y actividades de inversión españolas, y además conviene resaltar la importancia de tener un marco regulatorio completo, cierto y estable para posicionarnos entre los Estados más atractivos para las empresas de servicios en el
ámbito de la unión de mercados de capitales y, sobre todo, establecer un marco que proteja a los ciudadanos, que proteja a los inversores. En este sentido, la trasposición de MiFID II es una pieza esencial para el establecimiento de un mercado
único de instrumentos financieros y evitar reglas discriminatorias en la prestación de los servicios de inversión. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora ministra.
Señorías, por favor, el hemiciclo esta casi vacío, y además de estar vacío, hay un ruido de fondo con el que es imposible escuchar a la señora ministra.
Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Gracias, presidenta.
En cualquier caso, al margen de que esta reforma de la Ley del Mercado de Valores llegue a esta Cámara en forma de real decreto-ley, quiero indicarles que nuestra intención es que se tramite posteriormente como proyecto de ley, de modo que
los grupos parlamentarios puedan participar en su redacción definitiva.
Quiero aprovechar la ocasión para reiterarles, una vez más, la importancia de que España vaya poniéndose al día en el calendario de trasposición de directivas europeas, algo en lo que el Gobierno está poniendo todo su empeño; y en este
contexto quiero agradecer a los grupos políticos que están trabajando duramente para aprobar este tipo de normativa que emana de directivas europeas, como la convalidación hoy de este real decreto-ley o hace unas semanas de otros dos que también
trasponían normas comunitarias, que creo que es una prueba palpable de la voluntad de acuerdo, trabajo y negociación de estas Cortes.
Paso a continuación a desgranar muy brevemente el contenido fundamental del real decreto-ley que, sobre todo, incorpora las disposiciones de MiFID II sobre el régimen de autorización, conducta y supervisión de las empresas de servicios de
inversión, las nuevas facultades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las nuevas obligaciones de cooperación entre la CNMV, las restantes autoridades nacionales supervisoras de la Unión Europea y la Agencia Europea de
Valores y Mercados.
En relación con el régimen de autorización, conducta y supervisión de las empresas de servicios de inversión, el objetivo de la directiva y de este real decreto-ley es reforzar la protección de los inversores, y no lo diremos lo suficiente
dada la importancia de tener un marco regulatorio y de supervisión que garantice esta protección de los inversores. En este sentido, cabe recordar que si bien MiFID II no introduce cambios sustanciales con respecto a las herramientas que ya
existen, sí refuerza el nivel de exigencia y concreción de las obligaciones de información al cliente y el grado de control en general. Por ejemplo, se prohíbe que las empresas de servicios de inversión -que son principalmente entidades de crédito
autorizadas para la prestación de servicios de inversión- cobren a sus clientes incentivos o retrocesiones por los servicios de asesoramiento financiero y gestión individualizada y discrecional de carteras. Esto significa que solo se podrán cobrar
este tipo de comisiones o retrocesiones cuando existan mejoras en la calidad del servicio prestado que lo justifiquen, y que se garantice que no se está generando un beneficio para la empresa de servicios sin que exista también un beneficio para el
cliente. El objetivo evidentemente es evitar los conflictos de intereses de las comercializadoras a la hora de seleccionar un producto u otro, y que ellos se adecuen a la idoneidad del cliente y no a la existencia de una posible comisión. De
hecho, las entidades de inversión deberán dar a conocer a los inversores, antes de prestarle el servicio, toda la información relativa a pago a terceros o servicios percibidos de terceros, incluyendo cualquier retrocesión. Esta mejora de la
información obligatoria alcanzará también al tipo de asesoramiento ofrecido, a los instrumentos financieros y estrategias de inversión propuestos, a los costes y gastos, asociados distinguiendo si se trata de asesoramiento independiente o no, y a
los costes de los servicios realizados o los precios de los servicios que se incorporen dentro de un paquete. Otra novedad significativa en este ámbito es la referencia a los conocimientos y competencias exigidas a las personas que presten
asesoramiento o información a los clientes.
En segundo lugar, las empresas de servicios de inversión deberán contar con procedimientos internos para analizar las características del mercado objetivo, es decir, de los diferentes tipos de clientes a los que se destina cada producto, y
este es un tema absolutamente clave, como a ninguno de ustedes se le escapa, a la luz de las experiencias vividas de productos financieros que eran claramente inadecuados, dado el nivel de conocimiento financiero de los clientes de ese producto.
Así, con las nuevas normas las características del producto deberán ajustarse al público objetivo y ser coherentes con su perfil inversor atendiendo a criterios como su nivel de conocimientos financieros, su perfil de riesgo o sus necesidades. El
análisis deberá incluir asimismo todos los aspectos relativos al canal de distribución y, a partir de ahora, los máximos responsables de los órganos de dirección de las entidades serán los encargados de aprobar los procedimientos para definir las
características de los productos de inversión. El órgano superior de la entidad financiera tiene que tomar la decisión sobre cuál es el público objetivo para cada uno de los productos financieros y cuáles son las características de estos productos
financieros, cuál es el valor añadido para cada uno de los tipos de clientes, porque con MiFID II se consagra el principio de que los consejos de administración deben dedicar suficiente tiempo a sus cometidos y tener unos conocimientos, competencias
y experiencia adecuados que les permitan comprender las actividades de la empresa, incluidos los riesgos principales y los elementos principales de su política comercial. Además, los criterios de honorabilidad y profesionalidad por supuesto se
aplican a todos los miembros del órgano de dirección, y se emplaza a las entidades de servicios de inversión a fomentar la igualdad de género en sus políticas de contratación.
En tercer lugar, se introducen algunas otras novedades en materia de comercialización de depósitos estructurados, es decir, aquellos depósitos cuya rentabilidad está ligada a la de otros activos subyacentes, a los que se aplicarán las reglas
de protección de los inversores, a pesar de que no son considerados instrumentos financieros a efectos de la normativa comunitaria; lo cual significa que las empresas que comercialicen este tipo de productos están sujetas a las mismas exigencias y
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores será encargada de supervisar la comercialización y asesoramiento de los depósitos estructurados.
Con el fin de mejorar las labores de supervisión de la CNMV, las empresas de servicios de inversión deberán mantener un registro de operaciones que incluya las comunicaciones telefónicas y electrónicas relacionadas con las operaciones por
cuenta propia de las entidades, y también las que estén vinculadas a la prestación del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes. Se trata de una nueva obligación que permitirá a la CNMV comprobar con total fiabilidad
los términos en los que se ha prestado un servicio, se ha comercializado o se ha suministrado la información a un cliente, además de permitirle, por supuesto, controlar conductas que puedan suponer un abuso de mercado. En el desarrollo
reglamentario de la ley se establecerá el tipo de conversaciones y comunicaciones que deben grabarse, las obligaciones de notificación al cliente al respecto y las medidas a adoptar por las entidades financieras.
En cuarto lugar, se perfeccionan e intensifican las obligaciones de las empresas de servicio de inversión de ejecutar órdenes en las condiciones más ventajosas para el cliente, obligándoles a buscar el mejor centro de ejecución en términos
de coste, y para ello se define el concepto de contraprestación total, se prohíbe que la empresa perciba remuneraciones, descuentos o beneficios por dirigir órdenes a un determinado centro de negociación o ejecución, se obliga a la empresa de
servicios de inversión a publicar anualmente los cinco principales centros de ejecución con los que trabaje junto a información sobre la calidad del servicio prestado, etcétera.
Además de estas nuevas normas relativas a las entidades de servicios de inversión, este real decreto-ley también traspone las disposiciones relativas a las nuevas facultades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A
partir de ahora la CNMV tendrá acceso a los registros telefónicos y comunicaciones electrónicas, como he señalado, en pleno respeto de la Ley de Protección de Datos, y la trasposición también incluye las nuevas obligaciones en el ámbito
internacional. Se simplifica el régimen de establecimiento de sucursales de empresas de servicios de inversión, en el sentido de que aquellas que estén autorizadas ya en otro Estado miembro no necesiten una autorización previa, pero las empresas de
terceros países no europeos estarán sujetas a unos requisitos de entrada armonizados en toda la Unión, dado que el Reglamento MiFIR prevé el mecanismo por el que se otorgará la equivalencia de otras jurisdicciones, un tema absolutamente clave, como
no se les escapa, en particular, en los momentos que estamos viviendo.
Al margen de la trasposición, el Gobierno ha optado por utilizar el margen de regulación que deja la directiva en relación con la prestación de servicios a inversores minoristas por parte de empresas de países de fuera de la Unión, y se les
exigirá que tengan una sucursal en España si quieren prestar servicios de inversión a minoristas en nuestro país, de modo que pueda hacerse una buena supervisión de su actividad. Además, se establecen nuevas obligaciones de cooperación entre la
CNMV y sus homólogos en otros Estados miembros, así como con la Autoridad Europea de Valores y Mercados; ESMA, en sus siglas en inglés.
Más allá de todas estas novedades, MiFID II también regula las obligaciones de las empresas de servicios de inversión respecto a dos nuevas -bueno, ya no tan nuevas- e importantes modalidades de negociación: la negociación algorítmica y el
acceso electrónico directo. Estas nuevas modalidades y las obligaciones para los centros de negociación al respecto, fueron introducidas en nuestra legislación a través del Real Decreto-ley de trasposición parcial, al que me he referido, aprobado
el año pasado. Pero como se trata de actividades que pueden generar un gran volumen de órdenes, es necesario adoptar ciertas cautelas adicionales. Por eso, a partir de ahora, las empresas que hagan uso de la negociación algorítmica que, como bien
saben, consiste en la definición y transmisión de órdenes a los centros de negociación mediante un algoritmo para maximizar el volumen de inversión, pero sin intervención humana, estarán obligadas a implantar controles de riesgo o mecanismos de
continuidad de actividades para evitar situaciones como los crashes causados por el funcionamiento de estos algoritmos que hemos vivido en algunos mercados y evitar, por tanto, el riesgo operativo derivado de la falta de intervención humana y
asegurar una correcta asunción de responsabilidades.
En el caso del acceso electrónico directo, se obliga a las empresas a llevar a cabo una evaluación y revisión de la idoneidad de los clientes o a supervisar la negociación de las personas que utilicen el servicio.
Termino ya señalando que, aparte de la trasposición de MiFID II, este real decreto-ley avanza también en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a otras tres directivas europeas, la de fondos de inversión colectiva, conocida como
Directiva Ucits, la de requisitos de capital, conocida como CRD IV, y la de abuso de mercado. En particular, se trata de incluir mejoras en el gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión, incorporando a nuestro ordenamiento parte
de estas directivas que estaban pendientes, y alinearlas también con la normativa prevista para abuso de mercado y fondos de inversión colectiva, como he señalado hace un momento.
Señorías, como ustedes saben, la Directiva MiFID II es una de las más relevantes en términos de regulación financiera de las que están actualmente en vigor en la Unión Europea. Su trasposición es urgente, por los motivos que ya he explicado
al inicio de mi intervención, y tanto es así que, en paralelo a la adopción de este real decreto-ley, el Gobierno ha comenzado ya a tramitar el real decreto de desarrollo de las disposiciones aprobadas con rango de ley y, ha solicitado también, que
se le aplique la vía
administrativa de urgencia, con la vista puesta en que la trasposición quede totalmente completada antes de final de año. En el citado real decreto se detallan los supuestos o condiciones para cobrar incentivos o retrocesiones, a los que me
he referido, coincidiendo al pie de la letra con lo establecido en la directiva, y se incorporan las normas sobre vigilancia y control de productos. Estamos, por tanto, poniendo todo de nuestra parte para dar seguridad y certidumbre a los agentes
económicos, para honrar nuestros compromisos europeos y evitar sanciones a nuestro país, y para reforzar la protección de los inversores, la protección de los ciudadanos. Por eso, apelo a su responsabilidad y a su sentido de Estado y espero que
voten hoy a favor de la convalidación de este importante real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Economía y Empresa. Lo que se promueve con esta convalidación es acomodar nuestra legislación sobre el mercado de valores a diferentes directivas europeas, por lo tanto, estamos ante una actualización que
resulta necesaria y que incide en las preocupaciones que ya se manifestaron con motivo de otros debates en los que primó la necesidad de aportar seguridad jurídica para abordar trasposiciones parciales; si bien, ya se advierte en este texto que en
el futuro habrá que desarrollar reglamentariamente cuestiones que, por su nivel de detalle o carácter técnico, no cabe incorporar ahora en este ya de por sí prolijo y amplísimo contenido de modificación de la Ley del Mercado de Valores en pro,
fundamentalmente, de la protección a los inversores.
Como ha recordado la señora ministra, no es la primera vez que sobre esta ley, en esta misma legislatura y por este legítimo procedimiento del Consejo de Ministros ante el Congreso de los Diputados -que todo hay que decirlo, por su
repetición en los últimos cuatro meses, ya bordea el abuso-, abordamos la trasposición de directivas europeas al marco legislativo español. De ahí que reitere la posición que mantuve en nombre de Foro cuando, a principios de febrero de este año
2018, respaldé ante esta Cámara la propuesta del anterior Consejo de Ministros que, entre otros fines y al igual que el texto de esta mañana, incidía en la competitividad para evitar lo que sería un grave desplazamiento de operaciones financieras
inversoras, etcétera, desde centros de negociación españoles hacia otros europeos. Precisamente, en este real decreto-ley se apela a la urgencia para evitar graves perjuicios a las empresas de servicios y actividades de inversión españolas ante la
situación de incertidumbre regulatoria o la falta de trasposición en plazo.
Me parece pertinente también resaltar que en algunas trasposiciones de las directivas europeas venimos arrastrando cierto efecto de tardanza que se agudizó, a lo largo de 2016, con la fallida XI legislatura y la repetición de elecciones
generales, lo que aboca a España a ser objeto de procedimientos sancionadores. Incluso tras la aprobación del anterior real decreto-ley la mayoría de la Cámara respaldó, posteriormente, en marzo, la toma en consideración de una proposición de ley
del Grupo Popular que favorecía la interposición de denuncias y la investigación de infracciones, tal y como se profundiza en varios capítulos y diferentes artículos de este conjunto normativo de hoy, a cuya convalidación daré, señora presidenta, mi
voto favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, buenos días. Señorías, mediante este real decreto se modifica el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, a los efectos de que dicho texto opere como una verdadera ley marco, reguladora de los mercados de valores y
las empresas de servicios y actividades de inversión. Los objetivos que se pretenden alcanzar son: la protección de los inversores de productos financieros y contribuir al establecimiento de un mercado único europeo de instrumentos financieros,
mediante la mejora de la trasparencia y la eficiencia de los mercados, así como la prohibición de reglas discriminatorias en la prestación de los servicios de inversión y el acceso a los mercados en los Estados miembros de la Unión Europea.
Muchas de las modificaciones planteadas responden a esta voluntad de continuar con la trasposición de la Directiva 2014/65/UE y son de carácter técnico. Como ya hemos denunciado en múltiples ocasiones desde esta misma tribuna, el Estado
español llega con un considerable retraso en la trasposición obligatoria de la normativa europea, y esto está conllevando las correspondientes sanciones, así como un coste reputacional considerable.
Nuestro grupo, a pesar de ello, votará a favor de este real decreto-ley. Solicitaremos que se tramite como proyecto de ley, a los efectos de introducir algunas modificaciones y correcciones de disfunciones en el trámite que se otorguen.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días.
Señorías, ministra, la Ley del Mercado de Valores ha sufrido numerosas modificaciones, por un lado para adaptarse a los cambios de los mercados financieros, pero también para adaptarse a las reformas que proceden de la normativa europea. Y
es que el real decreto-ley que hoy se somete a convalidación tiene por objeto modificar esta ley para completar la trasposición de la Directiva Europea 2014/65, conocida como MiFID II. La exposición de motivos justifica el empleo del real
decreto-ley no solo por el retraso en la transposición de estas directivas comunitarias, sino también por la demanda que la Comisión Europea ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su falta de transposición. Como ya dije
anteriormente, es importante que el nuevo Gobierno tenga entre sus prioridades finiquitar estos retrasos y, por tanto, su voluntad para transponer las directivas en plazo, cosa que hasta ahora no se ha estado realizando y que además se realizará
otorgando a los grupos la capacidad de debatir y opinar acerca de las materias y asuntos de los que traen causa para lograr la mejor adaptación posible a las distintas directivas a nuestra legislación. (Rumores).
Desde este grupo es verdad que en el último año se ha criticado tanto el retraso de la transposición como el uso excesivo del real decreto-ley, porque entendemos que no se puede afirmar la concurrencia de extraordinaria urgencia que exige el
precepto constitucional, ya que las directivas suelen conllevar una situación más que previsible porque las fechas de transposición de las mismas son conocidas y, por tanto, se debería dejar de utilizar a Bruselas como una amenaza en este sentido y
hacerlo bien. Concretamente, las disposiciones de esa directiva que se transponen son las relativas al régimen de autorización, conducta, supervisión de los servicios de inversión, y también aquellas relativas a las nuevas facultades de control de
la CNMV y las que establecen nuevas obligaciones de cooperación entre esta y las autoridades nacionales supervisoras de la Unión Europea y la Agencia Europea de Valores y Mercados. Con esta transposición, además, se pretende evitar la incertidumbre
regulatoria para estas empresas de servicios y actividades de inversión y que, de no realizarse, podría perjudicar su competitividad en los mercados europeos. Podemos destacar, entre otras: la prohibición de incentivos o retrocesiones en la
prestación del servicio de asesoramiento financiero por parte de las comercializadoras en la venta de productos, la obligación de diseñar productos de conformidad con un proceso coherente, y además con una correcta identificación de aquellos
clientes potenciales para asegurar que ese producto es conveniente para el tipo de cliente al que se dirige, y que no se vuelvan a repetir hechos que han ocurrido en el pasado en la crisis financiera; el desarrollo por parte de las empresas de
servicios de inversión de un registro que incluya las comunicaciones telefónicas y electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes de los clientes para mejorar no solo las labores de supervisión de la CNMV, sino también el control interno de
la entidad; la regulación del establecimiento de sucursales y la libre prestación de servicios en el ámbito de la actuación transfronteriza, diferenciando, eso sí, su regulación según sea el ámbito de la Unión Europea o según el ámbito de terceros
países. Sin embargo, y como una pequeña crítica, hemos de señalar que se deja a un futuro desarrollo reglamentario la imposibilidad de cobrar incentivos o comisiones, una materia esta que es importante que, desde luego, desde nuestro punto de vista
debería estar regulada en este real decreto y posteriormente en un proyecto de ley, sobre todo para velar por los intereses de los clientes y evitar posibles conflictos de interés.
En definitiva, dado que es necesaria la transposición completa de la directiva de referencia, este grupo votará a favor de la convalidación. Además, como va a ser tramitada como proyecto de ley, dará la posibilidad, como ya he dicho, de
introducir modificaciones a propuesta de los diferentes grupos para su mejora, pero también hay que decir que no debe obviarse que ni los requerimientos del principio de
seguridad jurídica, los elementos legitimantes del uso del real decreto-ley, la jurisprudencia constitucional y la falta de diligencia en la transposición de directivas constituyen circunstancias que, desde luego, deben ser puestas de
relieve.
Gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señora presidenta. Con su permiso. Bon dia a tothom.
Responsabilidad y sentido de estado, señora ministra. Ni lo uno ni lo otro en el paseillo... Señora Lastra (dirigiéndose a la señora Lastra Fernández que en ese momento conversa con el señor Simancas Simancas en el escaño), por favor, es
que también me interesa que lo oiga usted.
Le decía a la señora ministra que respecto a la responsabilidad y el sentido de Estado, ni lo uno ni lo otro en el paseíllo entre lo picaresco y lo esperpéntico que dio ayer por la tarde en la sala Constitucional de esta casa su compañero de
Gobierno, el señor Borrell. Lo tomo como antónimo de lo que es responsabilidad y sentido de Estado, pero me siento apelado por su reclamación a la responsabilidad y al sentido de Estado y vengo a decirle que poco hay que decir sobre un real decreto
que traspone una norma de la Unión Europea que nos viene de oficio y que estamos obligados a trasponer.
Sin embargo, permítame dos reflexiones. La primera es que a esta altura de la película no podemos seguir suponiendo que como viene de Europa seguro que es buena; seguramente no es peor. La segunda es que, aun pudiendo ser una buena
normativa, su trasposición legal exige una implementación mejor. Para ilustrarlo, me referiré a lo que hemos venido viendo y sufriendo en la Comisión sobre la Crisis Financiera. A lo largo de muchos meses hemos revisado y comprobado la nefasta
gestión de nuestros gestores financieros. Y uno se pregunta: ¿los bajos tipos de interés que mantenía el BCE cuando aquí se inflaba la burbuja de crédito a qué intereses servían? Por descontado, no a los de la periferia europea, con una tasa de
inflación que hacía racional endeudarse, puesto que el interés real resultaba negativo. En todo caso, atendían a los de un centro europeo con un crecimiento mucho más débil y una falta de demanda interna que compensaba -pobres de nosotros- con la
enorme demanda periférica alimentada con los créditos que nos animaba a contraer. Si creyera en las conspiraciones, diría que alguien en Europa pensó -en esa temporada estaba usted allí, quizá nos lo pueda confirmar- que la mejor manera de
controlar a la gente del sur era hipotecándola. También diría que, si era una trampa, caímos de cuatro patas, como caímos poco después cuando nos creímos a pies juntillas su relato y aceptamos que toda la culpa era nuestra, que los banqueros
alemanes y franceses que habían considerado oportuno financiar nuestra burbuja inmobiliaria no tenían que sufrir pérdida alguna y, como acto de contrición, corrimos a cambiar a toda prisa la Constitución y, entonces sí, en cuatro días garantizamos
que sus créditos estaban por encima de todo, de todo. Si bien es cierto que nuestros banqueros eran culpables, porque el Banco de España no cumplió con su cometido, en absoluto lo fueron los ciudadanos, porque un tipo de interés bajo es como un
semáforo en verde. ¿Y quién puede culpar del accidente a quien ha cruzado en verde? Haber cedido la política monetaria y la fijación de los tipos de interés no nos eximía de ver, de supervisar, de controlar lo que estaba pasando.
Esto tiene mucho que ver con este real decreto, puesto que al aprobarlo cedemos nuestro instrumento de control favorito, que es el control de entrada. Ya sea mediante oposiciones o mediante licencias administrativas, el control de entrada
es casi la única forma de control que conocemos; lo que pase luego, apenas nos preocupa, como no le preocupó al Banco de España lo que hacía la banca mientras se inflaba la burbuja. Con este decreto la CNMV pierde el control de entrada. Cualquier
operador financiero de la Unión Europea puede serlo también de España sin pedir permiso. ¿Supondrá eso que nos olvidemos de controlarnos? Si así fuera, los desmanes que hubiera no se podrían achacar a este decreto. Si, por el contrario, este
decreto sirve para empezar a cambiar en España los hábitos de regulación y control, que en absoluto pueden ceñirse al control de entrada, hoy sería un gran día. ¿Por qué será que no nos atrevemos a celebrarlo? ¿Por qué nos embargan las dudas,
señora ministra? Seguramente porque aún es hora de que escuchemos alguna autocrítica del Banco de España, de los reguladores, de los partidos políticos de uno y otro lado que nombraban a los gestores de unos y de otros. El mismo hecho de que
aprobemos esta trasposición apurando el límite no hace sino aumentar nuestras dudas.
Por otra parte, es muy triste ver cómo la Unión Europea produce y los Estados trasponen legislación en pro del mercado único y, en cambio, no llegan leyes para proteger del mercado a los ciudadanos. Por ejemplo, ¿dónde está la garantía
única europea de depósitos bancarios? ¿Hemos de unificar el mercado
financiero para las empresas y mantener fragmentados los derechos de los ciudadanos? ¿Cuándo discutiremos en esta Cámara, señora ministra, miembros del Gobierno y miembros del PSOE, las propuestas que llevaremos a Europa para proteger a los
europeos? Como decía al inicio, no podemos dar por sentado que todo lo que nos viene de Europa es perfecto ni que con aprobar una ley se adopten los hábitos necesarios para que funcione.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, buenos días.
Señora Calviño, señora ministra de Economía, en un país con un Gobierno serio no estaríamos aquí a las nueve de la mañana o estaríamos aquí pero haciendo otra cosa, porque, evidentemente, un paquete de directivas de trascendental importancia
de 2014 se habría traspuesto no de urgencia mediante un decreto-ley, sino mediante un proyecto de ley, para ser punteros en una cuestión que tenemos que abordar de todas, todas, que es la armonización de nuestras normas para tener mercados
financieros competitivos, lo cual es una condición imprescindible para la economía. (Aplausos).
Estamos al límite de la campana y ustedes mismos consideran que la trasposición no es todo lo completa y correcta que debería ser y que, en consecuencia, debería tramitarse como proyecto de ley, y ya le adelanto que un partido responsable
como Ciudadanos, obviamente, votará a favor de la convalidación de este decreto-ley, porque no queda más remedio, por una cuestión de responsabilidad. Igual que hay veces que nosotros nos oponemos a proyectos que no nos parecen correctos, en esta
ocasión, evidentemente, un partido responsable no puede hacer otra cosa más que apoyar esta convalidación. Sin embargo, permítame incidir en una cuestión elemental. Aquí estamos hablando de decretos-leyes. Este es el Decreto-ley 14/2018; a
continuación, viene el 15. Llevan ustedes doce decretos-leyes frente a cero proyectos de ley desde que están en el Gobierno. Es decir, este Gobierno, supuestamente de la dignidad, que venía a colaborar con el Congreso, no ha traído de momento ni
un solo proyecto de ley y ya vamos por el duodécimo decreto-ley que entra en esta Cámara. (Aplausos). Sin embargo, el documento que ustedes enviaron el lunes a Bruselas con el plan presupuestario sí hacía referencia nada menos que a cuatro
anteproyectos de ley, pero todos ellos para subir impuestos; mejor dicho, uno para subir impuestos, que es el proyecto de presupuestos, y otros tres para crear nuevos impuestos a multinacionales digitales y a las transacciones financieras, que está
muy relacionado con esta trasposición, y supuestamente también para luchar contra el fraude fiscal. La cuestión básica es que parece que para ustedes los proyectos de ley solamente existen para crear nuevos impuestos.
Hay algunas cuestiones que son bastante evidentes. Siempre se suben los impuestos por decreto-ley, y lo sorprendente es que ustedes pretendan subirlos en presupuestos, y me refiero al impuesto sobre el diésel. He hablado de esto con
compañeros míos, inspectores de Hacienda, y están anonadados, porque ustedes anuncian una subida del diésel en presupuestos y van a dar varios meses a los operadores petrolíferos para que vayan sacando de las refinerías al impuesto actual el diésel
correspondiente para luego venderlo con los nuevos impuestos. Es decir, es el colmo que los primeros meses vayan a regalar la recaudación del diésel a los operadores petrolíferos, que van a especular. Ustedes pretenden luchar contra la
especulación, para lo que crean una tasa Tobin, y lo primero que hacen es regalarles el dinero a los operadores petrolíferos para que especulen. Esta es una de las joyas que nos traían el lunes en el plan presupuestario enviado a Bruselas.
(Aplausos).
Por cierto, hablando de esta cuestión y del respeto debido a la Cámara, al leer el cuarto párrafo resulta sorprendente ver cómo informan ustedes a Bruselas acerca de los cumplimientos, y le leo textualmente el plan presupuestario que ustedes
han enviado: Igualmente, el Gobierno trabaja en la adopción por parte de las Cortes de la nueva propuesta de senda de consolidación presupuestaria aprobada por Consejo de Ministros el pasado 20 de julio. Esta propuesta se votó aquí el día 27 y
salió rechazada, y usted estaba aquí. ¿Por qué no le dicen a Bruselas que la senda presupuestaria ha sido rechazada y que lo que envían es un plan presupuestario con una senda presupuestaria expresamente rechazada? (Aplausos). Ya le digo que con
un Gobierno mínimamente serio no estaríamos hoy hablando de esto.
Efectivamente, por esta falta de trasposición las empresas de servicios de inversión están perdiendo mercado, los clientes están menos protegidos y la economía española está perdiendo oportunidades y, por tanto hay que llevar a cabo la
trasposición, pero hay que hacerlo bien, porque la semana pasada nos enteramos también por la prensa de que uno de los miembros del Consejo de Ministros que aprobó esta
trasposición estaba directamente afectado por el artículo 234 de la norma. Me refiero al señor Borrell, al que, según ha informado él mismo, se le impuso recientemente una sanción por utilizar información privilegiada, y de acuerdo con el
artículo 234 de esta norma, que ha sido publicada en el BOE, ya está en vigor y hoy vamos a convalidar, la CNMV podía no haber publicado la sanción del señor Borrell. En un país con un Gobierno serio, el señor Borrell no estaría en el Gobierno
después de admitir que operó con información privilegiada. (Aplausos). La pregunta que hay que hacerle, señora Calviño -está visto que, como no me escucha, no me va a contestar-, es lisa y llanamente si tuvieron en cuenta los conflictos de
intereses en el Consejo de Ministros a la hora de dar su aprobación, porque usted presenta esto, señora Calviño, pero, evidentemente, es el Consejo de Ministros en su conjunto el que aprueba el decreto-ley, y no sabemos si, en primer lugar, el señor
Borrell comunicó al presidente del Gobierno que estaba sancionado por operar con información privilegiada y, en segundo lugar, si se abstuvo de tramitar un proyecto de ley que le afectaba directa y personalmente y que ya ha sido publicado en el
Boletín Oficial del Estado, lo cual supone otra duda importante. Aun así, nosotros creemos que esto hay que convalidarlo.
Una última cuestión que está pendiente y que a nosotros nos parece particularmente relevante es que de acuerdo con esta directiva y en aras de proteger a los inversores y a disminuir las comisiones de aquellos que están en gestión
discrecional -estamos hablando de medio millón de partícipes-, estos deben traspasar esos fondos a otros de clase más barata. Este traspaso, de acuerdo con la normativa española y si lo piden voluntariamente los partícipes, está exento de impuestos
o, mejor dicho, este IRPF se difiere. Señorías, estamos hablando de 500000 partícipes, por lo que no es posible recogerles la firma. En estas condiciones -voy concluyendo, señora presidenta-, la primera pregunta que le hago es si ustedes, en su
idea de crujir a los inversores, pretenden que estas 400000 personas físicas adelanten los impuestos si no se recogen las firmas. Y respecto a los 100000 inversores, personas jurídicas y no residentes, me gustaría saber si están dispuestos a
aprobar una normativa que les permita diferir estos impuestos. Esta es una cuestión clave, porque lo que en nuestra opinión no puede ser es que adaptemos las normas de tal manera que los que salgan perdiendo sean siempre los inversores.
Dicho todo esto y agradeciendo su flexibilidad a la presidenta, nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señora ministra, señora Calviño, señorías, señor de la Torre, en un país serio, cuando un diputado se sube a hablar de MiFID II debería hablar de MiFID II y no del diésel, básicamente porque me
hubiera gustado saber cuál es la posición de Ciudadanos con respecto a la iniciativa, pero se ve que ustedes aplican el criterio del país serio según les conviene.
En cualquier caso, usted, señora Calviño, nos trae hoy la convalidación de un real decreto-ley que traspone parte de la directiva 2014/65, que parcialmente ya estaba convalidada por un real decreto-ley que también trajo in extremis el señor
De Guindos -que supo ver con anticipación el hundimiento del Partido Popular y se marchó antes de que le pillara en el camino- y que, con ser importante, no recogía la parte más sustantiva de la trasposición de la directiva, que es la que hoy nos
trae usted al Congreso. Además, se daba la situación surrealista de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya venía aprobando reglamentos sobre la base de la directiva sin tener sustento en la cobertura jurídica nacional. Así que, en la
medida en que este real decreto-ley viene a cubrir alguna de esas lagunas, es bienvenido, sobre todo porque trata de incorporar al ordenamiento nacional cuestiones que deberían poner coto a alguna de las prácticas financieras que dieron lugar a la
crisis que venimos sufriendo: trata de hacer más seguros y transparentes los mercados, trata de restaurar la confianza por parte de los inversores en sus gestores, trata de llevar los intercambios de mercados no regulados a mercados regulados y
aumenta la capacidad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Nos sorprende por qué el Partido Popular no aprobó el conjunto de la directiva cuando hizo la trasposición parcial de la primera directiva. Solo nos cabe plantear, en términos de hipótesis, que es una directiva que no gusta a los mercados y
a los operadores financieros, porque aumenta la complejidad del proceso y, sobre todo, porque aumenta los costes de las operaciones, aunque, evidentemente, nunca aluden a la principal razón que está detrás de la directiva, que es tratar de evitar
que pudieran volver a cometer los mismos atropellos y a realizar las mismas prácticas, en sus procesos de capitalización y recapitalización, que dieron lugar a la crisis financiera y que, en el caso concreto de preferentes y de obligaciones
subordinadas, arruinaron a más de setecientas mil familias en este país. Si esto sirve para evitar aquello a futuro, bienvenido sea.
Sin embargo, hay distintos puntos de disconformidad con este real decreto-ley que le tenemos que trasladar. Primero, ustedes reviven a Romanones cuando hacen un abuso excesivo de la remisión a reglamento de cuestiones que son fundamentales.
Ya sabe usted lo que decía Romanones: Hagan ustedes las leyes, que ya me encargo yo de los reglamentos. Pues aquí está el ejemplo práctico de lo que Romanones decía. Es más, en la disposición general tercera hacen una excusatio non petita,
diciendo: hacemos la traslación a norma de lo mínimo posible y al reglamento de la mayor parte. Dejan sin regular cuestiones muy delicadas, como la prohibición de incentivos o retrocesiones -hay una en concreto que la banca y el sistema financiero
están especialmente preocupados por que no se produzca y, sin embargo, ustedes la remiten a reglamento y no la recogen ya de forma cerrada en el texto legal-, la obligación de grabación de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas
-que siendo un contenido tan sensible tampoco aparece recogido en el texto legal- o el deber general de información a los clientes -todo aquello que ha permitido en el pasado la estafa directa o indirecta a los inversores y ahorradores lo remiten a
reglamento- y la regulación de los conflictos de interés, como si fuera poca cosa como para remitirla a reglamento. Parece, señor ministra -me gustaría equivocarme, y si es así me corrige- que ustedes están cumpliendo un simple trámite, de forma
acelerada y para evitar la sanción. Está bien evitar la sanción, está muy bien, pero hay cuestiones de fondo y de calado añadidas que no se recogen o no se remiten a reglamento y que nos parece que deberían estar presentes en este real decreto-ley
y no lo están.
En primer lugar, el texto se remite en todo momento a la protección de los mercados y olvida que la normativa europea sobre regulación de los mercados de valores desde el año 1988 incluye específicamente y de forma explícita la protección de
los derechos de los clientes. En el objeto del real decreto-ley -artículo 1- no aparece esa remisión a la protección de los derechos de los clientes.
En segundo lugar, no recoge la definición de cliente minorista y la que hace de cliente profesional es muy laxa, cuando han sido precisamente los clientes minoristas los principales afectados y, por lo tanto, tienen que ser objeto no solo de
una mayor definición, sino de una protección agravada.
En tercer lugar, ustedes siguen hablando de depósitos estructurados, como si todo el mundo entendiera qué es un depósito estructurado; como si todo el mundo asimilara un depósito estructurado a un plazo, cuando usted sabe perfectamente que
un depósito estructurado es un depósito más un derivado que tiene riesgos que pueden llevar al inversor incluso a perder el capital invertido. En cuanto al deber general de información, el real decreto-ley remite a la buena voluntad de las
instituciones financieras y a que la información sea imparcial, clara y no engañosa. Estoy seguro de que en los folletos de las entidades que emitieron preferentes y subordinadas la información era imparcial, clara y no engañosa desde su
perspectiva. Y evitan nuevamente que se hable de la valoración y la aprobación previa de esos folletos por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De manera que, a pesar de tener sentido de Estado y a pesar de tener sentido de la responsabilidad, como venimos demostrando en el pacto para sacar adelante los presupuestos para el próximo año, no podemos votar afirmativamente la
convalidación de este real decreto-ley, porque nos parece entregar un cheque en blanco, dado el abuso del desarrollo reglamentario. Como tampoco queremos que la Comisión acabe imponiendo la multa a España por algo que el Partido Popular debió hacer
en tiempo y forma en su momento, nos vamos a abstener; votaremos a favor de su convalidación como proyecto de ley. En cualquier caso, usted no se preocupe, que el Partido Popular y Ciudadanos lo van a votar a favor y debería preguntarse por qué.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta. Buenos días, señora ministra. Bienvenida de nuevo.
Señorías, hoy tramitamos la convalidación, como ya saben, del Real Decreto-ley 14/2018 por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y por el cual se pretenden trasponer al ordenamiento jurídico de nuestro país
varias directivas europeas. Ahora que ya han pasado diez años desde el inicio de la crisis financiera, con la caída de Lehman Brothers, podemos hacer balance y, en la materia que hoy nos ocupa, podemos afirmar que la legislación era cuando menos
mejorable. Los ciudadanos de este país han sufrido mucho durante la crisis; la mala comercialización de productos financieros generó importantes pérdidas, sobre todo a pequeños inversores que no fueron conscientes de
los riesgos que estaban asumiendo. Fallaron los mecanismos de supervisión y, pese a contar con legislación ya en vigor, podemos afirmar -como he dicho- que la desprotección a consumidores financieros permitió una incorrecta
comercialización.
Para mejorar la legislación en esta materia, la Unión impulsó un paquete legislativo en el año 2014: el conocido como MiFID II, que ya mejoraba el MiFID I, que era del año 2007. Sí, han oído bien, año 2014; estamos en 2018. Esta era la
tónica habitual del anterior Gobierno del Partido Popular, Gobierno que no tramitaba ni en tiempo ni forma la trasposición de este tipo de normativa europea a la que estamos obligados como socios. Por tanto, esta trasposición se ha hecho tarde, muy
tarde, y ha tenido que venir un Gobierno socialista a hacerlo, por cierto, un Gobierno responsable con los compromisos de nuestro país con Europa y que cree en el proyecto europeo.
En este punto, no puedo dejar de mencionar la herencia recibida, que tanto se utiliza en otras ocasiones. El Partido Popular dejó pendientes de trasposición setenta y dos directivas, veintiséis con el plazo cumplido y veintitrés con
procesos de infracción abiertos, y esta es una de ellas. La no trasposición a tiempo de esta directiva, además de perturbar el funcionamiento del mercado único europeo, provoca inseguridad jurídica de empresas de servicios y actividades de
inversión en nuestro país. La incertidumbre regulatoria por la no trasposición de esta directiva afecta consecuentemente a la competitividad de las empresas instaladas en nuestro país y provoca que pierda capacidad de atracción para este tipo de
empresas, que es principalmente importante ahora, cuando se están deslocalizando empresas por el brexit. Afortunadamente para los españoles, hace unos meses el Gobierno cambió, y el actual poco tiene que ver con el pasado. Desde el primer momento,
la ministra Calviño aquí, en la Cámara, nos ha demostrado en más de una ocasión la voluntad del actual Gobierno de trasponer, agilizando y acelerando su tramitación, todas las directivas pendientes, y esta es una muestra más.
Alguno de ustedes ha podido criticar también las formas, es decir, la herramienta legislativa utilizada, el real decreto-ley, pero dado el retraso y la acumulación de normas pendientes era y es la herramienta más rápida y la que nos permite
cumplir ya con nuestros deberes con Europa. Como la voluntad del Gobierno y de su grupo también es poder llegar a acuerdos amplios, solicitamos la tramitación como proyecto de ley. En esta ocasión, la que hoy nos ocupa, este proyecto de ley
pretende, además de cumplir con nuestras obligaciones y evitar las sanciones ya anunciadas, garantizar la seguridad jurídica y eliminar incertidumbre en el sector y mejorar la transparencia y protección para los consumidores, asunto fundamental para
el Grupo Socialista, como ya hemos manifestado en más de una ocasión, por ejemplo, en la tramitación del Real Decreto-ley 21/2017.
No voy a entrar a mencionar los detalles que incorpora este real decreto -ya los ha desgranado la ministra perfectamente- pero quiero detenerme en que es necesario reforzar la protección del inversor. Por eso encontramos muchas medidas
positivas dentro de este real decreto que evitarán o minimizarán los efectos que han tenido en el pasado las malas prácticas en comercialización de productos financieros complejos, las normas de conducta que se exigen ahora para los operadores del
mercado, la mayor transparencia y protección que se recogen para los propios consumidores financieros y la política de incentivos que estarán obligadas a llevar las instituciones del sector, en la que la calidad del servicio prestado o percibido por
los clientes también tendrá mucho que ver. Esto también les sonará, porque han sido muchas las veces que lo hemos debatido en esta Cámara: la mala práctica que ha habido en el pasado y la falta de control en la comercialización de muchos productos
financieros. Por eso se hace urgente y necesaria la tramitación de este real decreto-ley.
Además, se tramitará como un proyecto de ley para coordinarlo con otras dos iniciativas legislativas que están pendientes de tramitar en la Comisión de Economía y que también afectan a la Ley del Mercado de Valores en los mismos artículos
que este real decreto, que son el proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 21/2017, que trasponía parte de MiFID II, y la proposición de ley que trajo aquí el Partido Popular, que modificaba la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades de crédito. Por voluntad de consenso y para poder facilitar la tramitación, entendemos que es necesario solicitar la tramitación de esta iniciativa como proyecto de ley.
También quiero agradecer a los grupos la convalidación de este real decreto-ley, a unos más que a otros. Escuchando a los portavoces, por ejemplo, al portavoz de Ciudadanos, y viendo su sentido de Estado y lo que les gustan los
anteproyectos y los proyectos de ley, debo decirles que no entendemos cómo siguen bloqueando en la Mesa del Congreso iniciativas que cuentan con la mayoría de apoyos de esta Cámara. (Aplausos). Si ustedes tienen tanto sentido de Estado y están tan
convencidos, lo que tienen que hacer es permitir, por lo menos, su debate y dejar de bloquear y utilizar una institución como es
la Mesa de esta Cámara, porque solo nos faltaba escuchar la iniciativa que filtraban ayer a los medios, que no era otra que intentar bloquear desde la Mesa del Congreso que puedan venir a esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado.
Para terminar, lo que hacemos hoy convalidando este real decreto-ley genera confianza en nuestro país y mejora la imagen de nuestro país frente a nuestros socios europeos. Por decirlo de otra manera, esto sí que es patriotismo del bueno y
no lo que hicieron ayer algunos paseándose por los pasillos de Bruselas. (Aplausos).
Un último apunte. Quizás y solo quizás si el anterior Gobierno del Partido Popular hubiera cumplido con Bruselas en la trasposición de directivas pendientes o en el cumplimiento de objetivos de déficit, les harían algo más de caso cuando
van a vociferar en contra de este Gobierno y minando la imagen de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Palmer Tous.
La señora PALMER TOUS: Presidenta, ministra, señorías.
Señor Montero, en un país de verdad serio un vicepresidente, el vicepresidente in pectore del Gobierno, no se va a la cárcel a negociar con un delincuente los presupuestos generales del Estado. (Aplausos).
Volviendo a la cuestión, si algo nos ha quedado claro después de decenas de comparecencias en la Comisión de investigación sobre las causas de la crisis del sistema financiero español es que la regulación europea en materia de mercados de
instrumentos financieros era insuficiente y no estaba adaptada a la nueva realidad en el funcionamiento y operatividad de los mercados. Esta era una realidad que presentaba nuevos escenarios de actuación, nuevas modalidades de prestación de
servicios y nuevos productos que suponían sin duda nuevos riesgos y, a la vez, nuevos retos. Sin pretender ser exhaustiva, los escasos requisitos contenidos en la anterior normativa en cuanto a negociación bilateral, aparición de nuevas plataformas
o nuevos avances tecnológicos, habían permitido el funcionamiento ineficiente de los mercados y el desarrollo de actividades poco transparentes y deficientemente controladas. Más grave aún, la negligente supervisión permitió la comercialización de
productos financieros complejos, implicando la desprotección de minoristas por falta de información y cuantiosas pérdidas para estos inversores no cualificados. Se consintió la venta de productos claramente no adaptados al perfil de los clientes,
dado el elevado riesgo que asumían sin la formación ni la información necesarias. Y aquí me estoy refiriendo, como todos ustedes imaginan, a la situación que vivieron muchos ahorradores españoles con las tristemente famosas preferentes.
En este punto debemos hacer una reflexión y entender la gravedad de la situación. Nos hallábamos en un contexto caracterizado por una profunda crisis de las cajas de ahorros, con problemas reales para sobrevivir. De hecho, estábamos
asistiendo al hundimiento de muchas de ellas mientras el Gobierno del señor Zapatero no tomaba ninguna decisión para afrontar la extrema situación. Más bien afirmaría que las decisiones que se tomaron entonces acentuaron el drama puesto que el
Gobierno del señor Zapatero, ante la imposibilidad de acudir a unos mercados que estaban cerrados para muchas entidades, permitió e incentivó la emisión de productos complejos y su venta a clientes minoristas, a ahorradores sin formación financiera
suficiente para valorar el riesgo de la inversión.
Señorías, solo les daré algunos datos: mientras se habían emitido casi 18000 millones de euros de preferentes entre los años 2000 y 2008, en el año 2009 se marcó un doble hito, la emisión de estos productos fue récord, 11600 millones de
euros, lo que de hecho supone emitir en un solo año el 65% de lo emitido en los nueve años anteriores. A ello se añadió que esta se colocó de forma masiva entre pequeños inversores, algo que solo ocurrió en un país. Efectivamente, España. Y es
que esa fuerte emisión coincidió con el aumento de exigencias de capital regulatorio, por lo que a las entidades les interesaba enormemente colocar esos instrumentos, ya que computaban como capital en la regulación de solvencia. Esta intensa
emisión coincidió también con una pérdida de interés por parte de los inversores institucionales por la situación y la desconfianza que generaban las cajas de ahorros, y llevó incluso a más colocación entre minoristas. Pero, señorías, eso solo fue
posible porque nadie lo impidió ni lo corrigió, es más, parecería que incluso se alentó, y entonces pasó lo que pasó.
Era necesario, por tanto, afrontar la situación y tomar decisiones para impedir que eso ocurriera de nuevo, y así se hizo. Al llegar en 2012 el Gobierno del Partido Popular afrontó de manera decidida la situación tomando las decisiones
necesarias: afloró los activos tóxicos de bancos y cajas con los llamados decretos Guindos, negoció con Europa un MOU una vez analizadas las necesidades del sistema y aprobó
leyes cuya meta era aliviar a las familias y a las empresas a las que se había castigado durante la crisis; leyes que incluían acciones de apoyo a los suscriptores de preferentes para que estos recuperaran su dinero y medidas para evitar
que se pudieran repetir fraudes análogos en el futuro. En suma, señorías, al fin se afrontó la situación. Ello supuso poder disfrutar de un sistema financiero que no fuera un agravante para la situación de crisis económica por su debilidad o
incumplimiento de sus funciones, como había pasado hasta entonces. De hecho, el sistema financiero desde entonces actuó como un elemento clave para explicar el crecimiento económico diferencial español que hemos disfrutado en los últimos años. La
reestructuración del sistema financiero permitió salvaguardar los ahorros y depósitos de millones de españoles -sí, los depositantes, no los bancos, fueron los que fueron salvaguardados-, devolvió la confianza a los mercados y creó las condiciones
favorables para que volviera a fluir el crédito. Son condiciones que todos sabemos imprescindibles para la recuperación económica y la creación de empleo, condiciones, por cierto, que no se habían generado entre los años 2008 y 2011.
Volviendo al real decreto que nos trae hoy aquí, el que traspone el denominado MiFID II, es una medida que podríamos describir como fruto de nuestro trabajo. Nosotros ya trajimos estando en el Gobierno una trasposición parcial del MiFID II
y la normativa que hoy nos trae el Ejecutivo socialista completa dicha trasposición. Si bien la nueva regulación del mercado de valores que entró en vigor el pasado 3 de enero traspuso al ordenamiento jurídico español el aspecto más urgente e
inaplazable, el relativo a los centros de negociación, era imprescindible avanzar en los dos ejes restantes, y así se hace con esta normativa que se nos presenta hoy a convalidación. En esta trasposición se permite reforzar de forma sustancial la
protección al inversor, incrementando el nivel de exigencia y concreción en las obligaciones de información al cliente. Por lo tanto, para nosotros votar a favor de una iniciativa que protege a los consumidores no es ninguna novedad. Les recuerdo
que fue el PSOE el que votó en contra de los decretos Guindos que mencionaba antes, que obligaron a la banca a incrementar las provisiones en más de 86000 millones de euros y que protegían a los ciudadanos de estafas como la de las preferentes. Por
eso, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista en infinidad de ocasiones cuando el PP estaba en el Gobierno y lo que hacen ahora sus leales socios de Gobierno, nosotros sí vamos a anteponer los intereses de los españoles a los intereses
partidistas y votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley. (Aplausos).
Muchas gracias. (El señor Rufián Romero pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señora presidenta, por el artículo 71.3 a tenor de las palabras de la señora Palmer, que ha llamado delincuente a Oriol Junqueras, le pido que lo retire porque creo que se refería a algún compañero suyo de partido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: La verdad es que quería decir presunto delincuente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 15/2018, DE 5 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 130/000042).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Para presentar el real decreto-ley,
tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra para la Transición Ecológica.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta.
Señorías, la evolución del precio de la electricidad y su efecto sobre los ciudadanos, especialmente sobre la población más vulnerable, es una cuestión que nos preocupa a todos, y también, evidentemente, a este Gobierno, que ha incluido
entre sus prioridades de acción dar respuesta adecuada a este problema.
(El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Estamos convencidos de que la energía es un bien esencial para la sociedad, representa un insumo principal en los procesos productivos y en el bienestar de hogares y
familias. Es un bien imprescindible para satisfacer las necesidades básicas como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud.
Pero el sistema energético necesita un proceso de transición en el que la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la digitalización, la participación más activa de los consumidores y un uso
más sostenible de los recursos marcarán las líneas de acción de los próximos años. Necesitamos contar con precios estables, razonables y predecibles, y para ello debemos construir un modelo cien por cien renovable y eficiente, y alcanzarlo no es
algo que se pueda hacer de un día para otro, sino que requiere impulsar medidas desde ya que faciliten la transición sin olvidar a aquellos que lo pueden tener más complicado en la etapa de cambio. Nos exige generar confianza y ofrecer rentabilidad
razonable a los inversores evitando al mismo tiempo la sobrerretribución, que encarece de manera innecesaria la transición y nos obliga a pensar en términos dinámicos a corto, medio y largo plazo. Impulsar la transición energética y facilitar su
viabilidad exige actuar con medidas coyunturales y medidas estructurales. En este último contexto, el de las medidas estructurales, hemos iniciado los trabajos para la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico, la regulación del
almacenamiento, la evaluación y en su caso la modernización del sistema fiscal, pero, mientras tanto, es preciso actuar ya con medidas urgentes que ofrezcan protección a los colectivos más vulnerables y que al mismo tiempo vayan introduciendo
señales del modelo hacia el cual debemos avanzar. Este es el propósito con el que el Gobierno aprobó el pasado 5 de octubre el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, cuya
convalidación solicito hoy a esta Cámara.
Señorías, ante unas expectativas de precios de la electricidad elevados y sostenidos en el tiempo, hemos considerado que es importante facilitar un alivio en la factura doméstica, reforzar la protección de los consumidores, ampliar el bono
social y la solidaridad con los más vulnerables. Además, con las medidas contenidas en este real decreto-ley pretendemos acelerar la transición energética a una economía descarbonizada mediante una mayor y mejor integración de las energías
renovables en el sistema, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Con este fin el real decreto-ley incluye medidas variadas que pueden resumirse en torno a cinco grandes bloques.
El primero es el dedicado a la pobreza energética y a los consumidores vulnerables, nuestra prioridad número uno, responder con urgencia a las necesidades de los más vulnerables y consolidar la lucha contra la pobreza energética. Para
enfrentar este problema consideramos insuficiente el bono social eléctrico hasta ahora vigente. La pobreza energética afecta a más de 4,6 millones de ciudadanos y los supuestos en los que estos se podían beneficiar de ese bono social no cubrían las
necesidades de colectivos particularmente vulnerables generándose situaciones sangrantes. Por ello, el real decreto-ley reforma el bono social de electricidad ampliando su ámbito de cobertura para incluir a familias monoparentales con menores de
dieciséis años y familias con alguno de sus miembros en dependencia de grado II y III. Asimismo, se incrementa el 15% el límite de energía anual con derecho a descuento por bono social y se crea un bono social para usos térmicos con la intención de
cubrir las necesidades de calefacción al menos parcialmente, del que se podrán beneficiar las mismas personas que son beneficiarias del bono social eléctrico. Se incluyen limitaciones adicionales, como la prohibición de cortes de suministro durante
el invierno en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de dieciséis años y para los hogares donde reside al menos una persona en situación de dependencia con grado II o III.
A partir de estas medidas pensadas de manera coyuntural para los seis meses del invierno, el Gobierno se compromete en el mismo texto a presentar en ese plazo una estrategia nacional contra la pobreza energética que permita abordar el
fenómeno desde una perspectiva integral, una estrategia que debe establecer objetivos en el medio y largo plazo y un marco de acción estable para la erradicación de la pobreza en el que los criterios de renta, que el modelo actual no contempla
adecuadamente, tendrán prioridad en el reparto de esa contribución solidaria de la sociedad española para con los colectivos más desfavorecidos.
El segundo gran bloque comprende las medidas dirigidas a garantizar una mayor protección al consumidor eléctrico. Se pretende empoderar a los consumidores garantizándoles una mejor información en sus facturas y fortalecer la protección del
consumidor mediante medidas y sanciones que atajen prácticas abusivas de las comercializadoras que puedan debilitar la posición del consumidor. Así, se
prohíbe la contratación del suministro eléctrico y de gas en la modalidad conocida como puerta a puerta, se obliga a informar a los consumidores sobre la existencia de peajes de acceso con discriminación horaria, se asegura que todos los
operadores del mercado lo hacen en cumplimiento de sus obligaciones y se posibilita la contratación de fracciones de 0,1 kilovatios. Con el fin de facilitar la comprensión de la factura de la luz, introducimos la exigencia de reflejar en la misma
algunas cuestiones que faciliten el proceso de toma de decisión del consumidor, como, por ejemplo, cuál es el efecto de contar con una u otra tarifa, qué supone utilizar la electricidad a una u otra hora del día o qué implicaciones puede tener
cualquier otra medida en materia de discriminación horaria y de eficiencia. Además, eliminamos la obligación de contratar un término de potencia muy por encima de lo que son los consumos habituales en un hogar medio en España, algo que no
incentivaba ni el ahorro ni la eficiencia y que nos hace pagar, de entrada, más de lo que en muchos hogares resulta necesario y se consume.
El tercer bloque incluye medidas en materia de autoconsumo, que responden a una fuerte demanda social que exigía que superásemos unos obstáculos absurdos previstos en el ordenamiento vigente, que en gran medida han encontrado eco con
aquellas iniciativas que, en coherencia con esta petición, han sido aprobadas mayoritariamente por esta misma Cámara fomentando el autoconsumo eléctrico a través de la modificación del régimen existente. Por ello, el Gobierno, junto a la
eliminación del conocido como impuesto al sol, introduce tres principios fundamentales que regirán esta actividad: el reconocimiento del derecho al autoconsumo de energía eléctrica sin cargos, el autoconsumo compartido por parte de uno o varios
consumidores para aprovechar las economías de escala y el principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia. Nada desconocido, como digo, por esta Cámara, que, mayoritaria y
abrumadoramente, instó al Gobierno anterior a adoptar medidas en esta misma dirección. Creemos que una de las medidas que más puede contribuir a una modernización de nuestro sistema eléctrico es aceptar con total naturalidad que hay productores y
consumidores en mucho mayor número y variedad de lo que hasta ahora ha sido la participación y funcionamiento de nuestro sistema eléctrico. Como dato clave y significativo que simboliza el gran retraso que España lleva en esta materia, pensemos que
un país tan rico en sol como es el nuestro cuenta con poco más de mil instalaciones, frente a las más de un millón con las que cuenta Alemania, por todos conocido con gran radiación solar.
El cuarto bloque de medidas que incorpora este real decreto-ley es el relativo al fomento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y la eliminación de algunas trabas administrativas que hoy existen e impiden el despliegue de
la movilidad eléctrica. Concretamente, se otorga una prórroga excepcional y por una sola vez para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la Ley 24/2013 y se adoptan medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la
finalización de los proyectos con derechos del acceso a la red ya otorgados; se flexibiliza la planificación de la red de transportes y se liberaliza la actividad de recarga eléctrica, eliminando la figura del gestor de cargas. El 31 de diciembre
de 2018 vencían los plazos para que aquella potencia renovable subastada con la que se contaba estuviera disponible de cara a 2020. Pues bien, solo 80 de los 9000 megavatios de potencia renovable adjudicados tenían, a fecha de 1 de octubre, todos
sus procedimientos técnicos, y eso que todos ellos debían haber culminado, como digo, toda esa etapa de tramitación antes del 31 de diciembre de 2018.
Por otro lado, hemos atendido a las peticiones de comunidades autónomas, de inversores y de expertos del sector renovable y de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la necesidad de adoptar medidas para evitar la
especulación en torno a los permisos de acceso y conexión. Por ello, incrementamos en algunos casos las exigencias de garantía y aval para la solicitud de dichos permisos. De acuerdo con los datos disponibles, la especulación con estos permisos
incrementa hasta un 15 o un 20% el coste total de la inversión y retrasa de forma importante la puesta en marcha de las nuevas plantas renovables, comprometiendo los objetivos de transición energética. Estas medidas antiespeculación incluidas en el
real decreto-ley se han diseñado bajo el principio de proporcionalidad, buscando un equilibrio, por un lado, entre lograr el fin perseguido de evitar la especulación y, por otro, no generar cargas excesivas que pudieran resultar innecesariamente
gravosas para los promotores más pequeños. De hecho, para las instalaciones pequeñas y las instalaciones de autoconsumo se establecen exenciones y procedimientos simplificados, que permiten el desarrollo de la generación distribuida y renovable con
rapidez y normalidad. Por otro lado, como decía antes, la movilidad eléctrica requiere facilitar su implantación, requiere adoptar medidas que lo hagan sencillo, y esto explica por qué hemos decidido liberalizar la actividad de recarga y promover
la infraestructura de recarga, cosas que todavía deberán ser completadas a través de medidas de impulso en los próximos meses.
Por último, el quinto bloque de medidas incluye referencias a la fiscalidad y a la sostenibilidad del sistema eléctrico en el contexto de lo que contempla el real decreto-ley. Las medidas descritas, las orientadas al alivio de la factura
que pagamos los consumidores, necesitan una respuesta que pueda ser puesta en práctica por parte del Gobierno de manera inmediata, pero que, incluso, con esa vocación temporal debe hacerlo en un contexto de equilibrio con respecto a los costes del
sistema eléctrico. Por ello, cuando el real decreto-ley suspende durante seis meses, coincidiendo con los de más frío, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en un 7% y el impuesto especial de hidrocarburos para la
producción eléctrica, incorpora una habilitación para el acceso a los ingresos por la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que cubre, en gran medida, parte de este coste. Estimamos que el conjunto de estas medidas tendrán
un impacto en el consumo medio de hogares, en el consumo doméstico, de alrededor del 4% de la factura, fluctuante en función de cuántas y cómo sean las medidas a las que cada uno de los consumidores domésticos se pueda acoger. Reitero que se trata
solo de una medida de alivio; es una medida temporal y de alivio. Mientras tanto, trabajamos en medidas estructurales, en el sentido en el que me he referido al inicio de la intervención.
Por último, este decreto-ley incorpora un cambio en la regulación de los peajes de acceso, en línea con lo dispuesto en la disposición adicional número 79 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada por sus señorías el
pasado mes de julio; todo ello sabiendo que, de acuerdo con los pronunciamientos comunitarios sobre organización y funcionamiento de los mercados eléctrico y gasista, estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo del
regulador, de la CNMC, con quien estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido; acuerdo que remitiremos para su tramitación a esta Cámara como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. Todo ello, como pueden ustedes imaginar bien, son
aspectos de gran importancia institucional y económica, dado que, como saben, el coste de la energía es clave para los consumidores domésticos y para la competitividad del tejido industrial, por lo que no deben existir agravios comparativos.
Señorías, todas las medidas comprometidas en este real decreto-ley ayudan a dibujar el nuevo sistema energético que este Gobierno concibe, y en el que estamos trabajando desde el principio de nuestro mandato. Nos permitirá apostar por una
modernización de nuestra economía haciéndola más competitiva, modernizándola, mejorando la seguridad de suministro, reduciendo la dependencia del exterior, incentivando la innovación y, todo ello, con un claro impacto positivo en el precio de la
electricidad y el empleo.
La reforma anunciada se completará con estrategias de gran impacto social en las que estamos trabajando de forma prioritaria, la ya mencionada estrategia nacional contra la pobreza energética y la estrategia de transición justa, que
acompañará al proceso de transformación de aquellos sectores particularmente afectados por la transición energética. Pero, como decía al principio, hasta tanto esté todo ello plenamente operativo era imprescindible abordar con urgencia la
protección de los consumidores, y enviar las señales adecuadas para iniciar el cambio de rumbo de nuestro sistema.
Por todo ello, solicito a la Cámara la convalidación del real decreto-ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, confiando en que los grupos parlamentarios la apoyen ante la trascendencia de las actuaciones que
comprende.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señores diputados, en general nosotros consideramos positivo este real decreto, pero creemos que hay algunos aspectos que son mejorables. El incremento significativo del coste de los avales, por ejemplo, es una de las cosas
que debería mejorar, aunque la versión positiva es que se reduce el riesgo de especulación, todo hay que decirlo. No hay mención explícita al autoconsumo vinculado al ciclo del agua y la desalación, aunque la derogación de los puntos del Real
Decreto 900/2015 que limitaban la potencia renovable daría amparo a los autoconsumos de desaladoras que se venían desarrollando en Canarias, lo que daría cobertura a lo que conocemos por autoconsumos canarios.
Nosotros somos partidarios de que se tramite como proyecto de ley porque en el periodo de enmiendas nos gustaría incluir la mención explícita al autoconsumo asociado al ciclo del agua y también la inclusión,
señora ministra, de las especificidades canarias que están recogidas en el nuevo REF -que, como usted y el Gobierno saben, queda definitivamente aprobado y publicado a final de mes-, como, por ejemplo, que la suspensión del impuesto en
Canarias fuera de duración indefinida; también todas las condiciones especiales como región ultraperiférica y con un sistema fiscal distinto con respecto a la excepción en el impuesto sobre hidrocarburos, porque, como sabe, las condiciones de
Canarias son distintas.
Por todo esto -no tengo más tiempo, tengo solo un minuto y medio y me hubiera gustado valorar positivamente el tema eléctrico o el tema de autoconsumo de comunidades, pero no tengo tiempo-, quiero decirle que lo vamos a apoyar, que lo
consideramos positivo, que deseamos que se tramite como proyecto de ley y que queden recogidas en ese proyecto de ley definitivo todas las especificidades de Canarias, el ciclo del agua, las condiciones definitivas del impuesto al sol, la exención,
y sobre todo las condiciones de región ultraperiférica y sistema fiscal distinto de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra para la Transición Ecológica. El Gobierno está acumulando un récord nacional de velocidad en incumplimientos y daños a Asturias con sus decisiones, que resumo brevemente. Sustrae por segunda vez -la primera la
perpetró el señor Zapatero con la estación en el fondo de saco de León- un AVE casi terminado como el que disfrutan millones de españoles. Su demagogia antidiésel ya se traduce en recorte de producciones y empleos en Arcelor. Ustedes pagan peajes
de favor a los precios eléctricos de la industria vasca y le regalan subvenciones a los puertos valencianos. Al contrario que en Alemania, este Gobierno va a cerrar minas de carbón y centrales térmicas para vestirse de verde, aunque siga
encareciéndose el precio de la luz a los españoles. Suma y sigue. Perdón, resta y sigue. Ayer, cierre de Alcoa, setecientos trabajadores al paro. Hoy, con el drama de miles de familias ante la incertidumbre de su futuro, no voy a recrearme en la
crítica legítima, hoy no es el día, pero no olvidemos -Foro no lo olvidó nunca- que Alcoa es el primer escalón del castillo de naipes del empleo en Asturias; pensemos todos nosotros cuál será el siguiente.
Usted, señora ministra, se encontró con una Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que quienes creemos que es perfectamente posible luchar contra el cambio climático y, al tiempo, mantener la actividad industrial de forma respetuosa
y sostenible con el medio ambiente incorporamos amplias partidas para invertir en desarrollo, investigación e innovación y reducir las emisiones de CO2. También dotamos las cuentas públicas con ayudas para que las industrias y empresas puedan
respaldar su competitividad a la espera de homologar sus costes energéticos con los de sus competidores europeos. Su ministerio ha despreciado y desperdiciado estas importantes dotaciones y herramientas presupuestarias, y con este real decreto-ley,
que naturalmente rechazo de plano, el Gobierno de Pedro Sánchez expide el certificado de defunción para sectores económicos vitales y cruciales para el futuro de Asturias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra ahora el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, es verdad que la energía, como dice la exposición de motivos, es un bien esencial para la sociedad, sin duda un bien necesario cuyo disfrute, uso, gestión, eficiencia y aprovechamiento tiene un impacto enorme en la factura
del coste de vida de los españoles y una importancia clave en nuestra economía. Por eso debería ser obligatorio llegar a un gran pacto político que una vez más, como hemos hecho otras veces, reclamamos.
Todos asumimos ya que estamos en condiciones de transitar hacia un modelo de generación y consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, pero insisto en que debemos hacerlo con un pacto, de forma inteligente, para no cometer
nuevos errores -los mismos que en el pasado- ni generar más altas tensiones de por sí en un tema que las tiene. En todo caso en Navarra nosotros hicimos como comunidad una apuesta por las energías renovables, que ha sido una estrategia de comunidad
sostenida en el tiempo y que nos ha hecho pioneros en el desarrollo, la innovación y la industrialización. Por eso nosotros lo vamos a seguir defendiendo.
No puedo entrar en el contenido, en las medidas de protección a los consumidores, en la regulación más decidida sobre el autoconsumo o en las medidas sobre la transición energética, que nosotros valoramos positivamente, pero que creemos que
no son suficientes. De hecho nosotros echamos en falta no haber corregido definitivamente una medida injusta, recogida en el Real Decreto-ley 9/2013, que generó un profundo malestar entre los productores de energía fotovoltaica, que en muchos casos
supuso un perjuicio evidente y que ha provocado una judicialización que ha saltado nuestras fronteras, y que el Estado debiera resolver antes de que las condenas en su contra se acumulen. Nosotros querríamos que se tramitara como proyecto de ley, y
ese será el momento no solo para extender la regulación del artículo 16 a toda España, sino también para presentar una enmienda, que presentaremos, que plantee una propuesta para zanjar definitivamente con una fórmula razonable las reivindicaciones
de aquellos productores de energía fotovoltaica que fueron pioneros, y que pagaron no solo la curva de aprendizaje de la introducción de una tecnología, en este caso la fotovoltaica, en España a un alto precio, sino también en su momento como le
digo una decisión injusta de la Administración.
En todo caso hoy nuestro voto será favorable, pero lo condicionamos en el futuro a esa aceptación de la enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, mejorar el bono social eléctrico, crear el bono térmico, eliminar el impuesto al sol, prohibir el corte del suministro al consumidor en riesgo de exclusión, abrir la puerta al autoconsumo compartido, todos estos son motivos
que sobradamente justifican la urgencia, la necesidad del decreto-ley que nos trae, y que ya le adelanto que Compromís va a apoyar con su voto. Pero debemos analizar las causas últimas de la pobreza energética, que como usted sabe se ha convertido
en un problema mayúsculo para nuestra sociedad, y entre esas causas están básicamente que tenemos un sistema tramposo, que ha desdeñado las energías renovables, que no ha apostado por la eficiencia, y en el que son decisiones del regulador las que
encarecen la electricidad. Todo esto no tiene por qué pagarlo el usuario de la energía. La actual factura de la luz es cara y opaca, y hemos de dar una solución definitiva a esto para no enquistarnos en un mecanismo asistencialista, como es el
bono social, que a día de hoy es absolutamente imprescindible, pero que tenemos que trabajar por superar, porque estigmatiza a las familias e impone una pesada carga de gestión a los servicios sociales de los ayuntamientos, que en la práctica se han
convertido en servicios de atención al cliente de las grandes empresas energéticas.
Nosotros pensamos que debe irse más allá y plantearse una factura barata y fácil de entender, que se exprese simplemente mediante un precio por kilovatio/hora, haciendo una tarifa auténticamente social que tenga un primer tramo vital,
económico, exento de IVA o a tipo superreducido, con una limitación del beneficio empresarial, y luego tres o cuatro tramos superiores fuertemente progresivos en los que ya se pague por el derroche de energía o por los consumos suntuarios; también
hay que eliminar los fijos de la factura, ese pago simplemente por potencia contratada que no existe en muchos países europeos, y que sirve únicamente para que el oligopolio eléctrico tenga unos grandes beneficios aunque no haya consumo. Hemos
pedido también, como otros grupos, que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia porque queremos introducir una serie de enmiendas que abunden en la línea que he expuesto.
Para concluir, señora ministra, empezamos a ir bien con este decreto-ley, pero como usted sabe se ha perdido mucho tiempo con los Gobiernos anteriores, y ahora debemos acelerar las transformaciones porque este país no puede esperar más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, buena parte del contenido del real decreto lo compartimos. Algunas de las cuestiones que figuran en el mismo formaban parte de iniciativas que desde el Partit Demòcrata hemos defendido: cuestiones en materia de
autoconsumo, de liberalización de la recarga de vehículos eléctricos, algunas
mejoras que se introducen en materia del bono social, la creación del bono térmico y algunas de las mejoras de la fiscalidad que se plantean. Estará de acuerdo conmigo la ministra en todo caso en que esta ha sido una reforma claramente
insuficiente, que tenemos pendiente una reforma a fondo de la fiscalidad ambiental en materia energética, y una reforma a fondo para que el mercado de la energía gane en competencia. Queda pendiente, en lo que pueda durar esta legislatura, abordar
ese debate. Tenemos incertidumbres sobre si algunas de las rebajas fiscales introducidas en esta normativa finalmente van a llegar al consumidor; eso nos preocupa, pero en cualquier caso veremos cómo evoluciona la cuestión.
La señora ministra comparte -lo ha dicho en su intervención y yo lo valoro- que es evidente que en este real decreto figura una previsión en el artículo 16 que consolida la reforma de la estructura tarifaria de peajes en acceso a las redes
eléctricas, que en 2014 se aprobó por el Gobierno anterior, y que ha preocupado y preocupa a la industria catalana. Pimec, Cecot -nuestras patronales- han denunciado esa discriminación en materia energética: encarece en términos comparativos los
costes energéticos de la industria catalana. Pimec y Cecot calculan que esto afecta negativamente en 300 millones de euros a nuestra industria y a más de 3200 empresas, y además la señora ministra sabe que está sometido a un expediente sancionador
de la Comisión Europea. Debe retornarse la competencia de la fijación de los peajes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y como usted decía no debe existir agravio comparativo entre los distintos territorios del Estado. Yo
espero que ese compromiso que la ministra ha expresado de modificar la Ley del Sector Eléctrico para devolver esa competencia a la CNMC se produzca antes de final de año, en el trámite de este real decreto o en cualquier otro trámite legislativo.
Además -y con ello termino, señor presidente- debemos aprovechar la tramitación de este real decreto como proyecto de ley para introducir medidas que mejoren la capacidad de la competencia de nuestra industria, especialmente en materia de
cogeneración. La eficiencia energética es una estrategia fundamental en términos de la competitividad de la industria, al menos de Cataluña, pero seguro que también de todo el Estado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El Gobierno nos presenta hoy el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores. Este grupo va a votar a favor de su convalidación porque existen medidas con las que estamos de
acuerdo, porque recoge cuestiones que han sido abordadas por la mayoría de los grupos políticos representados en el Congreso, y porque se recoge en el mismo el cumplimiento al acuerdo pactado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018
sobre los peajes eléctricos específicos para tensiones iguales o superiores a 30 kilovoltios.
En este sentido, y antes de hablar de aquellos aspectos o materias que se regulan en el citado decreto, me gustaría contestar al señor Campuzano respecto a su alusión a las tarifas mencionadas. La tarifa que se regula no es exclusivamente
para el País Vasco, hay otras comunidades a las que también les afecta, y responde a un problema de infraestructura. En la actualidad, según el modelo de referencia de la CNMC, en España existen cinco niveles de tensión, correspondiendo el nivel 0
a baja tensión y el nivel NT4 a la red primaria de transporte.
Según la metodología establecida para el cálculo de los peajes eléctricos, los usuarios de cada nivel pagan por el coste de la red de distribución y por la parte que corresponde al uso de los niveles superiores que la energía tiene que
recorrer hasta llegar a la red de conexión del propio usuario. El problema es que cuando se definió este sistema de redes no se tuvo en cuenta en el País Vasco ni en otras comunidades autónomas que la red de 30 kilovatios NT 1 se conecta
directamente al nivel NT 4 de transporte, porque no existe ni el nivel NT 2 ni el NT 3, redes inexistentes por las que se estaba y se está pagando, y no es otra la razón de la discriminación.
Los usuarios de las zonas en las que solo existe red de 30 kilovoltios, al estar conectadas directamente a la red de transporte NT 4 no deben soportar los costes de los escalones de red de distribución eléctrica, que simplemente no existen,
lo cual se trata de corregir hoy con este decreto. Sin embargo los usuarios conectados a la red de 25, nivel de tensión NT 1, pagan según la misma metodología por el uso de los niveles superiores que la energía tiene que recorrer hasta llegar a su
red de conexión; redes NT 2 y NT 3 por tanto de las que sí disponen y a las que se pueden conectar. Aquí también está la diferencia entre las de 25 y las de 30, por lo que no se puede hablar de discriminación de unas con respecto a las otras.
Además el señor Campuzano nos ha dicho que esto está recurrido ante la Unión Europea, y hay que decirle que no es una ayuda de Estado, porque ni lo fue con la medida anterior por la que se desglosó la tarifa 6.1 en 6.1A y 6.1B, y porque no
cumple con ninguno de los requisitos exigidos para que sea ayuda de Estado. Asimismo la propia CNMC ha incluido una enmienda en el real decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución para que el Gobierno -el ministerio-
valore la eliminación de la tarifa 6.1B y su inclusión en la 6.2, que ya estaba recogida en la disposición adicional septuagésima de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Nosotros, señor Campuzano, no defendemos planteamientos de pedir para quitar a otros, y me gustaría entender que su grupo tampoco lo quiere hacer. Creemos que no es necesario atacar los derechos de otros para defender los propios. Nosotros
hemos sido claros: defendemos los intereses de Euskadi, la agenda vasca, y le recuerdo que este grupo puso cinco votos encima de la mesa para ello, con todo lo que nos podía suponer de riesgo político. Por eso, y desde el respeto a su grupo, me
gustaría pedirle o aconsejarle que cambie de estrategia en este caso y defienda así su agenda catalana y su industria, pero sin atropellar ni vulnerar a otros en ese camino. Nosotros no lo hubiéramos hecho. (Rumores). Nosotros siempre vemos lo
conseguido por otros como una oportunidad que la mayoría de las veces se crea y se construye, y es que el hecho de que algunos consigan algo beneficioso para su comunidad puede allanar el camino para otros en un futuro.
Dicho esto quiero mencionar que el proyecto contempla una amalgama de disposiciones de distinto rango normativo, encuadradas en el ámbito de la energía, algunas de las cuales son novedosas desde el punto de vista de la innovación
dispositiva, y otras plantean modificaciones de normas en vigor. Por otra parte muchos de los contenidos que se recogen en el proyecto de real decreto-ley incluyen materias vinculadas sobre todo a la asistencia social, competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Ya desde el propio título de este precepto se visualiza el carácter unitario de la iniciativa planificadora que en la misma se contempla. Ese carácter se viene acentuando en el texto del propio articulado, en el que
de una forma inconcreta parecen fijarse las líneas esenciales de esta estrategia, en cuya definición o diseño la intervención autonómica queda limitada a una mera participación de la que se desconoce su alcance.
Se introducen nuevos supuestos en los que no procede la suspensión del suministro, y con independencia de la valoración positiva que pueda merecer desde la oportunidad política, y más aún desde la atención a las necesidades básicas de la
población más vulnerable, los requisitos que se establecen para su determinación como he dicho se insertan en materia de asistencia social. De ahí que para la elección de dichos criterios hubiera sido por lo menos necesaria la participación o la
intervención de las comunidades autónomas en la selección de los mismos.
Respecto al bono social térmico también entendemos que se regula lo que son ayudas de asistencia social. Vulnera la competencia asistencial de las comunidades autónomas y en los términos que se encuentra formulada resulta un poco inconcreta
en cuanto a su objeto. Por otro lado se elimina la figura del gestor de cargas, y este grupo es crítico con esta medida porque el Gobierno vasco, a través del EVE, ha realizado un importante esfuerzo en el impuso de un modelo de gestión de
infraestructura de recarga. Se otorga a cualquier consumidor la posibilidad de prestar servicios de recarga de vehículos eléctricos a título gratuito u oneroso, lo que abre la posibilidad de que esta actividad sea ejercida incluso por particulares,
pudiendo plantear problemas de liquidación de impuestos o incumplimiento de obligaciones fiscales si no se regula adecuadamente. Al indicarse que los requisitos que deberán ser cumplidos por los consumidores para prestar el servicio serán
establecidos reglamentariamente por el Gobierno se desconoce el alcance real que puede tener esta modificación. Desde nuestro punto de vista la recarga del vehículo eléctrico debiera ser analizada a nivel macro, tratando de definir herramientas
para que a futuro, cuando esté presente masivamente, no solo no constituya un problema para el sistema por su simultaneidad y larga duración, sino que pueda ser utilizada como una oportunidad para lograr una mejor integración de la energía
renovable. Esto solo se logrará -lo entendemos- si esta entrega de electricidad de forma muy diseminada es controlada de forma agregada, y para ello la figura del gestor de cargas para nosotros tenía todo el sentido. Además la actividad de carga
de vehículos eléctricos es actualmente una actividad liberalizada, y cada vez hay más empresas que están demostrando su interés por invertir. Si la actividad es prestada también por las distribuidoras en un contexto regulado, se intuye una
competencia a lo mejor desigual e injusta. Si las distribuidoras de actividad regulada pueden ser titulares de infraestructuras de recarga es necesario que esa actividad de recarga pasara a ser una actividad regulada, y ver qué implicación o coste
podría tener este hecho.
Con respecto al autoconsumo se recogen los efectos negativos de la legislación anterior, y también se reconoce esta figura para incentivar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, un real decreto que entre otras cosas establece
modalidades de autoconsumo suprimiendo barreras regulatorias. Además se incluye todo lo relativo a aquella proposición no de ley que aprobamos aquí los diferentes grupos políticos. Se prorrogan los permisos de acceso y conexión, que posibilitarán
la entrada en funcionamiento de los 9000 megavatios de potencia adjudicada. Por último hay que hablar de las medidas encaminadas a bajar el precio de la luz, que si bien entendemos que son importantes, habrá que ir más allá y buscar soluciones
definitivas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia; buenos días.
Este real decreto llega hoy aquí motivado por la extrema necesidad de realizar cambios en el mercado energético, cambios que hace mucho tiempo que tendrían que haberse producido y que generan la expectativa que muestra más la tribuna de
invitados que esta Cámara. Agradecemos de verdad a todas las personas que hoy quieren asistir a este debate y entendemos lo que quieren demostrar.
Desde Esquerra Republicana llevamos tiempo y muchas iniciativas presentadas con el objetivo de democratizar la energía, de reducir su precio, tanto para las empresas como para las familias consumidoras, y hacerla más limpia y sostenible. El
marco regulatorio actual hacía imposible que avanzáramos en este camino, pero hoy parece ser que damos un paso hacia ese objetivo, aunque lo que realmente necesitábamos era dar un salto. Lamento decepcionar a la ministra, hoy no vengo con símiles
musicales, a pesar de que me he pasado la noche buscándolos. Hoy, señora ministra, le damos nuestro sí, un sí crítico, que valora todos aquellos avances, pero que no pierde de vista todo lo que nos queda por conseguir, todo lo que nos queda por
andar. Lo que hoy nos presenta aquí son unos parches bien intencionados, unas medidas urgentes -entendemos que a cuenta- para atajar un problema que es insostenible y que es vergonzoso, como el encarecimiento del precio de la luz y sus terribles
consecuencias para la sociedad, sobre todo para aquellos consumidores más vulnerables. Usted presenta una serie de medidas fiscales para contener el precio de la electricidad, como la reducción del tipo de producción de electricidad temporal o la
desaparición del céntimo verde, aunque no debemos obviar que no se puede asegurar que el efecto real de la reducción de estos impuestos se traslade el consumidor, y en eso tendríamos que estar muy atentos en los próximos meses para ver cómo se
traduce.
Empecemos por la parte amable. Aplaudimos medidas como la supresión de trabas al autoconsumo, la limitación de la figura del operador de carga que conlleva la liberalización de la actividad o la apuesta por favorecer los contratos
colaterales. También contempla medidas para la protección de los consumidores vulnerables. Celebramos que se amplíen las condiciones de acceso para el bono social; que se incorpore, como es lógico y entendemos que no podría ser de otra forma, un
bono social térmico que se debe implementar con el máximo respeto a las pertinentes competencias autonómicas. Creemos que este sería el mejor momento para que en consecuencia enmiende usted el estropicio del PP también, ordenando retirar los
recursos al TC de leyes catalanes de pobreza energética y de cambio climático.
Volviendo al real decreto, señora ministra, nos quedamos a la puerta de muchas otras grandes cuestiones que no nos parecen menores. El gran asunto es el encarecimiento del precio de la electricidad, y mientras en su propuesta se recogen
medidas enfocadas a resolver un problema desde la vertiente puramente económico-fiscal, insistimos en que el problema va más allá, y viene favorecido por una falta de competencia en el sector eléctrico y por la no separación de actividades. Tampoco
observamos que se desarrolle la cuestión de las baterías, ni siquiera en el apartado del autoconsumo, y en cambio se abre la puerta al balance neto. También echamos de menos mayor protección al consumidor y su derecho a acceder a los datos, cosa
que no es baladí, y quizá una mayor apuesta por las energías renovables, porque no nos habla de promover las plantas pequeñas y medianas ni de cuotas por territorios, perpetuando así el gran modelo de la planta deslocalizada, y por tanto los costes
y las pérdidas de transporte las asume el consumidor. Como bien sabrá el acceso a la electricidad no es igual para todos. Por ello denunciamos el trato territorial discriminatorio hacia las empresas catalanas. Enhorabuena por las vascas qui sui
iuris aget nemo laedit, señoría. Pero debido a una estructura de peajes de acceso a las redes eléctricas injusta deben soportar sobrecostes, con el consiguiente impacto en la competitividad de estas empresas. El cambio de tarifa de alta tensión
que convierte las 6.1B en 6.2 supone un coste de 300 millones largos de
euros a las 3277 empresas catalanas que están conectadas a 25 kilovoltios, y sin ningún criterio técnico que lo sustente.
Cuéntenos, por favor, cómo va a arreglar este desaguisado por el bien de todos; cómo va a contestar a las justas demandas de Pimec o a la carta que ya debe conocer que le ha dirigido Antonio Abad, presidente de la Cecoc, y que se resume en
una frase: las redes de 24 kilovoltios, utilizadas desde principios del siglo XX en Cataluña, es decir, seguramente amortizadísimas varias veces, están penalizadas con más del 40% respecto a las redes de 30 y 36 kilovoltios. Por todo ello, y
aunque no lo pareciera, votaremos a favor de su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas que palien los efectos de esta medida que distorsionan, y de todas aquellas que creemos y que le hemos enumerado como insuficientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Compañeros, presidente.
Quiero primero recordar que, en la primera comparecencia de la ministra en Comisión, cuando terminó la comparecencia, me acerque para decirle: Gracias por venir a comparecer, señora ministra, y me dijo: espero que tengamos fair play en
esta legislatura. Fue lo que me dijo. Ante la llamada para hablar sobre este real decreto la verdad es que he de manifestar mi ingenuidad porque todo lo que me comentó me sonó bien. En la Comisión normalmente hablamos de música y la melodía
sonaba afinada, sonaba espectacular. De hecho no había ninguna nota disonante, pero luego, cuando vemos la trasposición del real decreto, comprobamos que poco tiene que ver con aquella llamada.
En la llamada o en las conversaciones con el ministerio se ha hablado de autoconsumo, se ha hablado de bono social, se ha hablado de energías renovables, se ha hablado de fiscalidad, y esa música suena muy bien. Fíjense, de lo que no se
habló -y es lo que empieza a hacer desafinar un poco a esa melodía- fue de la subida de los avales para las energías renovables, del peaje de energía reactiva de las distribuidoras, y de lo que no se habló de ninguna manera en esa conversación fue
del cuponazo eléctrico vasco, de eso no se habló.
Vamos a empezar a hablar de la parte afinada de la melodía, de esta canción que hoy estamos debatiendo. El bono social; estamos totalmente de acuerdo con su ampliación. Quiero recordar también que cuando se negoció entre el Partido
Popular, el Partido Socialista y nosotros el bono social este partido y esta persona solicitó que se incluyese también el bono social del gas, para lo cual tuve la negativa por parte de los dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, porque
decían que no era el motivo de esa negociación, que solo estábamos hablando de bono social eléctrico. Así que en ese caso y en lo que dispone el real decreto sobre el bono social no podemos más que estar de acuerdo. En cuanto a movilidad
sostenible Ciudadanos ha presentado una innumerable cantidad de iniciativas para fortalecer y promover la movilidad sostenible, máxime cuando estamos viendo los problemas de contaminación que estamos teniendo en las ciudades, y que si uno analiza la
huella de carbono de las ciudades e instalaciones verá que el carpool es el factor predominante. Hablamos de autoconsumo y estamos totalmente de acuerdo. Básicamente el texto que recoge el real decreto lo registró Ciudadanos en agosto de 2016, así
que por supuesto que estamos de acuerdo, aunque también tenemos que dejar clara una cosa, lo que se va a hacer ahora con el autoconsumo está bien, pero el objetivo es rediseñar la factura de la luz, porque si nuestra parte variable fuese solo
variable, nunca jamás hubiese existido el llamado impuesto al sol.
Ahora vamos a hablar de la parte de la melodía en la que empezamos a tener notas raras, todavía suena bien, pero empieza a haber notas que nos hacen pensar que algo está sucediendo. Medidas para fomentar la implantación de las energías
renovables. Totalmente de acuerdo, salvo en el punto en el que se multiplica por cuatro el aval que se necesita para las instalaciones. Es decir, que pasamos de 10 euros/megavatio a 40 euros/megavatio; se multiplica por cuatro. Esta medida hace
que todos los pequeños inversores o que la mayor parte de ellos se puedan quedar fuera. Algunos aquí hablan de democratizar la generación energética, pero si multiplicamos por cuatro los avales díganme quién va a poder acceder a esos concursos, a
esas subastas o a esas instalaciones.
Vamos a la fiscalidad. En la parte que nos suena bien está congelar el impuesto de generación, que también hay que dejar claro que lo que va a suponer la congelación del impuesto de generación es menos de lo que va a subir la factura
eléctrica este mes. Entonces, ni lo comido por lo servido, seguirá subiendo la factura. Pero es que el martes debatimos una iniciativa presentada por este grupo en la que se pedía
una auditoría junto a la CNMC de la factura energética. También pedíamos que se modificara la base imponible de determinados tributos como, por ejemplo, el impuesto de electricidad y también rediseñar la factura. Esta iniciativa fue votada
en contra por casi la totalidad de la Cámara, es decir, que cuando hablamos de que queremos bajar la factura de la luz y vamos a tocar la fiscalidad, a nosotros nos empieza a sonar bien, pero cuando hay que ir al fondo de la cuestión y debatir más
en profundidad, ahí manos arriba, nadie quiere tocar la fiscalidad no sea que se toque un impuesto que está sirviendo para financiar a las comunidades autónomas, y que donde debería estar no es en la factura de la luz, sino en la reforma de la
financiación autonómica. Pero no tienen tiempo. (Aplausos). La música rara suena también con la exención del impuesto de hidrocarburos para la generación eléctrica, eso nos parece bien, salvo que luego en los presupuestos introducen una subida
brutal al diésel para todos los pequeños consumidores. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Por un lado estamos diciendo que somos muy verdes y por otro lado asfixiando a la clase media trabajadora? La verdad es que no lo entendemos.
Ahora vamos a la parte que ya es estridente, señora ministra, y que, fíjese si es estridente, que ni siquiera está en la exposición de motivos del real decreto. No quiero pensar que se le olvidó o que no ha querido que esté en la parte
expositiva. Peaje de energía reactiva de las distribuidoras. ¿Esto qué quiere decir? Porque a veces nos ponemos con términos técnicos. Que se regala a las empresas distribuidoras unas facturaciones que deberían aportarse a los ingresos del
sistema. Eso es lo que significa. Pero vamos ya al summum, y es que utilizar el autoconsumo y el bono social para enchufarnos el cuponazo eléctrico vasco nos parece una vergüenza absoluta porque en este momento la industria vasca va a estar muy
contenta, pero al resto de la industria española le estará dando vueltas la cabeza. ¿Qué quieren que les diga? Si hablamos de industria, si aquí subimos a defender el I+D+i, a decir que tenemos que trabajar por el futuro, que España tiene un
potencial industrial, que hay que invertir en I+D+i porque generará empleo y luego hacemos esto y por la puerta de atrás, es difícil de explicar. Dígame usted la urgencia de esto. El decreto-ley es para cosas urgentes como el bono social, pero
creemos que al final se ha convertido este real decreto-ley en un cheque para pagar el apoyo a sus socios, que no digo que me parezca mal ni que no sea lícito, simplemente me parece un poco vergonzoso. Sumando estas dos medidas discriminatorias del
cuponazo eléctrico vasco, el Estado perderá 120 millones de euros al año. Creemos que hay una mala praxis legislativa que incluye cosas que no son urgentes.
Como ya he dicho, este real decreto-ley es un cheque. Si se pudiese votar en dos partes, señora ministra, votaríamos un sí rotundo al autoconsumo, al bono social, al fomento de las energías renovables y a reducir la fiscalidad de la factura
de la luz. A eso votaríamos un sí rotundo. Pero no podemos votar un sí rotundo ni al cuponazo eléctrico vasco ni tampoco a que al final solo puedan acceder algunas personas a esas subastas de energías renovables. Todo no vale. Entendemos que las
cuotas o las prebendas que tienen con los partidos que les han dado apoyo son altas, pero no conviertan un real decreto en un cheque para pagar los apoyos que tuvieron que tener por la fuerza para llegar al poder.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente. Buenos días, bon dia, ministra.
El sistema energético y la falta de planificación energética se han convertido en un problema para la sociedad española. Tenemos un sistema antisocial que es un problema para las empresas y que es ecológicamente insostenible. Y lo es
porque, junto al transporte, es uno de los principales generadores del incremento de los gases de efecto invernadero. La medida de la urgencia de la transición energética nos la daba el último informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Solo tenemos doce años para evitar un cambio climático catastrófico. El mundo científico exige cambios rápidos, profundos y sin precedentes. Sería una irresponsabilidad no escucharles. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la
Presidencia).
Decía que es un sistema antisocial porque tenemos una de las facturas de la electricidad más caras de Europa. Millones de personas viven atrapadas en el triángulo formado por los bajos salarios y los empleos precarios, una vivienda cara y
de muy baja eficiencia energética y una elevada factura de la luz, de la cual no se libran ni las familias vulnerables porque la política contra la pobreza energética acordada por el PP, PSOE y Ciudadanos ha fracasado estrepitosamente; solo cubre a
poco más de 700000 personas de los 4600000 personas que estaban protegidas por el anterior bono social. En España hay más
de 5000000 de personas, el 11% de los hogares, que no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda, y es un sistema que perjudica gravemente a las empresas. Ayer conocimos que Alcoa pretende cerrar sus centros de producción en
Avilés y A Coruña, con la amenaza de despido de casi 1500 trabajadores y trabajadoras entre empleos directos e indirectos, a los que queremos expresar toda nuestra solidaridad y apoyo. (Aplausos). Entre otros problemas, como la falta de inversión
para garantizar la competitividad, esta empresa concentra dos de los más graves problemas que tenemos como país: la falta de política industrial y el precio de la energía, el 70% de sus costes de producción y, hay que decirlo, un modelo de ayudas
públicas incondicionales a las empresas, sin contrapartidas, que hay que cambiar.
Por el impacto social y económico de la energía es necesario tomar medidas urgentes y eficaces ya, medidas que echamos en falta en este real decreto-ley. Hablando de política industrial, este real decreto incorpora una medida fruto de la
negociación política: la eliminación de la tarifa 6.1 B. Esta decisión beneficia a 1250 empresas. Miren, nosotros preferimos hablar de empresas y trabajadores y trabajadoras, no de territorios. Y también hay que decir que deja en desventaja
competitiva a más de 4500 empresas que están pagando sobrecostes por estar mal encuadradas. Aquí nosotros también preferimos hablar de empresas y de trabajadores y trabajadoras, no de territorios. No puede ser que se establezcan tarifas eléctricas
a medida o fruto de pactos, en eso cayeron Gobiernos tanto del PSOE como del PP. Es necesaria una política energética e industrial coherente, no soluciones parciales sino globales, para evitar agravios de cualquier tipo.
Este real decreto-ley es un pequeño paso en pobreza energética, un parche para bajar precios y un gran avance en autoconsumo, pero es un avance muy incompleto porque no se aborda el problema de fondo, que es el gran poder que sobre el
mercado tienen las grandes empresas que mantienen situaciones de privilegio, cuestiones que sí se abordan en el acuerdo de presupuestos suscrito por nuestro grupo y el Gobierno, donde se plantean soluciones estructurales para resolver el problema de
los precios de la electricidad, proteger a las personas vulnerables y avanzar en la transición energética. Decía que es un pequeño paso en materia de pobreza energética, porque ¿qué sentido tiene que familias adineradas, por el hecho de ser
numerosas, puedan aplicarse descuentos del bono social, cuando el criterio fundamental tendría que ser el de la renta de la unidad familiar? ¿Por qué las comercializadoras del oligopolio continúan con el privilegio de la gestión del bono social y
no lo pueden otorgar, por ejemplo, comercializadoras municipales o cooperativas? ¿Por qué las empresas no asumen todo el coste del bono social? ¿Por qué tenemos que pagar de los Presupuestos Generales el bono social térmico? ¿Por qué no se aplica
de una vez el principio de precaución: ningún corte de luz sin autorización de los servicios sociales a todas, todas las personas vulnerables? ¿Por qué España no puede hacer como Portugal, donde se accede al bono social de forma automática y con
independencia de la empresa con la que se tenga contratada la energía? El Gobierno se ha comprometido con nuestro grupo a una reforma estructural del bono social para resolver estas cuestiones.
El real decreto-ley es un parche para reducir el precio de la electricidad. La electricidad es cara en España por la enorme dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y la aún baja penetración de renovables y por un mal diseño de
mercado fruto de decisiones políticas y regulatorias equivocadas que benefician a las grandes empresas. Tenemos el mercado de los milagros, centrales nucleares e hidroeléctricas sobradamente amortizadas en un marco regulatorio anterior que son
retribuidas al precio de la energía más cara que entra en el mercado; son los llamados beneficios caídos del cielo, pagamos sardinas a precio de caviar. Por eso, en el acuerdo de presupuestos se establece que se tomarán las medidas necesarias,
como poner un límite máximo a la energía producida por la hidráulica y la nuclear, para acabar con estos beneficios injustos e injustificados que están en la raíz del problema.
Para terminar, el real decreto-ley es un gran avance con la eliminación de las trabas al autoconsumo. Por fin terminamos con la vergüenza del impuesto al sol. (Aplausos). Por fin se reconoce el derecho de la ciudadanía a producir su
propia energía. El Gobierno anterior presentaba el autoconsumo como una excentricidad de ricos que traería un sinfín de desgracias al sistema energético. Este Gobierno tenía una política anacrónica, con trabas de todo tipo para impedir el
desarrollo del autoconsumo y además antieuropea. Las nuevas normas de la Unión Europea ilegalizan el impuesto al sol, los cargos indiscriminatorios al autoconsumo y garantizan el derecho a que el excedente de energía vertido a la red sea retribuido
de forma justa. Esa parte del real decreto-ley la sentimos también nuestra, como también los otros grupos parlamentarios que apoyaron la proposición de ley de fomento del autoconsumo, que fue una iniciativa de la sociedad civil; de una sociedad
civil que tiene el mérito de que hoy deroguemos el impuesto al sol; de las organizaciones de ecologistas, sindicales, empresariales, de ayuntamientos, que
han trabajado incansablemente por el derecho de la ciudadanía a producir energía. Porque no se trata solo de cambiar de tecnologías, sino de cambiar de modelo, de pasar de un modelo centralizado, controlado por el oligopolio, a un modelo
distribuido, descentralizado, democrático, con la participación de pequeñas empresas, de cooperativas, de la ciudadanía y de los ayuntamientos que, como el de Barcelona, ya han desconectado del oligopolio creando su propia comercializadora. Por eso
es fundamental el impulso que se da en el real decreto-ley al autoconsumo compartido, que comunidades locales puedan generar y consumir su propia energía.
Para terminar, vamos a votar a favor de este real decreto-ley, porque a pesar de ser solo un paso, los grandes viajes siempre empiezan con un pequeño paso.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora ministra.
Señorías, hoy comienza una nueva etapa para la política energética en España. El real decreto-ley que ha presentado la ministra Ribera forma parte de una estrategia nítida para cambiar la situación de inmovilidad e incluso de regresión
imperante hasta junio de 2018. En tan solo cuatro meses muchas son las cosas que han cambiado para el sector energético, este sector estratégico. Si bien es cierto que se trata de un decreto de medidas urgentes, es decir, de medidas paliativas y a
corto plazo, no es menos cierto que apuntan hacia un modelo muy concreto de política energética que se plasmará, como ya ha anunciado la ministra, en el Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Porque sí, señorías, aunque resulte difícil de entender para la coalición de la inacción del Partido Popular y de Ciudadanos, se puede trabajar al mismo tiempo el corto, el medio y el largo plazo, y eso es lo que este Gobierno está haciendo desde
que echó a andar. Y es que esa es la misión de un Ejecutivo, dar soluciones a los problemas que existen, o al menos intentarlo, en lugar de describir y radiar la realidad como si fuese inamovible, que es la actitud a la que veníamos estando
acostumbrados.
Este real decreto está lleno de acciones inmediatas, pero también de señales de futuro. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido cuáles son las claves y está trabajando para avanzar hacia un modelo económico y de sociedad más sostenible,
más solidaria y más justa. En el real decreto-ley se vislumbran varias prioridades de la agenda: el abaratamiento de los costes de la electricidad, la protección de los consumidores vulnerables, el impulso al autoconsumo y al vehículo eléctrico y
la facilitación para el cumplimiento de los objetivos de energías renovables. Es cierto que moderar los precios de la electricidad requiere de reformas más profundas, todos hemos estado de acuerdo esta mañana en esa reflexión, pero las medidas que
refleja este real decreto-ley van a poder reducir la factura eléctrica entre un 3% y un 20%, cifras nada desdeñables en un contexto de volatilidad de los precios sujetos a causas exógenas. En este contexto había dos opciones: seguir buscando
excusas para no actuar, echar la culpa a la coyuntura del momento y lavarse las manos o analizar en profundidad en qué elementos se podía actuar y tomar decisiones para actuar sobre ellos, y eso es lo que ha hecho este Gobierno, de nuevo acción
frente a pasividad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por otro lado, y ante el récord de desigualdad social y de pobreza infantil que dejó el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno socialista se está empeñando de manera integral en reducir la enorme brecha que recibimos como herencia, y
abordarlo de manera integral significa que todas las políticas sectoriales pueden aportar a la lucha contra la desigualdad, también la política energética. El bono social eléctrico ampliado a colectivos que habían quedado fuera y el nuevo bono
social térmico son un ejemplo de protección real a los consumidores más débiles.
Por otro lado, este real decreto-ley termina con el incomprensible freno al autoconsumo. Nadie puede entender el empeño del Gobierno del Partido Popular español -porque el Partido Popular europeo sí lo ha entendido y lo ha votado
favorablemente en Europa- de impedir el desarrollo del autoconsumo en España, esa cerrazón para entender que los cambios tecnológicos son los que cambian la sociedad, los que cambian la economía. No podemos resistirnos a esos cambios, sobre todo
cuando mejoran la vida de la gente. Es incomprensible la actitud del Partido Popular y es incomprensible que sus aliados, Ciudadanos, a pesar de venir aquí a sacar pecho por las iniciativas que presentan, hayan estado apoyando y bloqueando durante
estos últimos años que el impuesto al sol se eliminase por parte del resto de los grupos políticos que estábamos de acuerdo en ello. (Aplausos). Por tanto, señores de Ciudadanos, quien no ha escuchado ahora todas sus propuestas ha sido el Partido
Popular, al que ustedes votaron y apoyaron en todas sus
decisiones. Aclárense, céntrense y encuentren de una vez por todas el hueco que han perdido en esta Cámara, porque ahora mismo no lo acaban de encontrar. (Aplausos).
Señorías, el autoconsumo supone un cambio, una disrupción, si quieren, en el modelo actual bidireccional entre productores y consumidores. Pero, como les decía, es un cambio a mejor. Contribuirá a reducir las emisiones; a mejorar la
eficiencia energética; a abaratar los costes energéticos; a generar tejido empresarial; a generar empleo; a fijar población al territorio; a poner a la ciudadanía en el centro del sistema de forma activa. Tengo grandes dudas de que alguna vez
el Gobierno anterior haya cuantificado el valor económico de todas estas externalidades positivas. También tengo grandes dudas de que en algún momento se haya valorado el coste de las múltiples externalidades negativas, que se haya calculado, por
ejemplo, cuánto le ha costado y le va a costar a este país la inseguridad jurídica generada por sus decisiones, por las decisiones del Partido Popular. Señorías, el real decreto también desbloquea la situación respecto a la adecuada expansión del
vehículo eléctrico. No es posible que haya una penetración de este tipo de vehículos si no existe una infraestructura de recargas adecuada; efectivamente, no es la única propuesta, pero sí es imprescindible para empezar a andar y, por tanto, para
incentivar la compra de este tipo de vehículos por parte de la ciudadanía.
Señorías, esta iniciativa del Gobierno que debatimos hoy recoge el sentir general de la ciudadanía que quiere cambios; el de los ciudadanos más vulnerables que necesitan reducir sus gastos de la factura energética; el de los sectores
empresariales que exigen certezas para poder invertir; el de los consumidores que no quieren más abusos; el de las administraciones locales y administraciones autonómicas; el de las organizaciones sociales y personas preocupadas y concienciadas
respecto a su aportación colectiva e individual a la lucha contra el cambio climático. Este real decreto-ley es el inicio de una gran transformación que el ministerio está iniciando con todos y no contra todos, como había venido ocurriendo,
utilizando como instrumentos el diálogo y la confianza entre todos los agentes implicados.
Doy las gracias a todos los grupos que van a apoyar esta iniciativa, porque juntos seremos capaces de hacer la transformación necesaria en el modelo energético en este país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidenta.
Señora Lucio, siendo usted aquí diputada aplaudió la política energética del señor Rodríguez Zapatero, un 70% de incremento en las facturas solamente entre 2007 y 2011. Estaba usted aquí aplaudiendo esa política energética. ¿Cómo puede
usted hablar de inacción si quien ha estabilizado el sistema eléctrico español ha sido el Gobierno del Partido Popular, que es el que ha conseguido que haya superávit en el sistema eléctrico español? (Aplausos).
En 2011 se encontró el Gobierno del Partido Popular 27000 millones de euros de déficit; 27000 millones de euros. Si no hubiésemos hecho nada en 2012 serían 10000 más, y así sucesivamente. Solamente pagamos en deuda 2500 millones de euros
al año en la factura; de ellos, 800 en intereses. Señora Lucio, creo que ya hemos dicho muchas veces que en esta materia deberíamos ser un poquito más rigurosos porque estamos hablando de la palanca de cambio, transformación y crecimiento de la
sociedad española que es la energía. Por tanto, un poquito más de rigor.
El Partido Popular es un partido con vocación de diálogo. Hemos demostrado con la constitución de la Comisión de expertos para la elaboración del Plan de energía y clima que contamos con todos; hemos demostrado con el bono social que
contamos con todos los grupos; con la Ley de Cambio Climático, que se escuchó a todo el mundo. Por tanto, esta reforma energética que pretende la señora ministra debería también contar con nosotros. Porque la política energética va más allá de
una legislatura, va más allá de un Gobierno, va más allá de una generación y, por tanto, si tiene vocación de permanencia, debe contar con todos y principalmente con la fuerza política mayoritaria en esta Cámara, que es el Partido Popular.
Deberían tener terror al déficit. En el real decreto que nos ha traído hoy ya establece la disposición adicional primera que se contempla un déficit estimado de 900 millones de euros. ¿Pero no han aprendido? ¿Pero es que no han aprendido?
¡900 millones de euros para 2018 y 2019! Además, generan incertidumbre, puesto que este decreto es provisional; es decir, es de extraordinaria urgencia y necesidad, lo aprobamos aquí, pero es para dentro de seis meses. A ver si ya para entonces
sabemos cómo vamos a reducir la tarifa. Porque, por cierto, desde que tenemos nuevo presidente del Gobierno ha subido la luz un 10%, y
llevan 100 días, un 10%. Por tanto, menos incertidumbre y más trabajar con aquellos que experiencia tienen y han demostrado capacidad para solventar las dificultades que tiene el sistema eléctrico.
Además, contamos ahora con la nueva política del efecto anuncio; el efecto anuncio del diésel que afecta a diecisiete millones de conductores y que tiene como efecto secundario que, por ejemplo, la mayor fábrica del País Vasco, Mercedes, se
plantee a partir de mañana paros para 3500 trabajadores; el efecto anuncio de una posible subida de tarifa que trae consigo que Alcoa cierre dos plantas, una en Asturias y otra en Galicia, por ejemplo. ¿Y por qué saco este tema a colación? Porque
usted sabe, señora ministra, que es una de las responsables de la subida del CO2, que es una de las principales causas de la elevación de los precios, puesto que usted es partidaria de que el CO2 cueste más y que, por tanto, cueste más generar
energía eléctrica en nuestro país. Es usted partidaria de ello. Aquí hay un problema de velocidad, lo hemos hablado muchas veces. Nosotros somos partidarios de acomodar la transición a las necesidades de las familias, a su bienestar, y que se
puedan acomodar las industrias, para así evitar que exista desempleo. Pero aquí nos encontramos con gobiernos que siguen apostando por la ideologización de las tecnologías: tecnología de izquierdas, tecnología de derechas, y ese no es un
planteamiento adecuado en este caso.
Mire, más allá de los juicios de valor, con respecto al autoconsumo, nosotros creemos que la situación actual de estabilidad del sistema permite la entrada de nuevos agentes, es cierto. ¿Que la energía solar es el futuro? Estamos
totalmente de acuerdo, pero tenemos dudas, como también las tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del volumen de autoconsumo que somos capaces de asumir o de qué va a suponer esto para aquellas familias que no tengan
capacidad económica o física -en este caso la dimensión de su hogar-, capacidad para autoconsumir y que, por tanto, se pueda producir una transferencia de renta entre quien puede y quien no puede. Por tanto, tenemos dudas en ese sentido.
En cuanto a la energía renovable, se pone en duda el trabajo del Partido Popular un día sí y otro también. Por eso, volvemos a responder en este sentido. Las subastas de 2016 y fundamentalmente las de 2017 introdujeron en la red -o mejor
dicho, van a introducir a partir de 2020, si no hacen nada que pueda impedirlo- 9000 megavatios de energía renovable sin coste alguno para el consumidor. Es decir, en 2007 y 2008 se introdujo una energía fotovoltaica que estaba aún inmadura a 450
euros el megavatio, y esta que se introduce a partir 2020 es a 32. Por tanto, la velocidad consideramos que es muy relevante.
Vemos también que a veces aciertan, y ahí nos alegramos, nos congratulamos, por ejemplo, con la supresión del 7% de la generación eléctrica, que llevábamos en nuestro programa electoral y que presentamos previamente como proposición de ley.
Lo que pasa es que ustedes lo hacen por seis meses y nosotros queremos que sea permanente, como así está establecido en nuestra proposición de ley. Establecen también la supresión del céntimo verde pero solo para el gas; es decir, hay una
tecnología del gas que sí se merece la supresión del céntimo verde y el carbón no. Por tanto, una vez más, ideologizando tecnologías y creando marcos referenciales en los que hay tecnologías de izquierdas y de derechas. Eso solo pasa en España y
no es por culpa del Partido Popular. También nos copian en el coche eléctrico. Ustedes se inventaron la figura del gestor de carga, fueron ustedes los que dificultaron su desarrollo y ahora vienen y lo suprimen, claro, después de que el Partido
Popular haya presentado una proposición de ley en ese sentido. Por tanto, cuando nos copian es verdad que ustedes aciertan. (Aplausos).
Como estamos muy comprometidos en que la movilidad sostenible, en este caso la eléctrica, contribuya a la reducción de emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades -estamos totalmente de acuerdo con eso y en que es conveniente
además facilitar el despliegue de las instalaciones de carga-, nos preguntamos por qué teniendo los Presupuestos Generales del Estado en los que se aprobaron 66 millones de euros -50 en su ministerio y 16 en el Ministerio de Economía- aún no hayan
tomado la decisión de apoyar la compra de nuevos vehículos y además de proveer de mayores centros de recarga, porque tienen esa capacidad.
Con respecto al bono social, nada que decir. Nos encontramos con el Partido Socialista que ahora está de acuerdo con nuestros baremos e incluso elevan sus propios baremos. Nos parece fenomenal, pero lo que sí quiero dejar muy claro en esta
casa es que en 2009 se introdujo el bono social y hasta que llegó el Partido Popular no quedó fijo porque hubo una sentencia que dejaba a los más desfavorecidos sin bono social, hasta que el Partido Popular cambió la legislación.
En definitiva, nosotros tenemos muchas dudas acerca del desarrollo de este texto, por ejemplo -voy terminando ya-, con el bono térmico. Se habla de 25 euros por familia y les invito a que hagan ustedes una reflexión: cuántos meses tiene el
invierno y a 25 euros por familia no hace falta que continúe
explicándoles qué significa, además, en unos presupuestos que no están aprobados, no sabemos la cantidad ni siquiera sabemos cuál va a ser la metodología para el reparto de ese cheque. Si ustedes quieren que la energía no sea un freno y sea
una palanca para el crecimiento y la generación de empleo -porque además estamos en transición, es verdad, y eso constituye una oportunidad, con nuevas industrias y nuevos intercambios-, si están en esa idea y no es retórico, pueden contar con
nosotros, pero si afrontan ese reto en solitario, le puedo garantizar que las posibilidades de fracaso son muy altas, como demuestra la experiencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchísimas gracias, presidenta.
Quería simplemente dirigirme a sus señorías para agradecer los apoyos y el entendimiento de este decreto-ley, complejo pero importante y urgente, y confirmar la convicción y la disponibilidad del Gobierno para trabajar a fondo en las medidas
estructurales con todos ustedes. Es un tema de crucial importancia para España, no solamente desde el punto de vista ambiental, desde luego también lo es desde el punto de vista económico, social e industrial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 125/000016).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto, al relativo a la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Para la presentación de la iniciativa, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en
primer lugar, el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, buenos días, representantes del tercer sector, del Cermi, de la Fundación ONCE, de Salud Mental, de Down España, de Plena Inclusión, representantes de todo el tercer sector de la discapacidad y de la salud, muchísimas
gracias y enhorabuena por este gran logro, esta gran conquista social, y también a todos los diputados aquí presentes enhorabuena.
Esta reforma legal me evoca cuatro sustantivos: dignidad, plenitud, homenaje y legado. Dignidad, porque mejoramos como sociedad política y socialmente, y devolvemos la dignidad a personas con discapacidad intelectual que no han podido
votar y también devolvemos un poquito de dignidad a nuestra condición política tan maltrecha. Plenitud, porque setenta años después de la Declaración de los Derechos Humanos representamos los valores de esa declaración y hoy la plenitud de la
sociedad española va a poder votar. Y un homenaje, porque de todos los actos conmemorativos del 40.º aniversario de la Constitución española este, seguramente este, sea el más relevante porque todos los hombres y mujeres en la sociedad española
podrán participar de la fiesta de la democracia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Ese es el mejor homenaje que podemos dar con esta reforma legislativa.
Por último, el legado. De esta histriónica, por decirlo de alguna, XII Legislatura, que es esta, el mejor legado posiblemente sea este punto del orden del día que vamos a votar en este momento. Personalmente ha sido un honor ser diputado y
haber logrado humildemente dos grandes conquistas sociales: una, conseguir, a iniciativa de Unidos Podemos y de Unión del Pueblo Navarro, que logramos que la Comisión
de Políticas Integrales de Discapacidad tuviese rango legislativo; dos, haber sido el primer partido político que registraba en esta Cámara, el pasado 17 de febrero de 2017 -hace ya año y medio-, esta reforma de la Loreg.
Por tanto, enhorabuena a todo el sector y enhorabuena a la sociedad española.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Egun on. Buenos días a todos y a todas.
Hoy damos un paso importante en el reconocimiento del derecho de sufragio para todas las personas con discapacidad, pero no damos el paso definitivo, no lo hacemos con todas las garantías. Es que el texto inicial respondía perfectamente a
las exigencias de la Convención de Naciones Unidas, en el sentido de garantizar que no se privará a nadie de su derecho al voto y, en todo caso, a las personas con discapacidad se les ofrecerán los apoyos necesarios para asegurar el ejercicio de ese
derecho en condiciones adecuadas. Sin embargo, el texto que aprobamos hoy deja un resquicio a una posible limitación, que además no se sabe muy bien quién y cómo podría ejercer. Ello se hace para que el Partido Popular no quede fuera de la foto,
un PP que durante toda la tramitación ha intentado convencer al resto de que había que establecer alguna limitación. Por ello intentaron convencernos de que no se limitaba en absoluto, pero nos seguimos preguntando: si eso fuera cierto, ¿por qué
tenemos que aprobar un texto que genera dudas, que deja una puerta abierta a la limitación, si la voluntad no es tal? ¿Y por qué no aprobamos un texto que no deja lugar a dudas y que cumple escrupulosamente con lo que dice la convención? Se
argumenta en un apenas inexistente e hipotético caso de personas que pudieran votar no conscientemente, no libremente o no voluntariamente, riesgo que de existir es mínimo y no se limita a los discapacitados, ¿o acaso el resto lo certificamos de
alguna manera y no somos manipulables? ¿Por qué exigir a las personas con discapacidad aquello que no se nos pide al resto, que ni siquiera debemos demostrar al emitir el voto si sabemos leer o escribir? ¿Cómo acabar con una discriminación si
abrimos la puerta a establecer nuevas discriminaciones? Nadie pudo convencernos de que nos equivocábamos en el debate y, aunque con dudas, todos los grupos, excepto Euskal Herria Bildu y ERC, votamos en contra de la enmienda del PP, que es lo que
votamos definitivamente hoy.
Hechas estas apreciaciones y con serias dudas al respecto, pero convencidas de que esto es mucho mejor que seguir limitando un derecho fundamental a miles de personas, como se venía haciendo, votaremos a favor y esperamos no tener que
decirle a nadie en un futuro que teníamos razón. Esperamos que se acabe aquí el largo camino por el reconocimiento de sus derechos, el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad. Por ellos y por ellas votamos hoy que sí.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra también por el mismo grupo el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de Cermi y de tantos y tantos colectivos con luchas compartidas a favor de la consolidación de los derechos fundamentales. Hoy damos un paso muy importante, hoy damos un paso histórico en
la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, con enfermedades mentales y con deterioro cognitivo. Hoy perfeccionamos y hacemos madurar la democracia para más de cien mil personas. Hoy cumplimos con deberes pendientes desde el año
2008 cuando España adoptó la Convención de Naciones Unidas para la protección y fomento de los derechos de las personas con discapacidad; estábamos obligados a ello, pero también estamos convencidos de que se debía reformar la Ley electoral para
hacer posible el voto de todos los ciudadanos. Hoy hemos acertado en la fórmula con la contribución de todos los grupos: el derecho de sufragio activo manifestado de forma consciente, libre y voluntaria cualquiera que sea el soporte para
comunicarlo y con los medios de apoyo que se requieren. Esta es la propuesta. Hoy hacemos aquello que Reino Unido, Suecia, Letonia, Italia, Holanda o Croacia -para hacer referencia solo a países de la Unión Europea- ya han hecho, que es afrontar
la dignificación del derecho a voto de todos los ciudadanos. Y dejo dicho: si hemos sido capaces de construir este consenso en el respeto a la Ley electoral y a la consolidación del derecho a voto de todos los ciudadanos, si en esta Cámara todo el
mundo está convencido de que no existen disminuidos sino personas con discapacidad, evidentemente la votación de hoy nos convoca a otros consensos posibles de futuro.
No suelo expresar sentimientos desde la tribuna, pero les tengo que decir que hoy estoy feliz porque este Parlamento debe felicitarse por el paso que ha dado y por la consolidación de los derechos de todas las personas. Hoy el Parlamento ha
estado muy cuerdo a favor de la inclusión, a favor de la responsabilidad de todas las personas, y con esta decisión seguro que también haremos un sociedad más cuerda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos el dictamen de la Comisión Constitucional por el que se aprueba la modificación de la Loreg, la Ley Orgánica 5/1985, a fin de que las personas discapacitadas no tengan impedido su derecho al sufragio activo por las causas
contenidas en la letras b) y c) de su apartado 1 del artículo 3, es decir, los declarados incapaces por sentencia judicial firme y los internados en hospital psiquiátrico con autorización judicial, siempre que el juez declare la incapacidad para el
ejercicio del derecho de sufragio. Acordamos también la aprobación de una disposición adicional por la que, tras la entrada en vigor de la ley, quedarán sin efecto las resoluciones judiciales que en aplicación de los preceptos ahora derogados
hubieran limitado el ejercicio del derecho de sufragio a personas concretas. Asimismo, se introduce otra modificación en el actual apartado 2 del artículo 3 al que se da una nueva redacción, en la que se recoge el principio de que toda persona
podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.
Esta reforma, de la que nos congratulamos profundamente y cuya iniciativa provino de la Asamblea de Madrid, viene así a dar un mejor cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo de 2006, ratificados por España en 2008, que propugnan el derecho de igualdad de estas personas en el disfrute de todos los derechos humanos y fundamentales, entre los que se encuentran los de participación plena en la sociedad y
singularmente el de sufragio en condiciones de igualdad.
También con esta reforma se atiende a las recomendaciones del comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en el examen al que sometió a España en 2011. Asimismo, con esta reforma se atienden las peticiones de Cermi,
muy preocupado con una discriminación que impedía votar a más de cien mil personas con discapacidad en España y que se ha felicitado por el importante esfuerzo realizado por los grupos parlamentarios de la Comisión Constitucional en busca del
consenso en favor de muchos hombres y mujeres que se encontraban en el ostracismo democrático y que a través de esta reforma -decía Cermi- ven realizado su Ítaca llamada inclusión.
Señorías, nos encontramos ante un grupo vulnerable, un colectivo que, como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido objeto de prejuicios con consecuencias a largo plazo que han provocado su exclusión social. Hoy estamos en el
buen camino aprobando esta proposición de ley orgánica, dando un paso importante y haciendo que parte de nuestros conciudadanos que hasta hoy se encontraban excluidos del derecho a la participación política en la vida pública puedan hacer efectivo
este derecho fundamental y hacer posible su inclusión social en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Señorías -y voy finalizando-, creo que hoy es un gran día que quizá pudo haber llegado antes y del que todos podemos sentirnos
orgullosos.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. Bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
En primer lugar, desde Esquerra Republicana queremos saludar y agradecer el trabajo y la estrecha colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, así como el del resto de representantes de las instituciones y
entidades que trabajan, la mayoría de manera altruista, día a día para mejorar la vida de todas las personas.
Hoy es un día importante para el conjunto de la sociedad, ya que estamos a punto de aprobar una iniciativa que tiene como objetivo la ampliación de derechos de un grupo de casi cien mil personas que ha sido víctima de exclusión y
discriminación tanto por parte de la propia sociedad como de los poderes
públicos. Se trata de una larga lucha y reivindicación social que ha sido ignorada a lo largo de estos años por una clara falta de voluntad política de los partidos españoles y los prejuicios existentes que han impedido que hasta el día de
hoy no se haya podido votar en sede parlamentaria una modificación de la Loreg, aprobada en 1985, para reconocer un derecho tan básico como el derecho de sufragio a los ciudadanos con discapacidad y poner fin a su reiterada vulneración.
El artículo 29 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los países deben garantizar la igualdad de participación en la vida pública y política, incluso el derecho al voto, a ser candidato
a elecciones y a ocupar puestos públicos; convención que España ratificó hace justo una década, aunque sorprendentemente solo ha aplicado los acuerdos parcialmente. Pero España volvió a obviar las recomendaciones y advertencias del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en 2011, así como el artículo 14 de la Constitución.
A pesar de que en su momento votamos en contra de la enmienda del PP por considerarla incompleta, hoy aprobaremos esta iniciativa que permitirá a 100000 personas ejercer su derecho de voto. Así pues, es responsabilidad de todos los aquí
presentes garantizar este derecho y el de la participación política en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad y acabar de una vez por todas con esta tremenda injusticia. Sin embargo, no podemos olvidar que todavía queda
mucho camino por recorrer para que todas las personas, sea cual sea su discapacidad, puedan votar y participar en igualdad de condiciones. De este modo aprovecho mi intervención para emplazar a todas las fuerzas políticas a continuar trabajando en
esta línea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente Giménez.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Antes de empezar mi intervención me gustaría no solo saludar sino reconocer y agradecer su labor a los asistentes de la tribuna en el día de hoy, a agentes de la sociedad civil e impulsores de numerosas iniciativas políticas, esta entre
ellas, fruto de su labor en rectificar injusticias para con las personas más vulnerables de esta sociedad, pero que poco a poco vamos corrigiendo. (Aplausos). Personas y entidades como Luis Cayo y Jesús Martín, de Cermi Estatal, representantes de
Cermi Madrid, Autismo España, Plena Inclusión, Plena Inclusión Madrid, Salud Mental, Cocemfe, Down España, Femaden, Fesorcam, ILSE y demás agentes de la sociedad civil hoy presentes en la tribuna, personas -discúlpenme si me olvido de algún nombre-
como Mayte, Enrique, Mariano, Javier, María Jesús, Silvia, Juan José, Ana María, Raquel, Antxo... Bienvenidos y gracias.
Señorías, permítanme que les cuente una historia, la historia de Kiko. Kiko es uno de los cien mil casos en España que durante mucho tiempo han sido privados de su derecho a ejercer el voto como cualquier otro ciudadano. En 1998, cuando
tenía dieciocho años, un juez decidió que no tenía capacidad para votar y le incapacitó. Fueron pasando los años y las elecciones y cada vez Kiko tenía más ganas de votar. A Kiko le interesa la política, tanto que es representante de las personas
con discapacidad en su asociación. En el año 2012 su familia y él decidieron pedir que se revisara su incapacitación para recuperar el derecho fundamental al voto. Era una situación extraña. Kiko es una persona responsable, sensible y
comprometida, colabora de voluntario en la Cruz Roja, pero cuando llegaban las elecciones Kiko, como otros muchos, se tenía que quedar en casa y ver el resultado por la televisión sin poder haber participado de la llamada 'gran fiesta de la
democracia'.
No todas las personas que no pueden votar recurren su sentencia, primero porque no lo pueden hacer ellas mismas y necesitan el permiso de su familia o de su tutor, y segundo porque es un proceso largo, difícil y costoso. A Kiko, por
ejemplo, el juez le hizo un examen para que demostrara si tenía conocimientos para poder votar. Le preguntaron el nombre de algunos ministros y otras cuestiones como, por ejemplo, qué es el IVA. ¿Les parece justo, señorías, que hagan examen a
personas como Kiko y no al resto de ciudadanos?
Por esto y por muchas cosas es tan importante que hoy nos pongamos de acuerdo para cambiar la Ley electoral y que todas las personas que están en la situación de Kiko recuperen su derecho legítimo al voto. (Aplausos.-Muestra un folio con el
eslogan: Mi voto cuenta). Como ya se ha dicho, son más de cien mil personas en toda España las que no pueden votar aún y están pendientes de lo que hoy hagamos aquí para poder votar el año que viene. Démonos prisa, señorías, démonos prisa. En
las elecciones de
2015 muchas personas en la misma situación de Kiko creyeron que iban a poder votar y acabaron haciendo una concentración en la puerta del Congreso, pero no se hizo y no llegamos a tiempo.
Es justo reconocerlo, es gracias al Cermi y a su petición al Defensor del Pueblo en 2016, que fue ese germen necesario tras años de demanda social para recuperar este derecho fundamental y salir de esa muerte social y legal, contraria, como
se ha dicho por los ponentes anteriores, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como dice en su artículo 29, o a nuestra Constitución española, artículos 23, 14 o 49. Pero lo que es más
importante, y porque es de justicia, simplemente, como dije en mi intervención el 7 de noviembre de 2017 en esta misma tribuna, cuando fue la toma en consideración, tras recoger la demanda de la Asamblea de Madrid y de manera unánime por cierto, mis
compañeros al frente del área social, de la discapacidad y la diversidad funcional Tomás Marcos y Alberto Reyero realizaron una magnífica labor, y desde aquí les doy las gracias públicamente. Es un honor trabajar y aprender de vosotros todos los
días. (Aplausos).
Pues aquí, en esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, esperamos lo mismo. Hace apenas unos meses se inició la ponencia y los trabajos parlamentarios en los que, desde mi grupo, mi compañero, Marcial Gómez, ha realizado una
excelente labor. Desde aquí también quiero darte las gracias por permitirme el honor de intervenir en este debate de una de las asignaturas pendientes que tenía nuestra democracia hasta el día de hoy: garantizar la participación política en
igualdad de todas las personas, tengan estas discapacidad o no. La injusticia, la desconsideración, la pereza o el olvido no podían ser el aliado para olvidarnos, señorías, nosotros, los legisladores, de estas personas. La participación plena en
la vida pública y política no puede estar en cuestión; en este asunto vital no debería de haber ideologías ni partidos. Esta iniciativa no es del Partido Socialista, no es de Unidos Podemos, no es de Ciudadanos, no es del Partido Popular ni del
PNV ni del Grupo Mixto, es de toda la sociedad española aquí representada. Unanimidad, señorías; es lo que exige la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Arévalo Caraballo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidenta.
Hoy avanzamos en democracia, hoy avanzamos en derechos humanos, hoy cien mil personas reconquistan el derecho a voto en nuestro país. Este avance, que ha tardado mucho en llegar, lo hace tras una lucha permanente del movimiento social de la
diversidad funcional. No hemos sido los partidos políticos los promotores; el mérito es vuestro. (Aplausos). El mérito una vez más es de la sociedad civil organizada. Gracias por no dejar de empujar; gracias a Plena Inclusión por su campaña Mi
voto cuenta; gracias a Cermi por poner encima de la mesa esta propuesta de reforma de la Ley electoral y gracias, especialmente a Jesús Martín Blanco, que nunca se cansa, que nunca se rinde y que todos los días lucha por los derechos humanos y por
el cumplimiento de la convención. Este avance democrático es vuestro y no de los que hoy nos subimos a la tribuna. Gracias. (Aplausos).
La propuesta que llegó a esta Cámara tenía la voluntad de sumar para la inclusión y la emancipación de las personas con diversidad funcional. Por eso, nuestro compromiso con el movimiento social fue el de respetar la absoluta literalidad de
la misma. Pero durante el trámite legislativo el Partido Popular presentó una enmienda. Esta enmienda contravenía el espíritu de la proposición de ley y, por tanto, la convención de Naciones Unidas y todos los grupos parlamentarios presentes en
esa ponencia rechazamos la enmienda. Y, cuando ya habíamos firmado el informe favorable, el Partido Popular, que veía que se quedaba fuera, enmendó su propia enmienda. Es entonces cuando desde el propio movimiento social nos pidieron que
apoyásemos esa enmienda como transaccional en aras del consenso. Esto a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos puso en una situación muy complicada porque, señorías, ya lo teníamos hecho. Avanzábamos en democracia y en derechos humanos, sin
condiciones, y al aceptar la enmienda del Partido Popular hemos vuelto a dar un paso atrás, solo para que en la foto saliésemos todas. Es una pena.
Digo que hemos vuelto a dar un paso atrás porque estamos dejando -y esta es nuestra opinión- en manos de no sabemos quién la limitación de la autonomía de las personas con diversidad funcional. ¿Cómo y quién va a decidir sobre la
consciencia, la libertad y la voluntad? ¿Cómo se va a garantizar que esto no se decida sobre la base de representaciones simbólicas y prejuiciosas? Para Unidos Podemos la propuesta que llegó a la Cámara era mucho más garantista y mucho más acorde
con el paradigma de la autonomía personal. A nuestro juicio, tal y como va a quedar la reforma de la Ley electoral, da lugar a
inseguridad jurídica y deja hueco a la exclusión. El artículo 29 de la convención establece que los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de
condiciones con las demás. La convención no pone condiciones, señorías, sin embargo la enmienda del Partido Popular sí que lo hace al poner negro sobre blanco las condiciones de consciente, libre y voluntario. Esas palabras, esas condiciones, esos
conceptos son una barrera. ¡Ojo!, esto no nos sorprende y no nos sorprende porque el Partido Popular siempre ha mantenido una posición en esta reforma bastante gatopardiana. Me explico y para ello voy a citar textualmente a la exministra
Montserrat que cuando le preguntaron por esta cuestión dijo lo siguiente: Hay que establecer un criterio de interpretación de su competencia para ser votantes. Pues bien, esto es lo que hace la enmienda, establecer criterios de interpretación de
la competencia para ser votantes.
Señorías, lo que he dicho hasta ahora es la posición y la opinión de Unidas Podemos, pero, como dije al principio de mi intervención, el movimiento social de la diversidad funcional nos pidió que apoyásemos la enmienda y, como nosotras nos
habíamos comprometido a ser meras facilitadoras del cambio social que suponía esta modificación de la ley electoral, eso hemos hecho. Aunque nos parece claramente insuficiente, vamos a apoyar esta reforma porque así nos lo ha pedido el colectivo y
porque urge que casi cien mil personas puedan votar en los próximos comicios europeos, autonómicos y municipales. Una vez aprobada esta reforma no todo estará hecho. En materia de derechos humanos y diversidad funcional los debes siguen superando
a los avances. Debemos seguir trabajando y legislando para garantizar que en los próximos comicios haya información en lectura fácil, hay pictogramas; debemos seguir trabajando y legislando para garantizar la accesibilidad y debemos seguir
trabajando y legislando para avanzar en igualdad y en inclusión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señora presidenta.
Bienvenidos a vuestra casa, la casa que será ahora de todos, incluso de aquellos que en estos momentos no pueden votar y que, por lo tanto, no es tanto su casa. Gracias a vosotros. (Aplausos). En este año de tramitación hemos puesto esta
fecha muchas veces en el calendario, ¿verdad? Pero al final aquí estamos, terminando el camino para devolver la dignidad a una parte de quienes representamos. Tramitación a la que los socialistas no hemos presentado enmiendas ya que el texto
votado por unanimidad en la Asamblea de Madrid y aquí en la toma en consideración garantizaba que fuésemos el octavo país de Europa donde no se suprima o sustituya la voluntad de personas con discapacidad y puedan ejercer su voluntad con la ayuda
adecuada.
Los socialistas hemos querido recuperar el tiempo perdido en adaptar la Ley electoral al artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hace setenta años, al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de hace cincuenta y dos, al artículo 23 de la Constitución de hace cuarenta años, al 12 y al 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad de hace doce años, al artículo 53 del texto refundido de la
Ley general de derechos de las personas con discapacidad de hace cinco años que dice textualmente: Las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos, para lo cual las administraciones públicas deben poner a su disposición los medios y recursos que precisen; año 2013. Además, hemos querido contestar la recomendación que nos hizo el Comité sobre los derechos de las
personas con discapacidad de la ONU hace siete años, diciéndonos que les preocupaba que se pudiera restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y que la privación de ese derecho parecía ser la regla y no
la excepción. Nos recomendaba revisar nuestra legislación y lamentaba la falta de información sobre normas, motivos y criterios de los jueces para privar del derecho a voto. Recomendación que nos venía recordando la defensora del pueblo que nos
pedía que lo hiciéramos con el consenso de las fuerzas políticas, como reclama también el sector de la discapacidad.
No ahondaré en aspectos jurídicos. Me da la impresión de que no es lo que se espera de un portavoz socialista en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, pero citaré más razones que hemos ido repitiendo y por las que
nuestro grupo votará a favor: porque está en nuestro programa electoral, y por eso hicimos de padrinos de la iniciativa en la Asamblea de Madrid; porque los padres y madres de la iniciativa fueron las personas con discapacidad y sus familias;
porque es un compromiso personal del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; por coherencia con nuestra trayectoria. Vuelvo a recordar que Ramón Jáuregui lo defendió en 2013 en la Comisión Constitucional cuando lo presentó el entonces diputado Jordi Jané, a sugerencia de
Conchita Tarruella, instando al Gobierno a elaborar un informe para adecuar la Loreg a la convención internacional, un informe que se tenía que haber hecho en seis meses. No seis meses, han pasado diez veces seis meses, coincidiendo
cronológicamente con el Gobierno de recortes y olvidos presidido por Rajoy. También lo apoyaremos porque en la tramitación hemos aprendido mucho, convenciéndonos todavía más de la propuesta. Aprendimos en diciembre de 2016, cuando se debatió en la
Asamblea de Madrid; aprendimos en junio de 2017, en la jornada para explicar su contenido en la que participaron Ángel Gabilondo y Silvana González; aprendimos en noviembre de 2017, cuando debatimos aquí la toma en consideración. Y lo vamos a
apoyar porque defender los sectores débiles de nuestra sociedad forma parte de nuestra razón de ser, de nuestra razón de existir, de nuestro ADN, como demuestran la Ley General de Sanidad o la de Ley dependencia, o seguir los Consejos de Ministros
de este Gobierno, o leer el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019, presupuestos para un Estado social. También lo votaremos porque nos pesa que nos lo hayan reclamado algunos de los afectados, como sucedió el 1 de octubre en la
mesa redonda organizada por Plena Inclusión, cuando Kiko Mora y Virginia Martín, a Nacho Tremiño, a Jordi Xuclà, a Diego Clemente, a Teresa Arévalo, a mí y a Íñigo Alli, en su papel de moderador, nos reclamaron votar en las elecciones de 2019 y nos
preguntaron qué haríamos para que pudieran entender los programas. Por cierto, yo contesté que tampoco sabemos hacernos entender por buena parte de aquellos que sí tienen derecho a voto.
Además, lo vamos a apoyar porque se enmarca en un camino en el que los socialistas estamos comprometidos, impulsando así la subcomisión para acabar con un vestigio de discriminación e inclusión y modificando -como explicó el pasado día 21 la
ministra portavoz del Gobierno- las leyes que no cumplan con el compromiso de respetar los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad. Hace un año en la toma en consideración dije que esperaba que aquel diciembre fuese la
última vez que 2000 personas de Tarragona no tuvieran derecho a voto. Lo dije también porque, este paso en el camino para impedir que se pueda arrebatar la dignidad o para devolvérsela a cerca de 100000 personas por toda España inhabilitadas para
votar, también contribuirá a que nuestros vecinos con incapacidad, vecinos de todos, ejerzan otro derecho, el derecho a ser más felices. Camino que será más fácil si lo hacemos todos juntos y para lo que siempre podrán contar con el Grupo
Parlamentario Socialista.
Gràcies per la seva atenció. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tremiño Gómez.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, buenos días. No sé si me va a hacer falta el micrófono porque voy a hablar alto y claro para todos. En primer lugar, quiero agradecer y dejar constancia de mi agradecimiento personal y del de mi partido a todas
las fuerzas políticas por apoyar la enmienda transaccional que presentó el Partido Popular a la proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, de
todas. Y, como ya han dicho aquí algunos de ustedes que no están de acuerdo con el Partido Popular y con esta enmienda, pero que la asumen por responsabilidad y porque así se lo reclama la sociedad civil organizada, les digo que estén tranquilos.
Quiero tranquilizar sus conciencias, señorías, quiero que nada les quite el sueño por aceptar una enmienda del Partido Popular. Hacen lo correcto, se lo digo yo; no se preocupen. (Aplausos). No se preocupen, el Partido Popular conoce mejor que
nadie las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad y le voy a decir por qué. Muchos de ustedes han conocido a Francisco Vañó, a Paco Vañó, el diputado de la discapacidad -como le gustaba a él que le llamaran-, el político que más
ha trabajado en España por las personas con discapacidad... (Aplausos), y era un político del Partido Popular, hace más de veinticinco años.
Señorías, al Partido Popular lecciones de discapacidad, ninguna; lo siento mucho, ninguna, han llegado tarde. Estábamos nosotros ahí. Paco ya se reunía hace más de veinticinco años con las entidades de personas con discapacidad y
trabajaba con ellos para sacar sus derechos adelante. (Señalando a la tribuna del público). Así que yo les invito a título personal a que, si quieren conocer más de la discapacidad, se reúnan conmigo; yo les invito a tomar un café las veces que
haga falta, se lo garantizo. Estoy seguro, señorías, de que matarán dos pájaros de un tiro -en el sentido figurado-: conocerán de primera mano a una persona que no es ni la mejor ni la peor, del montón; soy una persona con discapacidad, pero que
teniendo discapacidad y siendo del Partido Popular soy una persona normal, normal, como somos todas las personas del Partido Popular. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El artículo 29 dice que los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones quiere decir que no se les puede exigir
a las personas con discapacidad lo que no se les exige a los demás, es cierto; pero también quiere decir que lo que se les exige a todos se les debe exigir a las personas con discapacidad. Eso es lo que queremos las personas con discapacidad de
verdad: igualdad; no queremos ni más ni menos, igualdad como el resto de los ciudadanos. Igualdad. (Aplausos).
La enmienda, que vuelvo a repetir agradezco que ustedes apoyen hoy y que voten a favor dice: toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los
medios de apoyo que requiera. En ningún momento, señorías, se dice que esto se le exige a las personas con discapacidad. Si es que se le exige a alguien, se le exige a todo el mundo, a todos los ciudadanos por igual, como dice el artículo 29 de la
convención, exactamente cumpliendo legal y justamente lo que dice la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si es que se les exige, porque no se exige ni se limita a nadie; al contrario, lo que se dice es
que se garantiza el derecho de todas las personas a votar libre, voluntaria y conscientemente, que es un derecho, porque si ustedes votaran en contra de esto, estarían lanzando un mensaje a la ciudadanía muy contrario a lo que ustedes seguro que
piensan; estarían diciendo que no quieren un voto libre, que no quieren un voto con plena libertad y que no quieren un voto voluntario. Estoy seguro de que eso no es lo que quieren y por eso entiendo que deben apoyar, como ya han dicho aquí, esa
enmienda del Partido Popular. Señorías, en ningún caso esta enmienda resta, si hace algo es sumar. Suma mucho porque refuerza el derecho de sufragio de todos los electores, suma porque trata por igual a todas las personas, a todos los votantes, a
todos los electores, a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Por eso les pido nuevamente, y les agradezco, el apoyo a dicha enmienda.
Señorías, la democracia española hoy es más grande porque estamos abriendo las puertas de la democracia a toda la ciudadanía, también a la ciudadanía con discapacidad. Es verdad, hoy en día estamos abriendo la democracia a todas las
personas, también a las personas con discapacidad. Se lo agradezco. (Aplausos). Como se ha dicho aquí, no es mérito de los partidos políticos, es mérito de la sociedad civil organizada, y también se lo quiero agradecer ahora. Pero personalmente
quiero agradecer a todos los compañeros de mi partido que han sido cómplices junto conmigo en este proyecto, a todos, y especialmente desde que empezó este proyecto y por orden cronológico, a Rafa Hernando, a José Antonio Bermúdez de Castro, a Paco
Martínez y, recientemente a Isabel Borrego, a la propia Dolors Monserrat y al propio Pablo Casado, presidente del Partido Popular, que hace dos semanas dejó bien claro, ante 3000 personas con discapacidad, que la discapacidad forma parte del ADN del
Partido Popular, señorías. (Aplausos).
Por último, no quiero olvidarme ni mucho menos, por eso lo dejo para el final, de las organizaciones de personas con discapacidad que están aquí hoy representadas. (Dirigiéndose a la tribuna pública). No quiero olvidarme ni mucho menos
porque las llevo todos los días en la cabeza y en el corazón; lo sabéis. Llevo veintisiete años en silla de ruedas, hoy todas las personas con discapacidad tenemos que estar orgullosas de las entidades que nos representan. Yo estoy orgulloso de
las asociaciones que me representan como discapacitado, y también estoy orgulloso de mi partido, del Partido Popular.
Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso muestran un cartel que pone: Mi voto cuenta. Por el voto de las personas con discapacidad).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Número de expediente 121/000013).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al debate relativo al dictamen del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (Rumores). Para defender las enmiendas formuladas a esta
iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez Balsera. (Continúan los rumores).
Silencio, señorías.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de entrar en este debate...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio, señorías.
Adelante, señoría.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias.
Antes de entrar en este debate, permítanme sumarme al agradecimiento y a las felicitaciones con motivo del punto anterior. Por fin vamos a contar con las personas con discapacidad, con su participación política, con todo lo que ellos nos
aportan y con todo lo que ellos nos enriquecen.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, Diego, querido, por tus palabras. (Aplausos).
Volviendo a la cuestión, también es motivo de satisfacción que este Pleno vaya a aprobar hoy una nueva regulación de la Ley Orgánica de protección de datos; un nuevo marco legal bajo el paraguas del reglamento europeo que generó en su día
muchas dudas y mucha expectación. Estamos ante una ley necesaria para garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con la protección de los datos personales; una evolución lógica producto de nuestra realidad social cambiante y de cómo han
afectado las nuevas tecnologías al tratamiento de la información y de nuestros datos personales. También lo es porque no bastaba con la aplicación directa del reglamento europeo, que dejaba numerosas cuestiones de gran importancia a la regulación
interna de cada Estado; recordemos que en el caso de España se hizo necesaria la aprobación de un real decreto con carácter transitorio. Habría que destacar también que es una ley en la que se ha alcanzado un alto grado de consenso y que se va a
aprobar presumiblemente por unanimidad. En ese sentido, quiero agradecer el trabajo y la coloración de todos los diputados y diputadas que han formado parte de la ponencia. Muchas de nuestras enmiendas presentadas se han incorporado al dictamen
aprobado en Comisión, otras las hemos retirado en aras del consenso y mantenemos vivas solo cuatro enmiendas. Lo hacemos porque, además de felicitarnos de manera general por la aprobación de esta ley, también tenemos la obligación de señalar,
tenemos la obligación de llamar la atención sobre las oportunidades perdidas.
Señorías, si no se aprueban nuestras enmiendas, estaremos perdiendo la oportunidad de dar carta de naturaleza a los ficheros positivos de solvencia. Nosotros creemos que deben ser incluidos entre los datos cuyo tratamiento se presume
lícito, porque pensamos que es bueno e importante para prevenir futuras crisis económicas. Además es bueno para los consumidores, porque hasta ahora la única información que circula sobre nosotros en el mercado de crédito es nuestra mala reputación
financiera, lo cual no nos beneficia en nada a los consumidores, y solo favorece a los bancos. Estamos convencidos de que con los ficheros positivos, es decir, los datos sobre nuestra buena reputación financiera, aumentará el crédito, se reducirá
la morosidad y además los créditos serán más baratos para los consumidores. Por otra parte, perderemos la oportunidad de seguir ahondando en la despolitización de nuestras instituciones. El modelo de elección de la presidencia de la Agencia de
Protección de Datos que se ha configurado en esta ley nos parece insuficiente, por eso proponemos un modelo de elección parlamentario alternativo, porque en la redacción actual la elección de ese binomio o bicefalia de la presidencia y de la figura
del adjunto, elección por mayoría simple de dos grupos parlamentarios, va a tener en la práctica el efecto contrario al pretendido sobre el papel, va a traducirse en un reparto de puestos entre dos de los grupos grandes de esta Cámara. Es decir,
que ya no solo vamos a hablar de dedazos, vamos a hablar de dedazos y del adjunto al dedazo. (Aplausos). Así que aunque parezca que algo cambia, en realidad el bipartidismo no quiere nunca cambiar nada.
Perderemos también la oportunidad de tener un consejo consultivo de la agencia con un perfil más técnico, más político, más capacitado para realizar esa labor de asesoramiento a la presidencia que le compete, como el que nosotros proponemos
en nuestra enmienda. Y mantenemos también nuestra enmienda de supresión del bloqueo de datos del artículo 32 conforme a nuestro objetivo de que la norma fuera coherente y homogénea con el resto de los Estados de la Unión Europea. El reglamento
europeo no prevé esta obligación general que supone crear una nueva categoría de datos, los datos bloqueados, que no existen en el reglamento.
Me quiero referir, muy brevemente, al título X de la ley. Mi grupo valora el reconocimiento de los derechos digitales. Sin embargo, no nos ha gustado en absoluto que se introdujeran por vía de enmiendas, sin la participación pública ni los
informes preceptivos que debían acompañarlos. En derecho las formas son importantes, y el tiempo me ha dado la razón, porque, cuando se abre la puerta a enmiendas incoherentes o de nuevo contenido, pasa lo que pasa: que se pretenden colar
enmiendas, como la famosa
enmienda 32, ensuciando la lucha contra la violencia de género como un ardid para saltarse al Senado en la aprobación de los presupuestos generales.
Termino señoría, convencido de que vamos a aprobar una norma garantista para la ciudadanía, que, a la vez, es razonable y se puede cumplir como, de hecho, se viene cumpliendo el nuevo marco legal en la aplicación directa del reglamento.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sixto Iglesias
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Me permito recordar a quien me ha precedido en el uso de la palabra que, en ningún caso, en la tramitación de este proyecto de ley ha entrado una enmienda espuria. Eran todas enmiendas relativas al texto de esta ley y, como tales, se han
tramitado. Si hay un título X nuevo, fruto de la aportación del Grupo Parlamentario Socialista, es que a mi grupo parlamentario le ha parecido positivo incorporar definitivamente la garantía de los derechos digitales a un texto legal al máximo
rango. Es evidente que si hubiese sido un texto originalmente del Gobierno del Partido Socialista, hubiera venido en el proyecto de ley del Gobierno y, por tanto, se hubieran cumplido los trámites previos preceptivos, pero el Gobierno del Partido
Popular no lo consideró.
Estamos ante un proyecto de ley que culmina hoy su tramitación, después de muchos meses. Vino en noviembre del año pasado y en el mes de abril se terminó el periodo de enmiendas. Es un proyecto de ley de un Gobierno del Partido Popular,
impulsado por el Partido Popular en el seno de la ponencia y, en mitad de su tramitación, se produce el cambio de Gobierno y pasa a ser impulsado por el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que, a pesar de la diversidad de opiniones, hay que
felicitarse por la tramitación que ha tenido. Al fin y al cabo, creo que vamos a poder cumplir aquel compromiso, que esbozamos en un acto público cerca de aquí, de que el proyecto de ley llegase a publicarse en el BOE antes de finalizar este año, y
yo creo que estamos en plazo.
Mi grupo parlamentario presentó una treintena de enmiendas a este proyecto de ley. Buena parte de ellas se han recogido y se han transaccionado, y hemos mantenido vivas seis. Concretamente, la número 8, que habla del derecho de supresión
de datos en archivos religiosos que está relacionada con el derecho a la apostasía y con la eliminación de datos de cualquier archivo religioso. Como tiene un contenido político muy claro, la hemos querido mantener para debatirla aquí en la Cámara.
También hemos mantenido la enmienda número 10, que habla de la aplicación de los derechos otorgados a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión, del desglose de las deudas en los sistemas de información crediticia o de la comunicación al
afectado de la consulta de sus datos en estos mismos sistemas de información crediticia. Nos ha parecido importante mantener esta enmienda. También hemos mantenido la enmienda que prohibiría la grabación de audio a los trabajadores. Buena parte
de nuestras enmiendas iban destinadas a garantizar los derechos de los trabajadores en su puesto de trabajo en los casos que afectan a diversos tipos de grabación, tanto de imagen como de sonido y, buena parte también, han sido admitidas, pero había
una cuestión, que era la grabación de audios, que nos preocupaba, y por eso hemos mantenido esta enmienda hasta el final. También hemos mantenido la enmienda 21, sobre la sanción al delegado de protección de datos en caso de dolo o negligencia; la
enmienda 23, que trata de aplicar a los sindicatos el régimen de los grupos institucionales, o la 24, que fija una cuantía mínima de 300 euros para ser incluido en los ficheros del sistema de información crediticia.
Nuestro grupo parlamentario se felicita por haber sido incluidas y transaccionadas otras muchas cuestiones, como la del consentimiento, cuestión muy peliaguda y que suscitaba mucha preocupación entre diversos sectores relacionados con la
investigación biomédica. Lo hemos conseguido solucionar, y no pidiendo al Gobierno que traiga un proyecto de ley en un plazo determinado, sino en este mismo proyecto de ley haciendo una modificación que afecta a varias leyes, desde la Ley General
de Sanidad hasta la Ley de Autonomía del Paciente.
Se han incluido ya en este proyecto de ley, y se han incluido hasta última hora; es decir, en el último momento se presentó una enmienda in voce participada por todos los grupos que modificaba este apartado. Se ha incluido la protección de
los datos de los trabajadores, que defendía sobremanera mi grupo parlamentario y también se han aceptado enmiendas de mi grupo de formación de los delegados de protección de datos, que reforzaban la independencia de los delegados de protección de
datos. Sobre
el nombramiento del presidente de la agencia, nosotros teníamos una propuesta; no es la nuestra y ha habido que transancionar una propuesta entre todos pero, afortunadamente, creemos que es una fórmula más participada. En última instancia,
será el Gobierno, a propuesta del ministerio, quien lo apruebe, pero habrá un proceso previo que será de presentación pública de candidaturas y, luego, de aprobación de esas candidaturas por parte de la Cámara. Innovamos, no vamos al tope máximo
que desearíamos algunos, pero al menos lo hemos transaccionado en una mejora considerable.
Hemos acordado, además, un plazo de un año, en una enmienda nuestra transaccionada, para que el Gobierno traiga a la Cámara un proyecto de ley en defensa de los derechos de los menores en Internet. Se han reforzado las garantías en los
convenios colectivos y se ha reformado, incluso, el propio Estatuto de los Trabajadores, es decir, se han incluido una serie de cuestiones que mi grupo parlamentario reclamaba y que, entre todos, hemos sido capaces de transaccionar.
Acabo con los agradecimientos. En primer lugar, a los ponentes, sobre todo a los dos que lo han llevado: Francisco Martínez, del Partido Popular, y Artemi Rallo, del Partido Socialista; a mi compañera Sara Carreño, por su empeño y empuje
a la hora de defender nuestras enmiendas en la ponencia; y, sobre todo, a las letradas de la Comisión, Piedad García e Isabel Revuelta, que han sido magníficas a la hora de ayudarnos a depurar una ley que yo creo que va al Senado bastante bien
hecha como para que no nos tengan que cambiar muchas cosas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Empezamos este trámite de la Ley Orgánica de protección de datos desde el Partit Demòcrata con una enmienda a la totalidad. Presentamos una enmendada totalidad porque entendíamos que en el texto presentado por el Grupo Popular había un
claro retroceso en lo que se refería a las competencias que tiene l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La autoridad catalana, como ustedes saben, es competente en su ámbito de actuación en todas aquellas cuestiones que afectan a la temática
que hoy nos ocupa y, por tanto, no podíamos permitir que una ley que adaptaba el Reglamento fuese mucho más restrictiva de lo que el propio Reglamento preveía.
Tuvimos la suerte de encontrar un ponente en el Partido Socialista que se esforzó y que entendió esta realidad, el señor Artemi Rallo, al cual quiero agradecer su esfuerzo de consenso. Es cierto que la autoridad catalana no solo tiene las
competencias que le vienen atribuidas por el l'Estatut d'Autonomía de Catalunya, sino que además tiene todas aquellas competencias que el Reglamento expresamente le pueda atribuir. Por lo tanto, de las tres autoridades que existen en el territorio
español, por el hecho de que una se llame agencia española no significa que pueda desplegar sus actuaciones en el ámbito de todo el territorio. Esto, entendemos que ha quedado perfectísimamente claro.
Por tanto, hoy vamos a dar nuestro voto favorable a esta aprobación. Es una ley necesaria; es una ley que no ha estado exenta de retraso, como acostumbra a ocurrirle al Estado español cuando se trata de hacer suya la reglamentación
europea; lo hace tarde, lo hace a menudo con defectos, y a menudo tiene que ser sancionado por ello. Una vez más se ha producido en esta adaptación del Reglamento esta dilación, que motivó que tuviésemos que aprobar un régimen de sanciones de
forma casi exprés para compatibilizar la ley con los dictámenes que pretendía o que apostaban en el Reglamento. Una vez hecha esta tramitación de las sanciones para adaptarlas al ordenamiento español, tenemos hoy el texto legislativo completo y,
como digo, vamos a darle nuestro voto a favor.
Quiero aprovechar, desde la tribuna, para agradecer el trabajo de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la señora María Àngels Barbarà, la cual también ha colaborado estrechamente con el ponente socialista, el señor
Artemi Rallo, para conseguir un texto respetuoso, un texto que, al menos en materia de conflictividad territorial, no ponga cortapisas a la hora de defender los derechos de las personas consumidoras cuando se trate de su vulneración y de su
exigencia ante los tribunales.
Nada más. Muchas gracias y nuestro voto a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Aprobamos hoy el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la nueva Ley Orgánica de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. Damos de este modo un paso, casi definitivo, para adaptar el derecho español a la normativa
de la Unión sobre la protección de datos, que tenía que haberse producido antes del 25 de mayo pasado que era la fecha en la que resultaba plenamente aplicable el Reglamento de la Unión 2016/679 del Parlamento y del Consejo. Reglamento que si bien
de acuerdo con el artículo 288 del acuerdo de funcionamiento de la Unión tiene alcance general, obligan todos sus elementos, es directamente aplicable, y aunque tiene una vocación uniformizadora de los derechos nacionales contiene también más de
medio centenar de cuestiones en las que se habilita a los Estados miembros para su desarrollo. Por eso, y antes de dar el paso que hoy damos para aprobar la ley orgánica, se aprobó y convalidó un real decreto-ley como norma de tránsito para dar
certeza a los operadores jurídicos respecto al derecho aplicable en aquellos aspectos que no traspasaran la limitación constitucional sobre las materias que tienen vedadas los decretos-ley por su reserva orgánica de rango. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor; silencio.
El señor LEGARDA URIARTE: Ahora, al aprobar el dictamen de Comisión, avanzamos de manera casi definitiva para finalizar ese periodo de tránsito y adentrarnos en la regulación definitiva en el derecho español, sin perjuicio de la ya vigente
aplicación del reglamento respecto a la protección de datos personales de la ciudadanía en cuestiones tan relevantes como los procedimientos transfronterizos, los tratamientos de datos relativos a la salud, y en relación con la investigación, la
videovigilancia, la intimidad en el trabajo, la colaboración entre las distintas autoridades de control y la articulación de las competencias de las comunidades autónomas, la responsabilidad de aquellos que tratan datos personales y sus obligaciones
y, en fin, otras muchas cuestiones con notable incidencia en el derecho fundamental al honor e intimidad de la persona respecto al que todos debemos estar vigilantes en un mundo digital y, por eso, el texto que aprobamos hoy también contiene un
título específico relativo a los derechos digitales. Porque, señorías, es patente y notorio que hoy vivimos en la sociedad de los datos que difumina su frontera con el mundo analógico, haciéndose imprescindible su protección Así lo señala también
el Foro Económico Mundial cuando considera la seguridad cibernética como uno de los riesgos más importantes y notables a los que nos enfrentamos. Por eso también la Unión, junto al Reglamento de protección de datos, conmina a los Estados, a través
de la Directiva 2016/1148, de 6 de julio, a la seguridad de las redes y sistemas de la información, a día de hoy ya traspuesta por el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, y que en la actualidad tramitamos en esta Cámara como proyecto de
ley.
En fin, señorías, hoy avanzamos en estas sendas de regulación y protección atinentes al derecho fundamental a la intimidad en una sociedad en la que los datos personales y de todo tipo se han convertido en el petróleo del siglo XXI, en
expresión ya generalizada en los ámbitos que reflexionan sobre la sociedad digital. Por eso hoy debemos felicitarnos de este avance y también felicitarnos porque lo hemos hecho de manera unánime y colectiva, como el otro día nos decía en la
Comisión nuestro compañero y amigo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rallo. Así, el texto del proyecto se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de las personas que comparecieron durante los trabajos de la ponencia y
también con las aportaciones de la Agencia Estatal de Protección de Datos y de la catalana y la vasca, y con las aportaciones de las enmiendas -más de cuatrocientas-, que casi en su totalidad hemos ido transaccionando, guiados por un espíritu de
concordia y también de responsabilidad por la materia a la que nos enfrentábamos. El texto resultante que hoy aprobamos, también quiero decirlo, ha sido enriquecido por el trabajo sin desmayo de las letradas de la Comisión y del resto de servicios
técnicos de la Cámara.
Finalizo, señora presidenta, con las mismas palabras con las que finalicé al aprobar este proyecto de ley orgánica en la Comisión de Justicia, exhortándonos a que este método y actitud para ponernos en sintonía con las necesidades y punto de
vista de los demás, sin descuidar por ello los propios, marque un precedente que nos anime en lo que queda de legislatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Senyors diputats y diputades, para Esquerra Republicana, como hemos insistido en muchas ocasiones, es muy importante la regulación del derecho de la protección de datos de carácter personal, un derecho que comporta no solo poder imponer a
terceros el deber de abstenerse de cualquier intromisión en la esfera íntima de la persona, sino que va mucho más allá y se fundamenta en el poder de disponer de los propios datos personales. Es una ley que nos afecta a todas como ciudadanas y
consumidoras, que tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas y, por tanto, los cimientos de una sociedad democrática.
Estamos ante un proyecto de ley orgánica que, gracias al consenso y al buen trabajo por parte de todos los grupos, ha permitido que se complete la regulación que contenía el Reglamento General de Protección de Datos y que, por lo tanto,
aportará mayor seguridad jurídica tanto a los responsables de los tratamientos de datos, como a las personas afectadas.
El texto recoge toda una serie de cuestiones que contribuirán a mejorar la aplicación de este Reglamento General de Protección de Datos, como, por ejemplo, el consentimiento de los menores, que se establece a los catorce años y que no estaba
recogido en la ley, solo a nivel reglamentario a través del Real Decreto 1720/2007; o el tratamiento de datos amparados en el cumplimiento de una obligación legal o una misión de interés público, estableciéndose que sea regulado por una norma con
rango de ley; o la previsión de determinados tratamientos basados en el interés legítimo, como datos de contactos de empresarios individuales, los sistemas de información crediticia, la regulación de determinados tratamientos de datos, como, por
ejemplo, los estadísticos, los de videovigilancia o la regulación de los sistemas de exclusión publicitaria, como las listas Robinson. También se recoge la posibilidad de ofrecer la información en dos capas, es decir, la ley permitirá acceder a
toda la información de una manera más fácil y visualmente más agradable; o también la concreción del régimen sancionador, estableciéndose el régimen de descripción y prescripción de las conductas.
Tal vez no sea el modelo de ley orgánica que nos hubiera gustado en su conjunto, pero hemos conseguido introducir muchas mejoras en el texto y, a pesar de las dificultades y el contexto en el que nos encontramos, hemos conseguido un buen
texto. Sobre todo celebramos que la ley recoja la regulación que ya contenía el Reglamento General de Protección de Datos.
No tengo nada más que añadir. Por todo ello, nuestro grupo votará a favor de este proyecto de ley.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Presidenta, señorías, hoy esta Cámara aprobará por amplísima mayoría el proyecto de ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales. Nuestro grupo quiere empezar agradeciendo el esfuerzo de las
muchas personas que lo han hecho posible, en primer lugar, al equipo ministerial -ministro, subsecretaria, secretario general técnico-, que elaboró un proyecto de ley sólido sobre cuya solvencia ha sido posible construir este consenso. Quiero
expresar también mi reconocimiento al equipo actual del Ministerio de Justicia, que sin titubeos ha impulsado la rápida aprobación del proyecto. Gracias a las letradas de la Comisión de Justicia por su encomiable y esmerado apoyo técnico, a la
profesora García-Escudero y, muy en particular, a doña Isabel Revuelta. Gracias también al equipo de la Agencia Española de Protección de Datos, a su directora, Mar España, y a su abogado del Estado, Agustín Puente, porque su acompañamiento en
nuestras deliberaciones ha garantizado rigor y calidad. También quiero expresar mi agradecimiento a las directoras de las agencias catalana y vasca por contribuir a un respetuoso escrutinio de la distribución competencial. Y, por supuesto, gracias
a los ponentes de todos los grupos, que sin excepción, con su talante personal y político, han hecho posible este consenso; talante personal y político que habla por sí solo a la vista del exitoso resultado alcanzado. En particular, me permito
explicitar este reconocimiento hacia la labor del ponente del Grupo Popular, don Francisco Martínez, quien ha compartido la coordinación y el impulso de esta iniciativa y a quien corresponde también buena parte de su mérito.
Señorías, esta ley refuerza la protección del derecho fundamental a la protección de datos en nuestro país respetando escrupulosamente el Reglamento europeo. Esta ley contribuye a preservar y renovar el prestigio atesorado durante décadas
por España en la vanguardia y liderazgo de la protección de datos en Europa. Pero esta ley va mucho más lejos. Hoy no solo aprobamos una ley de protección de datos, hoy aprobamos también una ley de derechos digitales. Hasta la fecha ningún país
europeo había adoptado una ley que garantizara de forma sistemática los derechos digitales de los ciudadanos. Por primera vez un Estado europeo garantizará por ley derechos digitales en todos los ámbitos, individuales y colectivos, afectados por la
tecnología. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Para los socialistas es motivo de satisfacción el apoyo de los grupos de esta Cámara, y a todos los grupos agradecemos y reconocemos que hayan hecho suya esta iniciativa
y que hayan contribuido a mejorarla.
A partir de hoy, palabras como desconexión digital, olvido, neutralidad, portabilidad, acceso universal o testamento digital, entre otras, nos van a ser mucho más familiares. Hay nuevos derechos digitales. Derechos en el ámbito laboral,
como el derecho a la desconexión digital para garantizar intimidad y conciliación familiar, los derechos de los trabajadores frente a dispositivos de videovigilancia o geolocalización, los derechos de los trabajadores para garantizar sus
expectativas básicas de privacidad en el uso de ordenadores o teléfonos corporativos. Derechos en el ámbito educativo, como el derecho de los estudiantes al aprendizaje en un uso de los medios digitales seguro y respetuoso con los valores y
derechos constitucionales y también del profesorado a exigir idéntica formación, la protección de los menores mediante un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y frente a la difusión de imágenes y datos personales en redes
sociales. También tenemos el derecho al olvido en Internet, el derecho a la portabilidad, el derecho al testamento digital y otros muchos derechos digitales. También hay compromisos políticos, señorías, para garantizar un acceso universal a
Internet sin discriminaciones socioeconómicas o brechas generacionales, geográficas o de género.
Señorías, la voluntad de acuerdo y consenso de esta Cámara lo ha hecho posible. España vuelve a la vanguardia del reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía, y hoy es uno de esos días en que nosotros también tenemos derecho a sentirnos
orgullosos por nuestra labor parlamentaria.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rallo Lombarte.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Esta mañana debatimos en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que fue aprobado la semana pasada en esa Comisión
por unanimidad. Como ya se ha dicho en esta tribuna, el pasado mes de noviembre tenía entrada en la Cámara un proyecto de ley para regular una materia que, a nadie se le escapa, es técnicamente compleja, pero también enormemente relevante para la
protección de los derechos fundamentales en esta sociedad digital.
Pues bien, en la tramitación parlamentaria en la Cámara tuvimos oportunidad de escuchar a expertos en la materia, de incorporar aportaciones de los grupos parlamentarios y de lograr un amplio consenso que permitirá hoy aprobar una buena ley,
con un sólido respaldo parlamentario y, por tanto, con un consenso paradigmático. El Grupo Popular, señorías, celebra este amplio consenso, agradece el esfuerzo y la generosidad de los ponentes de todos los grupos y el trabajo realizado en
Comisión. Es de justicia reconocer que en ese trabajo nos hemos beneficiado de la experiencia del ponente del Grupo Socialista, del señor Rallo, durante varios años director de la Agencia de Protección de Datos.
Nuestra formación política, el Grupo Popular, tiene una apuesta inequívoca por la innovación tecnológica, por la economía digital... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, por favor, guarden silencio.
Prosiga.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Gracias.
... y por eso consideramos prioritario proteger también los derechos fundamentales que se ven más comprometidos, más expuestos a un riesgo en ese entorno digital. Fíjense, tal es el caso del derecho a la protección de datos personales, que
nuestra Constitución recogió con llamativa anticipación en el artículo 18.4 y cuyos contornos ha ido perfilando el Tribunal Constitucional. En un
mundo global e hiperconectado la protección de datos personales frente a usos ilegítimos, fraudulentos, abusivos e incluso en muchos casos delictivos debe abordarse necesariamente con vocación trasnacional. Por eso, hoy la principal
regulación de este derecho se encuentra en una norma europea, en el Reglamento General de Protección de Datos, que, como saben bien, entró en vigor el pasado 25 de mayo. Sin embargo, hay aspectos que el reglamento general deja en manos de los
Estados miembros y que, en todo caso, en nuestro país exigían la aprobación de una ley orgánica de cierta complejidad.
Señorías, creo que podemos decir con satisfacción que en España tendremos una buena ley complementaria de la norma principal, que será el reglamento europeo. El texto que vamos a votar dentro de unos minutos consigue equilibrios que
inicialmente no parecían nada fáciles: en primer lugar, el equilibrio entre una intensa protección del derecho y determinados tratamientos de los datos personales que pueden comportar importantes avances sociales. Fíjense, en ese sentido, creo que
debemos estar especialmente orgullosos de haber encontrado fórmulas legislativas adecuadas para proteger datos especialmente sensibles, como son los datos que afectan a la salud de las personas, pero sin perjudicar los avances que el tratamiento de
datos puede suponer en la investigación en este campo, siempre con las máximas garantías. En segundo lugar, el equilibrio, dentro del sistema de delimitación de competencias, entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia, de acuerdo
con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y, por supuesto, en última instancia, el imprescindible equilibrio entre protección de datos personales y oportunidades de desarrollo económico, prestación de nuevos servicios propios de
la sociedad digital y de un modelo económico en el que los datos constituyen un nuevo objeto de tráfico comercial.
Creo que es una buena noticia que todos los grupos podamos considerar que hemos hecho un buen trabajo. Precisamente por esa razón y a riesgo de ser un poco reiterativo, quiero finalizar mi intervención expresando el agradecimiento del Grupo
Popular a quienes han tenido un papel destacado en la aprobación de esta iniciativa legislativa. En primer lugar, evidentemente, al Gobierno, autor de un proyecto de ley de enorme calidad técnica, que constituyó el punto de partida del trabajo de
la Cámara, un agradecimiento que quiero personalizar en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en su excelente equipo en el ministerio. (Aplausos). En segundo lugar, a la Agencia Española de Protección de Datos, a todo su equipo profesional,
por una imprescindible labor de apoyo al trabajo de la ponencia y por su generosidad al facilitar siempre el acuerdo y el consenso, y en esta misma clave también el agradecimiento a la agencia vasca, a la agencia catalana, a sus directoras y
equipos. En tercer lugar, a todos los expertos representantes de sectores que han realizado aportaciones valiosas en la tramitación de este proyecto de ley, gracias por su paciencia, por su comprensión y por sus observaciones, que han sido
esenciales para enriquecer la visión y los conocimientos de los diputados, y, en última instancia, gracias siempre a las letradas de la Comisión de Justicia, Isabel Revuelta y Piedad García-Escudero, por su imprescindible asesoramiento técnico en el
procedimiento legislativo.
Termino, señorías. Creo que no es habitual que en esta Cámara se aprueben iniciativas legislativas con un consenso tan amplio. En esta ocasión, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con rigor y con generosidad y creo que ello es una
buena noticia para todos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Vázquez.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE FERROVIARIO OCURRIDO EN SANTIAGO EL 24 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 152/000004).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día relativo a la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario
ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013.
Dicha solicitud se someterá a votación al final de esta sesión.
En tres minutos empezamos la votación. Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOSLEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 14/2018, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE 23 DE OCTUBRE. (Número de expediente 130/000041).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos la votación.
Votamos, en primer lugar, el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 270; abstenciones, 70 más 2 votos telemáticos, 72.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Pasamos ahora, señorías, a votar la solicitud de la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 340 más 2 votos telemáticos, 342.
La señora PRESIDENTA: Se tramitará por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 15/2018, DE 5 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 130/000042).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 178 más 2 votos telemáticos, 180; en contra, 2; abstenciones, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 334 más 2 votos telemáticos, 336; en contra, 5; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 125/000016).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar ahora la proposición de una ley orgánica para la modificación de la orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas
con discapacidad.
En primer lugar, vamos a votar el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de conjunto. Señorías, esta votación de conjunto de la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General tiene carácter
orgánico, por tanto, necesita mayoría absoluta.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 340 más 2 votos telemáticos, 342. (Aplausos de todos los grupos parlamentarios).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorías, por adelantarse con los aplausos a la aprobación. (Risas).
Queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Muchas gracias. (Aplausos).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Número de expediente 121/000013).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 30; en contra, 309; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votación en bloque de las enmiendas de dicho grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 74; en contra, 258; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar el dictamen, señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos ahora el conjunto del proyecto de ley -que les recuerdo tiene carácter orgánico, por lo que necesita mayoría absoluta- de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 2 votos telemáticos, 343; a favor, 341 más 2 votos telemáticos, 343.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE FERROVIARIO OCURRIDO EN SANTIAGO EL 24 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 152/000004).
La señora PRESIDENTA: A continuación, señorías, votamos la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.