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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 13/06/2000
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 2000 VII Legislatura Núm. 12



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA



Sesión plenaria núm. 12



celebrada el martes, 13 de junio de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:



- Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (Orgánica).

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 1-1, de 19 de abril
de 2000. (Número de expediente 125/000001.) . . . (Página 449)



Modificación del orden del día . . . (Página 460)



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código
Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para
combatir la sustracción o retención ilícita de menores (Orgánica).

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 6-1, de 24 de abril
de 2000. (Número de expediente 122/000002.) . . . (Página 460)



- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 75-1,
de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000066.) . . .

(Página 460)



Página 444




Propuesta de designación del Defensor del Pueblo:



- Propuesta de designación del Defensor del Pueblo. (Número de
expediente 262/000001.) . . . (Página 469)



Proposiciones no de Ley:



- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en
la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos. «BOCG.

Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25, de 5 de junio de 2000.

(Número de expediente 162/000045.) . . . (Página 469)



- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de
hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25,
de 5 de junio de 2000. (Número de expediente 162/000044.) . . .

(Página 470)



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes.

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25, de 5 de junio de
2000. (Número de expediente 162/000049.) . . . (Página 470)



- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado
ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias
torrenciales del pasado día 10 de junio de 2000. (Número de
expediente 162/000070.) . . . (Página 477)



- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que insta al
Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños
ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2000
en Cataluña. (Número de expediente 162/000071.) . . . (Página 477)



- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plan de medidas
inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las
lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado 10 de junio de
2000. (Número de expediente 162/000072.) . . . (Página 477)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara
Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional.

(Número de expediente 173/000007.) . . . (Página 484)



- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del
objetivo de inflación para este año y las medidas que, en su caso,
piensa adoptar el Gobierno. (Número de expediente 173/000008.) . . .

(Página 491)



S U M A R I O



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas . . . (Página 449)



Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial . . . (Página 449)



Presentan la iniciativa, en nombre y por delegación del Parlamento de
Cataluña, los señores Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió;
Masllorens i Escubós, del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya.




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano
y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal



Página 445




de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor De Juan i Casadevall, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.




Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña por la que se modifica la Ley Orgánica 6/
1985, del Poder Judicial, se rechaza por 142 votos a favor, 168 en
contra y 11 abstenciones.




Modificación del orden del día . . . (Página 460)



La señora presidenta, conforme al artículo 68. 1. del Reglamento, y
considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, propone al Pleno
de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que figura como punto 8, se sustituya por otra
del mismo grupo parlamentario sobre medidas urgentes a adoptar por la
Administración general del Estado ante las graves consecuencias
producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10
de junio del presente año y que, asimismo, se debata acumuladamente
con las presentadas por los grupos parlamentarios Popular y
Socialista sobre el mismo tema, lo que se acuerda por asentimiento.




Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 460)



Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores (Orgánica) . . (Página 460)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar
(Orgánica) . . . (Página 460)



Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la
señora Alberdi Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Recuerda que la proposición de ley que hoy se presenta ya fue objeto
de debate en la anterior legislatura y, entonces, todos los grupos
parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se tramitaran las
distintas iniciativas, a pesar de las discrepancias que existían en
cuanto a la forma de abordar el problema. Explica que las dos
proposiciones de ley que se presentaron en diciembre de 1999 por los
grupos parlamentarios Popular y Socialista perseguían dotar al
sistema jurídico de un instrumento eficaz para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores, aunque lo hacían con
planteamientos distintos. Explica el sentido de la proposición de ley
de su grupo, reiterando que la tipificación de la sustracción de
menores como delito autónomo es necesaria y va a posibilitar una
persecución eficaz de estas conductas en el plano nacional, pero
también, y muy especialmente, en el plano internacional, para poder
llevar a cabo la expedición de órdenes de detención internacional
y también las peticiones de extradición. Finalmente anuncia su voto
favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Popular, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentar.




En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
proposición de ley, para su toma en consideración, la señora Barrios
Curbelo. Explana el contenido de la proposición de ley que insta a la
modificación del Código Penal en el sentido de tipificar
específicamente el secuestro que llevan a cabo determinados
familiares respecto de sus hijos o nietos, basándose en una crisis
familiar, y fija la posición de su grupo en relación con la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Anuncia que su grupo votará a favor y solicita de la Cámara el apoyo
para la toma en consideración de las dos propuestas.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Pigem i Palmés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de
modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el
Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de
menores, se aprueba por 325 votos a favor.




Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código



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Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del
progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar, se aprueba
por 324 votos a favor, uno en contra y una abstención.




Propuesta de designación del Defensor del Pueblo . . . (Página 469)



El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a la propuesta
formulada por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del
Pueblo.




Se procede a la votación nominal secreta y por papeletas.




Terminada la votación y efectuado el escrutinio, dio el siguiente
resultado: votos emitidos 326; a favor de la propuesta 306; en
contra, 11; en blanco, ocho; nulos, uno. Queda designado Defensor del
Pueblo don Enrique Múgica Herzog al haber obtenido una votación
superior a los tres quintos de la Cámara.




Proposiciones no de Ley . . . (Página 469)



Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la
liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos . . .

(Página 469)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de
hidrocarburos . . . (Página 470)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes . . .

(Página 470)



Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
la señora Mendizábal Gorostiaga. Opina que las numerosas subidas del
precio de los carburantes en lo que va de año inciden de una manera
generalizada sobre la capacidad de compra de la mayoría de los
consumidores y usuarios, problema que se viene planteando de manera
reiterada y en el que incide indudablemente el precio del crudo y la
evolución de la paridad del euro, pero esto no puede servir en ningún
caso para eludir
la responsabilidad del Gobierno y su capacidad para influir, a través
de una serie de medidas concretas, en la aceleración de un proceso de
liberalización que -según su opinión-se encuentra francamente frenado
por una Ley de Hidrocarburos que resulta claramente insuficiente y
que mantiene una estructura oligopolística del sector de carburantes.

Pasa a explicar el contenido de su proposición no de ley y la
posición de su grupo en relación con las otras dos proposiciones no
de ley presentadas.




La señora Pisonero Ruiz defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de
hidrocarburos, ofreciendo, en primer lugar, la voluntad de su grupo
de llegar al máximo consenso posible, sin escuchar las acusaciones de
esquizofrenia, irresponsabilidad o falta de diligencia efectuadas por
la señora portavoz del Grupo Socialista en su intervención anterior.

El Grupo Popular considera que la solución a la subida de los
carburantes ha de ser general para todos los consumidores y no sólo
para colectivos concretos y que se ha de incidir en las causas en las
que se puede actuar y no en los factores que son exógenos, apostando
por una mayor competencia y liberalización del sector. Explica las
medidas propuestas en su proposición no de ley, que enmienda la
aprobada hace dos semanas, con el objetivo de establecer unos puntos
básicos con los que el Gobierno pueda empezar a trabajar en las
medidas a adoptar.




Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el
señor Centella Gómez en defensa de la proposición no de ley sobre
medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los
carburantes. Considera que es un debate importante porque contempla
un problema serio que está afectando muy directamente al bolsillo de
los consumidores y a la economía del país. Es necesario, opina,
llegar a acuerdos eficaces y creíbles por el ciudadano, que frenen la
subida ilógica de los precios de los carburantes, subida que su grupo
achaca al fracaso de la política de liberalización del Partido
Popular, independientemente de la subida del precio del crudo y de la
depreciación del euro. Explica las medidas que propone su proposición
no de ley, refiriéndose en especial al establecimiento de una
ecotasa, que persigue que el dinero que se recauda a través de los
impuestos sobre la gasolina y otros productos se invierta en
actuaciones eficaces a la hora de reducir los efectos de la
contaminación provocada por el exceso de vehículos en la vía pública.

Por último, manifiesta que es difícil llegar al consenso que pide el
Partido Popular si el Gobierno sigue apostando por el liberalismo.




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En defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de
ley intervienen los señores Vázquez Vázquez y Labordeta Subías, del
Grupo Parlamentario Mixto.




A los solos efectos de expresar la aceptación o el rechazo de la
enmiendas presentadas intervienen las señoras Mendizábal Gorostiaga,
del Grupo Parlamentario Socialist; Pisonero Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la
liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos, en los
propios términos en que ha sido planteada, al no haber sido aceptadas
por el grupo proponente las enmiendas presentadas a la misma, se
rechaza por 132 votos a favor y 179 en contra.




Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de
hidrocarburos con la incorporación de las enmiendas que han sido
aceptadas por el grupo proponente, se aprueba por 185 votos a favor,
118 en contra y seis abstenciones.




Sometida a votación, por último, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer
frente al crecimiento de los precios de los carburantes, en sus
propios términos por cuanto no ha sido admitida la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se rechaza por 128
votos a favor y 180 en contra.




Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
urgentes a adoptar por la Administración General del Estado ante las
graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias
torrenciales del pasado día 10 de junio de 2000 . . . (Página 477)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los
daños ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de
2000 en Cataluña . . . (Página 477)



Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plan de medidas
inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las
lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado 10 de junio de 2000
. . . (Página 477)



Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el señor Sedó i Marsal. Alude en primer lugar
al cambio efectuado en el orden del día en relación con la
proposición no de ley que tenían presentada sobre la seguridad del
túnel de Vielha y la construcción de un nuevo túnel y manifiesta que
las lluvias torrenciales acaecidas en la madrugada del pasado día 10
en los alrededores de Montserrat y de El Vendrell, que dieron lugar a
grandes pérdidas económicas y, lo que es más importante, a pérdidas
humanas, alteran la prioridad de su grupo en cuanto a los temas a
tratar en el Pleno de hoy y justifican su petición de modificación
del orden del día. Su proposición no de ley va dirigida a paliar los
efectos de dichas tormentas y explica las medidas que proponen al
efecto.




En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las
lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2 en Cataluña, interviene
el señor Sanz Palacio. Considera que la magnitud y el alcance de
estas lluvias requieren una respuesta inmediata de los poderes
públicos para restablecer la normalidad en las zonas y sectores
afectados, siendo necesaria la adopción de distintas medidas por
parte del Gobierno, con la debida coordinación con otras
administraciones competentes, y pasa a dar lectura a un texto
refundido de las tres proposiciones no de ley presentadas al efecto,
al que se ha llegado después de dialogar con otros grupos políticos,
especialmente con Convergència i Unió, y que somete a la
consideración de la Cámara.




En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al plan de medidas inmediatas para remediar los
daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en
Cataluña el pasado 10 de junio de 2000, interviene la señora
Cunillera i Mestres. Explica el contenido de su proposición no de ley
y recuerda que es importante no olvidarse de los pequeños pueblos y
de sus habitantes que no han tenido tanta repercusión en los medios
de comunicación, pero que han sufrido considerables pérdidas.

Solicita el voto favorable de la Cámara porque considera que la
iniciativa de su grupo postula un planteamiento serio y riguroso de
la reacción que desde la Administración se debe



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tener y que es la que esperan los ciudadanos y ciudadanas afectados
por las lluvias del pasado día 10, pero que también es buena para los
no afectados, que verán con esperanza cómo este Congreso de los
Diputados es capaz de pronunciarse con rapidez ante hechos acaecidos
hace pocos días. Finalmente anuncia el voto favorable de su grupo a
la propuesta que salga finalmente del consenso de todos.




En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




A los solos efectos de aceptar como enmienda transaccional el texto
refundido de las tres iniciativas interviene el señor Sedó i Marsal.




Sometido a votación el texto transaccional que ha sido acordado por
los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Popular y
Socialista, se aprueba por 307 votos a favor y uno en contra.




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 484)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas
del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara Occidental,
de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional . . .

(Página 484)



Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Manifiesta que en la interpelación de la semana
pasada su grupo intentó dejar claros los elementos sobre los que era
necesario situar la moción que hoy se va a discutir, y lo hacían con
firmeza pero con voluntad de consenso. Considera que este debate es
necesario, ya que se está intentando desvirtuar la situación del
Sáhara Occidental presentándola como una problemática bloqueada ante
la imposibilidad de celebrar un referéndum y ante la necesidad de
buscar fórmulas intermedias, que no son sino una claudicación de la
comunidad internacional ante las presiones de Marruecos, y afirma
que, ante esta situación de bloqueo, nuestro país no puede mirar
hacia otro lado y tiene la obligación de trabajar de una vez por
todas para que los habitantes del Sáhara Occidental puedan ejercer su
derecho a la autodeterminación. Explica el contenido concreto de la
moción y manifiesta que
está convencido de que hoy se conseguirá un acuerdo de la Cámara que
hará concebir esperanzas a miles de saharauis que luchan en el
desierto y confían en poder decidir libremente sobre su futuro.




En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Puigcercós i Bioxassa y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Camacho Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que
solicita que se dé lectura al párrafo segundo de la proposición no de
ley aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores en la anterior
legislatura.




El señor secretario (Mato Adrover) da lectura al párrafo segundo de
la proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión de Asuntos
Exteriores en la pasada legislatura y que figura en el inicio de la
enmienda transaccional que se someterá a votación.




A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.




Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas
del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara Occidental,
de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional, en los
términos que han sido expresados por el portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en función del acuerdo
transaccional que propone a la Cámara, se aprueba por 292 votos a
favor y dos abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo
de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa
adoptar el Gobierno . . . (Página 491)



Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Bel
i Queralt, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta
que desde el momento en que el Grupo Socialista presentó la
interpelación urgente hasta ahora se ha agravado su preocupación por
la tasa de inflación en España, al conocerse el dato de que la tasa
interanual está por encima del 3 por ciento. Opina que



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el hecho de que el Gobierno no pueda mover los tipos de interés ni el
precio del barril de petróleo ni el tipo de cambio entre el euro y el
dólar no explica el diferencial de inflación entre España y el resto
de la Unión Europea. La moción que presenta su grupo incide sobre las
políticas de oferta en España y su contribución a la inflación
diferenciada española. Les preocupa, por un lado, promover las
condiciones de competencia y, por otro, prevenir los abusos de
posición dominante derivados de posiciones de oligopolio o facilidad
para acuerdos entre empresas en los mercados. Hace un balance de lo
que ha sido la política de liberalización de la economía española de
los últimos años y explica los objetivos de carácter genérico que
contiene su moción, que son: conseguir reducir los espacios de
monopolios subsistentes en España, reducir las posiciones
susceptibles de abuso dominante y mejorar los poderes e instrumentos
de las instituciones de defensa y promoción de la competencia. Se
trata, por tanto, de conseguir mejores condiciones para los
consumidores domésticos, mejores condiciones para las pequeñas y
medianas empresas, en términos de elección y en términos de precio, y
así contribuir a reducir la inflación.




En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Pisonero
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




A los solos efectos de expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas interviene el señor Bel i Queralt.




Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo
de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa
adoptar el Gobierno, en los términos resultantes del debate y de las
enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza
por 107 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones.




Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:



- PROPOSICIÓN DE LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGANICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL (ORGÁNICA).

(Número de expediente 125/000001.)



La señora PRESIDENTA: Comienza la sesión.




Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/
1985, del Poder Judicial.

En primer lugar y al objeto de presentar la iniciativa, en nombre y
por delegación del Parlamento de Cataluña tiene la palabra el
diputado señor don Joaquim Ferrer i Roca, que podrá hacer uso de la
misma durante cinco minutos, al objeto de que el resto de miembros
del Parlamento de Cataluña lo hagan durante otros cinco minutos.




El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora
presidenta, señorías.




Con frecuencia, señorías y ustedes lo conocen bien, a este hemiciclo
llegan iniciativas de los parlamentos autónomos que, en general, son
producto de la experiencia y de lo que el Tribunal Constitucional con
frecuencia ha denominado dinámica constitucional; son iniciativas que
proponen profundizar en el desarrollo del Estado de las autonomías.

Pues bien, la iniciativa que hoy tenemos el honor de presentar ante
ustedes es de este talante. Es una proposición de ley orgánica para
modificar una Ley orgánica de 1985, del Poder Judicial. Esta Ley de
1985 instituyó, formó cuerpos nacionales para la Administración de
justicia, pero unos años después, exactamente una sentencia del
Tribunal Constitucional de 1990 matizó aquella decisión del
legislador, advirtiendo que la Administración de justicia
efectivamente es competencia exclusiva del Estado, pero no así el
personal al servicio de la Administración de justicia. Por
consiguiente, decía el Tribunal Constitucional, era lógico que ese
personal al servicio de la Administración de justicia pudiera
organizarse en cada autonomía de las que sí tienen competencias en
esta materia. Esto es justamente lo que propone la iniciativa que
aprobó el Parlamento catalán el 16 de diciembre de 1998: que el
personal al servicio de la Administración de justicia pueda
organizarse en cada una de las siete comunidades autónomas que tienen
competencias en esta materia.




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¿Qué objetivos específicos tiene la iniciativa que presentamos hoy en
esta Cámara? Fundamentalmente desarrollar unas competencias que están
ahí, pero que debido a la actual Ley orgánica del Poder Judicial no
han podido ser desarrolladas. Concretamente se propone la reforma de
cinco artículos, el 189, el 454, el 455, el 503 y el 504. Son cinco
artículos que abren la puerta para que las comunidades autónomas que
tienen reconocida la competencia en esta materia puedan organizarla.

Éste es el objetivo fundamental de la iniciativa que hoy presentamos
ante ustedes.

Esta iniciativa tiene también otro aspecto, y es la utilización de la
lengua propia en aquellas comunidades que sí la tengan reconocida
naturalmente, como es el caso en todas las que poseen lengua propia,
para que ésta esté presente y sea utilizada por el personal de la
Administración de justicia.

En estas últimas décadas, señorías, es evidente que la protección a
las lenguas que existen en el Estado español es una realidad, pero
también es evidente que el campo de la Administración de justicia ha
quedado como una rareza al margen del trato habitual y el
reconocimiento de las lenguas propias que existen en el Estado
español. En la exposición de motivos de esta iniciativa que
presentamos ante ustedes, se dice: La Administración de justicia ha
quedado como un reducto aislado, poco permeable a la utilización de
las otras lenguas. Por esta razón, la iniciativa propone que se
modifique el artículo 471 y se considere un requisito imprescindible
del personal al servicio de la Administración de justicia el
conocimiento de las dos lenguas oficiales en algunas comunidades
autónomas. Éstas son las características de la iniciativa.

No quiero describir con más detalle esta iniciativa porque se explica
de forma muy evidente. Es una necesidad utilizar el autogobierno
también en esta materia, es necesario que el personal que presta
servicio a la Administración de justicia utilice, si es capaz de
utilizarlas, todas las lenguas oficiales en cada comunidad autónoma.

En definitiva, señorías, se trata de una iniciativa para la cual
solicitamos su voto favorable. Es la profundización de un aspecto
sensible e importante del Estado de las autonomías, que se hace a
partir de una experiencia y es de toda lógica que reciba el voto
favorable de los grupos parlamentarios.

Por mi parte, en nombre del Grupo de Convergència i Unió que avaló
con sus votos en diciembre de 1998 esta proposición de ley, solicito
a todos ustedes el voto favorable para ella.

Muchas gracias señora presidenta, señorías.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferré.

A continuación, tiene la palabra el diputado señor don Alex
Masllorens.




El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Masllorens i Escubós):
Señora presidenta, señoras y señores diputados, debo confesarles que
experimento cierta incomodidad ante la posibilidad de que pueda
parecerles, a juzgar por uno solo de los artículos del texto de la
proposición de ley que hoy defendemos, que el principal problema de
la justicia en Cataluña es el de la lengua. Francamente a mí no me lo
parece. Otra cuestión distinta, que entiendo debería resolverse
cuanto antes en beneficio de todos, es el derecho real del
justiciable a dirigirse a la Administración de justicia de su
comunidad autónoma en su lengua materna, entendido éste como un
derecho vinculado al derecho a la tutela efectiva que consagra el
artículo 24 de la Constitución. Creo que ese derecho deberíamos
defenderlo no sólo en los parlamentos autonómicos sino también desde
esta misma Cámara como exponente de la voluntad del legislador de
conseguir una Administración de justicia más próxima al ciudadano -a
cada ciudadano y cada ciudadana-, que garantice no sólo la igualdad
ante la ley sino también el reconocimiento de la rica diversidad
existente en nuestro país.

Si la Administración de justicia merece en general tan poco
credibilidad como al parecer merece a la ciudadanía, probablemente
sea porque ésta no se siente bien administrada en esta materia. La
cuestión de fondo en todo este problema es cómo conseguir la
adecuación de la justicia a los tiempos que corren. Cuando tanto se
habla de nuevas tecnologías, de sociedad-red, de inmediatez en la
transmisión de datos y ejecución de todo tipo de operaciones, no es
de recibo, a mi entender, que la Administración de justicia parezca
anclada en el pasado en sus métodos y en sus formas pero también en
sus resultados.

Creo que ha llegado, señorías, el momento de descentralizar el único
poder del Estado que prácticamente no se ha adecuado al modelo
autonómico.

La proposición de ley que defendemos en representación del Parlament
de Catalunya, es sólo un tímido esbozo de lo que debería ser, a
juicio de muchos, una reforma en profundidad de la Administración de
justicia en España. Así se ha pronunciado el propio Consejo General
del Poder Judicial e incluso, como ya se ha dicho, el Tribunal
Constitucional, que en su sentencia salomónica 56/1990 estableció que
la gestión del personal al servicio de la Administración de justicia
no se integraba en el núcleo estricto de la materia Administración de
justicia, sobre el cual el Estado tiene competencia exclusiva de
acuerdo con el artículo 149.1.5.a de la Constitución, y que el modelo
de cuerpos nacionales posiblemente no sea el único admisible
constitucionalmente.




Estamos, pues, por la reforma de la Administración de justicia, pero
no en beneficio de una u otra comunidad autónoma, sino en beneficio
de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país, una ciudadanía y
un país



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que, a nuestro entender y a estas alturas, no merecen estar sufriendo
una justicia como la nuestra. Debemos hacernos eco del clamor popular
y poner los medios para conseguir una reforma en profundidad de la
justicia. Esta proposición de ley puede ser un primer paso; sin
embargo esta reforma deberá pasar, entre otras cosas, por su
descentralización y por su acercamiento al ciudadano, pero creo que
deberá tener en cuenta también otras muchas cuestiones de fondo y de
forma, que en todo caso esperamos haya otras ocasiones para tratar.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Masllorens.

A continuación, tiene la palabra don Joan Ridao.




El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Ridao i Martín): Muchas
gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, para juzgar convenientemente tanto el
objeto como el alcance de la modificación que hoy se propone de la
Ley orgánica del Poder Judicial por un amplio consenso del Parlamento
catalán, ya sea por un lado y como se ha dicho la creación de cuerpos
autonómicos de funcionarios judiciales (una alternativa, por cierto,
se ha dicho reiteradamente, constitucionalmente posible y admisible)
y también la atribución al conjunto de comunidades autónomas del
pleno control de la oficina judicial, simplificando y dotando de
operatividad las actuales atribuciones en materia de personal, en el
desarrollo reglamentario del estatuto y régimen jurídico de los
funcionarios, en el de la ejecución simple en aspectos como la
formación y la selección, los ascensos, la jornada, la provisión de
destinos, el régimen disciplinario, etcétera, pero también en un
aspecto importante y trascendente como es el de la acreditación del
conocimiento de las distintas lenguas oficiales de las comunidades
que, como Cataluña, disponen de una lengua y de un derecho propio,
evidentemente de entrada debemos situar la cuestión en su adecuado
contexto porque lo que hoy se está discutiendo, señorías, básicamente
atañe, como se ha dicho ya, a la descentralización de un poder del
Estado, el Poder Judicial, único poder que como es sabido no se
ajusta al actual modelo de organización territorial del Estado y se
mantiene como un auténtico residuo centralista, más propio del
pasado. Una descentralización que se plantea hoy, al menos en un
aspecto y en uno de sus niveles, como es la asunción y desarrollo por
parte de las comunidades autónomas de las competencias relacionadas
con la Administración de justicia, lo que la doctrina constitucional
ha venido en denominar la administración de la Administración de
justicia. Queda pendiente, como ustedes conocen perfectamente, otro
aspecto de la descentralización, el de los órganos que integran el
Poder Judicial y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder
Judicial. Seguramente este
aspecto será un elemento clave en el debate sobre la reforma de la
justicia.

Indudablemente, la modificación propuesta contribuiría a hacer de la
justicia (cómo no, una de las instituciones que goza en este momento
de menor credibilidad y estima entre la ciudadanía) una institución
al servicio de las personas más ágil y más eficaz; pero si hay un
ámbito que se vería sensiblemente beneficiado por esta reforma de la
Ley orgánica del Poder Judicial, éste es el de la utilización de las
lenguas oficiales distintas del castellano, el catalán, el euskera y
el gallego, que continúa siendo una asignatura pendiente, señorías.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana se divulgaba en Cataluña
un estudio realizado por el Consejo Social de la Lengua que no puede
ser más elocuente y revela que sólo el 35 por ciento de los juzgados
catalanes pueden atender en catalán escrito, que el 8,3 por ciento de
los funcionarios entienden catalán, que el 86 por ciento de los
jueces nunca redactan una resolución en esta lengua o que el total de
las actuaciones escritas oscila entre el 3 y el 5 por ciento;
evidentemente, aquí hay un problema.

Sabemos bien que las causas son diversas y largas de enumerar: La
inercia de funcionamiento de una Administración atávica, tradicional,
la excesiva movilidad del personal, e incluso, si ustedes lo quieren,
el desconocimiento de la lengua por parte de muchos operadores
jurídicos que intervienen. Lo cierto es que los ciudadanos de
Cataluña, de Euskadi, de Galicia, del conjunto de comunidades
autónomas históricas y que disponen de lengua propia tienen unos
derechos lingüísticos que consisten en la facultad de poder escoger
libremente la lengua en que se quieren relacionar con la
Administración de justicia, como usuarios que son de un servicio
público. Lo que hace falta es que esos derechos puedan ser ejercidos
de forma efectiva y que todas las lenguas, todas, sean de uso normal
y habitual.

Para acabar señorías, podrá decirse que para conseguir este objetivo
es necesaria una actitud favorable del justiciable y de los
operadores jurídicos implicados; que hacen falta más recursos
presupuestarios, tanto de la Administración del Estado como de las
comunidades autónomas, y que estos sean adecuados, sí; pero
evidentemente y sobre todo son necesarios nuevos instrumentos legales
como los que hoy se proponen.

Por todo ello, terminando esta intervención y en nombre del conjunto
de diputados del Parlamento catalán que han intervenido, queremos
solicitar que tomen en consideración esta iniciativa legislativa y
que voten favorablemente a la misma.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Ridao. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)



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El Grupo Parlamentario Mixto ¿va a repartir el tiempo?
(Asentimiento.) Tiene la palabra en primer lugar el señor Aymerich, y
la señora Lasagabaster después.




El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.

Creo que no desvelo ningún secreto al anunciar que el Bloque
Nacionalista Galego va a votar a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley. No es ningún misterio, no es ninguna
sorpresa porque ya en la legislatura anterior el Bloque Nacionalista
Galego presentó una proposición de ley de modificación de los
artículos 341 y 471 de la Ley orgánica del Poder Judicial,
precisamente para garantizar que los jueces, magistrados y los
propios presidentes de los tribunales superiores de justicia pudiesen
acreditar un conocimiento suficiente de la lengua propia en los
concursos de traslados. Aquella proposición de ley del Bloque en la
VI Legislatura era más ambiciosa que la que hoy se somete a nuestra
consideración.

Es cierto que esta proposición de ley del Parlamento catalán va más
allá de la normalización lingüística y pretende aclarar, en la línea
de lo aconsejado en el Libro Blanco de la justicia del Consejo
General del Poder Judicial, cuál es la virtualidad de las cláusulas
subrogatorias de las comunidades autónomas en materia de justicia, y
establecer también, en aras de la eficacia, un sistema más claro, más
simple de distribución de competencias. Este esquema supondría la
desaparición de cuerpos estatales que pasarían a tener ahora la
consideración de cuerpos autonómicos, una opción perfectamente
constitucional como ya se dijo, y permanece la duda acerca de los
secretarios judiciales. ¿Son o no son los secretarios judiciales
personal judicial en este sentido? ¿Pueden ser los secretarios
judiciales un cuerpo estatal o pueden pasar a constituir cuerpos
autonómicos? Es algo que también habremos de dilucidar, porque el
Tribunal Constitucional guarda silencio a este respecto.

Acabo diciendo que ésta no es nuestra alternativa. Nosotros
defenderíamos una opción que podríamos denominar de federalismo
judicial, la existencia de un poder judicial gallego, de un consejo
general del poder judicial gallego. Defenderíamos también como mínimo
que para la designación de los miembros de los órganos periféricos de
gobierno del Poder Judicial, las salas de gobierno de los tribunales
superiores, participasen los parlamentos autonómicos al menos en
parte. Aun así y a pesar de su prudencia, la situación que resultaría
de esta proposición de ley sería mucho más positiva que la que
actualmente tenemos. Por eso vamos a votar a favor, sin perjuicio de
que estas reticencias, estos deseos más ambiciosos que acabo de
formular se materialicen como enmiendas durante la tramitación
parlamentaria.




Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.

Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.

Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y de Esquerra Republicana
de Cataluña para fijar la posición en lo que se refiere a la
proposición presentada en el Parlamento de Cataluña.

En primer lugar, quiero agradecer a los parlamentarios del Parlamento
de Cataluña que hayan presentado una cuestión que es de gran interés
para las formaciones que represento en estos momentos. Ésta es una
cuestión muy sensible y que hemos discutido en esta Cámara a lo largo
de los últimos años en múltiples ocasiones. No se trata de cuestiones
de ideología o de particularidad ideológica, sino de eficacia y, en
definitiva, del derecho a la tutela judicial efectiva.

En diferentes debates en esta Cámara, ya fuere en la moción sobre la
situación de la justicia en febrero de 1999 o incluso de
comparecencias recientes del ministro de Justicia, hemos abogado
sobre la necesidad que se nos propone hoy de suprimir los cuerpos
nacionales de justicia, y especialmente de establecer la
cooficialidad lingüística en aquellos territorios, en aquellas
naciones que tienen una doble lengua reconocida.

No se trata, como decía anteriormente, de una cuestión sensible
ideológica, sino de la capacidad o necesidad de habilitar lo que se
refiere al derecho de defensa. La justicia preocupa a todos los
miembros de esta Cámara, pero tenemos que hacerla efectiva según las
necesidades o particularidades de cada una de nuestras naciones.

Como señalaremos a la hora de hacer enmiendas parciales, no es
necesario, no es constitucional tener un cuerpo nacional de justicia
y tenemos que adecuar el Estado autonómico que tenemos a la justicia
o viceversa, los cuerpos de justicia al Estado autonómico. Lo que
existe ahora es cierto caos -permítame la expresión-, en la
distribución competencial y necesitaríamos tener un cuerpo propio de
justicia habilitado y adecuado a las necesidades propias de la
Administración de justicia que cada uno tenemos en nuestra comunidad
o al menos en las siete comunidades que tienen la habilitación o la
distribución competencial en medios personales y materiales.

Se puede y se debe hacer y creemos que es urgente y necesario hacerla
ya. Esto permitiría tener una habilitación propia en las plantillas,
una distribución propia en los cuerpos de justicia y, en definitiva,
tener una justicia más rápida, más eficaz y más cercana a los
ciudadanos; a la vez permitiría solventar una de las cuestiones más
sensibles que hoy día tienen planteadas nuestras comunidades: la
capacidad, la necesidad o el derecho que tenemos de otorgar que los
ciudadanos puedan dirigirse



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a la Administración de justicia en la lengua que le es propia.

Hemos hablado mucho de este tema, tendremos que hablar más, como
decía nuestro compañero del Bloque Nacionalista Galego. Nuestras
enmiendas irán más allá incluso de la proposición que hoy se nos
presenta, pero volvemos a decir que manifestamos nuestro total y
completo apoyo, pues creemos que si la justicia requiere hoy un pacto
de Estado, lo requiere en los términos que hoy se nos han presentado
para que los ciudadanos puedan tener claramente el derecho a la
tutela judicial efectiva, a la administración racional, a la
Administración de justicia eficaz y a la capacidad de poder presentar
sus habilitaciones, sus defensas en la lengua que consideren
oportuno.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.

Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar un saludo cordial por parte del Grupo de Coalición
Canaria a los señores comisionados del Parlamento de Cataluña por
venir aquí a la Cámara del Congreso de Diputados para presentar esta
iniciativa.

Mi grupo, señora presidenta, está de acuerdo con las palabras del
diputado catalán, señor Ferrer, por Convergència i Unió de que a
veces los calendarios de llegada de las propuestas a la Cámara, la
sintonía cronológica que tiene que haber puede producir determinadas
situaciones como la que para mi grupo se produce en este caso entre
la iniciativa del Parlamento de Cataluña y la reciente oferta que nos
hizo en la Comisión de Justicia e Interior, el señor Acebes, ministro
de Justicia, sobre el plan de choque de la misma.

Mi grupo entiende que hay una serie de materias, entre las cuales
está la consideración del Parlamento de Cataluña sobre el fondo y la
forma de los cuerpos nacionales de funcionarios de justicia, que
tienen que ser considerados más en un acuerdo de pacto global, dado
que mi grupo se ha comprometido con el ministro de Justicia a
cuestionar todas estas actuaciones para llegar a un consenso dentro
de un marco global de reforma de la justicia en el Estado español, y
atenernos a lo que han sido acuerdos muy recientes, concretamente, la
sexta reunión de la comisión de coordinación de las siete comunidades
autónomas, entre las que está la de la Generalitat de Catalunya así
como la del Gobierno Autónomo de Canarias, que se ha tenido en los
primeros días de este mes en Valencia, donde se ha acordado llegar a
unos principios que puedan dar una cobertura a este consenso general,
porque no se trata de reformar las competencias de la Administración
de justicia en el seno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino de
las transferidas a las siete comunidades y de las que no están
transferidas, sobre todo cuando hacen referencia a una cuestión tan
sensible como es el carácter de los cuerpos nacionales.

Mi grupo, señora presidenta, quiere decir que participa del fondo de
la proposición de ley que trae el Parlamento de Cataluña hasta que
discutamos el consenso y conozcamos el parecer ya definitivo sobre el
borrador que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial muy
recientemente y podamos abordar una serie de cuestiones, buscando
también un cierto equilibrio ante el carácter que han de tener de
cuerpos propios de esa administración autonómica, como señala aquí y
recaba el Parlamento de Cataluña, con los equilibrios que otras
comunidades puedan tener, como los problemas que tiene la
administración autónoma de Canarias, donde hay una serie de
funcionarios que no se generan vocacionalmente dentro de Canarias,
sino que vienen a prestar en destino los funcionarios procedentes del
territorio peninsular de los cuerpos nacionales de la oficina de
justicia.

Compartiendo, señora presidenta, la mayoría de los principios que
aquí se dicen, pero supeditándonos a la cuestión del consenso y de la
línea que entendemos que debe globalizar la reforma de la justicia en
España, entrando todos los grupos a discutir una nueva ley del
Consejo General del Poder Judicial, o las reformas que deban hacerse,
dado que la parte formal de la iniciativa del Parlamento de Cataluña
a quien afecta es a la Ley orgánica del Consejo General del Poder
Judicial, nosotros preferimos que esto se plantee en un consenso de
todos los grupos y con un proyecto del Gobierno sobre la reforma del
Consejo General del Poder Judicial en el que solicitamos que se
incluyan, si no lo haríamos en el trámite de enmiendas, las ideas
fundamentales, que compartimos, de la iniciativa del Parlamento de
Cataluña.




Por esta razón, y con el máximo respecto a la Cámara autonómica, mi
grupo se va a abstener, señora presidenta, por darle esta valoración
a los planteamientos que trae la iniciativa del Parlamento de
Cataluña para tratar de armonizarlo, y por tanto no sesgar con
nuestro voto aquí el tema ni a favor ni en contra, porque no estamos
en contra, pero estando a favor estaríamos en contra del
planteamiento que le hemos hecho al señor ministro de Justicia en el
pacto de hecho por la reforma de la justicia.

Por esta razón, señora presidenta, nos vamos a abstener.




Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.




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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el hecho de que baje a la tribuna no es sinónimo de
extensión en nuestro planteamiento, sino que simplemente en la
legislatura pasada se utilizó la práctica de que, en función de la
importancia relativa que se daba a las iniciativas, los grupos nos
posicionábamos o no desde nuestro escaño o desde esta misma tribuna.

El hecho de que la iniciativa provenga del Parlament de Catalunya y
de que estemos hablando de la Ley Orgánica del Poder Judicial es lo
que hace que esta portavoz haya bajado hasta la tribuna para expresar
cuál es la postura del Grupo Vasco.

Debo adelantar que me satisface sobremanera posicionarme en nombre de
mi grupo en esta iniciativa del Parlament de Catalunya, ya que ahora
que tanto se habla del respeto al marco constitucional y estatutario
y se nos atribuye a algunos el alejarnos del consenso estatutario me
parece oportuno manifestar que en el momento estatuyente vasco muchos
de los que participamos en él activamente considerábamos que lo que
la iniciativa catalana pretende ahora, veinte años después, iba a
poder producirse rápidamente por el juego de las competencias que el
Estatuto vasco y otros estatutos asumían, teniendo en cuenta el
sistema de cláusula subrogatoria en función de la reserva de
competencias que la Constitución se atribuía a sí misma vinculadas a
la unidad del Poder Judicial y, repito, el sistema de cláusula
subrogatoria que permitía que las comunidades autónomas fuésemos a
poder hacer -o así lo pensábamos- todo lo que la Administración
central hacía en materia de administración de la Administración de
justicia.

Tuve la suerte de ser testigo en la intensa actividad de confección
del texto estatutario en sede vasca y recuerdo muy bien a redactores
del PNV, a redactores socialistas, de Euskadiko Ezquerra, de entre
las huestes ucedeas sólo recuerdo a uno, mi propio tío, Juan
Etxebarría Gangoiti, y a nadie de Alianza Popular, lo que digo a
efectos de lo que SS.SS. quieran entender en cuanto al contenido
estatutario, su conocimiento y asunción y su interpretación unívoca
que se pretende ahora congelar y sacralizar.

Mi pacto, al votar el referéndum estatutario, incluía la querencia
cierta de que lo que la iniciativa que hoy examinamos pretende iba a
ser realidad de inmediato. Ciertamente yo no era el profesor García
de Enterría cuando emití mi voto -él resultó ser luego bastante
uniformador en materia de competencias-, pero sí creo que
representaba por mi opción política el sentir inusitado o increíble
en cuanto a las posibilidades de autogobierno deseadas por una parte
importante de la ciudadanía vasca; luego vino la Ley Orgánica 6/1985,
del Poder Judicial, en función de la cual hubo un importante recorte
en cuanto a lo que entendíamos que era el contenido propio del
estatuto; seguidamente la sentencia del Tribunal Constitucional 59/
1990; luego la reforma de la Ley Orgánica 16/1994, que permitió un
cierto optimismo; y, finalmente, la sentencia dictada hace
escasamente dos meses que, sin ser para tirar cohetes desde una
perspectiva autonomista de autogobierno, sí ampara totalmente lo que
la iniciativa del Parlament de Catalunya ahora pretende.

La cláusula subrogatoria no parece tener, según el Tribunal
Constitucional, ningún contenido mínimo necesario, y eso no nos gusta
desde nuestra perspectiva, pero sí parece decir el Tribunal
Constitucional que la ley orgánica en cada caso puede definir cuál
sea su contenido respetando el 149.1.5, extensible además a otros
títulos competenciales que el Estado se haya reservado. No está en
este caso nada de lo que la iniciativa catalana contempla; además son
cuestiones ya tratadas en esta Cámara con ocasión de una proposición
no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en la legislatura pasada, que también tuvimos oportunidad de
debatir con ocasión de la non nata Ley Orgánica del Poder Judicial
que había de acompañar a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con ocasión
de la proposición de ley a la que ha hecho referencia el
representante del Bloque Nacionalista Galego y sobre las que el Grupo
Vasco se ha pronunciado reiteradamente y que integran incluso nuestro
propio programa electoral, sobre todo en lo referido a cuerpos
nacionales y al uso en la Administración de justicia de lenguas
distintas del castellano. En la comparecencia en la Comisión de
Justicia del señor ministro el día 24 de mayo tuve ocasión de
manifestarme in extenso al respecto.

La iniciativa que examinamos, hecha obviamente antes de la sentencia
del Tribunal Constitucional que he citado, insisto en que encaja
perfectamente con este pronunciamiento. Es también oportuna en su
momento de debate en cuanto que coincide con la oferta por parte del
Gobierno de un pacto de Estado en materia de justicia, en el que en
principio todos los grupos parlamentarios hemos manifestado querer
entrar. Nada impide que lo que definitivamente sea este pacto proceda
de distintos orígenes, no necesariamente todo va a proceder del
Gobierno -mi propio grupo tiene intención de presentar alguna
iniciativa-, ni siquiera lo que sea definitivamente la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por qué proceder sólo de un
proyecto del Gobierno. Creo, además, que sería simbólico el que,
puesto que de un pacto de Estado estamos hablando, una parte de él
procediese de un órgano de la soberanía popular, además de una de las
comunidades históricas.

Por eso, felicitando al Parlament de Catalunya por esta iniciativa,
concluyo anunciando el voto favorable del grupo vasco a la iniciativa
que se nos propone, y lamentando que el señor ministro de Justicia no
haya considerado la conveniencia de estar presente esta tarde en este
debate.

Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, solía repetir uno
de aquellos reyes de Prusia, uno de los Federico Guillermo que nos
amargaron más de una de las meriendas de las tardes escolares, que no
se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Y desde la
felicitación al Parlamento de Cataluña -ojalá fuera una técnica que
proliferara en otros parlamentos autonómicos- por haber hecho uso del
artículo 87.2 de la Constitución, nuestro grupo parlamentario se va a
abstener porque, aun coincidiendo en el fondo de la iniciativa que
viene desde el Parlamento, no estamos de acuerdo ni con el marco ni
con la propia temporalidad. Me refería a aquello de para hacer una
tortilla... Indiscutiblemente, para que esta propuesta tuviera toda la
virtualidad que, a nuestro entender, debiera tener y porque estamos
quizá dos pasos más allá de ella, creemos que esto debería entrar
dentro de una propuesta general, en un momento en el que la totalidad
de las comunidades autónomas tuvieran transferidas las competencias
de justicia o hubieran hecho renuncia política expresa a ello. De no
estar en el marco de un compromiso de reforma de la Constitución, que
hubiera abierto un proceso pactado de lectura constituyente o de
lectura federalizante, entenderíamos que esto se quedaría colgado en
el aire. Por eso desde nuestro grupo planteamos que, en el momento,
vuelvo a repetir, en que estuviera transferida la competencia de
justicia a la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, sería el
momento procesal oportuno para plantear un proyecto de ley similar
por parte del Gobierno, dentro del pacto de Estado. Porque si no,
entre las competencias que se conceden a las comunidades autónomas
sobre los funcionarios y las funcionarias y el cuerpo que se puede ir
creando, en el caso de que saliera adelante esta iniciativa
legislativa, se podría producir una desigualdad en torno a los
funcionarios y funcionarias de las otras comunidades autónomas ante
un taifato de movilidad funcionarial que incluso entraría en colisión
con el artículo 138.2 de la Constitución.

A ello también habría que entender la problemática que se plantea
desde los secretarios de los juzgados - no es que salgamos en defensa
de ellos-, pero habría que esperar al modelo de oficina judicial para
ver si, al final, los secretarios y las secretarias van a jugar un
papel más similar al cuerpo de jueces o al de gestores.

Por último, respecto a la lengua oficial, nos movemos en la misma
línea que se han ido pronunciando distintos colectivos de jueces
progresistas, de Jueces para la Democracia, y planteamos que no se
puede exigir como requisito. Estamos de acuerdo en que tuviera un
plus, unos puntos, unos premios a la hora de acceder a ese puesto,
pero no se debe exigir como requisito,
máxime cuando uno de los mayores usos que se suelen hacer es ante los
tribunales superiores y, como saben, la relación ciudadano-tribulanes
superiores se suele hacer por escrito.

Desde la comprensión, pero desde dos pasos más allá, en la línea de
la intervención del representante del Bloque Nacionalista Galego,
nosotros nos abstenemos y felicitamos de nuevo al Parlamento de
Cataluña, planteando que sea algo que debiera extenderse al resto de
los parlamentos.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señores comisionados del Parlament de Catalunya, esta
proposición de ley puede abordarse desde diversos puntos de vista, y
uno de ellos, desde luego no el menor, es el de adaptar, ajustar el
Poder Judicial del Estado, la administración de la Administración de
justicia al Estado autonómico, profundizar el Estado de las
autonomías, profundizar, sin lugar a dudas, el autogobierno. Sin
embargo éste, que ha sido uno de los aspectos contemplado y examinado
hasta estos momentos, no es tampoco el único desde el cual puede
abordarse esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que
pretende fundamentalmente suprimir el carácter nacional de los
cuerpos al servicio de la Administración de justicia de forenses,
auxiliares, oficiales y agentes, así como también establecer el
carácter preceptivo para dicho personal del conocimiento de las
lenguas propias, de las lenguas oficiales, además de la del
castellano, en el seno de las comunidades autónomas.




Señorías, en estos días en que tiene objeto esta discusión en el
Congreso de los Diputados hay un órgano constitucional, integrado
además por personas designadas por las Cortes Generales, por el
Congreso y por el Senado, que está debatiendo precisamente un
documento cuyo borrador, aprobado por una comisión de este órgano -y
me estoy refiriendo al Consejo General del Poder Judicial-, dice
algunas cosas tan sensatas y tan conformes a esta proposición de ley
como -tratando de las lenguas autonómicas y de la Administración de
justicia- que se incorporarán de modo progresivo criterios de
preceptividad -preceptividad, no mérito- del conocimiento de la
lengua autonómica y se regulará la licencia para su aprendizaje. Es
el punto 44.2 de este documento, de fecha mayo del año 2000, sobre
cuyo borrador está estudiando en estos momentos el Consejo General
del Poder Judicial.

Pero del mismo modo que hace referencia a las lenguas autonómicas en
la Administración de justicia, en



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este mismo documento, ya digo, aprobado por una comisión del Consejo
General del Poder Judicial y objeto en estos momentos de enmienda,
aparece también el punto 43.1, que establece que desaparecerá el
carácter de cuerpos nacionales en las actuales categorías al servicio
de la Administración de justicia, creándose una categoría única, de
plena competencia de las comunidades autónomas o bien del Ministerio
de Justicia donde no se hayan formalizado las correspondientes
transferencias.

Señorías, el planteamiento, la filosofía, el contenido de la
proposición de ley del Parlament de Catalunya mantiene esta
coincidencia sustancial con la posición del Consejo General del Poder
Judicial, no exclusivamente en este nuevo documento de fecha mayo o
junio del año 2000, sino también ya contenido... (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Silva, un momento.

Señorías, ruego guarden silencio.

Continúe, señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Decía que se produce esta coincidencia sustancial, lo cual desde
luego es un camino a la esperanza de que podamos incidir, antes o
después, posiblemente no esta tarde, y avanzar decisivamente en estos
temas. Y es importante, señorías, avanzar en estos temas por muy
diversos motivos. Ya lo hemos repetido muchas veces, no diría yo
hasta la saciedad, porque estamos dispuestos a repetirlo cuantas
veces haga falta. La creación de estos cuerpos autonómicos al
servicio de la Administración de justicia supone fundamentalmente que
las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de
personal puedan realmente ejercer esta competencia y asumir esta
responsabilidad, que puedan establecer perfiles de puestos de
trabajo, requisitos especiales de acceso, las condiciones
precisamente para prestar ese mejor servicio a los ciudadanos,
teniendo en cuenta además cuál sea la realidad social de cada una de
estas comunidades. Podrán establecer plazas de informáticos o de
bibliotecarios o de letrados, ayudantes de determinado personal. En
segundo lugar porque, como pone de manifiesto el propio Consejo
General del Poder Judicial, la triple competencia que se produce en
estos momentos respecto de este personal, Ministerio de Justicia,
comunidades autónomas y Consejo General del Poder Judicial, es algo
que acaba generando una importante irresponsabilidad y, en cualquier
lugar, una importante disfuncionalidad. En tercer lugar, porque
conviene dotar a las plantillas del personal al servicio de la
Administración de justicia de estabilidad. Señorías, el concurso de
1998, y por lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma de
Cataluña, supuso ni más ni menos que 900 movimientos de personal al
servicio de la Administración de justicia
en relación con Cataluña: 400 funcionarios salían del
territorio de la comunidad autónoma, 400 se movían dentro del
territorio de la comunidad y 100 funcionarios desde fuera de la
comunidad accedían a la misma. Con este grado de movilidad, señorías,
no hay manera de llevar a cabo una política de personal, no hay
manera de garantizar esa estabilidad y, por tanto, nos encontraremos
con oficinas judiciales y organismos administrativos con un grado de
volatilidad tal que cualquier objetivo de prestación de un servicio
correcto a los ciudadanos será algo totalmente inasumible.

Finalmente, la penúltima ventaja -porque seguro que habrá alguna más-
de la creación de estos cuerpos de funcionarios autonómicos al
servicio de la Administración de justicia es el arraigo en la
comunidad y, por tanto, el conocimiento de la lengua propia de dicha
comunidad. No dudo que a través de licencias o de méritos pueda
fomentarse el conocimiento de la lengua por parte de los funcionarios
que acudan de fuera de la comunidad, pero el reclutamiento (y en el
ámbito del personal al servicio de la Administración de justicia ese
reclutamiento es perfectamente posible) dará lugar a funcionarios
perfectamente capacitados, con conocimiento de la lengua oficial del
Estado y de la lengua oficial y propia de la comunidad y, por tanto,
a un arraigo mayor y a un mejor servicio a los ciudadanos.

Ciertamente, señorías, puede haber algunos obstáculos. Nosotros
querríamos decir a los sindicatos de funcionarios de la
Administración de justicia que estas medidas pretenden garantizar y
garantizarán, sin duda, las expectativas y los derechos que tienen
adquiridos. Pero también decimos con mucha claridad que las
expectativas de los funcionarios en modo alguno pueden suponer
obstáculo a la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos ni,
como podría ocurrir en el caso de la lengua, esas expectativas -sin
lugar a dudas respetables o legítimas- pueden pasar por encima de los
derechos lingüísticos de los ciudadanos. Los funcionarios y la
Administración están al servicio de los ciudadanos y no puede pedirse
precisamente lo contrario: que los ciudadanos se pongan al servicio
de la Administración.

Lo dicho me permite unirlo a la segunda propuesta fundamental -y voy
acabando, señora presidenta-: el establecimiento de la preceptividad
del conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma para el
personal al servicio de la Administración de justicia; por supuesto,
con los elementos de progresividad que podamos entender oportunos. No
es sensato, no es razonable, señorías, que un ciudadano del Estado en
el territorio de su comunidad autónoma y utilizando una de las dos
lenguas, la propia o la cooficial en la comunidad autónoma, precise
de intérprete para dirigirse a su Administración. Esto podrá suscitar
determinadas resistencias desde una perspectiva política o desde la
perspectiva que pretende, como decía antes, poner laexpectativa de un
funcionario de ocupar plaza en cualquier



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lugar del territorio del Estado por encima de los derechos
lingüísticos de los ciudadanos. Pero esta es una batalla que no tiene
ningún sentido y es una batalla, si se pretende presentar como tal,
que acabará con la victoria de los derechos de los ciudadanos. La
Administración es un organismo servicial y antes cabrá exigir a los
funcionarios el conocimiento de las lenguas propias de una comunidad
que exigir al ciudadano la expresión en una de esas dos lenguas o
algo tan absolutamente extravagante -permítanme expresarlo así- como
la utilización de un intérprete dentro del propio Estado.

Ciertamente que el planteamiento será efectuarlo con respeto a las
expectativas o a los derechos correspondientes. Antes hablábamos de
la supresión del carácter nacional de los cuerpos; obviamente, habrá
que establecer mecanismos de intercomunicación y la posibilidad de
que los funcionarios que deseen pasar del cuerpo de una comunidad
autónoma al de otra puedan hacerlo sin ningún tipo de cortapisas.

Esta proposición de ley, que está impulsada por el deseo de mejora
fundamental de la justicia y de una mejor garantía de los derechos de
los ciudadanos, fue presentada en su día por el Gobierno de la
Generalitat y aprobada por el Parlament de Catalunya. De acuerdo con
la perspectiva que tenemos hoy, esta proposición de ley difícilmente
saldrá adelante, pero queremos tener la esperanza de que los motivos
que puedan ser alegados por el Partido Popular, como los que han sido
alegados por Coalición Canaria o por Izquierda Unida, no son motivos
de fondo; no hay una discrepancia sustancial en cuanto al fondo, sino
en cuanto a la pura estrategia o al calendario. Si se pretende que
debatamos estos temas dentro del pacto de Estado por la justicia, los
debatiremos allí, aunque nos hubiese gustado que la proposición fuera
aprobada hoy, pero permítannos que mantengamos la esperanza de poder
prestar este mejor servicio a los ciudadanos respetando mejor sus
derechos.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Chacón.




La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, en primer lugar quisiera, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, dar la bienvenida a esta Cámara a los
comisionados del Parlament de Catalunya que hoy nos acompañan para
defender esta proposición de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Benvinguts. Proposición que, a nuestro juicio,
procura un estadio más en la todavía hoy insuficiente adaptación de
nuestra Administración de justicia al Estado de las autonomías, es
decir, a un modelo de Estado basado en la existencia de una
pluralidad de entes territoriales dotados de capacidad de
autogobierno, de autonomía política y, en el caso que nos ocupa, el
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, poseedora, además, de lengua
propia diferente del castellano.

Dicho esto, la proposición que hoy consideramos nos parece que en
este sentido se mueve en consonancia con lo que, por utilizar un
símil jurídico, es jurisprudencia consolidada del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer término, esta proposición refuerza y aclara las
competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene
transferidos los medios materiales y personales al servicio de la
Administración de justicia para desarrollar con plenitud sus propias
políticas en la materia, tanto en el ámbito del desarrollo
reglamentario como de la simple ejecución. La creación de cuerpos
autonómicos de personal al servicio de la Administración de justicia,
línea de actuación propuesta por el propio Consejo General del Poder
Judicial en su libro blanco y entendida por el Tribunal
Constitucional como modelo perfectamente ajustado a la Constitución y
al bloque de la constitucionalidad, nos parece una fórmula
racionalizadora de la gestión y planificación de la administración
judicial que puede venir a ofrecer una respuesta más ágil y eficaz a
los ciudadanos y a las ciudadanas a quienes ésta debe prestar
servicio. Y por si alguna o alguno de ustedes aún lo ignoraba, sepan
que aunque la proposición que hoy nos ocupa se refiere a Cataluña,
hablamos de un proyecto socialista para toda España, pues nos parece
que el desarrollo de las competencias de la Administración de
justicia que hayan asumido estatutariamente las comunidades autónomas
debiera ser paulatinamente asumido por las mismas en toda su
plenitud. Ello, repetimos, en perfecta consonancia con la
Constitución y el bloque de la constitucionalidad, como ha reiterado
en varias ocasiones el Tribunal Constitucional en sentencias como la
56/90, 62/90 o la recientemente fallada 105/2000.

En segundo lugar, y como ya comentábamos, esta proposición de ley
permite profundizar en otro de los aspectos también deficitarios de
nuestro sistema de administración de justicia, como es el de la
eficiencia, la eficacia y la economía en su gestión. Es evidente que
la irregular distribución de competencias en la materia perjudica el
funcionamiento de la Administración de justicia y que esta asimetría
competencial se convierte en acicate para la dilución de
responsabilidades y mandatos de eficacia frente a fallos múltiples
del sistema.

No obstante, también somos conscientes de que la mayor claridad
competencial que aporta esta proposición de ley sólo contribuye a un
muy limitado avance en este sentido. Por ello, queremos reiterar aquí
nuestra voluntad de que esta Cámara aborde una reforma de la justicia
mucho más profunda y de manera mucho más global, pues este no es más
que otro parche en una Ley Orgánica del Poder Judicial poco acorde
con el Estado autonómico o la propia modernidad que vivimos. No



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más reformas segmentarias y parciales; abordemos de una vez, de forma
comprensiva y globalizadora, con criterios que superen intereses
coyunturales y visiones parciales del problema, una reforma del
sistema de justicia de acuerdo con el espíritu constitucional y que
asegure su funcionamiento como servicio público, como ha sido siempre
voluntad del Grupo Parlamentario Socialista.

Esta proposición constituye, además, un positivo ejercicio de lo que
los británicos han convenido en llamar devolution y de forma más
continental nosotros llamamos políticas de subsidiariedad. Nuestro
grupo verá positivamente aquellas modificaciones normativas cuyo
objetivo esencial sea el del acercamiento al ciudadano de la toma de
decisiones.

Finalmente, esta proposición, en consonancia con la condición
plurilingüe del Estado español, supone un avance en el objetivo
constitucional del respeto al derecho de opción lingüística de los
ciudadanos en sus relaciones con la Administración pública y el
también derecho a que esta Administración se adapte a la situación de
cooficialidad establecida por la propia Constitución; todo ello muy
en relación no sólo con la norma suprema sino con la jurisprudencia
constitucional en la materia, la proposición no de ley de reforma de
la justicia aprobada por esta Cámara al final de la legislatura
pasada y la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que
reconoce en su artículo 20 el derecho a usar de palabra y por escrito
ante los tribunales de justicia la lengua históricamente hablada en
el seno de su territorio y que fue aprobada por esta Cámara en junio
de 1996. De modo que, señores del Grupo Popular, comuníquenle al
ministro de Justicia, señor Acebes, que tiene hoy aquí, a través de
ustedes, una excelente oportunidad para cumplir uno de los objetivos
que ha comentado que se había propuesto en su gestión, el de la
defensa del fomento del uso de la lengua catalana en la
Administración de justicia, aunque sí es cierto lo que hoy nos
anuncian los medios de comunicación, esperemos que sea más diligente
y exitoso con el resto de sus propósitos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista ve con ánimo
positivo esta proposición de ley procedente del Parlament de
Catalunya, a la que ya les anunciamos que realizaremos nuestras
aportaciones con ánimo de enriquecerla, al entender que alguna de las
reformas que propone deberían tener más amplitud y especialmente
deberían tener más en cuenta las medidas contenidas en la proposición
no de ley de reforma de la justicia anteriormente citada y que esta
Cámara aprobó al final de la legislatura pasada con el voto favorable
de la mayoría de grupos parlamentarios, así como algunas de las
propuestas del Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco
para la justicia. De forma que por si acaso, señores del Grupo
Popular, no nos vengan a poner la excusa del pacto de la justicia
para negar hoy la toma en consideración de esta modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues sin duda ofrece
una buena oportunidad, eso sí, si existe voluntad real de pacto, para
acompasar la tramitación de esta reforma de la ley orgánica a lo que
fuera un pacto mayor que contenga la globalidad de reformas que la
Administración de justicia hoy necesita. Menos planes de choque
inútiles y reaccionarios y, si quieren ser realmente sensibles al
problema, aprovechemos esta oportunidad de reforma para pactar una
solución más amplia. Pero tengan clara una cuestión. Pactar significa
negociar, transaccionar, y no pedir la firma a contratos de adhesión
para regocijo propio, que es lo único que hasta ahora han venido
proponiendo. Hoy la justicia, tras cuatro años de una gestión que la
ha colocado a la cola de las instituciones valoradas por la
ciudadanía, algo de lo que son responsables, no precisa sólo retales
sino que demanda soluciones globalizadoras y, sobre todo, no requiere
de opciones de partido sino de opciones de y para el conjunto de la
ciudadanía. En ellas se sitúa mi grupo parlamentario y para ellas, en
su momento, esperamos también el apoyo de esta Cámara.

Gracias. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Juan.




El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Popular quiere sumarse a la cordial bienvenida que
se ha efectuado por parte de otros grupos parlamentarios a la
delegación legislativa del Parlament de Catalunya; delegación
legislativa que comparece ante esta Cámara Baja para sustanciar una
iniciativa legislativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

La iniciativa legislativa que nos convoca pretende una reforma
limitada de determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que inciden en la vertiente organizativa competencial y de
servicio público a la Administración de justicia o de servicio
público en el seno de la Administración de justicia, lo que se ha
dado en llamar, en definitiva, la administración de la Administración
de justicia; es decir, y según la tan repetida sentencia del Tribunal
Constitucional 56/1990 a la que se ha hecho alusión por la práctica
totalidad de oradores que me han precedido en el uso de la palabra,
al sustento personal y material de la Administración de justicia en
sentido estricto, Administración de justicia stricto sensu que el
alto tribunal, en idéntico pronunciamiento, identificaba con el
ejercicio de la función jurisdiccional y la ordenación de elementos
unidos a la determinación de la independencia con que debe
desarrollarse. Es ese deslinde conceptual que no competencialel que
anima la proposición de ley orgánica objeto



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de debate que se refiere al llamado personal al servicio de la
Administración de justicia, esto es, a ese substratum personal al que
aludía el Tribunal Constitucional que se incardina en el segundo
círculo concéntrico de la Administración de justicia. De la atenta
lectura del texto debatido, con cuyo sentido literal parecen pugnar
algunas de las intervenciones que me han precedido en el uso de la
palabra, se infiere que la vocación reformadora se contrae, en
definitiva, a la supresión del carácter nacional de los cuerpos al
servicio de la Administración de justicia, la correlativa atribución
competencial a las comunidades autónomas de la potestad de creación
de esos cuerpos autonómicos, como lógico corolario también la
consideración de la lengua no como mérito sino como requisito de
acceso y, en fin, el incremento del nivel competencial de la
Administración autonómica en orden a la gestión de la oficina
judicial y de los institutos de medicina legal.

El posicionamiento al respecto del Grupo Popular, obviando posiciones
maximalistas, debe realizarse desde la ponderación y desde la
preocupación manifestada por el señor ministro de Justicia ante la
Comisión de Justicia de esta Cámara, el pasado 24 de mayo, por la
consecución de un modelo de justicia ágil, rápido y eficaz que dé una
respuesta adecuada a las necesidades de una sociedad avanzada. Y qué
duda cabe, señorías, que ese modelo de justicia rápido y eficaz
demanda de una forma inapelable cambios sustanciales en la
organización de la oficina judicial, entre cuyas carencias hay algo
más que la tan denunciada escasez de personal. Como decía el señor
ministro de Justicia en la citada comparecencia, tenemos que
convertir en realidad la implantación de nuevos sistemas
organizativos y modelos de trabajo en el seno de la oficina judicial,
con un modelo común y homogéneo y a la vez flexible que permita la
adaptación a las necesidades de cada juzgado y tribunal, impulsando y
desarrollando cuando sea necesario el establecimiento de unos
servicios comunes que con un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales repercuta en una ágil tramitación de los
procesos, todo ello combinado, señorías, con la implantación y
dotación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. Esta es, señorías, a nuestro juicio, la cuestión
medular en la reforma de la oficina judicial, la mejora de la calidad
de servicio que se presta al justiciable y al administrado en
general, combinado homogeneidad y flexibilidad, huyendo de la
fragmentación que supondrían escenarios competenciales divergentes y
buscando la potenciación de las sinergias que en términos de
optimización de recursos humanos y materiales derivan de la
existencia de unos servicios comunes y de un mínimo común denominador
en la organización de la justicia.

Nuestro grupo votará negativamente la proposición de ley orgánica,
pero no lo hará por las razones apuntadas, lo hará fundamentalmente
por razones de oportunidad o, mejor aún, por razones de
inoportunidad, porque entiende
que la reforma de la oficina judicial y la reforma en definitiva del
régimen de la llamada administración de la Administración de justicia
se integra de una forma nuclear en el conjunto de medidas que han de
constituir el futuro y anunciado pacto de Estado sobre la justicia.

El presidente del Gobierno ofreció en el debate de su investidura la
posibilidad de llegar a un pacto con todas las formaciones políticas
en relación con la organización de la justicia. El ministro de
Justicia, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta
Cámara el pasado 24 de mayo, asumió el compromiso de impulsar con
todos los agentes políticos y operadores jurídicos una reforma
integral de la justicia a través de ese pacto de Estado. Pues bien,
la materia de que trata la proposición de ley objeto de debate
entendemos que presenta los caracteres singulares de importancia para
ser incluida en el futuro pacto de Estado sobre la justicia, requiere
sin lugar a dudas un tratamiento específico dentro de ese pacto que
deberá concitar el mayor grado de consenso para que prospere y
requiere de un diálogo profundo y previo, diálogo al que obviamente
están convocados todos los agentes políticos, al que están obviamente
convocados todos los colectivos profesionales y al que están
obviamente convocados también los agentes sociales representativos de
los colectivos funcionariales afectados, que por cierto en alguna
ocasión han manifestado una cierta renuencia cuando no una clara
reluctancia a la desaparición de ese carácter nacional de los cuerpos
al servicio de la Administración de justicia. En definitiva,
señorías, se trata de alcanzar un pacto de Estado sobre la justicia
que el titular de Justicia calificó como un pacto permanente y global
cuyo eje vertebrador debe ser el diálogo. En ese sentido, debe
hacerse desde el diseño de un modelo de conjunto que, permitiendo esa
visión global, dé coherencia e integre la totalidad de las reformas
que han de acometerse, también la reforma de la oficina judicial,
pero también la reforma de las leyes procesales, del Consejo General
del Poder Judicial, del sistema de acceso a la judicatura, del Centro
de Estudios Judiciales y, en definitiva, de todas y cada una de las
reformas que han de constituir ese pacto global y construido sobre el
diálogo. El diálogo y el consenso, señorías, entendemos que deben
erigirse en el basamento para construir el edificio de la reforma
constitucional en cuyo andamiaje encontraremos aportaciones y
renuncias, encontraremos sesiones y concesiones, encontraremos
transacciones de todos los grupos políticos, de todos los colectivos
profesionales y en definitiva también de todos los operadores
jurídicos. Nosotros nos mantenemos en una línea de coherencia en
relación con los cuerpos nacionales, no como ha hecho la señora
Chacón, del Grupo Parlamentario Socialista, que viene a contradecir
el sentido de anteriores intervenciones de su grupo en relación con
estos cuerpos nacionales. Le recuerdo, por ejemplo, la tramitación de
la Ley Orgánica 16/1994. Pero, señorías, queremos hablar en sentido
positivo y constructivo. Entendemos que votar afirmativamente la
reforma propuesta significaría hipotecar la esencia constitutiva de
ese andamiaje que está constituido por materiales tales como el
consenso y el diálogo.




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Y si el consenso y el diálogo son los materiales irrenunciables para
construir ese pacto de Estado, sin duda su divisa esencial es el
marco constitucional. El pacto de Estado sobre la justicia no
pretende otra cosa que la realización de un modelo constitucional. Se
ha citado por todos los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra la sentencia del Constitucional 56/1990. Ciertamente esa
sentencia delimita los ámbitos competenciales del Estado y de las
comunidades autónomas, fija la operatividad y el radio de acción de
las llamadas cláusulas subrogatorias. Pero quiero señalar una cosa, y
es que si el alto tribunal, respecto a los cuerpos nacionales,
insinúa o apunta a modo de obiter dicta la posibilidad de existencia
de otra opción constitucionalmente admisible, lo cierto y verdad es
que el alto tribunal, en la misma sentencia, justifica el
mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos al servicio de la
Administración de justicia. (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, le ruego que termine.

Señorías, ruego guarden silencio.




El señor DE JUAN I CASADEVALL: Concluyo ya, señoría.

Decía que entendemos que en dicha sentencia el alto tribunal viene a
avalar la constitucionalidad del actual modelo de los cuerpos
nacionales.

Quiero concluir anunciando, señorías, que el Grupo Popular votará
negativamente la toma en consideración de la proposición de ley
orgánica por considerar que su planteamiento es extemporáneo,
diacrónico, fuera del tempo parlamentario y político en que debe
sustanciarse esta cuestión, y por entender, en definitiva, que se
trata de un no con ánimo constructivo que se hace desde la convicción
de que el pacto de Estado empieza de cero, que el pacto de Estado,
con la generosidad y la responsabilidad de todos los grupos, podrá
construirse con el diálogo como divisa y con el consenso como
objetivo sobre estas y otras cuestiones, pero en todo caso en
beneficio de todos los ciudadanos.

Nada más. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.

Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 142; en contra, 168; abstenciones, 11.




La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley de referencia.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:



La señora PRESIDENTA: Asunto previo, antes de entrar en el siguiente
punto del orden del día: propuesta de modificación del mismo.

Conforme al artículo 68.1º del Reglamento y considerando lo acordado
por la Junta de Portavoces, se propone al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día en el sentido de que la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que
figura como punto 8 del orden del día, por la que se insta al
Gobierno a elaborar de inmediato un plan de emergencia para reforzar
la seguridad del túnel de Vielha y a acelerar los trabajos de
construcción de un nuevo túnel, se sustituya por otra del mismo grupo
parlamentario sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración
general del Estado ante las graves consecuencias producidas en
Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio del
presente año y que, asimismo, se debata conjuntamente con la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la
que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en
relación con los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del
día 10 de junio de 2000 en Cataluña y, asimismo, con la presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a plan de medidas
inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las
lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado día 10 de junio.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la modificación del orden del día.




TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
PENAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y EL CÓDIGO CIVIL, PARA
COMBATIR LA SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN ILÍCITA DE MENORES (ORGÁNICA).

(Número de expediente 122/000002.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL
CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SECUESTRO FAMILIAR DE MENORES E INDUCCIÓN
DEL PROGENITOR A QUE EL MENOR ABANDONE EL DOMICILIO FAMILIAR
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000066.)



La señora PRESIDENTA: Punto II del orden día: Toma en consideración
de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario
Socialista de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento



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Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención
ilícita de menores, que será debatida junto con la presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alberdi.

(Rumores.)
Señorías, ruego a los señores diputados que vayan a abandonar el
hemiciclo que lo hagan en silencio y con la mayor rapidez posible, al
objeto de poder continuar con el debate, y a los que permanezcan en
el hemiciclo que lo hagan en sus escaños. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. Adelante, señora Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Señora presidenta, señorías, comparezco en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la
proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores. La presente proposición
de ley fue objeto de debate en la anterior legislatura, en diciembre
de 1999, y decayó por disolución de las cámaras al finalizar la
legislatura. Ya entonces todos los grupos parlamentarios, a pesar de
nuestras discrepancias en cuanto a la forma de abordar el problema,
estuvimos de acuerdo en que las distintas propuestas se tramitaran,
conscientes de que había que regular mejor en el Código Penal la
sustracción de menores. Ya entonces se había constituido en Madrid
una asociación para la recuperación de menores sacados de su país, y
los medios ya se hacían eco de la existencia de más de un centenar de
menores retenidos en circunstancias ilegales fuera de España y a los
que por las vías normales previstas en otros países no se podía
recuperar, dada la exigua tipificación delictiva prevista en nuestro
Código Penal para la desobediencia a los mandatos judiciales, con
penalización de un año de prisión, única previsión contenida en
nuestras normas penales aplicable a los supuestos cuando se
quebrantaba una orden judicial.

El 14 de diciembre de 1999 debatimos dos proposiciones de ley, la del
Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario Socialista.

Ambas perseguían, como digo, un mismo objetivo, dotarnos de un
instrumento jurídico eficaz, aunque lo hacían con planteamientos
distintos. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Popular desarrollaba sus
previsiones en torno a la modificación de los artículos 163 y
siguientes del Código Penal...




La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Alberdi.

Señorías, es imposible escuchar a la señora diputada que está
interviniendo en la tribuna, y es imposible que con el murmullo de
conversaciones que hay en el hemiciclo
se pueda seguir el debate con un mínimo de respeto a la
interviniente. Ruego a SS.SS. lo que tantas veces he reiterado desde
esta Presidencia, que los señores y señoras diputadas que estén en el
hemiciclo permanezcan en silencio y en sus escaños y que quienes
deseen establecer conversaciones lo hagan en los pasillos.

Adelante, señora Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.

Como digo, el Grupo Parlamentario Popular desarrollaba sus
previsiones en torno a la modificación de los artículos 163 y
siguientes del Código Penal, que se refieren a las detenciones
ilegales y a los secuestros. Por nuestra parte lo incardinábamos bajo
la rúbrica de los delitos contra los derechos y deberes familiares,
en torno, por tanto, a la modificación del artículo 224 del vigente
Código Penal, junto con otras previsiones complementarias sobre
medidas cautelares, mediante reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y del Código Civil. El Grupo Parlamentario Socialista,
considerando que la tipificación del Código Penal de la sustracción
de menores por parte de los padres debe ser un delito autónomo,
entiende que esa situación posibilitará una persecución más eficaz de
estas conductas y facilitará la cooperación policial y judicial
internacional. Por ello, una de las primeras iniciativas que presentó
el Grupo Parlamentario Socialista en la presente legislatura, que fue
registrada el pasado día 5 de abril, fue una proposición de ley
orgánica para la modificación que hoy nos ocupa.

Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, la protección
de los derechos del menor ha sido una constante en las iniciativas
legislativas a partir de la aprobación de la vigente Constitución
española, de 1978. Existe una clara trayectoria en todo lo relativo a
la custodia de menores a fin de evitar, en lo posible, los efectos
perjudiciales que en casos de rupturas matrimoniales les pueda
ocasionar la conducta inadecuada de sus progenitores. El Código Penal
de 1995, entre otras innovaciones, suprimió el delito, con
sustantividad propia, de la sustracción de menores de siete años. En
cambio, agravó la pena para los delitos de detención ilegal o
secuestro cuando la víctima es menor de edad o incapaz. El artículo
484 del anterior Código Penal, como ya expusimos en su día en el
anterior debate, fue muy criticado por la doctrina por muchas
razones. En primer lugar, por su imprecisión, siguiendo por la
incomprensible desigualdad en la sanción en el secuestro de un mayor
de siete años, con lo que parecía que la condición infantil suponía
un privilegio para el aprehensor. El tipo planteaba muchos problemas,
de todo orden, entre los que cabe añadir el que le era indiferente la
cualidad de la persona en cuyo poder se encontrara el niño sustraído.

En suma, muchas dificultades que fueron objeto de estudio en la
elaboración y en los trabajosdel vigente Código Penal y que hoy
también nos



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sirven para que nuestras propuestas se ajusten más a la realidad y a
las necesidades de respuesta a las conductas que queremos tipificar
como delictivas.Vemos que existen muchos supuestos y que en la
mayoría de ellos la conducta de sustracción o negativa a restituir a
un menor se realiza precisamente por sus progenitores, incluso
privados legalmente del ejercicio de determinadas facultades
inherentes a la patria potestad. Ante estos casos es necesario dar
una respuesta penal clara, que no quede al arbitrio de una
interpretación judicial más o menos contundente y que vaya más allá
del delito de desobediencia genérico.

También hace falta prever las correspondientes medidas cautelares,
tanto en el ámbito penal como en el civil, que eviten las
sustracciones o retenciones ilícitas de menores. La propuesta de
nuestro grupo parlamentario, entre las varias soluciones posibles en
cuanto a la sistemática, opta por la modificación del actual artículo
224 del Código Penal, por tanto por su inclusión, dentro del capítulo
referido a la materia familiar, entre los delitos contra los derechos
y deberes familiares.

La modificación que proponemos consiste en añadir tres nuevos
apartados al actual artículo 224, quedando su actual redacción
configurada en un nuevo apartado 4. Se tipifica como delito de una
forma autónoma la conducta del progenitor que sustrajere a un menor
de su lugar de residencia sin causa que lo justifique, con el fin de
impedir la comunicación o estancia con el otro progenitor. Las penas
previstas en nuestra proposición son de seis meses a dos años de
prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, la tutela, la guarda o el acogimiento familiar por tiempo
de dos a cuatro años.

También se prevé que, si se produjeran los hechos quebrantando una
resolución judicial, se incurre además en la pena prevista en el
artículo 556 del Código Penal, que contempla la desobediencia a la
autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, en este
caso a la autoridad judicial. El tipo se completa con un agravamiento
de la pena, que se deberá imponer en su mitad inferior para el
supuesto de que se exigiese condición para la restitución o se
trasladase al menor a un país extranjero para dificultar su
localización. Son precisamente los casos que más dificultades
plantean con la normativa actual y a los que es preciso dar una
respuesta eficaz.

Por último, también consideramos en nuestra propuesta el supuesto de
restitución del menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la sustracción. En tal caso, el responsable quedará exento de pena,
siempre que el menor sea depositado en lugar conocido y seguro y no
haya sido objeto de trato delictivo alguno o se haya puesto en
peligro su vida, salud o integridad física o moral y cuando el lugar
de estancia haya sido comunicado a quien corresponda legalmente su
cuidado.

En cuanto a la reforma prevista por nuestro grupo en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se ciñe a añadir un
nuevo artículo a la ley, que sería el 544 ter, para cubrir la
posibilidad de imponer medidas cautelares, desde luego motivadamente
y en interés del menor, siempre en interés del menor, de privación de
derechos inherentes a la patria potestad y la extinción de la tutela,
curatela, guarda o acogimiento familiar, así como la incapacidad para
ostentar dichos cargos.

En lo que alude al Código Civil, proponemos un nuevo artículo, que
sería un 102 bis, para permitir la adopción de medidas cautelares,
tanto en medidas previas como en coetáneas a la demanda de separación
o divorcio, o con posterioridad, es decir en cualquier momento que
los hechos lo aconsejen a juicio del juzgador de oficio o a petición
de las partes. Tales medidas cautelares comprenden desde la
prohibición de salida del territorio nacional a los menores hasta la
necesidad de autorización judicial para el cambio de domicilio del
menor, así como la prohibición de expedición del pasaporte a los
menores.

Existen muchos casos de sustracción de menores, especialmente en
países árabes, con los que España no tiene tratados bilaterales o no
son firmantes del Convenio de La Haya. Aparte de otros muchos
problemas que suscitan estas conductas, que en demasiadas ocasiones
responden a presiones y chantajes para obtener ventajas patrimoniales
o de otro orden, nos encontramos con una seria descoordinación de las
administraciones públicas responsables y con una ausencia total de
estadísticas sobre el número de casos y sus circunstancias. Sin duda,
la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo
también nos va a permitir conocer mejor el número de casos que se
producen. En otros países, como Canadá y Estados Unidos, existen
centros nacionales de desaparecidos que permiten la coordinación y la
simplificación de los trámites administrativos para aquellos que
quieren recuperar a sus familiares desaparecidos. Tampoco existe en
España un control con respecto a la expedición de pasaportes
relacionado con personas en situación de riesgo. En suma, puede
decirse que nos encontramos en esta materia con muchas posibles
alternativas de mejorar la actual situación, además -claro está- de
la reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
del Código Civil, que es objeto de nuestra propuesta de hoy.

También es cierto que muchas tensiones entre cónyuges y parte de la
violencia de género repercute muy negativamente sobre los menores. De
ahí la necesidad de tipificar la sustracción de menores como delito
autónomo, a fin de proteger a éstos de los efectos perjudiciales que
puede ocasionarles un traslado o retención ilícita, a la vez que se
garantiza la restitución del menor, sin olvidar que, naturalmente,
este tipo de conductas ha de comportar la pérdida de todos los
derechos inherentes a la patria potestad cuando se trate de
progenitores.




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El Defensor del Pueblo en funciones, el pasado mes de mayo, alertaba
sobre los problemas que produce la actual situación y hacía varias
recomendaciones. Una de ellas era la modificación del Código Penal,
para que la sustracción de un menor por parte de uno de sus
progenitores se convierta en un delito específico, un delito
autónomo, tan grave como las detenciones ilegales y los secuestros.

La reforma, según la recomendación, facilitará la expedición de
órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición;
también ha de contribuir a cambiar la mentalidad. Llevarse a un hijo
al extranjero de esta forma es un delito, se trata de un acto de
violencia. El Defensor aludía también a una serie de propuestas de
enorme interés, que se refieren a temas que he comentado, como la
creación de un centro de desaparecidos, similar a los que existen en
otros países, para mejorar, sobre todo, la coordinación. También
citaba nuevos tratados para colaborar en asuntos de custodia y para
la devolución de menores, especialmente de países árabes, donde es el
padre el que habitualmente tiene la custodia de los hijos menores.

Hay que hacer obligatorio el consentimiento de ambos progenitores
para la salida de un menor del país; además, hay que formar
adecuadamente a las fuerzas de seguridad fronterizas y estudiar
tantos otros temas necesarios para que, de verdad, este asunto no se
siga considerando como algo sin importancia, con el argumento de que
el menor, al fin y al cabo -como se dice-, se encuentra con uno de
sus progenitores. Desgraciadamente, por muchas personas se viene
considerando que se trata de un tema menor o que se trata de un tema
que no requiere una sanción penal, una sanción clara para combatir
este tipo de conductas, y más aún en las situaciones de riesgo cuando
hay una separación conyugal o un divorcio conflictivo, que es
precisamente cuando se utiliza este tipo de acción para chantajear y
para presionar al otro progenitor.

Una vez explicado el sentido de nuestra proposición, que sabemos que
difiere de la propuesta del Partido Popular en cuando a la
sistemática y a la concepción del tipo de delito, anuncio que, como
ya se hizo con motivo de la proposición de ley presentada en la
legislatura pasada, nuestro grupo también va a votar favorablemente
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular,
sin perjuicio de que en el trámite correspondiente se trabaje en la
modificación o en la introducción de enmiendas que busquen ese
objetivo o que permitan llegar a encuentros en cuanto a la normativa
aplicable a este tipo de delitos. En cualquier caso, reiteramos que
la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo es
necesaria, va a posibilitar una persecución eficaz de estas conductas
en el plano nacional, por supuesto, pero también, y muy
especialmente, en el plano internacional, para poder llevar a cabo la
expedición de órdenes de detención internacional y también las
peticiones de extradición.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.

Para la defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, de modificación del Código Penal en materia de
secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el
menor abandone el domicilio familiar, tiene la palabra la señora
Barrios.




La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, explanar el contenido de la proposición de ley que insta la
modificación del Código Penal en el sentido de tipificar
específicamente la sustracción denominada parental, el secuestro que
llevan a cabo determinados familiares respecto a sus hijos o a sus
nietos, en un momento dado, basándose en una crisis familiar.

Tal como ha dicho la señora Alberdi, todos sabemos -y ya lo
recordábamos con tristeza y con dolor en el debate del 14 de
diciembre de 1999- que estas situaciones se producen normalmente
cuando existe una crisis de pareja, en la que al final se utiliza a
los hijos como instrumentos de coacción, de daño a la otra persona,
e incluso más de una vez se nos ha contado que se les utiliza por
motivos económicos. Lo cierto es que el niño o la niña padecen un
gran sufrimiento, se ven instrumentalizados, e incluso muchas veces
se les pregunta a quién quieren más o con quién quieren vivir, aunque
su voluntad ni siquiera se tenga en cuenta. En un momento de crisis
personal, de pareja o familiar, uno de los progenitores, normalmente,
decide de forma unipersonal, porque no está de acuerdo con la
resolución dictada, porque quiere aprovechar que todavía no se ha
dictado o porque quiere coaccionar o penalizar a la otra parte, que
el hijo común desaparezca, ayudado muchas veces por determinados
familiares, provocando no sólo su ocultación en el territorio
nacional sino su traslado a otros países y haciendo muy dificultosa
su localización. ¿Y por qué es muy dificultosa su localización? Las
asociaciones que están trabajando en este tema y que son conocidas a
través de los medios de comunicación desde hace más de dos años se
quejan amargamente de la situación de estos cientos deniños, que se
encuentran casi en pleno abandono, ocasionándose un coste personal
terrible para aquellos que tratan de buscar a sus hijos en el
territorio nacional o fuera de él.

Tal como ha dicho también la señora Alberdi, aun existiendo en
nuestro Código Penal dos títulos importantes, el título VI, delitos
contra la libertad, donde se regula el secuestro y la detención
ilegal, y el título XII, que regula los delitos contra las relaciones
familiares, lo cierto es que los términos utilizados en su regulación
han dado lugar a que nuestros jueces consideren que ninguno de ellos
está tipificado de forma suficientemente



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clara como para aplicarlo a la sustracción parental, a los secuestros
de los niños por sus progenitores. En primer lugar, alegan que, como
los artículos 163 y 164, que regulan la detención ilegal y el
secuestro, utilizan la expresión el particular para contraponerlo a
la detención o el secuestro llevados a cabo por agentes o por
funcionarios del Estado, los lazos de consanguinidad entre el
familiar, el que secuestra y el menor no permiten su aplicación,
puesto que no se trata de un particular sino de un familiar. En
segundo lugar, los artículos 223 y 224, al regular el quebrantamiento
del deber de custodia o la inducción al abandono familiar se refieren
siempre a un tercero que lo hace frente a los progenitores, por tanto
tampoco se aplican y se acude al artículo 556 o al 662, que regula la
falta de desobediencia judicial y que contempla una pena máxima de
seis meses. Esta pena tan reducida en relación con la gravedad del
hecho que se lleva a cabo ha dado lugar a que no exista una reacción
de busca y captura, incluso a nivel internacional.

Por ese motivo, estas asociaciones, estos padres que ven cómo su hijo
desaparece y no vuelven a saber de él o les cuesta un gran esfuerzo
encontrarlo, se han unido y han trasladado a la opinión pública su
sufrimiento. Ese sufrimiento lo hemos conocido y lo compartimos
todos, pero quiero hacer mención a algo que es muy importante para el
Grupo Popular, y es que, siendo muy importante el sufrimiento de los
familiares, queremos hacer constar que para nosotros lo más
importante es el interés del menor, el sufrimiento del menor. La
Constitución española, los tratados internacionales y la Ley de
protección jurídica del menor fijan que el interés superior del menor
está por encima de cualquier otro interés. Ningún cariño paternal o
maternal puede servir de fundamento para apartar al niño o a la niña
de su familia, de su entorno y de su cultura. Nosotros consideramos
que la modificación del Código Penal que llevamos a efecto es la más
adecuada y por eso la mantenemos en este segundo debate, aunque vamos
a apoyar por supuesto la del Grupo Socialista. En el debate en
Comisión seguro que saldrán las tesis más favorables.

Consideramos que ese interés del menor tiene que estar por encima de
cualquier otro interés familiar o de cualquiera de sus progenitores o
familiares, y tenemos que regularlo dentro del delito, como hemos
hecho, mediante un añadido, un subgrupo al artículo 163, porque no
deja de ser una detención o un secuestro aunque se lleve a efecto
sobre el propio hijo.

La pena tiene que ser grave, tal como es este el delito, que fija
hasta los cuatro o seis años de privación de libertad si se superan
los quince días y la superior en grado si, además, el menor se oculta
fuera del territorio español, porque lo que se ataca aquí es
especialmente la libertad del menor, en las dos modalidades de
libertad deambulatoria: en la de permanecer donde se considere más
adecuado para el interés del menor o el trasladarse al lugar que se
considere y no permitírselo hacer.

Estas dos modalidades de la libertad deambulatoria, no la relación
familiar, son las que se van a ver afectadas en el secuestro parental
y por eso lo regulamos como un secuestro dentro del artículo 163. Lo
regulamos de esta manera porque conforme a lo que recoge el Código
Penal, es posible también penalizar por esta vía la conspiración,
proposición y provocación del delito recogidas en los artículos 17.3
y 18.2. Es muy difícil, señoras y señores diputados, que una sola
persona consiga el secuestro de su hijo. Normalmente, tiene que
ayudarle alguien cercano, de su familia, para preparar, conspirar y
elegir el momento adecuado para salir rápidamente y ocultarlo sin que
se le reconozca. Por eso a nosotros nos ha parecido bien recoger como
secuestro esta doble vertiente, puesto que lo es y, además, este
delito nos ofrece la posibilidad de penalizar a quienes auxilian en
esos actos previos que tan decisivos son. (La señora vicepresidenta,
Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Hay dos aspectos que nos parecen muy importantes de esta iniciativa
del Grupo Socialista: la modificación que lleva a cabo de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal con estas medidas cautelares, aunque algún
término utilizado, como el de extinción de la patria potestad, no nos
parece muy adecuado y nos parece más correcto que se utilice el de la
suspensión de la patria potestad; también cabe añadir un artículo 102
bis para cuando se presenten las medidas provisionalísimas o
provisionales. Estamos de acuerdo en prohibir la modificación del
domicilio o la salida del territorio español o la expedición del
pasaporte, pero quizá sería mejor plantearnos que se regule en el
artículo 103 para aplicarlo no sólo en las medidas provisionalísimas
y provisionales, sino también en la presentación de demandas de
separación, divorcio o nulidad si se pudiera comprobar que durante el
procedimiento uno de los progenitores planea la sustracción del
menor. Son aspectos que podremos debatir en la Comisión. Lo
importante es que todos los parlamentarios y parlamentarias estemos
de acuerdo en la necesidad de modificar el Código Penal y seguro que
la tesis jurídica más adecuada es la que va a salir adelante porque
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara nos hemos preocupado
mucho de la problemática de los menores. Como ya he dicho
anteriormente, los términos en los que han estado regulados algunos
artículos del Código Penal han permitido que la sustracción de
menores por sus padres no pueda ser penalizada tal como nosotros
creemos que merece: con la pena de hasta cuatro años y, como he
dicho, si son más de quince días, hasta seis años.

En cuanto a la regulación que se hace por el Grupo Socialista de la
modificación del artículo 224, no nos gusta la frase: no tener una
justa causa, porque con ello ya estamos dando pie a que se sustraiga
al menor. Si la hay, lo que hacemos es modificar los artículos 223 y
224 recogiendo como autor también al progenitor, pero eso ya lo
debatiremos en Comisión.




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Respecto a la excusa absolutoria de que comunique en veinticuatro
horas dónde se encuentra el menor, no nos parece adecuado. Quien
lleva a cabo la sustracción del menor contraviniendo la libertad del
mismo y los derechos que tiene a una familia, está cometiendo un
delito, y aunque lo comunique en veinticuatro horas, puesto que lo
podría hacer desde Brasil, Colombia o cualquier otro lugar, no
elimina el delito.

Repito que la finalidad, la filosofía, es la misma que debatimos en
diciembre. Cada grupo tiene una postura respecto a encausar el tipo
de delito, pero lo que interesa al final es que todos estamos de
acuerdo en penalizar tal conducta execrable y grave, que debe
penalizarse adecuadamente.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar la iniciativa del
Grupo Socialista, pidiendo el apoyo de todos los grupos
parlamentarios para las dos iniciativas.

Muchas gracias.




La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora
Barrios.

Grupos que quieren fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.

Cuando a finales de la legislatura anterior se suscitó este mismo
debate, ya entonces el Bloque Nacionalista Galego, no a través de
este diputado lógicamente, anunció el voto favorable a la toma en
consideración de las dos proposiciones de ley, tanto la del Grupo
Socialista como la del Grupo Popular.

Creíamos entonces y seguimos creyendo ahora que son iniciativas
oportunas y que, junto a lo que se establezca en tratados
internacionales, intentan de salir al paso de una situación frecuente
que afecta negativamente a los menores. Por tanto, entendemos que la
sustracción o la negativa a la restitución de menores exige una
respuesta clara desde el ordenamiento jurídico. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) Sin embargo, pensamos que hay que hacer una
distinción previa. No es lo mismo la sustracción ilícita de un menor
por parte de un progenitor al que en alguno de los supuestos del
artículo 111 del Código Civil le haya sido retirada la patria
potestad, que la sustracción o retención ilícita por parte del
progenitor desfavorecido con ocasión de un proceso de separación
matrimonial o de divorcio, del desfavorecido en la atribución de la
custodia de los hijos.

Este segundo caso, divorcio, separación, pensamos, y muchas de SS.SS.

coincidirán con nosotros, es un supuesto frecuente que merece un
estudio y un debate más amplio que el limitado en exclusiva a una
reforma del Código Penal, ya que cada vez son más numerosas las
protestas por parte de progenitores a los que se ha retirado la
custodia y que reclaman, en aras de una mayor igualdad en las
relaciones conyugales y de pareja,
el establecimiento de una custodia compartida de los hijos para
estos casos de separación o de divorcio, sistema este de la custodia
compartida que rige ya en otros Estados europeos.

Acudir a soluciones de este tipo creemos que haría innecesaria en la
mayoría de las ocasiones la respuesta penal, en el bien entendido de
que en los casos más extremos esta respuesta seguiría siendo
necesaria, aunque atrasada, por ejemplo y sobre todo en los casos de
huida al extranjero con los menores.

Dentro de esta tendencia de ceñir la respuesta penal a los supuestos
más extremos, más graves, nos parece más adecuada la línea de
regulación que incorpora la proposición de ley del Grupo Socialista
al considerar que la sustracción o la retención de menores es un
delito contra los derechos y deberes familiares, y no un tipo
especial dentro del delito de secuestro, dentro del delito de
retención ilegal que es la perspectiva que adopta la proposición de
ley del Grupo Popular.

La razón es obvia. En la tipificación de los delitos contra los
derechos y los deberes familiares, el artículo 224 del Código Penal
no exige la concurrencia de una negativa del menor a la sustracción,
negativa que sí es preciso demostrar en el delito de secuestro o de
retención ilegal. Bastaría con que la sustracción persiga evitar la
comunicación con el otro progenitor, circunstancia más fácilmente
acreditable y que simplifica la aplicación del tipo penal.

Además, la proposición de ley del Grupo Socialista acoge con mayor
claridad el principio de intervención penal mínima al contemplar como
causa de exención de la aplicación de la pena la restitución del
menor.

Así, reitero lo que dije al comienzo. Vamos a votar favorablemente la
toma en consideración de ambas proposiciones de ley y será después,
en el trámite parlamentario, cuando estas reticencias que acabo de
manifestar se traduzcan eventualmente en enmiendas.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Mi grupo va a votar favorablemente -nos lo han pedido así las dos
portavoces que sustentan las iniciativas, las señoras Alberdi y
Barrios- las dos proposiciones, porque entendemos que son
complementarias una de otra, se enriquecen mutuamente en su propia
consideración y en el fondo están hablando del mismo derecho que hoy
nos mueve aquí a dar nuestro voto positivo a las dos. ¿Por qué
decimos esto? Efectivamente al desaparecer del Código Penal de 1995
la figura sustantiva de la sustracción de menores, quedó solamente
una característicapenal: la retención ilícita o el secuestro. ¿Qué



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nos viene ocurriendo? Que en el caso de matrimonios mixtos, y sobre
todo cuando el varón es de nacionalidad y tiene pasaporte de un país
que no ha suscrito el Convenio de La Haya -lo ha recordado aquí la
señora Alberdi y conozco en este momento varios casos que se han dado
en Canarias de matrimonios mixtos por su nacionalidad- la policía
española de fronteras es incapaz, no puede utilizar ningún argumento
legal contra un señor provisto de un pasaporte -de un país árabe,
caso concreto del que hablo, sin citarlo aquí- que viene acompañado
de un menor o de dos, que está en verdad contraviniendo un principio
moral de nuestras leyes, pero que si no está contemplado en el Código
Penal imposibilita que la policía española de frontera proceda a la
retención. Esto genera una indefensión.

Creemos que es oportuno el enfoque y lo que ha dicho aquí la señora
Alberdi de, junto a un mantenimiento de tipo penal, ir al derecho de
familia, predominando siempre, como también ha recordado la señora
Barrios, el derecho del menor y al mismo tiempo hacerlo compatible
con el derecho de familia. Esto necesita una clarificación y una
contundencia legal para que, una vez que tengamos la ley hecha,
cualquiera que sea el infractor que trate de pasar la frontera con un
menor, la policía española pueda detenerlo y llevar a cabo las
actuaciones correspondientes, es decir, la función disuasoria para
que esto no se sitúe en los parámetros actuales.

Las dos iniciativas son complementarias porque coinciden, al menos
formalmente, en el intento de modificación del artículo 224 del
Código Penal, que está en ambos textos. El texto del Grupo Popular
hace hincapié en la modificación acertada de los artículos 163, 165 y
223, coincidiendo, como digo, las propuestas del Partido Popular y
del Partido Socialista solamente a efectos de ubicación.

En la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista hay dos
llamamientos que quiero resaltar. En primer lugar, sí considero
oportuna la modificación del artículo 102 como 102 bis del Código
Penal, porque si no hay garantías cautelares mientras se produce un
proceso definitivo este personaje, el que quiera contravenir este
fondo moral de lo que hoy día nos mueve a dar nuestro voto de apoyo
positivo, puede pasar impunemente la frontera con el menor. Tiene que
haber una medida cautelar de retirada de pasaporte o de cualquier
otra cautela que contemple la ley, para que nuestra actuación, a
través de los agentes de la autoridad de frontera actúen de forma
impecable, correcta y ajustada a ley. Pero también hay una
consideración que a mi grupo le mueve resaltar y que propone el Grupo
Parlamentario Socialista como modificación del artículo 224, apartado
3 del Código Penal. Señorías, estas situaciones obedecen a dramas
familiares. Hay un contexto de emotividad, no hay en principio una
presunción de acto doloso, de acto de infracción penal; obedece al
drama de la vida humana, que va a reflejarse en los
intentos de mala utilización de la patria potestad sobre los menores.

Hacemos víctima al menor en un drama de la pareja familiar, pero no
solamente al menor, sino a los derechos familiares del otro cónyuge,
que incluso puede tener otorgada la tutela de este menor. Pero como
son dramas humanos familiares motivados no por una actividad dolosa,
de intencionalidad penal, en la que el Código Penal debe ser
inflexible, creemos que es oportuno introducir un concepto
humanitario, como trae el punto 3 de la propuesta del Grupo
Socialista de modificación del artículo 224, por la que si hay una
restitución del menor quede exento de penas. Esto dignifica y
ennoblece la conducta de ese cónyuge, aunque haya actuado así, para
que si reflexiona y se aviene a razones, encuentre en la propia ley
una salida ordenada para que no sufra mayor daño el menor, y que esa
entrega, esa devolución en lugar conocido, tenga un reflejo de
condescendencia -vamos a llamarle así- en nuestro Código Penal.

Sin más razones, señora presidenta, y por entender que estamos
hablando de un fondo que nos une a todos a dar nuestro voto, como las
dos iniciativas son complementarias y en la misma sintonía, mi grupo
va a votarlas favorablemente.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Vasco es poco dado a las modificaciones del Código Penal en
función de lo que publiquen las páginas de sucesos de los periódicos.

Sin embargo, la reiteración de sucesos comprendidos en lo que
pretenden las dos normas que se nos presentan, nos llevan a
considerar que quizá sí debamos aceptar la admisión a trámite de las
dos iniciativas, con la presentación de algunas enmiendas para
reconducir a sus justos términos las medidas que deban ser adecuadas
para tratar estos asuntos. Por ello, vemos más lógica y más correcta,
técnicamente, la iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, que parte de menos a más. Nos gusta que en ella, en
principio, se parte de las medidas cautelares civiles que intentan
evitar la patología penal. Son medidas previas a la comisión del
hecho delictivo, ciertamente limitativas de derechos, pero que lo son
en bien del menor, y que, repito, pueden evitar la comisión del hecho
delictivo. Nos parece que esa debe ser la primera medida que el
legislador intente, la utilización de los procedimientos civiles
antes de adentrarse en los procedimientos penales.

Mayor reticencia nos suscita lo que en la iniciativa socialista se
plantea dentro de las medidas cautelares penales. Nos parecen bien
las posibles modificaciones



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de limitaciones de derechos en relación con la guarda y la tutela del
menor. Quizá la idea de la extinción case mal con la idea de lo
cautelar, que es esencialmente provisional y revisable, pero, en todo
caso, estamos abiertos a que, mediante la presentación de enmiendas,
lo discutamos cuando se aborde en la correspondiente ponencia.También
nos gusta de la iniciativa socialista que lo que se aborde sea una
modificación del artículo 224, dentro del capítulo referido a los
delitos que se producen en el ámbito familiar, más que abordar, como
hace la iniciativa del Grupo Popular, el tipo genérico de secuestro.

El apartado primero que se pretende introducir en el artículo 224,
nos parece correcto. Tenemos alguna duda respecto al apartado
segundo, porque no vemos que sea necesario introducir el concurso de
delitos dentro del tipo. Quizá pudiera abordarse de una manera
distinta desde una mayor corrección técnica. También consideramos que
lo que se introduce como 224.3, de exención de la pena en
determinados casos, podría tropezar con la adición del artículo 225,
que para idénticos supuestos contempla una rebaja y no la exención.

En todo caso, es un problema de técnica legislativa, un mero error
técnico que estamos dispuestos a abordar en el trámite de ponencia.

Más sorpresa nos ha suscitado la iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Siendo muy ponderada en lo que a la exposición
de motivos se refiere, nos parece un despropósito, si se nos permite
decirlo en estos términos, en cuanto a la técnica que utiliza. La
modificación del artículo 163, el tipo genérico de secuestro, nos
parece que es técnicamente incorrecta. La mera lectura del apartado
cuarto de este artículo 163, al que me estoy refiriendo, hace que de
inmediato se nos ocurran por lo menos tres enmiendas, las tres
sustanciales. Una de ellas referida a un importantisimo vis in idem
que se produciría en relación con el texto del artículo 165. Tampoco
nos parece adecuada la forma en que la iniciativa popular aborda la
modificación del artículo 223, ya que hace prácticamente coincidente
lo que contempla con el 556 del Código Penal, que castiga la
desobediencia a un mandato judicial, o con el 622, que contempla esta
pena como falta y no como delito. Igualmente ocurre con la adición
que la iniciativa popular tiene en relación con el artículo 224,
párrafo segundo, que introduce una penalidad, equiparando al extraño
que induce a un menor de edad o incapaz a abandonar el domicilio
familiar con el padre del menor. Hay que suponer razonablemente que
el riesgo que corre el menor es siempre menos grave en el segundo
caso que en el primero. Por un principio de proporcionalidad de la
pena, no se debe sancionar igual lo que es desigual.

Nos produce sorpresa que un grupo que tiene la mayoría tan suficiente
como la que tiene en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular, que
tiene, además, entre sus filas acreditados juristas, nos haya
presentado una iniciativa, repito, tan incorrecta en lo técnico. Ello
no obstante, y puesto que las dos son atendibles en cuanto que la
exposición de motivos, por ejemplo, de la iniciativa popular está muy
bien fundada, el Grupo Vasco votará favorablemente a las dos,
presentará las enmiendas oportunas y en el trámite de ponencia
intentaremos que la ley quede lo más ceñida a lo que son las
necesidades sociales, sin excedernos en la contemplación de excesivos
tipos delictivos.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Con brevedad, señora presidenta.




Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de las
proposiciones. Este grupo nunca ha considerado conveniente, una vez
que estaba establecida la detención ilegal o el secuestro -es verdad
que en la modificación del Código Penal de 1995 se dejaron algunas
lagunas-, ir tipificando cada una de las casuísticas de Pepe Pérez o
de Antonio García. No creíamos que dar respuesta a todas las
situaciones debiera ser la actuación del legislativo. No obstante,
las lagunas que dejó la reforma de 1995 nos lleva a apoyar las
propuestas, la toma en consideración, aunque también presentaremos
las enmiendas oportunas. Me voy a referir a algunas de ellas.

Sobre el texto del Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, el
artículo 224.1, al final, cuando se habla de que incurrirá, además,
en la pena prevista en el artículo 556, entendemos que es una
barbaridad en técnica jurídica la concurrencia de penas. En todo
caso, habría que darle otra estructura. Incluso el artículo 224.3, al
final, parece como una excusa para no tipificar el hecho en sí mismo.

En el artículo 102 bis.1, cuando se dice: de igual forma cualquier
variación del domicilio del menor, que no esté justificado..., a
nuestro entender pudiera incurrir incluso en una situación de
inconstitucionalidad al rozar el derecho a elegir libremente la
residencia, tal como establece el artículo 19 de la Constitución
española. No obstante, tanto estas cuestiones como las del Grupo
Popular, las vamos a votar favorablemente y en el trámite
correspondiente presentaremos las enmiendas pertinentes.

Nada más, muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.

Por último, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
la señora Pigem tiene la palabra.




La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, es para mi un motivo de satisfacción intervenir por primera
vez en esta Cámara, en nombre del



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Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fijar nuestra
posición respecto de las proposiciones de ley presentadas por los
grupos parlamentarios Socialista y Popular.

El Grupo Catalán aprobará estas proposiciones de ley, como ya lo hizo
en la anterior legislatura, porque ambas, con la misma finalidad,
aunque por distintas vías, vienen a dar respuesta a un problema
social, llenando un importante vacío legislativo en el ordenamiento
penal, con el fin de proteger los derechos del menor en los supuestos
del llamado secuestro interparental, objetivo que evidentemente
compartimos desde Convergència i Unió.

Este tipo de actuaciones, el que un progenitor retenga o traslade a
un hijo a lugar distinto del que ha venido residiendo, bien con ambos
padres o con el que tiene su custodia, con el efecto de que el
contacto con el otro progenitor queda impedido, es un fenómeno que si
bien no es nuevo, tal como aquí ya se ha dicho, ha venido creciendo,
desgraciadamente, tanto en casos en que los progenitores son de
distinta nacionalidad, pero también en casos en que son de la misma
nacionalidad. En estos supuestos, señorías, las víctimas de la
situación son los menores, porque son considerados más como un objeto
con el que unas veces hacer daño al otro progenitor, y otras
utilizarlos como pieza de trueque en las negociaciones patrimoniales,
que como un sujeto del derecho a la libre y normal relación con ambos
progenitores, imprescindible para su desarrollo integral.

Como se ha dicho ya por la señora Alberdi, no hay estadísticas
oficiales ni un centro específico en la Administración española que
coordine estos temas. Por tanto, me veo obligada a utilizar también
los datos oficiosos, facilitados por al ONG Asociación para la
recuperación de niños sacados de su país, que nos dice que anualmente
en el Estado español más de un centenar de niños son objeto de este
tipo de sustracción. Convergència i Unió apoyará estas proposiciones
de ley, porque actualmente el trabajo de búsqueda y retorno de los
menores viene dificultado, e incluso a veces obstruido, por la
inexistencia en el Código Penal del delito de secuestro
interparental.

Efectivamente, aunque en el Código Penal de 1995 se otorga una gran
cobertura jurídica al menor, como ya se ha dicho, la sustracción de
menores por sus propios progenitores no ha encontrado cobertura
adecuada en la aplicación del Código Penal porque los tribunales
excluyen la aplicación a estos supuestos tanto del tipo penal
descrito en el artículo 163 del Código Penal, que trata de las
detenciones ilegales y secuestros, como del tipo descrito en el
artículo 224 del mismo cuerpo legal, que se refiere a los delitos
contra derechos y deberes familiares, y remiten el de desobediencia a
la autoridad judicial, delito que, por llevar aparejada pena inferior
a un año, imposibilita la emisión de una orden de detención
internacional.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyará estas
proposiciones de ley porque la tipificación permitirá activar los
mecanismos internacionales de cooperación, especialmente con países
que no han suscrito el Convenio de La Haya -como también ha dicho la
diputada señora Alberdi- o con los que no hay todavía un convenio
bilateral.

Por lo que se refiere a las propuestas concretas, señorías, tenemos
dos proposiciones de ley de las que va a tener que salir un nuevo
texto. Un texto, esperamos, de consenso entre todos los grupos, que
se concretará en la futura ley y que esperamos se nutra y enriquezca
con las enmiendas que se presenten en el trámite correspondiente,
tendentes a subsanar y completar algunas insuficiencias que, a
nuestro juicio, tiene tanto una como otra proposición.

Convergència i Unió, compartiendo de la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista la necesaria armonización del Código Penal
con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el Código Civil, y por lo
que respecta a este último cuerpo legal, cree que las medidas
cautelares propuestas tendrían menor acogida en sede del artículo 158
que en la del artículo 102. Si se regulan en este último, únicamente
surtirían efecto en el caso de que se interpusieran medidas
provisionales de separación o divorcio, y es bien sabido que este
tipo de conductas muchas veces se realizan antes de producirse una
separación. Creemos que las medidas cautelares deberían poder
solicitarse genéricamente para protección del menor por la vía del
artículo 158 del Código Civil, como se ha dicho, que permite hacerlo
en medidas cautelares tanto previas como coetáneas o después de
ellas.

En cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, nos
parecería más riguroso, desde un punto de vista sistemático, que la
regulación de este delito se incluyera en el título XII libro segundo
del Código Penal, que trata de los delitos contra los derechos y
deberes familiares, porque esto es, a nuestro juicio, lo que estas
conductas son. Si se quiere, creando un subtipo con pena tan elevada
como la prevista para los secuestros y detenciones ilegales, pero
dentro de los delitos contra las relaciones familiares.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) echa de menos en
una y otra propuesta la precaución de contemplar la necesidad de un
requerimiento previo al progenitor presuntamente secuestrador,
requerimiento que serviría para constatar que nos hallamos
efectivamente ante una situación de secuestro o retención y no
únicamente ante un retraso o un imponderable. Todo ello con el fin de
evitar -también en aras de la protección del menor- que esta
tipificación pueda ser utilizada maliciosamente contra el otro
progenitor.




En conclusión y esperando poder tener un texto consensuado entre
todos los grupos parlamentarios, Convergència i Unió apoyará las
proposiciones de ley que



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hoy se presentan porque, en definitiva y como se ha dicho, dan
respuesta jurídica a un problema social y facilitan la resolución de
estas terribles situaciones de secuestro interparental.

Gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.

Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del
Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 325.




La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de
ley de referencia.

Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código
Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del
progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de
ley de referencia.




PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:



- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Número de
expediente 262/000001.)



La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Propuesta de
designación del Defensor del Pueblo.

Ha sido remitida, por parte del señor presidente de la Comisión Mixta
de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la propuesta formulada para
la elección por el Pleno del Defensor del Pueblo.

En primer lugar, ruego al señor secretario primero de la Mesa que dé
lectura a la propuesta formulada por la Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo.




El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): La Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo, en su reunión del día 31 de mayo de 2000,
celebrada en el Palacio del Congreso de los Diputados, acordó, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1981,
modificado por la Ley Orgánica 2/1992, de 2 de marzo, elevar al Pleno
del Congreso de los Diputados y, en su caso, al Pleno del Senado, la
candidatura de Defensor del Pueblo de don Enrique Múgica Herzog,
presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios Popular,
Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria, que se
aprobó por mayoría.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 31 de mayo de 2000. El
presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del
Pueblo, Rogelio Baón Ramírez.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.

Señorías, la votación será secreta y por papeletas. Las señoras y
señores diputados serán llamados nominalmente por un señor secretario
para depositar la papeleta en la urna correspondiente. Votar sí
significa votar a favor de la propuesta formulada por la Comisión
Mixta, y votar no significa votar en contra de dicha propuesta. Por
cuanto no hay más que una candidatura presentada, ha sido sólo una la
propuesta elevada al Pleno, por lo que las papeletas pueden contener
asimismo indistintamente el nombre del candidato.

Llamen a votación. (Pausa.)
Vamos a proceder a cerrar las puertas del hemiciclo, como
reglamentariamente está previsto.

Señor secretario, comenzamos la votación.




(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores
diputados.)



Terminada la votación y efectuado el escrutinio, dijo



La señora PRESIDENTA: Resultado de la votación: votos emitidos, 326;
a favor de la propuesta, 306; en contra, 11; en blanco, ocho; nulos,
uno.

En consecuencia, al haber obtenido una votación superior a los tres
quintos de esta Cámara exigidos, queda designado Defensor del Pueblo
don Enrique Múgica Herzog.

Este resultado será comunicado al Senado, a los efectos oportunos.

(Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA AVANZAR EN
LA LIBERALIZACIÓN REAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. (Número
de expediente 162/000045.)



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL MERCADO DE
HIDROCARBUROS. (Número de expediente 162/000044.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
PARA HACER FRENTE AL CRECIMIENTO DE PRECIOS DE LOS CARBURANTES.

(Número de expediente 162/000049.)



La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Proposiciones no de
ley.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
medidas para avanzar en la liberalización real del sector de
hidrocarburos líquidos. Asimismo, serán debatidas conjuntamente la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el
mercado de hidrocarburos, y la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para hacer
frente al crecimiento del precio de los carburantes.

En primer lugar y para defender la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, estamos asistiendo a una subida del
precio de los carburantes continua y reiterada; en lo que va de año
son quince veces las que han subido los carburantes. Esta subida
afecta de manera especial a determinados colectivos, para los cuales
mi grupo parlamentario ya ha presentado proposiciones de ley
específicas, pero incide de manera generalizada sobre la capacidad de
compra, y por tanto sobre la mayoría de los consumidores y usuarios.

Pero esto no es algo nuevo, ya en 1999 los precios de la gasolina en
España registraron un comportamiento alcista superior a la media de
los quince países de la Unión Europea. Es por tanto un problema que
-como he dicho antes- se viene planteando de manera reiterada y en el
que sin duda tienen incidencia el precio del crudo y la evolución de
la paridad del euro, pero en ningún caso esto puede servir para
eludir la responsabilidad del Gobierno y su capacidad para incidir, a
través de una serie de medidas concretas, en la aceleración de un
proceso de liberalización, que se encuentra francamente frenado por
una Ley de Hidrocarburos que resulta claramente insuficiente y que
mantiene una estructura oligopolística del sector de carburantes. Por
tanto, pensamos que la legislación es insuficiente y que el Gobierno
debería tomar una serie de medidas. Efectivamente, hay que recordar
que en abril de 1999 y en octubre del mismo año -creo recordar- el
Gobierno aprobó una serie de planes de liberalización que incluían
determinadas medidas que incidían en este sector, y cuyo balance, a
la vista de la situación en que nos encontramos en estos momentos,
podemos calificar de claramente negativo.

Sin embargo, una vez más estamos asistiendo a la ceremonia de la
confusión o de la esquizofrenia en lo que se refiere a la política
del Gobierno. Por una parte están las grandes declaraciones de
intenciones, lo que llamamos la literatura, en la que el señor Rato,
refiriéndose a la profundización del proceso de liberalización, está
explicando continuamente que en esa dirección va el Gobierno, y por
otra parte no terminan de tomarse medidas. Todo esto viene acompañado
además por una proposición no de ley, que no ha sido retirada por el
Grupo Popular, en la que se proponen una serie de generalismos como
fomentar, tratar de, incentivar, pero sin establecer ninguna medida
concreta. Sé que, por otra parte, hay una enmienda del Grupo Popular
que especifica más concretamente una serie de medidas, pero de verdad
parece que el Gobierno tiene falta de interés o no sé si atreverme a
decir falta de responsabilidad en este caso. ¿Desde cuándo se está
anunciando que va a haber medidas? Estamos todos de viernes a viernes
y tiro porque me toca, pero no hay ninguna medida. Hay anuncios de
determinadas medidas sobre las que en su momento discutiremos en
cuanto a la efectividad que puedan tener porque vendrán a esta Cámara
y las debatiremos. Quiero recalcar en este momento la falta de
diligencia del Gobierno en hacer sus deberes, en atender a su
responsabilidad y en tomar una serie de medidas que afectan de manera
intensa e inmediata a la mayoría de los ciudadanos.

Nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley que
tiene dos bloques y pretende por una parte facilitar que se impidan
las prácticas restrictivas, y por otro lado que se fomente la entrada
de competidores. El segundo bloque va a posibilitar un comportamiento
más transparente y eficaz de los órganos que tienen reconocidas las
atribuciones en materia de defensa de la competencia.

No voy a explicar la proposición no de ley punto por punto,
simplemente voy a incidir en aquello que considero tiene más
importancia o por lo menos creemos que tienen mayor incidencia para
posibilitar la práctica de restricciones o bien posibilitar la
entrada. Me estoy refiriendo a recuperar por parte del Gobierno la
posibilidad de establecer precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en determinadas ocasiones de carácter
excepcional y que vengan establecidas mediante ley. Señalo esto para
que no se me diga que es una intervención del Gobierno para
establecer precio máximo, que si se interviene según los precios
máximos que había antes ahora el precio de la gasolina podría estar
más alto. No. Voy a evitar a la responsable del Grupo Popular que me
conteste eso. Se trata de que haya posibilidad de establecer un
precio máximo en situaciones excepcionales y ésta es una situación
excepcional, porque hay acusaciones por parte del Tribunal



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de Defensa de la Competencia de falta de competencia. Es una
situación excepcional donde el establecimiento de ese precio máximo
estará establecido por ley y el Gobierno podrá claramente ver cómo se
establece ese precio máximo; por tanto, toda esa argumentación puede
tener muy poco sentido.

La segunda medida que nos parece importante es que la posibilidad de
acceso a la infraestructura logística sea regulada; es decir que no
sean los competidores o los que quieran entrar o utilizar la Ley de
infraestructura logística quienes tengan que negociar un precio con
los propietarios, es decir con CLH, la Compañía Logística de
Hidrocarburos porque la negociación siempre estará en situación
desventajosa. Pretendemos que el acceso sea regulado, sea tarifado
por el ente de los procesos de liberalización y a la hora de
establecer una competencia efectiva tal función la tiene asignada la
Comisión Nacional de la Energía. Por tanto, consideramos que el
acceso regulado por la Comisión Nacional de la Energía es un tema
fundamental para posibilitar la entrada de competidores en este
sector.

Quiero destacar otro de los puntos que es la reducción a cinco años
del plazo máximo de vigencia de los contratos en exclusiva. Hay una
directiva comunitaria que ha entrado en vigor el día 1º de junio, y
esto lo doy por hecho. Voy a incidir en una enmienda que por entrar
en vigor la directiva comunitaria a partir del día 1º de junio, va a
permitir que se establezca un período de transición para aquellos que
están secuestrados con un contrato de diez años; es decir, que se
pueda permitir a los distribuidores minoristas resolver
anticipadamente sus contratos en exclusiva siempre que hayan superado
los cinco años, manteniéndose lógicamente las condiciones que definan
el equilibrio económico de estos contratos en exclusiva.

Respecto al segundo bloque de las medidas que hemos presentado, van
como he dicho antes a asegurar el funcionamiento transparente y
eficaz de los órganos de la competencia. En este sentido, pedimos que
tanto el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, como
el presidente de la Comisión Nacional de la Energía comparezcan cada
seis meses en esta Cámara para informar del estado de la competencia
efectiva, en este caso nos estamos refiriendo al sector de
hidrocarburos pero llegará otro momento en que tendremos que hablar
de otros sectores energéticos, y que a su vez sugieran y propongan
todas aquellas iniciativas, y también que presenten un balance de
actuaciones en este ámbito de la liberalización y establecimiento de
la competencia efectiva.

Respecto a las dos proposiciones no de ley que aparecen presentadas
por otros grupos, me estoy refiriendo a la proposición no de ley de
Izquierda Unida respecto a este tema, el Grupo Parlamentario
Socialista coincide con todos los puntos que se explicitan en esa
proposición y por tanto votaremos a favor. Con relación a la
proposición no de ley del Partido Popular, que no está
retirada y por tanto me veo en la obligación de tener que explicarme,
resulta francamente generalista, es una proposición no de ley que se
ha presentado un poco para salir del paso hoy y que lo mismo vale
para un roto que para un descosido, porque quiero recordar que en
esta Cámara y en la última sesión plenaria que hubo se presentó esta
misma proposición no de ley generalista como enmienda a una
proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), que tenía el objetivo de incidir única y exclusivamente en el
sector del gasóleo agrícola. Este sistema multiuso de quita y pon nos
parece que supone una adulteración total de lo que es el
procedimiento parlamentario, y seguimos en la misma porque hoy sigue
esa proposición no de ley en pie, pero el Partido Popular presenta
como enmiendas a las otras dos proposiciones no de ley que se han
presentado otra proposición que efectivamente es mucho menos
generalista, y sobre la que me definiré en el momento procesal
oportuno, porque creo que una de las cosas importantes es mantener el
procedimiento.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.

Para defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Pisonero.




La señora PISONERO RUIZ: Señora presidenta, señorías, esquizofrenia,
irresponsabilidad, falta de diligencia. A pesar de eso y quizás
saltándome el procedimiento, subo a esta tribuna para ofrecer el
máximo acuerdo posible, porque en este caso seremos capaces de
avanzar poniendo los puntos positivos y no empezando por lo negativo,
que siempre es una mala fórmula en una democracia cuando se quiere
avanzar y solucionar problemas en lugar de buscar protagonismos mal
entendidos.

Tengo que decir que si hay dilación de un viernes a otro viernes, yo
creo que eso es poco tiempo comparado con diez o doce años que se han
tardado en sacar determinadas leyes, como es el caso de la Ley de
Hidrocarburos de 1992, en la que en su caso ya se empezó a
liberalizar un sector que se sabía necesitaba una reforma desde diez
años antes.

Por tanto, más vale que intentemos ponernos de acuerdo en la
literatura y sobre todo buscar el paso más consensuado posible en la
práctica, y hoy tenemos la ocasión -así lo entiende el Grupo Popular-
de avanzar lo que considera esta Cámara y por tanto los ciudadanos
que es importante se haga en el sector de los hidrocarburos antes de
que el Gobierno adopte unas medidas concretas.

En ese espíritu de colaboración recordaba la portavoz socialista que
en un debate anterior el Grupo Popular presentó una enmienda que
efectivamente era la proposición no de ley que en principio se quería
debatir



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en ese proceso, y no se aceptó en términos generales porque entendía
que si había sectores que se veían especialmente perjudicados no
podíamos dejar al resto de los ciudadanos y consumidores sin
solucionar una cuestión que consideramos fundamental, que es
favorecer la bajada de los precios de los hidrocarburos para todos y
no sólo para algunos sectores, cosa en la que el Grupo Popular es
coherente; a lo mejor lo interpreta usted como multiuso pero desde la
perspectiva del Grupo Popular es coherencia plantear soluciones a
problemas. Defendimos esa proposición no de ley en su momento, en el
sentido de decir: no hay que bajar impuestos de hidrocarburos porque
estamos en un proceso de convergencia en impuestos especiales, es una
solución parcheada a un problema que debemos abordar globalmente, y
en ese sentido tenemos que apostar por una mayor competencia y
liberalización, que fue lo que se estableció y se aprobó en ese
debate por iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
ahora avanzamos en la concreción de lo que debe ser la solución a un
problema general que es el del sector de hidrocarburos, y no sólo
para colectivos concretos como se planteó en la ocasión anterior.

Planteado así el problema, el Grupo Popular considera fundamental no
sólo favorecer al conjunto de consumidores, sino que incidamos en las
causas donde podemos actuar y no en los factores que son exógenos
y que están en la raíz del problema que a veces se exime del análisis,
como son el precio del crudo y la depreciación del euro. Reiteramos
que es preciso incidir en las causas que puedan estar en un
comportamiento diferencial de la economía española, incidiendo en
cualquier caso en lo que debe ser una competencia efectiva de un
sector como es el de hidrocarburos. Creo que en eso estamos llegando
a cierto acuerdo. Quiero recordar, y es el elemento positivo, que
hasta el Grupo de Izquierda Unida insta a que avancemos en la
dirección de una mayor liberalización y competencia efectiva. Por
tanto hay tres grupos de esta Cámara que ya manifestaron su adhesión,
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en su día, y el Grupo de
Coalición Canaria en el sentido de apoyar todas las iniciativas que
mejoraran tanto la competencia del sector como que avanzaran en la
liberalización. De esa es forma se pueden lograr acuerdos que está
buscando el Grupo Parlamentario Popular, como ha manifestado desde el
principio de la legislatura, de ir sobre mínimos construyendo grandes
acuerdos. Es el ánimo que nos trae hoy a esta Cámara, y es el ánimo
que nos ha llevado a presentar una enmienda, ya no multiuso como bien
ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, sino una enmienda que
sobre ese enfoque general de mayor liberalización y mayor defensa de
la competencia, detalle medidas más concretas para avanzar en esa
mayor liberalización.




Desde esa voluntad de diálogo el Grupo Popular enmienda su propia
proposición no de ley (es lo que
reclamaba la portavoz socialista como aclaración), dado que la misma
se aprobó como enmienda a la proposición no de ley de Convergència i
Unió en el debate del 30 de mayo. Por tanto, lo que hoy se debatiría
es la enmienda a la proposición no de ley que ya está aprobada por
esta Cámara en términos genéricos y hoy profundizamos en ese debate
para avanzar en las medidas concretas, y solicito al Grupo Socialista
al igual que al Grupo de Izquierda Unida su toma en consideración
para avanzar en acuerdos que consideramos importantes sobre dos
piezas básicas donde ya hay acuerdo: mayor liberalización y una
profundización de lo que es la política de defensa de la competencia.

En ese sentido, analizadas las propuestas de los otros grupos al
detalle -que ese es nuestro interés-, y no cayendo en la tentación de
no analizarlas y directamente votar en contra (cosa que era mucho más
fácil, ya que podíamos decir se vota no y fin del problema), vemos
que tanto en la proposición no de ley del Grupo Socialista como en la
de Izquierda Unida existen elementos que nos permiten avanzar en
posiciones de acuerdo, como son las que yo planteo en esa búsqueda de
acuerdos, en cinco puntos fundamentales, que son: en primer lugar
favorecer el acceso a las instalaciones en las redes de
almacenamiento y distribución para todos los operadores, un principio
en el que estamos de acuerdo, y luego veremos el desacuerdo. El
segundo, además incorporando directamente el texto de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, es asegurar la
neutralidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), para que
no esté controlada por un número reducido de operadores mayoristas;
segundo punto de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y con
la filosofía de la propuesta del Grupo de Izquierda Unida. Hay un
tercer punto donde podemos seguir avanzando. La Unión Europea ha
sacado ya un nuevo reglamento que nos permite prohibir desde el 1º de
junio de 2000 todos los acuerdos de exclusividad en la distribución
que superen el período de cinco años. Efectivamente, como solicitaba
la señora Mendizabal existe un período transitorio para aquellos
contratos que ya existieran antes del 1º de junio de 2000, período
transitorio que llega hasta diciembre de 2001, para ponerse al día en
esa nueva normativa, y cualquier iniciativa en ese sentido va a estar
apoyada por el Grupo Parlamentario Popular; por tanto, tres puntos de
acuerdo. El cuarto punto de acuerdo que es opcional, trata de
fomentar el aumento del número de gasolineras, fijando como se
establece en la enmienda los criterios básicos para que entre todas
las administraciones públicas se promueva la constitución de nuevos
puntos de suministro. Este punto lo considero opcional, aunque por lo
que he visto en el registro de 6 de junio de 2000, el Grupo
Parlamentario Socialista, en un plan presentado a través de una
proposición no de ley, en uno de sus puntos insta al Gobierno a
promover nuevos puntos de suministro, con lo cual también podríamos
llegar a un



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acuerdo en ese cuarto punto. Y el quinto aspecto es profundizar en el
desarrollo de la política de competencias. Son cinco puntos que
extractados de lo que es la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
a sendas proposiciones no de ley, propone el grupo parlamentario como
un acuerdo en el que todos podamos coincidir, sabiendo que el Grupo
Parlamentario Popular puede votar su enmienda sin mayores problemas y
con el detalle que estime conveniente; pero el Grupo Parlamentario
Popular prefiere aprobar algo en lo que todos estemos de acuerdo.

No vamos a estar de acuerdo en dar marcha atrás en un proceso de
liberalización, estableciendo precios regulados en mercados donde hay
un precio libre. Consideramos que eso no es positivo, tampoco
consideramos positivo marcar las cuentas de resultados de empresas
privadas; eso se haría si se fijaran los precios máximos con la
responsabilidad que supondría de compensar a una empresa por haberle
fijado la pieza básica de su beneficio. No estamos tampoco de acuerdo
en que tengamos que aplicar sistemas regulados en un mercado donde ya
funcionan los procedimientos negociados, como es el caso del sector
de los hidrocarburos, con unos resultados muy positivos en los que el
coste medio de los servicios logísticos ha seguido una tendencia
descendiente y continua, lo que indica no hay una barrera en ese
ámbito que llevara a regular el precio, puesto que el coste se está
abaratando.

Para terminar, en lo que yo entendía que era el procedimiento
establecido y era un debate conjunto de las tres proposiciones no de
ley, decir que hemos coincido en muchos elementos de la propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista, que yo propondría unir en una
transaccional que pudiéramos votar todos en ese espíritu de diálogo y
constructivo. Con el Grupo de Izquierda Unida coincidamos también en
dos o tres aspectos que consideramos positivos y están incorporados
en la propuesta que les estoy planteando en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, aunque no estaríamos de acuerdo, porque además
es contradictorio, en mejorar fiscalmente por un lado a unos
colectivos y por otro establecer una eco-tasa, que encarecería mucho
más las gasolinas y los hidrocarburos para todos los ciudadanos en
beneficio de un solo colectivo. El Grupo Parlamentario Popular
considera que eso es incoherente y no lo apoyará.

En definitiva, y termino, señora presidenta, el Grupo Parlamentario
Popular ha enmendado su proposición no de ley que fue aprobada en un
texto de hace dos semanas, con el interés de avanzar medidas donde
podamos llegar a acuerdos y concreciones sobre lo que debe hacer el
Gobierno en cuanto a la liberalización del sector de los
hicrocarburos. Con ese ánimo constructivo podemos avanzar y desde el
Parlamento podemos establecer unos puntos básicos al Gobierno en las
medidas que adopte, con independencia de que después las debatamos en
esta Cámara. Quiero ampliar, porque
se me ha olvidado decirlo, que el debate lo hagamos en la sede de la
Comisión de Economía y no planteándonos procedimientos
extraordinarios, para debatir como veremos en la moción de inflación
que es complementaria a esta proposición no de ley de hidrocarburos,
más expedientes de competencia y que pueda venir el presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de las comisiones respectivas
a informar de las materias de su competencia, para lo que contarán
con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.

Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer frente al
crecimiento de precios de los carburantes, tiene la palabra el señor
Centella.




El Señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, estamos en un
debate importante, y estoy convencido de que todos nuestros
compañeros diputados están en sus despachos siguiéndonos por
televisión y no contemplando otros posibles eventos que se están
produciendo en estos momentos; por tanto el que haya pocos diputados
responderá a ese motivo y no a otro.

Digo que es un debate importante porque estamos ante un problema
serio en este país, problema que está afectando muy directamente al
bolsillo de muchos ciudadanos y a la economía de este país, ya que la
sucesiva subida de la gasolina está provocando que se castigue muy
seriamente a sectores como el agrícola y también al ciudadano normal,
que ve cómo incomprensiblemente sube el precio de la gasolina sin
parecer tener fin. Por eso es muy importante que hoy aquí lleguemos
a acuerdos que sean eficaces y que sean además creíbles desde este
momento. No podemos plantear propuestas y decir a los ciudadanos que
esperen a que den resultados, como esperan a que venga la lluvia
o cualquier otro fenómeno natural. Por tanto, repito, aquí tenemos que
acordar propuestas que hagan posible desde este momento frenar esta
subida y cambiar una tendencia que todos creemos no tiene lógica en
estos momentos. Hay una realidad, y es que la subida de la gasolina
tiene sus causas en varios aspectos, pero hay una muy evidente y es
que ha fracasado la política de liberalización del Partido Popular, y
ha fracasado en este sector como también está fracasando en el sector
de la vivienda, porque el camino que han escogido, el camino de la
liberalización no es el que mejor puede llevar a un control efectivo
de los precios. Ustedes se empeñan en mantenerlo creyendo que el
liberalismo resuelve todos los problemas de este mundo, y en este
tema se ve claramente que no es el mejor camino a seguir, y no está
dando los frutos, ni siquiera aquellos que el Gobierno planteó de que
se iba a bajar la gasolina todas las semanas cuando se anunciaron
estas medidas,



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y además ha ido parejo con una renuncia del Gobierno a defender los
derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores. Ahí
radica el problema número uno del Gobierno en estos momentos, y es
que ha hecho dejación de una obligación que tiene todo Gobierno, que
es defender los derechos de los ciudadanos. Digo esto porque la
subida no está afectando solamente de forma directa a aquellos que
utilizan carburante para su actividad económica, sino que está
provocando en cadena día a día una subida de los transportes de
viajeros, de los transportes de mercancías y unos daños irreparables
en el sector agrario. En consecuencia, medidas que pudieran dar unos
resultados dentro de unos meses, no podrán de ninguna manera paliar
los daños que día a día se están produciendo. Por tanto, repito,
ustedes deben empezar asumiendo que el liberalismo, que a ustedes
tanto les gusta, no resuelve todo los problemas de este mundo, ni
mucho menos el que tienen planteado en este momento de las subidas de
las gasolinas. En consecuencia, independientemente del proceso que ha
habido de subida de precio del crudo, independientemente de la
depreciación del euro, ha habido precisamente ese fracaso de su
modelo de política, esa dejación que ustedes han hecho de intentar
participar o intentar incidir en un mercado, y al final se ha
producido una auténtica desregularización del sector que ha dado
lugar a la aparición de un verdadero oligopolio que controla
actualmente el mercado de la distribución. Si ustedes no toman
medidas, como se han tomado en otros países, se están convirtiendo
por activa en cómplices de esta situación, situación que podemos
llegar incluso a pensar que conscientemente está provocando unos
inmensos beneficios a unos pocos en perjuicio de la mayoría de la
población. Por tanto, rechazamos las argumentaciones que quizá se han
utilizado en otros debates, de que el precio de la gasolina en España
es de los más bajos de Europa. Las rechazamos porque no podemos caer
en la trampa de comparar los precios finales; hay que comparar los
precios finales en función de los salarios y del poder adquisitivo de
los consumidores, esa es la verdadera comparación. Si hacemos esa
comparación veremos que la gasolina y el gasóleo están mucho más
caros en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Nosotros consideramos que el Gobierno tiene una parte importante de
responsabilidad y que tiene que actuar como no lo ha hecho hasta
ahora: cambiando su política. Tiene que actuar de manera que incida
realmente en pocos días en el precio de la gasolina y del gasóleo. No
podemos poner en práctica medidas para decirles a los ciudadanos que
esperen semanas o meses a que den resultados.

En nuestra propuesta nosotros denunciamos esta situación y planteamos
la necesidad de que el Gobierno haga propuestas concretas que tengan
efectividad desde el mismo momento en que se planteen. No estoy
hablando, por supuesto, de su sorprendente pasión por las grandes
superficies, y no lo digo porque sea malo ni bueno. Nos sorprende ese
anuncio de que la solución es que se venda gasolina en las grandes
superficies. Su pasión por estas grandes superficies, que tanto daño
han hecho y hacen al pequeño y al mediano comercio en este país, les
puede llevar a seguir por un camino que no es el más adecuado.

Hay que adoptar medidas realmente eficaces que favorezcan la
concurrencia en el almacenamiento y distribución de los
hidrocarburos. Creemos que hay que regular el acceso a estos sectores
mediante el establecimiento de cargas de peaje y la reducción de los
plazos de vigencia de los contratos. Hay que establecer un límite
máximo de precios y mejoras fiscales para sectores como el agrario,
el pesquero o el transporte público. Estamos hablando de impuestos
indirectos, de esos impuestos que castigan por igual al pequeño
comerciante, al pequeño agricultor o al hombre medio español, que al
que tiene tierras y al que tiene dinero. Son impuestos bastante
injustos ya de por sí para que, encima, los sobrecarguemos.

Mantenemos la necesidad de promover iniciativas concretas para
garantizar la eficacia real del Tribunal de Defensa de la Competencia
y actuaciones en materia decisoria sobre esta cuestión. Por tanto,
nosotros planteamos medidas que creemos pueden ser eficaces.

Para terminar, como se ha hecho alusión a nuestra propuesta de
establecer una determinada ecotasa, quiero hacer un breve comentario
al respecto. El sentido de la ecotasa no es aumentar la fiscalidad,
sino redistribuirla mejor. Su implantación no tiene por qué suponer
en términos generales un aumento de la fiscalidad, se trata de que
ésta tenga un carácter finalista y que parte del dinero que se
recauda a través de los impuestos sobre la gasolina y otros productos
se invierta en actuaciones eficaces a la hora de reducir los efectos
de la contaminación provocada por el exceso de vehículos en la vía
pública. En esta misma línea, hay que hacer una apuesta por las
medidas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Aunque no
era el tema esencial de mi intervención, he querido dejar constancia
del interés de introducir la ecotasa dentro de la fiscalidad
española, no para aumentarla -insisto- sino para su mejor
redistribución.

Se nos hacen desde esta tribuna llamamientos al consenso y no es
fácil responder porque el método que se ha utilizado no es el mejor.

El consenso no se puede buscar sólo para sacar párrafos o puntos
concretos, sino que estamos hablando de una política general, que es
lo que nos puede llevar al consenso. En este momento hay dos caminos
y el Gobierno no ha dado un paso para buscar el consenso; sigue por
un único camino: el del liberalismo, aunque se le han planteado otras
propuestas, como la de intervenir realmente en los precios en la
medida en que pueda hacerlo. Si el Gobierno se empeña en mantener un
solo camino, es evidente que la llamada



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al consenso muy difícilmente podrá tener eco en otros grupos,
especialmente en el Grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.

A estas proposiciones no de ley se han presentado enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.

Tiene la palabra.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, voy a tratar de defender las enmiendas
del Bloque Nacionalista Galego en este nuevo debate sobre las medidas
a adoptar para frenar la espectacular y preocupante subida de los
precios de los carburantes.

Para nosotros, estos debates por lo menos deberían tener dos
finalidades: en primer lugar, no dar por buenas o inevitables estas
subidas que, indudablemente, están teniendo unas repercusiones muy
negativas en el bolsillo de los ciudadanos en general y en algunos
sectores económicos en particular. En segundo lugar, también desde
nuestro modesto punto de vista, los debates deberían perseguir la
búsqueda de soluciones -soluciones que, naturalmente, en última
instancia, debe adoptar el Gobierno- que buscasen reducir de
inmediato este impacto negativo de la subida de las gasolinas
y también, aprendiendo de lo sucedido en los últimos tiempos, que se
pusiesen en marcha mecanismos prácticos que evitasen situaciones
semejantes en el próximo futuro.

Por estas razones venimos insistiendo en debates anteriores, y hoy lo
volvemos a hacer, en que para poner en marcha esas soluciones
prácticas que demandan los ciudadanos hay que analizar los factores
que inciden en la subida desmesurada de los precios y desde luego
actuar, cuando menos, sobre alguno de ellos, porque si no
probablemente los debates se transformarán en algo estéril. Desde
nuestro punto de vista, por más que al Gobierno no le guste ni al
Grupo Popular tampoco, hay dos factores que inciden con claridad en
el precio final de los carburantes sobre los que el Gobierno podría
actuar si estuviesen dentro de la lógica de su política económica.

Sin duda podría actuar rebajando la carga fiscal que actualmente
sufren los carburantes, algo que naturalmente el Gobierno no se
muestra partidario de realizar, entre otras cuestiones porque, como
ya se afirmó en otros debates, el Gobierno elige como vía de
recaudación la de los impuestos indirectos, frente a la vía de los
impuestos directos; podría actuar también sobre los márgenes de
beneficio de las petroleras -y no vamos a incidir en que éstos
aumentan más cada día que pasa- usando esa capacidad de fijar precios
máximos a la que, como ya ha
renunciado, no parece querer volver; podría también utilizar otras
medidas compensatorias de tipo fiscal, etcétera, para amortiguar este
impacto de las subidas en aquellos sectores que más las están
sufriendo y que desde luego tienen más dificultades para repercutir
los costes en los precios.

En lugar de eso, el Gobierno insiste en difundir, eso sí,
machaconamente la idea de que se corregirá el problema con la
aplicación de eso que se da en llamar más liberalización del sector,
con la introducción de más competencia, y acaba de hacer referencia
la señora portavoz del Grupo Popular a ese tipo de medidas. Es un
mecanismo de actuación sobre los precios de los carburantes para
orientarlos a la baja cuyas bondades hasta el momento no se han
contrastado en la práctica; ya se procedió, efectivamente, a
privatizar el sector y también renunció el Gobierno, como decía
antes, a esa capacidad de fijar precios. Sin embargo, de esas medidas
no se derivó una bajada de precios sino lo contrario. En la práctica
no se contrastó, por tanto, que ese tipo de política sirviese para
ese fin, para disminuir los precios.

Nos parece -y permítame que lo digamos con claridad- más que
discutible que la profundización en ese tipo de planteamientos vaya a
conseguir que se contengan los precios. En todo caso, sí conviene
decir también que hay que reconocer que el Gobierno está consiguiendo
paulatinamente llevar el debate a su terreno. Nosotros somos -por
decirlo claramente también- absolutamente escépticos en cuanto a la
utilidad de esas llamadas medidas liberalizadoras como fórmula para
contener esos precios de los hidrocarburos y mantenerlos en niveles
aceptables, por lo menos a medio y largo plazo, si no se acompañan
estas medidas de actuaciones del Gobierno, como anteriormente
propusimos y a las que acabo de hacer referencia. En todo caso, como
quien dice, tampoco podemos oponernos demasiado a las medidas que
propone el Gobierno porque seguro que no van a empeorar las cosas,
dicho al margen; lo más que podrán conseguir, efectivamente, será que
en algunos ámbitos reducidos puedan bajar los precios, pero de manera
general desde luego no.

Para concluir, señora presidenta, quería decir que las enmiendas que
presentamos pretenden incidir una vez más en el tema de bajar los
precios para algunos sectores que especialmente están más afectados
en este momento, como son el agrícola y el pesquero y que, de alguna
manera, en el debate no se sustraigan estos problemas, aunque estamos
convencidos de que esa no es la intención del grupo proponente. Estos
sectores están pidiendo soluciones inmediatas o medidas concretas que
frenen esa repercusión que están teniendo los precios de los
carburantes. También es verdad que el Gobierno no está dispuesto a
poner en marcha ninguna medida en este sentido. Nosotros, cómo no,
inasequibles al desaliento, creemos que habría que hablar de medidas
generales y también de medidas concretas de



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una manera inmediata y a ellas hacemos referencia, porque si no se
toman estas medidas concretas, señoras y señores diputados, los
ciudadanos seguirán pagando las consecuencias de políticas, cuando
menos, poco acertadas.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Grupos que
desean fijar posición y que no han presentado enmiendas? (Pausa.)
Señora Mendizábal, a los solos efectos de expresar la aceptación o el
rechazo de las enmiendas presentadas.




La señora MENDIZÁBALGOROSTIAGA: Muchas gracias, señora presidenta,
pero me permitirá agradecer el tono de la representante del Grupo
Popular en su intervención. Le agradezco el tono, aunque no estoy de
acuerdo con las cosas que realmente ha dicho. La verdad es que no
estamos de acuerdo en tantas cosas...




La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Mendizábal, quedaba otra
enmienda del Grupo Mixto.

Señor Labordeta.




El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, parecía mal gritar y al
fin nos hemos enterado.

Nosotros hemos presentado una enmienda de adición al punto 2 de la
proposición no de ley del Partido Popular en la cual añadiríamos al
final del texto de este punto 2: «y, en especial, las destinadas a
garantizar que no existan acuerdos, con tendencia al oligopolio,
entre las grandes empresas petroleras que operan en España». La
motivación es que consideramos especialmente prioritario incidir
políticamente en este aspecto, que tiende a controlar los beneficios
abusivos de las empresas de petróleo. El mismo presidente de la
Comisión de Industria y Comercio Exterior del Parlamento Europeo
señala exactamente cómo el Gobierno español parece que no tiene mucho
interés en que una autoridad impida las prácticas contrarias a la
competencia en detrimento de los consumidores. El problema es que el
Gobierno -dice- ha demostrado que no está interesado en que exista un
organismo independiente que controle el tema de las posiciones
dominantes.Nosotros creemos que el Gobierno español debería tomar
ejemplo del Gobierno italiano que, ante la existencia de estas
compañías petrolíferas, de estos monopolios, ha castigado con unas
multas de 320 millones de dólares por acordar ilegalmente los precios
de las gasolinas en detrimento de los consumidores. Nosotros creemos
que las grandes empresas petroleras están creando en España un
oligopolio y el Estado debería intentar, de alguna manera, combatir
este gran oligopolio por lo menos a través de esa autoridad
antimonopolios que desgraciadamente en nuestro país no existe.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.

Ahora sí, señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.

Quiero decir al Grupo Popular que no son tantas las coincidencias que
tenemos, porque no coincidimos en el tema de los accesos, aunque así
lo haya dicho la representante del Grupo Popular. Es decir, estamos
de acuerdo en todo lo adyacente, en todo lo instrumental y no en lo
fundamental. Como he dicho en la presentación de mi proposición no de
ley, lo fundamental es el establecimiento del precio máximo, que no...




La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Mendizábal, no reabra un nuevo
debate. Por favor, exprese si acepta o rechaza las enmiendas, tanto
la presentada por el Grupo Parlamentario Popular como la presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Estaba dando una explicación de por
qué no aceptamos la enmienda del Grupo Popular, porque no recoge lo
fundamental de nuestra proposición no de ley.

Aceptamos la enmienda de la Chunta. En cuanto a la enmienda del
Bloque Nacionalista Galego, como ya presentamos nuestra iniciativa la
semana anterior respecto al tema específico, consideramos que en
estos momentos no es oportuno introducir en una proposición no de ley
de tipo generalista cuestiones específicas con relación al sector
agrario y al sector pesquero.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal. Quiero
indicarle que la enmienda del Grupo Mixto, del diputado señor
Labordeta, afecta a la proposición no de ley del Grupo Popular, no a
la de ustedes.

Señora Pisonero, también a los solos efectos de indicar la aceptación
o rechazo de la enmienda presentada por el señor Labordeta, del Grupo
Parlamentario Mixto.




La señora PISONERO RUIZ: En lo que se refiere a buscar la persecución
de las posiciones oligopolísticas, aunque no esté planteado
formalmente en la enmienda, creo que sería de los pocos ejemplos a
seguir del Gobierno italiano. Efectivamente, están en curso
expedientes, hasta lo que sabemos, para detectar si se ha producido
una concurrencia, cosa que no es fácil, y de eso se derivarán las
sanciones pertinentes. Eso como una contestación puntual a su
enmienda, que completa la proposición no de ley del Grupo Popular,
que entiendo que está aceptada. Informalmente -un segundo-,
agradecerle el tono...




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La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Pisonero, este trámite es única
y exclusivamente de aceptación o rechazo. Muchas gracias.

Señor Centella, del Grupo Federal de Izquierda Unida, también a los
efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo
Popular.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero decir que no aceptamos la enmienda tal y como había dicho en
el debate, porque no podemos aceptar una enmienda que no plantea el
consenso, sino simplemente que asumamos la política del Gobierno.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para avanzar en la
liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos en los
propios términos en que ha sido planteada al no haber sido aceptadas
por el grupo proponente las enmiendas presentadas a la misma.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 132; en contra, 179.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.

Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre el mercado de hidrocarburos con la
incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo
proponente.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 185; en contra, 118; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.

Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para hacer
frente al crecimiento de precios de los carburantes en sus propios
términos, por cuanto no ha sido admitida la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 128; en contra, 180.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
ANTE LAS GRAVES CONSECUENCIAS PRODUCIDAS EN CATALUÑA POR LAS LLUVIAS
TORRENCIALES DEL PASADO DÍA10 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente
162/000070.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, POR LAQUE SE INSTAAL
GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS
OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2000
EN CATALUÑA. (Número de expediente 162/000071.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVAALPLAN DE MEDIDAS
INMEDIATAS PARA REMEDIAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS
LLUVIAS TORRENCIALES CAÍDAS EN CATALUÑAEL PASADO 10 DE JUNIO DE 2000.

(Número de expediente 162/000072.)



La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que ha sustituido a la que figuraba en
el orden del día, sobre medidas urgentes a adoptar por la
Administración General del Estado ante las graves consecuencias
producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10
de junio. Asimismo, se debatirá conjuntamente la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se
insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con
los daños ocasionados por las lluvias del día 10 de junio, así como
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa
al plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios
causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña.

Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo.

Adelante, señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo
tenía asignada en el orden del día inicialmente previsto para hoy una
proposición no de ley sobre la seguridad del túnel de Vielha y la
construcción de un nuevo túnel. (El señor vicepresidente Camps Ortiz
ocupa la Presidencia.) Es para nosotros un tema verdaderamente
importante, pero en la madrugada del pasado día 10 se produjeron unas
lluvias torrenciales en casi toda Cataluña, especialmente en dos
puntos concretos, alrededores de Montserrat y alrededores



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de El Vendrell, y se produjeron circunstancias que alteraron nuestra
prioridad para el plenario de hoy.

Yo recuerdo en otras legislaturas muchos plenos en que temas sobre
inundaciones y sobre circunstancias especiales de tormentas se
debatían cuando llegaba a la Cámara el correspondiente decreto ley
del Gobierno con las medidas para paliar los efectos de estas
inundaciones y tormentas. Esta vez, lamentablemente, se produjeron en
una fecha que dio tiempo suficiente a los grupos parlamentarios para
intervenir haciendo una propuesta de urgencia, propuesta que, a
través de la previsión que había para el día de hoy, ha dado origen a
la posibilidad de un cambio en el orden del día. La prioridad creemos
que era la que ahora tenemos que debatir, y por lo tanto solicitamos
el cambio.

Vamos a debatir dos proposiciones semejantes, del Grupo Popular una y
del Grupo Socialista otra, que también veían esa prioridad. Nuestro
agradecimiento al voto unánime de la Cámara para el cambio del orden
del día que permite el debate que ahora estamos iniciando.




De todas maneras, no debo seguir sin antes decir que las
circunstancias producidas por las lluvias torrenciales dejaron muchas
pérdidas, pero lo más grave es que hubo pérdidas de vidas humanas.

Sentimos verdaderamente dichas pérdidas, las que se produjeron
directamente por causa de las tormentas y las que se produjeron
circunstancialmente, en entrega y cumplimiento de su obligación de
servicio, con la muerte de dos miembros del cuerpo de la Guardia
Civil. Nuestro pesar por ello, nuestro pésame a sus familiares.

Señorías, nuestra proposición no de ley va dirigida a paliar los
efectos de las tormentas del pasado día 10. Nuestra proposición de
ley pedía en su primer punto (y digo pedía porque hemos trabajado
conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Socialista, muy
parecida a la nuestra, y la del Grupo Popular, más genérica, y se ha
podido llegar a un texto de posible consenso), la evaluación
inmediata de los daños y la declaración de zona catastrófica. Este es
un término que parece ser que hoy en día ya no se usa y nosotros
estamos dispuestos, si se aprueba una nueva redacción, a aceptar que
desaparezca este concepto e incorporar otro que lo sustituya. En
nuestro segundo punto pedimos una investigación exhaustiva sobre las
causas que han provocado el derrumbamiento del puente sobre la
carretera N-II entre los municipios de Esparraguera y Abrera. En esa
zona se han dado una serie de circunstancias que hay que investigar
exhaustivamente. No se conocen las causas todavía, pero se deberán
arbitrar soluciones técnicas para que en el futuro no se produzcan
hechos como los sucedidos y hay que dilucidar si ha habido
responsabilidades porque es increíble la forma en que se ha hundido
el puente. En el punto tercero solicitamos el impulso inmediato de la
reconstrucción de este puente, así como también los demás tramos
afectados. Ha habido derrumbes y movimientos de tierras que
afectan a toda la circulación, tanto a las vías de ferrocarril como
de carreteras de diversos municipios de la zona. También en el punto
quinto pedimos el impulso de una solución inmediata ante los
problemas de la segunda zona que he citado, donde un puente sobre la
línea férrea y un paso inferior en la carretera N-340 originan,
debido posiblemente a un diseño defectuoso o no acertado, graves
inundaciones en el denominado Torrent del Lluch. Esto es evitable y,
por tanto, hemos de dar solución rápidamente al problema. Por último,
en el punto cuarto pedimos que se impulsen medidas de bonificación
del peaje de la autopista A-2 porque la zona de Lérida está en estos
momentos no diré que incomunicada pero sí en unas condiciones
precarias para poder comunicarse básicamente con Barcelona a través
de vías aceptables y que tengan un carácter gratuito. Así pues,
pedimos la bonificación, aunque sea parcialmente, mientras se están
realizando las obras, o en todo caso que sea gratuito, si se
considera oportuno, para que pueda circularse por la autopista A-2.

Estas medidas deben tomarse inmediatamente y por ello nuestra
proposición no de ley es de carácter urgente. Si prospera, que espero
que así sea porque de ello hemos hablado al elaborar el texto
refundido, supondrá el voto conjunto de esta Cámara para que desde el
Gobierno se actúe, se tomen las medidas necesarias para paliar los
efectos de la desafortunada madrugada del día 10 de junio. Tengo que
decir que no hemos podido considerar enmiendas que a nuestro texto se
habían presentado por cuanto que no parecía oportuno que en la
redacción del refundido pudieran aceptarse enmiendas que desligaran
el texto común que se presentará luego. He de decir que ha sido
relativamente fácil porque los distintos grupos han estado prestos
para poder llegar a un consenso. Repito que el texto del Grupo
Socialista, aunque con tres puntos, coincidía mucho con el nuestro, y
el texto de la propuesta del Grupo Popular era más de carácter
general, nosotros lo aceptamos como genérico, pero creemos que hay
que matizar un poco más, entrar en cosas concretas, y a través del
diálogo a ello hemos podido llegar. Por tanto, nosotros hemos
presentado ya el texto de nuestra proposición no de ley y esperamos
que de la votación común de un texto podamos instar al Gobierno a la
resolución de muchos problemas que se han creado estos días.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.

Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Sanz tiene la palabra.




El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.




Señorías, las fuertes lluvias caídas en Cataluña el pasado día 10 de
junio han ocasionado importantes



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daños en distintos municipios de esa comunidad autónoma, afectando a
las infraestructuras viarias y ocasionando importantes perjuicios en
distintos servicios públicos, así como produciendo daños a
particulares no sólo en bienes materiales sino, lo que es más
lamentable, cobrándose vidas humanas. La magnitud y el alcance de
estas lluvias requieren una respuesta inmediata de los poderes
públicos para restablecer la normalidad a las zonas y sectores
afectados. Con esta finalidad de hacer frente, con celeridad y
eficacia, a las consecuencias de estas lluvias es necesaria la
adopción de distintas medidas por parte del Gobierno, con la
coordinación necesaria con otras administraciones competentes.

Asimismo, y sin que este sea el momento de profundizar en el tema, se
ha producido el hundimiento de un puente recientemente construido,
hace diez años, cuyas causas serán investigadas por el Ministerio de
Fomento. Afortunadamente, en el momento del siniestro no había
excesiva circulación de vehículos, cosa habitual en esa zona, lo que
habría agravado las consecuencias catastróficas. El Grupo Popular es
consciente de la alarma social que todo ello ha provocado, así como
de los diversos daños causados. Por ello, y ante la necesidad de
acercar el Parlamento a la situación real, ha presentado una
proposición no de ley aceptada como punto del orden del día por la
Mesa y ratificándolo el Pleno para intentar mandar un mensaje de
tranquilidad y de esperanza a todos los afectados. Este es, señorías,
un buen momento para demostrar la corresponsabilidad y la solidaridad
del Estado con todas las comunidades autónomas, en este caso con la
Comunidad Autónoma dañada, Cataluña. Porque no se trata de que cada
palo aguante su vela, sino de que se sumen esfuerzos por todas las
administraciones para ponernos al servicio del bien común. Se trata,
en definitiva, de tomar medidas dentro de las competencias de cada
órgano de la Administración, bien sea estatal, autonómica o local.

El Ministerio de Fomento ha sido diligente y ha impulsado el peaje
gratuito de camiones para descongestionar la autopista. La factura a
Acesa la paga Fomento. También ha impulsado un estudio para averiguar
las causas del derrumbe. Por su parte, la Generalitat nos consta que
está reunida para adoptar medidas económicas. ¿Cómo solucionar el
asunto? ¿Qué terapia se ha de aplicar? En primer lugar se ha de
evaluar la situación, conocer exactamente cuál es el alcance del
desastre, y esto se ha de hacer con la mayor diligencia posible. En
segundo lugar, se han de aplicar criterios para remediarlo.

Antiguamente se aplicaba el criterio de zona catastrófica, pero
actualmente se requiere un criterio distinto al tradicional.

El criterio de zona catastrófica implicaría limitaciones y un
perjuicio para los ciudadanos afectados por la catástrofe en
Cataluña, ya que la Orden Ministerial del año 1993 condiciona las
ayudas a que el trabajador esté cobrando el salario mínimo. Es decir,
se limitarían los
baremos de ayudas y las ayudas no serían reales, las indemnizaciones
serían pequeñas y no arreglaríamos el problema. ¿Qué hay que hacer?
Hay que hacer lo mismo que ya se hizo en los casos de Badajoz y de
Écija. Se trata de sustituir el viejo sistema por un real decreto-ley
del Ministerio del Interior en el que se reflejen subvenciones para
coparticipar. De esta manera no habrá una demora grande una vez
producidos los daños, porque hay que atender los daños en viviendas,
en enseres, en vidas, así como en las infraestructuras, servicios
públicos y diversos sectores económicos afectados; sobre todo, se
trata de adoptar medidas para que esto no se vuelva a repetir. El
real decreto-ley rompe los umbrales de las cuantías a pagar y no se
produce desamparo en los ciudadanos. Se trata de adoptar, previa
evaluación de los daños causados por las lluvias en Cataluña, en
colaboración con la Generalitat y las administraciones locales de los
municipios afectados, aquellas medidas acordes con la cultura y
capacidad de Cataluña. Se trata, en suma, señorías, de trabajar en
común y aunar esfuerzos. En este sentido, fruto de las conversaciones
y el diálogo con grupos políticos, en especial con el Grupo de
Convergència i Unió, vamos a proponer un texto refundido de las tres
proposiciones no de ley, al que el señor Sedó ha hecho referencia
anteriormente, que leeré al final de mi intervención para, si se
estima oportuno, sea sometido a la consideración de la Cámara.

Señorías, este es un ejemplo de cómo el Parlamento ha de estar al día
y no ir a remolque de la realidad. La agilidad con que se ha
reaccionado es una buena muestra de ello. Espero y deseo que estos
lamentables sucesos sirvan como testimonio de solidaridad y como
ejemplo de colaboración de las administraciones implicadas y de los
grupos parlamentarios en orden a solucionar problemas reales y
urgentes de los ciudadanos. Esa y no otra es la respuesta que se
espera de nosotros. Estoy seguro de que todos, sin excepción, vamos a
saber estar a la altura que se nos exige.

Voy a leer el texto que proponemos conjuntamente para su votación: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa evaluación
de los daños causados por las lluvias en Cataluña el pasado día 10 de
junio, adopte, en colaboración con la Generalitat y las
administraciones locales de los municipios afectados, las medidas
necesarias para paliar con la máxima urgencia posible las
consecuencias de las mismas en infraestructuras, servicios públicos y
en los diversos sectores económicos afectados. Entre las medidas
adoptadas deberán quedar incluidas ineludiblemente las referidas a:
A) Presentación de un real decreto-ley por el que se adopten medidas
urgentes para reparar los daños causados por las citadas lluvias,
dictando el Gobierno y los distintos titulares de los departamentos
ministeriales las disposiciones necesarias, tal y como ya se ha
venido produciendo en casos análogos anteriores. B) Investigación
exhaustiva sobre las causas que



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han provocado el derrumbamiento del puente sobre la carretera N-II
entre los municipios de Esparraguera y Abrera y estudios sobre la
canalización de la Riera de la Magarola. Esta investigación deberá
arbitrar soluciones técnicas que impidan hechos como los sucedidos
y deberá depurar las responsabilidades que en su caso pudieran
derivarse. C) Impulso de una solución inmediata ante los problemas
que origine en el municipio de El Vendrell el puente de la línea
férrea de Renfe, así como el paso de la N-340 y su variante, que con
su actual diseño provocan graves inundaciones, con el desbordamiento
del denominado Torrent del Lluch. D) Proceder a la inmediata
reconstrucción de las infraestructuras viarias y ferroviarias dañadas
por las lluvias, en especial las ocasionadas por el desbordamiento
del torrente del Lluch en el término municipal del Vendrell y el
derrumbamiento del puente de la carretera N-II entre los municipios
de Esparraguera y Abrera. E) Impulsar, en los casos que proceda,
medidas de bonificación, incluida la gratuidad en el peaje de la
autopista A-2 mientras duren las obras de reconstrucción de la N-II
en los tramos afectados.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sanz.

Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Cunillera.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos aquí para hablar de las lluvias torrenciales que
cayeron sobre algunas comarcas de Cataluña el pasado día 10 y que han
provocado, como ya se ha dicho aquí, múltiples daños de tipo
personal, material o en infraestructuras viarias que han suscitado
una manifestación de ayuda y apoyo por parte de servicios públicos y
ciudadanos y ciudadanas a los afectados digna de encomio. Por ello,
mis primeras palabras serán para reconocer ese trabajo y dedicación.

En especial, hay que hacer referencia al Cuerpo de la Guardia Civil,
que perdió a dos de sus miembros en las tareas de rescate de dos de
las víctimas mortales de la catástrofe. Una vez más, ese cuerpo ha
sabido dar la medida de su disposición y entrega.

Las lluvias a las que hacemos referencia tuvieron lugar en un espacio
muy corto de tiempo y a una hora intempestiva que sorprendió a los
ciudadanos y ciudadanas en sus casas, que fueron arrasadas en algunos
sitios, como lo fueron sus negocios o medios de subsistencia. La
movilización en pro de la reparación de los daños causados ha sido
rápida y permite tener esperanza de cara al futuro. Ahora bien, es
misión de este Congreso instar al Gobierno a que habilite los
mecanismos necesarios para hacer lo posible en lo que sea materia de
su responsabilidad, y en este sentido estaba orientada la proposición
no de ley de nuestro grupo, que ha
presentado para su debate en esta Cámara, porque es el momento de la
búsqueda de soluciones, de la averiguación de los porqués y de la
articulación de cómo llevar a cabo las acciones necesarias.

Nos parece oportuno, antes de entrar en la explicación del contenido
de nuestra iniciativa, dejar claro que no sólo es importante
considerar los efectos que han tenido un reflejo más fuerte en los
medios de comunicación, sino que debemos pensar también y no dejar de
lado esos pequeños pueblos y sus habitantes que se han visto
seriamente afectados. Decía estos días un alcalde de alguna de las
poblaciones pequeñas en la falda de Montserrat que temían el olvido
de sus pueblos. Y podría suceder así si no se le pone remedio. Hoy
mismo podíamos leer en un medio de comunicación cómo algún pueblo,
con un presupuesto municipal de 18 millones de pesetas, ha sufrido
pérdidas del orden de los 1.000 millones. Es evidente que estos daños
no se pueden paliar sin la ayuda de las otras administraciones.

Porque no podemos olvidarnos de los que no ocupan las primeras
páginas de los periódicos o los primeros minutos de los telediarios y
demás informativos, el primer punto de nuestra proposición no de ley
incide directamente en la necesaria articulación y sistematización de
las medidas que se deben aprobar por el Gobierno y su dotación
presupuestaria. No es suficiente, simplemente, declarar la zona
merecedora de medidas urgentes. Los daños causados son diversos y
distintos y pedir que esas medidas se adopten por medio de un
decreto-ley no es una solicitud caprichosa de nuestro grupo, es
porque precisamente deberán ser muy complejas y atender a situaciones
muy diversas. Un decreto de esas características permitirá abarcar
toda esa complejidad: los daños en casas particulares, en fincas
rústicas, en negocios y comercios y, por fin, en infraestructuras
viarias. Por ello hay que pensar en una diversidad de medidas que
vayan desde la fiscalidad a la renegociación de créditos, etcétera.

Es evidente que una catástrofe de esta magnitud y la reparación de
los daños exige una dotación económica extraordinaria y, por ello,
habrá que articular el crédito extraordinario o la medida que el
Gobierno considere oportuna, pero en todo caso la que dé a los
afectados la tranquilidad de que esas medidas están respaldadas
económicamente. Ayer mismo los ayuntamientos de la zona más afectada
se han ido reuniendo para reclamar la declaración de zona
catastrófica y han aprobado mociones con peticiones muy concretas a
las administraciones responsables que van desde las consejerías del
Gobierno autónomo a las que competen a la Administración central, y
en estas últimas nos corresponde a nosotros pronunciarnos hoy, al
tiempo que reclamar del Gobierno la coordinación con la Generalitat
de Cataluña y los municipios para la mejor utilización de los
recursos.

Nuestro grupo, en su punto segundo, pide al Gobierno la
reconstrucción inmediata de las infraestructuras viarias afectadas
por las lluvias del día 10, especialmente



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la carretera N-II, que se ha visto cortada por los desplomes en la
zona del Bruc y por el derrumbe del puente entre las poblaciones de
Esparraguera y Abrera o en El Vendrell, la N-340, con el
desbordamiento del torrente de El Lluch.La riada producida en la N-II
ha conllevado también el destrozo de los tubos de desagüe de los
vertidos en las rieras de las empresas y viviendas particulares
situadas en la zona. Ello puede significar que esos vertidos vayan
directamente al río Llobregat, con lo cual se puede ocasionar un daño
ecológico de magnitudes todavía no cuantificadas pero, con toda
seguridad, enormes. Es evidente que esto puede conducir a un grave
deterioro medioambiental en una zona donde se han dedicado muchos
esfuerzos a paliar antiguas deficiencias estructurales en la
conservación del medio ambiente. Esos esfuerzos no pueden resultar
vanos y habrá que tomar nuevas medidas. Pedimos que se investiguen de
manera exhaustiva y lo más rápida posible las causas y motivos que
han originado el derrumbe del puente entre Esparraguera y Abrera.

Creemos que esa debería ser una exigencia de todos los grupos, entre
otras cosas, para evitar la distorsión de la realidad de lo ocurrido
o la equivocación del ilustre representante del Grupo Popular que me
ha precedido en el uso de la palabra, que debería saber que ya hoy
están publicando los medios de comunicación que la antigüedad del
puente derrumbado no es de diez años, es mucho más antiguo. Incluso
en alguna iniciativa presentada en esta Cámara y que hoy no se debate
se hacen afirmaciones erróneas y consideraciones que no se ajustan a
lo que se ha ido conociendo en los pocos días transcurridos. La mejor
manera de luchar contra la demagogia que algunos pueden tener la
tentación de utilizar es el conocimiento de los hechos. De manera
similar debemos pronunciarnos respecto del desbordamiento del Torrent
del Lluch, en el término municipal del Vendrell, y que arrasó tanto
el centro comercial de esa localidad como sus barrios marítimos.

En cuanto al tercer punto de nuestra iniciativa, pedimos que se
garantice el tránsito gratuito de vehículos por la autopista A-2,
entre Lleida y Barcelona, no sólo para el transporte pesado sino para
los de todo tipo. Sabemos que hoy ha entrado en funcionamiento lo que
se refiere al transporte pesado, pero desde nuestro punto de vista no
se pueden dejar olvidados el resto de los 40.000 vehículos que
diariamente circulan por esa vía, que sin ser transporte de
mercancías o de viajeros también viajan por trabajo. No se puede
hacer por dos motivos fundamentales. El primero, porque no hay otra
alternativa de acceso directo entre Lleida y Barcelona y, si se
utilizan otras de acceso más indirecto -por ejemplo el Eje
transversal, que ya nació insuficiente para un volumen de tráfico
normal- se colapsan. Además, no se puede considerar válida sin entrar
en la consideración de poblaciones importantes, como Tárrega o
Cervera, en la provincia de Lleida, que quedan a mitad de trayecto y
tienen dificultades añadidas. En segundo
lugar, los desvíos para vehículos particulares por el interior de las
poblaciones que atraviesa la N-II producen además de los
inconvenientes para los vehículos los que tienen que asumir esas
poblaciones. Los colapsos que ya se han producido en estos dos días
vienen a darnos la razón. Como bien han dicho anteriormente los que
han intervenido, al final vamos a votar una resolución producto de la
unificación de las tres iniciativas aquí presentadas. Por lo que
respecta a nuestro grupo, queremos dejar claro que, en aras a que eso
salga aprobado, vamos a apoyar la propuesta de bonificaciones, sin
que esa sea la petición que nuestro grupo haya hecho y no se resigna
a volver a hacer, porque, tal y como pueden aplicarse esas
bonificaciones, del uso de esa autopista paralela a la N-II puede
resultar un beneficio para las empresas que no sea el objeto de esta
votación, pero que sea el resultado de la misma.

Hemos pedido el voto a la Cámara para esta iniciativa porque creemos
que hemos traído un planteamiento serio y riguroso de la reacción que
desde la Administración se debe tener, y que es la que esperan los
ciudadanos y ciudadanas afectados por las lluvias del pasado día 10.

Pero creemos que también es buena para los no afectados, que pueden
ver con esperanza cómo este Congreso es capaz de pronunciarse con la
rapidez con la que hoy lo va a hacer respecto a hechos acaecidos hace
tan pocos días. La voluntad de nuestro grupo al votar la propuesta
que va a salir finalmente nos permite no defraudar la expectativa de
estos ciudadanos y ciudadanas, porque no podemos dejar el
pronunciamiento del Congreso en una mera declaración de intenciones o
en el ámbito de las buenas palabras, al mismo tiempo que debemos
evitar, aquí y fuera de aquí, los juicios de valor que se pueden
demostrar falsos en el futuro más o menos inmediato, cuando el mal ya
esté hecho.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Cunillera.

Hay enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, por los señores Saura y
Puigcercós.

Tiene la palabra el señor Puigcercós.




El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, antes de nada quiero dejar
clara nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de las
inundaciones y de los agentes de la Guardia Civil que dieron su vida
para salvar a estos.

Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado enmiendas a las tres
proposiciones no de ley. Las diferentes enmiendas se pueden resumir
en tres puntos. En primer lugar, establecer las investigaciones
pertinentes por parte del Ministerio de Fomento para esclarecer las
causas del derrumbamiento del puente sobre la carretera N-II, entre
los municipios de Esparraguera y Abrera, y de la canalización del
arroyo Riera de Margarola. En



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el caso del municipio del Vendrell, buscar una solución definitiva y
rápida a los problemas que origina el puente de la línea férrea de
Renfe, así como el paso de la carretera N-340 y su variante, que con
su actual trazado y estructura provocan el desbordamiento sistemático
del arroyo Torrent del Lluch. Las indagaciones y estudios no pueden
limitarse a explicar las causas y razones técnicas, sino que tienen
que establecer las soluciones más oportunas para evitar que esta
situación se repita en este caso y en las posibles construcciones de
la última década que responden al mismo proceso constructivo y a los
mismos materiales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Tampoco podemos pasar por alto que de constatarse una construcción
defectuosa o posibles negligencias la Administración tendrá que
depurar responsabilidades a aquellas empresas contratadas o
subcontratadas para tal efecto y a los responsables de la
Administración en el período de construcción. En segundo lugar, hay
que adoptar las medidas oportunas para evitar los problemas de
tráfico en Esparraguera, permitiendo que el peaje de la autopista A-2
entre Lleida y Barcelona, así como el trayecto entre Manresa y
Tarrasa de la autopista A-18 sea gratuito mientras duren las obras de
reconstrucción. La proposición no de ley del Grupo de Convergència i
Unió insta al Gobierno a bonificar a aquellos que utilicen el peaje
de la A-2. El Gobierno ya ha puesto en práctica esta medida. Nosotros
creemos que no es suficiente. Hace falta descongestionar el paso de
la antigua carretera N-II en su paso por el municipio de Esparraguera
y siendo realistas esto sólo se puede conseguir con la gratuidad del
peaje en el tramo entre Lleida y Barcelona.

Coincidimos con la iniciativa del Grupo Socialista plenamente con
todo el texto, pero el punto número 3 es insuficiente. En Esquerra
Republicana de Cataluña entendemos que comarcas como la Segarra y
Urgell y municipios como sus capitales, Cervera y Tárrega, no podrán
beneficiarse de la gratuidad de la autopista A-2 ya que su salida
natural hacia la capital catalana es por la carretera comarcal-25, el
Eje transversal, hacia la autopista A-18 entre Manresa y Tarrasa. Por
esta razón pedimos la gratuidad de la A-18 entre Manresa y Tarrasa.

El tránsito gratuito por las dos autopistas aliviará el tránsito por
la N-II, no alterará la vida del municipio de Esparraguera y será un
buen acicate para que las obras de construcción del puente de la N-II
sean rápidas y seguras. Finalmente, tal como argumentan las
proposiciones no de ley del Grupo Socialista y de Convergència
i Unió, no así del Grupo Popular, que el Parlamento inste al Gobierno a
declarar a los municipios de la Cataluña central afectados por las
lluvias torrenciales del 10 de junio como zona catastrófica y a
establecer las líneas de ayuda necesarias para que puedan recuperar
la normalidad lo antes posible.

Para acabar, señorías, una sociedad moderna puede recurrir a la
explicación fatalista si no hay o no se
detectan razones técnicas para explicar lo sucedido. Sin embargo,
mucho nos tememos que en este caso puede haber negligencias como
parecen aventurar los diferentes especialistas. Se trata de evitar
que casos como éste no vuelvan a suceder y, sobre todo y lo más
importante, que el Gobierno y las diferentes administraciones
implicadas resuelvan satisfactoriamente un problema que afecta a
muchos ciudadanos de Cataluña, pero también a muchos transportistas
del resto del Estado que utilizan la N-II como vía habitual.

Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas.

Quiero añadir que damos por defendidas las enmiendas del señor Saura,
del Grupo Mixto.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.

Tiene la palabra la señora Urán para defender las enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Anuncio además que también fijaré la posición de mi grupo
parlamentario con respecto no sólo a las iniciativas presentadas por
Convergència i Unió sino al texto que al final parece ser consensuado
entre los diferentes grupos que han presentado la iniciativa en esta
Cámara.

Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida lo
primero que quiere es que nos felicitemos en esta Cámara por haber
sido capaces de hacer política, como se dice de manera habitual, en
tiempo real, es decir, hablar de los problemas de los ciudadanos y de
las ciudadanas cuando estos surgen y cuando necesitan de una
respuesta de esta Cámara. Desde luego lo que sí intentamos con esta
felicitación es que de ahora en adelante consideremos que hay que
tratar con el mismo sentido y con el mismo rigor cualquier iniciativa
que tenga unas características similares, para que pueda ser
presentada en esta Cámara y realmente hablemos de los problemas que
afectan a la ciudadanía de una manera mucho más ágil y mucho más
rápida, intentando además que, si al final conseguimos una reforma
del Reglamento de esta Cámara, sea precisamente para que este tipo de
situaciones se puedan discutir de manera ágil y en el momento que
corresponden y sin que hayan transcurrido meses, porque damos la
sensación de que nos importa poco lo que pueda pasar fuera de estas
cuatro paredes.

Mi grupo parlamentario ha presentado sólo y exclusivamente enmiendas
a la proposición no de ley del Grupo Popular, entre otras cosas,
porque nos parecía excesivamente generalista; es decir, creíamos que
dada la situación que se produjo tras las inundaciones del día 10 en
la zona de Cataluña, era necesario no solamente hablar de una manera
general, instándole al Gobierno, sino que había también que decirle
al Gobierno desde esta



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Cámara cómo se debía empezar a tomar ese tipo de medidas. De ahí,
señorías, que nuestras enmiendas estuvieran dirigidas precisamente a
intentar complementar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
para que además de que se pudiera hacer una evaluación de los daños
causados también se hiciera una cuantificación económica y se
establezcan las líneas de ayudas, ya fuera por la declaración de zona
catastrófica, ya fuera a través de un decreto-ley que nos pudieran
hacer más accesibles y más amplias las medidas que se tuvieran que
adoptar y las prestaciones o las cuantificaciones económicas de ayuda
a los afectados.

Señorías, planteábamos en nuestras enmiendas la necesidad de que
cuando se consensuen las medidas, además de estar coordinadas, y
abiertas al diálogo las administraciones implicadas, también lo
estuvieran las asociaciones de afectados que pueden poner al
corriente a todas las instituciones sobre cuáles son los intereses de
las personas o los negocios que se han visto afectados, es decir, los
bienes dañados por estas inundaciones. Igualmente ampliábamos esto a
la necesidad de que se hiciera un seguimiento y un control de las
ayudas económicas que se pudieran prestar por las diferentes
instituciones tomen medidas con respecto a este siniestro.

Por último, pedimos al Grupo Parlamentario Popular que recoja en su
iniciativa lo que las dos iniciativas, tanto la de Convergència i
Unió como la del Grupo Socialista ya reflejan, que era la declaración
de zona catastrófica y la inmediata reconstrucción de las
infraestructuras que se han visto afectadas, además de la exhaustiva
investigación.

En cuanto a la exhaustiva investigación, sin que esta diputada
pretenda saber qué es lo que ha sucedido, ni muchísimo menos, sí que
había que hacer una llamada de atención a la Administración pública,
ya fuera autonómica o ya fuera a la central, fundamentalmente a la
central, para que, cuando se redacten los proyectos de
infraestructuras para determinadas zonas del Estado español, se
tengan en cuenta características específicas que pueden conducir a
vernos en estas circunstancias; es decir, la zona del Mediterráneo
tiene unas características específicas en cuanto a pluviometría, ya
que no necesariamente la pluviometría de cuarenta años cae en ese
período de cuarenta años sino que puede darse en un solo día. Hay que
tenerlo en cuenta y hay que reflexionar sobre qué tipo de
infraestructuras y cómo se está construyendo este tipo de
infraestructuras en una zona donde son frecuentes las riadas y donde
también es corriente la invasión de torrenteras y la invasión de
cauces que están normalmente secos, pero que en un momento
determinado pueden alcanzar grandes cantidades de agua, precisamente
por el nivel de lluvias que se ocasionan en períodos de tiempo muy
breves, es decir, que en una hora puede caer la lluvia que no ha
caído en cuarenta años. Por tanto, señorías, no solamente existe la
necesidad de esa investigación, sino también la necesidad de que
desde las administraciones
públicas, sobre todo desde la Administración central, se tengan en
cuenta esas características específicas que tienen determinadas zonas
del Estado español donde nos podemos ver en situaciones como la que
ahora mismo estamos discutiendo.

Señorías, nosotros planteábamos también la necesidad de impulsar un
convenio entre las diferentes instituciones y administraciones
afectadas para que se produjera una liberalización del peaje de la
autopista para todo tipo de vehículos, no solamente para los
vehículos pesados, entre otras cosas porque, como ya se ha dicho
desde esta tribuna, se ve afectada toda la ciudadanía que de momento
no puede utilizar una vía de rápido acceso que ha quedado
parcialmente destruida.

En consecuencia, nos parece que el texto acordado ha quedado
excesivamente corto en este apartado. Dejar al estudio la posibilidad
de las bonificaciones, incluida la gratuidad, no es suficiente para
paliar la situación que se ha generado con la destrucción del puente
y de una parte de la autovía. Es necesario ir un poco más allá y la
iniciativa deber instar al Gobierno sobre la necesidad de la
liberalización del peaje de la autopista para que se pueda utilizar
como vía rápida de acceso, dado que la autovía en estos momentos no
es transitable.

Mi grupo va a votar a favor de la propuesta conjunta que ha resultado
de las tres que se habían presentado, pero no renunciamos a seguir
exigiendo, hasta tanto no sea reparada la autovía, la liberalización
y la gratuidad total de la autopista para que todos los ciudadanos de
Cataluña puedan acceder en las mismas condiciones.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún grupo que
no haya enmendado desea fijar su posición? (Pausa.)
Señor Sedó, a los efectos de expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas a su proposición no de ley por parte del Grupo
Mixto, tiene la palabra.




El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, nuestro grupo no puede
aceptar ninguna enmienda, porque hemos trabajado en el texto
refundido de las tres proposiciones. En todo caso, aceptamos lo que
es como enmienda transaccional la refundición del texto.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó. ¿De sus palabras
debo de deducir que las iniciativas presentadas por los tres grupos
se retiran y se va a someter a votación el texto de la transaccional,
texto que es conocido? (Asentimiento.)
Como consecuencia del texto acordado entre los tres grupos
proponentes y de la voluntad de los mismos de retirar sus
iniciativas, sometemos a votación el texto transaccional que ha sido
acordado por los grupos parlamentarios



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de Convergència i Unió, Popular y Socialista.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 307; en contra, uno.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA LA SOLUCIÓN DEL CONTENCIOSO DEL SAHARA
OCCIDENTAL, DE ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

(Número de expediente 173/000007.)



La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas del
Gobierno para la solución del contencioso del Sahara Occidental, de
acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la semana pasada, en el debate de nuestra interpelación
intentamos dejar claros los elementos sobre los que era necesario
situar la moción que hoy vamos a discutir, y lo hacíamos con firmeza,
pero sobre todo con voluntad de consenso, la misma voluntad de
consenso que ha presidido hasta ahora los debates y los acuerdos
parlamentarios sobre la problemática del Sahara Occidental.

(Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella. (Pausa.)
Adelante.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, espero que los
comentarios del partido de fútbol no vuelvan a interrumpir esta
intervención. (Rumores.)
Decía que considerábamos este debate necesario, y es que estamos
preocupados porque se está desvirtuando la situación. Desde algún
punto de decisión se está intentando presentar la actual situación
del Sahara Occidental como una problemática bloqueada ante la
imposibilidad de celebrar el referéndum y ante la necesidad de buscar
fórmulas intermedias que no son sino una claudicación de la comunidad
internacional ante las presiones
de Marruecos, que no parece estar dispuesta a respetar los
acuerdos y la legalidad internacional. Pero también creemos que es un
debate necesario, porque ante esta situación de bloqueo nuestro país
no puede mirar hacia otro lado; en primer lugar, por el simple
respeto a los derechos humanos, que hace que ésta siga siendo una
asignatura pendiente en el Sahara Occidental y, sobre todo, por
nuestra responsabilidad histórica, una responsabilidad que el paso
del tiempo no puede ni debe borrar, porque al menos nosotros, y nos
consta que la mayoría del pueblo español, rechazamos la vergonzosa
entrega del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania por el último
Gobierno franquista, en el mal llamado Acuerdo de Madrid de 14 de
noviembre de 1975. Consideramos que estos acuerdos, que manchan el
nombre de Madrid, constituyen -repito- uno de los legados más
onerosos que ha heredado la España democrática en cuanto a política
exterior. Estos acuerdos no solamente fueron y son desfavorables para
el pueblo saharaui, que vio cómo su tierra era ocupada militarmente
por Marruecos, que vio cómo tenía que abandonar sus casas y sus
pueblos, sino que también fue desfavorable, aunque evidentemente en
menor medida, para los intereses españoles. Por ello, consideramos
obligación de nuestra política exterior trabajar de una vez por todas
para que los habitantes del Sahara Occidental puedan ejercer su
derecho a la autodeterminación. Un derecho que llevan más de
veinticinco años esperando ejercer; un derecho que ha sido reconocido
por todas las instancias internacionales.

Tenemos que ser claros porque en esta situación no se puede utilizar
un doble lenguaje y hay que decir dónde están los problemas. Cuando
el ministro de Asuntos Exteriores decía hace dos semanas que había
miles de recursos presentados que bloqueaban el referéndum, debería
haber dicho que la casi totalidad de estos recursos ha sido
presentada por Marruecos. No se puede dar la impresión de que en
estos momentos las dos partes en conflicto tienen la misma
responsabilidad en la situación de bloqueo. La historia no admite
interpretaciones, y menos una historia tan reciente. En este
conflicto, una parte, el Reino de Marruecos, no solamente no ha
realizado ningún esfuerzo para celebrar el referéndum que parece
saber que tiene de antemano perdido, sino que está poniendo todas las
trabas posibles para impedir su celebración.

El primer punto de nuestra moción insta al Gobierno a realizar un
llamamiento a las partes en conflicto para que retiren los obstáculos
que impiden la celebración del referéndum y el desarrollo de los
acuerdos contemplados en el plan de arreglo. Con esta propuesta
queremos que esta Cámara reafirme que el conflicto no tiene otra
salida posible que la celebración del referéndum de autodeterminación
y que el mismo debe contar con todas las garantías democráticas.

Entendemos que cualquier otra cosa es una claudicación que pretende
darvisos de legalidad internacional a una ocupación que



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no tiene más aval que la fuerza militar y la complicidad, en aquel
momento, de la dictadura franquista.

En el segundo punto proponemos que por los foros internacionales se
manifieste la necesidad de aclarar las denuncias sobre violaciones de
derechos humanos y la de pedir una mayor implicación de las Naciones
Unidas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos
humanos a la población saharaui. Lo hacemos porque, como decíamos
hace dos semanas, ha quedado claro en los foros internacionales que
los derechos humanos no pueden ser considerados como cuestión interna
de ningún Estado. En el caso del Sahara Occidental, con una ocupación
militar que dura más de 25 años y constantes denuncias sobre
violación de derechos humanos, como señalábamos con datos precisos,
la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado sin
convertirse en cómplice de esa situación. Además, no se puede
pretender el desarrollo de un proceso mínimamente democrático si no
existe una garantía total de respeto a los derechos humanos del
pueblo saharaui.

Por último, planteamos en nuestro tercer punto la necesidad de
continuar e intensificar la ayuda humanitaria a la población afectada
por el conflicto, para lo que se propone que se presenten plantes
concretos de ayuda del Gobierno español al pueblo saharaui.

Permítanme, señorías, que en este punto rinda homenaje a todo un
pueblo que ha tenido la fuerza de voluntad y el coraje de mantener su
identidad en las peores condiciones. Un pueblo que ha sabido
transformar una sociedad feudal en una auténtica nación con índices
de formación y de articulación social muy por encima de los de otros
Estados de su entorno, y todo esto en una situación de guerra y, en
muchos casos, de exilio. Dentro de este homenaje, quiero hacer una
mención especial a la mujer saharaui. Una mujer que en el frente, en
la retaguardia, en las tareas de gobierno o en las labores familiares
se ha ganado un lugar en la historia de los pueblos que luchan por el
reconocimiento de su propia personalidad.

Como dice nuestra propuesta, es necesario intensificar la ayuda
humanitaria porque es una obligación de toda la comunidad
internacional; pero también es una obligación de nuestro país como
corresponsable o, si lo prefieren, como cómplice necesario de una
situación que ha expulsado al desierto a miles de ciudadanos que
llevaban siglos viviendo en una tierra que, sin ser rica, habían
sabido hacer habitable. Nuestra deuda con ellos nos obliga a la mayor
solidaridad. Solidaridad, por cierto, que tiene muy bien asumida el
pueblo español, que se organiza en cientos de comités de ayuda a la
República Árabe Democrática Saharaui, y solidaridad que, me permito
decirles, tendría que empezar con una mayor dotación de medios
materiales y humanos a nuestra embajada en Argel para facilitar al
menos los trámites administrativos en favor de los miles de niños que
vienen a nuestro país cada año. En definitiva, señorías,
se trata ni más ni menos que de asumir nuestra responsabilidad
política y moral en un conflicto, el de Sahara, que, como decía,
tiene su origen en aquel acuerdo triste de 1975.

Por eso, con nuestra moción, con este debate pretendemos que el
Congreso de los Diputados apoye la celebración del referéndum como
única vía para acabar con el conflicto; pretendemos reafirmar que
este referéndum es la única vía para que el pueblo saharaui decida
libremente su futuro; pretendemos provocar que se reafirme la
necesidad de colaborar activamente con la ONU, con la Unión Europea y
con las partes actuales para superar el conflicto y llevar a cabo la
celebración inmediata del referéndum de autodeterminación;
pretendemos que se apoyen las iniciativas de Naciones Unidas
orientadas a preservar el plan de arreglo, ya que su fracaso sería un
duro golpe para la credibilidad de la zona y además pondría en
peligro la estabilidad y la consolidación de todo el Magreb, cosa que
tendría evidentes consecuencias negativas también para nuestro país.

Pero también queremos que se abra un procedimiento en esta Cámara
para velar por los derechos humanos en el Sahara occidental y mostrar
nuestra preocupación por los hechos recientemente ocurridos.

Con todas estas premisas, nos parece importante el acuerdo que se
puede alcanzar mediante este debate en esta Cámara; un acuerdo que
nos puede permitir presentar una enmienda transaccional, una vez
oídas también las intervenciones de los demás grupos, que recoja en
esencia lo que plantea nuestra moción, que no es ni más ni menos que
superar las dificultades; apoyar la aplicación del plan de arreglo;
apoyar la aplicación de los acuerdos de Houston; manifestar la
necesidad de promover el respeto a los derechos humanos y que nuestro
país continúe prestando la ayuda humanitaria. Entendemos que en esta
línea podemos plantear una propuesta de síntesis, de consenso que de
una vez por todas sitúe a España con claridad en el buen camino, que
no es ni más ni menos que el del respeto, el del apoyo a un proceso
de paz que solucione una situación de conflicto que dura 25 años, que
no se tenía que haber producido y de la cual este país es cómplice,
aunque nosotros no nos sintamos herederos de aquel régimen. De una
vez por todas debemos exigir que se haga justicia con un pueblo que
lleva 25 años ganándose el derecho simplemente a decidir sobre su
futuro.

Estoy convencido -repito- de que podemos llegar a ese acuerdo, que
vamos a llegar a ese acuerdo y que hoy será un día importante para
esta Cámara, pero también será un día de esperanza para los miles de
saharauis que en el desierto todavía luchan y confían en poder
decidir libremente sobre su futuro.

Nada más. Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorCentella.




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A esta moción han sido presentadas dos enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, una por el señor Puigcercós y otra por la señora
Lasagabaster, que repartirán el tiempo.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Puigcercós.




El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.

Señoras diputadas, señores diputados, intervengo de forma breve,
rápida y concisa. Nuestra enmienda tiene una sola finalidad: acelerar
el proceso de reconocimiento internacional del pueblo saharaui. El
reconocimiento por parte del Estado español de la República Árabe
Saharaui, como ya lo han hecho más de 60 Estados, implicaría un paso
más certero y seguro hacia la celebración del referéndum con
garantías.

A nuestro entender, es inaceptable que el Gobierno español mantenga
una ex colonia que fue abandonada en el año 1975 a merced del Estado
marroquí y no haya tenido decisiones más claras durante estos años.

Hace 25 años que el pueblo saharahui vive condenado en campos de
refugiados en el exilio. Dos generaciones de saharauis han nacido y
crecido en la provisionalidad y la precariedad. El Gobierno español
tiene las responsabilidades y el primer paso es el reconocimiento de
la República Árabe Saharaui en el contexto internacional.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.

Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.

También intervendré muy brevemente. Creo que ha sido muy acertada la
realización de este debate y que ha sido oportuno, porque ciertamente
estamos en un momento crucial, una vez más, ante una situación y una
problemática que lleva sufriendo el pueblo saharaui, como se ha dicho
aquí, desde hace más de un cuarto de siglo. Se han realizado
muchísimos intentos de soluciones internacionales y ciertamente nos
volvemos a encontrar en una encrucijada en la cual realmente la
situación es muy crítica. Hay que realizar varias reflexiones al
respecto. La primera es que creemos de una manera firme que en esta
realidad las responsabilidades no vienen del pueblo saharaui sino que
mucho nos tememos -y así lo constatamos- que Marruecos en ningún caso
ha demostrado voluntad para llevar a cabo la aplicación de las
soluciones internacionales que se han ido plasmando a lo largo de los
tiempos.

En este sentido, en la resolución -esperemos que haya consenso- debe
quedar constancia de esta realidad y de estos hechos, de estas
responsabilidades diferenciadas entre las partes que intervienen en
el conflicto. También constatamos, como se ha dicho en el debate, que
la única solución es la celebración del referéndum,
evidentemente con garantías, pero no podemos volver a iniciar
nuevas concesiones y negociaciones que no sean sobre la base de la
celebración de ese referéndum en tiempo real.

En tercer lugar, de manera clara y contundente, nos gustaría realizar
una exigencia a la ONU, que ciertamente tiene sus problemas, para que
lleve a cabo con cierta eficacia este cumplimiento del mandato de la
celebración del referéndum.

Nuestras enmiendas, intentando llegar a un consenso y enmendar lo
mínimo posible la propuesta original, lo que trataban es de
esclarecer, si cabe, las múltiples y desgraciadas violaciones que se
han ido produciendo a lo largo de estos años sobre la población
saharaui de manera rotunda y, vuelvo a señalar, con más contundencia
que en la moción original, así como que apareciera reconocido que la
población afectada es la saharaui.

Tenemos el deseo de llegar a un consenso, pero creemos que no sería
justo establecer el mismo nivel de igualdad a aquellos que
ciertamente han mostrado diferente interés a la hora de cumplir con
sus responsabilidades en la solución de este conflicto. Vamos a
esperar la enmienda transaccional, pero sólo podremos apoyarla si
aparecen muy claros estos tres principios.

Muchas gracias, señora presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.

Para defender la enmienda presentada por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra la señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.

Dando continuidad a la posición que ya el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria mantuvo en el debate del Pleno de hace unas dos
semanas, a raíz de la interpelación presentada por Izquierda Unida,
hemos presentado la siguiente enmienda a la moción que hoy se
discute. Está motivada sobre todo por la situación que, como
decíamos, existe de enquistamiento histórico del conflicto del Sahara
Occidental y por la preocupación con que se ve desde Canarias este
continuo aplazamiento del referéndum de autodeterminación y la
amenaza que esto supone de hecho a la paz y a la seguridad en el
Magreb.

Entendemos, como ya decíamos hace dos semanas, que España tiene una
responsabilidad histórica en el Magreb y, a nuestro entender, esto
debe condicionarnos a mantener una actitud activa en la resolución de
este problema. Por eso, y en la línea del plan de paz desarrollado
por Naciones Unidas y en colaboración y coordinación con las
actuaciones de este organismo, planteamos en la enmienda que la
Cámara se manifieste apoyando expresamente la resolución del
Parlamento Europeo sobre el Sahara Occidental, acta del 16 de marzo
de 2000, y asimismo instar al Gobierno en todauna serie de puntos
-muchos de ellos están recogidos



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en las enmiendas presentadas por otros partidos-, entre los que
destacaría los siguientes: reiterar nuevamente ante los organismos
internacionales el apoyo expreso de España al plan de paz de la ONU,
que contempla la celebración del referéndum de autodeterminación como
la vía adecuada y justa para la solución del conflicto y alcanzar la
paz en el territorio; colaborar activamente con la ONU y la Unión
Europea y las partes en conflicto para superar las actuales
dificultades que impiden la celebración inmediata del referéndum;
invitar a las partes en conflicto, Gobierno de Marruecos, Frente
Polisario, así como países afectados de la zona a unas sesiones de
trabajo en el seno del Congreso de los Diputados, con el fin de
conocer directamente las posiciones y evaluar posibles iniciativas de
nuestro país en el marco del plan de paz y en colaboración y
coordinación con las posibles estrategias de la ONU; adoptar las
iniciativas políticas necesarias de apoyo a las Naciones Unidas en su
esfuerzo de avanzar dentro del marco del plan de paz ya mencionado,
ya que entendemos que su fracaso supondría un duro golpe para la
comunidad internacional, tanto por su credibilidad como por las
imprevisibles consecuencias para la paz y la estabilidad de la zona;
velar por el resto de los derechos humanos en el Sahara Occidental,
mostrando preocupación ante los foros internacionales por los hechos
recientes acaecidos en la zona, instando la necesidad de aclarar
dichas denuncias; y, como último punto, incrementar la ayuda
humanitaria a la población saharaui de los campos de refugiados para
responder a las necesidades en materia de alimentación, sanidad y
educación, así como de otros servicios básicos.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Camacho.




La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hace dos semanas, cuando el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida presentó ante esta Cámara la interpelación urgente
sobre cuáles iban a ser las iniciativas del Gobierno para la solución
del contencioso del Sahara Occidental, de acuerdo con la voluntad de
la comunidad internacional, mi grupo parlamentario solicitó al
proponente la posibilidad de que la moción que se presentara, y que
se hace hoy aquí, pudiera contar con el respaldo de todos los grupos
parlamentarios, al igual que pasó durante la VI Legislatura, en donde
se presentaron tres proposiciones no de ley en la Comisión de
Exteriores y una moción en el Pleno de esta Cámara, con respecto a
este tema, que se aprobó por unanimidad. Y es que pedir que se
alcance un acuerdo conjunto de todos los grupos parlamentarios
significaría el respaldo de España a los nuevos
esfuerzos que desde las instancias competentes de Naciones Unidas se
están llevando a cabo con el objetivo de hacer posible la aplicación
efectiva de lo previsto en el plan de arreglo para el Sahara
Occidental.

Como potencia colonizadora que fuimos, la comunidad internacional nos
pide que mantengamos una postura de neutralidad. Ya lo comentamos en
días pasados y estamos de acuerdo al objeto de no interferir en el
proceso, pero esta neutralidad no quiere decir que debamos ser
invisibles como si el tema no nos afectara, porque de hecho nos
afecta y bastante. Por eso, hemos creído en la necesidad de llegar a
un acuerdo esta tarde, o por lo menos intentar un acuerdo esta tarde
que espero que llegue a buen fin, porque ese acuerdo reflejaría
nuestra posición unánime sobre un conflicto que dura ya demasiado y
que se creó tras la firma del Tratado de Madrid, en el que España
entregaba el destino del Sahara a Marruecos, condenando al pueblo
saharaui al exilio. En todo caso, y siguiendo la línea de lo que se
ha argumentado y aprobado en la pasada legislatura, mi grupo ha
presentado una enmienda de sustitución, en la que se insta al
Gobierno a respaldar las actuaciones de Naciones Unidas para intentar
solucionar los problemas surgidos en la puesta en práctica del plan
de arreglo y en la organización de un referéndum para la
autodeterminación del Sahara Occidental, poniendo a disposición de la
Secretaría General la cooperación y participación de España en cuanto
se crea conveniente y necesario y procurando de los demás Estados de
la Unión Europea su colaboración y respaldo en los mismos términos.

Asimismo, pedimos que se identifique la ayuda humanitaria al pueblo
saharaui por parte de España y a través de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan para atender las necesidades básicas
mediante la elaboración y puesta en práctica de un plan específico y
complementario de los que se desarrollan en la actualidad.

Por último, como punto tercero de la enmienda, solicitamos que se
informe periódicamente a esta Cámara de lo dispuesto en los apartados
anteriores. Con nuestra enmienda lo que pretendemos es volver a
centrar la solución del problema en torno al plan de arreglo
propuesto en 1991, que tendría como culminación la celebración de un
referéndum; referéndum que estaba previsto para el próximo día 31 de
julio y que ha tenido que aplazarse nuevamente a causa del enorme
número de reclamaciones presentadas contra el censo electoral
elaborado por la misión de Naciones Unidas para el referéndum,
provocando una prórroga de dos meses de Minurso y una situación de
bloqueo al proceso. Nos parece asimismo fundamental incrementar la
ayuda humanitaria a la población saharaui de los campos de refugiados
para responder a las necesidades en materia de alimentación, salud,
educación y otros servicios, tal y como proponemos en el segundo
apartado de la enmienda que presentamos y que de igual manera recogen



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la mayoría de los grupos parlamentarios en sus enmiendas.

Desde la creación de Minurso el 29 de abril de 1991, el plan de
arreglo ha tenido que sortear muchos escollos, pero ha logrado
siempre salir adelante. De nuevo nos encontramos con una situación de
bloqueo que es preciso salvar, de nuevo la comunidad internacional
está pendiente de las conversaciones que tendrán lugar en Londres a
finales de este mes de junio, en las que estará presente el Frente
Polisario, Marruecos y el enviado especial del secretario general de
Naciones Unidas, James Baker. Confiamos en que el diálogo abierto
entre las partes despeje de nuevo el camino. El Frente Polisario y
Marruecos deberían buscar de manera firme y decidida soluciones que
permitan de una vez por todas desbloquear la situación originada, que
impide por ahora la celebración del referéndum y la posibilidad de
independencia del Frente Polisario, reconocido no solamente en el
plan de arreglo, sino también por la Asamblea General de la ONU.

Marruecos debería ser consciente de que cuando se apuesta por un
proceso no se puede dar marcha atrás cuando comprueba que la
resolución de dicho proceso puede no serle favorable. Por ello
deseamos que el fruto de las próximas negociaciones sea positivo
porque la situación creada nos preocupa. Nos preocupa por varias
razones. La primera -no por mencionarla antes pierden las demás
relevancia-, porque cuando un proceso se dilata tanto en el tiempo,
ya sea por falta de entendimiento entre las partes o porque surjan
nuevos inconvenientes cuando se van solventando los que les preceden,
de cara a la opinión pública el problema empieza a perder importancia
y se hace rutinario, ajeno e incómodo. Entonces a los inconvenientes
se unen la suspicacia, los malentendidos, las denuncias con más o
menos fuerza y la percepción de que el proyecto no será viable; o
comentarios sobre el coste económico que ha supuesto Minurso hasta
ahora, subrayando además aquellas personas que hacen los comentarios
que dicho gasto solamente ha servido para sustentar un programa
fallido. Los posicionamientos cerrados, vengan de donde vengan,
conducen a esta visión. La búsqueda constante de obstáculos que
dificulten el proceso, también.

El Grupo Parlamentario Socialista piensa que un conflicto de tal
magnitud no puede perder relevancia, porque estamos hablando de un
problema que afecta a una zona geográfica importante y porque estamos
hablando también de personas que actualmente carecen de libertades
fundamentales. Otra de nuestras preocupaciones se sustenta en que,
debido a la falta de acuerdo entre las partes y ante la necesidad de
cerrar el conflicto de alguna manera, éste pudiera cerrarse en falso,
tomándose decisiones que no obedezcan al deseo de las dos partes o
que pudieran cercenar las aspiraciones legítimas de un pueblo,
quedando de esta forma el problema, en el mejor de los casos, siempre
latente. En este sentido se vienen apuntando por fuentes diplomáticas
algunas vías alternativas al referéndum a la vista de la
imposibilidad de llegar de nuevo a acuerdos concretos. Nos parece
fundamental, por tanto, que el Frente Polisario y Marruecos hagan un
esfuerzo especial por conseguir un acuerdo fructífero que ponga fin a
esta difícil situación. Y también nos preocupa que mientras todo esto
sucede haya un pueblo de refugiados condenado a sufrir toda clase de
carencias y de inconvenientes, y lo que es peor, sin esperanza y sin
derechos; un pueblo condenado a no tener un futuro inmediato como tal
y que espera en un desierto abrasador a que impere un poco de
cordura.

Señorías, a nuestro grupo parlamentario le gustaría que en la próxima
reunión, que se celebrará en Londres probablemente el día 28 de
junio, se presentaran alternativas viables capaces de desbloquear el
proceso de paz y de fijar el calendario definitivo para la
celebración del referéndum con garantías suficientes de que este
proceso sea justo, limpio y transparente, en donde todos los
ciudadanos llamados a ejercer ese derecho al voto lo hagan con
absoluta tranquilidad y con plena libertad.

Para terminar, quiero expresar de nuevo el deseo con el que empecé,
en el sentido de que mi grupo espera que esta tarde podamos llegar en
esta Cámara a un acuerdo unánime al respecto.

Muchas gracias. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camacho.

Por último, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señora presidenta.




Nosotros hemos presentado una enmienda que queda sobre la mesa y que
sin duda SS.SS. conocen, entre otras cosas porque este es un asunto
que reiteradamente viene a la Cámara. En todas las legislaturas de la
democracia se ha discutido sobre el problema del Sahara, y creo que
hacer un discurso histórico-político sólo tendría interés si fuésemos
capaces de romper lo políticamente correcto. Pero si lo hiciéramos
sería mucho más difícil alcanzar un consenso. No obstante, espero
que, como estamos a estas horas y no nos ha ido bien en el fútbol,
nos vaya un poco mejor en el debate.

Es cierto que España es la antigua potencia colonial -hasta ahí
estamos de acuerdo- y, como tal, no podemos cerrar nosotros solos ni
decidir cuál es el resultado del proceso de autodeterminación, sobre
todo cuando hace 25 años que abandonamos aquel territorio. Por lo
tanto, el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática
por parte de la antigua potencia colonial no solamente no serviría
para nada sino que dificultaría notablemente el esfuerzo al que se ha
referido la portavozsocialista con mucha oportunidad y que está en
este



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momento sobre la mesa para resolver los problemas que hasta ahora han
impedido la celebración del referéndum.




Piensen ustedes que la Resolución 690, de la que todavía estamos
comiendo en este asunto y que sustenta la paz, difícil y precaria,
que hay en la zona y el alto el fuego, tiene casi diez años de vida,
por lo que estamos en una situación en la que todavía no se ha
cerrado el proceso que se abrió hace más de nueve años. Esa es la
dificultad de la cuestión. A nosotros no nos compete, evidentemente,
decir nada a nadie ni dar una solución al conflicto sobre el Sahara
Occidental, pues de eso se trata, de un conflicto en el que hay dos
partes, y nosotros no somos ninguna de ellas. Y tengo que decir que
afortunadamente no somos ninguna de ellas porque si a estas alturas
fuéramos una de ellas, probablemente en estos últimos 25 años, en vez
de haber dedicado nuestros esfuerzos a la modernización política y
económica de este país y a la transición democrática, nos hubiéramos
encontrado metidos en un enfrentamiento de tipo colonial que, desde
luego, no era lo que más nos interesaba en aquel momento. Dicho esto,
todos nos hemos de sentir comprometidos con el destino y el presente
del Sahara Occidental. En primer lugar, porque hay un amplio consenso
en esta Cámara sobre el grado de apoyo que España tiene que prestar a
Naciones Unidas. En segundo lugar, porque existe un fuerte compromiso
humanitario con la ayuda y la cooperación al pueblo saharaui. Y, en
tercer lugar, porque a todos nos preocupa, como no podía ser de otra
manera, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales en un enorme territorio de cuya población una parte
importante vive en Argelia y otra en el Sahara Occidental, por lo que
se trata de un pueblo escindido, dividido físicamente por un muro
perteneciente a dos bandos enfrentados que no disparan, pero que
están en el momento importante, dramático, como en toda gran crisis
internacional, en el que tienen que decidir qué hacen con las armas,
si enterrarlas bajo las generosas arenas del desierto o bien
desengrasarlas y ponerlas otra vez en marcha.

Hay una palabra que aquí no se ha pronunciado, pero yo creo que,
incluso aunque me cueste salirme de lo políticamente correcto, debe
ser pronunciada: Argelia; la palabra es Argelia. Algo tiene que ver
Argelia en todo esto, puestos a hacer discursos políticos y
geoestratégicos. Argelia tampoco es parte, pero sí tiene algo que
decir en este conflicto y alguna responsabilidad y algún grado de
compromiso tiene y debe tener con el plan de Naciones Unidas y con
las discusiones actualmente en marcha.

Efectivamente, a finales de este mes habrá otra importantísima
reunión. Hubo una el 14 de mayo, en la que por primera vez se veían
las dos partes cara a cara desde las conversaciones de Houston, y eso
demuestra que el bloqueo había llegado a tal nivel, que el secretario
general de Naciones Unidas y su enviado especial,
el señor Baker, se vieron en la necesidad de enfrentarles para ver si
conseguían salir del impasse en el que se encontraban. La conclusión
-y lo dije en el debate anterior- no puede ser más triste: según el
informe del secretario general último, la aplicación del plan de
arreglo ha sido impedida año tras año durante los últimos nueve años
por diferencias fundamentales entre las partes sobre la
interpretación de su contenido más importante, y por lo tanto las
perspectivas de celebrar un referéndum son tan lejanas como siempre.

Y termina el secretario general diciendo lo siguiente -y es bueno que
SS.SS. lo escuchen porque tiene alguna importancia sobre el momento
político en el que nos encontramos-: Dadas las dificultades de los
últimos años en acercar las diferencias que han sido recurrentes
entre las partes y el hecho de que no hay un mecanismo para que
Naciones Unidas obligue a cumplir el plan de arreglo, sería esencial
que las partes ofrecieran ahora soluciones específicas y concretas a
los problemas múltiples que se refieren a la aplicación del plan de
arreglo o, alternativamente -y esta es la parte importante-, deberían
estar preparadas a considerar otros caminos para lograr una pronta,
duradera y acordada resolución de su conflicto sobre el Sahara
Occidental. En ese momento preciso es en el que nos encontramos, y
por eso no es el momento de cambiar la posición de esta Cámara y la
del Gobierno; se trata más bien de reiterarla, y ese es el sentido de
la enmienda presentada por el Grupo Popular. Y ese es el sentido de
la enmienda transaccional que estoy seguro de que el diputado señor
Centella procederá a leer a continuación, que tiene al menos el
acuerdo de mi grupo y que, desde luego, espero que obtenga el acuerdo
unánime o casi unánime de esta Cámara.

Este país es neutral en ese conflicto. Está comprometido con el plan
de arreglo de Naciones Unidas y los acuerdos de Houston y se pone a
disposición de Naciones Unidas para hacer cuanto sea necesario para
conseguir la aplicación de ese plan de arreglo. Es importante que en
este momento alentemos y llamemos a las partes para que solucionen
sus diferencias y, por supuesto, debemos manifestar nuestra voluntad
y nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales del pueblo saharaui y al compromiso de
seguir prestando la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo
que sea necesaria para el pueblo saharaui.

Es un momento de continuidad, de insistencia a las partes y también
para que esta Cámara tome conciencia de que estamos ante unos
momentos graves y decisivos. Si las armas vuelven a ser usadas o
vuelven a ser enterradas bajo las arenas del desierto no depende de
nosotros, pero sí que las partes sepan que España está con la paz y
no con la reanudación de la guerra.

Gracias.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles. ¿Grupos que no
han presentado enmiendas y que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve. Del conjunto de las intervenciones se deduce,
aparte de la propia realidad, que estamos ante un momento de gran
pesimismo en lo que al conflicto del Sahara se refiere. Estos días he
estado releyendo las distintas iniciativas que se han aprobado en
esta Cámara, en el Pleno y en la Comisión de Asuntos Exteriores,
durante la pasada legislatura e incluso en la anterior, y en todas
ellas rezumaba un punto de esperanza por parte de quienes las
defendían en el momento de ser presentadas y ese no es el caso de
hoy.

Hoy estamos debatiendo un texto en el que todos hablamos de la
gravedad del momento. El propio portavoz del Grupo Popular hablaba
del riesgo real de que vuelva a empezar la violencia y no voy a
entrar en el detalle de la situación, porque se ha expuesto
suficientemente. Hasta ahora, todas las iniciativas que se han
aprobado -y espero que también sea el caso de hoy- se han efectuado
desde la unidad de todas las fuerzas políticas y dejando clara la
absoluta neutralidad. Mi grupo evidentemente no va a romper eso,
apoyaremos esa unidad y, por tanto, esperamos que se pueda aprobar
esa enmienda transaccional pactada entre todos. Pero dejando claro
que esa neutralidad es comprometida, que no significa indiferencia
ante lo que está ocurriendo, sino que es una auténtica neutralidad
comprometida que nos hace seguir muy de cerca la situación. La mejor
manera de manifestar que esa neutralidad es comprometida era el
detalle que contenía la proposición no de ley que se aprobó por
unanimidad en la legislatura pasada en la Comisión de Asuntos
Exteriores y que aparece mencionada al inicio de esta enmienda
transaccional que probablemente se aprobará hoy. Por tanto, como este
mecanismo de cita al final acaba dejando las cosas sin contenido,
pediría, señora presidenta, que, al amparo del artículo 72.2 del
Reglamento de la Cámara, se lea por parte del secretario el párrafo 2
completo de la proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión
de Asuntos Exteriores, en el que se detalla cuál es el contenido de
lo que en su momento se acordó, suprimiendo aquellos elementos que
fueron coyunturales y que ya no siguen en vigor.

Solicito la lectura de ese texto.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.

Señor Mato.




El señor SECRETARIO (Mato Adrover): El párrafo segundo dice lo
siguiente:
Con el fin de colaborar en dicho proceso, el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que:



a) El Ministerio de Asuntos Exteriores informará a la Secretaría
General de Naciones Unidas de la disponibilidad de España para
cooperar en la puesta en práctica del plan de arreglo para el Sahara
Occidental y recabará de aquélla el conjunto de acciones en que más
útil pueda resultar la ayuda de España. Una vez recibida dicha
información, el Gobierno elaborará un programa de apoyo a la
aplicación del plan de arreglo.

b) En la preparación y ejecución de dicho programa, el Gobierno
consultará adecuadamente con las instancias competentes de Naciones
Unidas y el Acnur, promoviendo la apropiada coordinación e
involucración de los Estados miembros de la Unión Europea y de la
Comisión en el apoyo internacional a la puesta en práctica del citado
plan. El referido programa de actuación se orientará a facilitar el
desarrollo y obtención de los objetivos que son propios a las
diferentes fases contempladas en el plan de arreglo: identificación
de votantes, intercambio de prisioneros, liberación de detenidos o
prisioneros políticos, reducción y acuartelamiento de tropas, retorno
de refugiados y cumplimiento del código de conducta durante la
campaña para el referéndum en el Sahara Occidental.

En especial, dicho programa deberá contemplar la realización de
aportaciones voluntarias al Acnur, con el fin de preparar y cooperar
en la ejecución del programa de repatriación, colaborando con la ONU
en todo aquello para lo que sea requerido por dicho organismo, con el
acuerdo de las partes para el efectivo retorno de los refugiados a
las zonas previstas de destino. La realización de aportaciones de
otros fondos de ayuda humanitaria, el apoyo técnico y de cualquier
otra índole que se requiera a las actividades de desminado que
realice la Minurso y su unidad militar, con el fin de acometer el
problema de las minas sembradas durante el conflicto. El apoyo a
cuantas medidas disponga el representante especial para conseguir un
referéndum sobre las bases pactadas, mediante el acceso, en
condiciones de igualdad de todas las partes, a todas las emisoras de
radio y televisión, con el objetivo de difundir sus respectivas
opiniones sobre el referéndum. A dicho efecto, se prestarán las
necesarias facilidades, desde el territorio español, que sean
solicitadas por Naciones Unidas y que respeten las exigencias
constitucionales y la neutralidad de España ante el referéndum.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.

Señor Centella, a los efectos de manifestar su aceptación o rechazo
de las enmiendas presentadas.




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El señor CENTELLA GÓMEZ: Más bien al efecto de leer lo que sería la
enmienda transaccional que se sometería a votación, que diría: El
Congreso de los Diputados reitera su voluntad, expresada en la
proposición no de ley del 22 de diciembre de 1997 y la moción de 19
de mayo de 1998, de reafirmar la neutralidad de España con respecto
al plan de arreglo para el conflicto del Sahara y de coadyuvar al
desarrollo de las actuaciones de Naciones Unidas con el fin de
alcanzar la solución pacífica y democrática para el problema del
Sahara, en especial de la que realice el Gobierno de España en
interés de la consecución y del éxito del citado proceso de paz, e
insta al Gobierno a alentar a las partes a que superen las
dificultades que han impedido la aplicación del plan de arreglo de
Naciones Unidas y de los acuerdos de Houston, en orden a la situación
del referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, cooperando
a tal efecto con las Naciones Unidas y en especial con su secretario
general y su enviado especial.




Segundo, manifestar la necesidad de promover el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales de los saharauis,
y, tercero, continuar prestando la ayuda humanitaria y la cooperación
al desarrollo que sea necesaria a favor de todos los pueblos
saharauis.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del
Sahara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad
internacional, en los términos que han sido expresados por el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en función del acuerdo
transaccional que propone a la Cámara.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 292; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto en los términos
expuestos. (Aplausos.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MANTENIMIENTO DEL
OBJETIVO DE INFLACIÓN PARA ESTE AÑO Y LAS MEDIDAS QUE, EN SU CASO,
PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000008.)



La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo
de inflación
para este año y las medidas que, en su caso, piensa adoptar el
Gobierno.

Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Bel.




El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, cuando el Grupo
Socialista presentó su interpelación hace dos semanas, a raíz de
conocer la tasa de inflación en España, teníamos una preocupación,
que se ha agravado después del dato que hemos conocido hoy y que ha
llevado nuestra tasa interanual por encima del 3 por ciento. Sabemos
-el Gobierno nos lo repite constantemente- que la política monetaria
es competencia del Banco Central Europeo, por lo tanto, no está en
nuestras manos mover tipos de interés; también sabemos que el
Gobierno no puede afectar al precio del barril de petróleo en el
mercado mundial ni al tipo de cambio entre el euro y el dólar. Pero
estos factores no nos bastan para explicar la inflación, no explican
el diferencial de inflación entre España y el resto de la Unión
Europea. El Gobierno nos dice que, como nuestra economía crece más,
la inflación debe crecer más, pero, cuando uno toma el último informe
panorámico de la OCDE, observa que entre los países de la Unión
Europea, sólo Irlanda tiene una inflación más alta que la española;
que existe una serie de países que crecen tanto o más que España con
inflaciones menores, como Suecia, Holanda, Luxemburgo y Finlandia, y
que, dentro de la OCDE y fuera de la Unión, países como Canadá,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda tienen tasas de crecimiento
mayor y tasas de inflación menor. Algo habremos hecho mal, y es bueno
reconocerlo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)



Hoy, en la moción que defiendo en nombre del Grupo Socialista,
ponemos el énfasis sobre las políticas de oferta en España y su
contribución a la inflación diferenciada española. En particular, nos
preocupa, por un lado, promover las condiciones de competencia en
España, mejorar las condiciones de competencia en España y, por otro,
prevenir los abusos de posición dominante derivados de posiciones de
oligopolio o facilidad para acuerdos entre empresas en los mercados.

Es bueno realizar un somero balance de lo que ha sido la política de
los últimos años, por ejemplo, la liberalización, más retórica que
real, de la economía española. Por una parte, se ha privatizado sin
reestructurar previamente los sectores privatizados, se ha
privatizado sin haber introducido competencia; se han mantenido
regulaciones de entrada, barreras de entrada restrictivas, lo cual ha
permitido a las empresas instaladas controlar la competencia; se ha
acentuado el control político sobre el Tribunal de Defensa de la
Competencia y se ha restado independencia y poderes a las comisiones
reguladoras (las discusiones sobre la reforma de la Ley de defensa de
la competencia, en 1999, fueron muy ilustrativas en este sentido); y,
en último



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lugar, la regulación ha tendido a favorecer los intereses de la
expansión internacional de los sectores privatizados, que han
obtenido financiación barata para su expansión internacional con
cargo a las tarifas de los consumidores y, eventualmente, a los
costes de transición -entre comillas- a la competencia.

Voy a mencionar algunos ejemplos o consecuencias de la levedad
liberalizadora de la política económica española de los últimos años.

En términos de barreras de entrada se nos presentan las
telecomunicaciones como un paradigma de liberalización española, en
cambio, cuando vemos la situación de la liberalización del bucle
local en Europa, observamos que ya desde 1999 Dinamarca, Alemania y
Austria tienen liberalizado el bucle local; que ya en 1999, países
como Suecia, Italia, Reino Unido y Holanda estaban tramitando la
liberalización; en Italia ha concluido; en Holanda y Reino Unido han
llegado a acuerdos entre reguladoras y dominantes. España se ha
quedado a la zaga, con Grecia, Portugal e Irlanda; no es mala
compañía, pero se ha quedado a la zaga. Y, dicho sea de paso, me
parece interesante observar que Holanda nos lleva un año de adelanto
en la liberalización en las telecomunicaciones. Quizás el Gobierno no
lo ha entendido, porque confunde privatizar con liberalizar. Repito,
en Holanda la liberalización de telecomunicaciones lleva un año de
adelanto a la española. Si esto se hubiera sabido, quizás tendría que
haberse tenido en cuenta al tratar la operación Telefónica-KPN;
quizás todavía estamos a tiempo de tener en cuenta estas
consideraciones.

En segundo lugar, en materia de tarifas reguladas, se nos dice que la
tarifa de la electricidad ha bajado en los últimos años; ciertamente,
en términos reales desde 1991, en términos nominales más
recientemente. Les voy a leer unas consideraciones que ha emitido una
conocida institución financiera española en su último informe mensual
del mes de mayo. Literalmente dice: En España, el precio medio del
kilovatio/hora para la industria se situó en 8,7 pesetas en 1999,
mientras que el precio medio del mercado doméstico llegó a las 22,4
pesetas. Este diferencial tan amplio, superior al 150 por ciento, no
es general en el ámbito internacional y se sitúa claramente por
encima de la media de los países europeos de la OCDE, en torno al 95
por ciento. Como SS.SS. saben, nuestras tarifas de electricidad
doméstica y para pequeñas y medianas empresas sólo son superadas por
Portugal.

Por último -y ahora seré breve-, en materia de defensa de la
competencia y prevención de acuerdos oligopolísticos basta citar las
recientes sanciones a las petroleras italianas de la autoridad
antimonopolio italiana de 56.000 millones de pesetas, equivalentes al
3,5 por ciento de la factura anual, y basta saber que Francia ha
entrado en acción. Necesitamos dar un impulso al fomento de la
competencia y necesitamos prevenir los abusos monopolísticos; lo
necesitamos por muchos factores, también para contener la inflación.

Para conseguirlo,
la moción que presenta mi grupo se propone actuar con
cuatro objetivos de carácter genérico. En primer lugar, desea ampliar
las condiciones de competencia en los mercados, en algunos casos
desregulando, cuando normas de carácter legal impidan el acceso a la
competencia, por ejemplo, adelantando la liberalización del
suministrador eléctrico. Si podemos elegir presidente, ¿por qué no
podemos elegir compañía eléctrica? En segundo lugar, hay que regular,
porque no hay que confundir liberalizar con desregular. En ocasiones
son necesarias regulaciones para facilitar el acceso a la competencia
en segmentos oligopolizados. Por cierto, haré una pequeña digresión
sobre precios máximos, que últimamente son objeto de una acusación
prácticamente en blanco y negro. Si se cumplen las previsiones de
liberalización de telefonía local, cuando el Gobierno nos traiga una
exploración, seguro que traerá precios máximos de telefonía local.

Los precios máximos no deben aplicarse en general, pero cuando las
condiciones de competencia no se cumplen, porque las políticas de
liberalización no han sido adecuadas, son usados con carácter
transitorio por todos los gobiernos preocupados por la competencia.

Nos proponemos reforzar la institución que tiene por misión defender
la competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
atribuyéndole todas las competencias al respecto, atribuyéndole las
competencias de instrucción del Servicio de Defensa de la Competencia
y manteniendo separada, eso sí, la instrucción y la sanción. En
tercer lugar, queremos dar independencia y fuerza a las comisiones
reguladoras dándoles competencias en materia de fijación de tarifas,
de regulación de accesos, etcétera. El Gobierno debe tener, si es
posible, las manos fuera de estos ámbitos. En cuarto lugar, queremos
aumentar la publicidad y la transparencia en el funcionamiento de
estas instituciones y de la política de competencia, tanto en la
supervisión parlamentaria como en el funcionamiento de las comisiones
reguladoras, dando entrada a expertos, a asociaciones de
consumidores, etcétera. En el Estado de derecho la transparencia y la
publicidad son garantías máximas de defensa del interés general y
créanme, señorías, con independencia del Gobierno de que se trate,
estos terrenos son propicios a los acuerdos opacos entre poder y
negocios. La publicidad y la transparencia -si me permiten, viejos
remedios liberales decimonónicos cuando liberal quería decir otra
cosa- son grandes remedios.

Voy a acabar. Los objetivos de la moción que defendemos son conseguir
reducir los espacios de monopolios subsistentes en España, reducir
las posiciones susceptibles de abuso dominante y mejorar los poderes
e instrumentos de nuestras instituciones de defensa y promoción de la
competencia. Se trata de conseguir mejores condiciones para los
consumidores domésticos, mejores condiciones para las pequeñas y
medianas empresas, en términos de elección y en términos deprecio y
así contribuir a reducir la inflación.




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Señorías, en economía, y en general, hay algo más importante que
estar bien; moverse bien es más importante que estar bien y en
materia de liberalización y competencia, no nos hemos movido bien en
los últimos años. Cuando el entorno avanza rápido, quedarse estancado
es la antesala del fracaso. Invocamos el consenso de esta Cámara,
poniendo el énfasis donde hoy creemos que hay que ponerlo -que es en
las políticas de oferta en España y desde la premisa, si se comparte,
de dar independencia y fuerza a los órganos de defensa de la
competencia y de control regulador-, para que el conjunto de la
Cámara sea capaz de aprobar esta moción para poder dar este impulso a
un mejor funcionamiento de la economía Española.

Gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Para defender las enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez
Sánchez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

El texto original de la moción del Grupo Socialista, en el párrafo
quinto del apartado 1, propone la posibilidad de recuperar el control
de los precios máximos de productos y servicios en defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios, pero restringiendo esa
potestad gubernativa a los mercados sometidos a procesos de
liberalización.

El Bloque Nacionalista Galego propone que dicha facultad pueda ser
ejercida por el Gobierno en todos los mercados cuando se juzgue
oportuno en atención a la defensa de los derechos de los consumidores
y usuarios. Queremos evitar abusos por parte de grandes empresas que
actúan en régimen de oligopolio. Si bien la subida de precios es más
acusada en estos momentos en los sectores energéticos recientemente
liberalizados, debemos tener presente que la tendencia actual de
concentración empresarial, con una importante penetración de
capitales extranjeros en la economía española, podría provocar que
surjan en otros sectores, no sometidos a procesos de liberalización,
posiciones dominantes de mercado en manos de unos pocos operadores
empresariales, que contarían con amplias facultades de fijación
abusiva de precios y tarifas en perjuicio de los consumidores y
usuarios. Por tanto, abogamos por que sea tarea del Gobierno tutelar
dichos mercados, otorgándole para ello las más amplias facultades. No
se ha demostrado que la fijación de precios máximos a los productos y
servicios de los sectores estratégicos y en aquellos mercados donde
la competencia es mínima sea perjudicial para el crecimiento
económico ni tampoco perniciosa para los consumidores. Antes al
contrario, en tiempos bastantes recientes se empleó como un
instrumento válido para controlar tanto la inflación como el abuso a
los derechos de consumidores y usuarios. Echamos en falta en la
actualidad esa eficacia
cuando observamos que el Gobierno asiste a las subidas de precios en
los productos energéticos, principalmente los derivados del petróleo,
como un mero espectador; abandona su deber de tutela sobre los
precios en los mercados que no cuentan con la necesaria transparencia
y competencia y obliga a los consumidores a que se impregnen de su
resignación.

En definitiva, el Bloque Nacionalista Galego no está contradiciendo
el espíritu de la moción sino que intenta mejorarla proponiendo
instrumentos en manos del Gobierno que impidan las subidas
injustificadas y desmesuradas de precios en productos y servicios en
todos aquellos sectores y mercados que, más allá del mero hecho de
haber estados sometidos a procesos de liberalización, puedan
presentar indicios de una existencia de posición dominante en el
mercado que sea aprovechada para abusar de los consumidores y
usuarios.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, comienzo leyendo el «Diario
de Sesiones». Señor presidente, señorías, la liberalización de los
mercados de bienes y servicios es fundamental para conseguir mayor
competencia menor inflación. Sigue diciendo más adelante: La lucha
contra la inflación y la búsqueda de mejores servicios a precios más
baratos va a seguir siendo nuestro objetivo principal en este
terreno. De esta guisa o de esta manera se expresaba el entonces
candidato a la Presidencia del Gobierno el día 25 de abril del 2000,
en torno a las doce del mediodía. Como diría un castizo,¡ qué buena
ocasión para haberse callado! o, como diría un rural, al primer
ratón, su rata. Porque al poco tiempo el aumento experimentado por el
índice de precios en mayo, el 0,2 por ciento, había situado la
inflación interanual en el 3,1 y el aumento acumulado en estos cuatro
meses del 2000, el 1,5, ya representa el 75 por ciento de la
previsión del Ejecutivo para todo el año. Llegados aquí, ¿dónde
quedan los éxitos en la lucha contra la inflación, que el Gobierno
aireaba con intensidad, a la que el señor presidente, a la que el
señor candidato a la Presidencia en ese momento se comprometía como
uno de los elementos del frontispicio de su política económica.

Hay que reconocer que en los cuatro años del Gobierno anterior la
tasa media de inflación pasó del 4,7 en 1995 al 2,3 en 1999, pero
también es cierto que ha habido periodos en la historia de España con
similar variación. Pero en estos momentos la situación difiere en un
aspecto esencial. España, señorías, consigue tasas históricamente
reducidas de inflación en valores absolutos pero presenta un
diferencial con los países de la Unión Europea que, de mantenerse,
supondrá, está



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suponiendo ya un deterioro de la posición competitiva de nuestras
empresas al ser inamovible el tipo de cambio. No olvidemos que
nuestros socios en la Unión Europea son también -no lo olvidan ellos-
nuestros principales competidores.

Ya nuestro sector exterior tradicional con freno al crecimiento ha
empezando a sufrir los efectos de esta situación, restando puntos
porcentuales al crecimiento del producto interior bruto. El aumento
de la cotización en dólares del petróleo, los efectos negativos de la
climatología sobre los precios de algunos alimentos, la depreciación
del euro frente al dólar son elementos que contribuyen a explicar el
repunte en estos últimos meses en nuestra tasa de inflación, y han
dado al traste con las previsiones del Gobierno en 1999 y seguramente
harán lo mismo en el año actual. Pero desde luego, señorías, siguen
sin explicar el diferencial relativo que en el contexto de la zona
euro es lo más relevante. Es comúnmente aceptado que la inflación en
España y el diferencial que mantenemos con la Unión Europea puede
explicarse por la ausencia de competencia en buena parte del sector
servicios. Así la moderación salarial, intensa en los últimos años, o
el ahorro en costes financieros por la bajada de los tipos de
intereses, a pesar de los repuntes, no se traduce en menores precios
sino en un aumento de los márgenes empresariales. Retengamos un dato,
entre 1996 y 1999 los beneficios empresariales han crecido seis veces
más que los salarios. Siguiendo este razonamiento, desde el Gobierno
y desde el grupo parlamentario que lo soporta se defienden las
llamadas reformas estructurales que incluyen la liberalización e
introducción de competencia en los mercados de bienes y servicios,
con bastante demagogia, por cierto, ya que en muchos sectores
económicos energéticos, por ejemplo comunicaciones, estas políticas
se han transformado más que en una liberalización en un simple
traslado de competencias, pasando las facultades del sector público
al privado; esto es, el Gobierno del PP ha cometido el error de
abdicar de su poder de intervención propugnando una falsa
liberalización, convirtiendo monopolios públicos en oligopolios
privados y consolidando el desmantelamiento del sector público
empresarial. La formación de los precios depende de aquellos que
controlan los mercados, y hay que empezar a entender que en muchos de
ellos la competencia, señorías, es pura ficción.

Las liberalizaciones -entre comillas- no han procurado un beneficio a
la mayoría de la sociedad. A modo de ejemplo -y el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha hablado de ello-, en el sector de
carburantes se produce una escasa traducción en los precios de la
bajada del precio del petróleo y, sin embargo, en una gran
transmisión en su encarecimiento, y de eso se puede dar fe en los
«Diarios de Sesiones» de estos últimos días; en el sector de
telecomunicaciones España es uno de los países de la Unión Europea
donde menos han bajado los precios desde la
liberalización del sector; y en el sector eléctrico la bajada de
precios prima -indiscutiblemente aparte de que somos los más caros
después de Portugal, como se ha dicho hoy aquí- a la empresa y al
consumo industrial frente a la familia. Por eso, señorías, nosotros,
aunque en una filosofía global podríamos haber tenido una abstención
ante la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista -en este caso el
que quiere lo más quiere lo menos-, hemos presentado una serie de
enmiendas, que tampoco es que actúen sobre un núcleo duro, en todo
caso puede ser un mejoramiento técnico, de redacción. Por cortesía
parlamentaria, puesto que desde el Grupo Socialista se nos ha
indicado que una de las enmiendas de adición, al hablar de aumentar
suelo público en el mercado de la construcción, les creaba problemas
ya que se podía entender que el suelo público debía seguir
dedicándose a las viviendas sociales, nosotros, con la benevolencia
de la Presidencia y del resto de los grupos, estaríamos abiertos a
aceptar una enmienda transaccional.

Nada más, señorías, y muchas gracias.(Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Pisonero.




La señora PISONERO RUIZ: Por ser breve, y sin menoscabo de la
importancia del debate, voy a contestar desde el escaño.

Efectivamente hay dos grandes líneas de pensamiento, coincidiendo
todos en la preocupación por el control de la inflación. En cualquier
caso, hay que recordar que en su componente más estructural y, por
tanto, el que hay que comparar con nuestros competidores, es decir,
la inflación subyacente, se sitúa en un 2,3 por ciento, más en línea
con el objetivo que ha planteado Europa como estabilidad de precios.

Eso nos debe llevar al Grupo Parlamentario Popular, primero, a
redoblar esfuerzos para continuar avanzando en el modelo de
crecimiento planteado como un esquema de política económica más
ortodoxa, de combinación adecuada de política presupuestaria y
política monetaria, junto con reformas estructurales. Nada más lejos
de la autocomplacencia como para pensar que las medidas adoptadas son
las mejores del mundo y que no son mejorables; por supuesto que se
pueden mejorar, y en ese proceso es en el que estamos. Efectivamente
las reformas de liberalización y de privatización deben ir
acompañadas a veces de una revisión constante de los marcos
regulatorios para producir un ajuste fino en un mundo como el actual,
que está abierto y sufriendo constantes cambios ante los que hay que
reaccionar. En ese sentido el Grupo Parlamentario Popular está
abierto, por supuesto, a analizar todas las propuestas que nos
permitan mejorar las reformas emprendidas, en el bien entendido de
que esa es la opción adecuada, es decir, seguir en



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un proceso constante y continuo de reformas en los sectores que nos
permitan mejorar su competencia y, por tanto, tener una economía más
acorde con la del entorno. Esa es la posición que ha defendido el
Grupo Socialista y en la que podemos estar de acuerdo en muchos
puntos. Caso distinto es lo defendido tanto por el Grupo Mixto como
por el Grupo de Izquierda Unida, porque en sus teorías subyace un
planteamiento contrario al mercado como un mecanismo eficaz de
asignación y en el que, al final, se acaba volviendo como solución de
todos los males a la intervención directa del Estado en la
determinación de los precios. En eso no podemos estar de acuerdo. Sí
podemos estarlo en la mejora del funcionamiento del mercado, y así lo
hemos expresado en la enmienda que hemos presentado a la moción del
Grupo Socialista, proponiendo remover cuantas barreras e
imperfecciones en el mercado sean necesarias para permitir su mejor
funcionamiento, pero sin buscar fórmulas que nos lleven a antiguos
planteamientos reguladores e intervencionistas directos, puesto que
esa no es la vía que están siguiendo el resto de países de nuestro
entorno. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
España quiere modernizarse, quiere adaptarse a las reformas que se
están produciendo en el entorno y no dar marcha atrás en un proceso
de liberalización. Se ha criticado que no vayamos más allá. Nos hemos
comparado con países en los que los precios son mucho más altos que
en España. Hay que decir que España ha sido capaz de adelantar, por
ejemplo, el calendario de liberalización en telecomunicaciones; hemos
adelantado y propondremos que se siga avanzando. Estamos totalmente
de acuerdo con la propuesta concreta de mayor disponibilidad del
bucle de abonado que propone el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo
en eliminar todas las barreras a la entrada de nuevos competidores,
incluso con la intervención del Estado si eso es lo que se requiere
de acuerdo con la proposición no de ley defendida por su compañera,
la señora Mendizabal. Estamos de acuerdo en garantizar el acceso a
terceros. Estamos de acuerdo con un montón de planteamientos de
mejora de la competencia. Estoy de acuerdo con el portavoz socialista
que a veces es necesaria la regulación, pero no dando marcha atrás en
un proceso de liberalización, sino alimentando dicho proceso. Por
tanto, en hidrocarburos repetiría el debate de la proposición no de
ley en la que podemos estar de acuerdo en principios concretos, pero
no en el detalle de fijación de precios máximos ni de intervención
directa del Estado.

En cuanto a la otra parte del debate, en lo que es el Tribunal de
Defensa de la Competencia hay que recordar el debate que se ha
producido de modificación de la Ley de competencia hace escasamente
seis meses. Se refuerza el papel del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Es contradictoria la propuesta que hace el Grupo
Socialista de un mecanismo eficaz en el que se separe la instrucción
de la sanción, si eso reside en el
Tribunal de Defensa de la Competencia. Consideramos que es mucho más
eficaz el mecanismo de separación en el que la instrucción arranca
del servicio de defensa de la competencia separado del Tribunal de
Defensa de la Competencia, que es independiente para hacer su
dictamen, y el Gobierno se reserva un instrumento básico en una
economía moderna, que es la política de competencia. Sin esa política
de competencia de carácter horizontal y que establezca unos criterios
básicos comunes a todos los sectores (pues en otro caso según qué
sector hay una política de competencia distinta), en un mundo abierto
en el que hay que ponerse de acuerdo entre muchos países, es
llevarnos al desastre. No podemos apostar por la dispersión en
materia de defensa de la competencia sin unos criterios básicos que
tiene que establecer el Tribunal de Defensa de la Competencia para
todos los sectores, reservándose el Gobierno la capacidad de
establecer al final una serie de decisiones que le permitan utilizar
un instrumento de política económica que no es nada despreciable como
es el de política de defensa de la competencia. Reforcemos la defensa
de la competencia, pero no dispersándola en organismos distintos y
atribuyendo competencias máximas a entes que son distintos del propio
Gobierno que está sometido al control de esta Cámara.

El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en avanzar en la
liberalización, pero no dando marcha atrás. Está de acuerdo en
introducir -y ha sido la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular- medidas ambiciosas también en otros sectores;
en telecomunicaciones, por supuesto, como ha comentado el Grupo
Parlamentario Socialista, pero también en el sistema energético
adelantando el calendario de liberación, por qué no -hay que ver
dónde se puede seguir avanzando en la liberalización-, y también
reforzando la política presupuestaria para que tengamos una política
antiinflaccionista. El ministro de Hacienda manifestó ayer esa
intención, y estamos muy de acuerdo en ser mucho más ambiciosos en el
objetivo de reducción del déficit público. En definitiva, en ir
avanzando en todos los ámbitos, con posturas que sean coherentes y no
pidiendo intervención directa del Estado por un lado, e independencia
en lo que es la garantía de la competencia por otro. En ese sentido,
planteábamos una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista por buscar elementos comunes, que si no somos capaces de
avanzar tendríamos que votar en contra de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.

Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Padrol tiene la palabra.




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El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.

A efectos de fijar la posición por parte de mi grupo, quiero reiterar
lo manifestado hace dos semanas en la presentación de la
interpelación urgente, y es que mi grupo lógicamente sigue con
atención la evolución de la magnitud de la inflación, pero siempre
situándola en el contexto de la economía española, con un crecimiento
previsto por parte de la OCDE que puede alcanzar el 4,3 por ciento
para el año 2000, y siempre recordando la incidencia de factores
externos, como es la evolución de precio del crudo y la cotización de
la paridad euro/dólar. Baste un ejemplo para apreciar la incidencia
de la evolución de la cotización del euro respecto del dólar. Si
tenemos en cuenta que en enero del año 1999 una tonelada de petróleo
en el mercado internacional costaba en pesetas una proporción de
16.422 y que ahora, dieciséis meses después, en pesetas el precio se
ha cuadruplicado mientras que en dólares el precio no ha llegado a
doblarse, la incidencia queda claramente manifiesta. Pero esto, el
hecho de que existan estos factores que deben llevar a apreciar en
conjunto la evolución de la inflación, no quita que mi grupo
parlamentario, como el resto de la Cámara -insisto-, no deba estar
atento a la toma de medidas que puedan incidir en el mejor control de
esta variable. Concretamente, las medidas -y ya se han comentado
reiteradamente- son la corrección del déficit público, y desde este
punto de vista mi grupo considera de forma muy positiva las medidas
anunciadas ayer por el ministro de Hacienda, en la Comisión de
Economía y Hacienda, respecto de que al final de ejercicio el déficit
se situará por debajo del 0,8 por ciento del PIB y la eliminación del
déficit público para el año 2001. Otras medidas lógicamente -y es el
núcleo del debate- consisten en profundizar las medidas
liberalizadoras, especialmente en aquellos sectores en que como
consecuencia de la toma de estas medidas pueda incidirse claramente a
la baja en los precios y tarifas satisfechos por los consumidores
y compradores de los servicios y de los bienes correspondientes a estos
sectores.

A la vista de esta posición, mi grupo considera muy positivo el
objetivo perseguido por la moción presentada por el Grupo Socialista,
pero sin embargo existen una serie de puntos que no entendemos sean
correctos y que no casan convenientemente con un entorno de
liberalización y de mayor flexibilidad en determinados sectores.

Fundamentalmente son tres puntos a los que haré referencia a
continuación. Entendemos que se deja demasiado abierta la fórmula de
que el Gobierno pueda incidir en la estructura de oferta de los
sectores energéticos y de telecomunicaciones. En segundo lugar,
también se deja demasiado abierta la fórmula para que se puedan fijar
precios máximos en determinados bienes y servicios. Y también el
hecho de que aparezca en un determinado sector, en concreto el gas
natural, gases manufacturados por canalización, una cifra concreta de
rebaja de los precios finales. Insistimos, estas tres medidas
configuran un paquete, una serie de cuestiones que no casan
convenientemente con el entorno de liberalización que mi grupo
pretende defender. Estas objeciones están salvadas en la enmienda de
modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con quien
comparte el objetivo final perseguido de lograr flexibilizar aquellos
sectores, aquellos ámbitos que pueden incidir a la baja en aquellos
precios que pueden significar un mejor control de la inflación. Por
tanto, nos manifestamos favorables a esta enmienda de modificación,
con dos breves acotaciones. Así, en el punto 2, en el tercer párrafo,
cuando se dice: se debe actuar sobre los siguientes sectores
económicos, proponemos añadir: dando prioridad a la toma de medidas
que incidan directamente en una disminución de los precios que
satisfagan consumidores y usuarios. Otra modificación sería en el
último párrafo, cuando se hace referencia en la letra c), al Tribunal
de Defensa de la Competencia, que cuando se alude a que sea el
Tribunal de Defensa de la Competencia el competente para interpretar
y resolver los criterios de conexión que legalmente se definan en
ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre
atribución de competencia de las comunidades autónomas, que este
párrafo acabe su redacción con la palabra áreas. Es decir, que quede
redactado de la siguiente forma: que el Tribunal de Defensa de la
Competencia sea la autoridad competente para fijar los criterios de
competencia en todas las áreas. Que la atribución de las competencias
en este ámbito al Tribunal de Defensa de la misma se realice cuando
se dicten las leyes en desarrollo de los mandatos de la sentencia del
Tribunal Constitucional al respecto.




Nada más.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.

Por último, señor Bel, a los efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos Mixto, de
Izquierda Unida y Popular.




El señor BEL I QUERALT: Por lo que se refiere a la enmienda
presentada por el señor diputado del BNG, propondríamos una
transacción, que creemos conserva el espíritu de su propuesta,
consistente en añadir entre liberalización y mientras tanto, la
expresión: y donde subsistan restricciones relevantes de la
competencia. Tratamos de subrayar la excepcionalidad del mecanismo
aun manteniéndolo.

Por lo que respecta a las enmiendas propuestas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, aceptaríamos la primera, segunda y
cuarta y, como ha mencionado el señor Rejón, creemos más oportuno en
cuanto a la tercera reservar el suelo público para la promoción de
vivienda social.




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En cuanto a la enmienda presenta por el Grupo Parlamentario Popular,
es cierto que existen espacios de posible consenso entre las medidas
propuestas en nuestra moción y dicha enmienda, pero el hecho de que
desvirtúe a nuestro entender el énfasis que hay que poner ahora sobre
las políticas de oferta por una parte, y en segundo lugar porque nos
distancia una brecha todavía insalvable en cuanto a la
caracterización institucional de los órganos de defensa de la
competencia...




La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Bel. Éste es un trámite en el
cual sólo se manifiesta la aceptación o rechazo, no se reabre el
debate.




El señor BEL I QUERALT: No la aceptamos.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

Señorías, procedemos a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación
para este año y las medidas que en su caso piensa adoptar el
Gobierno, en los términos resultantes del debate y de las enmiendas
que han sido aceptadas por el grupo proponente.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 107; en contra, 163; abstenciones, tres.




La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.

Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.




Eran las diez y veinte minutos de la noche.