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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 66, de 04/05/2016
cve: BOCG-11-D-66 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XI LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


4 de mayo de 2016


Núm. 66



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


DIPUTADOS


Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página5)


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000001 Creación de la Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo entre el colectivo de menores de 30 años ... (Página26)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.


Enmiendas ... (Página26)


Aprobación con modificaciones... (Página38)


162/000067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... href='#(Página41)'>(Página41)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la condena del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ...
(Página43)


161/000242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña, defensora de los derechos humanos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas
... (Página43)


161/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las libertades y los derechos en Cuba. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página47)



Página 2





161/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el reconocimiento unilateral y sin condiciones del Estado palestino. Desestimación así como enmiendas formuladas ... href='#(Página51)'>(Página51)


161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reconocimiento internacional de la República de Kosovo. Desestimación ... (Página53)


161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de una iniciativa en Naciones Unidas reafirmando la exigencia del cumplimiento del Derecho Internacional en materia de asilo y refugio.
Aprobación ... (Página53)


161/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo al proceso negociador de la Unión Europea con Cuba en pro de un espacio de libertad y respeto de los Derechos Humanos.
Aprobación con modificaciones ... (Página47)


161/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la normalización de las relaciones con Cuba y de apoyo a su proceso de apertura. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página47)'>(Página47)


161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas ... (Página54)


161/000428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre la crisis humanitaria de los refugiados. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página58)'>(Página58)


Comisión de Fomento


161/000068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias.
Aprobación así como enmienda formulada ... (Página64)


161/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de las actividades logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril. Aprobación así como enmiendas
formuladas ... (Página65)


161/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas
... (Página67)


161/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias. Aprobación con
modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página71)


161/000133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página73)'>(Página73)


161/000234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la inmediata financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac. Aprobación con
modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página67)



Página 3





161/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de un Plan de Evaluación y Priorización de las Infraestructuras Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página75)'>(Página75)


161/000350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el traspaso de infraestructuras ferroviarias a la Generalitat de Cataluña. Aprobación con modificaciones así como enmienda
formulada ... (Página76)


161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dar continuidad a la operación de las rutas aéreas entre las islas del archipiélago canario. Aprobación ... href='#(Página77)'>(Página77)


161/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún. Aprobación así como enmienda formulada ... href='#(Página78)'>(Página78)


161/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso al proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada. Aprobación ... (Página78)


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación en el sector lechero. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página79)


161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas ... (Página84)


161/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página86)'>(Página86)


161/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario. Aprobación con modificaciones
así como enmiendas formuladas ... (Página86)


161/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página95)'>(Página95)


161/000223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... href='#(Página86)'>(Página86)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el control de los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas ... (Página98)


161/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promocionar a las mujeres como agentes de desarrollo local en las economías en transición. Aprobación con modificaciones así como
enmiendas formuladas ... (Página100)



Página 4





161/000346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las reformas necesarias en el ámbito de la Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas
... (Página103)


161/000356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas
... (Página107)


161/000377 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Democràcia i Llibertat) y Vasco (EAJ-PNV), sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación
internacional para el desarrollo. Aprobación así como enmiendas formuladas ... (Página109)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/001574 Autor: Garzón Espinosa, Alberto.


Previsiones acerca de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo de recuperación de la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona ... (Página111)


184/001855 Autor: Martín Llaguno, Marta.


Creación de una zona franca en el puerto de Alicante ... (Página112)


Otros textos


DECLARACIONES INSTITUCIONALES


140/000006 Declaración institucional sobre apoyo a la candidatura del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional... (Página113)



Página 5





COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


DIPUTADOS


De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


ÍNDICE


Página


CALLE FUENTES, José Antonio (GCs) (núm. expte. 005/000152/0001)1 ... (Página21)


GONZÁLEZ RAMOS, Manuel Gabriel (GS) (núm. expte. 005/000211/0001)1 ... (Página6)


HERNANDO FRAILE, Rafael Antonio (GP) (núm. expte. 005/000107/0001)1 ... (Página16)


ZOIDO ÁLVAREZ, Juan Ignacio (GP) (núm. expte. 005/000041/0001)1 ... (Página11)


1 Modificación de la declaración.



Página 6





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Página 7





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Página 8





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Página 9





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Página 10





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Página 11





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Página 16





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Página 19





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Página 24





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Página 25





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COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000001


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo entre el colectivo de menores de 30 años, en los términos de la calificación de
la Mesa de la Cámara, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 19, de 22 de febrero de 2016.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000007


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 10, de 9 de febrero de 2016.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 1 enmienda de modificación a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma
fiscal y lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que se verá en la Sesión Plenaria de hoy.


Enmienda


De modificación.


Se propone la siguiente modificación, dentro del punto 1, quedando redactada como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Política fiscal:


— (Igual).



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Mientras tanto:


— Establecer un mínimo común en todo el territorio de régimen común (exceptuando los territorios de régimen foral)… (resto igual)…»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre reforma fiscal y lucha contra el fraude y la evasión fiscal,


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Las
modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


— Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro.


— Reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos.


— Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.


— Crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia Tributaria.


— Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado. De esta forma se terminará con la competencia en ambos
impuestos por parte de las CCAA que provoca, en la práctica, su vaciamiento, sin penalizar a la clase media, que quedará exenta de ambos gravámenes.


— Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.


— Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por
un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.


— Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Se aprobarán, entre otras, las siguientes medidas:


• Aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su autonomía y profesionalidad, evitando las injerencias políticas. Se aumentarán los medios materiales y humanos de la AEAT.


• Reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.


• Eliminar el régimen de ENE y revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir en la misma a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración Tributaria Española.


• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.



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• Exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.


• Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, y reforzar su control para evitar el fraude en las mismas.


• Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes.


• Liderar de forma activa en la UE, OCDE y cualquier ámbito internacional, una agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalidad europea e internacional, y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos
fiscales.


• Exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde
existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.


• Aumentar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude en sectores y áreas específicos.


• Aprobar una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la precariedad, que refuerce la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales, favorezca la disuasión ante las infracciones e incentive
el cumplimiento de la normativa.


• Limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1000 euros. Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 25 euros a través de tarjeta de crédito.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Política fiscal:


— Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Las
modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


Mientras tanto:


— Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.


— Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa
justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de
modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.


— Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.


— Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.


— Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. El Impuesto a las Transacciones Financieras será un impuesto de
base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.


— Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributos: (i) Impuesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se
emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (ii) Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (iii) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en
las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación;



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(iv) Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (v) Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas; Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos
medioambientales: (i) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (ii) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (iii) Canon de vertidos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CCAA varias de las cuales ya
cuentan con figuras tributarias similares.


2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal:


España debe liderar, tanto en la UE, como en el ámbito de la OCDE y del G-20, una agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los
paraísos fiscales que contemple:


— Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados «Tax Rulings» (acuerdos fiscales de los estados miembros
con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.


— Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G-20, la agenda del BEPS (Base Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal
mundial.


— Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la
OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.


— Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la regla de unanimidad, y el establecimiento de un campo de juego entre
los 28 Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.


— Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal
agresiva.


— Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.


— Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.


— Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.


— Modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de dos a seis años y
prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.


— Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos
económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.


— Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la
estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresas.


— Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de
los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.


— Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.



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— Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.


— Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.


— Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que
tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.


— Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.


— Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista
recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.


— Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión
del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.


— Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas.


— Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios
técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.


— Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.»


Justificación.


España tiene unos elevados impuestos, y una reducida recaudación fiscal. La recaudación de impuestos de la Agencia Tributaria en 2014 ascendió a 168.817 millones de euros. Es prioritaria la lucha contra el fraude fiscal. Esta reducción
del fraude tendría efectos positivos por dos razones adicionales: en primer lugar, incremento de la eficiencia económica, en la medida en que las empresas cumplidoras no se verían perjudicadas por la competencia de los defraudadores. En segundo
lugar, sobre la equidad, al repartir de forma más justa las obligaciones fiscales, reduciendo así la desigualdad, que se ha incrementado de forma sustancial en España durante la crisis.


Por tanto, las principales vías de actuación serán:


1. Reducir el fraude en el impuesto de sociedades.


2. Potenciar la lucha contra la elusión, el fraude fiscal internacional y el blanqueo de capitales en cooperación con nuestros socios europeos.


3. Asegurar el cumplimiento de las leyes. Y es que una cuestión que constituye un escándalo permanente en la aplicación de las leyes fiscales es el abuso de las SICAV, sociedades de inversión de capital variable. Estas sociedades, que
deberían ser siempre instituciones de inversión colectiva, tributan al tipo super privilegiado del 1%. Sin embargo, muy a menudo estas SICAV están controladas por una sola persona o familia, beneficiándose indebidamente del tipo del 1%. En
consecuencia, es necesario devolver el control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda.


4. Medidas específicas para incrementar y mejorar el control fiscal


5. Lucha contra las facturas falsas. Para ello es necesario adoptar medidas que endurezcan las sanciones administrativas y penales por la emisión y deducción de facturas falsas o falseadas.


Las medidas propuestas, recogidas en el. Acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos el pasado 24 de febrero, tienen por objeto la reforma del sistema fiscal, no para recaudar más sino para recaudar mejor. Son objetivos a lograr a corto y
medio plazo, con una modificación del régimen tributario que posibilite un



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sistema fiscal más equilibrado, transparente y justo. Estas propuestas son conformes con la iniciativa aprobada en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de la
Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.—Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de modificación a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.


Enmienda


Redacción que se propone:


«1. Política Fiscal. El Congreso de los Diputados procederá a nombrar una Comisión de Expertos sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Dicha Comisión analizará todos los aspectos relativos a la necesidad
de reformar la fiscalidad para mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación, como instrumento de lucha contra las desigualdades, así como instrumento de impulso de la economía productiva, del empleo y de lucha contra el
fraude fiscal y la evasión fiscal.


Uno de los objetivos prioritarios de la reforma debe ser mejorar la eficiencia del sistema tributario en beneficio de la equidad, para ello deberá cuantificar y reducir el llamado «tax gap», es decir el diferencial entre los elevados tipos
impositivos nominales vigentes en la fiscalidad española, a menudo superiores a la media europea y la recaudación efectiva en relación al PIB, inferior a la media europea.


En el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones. Las modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


Entre las medidas y principios a incorporar en la política fiscal deberá contemplarse sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas:


— Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.


(…)


— Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música, y a las actividades deportivas.


(…)


— Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada (…) Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CCAA varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares. Las CCAA participarán con el 58% de la
recaudación obtenida de estas figuras tributarias, en línea con su participación en los impuestos especiales.


2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal:


España debe liderar, …


(…)



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— Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos que trabajan en la gestión tributaria destinados a la lucha contra el fraude fiscal en los próximos 4 años y afrontar una profunda mejora de la eficiencia organizativa de la AEAT.


(…)


— Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida. Anualmente el INE publicará una estimación oficial sobre el tamaño de la economía sumergida respeto el PIB. Asimismo, se considerarán medidas puestas en práctica en otros
países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresas.


(…)


— Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.


— Establecer una gestión tributaria que fomente e incentive el cumplimiento voluntario, mediante no solo las listas de defraudadores, sino también con la difusión de una certificación de buen contribuyente, con más y mejor cooperación con
los profesionales del ámbito fiscal y tributario, y con más facilidades en la liquidación de las obligaciones fiscales.


— Incorporar el principio de subsidiariedad en la gestión tributaria, acercando su gestión al ciudadano e involucrando en la gestión del «ingreso» a las comunidades autónomas. En este contexto se deberá facilitar que Catalunya y aquellas
comunidades que lo soliciten, puedan recaudar la totalidad de los ingresos tributarios, tal como ya realiza con éxito alguna otra comunidad autónoma.


— Garantizar la efectiva transmisión de los datos informativos de trascendencia fiscal de la AEAT a las CCAA para la correcta gestión tributaria incluyendo entre otros, los datos de las declaraciones informativas sobre bienes y derechos
situados en el extranjero (modelo 720), la información sobre cuentas a la vista en entidades de crédito y depósitos bancarios, la información sobre productos financieros o la información del Registro General de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico, información que hoy el Estado no comparte de forma completa con las administraciones tributarias de las CC.AA.


— Establecer mecanismos normativos que den seguridad jurídica y que, en particular, nivelen la tributación efectiva entre las grandes, medianas y pequeñas empresas.


— Establecer las modificaciones legales oportunas para que el presidente de la Agencia Tributaria sea nombrado por el Congreso de los Diputados, en la línea de otros países de nuestro entorno.


— Crear un Consejo Fiscal como organismo dependiente del Congreso para que controle y pase cuentas a la Agencia Tributaria, en la línea de otros países de nuestro entorno.


— Reforzar la seguridad jurídica tanto en relación a la posible modificación de los criterios de interpretación de las normas fiscales como en relación a la puesta a disposición de la justicia de los medios necesarios para la resolución
judicial de los litigios entre particulares y la administración. Procesos judiciales de ámbito tributario de 5, 10 y 15 años de duración vulneran la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de considerar contrarios al
derecho a un juicio justo los procesos judiciales con una duración superior a los 5 años.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a instancia de su Diputado Joan Capdevila i Esteve y al amparo de lo establecido en los artículos 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición
no de Ley sobre reforma fiscal y lucha contra el fraude y la evasión fiscal.



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Enmienda


Punto nuevo


De adición.


«3. Retirar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra las siguientes leyes aprobadas por el Parlamento de Catalunya en materia económica y fiscal:


— Decreto-Ley 5/2012, de 18 de diciembre, y contra la Ley 4/2014, de 4 de abril, relativos ambos al impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito.


— Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del
impuesto sobre la producción de energía eléctrica de carácter nuclear.


— Ley 15/2014, de 4 de diciembre, del Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital.


— Ley 9/2015, de 12 de junio, que modifica la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Catalunya.


— Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2015.


— Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.


— Decreto Ley 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.


— Decreto-ley de Catalunya 6/2013, de 23 de diciembre, que modificó la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Catalunya.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—Joan Capdevila i Esteve, Diputado.—Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Mixto, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre reforma fiscal y
lucha contra el fraude y la evasión fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para su debate en el Pleno.


Enmienda


Al punto 1


De adición.


El punto 1 queda redactado como sigue:


«1. Política fiscal:


— Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Las
modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


Mientras tanto:


— Proceder a una reforma del IRPF, que garantice principio de progresividad dirigida a aquellos contribuyentes con ingresos superiores a los 60.000 euros e introduciendo procedimientos de recaudación tributaria específico para las grandes
fortunas.


— Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento, reduciendo, en el caso de este último,



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el mínimo exento a los 400.000 euros netos frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, exceptuando en dicho cálculo a la primera vivienda hasta un valor de 300.000 y revisándose otras deducciones y bonificaciones existentes.


— Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa
justificación, procediéndose a la eliminación de aquellas que hacen que permiten a las grandes empresas tributar en términos de su resultado contable entre el 5 y el 7%. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de
Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.


— Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música. Ampliar la base de los artículos gravados al tipo superreducido del 4%, mediante la introducción de nuevos alimentos, bebidas no alcohólicas y productos
básicos de higiene sexual como compresas y tampones, y de aquellos a los que aplicar el tipo reducido del 10% como a los suministros básicos energéticos (gas y electricidad) que actualmente se les aplica el tipo general del 21%, introduciendo, si es
posible, medidas que permitan incrementar la progresividad en este impuesto.


— Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.


— Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. El Impuesto a las Transacciones Financieras será un impuesto de
base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.


— Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. Dicha fiscalidad debe tener como objetivo acercar la recaudación al 2,4% del PIB (donde se encuentra la media europea) en el corto plazo y contemplaría
los siguiente nuevos tributos: (i) Impuesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (ii)
Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (iii) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación;
(iv) Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (v) Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas; Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos
medioambientales: (i) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (ii) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (iii) Canon de vertidos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CCAA varias de las cuales ya
cuentan con figuras tributarias similares.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—María Auxiliadora Honorato Chulián, Ignasi Candela Serna y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmienda


Al punto 2


De adición.


El punto 2 queda redactado como sigue:


«2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal:


1. Regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito.



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2. Potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción.


3. Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista
recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.


4. Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión
del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.


5. Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a
criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.


6. Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.


7. El delito fiscal en todo caso tendrá la consideración de delito previo o subyacente al de blanqueo de capitales.


8. Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados «Tax Rulings» (acuerdos fiscales de los estados
miembros con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años. Generar métodos de coordinación e integración de información coordinada y en
red de las Agencias tributarias a nivel Español (CCAA) y europeo.


9. Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G-20, la agenda del BEPS (Base Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal
mundial.


10. Impulsar en el seno de las Naciones Unidas y la UE una definición sobre paraísos fiscales vinculante, elaborando una lista negra de los mismos, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista
consensuada de sanciones; De igual forma, España promoverá en el seno de las Naciones Unidas, la OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales que incluirá la articulación de un registro público de
beneficiarios reales y últimos de todas las empresas, fundaciones, cuentas bancarias y fondos fiduciarios que participen en dichos paraísos


11. Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la regla de unanimidad, y el establecimiento de un campo de juego
entre los 28 Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.


12. Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal
agresiva.


13. Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.


14. Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.


15. Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.


16. Modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de dos a seis años y
prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior. Disminución del umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros.


17. Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos
económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.



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18. Crear una Comisión de Expertos que genere una metodología de cálculo oficial y periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos, que a su vez
permita elaborar Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida; en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y
la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.


19. Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación
de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.


20. Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.


21. Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.


22. Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.


23. Impulsar una modificación de las Directivas europeas de contratación y de la normativa nacional correspondiente de manera que se prohíba a las administraciones públicas formalizar contratos con personas físicas o jurídicas que operen en
paraísos fiscales.


24. Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que
tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.


25. Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ENES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.


26. Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de
vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.


27. Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión
del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.


28. Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria, consultado con los cuerpos funcionariales concernidos, que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas, y que incluya.


29. Democratizar la figura del Presidente de la AEAT, que deberá ser elegido en el Congreso de los Diputados, para un mandato de 5 años, en los que deberá elaborar e implementar un Plan Plurianual de Medidas de Lucha Contra el Fraude, que
se plasmará anualmente en una Ley Anual Tributaria y de Medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal, que se debatirá en Sede Parlamentaria.


30. Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a
criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.


31. Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—María Auxiliadora Honorato Chulián, Ignasi Candela Serna y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



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Enmienda


De modificación.


Se incluye un punto 3, que queda redactado como sigue:


«3. España debe liderar, tanto en las Naciones Unidas y en la UE, como en el ámbito de la OCDE y del G-20, una agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con la evasión fiscal,
así como con los paraísos fiscales, que contemple:


1. Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que emplace a Suiza para que atienda los requerimientos de las administraciones tributarias respecto a HSBC, la Unión
de Bancos Suizos, el Credit Suisse y el BBVA.


2. Impulsar una modificación de las Directivas europeas de contratación y de la normativa nacional correspondiente de manera que se prohíba a las administraciones públicas formalizar contratos con personas físicas o jurídicas que operen en
paraísos fiscales.


3. Los bancos que operen en España han de facilitar información relativa a las cuentas y operaciones realizadas por sus clientes españoles en sus matrices, filiales o sucursales en el extranjero. En los casos de incumplimiento por no
facilitar la información requerida, por el retraso en facilitarla o por existir obstrucción, se establecerá un sistema agravado de sanciones a aplicar por la administración tributaria que pueda llegar a la pérdida de la ficha bancaria. El gobierno
procurará que la OCDE y demás foros internacionales impulsen la adopción de una medida semejante por el resto de los Estados.


4. Impulsar la modificación del artículo 51 del Reglamento de 5 de mayo de 2014 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del
extranjero.


5. Promover la revisión de todos los Acuerdos de Intercambio de Información firmados para implantar el nuevo estándar internacional de intercambio automático de información tributaria, procurando iniciativas internacionales para acortar los
plazos previstos para su implantación.


6. Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que encomiende al Fondo Monetario Internacional la formación de un Catastro financiero mundial.


7. Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que sus Estados miembros obliguen a todos los Registros Mercantiles a identificar a los titulares reales de las
entidades que registran, incluyendo a los trusts, llevando en definitiva a la práctica la obligación de “due diligence? (diligencia debida) que se establece respecto a esos fedatarios públicos.


8. Impulsar la supresión de la excepción del artículo 9 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales en relación a la obligación establecida en el artículo 4.3 de esa Ley de recabar información de los clientes
para determinar si éstos actúan por cuenta propia o de terceros, y la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos, cuando tales clientes sean entidades financieras domiciliadas en la
Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida.


9. Impulsar los acuerdos políticos necesarios para que todos los Estados y jurisdicciones suscriban el Convenio sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal modelo OCDE Consejo de Europa, incluida la cláusula para el intercambio
automático de información.


10. La Comunidad internacional encarnada en sus diversas instituciones —ONU, UE y G-20— debe supervisar con el asesoramiento del Foro Global sobre Transparencia de la OCDE que la información facilitada por Suiza, Panamá y por los demás
países que han fallado en sus compromisos de transparencia, es completa y fiable.


11. Reclamar de la OCDE la elaboración de una lista de países incumplidores de sus compromisos de transparencia con el estándar vigente —identificación de las titularidades reales y levantamiento del secreto bancario—, su denuncia a la
comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20—.


12. Impulsar los acuerdos internacionales precisos para aprobar las sanciones contempladas Resolución del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2015 a los países incumplidores de sus compromisos de transparencia.



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13. Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que se exija a los grupos multinacionales la rendición de un informe financiero por cada uno de los países en los
que operan sus filiales en el que han de incluirse los datos siguientes:


a) La razón social de las compañías que operan en cada país.


b) Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo:


c) Las ventas intragrupo y a terceros países.


d) Las compras intragrupo y a terceros países.


e) Los costes laborales y el número de empleados en cada país.


f) Los costes financieros distinguiendo los pagados a empresas del grupo y a terceros.


g) El beneficio antes de impuestos.


h) Los impuestos satisfechos en el país en cuestión.


i) El detalle del coste y del valor neto contable del inmovilizado material situado en el país del que se trate.


j) El valor de los activos que el grupo posee en la jurisdicción.


14. Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— un acuerdo global para gravar el beneficio mundial de las sociedades en función de las ventas, la masa salarial y el
importe del capital utilizado en cada país.


15. Establecer sistemas normalizados de intercambio automático de información con otras Administraciones tributarias acerca de la existencia de mecanismos de planificación fiscal agresiva y elusión fiscal


16. Regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito.


17. Potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción.


18. Establecer el deber de suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal.


19. La obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino, directo o indirecto,
en cuentas abiertas en España.


20. La obligación de suministrar la identidad de quienes hayan cobrado o ingresado fondos por importe igual o superior a 3.000 euros en cuentas de corresponsal abiertas en España de las entidades de crédito cualquiera que sea su forma
jurídica radicadas en aquellos territorios.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—María Auxiliadora Honorato Chulián, Ignasi Candela Serna y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000007


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal,
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 10, de 9 de febrero de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforma fiscal.


— Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentarán sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Estas
conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos para 2017. Uno de los



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objetivos será mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario, reduciendo el diferencial entre los tipos nominales y efectivos, que se refleja en una menor recaudación efectiva en relación al PIB que la media europea, eliminándose
aquellas reducciones, deducciones y beneficios fiscales de carácter regresivo.


— Establecer un mínimo en todo el territorio de régimen común tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica su vaciamiento, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.


— Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa
justificación, procediéndose a la eliminación de aquellas que permiten a las grandes empresas tributar en términos de su resultado contable entre el 5 y el 7%. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades sobre el
resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.


— Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.


— Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a determinados bienes, en especial, a bienes de primera necesidad.


— Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. El ITF será un impuesto de base amplia, que incluya el mayor
número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.


— Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por
un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en linea con los principales países europeos. Todo ello sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.


2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal.


España debe liderar, tanto en la UE, como en el ámbito de Naciones Unidas, OCDE y G-20, una agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así
como con los paraísos fiscales, que contemple:


— Impulsar en el seno de las Naciones Unidas y la UE una definición sobre paraísos fiscales vinculante, elaborando una lista negra de los mismos, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista
consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en el seno de las Naciones Unidas, la OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales que incluirá la articulación de un registro público de
beneficiarios reales y últimos de todas las empresas, fundaciones, cuentas bancarias y fondos fiduciarios que participen en dichos paraísos.


— Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que encomiende al Fondo Monetario Internacional la formación de un Registro o catastro financiero mundial.


— Reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en sus distintas organizaciones —ONU, UE y G-20— que sus Estados miembros obliguen a todos los Registros Mercantiles a identificar a los titulares reales de las
entidades que registran, incluyendo a los trusts, llevando en definitiva a la práctica la obligación de “due diligence? (diligencia debida) que se establece respecto a esos fedatarios públicos.


— Promover la revisión de todos los Acuerdos de Intercambio de Información firmados para implantar el nuevo estándar internacional de intercambio automático de información tributaria, procurando iniciativas internacionales para acortar los
plazos previstos para su implantación.


— Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados miembros
con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.


— lmpulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G-20, la agenda del BEPS (Base Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal
mundial.



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— lmpulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la
OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.


— lmpulsar una modificación de las Directivas europeas de contratación y de la normativa nacional correspondiente de manera que se prohíba a las administraciones públicas formalizar contratos con personas físicas o jurídicas que operen en
paraísos fiscales.


— Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la regla de unanimidad, y el establecimiento de un campo de juego entre
los 28 Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.


— Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal
agresiva.


— Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.


— Aumentar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude en sectores y áreas especificos.


— Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.


— Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.


— Modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción
a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.


— Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos
económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.


— Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas, la
estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresas y la creación de una Comisión de expertos para la elaboración de un estudio con periodicidad anual sobre la economía sumergida.


— Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de
los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.


— Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.


— Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.


— Exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde
existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.


— Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.


— Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un periodo de permanencia máximo



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de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.


— Eliminar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.


— Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista
recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.


— Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión
del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.


— Aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria, consultado con los cuerpos funcionariales concernidos, que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas. El nombramiento del Director/a de la AEAT se
efectuará por el Congreso de los Diputados por un plazo de seis años, no renovables. Se aumentarán los medios materiales y humanos de la AEAT.


— Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios
técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.


— Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la Iitigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.


Asimismo, el Congreso de los Diputados considera necesaria la creación, por los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara, de una Comisión de Investigación sobre los denominados “Papeles de Panamá?, así como su relación con
la amnistía fiscal.»


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000067


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa,
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 13, de 12 de febrero de 2016.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del diputado Isidro Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la
consecución de un pacto nacional en materia educativa.



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Enmienda


De modificación.


Se propone el siguiente texto:


«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar la línea de trabajo iniciada en la pasada Legislatura en materia educativa para lograr un gran Pacto Nacional por la Educación desde el seno de la Conferencia Sectorial, que
se fundamentaría en los planes de mejora acordados en la reunión celebrada el 13 de agosto de 2015, así como en aquellos que se puedan acordar con vistas a un desarrollo normativo.


Junto con el Gobierno y las Comunidades Autónomas, todos los agentes implicados en el proceso educativo (sindicatos de profesores, asociaciones de madres y padres de alumnos, empresarios, etc.) deben ser parte activa de este acuerdo para
consolidar la senda de mejora de los indicadores de calidad, consecuencia de las innovaciones pedagógicas y organizativas puestas en marcha.»


Justificación.


Entre otras mejoras técnicas, con este texto se explicitan los agentes educativos que deben ser partícipes de un gran Pacto por la Educación, se ponen en valor los acuerdos alcanzados en la última e importante Conferencia Sectorial de
Educación celebrada hace ocho meses y se incorpora el objetivo de mejora de los indicadores de «calidad».


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.—Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley relativa a la
consecución de un pacto nacional en materia educativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De modificación.


Texto a modificar:


«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar con la línea de trabajo iniciada en la pasada legislatura en materia educativa para lograr un gran Pacto Nacional por la Educación desde el seno de la Conferencia Sectorial.
Todos los agentes implicados en el proceso educativo deben ser parte activa de este acuerdo para consolidar la senda de mejora de los indicadores de resultados consecuencia de las innovaciones pedagógicas y metodológicas puestas en marcha.»


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer una Mesa de diálogo entre los Grupos Parlamentarios y representantes de la Comunidad Educativa (asociaciones de madres y padres, alumnado, plataformas profesorado y sindicatos mayoritarios) para consensuar las modificaciones
normativas necesarias con el objetivo de derogar de forma inmediata la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sin ocasionar ningún perjuicio al alumnado y garantizar la seguridad jurídica del sistema.



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2. Promover un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación, que ponga fin a la inestabilidad del sistema educativo, y que garantice una educación pública, laica, inclusiva, integral, coeducativa,
democrática y de reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, articulando para ello espacios plurales de participación.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.—Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/000176 y 161/000242


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente:


— Proposición no de Ley sobre la condena del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podemos-En Marea (núm. expte. 161/000176), publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016.


— Proposición no de Ley relativa al asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña, defensora de los derechos humanos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, (núm. expte. 161/000242), publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016.


con el siguiente texto, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irán dirigidas al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de las relaciones y acuerdos bilaterales entre el Reino de España y la República de Honduras, así como en el ejercicio del mutuo respeto a sus respectivas independencias,
democracias representativas, instituciones y sus marcos legislativos:


1. Traslade al Gobierno de la República de Honduras la condena y la preocupación de la sociedad española por la muerte de la líder de la comunidad lenca, Dña. Berta Cáceres, y la de otros activistas sociales y medioambientales que están
ocurriendo en este país.


2. Ponga a disposición de la República de Honduras todos los medios necesarios en relación con la investigación que anunció el Presidente hondureño, el Sr. D. Juan Orlando Hernández Álvaro, al objeto de esclarecer de forma inmediata dicho
asesinato, permitiendo de esta manera el enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales y evitando la impunidad ante tan atroz crimen.


3. Active cuantos mecanismos de colaboración internacional sean necesarios entre el Reino de España (haciéndolos extensivos a la Unión Europea), con la República de Honduras y terceros países centroamericanos que permitan colaborar en la
lucha contra los asesinatos de activistas sociales y medioambientales en dicha zona y en cuales otros en los que fuera necesaria la colaboración española.


4. Solicite un informe a la Comisión de Expertos en aplicación de los convenios y las recomendaciones de la OIT sobre el seguimiento del Convenio 169, ratificado por ambos estados, y sobre violación de derechos, la realización de consultas
previas, y su seguimiento y protección posterior.


5. Ponga a disposición de la República de Honduras todos los medios disponibles para la implementación de las medidas de seguridad oportunas, que permitan salvaguardar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, incluyendo al testigo de los asesinatos, el Sr. D. Gustavo Castro y las familias de los activistas asesinados.


6. Se generen —o apliquen los ya existentes— instrumentos de colaboración que garanticen la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas dada su situación de especial
vulnerabilidad.


7. Impulse, adopte y dé publicidad a un Plan renovado de Empresas y Derechos Humanos, que, siguiendo el mandato de la Proposición no Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (núm. expte. 161/000318) aprobada en la Comisión de Cooperación Internacional



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para el desarrollo de esta Cámara en la presente legislatura, promueva el cumplimiento de los Derechos Humanos en terceros países por parte de empresas de origen español.»


A dichas Proposiciones no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la condena del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (núm. expte. 161/000176).


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación de la iniciativa que tendrá la siguiente redacción.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de las relaciones y acuerdos bilaterales entre el Reino de España y la República de Honduras, así como en el ejercicio del mutuo respeto a sus respectivas independencias,
democracias representativas, instituciones y sus marcos legislativos:


1. Traslade al Gobierno de la República de Honduras la condena y la preocupación de la sociedad española por la muerte de la líder de la comunidad lenca Dña. Berta Cáceres y otros activistas sociales y medioambientales que están ocurriendo
en ese país.


2. Ofrezca su plena colaboración a la República de Honduras en relación con la investigación que anunció presidente hondureño el Sr. D. Juan Orlando Hernández Alvaro, al objeto de esclarecer de forma inmediata dicho asesinato, permitiendo
poner a disposición judicial a los autores materiales e intelectuales de tal atroz crimen.


3. Active cuantos mecanismos de colaboración internacional sean necesarios entre el Reino de España (haciéndolos extensivos a la UE), con la República de Honduras y terceros países centroamericanos que permitan colaborar en la lucha contra
los asesinatos de activistas sociales y medioambientales en dicha zona y en cuales otros en las que fuera necesaria la colaboración española.


4. Solicite un informe a la Comisión de Expertos en aplicación de los convenios y las recomendaciones de la OIT sobre el seguimiento del Convenio 169, ratificado por ambos Estados, y sobre violación de derechos, la realización de consultas
previas, y su seguimiento y protección posterior.


5. Se ofrezca a prestar toda la ayuda posible a la República de Honduras para la implementación de las medidas de seguridad oportunas, que permitan salvaguardar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Incluyendo al testigo de los asesinatos el Sr. D. Gustavo Castro y las familias de los activistas asesinados.


6. Se generen —o apliquen los ya existentes— instrumentos de colaboración que garanticen la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas dada su situación de especial
vulnerabilidad.


7. Impulse y promulgue un Plan renovado de Derechos Humanos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la condena del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres (nùm. expte. 161/000176).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados:


1. Manifiesta su enérgica condena del asesinato de la defensora de los Derechos Humanos, Berta Cáceres, y traslada su más sentido pésame a los familiares de la víctima y al pueblo hondureño por su lamentable pérdida.


2. Manifiesta la necesidad de aclarar los hechos sucedidos y por ello saluda la apertura de una investigación transparente del asesinato, acompañada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Zeid Ra’ad Al Hussein y apoyada
por el asesoramiento de la OEA, a través de la creación ad hoc de una comisión en el marco de la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH).


3. Considera conveniente:


— Continuar apoyando la labor de los defensores de los derechos humanos en el mundo, como una de las prioridades de la política exterior española.


— Culminar con los trabajos sobre la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que adapte y traslade los Principios Rectores de Naciones Unidas al marco nacional, de acuerdo con las peticiones de Naciones Unidas y de
la Comisión Europea, y que incluya medidas destinadas a prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa al asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña, defensora de los derechos humanos, del Grupo Parlamentario Mixto (núm. expte. 161/000242).


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación de la iniciativa que tendrá la siguiente redacción:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de las relaciones y acuerdos bilaterales entre el Reino de España y la República de Honduras, así como en el ejercicio del mutuo



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respeto a sus respectivas independencias, democracias representativas, instituciones y sus marcos legislativos:


1. Traslade al Gobierno de la República de Honduras la condena y la preocupación de la sociedad española por la muerte de la líder de la comunidad lenca Dña. Berta Cáceres y otros activistas sociales y medioambientales que están ocurriendo
en ese país.


2. Ofrezca su plena colaboración a la República de Honduras en relación con la investigación que anunció presidente hondureño el Sr. D. Juan Orlando Hernández Álvaro, al objeto de esclarecer de forma inmediata dicho asesinato, permitiendo
poner a disposición judicial a los autores materiales e intelectuales de tal atroz crimen.


3. Active cuantos mecanismos de colaboración internacional sean necesarios entre el Reino de España (haciéndolos extensivos a la UE), con la República de Honduras y terceros países centroamericanos que permitan colaborar en la lucha contra
los asesinatos de activistas sociales y medioambientales en dicha zona y en cuales otros en las que fuera necesaria la colaboración española.


4. Solicite un informe a la Comisión de Expertos en aplicación de los convenios y las recomendaciones de la OIT sobre el seguimiento del Convenio 169, ratificado por ambos Estados, y sobre violación de derechos, la realización de consultas
previas, y su seguimiento y protección posterior.


5. Se ofrezca a prestar toda la ayuda posible a la República de Honduras para la implementación de las medidas de seguridad oportunas, que permitan salvaguardar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Incluyendo al testigo de los asesinatos el Sr. D. Gustavo Castro y las familias de los activistas asesinados.


6. Se generen —o apliquen los ya existentes— instrumentos de colaboración que garanticen la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas dada su situación de especial
vulnerabilidad.


7. Impulse y promulgue un Plan renovado de Derechos Humanos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al
asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña, defensora de los derechos humanos (núm. expte. 161/000242).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados:


1. Manifiesta su enérgica condena del asesinato de la defensora de los Derechos Humanos, Berta Cáceres, y traslada su más sentido pésame a los familiares de la víctima y al pueblo hondureño por su lamentable pérdida.


2. Manifiesta la necesidad de aclarar los hechos sucedidos y por ello saluda la apertura de una investigación transparente del asesinato, acompañada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Zeld Ra’ad Al Hussein y apoyada
por el asesoramiento de la OEA, a través de la creación ad hoc de una comisión en el marco de la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH).



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3. Considera conveniente:


— Continuar apoyando la labor de los defensores de los derechos humanos en el mundo, como una de las prioridades de la política exterior española.


— Culminar con los trabajos sobre la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que adapte y traslade los Principios Rectores de Naciones Unidas al marco nacional, de acuerdo con las peticiones de Naciones Unidas y de
la Comisión Europea, y que incluya medidas destinadas a prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000330, 161/000385 y 161/000406


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente:


— Proposición no de Ley sobre las libertades y los derechos en Cuba (núm. expte. 161/000330), presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 51, de 12 de abril de 2016.


— Proposición no de Ley relativa al apoyo al proceso negociador de la Unión Europea con Cuba en pro de un espacio de libertad y respeto de los Derechos Humanos (núm. expte. 161/000385), presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 56, de 19 de abril de 2016.


— Proposición no de Ley sobre la normalización de las relaciones con Cuba y de apoyo a su proceso de apertura (núm. expte. 161/000406), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 57, de 20 de abril de 2016.


Con el siguiente texto:


«1. El Congreso de los Diputados:


— Saluda el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y de manera especial la conclusión del acuerdo de diálogo político y cooperación que ha concluido la Unión Europea con Cuba, con lo que ello significa, y
entiende que ofrece un marco adecuado para que ambas partes puedan trabajar en pro de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en aquella república, así como la finalización del embargo económico.


— Entiende que la dinámica establecida en la República de Cuba con motivo de las negociaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos han de ofrecer espacio para la participación democrática del pueblo cubano como protagonista auténtico
incluido, por supuesto, aquellos que desde hace años vienen demandando esta realidad desde la sociedad civil.


— Entiende que el proceso abierto debe servir para que los trabajadores de Cuba sean beneficiarios directos de cualquier reactivación económica de la isla y puedan ejercer de forma plena y libre sus derechos en la defensa de mejores
condiciones de trabajo.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Continuar impulsando las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación entre España y Cuba en coherencia con la política de la Unión Europea en el convencimiento de que la consolidación de las relaciones de
toda índole entre ambos países constituiría un marco sólido



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contribuyendo así a la apertura social, económica y política en la República de Cuba. Nuestras históricas relaciones ofrecen una magnífica oportunidad para en este ámbito contribuir a avances en derechos y libertades del pueblo cubano y así
hacerlo valer como parte de nuestra política exterior en aquellos organismos internacionales donde estamos presentes.


Los encuentros bilaterales evidenciarán la normalización de las relaciones entre ambos países y fortalecerán las relaciones culturales diplomáticas y sociales.»


A dichas Proposiciones no de Ley se formularon ocho enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sobre las
libertades y los derechos en Cuba (núm. expte. 161/000330).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«1. El Congreso de los Diputados:


— Saluda el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y, de manera especial, la conclusión del Acuerdo de Diálogo político y Cooperación que ha concluido la Unión Europea con Cuba, al entender que ofrecen un
marco adecuado para que ambas partes puedan trabajar a favor de la democracia y los derechos humanos.


— Favorecerá un proceso de apertura inclusivo que tenga en cuenta todas las voluntades del pueblo cubano, ofreciendo el apoyo y la experiencia de España en su consolidación democrática.


— Entiende que el proceso abierto debe servir para que los trabajadores de Cuba sean beneficiarios directos de cualquier reactivación de la economía de la isla en pleno disfrute de sus libertades y derechos sindicales.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación entre España y Cuba, en coherencia con la política de la Unión Europea, en el
convencimiento de que la consolidación de las relaciones de toda índole entre los dos países es el camino para construir un marco sólido de relación entre ambos y contribuir así a la apertura social, económica y política en Cuba.


Nuestras históricas relaciones con Cuba ofrecen una magnífica oportunidad para en este ámbito contribuir a los avances en derechos y libertades del pueblo cubano, y así hacerlo valer como parte de nuestra política exterior en aquellos
organismos internacionales en los que estamos presentes. Los encuentros bilaterales evidenciarán la normalización de esas relaciones entre ambos países y fortalecerán las relaciones culturales, diplomáticas, económicas y sociales.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Por la presente, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes



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enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la normalización de las relaciones con Cuba y de apoyo a su proceso de apertura, que será debatida en la Comisión el día 13 de abril de 2016 (núm. expte.
161/000406).


Enmienda


Añadir un punto 1


De adición.


«Ante la constatación del fracaso y el poco efecto que ha tenido la política del aislamiento, bloqueo económico y sanciones promovidas por los Estados Unidos de Norte América y por la Unión Europea a través de la posición de 1996 impulsada
por España con Cuba. El Congreso de los Diputados (…).»


Enmienda


Apartado «a» del punto 3


De adición.


Añadir entre la palabra «Cuba» el siguiente inciso: «Siempre desde un trato entre países soberanos e iguales» (…).


Enmienda


Añadir un nuevo apartado «d» al punto 3


De adición.


«A interceder ante EEUU para que, dentro del reciente proceso abierto de normalización de las relaciones entre este país y Cuba, se tomen las medidas necesarias en el plazo más breve posible, para poner fin al embargo económico, que tanto ha
afectado las condiciones de vida del pueblo cubano.»


Enmienda


Añadir un nuevo apartado «e» al punto 3


De adición.


«A solicitar ante la Unión Europea la activación de un «Fondo de Solidaridad con el pueblo cubano» así como a aumentar el porcentaje de la partida de ayuda al desarrollo española, con fin de dar alivio a las urgentes necesidades
socioeconómicas del pueblo cubano que ayuden a mejorar sus condiciones de vida.»


Enmienda


Añadir un nuevo apartado «f» al punto 3


De adición.


«Impulsar la aprobación por parte del Consejo Europeo del contenido del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Bilateral suscrito el pasado 13 de marzo ente la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba que significaría el fin de la Posición Común de 1996.»



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Enmienda


Adición al punto 3c


De adición.


Añadir in fine.


«(…) haciendo énfasis en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos así como de los derechos económicos, sociales y culturales y la equidad de género.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
normalización de las relaciones con Cuba y de apoyo a su proceso de apertura (núm. expte. 161/000406).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«1. El Congreso de los Diputados:


— Saluda el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y, de manera especial, la conclusión del Acuerdo de Diálogo político y Cooperación que ha concluido la Unión Europea con Cuba, al entender que ofrecen un
marco adecuado para que ambas partes puedan trabajar a favor de la democracia y los derechos humanos.


— Favorecerá un proceso de apertura inclusivo que tenga en cuenta todas las voluntades del pueblo cubano, ofreciendo el apoyo y la experiencia de España en su consolidación democrática.


— Entiende que el proceso abierto debe servir para que los trabajadores de Cuba sean beneficiarios directos de cualquier reactivación de la economía de la isla en pleno disfrute de sus libertades y derechos sindicales.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación entre España y Cuba, en coherencia con la política de la Unión Europea, en el
convencimiento de que la consolidación de las relaciones de toda índole entre los dos países es el camino para construir un marco sólido de relación entre ambos y contribuir así a la apertura social, económica y política en Cuba.


Nuestras históricas relaciones con Cuba ofrecen una magnífica oportunidad para en este ámbito contribuir a los avances en derechos y libertades del pueblo cubano, y así hacerlo valer como parte de nuestra política exterior en aquellos
organismos internacionales en los que estamos presentes. Los encuentros bilaterales evidenciarán la normalización de esas relaciones entre ambos países y fortalecerán las relaciones culturales, diplomáticas, económicas y sociales.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000359


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento unilateral y sin condiciones del Estado palestino, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016.


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre el reconocimiento unilateral y sin condiciones del Estado palestino, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Enmienda


De sustitución.


Se propone la modificación de la iniciativa que tendrá la siguiente redacción.


«El Congreso de los Diputados reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de Jerusalén para ambos, con la convivencia en paz y seguridad entre un Estado de Israel seguro y un
Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable, sobre la base del derecho de autodeterminación y del pleno respeto del Derecho internacional e insta al Gobierno a:


1. Reconocer a Palestina como Estado, sujeto de derecho internacional, en la convicción de que solo a partir de la coexistencia de los dos Estados, Israel y Palestina, pueden alcanzarse mediante el diálogo y la negociación los acuerdos que
garanticen la paz y la seguridad para ambos, el respeto a los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y la estabilidad de la zona.


2. Promover de manera coordinada con la Unión Europea y los Estados miembros el reconocimiento del Estado palestino, como Estado soberano, contiguo, democrático e independiente que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel y
solicitar a la Alta Representante / Vicepresidenta que facilite una posición común de la Unión Europea a este respecto.


3. Señalar que debe evitarse cualquier acción que ponga en entredicho los compromisos declarados en favor de una solución negociada y pedir a ambas partes que se abstengan de cualquier acción que pueda mermar la viabilidad y las
perspectivas de la solución de dos Estados.


4. Hacer valer la pertenencia de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impulsar de manera urgente y efectiva avances en la búsqueda de una solución justa y duradera, tal como le mandató el Congreso de los Diputados por
unanimidad en noviembre de 2014.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre el reconocimiento unilateral y sin condiciones del Estado palestino.



Página 52





Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


1. Impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado, sujeto de Derecho Internacional, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. Este
reconocimiento debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional.


2. Promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de
dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad.


3. Buscar en cualquier actuación en este sentido una acción coordinada en concierto con la Comunidad Internacional y en particular con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones
del Estado de Israel.


4. Continuar la labor realizada por España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para propiciar el avance en la búsqueda de una solución justa y duradera como el copatrocinio y apoyo a la resolución 69/320 que permitió el izado de
la bandera de Palestina en las sedes de las Naciones Unidas.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario Podemos-En
Comú Podem-En Marea, sobre reconocimiento unilateral y sin condiciones del Estado palestino.


Enmienda


De sustitución.


Texto que se propone:


«1. El Congreso de los Diputados apoyará en su día el reconocimiento del Estado de Palestina en el contexto de una acción internacional que se enmarque en la solución de dos Estados para dos pueblos y que sea resultado de un proceso de
negociación directa entre las partes capaz de garantizar las legítimas condiciones de seguridad para el Estado de Israel.


2. Asimismo, el Congreso de los Diputados llama al futuro Gobierno de España a que promueva la celebración de una nueva Conferencia de Paz, como la que tuvo lugar en Madrid en el año 1991.»


Texto que se modifica:


«Insta al Gobierno a reconocer de manera unilateral y sin condiciones previas el Estado de Palestina en los dos primeros meses de gobierno.»



Página 53





Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/000373


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento internacional de la República de Kosovo, presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/000376


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre el impulso de una iniciativa en Naciones Unidas reafirmando la exigencia del cumplimiento del Derecho Internacional en materia
de asilo y refugio, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la
Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva en la Asamblea General de Naciones Unidas una Resolución en la que se recoja:


1. Reafirmar el compromiso de implementar plena y efectivamente nuestras obligaciones derivadas de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, que ocupa una posición central en el régimen de la protección de los derechos de los
refugiados, incluyendo los derechos humanos, y las normas mínimas de tratamiento que deben aplicarse a las personas bajo el ámbito de su aplicación.


2. Reafirmar el derecho que toda persona tiene a solicitar asilo, y puesto que éste es un instrumento indispensable para la protección internacional de los refugiados, exhortar a todos los Estados a que se abstengan de tomar medidas que
comprometan la institución de asilo y refugio, en particular devolviendo o expulsando refugiados o a personas que soliciten asilo, contrariamente a los instrumentos internacionales de derechos humanos, al derecho humanitario y al derecho de
refugiados.


3. Reafirmar que el ACNUR es la institución multilateral con mandato de proporcionar protección internacional a los refugiados y vigilar la observancia del derecho internacional y que todos los Estados firmantes o no de la Convención y su
Protocolo tienen la obligación de cooperar. Que este deber no es solo de carácter moral, sino que tiene su fundamento jurídico en el artículo 56 de la Carta de Naciones Unidas, sobre el deber de los estados miembros de cooperar con Naciones Unidas,
deber que se extiende a ACNUR como órgano subsidiario de la Asamblea General. Por ello, todos los Estados deben cooperar de la forma más estrecha posible con ACNUR en su labor de protección, supervisión y recomendación.


4. Exhortar a los países a restablecer la cooperación y el diálogo con ACNUR, y garantizar el regreso a los campos de refugiados de donde se haya retirado por imposibilidad de cumplir con sus fines debido a disposiciones o acuerdos que
estos hayan acordado contrarios a las normas internacionales de asilo y refugio; reafirmando el deber que todos los Estados partes tienen de respetar el poder supervisor de ACNUR y no poner obstáculos a esta tarea y cooperar en este sentido para
lograr una aplicación armonizada de todas las disposiciones de la Convención y el Protocolo.»



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Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/000419


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 56, de 19 de abril de 2016, en los siguientes términos:


«El Congreso de los Diputados:


1. Expresa su solidaridad con los ciudadanos de Venezuela y su preocupación por la situación económica, social y política que vive la República Bolivariana de Venezuela, reiterando su solicitud al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela de que se garantice las libertades, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos y el pleno respeto al Estado de Derecho.


2. Reafirma su convicción de que la actual existencia de presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela es incompatible con la existencia de un régimen democrático. Por ello, muestra su preocupación y rechazo ante la actitud del
Gobierno venezolano en relación con la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que de facto supone socavar los poderes constitucionales de ésta. Así como expresa, en
consonancia con el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas su profunda preocupación por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que declara de forma contraria a
todos los informes internacionales favorables de la ONU, la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía.


3. Manifiesta su convencimiento de que solo desde el diálogo basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos y de las distintas instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, de sus competencias,
atribuciones y poderes, se podrá iniciar el camino para conseguir la paz social y la estabilidad política e institucional que se requiere con urgencia para resolver la grave crisis por la que atraviesa Venezuela.


4. Hace seguimiento de la grave crisis humanitaria y alimenticia del país y hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que acepte los ofrecimientos de ayuda formulados desde países amigos de Venezuela como España y de instancias
internacionales.


5. Manifiesta un especial reconocimiento a todo el trabajo que ha desarrollado y que sigue impulsando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en su lucha por la libertad, los derechos y libertades de Venezuela de forma pacífica y siempre por
las vías democráticas, que han hecho posible la aprobación de esta Ley de Amnistía y Reconciliación.


6. Reitera su interés en coordinar una visita de trabajo, integrada por representantes de los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a la Asamblea Nacional Venezolana, para apoyar la Ley de Amnistía y Reconciliación
que permita la puesta en libertad de todos los presos políticos.


7. Expresa su condena de los insultos al Presidente del Gobierno de España realizados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como manifiesta su apoyo a la medida adoptada por el Gobierno en funciones
en respuesta a los mismos, de llamar a consultas al Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre apoyo a la Ley de Amnistía y
Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De sustitución.


Se propone la sustitución de los puntos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º por los siguientes:


«1. Muestra su plena solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con las libertades y la democracia, y con la defensa del pleno respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos como principios rectores de la política exterior
de España en todas sus actuaciones.


2. Hace un llamamiento al diálogo, la mediación y la colaboración internacional para dar una solución democrática y plenamente respetuosa de los derechos humanos a la crisis que atraviesa el país.


3. Manifiesta la necesidad de habilitar mecanismos de diálogo, cooperación y reconciliación que permitan garantizar la paz social y los derechos humanos, reforzar las instituciones democráticas y asegurar que los venezolanos y venezolanas
sigan decidiendo democráticamente sobre su propio futuro, con plenas garantías de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.


4. Entiende que para lograr ese objetivo resulta fundamental contar con el apoyo de sus países vecinos y amigos, con las organizaciones intergubernamentales y de la comunidad internacional, y con la experiencia atesorada por las prácticas
de mediación y resolución de conflictos desde el respeto escrupuloso del Derecho Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el principio de la soberanía de los pueblos. Ofrece para ello la plena disposición, apoyo y
colaboración de esta Cámara.»


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de los siguientes puntos:


«1.º Manifiesta su preocupación ante la escalada de tensiones diplomáticas que se ha venido produciendo desde la pasada Legislatura (X) entre Venezuela y España, cuyo último hito supuso la convocatoria del Embajador de Venezuela en Madrid el
pasado 8 de abril ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como la decisión del Gobierno Español de llamar a consultas a su embajador en Caracas; insta al Gobierno a no continuar promoviendo la vía de la tensión diplomática;
llama al diálogo constructivo, a la mediación y la cooperación para la resolución de conflictos como única salida posible a la situación actual y como la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano.


2.º Lamenta la excesiva utilización de la situación política venezolana en el debate político español y el daño que dicha utilización ha provocado a las relaciones bilaterales entre Venezuela y España; en consecuencia, llama a promover las
iniciativas de diálogo y despolarización promovidas por UNASUR y otros organismos regionales que ayuden a superar la compleja situación actual y que ayuden a mantener a América del Sur como una zona de paz, en la que se garanticen los derechos
humanos y se profundice la democracia.»


Justificación.


La situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela continúa siendo muy complicada, y el país está atravesando una grave crisis cuyos efectos inciden intensamente en la vida de la población. En un clima de
fuerte polarización social y política que intensifica los efectos de la crisis económica, es necesario habilitar mecanismos de diálogo, cooperación y reconciliación que permitan garantizar la paz social, reforzar las instituciones democráticas y la
separación de poderes y abrir una nueva etapa en la que los venezolanos y venezolanas puedan decidir democráticamente sobre su propio



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futuro, con plenas garantías de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Para lograr ese objetivo resulta fundamental contar con el apoyo de sus países vecinos y amigos, con las organizaciones intergubernamentales y de la
comunidad internacional, y con la experiencia atesorada por las prácticas de mediación y resolución de conflictos desde el respeto escrupuloso del Derecho Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el principio de la soberanía
de los pueblos.


En cumplimiento del artículo 2.1 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, es necesario que nuestro país se implique en esos esfuerzos de mediación y favorecimiento del diálogo en colaboración con las
instituciones internacionales, las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y los países vecinos y amigos de Venezuela, respetando el principio que afirma que «la Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la
dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos». Ese marco, y no otros, debe guiar el conjunto de las acciones del Estado en todas sus relaciones exteriores.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Pablo Bustinduy Amador, Diputado.— Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela, del Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación de la Proposición no de Ley, que tendrá la siguiente redacción:


«El Congreso de los Diputados:


1. Expresa su solidaridad con los ciudadanos de Venezuela y su preocupación por la situación económica, social y política que vive la República Bolivariana de Venezuela, reiterando su solicitud al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela de que se garanticen las libertades, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.


2. Reafirma su convicción de que la actual existencia de presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela es incompatible con la existencia de un régimen democrático. Por ello, muestra su preocupación y rechazo ante la actitud del
Gobierno venezolano en relación con la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que de facto supone socavar los poderes constitucionales de ésta.


3. Manifiesta su convencimiento de que solo desde el dialogo basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos y de las distintas instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, de sus competencias,
atribuciones y poderes, se podrá iniciar el camino de la consecución de la paz social y la estabilidad política e institucional que se requiere con urgencia para resolver la grave crisis por la que atraviesa Venezuela.


4. Expresa su condena de los insultos al presidente del Gobierno de España realizados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como su apoyo medida adoptada por el Gobierno en funciones, en respuesta a
los mismos, de llamar a consultas al embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Sol Sánchez, de Unidad Popular-Izquierda Unida, al amparo de los establecido en el reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela.


Enmienda


De sustitución.


Texto que se propone:


«1. El Congreso de los Diputados expresa su rechazo a las acciones violentas de sectores de la oposición venezolana durante los años 2013 y 2014 para subvertir el orden constitucional de Venezuela y sus instituciones democráticas y
manifiesta solidaridad a sus víctimas y familiares; y rechaza el Proyecto de Ley de Amnistía aprobado por la mayoría opositora en el parlamento venezolano por pretender lesionar el Estado de Derecho y violar los derechos humanos, así como amparar
que se continúe con una agenda de violencia para derrocar al gobierno elegido en las urnas.


2. El Congreso de los Diputados exige al Gobierno español cesar en su actitud intervencionista a favor de sectores violentos de la oposición venezolana y dejar de contribuir con la desestabilización del gobierno democrático de Venezuela.
Así mismo, insta al gobierno a favorecer el diálogo y apoyar las iniciativas de UNASUR para, tal como la ha anunciado el organismo regional, “abrir canales de diálogo y entendimiento externos e internos, que preserven la continuidad democrática del
hermano país, respetando, por supuesto, su soberanía y la legitimidad de sus instituciones?.


3. El Congreso de los Diputados saluda todas las iniciativas de diálogo y despolarización promovidas por UNASUR y otros organismos regionales que ayuden a superar la compleja situación venezolana actual y que ayuden a mantener a América del
Sur como una zona de paz, en la que se garanticen los derechos humanos y se profundice la democracia.»


[…] El texto de los puntos 4, 5 y 6 es idéntico al de los puntos 1, 2 y 3.


Justificación.


Venezuela está siendo tratada por algunos grupos políticos como parte de la agenda interna di Reino de España, para desviar la atención de asuntos graves para el Estado español como la crisis social generada por los recortes o el tratamiento
inhumano a los refugiados, el irrespeto al Congreso por parte del Gobierno del presidente Mariano Rajoy o las ramificaciones de sonados casos de corrupción y estafa al Fisco que involucran hasta a la familia Real.


El tema de Venezuela está siendo, además, usado con pinzas para intentar desprestigiar a las izquierdas del estado español, manipulando los problemas y fallas del gobierno de ese país e invisibilizando los avances sociales y democráticos de
los últimos diecisiete años, reconocidos por organizaciones como las Naciones Unidas o la FAO, así como la violencia política promovida por sectores extremistas de la oposición venezolana, que ha llevado a pronunciamientos de organizaciones
regionales de América del Sur como la UNASUR.


Es de esta forma necesario dejar claro lo siguiente:


1. El ciudadano Nicolás Maduro fue electo Presidente de Venezuela en abril de 2013 bajo el mismo sistema electoral y con las mismas garantías de transparencia que fue electa la actual mayoría opositora del Parlamento venezolano en diciembre
de 2015.


2. Sectores de la oposición venezolana no han cesado de llamar a la violencia, tal como se puede verificar en los medios de comunicación. El ex candidato Capriles Radonski en abril de 2013 llamó «a expresar la arrechera» (rabia) y advirtió
sobre los actos de violencia que podían producirse (el saldo fueron nueve personas asesinadas por civiles de la oposición). A principios de 2014 los dirigentes políticos Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma llamaron a la población
venezolana a apoyar con «acciones no pacíficas» una operación que denominaron «La Salida», para derrocar al gobierno del presidente Maduro (el saldo fueron 43 muertos y más de 800 heridos). Como quedó registrado en la Mesa del Congreso de la
anterior Legislatura «los autores de la mayoría de estas 43 muertes fueron civiles



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armados de la oposición, mientras que solo seis personas fueron víctimas de la actuación arbitraria de agentes estatales», quienes también han sido juzgados y recibido las penas que establece la Ley por sus responsabilidades.


3. En dos ocasiones víctimas y familiares de víctimas de la violencia política ocurrida en Venezuela durante el 2013 y el 2014, a través del «Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado» han intentado presentar su testimonio
antes todos los grupos de esta Cámara. El año pasado algunos Grupos Parlamentarios atendieron su solicitud y recogieron su preocupación por cómo la campaña desatada contra el gobierno constitucional en Venezuela estaba alentando a sectores de la
oposición a continuar con la estrategia de violencia en las calles en su intento de derrocar al gobierno. En marzo de este año, ha sido recibido con estupor su doble dolor por las pérdidas sufridas y la intención de la mayoría parlamentaria
opositora de Venezuela de aprobar un Proyecto de Ley de Amnistía que promueve la impunidad de sus victimarios, un proyecto sobre el cual no fueron consultados.


4. El Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobado en segunda discusión por la mayoría opositora del Parlamento venezolano tiene un contenido contrario al respecto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el
principio de igualdad ante la Ley, al permitir la protección a la carta de responsables de delitos no propios de una amnistía, como el terrorismo o la corrupción. Aunque la versión aprobada del Proyecto de Ley elimina la mención expresa de algunos
delitos detallados en la versión original, como el financiamiento al terrorismo, el tráfico de drogas, el uso de menores en la comisión de delitos o la estafa inmobiliaria, la mayoría quedan cubiertos bajo el término genérico de «hechos punibles».


Así, el Proyecto de Ley aprobado explícitamente señala que pretende dejar impunes delitos como «la instigación a delinquir», «la intimidación pública», «causar pánico a la colectividad», «la obstaculización de la vía pública», «incendios» o
la «importación o detentación de artefactos explosivos o incendiarios», mientras oculta otros tipos de delitos bajo la frase «y otros hechos punibles conexos con los fines y circunstancias señalados en el artículo anterior». La única condición para
resultar beneficiado es que se argumente haber actuado con una finalidad política en contra del Gobierno.


De esta forma, se pretende otorgar una amnistía sin que medie reconocimiento de los hechos, ni petición de perdón. De los 29 artículos que tiene el Proyecto de Ley aprobado solo dos mencionan a las víctimas, apenas reconociendo su derecho a
apelación y a exigir indemnizaciones. Se trata de un Proyecto que no se plantea en un contexto de diálogo social, a diferencia de la Ley de Amnistía que promulgó en 2007 el presidente Hugo Chávez —cuyo compromiso con el valor de la paz curiosamente
es reconocido en la exposición de motivos del Proyecto de Ley—, para exonerar de responsabilidades a los involucrados en el Golpe de estado de 2002. Este Proyecto de Ley solo promueve la impunidad y el olvido, privando de la justicia a la sociedad
venezolana.


En este respecto, el posicionamiento del Gobierno español, algunos grupos políticos y medios de comunicación a favor de este proyecto de Ley de Amnistía —mientras guardan silencio frente a gobiernos que sí son represivos y violan
sistemáticamente los Derechos Humanos— estimula las actuaciones de la oposición fuera del marco constitucional y contribuye a un clima de desestabilización que impide el diálogo —tómese nota de los asesinatos selectivos de líderes chavistas y la
violencia callejera promovida por sectores de la oposición en las últimas semanas— y la cohesión social tan necesaria para que los venezolanos y venezolanas resuelvan en el marco de sus leyes las problemáticas que enfrentan actualmente.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Sol Sánchez Maroto, Diputada.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000428


La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la crisis humanitaria de los refugiados, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Democràcia i Llibertat) y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 57, de 20 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al
Gobierno que se constituya:



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«El Congreso de los Diputados considera claramente insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados e insta al Gobierno a:


1. Dar cumplimiento, efectivo y diligente, a la Proposición no de Ley sobre la crisis humanitaria de refugiados, aprobada el pasado 29 de septiembre de 2015, por el Pleno del Congreso de los Diputados y reafirmar el contenido de la
Declaración Institucional sobre la crisis de los refugiados aprobada en la Comisión Mixta para la Unión Europea el pasado 16 de marzo de 2016.


2. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías, facilitar la tramitación y concesión del derecho de asilo a los solicitantes del mismo en España (especialmente en Ceuta y
Melilla), respetando los derechos humanos y garantizando la acogida de estas personas y el respeto al acervo de la Unión Europea en materia de asilo y en línea con los estándares internacionales.


3. Impulsar cuantas medidas y acciones sean posibles y oportunas para conseguir en próximas reuniones del Consejo Europeo y otros órganos de la Unión Europea, avances en materias como:


— Suspender la aplicación del Acuerdo con Turquía, mientras éste no sea un tercer país seguro y mientras Grecia no tenga capacidad para garantizar procedimientos de asilo individuales con las debidas garantías.


— Poner en marcha el mecanismo de ayuda de emergencia de la Unión Europea, ofreciendo a Grecia y a Turquía la posibilidad de desplegar misiones civiles que mejoren las condiciones de los campamentos y centros de acogida donde se encuentran
los refugiados en Grecia y Turquía, y con fondos destinados al ACNUR para mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados, así como incrementar la ayuda a Grecia en las tareas de identificación y tramitación de las solicitudes de
refugio.


— Evitar muertes en rutas peligrosas: proporcionar un mayor número de rutas seguras y legales para que las personas refugiadas lleguen a los países de la Unión Europea, mediante un aumento considerable de las plazas de reasentamiento, las
admisiones humanitarias, los visados humanitarios y la reunificación familiar. Cumplir de forma efectiva y urgente los compromisos ya asumidos tanto en reubicaciones como en reasentamientos.


— La necesidad de mantener las operaciones orientadas a preservar la vida de las personas a través de acciones de búsqueda, rescate y salvamento en el Mediterráneo, con todos los recursos necesarios, durante el tiempo que sea necesario.


— La conversión de los puntos con mayor afluencia, en centros de acogida que funcionen como una zona de tránsito hasta que se evalúe la situación de los refugiados, mejorando la gestión de las demandas y las condiciones de vida de los
mismos.


— Apoyar a los países de tránsito para que elaboren programas en materia de asilo y migración que respeten los derechos humanos e incrementar la ayuda humanitaria a las crisis de refugiados, fuera de la Unión Europea.


— El incremento importante de los recursos financieros, técnicos y humanos para dar respuesta inmediata y adecuada a las necesidades humanitarias de los desplazados, en especial, a los Estados miembros de la Unión Europea con fronteras
exteriores.


— Promover un sistema común de asilo que evite las discrepancias entre Estados miembros, basado en los criterios de ACNUR y sobre la base de un esquema de distribución justo de los refugiados entre todos los Estados miembros.


— El desarrollo de nuevas actuaciones específicas destinadas a proteger a refugiados menores no acompañados, mujeres y niños y niñas.


— Una revisión normativa que permita perseguir, sancionar y evitar el tráfico criminal de personas pero que no dificulte u obstaculice el apoyo y asistencia a migrantes por razones humanitarias.


— Poner fin a las violaciones de los derechos humanos en las fronteras externas de la UE, poniendo fin a las devoluciones forzosas, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza, y proporcionar recursos efectivos a las víctimas.


— Abstenerse de elaborar una lista de “Países de Origen Seguros?, dado que el proceso de determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de origen puede calificarse como “seguro? en términos
generales.


— Tomar la iniciativa para tratar de poner fin a la guerra y a la inestabilidad en una zona geopolíticamente inestable. Tanto en Siria como en Irak, donde es necesario promover —al lado de las autoridades locales— una participación efectiva
de todos sus habitantes en el Gobierno. Solo atendiendo a los conflictos locales,



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de la manera más justa posible, las poblaciones locales podrán afrontar ellas mismas las amenazas del Daesh y el conjunto de “efectos expulsiones?.


— En Siria, trabajar para involucrar a los EE.UU. y a la comunidad internacional para desarrollar una estrategia coherente.


— España se ha comprometido con la acogida de 17.000 refugiados sirios y sirias. El Gobierno debe garantizar de forma efectiva que estas personas puedan tener un tránsito seguro hasta el Reino de España y responder, de forma clara y
efectiva al ofrecimiento y la demanda de numerosas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del Estado de ejercer la acogida de refugiados de forma rápida y ordenada.


— Aprobar lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, incorporando las directivas de asilo pendientes, así como las normas complementarios del plan de
acogida.


— Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre el asilo, fomentando el pleno respeto de los valores democráticos, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon siete enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley para su debate en Comisión de Asuntos
Exteriores, del Grupo de Democracia i Llibertat, sobre la crisis humanitaria de los refugiados.


Enmienda


Al punto 2 del apartado tercero


De adición.


El punto 2 del apartado tercero queda redactado como sigue:


«El establecimiento de un nuevo acuerdo con Turquía no basado en una externalización de facto de las fronteras europeas, sino en criterios verdaderamente humanitarios, con recursos económicos suficientes para ayudar directamente a los
refugiados, dándoles asistencia financiera en forma mensual, y con fondos destinados al ACNUR para mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados.»


Enmienda


Al punto 1 del apartado 3


De modificación.


El punto 1 del apartado 3 queda redactado como sigue:


«La creación de una fuerza europea de emergencia para gestionar todas las fronteras exteriores de la UE, cuyo primer objetivo esté en la gestión de !as fronteras entre Turquía y Grecia y cuya prioridad y objetivo básico esté en la asistencia
y salvamento marítimo, recuperando las misiones de salvamento en todo el Mediterráneo interrumpidas en los últimos años y en mejorar las condiciones de vida de



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los refugiados en los centros de acogida. Esta fuerza debería ayudar a los estados miembros a gestionar la identificación, la seguridad, la creación de puntos de acceso y a garantizar una atención digna a los refugiados. La gestión de la
frontera externa conjunta debe ser acorde con lo que representa Schengen.»


Enmienda


Al punto 11 del apartado tercero


De modificación.


El punto 11 del apartado tercero quedaría redactado como sigue:


«Poner fin a las violaciones de derechos humanos en las fronteras externas e internas de la UE con compromisos, tanto de la UE como del Reino de España, de crear o favorecer las condiciones necesarias para que estas violaciones puedan ser
efectivamente perseguidas, bien por tribunales españoles (cuando sean hechos que sucedan en territorio español), bien por parte de otros Estados o por el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuando se den en otros territorios, poniendo asimismo fin a
las devoluciones forzosas, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza y proporcionar recursos efectivos a las víctimas.»


Enmienda


Al punto 13 del apartado tercero


De modificación.


El punto 13 del apartado tercero quedaría redactado como sigue:


«Tomar la iniciativa para tratar de poner fin a la guerra y a la inestabilidad en una zona geopolíticamente inestable. Tanto en Siria, como en Irak donde es necesario promover —al lado de las autoridades locales— una participación efectiva
de todos sus habitantes en el Gobierno. Solo atendiendo a los conflictos locales, de la manera más justa posible, las poblaciones locales podrán afrontar ellas mismas las amenazas del Daesh y el conjunto de “efectos expulsiones?. En Siria,
trabajar para involucrar a los EEUU y a la comunidad internacional para desarrollar una estrategia coherente.»


Enmienda


Al apartado tercero un punto 14


De adición.


El punto 14 del apartado tercero quedaría redactado como sigue:


«España se ha comprometido con la acogida de 17.000 refugiados sirios y sirias. El gobierno debe garantizar de forma efectiva que estas personas puedan tener un tránsito seguro hasta el Reino de España y responder, de forma clara y efectiva
al ofrecimiento y la demanda de numerosos ayuntamientos del Estado (Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Ferrol..) de ejercer la acogida de refugiados de forma rápida y ordenada.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.—Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.



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A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre medidas para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación de los dos primeros párrafos del punto 3 de la Proposición no de Ley.


Texto a modificar:


«La creación de una Fuerza europea de emergencia para gestionar todas las fronteras exteriores de la UE, cuya primera prioridad esté en la gestión de las fronteras entre Turquía y Grecia, y mejorar las condiciones de vida de los refugiados
en los centros de acogida. Esta fuerza debería ayudar a los estados miembros a gestionar la identificación, los controles de seguridad, la creación de puntos de acceso y garantizar una atención digna a los refugiados. La gestión de la frontera
externa conjunta debe ser acorde con lo que representa Schengen.


El establecimiento de un nuevo acuerdo con Turquía, con recursos económicos suficientes para ayudar directamente a los refugiados, dándoles asistencia financiera en forma mensual, y con fondos destinados al ACNUR para mejorar las condiciones
de vida en los campamentos de refugiados.»


Texto que se propone:


«Poner en marcha el mecanismo de ayuda de emergencia de la UE, ofreciendo a Grecia y a Turquía la posibilidad de desplegar misiones civiles que mejoren las condiciones de los campamentos y centros de acogida donde se encuentran los
refugiados en Grecia y Turquía. Así como incrementar la ayuda a Grecia en las tareas de identificación y tramitación de las solicitudes de refugio; suspendiendo la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía hasta que no se tengan todas
las garantías de que la aplicación del mismo, tanto en su letra como en su contenido material, cumple escrupulosamente con las exigencias de la legalidad internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán, sobre medidas
para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de:


1. Dar cumplimento efectivo y diligente, a la Proposición no de Ley sobre la crisis humanitaria de refugiados, aprobada el pasado 29 de septiembre de 2015, por el Pleno del Congreso de los Diputados.


2. Continuar adoptando las medidas oportunas para garantizar el acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías, y facilitando la tramitación y concesión del derecho de asilo a los solicitantes del mismo, en España (especialmente
en Ceuta y en Melilla), respetando los derechos humanos y



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garantizando la acogida de estas personas y el respeto al acervo de la UE en materia de asilo y en línea con los estándares internacionales.


3. Continuar impulsando cuantas medidas y acciones sean posibles y oportunas para conseguir en las próximas reuniones del Consejo Europeo y otros órganos de la UE, avances en materias como:


— La gestión de las fronteras exteriores de la UE, a través de los mecanismos oportunos, que favorezca una respuesta europea a las llegadas de solicitantes de protección internacional, en el marco de nuestro compromiso con la defensa de la
legalidad y el cumplimiento de los derechos humanos.


— Continuar trabajando en línea con el acuerdo UE-Turquía y del recientemente creado instrumento de ayuda de emergencia para dotar de los medios necesarios de ayuda a los refugiados.


— Continuar trabajando en el seno de la Unión Europea con el propósito de salvar vidas humanas, asegurar la protección de aquellos que lo necesitan, proteger adecuadamente las frontera exteriores y ofrecer cauces legales de inmigración que
supongan una alternativas seguras y legales.


— La necesidad de mantener las operaciones orientadas a preservar la vida de las personas a través de acciones de búsqueda, rescate y salvamento en el Mediterráneo, con todos los recursos necesarios y durante el tiempo necesario.


— Seguir trabajando en la creación y gestión de centros de acogida, que funcionen como zona de tránsito durante el tiempo en el que se evalúan las solicitudes de los inmigrantes, y continuar velando para mejorar la gestión de las demandas y
las condiciones de vida de los mismos.


— Seguir apoyando a los países de tránsito para que elaboren programas en materia de asilo y migración que respeten los derechos humanos, y continuar reforzando la ayuda humanitaria a las crisis de refugiados.


— Seguir trabajando para adaptar la respuesta financiera, técnica y humana para dar respuesta adecuada a las necesidades humanitarias de los desplazados, en especial a los Estados miembros de la UE.


— Continuar promoviendo un sistema común de asilo, sobre la base de un esquema de distribución justo de los refugiados entre todos los Estados miembros, que tenga en cuenta los criterios de ACNUR.


— Continuar trabajando para desarrollar actuaciones que protejan especialmente a las personas más vulnerables, con especial atención a los menores no acompañados, mujeres y niños y niñas.


— Avanzar en la persecución, sanción y eliminación del tráfico criminal de personas, manteniendo el apoyo y asistencia a migrantes por razones humanitarias.


— Seguir abogando por el cumplimento de los derechos humanos el respeto al derecho internacional y europeo, insistiendo fundamentalmente en tres principios: respeto al principio de no devolución, prohibición de expulsiones colectivas y
examen individualizado de solicitudes de asilo.


— Seguir trabajando en el seno de la comunidad internacional para buscar una solución al conflicto en Siria.


4. Mantener e impulsar la coordinación de las actuaciones a favor de la acogida e integración de los refugiados, dentro de los respectivos ámbitos competenciales, a nivel nacional y con las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia
Sectorial de Inmigración.


5. Aprobar lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, incorporando las directivas de asilo pendientes, así como las normas complementarias del plan de
acogida.


6. Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre el asilo, fomentando el pleno respeto de los valores democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Fomento


161/000068


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno
de Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 20, de 23 de febrero de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa
del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo Convenio de Carreteras donde se establezca el régimen de colaboración, coordinación y financiación entre la Administración
General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras, a los efectos de lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en el artículo 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, ambas leyes
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.»


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración general del Estado y el Gobierno de Canarias.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


— Que, siguiendo el camino de colaboración iniciado hace más de veinte años, el Ministerio de Fomento prosiga financiando el convenio de carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias por el importe de las dotaciones que a este fin se le
asignen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.


— Seguir trabajando con el Gobierno de Canarias, en el ámbito de los mecanismos de cooperación y coordinación recogidos en el Convenio, con el objetivo de poder continuar con el impulso en el desarrollo de la red viaria en el archipiélago.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000078


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre el desarrollo de las actividades logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 20, de 23 de febrero de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida
al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar el transporte ferroviario de mercancías de Castilla y León con Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Portugal mediante el acceso a sus principales terminales logísticos y puertos. Para ello se ha de potenciar el
desarrollo del corredor Norte y del corredor Noroeste.


2. Potenciar, mejorando sus infraestructuras y capacidad, los siguientes terminales logísticos intermodales de interés prioritario para Castilla y León al objeto de reforzar el sistema logístico y su interoperabilidad en el Estado: León,
Valladolid, Salamanca, Burgos-Villafría, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.


3. La firma de protocolos con la Junta de Castilla y León para la implantación de terminales logísticos intermodales en: El Bierzo, Benavente, León, Zamora, Salamanca, Miranda de Ebro, Burgos, Palencia, Área Central, Soria, Arévalo, Ávila,
Segovia y Valladolid, tal y como recoge el PITVI 2012-2024.


4. Impulsar y mejorar de los nodos logísticos ferroviarios existentes para el desarrollo de un transporte multimodal, eficiente y sostenible en Castilla y León.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley para el desarrollo de las actividades
logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda


Al párrafo 2


De adición.


Según datos de Eurostat, España tiene apenas una cuota del transporte ferroviario de mercancías del 4.1%, frente a la media europea del 20.9% o de países como Alemania con un 22.2% o Suecia con un 35.3%. El peso del trasporte ferroviario en
algunas provincias de Castilla y León es prácticamente inexistente, es por ello fundamental incrementar el tráfico de mercancías y de pasajeros para vertebrar e interconectar esta comunidad con el resto del país y con Europa.


Motivación.


Enriquece el texto, resaltando la amplia brecha existente entre el trasporte de mercancías en Castilla y León y en España en contraposición con la media europea.



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Enmienda


Al último párrafo


De adición.


«5. Reconstrucción y reapertura del túnel de Somosierra, que permita restaurar el tráfico ferroviario hacia el norte del país a través de la provincia de Burgos.»


Motivación.


Es fundamental la reconstrucción del túnel de Somosierra para lograr los objetivos enunciados en los puntos del 2 al 4, en especial reforzar el sistema logístico y su interoperabilidad en Burgos-Villafría, Miranda de Ebro y Aranda de Duero;
y para la firma de protocolos con la Junta de Castilla y León para la implantación de terminales logísticos intermodales en Miranda de Ebro y Burgos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Vila Gómez, Diputado.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
desarrollo de las actividades logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


1. Impulsar el transporte ferroviario de mercancías de Castilla y León con Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Portugal mediante el acceso a sus principales terminales logísticos y puertos. Para ello, se ha de potenciar el
desarrollo del Corredor Norte y del Corredor Noroeste.


2. Potenciar el desarrollo conjunto entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León del sistema logístico de la Comunidad Autónoma en el marco de la Estrategia Logística y el PITVI 2012-2024. Para ello se firmará un protocolo
de colaboración, similar al firmado con otras Comunidades Autónomas, para el estudio conjunto de la viabilidad funcional, técnica y económica de cada una de las termínales o plataformas logísticas identificadas en Castilla y León: El Bierzo,
Benavente, León, Zamora, Salamanca, Miranda de Ebro, Burgos, Palencia, Área Central, Aranda de Duero, Soria, Arévalo, Ávila, Segovia y Valladolid.


3. Impulsar y mejorar los nodos logísticos ferroviarios existentes para el desarrollo de un transporte multimodal, eficiente y sostenible en Castilla y León.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000098 y 161/000234


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente.


— Sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000098), presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
23, de 26 de febrero de 2016.


— Sobre la inmediata financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000234), presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 39, de 22 de marzo de 2016.


Con el siguiente texto:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente constituir a la mayor brevedad posible un Grupo de Trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todas las Administraciones implicadas (Administración General del Estado, Generalitat
de Cataluña y Ayuntamientos afectados) para firmar un Convenio que permita, de acuerdo con los criterios recogidos en la planificación del Ministerio de Fomento, mejorar la red ferroviaria a su paso por Motcada i Reixac, mediante su integración y
soterramiento necesario, avanzando en el desarrollo de los proyectos y acometiendo la ejecución de las obras de la línea convencional de Barcelona a Portbou, tan pronto como sea posible, dotando para ello las partidas necesarias.»


A cada Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula enmienda, a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la
infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000098).


Enmienda


De sustitución.


Texto que se propone:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


«Afrontar de forma inmediata el grave riesgo que supone la existencia de dos pasos a nivel en la población de Montcada y Reixac mediante su supresión, contemplando su sustitución por pasos a distinto nivel si es la forma más rápida para
ello.


Instar al Gobierno para que retome el proyecto—actualice los estudios de viabilidad socio-económica y financiera correspondientes de la obra completa, y proceda en su caso a establecer los acuerdos que sean necesarios con las
administraciones locales y autonómicas para su ejecución.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución de la primera fase de las cinco presupuestadas y acordadas entre las administraciones y el municipio de Montcada i Reixac, del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento



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mediante perforadora entre el barrio de Vailbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l’Avinguda de la Unitat con C/ Leonor.»


Justificación.


En Montcada existe un serio problema de seguridad, derivado de la existencia de dos pasos a nivel en los que se han producido más de 160 arrollamientos. Esta es una situación muy grave que debe ser atendida inmediatamente, y la alternativa
ejecutable a corto plazo es la eliminación de ambos pasos a nivel para sustituirlos por pasos a distinto nivel. Por otra parte, existe un paso subterráneo para peatones cuyas escaleras mecánicas están deficientemente mantenidas y cuyos sistemas de
vigilancia no están permanentemente habilitados, lo que dificulta su uso corriente por los ciudadanos.


Tal y como dice la PNL que se pretende enmendar, existen acuerdos firmados en 2007 entre el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña, el ayuntamiento de Montcada y ADIF que contemplan el soterramiento de la línea convencional
Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac. Y, de acuerdo con lo establecido en la PNL, se propone ejecutarlo por fases, algo que no aporta ningún beneficio ya que el valor añadido para la ciudad solo se consigue con la
obra completa. De hecho, se propone comenzar por el tramo menos complejo, el más próximo a Barcelona, lo que no eliminaría los pasos a nivel ni los problemas de permeabilidad del municipio. El GP Ciudadanos cree que la obra debe comenzarse si está
garantizado que vaya a realizarse por completo. De otro modo quedará una obra incompleta e inútil, y, lo que es más grave, no se habrá evitado el peligro de los arrollamientos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Marta Martín Llaguno, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (núm. expte. 161/000098).


Enmienda


De adición.


Se añade al final un nuevo párrafo con el texto siguiente:


«Dicha actuación estará ligada a las especiales circunstancias para la seguridad y a la dotación presupuestaria del programa de soterramiento del Grupo Fomento.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000098).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente constituir, a la mayor brevedad posible, un Grupo de Trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todas las Administraciones implicadas



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(Administración General del Estado, Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos afectados) para firmar un Convenio que permita, de acuerdo con los criterios recogidos en la planificación del Ministerio de Fomento, mejorar la red ferroviaria a su
paso por Montcada i Reixac, avanzando en el desarrollo de los proyectos y acometiendo la ejecución de las obras tan pronto como sea posible, dotando para ello las partidas necesarias en el marco de las disponibilidades presupuestarias.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, sobre la
inmediata financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000234).


Enmienda


De sustitución.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Afrontar de forma inmediata el grave riesgo que supone la existencia de dos pasos a nivel en la población de Montcada y Reixac mediante su sustitución por pasos a distinto nivel, y mejorar los sistemas de mantenimiento y vigilancia del
paso peatonal subterráneo.


2. Retomar el proyecto de soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac para que, realizando los estudios de viabilidad socioeconómica y financiera correspondientes, proceda en su caso a la
ejecución de la obra completa, y no sólo la del tramo más cercano a Barcelona.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución de la primera fase de las cinco presupuestadas y acordadas entre las administraciones y el municipio de Montcada i Reixac, del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l’Avinguda de la Unitat con C/ Leonor.»


Justificación.


En Montcada existe un serio problema de seguridad, derivado de la existencia de dos pasos a nivel en los que se han producido más de 160 arrollamientos. Esta es una situación muy grave que debe ser atendida inmediatamente, y la alternativa
ejecutable a corto plazo es la eliminación de ambos pasos a nivel para sustituirlos por pasos a distinto nivel. Por otra parte, existe un paso subterráneo para peatones cuyas escaleras mecánicas están deficientemente mantenidas y cuyos sistemas de
vigilancia no están permanentemente habilitados, lo que dificulta su uso corriente por los ciudadanos.


Tal y como dice la PNL que se pretende enmendar, existen acuerdos firmados en 2007 entre el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña, el ayuntamiento de Montcada y ADIF que contemplan el soterramiento de la línea convencional
Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac. Y, de acuerdo con lo establecido en la PNL, se propone ejecutarlo por fases, algo que no aporta ningún beneficio ya que el valor añadido para la ciudad solo se consigue con la
obra completa. De hecho,



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se propone comenzar por el tramo menos complejo, el más próximo a Barcelona, lo que no eliminaría los pasos a nivel ni los problemas de permeabilidad del municipio. El GP Ciudadanos cree que la obra debe comenzarse si está garantizado que
vaya a realizarse por completo. De otro modo quedará una obra incompleta e inútil, y, lo que es más grave, no se habrá evitado el peligro de los arrollamientos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la inmediata financiación del soterramiento de la linea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (núm. expte. 161/000234).


Enmienda


De modificación.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución del proyecto de soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac desde Vallbona (Barcelona), atendiendo a las especiales
circunstancias de seguridad y de acuerdo con la dotación presupuestaria del programa de soterramiento del Grupo Fomento.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
sobre la inmediata financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac (núm. expte. 161/000234).


Enmienda


De modificación


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente constituir, a la mayor brevedad posible, un Grupo de Trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todas las Administraciones implicadas (Administración General del Estado,
Generalitat de Cataluña y Ayuntamientos afectados) para firmar un Convenio que permita, de acuerdo con los criterios recogidos en la planificación del Ministerio de Fomento, mejorar la red ferroviaria a su paso por Montcada i Reixac, avanzando en el
desarrollo de los proyectos y acometiendo la ejecución de las obras tan pronto como sea posible, dotando para ello las partidas necesarias en el marco de las disponibilidades presupuestarias.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000126


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los
vuelos entre las Islas Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 28, de 7 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite
por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación, en el marco de la regulación comunitaria, y de las Obligaciones de Servicio Público, a desarrollar medidas que favorezcan la aplicación de una tarifa plana en los vuelos
interinsulares, para garantizar que los ciudadanos de Canarias y Baleares puedan acceder a precios justos y razonables en sus desplazamientos entre islas.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación del
acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, junto con el Gobierno de las Islas Canarias, la aprobación de la “tarifa plana” para los vuelos interinsulares en ese archipiélago.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Modificar el acuerdo de obligación de servicio público para posibilitar que haya una tarifa plana en los vuelos entre las diferentes islas del archipiélago canario, tal y como ha aceptado el Ministerio de Fomento aplicar en Baleares.»


Justificación.


Si bien es cierto que es imprescindible atender a las especialidades en materia de transportes que la insularidad genera, no es menos cierto que la misma ha de adecuarse a una correcta valoración económica, interviniendo para ello todas las
Administraciones implicadas, y en coordinación can las principales instituciones y empresas de transporte.


Para ello se requiera que se garanticen las frecuencias, capacidades y horarios adecuados y suficientes que respondan a las necesidades de movilidad entre las islas, así como el acceso a la oferta de conectividad que ofrecen los distintos
aeropuertos del archipiélago.



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Es por esto que no se puede proceder, sin previo análisis socio-económico a la modificación del acuerdo de obligación de servicio público, sino que debe instarse al Gobierno a estudiar, junto con el Gobierno de las Islas Canarias, la
aprobación de la «tarifa plana» para los vuelos interinsulares en ese archipiélago.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias, del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmienda


De modificación.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar medidas, a través de un nuevo contrato de los servicios de transporte aéreo sometidos a Obligaciones de Servicio Público (OSP), que favorezcan la aplicación de una tarifa plana en
los vuelos interinsulares para garantizar que los ciudadanos de Canarias y Baleares puedan acceder a precios justos y razonables en sus desplazamientos entre las islas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias.


Enmienda


De modificación


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente que el Gobierno analice, en el marco de la regulación comunitaria aplicable, la viabilidad de establecer una tarifa plana en los vuelos entre las diferentes islas del archipiélago canario».


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000133


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 28, de 7 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida
al Gobierno que se constituya:


«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que, en cumplimiento del compromiso adquirido en el Convenio de 2006 (BORM 217, del 21 de julio de 2006), entre el Ministerio de Fomento, ADIF, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Ayuntamiento de Murcia, y a través de Murcia Alta Velocidad, se aporten los fondos y se inicien las actuaciones necesarias para la integración mediante soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Murcia, de acuerdo con un proyecto global que
indique fases, fechas y financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y, asimismo, que permita que la llegada del AVE a la Región de Murcia sea una realidad lo antes posible.


2. El Gobierno, en función de las disponibilidades presupuestarias, se comprometerá a estudiar, evaluar y licitar los proyectos que sean necesarios, dotándolos de la adecuada financiación cara a los Presupuestos Generales del Estado, con
objeto de desarrollar la necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda al a la Proposición no de Ley sobre la integración urbana del ferrocarril en
la ciudad de Murcia.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento del compromiso adquirido por la ratificación del Protocolo de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Fomento, ADIF, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el
Ayuntamiento de Murcia:


1. Aporte los fondos e inicie las actuaciones necesarias para la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia, que pase ineludiblemente por la llegada del AVE a la Estación de Murcia de acuerdo a un proyecto global que señale fechas y
presupuestos.


2. Estudiar, evaluar y en su caso licitar los proyectos que sean necesarios dotándolo de adecuada financiación cara los Presupuestos Generales del Estado con objeto de desarrollar la necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de
Murcia.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento del compromiso adquirido por la ratificación del Convenio de diciembre de 2006 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ADIF, y el Ayuntamiento de Murcia,
aporte los fondos e inicie las actuaciones necesarias para la



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integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia de acuerdo con un proyecto global que señale fechas y financiación en los presupuestos generales del Estado.


Además, el Gobierno se comprometerá a estudiar, evaluar y licitar las proyectos que sean necesarios dotándolos de adecuada financiación cara los presupuestos generales del Estado con objeto de desarrollar la necesaria circunvalación de
mercancías para la ciudad de Murcia.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Enmienda


De modificación.


Se modifica el segundo párrafo, quedando como sigue:


«Además, el Gobierno, en función de las disponibilidades presupuestarias, se comprometerá… (resto igual).»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia.


Enmienda


De modificación


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente que el Gobierno continúe las actuaciones que se están ejecutando para que la llegada de la Alta Velocidad a Murcia sea una realidad lo antes posible; con el soterramiento en la Ciudad de
Murcia acordado en el mes de enero de 2016 y que las fases de su implantación sean viables y se encuentren consensuadas en el seno de Murcia Alta Velocidad por todas las administraciones implicadas.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000237


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la elaboración de un Plan de Evaluación y Priorización de las Infraestructuras, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 39, de 22 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al
Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta a abordar de forma inmediata un Plan de Evaluación y Promoción de Infraestructuras que, tras el análisis y evaluación integral del actual sistema de infraestructuras de ámbito nacional, proponga la
priorización de la planificación y ejecución de infraestructuras, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad económica y social (análisis coste-beneficio), evolución continua y transparencia.


El Plan se articulará a través de un órgano, especializado e independiente, adscrito a las Cortes Generales, a las que reportará sus dictámenes de evaluación.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y de acuerdo al artículo 110 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley sobre la
elaboración de un Plan de Evaluación y Priorización de las Infraestructuras.


Enmienda


Redacción que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar un análisis coste-beneficio a cualquier proyecto de inversión dotado presupuestariamente por un importe superior a la cuantía que reglamentariamente se determine.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la elaboración de un Plan de Evaluación y Priorización de las Infraestructuras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmienda


De modificación.


«El Congreso de los Diputados, en el seno de la Comisión de Fomento, insta a abordar de forma inmediata un Plan de Evaluación y Priorización de las infraestructuras que, tras el análisis y evaluación integral del actual sistema de
infraestructuras de ámbito nacional, proponga la priorización de la



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planificación y ejecución de infraestructuras, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia.


El Plan se articulará a través de un órgano externo, especializado e independiente, y bajo las directrices del Parlamento, al que reportará sus dictámenes de evaluación.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la
elaboración de un Plan de Evaluación y Priorización de las Infraestructuras.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente que el Gobierno prosiga con el desarrollo de los instrumentos y mecanismos establecidos en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) para el desarrollo de las
políticas de planificación y previsión de inversión de infraestructuras, atendiendo a criterios de eficiencia y rentabilidad económica y social.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000350


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el traspaso de infraestructuras ferroviarias a la Generalitat de Cataluña, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso,
que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer, con la Generalitat de Catalunya un grupo de trabajo cuyo fin sea, definir, en el plazo de 9 meses, qué líneas ferroviarias de las que trascurren por su territorio son de interés general, partiendo del criterio de que no serán
consideradas de interés general aquellas líneas sobre las que circulen exclusivamente trenes cuyo origen y destino se encuentren dentro de Catalunya. Dicho grupo de trabajo buscará las fórmulas de participación e implicación de la Generalitat de
Catalunya en la mejora de la movilidad y en la prestación del servicio ferroviario en el ámbito de las líneas referidas.


2. Cumplir las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015. Para ello, se creará un consorcio integrado por el Estado y la Generalitat de Catalunya, y con la participación de los ayuntamientos implicados, para la
priorización, gestión y el seguimiento de las inversiones comprometidas.»



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A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre el traspaso de infraestructuras ferroviarias a la Generalitat de Cataluña, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


Enmienda


De sustitución.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer, con aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, un grupo de trabajo cuyo fin sea definir, en el plazo de un año, qué líneas ferroviarias de las que transcurran por su territorio son de interés general, partiendo del
criterio de que no serán consideradas de interés general aquellas líneas sobre las que circulen exclusivamente trenes cuyo origen y destino se encuentre dentro de la comunidad autónoma. Dicho grupo de trabajo buscará fórmulas de participación e
implicación de las comunidades autónomas en la mejora de la movilidad y en la prestación del servicio ferroviario en el ámbito de las líneas referidas.


2. Cumplir las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015. Para ello, se creará un consorcio integrado por el Estado, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos implicados, para la priorización, gestión y el
seguimiento de las inversiones comprometidas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000368


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley relativa a dar continuidad a la operación de las rutas aéreas entre las islas del archipiélago canario, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 51, de 12 de abril de 2016, en sus propios términos:


«El Congreso de los Diputados considera esencial garantizar, a través de un nuevo contrato, la continuidad de las operaciones en las rutas interiores de las Islas Canarias que se prestan actualmente bajo obligaciones de servicio público y
compensación económica por el Ministerio de Fomento, a fin de asegurar la adecuada conectividad entre las islas afectadas y garantizar la movilidad de sus residentes.»


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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161/000370


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en
el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 51, de 12 de abril de 2016, en sus propios términos:


«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar con el esfuerzo inversor realizado en las actuaciones de implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, que permitirán la conexión en ancho estándar con Francia y
la llegada de la alta velocidad a San Sebastián.»


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Fomento


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, del Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De sustitución.


«El Congreso de los Diputados denuncia al Gobierno por los retrasos en las obras del tren de alta velocidad correspondientes al proyecto de la Y vasca, por la mala planificación de ADIF, las adjudicaciones con bajas temerarias, los seis
tramos de obras paralizados en Gipuzkoa y los incumplimientos en plazos de la Ministra, por lo que insta al Gobierno a agilizar las obras pendientes de acuerdo con el Gobierno Vasco y las capitales, concretar las soluciones de penetración del TAV a
las cuatro ciudades, la definición de sus conexiones con Burgos y Pamplona, la remodelación de sus estaciones, la realización de la fase de obras de superestructura —todas pendientes de licitar— y la ejecución del tercer raíl entre Astigarraga-San
Sebastián e Irún.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000379


La Comisión de Fomento, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre el impulso al proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 51, de 12 de abril de 2016, en sus propios términos:


«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar impulsando las actuaciones necesarias para que se haga realidad el proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada.»


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/000026


La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre situación en el sector lechero, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 15, de 16 de febrero de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se
constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


— Incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador.


— Definir un precio «sostenible» para cada eslabón de la cadena de valor.


— Dar transparencia a esa cadena de valor publicando los precios a que compran industria y distribución.


— Publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias.


— Crear la figura obligatoria del Mediador que sirva para resolver disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la negociación.


— Se propone a la Comisión Europea la revisión y actualización de los precios de intervención pública de leche en polvo y mantequilla para que cubran los costes de producción de los ganaderos.


— Elaborar un Plan de inspecciones claro y con seguimiento periódico:


a) En las superficies comerciales para vigilar el cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.


b) De control de las importaciones.


c) De cumplimiento del Real Decreto 125/2015.


d) Para controlar que la leche que se compra a precio de intervención no se utiliza en los canales de comercialización.


— Acometer una simplificación y una reducción sistemáticas de las cargas administrativas y de la burocracia asociada al sector, en coordinación con las Comunidades Autónomas, a fin de facilitar al profesional ganadero el acceso a las ayudas
oficiales sin necesidad de recurrir a una asesoría externa.


— Establecer Programas de Protección de Márgenes, que funcionarían como una red voluntaria de seguridad, con sus correspondientes primas de seguros. De este modo cuando los márgenes, calculados como la diferencia entre el precio percibido
por el ganadero y el coste medio de alimentación fuesen negativos, los productores recibirían un denominado Pago de Protección de Márgenes que cubriría hasta el 90% de la diferencia.


— Apoyar de manera decidida a las explotaciones ganaderas familiares que cumplan un papel económico y de mantenimiento de población rural mediante programas específicos de rentas, siempre y cuando se establezcan en su territorio actuaciones
conjuntas de explotación y comercialización.


— Fomentar las agrupaciones ganaderas y regular la figura de los primeros compradores, con la finalidad de reforzar al eslabón más débil de la cadena alimentaria, el productor, y de que éstos adquieran mayor capacidad de negociación, en
igualdad de condiciones con el sector industrial y de distribución.


— Garantizar la trazabilidad del producto lácteo desde origen hasta el consumidor final, implementando un programa riguroso de trazabilidad de la leche (desde el origen, el ganadero, hasta el destinatario final, el consumidor).


— Garantizar el control efectivo de toda la leche que se importe de terceros países. Controles específicos de calidad, y fitosanitarios, precio de compra en destino muelle de fábricas y cantidad importada por cada industria.


— Crear un observatorio de precios por territorios con especificidades productivas para el análisis de la evolución de costes de producción por territorios, con diferentes morfologías productivas.


— Bonificar las buenas prácticas de la industria que fomenten la sostenibilidad del sector, implementación de un código de buenas prácticas entre productores distribución e industria que sean la base para las relaciones contractuales del
propio sector.



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— Crear marcas protegidas que certifiquen el origen de la leche de las ganaderías ubicadas en España a los consumidores. Promover el consumo responsable de los productos lácteos de proximidad con garantías ambientales dentro en los procesos
de contratación en entidades de titularidad pública comedores de hospitales, colegios, cárceles, etc. Elaborar una campaña de consumo responsable que ayude a promover en España la consumición de productos lácteos de origen local.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon cinco enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Mixto, a instancia del diputado Isidro Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre situación en el
sector lechero.


Enmienda


De adición.


Se propone añadir los siguientes apartados:


«— Dejar de someterse a las imposiciones de los países centro-europeos y requerir que, tanto la leche como los productos lácteos, especifiquen en su etiquetado en España el origen de la leche, proporcionando una información más precisa que
facilite la decisión del consumidor.


— Promover campañas comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo, teniendo en cuenta la importancia de la producción láctea en nuestro país, séptimo productor europeo.


— Revisar el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de España para incorporar iniciativas de apoyo para las explotaciones de leche, mediante medidas de rentas, como el seguro de rentas, siguiendo el modelo de Estados Unidos, a través de
ENESA y AGROSEGURO.


— Instar a las Comunidades Autónomas afectadas a reconsiderar sus Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, con objeto de introducir medidas para potenciar la consolidación de sus ganaderías a través de inversión en capítulos como el apoyo en
investigación, formación, transferencia de conocimiento, comercialización y marketing, mejora genética y potenciación de la producción, con el fin de aprovechar la demanda mundial de leche y productos lácteos que aumenta a una tasa de un 2% anual.


— Solicitar a la Unión Europea la revisión a la implementación en España de la nueva PAC 2014-2020 para la inclusión de la herramienta presupuestaria denominada “Ayudas para las zonas desfavorecidas y de montaña?, al igual que han hecho
otros países comunitarios, como Francia o Alemania.


— Cumplir el compromiso de la Ministra de Agricultura de revisar inmediatamente los Reales Decretos sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, con objeto de
aplicar una discriminación positiva a nuestros ganaderos de montaña.»


Justificación.


Es muy urgente e imprescindible afrontar nuevas medidas que permitan sobrevivir a todo el sector lácteo español y, singularmente, a aquellos ganaderos que están sufriendo muchos problemas de adaptación tras la nueva reforma de la PAC y la
finalización de las cuotas lácteas.


Se trata de evitar más cierres de explotaciones ganaderas y una mayor pérdida de puestos de trabajo como secuela del pacto suscrito en septiembre de 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para atajar la crisis
provocada por los bajos precios de la leche. Es un pacto que no ataja el origen del problema estructural del bajo precio de la leche, es muy limitado y, lejos de aportar soluciones, recogió un cúmulo de vaguedades que no concreta medidas reales que
verdaderamente frenen el



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desplome que vienen sufriendo los precios del litro de leche, insuficientes a todas luces para cubrir los costes de producción.


El reparto de las ayudas europeas fue insuficiente y, en el caso de Asturias, no fue acompañado por una acción inmediata desde el gobierno del Principado. Los ganaderos asturianos no podrán competir nunca si están en condiciones de
desigualdad con los productores europeos, cuya climatología, orografía y comunicaciones son más favorables que las de nuestra ganadería de montaña, como reconoce la Unión Europea en las bases de la PAC.


El acuerdo fue un nuevo juego de artificio, ya que no solo la cuantía de 25 millones era totalmente insuficiente sino que han intentado confundir a productores y consumidores anunciando un paquete de medidas de 300 millones de euros, cuando
en realidad 275 de los mismos no aportaban nada nuevo porque ya correspondían a ayudas previamente aprobadas para la PAC.


Asimismo, el Gobierno de España debe luchar contra las imposiciones de los países centroeuropeos, como Francia y Alemania, e imponer que tanto la leche como los productos lácteos especifiquen en su etiquetado el origen de la leche, para que,
así, el consumidor pueda decidir. No podemos olvidar que España es un país deficitario en producción de leche, al producir 6,34 millones de toneladas y tener un consumo de 9 millones de toneladas, lo que obliga a importar grandes cantidades de
producto, por lo que no es de recibo que se esté limitando la producción de los ganaderos españoles.


Por otro lado, en aras a la transparencia, la gran distribución debería de especificar el precio de compra de la leche al ganadero.


Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de la producción láctea en nuestro país, séptimo productor europeo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia, es necesario promover desde el Ministerio campañas
comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.—Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación en el
sector lechero.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


— Incorporar garantías de cumplimiento del “Acuerdo para la Sostenibilidad del Sector Lácteo”, mediante el establecimiento de los mecanismos de supervisión y seguimientos oportunos y mediante el establecimiento de un régimen sancionador en
caso de incumplimiento, con sanciones en caso de incumplimientos graves o continuados de hasta el 1% del precio obtenido por el infractor hasta conseguir una mayor transparencia entre los agentes implicados.


— Definir un precio “sostenible” para cada eslabón de la cadena de valor.


— Dar transparencia a esa cadena de valor publicando los precios a que compran industria y distribución.


— Publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias.


— Crear la figura obligatoria del mediador o árbitro, que actuará como supervisor y controlador del código de buenas prácticas y mediará para resolver las disputas que puedan surgir cuando ganaderos e industria no lleguen a un acuerdo en la
negociación.



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— Reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al objeto de modificar aquellas disposiciones que pueden conllevar un mayor grado de burocratización e inseguridad jurídica en las
relaciones comerciales del sector agroalimentario.


— Acometer una simplificación y una reducción sistemáticas de las cargas administrativas y de la burocracia asociada al sector, en coordinación con las Comunidades Autónomas, a fin de facilitar al profesional ganadero el acceso a las ayudas
oficiales sin necesidad de recurrir a una asesoría externa.


— Establecer Programas de Protección de Márgenes, que funcionarían como una red voluntaria de seguridad, con sus correspondientes primas de seguros. De este modo, cuando los márgenes, calculados como la diferencia entre el precio percibido
por el ganadero y el coste medio de alimentación, fuesen negativos, los productores recibirían un denominado Pago de Protección de Márgenes que cubriría hasta el 90% de la diferencia.


— Apoyar de manera decidida a las explotaciones ganaderas familiares que cumplan un papel económico y de mantenimiento de población rural mediante programas específicos de rentas, siempre y cuando se establezcan en su territorio actuaciones
conjuntas de explotación y comercialización.


— Fomentar las agrupaciones ganaderas, con la finalidad de reforzar al eslabón más débil de la cadena alimentaria, el productor, y de que éstos adquieran mayor capacidad de negociación, en igualdad de condiciones con el sector industrial y
de distribución.


— Potenciar el consumo de leche pasterizada y la comercialización de productos lácteos tradicionales e innovadores, todo ello con el fin de fomentar el consumo de productos de proximidad productos de proximidad.


— Realizar campañas de promoción de los productos lácteos elaborados de forma autóctona, con el objetivo de incentivar el consumo interno, y apoyar la internacionalización de productores e industrias del sector lácteo español.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


— Incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador.


— Definir un precio “sostenible” para cada eslabón de la cadena de valor.


— Dar transparencia a esa cadena de valor publicando los precios a que compran industria y distribución.


— Publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias.


— Crear la figura obligatoria del Mediador que sirva para resolver disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la negociación.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre situación en el sector lechero,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.



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Enmienda


A la parte propositiva


De adición.


A las medidas existentes en la PNL, se les añaden las siguientes medidas y se insta al Gobierno igualmente a su adopción:


«— Garantizar la trazabilidad del producto lácteo desde origen hasta el consumidor final, implementando un programa riguroso de trazabilidad de la leche (desde el origen, el ganadero, hasta el destinatario final, el consumidor).


— Garantizar el control efectivo de toda la leche que se importe de terceros países. Controles específicos de calidad, y fitosanitarios, precio de compra en destino muelle de fábricas y cantidad importada por cada industria.


— Crear un observatorio de precios por territorios con especificidades productivas para el análisis de la evolución de costes de producción por territorios, con diferentes morfologías productivas.


— Bonificar las buenas prácticas de la industria que fomenten la sostenibilidad del sector, implementación de un código de buenas prácticas entre productores distribución e industria que sean la base para las relaciones contractuales del
propio sector.


— Crear marcas protegidas que certifiquen el origen de la leche de las ganaderías ubicadas en España a los consumidores.


— Promover el consumo responsable de los productos lácteos de proximidad con garantías ambientales dentro en los procesos de contratación en entidades de titularidad pública comedores de hospitales, colegios, cárceles, etc.


— Elaborar una campaña de consumo responsable que ayude a promover en España la consumición de productos lácteos de origen local.


— Evitar la especulación con un producto perecedero de primera necesidad, regulando la figura de los primeros compradores, que no sean cooperativas, Organizaciones de productores o grupos de ganaderos, exigiendo un proceso de transformación
de la leche para que puedan actuar como operadores en el mercado lácteo.»


Motivación.


Complementar las medidas a tomar y mejorar sustancialmente tanto la calidad de los productos como las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Sofía Fernández Castañón, Diputada.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguiente del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
situación en el sector lechero.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Continuar realizando un seguimiento del Acuerdo para la estabilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche, suscrito el pasado 23 de septiembre y evaluar el grado de implantación de los compromisos asumidos por cada una de las
partes firmantes.



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— Dotar de la máxima transparencia al sector de vacuno de leche a través de herramientas que permitan disponer de información sobre el mercado y que faciliten la toma de decisiones tendentes a lograr una cadena de valor más equilibrada que
garantice la sostenibilidad y el futuro del conjunto de los operadores del sector lácteo.


— Impulsar la adhesión de los operadores y las asociaciones al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, aprobado el pasado mes de diciembre de 2015 y previsto en la ley La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que incluye la mediación y el sistema de resolución de conflictos.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre situación sector lechero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda


De adición «in fine».


Se propone la adición «in fine» de la siguiente redacción:


«— Proponer a la Comisión Europea la revisión y actualización de los precios de intervención pública de leche en polvo y mantequilla para que cubran los costes de producción de los ganaderos.


— Elaborar un Plan de Inspecciones claro y con seguimiento periódico:


a) En las superficies comerciales para vigilar el cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.


b) De control de las importaciones.


c) De cumplimiento del Real Decreto 125/2015.


d) Para controlar que la leche que se compra a precio de intervención no se utiliza en los canales de comercialización.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000142


La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y
Celulosa, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 28, de 7 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a
trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Promover urgentemente, mediante la presentación del correspondiente Proyecto de Ley, la recuperación de los niveles de protección del litoral recogidos en la Ley de Costas 22/1988, de 28 de



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julio, dejando sin efecto las modificaciones introducidas en este sentido por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y las situaciones jurídicas particulares generadas en contra del interés general protegido por la ley.


— Anular la prórroga otorgada a ENCE Energía y Celulosa en la ciudad de Pontevedra.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Modificar la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, al objeto de recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre previstos en la redacción anterior de la Ley 22/1988, 28 julio, de
Costas.


— Promover un diálogo entre las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales con el objetivo de alcanzar una solución responsable, transparente y con plenas garantías para la salud y la seguridad medio ambiental respecto al futuro
de la factoría de ENCE Energía y Celulosa en Pontevedra, que a su vez sea sensible a la situación de sus trabajadores y en consecuencia contemple alternativas viables que permitan el mantenimiento del empleo vinculado a la actividad de la planta
papelera.


— Requiera a ENCE Energía y Celulosa que acometa, en un plazo máximo de cuatro años, las inversiones que fuesen necesarias en su factoría de Pontevedra para garantizar el cumplimiento pleno de la normativa medio ambiental vigente y para
minimizar en todo lo posible la contaminación atmosférica y sobre la ría de Pontevedra provocada por la actividad de la planta papelera, estableciendo los mecanismos de control e inspección que fuesen oportunos, e imponiendo en su defecto las
sanciones que fuesen aplicables de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.»


Texto que se modifica:


«— Derogar la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con efecto retroactivo en lo referente al artículo 2 de la Ley y 172 del Reglamento General
de Costas.


— Anular la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa, por estar otorgada con vicio de nulidad radical y ser nula de pleno derecho.


— Garantizar que, ejecuciones de sentencia como la anterior de 19 de mayo de 2011, cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución jurídica firme, no tienen cabida en
nuestra Constitución.»



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Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Enmienda


De modificación.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover urgentemente, mediante la presentación del correspondiente Proyecto de Ley, la recuperación de los niveles de protección del litoral recogidos en la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, dejando sin efecto las modificaciones
introducidas en este sentido por la Ley 2/2013, de 29 de mayo.


2. Iniciar de forma inmediata los trámites para la revocación de la prórroga de la concesión por 60 años otorgada a ENCE Energía y Celulosa en la ciudad de Pontevedra.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000164, 161/000168 y 161/000223


La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente.


— Sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos (núm. expte. 161/000164), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016. A
dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


— Sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario (núm. expte. 161/000168), presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publicada en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016. A dicha Proposición no de Ley se formularon nueve enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


— Sobre la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución (núm. expte. 161/000223), presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 39, de 22
de marzo de 2016. A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


con el siguiente texto, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Estudiar un Proyecto de Ley para la reducción del despilfarro alimentario.


— A adoptar las medidas necesarias para establecer la obligación legal de los distribuidores del sector alimentario a destinar los productos descartados y aptos para el consumo humano a organizaciones sin ánimo de lucro autorizadas, así como
prohibir el deterioro premeditado de los mismos.



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— Impulsar medidas de reutilización y reciclaje de los productos alimentarios que no sean aptos para el consumo humano, beneficiando la economía y medio ambiente.


— Obligar legalmente a las empresas distribuidoras a ser transparentes y hacer público el destino de los alimentos, así como estudiar, si procede, un régimen sancionador aplicable en los casos de no cumplir con las obligaciones de donación.


— Propiciar la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados (industria, distribución, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos, entidades sociales…)
para cumplir los objetivos marcados en el informe aprobado por el Parlamento Europeo de reducir el despilfarro de alimentos a la mitad.


— Continuar trabajando en la estrategia «Más Alimento, Menos Desperdicio» en materia de sensibilización y concienciación en el objetivo de la reducción del desperdicio alimentario.»


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para
luchar contra el desperdicio de alimentos (núm. expte. 161/000164).


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legales y las demás medidas que sean necesarias para acotar al mínimo el desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, y que, entre otros aspectos,
establezcan la obligación de las superficies de donar los productos descartados aptos para el consumo humano a organizaciones sociales autorizadas (ONGs, entidades solidarias, bancos de alimentos, etc.,), así como el correspondiente régimen
sancionador aplicable en caso de incumplimiento de dicha obligación; prohíban el deterioro premeditado de esos mismos productos; promuevan e incentiven la reutilización y el reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para el
consumo humano; y fomenten, mediante campañas institucionales de sensibilización, la reducción por parte de la ciudadanía del despilfarro alimentario doméstico. Todo ello con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la economía y del medio
ambiente.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter inmediato, las medidas necesarias para establecer la obligación legal de los distribuidores del sector alimentario de proceder, siempre que sean aptos para el consumo, a
la donación a organizaciones benéficas autorizadas (ONGs, entidades solidarias, bancos de alimentos…) de los alimentos, así como el correspondiente régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la misma.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y de acuerdo al artículo 110 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley sobre medidas para
luchar contra el desperdicio de alimentos (núm. expte. 161/000164).


Enmienda


Redacción que se propone:


«— Propiciar la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados (industria, distribución, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos, entidades sociales…)
para cumplir los objetivos marcados en el informe aprobado por el Parlamento Europeo de reducir el despilfarro de alimentos a la mitad.


— Impulsar tanto a nivel estatal como europeo la modificación de la normativa pertinente al objeto de que el etiquetado de los productos alimenticios incluyan una doble fecha (fecha límite para la venta y fecha límite de consumo), así como
posibilitar las ventas con descuento de alimentos próximos a la fecha de caducidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
medidas para luchar contra el despilfarro de alimentos (núm. expte. 161/000164).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Continuar trabajando en la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio?, con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario.


— Revisar los aspectos normativos que pueden contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia.


— Adoptar todas aquellas medidas que favorezcan la redistribución de los alimentos desechados.


— Promover la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la
prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario (núm. expte. 161/000168).



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Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legales y las demás medidas que sean necesarias para acotar al mínimo el desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, y que, entre otros aspectos,
establezcan la obligación de las superficies de donar los productos descartados aptos para el consumo humano a organizaciones sociales autorizadas (ONGs, entidades solidarias, bancos de alimentos, etcétera), así como el correspondiente régimen
sancionador aplicable en caso de incumplimiento de dicha obligación; prohíban el deterioro premeditado de esos mismos productos; promuevan e incentiven la reutilización y el reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para el
consumo humano; y fomenten, mediante campañas institucionales de sensibilización, la reducción por parte de la ciudadanía del despilfarro alimentario doméstico. Todo ello con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la economía y del medio
ambiente.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Presentar un Proyecto de Ley para la reducción del despilfarro alimentario.


2. Incorporar en dicho Proyecto de Ley la prohibición para las grandes superficies y supermercados de tirar productos aptos para el consumo y destinarlos a organizaciones sociales sin ánimo de lucro que atiendan a personas bajo el umbral de
la pobreza.


3. Comprender en el Proyecto de Ley medidas de reutilización y reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para el consumo humano, beneficiando así a la economía y al medio ambiente.


4. Obligar legalmente a las grandes superficies y supermercados a ser transparentes y hacer público el destino de los productos alimentarios que ya no son aptos para su venta.


5. Realizar una campaña institucional de sensibilización ciudadana para reducir el despilfarro alimentario doméstico.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre la prohibición de tirar alimentos
aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (núm. expte. 161/000168).


Enmienda


Al punto 1


De modificación.


«1. Presentar un proyecto de Ley para la reducción de las pérdidas y el despilfarro en todos los eslabones de la cadena alimentaria, a saber: previo a la recolección; recolección y primera manipulación; transporte y logística;
procesamiento y producción; cadena de suministro de la distribución; establecimiento de venta; y, hogares.»



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Motivación.


La pérdida y desperdicio de alimentos, conocida como PDA, es un problema que afecta a una cadena larga de actuaciones y que no se puede circunscribir a uno de los eslabones —últimos— de esa cadena, el de la distribución. En ese sentido
apoyamos la iniciativa y la batería de acciones presentada por el grupo ERC.


Sin embargo, consideramos que si de verdad estamos interesados en incidir sobre el despilfarro y sus consecuencias debemos contemplar a todos los agentes implicados y señalar la responsabilidad de cada uno: gobierno, consumidores,
productores, distribuidores y los demás actores que intervienen la cadena alimentaria. Es decir, dotarnos de verdadera voluntad política que haga frente al problema del hambre y la desnutrición, que ha dejado de ser un problema más allá de nuestras
fronteras, para afectar a un número cada vez más escandaloso de ciudadanos también en el llamado primer mundo.


Por ello, más allá de hablar —como hace la propuesta de ERC— de «culpabilidad» entendemos más adecuado hablar de responsabilidad, y ampliar las acciones a todos y cada uno de los intervinientes en la cadena alimentaria.


Enmienda


Al punto 2


De adición.


«2. Estableciendo una normativa específica sobre el proceso de donación y de gestión de estos productos a las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.»


Motivación.


La intervención de las organizaciones sociales debe ser regulada para evitar distorsiones en el proceso, garantizando el destino de los alimentos, impedir casos de especulación o competencia desleal, velando por la seguridad alimentaria y
demás acciones que aseguren el papel leal y filantrópico de estas entidades en la lucha contra el hambre y la desnutrición.


Enmienda


Al punto 3 (1)


De modificación.


«3. Comprender en el Proyecto de Ley medidas de recogida selectiva y reciclaje para la obtención de compost y/o biogás de aquellos productos orgánicos que ya no sean aptos para el consumo humano, en beneficio de la economía y el medio
ambiente, y un plan de implantación preceptiva y progresiva encaminada al tratamiento del 100% de los residuos orgánicos de las grandes superficies y supermercados que evite su destino en vertederos.»


Motivación.


Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), si los alimentos no consumidos fueran un país, sería el tercero más contaminador del planeta, detrás de Estados Unidos y China. La
descomposición de los desperdicios alimentarios no consumidos son una grave fuente de contaminación: los restos orgánicos emiten durante su descomposición metano, un gas de efecto invernadero mucho más perjudicial que el dióxido de carbono, y
España es uno de los principales productores de este gas en Europa.


Sin embargo, toda esta materia orgánica recogida separadamente mediante el proceso de compostaje y tratada adecuadamente en un proceso de descomposición aerobia, puede resultar beneficiosa para el suelo y/o el desarrollo de las plantas. El
compost aplicado al suelo aporta materia orgánica, facilita la retención de carbono en el suelo, disminución de la erosión, frena los procesos de desertificación y es un sustituto de fertilizantes químicos que conlleva beneficios ambientales y
económicos.



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Junto a ello, la descomposición de la materia orgánica, en el proceso conocido como digestión anaerobia (degradación del material biológico en la ausencia de oxígeno), es susceptible de generar biogás, mezcla de gases que puede de ser
utilizado en la producción de energía.


Enmienda


Al punto 3 (bis)


De modificación.


«3. Obligar legalmente a las grandes superficies y supermercados a ser transparentes y hacer público el destino de los productos alimentarios que ya no sean aptos para la venta, con el desarrollo de políticas de incentivos a aquellos que
asuman mayores compromisos en la reducción de las pérdidas y despilfarro alimentario y, al mismo tiempo, establecer un régimen sancionador para aquellos que lo incumplan.»


Motivación.


La obligación legal debe venir garantizada con un régimen de incentivos y de sanciones. En el primero de los capítulos proponemos la creación de un sello o certificación que reconozca públicamente el compromiso y los logros en este sentido,
que contará con el consiguiente reconocimiento por parte de los consumidores y las consumidoras, o incentivos fiscales, como la recuperación del IVA de los productos retirados de la venta.


Enmienda


Al punto 4


De modificación.


«4. Realizar una campaña institucional de sensibilización ciudadana para evitar el despilfarro alimentario doméstico y un estudio de consumo que permita conocer preferencias, hábitos y comportamientos de los consumidores que posibilite
establecer unas pautas para que los productores, la industria alimentaria y la distribución se ajusten a la oferta y demanda de productos alimentarios.»


Motivación.


España es el séptimo país más derrochador de la Unión Europea. Se calcula que 7,7 millones de toneladas de alimentos son desechados anualmente, lo que la sitúa dentro de la Unión Europea en el séptimo Estado con mayor despilfarro
alimentario. Sin embargo, de todo este despilfarro, el 39% corresponde a la industria alimentaria, el 42% a los hogares y el 14% a la restauración y otros servicios alimentarios, quedando sólo un 5% (en otras palabras, 1 de cada 20 kg)
responsabilidad de comercios y distribución alimentaria.


Según el propio Ministerio, son los malos hábitos de compra y consumo y una inadecuada gestión y manipulación de los alimentos los principales causantes del desperdicio de alimentos. Un estudio publicado en 2013 por la Confederación
Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOP) y avalado por el Instituto Nacional de Consumo (INC), indica que el desperdicio medio por hogar en España es de 76 kg/año, lo que equivale a que los hogares españoles tiran en un año 1,5
millones de toneladas de alimentos que son válidos para el consumo; aunque otros estudios, como el de la FACUA, elevan hasta 179 kg/año por español, dato que colocaría al Estado español como el sexto país del mundo que más alimentos desperdicia.



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Enmienda


Al punto 5


De adición.


«5. Desarrollar un Plan de actuaciones concertadas con los actores de la cadena alimentaria orientadas a la formación, capacitación, innovación, transferencia de conocimientos y tecnología y coordinación para la mejora de la gobernanza a lo
largo de todo el proceso.»


Motivación.


La elaboración de estrategias eficaces para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos debe pasar por un proceso inclusivo que permita a las partes interesadas determinar las causas, las posibles soluciones, los actores clave y las
prioridades para la acción individual y colectiva, tanto a escala nacional como subnacional y local y a lo largo de toda la cadena alimentaria.


Este plan debe permitir mejorar la coordinación de las políticas, estrategias y medidas de las administraciones públicas destinadas a reducir el despilfarro alimentario incorporando las preocupaciones y soluciones aportadas por los agentes
intervinientes, tanto en las políticas agrícolas y alimentarias como en los programas de desarrollo, consumo y demás políticas que puedan repercutir en la cuestión.


El documento debe partir de los trabajos y estudios ya llevados a cabo, tanto a nivel nacional como internacional, entre los cuales es imprescindible tener en cuenta:


— «Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles». Informe n.º 8 del Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.


— «Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. Alcance, causas y prevención». Estudio realizado por FAO para el congreso internacional SAVE FOOD, en Düsseldorf, Alemania, 2011.


— «Informe sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE». Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.


— Estrategia «Más alimento, menos desperdicio». Programa para la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de los alimentos desechados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de
España.


— Estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares españoles. HISPACOOP.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Jaume Moya Matas, Marta Álvarez Domínguez y Rosana Pastor Muñoz, Diputados.—Francesc Xavier Domènech Samper, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y de acuerdo al artículo 110 y siguiente del Reglamento del Congreso, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley sobre la prohibición
de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario (núm. expte. 161/000168).


Enmienda


De adición.


Redacción que se propone:


«— Propiciar la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados (industria, distribución, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos, entidades sociales…)
para cumplir los objetivos marcados en el informe aprobado por el Parlamento Europeo de reducir el despilfarro de alimentos a la mitad.


— Impulsar tanto a nivel estatal como europeo la modificación de la normativa pertinente al objeto de que el etiquetado de los productos alimenticios incluyan una doble fecha (fecha límite para la venta y fecha



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límite de consumo), así como posibilitar las ventas con descuento de alimentos próximos a la fecha de caducidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguiente del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro de alimentos (núm. expte. 161/000168).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Continuar trabajando en la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario.


— Revisar los aspectos normativos que pueden contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia.


— Adoptar todas aquellas medidas que favorezcan la redistribución de los alimentos desechados.


— Promover la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sobre la
disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución (núm. expte. 161/000223).


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legales y las demás medidas que sean necesarias para acotar al mínimo el desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, y que, entre otros aspectos,
establezcan la obligación de las superficies de donar los productos descartados aptos para el consumo humano a organizaciones sociales autorizadas (ONGs, entidades solidarias, bancos de alimentos, etcétera), así como el correspondiente régimen
sancionador aplicable en caso de incumplimiento de dicha obligación; prohíban del deterioro premeditado de esos mismos productos; promuevan e incentiven la reutilización y el reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para
el consumo humano; y fomenten, mediante campañas institucionales de sensibilización, la



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reducción por parte de la ciudadanía del despilfarro alimentario doméstico. Todo ello con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la economía y del medio ambiente.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las reformas legales necesarias para acotar al mínimo el desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, llevando a cabo entre otras medidas la obligación de las
superficies de donar los productos descartados y prohibir el deterioro premeditado de esos mismos productos.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y de acuerdo al artículo 110 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley sobre la
disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución (núm. expte. 161/000223).


Enmienda


De adición.


Redacción que se propone:


«— Propiciar la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados (industria, distribución, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos, entidades sociales…)
para cumplir los objetivos marcados en el informe aprobado por el Parlamento Europeo de reducir el despilfarro de alimentos a la mitad.


— Impulsar tanto a nivel estatal como europeo la modificación de la normativa pertinente al objeto de que el etiquetado de los productos alimenticios incluyan una doble fecha (fecha límite para la venta y fecha límite de consumo), así como
posibilitar las ventas con descuento de alimentos próximos a la fecha de caducidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la
disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución (núm. expte. 161/000223).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Continuar trabajando en la Estrategia «Más alimento, menos desperdicio», con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario.



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— Revisar los aspectos normativos que pueden contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia.


— Adoptar todas aquellas medidas que favorezcan la redistribución de los alimentos desechados.


— Promover la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades».


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000214


La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de
Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 39, de 22 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del
Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar la Orden Ministerial de reparto de atún rojo con especial atención de lo contemplado en el Reglamento n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común previa constatación de haberse alcanzado
el stock suficiente para garantizar la sostenibilidad de la especie.


2. Realizar un reparto de la cuota de pesca de atún rojo en base a los criterios preestablecidos en el artículo 17 del citado Reglamento europeo.


3. En el ámbito de la citada revisión, de acuerdo con las administraciones autonómicas y las flotas pesqueras autorizadas canarias, se tengan en cuenta las posibilidades de pesca reales de la flota y principalmente, su carácter artesanal y
respetuoso con el Medio Ambiente, así como el impacto en el empleo y economía local, y atendiendo a la condición del Archipiélago como Región Ultraperiférica.


4. La duración de la temporalidad de la pesca de atún rojo en Canarias será del máximo permitido, 4 meses.


5. Regular la venta de cuotas de pesca de atún rojo a barcos cerqueros, priorizando las flotas de pesca artesanales existentes que puedan asumir dichas cuotas, como mecanismo para proteger e impulsar las flotas artesanales de acuerdo con la
normativa europea.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reparto de la
cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias.



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Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar la Orden Ministerial de reparto de atún rojo con especial atención de lo contemplado en el Reglamento n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común y atendiendo a la condición del
archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP).


2. Obtener un reparto en base a los criterios objetivos que establece el artículo 17 del citado Reglamento europeo.


3. Incluir a la flota canaria en el grupo general de reparto, con la asignación de una cuota que le corresponda, teniendo en cuenta las cuotas ya asignadas para la misma modalidad de caladeros de pesca artesanal de las flotas del Estrecho o
del Cantábrico.


4. Controlar los «caladeros de cerco», estableciendo un control a las vedas en la zona mediterránea y del Estrecho, para favorecer que los túnidos puedan realizar sus rutas migratorias.


5. Prohibir la venta de cuotas de pesca de atún rojo a barcos cerqueros (arrastre) si existen flotas de pesca artesanales que puedan asumir dichas cuotas como mecanismo para proteger e impulsar las flotas artesanales de acuerdo a la
normativa europea.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Modificar la Orden Ministerial de reparto de atún rojo con especial atención de lo contemplado en el Reglamento n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común y atendiendo a la condición del
archipiélago como RUP.


2. Aumentar la temporalidad de pesca en el Archipiélago canario a 10 meses.


3. Obtener un reparto en base a los criterios objetivos que establece el artículo 17 del citado reglamento europeo.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de
Canarias.


Enmienda


En el apartado 2, donde dice:


«Aumentar la temporalidad de pesca en el archipiélago canario a 10 meses.»


Debe decir:


«Aumentar la temporalidad de pesca en el archipiélago canario a 4 meses.»



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Justificación.


De acuerdo con la propuesta del ICCAT.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Ana María Oramas González-Moro, Diputada.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, D. Juan López de Uralde, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantea la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias.


Exposición de motivos


En cuanto al punto 2, esto es una competencia de ICCAT. La recomendación 14-04, párrafo 20 establece cierta flexibilidad en la temporada de pesca para la flota canaria, pero establece que la duración de la temporada de pesca debe
restringirse a 4 meses. España no puede unilateralmente pasarlo a 10 meses. Estaría pescando ilegalmente.


En cuanto al punto 3, queda más claro si se expone el artículo 17 del reglamento de la PPC


Enmienda


De sustitución.


Se sustituye el redactado del punto número 2 por el siguiente:


«2. Promover el aumento de la temporalidad de pesca en el Archipiélago canario a 10 meses por parte de la CICAA, previa consulta a su Comité Científico.»


Se sustituye el redactado del punto 3 por el siguiente:


«3. Realizar un reparto de la cuota de pesca del Atún Rojo en España en base a los criterios preestablecidos en el artículo 17 de los criterios de asignación de las posibilidades de pesca.»


Artículo 17 de los criterios de asignación de las posibilidades de pesca de la PPC.


«Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el
historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura.»


Modificando la actual tipificación de accidental de la pesca de la flota artesanal trasladándola hacia pesca declarada y objeto de captura, articulando un reparto justo de la cuota del atún rojo a las embarcaciones de pesca artesanal,
social, económica y medioambientalmente responsable con nuestras comunidades locales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.—Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.



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A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reparto
de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1380 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Política Pesquera Común, y previa constatación de haberse alcanzado el stock suficiente para garantizar la sostenibilidad de
la especie, se inicie la revisión de la asignación de cuotas de pesca del atún rojo, aplicando criterios de carácter medioambiental, social y económico.


Estos criterios incluirán el historial de cumplimiento, la contribución a la economía local, los niveles históricos de capturas y, el impacto de la pesca en el medio ambiente.


2. Que, en el ámbito de la citada revisión, de acuerdo con las administraciones autonómicas y las flotas pesqueras autorizadas, y teniendo en cuenta las posibilidades de pesca reales de la flota canaria y, principalmente, su carácter
artesanal y respetuoso con el medio ambiente, así como la condición de Región Ultra Periférica (RUP) del archipiélago canario, se asigne a la flota canaria una cuota de pesca adecuada.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/000188


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el control de los proyectos de cooperación con participación de las
empresas privadas, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a
trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Enviar un informe anual a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados sobre la participación de las empresas españolas en la cooperación española. Este informe, que dará lugar a las propuestas
de resolución que se estimen oportunas, concretará una relación de los proyectos de cooperación de empresas privadas donde exista capital o gestiones de los poderes públicos del Estado y en especial de las Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo, detallando la finalidad de los proyectos, su alineamiento con los principios de eficacia de la ayuda y sus contribuciones



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a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; desglosando el proceso de licitación —en su caso—, los gastos, la imposibilidad de las economías productivas locales de realizar el proyecto —es decir, su valor añadido—, la aceptación del proyecto
en el entorno donde se realiza, incluyendo un desglose de las consultas formales realizadas con la sociedad civil y comunidades locales o, si lo hubiere, el impacto del proyecto en la deuda externa.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
sobre el control de proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


— Enviar un informe anual a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que incluya las operaciones realizadas en el marco de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo en marcha en los que tenga participación la
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como los proyectos en marcha financiados por la convocatoria de innovación para el desarrollo con participación de actores del sector privado empresarial.


— Trabajar por una mayor sensibilización de los consumidores, a través de instrumentos que sirvan para que éstos puedan ser informados del cumplimiento por parte de las empresas y sus productos, de los criterios de Responsabilidad Social de
la Empresa (RSA), favoreciendo así un consumo responsable.


— Culminar los trabajos para la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que adapte y traslade los Principios Rectores de Naciones Unidas al marco nacional, de acuerdo con las peticiones de Naciones Unidas y de la
Comisión Europea.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre el control de los proyectos de
cooperación con participación de empresas privadas presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



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Enmienda


De modificación.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


— Enviar un informe anual a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados sobre la participación de las empresas españolas en la Cooperación española. Este informe, que dará lugar a las propuestas
de resolución que se estimen oportunas, concretará una relación de los proyectos de Cooperación de empresas privadas donde exista capital o gestiones de los poderes públicos del Estado y en especial de las Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo, detallando la finalidad de los proyectos, su alineamiento con los principios de eficacia de la ayuda y sus contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; desglosando el proceso de licitación —en su caso—, los gastos, la
imposibilidad de las economías productivas locales de realizar el proyecto —es decir, su valor añadido—, la aceptación del proyecto en el entorno donde se realiza incluyendo un desglose de la consultas formales realizadas con la sociedad civil y
comunidades locales o, si lo hubiere, el impacto del proyecto en la deuda externa.»


Motivación.


Se han añadido algunos elementos que hacen referencia a principios técnicos básicos de la cooperación internacional para el desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Ángela Ballester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/000335


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a promocionar a las mujeres como agentes de desarrollo local en
las economías en transición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite
por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de:


1. Fomentar en el marco del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, la formación de las mujeres como agentes de desarrollo local en los países en los que está previsto llevar a cabo acciones que sirvan como herramienta para
promover el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo económico, social y cultural de los territorios. Considerando su diversidad y las diferencias en los distintos contextos a los que se enfrentan las mujeres. Promoviendo actuaciones que
involucren a todos los actores, sectores e instituciones de los espacios locales, enfatizando la necesidad de la igualdad para el beneficio común.


2. Trabajar, en el marco de la nueva Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para paliar la disparidad entre los géneros, incidiendo en la participación de las mujeres en la producción que contribuya a un crecimiento económico
inclusivo, en la mejora de su productividad y en el acceso de éstas a los recursos económicos en condiciones de igualdad, tanto en las tierras u otros bienes, como en los recursos financieros y la herencia de recursos naturales, y empoderando el
papel de la mujer en el ámbito político y de toma de decisiones, implicando a las instituciones políticas y privadas en el proceso.


3. Promover en el marco de la Estrategia de género en Desarrollo de la Cooperación Española el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales, sexuales, reproductivos, civiles, políticos y culturales de las mujeres en el desarrollo,
potenciando sus capacidades, su autoestima, autonomía y poder de decisión en los ámbitos públicos y privados y en todos los espacios de participación social,



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política, económica y cultural en aquellos países y lugares en los que se encuentra la Cooperación Española.


4. Incentivar aquellos proyectos de desarrollo sostenible y de igualdad de género que estén liderados por mujeres.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa a promocionar a las mujeres como agentes de desarrollo local en las economías en transición, del Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De adición.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. (…)


2. (…)


3. Incentivar aquellos proyectos de desarrollo comunitario y de igualdad de género que estén liderados por mujeres.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley relativa a promocionar a las mujeres
como agente de desarrollo local en las economías de transición nombre presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


A la primera propuesta


De adición.


La primera propuesta queda redactada como sigue:


«Fomentar, en el marco del IV Plan Director de la Cooperación española 2013-2016 la formación de la mujeres como agentes de desarrollo local en los países en los que está previsto llevar a cabo acciones que sirvan como herramienta para
promover el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo económico, social y cultural de los territorios. Entendiendo por espacio local el ámbito privilegiado para el empoderamiento de las mujeres y la implementación de políticas favorables a la
equidad de género en lo cotidiano, será necesaria la consideración de las diferencias de las mujeres y las diferencias de los contextos y localizaciones en el proceso de empoderamiento, siendo por tanto, ineludible y congruente



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tanto la valoración de la heterogeneidad municipal como de la diversidad social local. Promoviendo actuaciones que involucren a todos los actores, sectores e instituciones de los espacios locales, enfatizando en la necesidad de la igualdad
para el beneficio común.»


Motivación.


El empoderamiento no es un proceso lineal con un inicio y un fin definidos de manera igual para las diferentes mujeres o grupos de mujeres. El empoderamiento es diferente para cada individuo según su vida, contexto, historia, y según la
localización de la subordinación en lo personal, familiar, comunitario, nacional, regional y global.


Si acordamos que el espacio local es el ámbito privilegiado para el empoderamiento de las mujeres y la implementación de políticas favorables a la equidad de género en lo cotidiano, debemos tomar la consideración de las diferencias de las
mujeres y las diferencias de los contextos así como de las localizaciones en el proceso de empoderamiento.


Este desafío atañe a todos los actores, sectores e instituciones de los espacios locales, siendo necesario precisar y enfatizar que los desafíos acerca del empoderamiento de las mujeres en los espacios locales no son asuntos exclusivos de
las mujeres de los que pueden desentenderse los hombres, sino que se trata de un proceso de crecimiento colectivo que beneficia al bien común.


Enmienda


A la segunda propuesta


De adición.


El apartado de la segunda propuesta queda redactado como sigue:


«Trabajar, en el marco de la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para paliar la disparidad entre los géneros, incidiendo en la participación de las mujeres en la producción que contribuya a un crecimiento económico
inclusivo, en la mejora de su productividad y en el acceso de éstas a los recursos económicos en condiciones de igualdad, tanto a las tierras u otros bienes como a los recursos financieros y la herencia de los recursos naturales. Para alcanzar
estos objetivos es primordial facilitar y fomentar la presencia de las mujeres en el espacio político y la toma de decisiones, para ello es de vital importancia el papel de los gobiernos locales en la promoción de la participación de los derechos de
las mujeres, así como la implicación de instituciones públicas y privadas que contribuyan a crear un ambiente de consenso sobre la problemática de género y la aceptación de políticas y programas específicos destinados a las mujeres, otorgándoles una
visibilidad de interés público diferente al tradicional tratamiento asistencial y paternalista.»


Motivación.


La falta de pluralidad de género en la composición política de los gobiernos locales en los países en vías de desarrollo es más que notoria. Destaca la escasa proporción de mujeres alcaldesas o concejales, así como las formas y valoraciones
que adquiere la participación femenina en los espacios locales.


A lo largo del tiempo y hasta la actualidad, un patrón femenino prácticamente universal muestra la presencia y acciones colectivas de las mujeres dentro del espacio local, asociadas a la vida cotidiana en la esfera de la familia y las tareas
domésticas. Se encuentran plasmadas en el territorio la división y desigualdad de género. Encontramos patrones culturales, sociales y económicos en el barrio, la comunidad vecinal, la localidad, que representan los lugares de la vida social donde
las mujeres han desenvuelto y proyectado sus papeles, habilidades y necesidades. Si bien los estudios de género han destacado que el ámbito municipal y el hacer política comunitaria facilitan la participación pública de las mujeres debido a la
proximidad espacial y la mayor flexibilidad de tiempo, también se han lanzado certeras críticas, por ejemplo en la investigación urbana, sobre el concepto de comunidad y la ideología doméstica que naturalizan «el lugar de la mujer» en lo
estrictamente local, ocultando situaciones de opresión, explotación y discriminación de género, además de que se encubre el hecho de la feminización de la pobreza y el traspaso de las responsabilidades estatales, a las tareas domésticas femeninas y
la autoayuda comunitaria.



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Dentro de este contexto de creciente desigualdad y exclusión social, se presenta el aumento de mujeres a cargo del hogar y sus cuidados. El acceso a un trabajo remunerado resulta particularmente difícil para las mujeres de los sectores
populares urbanos, y tiende a encontrarse entre los de menor calificación y mayor precariedad.


Mientras se proyecta su rol doméstico sobre el espacio público no disminuyen las desigualdades de género. La participación de las mujeres se concentra en cuestiones y tareas vinculadas a las necesidades básicas de la familia y la comunidad,
mientras que a los hombres se les reserva la participación en los cargos de poder en las organizaciones y las instancias políticas e institucionales. En los procesos participativos se encuentran diversas manifestaciones de la desigualdad de género.
Es común que se perciba y valore la participación femenina en el ámbito social, productivo y político únicamente en función de intermediarias de fines de bienestar para otros, y de la eficacia que garantizan en la ejecución de los programas.
Predomina una concepción instrumental de la participación femenina asociada a graves problemas sociales como los de la pobreza. Este contexto marca la distancia en la participación política de las mujeres, lo que incide de manera directa en su
desplazamiento y exclusión de la vida social y económica.


Enmienda


Al tercer punto a la parte propositiva


De adición.


La tercera propuesta quedaría redactada así:


«Promover, en el marco de la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales, sexuales, reproductivos, civiles, políticos, contra toda forma de discriminación y
culturales de las mujeres en el desarrollo como forma directa para reducir la pobreza en los países socios, mediante el empoderamiento entendido como mecanismo estratégico para superar la brecha de desigualdad e injusticia que padecen las mujeres en
sus relaciones de género en el mundo. Se pretende potenciar sus capacidades, su autoestima, autonomía y poder de decisión en los ámbitos públicos y privados, y en todos los espacios de participación social, política, económica y cultural en
aquellos países y lugares en los que se encuentra la Cooperación Española.»


Motivación.


Junto con el desarrollo económico, la Estrategia de Género en el Desarrollo de la cooperación española, que reafirma el Plan Director actualmente vigente, recoge como objetivo general el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres en
todas sus dimensiones. La adición del punto tercero, simplemente añade este objetivo a la Proposición no de Ley, recalcando el enfoque de derechos propio de la cooperación española.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Ángela Ballester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/000346


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre las reformas necesarias en el ámbito de la Cooperación Internacional
y para el Desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por
la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:



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«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un gran acuerdo sobre Cooperación al desarrollo, en el que participen todas las administraciones que realizan actividades de cooperación internacional al desarrollo, para asegurar eficiencia y eficacia dentro del respeto al
principio de autonomía presupuestaria y competencial.


2. Incrementar gradualmente la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,4 %, partiendo del actual 0,16 %, para acercarlo a la media europea en esta legislatura, teniendo en cuenta la ATD, situando como prioridad la consecución de los ODS de
la Agenda 2015-2030.


3. La política española de cooperación internacional partirá de una planificación estratégica y transparente, fundamentada en una coherencia entre los intereses y objetivos de nuestra política exterior con los intereses y objetivos
globales. Conllevará planes de ejecución anual dotados de la metodología adecuada para garantizar su eficacia: según cada objetivo concreto, se diferenciarán por regiones según su problemática específica, y estarán conectados de forma clara con
las actividades concretas necesarias para conseguirlos, señalando los resultados que se pretenden alcanzar.


4. La distinción por países y regiones en la ayuda ha de ser clara: países con extrema pobreza y países con renta media o baja, lo que implica diferentes objetivos y acciones. Las prioridades geográficas, por afinidad cultural e interés
estratégico. Se creará un fondo temático para «Estados frágiles», con especial incidencia en aspectos institucionales: seguridad, justicia, Estado de Derecho.


5. La cooperación con los Gobiernos receptores será horizontal a partir del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de contabilidad pública y control financiero, dentro de la lucha contra la corrupción. Salvo en caso de
ayuda de emergencia y humanitaria, la ayuda española estará condicionada al cumplimiento por los Gobiernos receptores de los derechos fundamentales y del principio de democracia 1.


6. Apoyar la coordinación de toda la AOD española con la que desarrolla la sociedad española a través de ONGDs y las empresas, a través de sus programas de «responsabilidad social», en el plano del análisis y de las estrategias. Además,
con el fin de mejor alcanzar los objetivos compartidos, se conectará la estrategia española con la europea y las agendas internacionales de los principales donantes a través de un intercambio permanente a nivel de CAD 2.


7. Promover campañas de sensibilización de la ciudadanía desde los poderes públicos y solicitar la colaboración del tercer sector y los medios de comunicación en el desarrollo de una labor pedagógica de información y debate permanentes que
pongan en valor lo que ya se hace desde nuestro país en materia de cooperación, así como lo que se debería mejorar, de manera que se cree en el seno de la sociedad española una auténtica cultura de la ayuda al desarrollo.


8. Fomentar entre la comunidad de donantes y los países receptores de ayuda, la exigencia de transparencia absoluta en cuestiones relacionadas con la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, y la exigencia de la realización de
evaluaciones obligatorias de seguimiento e impacto y el rendimiento de resultados y de cuentas para prevenir la corrupción y el desvío de fondos.


9. Favorecer la utilización de criterios de evaluación continua de nuestra ayuda para el desarrollo, que permitan la optimización permanentemente del sistema de cooperación español, apoyados en metodologías contrastadas que se apoyan en el
análisis de datos observacionales y/o experimentales.


10. Promover el estudio de las medidas necesarias con objeto de mejorar la vigente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y adecuarla a la Agenda 2030, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos humanos y la
gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la participación de los actores como ONGD, comunidades autónomas, entidades locales y el sector
privado.


11. Recuperar los Planes Anuales de Cooperación Internacional.


12. Recuperar la Comisión Delegada para la Cooperación al Desarrollo; reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e influyente ante las estrategias y actividades de la cooperación española y recuperar la
colaboración con los principales Organismos y Fondos multilaterales de cooperación, proporcionando financiación y expertos para integrarse en sus cuadros directivos.»


1 En el sentido de la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados el 19 de septiembre de 2012.


2 Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.



Página 105





A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre las reformas necesarias en el ámbito de la Cooperación Internacional y para el Desarrollo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmienda


De adición.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. (…)


2. (…)


3. (…)


4. (…)


5. (…)


6. (…)


7. (…)


8. Promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible, adecuada a la agenda 2030, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la
sostenibilidad ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la participación de los actores como ONGD, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado.


9. Recuperar los Planes Anuales de Cooperación Internacional.


10. Recuperar la Comisión Delegada para la Cooperación al Desarrollo; reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e influyente ante las estrategias y actividades de la cooperación española y recuperar la
colaboración con los principales Organismos y Fondos multilaterales de cooperación proporcionando financiación y expertos para integrarse en sus cuadros directivos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las
reformas necesarias en el ámbito de la Cooperación Internacional y para el Desarrollo.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


1. Impulsar un gran acuerdo sobre Cooperación al desarrollo, en el que participen todas las administraciones que realizan actividades de cooperación internacional al desarrollo, para asegurar eficiencia y eficacia dentro del respeto al
principio de autonomía presupuestaria y competencial.



Página 106





2. Una vez alcanzado el equilibrio fiscal y que la economía española continúe en la senda del crecimiento, ir aumentando progresivamente los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta llegar a alcanzar el 0,7 % de la Renta
Nacional Bruta, en el marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en línea con la posición que ha aprobado el Consejo de Ministros de Desarrollo de la Unión Europea el 26 de mayo de 2015.


3. La política española de cooperación internacional continuará mejorando su planificación estratégica y transparente, profundizando en la coherencia entre los intereses y objetivos de nuestra política exterior con los intereses y objetivos
globales. Esta política se continuará plasmando en comunicaciones anuales, que contendrán información completa y útil para los órganos consultivos y para la ciudadanía, incluirán un marco presupuestario anual y seguirán siendo remitidas al
Parlamento para su conocimiento y debate.


4. Continuar orientando la acción de la cooperación española hacia aquellos países prioritarios de acuerdo con el IV Plan Director y mantener esta distinción por países y regiones en el próximo documento estratégico cuatrienal.


5. Mantener e impulsar los Marcos de Actuación País (MAPs) como instrumento de planificación estratégica geográfica de la cooperación española, contando con la colaboración de los países socios para alcanzar objetivos y visiones comunes de
desarrollo humano y lucha contra la pobreza. Seguir fomentando en este sentido una mayor apropiación, alineamiento y armonización de las intervenciones de la cooperación española en cada país y facilitando el liderazgo del país socio en su propio
proceso de desarrollo, con el máximo respeto a los derechos fundamentales, al principio de democracia y al cumplimiento de los estándares internacionales.


6. La cooperación española continuará estableciendo los mecanismos necesarios para incrementar y facilitar la participación y la colaboración de las ONGs, y fortaleciendo los puntos de encuentro y colaboración con estos actores esenciales
de la cooperación al desarrollo.


7. Promover campañas de sensibilización de la ciudadanía desde los poderes públicos en coordinación con el tercer sector y los medios de comunicación, en el desarrollo de una labor pedagógica de información y debate, que ponga en valor lo
que se hace en nuestro país en materia de cooperación así como lo que se debería mejorar, con el fin de favorecer en el seno de la sociedad española una auténtica cultura de la ayuda al desarrollo.


8. Seguir trabajando en el seno de la comunidad de donantes y los países receptores de la ayuda, en la exigencia de una mayor transparencia en todas las cuestiones relacionadas con la ayuda humanitaria y la cooperación internacional.
Promover una mayor exigencia de evaluaciones obligatorias de seguimiento e impacto, así como una mayor rendición de cuentas para prevenir la corrupción y el desvío de fondos.


9. Seguir trabajando, en línea con la labor realizada en la anterior legislatura, para promover la evaluación continua de nuestra cooperación, que permita la optimización permanente del sistema de cooperación español, utilizando
metodologías contrastadas que se apoyan en el análisis de datos observacionales y/o experimentales.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley relativa a las reformas necesarias en el
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo presentada por el Grupo Ciudadanos.



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Enmienda


De modificación.


Modificación del punto 2, cuya redacción quedaría como sigue:


«2. Incremento gradual de La Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,4 % partiendo del actual 0,16, para acercarlo a la media europea en esta legislatura, situando como prioridad la consecución de los ODS de la agenda 2015-2030.»


Modificación del punto 3, cuya redacción quedaría como sigue:


«3. La política española de cooperación internacional partirá de una planificación estratégica y transparente, fundamentada en la coherencia de políticas para el desarrollo en todas las políticas públicas, principalmente la política
exterior. Conllevará planes de ejecución anual dotados de metodología adecuada para garantizar su eficacia: según cada objetivo concreto se diferenciarán por regiones según su problemática específica, y estarán conectados de forma clara con las
actividades concretas necesarias para conseguirlos señalando los resultados que se pretenden alcanzar.»


Modificación del punto 6, cuya redacción quedaría como sigue:


«6. Apoyar la alineación de la cooperación realizada por las ONGD’s y las empresas, con los objetivos generales de la cooperación española. Además, con el fin de mejor alcanzar los objetivos compartidos, se conectará la estrategia española
con la europea y las agendas internacionales de los principales donantes a través de un intercambio permanente a nivel del CAD.»


Motivación.


Las enmiendas a esta PNL están motivadas por la mejora técnica de la misma. En el punto 1 se suprime la referencia a la ATD ya que la OCDE en su documento, «Measuring the TOSD» de julio de 2015 afirma explícitamente que el objetivo del 0,7
% no se puede vincular a este nuevo enfoque sino que es la prueba del esfuerzo público que se plasma en la AOD. En el punto 2, se modifica la formulación original por una más acorde con el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, en
línea también con lo propuesta por la OCDE y por las leyes europeas y españolas que refieren que la coherencia ha de ser del conjunto de políticas públicas de los gobiernos con la política de desarrollo sostenible. La 3.ª modificación propuesta
hace referencia a la necesidad de avanzar en eficacia de la ayuda alineando todas las actividades de cooperación a los principios y objetivos determinados desde la estrategia pública de cooperación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Ángela Ballester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/000356


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 13 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a
trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar un Plan de Aplicación de la Cooperación Española vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, donde se definan los compromisos que adquiere España en el territorio nacional para el
cumplimiento de la misma. La realización de este plan se llevará a cabo mediante un proceso abierto y con la participación de todos los actores vinculados al desarrollo sostenible.



Página 108





2. Además, dicho Plan deberá contener las actuaciones estratégicas necesarias que sirvan de guía para alinear las políticas de cooperación al desarrollo de España con los ODS.


3. A través del Instituto Nacional de Estadística, elaborar un Plan Nacional de Indicadores de los ODS para su seguimiento y evaluación.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas idénticas cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre la implementación en España de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda


De modificación.


El punto 1 quedaría redactado de la siguiente manera:


«1. Elaborar un Plan de Aplicación de la Cooperación Española vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, donde se definan los compromisos que adquiere España en el territorio nacional para el
cumplimiento de la misma.


Además, dicho Plan deberá contener las actuaciones estratégicas necesarias que sirvan de guía para alinear las políticas públicas españolas con los ODS de acuerdo a un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo.»


Se añadiría un punto 2 que sería el siguiente:


«2. La realización de este Plan se realizará mediante un proceso abierto y con la participación de todos los actores vinculados al desarrollo sostenible, en especial: el Gobierno, el Parlamento, la sociedad civil interesada, las
universidades públicas y el sector privado cuya actividad influya en el desarrollo sostenible de nuestro país. Estos actores, asimismo, deberán ser tenidos en cuenta para el seguimiento posterior de la implementación de la Agenda 2030.»


El punto 2 pasaría a ser el punto 3 se mantendría como está:


«3. A través del Instituto Nacional de Estadística, elaborar un Plan Nacional de Indicadores de los ODS para su seguimiento y evaluación.»


Motivación.


La Agenda 2030 resulta novedosa con respecto a anteriores agendas de desarrollo ya que, por primera vez incluye objetivos de desarropo «nacionales» más allá del aumento de la AOD. En este sentido, entendemos que las «actuaciones
estratégicas» a las que se refiere la PNL original deben incidir en el conjunto de las políticas públicas y no solo la de cooperación, de acuerdo a un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo. Además, el punto 2 señala la necesidad de
que la realización de este Plan se realice de una manera inclusiva tanto en el diseño del mismo como en el monitoreo de la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Ángela Ballester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Página 109





161/000377


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Democràcia i Llibertat) y Vasco (EAJ-PNV), entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que
se constituya:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación para la elaboración de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, que incluya:


— Una solicitud de información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las Comunidades Autónomas sobre las consideraciones y recomendaciones que deseen proponer de forma previa a la celebración de una cumbre o reunión internacional en
materia de cooperación, en relación a ésta.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado de la información remitida por el Consejo de Cooperación y por las comunidades autónomas, así como la posición
inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento internacional.


— La comparecencia del responsable del Ejecutivo ante las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, para informar sobre la posición española inicialmente propuesta por el Gobierno
ante el evento internacional.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, de las consideraciones que fruto del debate parlamentario se hayan incorporado a la posición inicialmente prevista por
el Gobierno ante el evento internacional.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado de un informe relativo a la evaluación y resultados obtenidos de la posición adoptada por el Gobierno en las cumbres o
reuniones internacionales en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.»


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, de los Grupos Parlamentarios Catalán y Vasco,
sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados considera conveniente:


— Que el Gobierno informe a las Cortes Generales tras cada Cumbre sobre Cooperación Internacional, para exponer las posiciones mantenidas por la delegación española, el desarrollo de las negociaciones y los acuerdos finalmente adoptados,
todo ello con especial referencia a las orientaciones con las que las Cámaras, y los órganos Consultivos como el Consejo de Cooperación al Desarrollo hayan podido contribuir de manera previa a dichas orientaciones, a través de las vías
reglamentariamente establecidas.



Página 110





— Que, adicionalmente, el Gobierno informe sobre estos mismos extremos a la Comisión interministerial, la Comisión Interterritorial y el Consejo de Cooperación al Desarrollo.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la
elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo.


Enmienda


De sustitución.


Texto que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación para la elaboración de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre cooperación internacional para el desarrollo, que incluya:


— Una solicitud de información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las Comunidades Autónomas sobre las consideraciones y recomendaciones con las que deseen contribuir previamente de la celebración de una cumbre internacional en
materia de cooperación.


— Generar un debate entre el responsable del gobierno y los portavoces parlamentarios, para que el primero, fuese receptor de las consideraciones y recomendaciones adquiridas por los diferentes grupos parlamentarios.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado de un informe relativo a la evaluación y resultados obtenidos de la posición adoptada por el Gobierno en las cumbres o reuniones
internacionales en materia de cooperación internacional para el Desarrollo.»


Texto que se modifica:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación para la elaboración de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre cooperación internacional para el desarrollo, que incluya:


— Una solicitud de información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las Comunidades Autónomas sobre las consideraciones y recomendaciones que deseen proponer de forma previa a la celebración de una cumbre o reunión internacional en
materia de cooperación, en relación a esta.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado de la información remitida por el Consejo de Cooperación y por las Comunidades Autónomas, así como la posición inicialmente propuesta
por el Gobierno ante el evento internacional.


— La comparecencia del responsable del Ejecutivo ante las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado para informar sobre la posición española inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento
internacional.


— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado, de las consideraciones que fruto del debate parlamentario se hayan incorporado a la posición inicialmente prevista por el Gobierno ante
el evento internacional.



Página 111





— La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado de un informe relativo a la evaluación y resultados obtenidos de la posición adoptada por el Gobierno en las cumbres o reuniones
internacionales en materia de cooperación internacional para el Desarrollo.»


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/001574


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GMx).


Reformulación de su pregunta sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo de recuperación de la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.


De nuevo el Informe de la Defensora del Pueblo de 2015 llama la atención sobre la UTE de la prisión de Villabona y el reiterado incumplimiento de sus recomendaciones de años anteriores por la dirección de la cárcel en orden a la recuperación
de su organización y funcionamiento ejemplares.


— ¿Tiene conocimiento el Gobierno de si se va a dar cumplimiento a dichas recomendaciones de recuperación de la Unidad Terapéutica y Educativa de Vlllabona?


— ¿Piensa el Gobierno pedir responsabilidades a la dirección del centro por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.



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184/001855


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Martín Llaguno, Marta (GCs).


Creación de una zona franca en el puerto de Alicante.


Acuerdo:


1. En cuanto a la petición de que se facilite el estudio al que se refiere el punto 2.a de la presente pregunta, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la
Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000291).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


La Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta
por escrito sobre la creación de una zona franca en el puerto de Alicante.


Exposición de motivos


Desde hace meses existe el debate sobre la necesidad de crear una zona franca en el puerto de Alicante que permita mejorar la competitividad del mismo y atraer mayor tráfico de mercancías a este. De hecho, existen estudios de INECA que
detalla con cifras el impacto social y económico que tendría esta iniciativa.


En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:


1. ¿Se ha evaluado desde el Gobierno la posibilidad de crear una zona franca para el puerto de Alicante?


2. ¿Existe algún estudio de viabilidad e impacto elaborado desde algún departamento ministerial al respecto?


[ … ]


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.—Marta Martín Llaguno, Diputada.



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OTROS TEXTOS


DECLARACIONES INSTITUCIONALES


140/000006


Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la siguiente declaración institucional sobre apoyo a la candidatura del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) al Premio Princesa de Asturias de
Cooperación Internacional, adoptada por unanimidad por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 13 de abril de 2016:


«El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) es candidato al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2016, galardón que los miembros de esta Comisión estiman sería un merecido y justo reconocimiento a su
inestimable labor. Su trabajo contra el hambre y aliviando el sufrimiento humano en emergencias humanitarias es difícilmente comparable e irreemplazable. Alrededor de 80 millones de personas en unos 80 países cada año reciben asistencia
alimentaria del PMA, lo que la convierte en la mayor organización humanitaria de lucha contra el hambre a nivel internacional. En numerosas situaciones y en especial en las emergencias, su asistencia salva vidas.


En Siria, por ejemplo, el PMA facilita alimentos a 4 millones de personas cada mes, incluyendo en zonas de difícil acceso a causa de los combates. Para los desplazados internos y la población atrapada en las ciudades sitiadas de Madaya,
Kefraya y Moadamiya, entre otras, los alimentos que proporciona el PMA suponen un apoyo vital. En los países vecinos a Siria, más de un millón y medio de refugiados sirios reciben, mes tras mes, apoyo del PMA. Irak, Sudán del Sur y Yemen son otros
de los complejos contextos en los que el PMA proporciona asistencia en primera línea, al tiempo que refuerza su apoyo a las poblaciones vulnerables afectadas por los efectos de El Niño en Centroamérica y el Caribe, el sur y el este de África y las
Islas del Pacífico.


El PMA se esfuerza para que la asistencia alimentaria que proporciona impulse beneficios a largo plazo, promoviendo la innovación en sus modalidades de ayuda, fortaleciendo las redes sociales de protección, proporcionando comidas escolares
para millones de niños o reforzando las capacidades de los Gobiernos para atajar el hambre y la malnutrición de forma eficaz.


Además, la capacidad logística del PMA, sus medios y la observación de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional le permiten superar obstáculos para facilitar no sólo asistencia alimentaria, sino
suministros y acceso a las poblaciones vulnerables también para otras organizaciones. La base logística del PMA en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria es una contribución de la Cooperación Española que refuerza dicha capacidad al servicio de la
comunidad humanitaria.


Por su demostrado compromiso con la erradicación del hambre, recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, esta Comisión apoya la candidatura del PMA al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.