El señor presidente lee los puntos 4., 4.1.
y 4.1.1.

El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída
la Junta de Portavoces, en su reunión del día 19, resolvió proponer al
Pleno de la Cámara que acordase que esta proposición de ley orgánica se
tramitase directamente y en lectura única, de conformidad con el
artículo 129 del Reglamento de esta Cámara. ¿Alguien desea intervenir?
(Pausa). Muchas gracias, señorías.

Se abre, por tanto, el plazo de quince minutos
para que los senadores autorizados emitan el voto electrónico remoto
sobre la autorización de la tramitación en lectura única de la
proposición de ley orgánica de modificación de los artículos citados de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, desde este
momento, en que son las once horas y veinte minutos, hasta las once horas
y treinta y cinco minutos.

Asimismo, les recuerdo que la votación
presencial de esta autorización para la tramitación en lectura única de
la proposición de ley orgánica tendrá lugar una vez finalizado el debate
del siguiente punto del orden del día.

El señor presidente lee los puntos 3.2.
y 3.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Igualdad, su
señoría la senadora Navarro Garzón.

La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias,
presidente.

Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral
de la libertad sexual 621/000050. El proyecto de ley que se somete en
este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de junio
de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el
día 15 de junio del 2022. A este proyecto de ley se presentaron dos
propuestas de veto y 153 enmiendas, de las cuales fueron posteriormente
retiradas las enmienda números 98 y 120, del señor Cleries i Gonzàlez y
la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista; las
enmiendas números 130, 134, 135, 137, 140 y 149, de la senadora Sara
Bailac Ardanuy, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu. El día 12 de julio la comisión ratificó la ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: doña Sara Bailac Ardanuy, del
Grupo Esquerra Republicana; doña María Elena Diego Castellanos, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo
Parlamentario Vasco; doña Ruth Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario
Mixto; doña Beatriz Martín Larred, del Grupo Parlamentario Democrático;
don Koldo Martínez Urionabarrenetxea del Grupo Parlamentario de Izquierda
Plural; don José María Oleaga Zalvidea, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña María Adelaida Pedrosa Roldán, del Grupo Parlamentario
Popular; doña María Teresa Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; doña Donelia Roldán Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo
Parlamentario Popular. Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir su
informe que no introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Asimismo, en relación con diversos errores
técnicos o de índole gramatical detectados en el referido texto, a la
vista de la nota de la letrada, se efectuaron las oportunas correcciones
que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 90.2, de la Constitución. A continuación, se reunió la
comisión y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.
Finalizados estos trámites y para la defensa de sus enmienda se han
presentado ocho votos particulares, los señores González-Robatto Perote,
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto;
los señores Muñoz Lagares y Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático; el señor Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del
Grupo Parlamentario Nacionalista; el señor Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural; el señor Vidal Matas, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Plural; el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado y la señora Bailac Ardanuy, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Quiero dar
las gracias a los servicios de la Cámara, a la letrada de la comisión, a
los letrados y a los grupos parlamentarios por el debate tanto en
ponencia como en comisión, donde han defendido cada uno de ellos sus
posiciones con el más absoluto respeto también a las posiciones de los
demás.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora
presidenta, senadora Navarro Garzón.

A este proyecto de ley se han presentado dos
vetos. La propuesta de veto número 1 es de los senadores González-Robatto
y Marín Gascón y de la senadora Merelo Palomares. Para su defensa, tiene
la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, desde el punto de vista de la técnica
legislativa, este proyecto de ley ha recibido muchas críticas y ha sido
rechazado tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el
Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Podemos definirlo como una chapuza
jurídica digna de un estudiante con escasos o nulos conocimientos legales
y jurídicos. Este proyecto de ley viola la técnica jurídica más
elemental, viola derechos fundamentales, viola la igualdad, viola la
libertad y viola hasta el sentido común más básico. Lo que ustedes han
publicitado como ley del solo sí es sí es en realidad la ley del no, del
no a derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la igualdad
ante la ley y del no a la verdad. Lo más grave es que esta ley tan
anunciada a bombo y platillo no agrava las penas. Entonces, ¿para qué
hace falta esta ley? Este proyecto de ley, mal llamado de libertad
sexual, pretende hacernos creer a todos los españoles que, gracias a este
Gobierno socialcomunista, ninguna mujer va a volver a ser agredida o
violada. Esta ley ideológica incide en demonizar y criminalizar a los
hombres, como si la violencia sexual no estuviera ya regulada en el
título VIII, del Código Penal. Se trata de una ley cuyo objetivo es el
adoctrinamiento, inoculando en la sociedad el concepto tóxico y perverso
de que todos los hombres son muy malos y las mujeres son muy buenas. ¿A
qué nos conduce esto? Al enfrentamiento visceral entre hombres y mujeres
a través de la criminalización irredenta del varón y de la creación del
miedo irracional a la mujer. Esta ley ataca de manera contumaz el
principio de igualdad ante la ley, ya que solo busca la protección de la
mujer frente al hombre. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les
ruego que, si tienen que hablar entre ustedes, lo hagan fuera del
hemiciclo y permitan al orador que continúe con su intervención.

Muchas gracias. Continúe, señoría.

El señor MARÍN GASCÓN: Nuestro Código Penal
define y tipifica la agresión sexual y el abuso sexual en relación con la
falta de consentimiento. Su irracional proyecto de ley elimina esta
acertada y gradual distinción poniendo a la misma altura una agradable
lisonja, un piropo castizo, un comentario zafio, un comportamiento
acosador o una violación. Proponen una definición del consentimiento
sexual difusa, abstracta, difícilmente comprobable, con el ánimo de que
la mujer pueda acusar más fácilmente al hombre. En consecuencia, se
vulnera la presunción de inocencia del hombre, pues se pretende que la
palabra de la mujer baste para condenarle. Con este desastre jurídico no
importarán los hechos ni la seguridad jurídica ni la presunción de
inocencia ni la realidad, sino que todo girará en torno a la consigna
feminista del solo sí es sí. Jurídicamente, lo normal es que quien
denuncia pruebe, pero para ustedes las mujeres tienen que ser creídas
siempre sin pruebas, solo por el hecho de ser mujer. En este caso, será
el hombre el que tenga que demostrar que no cometió la agresión y no solo
eso, sino que deberá probar que la denunciante dio su consentimiento
explícito. ¿De qué forma? Me dirijo a los senadores de esta Cámara. ¿Qué
harán en caso de que una mujer les acuse en falso, sin pruebas? ¿Tendrán
que solicitar un contrato sexual previo? ¿Se tendrán que descargar una
aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el
acto sexual? ¿Tendrán que ir a un notario para certificar la legalidad de
la relación sexual que van a mantener? ¿Qué ocurrirá si una mujer les
acusa falsamente de violación después de haber dado su consentimiento,
alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces
el consentimiento? ¿La mujer tendrá que decir sí todo el tiempo que dure
el acto, a intervalos regulares, cada minuto, cada dos, cada cinco? ¿Vale
un sigue o un más? Señorías, en Vox no queremos una caza de brujas contra
los hombres, no queremos inocentes en la cárcel ni violadores en la
calle. Esta ley ni siquiera endurece las penas para quienes cometen actos
contra la libertad sexual. Ustedes, que dicen defender a la mujer,
defienden su libertad sexual, pero con esta ley no rebajan las penas por
agresión sexual, se oponen a que los agresores estén en la cárcel y
fomentan la presencia en España de personas que provienen de culturas que
no respetan a la mujer. Ustedes, con este proyecto de ley, quieren
fomentar el odio al hombre, pero, además, quieren adoctrinar a nuestros
hijos en ese odio, vulnerando nuestro derecho a educarles según nuestras
convicciones. Este proyecto de ley demuestra una vez más que ustedes son
el mal disfrazado de bien; ustedes son el totalitarismo disfrazado de
libertad; ustedes son la discriminación disfrazada de igualdad; ustedes
son el odio al hombre disfrazado de defensa de la mujer, porque si algo
caracteriza su feminismo es el odio. Señorías, los hombres y las mujeres
hemos sido creados iguales en dignidad. A nosotros nos importan todas las
víctimas de violencia sexual, nos importa todo el dolor, venga de donde
venga y lo sufra quien lo sufra, porque si no fuera así estaríamos
contribuyendo a crear una sociedad enferma. Esta ley no va a mejorar la
seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales, solo aumentará
el riesgo para los hombres de sufrir denuncias falsas. En Vox, a
diferencia de ustedes, trabajamos, protegemos y sufrimos por todos los
que han sufrido agresiones sexuales, por todos, sin distinciones, porque
todas las personas son dignas de protección. En Vox estamos por la
defensa de todas las mujeres ante la violencia sexual. ¿Y cómo se protege
a las mujeres, señorías? Diciendo sí a agravar las penas por agresión
sexual, diciendo sí a la prisión permanente revisable para los casos más
graves para no tener a violadores reincidentes en la calle, diciendo sí a
frenar la inmigración ilegal que ustedes permiten y alientan, en
especial, la que viene de culturas que no consideran iguales a las
mujeres, y diciendo sí a investigar y estudiar las causas de la violencia
y de las agresiones sexuales, a reflexionar sobre la sociedad que ustedes
han hipersexualizado y a reflexionar sobre las patologías de los
agresores que ustedes se niegan a ver, porque todo lo meten en el saco
del patriarcado y, mientras nieguen esto, la ley no nos protegerá. En
Vox, decimos sí a fomentar una nueva cultura entre hombres y mujeres
marcada por la comprensión, el amor y una recíproca actitud de servicios;
decimos sí a defender el derecho de los padres a educar en libertad a
nuestros hijos en materia ideológica o afectivosexual, sin injerencias y
sin corrupción de menores; y, sobre todo, Vox dice sí a la capacidad de
la mujer de dar vida junto al hombre; sí a la maternidad, a la valentía y
a la capacidad de amar y sí a la dignidad intrínseca, libertad y
fortaleza de la mujer, porque la mujer está llamada a construir una
sociedad mejor con su fuerza espiritual y moral. En cambio, a ustedes no
les importan las mujeres. El alma de esta ley es el odio al hombre. Algún
día tendrán que pedir perdón y pagar por estas leyes y el daño que
suponen. En definitiva, tendrán que pedir perdón a todos los hombres
condenados penal y socialmente siendo inocentes. Por todo lo anterior,
nos oponemos a esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría la
senadora Pedrosa Roldán.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, señor
presidente.

Buenos días. La libertad sexual, como bien
explicamos en el documento de veto, es proteger un bien jurídico y
defenderlo. Queremos proteger los derechos propios que afectan a la
dignidad de las personas y, más concretamente, a las mujeres, así como el
derecho al libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual,
salvaguardando otros bienes jurídicos, como la integridad física, moral
e, incluso, la vida y, de igual forma, el bienestar de los menores de
edad, de las personas con discapacidad, su integración social y su
adecuado desarrollo físico y psicológico. Y eso es lo que hemos intentado
desde el Grupo Popular, abogar por un texto que responda a la necesidad
de mejorar y que dé respuestas a las víctimas. Nuestras enmiendas,
nuestras aportaciones, que más tarde explicará mi compañero, mejoraban
este mal planteado proyecto de ley y ahora, ¿con qué nos encontramos?
Pues con una mala ley, con un sesgo ideológico, con una ley deficiente
desde el punto de vista técnico-jurídico, muy cuestionable por afectar
directamente a los derechos y libertades fundamentales y de cuestionable
constitucionalidad. Nos encontramos con un texto que instrumentaliza el
dolor y el sentimiento de las víctimas, ya que no se van a ver mejoradas
en su protección y en su intervención. Ustedes son conscientes, creo, de
las críticas que este proyecto de ley ha recibido y sigue recibiendo de
prestigiosos juristas, que nos indican que tiene también un tono
sociológico y político, además de carecer de sentido legal. ¿Conocen
ustedes que el pleno del Consejo General del Poder Judicial, el pasado
mes de febrero, se opuso a dos asuntos centrales del texto? Punto
primero, la redacción del consentimiento expreso, en donde especifican
que esta definición determina un aparente desplazamiento de la carga
probatoria, parece configurar un elemento negativo, ya que recae en la
defensa para excluir la tipicidad. De esta forma, se estarían alterando
de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso
penal y se cargan uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho,
como es la presunción de inocencia. También, en el punto 2, explicaba el
Consejo General del Poder Judicial, que se podría estar desprotegiendo
jurídicamente a las víctimas, pero también que se incurre en el riesgo de
castigar con más severidad conductas con menor grado de lesividad.
Además, es un texto, señorías, que instrumentaliza el dolor y sentimiento
de las víctimas de estos deleznables hechos que no se van a ver mejorados
en ningún caso en su protección, en su intervención integral y en su
protección e intervención legal. Todo se va a dejar al margen
interpretativo, lo que podría comprometer el principio de
constitucionalidad, como he dicho anteriormente, y también de legalidad
penal.

En nuestras enmiendas y en este veto que hemos
presentado hemos abogado por un texto que mejore la necesidad y la
proporcionalidad de la respuesta penal frente a la violencia sexual de
las mujeres, menores y personas con discapacidad. El proyecto de ley es
mejorable en general y, en concreto, en lo que respecta a las mujeres con
discapacidad. En Cermi se recuerda que en las leyes deben tomarse como
referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas para cumplir con lo establecido en la
misma y diseñar instrumentos legislativos que no dejen atrás a las
personas con discapacidad y, sobre todo, a las mujeres. También en
nuestro veto explicamos que eliminar la distinción entre la agresión
sexual y el abuso supone la eliminación del principio de proporcionalidad
del Código Penal, vulnerando de esa forma la seguridad jurídica. También
explicamos esa carencia de seguridad jurídica y de la desprotección con
la que se van a encontrar las víctimas. Señorías, nos encontramos con que
los principios y el espíritu del proyecto carecen de seguridad jurídica.
Tenemos delante una ley que deja desprotegidas a las víctimas y en el
aire sus derechos, entre otras cuestiones. Por este motivo hemos
presentado nuestra propuesta de veto con texto alternativo, con el fin de
favorecer la tipificación de esas conductas, planteándose una proposición
de ley orgánica que se basa principalmente, entre otras cuestiones, en la
reforma del artículo 181, apartados 1 y 2, manteniendo el resto igual y,
por tanto, el delito de abuso sexual, en aras de dotar de una mayor
claridad al conjunto de texto penal. También, en nuestro veto
incorporamos como agravante en los artículos 180 y 183 la especificación
de que la infracción sea cometida por la anulación de la voluntad por
sumisión química.

Señorías del Partido Socialista, no tengo
ninguna esperanza de que ustedes vayan a apoyar nuestras enmiendas ni
todo lo que hemos hecho en el Grupo Popular, puesto que, viendo lo que
pasó la semana pasada en la ponencia, que no nos dejaron ni exponer
nuestras enmiendas ni valorar la de otros grupos políticos, segura estoy
de que no van ni a intentarlo. Yo voy a ir acabando ya, porque creo que
está todo dicho. El veto del Grupo Popular lo hemos visto, lo hemos
debatido y lo conocen ustedes, así como las enmiendas. Lo único que
quiero, antes de marcharme, es aludir a dos cuestiones que están encima
de la mesa. Quería saber qué están haciendo y por qué no apoyan a una
compañera por estar embarazada, que tiene que dejar su puesto de trabajo.
(Rumores.— Aplausos). ¿Dónde están las feministas de su partido?
Dígame dónde están las feministas de su partido, porque un embarazo no
justifica una dimisión. También quería preguntarles: ¿quién manda en la
Moncloa, señorías, Sánchez o los que le están manteniendo en ella? Porque
ustedes no paran de hacer leyes con ningún tipo de seguridad jurídica ni
ninguna protección para las víctimas.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
senadora Pedrosa Roldán.

Para el turno en contra de los dos vetos
presentados, tiene la palabra su señoría la senadora Diego Castellanos,
por el Grupo Socialista.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias,
presidente.

Bienvenida, ministra. Gracias por
acompañarnos.

Después del minuto de silencio que hemos vivido
hoy aquí, para recordar a cinco mujeres que han sido asesinadas por la
violencia machista desde la última convocatoria de un Pleno, escuchar las
dos intervenciones en relación con estos vetos ha sido una cosa
absolutamente fuera de lugar. (Aplausos). Siento decirle que creo
sinceramente que levantarse cuando se ha levantado —hemos estado
todos en silencio— y venir y decir usted lo que acaba de
decir… (Rumores). Perdónenme, ¿me van a estar increpando todo el
rato cuando hable? Señor presidente, corte, que hablen ellos y sigo
yo.

El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría.

Muchas gracias.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Lo que tengo que
decirles es lo siguiente: no puede venir usted y terminar su intervención
con lo que ha dicho en relación con la señora Adriana Lastra y con el
presidente del Gobierno. Es vergonzoso. (Aplausos).

Dicen que utilizamos a las víctimas, señores y
señoras del Partido Popular; no, los expertos en utilizar a las víctimas
son ustedes, y esta semana lo hemos visto muy clarito, con foto incluida.
No vamos a consentir que digan que utilizamos a las víctimas para
elaborar leyes o para hacer lo que estamos haciendo. Al portavoz de Vox
tengo que decirle que lamento mucho que le haya tocado esta intervención.
Lo lamento realmente porque, sinceramente, quiero pensar que muchas de
las barbaridades que usted ha dicho hoy aquí no se las cree, pero parece
ser que sí, entonces nos pone de manifiesto claramente lo que son ustedes
y lo que no somos nosotros. Muchas gracias. (Aplausos). Señor Marín
Gascón, ha repetido prácticamente la totalidad de la intervención que
hizo la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, con las mismas
barbaridades, las mismas cuestiones. (Denegaciones del señor Marín
Gascón). Sí, las ha repetido. Yo por lo menos sí le agradezco que no se
haya traído la camiseta para que le dijésemos unos cuantos piropos; por
lo menos ha tenido usted la decencia de respetar a esta Cámara. Ha dicho
usted una cosa que es una auténtica barbaridad. Ha dicho que somos el
totalitarismo disfrazado de libertad. Hanna Arendt —si no la han
leído, estaría bien que la leyeran— decía: Los movimientos
totalitarios usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de
abolirlas. Ustedes han llegado para eso aquí. (Aplausos).

Comienzo mi intervención como terminé en la
pasada Comisión de Igualdad. Comienzo con una frase de Carol Hanisch
de 1970 que dio título a un ensayo: Lo personal es político. Lo personal
es político es una idea en la que se sustentan muchos avances
legislativos, sociales y culturales en nuestro país y en el resto del
mundo. Esta frase en el debate de esta ley tiene todo su sentido. Supuso
en su momento un cambio de paradigma y se comenzó a movilizar la sociedad
con protestas contra la desigualdad de género, los maltratos y las
violencias machistas, y, por eso, hoy utilizo esta frase para
interpelarles. Existe una realidad incuestionable en nuestra democracia
que divide a aquellos que creen que realmente la violencia que se ejerce
contra las mujeres es una cuestión de Estado, un problema de toda la
sociedad y de nuestra democracia, de aquellos que no creen en ello y que
además es una de sus estrategias políticas más reaccionarias.

La violencia sexual, la peor de todas las
violencias que se ejercen contra las mujeres y las niñas en cualquier
lugar del mundo y también en nuestro país, es un problema real, muy
grave, que cada vez se presenta en formas más novedosas y al que debemos
hacer frente y actuar. Su veto, señorías de Vox, les coloca claramente en
el otro paradigma. Su fin es que estos asuntos se sigan quedando dentro
de las casas de las mujeres y las niñas que son violentadas. Ustedes,
negacionistas de la violencia de género, no pueden aceptar que estamos
hablando de un verdadero problema en nuestra sociedad. Por ello, dedican
parte de su veto a decir que no hay razones ni objetivas ni subjetivas
para legislar. Resulta curioso que sean ustedes en su veto los que
recojan los datos sobre agresiones sexuales en nuestro país desde 2013 y
que argumenten que no se han incrementado, sino que se han reducido, y
que ello es porque en nuestro país ya existe suficiente legislación en
materia de violencia de género y que sirve para hacer frente a la
casuística de esta ley. Están ustedes reconociendo, por tanto —y
además lo hacen de manera explícita—, que la Ley orgánica de
medidas de protección integral de la violencia de género y la Ley
orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres suponen —y
abro comillas—, lo dice su veto, que ya se encuentran sobradamente
recogidas estas cuestiones en la legislación española. Señor Marín
Gascón, le agradezco que en su propio veto reconozcan el valor de «esas
terribles leyes ideológicas del señor Zapatero». Otro argumento del veto
de Vox es que la única premisa jurídica en la que se basa este proyecto
de ley es en la obligación de actuar en materia de violencia contra las
mujeres que viene impuesta a España por ciertas normas internacionales.
Pueden sostener su argumento con su obsesión globalista, esta que les
lleva a pensar que hay una conspiración internacional, que nació a partir
de la Segunda Guerra Mundial cuando se creó Naciones Unidas, pero lo que
no pueden hacer, señor Marín Gascón, es utilizar en el mismo veto este
argumento como crítica principal a la ley, y en el párrafo siguiente,
cuando hablan de que esta ley discrimina a los hombres, utilizar los
mismos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del
Convenio de Estambul o las recomendaciones de la Cedaw, que, por cierto,
le digo que son unas terribles brujas feministas malignas. No puede ser.
No puede ser que ustedes digan que no se puede sustentar esta ley en
ellos, porque no es una imposición a España de los organismos
internacionales, y que cuando ustedes quieren defender a los
maltratadores se sustenten en los mismos convenios y tratados
internacionales que España ha reconocido y que ustedes dicen que, como no
los han votado los españoles, no sirven de nada. No, no quieran engañar.
Su veto es un desastre. (Aplausos).

El Grupo Parlamentario Popular, en la
justificación de su veto, hace referencia a la importancia de los
compromisos internacionales que ha ratificado España, y también recoge de
manera expresa que la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección
integral contra la violencia de género —y abro comillas— «fue
pionera y vanguardista a la hora de amparar a las víctimas de violencia
de género». Yo creo que ustedes están un poco despistados. De todas
maneras, les agradezco que en el propio veto se recoja que la ley del
año 2004 es pionera y vanguardista en el mundo. Confirman, además, que se
hace necesario adaptar las nuevas realidades en esta materia, más aún en
referencia al Pacto de Estado contra la violencia de género. Hablan
ustedes de la urgente necesidad de legislar sobre las agresiones
sexuales. Con esta ley se está cumpliendo el mandato que ustedes mismos
se han dado en el pacto de Estado, pero ¿por qué no les gusta este
proyecto de ley? Plantean argumentos meramente formales que reflejan su
total incoherencia en este asunto. Por ejemplo, cuando hablan del
desplazamiento de la carga de la prueba, olvidan que este asunto quedó ya
clarificado y recogido en la Ley integral contra la violencia de género
de 2004, y la votaron a favor. Dicen que solapa la Ley orgánica de 2004
en relación con las medidas de protección de las víctimas. ¿Dudan del
valor de las medidas que recoge la ley? Permítanme que les diga una cosa:
no hay que dudar de las leyes, hay que dudar de algunos Gobiernos, porque
los Gobiernos pueden decidir cumplir las leyes o financiarlas o creer en
ellas o tener voluntad política, o todo lo contrario. Ejemplos han sido
sus Gobiernos y supimos lo que es retroceder.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, en su
propio veto señalan que el Pacto contra la violencia de género ya propone
que se revise el delito de agresión sexual y que se debe llevar a cabo
tal y como determina el Convenio de Estambul. Es lo que se ha hecho. No
entendemos que ustedes mismos en el Pacto contra la violencia de género
se exijan a ustedes mismos la obligación de modificar el delito de
agresión y que luego ustedes hayan hecho este veto. Tanto Vox como el
Grupo Popular hacen referencia a los informes del Consejo de Estado, del
Consejo de la fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial. Incluso
el señor Marín Gascón se ha atrevido a decir que los informes de estos
consejos son negativos para esta ley. Señor Marín Gascón, no mienta. No
mienta. Se han aprobado los dos informes del Consejo de la fiscalía y del
Consejo de Estado por unanimidad, y el del Consejo General del Poder
Judicial con un solo voto particular, es decir, por mayoría. No mienta.
No mienta. Usted ha dicho aquí que se está haciendo esta ley en contra de
los informes de los consejos. Señorías de Vox, la violencia de género en
los menores está muy relacionada con su discurso machista, basado en la
desigualdad entre hombres y mujeres y entre los jóvenes y las jóvenes.
Tengan mucho cuidado, están haciendo mucho daño con su discurso. Llegan
de forma fácil a los menores, lo saben y lo hacen.

En relación con el acoso sexual o sexista en la
vía pública, les pediría responsabilidad. Señorías de Vox, esto no es una
broma, esto no va de piropos; va de una cultura machista que impregna
nuestra sociedad, nuestro lenguaje y nuestra educación, y de que nunca se
les ha preguntado a las mujeres y las niñas en situaciones de acoso real
y normalizado en nuestras calles cómo se sienten. Estamos hablando de
algo mucho más serio. Estamos hablando de que no podemos permitirnos una
sociedad donde las mujeres no se sientan seguras yendo solas por las
calles; entre ellas, sus hijas, las hijas de sus amigos, las hijas de sus
familiares, etcétera. Esta ley habla de los derechos de la ciudadanía.
Hemos estado excluidas en muchísimos momentos de la historia de los
derechos de la ciudadanía, y en este momento no podemos dar un paso
atrás. El género ha supuesto que la estructura de la sociedad nos haya
colocado a las mujeres y las niñas históricamente en el rol de ser
objetos y que nuestro cuerpo sea y haya sido propiedad de los hombres.
Esto no se puede normalizar. Que nuestros cuerpos puedan ser violentados
no se puede normalizar. Pero, señor Marín Gascón, también debemos
reivindicar que los hombres tampoco han nacido para ser agresores.
(Aplausos).

El Grupo Parlamentario Popular se coloca al
otro lado. Lamentamos muchísimo que esto sea así. Si las fuerzas
políticas democráticas de este país no estamos unidas, no podremos seguir
avanzando. La situación que tenemos ahora es de retroceso y ustedes se
alinean con su veto con la ultraderecha. Frente a su veto, nos
encontramos la mayoría de este arco parlamentario. Partidos políticos de
distintas ideologías estamos por la aprobación de esta ley, y
desgraciadamente, señores y señoras del Partido Popular, su ambivalencia
nos hace pensar que con la presentación de su veto o se han colocado en
el retroceso de derechos y libertades de las mujeres y niñas españolas o,
como hay que cumplir con el expediente de cuanto peor mejor, ponen
obstáculos al Gobierno sin valorar los retrocesos que todo esto puede
provocar. A ustedes lo que no les gusta, señorías de Vox y señorías del
Partido Popular, es que cuando gobierna la izquierda en este país es
cuando se defienden y se generan más derechos para las mujeres, las niñas
y los menores, sobre todo para aquellos que sufren o han sufrido en algún
momento de su vida, sobre todo en la infancia, violencia sexual.

Voy terminando. Somos más los que partimos de
la premisa de que lo personal es político en relación con las violencias
hacia las mujeres y las niñas, porque tenemos muy claro desde hace mucho
tiempo que la violencia de género es una cuestión de Estado. La forma más
execrable de ataque a los cuerpos de las mujeres, la forma más perversa y
más terrible que hemos sufrido a lo largo de la historia y que siguen
sufriendo muchos niños y niñas invisibilizados en nuestro país es la
violencia sexual. Por eso, esta ley tiene que servir para que dejen de
ser invisibles, para que salgan a la luz, para que entiendan que pueden
denunciar, para que entiendan que lo que les ha ocurrido no es normal,
para que entiendan que, siendo sobre todo mujeres y niñas, no tienen por
qué ser violentadas.

Termino como empecé. Dice Laura Nuño: El
argumento de la libre elección es una auténtica coartada del patriarcado,
no solo porque falsea la teoría del consentimiento, sino porque en la
medida que individualiza la decisión la despolitiza. Y no hay duda: lo
personal es político. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, intervendrá su señoría Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, muy buenos días. Hoy, una vez más,
lamentablemente, hemos tenido que comenzar el Pleno manifestando nuestra
solidaridad y también nuestra condena y rechazo al asesinato de cinco
mujeres; en este caso, a consecuencia de la violencia de género. Y por lo
tanto, mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, en nombre
de Unión del Pueblo Navarro, tienen que ser para eso, para eso mismo:
para manifestar apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que sufren
la violencia sexual; fundamentalmente, mujeres, menores y personas con
discapacidad.

Todos, desde nuestros diferentes ámbitos de
responsabilidad, deberíamos actuar; y deberíamos hacerlo, al menos desde
nuestro punto de vista —y esto es lo importante—, con rigor y
seguridad jurídica, sobre todo a la hora de acabar con esta lacra social.
A lo largo de los últimos años, hablando de respeto y de derecho de
libertad sexual, mucho se ha avanzado, también se han establecido muchas
normas pertinentes tanto de ámbito nacional como internacional; en el
primero de los casos, y sobre eso yo quiero llamar la atención, en el
marco y con el amparo de la propia Constitución española, tan
defenestrada por algunos, pero que en este caso concreto sirve, ampara y
condena este tipo de actos. Por otro lado, también es evidente que desde
el punto de vista político se han alcanzado acuerdos, acuerdos
importantes, como, por ejemplo, el Pacto de Estado contra la violencia de
género, aprobado en el año 2017, y más concretamente en diciembre; por
cierto, sin contar con el voto favorable de la formación política o del
grupo parlamentario en el que milita la propia ministra de Igualdad.

Desde el punto de vista penal también se han
dado pasos. ¿Eso quiere decir que no hay necesidad de seguir avanzando?
Por supuesto que sí. Sobre todo, a la hora de mejorar la protección, la
claridad y, vuelvo a insistir, la seguridad jurídica de las normas.






El
problema surge, señorías, cuando se quiere legislar desde el sectarismo,
desde una ideología concreta. En este caso, se suele caer en esa falta de
rigor y de seguridad jurídica, como es el caso. Y, por tanto, en algunas
ocasiones —y lo han dicho los propios expertos y los
informes— poniendo en riesgo la constitucionalidad de la norma. En
este caso concreto, aquello que tiene que ver con un derecho fundamental
amparado por la propia Constitución española, como es la presunción de
inocencia.

Desde nuestro punto de vista, el informe del
Consejo General del Poder Judicial, como también las apreciaciones del
propio Consejo de Estado, son un varapalo jurídico al proyecto inicial
que hoy se trae, con algunos cambios, para su aprobación, debate y
votación en esta Cámara Alta. Pero, claro, esta chapuza jurídica con la
que se inició este proceso sigue generando dudas, fundamentalmente, en
aquello que tiene que ver con el consentimiento expreso y también con la
diferenciación entre agresión sexual y abuso sexual.

Es que, además, señorías, en una ley que aborda
la libertad sexual, nos llama poderosamente la atención que no se hable
de prostitución. Recuerdo que en el año 2010, en el Parlamento de Navarra
y en las Cortes Generales, más concretamente en el Congreso de los
Diputados, hubo iniciativas de Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo,
para no subvencionar con fondos públicos a aquellos medios de
comunicación que recogieran en sus periódicos anuncios de prostitución y
de explotación sexual. El camino no fue fácil. Hasta el año 2018,
señorías, no se aprobaron en el Parlamento de Navarra dos iniciativas:
una de Unión del Pueblo Navarro, para acabar con este uso, y otra del
Partido Socialista, para la consideración de la prostitución como una
manifestación de la violencia de género. Por cierto, con los votos en
contra del nacionalismo.

Por lo tanto, señorías, en esa línea,
conociendo la redacción concreta, la falta de rigor y la inseguridad
jurídica de esta norma, uno se llega a preguntar, ¿realmente, señora
ministra, este ministerio del que usted hoy tiene la responsabilidad, es
prescindible? No es que lo digamos nosotros en Unión del Pueblo Navarro,
es que lo han dicho los propios ministerios de Presidencia y de Justicia
a la hora de abordar el proyecto, inicialmente. Le manifestaron serias
dudas. ¿Y cuál fue la reacción de la extrema izquierda del Gobierno, con
el vicepresidente ya defenestrado, el señor Iglesias, a la cabeza? Acusar
a estos ministerios de machismo frustrado. Por consiguiente, en esa
línea, nosotros consideramos que este ministerio, hoy en día, es
totalmente prescindible y que el trabajo lo podrían realizar otras
personas y otros ministerios.

Porque al final, señora ministra, usted es la
responsable de todo lo que está aconteciendo en el ministerio y en la
redacción de este proyecto y de otros que vendrán a esta Cámara. Y
también será responsabilidad de aquellos que le mantienen a usted en el
Consejo de Gobierno. Porque, evidentemente, no es suficiente con
relegarla en una rueda de prensa a un silencio humillante ni tampoco
comprobar cómo ustedes cambian de principios. Como diría Groucho Marx:
Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Incluso
renunciando, como han renunciado, a cuestiones tan fundamentales para
ustedes como estar en contra del incremento del gasto militar; o en
contra de enviar material militar a Ucrania; o en contra de la subida de
la electricidad. Se ponían ustedes muy dignos, y cuando subía el 10 %
ustedes criticaban al Gobierno y ponían en duda su decencia. Y ahora que
está por encima del 200 % ustedes callan. Y ustedes callan con el
incremento de los productos de primera necesidad; y ustedes callan con el
precio de la gasolina, del gasoil, del gas. En esta línea, ustedes en lo
único que no han cambiado es en agarrarse y aferrarse al sillón y a pisar
la moqueta. Lamentablemente. Estos son mis principios y si no les gustan,
tengo otros.

Y, finalmente, ustedes han cometido la
desfachatez y la ignominia, señora ministra, incluso, de viajar en un
Falcon del Gobierno a Estados Unidos, como si fuese un viaje de estudios
de una cuadrilla de amigos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, va a
tomar la palabra el senador Muñoz Lagares. (Pausa). ¿No van a intervenir,
señorías? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
president.

Señorías, intervengo para informar que en Junts
vamos a votar en contra de los dos vetos. Creemos que esta ley es
mejorable, pero es del todo necesaria. Fíjense, hubiéramos compartido
veto si estuviéramos hablando de cómo llegan las leyes últimamente a esta
Cámara, de cómo se eternizan en el Consejo de Ministros o son fruto de
discrepancias entre los propios socios de Gobierno o de cómo los debates
en el Congreso también se eternizan hasta el punto de que esta ley no
saliera por no ponerse de acuerdo en el debate de la tercería
locativa.

Llegan a esta Cámara cuando por calendario
parlamentario, un calendario parlamentario que está fijado desde hace
bastante tiempo, supone un problema su modificación. Nos pone en la
tesitura de elegir entre una ley necesaria rápida o una ley necesaria
mejor. Junts, por supuesto, no es muleta del Gobierno, y no vamos a
ponernos de la mano de algunos que quieren poner trabas a los derechos de
la mujer. Apostamos por los derechos de la mujer, pero es cierto que no
pueden poner la carga sobre los grupos de esta Cámara que pretendemos
mejorar la ley. Y más cuando hay grupos en esta Cámara que no tienen
representación en el Congreso y nos dicen que en el Congreso se ha
debatido mucho. Pues bien, en esta Cámara también nos gusta debatir,
tenemos ideas y no nos llegan las leyes tan bordadas como para no poder
mejorarlas, incluso incorporar ideas nuevas.

No iba a intervenir respecto de los vetos,
pero, fíjense —se ha dicho al principio—, cinco mujeres:
Gema, Virginia, Amparo, María Nieves y Cristina Teresa, que no están.
Ellas ya no tienen voz. Por eso creo que las que aún la tenemos y estamos
aquí tenemos, a la fuerza, que debatir estas ideas negacionistas. La
violencia machista existe. Ustedes, los señores de Vox, hablaban de que
no quieren una caza de brujas contra los hombres. Eso es imposible. Para
ustedes, las brujas somos nosotras. Incluso, las diputadas que en el
Congreso intentan defender los derechos de las mujeres.

Ustedes nos hablaban de chapuza jurídica, que
violaba muchísimas leyes. La chapuza jurídica es que los jueces no
acojan, no acompañen y revictimicen a las mujeres a las que sí se viola.
A las que violan es a las mujeres.

Ustedes también hablaban de su preocupación por
la igualdad ante la ley. No les vemos con esa preocupación cuando se
trata de hablar del rey sin mérito. Tampoco les vemos hablar de la
presunción de inocencia y de esa preocupación que les acomete en esta
ley, precisamente, cuando a los que se les supone alguna carga no
comparten ideas políticas con ustedes. Por tanto, su discurso es el de la
negación; un discurso que quiere abrirse paso, pero nosotros desde aquí
les decimos que no.

No pretendemos demonizar ni criminalizar a los
hombres. Ni muchísimo menos. Nosotros queremos a los hombres a nuestro
lado, porque son aliados necesarios. Lo que queremos es ponerle freno,
conjurarnos a que no den ni un paso más los agresores, los violentos, los
abusadores y los asesinos.

Es por ello por lo que decimos un no bien
grande a su veto; un veto que nos quiere devolver a un escenario en
blanco y negro; un escenario donde la sexualidad se entendía solo con el
falocentrismo y las mujeres estábamos relegadas únicamente a ese papel de
procreación. Vivimos en otros tiempos. Las mujeres tenemos derechos. Las
mujeres sabemos lo que queremos y vamos a defendernos de todas las
agresiones, también de las que ustedes hacen cuando toman la palabra en
estas cámaras.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría la senadora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías. Tomo la palabra también
para expresar el criterio del Grupo de la Izquierda Confederal, que va a
ser votar en contra de los dos vetos presentados. Quería decirle, en
primer lugar, al Grupo Popular que quiero creer honestamente que su veto
es una pose, que tienen que jugar a la diferenciación política con el
Gobierno, que tienen que marcar alguna diferencia. Se dirigen ustedes a
un electorado diferente, y tiene que quedar eso nítidamente claro, aun a
costa de la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres. Quiero creer
que es una pose, porque, de lo contrario, no puedo entender cómo un grupo
tan sensible con las víctimas del terrorismo sea incapaz de tener el
mismo grado de sensibilidad con las víctimas del terror que padecen
muchas mujeres, muchas niñas chicas —lo digo en andaluz para que se
entienda— cuando vuelven solas por la tarde o por la noche o por la
mañana, con luz de día, a su casa y con la excusa de un piropo, según
ustedes, alguien las increpa por la calle o las acosa o las persigue o
les da la lata, por no utilizar una palabra peor. (Aplausos). Quiero
creer que es una pose, señorías. Quiero creer que es un uso frívolo de
una posibilidad que tienen en esta casa. Cualquier persona demócrata
puede tener diferencias con respecto a esta ley. Faltaría más. Por
supuesto. ¿Pero hasta el punto de vetarla? Quiero creer que es
simplemente una pose, señorías.

El representante de la ultraderecha
—¡madre del amor hermoso, qué intervención!— ya no me enerva,
en absoluto. Es como encender la luz y ver que no hay ningún malote, que
es un reflejo en un espejo del Callejón del Gato. Un espejo cóncavo donde
un discurso se convierte en un esperpento. No hay más que encender la luz
y reírse de ese tipo de intervenciones. Ya no me enervan, señorías.

Que no vamos a retroceder fue lo primero que
dije con ocasión de alguna intervención en esta Cámara en materia de
feminismo, y va a ser lo que voy a seguir diciendo durante mucho tiempo.
Han hecho ustedes una intervención absolutamente arquetípica de lo que es
el patriarcado. Ha quedado bien clarito. Esa visión supremacista de «esta
ley es un trabajo de estudiantes, todos los consejos del mundo mundial
han vetado, negado, intervenido, hecho reproches...»; esa visión
supremacista de «esta ley es un trabajo de estudiantes, los que saben se
han opuesto», eso es patriarcado, señorías.

Han dicho que esta ley viola derechos
fundamentales. La inmensa mayoría de las personas violadas son mujeres.
La inmensa mayoría de los derechos fundamentales violados son de las
mujeres. Han dicho que los senadores y las senadoras de esta Cámara vamos
a tener que pedir perdón por apoyar esta ley. Mire, senadores de esta
Cámara que hayan tenido que abandonarla por una condena en relación con
violencia de género en esta legislatura, que es lo que yo conozco, uno, y
de Vox. (Aplausos). Con lo cual, cuando ustedes, cuando su compañero y
todos ustedes, pidan perdón a las mujeres víctimas de alguna agresión
sexual, nosotras, nosotros, si nos equivocamos, pedimos perdón también.
Pero primero tienen que pedir ustedes perdón por defender a los
acosadores. Nosotras defendemos a las mujeres, con aciertos y con
errores, se lo admito. ¿A quiénes defienden ustedes? ¿En nombre de
quiénes vienen a esta tribuna y nos hacen discursos patriarcales?

Señorías, quería decir alguna cosita con
respecto a esta ley. Es, evidentemente, un primer paso, no es una meta,
pero es un paso al que no vamos a renunciar. La desigualdad es el eje en
torno al cual gira el capitalismo, el fascismo y el patriarcado. Es el
nexo que conecta los tres elementos que más dolor han causado a la
humanidad a lo largo de la historia. La desigualdad, el huevo de la
serpiente, el núcleo duro y el sistema operativo de este sistema social
que ha producido y sigue produciendo, hoy en día, tanto dolor. Por eso,
las políticas de igualdad son imprescindibles para la dignidad moral y
para el bienestar de las sociedades; las políticas de igualdad, las
represente quien las represente. Habitualmente, son mujeres y de
izquierdas, y menos mal, porque, todo lo contrario, todo lo demás, serían
retrocesos.

El patriarcado existe, señorías, es una
realidad, no una construcción teórica. Es un tipo de organización social
en la que el varón ejerce la autoridad, el dominio. Es una construcción
histórica y social. Por eso tiene remedio. Por eso es posible cambiarlo
por otro modelo social basado en la igualdad. El patriarcado impone una
distribución desigual del poder y de los derechos entre los hombres y las
mujeres. El patriarcado adoctrina y perjudica a la mitad de la humanidad.
Es muy viejo, del tercer milenio antes de Cristo. Se fundamenta en tres
aspectos fundamentales: las relaciones de parentesco, la heterosexualidad
obligatoria y el contrato sexual. Frente a esta estructura está el
feminismo, que es uno de los discursos emancipadores más poderosos que
tiene la humanidad a su disposición desde finales del siglo XIX, durante
todo el siglo XX, y en lo que llevamos de siglo XXI. El feminismo lucha
por la igualdad social, política, familiar y cultural. Es un proyecto
emancipador. Es una forma de vivir individualmente y de luchar
colectivamente, como decía, la magistral Simone de Beauvoir. Frente al
machismo, que es la base del patriarcado, el feminismo no es ni su
contrario ni su equivalente. No vale el discurso ese de no soy feminista
ni machista. El machismo sostiene la supremacía de los hombres sobre las
mujeres. El feminismo no sostiene la supremacía de las mujeres sobre los
hombres. El feminismo trata de la igualdad frente al capitalismo. En el
centro del patriarcado está la riqueza y el poder. Sin límites. Aun a
costa de la vida en el planeta. En el centro del feminismo está la vida,
el cuidado de la vida y la igualdad (Aplausos) frente al fascismo.

El patriarcado es inmovilista, bien por derecho
divino: hombre y mujer los creó, dice la Biblia —el hombre delante
siempre, por cierto—, bien por contrato social a partir del
liberalismo. En el fascismo, el patriarcado es inmovilista. El feminismo
es dinámico, vela por los derechos, construye libertades, la emancipación
de las mujeres tiene como resultado mejores sociedades. La ultraderecha,
que preludia siempre al fascismo, pone el énfasis en la desigualdad y en
la negación de la realidad. Ni la emergencia climática ni la violencia
machista. Porque según afirman quienes representan a la ultraderecha, la
violencia no tiene género, las mujeres no son agredidas, violadas y
asesinadas por ser mujeres, sino por los centímetros de su falda, por la
talla de su sujetador, o porque van provocando. La violencia no tiene
género, dicen, pero qué curioso que sí tiene raza. Cuanto más morena o
más oscura es la piel de un varón, más violento es, más agresor de las
mujeres. Tiene raza la violencia. Género no. La violencia no tiene
género, dicen. Pero sí tiene religión. Y según el dios al que se rece,
los violadores solo habrán cometido el pecado de lujuria, que se perdona,
o seguirán violando huríes en el paraíso. La violencia no tiene género,
pero tiene raza, tiene número, tiene religión. Es todo un sistema el que
ustedes defienden, en el que se invisibiliza, se humilla y se deteriora
la dignidad de las mujeres.

Por eso esta ley es necesaria. ¿Es mejorable?
Seguro. ¿Es un comienzo? También. No es una meta, pero nos parece que es
una ley fundamental. La seguridad jurídica es muy importante, señorías,
pero primero está la vida, porque, si no hay vida, no hay ninguna
seguridad jurídica que defender. Por eso, primero están la vida, la
dignidad, la libertad y la seguridad de las mujeres, de las niñas y de
los menores que son agredidos sexualmente. Por todo eso, esta ley es
necesaria, señorías. Por todo eso, mis compañeros de grupo y yo misma
vamos a votar en contra de los vetos, para no retroceder a un tiempo
oscuro, a un tiempo de caza de brujas, han dicho. Me sorprende. Cuando un
día dijeron en el Congreso a una diputada que hablaba que ella era una
bruja, ya respondí dónde tenía yo la escoba. Pues exactamente ahí. Con
esa misma firmeza, cualquier persona de izquierda, ya sea un hombre o una
mujer, va a apoyar y va a defender la seguridad y la libertad de las
mujeres.

Ahora, si me permite, señor presidente,
señorías, lo nuestro es pasar. Hasta aquí llega mi paso por esta casa, y
quería dejar un último pensamiento y una lista de agradecimientos
—no voy a hacerlo largo, señorías—. El pensamiento se lo voy
a tomar prestado a don Emilio Lledó, filósofo andaluz muy importante.
Cada uno de nosotros no es más que una forma del lenguaje y no solo es
una cuestión fonética, sino que es una forma de semántica, de ideas, de
perspectivas. Dice don Emilio Lledó que cada ser humano es por naturaleza
un animal político, según sostiene Aristóteles, nada menos, en su obra La
política. Tendemos a vivir en comunidad, porque necesitamos de otras
personas para existir. Por eso, la política, la organización de la polis,
nos ayuda a superar la indigencia de nuestra individualidad y a compensar
nuestra originaria soledad. No dejen nunca, señorías, de hacer política.
Desde las convicciones democráticas —eso sí—, la democracia
es la raya y fuera de la raya de la democracia no hay ninguna posibilidad
de hacer política.

Y los agradecimientos son, en primer lugar, al
personal de la casa, a quienes han cuidado de nosotros, a los ujieres, a
las limpiadoras, a las personas que trabajan en la cafetería. En segundo
lugar, a los servicios de la Cámara, que han propiciado y facilitado que
cada uno de nosotros y cada una de nosotras pueda hacer su trabajo en
esta casa. Quiero darles las gracias a todas y a todos ustedes, señorías.
Suelo ser respetuosa habitualmente, aunque bien es verdad que algunas
veces me vengo arriba y me caliento un poquito. He procurado no ofender a
nadie, pero, si en alguna ocasión ha ocurrido y alguien se ha sentido
ofendido, honestamente, pido disculpas porque nada más lejos de mi
intención. He procurado utilizar la ironía y, ahora lo voy a decir en
andaluz, la guasa para salvar algunas situaciones que no han sido
fáciles.

Gracias a todos, a la Mesa de la Cámara y a
todas sus señorías, por este tiempo que hemos compartido. Naturalmente
—y no quiero que se me quiebre la voz—, a mis compañeros y
compañeras del Grupo de La Izquierda Confederal. El Grupo de La Izquierda
Confederal somos más que los seis senadores que nos sentamos en este
hemiciclo; son las personas que trabajan con nosotros, que están arriba,
en estos momentos, viéndonos por la tele; son nuestros compañeros,
nuestros amigos, nuestros colegas, velan por que lo que tenemos que decir
esté a punto, esté a tiempo y esté correcto; discutimos y forman parte
también del Grupo de La Izquierda Confederal, aunque no se sienten en
esta Cámara: Ica, Marga, Toni, Javi, Lucas, Unai, Jordi —no me
olvido de nadie; si no, por favor, compañeros, me lo recordáis—. Y
a los senadores de La Izquierda Confederal ya les he dicho muchas veces
que, si alguna vez escriben mi historia, digan que caminé con
gigantes.

Señorías, ha merecido la alegría el paso por
esta casa y con las mismas palabras que llegué me voy: Sea por Andalucía
libre. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
González Modino.

Quiero desearle lo mejor y decirle, también,
que su trabajo ha dignificado a esta institución cada vez que usted ha
tomado la palabra. Gracias por su talante y por su tono, siempre amable,
y por sus posiciones contundentes. Esta Cámara pierde una excelente
parlamentaria.

Y permítame que le agradezca algo más: muchas
gracias por traer a los poetas andaluces en la cartera. Esta es una frase
que usted utilizó un día en esta tribuna. Muchas gracias. Buena suerte.
(Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Pilar, te llevas el
aplauso de la Cámara, el respeto de nuestro grupo y el mío personal.
Mujeres haciendo política; una buena parlamentaria y una buena política.
Nos demuestras, cada vez que subes a este estrado, que las mujeres
podemos hacer la política en otros espacios. Muchísimas gracias y que
tengas muchísima suerte en el camino que vayas a emprender a partir de
ahora. (Aplausos).

A este proyecto de ley se presentan dos vetos.
Uno es de Vox, que no es más que un inadmisible manifiesto negacionista,
acorde con la ideología de sus autores. Miren, para confrontar opiniones,
para confrontar ideas es necesario partir de unas premisas básicas,
prepolíticas, democráticas, y estas no se dan en este veto que ustedes
presentan. Nuestro grupo no va a entrar a debatirlos porque de alguna
manera supondría dar naturaleza de discutibles a estos planteamientos
negacionistas, a los planteamientos de negación de los derechos humanos
de las mujeres. Existen valores y principios previos, que son aquellos
principios y valores a partir de los cuales el debate es posible, y
nosotras no los apreciamos en absoluto en el texto de este veto.

El segundo veto lo presenta el Grupo Popular.
Considera que el proyecto de ley tiene un marcado sesgo ideológico, que
es muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, carente de
seguridad jurídica, como decía la senadora. Asimismo, cuestiona su
constitucionalidad por afectar directamente a derechos y libertades
fundamentales. En su veto, formulan un texto alternativo, limitado a una
puntual modificación del Código Penal, un texto que nuestro grupo no
comparte. También es cierto que este veto nos parece más un
posicionamiento táctico que una discrepancia profunda. Parece que asumir
como verdad absoluta el informe del Consejo General del Poder Judicial
les da la excusa para oponerse a que continúe la tramitación de esta ley.
Sabemos que el informe del Consejo General del Poder Judicial es
preceptivo, pero no es vinculante. Nos parece una lástima que no se
incorporen a la mayoría parlamentaria que se encuentra en la defensa de
ampliar derechos de las mujeres, en línea con los acuerdos
internacionales, la Cedaw, el Convenio de Estambul, e, incluso, con lo
acordado, por unanimidad en esta Cámara y sin votos en contra en la
Cámara Baja, en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Me voy a referir tan solo a una de las críticas
al texto, la relacionada con la definición del consentimiento y de la que
se derivan, según plantea, un desplazamiento de la carga de la prueba.
Para ello, además del informe del Consejo Judicial, nos hablan de
juristas de reconocido prestigio que tienen esta opinión. Nuestro grupo
no comparte esta opinión. Hay otras juristas, también de prestigio,
feministas, que opinan que la justificación dada por el Consejo General
del Poder Judicial en relación con el desplazamiento de la carga de la
prueba no tiene suficiente argumento jurídico. Como mínimo, este informe
carece de perspectiva de género. Una de ellas, la doctora en Derecho
Penal y especialista en violencia de género, Miren Ortubay, dice que es
cierto que quien, ante la declaración contraria de una víctima, alegue en
su defensa que aquella estaba de acuerdo con el contacto sexual, deberá
acreditarlo; eso también ocurre en la actualidad. Frente a la acusación
de haber cometido un delito, el consentimiento de la víctima supone la
concurrencia de una causa de justificación que excluye la responsabilidad
penal y, en esta medida, corresponde al imputado demostrar su
existencia.

La diferencia está en que, en otros ámbitos, en
otros delitos no se pone en duda el testimonio de la víctima. Nadie
pregunta: ¿Dejó claro que no quería que le robaran? Mientras que en la
esfera de la libertad sexual se cuestiona la credibilidad de las
víctimas, la credibilidad de las mujeres y, por mucho que nos resulte
complicado, también inexplicable, se cuestionan los testimonios de las
niñas.

Lo que se pretende evitar no va a ser fácil, es
el sufrimiento que para las víctimas supone, con demasiada frecuencia, el
paso por los tribunales, cuando se producen los interrogatorios sobre los
hechos. Para ello, además de la modificación del Código Penal, se precisa
la formación de los operadores jurídicos con perspectiva de género y en
violencias sexuales.

En nuestra opinión, esta ley orgánica contiene
una correcta trasposición del Convenio de Estambul a la legislación
estatal, en concreto, la trasposición del artículo 36 del convenio,
ratificado por el Estado en 2014 —ya han pasado unos cuantos
años—, en el que, a diferencia de lo que ustedes plantean, sí habla
de consentimiento. En los artículos 36.1.a), 36.1.b) y 36.1.c), habla de
actos no consentidos y, en el 36.2, dice cómo debe prestarse este
consentimiento.

Creemos que esta ley orgánica y el debate que
se ha dado en torno a la libertad sexual, el consentimiento y la
unificación de los delitos sexuales en una única figura es importante,
pero, más allá de esta perspectiva punitiva, la necesaria puesta en
marcha de recursos adecuados ayudará a las víctimas, a las mujeres que
sufren de forma desproporcionada las violencias sexuales, a construir
relatos reparadores, donde quede claro que la culpa no es de las víctimas
y que debemos avanzar hacia una sociedad donde se crea a las mujeres y se
les proporcione atención, protección, justicia y reparación.

En consecuencia, votaremos en contra de ambos
vetos.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.

Gracias, Pilar, por tu trabajo tenaz en esta
Cámara y por el camino que hemos compartido. Que tengas mucha
suerte.

Señorías, quien no esté preparado para vivir en
el siglo XXI que vuelva a la cueva. (Risas.— Aplausos). Así se
refiere el cantante de La Fúmiga a los agresores sexuales y a los
agresores LGTBI-fóbicos. Quien no esté preparado para comprender las
violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo tiene un
problema. Dígannos, señores de la derecha y de la ultraderecha, cómo
pretenden proteger a las mujeres de las violencias sexuales, cómo
pretenden que podamos disfrutar libremente de nuestros derechos. Unos
niegan su existencia y los otros ponen en duda la palabra de las
mujeres.

Sin duda, quieren hacer una caricatura de la
ley que debatimos cuando hablan de la persecución de los piropos. Y a eso
le respondo con la disposición final cuarta: Se persiguen las
expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen
en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o
intimidatoria. Ustedes leen esto y se van a buscar la caricatura. ¿Saben
en qué pienso yo cuando lo leo? Yo pienso en mis amigas, encerradas en su
coche viendo cómo un tipo se masturba en la calle junto a la ventanilla
del coche. Yo pienso en eso. Yo leo esta disposición final y me acuerdo
de esto y de todas las situaciones similares que, durante décadas, hemos
tenido que soportar las mujeres y que han quedado impunes.

Cinco mujeres han sido asesinadas en las
últimas dos semanas; una de cada cuarenta y cinco mujeres está en riesgo
de sufrir algún acto de violencia sexual este año; más de 2,8 millones de
niñas y mujeres en España han sufrido violencia sexual en algún momento
de su vida; el 84 % de las víctimas de delitos sexuales contra la
libertad e identidad sexual son mujeres. ¿Cómo responden ustedes a esta
realidad? ¿Qué medidas y qué propuestas hacen?

La ultraderecha se atreve a justificar su veto
basándose en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales. ¿Ustedes se han leído el Convenio Europeo
de Derechos Humanos?






¿Se lo han leído? Porque el Protocolo adicional 12
de este convenio reitera que el principio de no discriminación no impide
a los Estados tomar medidas para promover una igualdad plena y efectiva,
o sea, que se carga, básicamente, todo su discurso, que no se
sostiene.

Señores de la ultraderecha, señores de la
derecha, con sus vetos han elegido estar del lado de los jueces que
preguntan a las víctimas qué ropa llevaban; con sus vetos, se ponen de
parte de los jueces que ven jolgorio en una violación múltiple; con sus
vetos, airean una y otra vez el mito de las denuncias falsas y desconfían
de la palabra de las mujeres. ¿De qué lado están? Queda claro que no
están del lado de las víctimas y de las supervivientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría De los Santos González.

El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Buenos días.
Gracias, presidente.

Yo también me quiero sumar al agradecimiento a
la señora González Modino porque, muchas veces desde la discrepancia,
creo que su trabajo ha sido impecable, siempre con una perspectiva
constructiva. Yo también me sumo a las palabras del presidente cuando ha
dicho que era un placer escucharle hablar no solo de los poetas
andaluces, sino de todo el arraigo cultural andaluz, al que tanto debe
este país y sin el que no seríamos nada.

Pero aquí estamos para hablar de una ley a la
que han querido llamar del sí es sí, de la sexualidad, la de intentar
parar los actos de violencia sexual. Llevo un rato escuchándoles y me
surgen infinidad de dudas antes de plantear mis cuestiones respecto a los
vetos que presenta mi partido y, también, el partido Vox.

Señoría del Partido Socialista, señora Diego,
yo no sé si ustedes utilizan a las víctimas, nosotros, desde luego, no.
(Rumores.— Aplausos). Créame que el Partido Socialista al que
votaba mi padre nunca hubiera pactado con otro partido, que se llama
Bildu, que dice lamentar la tragedia del terrorismo, pero no culpa
aquellos asesinatos terribles, entre los que desgraciadamente ustedes y
nosotros contamos con víctimas. Por tanto, no; el Partido Popular no hace
uso de las víctimas, como entiendo que el Partido Socialista tampoco. Son
ustedes los que han mentido a sus votantes cuando, hace no mucho, el que
hoy es presidente del Gobierno y la tristemente exvicepresidenta del
Gobierno aseguraban que jamás se llegaría a acuerdos con un partido que,
insisto, sigue sin condenar los asesinatos del terrorismo. (Aplausos).
Por tanto, señoría, no nos diga que nosotros utilizamos a ninguna víctima
porque, además, hoy estamos aquí hablando de víctimas. Fíjense si son
importantes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor.

El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: A ese
respecto, señorías socialistas, nosotros lamentamos todo el dolor,
condenamos todo el dolor. Por eso, nos parece tan importante que una ley
como esta se trate con la seriedad que requiere. Porque por supuesto que
tiene cosas buenas, señora ministra —y le agradezco que esté
aquí—, esta ley, pero, casualmente, todas las cosas buenas que
tiene parten del Pacto de Estado contra la violencia machista de 2017,
que todas sus señorías, en tanto en cuanto representantes de diferentes
grupos políticos, aprobaron, a excepción de ustedes. Sorprendentemente,
ni el Partido Unidas Podemos ni Bildu se sumaron al Pacto de Estado
contra violencia machista de 2017. (Aplausos). Y hoy utilizan los
acuerdos a los que llegaron doña Dolors Monserrat y, entre otras, doña
Carmen Calvo para hacer realidad un pacto que, por cierto, contaba con un
presupuesto de 1000 millones de euros para cuatro años de duración. Esta
ley contra la violencia sexual no tiene memoria económica, luego, no deja
de ser un canto al sol que, además, está lleno de irresponsabilidades
jurídicas.

Otra duda que me surge. Cuando la señora
portavoz de Esquerra Republicana habla de partidos de derecha y solo mira
hacia allá (el señor senador señala la zona derecha del hemiciclo),
pregunto: ¿Junts per Cat y el PNV están entendidos entre los partidos de
derecha o aquí estamos ya con las ideologías un tanto travestidas porque
nos interesa, según qué cuestiones, tenerlas aprobadas en nuestros
territorios? (Aplausos). No seré yo quien vaya a condenar que Junts per
Cat y el PNV sean partidos de centroderecha, porque es lo que represento
yo, como nunca voy a condenar a nadie que defienda el feminismo porque,
si alguien es feminista aquí, soy yo, es mi grupo, son todos ustedes, por
supuesto. Es que el feminismo en el siglo XXI es una obligación, porque
estamos, gracias a esa lucha feminista, en un Estado que, por cierto,
hasta el año 2020, estaba en el quinto lugar, según Georgetown, en
igualdad de todos los países del mundo; el 18 de noviembre de 2021,
gobernando el Partido Socialista y teniendo la señora Montero las
competencias de Igualdad, hemos bajado diez posiciones, hasta el puesto
decimoquinto. (Aplausos). En el viaje a Estados Unidos, que supongo sería
legítimo, podía haber aprovechado y haber pasado por la sede de la
Universidad de Georgetown en Washington para explicar cuáles son nuestras
realidades en materia de igualdad para que, por favor, nos devuelvan a la
pole position de la que sus políticas nos han sacado.

Un pacto de Estado contra la violencia machista
que está a punto de expirar, que además se coordinó y se llegó a un
acuerdo de todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué esta ley, señores
socialistas, no ha contado con el mismo acuerdo? ¿Por qué no se ha
trabajado de la misma manera para —estoy seguro— haber
llegado a un texto con el cual ustedes, me digan lo que me digan,
estarían mucho más cómodos? Porque me consta que en la tramitación han
tenido que tragar incluso con expurgos, por utilizar un símil del mundo
de la archivística y en homenaje a la presidenta de mi comisión, una
archivista de renombre. ¿Por qué digo expurgos? Pues porque en marzo
de 2020, cuando se presentaba ante el Consejo de Ministros el borrador
del texto, el ministro Campos hablaba de un texto que no había por dónde
cogerlo, le faltaban hasta mayúsculas, le sobraban negritas, por ir a las
cuestiones más básicas de quien pretende hacer leyes. Pero es que,
además, en veinticinco de las disposiciones generales, doce eran
erráticas, y de las sesenta y seis normas, veintitrés estaban también
fuera de norma. Esto se concluyó con que el señor Iglesias, otrora
vicepresidente del Gobierno de España, le llamara machista y que
inmediatamente replicara en la misma idea el señor Echenique en un
programa de televisión diciendo que es que algunos, y se referían a
ustedes, no a nosotros, seguían con aquello de no, no, yo soy hombre, y a
las mujeres les voy a enseñar a hacer las cosas bien. Esto, de hecho,
dicho —insisto— por estos dos caballeros, que quizá a lo
mejor practican algo de heteropatriarcado, apuntaba directamente a dos
personas: doña Carmen Calvo Poyato, por cierto, catedrática de Derecho
Constitucional, que cuenta con todo mi respeto, y el señor Campo,
ministro de Justicia, hoy purgados del Gobierno de la nación.

Digo yo, señora Diego, cuando mi querida
portavoz en la Comisión de Igualdad, que es más feminista o como poco
tanto como usted, se plantea quién gobierna en la Moncloa, ¿por qué les
ofende? Si la realidad es que cuando se señala a ministros que discrepan
de las leyes de Podemos son purgados —voy a tirar de
sororidad—, yo, que en mi próxima vida quiero ser mujer, querida
señora Pedrosa, voy a tirar de sororidad y le digo, yo también dudo de
quién es quién gobierna en la Moncloa (Aplausos), ¿el presidente Sánchez,
ojo, legítimamente —legítimamente, porque yo sí respeto a las
normas—, o todos los partidos que sustentan este Gobierno, que
empieza a ser, cuando menos, peligroso?

Se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado
del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto que el Consejo
General del Poder Judicial finalmente aprobó este texto, pero lleno de
apuntes, diciendo, por ejemplo, que esto de la inversión de la carga de
la prueba iba directamente en contra de nuestro Código Penal. Pero voy a
ir más allá. Bruselas, este ente del que permanentemente casi todos los
partidos políticos tiramos para referenciar muchas de nuestras políticas
y que hoy está sufragando muchos de sus, desde mi punto de vista, gastos
absolutamente obscenos, en 2016 una directiva europea —2016,
directiva europea— dejaba muy claro que los Estados miembros tenían
la obligación de asegurar que en cualquier juicio las pruebas tenían que
ser ofrecidas por quien denuncia y que tendría que ser una obligación,
insisto, de todos los Estados miembros. Es cierto que en el Pacto de
Estado contra la violencia machista se hizo una excepción con las mujeres
víctimas de esta lacra, un pacto que el Partido Popular no solamente
apoyó, sino que lo impulsó Dolors Monserrat, ministra del Partido
Popular, en 2017, que de la mano de Javier Maroto desarrollaron un texto
con la ayuda de todas sus señorías —de todas no, que Unidas
Podemos, insisto, quien hoy copia parte de ese maravilloso pacto de
Estado, se abstuvo—. Y yo me pregunto, señora González, ¿quizá
porque pretendían plantear una diferencia con los que iban a ser...? Yo
planteo, aquí planteamos cuestiones, y yo digo, ¿quizá porque querían
plantear una diferencia importante?

No, ellos argüían la siguiente realidad, y es
que el presupuesto les parecía poco: 1000 millones de euros para cuatro
años. Esta ley va sin memoria económica. Lo que vivimos con estas
cuestiones es una especie de realidad paralela en la que, además, se
atenta contra todo lo que importa.

Ustedes hablan de supremacismo, y yo de
suprematismo porque pasan del blanco al negro, y esta realidad requiere
del acuerdo de todas sus señorías, porque a todas sus señorías les
importa, por supuesto, el bienestar de las mujeres, de las mujeres de
todas las edades. Porque —lo he apuntado— todas sus señorías,
sin faltar una, han nombrado a los menores, y yo pregunto: ¿hermana, sí
te creo, a excepción de que te llames Maite, vivas en la Generalitat
Valenciana y hayas sido abusada sexualmente por el exmarido de la otrora
exvicepresidenta de la Generalitat? (Aplausos). Porque en ese caso, lo
más que yo he oído, entre otros, por parte de la portavoz de Más Madrid,
es que era una valiente por dimitir; no, como poco y en el mejor de los
casos, responsable.

Y en las Illes Balears, cuando en el Consell de
Mallorca hubo dieciséis abusos sexuales y la oposición ha pedido
permanentemente que se abra una comisión de investigación para
sencillamente dar claridad a esa realidad y restituir sus derechos a esas
criaturas, ahí, hermana, no te creo, ahí el sí o si no cumple nada. ¿Por
qué? Cuando estos casos se llevan a cabo, la presidenta del Consell de
Mallorca era la hoy presidenta de las Illes Balears, doña Francina
Armengol.

Pero ¿es que las criaturas solo nos importan
cuando son chicas? Por supuesto que hay que defenderlas, en todos sus
casos, no van a encontrar a nadie más feminista que yo (Rumores), vivo
rodeado de mujeres, solo tengo hermanas, tengo una madre que me ha
enseñado que las mujeres son absolutamente un pilar fundamental para
cualquier sociedad, pero cuando un chaval de 14 años…

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por
favor.

El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Cuando un
chaval de 14 años es obligado a prostituirse en una red de
sadomasoquismo, ¿a este le protegemos o sencillamente por haber nacido
hombre tiene menos garantías?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora Diego
Castellanos.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor
presidente. (Rumores).

Querida Pilar, siempre ha sido…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría,
¿pueden guardar silencio? (Pausa).

Muy amables. Muchas gracias. Puede
comenzar.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias.

Querida Pilar, siempre ha sido un gusto
escucharte y, sobre todo, en momentos como el que acabamos de vivir, me
reafirmo mucho más en que necesitamos personas y mujeres como tú en el
Parlamento español. Muchísimas gracias por tu trabajo (Aplausos).

Señor Santos, es usted muy intenso (Risas). De
verdad, es de una intensidad que hace que le aplaudan, sin ni siquiera
entenderle lo que dice, los miembros de su grupo parlamentario
(Risas.—Protestas).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías. Silencio, por favor.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Sí, sí, de
verdad… (Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Senadora, espere un
momento.

Señorías, hemos escuchado en silencio al
anterior interviniente y pido que en este momento hagamos lo propio con
la senadora que está en el uso de la palabra (Rumores). Se lo pido
humilde y amablemente, señorías, para que podamos continuar desarrollando
este que será el último Pleno de este periodo de sesiones. Esperemos que
vaya bien.

Continúe, señoría.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias,
presidente.

Señor Santos, de verdad, es tan intenso que ha
provocado aquí un momento de intensidad (Rumores.— El señor De los
Santos González pronuncia palabras que no se perciben). Perdón, le estoy
respetando absolutamente. Le estoy diciendo que es una persona intensa. Y
no lo digo en sentido peyorativo, al contrario; incluso usted y yo
tenemos algo en común, según ha dicho usted, que mis padres toda la vida
han votado al Partido Socialista (Risas.— Aplausos). Dicen que
honra merece el que a los suyos parece. Usted a los suyos no se parece
mucho. (Aplausos.— Rumores.— Protestas del señor De los
Santos González). Sí, usted me acaba…

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor
De los Santos, guarde silencio (Protestas). Señorías, senador De los
Santos, por favor, les ruego que guarden silencio para que podamos
continuar desarrollando la sesión plenaria, si son tan amables. Muchas
gracias.

Senadora Diego, vaya a la cuestión. Continúe,
por favor.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Perdone, señor
presidente, por supuesto que voy a la cuestión, pero estoy en la cuestión
(Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría, por
favor.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Señor Santos, creo
que usted no se ha leído el veto de su grupo parlamentario. Porque usted
ha dicho aquí, y se ha dirigido directamente a mí, que aquí ustedes no
utilizan a las víctimas y que usted nunca pensaría que nosotros las
utilizáramos. Le voy a leer lo que dice su veto. Dice su veto en la
página 12: «Con este fin, bajo la apariencia de perseguir los nobles
objetivos de una justa política reparadora, recibimos en el Congreso de
los Diputados un proyecto de ley maniqueo, con un marcado sesgo
ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico,
además de cuestionable constitucionalidad por su afección directa a
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Carta Magna; un texto
que instrumentaliza el dolor y el sentimiento de las víctimas de estos
deleznables hechos, dado que al final no se van a ver mejoradas su
protección ni la intervención integral».

Esto, señor Santos, es lo que ustedes han
escrito. Y usted no puede tener la guasa, porque sinceramente esto es muy
serio, de decir que ustedes no utilizan a las víctimas cuando ustedes
ponen aquí por escrito en su veto —que no se ha leído— que
nosotros somos quienes utilizamos a las víctimas. Por lo tanto, antes de
hablar le pido un poquito de lectura, que no le va a venir mal
(Aplausos.— El señor De los Santos González pronuncia palabras que
no se perciben)... Sí, señor Santos, creo que no se lo ha leído.

Cuando ustedes hacen referencia a la carga de
la prueba —y usted también ha querido hablar de ello aquí—,
tampoco se ha leído lo que dice su veto respecto de esta cuestión. Usted
ha dicho —y he tomado nota— que en el pacto de Estado y en la
Ley integral contra la violencia de género se entendió que había que
hacer una excepción con las víctimas de esta lacra, y por eso usted ha
recordado aquí a algunos ministros y ministras. No los voy a recordar,
los ha recordado usted, y les agradecemos ese gran favor que han hecho a
las mujeres de este país, parece ser. Usted está diciendo que se hizo una
excepción para las víctimas de esta lacra en relación con la carga de la
prueba, y ustedes en su veto dicen que vetan esta ley porque se está
produciendo un atentado a la carga de la prueba. Entonces, señor Santos,
o no se ha leído su veto o realmente tiene un lío en la cabeza que hoy
aquí ha demostrado con su intensa intervención (Aplausos).

Señores del Partido Popular, se ponen muy
nerviosos con estas cuestiones (Rumores). Se ponen muy nerviosos y se
convierten en mamporreros de no sé qué, y da mucha pena (Protestas). Sí,
sí, perdonen ustedes, la palabra mamporrero se refiere a ese que da
golpes cuando alguien habla (Protestas). Sí, sí, señores del Partido
Popular, relájense. El problema que tienen hoy aquí, ¿saben cuál es? Que
cuando gobiernan saben que es políticamente incorrecto no poner en marcha
políticas en favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres y la
lucha contra la violencia de género, pero cuando están en la oposición,
tienen esta ambivalencia, están en esa delgada línea roja en la que no
saben dónde están, y hoy lo han demostrado.

Termino. Tanto Vox como ustedes están de la
mano en esto. No sé cuántos votos le van a robar a Vox después de este
esperpento de intervención (Protestas.— El señor De los Santos
González pide la palabra). Sí, sí, pida la palabra. No sé cuántos votos
le van a robar a Vox con esto, no sé cómo de contentos se van a ir
ustedes con lo que acaban hoy de hacer aquí y con lo que van a hacer,
pero es muy lamentable; es muy lamentable.

Tanto Vox como ustedes han dicho en su veto que
están en contra de esta ley porque tiene un sesgo ideológico. Pero ¿qué
somos nosotros? Somos políticos, ¿no? Tenemos ideología y los ciudadanos
que nos votan lo hacen conforme a nuestras ideas y nuestros valores, ¿o
no? Por lo tanto, nuestra ideología, la que conforma en este momento el
Gobierno de España y ha elaborado esta ley, es tan legítima como la suya
(Aplausos). Como la suya cuando llevan al Tribunal Constitucional la Ley
del aborto, como la suya cuando empezaron a gobernar en el año 2012 y
nada más empezar a gobernar el señor Gallardón trajo aquí la ley para
retroceder en los derechos de las mujeres, para que dejáramos de tener el
derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Eso, señores, es
ideología, y no pasa nada. ¿Por qué para ustedes es un argumento de peso
que esta ley no tiene valor porque tiene un sesgo ideológico? ¿Ustedes no
tienen ideología, señores de Vox? ¡Pero si ustedes lo que quieren es
tener la educación en sus manos y lo que quieren tener es el poder en sus
manos para realmente aplicar su ideología! Eso sí, van a tener la suerte
de tener el apoyo de la derecha de este país, por desgracia para los
demócratas y las demócratas de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, pasamos al debate del articulado, de
las enmiendas particulares… (La señora Salanueva Murguialday pide
la palabra).

Senadora Salanueva, tiene la palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Intervendré
muy brevemente. Quería pedirle que, por favor, las intervenciones de los
parlamentarios no puedan estar trufadas, como lo ha estado la de la
portavoz del Grupo Socialista, de insultos y de falta de respeto a este
grupo parlamentario. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Esta Presidencia intenta moderar los plenos en
diferentes momentos de la mejor manera posible. Créame que, por
desgracia, se repiten escenas como esta en sentidos diversos y por
oradoras y oradores diversos. Tomo nota de su sugerencia y se lo
agradezco sinceramente.

Continuamos. Pasamos al debate de las enmiendas
de sus señorías Muñoz Lagares y Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático. Para la defensa de las enmiendas 1 a 3 tiene la palabra su
señoría Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.

Damos por defendidas todas nuestras
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Enmiendas de sus señorías Cleries i Gonzàlez y
Rivero Segalàs. Para la defensa de las enmiendas 90, 91, 93 a 97, 99
a 119, 121 a 125, tiene la palabra su señoría Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
president.

Junts ha presentado treinta y cinco enmiendas
que doy por defendidas, pero me centraré en algunas. De esas treinta y
cinco enmiendas retiramos tres: la 92, por entender que ya estaba
comprendida en el artículo 1, objeto de la ley; la 120, porque quedó
recogida en una transaccional en un artículo distinto al que hacíamos
mención, el 172 ter, que hacía referencia al robo de fotos y de imágenes
de menores y personas con discapacidad para fines vejatorios, que quedó
arreglado en el Congreso, y la número 98, que hacía referencia a la
equidad territorial, que también ha sido recogida en otro artículo de
esta ley. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

La primera enmienda hace referencia al título
de esta ley.

Pensamos que sería mucho más definidor de lo
que tratamos en esta ley si en lugar del título que hoy estamos
defendiendo aquí se titulara ley orgánica de protección integral contra
las violencias sexuales que afectan a mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Pensamos que sería mucho mejor, por lo que continuamos
defendiendo esta enmienda.

Tenemos también varias enmiendas —no
abundaré en ellas— relativas al preámbulo con la intención de
reforzar aquello que define el Convenio de Estambul para que quede mejor
trabado.

Pedimos también que se reemplacen todas las
referencias a víctimas a lo largo de todo el proyecto de ley por víctima
o superviviente, excepto, está claro, en aquellas disposiciones de
carácter penal. Para nosotros es importante también que se incorporen el
aborto forzado y la esterilización forzosa como abusos sexuales. Esto lo
introducimos en la enmienda número 94.

Importante también es la 96, relativa a incluir
el movimiento de lucha de derechos del colectivo LGTBI en esta propia
ley. Sabemos que hay algunas diferencias y que se puede abundar en otros
temas, pero también es importante la lucha de este colectivo para la
igualdad de las mujeres, y no lo mencionamos en este proyecto de
ley.

Tenemos algunas otras enmiendas que hacen
referencia a la accesibilidad para las mujeres con discapacidad. Muy
importante para nosotros es la número 99. Sabemos que no se puede
eliminar de esta ley el término feminicidio sexual, pero pensamos que no
engloba todas las muertes por violencias sexuales de las mujeres, porque,
como ustedes saben, las violencias sexuales, también el acoso a nivel
digital y a nivel físico, llevan a muchas mujeres —y esto es una
realidad— al suicidio, lo que es una muerte en diferido, un
feminicidio sexual en diferido, pero que no se comprende en la palabra de
feminicidio sexual. Por ello, creemos que es importante y que
enriquecería el proyecto de ley incorporarlo con en esta modificación que
proponemos en la enmienda 99 y, si no, habría que encontrar algún punto
de la ley donde esto estuviera recogido, porque pensamos que la mejoraría
y mejoraría una realidad que, desgraciadamente, suma muchísimas víctimas
todavía hoy.

Tenemos otras enmiendas que introducen otra vez
el aborto coercitivo en el artículo 3.1 y la esterilización no
consentida.

La 102 también es muy importante para nosotros
porque viene a reforzar las campañas institucionales de prevención e
información. Añadimos un respeto competencial autonómico, que no está en
este tema y, además, ponemos énfasis en las campañas de concienciación
para hombres, niños y adolescentes. Me dirán, respecto al tema
competencial, que tenemos una disposición decimonovena en la que faltan
competencias autonómicas, pero encontramos a faltar —y, en ese
sentido, también hemos presentado enmiendas— que se haga referencia
a aquellos estamentos centrales que se citan concretamente y que tienen
un homólogo en las comunidades autónomas. Encontramos a faltar no solo el
respeto constitucional, sino también, a lo largo de todo el proyecto de
ley, el esfuerzo de aquellos entes y comunidades autónomas que ya hace
mucho tiempo que trabajan en el sentido en que abunda esta ley.

Tenemos, como ya les he dicho, distintas
enmiendas sobre cuestiones competenciales. Me centraré también en las
relativas a universidades. Estamos de acuerdo con que en la universidad
tiene que trabajarse la materia de violencia machista, pero tal como está
recogido en la ley nosotros pensamos que tampoco se respetan las
competencias autonómicas, porque, además, se propone que se introduzca
esta formación a través de los itinerarios formativos, en los cuales
tenemos competencias las comunidades autónomas —al menos es el caso
de Cataluña—, y pensamos que podría tener más impacto si se
incorporara en los contenidos de tipo obligatorio, teniendo en cuenta que
los itinerarios formativos son de carácter optativo.

También en el ámbito de las universidades,
porque para nosotros es importantísimo, hemos introducido como enmienda
la matrícula gratuita a las titulaciones de grado para las víctimas o
supervivientes. Creemos que hablamos mucho de víctimas y de
supervivientes, pero tenemos que ofrecerles un camino a seguir para que
se les pueda reparar, y pensamos que la gratuidad en el acceso a estos
grados es una reparación, sin lugar a dudas, que va a resultar
efectiva.

Hemos retirado una enmienda, como les he dicho,
que hacía referencia al robo de fotos de menores. Quedó incorporada en el
artículo 172 ter, si bien es cierto que lo hizo como todas las personas,
y esto tiene unas penas tipificadas. Nosotros pensamos que, si hay
posibilidad de arreglar esta ley o de mejorarla, sería importante
—al menos así se nos ha comentado por parte de la Fiscalía de
Delitos Digitales— que quedara incorporado en la ley que se
aplicara la parte superior de la pena cuando las personas que sufren
estos robos de imagen sean menores o personas con discapacidad, porque
entendemos que tienen una vulnerabilidad superior.

Podría abundar en algunas otras, pero estas
son, a nuestro entender, las más importantes, y esperamos que podamos
llegar a algún acuerdo para mejorar esta ley, aunque, como ya les digo,
somos muy críticos con cómo llega, y no solo en esta ley, porque nos ha
pasado con las dos últimas leyes de igualdad y en otras, en las que se
nos pide un esfuerzo para no romper los consensos que vienen del
Congreso, pero cuando llegan las leyes a esta Cámara tenemos que vivir
cómo se nos vetan enmiendas por parte del Gobierno, es decir, no se nos
deja discutir enmiendas por parte del Ejecutivo —se está
convirtiendo en una práctica habitual— o vienen siempre
atropelladas por unos plazos de los cuales nosotros no somos
responsables. Los senadores y senadoras tenemos la obligación de mejorar
las leyes que nos vienen del Congreso, y no se nos puede decir que
nuestro debate no hace falta porque viene altamente consensuado del
Congreso, porque, justamente, ese consenso que llega del Congreso no
viene recogido en esta ley, porque en el Congreso se rompió el consenso
cuando en una transaccional se recogió un tema que hace referencia a la
prostitución, concretamente el de su publicidad. Entonces, pensamos que
tendríamos que ser capaces de quitar eso de esta ley, porque, como
ustedes han querido, tendremos otro escenario para discutir sobre la
prostitución. Por ello, nosotros somos absolutamente críticos sobre cómo
llegan las leyes y cómo se nos pone casi una pesada losa, porque dicen,
hombre, esta ley...

Yo no tengo que demostrar que soy feminista, no
lo voy a demostrar aquí, no lo quiero demostrar aquí. En nuestro grupo
siempre hemos atendido los derechos de las mujeres y hemos sido
proactivos en esta lucha, pero no pueden pedirnos que hagamos el esfuerzo
de elegir una ley que sabemos que es necesaria y que cuanto antes salga a
la calle, mejor. Por cierto, ministra, usted decía que con esta ley el
mundo iba a ser más seguro para las mujeres, y yo le digo que no creo que
sea así. Yo creo que es un paso muy importante, estoy de acuerdo, pero
usted también estará de acuerdo conmigo en que solo con esta ley no vamos
a hacer que el mundo sea más seguro. Nos falta mucho recorrido, mucha
pedagogía y, seguramente, tendremos que batallar, y los debates que
estamos oyendo en estas Cámaras no ayudan a pensar que hayamos avanzado
tanto como nos creemos, a pesar de tanto trabajo como hemos hecho,
respecto de aquel derecho romano basado en una sociedad patriarcal, con
unas leyes hechas para los hombres y no hechas para las mujeres. En
cualquier caso, veremos cómo evoluciona el trámite parlamentario, si
somos capaces de acordar alguna cosa, y nosotros, en pro de ese consenso,
somos capaces de albirar cualquier escenario que ponga la ley sobre la
mesa y que, además, sea capaz de mejorarla.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 70 a 85, tiene
la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Egun on.
Gracias, presidenta.

Geroa Bai ha presentado dieciséis enmiendas a
este proyecto de ley y catorce hacen referencia especial a la violencia
sexual hacia las mujeres con discapacidad, porque, desde nuestro punto de
vista, son el eslabón más vulnerable en la cadena de violencia
sexuales.

Ministra, señorías, las mujeres con
discapacidad tienen los mismos derechos a vivir y disfrutar su sexualidad
que cualquier otra persona, y no reconocer ni valorar su sexualidad es
una inaceptable e ilegal forma de discriminación, por lo que proponemos
añadir al artículo 9 un nuevo apartado que lo explicite. También
proponemos modificar la definición de empoderamiento para incluir de
manera clara a estas mujeres.

Proponemos modificar los artículos 1 y 4 para
que la investigación de violencia sexual tenga en cuenta las situaciones
de especial vulnerabilidad, como son las de las mujeres y niñas con
discapacidad, tal y como recomienda la observación general número 6,
sobre la igualdad y la no discriminación, del Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, y para que los datos se ofrezcan
desagregados por sexo, por discapacidad y por tipos de discapacidad,
porque esto permitirá, al tiempo que un mejor conocimiento de la
realidad, la puesta en marcha de políticas más acordes con ella.

Proponemos también cambios en los
artículos 1, 10 y 34 para que las políticas de sensibilización y
formación sean, además de eficaces, accesibles, incluyendo para ello la
lectura fácil y los pictogramas, y para que todas las personas puedan
conocer la existencia de un cauce accesible y seguro de denuncia de
contenidos ilícitos en internet y cómo acceder a él, porque la
accesibilidad a la información es uno de los principios generales de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Proponemos añadir al artículo 3 la
consideración específica —la portavoz anterior también lo ha
mencionado— de la esterilización forzada y el aborto coercitivo
como violencias sexuales. Ambas prácticas se suelen realizar en estas
mujeres basándose en su supuesta irresponsabilidad e incapacidad para ser
madres, por lo que, de forma preventiva, entre comillas, se las
esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su
embarazo. Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el
consentimiento, sin el conocimiento o sin la autorización de las mujeres
afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales, los derechos
a la libertad, el respeto y la integridad personal.

Proponemos que el artículo 38, sobre derechos
laborales y de Seguridad Social, diga que cuando se produzca la
reincorporación al puesto de trabajo de una persona que ha sufrido
violencia sexual, esta se realizará en las mismas condiciones existentes
en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose
los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad
sobrevenida como consecuencia de la violencia sufrida. La obligación de
realizar ajustes razonables es reactiva e individualizada, exige un
diálogo entre el garante de los derechos y las personas con discapacidad,
y no se limita a situaciones en que una persona con discapacidad haya
pedido un ajuste o en que se pueda demostrar que el garante de los
derechos en cuestión era consciente de que esa persona tenía una
discapacidad. También se aplica cuando el posible garante de los derechos
debería haberse dado cuenta de que la persona en cuestión tenía una
discapacidad que tal vez obligara a realizar ajustes para que esta
pudiera superar obstáculos al ejercicio de sus derechos.

Estamos convencidos de que debemos modificar el
artículo 41, sobre ayudas económicas a las víctimas de violencias
sexuales, para que se concedan también a quienes se encuentran en
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad o tengan a su cargo a
personas en esa situación, porque, si bien de acuerdo con la norma que lo
regula los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad
deben tardar como máximo seis meses, es de público conocimiento que estos
procedimientos se retrasan muchas veces hasta más de 24 meses. Las
demoras en estos procedimientos tienen un gran impacto en la lucha por la
integración de las personas con discapacidad, y mucho más aún si esta
situación se da en una mujer o en una niña con discapacidad víctima de
violencia.

Establecer, como hace este proyecto de ley,
como requisito tener una discapacidad reconocida oficialmente igual o
superior al 33 % implica la discriminación de más del 50 % de la
población con discapacidad, lo que se traduce en una vulneración de sus
derechos fundamentales, especialmente a la igualdad de trato y no
discriminación.

Proponemos también modificar el artículo 42,
sobre acceso a la vivienda, para que en los casos de violencia sexual a
personas dependientes se garantice un banco de vivienda pública de acceso
a personas que precisen de apoyos especializados, con el fin de que
puedan restablecer lazos familiares y sociales en contextos comunitarios,
más allá de los centros especializados, una vez finalizado el período de
urgencia y la salida de las mujeres de estos centros de emergencia. Los
centros especializados en atención a víctimas de violencia de género, en
el caso de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, están
dando respuestas necesarias, cierto, pero basadas en la emergencia y en
la necesidad. En muchas ocasiones, las víctimas con discapacidad
intelectual deben cumplir una serie de requisitos de acceso a estos
recursos —porcentaje de discapacidad, ausencia de problemas de
comorbilidad o condiciones de salud que conviven con la
discapacidad— que hacen muy compleja la entrada y la permanencia en
estos recursos de atención. Esto es algo recogido en el artículo 19 de la
Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que establece el
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad,
y también está recogido de alguna manera en el Plan de recuperación de
los fondos Next Generation. Por tanto, es conveniente y necesario
desarrollar un banco de vivienda pública de acceso a personas con bajos
recursos que precisen de apoyos especializados, con el fin, precisamente,
de restablecer los lazos familiares y sociales, insisto, en contextos
comunitarios, en la comunidad.

Por último, Geroa Bai ha propuesto dos
enmiendas para eliminar del artículo 11.1 y de la disposición final
tercera las palabras siguientes: «Así como las que suponen promoción de
la prostitución». La prostitución no es una actividad ilegal en el Estado
español, por lo que no parece adecuado que se considere ilícita la
publicidad de algo que no lo es. Tampoco parece que dicha medida vaya a
provocar un descenso en el uso ni en el consumo de la prostitución y sí,
sin embargo, un empeoramiento de las condiciones de vida de las
prostitutas que libremente recurren a dicha actividad, a dicho trabajo
para ganarse la vida. Afirmar esto hoy, ya lo sé, no es políticamente
correcto ni para quienes se proclaman como de centro derecha ni como para
quienes se proclaman, se autoproclaman, como la izquierda. En el rechazo
de ambos grupos a la prostitución —rechazo no unánime, por
cierto—, subyace, en nuestra opinión, cierto puritanismo sexual que
valora los órganos sexuales, el sexo, como algo más valioso que otros
órganos corporales, como los brazos o el cerebro, algo, déjenme que lo
diga, bastante similar en su planteamiento de base a aquel deleznable
discurso del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Es este un
discurso por el que un hombre o una mujer pueden vender el uso de sus
brazos, de su fuerza de trabajo, de su inteligencia, pero no el de sus
órganos sexuales, debido a la sacralización de estos, heredada de teorías
y principios ético-religiosos que han hecho suyos también algunos
sectores del feminismo. Y son precisamente las mujeres que con más ahínco
defienden que mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que quiera. Para
defender, por ejemplo, el derecho al aborto, son precisamente
—insisto— estas mujeres quienes niegan ese mismo derecho a
usar su cuerpo libremente a quienes deciden utilizarlo como fuente de
ingresos. Ya lo sé, ya lo sé: me arriesgo a que me llamen machista,
defensor del patriarcado y otras muchas cosas más, pero, señorías, yo
aquí vengo a defender lo que pienso, y en este caso, lo confieso, a
hacerlo lleno de dudas y de interrogantes, esperando que me saquen de
ellas con razones y no con ideas preconcebidas y simplonas, como la de
prohibir la publicidad de mujeres que se prostituyen libremente, creyendo
que así se acaba con la prostitución. Aunque sí, señorías —no está
el señor Catalán—






, Unión del Pueblo Navarro siempre ha sido muy
partidario de prohibir antes que de sentarse a dialogar y a acordar, de
prohibir antes que de sentarse a dialogar con las prostitutas y acordar
con ellas, y ese no es el camino que defiende Geroa Bai.

Esperamos sinceramente que aprueben algunas de
nuestras enmiendas. Algunas son mucho más importantes que otras; las
conocen todas y todos ustedes y esperamos su voto a favor, al menos en
algunas de ellas.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Pasamos a la defensa de las enmiendas 86 a 89,
del senador Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Bienvenida, ministra. Es un placer tenerla
aquí. Creo que es importante destacar que la ministra esté en todo el
debate, algo que desgraciadamente, en muchas ocasiones, no pasa. Quería
empezar pidiéndole disculpas por que haya tenido que asistir a una
vergüenza de discursos en esta Cámara, porque como senador me
avergüenzan. Es norma básica que cuando algo nos avergüenza, cuando algo
creemos que es lamentable, lo tengamos que denunciar y decir. Los
hombres, en este caso, tenemos más responsabilidad, y lo tenemos que
decir. Oír las barbaridades que se han dicho en el debate del veto me
avergüenzan como senador y como representante de las Illes Balears.

Yendo al tema, a la ley, creo que es
importante, que es una ley necesaria que supone avances y que trata temas
importantes. Evidentemente, terminamos con el cajón de sastre que suponía
la palabra abuso. Definimos, avanzamos, y eso es importante, avanzar,
poner las cosas claras, poner blanco sobre negro. Lógicamente, hay que
poner el acento en el consentimiento. Eso es lo que hace esta ley
especial, diferente. Creo que es importante el consentimiento, el
principio del consentimiento. Esto es lo que da, evidentemente, la
libertad, hacer las cosas con consentimiento. Asimismo, también hay que
poner el acento en la reparación, porque siempre enfocamos el problema en
la vía punitiva, poniendo más sanciones, pensando en el abusador, pero no
nos acordamos de la persona que ha sido abusada. El principio de
reparación es importante, es clave, pero si queremos cambiar el mundo, la
gran herramienta es la educación, la educación afectivo-sexual, que tiene
que hacer que discursos como los que hemos escuchado hoy desaparezcan
para que la tolerancia esté presente en los debates, en nuestra vida y en
la sociedad.

Está claro que esta ley es necesaria.
Entendemos y compartimos que no nos gusta cómo ha llegado. Nos hubiera
gustado que hubiese llegado con todas las garantías, con todos los
debates, pero no vamos a poner piedras en el camino, no vamos a poner
palos en las ruedas, pero queremos hablar con usted más adelante sobre
temas competenciales, porque no estamos de acuerdo en algunas cosas, y
creemos que los consells insulars, los ayuntamientos, tienen mucho más
que decir en estos temas.

Las redes sociales son una forma de violencia
que tenemos que tratar de forma más explícita, porque son donde se están
dando ahora mismo acosos que no podemos seguir permitiendo. Esta ley ha
abierto el melón del debate de la prostitución, un debate que no se puede
tratar simplemente con prohibición o abolición. Tenemos que hablar de la
Ley de Extranjería, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de
renta social, tenemos que hablar de derechos, tenemos hablar de muchos
focos, y no solo de poner un cartel de prohibido, porque hay muchas cosas
prohibidas que la realidad cada día las deja en evidencia. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Sin pretender quitar importancia a este debate,
me permitirá el presidente dirigir unas palabras a Pilar, porque hoy se
despide una gran compañera. Desde Mallorca ustedes pensarán que tenemos
una visión extraña de Andalucía, y a veces lejana. Yo les diré que no
tanto. Les explicaré que el sistema Bético, las cordilleras béticas,
nacen en Andalucía, se sumergen en el Mediterráneo y emergen en la serra
de Tramuntana, mi querida serra de Tramuntana. Por tanto, es un lazo
invisible, un lazo permanente y fuerte que une Andalucía y las Illes
Balears. Es un lazo que hemos cultivado también en el Grupo de Izquierda
Confederal, un grupo plural, diferente, no competitivo y en el que hemos
aplicado muchos de los principios de la fraternidad. Por tanto, Pilar,
gracias por ser la voz de Andalucía, gracias por defender el territorio
tan vehementemente, y espero que algún día Andalucía sea libre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra su señoría la
senadora Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.

En Esquerra Republicana hemos trabajado para
mejorar el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad
sexual. Pensamos que esta es una buena ley, pero que podría ser mejor.
Por eso, hemos presentado algunas enmiendas en el trámite en el Senado.
Saben que para nosotras es imprescindible abordar las violencias sexuales
desde la garantía del derecho a la reparación. Por ello, quisiera
destacar la enmienda 143. En el ámbito universitario, concretamos una
medida para la reparación que nos parece de justicia. Debemos extender la
gratuidad de la matrícula de las titulaciones de grado a todas las
víctimas o supervivientes de las violencias machistas. La violencia
sexual, como el conjunto de violencias machistas, es estructural. Por
eso, los poderes públicos tienen la responsabilidad de reparar el daño.
No se trata únicamente de decir a las mujeres que las creemos, sino que
las acompañamos para que continúen con su vida. Sabemos que el estrés
postraumático puede hacer que algunas mujeres dejen la universidad o que
se desmotiven. La matrícula gratuita es, por tanto, para decir a las
víctimas y a las supervivientes: Estamos contigo, te acompañamos. Así se
concreta el derecho a la reparación en el ámbito universitario. Creemos
que este es un aspecto muy relevante.

Con nuestras enmiendas hemos tratado de dar una
visión de la transversalidad a la norma, visibilizando también a las
adolescentes que sufren las violencias sexuales, también asegurando un
concepto relevante como el de las supervivientes, una expresión que
permite poner énfasis en la capacidad de quienes han estado en esas
situaciones y han sobrevivido a ellas. También subrayamos la importancia
de que víctimas y supervivientes participen del diseño de las políticas
de reparación. También defendemos en nuestras enmiendas el principio de
subsidiariedad y las competencias exclusivas de Cataluña en las políticas
de igualdad. Todo ello queda reflejado, como digo, en nuestras
enmiendas.

Ya se ha visto: estamos ante una derecha y una
ultraderecha negacionistas de los derechos de las mujeres, pero vemos
cómo también en otros países los derechos de las mujeres se ven
amenazados y están en retroceso. Señorías del Partido Socialista, en este
contexto tienen que ser valientes, ágiles y diligentes cuando se trata de
defender y avanzar en los derechos de las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on, berriro guztioi.

Defiendo las enmiendas que ha presentado
nuestro grupo, en este caso en la tramitación de la Ley Orgánica de
libertad sexual. Nuestro grupo ha debido conciliar, por un lado, la
posición favorable a tener una ley contra las violencias sexuales, una
ley que dé una respuesta correcta a la necesidad de adecuar la
legislación a los acuerdos internacionales y a la demanda social, que así
nos lo exige, con el estudio del texto desde el punto de vista del
respeto al marco competencial. Las enmiendas que mantenemos tras los
acuerdos alcanzados en el trámite del Congreso hacen referencia a esta
última cuestión, la competencial, en los aspectos que consideramos
mejorables.

Más allá de los títulos competenciales que
atribuyen al Estado una competencia para el establecimiento de las bases
generales normativas o para el despliegue de la actividad coordinadora,
se observa la utilización cada vez más habitual de títulos de tipo
horizontal, que a lo largo de los años han venido justificando
actuaciones de carácter centralizador, como son las previstas en el 149.1
de la Constitución, que en este proyecto de ley se producen a partir del
título II de la ley en cuestiones que ya están legisladas en muchas
comunidades autónomas, ejerciendo sus competencias, como sería en el caso
de Euskadi.

Si nos referimos a la enmienda 64, relacionada
con el artículo 8, en cuanto a que las administraciones competentes
promuevan la adopción de medidas de prevención y sensibilización de las
violencias sexuales en los consejos territoriales de salud, servicios
sociales, y autonomía y atención a la dependencia —esto es, en las
conferencias sectoriales—, nuestro grupo entiende que no es el
lugar. Las conferencias sectoriales no se crean para que las distintas
administraciones que participan en las mismas actúen en su seno, sino que
el objeto y finalidad de este órgano es la cooperación entre
administraciones públicas, tal y como señala el artículo 148 de la
Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Además, en este
artículo 8 se habla del ámbito sanitario, sociosanitario, de servicios
sociales, cuyas competencias, salvo sanidad exterior, bases de
coordinación general de la sanidad y legislación sobre asuntos o
productos farmacéuticos, son competencias exclusivas de comunidades
autónomas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora
Etxano.

Señorías, un poco de silencio, por favor.
(Pausa).

Gracias. Puede continuar

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko.

Con relación a la enmienda 69, en la que
planteamos la supresión del artículo 61, que plantea la constitución de
la mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales como órgano de
consulta y asesoramiento, en el que en todo caso participarán, entre
otros agentes, el conjunto de las administraciones públicas, nuestra
opinión es que no procede la creación de esta mesa de coordinación, ya
que las funciones de coordinación de las distintas administraciones
constituyen una de las funciones del ya citado artículo 148, del Régimen
Jurídico del Sector Público; corresponden a la conferencia sectorial, por
lo que la creación de este órgano colegiado únicamente aportaría
confusión a este ámbito de la actuación pública. La creación específica y
composición de un organismo de carácter asesor, como pretende el
artículo 61, responde a la potestad organizativa de cada una de las
administraciones. Así las cosas, si en el seno de la Administración
General del Estado se considera la necesidad de crear este órgano interno
de consulta y asesoramiento, debería diseñarlo así, de forma expresa en
este texto legal, esto es, como órgano de la estructura propia de la
agencia de la Administración General del Estado o, en su caso, proceder a
su creación mediante la oportuna disposición reglamentaria de carácter
organizativo.

La Administración del Estado, al igual que las
comunidades autónomas, tiene plena competencia para establecer su
organización propia, en la que puede integrar un órgano como el
contemplado en el artículo 61 del proyecto de ley, participado por las
personas o agentes que consideren procedentes, así como para coordinarlo
con otros órganos de su propia estructura, como bien podría ser el
Observatorio de Violencia sobre la Mujer, tal y como se señala en este
texto. En cualquier caso, no procede en el mismo integrar a todas las
administraciones, ya que la función de cooperación, contraste de
multilaterales pareceres, únicamente procede desarrollarla en las
conferencias sectoriales.

En cuanto al resto de enmiendas
—la 65, 66, 67 y 68— que presentamos, tenemos que decir que
el texto del proyecto de ley que debatimos ya integra la disposición
final decimonovena, que supone un reconocimiento genérico de los ámbitos
competenciales autonómicos en las áreas de impacto de este proyecto de
ley, de manera que entendemos que una interpretación de la integridad del
texto de la ley debería hacer innecesaria la intervención de más
salvaguardas de tipo competencial. Aun así, entendemos que hemos
mantenido estas porque responden al objetivo de eliminar del texto
aquellos apartados que imponen no solo qué actuaciones deben desarrollar
las administraciones que son competentes, sino que entran a definir cómo
deben realizarse o darse estos servicios, que es en el que se observan
las actuaciones estatales de carácter centralizador en la redacción del
proyecto y que creemos que de forma incorrecta pormenorizan las
actividades a desarrollar por las administraciones competentes en ámbitos
que no son competencia del Estado.

En todo caso, nos hubiera gustado poder
trabajar más las enmiendas en este trámite en el Senado. Esto parece que
no va a ser posible y nos emplazamos a futuras leyes para poder
mejorarlas.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra su señoría De los Santos
González.

El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Gracias,
presidente.

Respecto a la intensidad, no les voy a decir lo
que dice la RAE sobre el grado de fuerza con el que se manifiestan las
convicciones. Yo me creo lo que digo y no soy más que un eslabón de ese
grupo (El señor De los Santos González señala a los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) que, créanme, entiende cada una de las palabras
que he dicho. Soy —podríamos llamarlo así— vocero de lo que
ellos me han enseñado desde que estoy en este hemiciclo. (Aplausos).

Señores socialistas, ya que no está la señora
Diego, les voy a pedir que le digan que yo a ella no le voy a decir que
lea. Señora Diego, yo a usted no le voy a decir que lea, porque
presupongo que usted lee, y mucho, ¡faltaría! Yo a usted no le voy a
hablar de su honra, porque yo a usted le profeso, como no podía ser de
otra manera, un respeto infinito, y tampoco la voy a llamar mamporrera,
porque, hasta donde sé, usted el miembro del caballo no lo maneja en
ninguna práctica de su día a día. (Aplausos).

Dicho esto, mi cuestión es la siguiente, y
además creo que es importante. Si esto lo hubiera dicho yo, ¿sería un
machista insoportable, un miembro más del heteropatriarcado que no hace
más que faltar el respeto a las mujeres? Estoy convencido, porque cuando
un hombre pierde los papeles, como desde mi punto de vista usted los ha
perdido —es mi punto de vista—, se convierte en un machista
insoportable al que prácticamente hay que quemar en plaza pública. Oiga,
¿es que los hombres no podemos ser víctimas de violencia por parte de las
mujeres, que también es verbal? Pues mire, no. ¿Sabe por qué? Porque yo
no me he sentido ofendido. Bueno, un poco enfadado un momento sí, porque
lo de la honra créame que me duele. ¿Sabe lo que pasa? Que mi padre, que
votaba al Partido Socialista, votaba al de Felipe González, el que hoy se
siente absolutamente avergonzado cuando ve con quién pactan ustedes o
cuando lee aquello en lo que consiste la Ley de memoria democrática.
(Aplausos). Por tanto, sí, yo, como mis padres, pongo en valor a Felipe
González y a esa construcción que en el año 1978 consiguió que hoy seamos
una de las democracias más justas y más igualitarias. Bueno, éramos de
las más igualitarias: les recuerdo que del puesto quinto hemos pasado al
decimoquinto. De eso no me han dicho nada.

Por cierto, ni una palabra de las niñas de las
Illes Balears (Aplausos), de las 16 criaturas obligadas a prostituirse en
las Illes Balears; ni una palabra. Ni una palabra del caso de la señora
Oltra. Les voy a recordar que los consejeros de Política Social tienen la
guarda y custodia de las criaturas que viven en sus centros de acogida.
Por tanto, hay una responsabilidad; de valentía, nada. Pero no he oído ni
una palabra de esto. Sin embargo, de lo que sí hablan es de la
prostitución. El señor Hernando dice una cosa que es muy inteligente,
como todo lo que dice el señor Hernando, y que yo también entiendo,
porque, aunque no leo mucho… Por cierto, hablando de lectores,
quizá el bono cultural del ministro Iceta debería llegar no solamente a
los chavales de 18 años, sino también a todos los españoles y españolas
para que todos leamos cada vez más, pero esto es otra historia.
(Aplausos). Como dice el señor Hernando —insisto, todo lo que dice
es mucho más que inteligente—, el Partido Socialista ha pasado de
un pacto de Estado a un pacto para mantenerse en la Moncloa, a un pacto
con Unidas Podemos que directamente va en contra de lo que ustedes
dicen.

Y aquí va la enmienda que a mí me apetece en
este momento defender de forma intensa, como todo lo que hago, y es la de
la terciaria locativa y la del proxenetismo no coercitivo. En Valencia,
donde les recuerdo que está el caso de Mónica Oltra, el Partido
Socialista sale diciendo que son un partido abolicionista, y yo no
solamente lo aplaudo, sino que me sumo a ese abolicionismo como absoluto
creyente de esa idea y, además, partícipe de asociaciones como APRAMP,
que trabajan diariamente para acabar con un tipo de esclavitud que es la
prostitución: 42 millones de personas en el mundo son víctimas de la
trata de seres humanos. En España tenemos el prostíbulo más grande de
Europa. ¿Y saben que el 62 % de las mujeres prostituidas empiezan con
semejante tipo de esclavitud cuando son menores de edad? Oigan, no han
dicho ni una palabra, y respecto a una enmienda perfectamente cosida
entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso de los
Diputados ustedes se bajan de ella. Ustedes dejan a esas mujeres
absolutamente arrinconadas, que sí que son víctimas de violencia sexual,
que sí que son víctimas de violencia machista. (Aplausos). Es una
responsabilidad que, además, forma parte del Pacto de Estado contra la
violencia machista, que, insisto, fuimos capaces de aprobar todos menos
los señores de Unidas Podemos, que no tienen tan claro esto del
abolicionismo, como tampoco lo tienen claro en Más Madrid y como tampoco
lo tenía claro usted, señoría.

Habla usted de que somos dueños de nuestro
cuerpo. No, no. ¿Sabe usted que yo no puedo vender mis riñones? Y son
míos. El sistema jurídico español no me permite semejante cosa. Y la
prostitución, según la Policía Nacional, en el 90 % de los casos es una
vulneración de las libertades de las mujeres, porque esas mujeres son
víctimas de la esclavitud.

Y, sí, otra vez por la intensidad, les voy a
recordar que en septiembre de 1926, hace casi un siglo, en Ginebra, se
abolía la esclavitud. Sigue existiendo en Occidente convertida en
prostitución. ¿Y ustedes me hablan de que no tenemos que ser
abolicionistas? ¿Y ustedes me hablan de que en una ley en la que se habla
de violencia sexual no tenemos que defender a esas mujeres? Pues bien, en
Unidas Podemos decidieron que esa enmienda no les gustaba y el Partido
Socialista aceptó. ¿Cómo no vamos a estar en contra en mi grupo, que de
machistas no tenemos un pelo? (Protestas). De machistas no tenemos un
pelo. Machista es sacar esa enmienda que defiende a cientos de mujeres en
este país. (Aplausos). ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están sus acuerdos de
Valencia? Bueno, pues donde quedan todos los que ustedes hacen: en
cuestiones que les mantengan en el poder. Pero, insisto, ni una palabra
del tema de las Illes Balears. Y yo, que sí me he leído no solo el veto,
sino la ley —menos lecturas de las que me gustaría, porque ando
bastante ocupado—, también me he leído la carta que doña Marga
Prohens, presidenta del PP de las Illes Balears, le ha remitido al señor
defensor del pueblo reclamando que por fin se haga una comisión de
investigación para esos casos. Algo que también reclama la Unión Europea.
Un defensor del pueblo al que también profeso todo el respeto y que, por
cierto, habla siempre de algo en lo que yo creo, que es el feminismo
inclusivo, algo que, después de escucharla, veo que no manejan con total
fruición. (Aplausos). ¿Y qué es el feminismo inclusivo? El que no expulsa
a nadie. Toda defensa de los derechos y libertades individuales que se
convierte en excluyente mata el principio básico de la democracia, que es
la libertad. Y aquí estamos para ofrecer herramientas para que todos los
ciudadanos y ciudadanas españolas y españoles se conviertan en defensores
de la igualdad, en defensores de los derechos de las mujeres, no para
excluirlos, no para que a mí me recuerden un 8 de marzo: Bonita, tú no te
dedicas al feminismo. ¿Cómo que no? Todos hemos luchado por tener el país
que tenemos hoy: políticos de derechas, políticos de izquierdas, hombres
y mujeres de todo credo, hasta convertir esta democracia en un espejo en
el que muchas otras quieren mirarse. Ahora pactamos leyes como la de la
memoria democrática, que incluso habla de hechos predemocráticos que
fundamentan el país que somos. ¿Hacia dónde vamos? Pero claro, si en
paralelo pensamos que la historia, en sus leyes, pasa de 85 horas a 70, y
sin cronologías... Una historia que hay que contar.

Y, por cierto, otra enmienda hablando de la
educación afectivo-sexual. Por supuesto que a los chavales y chavalas hay
que darles herramientas para que aprendan a este respecto, pero
impartidas por especialistas. ¿Por qué no aprovechan sus leyes
educativas, erráticas en casi todo, para generar un cuerpo de docentes
que hablen de educación afectivo-sexual? Docentes que estén sujetos, como
todos, a la inspección educativa. ¿Por qué a nuestros hijos y a nuestras
hijas los educan en algo tan importante, y que apoya todo mi grupo, como
la realidad afectivo-sexual por ONG que pueden ser buenísimas, regulares
o sencillamente muy mejorables? Actúen, trabajen, pongan de verdad
herramientas para hacer de este país un lugar mejor. E, insisto, no
abandonen a todas esas mujeres. Ustedes, que hablan tanto de la guerra de
Ucrania como supuesto principio de todos los males, pero no como realidad
que hace que sus políticas económicas nos hayan llevado a donde estamos,
váyanse a la frontera y vean todas las redes de explotación sexual que ya
están captando a mujeres y a niñas para que formen parte de ese mundo de
la prostitución que, insisto, ustedes, y solo ustedes, han sacado de esta
ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría De
los Santos González.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría Oleaga
Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on guztioi. Bienvenida, ministra, a este
debate.

Voy a hacer un previo, después de algunas de
las intervenciones del representante del Grupo Popular, lanzando las
víctimas del terrorismo aquí a la cara de los demás. Tal día como hoy, en
diferentes años, fueron asesinados cuatro personas por la organización
terrorista ETA. De esas cuatro personas, uno era un guardia civil,
Antonio Terrón; otros eran un comandante y un coronel del Ejército de
Tierra, José María Martín-Posadillo e Ignacio Barangua; y otro era un
conductor, Gregorio Caño. Y hoy no he visto en las intervenciones del
Grupo Popular que dediquen parte de su tiempo a un minuto de silencio por
estas personas. (Aplausos). Supongo que porque para el Partido Popular
—espero que no sea así— hay víctimas de primera y víctimas de
segunda. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). Intentan instrumentalizar a las víctimas del
terrorismo, como se ha visto y como las propias víctimas del terrorismo
les han dicho a ustedes. Dejen de instrumentalizar a las víctimas del
terrorismo, porque la lucha contra ETA fue una lucha de toda la sociedad.
De toda la sociedad y de todas las víctimas del terrorismo.
(Aplausos).

Y un segundo previo al representante de Vox,
tantas leyes que dice usted que se violan. Aquí lo que se está buscando
es evitar que se viole a las mujeres. Esto es lo que se pretende con esta
ley. (Aplausos).

Cuando yo era un adolescente, hace muchos años,
había una canción que se hizo muy popular, que cantaban los llamados
payasos de la tele, donde se decía que una niña no podía disfrutar de su
infancia porque cada día de la semana tenía una obligación que asumir. Y
eran obligaciones curiosas: barrer, planchar, lavar, guisar, bordar...
Acababa con rezar. Cada día de la semana una obligación que impedía a una
niña el poder disfrutar. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Oleaga, espere un
momento. (Pausa).

Gracias, señoría, puede continuar.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna.

Eran los estertores del nacionalcatolicismo,
los estertores de esa ideología que duró tantos años en nuestro país y
que, afortunadamente, la democracia ha ido poco a poco poniendo en su
lugar, con leyes que han permitido que las mujeres no solamente puedan
disfrutar, que también, sino que puedan hacer una vida normal sin tener
que someterse o encasillarse, como era la ideología de ese
nacionalcatolicismo, esa ideología que hoy ha estado presente en este
debate con la intervención en uno de los vetos y que acredita que todavía
queda mucho patriarcado, queda todavía mucho ultracatolicismo, mucho
nacionalcatolicismo que erradicar. Y no es broma esto. Es una ideología
que algunos consideran que es lícito llevarla a las instituciones y
pactan con ellos.

Yo, señorías del Partido Popular, creo que
ustedes deberían hacer una reflexión muy sería. ¿Por qué ustedes se
oponen sistemáticamente a todas las leyes que van buscando el avance en
los derechos de las mujeres o el avance en los derechos en general? Se
han opuesto ustedes al divorcio. Se han opuesto ustedes a la interrupción
voluntaria del embarazo, la han llevado al Constitucional. Se han opuesto
ustedes al matrimonio entre personas del mismo género. Se han opuesto
ahora, hace muy poco tiempo, a la eutanasia. Y hoy, a acabar con estos
crímenes contra la libertad sexual. Se han opuesto a todo
sistemáticamente. Yo creo que, de ustedes, señorías del Partido Popular,
y con su nuevo líder al frente, el señor Feijóo, lo que se espera es
saber cuándo vamos a tener en nuestro país una derecha homologable a la
de nuestro entorno occidental. Esta es una necesidad que tenemos todos
que buscar. (Aplausos).

Las enmiendas que han presentado, más que
enmiendas, son excusas, como, por ejemplo, este tema de la presunción de
inocencia. ¿Ustedes se imaginan aplicar ese criterio que ustedes plantean
aquí —y que, por cierto, de una manera absolutamente inadmisible ha
salido de la boca de la ultraderecha— a cualquier otro delito? ¿Se
imaginan ustedes aplicar esto a un delito —lo ha dicho también la
senadora Etxano Varela— de robo o a un delito de lesiones?, poner
en duda el testimonio de la víctima, incluso dudar de que sea víctima y
que tenga que aceptar lo que su agresor le ha provocado. ¿Ustedes se
imaginan pedir eso? No sé cuáles son esos juristas prestigiosos a los que
ustedes mencionan en sus enmiendas, pero dudo mucho que haya ningún
jurista que no considere prioritario proteger a las víctimas,
entenderlas, escucharlas y acabar con quienes han causado sus males. Esto
es lo que busca el derecho, esto es lo que busca la ley y esto es lo que
buscan, en general, todas las leyes que protegen a las personas de la
comisión de los delitos. Y esto es lo que busca también esta ley que nos
trae aquí el Gobierno. Por tanto, cuando se hacen este tipo de
intervenciones poniendo el acento, parece que está uno pensando más en
los causantes de los delitos que en la protección de las víctimas. Esto
me parece que es algo inadmisible y deben ustedes reflexionar, señorías
del Partido Popular, porque lo que hacemos los legisladores, lo que
hacemos quienes nos dedicamos a esta noble tarea, es buscar una sociedad
más justa, donde las víctimas sean protegidas, escuchadas, defendidas y
queridas, y no puestas en duda, como se ha hecho aquí, poco más o menos
viniendo a decir que las mujeres van a utilizar esta ley para no sé qué
otros fines espurios. Esto es algo inadmisible. (Aplausos).

La verdad es que hay también enmiendas de otros
grupos que podríamos debatir largo y tendido, pero yo creo que debe haber
una máxima —y me van a entender, por lo menos, los representantes
de los grupos que apoyan esta ley—, y es que, si queremos
introducir modificaciones, tenemos que pensar fundamentalmente que estas
modificaciones tienen que fortalecer los acuerdos y los consensos, hacer
que esos acuerdos sean más profundos, que, incluso, lleguen a otros
grupos políticos que tengan dudas, y no todo lo contrario. Y también
tienen que ser modificaciones propias de esta ley, no quizá de otros
textos legales donde encajan mucho mejor desde un punto de vista
estrictamente jurídico.

Pero lo más importante es lo que les decía al
principio, que cualquier modificación, cualquier enmienda, responda a esa
idea de que lo que queremos es que esta ley, que es muy importante, salga
adelante, salga cuanto antes y salga con el máximo consenso. Y lo dice un
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la
legitimidad de haber retirado en el Congreso todas las enmiendas que
podían provocar una falta de entendimiento y, por tanto, que esta ley
quedase en el cajón. Fue un esfuerzo muy importante que hizo el Grupo
Parlamentario Socialista, que lo hizo con dolor, porque eran una serie de
iniciativas en las que creía profundamente, pero, puesto sobre la
balanza, si esta ley tiene que salir o no, quedó claro para el Grupo
Parlamentario Socialista que la ley tenía que salir adelante y que tenía
que salir cuanto antes. Sobre todo, en estas fechas en que nos
encontramos, en las que estamos viendo un incremento de las agresiones
sexuales. Y en el Senado hemos hecho lo mismo, hemos hecho una reflexión
en el Grupo Parlamentario Socialista y hemos dicho que todas aquellas
enmiendas que puedan provocar una falta de consenso las vamos a dejar
fuera, porque lo que buscamos es el acuerdo político. El acuerdo político
es fundamental, el entendimiento, no que cada uno quiera sacar el 100 %
de lo que piensa. A veces es mejor quedarse con el 80, como decía mi
compañero Paco Aranda en su intervención en el Congreso. Es mucho mejor
quedarse con el 80 o con una cantidad menor, pero saber que el acuerdo es
sólido y que va a hacer que esa ley vaya hacia adelante. Y eso es lo que
yo les pido a ustedes. Aquí se ha mencionado, en concreto, el tema de la
prostitución, y yo creo que es totalmente equivocado el planteamiento que
ha hecho el representante del Grupo Popular, porque aquí vamos contra el
proxenetismo. Pero este es otro debate, y ya tendremos ocasión de hablar
de ello, pero no en esta ley, en la que lo que buscamos es proteger a las
mujeres, su libertad frente a las agresiones sexuales de criminales, a
los que hay que castigar y condenar. Por ese motivo es por el que
considero que algunas de las enmiendas, que son interesantes y que pueden
ir en algunos otros textos legales, deberían quedar fuera si no
fortalecen este consenso al que he hecho referencia.

Y voy a ir concluyendo. Señora ministra, yo
quiero agradecer al Gobierno que preside Pedro Sánchez que haya traído
una ley como esta y en este momento, una ley que va en el camino de
cambiar esas conciencias. Yo recuerdo que mi hermana no tenía derecho a
abrir una cuenta corriente en su día. Tenía que ser con la firma de su
padre o de su esposo. No podía abrir una cuenta corriente para ingresar
la nómina de una oposición que ella había sacado, ya que era profesora.
Desde aquel franquismo, desde aquel tardío nacionalcatolicismo, ahora
hemos ido viendo cómo las cosas van cambiando, y esta ley va en esa misma
dirección. Les hablaba al principio de una canción de los payasos de la
tele, en la que se hablaba de que la niña el lunes tiene que lavar, otro
planchar, etcétera, cada día una cosa. Yo les voy a recomendar ahora la
versión actualizada de esta canción que han hecho dos artistas, dos
mujeres, que son Amaia Romero y Rigoberta Bandini, una versión en la que
ni planchar, ni lavar, ni coser, ni guisar es lo esencial, sino que lo
esencial es que ellas puedan vivir su vida como quieran. De esto es de lo
que se trata y de lo que va esta ley también. Por tanto, con esta ley
queremos decir que basta ya de encasillar a las mujeres. Que basta ya de
que las mujeres deban tener miedo cuando vuelven solas a sus casas,
tengan que fingir llamadas telefónicas o mirar hacia atrás porque hay
peligro. Basta ya. Que puedan disfrutar de su vida, que puedan disfrutar
de lo que les dé la gana. Y, sobre todo, dejando muy claro que solo sí es
sí, porque solo una mujer puede decidir sobre su cuerpo.

Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Oleaga
jauna.

Señorías, pasamos al turno de portavoces. Por
el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría la senadora
Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

Por fin ha llegado al Senado la famosa ley del
sí es sí, famosa por su contenido, por su larga tramitación, por ser lo
único que ha hecho una ministra y un ministerio en toda la legislatura, y
famosa por la polémica y el enfrentamiento social que ha provocado.
Polémica, como siempre, generada por unos pocos en beneficio de unos
pocos, mientras la mayoría asistimos estupefactos al derribo de, por
ejemplo, la presunción de inocencia, base de nuestro sistema jurídico.
En 2017, en el Pacto de Estado contra la violencia de género, se
comprometieron a elaborar una ley para atajar la violencia sexual.






Ese
pacto lo apoyaron todos los partidos políticos, excepto Unidas Podemos,
que es, curiosamente, quien elabora ahora esta ley. Surrealista.
Probablemente estas cosas solo pasan en nuestro país.

Esta es una ley compleja desde el punto de
vista punitivo y desde el punto de vista legislativo. Pretende comprender
y abarcar todo tipo de situaciones, pero esto es imposible. Y contiene
infinidad de proclamas generales y todo con un único fin, el político.
Por supuesto que hay que defender la libertad sexual y la plena capacidad
de decisión de las mujeres. Y hay que acabar con el miedo y la
inseguridad. Pero de ahí a escuchar, como por ejemplo se ha escuchado en
el Congreso a Bildu, decir que quieren trabajar para que las mujeres se
conviertan en seres autónomos y sujetos capaces de llevar a cabo su
proyecto vital, eso ya no es aceptable. Porque me van a perdonar, ¿pero
no nos consideran a las mujeres personas capaces? ¿Desde cuándo no somos
capaces de llevar a cabo nuestro proyecto vital y no somos personas
autónomas? Esto es humillante y es insultante.

Señorías, es muy grave. Se ha perdido
totalmente la perspectiva en este tema y en esta ley. Han pasado de
querer proteger y defender la libertad sexual de las mujeres a
considerarnos seres no autónomos e incapaces, y a considerar a los
hombres casi culpables. Es intolerable. No se puede apoyar esta ley.
Arriesga la presunción de inocencia con esa nueva definición del
consentimiento expreso que trae consigo la inversión de la carga de la
prueba. La persona denunciada será quien tenga que demostrar ahora que ha
habido consentimiento. Ahora, si nosotras no nos pronunciamos, nos
estamos negando. Esto hay que aprendérselo muy bien. Además, esto
traslada el foco a los hombres, que deben asegurarse de que la otra
persona consiente. Además, se define ese consentimiento como cuando se
haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las
circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la
persona.

A mí me gustaría que me explicase este punto,
señora ministra, porque no sé qué son esos actos; no sé si hay que firmar
un documento, ir al notario o grabar un vídeo en el bar. Tampoco entiendo
lo de las circunstancias del caso; me gustaría saber quién las define y
dónde puede haber esa definición. Venden este consentimiento expreso como
un punto positivo para evitar la revictimización y los diferentes
interrogatorios de la víctima, pero esto es mentira porque van a tener
que presentarse igualmente en el proceso en el que se van a ver esas
pruebas. (Rumores). Desaparece la tipificación como abuso sexual de las
conductas menos graves y todo comportamiento será agresión sexual. La
intención es que así la horquilla de las penas abarque las penas más
leves, pero la realidad es que, cuanto más leve sea el delito, mayor va a
ser la pena y, cuanto más grave sea el delito, más va a bajar la pena.
(Rumores). Como han comentado casi todos los compañeros
anteriormente…

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Goñi,
perdóneme. (Pausa). Continúe.

La señora GOÑI SARRIES: Como habéis comentado
casi todos antes, se ignora o se pasa de puntillas directamente sobre la
prostitución, y esto es incomprensible. Esta ley, que quiere combatir la
violencia sexual contra las mujeres, no hace ni una sola referencia a la
prostitución, cuya vinculación con la violencia todos sabemos que, por
desgracia, es más que clara. Se retiraron de la ley los artículos que
penalizaban a los proxenetas gracias a una enmienda del PNV y ha
desaparecido el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, así que
quienes se lucran con la prostitución ajena continuarán con su habitual
impunidad. Esta ley es un absoluto despropósito: arruina la presunción de
inocencia, señala a los hombres, reduce las penas de los delitos sexuales
más graves y no persigue el proxenetismo. Esta ley debería de atender al
grave problema de la violencia sexual en España, pero también a los
derechos constitucionales de todos los españoles, y no lo hace. No
apoyaré esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Quisiera hacer dos puntualizaciones previas.
Senadora María Elena Diego, creo que no ha escuchado bien mi intervención
anterior. Le aconsejo que la lea bien y atentamente en el Diario de
Sesiones. Por otro lado, usted ha tachado de esperpento nuestro veto. A
nosotros nos importan todas las víctimas de violencia sexual, todas. Nos
importa todo el dolor, venga de donde venga y lo sufra quien lo sufra.
¿Eso es un esperpento? Además, usted ha tachado a mi partido de ser una
desgracia para España. ¿Sabe usted cuál es la mayor desgracia para este
país? El pacto de su partido, el pacto de su presidente, Pinocho Sánchez,
con Bildu, un partido que, hoy en día, es incapaz de reconocer la
violencia. (Rumores). Eso sí que es una desgracia para este país.
Senadora González Modino, usted ha mencionado que un compañero mío,
diputado en el Congreso, tuvo que dimitir por un caso de violencia
sexual. De ese caso de violencia sexual fue absuelto por denuncia
falsa.

Señorías, el objetivo de esta ley es introducir
desconfianza entre hombres y mujeres e instar al odio entre los sexos. Lo
único que va a conseguir esta ley es adulterar las relaciones más
íntimas, donde serán sospechosos todos aquellos hombres que hayan tenido
relaciones sexuales con una mujer sin un notario delante o que suban en
un ascensor sin un testigo. Es una ley repleta de contradicciones, una
ley que no va a disminuir las agresiones sexuales y va a generar muchos
problemas. Esta ley implica la modificación de elementos jurídicos
esenciales, como el consentimiento, y la supresión de tipos y conceptos
jurídicos penales. Atenta contra el principio de proporcionalidad al
eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual en el Código Penal y
unifica dos tipos de conductas distintas, de muy diferente gravedad.

Es demasiado triste comprobar cómo utilizan a
las víctimas de conductas execrables para sus intereses políticos,
ideológicos y electorales. Es repugnante cómo se utiliza a las víctimas
de agresiones sexuales para seguir desarrollando su agenda de destrucción
social. La lucha contra todo tipo de violencia no se realiza vulnerando
derechos constitucionales ni con la introducción de la perspectiva de
género, ni abundando en su afirmación absurda de sociedad machista o en
su feminismo enfermo, ni con la criminalización de todos los hombres y la
victimización de todas las mujeres, que podrán declararse víctimas sin
garantías ni cautela alguna, convirtiendo nuestra sociedad en una
sociedad irrespirable, una sociedad enferma.

Señorías, hoy aprobarán una ley que no es
garantista, es discriminatoria y va en contra del dictamen de la Ley de
igualdad de trato y no discriminación, que rompe los principios de
seguridad jurídica, reorienta el régimen de valoración de la prueba y
atenta contra el principio in dubio pro reo. La definición del
consentimiento sexual, tal y como la plantean, es una barbaridad.
Cualquier acto de intención sexual no consentido es delito y nuestros
jueces serán los que deberán analizar si ha habido o no consentimiento.
La falta de consentimiento se debe apreciar, en todo caso, cuando el
sujeto pasivo sea sorprendido en una acción sexual que no sea explicable
en el contexto en el que se produce.

Señor Oleaga, la Directiva 343/2016, de la
Unión Europea, en su artículo 6, en relación con la carga de la prueba,
establece que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba
para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en
la acusación y los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre
la culpabilidad beneficie siempre al acusado. Esta ley no va a conseguir
el objetivo que dicen perseguir, no va a disminuir las agresiones
sexuales, de la misma manera que no han disminuido las de violencia de
género.

En Vox consideramos que las conductas
consistentes en una agresión sexual deben estar sancionadas de forma más
rigurosa que como ustedes plantean aquí. Nos preocupa que este tipo de
conductas, inexistentes hace unos años en nuestro país, se estén
produciendo ahora, pero esta ley no acude a las causas, no les importa.
¿Cómo podemos creer que su objetivo es acabar con las agresiones sexuales
cuando han ocurrido los innumerables hechos de las niñas tuteladas en
Baleares y ni siquiera han querido condenarlos ni que se investigaran? ¿O
que se silencien actos tan bárbaros como la violación de la joven de
Igualada, realizada por un inmigrante en situación irregular? Todo es
pura hipocresía.

En definitiva, señorías, ustedes ponen tronos a
las causas y cadalsos a las consecuencias. Votaremos en contra de este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias,
presidente.

Pilar, mis mejores deseos y mucho éxito allá
donde vayas. Te agradezco el trabajo compartido durante todo este
tiempo.

Ministra, muchas gracias por la asistencia a
este debate.

Intervendré brevemente para mostrar nuestro
apoyo a los planteamientos generales de esta ley. Si bien ya comentaron
varios grupos en comisión que siempre puede ser mejorable, a la vez es un
avance en propuestas que estaban pendientes de tratar y aplicar. Es una
obligación de los poderes públicos de un Estado democrático garantizar la
libertad de sus habitantes y, especialmente, velar por sus derechos. Eso
incluye el combate de una lacra tan preocupante como es la violencia
sexual. Por tanto, tenemos que implementar políticas públicas que
trabajen en la prevención y en la erradicación de este tipo de actitudes
y delitos. Nos preocupan mucho los datos que constatan un paulatino
aumento de este tipo de delitos. El balance de criminalidad del
Ministerio de Interior, correspondiente al primer trimestre de 2022,
recoge un aumento del 21,6 % de los delitos respecto a los tres primeros
meses de 2021. Un informe de los Mossos d’Esquadra señala que solo
en Cataluña ha aumentado, en una década, un 64 % las denuncias por
violencia sexual. Es especialmente preocupante el aumento de casos entre
menores de edad.

Es evidente que todas las leyes que supongan un
refuerzo de las garantías de los ciudadanos son necesarias. Ya hemos
comentado en varias ocasiones que hay que hacer hincapié en la necesidad
de garantizar la asistencia necesaria de recursos tanto preventivos como
asistenciales, de seguridad y protección, a estos colectivos en el ámbito
rural y en zonas alejadas de las grandes ciudades, que sufren mayor grado
de vulnerabilidad, lo que implica un esfuerzo adicional, pero
imprescindible por parte de la Administración para ofrecer un apoyo
cercano y eficiente. También es importante que la ley incida en la
necesidad de la formación y la especialización de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y de la judicatura. Nos parece igualmente
oportuno que se apueste por la sensibilización en ámbitos tan importantes
como el educativo, el laboral o la comunicación. Por estos motivos,
consideramos necesaria esta ley y apoyaremos su contenido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la
palabra su señoría Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Buenas tardes.

Pilar, mucho ánimo, mucha suerte y ha sido un
placer.

Como muchos de ustedes sabrán, también es mi
último Pleno. Aprovecharé el debate del siguiente proyecto de ley para
despedirme.

En los Plenos de estos últimos quince meses,
hemos tenido un minuto de silencio, treinta minutos de silencio de esta
Cámara. Dejemos de estar en silencio y actuemos con rigor, consenso y
determinación ante esta lacra.

Hoy nos llega este proyecto de ley de garantía
integral de la libertad sexual. Flaco favor hacemos a esta ley si la
politizamos, tal y como hacen los partidos de extrema derecha y de
extrema izquierda. En lugar de buscar consenso y acuerdo, que es lo que
necesita, sobra la ideología y faltan mejoras jurídicas que permitan
defender, proteger y aprobar la libertad sexual con la serenidad y el
rigor suficientes que se ha demostrado que faltaban. Es una ley necesaria
y les indico por qué lo es. Esta ley llega con las incorporaciones del
Convenio de Estambul, incorpora la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
además de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y
del Consejo de Estado en materia de consentimiento, incorpora el trabajo
del anterior ministro popular, el señor Catalá, y los dictámenes de
expertos que participaron en la Comisión General de Codificación del
Ministerio de Justicia, que detectaron la necesidad de unir las
tipificaciones de los abusos y de las agresiones sexuales. Todo ello a
raíz de los lamentables hechos ocurridos en el caso denominado de La
Manada. Lo acontecido no puede volver a ocurrir. Para ello, debemos tener
los instrumentos legales pertinentes para que, en caso de que ocurra,
recaiga todo el peso de la ley. Nuestra obligación es mejorar la
legislación vigente sacando la ideología de las tripas e incorporando las
doctrinas jurídicas y técnicas que faltaban. Por todo ello, no salimos de
nuestro asombro por el veto presentado por parte del Grupo Popular, un
veto presentado al trabajo de uno de sus ministros en etapas pasadas. No
sé si será cosa del nuevo tacticismo de los populares.

Lo que nos trae hoy a esta Cámara es la
libertad que puede tener una persona para tener relaciones sexuales con
quien quiera y cuando quiera. Ya sabemos que los conservadores del señor
Feijóo, por muy moderados y tuneados de liberal que se quieran vestir, no
lo son; ni creen ni creerán en estas libertades individuales, que es el
dogma de Ciudadanos. También lo es la libertad para poder decidir cuándo
quiere uno morir dignamente, o la libertad al consumo recreativo del
cannabis, o la libertad hacia el trabajo sexual, o la ampliación de los
derechos y libertades de los colectivos LGTBI. Todo esto forma parte de
nuestra esencia y de nuestros principios políticos básicos. Otros, PP y
Vox, coinciden con el puritanismo. Frente al puritanismo, libertad,
señorías.

Afortunadamente, por la presión de Ciudadanos,
hemos excluido de esta ley la tercería locativa, que no se corresponde
con esta legislación que hoy estamos tramitando y que el Partido
Socialista, de manera obsesiva, ha intentado colar por activa y por
pasiva; no lo han logrado. Los liberales hemos introducido mejoras en
esta ley, como las medidas que eviten conductas contra la libertad sexual
en instituciones residenciales y centros penitenciarios y el cumplimiento
de las medidas y penas relativas a la seguridad y, también, las
referentes a la reparación del daño.

Queremos recordar el compromiso que el
Ministerio de Igualdad adquirió durante la tramitación en el Congreso en
lo relativo a las personas que hubieran sido víctimas de esterilización
forzosa y de aborto consentido. Seguimos pidiendo que la esterilización
forzosa sea considerada como una forma de violencia, al igual que
reclaman Cermi y otras organizaciones. Con estas mejoras en la ley,
aunque no es nuestra ley, vamos a votar a favor porque incorpora
jurisprudencia y recomendaciones de los expertos, del Consejo General del
Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
president.

Pilar, lo he hecho de manera particular, pero
no iba a ser la única que no te dedicara en la tribuna un adiós sentido.
Te vamos a echar de menos porque eres una persona muy grande, pero además
una gran luchadora, y lo haces con la gracia que te confiere tu tierra,
que espero que algún día veas libre. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor...
(Rumores).

Señorías, silencio.

La señora RIVERO SEGALÀS: Vemos hoy una ley
orgánica de garantía integral de la libertad sexual que se ha tramitado
en la Comisión de Igualdad. Es un reconocimiento a la lucha feminista de
las organizaciones y de tantas mujeres anónimas y hombres, necesarios
compañeros y aliados, que han trabajado como iguales para una sociedad
igual y más justa, para que, con el conocimiento y el reconocimiento, se
vaya cerrando el cerco a la violencia machista. Dentro de estas
violencias machistas, las violencias sexuales, mucho más frecuentes de lo
que nos pensamos, pues convivimos a diario con ellas, vulneran el derecho
a la libertad, a la integridad física, a la igualdad de la persona y, en
el caso del feminicidio sexual y el suicidio, el derecho a la vida.

¿De dónde venimos? Venimos —quizá ustedes
me digan que me remonto muy atrás— de una derivada del derecho
romano de base patriarcal, donde las mujeres han sido históricamente
consideradas propiedad de los hombres; una sociedad donde la actividad
sexual era definida de forma falocéntrica por el papel masculino, y donde
sexo se equiparaba a penetración y procreación. La división sexual, por
aquel entonces, relegaba a la mujer a ocupar el ámbito privado y dejaba
el público a merced de los hombres. Por ello, aunque las violencias
sexuales existían —hoy las reconocemos—, no estaban
reconocidas como tal, y han continuado existiendo. Únicamente la
violencia sexual tenía alguna consecuencia, más considerada un crimen o
una ofensa social contra el padre o marido en tanto que eran propietarios
de la mujer, que una violencia como tal. Esa ofensa, además, era muchas
veces subsanada, según los casos, con una compensación al marido o un
arreglo del matrimonio con el violador de la víctima. Me dirán: ¿De qué
estás hablando? ¿Les suenan los matrimonios forzosos? Está pasando hoy en
día. Por otro lado, las mujeres que no pertenecían a ningún hombre, como
las prostitutas, si eran violadas no tenía ninguna afectación sobre el
violador. Estoy hablando de no hace mucho tiempo, cuando se absolvió una
violación porque la violada era prostituta.

El delito se cuantificaba en relación con la
calidad de la mujer: la violación de una adolescente era más castigada
que la de una mujer adulta y rara vez se castigaba a un violador en el
caso de que la mujer fuera de vida alegre; no hace falta que les hable de
las referencias que hoy tenemos respecto a las minifaldas: no vas vestida
adecuadamente, o en el caso de la prostituta, la condición; la condición
de la mujer y no la del violador. La propia denuncia, de por sí, hacía
caer en deshonor a la víctima, y todavía hoy para las mujeres que han
sufrido alguna agresión sexual la denuncia es un camino que muchas veces
les supone un calvario y muchas de ellas reconocen que de haberlo sabido
no habrían denunciado. Eso es lo que queremos subsanar también con esta
ley. Por suerte hoy a las mujeres se nos reconoce como sujetos de
derecho, nada que ver con lo que les he explicado, aunque no me negarán
que hay una persistencia falocentrista, estereotipos que culpabilizan a
la mujer, violencia institucional y revictimización y por ello creemos
que esta ley es necesaria. Se han dado datos: el 70 % de las mujeres
tienen miedo a salir por la noche o a regresar de una fiesta solas. En
este país cada cuatro horas se denuncia una agresión, lo cual quiere
decir que, con el nivel de denuncias que hay, se producen más de cuatro
agresiones cada hora. Una de cada cuatro mujeres ha sufrido agresiones y
abusos sociales. El 19 % de los abusos ha sido por parte de desconocidos,
el resto dentro del ámbito laboral o familiar, y en esta ley hemos
intentado apalancar algunas de estas, todavía hoy problemáticas. Es
cierto, señora ministra, que tenemos que pasar de esta política de
victimización a una política de consentimiento, de esta cultura de la
agresión a una cultura del consentimiento, pero nos va a hacer falta
mucho más que una ley.

En cualquier caso, nosotros vamos a aprobar
esta ley que pensamos que es un primer paso y que intenta dar una
solución centrada en el consentimiento; que la sumisión química sea un
agravio —hemos presentado iniciativas en ese sentido—, no era
un abuso, era una agresión en toda regla; tratamos el acoso callejero, se
penaliza la violencia digital, se incluyen programas educativos para los
agresores, rentas activas de inserción a las víctimas, de la misma manera
que a las víctimas de violencia de género; la conciliación o mediación
solo si la víctima así lo solicita de forma expresa; el derecho a la
reparación, ayudas económicas, los centros de crisis 24 horas; educación,
educación, educación; pedagogía y educación, que creo que es lo que nos
hace falta.

Podría entrar en otras concreciones de la ley,
pero solo estas que les he relacionado, que no son todas, nos sirven para
dar apoyo a esta ley que es mejorable, como la mayoría de las leyes es
mejorable, pero es un primer paso y no perderemos la oportunidad de
mejorarla de ahora en adelante en cualquier ocasión que se nos
presente.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría el senador Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Señora ministra, señorías, no puedo comenzar mi
intervención más que diciendo que hay aspectos en esta ley que son
absolutamente necesarios. Hoy mejor que mañana. Como senador de Navarra
quiero comenzar esta intervención recordando a Nagore Laffage y a la
víctima de La Manada, y junto con ellas a todas y cada una de las mujeres
víctimas de violencia sexual, y vaya desde aquí mi asco por aquellas
declaraciones de un abogado pamplonés, exconcejal en Iruña por un grupo
autodenominado de izquierdas, que con ocasión del juicio a La Manada
decía que, «bueno, es que aquí hay gente muy conservadora que se
escandaliza porque no sabe lo que es una orgía». Señorías, aquello no fue
una orgía, aquello fue una violación múltiple salvaje.

Para Geroa Bai hay cuestiones en esta ley que
nos resulta difícil aprobar tal cual, o al menos sin hacer algunas
reflexiones críticas, que es para lo que nuestras conciudadanas y
conciudadanos nos han enviado aquí. El Senado no es lo que hasta ahora la
mayoría de las veces que hemos analizado leyes ha sido, un órgano ni de
debate ni de reflexión, sino una Cámara de repetición, de invectivas,
acusaciones y en muchas ocasiones, en demasiadas, incluso insultos.

Nosotros, senadoras y senadores, tenemos el
deber ético y político de debatir las distintas cuestiones que afectan al
conjunto de la ciudadanía una y otra vez, cuantas veces sea necesario,
para llegar a la mejor conclusión de entre las posibles, y para eso se
necesitan al menos tres condiciones: tiempo, sosiego y voluntad de llegar
a acuerdos razonables, y las tres brillan por su ausencia demasiadas
veces, y es una pena.

En la que fue casi mi primera intervención en
el Senado reclame la voz y la palabra para el Senado, hoy con las prisas
de un Pleno extraordinario lo vuelvo a hacer. Solo sí es sí, es una buena
definición de lo que es o debe ser el consentimiento, así lo defendí
personalmente desde antes de que se aprobara legalmente en el Estado el
consentimiento informado en las relaciones sanitarias, por ejemplo, un
consentimiento informado que no fue ni entendido ni aceptado por los
médicos de este país y que hoy lo es a duras penas y de manera muy
deficiente. Claro que solo el sí es sí, pero ¿cuál? ¿Cuáles van a ser los
nuevos, insisto, nuevos medios para demostrar que una persona, una mujer,
accede libre, consciente y voluntariamente a una relación sexual? Y es
que realmente la única referencia al solo sí es sí de esta ley viene en
el artículo 178, cuando se dice que solo se entenderá que hay
consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que
en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la
voluntad de la persona. A mí me parece un texto un tanto pobre para una
reivindicación tan jaleada en la calle.

Yo pienso —estoy convencido— que
esta ley nace de la exigencia social mayoritaria de una nueva ética
sexual, una exigencia por parte de las mujeres que desean vivir su
sexualidad libremente, porque, como decía Michel Foucault, la sexualidad
es una parte de nuestra libertad mundial, y nace también de la emergencia
de valores constitutivos de esa nueva ética sexual, como, entre otros, el
placer, el placer sexual como valor, el placer sexual también para las
mujeres como valor, y la mutualidad, la mutualidad, que va mucho más allá
que el consentimiento. La mutualidad explica el papel del sexo tanto en
las relaciones de compromiso como en los encuentros casuales en los que
no hay compromiso afectivo, pero sí un mínimo de respeto y de
preocupación por la otra persona en cuanto ser humano con sus propias
necesidades, expectativas y vulnerabilidades.

Todos los seres humanos compartimos unas
características básicas que nos diferencian de los demás animales y que
imponen ciertas obligaciones y deberes morales y políticos a la sociedad.
La satisfacción de nuestras necesidades básicas, entre ellas, la
alimentación, la vivienda, la compañía, la satisfacción sexual y el
ejercicio de nuestras capacidades básicas, tener buena salud, alimentarse
bien, tener una vivienda adecuada, imaginar, pensar, razonar, decidir en
cuestiones de satisfacción sexual y de reproducción, etcétera, son
condición indispensable para vivir vidas totalmente humanas, y es nuestro
deber asegurar que todas las personas gozan de las suficientes
posibilidades de satisfacer sus necesidades y de ejercer sus capacidades
básicas para que puedan vivir vidas plenamente humanas. Y esta ley, con
todos sus defectos y grandilocuencias, pretende ir en esta dirección, y
digo grandilocuencia porque la grandilocuencia empieza por el propio
título de la ley, a mí me parece que es grandilocuente pretender una
garantía integral de la libertad sexual cuando las relaciones sexuales se
dan, no sé si generalmente, pero muchas veces, en la más estricta
intimidad. Me venía a la memoria al leer la ley aquel libro de Josep
Vicent Marqués, ¿Qué hace el poder en tu cama? Ahora es eso mismo, solo
que ahora lo hacemos desde otro tipo de poder.

Señorías, en todos los cursos de Cultural
Studies se dice una y otra vez que cuando se habla del hombre se tiene
tendencia a hablar del hombre blanco, heterosexual y de clase media.
También el movimiento feminista denuncia continuamente que cuando se
habla de la mujer o de las mujeres se recurre siempre a la mujer blanca,
heterosexual y de clase media, pero la diversidad humana es inmensa. Y,
en esta ley, aunque es cierto que, por ejemplo se menciona a las mujeres
con discapacidad, se hace casi casi como si fueran un apéndice del
concepto mujer, y no, señorías, las mujeres con discapacidad por sí
mismas y también por la violencia sexual que sufren merecen algo más, tal
y como hemos propuesto en nuestras enmiendas, recibidas muchas de ellas
de la organización Cermi Mujeres, a quienes agradezco desde aquí su
trabajo cotidiano junto a y en favor de estas mujeres y niñas.

Quiero también decir que no nos parece adecuado
meter de rondón en esta ley la prohibición de la publicidad de la
prostitución. Es posible, no lo niego, pero no estoy seguro, que haya que
avanzar hacia la abolición de la prostitución. Desde luego, no lo tengo
tan claro como el portavoz popular en este tema y su intensa teórica
defensa de la abolición de la prostitución, que le ha impedido escuchar
con más sosiego mis palabras. Pero, bueno, esto es típico de quienes
siempre se han considerado poseedores de la única verdad absoluta. Por
cierto, a las senadoras y senadores populares les interesan muchísimo las
niñas de Baleares. ¡Qué curioso! En ningún momento los he oído mencionar
a las niñas prostituidas de Madrid. ¿Será, acaso, que su preocupación por
las niñas prostituidas está en relación con quién gobierna en cada
comunidad? (Rumores). Avanzar hacia la abolición así, en una ley que se
vota en un Pleno extraordinario, con prisas, con poco debate, parece
inadecuado para lograr dicho objetivo, máxime cuando hay pendiente una
ley sobre la trata que nos permitirá o debería permitirnos mantener el
necesario intercambio tranquilo y reflexivo de ideas, datos y
razones.

He empezado hablando de personas con
discapacidad. Vuelvo a ellas. ¿Son ustedes, señorías, conscientes de que
para muchas personas con discapacidad la única posibilidad de satisfacer
sus necesidades sexuales, su derecho a la sexualidad es mediante...
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez, espere
un momento. Disculpe, de verdad. Bajen un poquito el volumen, señorías,
es difícil seguir así.

Muchas gracias. Continúe.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Con su
permiso, repito.

¿Son ustedes conscientes, señorías, de que para
muchas personas con discapacidad la única posibilidad de satisfacer sus
necesidades sexuales, de desarrollar su derecho a la sexualidad es
mediante personas que se prestan a ello a cambio de dinero? ¿Es esto
también merecedor de ser abolido? Y es que, señorías, todos los problemas
complejos tienen respuestas rápidas, sencillas y simples, casi siempre
equivocadas. Vamos a dar nuestro sí crítico a esta ley, recordándoles que
la lista de síes críticos por parte de los miembros de Izquierda
Confederal, tanto a los procedimientos como a los contenidos, es
demasiado larga, demasiado larga, señorías, no lo olviden.

Pilar, adelante Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.

Señora ministra, bienvenida a esta casa.
Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos y que espero que aprobemos
por una amplia mayoría en esta casa supone un importante avance en la
prevención, la atención y la necesaria protección de todas las víctimas
de violencia sexual. Es un avance imprescindible que pone el
consentimiento de las mujeres en el centro y que nos sitúa como un país
pionero en garantizar los derechos de las mujeres que, lamentablemente,
han sido víctimas de violencia sexual. Con esta ley pretendemos dejar
atrás esa etapa en la que se miraba con lupa y se juzgaba a las mujeres,
una actitud y unos prejuicios que, por desgracia, continúan muy presentes
y, como digo, cerramos filas con las víctimas. Es en ellas en las que
deben poner el foco para protegerlas, y no solo en el trauma causado por
la violencia, sino también en aquellos que seguían y siguen señalándolas
como responsables desde su atalaya de machismo e intolerancia. Nuestra
obligación como sociedad, y creo que esta ley cumple con esa función, es
ser firmes en la defensa de la libertad y de la plena capacidad de
decisión de todas las mujeres de este país de acabar con el miedo y la
inseguridad que sufren muchísimas mujeres, porque no podemos permitir que
haya jóvenes adolescentes que tengan miedo de ir solas de noche a coger
un medio de transporte, una guagua, un autobús, un taxi o a vestirse como
quieran o a hablar con quienes ellas quieran. Esto, señorías, no lo
podemos permitir.

Por eso, en la Agrupación Socialista Gomera
vamos a votar a favor de esta ley y seguiremos defendiendo los derechos y
las libertades de las mujeres y la férrea protección de aquellas que han
sufrido, sufren o siguen sufriendo, desgraciadamente, como digo, esta
violencia.

Y, acabo, señorías, Pilar, muchísimas gracias y
que viva Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra la señora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidente jauna.

Parece que hoy con este debate concluimos la
tramitación en esta Cámara de la Ley Orgánica de garantía integral de
libertad sexual, seguramente sin modificaciones; nuevamente una ley que
pasa por el Senado solo lo justo para cubrir el expediente. Lo han dicho
y criticado ya otros portavoces que me han precedido. Se aducen razones
de urgencia, la necesidad de disponer de una legislación en contra de las
violencias sexuales, motivos que podemos entender, pero en ningún caso
tiene que ver con la tramitación que se ha dado en esta Cámara, porque
estas urgencias no se han tenido en cuenta en el largo y costoso
recorrido de esta ley. Primero, el Gobierno y sus negociaciones internas;
luego, el complicado recorrido en el Congreso, en el que se cruzaban
debates y discusiones, y en el que, a veces, parecía que algunos grupos
parlamentarios, entre ellos, el mío, teníamos más intereses en que se
aprobara esta ley orgánica que el propio Gobierno. De hecho, todas y
todos conocemos que en un momento estas discusiones estuvieron a punto de
hacer que esta ley no se aprobara. Afortunadamente, se logró el acuerdo y
se aprobó en aquel trámite la ley. Dicho esto, a modo de crítica, expongo
ahora la posición de nuestro grupo frente a esta ley.

Abordamos una ley orgánica que con el título de
garantía integral de la libertad sexual legisla contra las violencias
sexuales. Una ley compleja que aborda no solo el aspecto punitivo, aunque
a veces lo parece, porque es la parte sobre la que ha pivotado toda la
información que de esta ley se ha trasladado, la modificación del Código
Penal. Pero esta ley abarca más ámbitos. Este proyecto de ley obedece a
una profunda pretensión de ampliar el marco normativo para acometer el
abordaje de las violencias sexuales; el impulso de acciones para eliminar
los estereotipos de género que la sustentan; la puesta en marcha de
recursos asistenciales adecuados para las víctimas y posibilitar el
desarrollo de políticas públicas eficaces. Un proyecto de ley con una
evidente intención de regulación integral y en el que se aprecia su
voluntad omnicomprensiva, con una profunda y pormenorizada declaración de
intenciones que pretende dar cumplimiento a las obligaciones globales en
materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes frente a las violencias sexuales. Una de esas
obligaciones globales es la de trasponer el Convenio de Estambul a la
normativa estatal y cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de
género, pero, desde luego —nuestro grupo así lo entiende—,
hay otra obligación igualmente importante, que ha funcionado como un
catalizador para que esta ley orgánica finalmente haya visto la luz, y es
la respuesta social masiva a las distintas resoluciones judiciales sobre
denuncias de agresiones sexuales que han puesto en cuestión y de forma
muy contundente la respuesta que se da a todas estas violencias
sexuales.

La sentencia que calificó como abuso sexual la
violación grupal de Sanfermines de 2016 fue la gota que colmó el vaso de
este cuestionamiento. Con un clamoroso rechazo social salimos a la calle
el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres. Esto no es lo
novedoso, lo que sorprendió fue que la ciudadanía, mayoritariamente las
mujeres, pero también muchos hombres ocuparon las calles con
movilizaciones multitudinarias al grito de «yo sí te creo; no es abuso,
es violación», para mostrar su indignación ante una sentencia que
socialmente se entendió injusta e intolerable, una sentencia que
cuestionaba el testimonio de la víctima y subestimaba la actuación de los
agresores. Por tanto, esta ley orgánica también es el resultado de ese
hartazgo y protesta y no porque se esté legislando en caliente. Para
quien lo piense o la haya podido pensar en algún momento bastaría con
decir que vamos tarde, el Estado ratificó el Convenio de Estambul
en 2014. Por tanto, dos aspectos: un compromiso con la ciudadanía, una
obligación de responder de forma distinta a las violencias sexuales, y
también los compromisos internacionales, que obligan a disponer de una
legislación homologable y adaptada a los acuerdos ratificados en relación
con las violencias machistas. A nuestro entender, con esta ley se da una
correcta respuesta a la necesidad ampliamente sentida de adecuar la
legislación, sobre todo la estatal, a la vigente sensibilidad social de
repudio a la violencia sexual.

Lo que debatimos hoy es un texto cuya finalidad
última es garantizar la respuesta adecuada, integral y coordinada que
proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas.
El texto sigue un esquema similar a la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, pero añade o resalta
aspectos que no se recogían o no se tenían en cuenta en esta ley, como
son la investigación, la obtención de datos, la formación y el derecho a
la reparación. Solo esperamos que su despliegue sea más efectivo que la
Ley 1/2004, a la que con el paso de los años hemos visto sus
limitaciones.

El proyecto de ley incluye modificaciones de
hasta dieciséis leyes y reales decretos. La más destacable es la
modificación del Código Penal. Cito algunas juristas feministas: «cambiar
la letra del Código Penal resulta a corto plazo más barato que poner en
marcha los recursos y servicios necesarios para proteger y reparar a las
víctimas». Resulta obvio decir que el Código Penal no tiene capacidad de
resolver problemas sociales. Si estas modificaciones no se acompañan con
el despliegue real de políticas de atención, protección, justicia y
reparación a las víctimas —para estas sí se necesitan
recursos—, solo con el Código Penal los efectos de esta ley serán
limitados.

Se modifica el artículo 178 del Código Penal,
que entendemos acertado, poniendo el consentimiento de la mujer en el
centro. De esta forma, todo acto sin consentimiento será considerado
agresión sexual. Se aborda también la cuestión de la desaparición de la
distinción jurídico-penal entre abuso y agresión sexual, en línea con el
artículo 36 del Convenio de Estambul, que, a nuestro entender, neutraliza
el problema simbólico que al margen de las penas impuestas acaba por
negar el delito de agresión en casos de abuso, confundiendo a la opinión
pública sobre la gravedad y trascendencia del reproche penal. El texto
recoge también el acoso callejero, las violencias cometidas en el ámbito
digital, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o la
inclusión como agravante en caso de sumisión química. Es una ley contra
la violencia sexual, a pesar del título, que habla de garantía de la
libertad sexual.

La psicóloga experta en violencia machista,
Norma Vázquez, escribía recientemente en un artículo: «la libertad sexual
va mucho más allá del consentimiento; la libertad sexual es la
construcción del deseo, la posibilidad de relacionarnos en igualdad, de
recibir educación sexual. La libertad sexual es un campo muy amplio, y la
violencia sexual es una parte que la coarta». Por tanto, la libertad
sexual es algo más que protegerse de la agresión, pero, desgraciadamente,
la realidad del día a día nos demuestra que todavía las mujeres estamos
lejos de la libertad sexual de la que hablamos en el título de este
proyecto de ley. Así, legislamos contra las violencias sexuales con la
vista puesta en el objetivo de la libertad de todas las mujeres, y esto
no se consigue solo desde lo punitivo; es necesario, pero no es
suficiente. Por eso, el proyecto habla del Código Penal pero también de
medidas de prevención y sensibilización en ámbitos que van desde la
educación hasta los partidos políticos y organizaciones sociales, pasando
por el ámbito sanitario, servicios sociales, comunicación, el ámbito
laboral, residencial o el espacio público. Habla también de la detección
o la formación, del derecho a la asistencia integral especializada, del
acceso a la justicia o del derecho a la reparación. Es importante incidir
en la formación de todas las profesionales que atiendan a las víctimas de
violencia sexuales para garantizar que la atención integral que se
pretende dar sea la adecuada a sus necesidades, porque sin esta
formación, con una atención deficiente, provocamos justo lo que
pretendemos evitar: la revictimización de estas mujeres.






Por eso, son
importantes las leyes: amplían los derechos de las mujeres, tienen mucho
poder en cuanto que crean significados y realidades, y nos dicen lo que
como sociedad estamos dispuestas a admitir y dónde ponemos los límites,
porque las leyes son o deben ser herramientas de transformación
social.

Por eso, en mi intervención quería poner el
foco más allá de lo que he comentado de las modificaciones del Código
Penal y recordarles —vuelvo al principio— las protestas
masivas que comentaba. Las protestas no exigían el aumento de las penas y
los castigos; se centraban en acabar con la impunidad de los agresores,
se centraban en sumar derechos a las víctimas y se centraban en el apoyo
a las víctimas; de eso, también hablamos en este proyecto de ley. Porque
no podemos poner el foco en los procedimientos judiciales ni en el Código
Penal, tenemos que recordar que la mayor parte de las mujeres no se
sienten acogidas y cómodas en los procesos judiciales. El sistema penal
carece de momentos procesales, de un lenguaje que permita a las víctimas
explicar sus vivencias y el sufrimiento experimentado. Tenemos un Código
Penal que es aplicado además por jueces y juezas que sentencian desde su
esquema cognitivo e ideológico, y por eso es importante que existan
juzgados especializados cuyos jueces y fiscales tengan la formación
especializada en igualdad entre mujeres y hombres, formación integral
contra las violencias sexistas desde una perspectiva interseccional, y
también es necesario garantizar el acceso a los servicios de atención a
las víctimas.

Por todo lo comentado, nuestro grupo ha querido
ser partícipe de esta ley desde el principio. La consideramos necesaria y
con un mensaje claro a la sociedad. En el trámite hemos acordado
distintas enmiendas y una salvaguarda competencial básica y fundamental
para este grupo que facilitará y ordenará la tarea de cooperación y
colaboración de las distintas administraciones, cada una desde sus
ámbitos competenciales para el despliegue de todos los recursos de
atención, protección, justicia y reparación que nos correspondan, porque
con esta ley buscamos también la reparación de las mujeres que han sido
víctimas de violencias sexuales. Queremos mostrar nuestro apoyo a todas
las mujeres que sufren o han sufrido agresiones sexuales y que, denuncien
o no, tengan acceso a los recursos. Con esta ley el mensaje que queremos
dar a todas las víctimas y supervivientes es que las creemos, que
trabajaremos para que estos delitos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora ETXANO VARELA: Termino
enseguida.

… y esta conculcación de sus derechos
humanos salgan de los espacios de impunidad y no tengan lugar en nuestra
sociedad.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Etxano
Varela andrea.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría la senadora Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.

Detenido un joven de 19 años acusado de violar
a una menor en Lloret. Dos hombres intentan violar a una chica en
L’Hospitalet. Denuncian una nueva agresión sexual en una discoteca
en Sabadell. Detenidos 6 jóvenes acusados de una violación en grupo en
Barcelona. Son algunos de los titulares de los últimos 15 días en
Cataluña. Las violencias sexuales son una violencia estructural, una
grave vulneración de los derechos humanos, y están en el epicentro del
patriarcado. Las violencias machistas son un impedimento para que las
mujeres podamos lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.
Son, además, el principal problema de seguridad pública en este país. Por
todo ello, tenemos la obligación de hacer todo cuanto esté en nuestra
mano para erradicar esta lacra, porque nos queremos vivas, libres y sin
miedo. No podemos tolerar que en nuestra sociedad más de la mitad de la
población, las mujeres, viva sin el derecho a caminar sin miedo. No
podemos admitir que hayamos normalizado el avísame cuando llegues, el
caminar deprisa y con las llaves en la mano; no podemos normalizar la
angustia que sentimos hasta llegar al portal. Queremos ser libres, no
valientes.

Nos debe hacer reflexionar, pero sobre todo nos
debe hacer actuar, que casi tres millones de niñas y mujeres en el Estado
español hayan sufrido violencia en algún momento de su vida. Las mujeres
tenemos el derecho a vivir una vida sin agresiones, y las
administraciones públicas tienen la obligación de llevar a cabo políticas
públicas de prevención, sensibilización, detección y abordaje de las
violencias sexuales. La aprobación de esta ley supondrá el reconocimiento
del derecho a la asistencia integral especializada y accesible y también
del derecho a la información y, algo muy importante, del derecho a la
reparación, que sitúa a las mujeres y sus necesidades en el centro.

En Esquerra Republicana hemos trabajado para
que este sea uno de los pilares que orientan esta ley: poner a las
víctimas y supervivientes y sus necesidades en el centro. La reparación
es imprescindible para el restablecimiento de todos los ámbitos dañados
por la situación vivida, garantizando el acompañamiento y el
asesoramiento que sea necesario, y eso implica movilizar recursos y
centrarse en las medidas jurídicas, económicas, sociales, laborales,
sanitarias y educativas, entre otras. Debemos dejar atrás las prácticas
que humillan a las mujeres, que las revictimizan, que ponen en duda
nuestra palabra, que ignoran nuestros deseos y nuestras decisiones, que
cuestionan qué ropa llevaba y que preguntan si cerró bien las piernas.
Los últimos casos, como el de La Manada, han generado un fuerte rechazo
social respecto al tratamiento de las violencias sexuales por parte de la
justicia. El sistema judicial sigue siendo androcéntrico y revictimiza a
las mujeres, poniendo en duda su palabra. Se estima que solo un 21 % de
las mujeres que sufren alguna forma de violencia por parte de sus parejas
lo denuncia, y más de la mitad que las denunciaron declaran que la
policía mostró escaso interés y que hizo poco por resolver su caso.

Es imprescindible que dejemos de poner la
responsabilidad sobre la víctima y es necesario que la situemos allí
donde es debido, en el agresor, y por eso es relevante poner en el centro
el consentimiento, como establece el Convenio de Estambul.

La ley catalana contra las violencias machistas
define que el consentimiento sexual debe hacerse desde la libertad, debe
mantenerse vigente durante toda la práctica sexual y estar acotado a una
o varias personas, a unas determinadas prácticas sexuales y a unas
determinadas medidas de precaución. Esto último es clave y se conoce como
stealthing. Retirar el preservativo secretamente también rompe las
condiciones del consentimiento, también es violencia sexual.

Cataluña tiene un marco amplio de abordaje de
las violencias machistas en desarrollo de las políticas de igualdad, que
son competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Por eso vamos a
cuadruplicar los fondos que la Generalitat concede a las entidades
locales para los recursos de emergencia para las víctimas de violencias
machistas. Estamos trabajando para hacer efectivo el cambio de modelo que
sitúe a las mujeres en el centro, con el refuerzo de los servicios de
atención, la preparación de un plan nacional de prevención, que pondrá el
foco en las violencias sexuales y que se centrará en el trabajo con los
hombres, entre otras medidas. Y también sabemos —estamos
convencidas— que el cambio no debe ser solo normativo. El cambio
tiene que ser también cultural. Las violencias sexuales han sido siempre
estigmatizadas. Han sido ignoradas, ocultadas, minimizadas e incluso han
sido justificadas. Por eso, solo con el apoyo social, solo con el apoyo
institucional, con todos los recursos necesarios, eliminaremos las
barreras que impiden a las mujeres ejercer libremente todos sus derechos.
La prevención de las violencias sexuales pasa obligatoriamente por un
trabajo específico en las escuelas. Por eso la educación emocional y
sexual es vital para un futuro mejor para todas.

En un momento como el actual, donde los
derechos de las mujeres siguen siendo cuestionados, día tras día, por
parte de la derecha y de la ultraderecha, también a nivel internacional,
tenemos el deber, como representantes públicas, de garantizar que se
legisla para seguir avanzando en materia de derechos de las mujeres.
Tenemos el deber de dar respuestas rápidas. Y es verdad —hay que
reconocerlo— que con esta ley ya se perdió demasiado tiempo por las
desavenencias en el Gobierno. Unas desavenencias que estuvieron a punto
de cargarse la ley, con la inclusión de cuestiones como la tercería
locativa, que nada tenían que ver con el objeto de esta norma. En
Esquerra Republicana estamos satisfechas de haber contribuido a la
tramitación ágil de esta norma. Estamos satisfechas de haber logrado la
exclusión de la tercería locativa, que hubiera condenado a muchas mujeres
a la precariedad.

Señoras y señores del Gobierno, deben ser más
valientes, más ágiles, cuando se trata de defender los derechos de las
mujeres. Y, señora ministra, necesitamos un marco legal que reconozca
todas las violencias machistas que vivimos las mujeres, en consonancia y
en cumplimiento del Convenio de Estambul. Y sabemos que para eso hace
falta también mucha valentía por parte de todos los miembros del
Gobierno. En Cataluña tenemos la ley contra las violencias machistas más
avanzada del Estado, en plena sintonía y actualizada, según el Convenio
de Estambul. Además, estamos también esperando en el Senado, en esta
Cámara, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, para dar pleno
reconocimiento a los derechos de las trabajadoras del hogar. También esta
Cámara debe ser ágil en la garantía y la defensa de los derechos de las
mujeres. Seguimos a la espera de una norma que, efectivamente, acabe con
la discriminación contra las trabajadoras del hogar.

Nos queremos vivas, nos queremos libres y nos
queremos con derechos. Y nuestro objetivo es trabajar aquí y en todas
partes para que todas las mujeres lo vivan así.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría la senadora Pedrosa Roldán.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, señor
presidente.

Empezábamos esta mañana dándoles los buenos
días y ahora les doy las buenas tardes.

La ley de libertad sexual —y, si me lo
permiten, voy a intentar desgranarlo lo más rápido posible dentro del
tiempo que tenemos establecido— en el preámbulo habla de las
consecuencias físicas, fisiológicas y emocionales de las violencias
sexuales, que pueden afectar gravemente o impedir la realización de un
proyecto vital, personal, a las mujeres y a las niñas que pueden verse
sometidas a las relaciones de poder que sustentan este tipo de
violencias. En el caso de los niños las violencias sexuales también son
fruto de relaciones de poder determinadas por el orden patriarcal, tanto
en el ámbito familiar como en otros ámbitos de tutela adulta. Si bien,
dice el preámbulo, la protección genérica de la infancia y la
adolescencia frente a los diferentes tipos de violencia viene establecida
también en otras normas. Resulta imprescindible complementar mediante
esta ley con medidas específicas para garantizar la protección de las
niñas y niños menores frente a las violencias sexuales. Ustedes son una
pura contradicción, señora ministra. Hay que tener cuajo para introducir
esto en una ley, cuando su partido ha estado en contra de la
investigación, tanto en Baleares como en Valencia, por abusos a menores.
Hay que tener cuajo para meterlo.

Quisiera también preguntarles qué medidas se
han impulsado en la Ley integral de los niños. Si han puesto ustedes en
marcha los juzgados de niños. Que ya sé que no, porque no hacen nada.
Tenían que hacerlo en junio, estamos en julio, nos vamos de vacaciones y
no han hecho nada ni lo van a hacer. El artículo 6 de la ley dice que las
administraciones públicas competentes en materia de investigación
fomentarán la investigación relativa a las violencias sexuales. ¿Y ahora
qué van a hacer en Baleares? Dígame, ¿van a revisar los protocolos? ¿Van
a investigar los abusos sexuales a menores? (Asentimiento de la señora
ministra de Igualdad, Montero Gil). Ah, ¿está hecho el protocolo? ¿Se
está investigando? ¿O van a investigar a partir de ahora, a partir de que
se apruebe esta ley? ¿Sabremos algún día lo que sucedió? (Asentimiento de
la señora ministra de Igualdad, Montero Gil). Seguro que seguirán
negándose a que se esclarezcan todos estos casos. Y esta ley, al final,
no habrá servido para nada.

El artículo 7, también en el apartado 1, el
sistema educativo español, dice que incluirá dentro de sus principios de
calidad la integración de contenidos basados en la coeducación y en
pedagogía feminista sobre educación sexual e igualdad de género y
educación afectivo-sexual para el alumnado. ¿Me pueden explicar si ya
tienen también los argumentarios preparados? ¿Me pueden decir quién los
va a realizar? ¿Van a ser los profesionales docentes? ¿Conocen estos
profesionales lo que dice esta ley? ¿Va a haber formación para esos
docentes? (Asentimiento de la señora ministra de Igualdad, Montero Gil).
¿Sí? Pues me hubiera gustado que lo hubieran explicado también en esta
ley y cómo lo van a hacer. ¿Han hablado con ellos y existe consenso,
señora ministra? Me temo que no, porque todo lo que hacen es que no.

El artículo 16 habla de los espacios públicos
seguros. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas
apoyarán a las entidades locales para que desarrollen políticas
urbanísticas y de seguridad con enfoque de género, que garanticen
—ojo al dato— que los espacios públicos de los municipios
sean seguros y accesibles para todas las mujeres, las niñas, y los niños.
¿Me lo pueden explicar? Yo pensaba que los espacios públicos deberían ser
seguros para hombres, mujeres, niños, abuelitos y abuelitas. Para todo el
mundo en general. Ustedes siempre se dejan una parte fuera.

El artículo 17 también habla de que los
partidos políticos y las organizaciones sociales constituidas legalmente,
deben tener un protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia
machista. Se debe informar del mismo y se realizarán acciones para
sensibilizar a sus miembros. Dicen que periódicamente van a evaluar y se
revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos
establecidos también en otro protocolo. ¿Me puede decir quién va a
revisar este funcionamiento? ¿Quién va a hacer el protocolo? ¿O también
está hecho ya, señora ministra? ¿Qué acciones se van a realizar para
sensibilizar a los miembros de estos colectivos? Y le pregunto al Grupo
Socialista si también tiene hecho el protocolo, como dice esta ley.

El artículo 57 habla de la reparación simbólica
para las víctimas de violencias sexuales, que incluirá por parte de los
poderes públicos el reconocimiento de la violencia y declaraciones
institucionales que restablezcan la dignidad y reputación de las víctimas
desde un enfoque reparador, integral y transformador. Es decir, que
ustedes quieren reparar a las víctimas con declaraciones institucionales.
Cuando menos, es curioso, señora ministra.

Señorías, es una ley que compromete la
presunción de inocencia. Una ley que el Ministerio de Igualdad y, más en
concreto, su ministra, está inyectando a todos los españoles con el
beneplácito del Partido Socialista.mEsta es una reforma basada en un
panfleto electoral de Podemos, que no responde nada más que a la
ideología de una ministra empeñada en romper la igualdad de
oportunidades. En las negociaciones que han tenido los dos partidos que
forman el Gobierno, Podemos y Partido Socialista, han conseguido hacer
una ley que modifica la seguridad jurídica sobre cómo tratar la violencia
sexual. Esa no es la ley que nos gustaría. Es un alegato a las políticas,
como he dicho, que Podemos tiene en su mente, pero que dista, señorías,
de la realidad. La indefensión con la que se va a encontrar un ciudadano
ante el abuso de poder de la ministra Montero no tiene límites. Esto es
la ministra contra todos los ciudadanos y esto, señorías, no es
democrático, es un auténtico disparate. En la libertad sexual no se
pueden permitir bromas, hay que legislar para todos los ciudadanos y no
solo para una parte, pero ustedes siempre están empeñados en legislar
solo para una parte. El Partido Popular avanzó muchísimo en políticas de
igualdad y violencia sexual, se trabajó el pacto de Estado; se trabajó
para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y para
defender sus derechos y libertades; se elaboró una ley para atajar la
violencia sexual. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdóneme. Guarden
silencio, señorías, por favor. Puede continuar.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Como decía, se
trabajó para defender sus derechos y libertades, se elaboró una ley para
atajar la violencia sexual, que era una demanda del pacto de Estado;
negociamos con todos los grupos políticos y hubo consenso para su
aprobación, excepto ustedes. ¿No es verdad, señora ministra? ¿Aprobaron
ustedes el pacto de Estado? (Denegaciones de la señora ministra de
Igualdad, Montero Gil). No me diga que no. Ustedes rechazaron cualquier
tipo de avance y hoy es el ministerio el que nos trae esta ley; ley
ambigua y sin argumentos, que lo único que pretende es defender los
intereses de su partido. Nosotros, el Partido Popular, ¿sabe lo que
queremos defender? Los intereses de los españoles y hacer buenas leyes.
Esta ley compromete gravemente la presunción de inocencia —lo hemos
dicho ya en las anteriores intervenciones, tanto mi compañero como
yo—, incluye la exigencia de que el consentimiento expreso de la
mujer sea clave para juzgar los delitos sexuales, así como suprimir las
diferencias que hasta la fecha se daban entre delito por abuso y agresión
sexual, incluyendo también los llamados centros anticrisis 24 horas para
atender a las víctimas. Por cierto, también me gustaría que me dijeran
cuántos centros anticrisis está previsto abrir en todo el territorio
nacional, qué personal los van a componer y qué cantidad económica se va
a gastar el Gobierno de España en abrir estos centros anticrisis. Nuestra
Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a la presunción
de inocencia, sin excepciones; ustedes, con su ley, lo que hacen es
retorcer la Constitución. Complican mucho más el tema y siguen enredando,
que es lo que se les da a ustedes muy bien. (La señora ministra de
Igualdad, Montero Gil, pronuncia palabras que no se perciben). No sé lo
que me dice, señora ministra. Sé que a lo mejor no está a gusto
escuchando al Partido Popular, pero yo tengo derecho a poder expresarme
como lo tiene usted y creo que me tiene que respetar también. Esta ley
permite que siempre se crea a una parte, como he dicho, sin ningún tipo
de dudas y sin pruebas, creando indefensión a la otra. Han entrado
ustedes en un terreno peligroso, han puesto negro sobre blanco al aprobar
una ley donde el consentimiento pone en riesgo e invierte la carga de la
presunción de inocencia. (Denegaciones de la señora ministra de Igualdad,
Montero Gil). Sí, señora ministra, así es. Teniendo siempre que demostrar
que ha habido consentimiento y han articulado los mecanismos necesarios
para que los límites del consentimiento sean aún mucho más complicados de
lo que lo eran. Sí, señora ministra, sí. Ustedes, con la modificación del
Código Penal que plantean, están creando y van a generar muchos problemas
de seguridad jurídica. ¿Cómo se va a demostrar ante un tribunal la
culpabilidad del denunciado? ¿Cómo se va a demostrar la voluntad expresa
de participar en el acto? Lo negativo es cómo se ha gestado y gestionado
esta norma. Esta norma, señorías, hubiera requerido más altura de miras,
que hasta ahora parece ser que no las ha tenido. A la portavoz del Grupo
Socialista le pido que aproveche la oportunidad que tiene ahora en su
turno de intervención para contestarme a cada una de las preguntas si lo
considera oportuno o, si no, ya me las contestará personalmente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Termino,
señorías.

Señora portavoz del Grupo Socialista, como sé
que en su intervención, como hace siempre, me achaca que yo no defiendo a
las mujeres, tengo que decirle que yo las defiendo igual o más que usted.
Ya no sé dónde ponerlas, si un poquito más después de lo que pasó ayer
con ustedes…

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Seguramente yo las
defiendo un poquito más. ¿Sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo sí
creo en la igualdad de oportunidades y ustedes no.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría, la senadora Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Buenas tardes a
todas y a todos. Bienvenida, señora ministra. También quería dedicarle
unas palabras a Pilar. Muchas gracias, Pilar, por todo tu trabajo y por
el tiempo que he coincidido contigo; nos veremos en el sur, estoy
segura.

Vemos hoy en el Senado una ley que la sociedad
lleva reclamando mucho tiempo, una ley que esperemos venga a subsanar una
de las más grandes miserias del ser humano: las violencias sexuales
contra las mujeres. Hoy hemos visto, hemos escuchado cómo el más rancio
patriarcado quiere hacer ver —como muy bien dice mi compañero
Txema— que en cualquier otro delito de resultado no haya que probar
si me he dejado o no robar, si me he dejado o no agredir en una pelea con
lesiones o si he sido o no consentidor en que intenten matarme, pero aquí
sí tengo que probar que no he consentido la agresión sexual. ¿Por qué?
Porque somos mujeres y niñas. (Aplausos). Somos mujeres y niñas casi el
total de las agredidas sexualmente y porque a las mujeres y a las niñas
se las ha agredido sexualmente y con total impunidad desde el inicio de
la humanidad. Se las ha agredido y se las agrede y viola sistemáticamente
en las guerras, en los conflictos bélicos, y se las casa en muchas
culturas con 9 años, y se las mutila genitalmente, y se las prostituye
por su propia familia, y, además, sin derechos y sin miramientos. Eso es
lo que les sucede a las mujeres, señores del PP y señores de Vox.
(Aplausos). Por eso, el Grupo Socialista apoya esta ley desde el primer
día. Señora ministra, le agradecemos su trabajo y empeño para que hoy se
pueda aprobar en el Senado, aunque ya sabe, y se lo tengo que decir, que
faltaría haber incluido lo que para nosotras es la agresión sexual más
antigua del mundo: la esclavitud sexual, la prostitución que sufren
muchas mujeres en nuestro país. Pero seguiremos trabajando para
convencerla a usted y a la sociedad de lo que nosotras estamos muy
convencidas tras un profundo debate en nuestro partido.

La agresión sexual es cualquier ataque,
tocamiento o contacto sexual no deseado, y eso es lo que regula esta ley.
Hoy, los partidos más conservadores y la ultraderecha quieren decirnos
que hay que seguir como estamos, que todo está en la Constitución y en el
Código Penal. Pues no, señores del PP y de Vox, si se agrede, se agrede,
y nada tiene que ver aquí el consentimiento porque nunca lo hay; nunca
hay consentimiento en una agresión sexual, y tanto en el abuso como en la
agresión sexual más profunda hay violencia e intimidación desde el
momento en el que la mujer no hace lo que quiere con su cuerpo, eso es ya
un no y el mínimo intento de violentar esa decisión es agresión sexual,
les guste a ustedes o no. Esto es lo que dicen la sociedad, y las
mujeres, y las madres, y los padres, y los hombres, y también el Convenio
de Estambul, al que estamos sometido como país y que a los señores del
Partido Popular parece que no les interesa ni les importa (Aplausos),
porque cuando ustedes han gobernado, tan bien como hacen ustedes las
leyes, no lo han incorporado a nuestro ordenamiento.

Estamos ante una ley que no elimina solamente
la distinción entre abuso y agresión, es que se han centrado ustedes en
eso y en la presunción de inocencia, sino que dice muchas más cosas,
muchas más cosas, que son muy interesantes e importantes. Mírenlas y
estúdienlas. Establece la realización de estudios e investigaciones
contra las violencias sexuales; establece la prevención. Nosotros creemos
en la prevención, sí, señora Pedrosa, yo no le voy a decir a usted si
cree usted en la igualdad o no, no se lo voy a decir, lo que sí le voy a
decir es que podían ustedes haber apoyado de otra manera y no presentar
vetos solamente en las leyes de las mujeres, solo en esas. (Aplausos).
Prevención y sensibilización en la escuela, en el ámbito sanitario, en
los servicios sociales, en el ámbito digital y en la comunicación, en el
ámbito laboral, en la Administración pública, en el ámbito castrense, en
los partidos políticos y en las organizaciones sociales. En todos esos
sitios hay agresiones sexuales y hay que prevenirlas. Recoge un sistema
de detección de las violencias sexuales en los ámbitos educativo y
sanitario y también en el de los servicios sociales. Recoge también la
detección de la mutilación genital femenina, de la trata con fines de
explotación sexual y del matrimonio forzado como forma de violencia
contra las mujeres y las niñas. Recoge formación y especialización
profesional a todos los profesionales que tratan a estas mujeres:
sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales,
abogacía, forenses y también al sistema penitenciario. Recoge una
asistencia integral, especializada y accesible a la víctima, que es a la
que debemos proteger; no al agresor, señores del PP y Vox, a las mujeres,
a las víctimas, a las niñas, no al agresor. (Aplausos). Atención jurídica
a todas las mujeres, también a las inmigrantes en situación irregular,
con justicia gratuita, con programas de apoyo laboral, con una policía
formada, con acompañamiento judicial, y muy importante —quizás lo
más importante desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Socialista—, un derecho de reparación a las víctimas, se lo
merecen, se merecen que se repare su dolor. No entiendo —y esto sí
que se lo voy a decir hoy, señora Pedrosa— qué es lo que no les
gusta de esta ley. ¿Qué tienen estas víctimas para que ustedes no se
erijan en sus defensores? ¡Aaah!, que son mujeres y niñas; ese es el
único motivo que les hace presentar hoy un veto. (Aplausos).

Me dirijo ahora al resto de compañeras de los
demás grupos parlamentarios y, por supuesto y principalmente, al mío.
Otra lucha más para el resto, sin apoyo de la ultraderecha, y, lo que es
peor, del principal partido de la oposición que aspira a gobernarnos. Se
quedan de nuevo solos con la ultraderecha; solos con la ultraderecha.
Háganselo pensar. (Aplausos). Ya está bien de tener miedo a salir, a que
nos echen droga en las bebidas para agredirnos sexualmente, a salir con
miedo en las fiestas de nuestros pueblos… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señoría, espere un
momento, por favor.

Señorías, les ruego a todos y a todas que
guarden silencio para que podamos concluir este debate como merece.
Muchas gracias.

Puede continuar, señoría.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: A que nos echen
droga en las bebidas para agredirnos sexualmente, a salir con miedo en
las fiestas de nuestros pueblos por ser mujeres, a que nos obliguen a
prostituirnos, a casarnos siendo unas niñas, a mutilarnos genitalmente
para que no tengamos placer. ¿Eso qué es, señores del PP y de Vox, abuso
o agresión? Para nosotros está claro, es agresión. No queremos manadas ni
para nosotras ni para nuestras hijas. La sociedad debe cambiar, pero no
solo con penas, sino con actitud, con educación y con formación a
profesionales y sobre todo con apoyo a las víctimas y reparación. Eso es
lo que esta ley dice y es por lo que el Grupo Socialista la apoyará. Hoy
me recordaba una compañera que casualmente el 19 de julio se conmemora la
primera Convención sobre los Derechos de la Mujer de Seneca Falls, en
Estados Unidos; es un día muy importante para todas las mujeres. Quiero
agradecer a mis compañeras del Congreso su defensa y su actitud para
poder sacar esta ley; gracias, Laura, Graci y también Andrea. Las últimas
palabras van a ser para las víctimas, esas mujeres que a lo largo de la
historia han sufrido una vida llena de violencias sexuales dentro de sus
propias familias, en sus matrimonios, en sus trabajos, calladas, porque
no podían denunciar, porque la sociedad no las creía ni las apoyaba. A
ellas les debemos avanzar para que ninguna mujer ni ninguna niña tenga
que sufrir nunca el miedo, para que podamos vivir tranquilas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Roldán Martínez.

Señorías, para cerrar el debate, tiene la
palabra la señora ministra de Igualdad del Gobierno de España.
(Rumores).

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil):
Muchísimas gracias, presidente.

Buenas tardes ya, senadoras, senadores. Para mí
es un honor tomar brevemente la palabra ante ustedes el día que las
Cortes Generales van a aprobar definitivamente la Ley Orgánica de
garantía integral de la libertad sexual. El movimiento feminista nos dio
un mandato muy claro a este Gobierno de coalición: convertir el «solo sí
es sí», el «hermana, yo sí te creo», el «no es abuso, es violación», en
una ley que fuese capaz de proteger eficazmente a todas las mujeres
frente a las violencias que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Por
eso, quiero comenzar agradeciendo a todas las mujeres que desde las
calles, desde las plazas de sus pueblos, de sus barrios, de sus ciudades,
han hecho posible que hoy estemos aquí. Sin duda, el movimiento feminista
es lo mejor que tiene este país, el movimiento feminista es lo mejor que
tiene España. (Aplausos).

Quiero agradecerles también a sus señorías, a
las senadoras y senadores de esta Cámara, su trabajo y su voluntad de
consenso, que me consta que ha existido para poder aprobar hoy
definitivamente esta ley en un momento, como saben, en el que siempre hay
un repunte de la violencia de género y también de las agresiones y de las
violencias sexuales.






Hoy vamos a dar un paso decisivo para responder a
una deuda histórica que el Estado, las instituciones tenemos con Nagore y
con su familia, con su madre, con las jóvenes de Alcàsser, con la víctima
de la manada de Pamplona y también de la manada de Manresa, con Laura
Luelmo, con todas las mujeres que en estas mismas fiestas de los
sanfermines han sido agredidas sexualmente; con todas las mujeres. Una de
cada dos mujeres, no lo olviden, señorías, una de cada dos mujeres en
nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia machista y hasta ahora no
recibía la respuesta adecuada por parte del Estado. Lo hacemos también,
como se ha recordado en este hemiciclo hoy, en cumplimiento del Pacto de
Estado contra la violencia de género, que las Cortes Generales aprobaron
en el año 2017, que nos pedía, nos mandataba legislar para erradicar
todas las violencias sexuales y para proteger de manera eficaz a las
víctimas y a las supervivientes. Quiero en este punto hacer un
recordatorio, no tanto a sus señorías, sino sobre todo a todas las
mujeres y a todos los hombres que, escuchando a los negacionistas de la
violencia contra las mujeres y escuchando a quienes se van a oponer hoy a
la aprobación de esta ley en esta Cámara, puedan dudar de la capacidad de
esta ley de proteger de forma eficaz a las víctimas. Todas las leyes y
las políticas públicas que han servido de forma eficaz, en palabras del
presidente Zapatero, como un poderoso instrumento para derrotar al
machismo criminal han recibido el cuestionamiento de los reaccionarios y
de los negacionistas de esa violencia, todas. (Aplausos). De hecho, con
la aprobación de la Ley 1/2004, contra la violencia de género, se
opusieron a que existieran juzgados especializados; negaban la existencia
misma de la violencia contra la mujer. Llegaron a decir: no es una buena
ley; si sale así, no habrá un avance en la lucha contra la violencia
contra las mujeres.

Quiero mandar un mensaje contundente a todas
las mujeres de este país, un recordatorio: siempre los reaccionarios y
los negacionistas se han opuesto al avance de los derechos de las
mujeres. Y no somos autocomplacientes, pero con esta ley damos un paso
verdaderamente decisivo para combatir las violencias sexuales, para
proteger de forma eficaz a las mujeres víctimas y supervivientes de
violencia sexuales y para garantizar su reparación, que es la obligación
que tiene el Estado español con todas esas mujeres. Esta ley, de hecho,
nos coloca de nuevo, igual que lo hizo la Ley 1/2004, a la vanguardia
internacional en la lucha contra las violencias machistas y en la
garantía de una vida libre de violencias para todas las mujeres, también
para las que están en situación administrativa irregular, también para
las migrantes, también para las que siempre han estado en los márgenes de
las políticas públicas.

Y, como les decía, no somos autocomplacientes,
sabemos que nos queda mucho camino por recorrer hasta erradicar todas las
violencias machistas y para dejar atrás una cultura de la violación que
todavía existe en nuestro país y poder construir una cultura sexual que
ponga, como hace esta ley, el consentimiento en el centro; definición de
consentimiento, por cierto, señorías, que nace de la definición del
propio Convenio de Estambul.

Hoy, a pesar de saber que queda mucho camino
por delante, damos un paso decisivo para la prevención con educación
sexual, con formación para los profesionales y las profesionales de
nuestro país, para la detección precoz, para la atención integral
especializada y también para la reparación de las víctimas, y sí,
señorías, sin necesidad de poner denuncia, en cumplimiento de los
derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres no tienen obligación
de poner denuncia para recibir del Estado el apoyo y los derechos a los
que tienen, valga la redundancia, derecho por el hecho de ser mujeres que
han sido víctimas de una agresión sexual. El mensaje para todas las
mujeres de nuestro país es claro: vuestra libertad sexual es una
prioridad para el Gobierno y también para las Cortes Generales en nuestro
país. Hoy, las Cortes Generales, igual que el Gobierno de coalición,
decimos con claridad: «solo sí es sí» y «hermana, yo sí te creo». Y,
precisamente por eso, desde hoy, las violaciones, las agresiones
sexuales, el acoso sexual en el centro de trabajo o en la vía pública, la
trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual serán
vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres; serán
violencias machistas y, por tanto, todas sus víctimas, también las de
trata con fines de explotación sexual y las de explotación sexual,
tendrán derecho a acceder a todos los mecanismos de detección precoz, de
atención integral y de reparación que esta ley les reconoce. Hoy, por
tanto, decimos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras
de trabajo que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que
nuestro pasado.

Gracias, por tanto —y concluyo ya,
presidente—, a la mayoría feminista, tanto del Congreso como del
Senado, por hacer posible la tramitación y la aprobación de esta ley.
Gracias a todas las mujeres que han salido a las calles, que han tendido
la mano desde las asociaciones feministas —que hoy los
reaccionarios y los negacionistas criminalizan llamándolas
chiringuitos— y que han sido la única mano tendida, cuando el
Estado no estaba ahí cumpliendo sus obligaciones, que han tenido muchas
mujeres para salir de las situaciones de violencia. (Aplausos). Gracias
al movimiento feminista, porque gracias a todas vosotras el «solo sí es
sí» es hoy un mandato para el Estado. Nos queremos vivas y que viva la
lucha de las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
ministra de Igualdad.

Señorías, se abre el plazo de una hora para
emitir el voto telemático de los senadores y senadoras autorizados para
este Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual,
desde este momento, en que son las tres y veinticuatro, hasta las cuatro
y veinticuatro de la tarde de hoy.

Asimismo, les recuerdo que la votación
presencial de este proyecto de ley tendrá lugar una vez finalizado este
plazo.

El señor PRESIDENTE: Ruego llamen a votación.
(Pausa).

Cierren, por favor, las puertas. Muchas
gracias.

Señorías, procedemos a la votación de la
autorización para la tramitación en lectura única de la Proposición de
Ley Orgánica de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 255; a favor, 144; en contra, 106;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
aprobada la autorización para la tramitación en lectura única de la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 570 bis
y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Aplausos).

Muchas gracias, señorías.

El señor presidente lee el punto 3.2.2.—
Rumores.

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que
abandonen en silencio el hemiciclo para poder continuar con el debate del
siguiente asunto del orden del día. (Pausa). Muchas gracias, señorías,
muy amables.

Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades, su señoría el senador De Lucas Martín. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, vayan acomodándose, por favor, para que podamos comenzar.

Senador, tiene la palabra.

El señor DE LUCAS MARTÍN: Gracias,
presidenta.

Señorías, este año 2022, como saben todos
ustedes, fue declarado oficialmente por el Gobierno Año de Investigación
Ramón y Cajal. Se cumplen ciento setenta años de su nacimiento y cien de
su jubilación como profesor. Es un buen marco para debatir el Proyecto de
Ley por el que se modifica la Ley 14/2001, de 1 de junio, de la ciencia,
la tecnología y la innovación.

Antes de nada, creo que es de justicia
agradecer el trabajo a todos los miembros de la ponencia y de la
comisión, a los servicios de la Cámara y, en particular, al señor letrado
de la comisión.

El proyecto, que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en la Cámara el día 1 de julio
de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y
enmiendas terminó el día 7 de julio de 2022 y se presentaron 141
enmiendas. El Gobierno, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134.6
de la Constitución y 151 del Reglamento de esta Cámara, manifestó su
disconformidad con la tramitación de las enmiendas
números 1, 3, 5, 34, 35, 43, 44, 51, 78, 124, 127, 137, 139 y 140. La
ponencia ha estado integrada por los senadores Alarcó Hernández, Argüeso
Torres, Castellví Auví, Fernández Álvarez, Latorre Ruiz, Peral Díez,
Ponce Gallardo, Reniu Vilamala, Sanz Vitorio, Vidal Matas y Zubeldia
Santoyo. Tras reunirse la ponencia el 12 de julio de 2022, emitió su
informe, en el que acordó por mayoría no introducir enmiendas en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, acordó por
unanimidad, en relación con diversos errores de índole técnica,
terminológica y gramatical detectados en el texto y a la vista de la nota
del letrado, efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la
naturaleza de enmienda a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2
de la Constitución. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 14
de julio y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la
ponencia en su informe, que no introduce modificaciones en el remitido
por el Congreso de los Diputados.

A ese dictamen se han presentado 7 votos
particulares de los senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y
Merelo Palomares; de los senadores Sánchez López y Muñoz Lagares; de los
senadores Castellví Auví y Cleries i Gonzàlez; del senador Gómez
Perpinyà; del Grupo Vasco en el Senado; del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu y del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Señorías, he evocado el año Cajal. En estos
días he aprovechado para leer sus intervenciones en el Senado. Recuerdan
todos ustedes que fue senador en noviembre y diciembre de 1910. Les
invito a repasarlas también, porque creo que son muy aleccionadoras y sus
argumentos continúan interpelándonos hoy, por más que resulta
indiscutible cuánto hemos avanzado en las reivindicaciones de Ramón y
Cajal para que la ciencia arraigara sólidamente en nuestro país. No creo
que sea una anécdota aislada el hecho de que dos mujeres científicas
españolas, la bioquímica Irene Miguel-Aliaga y la inmunóloga Carola
García de Vinuesa, hayan sido reconocidas en este año, junto al
neurobiólogo Oscar Marín, como fellows de la Royal Society de Londres,
donde unen sus nombres a los de algunos de los científicos más
prestigiosos de la historia, como el propio Ramón y Cajal.

Confiemos en que nuestro debate contribuya a
que esta Ley de ciencia ofrezca un nuevo impulso en la consolidación de
la ciencia, esa ciencia —siento que no esté Pilar aquí en este
momento, lógicamente hay que ir a comer— que el mismo Cajal, en una
bellísima definición, llamó la poesía de la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, entiendo que no estaba prevista
ninguna intervención a favor o en contra del proyecto de ley, por lo que
pasamos a la defensa de las enmiendas y votos particulares.

En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas 88 a 123, de los senadores González-Robatto Perote y Marín
Gascón y la senadora Merelo Palomares, tiene la palabra la senadora
Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenas tardes, señorías.

Hemos presentado treinta y seis enmiendas que
tienen como objetivo mejorar este proyecto de ley sobre un tema que en
Vox consideramos crucial para el bienestar de nuestra sociedad. A lo
largo de todas ellas, buscamos favorecer el ecosistema de innovación en
nuestro país, acabar con la situación de precariedad laboral de los
científicos, reducir la burocracia, eliminar las referencias ideológicas
y abogamos por atender las necesidades de la comunidad científica
española en contraposición a los mandatos globalistas de la Agenda 2030.
En esta línea, proponemos la modificación de todos los puntos del
preámbulo, incidiendo especialmente en su apartado 5, debido a la
desacertada inclusión en la actual Ley de ciencia de la denominada
transversalidad de género en el seno del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Pretenden meter con calzador una serie de
actuaciones que trascienden la mera consideración de medidas de apoyo a
la igualdad que nuestra Constitución defiende. Nosotros tratamos de
evitarlo y, por ello, gran parte de nuestras enmiendas proponen suprimir
o modificar todas aquellas referencias ideológicas que ese apartado del
preámbulo adelanta.

También hemos propuesto enmiendas orientadas al
apoyo de las mujeres que quieren ser madres, porque, señorías, la
maternidad y conciliación con la vida familiar son, con seguridad, la
barrera más importante que deben superar las mujeres que quieren
dedicarse a la ciencia. Es llamativo que este tipo de medidas
relacionadas con la discriminación laboral por el cuidado de las
familias, como son la maternidad, lactancia y adopción, siempre sean
ignoradas en estos debates.

Reclamamos también una igualdad real y efectiva
de todos los trabajadores, tanto de actividades de investigación
científica y técnica como de prestación de servicios tecnológicos, para
que todos tengan las mismas condiciones en materia laboral.

Igualmente hemos podido enmendar la situación
de aquellos trabajadores con contratos indefinidos asociados a un
proyecto científico o innovador, para que tengan derecho a que su
antigüedad sea calculada teniendo en cuenta la totalidad de la duración
de su relación laboral, incluyendo, además, indemnizaciones acumulables
entre contratos concatenados en investigaciones nacionales.

Asimismo, creamos la figura del investigador
distinguido sobre la base de éxitos constatables y computables, para
proteger a los más capaces y a los mejores.

Promulgamos también una mejora sustancial del
Plan S para la divulgación de acceso abierto de aquellas innovaciones
científicas que hayan tenido fondos públicos, y defendemos una inversión
mínima en I+D+i que sea creciente y estable.

Para terminar, hemos presentado una enmienda
completa de transparencia sobre la Agencia Estatal de Investigación para
evitar las malas prácticas de algunas entidades y mejorar, así, la
eficiencia y la ejemplaridad de nuestra Administración.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos a la defensa de las enmiendas 2 y 4,
presentadas por los senadores Sánchez López y Muñoz Lagares. Tiene la
palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Tras los vetos presentados, solo han quedado
dos enmiendas: la número 2 y la número 4. La número 2 habla de establecer
un plan de atracción y retención del talento. Durante décadas, los
diferentes gobiernos del PP y del PSOE han renunciado a reformar nuestro
sistema de ciencia, tecnología e innovación para crear oportunidades para
nuestros científicos. En lo peor de la crisis financiera, muchos de ellos
se vieron obligados a irse a trabajar al extranjero ante la imposibilidad
de desarrollar sus carreras profesionales y sus proyectos personales en
nuestro país. Para solucionar este problema, Ciudadanos propuso hace unos
años un plan que tenía dos objetivos: por un lado, atraer el talento
exterior tanto de españoles como de extranjeros con una carrera
prometedora que tuvieron que irse, y, por otro lado, retener el talento
nacional para evitar que se repitan esos episodios de fuga de cerebros
que durante demasiado tiempo fue la tónica habitual. Propusimos este plan
también en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2022 y se nos vetó dicha propuesta nuevamente. Ahora, en la
tramitación de esta Ley de Ciencia, el Gobierno se niega a apoyar y a
transaccionar nuestro plan; todo ello para que, después de votar en
contra de nuestra propuesta, el Gobierno anunciara su plan con el mismo
objetivo, pero con medidas bastante menos ambiciosas que las que tenía
planteadas el Grupo de Ciudadanos y sin ningún tipo de reforma fiscal.
Una vez más, anteponen el interés particular del Gobierno y del
presidente Sánchez al interés general del país y, en este caso, al de los
científicos españoles.

Nuestra enmienda número 4 dispone de un amplio
consenso político y social que incluso estaba recogido en el Pacto por la
Ciencia que suscribió el Gobierno con las entidades privadas y
organizaciones del ámbito de la investigación y el desarrollo. Se trata
del objetivo de dedicar el 3 % del PIB a investigación y desarrollo
en 2030. España ya está lejos de la media europea y aún más lejos de la
media de la OCDE. Así que los liberales no vamos a permitir que
socialistas y conservadores quieran mantener a España en el vagón de cola
de la inversión en I+D. ¿Qué señal está mandando el Gobierno a todas
estas entidades que han suscrito el Pacto por la Ciencia, que contempla
ese objetivo de dedicar al menos el 3 % del PIB a investigación y
desarrollo en 2030? Espero que reflexionen y apoyen nuestras
medidas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 7 a 33 y la
enmienda 36, presentadas por la senadora Castellví Auví y el senador
Cleries i Gonzàlez, tiene la palabra la senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidenta.

Señorías, no veo a la ministra; no sé si no le
da demasiada importancia a esta ley.

Junts ha presentado treinta y una enmiendas
trabajadas con el sector y con la Conselleria de Recerca i Universitats
de Catalunya. De estas enmiendas, 3 nos las han vetado con la excusa de
siempre: el artículo 134.6 de la Constitución, pero en el turno de
portavoces ya hablaré de ello.

Las 28 que nos quedan se dividen en tres
bloques: aspectos competenciales, aspectos de investigación con animales
y aspectos de financiación de la investigación. Son enmiendas que
continuamos y persistimos en mantener vivas y para las cuales pedimos
apoyo de todos los grupos, pues entendemos que mejorarán el proyecto de
ley. El bloque de enmiendas vinculado con el ámbito competencial es
esencial para nosotros; son enmiendas esenciales que pretenden evitar en
la redacción del texto legal expresiones que puedan suponer imposición o
pérdida de competencias. La relación entre las administraciones
competentes debe garantizarse mediante instrumentos de colaboración y
coordinación, no por imposición. En Junts trabajamos incansablemente para
no perder fuerza competencial ni en esta ley ni en ninguna. No les voy a
aburrir explicando todas las enmiendas de este ámbito, pero sí voy a
incidir en una que para Junts es vital, esencial, la número 19, enmienda
al artículo único 17. Ustedes han modificado la redacción del
anteproyecto de ley en lo referente a este artículo que era respetuoso
con las competencias de las comunidades autónomas y que reproducía la
redacción actual de la Ley 14/2011 en lo relativo a la definición y
regulación del régimen de contratación del personal. Con el actual
redactado, las comunidades autónomas podemos perder capacidad de regular
el régimen de contratación que tenemos sobre nuestros centros de
investigación, de recerca. Junts insiste en que corresponda a las
comunidades autónomas que hayan asumido estatutariamente la competencia
exclusiva para la regulación de sus propios centros y estructuras de
investigación, la definición y regulación del régimen del personal
investigador, así como la gestión y organización en el marco de la
legislación laboral vigente. Ha quedado claro que las comunidades
autónomas no tenemos que perder ni rango ni fuerza competencial.
Proponemos una alternativa más genérica que espero que acepten: Lo
dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de las competencias
de las comunidades autónomas para la regulación de sus propios centros y
estructuras de investigación que las hayan asumido estatutariamente con
carácter de exclusivas y que dispongan de su propia regulación aprobada
por ley.

Paso al bloque de las enmiendas vinculadas con
el ámbito de investigación con animales. Junts piensa que es posible otro
tipo de investigación y que se desaprovecha una oportunidad de avanzar en
métodos alternativos de experimentación en vivo, como prevé la Unión
Europea. Recordemos que la Unión Europea dice: El bienestar de los
animales es un valor de la Unión consagrado en el artículo 13 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. En consecuencia, es necesario que
para cumplir con la legislación exista financiación por parte del Estado
destinada a la búsqueda de métodos alternativos a la experimentación con
animales, como los métodos in vitro, los computacionales que utilizan
procedimientos de predicción, los que utilizan embriones de animales u
otros métodos que puedan reducir y perfeccionar la utilización de
animales.

Voy al bloque de enmiendas vinculadas con
aspectos de financiación de la investigación, es decir, recursos para la
investigación. No se trata de hablar y hablar de investigación, sino de
invertir en la investigación realmente. Hay que avanzar en la defensa de
la contratación del personal investigador y técnico en I+D+i. Sería muy
bueno para la competitividad empresarial e industrial que hubiera un
acuerdo común que promoviera la inversión en I+D+i privada, y una
relación fluida entre lo público y lo privado. Las deducciones por I+D+i
son uno de los mejores instrumentos para ello y deberían quedar excluidas
de la fijación de un tipo de tributación mínimo. Para Junts también es
muy importante la enmienda número 20 que nos gustaría que apoyasen, como
todas las otras, evidentemente. Esta hace una mejora del artículo
único 19, en su apartado c. Junts pide que el régimen de dedicación se
pueda modificar a tiempo parcial a los efectos del ejercicio del derecho
a la movilidad, en el marco de la normativa de las incompatibilidades.
También pedimos un apoyo especial a la enmienda 23, donde hacemos
referencia explícita a la posibilidad de contratar por proyectos.
Deseamos incidir en que estamos muy de acuerdo con la enmienda 76 del
Grupo Popular, que consiste en suprimir la disposición adicional décima.
Hay que igualar la contratación sin discriminar basándose en el origen de
los mismos contratos, evidentemente, siempre que los fondos sean
europeos. Si esta enmienda no progresa, en Cataluña perderemos
unos 1500 millones de euros, ya que tenemos una capacidad de contratación
del 2,5 % de los fondos totales de Europa, y muchos centros de
investigación tendrían que cerrar. Todos los partidos catalanes que
estamos en esta Cámara tendríamos que tener esto muy claro y no permitir
que estos recursos, 1500 millones de euros, se nos escaparan de las
manos. Esto pasa en Cataluña, pero también pasa en otras comunidades
autónomas donde hay centros de investigación. Junts va a dar apoyo a esta
enmienda porque para nosotros es esencial. También exigimos la promoción
de los parques científicos y plataformas tecnológicas. Por lo tanto,
vuelvo a repetir, invertir y financiar correctamente la investigación es
mejorar la vida actual y futura de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La
COVID 19 nos ha reflejado lo imprescindible que es la investigación para
poder encontrar las vacunas y así frenar la pandemia. Aprendamos e
invirtamos en ella.

Termino repitiendo que todas nuestras
enmiendas, las 31 —aunque se nos han quedado en 28 debido a los
vetos—, son para mejorar esta ley, pero, por lo que parece, no las
tendrán en cuenta. Ya se han puesto en contacto con otros partidos que no
sé si se venden muy fácilmente o se conforman con poca cosa. Pedimos el
apoyo de todos los grupos a estas enmiendas, ya que, vuelvo a repetir,
solo pretenden humildemente mejorar esta ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 125, 126, 128
a 136, 138 y 141, del senador Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Hoy debatimos una ley que, por encima de todo,
pretende conseguir dos objetivos que son loables: el primero de ellos,
dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores, y el
segundo, garantizar una inversión en I+D que alcance el 3 % para el
año 2030; es decir, es evidente que esta ley va en la buena dirección y
que suma. ¿Podría ir más allá? Yo creo que no solo podría, sino que
seguramente debería ir más allá. España invierte en I+D en torno
al 1,41 % del producto interior bruto, mientras que Francia invierte
el 2,23 %, Alemania un 3 % o Suecia un 3,39 %. Es decir, los países que
se sitúan en nuestro umbral de inversión en I+D serían Grecia, Irlanda o
Portugal. Por tanto, aunque España en estos momentos es la cuarta
economía de la Unión Europea, en términos de inversión en I+D estamos un
poquito por debajo de la mitad de la tabla, pues la media europea estaría
en el 2,15 %. El problema, señorías, es que si en los próximos años no
somos capaces de reducir el diferencial con los países de nuestro
entorno, sencillamente España seguirá compitiendo en el plano
internacional con una pesada mochila colgada a la espalda y para evitarlo
hacen falta esfuerzos extraordinarios. Por eso, hoy Más Madrid ha
presentado una enmienda para que se intente llegar al 4 % de inversión en
el año 2030 y se rompa de una vez por todas la tendencia actual por la
cual durante el periodo 2010-2020 tan solo se incrementó la inversión en
I+D en un 0,05 %.

Esta ley, señorías, va de algunas medidas, pero
diría que también va de los tiempos, que en política son casi tan
importantes como las medidas, porque tener un acuerdo sobre el papel que
no incluya un periodo de ejecución razonable es sencillamente perder el
tiempo, y a los hechos me remito. En el año 2011 se reconoció la escala
de los especialistas en tecnología y once años después resulta que
todavía no se ha desarrollado. Ahora, en 2022, parece que vamos a poder
reconocer al personal técnico de investigación. ¿Significa esto,
señorías, que en el año 2032 seguiremos sin reconocerles materialmente
sus derechos? La credibilidad de esta ley depende en buena medida de que
se asuman los errores del pasado y, sobre todo, de que haya un compromiso
por parte de todos de que no se vuelvan a repetir. La eficacia de las
leyes depende de su cumplimiento, y me atrevería a decir que casi la
calidad de nuestra democracia depende esencialmente del cumplimiento de
las normas.

Desde mi punto de vista, esta ley se deja en el
tintero algunos asuntos que son importantes. Es cierto que incorpora
otros que también lo son, entre ellos, la indemnización por fin de
contrato para los investigadores, que es un gran avance, hasta el punto
de que creo que es un buen motivo para votar a favor de esta ley, pero no
es menos cierto que el texto que se nos ha remitido desde el Congreso de
los Diputados no se hace cargo de la grave situación de precariedad
salarial que padecen nuestros investigadores predoctorales con salarios
que en estos momentos se encuentran por debajo del salario mínimo
interprofesional. Nosotros introdujimos una enmienda para intentar
resolver esta situación, pero, desgraciadamente, el Gobierno ha decidido
vetarla. Convendría que el Gobierno hiciera una reflexión y evaluara el
sentido político de este mecanismo, no por su falta de legitimidad, la
cual yo no cuestiono, pero sí particularmente respecto de enmiendas que
son esencialmente de interés nacional.

Otros asuntos importantes que han quedado
pendientes en este proyecto de ley. En primer lugar, en relación con los
posdoctorales, el hecho de que aún no tengan un estatuto —que es
una propuesta que, además, hemos intentado enmendar a través de alguna de
las propuestas, valga la redundancia— para garantizar la justicia
salarial, que es una cosa de primer orden: dos personas que desarrollan
el mismo trabajo en el mismo centro, con idénticas responsabilidades y
experiencia, sencillamente, no pueden recibir retribuciones distintas. Es
algo de sentido común.

Y, en segundo lugar, garantizar la
progresividad: una persona trabajando en un mismo centro no puede ver
cómo disminuye su salario conforme avanza su experiencia y su
responsabilidad. De nuevo es otro elemento que, desde mi punto de vista,
es de sentido común.

Señorías, esta situación no solo es injusta,
sino que nos hace perder una gran cantidad de talento como país. Cuando
un investigador concatena contratos temporales durante diez o quince
años, su vida se convierte en profundamente inestable; su seguridad
personal y su seguridad familiar se ven comprometidas periódicamente por
un sistema que no cuida de la investigación, pero es que tampoco cuida de
los investigadores. Ya nos lo dijo Europa con absoluta claridad: la falta
de estabilidad en el empleo es un lastre para la economía de nuestro
país.

No me sorprende lo más mínimo que el Partido
Popular —que votó en contra de la reforma laboral, que votó en
contra de la subida del salario mínimo interprofesional y que hizo lo
posible, incluso acudiendo a Bruselas, para evitar que los fondos
europeos vinieran a España— haya presentado la mencionada enmienda
número 76 para profundizar en la precariedad de nuestros investigadores.
No sorprende porque su modelo siempre ha estado meridianamente claro:
reducir los costes laborales como vía para aumentar los márgenes de
beneficio; la precariedad laboral como estrategia de creación de empleo
esclavo, mal pagado y en unas condiciones que ninguno de ustedes,
señorías del Partido Popular, querría en realidad para sus hijos. Ese es
el cinismo y esa es la hipocresía de la derecha de nuestro país.

Señorías, durante la tramitación de esta ley
hemos procurado no ser ni más ni menos que un altavoz al servicio de las
demandas de la comunidad científica, y en este punto me gustaría dar las
gracias a Marea Roja, a la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios
y, por supuesto, a Comisiones Obreras, por todas las propuestas que nos
han hecho llegar y que hemos intentado defender con la mayor diligencia
posible. Y, por ello, hemos defendido la estabilización del personal, la
eliminación de la precariedad y la temporalidad y, por supuesto, la
igualación de las retribuciones. Lo que queremos para el resto de los
sectores productivos de nuestro país lo queremos también para nuestros
científicos: sencillamente, derechos. Para Más Madrid es necesario un
compromiso compartido, por supuesto, de las Cortes Generales, también del
Ministerio de Ciencia y el de Universidades y que, por supuesto, pase
también por la Agencia Estatal de Investigación.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas 80 a 87, del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Peral Díez.

La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko mahaiburu
andrea. Arratsalde on.

El Grupo Vasco ha presentado ocho enmiendas al
Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; siete que
quedaron vivas en el Congreso y una nueva aquí, en el Senado.

Las enmiendas 80, 81 y 82 hacen referencia al
marco competencial de las comunidades autónomas, que pedimos se respete
de manera que se establezcan mecanismos de colaboración entre las
comunidades autónomas y el Estado en materia de ciencia, tecnología e
innovación, evitando en la redacción del texto expresiones que puedan
suponer imposición de las políticas del Estado.

Del mismo modo, con la enmienda 83, al
artículo 22, queremos que en el marco de las evaluaciones en el contrato
de acceso al personal investigador sean las comunidades autónomas las que
determinen la modalidad y el organismo evaluador en el ámbito de sus
competencias, más cuando algunas comunidades han aprobado leyes de su
sistema universitario que regulan modalidades y tipologías contractuales
específicas.

En cuanto a la enmienda 84 al nuevo artículo 23
bis, que regula el nuevo contrato de actividades científico-técnicas,
sustituto del contrato por obra o servicio que se extingue con la reforma
laboral, creemos que el texto, sin perjuicio de que el objeto de los
contratos sean actividades ligadas a líneas de investigación o servicios
científico-técnicos, debe incorporar la referencia explícita a la
posibilidad de contratar por proyectos, según la práctica utilizada en el
mundo científico de referencia internacional. También recogemos en esta
enmienda como causa objetiva de la extinción del contrato la finalización
no solo de su financiación, sino también del objeto del proyecto.

Con la enmienda 87 proponemos la adición de una
nueva disposición adicional relacionada con la promoción e incentivación
de la investigación y la innovación en el sector privado mediante un
catálogo de ayudas, bonificaciones y mejoras fiscales y tributarias,
siguiendo la recomendación del Consejo de Europa sobre un pacto de
investigación en innovación, que dice que los Estados miembros deberán
proporcionar las condiciones y el apoyo necesario para una mayor
inversión privada en I+D+i.

La enmienda 86 a la disposición adicional
sexta, sobre la plurianualidad del marco presupuestario de los
presupuestos de los agentes públicos —el sistema español de
ciencia, tecnología e innovación—, recoge que la decisión de
alterar el crédito, que con carácter plurianual se encuentra establecido
en el marco presupuestario, requerirá un planteamiento expreso de tal
alteración, así como su concreta y específica motivación en el proyecto
de ley de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, la enmienda 85, al apartado 45, que
modifica la disposición adicional primera y que es la enmienda nueva
presentada en el Senado, elimina la exigencia contenida en el apartado
dos, que supone una gran limitación para las entidades privadas sin ánimo
de lucro y los centros tecnológicos, que únicamente podrían acceder a los
contratos previstos en los artículos 21 y 22.1 cuando las ayudas o
subvenciones públicas tengan como objeto la contratación de personal. En
la práctica habitual, el personal investigador que se contrataría en
estas entidades bajo las modalidades de contratos señaladas en los
artículos 13.1, 20, 21, 22.1. y 23 bis estaría dedicado a proyectos de
investigación de financiación pública, aunque el objeto de dichas ayudas
no fuera específicamente la contratación bajo dichas modalidades de
contrato, sino el propio desarrollo de los proyectos de investigación.
Por ello, en la enmienda se propone suprimir la segunda parte del
apartado dos. Además, pensamos que no tiene sentido que las ayudas o
subvenciones públicas se limiten al marco de la Estrategia Española de
Ciencia, Tecnología e Innovación, en vez de a la estrategia europea
—más amplia— o a las propias estrategias autonómicas.

Por ello, pedimos a sus señorías el apoyo para
estas enmiendas.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Para la defensa de la enmienda 6, de Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la
palabra el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gracias,
presidenta.

Si me lo permite, intervengo desde el escaño
simplemente para dar por defendida la enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Y para la defensa de las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, enmiendas 37 a 42, 45 a 50, 52 a 77 y
enmienda 79, tiene la palabra el senador Sanz Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, permítanme que en el día de hoy
empiece esta intervención con un recuerdo sentido a las dos personas que
han fallecido en mi tierra en la lucha contra los incendios forestales, y
hago extensivo este reconocimiento a todas esas personas que están
luchando en unas condiciones tremendamente complejas en el resto de
España. (Aplausos).

Estamos hoy aquí para la tramitación de un
proyecto de ley del que es importante recordar, de cara a alguna cuestión
y a alguna reflexión que haré a continuación, que no estamos ante un
texto legal ex novo, estamos ante una modificación, la modificación de la
Ley 14/2011, de 1 de junio. Y digo esto porque, si bien es cierto que el
proyecto de ley es mejor que el anteproyecto de ley que se había
presentado inicialmente; si bien es cierto que el texto que ha entrado en
el Senado es mejor que el texto que entró como proyecto de ley en el
Congreso y que ello es fundamentalmente como consecuencia del trabajo
realizado en el Congreso —y especialmente, en mi opinión, por las
aportaciones, entre otros, de mis compañeros del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso—, si bien es cierto todo eso, no es menos
cierto que es mejorable. Y es verdad que lo votamos a favor, y lo votamos
a favor porque se dieron tres condiciones que eran absolutamente
imposibles de obviar si se quería que el texto fuera aprobado por nuestro
grupo. En primer lugar, era imprescindible el reconocimiento a la labor
de los investigadores sanitarios; en segundo lugar, el reconocimiento de
los técnicos de gestión y, en tercer lugar, que no podía quedar el
compromiso del objetivo 2030 del 1, 25 % de inversión pública en I+D+i al
albur de las disponibilidades económicas —es verdad que tampoco
sabemos muy bien cómo se va a materializar, porque ni han hablado con las
comunidades autónomas ni se ha explicado hasta donde alcanza—.

Pues bien, pensamos que este texto —que
es mejor, desde luego— es mejorable. Y ha entrado en el Senado y la
obligación del Senado es trabajar el texto que ha entrado en el Senado,
porque si el hecho de que haya sido aprobado en el Congreso significa que
ya no hay que trabajar en el Senado, lo que deberíamos plantearnos,
señorías, es si tiene sentido el Senado, y como algunos pensamos que sí,
hemos trabajado. ¿Y cómo hemos trabajado? Pues de la manera que hay que
hacerlo: en nuestro caso, a través de la presentación de enmiendas. Se
han presentado ciento cuarenta y una enmiendas, de las cuales cuarenta y
tres han sido de este grupo. Es verdad que al final se han quedado en
ciento veintisiete, treinta y nueve de este grupo parlamentario, como
consecuencia del veto que ha tenido lugar por parte del Gobierno. Hay una
coincidencia curiosa en algunas de estas enmiendas: si ustedes les echan
ustedes un vistazo, se darán cuenta de que son coincidentes, es decir,
que se podría dar la circunstancia de que hubieran salido aprobadas.

Pues bien, nosotros hemos presentado veintiséis
enmiendas de modificación, once enmiendas de adición y dos enmiendas de
supresión. ¿Y para qué las hemos presentado? Las hemos presentado, en
primer lugar, para mejorar —y es coincidente con algunas enmiendas
presentadas por otros grupos— las condiciones laborales de las
personas afectadas en este sector. Es verdad que la propia ley, en cierta
medida, es una enmienda a la propia reforma laboral, pero no es menos
cierto que es claramente insuficiente. Y, en segundo lugar, hemos
presentado enmiendas para favorecer, incentivar verdaderamente la
investigación y la innovación, y para esto se necesitan recursos. Ustedes
son partidarios de incentivarlo a través del cariño, pero del cariño,
créame, no se come.

Hemos presentado una serie de enmiendas en ese
sentido porque, señorías —no lo digo yo, y a ustedes les ha llegado
también—, el propio Foro de Empresas Innovadoras dice literalmente
que la innovación ha desaparecido de esta ley. La Fundación Cotec tiene
una frase muy bonita: Innovación es todo cambio, no necesariamente
tecnológico, basado en el conocimiento, no necesariamente científico, que
aporta valor añadido, no necesariamente económico. En esta materia, con
esta ley lo único que han hecho ustedes es, desde una cierta soberbia,
huir del conocimiento y lo único que han aportado ha sido absoluta
incertidumbre.

Pero también hemos presentado enmiendas
—coincidentes igualmente con otros grupos— porque creemos que
hay que seguir trabajando en materia de colaboración público-privada, que
es la historia de un éxito y no entiendo por qué hay que acabar con ello.
Es verdad que a la ministra le suele gustar decir —es de las pocas
cosas que le he oído decir a la ministra reiteradamente sobre la
ley— que esta es una ley socialdemócrata. Claro, es verdad que, en
una materia como la ciencia, priorizar ese concepto hace entendible
—me lo decía el otro día un director de un centro— que
realmente no sé si socialdemócrata, pero parece bastante
socialestúpido.

Por otra parte, ¿qué hemos hecho también? Hemos
dado cabida a una enmienda, como es la número 76, de supresión de la
adicional décima, que no es nuestra, no es una enmienda de este grupo, es
una petición que nos han hecho llegar todos, todos, la red de centros de
excelencia al completo, Severo Ochoa y María de Maeztu, a los que se ha
sumado —y ustedes lo saben— la CRUE, todas las universidades
públicas y privadas. Y yo me pregunto, señoría, ¿todos los centros de
excelencia de este país están equivocados? Yo me pregunto, ¿todas las
universidades están equivocadas? ¿Tiene sentido que a algo que funciona
bien se le limite la posibilidad de contratación en función del origen de
los recursos, siendo en todo caso europeos? Porque, señorías, hagámonos
una pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan los fondos de
recuperación? Es verdad que alguien podrá decir que absolutamente nada,
dada su incapacidad para gestionarlos. Y les voy a dar un dato que no es
mío, es de la Intervención General, a 31 de mayo: reconocimientos netos
sobre un crédito total inicial de 1670 millones de euros a 31 de
mayo, 144 millones, un 8 %. Hagan ustedes su valoración.

Pues bien, eso es lo que hemos hecho, pero
habría que hacer alguna otra reflexión importante. Porque, claro, una vez
que tenemos un proyecto de ley, es importante el espíritu, es importante
la letra y para la utilidad de la ley no es menos importante quién tiene
que aplicarla. Y, señorías, el problema es que el ministerio no cree en
la ciencia. En el último ejercicio presupuestario del Partido Popular, el
incremento con relación al anterior fue del 8 %. En el de ustedes, el
incremento de 2021 a 2022, el de verdad, es el 2,3 %; se pasa de 3232
millones de euros con 1100 millones de euros de fondos de recuperación,
a 3843 con 1662; el total es un 18,9 %, pero si deducimos los fondos de
recuperación, el esfuerzo real es de un 2,3 %. Esto es grave.

Les voy a poner un ejemplo. Un ministerio tan
importante, como ustedes saben, como el de Consumo, crece un 25,8 %
—alguno pensará que he dicho en tono irónico lo del Ministerio de
Consumo; absolutamente, me parece absurdo—. Pero les voy a dar otro
dato: entre 2021 y 2022, los fondos de recuperación asignados al
ministerio son 2762 millones de euros; pues bien, para transformación
digital en Economía, 7501. Claro, ustedes pueden decirme que en ese
ministerio lo gestionan por parejas, pero no se justifica la gran
diferencia que hay entre uno y otro.

Por lo tanto, señorías, ¿qué es lo que ocurre?
Es que es peor todavía, porque en ese incremento presupuestario resulta
que están recogidos 200 millones de euros de la Agencia Aeroespacial
Europea. Es una simple transferencia que, para engordar el presupuesto
del ministerio, se transfirió de Industria y, según llega, se va. Es
verdad que ya tenemos agencia espacial, también es verdad que, si leen la
ley, dice que no supondrá ningún incremento presupuestario, no supondrá
ningún coste adicional, que simplemente se recogerán distintos proyectos
de gasto diseminados por varios ministerios y se constituirá la agencia
espacial. También es verdad que ni siquiera está claro de quién va a ser
la competencia, porque ustedes y yo sabemos que esto también está en el
aire, y si no que se lo pregunten al nombre de algún otro ejército. Pero
si nos preguntamos hasta qué punto es fiable este ministerio, ¿recuerdan
ustedes que hubo un plan de choque para la ciencia del ministro Duque?
¿Saben lo único que hemos sabido del choque? Que el ingenio no tenía
seguro; es el único choque conocido realmente.

Señorías, y termino, debemos hacer una
reflexión seria sobre la utilidad de esta cámara, sobre si tiene sentido
lo que hacemos aquí. La tramitación de urgencia es un procedimiento
absolutamente legítimo, que se justifica con frecuencia en circunstancias
que aconsejen, recomienden el acortamiento de los tiempos, y eso está
bien. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando la urgencia es permanente en
la legislación, se cae en el riesgo de gobernar desde la ocurrencia, y
cuando se gobierna siempre desde la ocurrencia el resultado suele ser
tarde o temprano la permanente incoherencia.

Les voy a dar un dato: de las catorce enmiendas
que se han vetado, cuatro eran de este grupo. Las cuatro de este grupo no
son enmiendas nuevas, las cuatro son enmiendas literalmente reiteradas
del Congreso —del conjunto de las catorce, creo que, menos una,
también son enmiendas reiteradas del Congreso—. Sabemos que este es
un Gobierno de miembros y miembras y más bien desmembrado, pero un mínimo
de coherencia sería algo mínimamente exigible a un Gobierno, porque, de
verdad, si ustedes no valoran la posibilidad de cambiar, si no valoran la
posibilidad de no estar permanentemente en la incoherencia, realmente se
van a convertir en un grupo objeto de estudio por parte de la
ciencia.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Para el turno en contra, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Latorre Ruiz.

El señor LATORRE RUIZ: Muy buenas tardes,
señorías.

Es verdad que este turno de intervención, como
saben, es el turno en contra de las enmiendas, pero yo lo que voy a hacer
aquí fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, es dar
argumentos a favor de esta reforma de la Ley de Ciencia que, por otro
lado, tantos científicos y tantas científicas, investigadores e
investigadoras, trabajadores del sistema en general estaban
esperando.

Como dije en el trámite anterior, en la
comisión, desde luego, todos los grupos aquí presentes estamos
legitimados para presentar enmiendas, para intentar mejorar el texto cada
una y cada uno de nosotros con similares o distintos puntos de vista.
Pero créanme que he vuelto a tener la sensación, al igual que en la
comisión, después de escuchar a algunos grupos, concretamente al senador
Sanz Vitorio, del Partido Popular, de que realmente no han sido ustedes
justos con todo el contexto de la tramitación de esta reforma de la ley.
Bajo su percepción, poco menos parece que el Gobierno de España se ha
sacado el texto de la chistera y de repente aparece en el Senado sin que
haya tenido en cuenta ningún tipo de tramitación anterior. Por eso, desde
nuestro punto de vista, no podemos olvidar todo el trabajo que se ha
hecho hasta llegar hasta aquí por parte del Gobierno, por parte de los
grupos políticos y por parte, por supuesto, de la sociedad. Primero, por
el proceso de diálogo en el seno del Gobierno; diálogo, señorías, con las
universidades; diálogo con las organizaciones científicas; diálogo con
los empresarios; diálogo con los sindicatos; diálogo también con los
rectores y las rectoras; diálogo, en definitiva, señorías, con las
organizaciones sociales más representativas de todo el sistema español de
ciencia, tecnología e innovación. Un diálogo que ha hecho que se atiendan
nada más y nada menos que el 85 % de las propuestas recibidas en
audiencia pública; el 85 %, señorías.

En segundo lugar, porque este texto que estamos
debatiendo aquí se ha convertido en un texto ampliamente consensuado, una
ley que incluye más de cien enmiendas del resto de fuerzas políticas; una
ley que recoge propuestas de once partidos políticos además de los
miembros del Gobierno; una ley cuyas mejoras han sido pactadas con
Ciudadanos, con Más País, con Partido Nacionalista Vasco, con Esquerra
Republicana, con PDECAT, con Partido Popular, con BNG, con Coalición
Canaria, con «Teruel Existe», con Bildu. Señorías, 272 votos a favor y
absolutamente ningún voto en contra, y no tener ningún voto en contra no
es un éxito solamente del Gobierno, sino que es un éxito de todos y de
todas. La ciudadanía merece acuerdos tan amplios para un texto que es muy
necesario para nuestro país.






Por eso, permítanme que les diga que no
hemos entendido las enmiendas, y me referiré a alguna en particular.

El Grupo Popular ha presentado una enmienda
para eliminar por completo la disposición adicional décima —a la
que usted, senador, Sanz Vitorio, se ha referido— y, efectivamente,
esta enmienda nos sirve al Grupo Parlamentario Socialista para
contraponer absolutamente los dos modelos científicos que defendemos
nuestras fuerzas políticas: por un lado, la defensa del modelo de la
precariedad para nuestros investigadores, que defiende el Partido
Popular, y, por otro lado, el modelo de la defensa de los derechos para
nuestros investigadores e investigadoras, que en este caso defiende el
Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

He de decirle que al principio a uno le puede
causar sorpresa que ustedes hayan presentado esta enmienda; sin embargo,
después de analizar el mercado laboral que ustedes han construido en
España en los últimos años, basado precisamente en la precariedad, no nos
extraña tanto. ¿Saben exactamente lo que están proponiendo ustedes con
esta enmienda? Yo creo que sí, pero lo que es peor: saben perfectamente
los daños colaterales que puede tener para nuestros investigadores, y es
lamentable que les dé igual. ¿Saben los investigadores e investigadoras
lo que ustedes pretenden aprobar aquí con esta enmienda? Yo creo que
también lo saben, y saben perfectamente quién está del lado de sus
derechos laborales, de su carrera científica y de su estabilidad, y quién
no. Lamentablemente, es así: los investigadores saben con esta enmienda
que ustedes han presentado quién está de su lado y quién está en contra
de sus derechos, y yo quiero tratar de explicarlo, porque realmente nos
preocuparía que el resto de los grupos de esta cámara no sean conscientes
del daño que podría generar que se aprobara esta modificación.

Señorías, la disposición adicional décima que
viene del Congreso de los Diputados es muy clara en el objetivo que
persigue, que no es otro que el de darles estabilidad laboral y derechos
a nuestros investigadores e investigadoras y además se entronca
perfectamente con la nueva regulación laboral que ha cambiado nuestro
mercado de trabajo, y eso, desde luego, a la derecha le cuesta
reconocerlo. Desde que se aprobó la reforma laboral, el contrato
indefinido es la norma, no la excepción, y esto ustedes tienen que
empezar a entenderlo, a comprenderlo y a respetarlo. ¿Por qué quieren
ustedes, señorías del Partido Popular, tratar de forma diferente a
nuestros investigadores respecto al resto de trabajadores de este país?
Eso tienen que responderlo. Esta disposición permite los contratos
temporales en los casos en que están claramente justificados: o bien
cuando se desarrollan programas dentro del Plan de recuperación o cuando
se desarrollan programas con fondos de la Unión Europea de carácter no
competitivo. Pero es que esto no lo ha inventado España, esto es así en
la gran mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea, donde los
contratos laborales que se firman en el ámbito de la investigación,
desarrollo e innovación tienen naturaleza indefinida.

Pero lo más triste ―y termino― de
lo que ustedes proponen aquí es lo siguiente: cuando termina la relación
laboral, la gran diferencia entre un contrato temporal y otro indefinido
tiene que ver con la indemnización. Los contratos temporales tienen una
indemnización de doce días de salario por año; los contratos indefinidos,
con carácter general, tienen veinte días de indemnización por año
trabajado. ¿De verdad, señorías, que el mensaje que lanzan ustedes con
esta enmienda es que quieren ahorrar ocho días de salario en una
indemnización por despido a un trabajador? Me parece muy triste,
señorías, realmente me parece muy triste. Pero aún más: llevan ustedes
semanas diciendo y afirmando públicamente que los contratos indefinidos
en el sistema de ciencia son falsos indefinidos y que, por tanto, es
igual que tengan un contrato que otro. La pregunta sería la siguiente: si
es igual para ustedes que tengan un contrato u otro, ¿por qué no lo dejan
en contratos indefinidos? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Si es igual, dejen los contratos indefinidos.
Es más, si saliera adelante esta enmienda, ¿van a explicar ustedes cómo
dentro de un mismo grupo de investigación hay un investigador con un
contrato temporal y otro con un contrato indefinido? ¿Van a explicar
ustedes esta discriminación? Todo esto es lo que combate el Grupo
Parlamentario Socialista, además con valores firmes, señorías; con
valores firmes.

Termino. Estamos, como no puede ser de otra
manera, muy satisfechos con esta reforma de la Ley de Ciencia. Se la
debíamos al conjunto de la sociedad, al sistema y a todos nuestros
investigadores e investigadoras, porque creamos una carrera científica
estable, reducimos la precariedad; creamos más derechos para nuestros
jóvenes investigadores, más derechos para el personal técnico, atraemos
el talento y mejoramos la movilidad; porque reducimos las cargas
administrativas; reforzamos la conciliación familiar, personal y laboral;
y porque, por supuesto, establecemos definitivamente una financiación
pública estable y creciente. Todo esto es la nueva Ley de Ciencia y por
eso, por supuesto, vamos a pedir el apoyo mayoritario de esta
cámara.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos, señorías, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, Vox considera que la ciencia española
merece una consideración mayor que la que sus señorías del Gobierno le
otorgan. A muchos de ustedes se les llena la boca hablando de las
bondades de la ciencia, absolutizándola sobre todas las cosas y, en
ocasiones, pretendiendo contraponerla a las creencias religiosas. Y
cuando llega un proyecto de ley como este, vuelven a demostrarnos su
incoherencia, porque anteponen sus creencias ideológicas sobre el bien de
la ciencia.

Las sociedades que sitúan la ciencia en un
lugar preeminente generan conocimiento científico de calidad, que si es
trasladado en beneficio de las personas es sinónimo de prosperidad. Así
es cómo países como Corea del Sur, Irlanda o Israel han conseguido
erigirse como países con altas cuotas de crecimiento y bienestar gracias
a su apuesta por la ciencia. Esa misma visión estratégica en torno a la
ciencia y la tecnología es la que en Vox reclamamos para España, y es por
lo que apoyamos el pacto por la ciencia. Sin embargo, creemos que el
impulso definitivo debe venir mediante la mejora de la productividad de
nuestra economía y la reducción de la deuda pública, algo que los
respectivos gobiernos que hemos tenido no solo no han atajado, sino que
han agravado de forma irresponsable.

Con una economía más saneada es más fácil
invertir en ciencia y saldar la deuda que tenemos con nuestros
científicos, condenados a la precariedad y a la burocracia. Este sería el
paso previo y necesario para poder cumplir con el incremento al 1,25 %
del producto interior bruto el presupuesto destinado a la ciencia,
propuesta con la que Vox está totalmente a favor. Pero, señorías, además
de que no van a poder cumplir con este objetivo marcado, esta ley tampoco
pone solución a los problemas estructurales de la ciencia española,
porque el modelo de sociedad que quiere imponer el Gobierno mediante sus
políticas educativas, presupuestarias e ideológicas no lo va a permitir.
¿Cómo vamos a generar más y mejores científicos si a nuestros alumnos ni
siquiera se les exige aprobar para pasar de curso? ¿Cómo vamos a ser
competitivos en el plano científico si en lugar de la excelencia se
persigue el cumplimiento de cuotas ideológicas? ¿Cómo pretenden
incentivar la ciencia y la razón si el propio Gobierno toma todas sus
decisiones de forma irracional y doctrinaria?

Señorías, como hacen con todas las leyes que
nos traen aquí, pretenden utilizar la Ley de Ciencia —que, repito,
en Vox consideramos necesaria— para seguir impregnándolo todo de su
veneno ideológico. La ciencia española no necesita cuotas ni informes de
impacto de género para la aprobación de sus proyectos, lo que necesitamos
es un sistema capaz de captar a los mejores talentos y que puedan
desarrollar su trabajo con dignidad y con libertad. Esto solo puede
conseguirse con criterios de excelencia, de mérito y de capacidad. Esta
ley condena a la mediocridad a las próximas generaciones de científicos
españoles y, por ello, no vamos a apoyarla.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, desde el principio de la legislatura,
nuestro principal cometido ha sido demostrar que los tópicos no pueden
marcar la agenda de desarrollo de un territorio, que los territorios de
la España vaciada son mucho más que un lugar donde establecer
macroproyectos de granjas y energías renovables. Nos rebelamos a ser
simplemente el patio trasero de esa España desarrollada que solo nos
utiliza como granero alimenticio y energético.

En la tramitación de esta ley, podemos observar
de manera clara la importancia de que una formación apegada al
territorio, como la Agrupación de Electores «Teruel Existe», esté en las
instituciones participando en el desarrollo legislativo. Nos involucramos
en todos los procesos, en los que participamos desde una posición de
crítica constructiva señalando problemas y aportando numerosas
soluciones, aportando una perspectiva distinta a la que se ha seguido
hasta ahora, teniendo siempre como finalidad la cohesión territorial y la
lucha contra la despoblación. Para nosotros, la política científica es
una de las principales herramientas para conseguir estas metas. La
ciencia, construida desde la libertad de pensamiento, respetando la
independencia de profesionales, metodologías y criterios científicos,
debe ser una de las bases para el reequilibrio territorial. Debe servir
para corregir la brecha rural urbana que nos divide y que se observa en
las desigualdades socioterritoriales del país.

La sociedad, ante sus graves problemas, como la
reciente pandemia, siempre vuelve su mirada a la ciencia con la esperanza
de encontrar respuestas a lo que le aflige. Los retos de la sociedad
actual nos llevan a más ciencia; no solo a desarrollar políticas en favor
de la ciencia, sino que nos deben llevar a construir políticas que, sin
negar perspectivas e ideologías, estén basadas en la ciencia. Necesitamos
políticas públicas basadas en evidencias científicas. Consideramos
imprescindible apoyarse en la ciencia para la gestión pública; lo
consideramos especialmente importante, como decía al principio, para la
lucha contra la despoblación y para conseguir el reequilibrio
territorial. Es la ciencia, como la suma del compromiso y talento de los
equipos científicos volcados en las áreas despobladas, la que debe
influir en el desarrollo de políticas proactivas que nos ayuden a luchar
contra uno de los grandes problemas de nuestro país. «Teruel Existe»
trabaja desde el inicio de la legislatura para que en el desarrollo
legislativo se tenga en cuenta la perspectiva rural. Por ejemplo, en el
desarrollo de la Ley de suelos contaminados introdujimos la necesidad de
solucionar desde la ciencia el grave problema medioambiental que suponen
los purines; conseguimos que se reconocieran sus posibilidades de
aprovechamiento como biogás. En la Ley de cambio climático introdujimos
un artículo que defendía que el desarrollo de las energías renovables
debía hacerse respetando la riqueza natural y cultural de los territorios
en los que se implantan, aportando además al desarrollo de estos
territorios. Y en el desarrollo de esta ley hemos introducido varias
enmiendas que buscan que el desarrollo del conocimiento científico sirva
como herramienta de cohesión territorial y para reducir las desigualdades
socioeconómicas de las zonas despobladas o con riesgo de
despoblación.

Así, pues, se ha conseguido que la cohesión
territorial sea uno de los criterios que esté presente en los concursos
de concurrencia competitiva para albergar la futura sede de la Agencia
Espacial Española, una perspectiva, además, que es la que defiende el
propio Gobierno cuando habla de la desconcentración de las nuevas sedes
de la Administración. A través de la innovación y de proyectos tractores
concretos, la ciencia puede dar una vuelta a la situación actual de
nuestro país. Isaac Asimov, en su trilogía Fundación, nos presenta un
planeta imaginario, Términus, un planeta vacío y solitario en el extremo
de la galaxia; allí se instala un grupo de científicos para, a partir de
recursos endógenos y con la suma de variadas inteligencias, demostrar que
se puede desarrollar una nueva comunidad. No hay que ir a buscar nuevos
planetas que desarrollar, salvando las distancias, en nuestro país ya
tenemos varios Términus que necesitan de la atención científica y de las
administraciones. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para
que esta ley pueda desarrollar nuestros territorios que, como Términus,
están vaciados y solos. Estamos convencidos de que, si reunimos un
conjunto de proyectos estratégicos de ciencia y tecnología alineados con
el objetivo de revertir la despoblación, su trabajo generará un alto
impacto en la sociedad y en nuestros territorios. Ahora es necesaria la
valentía política para acometer las decisiones que demuestren cómo la
ciencia puede ayudar a revertir nuestra situación.

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Por el mismo grupo, interviene el senador Muñoz
Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

La ciencia y la innovación son pilares
fundamentales de la visión de Ciudadanos para España; desde que hemos
sido influyentes en la política española hemos apostado por un modelo
basado en aportar valor añadido. Por ejemplo, gracias a Ciudadanos se
comenzó a poner en marcha en España la Red Cervera, destinada
precisamente a hacer llegar este modelo basado en el valor añadido y la
innovación al 98 % del tejido productivo de nuestro país. Hasta entonces,
la innovación era cosa de las grandes empresas del IBEX, pero las pymes,
que conforman la práctica totalidad de nuestro tejido empresarial, se
veían expulsadas de esta oportunidad. Una Red Cervera propuesta e
impulsada por Ciudadanos ha sido reconocida por los expertos europeos
como el estímulo necesario para la innovación empresarial en las pymes
españolas, al proporcionar acceso a la financiación en condiciones
ventajosas para los empleadores.

Aunque se han incorporado mejoras sustanciales
propuestas por los liberales de Ciudadanos en este proyecto de ley, sin
embargo, se ha decidido no ya oponerse, sino vetar algunas de nuestras
propuestas y enmiendas. ¿Por qué no aplicar beneficios fiscales para las
empresas que invierten en I+D y bonificaciones a la contratación de
investigadores? ¿Por qué no cumplir con el Pacto por la ciencia, que
tiene un amplio consenso, suscrito por el Gobierno, por entidades
privadas y organizaciones del ámbito de la I+D, con el fin de alcanzar el
objetivo de dedicar el 3 % del PIB a la investigación y al desarrollo en
el 2030, tal y como está suscrito? Todas estas cuestiones de calado se
quedan fuera. Aun así, nuestro grupo va a votar a favor del presente
proyecto de ley, aunque creemos que es una oportunidad perdida para
redactar un texto que impulse y atraiga la financiación una vez que todos
los fondos europeos se hayan agotado. Como bien saben, es mi último
pleno, mi última intervención en esta cámara. Hoy termina un ciclo en mi
vida que me ha hecho ser partícipe de esta Cámara Alta, un privilegio y
un honor ejercido con lealtad, con trabajo y compromiso a mis ideales y
principios. Quisiera señalar algunas de las iniciativas que han salido
adelante y de las que me siento muy orgulloso, como la moción que defendí
y se aprobó para garantizar el derecho a una vida digna de las personas
con ELA, que posteriormente mis compañeros diputados en el Congreso
pudieron tramitarla como proposición de ley; o nuestra proposición de ley
de accesibilidad cognitiva y, cómo no, también la aprobación del nuevo
Parque Nacional Sierra de las Nieves, un nuevo parque nacional en mi
provincia, en Málaga, tan conocido y tan querido.

Creo haber superado este reto que quince meses
atrás me llegó, con centenares de intervenciones en plenos, comisiones e
iniciativas, con determinación, ilusión, compromiso y trabajo y lealtad a
nuestro proyecto político moderado y liberal, tan necesario en este país.
El mes de mayo del pasado año di este paso para incorporarme como senador
de esta Cámara Alta desde la sociedad civil, ahora vuelvo a ella, vuelvo
a ella donde seguiré ejerciendo un servicio público en la defensa del
patrimonio natural de mi comunidad autónoma, Andalucía.

Me gustaría poner en valor la profesionalidad
de todos los que forman parte de esta Cámara Alta: los letrados, los
taquígrafos, personal técnico, ujieres, personal de restauración,
limpieza, los cuerpos de seguridad del Estado que velan por nuestra
seguridad, a todos ellos hay que aplaudir su labor diaria. Gracias a mis
compañeros de Ciudadanos, tanto en el Senado... (Pausa.— Aplausos).
Ha sido un placer trabajar con ellos, gracias por la confianza aportada.
También a todo el Grupo Ciudadanos en el Congreso, diputados y
técnicos.

Quisiera acabar con una frase de nuestro
ilustre Miguel de Cervantes. Cómo no, habla esta frase de la libertad y
del honor: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros
que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida».

Muchas gracias. Hasta siempre. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En nombre de la Mesa, todo el reconocimiento
por su labor como senador en esta cámara y nuestros mejores deseos para
su próxima etapa vital y profesional. Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, por el Grupo Nacionalista, tiene la
palabra la señora senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Señorías, antes de
nada, quiero agradecer la labor del senador Muñoz y de la senadora Pilar
González, que hoy se han despedido. (Continúa en catalán). Gracias por su
talento, gracias por sus aportaciones.

Empiezo de la misma manera que lo he hecho en
el turno de defensa de las enmiendas. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia). Junts ha presentado
treinta y una enmiendas trabajadas con el sector y con la Conselleria de
Recerca i Universitats de Catalunya. De estas enmiendas, tres nos las han
vetado con la excusa de siempre: el artículo 134.6 de la Constitución y,
tal como he dicho en el turno de portavoces, me centraré en ello.

El artículo 134.6 de la carta magna consiste en
vetar en el Congreso y en el Senado todas aquellas iniciativas de la
oposición que le parecen al Gobierno inadecuadas, con la justificación
del desajuste presupuestario. Es decir, tiene poder para decidir qué
iniciativas desequilibran las cuentas y no pasan a figurar en el orden
del día; estas se vetan y se fulminan. Lo hacía Mariano Rajoy y ustedes,
los socialistas, le acusaban —le acusaban— de abusar de ello,
hasta presentaron un recurso al Tribunal Constitucional por tergiversar y
manipular impúdicamente sus tareas. Esto lo hacía el PP, pero es que lo
hacen ustedes, utilizan esta herramienta. Por lo tanto, coherencia,
coherencia... cero, pero ni de unos ni de los otros. Déjense de
artículos 134.6 y déjennos trabajar.

Nos han vetado la compensación del IVA de los
proyectos de investigación. ¿De verdad que no lo consideran esencial, no
lo consideran básico? Si realmente creen en la investigación, se tiene
que compensar el IVA en proyectos de investigación. La pandemia ha dejado
bien claro que la investigación es imprescindible, imprescindible para
nuestras vidas. Pues facilitemos la investigación, no le pongamos trabas
y pongamos en ella recursos, que cuando quieren, ya saben de dónde sacar
el presupuesto.

Junts cree que debe ser una ley que ayude al
despliegue de la I+D+i, que refuerce la ciencia, la tecnología y la
innovación, sin limitar ni restringir ningún ámbito competencial. En
Cataluña, en breve, se aprobará la ley de la ciencia de Cataluña, que
dibuja un marco jurídico, prevé obligaciones de financiación estable,
hace un reconocimiento de mecenazgo científico, es decir, un
reconocimiento de todo el sistema de conocimiento de Cataluña. A ella se
han presentado más de quinientas enmiendas, y para que sea una ley
consensuada se han aceptado y transaccionado muchísimas. Me gustaría
mucho que ustedes aprendieran de ello y aquí, en el Senado, también
aceptasen y transaccionasen muchísimas, aunque dudo que lo hagan.

Señorías, Cataluña representa el 1,5 % de la
población europea y, fíjense, recoge un 2,5 % de fondos competitivos
europeos. Un ejemplo: 1500 millones de euros del programa Marc
Horitzó 2020. Somos el quinto país de Europa en conseguir fondos
competitivos europeos, fondos que permiten llevar a cabo acciones de
investigación y desarrollo tecnológico, y que consiguen la excelencia. Si
no suprimimos la disposición adicional décima, los centros de
investigación perderán mucha financiación —y no solo lo decimos
nosotros, lo dice la CRUE, los centres de recerca, los centros de
excelencia—, Cataluña perderá 1500 millones de euros y todos los
partidos catalanes de esta cámara no lo podemos permitir.

Y termino con unas palabras de la consellera
Gemma Geis, de Recerca i Universitats de Catalunya, que ha trabajado
intensamente —ella y su equipo— para mejorar esta ley y crear
la ley en Cataluña. Ella dice: «Invertir en investigación y universidades
es una inversión segura porque hay un retorno, nos prepara para el futuro
y es el mejor plan de contingencia para el país».

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Castellví.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.

Señorías, la aprobación de esta ley es, sin
duda, un avance sin precedentes para corregir algunas de las lagunas que
impedían y siguen impidiendo a día de hoy el desarrollo de un sector que
hasta ahora ha sido tratado como un asunto menor por los distintos
gobiernos, de un color y de otro color, y que, paradójicamente,
representa una de las apuestas más eficaces y necesarias para avanzar,
para que nuestro país avance y nuestra sociedad cuente con los recursos y
los conocimientos necesarios para afrontar los nuevos desafíos a los que
nos vamos a enfrentar.

En primer lugar, la norma establece un
incremento estable de los presupuestos públicos para la ciencia hasta
avanzar, señorías, hacia las recomendaciones europeas, y esperemos que en
los más que previsibles ajustes que va a tener este texto y que va a
realizar el actual Gobierno no se recurra a un nuevo tijeretazo como el
que aplicaron Zapatero y Rajoy a la ciencia en la anterior crisis
económica.

En segundo lugar, junto al incremento de los
presupuestos, el aspecto más destacable es, sin duda, la mejora de las
condiciones de la carrera científica. La nueva ley crea unos contratos
más estables que los actuales, que son precarios.

Y, en tercer lugar, el texto reduce esas trabas
burocráticas que impiden a los investigadores y a las investigadoras
desarrollar su trabajo.

Señorías, en este país hemos tratado muy mal a
la ciencia y a nuestros científicos y científicas. Los distintos
gobiernos, sean del color político que sean, han dado la espalda al
talento de la inmensa mayoría de los jóvenes, que se han visto obligados
a hacer su maleta y a buscar una salida en otros países de la Unión
Europea en los que sí se han podido desarrollar y aplicar su
conocimiento. Ha sido un error que, obviamente, ha restado a este país
capacidad, competitividad y fuentes de conocimiento. Por tanto, esta ley
es un punto de no retorno a un pasado de errores y a un pasado de
injusticia con un sector, como es la ciencia, que solo ofrece
oportunidades y ventajas, y lo hemos visto durante esta pandemia o, por
ejemplo, durante la gestión de la crisis volcánica que hemos sufrido en
la isla de La Palma. Porque, señorías, la ciencia es clave no solamente
para atender las urgencias, sino fundamentalmente para prevenirlas. Esta
es una de las leyes más importantes y esperadas de esta legislatura y
todos y todas coincidimos en su relevancia para el futuro de nuestro
país, para el futuro de nuestros jóvenes, y espero que en esa aplicación
se desarrolle con la máxima diligencia para ofrecerles, señorías, una
salida digna a los futuros científicos y científicas y facilitar el
retorno de todos aquellos y aquellas que emigraron.

Antes de despedirme, quería también agradecer
al compañero José Luis su labor realizada aquí en esta casa y desearle,
como no puede ser de otra manera, la mejor de las suertes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Chinea.

Tiene la palabra el senador Vidal.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.

Estos días algunos han acuñado la expresión de
«España está ardiendo». Estos días, España y otros países de Europa están
afrontando, probablemente, una de las crisis más fuertes a nivel de
incendios, lo que hace que nuestros dispositivos de incendios estén en el
máximo estrés, básicamente, a tener que afrontar varias situaciones de
máximo riesgo en el mismo instante; cuando un dispositivo está desplegado
es cuando es más frágil si hay otra emergencia. Por tanto, mi solidaridad
con todos los dispositivos de incendios, a los que estos días les
reconocemos su trabajo, pero también les tenemos que reconocer las
condiciones laborales, también les tenemos que reconocer que durante el
invierno es cuando tienen que tener los medios necesarios para seguir
trabajando y que son cuerpos civiles, no son ejército; en lugar de tener
que reforzar la UME para hacer esas tareas, tenemos que reforzar esos
cuerpos de forestales, de agentes de medioambiente, de gentes que están
en el campo día a día trabajando contra los incendios.

La ciencia nos dice que estos incendios cada
día van a ser más y de nuevas generaciones, capaces de alterar el clima
donde se producen y, por tanto, cada día van a ser más virulentos, y
estas situaciones se van a dar porque el clima va a ser más
caluroso.

Algunos me decían que estos días hacía mucho
calor en Madrid. Reflexionemos sobre el tema de que hace mucho calor:
hace un calor extraordinario, por encima de la media que nos toca en
estos tiempos, y estamos encadenando diferentes olas de calor. Este hecho
extraordinario se va a convertir en lo normal, esto va a ser la
normalidad que vamos a ir dejando a nuestro paso, esta es la normalidad
que va a venir. Piensen ustedes en si este verano, que estamos
catalogando de caluroso, de infumable, de tremendo, pasa a ser la
normalidad o en que les dijera que probablemente en las vidas de ustedes
o de sus hijos va a ser el verano más frío que vamos a tener. Esto es el
cambio climático y esto es lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos da
estos datos y tenemos que escuchar a la ciencia.

Hoy hacemos una ley para los científicos, para
la ciencia, pero debemos escucharlos, y parte de la ciencia es la
divulgación. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento a los
administradores del colectivo Rebelión Científica, que hicieron una
acción para concienciarnos del cambio climático en el Congreso y por eso
catorce de ellos están encausados, en libertad condicional, básicamente
con cargos por alteración del orden público y destrozos, cosa que no es
así. Simplemente era un grito, una llamada de atención a los políticos, a
nosotros, que no estamos haciendo lo suficiente para que ellos trabajen
dignamente y para que nos tomemos en serio el cambio climático. Por
tanto, hoy esta ley va por ellos, va porque les pongamos los recursos
personales, va porque les pongamos los recursos económicos para que, si
de verdad no queremos esos incendios, puedan estudiar y trabajar de
manera digna. Por eso mi grupo hoy va a dar apoyo a un Gobierno que a lo
mejor —lo digo claramente— no se lo merece. No se lo merece,
y hoy hemos cambiado la estrategia. Este senador normalmente participa
muchísimo en los debates y presenta infinidad de enmiendas, pero esta vez
cambié de estrategia y simplemente presenté una. Un amigo me dice:
Vicenç, si quieres una cosa que sea muy importante, solo pide esa cosa,
no pidas muchas, porque así se dispersan los esfuerzos. Y pedí una, que
básicamente es lo que estoy pidiendo siempre: el régimen especial de las
Illes Balears —mis compañeras del PNV ya sonríen—. Es lo que
siempre pedimos, y lo pedimos en este caso para la ciencia. El artículo 7
del régimen especial, que se aprobó aquí y que está congelado en el
Congreso, prevé que las empresas dedicadas a innovación, ciencia y
tecnología tengan una bonificación 20 puntos superior a la Península en
el impuesto sobre sociedades simplemente porque hay unos sobrecostes,
porque investigar en las Illes Balears —la ciencia en las Illes
Balears— es más caro. ¿Y cómo nos responde el Gobierno? Con un
veto. Esa bonificación vale 9 millones.

Pero el problema no es que nos veten, que
apliquen hoy ese veto, el problema es que ya lo aplicaron en los
Presupuestos Generales del Estado. El problema es que ustedes lo hacen
políticamente porque sabían que esta enmienda podía salir, podía
progresar. Ese es el problema. Y después vendrán a las Illes Balears y se
llenarán la boca hablando del cambio de modelo económico y diciendo que
después de la COVID no podemos seguir dependiendo solo del turismo, que
tenemos que hacer otras cosas. Pero cuando pedimos los instrumentos para
hacer otras cosas, se nos veta. No puede ser que el Gobierno más
progresista de la historia vete a las Illes Balears a la hora de avanzar
en ciencia, tecnología e innovación. Les pondré un ejemplo: en la última
convocatoria de universidades, donde se repartían las infraestructuras
más potentes en investigación de este Estado, en las resoluciones se
respondía al Govern de las Illes Balears, a la Universitat de les Illes
Balears, diciendo que no se conseguían esos fondos, no por falta de
calidad de los científicos, sino porque había demasiado pocos. Claro, en
población somos poquitos. Ese es el hecho insular. Los científicos son
buenos, los científicos se merecen las infraestructuras necesarias para
trabajar, y tenemos que darles esas condiciones para que puedan hacerlo;
y el hecho insular nos limita por el número que somos. Eso es entender la
insularidad, que no se ha entendido. Evidentemente, habrá más científicos
en Barcelona, habrá más científicos en Madrid, pero si los científicos
pueden competir a nivel científico, lo que tenemos que hacer es potenciar
el nivel de calidad de la investigación y asegurarnos de que damos los
medios para que ningún territorio se quede atrás. No nos condenen
simplemente a ser un destino de playa y sol. Queremos una economía
diversificada, queremos ser algo más que una playa idílica para que
ustedes vayan de vacaciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Peral.

La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.

Quiero empezar mi intervención también
agradeciendo al señor Muñoz su trabajo y deseándole la mejor de las
suertes en la nueva faceta que va a emprender. Gracias.

Debatimos hoy el Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la
innovación, un proyecto de ley que lleva tramitándose más de un año y que
desde el primer anteproyecto, presentado por el anterior ministro de
Ciencia e Innovación, ha sufrido numerosas modificaciones. Durante este
tiempo tenemos que reconocer y agradecer que hayan sido numerosas las
reuniones de trabajo de los grupos políticos con el ministerio. También
se ha trabajado en la subcomisión de Ciencia en el Congreso, donde se
escuchó a diferentes personas del mundo de la ciencia, a profesionales de
la Administración, a organismos de investigación y entidades diversas.
Pero una vez más el proyecto de ley ha entrado en el Senado por el
procedimiento de urgencia, lo que ha impedido que hayamos tenido un
debate más sosegado, y creemos que ese debate era necesario. En la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado el dictamen se
aprobó con más abstenciones que votos a favor, lo que quiere decir que la
mayoría de los grupos, sin oponerse al proyecto de ley, que venía con
mucho consenso del Congreso, sin votos en contra, creía en la necesidad
de analizar las más de cien enmiendas presentadas en el Senado, que
podían mejorar la ley. Y ese ha sido nuestro objetivo con las enmiendas
que ha presentado el Grupo Vasco: mejorar la ley y defender, como siempre
hacemos en cualquier iniciativa o texto legal, el ámbito
competencial.

Quiero recordar la enmienda que hemos
presentado en defensa de la actividad de los centros tecnológicos, para
lo que solicitamos eliminar la restricción de que las ayudas o
subvenciones públicas bajo las cuales vayan a contratar personal de
investigación tengan como objeto la contratación de personal y no admitir
que pueda ser un proyecto cuyo objetivo sea la actividad investigadora.
Tal y como está redactado el artículo se perjudica a los centros
tecnológicos y de investigación, que forman una parte muy importante del
sistema vasco de ciencia e innovación, un sistema por el que en Euskadi
llevamos apostando desde los años ochenta porque la ciencia y la
innovación están en el ADN del Partido Nacionalista Vasco.

El objetivo de nuestras políticas de ciencia,
tecnología e innovación es contribuir a la mejora de la competitividad
empresarial, las oportunidades de empleo y la calidad de vida y bienestar
de las personas. Es claro el impacto que la ciencia y la innovación
tienen para afrontar los retos de la sociedad a medio y largo plazo y
para abordar las tres grandes transiciones que afectan a nivel global a
todos los sectores económicos y a todas las sociedades: la
tecnológico-digital, la energético-climática y la sanitaria y social. La
ciencia y la innovación deben servir de palanca para afrontar esta triple
transición, y la Ley de la ciencia debe servir para reforzar el espacio
de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado, sin que por
ello se limite o restrinja el ámbito autonómico. Estamos, en cualquier
caso, ante una Ley de la ciencia que incorpora elementos positivos, como
la consideración y la estabilización de la carrera investigadora del
personal de investigación del Sistema Nacional de Salud. Es la primera
ley que reconoce al personal del Sistema Nacional de Salud como personal
científico y a los hospitales, como lugares de ciencia, aunque estuvo a
punto de no ser así por la oposición del Partido Socialista.

Se ha hecho un esfuerzo importante por recoger,
a través de dos artículos, numerosas medidas que garanticen la igualdad
de género y eliminen elementos de discriminación, y es que es necesario
corregir los mecanismos de promoción, de evaluación, que no son neutros,
sino que discriminan colateralmente a las mujeres en el ámbito de la
investigación académica y en su promoción profesional y provocan el
efecto tijera, según el cual hay menos mujeres cuanto más se asciende en
la escala de reconocimiento académico y profesional hacia posiciones de
mayor responsabilidad.

También se recoge en la ley el compromiso de
una financiación estable, aunque no creemos que sean necesarias leyes
para asegurar esa financiación. En Euskadi tenemos un compromiso claro y
compartido con la investigación y la innovación que vincula a todas y a
todos: universidades, centros tecnológicos y de investigación,
administraciones públicas, empresas y a toda la sociedad. Este es el
mejor instrumento para conseguir esa financiación sostenida e
incrementada año a año, reflejada en nuestro Plan de ciencia, tecnología
e innovación 2030. Apostamos por la búsqueda de la excelencia científica,
como se recoge en el Pacto europeo por la investigación y la innovación.
En este sentido, hemos logrado que la ley incluya una medida dirigida a
contribuir a la captación, retorno y retención del personal tecnólogo con
una reputación basada en la excelencia. Hemos apoyado la ciencia abierta,
considerando que, además de los ministerios citados en el proyecto de
ley, las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, puedan
también promover iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los
datos generados por la investigación. No estamos, por tanto, en contra de
la Ley de la ciencia, pero no hemos conseguido que se respete el ámbito
competencial en toda su extensión, tal y como pedíamos en nuestras
enmiendas. Por eso, mi grupo se abstendrá en la votación.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Peral.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Reniu.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes, gràcies,
president. Bona tarda, senyories.

Senador Muñoz Lagares, suerte en el futuro, y
ánimo. A Pilar ya se lo hemos manifestado también en persona. Valga para
los dos.

Debatimos en el Pleno, como saben ustedes, la
modificación de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. En
nuestro grupo parlamentario es preciso reconocer el buen trabajo que se
ha hecho en el proceso previo en el Congreso por parte del Grupo
Parlamentario Republicano, basado en un diálogo amplio, transversal y que
ha permitido llegar a un buen resultado, desde nuestro punto de vista,
como el que debatimos hoy. Ciertos son —ya se ha manifestado por
otros portavoces, no solo en la tramitación de esta ley, sino también en
otras ocasiones— los impedimentos y problemas que genera la
tramitación de urgencia: no solo acorta los plazos, sino que nos provoca
una situación realmente de urgencia sobrevenida, difícilmente
justificable en algunos casos.

Pero lo que queremos es centrar nuestra
intervención en las aportaciones del Grupo Parlamentario Republicano, de
Esquerra Republicana de Catalunya, a esta ley, porque, a fin de cuentas,
valoramos positivamente el texto remitido, hasta el punto de que, como
saben sus señorías, únicamente hemos mantenido una enmienda viva,
relativa a la farmaindustria, que hemos dado por defendida anteriormente.
Se las resumo brevemente. Hemos introducido avances en la publicación de
resultados y transparencia en proyectos de investigación y desarrollo
financiados con fondos públicos, con la voluntad de mejorar la
transferencia del conocimiento; a fin de cuentas, esa ciencia abierta.
Hemos aportado también mejoras en perspectiva de género, tan necesarias
en la carrera profesional de los y las investigadoras. Hemos encontrado
mecanismos de delimitación competencial clara —siempre mejorable,
pero clara— y mecanismos no invasivos de colaboración entre
administraciones, respetando las competencias que tiene la Generalitat de
Catalunya en este campo, aunque, por desgracia, veamos demasiadas veces
invasiones competenciales en leyes que aprueba este Gobierno. En lo que
se refiere a las mejoras en las condiciones laborales de las personas que
trabajan en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación,
nuestra actuación asegura la continuidad y viabilidad de los proyectos
científicos y de desarrollo y, por tanto, del personal asignado a ellos.
Asimismo, hemos contribuido a flexibilizar los requisitos para poder
acceder al nuevo contrato de actividad científico-técnica, asegurando el
acceso a quienes tengan la formación, experiencia y competencias acordes
a las tareas a desempeñar. Y, por último, a facilitar procesos de
promoción interna entre las escalas técnica y científica para promover el
desarrollo de la carrera profesional. En resumen, hemos contribuido a
asegurar la transferencia del conocimiento, convertir la carrera
científica y técnica en un valor estable y de futuro, introducir medidas
para la reducción de las desigualdades de género y simplificar la
burocracia, esto es, hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación
un sector estable que permita el desarrollo, la modernización y evitar lo
que hemos venido en llamar fuga de cerebros.

Pero especialmente queremos destacar un acuerdo
que para nosotros es sumamente importante: la promoción y consolidación
de los parques científicos y las plataformas tecnológicas como impulsores
de la transferencia del conocimiento y la divulgación. Les recuerdo que
conseguimos eliminar en el trámite parlamentario en el Congreso el
sistema de doble aval de financiación, que lastraba las cuentas de los
parques científicos y tecnológicos de todo el Estado español, con
especial incidencia en Cataluña. Así, la ley incorpora la eliminación de
la obligatoriedad de conseguir avales bancarios privados para la
financiación de esos centros, algo que comprometía la continuidad y
viabilidad de muchos proyectos científicos y, en consecuencia, de los
contratos y el personal destinado a estos por la sobrecarga financiera
que suponía. Todos ustedes saben que la potencia científica y la
viabilidad económica de los parques científicos es enorme, pero su
situación financiera es muy delicada debido a la manera en que se
financió en su día la gran construcción y equipamiento de esas
infraestructuras, en gran parte con deuda proveniente del Estado y con
unos términos de devolución no acordes con los flujos de caja. Les pondré
un ejemplo para que entiendan la magnitud del problema: uno de los
grandes parques científicos catalanes pagaba el 1,5 % del precio del aval
por una cuota vencida de casi 37 millones de euros, lo que suponía más
de 700 000 euros anuales de sobrecarga financiera, algo tremendamente
difícil de soportar.






Con la eliminación de este doble aval damos
confianza a esas estructuras científicas, la mayoría de ellas ligadas a
universidades, que nos aportan investigación, innovación y empleo de
calidad. Creemos que con todo lo que nuestro grupo parlamentario ha
negociado para alcanzar esta ley en el Congreso, y ahora ratificándola
aquí, en el Senado, damos salida a la mayoría de las reivindicaciones del
sector científico e investigador de Cataluña y damos musculatura al
sector de la investigación e innovación del país, aunque quede mucho por
hacer. A título de ejemplo: aún tenemos que llegar a acuerdos con el
Gobierno sobre un tema de tanta relevancia como es la devolución del IVA
a los centros de investigación, tal y como algunas sentencias firmes ya
reconocen y como mandató el Congreso de los Diputados, precisamente con
la aprobación de una PNL de nuestro grupo parlamentario. Esquerra
Republicana es un partido progresista, por lo que siempre estaremos por
la dignificación de las condiciones de trabajo de los investigadores y
las investigadoras. La investigación deja así de ser precaria gracias a
nuestra actuación en el Congreso y en la Cámara Alta, y ello pasa,
además, por garantizar una financiación basal suficiente que permita que
los centros de investigación punteros a nivel europeo y a nivel mundial
cuenten así con unas mayores garantías de funcionamiento. Esperamos que
estas reivindicaciones sean concretadas a la mayor brevedad. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Por todo lo
señalado, y porque, a fin de cuentas, el trabajo del Grupo Republicano en
el Congreso ha sido satisfactorio, daremos nuestro apoyo a esta ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Alarcó Hernández.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Buenas tardes,
señora presidenta.

Señorías, una vez más comparezco ante ustedes
como portavoz del Grupo Popular en ciencia para debatir la modificación
de una ley que se nos antoja absolutamente trascendental. Por eso
quisiera decir, principalmente al Grupo Socialista, que una ley de este
estilo nunca hubiera precisado nada extraordinario, ninguna reunión
extraordinaria, sino que necesita sosiego, necesita reflexión, porque va
a marcar el desarrollo del país de forma definitiva.

Sin duda, como miembro del Partido Popular,
quiero solidarizarme con todos los afectados en estos momentos por los
incendios, tanto en lo que respecta a vidas personales como a haciendas.
También quiero solidarizarme con todas las víctimas del genocidio que
está produciendo un liberticida como Putin. Lo diré siempre que tenga la
oportunidad de decirlo en una Cámara legislativa, hasta que sea juzgado
por lesa humanidad. Nunca me olvidaré. Y ya que nos referimos a una ley
como la Ley de la ciencia, quiero recordar que en el Senado se han
celebrado los cincuenta años de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, que es un éxito de todos en este país que ha permitido, siendo
la universidad que más matrículas tiene, que más de dos millones de
ciudadanos, mujeres y hombres, hayan tenido acceso a estudios
universitarios. Creo que es un éxito de todos, y me alegra que se haya
celebrado en el Senado.

Y nos preguntamos: ¿por qué tanta prisa en algo
tan transcendental como esto? Algunos dicen: Bueno, porque Europa nos lo
exige. Pero no, Europa no lo exige, si no que tengamos una Ley de la
ciencia buena. Y, en segundo lugar, menos decretos leyes.

Algo muy importante que le quiero decir
directamente al portavoz del Grupo Socialista es que el Grupo Popular
propuso en el Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión de
ciencia, que se aprobó por unanimidad, para crear un comité de expertos y
que ese comité elaborara un dictamen serio y razonado sobre lo que
significa la ciencia y lo que necesita. Y en esa subcomisión, que repito
que se aprobó por unanimidad, se acordó que no se haría nada con la ley
hasta que terminara su trabajo. Pero ¡qué sorpresa! —y de ahí
vienen todos los males—: el mismo día que estaba haciendo sus
aportaciones el investigador Barbacid, uno de los principales
investigadores que tiene este país, llevaron el proyecto al Consejo de
Ministros y se aprobó. Es incomprensible. Como digo, de ahí vienen todos
los males, porque si eso no se hubiera hecho así, las aportaciones a esta
ley, que insisto en que es trascendental, habrían sido muchísimo más
completas, y lo digo con dolor. Y de ahí vienen los problemas
fundamentales.

Y quiero recordarle a la senadora Elena Diego
Castellanos que ¡claro que tenemos ideología! El Partido Popular tiene
ideología, se siente orgulloso de tenerla y la defiende en todos los
foros, y es el partido más importante numéricamente en la Europa a la que
pertenecemos. Lo que no debe tener ideología es la Ley de la ciencia. Por
eso creemos que lo que se ha intentado hacer con este subterfugio es una
maniobra política que no viene a colación.

Por cierto, lo que no es nada científico, pero
nada científico, es llamar mamporrera a toda una oposición y no pedir
disculpas, y además que desaparezca. (Aplausos.— Rumores). Llevamos
muchos años en el Senado, y me siento convencido de que este es un
instrumento democrático que nos hemos dado los españoles y que tenemos
todos que respetar, que en esta legislatura no ha respetado el Partido
Socialista ni el que apoya al Gobierno porque lo han tomado siempre como
un puro trámite.

La ciencia no va por la ideología, solamente se
basa en la evidencia científica, y la evidencia científica solamente se
basa en que es auditable, comprobable y medible. Eso es lo que nosotros
defendemos. Por cierto, el Ministerio de Ciencia, la primera vez en
democracia que se crea, lo crea el Gobierno del Partido Popular, lo que
demuestra una vez más que, aparte de tener respeto por la ciencia, y
respeto por la Cámara Alta, siempre la ha defendido.

Y hago un paréntesis: el Senado tiene algo
especial, sobre todo tiene corazón, y no he dicho nada a los compañeros
que se despiden hoy, todos entre lágrimas. Es un lujo haberlos conocido,
Pilar y compañía. Como digo, tiene alma y tiene corazón, y eso es muy
importante.

Déjenme compartir con ustedes lo que nosotros
vemos trascendental de este proyecto de ley. Nosotros ya hemos dicho que,
aquí, en el Senado, la ley hoy vigente, la famosa Ley 14/2011, de 1 de
junio, se aprobó por unanimidad sin ningún trámite de urgencia. Y eso con
esta no se ha conseguido. Déjenme comentarles cuatro o cinco aspectos
importantes. La ciencia tiene que hacer siempre más país, y, como es
auditable, siempre es comprobable. La ciencia como valor estratégico es
algo que tiene que hacer una buena ley y que tiene que hacer la ciencia.
La ciencia es un instrumento imprescindible para crear más economía, más
desarrollo social, para crear medioambientalmente más medidas y para
profundizar en la igualdad de género. Y como la ciencia es auditable y
comprobable, es imprescindible que sigamos profundizando; de ahí la
crítica del Partido Popular: no ha lugar a ninguna vía de urgencia ni a
nada extraordinario, sino al sosiego, para aprobar esta ley, que creo que
es muy importante.

Decía antes el profesor De Lucas, cuando
presentó el dictamen, algo muy sabio que dijo don Santiago Ramón y Cajal.
Dijo eso, pero también muchas otras cosas. Y oyéndole a usted, lo que
hago siempre con profundo respeto, como es lógico, me acordaba de otras
cosas que había dicho don Santiago Ramón y Cajal, a quien he leído y he
seguido. También dijo que la verdad es un ácido que puede quemar a quien
la dice. Y hay que apuntarse a la verdad. Y dijo asimismo algo muy
importante, que creo que viene muy a colación ahora, y es que de lo que
se mira solo se ve lo que se sabe. Eso lo tenemos que aplicar los
políticos y tenemos que profundizar en ello.

La ciencia tiene que procurar un desarrollo
armónico evidente y claro. También le deberíamos haber dedicado mucha más
reflexión a este proyecto, y no nos lo han permitido por llevarlo por vía
de urgencia y no dejar terminar a la subcomisión que propuso el Grupo
Popular y que se aprobó por unanimidad. La ciencia debe tener un
desarrollo armónico de las ciencias naturales, de las ciencias sociales,
de la tecnología, de la ciencias y humanidades, de la filosofía
—infravalorada en estos momentos en nuestro país—, de las
ciencias de la salud. La ciencia siempre tiene que retener el talento.
Por eso es injustificable, y no es científico, que jubilemos al talento
en este país y que en los próximos años más de 64 000 sanitarios en pleno
estado físico tengan obligatoriamente que abandonar su puesto. Además, lo
que hay que hacer para retener el talento es precisamente respetar el
talento, porque hoy la edad, como ustedes saben, es un ítem entre cuatro,
y de lo que tenemos que hablar es de fragilidad. Y este país no se lo
puede permitir.

¿Y qué hicimos nosotros? Reunirnos. Por cierto,
le explico al portavoz del Grupo Socialista el porqué de esa enmienda
determinada que usted critica. Es muy sencillo: porque nosotros, el
Partido Popular, nos hemos reunido con todos los actores de la ciencia
—vicerrectores, CRUE, centros de excelencia, etcétera—, que
pedían claramente ese tipo de acción. Y todos nos pedían también algo muy
concreto: un pacto por la ciencia público y claro en el que los dos
grandes partidos de este país —numéricamente, sin duda, y de
tradición en la democracia reciente española— llegaran a un
acuerdo, como tuvimos hace doce años. Y ahora, evidentemente, el Grupo
Popular, con las modificaciones que se han dicho y que mi compañero
brillantemente ha explicado antes, en el turno de enmiendas, la va a
aprobar, sin lugar a dudas.

En definitiva, señorías, creo que es una
oportunidad que se pierde para que esto hubiera sido mucho más completo.
El Grupo Popular va a votar que sí con nuestras enmiendas. Y, para
terminar, la ciencia debe servir fundamentalmente para hacer mucho más
país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Zubeldia Santoyo.

El señor ZUBELDIA SANTOYO: Gracias, señora
presidenta.

Evidentemente, quiero enviar un recuerdo y
muchísimo ánimo a todos aquellos vecinos de los territorios que están
sufriendo el fuego estos días. Y también quiero desear mucha suerte y
mucho ánimo a aquellos compañeros senadores y senadoras que abandonan la
Cámara en los próximos días. Nos veremos en el camino.

Bien, no expresamos nada sorprendente si
decimos que, en España, tradicionalmente se ha maltratado la ciencia y,
sobre todo, a sus profesionales. Aquello conocido del que inventen otros
se ha aplicado por desgracia durante mucho tiempo aquí, en España, y este
error, esta ingenuidad, e incluso esta irresponsabilidad, tiene
muchísimos inconvenientes; uno de ellos es que nos convertimos en un país
dependiente de otros y nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo
económico, resulta débil e inconsistente. El modelo estructural relativo
a la ciencia, la tecnología y la innovación no se cambia solo,
evidentemente. Al igual que la mano invisible del mercado no se encuentra
por ninguna parte, sí existe la posibilidad real de una intervención
pública decidida y estratégica por la ciencia y por la industrialización
de nuestro país, como está haciendo el Gobierno de España.

Los países tienden a especializarse en aquello
que hacen bien, y España aspira a ser un referente en determinados
ámbitos y sectores, además de en los ya tradicionales, como el vehículo
eléctrico, la salud de vanguardia, la economía circular, la
digitalización, la inteligencia artificial, la microelectrónica, los
semiconductores, la economía social y los cuidados, entre otros. Y ahí es
donde queremos llegar: a ser un país fuerte, un país que fabrique y que
haga cosas, y para eso hace falta, en primer lugar, inversión pública, y
también inversión privada, que sea ambiciosa, vanguardista, sostenida y
con retorno, en el marco de un modelo científico propio y avanzado. Y, en
segundo lugar, hay que proteger y ayudar a la principal materia prima del
modelo científico industrial, que es el conocimiento y el talento de
nuestros científicos e investigadores.

En nuestro país, hasta ahora, dedicarse a la
ciencia ha sido una vocación casi imposible, una verdadera carrera de
obstáculos. Una persona que elegía ser científico se condenaba a ser
adolescente hasta los 45 años; no sabía dónde iba a estar el año
siguiente, no sabía si iba a tener que emigrar y, sobre todo, en sus años
de investigación encadenaba infinidad de contratos. Y así, ni vida
personal ni vida profesional ni ciencia que valga. En consecuencia, ha
llegado la hora de plantear la organización de las numerosas y magníficas
capacidades de nuestro país, de dignificar y cuidar de nuestro talento y
conocimiento y de poner todos los recursos necesarios a su disposición.
La ley que hoy debatimos avanza en ese sentido, y creemos que es el
correcto.

Hoy debe ser un día histórico y muy importante
para nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un día
importantísimo para nuestros científicos, para nuestros investigadores,
para la atracción y retención del talento, para organismos públicos de
investigación, para nuestras universidades, para los centros tecnológicos
y también para el tejido empresarial español, pero, sobre todo, para los
ciudadanos, que son los que se benefician de la ciencia y de la
innovación. Y tiene que ser un día grande para España, y espero que hoy
esta idea no se frustre en el Senado, porque todas las leyes son
importantes, pero también podemos considerar algunas más estratégicas que
otras, y la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación es una de
ellas. Llega aquí, al Senado, fruto de mucho trabajo, del consenso y con
una vocación muy clara: transformar y mejorar la vida de nuestros
ciudadanos y también la del país. Por esta razón, quiero agradecer y
reconocer, como ya se ha hecho, el trabajo de todos los que han
participado en la tramitación de esta ley, las numerosas aportaciones de
distintas asociaciones y de colectivos, de particulares, de distintas
entidades e instituciones de ciencia, de investigación, de empresas y de
personas interesadas en la innovación. Tanto en el Congreso como en el
Senado, e incluso antes, en el Pacto por la ciencia y la innovación, nos
han ayudado, nos han hecho llegar sus aportaciones y sus recomendaciones.
Todo ello ha contribuido a mejorar la Ley de la ciencia, la tecnología y
la innovación del año 2011, que ya cumplió sus objetivos y que, como
demuestra el transcurrir del tiempo y la coyuntura actual, es necesario
actualizar y adaptar al presente escenario.

El espíritu de la Ley del 2011 fue malogrado
posteriormente. Por desgracia, la ciencia y, sobre todo, sus resultados y
sus profesionales han sido maltratados durante muchísimo tiempo. No es el
momento de comparar, evidentemente; solo recordaré aquello del PP, de la
ciencia, la decencia y la paciencia. Pero es mejor mirar al futuro y
trabajar para generar oportunidades de mantenimiento y de retorno del
talento de nuestros científicos y nuestras científicas.

Sin entrar en detalle —ya se ha debatido
bastante—, el objetivo de la modificación de la ley responde a las
demandas del sector. En primer lugar, dignificar las condiciones de
trabajo del personal investigador, por mucho que algunos grupos quieran
enmendarlo. En segundo lugar, disminuir los trámites administrativos, la
burocracia en la gestión de la I+D+i. En tercer lugar, garantizar
—muy importante— una financiación pública estable y
creciente. Y, en cuarto y último lugar, la aplicación de la
transversalidad de género con medidas que busquen la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en el ámbito científico e investigador. En
definitiva, se trata de superar los obstáculos que dificultan el
desarrollo estable de las carreras investigadoras de nuestros científicos
y científicas y, sobre todo, también de apoyar las iniciativas
innovadoras. El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
avanza con esta ley, fruto de un intenso trabajo bien dirigido, en primer
lugar, por el ministro Duque y que finaliza la ministra Morant, ministros
que se unen a una larga lista de políticos comprometidos con la ciencia,
entre los que hay que destacar al ministro Maravall, a la ministra
Garmendia o a nuestro admirado Alfredo Pérez Rubalcaba, bajo gobiernos de
Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Porque
siempre que ha habido que poner las bases del sistema científico,
tecnológico y de innovación en España estas han tenido que ser asentadas
y consolidadas por gobiernos socialistas. La historia lo dice así y el
presente también lo atestigua. Los socialistas, al revés que otros que
han tenido responsabilidades de gobierno pero que carecen de sentido de
Estado, no somos contradictorios entre lo que decimos y lo que hacemos.
La ciencia, la innovación y sus profesionales no pueden ser presa de esa
falta de coherencia.

Hoy queremos dejar de lado los años oscuros del
Partido Popular, que lastraron nuestra ciencia y que a alguno condenó
también al exilio. Por raro que parezca, la política y la ciencia y la
innovación hoy se dan la mano. Ya Ortega y Gasset aseguró que el progreso
de la civilización humana se debe fundamentalmente a dos razones: a la
democracia, con la adquisición de derechos sociales y civiles y el
establecimiento y consolidación de instituciones que trasciendan a la
generación humana, y, en segundo lugar, a la generación de conocimiento
en su sentido más amplio y al desarrollo científico y tecnológico. Para
conseguir y mantener lo primero, evidentemente, hay que hacer política, y
para conseguir y mantener lo segundo resulta crucial la ciencia.

En resumen —y voy acabando, señora
presidenta—, esta ley dignifica las condiciones de trabajo de los
investigadores y de las investigadoras y garantiza —muy
importante— una financiación pública creciente y estable de la
I+D+i española, que, por supuesto, va a estar alineada con los objetivos
de la Unión Europea del 1,25 % de financiación pública para el
año 2030.

Aquellos que hoy no voten a favor o traten de
demorar la aprobación tendrán que explicarlo muy bien. Pedimos más
compromiso y menos tacticismo político, porque no quiero pensar que
aquello que vale en el Congreso no vale aquí, en el Senado. Eso se llama
coherencia política. Y, como ya indicamos la semana pasada en la
comisión, senadoras y senadores, con la perspectiva del tiempo y con la
certeza, evidentemente, de no acertar en todo lo que quisiéramos,
deberíamos sentirnos satisfechos con las propuestas y aportaciones
realizadas en torno a la ley que hoy debatimos y que hoy esperamos
aprobar. La política —y acabo— es muy útil, no cabe la menor
duda. Sintámonos como políticos útiles aprobando esta ley, necesaria e
imprescindible para una sociedad como la española. Hay que ejercer
políticas que revolucionen el siglo XXI y no políticas que mejoren siglos
anteriores.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del dictamen del
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la ciencia, la tecnología y la innovación, se procede a continuación a
abrir el plazo de una hora para emitir el voto electrónico remoto para
los senadores autorizados, desde este momento, en que son las diecisiete
horas y cuarenta minutos, hasta las dieciocho horas y cuarenta minutos.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de este proyecto de ley
tendrá lugar una vez finalizado ese plazo.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 3.2.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Ruego
que llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las
puertas. (Pausa).

Muchas gracias.

Se procede a la votación del Proyecto de Ley
Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

En primer lugar, votaremos la propuesta de veto
número 1. Les recuerdo que para proceder a la aprobación de un veto es
necesaria la mayoría absoluta.

Votamos la propuesta de veto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 2; en contra, 152;
abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos, a continuación, a la votación de la
propuesta de veto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 104; en contra, 152;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos, a continuación, a la votación de
las enmiendas. Las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno.

En primer lugar, enmiendas de sus señorías
Muñoz Lagares y Sánchez López.

Votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 2; en contra, 246;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos, a
continuación, las enmiendas 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 8; en contra, 246;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas de sus
señorías Cleries i Gonzàlez y Rivero Segalàs.

Votamos, en primer lugar, la enmienda
número 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 229;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos de las mismas señorías las
enmiendas 91, 107,111, 114 y 115.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 230;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 130; en contra, 112;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Votamos, a continuación, las
enmiendas 94, 99, 101, 104 a 106, 117, 123 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 228;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 228;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 96, 113
y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 24; en contra, 220;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 219;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 27; en contra, 226;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 218;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 103, 108 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 34; en contra, 220;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 109
y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 112; en contra, 126;
abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 116, 119
y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 25; en contra, 218;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 33; en contra, 218;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la enmienda
número 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 228;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, de su señoría Martínez
Urionabarrenetxea, votamos la enmienda número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 6; en contra, 217;
abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 6; en contra, 219;
abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 25; en contra, 218;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 111; en contra, 124;
abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 13; en contra, 228;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 229;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 228;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 26; en contra, 216;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 218;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 110; en contra, 126;
abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Perdón, señorías, me he equivocado. Paramos la
votación. Les ruego que me disculpen.

Votamos la enmienda número 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 227;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 36; en contra, 115;
abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 116;
abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 13; en contra, 218;
abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 21; en contra, 226;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la enmienda número 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 21; en contra, 228;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De su señoría Vidal Matas, votamos, a
continuación, la enmienda número 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 25; en contra, 229;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 228;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 8; en contra, 228;
abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y del mismo senador, por último, votamos la
enmienda número 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 21; en contra, 228;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, de la senadora Bailac Ardanuy,
votamos, en primer lugar, la enmienda número 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 26; en contra, 226;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la misma señoría votamos las enmiendas 127
y 143.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 24; en contra, 230;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 129, 133
y 151.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259;






a favor, 27; en contra, 228;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 142 y 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 34; en contra, 219;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 132, 136, 144, 145
y 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 25; en contra, 220;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 138 y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 37; en contra, 217;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 25; en contra, 230;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 146 y 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 23; en contra, 218;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 34; en contra, 218;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votamos la enmienda
número 150.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 27; en contra, 218;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas
del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votaremos la enmienda
número 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 35; en contra, 220;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 65
y 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 39; en contra, 216;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 25; en contra, 215;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 26; en contra, 215;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 23; en contra, 217;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En primer lugar, votaremos las
enmiendas 4 a 9, 13, 21, 44 y 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 106; en contra, 147;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 103; en contra, 150;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las
enmiendas 11, 20, 27, 28, 39, 40, 47 y 49 a 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 106; en contra, 147;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 12, 17 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 106; en contra, 145;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 14, 16, 18, 19, 22, 24
a 26, 30 a 32, 34, 36 a 38, 41, 43, 45, 54 a 56 y 58 a 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 108; en contra, 145;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15, 46 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 106; en contra, 144;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 29, 42, 52 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 104; en contra, 146;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Y, por último, votamos la enmienda
número 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 109; en contra, 141;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, procedemos a la votación en un solo
acto del resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 151; en contra, 106;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de la enmienda aprobada por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre la misma en
forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
(Aplausos).

El señor presidente lee los puntos 3.2.3.
y 3.2.4.

El señor PRESIDENTE: Señorías, estos proyectos
se debatirán conjuntamente. Para la presentación de los dictámenes, tiene
la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, su señoría Lerma
Blasco.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor
presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.

Vayan saliendo, por favor, en silencio para que
podamos continuar con el debate, señorías, si son tan amables. Estamos a
la espera de que terminen de salir en silencio y poder continuar con el
debate. (Pausa). Muchas gracias.

Senador Lerma, cuando quiera.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias,
presidente.

Tal y como sostiene el preámbulo de las leyes,
los sistemas de insolvencia, en el caso de actividades viables
económicamente, tratan de facilitar las reestructuraciones del pasivo que
garanticen los derechos de los acreedores y la continuidad de la empresa
y, en el caso de empresas no viables, el procedimiento de extraer el
mayor valor de los activos para devolver a los acreedores el mayor
porcentaje de sus créditos con una prelación. Cuando el deudor insolvente
es una persona física, el concurso pretende ofrecerle una exoneración
parcial del pasivo insatisfecho y darle una segunda oportunidad. Nuestro
sistema de insolvencia tiene un uso reducido en nuestro país en lo que se
refiere a los instrumentos preconcursales, y el concurso también es
inferior con respecto a otros países de nuestro entorno; el porcentaje de
deudores que lo solicitan en una situación crítica supera el 45 % en la
actualidad. Además, los concursos tienen una excesiva duración que llegó
a alcanzar en 2020 un promedio de 60 meses. Este incremento de la
duración de los concursos está relacionado en buena medida con la carga
de trabajo de los juzgados de lo mercantil. Los concursos terminan en su
mayoría en liquidación y el procedimiento de segunda oportunidad es de
reducida utilización.

La presente ley pretende afrontar estas
limitaciones con una reforma del sistema de insolvencia, acompañada de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de juzgados
de lo mercantil. La ley persigue que no se frustren las aspiraciones que
justificaron la creación de los juzgados de lo mercantil y de las
secciones especializadas de las audiencias provinciales por la Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para cuyo fin es indispensable descargar
a esos juzgados y a esas secciones en sus competencias.

Los proyectos de ley que se someten en este
acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramitan por el
procedimiento de urgencia tuvieron su entrada en esta Cámara el día 4 de
julio de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el 11 de julio de 2022. Al proyecto de ley orgánica se presentaron 10
enmiendas. El Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6
de la Constitución y conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del
Reglamento del Senado, no dio su conformidad a la tramitación de la
enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Popular. Y en cuanto al
proyecto de ley, se presentaron 252 enmiendas, de las que, la número 30,
de los señores Muñoz Lagares y Sánchez López, fue posteriormente
retirada, y la número 195, del Grupo Parlamentario Popular, fue
inadmitida por la Presidencia del Senado. Asimismo, el Gobierno, al
amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y
conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento del Senado, no
dio su conformidad a la tramitación de la enmienda número 38 de los
señores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez.

El día 13 de julio, la comisión ratificó sendas
ponencias que quedaron integradas de la siguiente manera: doña Laura
Castel, don Josep María Cervera, don Xoaquín María Fernández Leiceaga,
doña María Nieves Hernández Espinal, don Juan Manuel Juncal Rodríguez,
don Imanol Landa Jáuregui, don Koldo Martínez Urionabarrenetxea, don José
María Oleaga Zalvidea, don Fernando de Rosa Torner, don Miguel Sánchez
López y don Clemente Sánchez-Garnica. Ese mismo día se reunieron las
ponencias para emitir sus respectivos informes, que en ambos casos no
introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Asimismo, en el proyecto de ley orgánica se introdujo una
corrección de índole gramatical en el artículo único, apartado 6; y en el
proyecto de ley, en relación con diversos errores técnicos o de índole
gramatical detectados, se efectuaron las oportunas correcciones, que en
ambos casos no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución. La Comisión de Justicia
se reunió el mismo día 13 de julio y emitió dictámenes de conformidad con
los informes de las ponencias.

Han presentado votos particulares al proyecto
de ley orgánica el señor Sánchez-Garnica y el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y al proyecto de ley de reforma del texto refundido de la
Ley concursal, el señor Sánchez-Garnica, los señores González-Robatto
Perote, Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, los señores Cleries i
Gonzàlez y Cervera Pinart, y los Grupos Parlamentarios Vasco en el
Senado, Esquerra Republicana y Popular en el Senado.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Lerma Blasco.

Señorías, procedería ahora abordar el debate de
totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir o podemos pasar al turno de
enmiendas? (Pausa). Muchas gracias.

Pasamos, entonces, al turno de enmiendas. Para
la defensa de las enmiendas al proyecto de ley orgánica y al proyecto de
ley presentadas inicialmente por los señores Muñoz Lagares y Sánchez
López, del Grupo Parlamenario Democrático, tiene la palabra su señoría el
senador Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor
presidente, señorías, buenas tardes. Voy a defender, en primer lugar, las
enmiendas que ha presentado el Partido Aragonés al proyecto de reforma de
la Ley concursal. Con estas tres enmiendas presentadas, además de tratar
de mejorar el texto lo que se pretende es poner en valor y dignificar la
procura como profesión jurídica esencial y fundamental para el
funcionamiento de la Administración de Justicia. (Rumores.— Pausa).

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señoría.

Tiene usted razón en hacer una pausa hasta que
haya el necesario silencio en el hemiciclo.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Los
procuradores y las procuradoras son claros protagonistas de la práctica
judicial, agilizando el proceso, representando a las partes y
garantizando sus derechos. Su intervención es fundamental para garantizar
mayor eficacia, rapidez y el buen discurrir del procedimiento judicial en
el que los ciudadanos están inmersos. Por ello, es imprescindible dar a
la procura la relevancia que merece. Las tres enmiendas consisten en
propuestas de modificación sobre las siguientes cuestiones: por un lado,
respecto de la intervención de abogado y procurador y, por otro lado, con
respecto a la plataforma electrónica de liquidación de activos en el
procedimiento especial para microempresas.

La primera enmienda tiene como objetivo la
participación del procurador también en el primer acto del concurso, en
la solicitud de apertura del procedimiento especial por el deudor,
artículo 691.1. Si se hace referencia al abogado, no tiene justificación
obviar la presencia del procurador que pueda representar al deudor. En
este sentido, no es suficiente para rechazar la enmienda decir que en la
solicitud de apertura del procedimiento especial basta con la asistencia
del abogado y luego, al tramitar el procedimiento especial, sí deba
contarse con la presencia del procurador en los términos del
artículo 687.6. El razonamiento, desde nuestro punto de vista, no tiene
un fundamento objetivo sino de oportunidad, que es legítimo pero que no
compartimos. Si en ambos actos, solicitud del procedimiento especial e
inicio del mismo, debe acudirse al juzgado, lo adecuado es que el deudor
deba estar asistido por abogado y representado por el procurador, y ello
con el único fin de garantizar sus derechos. Por eso, el texto debería
indicar que el deudor cuando se solicite la apertura del procedimiento
especial deberá comparecer asistido por abogado y representado mediante
procurador. Desde nuestro modesto punto de vista, creo que se trata de un
error material que podría subsanarse bien en este trámite, o bien en
normas posteriores.

Las enmiendas 2 y 3 afectan al procedimiento de
liquidación y se refieren al artículo 708.3, ejecución de las operaciones
de liquidación, y a la disposición adicional segunda, plataforma
electrónica de liquidación de bienes, y tienen como finalidad que, en la
fase de liquidación de bienes procedentes de procedimientos especiales de
liquidación de microempresas, se deje, como hasta ahora, la puerta
abierta sin complementos a otros métodos de realización que redunden en
una mayor eficacia a la hora de su venta en beneficio de la masa activa;
en definitiva, del propio deudor y de los distintos acreedores. En el
ámbito concursal vienen funcionando con notable éxito las entidades
especializadas en la realización de bienes, fundamentalmente las
gestionadas por los distintos colegios de procuradores que, como bien
saben, son corporaciones de derecho público y, por lo tanto, con
funciones públicas. Estas entidades vienen colaborando con los juzgados
descargando a los mismos de trabajo y paliando el retraso en la
tramitación de las liquidaciones concursales, aportando un valor añadido
con reconocida eficacia y un éxito notable en la venta de los bienes por
un valor mayor que el inicialmente previsible, en beneficio de la masa
activa de los y las concursadas/concursados y de los acreedores y las
acreedoras. No nos oponemos a la creación y mejora de este portal
electrónico público para procesos especiales de liquidación de
microempresas, lo que hacemos es discrepar del criterio de exclusividad o
cuasi exclusividad con el que nace este portal público, ya que su
creación debe facilitar, al igual que el resto del proceso concursal y en
todos los órdenes jurisdiccionales, la concurrencia y convivencia con los
portales electrónicos de personas o entidades especializadas previstas en
el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello no supone, en
absoluto, mayores gastos para el deudor y sí, como se ha demostrado,
mejor gestión de los bienes. Por otro lado, la mutua colaboración pública
con entidades especializadas, sin duda, supondrá alcanzar mayores grados
de eficacia en la liquidación de los activos concursales, con el mejor
resultado posible al objeto de atender en mejores condiciones el pago de
los créditos concursales.

Por todo ello, solicitamos el apoyo o por lo
menos una explicación con respecto a la posibilidad de incorporar estas
cuestiones incluidas en las enmiendas presentadas, que son muy técnicas,
pero que sin duda mejoran las funciones de la procura y dan garantía y
seguridad jurídica al proceso concursal.

Para finalizar, en mi función polivalente
propia de las funciones que a uno le corresponden, doy por reproducidas y
defendidas las enmiendas presentadas por los tres senadores de Ciudadanos
incorporados en el Grupo Democrático. Y quiero aprovechar este turno, si
me lo permite el portavoz de Ciudadanos, para decir ―no está
ninguno de los tres, pero se lo voy a decir igualmente― a Pilar
Fernández, a María Ponce y a José Luis Muñoz que gracias por haberos
conocido y por ser como sois. Ha sido un honor haber compartido con
vosotros y vosotras momentos e ideas. Sin duda, gente como vosotros y
como vosotras engrandecen esta Cámara, y solo por eso merece la pena la
actividad política. Las personas siempre, siempre, por encima de las
ideologías. Os agradezco mucho haber estado, os deseo lo mejor, seguro
que será bueno para todos, y que sigáis dando ejemplo como lo habéis dado
en esta Cámara.

También quería mandar todos los ánimos y la
fuerza a los ciudadanos y a las ciudadanas de la comarca de Calatayud, en
particular a Ana Villar, senadora y alcaldesa de Villalengua, y a los
cuerpos de extinción de incendios ante esta plaga que asola a todo el
territorio español. En este momento hay activo un incendio en esta
comarca que está obligando a desalojar municipios, y desde aquí os
mandamos todos los abrazos y, por supuesto, trasladamos nuestra
solidaridad a los demás territorios de España que están padeciendo los
estragos del fuego, en especial a los cuerpos de extinción de incendios,
que están demostrando eficacia, su vocación de servicio público y su
ayuda. Lo digo porque mi hijo es bombero en Zaragoza y en estos momentos
está en Calatayud cumpliendo con su obligación, que es ayudar a la
gente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Sánchez-Garnica.

Para la defensa de las enmiendas 73 a 82, de
sus señorías González-Robatto, Marín Gascón y Merelo Palomares al
proyecto de ley, tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, a este proyecto de ley de reforma del
texto refundido de la Ley concursal hemos presentado 10 enmiendas, de
la 73 a la 82: cuatro de modificación, cinco de supresión y una de
adición. Paso a resumirles las más importantes. La enmienda 73 propone la
modificación del apartado 1 del artículo único del proyecto de ley. Se
justifica, aparte de la mejora técnica, porque el privilegio del sector
público en cuanto al ámbito subjetivo de la declaración de concurso de
acreedores debe limitarse a las administraciones públicas territoriales
en sentido estricto, excluyéndose las entidades que integran la
Administración pública institucional.

Enmienda 74. Se propone la supresión de la
redacción del apartado 4 del artículo 65 de la Ley concursal que contiene
el apartado 25 del artículo único del proyecto de ley. El artículo 26 de
la Directiva sobre reestructuración e insolvencia no distingue entre las
distintas clases de administradores según el procedimiento sea de
reestructuración, insolvencia o exoneración, si bien exige una formación
adecuada y unos conocimientos especializados para desempeñar su función.
En línea con el citado precepto, nada obsta a que un experto en
reestructuración pueda ser nombrado administrador, siempre y cuando tenga
la titulación correspondiente y haya superado el examen de aptitud a que
se refiere el artículo 61.

Enmienda 75. Se propone la adición de un nuevo
apartado a la propuesta de redacción del artículo 407 de la Ley concursal
que contiene el apartado 97 del artículo único del proyecto de ley. Con
esta modificación se busca evitar dilatar en el tiempo la fase de
convenio que posteriormente podría llegar a devaluar los activos
incluidos en el concurso.

Enmienda 76. Se propone la modificación del
apartado 100 del artículo único del proyecto de ley. Considerar como
créditos concursales los créditos durante el cumplimiento de un convenio
es un verdadero obstáculo a la financiación de las empresas y, por tanto,
para su consecución. Los acreedores, financieros o no, exigirán garantías
que la empresa no podrá dar y el convenio no se cumplirá.

Enmienda 80. Se propone la modificación del
apartado 130 del artículo único del proyecto de ley. La enmienda
propuesta se fundamenta en que sería la única manera de dejar la revisión
final de la exoneración. En la actualidad, incluso suponiendo que no se
exonera el crédito, podrían pasar los cinco años y que el deudor esté
igual a pesar de realizar el esfuerzo de cumplir. Con la legislación
actualmente vigente, si se ha destinado al 50 % de los ingresos
embargables, el juez puede llegar a exonerar. Por el contrario, la
entrada en vigor de la redacción del proyecto de ley haría desaparecer el
umbral de esfuerzo económico y solo sería válido el de enfermedad o
desgracia. En definitiva, debe mantenerse el 50 % y trasladarlo a
acreedores y a la valoración judicial porque, primero, da seguridad a los
deudores de buena fe; segundo, determina un umbral mínimo de esfuerzo; y,
tercero, no excluye a los que menos pueden. De este modo, una persona
física que obtiene la exoneración y que destina una parte de sus ingresos
al pago de la deuda durante un periodo de cinco años puede exonerarse, ya
que se considera que hay recompensa al ahorro y al esfuerzo. Sin embargo,
la redacción del proyecto de ley haría irrelevante el comportamiento del
deudor, por mucho que intente cumplir.

Enmienda 81. Se propone la modificación del
apartado 152 del artículo único del proyecto de ley. Como el experto
independiente puede ser designado administrador concursal, uno de los
requisitos que debe ser necesario acreditar en la solicitud de su
nombramiento debe consistir en la acreditación de que en la persona
propuesta concurren las condiciones subjetivas para el nombramiento de
administrador concursal, es decir, que ha superado el examen de aptitud
profesional que reglamentariamente se establezca. La incompatibilidad y
prohibición para ser nombrado experto en la reestructuración no puede
circunscribirse a la prestación de servicios profesionales relacionados
con la reestructuración; al contrario, debe ser amplia, tal y como ocurre
con los administradores concursales, máxime si el experto en
reestructuración va a poder ser nombrado administrador concursal
posteriormente.

Y, por último, la enmienda 82 propone la
supresión de la disposición final primera del proyecto de ley. Es
contrario a una adecuada técnica legislativa incluir en una norma de
modificación de la Ley concursal reformas del Código Civil que en su
mayoría no tienen ninguna relación, no ya con la materia concursal
propiamente dicha, sino siquiera con el derecho de obligaciones. Además,
la modificación del artículo 92, apartado 7, del Código Civil, precepto
castigado con demasiados cambios en los últimos años, vuelve a incluir la
referencia al concepto ideológico de violencia de género, y esta
inclusión en un texto legal es merecedora de censura. Pero es todavía
peor el propósito de sustituir del artículo actual la palabra «padres»
por «progenitores». Esta es otra manifestación de la irracional y
destructiva voluntad de los partidos del Gobierno de erradicar los
conceptos más que contrastados en los que se ha asentado siempre la
regulación de la institución familiar. Se trata de un despropósito
lingüístico, ya que el término «padres» es un término genérico que en el
contexto del precepto abarca incontrovertiblemente a padres y madres; y
«progenitores» es igualmente un término genérico que, además, y en
cualquier caso deriva del primigenio de padre. De otra parte, desde el
punto de vista etimológico, el padre es también un genitor, pero el
término «padre» es jurídicamente más ajustado por ser más amplio, ya que
también incluye la paternidad adoptiva. La finalidad es, por supuesto,
una vez más, de tipo ideológico, buscando la perversión del lenguaje con
el objetivo de excluir las figuras irrepetibles del padre y de la madre
del texto de las leyes, y así ir difuminándolas en la sociedad. Se trata
de un designio inicuo que es acreedor de un rechazo tajante. No parece
tampoco apropiada la modificación del artículo 914 tal como la expresa el
proyecto, que pretende subsanar un error de la Ley 17/2021, de 17 de
diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, que
al añadir un artículo 914 bis al Código Civil confundió al causante con
el causahabiente. Para corregir este fallo, el proyecto confunde el
artículo 914 bis con el 914. Señorías, estas son nuestras enmiendas;
esperamos que sean aceptadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas de los
senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart al proyecto de ley,
números 31 a 37 y 39 a 63, tiene la palabra su señoría Cervera
Pinart.