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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 112, de 28/02/2017
cve: BOCG-12-D-112
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de febrero de 2017
Núm. 112
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado ... (Página7)
161/001416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo a la Resolución L41 de Naciones Unidas y la aprobación de un tratado de prohibición de armas nucleares ...
Comisión de Justicia
161/001418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno al reconocimiento de la aporofobia como agravante en los casos de delitos de odio ...
(Página12)
161/001437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia ... (Página13)
Comisión de Interior
161/001417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la instalación del Museo Nacional de la Guardia Civil en Valdemoro ... (Página14)
161/001420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la cesión de las instalaciones de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia en Barcelona ... (Página16)
161/001426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regulación de la reventa online ... (Página17)
161/001427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la titularidad, uso y disfrute del inmueble denominado El Olimpo y radicado en Bilbao ... (Página18)
Comisión de Defensa
161/001438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cuarteles militares en San Sebastián ... (Página19)
161/001441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo a la Resolución L41 de Naciones Unidas y la aprobación de un tratado de prohibición de armas nucleares ...
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la adhesión de España al sistema europeo de Patente Unitaria ... (Página20)
161/001409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar un Plan Estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su comarca ...
161/001429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de los derechos de la propiedad intelectual e industrial ... (Página23)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a no gravar con IVA las subvenciones para la prestación de servicios públicos ... (Página24)
Comisión de Fomento
161/001424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de la altura máxima de los vehículos pesados dedicados al transporte de paja ... (Página26)
Comisión de Educación y Deporte
161/001396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la Historia ... (Página27)
161/001435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la Transición Profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales ...
161/001446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reforma de las Enseñanzas Artísticas Superiores para que sean incluidas en el ámbito de la Universidad ...
(Página30)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento del pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información mediante la correspondiente
convocatoria de ayudas con destino a entidades sin ánimo de lucro ... (Página31)
161/001421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la no reapertura de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña ... (Página31)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Fondo Forestal Nacional ... (Página34)
161/001402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la segunda fase de las obras de Regeneración Ambiental del Ecosistema de las Marismas de A Xunqueira y la
playa do Areal, en el Ayuntamiento coruñés de A Pobra do Caramiñal ... (Página36)
161/001413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre apoyo a la ganadería extensiva por su papel fundamental en la sostenibilidad ecológica y social y la necesidad
de modificación de los criterios de cálculo en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos para el establecimiento de la ayuda de pago básico ... (Página37)
161/001425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora del paseo marítimo de Pineda de Mar y su entorno ... (Página40)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Atención Integral a las Personas sin Hogar ... (Página41)
161/001398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre reforma de la asistencia a pacientes con enfermedades raras ... (Página42)
161/001400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de medidas destinadas a combatir las situaciones de violencia filioparental ... (Página43)
161/001403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la mejora de la protección de los pacientes afectados por la pseudociencia ... (Página44)
161/001408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a facilitar el acceso al Registro Español de Médula Ósea y facilitar los trasplantes de médula ósea ... (Página46)
161/001419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la investigación y el abordaje diagnóstico-terapéutico de la endometriosis ...
161/001428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la crisis económica en la salud pública ... (Página49)
161/001431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre declaración del Día del Pueblo Gitano y reconocimiento de sus símbolos ... (Página51)
161/001432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo a la comunidad gitana ... (Página54)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación del Fondo España-PNUD para América Latina ... (Página56)
Comisión de Cultura
161/001399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan Integral de Fomento de la Lectura ... (Página57)
161/001404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre regulación de la reventa online ... (Página58)
161/001405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas necesarias para permitir que los creadores puedan compatibilizar su actividad creativa con sus pensiones ...
161/001410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para reactivar las bibliotecas escolares ... (Página60)
161/001411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para poner en marcha un plan de incentivo al coleccionismo de arte ...
161/001412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un Centro Nacional de Difusión de Músicas Actuales ... (Página62)
161/001414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre protección de la arquitectura contemporánea ... (Página62)
161/001422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un consejo audiovisual y de la sociedad de la información ...
161/001440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico de Sevilla ... (Página66)
161/001444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para favorecer la financiación mixta de la cultura ... (Página67)
161/001445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre espacios públicos infrautilizados susceptibles de uso cultural ... (Página68)
161/001447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un Observatorio para la Igualdad de Género ... (Página69)
Comisión de Igualdad
161/001397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la Historia ... (Página70)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la confección de una estadística pública sobre procedimientos judiciales de incapacitación o de modificación de la capacidad de obrar ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una Unidad Específica de Vialidad Invernal en la Dirección General de Tráfico ... (Página72)
161/001407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al estudio integral y la elaboración y/o actualización de un mapa nacional de isócronas para los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias
de asistencia médica en la totalidad de la Red de Carreteras Nacional ... (Página74)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un plan de prevención efectivo y eficaz contra el abuso sexual infantil ... (Página75)
161/001430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir la Atención Temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud ... (Página77)
161/001439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar el Programa 'Vacaciones en Paz' ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000078 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre posición del Gobierno en las negociaciones en marcha en el seno de la Unión Europea para revisar la normativa sobre asilo ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000069 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista por el Gobierno para designar a los consejeros en el Consorcio Valencia 2007 que proceden de la Administración General del Estado ...
(Página80)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000079 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre intención del Gobierno de revisar algún aspecto de la reforma laboral de 2012, una vez comprobados sus efectos, transcurridos cinco años desde su entrada
en vigor ... (Página80)
181/000080 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre posición del Gobierno en las negociaciones a emprender con las Comunidades Autónomas para establecer la nueva Estrategia Nacional de Activación para el
Empleo, la distribución de fondos para políticas activas de empleo y la ejecución de las últimas reformas emprendidas sobre la normativa de Garantía Juvenil ... (Página81)
181/000081 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre medidas previstas para reducir las cifras alarmantes de siniestralidad laboral en España ... (Página81)
181/000082 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre medidas previstas para paliar las consecuencias de la reducción de la cobertura a los desempleados de nuestro país ...
181/000083 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre planes para el ejercicio 2017 para el Fondo de Reserva de las pensiones ... (Página82)
181/000084 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de adoptar alguna medida para evitar la pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones durante el ejercicio 2017 ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000071 Pregunta formulada por la Diputada doña Carlota Merchán Mesón (GS), sobre planes del Gobierno en relación al segundo contrato de gestión de la AECID y a los Planes Anuales de Acción previstos en los artículos 23 y 24 del Estatuto
de la AECID, como instrumentos de gestión transparente por objetivos exigidos por la legislación vigente ... (Página82)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión. Corrección de errores... (Página82)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión Constitucional
161/001390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara.
Exposición de motivos
La Constitución española, en su artículo 3.2, reconoce el carácter oficial no solo del castellano sino también de las lenguas que en cada Comunidad Autónoma tengan dicha condición conforme a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de
Autonomía. Esta declaración obliga a todos los poderes públicos radicados en los correspondientes territorios, incluidos los de la Administración General del Estado, en tanto, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, existe un derecho de los
ciudadanos de los territorios correspondientes a usar la lengua oficial que deseen en sus relaciones con los poderes públicos y a no ser discriminados por razones lingüísticas.
Por otro lado, España ha suscrito la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, que entró en vigor en nuestro país en 2001.
Desde 1978 se han producido avances importantes en la normalización de las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma, pero aún queda camino por recorrer, sobre todo en el ámbito de la Administración General del Estado.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo grandes avances en este ámbito. En 2005 se creó, en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, una Comisión de Expertos para el uso de las lenguas cooficiales en la
Administración General del Estado que elevó sus conclusiones al entonces Ministro de Administraciones Públicas a mediados de 2006.
El Informe de esta Comisión de Expertos constató la importante transformación provocada por las tecnologías de la información y su repercusión sobre el principio de territorialidad de la condición oficial de las lenguas distintivas de las
Comunidades Autónomas, y defendió la necesaria adaptación a este situación.
Como consecuencia e estos trabajos, se aprobó la guía para la edición y publicación de las páginas web en la Administración General del Estado, en la que se impulsaba el uso de las distintas lenguas cooficiales. Así, se establecía como
criterio de obligado cumplimiento que todos los menús de navegación deben tener su versión en las lenguas cooficiales, realizándose todos los esfuerzos razonables para asegurar la publicación y actualización de dichas versiones.
En 2007 se crearon un Consejo de las Lenguas Oficiales y una Oficina para las Lenguas Oficiales, adscritos a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, con la misión de analizar las actuaciones de los departamentos ministeriales e
impulsar una política idónea y coordinada en materia de lenguas cooficiales.
En su reunión de 6 de julio de 2010, el Consejo de las Lenguas Oficiales establecía ya la necesidad de completar la oferta de contenidos y servicios de las sedes electrónicas de los Ministerios y organismos públicos. Una recomendación que
todavía no se ha completado.
Todavía son contadas excepciones las de los Ministerios y otros departamentos de la Administración General del Estado que ofrecen versiones de sus páginas web en lenguas cooficiales. A día de hoy la mayor parte de las páginas webs oficiales
de los departamentos ministeriales, así como la del Congreso de los Diputados, o bien no recogen ni siquiera la posibilidad de consulta en las lenguas cooficiales o bien solo permiten la consulta en lenguas cooficiales de los menús de navegación,
sin haber procedido a la traducción de contenidos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar una política dirigida garantizar a los ciudadanos sus derechos derivados del régimen de oficialidad de las diferentes lenguas españolas y a difundir en la sociedad los valores del
plurilingüismo, y en particular a:
1. Adecuar las páginas web de la Administración General del Estado y organismos dependientes para ofrecer la información que contienen en las lenguas que sean oficiales en el Estado, además del castellano. En especial, se asegurará que
estén disponibles en su versión en castellano y en todas las lenguas españolas oficiales:
- Los contenidos completos de la información institucional y los referidos a la atención ciudadana, tanto la relativa a los servicios como a su funcionamiento, divulgada u ofrecida a través de Internet u otros medios electrónicos desde las
sedes electrónicas u otras páginas web de los órganos de la Administración General del Estado o de los organismos o entidades dependientes.
- La información especializada que se ofrezca a través de Internet u otros medios electrónicos o telemáticos relativa a ofertas o convocatorias públicas correspondientes a los procedimientos que tramiten los órganos de la Administración
General del Estado o los organismos o entidades relacionadas.
2. Reactivar e impulsar la actividad del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y de la Oficina para las Lenguas Oficiales, con la dotación de recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus
funciones, en especial las relativas a la promoción de la difusión en la sociedad española de los valores del plurilingüismo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que, con objeto de procurar una mejor atención y garantía de los derechos de los ciudadanos, todos los poderes públicos de ámbito estatal ofrezcan, también en el mínimo plazo
posible, los contenidos de sus páginas web en su versión en castellano y en todas las lenguas españolas oficiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, para su debate en Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la
democracia. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de
repetir errores del pasado.
La consolidación de nuestra todavía joven democracia nos permite hoy mirar y afrontar la verdad sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.
Desde 1978 distintas normas -tanto estatales como autonómicas- han tratado de reparar la situación de las víctimas del franquismo. Pero no fue hasta 2007 que nuestro Estado democrático alcanzó la madurez suficiente para aprobar la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Conocida como Ley de Memoria Histórica, esta fue una
norma heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia. Con esta ley se quiso honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la dictadura franquista, dando solución a aquellas situaciones que no habían sido contempladas en el esfuerzo de reparación y compensación que venían llevando a cabo tanto el Estado como las Comunidades Autónomas desde 1978.
Esta Ley tuvo al inicio de su vigencia un alto grado de cumplimiento. Con ella se procedió a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctima del franquismo, incluso de personas tan notables como Miguel Hernández o de
Lluís Companys; se mejoraron las prestaciones que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se reconocieron prestaciones a nuevos colectivos como los denominados 'niños de la guerra', las víctimas del tardofranquismo o los
homosexuales; se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta tarea; se comenzó la labor de retirada de símbolos franquistas; se
concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales; se creó en 2008 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para una atención e información centralizada al colectivo; se articuló
un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos...
Esta es, sin embargo, una tarea inacabada, abrupta e injustificadamente interrumpida. Este esfuerzo reparador en favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades no tuvo continuidad en las
X y XI Legislaturas. Se dejaron de dotar presupuestariamente estas medidas (en especial las relativas a la localización de fosas), se suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y se han frenado los procedimientos para
certificar las todavía escasas declaraciones individuales de reparación, entre muchos otros ejemplos. El Gobierno del Partido Popular, en definitiva, acabó eliminando la partida presupuestaria para darle efectividad con el increíble argumento de
que, en situación de crisis económica, se 'suspendía' la aplicación de la ley; una partida que en el último presupuesto con un gobierno socialista (PGE para 2011) fue dotada con 6,25 M y que desapareció en el Presupuesto de 2013.
Quedan, en consecuencia, muchas cuestiones pendientes en este ámbito. Cuestiones pendientes y de especial importancia que han sido, además, puestas de manifiesto por el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos en
un informe de agosto de 2014 en el que constata la existencia de déficits evidentes en las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Ni el espíritu de reconciliación que presidió la transición a la democracia ni esta Ley han cerrado todas las heridas provocadas por la Guerra Civil y el franquismo en la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias, incluidas las de carácter normativo, para revitalizar la aplicación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, en particular, a:
- Reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias.
- Retomar la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal para todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas y,
en su caso, constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos, según el artículo 3 de la Ley.
- Asumir, en colaboración con el resto de administraciones públicas y las asociaciones, la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres, removiendo los obstáculos que
lo impiden, como ejercicio inexcusable de dignificación que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas. Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes
públicos para con las víctimas y sus descendientes.
- En este sentido, es conveniente también estudiar la posibilidad de crear Bancos de ADN con la urgencia y celeridad a que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
dictadura.
- Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo.
- Proceder a la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura como órgano de coordinación.
- Impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura, aplicando de forma plena y no arbitraria la ley, y evitando así toda exaltación de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.
- No olvidar a los colectivos que no pudieron beneficiarse de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española y, para ello, remitir a las Cortes Generales las iniciativas oportunas, en el plazo máximo de seis meses, prestando especial
atención a la inclusión de los siguientes supuestos: descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad; los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con
anterioridad al nacimiento de sus hijos; hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley 52/2007, puesto que la adquisición de la nacionalidad en esta ley se producía solo en favor de los hijos menores de
edad.
- Revisar, en su caso, la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos, ajustándolo a los estándares internacionales aplicables.
- Abrir los archivos de instituciones y dependencias oficiales con información sobre la represión franquista. Asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y secreto de los documentos. Respaldar las investigaciones que
profundicen en la recuperación de la memoria histórica.
- Elaborar el censo completo de las infraestructuras y obras realizadas con trabajos forzados de represaliados tal como contempla el artículo 17 de la Ley 52/2017. Proceder a la colocación de placas o plafones informativos en memoria y
homenaje de los represaliados por la dictadura que fueron sometidos a trabajos forzados para la construcción de estas infraestructuras, reconociendo además en los textos de historia sobre las mismas la existencia y el contenido de los trabajos de
investigación que así lo avalan. Musealizar -en su caso- los espacios conservados.
- Afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011. Con ello debemos proceder a resignificar la
función del Valle de los Caídos para que deje ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de
Rivera para su reubicación -en su caso- en un sitio no preeminente del edificio, tal como se recoge en la recomendación 31 del mencionado informe.
- Excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o
vejatorio para las víctimas.
- Promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas.
- Estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
- Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a
favor de la memoria histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre apoyo a la Resolución L41 de Naciones Unidas y la aprobación de un tratado de prohibición de armas nucleares, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
72 años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, todavía hay más de 15.000 armas nucleares en el mundo, la mayoría mucho más potentes que las que se lanzaron sobre las ciudades japonesas.
Todos los Estados miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear han expresado su 'profunda preocupación por las terribles consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares'.
Las armas nucleares son un auténtico peligro para la seguridad de las personas y los pueblos y son las únicas armas de destrucción masiva que todavía no han sido prohibidas por la ley internacional de una forma inclusiva y universal. En
estos momentos 127 países se han comprometido a llenar este vacío legal.
El informe emitido por el Grupo de Trabajo Abierto sobre Armas Nucleares de las Naciones Unidas el 19 de agosto en Ginebra, incluyó una recomendación para que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara una conferencia en 2017 'para
negociar un instrumento legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares orientado hacia su total eliminación'.
Así fue el pasado 23 de diciembre. La comunidad internacional dio un paso adelante muy significativo cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución L41, un acuerdo que permite iniciar un proceso para negociar un
tratado de prohibición de las armas nucleares en este 2017 y que se concreta en dos conferencias diplomáticas, la primera del 27 al 31 de marzo y la segunda del 15 de junio al 7 de julio, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Asimismo, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), aplaude esta decisión y está pidiendo a los Estados que actúen con visión, responsabilidad y ambición en un momento crucial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su apoyo a la Resolución L41 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia el camino hacia la prohibición de las armas nucleares.
2. Participar activamente en las conferencias previstas para los meses de marzo y junio o julio y, conjuntamente con otros Estados, apoyar y liderar la voluntad de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme con la aprobación de un
tratado de prohibición de las armas nucleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Eduardo Madina Muñoz, José Ignacio Sánchez Amor y Ricardo Cortés Lastra, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/001418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Justicia por la que se insta al reconocimiento de la
aporofobia como agravante en los casos de delitos de odio.
Exposición de motivos
La aporofobia es un término acuñado en los años 80 del siglo XX que define el fenómeno del rechazo a la pobreza manifestado a través del odio, la repugnancia o la hostilidad ante el pobre, el sin recursos o el desamparado.
Este tipo de conductas es poco conocido socialmente, aunque diversos estudios constatan su extensión, en perjuicio de las personas en situación de precariedad y vulnerabilidad, mucho más allá de la percepción social.
En este sentido, deviene un fenómeno bastante invisible y poco denunciado, pues las víctimas de este tipo de agresiones muy a menudo no lo denuncian por miedo a posibles represalias o porque creen que no servirá de nada. En el mismo
sentido, en caso de personas extranjeras en situación irregular, el temor a ser expulsados se suma en los impedimentos a la denuncia, convirtiéndolos en campo abonado para las agresiones de grupos violentos, que descargan sobre ellos sus pulsiones
intolerantes, a menudo con la concurrencia de su proyección en redes sociales (como el reciente caso de un youtuber sucedido en Barcelona).
Junto a ello, circunstancias constatables permiten identificar la distinción de las víctimas en función del estatus social: la importancia internacional que se dio a las 12 víctimas de 'Charlie Hebdo', comparada con la repercusión que
tuvieron las más de 700 personas que se ahogaron en el Mediterráneo, o el auge de los partidos europeos con discursos xenófobos dirigidos contra las personas migrantes de escasos recursos a los que se acusa de aprovecharse del sistema 'sin aportar
nada a cambio' o se lanzan mensajes dirigidos a estigmatizar los colectivos de escasos recursos económicos, especialmente extranjeros, que no se pueden permitir un sistema de salud privado, y se enuncia que 'se benefician del sistema sin contribuir
en el mismo', porque 'no tiene nada que aportar'.
El Observatorio Hatento señala que el 50% de personas que duermen en la calle en España (que según la Fundación Rais podrían ser un colectivo de 40.000 hombres y mujeres) ha sufrido algún tipo de violencia y delitos de odio derivados de su
situación de exclusión. De todas ellas, en un 81 % de los casos las víctimas lo han sido en más de una ocasión. En Catalunya, un reciente informe de la Fundación Arrels basado en 348 entrevistas a personas sin techo de la ciudad de Barcelona,
señalaba que el 37 % de ellas afirmaban haber sido víctimas de agresiones (el 47 % en el caso de las mujeres) y el 12 % afirmaba haber sido forzado en alguna ocasión a hacer algo contra su voluntad.
En el mismo sentido, el informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España del Gabinete de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior recoge la aporofobia junto a factores
como el rechazo a creencias o prácticas religiosas, la discapacidad, la orientación o identidad sexual, el racismo y la xenofobia, la ideología o la discriminación por razón de género.
Sin embargo el Código Penal, en su relación del punto 4.º del artículo 22, relaciona como agravantes de la responsabilidad penal 'motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de
la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad', pero no los motivos aporafóbicos de odio a la situación socio-económica de pobreza,
precariedad o de sin hogar de las víctimas, a pesar de que es evidente que estas situaciones incrementan también su vulnerabilidad. En este sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1.ª, núm. 1160/2006, de 9 de
noviembre, excluyó expresamente la aporafobia de la lista de agravantes del 22.4 CP, afirmando que 'no cabe aseverar que la situación del indigente sin techo responda, sin que se acrediten otros matices, a unas determinadas ideología o creencias que
se atribuyan a la víctima, sean o no por ella asumidas, como tampoco a su etnia, raza, nación, sexo y orientación sexual, enfermedad o minusvalía'.
Sin embargo, el artículo 21 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, sí incluye expresamente los motivos basados en el patrimonio de la persona en su lista de circunstancias prohibidas de toda discriminación.
Por ello, los Tribunales mayoritariamente se limitan a tratar las agresiones de este tipo como delitos de lesiones, salvo algunas excepciones en las que se ha aplicado el artículo 173.1 del Código Penal, es decir, considerar la concurrencia
del trato degradante basado en la aporafobia como un delito contra la integridad moral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para que se incluya, en el artículo 22.4, el agravante
de aporofobia o el odio contra las personas pobres y en situación socio-económica precaria y de vulnerabilidad, en las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Hasta la reforma del Reglamento Hipotecario, llevada a cabo por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario, los templos destinados al culto católico quedaban fuera
del Registro de la propiedad al considerarse bienes de dominio público y los bienes de dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo. Además, según la exposición de motivos de ese Real Decreto, la reforma que permitió la rapacería
por parte de la iglesia católica de un ingente número de inmuebles por los que además no paga tributo alguno, respondía a una triple finalidad, adaptación a reformas legales, acomodación del ejercicio de la función del Registrador a las nuevas
necesidades y regulación de figuras carentes de una reglamentación registral actualizada, finalidades todas que en nada se relacionaban con el uso que la iglesia católica, en un abuso claro de derecho, ha hecho de esa modificación. El efecto
combinado del tenor literal del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y de la derogación del anterior artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, operada mediante el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre. En esta reforma del Reglamento Hipotecario
se suprimió la excepción contenida en dicho artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario en virtud de la cual se excluía de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, en lo que parecía constituir una equiparación al régimen
aplicable a los bienes inmuebles públicos, que tampoco podían acceder al Registro, y 4 que paradójicamente, lejos de suponer un privilegio a favor de la Iglesia, suponía para la misma la imposibilidad de gozar de las ventajas de la publicidad
registral respecto a esos inmuebles que quedaban fuera de la inscripción. La supresión de esta anómala normativa, en virtud de la cual se exceptuaba de la Inscripción registral a los templos destinados al culto católico, venía justificada en la
propia Exposición de Motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en su propia inconstitucionalidad. La nueva redacción dada por el artículo 1 del citado Real Decreto 1867/1998, a los artículos 4 y 5 del Reglamento Hipotecario,
posibilitó el acceso al Registro Hipotecario, de cualesquiera bienes inmuebles, así como de los derechos
reales constituidos sobre los mismos. Hasta la reforma del artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, realizada mediante Real Decreto en 1998, los templos destinados al culto católico quedaban fuera del Registro al considerarse 'bienes de
dominio público'. Conviene recordar que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público y que la inscripción es solo la prueba de la existencia de un derecho, no un modo de adquisición. En consecuencia, siempre resulta
necesaria la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble, que además debe ser susceptible de propiedad privada. De otra parte, los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del
Reglamento Hipotecario, que permitieron las inmatriculaciones a nombre de la iglesia católica, son a todas luces inconstitucionales en cuanto vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución española.
A esta conclusión contribuyen también dos Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que, aunque referidas a supuestos concretos, abren una vía de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes
inmatriculados por la jerarquía católica con arreglo al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. En la Sentencia de 20 de diciembre de 2016, por ejemplo, el tribunal muestra su incredulidad ante el silencio sobre la cuestión de las instancias judiciales
españolas, y declara que los actos realizados a su amparo vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos, entre otros argumentos, por tratarse de una norma 'arbitraria y difícilmente predecible al privar a otros interesados de las garantías
procesales básicas para la protección de sus derechos'. Los criterios jurisprudenciales en la interpretación de las normas vulneradas son de obligado cumplimiento para los poderes públicos españoles, en virtud del Principio de Primacía del Derecho
Europeo tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en STC 61/2013, de 14 de marzo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido
inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo
que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente
como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Juan Carlos Campo Moreno y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/001417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
instar al Gobierno a impulsar la instalación del Museo Nacional de la Guardia Civil en Valdemoro, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En la actualidad el Museo Nacional de la Guardia Civil se encuentra ubicado en la Sede Central de la Guardia Civil, sito en la calle Guzmán el Bueno número 110 de Madrid. La creación del Museo tiene su origen en la Orden General del Cuerpo,
número 15, de 23 de junio de 1982 y fue inaugurado el día 12 de octubre de 1982, por Su Majestad el Rey de España, don Juan Carlos I de Borbón.
El servicio actualmente se presta dentro del Servicio de Estudios Históricos. La dirección del Museo es ejercida por un Coronel de la Guardia Civil, auxiliado por un Oficial como Jefe del Negociado, un Suboficial como encargado y varios
Guardias Civiles en activo, con las funciones de mantenimiento y vigilancia. En los aspectos técnicos será auxiliado por un Oficial Facultativo, con el cometido de conservador en base a su formación específica. Por tanto, la gestión y
mantenimiento depende del Ministerio del Interior del Gobierno de España actualmente.
A modo de reseña el Museo tiene una superficie actualmente de unos 350 metros cuadrados, organizado en cuatro salas diferenciadas. Los fondos que se exponen, han sido aportados por entidades públicas o privadas, así corno por diferentes
Unidades del Cuerpo, vinculados de alguna manera al desarrollo e historia de la Guardia Civil desde su creación. A destacar el material que se muestra: son banderas históricas, obras pictóricas, uniformes y armas, estatuas de bronce o dioramas.
Actualmente la visita al Museo, es un tanto restringida, ciñéndose a los días entre semana y en horario de mañana (de 9,00 horas a 14,00 horas). Si se trata de visita de grupos (más de 5 personas) requiere autorización previa como es lógico
al hallarse en un destacamento que requiere seguridad.
Los Gobiernos de España de diferente signo político siempre han mostrado voluntad de encontrar un espacio más adecuado y dotar de mayor relevancia al Museo. De hecho se barajó que el Museo fuera trasladado al Castillo de Maqueda, opción
definitivamente desechada por el gobierno del PP que decidió sacar a subasta este antiguo cuartel de la Guardia Civil, por orden publicada el 12 de septiembre de 2016 en el Boletín Oficial del Estado.
Por otro lado, en 2017 se cumple cien promociones de Guardia Civiles formados en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. Faltan palabras escritas que puedan resumir la singular y entrañable relación entre la
institución de la Guardia Civil y el municipio de Valdemoro. Por ese motivo, el ayuntamiento de Valdemoro y los Grupos Políticos en el representados trabajan para involucrar a la población civil en dicho aniversario, dada la importancia histórica
que tiene y en esta línea el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valdemoro promueve que esta institución colabore a tales efectos, para lo que parece procedente alcanzar acuerdos de colaboración con el Colegio de Guardias Jóvenes a fin
de lograr mayor amplitud de participación, o con la Asociación de Antiguos Alumnos de Colegios de la Guardia Civil, u otras entidades que pudieran aportar.
A modo de reseña histórica, debemos destacar como aparece en el artículo 'Pasado, presente y futuro del Colegio de Guardias Jóvenes' del 2 de noviembre de 2014, de la edición historiográfica 'Benemérita al día', fue el Inspector General de
la Guardia Civil, el General Infantes, quien solicita el 25 de noviembre de 1855 el permiso para la adquisición de un local en Valdemoro para la constitución del futuro Colegio de Guardias Jóvenes, el llamado popularmente 'El Corralito'. El
traslado definitivo se produjo el 26 de marzo de 1856.
A tenor de la autoría del artículo mencionado, y que todo/a valdemoreño/a comparte a buen seguro, expresa lo siguiente: '[...] a partir de aquí se puede asegurar, con total certeza, que el Colegio de Guardias Jóvenes y Valdemoro van
íntimamente ligados, son una misma cosa, en una palabra, se complementan. La simbiosis que se produce es total y en todos los órdenes, tan pronto, según recogen los anales de la historia tanto del pueblo como del propio Colegio [...].'
Sería conveniente que en el proyecto se cuente con el apoyo institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en referencia a las competencias de carácter económico-turístico que ostentan, así como las relacionadas con los aspectos
culturales del artículo 26.1.18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y por supuesto también con la Administración General del Estado.
El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro el pasado 26 de enero de 2017 a instancia del Grupo Municipal Socialista aprobó una Moción para impulsar la implantación del Museo Nacional de la Guardia Civil en Valdemoro con los siguientes puntos:
'El Ayuntamiento de Valdemoro muestra su disponibilidad para que nuestra ciudad sea elegida como sede del Museo de la Guardia Civil. Para ello, se dará comunicación al Ministro del Interior así como a la Dirección General de la Guardia
Civil.
El Ayuntamiento de Valdemoro solicita la creación de una Comisión Trilateral, entre Ministerio del Interior, Comunidad de Madrid y nuestra entidad local, para lograr la consecución de los siguientes objetivos: lograr una disponibilidad de
ubicación para el Museo de la Guardia Civil, pactar una financiación que se requiera para tal cometido y estudiar las múltiples formas de gestión del mismo.
El Ayuntamiento de Valdemoro dará traslado de la presente resolución al Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que institucionalmente apoye dicha medida ante los órganos estatales competentes.
El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro ofrecerá su colaboración al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' para la celebración del Centenario en su 100.ª Promoción de Guardias Civiles.'
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en colaboración con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Valdemoro, exploren las posibilidades de que, una vez ya descartadas otras ubicaciones, dicha ciudad sea elegida como
sede del Museo de la Guardia Civil, acordando un lugar disponible para la ubicación del Museo, la financiación que se requiera para tal cometido y modo de recabarla, así como estudiar y aprobar fórmulas de gestión del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
cesión de las instalaciones de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia en Barcelona, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El barrio barcelonés de El Camp d'En Grassot i Gràcia Nova se encuentra en el distrito de Gràcia, y tiene 33.918 habitantes (2015) y la densidad de población más elevada de los cinco barrios que configuran el distrito de Gràcia y una de las
más elevadas de la ciudad de Barcelona. A esa densidad de población (880 hab/ha) se le tiene que añadir la falta de espacios verdes, el distrito solamente dispone de dos parques urbanos (Parc Güell y el Parc de la Creueta del Coll) así como una
falta crónica de equipamientos públicos. Paradójicamente, esta falta de espacio para zonas verdes y equipamientos públicos contrasta con la existencia de la casa cuartel de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia 289-293. Unos terrenos de
4.375 metros cuadrados y una superficie construida de 12.043 metros cuadrados.
Catalunya tiene competencias en materia de seguridad y orden público y el Cuerpo de Mossos de Esquadra tiene carácter de policía integral por lo que las funciones de la Guardia Civil en Catalunya se limitan a los controles fronterizos, la
vigilancia en puertos y aeropuertos, el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo. Aun así existen tres casas cuarteles en la ciudad de Barcelona (Avinguda Madrid, 11, Carrer de Sant Pau, 92, y Travessera de Gràcia, 289-293) además de
la Dirección General de la Guardia Civil (Vía Laietana, 49) y la Compañía del Puerto de Barcelona (Moll Álvarez de la Campa, s/n).
Una situación que contrasta drásticamente con la llamada Operación Campamento. En enero de 2005 el Consejo de Ministros dio luz verde a la primera fase de la 'Operación Campamento', nombre con el que se conoce una actuación urbanística de
enajenación de nueve millones de metros cuadrados de suelo público propiedad del Ministerio de Defensa en la ciudad de Madrid que pretendía cumplir con el compromiso del Gobierno español de facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda mediante
la enajenación de suelo público. En este sentido, el proyecto contempla en estos terrenos 7.000 viviendas protegidas, 1.100 de las cuales destinadas a alquiler y a jóvenes, así como zonas verdes, equipamientos o servicios públicos. Una operación
que sigue encallada pero que mostraba el compromiso del Gobierno español de enajenación de suelo público para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda y equipamientos públicos para la ciudadanía.
Un compromiso que no puede restringirse solo a la ciudad de Madrid y que debería hacerse extensible a aquellas poblaciones con cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas, especialmente
las situadas en el núcleo urbano, sin el mantenimiento adecuado y padeciendo una paulatina degradación que afecta a su valor económico, así como a la seguridad e imagen de la localidad.
Por otro lado, hay que señalar el agravio comparativo que sufre la ciudad de Barcelona en relación con Madrid. Aún mayor agravio si tenemos en cuenta la necesidad de espacio que tiene la capital catalana y el hecho que los terrenos
militares como los la casa cuartel de la Travessera de Gràcia están en el núcleo urbano.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español:
- Proceder a la cesión al Ayuntamiento de Barcelona al precio simbólico de 1 /m2 de la casa cuartel de la Guardia Civil que actualmente ocupa en la Travessera de Gràcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la regulación de la reventa online, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La reventa de entradas para espectáculos públicos y actividades recreativas ha existido, en mayor o menor medida, desde hace décadas. La situación de abuso que algunos de estos reventas conseguían acaparando entradas, impidiendo, por tanto,
que otros ciudadanos pudieran acceder a los espectáculos públicos y actividades recreativas a no ser que se pagase un precio desmesurado, llevo a la necesidad de regular esta situación. La reventa de entradas para eventos deportivos y espectáculos
está regulada por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Sin embargo, con el avance de la tecnología, la reventa tradicional ha desaparecido y trasladado su actividad al territorio digital. Todos conocemos numerosos artistas, tanto nacionales como internacionales, que han denunciado la aparición
de sitios webs destinados a la reventa de entradas de sus espectáculos a precios desmesurados, incluso vendiéndose entradas para conciertos cancelados. Según los promotores de los conciertos, esta actividad supone un claro riesgo para los
consumidores, puesto que las webs de reventa no tienen ningún modo de garantizar que las entradas que revenden sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas, avisando de que nadie que haya comprado una entrada en la reventa puede estar
seguro de que entrará al concierto.
En el Real Decreto 2816/1982, en su artículo 67.2.º se recoge que: 'Queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades'. Es decir, únicamente estaría prohibida la reventa que se realiza en la calle o
de manera ambulante. Por otro lado, el Reglamento permite, en el mismo artículo 67 -apartado 1.º-, la reventa de entradas realizada en establecimientos autorizados.
El principal problema de la regulación que tenemos a nivel nacional, es que está ciertamente anticuada. Es decir, la norma no contempla expresamente qué sucede con la reventa de entradas que se realiza a través de medios telemáticos. En su
día no se pudo incluir este tipo de venta porque dichos medios no existían y aprovechando este vacío legal, han surgido numerosas plataformas en Internet de reventa de entradas que actúan como intermediarios entre personas que quieren vender la
entrada, con ánimo de lucro mayoritariamente, y personas que desean comprarlas y no las pueden adquirir por los cauces oficiales. Esta práctica supone que, en numerosas ocasiones, las entradas más asequibles se agotan en unas pocas horas y
reaparecen por centenares en la reventa con el precio incrementado considerablemente.
Expulsando del evento a aquellos más vulnerables económicamente y aumentando el precio medio de la entrada.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se regule y se limite la actividad de reventa desbocada que a día de hoy existe en Internet. Esta situación supone una clara indefensión de los consumidores que compran las
entradas, así como un problema para los artistas. Otros Estados de nuestro entorno ya poseen normativas que regulan esta situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas a fin de regular y limitar la
reventa de entradas a espectáculos públicos y actividades recreativas online.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Oskar Matute García de Jalón de EHBildu, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la titularidad,
uso y disfrute del inmueble denominado El Olimpo y radicado en Bilbao, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El solar ocupado por el inmueble denominado El Olimpo (actual cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao) fue adquirido por la Diputación Foral de Bizkaia en 1925. Posteriormente, se construyó el edificio y su uso fue cedido al
Estado, concretamente a la Dirección General de la Guardia Civil en el año 1958, para su utilización como cuartel de la Guardia Civil.
Desde 1958 hasta la actualidad este cuartel ha contribuido a hacer de Euskal Herria una de las zonas más militarizadas de Europa con 7,1 agentes por cada mil habitantes. Y, por desgracia también ha contribuido, junto a otros, a algunos de
los más graves episodios de vulneración de Derechos Humanos.
La Diputación Foral de Bizkaia, propietaria del terreno y el edificio que alberga, no posee competencia alguna en materia policial por lo que carece de sentido que esa cesión gratuita se mantenga vigente.
De igual modo el proceso de crecimiento de Bilbao, no exento de carencias habitacionales en su perímetro, unido a su particular orografía hacen de esta ubicación un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos que redunden en un mayor y
mejor equilibrio urbanístico de la ciudad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Interior a cesar su actividad en el inmueble denominado como El Olimpo-Cuartel de la Salve pasando este a disposición a su legítimo propietario, la Diputación Foral de Bizkaia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/001438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los
Cuarteles Militares en San Sebastián, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los Cuarteles Militares situados en San Sebastián, barrio de Loiola, ocupan 16 hectáreas y se encuentran junto al río Urumea y a un parque público de 30 hectáreas. Desde hace años, los Cuarteles están absolutamente infrautilizados por la
escasa presencia de efectivos militares, constituyendo dichos terrenos una zona de especial importancia para la expansión natural de la ciudad con la construcción de viviendas, en especial de VPO.
Esos terrenos ocupan un territorio inundable por la proximidad al cauce del río Urumea y su falta de adecuación a las crecidas del río, tanto por su cota como por las características de los viejos puentes. Las actuaciones hidráulicas
precisas y la conversión de los terrenos para un uso residencial, dando continuidad a la trama urbana, ya se incluyeron entre las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Se da la circunstancia de que el suelo es un bien escaso en San Sebastián y constituye un grave problema a corto plazo. Por esa razón, desde hace años, el Ayuntamiento ya ofreció una negociación en términos que hiciera compatibles los
derechos y las necesidades de las administraciones interesadas, incluyendo una nueva localización bien dimensionada para los Cuarteles. Todo ello en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación ínter-administrativa.
Por otra parte, las iniciativas presentadas en la pasada legislatura en el Congreso para hacer avanzar la negociación sobre la compraventa de los terrenos de los Cuarteles y el traslado bien dimensionado de los mismos a un emplazamiento
cercano e idóneo, han venido siendo rechazadas por el Grupo del Partido Popular. Sin embargo, al día de hoy la prensa local ha informado de la disponibilidad del Ministerio de Defensa a entablar conversaciones sobre el futuro de los terrenos
ocupados por los Cuarteles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar a lo largo de 2017 las gestiones oportunas para abrir una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permita la compraventa de los terrenos ocupados por los
Cuarteles Militares situados en el barrio de Loiola en San Sebastián, a la vista de su notable infrautilización y con el objetivo de poder cumplir las previsiones establecidas en el Plan General de Urbanismo de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre apoyo a la Resolución L41 de Naciones Unidas y la aprobación de un tratado de prohibición de armas nucleares, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
72 años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, todavía hay más de 15.000 armas nucleares en el mundo, la mayoría mucho más potentes que las que se lanzaron sobre las ciudades japonesas.
Todos los Estados miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear han expresado su 'profunda preocupación por las terribles consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares'.
Las armas nucleares son un auténtico peligro para la seguridad de las personas y los pueblos y son las únicas armas de destrucción masiva que todavía no han sido prohibidas por la ley internacional de una forma inclusiva y universal. En
estos momentos 127 países se han comprometido a llenar este vacío legal.
El informe emitido por el Grupo de Trabajo Abierto sobre Armas Nucleares de las Naciones Unidas el 19 de agosto en Ginebra, incluyó una recomendación para que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara una conferencia en 2017 'para
negociar un instrumento legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares orientado hacia su total eliminación'.
Así fue el pasado 23 de diciembre. La comunidad internacional dio un paso adelante muy significativo cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución L41, un acuerdo que permite iniciar un proceso para negociar un
tratado de prohibición de las armas nucleares en este 2017 y que se concreta en dos conferencias diplomáticas, la primera del 27 al 31 de marzo y la segunda del 15 de junio al 7 de julio, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Asimismo, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), aplaude esta decisión y está pidiendo a los Estados que actúen con visión, responsabilidad y ambición en un momento crucial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Manifestar su apoyo a la Resolución L41 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia el camino hacia la prohibición de las armas nucleares.
2. Participar activamente en las conferencias previstas para los meses de marzo y junio o julio y, conjuntamente con otros Estados, apoyar y liderar la voluntad de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme con la aprobación de un
tratado de prohibición de las armas nucleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Eduardo Madina Muñoz, José Ignacio Sánchez Amor y Ricardo Cortés Lastra, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
la adhesión de España al sistema europeo de Patente Unitaria, para su debate en la Comisión de Economía, Industria, y Competitividad.
Exposición de motivos
El objetivo sobre el establecimiento de un sistema unitario de protección de la propiedad intelectual e industrial en la Unión Europea se está debatiendo por los diferentes Estados Miembros desde el inicio del mercado interior.
Con el propósito de articular el funcionamiento del mercado interior europeo, y facilitar las condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de fabricación y distribución de productos a través de las fronteras
nacionales, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su
artículo 118, mandato al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar las medidas necesarias para la creación de una patente unitaria con efectos uniformes en toda la Unión Europea (creación de títulos europeos para garantizar una protección
uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión). Además, se facultaba al Consejo para que mediante reglamentos estableciera 'los regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión' y
'los regímenes lingüísticos de los títulos europeos'.
En el año 2000, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de protección unitaria en toda la Unión, pero las características del régimen lingüístico propuesto, sin traducción a otras lenguas, no
alcanzó la unanimidad que exige el citado artículo 118 del TFUE. Tras nuevos intentos fallidos, en junio de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente
unitaria de la Unión. La propuesta iba acompañada de una evaluación de impacto en la que se analizaban diferentes opciones para las disposiciones en materia de traducción. El régimen propuesto era utilizar el sistema oficial de la Oficina Europea
de Patentes (OEP), por el que la solicitud de patente puede presentarse en cualquier idioma, presentando además una traducción a cualquiera de los tres idiomas oficiales de la OEP, inglés, francés o alemán. Pero, a finales de 2010 se constató que
era imposible alcanzar un acuerdo unánime sobre las disposiciones de traducción, principalmente por la oposición de España e Italia y, por tanto, la imposibilidad de crear una patente unitaria para toda la Unión.
Posteriormente, y a iniciativa de doce Estados miembros inicialmente, y trece más que se sumaron al poco tiempo, se solicitó a la Comisión el establecimiento de una cooperación reforzada entre ellos para la creación de una protección
mediante patente unitaria sobre la base de las propuestas existentes. En marzo de 2011, el Consejo autorizó a 25 Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Reino
Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Chipre, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía y Eslovaquia) a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente
unitaria en los Estados participantes y ofrecer a las empresas de la Unión la posibilidad de mejorar su competitividad, y contribuir así al progreso científico y técnico. España e Italia se autoexcluyeron por las discrepancias con el régimen
lingüístico.
En 2012 se aprobaron tres normas que constituyen el denominado 'paquete de la patente unitaria': el Reglamento (UE) n.º 1527/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria
mediante patente, el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 sobre las disposiciones sobre traducción, y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Este último firmado por todos los Estados miembros con la excepción de Polonia y España.
España interpuso recursos contra estas dos Reglamentos que han sido desestimados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, en diciembre de 2015, Italia se ha sumado al sistema de la patente unitaria europea, y España es
el único Estado miembro que continúa fuera del sistema.
Creemos que es necesario reconsiderar la posición del Gobierno Español. El mantenimiento de su oposición al sistema de patente unitaria solo por el régimen lingüístico perjudicará gravemente la competitividad de nuestras empresas y de
nuestro proceso de innovación, una vez entre en vigor este sistema. El perjuicio que genera el régimen lingüístico ya lo tiene cualquier empresa española que quiere registrar su innovación como Patente Europea a través de la Oficina Europea de
Patentes y, si se queda fuera del nuevo sistema, el daño será mayor. Además, la entrada en el sistema de patente unitaria no es incompatible con seguir defendiendo en el marco comunitario la utilización del español como lengua de procedimiento ante
la Oficina Europea de Patentes.
Fuera del sistema de patente unitaria, toda patente europea concedida por la OEP debe ser validada en cada uno de los Estados miembros en que quiere obtenerse protección. Para validar una patente europea en el territorio de un Estado
miembro, la legislación nacional puede exigir, entre otras cosas, que el titular de la patente presente una traducción de la misma a la lengua oficial de ese Estado miembro. Por poner un ejemplo, el coste global de validación de una patente europea
media se eleva a 12.500 euros si se valida únicamente en 13 Estados miembros y a más de 32.000 euros si se valida en el conjunto de la UE.
Por el contrario, el sistema de patente unitaria, permite solicitar el registro de una patente mediante solicitud única, con efectos en todos los países del sistema sin tener que hace una nueva solicitud en dichos países, y con jurisdicción
propia ante el Tribunal Unificado de Patentes.
La inminente salida del Reino Unido de la Unión podría suponer un retraso en la entrada en vigor del nuevo sistema de patente unitaria, porque estaba previsto que la sede de una de las divisiones
especializadas del Tribunal Unificado de Patentes se situara en Londres. Un posible retraso que debiera ser aprovechado por el gobierno español adoptando una posición proactiva y conciliadora que nos permitiera resituar la posición de
España.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar todas las acciones necesarias para la adhesión al sistema de cooperación reforzada entre Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.
2. La firma del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.
3. La solicitud de la ubicación en territorio español de la sede de la división especializada del Tribunal Unificado de Patentes prevista en Londres.
4. Continuar defendiendo el español como lengua científico-tecnológica en todos los ámbitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar un Plan Estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su comarca, para su debate en Comisión de Economía, Industria, y Competitividad.
Exposición de motivos
La crisis económica sufrida en España en los últimos años ha impactado de forma muy negativa en el municipio de Talavera de la Reina y en su comarca. Talavera de la Reina es la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro registrado
(35,22 % en diciembre de 2016), su tejido empresarial se ha debilitado en estos últimos años reduciéndose en más del 15 %, y la renta media per cápita se ha reducido a niveles muy preocupantes. Estas circunstancias están provocando que mucha de su
población (cerca del 5 %), ante la escasez de oportunidades laborales, esté emigrando a otros territorios. Todos estos indicadores constatan que es una de las áreas geográficas más deprimidas de nuestro país.
Esta realidad hace necesaria y urgente la colaboración y concertación de todas las administraciones y agentes económicos y sociales del territorio para impulsar un Plan Estratégico de reactivación económica que diseñe un conjunto de medidas
consensuadas, un cronograma de ejecución urgente y excepcional, y un sistema dinámico y continuo de evaluación de sus efectos, para conseguir un crecimiento sostenible de Talavera de la Reina y de su área de influencia.
Recientemente, la Federación Empresarial de la Provincia de Toledo, FEDETO, ha elaborado un documento con un conjunto de medidas urgentes para impulsar el desarrollo económico de Talavera y su comarca. Este documento ha sido presentado y
apoyado de forma unánime por los diferentes ámbitos de la administración, los grupos políticos, los agentes empresariales, los sindicatos y la Universidad, y puede servir de documento base para la elaboración de un Plan Estratégico y el Plan de
inversiones posterior.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con la Administración Autonómica y Local junto a todos los agentes económicos y sociales, un Plan Estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su
comarca, que incluya, entre otras:
- Medidas para la recuperación del sector primario.
- Medidas de fomento de la industrialización.
- Medidas de apoyo al comercio.
- Medidas de impulso del sector turístico y hostelero.
- Medidas de mejora de las infraestructuras y comunicaciones.
- Medidas que impulsen la creación de empleo.
- Medidas fiscales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-José Miguel Camacho Sánchez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
impulso de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
Para incentivar la innovación e incrementar sus beneficios, es esencial proteger los derechos de propiedad Intelectual e industrial (DPI).Estos derechos tienen un gran valor, tal y como demuestran la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la
Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en su proyecto conjunto de análisis sobre el impacto de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la economía europea.
En octubre de 2016, publicaron su segunda edición, y revelaron datos tan interesantes como que los sectores intensivos en este tipo de derechos han generado en el periodo 2011-2013, un 42,3 % del total del PIB de la UE, un 38,1 % de todo el
empleo, con unos salarios un 46 % superiores a los existentes en otros sectores y unas exportaciones que representan el 93,2 % del total. Además, si comparamos los datos con el periodo 2008-2010, relativos a su primer informe, la contribución de
estos sectores intensivos en propiedad intelectual e industrial a la economía mejoran, resistiendo en mayor medida al proceso de crisis.
Es necesario continuar sensibilizando de la importancia de este tipo de protecciones, no solo por lo que suponen en términos de innovación y retorno económico sino porque también constituyen una herramienta de divulgación de la ciencia,
frente a otras alternativas jurídicas que suponen mantener en secreto una determinada información técnica de acceso restringido.
En nuestro país nos queda mucho trabajo por hacer. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, España continuaba perdiendo posiciones en el ranking mundial de solicitudes de patentes por
oficina. Según los datos de 2016, pasamos de la posición 32 a la 33.
Con la aprobación de la Ley de patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, se perdió la oportunidad de incorporar algunas mejoras que estimularan el impulso del sistema de protección industrial, así como de garantizar en mayor
medida, el equilibrio entre el interés general y el individual del titular de la patente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan estratégico de promoción de la propiedad industrial, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las
innovaciones producidas por el sistema de I+D. Establecer, dentro de dicho plan, un marco regulatorio que potencie y facilite la colaboración entre empresas y Universidades y Organismos públicos de Investigación.
2. Establecer una tarifa especial de coste cero para el registro de patentes surgidos en el ámbito universitario o científico en proyectos de investigación cuyos objetivos estén recogidos en los Planes Nacionales de I+D.
3. Incorporar un nuevo supuesto en el que proceda someter una patente a un régimen de licencias obligatorias para garantizar el equilibrio entre el interés general y el interés individual del titular de la patente. Este supuesto se
producirá en aquellos casos en los que el invento haya demostrado tener efectos determinantes para el tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción o de
comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo.
4. Impulsar en la regulación del comercio internacional y en el desarrollo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la introducción de criterios éticos y de cuantas medidas sean necesarias para impedir la apropiación por parte de
empresas transnacionales de recursos biológicos y genéticos de países empobrecidos mediante prácticas de biopiratería.
5. Estimular la presencia de expertos y expertas españolas en los organismos internacionales más destacados en Propiedad Industrial.
6. Iniciar la transposición de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, para la actualización la
legislación española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata, Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Hacienda y
Función Pública, una Proposición no de Ley para no gravar con IVA las subvenciones para la prestación de servicios públicos.
Recientemente se ha producido un cambio de criterio en la aplicación del IVA a servicios públicos, incidiendo ello de manera importante sobre los presupuestos de las administraciones territoriales y, muy especialmente locales.
El artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regula los supuestos de devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), destacando entre ellos las entregas de bienes y las prestaciones de
servicios.
El artículo 78 de la Ley del IVA determina la regla general de cálculo de la base imponible. El apartado primero del mismo establece que 'la base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las
operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas'.
Se incluyen en el concepto de contraprestación las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto, tal y como se especifica en el referido artículo 78, punto dos, apartado 30, en aquellos casos que se
fijan 'en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación'.
Mas recientemente, la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 7 de junio, del IVA, entre otras, añadió un número 4.º al apartado tres del artículo 78, relativo a la exención
de la base imponible del IVA, cuyo redactado ampliaría la sujeción de las subvenciones vinculadas al precio al correspondiente IVA establecida en el punto dos. En concreto establece:
No se incluirán en la base imponible:
[...]
'4.º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales los importes pagados por un tercero en contraprestación de las operaciones mencionadas.'
Con la inclusión de este apartado, la Ley reguladora del IVA concreta que las subvenciones no vinculadas al precio, no forman parte de la base imponible del IVA, pero, por el contrario, sujetaría al correspondiente IVA las subvenciones que
puedan vincularse al pago del precio de un servicio, lo cual incluiría las aportaciones de las administraciones públicas a las concesiones para la gestión de servicios públicos.
A partir de la citada modificación legislativa, la Agencia Tributaria ha iniciado múltiples expedientes de gestión e inspección tributaria, que se derivan en expedientes sancionadores tanto a entidades públicas íntegramente participadas por
la Administración Pública como empresas privadas concesionarias que prestan una gran variedad de servicios públicos esenciales y necesarios para la ciudadanía (transporte público, de televisión y radio, acceso a determinados recintos culturales o de
recreo...).
El objetivo final de estos expedientes es la reclamación a estas entidades y empresas del 10 % o del 21 % de IVA, según corresponda, relativo a las cuantías aportadas por las administraciones públicas, especialmente administraciones locales,
atendiendo a la consideración por parte del ente tributario que estas conforman una contraprestación grabada por dicho impuesto.
En el caso del transporte público, se conoce que los requerimientos han sido iniciados por parte de la Agencia Tributaria a las concesionarias operadoras del servicio del transporte público con mayor facturación y entidad, tanto si operan en
el ámbito urbano como el interurbano, pero todo hace prever que las mismas se harán extensivas a todo tipo de operadoras, afectando directamente a cualquiera de las concesiones públicas del servicio público de transporte.
Los requerimientos de pago se están llevando a cabo con efectos retroactivos para anualidades ya vencidas y, en todo caso, en lo concerniente a las aportaciones de los años 2015 y 2016, y en algunos casos se remonta al límite de la
prescripción.
En todo caso, se evidencia, más allá de las inspecciones realizadas y los expedientes iniciados, un cambio en la política tributaria que amplía significativamente la base imponible del impuesto por lo que se refiere a las concesiones
públicas del transporte, que generará la desestabilización del equilibrio económico de las concesiones y contratos de servicios del transporte público y con definitiva repercusión sobre los precios de los transportes, cuando los presupuestos de las
administraciones territoriales y particularmente de las locales que pagan la subvención no puedan asumir el pago adicional del IVA, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, para la administración o para ambos a la vez. Esto va a suceder
tanto si es una entidad pública como si es una concesión, en este último caso, las concesionarias al prestar un servicio deficitario el aumento de IVA será facturado a las administraciones.
En la mayoría de los casos ello deberá revertir en un alza del servicio, por ejemplo, de transporte.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 78, tres, punto 4.º, con el fin de clarificar que, no se incluirán en la
base imponible -de este impuesto- las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, entendiéndose por tales las aportaciones de las administraciones públicas en las concesiones y contratos de servicios públicos de cualquier tipo y
categoría.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/001424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el incremento de la altura máxima de los vehículos pesados dedicados al transporte de paja, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El sector de la paja está creciendo en los últimos ejercicios, ya que su destino se ha ampliado y ha pasado de ser un producto complementario de la alimentación animal a otros sectores como el de la energía renovable, ya que es materia prima
para plantas de generación de energía por biomasa.
El aprovechar la paja permite limpiar los campos de cultivo evitando la posible quema de rastrojos, con el gran perjuicio que esto supone para la fauna y flora y evitando también el consiguiente peligro de incendios.
Con este aprovechamiento, se proporciona un subproducto cerealista como complemento o materia prima de otras actividades. Alimentación ganadera, combustible para la producción de electricidad, producción de compost destinado al cultivo de
champiñones, etc.
Durante este proceso productivo (empacado, recogida, transporte y almacenamiento) se multiplica el valor añadido del producto y se crean numerosos puestos de trabajo.
El desarrollo del comercio de la paja favorece además el asentamiento de población en el medio rural ya que todas las labores citadas se realizan en este ámbito.
Gracias al incremento en los usos de la paja, su comercialización se ha incrementado en los últimos ejercicios. Hecho que ha permitido también el incremento de las exportaciones.
Una de las reivindicaciones históricas del sector ha sido la de incrementar la altura máxima autorizada para los vehículos que transportan pacas de paja. Actualmente el límite se sitúa en los 4,00 metros, que es el límite estándar para el
transporte en general.
Lo que solicita ANIP es poder incrementar este límite hasta los 4,50 metros de altura, equiparando el límite con los del transporte de vehículos, así como con el transporte de contenedores.
Hay que tener en cuenta que la paja es un producto de un volumen importante y un peso reducido, lo que supone que un camión cargado con pacas a 4 m de altura se sitúe en torno a las 17 Tn. El incrementar la altura hasta los 4,5 metros
supondría incrementar en unas 4 Tn el peso de la carga, quedando muy por debajo del peso máximo autorizado.
Esta medida permitiría mejorar la competitividad del sector, reduciendo el consumo de combustible y en paralelo se reducirían las emisiones con lo que mejoraría la sostenibilidad del sector. Además, en países de nuestro entorno, como
Francia, ya se permite este tipo de transporte a una altura máxima de 4,5 metros, con lo que esta medida permitiría competir a nuestras empresas en mejores condiciones en un mercado cada días más globalizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de tomar las medidas necesarias para incrementar la altura máxima de los vehículos pesados dedicados al transporte de paja desde los 4,00 metros actuales a los 4,50
metros incluida la carga, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la Historia, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Los libros de texto sirven para transmitir conocimientos, modelos, valores y patrones de comportamiento. Pero, ¿cuál es el papel que juegan en ellos las mujeres? A pesar de que la legislación educativa aboga por la igualdad, muchos
materiales didácticos siguen transmitiendo estereotipos sexistas y relegando a las mujeres a un clarísimo segundo plano.
La solución no pasa de hacer distribuciones paritarias de la cantidad de personajes sino de incluir a las mujeres en el discurso histórico. La ausencia de la mujer en el lenguaje, en las imágenes y en los temas de los que es protagonista no
solo es un hecho, sino que es asumida como normal. Cuando aparecen, es como un añadido, un pegote o 'cuota', que no tiene que coordinarse con el resto del texto. Y a veces ni siquiera aparecen. La aportación de las mujeres a la sociedad se
considera anecdótica y no importante para la explicación que se desarrolla.
Los datos no son más amables al hablar de ilustraciones: las mujeres suelen aparecer en las imágenes dentro de una pareja o en un colectivo mixto. Y, en lo referido a las profesiones, el género femenino es mostrado con más frecuencia en el
ámbito doméstico, cultural-artístico (más como consumidoras que como productoras), económico (generalmente realizando actividades de consumo de bienes) y religioso, mientras el masculino se dedica a la política, la cultura y la producción
científica.
Se trata de una evidente separación sexuada de los ámbitos, entre el mundo público, más valorado, y el mundo privado, lo relacionado con lo doméstico. No es solo que los varones son nombrados en los textos en mucha mayor medida que las
mujeres, sino que se transmite que su contribución específica a la construcción del mundo es de mayor relevancia.
En 'Presencia y tratamiento de la mujer en los libros de texto: ¿invisibilidad, transversalidad o patchwork políticamente correcto? Análisis y reflexión' -Universidad de Cantabria- Judit Gutiérrez Sánchez extrae conclusiones de diversos
estudios sobre la presencia de las mujeres en los libros de texto. Entre otros aspectos, es significativo que la mujer en solitario llega a alcanzar como mucho un 16,3 %.
Este mes de febrero, hemos celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pocos saben que el Día del Inventor internacional se celebra el 9 de noviembre, en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr. Precursoras como Hipatia de
Alejandría -matemática, astrónoma y filósofa griega-, otras que vinieron después como María Sybilla, Caroline Herschel, Émilie du Chátelet... o en España, Beatriz Galindo, María Andrea Casamayor, María de Maetzu, María Antonia Zorraquino, Margarita
Salas... no se visualizan como ellos y su legado. Es necesario reivindicarlas para motivar a las nuevas generaciones a seguir avanzando. La proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España (39 %) y en la Unión Europea (33
%) se mantiene estable desde 2009. En ambos contextos ya se ha superado el listón del 40 % de presencia de investigadoras en universidades y en Administración Pública, pero continúa siendo muy baja la proporción de mujeres entre el personal
investigador del sector empresarial, con mejores cifras en España (31 %) que en la UE (20 %).
Aunque nuestro país está por encima de la media europea en nuevas investigadoras, doctoras y catedráticas, el número de rectoras no aumenta. Solo hay tres mujeres como regentes en universidades públicas. En el conjunto de universidades
públicas y privadas las cifras de la proporción de mujeres entre quienes ocupan los cargos unipersonales de gobierno considerados más allá de las rectoras son: vicerrectoras (38 %), decanas/directoras de centros (28 %), directoras de departamento
(28 %) y directoras de Instituto Universitario (21 %).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Valorar el aumento de contenidos del currículo escolar a fin de dar a conocer figuras femeninas relevantes en la Historia.
2. Trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, para que las mujeres tengan una mayor presencia en las asignaturas escolares a fin de promover el papel de estas y contribuir a su
reconocimiento en los avances científicos e históricos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosana Pastor, presenta, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre la Transición Profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales.
Exposición de motivos
En el sector artístico la Transición Profesional es el momento en que un profesional deja los escenarios o los rodajes para tratar de encontrar ubicación en otro ámbito profesional Si bien esta realidad podría parecer exclusiva en
profesiones físicamente muy exigentes como la danza o el circo, existen estudios, como el realizado sobre género en el sector de las artes escénicas y audiovisuales a nivel europeo, que muestran que en profesiones longevas como la interpretación,
las actrices, a partir de los 35-40 años, ven como la edad hace decaer sus oportunidades laborales hasta el punto que algunas de ellas directamente son expulsadas de la industria 1. También el estudio socioeconómico de AISGE, revela como un alto
porcentaje de intérpretes se ve obligado a compatibilizar su ejercicio artístico profesional con otra ocupación; todo ello indica que la realidad y los retos de la transición profesional afecta a todos los profesionales del sector.
En pocas profesiones se da la circunstancia de que la actividad formativa pueda iniciarse a los 8 años en el Grado Elemental y a los 12 años en el Grado Profesional, accediendo a los Conservatorios Profesionales; o que en el extremo opuesto
encontremos, que a la edad de 28, 30 o 35 años (cuando en otras ocupaciones comienza a desplegarse el potencial profesional), una bailarina, un artista de circo o un músico, deba cesar en su actividad para pasar a dedicarse 'a otra cosa...'.
En ninguna otra profesión, tras nada menos que 10.000 horas de formación intensa y exigente, se obtenga una titulación equivalente a Técnico Medio, que por lo general exigen solo alrededor de las 2.500 horas; estamos hablando de personas
que tras duros procesos de selección encuentran trabajo en compañías de Europa, América o Asia. Sin embargo, a la hora de afrontar su Transición Profesional, aun teniendo las habilidades y competencias específicas y transversales, definidas en
estándares internacionales como ESCO (Taxonomía Europea de Habilidades Competencias y Ocupaciones), tienen más problemas que sus compañeros de trabajo formados en otros países, por el simple hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en Francia,
Holanda o Alemania, en España el Perfil Profesional de los artistas escénicos no está definido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y, por tanto, la titulación oficial obtenida no responde a las necesidades de empleabilidad, movilidad y
transición profesional que tendrán que afrontar en algún momento de su trayectoria profesional.
1 'Transition Schemes for Dancers: Developing Career Transition and Life-long Learning Schemes to Offer Long-Term Career Opportunities to Dancers after Retirement from Performing' EuroFIA project (2011) y 'Age, gender and performer
employment in Europe' The international federation of actor's (FIA) project. 2008.
La transición profesional tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, con el acceso a formación cualificada para el empleo, con el reconocimiento de las titulaciones profesionales y/o superiores, con la adecuación de los sistemas
de apoyo al reciclaje profesional a las especificidades de una profesión dura y exigente.
Nuestros artistas, profesionales reconocidos y valorados internacionalmente, no encuentran llegado el momento, dentro del actual sistema español, las herramientas necesarias que puedan afrontar su transición profesional. Por eso, resulta
necesario y urgente favorecer los mecanismos para que el sistema (que sí permite a otras profesiones realizar un reciclaje profesional), se adapte para cubrir las necesidades de este sector.
Por ejemplo, mientras en el campo de los deportistas profesionales, se ha alcanzado un cierto nivel de conciencia social que ha permitido que tras años de dedicación a su práctica deportiva representando a España en competiciones
internacionales, reciban apoyo para su reciclaje profesional, en el caso de los artistas y creadores (que desde los escenarios o desde la producción audiovisual, muestran nuestra riqueza cultural y creativa al mundo) dicha conciencia no existe y al
final de su carrera pueden caer, sin el apoyo adecuado, en la exclusión social.
Los profesionales del deporte sí tienen perfiles profesionales definidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, y sus titulaciones profesionales (que comparte con las artísticas la categoría de Enseñanzas de Régimen Especial), sí cubren
todos los niveles de esta formación y permiten el acceso, desde las titulaciones deportivas a formación en otros campos, dentro y fuera del mundo del deporte.
En los países donde existe apoyo a la transición profesional, más del 85 % de los artistas que utilizan estos programas, encuentran trabajo en el primer año, en el campo profesional para el que se formaron. Contrariamente a lo que se
pudiera pensar, las transiciones profesionales más exitosas se producen a ocupaciones no relacionadas con el ámbito artístico. Estamos hablando de personas que se reincorporan al mundo laboral y continúan aportando al sistema de seguridad social,
desde ocupaciones con un nivel de ingresos y de cotización adecuados.
La experiencia en nuestro país es que un artista que acude a una oficina de empleo a la búsqueda de trabajo fuera del ámbito artístico, suele recibir ofertas formativas de nivel básico o puestos de trabajo que no requieren titulación, o
escasa cualificación.
En países como el nuestro, en los que no existe apoyo a la transición profesional, lo normal es que los artistas acaben en puestos de baja remuneración y cualificación, dados los obstáculos de acceso a la formación que impone la rigidez de
nuestro sistema, y la falta de implementación de procesos de reconocimiento de las competencias profesionales para facilitar el acceso a otra formación, que sí está implementado para otras profesiones.
Para afrontar los retos a los que se enfrenta una realidad cambiante, se ha establecido a nivel europeo la estrategia Horizonte 2020, que está presente en los planes de acción de todos los ministerios y direcciones generales. Como todos
sabemos, el sector cultural aporta el 3,2 % de nuestro PIB, y en el plano internacional España es potencia cultural tanto en Europa como en Iberoamérica, y son los artistas y creadores quienes hacen posible esta realidad. Es esencial que se dote a
nuestro sector cultural de herramientas para participar en los objetivos de este Horizonte 2020: promoción del talento, fomento de la empleabilidad y movilidad.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'- Iniciar junto a los representantes del sector, el proceso de definición de los perfiles profesionales a través del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) a partir de los currículos profesionales MECES 1/EQF 5, que permitan a los
profesionales acogerse a procesos de reconocimiento de la experiencia profesional, como ocurre en el resto de profesiones, para tener una evaluación de competencias adecuada, como primer paso para una Transición Profesional de éxito.
- Participar en los proyectos europeos de promoción de la Transición Profesional, que, con el apoyo de la DG de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, se realizaran en diversos países de la Unión, entre ellos España.
- En definitiva, dotar al sector artístico español de las herramientas para que contribuyan como sector creativo al cumplimiento del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación para el
sexenio 2014-2020 y sus objetivos de promoción del talento, fomento de la empleabilidad y movilidad, que hagan nuestra sociedad más inclusiva, innovadora y reflexiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de las Enseñanzas Artísticas
Superiores para que sean incluidas en el ámbito de la Universidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La cultura es una pieza clave en la sociedad actual y es necesario promoverla sobre los parámetros de la sostenibilidad, la diversidad y la accesibilidad.
En ese sentido, los espacios formativos y de desarrollo educativo en el ámbito de la cultura requieren de una regulación capaz de enriquecer tanto el tejido social y productivo como a las personas que participan del mismo. Para conseguir la
equiparación de las enseñanzas artísticas en España con los demás países europeos, es necesario que desde el Estado se proporcione un espacio formativo donde artistas y trabajadores de la cultura puedan desarrollarse.
La aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en España ha supuesto que las universidades privadas puedan ofrecer esta formación, convirtiendo a menudo el acceso a la formación artística en un privilegio sin alternativas
accesibles. Al mismo tiempo, esto ha dejado a las enseñanzas artísticas (música, danza, artes escénicas, restauración, etc.) fuera de la regulación de títulos oficiales como grados y másteres, impidiendo el acceso a la investigación o la obtención
de títulos de doctorado.
Entre otras políticas públicas relevantes para la conexión entre educación y cultura, destaca la necesidad de adaptar normativa académica en el siguiente sentido:
- Reformar la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para contemplar las enseñanzas artísticas como universitarias.
- Creación de una Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores.
- Creación de un organismo que sea equiparable a la Universidad que procure la independencia de los centros formativos de las administraciones autonómicas procurando que el cuerpo de docentes pueda desarrollarse también en su carrera
investigadora y académica.
Por todo lo anterior, presentamos esta
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno a reformar las Enseñanzas Artísticas Superiores para incluirlas en el ámbito de los estudios universitarios, cumpliendo con la definición vigente en el Espacio Europeo de Educación Superior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al fomento del pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información mediante la correspondiente convocatoria de ayudas con destino a entidades sin ánimo de lucro, para su debate en la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información incluyó en su disposición adicional decimoquinta el Fomento a la participación ciudadana en la sociedad de la información. 'Con el objeto de fomentar
la presencia de la ciudadanía y de las entidades privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información, se establecerán medios de apoyo y líneas de financiación
para el desarrollo de servicios de la sociedad de la información sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democráticos y la participación ciudadana, atiendan al interés general o presten servicio a
comunidades y grupos sociales desfavorecidos'.
Sin embargo desde 2011 solo consta la realización por parte de la entidad pública RED.ES de una única actividad de fomento realizada entre 2013 y 2014 denominada 'Convocatorias para la concesión de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador denominado solución integral para la gestión y justificación de los proyectos del sector cooperación internacional para el desarrollo dentro del programa ONGs en red', con número de expediente C041/13-SV.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una convocatoria anual de ayudas para el fomento del pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información destinada a entidades sin
ánimo de lucro al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la no reapertura de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
La energía nuclear no es la energía del futuro: no es ni limpia, ni segura, ni imprescindible, ni barata. Tampoco es la respuesta adecuada ante el desafío del cambio climático. En el caso de España, ni siquiera es una energía autóctona:
el uranio que utilizamos como combustible tenemos que importarlo de terceros países, contribuyendo así a nuestro déficit comercial.
En primer lugar, la energía nuclear no puede considerarse 'limpia' -a pesar de las reducidas emisiones de CO2 generadas a lo largo de su extenso ciclo de vida-, ya que genera peligrosos residuos radioactivos de muy difícil gestión, desde la
fase inicial de extracción del uranio, hasta centenares de miles de años posteriores a su utilización. Ninguna forma de contaminación tiene semejante potencial de amenaza -y a tan largo plazo- tanto para los ecosistemas naturales como para la salud
humana.
En segundo lugar, la confianza en la 'seguridad' de las centrales nucleares resulta hoy particularmente cuestionada tras la catástrofe de Fukushima, cuyas consecuencias siguen aún fuera de control, a pesar de las ingentes cantidades de
recursos públicos y privados invertidas para evitar fugas de radioactividad (al aire y al agua), así como para descontaminar el entorno de la central. Fukushima puso de manifiesto la infravaloración de los riesgos asociados a fenómenos externos
-inundaciones, terremotos...- así como graves deficiencias en la supervisión y control que debía realizar el organismo regulador, algo impensable en un país democrático y con un alto nivel de desarrollo como es Japón. La experiencia de Fukushima ha
obligado a revisar al alza los requisitos de seguridad de las centrales nucleares en todo el mundo, incluidas las condiciones para hacer frente de manera adecuada a una emergencia nuclear, así como a reforzar la independencia, la transparencia y el
rigor de los organismos reguladores.
En tercer lugar, la energía nuclear no resulta en absoluto 'imprescindible', teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las energías renovables, con nuevas tecnologías cada vez más competitivas y con capacidad creciente de generar energía de
forma continuada -a pesar de la intermitencia natural de sus respectivas fuentes-, así como el amplio margen existente para reducir el consumo de energía a través de la eficiencia y el ahorro energético tanto en términos absolutos -en los países más
desarrollados-, como en términos de PIB. En el caso de España, además, existe un significativo excedente de capacidad de generación eléctrica, asociado a la gran expansión de las centrales de ciclo combinado, que apenas se aprovechan en la
actualidad; y, asimismo, se ha avanzado bastante poco en materia de eficiencia energética, en particular en el consumo de electricidad en todo tipo de edificios.
En cuarto lugar, la energía nuclear no es 'barata'. De hecho, solo se están construyendo nuevas centrales nucleares en aquellos países cuyos gobiernos garantizan condiciones financieras y de rentabilidad adecuadas para compensar sus
elevados costes iniciales de inversión -que se han incrementado significativamente durante los últimos años-; y, por supuesto, en aquellos donde el propio gobierno invierte recursos públicos en dichas centrales por razones geoestratégicas. La
energía nuclear solo resulta 'barata' una vez que se han amortizado sus costes de capital. Por eso, no es de extrañar que en España, donde desde 1997 existe plena libertad para construir nuevas centrales nucleares, no se haya iniciado ninguna, y,
en cambio, asistamos a una presión creciente de las empresas del sector para aumentar hasta los sesenta años la actividad de los reactores existentes. A ello contribuye, además, la sobre-retribución garantizada a la energía nuclear en nuestro país
por la regulación vigente, lo que supone los denominados 'beneficios caídos del cielo' para las empresas titulares de las plantas.
Gráfico 1. Evolución de la construcción de reactores nucleares de 1955 a 2014
En quinto lugar, la energía nuclear tampoco es la respuesta adecuada al desafío del cambio climático, el margen temporal para reducir las emisiones de CO2 (para frenar el calentamiento global) es cada vez más corto: poco más de una década.
Esta urgencia resulta incompatible con los tiempos necesarios para que la energía nuclear sustituya de forma significativa el uso de los combustibles fósiles. Así lo contempla la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé que
durante las próximas dos décadas la inversión en nuevas centrales nucleares apenas superará la inversión necesaria para compensar el cierre de las centrales más antiguas, por lo que aumentará solo ligeramente el porcentaje de la energía nuclear en
el consumo mundial de electricidad. En cambio, la AIE considera el ahorro y la eficiencia energética como el vector más importante para reducir las emisiones de CO2 de forma rápida y a un coste moderado.
En sucesivos proyectos políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, el PSOE ha defendido un proceso gradual de cierre ordenado de las centrales nucleares en nuestro país. El primer Gobierno del PSOE en 1982 implementó la denominada
'moratoria nuclear', es decir, la suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares. En 2002, el PSOE apoyó el cierre de la central nuclear José Cabrera situada en Almonacid de Zorita, la más
antigua de España; y el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó el cierre, en 2013, de la central nuclear de Santa María de Garoña, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había establecido las condiciones de seguridad
bajo las que este reactor hubiera podido seguir operando hasta 2019.
La central nuclear de Santa María de Garoña fue inaugurada en 1970 y desde 2006 se convirtió en la central nuclear en activo más antigua de España. Garoña es una central de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de
Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y ha quedado obsoleta, por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo, si volviera a operar.
No produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares que estableció la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, Centrales Nucleares del Norte, S.A. (Nuclenor), que está participada al 50 % por lberdrola Generación y al 50 % por Endesa Generación, decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de cientos
de millones, algo que entendió 'inasumible'.
La Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se encuentra actualmente en situación peculiar dado que se encuentra en cese definitivo de la actividad desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación. Sin
embargo, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado -por cuatro votos a favor y uno en contra- que la Central Nuclear de Santa María de Garoña pueda operar hasta 2031, con una serie de requisitos de seguridad, es decir hasta
cumplir los sesenta años de vida útil. Esto es, en sí mismo, un hecho insólito debido a que sería la primera vez que una central española solicitara operar hasta esa edad, además superando en siete años el periodo de renovación, que está estipulado
en diez años y que ha sido hasta ahora lo máximo que ha informado el CSN.
Por otro lado, en sede parlamentaria el presidente del CSN, Fernando Marti, señaló, según recoge el acta de su intervención (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados año 2016 XII Legislatura núm. 33, de 19 de octubre de 2016), que
'para poder emitir el informe técnico preceptivo y vinculante en el expediente administrativo de renovación de la autorización de explotación, antes deberían haberse completado' una serie de obras por parte de la empresa propietaria de la central de
Garoña que no se ha llevado a cabo hasta el momento. Entre dichas obras para mejorar la seguridad citaba las siguientes: 'el nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, modificaciones sobre la separación de trenes eléctricos (...),
modificaciones de protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída del techo de turbina en caso de incendio y las modificaciones en el aislamiento de contención'.
El Gobierno del Partido Popular tiene ahora seis meses para decidir si concede la autorización pertinente, condicionada a que Nucleor realice las inversiones exigidas por el CSN para garantizar el nivel de seguridad reforzado después de la
catástrofe de Fukushima.
Dicha central ha cumplido un ciclo de vida útil (cuarenta años) y ya está amortizada. En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y/o de los posibles riesgos para la
seguridad, por lo que el Gobierno debería adoptar una decisión en esos términos y no debería autorizar bajo ningún concepto la reapertura de la central nuclear de Santa María
de Garoña. Además, es necesario también que la empresa propietaria de la Central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma.
A su vez, el Gobierno tiene que involucrarse en el desarrollo de actuaciones de revitalización económica en los municipios incluidos en el área de influencia de la Central, y especialmente en los municipios de la zona de influencia más
cercana, en la provincia de Burgos, sin menoscabo de las que deban también desarrollarse en otros municipios afectados de las Comunidades Autónomas del Pais Vasco y La Rioja.
Y todo esto se enmarca también en la necesidad de llevar adelante un proceso de transición energética en España, con dos prioridades comunes: mejorar la eficiencia energética y aumentar significativamente el uso de las energías renovables y
reducir la utilización de la energía nuclear, acorde con nuestro compromiso de lucha contra el cambio climático. Bélgica, Alemania y Suiza están en proceso de eliminar la energía nuclear en 2025, 2022 y 2035, respectivamente, según la OCDE.
El pasado 22 de noviembre de 2016 varios grupos de la Cámara enviaron al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital una carta para tratar el asunto del proceso de evaluación de la central de Santa María de Garoña. En dicha carta instamos
al Gobierno a que paralice toda decisión política en tanto en cuanto no se haga un debate político, social y técnico sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares a sesenta años.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para impedir que se reanude la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña y la renovación de la autorización de explotación, dentro de la potestad que tiene el Gobierno para tomar dicha
decisión.
2. Ratificar como fecha de cese definitivo de la explotación la que en su momento adoptó el Gobierno en la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio, por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013.
3. Notificar a la empresa propietaria (Nuclenor) su obligación de proceder al desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, exigiéndole que continúe sin ulterior demora el proceso para la obtención de una autorización de
desmantelamiento de la central y proceda a la misma.
4. Adoptar las medidas oportunas para poner en marcha un plan de adaptación económica y reindustrialización de las comarcas afectadas por el fin de la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
5. Aprobar un calendario público de cierre progresivo de las centrales nucleares operativas en España, que se producirá a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento, así como de su desmantelamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco, Esther Peña Camarero, César Luena López y José Javier Lasarte Iribarren, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un Fondo Forestal
Nacional, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las áreas forestales españolas suponen más de 27,5 millones de hectáreas, el 54,35% de la superficie de nuestro país. Este porcentaje es muy superior al de la mayoría de los países europeos, con la excepción de Suecia y de Rusia, casi el
doble de superficie forestal de Francia y cerca del triple de la alemana.
Aproximadamente un tercio de la superficie forestal española es de titularidad pública, mayoritariamente de los ayuntamientos, y el resto, cerca del 70%, privada. Junto a ello, otra característica del sector es la escasa rentabilidad
económica de la actividad forestal para el propietario privado que, además, y ante la insuficiencia de ayudas públicas, suele asumir los costes de los múltiples beneficios que los bosques proporcionan a la sociedad.
En muy pocos montes es económicamente viable hacer las inversiones destinadas a su aprovechamiento. Ello lleva a su abandono y falta de gestión, lo que se traduce al poco tiempo en acumulación de madera por encima de lo razonable, y en la
aparición de plagas, por un lado, y de incendios, por otro, lo que ocasiona, sobre todo éstos últimos, la necesidad de enormes gastos de las administraciones en medios para combatirlos.
En España se produce un promedio de 4.950 incendios forestales anuales, además de 9.500 conatos, cuyo origen es debido, en una inmensa mayoría de los casos, a acciones humanas, ya sean negligentes o dolosas.
Las medidas de prevención de incendios forestales tienen como objetivo reducir el riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y velocidad de su propagación, incidiendo en la protección de los montes mediante actuaciones de
selvicultura preventiva que actúen sobre la acumulación, estructura y distribución espacial del combustible forestal influyendo, decisivamente, en la facilidad de ignición y de propagación y, en definitiva, en la superficie final quemada.
Una decidida actuación en selvicultura preventiva, no solo generará empleo de manera inmediata sino que evitará que muchos incendios se produzcan, con la disminución de los costes de extinción que ello conlleva. Sin embargo en un monte
escasamente rentable, en términos exclusivamente económicos, los propietarios, mayoritariamente privados, difícilmente pueden asumir los costes derivados de una selvicultura preventiva en ausencia de incentivos.
Pese a que los montes españoles no son rentables, transfieren a la totalidad de los ciudadanos unos servicios que permiten a menudo la propia supervivencia, cuando no mejoran, la calidad de vida de la población. Es conocido el papel que los
montes hacen en la regulación de los ciclos del agua, en cantidad y en calidad, mitigando las inundaciones y grandes avenidas cuando hay exceso de precipitaciones, recargando los acuíferos que permiten su empleo en épocas secas, y depurando de forma
natural las aguas de manera que su tratamiento para consumo industrial, agrícola o humano sea mucho menos costoso, al incidir sobre aguas limpias. También es evidente el papel que los montes desempeñan en la lucha contra la erosión -que en nuestro
clima significa directamente desertificación- y que impide inundaciones en la salida de torrentes y ramblas evitando, además, pérdidas de suelo, un factor imprescindible en la actividad económica general. En las últimas décadas se ha puesto de
relieve también la labor que los montes tienen como elementos de captura y almacenamiento de CO2, que permiten mejorar el balance de emisiones de nuestro país y así cumplir con los objetivos asumidos por España tras la ratificación de los acuerdos
de París.
El artículo 65 de la Ley 4/2003 de 21 de noviembre, de Montes, contempla ya los incentivos por las externalidades ambientales, indicando que las administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas de los montes ordenados.
Resulta complejo calcular cual es el precio de cada uno de estos servicios, pero ello no debe ser motivo para el mantenimiento en el tiempo de una situación que se demuestre injusta.
Por ello, podría fijarse una tasa simbólica por metro cúbico de agua suministrada (del orden de diez céntimos) y por litro de carburante o su equivalente energético en gas o carbón (del orden de un céntimo), y los grandes operadores
(compañías de abastecimiento y depuración de aguas para el primer caso, y compañías de distribución de combustibles fósiles en el segundo), se encargarían de transferir los correspondientes importes a un Fondo Forestal Nacional, gestionado por el
Ministerio.
Resulta evidente, por otro lado, que la gestión sostenible promovida por este mecanismo consigue simultáneamente la agrupación de montes tan pequeños que no pueden ser gestionados, consigue que los montes estén en buenas condiciones para
afrontar un posible incendio, lo que a su vez permitirá una
disminución de las inversiones, a partir de los presupuestos públicos, en prevención y extinción de incendios, y un aumento de las capturas de CO2
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Crear el Fondo Forestal Nacional, con objeto de incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados, con los siguientes objetivos:
a) La compensación a los titulares de montes que con una gestión sostenible generan servicios ambientales que disfruta la sociedad.
b) La ampliación de la superficie forestal que genera dichos servicios, bien por reforestación o bien por implantación de gestión forestal sostenible sobre masas preexistentes.
c) La protección de las masas forestales generadoras de servicios ambientales frente a los factores que las amenazan singularmente la adaptación al cambio climático.
d) Potenciar el efecto sumidero de nuestros montes.
- Regular el funcionamiento del Fondo Forestal Nacional, que garantizará la participación de las comunidades autónomas y establecerá el origen de las contribuciones al Fondo, mas concretamente, en:
a) El porcentaje que reglamentariamente se determine de la subasta de derechos de emisión.
b) Las tasas que deberían abonar las empresas de abastecimiento y depuración de aguas y las compañías de distribución de combustibles fósiles por los servicios que el monte les presta.
c) La cantidad que se asigne en los Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente relativa a la segunda fase de las obras de Regeneración Ambiental del Ecosistema de las Marismas de A Xunqueira y la playa do Areal, en el
Ayuntamiento coruñés de A Pobra do Caramiñal.
Exposición de motivos
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de finalizar las obras de la primera fase del proyecto de Regeneración Ambiental del Ecosistema de las Marismas de A Xunqueira y la playa do Areal, en el ayuntamiento coruñés de A Pobra do Caramiñal.
Este proyecto ya fuera elaborado y presentado por primera vez en 1996 por la propia institución municipal.
Este proyecto, después de numerosos cambios, se licitó en mayo de 2014, y las obras de la primera fase se llevaron a cabo hace unos meses, finalizando en el mes de julio.
Para la regeneración total de la zona es preciso acometer la segunda fase, que en el proyecto presentado en la primera fase contempla la demolición de unas naves industriales construidas a principios del siglo pasado y que se encuentran
situadas dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre. La superficie ocupada por estas naves está clasificada en el Plan General de Ordenación Municipal como suelo dotacional y la aprobación del planeamiento recibió, como era preceptivo, el visto
bueno de la Demarcación de Costas. Algunas de estas naves están incluidas en el Catálogo de Bienes y Edificaciones Objeto de Protección. Se trata de un conjunto de pabellones que constituyen una de las últimas referencias que se
mantienen respecto a la arquitectura fabril del barrio do Areal, también conocido como 'Barrio de los Catalanes' por ser el lugar donde se establecieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empresarios de dicha procedencia e
instalaron factorías de salazón de sardinas. Representan por lo tanto un gran valor dentro del patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.
Por todo lo anterior, la segunda fase del proyecto de regeneración ambiental debe contemplar necesariamente la recuperación de las naves de salazón, y destinarlas a un uso dotacional para el municipio de A Pobra, tal como viene recogido en
el planeamiento municipal.
Para la redacción definitiva de esta segunda fase del proyecto, el Gobierno debería contar con la colaboración del propio ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal. Desde la propia Corporación Municipal se está promoviendo un proceso
participativo para la toma de decisión del uso de las naves una vez recuperadas, contando con la participación de expertos en diferentes campos, como en arquitectura y urbanismo, biología y medio ambiente, turismo, cultura y cualquiera otro que
pueda tener vinculación con el objetivo marcado, así como la ciudadanía en general de A Pobra, que culminará en un concurso de ideas para la realización de un proyecto que podrá ser presentado finalmente ante el Gobierno Central, para su aprobación
y financiación. Dicho proyecto incluirá la rehabilitación de las naves y la recuperación ambiental de una gran superficie, ocupada actualmente por un paseo y una carretera.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Redactar, en colaboración con el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, el proyecto de la segunda fase de Regeneración ambiental de A Xunqueira do Areal, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
2. Destinar una partida presupuestaria dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la redacción y la ejecución del proyecto de la segunda fase de Regeneración ambiental de A Xunqueira do Areal, en A Pobra do
Caramiñal (A Coruña).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.- Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada Eva García Sampere, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre apoyo a la ganadería extensiva por su papel fundamental en la sostenibilidad ecológica y social y la
necesidad de modificación de los criterios de cálculo en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos para el establecimiento de la ayuda de pago básico.
Exposición de motivos
I. Importancia de la Ganadería Extensiva.
La ganadería extensiva puede definirse como un sistema de producción en el que un alto porcentaje de la alimentación del ganado se obtiene mediante el pastoreo abierto, estableciéndose una interrelación positiva entre la actividad productiva
y el ecosistema redundando en beneficios, tanto ambientales como económicos. La diferencias en cuando a modelo de producción y sistema de manejo animal entre un sistema puramente extensivo o pastoral y otro intensivo (animales en estabulación
permanente) es muy clara, aunque la realidad comprende una amplia escala de grises (que incluye términos como extensivo suplementado, semi-intensivo o semi-extensivo) para la que no existen umbrales consensuados. Los
sistemas ganaderos de carácter predominantemente extensivo tienen una relación muy directa con la gestión sostenible del territorio, ya que el ganado en pastoreo bien manejado contribuye a mantener hábitats, especies y paisajes de alto valor
natural, que de otra manera evolucionarían hacia hábitats y paisajes simplificados, más cerrados, menos accesibles y más vulnerables a los incendios. Muchos pastos leñosos tienen una gran importancia medioambiental por la diversidad de hábitats que
ofrecen a la flora y fauna silvestre y por su papel en conservación de la biodiversidad, la protección de suelos y el almacenamiento de carbono. La ganadería extensiva es pieza clave en gran parte de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural
(SAVN) en España
Es muy difícil conocer cuál es el número de explotaciones de ganadería extensiva y el número de cabezas de ganado en extensivo que existen en España, entre otras cosas, porque no existen los datos ni los filtros adecuados para conocerlo; ni
en el REGA, ni en el Censo Agrario. No obstante, se sabe que España es el. Estado miembro de la Unión Europea (UE) con más extensión y diversidad de sistemas de ganadería extensiva basados en el aprovechamiento de pastos. La relación entre la
viabilidad de la ganadería extensiva, la pérdida de zonas de pastoreo y el deterioro de la calidad de ciertos ecosistemas naturales es evidente. La intensificación e industrialización de los sistemas de producción ganadera de las últimas décadas ha
conllevado la pérdida de una parte importante del aprovechamiento de los pastos naturales y seminaturales que antes se realizaba en nuestros montes. A modo de indicador, se estima que el censo de ganado en pastoreo en España ha caído un 47% desde
el año 1990 (MAGRAMA, inédito). De la misma forma, podemos decir que en los últimos diez años, han desaparecido cerca de 1.000.000 de Has de pasto permanente. Este fenómeno, junto a otros procesos concomitantes ha contribuido a un incremento de la
vulnerabilidad de los montes frente a amenazas como los incendios forestales.
A diferencia de la situación de los pastos en los países del Centro y Norte de Europa, buena parte de los pastos permanentes en España al igual que en el resto de regiones mediterráneas, se pueden considerar sistemas silvopastorales, ricos
en vegetación leñosa que genera una alternativa alimenticia a la escasez de recursos forrajeros herbáceos durante el largo estío. Según el SIGPAC de 2013, la superficie de pastos en España era de 18,6 millones de hectáreas de las cuales el 86%
correspondían a las categorías de pastos leñosos: Pasto Arbolado (PA) con cinco millones de hectáreas y Pasto Arbustivo (PR) con once millones de hectáreas. La riqueza de los tipos de pasto existentes en España es sumamente importante puesto que
como hemos dicho, se relacionan con ecosistemas de alto valor ecológico. Así encontramos; pastos adehesados dentro de cuya clasificación encontramos hasta cinco tipos, bosques pastados; tanto de rebollares, hayedos o robledales como incluso de
pinares, y por último los pastos arbustivos dentro de cuya clasificación encontramos desde los matorrales almohadillados de montaña, hasta pastos leñosos de zonas semiáridas. De esta manera, diversos estudios como 'Farming for Natura 2000' o
investigaciones del Grupo Focal de Pastos Permanentes, han definido los hábitats dependientes del manejo ganadero y han identificado hasta doce como fuertemente dependientes, y otros sesenta y dos como manejados y conservados mediante ganadería
extensiva, entre los cuales, hay veintiuno considerados como prioritarios en el Anexo I de la Directiva Hábitat 92/43/CE de 21 de mayo de 1992.
II. Coeficiente de Admisibilidad de Pastos y la deficiente aplicación de la PAC a los sistemas de ganadería extensiva mediterráneos.
Para que la ganadería ligada al territorio siga generando servicios ambientales de interés público como los descritos en los párrafos anteriores, las explotaciones tienen que conseguir una suficiente viabilidad socioeconómica. Este reto
requiere toda una serie de medidas que contribuyan a aliviar las dificultades a las que se enfrenta esta actividad; como el costoso acceso a la tierra, la deficiente comercialización o las prolijas normativas sanitarias. Pero, sin lugar a dudas,
uno de los elementos primordiales para alcanzar este objetivo, es que la Política Agraria Común (PAC) reconozca y respalde de forma específica el modelo de la ganadería extensiva en coherencia con los objetivos de la PAC ligados a la conservación
del medio ambiente y de los sistemas de mayor valor acumulado.
La Comisión Europea nunca ha entendido de manera clara el valor ecológico, social, cultural y económico de la ganadería extensiva y del pastoreo. En el primer pilar, el sistema 'histórico' de reparto de ayudas no ha servido para apoyar las
prácticas ganaderas extensivas, y actualmente amenaza de nuevo con las restricciones en la elegibilidad y admisibilidad de los pastos leñosos que pueden excluir de la PAC importantes superficies de pasto leñoso con un uso ganadero real e
imprescindible para su conservación, así como para la autonomía forrajera y sostenibilidad de muchas explotaciones ganaderas asentadas en el territorio.
No obstante, El Reglamento 1307/2013 por el que se establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores, así como el Reglamento Delegado 640/2014 en lo que respecta al sistema integrado de gestión, son más abiertos a que
los pastos con árboles y arbustos sean admisibles para el cobro de los pagos del primer pilar . La nueva definición de pastos permanentes reconoce explícitamente la posibilidad de incluir los pastos leñosos; sin embargo se han aumentado las
exigencias en cuanto a la definición, cálculo y control de admisibilidad lo que ha significado en la práctica una reducción de cerca del 40% de la superficie considerada como pastable y por lo tanto con derecho a pago básico. Esto se traduce en que
desde el año 2016, los ganaderos y ganaderas han visto cómo se reducían sus ayudas entre un 20% y un 100% al no ser consideradas como áreas pastables, total o parcialmente muchas de las parcelas que tradicionalmente manejaban con su ganado.
No obstante y a pesar de la falta de apoyo de Unión Europea y de la Política Agraria Común, la clave está de nuevo en la ausencia de voluntad política y de imaginación constructiva en la aplicación de los Reglamentos por parte de las
autoridades españolas. El aspecto operativo nuclear, por su parte, reside en el procedimiento de identificación y clasificación de las parcelas de pasto. La cuestión es que la forma de clasificación e identificación de las parcelas admisibles a
través de la fotointerpretación de las imágenes del SIGPAC, no permite una adecuada interpretación del uso real de dichos terrenos. Muchos de los pastos leñosos manejados activamente por el ganado están clasificadas en el SIGPAC como uso forestal.
Tanto la fotointerpretación para la clasificación de usos, como el procedimiento de cálculo automático del CAP en base a las imágenes, hacen imposibilidad determinar correctamente que vegetación existe debajo del dosel arbóreo, y por supuesto, no
valora el posible interés forrajero del propio arbolado para el ganado caprino o el bovino, y tampoco si se realiza o no una actividad de pastoreo. Otros países de nuestro entorno han utilizado sistemas de identificación más adecuados y justos para
el sector ganadero, pero también para el conjunto de la sociedad, puesto que determinan con mayor exactitud cuáles son realmente las áreas que están siendo pastadas de forma que se cobra realmente por la realidad del terreno manejado sin inflar
artificialmente las declaraciones y sin castigar a aquellos ganaderos y ganaderas que hacen un manejo sostenible del territorio de acuerdo a prácticas locales establecidas. La forma de aplicación elegida en nuestro caso tiene un sector claramente
perjudicado, el de la ganadería extensiva, que paradójicamente es la que mejor representa los valores de la nueva PAC y de forma indirecta el conjunto de la sociedad que ve deteriorarse los ecosistemas naturales dependientes de la actividad.
Pero además de haber podido elegir otro sistema de detección y clasificación, al Ministerio de Agricultura le cabe otra posibilidad, contemplada en los Reglamentos, consistente en la declaración como Prácticas Locales Establecidas, el manejo
del ganado tradicional en los hábitats considerados como prioritarios, y de esta manera, que su clasificación fuera automática, o bien por la vía de aplicación de un 'bonus' similar al aplicado para las dehesas pero extendido a otros ecosistemas.
Lo cierto es que detrás del mantenimiento de la situación actual existen riesgos potenciales, tanto para el colectivo de pastores y ganaderos como de carácter ambiental, derivados de una inadecuada aplicación de la PAC en este sector:
- Amenaza de desaparición progresiva de la pequeña ganadería extensiva con base territorial o que utiliza como superficie de pastoreo espacios ricos en vegetación natural (mosaicos, bosques pastoreados, etc.). Puesto que
- Aumento del riesgo de incendios provocados y talas incontroladas en aquellas superficies en las que la presencia de elementos leñosos sea un obstáculo para su elegibilidad.
- Amenazas a la persistencia de pastos arbolados y dehesas, al reducir la elegibilidad de aquellos lugares que presenten abundante regeneración.
- Simplificación del paisaje y pérdida de conectividad ecológica, por la eliminación de elementos que le otorgan variedad y riqueza (bosquetes, matorral, etc.) con el fin de aumentar la superficie elegible.
- Abandono del uso ganadero en hábitats de interés comunitario que requieren para su conservación un nivel de pastoreo adecuado.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el diálogo y la adopción de un acuerdo con las CCAA para cambiar el sistema de clasificación de las parcelas de pasto, habilitando una fórmula por la cual el ganadero o ganadera pueda
elaborar su propio Coeficiente de Admisibilídad de Pastos en diálogo con la administración competente y de acuerdo a un procedimiento claro y desarrollado de a través de unas guías de aplicación elaboradas por el Ministerio.
2. Que el Gobierno impulse la Declaración del pastoreo como Práctica Local Establecida de acuerdo a lo recogido en el art 4 del Reglamento 1307/2013 y artículos concordantes, en determinados ecosistemas importantes desde el punto de vista
ecológico y que son identificados en el Anexo I de la Directiva Hábitat y catalogados como dependientes de la actividad y manejo ganadero y de manera general, todos aquellos incluidos dentro de la Red Natura 2000
3. Impulsar la inspección y la clarificación necesaria para depurar y sacar aquellas parcelas del sistema PAC que no sean utilizadas para la ganadería extensiva según la normativa aplicable, lo que resulta clave para lograr el equilibrio
financiero dentro del sistema PAC
4. Extender el 'bonus dehesa' a otros sistemas silvopastoriles, de acuerdo a lo que propone la Sociedad española de Pastos y de manera especial los citados en el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000.
5. Habilitar la forma de identificar dentro del REGA un registro especial de Ganadería Extensiva que permita avanzar hacia una futura reforma de la PAC que contemple de manera especial el apoyo a este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Eva García Sempere y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la mejora del paseo marítimo de Pineda de Mar y su entorno, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Exposición de motivos
El paseo marítimo de Pineda de Mar (Barcelona) resultó afectado por los temporales que se sucedieron los días 19 y 20 de diciembre de 2016 y, posteriormente, el 21 de enero de 2017. El mismo paseo se vio afectado en varias ocasiones y en
años anteriores por los temporales marítimos. Así ocurrió, con especial virulencia, en 2013, cuando el Ayuntamiento de Pineda tuvo que afrontar la reparación de los daños y trasladó al Estado los costes, aunque desde el Ministerio se denegó el pago
al considerar que se trataba de obras de mantenimiento. No obstante, las obras de reparación que llevó a cabo el ayuntamiento en un tramo del paseo han podido resistir posteriores temporales.
Los temporales de los días 19 y 20 de diciembre de 2016 supusieron un coste de reparación de los destrozos -asumido por el Ayuntamiento de Pineda- de unos 150.000 euros. Pineda de Mar es un municipio turístico e inicia su temporada
coincidiendo con la Semana Santa, y el Paseo Marítimo es uno de los principales activos turísticos de la población. Por este motivo, no cabía la posibilidad de esperar y dejar sin un arreglo adecuado la zona afectada, sin desprecio del lógico
disfrute cotidiano por parte de la población residente de este paseo.
El temporal de enero de 2017 que azotó la costa de Pineda ocasionó daños, especialmente en la Playa de Los Pescadores, cuya subsanación y reposición se estima en más de un millón de euros. Entre otras, se registraron afectaciones en
alumbrado público, canalizaciones y mobiliario urbano, palmeras y zonas ajardinadas, tanto del paseo como del propio carril bici ya afectado un mes antes. Asimismo, quedó al descubierto la canalización del sistema de recogida de aguas residuales
del Alto Maresme.
Algo semejante había ocurrido ya en marzo de 2013. En aquella ocasión, la delegada de Costas en Catalunya, María Toledano, visitó la zona afectada y se comprometió in situ a tramitar por la vía de urgencia las obras de reparación. No
obstante, unos días después el ministerio comunicaba al ayuntamiento
su decisión de dejar en manos del consistorio la inversión, alegando que se trataba de obras de mantenimiento.
Por otra parte, y además de estas afectaciones ocasionadas por los temporales, el acceso a la zona de playa de este municipio costero y turístico, Pineda de Mar, requiere una actuación que permita un paso más seguro y amplio que el actual.
El acceso de determinados vehículos de servicio e incluso de auxilio sanitario por el paso actual se hace imposible dadas sus dimensiones. Una vez eliminado el actual paso subterráneo bajo la vía, al final de la calle Santiago Rusiñol de Pineda de
Mar, y sustituido por otro más adecuado y amplio, podría eliminarse el paso a nivel de la estación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Elabore un estudio técnico para reconstruir con garantías y de forma definitiva el paseo marítimo de Pineda de Mar y que este estudio contemple las actuaciones necesarias para evitar o minimizar daños ocasionados por temporales en el
futuro.
- Se haga cargo del coste de todos los daños ocasionados por los temporales de diciembre de 2016 y enero de 2017.
- Elimine el paso subterráneo bajo la vía del tren, al final de la calle Santiago Rusiñol de Pineda de Mar, y construya un paso más seguro y amplio que permita eliminar, en el futuro, el actual paso a nivel de la estación de tren.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Plan de Atención Integral a las Personas sin Hogar, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La existencia de personas viviendo en la calle es el reflejo de un fracaso colectivo como sociedad. Esta dura realidad se ha agravado notablemente como consecuencia de la crisis y de los recortes en políticas sociales llevados a cabo desde
2012, con una doble consecuencia: el incremento del número de personas afectadas y el cambio en el perfil, características y problemas asociados a la situación de carecer de un hogar.
Si bien es cierto que existen una escasez de datos e información relativa a este fenómeno, se ha comprobado un importante aumento del número de personas sin hogar. Con mayor intensidad, ha crecido el número de personas jóvenes y de mayores
de 45 años. Se aprecia también un alarmante incremento de la proporción de mujeres, así como de las personas que tienen pareja e hijos.
Además, han aparecido una serie de fenómenos novedosos, consecuencia de lo ocurrido en los últimos años en nuestro país. En primer lugar, ha aumentado del sinhogarismo por impagos, pérdida de vivienda y desempleo. En segundo término, se
aprecia mayor cronificación de las situaciones de sinhogarismo y de la búsqueda de empleo. Tercero, aumenta el número de personas sin hogar que carecen de cualquier tipo de ingreso y varían sustancialmente las fuentes de ingresos de quienes los
tienen, al reducirse a la mitad las que cuentan como principal fuente de ingresos el trabajo. En el caso de las mujeres, bajan especialmente las fuentes procedentes de la protección por desempleo.
A la vez, se constata que las personas sin hogar presentan rasgos demográficos cada vez más similares al resto de la población. Por ejemplo, aumenta el porcentaje de mujeres universitarias. Entre las personas sin hogar que trabajan, hay
más directivos, técnicos o profesionales, más administrativos, comerciales o empleados del sector servicios y más trabajadores cualificados en los sectores agrario o industrial. La permanencia media en el trabajo ha aumentado, en 2012 creció
radicalmente el porcentaje de personas sin hogar que llevaban más de dos años en su trabajo.
Un dato especialmente preocupante es el aumento de agresiones y delitos contra personas sin hogar, especialmente los dirigidos contra jóvenes y mujeres.
En Europa, las políticas sobre sinhogarismo han experimentado un importante impulso. El Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 16 de diciembre de 2010 y 6 de septiembre de 2011 sobre la estrategia de la Unión Europea en relación con las
personas sin hogar, a las que habría que sumar también su Resolución de 11 de Junio de 2013 sobre vivienda social, ha recomendado a los Estados que elaboren sus propias estrategias. Este refuerzo y dinamización de las políticas para personas sin
hogar se inscribe en la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador para la década.
España aprobó, el 6 de noviembre 2015, en cumplimiento de las citadas resoluciones, la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar 2015-2020 (ENI-PSH). Se trata de una enunciación de propuestas, una manera de apostar por una
determinada línea de trabajo, de metodología y de enfoque en las políticas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las personas sin hogar en España y, en lo posible, la erradicación de este fenómeno.
La Estrategia fue bien recibida por los colectivos y expertos conocedores del problema pero, desde el primer momento, señalaron algunas deficiencias que se centraban, principalmente, en la necesidad de incorporar un presupuesto específico,
así como de concretar las medidas, mediante la coordinación de todas las administraciones.
La ausencia de dotación económica y la falta de concreción de las medidas, explican que la estrategia no esté desplegando efectos en la práctica. Si de verdad se quiere abordar el problema, es necesario elaborar, con la participación de
todas las administraciones y agentes sociales implicados, un Plan que concrete las medidas, incluyendo dotación presupuestaria y unos objetivos que sean evaluables y cuenten con un plazo determinado para su cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las entidades locales y con la participación del tercer sector, un Plan de Atención Integral a las Personas sin Hogar, que cuente con
dotación presupuestaria y desarrolle las propuestas contenidas en la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar 2015-2020, para concretar medidas y actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos previstos en la misma.
El Plan incluirá una evaluación a 31 de diciembre de 2017, cuyas conclusiones se presentarán ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados y servirán para orientar las políticas a desarrollar en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2017.-Eduardo Madina Muñoz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre reforma de la asistencia a pacientes con enfermedades raras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
A día de hoy, en España, existen multitud de pacientes con enfermedades raras que precisan de desplazamientos reiterados para percibir atención especializada en los centros de referencia denominados Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR). Estos centros designados por el consejo interterritorial de salud tras un proceso de acreditación son los encargados de atender a estos pacientes. Este sistema trata de fomentar la especialización de los servicios en estos casos
poco frecuentes con el fin de que adquieran la mayor experiencia posible y desarrollen a su vez líneas de investigación que mejoren el pronóstico de estos pacientes.
En el transcurso de su funcionamiento numerosos pacientes y familiares han detectado algunas disfuncionalidades que deberían de tenerse en cuenta para una mejora continua del sistema. Entre ellas destaca la necesidad de viajes reiterados en
los casos que no se agrupan consultas y exploraciones complementarias en el mismo día. Así mismo la desaparición de los fondos de cohesión y la crisis han dificultado la movilidad de estos pacientes por lo que también se hacen precisas algunas
mejoras en este aspecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de:
1. Crear la figura del gestor de casos en todos los CSUR con la función, entre otras, de aglutinar las citas de los pacientes con enfermedades raras en un solo día y reducir así los tiempos que tienen que pasar estos pacientes y sus
acompañantes en el hospital, con los consiguientes problemas que esto supone tanto a nivel personal como laboral.
2. Designar los CSUR suficientes para cubrir las 21 patologías designadas por la Unión Europea.
3. Establecer la posibilidad de que todos aquellos menores diagnosticados de una enfermedad rara puedan solicitar consulta de segunda opinión y seguimiento al CSUR de referencia.
4. Evitar duplicidades en enfermedades raras de baja prevalencia a fin de poder aunar experiencia.
5. Favorecer la continuidad de tratamiento por los mismos especialistas en la transición de edad pediátrica a edad adulta a fin de no perder experiencia acumulada.
6. Potenciar la investigación en los CSUR incentivando la publicación de trabajos de investigación como mérito y requisito imprescindible para mantener la acreditación.
7. Potenciar la gestión de casos en procesos relacionados con la escolarización precoz en pacientes con daño cerebral, facilitando el acceso a recursos de atención al niño crónico complejo con discapacidad y/o dependencia y con alta
necesidad de cuidados y terapias especializadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de medidas
destinadas a combatir las situaciones de violencia filioparental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Existen diferentes tipos de violencia en los hogares, como la violencia conyugal o la violencia paterno-filial también llamada ascendente.
Centrándonos en esta última, podríamos entender que existe violencia filioparental cuando un hijo emprende un conjunto de acciones reiteradas hacia los padres o adultos que ocupan su lugar, que
intencionadamente causan daño físico, emocional o económico, provocando que el agresor tenga poder y control sobre las víctimas.
Las cifras muestran un crecimiento exponencial de este tipo de violencia. En 2006 la Fiscalía General del Estado recibió 2.000 denuncias por casos de violencia filioparental, en 2012 cerca de 5.000, y en 2013 alrededor de 9.000. De acuerdo
con informes de este mismo organismo se calcula que el 9% de los progenitores sufre violencia física y un 40% verbal y emocional. Los datos europeos recogen que solo el 10% de los padres denuncian, por lo que esto es una pequeña muestra de la
realidad que viven muchas familias.
En el mismo sentido, la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental (SEVIFIP) señala que las denuncias en los juzgados por el ejercicio de violencia ascendente se han multiplicado en los últimos años.
Por lo tanto, la importancia cuantitativa y cualitativa de la violencia filioparental le otorga una dimensión social, que debe ser entendida como un problema de toda la sociedad, y no solo una preocupación de padres e hijos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, a promover el estudio e investigación de la violencia filioparental para conocer la realidad española, con la
finalidad de adoptar las medidas necesarias destinadas a solucionar los problemas originados por la violencia ascendente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la mejora de la protección de los pacientes afectados por la pseudociencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios son elementos esenciales a la hora de detectar agresiones, abusos o situaciones de vulneración de derechos fundamentales a los ciudadanos en las diferentes etapas de su vida. La formación que poseen estos
profesionales, de diferentes categorías, permite valorar cuando sus pacientes manifiestan signos y síntomas que concuerdan con acontecimientos violentos o de situaciones de abuso. Esta facultad, y también obligación legal, les es conferida a través
de diferentes normas.
Por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estipula que en España, el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible
existencia de un hecho delictivo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal señala en sus artículos 262 y 355 preceptos legales relativos a esta obligación de denunciar a las autoridades competentes cualquier delito público o relacionado con delitos de lesiones: 'Los que por razón
de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de
policía más próximo al sitio, si se tratase de un delito flagrante' y 'Si el hecho criminal que motivare la formación de una causa cualquiera consistiese en lesiones, los Médicos que asistieren al herido estarán obligados a dar parte de su estado y
adelantos en los períodos que se les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquiera novedad que merezca ser puesta en conocimiento del Juez instructor' respectivamente.
También el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, recoge como una función del personal sanitario de
Atención Primaria, Atención Especializada y Urgencias la comunicación a las autoridades competentes de aquellas situaciones que lo requieran, especialmente en caso de violencia de género.
El sistema sanitario también tiene un importante papel en la prevención de la violencia de género, que se articula a través de actuaciones en el ámbito de la sensibilización y formación de profesionales y de atención a la salud integral de
las mujeres, lo que incluye actuaciones de salud comunitaria y educación para la salud.
Sin embargo, a día de hoy, estas potestades y obligaciones médicas se circunscriben mayoritariamente, que no por ello menos importantes, a problemáticas relativas a la violencia de género, trata de personas, mutilación genital femenina y
maltratos a menores, dejando de lado otros elementos que, pudiendo ser constitutivos de delito, no se deben denunciar de manera sistemática.
En relación a esto último nos referimos a los efectos perniciosos que poseen las pseudociencias, y sobre todo quienes las indican, para los pacientes. Son numerosas las ocasiones en las que un paciente, con enfermedad terminal en numerosos
casos abandona un tratamiento con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de esta, por terapias naturales o pseudociencias que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud. También
existen numerosos casos en los que los pacientes sufren intoxicaciones o daños fisiológicos importantes como consecuencia de ingerir productos peligrosos o sin garantías sanitarias, que incluso pueden interaccionar con tratamientos que estén
tomando.
Además, puede ser peligroso el uso de este tipo de 'terapias' como complementarias de un tratamiento médico. Por ejemplo, determinados productos a base de plantas interactúan con los medicamentos empleados en quimioterapia. En otros casos
se emplean productos que son de por sí peligrosos, como diversas plantas medicinales o el llamado 'MMS' o 'Miracle Mineral Solution', declarado medicamento prohibido en España y varios países más.
Pese a los avances en la medicina y los logros conseguidos en muchas enfermedades, en especial el aumento de esperanza de vida y las tasas de supervivencia en diferentes patologías, el auge de las terapias alternativas sin aval científico es
imparable y su uso se extiende cada vez más en especial sobre colectivos de enfermos cuyas patologías derivan en procesos terminales o requieren un tiempo de tratamiento amplio.
Hay un argumento recurrente cuando se aborda este problema que defiende este tipo de prácticas. Según sus defensores, los pacientes que acuden a terapias naturales o pseudociencias no se ven perjudicados por elegir este tipo de
tratamientos. Una hipótesis que no es verdad en una cantidad importante de casos.
Numerosos profesionales que practican este tipo de terapias señalan que existe un vacío legal que regule su práctica. Sin embargo, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo en relación con el
Decreto catalán 31/2007, por el que se regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales, señala que el hecho de que estas prácticas, al presentarse como sanitarias y terapéuticas, hace que se les aplique el régimen
establecido en la regulación básica estatal, principalmente lo recogido en la Ley 14/1986, General de Sanidad; la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Una normativa que carece de supervisión para cerciorar su cumplimiento.
La falta de regulación generalizada en este ámbito tanto hacia los profesionales que las imparten o recomiendan, así como la falta de regulación sobre los productos y terapias que son consideradas efectivas o no, basadas en criterios
científicos, ha supuesto la aparición de un limbo legal en el que existen pacientes que, desesperados por el avance de su enfermedad, abandonan tratamientos con posibilidad de curación por tratamientos naturales o pseudociencias que no están
avaladas e indicadas, científicamente, para tratar sus dolencias.
Podemos comprobar cómo existen personas de toda índole social y nivel educativo que confían su salud a terapias naturales y pseudociencias abandonando tratamientos. Esta problemática se está tratando ya en numerosos congresos médicos y
científicos. Todos ellos coinciden en que el uso de estas terapias está en aumento y que es necesario que desde la profesión sanitaria se pueda denunciar este tipo de
prácticas no tanto por lo que hacen sobre los pacientes, que en algunos casos también sería preciso, sino que por lo que dejan de hacer por los pacientes.
Otro elemento en cuestión a la hora de combatir este tipo de prácticas es apelar a la responsabilidad que las administraciones autonómicas y ayuntamientos poseen en relación a las actividades comerciales que se desarrollan en sus
territorios. El Real Decreto 1277/2003, sobre autorización de centros y establecimientos sanitarios, establece que son las administraciones autonómicas, por regla general, quienes deben velar por las autorizaciones pertinentes en el establecimiento
de centros sanitarios en su territorio, una situación que a día de hoy no se produce dado que numerosos de estos establecimientos, que comienzan su actividad con actividades pretendidamente sanitarias, no pasan los controles pertinentes.
Somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico, pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas
basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica. Por ello consideramos que los profesionales sanitarios deben ser parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses
contrarios al bienestar del paciente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes (fiscalía o juzgado de guardia)
las prácticas llevadas a cabo por profesionales, titulados o no titulados, que alejadas de la evidencia científica pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes. Todo ello se hará a fin de detectar malas prácticas que
pongan en peligro la salud pública o la vida de los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para facilitar el acceso al Registro Español de Médula Ósea y facilitar los trasplantes de médula ósea, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La donación de órganos y tejidos es un gesto completamente altruista, considerado como uno de los mayores actos de generosidad que una persona puede hacer por otra. A día de hoy existen miles de personas, solo en nuestro país, que continúan
viviendo con una significativa calidad de vida gracias a la generosidad de otras personas que han donado sus órganos o tejidos.
Existen diferencias significativas en los tiempos de espera de una donación a otra dadas las limitaciones que las compatibilidades genéticas suponen. Unas diferencias de espera que pueden suponer la supervivencia o no de los pacientes. Por
ello es realmente importante poseer una base de donantes de órganos y tejidos amplia, que permita encontrar compatibilidades de la forma más rápida, sobre todo en lo que a trasplantes de médula se refiere.
Han pasado varias décadas desde que se realizara el primer trasplante de médula ósea en 1957. Desde entonces, este tipo de trasplantes han evolucionado significativa de tal manera que, en la actualidad, este tipo de trasplantes se emplean
para curar una variedad importante de enfermedades: leucemias, linfomas, aplasia medular, mielomas, etc.
Las posibilidades de encontrar el donante idóneo dentro de la familia del paciente afectado son de un 30%, por eso, en la mayoría de las ocasiones (70% de los casos) es preciso recurrir a la búsqueda del donante adecuado fuera del ámbito
familiar. Por otro lado, puesto que las células madre de la sangre también se encuentran en la sangre del cordón umbilical, el trasplante de sangre de cordón umbilical (SCU) es una opción terapéutica con una trascendencia cada vez mayor.
Las condiciones para ser donante son claras. Según el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, para ser donante es preciso:
- Tener entre 18 y 55 años.
- Estar sano y no poder transmitir al receptor enfermedad alguna o poner en riesgo la vida del donante por el hecho de donar.
La leucemia aguda, linfoma y mieloma múltiple son las principales enfermedades que pueden beneficiarse de un trasplante de médula. En nuestro país, cada año cerca de 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia aguda, alrededor de 7.000 de
linfoma y cerca de 2.000 de mieloma múltiple. Por otro lado, la leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Supone un 30% de las enfermedades hematooncológicas pediátricas. El 70% de los pacientes que pueden beneficiarse de este tipo de
trasplante, necesitan un donante no familiar.
A día de hoy, más de 28 millones de personas, en todo el mundo, son donantes de médula, a los que deben añadirse los 650.000 cordones de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenados en el mundo. En España, en concreto, tenemos más de
230.000 donantes de Médula Ósea y alrededor de 60.000 cordones almacenados en bancos públicos. Unas cifras significativas y que han llevado a que nuestro país esté en segundo puesto en el listado mundial, tras los Estados Unidos, con más unidades
de SCU almacenadas. Estas excelentes cifras no se han conseguido de la noche a la mañana. El esfuerzo y trabajo de numerosos profesionales en materia de concienciación y educación ha sido esencial. En el año 2013 la Organización Nacional de
Trasplantes y las Comunidades Autónomas, en colaboración con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes pusieron en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea con el objetivo de alcanzar los 200.000 donantes para finales de 2016. Una cifra
que se ha alcanzado y ha desplazado el objetivo y el horizonte a 400.000 donantes para el año 2020. Es aquí donde los más jóvenes pueden tener un papel importante. Cada día, más a menudo, los más jóvenes sienten la necesidad de ayudar a otros
ciudadanos con actos de generosidad de este calibre. Sin embargo, la actual ley de trasplantes les impide poder inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) hasta los 18 años, lo que limita el acceso a este registro y frena el
procedimiento a la hora de detectar posibles compatibilidades de cara a trasplantes de médula. Facilitar la inscripción de los menores de edad, siempre con el consentimiento de sus tutores legales, puede agilizar de manera significativa la
detección de ciudadanos compatibles con personas que precisan de ese trasplante lo antes posible siempre salvaguardando los derechos e integridad de los menores.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el fomento de las donaciones de órganos y tejidos, sobre todo de médula ósea, es un objetivo en el que deben implicarse todas las administraciones, fuerzas políticas, así como
sociedades científicas y pacientes. Un elemento basado en la generosidad, que puede salvar vidas y que, además, España representa como pocos países en el mundo debe seguir siendo bandera de nuestra sociedad.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas para facilitar el acceso, a los menores de 18 años, al Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) facilitando su identificación, siempre con consentimiento de sus progenitores o tutores
legales, para agilizar posibles compatibilidades y trasplantes una vez hayan alcanzado la mayoría de edad.
2. Llevar a cabo campañas públicas de concienciación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, a fin de conseguir los 400.000 donantes de médula en España para el año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la investigación y el
abordaje diagnóstico-terapéutico de la endometriosis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La endometriosis es una enfermedad crónica y recurrente que afecta en torno a un 10-20% de las mujeres, aumentando esta cifra hasta el 40-50% de las mujeres en casos de infertilidad.
Esta enfermedad se define por la presencia, implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial fuera de la matriz, constituyendo las localizaciones más frecuentemente afectadas como el peritoneo pélvico y los ovarios, pero también
encontramos en la zona pélvica, como el intestino y la vejiga urinaria. En casos excepcionales, puede afectar al cerebro o los pulmones.
Los aspectos más reseñables de la endometriosis son dos: por un lado la alteración de la calidad de vida de las mujeres que la padecen, dado que se manifiesta de forma frecuente con dolor pélvico (dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico
crónico) que puede comenzar siendo de menor intensidad y ligado a la menstruación pero que se puede incrementar y ocurrir en diferentes fases del ciclo menstrual, siendo notablemente incapacitante; por otro lado es reseñable su relación con la
fertilidad, de modo que tanto fases precoces como avanzadas, así como con o sin distorsión de la anatomía pélvica normal se asocian con dificultades para la concepción.
Uno de los problemas al que se han de enfrentar las mujeres que padecen de endometriosis es el retraso diagnóstico, que se cifra en torno a los 7-8 años desde el inicio de los síntomas, encuadrado en una visión de normalización del
sufrimiento de la mujer vinculado a la menstruación y sus capacidades reproductivas.
Esa naturalización del dolor de la mujer relacionado con la menstruación y lo reproductivo también ha tenido históricamente un correlato en el ámbito de la investigación, donde no se han destinado los fondos, recursos y esfuerzos que
corresponderían a una patología con la extensión epidemiológica y de carga de enfermedad y menoscabo de la calidad de vida que supone la endometriosis en nuestra sociedad.
En el año 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó una 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS)' donde, además de establecer los cauces clínicos que deberían
establecerse para el correcto abordaje de este enfermedad, se planteaban algunas mejoras que deberían acometerse dentro del Sistema Nacional de Salud así como dentro de las prácticas de investigación y desarrollo para avanzar en el abordaje de la
endometriosis.
Por esto, y dentro de la voluntad de garantizar los mayores esfuerzos desde el sistema sanitario público para la mejora de la salud de las mujeres y de cumplimiento de sus deseos y voluntades en el ámbito de la salud reproductiva el grupo
parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una mejora de los sistemas de información sanitaria en relación con la endometriosís que ayude a paliar los déficit de conocimiento existentes en torno a la epidemiología y evolución de esta enfermedad.
2. Incrementar los fondos destinados a la investigación de la endometriosis, con especial énfasis en la obtención de nuevo conocimiento en relación a los siguientes aspectos:
a) Obtención de nuevas pruebas diagnósticas no invasivas que traten de desplazar a la laparoscopia como diagnóstico de certeza.
b) Introducción de parámetros relacionados con la medición de la calidad de vida en los estudios sobre endometriosis, que ayuden a estimar de mejor manera el impacto de la enfermedad sobre la vida de las mujeres, poniendo su vivencia en el
centro de las acciones de mejora que se puedan implementar con posterioridad.
c) Establecimiento de líneas de investigación que permitan mejorar la fertilidad de las mujeres afectadas de endometriosis, tanto mediante técnicas de reproducción asistida como mediante procedimientos de preservación de la fertilidad.
d) Desarrollo de líneas de investigación en el ámbito de los factores pronósticos que permitan establecer a nivel individual la probable evolución de la enfermedad a nivel sintomático y reproductivo.
3. Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en condiciones de equidad, de modo que los recursos se destinen a quien más los necesite y de acuerdo con la normativa y la legislación vigente. A este respecto se deberá
valorar la introducción de la posibilidad de donación y congelación de ovocitos para aquellos casos con grave afectación de la función ovárica.
4. Promover un plan de formación específica en todos los niveles asistenciales para favorecer que los contenidos y procedimientos establecidos en la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS)'
sean conocidos por todos/as los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud.
5. Desarrollar una Evaluación del Abordaje de la Endometriosis en el Sistema Nacional que permita conocer el estado de la cuestión en nuestro sistema sanitario y sirva como punto de control para estudiar la evolución de las medidas que se
implementen para mejorar el desempeño del sistema en el abordaje de esta enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Marta Sibina Camps y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001428
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica especto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el impacto de la crisis económica en la salud pública.
Acuerdo:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, entendiendo que la presentación del resultado de la evaluación a que la misma se refiere se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
161/001428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impacto de la crisis económica en la salud pública.
Exposición de motivos
Diversos estudios internacionales han alertado sobre el impacto de la crisis económica sobre la salud de las personas.
Así por ejemplo en la revista 'Lancet' se publicó en mayo de 2016 el estudio: 'Economic downturns, universal health coverage, and cancer mortality in highincome and middle-income countries, 1990-2010: a longitudinal analysis' estudiando el
efecto que el crecimiento del desempleo, la reducción del gasto sanitario público y la falta de cobertura universal de la asistencia sanitaria han tenido sobre la mortalidad por cáncer.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusieron en marcha, inmediatamente después de desatarse la crisis económica global, paneles de expertos para estudiar este impacto sobre la salud (WHO High-level
Consultation on the Financial and Economic Crisis and Global Health19 January 2009). Los efectos negativos de la crisis sobre la salud de las personas pueden ser consecuencia directa de la reducción de los presupuestos públicos dedicados a la
salud, de las barreras de acceso a servicios sanitarios efectivos, las reducciones de personal y cierre de centros o el crecimiento de los copagos. Pero también consecuencia de los efectos de la crisis sobre otros determinantes de la salud: peor
nutrición, estrés, desempleo, cuyos efectos sobre la salud de las personas se producen en el medio y largo plazo. En la resolución de la OMS consecuencia de dicho panel se instaba a los países miembros, y en particular a los especialmente afectados
por la crisis, a estudiar las consecuencias de las políticas de recortes y reformas sobre la atención sanitaria y la salud, en particular de las poblaciones más vulnerables.
En 2014 el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, entidad patrocinada por la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, realizó el estudio 'The impact of the financial crisis on the health system and health in
Greece', demostrando efectos significativos y apelando a la necesidad de reforzar los sistemas de salud pública y adoptar reformas que, haciendo más eficiente los sistemas sanitarios públicos, protegieran de manera eficaz a toda la población. Hoy
mismo hemos conocido el estudio realizado por la Universidad de Oxford, alertando sobre los efectos de los recortes de la crisis económica sobre la salud y el incremento de la mortalidad en el año 2015.
En la misma línea, en 2014 se realizó un Evaluación del impacto a corto plazo en los países de la OCDE, que constataba que, al igual que muchos otros programas de bienestar social, el sector de la salud ha sido testigo de importantes
recortes de gastos y también ha sido objeto de reformas sustanciales y concluía que los efectos combinados de la crisis económica, la austeridad y las reformas han llevado a muchos sistemas de salud de la OCDE a un territorio sin explorar.
Un metanálisis de estudios sobre el impacto de la crisis económica sobre la salud en Europa ('Health outcomes during the 2008 financial crisis in Europe: systematíc literature review') publicado en el British Medical Journal el pasado año
2016 muestra para el caso de España un impacto especialmente sobre la salud mental y los suicidios.
Se puede citar también un informe publicado en enero de 2016 por el 'International Journal of Health Services' ('Health Care Austerity Measures in Times of Crisis') que alerta sobre los efectos de la austeridad en la salud evaluado por los
médicos de atención primaria.
En España la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria dedicó su Informe 2014 a estudiar la relación entre crisis económica y la salud, emitiendo un comunicado sobre El impacto en la
salud de la población de la crisis económica y las políticas para abordarla, cuyas conclusiones, avaladas por una importante bibliografía, fueron:
1. Las condiciones socioeconómicas desfavorables tienen consecuencias perjudiciales sobre la salud de las personas y las poblaciones.
2. Los efectos sobre la salud dependen del tipo de políticas económicas, sociales y laborales que se adopten.
3. Las crisis son también oportunidades para la necesaria reorientación de las políticas sociales incluidas las sanitarias.
La misma Sociedad publicó en 2015 otro análisis sobre pobreza infantil y salud en España que volvía a reiterar los efectos de la crisis sobre la salud de hoy y de mañana de la población infantil.
A pesar de todos estas alertas y estudios, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad sigue sin abordar de una manera rigurosa el estudio de las consecuencias de la crisis económica, el desempleo, la precarización laboral, el
crecimiento de la desigualdad y la pobreza infantil, y de los recortes en sanidad, dependencia y educación sobre la salud de la población y sus determinantes sociales.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública incluye un capítulo (capítulo VII del título II) que obliga a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que se evalúe el impacto en la salud humana de las diversas actuaciones
públicas. Y, específicamente en su artículo 35, establece que 'las Administraciones Públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener impacto significativo en la salud'.
A preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre este extremo, el Ministerio ha venido a contestar con evasivas que no tienen más sentido que enmascarar que el gobierno no ha llevado a cabo ninguna de estas evaluaciones del impacto en
salud de las políticas públicas, aún siendo conscientes de que muchas de sus decisiones durante los últimos años tienen un evidente efecto en términos de salud pública.
De hecho, en las dos últimas comparecencias de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso reconoció que el Ministerio no dispone de estudios sobre el efecto del copago
farmacéutico, sobre la continuidad terapéutica y el acceso de las poblaciones vulnerables a los medicamentos eficaces... Igualmente en su comparecencia para exponer las líneas generales de actuación de su departamento en la actual legislatura obvió
referencia alguna al respecto. Más recientemente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, los estudios necesarios para una correcta evaluación del impacto que la crisis económica ha tenido sobre la salud, tanto sobre los resultados en salud,
como sobre los determinantes que manifestarán su efecto a medio y largo plazo; y a presentar el resultado de dicha evaluación ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-María Soledad Pérez Domínguez y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la declaración del día del Pueblo Gitano y reconocimiento de sus símbolos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Entre las conclusiones elaboradas por la Subcomisión Parlamentaria creada en el seno de la comisión de política social y empleo para el estudio de la problemática del Pueblo Gitano durante la VI Legislatura publicada en el BOE de 19 de
diciembre de 1999 se establecen las siguientes declaraciones:
El pueblo gitano tiene una presencia histórica en España de más de cinco siglos.
En los inicios del siglo XV, los gitanos se vieron atraídos por la cultura árabe entonces predominante en la península ibérica. En un principio, el Camino de Santiago fue un cauce muy utilizado por los gitanos del norte de Europa que se
establecieron en nuestro país.
Sin embargo, el fuerte crecimiento de los grupos gitanos en la península se produjo hacia 1480. Durante los años siguientes tuvo lugar una entrada masiva procedente de las zonas orientales del Mediterráneo tras la caída de Constantinopla en
1453. Este creciente flujo de grupos gitanos motivó que en muchas regiones de los reinos españoles se produjeran importantes asentamientos gitanos, siendo cotidiana su presencia en los pueblos y villas.
La llegada al trono de Castilla y Aragón de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, va a determinar que se inicie en sus reinos una política de homogeneidad cultural y religiosa que producirá graves consecuencias para los grupos étnicos
minoritarios.
Así, la expulsión de los judíos primero en 1492 y de los mudéjares después, en 1502, afectan decisivamente a los gitanos españoles. En efecto, en 1499 se promulga la Primera Pragmática antigitana de nuestra historia que va a obligar a los
gitanos a asentarse con oficios conocidos en las distintas poblaciones peninsulares o, en caso contrario, a ser expulsados. Todo ello, con el objetivo declarado de instar a la vida sedentaria de la población. Lo cierto es que esta medida iba en
contra de los hábitos más profundos de los gitanos, aunque, a pesar de ello, la mayoría optaron por permanecer en el país.
Durante los sucesivos reinados de los Austrias la política discriminatoria contra el pueblo gitano continuó siendo la tónica dominante. Carlos I ordenó la promulgación de nuevas disposiciones represivas en distintos momentos de su vida como
Rey de las Españas.
Así, entre otras, se promulgaron Reales Pragmáticas y Decretos en 1525, 1528, 1534, 1539, 1545, 1548 y 1551 entre otras fechas. Todas estas normas perseguían el mismo fin que sus antecesores los Reyes Católicos, a saber, preservar la unidad
territorial, cultural y religiosa y reprimir cualquier brote diferenciador. No obstante, a pesar de la dureza de estas normas contra los grupos gitanos, no consiguieron el efecto deseado de controlar su población y obligarles a llevar una vida
sedentaria.
Felipe II continuó la misma política que su progenitor, con la peculiaridad de ampliar el ámbito al que iban dirigidas estas disposiciones discriminatorias, incluyendo en su marco a los vagabundos y, en general, a todos aquellos que
practicaban la mendicidad o no tuvieran domicilio u oficio establecido o conocido.
Con todo, en su reinado se produjo un fuerte aumento del sentimiento xenófobo de la población produciéndose, consecuentemente, un aumento de la crispación contra los gitanos.
Durante todo el siglo XVII la situación de los gitanos en España no hace sino empeorar. De esta manera, se obligó a los gitanos a que abandonaran sus oficios habituales y se dedicaran exclusivamente a la agricultura.
Felipe III promulgó la Pragmática de 20 de octubre de 1619 en la que se obligaba a los gitanos a residir en ciudades de más de mil habitantes, prohibiéndoles la tenencia y la venta de ganado. Se establecía un plazo de seis meses para
cumplir esta orden bajo pena de expulsión del Reino.
Felipe IV siguió esta misma política de homogeneidad cultural, prohibiendo a la población gitana toda exhibición externa de dato distintivo de su forma de vida y cultura, incluso, el de utilizar su propia lengua. Sin embargo, como en las
anteriores ocasiones, la realidad mostró la imposibilidad de lograr el triunfo de estos métodos asimiladores.
Carlos II promulgó la Pragmática de 1695 en la que se reduce el asentamiento de gitanos a un número determinado de pueblos y localidades del Reino. Se les prohíbe dedicarse, nuevamente, a otra ocupación que no sea la agricultura. Se
ordenaba a los gitanos avecinados a que comparecieran ante las justicias correspondientes para hacer constar su filiación, oficio y propiedades. Quienes no comparecieran eran castigados a galeras si eran hombres y a cien azotes si eran mujeres.
Con el siglo XVIII, y el establecimiento de los Borbones en España, la política de homogeneidad cultural continuará en parecidos términos. Cabría destacar la Pragmática de 1717 en la que se trataba de conseguir la asimilación de las etnias
minoritarias en el Reino de España entre las que se establecía la obligación de los gitanos de residir en determinados lugares de los que no podían desplazarse sin
autorización de la justicia. Este cambio forzoso de domicilio supuso una tragedia para muchos colectivos de gitanos que, a pesar de los intentos de asimilación, vieron perder sus viviendas y sus trabajos.
En 1738 se dictará una nueva Pragmática que pretende controlar los movimientos de los grupos gitanos en la península. Se insiste en señalar las ciudades y villas concretos en que debían asentarse las familias gitanas.
Durante el Reinado de Fernando VI un gran número de familias gitanas, se calcula que en torno a 14.000 personas, fueron internadas en las minas de Almadén y en los arsenales de Cartagena, Cádiz y El Ferrol, medida de internamiento que duró
hasta Carlos III, que en 1765 permitió volver a sus casas a estos colectivos.
Carlos III promulgó la Pragmática de 19 de septiembre de 1783 que estaría vigente hasta la Ley de 1878 bajo el reinado de Alfonso XII.
En esta norma se establecía la igualdad de los gitanos con los demás súbditos, aunque para ello se pretendiera hacer olvidar sus raíces, pues se prohibía la utilización del término 'gitano', por considerarlo una injuria grave.
En 1749 se produce un acontecimiento que ha quedado como hito histórico de la xenofobia ancestral que ha existido contra los gitanos. En efecto, en ese año tiene lugar la 'Gran Redada' de gitanos donde en una misma noche fueron detenidos
miles de personas de esta etnia que permanecerían en prisión durante años.
La Constitución de Cádiz de 1812 supuso para los gitanos un avance importante ya que reconoció su situación jurídica como ciudadanos españoles. La Constitución abandonó el antiguo criterio de ciudadanía española ligada a la exigencia de
residencia fija, ligándola ahora con haber nacido en territorio español.
Durante el reinado de Isabel II se publica el Decreto de 22 de agosto de 1847 en el que se obligaba a los gitanos a llevar consigo, además de los papeles personales, otro documento que identificaba el número y características de sus animales
y un tercero que indicaba las transacciones que había realizado con ellos.
A comienzos del presente siglo XX se dictará el Reglamento de 24 de abril de 1905 sobre el régimen de los animales.
Durante el franquismo el pueblo gitano continuó siendo objeto de graves discriminaciones. Sirva de muestra el Reglamento de la Guardia Civil de 1943 en el que se decía que 'se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de
reconocer todos los documentos que tengan, averiguar su modo de vida y cuanto conduzca a una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones... conviniendo tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos...' Y es que en
esta etapa se les consideró como potenciales delincuentes así como simples objetos del paisaje folclórico de la España de la charanga y pandereta de la que habló Machado. La caricaturización despectiva del pueblo gitano y de sus costumbres ha sido
la tónica general durante muchos años en nuestro país.
El pueblo gitano ha demostrado a lo largo de su larga historia de permanencia en España su tenaz capacidad de supervivencia y su empeño denodado por preservar su cultura y sus señas de identidad.
En este camino plagado muchas veces de intolerancia, incomprensión y hostilidad, ha quedado puesto de manifiesto el esfuerzo del pueblo gitano español por conservar sus valores y sus raíces profundas lo que ha determinado que la cultura
española y la europea en general se haya visto grandemente enriquecida con las esencias de un pueblo milenario como es el pueblo gitano.
La Constitución de 1978 ha supuesto un cambio radical para la situación de los gitanos en España. Si bien es cierto que nuestra Constitución no hace una referencia expresa a las minorías étnicas y por tanto al pueblo gitano que vive en
territorio español, no lo es menos que el establecimiento constitucional de un Estado social y democrático de Derecho determina inequívocamente la plena igualdad de derechos y libertades de todos los gitanos en nuestro país.
A pesar de no existir preceptos específicos, la Constitución de 1978 cuenta con normas que sirven de apoyatura para conducir al pueblo gitano a una normalización de sus condiciones sociales y culturales que favorezcan su futuro desarrollo y
plena integración. A este respecto se pueden citar, entre otros, dos artículos del texto constitucional: en primer término, el artículo 14 que reconoce el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razones de raza, creencias u otra condición y el artículo 9 que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integren
sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan y dificulten su desarrollo integral y faciliten la participación de todos los grupos y etnias en la vida política, económica, cultural y social.
En efecto, nuestra Constitución no solo consagra la igualdad formal de las personas sino que además confiere a los poderes públicos la función de lograr la igualdad real y la facultad de corregir las desigualdades sociológicas, culturales y
étnicas que impidan la auténtica igualdad, mediante la protección de aquellos ciudadanos y grupos en que se integren en clara inferioridad, permitiendo la existencia de que la Ley favorezca e impulse a quien se encuentre en una situación de
marginación o discriminación y ello en el marco de solidaridad que proclama el artículo 2 del texto constitucional, como elemento corrector de las desigualdades en su triple acepción individual, social o étnica y territorial.
En el ámbito internacional España se encuentra integrada en organizaciones tanto de ámbito europeo como universal que han mostrado una especial sensibilidad sobre las minorías étnicas en general y sobre la minoría gitana en particular.
El Pueblo Gitano igualmente sufrió persecución durante el régimen nazi en Europa siendo asesinados más de medio millón de gitanos en diferentes campos de exterminio europeo con Aushwitz, Jasenovac, Treblinka, Chelmo, Buchenwald, Majdanek
etc. Esta persecución es conocida por los gitanos como el 'Samudaripen' (holocausto).
Tras la Segunda Guerrra Mundial se convocó el 8 de abril de 1971 en Londres el Primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano que adoptó entre otras la decisión de aprobar la bandera del Pueblo Gitano azul como el azul del cielo y verde como la
yerba de los campos situándose en el centro una rueda roja de dieciséis radios. Asímismo se aprobó el 'Gelem Gelem' como himno del Pueblo Gitano inspirado en los padecimientos de la guerra mundial.
Desde entonces el Pueblo Gitano celebra el 8 de Abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano, siendo la bandera gitana azul y verde y el himno el 'Gelem Gelem'.
Por ello el Grupo Socialista efectúa la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, reconociendo la bandera gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el 'Gelem Gelem' como himno del Pueblo Gitano, con la
finalidad de que estos símbolos puedan ser utilizados protocolariamente en las conmemoraciones, actos y eventos institucionales relativos al Pueblo Gitano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley de medidas de apoyo a la comunidad gitana, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En los últimos años, se han producido importantes avances que han contribuido a una mejora de la situación social de los gitanos y gitanas y de sus condiciones de vida.
En el ámbito de la participación destaca la creación en el año 2005 del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Respecto del reconocimiento de su cultura y la puesta en valor de su contribución a la cultura española cabe citar la puesta en
marcha de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en el año 2007.
También en 2007 se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, en cuyo seno se encuentran representadas asociaciones de defensa de los intereses de la comunidad
gitana.
En 2010 el Gobierno de España aprobó el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 para cuya elaboración se tuvieron en cuenta las iniciativas propuestas por los grupos
de trabajo del Consejo Estatal: educación, empleo y actividad económica, acción social, salud, cultura y vivienda.
El 5 de abril de 2011 la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre el Marco de la Unión Europea (UE) para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana hasta 2020, en el que establece por primera vez un marco común para
el desarrollo de medidas y políticas en el ámbito nacional a partir de enfoques, objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por todos los Estados miembros de la UE. Este nuevo marco europeo obligaba a todos los Estados miembros a presentar sus
propias estrategias nacionales para cumplir con objetivos comunes. Teniendo como antecedente el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012, el 2 de marzo de 2012 se aprobó la 'Estrategia para la inclusión de la población
gitana en España 2012-2020'. Esta Estrategia debía ser la hoja de ruta definitiva para avanzar en la inclusión social de la población gitana y reducir las diferencias y desigualdades que todavía hoy se mantienen con el resto de la ciudadanía.
Sin embargo, estos avances se encuentran seriamente comprometidos por dos razones:
A) Los recortes en políticas sociales que han tenido lugar desde 2012 y el escaso esfuerzo económico de la Administración General del Estado.
El Plan de Desarrollo Gitano contaba en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 con 1.065.000 euros. En los Presupuestos de 2012 la dotación fue de 515.000 euros, mientras que para 2016, bajó a 412.500 euros, lo que supone un recorte
del 61%, en un momento de muchísima dificultad para la comunidad gitana.
La crisis económica y los recortes han afectado a la garantía de los derechos más fundamentales, como la vivienda, la salud, la educación, así como al acceso a productos básicos de primera necesidad (alimentos, ropa, calefacción,
electricidad, transporte). Las medidas de austeridad hacen que muchas familias gitanas se vean atrapadas en un círculo complejo de interacciones entre las barreras en el acceso a la salud, empleo, educación y vivienda, que produce finalmente una
mayor exclusión social, lo que supone un retroceso social grave respecto a la situación de hace unos años de esta comunidad.
En definitiva, el modelo de inclusión social de la comunidad gitana que estaba funcionado en España se está viendo gravemente dañado, lo cual supone un importante retroceso social.
B) Es obvia la falta de dirección política en la aplicación de las medidas de inclusión del Pueblo Gitano, careciendo el Consejo Estatal del Pueblo Gitano de los medios técnicos y económicos para el desarrollo de las iniciativas, para que
realmente sea un órgano con competencias asesoras y ejecutivas y para que asuma realmente el protagonismo en la consecución de los objetivos que todos deseamos. La buena voluntad demostrada por funcionarios a quienes se ha encomendado la dirección
administrativa, de ningún modo puede suplir la necesidad del impulso político imprescindible si queremos que el Pueblo Gitano realmente se sienta partícipe en la toma de decisiones que les afectan. Sin dirección política no se puede visibilizar
realmente las responsabilidades y como consecuencia, no se pueden chequear los avances con una planificación comprometida y temporalizada para hacer más efectivos los recursos públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a apoyar a la comunidad gitana, adoptando, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. Dotar de contenidos y financiación a la 'Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020', para que pueda alcanzar sus objetivos. En este sentido, en el presupuesto para 2017 se incrementará la partida
presupuestaria, al menos, hasta 1.065.000 euros. El aumento presupuestario debe favorecer la aprobación de un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas concretas y eficaces y dotación económica suficiente,
que incluya entre sus objetivos la mejora de la situación de la infancia gitana.
Realizar políticas de fomento del empleo, con recursos suficientes y con especial tratamiento a aquellas personas con mayores dificultades de acceder al mercado laboral.
Adoptar medidas que garanticen el acceso de todos a una vivienda digna, así como la erradicación de las situaciones de infravivienda, hacinamiento y chabolismo.
2. Crear la Delegación del Gobierno para el Pueblo Gitano como órgano político y administrativo de coordinación de las acciones del gobierno para la población gitana y de colaboración con el resto de
administraciones públicas autonómicas y locales para promover el desarrollo de la comunidad gitana y el cumplimiento del Plan de Inclusión de la Población Gitana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la ampliación del Fondo España-PNUD para América Latina, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
De sobra son conocidos la multitud de lazos que nos unen con los países latinoamericanos. El compromiso de España ha sido inequívoco durante los últimos años para consolidar los sistemas democráticos, la paz, el crecimiento económico, el
aumento de derechos y libertades, y la reducción de la desigualdad. A pesar de ello, y de los avances producidos, el compromiso de nuestro país debe continuar y no debemos dejar de considerar a América Latina como una de las regiones clave de
nuestra acción política exterior y como uno de nuestros principales receptores de ayuda para el desarrollo.
Uno de los compromisos más importantes que alcanzó nuestro país con los países latinoamericanos fue la creación en abril de 2007 de un Fondo España-PNUD para América Latina con el objetivo de apoyar las iniciativas de gobernabilidad
democrática y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, aunque actualmente, el Fondo también ayuda a hacer frente a algunos de los retos más grandes de la región, como la seguridad ciudadana y la desigualdad de género, promoviendo la
cooperación entre los países en desarrollo. Desde 2007 hasta 2017 se habrán destinado 900 millones de euros a dicho Fondo.
Desde su puesta en marcha, y gracias a los recursos incluidos en el Fondo PNUD-España, se han logrado poner en marcha 117 proyectos nacionales y 31 iniciativas de alto impacto que operan en 20 países de la región. Estos proyectos, que se
enfocan en temas como los derechos humanos, reformas constitucionales, gobernabilidad local e inclusión social, entre otros, han alcanzado exitosamente a las poblaciones marginadas en algunas de las regiones más remotas y pobres de la región.
Dada la relevancia de los proyectos realizados y del llamamiento hecho por la comunidad latinoamericana para que España vuelva a convertirse en un referente de la cooperación para el desarrollo en la región, es hora de empezar a fijar
compromisos claros por parte del Gobierno para lograr que nuestro país vuelva a situar la política de cooperación como un punto prioritario en la agenda política y, en concreto, su apoyo decidido a los países latinoamericanos en un momento político
de gran incertidumbre para ellos tras las primeras decisiones adoptadas por la Administración de Trump.
Es el momento de impedir que la dejadez del Gobierno nos conduzca a situaciones como la que está sucediendo con la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española, todavía en una fase pre inicial de desarrollo cuando ya debería
estar ejecutándose el del próximo periodo.
Como ya se ha mencionado, no podemos dejar pasar la oportunidad de resituar a nuestro país como un actor preferente en la política de cooperación en América Latina, y para eso se requieren nuevos objetivos, nuevos instrumentos y una
financiación que lo haga posible, porque la realidad de la mayoría de los países de esa región ha cambiado sustancialmente.
Las políticas de cooperación en la región ya no deben centrarse solamente en conseguir incrementar la cota de desarrollo, sino en evitar que el crecimiento alcanzado se revierta y se vuelva a la casilla de salida.
Por este motivo, es fundamental que los objetivos de la cooperación se redefinan y se pongan en marcha las medidas adecuadas para reducir al máximo la brecha social, laboral, económica y de igualdad
de género, pero también deben fijarse otros como la lucha contra el cambio climático o para incrementar el nivel de seguridad.
La herramienta para conseguir todo lo anterior, indudablemente, es la puesta en marcha de los ODS en América Latina, y en ello debe concentrarse todo nuestro empeño porque eso permitirá que España vuelva a situarse como aliado estratégico de
los gobiernos y sociedades latinoamericanas. Es importante señalar que la consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual.
Por lo tanto, la nueva agenda de los objetivos de desarrollo sostenible nos abre la oportunidad de ser aliados estratégicos de los gobiernos y sociedades latinoamericanas en su cumplimiento, y para ello el PNUD puede ser un aliado clave para
la implementación de esos objetivos teniendo en cuenta que han desarrollado una serie de herramientas y prácticas construidas junto a los Gobiernos de la región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a situar a España como socio estratégico en los países Latinoamericanos y del Caribe, colaborando en la puesta en marcha y desarrollo de los ODS, a través de la ampliación del periodo de
vigencia del Fondo España-PNUD para América Latina. Para ello, el Gobierno deberá asignar una cantidad económica suficiente en los presupuestos generales del Estado, sin que ello suponga detraer dinero de otras partidas ya existentes destinadas a
cooperación para el desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-David Serrada Pariente, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan Integral de Fomento
de la Lectura, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2001, el Gobierno de España aprobó un Plan de Fomento de la Lectura que tenía definidos cinco objetivos fundamentales:
1. Conocer los hábitos lectores para planificar mejor las políticas públicas de lectura.
2. Crear una conciencia social sobre la importancia de la lectura.
3. Impulsar, en colaboración con las Administraciones competentes, la accesibilidad y dotación adecuada de bibliotecas públicas y escolares.
4. Realizar y ayudar a la realización de actividades de promoción de la lectura en diferentes ámbitos.
5. Atender a colectivos con dificultades para acceder al libro y la lectura apoyados por iniciativas de ONGs y otras instituciones públicas y privadas.
La lectura no es solo el instrumento por el que la persona adquiere conocimientos, sino también es el medio a través del cual puede adquirir valores y habilidades como la reflexión, la atención o la concentración.
Por otro lado, el sector editorial que representa el libro es un importante motor económico de nuestro país y un sector estratégico de gran proyección internacional que en el año 2015 consiguió consolidar la recuperación que inició el año
2014, tras cinco años de caídas de facturación.
Los últimos datos facilitados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en relación con los hábitos de cultura de los españoles, ponen de manifiesto que un 36,1% de la población española no lee libros nunca o casi nunca. Esta
cifra preocupante hace necesario consensuar y confeccionar un nuevo
Plan de Fomento de la Lectura que actualice el Plan del año 2001 y que se ajuste a la realidad social, cultural y tecnológica de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Integral de Fomento de la Lectura, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, las diferentes administraciones, agentes del sector del libro, centros de
enseñanza y medios de comunicación, con el objetivo principal de aumentar el número de lectores. Entre otras, se incluirán medidas de apoyo a las librerías, a las bibliotecas públicas y escolares, y a la lucha contra la vulneración de los derechos
de propiedad intelectual del sector del libro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la regulación de la reventa online, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La reventa de entradas para espectáculos públicos y actividades recreativas ha existido, en mayor o menor medida, desde hace décadas. La situación de abuso que algunos de éstos reventas conseguían acaparando entradas, impidiendo, por tanto,
que otros ciudadanos pudieran acceder a los espectáculos públicos y actividades recreativas a no ser que se pagase un precio desmesurado, llevo a la necesidad de regular esta situación. La reventa de entradas para eventos deportivos y espectáculos
está regulada por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Sin embargo, con el avance de la tecnología, la reventa tradicional ha desaparecido y trasladado su actividad al territorio digital. Todos conocemos numerosos artistas, tanto nacionales como internacionales, que han denunciado la aparición
de sitios webs destinados a la reventa de entradas de sus espectáculos a precios desmesurados, incluso vendiéndose entradas para conciertos cancelados. Según los promotores de los conciertos, esta actividad supone un claro riesgo para los
consumidores, puesto que las webs de reventa no tienen ningún modo de garantizar que las entradas que revenden sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas, avisando de que nadie que haya comprado una entrada en la reventa puede estar
seguro de que entrará al concierto.
En el Real Decreto 2816/1982, en su artículo 67.22 se recoge que: 'Queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades'. Es decir, únicamente estaría prohibida la reventa que se realiza en la calle o
de manera ambulante. Por otro lado, el Reglamento permite, en el mismo artículo 67 -apartado 12-, la reventa de entradas realizada en establecimientos autorizados.
El principal problema de la regulación que tenemos a nivel nacional, es que está ciertamente anticuada. Es decir, la norma no contempla expresamente qué sucede con la reventa de entradas que se realiza a través de medios telemáticos. En su
día no se pudo incluir este tipo de venta porque dichos medios no existían y aprovechando este vacío legal, han surgido numerosas plataformas en internet de reventa de entradas que actúan como intermediarios entre personas que quieren vender la
entrada, con ánimo de lucro mayoritariamente, y personas que desean comprarlas y no las pueden adquirir por los cauces oficiales. Esta práctica supone que, en numerosas ocasiones, las entradas más asequibles se agotan en unas pocas horas y
reaparecen por centenares en la reventa con el precio incrementado considerablemente. Expulsando del evento a aquellos más vulnerables económicamente y aumentando el precio medio de la entrada.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se regule y se limite la actividad de reventa desbocada que a día de hoy existe en internet. Esta situación supone una clara indefensión de los consumidores que compran las
entradas, así como un problema para los artistas. Otros Estados de nuestro entorno ya poseen normativas que regulan esta situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, a fin de regular y limitar la
reventa de entradas a espectáculos públicos y actividades recreativas online.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a las medidas necesarias para permitir que los creadores puedan compatibilizar su actividad creativa con sus pensiones, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Toda persona que se dedique a la labor creativa o a una actividad artística sabe, como elemento esencial, que su carrera profesional será compleja, con una alta tasa de intermitencia entre unos trabajos y otros, modelos de contratación
formales e informales, así como una complejidad sustancial a la hora de encuadrar sus actividades en la Seguridad Social. También es cierto que si la capacidad creadora se da, a menudo, en épocas tempranas, en un número importantes de artes se
manifiesta con mayor esplendor cuanto mayor recorrido vital posee el autor.
Desde la X legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy, estipuló que cualquier profesional del ámbito de la cultura y la creación, que superase la edad de los 65 años tendría varias opciones tasadas: seguir cobrando su pensión pero
renunciando a percibir retribuciones por derechos de autor, así como conferencias o cursos que impartiese o, peor aún, renunciar a su pensión a cambio de los derechos de autor que legítimamente podrían corresponderle. Es decir, le negaban recoger
el fruto de años de trabajo a los que todavía tenía derecho.
A raíz de esta interpretación legal, numerosos creadores jubilados, sobre todo autores literarios, aunque también pintores, fotógrafos o músicos se han visto en la tesitura de tener que pasar por una inspección fiscal a fin de justificar la
compatibilidad de sus pensiones con el cobro de los derechos de autor que legítimamente les corresponde.
Por otro lado, reconducir esta situación no supone aumento de gasto para el Estado; al contrario, podría reflejarse en un aumento de los ingresos al contribuir los afectados con los impuestos correspondientes que se derivan de esta
actividad artística y creativa. Y algo más importante e intangible, ¿estamos en situación de perder la transmisión -a través de charlas, coloquios y foros- de toda esa sabiduría impidiendo que llegue a nuestros jóvenes?
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que limitar la actividad creadora de nuestros artistas más mayores supone una limitación sin parangón a la cultura de nuestro país. ¿Cuántas obras maestras de la literatura universal o
premios nobeles de literatura se han escrito una vez pasados los 65 años? ¿Cuántas obras de arte que todavía perduran en el imaginario colectivo dada su relevancia global han sido creadas en la vejez?
Somos conscientes de que la cultura es un elemento esencial a la hora de crear riqueza y empleo en cualquier país desarrollado. Si bien es cierto que en España, más de medio millón de personas están empleadas en el sector cultural, esta
cifra es muy inferior a las cantidades existentes en países de nuestro
entorno, donde se duplica la cantidad de trabajadores del sector. El promover una mayor dedicación a este sector supone también llevar a cabo un apoyo decidido desde las administraciones a fin de dotar de seguridad jurídica a estos
profesionales y, sobre todo, apoyarles una vez hayan pasado la edad establecida para trabajar a fin de que puedan seguir creando con el reconocimiento que su labor y trabajos merecen.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales y reglamentarias oportunas para promover la compatibilidad de las pensiones de jubilación de artistas y creadores con la posibilidad de seguir creando,
así como con el cobro de los correspondientes derechos de autor que legítimamente les corresponda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, sobre medidas para reactivar las Bibliotecas Escolares.
Exposición de motivos
La lectura es necesaria para el desarrollo de cualquier comunidad, más aún en la actual sociedad de la información, donde las bibliotecas funcionan como agentes formativos y de trasmisión de información de gran valor social.
Las políticas impulsoras para el desarrollo de la práctica lectora en la educación son un eje fundamental que ayudan al alumnado a mejorar la calidad de la lectura, impulsan su desarrollo personal, social y académico y construyen las bases
para adquirir conocimiento y participar activamente en los entornos de aprendizaje.
A partir de 2011 se suspendieron las inversiones destinadas a las bibliotecas escolares, quedando descolgadas de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, con recortes de hasta 12 millones de euros anuales.
Es el momento de impulsar una política cultural que contemple las bibliotecas escolares como un valor estratégico desde donde desarrollar planes lectores que contribuyan a la formación de nuevos públicos.
En ese sentido, se hace urgente retomar políticas públicas que amplíen los recursos para hacer realidad las bibliotecas escolares, incluyendo partidas presupuestarias para dotaciones de libros, mobiliario y equipos informáticos y
asignaciones para profesionales especializados en bibliotecas y TIC, para que el profesorado de los centros educativos no tenga que hacerse cargo de esta función.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a tomar las medidas oportunas para poner en marcha un Plan de reactivación de las bibliotecas escolares que les proporcione recursos económicos y profesionales y dotarlas de
nuevos fondos literarios, mobiliario, equipos informáticos y personal especializado y formado en TIC y planes lectores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado don Eduardo Maura, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, sobre medidas para poner en marcha un Plan de Incentivo al Coleccionismo de Arte.
Exposición de motivos
Aunque el coleccionismo tiene una amplia tradición en nuestro país, resulta evidente el retraso que padece el panorama estatal cuando lo comparamos no solamente con los centros de arte más potentes, sino, en general, con nuestros vecinos
europeos.
En este sentido, a pesar de que el tamaño del arte español se ha duplicado en la última década, apenas representa el 2,1% del mercado europeo y un 0,7% del mercado global. Menos de la mitad de lo que le correspondería al compararlo de
manera relativa con el peso de la economía española dentro del PIB mundial, situada en torno al 1,8%.
En la actualidad, según datos de la Fundación Arte y Mecenazgo, existen alrededor de 200 coleccionistas de arte en España, de los cuales solo 27 tienen colecciones superiores a 500 obras. Tal como señala dicha fundación, la falta de más y
mejores colecciones, con más proyección y visibilidad pública, suele achacarse tanto a la mala situación fiscal como a la falta de interés y apoyo político. En el caso del arte contemporáneo se da además un agravio comparativo respecto a obras de
arte antiguo reconocidas como Bienes de Interés Cultural, las cuales sí gozan de beneficios fiscales.
Una de las principales demandas del sector es apostar por un reconocimiento social del coleccionista, en gran medida porque en España el coleccionismo todavía se percibe como una actividad más negativa que positiva, a pesar de su
contribución al desarrollo del patrimonio artístico contemporáneo.
En ese sentido, es conveniente desarrollar planes que fomenten no solamente compras espontáneas y esporádicas, sino que consoliden colecciones duraderas en el tiempo y que contribuyan al crecimiento y sostenibilidad del patrimonio artístico
español.
En defensa del principio de accesibilidad, es importante abrir el coleccionismo a un número mayor de personas. El coleccionismo, tanto por su voluntad de difusión pública de las obras como por su apoyo al trabajo de nuevos artistas y
galerías, es tan fundamental como compatible con las adquisiciones realizadas por las instituciones públicas.
Este tipo de consideraciones y medidas han sido tímidamente tomadas en cuenta por los gobiernos anteriores, como demuestra la inclusión de algunos aspectos en el Plan Estratégico general 2012/2015, pero han resultado a todas luces
insuficientes. Siguen siendo necesarias campañas de información y educación en la práctica del coleccionismo, incentivos fiscales al coleccionismo y a la compra de obra artística contemporánea, priorizando o premiando indicadores que fomenten y
promuevan, entre otros, la obra de artistas españoles o residentes en España, mujeres, jóvenes, etc.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a tomar las medidas oportunas para poner en marcha un Plan de Incentivo al Coleccionismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado don Eduardo Maura, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, sobre la creación de un Centro Nacional de Difusión de Músicas Actuales.
Exposición de motivos
La música es un valor cultural de gran importancia para el desarrollo de cualquier sociedad. Las distintas músicas que los creadores hacen llegar al público favorecen la diversidad cultural, y es responsabilidad del Estado fomentar dicha
diversidad con todos los medios a su alcance.
Dentro de la estructura del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) se encuadra el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), dedicado a la promoción y difusión de la música. Este centro realiza una función
importante de coordinación entre administraciones y entidades tanto privadas como públicas, con el objetivo de desarrollar actividades musicales centradas en la música clásica y contemporánea.
Sin embargo, el CNDM deja en un segundo plano a todas aquellas músicas que no entran dentro del perfil de la clásica y la contemporánea. La labor que realiza el CNDM en materia de flamenco y jazz es interesante, pero sólo la realiza dentro
de los espacios que corresponden a la música llamada culta, introduciendo espectáculos de música contemporánea en auditorios que originalmente estaban planteados para actividades de orquesta y música de cámara.
Igualmente, dentro de los Presupuestos Generales del Estado existen partidas en apoyo a festivales y circuitos de músicas que podrían denominarse actuales. Este apoyo, sin embargo, es muy limitado, ya que consiste en partidas
presupuestarias dirigidas a unos pocos festivales de jazz y flamenco y al llamado Circuito de Músicas Populares, conformado por la actividad Girando por Salas. Estas partidas sirven como refuerzo a la difusión de este tipo de música, pero de manera
deficitaria.
Por esta razón, se requiere una entidad que, con carácter estatal, trabaje en colaboración con las administraciones locales y autonómicas en la creación de un entorno musical diverso, implicando tanto a instituciones públicas como a
entidades privadas en el desarrollo de actividades relacionadas con las músicas actuales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno a la creación de un Centro de Difusión de Músicas Actuales con capacidad y recursos para difundir y promover manifestaciones musicales que no se ajustan a las características tradicionales de la música clásica o
contemporánea y que son esenciales para el desarrollo de un entorno musical diverso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre protección de la arquitectura contemporánea, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En un país como el nuestro, inmensamente rico en patrimonio histórico-artístico, la salvaguarda del mismo está casi siempre garantizada. Sin embargo, cuando analizamos la situación del patrimonio arquitectónico más reciente, nos encontramos
con una tasa de desprotección y destrucción mucho más alta. Lo cierto es que, dada la desactualización de la normativa y la escasa sensibilización al respecto, el patrimonio arquitectónico de los siglos XX y XXI sigue siendo el más vulnerable a la
desaparición.
Dentro del marco de las políticas de protección del Patrimonio Histórico en territorio español, la protección de la arquitectura contemporánea presenta una línea anclada en uno de los aspectos más decisivos de la evolución del concepto de
Patrimonio en las últimas décadas: su extensión hasta alcanzar a bienes de más reciente historia.
En el ámbito del patrimonio arquitectónico, la 'Declaración de Praga para la protección de los monumentos de los siglos XIX y XX' (1971), fue la respuesta ante las desapariciones de edificios de gran valor histórico y cultural, pero carentes
de cualquier tipo de protección. Al mismo tiempo, la declaración redactada al inicio de los setenta sirvió como punto de partida para la aceptación definitiva del valor patrimonial de la arquitectura más reciente, hecho respaldado por la creación
del DOCOMOMO (Documentación y Conservación de la Arquitectura del Movimiento Moderno, Eindhoven, 1988), la creciente presencia de edificios del siglo XX en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO o por el más reciente Plan Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX.
Proteger bienes arquitectónicos reciente es, a día de hoy en España, un proceso difícil y complejo y por ello es necesario ampliar la definición de Patrimonio y concienciar de la necesidad de actuar a tiempo. Intentar catalogar y proteger
esta arquitectura a través de la legislación y los medios actuales se vuelve muy complejo ya que, al estar redactadas las leyes cuando todavía no se contemplaba este nuevo concepto de Patrimonio, no quedan recogidos muchos supuestos o criterios de
valoración e incluso se ponen trabas para su protección (por ejemplo, por la edad de la construcción). Es por ello que la revisión de la legislación al respecto es un aspecto esencial para conseguir revertir esta situación y equiparar las
necesidades y razones de protección de estas construcciones a las de épocas más lejanas.
En este sentido se pueden apreciar algunas líneas de trabajo, como por ejemplo la redacción del Plan Nacional para la Conservación del Patrimonio del Siglo XX, que intenta poner la atención sobre estas cuestiones y fijar los criterios y la
metodología a seguir en este área de trabajo. También van surgiendo en España iniciativas como el Documento de Madrid para los Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del s. XX (ICOMOS, 2011).
Sin embargo, tanto estas iniciativas como el trabajo de instituciones como el Docomomo, con labores de registro e información pero sin competencias para catalogar y dar protección a los edificios, si bien necesarios han resultado
insuficientes ya que se precisan medidas concretas en términos de protección de este patrimonio, que es además el más vulnerable a la especulación y a la transformación.
La desprotección de la arquitectura contemporánea es una realidad y hace tan solo unas semanas volvió a ponerse de manifiesto con la demolición de la casa Guzmán, obra destacada de Alejandro de la Sota, uno de los arquitectos españoles más
reconocidos de la modernidad. Este hecho, que viene repitiéndose en los últimos años (aún tenemos vivo el recuerdo de la desaparición del edificio de 'La Pagoda' de Miguel Fisac, ejemplo especialmente luctuoso por tratarse de una de las mejores
obras del arquitecto y de las más reconocibles de la arquitectura moderna española contemporánea), pone de manifiesto la dejadez de las administraciones a la hora de encarar una protección efectiva de la arquitectura del siglo XX - XXI. Los
esfuerzos de instituciones y estudiosos por poner en valor esas arquitecturas se revelan insuficientes.
Se hace necesario y urgente transmitir los valores de la arquitectura moderna a la sociedad e integrar esas arquitecturas en los mecanismos de protección patrimonial, que hasta ahora han preservado criterios de antigüedad por encima de los
de calidad a la hora de reconocer valor y en consecuencia protección a dichas obras. De no ser así, la arquitectura moderna continuará desprotegida.
Resulta sorprendente que, a pesar del enorme reconocimiento internacional de la arquitectura española contemporánea y de sus profesionales, este reconocimiento no tenga una traducción en su protección a nivel estatal y sigamos asistiendo,
ante la falta de mecanismos eficaces que lo eviten, a la desaparición de obras singulares de nuestro patrimonio arquitectónico moderno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos solicita, recogiendo una petición unánime en la comunidad de profesionales de la arquitectura y el arte así como en diferentes sectores culturales y civiles
a nivel nacional e internacional, que se promuevan las medidas necesarias para la catalogación y preservación de estas obras.
Para ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la realización de estudios que ayuden a identificar y conocer mejor las aportaciones más valiosas de la arquitectura de los siglos XX y XXI.
2. Impulsar una Ley Nacional de Arquitectura que fomente y reconozca la arquitectura contemporánea en la línea de los parlamentos de otros países europeos comprometidos activamente en la defensa de la arquitectura y su valor, tanto
patrimonial como social, estableciendo para ello medidas de divulgación, promoción y educación.
3. Aportar los fondos para realizar campañas de difusión de la arquitectura contemporánea española que sirvan para el fomento y la promoción de los valores colectivos e individuales de la arquitectura y el urbanismo y pongan en valor dicha
expresión artística como bien nacional cultural apostando por la sensibilización de la sociedad con el fin de que sean los propios ciudadanos los que reconozcan este patrimonio como propio y promuevan esta defensa de la arquitectura moderna.
4. Promover la creación de registros especializados que, a modo de bancos de datos, permitan poseer y acceder a la información sobre las piezas arquitectónicas en ellos contenidas, siguiendo la metodología propuesta por el Registro Docomomo
Ibérico, a fin de disponer de un histórico accesible para las siguientes generaciones y evitar que se entreguen, por falta de medios ad hoc, a instituciones extranjeras.
5. Instar a las Comunidades Autónomas a la Inclusión de la arquitectura contemporánea en los Catálogos de Protección de los Planes Generales de Ordenación Urbana y en los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior de los núcleos
históricos, asignándoles los niveles de protección específicos que contemplen los instrumentos de planeamiento, según su valor.
Además, las CCAA deberán desarrollar una labor pedagógica en los municipios pequeños, recomendando la catalogación de los edificios de valor identificados, y que vele por su protección a la hora de aprobar los planes urbanísticos de los
municipios.
6. Solicitar a las Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los Colegios de Arquitectos, las Academias de Bellas Artes y los Ministerios de Fomento, Educación y Cultura, que efectúen una protección efectiva y
una labor de difusión de la Arquitectura Contemporánea. Ello conllevaría la declaración de BIC (o de otras categorías de protección según la legislación autonómica) de las piezas más representativas y el diseño de ayudas públicas o de mecenazgo
privado, para la restauración y conservación de las piezas arquitectónicas contenidas en los registros. Las Administraciones deberán facilitar la conservación de esta arquitectura mediante líneas especiales de exenciones tributarias (IBI) así como
facilidades para la conservación, rehabilitación e incluso posibilidades de permutas.
7. Instar al Ministerio de Educación a incluir el estudio de la arquitectura contemporánea en los Planes de Estudio del nuevo Pacto Nacional por la Educación, fomentando la participación de profesionales del sector en el acercamiento y la
difusión de la arquitectura mediante charlas y visitas escolares a edificios representativos de los siglos XX y XXI.
8. Instar a las distintas Administraciones a preservar en buen estado las obras públicas de arquitectura contemporánea, así como a contar con los autores a la hora de realizar cualquier transformación esencial de la obra.
9. Instar a las distintas Administraciones a respetar la propiedad intelectual de las obras de arquitectura contemporánea que ostenten tal protección, siendo ejemplo ante la ciudadanía del respeto que éstas merecen. En concreto, promover
el respeto al derecho de paternidad e integridad de la obra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosana Pastor, presenta, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre la creación de un consejo audiovisual y de la sociedad de la información, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La existencia de autoridades reguladoras independientes es una característica común a la práctica totalidad de países europeos en el ámbito comunicativo y, más específicamente, audiovisual, fomentada y promovida además por la normativa
comunitaria.
Por lo que respecta al Estado español, en 1995, la Comisión Especial para el Estudio de los Contenidos Televisivos del Senado, vino a proponer con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, la creación de un Consejo Superior de
lo Audiovisual encargado de 'velar por el cumplimiento de la legislación, reglamentaciones y códigos deontológicos establecidos para el audiovisual, y denunciar ante la Administración competente o ante el Fiscal, a instancia de parte, las
infracciones de la legislación'.
Hubo que esperar, sin embargo, una quincena de años para que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), contemplara la sustitución del Ministerio de Industria como regulador audiovisual a favor de la
creación de una autoridad independiente, con la denominación de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). El CEMA se configuraba como una autoridad con competencias de supervisión, seguimiento y regulación y con capacidad sancionadora -en la
línea de los estándares europeos-, en materia de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, garantizando entre otros aspectos la transparencia y el pluralismo y la competencia; la protección de los menores y la defensa de los derechos de
la ciudadanía; el cumplimiento de la misión de servicio público por parte de los medios de titularidad estatal; promover la alfabetización mediática.
Con la llegada al Gobierno del Partido popular en 2011 se deroga el Título V de la LGCA y el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ve subsumidas parcialmente sus funciones en un nuevo modelo de macrorregulador, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), que engloba tanto a la autoridad de competencia como a los denominados reguladores sectoriales, mientras que algunas de esas competencias otorgadas al CEMA pasaban de nuevo a la órbita del Ministerio de
Industria.
Aun reconociendo las ventajas que, en el ámbito audiovisual, la actividad reguladora de la CNMC ha supuesto frente a su etapa puramente gubernamental, la experiencia de estos años pone de relieve la insuficiencia de ese modelo, ahora en
cuestión por sus propios creadores, para regular eficazmente el sector. Así como la imperiosa necesidad de contar con una autoridad específica en esta materia, capaz de proteger eficazmente a la ciudadanía, muy especialmente a los segmentos de la
población más vulnerables; de responder a los desafíos del nuevo panorama multimedia y de convergencia tecnológica, y que vaya incluso más allá del nuevo marco europeo que la modificación de la actual Directiva de Comunicación Audiovisual, ahora en
fase de tramitación, permite vislumbrar.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
- Crear un Consejo Audiovisual y de la Sociedad de la Información independiente del Gobierno, con personalidad jurídica y autonomía patrimonial, y con competencias de vigilancia, control y sanción tanto en el ámbito audiovisual (televisión
lineal y no lineal, radio y servicios conexos e interactivos) como en el de la prestación de servicios de la sociedad de la Información.
La composición de este Consejo se conformará por concurso público a propuesta de un Tribunal formado por expertos y profesionales de reconocida competencia en materias relacionadas con el sector audiovisual y de la Sociedad de la Información
en sus vertientes profesional, académica y asociativa. Los miembros de este Tribunal, lo serán, a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, siguiendo la práctica de habitual dentro del ámbito europeo. Todo ello en colaboración con las
autoridades audiovisuales
y de la sociedad de la información tanto europeas como autonómicas, así como con las Administraciones responsables de las Telecomunicaciones.
- El Consejo asumirá las funciones atribuidas en el Título V de la LGCA al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, así como aquellas relativas específicamente a la actividad de los prestadores del servicio de la Sociedad de la Información.
Entre ellas, la protección de la infancia y adolescencia y de los segmento de población más vulnerables; el respeto a los valores constitucionales; la salvaguarda del pluralismo, la transparencia y la diversidad de ofertas; el fomento de la
corregulación; la decisión en materia de licencias, habilitaciones y negocios jurídicos; la mediación entre los concurrentes en el mercado, y entre éstos y los usuarios finales; así como la alfabetización mediática del conjunto de la sociedad.
- El Consejo estará asesorado por un Comité Consultivo como órgano de participación ciudadana cuya composición se determinará reglamentariamente y cuyos miembros serán elegidos por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados
por mayoría de dos tercios y mediante convocatoria pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico de Sevilla, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo Arqueológico de Sevilla está ubicado en plaza de América, frente al museo de Artes y Costumbres Populares y junto al pabellón Real, dentro del parque de María Luisa. Este museo es una interesante opción para los amantes de la
historia y la arqueología. Concebido como museo regional, no por ello pierde valor, sobre todo si tenemos en cuenta la variedad de culturas que pasaron por este rincón del mundo: romanos (Itálica), árabes y la ancestral Tartessos, entre otros.
La misma ubicación del museo ya es un valor. La colección se alberga en un bello edificio situado en la Plaza de América o Plaza de las Palomas, frente al Pabellón Mudéjar y junto al Pabellón Real, ubicado a su vez en el interior del Parque
de María Luisa. Obra del célebre Aníbal González, y bautizado como 'Palacio del Renacimiento', fue construido a principios del siglo XX para la Exposición Iberoamericana de 1929 en un estilo puramente neo-renacentista. Durante dicha exposición fue
dedicado a Palacio de las Bellas Artes, trasladándose en él más tarde, en 1942, las colecciones arqueológicas.
Actualmente, el museo se organiza en 27 salas ordenadas por orden cronológico, desde la Prehistoria a la Edad Media. La excelente calidad de las obras y piezas que forman parte del fondo del museo además de la cantidad que custodia lo hacen
estar entre los primeros de España.
Desde el 1 de marzo de 1962 el conjunto de edificio y contenido fue declarado Monumento Histórico Artístico. Y aunque en la década de 1970 el museo sufre obras de ampliación y mejora, el edificio sigue necesitando importantes reformas.
En 2009 el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra ganó un concurso nacional para la reforma completa del edificio y la renovación del discurso museográfico. El coste total del proyecto suponía 33.461.375 euros. En los
Presupuestos Generales del Estado de 2013 se consignaron 350.000 euros para iniciar las reformas, que se preveía comenzaran en 2014, sin embargo las obras nunca se iniciaron.
El GPS entiende que del año 2009 a la actualidad ha cambiado enormemente la situación socio-económica en nuestro país, sobre todo en el sector de la construcción, lo que hace en la actualidad injustificado su coste.
Por ello los socialistas consideramos razonable y conveniente que el Gobierno, y más concretamente su Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, retome el asunto en pro de llevar a cabo un proyecto, más
acorde tanto con la situación económica actual de nuestro como con los menores costes actuales en construcción, y que realice una necesaria rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico de Sevilla, que abarque desde paliar el
envejecimiento natural de la instalación de 1972 a modernizar su desfasada con el paso de los años concepción museológica dando paso a nuevas instalaciones que aporten un mayor confort a las personas y una mayor seguridad a las piezas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un proyecto de rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico de Sevilla acorde con las necesidades y requerimientos de una concepción museística actual.
2. Asignar dentro del presupuesto de 2017 una cantidad razonable para la elaboración del proyecto y la ejecución de las fases del mismo que se consideren factibles este año.
3. Adquirir el compromiso de incluir en los inmediatos presupuestos futuros las asignaciones suficientes para hacer frente al pago del proyecto hasta su total ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.- Juana Amalia Rodríguez Hernández, Carmen Rocío Cuello Pérez y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para favorecer la financiación
mixta de la cultura, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La labor de toda política cultural debe ser garantizar un tejido cultural autónomo, sostenible, diverso y accesible. Por ese motivo, la financiación cultural en España no debería depender únicamente de los presupuestos de las
Administraciones públicas.
Además de la problemática de fondo sobre a qué modelo cultural aspiramos y sobre cuál debe ser el papel que desempeñe el Estado, los fondos que se dedican actualmente al ámbito cultural son insuficientes para su desarrollo y para la creación
de un tejido sostenible, por lo cual emerge la necesidad de una financiación cultural mixta. En ese sentido, las políticas culturales deben hallar el equilibrio entre el interés público y el privado, persiguiendo simultáneamente el impulso de
proyectos culturales y la autonomía de la cultura.
La Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo no es eficaz a la hora de incentivar la financiación cultural por medio de otros agentes externos, con respecto a los aportes
que hace la Administración a los proyectos que lidera, razones por las cuales nos encontramos a menudo tanto con comportamientos intervencionistas como con políticas que no responden a la necesaria sostenibilidad del sector cultural.
Las iniciativas de la ciudadanía, individualmente o de manera concertada, son parte fundamental del horizonte de diversidad cultural al que aspirarnos. Por el contrario, el actual paisaje de austeridad provocado por los recortes en materia
cultural y por la falta de interés en el fomento de la cultura corno sector estratégico han incrementado la necesidad de que, desde las instituciones, se mejore la financiación mixta de la cultura y se refuerce el modelo de colaboración
público-privado, imprescindible para dar una oportunidad al compromiso de la ciudadanía y de otros sectores en la promoción y financiación de la cultura.
En resumen, se hace necesaria la aprobación de normativas que faciliten:
- La creación de una 'casilla cultural' en el Modelo 100 de la declaración del IRPF.
- La inversión de parte del fondo de Loterías y Apuestas del Estado en la financiación cultural.
- El favorecimiento de las plataformas 'crowdfunding' y otros repertorios de mecenazgo, que incorporan valores como la cooperación, el esfuerzo colectivo y la generación de tejido comunitario.
- La gestión cultural mixta de espacios públicos con baja frecuencia de uso que impulsen la generación de políticas culturales estratégicas.
Por todo lo anterior, presentamos esta
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a tomar las medidas oportunas para favorecer la financiación mixta de la cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre espacios públicos infrautilizados
susceptibles de uso cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las políticas de expansión territorial llevadas a cabo en España durante la última década, y su desarrollo concreto en los años previos a la crisis, han dado como resultado un escenario urbano vinculado a la construcción de grandes espacios
y un paisaje repleto de infraestructuras y recursos públicos con un nivel bajo de actividad.
Así, encontramos cómo muchos de estos 'gigantes inmobiliarios' están infrautilizados. Su construcción, enmarcada en una pretensión general de rotundidad, resultó poco exitosa, y nos encontramos actualmente con muchos locales vacíos de
contenido en el marco de una planificación urbanística obsoleta.
Esta obsolescencia obliga a repensar la gestión desde el ámbito institucional, flexibilizando los usos de los locales y teniendo en cuenta expresiones sociales y culturales, que requieren nuevas herramientas adaptadas a la realidad.
Un mecanismo posible de adaptación es la habilitación coordinada, para su uso cultural, de los espacios gestionados en los diferentes niveles competenciales, de forma que pueda disponerse de ellos para generar beneficio social, impulsando la
creación de un tejido cultural sostenible que revierta directamente en la mejora del valor social de los propios espacios y de las actividades que allí se desarrollan.
La dinamización de este tipo de espacios supone, por una parte, evitar el deterioro de los espacios y de su imagen, respondiendo a parámetros de responsabilidad cultural, y por la otra implica la obtención de retornos sociales temporales,
generando beneficios como la apertura de oportunidades de actividad económica y la consolidación de acciones temporales que, tras el periodo transitorio de uso de los espacios, podrían establecerse en otros lugares de manera estable.
Por todo lo anterior, presentamos esta
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a tomar las medidas oportunas para poner en marcha un Inventario de espacios públicos infrautilizados o abandonados susceptibles de uso cultural que procure un
marco favorable al impulso del tejido cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un Observatorio para la
Igualdad de Género, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.
En ese sentido, entre las motivaciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como del artículo 26, en materia de igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e
intelectual, se halla el hecho de que el reconocimiento de la igualdad ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La igualdad, a pesar de los instrumentos jurídicos, no ha conseguido hacerse
efectiva, ni en el ámbito cultural ni en el conjunto de nuestra sociedad.
En el ámbito de la cultura concurren factores de desigualdad difícilmente cuantificables, pero de la máxima relevancia, tales como el enorme número de creadoras e intelectuales que, pese a sus grandes aportaciones a la cultura, han sido
invisibilizadas. Sus aportaciones son una valiosa e irrenunciable contribución al patrimonio cultural español y a nuestra sociedad.
Asimismo, las mujeres constituyen desde 1960 más de la mitad del alumnado en estudios artísticos en España. Sin embargo, según los informes de MAV -Asociación de Mujeres de las Artes Visuales- y CIMA -Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales-:
- La colección permanente de los 22 museos de arte contemporáneo más destacados de España se compone de un 82 % de obras firmadas por hombres y un 18 % por mujeres.
- En 2015, el porcentaje de participación de mujeres en ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, fue del 25 %, del cual solamente el 4% corresponde a artistas españolas.
- Las mujeres directoras de museos y centros de arte contemporáneo apenas alcanza un 22 %.
- En el campo de las artes escénicas, de los 513 proyectos teatrales desarrollados en la temporada 2013-2014 únicamente 83 fueron dirigidos por mujeres.
- En literatura, a pesar de que las mujeres firman un 45,5 % de las obras publicadas, las galardonadas con los premios más prestigiosos constituyen únicamente el 22 %.
- En cine, en 2015, un 19 % de las películas españolas estrenadas fueron dirigidas por mujeres. Las guionistas representan un 12 % y las directoras de fotografía un 9 %.
A todo esto se suma que el Plan de Actuación 2014-2016 de la Unidad de Igualdad de Género del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no ha demostrado ser suficiente para acabar con la discriminación por género en el sector cultural.
Siguen siendo necesarios más recursos y más capacidad de gestión flexible y transversal, necesarios para diseñar y llevar a cabo planes de actuación específicos y encaminados a erradicar las desigualdades, visibilizar las diferentes formas de
discriminación y establecer medidas correctoras concretas.
Por ello presentamos esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un Observatorio para la Igualdad de Género dependiente de la Unidad de Igualdad de Género del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con autonomía presupuestaria,
dedicado al análisis y la medición de las desigualdades en el ámbito de la cultura desde una perspectiva intersectorial, compuesto por expertas y expertos del sector
cultural y que cuente con la colaboración estable de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en políticas de igualdad y de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Igualdad
161/001397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la Historia, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Los libros de texto sirven para transmitir conocimientos, modelos, valores y patrones de comportamiento. Pero, ¿cuál es el papel que juegan en ellos las mujeres? A pesar de que la legislación educativa aboga por la igualdad, muchos
materiales didácticos siguen transmitiendo estereotipos sexistas y relegando a las mujeres a un clarísimo segundo plano.
La solución no pasa de hacer distribuciones paritarias de la cantidad de personajes sino de incluir a las mujeres en el discurso histórico. La ausencia de la mujer en el lenguaje, en las imágenes y en los temas de los que es protagonista no
solo es un hecho, sino que es asumida como normal. Cuando aparecen, es como un añadido, un pegote o 'cuota', que no tiene que coordinarse con el resto del texto. Y a veces ni siquiera aparecen. La aportación de las mujeres a la sociedad se
considera anecdótica y no importante para la explicación que se desarrolla.
Los datos no son más amables al hablar de ilustraciones: las mujeres suelen aparecer en las imágenes dentro de una pareja o en un colectivo mixto. Y, en lo referido a las profesiones, el género femenino es mostrado con más frecuencia en el
ámbito doméstico, cultural-artístico (más como consumidoras que como productoras), económico (generalmente realizando actividades de consumo de bienes) y religioso, mientras el masculino se dedica a la política, la cultura y la producción
científica.
Se trata de una evidente separación sexuada de los ámbitos, entre el mundo público, más valorado, y el mundo privado, lo relacionado con lo doméstico. No es solo que los varones son nombrados en los textos en mucha mayor medida que las
mujeres, sino que se transmite que su contribución específica a la construcción del mundo es de mayor relevancia.
En 'Presencia y tratamiento de la mujer en los libros de texto: ¿invisibilidad, transversalidad o 'patchwork' políticamente correcto? Análisis y reflexión' - Universidad de Cantabria - Judit Gutiérrez Sánchez extrae conclusiones de
diversos estudios sobre la presencia de las mujeres en los libros de texto. Entre otros aspectos, es significativo que la mujer en solitario llega a alcanzar como mucho un 16,3 %.
Este mes de febrero, hemos celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pocos saben que el Día del Inventor internacional se celebra el 9 de noviembre, en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr. Precursoras como Hipatia de
Alejandría - matemática, astrónoma y filósofa griega -, otras que vinieron después como María Sybilla, Caroline Herschel, Émilie du Chátelet... o en España, Beatriz Galindo, María Andrea Casamayor, María de Maeztu, María Antonia Zorraquino,
Margarita Salas... no se visualizan como ellos y su legado. Es necesario reivindicarlas para motivar a las nuevas generaciones a seguir avanzando. La proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España (39 %) y en la Unión
Europea (33 %) se mantiene estable desde 2009. En ambos contextos ya se ha superado el listón del 40 % de presencia de investigadoras en universidades y en Administración Pública, pero continúa siendo muy baja la proporción de mujeres entre el
personal investigador del sector empresarial, con mejores cifras en España (31 %) que en la UE (20 %).
Aunque nuestro país está por encima de la media europea en nuevas investigadoras, doctoras y catedráticas, el número de rectoras no aumenta. Solo hay tres mujeres como regentes en universidades públicas. En el conjunto de universidades
públicas y privadas las cifras de la proporción de mujeres entre quienes ocupan los cargos unipersonales de gobierno considerados más allá de las rectoras son: vicerrectoras (38 %), decanas / directoras de centros (28 %), directoras de departamento
(28 %) y directoras de Instituto Universitario (21 %).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Valorar el aumento de contenidos del currículo escolar a fin de dar a conocer figuras femeninas relevantes en la Historia.
2. Trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, para que las mujeres tengan una mayor presencia en las asignaturas escolares a fin de promover el papel de éstas y contribuir a su
reconocimiento en los avances científicos e históricos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
confección de una estadística pública sobre procedimientos judiciales de incapacitación o de modificación de la capacidad de obrar, para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En este momento, ningún organismo público o privado puede proporcionar la cifra de personas incapacitadas o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente en España, ni siquiera aproximadamente. Se barajan datos de entre 250.000
y 400.000 personas sometidos a sentencia de incapacitación judicial.
La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia dispone, al parecer, de datos limitados a incapacitaciones registradas en sus aplicaciones propias pero solas desde el año 2009.
Por lo tanto, no hay datos del número de personas vivas que están incapacitadas judicialmente y por lo tanto registradas en los Registros Civiles correspondientes.
Es necesario conocer cuántas personas están ahora mismo incapacitadas o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente en toda España y las cifras de altas y bajas (bien por recapacitación, bien por fallecimiento) que se vayan
produciendo cada año.
Lo anterior, por ser una obligación derivada de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, cuyo Instrumento de Ratificación por España se publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de abril de 2008, cuyo artículo 12 impone obligaciones a España, en relación a la capacidad jurídica de las personas:
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a
ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean
privadas de sus bienes de manera arbitraria.
Es muy difícil que los poderes públicos puedan tomar decisiones en orden a adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la citada Convención, sin tener datos fiables y actuales sobre la realidad de la incapacitación judicial
de las personas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se incluya en las estadísticas judiciales o públicas la información relativa a las personas que causen alta en una incapacitación o cuya capacidad de obrar haya sido modificada
judicialmente, aquellas que por cualquier motivo causen baja en dicha situación, así como aquellas que tengan activa una incapacitación o capacidad de obrar modificada judicialmente, permitiendo conocer las distintas variables sociodemográficas
(sexo, provincia y comunidad autónoma de residencia, edad en que fueron sometidas a incapacitación, modalidad de incapacitación -tutela, curatela, otras, prórroga de la patria potestad, etc.) relevantes de dichas personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Unidad Específica de Vialidad
Invernal en la Dirección General de Tráfico, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las buenas previsiones meteorológicas de la AEMET sobre el temporal de frío y nieve del pasado mes de enero, no evitó que hubiese cortes de tráfico en 14 provincias, 5 trenes de AVE paralizados en Albacete, 18 trenes en Levante y más de
4.000 viajeros afectados. En su defensa el Partido Popular alegó que la Agencia Estatal de Meteorología calificó el temporal de 'excepcional', el más severo en los últimos 30 años.
Se puede discutir hasta el infinito si lo que ocurrió en el pasado temporal era previsible o era imprevisible. E incluso si podía ser imposible haberse preparado para que el peso de la nieve derribara torres de alta
tensión y catenarias de tren. Pero la realidad es que la preocupación por la vialidad invernal no es algo nuevo. Sucede periódicamente, casi todos los años llega a las páginas de la prensa, e incluso los expertos en seguridad vial le han
dado nombre: síndrome de Saelices.
Bajo el síndrome de Saelices se engloban este tipo de episodios mezcla de incompetencia, desorganización, falta de previsión y frustración profesional. Su historia proviene de la madrugada del 4 de diciembre de 1997 (hace 19 años, no 30),
en la que varios miles de personas quedaron atrapadas en un monumental atasco de más de 40 kilómetros. Más de 600 personas, ocupantes de entre 300 y 400 coches y unos 200 camiones, atrapadas en el tramo de Saelices, no recibieron comida y mantas
hasta el amanecer porque los helicópteros no pudieron volar de noche y las máquinas quitanieves no pudieron abrirse entre los vehículos cruzados. Finalmente, a las 8:30 de la mañana del 5 de diciembre los helicópteros del Ejército llegaron hasta
las personas aisladas en Saelices y las proveyeron de comida y mantas.
Desde entonces, otros sucesos similares han sucedido: por ejemplo, en 2008, en la autopista que une Asturias y León. Así que parece obvio que la vialidad invernal no es una causa imprevisible ni un suceso aislado, sino una preocupación que
potencialmente ocurre cada invierno en nuestras carreteras y que evidentemente cambia de ubicación cada año.
De nada sirve la planificación si esta lo es para cubrir el expediente, si la planificación no se engrasa vía simulaciones, si los planes no se ponen en marcha por no cortar o restringir la circulación de determinados vehículos.
Pero sobre todo, de nada sirve si el Estado, 17 comunidades autónomas y 38 diputaciones provinciales tienen sus propios servicios de vialidad invernal, pero no los comparten.
Actualmente, cada Diputación maneja sus contratos, reservando para sí los medios. Puede haber una enorme montaña de sal acopiada en el titular de la vía de una provincia y ser necesaria en las carreteras de esa misma provincia, pero que es
de otro titular de la vía. Este fenómeno no es exclusivo de la vialidad invernal y todos conocemos lo que pasa con los incendios: cuando es demasiado grande, cuando ya se han cruzado todas las líneas rojas, se llama a la UME, que ya poco puede
hacer dado el tamaño del desastre.
La predicción de la Agencia Española de Meteorología era muy acertada, apuntaba a nevadas por debajo del nivel del mar en Levante. Si todos los recursos se hubieran transferido al suroeste de España, la situación hubiera sido
previsiblemente distinta.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear una unidad específica de vialidad invernal dependiente de la Dirección General de Tráfico que gestione todos los recursos disponibles en caso de activación del protocolo de emergencia y con capacidad para desplazar recursos
independientemente de la titularidad de la vía allí donde sean necesarios.
2. Dotar a esta unidad específica con capacidad para tomar decisiones estratégicas e informar a los usuarios de la situación de la vía en tiempo real.
3. Realizar simulaciones periódicas desde esta unidad específica para entrenar la efectividad de los protocolos utilizados y el uso de medios materiales y humanos.
4. Crear los convenios de colaboración necesarios entre esta unidad específica, el Estado, las 17 Comunidades Autónomas y las 38 diputaciones provinciales que cuentan con sus propios servicios y medios materiales de vialidad invernal.
5. Desarrollar un sistema informático basado en inteligencia artificial que gestione las reglas acordadas en los convenios de colaboración anteriormente citados y que asigne los recursos de vialidad invernal de manera solidaria allí donde
surja la emergencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-María Sandra Julià Julià, Diego Clemente Giménez e Irene Rivera Andrés, Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio integral, elaboración y/o actualización de un
mapa nacional de isócronas para los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias de asistencia médica en la totalidad de la Red de Carreteras Nacional, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Dr. Adams Crowley, cirujano militar y director del 'Centro de Atención al Shock Traumático' de Maryland, definió la ya famosa 'Hora de Oro': 'Hay una hora de oro entre la vida y la muerte. Si estás gravemente lesionado, tienes menos de
60 minutos para sobrevivir. Puedes no morir entonces, pero lo puedes hacer tres días o dos semanas después, porque algo ha ocurrido en tu cuerpo que es irreparable'.
Según los datos del 'European Emergency Data Project' (una red de expertos europeos entre los que se encuentran investigadores sanitarios, clínicos, médicos de emergencias, profesionales de los servicios médicos de emergencias y cargos de
autoridades sanitarias), el traumatismo grave es una de las entidades clínicas que más se benefician de una eficaz atención precoz, junto a otras entidades como la parada cardiorrespiratoria, el síndrome coronario agudo, el ictus y la dificultad
respiratoria grave.
Uno de los mayores problemas a los que se encuentran sometidos las víctimas de accidentes de tráfico tras haberlos sufrido es la espera y el tiempo de respuesta de estos servicios sanitarios de emergencia para ser atendidos.
En atención a sus lesiones tipo, los afectados necesitan de los servicios públicos un tiempo máximo de respuesta en la asistencia primaria o de urgencias de 15 minutos como valor recomendado por numerosos organismos y entidades que han más
que estudiado la problemática. Ilustran a modo de ejemplo cómo el tiempo de respuesta en Alemania son 12 minutos, 8 minutos para Reino Unido o el excepcionalmente corto de Dinamarca que llega tan solo a los 5 minutos.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el tiempo de respuesta, hasta dónde podemos saber a falta de un estudio más profundo, en España se sitúa entre 25-38 minutos, produciéndose el 57 % de los fallecidos en los 5 primeros
minutos, el 66 % en los 20 primeros minutos y el 75 % en los 60 primeros minutos (la ya citada 'Hora de Oro').
El tiempo medio de respuesta en cuanto a la atención de la llamada del 112 son 180 segundos de media (3 minutos), que son vitales para obtener información sobre el tipo de lesión, la ubicación del accidente, etcétera.
Es fácilmente deducible que reduciendo dicho tiempo de respuesta a los recomendados 15 minutos el número de fallecimientos podría reducirse hasta en un 25 %.
Los problemas de demora asistencial se potencian en base a los siguientes factores:
- Casuística de lesividad de los usuarios accidentados.
- Circulación por carreteras convencionales de baja intensidad media diaria y alejadas de las unidades de emergencias, con velocidades lentas de aproximación al punto de conflicto.
- Demora en la activación de los servicios de emergencia derivada de la circulación por carreteras o caminos (práctica del 'off road') con bajas zonas de cobertura de telefonía móvil.
Es por todo esto que existe la Directiva europea de la obligatoriedad del 'ecall' en los vehículos de nueva fabricación a partir de 31 de marzo de 2018. Sin embargo, su implantación, debido a la antigüedad de nuestro parque automovilístico,
será más lenta que en el resto de Europa, por lo que urge un estudio serio y en profundidad de una base de datos nacional que incluya todo tipo de carreteras, sean de la competencia que sean, para elaboración de un mapa de tiempos de respuesta de
estos servicios de emergencias.
Es por ello que existen numerosas iniciativas y recomendaciones de armonizar los tiempos de respuesta con la media europea, y un paso previo para tal objetivo es la elaboración de un mapa de isócronas (curvas que unen los puntos geográficos
con igual tiempo de respuesta por parte de los recursos sanitarios de emergencias) con el objetivo final de garantizar que el 80 % de la población esté cubierta por
una unidad de soporte vital en una isócrona de menos de 15 minutos y que el 90 % de la población esté cubierta por una unidad de soporte vital en una isócrona de menos de 30 minutos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio integral nacional de toda su red de carreteras, no solo estatales, instando y prestando auxilio llegado el caso a las distintas administraciones competentes autonómicas y
provinciales, con el fin de elaborar un mapa de isócronas (curvas que unan los puntos geográficos con igual tiempo de respuesta por parte de los recursos sanitarios de emergencias) con el objetivo final de garantizar que el 80 % de la población esté
cubierta por una unidad de soporte vital en una isócrona de menos de 15 minutos y que el 90 % de la población esté cubierta por una unidad de soporte vital en una isócrona de menos de 30 minutos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-María Sandra Julià Julià, Diego Clemente Giménez e Irene Rivera Andrés, Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
creación de un plan de prevención efectivo y eficaz contra el abuso sexual infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX, con la Declaración de los Derechos del Niño (ONU 1959), cuando se le considera como un delito y un problema de profundas
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.
La definición de mayor consenso es la elaborada por el Observatorio de la Infancia en 2008 y recogida en el Protocolo básico de intervención contra el Maltrato Infantil al que se refiere como 'acción, omisión o trato negligente, no
accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad'.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el maltrato puede tener lugar tanto en la fase prenatal, provocando daño al feto (por hábitos tóxicos de los padres, alcoholismo, toxicomanías, ausencia de seguimiento médico e incluso agresión
física al feto o la madre gestante), como postnatal, dentro de los cuales se encuadran las modalidades descritas anteriormente.
También cabe hacer referencia a las modalidades de maltrato en función de los autores, de manera que podemos hablar de maltrato familiar (cuando es ejercido por un miembro de la misma familia), extrafamiliar (ejercido por alguien ajeno a la
familia), institucional (cuando las instituciones no garantizan una atención adecuada al niño) y social (cuando se dan cita un conjunto de factores de carácter social/contextual que impiden garantizar la protección y atención al niño).
El Maltrato Infantil puede ejercerse tanto por acción o por omisión. En función de estos parámetros se definen cuatro modalidades básicas de maltrato:
1. Maltrato físico.
Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las
magulladuras o moratones en diferentes fases de cicatrización y de
forma extendida en diferentes partes del cuerpo; las quemaduras con formas definidas; las fracturas de nariz o mandíbula, o en espiral de los huesos largos; las torceduras o dislocaciones; las heridas o raspaduras en la cara y la parte
posterior de las extremidades y torso; señales de mordeduras humanas; cortes o pinchazos; lesiones internas (en el cráneo o cerebro, síntomas de asfixia...).
2. Maltrato emocional.
Es una de las formas más sutiles, pero también más existente, de maltrato infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Se les somete a presenciar actos de violencia física o verbal hacia
otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como tal la acción que produce un daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones
suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. Actos de privación de la libertad, como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no solo pueden generar daño físico, sino seguro también afecciones
psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida permanentemente al niño, alterando su salud psíquica.
3. Negligencia o descuido.
La negligencia se identifica como la falta de proveer las necesidades básicas de un niño por parte de sus padres o personas encargadas. Se define como aquella situación donde las necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene,
protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) y cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño.
La negligencia puede ser:
- Física (por ejemplo, falta de proporcionar comida o resguardo necesario, o ausencia de supervisión adecuada).
- Médica (por ejemplo, falta de proporcionar tratamiento médico o para la salud mental).
- Educativa (por ejemplo, falta de atención a las necesidades emocionales de un niño, falta de proporcionar cuidado psicológico o permitiendo que el niño consuma alcohol o drogas).
4. Abuso sexual.
Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento
informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o niña. Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, la violación, el estupro, el rapto, el rufianismo, los actos libidinosos,
etcétera. Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.
Dentro de esta concepción de abuso sexual, destacamos las siguientes categorías:
consentimiento. Puede incluir: penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas.
- Agresión sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con violencia o intimidación y sin consentimiento.
- Exhibicionismo. Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico.
- Explotación sexual infantil. Una categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador persigue un beneficio económico y que engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equiparar la explotación sexual con el comercio
sexual infantil.
Dentro de explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades a tener en cuenta, puesto que presentan distintas características e incidencia:
- Tráfico sexual infantil.
- Turismo sexual infantil.
- Prostitución infantil.
En España, medio millón de niños y niñas sufren abusos sexuales, pero solo se conocen el 5% de los casos. En el 85 % estas situaciones se dan en el ámbito familiar.
Está demostrado científicamente que un nivel alto de estrés a una edad temprana de la vida, como el que se produce en el caso del maltrato infantil, puede tener consecuencias cruciales para el desarrollo del cerebro humano, a la luz de estos
datos entendemos que es necesario centrar nuestros esfuerzos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un plan de prevención efectivo y eficaz contra el abuso sexual infantil que contemple:
a) Educar a los niños y niñas en una sexualidad sana partiendo del reconocimiento de que sus cuerpos les pertenecen y que terceros no tienen derecho a usarlos para su propia gratificación o beneficio.
b) Garantizar que los niños sepan reconocer qué es el abuso sexual, tengan herramientas para decir 'no' y en caso de sufrirlos sepan con certeza que van a ser escuchados, creídos y protegidos.
c) Acoger y ayudar a las personas que han sido víctimas de abuso en la infancia para que recuperen su dignidad a través del reconocimiento público de su inocencia, liberándolos de la culpa y la estigmatización que les impide ser libres para
vivir una vida plena.
d) Promover cambios en las leyes que garanticen la protección efectiva de las víctimas y su restitución en cualquier etapa de su desarrollo.
e) Trabajar en la creación y formación profesional de protocolos de actuación unánimes, eficaces y coordinados entre los diferentes estamentos implicados en el sistema de protección del menor, de manera que se garantice la prevalencia de la
integridad de los niños y niñas por encima de cualquier otro interés.
2. Impulsar campañas informativas a nivel nacional con los siguientes objetivos:
a) Romper el silencio con una voz conjunta y unánime sobre este grave problema que afecta en la actualidad no solo a los niños y niñas, sino también a todos esos inocentes olvidados que hoy son adultos heridos y sin herramientas ni medios
adecuados para tratar sus vidas.
b) Ofrecer datos estadísticos para concienciar a la población sobre la alta incidencia de los abusos a menores.
c) Sensibilizar a la sociedad en general y en particular a las personas que están en contacto directo con los niños/as para que adquieran habilidades para poder detectar, defender y saber actuar correctamente si un abuso sucede.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y Sonia Ferrer Tesoro, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a incluir la Atención Temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para su debate y votación en la Comisión de Derechos de Ia Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La Atención Temprana es definida como 'el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos'. Por ello, es determinante que se produzca en las primeras etapas de la infancia, para que los niños puedan potenciar sus habilidades y lograr
el mayor progreso posible en todas las áreas del desarrollo.
Por todo ello, la Atención Temprana para niños de 0 a 6 años es un primer y muy importante paso para que nuestros niños logren potenciar sus habilidades con el fin de alcanzar un progreso óptimo en todas las áreas del desarrollo que se vean
alteradas.
El Libro Blanco de Atención Temprana recogía el trabajo realizado por expertos que llevaban años trabajando en la Atención Temprana y definía conceptos y formas de trabajo que incidían en la prevención, detección, la interdisciplinariedad en
los servicios. Todo ello con el objetivo de garantizar la compensación de las desigualdades individuales y el derecho a alcanzar un desarrollo evolutivo lo más normalizado posible y una vida plena e independiente.
Es innegable que en este campo se han producido importantes avances en los últimos 20 años. Gracias a la implicación de los responsables de las políticas sociales, las asociaciones de familias de niños con discapacidad y los propios
profesionales dedicados a la Atención Temprana, se ha conseguido que la necesaria coordinación entre los servicios sociales, educativos y sanitarios sea hoy una realidad en la mayor parte de nuestro país.
Sin embargo, en la actualidad y debido, en gran medida, a los recortes impuestos por el Partido Popular a las Comunidades Autónomas, existen en el territorio español grandes diferencias.
Entendemos que la Atención Temprana es un derecho que todo niño y su familia debe tener en nuestro país, al igual que el derecho a la Educación y a la Sanidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la Atención Temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, estableciendo las medidas necesarias para la coordinación con las Comunidades Autónomas,
así como el Plan de desarrollo de las medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-María Tamara Raya Rodríguez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
apoyar el Programa 'Vacaciones en Paz', para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
'Vacaciones en Paz' es un programa de ayuda humanitaria y de sensibilización política y social, organizado por Asociaciones y ONGs solidarias con el Pueblo Saharaui, el Ministerio de Juventud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
y las Delegaciones del Frente Polisario en las distintas comunidades autónomas de España.
Este programa se viene desarrollando en España desde hace varias décadas. Consiste en la acogida de niños y niñas saharauis residentes en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) por parte de familias españolas durante el verano,
cuando las condiciones climáticas son más duras en el desierto del Sáhara, llegando a sobrepasar los 50 ºC a la sombra en la hamada argelina.
El programa hace posible que, durante dos meses, miles de menores saharauis disfruten de un verano alejados del duro desierto, en compañía de familias españolas. El principal objetivo es dar a los niños y niñas la posibilidad de someterse a
un completo reconocimiento médico, que en los campamentos resulta imposible por los escasos medios de los que disponen, así como llevar a cabo diferentes tratamientos cuando es necesario. Durante su estancia, además, acceden a una alimentación
variada que les permite recuperar los niveles necesarios de nutrientes.
El programa sirve también para suscitar el interés y conducir a un mejor conocimiento de la causa saharaui por la sociedad española; fomentar el aprendizaje del castellano, segundo idioma oficial de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y potenciar los lazos históricos que unen el pueblo saharaui con el pueblo español, concienciando sobre el problema que sufren desde hace más de 40 años.
Los vínculos familiares que se crean durante la acogida perduran una vez regresan los menores a los campamentos y las familias españolas a menudo van a visitarles y les envían alimentos, medicinas, material escolar, etc.
La gestión y difusión del programa se lleva a cabo gracias al trabajo voluntario que realizan los miembros de las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui. Se trata de una red de asociaciones con implantación en numerosos
municipios de todos los territorios que, si bien es cierto que cuentan con el apoyo de ciertos Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas, frecuentemente llevan a cabo su labor sin ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones.
A las dificultades derivadas de la escasez de medios y recursos que apoyen el programa, se añade la difícil situación económica de las familias españolas durante los últimos años, lo que ha desembocado en un descenso del número de familias
que se ofrecen a participar, por lo que multitud de menores no han podido beneficiarse del mismo.
Por otra parte, los drásticos recortes en cooperación internacional llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular (un 70 % y, en caso de la ayuda humanitaria, rondan el 90 %) han tenido repercusión directa en el empeoramiento de las
condiciones de vida en los campamentos, que ya eran extremadamente duras. A finales de 2016, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) alertaron de la falta de financiación internacional para asistir a los refugiados saharauis. En comunicado conjunto, las tres agencias resaltaron que esta falta de financiación estaba cerca de provocar una reducción en las
raciones alimentarias que se suministran en los campamentos a los refugiados. Señalaron también el duro impacto de los recortes sobre la seguridad alimentaria y la nutrición de los refugiados, especialmente de niños, embarazadas, ancianos y
enfermos.
Todo ello hace que el programa sea cada vez más necesario. Sin embargo, la organización encuentra cada vez más obstáculos para llevarlo a cabo. En el verano de 2016, numerosas trabas interfirieron en el buen desarrollo de la llegada de los
menores.
El Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores en España en el marco del Programa 'Vacaciones en Paz', que en años anteriores se
venía adoptando a primeros de junio, se cerró el día 10 y, además, se dilató la publicación de la correspondiente Resolución de la Secretaría General de Inmigración y Emigración en el BOE hasta el 18 de junio, cuando había vuelos que tenían su
llegada a España prevista para el día 20. A ello se unió el retraso en la gestión provocado por algunas Delegaciones del Gobierno que, en el último momento, pidieron documentación de las familias que, en algunos casos, ya obraba en poder de la
Administración, y en otros, se trataba de documentación nueva, imposible de recopilar en solo unas horas.
Los principales perjudicados por esta negligente actuación del Gobierno fueron los menores. Un ejemplo de ello es que la salida de un vuelo con destino Madrid, prevista el día 20 de junio, se anuló ese mismo día, cuando más de 250 niños y
niñas ya habían sido desplazados al aeropuerto de Tinduf. La Delegación del Gobierno de Madrid no emitió su informe favorable hasta el 22 de junio y el vuelo todavía tardó varios días más en poder ser reprogramado. Mientras, sus familias en
Madrid, Guadalajara y Talavera de la Reina les esperaban, con todo organizado para recibirlos.
Hechos como este no deben repetirse. 'Vacaciones en Paz' tiene que continuar funcionando en España y es obligación de todas las administraciones implicarse en su buen desarrollo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar y facilitar los trámites necesarios para la autorización de la residencia temporal de menores en España en el marco del Programa 'Vacaciones en Paz' para el próximo verano y
sucesivos, así como a apoyar el desarrollo del mismo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, entidades locales y el movimiento asociativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Sonia Ferrer Tesoro y Carlota Merchán Mesón, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Interior
181/000078
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué posición tiene el Gobierno español en las negociaciones en marcha en el seno de la Unión Europea para revisar la normativa sobre asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000069
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno designar a los consejeros en el Consorcio Valencia 2007 que proceden de la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000079
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a revisar algún aspecto de la reforma laboral de 2012 una vez comprobados sus efectos transcurridos cinco años desde su entrada en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000080
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Cuál será la posición del Gobierno en las negociaciones a emprender con las Comunidades Autónomas para establecer la nueva Estrategia Nacional de Activación para el Empleo, la distribución de fondos para políticas activas de empleo y la
ejecución de las últimas reformas emprendidas sobre la normativa de Garantía Juvenil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000081
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir las cifras alarmantes de siniestralidad laboral en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000082
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias de la reducción de la cobertura a los desempleados de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000083
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué planes tiene el Gobierno en este ejercicio 2017 para el Fondo de Reserva de las pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000084
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Va a tomar el Gobierno alguna medida para evitar la pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones durante este ejercicio 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000071
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputada doña Carlota Merchán Mesón
Texto:
En tanto entra en vigor la Ley 40/2015, ¿qué planes tiene el Gobierno en relación al segundo contrato de gestión de la AECID y a los Planes Anuales de Acción previstos en los artículos 23 y 24 del Estatuto de la AECID, como instrumentos de
gestión transparente por objetivos exigidos por la legislación vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2017.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/001702 181/000065
Advertido error en el acuerdo relativo a la conversión en pregunta con respuesta oral en Comisión de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita (núm. expte. 181/000065) de don Gabriel Rufián
Romero (GER) sobre venta de material de defensa a Arabia Saudí (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/001702) y que fue enviada a la Comisión de Asuntos Exteriores, se procede a su subsanación, acordando en
consecuencia su traslado a la Comisión de Defensa, comunicándolo a dichas Comisiones, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.