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DS. Senado, Pleno, núm. 86, de 06/04/2022
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 47


celebrada el miércoles, 6 de abril de 2022


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a articular de manera
urgente determinadas medidas temporales para proteger a las empresas y
familias del incremento incontrolado de los precios.


671/000107
IVA; deducción fiscal; energía; impuesto
ecológico


GPP






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY




Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de
conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han
pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.


622/000075
patrimonio arquitectónico; protección del litoral;
urbanismo


GPP







PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES




Ponencia de estudio sobre los retos de una transición
energética sostenible.


543/000001
cambio climático; desarrollo sostenible; energía
renovable; gestión del agua; política energética; protección del medio
ambiente


Transición Ecológica





Ponencia de estudio que aborde el fenómeno migratorio de
manera integral.


543/000002
integración social; política de empleo; trabajador
migrante


Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones








PETICIONES




Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el
período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de
2021.


871/000004
Comisión parlamentaria; informe; período de sesiones;
petición








TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO




Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2019, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.


770/000003
control presupuestario

TRIBUNAL DE CUENTAS







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a las modificaciones
normativas necesarias para eliminar el Ministerio de Consumo.


671/000108
política de los consumidores; reajuste
ministerial


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de las
recomendaciones dirigidas a España incluidas en la Resolución 2381 (2021)
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre si los
políticos deben ser perseguidos por declaraciones realizadas en el
ejercicio de su cargo.


671/000109
declaración pública; derechos humanos; libertad de
expresión; político; resolución comunitaria


GPERB






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el pacto por
la ciencia y la innovación y avanzar hacia un consenso social y político
en la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.


662/000113
consenso político; investigación; política de
investigación


GPS






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el
acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria
del embarazo.


624/000009
Código penal; aborto; derechos de la mujer;
modificación de la ley


Justicia







MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a contemplar el
soterramiento de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y
Extremadura a su paso por la localidad de Talavera de la Reina
(Toledo).


662/000111
Extremadura; Madrid (Madrid); Talavera de la Reina
(Toledo); red ferroviaria


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las reformas
legislativas necesarias al objeto de que sean las Comunidades Autónomas
las que puedan regular la situación de los funcionarios de la
administración local con habilitación de carácter nacional.


662/000112
administración local; cooperación administrativa;
función pública; modificación de la ley; movilidad
profesional


GPERB




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y tres minutos.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR DE MANERA
URGENTE DETERMINADAS MEDIDAS TEMPORALES PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS Y
FAMILIAS DEL INCREMENTO INCONTROLADO DE LOS PRECIOS.


671/000107

GPP


El señor Puente Redondo defiende la moción.


La señora Bideguren Gabantxo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Puente Redondo expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano
Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Puente Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y el señor Heredia Díaz, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor presidente abre a las nueve horas y cincuenta y nueve minutos
el plazo de dos horas para la votación telemática de esta
moción.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, PARA PERMITIR LA PERVIVENCIA DE
CONJUNTOS URBANOS COSTEROS DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL EN TERRENOS QUE HAN
PASADO A SER DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.


622/000075

GPP


El señor Martínez Mus defiende la toma en consideración de la
proposición de ley.


El señor Fernández Viadero interviene en turno a favor.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz
Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación
de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el
señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Mulet García por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Garmendia
Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Callau Miñarro, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Martínez Mus, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lastra Valdés, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las once horas y ocho minutos el plazo de
dos horas para la votación telemática de la toma en
consideración.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE.


543/000001

Transición Ecológica


La señora Moreno Duque, presidenta de la Comisión de Transición
Ecológica, presenta el informe.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Egea Serrano, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Garmendia
Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Bideguren Gabantxo, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Miranda Martínez, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación del informe.









PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL.


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



El señor Ferrer Sais, presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión y
Seguridad Social, presenta el informe.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Clavijo Batlle, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Gómez Perpinyà, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora
Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Surra Spadea, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Ramos Acosta, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Martín Palop, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación del informe.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR DE MANERA
URGENTE DETERMINADAS MEDIDAS TEMPORALES PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS Y
FAMILIAS DEL INCREMENTO INCONTROLADO DE LOS PRECIOS. (Proclamación del
resultado de la votación).


671/000107

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a
favor, 108; en contra, 152; abstenciones, 3.









PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE
2021.


871/000004



La señora Navarro Garzón, presidenta de la Comisión de Peticiones,
presenta el informe.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, informa de que la Cámara toma
conocimiento del informe.









TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.


770/000003

TRIBUNAL DE CUENTAS


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: El señor
Furriol Fornells, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora Muñoz Fonteriz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Fernández Leiceaga, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las trece horas el plazo de dos horas para
la votación telemática de los puntos 8.1.1., 8.1.2. y del que se acaba de
debatir.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LAS MODIFICACIONES
NORMATIVAS NECESARIAS PARA ELIMINAR EL MINISTERIO DE CONSUMO.


671/000108

GPP


La señora Leyte Coello defiende la moción.


El señor Sánchez López da por defendida la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


La señora Leyte Coello expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón y el señor Catalán Higueras, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); la señora Castellví Auví, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet García por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Leyte Coello, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Fernández Palomino,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, PARA PERMITIR LA PERVIVENCIA DE
CONJUNTOS URBANOS COSTEROS DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL EN TERRENOS QUE HAN
PASADO A SER DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. (Proclamación del
resultado de la votación).


622/000075

GPP


Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 118; en contra, 124; abstenciones, 21.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESPAÑA INCLUIDAS EN LA RESOLUCIÓN 2381 (2021)
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE SI LOS
POLÍTICOS DEBEN SER PERSEGUIDOS POR DECLARACIONES REALIZADAS EN EL
EJERCICIO DE SU CARGO.


671/000109

GPERB


La señora Castel Fort defiende la moción.


El señor Sánchez López da por defendida la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Vidal Matas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


La señora Castel Fort expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Castel
Fort, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
por alusiones; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Cleries i Gonzàlez, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Beltrán de Heredia
Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Salanueva Murguialday, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Rallo Lombarte, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR EL PACTO
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y AVANZAR HACIA UN CONSENSO SOCIAL Y
POLÍTICO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.


662/000113

GPS


El señor Zubeldia Santoyo defiende la moción.


La señora Ponce Gallardo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria).


La señora Castellví Auví defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


El señor Reniu Vilamala defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Alarcó Hernández defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Zubeldia Santoyo expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y anuncia la presentación de una propuesta de
modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ponce Gallardo,
por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora
Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Peral Díez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el
señor Latorre Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las quince horas y cincuenta y cinco minutos
el plazo de dos horas para la votación telemática de los
puntos 11.1., 11.2. y del que se acaba de debatir.









PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE. (Proclamación del resultado de la
votación).


543/000001

Transición Ecológica


Se aprueba el informe con el siguiente resultado: votos emitidos, 261;
a favor, 254; en contra, 3; abstenciones, 4.









PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL. (Proclamación del resultado de la votación).


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



Se aprueba el informe con el siguiente resultado: votos emitidos, 261;
a favor, 157; en contra, 104.










TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Proclamación del resultado de la votación).


770/000003

TRIBUNAL DE CUENTAS


Se aprueban los dictámenes con el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 230; en contra, 14; abstenciones, 12.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL
ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO.


624/000009

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la Comisión de Justicia, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor González-Robatto Perote defiende la propuesta de veto
número 2, suya, del señor Marín Gascón y de la señora Merelo Palomares,
del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor De Rosa Torner defiende la propuesta de veto número 1, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Roldán Martínez interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Sánchez-Garnica Gómez y el señor Catalán Higueras, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señora Cervera Pinart, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Landa Jáuregui, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac
Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor De Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Oleaga Zalbidea, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Landa Jáuregui defiende la enmienda 5, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Bailac Ardanuy defiende las enmiendas 3 y 4, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Plaza Martín defiende las enmiendas 6 a 9, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Adrio Taracido interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Bailac Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor De Rosa Torner, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Granados Galiano, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las dieciocho horas y quince minutos el
plazo de dos horas para todas las votaciones telemáticas
reglamentariamente previstas para esta proposición de ley
orgánica.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR EL
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y
EXTREMADURA A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO).


662/000111

GPP


El señor Gregorio López defiende la moción.


El señor Morales Quesada defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Gregorio López expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Beltrán de
Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Gregorio López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
y el señor Morales Quesada, por el Grupo Parlamentario
Socialista.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LAS MODIFICACIONES
NORMATIVAS NECESARIAS PARA ELIMINAR EL MINISTERIO DE CONSUMO.
(Proclamación del resultado de la votación).


671/000108

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a
favor, 109; en contra 148; abstenciones, 8.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESPAÑA INCLUIDAS EN LA RESOLUCIÓN 2381 (2021)
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE SI LOS
POLÍTICOS DEBEN SER PERSEGUIDOS POR DECLARACIONES REALIZADAS EN EL
EJERCICIO DE SU CARGO. (Proclamación del resultado de la
votación).


671/000109

GPERB


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a
favor, 38; en contra, 225; abstenciones, 2.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR EL PACTO
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y AVANZAR HACIA UN CONSENSO SOCIAL Y
POLÍTICO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. (Proclamación del resultado de la
votación).


662/000113

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a
favor, 149; abstenciones, 116.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR EL
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y
EXTREMADURA A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).
(Continuación).


662/000111

GPP


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS AL OBJETO DE QUE SEAN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS LAS QUE PUEDAN REGULAR LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.


662/000112

GPERB


El señor Reniu Vilamala defiende la moción.


El señor Martín Martín defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El señor Cervera Pinart da por defendida la enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera.


La señora Garmendia Bereciartu defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Castellà Surribas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Reniu Vilamala expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares,
por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Garmendia Bereciartu, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Martín Martín, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Castellà Surribas, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las veinte horas y un minuto el plazo de dos
horas para la votación telemática de las mociones 14.1. y 14.2., cuyos
resultados serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web
del Senado y proclamados al inicio de la próxima sesión plenaria.


Se suspende la sesión a las veinte horas y dos minutos.


Se reanuda a sesión a las veinte horas y veinte minutos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL
ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO. (Proclamación del resultado de las votaciones).


624/000009

Justicia


Tras proclamar el resultado de las votaciones, el señor presidente
anuncia a la Cámara que la proposición de ley orgánica ha quedado
definitivamente aprobada por las Cortes Generales.


Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco
minutos.








Se reanuda a las nueve horas y tres minutos.


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. Buenos días,
señorías.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR DE MANERA
URGENTE DETERMINADAS MEDIDAS TEMPORALES PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS Y
FAMILIAS DEL INCREMENTO INCONTROLADO DE LOS PRECIOS.


671/000107

GPP


El señor presidente lee los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación ha
presentado una enmienda el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, su señoría Puente Redondo.


El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días,
señorías.


Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo en este
país con el precio de la luz, el precio del gas y el precio de los
carburantes totalmente desbocados. Cuando vamos al supermercado, en la
cesta de la compra se nota semana a semana esa subida de precios en todos
los productos; no digo nada sobre lo que supone para aquellos que tienen
familia numerosa. Tenemos un IPC del 9,8 %, el mayor en los últimos
treinta y siete años, y un 40 % superior a la media de los IPC de
nuestros países del entorno. Por ejemplo, Francia tiene un 4,5 % y
Portugal un 5,3 % de IPC. Las familias, las empresas, los autónomos están
asfixiados, están ahogados. Las familias tiran de sus propios recursos,
de sus propios ahorros, y las empresas de nuestro país pierden
competitividad, algo que no es nuevo porque llevan catorce trimestres,
tres años y medio, perdiendo competitividad, algo que habrá que mirar
también. La única solución que podemos poner el Gobierno y todos los que
estamos aquí para ayudar a esas familias, para ayudar a todas estas
personas y a todos nuestros vecinos es bajar los impuestos. Frente a esta
inflación desbocada no queda otra que bajar los impuestos ya. Por ello,
pedimos a nuestro presidente que cumpla aquella palabra que dio cuando se
reunió con las comunidades autónomas el pasado 13 de marzo, donde dijo
que iba a bajar los impuestos. Las comunidades autónomas quieren bajarlo,
están de acuerdo en bajar esos impuestos, y solo falta que el presidente
diga OK.


Por ello, presentamos esta moción en la que pedimos bajar el IVA de la
luz, el IVA del gas, el IVA del gasoil y de la gasolina al 4 %.
Igualmente, pedimos suprimir el impuesto especial a los hidrocarburos,
pedimos deflactar los umbrales correspondientes a cada tramo del IRPF,
así como los mínimos personales y el resto de las deducciones, de cara a
que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pague en función de su
capacidad económica. Lo que no puede ser es que cuanto más asfixiadas
están nuestras familias, nuestras empresas, nuestra sociedad, Hacienda
recaude más que nunca; se espera que recaude 6000 millones de euros más
en el IRPF de este año. La Airef dice que, por motivo de la inflación, a
través del IVA se recaudarán entre 3000 y 3500 millones de euros más. ¿Es
mucho? ¿Es poco? Hay que decir que el presupuesto de Cantabria para todo,
sanidad, educación y todos sus servicios, este año 2022 es de 3300
millones, para que se hagan una idea. El presupuesto de Cantabria, mi
comunidad, como digo, para todo un año es de 3300 millones y la Airef
dice que se recaudará, solamente por la inflación, a través del IVA
entre 3000 y 3500 millones de euros. Esto no se puede permitir cuando
están las familias totalmente asfixiadas. Asimismo, pedimos que ese
exceso de ingresos vaya a aquellas familias o a aquellas empresas que lo
están pasando mal. También pedimos reducir el gasto. Por un lado, pedimos
bajar impuestos y, por otro, reducir en gastos. Se estima que en España
hay 60 000 millones de euros de gasto improductivo, repito, 60 000
millones de euros de gasto improductivo. Para hacer una comparativa, he
de decir que el presupuesto de educación de nuestro país para este año es
de 55 000 millones, para que se hagan una idea de todo lo que se puede
reducir. Y se puede reducir, por supuesto que se puede reducir. Un
ejemplo claro es la gasolina. Hace escaso tiempo, de 1 euro, 50 céntimos
eran para impuestos; ahora mismo, son 2 euros lo que nos cuesta cada
litro de gasolina para llenar nuestro depósito y 1 euro va para
impuestos. Qué menos que bajar esos 50 céntimos de exceso de impuestos
que nos está cobrando el Estado. Por supuesto, parte de esos impuestos
van para las comunidades autónomas, como decían ayer, pero las
comunidades autónomas están de acuerdo en bajar esos impuestos.


Por eso, le pedimos, como digo y lo reitero, a Pedro Sánchez que cumpla
su palabra, y pido a los grupos parlamentarios que aprueben esta moción.
Esta inflación desbocada y la subida de precios nos afecta a todos. Tanto
al que gana 10 000 euros como al que gana 15 000 y al que gana 50 000 le
afecta esa subida del 10 % en todos los productos, y la única solución es
bajar impuestos y reducir el gasto. Por eso, compañeros, señorías, os
pido que aprobéis esta moción.


Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Puente Redondo.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya, tiene la palabra su señoría Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Egun on, guztioi. Eskerrik asko,
presidente.


Señorías, vivimos una crisis energética sin precedentes. Algunos
expertos venían advirtiendo ya sobre los límites físicos del planeta
—parece que se han acabado los tiempos en los que abundaban los
recursos fósiles baratos— y la guerra de Ucrania ha agravado esta
situación. Esto está afectando a todos los países, a todos los sectores y
a muchos hogares, porque la energía, señorías, es un bien esencial, tan
esencial que ni siquiera somos conscientes de cuándo la compramos,
simplemente le damos al interruptor y se enciende. Necesitamos energía
para avanzar, pero los precios de la electricidad y la energía en el
mercado mayorista se han multiplicado por cinco este último año y ello
afecta a la competitividad de las empresas y a la renta disponible de los
hogares. Por tanto, se necesitan medidas urgentes y medidas
estructurales.


Por supuesto que hacen falta reformas fiscales, pero el problema que
tiene esta moción es que pone el foco en el lugar equivocado y, además,
no plantea una solución integral ni real al problema de la crisis
energética. Por ello, hemos querido presentar una batería de propuestas,
que son una parte representativa de las propuestas que nuestro Grupo,
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, puso encima de la mesa al
Gobierno de Madrid, contiene medidas fiscales, laborales, sociales,
económicas y, naturalmente, también medidas energéticas. Plantear solo
una bajada del IVA tiene varios problemas: no garantiza pagar menos en la
factura y, además, si bajamos la recaudación, se pone en riesgo el Estado
del bienestar.


Señorías del PP, hemos hablado en esta Cámara sobre ayudas al sector
pesquero, al sector ganadero, al sector del transporte, pero para ello es
necesario contar con ingresos fiscales y, si lo que se propone es
ingresar menos por el IVA, quizá habría que plantear algún otro impuesto
para equilibrar y poder dar más ayudas para estos sectores perjudicados,
como, por ejemplo, un impuesto a las grandes eléctricas, que son las
grandes beneficiadas en este momento, de manera que hacemos un ejercicio
redistributivo y repartimos cargas o esfuerzos en esta crisis energética.
Porque hay una realidad, y es que, mientras las compañías energéticas se
están enriqueciendo, cada vez hay más familias que sufren la pobreza
energética. Y su grupo, en la oposición, está planteando ayudar a ciertos
sectores, pero sin exigir su parte de responsabilidad social al
oligopolio de las empresas energéticas, y la ecuación así no da.


Además de las medidas fiscales, creemos que hacen falta otras medidas,
como, por ejemplo, desacoplar el precio del mercado eléctrico del precio
del gas. El gas supone un 15 % del total de la generación eléctrica, sin
embargo, toda la electricidad la estamos pagando a precio de gas. Por
tanto, es necesario modificar de manera urgente la regulación del sector
eléctrico y que los consumidores no paguemos costes en los que no está
incurriendo el suministro eléctrico, pero de esto tampoco quiere hablar
el Grupo Popular. Está claro que tenemos diferentes recetas y diferentes
prioridades para responder a esta crisis energética.


El Gobierno de Sánchez ha tomado ya algunas medidas, pero no son
suficientes y le pedimos firmeza y celeridad. Está en juego la transición
energética, está en juego la economía y está en juego también la
democracia porque, si no se plantean soluciones eficaces, habrá un caldo
de cultivo perfecto para que el autoritarismo coja fuerza. En nuestro
grupo estamos comprometidas para trabajar de manera responsable por un
modelo energético más justo, más sostenible y seguiremos trabajando en
ello.


Eskerrik asko. Egun on. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Bideguren.


Para indicar si acepta o no la enmienda presentada, por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra su señoría Puente Redondo.


El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño. Agradezco la enmienda que ha presentado el
grupo de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. Después de varias
conversaciones, había una parte que podíamos incluir: la dirigida a dar
ayudas a familias y a aquellas empresas que lo están pasando mal, pero
hay una serie de puntos que no hemos podido transaccionar y, por lo
tanto, al final, rechazamos la enmienda.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos, entonces, al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidente. Buenos
días.


Lamentamos profundamente el tiempo perdido. La bajada del IVA al 4 % la
propusimos nosotros el pasado mes de octubre —hace ya ocho meses,
en concreto—, a través de una enmienda a la moción en la que
solicitábamos bajarlo para siempre al 4 % o, incluso, eliminarlo. En su
moción nos encontramos con otro punto, que también rechazaron —en
concreto, hace dos semanas—, que consistía en bajar las
cotizaciones sociales a los trabajadores, una manera muy efectiva de
paliar la inflación. Por desgracia, tampoco quisieron. Yo me acerqué a
hablar con ustedes y me volvieron a decir que no. Señorías, nos alegra
profundamente que nos copien las ideas, de verdad, no tenemos
absolutamente ningún problema con eso. El problema es que ustedes
retrasan las actuaciones que los españoles necesitan ya para conseguir
más visibilidad en los medios de comunicación.


Señorías del Grupo Popular, los españoles han sido abandonados a su
suerte por el Gobierno, que, además, les ata las manos y les roba a mano
armada. Y mientras ustedes están jugando a copiar esto —la verdad
es que no es absolutamente nada serio—, esto se ha convertido, una
vez más, en una guardería, y no lo podemos permitir. Necesitamos una
oposición contundente, sin cesiones al Gobierno de la muerte, de la ruina
y de los enemigos de España. Este Partido Popular, lamento decirlo, es
absolutamente lo mismo que el Partido Socialista. En Andalucía, región a
la que represento, le dan 1,7 millones a Comisiones Obreras y a UGT para
financiar su acción sindical. Hace pocas semanas se conocía otro robo de
dos millones de euros a los trabajadores españoles y, en lugar de
recuperar ese dinero que se les ha robado a esos trabajadores, ustedes,
por el contrario, les invitan al Congreso que han celebrado este fin de
semana. La verdad es que no es ningún ejemplo para seguir si su lema es
«lo haremos bien», porque no es esa la sensación que nos han dado cuando
hemos visto a los sindicatos de las mariscadoras, señorías. Es una
decepción que se den la mano con ellos. No sean ingenuos, que no lo son,
los sindicatos tradicionales de clase llevan muchísimos años, muchísimos,
alejados de los trabajadores, y lo podemos ver durante todo el tiempo que
ha estado gobernando el Partido Socialista, que no han salido ni una sola
vez a la calle, y ustedes lo saben perfectamente.


Pero volviendo a la moción, no dejan ustedes claro por cuánto tiempo
tiene que estar en vigor, porque no especifican si se trata de una serie
de medidas de carácter temporal o permanente. Las mociones deberían, a mi
juicio, ser más concretas, si bien en nuestra formación sospechamos que
sería algo temporal porque recordamos que el día que nos rechazaron bajar
el IVA de la electricidad del 10 % al 4 % o suprimirlo para siempre su
argumento fue que esas medidas debían ser temporales, lo que me hace
intuir lo que les acabo de decir. Por eso nos surge esta duda.


Señorías, tal y como han hecho los países de nuestro entorno, hay que
aliviar la presión que sufren los españoles, que ahora, por ejemplo,
pagan los huevos un 50 % más caros que hace un año —podría hacer
una lista, pero no tengo aquí, desgraciadamente, quince horas para decir
todo lo que ha subido—, y ustedes no han hecho absolutamente nada.
Bueno, sí, subirse el sueldo. Esto es solo un ejemplo, porque la
inflación que estamos sufriendo no es más que un impuesto para las clases
menos favorecidas, para los más pobres. Piénsenlo, señorías, sean menos
soberbios y acepten nuestras enmiendas cuando las planteamos, no meses o
semanas después.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias. Buenos días.


Señor presidente, señorías, antes de comenzar, me gustaría mandar un
mensaje de cariño a la familia de nuestro consejero, Javier Imbroda, que
falleció este fin de semana y por el cual todavía en Andalucía guardamos
un sentido luto.


Señorías, España atraviesa una de las mayores crisis energéticas de su
historia, por no decir la mayor; una coyuntura endiablada a la que los
españoles suman, desgraciadamente, la pésima gestión de su Gobierno,
porque la culpa de la invasión de Ucrania es de Putin. Que se agrave la
situación económica, no que se produzca, es culpa de la guerra, pero que
España sea la peor parada en absolutamente todas las crisis
internacionales es culpa de quien no hace los deberes.


Además de todo lo anterior, hay que añadir la crisis que ha creado el
señor Sánchez con Argelia y que ha vuelto a dividir al Gobierno. Y ya no
tenemos dos gobiernos, ahora tenemos tres: el señor Sánchez, Podemos y
los ministros del Partido Socialista, ministros que ni saben lo que hace
el señor Sánchez con sus carteras ni son capaces de controlar lo que
dicen los populistas de Podemos en medios internacionales. ¿Qué tenemos
entonces, señorías? Crisis de la energía, inestabilidad política en la
Moncloa, pésima gestión, gasto público desorbitado, con el mayor número
de ministerios, de asesores, viajes en Falcon y propaganda institucional
de toda la historia; y, además, el IPC disparado al 9,8 % interanual, muy
por encima, señorías, de la media de la Unión Europea. España, una vez
más, es de los países que peor está gestionando la crisis de toda la
Unión Europea. Hoy todas las familias españolas son un 10 % más pobres, y
esto es un verdadero drama y requiere medidas urgentes, pero no hoy y no
después del 29 de marzo, esto requería medidas urgentes hace ya meses y
este Gobierno no ha estado a la altura.


Hemos visto al señor Sánchez buscar la foto y reunirse, tarde y mal,
con los presidentes de las comunidades autónomas, que, además, han
demostrado más liderazgo y más capacidad de gestión que el propio
presidente del Gobierno de España, pero a los que utiliza para hacerse la
foto y para prometer y prometer, y después no cumplir absolutamente nada.
Le hemos escuchado pedir unidad y dejar a un lado la lucha partidista a
los partidos de la oposición; esto, viniendo de un presidente que envía
una carta al rey de Marruecos y cambia, sin contar con nadie, una
posición de España que se venía manteniendo por consenso durante cinco
décadas, una carta que, según reveló el propio ministro de Exteriores, ni
siquiera él sabía de su existencia y de la que reconoció haberse enterado
por los medios de comunicación, resulta desconcertante, de verdad, que
pidan confianza y apoyo cuando no hacen más que mentirnos y ocultarnos
información, y resulta cuando menos curioso que pidan unidad cuando no
son capaces de mantener unido ni a su propio Gobierno.


Después de escuchar tanto disparate, ¿saben lo que no hemos escuchado
decir al señor Sánchez? Por qué ha decidido unilateralmente beneficiar a
Marruecos y dar un giro de 180 grados en política exterior, sin contar
con absolutamente nadie. Por supuesto, tampoco nos ha contado qué ha
obtenido España o qué ha obtenido el propio Sánchez a cambio. Lo que gana
Marruecos lo sabe todo el mundo porque está publicado, de su puño y
letra, en la prensa. Lo que sabemos es que lo ha hecho en el peor
momento, con una falta de transparencia, que ya resulta habitual en él, y
que ha conseguido, además, ofender a Argelia, nuestro principal proveedor
de gas, que ya ha anunciado que va a mantener el precio del gas, de
momento, a todos los países, excepto a España, a quien probablemente se
lo aumentará. Vamos a pagar, desde luego, muy caro los juegos del
estratega o del geoestratega Sánchez.


También le hemos escuchado decir que iba a bajar los impuestos para
salir de esta crisis, como le pedíamos Ciudadanos y otros grupos de la
oposición, algo que, por supuesto, tampoco ha hecho.


El Gobierno presentó la semana pasada un paquete de medidas que ha
denominado Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra de Ucrania para que nos creamos todos que la culpa
de todo lo que está ocurriendo es de un conflicto que está sucediendo
desde hace un mes y medio; un plan que, al margen de su contenido, llega
tarde y llega mal. Perdieron medio mes de marzo diciendo que tomarían
medidas tras el Consejo Europeo, porque dependían de lo que se negociara
allí, cuando el resto de los países europeos ya estaban actuando, y el
resultado fue el que cabía esperar: una de las medidas estrella, un
descuento de veinte céntimos en la gasolina, ha sido de una ejecución
desastrosa y ha desatado el caos en las gasolineras. Muchas han tenido
que cerrar porque el Gobierno les obliga a adelantar el descuento de su
propio dinero y, si en un mes no se le ha devuelto, que vayan al
contencioso-administrativo.


Señorías, es una vergüenza pedirles a los autónomos y a las empresas
que financien las ocurrencias de Sánchez, y es una vergüenza prometer y
colgarse medallas con el dinero de todos. Sinceramente, es indignante.
Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Molt bon dia. Gràcies president.


Senyories, bé, jo ara veient aquesta moció que ha presentat el Grup
Popular em pensava que era al ple de fa quinze dies, perquè pràcticament
hi havia una moció molt similar.


De vegades diuen que és important la imatge. Ahir, quan tornàvem del
Congrés dels Diputats, veure com la plaça de la Marina —la part
interior del Senat— s’havia quedat petita per tants cotxes
oficials —que hauran de fer obres aviat per ampliar-la si van
creixent els ministeris—, no sé si és la imatge que els ciutadans i
ciutadanes d’un país volen quan hi ha una crisi, veure tant cotxe
oficial i i tant cotxe negre —el color no m’importa—,
la veritat, l’aspecte deixava molt que desitjar en un moment de
greu crisi econòmica.


És cert que l’IPC ha fet un salt molt important provocat per la
guerra d’Ucraïna. Però també és cert —i això el govern
socialista se n’oblida— que portàvem mesos i mesos en màxims
històrics, cada dia era històric en el preu de l’electricitat, en
el preu dels carburants. Per tant, en tot el que és l’energia. I és
cert que la guerra d’Ucraïna ha significat arribar a aquest final
de març amb un 9,8 % d’IPC. Però el que s’hauria de tenir
present és que ja veníem d’un creixement estructural de l’IPC
que portava molt temps disparant-se i per tant aquí hi hauria dos tipus
de mesures a prendre: unes de més estructurals, per donar una solució
perquè això no se segueixi disparant, i alhora unes propostes, solucions,
més puntuals, pel que està passant aquest moment per la guerra
d’Ucraïna. Per tant, la situació és aquesta.


Nosaltres creiem, malgrat el que ha dit el portaveu del Grup Popular,
dient que totes les comunitats autònomes estan d’acord amb la
baixada de tots els impostos, jo crec que això no és cert, perquè abaixar
tots els impostos, abaixar l’IVA, abaixar l’IRPF d’una
manera no pactada —que aquí no surt res, a la seva moció, sobre les
comunitats autònomes— vol dir afectar... i m’ha agradat que
vostè cités els temes de benestar social, com pot ser educació, sanitat,
serveis socials, però abaixar els ingressos en l’IVA i l’IRPF
vol dir afectar els ingressos de les comunitats autònomes. I els vull
recordar una cosa que segueix succeint, perquè mentre anem parlant de tot
això hi ha el finançament de les comunitats autònomes, que porta anys
caducat. Com vaig dir un dia aquí, si fos un iogurt ja caminaria per dins
de la nevera.


Escolti, és que la situació de les comunitats autònomes és molt
d’ofec i això requereix solucions. I a això vostès no li donen cap
solució, perquè fan unes baixades d’impostos generals que afecten
tan positivament, en aquest cas, per a la butxaca del qui té molt com del
qui té poc. I aquí s’haurien de fer unes propostes més selectives
ajudant més qui més ho necessita, perquè en un moment com l’actual
necessitem més solidaritat i qui pot ser més solidari? El qui més té. Per
tant, vostès fan una solució per a tothom igual. I, com sempre, qui
sortiria més beneficiat si s’apliquessin totes aquestes reduccions
serien la gent que té uns ingressos més alts. I això s’ha de
rectificar. Necessitem més solidaritat en moments com aquest cap a la
gent treballadora, cap a la gent que no té feina, cap a la gent
pensionista, cap a la gent que té ingressos més baixos. I vostès això,
senyors del Grup Popular, no ho han tingut present. Vostès ho abaixen
tot. I creiem que aquí hi ha d’haver unes ajudes més
selectives.


Des de Junts per Catalunya sempre reclamem un tema —i és cert que
vostè l’ha citat—, les petites i mitjanes empreses i els
autònoms, que són també els qui estan patint més aquesta crisi.
Necessitem ajudes perquè el teixit industrial de l’Estat espanyol,
però, en el cas de Catalunya d’una manera molt rellevant, és
evident que hi ha més empreses petites i mitjanes empreses i autònoms que
grans empreses, que també hi són. I aquí aquestes mesures no les
veiem.


Acabo, senyor president. Per tant, nosaltres no donarem suport a
aquesta moció perquè creiem que vostès han fet unes mesures pel broc gros
i caldria filar més prim.


Moltes gràcies.


Buenos días. Gracias, presidente.


Señorías, viendo ahora esta moción que ha presentado el Grupo Popular
pensaba que estaba en el Pleno de hace quince días, porque prácticamente
se trata de una moción muy similar.


A veces dicen que es importante la imagen. Ayer, cuando regresábamos
del Congreso de los Diputados, la plaza de la Marina —la parte
interior del Senado— se había quedado pequeña por la cantidad de
coches oficiales —pronto van a tener que hacer obras para ampliarla
si siguen creciendo los ministerios—. No sé si cuando hay una
crisis, la imagen que los ciudadanos y ciudadanas de un país desean ver
es tanto coche oficial, tanto coche negro —el color da
igual—, pero la verdad es que dejaba mucho que desear en un momento
de grave crisis económica.


Es cierto que el IPC ha dado un salto muy importante provocado por la
guerra de Ucrania. Sin embargo, también es cierto —y de esto el
Gobierno socialista se olvida— que llevábamos meses y meses con
máximos históricos —cada día era histórico— en el precio de
la electricidad y en el precio de los carburantes, en toda la energía. Es
verdad que la guerra de Ucrania ha significado alcanzar un 9,8 % de IPC a
finales de marzo, pero lo que deberíamos tener presente es que ya
veníamos de un crecimiento estructural del IPC, que llevaba mucho tiempo
disparado. Por lo tanto, aquí hay dos tipos de medidas que deberíamos
tomar: unas más estructurales, para dar una solución para que esto no
siga disparándose, y unas propuestas o soluciones más puntuales para lo
que está ocurriendo en este momento por la guerra de Ucrania. Esta es la
situación.


A pesar de que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que todas las
comunidades autónomas están de acuerdo con la reducción de todos los
impuestos, yo creo que esto no es verdad, porque bajar todos los
impuestos, bajar el IVA, bajar el IRPF de una forma no pactada
—porque esto no aparece en su moción sobre las comunidades
autónomas—, significa afectar. Me ha gustado que usted citara temas
de bienestar social como pueden ser la educación, la sanidad o los
servicios sociales, pero bajar los ingresos del IVA y del IRPF significa
afectar a los ingresos de las comunidades autónomas. Me gustaría
recordarles una cosa que sigue sucediendo, que mientras estamos hablando
de estos temas la financiación de las comunidades autónomas es una
cuestión que lleva años caducada. Como ya dije aquí en su día, si fuera
un yogur andaría seguramente por dentro de la nevera.


La situación de las comunidades autónomas es de ahogo y esto implica o
requiere soluciones, y aquí ustedes no están dando ninguna solución,
porque proponen unas reducciones de impuestos generales que afectan
positivamente, en este caso al bolsillo de aquellos que tienen mucho y no
de los que tienen poco. Aquí deberían darse unas propuestas más
selectivas, ayudando más a aquellos que más lo necesitan, porque en un
momento como el actual necesitamos una mayor solidaridad. ¿Quién puede
ser más solidario? El que más tiene. Ustedes dan una solución igual para
todos y, como siempre, los que saldrían más beneficiados, de aplicarse
todas estas reducciones, serían aquellos que tienen unos ingresos más
altos, y esto debe rectificarse. Necesitamos más solidaridad en momentos
como este para la gente trabajadora, para aquellos que no tienen trabajo,
para los pensionistas y para la gente que tiene unos ingresos más bajos.
Ustedes, esto, señores del Grupo Popular, no lo han tenido presente;
ustedes lo reducen todo, y creemos que aquí deberían darse unas ayudas
más selectivas.


En Junts per Catalunya llevamos reclamando siempre un tema —es
verdad que usted lo ha citado—, que son las pequeñas y medianas
empresas y los autónomos, que son también los que más están padeciendo
esta crisis. Por lo tanto, necesitamos ayudas para el tejido industrial
del Estado español, y en el caso de Cataluña de forma muy relevante,
porque es evidente que tenemos más empresas pequeñas y medianas y
autónomos que grandes empresas, que también las hay, pero estas medidas
no las vemos.


Termino, señor presidente. Nosotros no vamos a dar apoyo a esta moción,
porque consideramos que ustedes han propuesto unas medidas a lo grande y
deberíamos ser mucho más selectivos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia,
senyories.


Com bé ha dit el senador Cleries, això és una segona ronda d’una
moció que vàrem tenir fa quinze dies, on li retrèiem al Partit Popular
que no havia adoptat mesures, i en aquesta sí que proposa més mesures,
oblidant aquest context que tenim de ruptura d’estocs, que va
incrementar els preus, un context de pujada de preus energètics, que
després ha repercutit en els preus dels mercats, de productes més bàsics,
amb un increment bàsicament de tots els productes de primera necessitat.
Però ens oblidam que hem tingut guerra, hem tingut COVID, hem tingut una
crisi energètica puntual causada per la guerra, però jo crec que també
hem de sumar ja la crisi energètica, la crisi dels combustibles fòssils
barats, aquells combustibles als quals ja no accedirem de forma barata,
com ens va dir aquí el doctor Turiel. Crec que hem de fer una reflexió en
profunditat i ens equivocaríem en l’anàlisi si ho deixam fer tot al
que està passant de forma circumstancial i no miram el que està passant
per davall.


Les mesures del Grup Popular, com sempre, són abaixar els impostos. Per
una banda, demanen moltes més ajudes, i per l’altra, abaixen els
impostos. Per tant, com es quadra el cercle? La veritat és que és
impossible. A més a més, demanen mesures a altres, però ells no les
executen. El Govern de les Illes Balears o el Consell de Mallorca han
desplegat tot un conjunt de mesures. Jo no he vist encara el decret llei
de la Comunitat Autònoma de Madrid o altres comunitats autònomes
governades pel Partit Popular on s’adoptin les mesures que demanen
que es facin aquí. He de dir que l’Estat, com va dir, el dia 29
havia de ser un dia esperat —els vam retreure que anaven
tard— i han presentat tot un conjunt de mesures en tema energètic.
Hem de valorar positivament el bo social, la baixada de l’IVA,
l’impost sobre la generació o, evidentment, voldria destacar la
part social, com apujar l’ingrés mínim vital. Crec que això són
mesures positives que també hem de tenir en compte i hem de valorar. O
evidentment tot el que sigui suport a les empreses en l’accés a
crèdits ICO i allargar els seus terminis. O les ajudes al transport, les
ajudes als transportistes o els vint cèntims famosos que ja s’han
comentat. És clar que és positiu, és clar que ho hem de valorar, però
també hem de fer retrets a aquest govern.






Li hem de demanar que ho facin
molt millor, perquè realment no han fet mesures per treure beneficis o
ingressos per compensar i per poder pagar aquestes ajudes. No han fet una
mesura estructural, que és gravar aquells beneficis que han tengut les
grans energètiques caiguts del cel. Aquest beneficis són els que han de
servir per pagar aquestes ajudes a qui pitjor ho estan pagant.


En aquest decret llei que vostès han presentat, presenten una
temporalitat. M’encantaria, i els ho promet, que
m’encantaria, si en tres mesos el problema estigués solucionat si,
la guerra d’Ucraïna acabàs en tres mesos, si la crisi energètica
acabàs en tres mesos, si la crisi dels cereals, de l’oli, dels
productes bàsics acabàs en tres mesos. No, això no passarà, i per tant
les mesures es queden curtes que vostès han plantejat. A més a més, les
mesures han d’anar adreçades a qui ho passen pitjor. Han plantejat
mesures generalistes que queden molt bé, com la dels vint cèntims.
Probablement haurien d’anar adreçades aquestes ajudes als sectors
professionals, als pagesos, als pescadors, als transportistes, amb una
intensitat major. I cal apostar pel transport públic. El transport públic
ho va passar fatal amb la crisi del COVID i vostès han seguit apostant
per la mobilitat individual, en lloc de la mobilitat col·lectiva, com és
el transport públic.


I ahir, i he de coincidir amb els meus companys canaris, els retrèiem
que la insularitat no està contemplada en aquest decret llei. Hi tornam a
ser, amb les reivindicacions. I vostès em diran: que pesat que és aquest
senador, sempre parlant d’insularitat. M’encantaria deixar de
parlar d’insularitat, però cada dia ens veiem forçats a repetir una
i altra vegada el mateix missatge. Els demanaven i evidentment els hem de
demanar: si hi ha sobrecostos de transport a la península, imaginin,
afegeixin en aquest transport els costos del vaixell, els costos de
l’avió. Imaginin vostès el sobrecostos que signifiquen per als
nostres distribuïdors de productes bàsics i, per tant, s’han de
dotar d’ajudes directes a aquest sector. Però ara que vostès estan
sensibles a l’increment dels costos, per què no es plantegen les
ajudes als transportistes i complir el règim especial de les Illes
Balears, on s’eliminen els minimis? No ho han fet. O per què no es
plantegen aprovar d’una vegada per totes el règim especial de les
Illes Balears? Perquè vostès, ara que tenen sobrecostos momentanis, sí
que estan actuant. Ara que els afecta a vostès, sí que estan actuant.
Expliquim als ciutadans de les Illes Balears que tenen uns sobrecostos
estructurals per què no actuen. Diguin a aquests ciutadans que són uns
ciutadans de segona. Quan els ha afectat a la seva butxaca greument, han
actuat de forma ràpida i contundent desplegant mesures com mai
s’havien vistes, però quan els afecta al seu dia a dia vostès no
fan cap mesura específica. Expliquin a aquests ciutadans la seva
diferència. Expliquin-los-ho, per favor. Demanin per què si el sector de
la pesca ho demana, s’actua; si els transportistes demanen,
s’actua; però si són els transportistes de les Illes Balears o de
les Canàries no s’actua de la mateixa manera.


I també, ja que hi som, els ciutadans de les Illes Balears els
demanaran a vostès, senyors del Grup Popular, per què aquell acord que
férem aquí al Senat, on iniciàvem la tramitació del règim especial fiscal
de les Illes Balears, dorm al Congrés. Despertin i facin que es
tramiti.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Como ha dicho ya el senador Cleries, esta es la segunda ronda de una
moción que escuchamos hace quince días. Nosotros reprendíamos al Grupo
Popular que no había propuesto medidas, y en esta sí hay más medidas,
pero olvida el contexto que tenemos hoy, un contexto de ruptura de stocks
que ha aumentado los precio; también una subida de precios energéticos
que ha repercutido en los precios del mercado, en los productos más
básicos, con un incremento en todos los productos de primera necesidad.
Pero no nos olvidemos de que hay una guerra, una COVID, una crisis
energética puntual debido a la guerra, a la que también deberíamos
sumarle la crisis energética, la crisis de los combustibles fósiles
baratos, aquellos combustibles a los que ya no vamos a acceder de forma
barata, como nos dijo aquí el doctor Turiel. Tenemos, por tanto, que
hacer una reflexión en profundidad. Nos equivocaríamos si pensáramos que
todos se debe a lo que está sucediendo de forma circunstancial y no de
forma subyacente.


Las medidas del Grupo Popular, como siempre, son bajar los impuestos.
Por un lado, piden muchas más ayudas y, por otro, reducen los impuestos.
Con lo cual, ¿cómo se puede cuadrar el círculo?, la verdad es que es
imposible. Además, reclaman medidas a otros, pero ellos no las ejecutan.
El Gobierno de las Islas Baleares, el Consejo de Mallorca, han desplegado
una serie de medidas, y aún no he visto el decreto ley de la Comunidad
Autónoma de Madrid o de otras comunidades gobernadas por el Partido
Popular en el que se adopten las medidas que ahora reclaman que se hagan
aquí. El Estado, como ya se dijo, el día 29 —vamos a esperar;
nosotros le decíamos que había retraso— ha presentado un conjunto
de medidas en el tema de la energía. Tenemos que valorar positivamente el
bono social, la bajada del impuesto del IVA sobre la generación o también
la parte social, como es aumentar el ingreso mínimo vital. Todo esto son
medidas positivas y también debemos tenerlas en cuenta y valorarlas como,
evidentemente, todo lo que sea apoyo a las empresas con créditos ICO y
ampliar sus plazos. Las ayudas al transporte, a los transportistas, con
los incentivos que ya se han mencionado, todo esto es positivo, claro que
sí, tenemos que valorarlo, pero también tenemos que hacerle reproches a
este Gobierno, tenemos que pedirle que lo haga mucho mejor, porque
realmente no ha propuesto medidas para sacar beneficios o ingresos para
compensar y poder pagar dichas ayudas. No vemos como medidas
estructurales gravar los beneficios caídos del cielo que han acumulado
las grandes energéticas. Estos beneficios son los que deberían servir
para pagar estas ayudas a aquellos que más lo están pagando.


Este decreto ley que ustedes han presentado es temporal, me encantaría,
se lo prometo, que en tres meses el problema estuviera solucionado. Si la
guerra de Ucrania terminara en tres meses, si la crisis energética
terminará en tres meses, si la crisis del cereal, del aceite, de los
productos básicos terminara en tres meses, pero esto no va a suceder, con
lo cual estas medidas que ustedes han planteado se quedan cortas. Además,
las medidas tienen que ir dirigidas a aquellos que peor lo pasan. Son
unas medidas generalistas que quedan muy bien, como la de los veinte
céntimos, pero deberían ir dirigidas a los sectores profesionales, a los
campesinos, a los pescadores, a los transportistas con mayor intensidad,
apostar por el transporte público, que lo pasó muy mal con la crisis de
la COVID, y ustedes han decidido seguir apostando por la movilidad
individual, en lugar de la colectiva, como es el transporte
público.


Aquí coincido con mis compañeros canarios. Les reprochamos que la
insularidad no esté contemplada en este decreto ley. Volvemos a lo mismo,
ustedes dirán: qué pesado es este senador siempre hablando de la
insularidad. Me encantaría dejar de hablar de la insularidad, pero nos
vemos obligados día tras día a repetir el mismo mensaje. Lo pedíamos y
tenemos que volver a pedírselo. Si hay sobrecostes de transporte en la
península, añádanle ustedes el transporte, los costes del barco o del
avión. Imaginen ustedes el sobrecoste que implica para nuestros
distribuidores de productos básicos. Con lo cual se tiene que dotar de
ayudas directas a este sector. Ahora que ustedes están sensibles al
incremento de los costes, ¿por qué no se plantean las ayudas a
transportistas y cumplir el régimen especial de las Islas Baleares en el
que se eliminan los costes de mínimos, que no lo han hecho? ¿Por qué no
se plantean aprobar de una vez por todas también el régimen especial de
las Islas Baleares? Ustedes, ahora que tienen sobrecostes momentáneos sí
están actuando. Ahora que les afecta a ustedes, están actuando.
Explíquenles también a los ciudadanos de las Islas Baleares, que tienen
unos sobrecostes estructurales, por qué no actúan. Díganselo a esos
ciudadanos, que son ciudadanos de segunda. Cuando se ve afectado su
bolsillo gravemente han actuado de forma rápida y contundente, con unas
medidas que jamás se habían visto, pero en su día a día ustedes no
proponen ninguna medida específica para ellos. Explíquenles a estos
ciudadanos la diferencia, díganselo y expliquen por qué si el sector de
la pesca lo exige, entonces actúan; si los transportistas lo exigen,
entonces actúan, pero si son de las Islas Baleares o de las Canarias no
actúan de la misma forma.


Ya que estamos, también pregunten a los ciudadanos de las Islas
Baleares, señores del Grupo Popular, por qué ese acuerdo que escuchábamos
aquí en el Senado para iniciar la tramitación del régimen especial fiscal
de las Islas Baleares duerme en el Congreso. Despierten y hagan que se
tramite.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tomará la palabra su
señoría la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, presidente jauna. Egun on
guztioi.


Compartimos con el grupo proponente que la situación no es buena. El
dato más relevante es el del IPC, ese 9,8 % que hemos conocido, resultado
de la escalada de precios, básicamente los de la electricidad. Además, es
preocupante porque es el IPC más alto en comparación con los países del
resto de Europa. Estamos en una situación incierta e inédita.


Cuando estábamos iniciando la recuperación de la crisis provocada por
la pandemia —eso sí, con muchas incertidumbres, el IPC ya venía
estando alto por los precios de la energía, la persistencia de los
cuellos de botella, los déficits de materia prima—, nos encontramos
con la invasión de Ucrania, que ha derivado en una crisis energética sin
precedentes y ha alterado las agendas políticas y económicas. Esas
agendas obligan a establecer medidas urgentes, excepcionales y temporales
para paliar la situación, sin olvidar que también son necesarias medidas
de gran calado o estructurales.


Ustedes en la moción hablan de los acuerdos de la Conferencia de
Presidentes de La Palma, pero en realidad a esta moción solo trasladan
las referidas a las rebajas fiscales, como ustedes las entienden, además.
De ocho puntos, los cuatro primeros plantean la reducción de cuatro tipos
de IVA. Volvemos a dar nuestra opinión sobre la reducción de los
impuestos que una y otra vez proponen —lo hemos trasladado en
varias ocasiones—: no estamos de acuerdo con bajadas masivas de
impuestos. En la situación actual nuevamente se necesitan recursos
adicionales para acompañar a las familias y a los sectores económicos, y
esto no se puede hacer si no se cuenta con ingresos públicos, con
ingresos fiscales. Cuando se reducen los ingresos, lo que terminan
reduciéndose son los recursos que se deben destinar a garantizar los
servicios públicos que son necesarios para garantizar un Estado de
bienestar.


Además, su moción es extemporánea. El Gobierno ya ha aprobado
—pendiente de convalidar— el Real Decreto 6/2022. Cada grupo
estará más o menos de acuerdo, pero algunas medidas están relacionadas
incluso con lo que ustedes proponen: rebajas de impuestos, como las de
prorrogar las relacionadas con la factura eléctrica; hay otras que
nuestro grupo entiende que van en la buena dirección, como la reducción
de los peajes a las electrointensivas, las subastas de CO2, hasta agotar
el 25 % de estos beneficios para rebajar el precio de la luz, o las
ayudas directas al sector primario y a los carburantes o extender el bono
social eléctrico, entre otras. Medidas por la parte impositiva sí, pero
también medidas de apoyo por la parte del gasto.


Se precisan también medidas estructurales: el cambio de la estructura
económica, aumentar la productividad, para ello contamos con los fondos
Next. Quizá Europa debería revisar los plazos de ejecución o algunos
proyectos tendrán dificultad para poder ejecutarse y también revisar los
objetivos, porque, entre otras cosas, debemos reducir la dependencia
estratégica europea en materias primas, semiconductores, sanidad,
alimentos, y se debe abordar la medida estructural más importante para
solucionar la crisis energética y, por tanto, la crisis económica para
que afecte a la reducción del precio de la energía. Nos referimos al
desacople del precio del gas en el mercado diario que no se ha
incorporado en el decreto del Gobierno, porque lo que se ha considerado
como una oportunidad de la excepción ibérica es una excepción temporal.
Por tanto, se necesita seguir insistiendo en la reforma del mercado
marginalista y, por supuesto, hay que acelerar la transición energética;
urge potenciar las renovables y su almacenamiento para reducir la
dependencia de las fuentes de energías fósiles.


Quiero trasladarles otra cosa, algo que para nosotros ha sido una
contradicción y que a lo mejor nos lo pueden explicar presentándonos
quizá un informe de las propuestas que hacen, porque ¿cómo pueden bajar
impuestos, establecer ayudas directas a familias y empresas y, además,
reducir el gasto público? La verdad es que nosotros no sabemos cómo se
podría hacer esto.


En cuanto al punto último de su moción, el referente a la interconexión
energética con el resto de Europa, estamos de acuerdo. Se necesita tener
interconexiones para reducir la dependencia energética, porque ayudarán
al refuerzo del suministro de energía. Está claro que, de hacerlo, se
debería hacer no solo con el gas, sino también con el hidrógeno. Ahora
que parece volver el debate a la Comisión Europea, parece que hay
posibilidades de considerarlo, pero sí vemos que los plazos de
construcción, como mínimo, nos llevan a cuatro años. Con lo cual, no
parece una medida que sirva para superar la crisis energética en este
momento.


Finalizo. No compartimos las medidas que proponen. No dan solución a
las necesidades que tienen las familias y las empresas. Consideramos que
es extemporánea. No dan soluciones a la crisis energética y menos a la
crisis económica, y entendemos que este es el debate que ya se está dando
para la convalidación alrededor de las medidas propuestas en el Pacto de
Estado.


No apoyaremos esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente. Sí, gràcies,
president.


Senyories, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu començarem la nostra intervenció fent unes
quantes consideracions amb relació a la moció conseqüència
d’interpel·lació del Grup Popular. La primera d’aquestes
consideracions és una constatació: del total de mesures proposades a la
seva iniciativa, vuit, les quatre primeres fan referència o bé a abaixar
el tipus impositiu de l’IVA o bé a la supressió de l’impost
especial als hidrocarburs. La proposta número 5 fa referència a la
deflactació dels trams de l’IRPF. És curiós que en cap
d’aquestes prioritats hi aparegui, per exemple, alguna mesura per
incrementar la recaptació, com incrementar l’impost a aquelles
societats que, en les circumstàncies actuals i en el context actual, sí
que han vist incrementats els seus beneficis, perquè, tal com ja
s’ha explicat en les diferents intervencions dels grups
parlamentaris anteriors, ens trobem en una situació en què l’escut
social i l’Estat del benestar necessita aquesta recaptació per fer
front al pagament de totes aquelles ajudes, de totes aquelles
prestacions, adreçades a tots aquells col·lectius més vulnerables que
estan patint amb més severitat els efectes d’aquesta crisi en què
ens trobem agreujada, naturalment, pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.


Més enllà de tot això, la meva companya Idurre ja ha fet referència al
pla de xoc anunciat fa uns dies per Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu al Congrés, un pla de xoc dividit en uns quants blocs, socials,
mesures econòmiques, etc., per protegir precisament la ciutadania davant
d’aquestes circumstàncies tan extraordinàries que estem
vivint.


Mirin, ja s’ha dit també, la inflació al mes de març
s’enfila al 9,8 %, en relació amb el març de l’any passat. I
no hauríem d’oblidar que la inflació subjacent, aquella que no té
en compte els aliments no elaborats i els productes energètics, el mes de
gener ja se situava al 2,4 %. Per tant, què vol dir tot això? Que ens
trobem davant d’una situació que el que reclama són mesures i
reformes de tipus estructural, mesures i reformes de tipus integral, no
només mesures temporals com les que vostès proposen. Fixi’s, alguns
col·lectius com per exemple l’AIReF, que no són gens sospitosos,
diguem-ne, d’afinitat amb polítiques socialdemòcrates com les que
defensem Esquerra Republicana de Catalunya, ja anunciava a finals
del 2021 que aquesta suposada consolidació fiscal a la que vostès sempre
fan referència des del Partit Popular no significava necessàriament a
curt termini una retallada, és a dir, una disminució en la despesa
pública, en la inversió pública. Perquè, en el fons —i aquest és un
altre dels punts que vostès defensen—, el que hi ha darrere
d’alguna d’aquestes mesures que vostès proposen a la moció
conseqüència d’interpel·lació, la que va dirigida a la millora de
l’eficiència en la despesa pública, és sinònim —i així ho han
demostrat quan vostès han governat— de retallades i també de
desmantellament de l’estat del benestar. Per tant, nosaltres com a
grup parlamentari en això no hi podem estar d’acord.


En la moció conseqüència d’interpel·lació del darrer ple, bastant
similar a la que avui presenten, tot i que aquesta d’avui
l’han perfeccionat, jo ja vaig explicar el següent: el pitjor dels
escenaris possibles que ens podem trobar és l’escenari d’una
estagflació, una barreja d’estancament amb pujada de preus,
d’estancament amb inflació. La mateixa AIReF reconeix que, en un
escenari com el que ens trobem ara, que ens pot conduir a una
estagflació, el pitjor és que, com que ens trobem amb un mercat que està
patint turbulències en estat de xoc, hi ha disrupció a la cadena de
valors i que, precisament, l’increment de preu d’aquests béns
es produeix en aquells béns que tenen una major inelasticitat, és a dir,
que són béns que costarà molt que tornin als seus preus anteriors. Per
tant, tot això ens condueix, senyories, a reformes de tipus integral, no
reformes de tipus parcial molt esbiaixades que acaben sempre beneficiant
els mateixos i que no són en cap cas les classes més necessitades i els
col·lectius més vulnerables.


Per tot això, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu votarà en contra de la seva
iniciativa.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu vamos a empezar esta intervención haciendo varias consideraciones
en relación con la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Popular. La primera de estas consideraciones es una
constatación del total de medidas propuestas en su iniciativa: ocho. Las
cuatro primeras hacen referencia bien a bajar el tipo impositivo del IVA,
bien a la supresión del impuesto especial a los hidrocarburos. La
propuesta número cinco hace referencia a la deflactación de los tramos
del IRPF. Es curioso que en ninguna de estas prioridades aparezca, por
ejemplo, alguna medida para incrementar la recaudación como, por ejemplo,
incrementar el impuesto a aquellas sociedades que, en las circunstancias
actuales, sí han visto incrementados sus beneficios, porque como se ha
explicado en las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios
anteriores, nos encontramos en una situación en la que el estado del
bienestar requiere esa recaudación para hacer frente al pago de todas
aquellas ayudas, todas aquellas prestaciones dirigidas a los colectivos
más vulnerables, que son los que están sufriendo con mayor severidad los
efectos de esta crisis en la que nos encontramos, agravada, claro está,
por el conflicto bélico en Ucrania.


Más allá de todo ello, mi compañera Idurre ya se ha referido al plan de
choque mencionado hace unos días por Esquerra Republicana-Euskal Herría
Bildu en el Congreso, un plan de choque dividido en varios bloques:
medidas sociales, medidas económicas, etcétera, para proteger
precisamente a la ciudadanía ante estas circunstancias tan
extraordinarias que estamos viviendo.


Como se ha dicho también, la inflación ha subido en el mes de marzo
al 9,8 %, comparado con el mes de marzo del año anterior, y no deberíamos
olvidar la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los
alimentos no elaborados y los productos energéticos, que en el mes de
enero ya se situaba en el 2,4 %. ¿Qué significa todo ello? Pues que
estamos ante una situación que exige medidas y reformas de tipo
estructural, es decir, medidas y reformas de tipo integral, no tan solo
medidas temporales como las que ustedes proponen. Algunos colectivos,
como la Airef, que para nada son sospechosos de afinidad con políticas
socialdemócratas como las que defiende Esquerra Republicana en Catalunya,
ya anunciaba a finales de 2021 que esta supuesta consolidación fiscal a
la que ustedes, el Grupo Popular, siempre hacen referencia no significaba
necesariamente un recorte a corto plazo, es decir, una disminución en el
gasto público, en la inversión pública, porque en el fondo —y este
es otro de los puntos que ustedes defienden—, lo que hay detrás de
alguna de estas medidas que ustedes proponen en la moción consecuencia de
interpelación, la que va dirigida a la mejora de la eficiencia en el
gasto público, es sinónimo —y así lo han demostrado cuando ustedes
han gobernado— de recortes y, también, de desmantelamiento del
estado del bienestar. Con lo cual, nuestro grupo parlamentario no puede
estar de acuerdo con eso.


Fíjense, en la moción consecuencia de interpelación del último Pleno,
bastante similar a la que hoy presentan, si bien han perfeccionado esta
de hoy, yo expliqué lo siguiente: el peor de los escenarios posibles con
el que podemos encontrarnos es el de una estanflación, una mezcla de
estancamiento con subida de precios; estancamiento con inflación. La
misma Airef reconoce que en un escenario como en el que nos encontramos
ahora, que nos puede llevar a una estanflación, lo peor es que como nos
encontramos con un mercado que está padeciendo turbulencias, en estado de
shock, hay una disrupción en la cadena de valores y, precisamente, el
incremento de precio se produce en los bienes que tienen una mayor
inelasticidad. Es decir, que va a costar mucho que estos bienes regresen
a sus precios anteriores. Todo ello nos conduce, señorías, a reformas de
tipo integral, no a reformas parciales, muy sesgadas, que acaban
beneficiando siempre a los mismos y que en ningún caso son las clases más
necesitadas y los colectivos más vulnerables.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu va a votar en contra de su
iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría Puente
Redondo.


El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, aunque
todavía falta la intervención del Grupo Parlamentario Socialista.


Antes de responder y aclarar un poco nuestra moción, a la vista de las
intervenciones que hubo ayer, el Grupo Socialista dirá que en 2011 el PP
subió impuestos, y así fue, efectivamente, pero eran contextos totalmente
diferentes. En aquella ocasión nos encontramos las arcas totalmente
vacías, la actividad económica totalmente parada, a cero, y el paro
descontrolado. También quiero decir que esas medidas duraron año y medio
y que, a partir del año y medio y hasta el final de legislatura, se
fueron bajando todos los impuestos, se crearon dos millones de puestos de
trabajo, se reactivó la actividad económica y hubo nuevamente ingresos
para nuestra economía. La situación actual no es esa, sino que, debido a
la inflación, el Estado está teniendo unos grandísimos excedentes de
ingresos, que son dineros de las familias. Y respondiendo al Grupo Vasco,
quiero decir que todos estos gastos son de las familias. Se dice que hay
que recaudar más para dar a las familias, pero vamos mejor a decirle a
las familias que se queden ya con el dinero, que no lo den en esos
impuestos.


Sí que estoy de acuerdo con el Grupo ERC Bildu en que, lógicamente, la
guerra ha influido y está inflando esa subida de precios, pero esto es
algo que viene de muy atrás. Y no estamos en desacuerdo en que haya
inversión pública, para nada, lo que queremos es que no haya derroche
público, y aquí quiero poner varios ejemplos relacionados con la
reducción del gasto: 335 000 euros para mejoras del Palacio de las
Marismillas, donde va nuestro presidente de vacaciones; 600 millones para
renovar la flota de coches del Estado; 3,5 millones de euros para
publicidad del 8-M; 12 000 euros para estudiar las diferencias de cómo
afectan los huracanes entre hombres y mujeres. Y así un largo etcétera:
veintitrés ministerios, ministerios que no se llevan bien entre ellos,
donde hay diferencias... (Aplausos). Nos piden unidad cuando, luego, los
veintitrés ministerios están enfrentados unos contra otros. Un embajador
con COVID, ministros que van en contra de sus ciudadanos... ¿Todo eso es
realmente para educación y sanidad, como tanto escuchamos aquí? Para
nada, todo lo contrario, eso es para mantener el estado de bienestar,
pero el estado de bienestar no de las familias españolas, sino el estado
de bienestar de Sánchez. (Aplausos). Y, como digo, todo eso lo pagan las
familias que se levantan a las siete de la mañana.


Hablamos de 60 000 millones euros de reducción de gastos, de un gasto
totalmente improductivo, de ese derroche público que dice el Instituto de
Estudios Económicos que podemos eliminar. He puesto algunos ejemplos y de
ahí podemos tirar hasta los 60 000 millones de euros que nos dicen.


Y respondiendo a Izquierda Confederal y al señor González-Robatto, que
se preguntan cómo cuadrar el círculo, les diré que tenemos el ejemplo
claro de Andalucía. Después de treinta y siete años, un Gobierno del
Partido Popular llegó a Andalucía. ¿Y qué hizo? Reducir impuestos y
eliminar trabas administrativas para que se generasen nuevos puestos de
trabajo, para facilitar la creación de empresas, para facilitar esa
creación de empleo y dinamizar la economía. Esa dinamización de la
economía hizo que, al final de la legislatura 2019-2020, tuviese unos
ingresos de 800 millones de euros más y 280 000 contribuyentes más,
porque, lógicamente, los empleados, la gente, viendo que hay una
seguridad jurídica, que se crea empleo y que tienen empleo para mantener
a sus familias, se van a vivir allí. Eso está claro, es algo que el
Partido Popular ha demostrado en dos ocasiones, porque cuando ha llegado
al gobierno, ha creado empleo y ha eliminado trabas administrativas para
crear ese empleo. Lo sabemos hacer y, al final, lo que hace esa actividad
económica es que crezcan los ingresos del Estado y se puedan pagar todos
los servicios sociales que estamos comentando: la sanidad, la educación,
etcétera.


Concluyo ya, señor presidente. Está claro que algo no estamos haciendo
bien, o que no lo está haciendo bien este Gobierno, cuando en plena
pandemia fue el país de la OCDE con mayor caída del producto interior
bruto. Tenemos ahora el mayor PIB de la Unión Europea, somos líderes en
paro y en paro juvenil. Está claro que algo falla. No es que seamos el
octavo puesto, no es que ocupemos el décimo puesto, no, es que somos
líderes.


Por lo tanto, por favor, escuchen nuestras medidas, unas medidas que ya
se han puesto en marcha las veces que hemos gobernado, que han
funcionado, que han creado empleo, que han reactivado la actividad
económica en nuestro país y que han hecho que crezcamos. Realmente, no
hay otra solución que bajar esos impuestos frente a esta inflación, y no
quitar dinero a las familias para luego repartirlo. Vamos a dejar que las
familias tengan ese dinero en sus bolsillos. Tenemos que activar la
economía y, como digo, las únicas medidas para reactivar esta economía en
España son bajar los impuestos y reducir el gasto, todo este gasto
improductivo.


Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría
Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Partido Popular no arrimó el hombro durante la pandemia;
tampoco lo hizo en la negociación de fondos europeos y, ahora, ante esta
situación económica provocada por la guerra en Ucrania, tampoco está
dispuesto a hacerlo. Este es su patriotismo: ninguno. (Aplausos). Frente
a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado veintitrés medidas
y 16 000 millones de euros para bajar el precio de la luz, del
combustible y reactivar la economía. Ha bajado 20 céntimos por litro de
combustible para todos; ha aumentado un 15 % el ingreso mínimo; ha
conseguido que haya 2 millones de familias con bono social; 430 millones
para agricultura, ganadería y pesca; 10 000 millones de fondos ICO para
empresas, pymes y autónomos; y 1000 millones más para el sector del
transporte.


Señorías del Grupo Popular, de todas estas medidas, ¿cuál no les gusta?
(Aplausos).






Díganlo, porque su receta, la receta del Partido Popular
siempre es bajar los impuestos, pero mienten, porque cuando gobiernan los
suben; es lo que hizo Rajoy, que fue el que lo subió más que nunca,
cincuenta veces subió los impuestos. (Rumores). Y ustedes solo los bajan
a los que más tienen. Miren ustedes: Ayuso perdona impuestos por valor
de 1000 millones de euros a los que tienen un patrimonio de más de 10
millones de euros. Y el señor Moreno Bonilla solo baja impuesto a los que
cobran una herencia de más de un 1 millón de euros por heredero.


Señorías, ustedes traen hoy aquí una moción que es un insulto a la
inteligencia de los españoles y las españolas, porque lo primero que
piden es bajar el IVA de la luz. ¡Pero si ustedes lo subieron al 21 %! Ha
sido este Gobierno el que lo ha bajado al 10 %. Este Gobierno ha
eliminado el impuesto al sol que ustedes aprobaron. Este Gobierno ha
eliminado el impuesto a la producción eléctrica que ustedes aprobaron, y
este Gobierno, también, ha ahorrado 12 000 millones de euros a 28
millones de consumidores españoles y a 2 800 000 empresas.


También piden en su moción bajar el IVA, un IVA súper reducido para el
gas, y eliminar directamente el impuesto de hidrocarburos. Ustedes saben
que eso es ilegal. Ustedes han gobernado y saben que Europa no lo
permite. ¿Por qué mienten a los españoles? Mientras tanto, el presidente
Pedro Sánchez está peleando y defendiendo en Europa la bajada del gas
para que se pueda reducir la factura eléctrica a la mitad.


Ustedes vuelven a plantear también hoy aquí, una semana más, la
deflación de los umbrales del IRPF. ¡Pero, vamos a ver, si un Gobierno
del Partido Popular aprobó justo lo contrario con la desindexación de la
economía española en 2015! Dejen de engañar a los españoles.


Y ahora se acuerdan de las familias. Yo quiero recordar que con el
Partido Popular hubo otra crisis, donde rescataron a los bancos, pero
machacaron a las familias. Y quiero recordarle, también, que durante la
pandemia el Partido Popular no ha votado una sola medida de protección
social. Por tanto, al Partido Popular las familias españolas le importan
absolutamente nada. (Aplausos).


Hablan en su moción también de mejorar la eficiencia del gasto público.
Eso es lo que hace este Gobierno. Pero es, cuando menos, llamativo que
ustedes planteen esto cuando recortaron 10 000 millones de euros en
sanidad y en educación en solo un año, ¿o ya no se acuerdan? Dejen de
tomar el pelo a los españoles.


Y su último punto. Hablan de la realización de un gaseoducto para
llevar el gas a Europa, pero eso habrá que hacerlo con fondos europeos,
¿no? Los mismos fondos europeos a los que el Partido Popular votó que no;
los mismos fondos europeos que el Partido Popular no quería que viniesen
a nuestro país. Esa es la realidad. (Rumores.— Aplausos).


Señorías, el Partido Popular quiso aprovechar la pandemia, y ahora la
guerra, con dos objetivos: primero, bajar los impuestos a los que más
tienen, a los ricos, a los millonarios; y, en segundo lugar, y quiero
dirigirme a la ciudadanía española, lo que quiere el Partido Popular es
desmantelar el Estado del bienestar. (Aplausos). El Partido Popular
quiere recortar la sanidad, recortar la educación, recortar la
dependencia, recortar las pensiones y recortar la protección por
desempleo. (Rumores). Es lo que ustedes hacen donde gobiernan. La señora
Ayuso ha echado a la calle a 6000 sanitarios; el señor Moreno Bonilla ha
echado a la calle a 8000 sanitarios y el señor Feijóo ha cerrado el 10 %
de las camas hospitalarias y el 10 % de los colegios. (Aplausos). Por
tanto, déjense de demagogia, de populismo y de tratar de engañar a la
gente.


Voy terminando. (Rumores).


Señorías del Partido Popular...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


Ruego que se escuche con el mismo silencio que se ha escuchado al
anterior orador. Muchas gracias.


Continúe, senador Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías del Grupo Popular apoyen al Gobierno,
arrimen el hombro para proteger a familias, a trabajadores, a pymes y a
autónomos, porque, si no lo hacen, cuando salgamos de este difícil
momento, España no tendrá que agradecerle nada al Partido Popular,
absolutamente nada, ni a sus socios de Gobierno, la ultraderecha de Vox.
Y una puntualización más: en Asturias se ha propuesto bajar las tasas y,
también, conceder ayudas directas. Y yo le pregunto al Grupo Popular:
¿están dispuestos la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla y el señor
Feijóo a hacer exactamente lo mismo? De lo contrario, lo único que están
haciendo hoy aquí es demagogia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Heredia Díaz.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, se procede a abrir el
plazo de dos horas para su votación telemática. Se votará en sus propios
términos. Abrimos el plazo de votación desde este momento, en que son las
nueve horas y cincuenta y nueve minutos, hasta las once horas y cincuenta
y nueve minutos de hoy.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, PARA PERMITIR LA PERVIVENCIA DE
CONJUNTOS URBANOS COSTEROS DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL EN TERRENOS QUE HAN
PASADO A SER DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.


622/000075

GPP


El señor presidente lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna proposición de ley
alternativa, con lo cual procede someter a debate y votación la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra su
señoría Martínez Mus.


El señor MARTÍNEZ MUS: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Antes de nada, querría dar la bienvenida a esta
Cámara a concejales y miembros de asociaciones de Nules, Cabanes,
Oropesa, Moncofa y de otros municipios que nos acompañan que hasta hoy
son, en gran medida, responsables de que estemos ahora aquí.
(Aplausos).


Hoy tomo la palabra en esta Cámara gracias a mi grupo, que ha querido
impulsar esta iniciativa, y les confieso que más satisfecho y orgulloso
de hacerlo que nunca, permítanme el personalismo. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Desde que tengo el
honor de pertenecer a esta Cámara, hoy es el día que más agradecido estoy
de poder subir a esta tribuna a decir lo que he deseado durante muchos
años exponer en un foro legislativo como este.


Y es que no puedo evitar reproducir en mi mente una imagen que me
gustaría que visualizaran conmigo: Xilxes, mi pueblo, 1989. Un cordón
policial acordona, valga la redundancia, el poblado marítimo para, en
aplicación rigurosa de la recién aprobada entonces Ley de costas,
derribar viviendas sin molestias en mi municipio. Cuando se abrió ese
cordón, la imagen de la señora Amelia, una vecina de mi pueblo, buscando
entre los escombros objetos personales, fotografías que pudiera salvar de
esas ruinas, me ha perseguido y la tendré grabada siempre. Por eso
—yo era entonces un adolescente—, desde ese momento he
aprendido a interpretar por qué pudo suceder aquello que en mi pueblo se
recuerda como una enorme tragedia, pero no he podido olvidarlo, porque
nunca entendí por qué fueron necesarios aquellos derribos. Hoy tengo la
esperanza de contribuir a corregir en parte situaciones como aquella. Por
eso, quiero que entiendan el orgullo y la emoción que tengo hoy al poder
presentarles esta proposición de ley.


La iniciativa es sencilla, y para presentarla me gustaría ponerles un
ejemplo, pero, por favor, tómenlo solo como eso, como un ejemplo. En
Torre la Sal, en Cabanes, mi provincia, al norte de Oropesa,
concretamente de Marina d’Or, existe un poblado marítimo con
antecedentes incluso de un poblado íbero que acoge un centenar de
viviendas; viviendas sencillas, de una medida que no pasará de los 100
metros cuadrados de planta, normalmente de una sola altura y alguna con
un altillo. Ese poblado forma parte, sin duda, de lo que todos nosotros
podemos entender como paisaje mediterráneo, mucho más que cualquiera de
las urbanizaciones que lo rodean. Pues bien, por abreviar, hace ahora
aproximadamente un año esos 100 vecinos recibieron una orden de desalojo
emitida por el Ministerio de Transición Ecológica. No entraré —no
quiero hacerlo— en si ese procedimiento se ajusta o no a la
legalidad, aunque no esté en absoluto de acuerdo con él, porque no es el
objeto de esta iniciativa, pero lo cito porque, desde ese día, todas las
instituciones, todas, ayuntamiento, diputación, Generalitat Valenciana,
partidos políticos, todos sin excepción, acudieron a visitar el lugar y a
manifestar su apoyo a esos vecinos, incluso el president de la
Generalitat Valenciana. ¿Y qué pasó? Que manifestaron buenas intenciones
y solidaridad, pero no pudieron ofrecer soluciones porque no las hay; con
la ley en la mano no hay encaje para conservar este poblado. Pues,
señorías, hoy traemos aquí una llave.


Y repito, lo he puesto de ejemplo porque es muy gráfico y reciente,
pero esta situación tiene casos similares en todo el litoral español. Sin
salir de mi provincia, esa historia se repite en Nules, Moncofa o
Almenara, donde hay conjuntos arquitectónicos de gran valor en casas que,
en su día, fueron originariamente casas de pescadores o de otros usos,
pero que hoy, sin duda, constituyen la fachada patrimonial y cultural de
mi provincia.


No va a ser posible que visiten ustedes físicamente los núcleos que
citamos en la iniciativa, pero estamos en la era digital y disponen de
medios para hacerlo. Especialmente, les invito a que usen sus
dispositivos móviles y pongan en Google Casetes de Nules. Comprobarán,
mejor tal vez que escuchando mi explicación, a qué tipo de edificaciones
me estoy refiriendo. Si lo hacen, verán que son viviendas en su mayoría
identificadas como construcciones propias de la arquitectura valenciana
de finales del siglo XIX y principios del XX, que sus propietarios han
conservado con todo el cariño, pese a los rigores de la legislación que
hoy precisamente estamos intentando adaptar. Gracias al cariño dedicado
por esas personas conservan el valor patrimonial y paisajístico que
pretendemos realzar. Háganlo, señorías, usen un rato para ver esas
imágenes y entenderán el porqué de esta iniciativa mejor que escuchando
mi explicación. Pueden hacer lo mismo en los demás lugares que ponemos
como ejemplo, que, insisto, son ejemplos: Puntas de Calnegre, Cabo de
Palos y Los Nietos, en Murcia; les casetes de Vorera, en Menorca; Punta
Lara, El Faro, El Altillo, Casas Quemadas, La Barranquera, Telde, Tufia u
Ojos de Garza, en Canarias, son muestras que les pueden servir para
hacerse una idea. Antes de explicarles el detalle de la propuesta, quiero
hacer constar una premisa mayor: la reforma que proponemos es muy
concreta y reducida, no entra en el debate del grueso de la Ley de
costas, que, en mi modesta opinión, mía particular, deberíamos seguir
mejorando para regular el tránsito de propiedad privada a dominio público
cuando la regresión hace mella en la costa.


Hace unas semanas tuve la ocasión de preguntar a la vicepresidenta
Ribera sobre su propuesta del Reglamento de costas, y fui duro, lo
reconozco, porque entendemos que esa propuesta merece esa dureza; y lo
seremos cada vez que se trate de resolver el conflicto al que me refería
en favor de la Administración y en contra de los ciudadanos sin
justificación suficiente. Lo que necesitamos en estos momentos es una
estrategia urgente de protección de la costa y recursos para proteger
nuestras playas, no normas en favor de la arbitrariedad. Dicho esto,
quiero precisar, aunque supongo que los conocen, los términos de la
proposición de ley, que, como decía, es concreta y escueta.


La disposición adicional que queremos incluir parte de tres premisas
para identificar los núcleos que nos gustaría que se tomaran en valor:
que tengan valores etnológicos, culturales, históricos o paisajísticos
que merezcan, a juicio del ayuntamiento en el que radiquen, ser
conservados y que obtengan el dictamen favorable de la comunidad autónoma
donde radiquen; que estén integrados en el entorno, de forma que su
pérdida suponga una minusvalía del patrimonio cultural, y que hayan
pasado a ser dominio público después de existir. Todo ello para que se
les puede aplicar el régimen de servidumbre de protección, no el de
dominio público. ¿Para qué? Para garantizar que quienes han hecho muy
bien conservando la estética y el valor de esos inmuebles puedan seguir
haciéndolo sin cortapisas, siempre, por supuesto, conservando la
tipología que ha merecido la protección.


Señorías, al final, aunque confiese que la idea —y lo hago sin
temor— nace del interés de ayudar a la gente que habita esos
inmuebles, les pido que vean, al margen de los ejemplos, esta iniciativa
como puramente de interés público: el de conservar la fisonomía
tradicional de nuestra costa, que no es la de grandes construcciones,
sino la de casas, como les casetes de Vorera, casetes de la Mar o
cualquiera de las denominaciones que tienen a lo largo de todo el litoral
español.


En definitiva, queremos proteger la forma que históricamente hemos
tenido en España de relacionarnos con el mar, porque es parte de nuestra
historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestro patrimonio
histórico-cultural, y les traemos una herramienta, un primer paso. Se
trata, como ya saben, de una toma en consideración sujeta a toda la
tramitación posterior si se considera que esta propuesta literal no acaba
de convencerles. Por eso, entendemos que solo apoyarla, que no es poco,
significa manifestar la voluntad de abordar el problema. No tienen por
qué estar de acuerdo en la solución concreta, solo en identificar que hay
un problema y contribuir a las posibles soluciones. Por eso, pido que nos
ayuden a hacer flexible esa ley, a dotarla de una herramienta que nos
permita dar soluciones. Hoy tienen la posibilidad de cumplir dos
objetivos muy honrosos: ayudar a la gente, a muchas familias que lo están
sufriendo y, además, poder proteger el patrimonio etnológico de nuestro
litoral. Les pido, pues, que apoyen esta proposición.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para el turno a favor, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. Desde el Partido Regionalista de Cantabria
intervenimos en este turno a favor para mostrar nuestro apoyo a la toma
en consideración de esta proposición de ley, pues afronta una
problemática que afecta a muchas familias y muchas empresas en todo el
litoral del Estado, incluida mi tierra, Cantabria. La regresión natural
es un hecho evidente, fruto de la propia dinámica mareal, pero que está
siendo cada día más fuerte como consecuencia del cambio climático. El
aumento del nivel del mar o la aparición de temporales cada día más
virulentos, que llevan aparejados mareas más fuertes y oleajes de mayor
intensidad, son algunos de los ejemplos más ilustrativos que explican por
qué la mar va ganando terreno a la costa a una velocidad mayor de la que,
por su naturaleza, debería. Esto está generando problemas, y, si no
logramos frenar tanto el cambio climático como sus efectos devastadores,
generará todavía muchos más. Por lo pronto, empiezan a verse próximas al
mar infraestructuras que hasta hace años no lo estaban tanto, sobre todo
en la costa levantina, aunque con ejemplos también en el archipiélago
canario y en la costa cantábrica.


Esta evolución geológica ha llevado a que algunos núcleos se hayan
visto incluidos dentro del espacio de dominio público marítimo-terrestre
cuando, en origen, no lo estaban, pasando por tanto a estar sometidos a
las reglas que les impone la Ley 22/1988, de costas. Se trata, en muchos
casos, de infraestructuras, edificaciones o negocios que tienen un valor
económico importante, pero que, además de ello, se han convertido con el
paso de los años en verdaderos referentes para la gente que allí vive.
Esto tiene que llevarnos a pensar que desde aquí, desde el Legislativo,
tenemos que darles una solución a todos aquellos establecimientos, a
todas aquellas edificaciones que han visto cómo de la noche a la mañana
han pasado a considerarse de dominio público marítimo-terrestre. Entre
ellos, encontramos monumentos, zonas de especial valor por formar parte
de conjuntos arqueológicos; también encontramos conjuntos urbanos con
casi un siglo de historia y negocios en los que hace décadas se emprendió
una actividad económica y que hoy tienen una importancia manifiesta para
la ciudadanía de las zonas afectadas.


Lo dijimos en la tramitación de la Ley de cambio climático en lo que
tocaba a las concesiones de uso del espacio marítimo-terrestre y lo
decimos ahora: no podemos crear incertidumbre ni poner en peligro las
formas de vida de la gente que vive en las zonas litorales. Nuestra
misión es dar soluciones, no crear problemas, y en este caso lo que
estamos haciendo es esto último. Imagínense ustedes que son algunos de
los usuarios o de las personas que viven o tienen su forma de ganarse la
vida instalados en estas zonas y que, con el paso del tiempo, por causa
de la erosión litoral, pasan a considerarse de dominio público. ¿De
verdad es justo sustraerles estos bienes? ¿Qué delito han cometido? ¿Qué
norma han incumplido? La realidad es que ni una sola de las personas
afectadas ha hecho nada mal más que heredar, en la mayor parte de los
casos, una propiedad de sus padres, y la potencial pérdida de estas puede
crearles una serie de perjuicios económicos, sociales y emocionales que
no merecen.


En Cantabria somos conscientes de la inseguridad que muchas personas
viven, y por ello, en lo referente a las dudas que creó la Ley de cambio
climático, que comenté anteriormente, el Parlamento de Cantabria aprobó
el pasado 20 de diciembre, con el voto del Partido Regionalista de
Cantabria, una proposición de ley para instar al Congreso de los
Diputados a modificar los artículos 32 y 66 de la Ley de costas en
relación con la prórroga de las concesiones de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre.


En el ánimo de seguir buscando soluciones para los afectados por la Ley
de costas, los regionalistas de Cantabria apoyaremos también ahora esta
toma en consideración, pues creemos que da respuesta a una problemática
real y aporta soluciones para ella.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


¿Algún senador hará uso del turno en contra? (Denegaciones). Si no es
así, pasamos al turno de portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidente.


Muy buenos días, señorías. Vamos a apoyar la toma en consideración de
esta proposición de ley, relativa a la modificación de la Ley de costas,
porque en Vox creemos que hay un debate abierto sobre el asunto y que
existen numerosos núcleos de población que se ven afectados de lleno por
la Ley de costas. Por ello, no nos vamos a oponer a esta
iniciativa.


Solo en Canarias están afectadas unas 169 000 personas. El caso Cho
Vito, en Tenerife, ha sido la punta de lanza de esta injusticia, en la
que posiblemente se violó el derecho a la propiedad privada. Lo extraño
es que el Grupo Popular haya abordado este tema ahora, cuando fue
precisamente con el Gobierno del señor Rajoy cuando se modificó la Ley de
costas con la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de costas, en la que se incluyeron las
prórrogas y la ampliación de concesiones de ocupación a conserveras e
industrias que ocupaban el dominio público marítimo-terrestre. Al mismo
tiempo, entendemos que esta proposición trata el asunto de las viviendas
que se hicieron, con perfecto conocimiento de su situación, fuera de la
ordenación urbanística. Tampoco hay que olvidar que en alguno de los
núcleos de población referidos hay yacimientos arqueológicos
prehispánicos. En Vox entendemos que los yacimientos deben ser
protegidos.


Como ven, son asuntos trascendentes que deben ser objeto de debate
parlamentario, y por ello apoyaremos esta toma en consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Mixto, ¿algún otro senador quiere intervenir?
(Denegaciones).


Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario Democrático. Senador Muñoz
Lagares, tiene la palabra.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.


Antes de nada, quiero saludar a los colectivos sociales, vecinales y
alcaldes de la zona afectada.


El Grupo Popular nos presenta, para su toma en consideración, una
proposición de ley para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos
costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser
dominio público. En resumidas cuentas, su objeto es habilitar un
mecanismo que permita salvaguardar ciertos núcleos urbanos de gran
arraigo social de su inclusión automática bajo el dominio público
marítimo-terrestre, algo que se produce no porque se haya construido de
forma ilegal o demasiado cerca de la línea de costa, sino porque núcleos
de población que eran perfectamente legales, al moverse a la línea de
costa se ven afectados por la línea de dominio público. No debemos
olvidar que el dominio público marítimo-terrestre son bienes demaniales
con un fin de interés general, al margen del tráfico jurídico. Se trata,
pues, de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, si bien
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral,
contempla en su disposición adicional séptima la exclusión del dominio
público marítimo-terrestre de determinados núcleos históricos singulares
y legales por resultar absolutamente innecesarios para la protección o
utilización de este dominio público, algo que ya se prevé en la vigente
Ley de costas, a través de la desafectación, para aquellos terrenos que
hayan perdido sus características naturales —playa, acantilado o
zona marítimo-terrestre—, según lo previsto en el artículo 18,
previo informe preceptivo del ayuntamiento y de la comunidad autónoma
afectada, y previa declaración de innecesariedad. Hablamos de barriadas
populares, pequeños núcleos de población consolidados con anterioridad a
la entrada en vigor de la actual Ley de costas de 1988.


Podemos entrar a debatir si el mecanismo concreto planteado por el
Partido Popular es idóneo o no, aunque ya prevé una suerte de triple
control de las administraciones: la local, la autonómica y la estatal.
Debemos garantizar que, en ningún caso, esta disposición adicional pueda
suponer una vía de desprotección de la costa por la puerta de atrás, y en
Ciudadanos creemos que se puede mejorar en este sentido. Se trata, no
obstante, de materia que puede perfectamente debatirse en el trámite de
enmiendas al articulado y que no debería servir de excusa a nadie para
rechazar la tramitación de esta iniciativa.


Preservar el medioambiente y el litoral debe ser compatible con otorgar
seguridad jurídica a situaciones singulares cuando, por el paso del
tiempo y por la carencia de una normativa anterior, se ha generado un
limbo legal en barriadas tradicionales e históricas como estas.


Para finalizar, quisiera recordar que, en noviembre pasado, las Cortes
Valencianas aprobaron por unanimidad —repito, sí, por
unanimidad— una propuesta de Ciudadanos precisamente para frenar el
derribo del poblado marítimo de Torre la Sal, en Cabanes, en la que,
además, se instaba al Consell a proponer una modificación de la Ley de
costas para proteger las viviendas. Esperamos que la unanimidad que hubo
en las Cortes Valencianas se traslade hoy a este hemiciclo para aprobar
la toma en consideración de esta proposición de ley que Ciudadanos va a
apoyar, porque es necesario dar una solución a las decenas de familias
que se encuentran bajo la más grande incertidumbre acerca del futuro de
sus viviendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Bon dia, senyories. La proposición de ley de modificación de la Ley de
costas presentada por el Grupo Popular, propone incorporar una
disposición adicional para poder excluir del dominio público —donde
no se contempla el uso residencial— los denominados núcleos urbanos
con especiales valores etnológicos, pasando estos a estar sometidos a la
regulación de la zona de servidumbre. Se propone hacer esto a través de
una solicitud al Ministerio del ayuntamiento afectado, acompañada de un
dictamen favorable de la comunidad autónoma.


A nuestro entender, esto no supone ninguna mejora para la gestión del
litoral del ámbito catalán. Hoy en día, esta modificación no tendría
ningún efecto en Cataluña, ya que los únicos dos núcleos en dominio
público que podrían tener esta consideración son Cala S’Alguer, en
Palamós, conjunto histórico declarado bé cultural d’interès
nacional, y Les Casetes del Garraf, que no tendría cabida dentro de este
supuesto de núcleo urbano con especiales valores etnológicos porque la
zona donde se establecieron estas casitas, en la misma playa, ya formaba
parte del dominio público marítimo-terrestre en el momento de su
construcción.


No es menos cierto que, en un futuro, en Cataluña se podrían dar
situaciones como las que nos describe la proposición —un ejemplo
podría ser la urbanización Riumar, en Deltebre—, pero, con
independencia de la aplicabilidad en Cataluña de la modificación
propuesta, Junts per Catalunya considera que no es correcto que los
impactos y problemáticas derivados del cambio climático en el litoral se
aborden sobre la base de la delimitación de los bienes que integran el
dominio público. La solución, a nuestro entender, no puede ser excluir
estos núcleos del dominio público para que pasen a estar sometidos a la
regulación de la zona de servidumbre, pues esto no tiene ningún efecto
respecto a la necesidad real que se quiere satisfacer, sino que incluso
ocurre lo contrario, que podría complicar su gestión. En Junts per
Catalunya somos totalmente partidarios de implementar políticas de
mitigación y adaptación al cambio climático, pero, como les decía,
consideramos que esta no es la propuesta correcta. A pesar de esto, y al
tratarse de una toma en consideración, nuestro voto no será contrario y
vamos a abstenernos para que se pueda dar trámite al debate, poniendo así
en valor el principio de que en sede parlamentaria se puede hablar de
todo, por cierto, como nos gustaría que ocurriera en el Parlament de
Catalunya.


Moltes gràcies.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies,
senyoria.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


Bé, en primer lloc, una benvinguda a tots els veíns, alcaldes,
regidors, associacions afectades per esta situació.


Tenemos por principio votar siempre a favor de todas las tomas en
consideración que se presenten en esta Cámara, estemos o no a favor del
fondo de lo que proponen. Pensamos que eso da sentido también a la
capacidad legislativa de este Senado, porque, se comparta o no se
comparta el fondo o las propuestas que se hacen, consideramos que siempre
podemos mejorar cualquier propuesta de ley que se presente aquí. Por
tanto, bienvenida sea esta y, aunque nos parezca mejorable —ahora
lo explicaré—, pensamos que es un paso adelante.


¿Por qué no la impulsamos nosotros si nos parece que es mejorable?
Saben perfectamente que hemos sido los que más hemos insistido en buscar
una solución a esta problemática: mociones, enmiendas a los presupuestos,
enmiendas a la Ley de cambio climático, peticiones de comparecencia,
preguntas orales en Pleno; desde el minuto cero de nuestra presencia en
esta Cámara hemos estado exigiendo una respuesta a esta situación.
Nosotros lo tenemos más complicado para llevar a Pleno la toma en
consideración de una proposición de ley. Por eso, no entendemos cómo
ustedes retiraron, en octubre de 2021, esta misma propuesta, que estaba
ya en el orden del día; la retiraron con nocturnidad, lo que ha supuesto
una pérdida de tiempo. (La señora Pradas Ten: ¡Eso es mentira!). Déjeme
hablar, señora.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, silencio.


El señor MULET GARCÍA: Seguramente, si no la hubieran retirado del
orden del día, hoy estaría ya en vigor.


La propuesta no entra, por ejemplo, en el motivo de la regresión. La
regresión, seguramente, fue la que justificó en su día estos deslindes
abusivos. Esta regresión es no solamente a causa del cambio climático,
que también, sino por la transformación irracional del territorio, por
regenerar artificialmente unas playas en detrimento de otras, por
construir de manera irracional grandes puertos que afectan a su entorno.
Eso pasará también si, como pretenden, se realiza la ampliación del port
de Valencia, que se va a cargar la Albufera —esperemos que no,
esperemos poder pararlo en los tribunales—. La regresión también es
a causa de esas grandes presas que no dejan que los ríos aporten
sedimentos al litoral —y, ante esa situación, no se han buscado
alternativas— y de la transformación radical del territorio por la
mano humana: urbanizaciones, desecaciones, espigones donde no hacían
falta y negándolos al mismo tiempo donde sí hacían falta. Quiero recordar
que ustedes también han gobernado y también han sido responsables de esta
situación.


Entiendo que la propuesta ha de ser mucho más ambiciosa. Puede ser
subjetivo atribuir valores culturales, históricos o etnológicos de valor
esencial. ¿A partir de qué es algo cultural, histórico o etnológico? No
dejemos espacio, por tanto, a la subjetividad o a la discriminación con
decisiones injustas como las que se pretenden abordar con esta
propuesta.


Su propuesta dice que los valores se acreditarán por el ayuntamiento en
el que se ubiquen y que lo solicitará al ministerio con un dictamen
favorable de la comunidad autónoma en la que radiquen. La pregunta es la
siguiente: ¿y si el ministerio no lo acepta?, ¿y si la comunidad autónoma
no acompaña ese dictamen? Está claro que esto lo hemos de limar durante
la tramitación parlamentaria. ¿Y si, por ejemplo, no es un poblado como
tal y son edificios individuales de gran valor?, ¿o varios edificios sin
la categoría de poblado?, ¿o si cumplen dos requisitos de los tres que
ustedes proponen aquí? Con su propuesta, por ejemplo, el caso de la
urbanización La Torre, en Moncofa, podría quedar fuera, cuando es la zona
más castigada del municipio.


Hay lagunas en su propuesta; lo dejan todo al futuro desarrollo
reglamentario y eso genera bastante inseguridad. Y les hago memoria con
un caso concreto que ha salido aquí ya, el de Torre la Sal, en Cabanes.
En el Pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprobamos en 2010, por
unanimidad, la declaración de bien de relevancia local para el poblado, y
ustedes, gobernando la Generalitat, impidieron esa declaración, la
paralizaron. En casos como este, objetivamente inapelables, no existiría
la solución que ustedes proponen si la comunidad autónoma, como pasó
cuando ustedes estuvieron gobernando la Generalitat, se pone de espaldas
a las peticiones de los ayuntamientos. Hemos de dotarnos, aparte de esta
medida, de otras para aquellos poblados o construcciones incluidos de
manera irregular, arbitraria e injusta en el dominio público
marítimo-terrestre para que puedan salvarse, porque, al final, y lo
sabemos muy bien, pagan siempre justos por pecadores. Utilizan estas
decisiones arbitrarias para lavarse la cara y blanquear barbaridades que
sí que destrozan el territorio y el litoral. Está el caso concreto
explicado antes, por ejemplo. Mientras vemos que ahora al PSOE le
molestan un centenar de casitas de pescadores de hace más de un siglo,
ellos aprobaron, justamente en la misma zona —a pesar de estar en
la oposición se aprobó también con su voto—, una urbanización de 20
millones de metros cuadrados que, ¡oh, qué curioso!, tras derribar el
poblado pasará de estar en segunda línea de playa a estar en primera
línea.


Existe y conocemos arbitrariedad total en las delimitaciones de dominio
público de la zona marítimo-terrestre. En el mapa de las líneas puede
verse como estas son totalmente arbitrarias.


Ustedes olvidan en la propuesta, por ejemplo, qué tratamiento dar a los
núcleos que, en caso de obtener esta catalogación que proponen, ya están
inmersos en procesos de recuperación posesoria, eufemismo para hablar de
usurpación legal, pero ilegítima, de las viviendas. Se deberían paralizar
y anular de manera inmediata estos expedientes desde ya. La plataforma
Mediterránea, por ejemplo, deja claro que urge no poner parches, como
entienden esta propuesta, sino modificar íntegramente la normativa de
costas en relación no solo con nuestro litoral, sino también con el
patrimonio, el medioambiente y el alcance social.


Aparte de esta propuesta, venimos insistiendo en la necesidad de
acordar ya nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre y
dejar en paz los casos de Cabanes, Nules, Almenara, Xilxes, Almassora o
donde existan. Si los deslindes se hicieron de manera arbitraria, la Ley
de costas permite siempre hacer oros nuevos. Estos poblados, legales y
anteriores a los deslindes, están dentro del deslinde porque en su día se
hizo de manera torticera y a traición y, como puede verse en sus
trazados, variando la lógica para afectar a las viviendas. Por eso
pensamos que hay que empezar de nuevo. Estos deslindes se tramitaron
incorrectamente, creando indefensión total a los vecinos. Y ustedes han
gobernado muchos años y no han modificado esta situación. No existe, a
fecha de hoy, impedimento alguno para practicar estos nuevos deslindes,
que en su día pudieron hacerse bien o mal burocráticamente, pero saben
perfectamente que se hicieron de manera arbitraria e injusta.


No sabemos si la toma en consideración va a prosperar hoy. Sabemos que
el Grupo Socialista ha movido tierra, mar y aire para que no salga, y
pensamos que es un error, porque, si no les gusta esta propuesta, han
tenido tiempo para presentar una propuesta alternativa. También está toda
la tramitación parlamentaria para que, si no gusta el fondo de la
propuesta, se pueda modificar en el Congreso y en el Senado. El no por el
no, que seguramente expondrán después, entendemos que es un error. Hay
centenares de personas que pueden perderlo todo por una situación
injusta. Y si sale, que no lo creo, pasará lo que pasa cuando sale aquí
una toma en consideración de una ley que no le gusta al Partido
Socialista: que la eternizan en el Congreso y está allí viviendo el sueño
de los justos.


¿Y cuándo entraría en vigor en caso de que superase estas trabas? ¿Qué
pasa mientras? La Ley de costas reconoce que nada impide hacer un nuevo
deslinde, como hemos explicado antes. Por eso, pedimos que se hagan
nuevos deslindes. No entendemos que, estando en una situación tan urgente
y tan dramática para centenares de personas, ustedes aplazaran una toma
en consideración que estaba fechada para octubre. Da igual, ya lo
explicarán después. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nosotros,
como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de esta toma en
consideración y durante su tramitación parlamentaria, si se produjese
—ojalá sí—, intentaremos mejorar esta propuesta y sus
lagunas. Pensamos que buena parte de los problemas que tenemos hoy en la
costa valenciana son precisamente por esa Administración, por esa
Dirección General de Costas, que funciona todavía como una administración
franquista —soberbia, errática, absurda, insensible, autoritaria y
casposa—, que nos tiene que decir a los territorios cómo tenemos
que ordenar nuestra playa. Por eso, volvemos a exigir la transferencia de
la competencia de costas. Nosotros, pase lo que pase, siempre estaremos
buscando propuestas y soluciones para los afectados.


Molts d’ànims i sabeu que estem sempre amb vosaltres.


Gràcies.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Presidente jauna, senatari,
jaun-andreok, egun on guztioi.


Debatimos tomar en consideración esta proposición de ley, que pretende
modificar la Ley de costas para permitir la pervivencia de conjuntos
urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a
ser dominio público marítimo-terrestre por la regresión del litoral
derivada de los efectos del cambio climático.


Analizando la proposición de ley del Grupo Popular, nos preguntamos qué
protege exactamente esta modificación de ley, cuál es el objetivo de esta
propuesta. Señorías, la proposición se centra en aquellos conjuntos de
edificaciones residenciales o comerciales, es decir, de segundas
viviendas y restaurantes que han quedado pegados al mar. No se refieren a
elementos de patrimonio cultural, histórico y etnográfico que existen en
toda la geografía costera de la península ibérica, como pueden ser
elementos de patrimonio como un faro, ermitas, puerto natural,
etcétera.


Creemos que es una propuesta demasiado general esta que debatimos hoy.
El avance del mar estos últimos años es inexorable; las consecuencias del
cambio climático, en cuanto al avance del mar, hacen que debamos ser
mucho más ambiciosos y garantistas a la hora de plantear una modificación
de la Ley de costas. Debemos tener una visión realista de la situación
que vamos a encontrarnos y que vamos a sufrir en nuestro litoral en las
próximas décadas. Creemos que el debate debe centrarse en atajar, en
hacer frente a las efectos del cambio climático y al cambio del litoral
que supone este cambio climático por sus consecuencias, como la crecida
del mar. No es nuestro objetivo afear al Partido Popular esta proposición
de ley, pero, ante el fenómeno natural del mar, teniendo como tenemos
datos científicos de cómo va a avanzar —hoy vemos lo que ha
avanzado el mar en estos cincuenta años—, debemos reflexionar y
tener claro qué patrimonio queremos proteger, en qué tenemos que
trabajar, dónde debemos poner el foco. Es un asunto que nos pone a todos
ante el espejo, desde los gobiernos locales y comunidades autónomas hasta
el Gobierno del Estado; todas las administraciones debemos trabajar para
reducir en todo lo posible las consecuencias del cambio climático en
todas sus vertientes.


En Euskadi, en este ámbito de la protección del litoral, en lo que se
refiere al patrimonio marítimo-terrestre, en cada elemento existe una
situación diferente. Conocemos muy bien nuestra costa y estudiamos cada
caso para conocer lo que puede pasar o, peor, lo que está pasando y cómo
va a afectar este cambio. Ejemplos tenemos muchos: San Sebastián, el
paseo de Zarautz a Getaria, la reserva de la biosfera de Urdaibai.
Nuestra costa es nuestro patrimonio paisajístico cultural y ambiental, el
que hay que proteger; todo eso es Euskadi. El Grupo Vasco tiene claro que
en el litoral hay patrimonio histórico y cultural que debemos proteger,
pero también tenemos claro que el objetivo de hoy es luchar contra el
cambio climático, abordar cómo aminorar las consecuencias de las crecidas
del mar, ser muy estrictos a la hora de proteger o de considerar que el
mar se lleve lo que es suyo.


Por último, si la toma en consideración de la proposición de ley
saliera adelante, se abrirá la tramitación legislativa de la propuesta y
deberemos adecuar el texto de la proposición al respeto y correcto
desarrollo de las competencias autonómicas en materia de ordenación
territorial y del litoral. Hoy puede que este texto salga adelante, pero
si sigue su tramitación en las Cortes Generales, el Grupo Vasco tendrá
tiempo de presentar las enmiendas pertinentes para mejorarlo.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la
senadora Callau Miñarro.


La señora CALLAU MIÑARRO: Moltes gràcies, senyor president.


Señorías, en Esquerra compartimos la necesidad de abrir el melón sobre
la gestión del litoral marítimo y abordar los retos que supone la
emergencia climática y la adaptación a las previsiones sobre el impacto
que el cambio climático tendrá sobre nuestras costas. Estudiar de qué
manera podemos implementar políticas de gestión litoral ambientalmente
sostenibles y socialmente responsables es una necesidad, y nosotros no
rehuiremos las responsabilidades. No rehuimos las responsabilidades con
el patrimonio histórico ni las responsabilidades con el patrimonio
natural y la biodiversidad. Por eso, entendemos la protección del medio y
el fomento del desarrollo económico y social como un binomio
inseparable.


Las evaluaciones de impacto ambiental tienen que integrar los
escenarios de cambio climático, asumiendo con rigor el principio de
precaución. Las decisiones de priorización de actuaciones se tienen que
tomar de manera transparente, basándose en el obligado análisis
coste-eficacia, que tiene que incluir posibles soluciones coyunturales
cuando estas sean beneficiosas, pero estructurales cuando convenga.
Tenemos que actuar quirúrgicamente para afrontar cada caso y no optar por
la política del pico gordo. ¿Hay patrimonio histórico amenazado que se
tendría que salvar? Seguro, pero no podemos convertir la excepción en la
norma. Los criterios ambientales tienen que guiar cualquier política de
gestión litoral. Cualquier proyecto tiene que partir del análisis
pormenorizado del interés general y ambiental. Hay que condicionar las
decisiones sobre la gestión de los espacios marítimos al compromiso
social, que pasa por un modelo de gobernanza política pública y
transparente basado en la sostenibilidad y la eficacia a medio y largo
plazo. Yo soy del Ebro y, como ebrense, tengo muy presente que el delta
está amenazado por los efectos del cambio climático, pero, sobre todo,
por la carencia de decisiones políticas valientes y decididas para la
protección del litoral, y protección del litoral quiere decir protección
del entorno natural y también de las personas que vivimos en él.


Sabemos que hay que tomar decisiones y actuar, pero hay que hacerlo de
manera integral y no como plantea el PP, que es de manera parcial e
interesada. Hay que definir un marco competencial claro, definiendo
procedimientos y estableciendo un marco de gobernanza eficaz y claro, y
no dando competencias al azar a diferentes instituciones, sin definir con
exactitud las características que hay que considerar sobre especiales
casos urbanos, generando responsabilidades difusas entre diferentes
áreas, como cultura, medioambiente, costas, etcétera. Quieren modificar
una Ley de costas que ustedes impulsaron y que ha generado buena parte de
los problemas que ahora denuncian, y lo hacen por intereses
electoralistas espurios. Abren una nueva puerta para seguir poniendo
excepciones a su ley, con una definición no clara, indeterminada y
abierta. Siguen incorporando reformas a la carta, sin plantearse
claramente la problemática de cada núcleo afectado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tomará la palabra su
señoría Martínez Mus.


El señor MARTÍNEZ MUS: Gracias, presidente.


En primer lugar, deseo manifestar mi agradecimiento a los grupos que ya
han dicho que van a apoyarla la iniciativa, y no solo en nombre del Grupo
Popular, sino en el de los miles de vecinos de todos esos lugares que
esperamos que hoy tengan una puerta abierta a la esperanza y que nos
están siguiendo, bien presencialmente, o bien a través de la
retransmisión por Internet. Gracias en nombre de toda esa gente.


Respecto a sobre lo que se ha estado posicionando cada grupo, al
representante del PRC, señor Fernández Viadero, le agradezco sus palabras
y suscribo prácticamente todo lo que ha dicho.


Al portavoz de Ciudadanos también; en cierta manera estamos de acuerdo,
aunque es verdad que esta iniciativa no se refiere a los núcleos exentos
de los que hablaba usted, sino que es otra cosa. Estamos pretendiendo
abrir una llave a otra herramienta, pero, no obstante, le agradezco el
apoyo.


Respecto a lo que ha manifestado el señor Mulet, en nombre de Izquierda
Confederal y en el de su propio partido, creo que no tiene que
preocuparse usted por quién presenta la iniciativa. No la hemos retirado
nunca; eso no es verdad, es falso. No, cuando le tocó entro, pero es
igual; a usted lo que le molesta es que no la presentó usted. (Aplausos).
Pero no pasa nada, vamos todos a buscar soluciones.


Al portavoz del Grupo Nacionalista le quiero decir que ya sé —lo
hablamos ayer— que en su comunidad autónoma, Cataluña, no hay casos
detectados en estos momentos, pero ya le dije que eso es hoy; mañana
puede haberlos, y necesitamos una llave en la ley que pueda dar salida a
esa situación cuando se dé, y especialmente en la zona del delta de
l’Ebre no puede tardar que tengan alguna situación frente a la que
les pudiera venir bien una herramienta como estas.


Respecto al Grupo Nacionalista Vasco, entiendo su preocupación,
entiendo su reticencia, pero creo que no está reñida la lucha contra el
cambio climático con esta propuesta; son dos armas distintas. Ya lo hemos
comentado en alguna otra ocasión: para mí la lucha contra el cambio
climático es lucha, no rendición. Hay que poner medidas y hay que
combatir los efectos del cambio climático, y no tiene que ver con otra
cosa. ¿Qué queremos proteger? Queremos proteger lo que dice la propuesta
que queremos proteger y, repito, esto es una toma en consideración. Por
tanto, como usted ha dicho, se permitirán mejoras durante la
tramitación.


Respecto a Esquerra Republicana, estamos de acuerdo y no es verdad que
no pretendamos una protección integral.






Solo tiene que mirar los títulos
de las estrategias para la protección integral de la costa que aprobó el
Gobierno del PP. Se llaman así: estrategias integrales, es decir, son
estudios completos de tramos completos de costa. En ese sentido, no es
una norma a la carta, sino que pretendemos que sea una norma
general.


Falta ver qué hace el Grupo Socialista. Señorías, hoy es el día de la
verdad. Ya hemos detectado aquí cuál va a ser su intención, pero es que
hoy es el día de pasar del dicho al hecho; hoy hay que pasar de la foto
al voto, y digo por qué: porque esta propuesta —ya lo he dicho
antes— es de mucha gente; viene aquí avalada por muchas
administraciones, entidades y asociaciones. Citaré algunos ejemplos:
ayuntamientos de la provincia de Castellón —no los citaré, pero los
aglutinaré en la Diputación de Castellón, que también hizo un
pronunciamiento de apoyo, presidida, por cierto, por un
socialista—; las Cortes Valencianas, que, como se ha comentado
aquí, aprobaron un pronunciamiento por unanimidad pidiendo una
modificación de la ley para dar cabida a casos como estos; el Cabildo
Insular de La Palma; los ayuntamientos de Cartagena, Lorca o Mazarrón;
Mediterránea, que también se ha citado aquí y que es una asociación que
aglutina a más de 30 entidades vecinales de todo tipo en el litoral
mediterráneo. En todas las administraciones hay representantes de su
partido, el Partido Socialista, que han refrendado esta petición, incluso
algunos de los que hoy están aquí sentados en esta parte de la bancada
han participado en concentraciones de apoyo para hacerse la foto. Hoy es
el día de pasar de la foto al voto. (Aplausos). Hoy se retratan ustedes,
senadores murcianos, senadores castellonenses. Además, su grupo —se
lo recordaré— en 2018 presentó una PNL en el Congreso de los
Diputados pidiendo un tratamiento similar para Puntas de Calnegre. Por
eso hoy es una cuestión de coherencia. Como he dicho, hoy tenemos una
herramienta para solucionar esta cuestión. Podemos aprobarla dentro de un
rato; ya no hay espacio para poses. Ahora ya no son gestos; son acciones,
y la acción es apoyar con el voto la toma en consideración de esta
propuesta.


Podría entender que algún grupo tuviera problemas con la literalidad,
pero se trata de la toma en consideración, por lo que se podrá rectificar
y corregir aquello que no les guste. Para mí y para nuestro grupo,
negarse a apoyar esta propuesta solo puede interpretarse de cuatro
maneras: que entiendan que no hay un problema, que crean que no tiene
solución, que no sepan darla o que no quieran darla. Si entienden que no
hay un problema con estos poblados, es que vienen de espaldas a la
realidad y, lo que es peor, además, que todos sus compañeros en las
administraciones a las que me he referido antes han estado engañando a la
gente, acudiendo a manifestaciones o aprobando mociones, cuando a la hora
de la verdad no estaban dispuestos a apoyar la solución. (Aplausos). Si
consideran que sí que hay un problema, pero creen que no hay solución, no
sé qué hacen ustedes aquí, en esta Cámara, porque somos el Legislativo,
el que da soluciones, el que dice qué se puede y qué no se puede hacer
aprobando leyes, con un único límite: nuestra Constitución, el Tribunal
Constitucional, que precisamente ya ha dicho en varias ocasiones cómo se
pueden interpretar las normas de costas en relación con ese principio
constitucional de garantía del dominio público marítimo-terrestre, y esta
propuesta lo garantiza íntegramente; no puede tener dudas. Así lo hizo
cuando ustedes, los socialistas, llevaron al Tribunal Constitucional
en 2013 la reforma del Partido Popular. Es más, no les debería dar miedo,
ya que si la propuesta no cumple la Constitución, ya tenemos mecanismos
con la división de poderes para corregirlo, aunque ustedes se empeñen día
a día en poner en duda esa división de poderes. Tampoco les preocupó esa
idea del Tribunal Constitucional cuando metieron de rondón y forzadamente
en el artículo 20 de la Ley de cambio climático un sistema de cómputo de
las concesiones, sobre el que, precisamente, acaba de admitir esta semana
el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad que planteó
la Xunta de Galicia contra ese artículo. Veremos cómo acaba; o sea, que
tampoco les preocupa tanto esa doctrina constitucional. Y si piensan que
de verdad no se puede solucionar, repito, replantéense qué hacen aquí, en
esta Cámara. La tercera posibilidad es que crean que hay un problema, que
sí tiene solución, pero que no sepan darla. Esta opción es la más fácil
de solucionar: dejen paso, dejen que lo hagamos nosotros, absténganse y
dejen que avance, no la bloqueen. Por último, si efectivamente creen que
hay un problema por resolver con los poblados, que sí tienen solución,
que saben darla, pero lo que pasa es que no quieren, díganlo claro; salga
aquí quien tenga que tomar la palabra en nombre del Grupo Socialista y
diga: El PSOE no quiere solucionar este problema. Sean consecuentes; eso
sí, luego explíquenlo a sus alcaldes, diputados provinciales y
autonómicos para que puedan presentarse a aquellos a los que han dicho
apoyar y les digan claramente que les han engañado. (Aplausos).


Por cierto, no me resisto a repetir otra vez —y son muchas las
que llevo ya dicho lo mismo en esta Casa en dos años— que la mitad
de los problemas que acucian a esos entornos que queremos proteger se
reducirían sensiblemente si el Gobierno dedicara menos esfuerzo a cosas
como el reglamento que proponen aprobar, que complica la vida y mucho a
los ciudadanos, y se dedicara a aprobar medidas y recursos para proteger
nuestras costas, que en algunas zonas del litoral ya tienen situaciones
realmente dramáticas, especialmente en mi tierra.


Señorías, lo he dicho antes y lo repito: esta es una propuesta en
positivo, una búsqueda de solución diseñada con la ambición de ser de
consenso, apta para cualquier ideología y cualquier grupo parlamentario,
porque la identificación de esos núcleos requeriría de consenso entre las
administraciones afectadas: local, autonómica y estatal. No condiciona
nada más su voto; ya lo saben, solo les pedimos que reconozcan que hay un
problema por resolver y que nos pongamos a trabajar en las soluciones.
Por nuestra parte, por parte del Grupo Popular, hemos entendido que hay
un problema, que tiene solución, sabemos cuál es y la hemos propuesto.
Por tanto, queda claro que queremos darle solución al problema, y si por
la negativa del Grupo Socialista no la podemos dar hoy, la daremos desde
el Gobierno. Pero hasta entonces los ciudadanos sabrán quienes les crean
los problemas y quienes les proponen soluciones.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Lastra Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hay una
quinta posibilidad general, y es que las soluciones ficticias, las
soluciones falsas retrasan o impiden las soluciones correctas; eso
siempre está presente.


Me llama la atención, señoría, cómo ha sido usted capaz —lo
valoro en lo que representa, y tengo aprecio personal por usted— de
convencer a su grupo parlamentario, a sus constitucionalistas, a sus
expertos en la Ley de costas, a los que participaron en la reforma
de 2013 para presentar una propuesta ficticia, y eso es lo lamentable.
Eso es lo lamentable, porque usted lo ha presentado aquí,
bienintencionadamente, como una solución; y ya veremos. Es verdad que
usted también ha fiado el «ya veremos» a su propuesta. No la ha planteado
usted con toda la convicción y con toda la seguridad de quien tiene razón
y ha encontrado la solución. Ya veremos, ha dicho. Efectivamente, ya
veremos. Eso es lo que le han dicho casi todos los grupos parlamentarios
después de decirle cuáles son los problemas, los déficits que contiene su
propuesta, independientemente de que sea bien o malintencionada, que,
viniendo de usted, considero que es bienintencionada.


Usted ha hecho un dibujo, ha trasladado una imagen de una costa de
poblados íberos, núcleos absolutamente virginales. Hubo un momento en que
pensé que estaba sacándonos una fotografía de la costa de Asturias. Dice
que esto es un accidente geográfico y que, entonces, la costa asturiana
tiene estas características. Y yo digo: no, no; eso es una respuesta
política, es una respuesta política a la declaración de no urbanizable de
los 500 metros de protección en el año 1991. (Aplausos). Esa respuesta de
protección que han dado otros gobiernos en el norte, en la costa
cantábrica, ha determinado que no tengamos un gen especial contrario a la
ocupación del suelo en primera línea de playa, que lo hayamos
despreciado.


Tenemos el mismo interés económico, tenemos el mismo interés del
disfrute. Porque la imagen real de una parte de la costa la dio el
Parlamento Europeo en 2009; una imagen de una costa destruida, una costa
ocupada por el hormigón y por el cemento —cito literalmente—,
donde arrasaron no solo los valores naturales, ambientales, sino que
también los culturales, los identitarios. Esa es una imagen real a la que
la Ley de costas da respuesta; la respuesta entroncada en el derecho
histórico español de protección del dominio público marítimo. No es que
la Constitución haya inventado una especie de protección. No; la
Constitución recoge el derecho histórico español desde el siglo XIII de
considerar incompatible la propiedad privada dentro del dominio público
marítimo-terrestre. Y eso lo sabe. Y eso es lo que hace la Ley de
Costas.


Nos preguntábamos: ¿qué quiere el Partido Popular con esta propuesta?
¿Mejorar la protección de la costa? Esa es la finalidad de la Ley de
costas. Estamos en la Ley de costas, no en la Ley de patrimonio cultural.
(Los señores Martínez Mus y Antona Gómez pronuncian palabras que no se
perciben).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor LASTRA VALDÉS: Es verdad que dicen que la costa está en
retroceso. Podríamos decir que el que está en avance es el mar. Dicen
ustedes —y dicen bien— que por razones del cambio climático;
que el cambio climático está influyendo. Es decir, están diciendo que las
cosas van a ir a más. No hay un intento de proteger dirigido a la
sostenibilidad de la costa y del dominio público. Posiblemente digan: es
un arrebato proteccionista desde el punto de vista cultural; hay valores
culturales que proteger. Pero tampoco. Porque su propuesta es considerar
que en la costa hay núcleos, y no dice que unos serán y otros no,
independientemente de esta extravagante manera de calificarlos que han
establecido ustedes en esta norma, que no se atiene ni a la Ley de
patrimonio histórico-cultural ni a las leyes autonómicas.


Dicen: los ayuntamientos determinarán los criterios, y el ministerio
—en este caso el Ministerio de Transición, a través de la Dirección
General de Costas— validará los criterios histórico-culturales con
un informe de la comunidad autónoma. Señoría, todas las leyes, incluida
la ley autonómica de la Comunidad Valenciana, de patrimonio cultural,
tienen recogida esta figura. (Denegaciones de la señora Pradas Ten).
Todas, sin excepción. Y el Tribunal Supremo ha resuelto que sí pueden
decidir en dominio público marítimo la protección cultural —lo ha
decidido a propósito de una sentencia sobre un astillero en el País
Vasco—, mientras no esté afectado por una instalación de interés
general del Estado, como es un puerto.


¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no han cogido ustedes esa iniciativa
de hacer una figura de protección de un núcleo histórico que tienen en su
legislación, en la suya, y han decidido implantarla y considerar que eso
protege al dominio público o lo excluye? Porque, en realidad, la
verdadera motivación es la exclusión del dominio público de una parte
incluida en dominio público, porque para excluir del dominio público,
previamente, hay que estar dentro del dominio público.


¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Usted ha hecho un recorrido
interesante para decirle a mucha gente lo que quiere oír, pero no les ha
dicho lo que tienen que saber. En este caso, tenemos que saber qué ha
dicho el Tribunal Constitucional. Porque le ha dicho: Oiga, en 2013, el
Gobierno del PP excluyó doce núcleos en la ley. Y el Tribunal
Constitucional dijo: De acuerdo, lo voy a aceptar como constitucional,
siempre y cuando sea de esta manera. Y le dijo cuál era el procedimiento.
Y el procedimiento ya lo conoce: hay que identificar los núcleos; hay que
hacer un deslinde de esa parte que se quiere excluir; hay que verificar
que se trata de terrenos innecesarios para la protección. Podían haber
venido ustedes por ahí y hacer una declaración de innecesariedad. Y, en
este caso, si se considera innecesario, hacemos todo lo demás, la
desafectación y la enajenación. Hay que buscar —dijo el
tribunal— el negocio jurídico para ese asunto. Y solo hay un
negocio jurídico, señorías, compatible con la Ley de patrimonio, y es la
enajenación a precios de mercado a la gente que tenga título legítimo de
propiedad. (La señora Pradas Ten: Presentar enmiendas). Esa es la
única… Usted cállese la boca que no está en ... (Aplausos.—
Protestas de las señorías del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
(Protestas).


El señor LASTRA VALDÉS: Esa es la manera y eso es lo que hay que
decirle… (Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡Machista!).


El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Lastra, por favor.
(Protestas).


Señorías, ruego guarden silencio. (Fuertes protestas de las señorías
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


Señorías del Grupo Popular, le corresponde a esta Presidencia moderar
el desarrollo del debate. (Protestas).


Con su permiso, vamos a continuar el debate. Vamos a intentar todos
mantener las formas en todo momento. (El señor De Rosa Torner: Dígaselo a
él también).


Señor Lastra, se le ruego también. (Protestas).


Señorías, por favor...


El señor LASTRA VALDÉS: Señor presidente, le pido disculpas a usted y a
la senadora que me interpeló. (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, senador Lastra, se aceptan las
disculpas.


Continúe, por favor, con su intervención.


El señor LASTRA VALDÉS: Ustedes conocen la manera, ustedes conocen la
fórmula y ustedes tienen una oportunidad; podrían haber tenido una
oportunidad, tenemos todavía una oportunidad de transmitir alguna
esperanza; tenemos la obligación de transmitir alguna esperanza sobre lo
que va a ocurrir. Lo inevitable son los efectos del cambio climático; son
absolutamente inevitables, señoría.


Lógicamente, los impactos en la costa se van a producir, y hay que dar
alguna esperanza a propietarios legítimos, que pueden verse afectados por
esta situación. (Aplausos). Es absolutamente imprescindible convertir el
esfuerzo político en un esfuerzo por encontrar respuestas que den
satisfacción a aspiraciones, como digo, legítimas. Aquí hay de todo.
Estamos hablando de aspiraciones legítimas y de otras que lo son menos
(Aplausos). No se puede tratar de la misma manera lo correcto y lo
incorrecto, puesto que es un mensaje absolutamente inaceptable para todos
aquellos que en España lo hacen bien en toda la costa. Ese es un mensaje
inaceptable. Y usted no ha introducido en ningún momento ese matiz. Pero
nosotros sí creemos que hay un rayo de esperanza a disposición de la
gestión política, de la gestión legal, dentro de la Ley de costas y del
Reglamento, para mandar un mensaje de esperanza a todos aquellos que
defienden legítimamente lo que es suyo y lo que han ganado con su
trabajo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


Señorías, finalizado el debate de la toma en consideración de la
proposición de ley, se procederá, a continuación, a abrir el plazo para
emitir el voto telemático a efectos de su toma en consideración.


Se abre el plazo de dos horas para ello, desde este momento, en que son
las once horas y ocho minutos, hasta las trece horas y ocho minutos del
día de hoy.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE.


543/000001

Transición Ecológica


El señor presidente lee los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación de este informe, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, doña María
Isabel Moreno Duque.


La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidente.


Presentamos hoy el informe de la ponencia, aprobado el 30 de marzo por
la Comisión de Transición Ecológica. Con fecha 12 de febrero de 2020, el
Senado acordó la creación de una ponencia de estudio con el título Los
retos de una transición energética sostenible. El objeto era abordar los
retos que consolidan las bases de la descarbonización de la economía
española, sin comprometer los tres pilares básicos en los que se
fundamenta… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senadora Moreno, discúlpeme.


Por favor, señorías.


La señora MORENO DUQUE: … la transición energética:
sostenibilidad económica, sostenibilidad ecológica y seguridad de
suministro.


El Pleno lo acordó a propósito de una iniciativa de impulso del
entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y hoy presidente de
la Cámara, el senador Ander Gil García, y de una enmienda presentada a
esa iniciativa por el portavoz de energía del Grupo Parlamentario
Popular, el senador Juan Manuel Juncal Rodríguez.


Señorías, desde el inicio, se evidenció la voluntad de llegar a un
amplio consenso. Se trataba de conseguir un gran acuerdo sobre esa
transición ecológica, como una oportunidad para un desarrollo justo e
igualitario, y la ponencia de estudio ofreció la oportunidad de conocer
resultados y planteamientos realistas que ayudaran a asentar conclusiones
sobre ese proceso de reconversión. Los ponentes acordaron que la ponencia
se sustanciara en el seno de la comisión para que todos sus miembros, y
no solo los ponentes, tuvieran la oportunidad de asistir a las distintas
comparecencias. Así, la Comisión de Transición Ecológica, en sesión de 15
de octubre de 2020, acordó designar… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora MORENO DUQUE: … como miembros de la ponencia de estudio
a los siguientes senadores: senadora Bideguren Gabantxo, senador Chinea
Correa, senador Marín Gascón, senador Hervías Chirosa, senador Muñoz
Lagares, senador Sánchez López, senador Egea Serrano, senadora Garmendia
Bereciartu, senador Medina Martínez, senadora Rivero Segalàs, senador
Vidal Matas, senador Juncal Rodríguez, senador Martínez Mus, senador
Lastra Valdés, senador Miranda Martínez y senadora Morán Franco.


La ponencia ha estado asistida por los letrados de las Cortes Generales
don Alfonso Cuenca Miranda y doña Raquel Marañón Gómez, a los que
agradezco, en nombre de la comisión, su metódico y riguroso
trabajo.


La ponencia se ha desarrollado en un total de seis intensas sesiones,
que se iniciaron el 8 de marzo de 2021. Para sistematizar los trabajos,
se estableció una serie de ejes: energía, movilidad y transporte;
transición y territorio; investigación y desarrollo sostenible; y
economía y competitividad. Sobre estos ejes se centraron las
comparecencias de los treinta y dos ponentes que participaron, a los que
les quiero trasladar el agradecimiento de todos los miembros de la
comisión.


Señorías, se ha cumplido con lo propuesto. Las comparecencias han
permitido recoger aportaciones de datos suficientes para tener una
radiografía de los distintos sectores y, también, de sus posibilidades;
aportaciones con visiones contrapuestas y plurales que, sin decepcionar,
han suscitado diferentes debates sobre este proceso de reconversión. Se
ha cumplido con lo propuesto gracias, sobre todo, al compromiso e
implicación de los ponentes y otros miembros de la comisión que, sin ser
ponentes, participaron en las diferentes comparecencias.


Los portavoces y ponentes de esta comisión han demostrado, una vez más,
que con consenso se pueden hacer cosas, se puede hacer mucho.
Despreciando patrimonializar la bandera de la lucha contra el cambio
climático y con altura de miras, han abordado el problema de la
transición energética con todas sus derivadas y la gravedad de la
emergencia climática. Esta gravedad es de tal magnitud que, según el
doctor Turiel Martínez, compareciente en esta ponencia y doctor en Física
Teórica, debería ser la noticia de apertura de cada telediario todos los
días.


Por eso, permíteme, presidente, que termine recordando sus palabras,
esas que enriquecieron la iniciativa de impulso, esa moción enmendada,
germen de esta extraordinaria ponencia de estudio que he tenido el
inmenso honor de coordinar: El gran consenso de la transición ecológica
requiere que pensemos no en las decisiones que tomaremos en el futuro,
sino en el futuro de las decisiones que tomemos hoy. Tenemos a nuestro
alcance el camino, que es el diálogo, tenemos a nuestro alcance la
solución, que es la transición ecológica justa, y tenemos a nuestro
alcance la oportunidad, que es el consenso. Lo acordamos siempre en
comisión, háganlo posible, nuevamente, también en este Pleno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta, senadora Moreno
Duque.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿tomarán la palabra? (Denegaciones).
Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría,
el senador Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.


Perdonen mi voz, pero el frío de Teruel ha hecho mella.


Debatimos hoy las conclusiones sobre la Ponencia de Transición
Energética Sostenible, que ha desarrollado sus trabajos en la Comisión de
Transición Ecológica. La transición no se da en el abstracto, señorías,
se da en los territorios que la soportan. Nuestra intención ha sido traer
la visión de estos territorios y mostrar que existen alternativas al
modelo de grandes centrales renovables que se está imponiendo en nuestros
territorios. Tal ha sido el volumen de información y peticiones aportados
que la redacción de las conclusiones hubiera merecido más tiempo de
diálogo, con el fin de que estas reflejaran la totalidad de lo aportado.
Las conclusiones que debatimos hoy, si bien resumen todo lo que se ha
dicho, no recogen todo lo que se ha dicho.


La transición es tanto la finalidad como el camino que lleva hacia
ella. Por lo tanto, es más importante cómo nos preparamos y transitamos
el cambio de modelo energético que el propio resultado final. No es algo
que se vaya a iniciar ahora; la transición energética hace décadas que se
inició en algunos territorios. Un viaje de los miembros de la ponencia
por las provincias de Palencia, Burgos, Guadalajara, Tarragona o Teruel
habría servido para conocer la realidad que la transición energética
esconde.


Era necesario escuchar la voz de esos territorios, territorios que no
han sido consultados para esta implantación, que no la han pedido porque,
en algunos casos, atenta contra el modelo de desarrollo elegido por estas
zonas. Estas voces nos han comentado con preocupación que esto no es ni
ha sido ni será la oportunidad de desarrollo para los territorios en los
que se implanta. A estos territorios, por vaciados, se los tenían por
dóciles y silentes ante la afrenta que sufren sus riquezas paisajística y
cultural; territorios habitados por personas que se enfrentan a proyectos
de miles de folios sin la ayuda ni el consejo de quienes dicen defender
sus derechos.


Nuestros territorios viven una inusitada fiebre del oro; así lo
atestigua la cantidad de proyectos de centrales renovables con los que,
prácticamente a diario, nos desayunamos en boletines oficiales. Parece
que alguien haya decidido, sin consultar con la ciudadanía, que nuestro
país sea el que provea de energías limpias al resto de Europa. Quiero
aquí expresar mi estupefacción por los tuits de ayer del exministro de
Ciencia y del presidente del Gobierno ante una propuesta de Elon Musk,
que debe saber mucho de economía, pero poco de territorio, en la que
proponía que toda España fuera un inmenso campo de placas solares para
alimentar a toda Europa.


En las conclusiones se dice que hay que apostar de manera clara y
decidida por situar al consumidor en el centro, democratizar la energía.
Sin embargo, la realidad nos enseña que esto es más una bienintencionada
voluntad que una apuesta política real. Apostemos por dar un nuevo papel
a los ciudadanos como parte activa del nuevo mercado de energías
renovables. La tecnología actual permite que la generación distribuida y
de autoconsumo, a través de comunidades locales, urbanas y rurales, sean
unos de los pilares básicos de la transición energética frente a un
modelo exclusivamente centralizado.


Frente a este modelo centralizado, con pocas centrales y alejado de los
centros de consumo, proponemos un modelo más distribuido, que apueste por
un modelo de consumo de proximidad. Tendríamos un país más competitivo
para nuestros ciudadanos, nuestros ayuntamientos y nuestras empresas.
Esto sí que sería una oportunidad para los territorios de la España
vaciada, ya que permitiría industrializarse y ser verdaderamente una
política activa contra la despoblación. De lo contrario, además de
soportar en nuestros territorios las centrales de renovables, tendríamos
que ver cómo la energía generada se va a enriquecer a territorios vecinos
a través de largas líneas de evacuación, que hieren nuestros territorios
de norte a sur y de este a oeste.


Se ha hablado de movilidad eléctrica, y quiero recordar una frase del
representante de los fabricantes, cuando dijo que el coche eléctrico era
un capricho de ricos. Falta mucho por hacer, hay que desarrollar una
extensa red de puntos de recarga y, sobre todo, pensar en el mundo rural,
donde la falta de medios de transporte colectivos hace indispensable el
uso del vehículo privado. También se habla mucho del tren, y choca esto
con la realidad cuando vemos que la línea de Madrid-Cuenca-Valencia se
abandona o cómo la gente se une para reclamar, nuevamente, la Vía de la
Plata.


Termino ya. No caigamos en la soberbia de pensar que la historia
empieza y acaba en nosotros. Pensemos en lo que legamos a nuestros
descendientes y valoremos lo que hemos recibido de nuestros padres. Como
dijo Joaquín Araujo el 16 de octubre: Somos lo que vemos; a lo que yo
añadiría: vemos lo que fueron nuestros abuelos y nuestros nietos verán lo
que seamos nosotros.


Para acabar, una referencia a un pastor de Teruel que, ante la masiva
implantación de centrales de renovables, hizo el siguiente pensamiento:
El último árbol de la provincia de Teruel será arrancado para poner un
molino que nos dirán que traerá energía verde.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra su señoría
Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Señorías, lo primero que quiero hacer es agradecer el clima de trabajo
de la ponencia, agradecer también la ayuda de la letrada para ordenar
estos trabajos y poner en valor las treinta y dos comparecencias que
hemos tenido, unas comparecencias que han sido interesantes, pedagógicas
y en muchos casos también contrapuestas.


Es cierto, como ya se ha dicho, que buscando ese consenso hemos llegado
a unas conclusiones muy generalistas. Ciertamente, a nadie se le escapa
que se podría abundar muchísimo más en cada uno de los puntos que cita el
informe y que seguramente también nos hemos dejado cosas en el tintero.
¿Por qué? Porque esta ponencia quería escuchar a los actores de la
energía sobre cuál era su papel en la transición energética antes de
tramitar en esta Cámara la Ley del cambio climático. Pero como esa ley,
como ustedes saben, paso rápido y vino atropellada por esta Cámara, pasó
por delante de esta ponencia, con lo cual yo creo que perdimos una
ocasión importante de traducir algunas de estas consideraciones en la
propia ley.


Porque la transición energética es uno de los ejes principales para
hacer frente al cambio climático. Todo el mundo habla de cambio
climático, es un hecho, y lo oímos en todas partes. Pero el cambio
climático existe, científicamente se ha demostrado que existe, y quiero
determinar que la subida del nivel del mar que deriva del deshielo global
producido por este cambio climático puede suponer implicaciones para más
de doscientas mil personas en todo el territorio español, que sufrirán
los efectos de inundaciones periódicas, según el estudio de la
organización Climate Central. La afectación puede ser especialmente grave
en territorios como el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de
l’Empordà, el Delta del Llobregat, la Albufera de Valencia, Santa
Pola, el Mar Menor, San Fernando, el Puerto de Santa María, Doñana, las
rías gallegas, Avilés, Villaviciosa, Santander, ría de Treto, Bilbao o
Mundaka. En concreto, el Delta de l’Ebre puede llegar quedar casi
totalmente sumergido para 2050.


¿Por qué les hago esta referencia? Porque estamos intentando luchar
contra algo que es de todos y que nos afecta a todos. Se ha dicho ya
aquí: el cambio climático es de todos, es por culpa de todos y entre
todos tenemos que revertirlo. En esta ponencia hemos llegado a
generalidades que son obvias, como que la transición energética para
luchar contra el cambio climático es urgente, que debe implicar un cambio
hacia un modelo sostenible, social, económico, medioambiental y también
territorialmente. Una transición con un consumidor en el centro, que sea
justa, que suponga oportunidad de empleo, y una alternativa, una más, y
no solo para algunas zonas rurales; apuesta por las renovables, en el
ámbito urbano medidas urbanísticas, movilidad sostenible, transporte, una
descarbonización, una apuesta por el ferrocarril, por el vehículo
eléctrico, la fiscalidad verde y la economía circular.


Vimos aquí la Ley de residuos, una ley de residuos que, queriendo dar
respuesta a esa problemática a nivel nacional, coartaba modelos de éxito
como el canon de residuos catalán o la fiscalidad verde, con la que les
dijimos que estábamos de acuerdo; la importancia de la investigación, el
desarrollo, la innovación. Algunas medidas ya se han hecho desde el
Gobierno. Tampoco en el informe se plasma todo el trabajo que ya se está
haciendo, porque esto no empieza a partir de este informe, y las
comunidades autónomas ciertamente tienen largo recorrido. Sin ir más
lejos, en Cataluña hay un pacto nacional por la transición energética. Y
quiero llamar la atención sobre el pacto nacional sobre la transición
energética, porque es importante en un tema como este el consenso,
consensuar. Y en este sentido, en Cataluña se intenta consensuar también
con la Taula d’entitats del sector económico, social y energético,
también con la mesa de los partidos políticos y la propia Generalitat,
donde todos y cada uno, desde su óptica y desde su posición, tengan que
colaborar al objetivo que queremos perseguir, que no es otro que la
neutralidad climática para 2050, ni más ni menos.


Es muy fácil hacer los discursos, pero será difícil, con los objetivos
que tenemos hoy sobre la mesa, llegar a esta neutralidad climática antes
de 2050. Como ya les he dicho, Junts per Catalunya estará allí donde haga
falta para sumarnos a esta lucha de todos para preservar este
planeta.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


En esta ponencia hemos llegado a tres acuerdos básicos. Pero básicos,
básicos, de estos que a los niños se les explican en el cole. Es
importante que aquí en el Senado lleguemos a esos mismos acuerdos
básicos, básicos, básicos, como es que hay cambio climático, que debemos
actuar en contra del cambio climático, que la ciencia ha dicho que hay
cambio climático y que para evitar ese cambio climático tenemos que
reducir las emisiones, porque, si no, la emergencia climática va a acabar
con la humanidad. Una idea fácil, un mensaje sencillo, pero está bien,
creo que es importante, que en estos días de negacionismo el Senado ponga
esos cimientos básicos de hechos reales. Y evidentemente, tenemos que
incorporar a ese discurso, ya no tan básico, que esa transición tiene que
ser justa, porque cuando cambiamos de sistema se producen injusticias por
el camino.


Hablamos de energías renovables, preocupándonos, evidentemente, de la
necesidad de electrificar la demanda, del almacenamiento, de cómo vamos a
poder distribuirlo de forma eficiente. Reconocemos que la península
ibérica es un sistema aislado en Europa, que necesita interconexiones, y
yo evidentemente siempre voy a pensar en mi tierra y en Canarias. Si
ustedes entienden ahora que la Península es un sistema aislado respecto
de Europa, entenderán mejor nuestra realidad, nuestro día a día. Pero,
evidentemente, nos planteamos el porqué, y eso no lo hemos afrontado en
esta ponencia. ¿Por qué hay tanto conflicto social ahora con las
renovables en nuestro territorio? Básicamente porque los conflictos
sociales de los combustibles fósiles se dan en Emiratos Árabes, en Catar,
en Argentina, en Chile, en Argelia, y ahí el conflicto social, el
conflicto ambiental no nos importa. Esa es la diferencia, que ahora la
producción de energía la vamos a hacer en nuestras casas, en nuestro
territorio, y vamos a tener que pagar con nuestro territorio el
suministro de nuestra energía. Y este conflicto social es lo que marca la
diferencia, porque ahora nos preguntamos de dónde viene la energía y el
impacto que tiene la energía, cosa que hasta ahora no hemos hecho y no
hemos querido ver.


Hemos hablado del transporte y hemos hablado de que el transporte con
vehículos eléctricos a lo mejor es un lujo, pero tenemos que ir a ello.
Pero es más importante —y lo hemos dejado de lado— que el
transporte colectivo es la solución, que otras formas de movilidad son
posibles y que es en esas formas en las que tenemos que centrar nuestros
esfuerzos. Tenemos que luchar contra la pobreza energética con
eficiencia; tiene que ser un deber y no poder. Tenemos que luchar contra
la pobreza energética porque es lo que marca la diferencia hoy en día más
radical entre tener una calidad de vida mínima o no tener calidad de
vida.


Hemos hablado de formación, tenemos que preparar nuestra economía para
esa transformación que nos viene, porque ahora nos encontraremos con la
paradoja de que todo lo necesario para la transición ecológica lo
tendremos que comprar en otros países, generando otras dependencias,
generando otras externalidades negativas, otra vez en otros continentes,
en otros territorios.


Me detendré en la economía circular. Hemos llegado a un acuerdo de
mínimos también en esta ponencia, y está muy bien. Está muy bien que nos
pongamos las pilas en la economía circular, pero también, señorías, les
tengo que recordar que somos el Poder Legislativo y hemos tenido dos
leyes claves para cambiar y para introducir la economía circular, la Ley
de cambio climático y la Ley de residuos. Por tanto, las bonitas palabras
de esta ponencia nos tendrían que haber iluminado el camino en esa
tramitación de la ley; esas bonitas palabras que hoy recogeremos y a las
que hoy todos daremos apoyo mejor convertirlas en artículos, convertirlas
en hechos, convertirlas en cambios reales para nuestra sociedad.


La crisis energética que nos viene es un hecho, es una realidad; la
emergencia climática es un hecho, es una realidad; preparémonos para
ella. Como decía el doctor Turiel, la crisis energética la afrontamos de
dos maneras: o lo afrontamos de forma desordenada, y ya veremos, o
intentamos afrontarla de forma ordenada. Intentemos que sea de forma
ordenada, porque ya va a ser dura esa transición de forma ordenada.
Cambiemos las cosas para que sean un poco más humanas y un poco más
fáciles.


Ahora, a mí se me está acabando el tiempo y, evidentemente, se
encienden las alarmas; la luz verde de hablar se convierte en naranja y
después se convierte en roja. Y yo, consecuentemente, acabaré mi turno de
palabra, dejaré de hablar y me iré. Actuaré respondiendo a una alarma, a
un aviso. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la emergencia climática?
Tenemos todos los avisos, todas las alarmas, pero no actuamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Garmendia
Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Presidente jauna; senatari
jaun-andreak, el informe de la ponencia que se presenta en este Pleno
detalla la situación actual en la que nos encontramos respecto de los
objetivos marcados para el 2030. En algunos objetivos no vamos mal, pero
en otros, como en las emisiones de gases de efecto invernadero y las
energías renovables, no vamos bien. Queda mucho camino por recorrer
todavía. El informe detalla unos importantes principios en los que se
debe basar la transición energética, así como los ejes en los que
centrarse y las líneas directrices de actuación en diferentes ámbitos:
transporte, formación, investigación, economía circular, energías
renovables, entre otras.


Señorías es evidente que el cambio climático en el momento actual es
generalizado. Se está produciendo muy rápido; se está intensificando
exponencialmente, y en algunos aspectos ya es irreversible, como, por
ejemplo, la evidente desaparición de nieves permanentes, la subida del
nivel del mar, las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes, entre
otros muchos fenómenos.


No podemos esperar. No tenemos tiempo. Descarbonizar en veintiocho años
es un proceso de envergadura colosal, que requiere velocidad de crucero y
actuar en muchos ámbitos a la vez, lo que exige que la transición
energética necesaria para mitigarlo deba ser ordenada y con una
planificación exhaustiva, pues no es un proceso sencillo. La transición
energética es un reto de proporciones históricas, que obliga a una
transformación radical del modelo energético, ambiental, económico y
social. Hay que generar fuentes energéticas limpias, que puedan
reemplazar los combustibles fósiles. Y lo primero de todo, construir una
base energética que no sea solo generación, sino almacenamiento,
distribución, que permitirá en este proceso de descarbonización avanzar
en todos los demás frentes, por ejemplo, en el ámbito urbano, la
movilidad en los puertos comerciales, etcétera.


En este sentido, quiero mencionar que el hidrógeno verde está llamado a
cumplir un papel esencial como vector energético y de sostenibilidad, que
no solo reduce CO2, sino que también ofrece muchas posibilidades como
fuente de energía para la industria o el transporte, tanto terrestre como
marítimo o aéreo. Asimismo, la eficiencia energética juega un papel
fundamental en la consecución de los objetivos estratégicos marcados,
teniendo un importante campo de desarrollo en los edificios y en la
construcción.


Todas las energías renovables tienen innumerables ventajas, por casi
todos conocidas: no emiten contaminantes atmosféricos, ayudan a conseguir
un alto grado de independencia energética y que la economía no se vea
afectada por los vaivenes en el precio de los combustibles fósiles o por
cuestiones geopolíticas. La actual situación de elevados costes de los
combustibles fósiles nos está dando una dura lección.


Termino, señor presidente. La transición energética no es un capricho,
no ocurrirá por sí sola. Es necesaria una acción política decidida, firme
y bien planificada, pues quedan muchas e importantes actuaciones a
realizar para alcanzar los objetivos previstos.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tomará la palabra
su señoría la senadora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, presidente.


Señorías, quiero empezar agradeciendo a la letrada de la Comisión su
trabajo, su disponibilidad y por facilitarnos tanto nuestra labor. Quiero
agradecer también a todas las personas que han participado en esta
ponencia de estudio por habernos ilustrado y porque considero
sinceramente que nos han enriquecido. Hemos tenido la oportunidad de
escuchar cuáles son las dificultades y cuáles deberían ser los retos para
una transición energética sostenible.


Considero que entre tanta inestabilidad e incertidumbre es importante
ponernos de acuerdo en cosas elementales. El acuerdo y el consenso son
necesarios para avanzar en la buena dirección y no dar alas a esas
conductas negacionistas y autoritarias que ponen en peligro no solo la
transición energética, sino también la democracia.


Señorías, la inacción tiene unos costes inasumibles; por tanto, los
objetivos marcados por la descarbonización, la eficiencia energética y la
sustitución de energías fósiles por energías alternativas son objetivos
imprescindibles e inaplazables. Somos conscientes de que el cambio de
modelo energético tiene grandes afecciones y, por ello, para aquellas
personas, sectores o territorios afectados son necesarios mecanismos de
compensación. Además, para que la transición llegue a buen puerto sus
beneficios y los costes se deben repartir de manera equitativa, de tal
manera que la sociedad, además de percibirla como una necesidad de
reacción frente al cambio climático, la perciba como un beneficio.


Es importante que la transición se haga con participación ciudadana,
poniendo al consumidor en el centro, empoderándolo. En este sentido, hay
que apostar por el autoconsumo y por las comunidades ciudadanas de
energía, y hay ejemplos concretos que hemos visto y que deberían
guiarnos. Tenemos la convicción de que la acción climática ofrece
oportunidades, pero hay que hacerlo de manera ordenada y bien
planificada. Una transición ordenada supondrá el menor daño social,
económico y medioambiental posible, aprovechar oportunidades y repartir
de forma equitativa beneficios y costes.


Por último, y aunque nos haya costado digerirlo, somos conscientes de
la dimensión de la crisis energética y somos conscientes del agotamiento
de algunos recursos. Por ello, en las conclusiones de esta ponencia de
estudio hemos incluido también la necesidad de elaborar planes de
contingencia para sortear los peores escenarios. El descenso energético
es ya una realidad y hay que afrontarlo. Hemos conocido economías
impulsadas por la evolución creciente de energías fósiles, pero hemos
llegado al fin de la energía barata. Las compañías no están invirtiendo,
porque no es rentable, y la calidad de los yacimientos ha empeorado. Se
está hablando ya de racionamiento del diésel, de caídas de entre un 15 y
un 20 %, cambios geopolíticos que nunca hubiésemos imaginado. Rusia ya ha
reconocido que su producción de petróleo y gas está condenada a
decrecer.


Por tanto, estamos ante un escenario que no solo deriva de la guerra de
Ucrania, sino de otros problemas estructurales. Por todo ello, y porque
no podemos satisfacer el actual consumo energético con energías
renovables, también será necesario incidir en el consumo y en el modelo
productivo. Habrá que buscar nuevas formas de vivir, otros estilos de
vida y otras formas de hacer. También hemos hablado de cómo debería ser
el despliegue de las renovables, de la descarbonización del transporte,
de la eficiencia energética, de la movilidad, del papel clave de la
ciencia y de la investigación, de la fiscalidad verde o del precio de la
energía.


Concluyo diciendo, señorías, que ha sido un trabajo muy interesante,
necesario para poder aportar lo mejor de cada uno de nosotros al cambio
climático y la transición justa y sostenible.


Por lo tanto, nuestro grupo, Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal
Herria Bildu votará a favor.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría el
senador Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Se aprobó la constitución de esta ponencia, como ya se ha dicho,
gracias a una iniciativa del Partido Socialista transaccionada con una
enmienda del Partido Popular que tuve el honor de defender y que fue
aprobada casi por unanimidad, creo que solo con dos abstenciones. La idea
era que sirviera de fuente de conocimiento para abordar la ley de cambio
climático y transición energética que nos venía, pero la pandemia no lo
hizo posible. Quedan para los que quieran profundizar en su conocimiento
y estudio, con diversidad de opiniones, puntos de vista, conocimientos,
etcétera, las intervenciones de todos los que pasaron por ella, a los que
expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su comparecencia, así como
a la señora letrada por la labor que ha desarrollado en ella.


Pero si queríamos abordar la crisis climática, se desató con toda
virulencia la crisis energética que estamos sufriendo, con lo que tenemos
un problema a mayores. Por eso, en el Partido Popular queremos poner
encima de la mesa puntos sobre los que deberíamos ponernos de acuerdo, y
el Partido Socialista tendría que hacer una reflexión sobre el camino que
están llevando, que conduce, desde mi modesto punto de vista, al fracaso
de la transición. Precio. Con estos precios condenan al fracaso a la
transición. ¿Electrificar a estos precios? Seamos serios. Modifiquen el
PVPC. Hicieron consulta pública. ¿En qué ha quedado? Somos el único país
de la Unión Europea que tiene ligado el mercado spot al PVPC. Portugal
tiene el suyo, precio regulado, y está al 50 % del nuestro.


La vida de las nucleares. ¿Se imaginan ustedes en 2030 cerrando
nucleares y otra crisis del gas como la que se ha desatado? Cerraron el
carbón anticipadamente, sin transición justa a las comarcas afectadas.
Sin carbón y sin nucleares, ¿han pensado realmente la situación en que se
quedaría el país con otra crisis del gas? Porque la renovación de
renovables no avanza y no va a avanzar por problemas burocráticos.
Subirán aquí y hablarán de las medidas contenidas en el Real
Decreto 6/2022, que no tienen carácter de legislación básica. Por lo
tanto, me temo que van a fracasar.


Crean inseguridad jurídica con cambios legislativos, impuestos, cargos,
etcétera. ¿Quién va a invertir para llevar a cabo la transición?
Háganselo ver al presidente Sánchez, que ayer pedía inversores. ¿Quién va
a invertir en renovables, si con el tope del gas que quieren implantar
van a hacer pagar a las renovables, a las no emisoras, el sobrecoste del
gas? Se van a cargar las PPA, que tanto defienden, y nosotros también.
¿Pero quién va a firmar un contrato a largo plazo, a precio fijo, si
tienen que asumir ese sobrecoste del gas? Por ponerles un ejemplo, hoy se
podría firmar una PPA a 40 euros/megavatio. Capando el gas a 30 euros,
como pretenden, se van a llevar 10 000 millones al sistema, a lo que
habría que sumarle otros 40 euros. Hoy el gas está a 110, pero si el gas
se vuelve a disparar y se vuelve a poner a 170, habría que añadir
otros 10 000 millones al sistema.


Bajen los impuestos y bajarán los precios, con todo lo que ello
implica: inflación, renta disponible, competitividad, etcétera. No solo
piensen en hacer caja. Tenemos el ejemplo de los 20 céntimos del gasoil y
ahora nos encontramos con que hay 4000 gasolineras que tienen problemas y
que amenazan con cerrar en Semana Santa.


Como apunté el otro día, si pensara como Maquiavelo, les estaríamos
aplaudiendo, pero su fracaso como Gobierno implica el fracaso de la
transición energética, significa el fracaso de la transición energética
como nación, fracaso para los ciudadanos.


Señores del PSOE, aquí nos tienen, pero no para aplaudir sus medidas
erróneas, no para tragar con ruedas de molino. Rectifiquen. Pero sí
estamos para apoyar medidas en aras del interés general, en aras de todos
los españoles.


Apoyaremos, como no puede ser de otra manera, la memoria de la
ponencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría el
senador Miranda Martínez.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente.


Buenos días. Señorías, estamos viviendo momentos complicados. Ayer, sin
ir más lejos, asistíamos en el Congreso de los Diputados a la
comparecencia del presidente de Ucrania, el señor Zelenski, y se nos
encogió a todos el alma oyéndole pedir ayuda para su patria, para su
gente, que ha sido invadida en una guerra sin sentido por Putin; una
guerra que, además de la crisis humanitaria que está desencadenando, ha
agravado de manera ostensible la crisis del precio de la energía que ya
veníamos arrastrando desde hace unos meses. Pero si esto no fuera
suficiente, ayer, los expertos en cambio climático del Panel
Intergubernamental, formado por más de 400 científicos y representantes
de 200 países, planteaban, prácticamente a modo de ultimátum, que en 2050
el uso del carbón, petróleo y gas se debe haber reducido globalmente en
un 100 %, un 60 % y un 70 %, nada más y nada menos; y hoy tenemos que
volver a oír aquí hablar del carbón y de los combustibles fósiles. No
olvidemos, señorías, que el planeta se sigue calentando, que las
emisiones siguen creciendo y que el hoyo cada vez es más grande y cada
vez costará más taparlo.


Por tanto, señorías, este documento de conclusiones que presentamos hoy
para su aprobación es el resultado, como ya se ha dicho, de diferentes
comparecencias que han pasado por la ponencia. Entendemos que es un buen
documento, un documento de sentido común y que ha puesto de acuerdo, como
ya se ha comentado, a la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios.
Por lo tanto, nuestro grupo se felicita por coincidir en las líneas
básicas de esta transición energética que estamos acometiendo.


¿Por qué hablo de sentido común? Muy sencillo. ¿Tiene España petróleo,
señorías, tiene gas? No. España tiene viento, tiene sol y tiene energía
hidráulica. Por tanto, nos hemos puesto de acuerdo en que se ha de seguir
apostando por las renovables mediante un despliegue, lógicamente,
ordenado y medioambientalmente sostenible. ¿Tiene nuestro país un parque
de edificios sostenible energéticamente? Obviamente, no. Dicho parque
consume más del 30 % de la energía final. Por tanto, nos hemos puesto de
acuerdo también en este documento en que hay que apostar por la
eficiencia energética para cumplir con el objetivo del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima y de los objetivos de la Unión Europea de
mejorar la eficiencia en un 39,5 %. También hemos acordado que hay que
apostar claramente por la descarbonización del transporte terrestre,
causante del 29 % de las emisiones totales.


Nuestra potente industria automovilística se está transformando
rápidamente al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico ya no es un
capricho de ricos. Hay compañías automovilísticas que en el año 2024 solo
van a fabricar vehículos eléctricos. Se trata de un vehículo que ya está
aquí, que está conviviendo con nosotros y en unos años muchísimo más.
Esta transformación, lógicamente, debe venir acompañada de un despliegue
importante de puntos de recarga, de lo cual se está encargando el
Gobierno.


Importantísima también, y así lo recogen las conclusiones, es la
formación, la investigación, el desarrollo y apoyar a las empresas y a
las pymes en la creación de una nueva cadena de valor. Y respecto a los
precios, señorías, es obvio que se debe actuar desde varios frentes. Así
lo viene haciendo el Gobierno desde hace ya varios meses con medidas como
la bajada del impuesto del recibo de la luz, del IVA, el impuesto de
generación eléctrica, impuestos, señores del PP, que ustedes crearon o
subieron, y el PSOE los baja o los elimina.


Hay que destacar, por supuesto, el logro para considerar una excepción
la península ibérica y limitar el precio del gas, para que de esta forma
no arrastre al precio del mix energético. Señorías, esto nos parece
importantísimo, así como el reconocimiento de la Unión Europea respecto a
los beneficios caídos del suelo. El camino es actuar en una nueva
regulación de precios que retribuya de forma adecuada las distintas
tecnologías, es decir, hay que actuar, señorías, frente al sistema
marginalista. Por supuesto, hay que abordar una fiscalidad verde y algo
muy importante en lo que hemos coincidido también es situar al consumidor
en el centro, como protagonista de esta transición, que se sienta
partícipe mediante las comunidades energéticas y la energía
distribuida.


En definitiva, señorías, debe ser una transición ordenada, equitativa,
justa y participativa, para lo que contamos con una importante
herramienta, como son los fondos Next Generation, que están imbricando
planes estratégicos para acometer esta transición, o esos 11 000 millones
que anunciaba el presidente del Gobierno sobre...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Termino ya, presidente.


Señorías, todo esto es un proyecto de país, una oportunidad, como
decíamos, pero también una obligación. Esta transición permite abaratar
la factura, reducir la dependencia y combatir el cambio climático. Y
recuerden aquello que decía Séneca de que ningún viento es favorable si
el barco no sabe adónde va. Pues bien, este país y este Gobierno sabe
adónde va.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, el informe de la Ponencia de estudio
sobre los retos de una transición energética sostenible será sometido a
votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el
debate del punto décimo del orden del día.









PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL.


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



El señor presidente lee el punto 8.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la palabra
el presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, su señoría don Antonio Armando Ferrer Sais.


Señorías, permítame que les recuerde, por si algún portavoz no lo
conoce, que en la Junta de Portavoces se decidió de manera unánime
reducir los tiempos de intervención de todos los grupos a cinco
minutos.


Muchas gracias.


El señor FERRER SAIS: Presidente, señorías, presentar esta ponencia de
estudio sobre el fenómeno migratorio de manera integral representa para
mí un verdadero honor, ya que estamos ante uno de los temas cruciales
para la sociedad española, para la sociedad europea y, también, por qué
no decirlo, para el futuro económico de Europa y de España.


Esta ponencia fue creada en el seno de la Comisión de Trabajo
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como consecuencia de la
aprobación, en la sesión plenaria del día 15 de julio de 2020, de una
moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Vasco, con
la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con
el fin de obtener conclusiones y recomendaciones que sirvan de
orientación para los cambios legislativos que se consideren necesarios de
base para la política migratoria exigida en el actual siglo.


La designación de la ponencia tuvo lugar en la sesión de la Comisión
celebrada el 28 de octubre de 2020, quedando constituida inicialmente por
los siguientes senadores y senadoras, en representación de todos los
grupos parlamentarios presentes en la Cámara: doña Sofía Acedo Reyes, del
Grupo Parlamentario Popular; doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Josep María Cervera Pinart, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; don Antonio Armando Ferrer Sais, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Jacobo González-Robatto Perote, del Grupo
Parlamentario Mixto; don Alfonso Muñoz Cuenca, del Grupo Parlamentario
Socialista; Sergio Ramos Acosta, del Grupo Parlamentario Popular; doña
Donelia Roldán Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Carlota
Santiago Camacho, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; doña Ana María
Surra Spadea, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu, y doña
Sara Vilà Galán, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Posteriormente, pasaron a formar parte de la ponencia don Fernando
Clavijo Batlle, en sustitución de don Josep María Cervera Pinart; doña
María Estefanía Martín Palop, en sustitución de doña Donelia Roldán
Martínez; don Fabián Chinea Correa, en sustitución de doña Sara Vilà
Galán y, posteriormente, don Pablo Gómez Perpinyà, en sustitución de
aquel, y don José Luis Muñoz Lagares, en sustitución de doña Carlota
Santiago Camacho.


La Ponencia inició sus trabajos el 25 de noviembre de 2020, celebrando
diecinueve reuniones y cuarenta y tres comparecencias de personalidades
del mundo académico, representantes del mundo empresarial, representantes
de organizaciones de carácter no gubernamental, representantes de los
sindicatos y, también, representantes del mundo del periodismo. En suma,
personalidades y expertos que han aportado información, la cual ha
posibilitado la elaboración de este informe que hoy se debate.


Tras la última sesión de comparecencias, el día 5 de mayo de 2021, la
ponencia se ha reunido en tres sesiones dedicadas a la elaboración de sus
conclusiones y recomendaciones. Dichas conclusiones y recomendaciones se
aprobaron por mayoría en su última reunión, el día 10 de marzo de 2022.
Seguidamente, el informe se elevó para su aprobación a la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde fue igualmente
aprobada por mayoría el pasado 30 de marzo de 2022.


Antes de finalizar, quiero agradecer la inestimable colaboración que
nos ha prestado el personal de esta Cámara para los trabajos que hemos
realizado. Evidentemente, la grabación de las distintas comparecencias ha
sido fundamental para el correcto traslado de esas intervenciones.
También, como no puede ser de otra manera, quiero recordar el apoyo
técnico recibido por el letrado, don Fernando Marín Riaño, ya jubilado, y
en la recta final de la ponencia, de la actual letrada de la comisión,
doña Clara Garrido Criado.


Gracias por su atención. Buenos días. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No tomarán la
palabra.


Muchas gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Muñoz Lagares. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia.)


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


El Grupo Ciudadanos ha planteado en varias ocasiones la necesidad de
contar con una verdadera política de gestión inteligente de la migración
en España, dado que nuestro país, desgraciadamente, se enfrenta a crisis
migratorias de forma recurrente por la proximidad al norte de África.
Esta ponencia de estudio, que aborda el fenómeno migratorio de manera
integral, elaborado por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, es un pequeño paso en busca del consenso y el pacto
de Estado necesario; un asunto de Estado que tenemos y debemos sacar de
la polarización política. Debemos buscar un pacto donde no se excluya a
nadie, que afronte la cuestión migratoria como asunto de máxima
prioridad.


En nuestro grupo, Ciudadanos, hemos citado en reiteradas ocasiones la
necesidad de reforzar a los empleados públicos dedicados al salvamento
marítimo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan
en estas fronteras, buscando una migración regular y ordenada, pero
teniendo siempre el radar puesto en la defensa de los derechos humanos de
los migrantes. Luchar contra los discursos racistas y xenófobos
promoviendo acciones de concienciación contra los delitos de odio es
fundamental.


Hay que garantizar un control efectivo de las fronteras, incluyendo el
establecimiento de centros de recepción de las solicitudes de asilo. La
Oficina de Asilo y Refugio debe ser reforzada para reducir los plazos de
resolución de las solicitudes de protección internacional, asegurando que
quienes llegan a España huyendo de la guerra, de la persecución o del
acoso encuentran en nuestro país un verdadero refugio. También hay que
mejorar los itinerarios de inclusión de migrantes en situación regular y
de refugiados, facilitando su acceso al aprendizaje de las lenguas
españolas y el reconocimiento de sus cualificaciones y formación,
estableciendo procedimientos ágiles y claros para el acceso a la
residencia permanente.


Todos estos puntos reseñados, entre otros muchos, se encuentran
contemplados en el informe de la ponencia que vamos a apoyar. Hemos hecho
aportaciones y nos hemos sumado a esta iniciativa, pero seguimos
insistiendo en que el Gobierno, gobierne; que inicie la actualización de
la Ley de extranjería, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, una ley obsoleta y caduca tras dos décadas y que no se adapta a
los fenómenos migratorios que estamos viviendo en nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora presidenta.


Muy buenos días a todos y a todas. Voy a ser breve, pero quiero hacer
unas reflexiones.


En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes de la
ponencia, ya que ha sido un trabajo duro, arduo. Han venido de manera
voluntaria y nos han transmitido sus opiniones; ellos, que están en
primera línea; que atienden a los inmigrantes cuando llegan exhaustos, en
el caso de Canarias, tras días de travesía; que tienen que recoger los
cadáveres, en algunos casos de los barcos o, tristemente, cuando no
llegan nunca a puerto —quiero recordar que el año pasado fueron más
de 4000 personas las que no llegaron en busca de ese sueño de una vida
mejor—. A todos ellos, quiero agradecerles su participación, la
claridad y la franqueza con la que nos han hablado en la ponencia en las
jornadas que tuvimos. También quiero agradecer a todos los servicios de
la Cámara, a los compañeros senadores y senadoras que participamos,
especialmente a Estefanía, la portavoz del Grupo Socialista, por el
espíritu constructivo y la búsqueda de este acuerdo, que felizmente
podemos presentar hoy. Asimismo, quiero agradecer al Grupo Vasco y a
Nerea porque, gracias a su iniciativa, conseguimos sacar adelante esta
ponencia. Pero esto ni acaba ni empieza hoy. Nosotros, con dificultades,
con búsqueda de consenso y con cesiones, hemos hecho nuestro trabajo;
esta Cámara ha hecho su trabajo, y ha habido una ponencia en la que todos
hemos tenido que ceder para alcanzar un acuerdo amplio, pero ahora es al
Gobierno al que le toca trabajar y el que tiene que gestionar.


En Canarias seguimos teniendo casi 3000 menores no acompañados, niños y
niñas, y tenemos muchas dificultades. El Gobierno de Canarias tiene
muchas dificultades, expresadas a través de su consejera y presidente,
para poder atenderlos. Las pateras siguen llegando y ellos siguen
falleciendo por el camino, y este fenómeno continuará. Está claro que una
de las conclusiones es que toda la estructura para poder administrar este
fenómeno está siendo insuficiente y, desde luego, no está garantizando
los derechos humanos. Esto se tiene que solucionar, y se tiene que
solucionar pronto, no puede quedar en un acuerdo y que se olvide.
Necesitamos medios, respuestas. La Unión Europea también tiene que dar
una respuesta contundente, porque somos la frontera sur de Europa en el
caso de Canarias; la tiene que dar el Gobierno de España, pero también la
Unión Europea. Y la respuesta que se está dando —creo que es
unánime— no es la adecuada ni para aquellas personas que buscan un
futuro mejor, como nosotros hicimos también en el pasado, ni, desde
luego, para Canarias —es el caso del que yo puedo hablar—,
que está soportando en solitario una presión absolutamente
desmedida.


Termino felicitándonos por este acuerdo, porque la Cámara ha hecho su
trabajo, pero pongo el acento en que ahora es el Gobierno el que tiene
que dar respuesta, y la respuesta que está dando hasta el momento, al
menos para nosotros, es claramente insatisfactoria.


Muchas gracias y buenos días.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora presidenta.


A consecuencia de la reducción de los tiempos, me veo obligado a elegir
algunos puntos entre los que quería contar hoy.


Primeramente, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han
trabajado en esta ponencia, tanto en las comparecencias como en la
generación de las conclusiones. Creo que es muy importante remarcar que
hoy no estamos debatiendo el texto de una ley, no estamos debatiendo el
texto de un decreto ni de ningún instrumento legislativo. En realidad, lo
que estamos haciendo en la sede de la soberanía nacional es debatir
acerca de las conclusiones de una ponencia que representa un acuerdo muy
amplio y que pretende servir para orientar las políticas de los
diferentes gobiernos del país, tanto del Gobierno nacional como de los
diferentes gobiernos autonómicos.


Señorías, a veces se nos llena la boca hablando del valor político del
acuerdo, del diálogo parlamentario y de las políticas de Estado. Esto es
dejar por un día al margen nuestras legítimas diferencias como partidos y
remar a favor de un acuerdo motivado por la específica importancia que
tiene el tema en cuestión. Pues he aquí una herramienta al servicio de
una política de Estado en materia migratoria. Al final, muchos cantos de
sirena, señorías del Grupo Popular, pero resulta que el nuevo Partido
Popular de Feijóo, en la primera oportunidad que tiene vuelve a situarse
en el mismo lugar en el que estaba el Partido Popular de Pablo Casado en
los últimos cuatro años, al lado de una derecha enfadada con el mundo,
que no ve más allá que enemigos por los cuatro costados y que hoy no ha
tenido ni la dignidad de bajar aquí a defender su posición. Y más allá de
la competición partidista, que, insisto, me parece absolutamente
legítima, créanme si les digo que su posición fundamentalmente es una
mala noticia para España.


En todo caso, celebro que hayamos sido capaces de abordar la migración
como una cuestión integral. Para nosotros, Más Madrid, era muy importante
que ciertos aspectos estuvieran recogidos en el informe, y me alegro de
que haya sido posible. Se incluye un llamamiento a la responsabilidad del
conjunto de las instituciones del Estado, a los responsables públicos,
así como a los medios de comunicación para frenar y evitar los discursos
basados en bulos y falsedades que fomenten el odio hacia la población
migrante. Para nosotros, era un asunto capital y forma parte del acuerdo
y, por tanto, estamos satisfechos.


Los bulos promovidos desde las instituciones y los medios de
comunicación son consustanciales al racismo y a la violencia contra las
personas migrantes. Cuando digo consustanciales, señorías, quiero decir
que mantienen una relación simbiótica. O sea, sin programas en prime time
estigmatizando a la inmigración o criminalizando a las personas con
determinados rasgos no se producen agresiones racistas en el metro; sin
Abascal y Monasterio deshumanizando a los menores extranjeros y sin su
partido haciendo campañas miserables bajo la tesis de que el dinero de la
pensión de tu abuela se lo llevan estos jóvenes criminales, nadie le pega
una paliza a nadie por el color de su piel. No es cierto que la relación
entre las comunidades nativas y migrantes sea naturalmente conflictiva;
no es cierto que las diferencias culturales desaten de manera natural
conatos de racismo o de violencia, porque nadie, salvo que esté
construido o mediatizado en estas ideas, ve en el de enfrente a un
español o un africano antes que a una persona, y siempre ha sido
así.


En 1992, en un barrio de Madrid muy cercano al lugar en el que nos
encontramos ahora, en Aravaca, se produjo el que es considerado el primer
asesinato racista de la historia democrática de nuestro país. La víctima
fue una mujer dominicana que ustedes recordarán, Lucrecia Pérez, que
acababa de llegar a España a ganarse la vida y que dormía en el interior
de una antigua discoteca, próxima a la carretera de La Coruña. Las
dominicanas trabajaban en el servicio de muchas casas de la zona y el día
libre que tenían se juntaban en una plaza céntrica del barrio. Diversos
medios de comunicación publicaron durante semanas que en aquella plaza se
ejercía la prostitución, se perturbaba el orden, se traficaba con drogas
y otros tantos bulos que nunca fueron confirmados, y ello contribuyó de
manera decisiva a que se generara un clima social de inmensa
preocupación. El tono de la denuncia mediática fue subiendo día a día sin
que nadie le pusiera límites, hasta que una noche un grupo de extrema
derecha se presentó en el lugar en el que dormía Lucrecia y le dispararon
a quemarropa, hiriendo de gravedad también a otra persona que se
encontraba en el mismo lugar. Quizás duela reconocerlo, porque,
evidentemente, nos obliga a replantearnos muchas conductas a las personas
que tenemos la oportunidad de hablar de cara a los medios de
comunicación. Pero sin esa campaña de bulos y de criminalización,
probablemente Lucrecia nunca habría sido asesinada. Si esta ponencia, al
menos, sirve para sensibilizar sobre las consecuencias del racismo
—con esto ya termino—, con total seguridad habrá merecido la
pena. Por eso, Más Madrid vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra la senadora Ahedo
Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko. Egun on guztioi.


Hoy vamos a aprobar las conclusiones, las recomendaciones de la
Ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio; una ponencia que
propuso mi grupo por la inquietud y la preocupación que teníamos ante la
respuesta y muchas veces la falta de respuesta que se estaba dando a este
reto. Entendiendo que se trata de un fenómeno que no es coyuntural y que
necesita un abordaje integral y una visión global, creíamos, y seguimos
creyendo, que debiéramos darle la posibilidad de un acuerdo de bases
mínimas entre la mayor parte de los grupos de la Cámara. Esto es lo que
hemos intentado tras casi dos años de trabajo; un trabajo de escucha de
expertos, de diferentes agentes implicados, pero también de reflexión y
diálogo para poder consensuar y acordar. Lo primero que nos planteábamos
era: ¿somos capaces de plantear unas bases comunes en el tema migratorio?
¿Estamos de acuerdo en unos mínimos? ¿Es suficiente con esos mínimos?
¿Nos podemos conformar solo con eso? Sobre esta serie de preguntas
lógicamente hemos tenido, en casi dos años, nuestros momentos y nuestras
dudas.


En primer lugar, quiero reconocer al Grupo Socialista que haya asumido
el trabajo de aunar y conciliar las posturas de los diferentes grupos.
Hay que agradecer a todos los compañeros y compañeras que hemos trabajado
en la ponencia, pero especialmente a Estefanía Martín Palop por su
trabajo y su predisposición. Pero no podemos olvidar que el Partido
Socialista es el que sustenta al Gobierno, y una cosa es lo que íbamos
consensuando y lo que quedaba en el papel, que lo aguanta todo, y otra lo
que iban haciendo los diferentes ministerios, a veces por obra y otras
por omisión. Lo que hemos podido ver en este tiempo es que el Gobierno
sigue teniendo varias almas en el tema migratorio, que no hay una
política migratoria clara y conjunta, que la necesaria colaboración y
cooperación a veces brilla por su ausencia. Y todo esto nos ha generado
incertidumbre. No digo ya cuando nos desayunamos con la decisión
unilateral del Gobierno, saltándose las resoluciones de Naciones Unidas y
olvidando las responsabilidades históricas de España —me permitirán
que lo diga—, de dejar tirado al pueblo saharaui, ese que tiene
derecho a la libre determinación, diciendo que, lo quieran o no, que sean
una autonomía en un país en el que la democracia y el respeto de los
derechos humanos dejan bastante que desear.


Esta decisión, que yo califico como traición, tendrá que ver con otras
cosas, pero está directamente relacionada con la gestión de los flujos
migratorios; con el chantaje marroquí, que usa vidas humanas sin sonrojo
para fines políticos y que amenaza, además no de forma velada, sino
tranquilamente, usando la migración, es decir, usando a las personas y a
las mafias de una manera totalmente interesada. Cuando pasa esto, te
paras a pensar: ¿qué vamos a firmar? ¿Con quién vamos a firmar? Esto
también genera incertidumbre. En ese momento, el Grupo Vasco ¿qué
decidió? Sopesar; y sopesamos de manera responsable, y hemos puesto en
valor el esfuerzo que hemos hecho todos los grupos para llegar a un
acuerdo de mínimos, pero acuerdo.


El documento que hoy vamos a ratificar no es el documento del Partido
Nacionalista Vasco, y estoy segura de que no es el de ninguno de los
grupos que van a apoyarlo, pero refleja cuestiones que compartimos y que
son importantes, como: la necesidad de la reforma del marco normativo; la
necesidad de una política europea justa y solidaria; el hecho de que
acoger, integrar y promover la convivencia sea para nosotros y para
nosotras sinónimo de progreso y prosperidad; que hay que garantizar
derechos y poner en el centro a la persona, migrante o no, y su dignidad;
que la migración supone una oportunidad; que hay que desterrar el
discurso xenófobo; que es fundamental la colaboración y la cooperación
entre las administraciones implicadas; que tenemos que actuar todos con
corresponsabilidad, y muchas cosas más. ¿Es mucho, es poco, es
suficiente? ¿Es ambicioso o poco ambicioso? ¿Son unas recomendaciones muy
genéricas? También tenemos que plantearnos si habríamos conseguido un
acuerdo tan importante como el que hemos conseguido si hubiéramos ido más
a lo concreto. Son cuestiones a valorar que me gustaría poner encima de
la mesa, sobre todo con respecto al Grupo Popular, que en comisión dijo
que las conclusiones no dan respuesta, no aportan y que sus propuestas no
han contado con apoyo. Bueno, muchas de las del PNV tampoco, pero nos
gustaría que explicasen en qué no están de acuerdo con estas
recomendaciones, qué no comparten para votar en contra. ¿Están en contra
de estas generalidades, como ustedes dicen, acordadas entre diferentes
como un mínimo común para empezar el trabajo? Y digo para empezar el
trabajo porque el trabajo no acaba hoy, queda mucho por hacer y, por fin,
vamos a contar con unos parámetros mínimos de acuerdo que orientarán las
futuras actuaciones y permitirán ir avanzando.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, la senadora
Surra Spadea tiene la palabra.


La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta, senadores.


No voy a detallar el trabajo de la comisión, ya lo han hecho varios
compañeros que me precedieron y lo harán seguramente algunos otros.
Simplemente quiero decir que cuando la senadora Nerea Ahedo, del Partido
Nacionalista Vasco, interpeló al ministro al inicio de esta legislatura
y, junto con él, vio que era importante crear un consenso de aprobación
de una política migratoria y propuso la moción para crear esta ponencia,
no estábamos muy esperanzados en que pudiera salir algo claro y preciso,
como ha sido realmente. Y quisiera remarcar algunos puntos que me
parecieron significativos.


Primero, la mayoría de los expertos comparecientes, fueran de grandes,
medianas o pequeñas instituciones, pero todas ellas trabajando en el
terreno con la inmigración y fueran de la comunidad autónoma que fueran,
increíblemente, no por casualidad, coincidían en varios puntos muy
importantes: la Ley de extranjería está obsoleta ya que fue aprobada hace
muchísimos años y respondía a una realidad del país y de la migración
diferentes; la inmigración no es un problema, es una realidad de hoy, y
hay que encararla y abordarla desde ese punto de vista; al estar sin
papeles en este país no se puede firmar un contrato de trabajo, no se
puede alquilar una vivienda, ni abrir una cuenta bancaria, tres cosas
imprescindibles para existir, solamente existir en este país y tener
derechos. Incluso hasta los ponentes que venían representando a autónomos
o a pequeñas y medianas empresas nos pedían, por favor, que no nos
olvidáramos de actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura. Estos son los empresarios que no hacen trampas, que no pueden
hacer trampas a Hacienda, que tienen necesidad de mano de obra y que no
la pueden cubrir con los nacionales, y hay un montón de mano de obra
inmigrante que está aquí, que puede integrarse, pero que no tiene la
posibilidad administrativa de hacerlo. Nos pedían, por favor, que se
agrandara el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que hoy solo
representa a ocho profesiones.


Hay muchos aspectos plasmados en este documento que son muy
importantes, aunque no voy a hablar de todos. Lo importante, como decían
otros compañeros, es el resultado. Lo principal es que hemos llegado a un
consenso social mayoritario, que era lo que nos pedía el Gobierno, el
ministro aquí mismo, para que, de una vez por todas, el Gobierno pueda
modificar el reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería. Ya no
tiene que esperar, tenemos el consenso social. Ahora, Estefanía Martín
Palop, a este trabajo le sigue, evidentemente, uno más arduo que es hacer
que el Gobierno cumpla con su palabra.


Fundamentalmente, ¿qué vemos importante en estas modificaciones? Las
vías seguras, como las que se organizaron para Ucrania —vimos que
se puede hacer—; evitar las muertes y las mafias; mejorar las
condiciones de acceso y de renovación de los permisos de residencia, o
sea, reducir la burocracia; que las promesas de trabajo, necesarias para
hacer los papeles, se adecúen a los nuevos contratos de la reforma
laboral que acaba de salir, que son de seis meses, y no como hasta ahora,
que eran imposibles de conseguir; igualar los requisitos de las empresas
contratantes al caso de los nacionales, porque hoy la promesa de trabajo
para los emigrantes implica requisitos de las empresas que son
inalcanzables; reducir los tiempos de respuesta y de entrega de la
documentación —otra vez la burocracia— y, sobre todo, acabar
con el mercado negro de las citas previas —esto es urgente—,
y muchas cosas más que están escritas en este extenso y completo
documento que hemos elaborado como acuerdo mínimo. Se trataba también,
como dice el título de la ponencia, de abordar el fenómeno migratorio de
manera integral y no solamente en algunas de sus manifestaciones, porque
ese es el problema, que la inmigración hay que verla como un todo.


Para terminar, quiero dar las gracias a los senadores de todos los
partidos que han participado en el trabajo durante estos dos largos años,
hayan apoyado o no el dictamen, por el trato humano y el respeto que han
demostrado a la colectividad inmigrante.


Y, señores de Vox, no se han dignado ni a venir a trabajar, porque era
evidente que este estudio serio sobre la inmigración tiraría por tierra,
o más bien desenmascararía las mentiras que escupen en sus pasquines
acerca de la inmigración, que ni siquiera conocen. No saben ni quieren
aprender.


Dicho todo esto, nosotros, por supuesto, votaremos a favor del informe
de consenso.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramos
Acosta.


El señor RAMOS ACOSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero excusar a mi compañera Sofía Acedo, ya que, por
culpa de un temporal en Melilla, hoy no puede salir su avión, y estoy
aquí representándola.


Señorías, dos de los puntos que ofrecimos en nuestra propuesta de
mínimos para negociar el resto de este informe contenían exactamente
—y cuando digo exactamente es exactamente— dos cuestiones que
el señor Sánchez tratará en su próximo viaje al Reino de Marruecos para
controlar la inmigración irregular: uno, el acuerdo de repatriación de
menores no acompañados, firmado por el Gobierno socialista en el año 2007
y ratificado por Marruecos con el Gobierno de Mariano Rajoy; dos, la
directiva de retorno de la Unión Europea, ajustándonos a los plazos de
retornos efectivos con todas las garantías y esfuerzos de colaboración
entre ambos países. Y yo le hago unas preguntas al Grupo Socialista:
¿cuál es la razón por la que no aceptan nuestras propuestas, que iban en
el sentido de las que lleva Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Es debido a que
quieren que les vote su socio de Gobierno de extrema izquierda? ¿Cuánto
vamos a seguir aguantando todos los españoles, rehenes de los acuerdos y
equilibrios de Pedro Sánchez para mantenerse a toda costa en la Moncloa?
¿O es que directamente no las aceptan? Porque ustedes no han aceptado ni
una sola medida que el Grupo Parlamentario Popular les ha mandado. Y
cuando digo ni una sola es ni una sola. Yo entiendo que los grupos que
les van a apoyar lo hacen porque a lo mejor les admitieron una, dos o
tres propuestas; al Grupo Popular, ni una sola medida. (Aplausos).


Pretenden darnos lecciones de democracia y de acuerdos a la vez que no
son capaces de cumplir con la palabra dada. Acordar no es sucumbir a los
deseos del señor Sánchez. Negociar a posteriori simple y llanamente es
imposición, y ni España ni el Partido Popular están para imposiciones de
quien falta a su palabra permanentemente.


¿Saben cuál es la percepción del Partido Popular? Que ha sido el
Gobierno, y ustedes lo saben, quien ha impuesto esta propuesta de
conclusiones al Grupo Socialista porque quieren vender un supuesto
acuerdo y quedar como un partido de consenso. Lo que no les han contado
es que en el próximo viaje a Marruecos van a acordar precisamente lo que
ha pedido el Grupo Popular, pero eso no puede quedar hoy reflejado en un
informe porque hay alguno por aquí que si no fuera así votaría en
contra.


A los grupos que apoyan este informe les digo que les han mentido, y
nosotros no vamos a formar parte de esta pantomima para lavarle la cara
al Gobierno. Ustedes, señoras y señores socialistas, pretenden que
nosotros, haciendo un acto de fe, apoyemos un documento blanco,
enunciativo, que no dispone nada y que no aporta valor añadido. No hay en
este documento nada nuevo distinto a lo ya dispuesto en cientos de
documentos. A la postre, ustedes han pretendido hacernos corresponsables
de su nefasta gestión de los flujos migratorios, que ha sido desastrosa
hasta ahora y que lo seguirá siendo, porque sabemos que, una vez más,
cuando se apruebe este documento, todo seguirá igual, porque ustedes no
han tomado medidas a tiempo. La prueba evidente está en mis islas
Canarias, donde han llegado más de 50 000 personas en patera y donde han
muerto 4000 personas en dos años, y ustedes no han hecho absolutamente
nada.


Termino, señora presidenta, con algunas preguntas: ¿de verdad
consideran que después de este informe algo va a cambiar en la política
migratoria? ¿Que esto cumple con las expectativas de los más de 40
expertos que pasaron por esta Cámara para decir lo que aquí había que
hacer? Háganse esta pregunta, seguro que alcanzarán a entender que la
complicidad para no hacer las cosas bien no es buena para nadie, salvo
para un lavado de cara del Gobierno, y para eso no cuenten con el Partido
Popular, porque no seremos corresponsables de este desastre. Y les digo
que para este viaje no hacían falta alforjas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Martín Palop.


La señora MARTÍN PALOP: Gracias, señora presidenta.


Señorías del Grupo Popular, señor Ramos, por lo que veo, no hay nada
nuevo en el horizonte: palabrería, demagogia y pocos hechos, así que nada
nuevo, nada (Rumores.— Aplausos). Además, señorías del Grupo
Popular, dicen ustedes que son un nuevo Partido Popular; pues,
lamentablemente, de nuevo no tienen nada; vuelven a lo antiguo y a lo
viejo. Y no solamente no han traído a M. Rajoy —gracias por
recordarnos quién era—, sino que además sus alianzas les describen
y, lamentablemente, nos retrotraen a momentos en blanco y negro, y eso no
lo vamos a permitir. (Aplausos).


Señorías, miren alrededor, miren a Europa, miren con quién se han
quedado, miren con quién hacen alianzas y con quién acuerdan. Y recuerden
lo que les dice el Partido Popular en Europa, recuerden sus palabras,
porque se han desmarcado de lo que ustedes hacen. Ustedes se están
quedando con la extrema derecha, y solamente pasa aquí, en España. En
Europa no pasa, en Europa hacen dique frente a la extrema derecha, y aquí
la blanquean —eso sí es preocupante—, en mi comunidad
autónoma, Andalucía, y ahora en otras. Basta ya de blanquear a la extrema
derecha, señorías del Grupo Popular. De verdad, están a tiempo,
reconduzcan, no se conviertan en mala gama de la extrema derecha;
reconduzcan y hagan un ejercicio responsable de lo que es la democracia y
de lo que es el consenso y el acuerdo, porque de eso ustedes no nos van a
dar ninguna lección; al Partido Socialista, ninguna lección. El acuerdo y
el consenso son más que imponer sus ideas, porque hay que llegar, hay que
renunciar y hay que ser generosos, y eso ustedes no lo han demostrado. El
consenso es garantía del funcionamiento democrático, y ahí les
esperamos.


Culminamos hoy este trabajo de muchos meses y hay que dar las gracias a
todos y a todas, y con más fuerza aún a todas las personas que han
comparecido. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los grupos
políticos porque, con generosidad y con muchísimo trabajo, hemos
conseguido un documento y un acuerdo que sirve de base para los próximos
años.


Quiero agradecer ese trabajo y esa generosidad porque, como ya han
comentado algunos de mis compañeros y compañeras, es un trabajo que, sin
duda alguna, merece la pena. Es un punto de encuentro en el que
reconocernos, pero también un punto para seguir avanzando. Muchísimas
gracias.


Además, hemos profundizado. Es una realidad migratoria y es un reto y
una oportunidad. La ponencia nos ha mostrado una realidad y también los
retos sociopolíticos, económicos y humanitarios a los que nos enfrentamos
como sociedad; una realidad compleja y también cambiante; una realidad
que, además, asumimos como frontera sur y por los vínculos que tenemos
con Latinoamérica. Además, hay que reconocer que somos un país de
entrada, de tránsito y de recepción. Esta realidad migratoria viene
condicionada por la situación económica, los conflictos bélicos, las
guerras, la falta de democracia y también por los efectos del cambio
climático. Esta ponencia nos ha permitido analizar las migraciones como
un desafío global, que requieren la responsabilidad conjunta de toda la
sociedad y de todas las administraciones para atender y garantizar los
derechos de las personas migrantes y para ver como una oportunidad lo que
nos ofrecen las migraciones a este país.


En palabras de una de las comparecientes, no se puede hablar de
situación de emergencia, sino de fenómeno estructural con diferente ritmo
de afluencia en el tiempo. Y como también dijo otra compareciente, es
imprescindible el replanteamiento de las políticas migratorias con un
cambio de paradigma, un cambio narrativo y un cambio en la
cogobernanza.


También nos hemos dado cuenta de una cuestión que ya conocíamos pero
que se ha evidenciado: el riesgo que tenemos ante quienes pisotean la
solidaridad por intereses partidistas, sobre todo en esta Cámara, cuando
vemos que hay quienes, de forma totalmente intencionada, transforman el
drama humanitario en discursos de odio. No lo vamos a permitir. Tenemos
que romper con los discursos de odio, con las narrativas dañinas y
también con los corazones helados. Y ahí vamos a estar los socialistas y
las socialistas, para luchar contra quienes quieren despojar de su
dignidad y de su humanidad a las personas migrantes, porque, como dijo
Montesquieu en sus pensamientos, «antes que francés, soy un ser humano,
porque soy un ser humano por necesidad, mientras que soy francés por mero
azar». Así lo sentimos y así vamos a lucharlo.


Por eso, señorías, simplemente les pido que se unan a este informe que,
como dice en su texto, tiene vocación de articular una estrategia
compartida que devenga en un modelo migratorio justo, estable y conforme
a los principios y exigencias del Estado democrático.


Muchísimas gracias a todos los grupos. Muchísimas gracias, Pablo, por
traer a Lucrecia, y muchísimas gracias, Nerea, porque sé el esfuerzo que
hoy haces por estar aquí.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Señorías, el informe de la Ponencia de estudio que aborda el fenómeno
migratorio de manera integral será sometido a votación durante el plazo
que esta Presidencia abrirá al concluir el debate del punto décimo del
orden del día.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR DE MANERA
URGENTE DETERMINADAS MEDIDAS TEMPORALES PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS Y
FAMILIAS DEL INCREMENTO INCONTROLADO DE LOS PRECIOS. (Proclamación del
resultado de la votación).


671/000107

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 6. y 6.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se ha votado en sus propios
términos.


Votos emitidos, 263; a favor, 108; en contra, 152;
abstenciones, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.









PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE
2021.


871/000004



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 9. y 9.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la presentación del
informe, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Peticiones, la
senadora Micaela Navarro Garzón.


La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, presidenta.


En el curso de la sesión celebrada el día 22 de marzo de 2022, la
Comisión de Peticiones aprobó el dictamen correspondiente a las
actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los
días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021. En la referida reunión
del 22 de marzo, la Comisión de Peticiones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, acordó elevar a
la Presidencia de la Cámara el dictamen de referencia, que incluye la
relación de las peticiones recibidas, las decisiones adoptadas sobre las
mismas y la recepción de las contestaciones correspondientes a peticiones
tramitadas en sesiones anteriores provenientes de diferentes organismos.
En consecuencia, la comisión aprobó su dictamen, que incluye la
tramitación de 60 peticiones. En relación con las mismas, señorías, he de
decir que 8 peticiones se han remitido a diversos departamentos
ministeriales, 20 peticiones se han remitido a otros organismos y 29
peticiones han sido archivadas por no tener carácter de petición, por
faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto, por no
tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o por tratarse
de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por dicha
comisión.


El presente informe de la Comisión de Peticiones fue publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 308, de 25 de
marzo de 2022, publicación que incluye la relación nominal de los
peticionarios, número de petición e indicación sumaria de su contenido,
así como el organismo al que se da traslado. Asimismo, el informe de la
comisión acusó recibo de las 3 respuestas remitida a esta comisión por
diferentes organismos.


Finalmente, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de
Peticiones la confianza depositada en mí para presentar este informe y
permitir al Pleno del Senado tomar conocimiento del mismo. Igualmente,
quiero agradecer a la Mesa de la Cámara su diligencia al incluir la toma
de conocimiento de este informe en el más breve espacio de tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


No está prevista la intervención de ningún senador. Por lo tanto, el
Pleno toma conocimiento del informe presentado de la Comisión de
Peticiones.









TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.


770/000003

TRIBUNAL DE CUENTAS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 10., 10.1.
y 10.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): La Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha emitido Dictamen en relación con
la Cuenta General del Estado correspondientes al ejercicio de 2019, que
incluye la Resolución aprobada por dicha comisión en su sesión del día 22
de marzo de 2022.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos entonces al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, no ha pedido la palabra ningún
senador.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tampoco.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿senador Cleries i Gonzàlez?
(Pausa).


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tampoco está pedida
la palabra por ningún senador.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿senadora Etxano Varela?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra el senador Furriol Fornells.


El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias, presidenta.


Bona tarda, señorías. Se propone la aprobación del Congreso de los
Diputados y de esta Cámara para el informe de la Ponencia del Tribunal de
Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado de 2019. Sin
embargo, el Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu no va a votar a favor,
entre otras cosas, porque, a pesar de las apariencias, dicha cuenta
general no refleja fielmente las cuentas anuales del Estado. Esta
afirmación no solo es una conclusión o una mera opinión del senador que
les habla, sino que se trata de una conclusión del Tribunal de Cuentas.
Consta así en la Declaración del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta
General del Estado, concretamente en su capítulo 2, a partir de su
página 7, donde literalmente podemos leer que, en opinión del tribunal,
excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación y que
se desarrollan en el apartado 3 de esta declaración, la Cuenta General
del Estado de 2019 presenta fielmente en todos sus aspectos
significativos la situación económica, financiera y patrimonial del
Estado. Esto es que, excepto en aquellos aspectos en que la contabilidad
del Estado no expresa fielmente la situación o directamente no la
expresa, la Cuenta General del Estado sí es correcta, lo que es lo mismo
que decir con otras palabras, como dijo en una ocasión un expresidente
del Gobierno español, algo así como que todo lo expuesto es falso,
excepto lo que es verdad; o quizás sea al revés, da igual.


Les recomiendo la lectura y análisis de dichas salvedades que se
desarrollan en la aclaración, pues ninguna de ellas tiene desperdicio,
pero no hay tiempo ahora para su repaso. Como ejemplo de una de ellas,
les leo literalmente el principio de la primera: «De un total de 441
entidades del sector público estatal, no se han integrado en la Cuenta
General del Estado 54 entidades». No está mal; nada menos que el 12 % de
las entidades del sector público español no han enviado sus cuentas al
Tribunal de Cuentas. Y ya está, se menciona y aquí no pasa nada. ¿Se
imaginan ustedes cuál hubiera sido la reacción si el 10 % de las
entidades catalanas no hubieran cerrado sus cuentas? Hay que decir, sin
embargo, que el Tribunal de Cuentas ha efectuado una concienzuda y
rigurosa revisión de las cuentas generales del Estado o, al menos, de la
parte que le ha sido remitida. Se recomienda también la lectura de sus
conclusiones y de sus recomendaciones y resoluciones, aprobadas tanto por
la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas como por los plenos del
Congreso y del Senado, que de una forma persistente y reiterada se
incumplen sistemáticamente por el Gobierno de turno. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).


Como he expuesto, no duelen prendas en reconocer o manifestar que el
Tribunal de Cuentas realiza en ocasiones una meticulosa y profesional
labor de control y fiscalización sobre la actividad económica del
Gobierno, desenmascarando en ocasiones omisiones, deficiencias y
manipulaciones existentes. Pero, de la misma manera que hacemos dicha
manifestación, debemos denunciar otras actuaciones del Tribunal de
Cuentas que son impropias de un Tribunal de Cuentas como órgano
administrativo, auditor y de un Estado de derecho, que son las
siguientes: primera, la actuación como punta de lanza, brazo ejecutor o
pieza de impulso, tracción o engranaje —según los casos— de
las bien llamadas cloacas del Estado, que haberlas haylas. En Cataluña,
las hemos padecido, las seguimos padeciendo a calderadas, con persecución
y amenazas al patrimonio de familias enteras por el simple hecho de
defender desde las instituciones mandatos parlamentarios. La segunda, su
actuación como tribunal de Justicia, pues no debería tener función
jurisdiccional, por mucho que su ley reguladora así lo establezca,
retorciendo la interpretación del artículo 136 de la Constitución, sin
que además se requiera que los 8 consejeros nombrados por designación
sean jueces que no formen parte del Poder Judicial y de quienes ni
siquiera se exija que tengan formación jurídica. No es de extrañar por
ello que, a pesar del rigor que en otras ocasiones nos demuestra el
Tribunal de Cuentas, claramente enmascare la corrupción y el despilfarro
generalizado en las administraciones controladas por el PP o por el PSOE;
por algo designan ellos en exclusiva a los consejeros del Tribunal de
Cuentas que han de juzgarlos, y cuando no tienen más remedio que hacerlo,
casi nunca les exigen responsabilidades contables que sí se están
exigiendo a los cargos independentistas.


Finalmente arañando los escasos segundos que quedan, deseo apuntar
telegráficamente tres temas. El primero, denunciar el tiempo transcurrido
entre el cierre del ejercicio 2019 y este debate sobre las cuentas del
Estado, ya en abril de 2022. El segundo, poner de manifiesto el poco
interés que despierta entre diputados y senadores y en los medios de
comunicación la cuenta general en comparación con el debate sobre los
Presupuestos Generales del Estado. Y finalmente, otro día hablaremos de
la Tesorería General de la Seguridad Social y de qué nos indica el
Tribunal de Cuentas sobre su saqueo, que es un aspecto que señala el
Tribunal de Cuentas en su informe y que debería corregirse antes de
hablar de sostenibilidad del sistema de pensiones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Quedan dos grupos por intervenir: el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamentario Socialista. El senador Cleries, del Grupo
Parlamentario Nacionalista, no ha podido intervenir cuando le tocaba el
turno. Les pregunto si podemos darle la palabra antes de pasar al
siguiente grupo. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones). Muchas
gracias.


Senador Cleries, tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, presidente.


Señorías, en referencia al Tribunal de Cuentas, en realidad nuestro
grupo no puede intervenir porque cuando se hizo el reparto de las
comisiones mixtas, el Grupo Nacionalista —por tanto, Coalición
Canaria y Junts per Catalunya— quedamos fuera de combate en lo que
hace referencia al Senado por un reparto que no se entiende. Por eso,
cada vez que surge este tema de alguna comisión mixta intervenimos en
este sentido.


Solamente deseo destacar un punto: esperamos que en la nueva etapa que
se está desarrollando a partir de ahora, el Tribunal de Cuentas deje de
ser un tribunal de ajuste de cuentas y especialmente de persecución al
independentismo, porque creemos que ha salido totalmente de sus
competencias y ha tenido una obsesión contra el independentismo.
Esperemos que esto cambie por el bien de la democracia del Estado
español.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
señoría la senadora Muñoz Fonteriz.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Mis primeras palabras en esta intervención
quiero dirigirlas a todo el personal del Tribunal de Cuentas, que hace
una extraordinaria labor en todos los informes que realiza, no solamente
en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2019, que es de
lo que hablamos hoy aquí, sino en todos los informes, como tenemos
oportunidad de reconocer en cada una de las sesiones de la Comisión Mixta
del Tribunal de Cuentas.


A esta declaración, el Grupo Popular presenta 32 propuestas de
resolución, 32 propuestas de mejora dirigidas a apoyar la labor de
control y fiscalización del Tribunal de Cuentas y a mejorar la actuación
de la Intervención General de la Administración del Estado.


Tenemos que celebrar que 30 de esas 32 han sido aprobadas. Deseo
resaltar las orientadas a reducir los tiempos de presentación de la
cuenta general, el plazo de rendición de cuentas de las entidades del
sector público o la mejora de las cuentas generales del sector público
empresarial y fundacional, incluyendo las cuentas de todas ellas, para
mejorar la transparencia de la Administración pública. Desgraciadamente,
algunas fueron aprobadas, a pesar del voto en contra del Partido
Socialista, que esperemos que se afane en dar cumplimiento a estas
resoluciones, a pesar de que se haya opuesto a ellas. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, señorías, por favor.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Voy a hacer especial referencia en mi
intervención a una de las propuestas que presentamos y que resultó
aprobada, y es la que instaba al Tribunal de Cuentas a mejorar los
mecanismos de control sobre la ejecución presupuestaria de la
Administración del Estado y también sobre el cumplimiento de los
objetivos de déficit, de deuda y la regla de gasto y cumplir con los
objetivos de estabilidad presupuestaria. Esta propuesta se aprobó con el
voto en contra del Partido Socialista. La verdad, no es una sorpresa: el
Partido Socialista siempre está en contra del cumplimiento del déficit
público, del cumplimiento de los límites de deuda, porque es exactamente
a lo que se dedican cuando gobiernan, y para muestra, esta cuenta del
año 2019. Por cierto, el primer año, de gestión cien por cien de este
nuevo Gobierno socialista. Desde luego, estos datos son una evidencia de
lo que es la gestión del Partido Socialista.


En el año 2019 este Gobierno del Partido Socialista incumplió el
objetivo de déficit, la regla de gasto y el límite de deuda, es decir,
incumplió todas las reglas fiscales. Incumplieron el objetivo de déficit,
con un 2,82 % frente al objetivo del 2 %, la primera subida de déficit
desde el año 2012, en siete años. Por cierto, el 2,82 % fue después de
que se lo corrigiera la Unión Europea, porque ustedes declararon menos;
fueron nada más y nada menos que 2350 millones de euros que tuvo que
corregirle la Unión Europea y subir el déficit público. Tampoco es una
sorpresa que el Partido Socialista falsee los datos de déficit, porque es
otra marca de la casa. Todavía tenemos en la memoria el paso del 6 %
declarado por el Partido Socialista al 9 % real de déficit público cuando
llegamos al Gobierno.


También es un presupuesto en el que baja la inversión pública, otra
marca de la casa del Partido Socialista. Disparan ustedes el gasto
corriente, el gasto improductivo y bajan la inversión, que es la que
genera crecimiento económico; un crecimiento económico que también fue
inferior a lo previsto, el 2 %. Por tanto, perfecto balance el año 2019
de lo que es la gestión del Partido Socialista. Y aún no había pandemia
ni había guerra a la que echarle la culpa; era cien por cien gestión
socialista. Sin ninguna duda, estos datos desastrosos de gestión
debilitaron la economía española ante lo que se le venía y ante la guerra
y la pandemia futura.


¿Sabe qué comunidades autónomas sí cumplieron el déficit público?
Galicia, Andalucía y Madrid, tres comunidades autónomas gestionadas por
el Partido Popular, y lo hicieron bajando los impuestos. (Aplausos).
Porque, señores del Grupo Socialista, se pueden bajar los impuestos y
cumplir el déficit público, se pueden bajar los impuestos y controlar la
deuda pública, se pueden bajar los impuestos y mantener la disciplina
fiscal. ¿Saben cómo? Gestionando con rigor y eliminando el gasto
innecesario. No nos vengan con la falacia de que hay que subir impuestos
para garantizar los servicios públicos, porque quien garantiza los
servicios públicos es el que paga lo que debe y el que no se gasta lo que
no tiene. (Aplausos). El que gasta sin control, el que incumple el
déficit, el que dispara la deuda, el que pone en riesgo la sostenibilidad
de las cuentas públicas es el que pone en riesgo la prestación de los
servicios públicos y, por tanto, pone en riesgo nuestro Estado de
bienestar, que es exactamente lo que hicieron ustedes en el anterior
Gobierno y lo que está diciendo hoy en día: el que convierte al Gobierno
en el primer moroso de España, que es lo que fue el Gobierno del Partido
Socialista del señor Zapatero, con miles de facturas sin pagar en el
cajón. Ese es el que pone en riesgo el Estado del bienestar. Esa es la
receta socialista que aplican ustedes, caiga quien caiga, y que hoy en
día nos pone a la cola de Europa; la política económica socialista que
trae más déficit, más deuda, más paro y menor crecimiento y que quieren
seguir aplicando también ahora con una inflación disparada. El
empobrecimiento de los españoles es lo que conseguimos cuando gobierna el
Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Finalizo, presidente.


¿Van a rectificar? ¿Con estos datos, van a rectificar? Me temo que no,
me temo que tendrá que venir un gobierno del Partido Popular a poner un
poco de sentidiño en la política económica de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría el
senador Fernández Leiceaga.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Gracias, señor presidente.


Buenos días a todos y a todas. Señorías, yo también quiero empezar por
reconocer el excelente trabajo que hace el Tribunal de Cuentas en todos
los informes, y en este también. La verdad es que este año ya nos queda
muy lejos, no en términos puramente cronológicos, sino porque han pasado
por el medio la pandemia, la invasión y otros acontecimientos que hacen
que veamos con cierta nostalgia un año de cierta normalidad; normalidad
extraordinaria en términos políticos —y voy a empezar por
ahí—, no solo porque en el año 2019 estuviera en vigor el
presupuesto prorrogado que había hecho el señor Montoro, —aunque
gestionado por una administración diferente—, con lo que, en cierto
sentido, había una cohabitación presupuestaria que explica en parte los
resultados alcanzados, sino porque además fue un año con dos elecciones
generales y también con autonómicas y municipales en medio y, por lo
tanto, un año con un Gobierno prácticamente en funciones todo el tiempo y
con escasa capacidad para modificar los parámetros básicos que explican
el funcionamiento de las finanzas públicas.


A pesar de todo, si ustedes leen el informe del Tribunal de Cuentas,
verán que el tribunal reconoce que la Cuenta General es un reflejo fiel
de la situación económica, financiera, patrimonial, etcétera de las
administraciones públicas. Por tanto, como no puede ser de otra manera,
nosotros vamos a dar nuestro apoyo a estas cuentas, y supongo que también
el resto de grupos que lo han hecho así en la comisión.


¡Claro que hay salvedades y problemas! como antes se ha puesto de
manifiesto, entre otras cosas, muy similares a los de ejercicios
anteriores. Yo pondría el acento en tres cuestiones. En primer lugar, un
ánimo de corrección. En esa misma sesión del Tribunal de Cuentas, la
presidenta presentó el informe correspondiente a la Seguridad Social del
año 2018 y anteriores y ponía de manifiesto el progresivo deterioro que
desde el año 2011 se veía en su situación patrimonial. Efectivamente, nos
preocupa la situación de la Seguridad Social, que venía agravada desde el
año 2011 y que alcanzaba, según un informe del Tribunal de Cuentas, la
mayor expresión del problema en el año 2016, cuando gobernaba el señor
Rajoy. Por cierto, decía que muchas de las recomendaciones que había
hecho el Tribunal de Cuentas se corregían en la Ley 21/2021, que ustedes
votaron en contra. Por tanto, nos dicen que quieren corregir las cosas,
pero después, en la práctica se ve que es mentira, porque ustedes votan
en contra de aquellos elementos que permiten corregir los problemas que,
sin embargo, denuncian cuando gobiernan otros. (Aplausos).


En segundo lugar, los problemas que pone de manifiesto el Tribunal de
Cuentas son puramente administrativos y, por tanto, creo que tenemos que
introducir una cierta distancia en el debate político.


Y en tercer lugar y muy importante, su visión catastrofista, que
corresponde también a la que ahora nos trasladan sobre la situación
económica, no corresponde a la realidad. Claro que hubo una ralentización
del crecimiento, pero, por cierto, España creció en el año 2019 el 2 %
cuando la zona euro creció el 1,4. Se creó empleo al 2,3 %; creció
bastante el empleo indefinido; subieron los salarios reales; se
corrigieron muchos problemas de desigualdad que veníamos arrastrando de
ejercicios anteriores, y sí, el déficit público del conjunto de las
administraciones subió unas décimas, fundamentalmente debido al
comportamiento de las administraciones autonómicas ese año, en el que,
por cierto, había elecciones. Le voy a dar un dato simplemente, ¿cuántos
años del Gobierno del señor Rajoy estuvo España fuera del componente
correctivo de la Unión Europea? Ninguno, pues en el año 2019 sale del
componente correctivo y pasa al componente preventivo, que es mucho más
blando, como saben ustedes. Eso lo hizo un Gobierno socialista.
(Aplausos). Por tanto, dejen ya de darnos lecciones que no se
corresponden con la realidad.


Sí, la situación era complicada, como ahora, pero ahora hay una
respuesta europea, también de España, determinada, precisa y que lo hace
sin dogmatismos, pero ustedes tienen una única solución siempre a todos
los problemas, con independencia de si hay recesión o si hay crecimiento,
de si hay un problema de inflación o si hay otro tipo de problema:
siempre bajar los impuestos de forma indeterminada, general, poco precisa
y poco eficaz. Nosotros no estamos en contra de retocar la presión fiscal
en algunos elementos, pero sabemos que hay que combinarlo con otras
acciones para ser mucho más eficaces, más específicos y más dirigidos a
solucionar el problema de los españoles.


No se puede, sin más, venir aquí a dar lecciones cuando, después, no lo
hacen ustedes cuando gobiernan y, sobre todo, cuando esas lecciones
dependen más de una visión equivocada del funcionamiento de la economía
que de una apreciación realista de su evolución.


Nosotros vamos a apoyar esta Cuenta General. Espero que lo haga así,
con carácter general, esta Cámara y, en todo caso, veo con cierta
nostalgia la normalidad del año 2009 después de todo lo que ha
pasado.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias
por su tolerancia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Leiceaga.


Señorías, finalizado el debate de la Declaración sobre la Cuenta
General del Estado correspondiente al ejercicio 2019, procedemos, a
continuación, a la votación de los siguientes tres asuntos:


En primer lugar, informe de la Ponencia de estudio sobre los retos de
una transición energética sostenible.


En segundo lugar, informe de la Ponencia de estudio que aborde el
fenómeno migratorio de manera integral.


Por último, Dictamen en relación con la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2019, con la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.


Se abre un plazo de dos horas para la votación telemática desde este
momento, en que es la una, hasta las tres de la tarde de hoy.


Muchísimas gracias.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LAS MODIFICACIONES
NORMATIVAS NECESARIAS PARA ELIMINAR EL MINISTERIO DE CONSUMO.


671/000108

GPP


El señor presidente lee los puntos 11. y 11.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación le ha
presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Democrático.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, su señoría la senadora Leyte
Coello.


La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.


Señorías, la inflación cerró, en diciembre de 2020, en el 7 %; en
febrero, ya era casi del 8 %, y no había guerra; y la semana pasada
estaba en el 9,8 %, la cifra más alta desde hace cuarenta años y mucho
más alta que la de todos los países de nuestro entorno. Nos hablaban de
recuperación económica y nos llamaban antipatriotas cuando decíamos que
sus datos económicos no eran reales. Hicieron oídos sordos a todas
nuestras propuestas para intentar mejorar la situación económica. No
escucharon al Banco de España ni a los organismos internacionales cuando
se lo advertían, pero la realidad es tozuda y hoy es evidente, incluso
para ustedes, que los ciudadanos españoles tienen dificultades para
llegar a fin de mes, especialmente, las familias de rentas más bajas, las
personas más vulnerables. El precio de la electricidad ha marcado récords
históricos, con la consiguiente repercusión en el coste de producción de
las empresas, lo que ha llevado a una subida generalizada de los precios.
¿Se acuerdan cuando el señor Sánchez pedía la dimisión del presidente
Rajoy porque la factura de la luz subía el 8 %? Pues bien, ahora, sus
nefastas políticas energéticas y económicas las están sufriendo los
jóvenes, las familias, los autónomos y las grandes y pequeñas empresas, o
sea, todos los españoles. El señor Sánchez pide unidad y consenso como si
fuese un acto de fe. No se puede pedir consenso sin escuchar ni pactar
con un hágame caso porque lo digo yo. No puede ser que los fondos Next
Generation, claves para la recuperación económica, sigan envueltos en el
oscurantismo. No puede ser que se comprometa, en la Conferencia de
Presidentes de La Palma, a bajar impuestos a los españoles y, después,
sufra una pérdida de memoria y no se reflejen las propuestas que
presentan. No puede ser que se presente un plan de medidas de guerra una
hora antes de que se celebre el Pleno del Congreso en el que tienen que
ser aprobadas. No puede ser que tengamos un Gobierno con el mayor número
de ministerios y de asesores desde que hay democracia en nuestro país y
ello se traduzca en una gestión ineficaz. Ese es el objetivo de esta
moción. Pedimos la supresión del Ministerio de Consumo porque es
ineficaz. (Aplausos).


Tenemos un ministro que apenas tiene agenda ni actividad y, por si eso
fuese poco, ataca a los sectores productivos más importantes de este
país, a los sectores que crean empleo, que son claves para que muchas
familias vivan mejor, que son claves para la recuperación económica y
sostenimiento de nuestro Estado del bienestar. Empezó cuestionando el
sector del turismo, responsable del 12,4 % del PIB en 2019; siguió con el
sector de la alimentación, en el que no dejó títere con cabeza
—jamón, bebidas azucaradas, chucherías para los niños y un largo
etcétera—; en plena campaña de Navidad, incita con dinero público a
una huelga contra la compra de juguetes; y el sumun fueron sus
declaraciones a un medio inglés para hablar mal de la carne de nuestro
país, para poner contra las cuerdas a un sector que lo ha pasado muy mal
durante la pandemia y al que, como se dice en términos taurinos, el
ministro le quiso dar la puntilla porque bajaron las exportaciones de la
carne en un 25 % tras sus declaraciones. Señorías, quiero recordarles que
el señor Garzón no es un tertuliano, sino que es el ministro de España,
es el encargado de hablar bien de nuestro país, de hacerlo con orgullo
porque eso es hacer justicia a los sectores estratégicos de nuestro país,
que necesitan que se les defienda. (Aplausos). Son sectores clave en la
España rural, en esa España que no está vaciada, pero sí despoblada y a
la que precisamos defender porque constituye la mayor parte de nuestro
territorio y porque no se concibe el mundo urbano sin un mundo rural
fortalecido. Eso sí, el señor Garzón es un ministro locuaz para atacar a
los sectores que tiene que defender, pero se queda mudo ante la elevada
inflación, ante las facturas de la luz, del gas, de los hidrocarburos o
de la subida de los precios de la cesta de la compra. No ha dado ni una
sola palabra de aliento a los españoles, a las familias más vulnerables
que no llegan a fin de mes, a los más desfavorecidos. La inflación,
señorías, como todos sabemos, es el impuesto de los pobres. En cualquier
país del mundo, este señor habría dimitido o el presidente del Gobierno
lo habría cesado, pero tenemos un presidente de Gobierno atado de pies y
manos que, por seguir en el Gobierno, tiene que aguantar que sus socios
le hagan oposición cuando termina el Consejo de Ministros. Por eso,
seguimos teniendo ministerios creados como agencias de colocación, no
para mejorar la gestión de España, y ese es el caso. Tenemos un
Ministerio de Consumo sin apenas competencias porque están transferidas a
las comunidades autónomas. Por eso, pedimos al Senado que inste al
Gobierno a eliminar el Ministerio de Consumo, que pase sus competencias
al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
con el fin de que el coste de la estructura ministerial del ministerio se
destine…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LEYTE COELLO: … a aliviar a los ciudadanos del alto IPC
que les está llevando a una progresiva pérdida de poder adquisitivo y, en
consecuencia, a un empeoramiento de su estado de bienestar. Señorías, por
eso les pido apoyo a esta moción. No se puede pedir esfuerzo a los
españoles y no hacer nada para disminuir el gasto público.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Democrático,
tiene la palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, intervengo en el escaño para
darla por reproducida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, para
indicar si acepta o no la enmienda presentada.


La señora LEYTE COELLO: Agradezco al Grupo de Ciudadanos que hayan
presentado una enmienda a la moción por el interés que despierta. Ya he
hablado con el representante de Ciudadanos. No vamos a aceptar la
enmienda porque está en sintonía con lo que estamos pidiendo, puesto que
pide lo mismo con distintas palabras en una enmienda de modificación. No
la vamos a aceptar, pero él sabe que es prácticamente lo que nosotros
estábamos diciendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, señorías del Partido Socialista, ¿para qué sirve el
Ministerio de Consumo? Señorías, ¿para qué sirve el Ministerio de
Consumo? Es una pregunta que me hago todos los días. Realmente, ¿para qué
sirven el Ministerio de Consumo y su ministro, el señor Garzón? Dado que
el Ministerio de Consumo tiene transferidas la mayoría de sus
competencias a las comunidades autónomas y que su presupuesto es ínfimo
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pues solo representa
el 0,014 %, ¿me pueden explicar, señorías del Partido Socialista,
realmente, para qué sirve el Ministerio de Consumo? Yo se lo diré. Sirve,
solo y únicamente, para cumplir el reparto de cuotas en este Gobierno
socialcomunista entre el Partido Socialista y Podemos. No tiene ninguna
otra explicación y no sirve para ninguna otra cosa. Pero, además, por si
esto no fuera suficiente para solicitar su eliminación, es su propio
ministro el que está pidiendo el cese a gritos. Lo único que ha hecho es
poner en solfa y destruir todo aquello que es de gran interés y capital
importancia para nuestra economía. Sus manifestaciones en contra del
turismo —las recuerdo: de bajo valor añadido, estacional y
precario—, o contra la carne, —España exporta carne de mala
calidad—, han dañado, irremediablemente, la reputación
internacional tanto del turismo español como de la ganadería española.
¿Habrase visto ministro más inútil que el señor Garzón? Si un ministro
inglés, francés o alemán se permitiera el lujo de ir en contra de los
intereses de su propio país sería cesado inmediatamente, pero aquí no.
Por encima de nuestros intereses de país está el reparto de cuotas de
poder. Eso es lo único que le importa a este Gobierno socialcomunista.
Una de las últimas ocurrencias del señor Garzón fue la huelga de juguetes
decretada en Navidad. Y podríamos seguir indicando meteduras de pata del
señor Garzón, pero creo que con las indicadas es más que suficiente para
pedir su cese inmediato y la eliminación del Ministerio de Consumo, por
lo que, señorías del Partido Popular, apoyaremos su moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra su señoría Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el ministro Garzón es un ministro que se inventa el cargo
todos los días. Como el diablo, que cuando no tiene nada que hacer mata
moscas con el rabo. Cada vez que abre la boca es para meterse con un
sector de la economía española. Debe dimitir. No son palabras de este
humilde portavoz de Unión del Pueblo Navarro, sino que son referencias de
propios dirigentes del Partido Socialista, como el presidente de
Castilla-La Mancha, el señor García-Page, o de Aragón, el señor Lambán.
Con estas expresiones se evidencia cuál es la estrategia y la dimensión
del responsable de la cartera, nada más y nada menos, que del Ministerio
de Consumo. Este ministro, junto con otros del propio Gobierno de España,
ha evidenciado la inutilidad de su nombramiento y la prescindibilidad de
estos ministerios. Al final, ¿para qué sirven el Ministerio de Consumo y
otros del propio Ejecutivo? Pues, única y exclusivamente, para colocar a
los socios de Gobierno. Además, si por algo se ha caracterizado el señor
Garzón ha sido porque no ha sabido, en ningún momento, liderar ningún
tipo de acción de gobierno en este Ejecutivo del señor Sánchez. Si algo
le ha caracterizado han sido la soberbia y la prepotencia; en ningún caso
la empatía o, sobre todo, la humildad, que han brillado por su ausencia.
Cuando la electricidad subía un 8 % o un 10 % ponía en duda la decencia,
nada más y nada menos, que del Gobierno anterior; ahora calla vilmente.
Calla vilmente en el propio Consejo de Gobierno y no dice absolutamente
nada. Todo es un claro ejemplo de hipocresía política; es lo que tiene la
extrema izquierda de este Gobierno en este momento. Cuando los españoles
tienen que padecer una situación complicada, cuando suben la
electricidad, el gasoil, la gasolina, cuando las materias primas están
por las nubes, cuando los productos de primera necesidad hacen que las
familias se lo tengan que pensar antes de adquirirlos en los comercios,
el Gobierno no da ejemplo de austeridad, en ningún caso. Por lo tanto,
hoy, nosotros reivindicamos que se tiene que reducir la estructura
sobredimensionada de este Gobierno, que se tiene que eliminar lo
innecesario y lo inútil, y, en este caso concreto, este Ministerio de
Consumo, y otros que hay en este Ejecutivo, y, de manera especial, a
ministros tan inútiles y tan innecesarios como el señor Garzón. Lo
curioso, señorías, es ver cómo la extrema izquierda de este Gobierno se
agarra al poder, se aferra al sillón como si fuese suyo. En definitiva,
señorías, es una prueba palpable de que la moqueta, en este caso
concreto, ha cambiado muchas ideologías y muchas formas de hacer política
y todo por mantenerse en el poder.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con la venia, señor presidente.


Señorías, a pesar de que no se nos va a aceptar la enmienda, he estado
hablando amablemente con la proponente, su señoría, la senadora Carmen,
del Partido Popular, y ya le he manifestado que, aun así, vamos a votar a
favor. Hemos tenido una conversación distendida, amable, como debe ser en
estos casos, cuando un senador se dirige a otro, con toda educación y con
toda elegancia, cosa que en otras ocasiones no ha pasado.


En Ciudadanos hemos defendido, en varias ocasiones, que el ministro de
Consumo debería dedicarse a poner en marcha medidas para reforzar el
marco de defensa y protección de los consumidores para facilitar el
comercio de productos de primera calidad en el mercado español para
garantizar la unidad de mercado. Sin embargo, el ministro Garzón ha
preferido dedicarse a abrir polémicas, que no hacen otra cosa que
perjudicar más y más a los sectores españoles. El ministro Garzón quiso
imponer el índice Nutriscore, que perjudica de forma desproporcionada e
injustificada a los alimentos, principalmente de la dieta mediterránea.
Además, lo hizo saliéndose del consenso europeo, puesto que la Comisión
Europea está trabajando en un índice más preciso de información
nutricional, que puede ser común a todo el mercado europeo, por lo que se
facilitaría, así, su adopción y se evitaría la confusión a los
consumidores. Es más, gracias a Ciudadanos —y esto lo tenemos que
poner en valor—, el Congreso de los Diputados rechazó los planes
del Ministerio de Consumo para imponer este sistema. Se debatió y se votó
en la Comisión de Sanidad y Consumo una PNL, una proposición no de ley,
que obtuvo un consenso prácticamente unánime. Este es solo el primer
ejemplo de lo lejos que está el Ministerio de Consumo de los sectores
económicos que crean empleo en nuestro país y de la sociedad española.
Tanto es así que hasta sus propios compañeros de Gobierno tuvieron que
desmentirle, y no es esta la única ocasión.


Más recientemente, el señor Garzón ha renunciado a tomar ningún tipo de
medidas para ampliar, por ejemplo, el bono social eléctrico, como
proponía Ciudadanos, para que las familias puedan tener más
acompañamiento para hacer frente a la escalada del precio de la luz. Solo
cuando la inflación se ha disparado hasta una cifra de dos dígitos es
cuando se ha ampliado el bono social; antes, el ministro Garzón se oponía
frontalmente. Tenemos dudas de que esta medida llegue a las familias
superpagadoras, a los españoles de clase media y trabajadores que no
viven en riesgo de exclusión social, pero que sí están en riesgo de no
llegar a fin de mes.


Tampoco accedió, en su momento, el Ministerio de Consumo a eliminar el
IVA de las mascarillas, de los geles hidroalcohólicos
—recuerden—, o, en los últimos días, de los test de
antígenos, como se le ha pedido tantas y tantas veces. Sin embargo,
dedica su presupuesto a campañas mensuales para decirle a los españoles
qué alimentos debemos comer para editar libros de recetas, o para hacer
campañas para decirle a los niños y niñas qué juguetes pueden y deben
pedir a los Reyes Magos. En definitiva, la desconexión de este ministro y
de este ministerio con la realidad es tal que ha impuesto unas
obligaciones más exigentes a los fabricantes de España que las existentes
en el resto de Europa, lo que contribuye a la fragmentación y desunión
del mercado español.


Finalmente, el señor Garzón también protagonizó una nueva polémica,
porque no para de meterse en todo tipo de charcos —ahí donde ve un
charco ahí que se tira de cabeza—, al criticar abiertamente la
calidad de los productos cárnicos españoles, pese a que son precisamente
una de las joyas de la corona de nuestro sector exportador. Estas
declaraciones se suman a las que ya realizó tiempo atrás, instando a los
españoles a dejar de comer carne por considerarla de mala calidad, otro
más de los ejemplos de desconexión de este ministro y de este ministerio
con la realidad social de nuestro país.


Para terminar, diré que ni siquiera el propio Gobierno parece
convencido totalmente de que sea necesario tener al ministro Garzón en el
Consejo de Ministros, puesto que, si todas sus declaraciones son a título
personal o desautorizadas inmediatamente por otros ministros del
Gobierno, el valor añadido del ministro Garzón es total y absolutamente
nulo. Por tanto, a pesar de que no nos han aceptado nuestra enmienda
—como ya le he comunicado a la proponente— vamos a votar a
favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tomará la palabra la señoría
Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies president. Bon dia.


Aquesta moció te un caire populista, però malgrat això, tenen raó quan
duen que els nivells d’inflació actuals són un veritable desastre.
Dir que el ministeri i el «Gobierno» no han actuat amb la determinació
necessària és cert, el gobierno està reaccionant tard i de maneta poc
eficient. Però no compartim que amortitzar un ministeri ajudi als
ciutadans a millorar la situació respecte a l’augment de preus
actuals. Axó és dir mitges veritats i nosaltres n caurem al seu parany de
titulars manipuladors. Eliminant un Ministeri no baixaran els preus del
gasoil, llum, gas o de la benzina. Tant de bo fos així de fàcil. Per
millorar les tensions que està sofrint actualment la gent, són
necessàries una sèrie de mesures compartides entre molts ministeris, el
de Consum no té ni la capacitat ni els recursos per fer
l’estratègia global que seria necessària. Junts convidem al
Gobierno a fer un exercici de valentia i honestedat i plantejar una
redimensió dels ministeris, tenint en compte les competències que tenim
les comunitats autònomes, si realment es fes això, els recursos que
estalviaríem serien realment importants. No serveix per res que
existeixin ministeris en matèries en que les comunitats autònomes tenim
les competències, perquè no té sentit i perquè no és eficient. Si per
Catalunya fos, ja podríem eliminar els ministeris d’Educació,
Cultura i Esports, Sanitat, Drets Socials, Consum, Universitats e
Igualtat, perquè tenim les competències. Suposen 18 000 milions
dels 28 000 del pressupost general. Mirin si estalviarien! Per tant, quan
facin una moció en la que proposin eliminar tots els Ministeris en els
quals les comunitats autònomes tenim les competències, no dubtin que el
nostre vot serà favorable. Segons l’article 123 correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de consum,
per tant, vostès resolguin les seves histories, que nosaltres a Catalunya
ja gestionem les nostres. Aquest no és el nostre embat senyories, és el
seu. Per aquest motiu Junts s’abstindrà a la moció.


Gracias, presidente. Buenos días.


Esta moción tiene un sesgo populista, pero, a pesar de ello, tienen
razón cuando dicen que los niveles de inflación actuales son un auténtico
desastre. Es cierto que el ministerio y el Gobierno no han actuado con la
determinación necesaria. El Gobierno, está reaccionando tarde y de manera
poco eficiente, pero no compartimos que amortizar un ministerio ayude a
los ciudadanos y ciudadanas a mejorar la situación creada con el aumento
de precios actuales. Esto es decir medias verdades y nosotros no caeremos
en esta trampa de titulares manipuladores. Eliminando un ministerio no
bajarán los precios del gasoil, de la luz, del cesto de la compra diaria,
del gas o de la gasolina; ojalá fuera así. Para mejorar las tensiones que
está sufriendo actualmente la gente son necesarias una serie de medidas
compartidas entre muchos y muchos ministerios. El de Consumo no tiene la
capacidad ni los recursos para hacer la estrategia global que sería
necesaria. De ahí que Invito al Gobierno a hacer un ejercicio de valentía
y de honestidad y plantear una remodelación de los ministerios, teniendo
en cuenta las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Si
realmente se hiciera así, los recursos que ahorraríamos serían realmente
importantes; no sirve de nada que existan ministerios con materias en las
que las comunidades autónomas tenemos las competencias porque no tiene
sentido y porque no es eficaz. Si fuese por Cataluña ya podrían eliminar
los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, Sanidad, Derechos
Sociales, Consumo, Universidades e Igualdad, porque tenemos estas
competencias. Esto supone 18 000 millones de euros de los 28 000 del
presupuesto general. Miren si ahorraríamos con esto. Por tanto, cuando
ustedes hagan una moción en la que propongan eliminar todos los
ministerios de los cuales las comunidades autónomas tenemos las
competencias no duden que nuestro voto será favorable, pero mucho me temo
que esto no lo harán. Como saben, según el artículo 123 del Estatuto,
corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en
materia de consumo. Por tanto, resuelvan ustedes sus historias, que
nosotros en Cataluña ya gestionamos las nuestras. Esta no es nuestra
lucha, señorías, es la suya. Por todos estos motivos Junts se abstendrá
en esta moción.


Muchas Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


Estem davant, de nou, d’una moció que no aporta absolutament res,
de paraules grosses, de propostes demagògiques, com si es poguera
destinar el cost d’un ministeri a alleujar els ciutadans la pujada
de l’IPC. S’ho hauria pogut currar un poquet més, i ens facen
unes propostes que segurament serien més positives per alleujar eixa
pressió que tenen els ciutadans. Per exemple, tornen tot allò que el
Partit Popular ha robat o saquejat durant dècades, això sí que suposaria
una forta inversió a les arques públiques o eliminen els xiringuitos.
Volen eliminar xiringuitos? Eliminen els xiringuitos de caparres com el
senyor Toni Cantó o Ortega Cano, o els xanxullos dels familiars de la
presidenta Ayuso. En això sí que hi hauria un estalvi considerable; en
això hi hauria un estalvi considerable segur. (Rumors). Eliminen eixa
monarquia corrupta que tenim des de Felip V. Això sí que és una sangria
contínua per a les arques públiques. (Rumors). Això sí que milloraria
l’economia de les persones. Per tant, venen ací a portar una
proposta d’eliminar un ministeri. És molt contradictori, diuen que
és un ministeri que gestiona únicament el 0,014 % del pressupost general
de l’Estat, però que és una enorme quantitat de diners que
s’estan malbaratant. A veure, aclarisquen-se, o és una enorme
quantitat la que estan manejant o és un ministeri que no val res perquè
no té pressupost, però siguen un poquet coherents. A mi no em toca
defensar un ministre i un ministeri, i més quan és d’una formació
política amb la qual competim electoralment pràcticament pel mateix
sector electoral, però jo mirant un poc el que feien vostés… vostés
es recorden el que feia la seua ministra de Consum? Recomanar fer caldos
amb óssos de porc. Això són les grans propostes que han fet els seus
ministres de Consum quan han passat pel ministeri? Jo estic mirant un poc
a veure què ha fet este ministeri, a banda d’equivocar-se
—com tots els ministeris, com és normal quan es gestiona
s’equivoquen—, a fer propostes: prohibició dels telèfons 902;
mesures per sancionar i previndre fraus massius en matèria de consum, en
infraccions i abusos en matèria de drets de consumidors;
l’incompliment de les obligacions relatives al servei
d’atenció al client; facilitar que els afectats de clàusules
abusives recuperen els seus diners; incorporació de la figura de la
persona consumidora vulnerable; ampliació de terminis en garanties
legals, de termini de peces disponibles per a reparacions;
d’inversió de la càrrega de la prova per acreditar la falta de
conformitat; de prescripció per a exercir els drets que té el consumidor
davant d’inconformitats amb el bé subministrat; mesures per a
protegir les persones consumidores induïdes per error en estratègies de
màrqueting i publicitat; lluites contra l’obsolescència; contra les
pràctiques deslleials; contra la publicitat encoberta, publicitat
enganyosa; mesures per als motors de cerca de productes de servei o en el
comerç electrònic en el mercat en línia o en la pràctica deslleial de la
qualitat dual dels productes o mesures contra l’estafa en revenda
d’entrades o la Llei d’atenció al client, reforç de les
inspeccions i anàlisis de béns i productes; inversió en modernització de
la xarxa d’alertes; renovació fins a 66 juntes arbitrals de consum;
dotació 1,3 milions d’euros per a la seua digitalització; mesures
sobre el sector bancari, com ara expedients sancionadors a les empreses
financeres amb clàusules abusives en els seus contractes; mantindre les
condicions dels comptes bancaris; mesures en l’etiquetatge dels
productes, algunes de manera errònia com ha sigut l’aplicació
Nutri-Score; avançar l’índex de reparabilitat; en la línia de
vigilància de mercats sobre foment de consum i hàbits saludables,
etcètera, etcètera. És un ministeri que està fent accions que segurament
no serien més que les que faríem altres si estiguérem governant, que ha
comés errors, com qualsevol ministeri que estiga governant. Òbviament, ho
hem dit adés, moltes comunitats tenim transferides les competències de
consum i estem fent altres tipus de polítiques. Però el que no entenc és
què aporta a la societat este debat. Sí, sabem el que aporta. Vostès
s’han dedicat des de fa temps a agafar el Ministeri de Consum en
una espècie de sac de boxa en el qual es trauen de context moltes vegades
declaracions que fa este ministre i es dediquen durant setmanes a
arrear-li i a ridiculitzar la seua gestió. I saben perfectament que esta
moció encara que isquera no té cap tipus d’aplicació pràctica. És
trist que estiguem ací perdent una hora més del salari que ens paguen els
contribuents per a fer una proposta ridícula. Per molt que
s’aprovara, per molt que s’eliminara el Ministeri de Consum
sabem perfectament que la situació econòmica de ciutadans i ciutadanes no
anava a millorar. Per tant, siguen un poquet més imaginatius a
l’hora de presentar propostes, treballen un poc més a l’hora
d’elaborar les propostes que eleven a este ple. Nosaltres no estem
ací per a perdre el temps en estes propostes i òbviament no anem a votar
a favor de la seua moció.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Estamos ante una moción que no aporta absolutamente nada, salvo grandes
palabras, propuestas demagógicas, como si se pudiera destinar el coste de
un ministerio a aligerar a los ciudadanos el aumento del IPC. Se lo
podrían haber currado un poco más haciéndonos unas propuestas más
positivas para aligerar esa presión que tienen los ciudadanos;
propuestas, por ejemplo, como devolver todo lo que el Partido Popular ha
robado durante décadas, eso sí que supondría una fuerte inversión en las
arcas públicas, o eliminar los chiringuitos, como los del señor Cantó o
el señor Ortega Cano, o los chanchullos de los familiares de la
presidenta Ayuso; en eso sí que habría un ahorro considerablemente. Ahí
se ahorraría considerablemente, seguro. (Rumores). Eliminen esa monarquía
corrupta que tenemos desde Felipe V. Eso sí que es una sangría continua
para las arcas públicas. (Rumores). Eso sí que mejoraría la economía de
las personas, pero vienen aquí con la propuesta de que se elimine un
ministerio, que dicen que es muy contradictorio y que gestiona el 0,014 %
del presupuesto general del Estado, pero que es una enorme cantidad de
dinero que se está malgastando;






pues aclárense, o es una enorme cantidad
o es un ministerio que no vale nada porque no tiene presupuesto; sean un
poco coherentes. A mí no me toca defender a un ministro y a un ministerio
que es de una formación política con la que competimos por el mismo
sector electoral, pero si miro un poco lo que hacían ustedes..., ¿se
acuerdan de lo que hacía su ministra de Consumo? Recomendaba hacer caldo
con huesos de cerdos. ¿Qué es lo que han hecho ustedes cuando han pasado
por el ministerio? Yo he mirado un poco lo que ha hecho este ministerio,
además de equivocarse —todos los ministerios, como es normal cuando
se gestiona, se equivocan—, y he visto que ha hecho propuestas: la
prohibición de los teléfonos 902; medidas para sancionar y prevenir
fraudes masivos en materia de consumo y de derechos de los consumidores;
y ante el incumplimiento de obligaciones relativas a los servicios de
atención al cliente; incorporación de la figura de la persona consumidora
vulnerable; ampliaciones de plazos en garantías legales para las piezas
disponibles para reparaciones; inversión de la carga de la prueba para
acreditar la falta de conformidad; informar de la prescripción para
ejercer los derechos que tiene el consumidor ante inconformidades con el
bien suministrado; medidas para proteger a los consumidores que sean
inducidos a error por estrategias de marketing y publicidad; lucha contra
la obsolescencia, contra la publicidad encubierta y engañosa; medidas
para los motores de búsqueda de productos y servicios o en el comercio
electrónico del mercado en línea o en la práctica desleal de la calidad
dual de los productos o medidas contra la estafa en la reventa de
entradas o la Ley de atención al cliente; el refuerzo de las inspecciones
y análisis de bienes y productos; la inversión en la modernización de la
red de alertas, la renovación de hasta 66 juntas arbitrales de consumo;
la dotación de 1,3 millones de euros para su digitalización; medidas
sobre el sector bancario como expedientes sancionadores a las empresas
financieras con cláusulas abusivas en sus contratos; mantener las
condiciones de las cuentas bancarias; medidas en el etiquetaje; algunas
de manera errónea, como ha sido la aplicación del Nutri-Score; la
vigilancia de mercados para el fomento de consumo y hábitos saludables,
etcétera, etcétera. Es un ministerio que ha estado llevando a cabo
acciones que seguramente no son las que haríamos otros si estuviéramos
gobernando, que ha cometido errores, como cualquier ministerio que esté
gobernando. Lo hemos dicho antes, muchas comunidades tenemos transferidas
las gestiones de este tipo de políticas, pero lo que no entiendo es qué
aporta a la sociedad este debate. Sabemos lo que aporta, ustedes se han
dedicado desde hace tiempo a coger al Ministerio de Consumo como un saco
de boxeo, y muchas veces sacan de contexto algunas declaraciones de este
ministro y durante semanas se dedican a ridiculizar su gestión. Saben
perfectamente que esta moción, aunque saliera, no tiene ningún tipo de
aplicación práctica, y no vale la pena que estemos perdiendo una hora más
del salario que nos están pagando los contribuyentes haciendo una
propuesta tan ridícula. Por mucho que se aprobara y que se eliminara el
Ministerio de Consumo saben perfectamente que la situación económica de
los ciudadanos y ciudadanas no iba a mejorar. Por lo tanto, sean un poco
más imaginativos a la hora de hacer propuestas; trabajen un poco más a la
hora de preparar estas propuestas. Nosotros no estamos aquí para perder
el tiempo con esas propuestas y, obviamente, no vamos a votar a
favor.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Gracias, señor presidente. Intervengo en el
escaño, con su permiso.


El Grupo Popular solicita que se elimine el Ministerio de Consumo. Les
adelanto que mi grupo ni siquiera va a entrar en esta cuestión; solo diré
que cada Gobierno puede y debe ordenar sus competencias y sus funciones
de la manera que considere más oportuna; de hecho, la organización de los
ministerios y el nombramiento de ministros es potestad del presidente,
cuestión que ustedes, el Grupo Popular, han defendido en diferentes
ocasiones cuando gobernaban. Esta potestad del presidente no va a variar
porque se apruebe o deje de aprobarse esta moción. Creo que en este
momento tenemos encima de la mesa suficientes cuestiones urgentes e
importantes como para debatir sobre esto. Respecto a la iniciativa,
simplemente quiero comentar que mi grupo votará en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies senyor president.


Nosaltres estem en la línia del que ha parlat la companya anterior del
PNV. El Govern o el president és qui decideix quants ministeris hi ha i
quines són les seves funcions, però també entenem que aquest ha estat un
Govern de coalició per primera vegada a l’Estat i ha tingut de
jugar políticament per intentar introduir els diferents partits que
composen aquest Govern. Sobre el tema de l’actuació del senyor
ministre Garzón, n’hem parlat algun cop amb el sentit crític de que
a vegades s’extralimita fent alguns comentaris que no són positius,
per exemple en el tema agrícola, i això afecta a diferents produccions, o
amb el vi, o d’altres temes que han sortit. Nosaltres votarem un
no, perquè no creiem que aquesta Cambra sigui la que tingui que actuar en
aquest cas, en referendar o no al ministre Garzón. El que sí volia
comentar és que nosaltres trobem fora de lloc les paraules de la delegada
de Ceuta, que deia que a Ceuta les mestresses de casa estem desitjant que
vinguin les noies. Quan diu això que les mestresses de casa esperen que
vinguin les noies, vol dir que vinguin «las sirvientas de Marruecos a
hacer las limpiezas», perquè clar, la pobre dona, al ser delegada del
Govern es eu que treballa al matí i a la tarda no pot fer les tasques que
fa una família.


Gracias, señor presidente.


Mi intervención va en la misma línea que la de la compañera anterior
del PNV. El Gobierno es quien decide cuántos ministerios hay y cuáles son
sus funciones, pero también entendemos que este ha sido un Gobierno de
coalición, por primera vez en el Estado, y ha tenido que jugar
políticamente para intentar introducir a los diferentes partidos que
componen este Gobierno. Sobre el tema de la actuación del señor ministro
Garzón, ya hemos dicho alguna vez, con sentido crítico, que a veces se
extralimita en algunos comentarios que no son positivos, por ejemplo, al
referirse al tema agrícola, y esto afecta a diferentes producciones, o
también al vino o a otros temas que han surgido. Nosotros votaremos no
porque no creemos que esta Cámara sea la que tenga que actuar para
refrendar o no, en este caso, al ministro Garzón. Pero sí quería comentar
que encontramos fuera de lugar las palabras de la delegada de Ceuta, que
decía: Sobre todo en Ceuta, las amas de casa estamos deseando que vengan
las mujeres. Cuando dice que las amas de casa de Ceuta están esperando
que lleguen las mujeres, quiere decir que lleguen las sirvientas de
Marruecos a hacer la limpieza, porque la pobre mujer, al ser delegada del
Gobierno parece que trabaja por la mañana y por la tarde y no puede hacer
las tareas que se tienen que hacer en una familia.


El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya a la cuestión, señoría. Muchas
gracias.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Això sí que és una mica repugnant, el què ha dit
aquesta delegada i crec que el Govern en aquest cas sí que hauria
d’actuar.


Moltes gràcies.


Es un poco repugnante lo que he dicho esta delegada y creo que el
Gobierno en este caso sí que debería actuar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, la
senadora Leyte Coello.


La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.


Señorías, en un momento económico tan crítico, el Gobierno de Pedro
Sánchez no es que no haya dejado a nadie atrás, es que nos ha dejado a
todos. Con la electricidad, el gas y los hidrocarburos por las nubes, con
un encarecimiento escandaloso de la cesta de la compra, con los autónomos
y pymes pensando en cómo llegar a fin de mes y haciendo malabares para no
bajar la persiana, con la gente del campo saliendo a la calle, con una
huelga de transportes por no poder hacer frente a los costes de los
hidrocarburos. Tenemos un Gobierno que se pone de perfil ante los graves
problemas que sufren los españoles y que siempre busca culpas ajenas. Les
recuerdo que son responsables, que están gobernando y que a esta
situación hemos llegado, en parte, por una política de transición
energética desacertada, que nos ha perjudicado a todos y por una política
económica ineficaz para ayudar a los españoles.


Quiero referirme a los que me han antecedido en el uso de la palabra.
He de decirle a la senadora que intervino por el Grupo JuntsxCat que yo
soy de Galicia. Tenemos también las competencias de consumo transferidas.
No pedimos la eliminación del Ministerio de Consumo porque estén
transferidas las competencias, la pedimos porque realmente es ineficaz y
se podía pasar tranquilamente a Sanidad y Hacienda, como estaba. Eso es
lo que pedimos. No nos metemos con que se transfieran las competencias;
defendemos el Estado autonómico; está en nuestra Constitución y se ha
demostrado siempre que ha funcionado bien. (Aplausos). Por consiguiente,
no es por eso, es por ineficaz. Dicho esto, a la senadora vasca tengo que
recordarle, señoría, que por supuesto que es competencia del presidente
del Gobierno la organización de sus ministerios; no se la queremos
quitar; es competencia eso y otras muchas cosas, lo cual no quiere decir
que no se le pueda pedir que elimine ese y otros ministerios, porque eso
seguramente ayudaría a que este país funcionase mejor y por lo menos
harían un gesto.


No voy a entrar a valorar lo dicho por el señor de Compromís porque de
hacerlo sería como si yo acusarse a su partido por temas que sabe que
están en los periódicos y en los que no quiero entrar. Usted siempre
habla de la corrupción, como si todo el Partido Popular fuera corrupto,
lo cual no es verdad. (Aplausos). Por consiguiente, dejémoslo así; siga
con su tema; no es así; no lo es, como tampoco es... No quiero entrar...;
no quiero entrar en ello por elegancia.


Señorías, la gran mayoría de los países han bajado impuestos desde que
comenzó la crisis energética, pero en España no. Aquí se decía que la
inflación iba a ser coyuntural; hablamos de enero cuando no había guerra.
El encarecimiento de los precios ha supuesto una grave repercusión en las
empresas, en el sector agroganadero, en el marítimo, en los autónomos, en
los hogares y en todo. El Ministerio de Consumo ha permanecido impasible;
se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. Es cierto que la infame
invasión de Putin a Ucrania está generando una agonía para el pueblo
ucraniano y que, sin duda —y en eso sí estoy de acuerdo con el
Partido Socialista—, repercute gravemente en nuestra actual
situación económica, pero quiero recordar que ya era mala.


Señorías, los españoles necesitamos una línea eficaz de ayudas y de
bajada de impuestos; eso es lo que necesitamos. Sé que siempre dicen que
no, porque eso afecta a los servicios públicos, pero una verdad que se
repite muchas veces no por ello es verdad. El Partido Popular no quiere
privatizar la sanidad y la educación, como tanto les gusta repetir. En
las comunidades que gobernamos se bajan impuestos y se mejoran la
educación y la sanidad, y si no lo creen, miren los datos de las
autonomías y comprobarán que allí donde gobernamos no lo hacemos mal.
(Aplausos). Tenemos una excelente sanidad, educación y bienestar social.
Creemos en los servicios públicos porque son los pilares de nuestro
Estado del bienestar, porque son fundamentales para todos los ciudadanos
españoles. Les recuerdo que nuestro partido tiene millones de votantes
que son gente del mar, trabajadores, gente del campo, funcionarios, pymes
que nos votan porque no tienen dudas de lo que defendemos, porque saben
que nos preocupamos de los servicios públicos y porque saben que
defendiendo nuestro Estado autonómico hacemos más grande a España. En
términos de datos económicos estamos en el furgón de cola de cola de
Europa, y aun así tenemos el Gobierno con más ministerios de la
democracia, con más asesores y con más cargos intermedios. Señorías, en
esta moción pedimos en concreto la supresión del Ministerio de Consumo, y
lo hacemos porque es ineficaz y dañino para la Marca España en un momento
crucial en que necesitamos más que nunca empujar todos del carro.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LEYTE COELLO: Nuestro presidente Alberto Núñez habló alto y
claro: España necesita un Gobierno eficaz que ayude a los españoles. Es
hora de que el Gobierno demuestre eficiencia y sensibilidad y disminuya
el número de ministerios que creó en el pacto de cura del insomnio. Con
esta moción pedimos el apoyo de sus señorías para eliminar el Ministerio
de Consumo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Leyte Coello.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, intervendrá su señoría el
senador Fernández Palomino.


El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Gracias, presidente. Buenas tardes ya,
señorías.


Hace apenas dos meses formulaban ustedes, señorías del PP, ante el
Congreso de los Diputados, una proposición no de ley de un tenor
prácticamente similar al de esta moción, de su misma insignificancia
parlamentaria —no suma nada—, de su mismo olor a demagogia
tosca y del mismo rigor constitucional, ninguno, porque ustedes se cargan
de un plumazo los artículos 98.1, 100 y 103. Esa es la parte de la
Constitución que ustedes consideran prescindible. Además, esta moción
incorpora una aportación más que dudosa a la teoría económica moderna,
eso de que la fórmula mágica para reducir los duros episodios de la
inflación sea la supresión de un sueldo de ministro, algo que, estarán
conmigo, no parece muy riguroso.


Les voy a señalar algunas de las contradicciones y dobleces de su
propuesta, señorías. Lo primero que les pediría es que se preguntaran en
su interior si hay algún organismo más innecesario, más superfluo, más
inútil que esa oficina del español que dirige el señor Cantó por cuenta
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. (Aplausos). Eso lo tienen ahí
ustedes y lo están manteniendo PP y Vox, tan cerca, cada día más cerca,
hasta que el lunes llegue el matrimonio a consumarse. Han sido muy
imaginativos. Recuerdo aquella fundación para el mecenazgo y no sé qué
más cosas, en la que la señora Aguirre colocó al señor Abascal —lo
digo hoy que se quejan también los de ahí arriba—.
(Aplausos).


Si ustedes tuvieran coherencia política, si estuviesen realmente
convencidos de su moción, estarían bastante más ocupados, por ejemplo, en
esas comisiones millonarias que se están investigando en contratos
sanitarios de la Comunidad de Madrid y que ustedes, el nuevo PP
oficialmente, ya han saludado con un «pelillos a la mar», a pesar de que
estamos hablando de dinero público. (Aplausos). Pero es que, además, hay
una transgresión aún peor en este sistema que ustedes proponen, que
demoniza impuestos y que se permite traducir la supresión de políticas en
disminución de IPC. De verdad, ya está bien que un partido como el suyo,
que ha gobernado este país durante muchos años, identifique la
Administración como despilfarro y los impuestos con una especie de saqueo
a los bolsillos de los ciudadanos; por cierto, esos mismos impuestos que
Rajoy subió en más de cuarenta ocasiones en sus dos primeros años de
legislatura. (Aplausos). Y es que, miren, sin impuestos y sin estructura
administrativa no existe el Estado. ¡Es que no existe el Estado! ¡Sean
conscientes de lo que defienden! A ver si va a resultar que son ustedes
los antisistema.


Centrándonos en el consumo, en el fondo, lo que no aguantan son las
políticas de protección de los consumidores, políticas que sirven para
mejorar la vida de la gente, ni entienden ni quieren esas políticas que
sirvan para reducir la desigualdad en las relaciones de consumo entre
empresas y consumidores, que sirvan para hacer más robustas las
estructuras y los instrumentos de protección de consumidores y usuarios,
políticas en las que ustedes quedan en evidencia. Ustedes, que
suprimieron el Instituto Nacional de Consumo. Ustedes, que prefirieron
estar junto a ese lobby del juego, que transforma en negocio millonario
para algunos el terrible drama de muchas familias atrapadas por la
ludopatía. Ustedes, recuerden, que intentaron ilegalizar una asociación
de consumidores con miles de personas asociadas, porque decían que se
dedicaban a meter bronca, ¡oiga! Porque a ustedes lo que les molesta es
que los más débiles se quieran defender frente a ustedes. (Rumores).
Fíjense si les molesta que ninguno de los grupos que hoy apoyará su
moción, ¡ninguno!, apoyó la Ley de protección de los consumidores
vulnerables; ninguno, señorías. (Aplausos). Reflexionen un poco sobre
ello, porque lo que vemos al final es que ustedes se encuentran cómodos
en el mundo de los recortes, pero demasiado incómodos en el de los
derechos.


Pensaba que, con su congreso de por medio, ustedes incluso llegarían a
retirar la moción, un folio lleno de acusaciones de inacción a un
Gobierno que, una vez más, ha tenido la insistencia, la responsabilidad y
el coraje de buscar fórmulas de complicidad con Europa, que garantizan
siempre mayor eficacia y también mayor solidez económica. Pero no,
ustedes han estado donde acostumbran, buscando una vez más que todo
explote en mil pedazos. Por el contrario, ahí ha estado el Gobierno de
España buscando con arrojo soluciones para la gente de este país y
peleando en todos los foros donde había algo que pelear.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, esta moción, en sus propios términos, será sometida a
votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el
debate de la primera moción ordinaria.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, PARA PERMITIR LA PERVIVENCIA DE
CONJUNTOS URBANOS COSTEROS DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL EN TERRENOS QUE HAN
PASADO A SER DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. (Proclamación del
resultado de la votación).


622/000075

GPP


El señor presidente lee el punto 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Proclamamos el resultado de la votación de la toma
en consideración.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 263; a
favor, 118; en contra, 124; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESPAÑA INCLUIDAS EN LA RESOLUCIÓN 2381 (2021)
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE SI LOS
POLÍTICOS DEBEN SER PERSEGUIDOS POR DECLARACIONES REALIZADAS EN EL
EJERCICIO DE SU CARGO.


671/000109

GPERB


El señor presidente lee el punto 11.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Democrático y una
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra su señoría Castel
Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.


Señorías, ser Estado miembro del Consejo de Europa implica también para
España comprometerse con los estándares de calidad democrática, con el
respeto al Estado de derecho y con la salvaguarda de los Derechos
Humanos, los tres pilares de esta organización internacional. Y como
todos los Estados miembros, España también está sometida a procedimientos
de revisión y de rendición de cuentas. Entre estos mecanismos de
supervisión y rendición de cuentas se encuentra la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, que emite resoluciones y recomendaciones a los
Estados miembros, quien respecto a España resolvió, el pasado mes de
junio, que se deben reformar los preceptos penales de rebelión y
sedición, retirar los procedimientos de extradición y euroórdenes por
haber organizado un referéndum o unas manifestaciones, retirar los
procesos penales relacionados con ellos o abstenerse de sancionar
acciones simbólicas de solidaridad política... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senadora Castel, disculpe. Espere un momento, por
favor.


Muchas gracias, señorías.


Puede continuar.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.


También resuelve que en España debe asegurarse que la malversación por
caudales públicos se aplique si y solo si las pérdidas para el
presupuesto son reales y cuantificadas. Asimismo, pide a España que
mantenga un diálogo constructivo y abierto, sin recurrir al derecho
penal, que llegue a un compromiso que habilite la solución de diferencias
políticas en temas especialmente sensibles, ya sea la autodeterminación,
la amnistía o incluso la monarquía parlamentaria. Finalmente, añade que
España debe implementar estas recomendaciones siguiendo los principios
del Estado de derecho, tal y como los define y regula el Consejo de
Europa, no de cualquier manera. Lamentablemente, desde el pasado mes de
junio, fecha en la que se aprobó esta resolución, España no ha puesto en
marcha ninguna estructura para su seguimiento y cumplimiento; ninguna.
Tampoco lo ha hecho respecto a resoluciones de otros organismos del
Consejo de Europa como el Greco, el cual se quejaba amargamente la semana
pasada de que, de las diecinueve recomendaciones realizadas a España,
ninguna se había cumplido y recordaba que, abro comillas: «Con tomar nota
ni se cumple ni es suficiente para engatusar al Greco». España ignora las
resoluciones de la Asamblea parlamentaria y del Greco, pero no solo, ya
que este patrón se repite con las opiniones de la Comisión de Venecia y
con los informes de la ECRI y de la Comisión Europea Contra la
Discriminación. Eso solo en el caso del Consejo de Europa, pero también
en el caso de Naciones Unidas, con el working group de detenciones
arbitrarias, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, o los
diversos informes de los relatores especiales.


Por lo tanto, que España cumple no es cierto. España no cumple. España
solo cumple cuando se le obliga a cumplir, porque España tiene aversión a
aceptar recomendaciones, a aceptar opiniones, a aceptar sentencias o
informes de organismos internacionales, porque considera que no hay
margen de mejora de la democracia, los derechos humanos o el Estado de
derecho, porque España, supongo, considera sus instituciones tan
perfectas que no debe aceptar lecciones de nadie. Pero queridos colegas,
el elefante sigue en medio de la sala, aunque ustedes no quieran verlo.
España ha pasado a ser una democracia defectuosa, según el Democracy
Index elaborado por The Economist Intelligence Unit. ¡Democracia
defectuosa, señorías! Eso significa que por debajo solo quedan los
regímenes autoritarios. España: democracia defectuosa.


España, pues, no cumple ni quiere cumplir; y cuando cumple, como en el
caso de los indultos, lo hace a medias y en detrimento del principio de
igualdad. Digo esto porque las personas indultadas siguen inhabilitadas
para el ejercicio de cualquier cargo público, electo o no electo.
Teniendo en cuenta que con esta inhabilitación se controla su actividad
política, a mí me parece que, sin ustedes quererlo, le están dando la
razón al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que ya concluyó que
su detención estaba motivada por su opinión política. Y miren si es
importante el working group que la justicia belga, cuando denegó ejecutar
las euroórdenes, lo hizo basándose en su informe, por las violaciones de
derechos humanos que habían sufrido los presos políticos, porque los
tribunales sí hacen caso de los informes internacionales. De hecho, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que los informes del
working group de detenciones arbitrarias son fiables y precisos, pero
España no, España sigue deslegitimando este tipo de organismos, de la
misma manera que banaliza el papel de la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa cuando ignoran sus resoluciones.


Teniendo en cuenta que España se autoimpone por la vía del
artículo 10.2 de la Constitución la obligación de interpretar las normas
de conformidad con los tratados internacionales —y finalizo—
de Derechos Humanos, y esto incluye la Convención Europea de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, hemos presentado esta moción consecuencia
de interpelación para que el Senado inste al Gobierno a cumplir con la
resolución 2381 de la PACE.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Democrático, tiene la palabra de su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Presidente, la damos por reproducida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.


A alguns els pot estranyar que hagi fet una esmena a aquesta moció,
però vull deixar clar que és per donar-hi suport plenament i perquè quedi
constància i públicament que des de Més per Mallorca donam tot el
recolzament a la iniciativa presentada pels companys d’Esquerra
Republicana. La persecució de les idees polítiques en ple segle XXI a
Europa és inacceptable. La persecució de les idees polítiques no la podem
admetre, si ens consideram una democràcia. Per això, el que ens està
dient Europa és que no som una democràcia com cal i que hem de millorar i
que hem de canviar. I el Consell d’Europa ha advertit, ni més ni
menys que a Espanya i a Turquia, que la situació no pot continuar
d’aquesta mateixa manera. Ens hauria de fer avergonyir, senyories
del Partit Socialista i d’Unidos Podemos, que formen el govern més
progressista de la història, que Europa ens fiqui dins el mateix calaix a
Espanya i a Turquia. En un calaix d’uns estats que han fet uns
processos de democratització paral·lels, on les minories que tenen
aspiracions legítimes a la seva independència, dels seus pobles, que
parlam de forma diferent, que hem estat reprimits, tant siguin els pobles
de parla catalana com els kurds, no ens esperàvem mai que el 2017 es
produïssin aquests retrocessos en drets humans bàsics, com la llibertat
d’expressió o la llibertat de tenir els nostres principis polítics,
i que això passi a un estat d’Europa, a un dels principals estats
d’Europa, és inaudit, i és francament decebedor.


I pensin vostès que han aplicat els principis de rebel·lió i de
sedició, conceptes penals antiquíssims, conceptes penals que haurien
d’estar desterrats d’un país democràtic. Aquí no hi ha hagut
sedició, no hi hagut rebel·lió, hi ha hagut democràcia, hi ha hagut
participació política, hi ha hagut llibertat d’expressió i aquests
principis els defensam, tant aquí com allà on faci falta. Perquè això és
la diferència entre els que som demòcrates i els que no ho som. Defensam
aquests principis, estiguem o no d’acord amb el fons i en aquest
cas, en el meu cas, precisament estant d’acord amb el fons. Per
tant, creiem que hi ha hagut una persecució política, i ho hem de dir
així, persecució política, al segle XXI a un estat d’Europa. I això
ens ha de fer empegueir, això ens ha de fer avergonyir. Hem de complir
les recomanacions i hem de canviar tot el nostre marc jurídic. No tenim
altra excusa. Ho hem de fer, és una obligació. Cal avançar si ens creiem
que volem ser una democràcia.


Senyors del Partit Socialista, si volen ser recordats com uns
demòcrates, crec que tenen l’oportunitat de rectificar. Rectifiquin
i defensin la llibertat, defensin els drets polítics dels pobles
oprimits.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


A algunos les puede extrañar que haya presentado una enmienda a esta
moción, pero quiero dejar claro que es para darle mi apoyo pleno y para
que quede constancia públicamente que en Més per Mallorca damos todo el
apoyo a la iniciativa presentada por los compañeros de Esquerra
Republicana. La persecución de las ideas políticas en pleno siglo XXI en
Europa es inaceptable. La persecución por las ideas políticas no podemos
admitirla, no podemos admitirla si nos consideramos una democracia. Lo
que nos está diciendo Europa es que no somos una democracia como debe ser
y que debemos mejorar y cambiar. El Consejo de Europa ha advertido a
España y a Turquía, ni más ni menos, que esta situación no puede seguir
de esta forma, y debería hacernos pasar vergüenza, señorías del Partido
Socialista y Unidas Podemos, que forman el Gobierno más progresista de la
historia, que Europa nos ponga en el mismo saco a España y a Turquía.
Estados que hemos pasado por un proceso de democratización paralelo, en
el que existen minorías con aspiraciones legítimas a la independencia de
sus pueblos, que hablamos de forma distinta y hemos estado reprimidos,
tanto los pueblos de habla catalana como los kurdos, no nos esperábamos
jamás que en 2017 se produjeran estos retrocesos en derechos básicos como
la libertad de expresión, porque la libertad ha de estar entre nuestros
principios políticos. Que esto ocurra en un Estado de Europa, uno de los
principales Estados de Europa, es inaudito y francamente
decepcionante.


Piensen ustedes que se han aplicado los principios de rebelión y
sedición, conceptos penales muy antiguos, conceptos penales que deberían
estar desterrados de un país democrático. Aquí no se ha producido
sedición ni rebeldía, sino democracia, participación política, ha habido
libertad de expresión, y estos principios nosotros los defendemos aquí y
donde sea necesario, porque esta es la diferencia entre los que somos
demócratas y los que no somos: defendemos estos principios estemos o no
de acuerdo con el fondo, y, en mi caso, muy de acuerdo con el fondo. Creo
que se ha dado una persecución política y debemos llamarlo así:
persecución política, en el siglo XXI, en un Estado de Europa, y esto
debe hacernos palidecer y avergonzarnos. Por tanto, tienen que cumplir
las recomendaciones y cambiar todo nuestro marco jurídico y no hay
excusa, se tiene que hacer, es una obligación. Debemos avanzar si
queremos ser una democracia.


Señores del Partido Socialista, si quieren ser recordados como
demócratas, me parece que tienen la oportunidad de rectificar.
Rectifiquen y defiendan la libertad y los derechos políticos de los
pueblos oprimidos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcias, señoría.


Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra
la señora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: No he oído al Grupo de Ciudadanos porque ha dado
su enmienda por reproducida; y no voy a entrar en el contenido de su
enmienda, porque entendemos que la moción consecuencia de interpelación
es sobre el cumplimiento de una resolución de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa y no sobre los incumplimientos del Grupo de Estados
Contra la Corrupción, porque son organismos bien distintos, con
diferentes funciones. Sin embargo, les animo a que presenten una
iniciativa en este sentido, y abrir así el debate sobre las diecinueve
recomendaciones del último informe sobre España y de por qué se incumplen
estas recomendaciones por las autoridades españolas. Me parecería una
buena iniciativa. Por lo tanto, no voy a sorprender a nadie si digo que
no voy a aceptar la enmienda del Grupo Ciudadanos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: No me ha quedado claro, señoría, si acepta o no la
otra enmienda, la del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


La señora CASTEL FORT: Sí.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tomará la palabra su señoría la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.


Señorías, de verdad resulta irónico, insultante y vergonzoso que el
partido heredero de ETA y el de los golpistas nos hable de Derechos
Humanos al partido de nuestro cofundador y faro moral, el señor Ortega
Lara. Si ustedes tuvieran un mínimo de dignidad, ahora mismo pedirían
perdón y se irían directamente a colaborar con la justicia por los más
de 300 casos sin resolver. Y a los señores golpistas, quiero señalarles
la desfachatez que han tenido de alabar una resolución a la que el propio
Consejo General del Poder Judicial ha respondido con contundencia, y es
que, señorías, el propio Consejo General del Poder Judicial alertó de las
contradicciones de la resolución que, por un lado, reconocía a nuestra
nación como una democracia viva, pero, por otro, aseguraba que varios
políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente
condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre
otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos
políticos. Y, de nuevo, no nosotros, señores golpistas y filoetarras,
sino el Consejo General del Poder Judicial recordó que los procesados
fueron condenados, después de un juicio público y con todas las garantías
procesales, por delitos de sedición y de malversación de caudales
públicos, en ningún caso por expresar opiniones.


En aquel comunicado, emitido por el órgano de gobierno de los jueces de
España, se dejaba claro su malestar por el hecho de que en el seno del
Consejo de Europa se aprobara un informe que incluía recomendaciones
dirigidas a los jueces españoles. En definitiva, ustedes se apoyan en una
resolución que ha sido contestada por el propio Consejo General del Poder
Judicial, que algo tendrá que decir y al que se le debe un respeto,
especialmente desde las instituciones. No se conforman con los indultos
de los delincuentes golpistas condenados a penas de doce y trece años de
prisión por graves delitos, de los que ninguno de ellos se ha
arrepentido, ni de la sedición ni de la violencia que provocaron.
(Rumores).


Señorías de Esquerra Republicana y Bildu, ustedes están al margen de la
Constitución, fuera de la ley. Ustedes se han hecho pasar por demócratas
durante todos estos años y hoy se permiten el lujo de venir a darnos
clases de calidad democrática, de respeto al Estado de derecho y de
salvaguarda de los derechos humanos. Es una anomalía que partidos como
los suyos tengan representación en instituciones y que sean blanqueados
por este Gobierno. (Rumores). Señorías, les advertimos que no vamos a
permitir que se atente contra la unidad de nuestra patria, y tantas veces
como lo intenten, tantas veces nos tendrán enfrente defendiéndola. Pero
no solo a nosotros, ya lo dijo nuestro presidente, don Santiago Abascal,
futuro presidente del Gobierno de España. (Rumores.— Risas). No
saben ustedes cuántos hijos de comerciantes, de obreros, de estudiantes,
de parados, de médicos, de jueces y de hombres del campo y de la mar se
pondrán en pie, olvidando cualquier diferencia, cuando sientan amenazada
su patria. Abandonen ustedes toda esperanza porque nunca lograrán sus
objetivos políticos o criminales. (Protestas).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría Sánchez López. (La señora Castel Fort pide la
palabra). Sí, senadora Castel.


La señora CASTEL FORT: Señor presidente, pido la palabra porque cuando
en un Pleno, por mucha libertad de expresión que haya, se nos define con
acusaciones de delitos como filoetarras o golpistas, porque se nos ha
dirigido con estas acusaciones o se nos ha insultado, esto se debería
retirar del Diario de Sesiones o, al menos, pedir que lo retire. Si ella
tiene constancia de que nosotros estamos cometiendo un golpe de Estado o
que nosotros somos filoetarras, llévenos al juzgado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Ha quedado clara su
posición.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con la venia.


Me dirijo a la bancada del Grupo Socialista. Cuando ustedes concedieron
los indultos a los políticos presos, les advertimos desde aquí que no se
quedarían ahí; ya han visto ustedes que no se han quedado ahí. Ahora
dicen —lo han dicho aquí esta mañana— algo así como que
España no es una democracia plena o que es una democracia fallida; en
definitiva, se ha puesto en duda la calidad de la democracia española
esta mañana. Ustedes, para unas cosas, se rasgan las vestiduras, hasta
casi llegar a un plante, y por cosas mucho más graves que se dicen aquí,
como, por ejemplo, esta mañana, se quedan ustedes tan panchos. Esta
mañana se ha puesto en duda la calidad de la democracia española. Creo
que ustedes deberían reunirse y plantearse si se plantan o no, o si
intervienen o no, porque por cosas mucho menos graves amenazaron con un
plante. Esta mañana sus socios han puesto en duda la calidad de la
democracia española y los veo tan panchos. Para unas cosas se rasgan
ustedes las vestiduras y para otras tienen unas tragaderas que, ¡madre
mía! (Rumores). ¿Se ha puesto esta mañana en duda la democracia española
aquí o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? (Asentimiento de varias
señorías del Grupo Parlamentario Socialista.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, respeten el uso de la
palabra.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: El grupo proponente parece muy preocupado por
el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, que, recordemos, es un Parlamento conjunto con
representantes parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de
Europa, no un organismo de la secretaría de dicha organización
internacional, y parece muy preocupado porque por primera vez esta Cámara
parlamentaria no ha dicho frontalmente que el delirio independentista que
abanderan los miembros del grupo proponente es una embestida contra los
valores fundamentales del propio Consejo de Europa y de la integración
europea en su conjunto. Decimos por primera vez, y no es baladí, que la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha mantenido esta posición
tradicionalmente en los últimos años. ¿Por qué ahora la Asamblea
Parlamentaria, no el Consejo de Europa, ha dicho otra cosa? Nosotros lo
tenemos muy claro. En primer lugar, por la acción de los gobiernos
nacionalistas e independentistas, que desde la Generalitat han estado
prácticamente la totalidad de estos últimos cincuenta años destinando
recursos públicos de todos los catalanes a financiar su delirio
independentista e intentar cambiar opiniones o intentar moldear opiniones
en estos organismos internacionales; cincuenta años destinando recursos.
En segundo lugar, por la omisión de los gobiernos de España, tanto del
Partido Popular como del Partido Socialista, de defender el interés
general de España y el interés general de todos los catalanes, de todos.
Durante casi cincuenta años han renunciado a contrarrestar en organismos
internacionales el relato nacionalista e independentista en el exterior;
han renunciado a explicar al mundo que los cantos de sirena que salían
del Palau de la Generalitat no eran más que falsedades y que no tenían
otro objetivo que el desprestigio de las instituciones españolas en el
mundo. Por eso, hemos llegado a esta situación, señorías. Por tanto,
nosotros vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.


Senyories, celebrem que hi hagi aquesta moció, però es fa una mica
estrany que, si l’Estat espanyol és un estat democràtic i europeu,
se li hagi de reclamar que compleixi una resolució del Consell
d’Europa. Algú deia «aqui se ha dicho». No és que aquí se haya
dicho: és que The Economist, que sempre el senyor Pedro Sánchez ens deia
que és una democràcia plena, Espanya, doncs ara diuen que no, que és
defectuosa. En bona part, per l’actuació que el govern de
l’Estat espanyol i l’Estat espanyol i les seves institucions
han tingut contra Catalunya, contra l’independentisme, perquè
independència vol dir democràcia, vol dir explicar el que volem ser i
decidir-ho, perquè els pobles, quan hi ha democràcia, podem decidir el
nostre futur. I això no ho diuen només els independentistes. Ho diu
Nacions Unides i ho diuen els tractats internacionals. Però a vostès els
és igual. Democràcia defectuosa, i a més a més un Estat espanyol
—abans la senyora Castel ho deia— que no compleix les
resolucions internacionals. Escoltin, un dels estats més sancionats per
no complir les resolucions de la Unió Europea és l’Estat espanyol.
S’haurien d’anar acostumant a complir-ho i, per tant,
celebrem que hi hagi una moció que els insti a això.


És clar, utilitzant paraules del senyor Pedro Sánchez, jo els hauria de
dir: ustedes no arriman el hombro, perquè aquí es tracta sempre
d’arrimar el hombro, davant de les resolucions europees o les del
Consell d’Europa. Arrimen el hombro, que és el que els convé.


Fixin-se, hi ha un seguit de coses que fa aquesta recomanació. Què és?
Doncs, per exemple, que modifiquin la rebel·lió i sedició, que ja
s’havia fet. Hi havia un compromís del Govern de l’Estat i
del mateix senyor Pedro Sánchez que ho canviaria. No s’està fent. O
abandonar els procediments d’extradició contra els polítics
catalans residents a l’estranger. És una vergonya el que està fent
l’Estat espanyol amb els exiliats, perquè tenen exiliats polítics i
ho han de saber. Tenen exiliats polítics. (Aplaudiments). I això és una
vergonya que vostès han d’assumir. I també retirar els processos
contra funcionaris i contra càrrecs de menys rang implicats en el
referèndum del 2017, perquè un referèndum és democràcia, és participació.
Si no, facin un curset i ho aprenen. I també la persecució amb els temes
econòmics, que abans també he tingut ocasió de dir-ho amb el Tribunal de
Cuentas. Fixin-se, a més a més, que aquesta resolució diu: iniciar un
diàleg obert i constructiu amb totes les forces polítiques de Catalunya
per reforçar la qualitat de la democràcia espanyola —reforçar la
qualitat, el Consell d’Europa— i l’Estat de dret, el
bon govern i el respecte total dels drets humans. Quan diuen això, els
estan dient que l’Estat espanyol no ha respectat els drets humans
més bàsics. I això és el que està passant. I aquesta moció diu:
implementin. Però escoltin, si repassen la llista veuran que vostès no
estan complint res. I l’últim punt, que algú pot dir que aquí hi ha
un engany a nivell internacional, que a algú li pugui semblar que ens
trobem en un moment de diàleg. Això és fals. Hi ha una taula, però no hi
ha ningú assegut ni a una banda ni a l’altra. Van posar la taula,
la van parar, però és que no han posat ni un plat. No han posat ni un
plat a taula. I aquesta també és la situació que s’està vivint. I
algú a nivell europeu i internacional poden dir: Mira, ja estan
dialogant. Però si fins i tot es va vetar una part dels que havien de
dialogar! Pensem això: que aquí hi ha una situació falsa que s’ha
d’encarrilar i s’ha de solucionar. Diàleg sí, però no
enganyin, perquè ara mateix de diàleg, ni cinc al calaix.


I fixin-se també que aquests dies que hi ha una polèmica amb el català,
que també vostès van dir i altres van dir que el català estava blindat
amb la llei Celáa. Tampoc ni cinc al calaix, perquè no va quedar blindat.
Hi havia unes esmenes que sí que ho blindaven que no es van
aprovar.


Per tant, nosaltres el que creiem és que cal aplicar aquesta resolució
del Consell d’Europa. Facin-ho amb valentia i, a més, saben la
solució i la proposta que fem des de Catalunya, i la diem amb
contundència: amnistia per poder parlar d’igual a igual. I, a més a
més, autodeterminació, que traduït al català vol dir independència,
perquè nosaltres, veient molts dels debats que hi ha aquí i dels que
vostès diuen i algunes intervencions que ara hem vist que fins i tot
alguns els aniria bé que sabessin què són cinquanta anys i que sumar i
restar els donarà que en aquells moments hi havia el franquisme, doncs
resulta que aquí ens estaven dient que la Generalitat hi estava en ple
franquisme, ja ens hagués agradat. Si en aquell moment, que jo era un
xicot jove, no podia parlar en català. I resulta que estàvem volent
influenciar.


Muchas gracias, presidente.


Señorías, celebramos que se tramite esta moción, pero parece un poco
extraño que si el Estado español es un Estado democrático europeo, se le
tenga que reclamar que cumpla una resolución del Consejo de Europa.
Alguien decía que aquí se ha dicho; no es que aquí se haya dicho, es que
lo dice The Economist. El señor Pedro Sánchez siempre nos decía: Dicen
que España es una democracia plena, ahora nos dicen que no, que es
defectuosa y, en gran parte, por la actuación que el Gobierno del Estado
español, el Estado español y sus instituciones han tenido contra
Cataluña, contra el independentismo. Porque independencia significa
democracia, significa explicar lo que queremos ser y decidirlo, porque
los pueblos, cuando hay democracia, podemos decidir nuestro futuro. Esto
no lo dicen tan solo los independentistas, sino Naciones Unidas y los
tratados internacionales, pero a ustedes les da igual. Democracia
defectuosa. Además, el Estado español —antes la señora Castel lo
decía— no cumple las resoluciones internacionales. Fíjense, uno de
los Estados más sancionados por incumplir las resoluciones de la Unión
Europea es el Estado español. Por lo tanto, deberían empezar a
acostumbrarse a cumplirlo. Celebramos que haya una moción que les inste a
hacerlo.


Utilizando palabras del señor Pedro Sánchez, yo debería decirles:
ustedes no arriman el hombro, porque aquí siempre se trata de arrimar el
hombro, ante las resoluciones europeas o las del Consejo de Europa.
Arrimen el hombro, que es lo que les conviene.


Fíjense, esta resolución hace una serie de recomendaciones, como, por
ejemplo, que modifiquen la rebelión y la sedición, que ya se había hecho.
Existía un compromiso del Gobierno del Estado, del mismo Pedro Sánchez,
de que así lo haría, pero no se está haciendo; o abandonar los
procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residentes
en el extranjero. Es una vergüenza lo que está haciendo el Estado español
con los exiliados, porque tienen exiliados políticos, deben saberlo;
tienen exiliados políticos. (Aplausos). Es una vergüenza que ustedes
deben asumir. También deben retirar los procesos contra funcionarios y
contra cargos de menor rango implicados en el referéndum de 2017, porque
un referéndum es democracia, es participación. Si no, hagan un cursillo y
apréndanlo. También la persecución en materia económica, que antes he
tenido la ocasión de decirlo con el Tribunal de Cuentas.






Además, fíjense
que esta resolución dice: Iniciar un diálogo abierto y constructivo con
todas las fuerzas políticas de Cataluña para reforzar la calidad de la
democracia española —reforzar la calidad, Consejo de Europa—
y el Estado de derecho, el buen gobierno y el respeto absoluto a los
derechos humanos. Cuando dicen esto, lo que les están diciendo es que el
Estado español no ha respetado los derechos humanos más básicos, que es
lo que está sucediendo. Esta moción dice: Implementen. Pero, escuchen, si
repasan la lista, verán que ustedes no están cumpliendo nada. Sobre el
último punto, alguien podría decir que hay un engaño a nivel
internacional; a alguien le podría parecer que estamos en un momento de
diálogo. Es falso, hay una mesa, pero no hay nadie sentado en esa mesa,
ni en un lado ni en el otro; la mesa está puesta, pero no hay ningún
plato, no hay ni un solo plato en esa mesa. Esa es la situación que se
está viviendo. Alguien en Europa o a nivel internacional podría decir que
están dialogando, pero es que incluso se vetó a una parte de los que
tenían que dialogar. Pensemos en ello. Aquí se está dando una situación
falsa, y saben que tiene que solucionarse. Diálogo, sí, pero no engañen
porque, hoy por hoy, diálogo ni está ni se le espera.


Fíjense que estos días hay una polémica con el catalán. Ustedes,
también otros, dijeron que el catalán estaba blindado con la Ley Celaá.
Pues tampoco es así porque no quedó blindado, había unas enmiendas que sí
lo blindaban, pero no fueron aprobadas.


Por lo tanto, creemos que debe aplicarse la resolución del Consejo de
Europa, háganlo con valentía. Además, saben cuál es la situación y la
propuesta que nosotros hacemos desde Cataluña de forma contundente:
amnistía para poder hablar de igual a igual y autodeterminación, que,
traducido al catalán, significa independencia. Viendo muchos de los
debates que se dan aquí, en los que ustedes participan, y también algunas
intervenciones como las que acabamos de oír, les vendría bien saber que,
si son cincuenta años, si suman y restan, en aquel entonces estaba el
franquismo. Ahora nos están diciendo que la Generalitat ya estaba en
pleno franquismo. Ojalá, ya nos hubiera gustado, porque en ese momento,
cuando yo era un chiquillo, no podía hablar en catalán y ahora resulta
que queríamos influenciar.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Acabo, perdón.


Per tant, llibertat, amnistia i independència per a Catalunya.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Por lo tanto, libertad, amnistía e independencia para Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Presidente, señorías, seguí con
mucha atención la interpelación de Esquerra Republicana porque en Geroa
Bai hemos mostrado siempre nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el
pueblo de Cataluña y sus decisiones libremente tomadas, incluso cuando,
en nuestra opinión, algunas de las decisiones de sus dirigentes pudieran
no ser las más acertadas.


A Geroa Bai se nos ha acusado con mentiras desde las fuerzas de la
derecha que componen Navarra Suma, también desde el Partido Socialista en
ocasiones, sobre todo en la anterior legislatura en Navarra, de ser
nacionalistas excluyentes, de ser supremacistas, de querer imponer el
euskera, de querer destruir Navarra y de todas las maldades que ustedes
sean capaces de imaginar. Lo diré una vez más: en Geroa Bai defendemos
que Navarra es sujeto político, que la ciudadanía navarra tiene plena
capacidad constituyente, que es la dueña de sus decisiones y, desde ese
posicionamiento de base, que los problemas de relación que tenemos o que
vayamos a tener en el futuro con el Estado deben solucionarse mediante un
acuerdo, primero, entre navarras y navarros, sin exclusiones, y, después,
mediante un pacto entre iguales con el Estado, con España. Un pacto con
mayúsculas en el que nosotros mismos nos autolimitamos, buscando un marco
confederal, que no independentista, donde todos nos reconozcamos
mutuamente; pacto que implica también compromiso con el cumplimiento
íntegro del actual ordenamiento jurídico. Sí, señorías, cumplimiento
íntegro de la Constitución y cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica de
reintegración y amejoramiento del Fuero de Navarra, conocida como
LORAFNA, que ya cumple cuarenta años, así como el cumplimiento de los
acuerdos de Gobierno en materia de transferencias por los que, entre
otras cosas, Geroa Bai votó a favor de María Chivite como lehendakari de
Navarra. Por cierto, hoy no puedo menos que deplorar el acuerdo entre el
Partido Socialista de Navarra y la derecha navarra para aprobar la Ley
del convenio en unos términos que disminuyen la capacidad de decisión de
las navarras y de los navarros. También tengo que deplorar el retraso
sine die —esto sí, anunciado— de la competencia de
tráfico.


Queda claro que no somos partidarios de decisiones unilaterales ni por
una de las partes ni por la otra; creemos en la bilateralidad.
Consideramos que el acuerdo, en el que no cabe la imposición, la
coacción, la discriminación ni la violencia, es la forma excelente de
ejercitar la política democrática. De ahí que me llamara poderosamente la
atención que la ministra Llop afirmara, aun siendo verdad, que los
dictámenes europeos no tienen fuerza jurídica vinculante, que solo tienen
valor interpretativo u orientativo, como queriendo quitar importancia o
relevancia a dichos dictámenes, más en concreto a la Resolución 238/2011
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.


En política, a veces los desacuerdos son muy profundos. Si no fuere
así, no habría necesidad de debatir, pero los debates y sus decisiones
deben siempre respetar tres principios básicos en democracia:
reciprocidad, publicidad y responsabilidad, básicos. Pero en Geroa Bai
estamos convencidos de que la política democrática exige más, exige
respeto mutuo entre los intervinientes. Aquí hemos visto muy poco de eso
hoy. Y no hay respeto mutuo si no se tiende a hacer realidad dos valores,
dos virtudes democráticas: por un lado, la integridad cívica, que se
compone de sinceridad política, consistencia entre las palabras y los
actos, y la aceptación de las implicaciones de los posicionamientos
políticos de cada uno. Y, por otro, la magnanimidad cívica, resultado de
la aceptación del otro como sujeto político, de la apertura de mente y de
la búsqueda de la economía del desacuerdo, de la búsqueda de la
disminución del desacuerdo, algo exigible a todas las partes, a todas, en
el ejercicio excelente de la política democrática; para eso estamos aquí.
Ejercicio al que en Geroa Bai aspiramos y por el que apostamos. Por eso
votaremos sí a esta moción.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Beltrán
de Heredia Arroniz.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Es importante no olvidar el origen de esta cuestión que estamos
abordando hoy, que no es otro que el problema que tiene el Estado con su
modelo territorial; la necesidad de abordar y dar una respuesta
satisfactoria a la realidad plurinacional del Estado. Lo dijimos en su
momento y lo repetiremos cuantas veces sea necesario: a los problemas
políticos, soluciones políticas. Los conflictos políticos no se resuelven
con más Código Penal; se resuelven a través del diálogo, del acuerdo, de
la negociación, del pacto. La cuestión del procés catalán no es sino un
exponente claro de lo que ha sido el fracaso de la política.


Hoy se trae a debate el cumplimiento de la Resolución 2381/2021 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que versa sobre la
persecución a políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de
su mandato, una resolución que deviene del análisis sobre el
enjuiciamiento a políticos turcos y también sobre el procesamiento de los
políticos catalanes como consecuencia de la convocatoria y celebración
del referéndum del 1 de octubre. El informe del relator del Comité de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea, reconociendo, eso
sí, que España es una democracia viva, cuestiona el procesamiento de los
líderes catalanes; realiza una crítica muy profunda a la Fiscalía por esa
forzada interpretación que hace para calificar los hechos como delito de
sedición, tan retorcida que se hace sobre una interpretación nueva de la
conceptualización de la violencia sin violencia.


Coincidimos también, después de los debates jurídicos y políticos que
se han suscitado en torno al asunto, en la necesidad de reformar el
ordenamiento jurídico para corregir la redacción y clarificar las
disposiciones penales relativas a la sedición y a la rebelión, que
tutelan bienes jurídicos distintos, como son el orden público y el orden
constitucional respectivamente, y también para evitar interpretaciones
judiciales que entren en conflicto con el derecho a la libertad de
expresión y con el derecho de reunión, e incluso que entren en conflicto
con la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que
fue ya aprobada en 2005. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidente.


Como hemos manifestado en reiteradas ocasiones, mi grupo considera
inaplazable adaptar estos tipos delictivos a la realidad social del siglo
XXI y armonizarlos con los de países de nuestro entorno más próximo,
donde, según el derecho comparado, en países como Italia o Alemania, las
penas previstas distan mucho del máximo de quince años de privación de
libertad que establece el Código Penal. También lo reconocía la ministra
el otro día cuando manifestaba la necesidad de reformas legales y
renovaciones institucionales para profundizar en el Estado de derecho y
perfeccionar la democracia. Pero, al mismo tiempo, la ministra postergaba
el debate para tiempos mejores, y la inacción de un Gobierno no se puede
justificar en la acción de la oposición. Más de tres años pendientes de
renovar el Consejo General del Poder Judicial: ese no es el mejor ejemplo
de una democracia que se dice consolidada.


No es buen ejemplo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
se vea obligada a emitir recomendaciones a España en relación con la
garantía del derecho de acción y opinión en el servicio y en el ejercicio
de la labor política, que, si bien, como bien decía la ministra, no son
vinculantes, sí que comprometen al Estado español como Estado miembro que
es del Consejo de Europa y, por tanto, como Estado comprometido con la
aceptación del sistema de garantía y salvaguarda de los derechos humanos.
Gobernar requiere también valentía para afrontar los cambios necesarios;
hay que buscar consensos y aunar posiciones, abrir espacios de diálogo
que eviten el enquistamiento de conflictos de fondo, y el reconocimiento
de la plurinacionalidad territorial del Estado español es una cuestión
que más pronto que tarde habrá que abordar, guste a unos o no guste a
otros. Es un tema que está ahí, que habrá que abordar y habrá que
resolver.


Baste decir, para terminar, que, por supuesto, apoyaremos la
moción.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.


Señorías, de las diferentes intervenciones que ha realizado mi grupo
parlamentario, tanto en el Congreso como aquí en el Senado, respecto al
cumplimiento de esta resolución de la Asamblea Parlamentaria, hemos
obtenido las siguientes respuestas: por un lado, nos confirman que
—y abro comillas— el Gobierno está comprometido con las
resoluciones en materia de derechos humanos de los diferentes organismos
internacionales —y cierro comillas—. ¿Se refieren a la
Comisión de Venecia? Porque les debo recordar que, de las dos opiniones
que ha emitido respecto a España, una, sobre los poderes ejecutivos del
Tribunal Constitucional, sin parangón en el ámbito del Consejo de Europa,
y la otra sobre la Ley de seguridad ciudadana, no se ha cumplido ninguna.
Por otro lado, añaden que los dictámenes tienen un valor interpretativo,
orientador, para hacer política. Como ya les recordaba anteriormente,
desde 2017, España no ha cumplido con los dictámenes del Grupo de trabajo
sobre la detención arbitraria, ni con sus recomendaciones, ni
relacionadas con el procés ni con otros temas. Admiten —y cito
literalmente— que España cumple con aquello que le obliga y toma
buena nota de aquello que se le recomienda. Lo han dicho ya en dos
ocasiones.


Las resoluciones no son sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos —cierto, no lo son—, pero existen infinidad de
mecanismos dentro del Consejo de Europa para hacer el debido control
precisamente de resoluciones y recomendaciones en materia de derechos
humanos, Estado de derecho y democracia, porque serán importantes, ¿no
creen? En caso contrario, ¿por qué establecer este control? Sin ir más
lejos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa puede hacer
seguimiento de las recomendaciones bajo el artículo 15 del Estatuto del
Consejo de Europa, porque se trata de mecanismos que existen para
usarlos.


Tomar buena nota, como dicen ustedes, con el argumento de que no son
vinculantes, es lo que ha llevado a concluir al Greco que España les está
haciendo la pirula, como se dice vulgarmente, es decir, que está siendo
evasiva con la finalidad de desentenderse de la responsabilidad que le
corresponde.


Respecto de la reforma de determinados tipos penales, ustedes admiten
que ciertas reformas no exigen mayoría superior a la absoluta y que
tienen buena voluntad, toda la voluntad del mundo, de hecho. Lo
agradecemos, pero no nos explican si tienen intención de implementar las
recomendaciones que hacen referencia a indultar, total y no parcialmente,
a los políticos catalanes, y nos referimos a restaurar plenamente sus
derechos políticos. ¿Cómo van a procurar el retorno de los exiliados
políticos? ¿Cómo van a procurar el cese de esta represión que desde 2017
hasta el día de hoy cuenta con más de 4000 personas represaliadas, 801
causas abiertas en 39 juzgados implicados y con 22 tipos penales
diferentes?


Respecto a algunas de las recomendaciones de la PACE, dicen —y
cito textualmente— que el Poder Ejecutivo no tiene competencias ni
capacidad para hacerlo, o que no se deben mezclar los poderes del Estado,
pero saben perfectamente que mecanismos, como una ley de amnistía,
podrían ayudar al efectivo cumplimiento de algunas de las
recomendaciones. Saben que una medida de gracia podría perfectamente
incluir —y a eso se refiere la Resolución 2381— a los
exiliados. De haberlo hecho, hoy no formarían parte de esta
recomendación. Y, que yo sepa, el Ejecutivo tiene competencias de impulso
legislativo. Por lo tanto, no hay confusión de poderes por nuestra parte.
Y tanto la amnistía como el indulto son medidas amparadas por el Consejo
de Europa. Vean sino la opinión de la Comisión de Venecia
número 710/2012. En todo caso, el mismo Comité de Ministros, en la
Recomendación 2010/12, párrafo 16, contempla las medidas de indulto,
amnistía u otras similares justamente como excepciones a la separación de
poderes. Y es responsabilidad y competencia del Gobierno velar por el
adecuado encaje de las normativas internacionales en el orden
constitucional. Cito estas medidas como ejemplo, pero hay otras, todas
ellas con buena voluntad, que dependen absoluta y directamente del Poder
Ejecutivo.


Para finalizar, lo que pretendemos con esta moción es resolver si hay
voluntad por parte del Gobierno y de los grupos que le dan apoyo de
reformar los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales
públicos, teniendo en cuenta que se cuenta con las mayorías suficientes
para dicha reforma, lo que demuestra que se trata de una cuestión de mera
voluntad política. Queremos que aclaren —y acabo— cómo tienen
previsto restaurar los derechos políticos a los líderes independentistas,
cómo facilitarán el retorno de los exiliados y, finalmente, cómo
procederán al cierre de los procedimientos penales.


Por eso pedimos el cumplimiento de esta resolución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría la
senadora Salanueva Murguialday.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.


Señorías, resulta paradójico que Esquerra Republicana-Bildu nos hable
de derechos humanos y de libertad, así como de colaborar activamente para
conseguir dicha finalidad. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa
la Presidencia). ¿De verdad no se les cae la cara de vergüenza? ¿De
verdad creen que Bildu colabora todos los días activamente en la defensa
de las libertades y los derechos humanos mientras hacen homenajes a
etarras, mientras siguen sin condenar la violencia de ETA, cuando
asesinó, torturó, chantajeó y extorsionó? ¿Cómo se llama a eso, señorías?
(Aplausos).


En fin, vamos a referirnos a la resolución. No voy a entrar en su
contenido; ya se ha hecho aquí y no tengo mucho tiempo. Sí ha quedado
claro que la resolución objeto de la moción no tiene fuerza de obligar y,
además, a nuestro juicio, no solo es una recomendación que contiene datos
falsos, verdades a medias y omite elementos relevantes. La gravedad del
informe es tal que reproduce los argumentos del secesionismo catalán. El
informe es tendencioso desde el punto de vista político; no tiene ningún
tipo de rigor técnico ni jurídico; no respeta la independencia del Poder
Judicial ni el Estado de derecho, y demuestra una injerencia absoluta e
indebida en las sentencias de los tribunales españoles.


Señorías, el informe ha dañado la imagen internacional de la justicia
española y de España; las ha dañado y mucho, pero, señorías, lo realmente
grave es la responsabilidad del Gobierno de España por no haberlo
impedido. Ha fracasado la diplomacia, no sabemos si con interés o sin
interés. Ha fracasado el Ministerio de Asuntos Exteriores; ha fracasado
el Ministerio de Justicia. Antes de que se aprobara esta resolución,
dijeron públicamente que había disconformidad, pero jamás alertaron de la
gravedad de este asunto. Hicieron una dejación de funciones clarísima. La
dependencia del Gobierno del señor Sánchez de los independentistas
evidencia hipocresía y un cinismo absolutamente rechazable. Por un lado,
con una mano votaron en contra de dicho informe, pero, por otro,
simultáneamente, hicieron concesiones inaceptables siguiendo la línea del
informe. ¿Como cuáles? La concesión de los indultos sin ir más lejos,
justificándola precisamente con el informe que trae causa en esta moción.
Se han dado indultos de manera arbitraria, motivándolos como de utilidad
pública, en contra del informe del Tribunal Supremo, que fue
desfavorable, sin solicitarlo los condenados y, lo más grave y
preocupante, sin arrepentirse y anunciando que volverán a atacar al
Estado de derecho, a la Constitución española y a destruir España con un
nuevo golpe de Estado.


Pero, señorías, tan grave como los indultos es la mesa de negociación,
de la que también se habla en el informe de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, una mesa de negociación no prevista en el ordenamiento
jurídico ni en la Constitución, que se hace eco de las reivindicaciones
independentistas. Y tan grave, señorías, como los indultos es la
pretensión de modificar en el Código Penal los delitos de sedición y
rebelión para rebajar las penas actualmente previstas. No se ha iniciado
el trámite, pero el Gobierno no descarta tomar esa decisión.


Señorías, este informe da alas a los secesionistas y populistas; es una
victoria de ellos frente al Estado de derecho, y ha provocado un grave
daño reputacional a España, una deslegitimación de España. Pero son los
actos del Gobierno los que nos preocupan y los que pueden tener
consecuencias terribles. ¿Saben por qué? Porque legitiman a los
delincuentes y sus acciones. Son graves y terribles porque suponen un
reconocimiento de que las condenas fueron excesivas e injustas, y pueden
afectar, señorías —y eso lo quiero decir muy alto— a la
futura resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el
recurso que se ha interpuesto ante la sentencia del Tribunal Supremo.
Señorías, si en España el Gobierno actúa así, imagínense qué pensarán los
jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no son españoles y
que van a revisar esa sentencia del procés. Pues si el Gobierno de España
cede rápidamente, reconociendo implícita y explícitamente que las
condenas fueron injustas y que quiere revisar esos delitos, veremos qué
ocurre con la sentencia. O igual esa es la voluntad del Gobierno de
España. No lo sabemos, pero ahí lo dejo.


Como decía, cinismo e hipocresía: por un lado, parece que el Partido
Socialista respeta la división de poderes, el Estado de derecho y la
Constitución española, pero, a la hora de la verdad, sus actos le
delatan. Con una mano vota en contra del informe, pero con otra está
dando todo lo que le piden. A pesar de ustedes, señorías del Partido
Socialista, y de la involución que arguyen reiteradamente sus socios de
Gobierno, como hoy hablando de democracia defectuosa, que son
características típicas del populismo, nosotros, el Partido Popular,
decimos alto y claro que España es un Estado de derecho sólido, que todas
las personas en general y los condenados del proceso en particular tienen
juicios con todas las garantías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya terminando,
señoría.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Además, a pesar de lo que dicen los
miembros de su Gobierno, como el vicepresidente y otros de Podemos, de
que hay presos políticos en España, en España solo hay políticos presos.
En España nadie acaba en la cárcel —y acabo, señora
presidenta— por declaraciones políticas. Se acaba en la cárcel por
incumplir la ley y en aplicación del principio de legalidad. La ley es
igual para todos. Por eso, en el Partido Popular seguiremos trabajando y
hablando alto y claro para defender la Constitución española, la
monarquía parlamentaria y el Estado de derecho.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, oyendo los
debates parlamentarios de esta Cámara, nadie diría que en España se
persiguen los discursos políticos independentistas o no independentistas.
Y eso es así porque España, señorías, es una democracia avanzada y
ejemplar. Lo proclama la Constitución y lo atestiguan la realidad y el
vigor de nuestras instituciones democráticas. Un Estado de derecho,
señorías, sin mácula: 5320 jueces independientes, con un único horizonte:
el imperio de la ley y la supremacía de la Constitución. Un Estado de
derecho que ha sufrido cierto descrédito en los últimos años a causa de
ese boicot en la renovación del Consejo General del Poder Judicial
protagonizado por el Partido Popular; más de tres años de pertinaz
boicot, después de aquel ignominioso wasap en el que se alumbraba la
pretensión de controlar la justicia. Señorías del Partido Popular, esta
es la hora: cumplan la Constitución. Aprovechen ahora que el señor Feijóo
se ha permitido esa infundada jactancia de afirmar que ustedes redactaron
la Constitución, que nacieron para redactarla y que, además, son el
partido más constitucionalista de España. Aprovechen el momento,
aprovechen mañana la mano tendida del presidente Sánchez para alcanzar
acuerdos de Estado. (Aplausos).


Señorías de Esquerra Republicana, señora Castel, escúchenme, por favor,
atentamente —abro comillas—: España es una democracia viva,
una sólida democracia europea, con una cultura del debate público libre y
abierto, en la que la expresión de opiniones independentistas no tiene
reproche penal —cierro comillas—. Señora Castel, ¿usted sabe
dónde encontrar este texto? Sí, en la resolución del Consejo de Europa
que ustedes elogian pero de la que omiten los textos que no les interesan
para mantener un relato desgraciadamente ajeno a la realidad; una
resolución que no lo es de un órgano jurisdiccional, porque España cumple
con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos se acatan y se ejecutan en España. Esta es
una resolución que en lo que no yerra —y de forma bastante
clamorosa—, legitima y avala al Gobierno de España. Se lo
explicaré: yerra porque en España nunca —repito, nunca— una
sentencia ha condenado un discurso político y ningún condenado ha tenido
que renunciar a sus convicciones políticas por beneficios parlamentarios.
Una resolución que legitima y avala al Gobierno, que ni siquiera necesitó
de su aprobación para aprobar unos indultos imprescindibles para devolver
la normal convivencia social y política a Cataluña y para defender
también la revisión de unos delitos de sedición y de rebelión
desproporcionados y ajenos al contexto histórico y europeo actual. No
necesitábamos de esa resolución; esa es una resolución que ha avalado al
Gobierno de España. Una resolución que, señorías de Esquerra Republicana,
a diferencia de ustedes, nosotros la leemos completa porque dice mucho
más de lo que Esquerra Republicana nos ha contado hoy. Voy a poner un
ejemplo extremadamente clarificador, y el señor senador Cleries se ha
hecho eco igualmente del mismo texto. Esquerra ha reproducido un texto
excluyendo frases intercaladas, cuya omisión —perdóneme que se lo
diga así— resulta imperdonable porque falsea el significado real.
En la exposición de motivos de la moción hoy propuesta leemos
literalmente: El Consejo de Europa invita a las autoridades españolas a
mantener —repito, es literal— un diálogo abierto y
constructivo con las fuerzas políticas catalanas. Y ahí se queda el texto
de Esquerra Republicana para omitir lo siguiente: … incluidas las
que se oponen a la independencia. Eso está en la resolución del Consejo
de Europa. Y sigue el texto de la resolución del Consejo de Europa:
… para fortalecer la calidad de la democracia española, el Estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos sin recurrir al derecho
penal. Y ahí se queda Esquerra Republicana, pero omiten del texto lo
siguiente: … con pleno respeto al orden constitucional. Señorías,
no nos hagamos trampas, no falseemos el relato; honremos a la verdad, y
la verdad es que el Consejo de Europa ha convocado a todas las
autoridades españolas, incluidas las catalanas, a todas las fuerzas
políticas —a Esquerra Republicana y también a las demás
independentistas— al diálogo con todos, con los partidos no
independentistas también, como viene defendiendo el partido que ganó las
últimas elecciones en Cataluña, el Partit dels Socialistes de Catalunya,
con Salvador Illa al frente.


Señorías, construyamos futuro con diálogo, con respeto a todas las
ideas y con respeto al orden constitucional de esta viva y sólida
democracia europea, que es España, como la califica el Consejo de
Europa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Señorías, esta moción, con la adición de la enmienda que ha sido
aceptada, será sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia
abrirá al concluir el debate de la primera moción ordinaria.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR EL PACTO
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y AVANZAR HACIA UN CONSENSO SOCIAL Y
POLÍTICO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.


662/000113

GPS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 12.
y 12.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado ocho enmiendas: una del Grupo Parlamentario Democrático, una
del Grupo Parlamentario Nacionalista, tres del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y tres del Grupo Parlamentario
Popular.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el senador Zubeldia Santoyo.


El señor ZUBELDIA SANTOYO: Gracias, presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción en el
Pleno para impulsar el pacto por la ciencia y la innovación y, sobre
todo, para avanzar en el consenso político y social en este ámbito
fundamental; pacto que ya ha sido aprobado en subcomisión en el Congreso
de los Diputados y es nuestra intención extenderlo al Senado.


La ciencia, la tecnología y la innovación, sus consecuencias y
aplicaciones requieren de un reconocimiento público a la altura de su
esfuerzo ampliamente demostrado. En este campo es necesario que desde el
ámbito político ejerzamos también nuestra responsabilidad y lleguemos a
acuerdos y pactos que permitan que la ciencia y la innovación se
desarrollen como es debido. Vivimos una etapa de cambios constantes, una
etapa muy volátil y llena de incertidumbres y, al igual que la
investigación, la tecnología y la innovación han cumplido, debemos
dotarles también de medios y de condiciones idóneas para desarrollar su
trabajo con normalidad. La ciencia, la tecnología y la innovación son
instrumentos que nos ayudan a avanzar como sociedad y a permitir un
desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y
medioambiental. Son los únicos instrumentos que pueden enfrentarse con
éxito a los desafíos actuales y futuros, y lo sabemos muy bien gracias a
la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID-19 o por la erupción
del volcán de La Palma. Para ello, es imprescindible disponer también de
un consenso político y social que ponga en valor nuestras enormes
capacidades y que garantice el crecimiento económico y el incremento de
la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Ese consenso
se concreta y se define basándose en el ya suscrito por numerosas
entidades representativas de la ciencia, de la innovación, de las
universidades, de los trabajadores, de los sindicatos y de las empresas.
Este pacto, recientemente aprobado en el Congreso, nace de una reflexión
serena y de un detallado análisis de la situación de nuestro sistema de
ciencia, tecnología e innovación, y a ello también se une, evidentemente,
la situación de crisis sanitaria y económica y las oportunidades que nos
brinda la Unión Europea y el Plan de recuperación.


España pone a la ciencia y a la innovación como valores estratégicos y
pilares del bienestar y del crecimiento futuro, y para ello es necesario
un gran acuerdo a través de este pacto. Se propone un pacto sucinto y
concreto que recoge aspectos básicos y evaluables. Se trata de una
manifestación de interés, pero también con compromiso; compromiso que ha
de asumir la acción política respecto a recursos, a organización del
sistema y de las personas, y eso es lo que proponemos en esta moción.
Respecto a los recursos, la financiación debe ser acorde a las
prioridades del país con el objetivo de alcanzar una inversión pública y
privada en I+D+i del 3 % del PIB para el año 2030. Junto a ello, se debe
reforzar también la política de transferencia de conocimiento e
innovación empresarial, porque el conocimiento debe ser aplicado, y una
premisa básica: por supuesto, la financiación en I+D+i no debe ser
pendular, sino que se requiere el compromiso de mantener la financiación
a pesar de los ciclos políticos y económicos. Respecto al sistema, todos
los agentes que participan en la configuración del sistema ciencia,
tecnología e innovación deben disponer de recursos y autonomía para
asegurar el funcionamiento basado en la excelencia científica e
innovadora, y el sistema, sin lugar a dudas, trabajará de forma
coordinada con sus integrantes y también con las distintas comunidades
autónomas en un modelo de cogobernanza y sin afectar, evidentemente, al
ámbito competencial. Por último, y no menos importante, las personas. La
ciencia y la innovación la hacen las personas. La incorporación, la
recuperación, la consolidación y el mantenimiento del talento científico
e innovador es fundamental para nuestro país. Dar estabilidad y
tranquilidad al personal investigador es fundamental.


Por todo ello, presentamos esta moción al Pleno, con el objetivo de
evitar el conflicto y el desacuerdo respecto a la ciencia y la
innovación, porque uno de los activos más importantes de la política es
el acuerdo y uno de los asuntos más importantes actualmente es el
desarrollo científico e innovador de nuestro país. Les adelanto que hoy
firmaremos una transaccional con todos los grupos, excepto el Grupo
Popular y Vox. ¿Quién no puede estar de acuerdo en garantizar una
financiación estable y creciente de la I+D+i en nuestro país? ¿Quién no
puede estar de acuerdo en reducir la precariedad y dotar de nuevos
derechos al personal científico, técnico y de gestión; en avanzar en un
modelo de igualdad efectiva; en avanzar, reconocer e impulsar la
transferencia de conocimiento; y en mejorar, como decía antes, la
cogobernanza y reducir la carga administrativa y burocrática? En
definitiva, ¿por qué no unir acuerdo y pacto con ciencia e innovación?
Eso es lo que planteamos en la moción. Tiempo habrá en las próximas
semanas de defender y debatir cada uno de los grupos políticos su postura
en la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de la
ciencia, la tecnología y la innovación que pronto llegará a esta Cámara.
Démonos hoy, en este Pleno del Senado, una oportunidad de llegar a un
consenso con la sociedad, que también lo agradecerá.


Volviendo a la realidad, si no hacen la pregunta de cómo convertir a
España en un país de ciencia, me gustaría pensar que ya lo es, y lo es
porque hay magníficos centros de investigación, investigadores e
investigadoras excelentes. Además, todos los científicos y científicas
son optimistas y resistentes por naturaleza. Sin embargo, soportan
demasiado esfuerzo y no debe ser así. Falta el apoyo continuado en el
tiempo de la Administración y más complicidad con la sociedad; aspecto
este último que, con la pandemia, ha ido evolucionando positivamente. La
primera piedra que aparece en el camino de la ciencia española es la
Administración pública en todos los niveles, obstáculo que se traduce
hasta hace poco en una escasa financiación pública de la investigación.
Esta situación ha ido variando en los dos últimos Presupuestos Generales
del Estado, donde la partida dedicada a la I+D+i ha crecido de forma muy
notable y con un protagonismo indudable, también en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, además de una amplia oferta
de Perte que cambiará la investigación, pero, sobre todo, la economía
española.


De las múltiples reuniones con científicos y científicas españoles y
demás activos del ecosistema científico, tecnológico y de innovación, se
concluye, evidentemente, que requieren una inversión superior en términos
de PIB en investigación. Pero también reclaman —y viene bien
recordarlo en este momento— un pacto por la ciencia y por la
innovación. En la actualidad, en nuestro país la inversión en I+D está
lejos de la media europea, pero el pacto por la ciencia y la innovación
es ya una realidad. Por eso, no debemos fallar hoy en este Pleno del
Senado. Todos los referentes en la materia indican que hace falta adecuar
la estructura de la Administración para la ciencia del siglo XXI. «Sin
ciencia no hay futuro» o «no dejemos escapar el talento» son dos de las
consignas que habitualmente lanza el ámbito investigador. El reto
definitivo es superar el 3 % del PIB de inversión público-privada en
investigación más pronto que tarde. Y digo inversión y no gasto porque
está demostrado empíricamente que destinar dinero público a este ámbito
es increíblemente rentable. Desde aquí quiero mandar un aviso también al
sector privado para que se incorpore a este reto.


Otro de los caballos de batalla de la ciencia española es la
estabilidad o, hasta hace poco, la ausencia de estabilidad. El sistema
científico e innovador español necesita saber que la investigación será
continuada en los calendarios de convocatorias de proyectos, de recursos
humanos y de infraestructuras que se fijan todos los años. En eso está el
Gobierno de España, y como prueba de ello, el hecho de que ayer el
Consejo de Ministros adelantara un decreto con la contratación indefinida
de científicos; medida que estará desacoplada de la oferta pública de
empleo y de las tasas de reposición de los centros de investigación y
universidades que hoy publica el BOE. Siendo realista, pero sobre todo
responsable, además de la necesidad de inversión pública y de estabilidad
laboral, hay otros problemas que se unen a la ciencia y es la burocracia.
Por eso se propone —ya se está trabajando en ello— una mayor
flexibilidad y agilidad en la gestión de los recursos, que evitaría no
que los investigadores inviertan, sino que pierdan el tiempo en tareas
que no son propias de su labor. Por otra parte, también se consolida en
la opinión pública —que, a fin de cuentas, es la destinataria final
de los resultados derivados de las investigaciones— una buena
imagen, reputación y prestigio del mundo científico. Gran parte de la
atención social a la ciencia se debe a la labor de las distintas
sociedades científicas —asociaciones, colectivos y demás— y,
por supuesto, también a la difusión que realizan las plataformas de
divulgación científica; por cierto, todas firmantes del pacto.


Por suerte, no tenemos que ir muy lejos para buscar las respuestas a
las preguntas de para qué sirven la ciencia y la innovación. Hoy en día,
todos los productos inteligentes que manejamos nacieron de inversiones
ambiciosas y de la capacidad de conectar la ciencia con problemas
concretos; hablamos de auténticas innovaciones. Hoy tenemos la
oportunidad de orientar la innovación hacia la solución de problemas
concretos, pero dirigido a resolver retos sociales y tecnológicos. Por
desgracia, en la actualidad estamos incursos en una guerra, la guerra de
Putin, pero también hay otras guerras silenciosas —la guerra contra
la pobreza o la guerra contra el cambio climático— y la ciencia y
la innovación son nuestras verdaderas armas para combatirlas. En
definitiva —y acabo—, la ciencia y la innovación impregnan
nuestra vida diaria y nuestro entorno. Por esa razón, hay que situarlas
en el lugar donde se merecen, al igual que se merecen la oportunidad de
que la política también esté a la altura de las circunstancias y muestre
el acuerdo y consenso ante ellas. Por eso reclamamos hoy la firma de este
pacto en el Senado. Planteamos que no frustremos ese objetivo de consenso
generado por la ciencia y la innovación y la ilusión de muchísimos
españoles.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. Para
la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta. Intervendré desde el
escaño.


En principio, hemos llegado a un acuerdo, a través de una
transaccional, con el Grupo Socialista que incluiría lo que solicitamos
en nuestra enmienda, por lo cual la vamos a dar por defendida y vamos a
ver si esa búsqueda de consenso que estamos viendo hoy se traslada
también a la tramitación de la ley cuando llegue a esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista,
tiene la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Intervendré desde el escaño.


Junts hem presentat dues esmenes de modificació als dos punts de la
moció. Dues esmenes que recorden les competències que tenim a les
comunitats autònomes. Al punt 1 reivindiquem comptar amb el suport de
totes les comunitats autònomes que tinguin competències pròpies en la
matèria i al punt 2 exigim respecte de les competències que tenim les
comunitats autònomes.


Com sabem, hem arribat a una transaccional, s’han acceptat i per
tant sempre a nosaltres ens trobaran blindant i al costat de les
competències que tenim totes les comunitats autònomes.


Moltes gràcies.


Junts ha presentado dos enmiendas de modificación a los dos puntos de
la moción. Son dos enmiendas que recuerdan las competencias que tenemos
en las comunidades autónomas. En el punto 1 reivindicamos contar con el
apoyo de todas las comunidades autónomas que tengan competencias propias
en la materia, y en el punto 2 exigimos el respeto de las competencias
que tenemos las comunidades autónomas.


Como saben, hemos llegado a una transaccional, se han aceptado nuestras
enmiendas y, por tanto, nos encontrarán siempre al lado de las
competencias que tenemos todas las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Pasamos a la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, del senador Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies presidenta.


Senyories,com saben vostès hem presentat tres esmenes en aquesta moció.
Vull agrair la predisposició del senador defensant de la moció per tal
d’intentar incorporar aquestes esmenes. De fet, la transaccional
que es signarà incorpora la tercera de les esmenes que nosaltres
proposàvem, una esmena que va orientada a aprofundir en tot el què té a
veure amb la difusió, accés obert dels resultats de la investigació
finançada amb fons públics, siguin nacionals o europeus. Creiem que és
una esmena que enriqueix la moció, i les altres dues entenem que tal i
com hem estat negociant, entenem que tenen el seu marge d’actuació
dins el procés de negociació de la llei.


Perquè prenc la paraula des del faristol i no des de l’escó?
Simplement per aprofitar una qüestió d’obligada referencia: sempre
ens succeeix amb mocions presentades per els grups parlamentaris, en
aquest cas el grup parlamentari que recolza el Executiu de l’Estat,
on demanen tirar endavant mesures, on demanen tirar endavant concrecions,
on demanen impulsar projectes que ja estan en marxa, i que d’altre
banda, ell són els responsables parlamentaris de que aquests projectes
arribin a bon port. Òbviament no estic posant en dubte la legitimitat,
sols faltaria, de l’activitat parlamentaria en forma de moció per
part dels grups parlamentaris que recolzen a l’Executiu, però sí
l’oportunitat. En aquest sentit és evident, com deia el senador
defensant de la moció, que el mateix text s’havia aprovat dijous
passat a la subcomissió del Congrés dels Diputats, per tant entenem que
ja contava amb un recolzament.


En el nostre cas estarem molt amatents, més enllà d’aquesta
transacció, que entenem que és positiva, juntament amb la resta de grups
parlamentaris que han accedit a les transaccions, estarem molt amatents a
la part important d’aquesta nova llei de la Ciència, la Tecnologia
i la Innovació, que és a fi de comptes el seu tràmit parlamentari, primer
en el Congres i després quan arribi a aquesta Cambra alta. Perquè a fi de
comptes les dues primeres esmenes que incorporàvem van a la rel de
problemes prou seriosos de la ciència, la tecnologia i la innovació al
nostre país: el finançament, la dotació de recursos, la
desburocratizatció i sobre tot aspectes molt concrets com és la resolució
dels problemes que tenen els parcs científics, els parcs tecnològics de
las universitats i el sistema en el seu conjunt.


En tot cas, posem en valor aquesta voluntat de diàleg a la qual ens hem
sumat com no pot ser d’un altre manera, però al mateix temps,
deixant molt clar quins són els nostres interessos, quines són les
nostres prioritats.


Per tot això, moltíssimes gràcies.


Gracias presidenta.


Señorías, como ustedes saben, hemos presentado tres enmiendas a esta
moción. Quiero agradecer la predisposición del senador que defiende la
moción para intentar incorporarlas. De hecho, la transaccional que se
firmará incluye la tercera de las enmiendas que nosotros proponíamos; una
enmienda que se orienta a profundizar en todo lo que tiene que ver con la
difusión y el acceso abierto a los resultados de la investigación
financiada con fondos públicos, sean nacionales o europeos. Creemos que
es una enmienda que enriquece la moción. Sobre las otras dos, entendemos
que, tal y como hemos estado negociando, tienen su margen de actuación
dentro del proceso de negociación de la ley.


¿Por qué tomo la palabra desde aquí y no desde el escaño? Para
aprovechar y hablarles de una cuestión que es de obligada referencia y
que ocurre siempre que hay mociones presentadas por grupos parlamentarios
que apoyan al Ejecutivo del Estado, porque piden sacar adelante medidas,
concreciones o impulsar proyectos que ya están funcionando y de los que,
por otro lado, ellos son los responsables parlamentarios para que lleguen
a buen puerto. No, no estoy poniendo en duda la legitimidad de la
actividad parlamentaria en forma de moción por parte de los grupos
parlamentarios que apoyan al Ejecutivo —solo faltaría—, pero
sí la oportunidad. En este sentido, es evidente, como decía el senador
que defendía la moción, que el mismo texto se había aprobado el jueves
pasado en la subcomisión del Congreso de los Diputados. Por tanto,
entendemos que ya contaba con un apoyo.


En nuestro caso, más allá de esta transacción —que entendemos que
es positiva—, estaremos muy atentos, junto con el resto de grupos
parlamentarios que han accedido a las transacciones, a la parte
importante de esta nueva Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación
en su trámite parlamentario en el Congreso y, posteriormente, cuando
llegue a esta Cámara Alta.


A fin de cuentas, las dos primeras enmiendas que incorporamos van a la
raíz de problemas muy serios de la ciencia, la tecnología y la innovación
en nuestro país; a temas como la financiación, la dotación de recursos y
la desburocratización y, sobre todo, a aspectos muy concretos, como es la
resolución de los problemas que tienen los parques científicos, los
parques tecnológicos de las universidades y el sistema en su
conjunto.


En todo caso, ponemos en valor esta voluntad de diálogo, a la que nos
hemos sumado, como no puede ser de otro modo, pero, al mismo tiempo,
dejando muy claro cuáles son nuestros intereses y nuestras
prioridades.


Por todo ello, muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, para la defensa de
la enmienda, el senador Alarcó Hernández.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Señora presidenta, compañeros senadores,
buenas tardes. Comparezco ante ustedes una vez más representando a mi
grupo parlamentario para defender la postura científica de nuestro
partido ante una moción como la que se ha presentado en el día de hoy, de
la que debo decir, en honor a la ciencia, que es extemporánea,
innecesaria y tiene truco. Intentaré explicarlo.


No quiero desaprovechar esta oportunidad, como demócrata, como persona,
como español y europeo, de condenar, no ya la guerra en Ucrania, sino el
genocidio en Ucrania y al liberticida de Putin. No puedo desaprovechar la
oportunidad de decirlo en esta Cámara Alta y de estar siempre con la
ciudadanía.


Dicho esto, entro en materia. Me he quedado muy preocupado —lo
digo de verdad— con la presentación, en estos momentos, de esta
moción por parte del Grupo Socialista. Primero, porque es extemporánea;
científicamente es así. Estamos hablando de ciencia, y yo practico la
ciencia en mi vida ordinaria y en mi vida política, porque la ciencia es
la que resuelve los problemas de los ciudadanos y, además, tiene algo muy
bueno, y es que es auditable y demostrable siempre, con las mismas reglas
para todo el mundo, y eso es muy útil también en política. Y es verdad
que se trae hoy aquí una moción cuando ha estado trabajando una
subcomisión en el Congreso de los Diputados, que se creó a iniciativa del
Grupo Popular, aunque de forma indirecta se nos quiso mezclar con otro
partido. Por cierto, lo que desde luego no tiene ninguna evidencia
científica es decir en esta Cámara: Cállese la boca. Sé que no tiene que
ver con la intervención del portavoz; sucedió antes, pero no tengo muchas
más oportunidades de decirlo. Las formas en política son clave, y si
entre nosotros no las reivindicamos... (Aplausos). Y, aplicando la
ciencia, lo son muchísimo más.


Y aprovecho también esta oportunidad para comentar que, en esta Cámara,
que es la Cámara de la ciencia porque la investigación está transferida a
las comunidades autónomas, fue aprobada por unanimidad la anterior
Ley 14/2011, donde se discutió en tiempo y forma todo lo que había que
hacer. Pero ¿qué ha ocurrido en la subcomisión del Congreso de los
Diputados? Pues que se acordaron una serie de temas, algo que se ha
vulnerado trayendo esta moción aquí de una forma incomprensible; y se ha
vulnerado porque una de las condiciones, que se aprobó por unanimidad en
la subcomisión —hay que contarlo todo, y por eso la ciencia es
buena, porque es demostrable—, era que no se haría nada hasta que
se acabaran los trabajos de la subcomisión. ¿Y qué hizo el Gobierno? Sin
haber terminado todavía, sin haber pasado por la subcomisión personas
como el señor Barbacid, un investigador español muy bueno, lo llevan al
Consejo de Ministros —y aquí vienen nuestras pegas— y lo
aprueban por la vía de urgencia, reduciendo los plazos para cualquier
tipo de pacto. ¿Y qué hace el Partido Popular? No se opone a un pacto; es
imprescindible para el verdadero cambio de modelo económico y social de
este país la I+D+i+d, con la letra d en minúscula de divulgación, que se
aprobó aquí y que en la moción no aparece nunca; está en la ley anterior,
una ley que ha durado once años con el consenso de todos los partidos.
Pero ¿qué ha ocurrido? Que no se ha cumplido.


Por tanto, no es que estemos en contra. ¡Estaría bueno! Y por eso el
Grupo Popular ha presentado —no suelo traer papeles, pero las voy a
leer— tres enmiendas de adición, nunca de sustitución. Primera:
Introducir en el proceso de reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio
—la anterior Ley de la ciencia, que ha durado once años y que contó
con la unanimidad de esta Cámara—, la financiación y la
comunicación científica como forma especial de transferencia. La segunda
enmienda y clave del tema —que no ha mencionado, lo ha hurtado el
portavoz, a quien se lo he dicho antes en una conversación muy amable y
respetuosa que hemos mantenido los dos— es desarrollar el pacto, no
de la ciencia, sino el pacto de Estado, palabra que tiene prohibido
utilizar este Gobierno. Y ese es el único motivo: desarrollar el pacto de
Estado por la ciencia y la innovación con independencia de los fondos
europeos que se puedan aportar. Y tercera enmienda de adición: Reconocer
la carrera investigadora hospitalaria, poniendo en valor la investigación
biomédica que se desarrolla en los hospitales y la existencia del
personal investigador hospitalario del Sistema Nacional de Salud, para su
total integración en las plantillas del Sistema Nacional de Salud,
favoreciendo que la investigación hospitalaria alcance a toda España.
Esto es lo que ha dicho el Grupo Popular; no puede venir aquí ahora el
Grupo Socialista a decirnos que no estamos a favor del pacto. Estamos a
favor, como los 69 comparecientes de las sociedades científicas, la CREU
y toda la representación de la ciencia en España, que hoy está pendiente
de que haya un pacto de Estado; un pacto que se va a frustrar porque no
se ha querido pactar. Y sin ese pacto de Estado, al máximo nivel, que
obligue a todos los gobiernos tengan la ideología que tengan, no
llevaremos a buen fin algo tan importante para cambiar el futuro de este
país como es la I+D+i+d, la letra d en minúscula de divulgación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, senador.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, autor
de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas
presentadas.


El señor ZUBELDIA SANTOYO: Gracias de nuevo, presidenta.


En primer lugar, quiero reconocer el trabajo de los distintos grupos
parlamentarios presentando enmiendas a esta moción y agradecer también el
tiempo que han dedicado. Respecto a las enmiendas, ya se ha adelantado en
la intervención que vamos a presentar una transaccional que han firmado
todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto el Grupo Popular y
Vox, ese matrimonio de conveniencia a partir de la semana que viene. El
resto de las enmiendas que no aceptamos y no incluimos en la
transaccional, entiendo que se debatirán en la tramitación parlamentaria
de la reforma de la ley en las próximas semanas.


Y en cuanto al Grupo Popular, senador Alarcó, y se lo digo con todo el
aprecio del mundo, nada que apoye a la ciencia es extemporáneo; todo vale
para apoyar a la ciencia y a la investigación. Y se ve claramente que el
Grupo Popular no está por el consenso en este ámbito. Se ha demostrado,
ya estuvieron en disenso en el Congreso de los Diputados la semana pasada
y hoy de nuevo se pone de manifiesto. Yo entiendo que su sentido de
Estado y su sentido de hacer oposición es llevar la contraria sea cual
sea el tema, pero en un asunto como este, con la responsabilidad que
tenemos con la ciencia y con los investigadores, creo que sobraba. No
obstante, PP-Vox o Vox-PP se manifiestan en contra de la transaccional;
allá ustedes, pero no van a estropear este acuerdo, este pacto que vamos
a aprobar en las próximas horas aquí, en el Senado.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías del Grupo Socialista, mediante esta moción solicitan el
compromiso y el apoyo de los grupos parlamentarios del Senado al pacto
por la ciencia e innovación. El 22 de marzo del pasado año se creó, en el
seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso,
la Subcomisión relativa al desarrollo del pacto por la ciencia y la
innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la
ciencia, Ley 14/2011. El 3 de febrero de este año se decide ampliar dos
meses más, hasta el próximo 12 de abril, el plazo para la finalización de
sus trabajos; decisión apoyada por todos los grupos políticos con dos
abstenciones.


Señorías, ¿no hubiera sido mejor esperar a la conclusión de los
trabajos y a la presentación del informe final para solicitar nuestro
apoyo? Porque es difícil apoyar algo que se desconoce, aunque en
principio pudiéramos estar de acuerdo. Dicen ustedes que dicho pacto ha
sido suscrito por las entidades más representativas de la ciencia, la
innovación, la universidad, la empresa y los sindicatos. Cierto, pero
igual de cierto es que dicho pacto ha levantado muchas suspicacias y
dudas entre dichas entidades por cómo se va a desarrollar.


Señorías, la ciencia es el único instrumento capaz de hacer frente a
los desafíos de nuestra sociedad actual y futura. La rápida respuesta de
esta ante acontecimientos recientes, como la grave crisis sanitaria
derivada de la aparición de la COVID-19, es buena muestra de ello. En
este sentido, corregir las deficiencias del pasado y reforzar nuestro
modelo permitiría avanzar hacia un país mejor. Para corregir las
deficiencias y reforzar nuestro modelo sanitario, el pasado 26 de octubre
presentamos en la Comisión de Sanidad una moción precisamente para
investigar y conocer cómo se había desarrollado la pandemia del COVID-19
en nuestro país, con objeto de conocer las deficiencias y fallos en su
gestión y así reforzar nuestro modelo sanitario, pero las señorías del
Grupo Socialista la rechazaron.


El propósito principal de este pacto es incrementar de forma razonable
la inversión pública necesaria, tanto en ciencia como en innovación, para
alcanzar la media de inversión de la Unión Europea en I+D+i. La Comisión
Europea ha marcado como meta para 2030 que los Estados miembros inviertan
en total, entre público y privado, el 3 % del PIB en I+D+i, y que la
inversión pública represente el 1,25 % del PIB. Además del incremento de
recursos, debemos asegurar el relevo generacional y la atracción y
retención de talento. Por otro lado, tenemos los temas de la
financiación, la Agencia Estatal de Investigación, el plan de
repatriación del talento, la eliminación de la tasa de reposición, los
sistemas de acreditación y la reforma laboral, que plantean serias dudas.
Desde la Ley de la ciencia del año 1986, España mantiene una aceptable
posición en el escenario mundial sobre la investigación, pero no sobre el
impacto de beneficios económicos. El número de investigadores ha
crecido 7,4 veces entre 1986 y 2019, habiendo multiplicado por 17 el
número de investigadores en el sector empresarial. Sin embargo, si nos
fijamos en otros países, Alemania cuenta hoy con tres veces más de
investigadores en el sector empresarial, y Francia con el doble de
investigadores totales y 3,5 veces más de investigadores en el sector
empresarial. Es decir, hemos avanzado, pero seguimos aún rezagados en el
universo de investigadores. Lo más grave es la diferencia entre los
resultados científicos, con niveles de publicaciones altos y resultados
tecnológicos, pero con un pobre uso de resultados científicos. La
práctica habitual de escribir I+D+i, con la primera I con mayúscula para
investigación, la D con mayúscula para el desarrollo tecnológico y, sin
embargo, la última i en minúscula para innovación, parece una premonición
negativa para España porque, si bien nos defendemos razonablemente bien
en investigación y algo más en desarrollo tecnológico, los indicadores se
caen completamente cuando hablamos de la i minúscula, la de innovación.
En los próximos cinco o siete años se jubilará el 40 % de los
catedráticos y profesores titulares de universidad, y el 40 % de los
investigadores del CSIC. Si no aprovechamos esta ocasión para traernos y
promocionar a los mejores, estaremos perdiendo una ocasión de país
auténticamente imperdonable.


Por otro lado, la CRUE ha advertido que hay una parte de la reforma
laboral que afecta a una actividad muy específica, que es la
investigación. Hay unas 25 000 personas que están contratadas con
contratos por obra y servicios, y esa modalidad contractual desaparece,
no habiéndose desarrollado ninguna otra medida para dar salida a esas
personas y a los proyectos que están en marcha. El 60 % de las personas
contratadas por obra y servicio ahora mismo no puede entrar en la
disposición adicional quinta porque se financian con contratos que hay
con empresas o con fondos propios. Por tanto, ahora mismo no tienen una
solución a su problema. Asimismo, existen ciertas dudas acerca del
llamado cashback. Este mecanismo debería ser compatible con la nueva
tributación mínima. Sin embargo, este Gobierno ha generado una gran
incertidumbre en la interpretación de esta norma, que perjudica
enormemente a los principios de certeza y seguridad jurídica.


Por lo expresado anteriormente, nos abstendremos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la senadora
Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, buenas tardes. En Ciudadanos llevamos desde el año 2015
poniendo sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto por la ciencia y
la innovación. Es más, gracias a la labor de Ciudadanos en la XII
Legislatura se dotó presupuestariamente a la Red Cervera de Transferencia
Tecnológica, para mejorar precisamente la colaboración entre centros
tecnológicos y empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas. Y
desde entonces hemos seguido planteando la necesidad de alcanzar pactos
de Estado en materia de ciencia e innovación, por ejemplo, para llegar al
objetivo de destinar al menos un 3 % del PIB en I+D, algo que ya ha
respaldado también la Unión Europea. Con esta actitud Ciudadanos ha sido
propositivo y ha buscado el consenso de otros grupos parlamentarios para
romper de una vez por todas la inacción en materia de ciencia e
innovación que ha caracterizado a nuestro país en los últimos cuarenta
años, y nuestra voluntad es aportar, mejorar y modernizar el sistema de
ciencia, tecnología e innovación; una voluntad que sigue ahí y que
estamos demostrando también hoy. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el
desarrollo de la Subcomisión para el pacto por la ciencia y la reforma de
la Ley de la ciencia, que ha llegado ya a su fin en el Congreso de los
Diputados, y esperamos que la voluntad de acuerdo que se ha tenido en esa
subcomisión se mantenga también ahora en la tramitación de la reforma de
la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la que vamos a
seguir siendo propositivos, porque sabemos que la I+D es la llave para
hacer nuestra economía más competitiva en un mundo marcado por el avance
tecnológico y por la sostenibilidad.


De hecho, y pese a que gracias a Ciudadanos se ha mejorado notablemente
el informe de esa subcomisión, sabemos que aún quedan muchos cabos
sueltos que vamos a retomar precisamente en la tramitación de esta ley.
Por ejemplo, Ciudadanos va a seguir apostando por esa necesaria casilla
en la declaración de la renta para que los ciudadanos españoles puedan
decidir activamente si quieren que parte de sus impuestos se destinen
directamente a apoyar la I+D. Además, vamos a seguir trabajando para
eliminar cuellos de botella y cargas burocráticas innecesarias que están
ahogando a nuestros grupos de investigación y a nuestras empresas en una
maraña de trámites administrativos. Entendemos que la financiación de la
ciencia y la innovación tiene que ser más sencilla, más accesible y
también más ágil; y, además, tiene que permitir que el conocimiento
avance sin ningún tipo de obstáculos y, sobre todo, de obstáculos
innecesarios.


Por ello, como he dicho anteriormente, también hemos presentado una
enmienda. En Ciudadanos, repito, tenemos una actitud propositiva,
dialogante y una voluntad de acuerdo, pero para eso necesitamos que se
mantenga, que podamos llevarla a buen puerto y, por tanto, que el
Gobierno la mantenga también. Agradecemos, por una parte, que el
Ministerio de Ciencia e Innovación haya mantenido, por lo pronto, una
actitud diferente a la que otros ministerios han mantenido en la
tramitación de algunas leyes que han impulsado. Les recordamos, por
ejemplo, la tramitación de la ley Celaá, una ley educativa que va a
marcar el futuro de nuestro país y que aprobaron ustedes sin el más
mínimo consenso ni respeto al trabajo de senadores, de letrados ni de
trabajadores de esta Cámara; o, por ejemplo, la Ley de presupuestos, en
la que, además de no dejarnos modificar ni una coma, vetaron ustedes,
incluso contra el criterio de los letrados, muchas de nuestras enmiendas.
Por tanto, en lugar de disparar primero y preguntar después, cuando la
ley ya está aprobada y acordada; les invitamos a que esta vez pregunten
primero y busquen ustedes el acuerdo, de forma que posteriormente podamos
aprobar una ley con la máxima mayoría parlamentaria posible; una ley que
pueda permanecer en el tiempo y que no vaya cambiando con cada cambio de
color político del Gobierno. Les invitamos, por tanto, a legislar en
consenso para una generación y no para una legislatura, porque la ciencia
y la innovación no deben ser una nueva víctima del frentismo y de la
política de bloques. La ciencia y la innovación deben ser un ejemplo de
colaboración entre diferentes y un ejemplo de que el interés general de
España, de los españoles y de nuestras empresas está por encima de
cualquier rencilla política.


Nosotros vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies presidenta.


Senyories, vull començar recordant que aquí estem debatent aquesta
iniciativa i que paral·lelament al Congres s’està acabant el
termini de les esmenes de la Llei de la ciència. Esperem que aquesta llei
no vingui tancada i puguem millorar-la aquí al Senat, que no es quedi com
un pur tràmit amb l’excusa de que al juny ha d’estar
aprovada.


Dit això, creiem que una aposta par la ciència i el desenvolupament
tècnic, tecnològic i científic és bàsic per afrontar els reptes del
present i sobre tot del futur. Catalunya, com saben, és un referent en
I+D i, s’hi ha invertit molts recursos públics i privats en els
últims vint anys, tenim un alt potencial investigador, però encara estem
lluny de l’objectiu que ens hem de marcar. Per això, el maig
del 2020 es va realitzar el Pacte nacional per la societat del
coneixement, que està estretament lligat a la implementació de
l’Agenda 2030. Un document on s’assenten les futures
polítiques públiques per fer de Catalunya un país capdavanter en recerca
i innovació. El document recull 84 accions, moltes emmarcades en aquest
pacte per la ciència i la innovació que es proposa en la moció i que, com
a conseqüència milloraran la Llei de la ciència perquè aquesta, juntament
amb la tecnologia i la innovació siguin l’eix de la nostra
societat.


Per aquest motiu, Junts hem redactat dues esmenes perquè en tot moment
es respecti i es blindi la tasca que fem les comunitats autònomes, és a
dir, es salvaguardi el Pacte nacional per la societat del coneixement que
en aquest cas tenim a Catalunya. És imprescindible que el Pacte que es
planteja treballar vagi acompanyat dels recursos necessaris per poder
fer-lo viable, sinó acabarà en una foto o papar mullat.






Una societat
avançada i sostenible només es farà realitat mitjançant la investigació,
el desenvolupament i l’agilitat en la publicació dels resultats. A
Junts ens trobaran per treballar per a i per la ciència, així ho hem
demostrat en la tramitació i en la presentació d’esmenes
constructives a la Llei de la ciència, que com he dit, es troba en els
últims tràmits en el Congrés.


I no vull acabar sense fer esment al pilar del nostre futur, els
fonaments de l’actual i de la futura ciència. Els nostres joves.
Necessitem que els joves vegin oportunitats en el camp científic , és
imprescindible fomentar l’esperit crític, assegurar l’accés
en pla d’igualtat, millorar la seva situació laboral, la
temporalitat, i les possibilitats d’una carrera estable. Si no
dignifiquem els seus salaris (la precarietat i la inestabilitat laboral
dels investigadors és una realitat, la fuga de talents ens envairà i el
joves continuaran marxant, i això és el què hem de revertir, si els
protegim, protegim la ciència, la innovació i la tecnologia.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, quiero empezar recordando que estamos debatiendo aquí esta
iniciativa y que, paralelamente, en el Congreso ha terminado el plazo de
enmiendas a la Ley de la ciencia. Esperemos que esta ley no llegue
cerrada y podamos, si es necesario, mejorarla en el Senado; es decir, que
no se quede en un puro trámite, con la excusa de que en el mes de junio
ha de estar aprobada, y podamos transaccionar y consensuar, tal y como se
ha hecho con esta moción.


Quiero agradecer al senador Zubeldia su predisposición y sus ganas de
llegar a acuerdos. Gracias por aceptar nuestra enmienda, que incluía dos
modificaciones conjuntas.


Dicho esto, creemos que una apuesta por la ciencia y el desarrollo
técnico, tecnológico y científico es básica para afrontar los retos del
presente y, sobre todo, del futuro. Cataluña, como saben, es un referente
en I+D+i. Se han invertido muchos recursos públicos y privados en los
últimos veinte años. Tenemos un alto potencial investigador, pero aún nos
encontramos lejos del objetivo que nos hemos de marcar. Por ello, en mayo
de 2020, se aprobó el Pacto nacional para la sociedad del conocimiento,
que está estrechamente vinculado a la implementación de la Agenda 2030,
un documento donde se asientan las futuras políticas públicas para hacer
de Cataluña un país puntero en investigación e innovación. El documento
recoge 84 acciones, muchas están enmarcadas en este pacto por la ciencia
y la innovación que se propone en esta moción y que, como consecuencia,
mejorarán la Ley de la ciencia y que, junto a la tecnología y la
innovación, serán el eje de nuestra sociedad.


Por este motivo, Junts ha redactado dos enmiendas que se han
incorporado para que, en todo momento, se respete y se blinde la tarea
que hacemos las comunidades autónomas; es decir, que se salvaguarde el
Pacto nacional por la sociedad del conocimiento que tenemos en Cataluña.
Es imprescindible que el pacto que se plantea llegue acompañado de los
recursos necesarios para hacerlo viable; si no, acabará con una triste
foto o papel mojado. Recursos, recursos y recursos. En Junts siempre nos
encontrarán trabajando con y para la ciencia, y así lo hemos demostrado
en la tramitación y en la presentación de enmiendas constructivas a la
Ley de la ciencia.


No quiero acabar sin comentar un pilar básico de nuestro futuro, que
son los fundamentos de la actual y futura ciencia: nuestros jóvenes.
Necesitamos que los jóvenes vean oportunidades en el campo científico. Es
imprescindible que fomentemos su espíritu crítico, asegurar el acceso en
un plan de igualdad, mejorar su situación laboral, la temporalidad y las
posibilidades de tener una carrera estable. Si no dignificamos sus
salarios y reducimos la precariedad y la inestabilidad laboral de los
investigadores, fallamos. La fuga de talentos nos invadirá y los jóvenes
seguirán marchándose, y esto es lo que tenemos que revertir con el pacto
y con la Ley de la ciencia. Hay que blindar a nuestros jóvenes. Si
protegemos a nuestros jóvenes, protegemos la ciencia, la innovación y la
tecnología.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies presidenta.


Deu de ser per les hores, i el cansament d’avui, però quan ha
intervingut el company del Partit Popular i ha dit que la ciència ha de
ser precisa i ha matisat i ha fet un anàlisi del mètode científic,
permetran que els expliqui una anècdota: el meu professor de
termodinàmica, un dia va arribar a les aules i ens va dir que les
cerveses fresques aprimaven, és a dir, una cervesa freda aprimava.
Evidentment, aquest principi ens va encantar, el professor va desenvolupa
a la pissarra durant un hora sencera tota la teoria matemàtica que
sustentava aquell principi: la cervesa freda aprima. I jo vaig quedar
al·lucinat i vaig dir, ostres que bé, això és fantàstic. El professor em
va corregir al final, perquè li havia fet una reclamació perquè havia
sospès un examen simplement per un signe negatiu, i el professor, després
d’aquella hora i mitja d’explicació, va anar al principi de
tot a la pissarra i va dir: veus aquest petit detall, aquest símbols
negatiu? Doncs tot l’argument cau, per aquest petit error que has
comes al principi, per aquest petit error, us he enganyat i he fet al
principi aquell signe negatiu. Doncs tota la seva tesi, senyor del Partit
Popular, cau perquè no tots els partits polítics estem representats al
Congrés i tenim dret com tots els altres a manifestar les nostres
opinions sobre la ciència i defensar les competències de la nostre
comunitat autònoma. Per això, i just per això, val la pena fer aquest
debat.


I ara sí, seré breu amb les reflexions, perquè ja se n’han fet
abastament sobre aquest tema. És evident que tenim una oportunitat per
reforçar la nostre ciència, i aquí ens trobaran senyors del Partit
Socialista, ens trobaran per fer una reforma de la Llei que sigui
ambiciosa, i evidentment, en el Pacte de la Ciència hi serem. I
bàsicament en dos principis senzills: qualssevol persona que li demanis
què volen la gent de ciència, doncs volen finançament i volen eliminar la
precarietat laboral, tant fàcil com aquests dos principis. Tot el que no
compleixi aquestes dos expectatives serà un fracàs, i amb això hem de fer
feina.


Per tant, si em permeten, perquè crec que aquests dos principis tothom
els té clars, diferents reflexions i aportacions que m’agradaria
que en aquest debat que començàvem amb aquesta moció, però que ens durà a
aquests mesos de debat sobre la ciència, tinguem en compte, primer que
quan parlem de ciència que és una inversió i que és una inversió amb
totes les seves conseqüències, no sols de forma retòrica en els discursos
que fem aquí. És inversió, i per tant econòmicament s’ha de tractar
com una inversió, simplifiquem els procediment i no es tracti com una
subvenció, que tenen les seves limitacions. Agafem les eines econòmiques
perquè aquella inversió arribi i pugui arribar bé allà on ha
d’arribar per fer aquesta transformació científica per fer aquests
desenvolupaments, per poder fer aquesta innovació, per poder fer aquesta
recerca. En una segona reflexió, és evident que els recursos públics a
vegades són limitats, i per tant, no podrem abraçar tot el què volem,
tots els camps. Per això hem de tenir clar que els diner públics
s’han de centrar en aquella ciència base, però també hem
d’intentar captar els fons privats, per incorporar-los i per això
la fiscalitat també és un instrument necessari i que pot ser molt útil
per avançar en el món de la ciència. (El senyor president ocupa la
presidència).


Com no podria ser en una intervenció d’aquest senador, també
parlaré d’insularitat, com sempre. Evidentment, la insularitat té
moltes desavantatges. Jo sempre els explico les desavantatges que té la
insularitat, però en el camp de la ciència té molts avantatges: la
insularitat ens permet ser un gran laboratori, uns territoris finits on
es poden controlar un gran nombre de variables, es pot controlar la
població que tens, es poden controlar els fluxos d’entrada i els
fluxos de sortida, es pot controlar la pressió humana, la destrossa que
fem del nostre territori. Per tant, aquesta visió de la insularitat com
una oportunitat deixin que sigui present en aquesta Llei de la ciència i
la incorporin i no ens vegin sols com un espai de vacances, com sol i
platja, sinó també con un lloc on fer ciència. I perquè dic això? Perquè
molts dels criteris que utilitza el Ministeri de Ciència, no són
l’excel·lència, que ha de ser el principi que ens ha de regir, no
utilitza sols l’excel·lència, sinó la competència, que son
principis que han de regir la ciència. A vegades discrimina per falta de
massa crítica de científics, i així l’únic que faran és condemnar
la nostra terra a immigrar a fer ciència a d’altres
territoris.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


Quizás por las horas y por el cansancio de hoy, cuando ha intervenido
el compañero del Partido Popular y ha dicho que la ciencia ha de ser
precisa y ha hecho un análisis del método científico, he recordado una
anécdota que voy a contar. Un día, mi profesor de termodinámica llegó al
aula y nos dijo que las cervezas frescas adelgazaban; es decir, una
cerveza fresca adelgazaba. Este principio nos encantó. El profesor
desarrolló en la pizarra durante una hora toda la teoría matemática que
sustentaba este principio. La cerveza fría adelgaza. Yo quedé alucinado.
Dije: ¡Qué bien! ¡Es fantástico! Yo había hecho una reclamación al
profesor al suspender un examen simplemente por un signo negativo. Y,
después de aquella hora y media de explicación, el profesor fue al
principio de la pizarra y dijo: ¿Veis este pequeño detalle? Por este
símbolo negativo, se cae todo el argumento. Por este pequeño error que
has cometido al principio. Os he engañado y he puesto este pequeño
símbolo negativo al principio. Lo que quiero decir, señoría del Partido
Popular, es que su tesis se cae porque no todos los partidos políticos
estamos representados en el Congreso. Tenemos derecho, como los demás, a
manifestar nuestras opiniones sobre la ciencia y defender las
competencias de nuestra comunidad autónoma. Por eso y solo por eso es
necesario este debate.


Seré breve en mis reflexiones porque se han hecho muchas sobre este
tema. Evidentemente, tenemos una oportunidad para reforzar nuestra
ciencia, y aquí nos encontrarán, señorías del Partido Socialista, para
hacer una reforma ambiciosa de la ley. El pacto de la ciencia estará ahí,
básicamente con dos principios sencillos; es decir, a cualquier persona
que se le pregunte qué quiere para la ciencia en nuestro país, te
contestará que lo que quiere es financiación y eliminar la precariedad
laboral. Tan fácil como estos dos principios. Todo lo que no cumpla estas
expectativas será un fracaso y tenemos que trabajar en ello.


Por tanto, si me permiten, dados esos principios tan básicos que todo
el mundo tiene claros, quiero hacer diferentes reflexiones y
aportaciones. En primer lugar, hemos empezado a debatir esta moción sobre
la ciencia hoy, pero en los próximos meses hemos de tener en cuenta que
cuando hablamos de ciencia, nos referimos a una inversión con todas sus
consecuencias, y no solo de forma retórica en los discursos que aquí
hacemos, sino desde un punto de vista económico. Simplifiquemos los
procedimientos, y no lo tratemos como una subvención que tiene sus
limitaciones. Hay que hacer distribuciones económicas para que la
inversión llegue a donde tenga que llegar y hacer esta transformación
científica, este desarrollo, esta innovación, esta investigación.


Mi segunda reflexión es que, evidentemente, los recursos públicos a
veces son limitados y, por tanto, no podemos abarcar todo lo que
queremos. No podemos abarcar todos los campos, por eso debemos tener
claro que el dinero público tiene que centrarse en la ley, pero también
hay que intentar captar los fondos privados para incorporarlos. Por eso
la fiscalidad también es un instrumento necesario que puede ser muy útil
para avanzar en el mundo de la ciencia. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Como no podía ser de otra manera, en mi intervención también hablaré de
insularidad, como siempre. La insularidad tiene muchas desventajas.
Siempre les explico las desventajas que tiene, pero en el campo de la
ciencia tiene muchas ventajas. La insularidad nos permite ser un gran
laboratorio, un territorio finito donde se puede controlar una gran
cantidad de las variables; se puede controlar la población que tienes,
los flujos de entrada, los flujos de salida, la presión humana, etcétera.
Se puede controlar lo que hacemos en nuestro territorio. Por tanto, esta
visión de la insularidad como una oportunidad dejemos que esté presente
en esta Ley de la ciencia, que se incorpore y no lo veamos solo como un
espacio de vacaciones de sol y playa, sino también como un lugar de
ciencia. Y digo esto porque entre los criterios que utiliza el Ministerio
de Ciencia no solo emplea la excelencia, que es el principio que ha de
regir, sino también la competencia que debe regir en la ciencia. A veces
discrimina por falta de masa crítica de científicos, y así lo único que
se hace es condenar a nuestra tierra a que tengamos que mirar hacia
ciertos territorios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría, la
senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, presidente jauna.


Arratsalde on guztioi. El Grupo Socialista nos presenta una moción para
su debate con el objetivo de impulsar el pacto por la ciencia y la
innovación y avanzar hacia un consenso social y político en la
modificación de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mi
grupo no puede estar más de acuerdo con la importancia de la ciencia, la
innovación y la tecnología como palancas para la transformación de la
sociedad. Está en el ADN de EAJ-PNV la apuesta por la I+D, por la
innovación, por la tecnología, y en Euskadi confiamos en ellas como
medios para superar con éxito tres grandes retos que Europa exige
afrontar: la transición tecnológica digital, la transición energética
medioambiental y la transición social y sanitaria. Y es que, por encima
de pactos, es necesaria la voluntad clara de los gobiernos de invertir en
ciencia e innovación, y esto se demuestra con sus políticas y sus
presupuestos. Nos preocupa que cuando hablan de financiación, parece que
lo fían todo a los fondos europeos, al Mecanismo de recuperación y
resiliencia, por lo que nos surgen dudas sobre cómo piensan financiar las
políticas de I+D+i a partir de 2024. Solo apostando por la I+D+i podremos
afrontar los desafíos mundiales que ya tenemos encima, y en ello estamos
allá donde gobernamos, en el ejercicio de nuestras competencias
exclusivas en la materia, siendo Euskadi reconocida por la Comisión
Europea como región de alta innovación.


En la moción original del Grupo Socialista se insta al Gobierno a
trabajar en dos objetivos: recabar el compromiso y apoyo de los grupos
parlamentarios del Senado al pacto por la ciencia y la innovación, y
dotar a la Ley 14/2011, de la ciencia, la tecnología y la innovación, de
nuevas herramientas para diferentes objetivos. Supongo que, en este
último caso, cuando hablan de herramientas, se están refiriendo al
Anteproyecto de Ley de la ciencia que ya está en tramitación. Pues bien,
hace apenas dos semanas, se aprobó en la Subcomisión relativa al
desarrollo del pacto por la ciencia y la innovación y el estudio y
análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia del Congreso el
informe de conclusiones realizado en el grupo de trabajo durante meses,
tras la comparecencia de diferentes personalidades del mundo científico,
político y técnico. El objetivo de esta subcomisión era doble: por un
lado, un texto para el pacto por la ciencia que consiguiera el máximo
consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad; y, por otro,
proporcionar recomendaciones, directrices y claves para el Proyecto de
Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que modificaría la ley
actualmente vigente desde 2011.


En cuanto al primer objetivo, el texto resultante, que es el que
también presentan en esta moción, no ha cambiado nada respecto al que
presentó el anterior ministro de Ciencia e Innovación, el señor Duque. En
el Partido Nacionalista Vasco apostamos por el Pacto europeo por la
investigación e innovación, ya aprobado, mucho más amplio y ambicioso,
que no se ciñe únicamente a las inversiones o recursos. Por eso echamos
de menos en el pacto por la ciencia que defienden en su moción medidas
para la búsqueda de la excelencia científica e investigadora, la creación
de valor e impacto de la I+D+i mediante la colaboración
multidisciplinaria e intersectorial y la colaboración público-privada, y
la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todas las
personas en la I+D+i, entre otras medidas recogidas en el Pacto europeo.
Ya tenemos, pues, un Pacto europeo que compromete a los Estados y a las
regiones, y es momento de cumplirlo.


En cuanto a la reforma de la Ley de la ciencia, el tiempo es tozudo, y
las conclusiones de la subcomisión se han publicado cuando el
anteproyecto ya está en tramitación en el Congreso. No parece muy lógico
el proceso seguido, ya que el informe debería haber sido la base o, al
menos, un referente más de cara a la redacción del texto. De esta manera
nos encontramos con que el informe recoge —¡qué casualidad!—
aspectos de la ley que ya se presentaron como las grandes mejoras
respecto a la Ley de 2011, y en los que está pendiente el debate y la
búsqueda de acuerdos. Esa es una de las razones por las que mi grupo se
abstuvo en la votación del informe en el Congreso, ya que incluye algunas
propuestas concretas reflejadas en el anteproyecto tal cual, que EAJ-PNV
no comparte.


Un apunte, señorías del Grupo Socialista, cuando en su moción hablan de
reducir la precariedad y dotar de nuevos derechos a nuestro personal
científico, técnico y de gestión, y al hilo del real decreto aprobado
ayer para dotar de mayor estabilidad a su carrera profesional, acuérdense
no solo del personal de las universidades y entidades públicas, ya que
también se investiga y contrata personal de investigación en las
universidades y entidades privadas, y nos tememos que solo están
legislando para las primeras. Esperamos que durante el trámite
parlamentario de la Ley de la ciencia puedan abordarlo y
resolverlo.


No entendemos, por tanto, una moción que es volver para atrás, que
llega tarde, y que es una de tantas mociones que el partido que sustenta
al Gobierno presenta para impulsar la acción de Gobierno y, en este caso,
una acción ya comenzada. A partir de las enmiendas de diferentes grupos,
se ha alcanzado una transaccional. Creemos que esas enmiendas y los
puntos aceptados ahondan más en lo mismo, cuando no recogen elementos que
ya están incluidos en el Anteproyecto de Ley de la ciencia y, por lo
tanto, no tiene sentido tratarlos aquí.


Termino. Estamos de acuerdo con el fondo de la moción, pero, desde
luego, no con la forma, por lo que mi grupo se abstendrá en la
votación.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría, el senador Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies president.


Dues qüestions prèvies: una, m’apunto l’exemple que deia el
senador Vicenç Vidal de la termodinàmica aplicada al raonament polític
perquè crec que pot ser molt interessant de cara a futurs debats en
aquesta casa. Segona: estic realment molt content per una qüestió que no
té res a veure amb això que estem parlant, però si que h té: aquells que
utilitzem el català com a llengua des d’aquest faristol devem haver
aconseguit que tots i cadascuna de les senyories d’aquesta Cambra
ens entenguin. Per tant, felicitats, enhorabona, perquè no veig ningú que
faci el més mínim gest de respecte parlamentari, si no ho entenen, que és
posar-se el «pinganillo» i poder saber què estem dient.


En tot cas, com hem dit abans, agraeixo la tasca del senador Zubeldia
en la negociació de les esmenes. Hem arribat a una transacció i vull
posar l’accent en el sentit de la transacció a la qual hem arribat
amb el nostre Grup parlamentari. Abans s’ha parlat des
d’aquest faristol de la I+D i, i sovint es deixa de banda afegir-hi
una D, la D de la divulgació, perquè vostès ho saben, i aquells que hagin
estudiat Dret, que suposo que son molts de vostès, i els que tenen
pràctica parlamentària. Allò que no està al BOE no existeix, allò que no
es divulga, de la ciència, no té impacte. Per tant, un dels elements
centrals de l’activitat científica no és sols la investigació, no
és només el desenvolupament no és sols la innovació, es clar que sí: és
la divulgació, és la transferència. D’aquí la importància que
donàvem nosaltres, i per això estem satisfets, a la tercera de les
esmenes d’adició que incorporàvem a la moció presentada per el Grup
Socialista i defensada per el senador Zubeldia.


Quan estem parlant de ciència i tecnologia, ho ha dit la senadora de
Junts, estem parlant d’un àmbit punter, capdavanter, en el nostre
país, amb orgull en la producció científica i en la divulgació, en la
transferència de resultats a nivell europeu, però amb això no n’hi
a prou. I no n’hi ha prou per qüestions, com he dit abans en el
període d’esmenes, vinculades als problemes eterns, alguna vegada
m’ho han sentit dir en aquest faristol, m’ho sentiran en
l’ultima d’aquestes mocions del Ple, les constats universals.
Una constant universal és la manca de finançament. Em sap greu que no hi
hagi la senadora Ponce present aquí entre nosaltres perquè ja el cúmul,
anava a dir de la desfachatez, però direm el cúmul del surrealisme, es
proposar una casella a la Declaració de l’IRPF perquè els ciutadans
puguin decidir si donamos más dinero de nuestro IRPF a promocionar la
Ciència; no, la Ciència és un compromís d’Estat, és un compromís de
les Comunitats Autònomes, i si tinguessin diners, que no els tenen, seria
un compromís de les Administracions locals. Per què? Perquè això va en
benefici de tots i cadascun de nosaltres.


Qüestions addicionals a les que estarem molt amatents, avui
s’acabava el ermini d’introducció d’esmenes al projecte
de la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació al Congres
dels Diputats. El nostre Grup Parlamentari n’ha presentat,
n’ha formalitzat, com no pot ser d’un altre manera, perquè
volem incidir en la qüestió del finançament. Quan estem parlant de
Ciència, —òbviament no tinc ni temps ni ganes d’obrir aquest
meló— però sovint quan parlem d’inversió en Ciència, hauríem
de fer una diferenciació: es reclama determinat percentatge del PIB, si
miréssim la inversió en Ciència d’ús militar, estem que ho petem
(que dirien els nostres fills) no així en inversió en Ciència civil, i
això és vergonyant.


D’altre banda posarem molt l’accent, i amb això vaig
acabant, òbviament amb les qüestions vinculades als recursos humans, que
també acaben depenent a fi de comptes dels diners, ja ho saben allò dels
catalans de «la pela es la pela» i per tant, taxes de reposició,
estabilització de la carrera científica, promoció i potenciació del
personal tècnic de suport, i òbviament hi ha una qüestió aquí addicional,
que no és aquest el moment, però sí que ho haurem de debatre en algun
punt de la tramitació, com és l’existència, d’una banda,
d’un futur projecte de Llei Orgànica del sistema universitari i una
Llei de la Ciència: dues potes que haurien d’anar coordinades i que
ens temem que no serà aquest el cas.


De tota manera, agrair un altre vegada al company Zubeldia la tasca de
negociació, ens donem per satisfets i votarem a favor.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Dos cuestiones previas: una, apunto el ejemplo del que hablaba el
senador Vicenç Vidal de la termodinámica aplicada al razonamiento
político, porque puede ser muy interesante de cara a futuros debates en
esta casa. Dos, estoy realmente muy contento por una cuestión que nada
tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que los que utilizamos el
catalán como lengua desde esta tribuna debemos haber conseguido que todas
y cada una de las señorías de esta Cámara nos entiendan. Por tanto,
felicidades, enhorabuena, porque no veo a nadie que haga el más mínimo
gesto de respeto parlamentario, si no lo entienden, que es utilizar los
pinganillos y así poder saber de lo que estamos hablando.


En todo caso, como hemos dicho antes, agradezco la tarea del senador
Zubeldia en la negociación de las enmiendas. Hemos acordado una
transaccional, como hemos dicho antes, y quiero subrayar el sentido de la
transacción a la que ha llegado nuestro grupo parlamentario. Desde esta
tribuna se ha hablado de la I+D+i, y a menudo se deja de lado añadir una
letra d de divulgación porque, como muchos de ustedes saben —los
que han estudiado Derecho y los que tienen práctica parlamentaria—,
lo que no está en el BOE no existe, lo que no se divulga de la ciencia no
tiene impacto. Por tanto, uno de los elementos centrales de la actividad
científica no es solo la investigación, no es solo el desarrollo, no es
solo la innovación; es la divulgación, la transferencia. De ahí la
importancia que dábamos nosotros —y, por eso, estamos
satisfechos— a la tercera de las enmiendas de adición que
incorporábamos a la moción presentada por el Grupo Socialista y defendida
por el senador Zubeldia.


Cuando estamos hablando de ciencia y tecnología, como ha dicho la
compañera de Junts, estamos hablando con orgullo de un ámbito puntero en
nuestro país en la producción científica, en la divulgación, en la
transferencia de resultados a nivel europeo, pero esto no es bastante. Y
esto está vinculado, como he dicho antes en la defensa de las enmiendas
—alguna vez lo he mencionado aquí y me lo oirán decir también en la
última moción del Pleno—, a los problemas eternos o a las
constantes universales; una constante universal es la falta de
financiación. Me sabe mal que no esté aquí la senadora Ponce porque, en
el cúmulo, iba a decir de la desfachatez, pero diremos del surrealismo,
propone una casilla en la declaración del IRPF para que los ciudadanos
puedan decidir si donamos más dinero de nuestro IRPF a promocionar la
ciencia. No: la ciencia es un compromiso de Estado, es un compromiso de
las comunidades autónomas. Y si tuviésemos dinero, que no lo tenemos,
sería un compromiso de las administraciones locales, porque va en
beneficio de todos y cada uno de nosotros.


Hay otras cuestiones adicionales a las que estaremos muy atentos. Hoy
se terminaba el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de la
nueva Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Congreso de
los Diputados, y nuestro grupo parlamentario las ha presentado o
formalizado, como no puede ser de otro modo, porque queremos incidir en
la cuestión de la financiación. Obviamente, no tengo ni tiempo ni ganas
de abrir este melón, pero a menudo, cuando hablamos de inversión en
ciencia, tendríamos que hacer una diferenciación: se reclama determinado
porcentaje del PIB, y si mirásemos la inversión en ciencia de uso
militar, estamos a tope, que dirían nuestros hijos; no ocurre así en
inversión en ciencia civil, y esto es vergonzoso.


Por otro lado, quiero remarcar —y voy terminando— las
cuestiones vinculadas con los recursos humanos, que también acaban
dependiendo a fin de cuentas del dinero; ya saben aquello de los
catalanes: la pela es la pela. Por tanto, tasas de reposición,
estabilización de la carrera científica, promoción y potenciación del
personal técnico de apoyo y, obviamente, una cuestión adicional, aunque
este no sea el momento, pero que tendremos que debatir en algún punto de
la tramitación, es la existencia, por un lado, de un futuro proyecto de
ley orgánica del sistema universitario y, por otro, de una Ley de la
ciencia; dos patas que deberían ir coordinadas, aunque nos tememos que no
será el caso.


De todas formas, quiero agradecer al compañero Zubeldia su tarea en la
negociación. Nos damos por satisfechos y votaremos a favor.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su
señoría Alarcó Hernández.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que creo que hoy puede ser un día triste. Lo
digo como ciudadano, como científico y parlamentario. Yo tengo
experiencia acumulada con la juventud, muchísima experiencia de años en
el Parlamento español, en este Senado. Soy un senador convencido, porque
me lo han permitido mi partido y los ciudadanos, de lo que significa esta
Cámara como instrumento democrático. No se me ha respondido a nada de lo
que he dicho. Yo hablo castellano canario, suelo tener un buen tono de
voz y me dedico a la docencia. Y como las nuevas técnicas permiten que
esto que estoy diciendo hoy, lo estén oyendo los rectores —por
cierto, alguno lo está escuchando, yo fui vicerrector muchos años,
incluso lo están oyendo en América, etcétera—, lo primero que
quiero decir es que el Partido Popular siempre ha estado a favor del
pacto de Estado por la ciencia. Lo que no aguanta la ciencia es el
trilerismo político, no tiene evidencia científica.


El señor portavoz del PSOE es amable, pero me ha reconocido que esto no
lo puede hacer. ¿Por qué no puede hacer un pacto de Estado? En la
subcomisión del Parlamento español se dijo por 69 instituciones que era
imprescindible un pacto de Estado; no un pacto por la ciencia, que es
atemporal, sino un pacto de Estado. Lo han dicho 69 veces, y como la
ciencia es auditable y el Parlamento también, búsquense los Diarios de
Sesiones. Aquí, trilerismo, no. Nunca hemos estado en contra del pacto de
Estado y nunca nos hemos tenido que unir con ningún partido para
demostrar lo que somos. Nos dedicamos a esto y lo defendemos con
muchísimo ardor. Luego, no le den la vuelta. (Aplausos). Con lo que no
estamos de acuerdo es con presentar una moción, extemporánea, se dice en
ciencia, y que no sé qué significa. No sé qué significa presentar una
moción cuando todavía no ha venido la ministra aquí, cuando todavía la
comisión no había acabado. La subcomisión tiene unas reglas y allí se
aprobó, por unanimidad, que, sin terminar la comisión, no se llevaría el
proyecto de ley a ningún lado. Lo llevaron en medio de los trabajos de la
subcomisión al Gobierno y lo aprobaron, aunque todavía no había venido
aquí. Con eso es con lo que no estamos de acuerdo.






Pero no nos manipulen
porque no nos vamos a dejar y, desde luego, pondremos todo el énfasis en
decir que estamos a favor de un pacto de Estado. Lo que pasa es que
reconocen que no se puede poner Estado. Es tristísimo porque la ciencia
no tiene que ver con esto. Y eso es lo que ha ocurrido.


Además, ¿quién creó la subcomisión?, ¿quién la propuso? En enero
de 2021 la propuso el Grupo Popular y se aprobó por unanimidad. Eso es lo
que hacemos. De ahí han salido más de veinte conclusiones y no se está
cumpliendo ninguna. Dejaron de escuchar, antes de sacar la ley el
Gobierno, a gente tan importante como Barbacid. ¿Qué falta de respeto es
esto? Estamos en contra de eso, y estamos a favor de llegar a un acuerdo
sensato, como al que se llegó en la otra ley, en la que, por cierto, fui
ponente y me sentí profundamente orgulloso de participar con todos los
senadores en una Cámara de la ciencia como es esta. La aprobamos por
unanimidad. No hagamos trilerismo, no vamos a jugar aquí, y como esto que
estoy diciendo hoy se está oyendo en todos los lados y se puede
reproducir, no nos vamos a dejar manipular. Eso es lo que hemos pedido y,
además, solicitamos una comisión mixta Senado-Congreso. ¿Saben lo que
dijo el Partido Socialista? Que no. Pero ¿por qué no? ¿Qué prisa tenemos
en hacer una ley de esta manera? ¿Qué prisa tenemos en aprobar una ley
que tiene que durar años, como ha durado la otra y en la que, por cierto,
también participé?


Eso es lo que estamos diciendo hoy en el Senado en nombre del Grupo
Popular. No a esta manipulación. (Aplausos). Además, lo curioso es que
esto está en el Diario de Sesiones, están nuestras compañeras
escribiéndolo, y está grabado, es visual. ¿Cómo es posible que se pueda
decir que no estamos a favor de un pacto de Estado por la ciencia? Esa es
la clave. Los fondos europeos pueden introducirse, claro, pero el pacto
de Estado es un compromiso para todos los gobiernos hasta que no se
cambie con otro pacto de Estado, y los que son juristas —y hay
muchos en esta Cámara y buenos— saben que es un matiz muy distinto.
Por tanto, no nos manipulen. Estamos a favor claramente del pacto de
Estado por la ciencia y, además, estamos a favor siempre de respetar las
reglas del juego que nos hemos dado todos democráticamente y que en estos
momentos se han alterado. Por eso quiero decir que mi sentimiento, como
científico que soy y, además, como parlamentario, es muy triste. Por
cierto, ¡viva los científicos españoles!


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Termino enseguida, presidente.


No quiero olvidar decir que los científicos españoles son de los
mejores que hay en el mundo. Durante veintinueve años seguidos somos el
primer país del mundo en trasplantes y donación de órganos. Eso lo pueden
hacer muy pocos países. Y ahí están, ciencia, tecnología e
innovación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, intervendrá su señoría el
senador Latorre Ruiz.


El señor LATORRE RUIZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Quiero, en primer lugar, como no puede ser de
otra manera, manifestar mi agradecimiento a todos los grupos
parlamentarios que van a apoyar esta iniciativa de nuestro grupo, el
Grupo Parlamentario Socialista, y que, desde luego, vamos a convertir en
una iniciativa del conjunto de la Cámara. Con la aprobación de esta
propuesta estamos cumpliendo, sin duda, un mandato que nos han dado los
españoles y las españolas. Después de atravesar la crisis sanitaria más
importante que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, la pandemia
de la COVID-19, o la situación provocada por el volcán de La Palma, nadie
puede negar a estas alturas que el sistema científico de nuestro país
merece respeto, pero, sobre todo, el apoyo institucional para poner a la
ciencia en el lugar que le corresponde. Sirva solo una pregunta para
entender la importancia de este pacto por la ciencia que estamos
proponiendo. ¿Dónde estaríamos ahora, señorías, tras la pandemia, sin el
trabajo de nuestros investigadores y científicos? ¿Dónde estaríamos?
Posiblemente no podamos ni imaginarlo. La respuesta a esta pregunta no
puede ser otra que la obligación que tenemos todas y todos como
responsables políticos de alcanzar, como se ha hecho ya, un pacto
político, un pacto social que ponga en valor nuestras capacidades. Y
todas y todos los que estamos aquí tenemos que comprometernos en
garantizar una financiación pública estable y creciente para llegar
al 3 % del producto interior bruto en el año 2030; dignificar las
condiciones de trabajo de nuestros investigadores y del personal técnico;
reducir, señorías, la precariedad del sistema; y, por supuesto,
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para todo eso,
afortunadamente, contamos en este momento en España con un Gobierno
progresista.


Y, señorías, no puedo pasar sin contestar al señor Alarcó, del Grupo
Popular. El señor Alarcó ha dicho que hoy puede ser un día triste. Pues,
mire, yo le digo que lo triste es que, cuando Mariano Rajoy entró en el
Gobierno, existía un Ministerio de Ciencia e Innovación que se cargaron
de un plumazo. (Aplausos). Triste es que Mariano Rajoy dejó el 70 % del
presupuesto de ciencia sin gastar. Triste es que en cinco años de
políticas del Partido Popular salieron de este país 12 000 científicos.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Alarcó, ha tenido su turno de palabra,
guarde silencio, por favor, si es tan amable. Muchas gracias.


Continúe, señoría.


El señor LATORRE RUIZ: Señor Alarcó, hablaba usted antes de truco;
truco es lo que ustedes usaron con la tasa de reposición cuando
impidieron que se ocuparan de nuevo 5000 plazas de investigadores que se
habían jubilado. Eso sí que es triste, señor Alarcó.


Dicen ustedes: Aprobamos un pacto de Estado, sí, pero no. ¿Quieren
dejar ustedes de poner excusas para estar con el conjunto de la
ciudadanía de este país que apuesta por un pacto por la ciencia? Sin
excusas, señor Alarcó, sin excusas. (Aplausos). ¿Acaso piensan ustedes
que este pacto le da oxígeno al Gobierno? No. Este pacto da oxígeno a
nuestros investigadores y a nuestras investigadoras. Piensen alguna vez
de forma responsable, desde luego, se lo pido al Partido Popular.


Termino. Que a nadie le quepa duda de que todos los derechos que han
mejorado las condiciones laborales de nuestros investigadores y de
nuestras investigadoras han venido de la mano de un Gobierno del Partido
Socialista Obrero Español; todos y cada uno de ellos. (Aplausos). Ayer
mismo, señorías, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto, que
hoy se ha publicado en el BOE, para facilitar que nuestras entidades
públicas del sistema español de ciencia, tecnología e innovación puedan
hacer contratos indefinidos en el marco de la reforma laboral, abriendo
un camino de estabilidad, una oportunidad también para nuestros jóvenes.
Y no quiero pasar por alto el salto de calidad que va a dar nuestro
modelo productivo con el nuevo PERTE sobre microchips y semiconductores,
que va a suponer una inversión de más de 11 000 millones de euros en un
contexto de transformación digital. (Aplausos).


En definitiva, señorías, termino, el Partido Socialista Obrero Español
cumple con su programa electoral, cumplimos con nuestros
compromisos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LATORRE RUIZ: Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Latorre.


Señorías, terminado el debate de esta moción, procedemos, a
continuación, a la votación de los tres siguientes asuntos:


En primer lugar, moción por la que se insta al Gobierno a las
modificaciones normativas necesarias para eliminar el Ministerio de
Consumo, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios
términos.


En segundo lugar, votaremos la moción por la que se insta al Gobierno
al cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a España incluidas en la
Resolución 2381/2021, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
sobre si los políticos deben ser perseguidos por declaraciones realizadas
en el ejercicio de su cargo. Autor: Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu. Se vota en este caso con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal con número de registro de entrada 138317.


En tercer lugar, votaremos la moción por la que se insta al Gobierno a
impulsar el pacto por la ciencia y la innovación y avanzar hacia un
consenso social y político en la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del Grupo
Parlamentario Socialista. Se vota en los términos de la propuesta de
modificación suscrita por varios grupos con número de registro de
entrada 138524.


Se abre el plazo de dos horas para la votación telemática desde este
momento, en que son las tres horas y cincuenta y cinco minutos, hasta las
cinco horas y cincuenta y cinco minutos de esta tarde.


Señorías, asimismo, vamos a proceder a la proclamación de resultados de
votaciones telemáticas.









PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE. (Proclamación del resultado de la
votación).


543/000001

Transición Ecológica


El señor presidente lee el punto 8.1.1.


Votos emitidos, 261; a favor, 254; en contra, 3; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.









PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL. (Proclamación del resultado de la votación).


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



El señor presidente lee el punto 8.1.2.


Votos emitidos, 261; a favor, 157; en contra, 104.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado.










TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Proclamación del resultado de la votación).


770/000003

TRIBUNAL DE CUENTAS


El señor presidente lee el punto 10.1.1.


Votos emitidos, 256; a favor, 230; en contra, 14;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL
ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO.


624/000009

Justicia


El señor presidente lee los puntos 13., 13.1. y 13.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, su señoría, el senador
Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


Tal y como se dice en el preámbulo, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y
voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del
embarazo. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son
las de dotar de discreción al entorno del centro sanitario para asegurar
la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un
aborto seguro, y ello queda en entredicho en un informe de la Asociación
de Clínicas Acreditadas, de 2018, que, a través de entrevistas a 300
mujeres que acudieron a abortar en varias clínicas de toda España,
mostraba que en un 89 % se habían sentido acosadas y en
un 66 % amenazadas. Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas,
coaccionadas o amenazadas de algún modo, según se explica en el informe.
Esta ley orgánica ofrece proporcionar seguridad jurídica, tanto a las
mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los profesionales que
participan, añadiendo un nuevo artículo 172 quater en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del
Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo
su entrada en esta Cámara el 10 de febrero de 2022, fecha, asimismo, de
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas finalizaba el 22 de febrero y fue ampliado
hasta el 28 de febrero de 2022.


A esta proposición de ley se presentaron 2 propuestas de veto y 12
enmiendas, de las cuales, las correspondientes a los números 1 y 2,
fueron retiradas antes de finalizar el plazo de presentación de
enmiendas, y las correspondientes a los números 10, 11 y 12, de los
señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo
Palomares, fueron inadmitidas por la Presidencia del Senado.


El día 14 de marzo la comisión ratificó la ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: doña María Margarita Peregrina Adrio,
doña Sara Bailac, don Josep Maria Cervera, don Imanol Landa, don Koldo
Martínez, don José María Oleaga, don Luis Alberto Plaza, doña Donelia
Roldán, don Fernando de Rosa, don Miguel Sánchez y don Clemente
Sánchez-Garnica Gómez. Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir su
informe, que no introdujo modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados.


A continuación, se reunió la comisión y emitió dictamen de conformidad
con el informe de la ponencia. Han presentado votos particulares a esta
proposición de ley los señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y
la señora Merelo Palomares y los grupos parlamentarios Vasco en el
Senado, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y Popular en el
Senado.


Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como se ha dicho, a esta proposición de ley orgánica se han
presentado dos propuestas de veto.


Para la defensa de la propuesta de veto número 2, de los senadores
González-Robatto y Marín Gascón y de la senadora Merelo Palomares, tiene
la palabra su señoría González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidente.


Esta proposición de ley orgánica es un claro ejemplo de manipulación
absoluta del lenguaje. No es una interrupción voluntaria del embarazo, es
un aborto. Interrumpir implicaría que se pudiera reanudar en cualquier
momento, cuando las circunstancias lo permitieran; abortar es matar, es
acabar con la vida de un ser humano. Piénsenlo, señorías. Si eso no es un
ser humano, entonces, ¿qué es? ¿Quizá un tumor, un conjunto de células,
un conglomerado? No se engañen, señorías, es un ser humano, no es un
amasijo de células. Además, después de esto, ¿con qué cara defienden la
vida de un ser humano inocente víctima de una guerra en Ucrania o donde
sea y al momento siguiente defienden que se pueda matar a un ser humano
en el seno de su madre si esta decide que esta vida no es merecedora de
ello?


Por otro lado, en la exposición de motivos hablan de un estudio
realizado con una muestra de 300 mujeres que finalmente entraron en la
clínica y abortaron. Para empezar, según los últimos datos de los que se
dispone, en 2020 un total de 88 269 mujeres abortaron en una clínica,
y 99 149 lo habían hecho el año anterior. Pero hablan ustedes de esa
muestra que no representa ni siquiera al 3 %, es una auténtica chapuza, y
de ese 3 %, señorías, habría que estudiar cuántas se arrepintieron
después, porque las personas que acuden a rezar a las puertas de estos
centros le dan un abrazo tanto a la que sale con su bebé como a la que ha
entrado y ha abortado.


Cuidado, señorías, porque ustedes están jugando, además, con el
consuelo de una madre que se da cuenta de que ha matado a su bebé y de
que no hay marcha atrás. Ustedes, además, esgrimen un informe realizado
en octubre de 2018 por la Asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción del embarazo. Un estudio poco fiable, porque es como si
ustedes preguntan a una fábrica de arroz si hay que comer arroz, por
tanto, diría que no está críticamente elaborado; no es un estudio
científico, por supuesto, ni una investigación sociológica seria. Es un
informe ad hoc elaborado por la patronal de las clínicas abortistas con
el fin de proteger el negocio multimillonario de dichas clínicas
abortistas. Porque matar es un negocio, señorías, y ustedes son
plenamente conscientes.


¿Quieren los datos de verdad? Apunten estos. La Fundación Redmadre, por
ejemplo, ayudó a 49 535 mujeres embarazadas y madres recientes
durante 2020, y a 17 690 más el año anterior, según su última memoria de
actividades. Eran mujeres que necesitaban ayuda y que, por supuesto, el
Ministerio de Igualdad no ayudó, porque ustedes la única solución que
ofrecen a esa vida de un ser humano inocente es acabar con ella; actúan
peor que animales. Además, el informe dice que 8 de cada 10 mujeres
embarazadas, con dudas y que conectaron con Redmadre, continuaron
adelante con el embarazo al recibir el apoyo que necesitaban; 8 de
cada 10, señorías, y eso es porque no quieren abortar, sino que quieren
sacar adelante a sus hijos con dignidad.


Por otro lado, ¿saben en qué consiste el síndrome posaborto? Lo
trajeron hace relativamente poco en una moción aquí al Senado, y ustedes
todos se vanagloriaban de lo importante que era ello, creando una
diferencia entre la madre que había decidido abortar y la madre que no,
sin tener en cuenta lo más débil, que era la criatura. Pues no, no
estamos hablando de estas repercusiones del síndrome posaborto que tiene
el bebé en el aborto. Evidentemente, el bebé no puede opinar porque una
vez desmembrado y disuelto ya no se puede hablar de las consecuencias
psicológicas de él. Es un trauma psicológico que afecta a las mujeres, a
esas mujeres, por cierto, a las que ustedes dicen defender y que luego
nunca defienden, porque en realidad, como siempre, las dejan solas. Tal y
como señalan algunos estudios científicos, los síntomas presentes
—y repito que esto ya lo debatimos hace relativamente poco con
ocasión de una moción— cumplen con los criterios diagnósticos del
trastorno de estrés postraumático, los mismos que se presentan después de
la realización de un aborto, aunque puedan existir otros acontecimientos
vitales contaminantes, sensibilizantes, desencadenantes o agravantes, y
pueden ser uno o más de los siguientes —y vuelto a repetir que ya
lo debatimos aquí y que se votó a favor—. Se trata de síntomas
depresivos como depresión, tristeza, pena, llanto frecuente; síntomas
ansiosos como ansiedad y angustia relacionada con el aborto realizado; y
sentimiento de culpa y de vergüenza. Y cuando les pasa esto, ustedes ya
las han dejado solas. También pueden sufrir incapacidad de perdonarse por
haber realizado el aborto, que puede acompañarse, además, con la
necesidad de reparar y desagraviar a la víctima, y también pesadillas
recurrentes. Repito, ustedes ya las han dejado solas hace mucho tiempo y
están pendientes de chochocharlas y demás… No voy a decirlo, que me
corta el presidente. Es frecuente también la evitación y el rechazo de
estímulos o situaciones que recuerden el aborto, no se acercan a
cumpleaños o guarderías porque tienen ese estrés. Les recuerdo, otra vez,
que ustedes ya habían dejado muy sola a esa mujer, después de aplaudirla
porque entraba en una clínica abortiva. Hay también alteraciones
conductuales relacionados con emociones provocadas por el aborto,
trastornos sexuales, anorexia, trastornos alimentarios, tendencia al
suicidio y graves depresiones. Y esto no lo digo yo, lo dicen los
científicos, son los síntomas creados después de hacer algo que ustedes
aplauden y a lo que ustedes llaman un derecho.


Siguiendo con su manipulación del lenguaje y los sentimientos, ya
califican la entrada como acoso, algo que, desde luego, no lo es. En su
exposición de motivos, en lugar de razonar por qué van a llamar a esto
acoso, simplemente lo califican como tal desde la primera frase. Además,
la redacción es tan vaga y genérica que podía llegar a entenderse que una
mujer que estuviera viendo en su casa una película como Unplanned o Juno
o cualquier otra que fuera provida, podría sentirse acosada. Su paso
siguiente, por supuesto, dada su tendencia será prohibir.


¿Dónde van a poner ustedes, señores socialistas, el límite? ¿O es que
su obsesión por convencer a la población española de que abortar es un
ejercicio sano para las mujeres no conoce límites? Piensen que en el
derecho penal es muy importante el principio de intervención mínima o
principio de última ratio, que implica que en el derecho penal solo debe
utilizarse cuando no haya más remedio, es decir, cuando no exista otro
modo de protección menos invasivo. Ya sabemos que a ustedes les gustaría
ver entre rejas a los que no opinan como ustedes, pero déjenme que al
menos les afee esta conducta. No se puede bramar contra los tiranos
censores y luego que el Gobierno haga exactamente lo mismo o peor. Ya
pueden disfrazarlo como quieran que se les ve el plumero, señorías.


Como entre las diversas modalidades de acoso tipificadas en el Código
Penal de 1995: laboral, inmobiliario, sexual, cibernético, telemático,
escolar y persecutorio, ninguna les venía bien para extender su cultura
de la muerte, ustedes, visto esto, han decidido crear una nueva. Pues
deberán explicar bien los límites de dicho acoso, porque esos criterios
podrían extenderse a otros ámbitos y, así, irían al calabozo todos
aquellos que se pongan enfrente de la puerta de Ferraz a exigirle unas
pensiones más justas o explicaciones por Delcy y las cuarenta maletas o
por la negligencia en la investigación sobre niñas sometidas a
explotación sexual. Por otro lado, para hablar de acoso debe haber un
propósito de injuriar mediante expresiones deshonrosas que implican
menosprecio o descrédito de una persona. Esto lo dice la RAE, esa a la
que ustedes también le pegan patadas. Si alguien insulta a otra persona
ya hay otras vías penales para denunciar y la víctima puede reclamar esta
protección. Entonces, ¿para qué incluir estos párrafos en el Código
Penal? ¿Qué tipo de insultos piensan sus señorías que reciben las mujeres
de parte de quien pacíficamente se reúne a las puertas de un abortorio?
¿Hay gritos o hay plegarias?


Señorías, no pueden penalizar la ayuda, no se puede penalizar el rezar,
no se puede penalizar pensar diferente, y esas madres tienen derecho a
una vida digna al lado de sus hijos, y el Estado tiene ahí su
responsabilidad: protegerlas y garantizarles recursos y guiarlas para que
tengan un futuro. Apuesten por la vida y por la familia, porque ello,
junto a la patria, es lo que hace fuerte al pueblo. Señorías, una vez que
hay embarazo la mujer se convierte en madre, y eso no lo pueden evitar
bajo ningún concepto, por mucho que hablen de la propiedad del cuerpo de
la mujer. Y ahí está la clave, la mujer puede hacer lo que quiera con su
cuerpo, pero no con el de su bebé, tenga un día, un mes o 25 años, son
personas distintas. La diferencia es que el que está cobijado en el
vientre de la madre es un ser completamente indefenso y cuando le matan
sufre, señorías. No permitan el terror en el vientre de una mujer. El
trabajo de esos rescatadores, con los que, por supuesto, no creo que se
haya reunido ninguno de ustedes, con las mujeres embarazadas que acuden a
realizar un aborto voluntario consiste única y exclusivamente en una
última oportunidad para las madres y para los hijos. ¿Y la pregunta que
hacen saben cuál es? Nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué necesitas para no abortar?
¿Eso es un acoso? ¿Qué necesitas para no abortar? Porque si les echan de
casa, ellos les ofrecen una casa de acogida; si es un problema laboral,
hay una bolsa específica para mujeres que van a ser madres; si hay una
malformación en el feto, se les ofrecen servicios de hospitales para
sacar adelante el bebé; si hay una imposibilidad para hacerse cargo de
ese niño, se ofrecen familias de acogida. Y se hace siempre pensando en
el bienestar de la madre y del bebé, porque no informar, señorías, es
condenar al fracaso más absoluto a la mujer. Además, los establecimientos
abortistas —recuérdenlo, que ya se lo he dicho antes— cobran
por abortar, señorías, no cobran por ayudar a una mujer, cobran por
abortar. Es increíble lo que el ser humano puede llegar a hacer por
dinero.


Quiero acabar con tres reflexiones. Una es de una activista que se
dedica a rezar y a ayudar a este tipo de madres y que lleva en esto más
de veinte años, y es que la ciencia y la conciencia sigan de la mano,
pues la ciencia sin conciencia se convierte en Auschwitz. La segunda
reflexión que quiero dejar —piénsenla e interiorícenla, se lo pido
por favor— es que ninguna madre se arrepiente de serlo, ninguna,
ninguna madre se arrepiente de serlo. Y la última —también hice
alusión a ella en la moción— es que si ustedes realmente fueran
conscientes y se pararan a pensar que eso que tienen en el vientre las
madres, a lo que ustedes muchas veces llaman conjunto de células, tumor o
cualquier otra cosa, si ustedes fueran realmente conscientes de que eso
es una vida humana, ¿no se pararían a pensarlo y a defender a capa y
espada, con todas sus energías, con la mayor de las voluntades y con el
corazón en un puño, que eso es una vida y que hay que defenderla hasta el
final? Yo ahí se lo dejo para que lo piensen.


Por último —y con esto acabo, señorías—, tengan en cuenta
que dentro de cien años nos mirarán las sociedades del futuro —si
gracias a Dios esto sigue hacia adelante— y nos verán como nosotros
vemos a los que prohibían y segregaban a las personas negras en 1954,
porque eso la ley lo amparaba, señorías. Esto hoy en día la ley lo
ampara, así que no se escuden en la ley para acometer una de las mayores
salvajadas que está creando la sociedad de hoy en día. Dentro de cien
años nos daremos cuenta de la barbaridad que es esto; habrá que pensarlo
y que sentirlo, y habrá que ser conscientes de la barbaridad que ustedes
están intentando aprobar hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría De Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, ustedes jurídicamente no tienen razón y por ese motivo
presentamos el presente veto. La proposición que hoy debatimos es otro
ejemplo de sectarismo del PSOE y de sus socios, cuya acción de Gobierno
se basa en la utilización partidista de las instituciones, en este caso
del Código Penal.


El derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de
expresión y, por tanto, también es garantía de la opinión pública libre
en una democracia. La calidad en una democracia no hay que restringirla
al principio democrático participativo, porque existe la libertad de
expresión con los límites fijados en la propia jurisprudencia
constitucional. Es así. Libertades como las de expresión, de asociación y
de reunión pacífica se agrupan juntas, pues frecuentemente están
interrelacionadas. Están protegidas estas libertades en instrumentos como
los derechos humanos internacionales y se les considera esenciales para
el funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática.


Últimamente, con las proposiciones que ustedes están presentando, han
iniciado una hoja de ruta que limita derechos, discrimina a unos
españoles y otorga privilegios a otros en función de lo que a ustedes les
interesa, incluso aunque para ello dejen desamparados a quien sí, de
verdad, son víctimas de abuso, de acoso, de hostigamiento e incluso de
odio, como ocurre en ciertos lugares del País Vasco y de Cataluña.


Con esta proposición de ley nos encontramos ante un nuevo intento de
limitación selectiva de derechos constitucionales en función de la
ideología de quien la ejerce. En consecuencia, el espíritu de esta
reforma adolece de los principios jurídicos más elementales en nuestro
Estado social y democrático de derecho. Hoy no debatimos el derecho de
las mujeres a interrumpir su embarazo ni los medios públicos o privados
para que ejerzan este derecho, hoy discutimos que se incluya en el Código
Penal un nuevo tipo con el que se considere per se la participación
pacífica en reuniones y si la libertad de expresión debe de tener un
nuevo límite.


Nunca una reunión en sí misma puede considerarse limitativa de derechos
ni impedimento para el ejercicio de un derecho si no supone una coacción
u hostigamiento de suficiente entidad desde el punto de vista penal. En
derecho constitucional la libertad de expresión es una garantía
democrática, nos guste o no el mensaje, solamente cuando colisiona con
otro derecho, haciendo que el ejercicio de este se vea impedido, pueden
establecerse límites. Es un principio del derecho penal que ustedes,
evidentemente, desconocen. En un supuesto de colisión de principios y de
derechos, debe prevalecer uno u otro, en función de las circunstancias y
si quedan impedidos en su ejercicio o no. Tampoco lo conocen ustedes
desde el punto de vista penal.


Mi pregunta es: ¿cuántos procesos penales se han iniciado hasta ahora
para perseguir estas conductas? ¿Qué estadística manejan ustedes para
considerar que deben realizarse per se estas conductas? Si no hay
ejercicio de acto de coacción, jurídicamente hablando, el derecho
fundamental de reunión y de expresión no entra en colisión con los
derechos de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su
embarazo. Ello se deriva del hecho de que no existen derechos absolutos y
que siempre deban prevalecer unos u otros, y ustedes es lo que están
haciendo en este proyecto de ley.


En caso de colisión habrá que llevar a cabo una ponderación de derechos
en juego para determinar cuál de ellos debe prevalecer en concreto,
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. En el supuesto de que
dichas concentraciones supusieran un impedimento real y efectivo, estas
conductas ya están tipificadas en el Código Penal y podrían reconducirse
mediante la figura del delito de coacciones; no hace falta realizar una
nueva gradación porque está el artículo 172. ¿Ustedes han leído el
artículo 172 del Código Penal? Dice: El que sin estar legítimamente
autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe,
o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. ¿Se dan
cuenta? Cualquier coacción violenta está tipificada. Al considerar sin
más como delito estas concentraciones ―porque estamos hablando de
concentraciones, estamos hablando del derecho de reunión―, ustedes
no están ponderando los derechos, sino que están utilizando el Código
Penal como instrumento para la difusión de su ideología y como mecanismo
para señalar a las personas que no piensan como ustedes. Están ustedes
señalando a los que no piensan como ustedes. (Aplausos). Vuelvo a
subrayar: Si hubiera cualquier violencia o intimidación en estas
concentraciones, estas conductas ya están criminalizadas y pueden ser
perseguidas. ¿O es que ustedes no saben lo que es el ejercicio del
derecho penal?


El informe del Defensor del Pueblo que ustedes han alegado no dice lo
que señala el preámbulo de esta ley. Y es que encima ustedes engañan,
utilizando el BOE y los boletines oficiales. Dice exactamente el informe
del Defensor del Pueblo: Garantizar la intimidad de las mujeres que
acudan a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, sin
perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros
ciudadanos. El Defensor del Pueblo se lo está diciendo. Hay que proteger
a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir el embarazo sin
restringir el derecho a todos los ciudadanos a opinar de manera distinta.
(Denegaciones de varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista).
Léanse el informe. Cuando alguien opina de forma distinta a ustedes es un
facha o tiene que estar tipificado en el Código Penal. Eso es lo que
ustedes hacen. (Aplausos). Somos fachas, somos fachas, somos
fachas.


La configuración como tipo penal específico de este tipo de
concentraciones, desde el punto de vista del Partido Popular, no responde
a esta recomendación del Defensor del Pueblo. Están manipulando un
informe por el mero hecho de considerar que haya alguien que no piense
como ustedes. El derecho penal no regula todos los comportamientos del
hombre, sino que debe evitar los atentados y debe proteger a los
ciudadanos de la vulneración de sus derechos. Las normas penales son la
última ratio, y permítame que ponga en duda que para garantizar la
intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas deba establecerse un
nuevo tipo penal sin que hayan analizado, previsto o estudiado otras
medidas menos invasivas o drásticas. Es decir, la propia Ley de seguridad
ciudadana puede ser utilizada para evitar cualquier concentración sin
recurrir al Código Penal, que es la última ratio per se, y es así lo que
establece la jurisprudencia. (Denegaciones de varias señorías del Grupo
Parlamentario Socialista). Me pueden ustedes negar con la cabeza, pero es
lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En todo caso, da
igual, porque a lo mejor ni entienden lo que estoy diciendo.
(Protestas.— Risas.— Aplausos).


Como fija la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el principio de
intervención mínima supone que la sanción penal no debe actuar cuando
existe la posibilidad de utilizar otros medios. Resultan muy llamativos
los tics autoritarios que tienen ustedes. Los piquetes violentos los
acaban ustedes de despenalizar, la utilización de la violencia para
impedir a alguien el derecho al trabajo, y ahora estamos penalizando la
realización de una reunión para impedir, según ustedes, otro derecho. Ya
han tenido ustedes su jarabe con la huelga de transportistas, ya han
visto lo que son los piquetes violentos, y han salido llamando fachas
también a los transportistas. (Aplausos).


Además, existen otros tipos de concentraciones que sí limitan
gravemente el ejercicio de los derechos frente a las que ustedes y sus
socios están impasibles. ¿Qué me dicen ustedes de perseguir las
concentraciones en los homenajes a etarras? Eso a ustedes les es
indiferente, ¿verdad? No hay ninguna coacción ni insultos a las víctimas
del terrorismo. Ustedes eso no consideran que deba estar tipificado en el
Código Penal. Es decir, realizar una concentración en la que alguien
manifieste que está en contra de la interrupción del embarazo, eso lo
tipifican; en cambio, las manifestaciones de etarras insultando a las
víctimas les parecen una cosa perfectamente admisible en democracia.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Senador De Rosa, disculpe, le están indicando sus
compañeros, y me adhiero a la petición, que se acerque a los micrófonos
porque cuando se mueve no se le oye nada.


Muchas gracias.


El señor DE ROSA TORNER: Muy bien, muchas gracias.


Por otra parte, ¿qué ha ocurrido en las manifestaciones del menor de
Canet, cuando se hicieron escraches y reuniones en su casa para evitar
que pudiera exigir el cumplimiento de la sentencia? A ustedes también les
pareció que no era susceptible de algún tipo de sanción de carácter
penal.


Señorías, repito, ustedes parten de una premisa totalmente errónea.
Cuando hablamos de la coacción, tanto desde un punto de vista del derecho
penal como desde un punto de vista gramatical, se hace referencia a una
conducta caracterizada por la violencia para intentar evitar u obligar a
otra persona a hacer algo que no quiere realizar. Ya les intenté explicar
la diferencia entre la coacción y la coerción, que está en el propio
derecho penal. (Rumores). Escúchenme. La coerción supone el empleo de la
intimidación para obligar a otra persona a hacer algo que no quiere o
impedirle hacer algo que sí quiere. Por tanto, estamos ante dos figuras,
coacción y coerción, que deben tener suficiente entidad para que puedan
tener su consecuencia en el ámbito penal. La coacción al contener actos
violentos está recogida ya en el artículo 172. Ustedes quieren incluir en
el 172 la figura de la coerción, de la intimidación, y según la
jurisprudencia del Tribunal Supremo para que la coerción, que es la
intimidación, tenga suficiente entidad ha de tener suficiente intensidad
en sí misma para que una persona se vea obligada de facto a no poder
ejercitar su derecho. Díganme cuándo y en qué supuestos ha habido
denuncias y condenas a personas que han realizado la coerción para
intentar evitar que alguien pueda acudir o entrar a una clínica de
interrupción del embarazo. (El señor Díaz Muñoz muestra un documento). No
me puede enseñar esas estadísticas, porque no existen.


Ustedes con esta modificación están introduciendo la figura de la
coerción como elemento definidor de un tipo penal sin graduar la eficacia
impeditiva de la intimidación. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Que los
tribunales, cuando tengan que juzgar este tipo penal, no lo podrán
realizar porque no se podrá determinar la intimidación con la suficiente
intensidad para considerarla incluida en el 172, y vendrán las
absoluciones, y ustedes dirán que los tribunales son fachas también.
También serán fachas los jueces cuando tengan que absolver debido a la
aberración jurídica de su reforma penal. (Aplausos). Porque ustedes aquí
pueden utilizar el eslogan o la pancarta para su público, pero luego este
artículo tendrá que ser aplicado por los tribunales y ser interpretado
por los jueces. ¿Y qué ocurrirá? Que no van a poderlo aplicar, porque
ustedes han incluido la coerción como elemento definidor del
artículo 172, por tanto, como no habrá prueba suficiente tendrá que
determinarse la absolución. Ustedes van a abocar a una aberración y a una
reforma jurídica inadecuada que va a traer complicaciones jurídicas a la
hora de su enjuiciamiento, que va a traer consigo absoluciones, y van
ustedes a crear mucha más frustración, porque no están regulando de una
forma jurídica una figura que podría tener su cabida en otros ámbitos del
derecho, por ejemplo en el administrativo a través de la propia Ley de
seguridad ciudadana, y no en el ámbito del derecho penal.


Por tanto, para que podamos entendernos, su proposición debería
justificar desde un punto de vista jurídico su reforma y determinar cuál
es la jurisprudencia que manejan o explicar la estadística de delito que
exigen en su modificación del Código Penal. Atiendan la jurisprudencia
constitucional respecto a la libertad de expresión, la libertad de
reunión, la libertad de opinión y la libertad y el derecho a la
interrupción del embarazo. Son cuatro derechos reconocidos por el
Tribunal Constitucional y para que prevalezca uno sobre el otro ha de
tener la suficiente intensidad de restricción para ser consignado en el
Código Penal, y ustedes aquí, con su proyecto de ley, con su propuesta de
modificación del artículo 172 del Código Penal, no lo han logrado, no lo
han conseguido, y por tanto están ustedes haciendo una aberración
jurídica.


Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


Para el turno en contra de ambos vetos, tiene la palabra su señoría
Roldán Martínez, por parte del Grupo Socialista.


La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Buenas tardes a todas y a todos.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar las gracias,
en primer lugar, a la Asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción voluntaria del embarazo, a la representante de la Clínica
Dator de Madrid (Aplausos), a la representante de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis y al grupo de feministas de Albacete, que nos
expusieron aquí, en el Senado, por primera vez el problema que venían
sufriendo desde hace años. Gracias por venir a acompañarnos hoy y gracias
por vuestro trabajo todos estos años haciendo que se pueda ejercitar un
derecho, dando cumplimiento a un derecho de la cartera de prestaciones de
la Seguridad Social que por motivos diversos no se puede realizar con
plenitud en los hospitales públicos, como nos gustaría que se hiciese a
todas y a todos; es este uno de nuestros empeños como partido, un
problema que hay que solucionar en un futuro muy próximo. (Aplausos).
Gracias, en segundo lugar, a mis compañeras y compañeros de la Comisión
de Igualdad del Grupo Socialista en el Senado, y en especial a Micaela
Navarro por el trabajo de aquella primera moción, que fue el inicio de
esta proposición de ley que hoy aprobamos. Gracias a todos. (Aplausos).
Gracias también a Laura Berja y a Andrea Fernández por acogerme en
aquellos inicios míos como portavoz de Igualdad, acoger el trabajo del
Senado y apoyarlo como un verdadero equipo que somos para llegar hoy al
desenlace de esta proposición de ley. Gracias a ellas también.
(Aplausos). Y gracias a Adriana Lastra por coger el testigo de este
problema, de esta realidad que viene ocurriendo desde hace años en Europa
y también en España contra las mujeres que quieren ejercitar un derecho,
el derecho al aborto (Aplausos), y que se ven acosadas y hostigadas.
Gracias por tu impulso y apoyo a estas mujeres, que ha sido decisivo para
que este proyecto saliera adelante, y hoy te recibimos contentas y
orgullosas en esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos).


Antes de ir al fondo del asunto, que es lo que nos interesa, voy a
hacer un inciso que no pensaba hacer. Señor De Rosa, con la humildad que
nos caracteriza a los socialistas y de jurista a jurista, le voy a
contestar esta tarde con todo lo que voy a decirle. (Aplausos).


Los dos vetos que se han presentado hoy son de Vox y del Grupo Popular,
como no podía ser de otra manera, los únicos partidos que niegan a la
mujer cualquier derecho que tenga que ver con su hecho de ser mujer y que
no supedite su utilización al servicio del propio hombre o de la familia,
y hoy lo hemos visto: un hombre y otro hombre para hablar de los derechos
de las mujeres. (Aplausos.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Es cierto que la argumentación de los vetos,
así a simple vista, pudiera parecer distinta, pero en el fondo son la
misma, vienen del mismo sitio. Quizás en la de Vox haya una postura más
clara y radical en contra de las mujeres, pero en la del Partido Popular
encontramos disquisiciones jurídicas entre coerción y coacción, sin
nombrar en ningún momento a las mujeres, y ponen delante del derecho a la
salud y al aborto de las mujeres, algo que usted ni ha nombrado, el de
información, reunión, expresión e incluso el de libertad ideológica de
grupos organizados ultracatólicos y de ultraderecha mediante
concentraciones en las que participan muchos miembros de ambos partidos
tapando lo que hay de verdad aquí desde hace años, y que es un acoso y un
hostigamiento mediante insultos a mujeres y a profesionales y una
negación del derecho a la salud y al aborto. (Aplausos).


Hace usted, señor De Rosa, una argumentación jurídica sobre la
vulneración de los derechos de libertad, reunión, manifestación y
libertad de expresión frente al acoso y al hostigamiento que se ejerce a
las mujeres y a los profesionales de las clínicas de interrupción
voluntaria del embarazo. Por supuesto, usted les da predominio a los
primeros porque no creen en los segundos. Ninguno de los dos cree ni en
el derecho al aborto de las mujeres ni tampoco en el acceso a la salud
que tenemos ya reconocido. La Ley de salud reproductiva también es salud
y entra en la cartera de prestaciones sanitarias públicas; a usted parece
que eso se le olvida. Y luego intenta vendernos que esas personas van a
rezar y a manifestarse respetuosamente en libertad de expresión, cuando
lo que hacen es insultar en muchos casos, entregar a las mujeres ataúdes
de niños, llamarlas asesinas y acudir con malas y falsas informaciones
referentes al aborto, invadiendo un espacio privado en momentos muy
difíciles para las mujeres y atentando contra su derecho a la intimidad,
al aborto y a la salud. De ustedes eso no han dicho nada en la tarde de
hoy.


Y le digo que detrás de su argumento técnico-jurídico hay una ideología
y además intransigente, porque ustedes han votado siempre en contra de
los derechos de las mujeres, del aborto, de la inclusión de la violencia
de género en el Código Penal, haciendo modificaciones solos del derecho
al aborto siempre o con restricciones, y ahora por supuesto se opondrán a
que se incluya también en el Código Penal esta nueva violencia contra las
mujeres. Nunca han apoyado ninguna ley de apoyo a las mujeres; nunca.
(Aplausos). Incluso las han llevado ante el Tribunal Constitucional, pero
no han podido con los derechos de las mujeres. ¿Recurrirán está también
ante el Constitucional? Los señores de Vox ya han anunciado que sí. ¿Y
ustedes? Ya lo veremos. Nosotros, el resto de grupos parlamentarios menos
ustedes, seguiremos trabajando por nuestros derechos. La Plataforma Pro
Derechos, formada por sesenta y dos organizaciones, denunciaba que
desde 2010 más de 8000 mujeres habían sido insultadas, increpadas,
coaccionadas o amenazadas. Como le dije en la comisión, ¿se imaginan a un
grupo en la puerta del hospital manifestándose contra cualquier otra
prestación sanitaria? ¿O en la puerta de una iglesia o del Vaticano
informando de que hay muchos pederastas dentro? ¿Cuánto tiempo durarían
esas personas ahí, cuánto? (Aplausos).


Esto se ha tenido ya que hacer en otros países ―no somos los
primeros, señor De Rosa; no somos los únicos―, como Francia,
Alemania o Reino Unido, y por algunos gobiernos conservadores ―sí,
conservadores―, que ante todo preservan los derechos de sus
mujeres. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, por favor.


La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Qué suerte tienen las derechas democráticas
de otros países de tener esa derecha leal y a favor de los derechos de
las mujeres; qué suerte. (Aplausos).


Cada vez que se cuestiona, se acosa o se agrede a una mujer en su
decisión de interrupción voluntaria del embarazo (Denegaciones del señor
González-Robatto Perote), sí, señor González-Robatto Perote, interrupción
voluntaria del embarazo, intentan distraernos con temas como el feto, el
derecho a la vida, etcétera. Pero lo que verdaderamente hay detrás
siempre es el tema de género y el papel de la mujer en la sociedad, y ese
es el fondo de esto, boicotear los derechos de las mujeres, no
reconocerles la autonomía como un sujeto de derechos y tenerla siempre
subsumida a su papel reproductor y familiar, sin poder tener decisión
sobre sí misma y sobre su propio cuerpo. Eso ya lo tiene la sociedad
asumido, no vengan otra vez hoy a contarnos milongas, hasta sus mujeres
votantes lo hacen y lo practican. Avancen, señores del PP y de Vox,
avancen.


Son estrategias machistas modernas;






las del Partido Popular, más
etéreas, menos reconocibles, y ustedes, señores de Vox, con sus rezos,
sus Cañas por España, con sus ambulancias en las puertas de las clínicas
y sus informaciones falsas, lo que intentan es impedir a la mujer decidir
sobre su propio cuerpo y hacer que se sientan culpables. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa (Aplausos), eso que siempre quieren meter
a la mujer dentro y que tanto daño ha hecho a las mujeres y al conjunto
de la sociedad. Pero mire usted cómo no rezan, no llevan ambulancias, ni
siquiera quieren que vayan a los hospitales públicos aquellas vidas ya
nacidas que vienen en patera o saltan una valla buscando huir de la
muerte, de la pobreza (Aplausos) y de la guerra. Cuando esos fetos ya han
nacido y son niños inmigrantes o pobres, ahí, señores del PP y de Vox, ni
Cañas por España, ni rezan por sus vidas, ni sus abogados cristianos les
asisten gratuitamente, ni asociaciones provida como Hazte Oír invierten
ni un euro en campañas publicitarias para proteger sus vidas (Aplausos),
al revés, los criminalizan. No quieren que nadie les ayude y lo que les
pase les da exactamente igual, ahí estamos el resto de los grupos
parlamentarios y ahí estará siempre el PSOE, con esos niños, ayudándoles
siempre.


Conclusión de esta modesta jurista socialista. (Risas.—
Aplausos). Hipocresía. Ustedes también abortan y lo sabemos todas, y hay
un fondo de machismo moderno, en su caso, y misógino, en el otro, para
que seamos un sujeto sin decisión y vulnerar nuestros derechos. Y eso es
lo que tenemos, compañeros y compañeras. Pues no, señores de Vox, y no,
señores del Partido Popular, estamos ya en otro momento. Lo que ocurre a
las puertas de las clínicas hay que llamarlo por su nombre, ni coerción
ni coacción; hay que llamarlo por su nombre: hostigamiento, acoso en el
ejercicio de un derecho. Y, como les he dicho antes, en España ya vamos
tarde, porque en Europa esto ya está solucionado hace tiempo. Estos
grupos a los que pertenecen y apoyan muchos miembros de sus respectivos
partidos están organizados, no son grupos de feligreses que van a rezar,
sino que están organizados a nivel nacional e internacional. Y por eso
hay que pararlo, hay que regularlo y hay que proteger a estas mujeres y
profesionales sanitarios que les atienden. En algunos países, y usted,
que es un jurista afamado y con conocimiento suficiente (Risas), sabrá
que las penas son aún mayores, mayores, y que además se castigan más
cosas de las que hoy traemos aquí, como las informaciones falsas que se
dan en esas puertas a las mujeres y por otros motivos (Aplausos).


Por tanto, no nos queda otra que rechazar, por supuesto, los vetos
arcaicos, atrasados y en contra de los derechos de las mujeres. Y
permítanme unas últimas palabras dedicadas a Laura, que es la que me
aportó esto. Señorías, esta es la segunda modificación del Código Penal
en nuestra democracia para proteger a las mujeres, momento importante
para todas las mujeres. Gracias. Votaremos en contra de los dos vetos.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista, con sus señorías en pie).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Roldán Martínez.


Señorías, pasamos a continuación al turno de portavoces de los
vetos.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría
Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, buenas
tardes.


Tenemos la obligación y además el deber de proteger a los más débiles y
vulnerables para garantizar el ejercicio de sus derechos. Por eso debemos
ser capaces de introducir medidas legales de protección suficientemente
eficaces y dotadas de la necesaria seguridad jurídica. Estamos de acuerdo
con la finalidad que persigue el proyecto de ley objeto del debate y que
no es otro que el de dotar de una mayor protección jurídica a las mujeres
que deciden de forma libre y voluntaria interrumpir su embarazo para que
no se vean sometidas a tratamientos vejatorios cuando acuden a clínicas
médicas.


Apoyamos y respetamos el derecho de las mujeres de tomar una decisión
personalmente complicada y difícil y sobre todo una decisión de carácter
privado que requiere la máxima discreción, el máximo respeto e intimidad.
Pero, señorías, tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien, tenemos
que ser capaces de legislar con certeza para evitar que la norma que
pretende proteger, en este caso, a las mujeres no caiga después en saco
roto. Como advierte la letrada de la Comisión de Justicia, en el ámbito
penal no es jurídicamente aceptable introducir conceptos jurídicos
indeterminados que permitan después amplios márgenes de interpretación en
su aplicación. El precepto que se pretende introducir es pertinente y es
necesario, pero, como dice la letrada, su redacción introduce una serie
de imprecisiones que podrían atentar contra el principio de legalidad
penal, según el cual, entre otras cosas, en la elaboración de la norma
deben observarse los principios de claridad y taxatividad, tanto al
describir la conducta típica como al establecer la pena o la medida de
seguridad. Somos por ello partidarios, por la propia seguridad de las
mujeres a las que queremos proteger, de hacer caso a los consejos de la
letrada y, por ello, de modificar el apartado 1 en el sentido propuesto,
es decir, determinar con más claridad que el tipo delictivo es el acoso a
aquellas mujeres por el hecho de acudir a practicar una interrupción
voluntaria del embarazo; y en cuanto al apartado 3, en el sentido de
concretar el término gravedad, con el objetivo de que el tribunal pueda
imponer la pena accesoria privativa de derechos consistente en la
prohibición de acudir a determinaciones legales.


Señorías, somos legisladores, no podemos ni debemos dejar la
responsabilidad de acotar lo que se puede considerar delito o no a otros
que no seamos nosotros. Creemos en la buena voluntad del precepto, sin
embargo, consideramos que no se establecen con la suficiente claridad y
precisión los principios de hecho y que no se concreta la protección del
bien jurídico protegido, lo que sin duda puede significar confusión en su
aplicación por jueces y tribunales y también la colisión innecesaria con
otros derechos como la libertad de expresión o de reunión. No nos cuesta
nada cuando estamos además bien asesorados —y no voy a introducir
cuestiones jurídicas; soy capaz, pero no es el momento ni hay tiempo para
ello— hacer bien las cosas, por lo que apelo a la responsabilidad
de sus señorías para introducir en el texto conceptos jurídicos que huyan
de la indeterminación en los términos expuestos por la letrada de la
comisión.


En cualquier caso, señorías, el Partido Aragonés votará en contra de
los vetos. Apelo a la responsabilidad y a la reflexión sobre lo que
acabamos de decir y luego decidiremos si votamos a favor o nos
abstenemos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del mismo grupo, intervendrá su señoría Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, lamentablemente, en la sociedad que nos está tocando vivir es
mucho más fácil proveer la muerte que la vida. Con esta proposición de
ley, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de
Unión del Pueblo Navarro, lo que se pretende es criminalizar la defensa
de la vida. Además, se realiza a través de una proposición de ley y no de
un proyecto de ley, lo que hubiese supuesto más participación social e
incluso también los informes pertinentes, desde el punto de vista del
rigor y de la objetividad y de la seguridad jurídica, de los que en este
momento carece este texto. No es que lo digamos nosotros, sino, como se
ha repetido por parte del portavoz que me ha precedido en uso de la
palabra, lo dicen hasta los propios servicios jurídicos del Senado, que
advierten de imprecisiones que podrían atentar contra el principio de
legalidad penal por carecer de claridad y taxatividad, por conceptos
jurídicos indeterminados. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no
estamos hablando de un texto correcto.


En la práctica es evidente que todo esto es una cuestión que a la
extrema izquierda le motiva, no importa lo que piensen los demás porque
la verdad, la única verdad es la suya, y si fuese por algunos se
impondría el pensamiento único también de manera especial en esta
cuestión. Es una realidad que las coacciones y las amenazas a la
libertad, también de las supuestas que pudiesen padecer las mujeres que
van a las clínicas abortivas, vienen ya tipificadas en el propio Código
Penal. Estamos hablando también, como se ha dicho a lo largo de esta
tarde, del artículo 172 del Código Penal.


Respecto a la legalidad, realmente nosotros consideramos que hay que
respetar, como no puede ser de otra manera, la legalidad vigente y los
derechos de todas las personas, también de las mujeres que quieran
abortar, por supuesto que sí. Eso nadie lo puede poner en duda, nos guste
más, menos o no nos guste; a nosotros no nos gusta, pero lo respetamos,
porque en un sistema democrático como el que nos hemos dado los españoles
tenemos unas normas de convivencia, que son la Constitución y las leyes
que emanan de ella, y si no nos gustan las cambiamos, pero evidentemente
una cosa es respetar la legalidad y otra cosa muy diferente es forzarla.
Ahora se quiere ir más allá, desde nuestro punto de vista se pretende
coartar los derechos y la libertad de expresión y de manifestación de
aquellos que piensan de forma diferente. Molesta, sobre todo a la
izquierda y a la extrema izquierda, que los ciudadanos que no piensan
como ellos puedan salir a la calle, puedan manifestarse y puedan defender
sus opiniones. Considera, en definitiva, la extrema izquierda que la
calle es suya, que son ellos los únicos legitimados para salir y
manifestar su opinión, ellos son los únicos que pueden tomar la calle. Y
hoy lo hemos visto y hemos comprobado también el sectarismo y la
imposición ideológica que supone este tipo de iniciativas, siempre
buscando el comodín para justificar algunos comportamientos, en este caso
concreto el comodín de la Iglesia católica. Se obvian otro tipo de
religiones que menosprecian a la mujer, a todos los ámbitos de sus
propios derechos, pero eso no interesa, no interesa hablar de otras
religiones (Aplausos), hay que hablar y hay que menospreciar a la Iglesia
católica. Libertad también es respetar la libertad religiosa.


Pero con ser eso un rasgo de prepotencia, de sectarismo, de imposición
y, desde nuestro punto de vista, de recorte de los derechos, lo inaudito
es que aquellos que quieren criminalizar que se rece en las calles, hoy
proponen la modificación del Código Penal para hacerlo, para prohibir y
para criminalizar que se rece en la calle. Igual hicieron antes, cuando
propusieron la modificación del Código Penal para permitir las
coacciones, las amenazas de los denominados piquetes informativos, que en
algunas ocasiones vulneran la legalidad; eso lo hizo la izquierda. O, por
ejemplo, cuando los escraches y presiones se dirigen a cargos públicos de
otras formaciones políticas hablan de jarabe democrático, pero cuando los
sufren ellos, entonces van a los tribunales a quejarse, como pasó con el
señor Iglesias y la señora Montero, por cierto, los tribunales fallaron
en su contra. Pero, además, ¿por qué no se prohíben en la calle las
manifestaciones y las exaltaciones de la trayectoria y de la figura de
los terroristas de ETA? ¿Por qué hay que seguir humillando a las víctimas
y a los demócratas? ¿Por qué no se modifica el Código Penal o la Ley de
víctimas del terrorismo? ¿Por qué cuesta tanto hacer estas
modificaciones? No se hacen, ni como proposición de ley, porque se vota
en contra cuando la proponen otros, ni el Gobierno lo presenta como
proyecto de ley. ¿Por qué? Y se dice: es que en otros países ocurre lo
mismo que aquí. Bueno, se obvia también que ya empieza a haber sentencias
en otros países en las que se pone en duda esta situación, pero en esos
países, señorías, no se permitiría la exaltación y el homenaje a los
terroristas de ETA, ni a ningún tipo de terrorista. No se permitiría ni
en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia a los terroristas
responsables del 11-S, del semanario Charlie Hebdo, ni de la Fracción del
Ejército Rojo, ni de las Brigadas Rojas. ¿Por qué en España sí se permite
a los miembros de ETA? ¿Por agradar a Bildu y a sus socios de Gobierno,
por eso?


Señorías, en definitiva, no se puede rezar en la calle, pero sí exaltar
la figura y trayectoria de un terrorista. Esa es la triste realidad.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿tomarán la palabra?
(Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la palabra
su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.


Intervengo desde el escaño para anunciar que Junts per Catalunya votará
en contra de los vetos presentados por grupos que nos han demostrado en
esta Cámara de forma reiterada que se esfuerzan en deshumanizar y a veces
criminalizar a los que no son o no piensan como ellos. Ninguna lección,
cap lliçó.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Señorías, nunca, nunca olvidaré el nombre de la mujer cuya vida no pude
salvar porque llegó a mi hospital en una situación de shock séptico tras
haber intentado un aborto clandestino casero. Nunca, jamás olvidaré su
petición de ayuda, moribunda, con un hilillo de voz me decía: Koldo,
sálvame —en Navarra me conocen todos—, agarrándome la mano
con su mano sudorosa y fría. Nunca, jamás la olvidaré. Tampoco olvido,
cómo voy a olvidar, las veces que personas de esas que se dicen de bien,
contrarias, muy contrarias al aborto, recurrieron a mí, porque como era
de izquierdas y tal, por si conocía a alguien, a algún profesional en
Navarra, en el otro lado, en Euskadi norte o en España, en Francia, a
alguien que pudiera hacerles un aborto a sus hijas, donde fuera; seguían
oponiéndose al aborto, pero su caso supuestamente era muy distinto al de
las demás. Afortunadamente, finalmente se aprobó la despenalización del
aborto el 5 de julio de 1985. Tres meses después, un equipo dirigido por
una ginecóloga de ambulatorio realizó el primer aborto legal en Navarra,
y lo hizo ella porque la totalidad de los médicos del servicio
hospitalario de tocoginecología se negaron a efectuarlo.


En enero de 1990 tres ginecólogos de Pamplona —un ginecólogo y
dos ginecólogas— fueron juzgados en la Audiencia de Pamplona por
practicar un aborto legal en febrero de 1986, cuatro años antes, a una
mujer de 19 años a la que le habían practicado unos estudios radiológicos
sin que ella supiera en aquel momento que estaba embarazada. En la
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra se colocaron carteles en
contra del aborto que decían: Juicio por aborto en Pamplona. No podrá
asistir la víctima. Estudiantes de esa universidad fueron convocados en
las aulas por los comités provida para acudir a una concentración ante la
Audiencia Provincial, donde se juzgaba a las ginecólogas, y allí se
encontraron con grupos de personas que apoyábamos a los tres doctores
procesados: Pablo Sánchez-Valverde y mis compañeras de curso de Medicina,
Elisa Sesma y Mari Cruz Landa. La policía nos disolvió a nosotros, claro;
no así a los del Opus. El fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa.
El grupo demandante, Acción Familiar, pedía 12 años de prisión para cada
uno de los tres médicos.


Pero no fueron los únicos. Ese mismo día también era juzgado en Málaga
el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría por otro aborto practicado en el
año 1986. Por cierto, en los dos juicios se juzgaba también a las mujeres
que habían interrumpido su embarazo. Un mes después de ese juicio la
Audiencia de Pamplona absolvió a los tres ginecólogos navarros, pero el
calvario y el acoso mediático y social que los tres doctores sufrieron es
indescriptible, y duró mucho tiempo a pesar de haber salido absueltos.
Por cierto, el Gobierno de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro y, si no
me equivoco, 71 diputados del Partido Popular recurrieron la Ley 2/2010
al Tribunal Constitucional. Otra forma de acoso. El recurso del Gobierno
de UPN ante el Constitucional fue retirado por el Gobierno de mi
compañera de partido, Uxue Barkos, en 2019.


Hubo que llegar a 2011, veinticuatro años desde la última interrupción
de embarazo realizada en la Comunidad Foral, para que una clínica de
iniciativa privada acabará con la excepción navarra en relación con el
aborto. Hasta ese momento el Gobierno de Navarra derivaba a las
embarazadas a centros de otras comunidades, como País Vasco, Aragón o
Madrid, para que interrumpieran sus gestaciones ante la supuesta falta de
profesionales dispuestos a realizar interrupciones en la comunidad, según
afirmaban entonces; un aspecto desmentido después por un grupo
de 11 ginecólogos navarros que, a través de una carta pública, negaron
que todos fueran objetores. En el texto pedían voluntad política y una
buena organización para que se pudieran practicar abortos en la red
pública. Y es solo en 2016, con la llegada al Gobierno navarro de Geroa
Bai, cuando se hizo posible que algunas interrupciones voluntarias del
embarazo se realizarán en el sistema público de salud. La mayoría se
siguen haciendo en ese centro privado, donde ocasionalmente grupos de
personas se siguen reuniendo para rezar el rosario, cantar, increpar a
las mujeres e intentar así hacer desistir a algunas de ellas de que
interrumpan sus embarazos. Es verdad, el acoso ha cambiado de formas; se
ha pasado de aquellos pasquines que decían: Elisa, asesina; o Uxue Barkos
asesina de no nacidos, a los rosarios y cánticos de hoy de personas de
creencias rígidas e inamovibles que se creen moralmente superiores al
resto, incapaces de aceptar que su ética es respetable solo si también
respetan la ética de las demás.


Y por cierto, déjenme que les diga que yo estudié en Medicina en la
Universidad de Navarra, la universidad del Opus Dei, y allí, que nos
daban clases de teología en primero y en segundo, si no me equivoco, me
enseñaron que el Señor atiende todas nuestras plegarias
independientemente del lugar donde las hagamos. No hace falta ir a las
puertas de las clínicas ni tampoco hace falta venir a las puertas del
Senado. (Aplausos).


Por eso, por la libertad y por la salud de las mujeres, votaremos sí a
esta modificación del Código Penal.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari jauna.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría Landa
Jauregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on.
Buenas tardes a todos y a todas.


El Grupo Vasco va a votar a favor del dictamen de la ponencia de esta
proposición de ley orgánica por la que se penaliza el acoso a las mujeres
que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo y,
por consiguiente, en contra de los dos vetos presentados,
respectivamente, por el Grupo Popular y por Vox. Lo haremos por
convicción y en defensa de los derechos fundamentales, en este caso de
las mujeres, que es algo que nos caracteriza como grupo.


Con nuestros votos en el Congreso de los Diputados apoyamos el texto
que finalmente ha desembocado en el Senado, y lo hicimos, además, con
nuestra participación activa en su elaboración y mejora mediante la
presentación de dos enmiendas, una primera destinada a exonerar a las
mujeres y personal de los centros que sufren estos acosos de la
obligación de denunciar estas conductas para su persecución penal,
posibilitando, por tanto, la actuación de oficio; y una segunda para el
establecimiento de una zona de seguridad en torno a estos centros donde
estas manifestaciones no sean posibles en orden a garantizar el libre
tránsito, la intimidad y la privacidad de las mujeres y de su personal.
La primera desembocó en el acuerdo para la conformación del apartado 5
del nuevo precepto penal propuesto a través de esta proposición; y, la
segunda, la relativa al establecimiento de la denominada zona de
seguridad, no parece que vaya a ser finalmente admitida, lo cual
lamentamos profundamente en tanto que se pierde una oportunidad clara de
ampliar el ámbito de protección jurídica de este nuevo precepto penal con
una medida de carácter administrativo contrastada en su eficacia en
países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Gran Bretaña o
Francia.


En todo caso, y yendo al meollo de la cuestión, resulta evidente
—y el debate suscitado con esta misma proposición de ley así lo
acredita— que hay asuntos como la interrupción voluntaria del
embarazo o la eutanasia que, por razones diversas más propias de su
estudio por la sociología, suscitan en su debate divisiones y
polarizaciones profundas en la sociedad y, por tanto, dificultades para
la búsqueda de encuentros y consensos en torno a ellas. Ahora bien, una
vez sustanciado y resuelto el debate mediante los procedimientos
democráticos correspondientes, una vez promulgadas las leyes que regulan
y establecen estos derechos, el Estado de derecho tiene la obligación y
el deber incuestionable de garantizar su libre ejercicio sin
perturbaciones, intimidaciones ni acosos como los constatados en este
caso. Nadie cuestiona el derecho a la reivindicación de posiciones
contrarias a estos derechos, pero lo que no cabe, de ninguna de las
maneras, es apelar al derecho de expresión o a otros derechos para
amparar conductas que interfieren, perturban y dificultan, en este caso,
el libre ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,
porque, en definitiva, el objetivo último de estas lamentables conductas
no es otro que revertir a través del temor, la intranquilidad y la
angustia la decisión de una persona adulta sustentada en un derecho
reconocido en la legislación del Estado. Esta es la situación a la que
nos enfrentamos desde la aprobación en 1985 de la despenalización del
aborto en tres supuestos, una situación acentuada desde el año 2010 con
la introducción del denominado sistema de plazos mediante la Ley 2/2010.
Esta realidad responde a dinámicas que tienen su origen en movimientos
religiosos integristas de Norteamérica, que finalmente han desembocado
también en Europa; una realidad que debe tener, por tanto, una respuesta
clara y contundente por parte del Estado de derecho en orden a proteger
un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico estatal, europeo e
internacional, garantizando, en todo caso, la seguridad física y
emocional de quienes pretenden ejercerlo desde su decisión libre y
consciente.


En este sentido, sirva como referencia la misma plataforma de Acción de
Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas de 1995, en la
que se reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el
derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su
sexualidad —incluida su salud sexual y reproductiva— libres
de presiones, discriminación y violencia. No es de recibo, por tanto, que
las mujeres que pretenden acogerse a este derecho fundamental se vean
sometidas al hostigamiento, al marcaje y a la coacción de quienes
pretenden imponer su moral religiosa por encima de la ley en un ejercicio
de paternalismo y tutelaje absolutamente inadmisible; como tampoco lo es
la presión que se ejerce en el mismo sentido sobre el personal de los
centros habilitados para ello. Lo contrario sería tanto como admitir por
la vía de los hechos un retroceso claro en el ejercicio de estos
derechos, y para ello, señorías, no cuenten con el Partido Nacionalista
Vasco.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Landa jauna.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tomará la palabra la senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, presidente.


Hemos empezado este debate con discursos que miran más hacia atrás que
hacia delante; con discursos que hablan de las mujeres, pero sin las
mujeres. Pero las que queremos garantizar y consolidar los derechos de
las mujeres contra viento y marea, contra la derecha y la ultraderecha,
vemos en esta proposición de ley una oportunidad; una oportunidad para
una maternidad libre y deseada, por los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres y por el derecho a la salud, y por eso vamos a votar en
contra de los vetos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría De
Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.


Cuando he oído a la portavoz socialista decir que iba a mantener un
debate de jurista a jurista, me he motivado y he pensado que íbamos a ver
razones jurídicas, que íbamos a mantener un debate de altura, pero mire
lo que he tenido que anotar en el papel que le muestro: Nada; porque no
ha habido nada jurídico. (Aplausos). No ha habido ninguna razón jurídica.
Por tanto, no sé, supongo que se trata de otro eslogan.


Por cierto, ¡qué machista!, ¿no? Me parece muy machista decir que yo,
por mi condición de hombre, no puedo participar en ese debate.
(Aplausos). ¡Qué machismo hay en el Grupo Socialista! Aquí debate quien
lo estime conveniente; todos tenemos derecho a participar, hombres y
mujeres. ¿O es que ustedes eso no lo entienden?


Y no sé si usted me ha intentado hacer callar como hizo su compañero
esta mañana, que intentó callar a nuestra portavoz, Salomé Pradas.
¿Estamos ya en ese nivel?, ¿ya estamos en el nivel de intentar callar a
la oposición, incluso aquí? ¡Vaya defensa jurídica están ustedes
realizando!


Pues bien, no ha habido referencias jurídicas ni ha habido debate
jurídico ni han dado razones jurídicas, sino solamente la pancarta en la
que ustedes están instalados constantemente. Ya lo han dicho muy bien
otros portavoces, incluso la propia letrada de la Comisión de Justicia,
que ha puesto pegas a su redacción porque no va a tener la suficiente
calidad jurídica a la hora de determinar cómo va a trasladarse al Código
Penal, de manera que los jueces y magistrados no tendrán capacidad para
utilizar esta figura y, por tanto, ustedes y sus asociaciones repetirán
aquello de «la justicia fascista», «la justicia facha»... Eso es lo que
ustedes están consiguiendo.


¿Cuál es la definición jurídica de acoso? ¿Lo pueden ustedes explicar?
La propia letrada de la comisión ha dicho que no hay una definición
jurídica de acoso en el texto. ¿Cómo van a pretender que se penalice a
alguien por acoso si ustedes están utilizando una terminología que no
tiene consistencia jurídica? Es que no comprendo cómo otros grupos
parlamentarios de sólida formación jurídica no entienden realmente lo que
están ustedes proponiendo que aprobemos. De verdad que no lo entiendo. La
única razón que ustedes esgrimen es el ataque al derecho a la
interrupción del embarazo, que no es tal porque esta tarde no estamos
debatiendo el derecho a la interrupción del embarazo, aunque ustedes
quieran manipular a sus asociaciones. (Aplausos). No estamos discutiendo
la interrupción del embarazo porque, ¿saben una cosa? El Tribunal
Constitucional ya lo ha regulado, ya se ha pronunciado, por tanto, ese no
es el debate, aunque cada uno podamos tener nuestra conciencia y nuestra
idea personal. Repito, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado,
y, por tanto, nosotros, que somos respetuosos, así lo aceptamos. Aquí no
estamos debatiendo eso sino la introducción como tipo penal de una figura
de acoso, de coacción que ustedes están utilizando únicamente de forma
ideológica y sectaria para contentar a unos sectores minoritarios de las
mujeres, pero no tienen razones jurídicas para ello; no las tienen y no
han aportado ninguna razón jurídica. (Aplausos). Ni una.


Ustedes, como gran argumento jurídico, nos hablan de la suerte que
tienen otros países europeos con la derecha. Pues, mire, yo también se lo
voy a decir: Qué suerte tienen otros países europeos con su izquierda,
porque la izquierda en otros países europeos, como Alemania, Francia o
Italia, no tiene miedo a la libertad, no tiene miedo a que alguien opine
lo que estime conveniente dentro de las razones constitucionales.
(Protestas). Ustedes tienen miedo a la libertad, ustedes tienen miedo a
la opinión, ustedes tienen miedo a la libertad de expresión.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor DE ROSA TORNER: Ustedes tienen miedo a la libertad. Y lo que a
mí me daría vergüenza es tener en el Gobierno a miembros como el
presidente de Izquierda Unida, que ayer, ante el magnífico discurso del
presidente de Ucrania, Zelenski, no quiso aplaudir porque dijo que no
consideraba que se atacara la libertad. Y está en su Gobierno. Eso es lo
que a mí me da vergüenza: que en su Gobierno haya miembros que discutan
la libertad...


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya a la cuestión, por favor.


Muchas gracias.


El señor DE ROSA TORNER: Es que se ha acusado a este grupo de ir contra
la libertad de las mujeres, y esa no era la cuestión. Estamos debatiendo
otra cuestión. (Aplausos). Y yo les digo a algunos senadores...


El señor PRESIDENTE: Senador De Rosa, vaya a la cuestión y continúe,
por favor.


El señor DE ROSA TORNER: ... que tienen miedo a la libertad.


¡Qué vergüenza sentimos ayer todos los demócratas de este país
escuchando a miembros de su Gobierno! ¡Vergüenza! (Aplausos).


Ustedes, repito, tienen miedo a la libertad; por eso utilizan el Código
Penal: porque no saben cómo restringir los derechos. El opinar, aunque
sea de manera diferente, es un derecho. Yo puedo opinar una cosa y,
ustedes, otra, y eso está protegido constitucionalmente, pero ustedes
tienen que retorcer el Código Penal para intentar imponer su ideología y
para intentar imponer su modelo de vida. Sin embargo, en este país hay
muchos modelos de vida, hay muchas maneras de actuar, hay muchas
personas, mujeres y hombres, que opinan en su libertad lo que estiman
conveniente, y no tenemos la obligación de pensar lo que ustedes quieren
que pensemos porque eso no es libertad. Y, por tanto, como no tienen
motivos jurídicos, porque no tienen motivos constitucionales, porque a
ustedes les da miedo la libertad, imponen estos tipos penales en el
código y retuercen el artículo 172 de esa manera.


Les repito que me gustaría que en su intervención posterior me dieran
alguna razón jurídica y no el eslogan de que somos unos fachas, que vamos
contra las mujeres... Eso ya lo han dicho, que somos fachas, que vamos
contra las mujeres; pero ¿me pueden dar ustedes alguna razón jurídica?
¿Me la quieren dar? No tienen razones. (Protestas). Por tanto, como no
las tienen, son un papel en blanco...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor DE ROSA TORNER: ... y eso queda acreditado en el informe de la
letrada de la comisión.


Es simplemente un papel en blanco, un simple eslogan que no tiene
ningún fundamento jurídico.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría
Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidente jauna.


Señor De Rosa, le he traído un bolígrafo para que pueda usted rellenar
esa hoja en blanco, porque quizá usted no ha escuchado y por eso no la ha
podido rellenar. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: No quiero que haya frío en las casas, que
haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. Estas son unas
bellas palabras de Ángela Figuera, una mujer de Bilbao, una escritora que
tuvo que combatir, como ella misma decía, ese dominio de los hombres en
un momento tan difícil, y que defendió siempre el papel de las mujeres en
la vida social. Son unas palabras que tienen que hacernos reflexionar
sobre por qué estamos aquí, cuál es el motivo de este debate, y que nadie
intente desviar la atención.


En nuestro país, la libre decisión de una mujer de interrumpir
voluntariamente su embarazo con arreglo a las leyes está perfectamente
permitido, está regulado; lo mismo que la actividad de los y las
profesionales que trabajan en estas clínicas. Esto fue fruto de un debate
muy serio que mantuvimos todos los grupos políticos, con nuestras
diferencias y con nuestros matices. Después del debate se tomó una
decisión, y eso ya está consagrado: en España ninguna mujer que realice
la interrupción voluntaria del embarazo puede ser condenada, y mucho
menos condenada a penas privativas de libertad, a penas de prisión, como
ocurría en épocas pasadas, y tampoco los y las profesionales que realizan
estas actividades. Esto debe quedar claro. ¿De qué estamos discutiendo
aquí? De que este derecho de las mujeres se ve interrumpido, se ve
amenazado porque una serie de personas llenas de odio, planificadamente,
de forma concertada, con estructuras económicas y financieras, intentan
humillar a estas mujeres, amenazarlas verbalmente o de otra manera,
coaccionarlas e impedir que puedan ejercer libremente su derecho. Esto es
lo que está pasando, y a esto nos estamos refiriendo. (Aplausos).


Algunos que no encuentran argumentos jurídicos deberían escuchar más:
escuchar las barbaridades que se oyen en esas clínicas, lo que sufren
estas mujeres y también lo que sufren quienes ejercen su trabajo allí. Y
les diré que estas personas, estas mujeres, muchas veces acuden con un
estado de vulnerabilidad muy fuerte, después de haber tomado una decisión
que es compleja, y allí hay un grupo de personas que consideran que
pueden tranquilamente menoscabar su estado de ánimo, e incluso hacer que
corran mayor riesgo en la intervención a la que van a someterse. Son
personas, por tanto, a las que no les importa para nada la vida de sus
semejantes; solo esas ideologías que ellos practican.


Un Estado justo tiene que proteger a estas personas vulnerables, a
estas personas que están sufriendo el acoso porque eso es lo que debe
hacer en todos los casos. Por eso tenemos que llevar a cabo una reflexión
interior. Es imprescindible que tengamos regulado en el Código Penal
estas conductas para que no vuelvan a ocurrir, porque se lo debemos a
estas mujeres, se lo debemos a estas personas que sufren y el Estado
tiene que estar siempre a su lado. Por eso es necesaria esta modificación
legal.


Y ustedes, señorías del Partido Popular y de Vox, nos plantean dos
vetos. En el caso del Partido Popular, con tres ideas. La primera es
—como ha dicho expresamente, además, pero viene escrito en su
texto— que esta proposición de ley es partidista. Yo les pregunto a
ustedes, ¿es que acaso la defensa de los derechos de las mujeres no debe
ser cosa de todos los partidos? (Aplausos). La segunda razón es que
atenta o ataca al derecho de reunión. ¿De verdad ustedes consideran que
está protegido el derecho de unas personas a humillar concertadamente a
otras, a acosarlas y a agredirlas? ¿Esto es lo que piensa el Partido
Popular? Y la tercera razón, dicen ustedes, es la libertad de expresión.
¿Insultar, coaccionar, humillar y amenazar a una mujer para el Partido
Popular es libertad de expresión? (Aplausos). Francamente, pensaba que
después del congreso que han celebrado ustedes habría un nuevo PP.
(Protestas). Lo siento mucho. Ha sido una lástima escuchar lo que hemos
escuchado hoy, aquí.


En el caso del veto de Vox, la primera razón que alegan es que esta es
una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, ¿y qué?
(Risas). ¿Es que acaso no puede un grupo parlamentario presentar una
iniciativa? ¿Es que acaso un grupo político no puede plantear una
modificación legal? ¿O es que es otra cosa? Dado que han manifestado
ustedes en alguna ocasión su intención de ilegalizar partidos
democráticos ¿es que están pensando quizá en prohibir que los que no
pensemos como ustedes podamos tener realmente una iniciativa política?
(Aplausos.) Miren lo que está pasando muy cerca de aquí, en Ucrania, y
díganle al señor Hermann Tertsch que en Gernika hubo un bombardeo en el
que murieron personas y que se atentó contra la población civil.
(Aplausos.— Protestas).






Y sí, efectivamente, esta fue una
proposición planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, es cierto,
pero ha habido una enorme participación, y hemos llegado a un acuerdo con
otras formaciones políticas, de modo que hoy no es de nadie sino de la
inmensa mayoría de la Cámara, y es una ley que va a proteger los derechos
y las libertades de las mujeres.


La segunda razón que nos dan coincide mucho con la del Partido Popular,
y es que hablan del derecho de reunión, y, además, de libertad
ideológica, y esto es desenmascarar la verdadera cara de la ultraderecha,
porque, según ellos, su ideología les permite patear los derechos de las
mujeres. Esto verdaderamente me parece dramático. Francamente, señorías
del Partido Popular, deberían ustedes ver después de este tipo de
intervenciones qué socios más tremendos son los que ustedes plantean de
cara al futuro. (Aplausos).


La tercera razón es lo que denunciaba Ángela Figuera: ese paternalismo,
ese patriarcalismo. Vienen a decir que estas personas que insultan,
agreden, humillan verbalmente, etcétera —que han dicho que rezan
también, ¿no?—, lo que están haciendo realmente es informar a las
mujeres de que hay otras posibilidades, como si las mujeres no fuesen
suficientemente capaces de saber lo que tienen que hacer. Esto es algo
verdaderamente intolerable y que demuestra la ideología que subyace,
según la cual para algunos las mujeres no son suficientemente maduras
para decidir sobre su vida, sobre su salud y en general, sobre todo.
(Aplausos).


Voy concluyendo porque hoy son otras personas las protagonistas. Han
venido aquí personas que han luchado mucho, mujeres que han luchado
muchísimo también en el Grupo Parlamentario Socialista —como en
otros grupos— pero hoy, al menos hasta el momento, no hemos
escuchado la palabra bruja, ¿verdad Laura? Hoy no hemos escuchado esto.
(Aplausos).


Espero que no lo escuchemos. Espero que el debate sea serio, que
proteja un interés jurídico que debe ser protegido —vaya apuntando,
señor De Rosa—, y sobre todo un debate que vaya a la raíz de lo que
es la convivencia en una sociedad democrática. En este sentido, cuando
esta ley se apruebe —y espero que sea hoy mismo— en nuestro
país ya no va a ser posible que, con total impunidad, un grupo de
personas de forma concertada pueda humillar, amenazar, agredir y
coaccionar a ninguna mujer cuando decide sobre su salud sexual y
reproductiva. (Aplausos).


Y aquí han dicho algunos que rezaban, ¿no? Bueno, pues como decía
Ángela Figuera, mi reino sí es de este mundo.


Eskerrik asko. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista con sus señorías en pie).


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Oleaga jauna.


Señorías, pasamos al turno de enmiendas. Votos particulares.


Para la defensa de la enmienda número 5, por parte del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Gracias, señor
presidente. Arratsalde on denori berriz. Buenas tardes a todos y a todas
de nuevo.


El Partido Nacionalista Vasco defiende la única de nuestras dos
enmiendas que no fue aceptada en la tramitación previa de esta
proposición de ley orgánica en el Congreso y que, lamentablemente, parece
que tampoco lo va a ser en el Senado. Su objeto no es otro que el de
establecer zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios
acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo, que garantice
la intimidad y privacidad de las mujeres y su derecho a la libre
circulación, así como proteger igualmente al personal de estos centros.
Para ello, proponemos la adición a la proposición de ley de una nueva
disposición final que introduzca una nueva infracción grave en la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Se trata, por tanto, de habilitar un nuevo instrumento legal que
complemente y amplíe el ámbito de protección que confiere el nuevo tipo
penal previsto en la proposición de ley orgánica, a través de una
infracción administrativa que imposibilite estas concentraciones y, por
tanto, las conductas de acoso en un perímetro de 150 metros en torno a
estos centros; una medida acreditada en su eficacia en países de nuestro
entorno, como señalaba en mi anterior intervención, como Alemania,
Austria, Gran Bretaña y Francia —donde tiene incluso un carácter
penal— y valorada positivamente por el propio defensor del pueblo;
una medida que además posibilitaría, en caso de incumplimiento, la
aplicación de sanciones de hasta 30 000 euros, con el consiguiente efecto
disuasorio. Su presentación en esta proposición de ley orgánica y no en
la tramitación de la reforma de la Ley de protección de la seguridad
ciudadana, como se nos trasladó en comisión, pidiéndonos que se abordara
en el contexto de la reforma de esa ley, responde a una sola razón, y es
que no confiamos, desde la nula voluntad política constatada respecto de
la reforma de esta Ley de protección de la seguridad ciudadana, que se
pueda llevar a cabo en esta legislatura. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


Entendemos, por tanto, que la inaceptable e inadmisible situación a la
que se enfrentan las mujeres sometidas a este acoso no puede esperar a la
reforma de un texto legal promulgado en tiempos del dictador y vigente
hasta nuestros días. Es necesaria una respuesta eficaz y efectiva con
carácter urgente e inmediato; de ahí su presentación.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Landa.


Para la defensa de las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora
Bailac.


La señora BAILAC ARDANUY: Gracias.


Con la voluntad de avanzar en la consolidación de los derechos de las
mujeres, hemos presentado dos enmiendas para mejorar el texto, para
hacerlo realmente un texto transinclusivo que garantice y que refuerce el
compromiso con el anonimato y con la intimidad de las personas afectadas,
que sabemos que toman una decisión muy difícil cuando acuden a las
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y que sufren el acoso de
grupos ultracatólicos y de grupos antiderechos.


La enmienda número 3 se refiere a la inclusión del concepto persona
embarazada, además del concepto mujer, que ya aparece en el texto
remitido por el Congreso. Esta enmienda responde a la intención de
adaptar los marcos normativos a la realidad existente y hacerlos avanzar
hacia la inclusión de todas las realidades sociales. A nivel comparado,
existen legislaciones en otros países que ya recogen la realidad de las
personas trans con capacidad gestante, y, por tanto, si en las Cámaras
legislativas pretendemos no ir siempre por detrás de la realidad,
deberíamos empezar a adaptar los marcos normativos de modo que sean
transinclusivos. Tenemos el reto de hacer leyes transinclusivas, y de ese
empeño surge esta enmienda.


En cuanto a la enmienda número 4, nos parece de gran importancia que
pueda garantizarse el secreto de las actuaciones policiales y judiciales,
así como la privacidad o el anonimato de las mujeres y de las personas
embarazadas que sean víctimas de los delitos que aquí se están tratando,
para que quienes han pasado por estas graves situaciones de acoso que
intentan vulnerar el ejercicio de un derecho, tengan garantizada la
confidencialidad en estos procedimientos judiciales, porque sabemos que
puede haber quien prefiera no presentar una denuncia o no verse inmersa
en este tipo de procedimientos judiciales. Creemos que insistir en el
anonimato y en la confidencialidad puede ser una garantía para que más
personas acudan a la vía judicial a hacer valer sus derechos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Bailac.


Para la defensa de las enmiendas números 6 a 9, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Plaza.


El señor PLAZA MARTÍN: Gracias, presidente. Señorías, buenas
tardes.


Me cabe el honor de defender las cuatro enmiendas del Partido Popular.
Lo siento, la próxima vez les pediremos a ustedes opinión sobre si tiene
que ser un hombre o una mujer del Partido Popular quien las defienda.
(Aplausos). Para nosotros eso no es importante, para nosotros lo
importante es el contenido, es el fondo del asunto, es el debate que se
está produciendo aquí. Nosotros contamos con un grupo de mujeres, seguro
que más capaces que yo, para defender con los mismos argumentos, o
incluso mejores, lo que ahora voy a exponer. Pero eso no es lo
importante; resulta curioso que, en todo caso, ustedes también tienen
distintos portavoces y no pasa nada. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El fondo de lo que hoy debatimos aquí, el objeto real, el foco, lo
tenemos que poner precisamente en la modificación del Código Penal;
modificación que nosotros consideramos innecesaria porque ya está
subsumida en otros tipos. Se trata de limitar el derecho de reunión, el
derecho de manifestación y el derecho de expresión. Yo pregunto ¿estamos
defendiendo o no el derecho también de las mujeres a hacer esto, a
reunirse, a expresarse y a manifestarse? (Aplausos). Pues claro que sí.
Claro que sí. ¿O es que acaso hay mujeres y mujeres? ¿O es que acaso hay
mujeres de primera y mujeres de segunda? Nosotros no lo vemos así. Pero
lo que es especialmente preocupante para nosotros es que en el fondo se
está entrando a conocer los motivos de esa reunión, de esa manifestación,
de esa expresión, cosa que hasta ahora era prácticamente inaudito en el
derecho español.


Conocemos los escraches y dependiendo de quién sea y para qué los
valoramos positiva o negativamente. Conocemos los piquetes informativos,
y dependiendo para qué y para quién los valoramos de una forma o de otra.
Y ahora estamos poniendo en negro, como se está diciendo aquí, el derecho
de reunión, el derecho de expresión y el derecho de información. Esto no
es justo. Ustedes lo que están haciendo en el fondo es dividir, y lo
hacen muy bien.


El Partido Socialista es experto en dividir: divide unos casos y divide
otros, divide a unas mujeres y divide a otras. Y esto no puede ser. Esto
es con lo que no estamos de acuerdo. Quieren sanciones distintas para
conductas iguales ya tipificadas en el Código Penal. No desvíen la
atención, estamos hablando del Código Penal. Reflexionen sobre la
gravedad de esta modificación.


Y quiero terminar con una preocupación incluso mayor. La portavoz del
Grupo socialista ha dicho hoy en esta tribuna que hay que pararles los
pies. Y yo me pregunto: ¿vamos a pararles los pies desde el Legislativo o
desde el Judicial? Porque ustedes están muy acostumbrados a mezclar una y
otra cuestión, y no es lo mismo. Podemos llegar en el fondo del asunto a
trabajar de otra manera, como también se ha dicho en esta tribuna, una
modificación del Código Penal más correcta, más de fondo, más adecuada,
siempre y cuando no consideremos —como nosotros pensamos—,
que esto ya está tipificado en el Código Penal.


En el fondo, y con esto termino, lo que ustedes están haciendo hoy es
pagar tributos políticos, y eso no es correcto. Hay que mirar al futuro y
con un Código Penal que sea correcto y aplicable por los jueces. También
se ha manifestado aquí que esa va a ser la dificultad del futuro.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plaza Martín.


Para el turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra la senadora
Adrio Taracido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señor presidente.


Saludo a las asociaciones de mujeres que están en la tribuna.


Señorías de Esquerra, en cuanto a su enmienda de modificación número 3,
preferimos mantener el texto tal y como está, ya que ha alcanzado un gran
consenso. Por lo que se refiere a la enmienda número 4, aunque lo ideal
es el secreto de actuaciones que se puede decretar en actuaciones
judiciales, y que también se debe preservar, es imposible garantizarlo
íntegramente al tener el acusado conocimiento de las actuaciones en aras
del derecho de defensa, por lo que entendemos que no se debe
incorporar.


Señorías del PNV, su enmienda número 5, de adición, aunque interesante,
entendemos que no se debe incorporar, pues además de que el
establecimiento de un perímetro genera inseguridad jurídica a la hora de
determinar si se ha superado o no, creemos que esta medida se debe tratar
en la Ley de protección de la seguridad ciudadana que se está debatiendo
en el Congreso.


Señorías del PP, sus 4 enmiendas de supresión son una enmienda a la
totalidad y vienen a reproducir su veto bajo la idea de libertad
ideológica, religiosa, de información y de reunión. Sin embargo, esconden
pura y simplemente un obstáculo al ejercicio de un derecho, por lo que no
se pueden incorporar.


En la primera refieren la no existencia de denuncias y, por tanto, de
condenas. Sin embargo, ello se puede deber a que las agraviadas no
quieran ver aireada su intimidad, lo que no quiere decir que no exista
acoso. Los datos de acoso y amenaza son una realidad conocida, y son
elevados. Es como si negaran la violencia de género porque el 80 % de las
víctimas del año pasado no habían denunciado.


En cuanto a la segunda, el artículo único no vulnera el principio de
intervención mínima en el derecho penal. Este evoluciona y se crean
nuevos tipos cuando se producen nuevas situaciones delictivas que
vulneran derechos que hay que proteger. En cuanto a entrar en colisión
con los derechos fundamentales de reunión y manifestación, además de que
el objetivo de esta proposición de ley no es la restricción del derecho
de reunión, la jurisprudencia alegada no es aplicable pues, como señalan
ustedes, no hubo sentencia sobre estos acosos concretos.


El Tribunal Constitucional dice que el derecho al honor es un derecho
fundamental que corresponde a todo ser humano por su condición de tal,
inherente a la dignidad de la persona que a todos nos corresponde, y que
consagra de forma expresa el artículo 10 de nuestra Constitución como
fundamento de orden político y paz social. Partiendo de que condeno todo
tipo de escraches y acosos, esta ley trata del acoso a mujeres que
deciden libremente abortar, decisión muy meditada —y que no es ir
de fiesta, como he oído alegar a miembros de determinado partido
político—, y también proteger al personal sanitario de las clínicas
a las que asisten. (Aplausos).


No me invoquen la libertad de expresión porque no todo vale. La
libertad de uno empieza donde termina la del otro. Esas personas acuden a
ejercer un derecho y se debe proteger su derecho a la intimidad. Cuando
se acude a un centro sanitario a someterse a la intervención del tipo que
sea, generalmente se va con cierta preocupación y no se puede consentir
que se sientan increpadas y acosadas. El derecho a la libre expresión es
uno de los más fundamentales, esencial para el respeto y promoción de
todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de
denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la
opresión, pero hay personas individuales o colectivos que quieren imponer
su ideología o valores personales callando a las otras, y esto no es
libertad de expresión. Cuando una mujer toma esa decisión tan meditada no
hay que ir a enmendarle la plana, a acosarlas. (Aplausos). Las mujeres
somos libres, aunque a alguna formación política no le guste, y dueñas de
nuestro cuerpo y nuestros actos. Respetar la libertad de los demás es
esencial para respetar nuestra propia libertad, y en democracia se debe
garantizar. En este sentido, como legisladores que somos, es lo que
hacemos con esta proposición de ley. Las otras dos enmiendas de supresión
de las disposiciones adicionales no pueden ser acogidas.


Señorías del PP, en su partido hay distintas sensibilidades en relación
con este tema y, de hecho, en el Congreso la mayoría de su partido apoyó
esta ley. Y me pregunto: algunas se equivocarían, pero quizás no todas, y
muestra de ello es que hoy están interviniendo hombres. No soy machista,
los hombres pueden intervenir, pero aquí no ha intervenido ninguna mujer,
lo que me hace dudar.


Como mujeres y hombres demócratas no podemos aprobar ni tolerar los
acosos a mujeres que ejercen un derecho legalmente establecido y como
legisladores debemos dar una solución jurídica, tipificando este delito
para impedir que nadie acose a una mujer. Por tanto, no vamos a aceptar
sus enmiendas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


A continuación, iniciamos el turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señor presidente.


Después de estos sólidos argumentos incontestables y de que en función
de quién sube aquí y qué tiene entre las piernas valen unos argumentos u
otros, la verdad es que ya no sé qué decir.


Un punto de su argumentación es el tema de la salud. Es decir, que lo
que hace unos meses era un auténtico problema, hoy ya no lo es, sino que
va a favor de la salud de la mujer. Un poco hipócrita, la verdad.


Respecto de los rescatadores, diré que ellos no insultan, señorías.
Ustedes hablan de deshumanizar, pero los que deshumanizan son sus socios
de Gobierno, que ponen bombas para conseguir sus fines políticos.
(Protestas). ETA, sí, señorías, sus socios de Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Y respecto a lo de Cañas por España,
yo estoy bastante más orgulloso de que sea Cañas por España en lugar de
que sea putas y cocaína con dinero de los parados españoles y, además,
solo para el Partido Socialista.


Las mujeres, evidentemente, son víctimas de esto. No estamos
criminalizando a las mujeres que van a abortar. En absoluto lo hemos
hecho en ningún momento. Criminalizamos a aquellas empresas y a aquellas
asociaciones que se dedican a coaccionar a estas mujeres para que lo
hagan, con fines multimillonarios. Seguramente sea para lograr una de las
puertas giratorias a las que ustedes luego van.


Nos encontramos, además, ante una proposición de ley presentada en el
Congreso en la que se nota la desesperación a la que han llegado los
adictos a la cultura de la muerte, que no pueden soportar que personas
voluntarias intenten ayudar pacíficamente a mujeres embarazadas.


Hoy hemos presentado este veto no solo porque estamos a favor de la
vida, que es independiente de las creencias religiosas de cada uno, sino
porque nos encontramos con una proposición de ley que, de ser aprobada,
será considerada inconstitucional, tanto por la falta de informes en su
tramitación como por la grave perturbación de al menos tres derechos
fundamentales: de reunión, de libre expresión y de libertad
ideológica.


Por ello, llama poderosamente la atención que esta reforma se efectúe
mediante una proposición de ley orgánica a cargo del Grupo Parlamentario
Socialista. Esto es lo que decíamos antes al señor Oleaga. Aquí no
estamos en contra de que cada uno lo presente, ni mucho menos, pero esto
no es sino otra muestra constante del abuso de la mayoría en el poder.
¿Entienden ahora que Abascal llame al señor presidente autócrata?
Ustedes, además, han buscado a toda costa la omisión de los informes que
debieran emitirse por parte del Consejo de Estado y del Consejo General
del Poder Judicial porque, mediante ese procedimiento, se alertaría de la
segura inconstitucionalidad de esta ley. Como decía antes al señor
Oleaga, respetamos absolutamente las opiniones de los demás, los que no
las respetan, y reitero, son sus socios de Gobierno que ejecutaban a
aquellos que no pensaban como ellos. Y esta omisión, a su vez, supone una
restricción injustificada para que los parlamentarios y los grupos puedan
deliberar con pleno conocimiento de los elementos de juicio
imprescindibles.


Y volviendo al contenido, lo que se pretende castigar no es una
conducta cualquiera, sino la que está amparada por tres derechos
fundamentales: el de reunión —como he comentado antes—, como
manifestación colectiva de la libertad de expresión, y en el marco de la
libertad ideológica. Cómo les gusta a ustedes últimamente cercenar el
derecho de reunión, ustedes que se hacen llamar constitucionales y demás.
Pero les recuerdo que una sociedad democrática se configura como una
técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de
ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o
reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce del principio
democrático participativo.


Por otro lado, la libertad de expresión, que ustedes tanto defienden
cuando se trata de ofender o insultar determinadas creencias, está
desprotegida en esta iniciativa. Y también la libertad ideológica,
señorías, el derecho a tener ideas que comprende necesariamente el
derecho a comunicar a los demás las ideas, creencias o
convicciones.


Por lo tanto, la creación de un nuevo tipo penal para reprimir la
conducta de quienes acuden pacíficamente a las inmediaciones de los
centros abortistas para ofrecer sus oraciones, su ayuda y asistencia de
diversa naturaleza supone una restricción injustificada de los derechos
fundamentales y libertades públicas de reunión, de expresión e
ideológicos. Les recuerdo que estas personas van a ayudar a las mujeres,
cosa que no hace en ningún momento su Ministerio de Igualdad, con 20 000
millones de euros sacados del bolsillo de todos los españoles, que se
dedican a pintar bancos, a montar chochocharlas, a hablar del toto y de
no sé qué historias, en lugar de ayudar realmente a paliar la
desesperación de las mujeres que han abortado o que van a abortar en el
trance tan terrible que supone antes, durante y después.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Democrático? (Pausa). No interviene. Muchas
gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente. Bona tarda de nou.


Señorías, debatimos hoy esta proposición para penalizar las actitudes
contra el ejercicio de un derecho, el derecho que tienen las mujeres a
interrumpir voluntariamente su embarazo; un derecho que las mujeres deben
poder ejercer con total libertad, sin ser señaladas, sin ser molestadas,
sin ser intimidadas ni amenazadas en ningún lugar, tampoco cuando acuden
a las clínicas para la interrupción de su embarazo.


Resulta evidente que nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas
del Grupo Popular.


Respecto a las enmiendas de Esquerra Republicana-EH-Bildu y del Grupo
Vasco, vamos a abstenernos, a diferencia de lo que hicimos en comisión,
pues su análisis detallado nos genera algunas contradicciones, por
ejemplo, en lo que se refiere al secreto de las actuaciones policiales y
judiciales, que consideramos que puede afectar al derecho de defensa.
Igualmente entendemos que pretender impedir la participación en
concentraciones a menos de ciento cincuenta metros de los lugares
habilitados para la interrupción voluntaria del embarazo, sin
objetivarlo, puede comportar una limitación de derechos fundamentales en
cualquier tipo de concentración, por ejemplo, en el caso de que fueran
los propios trabajadores de la clínica los que quisieran manifestarse
para mejorar sus condiciones laborales, o los usuarios, para denunciar
una mala praxis. De aquí nuestras dudas y nuestra abstención.


Lo que vamos a hacer en Junts per Catalunya es apoyar el texto
dictaminado en comisión, que es el que ya apoyaron nuestros compañeros
diputados en su tramitación en el Congreso.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.


Una cuestión previa. Quiero corregirme por mi alusión a la Ley de
protección de la seguridad ciudadana. Efectivamente, la vigente ley es
de 2015 y no una ley franquista, como he señalado erróneamente. Mi
confusión viene respecto de otro texto legal distinto. Por tanto,
traslado mis disculpas por este error.


Volviendo a la posición del Grupo Vasco sobre el dictamen objeto de
examen, entiendo que ha quedado suficientemente clarificada en nuestra
intervención en el turno de portavoces relativa a los dos vetos
presentados a esta proposición de ley; intervención a la que me remito,
por tanto, ratificando nuestra decisión de votar a favor del dictamen.
Por ello, quisiera utilizar este último turno para trasladar brevemente
la posición de nuestro grupo respecto al resto de enmiendas presentadas
por diversos grupos parlamentarios.


Con relación a las presentadas por el Grupo Popular, votaremos en
contra, en tanto no pretenden otra cosa que la traslación del veto, que
ya hemos rechazado previamente.


En cuanto a las dos enmiendas de Esquerra Republicana-EH Bildu, vamos a
apoyar la número 3. Compartimos la necesidad de visibilizar la realidad
de las personas transexuales y, por tanto, nos parece razonable o
procedente incorporar al tenor literal del nuevo tipo penal el término
persona embarazada propuesto en la enmienda.


En cuanto a la número 4, nos vamos a abstener. Compartimos su objeto
último, que es salvaguardar la intimidad y privacidad de las mujeres que
se encuentran en esta situación, pero entendemos también que la
regulación procesal penal es la que es y establece claramente que, desde
el carácter reservado de las actuaciones penales, las partes personadas
pueden acceder a su contenido, con la excepción de secreto del sumario
decretado por el juez instructor, que, en todo caso, tiene un carácter
temporal. Tampoco se debe obviar que, según lo establecido en el
artículo 22 de la Ley reguladora del estatuto de la víctima del delito,
de 2015, los jueces y juezas, tribunales, fiscales y demás autoridades y
personas funcionarias encargadas de la investigación penal, así como
todas aquellas que de cualquier modo intervengan o participen en el
proceso, deben adoptar de, acuerdo con lo dispuesto en la ley, las
medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de
sus familiares. Es, por tanto, a todas ellas a quienes corresponde
adoptar las medidas pertinentes para la consecución de tales
finalidades.


Gracias. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Landa senatari.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya,
intervendrá la senadora Bailac Ardanauy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, presidente.


Hoy debatimos sobre la defensa inequívoca de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y de las personas embarazadas; debatimos
sobre la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,
y es evidente que los actos que tienen lugar ante las clínicas son actos
flagrantes de acoso, de hostigamiento, que hoy en día quedan impunes. Por
eso es necesario impulsar la regulación que estamos debatiendo.


No hay duda de que la reforma de la Ley del aborto del año 2010 recogió
gran parte de las reivindicaciones del movimiento feminista al aborto
libre, gratuito, fuera del Código Penal y en la sanidad pública. Es clave
que se respete la decisión de las mujeres, sobre todo, para garantizar
también una de las proclamas del movimiento feminista, que es la de la
maternidad libre y deseada. Es obligación de los poderes públicos
garantizar el derecho de las mujeres y de las personas embarazadas a
interrumpir su embarazo y, por eso, hay que impedir que se continúen
produciendo manifestaciones frente a las clínicas que pretenden intimidar
a las mujeres. Son hechos muy graves, que aspiran a limitar el ejercicio
de un derecho.


El acoso a las mujeres que quieren abortar hoy en día queda impune, y
sabemos que las mujeres que han padecido este tipo de situaciones, este
tipo de agresiones, se sienten molestas, violentadas y acosadas cuando
acuden a ejercer un derecho. No lo podemos permitir. Por eso, es
importante la aportación que hizo el Grupo Republicano en el trámite en
el Congreso sobre el reconocimiento de las personas profesionales,
directivas y facultativas de estas clínicas como personas que pueden
denunciar también estas agresiones, para asegurar que este servicio se
siga prestando. Hay que subrayar esta incorporación de la violencia de
segundo orden en el texto remitido por el Congreso.


Dice el Partido Popular que estas manifestaciones no tienen eficacia
impeditiva, y no podemos estar más en desacuerdo, porque estos actos
afectan a mujeres y a personas embarazadas concretas en un momento muy
complicado. Estos actos crean, además, un clima de hostilidad y de
señalamiento que, por supuesto, afecta a cualquier mujer que en algún
momento considere la opción de abortar.


Sabemos que la ultraderecha no soporta que las mujeres decidamos. A
ustedes lo que no les gusta es que las mujeres decidamos sobre nuestro
cuerpo y sobre nuestra maternidad; a ustedes no les gusta que las mujeres
podamos decidir interrumpir un embarazo y nos vienen aquí con argumentos
pseudojurídicos para disimular del lado del que están. Pero ya sabemos de
qué lado están, y no nos queda ninguna duda de que no es del lado de las
mujeres que deciden sobre su propio cuerpo.


Y no es cierto que la libertad de expresión o el derecho de reunión
estén en entredicho. Esta mañana, sin ir más lejos, había frente al
Senado un grupo rezando el rosario megáfono en mano y exhibiendo
pancartas con imágenes de fetos. Quien quiera manifestarse contra el
aborto es libre de hacerlo, pero no impidan el ejercicio de un derecho,
porque estas protestas no son solo una molestia o un mal rato que nos
podamos ahorrar. No, las manifestaciones de los grupos antiderechos
frente a las clínicas tienen claramente la intención de impedir y de
evitar el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio
cuerpo.


Los derechos de las mujeres, todos y todas lo sabemos, son una
conquista frágil, que vamos a defender siempre y que vamos a defender
cada vez que se cuestionen sea con el pretexto que sea. Yo viví la
reforma de la Ley del aborto de 2010 desde la calle, manifestándome. Creo
firmemente en el derecho de las mujeres a una maternidad libre y deseada.
No vamos a ceder ni un milímetro en la defensa del derecho de las mujeres
a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Decíamos en las calles «nosotras
parimos, nosotras decidimos», y desde aquí nos toca velar por que esto se
pueda hacer sin coacciones, sin señalamientos y sin intimidaciones; y así
será.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría De
Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor presidente.


Señor Oleaga, sí que he encontrado un motivo jurídico: congreso del PP.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). ¿Qué, ya se
ven tan fuera del Gobierno que les preocupa tanto este congreso? Por
tanto, la única razón jurídica: congreso del PP. (Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). Bueno, pues ya verán ustedes, ya, lo
que consideran. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado).


Vuelvo al debate y no a esas cuestiones que a ustedes les preocupan
tanto, como el Congreso del PP y que el PP les vaya a ganar las
elecciones en las próximas convocatorias; eso es lo que realmente les
tiene preocupados con todos estos actos que están realizando ustedes. Por
tanto, considerando que ya no tengo la posibilidad de obtener ningún
razonamiento jurídico por parte de ustedes —porque se ve que no
tienen ninguno, escasamente lo han acreditado—. parece que han
utilizado otro argumento. Señor Landa, no nos dan derecho a hablar: por
parte del Grupo Parlamentario Vasco solamente interviene usted y es
varón, y yo también. No sé, habrá que pedir permiso al Partido
Socialista, que ha dicho que solamente hemos intervenido hombres del
Grupo Popular; pero en el Partido Nacionalista Vasco también. Por tanto,
esos argumentos tampoco son muy sabios jurídicamente hablando. Señor
Landa, estará de acuerdo conmigo.


Por tanto, las contradicciones que ustedes tienen en realidad ya son
absolutamente consustanciales con su manera de entender lo que es el
derecho: no tienen absolutamente ningún razonamiento jurídico. Los
portavoces del PSOE han afirmado que conocen las intenciones ocultas del
Grupo Popular, que conocen las intenciones ocultas. Creo que es un
argumento jurídico extravagante. ¿No les parece? Hablan de motivaciones
ocultas para fundamentar. ¿Eso es solidez en el argumento? Son ustedes
muy sólidos a la hora de argumentar.


Le reitero que no estamos ante un debate sobre la interrupción del
embarazo —si quiere, tenemos otro día un debate sobre la
interrupción del embarazo, no hay ningún problema—, no estamos ante
un debate de la interrupción del embarazo. Estamos en un debate para
determinar si hay que tipificar conductas fuera del artículo 172, que
está en vigor, porque es necesario jurídicamente que se establezca un
subtipo agravado en esta circunstancia. Ese es el debate en el que
ustedes no han entrado, porque no tienen ninguna motivación jurídica.
Incluso la letrada de la comisión se lo ha puesto de manifiesto a ustedes
y no han aceptado la argumentación sólida de la letrada de la
comisión.


Por tanto, ya han hecho su acto de propaganda, ya han traído aquí su
pancarta, han traído aquí sus eslóganes. Pero, le reitero, cuando
aprieten el botón para decidir su voto, sepan que están creando un tipo
que luego, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de los juzgados y
los tribunales, va a tener una posibilidad cierta de indefinición
jurídica. Porque ustedes saben, desde el punto de vista jurídico, qué son
los conceptos de violencia, de intimidación, de colisión de derechos
desde el punto de vista constitucional, lo que es el acoso, lo que es el
hostigamiento. Ustedes lo han planteado y toda la Cámara debemos tener
presente a la hora de votar que hay una indefinición. Ustedes están
haciendo un tipo penal difuso —y miren ustedes en derecho penal lo
que es el derecho penal difuso, no me voy a poner aquí a explicárselo de
nuevo— que luego, en el ámbito de la aplicación por los juzgados y
tribunales, va a tener mucha complicación, y tendrán que explicárselo a
toda su gente. Tendrán que explicar que no han sabido redactar, que han
propuesto a esta cámara un tipo penal en blanco, que no va a tener
posibilidad de aplicación y que van a tener una absoluta indefinición a
la hora de aplicar. ¿Y quién tendrá la culpa? Los jueces. Pues yo les
digo aquí, y que conste en acta: la culpa la tendrán ustedes, porque no
tienen ningún razonamiento jurídico. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Están haciendo un tipo penal que va
a crear insatisfacción en aquellas a quienes ustedes quieren proteger,
porque no están defendiendo a la mujer, están defendiendo su propio
eslogan y pancarta. Dejen el eslogan y la pancarta y bajen a tierra, vean
lo que es el derecho, lo que son los juzgados y tribunales. Acudan y
asesórense, porque no vamos a estar aquí siempre asesorándoles a
ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Rosa Torner.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora senadora Granados
Galiano. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora GRANADOS GALIANO: Ay, senador Fernando de Rosa, hablamos de
derecho, y cuando apretemos el botón lo que estaremos haciendo es ampliar
los derechos de las mujeres para que puedan ejercer sus derechos
libremente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Porque es verdad, no estamos hablando del derecho al aborto, eso ya está
reflejado en las leyes, pero les tengo que decir que los que se agrupan
alrededor de las clínicas les dicen a las mujeres que acuden: asesinas.
¿A usted eso le parece normal? ¿Es la manera de poder ejercer un derecho,
el derecho sobre nuestro propio cuerpo? Eso es lo que hay. Y lo que
queremos es poderlo ejercer libremente.


Miren, ha cambiado poco, y voy a decir unas palabras altisonantes:
zorras, guarras, sinvergüenzas. Esos son los calificativos que merecieron
mujeres como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Christine Delphy o
Catherine Deneuve tal día como ayer hace 51 años. Eran mujeres francesas
conocidas y otras anónimas que suscribieron el conocido como Llamamiento
de las 343 mujeres. Eso fue el 5 de abril de 1971. Esas mujeres, que
fueron antecesoras, en cierta manera, del movimiento Me Too, tuvieron el
valor de decir públicamente: Yo he abortado. Y con eso se arriesgaron a
penas de cárcel, fueron acusadas de exhibicionismo y señaladas, y
denunciaban como cada año morían miles de mujeres por abortar de forma
clandestina y reclamaban, a la vez, el derecho a un aborto libre y
seguro.






Tenemos que decir que, medio siglo después, 47 000 mujeres
fallecen cada año en todo el mundo porque se practican abortos en
condiciones de riesgo. Y tenemos que decir que el aborto sigue siendo un
delito en muchos países y que, en países como el nuestro, donde está
reconocido libremente, no es siempre ejercido de manera libre y de manera
plena. Por eso, no podemos negar los avances, pero tampoco los muchos
frentes que aún quedan abiertos.


Miren, en nuestro país, hoy el derecho de interrupción voluntaria del
embarazo está reconocido y regulado por ley orgánica y tiene un consenso
y apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, una vez más, cuando se trata de
las mujeres, en nuestros derechos nada se da por sentado, siempre hay un
pero. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


Hemos visto como mis compañeras en el Congreso de los Diputados y mis
compañeras senadoras aquí y el resto de diputadas han hecho ese debate,
hablando de las situaciones de acoso por grupos ultraconservadores. Hemos
reflexionado sobre la vulnerabilidad y el desgarro emocional que sufren
esas mujeres cuando van a hacer esa interrupción voluntaria del embarazo.
Y también hemos recordado como el objeto de esta iniciativa es blindar el
ejercicio libre y sin amenazas de un derecho constitucionalmente
reconocido.


Con la entrada en vigor de esta norma que hoy discutimos, obstaculizar
el ejercicio de este derecho va a ser un delito, y eso es lo que
queremos, que podamos ejercer nuestros derechos de manera libre.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Les quiero
llamar la atención sobre esa necesidad de seguir luchando, de seguir
defendiendo ese ejercicio que, paradójicamente, ahora está amenazado. Esa
cuarta oleada de ultraderecha ha fijado en los objetivos de las mujeres
su objetivo, y están ahí, y cuando hablamos del acceso de la ultraderecha
a las instituciones son dos caras de la misma moneda: accede la
ultraderecha a las instituciones y se ponen en peligro nuestros derechos.
Esa es la situación que estamos viviendo en nuestro país. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


En la Unión Europea, en junio, se dijo: que se blinde el derecho a
acceder al aborto. ¿Qué hizo el Partido Popular? Votar en contra. Ayer se
votó la Directiva por la transparencia salarial. ¿Qué hizo el PP? votar
en contra. Esa es la situación, y hoy los enemigos de la democracia, los
enemigos del feminismo, los tenemos en Varsovia, en Budapest, en
Valladolid y también hoy aquí en el Senado. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). Porque es lo que han hecho con el
acuerdo del Partido Popular con Vox en Castilla y León: sacrificar y
vender los derechos de las mujeres por unos sillones.


Concluyo. En nuestro país, a las herederas de aquellas 343 mujeres
valientes francesas las llamaban brujas en el Parlamento, —¿verdad,
Laura, que nos llamaban brujas?—; hoy, aquí, el de Vox nos ha
llamado animales. Tiempos oscuros aquellos en los que hay que reivindicar
lo evidente: que las mujeres tengamos derecho y la libertad para poder
disponer de nuestro propio cuerpo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora GRANADOS GALIANO: Acabo, presidente.


Y esa sigue siendo la clave de nuestro debate: la lucha contra el
blanqueamiento de la ultraderecha en las instituciones es lo mismo que la
lucha por los derechos de las mujeres.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora GRANADOS GALIANO: Vamos a desmontar el andamiaje
propagandista de la ultraderecha. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista con sus señorías en pie).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Finalizado el debate de la proposición de ley orgánica, procederemos a
la votación de las propuestas de veto. Les recuerdo que para su
aprobación se exige la mayoría absoluta. Votaremos, asimismo, las
enmiendas y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno. Por último, procederemos a la
votación en un solo dato del resto de la proposición de ley.


Se abre el plazo de dos horas para esta votación telemática desde este
momento, en que son las seis y cuarto, hasta las ocho y cuarto de la
tarde-noche de hoy.


Muchas gracias.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR EL
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y
EXTREMADURA A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO).


662/000111

GPP


El señor presidente lee los puntos 14. y 14.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, su señoría Gregorio López. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


El señor GREGORIO LÓPEZ: Muy buenas tardes, señorías.


Hoy me encuentro en la casa de todos los españoles para venir a pedir
vuestro apoyo a una causa justa, a una causa que ha unido a todos los
ciudadanos de Talavera de la Reina, a todas las asociaciones de la ciudad
—empresariales, sociales, culturales, vecinales—, a la
mayoría de los partidos políticos, con mi presidente regional, Paco
Núñez, a la cabeza, y a las antiguas tierras de Talavera, que abarcan
tres comarcas históricas y que nos unen a otras tantas provincias
hermanas de Extremadura y Castilla y León.


Hoy me encuentro aquí como voz de mi pueblo para pedir vuestro apoyo
para que se cumpla el protocolo firmado en el año 2007 de soterramiento
del futuro tren de alta velocidad a su paso por esta ciudad, y evitar un
muro que cercene el crecimiento vital que tanto necesitamos. Se puede
pensar que es una idea peregrina para estos tiempos de crisis, pero yo
digo que es la solución que se ha propuesto desde que en el siglo pasado
—y eso bien lo sabe nuestro querido José Antonio Monago— en
nuestra amada Extremadura comenzó a fraguarse la idea de la alta
velocidad Madrid-Lisboa. Hasta tal punto, que en el año 2007 se firmó, se
puso sello y se estipuló por escrito el protocolo de soterramiento entre
el Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento
de Talavera de la Reina y ADIF. Todos eran socialistas, pero el Partido
Popular en ese momento apoyó este protocolo.


En los siguientes años, habría consenso sobre este asunto por los
gobiernos de un signo político y de otro, hasta hace unas semanas en que,
desgraciadamente, Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La
Mancha —y hoy comprobaremos si también el Gobierno de
Sánchez— rompió este consenso. Por eso, digo ante esta asamblea que
pedimos lo que está escrito, que pedimos lo justo, aquello que se ha
aprobado en un documento escrito y sellado más tarde en el BOE, que no
inventamos nada, sino el proyecto que en 2007, ante cámaras y flashes se
rubricó en Talavera de la Reina. Porque, parafraseando aquel dicho de que
una institución vale lo que vale su palabra, queremos que esta palabra
escrita se cumpla. Y hoy, ante la inminente —con retraso de tres
años— presentación de los resultados de las alegaciones del estudio
informativo del AVE Madrid-Oropesa, nuestro presidente regional, el
socialista Emiliano García-Page, ratificado por la ambigüedad de la
alcaldesa socialista de Talavera de la Reina, Agustina García, nos ha
generado gravísimas dudas con su votación en las Cortes de Castilla-La
Mancha de forma negativa a este proyecto, con sus declaraciones sobre que
el soterramiento es una cuestión menor y no prioritaria, porque, según
él, no quiere desvestir un santo para vestir otro y ahora son
prioritarias las mercancías. Y yo le digo que son complementarias, y ahí
está el protocolo firmado en el BOE por la ministra Ana Pastor en 2014
para desarrollar una terminal logística ferroviaria en Talavera de la
Reina.


No he venido a criticar, he venido a pedir el apoyo por algo legítimo
para que las palabras firmadas se cumplan, que Emiliano García-Page
cumpla la palabra firmada por su antecesor de financiar el proyecto junto
al Estado español. Aquí se dirime la vertebración del Estado y la
igualdad de oportunidades para todos los españoles, de forma que el oeste
de Castilla-La Mancha y Extremadura no sigan aislado del resto de España;
que los 100 kilómetros a Madrid no sean un camino de espinas para los
miles de trabajadores que se dirigen a la capital de España o a la
capital de mi comunidad, Toledo, como bien saben nuestros compañeros
extremeños y todos los pueblos de la A-5. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Queremos que el corredor
atlántico de alta velocidad y mercancías sea una realidad, con su
respaldo presupuestario, especialmente tras la falta de consignación de
la partida de alta velocidad del tramo Madrid-Oropesa en los Presupuestos
Generales de 2022, que perjudica enormemente a esta zona de Castilla-La
Mancha y a Extremadura, pues nos falta el paso fundamental:
Navalmoral-Madrid. Pero somos un pueblo que queremos esa vertebración,
queremos el beneficio de este corredor para el País Vasco, La Rioja,
Navarra, para el oeste, Cantabria, Asturias y Galicia, y que baje por
Castilla y León hasta Extremadura y Andalucía a su paso por Talavera de
la Reina. Lo queremos del mismo modo que apoyamos el corredor
mediterráneo, fundamental para el devenir económico y social de España
con Cataluña, Aragón, todo el Levante español, el este de Castilla-La
Mancha y Andalucía. Y queremos anticiparnos, porque esta línea se hará,
pero si nos anticipamos con esta petición, con este soterramiento que
está firmado, el AVE estará antes y hará justicia.


Talavera de la Reina es una ciudad del oeste de Castilla-La Mancha,
con 85 000 habitantes y una zona de influencia o comarca que traspasa la
frontera autonómica y abarca zonas de Extremadura, Castilla y León e,
incluso, la provincia limítrofe de Ciudad Real, por lo que esta
infraestructura beneficiaría a casi 200 000 ciudadanos. Pero en estos
momentos es la ciudad que atraviesa la peor crisis de Castilla-La Mancha
―está entre las cinco primeras―, con uno de los mayores
porcentajes de desempleados de España, más de un 28 % de paro, y,
desgraciadamente, bate todos los récords de paro juvenil y femenino, algo
en lo que las administraciones deberían tomar cartas en el asunto. Yo os
digo que en mi ciudad hay hambre por salir adelante, hay ganas de volver
a ser cabecera de creación de oportunidades, como siempre lo ha sido.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Es una ciudad con grandes expectativas, es un cruce histórico de caminos
y no nos resignamos a que nos pongan un muro que nos fraccione
definitivamente esas ansias de salir adelante. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


Ante la publicación de los resultados de las alegaciones del estudio
informativo de la línea ferroviaria en su tramo por Talavera de la Reina
y las alternativas que se plantean en este estudio, consideramos, como
así está aprobado, que debe haber una tercera alternativa que contemple
el soterramiento a su paso por el casco urbano de Talavera. Esta tercera
alternativa es la que todas las instituciones, asociaciones, Colegios de
Ingenieros de Caminos, plataformas del tren, SOS Talavera, ahora parte
del Ayuntamiento de Talavera y gran parte de los partidos políticos
democráticos han consensuado y apoyado durante años. Estamos unidos en
esta misión en Talavera y su comarca, porque allí, el que vive en
cualquiera de los 71 pueblos que la componen, se considera de Talavera y
los de Talavera se consideran de cualquiera de esos 71 pueblos. Y así,
como os digo, todos estuvimos unidos, todas las administraciones y
asociaciones, para conseguir que la cerámica artística de Talavera y de
Puente, que embellece ciudades de España, Norteamérica e Hispanoamérica,
se convirtiera en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con el
inicio de expediente gracias a una asociación con el Partido Popular y
del que recogió los frutos del Partido Socialista, pero todos estuvimos a
una.


Por eso, con todas estas instituciones ―con SOS Talavera, aquí
hoy presente, a la que doy las gracias por el trabajo que están haciendo
por luchar por nuestra ciudad, y con el Grupo Popular municipal también
presente (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado)—, pedimos que este protocolo de 2007 se cumpla, se cumpla y
se cumpla, así como la decisión adoptada para la integración del
ferrocarril en Talavera, con la adjudicación de la redacción del estudio
informativo para la integración del ferrocarril en 2008 —que
también está en el BOE—. Igualmente importante, que en julio
de 2010 se publicó también en el BOE la resolución sobre la evaluación de
impacto ambiental del proyecto, que ya contempla los 3,65 kilómetros de
soterramiento, y que en junio de 2011 se adjudicó la redacción del
proyecto constructivo. Está todo, todo está y, por lo tanto, lo que
pedimos es que se cumpla.


Como sabéis, un convenio entre Administraciones Públicas, según lo
establecido en el artículo 47.7 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico
del sector público, tiene efectos jurídicos y obliga a las
administraciones a su cumplimiento. Eso lo sabemos todos. Dicha necesidad
se justificó mediante criterios técnicos, reconocidos y justificados por
el propio Ministerio de Fomento cuando incoa el expediente de licitación
de la redacción del proyecto para la integración urbana de esta línea.
Ante todos estos antecedentes y con la redacción del proyecto
constructivo ya realizada, solicitamos el soterramiento del AVE a su paso
por Talavera de la Reina.


Para finalizar, quiero preguntar al grupo que sustenta al Gobierno
socialista cuál es la propuesta clara y concisa que el Gobierno quiere
para la implantación del AVE a su paso por Talavera de la Reina. Me
gustaría saberlo; a los talaveranos, a los de la comarca, a las
provincias aledañas nos gustaría saber qué es lo que está pensando el
Gobierno socialista. Por tanto, igual que el Partido Popular apoyó al
Partido Socialista en el protocolo de soterramiento de 2007, firmado
también por todas las administraciones —que eran socialistas en ese
momento y estábamos todos unidos—, hoy, ante esta asamblea, como
representante de la voz de miles de vecinos de una gran ciudad, por
justicia histórica pido que se vote afirmativamente esta moción en la
casa de todos, porque un pueblo que ahora clama ayuda nos necesita. Mi
ciudad, Talavera de Reina, os necesita y os pide el voto
afirmativo.


Muchas gracias por escucharme. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Morales Quesada.


El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidenta.


Damos la bienvenida a los ciudadanos de Talavera que están
presentes.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de
sustitución a esta moción del Grupo Popular con el único objetivo de dar
una solución positiva a la demanda de los vecinos y vecinas de Talavera
de la Reina y para que sea una realidad el AVE de Madrid a Extremadura.
Pero he de indicarles que, si el Partido Popular hubiese hecho lo que
reclama hoy aquí, en esta tribuna, esto estaría solucionado desde hace
años (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Porque
no es comprensible que, habiendo gobernado este país desde noviembre
de 2011 hasta junio de 2018, no se diera por parte del Gobierno de España
ni un solo paso para dar solución a esta problemática; o mejor dicho,
todos los pasos que se dieron fueron en contra de lo que ahora vienen a
exigir aquí con esta moción. Y me centraré en esta intervención en lo
ocurrido en este tema concreto del soterramiento de las vías a su paso
por Talavera de la Reina, aunque en el turno de portavoces me referiré de
una forma más profunda a todo lo que ha pasado con la línea de alta
velocidad entre Madrid y Lisboa.


Para empezar, señorías del Partido Popular, me gustaría contestar a
alguna pregunta cuya respuesta seguro que ustedes saben y sobre la que
nos podrían dar un poco de luz acerca de por qué hemos llegado a esta
situación. ¿Quién gobernaba en España en junio de 2011? Se lo recuerdo
yo, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién adjudicó el 27 de junio
de 2011 a la empresa Acciona, por un importe de 1 250 000 euros, la
redacción del proyecto constructivo de la plataforma e infraestructura de
la integración urbana del ferrocarril en Talavera de la Reina, donde se
incluía el soterramiento de las vías? El Gobierno presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero. Y ahora vamos al quid de la cuestión: ¿Quién gobernó
España entre diciembre de 2011 y junio de 2018? El Partido Popular, con
el señor Rajoy a la cabeza. ¿Y qué ocurrió con el proyecto adjudicado por
el Gobierno socialista? Que fue liquidado en julio de 2017, por lo cual,
y dado que usted ha dicho aquí que está todo publicado en el BOE, no
existe ya ese proyecto porque ustedes en 2017 lo liquidaron, liquidaron
todo y no se ejecutó lo que estaba previsto. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


Esto nos debería despejar todas las dudas sobre la postura del Partido
Popular en relación con el soterramiento de las vías de tren a su paso
por Talavera de la Reina. Señor Gregorio, ¿cómo es posible que, si el
Partido Popular estaba tan convencido de la necesidad del soterramiento
de las vías del AVE a su paso por la ciudad de Talavera de la Reina, no
solo liquidara la redacción del proyecto constructivo para llevarlo a
cabo, sino que en el contrato para la redacción de 2017, cuando era
ministro el señor Íñigo de la Serna, no aparezca ni se haga la más mínima
mención a esta posibilidad de soterramiento en Talavera de la
Reina.


Señorías, creo que queda meridianamente claro que, con esta moción, el
Partido Popular lo único que pretende es salvar su nefasta gestión en
todo lo relacionado con esta infraestructura, y en el turno de portavoces
podré darles más datos para que vean sus señorías la diferencia que
existe entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso, nuestra enmienda
tiene una visión más amplia, porque nuestra prioridad es que haya AVE
entre Madrid y Extremadura por la importancia económica y social y que el
estudio informativo plantee la mejor integración de la línea a su paso
por Talavera de la Reina.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular,
autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no la
enmienda.


El señor GREGORIO LÓPEZ: En primer lugar, quiero darle las gracias por
esta enmienda que nos acaba de comunicar, pero lo primero que le voy a
decir es que en 2011 el partido que ganó las elecciones, que fue el
Partido Popular, se dedicó a pagar todos los desfalcos que hicieron
ustedes; eso es lo que hizo. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.— Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Y les voy a decir más cosas: en
Talavera de la Reina se construyó —y todos ustedes lo ven cuando
pasan hacia Extremadura— un puente que costó casi 80 millones de
euros, ¡casi 80 millones de euros!, y no va a ningún sitio. (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Ahora se está haciendo
el tramo final; ahora. Señorías, 80 millones. Mariano Rajoy hizo en la
Nacional 500, en Talavera, a otro puente a unos metros. ¿Sabe usted
cuánto costó? Un millón y medio de euros. ¡Con los 79 millones restantes
hubiéramos hecho el soterramiento, pero tuvimos que pagar los 80
millones! ¡Eso es lo que pasó! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


Por otra parte, el segundo punto de su enmienda podría pasar por una
broma un poco burda, porque ustedes nos dicen que se plantee la mejor
integración para el paso de la alta velocidad por Talavera, así de
pasada, sin mencionar el soterramiento. Esto es una broma pesada a costa
de mi ciudad, de la ciudad en la que hay tanta gente interesada en este
asunto. Aquí vemos como ustedes son los que han roto el consenso, no
nosotros, y por eso me gustaría que me respondiera el grupo que sustenta
al Gobierno: ¿Cuál es la propuesta clara y concisa que el Gobierno quiere
para la integración del AVE a su paso por Talavera? Eso me gustaría que
nos dijera, porque nosotros en 2018 ya teníamos el estudio informativo
(El señor senador muestra un documento), y este estudio está tardando
cuatro años en formalizarse. Y lo estáis viendo, cuatro años, pero yo voy
a decir por qué: está firmado lo que es esa estación, está firmado lo que
es ese protocolo, pero a mí me gustaría que ustedes me explicaran qué
está pasando con la segunda estación de Toledo —que nosotros
apoyamos, porque ahí sí que se va a hacer una nueva estación—, pero
no se soterra el AVE a su paso por Talavera cuando hay un proyecto de
hace ya una docena de años. Quiero que me lo expliquen, porque nosotros
apoyaremos lo mejor para mi ciudad, que es la ciudad imperial, lo mejor,
pero, por favor, tenemos toda la alternativa hecha. Háganla, no vengan a
echarnos tierra a nosotros. Vengan a ayudar, que es lo que estamos
pidiendo desde Talavera todas las plataformas: que se soterre el AVE y no
nos hagan un surco en esta ciudad, con el Tajo a un lado y la antigua vía
férrea al otro lado; no permitan que el AVE sea la muerte de una ciudad
milenaria. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de portavoces, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente. Muy buenas
tardes.


Señorías, lo que prometía ser una buena noticia que traería prosperidad
a una ciudad como Talavera de la Reina, que está pasando por serias
dificultades en los últimos años, puede suponer su remate final. Señorías
del Partido Socialista, ¿ustedes han hablado con los vecinos de Talavera?
¿Saben lo que opinan y lo que les va a suponer el paso del AVE sin
soterrar por su ciudad? Se lo voy a decir claro, porque lo sabemos de
primera mano gracias a nuestro diputado talaverano Manuel Mariscal: no
soterrar el AVE supone dividir la ciudad con un muro, un muro que
impedirá el crecimiento de la ciudad por el norte y que, sobre todo,
perjudicará a sus vecinos tanto por la cercanía de las vías a sus casas
como en sus desplazamientos a sus fincas, parcelas y viviendas, esto por
no hablar de la inseguridad que va a generar en las zonas cercanas.


Los talaveranos están hartos de las mentiras de los políticos que
gobiernan la ciudad. No entienden por qué si en 2007 la Junta de
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el
Ministerio de Fomento se comprometieron al soterramiento, hoy no se
contempla esta posibilidad. Está visto que el Partido Socialista incumple
lo que dice a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Pero no
es solo una cuestión que afecta a los vecinos. El soterramiento permitirá
que los trenes directos crucen Talavera a 300 kilómetros por hora, lo que
supondría un ahorro de tiempo para todos los pasajeros que viajen en la
línea Madrid-Extremadura.


Señorías, como ya he dicho, el soterramiento de las vías del tramo
urbano en Talavera es un compromiso firmado por las tres
administraciones, ministerio, comunidad y ayuntamiento, en un protocolo
de 2007. El Plan de ordenación municipal de 2010 lo recoge así también
sobre la base de ese protocolo y la diferencia de costes al ser soterrado
la asumiría la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


En Vox no vamos a dejar de reivindicar este soterramiento, porque es lo
que se pactó y porque es lo mejor para los talaveranos y para los
españoles que viajen en esta línea.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Vaquero Montero.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Presidenta, intervengo yo
simplemente para anunciar nuestra posición respecto a la moción, que va a
ser de abstención.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Gregorio López.


El señor GREGORIO LÓPEZ: Señoría de Vox ―veo que se ha
marchado―, yo aprecio mucho a Mariscal porque es de mi tierra, pero
no suele estar nunca en Talavera.


Senador Morales, usted no es de Talavera de la Reina. Este mapa que les
muestro es el proyecto constructivo que hizo el Partido Popular con José
María Aznar, y cuando ustedes ganaron las elecciones, Rodríguez Zapatero
cogió y tiró a la basura. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.— Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). Ya estaba hecho, ya estaba hecho.


Quiero dar las gracias a esta Cámara territorial por su atención, a
tantos grupos que nos pueden ayudar en este proyecto, porque nos debemos
ayudar los unos a los otros. Son muchas las necesidades que aquí traemos
de otras muchas zonas de España y no podemos darnos la espalda cuando un
grupo trae una petición de su tierra querida. Por eso, os doy a todos las
gracias, votéis sí o votéis no. Pero son una pena las críticas del
Partido Socialista, porque fue el Partido Socialista, en la campaña
de 2004, con Zapatero presente, el que dijo que el AVE llegaría a
Talavera y a Extremadura ¡volando!, y que sería una realidad. Y lo dijo
así: ¡volando! Y es verdad: hicieron un aeropuerto, en quiebra, casi
siempre en concurso de acreedores, que se llevó por delante a una caja de
ahorros, en Ciudad Real. Sí que hicieron un aeropuerto e hicieron el
puente, como dije anteriormente.


Pero en 2007 se firma un protocolo de soterramiento: el expresidente de
Castilla-La Mancha José María Barreda, la ministra Magdalena Álvarez, el
presidente de ADIF, el alcalde de Talavera de la Reina y dicen: Esto va a
ser un espaldarazo en la línea de alta velocidad
Lisboa-Extremadura-Talavera-Madrid-París. Sí, un espaldarazo muy muy
doloroso porque no se hizo nada. Y vuelvo a recordarle que la visita del
ministro Ábalos —y espero que la historia nos diga cuál es la causa
verdadera de que desapareciera de toda la escena política, porque los
claroscuros son muchos— y de la ministra Raquel Sánchez a Toledo, o
la del mismísimo presidente Sánchez a Extremadura con sus proclamas, se
han quedado en agua de borrajas. Bueno, en Toledo se han conseguido dos
estaciones AVE y tren de mercancías. Yo me alegro, y lo digo, yo me
alegro, pero pido lo mismo para nosotros porque llevamos más de quince
años de espera. Y, repito, yo he venido aquí simplemente a pedir el
respaldo de la Cámara al proyecto firmado por ustedes y que nosotros
apoyábamos aquel entonces. Pero está claro que si no se cumple es que el
presidente de Castilla-La Mancha, el señor Page, no se viste por los
pies, y recuerdo lo que eso significa: ser un hombre caracterizado por el
honor y la dignidad. Quien no cumple su palabra no se caracteriza por
esos valores. Y si el Gobierno actual no cumple, es él el que tiene que
dar explicaciones de por qué se ha roto el consenso logrado hace tantos
años.


Vengo a pedir vuestro apoyo porque no lo pido yo, lo pide una ciudad
entera, un pueblo con mucha historia, toda una sociedad de todas las
ideologías. Mi presidente regional ha estado aquí apoyándome. ¿Dónde está
la alcaldesa de Talavera de la Reina? Y puesto que veo que ella tampoco
lo hace, yo, por mi ciudad y por tantos miles de ciudadanos de la comarca
aledaña, lo pido alto y claro, y por eso espero que se me apoye en la
Cámara (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado). Y si el Partido Socialista se niega a algo justo, la historia y
las urnas juzgaran. Aquí está la senadora talaverana del Grupo
Socialista, que es teniente alcalde de Talavera la Reina, y me hubiera
gustado que hubiera sido ella la que hubiera intervenido para preguntarle
altpo y claro y que diga a Talavera de la Reina cuál es su propuesta.
Pero si aquí vota no, ella y su conciencia tendrá que dar explicaciones
muy claritas no solo a nuestra ciudad, sino a toda una comarca, porque la
tendrá enfrente.


Finalizo, porque no quería polémicas, quería apoyos para miles de
vecinos que tienen en el Senado la ilusión de apoyo a la pretensión
sencilla de un futuro mejor, evitando un muro infranqueable. Por eso,
pido en nombre de todos los talaveranos el soterramiento del AVE, lo pido
y espero que la Junta de Comunidades, que se comprometió a financiar el
soterramiento, lo haga, igual que el Gobierno de Sánchez, con el
Reglamento de la UE 2020 del Consejo por el que se establece el
instrumento de recuperación de la UE para apoyar la recuperación,
conocido como Next Generation, del que España espera recibir miles de
millones. Lo espero, aunque está claro que tendrá que venir como
presidente Alberto Núñez Feijóo para que estos fondos tengan sentido
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado),
porque, si no, no lo veo por ningún sitio.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Morales Quesada.


El señor MORALES QUESADA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, les decía en mi intervención en el turno de enmiendas que
tendría la oportunidad de explicarles todo lo que ha pasado en relación
con la línea de alta velocidad de Madrid-Extremadura. También se lo voy a
decir a los vecinos y al senador Gregorio, porque parece que o está
mintiendo en la Cámara o no se ha enterado de lo que ha pasado de aquí
hacia atrás, y se lo voy a explicar porque además era usted un actor
privilegiado en esta película.


Paso a darles todos los datos sobre lo ocurrido con esta
infraestructura, para que sus señorías puedan valorar si el Partido
Popular tiene credibilidad a la hora de plantear una moción como la que
trae hoy a este Pleno. Finales de los años noventa: se hace pública por
parte del Gobierno de España la voluntad de llevar adelante la línea del
AVE que conecte Madrid con Lisboa. Año 2003: se acuerda comenzar los
trabajos para hacer realidad este proyecto. Primer paso del Ministerio de
Fomento, encargar el estudio de impacto ambiental del trazado de esta
línea, que contempla el paso y parada de los trenes en Talavera de la
Reina. Año 2004, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: se toma
la decisión de que la línea Madrid-Lisboa no debe ser exclusivamente de
viajeros, sino también de mercancías, por lo que pasará a ser mixta, y se
encarga de nuevo un estudio de impacto ambiental. Aprobado este nuevo
informe, comienzan las obras del tramo extremeño, porque era el más
complejo desde el punto de vista de su orografía y, al mismo tiempo, en
el tramo entre Madrid y el límite con Extremadura se dan los pasos para
avanzar en la redacción de los proyectos de obra necesario. Octubre
de 2010: se adjudica la redacción de siete proyectos constructivos, por
un importe de más de 7,6 millones de euros. Estos proyectos pertenecen a
los subtramos en los que se había dividido el tramo principal entre
Madrid-Oropesa, que en ese momento estaban pendientes de ejecutar. Se
adjudica posteriormente, el 27 de junio de 2011, la redacción del
proyecto para la integración soterrada de las vías del AVE a su paso por
Talavera de la Reina —del que ya he hablado en mi primera
intervención—, y para ejecutar estos proyectos en los Presupuestos
Generales del Estado de 2011, gobernando el Partido Socialista, se
ponen 1658 millones de euros para el tramo Madrid-Oropesa de alta
velocidad, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 1658 millones
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—
Varias señoras senadoras del Grupo Parlamentario Popular: ¡Cero,
cero!— Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).


Por lo que dirán el resto de sus señorías y los vecinos que están
presentes: si tenemos los proyectos y tenemos la consignación
presupuestaria, ¿por qué en 2022, once años más tarde, estamos otra vez
en la casilla de salida? Pues, señorías, voy a tratar de explicárselo,
porque no se puede estar permanentemente engañando a la ciudadanía y
mintiendo a sus vecinos. Ustedes, señorías del PP, son los menos
indicados para exigir nada y tienen que asumir su responsabilidad cuando
hacen las cosas mal, y este tema que hoy nos traen aquí es un claro
ejemplo de su pésima gestión con los fondos públicos. Los ciudadanos de
Castilla-La Mancha y de Extremadura son conocedores de quién paralizó el
proyecto, y no fue otro que el Partido Popular (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista), y quien lo está proyectando de nuevo
y lo está potenciando, el Gobierno de Pedro Sánchez (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Y paso a explicárselo,
porque si aún no les ha quedado claro, vamos a dar más detalles.


Noviembre de 2011, elecciones generales en España, presidente Mariano
Rajoy, ministra de Fomento doña Ana Pastor. En 2012, con el PP en el
Gobierno: los 1658 millones de euros que el Partido Socialista había
consignado en el presupuesto desaparecen de los presupuestos. Ustedes
sabrán adónde los mandaron. Los proyectos constructivos se guardan en un
cajón y casi 8 millones de euros, que es lo que costaron esos proyectos,
se tiraron a la basura. Más grave, usted deja caducar la declaración de
impacto ambiental por no haber ejecutado ni un solo euro; con poner una
traviesa, no hubiese caducado el impacto ambiental, y caducó. Y la guinda
del pastel: en el proyecto constructivo para el soterramiento de las vías
a su paso por Talavera, se liquida el trabajo a la empresa adjudicataria
sin hacer nada de lo acordado. Y para más inri, señor Gregorio, ¿dónde
estaba usted en esa etapa? Ciudadanos y señorías: este señor era el
delegado del Gobierno de Rajoy para Castilla-La Mancha, y no hizo nada,
no hizo nada (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.— El señor Gregorio López hace el signo de la victoria).
Cuando desaparece la partida presupuestaria, no impide la caducidad de la
declaración ambiental, es responsable de que 8 millones hayan ido a la
basura y de que el proyecto de soterramiento de Talavera se liquidase.
Esta es su gestión, esta es su gestión, y son ustedes los culpables de
las oportunidades de desarrollo que están perdiendo Talavera y el resto
de las provincias, porque estamos hablando de una de las principales
líneas ferroviarias que conectará Madrid con Lisboa. Y, por otro lado,
posibilidades económicas, muchísimas, porque además se conecta con el
puerto de Sines.


Concluyo, presidenta. Después de lo expuesto, esto es lo que hoy pide
el Grupo Popular en este salón de Plenos. Díganme ustedes, con
sinceridad, si tienen ustedes algún gramo de credibilidad. ¿Quieren
ustedes ahora que la alta velocidad entre Madrid y Extremadura sea una
realidad cuanto antes? ¿Qué opinan sus compañeros de Extremadura? Le digo
más, es el Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Socialista los que sí
tenemos claro que la línea Madrid-Extremadura se tiene que culminar y va
a ser una realidad. (Varias señoras senadoras del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Cero, cero). Nosotros recuperaremos el tiempo perdido por su
mala gestión cuando están en los Gobiernos. Eso es lo que ustedes
hacen.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senador.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LAS MODIFICACIONES
NORMATIVAS NECESARIAS PARA ELIMINAR EL MINISTERIO DE CONSUMO.
(Proclamación del resultado de la votación).


671/000108

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se ha votado en sus propios
términos.


Votos emitidos, 265; a favor, 109; en contra, 148;
abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESPAÑA INCLUIDAS EN LA RESOLUCIÓN 2381 (2021)
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE SI LOS
POLÍTICOS DEBEN SER PERSEGUIDOS POR DECLARACIONES REALIZADAS EN EL
EJERCICIO DE SU CARGO. (Proclamación del resultado de la
votación).


671/000109

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 11.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se ha votado con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal con número de registro de entrada 138317.


Votos emitidos, 265; a favor, 38; en contra, 225;
abstenciones, 2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR EL PACTO
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y AVANZAR HACIA UN CONSENSO SOCIAL Y
POLÍTICO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. (Proclamación del resultado de la
votación).


662/000113

GPS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 12.
y 12.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se ha votado en los términos
de la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario Socialista, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, del Grupo
Parlamentario Vasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, del
Grupo Parlamentario Nacionalista y del Grupo Parlamentario Democrático,
con número de registro de entrada 138524.


Votos emitidos, 265; a favor, 149; abstenciones, 116.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR EL
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y
EXTREMADURA A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).
(Continuación).


662/000111

GPP


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): La moción sobre soterramiento
de la línea AVE, que se ha debatido en sus propios términos, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la última moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS AL OBJETO DE QUE SEAN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS LAS QUE PUEDAN REGULAR LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.


662/000112

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 14.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado ocho enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, una del
Grupo Parlamentario Nacionalista, cuatro del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, una del Grupo Parlamentario Vasco y una del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, el senador Reniu
Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, presidenta. Bona tarda.


Anem: portem al ple una situació que de ben segur han patit o pateixen
i patiran, malauradament, bona part del conjunt de ses senyories que
hagin tingut experiència en l’Administració local. La crisi de
l’any 2008 va provocar, entre altres qüestions, intensos canvis
normatius adreçats bàsicament a reduir el nivell de despesa pública i a
controlar un dèficit que era creixent en aquells moments a nivell
pressupostari. Recordin, ses senyories, que fins i tot, tinguem-ho
present, fins i tot es va modificar amb nocturnitat i alevosía i, si no
em falla la memòria, en període vacacional la sacrosanta Constitució
espanyola en el seu article 135.


En l’àmbit local, les mesures es varen traduir en
l’aprovació de la popularment coneguda com la LRSAL a finals
del 2013 que va impactar de manera molt significativa tant la Llei de
Bases del Règim Local com la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Bàsicament, la introducció de l’article 92 bis a la nova Llei de
Bases de Règim Local, a través del qual es produí la recentralització de
les competències bàsiques en matèria de règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Fou
així com l’Estat va tornar a disposar de les atribucions més
significatives sobre aquests funcionaris, especialment pel que fa a
l’aprovació de l’oferta anual d’ocupació pública, la
selecció i el seu nomenament. (El senyor vicepresident, García-Escudero
Márquez, ocupa la Presidència). Aquesta recentralització competencial
generarà un conjunt de dèficits estructurals i desajustaments funcionals,
un volum ingent i insultant de places vacants, enormes diferències
retributives a la pràctica i el manteniment de l’excepcionalitat en
la provisió dels llocs de treball mitjançant la lliure designació, a
banda del desajustament entre les funcions llistades i la formació o
capacitació actual, lluny del model gerencial que la gran majoria
d’ajuntaments necessitarien incorporar.


Per a la provisió d’aquestes places cal entomar a més un procés
selectiu exigent, una complexa oposició de 150 temes en tres exercicis,
escrit, oral i pràctic. Un cop superat, s’ha de realitzar un curs
selectiu de formació de 1.500 hores lectives amb seu a Madrid, a
l’INAP, la qual cosa complica, implica i complica, desplaçament i
permanència. Un procés centralitzat que, i a més de facto, esdevé
cartelitzat, és a dir, impedeix pràcticament que pugui accedir-hi
qualsevol altra persona que no sigui del nucli, del centre de
l’Estat, com en molts altres casos d’alts cossos
funcionarials, que a més s’ha convocat amb comptagotes: 285 places
noves l’any 2019, 319 els anys 2020 i 2021, per fer front a una
realitat —agafin-se vostès— de més de 8000 ajuntaments de tot
l’Estat, 6820 dels quals de fins a 5000 habitants, és a dir,
el 84 % dels municipis de tot l’Estat.


En el cas català, la magnitud del problema és clara. Prop de la meitat
d’ajuntaments no tenen un secretari o interventor titular sorgit
d’unes oposicions, quedant la plaça ocupada per interins, situació
que s’arrossega de fa massa anys. De fet, l’escenari és
encara molt pitjor. Les dades més recents de la Generalitat de Catalunya
ens mostren que hi ha 858 places vacants en els 947 ajuntaments catalans,
de totes les tipologies d’aquest col·lectiu de funcionaris. Vacants
que s’intenta resoldre mitjançant nomenaments accidentals
d’un funcionari de la Corporació o un nomenament interí per la
impossibilitat de proveir el lloc reservat a personal funcionari amb
habilitació nacional, a més dels nomenaments per acumulació o o
comissions de serveis prorrogades in aeternum. (El senyor president ocupa
la Presidència).


Tenim, tenen, un problema i gros. Municipis sense servei o en una
situació de quasi permanent intermitència, desconeixement generalitzat de
la normativa catalana, sentit de provisionalitat amb un baix arrelament
social i alta rotació, alt cos econòmic per als ajuntaments petits i,
finalment, però no menys important, insatisfacció del ciutadà. Aquest
escenari esdevé un problema que s’ha cronificat, una
d’aquelles constants universals que alguna vegada m’han
sentit parlar aquí i que a més empitjorarà amb l’allau de futures
jubilacions.


Segur, segur, segur, segur que amb algun exemple encara
s’entendrà millor: al Berguedà, una secretària porta set municipis;
quatre secretaris són interins i cinc d’accidentals, i aquest mes
d’abril dos es jubilen, amb la qual cosa deixaran sense servei tres
municipis. O el Solsonès, on no hi ha cap funcionari d’habilitació
nacional. Zero. La situació, a més, esdevé tan dramàtica que fins i tot
s’han produït fitxatges de secretaris d’altres municipis a
preus fora de mercat. L’experiència és com si parléssim del mercat
d’hivern o d’estiu de futbolistes, ja que els pocs secretaris
que hi ha prefereixen grans municipis, òbviament, amb un potencial
econòmic molt més alt. I una dada amb perspectiva de gènere: tot i que en
termes globals a Catalunya es dona un equilibri entre home i dona, entre
secretaris i secretàries, el detall ens mostra que les dones predominen
en els ajuntaments petits amb menys capacitat econòmica. Quina
casualitat, oi?


Atès que l’Estat no mostra cap símptoma de correcció de la seva
erràtica tendència de desentendre’s dels problemes estructurals,
amb un govern, el més progressista de la història, que acabem
d’exposar i en especial de la cobertura de places vacants, cal
exigir un nou sistema en què totes les administracions autonòmiques
tinguin una participació clau, central, proactiva en totes les fases del
procés de convocatòria, selecció i formació d’aquests funcionaris
que, recordem-ho, són indispensables per al funcionament dels
ajuntaments, la primera baula d’una societat democràtica.


És per això que la moció advoca per reformar de manera urgent el
sistema actual i per tornar a una pràctica ja realitzada, cosa que
permetria que siguin les comunitats autònomes qui puguin assumir tot el
procés, així com incloure amb caràcter d’urgència també els
funcionaris autonòmics com a elegibles per al seu nomenament accidental.
Anticipant alguns dels comentaris que de ben segur escoltarem aquí tot
seguit, que ho facin les comunitats autònomes no vulnera cap dels
principis constitucionals que regulen l’accés a la funció pública.
O és que atorguem presumpció de parcialitat, de negligència, de
partidisme i fins i tot presumpció de prevaricació a aquestes
administracions? O a 16 d’aquestes administracions? La participació
autonòmica en aquesta matèria és plenament constitucional. Així ho va
confirmar el Tribunal Constitucional, que tant els agrada utilitzar, en
diferents sentències: 4/1981, 214/1989, 111/2016, 45/2017. És clara la
capacitat d’optar políticament per decisions i actuacions
descentralitzadores com les existents durant la vigència de la disposició
addicional segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Així, el nucli de les nostres propostes és l’exigència de recuperar
unes funcions i competències que en cap cas s’havien d’haver
recentralitzat.


Res impedeix que les comunitats autònomes ho portin a la pràctica, com
ja ho havien fet, com ho tornarà a fer Euskadi. Bé, només ho impedeix la
seva manca de voluntat política, al rebuf d’una recentralització,
on el PP i l’extrema dreta, amb gust, els fan de palmeros. Quina
llàstima! Esperem que ho expliquin molt clarament als ajuntaments on
governen i on tenen aquestes mancances. Som aquí per fer que les coses
passin. O com a mínim per provar de fer que les coses passin. Som aquí
per millorar la vida dels nostres conciutadans i per fer-ho cal posar-los
al centre de la nostra acció política. És per això que des del nostre
grup parlamentari els demanem el suport unànime a aquesta moció.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Empecemos. Traemos al Pleno una situación que estoy seguro que sufren,
han sufrido o sufrirán, por desgracia, gran parte del conjunto de sus
señorías que hayan tenido experiencia en la Administración Local. La
crisis del año 2008 provocó, entre otras cuestiones, intensos cambios
normativos dirigidos básicamente a reducir el nivel de gasto público y a
controlar un déficit, que era creciente en aquel entonces, a nivel
presupuestario. Señorías, recuerden que, incluso, tengámoslo en cuenta,
se modificó con nocturnidad y alevosía, si no me falla la memoria, en
periodo vacacional la sacrosanta Constitución española en su
artículo 135.


En el ámbito local, las medidas se tradujeron en la aprobación de la
popularmente conocida como LRSAL a finales de 2013, que impactó de forma
muy significativa, tanto en la Ley de bases de régimen local como en la
Ley reguladora de las Haciendas Locales. Básicamente, a través de la
introducción del artículo 92 bis en la nueva Ley de bases de régimen
local se produjo la recentralización de las competencias básicas en
materia de régimen jurídico de los funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional. Fue así como el Estado
volvió a disponer de las atribuciones más significativas sobre estos
funcionarios, especialmente en cuanto a la aprobación de la oferta anual
de empleo público, la selección y su nombramiento. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia). Esta
recentralización competencial generará una serie de déficits
estructurales y de desajustes funcionales, un volumen ingente,
insultante, de plazas vacantes, enormes diferencias retributivas en la
práctica y el mantenimiento de la excepcionalidad en la provisión de los
puestos de trabajo mediante la libre designación, además del desajuste
entre las funciones listadas y la formación y capacitación actual, lejos
del modelo gerencial que la gran mayoría de ayuntamientos necesitaría
incorporar.


Para la provisión de estas plazas debemos aceptar, además, un proceso
selectivo exigente: una compleja oposición de 150 temas en tres
ejercicios, escrito, oral y practico. Una vez superado, debe realizarse
un curso selectivo de formación de 1500 horas lectivas con sede en
Madrid, en el INAP, lo que complica e implica desplazamiento y
permanencia. Un proceso centralizado que, además, de facto, se convierte
en centralizador, es decir, impide prácticamente que puede acceder
cualquier otra persona que no sea del núcleo, del centro del Estado, como
en muchos otros casos de altos cuerpos funcionariales. Además de lo
anterior, es un proceso que se ha convocado con cuentagotas: 200 y 300
plazas en 2020 y 2021 respectivamente, para hacer frente a una realidad
—atención—, de más de 8000 ayuntamientos en todo el Estado,
de los cuales 6820 de hasta 5000 habitantes, es decir, el 84 % de los
municipios de todo el Estado.


En el caso catalán, la magnitud del problema es clara: prácticamente,
la mitad de los ayuntamientos no tienen un secretario o un interventor
titular surgido de unas oposiciones, con lo cual queda la plaza ocupada
por interinos, situación que se arrastra desde hace demasiados años. En
realidad, el escenario es mucho peor. Los datos más recientes de la
Generalitat de Catalunya nos muestran que hay 858 plazas vacantes en
los 947 ayuntamientos catalanes de todas las tipologías de este colectivo
de funcionarios, vacantes que se intentan resolver mediante nombramientos
accidentales de un funcionario de la corporación o un nombramiento
interino, por la imposibilidad de proporcionar la plaza reservada a
personal funcionario habilitado por la Administración nacional, además de
los nombramientos por acumulación o comisiones de servicio prorrogadas in
aeternum. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Tienen un problema y grande: municipios sin servicio, una situación de
prácticamente permanente intermitencia; desconocimiento generalizado de
la normativa catalana; sentido de provisionalidad, con un bajo arraigo
social y una alta rotación; alto coste económico para los ayuntamientos
pequeños y, por último, pero no por ello menos importante, insatisfacción
de la ciudadanía. Este escenario se convierte en un problema que se ha
cronificado. Una de aquellas constantes universales que alguna vez me
habrán escuchado decir aquí, y que además va a empeorar con la avalancha
de futuras jubilaciones.


Seguro seguro que con un ejemplo se entenderá mejor. En la comarca del
Berguedà, una secretaría lleva siete municipios, cuatro secretarios son
interinos de cinco accidentales, y este mes de abril dos se jubilan,
dejando sin servicio a tres municipios. En la comarca del Solsonès, por
ejemplo, no hay ni un funcionario de habilitación nacional, cero. La
situación se vuelve tan dramática que, incluso, se han producido fichajes
de secretarios de otros municipios a precios fuera de mercado, como si
estuviéramos hablando del mercado de invierno o de verano de los
futbolistas, ya que los pocos secretarios que hay prefieren grandes
municipios, obviamente, con un potencial económico mucho más alto. Y un
dato en perspectiva de género: a pesar de que, en términos globales, en
Cataluña se da un equilibrio entre hombre y mujer, entre secretarios y
secretarias, el detalle nos muestra que las mujeres predominan en los
ayuntamientos pequeños, con menor capacidad económica. Qué casualidad,
¿verdad?


Dado que el Estado no muestra ningún síntoma de corrección de su
errática tendencia a desentenderse de los problemas estructurales, con un
Gobierno que es el más progresista de la historia, como acabamos de
exponer, y, sobre todo, en cuanto a la cobertura de plazas vacantes, se
debe exigir un nuevo sistema en el que todas las administraciones
autonómicas tengan una participación clave, central, proactiva en todas
las fases del proceso de convocatoria, selección y formación de esos
funcionarios, que —recordemos— son indispensables para el
funcionamiento de los ayuntamientos, el primer eslabón de una sociedad
democrática.


Por ello, la moción aboga por reformar de forma urgente el sistema
actual, volviendo a una práctica ya realizada, permitiendo que sean las
comunidades autónomas las que puedan asumir todo el proceso e incluir,
también con carácter de urgencia, a los funcionarios autonómicos como
elegibles para su nombramiento accidental. Y anticipando algunos de los
comentarios que seguramente vamos a escuchar en breve, ya digo que el que
lo hagan las comunidades autónomas no vulnera ninguno de los principios
constitucionales que regulan el acceso a la función pública. ¿O es que
otorgamos presunción de parcialidad, negligencia, partidismo e incluso de
prevaricación a dieciséis de estas administraciones? La participación
autonómica en esta materia es plenamente constitucional, y así lo
confirmó el Tribunal Constitucional, que tanto les gusta utilizar, en
distintas sentencias: las 4/1981, 214/1989, 111/2016 y 45/2017. Es clara
la capacidad de optar políticamente por decisiones descentralizadoras,
como las existentes durante la vigencia de la disposición adicional
segunda del Estatuto Básico del Empleado Público. Así, el núcleo de
nuestras propuestas es la exigencia de recuperar unas funciones y unas
competencias que en ningún caso deberían haberse recentralizado.


Nada impide que las comunidades autónomas lo lleven a la práctica, como
ya lo habían hecho y como lo volverá a hacer Euskadi; solo lo impide su
falta de voluntad política al rebufo de una recentralización en la que el
PP y la extrema derecha les hacen con gusto de palmeros. ¡Qué lástima!
Esperamos que lo expliquen con toda claridad a los ayuntamientos donde
gobiernan y que sufren estas carencias. Estamos aquí para hacer que las
cosas pasen o al menos para intentar que pasen, estamos aquí para mejorar
la vida de nuestros conciudadanos, y para ello tenemos que colocarlos en
el centro de nuestra acción política. Por ello, nuestro grupo
parlamentario pide su apoyo unánime a esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su señoría Martín Martín.


El señor MARTÍN MARTÍN: Señor presidente, señorías, ante la moción que
motiva este debate, el Grupo Popular plantea una enmienda de sustitución
que entendemos que debería ser aprobada por la gran mayoría de esta
Cámara puesto que se basa y fundamenta en un acuerdo que ya fue
transaccionado en la Comisión de Función Pública ante una moción
presentada por nuestro grupo y defendida por mí mismo, en la que se ponía
de manifiesto el problema creciente que la cobertura de puestos de
funcionarios con habilitación nacional está suponiendo para el correcto
funcionamiento de la Administración Local en toda España.


Ustedes, los autores de esta moción, suscribieron ese texto, pactado
por los grupos parlamentarios Mixto, de Izquierda Confederal, Ciudadanos,
Vasco en el Senado, Popular y Socialista. Y es cierto que desde el 13 de
octubre de 2020, en que se firmó ese pacto, nada o muy poco se ha hecho
por parte de un Gobierno que ningunea a esta Cámara cada vez que tiene
ocasión de hacerlo y que en el caso concreto de los funcionarios con
habilitación nacional sigue sin escuchar las continuas advertencias de
parálisis a que aboca a los ayuntamientos de este país con su inacción.
No es que no se respeten los acuerdos del Pleno o de las comisiones del
Senado, ni siquiera los apoyados por el Grupo Socialista, como es el
caso; no es que no se haya adoptado una sola iniciativa concreta para
lanzar ese plan estatal de cobertura de funcionarios con habilitación
nacional, sino que ni siquiera se cumplen los compromisos y los plazos
expuestos por los ministros en sus comparecencias ante esta Cámara, y
eso, cuando lo hacen, porque quiero recordar que la señora Montero no ha
tenido a bien comparecer aún ante la Comisión de Función Pública de esta
casa pese a que hace ocho meses que fue nombrada para esa cartera. Ni
rastro de la ley de función pública ni del estatuto del pequeño
municipio, que nos presentaron como inminentes, o de otras iniciativas
que iban a hacer referencia a esta problemática, especialmente
problemática para los municipios más pequeños, que en provincias como la
mía, Ávila, son una inmensa mayoría y cuyos alcaldes reclaman cada vez
que tienen oportunidad atención para su propia supervivencia
institucional.


Pero siendo esto tan cierto como que estamos aquí, esa inacción
gubernamental no debe servir como coartada sobre la que justificar el
planteamiento de propuestas que, en nuestra opinión, tienen muy poco
interés en la resolución de los problemas de asistencia al funcionamiento
de los intereses de las entidades locales y mucho de subirse al carro que
abrió la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para este año, que hacía referencia a la modificación
sustancial de la Ley de las bases del régimen local y lo hacía hurtando
el debate y la transparencia exigibles a una cuestión de tanta
trascendencia y tras haberse intentado ya durante la tramitación de la
Ley de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas.
Todo ello ha conducido a la ruptura del principio de unidad de escala en
una profesión que lleva más de un siglo permitiendo el adecuado
funcionamiento de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones.
(Rumores).


Nosotros ya advertimos de lo que esto suponía. Presentamos una enmienda
para suprimir la disposición final primera de los presupuestos y, desde
luego, no podemos apoyar un modelo como el que propone esta moción, que
profundiza en esa misma línea: la de la cesión a las comunidades
autónomas de la formación, la selección...


El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor senador.


Señorías, por favor, guarden un poco de silencio.


Muchas gracias.


Puede continuar.


El señor MARTÍN MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Decía que profundiza en la cesión a las comunidades autónomas de la
formación, la selección, el nombramiento y la asignación del primer
destino de los habilitados, creando así cada una su propio cuerpo de
secretarios e interventores municipales. Ello supondría desnaturalizar y
desvirtuar sus funciones y reducir notablemente su derecho de movilidad,
su autonomía y su eficacia; y, sobre todo, abre las puertas a la
introducción de criterios potencialmente discriminatorios en el acceso a
esos puestos. Me ha llamado la atención oír hablar al ponente de alta
exigencia a la hora del acceso a esa función o del escaso arraigo social
en algunas zonas de España. Debería hacernos reflexionar.


Nosotros exigimos el diseño de un plan estatal de cobertura de
funcionarios con habilitación nacional que tenga especialmente en cuenta
la situación de excepcional escasez en los ayuntamientos de menos de 5000
habitantes y que tenga por objetivo reducir en el periodo de tres años a
un 10 % el porcentaje de puestos vacantes en el conjunto de las entidades
locales españolas. Para ello se deberían articular las correspondientes
ofertas de empleo público y establecer procedimientos ágiles y eficientes
para cubrir esas vacantes, de manera coordinada, eso sí, con entidades
locales y comunidades autónomas, con respeto a sus respectivos ámbitos
competenciales y primando el principio de movilidad en todo el Estado
como garantía de la neutralidad y eficacia de la función de esos
habilitados. Este plan de cobertura debería contemplar la captación del
talento en el empleo público, proponer procesos extraordinarios de
selección, incluir el plan en la Estrategia nacional frente al reto
demográfico y, por supuesto, también tener reflejo en la nueva ley de
función pública.


Nosotros creemos que el papel de las comunidades autónomas es
imprescindible, pero siempre en el ámbito de una gestión más ágil y
eficaz en los nombramientos de interinos para cubrir esos puestos. Un
ejemplo de ello es la Junta de Castilla y León, que ya estaba trabajando
sobre esta materia para maximizar el margen previsto...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍN MARTÍN: Sí, señor presidente.


Como digo, para maximizar el margen previsto en el artículo 92 bis.7 de
la Ley reguladora de las bases del régimen local.


En mi siguiente intervención profundizaré sobre ello.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Martín.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, y para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.


Des d’aquí a l’escó, serà només per manifestar que donarem
per defensada l’esmena en els termes en què fou presentada.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño tan solo para manifestar que vamos a dar por
defendida la enmienda en los términos en que fue presentada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, para la defensa de
sus cuatro enmiendas, tiene la palabra su señoría Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


En primer lloc, no veiem cap problema en que siguen les comunitats
autònomes les que gestionen la situació dels habilitats, però també
entenem que no és un cas estrictament d’urgència que afecte a este
sector. Pensem que les coses s’han de fer de manera meditada. També
entenem que l’Administració de l’Estat ha d’assegurar
l’interés general i que existisquen també mecanismes perquè al
mateix que estem parlant de mobilitat de personal habilitat, també hi
hagen garanties exquisides perquè eixa mobilitat del personal habilitat
no menystinga en cap moment els propis drets lingüístics de les persones
administrades. Estem parlant de personal que pot anar d’una
comunitat a una altra en la qual eixos requisits lingüístics no
existisquen.


També entenem que és positiva la proposta que fan, serviria per a
cobrir llocs que no es cobreixen amb tanta facilitat, però la proposta
que fan vostés ens agradaria que no fóra la norma, que fóra
l’excepció, perquè si no el que pot comportar al mateix temps és
que siguen les comunitats autònomes ara qui pal·lien el dèficit
d’habilitats i això en un sector on hi ha molta inestabilitat,
molta interinitat, s’incrementa encara més amb este tipus de
mesures. Considerem fonamental que per acabar amb eixe 70 % del problema
de la interinitat també que hi ha en el sector dels habilitats, aprofitar
la normativa que vam aprovar fa poc i que preveu la consolidació del
personal interí en abús de temporalitat. Insistim que amb aquesta mesura
per si sola, segons també els propis col·lectius afectats, es pal·liaria
un 70 % aproximadament de les vacants que existixen en
l’actualitat.


Tot açò entenent que no és un problema de tensió entre política
territorial, entre l’Administració central i les comunitats
autònomes, és un problema que va més enllà. És un problema de la pròpia
situació del personal funcionari, el personal funcionari més transcendent
per a la vida local. Una situació que pareix enquistada i que entenem que
no ha sigut atesa ni ara per part de l’Estat ni abans tampoc per
part de les comunitats autònomes. (Rumors). Sé a que molta gent no li
interessa perquè hi ha darrere un debat —imagine que estaran casats
perquè són les set—, però és molt molest estar parlant en este
guirigall de fons.


Es va voler derivar el problema de la temporalitat en el cos, a què
havia sigut causat precisament en eixe traspàs o en eixa recentralització
que es va produir des de les comunitats autònomes a l’Estat, com a
que havien sigut poc més que les comunitats autònomes les causants
d’eixa situació. I això és mentida, perquè des de l’any 2012
fins ara hem vist que ha sigut justament al contrari: s’ha generat
encara més temporalitat, no s’han aconseguit cap de les mesures
proposades ni en matèria de selecció de personal ni cobrir les
jubilacions produïdes fins avui. De fet s’ha passat d’una
temporalitat abans del 30 % a ara un 45 % aproximadament. Veiem fins i
tot una anomalia constitucional l’existència d’un
funcionariat de l’Administració General de l’Estat que duu a
terme el lloc més transcendental de la vida dels ajuntaments. Això
únicament passa en l’Estat espanyol i a Italia. Pot ser interpretat
inclús com a una ingerència en l’autonomia local, basada en la
desconfiança que té l’actual Administració central en els poders
públics locals, que han de ser necessàriament controlats perquè els
ajuntaments són menors d’edat i no poden tindre eixa capacitat. Per
tant, entenem que el debat sobre l’adscripció d’estos
funcionaris a les comunitats autònomes segurament no serà el principal
problema que tenen avui en dia el gros del personal habilitat. És
interessant, és necessari, però entenem que hi ha altres urgències també
que són precisament les que presentem com a esmena. Ens sembla bé la seua
proposta, ja li ho hem comentat, accepten o no accepten les nostres
esmenes anem a votar en contra, perquè crec que sí que toca, però
sobretot pensem que el més urgent que afecta al cos dels habilitats
estatals és eixe alt grau de precarietat i de temporalitat que tenen. Per
això demanem que s’aplique ja la llei 20/2021 de manera urgent i
que s’adopten mesures, un pla de recursos humans realista.


Nosaltres votarem a favor i després en el torn de portaveus incidirem
més en el que pensem que cal destacar però agraïm la seua proposta perquè
pensem que sí que és positiva.


Gràcies.


Gracias, presidente.


En primer lugar, no vemos ningún problema en que sean las comunidades
autónomas las que gestionen las situaciones de los habilitados, pero
entendemos que no es un caso estrictamente de urgencia que afecte a ese
sector; pensamos que estas cosas se deben hacer de forma meditada.
También entendemos que la Administración del Estado ha de asegurar el
interés general y que existan mecanismos de movilidad del personal
habilitado; que haya garantías exquisitas para que la movilidad del
personal habilitado no vaya en contra de los derechos lingüísticos de las
personas administradas y del personal que puede ir de una comunidad a
otra en la que esos requisitos lingüísticos existan.


También consideramos positiva la propuesta que hacen para cubrir
puestos que no se cubren con tanta facilidad, pero no nos gustaría que
fuera la norma sino la excepción, porque, si no, ello puede conllevar que
sean las comunidades autónomas las que palíen el déficit de habilitados,
y en un sector donde hay mucha inestabilidad, mucha interinidad, esta se
incrementa incluso más con este tipo de medidas. Pensamos que para acabar
con el 70 % del problema de la interinidad existente en el sector de los
habilitados es fundamental que se aproveche la normativa que aprobamos
hace poco y que prevé la consolidación del personal interino en abuso de
temporalidad. Con esta medida por sí sola los propios colectivos
afectados creen que se paliaría en un 70 %, aproximadamente, las vacantes
que existen en la actualidad.


Entendemos que todo esto no es un problema de tensión de política
territorial entre la Administración central y las comunidades, sino que
el problema va más allá: es un problema de la propia situación del
personal funcionario, más trascendente para la vida local. Es una
situación que parece enquistada y que consideramos que no ha sido
atendida ahora por parte del Estado ni antes por parte de las comunidades
autónomas. (Rumores). Sé que hay mucha gente a la que no le interesa,
porque hay un debate por detrás —parece que están cansados porque
son las siete—, pero es muy molesto estar hablando con este ruido
de fondo.


Se creía que el problema de la temporalidad en el cuerpo del Estado se
había producido por esa recentralización. Decían que habían sido las
comunidades autónomas las causantes de esa situación, pero eso es
mentira, ya que desde el año 2012 hasta ahora hemos visto que ha sido
justo lo contrario: se ha generado incluso más temporalidad, no se ha
conseguido ninguna de las medidas propuestas ni en materia de selección
de personal ni para cubrir las jubilaciones; de hecho, se ha pasado de
un 30 % de temporalidad a un 45 %, aproximadamente, en la actualidad.
Vemos una anomalía constitucional en la existencia de un funcionariado de
la Administración General del Estado que ocupa el puesto más
trascendental de la vida de los ayuntamientos. Eso solo pasa en el Estado
español y en Italia. Puede ser interpretado como una injerencia en la
autonomía local basada en la desconfianza de la actual Administración
central en los poderes locales, que necesariamente tienen que ser
controlados porque los ayuntamientos son menores de edad y no tienen esa
capacidad. Por tanto, entendemos que el debate sobre la adscripción de
esos funcionarios a las comunidades autónomas sería interesante.
Seguramente no será el principal problema que tenemos hoy en día. El
cuerpo del personal habilitado es necesario, pero consideramos que hay
otras urgencias, que son las que nosotros planteamos; y esa es la
propuesta que les proponemos, acepten o no las enmiendas. Pero sobre todo
pensamos que lo más urgente que afecta al cuerpo de los habilitados
estatales es el grado de precarización y temporalidad que tienen;






por
tanto, que se aplique la Ley 20/2021 urgentemente y que se adopten
medidas de recursos humanos realistas.


Nosotros votaremos a favor, y en el turno de portavoces incidiremos más
en lo que hay que destacar, pero agradecemos su propuesta porque pensamos
que es positiva.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Garmendia
Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, presidente. Intervendré desde
el escaño.


Simplemente quiero explicar la enmienda que hemos presentado al punto 3
de la moción. Por un lado, entendemos que debe ser el personal
funcionario interino de la Administración Local el que sea habilitado
accidentalmente para desempeñar un puesto reservado a personal
funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional. Y, por otro, que en los casos de ausencia, enfermedad o
abstención legal o reglamentaria de ese funcionario, a petición de la
corporación interesada, la Administración Local debe ser la que atienda
los servicios de asistencia de esos funcionarios de carácter nacional. Es
una enmienda meramente técnica, porque consideramos que las personas
funcionarias de las administraciones locales, es decir, de los
ayuntamientos, son las que mejor conocen el día a día del funcionamiento
de un ayuntamiento, más que las personas funcionarias de la comunidad
autónoma.


Ese es el sentido de nuestra enmienda.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra su señoría Castellà.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Con la venia, presidente. Seré muy
breve.


Señorías, no les negaré que subo aquí con el regusto amargo de no haber
logrado un acuerdo con el grupo proponente, y aun, si cabe, con la mano
extendida todavía. Entre la cesión y el ejercicio de todas las
competencias inmediatamente —que ya pedían— y la situación
actual hay un camino largo que recorrer con muchas estaciones, como el
salto que dimos con la entrada de la LARSAL al suprimir la disposición
segunda del Estatuto Básico del Empleado Público. Hay muchos
ayuntamientos con graves problemas por no cubrir las plazas de los
funcionarios con habilitación nacional. Las tasas de reposición cero del
Partido Popular, las políticas de austeridad y el ahogo económico y
algunas de las disposiciones de la LARSAL son causas inmediatas, pero hay
también un problema estructural, del propio diseño del modelo, y todo
ello no es fácil de abordar y solucionar a corto plazo y con medidas
coyunturales. No se puede solucionar de golpe.


Es importante la lucha contra la temporalidad en fraude de ley en la
Administración pública —y eso hemos hecho, y lo hemos hecho
bien—, así como la convocatoria de amplias ofertas públicas de
empleo, más amplias que las que se venían haciendo. Hacen falta más
medidas, y en eso estamos, y por eso les propusimos una —a mi
entender, generosa— transaccional donde aceptábamos algunas de sus
medidas; y sin querer cuestionar la titularidad estatal de la
competencia, creo que había un margen en la ejecución para ganar en
cogobernanza, proximidad y colaboración entre el Estado y las
administraciones autonómicas. Nos han puesto en la disyuntiva de un
maximalismo imposible de aceptar o nada, pero nuestra mano sigue tendida.
Creo sinceramente que muchos vecinos y vecinas, que muchas alcaldesas y
muchos alcaldes, que muchas corporaciones municipales hubieran agradecido
hoy el acuerdo, aunque en su lógica independentista fuera insuficiente.
Pero creo también que hemos avanzado, señor Reniu, desde la franqueza, la
lealtad y el servicio a la ciudadanía que nos movían y que el trabajo
realizado hasta hoy no puede quedar en el olvido y debe servir para
seguir trabajando en una mejor racionalización del modelo que supla las
evidentes deficiencias y perturbaciones que tiene y avance en la lógica
de la cooperación institucional y la cogobernanza. Los cuerpos locales de
habilitación nacional fueron una conquista de las fuerzas progresistas
frente al caciquismo rural de las derechas. Hoy el progreso está en la
cogobernanza, que sitúa a la ciudadanía en el centro de la acción
pública, y en eso creo que estamos conjuntamente.


Seguimos pues, señor Reniu. Que la no aceptación de nuestra enmienda
ahora sea solo una pequeña coma en la narración de una Administración
Local mejor, más eficaz y más al servicio de la ciudadanía, y no un punto
final ni aparte.


Como le digo, seguimos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría Castellà Surribas.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas.


El señor RENIU VILALAMA: Gràcies, president.


Vull agrair molt sincerament a tots els grups esmenants les seves
propostes i la voluntat d’acord de bona part d’aquests grups.
Efectivament, s’ha dit també aquí que és un tema que requereix,
exigeix, molt més diàleg, molta més negociació i uns consensos polítics
amplis. En aquest sentit, vull posar en valor la tasca que ha intentat
portar a terme el senador Castellà, amb l’intent d’obrir
aquella negociació, d’arribar a uns acords, però malauradament hem
optat des del nostre grup parlamentari per mantenir la moció en els seus
termes originals. En tot cas, recullo el nostre grup recull el seu guant,
recull aquesta mà estesa i aquesta metàfora que això òbviament no serà un
punt final, és una coma, és un salt de paràgraf, i en tot cas estarem
segurs de poder debatre aquesta qüestió al més alt nivell i resoldre, com
vostè sap molt bé i com totes les seves senyories saben molt bé, un
problema que els afecta a tots. Els afecta a tots. No obstant això,
entenem que aquesta negociació, el que deia, s’ha de fer en el marc
d’una proposta més concreta, més real, si ho volen, fins i tot, i
viable de reforma i incorporant les esmenes entenem que hauríem
desnaturalitzat la moció que els hem posat sobre la taula, que els hem
plantejat per discutir.


S’ha de dir, i vull que consti en acta, que bona part de les
propostes que han realitzat els grups esmenants són molt interessants i,
sense cap mena de dubte, són rellevants. Ara podríem entrar en petits
comentaris, però vaja, no és apuntar-se al carro, com s’ha dit des
de les files del Partit Popular, sinó que és reclamar el retorn a un
escenari que ens permetia i que en el cas català va ser un escenari
d’èxit. Per tant, no és apuntar-se al carro.


El company de Compromís afirmava que no és una situació tan
d’urgència. Miri, sí que ho és, i li he donat les dades: en 847
municipis que té Catalunya hi ha pràcticament 800 places vacants, i estem
parlant des de Barcelona fins a Sant Jaume d’Enveja o Sant Joan de
Vilatorrada, municipis petits.


En el cas del del PNB, plantegen una esmena tècnica que jo entenc que
si hagués estat possible desenvolupar una transaccional que donés
resposta a les nostres exigències, als nostres interessos, hauria quedat
perfectament incorporada. En tot cas, la situació en què es troben, home,
és motiu d’enveja, sana enveja, per part nostra, perquè a fi de
comptes són en l’escenari on voldríem ser. I no només nosaltres
—no s’equivoquin—, tots, perquè aquesta seria una
solució general que beneficiaria, òbviament, els ciutadans del nostre
país.


En tot cas, per nosaltres no queda. Per nosaltres, no quedarà, i
seguirem treballant a fons. De qualsevol manera, moltes gràcies per les
seves aportacions, però decidirem mantenir la moció en els seus termes
originals.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Quiero agradecer muy sinceramente a todos los grupos sus enmiendas, sus
propuestas y la voluntad de acuerdo de gran parte de ellos.
Efectivamente, se ha dicho aquí que este es un tema que requiere, que
exige mucho más diálogo, mucha más negociación y unos consensos políticos
amplios. En este sentido, me gustaría poner en valor la tarea que ha
llevado a cabo el senador Castellà en el intento de abrir esa
negociación, de alcanzar unos acuerdos, pero, por desgracia, en mi grupo
parlamentario hemos optado por mantener la moción en sus términos
originales. En todo caso, mi grupo recoge el guante, esa mano tendida y
la metáfora de que, evidentemente, este no será un punto final, sino una
coma, un salto de párrafo. Estamos seguros de poder debatir esta cuestión
al más alto nivel y resolver, como usted sabe muy bien, y todas sus
señorías saben, un problema que les afecta a todos. No obstante,
entendemos que esa negociación, como decía, se debe realizar en el marco
de una propuesta más concreta, incluso más real, si quieren, y de
incorporar las enmiendas habríamos desnaturalizado la moción que hemos
puesto sobre el tapete, que les hemos planteado.


Cabe decir, y me gustaría que constara en acta, que gran parte de las
propuestas de los grupos enmendantes son muy interesantes y, sin lugar a
dudas, relevantes. Ahora podríamos entrar en pequeños comentarios, pero
no se trata de apuntarse al carro, como se ha dicho desde las filas del
Partido Popular, sino de reclamar el retorno a un escenario que en el
caso catalán fue un escenario de éxito; o sea, que no es cuestión de
apuntarse a ningún carro.


El compañero de Compromís afirmaba que esta no es una situación de
tanta urgencia. Mire usted, sí lo es; le he dado los datos: con 947
municipios en Cataluña, prácticamente tenemos 800 plazas vacantes, y
estamos hablando desde Barcelona hasta Sant Jaume d`Enveja o Sant Joan de
Vilatorrada, es decir, municipios pequeños.


El PNV plantea una enmienda técnica que entiendo que, si hubiera sido
posible desarrollar una transaccional que diera respuesta a nuestras
exigencias y nuestros intereses, habría quedado perfectamente
incorporada. En todo caso, la situación en la que se encuentran es motivo
de envidia, de envidia sana por nuestra parte, porque al fin y al cabo
están en el escenario en el que nos gustaría estar, no solo a nosotros
—no se equivoquen— sino a todos, ya que esa sería una
solución general que beneficiaría, claro está, a los ciudadanos de todo
nuestro país.


Pero por nosotros no va a quedar. Vamos a seguir trabajando a fondo. De
todos modos, muchas gracias por sus aportaciones, pero, como he dicho,
decidimos mantener la moción en sus términos originales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tomará la palabra su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, la Ley de las bases del régimen local en su artículo 92.3
transformó los clásicos cuerpos nacionales de secretarios, interventores
y tesoreros en funcionarios con habilitación de carácter nacional. La
evolución de la normativa referida a los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional se recoge en
la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2017, de 27 de abril. El
artículo 92 bis. de dicha ley, con objeto de reforzar la independencia de
los funcionarios con habilitación de carácter nacional respecto a las
entidades locales en las que prestan sus servicios, garantiza la
profesionalidad y la eficacia del control interno de la actividad local.
Mediante la reordenación de competencias pretende asegurar la
independencia de estos órganos de control respecto de las corporaciones
controladas y en general alejar lo más posible del ente local la toma de
decisiones sensibles relacionadas con secretarios e interventores, todo
ello para asegurar su despolitización, así como unas condiciones mínimas
de igualdad en el régimen de unos funcionarios habilitados con carácter
nacional.


El artículo 92 bis., apartado 4, establece que el Gobierno, mediante
real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y
supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan
corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.
El apartado 5, que la aprobación de la oferta de empleo público,
selección, formación y habilitación de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a
través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a
las bases y programas aprobados reglamentariamente. Y el apartado 6, que
el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades
correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de
trabajo. Y el ámbito territorial de los concursos será de carácter
estatal.


Los méritos generales de preceptiva valoración se determinarán por la
Administración del Estado y su puntuación alcanzará un mínimo del 80 %
del total posible, conforme al baremo correspondiente. Los méritos
correspondientes a las especialidades de la comunidad autónoma se fijarán
por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15 % del
total posible. Y los méritos correspondientes a las especialidades de la
corporación local se fijarán por esta y su puntuación alcanzará hasta
un 5 % del total posible.


Habrá dos concursos anuales. El unitario será convocado por la
Administración del Estado y el ordinario, por las corporaciones locales.
Excepcionalmente, los puestos de trabajo podrán cubrirse por el sistema
de libre designación entre funcionarios de la subescala y categoría
correspondiente, siendo necesaria la autorización expresa de la
Administración General del Estado cuando se trate de funcionarios que
ejerzan el control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y
recaudación, precisándose informe preceptivo de la Administración del
Estado para el cese de funcionarios nombrados por el sistema de libre
designación.


Dicho esto, por otro lado, la disposición final primera de la
Ley 22/2021, de los Presupuestos Generales del Estado, modifica una
disposición de carácter general recogida en derecho codificado, como es
el artículo 92 bis. de la Ley reguladora de las bases del régimen local,
Ley 7/1985, de 2 de abril, para atribuir a una concreta comunidad
autónoma —en este caso, el País Vasco— todas las facultades
previstas en el citado artículo 92 bis. en los términos que establezca la
normativa autonómica. Esta importante reforma estructural del régimen de
distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco carece de conexión alguna con el contenido propio de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, por lo que con fecha 28 de marzo de
este año la hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional.


Señorías, por todo lo expuesto, votaremos en contra de esta moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Debatimos esta moción, que trata sobre la situación de los funcionarios
con habilitación de carácter nacional, un colectivo de unos 6000
profesionales que ejercen su labor en los ayuntamientos, diputaciones y
demás entidades locales de España como secretarios, interventores y
tesoreros. Estos funcionarios salvaguardan y garantizan una
Administración Local limpia que asesora de la legalidad vigente, da fe
pública de los actos y acuerdos, emite certificaciones, además de
fiscalizar la gestión económica, financiera y presupuestaria, la
contabilidad, la tesorería y la recaudación. Se trata, además, de un
cuerpo con más de doscientos años de antigüedad —ya aparecía en la
Constitución liberal de Cádiz de 1812—, que actualmente se
encuentra regulado en el artículo 19.2 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
la Administración Local con habilitación de carácter nacional.


Estamos hablando de funcionarios públicos estatales que han ingresado
mediante el correspondiente proceso selectivo, respetando los principios
de legalidad, mérito y capacidad, superando un proceso conforme a las
bases y programas aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, fuera del entorno politizado de muchas administraciones locales
y autonómicas.


En Ciudadanos consideramos que se deben garantizar las normas
destinadas a asegurar la independencia y la profesionalidad de estos
órganos de control. A día de hoy su selección, formación y la provisión
definitiva de los puestos de trabajo corresponde al Estado, mientras que
las comunidades autónomas tienen correspondencia para la provisión
temporal y la clasificación de los puestos de trabajo. Y así debe
seguir.


Quiero referirme también al Gobierno. No todo vale para mantenerse en
el sillón de la Moncloa, señorías. Este Gobierno ha premiado a sus socios
vascos modificando la Ley reguladora de las bases del régimen local, vía
enmienda a los presupuestos, para que los habilitados nacionales dejen de
serlo para ser únicamente habilitados vascos, perdiéndose así la
independencia de estos funcionarios y la igualdad en el acceso a las
plazas; funcionarios que deberían ser garantes y notarios de que toda la
actividad que se realiza en los ayuntamientos se ajusta a la legalidad
vigente. Muy probablemente el Gobierno vasco aplique estos procesos
selectivos, criterios ad hoc para meter a sus allegados, y el euskera
dejará de ser un mérito, como es ahora, para ser un requisito
obligatorio.


Señorías, estamos ante una auténtica barbaridad. Sí, así, como suena.
En Ciudadanos no vamos a permitir que para premiar a sus socios se juegue
con la independencia de estos funcionarios públicos con más de doscientos
años de antigüedad que trabajan con profesionalidad, igualdad, integridad
e imparcialidad para garantizar una Administración pública al servicio de
los intereses generales de la ciudadanía y en el marco constitucional
vigente y no al servicio de sus gobernantes.


Por todo ello, los liberales votaremos en contra de la presente
moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies president.


Bon vespre. Coincidim amb el diagnòstic que fa el grup d’Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu a la part expositiva d’aquesta
moció. Sobre tot allà on diu que seria desitjable una reforma de més
calat per facilitar un canvi de model per la funció dels funcionaris de
la Secretaria, la Intervenció i de la Tresoreria. La prova és que aquesta
moció coincideix en el temps amb la presentació a la Comissió
d’Hisenda i de Funció Pública del Congreso d’una PNL
defensada per el diputat de Junts per Catalunya Josep Pagès, que promou
la descentralització del regim jurídic i de la gestió dels funcionaris de
l’Administració local amb caràcter nacional a Catalunya. I ho diu
aquesta moció, i ho saben vostès: molta part del problema que
s’apunta fou provocat per l’aplicació de la Llei 27/2003, la
LARSAL, que es va carregar el sistema establert el 2007 amb
l’entrada en vigor del «Estatuto Básico del Empleado Público» que
va comportar l’atribució de l’oferta pública a les Comunitats
autònomes. Val a dir que, durant la seva vigència, no totes les
Comunitats van actuar de la mateixa manera i van aprofitar
l’oportunitat per donar resposta a les diferents necessitats
territorials. Però Catalunya, durant els anys de vigència de la
disposició addicional segona del EBEP va demostrar que la
descentralització és un instrument efectiu quan va acompanyada
d’una gestió responsable i solvent. I la prova en són les 423
places convocades a Catalunya entre 2009 i 2013 en funció
d’aquelles competències.


La LARSAL a més de suposar una recentralització que anava més enllà de
les previsions inicials de la Llei reguladora de les bases del regim
local, ha comportat en el cas de Catalunya, menys places convocades i més
vacants de secretaris, interventors i de tresorers professionals, tant
necessaris per una bona gestió. És evident que h ha solucions:
l’optima seria derogar la LARSAL, però sabem que no és fàcil,
perquè n’hi ha que canvien de discurs en pocs mesos, i ho fan
fàcilment. Una prova és el grup Socialista que el Octubre del 2016
defensava en aquesta Cambra la derogació de la LARSAL i el febrer
del 2017 s’abstenien en el Congrés perquè no prosperés la derogació
de la mateixa.


Sabem també que hi ha la possibilitat de fer vestits a mida, com fa la
disposició final de la Llei de pressupostos per aquest 2022, que
estableix un règim singular per el País Basc, per cert, un règim que res
te a veure amb el règim foral basc. Això seria perfectament extensible a
d’altres comunitats autònomes, i en aquest sentit, des de Junts per
Catalunya hem presentat com els deia aquesta PNL en el Congrés, que no és
l’òptima, que no arriba als mínims que garantia el EBEP per totes
les comunitats autònomes abans de la LARSAL, però que és evident que
ajudaria a resoldre la situació actual en el cas de Catalunya mentre no
disposem d’un Estat propi.


Volem entendre que les demandes de la moció que estem debatent, malgrat
un redactat menys exigent del què nosaltres en agradaria, ajudarien a
millorar la greu situació que viu el món local català i que tant bé ha
descrit el senador Reniu.És per això mateix que, tot i no haver-nos
acceptat l’esmena, avui des de Junts hi votarem a favor, fent front
comú a favor de Catalunya, i esperant ser correspostos amb el suport a la
PNL presentada com els deia al començament, per els nostres companys al
Congrés.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Buenas tardes. Coincidía con el diagnóstico del Grupo Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu en la parte expositiva de esta moción,
sobre todo cuando dice que sería deseable una reforma de más calado para
facilitar un cambio de modelo para la habilitación de los funcionarios de
secretaría e intervención-tesorería. La prueba es que esta moción
coincide en el tiempo con la presentación en la Comisión de Hacienda y
Función Pública del Congreso de una PNL defendida por el diputado de
Junts per Catalunya, Josep Pagès, que promueve la descentralización del
régimen jurídico y la gestión de los funcionarios de la Administración
Local con carácter nacional en Cataluña. Y lo dice esta moción y ustedes
lo saben: una gran parte del problema que se apunta fue provocado por la
aplicación de la Ley 27/2013, la LARSAL, que se cargó el sistema
establecido en 2007 con la entrada en vigor del Estatuto Básico del
Empleado Público, que conllevó la atribución de la oferta pública a las
comunidades autónomas. Hay que decir que durante su vigencia no todas las
comunidades actuaron del mismo modo y aprovecharon la oportunidad para
dar respuesta a las diferentes necesidades territoriales. En Cataluña,
durante los años de vigencia de la disposición adicional segunda del EBEP
se demostró que la descentralización es un instrumento efectivo cuando va
acompañada de una gestión responsable y solvente, y la prueba son
las 423 plazas convocadas en Cataluña entre 2009 y el 2013 en función de
aquellas competencias.


La LARSAL, aparte de suponer una recentralización que va más allá de
las previsiones iniciales de la Ley reguladora de las bases del régimen
local, en el caso de Cataluña conllevó menos plazas convocadas y más
vacantes de secretarios, interventores y tesoreros profesionales, tan
necesarios para una buena gestión. Es evidente que hay soluciones; la
óptima sería derogar la LARSAL, pero no es fácil, porque hay quien cambia
de discurso en pocos meses y lo hace con facilidad. Una prueba es el
Grupo Socialista, que en octubre de 2016 defendía en esta Cámara la
derogación de la LARSAL y en febrero de 2017 se abstenía en el Congreso
para que no prosperase la derogación de esta ley.


Sabemos también que existe la posibilidad de hacer trajes a medida,
como hace la disposición final de la Ley de presupuestos para 2022, que
establece un régimen singular para el País Vasco, un régimen que no tiene
nada que ver con el régimen foral vasco. Esto sería perfectamente
extensible a otras comunidades autónomas. En este sentido, en Junts per
Catalunuya hemos presentado esta PNL en el Congreso, que no es la óptima,
que no llega a los mínimos que garantizaba el EBEP para todas las
comunidades autónomas antes de la LARSAL, pero que es evidente que
ayudaría a resolver la situación actual en el caso de Cataluña mientras
no dispongamos de un Estado propio.


Queremos entender que las demandas de la moción que estamos debatiendo,
a pesar de tener un redactado menos exigente del que a nosotros nos
gustaría, ayudarían a mejorar la grave situación que vive el mundo local
catalán y que también ha descrito el senador Reniu. Por eso, aunque no
nos han aceptado la enmienda, hoy en Junts votaremos a favor, haciendo un
frente común a favor de Cataluña y esperando ser correspondidos con el
apoyo de la PNL presentada, como les decía al principio, por nuestros
compañeros del Congreso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra su
señoría Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


Senyor Reniu, compartim l’anàlisi que ha fet. Evidentment,
coneixem els problemes que tenim en l’administració local. El que
li dèiem és que enteníem que no era urgent legislar per decret, perquè
tenim altres mecanismes d’aplicació immediata, com per exemple
aplicar la llei dels interins, que donaria resposta al 70 % de la
situació, del problema que tenim i diem que no era urgent un debat de
transferències. Pensem que el més urgent per a solucionar immediatament
el problema greu, que sí que hi ha un problema greu objectivament quant a
la cobertura de places, es podria atallar amb este mesures. Per això
entenem que moltes vegades legislar d’esta manera, per decrets,
retrau part d’eixe debat que tots complementaríem i faríem
segurament més just que no per mitjà d’un decret. Efectivament,
nosaltres saben que una moció val per al que val: és una declaració
d’intencions. I com reconeixem l’enorme tasca que estan fent
els habilitats estatals no tenim un altre remei que votar a favor, tot i
que esmenem perquè pensem que és millorable la proposta que vostés fan.
Els habilitats estatals són secretaris, interventors, tresorers, més
de 8500 persones professionals treballant en les entitats locals, des de
les més grans fins a les més xicotetes, i fan de tot: realitzen informes,
assessoren jurídicament als responsables polítics, donen fe pública dels
actes, fiscalitzen la gestió econòmica, labors de comptabilitat,
tresoreria, recaptació. Però això és el que en teoria diu la llei, perquè
després si anem als xicotets municipis són funcionaris que fan
absolutament de tot: des de fotocòpies, posar cadires per a un concert,
fer els bandos, i damunt són moltes vegades no únicament el funcionari
d’un ajuntament, sinó de varis ajuntaments. Per tant, sí que
entenem que fa falta una resposta a estos casos. Justament en estos
casos, en els xicotets municipis, són on es concentra la major part
d’eixa gent que està en situació d’interinitat. Per això
demanem que urgentment es desenvolupe eixa llei, perquè nosaltres quan
vam presentar en esta Cambra una proposta de llei per donar resposta als
habilitats estatals en situació d’abús, estàvem parlant
d’esta realitat, realitat que al País Valencià està passant, en el
nostre interior. De gent que està deu, vint, trenta anys fent
absolutament de tot, sent un pilar bàsic per al manteniment d’eixa
administració, damunt en pobles amb risc de despoblament. Gent que està
formant-se contínuament ara de repent veuen que poden anar directament al
carrer per no poder participar en uns processos que són purament
memorístics, quan són gent que s’han format contínuament i que ho
han donat tot. Seria inclús un drama, no per a eixes famílies, sinó per
als propis municipis que han sigut un dels pilars fonamentals en la
pròpia vida dels municipis. I curiosament eixa proposta de llei que hem
presentat en esta Cambra dues vegades, el govern socialista l’ha
vetada. L’ha vetada perquè deia que això afectava als Pressupostos
Generals de l’Estat, com si s’hagueren tingut que aplicar
immediatament i com si no estiguem negociant els pressupostos i com si no
tenim capacitat per a modificar els pressupostos. Quan els interessa sí
que ho fan.


Nosaltres pensem que fa falta un reconeixement a esta gent. Estem
parlant de 3300 llocs d’habilitats que es troben entre un 30 i
un 40 % com a mínim de gent que estan vivint a les zones rurals interina.
I si ho ampliem a tots estarem parlant d’un 70 % de gent que està
en eixa situació. I per això costa molt d’entendre com una llei que
vam aprovar fa poc no es desenvolupa i no s’aplica. Això donaria
resposta immediata a esta situació de precarietat de llocs. Per exemple
en l’últim concurs de 2020, segons les dades, més de 3200 llocs es
van quedar sense cobrir. Es demostra que alguna cosa no està funcionant.
Les últimes convocatòries a penes han cobert les jubilacions de personal.
I en els pròxims anys pensem que s’agreujarà encara més la situació
a causa de l’edat mitjana del col·lectiu. Són gent que va entrar fa
molt de temps, que ha continuat formant-se, però hi ha un buit encara
perquè taxes de reposició i la pròpia política que hem tingut fins ara ha
impedit que es convoquen les places en condicions tal com feia
falta.


Per tant, nosaltres qualsevol proposta encara que siga simbòlica com
una moció, perquè no deixen de ser simbòliques, pensem que s’ha de
donar suport. Tant de bo deien que teníem la ma estesa per a fer
propostes, ja hem vist la ma estesa quan la tenen, quan presentem
propostes de llei automàticament eixa ma estesa és per a eliminar-la i
tirar-la a la paperera, perquè ho hem vist adés, una presa en
consideració d’una proposta de llei val per a això, per a començar
a legislar de la manera que siga, són obertes, cadascú pot modificar el
seu sentit, però quan la presentem ací, què fa el Partit Socialista? La
tira i la invalida. Nosaltres anem a continuar i gràcies per la seua
aportació.


Gracias, presidente.


Compartimos el análisis que se ha hecho. Evidentemente, conocemos los
problemas que tenemos en la Administración Local, pero hemos dicho que
entendíamos que no era urgente legislar por decreto porque hay otros
mecanismos de aplicación inmediata que darían solución al problema que
tenemos con los interinos. Hemos dicho que no era urgente un debate de
transferencias. Pensamos que este problema, que objetivamente es grave:
la cobertura de plazas, se podría atajar con esas medidas. Por eso,
entendemos que muchas veces legislar de esta manera, por decreto, tapa
ese debate que podríamos complementar y que sería más justo que mediante
un decreto. Efectivamente, una moción vale para lo que vale, es una
declaración de intenciones, y reconocemos la enorme tarea que hacen los
habilitados estatales, por lo que no tenemos más remedio que votar a
favor, pero enmendamos su propuesta porque creemos que es mejorable. Los
habilitados estatales son secretarios, interventores…; hay más
de 8500 profesionales trabajando en las entidades locales, desde las más
grandes hasta las más pequeñas, y hacen de todo: realizan informes,
asesoran jurídicamente a los responsables políticos, dan fe pública de
los actos, fiscalizan la gestión económica, hacen labores de
contabilidad, tesorería y recaudación. Eso es lo que, en teoría, dice la
ley, pero en los pueblos pequeños son funcionarios que hacen de
todo: fotocopias, poner sillas para un concierto, hacer los bandos, y
encima a veces no son funcionarios de un ayuntamiento, sino de varios.
Por eso entendemos que hace falta dar una respuesta a esos casos, y
justamente en los municipios pequeños es donde se concentra esa gente que
está de forma interina. De ahí que digamos que es urgente que se
desarrolle esta ley.


Cuando presentamos en esta Cámara la propuesta de ley para dar
respuesta a los habilitados estatales en situación de abuso hablábamos de
esta realidad, que también está pasando en el interior de la Comunidad
Valenciana, donde están diez, veinte o treinta años haciendo
absolutamente de todo, siendo un pilar básico para el mantenimiento de
esa Administración en pueblos en riesgo de despoblación; y ahora, de
repente, ven que pueden irse a la calle directamente por no poder
participar en procesos puramente memorísticos, cuando lo han dado todo.
No solo sería un drama para esas familias, sino también para los
municipios, en los que han sido un pilar fundamental para la vida de
estos. Pero, curiosamente, el Partido Socialista vetó dos veces esa
propuesta de ley presentada en esta Cámara porque decía que afectaba a
los Presupuestos Generales del Estado, como si se tuviera que aplicar
inmediatamente o no se pudieran negociar los presupuestos. No tenemos
capacidad para modificar los presupuestos, pero cuando les interesa sí
que lo hacen.


Nosotros pensamos que hace falta tener un reconocimiento para esa
gente. Hablamos de 3300 puestos de habilitados, de los que un 30 o 40 %
está viviendo en las zonas rurales de forma interina y, si lo ampliamos,
de un 70 % de personas que están en esa situación, por eso cuesta mucho
entender que una ley que se aprobó hace poco no se desarrolle y se
aplique. Eso daría una respuesta inmediata a la situación de precariedad
de puestos. Según datos del último concurso de 2020, más de 3200 puestos
se quedaron sin cubrir, lo cual demuestra que algo no funciona. En las
últimas convocatorias apenas se han cubierto las jubilaciones de personal
y pensamos que en los próximos años la situación se agravará mucho más a
causa de la edad media del colectivo, que entró hace mucho tiempo y que
ha continuado formándose. Pero las tasas de reposición y la propia
política que hemos tenido hasta ahora han impedido que se convoquen las
plazas que hacían falta.


Por tanto, pensamos que hay que de dar apoyo a cualquier propuesta que
se presente en este sentido, aunque sea simbólica, como una moción. Dicen
que tienen la mano tendida, pero cuando hacemos una propuesta de ley
ustedes la tiran a la papelera. Una toma en consideración de una
propuesta de ley es abierta, cada uno la puede modificar en un sentido,
pero ¿qué hace el Partido Socialista cuando la presentamos aquí? La tira
y la invalida.


Nosotros vamos a continuar. Gracias por su aportación.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señor presidente.


Por lo que entendemos, lo que solicita esta moción es, por un lado, que
se produzcan las modificaciones reglamentarias necesarias para arreglar
la problemática de los funcionarios en las administraciones locales con
habilitación de carácter nacional, y, por otro, realizar un estudio, un
debate con las comunidades autónomas para configurar un cambio de modelo
de habilitación de este personal.


Respecto del primer punto, tanto la Ley de las bases del régimen local,
en su disposición adicional segunda, al hacer mención al régimen foral
vasco, como la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en su disposición adicional primera, y el Real
Decreto 128/2018, en su disposición adicional tercera, al regular el
régimen aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco ya establecen
una especificidad propia dentro de la normativa básica de aplicación, tal
y como ya se ha dicho aquí. En cuanto al segundo punto, creemos que puede
ser muy interesante analizar y debatir un nuevo modelo funcionarial para
este personal que ejerce sus cometidos en administraciones locales en
cada comunidad autónoma. Y en relación con el tercer punto, no ha podido
ser; ustedes no han admitido la enmienda. Habría sido interesante, pero
no ha podido ser, por lo que nuestro grupo se abstendrá en esta
moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tomará la palabra su
señoría la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, president.


Bona tarda a tots i a totes.






Reiteraré de nou la frase principal que
hem dit constantment en totes les intervencions que fem sobre les
entitats locals en aquesta cambra: les entitats locals són les
administracions més importants que tenim. I ens ho hauríem de creure. De
fet, són les que sempre hi són, ja que són les més properes a la
ciutadania. Són les que sempre busquen solucions per la necessitat de
donar resposta a les diferents peticions fetes. Són les que actuen en
gran quantitat d’àmbits per necessitat, fins i tot sense les
competències exclusives en moltes d’elles. Són, repeteixo, les
administracions més importants que tenim i també les que més
pateixen.


Com ja hem comentat reiterades vegades, les entitats locals pateixen
des de fa massa anys un cúmul de situacions que fa que els greuges
s’ampliïn en la mateixa mesura que els problemes que han
d’afrontar. Si una cosa ens han demostrat els ajuntaments en plena
pandèmia és com s’han reinventat, com s’han hagut
d’emmotllar a les diferents situacions que patien, com han assumit
com a seves funcions de competència d’altres administracions i
segur que aquí al Senat s’entén molt més que a una altra
cambra.


Som molts els que hem dedicat o ens dediquem a servir els nostres
pobles i ciutats des de la política municipal i els que hem hagut de
gestionar la pandèmia ens hem trobat amb més mancances de les que teníem
ja identificades. Des del nostre grup sempre hem denunciat que no es fa
prou per les administracions més properes, més castigades i més
importants. I, de fet, el que s’ha fet fins ara ha estat
posar-los-ho més difícil. Per posar uns exemples comuns i sobradament
denunciats, però no són solucionats, són: el repartiment de fons
europeus; les restriccions en polítiques d’ocupació a través de la
taxa de reposició; l’endeutament crònic d’alguns ajuntaments
que no poden aixecar cap i que no se’ls ajuda; gestió de
competències estatals, que es gestionen amb fons propis i que costa massa
que l’Estat ho pagui o fins i tot que ho retorni, com per exemple
en la gestió dels temporals; l’aprovació de l’LRSAL, un atac
directe a la seva gestió, feta des d’una desconfiança enorme i fent
tremolar els pilars més bàsics de la relació entre administracions. Podem
seguir, però acabo amb la modificació de la Llei Reguladora del Règim de
les Bases Locals i en la qual s’inclou el punt que avui hem vingut
a intentar solucionar.


Com bé ha explicat el meu company en el torn de defensa de la moció, la
recentralització a la qual ens tenen acostumats tots els governs
espanyols —repeteixo: tots, uns per fer ho i els altres per fer-ho
també i per no desfer-ho— provoca dèficits estructurals i
desajustaments funcionals greus a les entitats locals. El que venim avui
a fer aquí és solucionar un dels molts greuges que pateixen els nostres
ajuntaments. De fet, és un tema arrelat a tot arreu i molts de vostès ho
deuen patir també en els seus pobles i ciutats.


Els tres punts que portem en aquesta moció són: un, que
s’impulsin les reformes legislatives necessàries amb caràcter
d’urgència perquè siguin les comunitats autònomes les que puguin
crear, classificar i suprimir llocs de treball reservats a funcions
d’administració local amb habilitació nacional. Dos, que
s’impulsi l’anàlisi, el debat i la negociació amb totes les
comunitats per configurar un nou model d’habilitació autonòmica. I
tres, que es legisli per decret i de manera urgent la inclusió dels
funcionaris de les administracions autonòmiques com a elegibles per al
seu nomenament amb caràcter accidental dels funcionaris responsables de
les funcions de secretaria, intervenció-tresoreria i
secretaria-intervenció.


I ho demanem per necessitat, no per oportunitat; per solucionar
problemes, no per crear-ne, perquè ens van treure la competència, però no
van pensar en com ho gestionarien. Perquè les entitats locals són el
primer motor i les obliguem a no poder treballar amb normalitat, i fins i
tot a no poder treballar. Les dades són les que són, senyories, i el punt
principal d’aquesta moció es porta a terme a altres comunitats
autònomes sense cap mena de problema. Per tant, creiem necessari fer un
petit gran pas que és de justícia i des del nostre grup anunciem que
seguirem treballant per aconseguir revertir tots els greuges que pateixen
les entitats locals i que sempre ens tindran al seu costat.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Buenas tardes a todos y a todas. Reiteraré una vez más la frase
principal que hemos dicho constantemente en todas las intervenciones que
hacemos sobre entidades locales en esta Cámara: las entidades locales son
las administraciones más importantes que tenemos. Y tendríamos que
creerlo; de hecho, son las que siempre están ahí. Son las más cercanas a
la ciudadanía; son las que siempre buscan soluciones por la necesidad de
dar respuesta a las distintas peticiones que les llegan; son las que
actúan en una gran cantidad de ámbitos por necesidad, incluso sin
competencias exclusivas en muchos casos. Son, repito, las
administraciones más importantes que tenemos y también las que más
sufren.


Como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, las entidades locales
padecen desde hace demasiados años un cúmulo de situaciones que hacen que
los agravios se amplíen en la misma medida que los problemas a los que se
deben enfrentar. Si algo nos han demostrado los ayuntamientos en plena
pandemia es cómo se han reinventado, cómo han tenido que amoldarse a las
distintas situaciones que sufrían y cómo han asumido como suyas funciones
de competencia de otras administraciones. Y seguro que aquí, en el
Senado, esto se entiende más que en cualquier otra Cámara.


Somos muchos los que nos hemos dedicado o nos dedicamos a servir a
nuestros pueblos y ciudades desde la política municipal, y quienes hemos
tenido que gestionar la pandemia nos hemos encontrado con más carencias
de las que ya teníamos identificadas. En nuestro grupo siempre hemos
denunciado que no se hace lo suficiente por las administraciones más
cercanas, que son las más castigadas y las más importantes; de hecho, lo
que se ha realizado hasta la fecha ha sido ponérselo más difícil. Algunos
ejemplos comunes y sobradamente denunciados, pero no por ello
solucionados, son el reparto de fondos europeos; las restricciones en
políticas de empleo a través de la tasa de reposición; el endeudamiento
crónico de algunos ayuntamientos, que no logran levantar cabeza y a los
que no se ayuda; la gestión de competencias estatales que gestionan con
fondos propios y que cuesta demasiado que el Estado les pague o incluso
retorne, como sucede con los temporales; o la aprobación de la LARSAL, un
ataque directo a su gestión desde una desconfianza enorme y haciendo
temblar los pilares más básicos de la relación entre administraciones.
Podríamos seguir, pero termino con la modificación de la Ley reguladora
de las bases del régimen local, en la que se incluye el punto que hoy
hemos venido a intentar solucionar.


Como ha explicado mi compañero en el turno de defensa de la moción, la
recentralización a la que nos tienen acostumbrados todos los gobiernos
españoles —insisto: todos; unos por hacerlo y otros también por
hacerlo y no deshacerlo— provoca déficits estructurales y
desajustes funcionales graves a las entidades locales. Hoy venimos aquí a
solucionar uno de los muchos agravios que padecen nuestros ayuntamientos.
De hecho, es un tema arraigado en todas partes, y seguramente muchos de
ustedes lo sufren también en sus pueblos y ciudades.


Los tres puntos que traemos con esta moción son los siguientes: uno,
que se impulsen las reformas legislativas necesarias con carácter de
urgencia para que sean las comunidades autónomas las que puedan crear,
clasificar y suprimir puestos de trabajo reservados a funciones de la
Administración Local con habilitación nacional. Dos, que se impulse el
análisis, el debate y la negociación con todas las comunidades para
configurar un nuevo modelo de habilitación autonómica. Y tres, que se
legisle por decreto y de forma urgente la inclusión de los funcionarios
de las administraciones autonómicas como elegibles para su nombramiento
con carácter accidental de los funcionarios responsables de las funciones
de secretaría, intervención-tesorería y secretaría-intervención.


Lo solicitamos por necesidad, no por oportunidad, para solucionar
problemas, no para crear otros nuevos. Y es que nos quitaron la
competencia, pero no pensaron en cómo lo iban a gestionar, porque las
entidades locales son el primer motor y las obligamos a no poder
funcionar con normalidad o incluso a no poder trabajar. Los datos son los
que son, señorías, y el punto principal de esta moción se lleva a cabo en
otras comunidades autónomas sin ningún tipo de problema. Por tanto,
consideramos necesario dar un pequeño gran paso que es de justicia, y
desde nuestro grupo anunciamos que seguiremos trabajando para lograr
revertir todos los agravios que sufren las entidades locales, que siempre
nos van a tener a su lado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senadora Pérez Esteve.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su
señoría Martín Martín.


El señor MARTÍN MARTÍN: Señor presidente, señorías, anteriormente he
hablado de inacción y de falta de voluntad del Gobierno de España para
afrontar el grave problema de la falta de cobertura de los puestos de
funcionarios con habilitación nacional, pero tras escuchar las diferentes
intervenciones creo que tenemos derecho a pensar que lo que puede motivar
esa falta de voluntad es realmente una estrategia política del Gobierno
basada en generar un clima favorable a presentar propuestas como la que
hoy debatimos. No habría legitimación alguna posible ni argumento
político que pudiera sustentar el desguace de la función de los
habilitados nacionales si realmente se hubiese asumido la realidad
existente y se hubieran agotado todos los recursos del Estado para
afrontarla. Y es que, señores del Grupo Socialista, llevan ustedes
gobernando casi cuatro años; parece que seguir echando la culpa de todo
al PP tiene el recorrido que tiene, pero, lamentablemente, ustedes no
hacen todo lo que está en su mano para resolver este problema.


Realmente no nos sorprende en absoluto que Esquerra Republicana o que
el PNV hablen en los términos en que lo hacen. Lo que cada vez nos
sorprende menos, aunque no por ello deja de ser grave, es que el Partido
Socialista asuma y amplifique el discurso de que el Partido Popular ataca
la autonomía municipal, mientras que con sus votos en el Congreso y en el
Senado debilita lo que constituye el núcleo de esa autonomía municipal,
que es contar con los funcionarios necesarios para garantizar su
funcionamiento ordinario. Y lo digo con la claridad y la legitimidad que
me permite el enfrentarme cada día a ese problema desde el ayuntamiento
que presido.


Señores y señoras del Partido Socialista, después de aceptar la
imposición del Partido Nacionalista Vasco con la disposición adicional
primera de los presupuestos, ¿cómo esperan ustedes que valoremos su
posición frente a esta moción? Ustedes han abierto la puerta a la
priorización del debate competencial en una cuestión como esta. Si
rechazan esta moción, su voto carecerá de credibilidad porque ya se
retrataron ustedes y lo intentaron hacer con ocultismo y sin claridad,
como si les diera rubor hacerlo; y esa coma o paréntesis en el camino, a
la que usted ha aludido, señor Castellà, nos sugiere que en el fondo
volverán a estar ahí cuando necesiten ganar una votación. Si el Gobierno
de Pedro Sánchez considera que ha llegado el momento de cambiar el
sistema, de cambiar la ley de los habilitados nacionales, lo que hay que
hacer, como la lógica y el ordenamiento exigen, es elaborar los estudios
e informes pertinentes sobre este asunto, solicitar la opinión y la
participación a las partes afectadas, el dictamen del Consejo de Estado,
del resto de instituciones, y acometer la reforma de la ley, que es lo
pertinente. No nos consta que nada de esto se haya hecho. Si, por el
contrario, votan favorablemente, estarán cercenando para siempre una
competencia exclusiva del Estado y lo estarán haciendo sin el debido
trámite parlamentario. Y si se abstienen, serán fieles a su forma de ser
últimamente, esa de quitarse de en medio y disfrazar la abdicación de las
responsabilidades de Gobierno con una cogobernanza que después de dos
años de propaganda ya nadie se cree porque todos sabemos bien en qué
consiste.


¿Ofrece esta moción alguna solución a la escasez endémica y falta de
personal clave en los ayuntamientos de este país por miles, especialmente
en los más pequeños? ¿Reflexiona sobre cómo deben abordarse las continuas
jubilaciones de los funcionarios titulares, lo que provoca que muchos
expedientes se retrasen, caduquen, que las facturas se acumulen,
etcétera? ¿Analiza que en comunidades autónomas eminentemente rurales,
como Castilla y León, solo el 40 % de los puestos creados y reservados
están cubiertos de manera definitiva? ¿Pone de manifiesto esta moción que
este proceso se está agudizando hasta niveles dramáticos porque el
Gobierno de España lo afronta de manera insuficiente para atender la
demanda de los ayuntamientos? ¿Concluye esta moción que las figuras de
las interinidades, nombramientos accidentales, comisiones de servicio o
acumulaciones son, en nuestra opinión, insuficientes para atender el
grado de dedicación y de especialización que requieren los ayuntamientos?
¿Reconoce el papel de las diputaciones provinciales en esta materia y la
necesidad de que cuenten con la capacidad presupuestaria y de recursos
humanos necesarios en su servicio de asistencia y asesoramiento a
municipios? ¿Se propone algún tipo de medida para hacer más atractiva
esta profesión, especialmente en los destinos menos demandados, como, por
ejemplo, el complemento de ruralidad?


Sinceramente, creemos que esta moción no aborda absolutamente ninguno
de esos problemas, problemas que causan la escasa cobertura de
habilitados nacionales en nuestros ayuntamientos. Por tanto, el Grupo
Popular no puede apoyar ni total ni parcialmente su contenido y votará en
contra. Una vez más estamos situando el foco, no en debates políticos,
sino en debates entre políticos, obviando a los ciudadanos, sus
necesidades, sus derechos e intereses legítimos. Y es que me gustaría que
alguien me dijese después de este debate que un cambio competencial per
se es la solución inmediata para todos los problemas, también para
este.


Por cierto, y ya para terminar, señor presidente, ni una sola palabra
sobre la moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Función
Pública. Ya vemos para qué sirven esos acuerdos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría el
senador Castellà Surribas


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias, presidente.


Señorías, como sabemos, la gestión vertebrada, común y homogénea del
personal funcionario de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional la lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Función
Pública sobre la base normativa del artículo 92 bis. de la Ley de bases
del régimen local, desarrollado por el Decreto 128/2018. Por su parte,
las comunidades autónomas, en virtud de sus competencias de desarrollo
legislativo y la idiosincrasia de su planta local, pueden regular
determinadas especialidades, como así lo contemplan la normativa local
propia y sus reglamentos de desarrollo. Como sabemos también,
recientemente, la disposición final primera de la Ley 21/2022, de
Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha venido a clarificar y
especificar la singularidad foral vasca desde la perspectiva de que el
modelo actual ya venía reconociendo una alta capacidad ejecutiva en este
ámbito territorial en el marco de su foralidad. Incluso en este caso el
régimen jurídico, al ser normativa básica estatal, es competencia de la
Administración General del Estado y no de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que solo ostenta las competencias de gestión.


La normativa básica actual busca, en el marco de la sentencia del
Tribunal Constitucional 45/2017, asegurar la independencia y
profesionalidad de los secretarios e interventores. Pero es cierto y
también conocido que el elevado déficit de personal funcionario de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional en puestos
reservados se ha convertido en un problema no coyuntural, sino
estructural y grave, que se está abordando desde el Gobierno con dos
perspectivas muy claras. La primera es incrementar la oferta de empleo
público de personal de nuevo ingreso y en el marco del Plan de captación
de talento para dar a conocer en centros universitarios las oportunidades
de empleo público. Esta apuesta ha supuesto desde 2015 un total de 2187
plazas autorizadas para la escala de funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional para la selección por acceso
libre y de 1380 de promoción interna.


Desde el punto de vista de los puestos, en el marco de la reforma de la
Ley de bases del régimen local y del estatuto de municipios de menor
población, se está trabajando en fomentar medidas que reduzcan el número
de puestos reservados, por ejemplo, promoviendo la agrupación de
municipios o el papel de los servicios de asistencia de las diputaciones
provinciales.


Como hemos dicho, aun siendo estatal la competencia en la aprobación de
la oferta de empleo público, selección y asignación de un primer destino
de este colectivo, entendemos, y así se lo hemos explicado al grupo
proponente, que puede explorarse la posibilidad de descentralizar el
desarrollo de los procesos selectivos de acceso libre o de promoción
interna, así como en el marco del plan de la Secretaría de Estado de
Función Pública de repensar la selección como mecanismo para facilitar
las posibilidades de participar en el proceso selectivo a los aspirantes
y reducir costes al no tener la necesidad de desplazarse a Madrid. En
este sentido, entendemos que también cabe replantearse los tipos y el
contenido de las pruebas selectivas, e insistimos en que todo ello
requiere una estrecha cooperación y colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas. Además, el punto tercero de su moción nos parecía
muy adecuado porque forma parte de una de las propuestas que está tirando
para adelante la Secretaría de Estado de Función Pública en el
anteproyecto de ley de régimen de organización de los municipios de menor
población o en riesgo de despoblación, que es donde está básicamente el
problema, y en las medidas de modernización administrativa y de mejora de
las relaciones de colaboración con las administraciones públicas.


Por todo ello, creemos que hoy hemos perdido una oportunidad para
situar mejor en la agenda política de los actores estatales, con toda su
complejidad, este tema, abriendo de manera sosegada un debate sobre el
modelo que, más allá de las actuaciones de urgencia que está ejecutando
el Gobierno, repiense y resitúe en el contexto los cambios que estamos
viviendo. A veces, quererlo todo ya no es la mejor manera, y creo,
sinceramente, que desde muchas instancias se hubiera agradecido que hoy
llegáramos a un acuerdo. Sin embargo, queda todo el trabajo realizado y
queda la mano tendida para continuarlo. Hacer de los ayuntamientos el
centro de la vida política democrática es la mejor transición territorial
que necesitamos. Mejor financiación, más competencias, mejores
servicios..., en esto seguro que nos encontraremos todos los
progresistas. Cogobernanza es poder municipal, es democracia local, es
ciudadanía y proximidad...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El Señor CASTELLÀ SURRIBAS: ... es eficacia y es mejor
gobernanza.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, procedemos a la votación telemática de los siguientes
asuntos:


En primer lugar, moción por la que se insta al Gobierno a contemplar el
soterramiento de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y
Extremadura a su paso por la localidad de Talavera de la Reina, del Grupo
Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.


También votaremos la moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
las reformas legislativas necesarias al objeto de que sean las
comunidades autónomas las que puedan regular la situación de los
funcionarios de la administración local con la habilitación de carácter
nacional, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, que también se vota en sus propios términos.


Les recuerdo que los resultados de la votación de estas dos iniciativas
serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web del Senado
y proclamados al inicio de la próxima sesión plenaria. Se abre el plazo
de dos horas para la votación telemática desde este momento, en que son
las ocho horas y un minuto, hasta las diez horas y un minuto de la noche
de hoy.


Señorías, procede a continuación la proclamación del resultado de la
votación telemática de la Proposición de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica del Código Penal para penalizar el acoso de las
mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del
embarazo, pero ustedes saben que todavía nos encontramos en el periodo
habilitado para su votación; así que suspendemos la sesión temporalmente
hasta las ocho y veinte, en que concluye el plazo y podremos proceder a
su proclamación.


Se suspende la sesión.


Eran las veinte horas y dos minutos.


Se reanuda la sesión a las veinte horas y veinte minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenas noches, señorías.


Se reanuda la sesión.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL
ACOSO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO. (Proclamación del resultado de las votaciones).


624/000009

Justicia


El señor presidente lee los puntos 13.1. y 13.1.1.


El señor PRESIDENTE: Concluido el plazo para la votación telemática,
procedemos a la proclamación de los resultados de las votaciones de las
dos propuestas de veto.


Propuesta de veto número 1, de sus señorías del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 259; a
favor, 105; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de veto número 2 de sus señorías José Manuel Marín Gascón,
Jacobo González-Robatto y la senadora Yolanda Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 4; en contra, 154; abstenciones, 101.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, no habiendo sido aprobadas las propuestas de veto, procedemos
a la proclamación de los resultados del resto de las votaciones, que son
las enmiendas parciales y el resto de la proposición de ley.


Enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 26; en contra, 220; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 31; en contra, 221; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 22; en contra, 219; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 104; en contra, 151; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 105; en contra, 151; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 8, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 259;
a favor, 105; en contra, 151; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 105; en contra, 151; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259;
a favor, 154; en contra, 105.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el
acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria
del embarazo. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista con sus señorías en pie).


No habiendo más asuntos que tratar, quiero agradecer a todos y a todas
su trabajo, así como al personal de la Cámara, a los trabajadores y a las
trabajadoras de esta casa. Buenas noches. Gabon. Bona nit. Boas
noites.


Eran las veinte horas y veinticinco minutos.