El señor presidente abre a las diez horas y
cuarenta y cinco minutos el plazo de una hora para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático.

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que
proseguimos el debate de la Proposición de Ley integral para la igualdad
de trato y la no discriminación, y que, tras abordar ayer el debate del
veto, procedemos a continuación al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas 158 a 232 de
sus señorías la senadora Merelo Palomares y los senadores Marín Gascón y
González-Robatto Perote, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Buenos días,
señorías.

Hemos presentado setenta y cuatro enmiendas a
esta proposición de ley, además del veto que debatimos ayer. Con ellas
remarcamos y explicamos nuestra oposición frontal a esta ley y los
errores tan graves propuestos en dicha proposición. Todas van en línea
con los argumentos descritos en el veto, y se resumen en que ya existe
una legislación y marco jurídico suficientes para proteger a los
españoles de cualquier discriminación, por lo que esta ley es totalmente
innecesaria, además de ideológica. Pero no solo eso, nuestra oposición
también se centra en la forma en que se elabora la ley, cuya condición es
de ley ordinaria cuando debería ser una ley orgánica que requiere, para
su aprobación, de una mayoría absoluta. Pero ya sabemos que vulnerar los
principios constitucionales no supone un problema para este Gobierno si
con ello avanza con su agenda progresista. (Rumores).

Por ello proponemos incluso el cambio del
título de la proposición...

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor,
señoría.

Señorías, con su permiso, hemos empezado el
Pleno. Bajen un poquito el volumen. Muchas gracias.

Puede continuar.

La señora MERELO PALOMARES: Por ello, como
decía, proponemos incluso el cambio del título de la proposición para que
pase a llamarse ley orgánica de garantía de derecho a la igualdad.
Proponemos también modificar el preámbulo, centrándolo en la necesidad de
recordar la amplia doctrina sobre el principio de igualdad que ya está
recogida en nuestra Constitución y en no olvidar a los verdaderos
colectivos que realmente necesitan de nuestra protección y que quedan
desprotegidos cuando se aprueban leyes como las que estamos debatiendo;
leyes que pretenden proteger incluso a aquellos que se sienten excluidos
por haber sido ofendidos sus sentimientos. Señorías, ¿aquí entrarán todas
las sensibilidades o solo las que a ustedes les parezcan oportunas? (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Es tal el despropósito del texto en su conjunto
que lo que proponemos e indicamos en el preámbulo alternativo de nuestra
segunda enmienda es que la ley tenga un artículo único en forma de ley
orgánica, cuyo fin sea reafirmar la igualdad en el marco que la
Constitución española dibuja y no sobre la base de criterios políticos e
ideológicos volubles. De esta manera, nuestra enmienda propone que dicho
artículo único vaya acompañado de una disposición derogatoria de las
leyes discriminatorias e ideológicas en materia de igualdad actualmente
vigentes, y de una disposición final que regule su entrada en vigor. Las
leyes para derogar serían la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, y la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres. Esto sí que supondría un avance en materia de igualdad.
Sabemos que no nos apoyarán, pero el tiempo nos dará la razón.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 151 a 157, del
senador Egea Serrano y de la senadora Martín Larred, tiene la palabra el
senador Egea.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta. Señorías, buenos días.

Me gustaría dar las gracias a todos los
colectivos que se han puesto en contacto con nosotros para hacernos
llegar sus aportaciones y la confianza depositada en nuestra agrupación
de electores para transmitirlas a esta Cámara. Las siete enmiendas que
hemos presentado desde la Agrupación de Electores Teruel Existe a esta
ley son puntualizaciones y propuestas realizadas por entidades y personas
que trabajan por la igualdad de trato y que conocen de cerca la situación
de las personas que deben ser beneficiadas por esta ley. Somos el
vehículo a través del cual se traen a esta Cámara las reivindicaciones de
algunos de estos colectivos sociales directamente implicados en lo
relativo a esta ley, todas ellas recogidas en las enmiendas que creemos
que es necesario incluir el texto para mejorarlo. Muchas de estas
enmiendas van encaminadas a que se trate a las personas en igualdad
independientemente de su lugar de residencia. Desde el inicio de la
legislatura venimos denunciando en esta Cámara territorial que existe una
brecha entre los ciudadanos del medio urbano y los ciudadanos del medio
rural. Hace tiempo que los ciudadanos de la España vaciada reivindicamos
que ser pocos no resta derechos. Por lo tanto, esta ley, como muchas
otras, debe reflejar esta realidad. (Rumores).

Igualmente hemos planteado enmiendas...

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio. A ver si podemos tener un rato en el que se
escuche a los oradores.

Gracias.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.

Como decía, también hemos planteado enmiendas
para la protección del colectivo de personas sin hogar. Creemos que esta
ley también puede suponer un paso para acabar con la aporofobia que por
desgracia vemos cada día en las calles. Las personas sin hogar, a las que
hemos dejado al margen de la sociedad, no pueden ser tratadas como
mobiliario público que se mueve de un lado para otro. Esta ley debe
contemplar su total integración y autonomía para que ninguna regulación
les discrimine en el uso de los espacios o vías públicas.

Agradecemos la voluntad negociadora del Grupo
Socialista, que ha incluido algunas de estas cuestiones en algunas de las
transaccionales. De todas formas, creemos que no se han tenido en cuenta
nuestras propuestas sobre la diferencia territorial; seguimos constatando
que no se acepta y que también condiciona la igualdad de trato.
Observamos, además, que en varias ocasiones aparece la expresión
justificación objetiva y razonable, sin dejar claro quién marca esa
objetividad. Entendemos que es difícil incluir todas las propuestas de
los grupos, pero, aun así, seguiremos intentándolo. Anunciamos también
que votaremos a favor de esta ley.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas de la senadora
Ponce Gallardo y de los senadores Muñoz Lagares y Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador Muñoz
Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Damos por defendidas todas nuestras
enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 112 a 119, del
senador Cleries y la senadora Rivero, tiene la palabra la señora Rivero
Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Bon día. Gracias,
presidenta.

Junts ha intentado mejorar el texto de esta
proposición de ley en el Congreso. Como ustedes saben, esta ley tiene
carácter supletorio y se refiere a algo que, en Cataluña, ya hemos
regulado. En cualquier caso, aquí, en el Senado, hemos presentado siete
enmiendas, de la 112 a la 118, y todas en el sentido de que no creemos
necesaria, dado el reparto competencial y los organismos ya existentes,
la creación de un organismo ad hoc. No creemos necesaria la creación de
una autoridad independiente para la igualdad de trato y la no
discriminación. En este sentido, consideramos mejor estructurar una
atención deslocalizada en el territorio para facilitar la atención de la
víctima. Existe la figura del Defensor del Pueblo, y en Cataluña la del
Síndic de Greuges, que podrían ser los encargados de defender estos
derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos,
atribución que ya tiene el Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de
las Cortes Generales.

Nuestra enmienda 119 es de adición a la
disposición final séptima y hace referencia a la habilitación para el
desarrollo reglamentario. Como ya les he dicho, si bien es cierto que en
el título preliminar y en la disposición final octava se recoge el
carácter supletorio de la ley respecto de las comunidades autónomas que
tienen competencias propias en las materias reguladas, en la disposición
final novena echamos de menos la habilitación de los Gobiernos
autonómicos para dictar normas reglamentarias para el desarrollo y la
ejecución de la ley en dichos territorios. Les pedimos que intenten
recogerlo. Aunque no es esta, casi de forma excepcional, una proposición
de ley que se inmiscuya en las competencias autonómicas, entendemos que
con la enmienda 119 quedarían mucho mejor reflejadas en el texto las
competencias de cada cual.

En cualquier caso, y aunque en Cataluña
tengamos regulado ya este tema, en Junts somos partidarios de cualquier
esfuerzo para la igualdad de trato y la no discriminación, y nos
sumaremos a alguna transaccional en la que se está trabajando para
mejorar el texto.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 120 a 133,
presentadas por el senador Martínez Urionabarrenetxea, tiene la palabra
su señoría.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Egun on, jaun-andreok.

Evidentemente no puedo empezar sino mostrando
nuestro pesar por los terribles incendios que han asolado Navarra. El 1 %
de nuestra superficie territorial se ha quemado. Asimismo, quiero
agradecer a todos los cuerpos de bomberos y bomberas de Navarra y de
zonas limítrofes, a los voluntarios y voluntarias, agricultores que han
participado en la extinción del incendio, así como también a la UME.
Alguna vez critiqué alguna labor concreta de la UME en relación con la
COVID, y eso supuso que se me criticará por cosas absolutamente
indefendibles. Aquello lo critiqué entonces; no tenía ningún sentido
fumigar una vez las calles de nuestras ciudades, y esto lo hizo la UME,
abriendo paso a que todos los pueblos tuvieran que verse obligados a
hacer lo mismo; una actuación sin ningún sentido. Pero creo que esta vez
la actuación de los miembros de la UME es como para reconocerla, y así lo
hago.

Geroa Bai ha presentado catorce enmiendas a
esta ley, nueve de adición y cinco de modificación. La de adición al
artículo 2 insiste en la supletoriedad de esta ley, dado que la normativa
para situaciones de desigualdad es amplia y diversa, y defiende que es
preciso delimitar las reglas de su aplicación, otorgando a esta ley el
carácter de supletoriedad para lo no regulado o para lo que sea más
favorable para las personas. Para Geroa Bai son muy importantes las
enmiendas de adición a los artículos 4 y 6, en las que se define la
segregación como una forma de discriminación, tal y como establecen la
Comisión Europea con contra el racismo y la intolerancia, y la Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial. Por eso proponemos que se recoja la segregación de forma
explícita como lo que es: una inaceptable forma de discriminación.

Unida a estas, y en la misma línea, va la
enmienda de modificación del artículo 13.4, que propone, definiéndola,
revertir la segregación escolar, respondiendo también así a la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los dictámenes del Comité de
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.
Afortunadamente hemos transaccionado estas enmiendas con algunos otros
grupos, y nos sentimos orgullosos y agradecidos.

Para Geroa Bai es muy importante la
enmienda 122, que implica la exigencia de que se ofrezca a todas las
personas la información necesaria, en cuanto a igualdad de trato y no
discriminación, en la lengua cooficial que elijan. Están muy bien las
palabras, los convenios, como el reciente del Senado con la
Euskaltzaindia, para la colaboración mutua, pero, señorías, las lenguas
cooficiales o, mejor dicho, las personas que hablamos también lenguas
cooficiales y defendemos con nuestros actos el valor del plurilingüismo
frente a la uniformización lingüística, consideramos que es necesario
hacer realidad esas palabras de buena voluntad y poner todos los medios
para que todas las personas podamos utilizar nuestras lenguas cuando lo
consideremos necesario. Lo demás son brindis al sol cuando no
euskerafobia, catalanofobia o galegofobia militante.

Proponemos la adición de un artículo que
prohíba la normativa que, bajo el pretexto de la convivencia o de la
lucha contra comportamientos incívicos, promueva la discriminación en el
uso de los espacios o las vías públicas por diversas razones. Se trata de
defender a las personas sin hogar de normativas específicamente diseñadas
para expulsarlas del espacio público, porque son incompatibles con el
derecho a la igualdad de trato. Esta enmienda también ha sido
transaccionada, por lo que nuevamente me congratulo y agradezco a algunos
grupos haberla alcanzado.

Por último, presentamos la enmienda número 125
al artículo 10 de la ley, que afirma que la representación legal de los
trabajadores velará por el cumplimiento de estos derechos. ¿Dónde quedan
los empresarios?, ¿no tienen acaso también obligaciones al respecto? Les
quiero recordar que el Pleno del Senado aprobó recientemente una moción
de Geroa Bai que iba en esa dirección, la de impulsar un modelo inclusivo
y participativo en las empresas. Defender y promover la igualdad de trato
y la no discriminación nos corresponde a todos, trabajadores y
empresarios. Esperamos, señorías, que del mismo modo que hemos
transaccionado varias enmiendas, nos acepten esta tal cual.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 233 a 238, del
senador Vidal Matas, tiene la palabra su señoría.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Mientras Koldo, mi compañero de grupo, estaba
hablando y defendiendo el derecho a la igualdad y al plurilingüismo, y
decía que no tenía que haber catalanofobia, galegofobia o euskerafobia,
en la bancada popular se oía decir: ¿Y no tienen españolofobia? No, no,
señorías, nosotros no tenemos españolofobia. Les puedo asegurar que yo
conozco la cultura española y el castellano perfectamente; pero si yo les
preguntara si ustedes conocen nuestra cultura y nuestra lengua,
seguramente me responderían que no. Si a ustedes les hago citar a
nuestros autores, evidentemente no podrían, mientras que yo sí podría
recitar a los autores españoles de memoria sin ningún problema. Esa es la
diferencia. Y que durante el debate de una norma sobre discriminación se
oiga eso entre el público ya es un ejemplo de la discriminación que
sufrimos las personas que hablamos o tenemos la suerte de tener otra
lengua como lengua propia, una lengua que es oficial. Les recuerdo a
ustedes, que tanto hablan de constitucionalismo, que nuestros estatutos
de autonomía forman parte del derecho constitucional. Por tanto, respeto
a la Constitución —que ustedes tanto piden— es respeto a
nuestra lengua y respeto a nuestra cultura. Y es discriminación que
ustedes constantemente nos ignoren cuando hablamos en catalán, en euskera
o en otras lenguas. Yo no tengo ningún problema en ponerme los cascos
para escuchar en euskera, no tengo ningún problema en falar galego
—porque tuve una compañera gallega y aprendí bastante—, pero
ustedes sí tienen un problema, porque yo tengo comprobadísimo que cuando
yo hablo en catalán en esta tribuna, ustedes no me escuchan, y eso es
discriminación. Por eso, en esta norma sobre discriminación tiene que
haber un punto sobre plurilingüismo, les guste o no les guste, y no es
una cuestión españolofobia. Si ustedes creen en esta España —que a
lo mejor yo la pienso diferente—, tendrían que conocer y respetar
mejor las diferencias de los que en ella vivimos. (Rumores).

Evidentemente, hemos presentado otro tipo de
enmiendas que abren grietas, que abordan temas puntiagudos como el uso
del hiyab por parte de las mujeres o la discriminación que sufren los
trabajadores y las trabajadoras sexuales. El problema es la intersección
de las desigualdades, porque en una misma persona se pueden ir juntando
diferentes situaciones que generan desigualdad, y eso es lo que tenemos
que combatir con esta ley.

Señorías, el ejemplo de lo que ha ocurrido hoy
aquí con Koldo, pone de manifiesto que aún nos queda mucho por recorrer
con esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 134 a 150 del
Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano
Varela.

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidenta.

Buenos días a todos y a todas. Hemos presentado
diecisiete enmiendas a esta proposición de ley, de la 134 a la 150, ocho
de las cuales proponen mejoras técnicas a distintos artículos, como
limitar a lo estrictamente necesario las excepciones a las causas
previstas en el artículo 2.1; matizar lo que se debe entender por carga
desproporcionada del artículo 6; mejorar la redacción para evitar
discriminación en los espacios públicos; reforzar los requisitos exigidos
a las páginas web y aplicaciones informáticas del artículo 17; evitar
diferencias en las primas o prestaciones de las personas aseguradas o
establecer mayor seguridad jurídica en el artículo 25, concretando la
tipificación legal en materia de protección y reparación frente a la
discriminación.

Por otra parte, hemos presentado otras nueve
enmiendas que proponen modificaciones más sustanciales que paso a
explicar. Hay un apartado entero que hemos enmendado casi en su
globalidad, el de las infracciones y sanciones. Entendemos que es
necesario establecer un sistema de infracciones y sanciones, pero creemos
que, tal y como se abordan en esta proposición de ley, pueden generar
inseguridades. Pedimos la modificación del artículo 46 y la supresión de
los artículos 47 a 52, al entender que el régimen sancionador de esta ley
es instrumental y adyacente al régimen sustantivo de la materia sobre la
que pueden activarse las medidas previstas en esta ley. En definitiva, lo
que nos preocupa es que se establezca un régimen disciplinario de difícil
aplicación y controvertido, subsidiario de lo que establezcan otras leyes
sectoriales y que genere de esta manera inseguridad jurídica. Lo que se
propone en el texto es la creación de un sistema de infracciones
administrativas en esta materia, añadiendo una potestad administrativa
sobre ciertas actuaciones de los y las ciudadanas, cuyas sanciones
sociales, quizá, deberían residenciarse en los tribunales de justicia y
no en las administraciones públicas. El texto de la proposición de ley
establece unos tipos de infracción, clasificándolas de distintas maneras
—todo ello sin perjuicio de lo que establezca la legislación
autonómica en el ámbito de sus competencias— y para las que
contempla las oportunas sanciones pecuniarias, así como los criterios de
gradación de las sanciones y las sanciones accesorias. A nuestro
entender, este no es el lugar adecuado, pues consideramos que se debe
establecer en leyes específicas y sectoriales; ahí es donde es adecuado
prever el régimen sancionador de las infracciones, sanciones,
procedimiento y autoridad competente para tratar las causas
discriminatorias previstas en esta ley, teniendo en cuenta la atribución
de competencias en cada materia. A nuestro entender, tal y como está
planteado, la atribución a la Administración del Estado de la competencia
sancionadora cuando la conducta infractora afecta a más de una comunidad
autónoma resultará poco productiva. Quizá, de esta manera, se generen
falsas expectativas a los colectivos que entienden necesario que la ley
cuente con un régimen sancionador. Sí es necesario este régimen
sancionador, pero, como decimos, en las leyes sectoriales y con la debida
atribución competencial, y por eso hemos presentado estas enmiendas.

La segunda cuestión que consideramos importante
la encontramos en la disposición adicional tercera, en torno a la
designación de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la
no discriminación como órgano competente en el Estado a efectos del
artículo 20 de la Directiva 2006/54, del Consejo. La enmienda que
presentamos propone que esta designación se acuerde en términos de
igualdad entre las comunidades autónomas y la Administración del Estado.
Entendemos que la igualdad de trato entre comunidades autónomas y Estado
debe evidenciarse también en la designación de este organismo u
organismos competentes a efectos de la normativa de la Unión Europea, y
proponemos que esta designación se debe acordar en la Conferencia
sectorial de igualdad. Por tanto, no compartimos que esta designación de
la autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación
se haga directamente en esta proposición de ley.

En cuanto a los títulos competenciales que se
recogen en la disposición adicional octava, y dicho lo anterior,
entendemos que ni el título III ni el título IV constituyen regulación de
las condiciones básicas que garantizan la igualdad, de acuerdo con el
artículo 149.1.ª de la Constitución. Por lo tanto, entendemos que debiera
ser modificado.

En todo caso, creemos necesaria esta ley, una
ley de igualdad de trato y no discriminación, y nos sumaremos a las
transaccionales en las que se está trabajando.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 73 a 111, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Bildu, tiene la palabra la
senadora Callau Miñarro.

La señora CALLAU MIÑARRO: Gràcies,
presidenta.

Intervengo desde el escaño para decirles que la
igualdad de trato y la no discriminación es cosa de todos y todas.
Estamos pendientes de dos transaccionales donde se abordan los temas del
sinhogarismo y la segregación escolar, dos pilares que consideramos
fundamentales. Estamos aquí para mejorar la ley.

Asimismo, quiero citarles una enmienda, la 111,
donde reforzamos el carácter supletorio de la ley respecto al Estatut
d’Autonomia. Además, quisiera aprovechar para recordar que el
incidente ocurrido recientemente en el Congreso de los Diputados por el
uso del catalán demuestra que los derechos lingüísticos no están
garantizados en el Estado y que los catalanoparlantes seguimos siendo el
objeto de discriminación por parte de las estructuras del Estado.

Estamos aquí para mejorar la ley, una ley que
es imprescindible para avanzar en una sociedad justa y democrática.
Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senadora.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, enmiendas 10 a 46, 48 a 58, 60 a 70 y 72, tiene la
palabra la senadora Rodríguez Calleja.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un
total de sesenta enmiendas, conocidas por todos los grupos parlamentarios
porque ya se habían debatido en el Congreso de los Diputados. Todas estas
enmiendas se trabajaron y registraron con la única intención —se lo
digo sinceramente— de mejorar el texto presentado, y si insistimos
en ellas es porque nos hubiera gustado que, al menos, hubiesen
reflexionado o recapacitado sobre aquellas que corrigen los artículos que
hacen que esta ley sea un auténtico despropósito normativo. Por supuesto,
doy por defendidas todas ellas, dado que la ponencia no ha sido un foro
de discusión, de debate, ni mucho menos de búsqueda de consenso, sino que
la han convertido ustedes y los grupos que les sustentan en un mero
trámite en el que han pasado el rodillo, sin escuchar ninguno de los
argumentos que teníamos que plantearles, pues el texto que traen es
exactamente el mismo que el aprobado en el Congreso de los Diputados,
excepto dos transaccionales mínimas que están negociando a última
hora.

Permítanme una reflexión. Le da la sensación a
una de que se toman esta Cámara, llamada de segunda lectura, como un
último escollo para recibir alguna crítica de los grupos, pero sin tener
en cuenta nada de lo que se propone y sacar adelante sus proyectos
legislativos con cierto sesgo ideológico, y es que este es un claro
ejemplo de que en su Gobierno hay ministros que solo legislan pensando en
unos pocos, normalmente aquellos que les son afines, y no para el
conjunto de los españoles; por eso redactan proyectos de ley que generan
incertidumbre jurídica, como es el caso. Y lo gracioso es que luego
tenemos que oír que lo positivo de leyes importantes como esta, que
afectan precisamente a derechos fundamentales de las personas, es que
sean consensuadas. Y yo me pregunto: ¿Qué tipo de esfuerzo están
dispuestos a hacer con el grupo principal de la oposición? De sesenta
enmiendas, aceptadas: cero. ¿Ese es el esfuerzo que están dispuestos a
hacer ustedes, ese último esfuerzo a última hora? Quizá lo que ocurre,
señorías, es que su capacidad de negociar es inexistente o, lo que es
peor, no tienen ninguna voluntad de negociar con el Partido Popular
porque directamente no les interesa, especialmente a la parte más radical
del Gobierno, como es el caso de la ministra de Igualdad. Quizá, como
dice el señor Sánchez, es que somos un estorbo para este Gobierno.

No han aceptado ustedes ninguna de las siete
enmiendas que hemos presentado al preámbulo, mejoras técnicas que,
además, en algunos casos simplemente mejoraban la redacción, pero no les
ha parecido bien tenerlo en cuenta. Hemos presentado una enmienda al
artículo 13, derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la
educación. En este artículo que han aprobado ustedes se ve perfectamente
esa necesidad que tiene Podemos de acabar con los centros de enseñanza
diferenciada por sexos. Oiga, es que es una obsesión la que tienen por
acabar con la libertad de los padres de elegir el modelo educativo que
quieren para sus hijos. Con nuestra enmienda lo que queríamos poner en
valor era precisamente eso, la libertad de elección, pero ustedes, por
supuesto, no lo han considerado. Otra enmienda presentada por mi grupo
hace referencia al artículo 15, igualdad de trato y no discriminación en
la atención sanitaria, y no han querido aceptar nuestra propuesta de que
las administraciones sanitarias velen para que en las investigaciones
biomédicas se garantice el derecho a todas las personas a la salud y no
sean excluidas de investigaciones ni ensayos médicos. Oiga, ¿nadie lo ha
tenido en cuenta? ¿No les parece interesante esta enmienda? Quizá no les
parezca interesante porque la presenta el Partido Popular. Tampoco
aceptan las que ya les anunciamos que darán problemas a la hora de la
aplicación de la norma, como la que proponen en su artículo 20, derecho a
la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda.
Ustedes insisten en prohibir de forma específica el rechazo de una oferta
de compra o alquiler de un alojamiento por razón de raza, sexo, religión,
etcétera, cuando ya se hubiese lanzado un anuncio público. Oiga, ¿y qué
pasa con las libertades individuales de los ciudadanos que recoge nuestra
Constitución? Por favor, ¿me podrían explicar qué pasa con las libertades
individuales en estos casos? Y qué me dicen de su artículo 30, que se
denomina reglas relativas a la carga de la prueba y que nosotros
proponemos suprimir directamente vía enmienda. ¿Qué hacen? Pues invertir
la carga de la prueba. Entonces, díganme, ¿dónde queda la presunción de
inocencia? Es decir, si yo mañana denuncio a una persona porque me siento
discriminada, el que tiene que comprobar y, de alguna manera, certificar
con datos objetivos que no ha hecho esa discriminación es la otra
persona. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia en este caso? Pues
tampoco la han aceptado ustedes. Y para terminar de recoger barbaridades,
incluyen ustedes en el artículo 46 un apartado 4 que se refiere al objeto
y ámbito de aplicación de esta ley. Este apartado no tiene ningún encaje
jurídico —se lo hemos dicho por activa y por pasiva—, pues
vulnera la separación de poderes y se olvida del principio de la cosa
juzgada. Lo que dice este artículo es que una persona absuelta por vía
penal, es decir, ya juzgada, puede ser sancionada por vía administrativa.
¿Me pueden explicar cómo van a conseguir esto? ¿Cómo es posible
esto?

Mi grupo también ha presentado enmiendas a los
artículos 47 y 48, sobre infracciones y sanciones. Nos parecía importante
presentar enmiendas en este sentido, algo que también planteaba el PNV.
¿No les parece especialmente desproporcionado el capítulo relativo a las
sanciones? A nuestro juicio, sí lo es.

Estas son, de manera muy resumida, las
enmiendas más destacadas del Grupo Parlamentario Popular que, por
supuesto, ustedes, una vez más, han rechazado. Por eso, este proyecto de
ley que van a aprobar hoy es el proyecto de Podemos, consentido por el
Partido Socialista y sus socios de Gobierno, que nosotros no podemos
compartir, y lo decimos con tristeza, porque ya lo expliqué ayer,
nosotros sí pensamos que leyes tan importantes como esta, que modifica
otras muchas y que afecta directamente a los derechos fundamentales de
las personas, deberían ser siempre fruto del consenso, cosa que ustedes
ni siquiera intentan, y menos con el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para el turno en contra, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Verdier
Mayoral.

La señora VERDIER MAYORAL: Buenos días, señora
presidenta.

Señorías, hoy es el primer día del verano.
Estrenamos estación y creemos que debería ser un día perfecto para,
después de unos quince años, estrenar una ley tan importante como la de
igualdad de trato y no discriminación. Tenemos la oportunidad de hacerlo
realidad.

La presente iniciativa fue presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista el 21 de enero de 2021 y fue tomada en
consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de febrero
de 2021. A esta proposición de ley se presentaron un total de 418
enmiendas al articulado. El informe de la ponencia incorporó determinadas
modificaciones a la proposición de ley, conforme a las enmiendas
presentadas por los distintos grupos y fruto de las negociaciones de los
grupos políticos, por lo que la enriquecieron. Vaya hoy nuestra más
sincera felicitación a todos y a todas los que lo hicieron posible. Así
pasó al Senado para su tramitación, primero, en la Comisión de Igualdad y
hoy aquí, en el Pleno.

Con esta iniciativa, impulsada hace una década
por el histórico socialista Pedro Zerolo, que siempre defendió que
discriminar no debe salir gratis, los socialistas buscamos que España no
sea una excepción en la Unión Europea sobre medidas de igualdad de trato,
prevención y lucha contra los discursos de odio; que nadie pueda ser
discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción
u opinión, edad, discapacidad, orientación, identidad sexual o expresión
de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Se basa en dos principios
fundamentales: el derecho al respeto a la dignidad de la persona y la
igualdad de trato. Para los socialistas nunca se ha tratado de elegir
entre libertad o igualdad, se trata de ser igualmente libres; como afirma
Adriana Lastra, garantizar la igualdad de trato de todas las personas,
combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación.
Esta ley hace a nuestra sociedad más igual y más justa. Es una ley que
demuestra, una vez más, que, cuando gobierna el PSOE, España avanza para
construir una sociedad más igualitaria y feminista.

Es una ley que establece la figura del
comisionado, la autoridad encargada de proteger y promover la igualdad de
trato y no discriminación; será un organismo independiente y unipersonal,
con recursos públicos y que podrá investigar de oficio la existencia de
posibles situaciones de discriminación. Esta ley introduce también como
agravante que el comportamiento discriminatorio lo cometa un servidor
público. Esta ley nos convierte en una sociedad más igualitaria y más
tolerante, se refuerza la democracia, España vuelve a ser un referente
europeo en la lucha contra todo tipo de discriminación, con un marco
legal que ayudará a prevenir, erradicar, sancionar y reparar cualquier
conducta que vulnere los derechos de la ciudadanía por razón de sexo,
etnia y orientación sexual, entre otros motivos. Esta ley avanza en los
textos vigentes e incorpora el reconocimiento de la discriminación por
motivos sociales y personales, que ahora no tenían amparo legal. Así, por
ejemplo, en cuanto a la discriminación por origen racial o étnico, recoge
distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo.

Respecto a la Proposición de Ley Orgánica
complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, el Pleno del Senado acordó el 8 de junio
de 2022 autorizar su tramitación directa y su lectura única, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento del
Senado. Esta modificación da respuesta a las reivindicaciones históricas
de multitud de grupos sociales minoritarios, y refuerza el cumplimiento
del artículo 14 de la Constitución. La ley de igualdad de trato y no
discriminación viene a ser un marco de protección de las personas
pertenecientes a grupos sociales históricamente estigmatizados,
discriminados por razón de su etnia, género, nacionalidad o discapacidad.
En el caso del pueblo gitano, la ley supondrá, por primera vez en la
historia, el reconocimiento del antigitanismo como la manifestación
específica del racismo contra los gitanos y gitanas. Especialmente, esta
proposición de ley es histórica para las mujeres que sufren la
discriminación múltiple e interseccional, entre ellas, las mujeres
gitanas. Se va a impedir la exclusión y la discriminación en todos los
ámbitos y edades de nuestra vida: centros educativos, centros de trabajo
y, con carácter general, en todos los ámbitos de la vida pública. Así se
expresa Beatriz Carrillo, diputada y presidenta de la Comisión de
Violencia de Género en el Congreso, que sabe muy bien de lo que
habla.

En el Senado se han presentado 238
enmiendas: 63 del Grupo Popular; 39 de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; 17 del Grupo Parlamentario Vasco; 20 de los senadores Vidal Matas
y Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; 8 del senador Cleries y la senadora Rivero, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; 16 por parte de las señoras senadoras Martín
y Ponce y los señores senadores Egea, Muñoz y Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático; y 75 de los senadores señora Melero y señores
González-Robatto y Marín, del Grupo Mixto, más el veto de ayer. En
total, 238 enmiendas que proponen modificaciones en la exposición de
motivos, diecinueve artículos, título V, disposiciones adicionales
segunda y quinta y disposición final.

Quiero dar las gracias, como no puede ser de
otra manera, al padre de esta ley, Pedro Zerolo, y, cómo no, a todos los
colectivos y activistas que con su tenacidad y buen hacer han hecho
posible que hoy estemos aquí, e igualmente a todos los grupos
parlamentarios que con sus enmiendas han mejorado el texto de la ley. Han
sido 238 las enmiendas presentadas en el Senado, muchas de ellas
repetidas y ya trabajadas en el Congreso y otras que han tenido la
ocasión de ser examinadas y estudiadas con los grupos aquí representados
para su posible inclusión en el texto de la ley.

Nos hemos reunido y hemos intentado hablar con
casi todos los grupos y hemos estudiado y debatido una y otra vez cada
una de las enmiendas presentadas, y tras todo ello podemos concluir: No
podemos admitir ninguna de las enmiendas propuestas por el Partido
Popular. Como ejemplo, no entendemos sus siete enmiendas al preámbulo de
la ley, que explican como de mejoras técnicas. La propuesta para la
modificación del artículo 2 del título preliminar, ámbito subjetivo, no
es una mejora técnica. La plasmación del apartado 2 es un reconocimiento
de una acción positiva en materia de igualdad, acción positiva recogida
expresamente en diversas leyes, como la Ley general de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, o la Ley 3/2007,
sobre igualdad. Otro ejemplo sería la propuesta para el artículo 5 que
propone el Partido Popular, el derecho a la información y al
asesoramiento de las personas víctimas de discriminación, que supone una
inconcreción en el ámbito de los asesoramientos gratuitos y relaciona su
posible colisión con la Ley de asistencia jurídica gratuita. O el del
artículo 6, definiciones, donde se considera oportuno mantener las
definiciones que se recogen en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. O
el del artículo 19, derecho de igualdad de trato y no discriminación en
la Administración de Justicia. Entendemos que es una extralimitación del
objeto de la ley, materia específica de otras normas ya prevista, por
ejemplo, en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral
a la infancia y adolescencia frente a la violencia. O la que se propone
como disposición adicional, pues, a pesar de ser calificada así, la
enmienda no supone una mejora técnica, sino la incorporación de una
medida política legislativa que no se corresponde con el objeto de la
propuesta. Por todo ello, entendemos que no suponen una mejora de la ley,
sino inconcreciones que lo que buscan es el enfrentamiento político con
el Gobierno de España, con el solo propósito de desgastarlo sin aportar
ningún cambio ni nada positivo. Señoras y señores del Partido Popular,
ustedes no creen en la igualdad, lo han demostrado en el Congreso votando
no a esta ley; algo que ya hicieron con la Ley del aborto, la de
igualdad, la de antitabaco, la del matrimonio del mismo sexo y la del
divorcio, entre otras, aunque luego las usen para intereses propios.

Respecto a las enmiendas presentadas por Vox,
me remito a lo manifestado ayer por la portavoz, la señora Noelia
Ronda.

Respecto a las enmiendas de Esquerra
Republicana, quiero decir que ya han sido aceptadas y que forman parte
del dictamen las siguientes enmiendas: la 73, formulada al preámbulo, ha
sido retirada; respecto a la 78, al artículo 5, se ha aceptado el término
edad; la 79, al artículo 5, apartado 1, ha sido aceptada también; la 80,
al artículo 5, apartado 2, ha sido aceptada; la 81, al artículo 5,
apartado 3, también ha sido aceptada; la 101, al artículo 33, apartado 1,
también ha sido aceptada, y la 103, al artículo 35, apartado 1, también
ha sido incluida.

Asimismo, tengo que decir que vamos a votar a
favor de determinadas enmiendas presentadas por los grupos del señor
Martínez y de la señora Etxano, del PNV; las relativas a las páginas web
en el caso del PNV, y las relativas a los representantes legales de los
trabajadores de las empresas en el caso del señor Martínez.

Y para no cansarles con más relatos de las
enmiendas, hay que decir que fruto de las negociaciones con los grupos se
han presentado dos enmiendas transaccionales. La primera recoge las
siguientes enmiendas: la número 85 del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, la 123 y 126 del senador Martínez
Urionabarrenetxea y la 154 del senador Egea Serrano y de la senadora
Martín Larred, del Grupo Parlamentario Democrático. Se va a poder añadir
un nuevo apartado al artículo 6, que queda redactado de la siguiente
manera: Segregación escolar. Se entiende por segregación toda práctica,
acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos
socioeconómicos o sobre la base de cualquiera de los motivos enumerados
en el artículo 2.1 de la presente ley sin una justificación objetiva y
razonable. Se recoge así no solo lo solicitado por los grupos, sino
también por los colectivos afectados, lo cual ha servido para mejorar la
ley. Y la segunda se presenta sobre la base de las siguientes
enmiendas: 18, del Grupo Parlamentario Popular; 75 a 77, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; 128, del señor
Martínez; 138 y 139, del Grupo Vasco, y 156, del senador Egea Serrano y
la senadora Martín Larred. Se propone la modificación del artículo 3. En
concreto ―para no leerlo entero―, la modificación afecta a
ciertos apartados, en los que se incluye lo siguiente: en el apartado j),
así como el uso de la vía pública y estancia en la misma —en el
caso del colectivo que atiende a las personas sin hogar—; en el
apartado k), y servicios de la sociedad de la información, y en el
apartado l) y aplicaciones móviles.






(Rumores).

Por último, quiero dar las gracias a mis
compañeras Nieves Hernández, que por razones de enfermedad no puede estar
aquí hoy con nosotros, pero que ha participado en la redacción y en la
elaboración de esta ponencia; a mi compañera Noelia Roldán, por su
participación y por todo lo que he aprendido con ella, y a María
Fernández y a todo el grupo de dirección por haberme permitido participar
en la ponencia de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.—
Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, antes de comenzar la intervención de
los portavoces, quisiera recordarles a todos que pueden tener las
conversaciones que deseen fuera del hemiciclo. No me gustaría que
tuviéramos que estar interrumpiendo todo el tiempo para pedir silencio,
de manera que lo que necesiten hablar, por favor, háblenlo fuera del
hemiciclo. Los que estén aquí, que escuchen con respeto a las personas
que intervengan.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Merelo Palomares. (Denegaciones). No interviene.

Pues senadora Goñi Sarries, tiene la
palabra.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

Nadie podrá ser discriminado por razón de
nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión,
edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género,
enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición
genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación
socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Es imposible no estar de acuerdo con este propósito y además es
una obligación ética y moral conseguir esa igualdad de trato y de no
discriminación. Hoy en día se producen aún muchas situaciones de
discriminación en muchos ámbitos y hay que luchar contra ellas con una
normativa efectiva que proteja de verdad a las personas más
vulnerables.

Quiero destacar como muy positivo en esta ley
la introducción del antigitanismo y la aporofobia dentro de esos
denominados delitos contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas garantizadas por la Constitución. Ahora se recogerá en el Código
Penal como agravante de responsabilidad criminal el odio relacionado con
el antigitanismo y la aporofobia, y debemos decir y reconocer que es un
orgullo que España sea un país modelo en todo lo relacionado con las
políticas de inclusión del pueblo gitano. Sin embargo, y a pesar del
propósito y el contenido de parte de esta ley, esta ley deja al margen,
olvida, la libertad de los ciudadanos; interviene sus derechos,
interviene la propiedad privada y, en el caso de la vivienda, coarta las
libertades individuales de los ciudadanos.

Además, esta proposición de ley impulsa la
creación de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no
discriminación, una instancia administrativa superior que no tiene ningún
sentido por varios motivos. El primero, porque sus futuras competencias
coinciden, se solapan, con las de otros organismos que ya existen;
incluso llega a invadir competencias del Defensor del Pueblo. Y, en
segundo lugar, porque, como bien indica el nombre de este nuevo
organismo, esa autoridad independiente es un chiringuito más; otro, justo
ahora, cuando deberíamos estar reduciendo al máximo el gasto burocrático
y político. Y respecto al régimen sancionador, hay que reconocer que es
muy mejorable; imprecisión en la tipificación de las conductas
sancionables y mucha desproporción entre algunas infracciones y la
sanción económica que lleva aparejada.

A pesar de compartir el fondo y puntos muy
concretos e importantes de esta ley no puedo apoyarla, porque vulnera
libertades individuales e ignora la presunción de inocencia. Se les ha
olvidado unir las políticas contra la discriminación con la seguridad
jurídica y la libertad individual de los ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Señorías, estamos
ante una proposición de ley general y de garantías para la igualdad de
trato y la no discriminación donde pretendemos crear un marco legal
adecuado para la prevención, atención y eliminación de todas las formas
de discriminación. Quién no puede estar de acuerdo con esto. Por tanto,
ya les adelanto que el fondo lo compartimos y estamos de acuerdo con que
se regulen en esta ley algunos de los derechos que se pretende
garantizar. Celebramos los contenidos, por ejemplo, que pretenden
garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, también la atención
especial a formas de discriminación como el antigitanismo, que, según
normativas europeas del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, se
debe abordar en el mismo plano que el antisemitismo. Celebramos su
carácter intersectorial y sobre todo que lo dispuesto en esta norma no
afecte a los regímenes específicos establecidos en las normas autonómicas
y que sea de carácter supletorio en las comunidades autónomas que tenemos
competencias propias en la materia.

Este sería el caso de Cataluña, donde, como
ustedes saben, desde 2020 tenemos en funcionamiento una Llei
d’igualtat de tracte i no-discriminació, pero, señorías, ¿cómo se
reconoce en el Estado español la discriminación? Y me voy a referir a
algo que conocemos en tanto que afectados. ¿Qué ejemplo van a dar estas
Cámaras? ¿Cómo se van a reconocer y a reparar todas las discriminaciones?
Tenemos pocas esperanzas en este texto para con algunas discriminaciones
y en cómo van a deshacer ese nudo de donde provienen, ese nudo atado y
bien atado del todopoderoso Estado, un Estado que tiene vida propia, un
Estado donde Pegasus atenta contra todos los derechos habidos, un virus
que se entromete en la vida privada, que se mete en nuestras casas
dejándonos a merced de no se quiere saber quién, porque no hace falta
investigar. El presidente no sabe qué hace el CNI y el CNI no sabe que
espían al presidente; atado y bien atado. ¿Es Satty es confidente del
CNI? No lo sabemos y no hace falta investigarlo. No sabemos si se
discriminó en este sentido a aquellos catalanes a los que se pretendía
asustar.

Cuando esta proposición empezaba a andar, allá
por enero de 2021, paralelamente se detenía a un cantante que iba a
prisión por poner ritmo a verdades sobre el rey sin mérito y a abundar en
sus meritoriajes para engordar la letra de la canción. ¿Qué me dicen de
los independentistas discriminados por la injusticia española que son
libres en el resto de Europa? Y, sin ir más lejos, ¿qué me dicen de la
discriminación directa sufrida en esta misma Cámara por ser
independentistas cuando se nos negó grupo parlamentario cumpliendo la
normativa de esta Cámara? Si había alguna duda de que esto era
discriminación, ahí teníamos al vicepresidente de la Mesa, que en aquel
entonces era del Partido Popular, dando ruedas de prensa diciendo que no
teníamos grupo por razones políticas. ¿Cómo se compensan en política los
tempos? ¿Cómo se van a recuperar once meses de un grupo parlamentario sin
voz? ¿Me explican cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué pasó, qué
consecuencias hubo para aquellos que tomaron esas decisiones? Porque lo
luchamos, se nos dio la razón y conseguimos finalmente tener voz, pero
¿qué les pasó a los que tuvieron ese trato discriminatorio con nosotros?
Nada, no pasa nada. Mientras esta proposición se ha ido entreteniendo en
el Congreso hasta llegar a esta Cámara, se han vivido situaciones de
discriminación directa e indirecta, acoso discriminatorio y represalias
para con el independentismo, y no pasa nada.

Ustedes traen esta ley apremiados por Europa
mientras se niegan comisiones de investigación por el caso Pegasus. ¿Qué
pasa con las vulneraciones de nuestro derecho a la intimidad, a la
confidencialidad? Porque se metieron ―ya lo he dicho― en
nuestras casas, espiaron a nuestras familias. ¿Qué pasa con el derecho a
nuestra dignidad? ¿Cómo van a participar estas Cámaras de lo que pretende
hacer esta ley cuando nos han llamado, y les hablo por experiencia
propia, en esta misma Cámara terroristas, yihadistas, nazis? ¿Cómo vamos
a subsanar esto, señorías? ¿Qué pasa con nuestra dignidad? Y al mismo
tiempo que pretenden aprobar esta ley, votan en contra de abolir el
delito de injurias a la Corona. Debo decir que es imposible atentar
contra el honor o la buena fama de alguien si este lo ha hecho ya por sí
solo. La imputación de hechos u opiniones que atenten contra la dignidad
de una persona se entienden si previamente esta no ha atentado contra su
propia dignidad o la dignidad de los que representa defraudando, eso sí,
inviolablemente.

¿Dónde están ustedes cuando la Corona baja a la
arena política y se pone a gobernar? ¿Qué dice de eso la Constitución? ¿Y
qué pasa? No pasa nada. ¿Dónde está el derecho a la no discriminación de
los presos políticos catalanes que tuvieron un juicio falso? Además,
ahora sabemos que mientras se llevaba a cabo ese juicio los abogados que
los tenían que defender eran espiados. ¿Qué pasa con esa discriminación?
No pasa nada. ¿Qué pasa con esos políticos que en lugar de ir en listas
para que los voten se dedican a hacer listas negras para tener escaños en
esta misma Cámara? ¿Dónde está la fiscalía? No pasa nada. ¿Qué pasa con
los catalanes independentistas y no independentistas que durante treinta
años han sido discriminados e infrafinanciados por un Gobierno que ha
incumplido la Constitución, el pacto constitucional? ¿Están imputados por
eso esos Gobiernos? No; no pasa nada. El artículo 14 de la Constitución
dice que todos somos iguales ante la ley. Pues yo les digo que no, no
todos; depende de quiénes sean esos todos y depende de la ley de la que
hablemos.

Esta proposición de ley como mínimo sirve para
que se reconozca que en este país esos derechos de la sacrosanta
Constitución no se cumplen y que hasta ahora no pasa nada. Claro, eso sí,
si eres independentista, sí; entonces, sí que pasa. Los catalanes,
estamos hartos de que nos discriminen los distintos Gobiernos centrales,
que incumplan el pacto constitucional que son ustedes los que lo
rompieron. Hartos de esta discriminación decidimos opinar y para opinar,
como armas, utilizamos argumentos, papeletas y la ilusión de un proyecto
de futuro. Como respuesta, brutalidad policial y vulneración de la
Constitución por parte de los dos grupos mayoritarios; un 155 mal
aplicado que prostituía su propósito constitucional. Un A por ellos
policial que vino seguido de un A por ellos judicial, eso sí, acompañado
por el siempre y permanente A por ellos económico.

Señorías, para que de verdad pasen cosas que
garanticen, no solo los derechos reconocidos en la Constitución sino
también los derechos humanos, van a tener que hacer algo más que una
proposición de ley que de paso aprovecha para que los dos grupos de
Gobierno ―por eso no tenemos un proyecto de ley, sino una
proposición de ley― se midan para ver quién lleva la bandera de la
igualdad y del feminismo, sin darse cuenta, además, de que esa lucha está
perdida de antemano, porque la bandera de la igualdad y el feminismo es
de todos aquellos que la quieran llevar. Van a tener que hacer mucho más,
señorías, que una proposición de ley; van a tener que tirar de coraje
para deshacer ese nudo que quedó atado y bien atado.

Mientras ustedes piensan qué proyecto proponen
para su país, nosotros tenemos una propuesta para el nuestro dado que
ustedes tampoco han sabido darnos una alternativa. Nosotros apostamos por
la independencia como única solución real para acabar con la
discriminación que sufrimos los catalanes. Apostamos por la independencia
también contra esta discriminación para tener una sociedad catalana, como
ya se ha dicho aquí, más justa, más libre, y donde nuestra lengua, el
catalá… (La señora senadora continúa su intervención en
catalán).

Ayer, la senadora del Partido Popular estaba
muy preocupada por la discriminación que había en Cataluña con el
catalán, y a mí me parece que esa discriminación en Cataluña no le
preocupaba tanto al Partido Popular cuando recogía votos contra el
Estatut de Catalunya para acabar con algunos preceptos que ya estaban
recogidos en otros estatutos y no les molestaban. Eso es discriminación;
y de esa discriminación y por esa falta de respeto por lo diferente
estamos donde estamos.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, termine.

La señora RIVERO SEGALÀS: Junts, a pesar de lo
que he explicado, votará a favor de esta proposición de ley, porque no
seremos nosotros quienes pongamos palos en las ruedas en intentar
mejorar, aunque sea un poquito, en la lucha contra la discriminación y la
falta de igualdad de trato.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik
asko, mahaiburu andrea. Egun on berriz, senatari jaun-andreok.

Amenazados desde hace años por políticas
neoliberales, los sistemas democráticos representados por Estados que han
conseguido desarrollar derechos sociales básicos para todos están
perdiendo a marchas forzadas el discurso de bienestar, de igualdad y de
dignidad para todos. Por eso les quiero recordar que el artículo 1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros. El artículo 1 de la Constitución española enuncia que
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 9 de la
misma Constitución, a su vez, dice que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. Y, finalmente —hoy he venido muy
constitucionalista—, el artículo 10 explicita que la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Señorías, ya lo ven, el concepto de dignidad
figura de forma preeminente en una gran cantidad de documentos nacionales
e internacionales, que proclaman el derecho de todos los seres humanos a
ser tratados con igual respeto, pero su contenido real, su contenido
concreto, es muy escurridizo. Sin embargo, la dignidad es un concepto de
relevancia fundamental para el discurso moral y político democrático,
porque el modo en que pensamos sobre la dignidad influye en la forma
sobre cómo queremos vivir, sobre cómo queremos morir, sobre cómo nos
analizamos a nosotros mismos, sobre cómo nos vemos en cuanto a individuos
y sobre cómo deseamos ser tratados, así sobre cómo vemos y tratamos a los
demás a todos los niveles. Establecer la dignidad es un proyecto
permanente para las personas en el mundo contemporáneo. Las exigencias
que el reconocimiento de la dignidad nos impone son innegablemente
profundas y motivacionalmente poderosas. La dificultad que tiene la
dignidad proviene de intentar concretar sus exigencias en positivo, y es
que, claro, la indignidad se descubre fácilmente, casi de manera
automática —por poca sensibilidad que se tenga, aunque no todo el
mundo la tiene—, pero el respeto de la dignidad es siempre mucho
más complicado porque requiere la aquiescencia de las personas de las que
estamos sopesando la dignidad, y no es igual para las mujeres que para
los hombres, para los ricos que para los pobres, para las personas LGTBI
que para las personas de heterosexualidad normativa, para los monolingües
castellanos que para las minorías lingüísticas, para las personas de
color blanco que para las pertenecientes a minorías étnicas, para los
autóctonos que para los emigrantes. Y es que el respeto por las personas
es respeto por los individuos de la vida real y no por los seres
racionales, idealizados, abstractos y descontextualizados que aparecen en
las ideologías de muchos grupos políticos, sobre todo de grupos políticos
de ultraderecha, que nos consideran a todos iguales, sin especificidades.
Y, sí, somos iguales en la diversidad y diversos en la igualdad. Nadie es
más que nadie, pero tampoco nadie es menos que nadie. Esto lo decían ya
las navarras y navarros en la Edad Media cuando hacían referencia al rey
de Navarra: nadie es más que nadie, pero tampoco nadie es menos que
nadie.

La ley que hoy nos ocupa demuestra y aflora un
valor muy importante, que es precisamente el de haber reconocido —y
esto es fundamental para avanzar— las muchas carencias que aún
sufrimos, que aún sufren personas de determinados colectivos en el Estado
y en el mundo —me atrevo a decir—: el antigitanismo y la
aporofobia. Y la verdad es que no hay mucho más en esta ley, porque, por
ejemplo, el Grupo Socialista es todavía incapaz —y hago referencia
a ellos porque es de quienes más espero— en 2022 de aprobar una
enmienda que defienda que a las personas se las atienda y se las informe
sobre su derecho a la igualdad y a la no discriminación en la lengua
cooficial que elijan o deseen; clara muestra de la dificultad del Partido
Socialista —insisto, menciono al Partido Socialista porque es, de
los dos grandes, el partido del que todavía más espero— para
aceptar de manera real la diversidad lingüística y cultural. Insisto,
aunque solo sea por su oposición decidida al antigitanismo y a la
aporofobia, esta ley merece el voto a favor de Geroa Bai y de toda la
izquierda confederal.

No quiero acabar sin hacerme y hacerles una
pregunta, señorías: ¿hasta cuándo tendremos que esperar las y los
navarros vascohablantes para que la euskarafobia llegue a ser eliminada
de las mentes y de los comportamientos de algunas personas y de algunos
grupos? ¿Nos veremos obligados algún día a promover que la euskarafobia
sea recogida en el Código Penal? Espero sinceramente que no. Espero
sinceramente que un cambio de actitud por parte de todos no lo haga
necesario y aceptemos que la diversidad y, dentro de ella, la pluralidad
lingüística es una riqueza de todas y todos y, de ninguna manera, un tema
o instrumento de confrontación ciudadana o política.

Como he dicho, votaremos a favor de esta
ley.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on berriro guztioi.

Tratamos hoy la Proposición de Ley integral
para la igualdad de trato y la no discriminación, un texto que pretende
ser el mínimo común normativo que contenga las definiciones del derecho
antidiscriminatorio español, mediante el establecimiento de sus garantías
básicas tendentes a la protección real y efectiva de las víctimas,
materializando la completa trasposición de las Directivas 2000/43
y 2000/78, que solo se hizo parcialmente con la Ley 62/2003, algo que en
su día fue muy criticado por los colectivos antirracistas.

Esta proposición de ley que presenta el Partido
Socialista tiene una larga historia o trayectoria en su tramitación y
negociación hasta llegar a este debate, con varios intentos para su
aprobación: en 2008, con Leire Pajín de ministra; y nuevamente en 2013 y
en 2018, pero tampoco pudo ser en esas dos ocasiones. Incluso se
tramitaron dos proposiciones de ley —una de Podemos y otra del
Partido Socialista— en la anterior legislatura, que llegaron a
ponencia, pero que decayeron con su finalización. Y esta última que
estamos debatiendo también ha tenido su complejidad, puesto que el
Ministerio de Igualdad, del que dependerá su desarrollo, parece no haber
tomado demasiada parte en lo que podríamos llamar un nuevo capítulo de
las desavenencias del Gobierno. En todo caso, esta vez parece que sí
terminará su recorrido en este Pleno del Senado o nuevamente en el
Congreso, si finalmente se aprueban las enmiendas transaccionales, y
veremos esta proposición de ley, ya proyecto de ley, publicado en el
BOE.

Estamos ante una proposición de ley que en el
ámbito competencial guarda bastante las formas; una ley, por tanto, que
podríamos decir que sabe cuál es su espacio —esto es, hasta dónde
puede llegar y hasta dónde no puede llegar— y qué corresponde a
cada Administración en función de sus competencias, salvo las ya
mencionadas en la defensa de las enmiendas que he realizado. Nuestro
grupo entiende y comparte los criterios de esta proposición de ley, que
impulsa la aplicación transversal de la igualdad de trato y pretende
crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir
cualquier persona, y que aborda todos los ámbitos desde los que se puede
producir esta discriminación, acogiendo la concepción más moderna de los
derechos humanos y estableciendo una serie de procedimientos cuya
efectividad permite la tutela y reparación en toda su integridad de este
derecho, combinando el enfoque preventivo y reparador.

Esta ley plantea el desarrollo del principio de
igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución, y plasma el
ejercicio de la no discriminación como un complemento del derecho de
igualdad y como garantía del disfrute de todos los derechos fundamentales
y libertades públicas, ejercitando la denominada acción remotriz del
artículo 9.2 del mismo texto y haciéndose eco de diversos instrumentos
normativos internacionales de garantía de derechos fundamentales de
legislación antidiscriminatoria, tanto a nivel internacional como en el
ámbito de la Unión Europea, donde en los últimos años se han aprobado un
conjunto de leyes o directivas, así como de decisiones marco para regular
este derecho a la igualdad de trato y no discriminación. De esta ley
podríamos decir, entonces, que consagra aquellos derechos y aquellas
cuestiones que, en cierta medida, ya están considerados en diversas leyes
de otras materias, y cuyo objetivo es visibilizar el concepto de la no
discriminación y de la igualdad de todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos desde una perspectiva positiva, en la que ciertas cuestiones,
afortunadamente, con el tiempo se han puesto en el centro del debate
cuando hablamos de derechos de todas las personas, y tienen cabida en
este texto legal. Por tanto, se trata de una ley de garantías; una ley
que pretende garantizar el ejercicio del derecho más que reconocer nuevos
derechos, y que no se limita solo a una proclama general
antidiscriminatoria sino a una regulación completa, mediante la que se
pretende alcanzar la mayor eficiencia en la lucha contra la
discriminación y la búsqueda de la igualdad de los y las ciudadanas.

Nos hubiera gustado que los contenidos en los
que incide esta proposición de ley no hubieran sido cuestionados en esta
Cámara. Eso parece ya una batalla perdida, dado el veto y algunas
enmiendas que hemos tenido que escuchar y leer. Porque, según entendemos
en nuestro grupo, estamos ante un texto que establece los mínimos del
derecho antidiscriminatorio. Hablamos del respeto de los derechos humanos
y de la dignidad de todas las personas, sin distinción por razones de
sexo, raza, color, lengua, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión, cultura, convicciones u opiniones políticas
o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, por
patrimonio, nacimiento, discapacidad o edad, orientación o identidad
sexual o cualquier otra circunstancia personal o social. Este es uno de
los fundamentos de la convivencia. Las sociedades más prósperas
—las nuestras lo son— y que más avanzan son aquellas más
plurales, aquellas en las que confluyen identidades múltiples que suponen
un enriquecimiento claro y mayores oportunidades para la construcción de
una sociedad cohesionada, que, indudablemente, debe hacerse desde la
gestión positiva de la diversidad, desde la lucha contra la
discriminación y la promoción de la convivencia y los derechos humanos, y
estos deben constituir objetivos relevantes en las políticas públicas.
Tenemos un reto fundamental como sociedad: luchar contra la
discriminación y la desigualdad. Debemos escuchar y preguntarnos qué
sociedad queremos ser. En un momento en el que la promoción y la
protección de los derechos humanos pisan un suelo muy resbaladizo, esta
Proposición de Ley de igualdad y no discriminación nos dice lo que como
sociedad no podemos estar dispuestos a admitir.

En Euskadi, en el ámbito de nuestras
competencias, dentro del programa Udaberri 2024, el Plan de convivencia,
derechos humanos y diversidad de Euskadi, hemos previsto también la
aprobación de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación
vasca, con el propósito principal de establecer un marco general de
regulación con principios, medidas y medios destinados a garantizar la
igualdad de trato y no discriminación. Está prevista también la creación
de un observatorio vasco de la diversidad que genere datos, estudios
monográficos e informes periódicos, y estamos colaborando en red con las
organizaciones sociales que más directamente trabajan con las víctimas de
discriminación. Creo que vamos en la misma línea hablando de políticas
públicas antidiscriminatorias.

No nos gusta todo el texto de esta proposición,
tal y como hemos defendido en el trámite de enmiendas. No compartimos el
apartado de las infracciones y sanciones; no digo que no deban existir
infracciones y sanciones; lo que nos parece es que no están bien
reguladas tal y como lo proponen; ni que la autoridad independiente para
la igualdad de trato y no discriminación sea el organismo designado como
organismo competente a efectos del artículo 20 de la Directiva 2006/54
del Consejo; ni lo que se recoge en el artículo 34 sobre la estrategia
estatal para la igualdad de trato y no discriminación, donde no se
precisa su alcance, que será aprobada además por el Consejo de Ministros
y que, entre otras cuestiones, recoge ámbitos básicos de actuación en
materia de no discriminación cuyo desarrollo corresponde a las
comunidades autónomas. Aunque parece que salva esta cuestión al incluir
«sin perjuicio de las competencias autónomas», nos obliga a estar atentas
a la aprobación de esta estrategia. Pero aun con estas salvedades,
pensamos que es necesaria una ley de igualdad de trato; de hecho, como he
comentado, lo estamos haciendo también en el ámbito de nuestras
competencias por una cuestión puramente política de reclamación de
derechos y de ajuste a la legalidad. Hablamos, por tanto, de una ley que
contiene las garantías básicas del derecho antidiscriminatorio y que
traspone adecuadamente las directivas europeas, cuyos objetivos son la
prevención y la erradicación de cualquier forma de discriminación y la
búsqueda de la protección y la reparación de las víctimas. Nada que
objetar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por último, también tramitamos el texto
complementario para la igualdad de trato y la no discriminación, cuya
modificación supone la incorporación al Código Penal de la consideración
de delitos de odio el antigitanismo y la aporofobia; un triunfo del
movimiento antirracista en toda su amplitud y, en concreto, un triunfo
del pueblo gitano. Son demasiados siglos de marginación y de
discriminación del pueblo gitano y, por tanto, es obligatorio nuestro
reconocimiento a las personas que históricamente han luchado por romper
estigmas culturales y la discriminación por pertenecer a una cultura, a
una etnia, a una forma de ser, por pertenecer al pueblo gitano. Por eso,
es un paso importante incorporar en las leyes el antigitanismo como
delito de odio, pero sabemos que solo una modificación del Código Penal
no es suficiente para acabar con esta discriminación y menos de un
pueblo. El antigitanismo es uno de los tipos de discriminación más
extendidos por Europa. En Euskadi contamos desde 2004 con un plan
integral de participación social del pueblo gitano y, aun así, el
antigitanismo sigue siendo un grave obstáculo que impide a muchas
personas gitanas el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos
fundamentales. Por ello, apoyamos esta inclusión del antigitanismo en el
Código Penal, pero con el Código Penal no se arreglan problemas sociales,
por lo que esta modificación deberá ir acompañada —así lo
entendemos— de políticas integrales que lo combatan y avanzar en
una integración plena del pueblo gitano en nuestras sociedades,
respetando su diversidad y garantizando la participación del pueblo
gitano, especialmente de las mujeres y de los y las jóvenes.

Finalizo. Apoyaremos esta proposición de ley.
En cuanto al resto de enmiendas, las votaremos en coherencia con nuestra
posición a lo largo de toda su tramitación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría la senadora
Callau Miñarro.

La señora CALLAU MIÑARRO: Gràcies,
president.

Señorías, todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y en derechos. Así empieza el primer artículo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En el Estado
español, esta igualdad y la no discriminación no están garantizadas. Los
discursos de odio y el incumplimiento de los derechos de los colectivos
vulnerables están a la orden del día en sus políticas de seguridad, en el
sistema judicial y, evidentemente, también en las instituciones
parlamentarias, donde la extrema derecha gana posiciones, aunque algunos
quieran convencernos de lo contrario.

Podría encontrar muchas y muy diferentes
referencias y ejemplos de normativas internacionales —Convenio de
Roma, pactos internacionales, etcétera— sobre la necesidad de
legislar para hacer efectiva la igualdad entre ciudadanos, pero quiero ir
a lo más próximo, y voy a hablar del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
que dice que los poderes públicos deben promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre
sean reales y efectivas. De igual modo, la Ley catalana 19/2020, de 30 de
diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, habla de garantizar
el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y de erradicar
cualquier actuación o comportamiento que puedan atentar contra la
dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre
expresión, sin ningún tipo de discriminación, de la propia personalidad y
de las capacidades personales.

Son diversos los colectivos que históricamente
han sufrido discriminación y violencia por varios motivos: por identidad
sexual, por raza, por cultura o religión o por lógica social o económica;
podríamos hablar también de la discriminación sistemática hacia las
mujeres, hacia nosotras, que no somos un colectivo, repito, no somos un
colectivo; somos el 50 % de la población. La sociedad catalana siempre se
ha caracterizado por valores de inclusión y de cohesión social que se
basan en el respeto a la diversidad en todas sus vertientes, y esta es la
línea maestra de las políticas que desarrollamos directamente en el
Govern de la Generalitat: la lucha contra las desigualdades y la
promoción de la igualdad de oportunidades de las personas, que
actualmente se focaliza en cuestiones como la atención directa a personas
vulnerables; el reconocimiento de colectivos determinados,
reconocimiento, por ejemplo, del pueblo gitano, de personas migradas, de
personas refugiadas; el desarrollo y defensa del derecho de personas
LGTBI; las medidas de igualdad en el trabajo, sin perjuicio de la acción
centrada en la atención a las personas con discapacidad; o bien, en la
infancia, en adolescentes en situación de riesgo o en la gente mayor y
las personas con enfermedad mental. Legislamos en Cataluña porque tenemos
muy claro cuál es nuestro marco de referencia, pero, evidentemente,
sabemos que la lucha por los derechos sociales no tiene fronteras y hay
que luchar por ellos en el Estado, en Europa y en el mundo entero.

Esquerra está y estará siempre al lado de todas
aquellas medidas que garanticen la dignidad y la igualdad de todas las
personas, especialmente de aquellas en situación más vulnerable.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio,
señorías, por favor.

La señora CALLAU MIÑARRO: Hoy y aquí tenemos la
necesidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no
discriminación por razón de religión, de convicciones, de discapacidad,
de edad, de origen racial o étnico, de identidad u orientación sexual, o
por cualquier otra condición social o personal, generando instrumentos
que promuevan medidas positivas de respeto a la diversidad; perseguir la
erradicación del racismo, de la xenofobia, de la homofobia o de cualquier
expresión de discriminación.

Con este proyecto de ley queremos blindar los
derechos que ya hemos sustanciado en Cataluña mediante nuestro marco
jurídico y competencial, así como vigilar y garantizar que no se incumpla
la soberanía del Parlament de Catalunya. Queda claro también que con esta
ley no termina nada. Necesitamos impulsar políticas públicas de igualdad
y no discriminación para poder avanzar con más firmeza y rapidez hacia un
cambio de paradigma social. Trabajamos para ejecutar una política que
garantice los derechos de todas las personas, para lograr una sociedad
donde todo el mundo sea libre, tanto en el ámbito público como en el
privado, para que todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades
personales y tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por roles
tradicionales o estereotipos, para que cada cual pueda avanzar en la
construcción de su futuro y de su propio proyecto de vida. Se trata de
garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades como pilar
de una sociedad justa y democrática, y todo porque nacemos libres e
iguales en dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría la senadora Pedrosa Roldán.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, señor
presidente.

Buenos días. En el Grupo Popular en el Senado
vamos a votar a favor de la proposición de ley orgánica complementaria de
la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación
—en lectura única y de la que no se está hablando aquí esta
mañana—, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Y vamos a votar a favor por dos motivos que
nos parecen fundamentales: el primero es por el compromiso con el pueblo
gitano. Consideramos de justicia que se recoja de forma clara en el
Código Penal como agravante de responsabilidad criminal el odio
relacionado con el antigitanismo y la aporofobia, así como la inclusión
de forma explícita de un sistema coherente de sanciones. Y el segundo
motivo es porque quizás esto sea lo más claro y objetivo que se ha
introducido en esta ley que estamos debatiendo hoy aquí; por lo menos hay
un aspecto que tiene seguridad jurídica y al menos sabemos que el
colectivo gitano tendrá la seguridad de que los delitos de odio cometidos
contra ellos llevarán aparejada una sanción y que se juzgarán dentro de
la ética y las determinaciones del Código Penal.

Por otro lado, y en cuanto a la Proposición de
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, nace con
la necesidad de adaptar diferentes normas y recomendaciones para
conseguir el avance en políticas y contar en nuestro país con una norma
transversal contra la discriminación; una ley en la que debemos velar por
la igualdad de derechos y dignidad de todas y cada una de las personas.
Esta norma, señorías, debería ser la esencia de los derechos humanos,
derechos humanos que deberían englobar a toda la sociedad. La sociedad
nos exige una respuesta más amplia y eficaz para abordar los retos que
tenemos por delante en materia de inclusión, ciudadanía y disfrute de los
derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación. En España
hemos vivido con éxito un proceso de apertura y respeto de la diversidad
y pluralidad, que nos ha llevado a un reconocimiento legal de los
derechos de los ciudadanos, y es necesario disponer de una herramienta
que permita de manera efectiva que puedan disfrutar de esos derechos
todas las personas, con independencia de cualquier circunstancia personal
o social. Debemos garantizar la dignidad de las personas, los derechos
fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad que, como recoge
el artículo 10 de la Constitución, son fundamentos del orden público y la
paz social.

Estamos hoy aquí, señorías, para erradicar esa
discriminación en todos y cada uno de sus sentidos. En el Grupo Popular
somos conscientes de que existen muchos ámbitos en los que se producen y
siguen produciéndose discriminaciones de forma directa e indirecta, y
debemos emplear todas nuestras fuerzas para luchar contra ellas. Por este
motivo, en el Grupo Popular hemos presentado unas enmiendas con la única
pretensión de sumar, aportar y mejorar este texto. No debemos dejar a
nadie atrás; debemos hacer leyes que reflejen que la igualdad de trato y
la no discriminación dan seguridad jurídica en todos y cada uno de sus
ámbitos. Señorías, solo con voluntad y esfuerzos y desde la unidad de
todos los grupos políticos conseguiremos la igualdad de trato y la no
discriminación. ¿Y qué nos encontramos? Que no han sido capaces de
aceptar ninguna de nuestras aportaciones. Nuestras enmiendas intentaban
conjugar las políticas contra la discriminación con la seguridad jurídica
y, sobre todo y algo fundamental, con la libertad individual de las
personas. Es sorprendente que ustedes no vayan a sumar ninguna de estas
enmiendas a la ley porque, como he dicho, lo único que pretendemos con
ellas es garantizar esa seguridad jurídica a las personas que en un
futuro tengan problemas de discriminación, que se van a encontrar con que
el Partido Socialista ha hecho una ley que ha estado mal planteada
jurídicamente. Permítanme que les diga que me sorprende que ustedes
actúen de forma unilateral, haciendo de su capa un sayo, y proponiendo
leyes sin interesarles si mañana esta ley dará cobertura legal a todo
aquel que intente denunciar una discriminación. Solo sus egos y
garantizarse el apoyo de sus socios de Gobierno, que tanto daño están
haciendo a España, les hace no ver más allá y tener una falta de rigor
impresionante que supone dejar siempre fuera de las normas a las personas
más vulnerables. Así nos va en España; con ustedes vamos a salto de
mata.

En el Grupo Popular compartimos, como no podía
ser de otra forma, la filosofía de esta norma. Debemos contar en nuestro
país con una norma transversal contra la discriminación. Somos
conscientes, como he dicho, de que en muchos ámbitos siguen existiendo
esas discriminaciones y debemos luchar y trabajar para que desaparezcan.
Pero compartir la necesidad de esta norma no es compartir la ley que
ustedes han presentado. Por ese motivo, presentamos nuestras 60
enmiendas; como ha explicado anteriormente mi compañera Patricia, para
que esta proposición de ley se viera implementada contra la
discriminación con la seguridad jurídica y la libertad individual de los
ciudadanos. Pero ¿qué ha pasado con las enmiendas? ¿Nos van a explicar
por qué no quieren mejorar el texto de esta ley? ¿Nos van a explicar por
qué no han admitido ninguna enmienda del Grupo Popular? La compañera del
PSOE, Cándida Verdier, ha explicado aquí que ha habido negociación. Pues,
la verdad, no sé con quién han negociado ustedes, porque con el Partido
Popular no. Hace una semana nos reunimos para la ponencia —y la
reunión duró cuarenta y cinco segundos, y creo que estoy
exagerando— porque ustedes nos dijeron que en el ministerio no
tenían ninguna argumentación para poder hacer nada más. El Grupo Popular
les dio su confianza, nos pidieron negociar durante esta semana hasta el
Pleno, sentarse y negociar las enmiendas. Pasó la semana y el sábado, lo
único que recibí de su portavoz fue: ¿vais a votar sí o vais a votar no?
Negociar es sentarse todas las partes, estudiar lo que cada uno propone,
llegar a un acuerdo o no; eso es negociar, pero, en estos momentos, con
el Partido Popular no se ha negociado. Por lo tanto, les rogaría que no
digan que han negociado con todos, porque con todos no ha sido.

Señorías, con el Partido Socialista de Sánchez
su postura en la no discriminación e igualdad de trato es desleal e
incompetente ante lo que tiene que ser la justicia social y un sistema
justo y digno para todas las personas, con el objetivo de que todos
tengan las mismas oportunidades.






En el Grupo Popular siempre estamos
tendiendo puentes y buscando la unidad y el consenso para llegar a
acuerdos que sean beneficiosos para los ciudadanos y, en general, para
España. Señorías, en algo tan serio como la igualdad de trato y no
discriminación deberíamos dejar a un lado nuestras diferencias
partidistas y buscar la unión, porque solo desde la unión y el consenso
se consiguen grandes avances. Esto es responsabilidad de todos, de los
que son gobiernos y de los que estamos en la oposición. Deberíamos sumar
los puntos de unión que cada uno tenemos y, de esta forma, marcaríamos
una hoja de ruta imparable para los próximos años. Hay temas de Estado,
señorías, que no deberían ser lucha para nadie, deberíamos coger lo mejor
de cada uno de nosotros y sumar, porque está comprobado que la suma y la
unión es lo único que puede hacer avanzar.

Y antes de acabar, solo voy a hacer una pequeña
referencia a uno de los apartados que recoge esta ley. Ustedes quieren
crear una nueva estructura administrativa e independiente para la
igualdad de trato y la no discriminación. ¿Ustedes quieren crear un nuevo
chiringuito para seguir colocando a sus amiguetes? Tenemos el peor
Gobierno en el peor momento; tenemos el mayor gasto público de la
historia, veintidós ministerios, más de setecientos cuarenta altos
cargos, y subiendo, porque ustedes no paran con los altos cargos. ¿Y
ustedes hacen leyes en las que quieren colar nuevas estructuras para
seguir engordando el gasto público, señorías? Mientras tanto, los
españoles con dificultades para llenar la cesta de la compra. ¿Esto es lo
que ustedes entienden por igualdad de trato y no discriminación? ¿Así
hacen ustedes las leyes, siempre engordando el gasto público, sin
importarles cómo lo estarán pasando los españoles, que cada día siguen
haciendo esfuerzos para llegar a fin de mes, mientras ustedes siguen
gastando sin escrúpulos? Eso sí, cuando gobiernan ustedes arruinan a los
españoles, se ve que va en su ADN; lo llevan ustedes grabado en su ADN.
(Rumores). El Partido Popular no está aquí para desangrar a los
españoles; estamos aquí para legislar y hacerles la vida mucho más fácil,
señorías.

Por este motivo, por la deslealtad a los
ciudadanos, porque siguen aumentando el gasto público, como acabo de
decir; porque sus políticas no están aportando ni van a aportar nada a
los españoles y, sobre todo, a lo que nos ha traído hoy aquí, que es la
Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, una ley que lo que hace es crear más brecha de
desigualdad entre los españoles y también más inseguridad jurídica; por
todo ello, vamos a votar en contra de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Pedrosa Roldán.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría la senadora Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Gracias,
presidente.

Buenos días a todas y a todos. Esta mañana
debatimos dos normas muy importantes para la sociedad española en su
conjunto, al garantizar la igualdad de trato y la no discriminación a
todas aquellas personas que la sufren por diferentes motivos y, también,
al incorporar a los delitos de odio del artículo 22 el
antigitanismo.

Quiero dirigirme a los letrados porque me
comunican que ha habido un error en la transaccional que modifica el
artículo 3, en la que se ha omitido por error cosas que estaban incluidas
en el dictamen. Ha sido un error y lo subsanamos en este momento.
Gracias.

Es importante esta ley para los socialistas
porque, allá por 2007, un grupo de personas y activistas ya la incluyeron
en el programa electoral del Partido Socialista, y es ahí donde aparece,
como en todos los avances de España, el sello socialista, en su momento
liderado por Pedro Zerolo; y desde entonces y hasta hoy, con la pérdida
en el camino de su impulsor, por el resto de compañeras y compañeros de
todos los rincones de España, de todos. Fue tan grande su compromiso con
los más humillados de la sociedad que nos caló a todas y a todos, y cada
uno en su provincia, en su ciudad o en su ámbito hemos trabajado y
luchado por conseguir esa igualdad real para todos aquellos que tienen
que sufrir, día a día, que alguien quiera humillarlos por ser diferentes
o, como yo considero, que alguien quiera sacar sus miserias como ser
humano aprovechando la diferencia. Gracias, de verdad, a Pedro Zerolo por
su implicación en aquel momento y por transmitirnos toda la fuerza para
seguir y para no decaer en el empeño (Aplausos) y estar hoy, aquí,
defendiendo una ley justa, europeísta y que vendrá a arropar un poco más
a estas personas que cada día sufren sin ningún motivo cualquier tipo de
discriminación. Medidas para luchar contra la discriminación sufrida por
gitanos, mujeres, colectivo LGTBI, inmigrantes, personas que son
discriminadas por la edad, en distintos ámbitos, en la política,
cultural, social, en el empleo o el trabajo, en la educación, en la
atención sanitaria, servicios sociales, en el acceso a los bienes
públicos, y lo último, en la inteligencia artificial y los mecanismos de
toma de decisión.

Quiero agradecer que hoy nos acompañen, online
en este caso, los colectivos que llevan mucho tiempo trabajando por estos
temas y que hoy ven culminado el trabajo reivindicativo de tantos años:
Hogar sí, la Asociación Rumiñahui, la Fundación Secretariado Gitano;
todas ellas pertenecientes a la Alianza por la Ley de igualdad de trato,
a la que pertenecen también otras asociaciones como ACCEM, Cermi, Cesida,
CEAR, Cruz Roja, la Fundación Cepaim, la Federación LGTBI Trans y
Movimiento por la Paz-MPDL, entre otros, que tanto han aportado a esta
ley, que tanto han presionado a los gobiernos para que hoy tengamos esta
ley. Y estoy de acuerdo con la compañera de Esquerra, en que habrá que
seguir trabajando, pero esta ley supone un antes y un después en la
defensa de los colectivos que, como minorías, suponen una gran mayoría en
nuestro país. Gracias a todas y a todos los que trabajan por estas
minorías. (Aplausos).

También quería dar las gracias, me lo van a
permitir el resto de grupos, a Adriana Lastra, como impulsora en nuestro
partido… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Gracias a Beatriz, a
Susana y a Lázaro por vuestro trabajo ingente en la ley, en el Congreso,
y gracias a mis compañeras, especialmente del Senado; a Nieves Hernández,
que hoy no nos puede acompañar, pero está muy presente, a Cándida, a
María Fernández y, por supuesto, a Julio y a la dirección de mi grupo, a
Eva y Gonzalo, por apoyarnos tanto en estos momentos (Aplausos).

Y es que estamos ante una ley pionera en España
de impronta socialista, como todas las que han garantizado los derechos
en los últimos años en España, y aunque es cierto que, como dije ayer,
cuenta con el apoyo y la aportación de todos los colectivos y también de
los grupos parlamentarios, nosotros la tenemos, y nos van a disculpar,
como nuestra, porque fue un socialista quien la trabajó y quien la
defendió en una época en la que no teníamos nada de lo que tenemos ahora.
Se lo debemos al presidente Zapatero y su postura ante una de las
discriminaciones que existía en ese momento. Me refiero al matrimonio
homosexual, del que hoy gozamos como un derecho, que gracias a él se pudo
sacar adelante y hoy día disfrutamos como sociedad.

Ayer tuvimos que escuchar al Partido Popular, y
hoy también a la señora Rodríguez, decirnos que no apoyan esta ley,
aunque sí el fondo, porque no les gusta cómo está redactada. Eso es un
poco el resumen de su intervención de ayer, pero se le olvida —y yo
lo voy a decir hoy— que desde 2004 teníamos esta necesidad como
país y tenemos esta ley redactada; se intentó en aquellos años y ustedes
no quisieron. Pero, además, llegaron luego los gloriosos años del Partido
Popular del señor Rajoy y no la hicieron ni tampoco la redactaron tan
bien como ustedes dicen que saben hacer todas las cosas. No lo hicieron
tampoco en aquellos años, a pesar de que todo el mundo se lo pedía. Y
ahora que ven que la ley va a salir y que no pueden evitarlo, imagino que
con esa aura moderadora que les rodea, tienen el arrojo —por no
utilizar otra palabra— de decirnos que apoyan el fondo, pero no la
forma. (Aplausos). Hay que tener mucho atrevimiento para, después de no
hacer nada, de obstruir y de votar en contra de la ley en el Congreso de
los Diputados, venir hoy, señora Pedrosa, a hablar de las conversaciones
que mantuvimos usted y yo, en las que a usted le daban igual las
enmiendas porque nos las aportaron al peso, ya que, en el fondo, lo que
ustedes querían era tener una justificación para decir lo que de verdad
sienten ustedes, junto con Vox, que es: no a esta ley, no a los derechos
de las minorías. (Aplausos). ¿Votarán que sí esta mañana? Ya nos han
dicho que no. ¿Se moderarán ustedes hoy en esto? No. Ya no los
necesitamos; porque ahora saldrá, a pesar de sus zancadillas, con el
apoyo de los colectivos y del resto de los grupos parlamentarios. No
hacen nada, pero no dejan que haga nadie, y eso no está bien.
(Rumores.— Aplausos).

Volvemos a nuestra ley, a la de todas y a la de
todos; una ley europeísta y general que recoge todas las discriminaciones
que hay hoy en día y que abre un régimen sancionador para proteger a las
víctimas. Crea un organismo independiente; sí, señora Pedrosa, un
organismo independiente para trabajar. Los que hacen chiringuitos para
ustedes son ustedes, no nosotros. (Rumores). Un organismo independiente
que se especializará en la discriminación, especializado, y que se
coordinará con jueces y fiscales. Además, recoge todos los ámbitos, todas
las discriminaciones; hoy podemos decir como logro que ha conseguido
recoger aquellos ámbitos en los que se produce toda clase de
discriminación. Pero sabemos, compañeras y compañeros, que esto no acaba
aquí, lo sabemos. Esta ley es el principio, es el amparo de los más
débiles de la sociedad y de aquellos que, día a día, trabajan con ellos y
con ellas, pero tendremos que seguir trabajando y estar alerta porque los
derechos que tanto cuesta conseguir, en un minuto se pierden cuando
llegan grupos que los niegan. Lo sabemos muy bien las mujeres con la
ultraderecha que tenemos en España. (Aplausos). No dejemos nunca dar un
paso atrás para los más desfavorecidos; estemos a su lado y consigamos
más derechos para ellos, porque esa es la esencia socialista. Y como dijo
Zerolo: Aunque en el modelo de sociedad que ustedes quieren no quepo yo;
en el mío sí caben ustedes. (Aplausos). Los avances sociales, señora
Pedrosa, señora de Vox, son imparables. Juntos nada nos parará.

Gracias, y esperemos que apoyen esta ley tan
importante. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Señorías, finalizado el debate del dictamen de
esta proposición de ley, se procede, a continuación, a abrir el plazo
para emitir el voto telemático para los siguientes dos asuntos: en primer
lugar, votación de la Proposición de Ley integral para la igualdad de
trato y la no discriminación. Y, en segundo lugar, votación de la
Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la
igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Por tanto, se abre el plazo de una hora para
emitir el voto telemático, para los senadores que han sido autorizados
para ello, cuando son las diez y cuarenta y cinco minutos hasta las once
y cuarenta y cinco de la mañana de hoy. Asimismo, les recuerdo que la
votación presencial de estos asuntos tendrá lugar una vez finalizado el
siguiente punto del orden del día, que pasamos a debatir en este
momento.

El señor presidente lee los puntos 4.3.
y 4.3.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, su señoría el senador Escarda
Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. El proyecto de ley que
se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se
tramita por el procedimiento de urgencia… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Escarda, permítame
un segundo. Espere un momento. (Pausa).

Continúe.

El señor ESCARDA ESCARDA: El proyecto de ley
tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de junio de 2022, fecha,
asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 9 de
junio de 2022. A este proyecto de ley se presentaron 288 enmiendas, de
las que fueron retiradas la número 9, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, y la número 283, de los señores González-Robatto
Perote y Marín Gascón, y de la señora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Por otra parte, el Gobierno comunicó a la
Cámara, al amparo de lo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución
y en el artículo 151 del Reglamento del Senado, que no daba su
conformidad a la tramitación de las enmiendas números 68, 69 y 72, de la
señora Castellví Auví y del señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado.

El día 15 de junio se reunió la ponencia, que
quedó integrada por doña Esther Basilia del Brío González, del Grupo
Popular; doña Assumpció Castellví Auví, del Grupo Nacionalista; doña
Olivia María Delgado Oval, del Grupo Socialista; don Joaquín Vicente Egea
Serrano, del Grupo Democrático; don Xoaquín María Fernández Leiceaga, del
Grupo Socialista; doña Ruth Goñi Sarries, del Grupo Mixto; don Jordi
Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu;
don Koldo Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo de Izquierda Confederal;
don Gonzalo Palacín Guarné, del Grupo Socialista; don Javier Puente
Redondo, del Grupo Parlamentario Popular; y don Luis Jesús
Uribe-Etxebarria Apalategui, del Grupo Parlamentario Vasco.

La ponencia emitió su informe, que no
introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. No obstante, a la vista de lo señalado por la letrada en
relación con diversos errores técnicos detectados en el referido texto,
se efectuaron las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de
enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la
Constitución. A continuación, se reunió la comisión y emitió dictamen de
conformidad con el informe de la ponencia. Finalizados estos trámites, y
para la defensa de las enmiendas, se han presentado 12 votos
particulares, manteniéndose todas ellas.

Esta norma traspone al ordenamiento jurídico
español la directiva europea que adapta el marco normativo a la nueva
realidad del mercado audiovisual, e impulsa el papel de España como
plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en este ámbito. El
texto incorpora principios generales de carácter ético aplicables al
ámbito audiovisual, tales como la dignidad humana, la protección de los
usuarios respecto de contenidos que atenten contra la dignidad de la
mujer, la obligación de transmitir una imagen respetuosa de las personas
con discapacidad, la promoción del pluralismo lingüístico de España y la
veracidad de la información. También se refuerza la protección de los
menores y la accesibilidad de todos los ciudadanos a los contenidos
audiovisuales. La Ley general de comunicación audiovisual refuerza la
promoción de obra audiovisual europea de productores independientes,
incrementando las obligaciones de inversión. Recogida en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, esta reforma contempla,
además, entre sus objetivos, el impulso de España como plataforma europea
de negocio, trabajo e inversión para el ámbito audiovisual a través del
proyecto España, Hub Audiovisual de Europa. En definitiva, señorías, una
ley que pretende adaptarse a la nueva realidad audiovisual.

Por último, agradezco la colaboración y
disposición al debate de sus señorías; los ponentes de esta ley, los
portavoces de los grupos parlamentarios, así como del resto de miembros
de esta comisión. Mi agradecimiento a la señora letrada, secretaria de la
comisión, y al resto del personal de esta casa.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Escarda.

Señorías, procedería ahora abrir el debate de
totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa). Si no fuera así,
pasaríamos al debate de las enmiendas. Muchas gracias.

Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas
de sus señorías González-Robatto Perote, Marín Gascón y la senadora
Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de las
enmiendas 211 a 282 y 284 a 288, tiene la palabra su señoría Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado 78 enmiendas; números 211 a 288; en su mayoría de
modificación. Asimismo, proponemos la supresión de los artículos 30 y 81,
las disposiciones adicionales segunda, tercera y quinta, la disposición
transitoria sexta y las disposiciones finales segunda y cuarta. Como
consecuencia, en parte, de lo anterior, presentamos 2 enmiendas de
adición, números 279 y 280, en las que proponemos la adición de una nueva
disposición adicional tercera y cuarta, numeración consecuencia de la
supresión de las disposiciones adicionales segunda, tercera y quinta,
como he indicado anteriormente. Pero, como siempre, no nos han aceptado
ninguna.

Les expondré algunas de ellas. En la
enmienda 256 se propone la modificación del apartado 1 del artículo 112.
Esta enmienda es necesaria a fin de preservar la independencia que debe
ser característica de los productores, en cuyo favor se establecen las
obligaciones de financiación anticipada de los artículos 117 a 119 del
proyecto de ley. De otro modo, se tergiversaría la condición de productor
independiente y se desvirtuaría la finalidad de la Directiva de servicios
de comunicación audiovisual que, por medio de este proyecto de ley,
quiere trasponerse al ordenamiento jurídico español.

En las enmiendas 257 y 258 proponemos la
modificación del apartado 2 del artículo 115, en este caso por mejora
técnica y porque las imposiciones lingüísticas en lenguas distintas al
español no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la
Constitución española, según el cual solo el español es la lengua que los
españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Se evita, así,
cualquier discriminación y asimetría regulatoria.

En la enmienda 259 se propone la modificación
del apartado 3 del artículo 117. Esta enmienda trata de respetar el
criterio establecido en el artículo 5.3 de la todavía vigente Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual; ley cuya
derogación se incluye en el proyecto y que impone obligación de
financiación solo respecto de servicios de comunicación audiovisual en
los que se emitan obras audiovisuales actuales, ya que su objetivo es
promocionar la obra audiovisual europea frente a la presión competitiva
que supone la obra reciente no europea. No existe justificación para
extender esta obligación de financiación a ingresos derivados de
servicios de comunicación audiovisual donde no se ofrecen este tipo de
obras audiovisuales recientes, pues la explotación de obras no europeas
clásicas o antiguas no supone una amenaza competitiva para las obras
europeas, y esta extensión ocasionaría un grave perjuicio para los
operadores que ofertan estos servicios. Señorías, estas son nuestras
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Marín.

Para la defensa de las enmiendas números 13
a 67, 70 y 71, de sus señorías, la senadora Castellví Auví y el senador
Cleries i Gonzàlez, tiene la palabra la señora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Buenos días. Gracias,
presidente.

Señorías, en Junts seguimos manteniendo y
defendiendo nuestras 60 enmiendas. Cabe decir que tres de ellas han sido
retiradas por el Gobierno: la 68, la 69 y la 72, mostrando su
disconformidad y excusándose en el artículo 134.6 de la Constitución y en
lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento del Senado. Esto traducido
al lenguaje común es: no me gusta lo que dices; digo que no está en el
presupuesto; Hacienda no lo permite y te elimino tres enmiendas. Una
manera de hacer legal, pero poco transparente.

La comunicación audiovisual ha evolucionado muy
rápidamente y ha realizado cambios importantes y necesarios en nuestra
sociedad. En esto estamos todos de acuerdo, motivo por el cual Junts ha
presentado 60 enmiendas que pretenden blindar las competencias de las
comunidades autónomas. Hay enmiendas en este sentido, puesto que son las
comunidades autónomas las que mejor conocen las necesidades audiovisuales
de frecuencias de televisión y radio en su territorio, y por ello es
absolutamente imprescindible que se reconozca esta capacidad respecto a
la planificación del espectro radioeléctrico que afecta a su territorio.
Por otra parte, que en esta ley se establezca la duración del
mandato-marco, vulnera la competencia exclusiva que las comunidades
autónomas ostentan sobre los servicios públicos de comunicación
audiovisual. El contenido de los mandatos-marco de ámbito autonómico y de
los contratos-programa que pueden suscribir los órganos competentes de la
comunidad autónoma son competencia exclusiva de las comunidades
autónomas, y esto en Junts lo detallamos en algunas de las enmiendas. Los
órganos de gobernanza y gestión del servicio público de comunicación
audiovisual deberán ser definidos por la comunidad autónoma, atendiendo a
sus competencias exclusivas sobre los servicios públicos de comunicación
audiovisual.

Y así, les iría mostrando las casi treinta
enmiendas que hemos presentado y que hacen referencia al marco
competencial y a proteger a las comunidades autónomas.

Otro gran bloque de enmiendas está relacionado
con proteger, potenciar e incrementar las cuotas audiovisuales de las
lenguas oficiales. Estas enmiendas son nuestra gran línea roja. Las
obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual deben especificar la
presencia de la lengua oficial del Estado, así como de las lenguas
oficiales de las comunidades autónomas. Defender la riqueza cultural que
suponen las diferentes lenguas oficiales de las comunidades autónomas no
les tendría que dar miedo, señorías, pero en esta ley ustedes las
defienden con la boquita pequeña. Las cuotas establecidas van de mínimos;
repito: van de mínimos. Las lenguas propias de las comunidades autónomas
requieren de preservación y fomento al tratarse de lenguas minorizadas.
De nuevo cabe recordar que el objetivo de la protección de una
determinada lengua es una razón imperiosa de interés general, según
reconoce la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5
de marzo de 2009. Las cuotas que ustedes van a establecer en esta ley con
el pretexto de garantizar la pluralidad lingüística son para Junts
claramente insuficientes y testimoniales al representar entre el 0,35 % y
el 2,55 % del conjunto; y, a mucho estirar, nos iríamos casi al 3 %. Es
un despropósito, una burla. Esto supondrá una pérdida cultural, una
pérdida de ampliación de conceptos lingüísticos y culturales, y es una
discriminación lingüística en toda regla, al igual que no dejar hablar en
nuestra propia lengua en el Congreso o en el Senado en ciertas
iniciativas o comisiones. Señorías, la nueva ley deja un desierto
lingüístico en las pantallas, al mismo tiempo que pierde una gran
oportunidad.

También hemos presentado enmiendas para que la
comunicación no sea sexista, se potencie a la mujer en este sector, se
trate equitativamente la igualdad entre hombres y mujeres en los medios,
se rechace el maltrato animal, se respete a los animales y el
medioambiente, y se apoye a las productoras independientes. El cambio
introducido en la nueva definición de productor independiente pone en
riesgo nuestra industria y pone en riesgo la diversidad cultural de los
contenidos.

Señorías, ¿por qué el Partido Socialista nos
dice que la ley está bien como está, que si no se aprueba no se
transferirán los fondos europeos, que ya ha pasado muchos meses en el
Congreso, y que presentamos enmiendas para hacer ruido y bloquear? Pues
Junts les dice: se equivocan. La ley necesita mejoras. La excusa de los
fondos ya está demasiado utilizada. ¿Que la ley esté meses en el Congreso
implica que en el Senado la ventilemos en apenas unos días? No. Junts
presenta enmiendas para conseguir mejoras en todos los ámbitos. Nosotros
no estamos aquí para arreglar España; nosotros estamos aquí para proteger
nuestra lengua, nuestra cultura y todos los intereses de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

De sus señorías Cleries i Gonzàlez y Clavijo
Batlle. Para la defensa de las enmiendas 208 a 210, no están.

Se dan por defendidas.

Para la defensa de las enmiendas 73 a 131, del
senador Mulet García, tiene la palabra su señoría.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.

Nos encontramos ante una ley muy poco ambiciosa
respecto de las directrices europeas. Al final es una ley de mínimos y
está hecha para satisfacer expectativas de varias plataformas sobre las
cuales no regula una capacidad de intervención. En definitiva, es amable
con los operadores internacionales y refuerza, como siempre, a Madrid
como centro de protección.

Planteamos un bloque de enmiendas a la ley ante
la ausencia de garantías del texto en numerosos aspectos: en defensa de
los usuarios y usuarias; en materia lingüística; en defensa de la
pluralidad, de la competencia, etcétera. Consideramos que la diversidad
cultural y lingüística significa el reconocimiento de la propia
diversidad cultural y la legitimidad y dignidad de las culturas que
conviven y se interrelacionan. Por tanto, debe promoverse desde todas las
instancias de las administraciones, mediante instrumentos de desarrollo
de productos audiovisuales, algo tan básico como respetar el artículo 3.3
de esa Constitución que tantas invocan como texto sagrado, pero de la que
luego en asuntos como este se olviden completamente. En demasiadas
ocasiones se redactan textos en los que se indica que se va a
promover…, se favorecerá… —en abstracto—, pero a
la hora de la verdad vemos que no se promueve ni se autorregula el
sector, por lo que exigimos y defendemos un papel más activo en la
autoridad audiovisual. De la misma forma que, recientemente, en la Ley
General de Telecomunicaciones exigíamos mejoras para paliar el retraso en
la digitalización de la radio o dotar a las zonas rurales de una mejor y
más rápida internet ante la condescendencia de la secretaría de Estado, y
ante unas cuestiones que consideramos capitales para el futuro de las
personas afectadas, para el empleo, la competitividad y el futuro de los
medios, vamos a volver a exigirles ahora, mediante enmiendas, un esfuerzo
en la normativa, pues nos parece que adolece de liderazgo en un momento
tan trascendental como el actual. Quiero recordar, por ejemplo, lo que
dice el preámbulo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. Se indica que en los últimos años
—estamos hablando de 2010— la comunicación audiovisual se ha
basado en la explotación tradicional de la radiotelevisión analógica,
condicionada por la escasez del especto radioeléctrico y, por tanto, por
una oferta pública y privada reducida y con un modelo de explotación muy
asentado, pero comercialmente poco sostenible. La tecnología digital
viene a romper con este modelo y plantea un aumento exponencial de las
señales de radio y televisión gracias a la capacidad de comprensión de la
señal, que se incrementa, aumentando la calidad de la señal audiovisual.
Aumenta el acceso a los medios audiovisuales y se multiplican las
audiencias, pero, por esa misma razón, se fragmenta e irrumpe internet
como competidora de contenidos. Y los modelos de negocio evolucionan y se
desplazan. Como consecuencia de todo ello, la normativa tiene que
evolucionar con el tiempo y adaptarse a los nuevos desarrollos
tecnológicos. Es un texto de 2010 que habla de digitalización, de
comprensión de la señal, de multiplicar contenidos, de modelos de
negocio, términos que seguramente eran muy sugerentes en 2010, pero que
doce años después se encuentran completamente verdes.

Tenemos una FM plagada de emisoras ilegales,
desordenada, donde el papel de la Administración brilla por su ausencia,
donde no se garantiza el pluralismo ni la defensa de los usuarios.
También sería interesante abordar hechos como el que publicaba este fin
de semana El País, que se sumergía en el escaso interés de los y las
jóvenes por los medios, que ni leen prensa ni escuchan radio y se
informan básicamente por las redes sociales, que son un auténtico
caladero de fake news, quedando completamente desamparados y
vulnerables.

Hay que ser más contundentes y no dejarlo todo
a la autorregulación; apostar por competencias mediáticas y por una
supervisión efectiva y contundente. Tenemos autonomías que queremos o
quieren desarrollar la radio digital o garantizar contenidos en las
distintas lenguas del Estado, pero el actual Gobierno y los partidos que
le sustentan siguen sin tomar medidas, sin escuchar, como si tuvieran 200
diputados y 200 senadores. No quieren o no saben escuchar en aspectos
fundamentales de normas básicas.

Es importante recordar que fue a propuesta del
Senado, a raíz de una proposición de ley de Compromís, cuando se habla
por fin de aumentar el servicio universal de internet a los 100 megas,
mientras aquí el Partido Socialista traía vergonzosos planes que no se
cumplen y dejaba el servicio universal de internet a merced de las
operadoras, a pesar de que a esas operadoras las han untado con miles de
millones para desplegar el 5G cuando ni siquiera el 3G llega a numerosas
zonas de nuestro Estado. Hoy, por ejemplo, es noticia el municipio de
Coratxà, en Castelló, que lleva dos meses, no ya sin internet, sino sin
teléfono y sin poder marcar siquiera el 112. Esa es la realidad de las
operadoras en nuestro país; operadoras siempre muy bien financiadas, pero
a las que a la hora de cumplir servicios básicos mínimos nadie les exige
ningún tipo de responsabilidad. Lo que hace este Gobierno es dar siempre
dos pasos adelante y uno atrás. Demuestra una falta de ambición
lamentable en cuestiones como la conectividad de todos los ciudadanos o
el impulso para la adaptación de la normativa española a las tecnologías
del momento y a lo estipulado por la propia Unión Europea. Al Gobierno y
a los máximos responsables del ministerio se les debería caer la cara de
vergüenza por su escasa ambición al legislar y cumplir con las directivas
europeas.

También consideramos que la adopción de códigos
de conducta en materia de pluralismo interno de los presentadores del
servicio de comunicación audiovisual es demasiado importante como para
dejarlo en manos de la autorregulación de los prestadores o de las
personas que puedan llegar a concentrar hasta el 27 % del mercado. Este,
el que presentan aquí, no es nuestro modelo. Queremos más pluralidad y
más derechos. Por tanto, es necesario limitar estas concentraciones,
imponer la obligación de adaptarlos y que la autoridad audiovisual
competente vigile su aplicación.

En otras enmiendas recordamos las
recomendaciones del Consejo Económico y Social en lo referente a la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sin brecha de género e
impulsando su presencia y participación. Reiteramos que hemos de cumplir
en todas las leyes, también en esta, el artículo 3.3 de la Constitución
española: la protección y promoción de todas las lenguas de nuestro
Estado. Por eso hay que recordarles constantemente, porque se olvidan,
que el Estado español ha firmado la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias. La carta está diseñada, por un lado, para
proteger y fomentar las lenguas regionales y minoritarias como un aspecto
amenazado del patrimonio cultural europeo y, por otro, para permitir que
los hablantes de una lengua regional o minoritaria puedan utilizarla en
la vida pública y en su vida privada. Y abarca a las lenguas regionales y
minoritarias no territoriales y a las lenguas menos difundidas. Entre los
principios de dicha carta figura esta filosofía, la de promocionar este
tipo de lenguas, evitar su exclusión y promover su uso en la vida pública
y en los medios de comunicación, por lo que el estatus de estas lenguas
reconocidas oficialmente, pero que todavía no son cooficiales, debería
incluirse en esta ley. Esta es una ley que se comporta con el mismo
desprecio hacia la diversidad lingüística del Estado español que el PERTE
de las lenguas, con 1100 millones de euros para el castellano y 30
millones para el resto de las lenguas españolas que no son el castellano.
La regulación estatal tiene que promover los derechos de todas las
lenguas que conviven en el Estado y, por tanto, se tiene que romper el
techo de cristal que genera el sistema de derechos lingüísticos basado en
la jerarquización de lenguas, en el que el castellano siempre ha de
quedar por encima. La discriminación por razón de lengua tiene la misma
categoría que la discriminación por razón de sexo, por razón de raza o
por razón de religión.

También incorporamos cuestiones referidas a la
conciliación de la vida familiar y personal; a los horarios de los
contenidos dirigidos al público joven en horario de adultos, que impiden
que descansen, tal como denuncian pediatras y el colectivo de implicados,
la AUC; o a la presencia de programas en los que se da muerte a animales,
como es el inaceptable caso de la tauromaquia en los medios de
comunicación. Son contenidos perjudiciales e inasumibles a estas alturas
de la historia. Asimismo, planteamos acabar con los patrocinios en
programas dirigidos a un segmento de la población infantil y medidas de
calificación por edades, con advertencias por el tipo de contenidos o de
características como la de: Especialmente recomendables para la infancia.
Otras enmiendas se refieren al control del gasto, la duración de los
contratos programa o a la necesidad de contar con estabilidad
presupuestaria e ingresos procedentes de operadoras de telecomunicación
en el servicio público de la Corporación de Radiotelevisión Española, así
como a nuevas características en las redes y plataformas y al papel que
consideramos que Radiotelevisión Española debe tener para garantizar
coberturas, calidad o contenidos, apostado siempre por el mantenimiento
de la gestión pública y la prohibición de gestiones indirectas del
servicio público o la privatización total o parcial de estos. Además,
todos los medios públicos de las comunidades autónomas deben gozar de los
mismos derechos que la Corporación de Radiotelevisión Española.

Finalmente, planteamos medidas de fomento de
los productores independientes, de las microempresas, y financiar
anticipadamente obra audiovisual europea y fomentarla, reservando una
parte del catálogo a petición y reservando también una parte de las
cuotas a obras que incluyan algunas de las lenguas propias de las
comunidades autónomas, que estén dobladas exclusivamente a esas lenguas,
y a aquellas dirigidas o creadas exclusivamente por o para mujeres para
lograr una cultura verdaderamente plural, inclusiva y sostenible y
solventar la infrarrepresentación de la mujer, también existente en el
ámbito audiovisual. Además de promover la diversidad cultural y
lingüística de los contenidos audiovisuales, es necesario garantizar que
estos contenidos atiendan al principio de igualdad entre hombres y
mujeres y que lo promuevan. Por ejemplo, el texto dice que se promoverá
la autorregulación que contribuya al cumplimiento de la legislación en
materia de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué no dice claramente
que se tiene que cumplir la ley en materia de igualdad? ¿Por qué no dice
expresamente que se tiene que prohibir la hipersexualización infantil o
que el cuerpo de las mujeres no puede ser usado como reclamo, entre otros
contenidos claramente nocivos, cuando todo el mundo lo está
reclamando?

Otro descuido garrafal de esta ley es la
ausencia de referencias claras y expresas a la necesidad de formación en
la alfabetización mediática, tanto en el sistema educativo, como para la
ciudadanía en general. Entendemos que faltan referencias a la Carta de
derechos digitales.

Por último, y no menos importante, hacemos
nuestra, como en el resto de la Unión Europea, la presencia de un
organismo supervisor audiovisual independiente que haga cumplir esta ley,
respetando y recuperando el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el
CEMA, dedicado exclusivamente a lo audiovisual. Si no, puede ocurrir que
el cumplimiento de esta ley sea escaso, como lo es con la actual ley
general, y su control aún menor por parte de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, sin medios ni personal para tan ingente labor,
ya que cuenta con apenas quince personas para ello, de las cuales un
tercio es personal administrativo.

En resumen, esta ley no responde al ecosistema
audiovisual actual, en el cual las comunidades autónomas tienen
competencias propias en esta materia, y desprecia a las autoridades
autonómicas en materia audiovisual. Hay funciones que quedan asumidas por
la CNMC y otras directamente por el Ministerio de Asuntos
Económicos.

Entendemos que ninguna de estas enmiendas va a
ser aprobada, porque así lo hemos visto durante la tramitación en esta
Cámara. Por tanto, si no se aceptan nuestras enmiendas, no podremos votar
a favor de esta ley por todo lo expuesto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 133 a 139,
tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Geroa Bai ha presentado nueve enmiendas a esta
ley: cinco de adición y cuatro de modificación. La primera cosa que hemos
hecho esta mañana ha sido debatir la Ley para la igualdad de trato y la
no discriminación. Pues bien, algunas de nuestras enmiendas buscan, desde
luego, la igualdad de trato; la igualdad de trato para las televisiones y
las radios comunitarias sin ánimo de lucro, porque estas últimas, las
radios, no están tan presentes en la ley que debatimos como las
televisiones y tienen características similares. También pretendemos
concretar determinados aspectos que, en nuestra opinión, no aparecen en
el texto de la ley o lo hacen de manera muy vaga. Por un lado, insistimos
en la defensa de la pluralidad: la pluralidad ideológica, cultural,
lingüística... En el debate anterior he mencionado la pluralidad
lingüística, y lo seguiré haciendo y defendiendo siempre porque para
Geroa Bai la diversidad, también la diversidad lingüística, la diversidad
de idiomas en nuestro país, es un valor y una riqueza a defender. Por
tanto, por un lado, pluralidad. Por otro, consideramos que la falta de
mención específica a la publicidad institucional, es decir, especificar
qué es publicidad institucional, puede llevar a equívocos y reclamaciones
judiciales que, con la inserción de estas dos palabras, con este pequeño
cambio, podríamos evitar.

Para nosotros no es menor la importancia que
damos a la necesidad de especificar, a concretar con claridad qué
entendemos por productores independientes. No delimitar con claridad este
concepto, esta práctica de producción independiente, puede conducir a
graves consecuencias a todos los niveles, y no solo a niveles económicos,
porque lo que se entienda por producciones independientes puede conllevar
un mayor o menor apoyo a producciones de grandes grupos o plataformas que
subroguen sus producciones a productoras independientes —claro, de
algo tienen que vivir—, las cuales pueden acabar promoviendo
reflexiones y análisis de la realidad alejados del territorio, de
nuestras preocupaciones, de nuestra cosmovisión, para de alguna manera
seguir implantando visiones ajenas y alejadas de las nuestras.

Por último, en consonancia con toda la
normativa europea y española y todas las recomendaciones de organismos
internacionales para la protección de la infancia, en otra enmienda
solicitamos que no se considere adecuada la emisión en horario en que los
menores puedan verlos de aquellos programas en los que se dé muerte a
animales. Y hay enmiendas que hacen referencia a otros temas, algunos de
los cuales ya han sido mencionados.

Este es nuestro posicionamiento respecto a esta
ley. Esperamos que voten afirmativamente nuestras enmiendas, aunque ya
sabemos que no lo van a hacer.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 140 a 198,
tiene la palabra su señoría el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero empezar citando el comunicado de los
productores independientes en la 75.ª edición del Festival de Cannes:
Esta nueva ley audiovisual puede resultar una sentencia de muerte para la
industria tal y como la conocemos. Hoy votamos, señorías, en conciencia
contra esta reforma, que solo saldrá adelante rompiendo la mayoría de la
investidura y apoyándose esencialmente en el Partido Popular. El cambio
de última hora de una palabra, modificando una definición, permitirá a
las productoras asociadas a grandes cadenas privadas producir contenidos
dentro de la cuota reservada para la producción independiente, es decir,
que las grandes cadenas privadas y plataformas independientes van a
beneficiarse de las ayudas que deberían llegar a los productores
realmente independientes. Esto, señorías, por mucho que se empeñen, no
pueden venderlo como una mera cuestión técnica porque lo que va a suponer
es poner a competir a las grandes con las pequeñas. La cuestión técnica,
sencillamente, es una sentencia de muerte para las segundas.

Los productores denuncian que se pueden perder
más de 17 000 empleos y precarizar los 7000 restantes, y no sorprende,
por tanto, que Bruselas haya pedido sanciones contra España por no
trasponer la directiva. Europa nos pide un panorama audiovisual más
seguro, más justo y diverso, fomentar la diversidad cultural en los
medios audiovisuales y promover un tejido empresarial verdaderamente
independiente. No se confundan, señorías del Partido Socialista: esto no
va de una ayuda al sector, esto va de la cultura de todo un país, esto va
de impulsar la creatividad, de apostar por nuevos talentos y de no
despreciar nuestra riqueza cultural. El cine español no solamente es
reflejo del país que somos, sino que innova y anticipa lo que está por
venir. Somos un país con una gran diversidad cultural, pero esa misma
diversidad se la estamos negando a la producción audiovisual. Parece que
ustedes entienden la creación audiovisual íntegramente desde una
perspectiva de mercado. Nosotros la entendemos como un patrimonio
absolutamente de todos. La producción audiovisual es una instantánea de
lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser como
sociedad. Deja un testimonio absolutamente imprescindible.

Señorías, les adelanto el voto negativo de Más
Madrid para esta reforma, porque no auxilia a las radios comunitarias,
porque abre la puerta a la externalización en los informativos de las
televisiones públicas, porque no alcanza las expectativas en cuanto a la
perspectiva de género, porque amenaza la pluralidad y la diversidad
cultural, porque pone en peligro la producción independiente. Por todo
ello, señorías, en el día de hoy hemos presentado más de cincuenta
enmiendas y votaremos en contra de esta nueva ley audiovisual. Salvemos
la producción independiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 203 a 207,
tiene la palabra su señoría el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.

Señorías, en política uno llega a ser
previsible, y creo que si los compañeros del Partido Socialista, que
llevan ya tres años aguantándome aquí, en la tribuna, hubieran hecho un
juego de apuestas sobre las enmiendas que iba a presentar Vicenç Vidal
sobre el tema de audiovisuales, habría sido así, porque, evidentemente,
les voy a hablar de mis hits: financiación e insularidad, dos clásicos de
todas mis intervenciones.

Una enmienda va dirigida a las lenguas
cooficiales, como ustedes las llaman, u oficiales, como digo yo.
Evidentemente, la presencia de estas lenguas no es satisfactoria. En eso
coincidimos muchísimos grupos, en la diversidad lingüística. El PERTE de
lenguas ya manifestaba que ustedes no consideran todas las lenguas por
igual y, evidentemente, la Ley audiovisual confirma esa misma regla.
También pedimos un mínimo de contenidos en la lengua de signos, en
audiodescriptivos y un 80 % de subtituladas. Creemos que es importante
que toda esta información, que toda esa manera de comunicar llegue a todo
el mundo. Ustedes se preocupan de la Radiotelevisión Española, pero
nosotros, con esta visión territorial, también nos preocupamos de
nuestras televisiones autonómicas. Por tanto, si ustedes tienen
mecanismos para financiar la televisión pública estatal, también tienen
que preocuparse de financiar la televisión pública de las comunidades
autónomas.

En cuanto a la producción, no podemos entender
un país solo como una versión de grandes producciones de grandes
productoras. Tenemos que entender que en el territorio hay diversidad de
producciones, pequeñas producciones con grandes éxitos. Les Illes Balears
quieren ser, evidentemente, un plató donde se puedan rodar muchas
producciones, y por eso queremos tener también beneficios fiscales para
que vengan a grabar. Pero no queremos ser simplemente un plató de
exhibición, que venga gente y grabe en las Illes Balears porque es más
barato que hacerlo en otro sitio. Queremos que el sector audiovisual de
las Illes Balears pueda producir con calidad y en condiciones, y esta ley
no garantiza su futuro y su viabilidad. Les Illes Balears es un
territorio donde se producen grandes y pequeñas producciones de gran
calidad, y ustedes lo están poniendo en peligro con esta ley. Por tanto,
no cuenten con el voto de Més per Mallorca para suprimir las producciones
y no dar apoyo a las producciones locales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Vidal Matas.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 8, tiene
la palabra su señoría la senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidente. Senatari jaun-andreok, egun on.

Hoy debatimos el Proyecto de Ley de
comunicación audiovisual. Consideramos que es una ley necesaria, porque
hay que adaptar la legislación a todos los cambios que se han vivido en
los servicios de comunicación audiovisual en los últimos años, tanto por
los avances tecnológicos como por los nuevos hábitos de consumo. Además,
consideramos que es una ley importante, no solo por el impacto que tiene
en el sector audiovisual, sino por la influencia que tiene a nivel social
y cultural. El sector audiovisual influye, entre otras cosas, en nuestros
valores y en el uso de los idiomas. Es una ley que viene con algunos
aspectos positivos, lo reconocemos, y algunos de esos aspectos han sido
mejorados con enmiendas que hemos introducido, pero sentimos enormemente
que se haya perdido una oportunidad para hacer una ley de progreso, una
ley que suponga un avance real, que es lo que hacía falta. Sentimos que
haya prevalecido una visión mercantilista de la comunicación frente a los
derechos de los ciudadanos. Lo que se espera de un Gobierno de progreso
es que ejerza su papel regulador y que defienda los servicios públicos
como garantía de progreso social. Sin embargo, lo que hemos visto es
debilidad institucional, una vez más, frente al poderío de las
plataformas y de los operadores. Lo digo porque esta ley bendice la
concentración mediática en radio, televisión y plataformas y empuja a que
pueda producirse también en el futuro, y bajo el término de gestión
indirecta abre las puertas a la privatización de televisiones y radios
públicas en las comunidades autónomas. Lo digo porque prorroga de una
forma casi automática las licencias y las mantiene por quince años, algo
que nos parece excesivo; y otorga, además, un trato discriminatorio
favorable a las operadoras de fuera del Estado, eximiéndolas de
obligaciones, tanto en cuotas lingüísticas, como en normativa de
calificación por edades o en criterios de accesibilidad, por ejemplo. Lo
digo también porque se establecen reglas muy por debajo de las que se
instauran en otros países y se relaja la normativa publicitaria. Y lo
digo asimismo porque se desaprovecha la ocasión para instituir el consejo
audiovisual, al igual que ocurre en Europa, y a lo que en su día se
comprometió el Partido Socialista. En su lugar, se instaura como órgano
regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y
sabemos que este órgano solo velará por la competencia en el mercado,
cuando lo que necesitamos es que vele por el pluralismo, la diversidad y
la protección del usuario.

El gran retroceso en la tramitación de esta ley
vino con el cambio de la definición del productor independiente, un
cambio que pone en peligro el ecosistema cultural de la producción
independiente y la lleva a un callejón sin salida. Los creadores se han
sentido huérfanos frente a los grandes conglomerados corporativos, y de
ahí que nos hayan manifestado su rechazo. Además, esta ley ha provocado
preocupación e inseguridad jurídica en los servicios de comunicación
audiovisuales radiofónicos sin ánimo de lucro al no establecer los mismos
procedimientos y competencias para el desarrollo normativo que la
modalidad televisiva no lucrativa. Por último, se ha perdido una gran
oportunidad de hacer una apuesta en serio por las lenguas oficiales de
las comunidades autónomas. Es cierto que se ha aceptado introducir
cuotas, pero teniendo en cuenta la situación, por ejemplo, del euskera, y
el impacto que tiene el consumo audiovisual en un idioma, era necesaria
una apuesta contundente. Es totalmente insuficiente la apuesta por
aumentar la presencia del euskera, del catalán y del gallego, y, una vez
más —sentimos decirlo— hemos presenciado el supremacismo del
castellano.

Por todo ello, hemos presentado enmiendas que
persiguen mejorar todas estas cuestiones. Lamentamos que se haya
desaprovechado una gran oportunidad para aprobar una ley progresista y,
en el caso de no mejorar ningún aspecto de los que he mencionado, el voto
de Euskal Herria Bildu será contrario a esta ley.

Muchas gracias, señorías. Eskerrik asko,
presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Bideguren
senataria.

Para la defensa de la enmienda número 12, de la
senadora Bideguren Gabantxo, del senador Martínez Urionabarrenetxea, de
la senadora Castellví Auví, de los senadores Cleries i Gonzàlez y Egea
Serrano y de la senadora Martín Larred, de varios grupos parlamentarios,
tiene la palabra su señoría Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, de la misma manera que he comentado
antes, en el caso de la Ley para la igualdad de trato, esta enmienda,
presentada de manera conjunta con Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, parte
del territorio. Pedimos el mismo marco para las radios comunitarias sin
ánimo de lucro que el que se ha conseguido para las televisiones. Estas
radios comunitarias realizan en muchas ocasiones una gran labor social en
los pueblos de la España vaciada, a los que en ocasiones no llega ninguna
de las cadenas de radio generalistas. Si, como dicen, esta enmienda no es
necesaria puesto que en la ley ya está definido como tal, esperamos que
hagan llegar a la Asociación de Radios Comunitarias un informe
aclaratorio.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda número 132,
suscrita por varios senadores del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, ¿tomará la palabra su señoría? (Denegaciones).

¿La damos por defendida? (Asentimiento).

Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 199 a 202, del
Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría Uribe-Etxebarria
Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Bai.
Eskerrik asko, presidente jauna.

(Continúa su intervención en euskera). Damos
por defendidas las enmiendas.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
jauna.

Para la defensa de las enmiendas 10 y 11, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la
palabra su señoría Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu ha presentado dos enmiendas a la
tramitación del Proyecto de Ley General de comunicación audiovisual. Una
de ellas hace referencia a la prohibición de la difusión de espectáculos
que incluyan el maltrato o incluso la muerte de animales en horario
infantil, para proteger los derechos de la infancia. La segunda enmienda
tiene que ver —ya se han referido a ella otros grupos
parlamentarios— con la definición del concepto de productor
independiente. Ya se ha comentado. Desde nuestro punto de vista, la nueva
definición acordada, o con el beneplácito del Partido Popular y
Ciudadanos, es un ataque frontal al sector, deja la puerta abierta y
genera muchísima incertidumbre en todo lo que se refiere a la
financiación de la producción rea independiente, a optar a ayudas.
Nosotros solo les vamos a poner un ejemplo muy práctico. Si se aprueba el
texto con la definición actual, una producción como Alcarràs, la última
ganadora del Festival de Berlín, a lo mejor no se hubiera producido por
dos razones: por tratarse de una producción independiente y también por
tratarse de una producción en catalán.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias,
presidente.






(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies,
senyoria.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría Fernández
Leiceaga.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Muchas gracias,
señor presidente.

Señores senadores, quiero empezar agradeciendo
el tono del debate, que me parece muy adecuado, así como el trabajo y las
aportaciones de los diversos grupos. También quiero resaltar algo que me
parece básico, y es que creo que en ninguna intervención se ha discutido
la necesidad de esta ley. Esta es una ley necesaria, primero, porque,
como se ha dicho, hay que trasponer al ordenamiento jurídico español una
directiva europea de servicios audiovisuales, y ya es tiempo de hacerlo;
y, sobre todo, porque desde la Ley del año 2010 el sector ha madurado
considerablemente. Este es un sector que se ha hecho mucho más complejo
y, por tanto, necesita un impulso que le permita un desarrollo ordenado y
además que exista un campo de juego nivelado, porque han entrado muchos
más actores de los que existían hace unos años y porque la fragmentación
de las audiencias, el acceso universal y convertir el producto
audiovisual en algo de uso común, para todos, obliga a ser mucho más
exigentes en lo que respecta a la regulación de los derechos y a
articular una especial protección para los colectivos más vulnerables.
(El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la
Presidencia).

Hay que entender, además, que este es un ámbito
que, como se ha puesto de manifiesto, tiene niveles de regulación muy
diversos: desde el local hasta el autonómico, el español y, por qué no
decirlo, también el europeo, lo que hace especialmente compleja la
regulación de este sector.

Esta es una ley ambiciosa. Antes he hablado de
cuáles son sus objetivos, que podemos reducir a tres aspectos básicos. Es
una ley que debe interesarse fundamentalmente por la cultura, que debe
estar atenta a las cuestiones de la economía, y que debe también estar
atenta a las cuestiones de ciudadanía. Estos son tres elementos
sustanciales de nuestra sociedad.

La cultura, porque es creación. Y aquí tengo
que decirles de entrada que rechazo de forma rotunda que con esta ley se
ponga freno, se corte, se limite, se bloquee la producción propia hecha
en España y la producción independiente hecha en España. Eso no es así,
lo veremos a lo largo del tiempo, y espero que dentro de unos meses sus
señorías puedan rectificar algunas de las valoraciones que han hecho hoy,
porque no se ajustan a la realidad. Además, genera identidades, y de
nuevo tengo que decirles que en esta ley se refuerzan las identidades
plurales que existen en España y no hay ningún retroceso; todo lo
contrario, hay avances sustanciales en este terreno.

La economía, porque en este sector hay muchos
empleos; empleos de calidad, empleos que permiten generar elevado valor
añadido, empleos que son muy específicos y que representan sin duda una
gran ventaja. Y este sector mueve una gran cantidad de negocio. Hoy está
internacionalizado, estamos en un mercado global y, por tanto, también es
importante que España pueda convertirse en un espacio de atracción para
nuevos proyectos que puedan desenvolverse desde aquí, generar empleo,
generar riqueza en España y, desde luego, servir para ilustrar al mundo
sobre las capacidades de creación que aquí tenemos.

Y, en tercer lugar, la ciudadanía. Hay que
proteger a los menores; hay que establecer limitaciones a la publicidad,
y se hace en la ley; hay que favorecer que se trate con dignidad a las
personas, y especialmente vigilar que no existan atentados contra la
imagen de la mujer, contra los derechos de la mujer y contra su dignidad.
Hay que hacer todo eso. Y hay que favorecer la accesibilidad a las
producciones audiovisuales a todos, a aquellos que tienen algún tipo de
dificultad para poder hacerlo y aquellos que no las tenemos. Todo esto
está en la ley y forma parte del conjunto de la ley.

Está claro que aquí tenemos objetivos
ambiciosos, y a veces todos ellos pueden chocar entre sí y hay que buscar
equilibrios. Este es otro de los elementos centrales de la ley: buscar
equilibrios. A veces no es fácil encontrarlos, pero creo que esos
equilibrios han formado parte de la larga tramitación que ha tenido esta
ley. Se han celebrado dos audiencias públicas en las que el sector ha
estado presente. Yo sé que el secretario de Estado, a quien agradezco que
esté aquí escuchando este debate, ha hecho el esfuerzo ímprobo de oír a
todos aquellos que tenían algo que decir porque tenían intereses en esta
ley. Lo ha hecho, y eso se ha incorporado al texto legal en la medida de
lo posible. Además, ha habido una tramitación parlamentaria que, como
saben, en el Congreso ha significado que más de 960 enmiendas hayan sido
consideradas, y un número muy importante de ellas han sido incorporadas
al texto, bien directamente, bien mediante transacciones, con lo cual,
durante su tramitación en el Senado, como ustedes saben bien, se ha
reducido considerablemente el número de enmiendas presentadas porque
buena parte de ellas han sido incorporadas. Por tanto, ha habido un
trabajo parlamentario de mejora de esta ley en el que hemos participado
todos los grupos. Casi todos los grupos que hemos hablado aquí hoy hemos
tenido oportunidad durante la tramitación en el Congreso de incorporar
mejoras a la ley. También aquellos que han decidido a última hora
oponerse a esta ley han hecho un esfuerzo considerable de mejora en esa
tramitación. En fin, hemos escuchado al sector, hemos escuchado a los
grupos parlamentarios, y se ha conseguido un equilibrio, que no es el
único posible, pero es uno de ellos y un equilibrio que sin duda
funciona.

En el debate de hoy he escuchado dos posiciones
antitéticas, muy polarizadas y extremadas, y creo que ninguna de ellas se
ajusta a la verdad. Por una parte, esta ley sería una cesión al
independentismo y una fábrica de independentistas a través de los
esfuerzos de manipulación en el sector audiovisual. Ha habido algunas
voces que lo han expresado de una forma parecida a esta. Y yo me
pregunto: si eso fuese así, ¿creen ustedes posible que esta ley no haya
tenido una cobertura demasiado explosiva en la derecha mediática, que
tiene tanto peso en este país? Yo creo que no. Pero también he escuchado
lo contrario, que esta ley es centralista, que atenta contra los derechos
lingüísticos de aquellos que, además del español, tenemos otras lenguas y
las usamos también para la creación cultural y la creación audiovisual,
que invade competencias autonómicas, etcétera. Si eso fuese así, ¿ustedes
creen que habría sido posible que el Partido Nacionalista Vasco tuviera
una posición favorable a la tramitación de esta ley, o que Esquerra
Republicana estuviese negociando hasta el final, hasta el último minuto,
los contenidos de esta ley? Yo creo que no habría sido posible.

Esta ley se inscribe en un carril central, en
el carril que marca nuestro ordenamiento jurídico máximo, la defensa de
los valores democráticos. Esta ley defiende los derechos lingüísticos
plurales, todas las lenguas que hay en España; todas. El español, pero
también las lenguas que son oficiales en las comunidades autónomas.
Justamente algunas críticas que se hacen desde posiciones nacionalistas
periféricas son porque no invade competencias autonómicas, porque la ley
ha querido blindar esas competencias autonómicas. Yo creo que no se puede
decir que esta sea una ley que centraliza, sino todo lo contrario. Esas
críticas —permítanme decirlo— se anulan entre sí y no
responden a la realidad; no responden a la realidad.

En relación con los productores independientes,
tengo que decir que este es un tema controvertido, como ustedes bien
saben, pero los productores independientes saben bien que desde el 0,9 %
de la Ley 7/2010 hasta el 3,5 % de los ingresos totales de esta ley se
multiplica por cuatro el porcentaje de inversión obligatoria. Además,
como se incorporan nuevos prestadores de servicio audiovisual a esta
obligación, el efecto general va a ser superior seguramente, un factor
multiplicador de cinco. Por tanto, va a haber muchos más recursos en
favor de la producción independiente.

Es cierto que en esta ley hay una definición un
poco más amplia que la que existe en la Ley del cine, pero fíjense en que
la producción de películas, y ahora también la producción de series, muy
importante, va a estar regulada en la Ley del cine, que tiene una
definición estricta de productor independiente; por tanto, los efectos de
los que hablan ustedes no se van a producir. Yo estoy seguro de que La
última cena, O que arde, Alcarràs o Aztarnak, por hablar de producciones
cinematográficas en distintas lenguas, tendrían hoy mucha más facilidad
de financiación que con la legislación vigente. Por tanto, no solo iban a
producirse, sino que otras películas similares van a tener oportunidad de
financiación en el futuro.

Además, hay que entender esta ley, no solo en
sí misma, sino en un conjunto que incluye la Ley del cine, cuyo
anteproyecto está en marcha, y también los distintos planes de impulso al
sector audiovisual y el Fondo de promoción de la cinematografía, con
incrementos muy considerables de recursos en favor de estas producciones.
No tengan miedo; la producción en España, la producción en español, en
catalán, en gallego, en vasco, no solo está garantizada, sino que va a
tener muchos más recursos a su disposición en el futuro. Repito que lo
que hemos buscado es un equilibrio. Yo he utilizado en la comisión el
ejemplo de la manta que hemos tejido entre todos, con hilos que han
aportado distintos ovillos de cada uno de los grupos parlamentarios, y
ahora queremos tirar un poco más de la manta, pero tirando de ella
resulta que hay algunos actores que se sienten desprotegidos porque esto
es un juego de suma cero. Pongo otro ejemplo para aquellos que han tenido
la oportunidad de navegar a vela. Saben que para ceñir con un barco de
vela es necesario establecer un equilibrio entre el rumbo que uno tiene
—por tanto, la abertura como el viento—, la tensión de la
escota, la tensión de la vela y también la escora. Y saben que si
tensamos demasiado corremos el riesgo de volcar y que si no tensamos lo
suficiente corremos el riesgo de quedarnos parados. Pues nosotros hemos
hecho una apuesta por que el barco navegue con la escora necesaria, pero
que navegue hacia adelante atendiendo a todos: a los productores
independientes y a aquellos que están obligados a prestar el servicio
audiovisual en los distintos ámbitos. Queremos hacerlo así, queremos que
España se convierta en un referente para poder atraer inversiones y que
sea un referente internacional en la producción cultural. Pero para poder
ser un referente internacional debemos tener una producción propia de
calidad y necesitamos tener creadores y personas de primer nivel que
trabajen en los distintos ámbitos. Esa es la pretensión de la ley y del
conjunto de políticas que se desarrollan alrededor de ella. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Acabo ya, y perdonen, porque quizá haya
consumido demasiado tiempo. Quiero hacerles una pregunta a aquellos que
se van a oponer a la ley, aunque estén de acuerdo con sus principios
generales. ¿Creen ustedes que estaríamos mejor si esta ley se rechaza o
creen ustedes que estaríamos mejor si esta ley progresa? Si es así, les
pido un último esfuerzo de reflexión, que puedan ahora no oponerse a ella
y permitir que se tramite con mayor apoyo en el Senado y, por tanto, que
sea una ley con mucho más consenso que el que tiene a día de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de
portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la
palabra su señoría Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

La ley que tratamos hoy contiene aspectos
cruciales para la ordenación, la creación, la producción, la distribución
y el consumo de productos audiovisuales. Señores del PSOE y Podemos, han
tenido ustedes dos años para hacer una ley de consenso, dialogada y que
aborde bien todos los temas, pero lo que han hecho no es aceptable. Es
una ley hecha casi a medida de Esquerra y del PNV y, de hecho, ya lo
anunciaron ustedes, porque esta ley es el precio que pagó el Gobierno a
sus socios independentistas para la aprobación de los últimos
presupuestos. (Rumores).

El Gobierno presume del hub español, pero,
sorprendentemente, decide debilitar el sector audiovisual con esta ley
sin escuchar a la industria. Debo decir que algunos de los asuntos
importantes que debería regular esta ley están bien cerrados. Se da
cumplimiento a muchas obligaciones que vienen del extranjero y, por
ejemplo, se hace correctamente la adaptación a la nueva realidad
tecnológica. Lo negativo de esta ley, consecuencia de los socios elegidos
por el Gobierno, son las cuotas y subcuotas en lenguas cooficiales. Van a
imponer por ley a las plataformas audiovisuales en España y a las
televisiones en el ámbito público y en el ámbito privado unos requisitos
que van a ser de muy difícil cumplimiento.

Con esta medida, además, ustedes cercenan la
libertad creativa del sector y desequilibran el panorama…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Goñi, espere un
momento. Discúlpeme. Espere un momento, por favor. (Pausa).

Muchas gracias, puede continuar.
Discúlpeme.

La señora GOÑI SARRIES: Además, van a
desequilibrar el panorama nacional a la hora de producir contenidos
audiovisuales, perjudicando a aquellos que no tengan un partido
nacionalista que les represente. En España ya se producían series,
documentales y todo tipo de contenido audiovisual en lenguas cooficiales
sin necesidad de cuotas ni obligaciones. No hacía falta obligar por ley a
creadores y artistas a hacer algo que ya se hacía. No utilicen las
lenguas para generar nacionalismo y no dejen que los partidos
nacionalistas, que solo quieren fragmentar España, les utilicen.

Otra aspiración nacionalista a la que el PSOE
cede con esta ley y que también es inaceptable es la posibilidad de que
las televisiones autonómicas puedan verse también en aquellas zonas donde
haya afinidad cultural, y esto es inaceptable, porque los criterios para
detallar esa afinidad cultural son muy complejos o directamente
surrealistas. Me gustaría que me dijeran cómo se define y se concreta esa
afinidad cultural por escrito en una ley, y también quisiera saber quién
va a decidir dónde hay afinidad cultural y dónde no. Yo, como navarra,
veo ahí claramente la ambición de la ETB, la televisión autonómica vasca,
para que se vea en toda Navarra, lo que no deja de ser curioso porque
hace tiempo que ya se ve en gran parte de Navarra. Entiendo que pasará lo
mismo con TV3 y los països catalans. Señores del PSOE, no cedan de esta
manera ante los nacionalistas; no sirve para nada, son insaciables.

Lamentablemente, esta ley del PSOE y Podemos es
también una ley contra las producciones independientes. Es curioso,
porque dos partidos supuestamente progresistas perjudican con esta ley a
las pequeñas empresas y no a las grandes. La industria audiovisual ya lo
ha dicho: para las productoras audiovisuales independientes esto es un
ataque inadmisible y una venta a los grandes grupos de poder. Estamos
hablando de una ley convertida en herramienta política del Gobierno para
acceder a los chantajes de Esquerra y del PNV. Además, esta ley excede en
mucho a la directiva europea que debíamos trasponer. Tiene unas
condiciones de muy difícil cumplimiento; y si, además de difícil
cumplimiento, hablamos de las sanciones, estas son desproporcionadas.
Ustedes no han admitido mejoras en el texto y no han tenido en cuenta al
sector. Esta ley no es la adecuada para España ni para la libertad
creativa de nuestros productores y artistas, y mucho menos para el
pujante sector audiovisual español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, este proyecto de ley es una
trasposición de una directiva europea que pretendía a nivel europeo
defender la producción y a los consumidores europeos. Han tenido
desde 2018 para hacer la trasposición. ¿Y qué ha pasado? Que se han
tomado su tiempo y ahora vienen las prisas. Eso es lo que llevamos viendo
a lo largo de esta legislatura: todo trámite legislativo es con prisas.
Señorías, así no se hacen bien las cosas, así se desprestigia a esta
Cámara, el Senado.

Esta directiva, ¿qué utilizaba? Las cuotas. Vox
está en contra de las cuotas. Es mejor que la gente cree cosas buenas,
que aprenda a hacer las cosas bien, y los mejores generarán cosas aún
mejores. Eso es lo que hacemos los que creemos en la seriedad en la
empresa. Se supone que las cuotas europeas eran para defender a los
independientes, a los pequeños del sector. Sin embargo, a consecuencia de
la negociación de los presupuestos se han hecho concesiones a los
independentistas separatistas en el sentido de favorecer la diversidad
cultural y lingüística de las regiones. Al final, ustedes han cambiado a
los independientes por los indepes, esos que siguen quejándose aquí.
Recuerden el famoso España nos roba. Esos indepes siguen con sus pequeñas
cuotitas aquí y allí en el mercado audiovisual o en las televisiones.
Siguen recibiendo, y al final están ustedes, señorías del Partido
Socialista, entregándoles, cachito a cachito, España a sus socios, los
suyos, no de los españoles, que somos muchos más.

Han cambiado el guion de la directiva europea.
Hunden la industria audiovisual y la industria de los productores,
productores audiovisuales y productores de cosas de verdad, las que se
comen y se beben, y que tienen el derecho a anunciarse en horarios de
adultos para adultos.

Eso es lo que nosotros defendemos, porque esa
es la libertad de los españoles libres e iguales, que además no quedan
defendidos en esta ley para decir lo que quieran, donde quieran y como
quieran en el mercado audiovisual; porque esa libertad de hombres y
mujeres libres e iguales no queda defendida en esta ley, ya que ustedes,
señorías del Partido Socialista, no están a favor de la libertad; la
libertad les da mucho miedo.

Esta ley es antigua antes de nacer. Debería ser
una ley de comunicación actual, pero en realidad acaba teniendo el foco
equivocado porque no está en lo que debería estar. Esta ley regula los
canales, pero no regula lo que es importante, que son todos los demás
elementos de la comunicación; repito, no regula la comunicación porque lo
que regula son cosas antiguas. ¿Defiende esta ley a los ciudadanos, a los
usuarios como receptores de la comunicación audiovisual? No, no entra en
eso.

Encima, es un texto deficiente, muy deficiente,
podríamos decir que es hasta marrullero, que enreda, que lía, que es
imposible de entender y comprender; es inviable. Además, la mera lectura
detecta —es inmediato— que ustedes, señorías del Partido
Socialista, odian la publicidad, que es una fórmula natural de expresión
de la empresa privada. Claro, como odian la empresa privada, lo que
quieren es que la única publicidad que haya sea la suya, la de las
campañas oficiales, las que generan sus organismos, las que a ustedes les
permite comprar voluntades.

Hay que liberar ya el espacio de la
comunicación audiovisual que procede de una directiva europea ya obsoleta
y que encima trasponemos tarde; es la imposición de la cuota europea que
convertimos en la cuota independentista, los favores a los amiguetes, los
chantajes de los socios separatistas y las barreras para los que no pasan
por el aro. Esto es lo que es esta ley, y es lo que tienen que tener
claro los españoles y, sobre todo, todos los que trabajan —con
independencia de su ideología— en el sector audiovisual, sea el que
sea; gente que ha decidido comunicar en libertad, que es lo que debería
regular adecuadamente esta ley, para que alguien que comunica, quien sea,
por el medio que sea, pueda contar con una regulación razonable que
defienda su libertad y su capacidad de generar negocio, generar riqueza y
ganarse la vida honradamente con su creación.

Con esta ley, nos cargamos una industria que
podría ser atractiva, interesante, vital; nos cargamos de verdad a los
que producen, a los que generan riqueza, empleo, trabajo y creatividad,
ni escucharlos. Esta ley tenía que haber mirado al futuro. Votaremos en
contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿El Grupo Parlamentario Democrático tomará la
palabra? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tomará
la palabra su señoría Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidente.

Señorías, como era de esperar, no aceptan
ninguna de nuestras 60 enmiendas ni ninguna de las 285 presentadas por
los diferentes grupos. Una vez más, tiran por la borda el trabajo y no
valoran las aportaciones constructivas que hacemos en el Senado.

La nueva Ley audiovisual ha dado pasos, y
valoramos el esfuerzo realizado por el secretario de Estado y los
senadores, pero, para Junts, son insuficientes ya que no garantizan la
igualdad para todas las lenguas. Las cuotas que se establecerán con el
pretexto de garantizar la pluralidad lingüística son claramente
insuficientes y testimoniales al representar entre el 0,35 % y el 2,55 %
del conjunto, y si lo estiramos, hasta un 3 %. Repito este dato para que
quede bien claro y no nos vendan motos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Castellví,
perdóneme. Espere un momento.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Es que tenía que
gritar…

El señor PRESIDENTE: Al escucharla, veía que
estaba forzando la voz. Señoras y señores senadores, en la Junta de
Portavoces hablamos sobre cómo conducir estos aumentos del ruido, para
que la Presidencia no tenga que estar constantemente interrumpiendo, algo
que, créanme, es muy desagradable. Hablen con sus compañeros y compañeras
de grupo, pero bajen el tono para que el orador no tenga que gritar.
Muchas gracias.

Puede continuar, señoría.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente,
porque estaba levantando la voz para que me oyeran.

Las cuotas que se establecerán con el pretexto
de garantizar la pluralidad lingüística representan entre el 0,35 % y
el 2,55 % del total de la oferta visual, y si lo estiramos, al 3 %; pero
no el 10 %, tal y como lo vende el PSOE. Es un 10 % del 50 % y no el 6 %
del gran enredo del llamado pacto de Netflix, tal y como lo vendió algún
partido al cual le deben fallar los cálculos matemáticos o prioriza
escribir un tuit a revisar con atención, dos veces, las promesas
realizadas.

Señorías, en el texto se insiste en fijar
cuotas de emisión y catálogo en español, y cito textualmente: en alguna
de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Esta expresión se
repite en los artículos 115, 116, 118 y 119; por lo tanto, abre la puerta
a excluir la diversidad lingüística, ya que con una sola lengua se podría
cubrir esta cuota. Están perdiendo una oportunidad para avanzar realmente
en la igualdad de las lenguas y garantizar el dret dels catalans i les
catalanes, el derecho de los niños y las niñas a acceder a contenidos
audiovisuales en su lengua; en nuestro caso, el català. Els nens i les
nenes catalans tendrán que ver casi siempre los dibujos animados o
películas infantiles en una lengua diferente a la que oyen y hablan
habitualmente desde el día en que nacieron. ¿Es normal? Señorías, no, no
es normal, es escandaloso. Están alimentando el retroceso lingüístico de
las lenguas oficiales distintas al castellano. No solo existe el
castellano, el català, el euskera i el gallec sufren emergencia
lingüística y esta ley no los salvará porque va de mínimos. Señorías,
en 2022, la discriminación lingüística sigue siendo una realidad y según
qué partidos, aún lo sería más.

Otra cuestión que hay que destacar es el sutil
cambio introducido en la nueva definición de productor independiente,
porque pone en grave riesgo a nuestra industria. La nueva ley permite que
las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan
considerarse independientes siempre que contraten de forma cruzada con
otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Con esta
redacción de la definición se pone en riesgo la diversidad cultural de
los contenidos y tendrá una grave repercusión en más de 25 000 empleos.
Esta modificación impulsa la concentración inmediata de la industria en
el duopolio televisivo actual y, a medio plazo, en las grandes
plataformas internacionales. ¿Qué pretenden, pensamiento único? ¿Qué
pretenden, eliminar la diversidad cultural? ¿Qué pretenden, eliminar la
diversidad lingüística? ¿Qué pretenden, eliminar las competencias de las
comunidades autónomas? A los miembros de Junts no nos encontrarán. Solo
hace falta mirar con quién pactan esta ley para tener las
respuestas.

Junts, evidentemente, va a votar en
contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal tiene la palabra su señoría, el senador Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Cuando uno oye a portavoces de un partido
supuestamente liberal querer poner fronteras a la transmisión de las
sondas por el aire, realmente piensa que o uno se ha vuelto
esquizofrénico o es que algún partido liberal se ha vuelto loco. En
fin…

Señorías, España es el sexto país de la Unión
Europea en número de títulos producidos y el quinto en número de horas de
producción. El sector de la producción audiovisual en el Estado se
caracteriza por una dualidad en cuanto a la tipología y tamaño de las
empresas operadoras. Así, existen grandes empresas con niveles de
facturación por encima de los 50 millones de euros anuales, que emplean a
centenares de profesionales, junto con un numeroso grupo de pymes que
realizan producciones independientes. Las productoras cinematográficas
independientes emplean de media a unos 20 trabajadores y tienen una cifra
media de facturación anual en torno a los 15 millones de euros. Por otro
lado, las empresas productoras de programas de entretenimiento y series
de ficción emplean de media a 90 trabajadores y trabajadoras, y tienen
una cifra media de facturación anual de alrededor de los 30 millones de
euros. Ambos tipos de empresas coexisten y se retroalimentan porque los
grandes grupos y plataformas audiovisuales contratan producción de
contenidos audiovisuales a productores independientes, y aquí radica el
problema de esta ley, que no delimita claramente productoras
independientes y grandes grupos y plataformas, por lo que, a la hora de
decidir subvenciones y ayudas, hay muchas probabilidades de que sean
estas últimas, las grandes productoras, las plataformas, quienes se
lleven el gato al agua; y cuando hablo del gato al agua, estoy hablando
de los 1603 millones de euros de inversión pública prevista para el
período 2021-2025 en el Plan audiovisual, y cuya meta es aumentar un 30 %
la producción audiovisual realizada en España a final de 2025.

Señorías, el apoyo a la industria audiovisual
requiere mucho más que vestirse de gala para la ceremonia de los Goya
—que también— y que hablar de la excelente calidad de nuestro
cine —que también—; requiere apoyo real a todos y cada uno de
los sectores involucrados, a todas y cada una de las personas que hacen
posible el cine, porque, además de crear cultura, además de ayudarnos a
entender la realidad unas veces, a imaginar un mundo mejor otras, a
buscar respuestas a problemas cuya solución solo se consigue desde la
reflexión artística, ofrecen trabajo, empleo, crean economía y crean
también país. Por eso, es bueno que las instituciones apoyemos de manera
clara, potente y decidida a las productoras independientes, a las redes
de personas que trabajan, se desarrollan y crean industria y cultura
aquí, en contacto con el mundo, aprendiendo de los demás, utilizando a
veces tecnología que viene de otros lugares, y ofreciendo otras veces
tecnología que creamos aquí, desde la diversidad de nuestras comunidades,
desde la riqueza de nuestras lenguas, desde nuestra cosmovisión, desde la
complejidad de este Estado del que todas y todos somos ciudadanos.

Permítanme por eso que mencione la productora
independiente El deseo, que ha producido y produce el cine del que para
mí es nuestro más grande director en activo, Pedro Almodóvar, un manchego
que hace cine universal, asombrando, cautivando al mundo, al tiempo que
ofrece y descubre nuevos valores de la cinematografía de este país. Hablo
también de Irusoin y Moriarti Produkzioak, que hicieron posible que los
directores vascos Jon Garaño y José Mari Goenaga firmaran su opera prima,
Loreak, rodada íntegramente en euskera, y que fue nominada para
representar a España en los Oscar de 2018. Hablo de Avalon y Elastica
Films que han producido Alcarràs —alguien lo ha mencionado
antes—, dirigida por Carla Simón, rodada íntegramente en catalán y
que mereció el Oso de oro en la pasada Berlinale. Hablo de esos casi 500
cortometrajes rodados en el Estado, algunos de ellos muy premiados, como
el Limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez, Oscar en 2022, y de
tantos otros productores independientes que necesitan ayuda y apoyo.

Señorías, 2020 fue un año muy malo para el cine
por la COVID, todo el cine sufrió, y, las producciones independientes,
mucho más. No hay más que ver los datos: número de espectadores de cine
en España en 2019, 108 millones; en 2020, menos de la tercera parte, 30
millones. El número de espectadores de películas españolas en 2019 fue
de 16 millones; en 2020 fue solo de 7. La recaudación de las películas
extranjeras en España fue de 550 millones, en 2019, y de 121, en 2020.
Mientras que la recaudación de las películas españolas fue de 93,
en 2019, y solo de 40, en 2020.

De verdad de la buena, ¿no creen ustedes que
con estos datos es absolutamente fundamental delimitar, definir
claramente qué o quiénes son productores independientes y quiénes no lo
son? Yo soy optimista militante, pero si no lo hacemos, seguiremos siendo
un país subordinado y subrogadas muchas de nuestras producciones, cuando
podrían, cuando deberían llevar el sello de una producción independiente,
nuestro sello, afianzar nuestra industria y nuestra pluralidad
lingüística y cultural, nuestra cosmovisión, para sentirnos orgullosas y
orgullosos de la aportación cultural al mundo de nuestra producción
independiente.

Señorías, lamentablemente, parece que no van a
aceptar ninguna enmienda. Nosotros, en justa reciprocidad, tampoco vamos
a dar nuestro apoyo a esta ley, y lo sentimos mucho porque podríamos
haber conseguido muchas cosas todas y todos juntos para el cine español,
para el cine catalán, para el cine gallego, para el cine vasco, en una
palabra: para todas y todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tomará la
palabra su señoría el senador Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Bai.
Eskerrik asko, presidente jauna. Eguerdi on guztioi.

La Ley general de comunicación audiovisual que
tenemos entre manos hoy, ya se ha dicho, responde a la obligación de
trasponer al ordenamiento interno la directiva comunitaria de 2018,
relativa a la prestación de servicios de comunicación audiovisual; una
trasposición con retraso, pues debía haber estado materializada el 19 de
septiembre de 2020.

Todos somos muy conscientes de que la
comunicación audiovisual ha experimentado una evolución muy rápida y
significativa a lo largo de las dos últimas décadas. Ha habido y está
habiendo una auténtica revolución. Los avances técnicos han hecho posible
la convergencia entre servicios televisivos clásicos y otros servicios y
canales de comunicación audiovisual. Asistimos a una verdadera revolución
digital, a la explosión de internet y a nuevos hábitos sociales de
consumo. Se ve más televisión o productos audiovisuales, diría yo, pero
se ve de otra forma. El visionado de programas y contenidos audiovisuales
es posible en cualquier momento, en cualquier lugar, y a través de
múltiples dispositivos conectados a redes digitales. Contemplamos una
acusada fragmentación y globalización de las audiencias y también una
multiplicación y diversificación de las ofertas, que, por cierto, no
siempre ha conllevado una mayor calidad.

Los nuevos tipos de contenidos audiovisuales
generados por los usuarios han adquirido mayor importancia y los
prestadores, incluidos los de los servicios a petición y los de
intercambio de vídeos a través de plataforma, están ya bien asentados. Ha
habido un auge de las cadenas temáticas y el sector en su conjunto ha
sufrido sucesivas crisis económicas, con la consiguiente reducción de
recursos públicos y de ingresos publicitarios, con una incidencia
especial y, desgraciadamente, para las televisiones de naturaleza
pública.

Todos los servicios de comunicación audiovisual
tienen un impacto considerable sobre los usuarios y compiten por la misma
audiencia e ingresos, con independencia del país en el que estén
establecidos o la tecnología que utilicen. Tenemos que ser muy
conscientes de que todos estos servicios son igualmente una herramienta
para transmitir valores, significados e identidades, así como para
contribuir a preservar la diversidad cultural y lingüística en una
sociedad que se precie de ser democrática. En este panorama, lo que la
ley pretende es configurar un marco de conceptos que sean capaces de
adaptarse a la evolución del mercado audiovisual, permitiendo lograr un
equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos en línea, la
protección del consumidor y la competencia.

Como bien saben, el proyecto de ley que
presentó el Gobierno no fue del gusto de mi grupo, y por esa razón
presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo; a partir
de ahí iniciamos un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno
—que nosotros agradecemos—, un proceso largo, detallado y muy
arduo que dio como resultado un acuerdo de mínimos. El acuerdo tuvo tres
derivadas: la primera fue que retiramos nuestra enmienda a la totalidad;
la segunda, que varios preceptos de nuestro texto alternativo los
tradujimos en enmiendas, muchas de las cuales fueron aceptadas o
transaccionadas con el Gobierno y el Grupo Socialista, y, en tercer lugar
y, en consecuencia, consideramos que el texto inicial enmendado contenía
los mimbres políticos mínimos suficientes como para dar un sí al texto
modificado.

De manera resumida, lo que hemos tratado y
conseguido es algo que, desde nuestro punto de vista, es muy razonable:
revertir el espíritu y la tendencia recentralizadora del proyecto de la
ley, algo que desafortunadamente es muy propio de este Gobierno y,
especialmente, siento decirlo, de este ministerio, como lo prueban la Ley
de telecomunicaciones o la Ley de servicios electrónicos, que no fueron
suficientemente negociadas y a las que no dimos nuestro apoyo.

Con el acuerdo alcanzado en torno a esta ley
garantizamos el autogobierno en la ordenación de los servicios
audiovisuales, eliminando igualmente toda injerencia del Gobierno central
en la gobernanza de las radiotelevisiones autonómicas —en nuestro
caso, la del grupo multimedia EITB—, blindamos la naturaleza
autonómica de las emisiones, tanto públicas como privadas, e incorporamos
mejoras notables en el ámbito de la pluralidad cultural y lingüística,
permitiendo una mayor financiación y presencia de las lenguas oficiales
existentes en el Estado, incluyendo aspectos como el doblaje y la
subtitulación —que no estaban contemplados en el proyecto
inicial—, aunque es cierto que nos hubiera gustado una mayor
presencia de dichas lenguas, además de que en todos los casos fuera una
obligación, algo que permite la directiva, y no que esa presencia
dependiera de la voluntariedad de los prestadores. El texto no recoge
todo lo que permite la directiva y lo que hubiéramos querido, pero es
notable y sustancialmente mejor que el proyecto que salió de los hornos
del Gobierno, que, como he señalado antes, tiene una preocupante
inclinación a legislar sin tener en cuenta el reparto competencial
existente en el Estado.

Termino con cuatro acotaciones al hilo de esta
ley. Primera, no estamos de acuerdo con la modificación llamada técnica
de la definición de los productores independientes. No es posible admitir
que las obligaciones de financiación para los grupos televisivos privados
en favor de los productores independientes puedan revertir a esos mismos
grupos televisivos privados por medio de sus productoras, que no son
independientes sino propias. Esto supone que un dinero que sale de uno de
los bolsillos de un grupo televisivo privado al final pueda llegar a su
otro bolsillo a través de sus productoras propias, que no son
independientes, insisto. Esperamos que el Gobierno compense adecuadamente
el perjuicio que ocasiona este precepto con una atención prioritaria a
los productores independientes.

Segunda, hay quienes califican de mercadeo o
incluso de chantaje al diálogo y a la negociación política que da como
resultado un acuerdo como este. Es lamentable. Denotan una gran
irresponsabilidad y una enorme falta de cultura política para el acuerdo;
quizás lo califican así porque en estos momentos no son ellos los
protagonistas del acuerdo, y eso ya raya en el sectarismo y en la
intolerancia política.

Tercera, se habla de inestabilidad política en
los apoyos al Gobierno con vistas al año y medio que queda de
legislatura. Pues bien, el Gobierno debería saber que la mejor manera de
lograr esa estabilidad política parlamentaria es cumplir con los acuerdos
firmados.

Y cuarta y última, hay quienes pretenden
impedir que los navarros y las navarras que lo deseen puedan vivir la
comunicación audiovisual también en euskera, en la lingua navarrorum,
lengua originariamente propia de Navarra. Pues bien, esa postura, además
de plenamente antieuropea, es sobre todo impositiva, ofende la madurez
cívica y democrática de los navarros y de las navarras, y cercena
gravemente su libertad para elegir los medios audiovisuales con los que
desean informarse, formarse y entretenerse.

Eskerrik asko, presidente jauna.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
jauna.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu vamos a intentar centrar un poco el
debate y a ponerlo en contexto.

Los compañeros del grupo parlamentario del PSOE
saben que nos encontramos frente a una paradoja, y lo saben precisamente
porque el contenido de la tramitación del proyecto de ley que hoy llega
al Senado se ha trabajado conjuntamente con Esquerra Republicana de
Catalunya;






de hecho, el acuerdo con el PSOE era que este proyecto de ley
se aprobaría con Esquerra Republicana de Catalunya. ¿Qué ha pasado en el
camino? Y esa es su responsabilidad, no de Esquerra Republicana de
Catalunya y de Euskal Herria Bildu, pues que a última hora, lo que
ustedes llaman una corrección técnica pero que para la mayoría de la
gente es una enmienda transaccionada con el Partido Popular y Ciudadanos,
dinamitó el acuerdo marco y troncal con Esquerra Republicana, lo que va a
comportar que votemos en contra de la ley, tanto en el Congreso como hoy
en el Senado.

Se trata quizás de la trasposición de la
directiva europea más de derechas de toda la Unión Europea. Hay países
como, por ejemplo, Francia e Italia, que han hecho un mejor trabajo para
garantizar la producción europea en lengua propia y en lenguas
minoritarias. Precisamente, la directiva europea pretendía proteger la
diversidad cultural, proteger las lenguas minoritarias, proteger el cine
independiente, acabar con los monopolios y defender la cultura europea.
Se trata de un proyecto de ley, por tanto, de derechas, economicista y
mercantilista, que claudica frente a los grandes grupos porque representa
una subordinación económica a estos y a las plataformas. Es un proyecto
de ley que va contra el servicio público, contra el tejido del sector
audiovisual, contra la protección de la diversidad reconocida en la
Constitución española y en los estatutos de autonomía y, lo más
importante, contra el interés general. Esta trasposición está pensada
para la industria en español, sin defender la pluralidad, es
recentralizadora y poco exigente con las empresas en lo que se refiere a
la producción europea en catálogo.

Y, a pesar de todo, en Esquerra Republicana de
Catalunya pretendemos ser útiles y defender en todos los sitios y a toda
hora el català. Por eso, hemos conseguido introducir algunas mejoras en
el texto que hoy debatimos: los 15 millones para producciones en lenguas
diferentes al castellano, lo que se conoce como obligación de
financiación anticipada; garantizar el reconocimiento de la Llei de
signes catalana, y el famoso 6 % del catálogo en las empresas ubicadas en
el Estado español. En este punto me voy a parar un momento y voy a hacer
una reflexión a la compañera de Junts per Catalunya. Señoría, Esquerra
Republicana de Catalunya puede tener muchos defectos, pero es un partido
muy serio y las cuentas las hacemos bien, y la referencia que hacía usted
a su cálculo no tiene que ver con ningún anuncio que haya hecho Esquerra
Republicana, sino con una mejora que introdujo el Partido Nacionalista
Vasco, refiriéndose a un 10 %, como mínimo, en cada una de las lenguas
cooficiales. Por tanto, lecciones de cálculos a Esquerra Republicana, ni
una.

Otra de las cuestiones que queremos poner de
relieve es su concepción de lo que representa el sector audiovisual en el
Estado español. Ustedes piensan en un hub España con base en Madrid. En
cambio, el modelo que defendemos en Esquerra Republicana de Catalunya es
el mismo para Barcelona que para Madrid; es un modelo coherente en
defensa del conjunto del sector en todo el Estado español. Fíjense, el
sector audiovisual en Cataluña representa 3000 puestos de trabajo y
genera alrededor de 6000 millones de euros de riqueza.

Por todo lo que hemos expuesto, y a pesar, como
he dicho, de encontrarnos frente a una paradoja, Esquerra Republicana va
a votar en contra de este proyecto de ley. Y en este juego de equilibrios
que ha apuntado el compañero senador del Grupo Parlamentario Socialista,
la pregunta fundamental es por qué razones ustedes, a última hora, dieron
este giro e hicieron este cambio de guion para pactar la definición de
producción independiente con el Partido Popular y Ciudadanos. Esa
responsabilidad no es de Esquerra Republicana de Catalunya, es del
partido que sostiene al Gobierno.

Fíjense, y lo voy a dejar aquí. Ustedes,
haciendo políticas de derechas han conseguido que las derechas ganen como
no habían ganado nunca en algunas comunidades autónomas; incluso han
conseguido, por primera vez, que sus socios en la coalición de Gobierno
se saltaran la disciplina de voto y votaran en contra de un proyecto de
ley que a todas luces es un mal proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias
presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la
palabra, en primer lugar, la senadora Del Brío.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días a todos.

Nos convocan hoy para hablar del sector
audiovisual, uno de los segmentos más importantes dentro del sector
cultural en España, y ya que es la primera vez que tomo la palabra en
estos dos últimos Plenos, no me gustaría dejar pasar la ocasión sin dar
las gracias al presidente del Senado y a toda la Mesa por la acogida que
ha tenido la exposición Un beso en la frente contra la violencia de
género, que, como saben, está a disposición de todos ustedes en el Patio
de los Naranjos y que se retirará ya pasado mañana.

Hablando del sector cultural y de consensos,
nos encontramos con una ley que ha generado muchos conflictos, tal y como
estamos viendo aquí, porque al final es un tema tremendamente político.
¿Y por qué convertimos siempre al sector audiovisual en un asunto
político? Al final, no estamos hablando aquí de lo que realmente necesita
el sector, que es un nuevo desarrollo estratégico, es inversión,
innovación, y, sobre todo, ayudar a crecer a un sector que no representa
siquiera el 0,70 % del PIB, con el fin de que alcance una dimensión que
permita llevar también la cultura y los valores de España por todo el
mundo. Pero, como les decía, parece que este no es el objetivo.

Nos hemos encontrado con una ley que llega con
prisa, como siempre. En el Partido Popular nos vamos a abstener, y no
hemos presentado enmiendas porque el sector lo pide, ya que prefiere una
ley mala, rápida, antes que el vacío. Esa es la suerte que tiene muchas
veces este Gobierno a la hora de sacar adelante sus proyectos, pero la
mala suerte va a ser para el sector, para las autoras, los autores, los
productores, los técnicos y los guionistas.

Dado que estamos hablando aquí de apoyar la
obra de nuestros grandes productores y directores, permítanme también
hablar de alguien con sangre salmantina, de mi tierra, Rodrigo Cortés, y
su película El amor en su lugar, que precisamente ha sido uno de los
grandes éxitos.

Dejemos que sigan creciendo, dejemos de
distorsionar el sector cultural metiendo otras ideas. Pero qué les voy a
decir de un presidente del Gobierno que, a pesar de que se me criticó
mucho cuando dije que los presupuestos de este año eran unos presupuestos
Netflix, ficticios y de cartón piedra, va y se monta su propia serie de
ficción, contándonos su vida como presidente del Gobierno.

Ojalá dejemos de hacer estas cosas y nos
tomemos mucho más en serio el sector audiovisual. Mis deseos para que
todo les vaya bien, a pesar de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría el senador Puente Redondo.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias,
presidente. Muy buenos días, señorías.

Estamos ante una ley, la Ley audiovisual, que
es realmente importante para nuestro país, no solamente para el sector
audiovisual sino también de cara a la creación de empleo. Cuando hablamos
de creación de empleo podemos pensar en cámaras, en técnicos de sonido,
en actores, en productoras, pero dentro de este sector hay muchísimos más
empleos: sastrería, encargados de montaje, diseñadores de montaje,
carpintería, electricidad, etcétera; muchísimos puestos de trabajo detrás
de este sector. Y esto es lo que queremos defender.

Estamos ante una trasposición europea que viene
desde 2018, como hemos dicho aquí, pero que, como cualquier ley que entra
en la Cámara, se convierte en un auténtico mercado persa, en el que cada
una de las minorías pide para sí, y tengo mis dudas sobre si realmente
está pensando en los españoles y en España.

Como digo, faltan solamente cinco países por
trasponer esta directiva europea, y España, una vez más, está en el
furgón de cola. De hecho, la Comisión Europea ya nos ha llevado ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, e igualmente viene por trámite
de urgencia. Debemos ser conscientes de que es necesaria su aprobación
para que se puedan transferir los fondos europeos. Realmente, así es muy
difícil trabajar porque, como se ha dicho, entró el 3 de junio y en menos
de tres semanas hemos tenido que sacar adelante una ley tan importante y
que afecta a tantísimos sectores.

En el Partido Popular queremos instituciones
fuertes, queremos un Poder Legislativo fuerte, igual que queremos un CNI
fuerte, un CIS fuerte o una Fiscalía General del Estado fuerte. Sin
embargo, estamos viendo que este Gobierno no solamente está erosionando
el Poder Legislativo, con esas prisas y haciendo todo por el trámite de
urgencia, sino todas las instituciones. En el Partido Popular no queremos
esto y vamos a luchar para que no sea así. Al igual que por nuestra
imagen internacional, que está totalmente deteriorada.

El Partido Popular ha demostrado que es un
partido de Estado, y aquí tengo que dar las gracias al secretario de
Estado que está presente, así como a casi todos los grupos presentes en
esta Cámara, porque la trasformación digital en su mayor parte se ve como
una política de Estado. La mayoría de los grupos así lo ven y aquí tengo
que agradecer también al Partido Socialista las negociaciones que se han
llevado a cabo y que han derivado en que se ha votado a favor de la Ley
general de telecomunicaciones, por ejemplo, de la Ley de servicios
electrónicos de confianza o de la de transformación digital del sector
financiero.

Queremos y vamos a seguir demostrando que somos
ese partido de Estado y vamos a apoyar o a abstenernos de cara a que
salga esta ley adelante, como ha dicho mi compañera Esther del Brío. Lo
hacemos porque queremos consenso, unidad y seguridad jurídica que genere
empleo y que genere inversiones en nuestro país. Esa seguridad jurídica
se genera, como digo, con ese consenso y con esos acuerdos a los que
hemos llegado en casi todas las leyes dentro de esta área, y en eso vamos
a seguir.

Al igual que hemos presentado un plan
económico, en este punto quiero agradecer al Partido Socialista que hoy
haya aprobado la rebaja del IVA; una medida que llevamos más de dos meses
presentando, trabajando y defendiendo en el Senado y sobre la que hoy
parece que el Partido Socialista ha atendido a razones, porque empieza a
bajar esos impuestos a los ciudadanos que tanto hemos pedido aquí.
(Aplausos). Ahora nos falta que se deflacte el IRPF o que se empiecen a
eliminar gastos improductivos, como los 60 000 millones de euros que se
están tirando y que para nada están siendo productivos en nuestro
país.

Voy acabando. También quiero resaltar ese Plan
de defensa nacional que hemos presentado para garantizar la adecuada
financiación y la seguridad en todo el territorio nacional.

Como digo, somos un partido de Estado y
queremos apoyar al Gobierno en todo aquello que beneficie a los
españoles. En este sentido, esta trasposición europea, como hemos dicho,
es cierto que no complace a todo el mundo, pero es que hay muchísimos
sectores afectados: las empresas, las agencias, los anunciantes, los
operadores de telecomunicaciones, las productoras, las redes
sociales… Son muchísimos sectores afectados, y entendemos que cada
uno tenga sus reivindicaciones, pero creemos que no se puede hacer
esperar más a este sector audiovisual y que hay que actuar, como digo,
para evitar que recibamos esas penalizaciones de la Unión Europea o que
no se puedan transferir los fondos europeos por no cumplir con la
aprobación de estas leyes que ahora vienen por trámite de urgencia.

No es la ley que nosotros querríamos ni mucho
menos. Hay muchísimos puntos que mejorar, como la protección de menores,
y aquí hablo como padre de tres hijos. Hay que mejorar la protección de
menores en las redes sociales, y creo que dentro de esta ley se podrían
incluir muchas más cosas.

En definitiva, y concluyo, señor presidente,
vamos a abstenernos y vamos a seguir trabajando por el consenso y
dialogando con todos los partidos. En las mociones que hemos aprobado en
el ámbito de la transformación digital, como digo, vamos a seguir
colaborando, intentando que esa transformación digital sea en beneficio
de todos los españoles.

Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas
gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias también a usted,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
señoría la senadora Delgado Oval.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hoy debatimos la Ley de comunicación
audiovisual; un texto como saben, —y conviene además
recordar— que es el resultado de un intenso proceso de diálogo y
negociación, no solo en el ámbito parlamentario, donde hemos consensuado
e incorporado muchísimas enmiendas de los grupos parlamentarios, sino
también con los diferentes agentes, tanto públicos como privados,
incluyendo dos audiencias públicas, señorías.

La sociedad nos pide que dejemos a un lado el
ruido, el bloqueo y la crispación, y que seamos capaces de llegar a
acuerdos porque es así como se construye un país: con diálogo y acuerdo.
Y aquí es donde vamos a estar las y los socialistas, trabajando para
mejorar las condiciones de vida de las personas, trabajando por el empleo
y por una recuperación económica justa. En ningún caso se trata de
aplicar ningún rodillo para no aceptar enmiendas. Creo que hemos
demostrado con creces que ponemos por delante el diálogo y el consenso
para mejorar las leyes en la tramitación parlamentaria, como hicimos hace
unas semanas con la Ley de telecomunicaciones, que incorporó enmiendas de
los grupos, pero en este caso entendemos que la ley como está es una
buena ley, y además es fruto del diálogo permanente.

No se les escapará, señorías, la dificultad que
tiene legislar y mantener equilibrios en el sector por la diversidad de
intereses contrapuestos y los numerosísimos agentes a los que afecta. A
menudo, cuando la gente piensa en startups tecnológicas tienden a
asociarlo con Silicon Valley, o cuando se piensan en moda con París. Pues
bien, lo que perseguimos es que cuando se piense en producción
audiovisual se piense en España. (Aplausos). No podemos perder de vista
que este es un sector que genera empleo, y no solo en mi tierra, en
Canarias, donde se rodaron 112 producciones audiovisuales en el año 2019,
sin contar con la publicidad, lo que supuso más de 2500 contrataciones
directas y 50 millones de inversión, pasando en
el 2021 a 155 producciones y 98 millones de inversión.

Además, no solo se genera empleo especializado,
sino que también se genera empleo en aquellos sectores que podemos
considerar más tradicionales, como pueden ser la carpintería, el
maquillaje, la peluquería, la confección o la iluminación. También,
quiero destacar que hay empresas ya internacionales que se están
estableciendo en España, y lo hacen por la normativa, la fiscalidad y las
capacidades de la industria, pero no podemos perder de vista que el
sector ha experimentado en los últimos años una revolución global y que
urge, por tanto, actualizar la normativa que lo regula.

Esta norma, como ya han dicho varios
portavoces, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva
europea sobre prestación de servicios de comunicación audiovisual, ante
la evolución de esa realidad del sector por la transformación digital,
las nuevas tecnologías o la aparición de nuevas formas de hacer negocio.
Y también porque ha cambiado la forma de producir los contenidos
audiovisuales, porque han desaparecido las fronteras nacionales de
consumo audiovisual y también porque ha cambiado la forma en que
consumimos estos contenidos.

Con esta norma reforzamos la igualdad de trato
entre los operadores que compiten entre sí, los servicios tradicionales y
los que son distribuidos vía internet. Así, con esta ley no solo buscamos
adaptarnos a esa nueva realidad, sino impulsar España como plataforma
europea de negocio de producción de obras europeas, generando empleo e
inversiones y vertebrando el territorio y poniéndolo en valor,
preservando, señorías, nuestra identidad cultural y lingüística.

Aquí tengo que hacer una serie de aclaraciones
porque esta semana se ha hablado mucho de los productores independientes.
Al respecto se ha generado, lamentablemente, muchísima confusión, y no
tiene nada que ver con la realidad porque realmente la Ley audiovisual
multiplica por cinco la obligación de financiar la inversión de obra
audiovisual independiente en España. No solo amplía la base de los
prestadores obligados a financiar y, por lo tanto, se incrementa la
financiación, sino que aumenta también el porcentaje, pasando del 0,9 %
con la ley vigente, al 3,5 %. En este sentido, los productores
independientes saben que con la ley vigente la financiación era
de 21 millones y con la nueva ley pasará de 125 millones de euros.

Señorías, nunca, óiganme bien, nunca un
Gobierno había apoyado tanto la producción independiente como lo ha hecho
este Gobierno y como va a seguir haciéndolo. (Aplausos). A mí me gusta
dar datos, y les sugiero que los escuchen y que los tengan presentes para
cuando tengan que dar un titular. Las ayudas generales a la producción
audiovisual han crecido desde el 2018 un 66 % y las ayudas selectivas que
protegen la creación independiente han pasado de 8 a 16 millones. Hay 9
millones para fomentar los desarrollos creativos y 45 millones para la
internacionalización del sector audiovisual. Lamentablemente, sé que
entre tanta confusión y tanto ruido cuesta trasladar lo que estamos
haciendo, pero quiero zanjar cualquier tipo de duda, afirmando de forma
contundente que la producción independiente es un sector que triunfa, que
nos llena de orgullo y que va a seguir contando con todo nuestro apoyo y
el del Gobierno del presidente Sánchez. (Aplausos).

Señorías, esta es una ley que, como no puede
ser de otra manera, incluye los principios generales aplicables a todo el
ámbito audiovisual, que tienen que ver con los valores que defendemos en
el Partido Socialista y que resaltan los valores de las sociedades
democráticas: la dignidad humana, la igualdad, la atención a la
diversidad, la promoción del pluralismo lingüístico o la veracidad de la
información en los informativos, y garantiza, además, los derechos a los
usuarios e incrementa la protección a los menores, obligando a los
prestadores de servicios a informar sobre el contenido que puede ser
perjudicial para ellos y estableciendo franjas horarias de emisión.
También las plataformas de intercambio de videos tendrán que estar
inscritas en el Registro estatal de prestadores de servicios.

Señorías, a veces convendría pararse a
reflexionar y respondernos a nosotros mismos a la pregunta de para qué
estamos aquí. Sinceramente, quiero pensar que todos estamos aquí para lo
mismo, aunque a lo mejor no es así, solo a lo mejor. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Delgado,
perdóneme.

Espere un momento, por favor. (Pausa).

Puede continuar, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Gracias señor
presidente.

Igual no es así y no estamos aquí todos para lo
mismo, pero deberíamos estar aquí para mejorar la vida de las personas,
para ampliar derechos y para poner los mimbres necesarios para que
nuestra economía crezca y lo haga generando empleo de calidad.

Por otra parte, esta es una ley que va a
fomentar la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por
mujeres mediante la convocatoria de ayudas, aumentando, además, la
obligación del 30 % de financiación para las obras dirigidas o creadas
exclusivamente por mujeres.

Si nuestro objetivo es ese, poner los mimbres
necesarios para que la economía crezca y lo haga generando empleos de
calidad, esta ley va a contribuir de forma muy determinante a ello. Es
una norma, además, que no podemos mirar de forma aislada, sino
conjuntamente con la Ley del cine y con el Plan de impulso al sector
audiovisual, que establecen cuatro ejes que giran en torno a la
digitalización, a la internalización —a la atracción de
inversiones—, a mejorar los instrumentos fiscales y financieros y a
eliminar las trabas administrativas. Todo ello con el objetivo de
convertir a España en un polo de atracción de inversión internacional y
talento y en un ecosistema de industrias y servicios fortalecido y
reforzado para exportar y competir en los mercados internacionales
generando riqueza.

Miren, unos nos acusan de que esta es una ley
para el PNV y para Esquerra, y otros nos acusan de que es una ley muy de
derechas y conservadora; sin embargo, no puede ser una cosa y otra a la
vez. No hay argumentos para rechazar esta ley porque la industria
audiovisual es clave por su peso en el empleo y en la economía, pero
también por su peso en nuestras identidades culturales y en nuestra
proyección internacional. Por eso, les pido que voten consecuentemente y
que se respondan ustedes mismos a la pregunta de si acaso el sector
audiovisual estaría mejor con la vigente ley o con esta nueva ley que
vamos a aprobar hoy. (Aplausos).

Frente al ruido, trabajo, y frente al bloqueo,
soluciones, y todo ello ampliando y recuperando derechos, garantizando la
revalorización de las pensiones, subiendo salarios, generando empleo de
calidad y protegiendo a las mujeres. Señorías, esto no es un juego, el
contexto internacional exige política y política en mayúsculas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría,
por favor.

La señora DELGADO OVAL: Finalmente, agradezco a
todos los grupos las aportaciones que han hecho para que esta ley salga
adelante, y también al secretario de Estado y a su equipo, por su trabajo
ingente para colocar al sector audiovisual como un sector estratégico
para la economía española.

Muchísimas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, finalizado el debate de este proyecto
de ley, se abre el plazo de una hora para emitir el voto telemático de
los senadores y senadoras autorizados, desde este momento, en que son las
doce y cincuenta y cinco, hasta las trece y cincuenta y cinco del día de
hoy. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de este proyecto
de ley tendrá lugar una vez finalizado el siguiente punto del orden del
día.

El señor PRESIDENTE: Ruego llamen a votación. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Ruego llamen a votación.
(Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

Señorías, procedemos a la votación del dictamen
de la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto.
Les recuerdo que para su aprobación se exige la mayoría absoluta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 3; en contra, 253;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación. votamos las enmiendas. Las que
resulten aprobadas, quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno.

En primer lugar, enmiendas de los senadores
Marín Gascón y González-Robatto Perote y de la senadora Merelo
Palomares.

Votamos las enmiendas 158 a 218 y 220
a 232.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 3; en contra, 255.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 219, de las mismas
señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 4; en contra, 254.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de la senadora Ponce Gallardo y de
los senadores Sánchez López y Muñoz Lagares, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 18; en contra, 237;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos las
enmiendas 2, 5 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 15; en contra, 236;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 3, de las mismas señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 1; en contra, 236;
abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos las
enmiendas 4, 6 y 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 1; en contra, 254;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Y enmienda número 9, de las mismas
señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 4; en contra, 233;
abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de la senadora Martín Larred y del
senador Egea Serrano, del Grupo Parlamentario Democrático.

Votamos, en primer lugar, la enmienda
número 151.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 22; en contra, 231;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la enmienda
número 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 22; en contra, 231;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 153, de las mismas señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 27; en contra, 230;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la
enmienda 155.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 26; en contra, 231;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, finalmente, en último lugar de las mismas
señorías, votamos la enmienda 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 8; en contra, 236;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas del
senador Cleries i Gonzàlez y de la senadora Rivero Segalàs número 112
a 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 12; en contra, 233;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Y votamos la enmienda 119, de las mismas
señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 23; en contra, 221;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del senador Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votamos la enmienda 120.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 25; en contra, 220;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 121, del mismo
senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 9; en contra, 246;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos las enmiendas 122
y 131.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 34; en contra, 221;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo senador, enmienda 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 20; en contra, 231;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la
enmienda 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 142; en contra, 109;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda 127, del mismo senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 5; en contra, 246;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 129, del mismo
senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 34; en contra, 117;
abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la
enmienda 130.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 135; en contra, 120;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Señorías, un poco de silencio.

Votamos la enmienda 132, del mismo
senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 24; en contra, 231;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votamos la enmienda 133, del
mismo senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 23; en contra, 232;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del senador Vidal Matas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votamos la enmienda 233.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 19; en contra, 231;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la
enmienda 234.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 19; en contra, 232;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, del mismo senador, votamos las
enmiendas 235 a 238.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 33; en contra, 222;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco.

En primer lugar, enmiendas 134 y 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 33; en contra, 222;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 34; en contra, 117;
abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 30; en contra, 219;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 33; en contra, 116;
abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, enmienda 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 29; en contra, 222;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 142
a 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 22; en contra, 233;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 149, del mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 19; en contra, 236;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votamos la enmienda 150, del
mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 20; en contra, 220;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

En primer lugar, votamos la enmienda 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 30; en contra, 221;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 23; en contra, 222;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 83, 84, 89, 90 y 99, del
mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 23; en contra, 232;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 87, 106
y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 33; en contra, 222;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 29; en contra, 226;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 23;






en contra, 221;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 92, del mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 33; en contra, 221;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos,258; a favor, 19; en contra, 236;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 20; en contra, 235;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 95, 96
y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 19; en contra, 222;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 97, del mismo
grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 20; en contra, 221;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos las
enmiendas 100, 104, 107 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 34; en contra, 221;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 105.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 23; en contra, 231;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, del mismo grupo, votaos las
enmiendas 109 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 24; en contra, 221;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votaremos las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, votamos las enmiendas 10, 19
y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 110; en contra, 141;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las
enmiendas 11, 13, 18, 62 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 106; en contra, 145;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 106; en contra, 141;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos a
continuación las enmiendas 14 a 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 105; en contra, 144;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las
enmiendas 17, 28, 37, 40, 49 a 56, 66, 68 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 108; en contra, 146;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 20, 43
y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 108; en contra, 142;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 22 a 24
y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 108; en contra, 141;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 25, 26
y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 108; en contra, 146;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 27, 39
y 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 108; en contra, 145;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las
enmiendas 29, 58, 64, 65, 67, 70 y 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 105; en contra, 149;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos a continuación la
enmienda 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 109; en contra, 145;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación, del mismo grupo, las
enmiendas 31 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 105; en contra, 145;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación, del mismo grupo, las
enmiendas 32 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 105; en contra, 146;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 33
y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 110; en contra, 144;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 110; en contra, 141;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 105; en contra, 149;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 109; en contra, 145;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 42
y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 112; en contra, 142;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, del mismo grupo, votamos la
enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 110; en contra, 144;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, a continuación, vamos a votar cuatro
propuestas de modificación, cuatro enmiendas transaccionales, suscritas
por diferentes grupos.

En primer lugar, votamos la que tiene número de
registro de entrada 146618, sobre la base de las enmiendas
números 77, 128, 138, 139 y 156.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 148; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la transaccional con
número de registro de entrada 146619, sobre la base de las
enmiendas 85, 123, 126 y 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 150; en contra, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la transaccional con
número de registro de entrada 146620, sobre la base de la enmienda
número 137.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 149; en contra, 105;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, votamos la transaccional con número
de registro de entrada 146.626, sobre la base de la enmienda
número 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 150; en contra, 3;
abstenciones, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo
acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 150; en contra, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción de texto definitivo por S.M. el
Rey.

Señorías, a continuación, votamos en un solo
acto la proposición de ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 255; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada
definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de ley orgánica
complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. (Aplausos).

El señor presidente lee el punto 4.3.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su señoría Ferrer Sais.
(Rumores).

Señorías, abandonen en silencio el hemiciclo,
por favor, y podremos continuar con la sesión plenaria. Muchas gracias,
señorías.

Senador Ferrer Sais, puede hacer uso de la
palabra.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

Les presento el dictamen del Proyecto de ley de
regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y
fondos de pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/ 2002, de 29
de noviembre.

Permítanme que, previamente a expresarles el
dictamen, haga referencia a algunos rasgos específicos sobre el alcance y
objetivos de este proyecto de ley. El objetivo general es el impulso del
denominado segundo pilar de la previsión social, mediante la promoción de
planes de pensiones del sistema de empleo de carácter voluntario y sin
ánimo de lucro, y bajo la tutela de los poderes públicos. Estos sistemas
de ahorro no pueden ser considerados en absoluto productos financieros y
deben procurar los menores costes de gestión para los partícipes en
dichos planes. Con ello, se da cumplimiento a la recomendación 16 del
Pacto de Toledo, integrada en el componente 30 y la reforma 5 del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, que pone de relieve la
necesidad de impulsar de forma preferente los planes de pensiones,
sustentados en el marco de la negociación colectiva, e incorporar de
manera especial a las pequeñas y medianas empresas en los ámbitos de
negociación colectiva sectorial, y también —quizá una de las
novedades más relevantes— facilitar el acceso a los planes de
empleo a las personas trabajadoras autónomas. Se trata de potenciar
mediante un régimen jurídico y fiscal adecuado y diferenciado la
previsión social complementaria, que no sustitutiva, del sistema público
de pensiones, tal como establece el artículo 41 de la Constitución.

La nueva regulación pretende revertir el
proceso de estancamiento, según expresó el Consejo Económico y Social, ya
que en nuestro país solamente el 10 % de la población ocupada tiene
participación en un plan de pensiones, y, a su vez, converger con los
países de nuestro entorno, que, llamativamente, tienen unos niveles
mínimos de cobertura del 25 % y un máximo del 90 %. Todo ello,
evidentemente, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.

El proyecto que se somete en este acto a la
consideración del pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
de urgencia tuvo su entrada en esta cámara el 10 de junio de 2022, fecha,
asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. El plazo
de presentación de enmiendas finalizó el 16 de junio de 2022. A este
proyecto de ley se presentaron noventa y nueve enmiendas. El Gobierno, al
amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y
conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento del Senado, no
dio conformidad a la tramitación de varias enmiendas.

El día 20 de junio, la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña Rosa María
Aldea Gómez, del Grupo Socialista; doña Idurre Bideguren Gabantxo, del
Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; don Josep Maria Cervera
Pinart, del Grupo Nacionalista; doña María Dolores Etxano Varela, del
Grupo Parlamentario Vasco; doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Popular, doña María Ascensión Godoy, del Grupo Socialista; don Pablo
Gómez Perpinyà, del Grupo de Izquierda Confederal; Jacobo
González-Robatto Perote, del Grupo Mixto; don Alfonso Muñoz Cuenca, del
Grupo Socialista; don José Luis Muñoz Lagares, del Grupo Parlamentario
Democrático, y, a su vez, también doña Alicia Sánchez-Camacho, del Grupo
Popular.

La ponencia se reunió para informar. No se
introdujo ningún tipo de modificación en el texto remitido por el
Congreso de Diputados, dando trasladándose a continuación a la comisión,
que se reunió y dictaminó de conformidad con el informe de la
ponencia.

Finalizados estos trámites, para la defensa de
sus enmiendas, han presentado votos particulares los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del
Grupo Mixto; el señor Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario
Democrático; los señores Muñoz Lagares y Sánchez López y la señora Ponce
Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático; el señor Egea Serrano y la
señora Martín Larred, del Grupo Parlamentario Democrático; los señores
Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; el señor Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; el señor Chinea Correa, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; el señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; la señora Bideguren Gabantxo, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Surra Spadea, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo que
están realizando el conjunto de los grupos en esta tramitación y resaltar
la valiosa ayuda que hemos recibido de los servicios de la cámara, en
particular, por parte del letrado don Alejandro Rastrollo Ripollés.

Nada más y gracias por su atención. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente de la comisión.

Señorías, les anuncio que no realizaremos
ninguna votación antes de las cinco de la tarde de hoy. ¿De acuerdo? No
realizaremos ninguna votación antes de las cinco de la tarde de hoy.

Señorías, procedería a continuación abordar el
debate de totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa). ¿Podemos
pasar al debate de las enmiendas al articulado? (Pausa).

Muchas gracias. Pasamos, entonces, al debate de
las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas 58 a 61 y 63
de sus señorías Merelo Palomares, González-Robatto y Marín Gascón, tiene
la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado siete enmiendas, de la 58 a la 64; excepto una de adición, el
resto son de modificación. El Gobierno no ha admitido la 62 y la 64, por
lo que finalmente quedan vivas cinco enmiendas, de las que paso a
comentarles las más importantes.

Enmienda 59. Se propone la modificación del
apartado 1 del artículo único. La enmienda tiene por objeto modificar la
composición de la comisión promotora y de seguimiento de los fondos de
pensiones de empleo de promoción pública abiertos, con la finalidad de
incluir a expertos de reconocido prestigio en el sector. De este modo, de
una parte, se reduce la injerencia del sector público en la toma de
decisiones relativas a las competencias de esta comisión, especialmente
en lo tocante a la selección de las entidades gestoras y depositarias de
los fondos de pensiones y, en segundo lugar, se habilita la participación
de expertos en la toma de este tipo de decisiones.

Enmienda 60. Se propone la modificación del
apartado 2 del artículo único. La enmienda tiene por objeto evitar la
limitación de que las empresas puedan promover su propio plan de
pensiones de empleo si no lo contempla el acuerdo colectivo de carácter
sectorial. Por ello, se pretende que el acuerdo colectivo de carácter
sectorial permita que las empresas del sector puedan no adherirse al plan
sectorial simplificado y acordar la promoción de su propio plan de
pensiones de empleo si así lo desean. Asimismo, debe preverse que las
empresas incluidas en un acuerdo colectivo de carácter sectorial y que
instrumenten sus compromisos por pensiones a través del correspondiente
plan de pensiones de empleo sectorial simplificado puedan mejorar a nivel
de empresa las contribuciones empresariales acordadas.

Enmienda 61. Se propone la modificación del
apartado 6 del artículo único. La enmienda tiene por objeto aumentar el
límite de aportación anual a sistemas de previsión social individuales
hasta los 5000 euros. Por otro lado, se propone incrementar hasta 8500
euros la cuantía que pueden aportar los trabajadores por cuenta propia o
autónomos a los planes de pensiones de empleo simplificados, y que es la
misma que la prevista para los trabajadores por cuenta ajena. La
regulación actual prevista en el proyecto de ley supone un trato desigual
entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta
propia y discriminatorio para estos últimos, carente de justificación. A
mayor abundamiento, tal previsión es contraria a las recomendaciones del
Pacto de Toledo, que claramente prevé que debe procurarse la equiparación
de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los
previstos en el régimen general.

Estas son nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda número 3, tienen
la palabra su señoría Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VÍADERO: Gracias,
presidente. Buenas tardes, señorías.

Mis primeras palabras son de decepción con el
Gobierno al haber vetado dos enmiendas del Partido Regionalista de
Cantabria, dos enmiendas que lo que hacen es corregir errores que traía
la propia ley y que, sorprendentemente, se dejan votar en el Congreso y
no se dejan votar en el Senado. No tenemos claro que esto sea algo muy
legal. No obstante, mantienen otra nuestra que va en términos
similares.

Esa otra que nosotros mantenemos, que es la
número 3, es una enmienda técnica que corrige las tablas que están en el
proyecto de ley. Propone eliminar un error de salto que se produce en los
tramos que asignan los coeficientes que se aplican a las aportaciones de
los trabajadores. Por ejemplo, según la tabla actual, si un empresario
aporta 1000 euros al plan de pensiones, el empleador puede aportar 2000
euros; sin embargo, si el empresario aporta 1001 euros, el empleado solo
puede aportar 1501 euros. Esto no tiene ninguna lógica ni económica ni
matemática ni jurídica.

Las otras dos enmiendas, la 4 y la 5, iban en
la misma línea, pero esta sí se mantiene. Por lo tanto, lo que pedimos es
su apoyo para corregir estas tablas que están mal en el propio proyecto
de ley y que nadie se había dado cuenta.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 6, 7 y 11, de
sus señorías Muñoz Lagares, Ponce Gallardo y Sánchez López, tiene la
palabra su señoría Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.

Nosotros hemos presentado un total de nueve
enmiendas, de las cuales seis han sido vetadas, de manera que solo nos
quedan tres ―es así de triste―, pero yo quería poner el foco
en la enmienda número 11, que para nosotros es vital y de una gran
importancia.

Este proyecto de ley introduce una deducción en
la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades de un 10 % —por
cierto, esto ha sido introducido gracias a una enmienda de Ciudadanos en
el Congreso de Diputados—. Esta deducción del 10 % va destinada a
desgravar las contribuciones empresariales imputadas a favor de los
trabajadores con unas retribuciones brutas anuales inferiores a 27 000
euros, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones
de empleo. Es un incentivo fundamental, dado que el fin de la misma ley
es, sobre todo, fomentar que se acuerde la creación de planes de
pensiones en el seno de la negociación colectiva, de manera que son
necesarios este tipo de incentivos y este tipo de palancas.

Pero no nos tenemos que olvidar de que, una vez
creado este plane de pensiones de empleo en el seno de la negociación
colectiva, la contribución a él es de obligado cumplimiento para todos
los empleadores del sector, independientemente de su personalidad
jurídica. Pues bien, en el caso de los autónomos no societarios que
tengan trabajadores a su cargo esto implica una auténtica desigualdad
frente a las sociedades y autónomos societarios, al no beneficiarse de
estas deducciones. Nos resulta injustificable que eso sea así; de ahí
nuestra enmienda número 11, que espero que tenga la aceptación de toda la
cámara. En consecuencia, se propone modificar la Ley del IRPF para que
los autónomos no societarios, también obligados a hacer aportaciones a
los planes de pensiones de sus trabajadores, participen del mismo régimen
fiscal que las sociedades.

Esta ley no puede discriminar y crear ese
agravio comparativo respecto a estos autónomos no societarios. Espero que
se tenga en consideración la presente enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 15 y 16, de
sus señorías Egea Serrano y Martín Larred, tomará la palabra su señoría
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias,
presidente.

Hemos presentado dos enmiendas que hacen
referencia a la cohesión territorial. Buscamos, en primer lugar, mejorar
la eficacia y sostenibilidad de los fondos de pensiones que crea la ley
y, por lo tanto, mejorar su rentabilidad para los trabajadores que
participen en ellos. En segundo lugar, buscamos mejorar el impacto
socio-territorial que se deriva de las inversiones de estos fondos, ya
que, a pesar de que una PNL en el Congreso sobre rural proofing fue
aprobada por mayoría, sigue sin aplicarse.

Nuestra función sigue siendo aportar a todas
las leyes que se discuten en ambas cámaras, o que incluso están siendo
aplicadas, esa visión territorial que exige el mecanismo de garantía
rural, y si lo aceptan los grupos, incluir criterios para mejorar la
calidad de vida y las oportunidades en el medio rural y en las áreas
despobladas, tarea que hacemos a través de enmiendas como estas.

Sabemos que la despoblación es un fenómeno
sociodemográfico que amplifica tanto las desigualdades sociales como los
problemas ambientales y merma la calidad de vida de personas de todas las
edades. Del mismo modo, la despoblación y la falta de cohesión
territorial son factores que, como han demostrado numerosos
especialistas, pesan negativamente en la economía de un país y en su
capacidad de competencia. Por estas razones, es necesario que la
evaluación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública
abiertos atienda, además de a los objetivos que la propuesta de ley cita,
a los objetivos de cohesión territorial.

Por otro lado, la complejidad económica y
financiera de las decisiones, el volumen de estos fondos y la creciente
complejidad de las finanzas nacionales e internacionales aconsejan el
asesoramiento técnico del Banco de España en esta comisión. Del mismo
modo, se hace imprescindible el asesoramiento de un centro de
investigación especializado en demografía por el impacto del
envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida en la sociedad
española, así como por la incidencia de estos cambios demográficos en el
diseño y la gestión de los sistemas de pensiones y, en concreto, de los
fondos que se van a crear.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 66 a 78, 84
y 85, de los senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, tiene la
palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bona tarda, senoryes.

En Junts per Catalunya hemos presentado veinte
enmiendas en la tramitación de este proyecto de ley en esta cámara, pero
llegan vivas al pleno quince, pues cinco han sido vetadas por el
Gobierno, por los mismos motivos que ha explicado muy bien mi compañera
la senadora Castellví en el debate de la anterior ley de
audiovisuales.

Las quince enmiendas restantes se centran
básicamente en dos cuestiones esenciales, desde nuestra perspectiva
nacional. Una, garantizar las competencias en materia de fondos y planes
de pensiones de la Generalitat de Catalunya y, otra, extender el sistema
más allá de las grandes empresas, fomentando su implementación a
trabajadores autónomos, microempresas y pymes, que son las que dan
identidad al propio tejido productivo catalán. En concreto, con nuestras
enmiendas pretendemos blindar la equidad entre trabajadores autónomos y
asalariados, garantizando la presencia de los representantes de las
microempresas y las pymes en los órganos de control, así como preservar
el papel de las mutuas, muy importante en Catalunya, donde históricamente
han sido las que han ofrecido esta tipología de servicios a sus socios y
sobre cuya regulación el Govern de Catalunya dispone, como les decía, de
competencias.

Conocedor de la voluntad del Grupo Socialista,
o de la no voluntad del Grupo Socialista, de tocar este proyecto de ley
que tenemos encima de la mesa —o tocarlo solamente de forma técnica
en algún punto y alguna coma en comisión, por lo que se va a dejar el
texto tal y como llegó del Congreso—, yo no voy a ahondar en el
tema, pero sí quiero pedirles que me permitan aprovechar el tiempo que me
queda en esta primera intervención después de las elecciones andaluzas,
unas elecciones de las que vivimos intensamente su campaña, su larga
campaña, en esta Cámara.

Quiero aprovechar para felicitar al Grupo
Popular por su mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, como pueden
imaginar, nada deseada por este senador, pero totalmente respetada. Una
mayoría absoluta que ustedes han logrado en un marco de normalidad
electoral, del que hace mucho tiempo que no gozamos en Catalunya, como
intuíamos, como mínimo, y como confirman las grabaciones en las que la
hoy senadora Sánchez-Camacho, en aquel entonces presidenta del PP en
Catalunya, daba órdenes a las estructuras del Estado
—personalizadas por el omnipresente comisario Villarejo— para
evitar la mayoría absoluta de Artur Mas a cualquier precio. Decían ellos
mismos: haciendo la guerra, la guerra bruta. Y aquí no pasa nada; aquí
continúa y continuará la senadora Sánchez-Camacho.

Por eso, nosotros, reiteradamente, nos
repetimos y les repetimos que estamos convencidos de que lo único que nos
va a permitir vivir en una democracia plena, lo único que va a garantizar
nuestros derechos políticos, lo único que va a garantizar los derechos
básicos y fundamentales de los ciudadanos de Catalunya es la
independencia. Yo creo que lo entienden. (Termina su intervención en
catalán).

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies,
senyoria.

Para la defensa de las enmiendas 17 a 38, tiene
la palabra su señoría Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
president.

En esta ley tenemos que plantearnos cuáles son
los instrumentos básicos que tenemos para reequilibrar, para redistribuir
la riqueza, para que todos podamos ser un poco más iguales.
Evidentemente, la Seguridad Social es esa red que nos hace a todos
iguales, independientemente de dónde hayamos nacido, de si somos ricos o
si somos pobres; la Seguridad Social te da la seguridad de que te van a
cuidar, de que vas a tener hospitales, de que cuando seas mayor vas a
tener una pensión. Es lo público, ese bienestar de todos los ciudadanos,
y por eso es importante hoy el debate que estamos teniendo aquí. Lo
público, ese bienestar que entre todos nos garantizamos, ese bienestar
basado en la solidaridad entre todos, y eso es lo que nosotros queremos
defender. Entendemos que esta reforma es como un ratón troyano, un
pequeño ratón troyano que va a empezar a debilitar progresivamente el
modelo que nos hemos dado de pensiones y el modelo que nos hemos dado de
Seguridad Social, y lo va a ir erosionando hasta que al final,
desgraciadamente, este sistema, del cual nos sentimos tan orgullosos,
peligre y decaiga.

Por eso, no podemos dar apoyo a esta ley.
Entendemos que es un requisito de Europa. Entendemos que Europa pide para
el traslado de los fondos que haya más planes de pensiones privados. Pues
digámoslo claramente: si Europa quiere que tengamos más planes de
pensiones privados, hagamos mecanismos para su promoción, si se considera
oportuno, pero no intentemos vestir de público lo que es privado, y ahí
está el quid de la cuestión. Ustedes están intentando disfrazar un fondo
de pensiones privado como un fondo de pensiones público, y romper esa
solidaridad es lo que provoca esta norma; reducir esa función
redistributiva es lo que provoca esta norma. Ustedes me dirán que es
complementario, que se suma al que ya tenemos de la Seguridad Social, y
yo les diré que siempre se empieza por algo complementario y acaba siendo
sustitutivo, y ese es el peligro, que hoy empezamos a ceder. Dar hoy un
paso atrás significa que mañana las pensiones públicas en este país sean
cosas del pasado, y en ese caso, no cuenten con Més per Mallorca para
recorrer ese camino.

Señorías, es una norma que dice que el sector
público promocionará. Utiliza la palabra público, y después piensas
¿quién lo gestiona? Privados. ¿Quién va a depositar el dinero? ¿Quién va
a guardar el dinero? Privados. ¿Dónde está lo público? ¿En el anuncio?
Señores, no, eso no es público. Por eso hemos presentado una serie de
enmiendas con la idea de cambiar, porque además puede generar
desigualdades. Entiendo que intenta imitar a otros modelos que han tenido
éxito en otros territorios, pero lo que nos presentan hoy aquí es una
mala copia, porque tiene poco o nada que ver con el sistema vasco.
Podríamos haber avanzado en esa línea, pero no se ha avanzado y, encima,
puede generar discriminación entre los trabajadores del mismo sector,
incluso de la misma empresa, porque no tienen que estar todos en el mismo
sistema.

Por tanto, no nos gusta cómo lo han planteado
ni cómo se ha enfocado, porque, al final, intentamos homologar lo que
ustedes han llamado un plan de pensiones público a un plan de pensiones
privado individual y lo disfrazamos de colectivo un poco al estilo
americano que siempre sale en las películas: el fondo de inversión de los
bomberos o de los jubilados o de otro sector. Con lo cual, no creemos que
esta sea la línea a seguir.

Señorías, hemos presentado toda una batería de
enmiendas. Tengo que decir que las hemos trabajado y las hemos copiado,
por qué no decirlo, de los compañeros del BNG. Cuando uno hace copypaste
de otros compañeros políticos, tiene que reconocer su autoría y citarlos.
Básicamente, la estrategia que utilizaban los compañeros del BNG, porque
yo no sabía cómo afrontar las enmiendas, tenía una técnica que considero
interesante: si quiero un sistema complementario de pensiones que sea
público, hagamos todas las enmiendas posibles para convertir su ley en un
sistema de pensiones complementario de empleo público, y por eso
cambiamos el gestor. ¿A quién ponemos de gestor? A la Tesorería de la
Seguridad Social. ¿A quién ponemos de depositario? Al ICO. Es un banco
público que ya tenemos o podemos crear uno nuevo, que tampoco pasaría
nada y no sería nada escabroso. Estamos transformando en público lo
privado. ¿Quién tiene el control? En todos los organismos de
participación incorporamos lo público, y ese es el sentido de todas las
enmiendas. Léanlas como una enmienda a la totalidad en su conjunto; lo
que están haciendo es transformar toda esta gestión privada, todos estos
riesgos en gestión pública y en garantizar lo público. Yo creo que es
perverso engañar a la gente y decirle que es de promoción pública, porque
va a creer que tiene una seguridad y el respaldo del Estado, y no es
así.

Por tanto, no van a tener nuestro apoyo.
Queremos que el sistema de pensiones se refuerce, queremos que se
garantice, pero no daremos apoyo a abrir el camino a su
privatización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies,
senyoria.

Para la defensa de la enmienda 39, tiene la
palabra el senador Chinea Correa.

¿La da por defendida? (Asentimiento).

Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 40 a 52, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría
Gómez Perpinyà.

¿Las da por defendidas? (Asentimiento).

Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1, 2 y 65, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la
palabra la senadora Bideguren Gabantxo.

¿Las da por defendidas? (Asentimiento).

Para la defensa de las enmiendas 53 a 57, tiene
la palabra la senadora Surra.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hemos presentado cinco enmiendas de
sustitución porque Esquerra Republicana defiende el sistema público de
pensiones y ve con desagrado que este proyecto de ley tiene como objetivo
comenzar a construir el esqueleto de un futuro sistema dual de pensiones
públicas y privadas del que siempre habla el ministro Escrivá. Se trata
de ese mismo sistema nefasto que ya se ha instaurado en varios países,
como Chile y Uruguay, por ejemplo, y donde ha demostrado su verdadero
fracaso, porque este tipo de políticas no solo no han beneficiado ni a
los trabajadores ni a los Estados, sino que han sido ellos mismos quienes
han tenido que pagar las abultadas facturas de esos fracasos.

Las pensiones son el salario diferido de los
trabajadores que se transmite de manera solidaria entre generaciones. Esa
es la esencia del sistema público de pensiones que debe funcionar bien y
que es sostenible, porque siempre hay más personas trabajando que las que
cobran pensión. Por eso, exigimos ya una auditoría de la Seguridad Social
para saber adónde fueron a parar los dineros de la hucha de las
pensiones, que estaba llenísima. Repetimos: el sistema público de
pensiones es sostenible y esa sostenibilidad va ligada a temas como la
creación de empleo, mejores salarios y condiciones de trabajo dignas,
eliminación de la economía sumergida de autóctonos y de inmigrantes, y
esto pasa por otorgar papeles a los inmigrantes, porque solo teniendo los
papeles se puede cotizar para las pensiones de todos; más trabajadores
cotizando y con mejores salarios, eso sí, garantizarán las pensiones de
hoy y de mañana.

Hoy, con publicidad engañosa, se nos pretende
hacer creer que el sistema público de pensiones no será suficiente para
vivir dignamente y que más vale hacerse un plan de pensiones privado por
las dudas. Nosotros no estamos en contra de nadie que quiera, si puede,
ahorrar para su futuro con su propio dinero, ¡faltaría más! Sin embargo,
pensamos que ese ahorro no puede ir a cargo del resto de los ciudadanos
ni que ese ahorro se pague con el dinero de todos. Me explico: este
proyecto prevé que el Estado rebaje impuestos a las empresas que
presenten planes de pensiones privados para sus trabajadores; es decir,
el Estado dejará de recaudar para todos y se beneficiarán solo unos
pocos. ¿Cuántos trabajadores de pequeñas y medianas empresas, cuántos
autónomos, cuántas empleadas del hogar o empleados de las subcontratas se
beneficiarán con esta medida? Sería más rentable que no se rebajen
impuestos por ese concepto y que dicha recaudación se vierta a la
Seguridad Social. Ahí sí se beneficiarían todos por igual.

Esquerra Republicana, hoy, por convicción y
también por lealtad a los pensionistas y jubilados de todo el Estado, que
lunes tras lunes se han organizado y manifestado en plazas en defensa de
las pensiones públicas y en contra de este proyecto de ley, votará en
contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 86 a 95, 98
y 99, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría
Fernández González.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, efectivamente, estamos hoy ante un
proyecto de ley importante en desarrollo de una de las recomendaciones
del Pacto de Toledo, concretamente la número 16. A partir de ahí, quiero
poner de manifiesto que el interés del Grupo Parlamentario Popular, no
solamente en el Senado sino también en el Congreso, hubiera sido llegar a
un acuerdo, a un pacto, a un consenso en el desarrollo de los planes
complementarios de pensiones. Créanme si les digo, señorías, que hemos
hecho todo lo posible por acercar posiciones, aunque no han tenido la
respuesta deseada del Gobierno ni del grupo mayoritario que lo apoya.
Presentamos una serie de enmiendas en el Congreso. He de decir, en honor
a la verdad, que se incorporó al texto de la ponencia en el Congreso una
enmienda muy importante, que es el 10 % de desgravación en la cuota
íntegra del impuesto sobre sociedades.

En definitiva, señorías, aquí estamos hablando
de pocas cosas, pero muy importantes. Estamos hablando de planes
complementarios que, como decía el presidente en la presentación del
proyecto de ley, es voluntario, es complementario y, desde luego, al ser
voluntario y complementario, tiene necesariamente que tener incentivos,
porque, si no, ni la voluntad se desarrolla ni la complementariedad se
produce. Y aquí es donde chocamos frontalmente con la postura que
defendió el Gobierno de España. Nosotros presentamos 14 enmiendas en el
Senado que quedaron reducidas a 2 por el veto del Gobierno al entender
que, lógicamente, se incrementaban los Presupuestos Generales del Estado.
Pero es que de eso estamos hablando; estamos hablando de incentivar, de
complementar, y lógicamente para que esto se produzca, tenemos que
incentivar. ¿Y dónde surgen las principales diferencias por parte de
nuestro grupo parlamentario? En la fiscalidad, en la transitoriedad.

Señorías, esta ley no tiene ni vacatio, es
decir, en el momento en que se apruebe, entra en vigor el mismo día de su
publicación. ¿Ello quiere decir que la ley va a desplegar todos sus
efectos jurídicos? En absoluto. ¿Y por qué no quiere decir eso? Por dos
razones fundamentales: una, porque hay muchísimos desarrollos
reglamentarios; nosotros consideramos que más de los que aconseja el
sentido común. Y, dos, porque los acuerdos colectivos tienen como
vehículo fundamental los convenios colectivos, y los convenios colectivos
que están en vigor, por mucho que entre en vigor esta ley, ni van a
desaparecer ni se van a quedar sin efecto.

Por tanto, los efectos en el tiempo que se van
a desarrollar una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del
Estado son muy largos, y por eso nosotros pensábamos que era muy oportuno
establecer un marco de transitoriedad. Ustedes, en el Gobierno, han dado
hachazo tras hachazo a los planes privados de pensiones y han impedido de
forma muy sutil y sibilina que los españoles puedan canalizar sus ahorros
voluntariamente a través de los planes privados, porque si los incentivos
que tenían cuando se concertaron son derogados por el Gobierno año tras
año, es evidente que resulta disuasorio, y nosotros planteábamos una
transitoriedad para que los planes individuales y suplementarios pudiesen
empezar a desplegar todos sus efectos desde el día de entrada en vigor de
la ley y tuviesen una traslación a los planes ulteriores de naturaleza
colectiva. Sus señorías no han apoyado estas enmiendas.

¿Qué otras cuestiones nos parecían también
importantes? Nos parecía muy importante que las asociaciones
profesionales de empleados públicos, que son los únicos que no están
legitimados para dar el impulso a los planes individuales para que se
conviertan en colectivos, fuesen tenidas en consideración en las partes
dispositivas de la ley correspondiente. Tampoco hemos conseguido
convencerles para que las asociaciones profesionales de empleados
públicos puedan tener esta capacidad de impulso que tienen todos los
trabajadores, que tienen las mutuas y que tienen todas las entidades de
colegiación colectiva.

Por otro lado, ¿qué introducen ustedes en la
ley? Algo que naturalmente tiene todo el sentido, y es que se establezca
una gran plataforma digital para que se puedan entremezclar todas las
informaciones y se pueda saber en un momento determinado qué aportaciones
realizan los empresarios, qué aportaciones realizan los trabajadores y
poder trabajar en consonancia desde el punto de vista de Hacienda y de la
Seguridad Social. A nosotros nos parece que esta plataforma digital
debería ser financiada por la Administración General del Estado; nos
parece de sentido común, porque es la Administración General del Estado
la que establece el vehículo con unas finalidades concretas y
determinadas, ya que este proyecto de ley es de los que exige Bruselas
antes del 30 de junio para que España pueda obtener recursos económicos
adicionales. Pero como el proyecto en sí no genera ninguna adicionalidad
económica, no estaría nada mal que la plataforma digital, que tiene un
coste importante, se financiase mediante el dinero de los fondos europeos
de recuperación.

Establecen ustedes también una tasa importante
que nosotros no consideramos adecuada, básicamente, porque la Dirección
General de Seguros no tiene entidad y autonomía presupuestaria. Por
tanto, esta tasa nace con un único afán recaudatorio, pero no puede nacer
con la voluntad de una mejora en la gestión, que sería lo que una tasa
por definición llevaría aparejado. Fijamos también una diferencia
fundamental en las aportaciones. Tenemos diferencias en las cantidades
iniciales que contiene el proyecto de ley; nosotros entendemos que habría
que incrementarlas con los incentivos correspondientes.

Por tanto, fiscalidad, transitoriedad,
empleados públicos y establecer esa legitimación por parte de los
empleados públicos para hacer la traslación de los planes privados a los
planes colectivos, pero, señorías, no fue posible llegar a un acuerdo.
Como saben ustedes, nos hemos quejado de la tramitación exprés de un
proyecto de una complejidad elevada. Con un fin de semana de por medio,
prácticamente, no pudimos estudiar en detalle todas las enmiendas como
hubiese sido nuestro deseo, porque todas plantean cuestiones
interesantes, aunque con algunas estamos en abierto desacuerdo; en todo
caso, lo que nos gusta es disponer del tiempo necesario para poder
realizar el estudio que requiere siempre el trabajo de los demás.

Señorías, aquí algo falla. Quiero finalizar
esta primera intervención con esa reflexión: algo falla en este
ministerio. Ya no me voy a referir al Gobierno. Algo falla en este
ministerio cuando el señor ministro no se entiende con nadie. (La señora
Rodríguez Calleja: Muy bien.— Aplausos). El señor ministro no se
entiende con muchos grupos parlamentarios, no se entiende con el
principal partido de la oposición, pero es que ¡ay amigo! parece que
tampoco se entiende con sus secretarios de Estado. (Aplausos). Al que
tengo el honor y la suerte de conocer es al de Seguridad Social, gran
profesional en la materia, tengo que decirlo con toda claridad: gran
profesional en la materia. Y en cuanto a Migraciones, llevamos tres, ¿no,
Sofía? Vamos por el tercero. Algo pasa en este ministerio y esta sería
una reflexión que convendría que ustedes hiciesen, porque cuando uno no
se entiende con todo el mundo es que el problema no está en todo el
mundo, está en uno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas
presentadas y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora senadora Godoy Tena.

La señora GODOY TENA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes, señoras y señores senadores.

Nos encontramos ante el Proyecto de Ley de
regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes
y fondos de pensiones. Esta iniciativa —y hay que recalcarlo—
favorece la existencia de fondos de pensiones de empleo de promoción
pública —y me van a oír esta palabra a lo largo de mi intervención
muchas veces: promoción pública— y aumenta la población cubierta
por dichos planes, siempre sustentados en el marco de la negociación
colectiva.

El actual sistema de planes de pensiones de
empleo está diseñado para planes de empleo de grandes empresas que a
todas luces es insuficiente e inadecuado. ¿Por qué? Pues porque existe un
amplio número de colectivos que no encuentran cubiertas sus expectativas,
como son las empresas pequeñas y medianas, los trabajadores de rentas
bajas, los autónomos o los empleados públicos de los pequeños y medianos
ayuntamientos. Actualmente, los planes individuales —que a algunos
les gustan mucho— son la oferta de fondos de inversiones
mayoritaria, planes con altas comisiones y muy orientados a niveles de
rentas altas.

Este proyecto de ley se ha diseñado para
superar estos problemas y dar cumplimiento, como ya se ha dicho, a la
recomendación 16 del Pacto de Toledo sobre sistemas complementarios, que
dice que es necesario impulsar los planes de pensiones de empleo
sustentados en el marco de la negociación colectiva, y al componente 30,
la reforma 5, del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que
dice que hay que revisar el marco regulador del sistema de pensiones
complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo
en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. Por
eso, en este texto se establece que se considerarán como fondos de
pensiones de empleo de promoción pública los promovidos por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Comisión
promotora y de seguimiento. En este texto se permite también el
desarrollo armónico entre planes de pensiones de empleo de promoción
pública y las entidades de previsión social voluntaria sin colisión
normativa en los ámbitos de planes sectoriales a nivel autonómico.

Como resumen, por adelantar, los ejes y
objetivos que se conseguirán a través de este proyecto de ley son que con
esta creación de fondos de pensiones de promoción pública se potenciará
la negociación colectiva y la creación de planes simplificados. Se
aumentará el número de personas trabajadoras, autónomos y empleados
públicos que puedan acudir a estos planes de empleo públicos. Se
conseguirá también que tengan menores comisiones y, por lo tanto, menores
costes para estos planes, siendo más eficientes que los planes
individuales. Tendrán un régimen fiscal más ventajoso. Estos planes de
pensiones de empleo públicos conseguirán trasladar el beneficio fiscal
hacia sus participantes, es decir, hacia los trabajadores, los autónomos
y los empleados públicos, y, sobre todo, que las empresas, los
trabajadores, los autónomos tengan seguridad, confianza y transparencia
en estos planes con la implantación de la plataforma digital común y la
supervisión de los fondos a través de la Comisión de control. En
definitiva, lograremos dar el impulso al segundo pilar del sistema de
pensiones, como nos hemos obligado a hacer en las recomendaciones del
Pacto de Toledo. Y todo esto se ha conseguido tras la tramitación de este
proyecto de ley en el Congreso con las enmiendas presentadas por los
diferentes grupos, muchas aprobadas y otras muchas más transaccionadas. Y
en el proceso de tramitación en el que ahora nos encontramos en el Senado
se han presentado 99 enmiendas, es verdad que 17 vetadas, pues es una
opción que tiene el Gobierno; no sé por qué se extrañan todos los grupos,
porque también lo hizo en el Congreso y lo hace en todas las leyes, y
todos hemos sufrido —nosotros también cuando era otro el Gobierno
de esta nación— que nos vetaran muchas de nuestras propuestas y no
pasaba nada. Eso es democracia.

Una vez analizadas pormenorizadamente las
enmiendas que se han presentado aquí, que tan solo —lo voy a
recalcar— 5 son nuevas, todas las demás son iguales a las
presentadas en el Congreso y, por lo tanto, ya rechazadas en su momento,
entendemos que todas se encuentran reflejadas en el texto ya aprobado en
la ponencia del Congreso que nos ha llegado. Y lo argumento. Un trabajo
que posibilitó la inclusión de mejoras vía enmiendas de los diferentes
grupos y vía transaccionales. Se habló, se dialogó entre el Gobierno y
los diferentes grupos; aquí también se ha hablado con los grupos y nos
hemos reunido con ellos el Gobierno y mi grupo parlamentario; se ha
intentado.

Permítanme que les recuerde algunas de las
modificaciones que tuvieron lugar en el Congreso gracias a las
intervenciones de otros grupos. Por ejemplo, el Grupo Confederal Unidas
Podemos: Incentivos de Seguridad Social, reducción de la cuota en vez de
reducción de la base. Principio básico de no discriminación de los
empleados nuevos, en vez de dos años que accedan inmediatamente al plan.






Todo plan de pensiones de empleo conllevará aportaciones, aunque sean
mínimas, del promotor.

Más País: No se podrá invertir —hacen muy
bien y estamos muy contentos en ese aspecto— en empresas que operen
en paraísos fiscales ni que hayan cometido delitos de carácter
medioambiental o laboral. Igualmente, como lo anterior, será exigible a
las entidades gestoras y depositarias adjudicatarias de los fondos de
pensiones de empleo de promoción pública. Y mejoras también en la
exposición de motivos relativas al carácter de los planes de pensiones de
empleo público no sustitutivo del sistema público de pensiones.

Con el PNV llegamos a acuerdos de exoneración
del impuesto sobre transacciones financieras a los fondos de pensiones de
empleo y al mutualismo de previsión social, además de a algunas de las ya
mencionadas mejoras respecto de las entidades de previsión social
voluntarias.

Con Ciudadanos se han mejorado los aspectos
fiscales, con especial atención a los autónomos. Una mejora específica
para los mutualistas autónomos de las mutualidades de previsión social
complementaria. También, respecto a gobernanza, se han establecido
requisitos de conocimiento y experiencia de al menos cinco años probados
para los miembros de la Comisión de control especial. Se ha aprobado y
establecido un marco común de estrategia de inversión que tendrá carácter
estable y a largo plazo, que deberá revisarse al menos cada cinco años.
Se ha establecido que las empresas podrán mejorar el importe
correspondiente a las contribuciones empresariales acordadas en
convenios. Se ha aprobado también la deducción en cuota del 10 % del
impuesto sobre sociedades de las contribuciones empresariales a planes de
pensiones de empleo público y mutualismo de previsión social. Y aquí me
van a permitir, sobre todo el señor Muñoz, que haga un inciso para
aclarar que dicha deducción, esa deducción del 10 % en el impuesto sobre
sociedades, no solo es aplicable a las empresas, sino también a los
autónomos, ya que la modificación de la Ley 27/2014, del impuesto sobre
sociedades, que se lleva a cabo con esa enmienda en el texto y que ya
está reflejado en lo que hemos recibido en esta Cámara, queda ampliada a
todos los que ejerzan una actividad económica en el artículo 68.2 de la
actual Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y leo
textual. Artículo 68.2: Deducciones en actividades económicas. A los
contribuyentes por este impuesto que ejerzan actividades económicas
—a cualquiera que ejerza actividades económicas— les serán de
aplicación los incentivos y estímulos a la inversión empresarial
establecidos o que se establezcan en la normativa del impuesto sobre
sociedades. Es lo que hicimos con esa enmienda en el Congreso. Por eso,
señor Muñoz Lagares, mi grupo considera que no es necesario aprobar su
enmienda porque ya se encontraría incluida en este articulado.

Incluimos enmiendas del Grupo Popular y también
transaccionamos, por ejemplo, les recuerdo algunas de gobernanza:
duración máxima de los cargos en la Comisión de control especial en estos
planes de seis años. La composición equilibrada de género también se
logró. La justificación motivada en el interés público si el ministerio
se opone a una demanda contra una empresa en la que se invierta. Los
planes simplificados pueden integrarse en un fondo de pensiones de empleo
de promoción pública abierto o en un fondo de pensiones de empleo de
promoción privada de su elección. Eran propuestas suyas y fueron
aceptadas. Con todas estas propuestas y más —he hecho un pequeño
resumen— de los diferentes grupos en el Congreso, podemos asegurar
que gracias a todas estas mejoras y a algunas más, fruto —y lo
recalco— del trabajo de todos los grupos parlamentarios, el texto
que hoy tenemos ha mejorado el original y entendemos que las enmiendas
presentadas ahora ya están incluidas.

Con todo lo anterior hemos diseñado una norma
que permite una estabilidad normativa fiscal y de incentivos que tendrá
una durabilidad a lo largo de las próximas décadas y el desarrollo de
planes de pensiones de empleos públicos que pueda alcanzar al 50 % de la
población activa ocupada en 2030. Es una gran meta que todos deberíamos
proponernos.

Podemos resumir que este Proyecto de Ley para
el impulso de los planes de pensiones de empleo, que son planes
colectivos, tiene las siguientes características esenciales, como
resumen, para que nos quede a todos en la cabeza, frente a esos fondos de
pensiones individuales y privados. Primero, el desarrollo del segundo
pilar, que es este, no es un sustitutivo del sistema público de pensiones
ni lo pone en peligro; no. Sistema complementario, pero no lo pone en
peligro. El desarrollo insuficiente e insatisfactorio de los sistemas
complementarios encuentra por fin en este proyecto de ley cómo hacerlos
más adecuados, y de forma preferente deben basarse en planes de empleo y
enmarcarse en la negociación colectiva. Además, cuentan con fórmulas de
apoyo a los salarios más bajos y a las carreras profesionales más
vulnerables y mantienen un régimen fiscal y jurídico diferenciado. Su
funcionamiento está basado en los principios de transparencia hacia los
ahorradores y de rendición de cuenta de los gestores.

Con este proyecto de ley el Gobierno de Pedro
Sánchez cumple nuevamente buscando fórmulas legislativas que nos hagan
avanzar más en políticas de Seguridad Social, con las que han asegurado
la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el primer pilar, que
es, y no lo duden, nuestra apuesta para las pensiones presentes y
futuras. Y esas medidas que ya hemos tomado son: la separación de las
fuentes de financiación, la revalorización de las pensiones con el IPC
que garantiza el poder adquisitivo, la derogación del factor de
sostenibilidad del Partido Popular del 2013, los mecanismos de equidad
intergeneracional que aseguren las pensiones de la generación del baby
boom, y hay que añadir, porque también están relacionadas, la subida del
salario mínimo interprofesional y la reforma laboral aprobada. A todas
estas cosas que yo he dicho, el Partido Popular se ha opuesto a lo largo
de toda su tramitación y ha votado en contra. (Aplausos). Todas,
absolutamente todas.

Hay que recordar, y lo tenemos en nuestro
frontispicio, que debemos responder al mandato no ya de la
recomendación 16 del Pacto de Toledo, sino a lo que nos dice nuestra
Constitución, y lo voy a leer para recordárselo a todo el mundo.
Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público
—público— de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes. Artículo 50:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad.

Eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo
de esta legislatura y siempre en los gobiernos del Partido Socialista,
porque queremos un primer pilar, el del sistema de pensiones de promoción
pública, fuerte y sostenible, y facilitar que el segundo pilar llegue a
todos con las mejores condiciones y a través de la negociación
colectiva.

Como ya he dicho anteriormente, lo que mueve a
este Gobierno de progreso, al Gobierno de Pedro Sánchez, es avanzar más
en políticas de pensiones públicas para todos. Y me apena escuchar a
quien dice que este no es un modelo de pensión pública, pero también me
apena escuchar que no hemos trabajado y que no hemos consensuado.
Señorías, lo he dicho antes y lo repito: el Gobierno se ha reunido y ha
hablado con todos los grupos, en el Congreso y en el Senado. Se han
aceptado y se han trabajado enmiendas en el Congreso y transaccionado
entre todos los grupos. Cuando digo todos los grupos, digo todos,
incluido Vox. (Denegaciones del señor Marín Gascón). Sí, en el Congreso
hay enmiendas transaccionadas. Pero aquí han traído justo las mismas; las
que son diferentes, como he argumentado, o están incluidas o están ya
reflejadas en la ley. Pero lo que nos preocupa es que se rechace este
modelo de pensiones complementarias públicas —y lo vuelvo a
recalcar— simplemente por razones que no entendemos, que no son
precisamente las que más benefician a los trabajadores, a los autónomos,
a las pequeñas empresas o a los empleados públicos, sino razones
partidistas del no por el no, razones como: me da igual lo que me digas
porque yo siempre te voy a votar en contra. Y a lo largo de esta mañana
hemos oído muchos votos en contra de todas las leyes que llevamos
debatiendo, y, por desgracia, una muy importante: la de igualdad de
trato.

Esperamos, sobre todo por los ciudadanos, que
ese tiempo nuevo de moderación y de consenso que dice el señor Feijóo que
quiere aplicar y que ha anunciado, lo demuestren en este Proyecto de Ley
para el impulso de planes de pensiones públicas, no por nosotros, sino
por los trabajadores, por los autónomos, por las pequeñas y medianas
empresas, por los empleados públicos de los pequeños ayuntamientos,
porque lo necesitan. Por una vez digan sí a este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

A continuación, pasamos al turno de
portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, estamos debatiendo un proyecto de ley
que, como viene siendo habitual, no ha pasado previamente por el Pacto de
Toledo, lo que demuestra una falta de consideración por parte del
Gobierno. Es un proyecto de ley que tampoco tiene el respaldo de los
agentes sociales y de las organizaciones de autónomos. Hablamos de un
proyecto de ley que en sus propuestas se queda corto, consolida
desigualdades y apunta dirigismo político. Primero, se proponen
incentivos fiscales claramente insuficientes, unos incentivos que se
centran en bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social, pero se
olvidan de incorporar un incentivo adicional en el impuesto sobre
sociedades, tal y como existía hasta el año 2012. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Segundo, establecen límites a las aportaciones
máximas de los trabajadores a sus planes de empleo y hacen que estas
dependan de las aportaciones de las empresas. No conviene establecer
límites a las aportaciones máximas de los trabajadores a los planes de
empleo y tampoco hacer que estas dependan de las aportaciones de las
empresas. Entendemos que esta no es la mejor forma de potenciar este tipo
de planes.

Tercero, este proyecto de ley demuestra una
clara intención de dirigismo por parte del Gobierno, dirigismo que se
pone de manifiesto a la hora de analizar la composición y funciones de la
Comisión promotora de los fondos de pensiones de promoción pública. Se
ampara la injerencia del Estado en el manejo del dinero de los
trabajadores y autónomos, dado que serán empleados públicos de los
ministerios quienes decidan qué se hace y dónde se invierte el dinero de
los planes de promoción pública. ¿Tiene sentido que nueve empleados
públicos decidan qué se hace y dónde se debe invertir el dinero de los
trabajadores? ¿Tiene sentido que entre los nueve miembros no se designen
profesionales de reconocido prestigio? ¿Existe la posibilidad de exigir
responsabilidades a los miembros y a quienes les han nombrado por definir
una estrategia de inversión errónea?

Cuarto, es un proyecto de ley que discrimina a
los trabajadores autónomos, quienes solo se pueden deducir un máximo
de 5750 euros al año entre el plan de pensiones de empleo y el plan
individual frente a los 10 000 euros al año para los trabajadores por
cuenta ajena y, además, no tienen las bonificaciones de la cuota
empresarial que sí tienen las empresas.

Quinto, es un proyecto de ley que consolida la
discriminación de los planes de pensiones individuales, ya que las
aportaciones con derecho a desgravación en el IRPF se mantienen
en 1500 euros.

Y, sexto, consolida la discriminación respecto
a los territorios forales, donde el límite de la aportación anual al
sistema de previsión social individual es de 5000 euros, frente a
los 1500 euros del resto de España.

Señorías, a Vox y a todos los españoles nos
preocupa que la estrategia de inversión se encuentre en manos de quienes
no son capaces de equilibrar las cuentas públicas, registrándose déficits
continuados año tras año y sin voluntad real de corregirlos. Nos preocupa
que no haya parado de aumentar la deuda pública. Recordemos que cuando
llegó el señor Sánchez al poder, la deuda pública se encontraba en
niveles de 1,2 billones —con b— de euros y que pasados cuatro
años ha subido a 1,4 billones —con b— de euros; es decir, ha
pasado de 25 741 euros a 30 722 euros de deuda por cada uno de los
españoles. Por tanto, este Gobierno en cuatros años nos ha endeudado más
aún a cada uno de los españoles en 5000 euros. Eso merece una gran
celebración. Como dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estamos
haciendo cosas chulísimas; ya se ve lo chulas que son, empobreciendo más
aún a los españoles. Si a lo anterior le sumamos la pérdida de riqueza
que supone una inflación en niveles del 8,7 %, tendremos una imagen clara
de los resultados de las políticas de un Gobierno con una absoluta falta
de credibilidad.

A Vox y a muchos españoles nos preocupa la
credibilidad de un Gobierno que cambia continuamente las estimaciones de
crecimiento de la economía y que, con sus políticas y con su falta de
sentido de la realidad, ha provocado que nuestro país se sitúe a la cola
de la recuperación de la Unión Europea, ya que no alcanzamos el nivel de
riqueza previo a la pandemia de la COVID-19 hasta el tercer trimestre
de 2023. A Vox y a muchos españoles nos preocupa que se condicione la
estrategia de inversión al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible, más aún con un Gobierno que no sabe fijar objetivos, como
vemos en los cambios continuos en las estimaciones de crecimiento del
PIB, inflación o déficit.

Señorías, en Vox estamos a favor de mecanismos
que permitan complementar la pensión pública; en Vox estamos a favor de
medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los pensionistas; en
definitiva, en Vox estamos a favor de una gestión pública eficiente. Por
lo expuesto anteriormente, votaremos en contra de este proyecto de
ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra la señora Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias. Intervendré
desde el escaño.

Por nuestra parte, ya teníamos en cuenta que
iba a ser complicado que se aceptaran las enmiendas. Sí que hemos hablado
con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que estas
propuestas se van a tener en cuenta en el desarrollo del reglamento. Por
esa razón, votaremos a favor y seguiremos de cerca que así sea y se
apliquen en ese desarrollo.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Nos llega un proyecto de ley que, en términos
generales, es positivo y compartido por los liberales. Los planes de
pensiones en el marco de las relaciones laborales nunca han acabado de
coger el peso que sí vemos en otros países de nuestro entorno. Mientras
que en países como Alemania o Bélgica la cobertura llega a más del 40 %,
en España no alcanza el 10 %. Impulsar los planes de pensiones, ya sea de
empleo o individuales, no supone en ningún momento un ataque ni merma
alguna al primer pilar, al sistema público de Seguridad Social. Eso debe
quedar claro, y los liberales así lo defendemos. Son actuaciones, por
definición, complementarias. Lo que sí merma y amenaza el sistema público
de pensiones es la negación de la realidad en la que viven inmersos el
Gobierno y sus socios. El incremento casi sin límites de la tasa de
sustitución y del gasto de la Seguridad Social es despachado por el
Gobierno de un plumazo, diciendo que se soluciona sencillamente con los
ingresos del mercado laboral, con más empleo estable y con más calidad.
Dan una patada hacia delante, pero es totalmente irresponsable, porque
hay que tomar medidas de calado que reviertan en las arcas públicas y en
el sostenimiento de la Seguridad Social. Una sinrazón, se tapa los ojos y
los oídos para no ver la realidad presente y sobre todo futura. Claro que
también queremos más empleo y de más calidad, y somos los primeros que
luchamos para conseguir que el empleo sea más estable y tenga más
calidad, pero no podemos abstraernos de la más básica aritmética ni
tampoco de la realidad demográfica de nuestro país. Lo que sí merma y
amenaza el sistema público de pensiones es una reforma como la aprobada
en diciembre pasado, que carece de la más mínima solidaridad
intergeneracional.

Los liberales hemos conseguido en este proyecto
ley cuestiones que mejoran la situación de los trabajadores autónomos y
empresas; hemos logrado que el Gobierno ceda e introduzca una deducción
en el impuesto sobre sociedades para las empresas que aporten los planes
de pensiones de empleo; hemos establecido requisitos de experiencia
profesional en la gestión de los planes para evitar que sean gestionados
por enchufados del Gobierno o por sindicalistas; hemos dado flexibilidad
a las empresas para que puedan desarrollar sus propios planes de
pensiones de empleo. Los liberales hemos logrado incorporar la deducción
íntegra del impuesto sobre sociedades del 10 % de las contribuciones
empresariales, que es un incentivo fundamental para fomentar e impulsar
la creación de planes de pensiones en el seno de la negociación
colectiva.

Por todo ello, aun no siendo nuestro proyecto
de ley y entendiendo que aún se queda corto, vamos a apoyarlo y tendrán
nuestro voto favorable.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda de nou.

En Junts per Catalunya compartimos el fondo de
este proyecto de ley, pues creemos en la implantación de instrumentos de
previsión social complementarios. Es esta una demanda de la Unión Europea
ciertamente, como se decía, contemplada en su Pacto de Toledo, y para
nosotros es una herramienta propia de países desarrollados, que
entendemos que en el contexto de incertidumbre actual y endeudamiento del
sector público español también se convierte en una garantía. Igualmente
se convierte en una garantía ante el riesgo de que el Estado vuelva a
meter la mano en la caja de la Seguridad Social. Y en nuestro caso
también una forma para garantizar que el capital de estos fondos quede a
salvo para los contribuyentes catalanes con la independencia, minimizando
así el discurso del miedo en relación con la pérdida de pensiones
practicado por el constitucionalismo. Una independencia, la nuestra, que
sin duda representa todo lo contrario; una independencia que es la única
que va a garantizar pensiones justas para todos los ciudadanos catalanes,
pensiones similares a las de los Estados más avanzados de Europa.

Pero esto no nos impide hoy decir que el texto
que se va a aprobar es mejor que el original, pues ciertamente se
introdujeron mejoras en su trámite parlamentario en el Congreso, donde se
actualizaron aspectos como los incentivos y mejoras fiscales o se
pusieron las bases para fijar la equiparación de los autónomos a los
trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, para Junts per Catalunya no
es suficiente, y no lo es porque, como está ocurriendo de forma
reiterada, cualquier reforma legislativa, sea en el ámbito que sea, no
respeta ni mejora el marco competencial, sino todo lo contrario, lo
erosiona a favor de la uniformización y la centralización. Por poner
algún ejemplo, pasó con la LOMLOE que tenía que blindar el catalán, o
como hemos visto hoy con la Ley de audiovisuales. El etcétera podría ser
largo, pero no podría exponerlo ni aunque me doblaran el tiempo.

En esta ocasión, con el proyecto que nos ocupa,
entendemos que se imponen unas condiciones que limitan las posibilidades
de Cataluña de disponer de un sistema propio en materia de previsión
social complementaria y se dificulta el desarrollo de un instrumento de
naturaleza mutualista hasta hoy amparado por el ya laminado Estatut que
nos dejaron después de su paso por las Cortes y por el Constitucional.
Por esto mismo y, como les decía, a pesar de compartir buena parte del
fondo de la iniciativa, a pesar del talante dialogante del senador Muñoz
y de los contactos con el Gobierno, en Junts per Catalunya nos mantenemos
en el no y vamos a votar en contra, porque lo que no podemos hacer bajo
ningún concepto es desnaturalizar nuestro propio sistema basado en las
mutualidades de previsión social y mucho menos ser cómplices o partícipes
de su liquidación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías del Partido Socialista, me van a
permitir que les diga que estamos perdiendo un poquito el norte. Después
de escuchar ayer a la exministra, la señora Calvo, y a otros portavoces
de los partidos que forman parte del Gobierno de España, resulta que hay
que alegrarse de que el Partido Popular haya sacado mayoría absoluta en
Andalucía porque eso ha evitado que Vox entre en el Gobierno. Y con la
misma lógica aplastante, resulta que ahora hay que alegrarse de que el
Gobierno más progresista de la historia promueva los planes de pensiones
de empresa porque al menos son colectivos. Miren, señorías del Partido
Socialista, siento decírselo a ustedes, y siento decírselo así al señor
Escrivá, pero es que con razón ha dimitido su secretario de Estado de
Seguridad Social.

Señorías, yo creo que ya somos mayores como
para andar haciéndonos los ingenuos en una materia de la entidad que
tiene la que se trae hoy al Pleno. Quienes llevan años alimentando el
bulo de que el sistema de pensiones está quebrado son los mismos que hoy
están promoviendo esta ley y, por tanto, son sus grandes beneficiarios:
aseguradoras, entidades financieras, comisionistas, esencialmente las
rentas más altas, y no lo digo yo, que sería lo menos grave, es que esto
lo dice la Airef.

Poco le ha importado a un partido que se dice
constitucionalista, como hemos escuchado en el día de hoy —a pesar
de que luego estrangula el procedimiento legislativo para que los
senadores no podamos hacer bien nuestro trabajo—, que esta reforma
ponga en cuestión nada más y nada menos que el artículo 50 de la
Constitución, que habla, como ustedes bien saben, de pensiones públicas
garantizadas, adecuadas y suficientes. Eso significa, señorías, que
naturalmente hay margen para que quien quiera acuda a un fondo de
pensiones privado para complementar su pensión. ¡Faltaría más! Nosotros
estamos de acuerdo y aceptamos la disposición decimosexta del Pacto de
Toledo, pero el Estado, señorías, no puede dejar en manos de los fondos
de inversión la garantía de la pensión de la mayor parte de los
españoles, porque eso es ni más ni menos, señorías, abrir la puerta a la
privatización de las pensiones, y ya les digo que para eso con nosotros
no van a contar ni hoy ni en adelante.

Señorías, yo no sé si ustedes se han dado
cuenta, pero los pensionistas españoles no son los pensionistas alemanes.
Aquí, en España, la pensión más habitual está entre 600 y 700 euros, es
decir, el 53 % de los pensionistas españoles no llega al salario mínimo
interprofesional. Nuestras madres y nuestras abuelas cobran de media
menos de 421 euros al mes, y esto, señorías, es lo que yo creo
humildemente que le debería quitar el sueño a un Gobierno que se dice
progresista, no cumplir con la agenda neoliberal de partidos que, por
cierto, les están comiendo a ustedes la tostada. ¿De qué ahorro nos están
hablando, señores del Partido Socialista, cuando resulta que el salario
medio anual en menores de 26 años es de 7252 euros y en menores de 35 es
de 16 137? Lógicamente, señorías, con esta realidad su reforma no puede
ser producto de ningún consenso social ni político, porque responde a una
realidad muy diferente a la de nuestro país.

Señorías, a muchos trabajadores hoy les
preocupa que estos planes de pensiones de empleo puedan suponer una nueva
pérdida de poder adquisitivo, un problema que se suma al de la gasolina a
más de 2 euros o al de la cesta de la compra que está a un 10 % por
encima, y la patronal negándose a actualizar los salarios. ¿De verdad los
salarios de los trabajadores de este país necesitaban una nueva vuelta de
tuerca? ¿De verdad es una estrategia correcta para un socialista aquella
que asume el riesgo de que estos planes supongan una reducción de los
salarios de los trabajadores? Señorías, lo evidente es que esta reforma
no buscaba fortalecer la Seguridad Social porque, ciertamente, el efecto
inmediato que tendrá será su adelgazamiento, que es exactamente lo mismo
que buscan sus promotores, que son los mismos, por cierto, que defienden
la mochila austriaca, las políticas de austeridad y el liberalismo de
amiguetes, y para muestra un botón: esta iniciativa va a salir adelante
gracias, entre otros, al apoyo de sus socios, parece, de Ciudadanos. Se
lo digo, señorías del Partido Socialista, con toda sinceridad y con el
deseo de que corrijan cuanto antes este rumbo. Es profundamente
decepcionante. Si este Gobierno no responde verdaderamente a las
expectativas de los trabajadores y de los pensionistas, la alternativa,
señorías, ya está sentada en esta Cámara, y ustedes saben tan bien como
yo que no dudarán en acometer las reformas que los grupos de interés a
los que representan les piden.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Extano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Eguerdi on guztioi.

Cuando hablamos del impulso de los planes de
pensiones de empleo, mi grupo entiende que hablamos de instrumentos de
ahorro a largo y medio plazo para los y las trabajadoras, de herramientas
de inversión bajo la tutela de los poderes públicos, de planes de
pensiones de empleo sustentados en la negociación colectiva y, sobre
todo, hablamos de prestaciones no sustitutivas del sistema público de
pensiones. Hablamos, por tanto, de instrumentos que sirven al sistema
público en cuanto ofrecen a los trabajadores y trabajadoras un ámbito de
ahorro incentivado complementario al de las prestaciones del sistema
público de pensiones y que vienen a complementar y no a sustituir las
pensiones públicas.

Con esta ley, además, estamos concretando la
recomendación 16 del Pacto de Toledo. Cuando hablamos del impulso de los
planes de pensiones de empleo sustentados en la negociación colectiva y
con carácter complementario y no sustitutivo del sistema público de
pensiones, entendemos que no deberíamos ni contraponer ni confundir el
pilar 1, el sistema público de pensiones, que es obligatorio, con el
pilar 2, sustentado en la negociación colectiva y que tiene un carácter
complementario.

En Euskadi, el desarrollo de esta competencia
exclusiva del artículo 10.23 del Estatuto de Gernika ha permitido el
fomento y desarrollo de los instrumentos de previsión social
complementaria de Euskadi. EPSV con un grado de desarrollo consecuencia
de dos elementos fundamentales: Uno, la negociación colectiva, la
vitalidad de la negociación colectiva, que ha sido causante desde hace ya
más de treinta años no solo del nacimiento de las EPSV, sino de su
potenciación; y dos, que las EPSV nunca se han entendido como un elemento
de competencia del sistema público de pensiones, sino fruto de la
conciencia de que es necesario mejorar las futuras pensiones.

En este sentido, creo que la experiencia que
hemos tenido en Euskadi es suficiente para ahuyentar fantasmas que
algunas visiones dogmáticas están pretendiendo proyectar sobre la
realidad, sobre una realidad que no solo existe en un ámbito más cercano,
sino que además es la generalizada en el ámbito de la Unión Europea.
Cuando nuestro grupo analizó el anteproyecto de esta ley presentado por
el Gobierno, entendimos que había ámbitos de mejora y propusimos seis
enmiendas.

En primer lugar, para que el contenido de la
ley estuviera alineado con la recomendación 16, impulsando la fórmula de
empleo de los sistemas de previsión social, es decir, favoreciéndolos.
Son esos sistemas, los de empleo, y no otros los que creemos que debe
impulsar esta ley. En segundo lugar, a la salvaguarda y protección de los
instrumentos existentes de previsión social en las comunidades autónomas
allí donde ya existieran, como era el caso de Euskadi. Y tercero, a la
adopción de medidas que supongan el impulso del sistema para que, en el
marco de la negociación colectiva, se favorezca que empresarios y
empresarias, trabajadores y trabajadoras, pero también autónomos y
autónomas, adopten decisiones dirigidas bien a la creación de estos
mecanismos, bien a su integración en otros ya existentes. Sería esta una
de las grandes novedades de esta ley. Y una sexta enmienda sobre las
exenciones del impuesto sobre transacciones financieras a las
adquisiciones realizadas por planes de pensiones de empleo, por
mutualidades o EPSV sin ánimo de lucro, tal y como se hace en Francia y
en Italia, cuyos modelos fueron referencia cuando se aprobó la tasa de
transacciones financieras, y que es importante si tenemos en cuenta la
responsabilidad social de las entidades de previsión social en sus
inversiones financieramente sostenibles y arraigadas al territorio. Como
saben, estas enmiendas están ya incorporadas al texto y por eso nuestro
voto fue favorable a este proyecto de ley.

Finalmente, en esta ley hay una proyección
desde la propia ley vasca actual en cuanto al control de los poderes
públicos que no se puede dejar de tener en cuenta. Con esta ley se
pretende contribuir a generalizar la previsión social complementaria
sustentada en los sistemas colectivos y de empleo implementando
mecanismos de transparencia, de eficiencia y solvencia, y sobre todo de
control de los poderes públicos. No se puede dejar de tener en cuenta
este aspecto basándonos en modelos de éxito, como el de Geroa en Euskadi.
Han tenido éxito porque ha sido un modelo de control, de rentabilidad, de
gestión clara, responsable y transparente, comprometido con su entorno,
que invierte su patrimonio en el tejido industrial vasco, siguiendo
criterios de inversión socialmente responsables, un sistema extrapolable
también a las EPSV de empleo de las instituciones públicas. Esto hace que
los datos en Euskadi sean mejores en cuanto al porcentaje de empleados
que tienen estas EPSV. Si en Europa están suponiendo entre el 25 % y
el 90 %, en Euskadi están alrededor del 40 %, y en el Estado, en España,
como figura en la exposición de motivos, están alrededor del 10 %.

Termino. Hoy, nuestro grupo va a apoyar este
proyecto de ley, este texto, porque entendemos que sirve para impulsar un
sistema de protección social homologable al resto de la Unión Europea,
respetuoso con el ámbito competencial vasco y del resto de comunidades
autónomas con competencias exclusivas en la materia de mutualidades no
integradas en la Seguridad Social.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidenta. Senatari jaun-andreok, eguerdi on.

Hoy debatimos el proyecto de ley para el
impulso de los planes de pensiones de empleo, denominado también como el
segundo pilar del modelo de previsión social, que viene a complementar el
primer pilar, es decir, las pensiones públicas a cargo de las
cotizaciones; una ley que hay que aprobar antes del 30 de junio como
requisito de la Unión Europea. Una opción hubiese sido sacarla adelante
con las demandas de la derecha, que venían a reforzar los planes de
pensiones individuales, pero Euskal Herria Bildu ha optado por dialogar y
negociar los aspectos que más nos preocupaban de los planes de pensiones
de empleo. Hay que tener en cuenta que, en materia de mutualidades no
integradas en la Seguridad Social, según el Estatuto de Gernika, la
Comunidad Autónoma Vasca tiene competencia exclusiva; de momento, la
única competencia relativa a las pensiones; y desde 1983 tenemos una ley
de entidades de previsión social voluntaria que ha dado como resultado
que hoy en día el 50 % de la población en nuestro país esté asociada a
una EPSV y el 40 % sean planes de pensión de empleo. Por tanto, nos
preocupaba que en esta ley no se tuviera en cuenta esta singularidad,
este recorrido, y algunas enmiendas iban en la dirección de proteger los
instrumentos de previsión social que ya existen. Además, hemos intentado
dejar una puerta abierta a más competencias en materia de Seguridad
Social que, aunque vengan reconocidas en el Estatuto de Gernika, hoy por
hoy todavía no han sido transferidas.

Señorías, la implantación de las EPSV en
nuestro país se ha hecho posible en la población que más renta tiene;
el 60 % de los trabajadores con rentas altas está asociado a una entidad
de previsión, sobre todo en sectores como la Administración, las
cooperativas y las grandes empresas. Por tanto, la pregunta que nos
hacemos es por qué no dar una oportunidad y extender e impulsar este
instrumento de ahorro a aquellas personas con menos rentas, trabajadores
autónomos y pequeñas empresas y que los planes de pensión de empleos sean
una cuestión más que se pueda tratar en la negociación colectiva,
contemplando dentro de la remuneración de los y las trabajadores una
renta para el futuro. Lo cierto es que para los sindicatos no es una
prioridad en este momento, y es lógico. ¿Cómo se puede poner el foco en
fomentar el ahorro en una situación en la que la pérdida de poder
adquisitivo está empobreciendo a la mayoría de la sociedad? Puede que la
obligación legislativa no venga en el mejor momento. Aunque la ley
intente impulsar esta herramienta, habrá que ver qué grado de
implantación consigue. Por otra parte, es lógico pensar que, si se
necesita una previsión social complementaria para dar cobertura a
contingencias no suficientemente atendidas, estamos reconociendo que las
pensiones públicas no son suficientes ni lo serán, y esto genera malestar
en fuerzas progresistas, pero lo cierto es que hoy en día las personas
que se jubilan tienen de media un 30 % menos de ingresos que cuando
estaban en activo, y la tendencia es a la baja.

Por ello hemos dejado claro que, aunque las
obligaciones legislativas obliguen a poner el foco en este momento en el
segundo pilar, no podemos olvidar que la prioridad tiene que ser reforzar
el primer pilar, y en este sentido para Euskal Herria Bildu era
importante asegurar, y lo hemos conseguido, que el impulso de los planes
de pensiones de empleo no supongan ningún riesgo de pérdida de ingresos
para la Seguridad Social, es decir, el hecho de impulsar planes de
pensiones de empleo con incentivos a través de la deducción de cuotas
empresariales no puede mermar la caja de la Seguridad Social. En
definitiva, no podemos permitir que para impulsar el segundo pilar se
debilite el primero. Además, como gesto de voluntad del Gobierno de
reforzar el primer pilar, hemos conseguido un acuerdo para aumentar en
un 15 % las pensiones no contributivas. Es un acuerdo que beneficiará
a 400 000 pensionistas en todo el Estado y a 15 000 en la comunidad
autónoma vasca, en su mayoría mujeres que no tienen suficientes años de
cotización y que tienen pensiones de miseria. Aun así, no es suficiente y
seguiremos insistiendo en que una sociedad decente no puede permitir que
haya pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Señorías, son
necesarias reformas para garantizar un sistema público fuerte, pero tiene
que ser una reforma redistributiva y solidaria y que garantice unas
pensiones que posibiliten vidas dignas. Por tanto, reconociendo que hemos
mejorado la ley en el trámite parlamentario y que hemos frenado la idea
de la derecha de impulsar planes de pensiones privados y teniendo en
cuenta los claroscuros que he mencionado en mi intervención, Euskal
Herria Bildu se va a abstener en esta ley.

Muchas gracias, señorías. Eskerrik asko,
presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Fernández González.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora
presidenta.

El 19 de noviembre del pasado 2020 se aprobaba
con un alto grado de consenso y de acuerdo el Pacto de Toledo, en el que
existían una serie de recomendaciones, como saben y conocen
perfectamente, entre las cuales se encontraba la número 16, que es en la
que se basa el proyecto de ley que hoy traemos a consideración del Pleno
del Senado. El alto grado de consenso, señorías, establecía el desarrollo
de los planes colectivos de pensiones vehiculados a través de la
negociación colectiva y de los convenios y también, igualmente, los
planes privados de pensiones. Decíamos en nuestra primera intervención
que los planes privados de pensiones, que no los niega el Pacto de
Toledo, el Gobierno se ha encargado de convertirlos en un instrumento
disuasivo, porque se varió brutal y radicalmente la fiscalidad que hizo
atractivo a una buena parte de españoles tratar de vehicular a través de
estos instrumentos financieros, que no están tipificados en el Código
Penal, un complemento para cuando tengan derecho a la pensión. El grado
de acuerdo parlamentario, señorías, no se acompasó con el desarrollo
ulterior de las sucesivas reformas del sistema de pensiones. Victorias
escasas, que yo calificaría de pírricas en ocasiones, como fue la
modificación del artículo 60 de la Ley general de la Seguridad Social,
que en el Congreso de los Diputados obtuvo una victoria por una
diferencia de 4 votos; un plan, señorías, que puso en marcha el Gobierno
del Partido Popular, que entonces se llamaba complemento de maternidad y
que hoy se llama complemento de brecha de género. Ustedes han modificado
única y exclusivamente un proyecto que los populares pusieron en marcha.
La Ley de revalorización de las pensiones, señorías, tampoco tuvo un alto
grado de seriedad ni de rigor parlamentario. Entró en las Cortes
Generales sabiéndose que ustedes querían modificar el grado de revisión o
de modificación de las pensiones, pero en ningún caso aparecía en el
proyecto de ley el nuevo instrumento que se denominaría MEI y fue
introducido en una reforma parcial en el propio Congreso de los
Diputados.

Por todas esas razones, señorías, lo decíamos
en la primera intervención, no creemos que se haya sabido valorar el alto
grado de acuerdo y de consenso que se obtuvo en el Pacto de Toledo, y en
el desarrollo ulterior y reglamentario no ha sabido el ministerio
atesorar ni mantener ese alto grado de consenso, sino que, muy al
contrario, se fue perdiendo votación tras votación, apoyos tras apoyos y
lo que fueron mayorías robustas se convirtieron en mayorías exiguas.
Señorías, yo creo sinceramente que podía haberse llegado a un acuerdo,
nosotros hicimos todo lo posible en el Congreso de los Diputados y
también aquí en el Senado en el poco tiempo del que dispusimos, pero el
Gobierno, y hoy lo hemos visto en la intervención de la portavoz del
grupo mayoritario, hizo hincapié en el sistema público de pensiones. De
momento no se ha modificado el título del proyecto de ley, por tanto, son
los planes de pensiones, los públicos y los privados, y sinceramente
creemos que tiene que ser la libertad de las personas y la libertad de
las empresas las que puedan hacer una traslación de incrementos
adicionales para el futuro, ya que probablemente sea muy interesante, y
yo diría que muy necesario, complementar las pensiones que nos pueda
otorgar la Seguridad Social con lo que hemos contribuido año tras año a
lo largo de nuestra vida laboral. Pero nosotros no vemos con buenos ojos
ese intervencionismo exagerado y radical que el Gobierno quiere
introducir a través de este proyecto de ley. Creemos que, por el
contrario, debería haber un mayor margen de maniobra, una transitoriedad
para poder pasar de los planes personales y de los planes privados a los
planes colectivos y no castigar, como hace la ley, a los autónomos
fundamentalmente, que se ven perjudicados al no poder hacer esa
traslación.

Por todas estas razones, señorías, nosotros
creemos que esta hubiese sido una buena ocasión para el acuerdo, pero una
vez más, como sucedió en reformas anteriores, el Gobierno ha dejado
escapar ese acuerdo que hubo en el Pacto de Toledo y en sus
recomendaciones, y créanme si les digo que lo lamentamos
profundamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías, quiero comenzar diciendo que, al
margen de las críticas que se han expuesto en relación con los vetos del
Gobierno y la tramitación de urgencia de la ley —que una responde
al impacto presupuestario y otra al cumplimiento del compromiso con
Europa—, quiero agradecer el tono sosegado del debate y la defensa
argumentada y razonada de los distintos puntos de vista de los grupos que
se han expuesto. Sin embargo, después de escuchar las intervenciones de
los grupos, quisiera apuntalar algunas afirmaciones que se han hecho y
matizar algunas cuestiones.

Como se ha dicho ya, el artículo 41 de la
Constitución establece en nuestro sistema de pensiones tres pilares: el
primer pilar es el que todos y todas conocemos, financiado con las
cotizaciones sociales y abonado a través de las pensiones de la Seguridad
Social; el tercer pilar son los planes privados de pensiones, que
cualquier persona, en su casa o no, trabaje o no trabaje, puede hacer con
una entidad financiera, y el segundo pilar son los planes de pensiones de
empleo, que es lo que estamos abordando hoy aquí y que se pusieron en
marcha en nuestro país con la Ley 8/1987; por tanto, no son nuevos y
llevan tiempo funcionando en España. Sin embargo, en estos momentos en
nuestro país solo 1 de cada 10 trabajadores tiene acceso a estos planes,
mientras que en países de nuestro entorno la ratio es 1 de cada 2
trabajadores. La intención de la ley, como aquí se ha dicho, es impulsar
mediante incentivos que las empresas, junto con los trabajadores, creen
sus planes de pensiones y puedan hacer esas aportaciones, y digo la
empresa junto con los trabajadores porque estos planes se sustentan
principalmente en la negociación colectiva, potenciando y reforzando el
diálogo social.

Señorías, el objetivo de la nueva norma que
traemos hoy a debate es facilitar el acceso a estos planes colectivos a
trabajadores de rentas medias y bajas, a pequeñas y medianas empresas,
así como a los trabajadores autónomos y a los jóvenes —los
trabajadores de las grandes empresas ya pueden acogerse a estos
planes—. Aquellos grupos que votan en contra, que expliquen a los
autónomos y a los trabajadores de medianas y pequeñas empresas que ellos
no pueden acogerse a esto, que se lo expliquen. (Aplausos).

Otro aspecto que es necesario destacar y que
también aquí se ha comentado es que cumplimos con un nuevo hito del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia, así como con la
recomendación 16 del Pacto de Toledo. Por tanto, nos sorprende que muchos
grupos que apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo se
descuelguen y voten en contra cuando queremos convertir esas
recomendaciones en leyes. También nos sorprende que haya grupos que
parece que siguen queriendo torpedear la llegada de los fondos europeos,
tan necesarios para nuestro país. Señorías, he dicho muchas veces, y lo
sigo recomendando, que debemos seguir trabajando en crear certidumbre,
porque a veces cuando no es, por un lado, recortando pensiones, vaciando
el Fondo de reserva de las pensiones o diciendo que la subida de las
pensiones es insostenible, es, por otro, diciendo que se abre la puerta a
la privatización y que solo cobrarán pensiones quienes tengan fondos
privados. Por tanto, creo que se equivocan quienes ponen el foco y sitúan
el debate en quién y cómo se gestionarán estos fondos; se equivocan,
porque lo importante de la ley es la finalidad, que es aumentar la
protección, mejorar las pensiones, fortalecer el sistema y velar por la
sostenibilidad financiera del mismo. Y, como ya se ha dicho, este es un
sistema complementario, no sustitutivo, y, por tanto, aquí ha habido
varios grupos que defienden que este pilar no va a mermar para nada el
primer pilar.

¿Y por qué queremos impulsar el segundo pilar?
Porque hasta ahora aquellos trabajadores que tengan unos ahorros y
quieran el día de mañana complementar su pensión, si su empresa o su
sector no se ha acogido a ello, la única opción que le damos es que se
vayan a unos planes privados en los que las comisiones son más altas y la
rentabilidad mucho más baja. Un apunte para el señor Gómez Perpinyà: la
Airef informó y detectó que los beneficios de los planes individuales y
privados se concentraban en las rentas altas. Por tanto, con esta ley lo
que pretendemos es que esos beneficios sean más progresivos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Finalizado el debate del Proyecto de Ley de
regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes
y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre, se abre el plazo de una hora para que emitan el voto
electrónico remoto las señorías autorizadas, desde este momento, en que
son las quince horas y diecisiete minutos, hasta las dieciséis horas y
diecisiete minutos. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de
este proyecto de ley tendrá lugar una vez finalizado el siguiente punto
del orden del día.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 4.3.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la senadora Díaz Pacheco.

La señora DÍAZ PACHECO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, es un gran honor haber sido designada
para presentar la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, que se somete en este acto a la consideración del
Pleno del Senado.

Esta proposición de ley tuvo su entrada en la
Cámara el día 10 de junio de 2022, fecha en la que también fue publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Al amparo de lo
establecido en el artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa del
Senado acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia. La
proposición nace con intención de recoger las estadísticas de
participación de las pymes en la contratación pública. Tiene como
objetivo detectar posibles políticas públicas que permitan mejorar su
participación en el sector, identificar buenas prácticas en la
Administración, conocer el grado en el que estas participan y sobre todo
subsanar la falta de información. Debemos tener en cuenta que en el
año 2017 la participación en licitaciones de las pymes en contratación
pública se estimó en torno a un 40 %; el porcentaje total de contratos
públicos adjudicados en ese mismo año es aún más bajo —estamos
hablando de un 29,45 %—, y todo ello pese a que las pymes
representan el 99,8 % de las empresas de nuestro país. Para esta tarea,
modificamos la Ley de transparencia, el marco legal que regula la
información que tienen que facilitar las administraciones públicas en
cuanto a contratación. Se trata de una demanda que ya se expuso en el
año 2019 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, que consideraba preciso elaborar instrumentos para recoger
esta información de las pymes.

Por último, en el trámite legislativo se han
aportado diversas enmiendas. Se introduce en la propia ley una
modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero. Seguro que será objeto de debate en este Pleno, porque ha
sido objeto de debate tanto en la ponencia como en la comisión por parte
de los distintos grupos parlamentarios. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 16 de junio y a esta proposición de ley se
presentaron 30 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma:
números 1 a 5, de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y
la senadora Merelo Palomares; números 6 a 9, del senador Muñoz Lagares,
la senadora Ponce Gallardo y el senador Sánchez López; números 10, 12
y 13, del senador Vidal Matas; número 11, del senador Argüeso Torres y la
senadora Goñi Sarries; números 14 a 22, del Grupo Parlamentario Popular;
números 23 a 29, de la senadora Castellví Auví y el senador Cleries i
Gonzàlez, y número 30, de los senadores González Márquez y Palacín Guarné
y las senadoras Callau Miñarro y Cortès Gès.

La ponencia encargada de informar esta
proposición de ley ha estado compuesta por los siguientes senadores y
senadoras: Argüeso Torres, Callau Miñarro, Castellví Auví, Garmendia
Bereciartu, González Márquez, Lacalle Lacalle, Mínguez Sierra, Nacarino
Muriel, Ponce Gallardo, Ruiz-Sillero Bernal y Vidal Matas. Dicha ponencia
se reunió el 20 de junio de 2022 y acordó incorporar la enmienda
número 30, de los senadores González Márquez y Palacín Guarné, ambos del
Grupo Parlamentario Socialista, y de las senadoras Callau Miñarro y
Cortès Gès, ambas de Esquerra Republicana de Catalunya, así como la
adecuación del preámbulo al contenido de la referida enmienda y tres
correcciones de orden técnico. La mencionada enmienda tiene por objeto
una prórroga de dos años, desde el 31 de diciembre de 2004 —del
texto que nos fue remitido por el Congreso de los Diputados— hasta
el 31 de diciembre de 2026. ¿Esa prórroga a qué afecta? A la exención de
impuestos para la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria
de los gases fluorados destinados a ser utilizados en inhaladores
dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos. Ese mismo
día 20 de junio se reunió la Comisión de Industria, Turismo y Comercio,
aprobando como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Finalmente, se han presentado 5 votos
particulares, manteniéndose para su votación en Pleno las siguientes
enmiendas: las números 1 a 5, de los senadores González-Robatto Perote y
Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares; las números 6 a 9, del
senador Muñoz Lagares, la senadora Ponce Gallardo y el senador Sánchez
López; las números 10, 12 y 13, del senador Vidal Matas; las números 14
a 22, del Grupo Parlamentario Popular, y las números 23 a 29, de la
senadora Castellví Auví y el senador Cleries i Gonzàlez.

Quiero agradecer a todos los senadores y
senadoras de la comisión y a quienes han intervenido, además del trabajo
realizado, la colaboración, que ha hecho posible que en un plazo tan
corto de tiempo desde que llegó al Senado el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, se pueda ver en esta sesión del Pleno del
Senado. Quiero agradecer también al letrado de nuestra comisión, don
Iñigo Méndez de Vigo, las facilidades de él y de todo el equipo de
letrados, así como del personal de la Cámara, por hacerlo posible en los
plazos establecidos, por su colaboración y cuantas atenciones han tenido
con todos y cada uno de nosotros en la comisión. Así pues, esperamos que
el debate sea fructífero y que haya trasladado fielmente el trabajo
parlamentario, el iter parlamentario que hemos mantenido hasta llegar
aquí.

Muchas gracias, presidenta. Gracias a todas y a
todos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

¿Algún grupo desea hacer uso del turno a favor
en el debate de totalidad? (Pausa). ¿Del turno en contra? (Pausa).

Pasamos, por lo tanto, a la defensa de los
votos particulares.

En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas 1 a 5, de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón
y la senadora Merelo Palomares, tiene la palabra el señor
González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias. Buenas tardes, señorías.

Mis primeras palabras son para dar la
enhorabuena a los miembros del Partido Popular por las elecciones en
Andalucía y la candidatura de Juanma Moreno.

Hemos presentado cinco enmiendas a esta ley,
todas ellas con un mismo fin: evitar una nueva trampa legislativa del
Gobierno, que, a través de una enmienda presentada en el Congreso en esta
proposición de ley, prácticamente introduce un nuevo tipo impositivo
sobre gases fluorados que nada tiene que ver con esta ley ni con la
iniciativa inicial, sorteando el trámite adecuado para ello.

Señorías, el pasado 10 de diciembre de 2021, el
Consejo de Ministros aprobó la autorización del inicio de la tramitación
de la modificación de la regulación relativa al impuesto sobre gases
fluorados de efecto invernadero y se especificó en la referencia que el
objetivo era reformar el impuesto que recae sobre este tipo de gases para
dotarlo de una mayor simplificación y así facilitar su gestión y control.
Se especificaba también que esta nueva norma no iba a suponer cambios ni
en el ámbito objetivo ni en el impositivo del impuesto. Pues bien, este
anteproyecto, que fue sometido a consulta pública, del cual se elaboró la
correspondiente memoria del análisis del impacto normativo, va a ser
modificado a través de una enmienda que el Grupo Socialista ha presentado
en el Congreso a la proposición de ley que estamos debatiendo. Se trata
de una auténtica aberración de técnica normativa utilizar una enmienda al
articulado a una iniciativa de reforma de Ley de transparencia y buen
gobierno de las pequeñas y medianas empresas para introducir la
regulación de un impuesto, y, por supuesto, lo hacen para subir el
impuesto, como no podía ser de otra forma viniendo de quien viene.
Señorías, es inadmisible que el Gobierno se salte las normas y
procedimientos con el único fin de ahogar todavía más con impuestos a los
españoles.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 6 a 9, del
senador Muñoz Lagares, la senadora Ponce Gallardo y el senador Sánchez
López, tiene la palabra la senadora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Las damos por
defendidas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 23 a 29,
habiéndose transaccionado la enmienda 25, de la senadora Castellví Auví y
del senador Cleries i González, tiene la palabra la senadora Castellví
Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidenta.

Junts ha presentado siete enmiendas, de las
cuales tres son de supresión. Proponemos suprimir la disposición final
primera y la disposición derogatoria única, y, en consecuencia y
coherencia con estas supresiones, también proponemos la supresión del
apartado 2 de la exposición de motivos. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque
en esta ley quieren mezclar el agua con el aceite. Nos van a colar un
impuesto en esta ley que no tiene nada que ver con las pymes, y, la
verdad, a nosotros nos parece que las cosas así no se hacen. ¿Qué tiene
que ver con la regulación de las estadísticas de las microempresas y
pequeñas y medianas empresas —pymes— en la contratación
pública, que es de lo que exactamente trata la ley? ¿Qué tiene que ver
con la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero? ¿Qué tiene que ver la modificación de la transparencia para
fomentar la contratación de las pymes, que es lo que pretendemos mejorar,
con incrementar una carga fiscal sobre los gases fluorados? Nada; nada,
señorías.

Como saben, ya existía un anteproyecto de ley
para tratar los gases fluorados refrigerantes. ¿Por qué el PSOE quiere
liquidarlo y saltarse el trámite establecido, o hacer las cosas deprisa y
mal y colar un impuesto a las empresas que en la ley que tratamos no
toca? Por este motivo, Junts propone la supresión de estas disposiciones
adicionales para que se trate detalladamente el tema en la ley que
corresponde y así no perjudicar a las empresas afectadas, sean del sector
farmacéutico, de la fruta, la refrigeración, el aire acondicionado, las
bombas de calor o electrodomésticos, que realmente también tienen que
adaptarse a la normativa europea y necesitan un tiempo prudencial, todos,
para hacer el cambio. ¿Se ha de hacer el cambio? Claro que sí, pero
adaptando el margen para todas las empresas. Con su decisión, ustedes van
a castigar a las industrias. Con la crisis de la que acabamos de salir,
la que vendrá y la pandemia, ¿ustedes creen que es el momento de apretar
con impuestos?

Dicho esto, también hemos presentado cuatro
enmiendas de modificación para mejorar el texto de la ley que se tiene
que debatir, para que las pymes puedan participar más fácilmente en las
licitaciones. En ellas proponemos que la publicación de la información
deba darse o hacerse pública más frecuentemente para poder realizar un
seguimiento más conforme a las necesidades del sector y para poder hacer
un seguimiento más riguroso. También pedimos una mayor transparencia
territorial de los contratos ofrecidos por parte de la Administración
General del Estado y del sector público estatal, y requerimos que la
transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno también se
apliquen específicamente a aquellos contratos reservados a centros
especiales de empleo de iniciativa social. Con todo lo dicho, esperamos
que tengan en cuenta nuestras enmiendas o que se llegue a una
transaccional.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 12
y 13, del senador Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, habiéndose transaccionado la enmienda 10, tiene la palabra el
senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Presentamos un conjunto de enmiendas que se
pueden dividir en los dos bloques en que se estructura esta ley. El
primer bloque se refiere a las pymes. Creo que son importantes tanto la
transparencia como los datos para poder modificar las políticas que uno
realiza. Si no sabemos qué contratación reciben las pymes, si no sabemos
qué organismos públicos contratan y qué organismos públicos no contratan
a las pymes para realizar determinados contratos, no podemos cambiar o
variar esa información. Yo creo que es importante la transparencia para
poder modificar políticas. Cualquier información adicional siempre es
bienvenida. Hemos presentado una enmienda a propuesta de las pymes de
Mallorca, que nos pedían que la frecuencia de emisión de esta información
fuera más seguida y que se prestara especial atención a los centros
especiales de empleo.

Aquí, a veces ha habido discusiones por tener
dos visiones por la petición de que se especificaran los centros
especiales de empleo: yo lo veo desde la perspectiva de garantizar que
los centros especiales de empleo reciban contratación pública y a lo
mejor otras perspectivas se basan en ver cuánto se deriva y se reserva a
este sector. Es importantísimo conservar nuestro tercer sector, dar apoyo
a los centros especiales de empleo, y es importante que haya
transparencia para que vean qué administraciones están comprometidas con
los cambios sociales y qué administraciones no.

El segundo bloque hace referencia, como no
puede ser de otra manera, a los gases fluorados. Entendiendo que hay
prisa para cumplir con los objetivos del Plan de recuperación;
entendiendo que se ha presentado una enmienda que dice literalmente que
hay que añadir toda una ley de un impuesto a otra ley; entendiendo que
eso se ha hecho y que a partir de este momento, cuando presentemos
enmiendas que no tienen nada que ver o que tienen algo que ver con esa
ley se van a aceptar y no van a ser bloqueadas por el grupo mayoritario,
considero que a partir de ahora hemos cambiado las reglas de juego.

Aquí hemos presentado dos tipos de enmiendas.
Una enmienda se refiere evidentemente —creo que es
importante— a la parte impositiva de los gases fluorados de efecto
invernadero, a cuya reducción debemos tender. Creemos que estos gases
cada vez tienen que estar menos presentes en nuestra vida, pero tenemos
que elaborar un plan para hacer esta transición en todos los
instrumentos, en la maquinaria de refrigeración y de frío comercial.
Consideramos que tiene un impacto muy importante en nuestra economía. Por
ejemplo, la economía de las Illes Balears es una economía muy
tercializada, en la que el sector de la restauración tiene mucha
importancia. Por tanto, tenemos que hacer un plan para poder hacer la
transición de aparatos que funcionan ahora con gases fluorados hacia
aparatos que funcionen con otros gases naturales que evidentemente no
tienen ese efecto invernadero.

La otra enmienda es otra manera de incentivar
el cambio de tecnologías más caras; se trata de buscar algún tipo de
bonificación, tributación diferente o excepción fiscal. Lo dejo de una
manera abierta para que en los Presupuestos Generales del Estado el
Ministerio de Economía pueda introducir de la manera que considere más
conveniente esas ventajas económicas para fomentar el cambio tecnológico,
como ya se ha hecho en otros sectores tecnológicos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, compartirán
intervención dos senadores. En primer lugar, tiene la palabra la senadora
Ruiz-Sillero Bernal.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Buenas tardes.
Muchas gracias, señora presidenta.

Permítanme, señorías, en primer lugar, como
senadora de designación por la Comunidad Autónoma de Andalucía, dar las
gracias a todos los andaluces por la confianza depositada en el
presidente Juanma Moreno y en el Partido Popular de Andalucía en las
elecciones celebradas en Andalucía, en la que hemos ganado con una amplia
mayoría. (Aplausos). Es una buena noticia para el futuro de los
andaluces. Muchísimas gracias, Andalucía.

Respecto al proyecto de modificación de la Ley
de transparencia, me voy a referir a las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular referidas a la transparencia, y lo primero que tengo que
decir es que este es un proyecto trampa. ¿Y por qué es un proyecto
trampa? Porque viene bajo un título engañoso, que es: modificación de la
Ley de transparencia, pero en realidad lo que nos cuelan es la
modificación de impuestos medioambientales con la subida impositiva del
impuesto a los gases fluorados, que debatirá el portavoz de Industria, el
senador Lacalle. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa
la Presidencia).

De las tres enmiendas que hemos presentado el
Grupo Popular, la primera de ellas solicita al Gobierno de la nación que
apruebe en el plazo de cuatro meses el reglamento de desarrollo de la Ley
de transparencia, porque no vemos la causa por la cual no se ha aprobado
después de tres años de haberlo prometido incesantemente el actual
Gobierno. Ha pasado por el trámite de información pública y tiene también
el informe del Consejo de Estado.

La segunda enmienda pide trasladar al texto de
la ley lo que se ha conseguido mediante la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que es el reconocimiento del derecho de los cargos electos
locales a presentar, en caso de que no se le conteste a su petición de
información, la reclamación recogida en el artículo 24 de la Ley de
transparencia, y así los cargos electos locales no se sitúan en peor
derecho respecto a la Ley de transparencia que los ciudadanos. Esta es
una buena noticia y esperemos que el siguiente paso sea que los diputados
y los senadores también tengamos garantizado el derecho de acceso a las
reclamaciones frente a los órganos de garantía.

Y la última enmienda que hemos presentado en
materia de transparencia se refiere a la modificación del artículo 20.1,
por la cual solicitamos que en la contestación a las peticiones de
información se compute el plazo de un mes desde que se presenta la
solicitud, porque estamos observando que los ministerios, haciendo una
triquiñuela, con táctica dilatoria, retrasan la recepción de esa
información durante dos o tres meses, y así tardan en contestar. Y lo que
queremos evitar es que se engañe a la ciudadanía y que se conteste en el
plazo de un mes, que es lo que estipula la Ley de transparencia.

Hubiéramos presentado muchísimas más enmiendas
en materia de transparencia, pero hemos querido centrarnos en lo más
urgente a la espera del desarrollo reglamentario, que pedimos en nuestra
enmienda, y, sobre todo, a una futura reforma de la Ley de transparencia,
que para ello hay incluso un grupo de trabajo que está estudiando la
reforma.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Ruiz-Sillero.

Tiene la palabra el senador Lacalle.

El señor LACALLE LACALLE: Buenas tardes. Muchas
gracias, señor presidente.

Lo ha enfocado perfectamente mi compañera
Ruiz-Sillero, y lo ha hecho también perfectamente la presidenta de la
comisión, la señora Díaz. Ha trasladado un dictamen que se corresponde
íntegramente con lo que hemos hablado, con lo cual, nada que objetar,
sino todo lo contrario. Ahora bien, hay una circunstancia que es
fundamental, y es que en estos momentos los españoles que nos están
escuchando o que nos pueden escuchar en el futuro, deben saber que les
estamos engañando. Les estamos engañando en esta Cámara. ¿Por qué digo
eso? Porque ese enunciado que vemos ahí es falso o, cuando menos, no se
corresponde con la integridad de lo verdaderamente importante que viene
en este proyecto de ley, que son dos leyes. El Gobierno, bajo ese
enunciado, un enunciado inocente y que todos compartimos, ha querido, una
vez más, meter un nuevo impuesto a todos los españoles, sea a través de
la industria, sea a través de la empresa y, en última instancia, a todos
y cada uno de los consumidores finales.

Es curioso. Miren ustedes la paradoja. El
Gobierno —y digo el Gobierno, no digo el grupo parlamentario,
porque el grupo parlamentario, en este caso se está limitando a hacer la
tramitación que le ha mandado el Gobierno—, que con este proyecto
de ley viene a imponer unos nuevos requisitos, a imponer unas nuevas
condiciones a las empresas desde el punto de vista de la transparencia,
es el Gobierno que se salta la transparencia, metiéndonos por la puerta
de atrás un proyecto de ley nuevo que grava la fiscalidad a todo el
sector económico de este país. Dicen una cosa, plantean una cosa para las
empresas, y en el propio proyecto de ley, en la propia tramitación
parlamentaria, hacen justo todo lo contrario. Es inaudito y, desde luego,
es un ejemplo nefasto para toda la opinión pública, para todos los
españoles a los que estamos representando en esta Cámara.

Las enmiendas que hemos presentado, las seis
enmiendas que hemos incorporado y que hemos trasladado en esta
tramitación parlamentaria, más allá de lo que ha dicho mi compañera en la
parte de transparencia, en la de industria se resumen en dos partes: una
general y una específica. En la general, ¿qué decimos? Pues,
evidentemente, lo que ya estamos anunciando, y es que se dejen las cosas
como están, que la Ley 16, del año 2013, y el artículo 5, que establece
unas exenciones muy claras para el sector industrial, para el sector
empresarial de este país, se mantenga como está. Lo que no se puede hacer
es volver a machacar a las empresas en el peor momento. Lo decía antes
muy bien mi compañera del partido catalán. Lo que no puede ser es
gravarles más, y, sobre todo, con las previsiones a futuro, en el corto y
en el medio —y qué vamos a decir del largo plazo— de la
situación económica de este país. Esa situación, grave no, gravísima, se
va a ver agravada precisamente por este nuevo impuesto que establece el
Partido Socialista. Un nuevo impuesto que se aplica en España, pero que,
desde luego, no tiene comparativa en el Derecho comparado con la Unión
Europea, y nuestros vecinos de Francia no lo tiene. De tal forma que la
competitividad de las empresas españolas se va a reducir a la hora de
competir, a la hora de ofrecer productos, que van a ser más caros que los
que se produzcan en el vecino país, Francia, o en Gran Bretaña. Por eso
nuestra enmienda fundamental pretende suprimir esa segunda parte del
proyecto de ley que se trae, que se suprima la disposición adicional
final y que no se toque el artículo 5 de la Ley 16 del año 2013. Eso es
lo fundamental, eso es lo importante.

Y hemos presentamos una enmienda más
específica, más concreta, en la que decimos que si ustedes se empeñan en
ir adelante, si se empeñan en votar este proyecto de ley en los términos
que les ha dicho a ustedes el Gobierno, que, por lo menos, en aquella
parte concreta que afecta al sector farmacéutico, y muy concretamente a
dos empresas, a dos industrias de este país, una ubicada en la provincia
de Burgos, en Aranda de Duero, y otra en la provincia de Barcelona,
tengan un tiempo razonable para poder adaptar sus nuevos equipos de
producción de estos fármacos para emitir menos CO2 a la atmósfera.
Nosotros planteábamos hasta el año 2029. De hecho, es lo que nos habían
trasladado y coincide con la mayoría de las enmiendas que se han
presentado. Al final, la enmienda de ERC —y digo la enmienda de
ERC, a la que se ha sumado el Grupo Socialista para no perder esta
votación— establece dos años. Bueno, algo es algo. Es más de lo que
teníamos, más de la propuesta que venía del proyecto de ley que se aprobó
el pasado mes de enero en el Congreso. Sí, a nosotros nos parece bien. Es
un avance, pero creemos que no responde íntegramente a lo que el sector
industrial y, sobre todo, esas dos plantas de fabricación de medicamentos
nos estaban pidiendo. No tenemos muchas esperanzas de que se apruebe,
posiblemente se repita el voto del lunes pasado en la Comisión de
Industria, pero, desde luego, no va a quedar por luchar, por trabajar en
ello, porque entendemos que es importante y es lo que la industria y las
empresas de este país nos están pidiendo. Eso es lo que vamos a hacer el
Grupo Popular.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Lacalle.

Para el turno en contra, tiene la palabra el
senador Nacarino Muriel.

El señor NACARINO MURIEL: Gracias, señor
presidente. Buenas tardes, señorías.

Senadores del Grupo Popular, siento decirles
que, gracias a ustedes, esta tarde hemos presenciado, una vez más, la
hipocresía y el populismo político que practica el Partido Popular
manipulando la realidad a su verdadero antojo.

En primer lugar, el Grupo Popular no ha dicho
ni una sola palabra de la gran oportunidad que esta proposición de ley
brinda a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Ustedes se están
oponiendo a que el 99,8 % del tejido empresarial que conforma nuestro
sistema productivo, uno de los principales motores de nuestro desarrollo
económico y generación de empleo en España, pueda aumentar su
participación en la contratación con las diferentes administraciones
públicas. Ahora que estas administraciones públicas van a tener un gran
volumen de licitaciones destinadas y vinculadas a los fondos europeos, el
Grupo Popular se opone a modificar la Ley de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno, para que las pymes y micropymes puedan tener
muchas más oportunidades en la recepción y en la gestión de los fondos
vinculados al Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Hablan de opacidad. Hablan de falta de
transparencia para poder justificar una vez más que se ponen en contra de
las pymes y micropymes de nuestro país. Nuevamente el Grupo Popular sube
a la tribuna de esta Cámara para ofrecer datos erróneos, porque, tal y
como dijo la señora Ruiz-Sillero en comisión —hoy nos lo ha
recordado—, proporcionan unos datos que son incorrectos, porque los
datos correctos son los que marca el portal de transparencia, que, a
fecha de 31 de mayo de 2022, recoge que el 97,10 % de las solicitudes y
peticiones de información pública se han repuesto de forma correcta.

Además, señorías del Grupo Popular, debo
decirles que junto a esa hipocresía hay que sumar su irresponsabilidad.
Son irresponsables por generar confusión y una incertidumbre tremenda a
las empresas del sector vinculado al uso de gases fluorados de efecto
invernadero (Aplausos); irresponsables cuando dicen que esta proposición
de ley incorpora la creación de un nuevo impuesto; irresponsables cuando
dicen que esta proposición de ley supone un incremento de la tributación,
y, por supuesto, irresponsables cuando verdaderamente están ocultando que
fue el Partido Popular quien creó en el año 2013 este impuesto que se
lleva aplicando desde entonces. (Aplausos). Cuando gobiernan ustedes les
parece maravillosa la fiscalidad medioambiental para incentivar el
consumo menos contaminante, defienden aquellos comportamientos
respetuosos con el medioambiente y la descarbonización, pero cuando están
en la oposición solo se dedican a negar la mayor.

El Grupo Parlamentario Socialista actúa con
responsabilidad para cumplir con los compromisos establecidos en la
normativa europea sobre gases fluorados, y responsabilidad para cumplir
también con los compromisos que hemos adquirido en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de la Comisión Europea. Y,
señores del Grupo Popular, hay que explicar muy bien, sin generar ninguna
confusión ni alarmismo, cómo se corrige en esta proposición de ley el
impuesto sobre gases fluorados, que ustedes, señorías del Grupo Popular,
diseñaron en 2013 con muy mal criterio. No se crea ningún impuesto, ni se
aumenta tampoco la tributación existente; tampoco se suprimen las
exenciones, ninguna; no se suprimen, sino que se mantienen. Lo único que
se modifica es el hecho imponible, que pasa de aplicarse del consumidor
final a gravarse directamente sobre la fabricación, la importación y la
adquisición intracomunitaria. Por tanto, para que le quede claro, la
única diferencia es que el coste que añade el impuesto antes repercutía
en la venta y ahora repercute en la producción.

Con todo esto no solo conseguimos una mayor
simplificación, sino también un mayor control del tributo, evitando así
el fraude fiscal, la tenencia irregular de gases y la competencia
desleal, y alineándonos con Europa, claro que sí, y con otros países como
Dinamarca, Noruega o incluso Francia, aunque usted ha dicho lo contrario,
porque nuestro país vecino, Francia, tiene prevista su entrada en vigor
en el año 2023.

Por todo ello, señorías del Grupo Popular,
entenderán que no vamos a apoyar ninguna de sus enmiendas, como es obvio.
Además, sus enmiendas, junto con las enmiendas que ha presentado
Ciudadanos, que son prácticamente iguales, nos resultan de una
incongruencia absoluta. Y me explico: por un lado, como he comentado
antes, no hablan absolutamente nada de las pymes ni de las micropymes; se
apoyan en datos incorrectos sobre transparencia, y además mantienen viva
una enmienda que está referida a la ampliación del plazo de exención del
impuesto de gases fluorados —a la que usted, señor Lacalle, se ha
referido anteriormente— que se destinan al uso de inhaladores que
dosifican productos farmacéuticos. A este respecto, el pasado lunes, en
ponencia, gracias a una enmienda que se aprobó por unanimidad
—enmienda presentada de forma conjunta por el Grupo Socialista y
Esquerra Republicana; de forma conjunta, repito—, se ampliaba el
plazo de exención hasta el 31 de diciembre de 2026, cumpliendo así con el
requerimiento de las empresas afectadas.

Por otro lado —y aquí viene el desastre
total de sus enmiendas, de su voto particular—, solicitan la
supresión de la disposición final primera, que, a su vez, quieren
enmendar con sugerencias sobre el impuesto de gases fluorados. Es decir,
estamos a una cosa o a otra. Pero lo único que me sugiere a mí es pensar
que, por un lado, se quieren apuntar el tanto de estar con el sector,
pero, por otro, no quieren cumplir con la normativa europea y siguen
renegando del impuesto que ustedes mismos crearon en el año 2013.
Entonces, deben posicionarse. Y está claro que se posicionan en contra de
apoyar esta proposición de ley.

Respecto a las enmiendas presentadas por Vox,
poco hay que decir, la verdad. No podemos entrar a debatir ninguna de
ellas, primero, porque de su intervención también concluyo que no tiene
consideración alguna por las pymes de nuestro país, y segundo, porque no
podemos debatir sobre política de fiscalidad medioambiental con ustedes
cuando niegan el cambio climático y la Agenda 2030. Es obvio.

Y respecto a las enmiendas presentadas por el
Grupo de Izquierda Confederal, señor Vidal Matas, y por el Grupo
Nacionalista, senadora Castellví, quisiera agradecerles el trabajo que
han realizado. Saben por nuestras conversaciones las razones por las que
no podemos admitir algunas de sus enmiendas, pero lo importante que cabe
resaltar aquí es el acuerdo transaccional al que hemos llegado, por el
cual la información estadística sobre el porcentaje de participación en
los contratos adjudicados pasará a ser semestral, en lugar de anual, como
estaba anteriormente establecido.

Igualmente, agradezco al resto de grupos, y en
especial a las senadoras Callau y Garmendia, del Grupo Esquerra
Republicana y del Grupo Nacionalista Vasco, que se sumen igualmente al
acuerdo transaccional. Y también, por supuesto, quiero agradecerles el
buen clima de entendimiento y diálogo que hemos mantenido en todo momento
sobre esta proposición de ley.

Para terminar, solo decir que queda totalmente
demostrado una vez más en esta Cámara cuáles son los grupos
parlamentarios, los grupos políticos que estamos a favor de las medidas
que ayudan a mejorar la competitividad de nuestras pymes y quién las
utiliza para fines partidistas.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador González-Robatto
Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.

Ustedes traen esta proposición de ley para
lavar su imagen del Gobierno más opaco de la democracia española, y en
lugar de ello, consiguen el efecto contrario y ratifican su falta de
transparencia tanto en el contenido de la norma como en la tramitación
irregular. Vienen ahora a decirnos que van a ayudar a la pequeña y a la
mediana empresa y que quieren que sea adjudicataria de contratos
públicos, pero lo único que proponen es publicar unas estadísticas
respecto al volumen de contratación pública que les afecta, y además esto
lo hacen modificando la Ley de transparencia y buen gobierno, en lugar de
la Ley de contratos del sector público.

Como ya les hemos dicho en más ocasiones, lo
importante no es modificar la Ley de transparencia, lo verdaderamente
importante es que ustedes la cumplan. Y, señorías, lo que necesitan las
pequeñas y medianas empresas en su relación con las administraciones
públicas es que se les pague, que se les abone todo lo debido en los
contratos públicos. La morosidad, sobre todo en las obras públicas, es el
mayor problema. Pero ustedes, toda la izquierda, siguen sin atender los
problemas reales de los españoles. Y en Vox hemos manifestado en
numerosas ocasiones la urgencia de reducir la demora en el pago de los
precios de los contratos públicos a las micro, a las pequeñas y a las
medianas empresas. Y para ello proponemos establecer un régimen
sancionador, pero a esto no se han atrevido sus señorías socialistas.
Prefieren sus leyes estéticas con contenidos vacíos, y además leyes
condicionantes con algo que nada tiene que ver, como es la subida de
impuestos. Por ello votaremos en contra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra la senadora Ponce Gallardo. (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidenta.

Nos complace decir que esta ley vuelve al
Congreso con enmiendas transaccionadas. Agradecemos la predisposición
para llegar a acuerdos. En concreto en una que ha presentado Junts, tras
escuchar las demandas de las pymes, para que la publicación de la
información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos
adjudicados se realice cada seis meses y no anualmente. Nos alegramos de
ello. Pero resulta sorprendente, como he dicho antes, que en una
proposición de ley que trata de regular las estadísticas de las
microempresas y de las pequeñas y medianas empresas —pymes—
en la contratación pública, que busca potenciar la transparencia de los
actos administrativos de las empresas, que pretende facilitar la
participación en la contratación pública para avanzar en el porcentaje de
pymes que participen en licitaciones, es decir, que trata de mejorar la
vida de las pymes, van y cuelan por la escuadra una disposición adicional
en la ley por la que se modifica el impuesto sobre gases fluorados de
efecto invernadero.

Nos parece sorprendente porque es una falta de
sensibilidad y de respeto a las microempresas, a las pequeñas y medianas
empresas y a su propia proposición de ley, que es, en teoría, el objetivo
principal del debate.