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DS. Senado, Pleno, núm. 80, de 16/02/2022
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 44


celebrada el miércoles, 16 de febrero de 2022


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley de medidas financieras de
apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias
(procedente del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000039
apoyo económico; ejecución de
sentencia; impuesto sobre la renta de las personas físicas; ingreso
mínimo de subsistencia; institución financiera; jurisdicción superior;
reactivación económica


Hacienda





Proyecto de Ley de protección de los
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000040
desahucio; igualdad de trato;
igualdad hombre-mujer; información al consumidor; pobreza; política
familiar; protección del consumidor; responsabilidad social de la
empresa


Sanidad y Consumo





Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en
relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley
4/2021, de 9 de marzo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000041
impuesto especial; impuesto sobre la
renta de las personas físicas; impuesto sobre sociedades


Hacienda





Proyecto de Ley de convivencia
universitaria.


621/000035
educación cívica; política
educativa; protección de las libertades; reglamento administrativo;
sanción administrativa; universidad; vida escolar


Ciencia, Innovación y
Universidades








TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos
migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de mayo
de 2021.


610/000079
Honduras; acuerdo internacional;
corriente migratoria; trabajador migrante







Decisiones del III Congreso Extraordinario de
la Unión Postal Universal, hechas 'ad referendum' en Ginebra el 26 de
septiembre de 2019.


610/000080
Unión Postal Universal; acuerdo
internacional







Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino
de España y la República de Filipinas, hecho en Madrid el 12 de junio de
2018.


610/000081
Filipinas; acuerdo bilateral;
transporte aéreo









CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Protocolo general de actuación entre la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a través del Gobierno de la Ciudad de Ceuta, y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, en su calidad de entidades públicas de protección
de menores, para la coordinación de las actuaciones referidas al traslado
interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes no
acompañadas.


592/000019
cooperación administrativa;
migración ilegal; protección de la infancia


CONSEJO DE GOBIERNO DE CEUTA
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA







PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES




Ponencia de estudio sobre el proceso de
envejecimiento en España.


543/000003
envejecimiento de la población;
política social


Derechos Sociales







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar a
los ganaderos y a sus productos y a desaprobar los contenidos recogidos
en la Agenda 2030 contrarios a sus intereses.


671/000097
ONU; ayuda a la agricultura; cooperación
internacional; desarrollo sostenible


JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)






MOCIONES




Moción por la que el Senado expresa su rechazo a
las actuaciones que violentan el normal funcionamiento de las
instituciones rompiendo las reglas del juego democrático.


662/000103
Lorca (Murcia); administración local;
derecho de manifestación; violencia


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a que
inicie urgentemente la redacción del proyecto de desdoble del túnel de
San Silvestre, en Huelva, consignando las partidas presupuestarias para
la ejecución de un nuevo túnel.


662/000101
San Silvestre de Guzmán (Huelva); obras
públicas; programa de actuación; túnel


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
el humanismo en la prestación de servicios financieros ante la reducción
del número de oficinas bancarias.


662/000102
asistencia a las personas de edad
avanzada; banco; bancática


GPP




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y tres minutos.






EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DEL
NAUFRAGIO DEL PESQUERO GALLEGO VILLA DE PINTANXO EN AGUAS DE TERRANOVA
(CANADÁ) EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2022.






EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DEL
NAUFRAGIO DEL PESQUERO GALLEGO VILLA DE PINTANXO EN AGUAS DE TERRANOVA
(CANADÁ) EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2022.


550/000113



El señor presidente expresa en nombre de la Cámara
sus condolencias por las víctimas del naufragio, y su afecto y
solidaridad a sus allegados y a las gentes del mar.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE
APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000039

Hacienda


El señor Bonet Bonet, presidente de la Comisión
de Hacienda, presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Mulet García interviene en el turno en
contra.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Sánchez, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Clavijo Batlle, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Chinea Correa, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía,
Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación
Socialista Gomera); la señora Muñoz Fonteriz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; y el señor Miranda Martínez, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera), defiende la enmienda 9.


El señor Vidal Matas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), da por
defendidas las enmiendas 6 y 8.


El señor Rufà Gràcia defiende la enmienda 2,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


La señora Muñoz Fonteriz defiende la
enmienda 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Morán Franco interviene en el turno
en contra.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: la señora Merelo Palomares y el señor
Sánchez-Garnica Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries
i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts
per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Callau Miñarro, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Muñoz Fonteriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Miranda Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las diez horas y
treinta y tres minutos el plazo de dos horas para todas las votaciones
telemáticas previstas reglamentariamente para este proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000040

Sanidad y Consumo


El señor Pose Mesura, presidente de la Comisión
de Sanidad y Consumo, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Marín Gascón, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 46 a 63, presentadas por la señora Merelo
Palomares, por el señor González-Robatto Perote y por él mismo.


El señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria), defiende las enmiendas 1 a 6 y 8,
presentadas por él, por el señor Muñoz Lagares y por la señora Ponce
Gallardo.


El señor Fernández Viadero, del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria), defiende las enmiendas 9
a 11, presentadas por él.


El señor Vidal Matas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), defiende
las enmiendas 39 a 45 y 115 a 128, presentadas por él.


El señor Rufà Gràcia defiende las enmiendas 12
a 20 y da por defendidas las enmiendas 64 a 67, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Mulet García, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), defiende
las enmiendas 79 a 84 y 86 a 112, presentadas por él


El señor De Arriba Sánchez defiende las
enmiendas 21 a 38, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Carmona Delgado defiende las
enmiendas 68 a 77, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Marín Gascón y el señor Sánchez-Garnica
Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora
Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Ahedo Ceza, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; la señora Sanz Jerónimo, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Fernández Palomino, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES,
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, EN
RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2021, DE 9 DE MARZO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000041

Hacienda


El señor Bonet Bonet, presidente de la Comisión
de Hacienda, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor González-Robatto Perote, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 9 y 11, presentadas por él,
por el señor Marín Gascón y por la señora Merelo Palomares.


El señor Martínez Antolín defiende la enmienda
número 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Fernández Leiceaga, del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor González-Robatto Perote, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal
Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; al
señora Alía Aguado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el
señor Heredia Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las trece horas y
quince minutos el plazo de dos horas para todas las votaciones
telemáticas previstas reglamentariamente para este proyecto de ley.


El señor presidente abre a las trece horas y
quince minutos el plazo de dos horas para las votaciones telemáticas
previstas reglamentariamente para este proyecto de ley.


Asimismo, el señor presidente abre a las trece
horas y dieciséis minutos el plazo de dos horas para las votaciones
telemáticas del proyecto de ley que figura en el punto 6.1.2.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE
APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de las
votaciones).


621/000039

Hacienda


Tras proclamar el resultado de las votaciones,
el señor presidente anuncia a la Cámara que ha quedado definitivamente
aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA
UNIVERSITARIA.


621/000035

Ciencia, Innovación y
Universidades



El señor Lucas Martín, presidente de la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


La señora Ponce Gallardo, del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria), defiende la propuesta de
veto número 1, presentada por el señor Muñoz Lagares, por ella misma y
por el señor Sánchez López.


El señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera), defiende la propuesta de veto número 2, presentada por él.


La señora Del Brío González defiende la
propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor Reniu Vilamala, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, y la señora
Fernández Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, intervienen en el
turno en contra.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: la señora Castellví Auví, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Escandell Grases, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Vázquez Rojas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la
señora Fernández Álvarez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Marín Gascón, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 61 a 85, presentadas por el señor
González-Robatto Perote, por él mismo y por la señora Merelo
Palomares.


El señor Muñoz Lagares, Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria), da por defendidas las enmiendas 2
a 7, presentadas por el señor Sánchez López, por él mismo y por la señora
Ponce Gallardo.


La señora Castellví Auví, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, defiende las enmiendas 86 a 106,
presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y por ella.


El señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera), defiende las enmiendas 8 a 30, presentadas por él.


La señora Peral Díez defiende la enmienda 1,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Del Brío González defiende las
enmiendas 31 a 60, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Torralba Valiente, del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene en el turno en contra.


En nombre del Gobierno, interviene el señor
ministro de Universidades (Subirats Humet).


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Catalán Higueras y el señor Marín Gascón,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Fernández Viadero, por el
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores “Teruel Existe” y Partido Regionalista de
Cantabria); la señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Vázquez
Rojas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Aguilar Román, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las dieciséis horas
y veintisiete minutos el plazo de dos horas para todas las votaciones
telemáticas previstas reglamentariamente para este proyecto de ley.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE HONDURAS RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE MAYO
DE 2021.


610/000079






DECISIONES DEL III CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, HECHAS 'AD REFERENDUM' EN GINEBRA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.


610/000080






ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE
JUNIO DE 2018.


610/000081



El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas a estos acuerdos.


El señor Martí Deulofeu, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, anuncia la
abstención de su grupo parlamentario en las votaciones.


Se pospone la votación.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CEUTA, Y
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO VASCO Y DE
LAS DIPUTACIONES FORALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS DE
PROTECCIÓN DE MENORES, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REFERIDAS
AL TRASLADO INTERTERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
MIGRANTES NO ACOMPAÑADAS.


592/000019

CONSEJO DE GOBIERNO DE CEUTA
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA


El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas de que este protocolo necesite la
autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración
del protocolo.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.


543/000003

Derechos Sociales


La señora Edo Gil, presidenta de la Comisión de
Derechos Sociales presenta el informe.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Gómez Perpinyà, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Escandell Grases, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor De Arriba Sánchez, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Arnáiz García,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a
las diecisiete horas y veintiocho minutos el plazo de dos horas para la
votación telemática de los puntos 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.3., y para las
reglamentariamente previstas para el punto 9.1.1, que se acaba de
debatir.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de
las votaciones).


621/000040

Sanidad y Consumo


Tras proclamar el resultado de las votaciones,
la señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) anuncia a la Cámara que, tal como
dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que
se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES,
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, EN
RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2021, DE 9 DE MARZO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000041

Hacienda


Tras proclamar el resultado de las votaciones,
la señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) anuncia a la Cámara que, tal como
dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que
se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
PLENARIA DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2022 PARA LA EXCLUSIÓN DE LA MOCIÓN
SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A CONCEDER BENEFICIOS FISCALES PARA ALBA DE TORMES
(SALAMANCA), SALAMANCA Y ÁVILA EN LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS Y EL PRIMER CENTENARIO DE SU
NOMBRAMIENTO COMO DOCTORA «HONORIS CAUSA» POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EN 1922.


550/000114

GPP


La Cámara aprueba por asentimiento la modificación
del orden del día.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CONCEDER BENEFICIOS FISCALES PARA ALBA DE TORMES (SALAMANCA), SALAMANCA Y
ÁVILA EN LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SANTA
TERESA DE JESÚS Y EL PRIMER CENTENARIO DE SU NOMBRAMIENTO COMO DOCTORA
«HONORIS CAUSA» POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN 1922.


671/000098

GPP


La moción ha sido aplazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
APOYAR A LOS GANADEROS Y A SUS PRODUCTOS Y A DESAPROBAR LOS CONTENIDOS
RECOGIDOS EN LA AGENDA 2030 CONTRARIOS A SUS INTERESES.


671/000097

JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)


El señor González-Robatto Perote defiende la
moción.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor González-Robatto Perote expone la posición
de su grupo parlamentario respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor González-Robatto Perote y el señor Catalán Higueras,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora Rivero Segalàs,
por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); el señor Medina Martínez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV; la señora Landín Díaz de
Corcuera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SU RECHAZO
A LAS ACTUACIONES QUE VIOLENTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES ROMPIENDO LAS REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO.


662/000103

GPS


El señor Lastra Valdés defiende la moción.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor
González-Robatto Perote, del él mismo y de la señora Merelo
Palomares.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera).


La señora Retuerto Rodríguez expone la posición de
su grupo parlamentario respecto de las enmienda y anuncia la presentación
de una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Vázquez
Rojas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lastra
Valdés, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las diecinueve horas y
cuarenta y cinco minutos el plazo de dos horas para la votación
telemática de esta moción y de la que figura en el punto 10.1.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA
UNIVERSITARIA. (Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000035

Ciencia, Innovación y
Universidades



Tras proclamar las votaciones telemáticas, el
señor presidente anuncia a la Cámara que ha quedado definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE HONDURAS RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE MAYO
DE 2021. (Proclamación de la votación).


610/000079



Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 258; a favor, 237; abstenciones, 21.









DECISIONES DEL III CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, HECHAS 'AD REFERENDUM' EN GINEBRA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000080



Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 258; a favor, 237; abstenciones, 21.









ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE
JUNIO DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000081



Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 258; a favor, 237; abstenciones, 21.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA. (Proclamación de la votación).


543/000003

Derechos Sociales


Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 258; a favor, 255; abstenciones, 3.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
INICIE URGENTEMENTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DESDOBLE DEL TÚNEL DE
SAN SILVESTRE, EN HUELVA, CONSIGNANDO LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA
LA EJECUCIÓN DE UN NUEVO TÚNEL.


662/000101

GPP


El señor Sánchez Núñez defiende la moción.


El señor González Márquez defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Sánchez Núñez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de la enmienda y anuncia la presentación de
una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); señora González Modino, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); el señor Sánchez Núñez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y la señora González Bayo, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR EL HUMANISMO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ANTE LA
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS.


662/000102

GPP


El señor presidente informa a la Cámara de que
decaen las enmiendas porque se ha presentado una propuesta de
modificación.


La señora Pobo Sánchez defiende la moción
originaria.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Martín Larred y el señor Muñoz Lagares, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora Rivero Segalàs,
por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Uribe-Etxebarria Apalategui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Bideguren Gabantxo y el señor Caminal Cerdà,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Pobo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Blanco Ángel, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las veintiuna horas y
veintiocho el plazo de dos horas para la votación telemática de esta
moción y de la que figura en el punto 11.2. Asimismo, recuerda a la
Cámara que el resultado de estas votaciones les serán comunicadas a las
señoras y señores senadores, publicadas en la página web del Senado y
proclamadas al inicio de la siguiente sesión plenaria. Igualmente,
anuncia que se aplicará el mismo procedimiento a los resultados de las
votaciones de las mociones que figuran como puntos 10.1. y 11.1., cuyo
plazo de votación telemática está todavía abierto.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y
veintinueve minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y tres minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Egun on. Bon dia. Bos días,
señorías.






EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DEL
NAUFRAGIO DEL PESQUERO GALLEGO VILLA DE PINTANXO EN AGUAS DE TERRANOVA
(CANADÁ) EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2022.






EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DEL
NAUFRAGIO DEL PESQUERO GALLEGO VILLA DE PINTANXO EN AGUAS DE TERRANOVA
(CANADÁ) EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2022.


550/000113



El señor PRESIDENTE: Antes de dar comienzo a la
sesión y al siguiente punto del orden del día, me gustaría trasladar, en
nombre de esta institución y de todas las personas que formamos parte de
ella, nuestras condolencias a las familias de los tripulantes del
pesquero gallego Villa de Pitanxo, naufragado en aguas de Terranova;
nuestro cariño y afecto a quienes esperan noticias de sus seres queridos
en estos duros momentos; y nuestra solidaridad con los compañeros de los
marineros.


Toda a forza á xente do mar ante esta traxedia.
(Aplausos).









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE
APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000039

Hacienda


El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, su
señoría Bonet Bonet.


El señor BONET BONET: Gracias, señor
presidente.


Con estas primeras palabras quiero sumarme al
dolor que compartimos por el hecho explicado por el presidente hace unos
momentos.


Señorías, la Ley de medidas financieras de
apoyo social y económico, de cumplimiento de la ejecución de sentencias,
procedente del Real Decreto 39/2020, de 29 de diciembre, responde
fundamentalmente a una doble necesidad. Por un lado, el artículo 1
establece diversas medidas de carácter socioeconómico para hacer frente a
la situación de emergencia ocasionada por la pandemia de la COVID-19, a
cuyo efecto se reduce la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso
mínimo vital, declarándolos exentos en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, una medida asimilable a las contempladas en relación
con otro tipo de prestaciones económicas de carácter social, como las
establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta social o
renta mínima de inserción, o las ayudas autonómicas y locales para
atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de
emergencia social o necesidades habitacionales.


Por otro lado, el artículo 2 establece las
medidas de ejecución de la sentencia 1404/2020, de 27 de octubre, de la
sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que estimó
parcialmente una reclamación de responsabilidad del Estado legislador,
reconociendo el derecho de varias entidades financieras a ser
indemnizadas por el Estado por la cuantía que adelantaron a la empresa
Enagás para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor. Para
dar cumplimiento a la referida sentencia, se procede a una ampliación del
crédito con cargo a la deuda pública. Asimismo, el proyecto de ley
incorpora varias disposiciones finales con diversos objetivos.


La disposición final primera modifica el
artículo 45 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales
administrativas y del orden social con el fin de habilitar de forma
urgente el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de
gastos relativos a las contribuciones de España a las instituciones
financieras internacionales. La disposición final segunda modifica la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, con el objeto de ampliar en un año los plazos para
efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias.
La disposición final tercera, por último, modifica el impuesto general
indirecto canario, Ley 20/1991, de 7 de junio, en lo relativo a las
reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios en la
Comunidad Autónoma de Canarias, para evitar supuestos de doble
imposición.


A continuación, enumeraremos los principales
hitos de la tramitación de este proyecto de ley que sometemos a debate.
Fue declarado urgente y tuvo entrada en el Senado y fue publicado
el 28 de diciembre de 2021. El plazo de enmiendas y de propuestas de veto
finalizó el 3 de febrero del año en curso, habiéndose presentado un total
de 9 enmiendas, de las cuales las número 1, 5 y 7 fueron objeto de
disconformidad del Gobierno de España al amparo de los artículos 134.6 de
la Constitución y 151.2 del Reglamento del Senado, quedando excluidas del
debate en consecuencia.


Finalmente, el pasado miércoles 9 de febrero se
reunió la ponencia que acordó elevar a la comisión un informe proponiendo
a la Comisión de Hacienda el mantenimiento del texto remitido por el
Congreso de los Diputados, y el mismo día 9 de febrero, la Comisión de
Hacienda del Senado procedió a dictaminar el proyecto de ley. Tras el
debate correspondiente se sometió a votación el texto propuesto por la
ponencia en su informe, resultando aprobado por 27 votos a favor y 1 en
contra. Han presentado votos particulares diversos senadores y grupos
parlamentarios, que tendrán ocasión de defenderlos en el debate que se
iniciará a continuación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al debate de totalidad.


¿En el turno a favor tomará alguien la palabra?
(Denegaciones).


Pasamos al turno en contra.


¿Tomará alguien la palabra? Sí, senador Mulet,
tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor
president.


Proyecto de ley de medidas financieras de apoyo
social y económico y de cumplimiento de ejecución de sentencias; de apoyo
social, bonito nombre. Hablamos en esta ley del ingreso mínimo vital, de
reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital y de
declarar la exención del IRPF. Me parece muy bien. Y de garantizar
recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos.
Muy bien. Hablamos de medidas para los colectivos en riesgo de exclusión
social, de situaciones de emergencia social, de necesidades
habitacionales de personas sin recursos o de necesidades de alimentación,
escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con
discapacidad cuando ellos y las personas de su cargo carezcan de medios
económicos suficientes, etcétera, etcétera.


Obviamente, nadie puede estar en contra de ese
tipo de medidas. La pregunta es: ¿qué narices tiene que ver esto con el
pufo del Castor? Como ya hicieron con las pensiones o con otras leyes y
medidas sociales, nos insertan aquí un suplemento en forma de trágala a
esta ley para pagar a los bancos la chapuza del Castor, su chapuza del
Castor. Esto es directamente coaccionarnos. Esto es obligarnos a votar a
favor de pagar el Castor para no votar en contra de medidas sociales, y
esto así no puede ser, esto es una auténtica vergüenza. Lo camuflan para
hacernos tragar con esta ignominia, cuando ambos pagos nada tienen que
ver, porque se podían haber presentado perfectamente por separado y cada
uno que votase libremente.


Nos quieren imponer que votemos a favor de
pagar el Castor, ese pufo que supuso dar a sus amiguetes un proyecto
energético millonario, estratégico y urgente; un pufo que se hizo sin los
estudios sísmicos necesarios; un pufo sí, porque se aceptó el fin de la
concesión sin que tan siquiera se hubiera revisado su correcto
funcionamiento, para indemnizar por vía exprés a quienes lo diseñaron mal
y ejecutaron mal, además de considerar que ya no es urgente ni
estratégico ni nada similar y que justamente ahora, en la peor crisis
gasística que estamos viviendo, no tengamos como Estado un almacenamiento
que también nos serviría para modular las subidas de precios y garantizar
el suministro a particulares y a industrias, que son quienes han estado
pagando los peajes y los costes de este bodrio de tamaño
incalculable.


Ahora traen aquí esto para endeudar más a toda
la ciudadanía del Estado para pagar esta fiesta de la cual no hemos sido
partícipes y para que los bancos sigan haciendo negocio y cobren los
préstamos de este bluf, cuya investigación está vetada por ustedes aquí
en esta Cámara. Por eso, en la enmienda presentada pedimos que se tenga
en cuenta de una vez lo que dice el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de
octubre, por el que se adoptaban medidas urgentes en relación con el
sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares, y se
determinen las posibles responsabilidades de la empresa constructora del
Castor, lo que conllevó la renuncia a la concesión y a la compensación
absoluta de unas instalaciones que no funcionaban correctamente.


La ciudadanía no entendería los constantes
pagos multimillonarios a proyectos fracasados sin que se audite la
correcta ejecución de estos y haya una responsabilidad de la gestión
pública en el uso de dinero público. Así, urge cumplir con lo que dice
especialmente el artículo 2.4, de cara a determinar, de forma previa a la
ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 1404/2020, si existieron
responsabilidades por dolo o negligencia que puedan ser exigidos a la
empresa Escal UGS, tanto a resultas de los eventuales vicios o defectos
en su ejecución que pueda presentar la instalación, lo que le llevó al
final anticipado de la concesión, y que ha de ponerse de manifiesto
dentro de los 10 años siguientes a la entrada en vigor del Real
Decreto-ley de 2014, como de las acciones y omisiones que, como titular
de la concesión, hubiese podido desarrollar durante el período de
vigencia, aspectos que hoy en día todavía no han sido dirimidos.


La sentencia del Tribunal Supremo dice bien
claramente en su página 14 que la previsión del título concesional
contiene la reserva de que la compensación prevista es sin perjuicio de
otras responsabilidades de la empresa concesionaria. Recientemente,
Enagás ha lanzado un globo sonda para vender la plataforma marina, que
tendría que estar ya desguazada, y mitigar así la factura de su
desmantelamiento tras la hibernación en la que se encuentra. Mucho nos
tememos, a la vista de los antecedentes, que los costes del
desmantelamiento serán más caros de lo anunciado.


Se seguirán incumpliendo todos los plazos, a
pesar de la caducidad de algunas de sus piezas, como lo tapones
temporales, que saben perfectamente que están caducados, y con la
connivencia de la clase política de siempre; y alguien acabará, de nuevo,
dando un pelotazo con la venta sugerida por Enagás. ¿Van a hacer algo
para rebajar el coste de la factura del desmantelamiento para que no la
paguemos, como siempre, los ciudadanos y ciudadanas, que de esto no
tienen ni tenemos la culpa de absolutamente nada? Estamos en 2022 y en
dos años se extinguirán las responsabilidades que se podrían exigir a una
empresa que tanto han mimado tanto un partido como otro. Tengan un poco
de decencia, ya que intentan hacernos pagar aquí esto de urgencia y a
escondidas, mezclando esta con otras clases de medidas sociales que,
obviamente, nos parecen correctas, pero esta no.


Auditen las responsabilidades tanto políticas
como de la empresa y eleven a debate la comisión de investigación para
todo lo relacionado con el Castor. Es muy fuerte lo que están haciendo
ustedes, señores del Partido Socialista. Están vetando de manera
reiterada que se eleve a Pleno una comisión de investigación sobre el
Castor, y quiero repetir y reiterar que esto nunca ha pasado. En esta
Cámara siempre que se ha presentado una comisión de investigación se han
recogido las 25 firmas, como mínimo, que son necesarias, y en el Pleno
siguiente a la recogida de estas firmas se ha elevado a Pleno el debate
para ver si se acepta o no la creación de esta comisión de investigación.
Lo que es inaudito es que ustedes estén vetando que esta comisión de
investigación se pueda debatir en Pleno, y llevan meses con ese bloqueo,
y eso realmente dice muy poco a favor de ustedes y genera más sospechas
que certezas.


Ustedes son el mismo partido, el mismo que veta
esta comisión de investigación sobre el Castor y el que ahora quiere que
votemos a favor de pagar el Castor y que no se depure ningún tipo de
responsabilidad. Claro, ¿qué responsabilidad van a pedir ustedes a Escal
UGS que son sus principales aliados? ¿Quieren recordar quién está en el
Consejo de administración de Enagás? Un tal Marcelino Oreja, un tal
Hernández Mancha, una tal Isabel Tocino, un tal Pepiño Blanco, un tal
José Montilla. Imagino que todos son expertos en gases, muchísimo para
estar en un Consejo de administración de Enagás. ¿Cómo van a exigir
ustedes investigar si existieron vicios y cómo van a tratar de recuperar
los recursos, que son miles de millones de euros de los ciudadanos y
ciudadanas, que fueron detraídos, si seguramente la responsabilidad
política recae en su propio partido? Lo urgente para ustedes es pagar y
callar y no exigir responsabilidades.


Por eso, nosotros presentamos esta enmienda.
Obviamente, estamos a favor de las medidas sociales, pero estamos muy en
contra de que se nos tome el pelo y de que se nos coaccione. Me parece
muy impresentable que en su partido político hayan sido incapaces de
ponerse en contacto con nosotros, con los senadores de este grupo
parlamentario que hemos presentado enmiendas, y se hayan dedicado a los
que no han presentado enmiendas y a intentar cambiar el sentido de su
voto, porque, según su argumento, con nosotros no se puede hablar. Luego
veremos, en la ley que debatimos después, que sí se puede llegar a
transacciones y a acuerdos cuando les interesa, pero cuando nos les
interesa, con nosotros no se puede hablar y van coaccionando al resto de
miembros de nuestro grupo para que voten en contra o para que intenten
presionarnos para que retiremos nuestras enmiendas, en lugar de hablar
directamente con nosotros y explicarnos por qué no están a favor de
nuestras enmiendas. Así funcionan, y eso es muy triste, y en un tema tan
escandaloso como el tema del Castor.


Obviamente, ustedes tienen mucho que ocultar y,
por eso, no quieren que se investigue el Castor. Por eso, aquí están
vetando de manera inaudita la creación de una comisión de investigación,
y, por eso, nos traen aquí camuflado en una ley que votemos a favor de
pagar a los bancos, y sabiendo que en dos años se imposibilitará la
depuración de cualquier tipo de responsabilidad política o empresarial
por el Castor. Pensamos que así no se pueden hacer las cosas y pensamos
que es una vergüenza que presenten esto tal y como lo han
presentado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto tomará la
palabra la senadora Merelo Palomares? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días.


Nosotros apoyaremos este proyecto de ley, como
ya hicimos también en el Congreso, por recoger medidas que nos parecen
adecuadas e inevitables. En primer lugar, por regular la exención del
IRPF del ingreso mínimo vital, y ya solo por esto merece la pena, y que
se haga en los mismos términos que lo hacen las comunidades autónomas en
concepto de renta mínima de inserción, que era una demanda solicitada
desde la aprobación misma y que diversos actores ya veníamos reclamando.
Siempre creímos que este asunto era tan importante, señorías, que ya en
su momento presentamos una enmienda durante la tramitación del Proyecto
de ley del ingreso mínimo vital, solicitando la exención de este
incentivo social en el impuesto personal de los beneficiarios.


En segundo lugar, también lo apoyaremos porque
este proyecto que hoy debatimos resuelve el asunto de las indemnizaciones
que está obligado el Estado a satisfacer, derivadas del caso Castor, y
como consecuencia de una sentencia firme, como ya todos ustedes estarán
al tanto, que así lo declara. Se trata de una sentencia del Tribunal
Supremo que obliga al pago de estas compensaciones y que debe acatarse,
respetarse y cumplirse. Es más, debe ejecutarse cuanto antes, señorías,
porque la tardanza ya le ha costado al Estado más de 4 millones de euros
en intereses de demora, pero sí es necesario poner de manifiesto que
estas indemnizaciones que nos cuestan millones a todos los españoles
derivan del mal hacer, primero, del Partido Socialista, y luego del
Partido Popular, que aprobó un real decreto-ley declarado posteriormente
inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional. Por tanto,
señorías, ya les he anunciado, y reitero sin más dilación, que votaremos
a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya tomará la palabra su señoría Clavijo
Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días a todos y a todas. Mi intervención
hoy aquí va a estar mezclada con tristeza, indignación y enfado
básicamente porque, aunque de todos es sabido la opinión que les merece
esta Cámara al Gobierno de España y al Partido Socialista, la realidad es
que con la actuación en este caso, vetando la intervención de este
senador que les habla sobre un acuerdo alcanzado en el Parlamento de
Canarias, creo que ya se superan todas nuestras tristes expectativas.
Mientras el Gobierno de España peleaba en Bruselas y vendía como un éxito
que la salida de esta crisis tenía que ser distinta a la anterior
―recordemos que entonces se hablaba de austericidio, de recortes,
de subidas de impuestos y ahora de no dejar a nadie atrás―,
mientras, insisto, el Gobierno de España predicaba eso en Europa, en
Canarias nos estamos encontrando con todo lo contrario, se nos están
quitando las herramientas de las manos para poder salir adelante de la
crisis, se producen recortes, subidas de impuestos, y, lo que es más
importante, no se atienden ni respetan los fueros canarios.


Nos estamos encontrando ahora mismo con un
ejercicio de absoluto cinismo. España ha pedido la flexibilización de la
salida de la crisis, tenemos suspendidas las reglas fiscales, se le
exigen a Europa recursos económicos, y todo con el loable objetivo de no
dejar a nadie atrás, cosa que, por otro lado, es falso. Pues bien,
señorías, en el caso de Canarias, yo mismo como senador presenté una
enmienda, y también el senador Chinea, de la Agrupación Socialista
Gomera, solicitando que esa misma flexibilidad que Europa le da al
Gobierno de España se le dé al Gobierno de Canarias y a las personas, a
los ciudadanos de Canarias, en la materialización de la reserva de
inversiones de Canarias. Durante estos dos años de crisis se
suspendieron, por los confinamientos, los plazos administrativos, y ha
sido imposible desarrollar con normalidad una actividad económica;
asimismo, se les ha exigido a los pequeños y medianos empresarios, a los
autónomos, a las peluquerías, a las cafeterías y a los taxistas que la
materialización de la dotación que han hecho de reserva de inversiones
sea aplazada un año más, porque obviamente este país no ha recuperado la
normalidad. Eso se lleva al Parlamento de Canarias; se alcanza un acuerdo
por una amplia mayoría con los votos del Partido Socialista; tan solo
Podemos vota en contra; y ese acuerdo del Parlamento de Canarias, de la
soberanía del pueblo canario se trae aquí, a esta Cámara, y se presenta
como una enmienda. Pues bien, el Gobierno de España veta el debate, veta
la enmienda, alegando que el impacto en los ingresos del Estado es de 20
millones de euros, el 0,00000044 %, cuando, por otro lado, si miramos los
presupuestos del Gobierno de España vemos que no hay ninguna partida
específica destinada a ingresos de la reserva de inversiones
canarias.


¿Por qué hace el Gobierno de España esto?
Básicamente porque les quiere evitar el sonrojo y la vergüenza a los
senadores canarios de tener que votar en contra aquí de algo que votaron
a favor en el Parlamento de Canarias. Simple y llanamente aplican el
rodillo, se saltan las básicas reglas de la democracia para no tener que
justificar que el Gobierno de España atropella los derechos de los
canarios con el voto de los senadores socialistas canarios. Esa es la
realidad. Y lo que es más triste es que el día 9 nosotros presentamos un
escrito solicitando el amparo y la revisión de esta decisión, y este
senador recibe ayer, empezado el Pleno, a las siete de la tarde, la
respuesta simple y llanamente con una justificación técnica de plazo y de
días hábiles y naturales.


Termino, señorías. Tengo que decir con tristeza
que el Gobierno de España, una vez más, atropella los derechos de los
canarios, se salta el fuero de mi tierra y genera un quebranto que va a
llevar al cierre y a la ruina en un momento de mucha dificultad a todos
esos autónomos que van a tener que devolver los préstamos ICO, sin contar
con la negación a la prórroga de los ERTE, que terminan el 28 de febrero;
insisto, al cierre o a la ruina. Lo triste, a mi modo de ver, es que el
Gobierno de Canarias, actuando de manera cobarde y sumisa, mira para otro
lado, baja los brazos y consiente este atropello a nuestra gente en un
ejercicio de cinismo político sin precedentes en mi tierra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo,
¿tomará la palabra su señoría Cleries? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.


Buenos días, señorías. Intervengo en este turno
de portavoces porque finalmente el Gobierno me ha vetado la oportunidad
de defender una enmienda en la que solicitaba la ampliación de la reserva
de inversiones de mi tierra, de la reserva de inversiones de Canarias. El
mismo Gobierno que en el año 2021 desoyó la petición planteada desde
Canarias para que se acometiese dicha ampliación, vetando enmiendas en el
Congreso, nos dice ahora, al amparo del artículo 134.6 de nuestra
Constitución, que no da su conformidad a la tramitación de mi enmienda
para que se amplíen en un año los plazos para efectuar la materialización
de la reserva de inversiones de Canarias, porque dicen ellos que tendría
un impacto de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del
Estado.


Señorías, la conclusión es muy sencilla: no lo
hicieron cuando pudieron y ahora no lo aceptan porque ni pueden ni
quieren, y la Mesa del Senado, después de 7 días de espera, nos responde
ayer que no aceptan mi solicitud de reconsideración porque entienden que
el Ministerio de Hacienda presentó el veto en esta Casa dentro del plazo
establecido. Yo no dudo que eso sea así, pero me sorprende que, estando
este tema tan claro, hayan tardado una semana en ofrecernos una respuesta
pese a los numerosos requerimientos realizados, entre ellos el de mi
partido, el de la Agrupación Socialista Gomera. Por tanto, se nos cierra
la puerta a una petición que fue aprobada por la casi unanimidad del
Parlamento canario, y hoy aquí en esta casa, aquí en el Senado, se
liquida esa única opción que existía para reconducir este asunto que ha
causado una profunda decepción en las islas en una época de crisis, y,
sinceramente, nosotros no entendemos que el Gobierno de este país, en
lugar de sumar, se dedique a restar en la recuperación económica de una
tierra como la mía, de una tierra como Canarias, tan castigada en los
últimos tiempo por la crisis del coronavirus y también por una crisis
volcánica en la isla de La Palma.


Señorías, nosotros necesitamos seguridad
jurídica si queremos que la recuperación vaya acompañada de un impulso
que genere nuevas oportunidades para Canarias, una tierra con una
excesiva dependencia del sector turístico, y yo les recuerdo aquí que
nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias no es un capricho, es un
derecho histórico, y ahora, en plena crisis, es más importante que nunca
promover el desarrollo económico y social de mi tierra. Ante los nuevos
retos a los que nos enfrentamos cualquier modificación del REF de
Canarias debe respetar los procedimientos de consulta y los informes
recogidos en el ordenamiento jurídico, y hacer lo contrario, señorías,
hacer lo contrario ―y lo subrayo otra vez— es ir en contra de
los derechos de Canarias y de los derechos de los canarios y de las
canarias. Y lo decimos nosotros, pero también lo dicen aquellos y
aquellas que sufren las consecuencias de la no ampliación de la RIC. Es
un auténtico desprecio a Canarias y a nuestro REF, y así, Gobierno tras
Gobierno de un color y de otro color, vemos cómo no terminan de entender
el cometido y el sentido de nuestro fuero isleño y da la sensación de que
a algunos o a algunas les molesta; por eso, nosotros, señorías, como
representantes de la ciudadanía, no debemos permanecer de brazos cruzados
ante un desprecio más del Ministerio de Hacienda. Nosotros, en Agrupación
Socialista Gomera, en consecuencia con lo que hemos votado en el
Parlamento canario, hemos presentado esta enmienda y lamentamos
profundamente no haber podido defenderla por el veto del Gobierno. Otros,
sin embargo, votaron sí en Canarias y aquí guardan silencio. Ellos y
ellas serán los que tendrán que explicar en Canarias por qué han estado
en silencio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco tomarán la
palabra? (Denegaciones). Muchas gracias.


¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana tomarán la palabra? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tomará la palabra su señoría Muñoz Fonteriz.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, en este momento me gustaría empezar
mi intervención, ya que tengo la oportunidad, hablando de la tragedia
ocurrida en Terranova en el día de ayer y que afecta especialmente a mi
tierra, a Galicia, del naufragio del Villa de Pitanxo, de Marín, con
sus 24 tripulantes, de los que de momento solamente hay tres
supervivientes. Estamos completamente sobrecogidos por lo que ha pasado.
Quiero transmitir el más profundo pesar de todos mis compañeros del Grupo
Parlamentario Popular, y también todo nuestro cariño, nuestra fuerza, a
las familias afectadas, a las familias de los marineros, a las que les
mandamos, como digo, toda la fuerza en estos durísimos momentos. La vida
en el mar es muy dura y muchas veces no se es suficientemente consciente
de la heroicidad que supone salir a la mar cada día, especialmente en
aguas como las de Terranova, durísimas, y ahí van, arriesgando sus vidas.
Cuando ocurre una tragedia como esta, y podrían ocurrir otras muchas y no
lo hacen gracias al buen hacer de nuestros marineros, nos damos cuenta de
esa dificultad y nos damos cuenta de que estamos ante verdaderos héroes.
Como digo, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo. Galicia está de luto.
España está de luto y estamos con las familias. (Aplausos).


Decía en la Comisión de Hacienda, cuando
tratábamos este proyecto de ley, que su tramitación ejemplificaba muy
claramente la forma de actuar del Gobierno de España, su forma de hacer
en la forma y en el fondo también. Una mezcla, un batiburrillo de normas
distintas nos presentan aquí que mezclan temas tan dispares como el
ingreso mínimo vital, la indemnización por el proyecto Castor o el
régimen económico de Canarias; una norma heterogénea que sale de un
Gobierno heterogéneo y en el que, desde luego, el rigor no es una palabra
que conozcan.


Este proyecto de ley viene de un real
decreto-ley, por cierto, figura preferida por el Gobierno de España para
legislar, porque para qué pactar y negociar desde el principio y tramitar
proyectos de ley conjuntamente. No, se utiliza la fórmula del real
decreto-ley para imponer ―110 reales decretos-leyes llevamos en
esta legislatura; 110 reales decretos-leyes― y después de
aprobarlos, toda la calma para tramitarlos como proyectos de ley, como en
este caso, en el que se aprobó el real decreto-ley el 29 de diciembre
de 2020 y se ha tardado más de un año en su tramitación parlamentaria.
Pero curiosamente de nuevo les entran las prisas para legislar cuando
llega al Senado, declaran la urgencia y rechazan el debate y la
modificación de cualquier artículo que suponga cambiarlo y que tenga que
volver al Congreso, que suponga mejorarlo. Rechazan el debate, una nueva
falta de respeto a esta Cámara, al Senado, y ya son muchas, y faltándole
al respeto al Senado le faltan al respeto a todos los españoles. Esa es
la realidad, señores del Partido Socialista.


Pero no solamente se niegan a admitir enmiendas
y a debatirlas por la vía rápida, sino que ahora han dado un paso más
vetando enmiendas en este Senado, lo decían los compañeros anteriormente,
porque tienen ustedes miedo a la mayoría democrática, porque en cuanto no
les salen las cuentas y no tienen claro si una enmienda va a ser aprobada
en contra de su voluntad, este Gobierno acude al veto. Y en el caso de
que se les escape algo, como ocurrió con la enmienda aprobada en la Ley
de fraude fiscal, que aprobaba la bajada del IVA de las peluquerías aquí,
en esta Cámara, cogen y recurren a la anulación de una votación
democrática del Senado en un hecho sin precedentes en nuestra democracia
y por el que tendrá que dar cuentas, porque hemos presentado una denuncia
ante el Tribunal Constitucional que ha sido admitida, la ministra de
Justicia de este país ante la justicia dado este ataque sin precedentes a
la democracia en nuestro país. Esta es la forma que tiene de actuar el
Partido Socialista y que nosotros, desde luego, denunciamos y
denunciaremos cada vez que se produzca, y cada vez se produce con más
frecuencia; ese es el concepto que tienen de democracia.


E incluyen, como digo, diversos tipos de
regulaciones en este real decreto-ley, el ingreso mínimo vital es una de
ellas. Se olvidaron de algo tan básico como que estuviera excluido de
tributar en renta, se olvidaron de muchas cosas cuando legislaron el
ingreso mínimo vital. Estaban tan contentos de presentar esta medida que
se olvidaron de regular, se olvidaron de trabajar. Una vez más el Partido
Socialista estuvo mucho más pendiente de la propaganda que de la
realidad, y la realidad es que este ingreso mínimo vital ha sido un
fracaso y está siendo un fracaso por su configuración, por la forma en
que han tenido de plantearlo. Esa medida estrella del escudo social ha
sido un fracaso, y no lo dice el Partido Popular, no; lo están diciendo
las ONG, lo están diciendo las fundaciones, las asociaciones que están
dedicadas a trabajar con los que menos tienen, con los que más necesitan.
Están ustedes dejando desprotegidas a las familias que sufren pobreza
severa y los datos son contundentes, señores del Partido Socialista, a
pesar de su triunfalismo.


Después de más de año y medio de aplicación de
la medida no han llegado ni al 40 % de las personas que decían que iban a
proteger, y eso que han ido aprobando modificaciones, cubriendo errores
de definición sobre la marcha, como el que regulan en este proyecto de
ley porque hay un error de diseño, porque hay un error de falta de
información de aquellos a los que supuestamente está destinado, y como no
tienen información, no lo piden, y la realidad es que el 68 % de los
hogares en pobreza severa en este país no lo han solicitado, a pesar de
que estarían en condiciones de solicitarlo, por desconocimiento. Y
además, a los que lo conocen y lo solicitan se lo niegan, porque 3 de
cada 4 solicitudes están ustedes denegándolas. En definitiva, señores del
Partido Socialista, un auténtico fracaso. Según la Asociación de
directoras y gerentes sociales, solo el 8 % de la población en pobreza
severa se ha beneficiado del ingreso mínimo vital. Según el Consejo de la
Juventud, 35 000 personas jóvenes no pueden acceder a esta prestación por
los requisitos que ustedes han puesto. En palabras de la Fundación
Madrina, han tenido ustedes un verdadero fracaso social en la tramitación
del ingreso mínimo vital y se ve claramente en la ejecución del
presupuesto, donde se van a dejar más de 1000 millones de euros sin
ejecutar. En este contexto hemos presentado una enmienda, a la que me
referiré más en mi siguiente intervención, que esperemos que sea valorada
y aprobada para por lo menos mejorar estos terribles datos.


Otra de las cuestiones que también regula este
real decreto son las indemnizaciones por el proyecto Castor, curiosamente
otro ejemplo claro de la gestión del Partido Socialista: 1350 millones de
euros de indemnización que van a tener que pagar todos los españoles por
la forma de gestionar del Partido Socialista.


Y, finalmente, me quería referir también a la
enmienda que no se ha llegado a debatir aquí, y así lo decían los
compañeros canarios, pero que se ha presentado para debatir, y que lo que
pretendía era ampliar el plazo de la reserva de inversiones al 2022, y
que este Gobierno ha vetado, ha impedido que se vote. Nosotros, por
supuesto, íbamos a votar a favor de esa enmienda porque creemos que los
canarios lo merecen, que los canarios lo necesitan, que están sufriendo
muchísimo las consecuencias de la crisis, y, por eso, lo lógico era que
se ampliara un año más, al año 2022. Lamentablemente, este Gobierno se ha
negado, y se ha negado no solamente a debatirla, se ha negado a que este
Senado se pronuncie mayoritariamente, a que opine y apoye esta medida. Es
una pena, es una pena que les den la espalda a los canarios una vez más,
al Parlamento canario. Parece ser que el Partido Socialista vota una cosa
en Canarias y otra en Madrid. El Partido Popular vota lo mismo en un
sitio y en otro. Creemos que esta era una medida que había que tomar, la
íbamos a apoyar y, desgraciadamente, no la vamos a poder ni votar.


Este es el balance, este es el proyecto de ley
y solo resta decirles, señores del Partido Socialista, que reflexionen,
reflexionen porque esta Cámara merece respeto; los senadores merecemos
respeto porque merecen respeto los españoles. Espero que tomen nota y se
lo tengan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría Miranda Martínez.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días, señorías.


Traemos hoy este proyecto de ley que viene a
dar respuesta a temas importantes. En primer lugar, como decíamos, se
trata de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo
vital, declarando su exención en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas en los mismos términos que las prestaciones económicas
reconocidas por las comunidades autónomas. Otros dos temas importantes,
luego entraremos en los demás, puesto que tenemos otro turno al final de
las enmiendas, son el de la ejecución de la sentencia del plan Castor y
también, como se ha comentado, el del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. Y, respecto de ellos, yo sí quería puntualizar en este turno
tres o cuatro cuestiones que se han comentado. La primera, señor Mulet,
nosotros no coaccionamos a nadie, nosotros somos un partido de diálogo
(Aplausos), de razonamiento, de consenso, de sentarnos a hablar y de
sentarnos a dialogar con prácticamente todos los grupos que conforman
este arco parlamentario, siempre, a pesar de que somos el grupo
mayoritario, con humildad, siempre con modestia y siempre intentando
razonar.


A los senadores de Canarias, al señor Chinea y
al señor Clavijo, tengo que decirles que este proyecto de ley contempla
una modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias con el objeto
de ampliar en un año los plazos por los que se puede materializar la
reserva para inversiones en Canarias. Es decir, señorías, que se amplía
un año el plazo, algo que tengo que decir que nunca hizo Coalición
Canaria cuando presidía el señor Clavijo la Comunidad Autónoma de
Canarias y que nunca hizo el PP cuando gobernaba. Respecto al tema de los
vetos, señor Clavijo —no le veo, ha intervenido y se han marchado,
parece que no le interesaba mucho nuestra réplica—, se acusa al
Gobierno canario de vetar el debate parlamentario de la Ley de renta
ciudadana, cuando era presidido por Fernando Clavijo. Le tengo que decir
que el Gobierno está en su derecho de presentar una propuesta, un veto, a
una enmienda, cuando lógicamente afecta a los Presupuestos Generales del
Estado.


Y al Partido Popular, senadora Muñoz, tengo que
decirle que el trámite que está llevando este proyecto de ley obviamente
es el adecuado. Se aprobó un decreto ley, vino al Congreso como proyecto
de ley, que, por cierto, tengo que decir que se aprobó por unanimidad, y
ahora viene al Senado y estamos lógicamente tramitándolo; hemos estado
debatiendo enmiendas, hemos estado dialogando con todos los grupos y
seguimos su trámite parlamentario, como no puede ser de otra manera.


Esto es todo lo que tengo que decir en este
turno y, por no alargar mucho el procedimiento, intervendremos en el
siguiente turno de portavoces, después de las enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Abordamos a continuación el debate del
articulado, de las enmiendas. Para la defensa de la enmienda número 9,
tiene la palabra su señoría el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor
presidente.


No sé dónde está el diálogo ni la negociación.
Presentamos una enmienda y, en lugar de decir si la aceptan o no la
aceptan, se dedican a decirles a otros miembros de nuestro grupo lo que
tienen que hacer con su sentido del voto. Eso no es dialogar, eso no es
dialogar, es coaccionar, es intentar meter ese tipo de pagos del pufo del
Castor entre medidas sociales para que no podamos votar en contra de esta
auténtica vergüenza.


Nosotros damos por defendida la enmienda.
Sabemos que obviamente ustedes no van a aceptarla y que van a continuar
pagando ese tipo de favores como los del Castor y evitando, porque lo
están evitando en esta Cámara, que se pueda investigar. Reitero que es
una auténtica vergüenza lo que están haciendo con la comisión de
investigación; siempre todas las comisiones de investigación, una vez
recogidas las veinticinco firmas necesarias, se elevan a Pleno; en el
Pleno cada partido tiene la oportunidad de decir si está a favor o está
en contra de estas comisiones de investigación y prosperan o no
prosperan. Con mayorías absolutas del Partido Popular presentamos varias
peticiones de comisión de investigación y se votaron sin ningún tipo de
problema en el Pleno siguiente a la recogida de esas firmas. Se votó a
favor o se votó en contra y cada grupo tuvo oportunidad de decir lo que
pensaba de esa comisión de investigación, si procedía o no procedía.
Ustedes están haciendo un uso irregular de esta Cámara, ya que incluso
están vulnerando lo que dice su Reglamento. No nos cansaremos de exigir
que nuestra comisión de investigación, visto lo visto, visto cómo están
funcionando con el tema del Castor, se eleve a Pleno para que podamos
expresarnos todos los grupos libremente sobre si creemos o no creemos que
hace falta esa comisión de investigación. Mientras ustedes sigan con este
bloqueo, nosotros continuaremos insistiendo en la necesidad de que se
cumpla con el reglamento y con los precedentes en esta Cámara.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las
enmiendas 6 y 8, tiene la palabra su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Las doy por defendidas,
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda número 2, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra su señoría
Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president.


El proyecto Castor pudo salir adelante gracias
a la financiación de una emisión de bonos patrocinada por el Banco
Europeo de Inversión, institución financiera pública comunitaria, y fue
clausurado, después de generar una oleada sísmica de centenares de
terremotos, antes de que llegaran a poner en marcha esta infraestructura.
La concesionaria y el grupo promotor no asumieron riesgos ni aportaciones
económicas, y la deuda y las pérdidas recaerán durante años en la factura
de gas de los usuarios de un sistema gasista deficitario, caro y con
infraestructuras de elevado coste e infrautilizadas. Socializar las
pérdidas de una inversión privada fallida y que además va en contra de
los objetivos del Pacto verde europeo es un auténtico disparate, un
disparate que se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos
y económicos protagonizados por los Gobiernos del PP, del PSOE y del
Partido Socialista con Unidas Podemos. Nosotros, con esta enmienda de
supresión, queremos demostrar que se puede hacer un cambio en esta ley
debatida en el Congreso y ahora en esta Cámara, una ley que mezcla, una
vez más, medidas financieras necesarias en gran parte para muchos
ciudadanos, una ley de apoyo social y económico con un incumplimiento de
ejecuciones de sentencias. Entendemos que la supresión del artículo 2,
como propone nuestro grupo y otros partidos con representación en el
Senado, es lo más consecuente para los ciudadanos, dejando el resto de la
ley realmente para lo que debería ser desde un inicio y promoviendo un
debate claro sobre los temas y soluciones para mejorar el día a día de
los ciudadanos; esta ley sin la eliminación de este articulado será todo
lo contrario. Esquerra no quiere ser partícipe de incrementar patrimonio
a los patrocinadores del Castor, un almacén de gas submarino, Castor, mal
diseñado, una obra faraónica con unos gastos que pueden llegar a ser de
más de 4000 millones de euros. Recordemos que fue un fracaso y que, sin
que llegara a funcionar, Escal UGS retornó inmediatamente, para la
instalación por el PP y en un tiempo récord, una indemnización,
gustosamente aceptada por la empresa de Florentino Pérez, más
de 1350 millones de euros. Por eso, Esquerra Republicana, una vez más,
denuncia la opacidad con la que han actuado y siguen actuando los
Gobiernos, tanto del PP como del PSOE y Unidas Podemos, en todo lo que
atañe al proyecto Castor.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Y para la defensa de la enmienda número 4, del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría senadora Muñoz
Fonteriz.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidente.


Nosotros hemos presentado una enmienda en
referencia al ingreso mínimo vital, porque consideramos fundamental
mantener la vigencia de la prestación de asignación económica por hijo
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, como
prestación familiar de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva. La desaparición de esta prestación está perjudicando a
familias en situación de pobreza moderada; les está complicando mucho su
situación económica y, por tanto, creemos que es necesario mantenerla, y
para eso pedimos el apoyo de todos los miembros de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Socialista, tomará la palabra la senadora Morán. Tiene la
palabra.


La señora MORÁN FRANCO: Gracias, señor
presidente.


Señorías, este proyecto de ley podemos
considerarlo muy técnico, aborda diferentes aspectos que requerían una
solución legislativa. Pensamos que las soluciones propuestas en el texto
original son las adecuadas a los temas que se tratan. Este proyecto
presenta varios bloques diferenciados, tres de los cuales han merecido
enmiendas de distintos grupos parlamentarios: por un lado, un aspecto que
afecta al ingreso mínimo vital; por otro, permite el endeudamiento
extraordinario del Estado para hacer frente a una sentencia referida al
llamado caso Castor, y, finalmente, introduce un ajuste de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, con el objetivo de ampliar en un año los plazos para
que se pueda materializar la reserva para inversiones en Canarias. Sobre
el caso Castor, lo justo es reconocer que el Gobierno de España ha tenido
que hacer frente a una importante indemnización. En su momento el
Tribunal Supremo reconoció a determinadas entidades financieras su
derecho a cobrar, además de los intereses de demora. A nadie se le escapa
que no se tiene otra opción; aunque no nos guste, hay que cumplir la
sentencia; y ante esta evidencia cabe aprobar este proyecto de ley, que
lo que hace es dotar al Gobierno de los instrumentos legales necesarios
para la obtención de la financiación, y esto en un complejo contexto
presupuestario en el que este Gobierno progresista ha tenido que hacer
frente a la terrible crisis derivada de la pandemia, creando un
importante escudo social, la aplicación de los ERTE, las ayudas
extraordinarias a empresas y autónomos, los créditos ICO, la subida de
las pensiones, más recursos para la educación, la sanidad, más recursos
para la Ley de dependencia y el ingreso mínimo vital y un largo etcétera.
Y nunca olvidemos que cuando el Partido Socialista está en las
instituciones se centra en gobernar y no en utilizar las instituciones
para sus intereses estratégicos de partido, como ocurrió en mi comunidad
autónoma, Castilla y León. Les pondré un ejemplo de cómo gestionan en
Castilla y León; han privatizado y adjudicado la realización de las
pruebas de antígenos a dos empresas con dos excargos del Partido Popular,
presuntamente, 6 millones de euros para hacer 200 000 test de antígenos,
con un precio unitario de 30 euros aproximadamente. ¿Cómo se llama esto?
No sé, para ustedes, señorías del PP, ¿qué somos, solo números o
personas? En fin, volvemos al asunto de este proyecto de ley, cabe
recordar que el desmantelamiento de las instalaciones se encargó a Enagás
por el Ministerio de Transición Ecológica y que en estos momentos ya se
están haciendo las gestiones necesarias para ejecutar el proyecto de
sellado y abandono definitivo de los pozos Castor, cuyo plazo finaliza
este año.


Respecto a la enmienda del Grupo Popular y que
afecta al ingreso mínimo vital, reiteramos nuestro argumento, la actual
regulación de esta figura incluye todas las situaciones que se puedan dar
en relación con las prestaciones a que se refiere la enmienda, es más,
sus derechos se ven incrementados en cuantía en prestaciones novedosas
como las que se otorgan como complementos de ayuda a la infancia. Se ha
creado un nuevo sistema de protección, el ingreso mínimo vital, un nuevo
derecho, un instrumento mucho más idóneo y eficaz para garantizar la
protección social que se persigue.


Y a modo de conclusión, señorías, siempre son
de agradecer las aportaciones que pretenden mejorar el texto, así como la
capacidad demostrada por todos los grupos, a los que, a pesar de que no
aceptemos sus enmiendas, les pedimos que apoyen el proyecto de ley, dado
que los elementos que en él se regulan son necesarios para dar respuesta
a una sentencia y regular un aspecto del ingreso mínimo vital.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos ahora al turno de portavoces. Por el
Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente.


Muy buenos días, señorías. Estamos ante un
proyecto de ley que con su aprobación conseguirá enmendar el olvido del
Gobierno por el cual no se eximía del pago del IRPF a los beneficiarios
del ingreso mínimo vital. Esto se achaca a un error de la legislatura
pasada, pero hoy estamos viendo cómo Hacienda vuelve a legislar contra el
contribuyente y se niega a adaptar el IRPF a la inflación, lo que
conllevará a una subida de impuestos encubierta. No hay que buscar muy
lejos para encontrar otros ejemplos, como el de la polémica del IVA de
las mascarillas, para constatar que lo que podría parecer algo anecdótico
es, en realidad, una política de Gobierno, siempre en contra de los
intereses de los españoles.


Por otro lado, este proyecto de ley supone
también un remiendo en lo relativo a Castor, cuyo responsable fue el
Gobierno de Zapatero, a través de una negligente adjudicación del
proyecto de almacenamiento de gas. Más adelante, el Partido Popular
terminaría de pifiarla con su Real Decreto ley 13/2014, que el Tribunal
Constitucional declararía inconstitucional, condenando a los españoles a
pagar una deuda milmillonaria. Y es que, señorías, a los dos partidos que
han gobernado España todos estos años ya no les queda crédito alguno. Su
improvisación, clientelismo y falta de lealtad son una constante que a
estas alturas les hace incapaces de generar prosperidad e ilusión a los
españoles. Sus incontables tropelías son una carga tanto moral como
electoral, que ni con Tezanos han conseguido esquivar. La resolución del
Tribunal Supremo condena a pagar más de 1350 millones de euros al Estado
y, como no puede ser de otra manera, saldrán de nuestros bolsillos.
Acostumbrados, como están ustedes, a despilfarrar el dinero público,
seguramente no sean conscientes de esta gravedad, pero los españoles sí
se dan cuenta, las urnas así lo demuestran.


A pesar de todo, nosotros votaremos a favor del
proyecto de ley, porque las sentencias hay que cumplirlas, pero es
nuestra obligación señalar a los culpables políticos de las cuestiones
contenidas en la ley y pedir responsabilidades legales a quien
corresponda.


Y no querría terminar mi intervención sin
responder a la senadora del Partido Popular, que ha hecho alusión a la
Fundación Madrina, cuando ellos mismos le han retirado la subvención por
exigencias de los socios del señor Sánchez. Y en cuanto a que el Partido
Popular vota lo mismo en toda España, en fin, no nos hagan reír.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El senador Sánchez-Garnica
tomará la palabra también por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Buenos días,
señor presidente.


Señorías, muy brevemente. Quiero manifestar, en
primer lugar, que estamos de acuerdo con el fondo de la ley, como no
podía ser de otra manera, pero no estamos de acuerdo con la forma, y lo
iremos manifestando a lo largo de esta sesión en los diferentes proyectos
de ley. No estamos de acuerdo en la forma por la técnica legislativa
utilizada que, desde nuestro modesto punto de vista, no es la acertada y
la correcta. Es habitual, pero aprovechar una ley en una determinada
materia para modificar otras genera una gran inseguridad jurídica a los
ciudadanos y las ciudadanas, y como profesional del derecho les aseguro
que nos genera muchos problemas, en esta ley y en otras, porque, a veces,
no sabes lo que está en vigor y lo que no.


Apelamos, por ello, a reflexionar sobre esta
cuestión y a mejorar las fórmulas para hacer las leyes. Hay técnicas que
convendría utilizar. En cualquier caso, no nos podemos oponer a la
necesidad de ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, nos guste o
no nos guste, y nos parece conveniente la regulación de las medidas para
el ingreso mínimo vital, que nos parecen acertadas. Por eso, votaremos a
favor de la ley y en contra de las enmiendas presentadas, porque no
creemos que, aparte de la voluntad, aporten nada positivo. Aunque sí que
volvemos a insistir en la necesidad de mejorar la forma en que hacemos
las leyes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Democrático no tomará la
palabra. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya, el senador Cleries i Gonzàlez tomará la
palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
president.


Buenos días. Con referencia a este proyecto de
ley y a los dos siguientes, volvemos a estar en la técnica de la
urgencia. Siempre estamos de urgencias. A veces, estos temas en el
Congreso están tiempo y tiempo y aquí en el Senado lo hemos de resolver
sin poder debatir a fondo. Esto conlleva la no aceptación de algunas
enmiendas, que lamentamos en nuestro grupo.


No daremos apoyo a las enmiendas relacionadas
con la plataforma Castor, porque nos parece de una gran injusticia que lo
que nació con un Gobierno socialista, continuó con un Gobierno del PP y
ahora con un Gobierno socialista, lo tengamos que pagar todos los
ciudadanos. Si este proyecto fuera decidido en Cataluña, seguramente,
habría muchas responsabilidades y se habría pasado la factura a unos
cuantos; en cambio, como este proyecto ha nacido en el Estado español, no
pasa nada y no hay responsabilidades, tampoco respecto a los perjuicios
graves que hubo en el territorio.


También queremos reivindicar aquí que nuestro
grupo participó con otros senadores y senadoras en exigir una comisión de
investigación y, una vez más, igual que se hace con otros temas, no se
deja investigar, cuando hay muchas dudas; y cuando hay dudas y no se deja
investigar, la duda pasa a ser casi siempre una presunta certeza. Por
tanto, también reclamamos aquí que los parlamentos sirvan para investigar
y más cuando hay tantas dudas como en el tema de la plataforma
Castor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
president. Muchas gracias.


Hoy tenemos un proyecto de ley que se
estructura en tres bloques y, evidentemente, con el primer bloque, el
bloque social, estamos de acuerdo, faltaría más.






Creo que el ingreso
mínimo vital ha sido un instrumento clave, un instrumento que ha marcado
una diferencia y un instrumento que tenemos que potenciar; un instrumento
que ha sido una red de cobertura que tenemos que ir mejorando, faltaría
más. Evidentemente, fue un error que no tuviera la fiscalidad adecuada.
Por tanto, es un avance significativo, que mejora la vida de muchas
personas, probablemente, de las personas que menos recursos tienen, y en
esas personas tenemos que centrar los esfuerzos.


Por eso, nos indigna tanto la mezcla con el
segundo y el tercer bloque de este proyecto de ley, porque utiliza,
precisamente, a estas personas que tienen que centrar nuestro esfuerzo, a
estas personas que tienen los mínimos recursos, como escudos para
blanquear el pago a los más poderosos, a los más ricos, a Castor. Y eso
no puede ser. Esta mezcla es coercitiva, porque permite que nuestro
grupo, muy crítico con Castor, tenga que votar a la vez una medida
social, con la que perfectamente estamos de acuerdo, faltaría más. Es
evidente, somos partidos de izquierdas que estamos de acuerdo con las
medidas sociales. Por tanto, no nos gusta que se utilice a la gente con
menos recursos como escudos para blanquear, para pagar a los más ricos, a
los más poderosos.


En ese bloque de Castor hemos planteado medidas
que yo creo que son de debate social y claras. Es decir, cumplamos la
ley. El decreto de paralización de Castor decía que se tenía que
investigar y saber quiénes eran los responsables, y cuando hablamos de
responsables, habrá responsables técnicos de la empresa, de la ejecución,
y responsables políticos, porque el proyecto no cumplió las expectativas
generadas. No se cumplió con esa estrategia que había marcado el
Estado.


Por tanto, tenemos que exigir esas
responsabilidades, porque si no, no somos unos buenos gestores de los
fondos públicos. Cuando los fondos públicos no son utilizados de forma
correcta, se debe exigir explicaciones, claridad, luz y taquígrafos, y
esto no está sucediendo con Castor. Queremos que se cumpla la ley;
pedimos una comisión de investigación aquí en el Senado, y aún la
esperamos. Pedimos también que se aclare el desmantelamiento de esas
instalaciones. Porque aquí de lo que se trata siempre es de pagar, mucha
rapidez para pagar, pero poca para esclarecer el futuro de los ciudadanos
de esa zona: saber si se va a desmontar o no se va a desmontar, cuándo se
va a desmontar o si se desmontara algún día. Además, ¿los daños que
tuvieron sus vecinos, alguien les va a compensar?


Yo creo que antes de plantearnos compensar a
las grandes empresas y a los bancos, tendríamos que pensar en compensar a
esos ciudadanos que vivieron delante de sus casas una verdadera película
de terror. Imagínense, de golpe, sus casas se movían; de golpe, había
terremotos en una zona en la que no tenía por qué haberlos, y eso era
responsabilidad de la empresa que lo hizo y del Gobierno que lo
tuteló.


Por tanto, tenemos que exigir
responsabilidades, y en esas estamos. No vale, simplemente, con pagar y
callar, que es a lo que nos lleva este decreto. No es que no entendamos
el mecanismo. Evidentemente, entendemos que el Gobierno tiene una deuda,
hay una sentencia y tiene que pagar, pero lo que no podemos es pagar y no
pedir responsabilidades al mismo tiempo.


El tercer bloque es el fiscal, y aquí me voy a
detener un poco más. Creo que es justo para los canarios que se modifique
el régimen especial para hacer frente a una pandemia. Habría sido más
justo hacerlo en connivencia con las instituciones canarias, pero,
evidentemente, es una medida importante retrasar la reserva de inversión
un año —mis compañeros pedían dos años—. Pero, claro, siendo
de las Illes Balears, uno se pregunta: perfecto, el Gobierno, Podemos y
el Partido Socialista han abierto la puerta para hablar de fiscalidad y
de reservas de inversión, que en mi tierra no existen, que en mi tierra
se han prometido en campañas electorales, que en mi tierra se hizo un
decreto ley que quedó en la mesa del Consejo de Ministros y solo fue
utilizado como arma política. Por tanto, es lógico que presentara esa
enmienda. Era de cajón.


Creo que ustedes ya saben que en cualquier
oportunidad que hablemos de fiscalidad insular, este senador va a
presentar el Régimen Especial de les Illes Balears, acuerdos,
subvenciones y acciones concretas. Lo raro es que esto ya se vetó en el
debate de Presupuestos Generales del Estado. Lo raro es que ahora se ha
vuelto a vetar.


Por tanto, mi pregunta es sencilla, ¿cuándo
puedo hablar del Régimen Especial de les Illes Balears? ¿No tendrá que
ver que hemos ganado varias votaciones sobre este tema en esta Cámara? La
democracia, señorías, me explicaron que no es simplemente cuando votas y
ganas, celebrarlo; es cuando votas y pierdes, aceptar los resultados. Y,
por tanto, eso es lo que les pido, que nos dejen votar. Cada día aquí
pierdo muchísimas votaciones y acepto el resultado como buen demócrata.
Por tanto, déjennos votar y dejen que hablemos en el Senado. Y si
pierden, acéptenlo. Eso es la democracia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la señora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on, guztioi.


Quiero unirme a las palabras del presidente y a
las palabras de la senadora Muñoz por la tragedia en el mar de Terranova
y trasladar en nombre de nuestro grupo el pésame a familiares y allegados
de las personas fallecidas en el hundimiento del pesquero gallego; el
deseo de recuperación para las personas que sí han podido salvar sus
vidas y nuestra solidaridad desde Euskadi con el pueblo gallego y, cómo
no, con todo el sector pesquero.


Debatimos el proyecto de ley que procede del
Real Decreto 39/2020, que, en su momento, en la convalidación votamos a
favor y que como proyecto de ley también vamos a apoyar. Incluye cuatro
medidas concretas y, como es habitual en los reales decretos,
heterogéneas, medidas a las que es difícil oponerse.


Se modifica la norma tributaria para considerar
exentas las rentas procedentes del ingreso mínimo vital, una medida en
consonancia con las medidas que ya se han adoptado en los territorios
forales. Modifica también y considera exentas —y esto no lo hemos
comentado— las ayudas concedidas a las víctimas de delitos
violentos, en concreto, las previstas en la Ley Orgánica 1/2004, y demás
ayudas públicas a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de
violencia machista contra las mujeres. Por tanto, con esto es imposible
no estar de acuerdo.


Se adapta la normativa para poder cumplir los
compromisos adquiridos con las instituciones financieras multilaterales,
modificando la Ley 14/2000, para la suscripción de acciones o
aportaciones en bancos de desarrollo, instituciones multilaterales o
reposición de fondos, habilitando una mayor flexibilidad; una medida
adecuada también para facilitar las contribuciones del Estado, entre
otras, para paliar las consecuencias de la COVID-19. Un ejemplo relevante
sería la compra de vacunas.


La modificación del REF canario, ampliando en
un año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para las
inversiones, parece que se entiende insuficiente a tenor de las enmiendas
presentadas por los grupos canarios en el Senado y que no se han
debatido, al ser vetadas por el Gobierno.


Y, finalmente, la más polémica, la medida que
permite al Estado endeudarse para hacer frente al pago de la
indemnización del proyecto Castor, porque, al parecer, no había recursos
suficientes en el Fondo de contingencia; un pago que hay que realizar,
una decisión que se toma en un momento complicado en el real decreto, en
plena tercera ola de la pandemia, pero que entendemos que hay que pagar,
porque supone la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. Esta es
una medida que no cierra o que cierra solo en parte las derivadas del
proyecto Castor. Quedan pendientes el sellado, el abandono definitivo de
los pozos, en su caso, las indemnizaciones, o la recuperación
medioambiental o las responsabilidades que puedan establecerse.


En todo caso, vuelvo al principio, votaremos a
favor del dictamen de la comisión. En cuanto a las enmiendas que quedan
vivas y ya debatidas también en el trámite del Congreso, votaremos, en
coherencia, de la misma manera. Y en cuanto a la enmienda 4, del Partido
Popular, como ya anticipé en la comisión, sobre la modificación de la
vigencia de la prestación de asignación económica por hijo menor a cargo
sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, nuestro grupo
considera más acorde con la finalidad de atención a las necesidades
básicas de la infancia que quede integrada en el marco de la prestación
del ingreso mínimo vital, con el objeto de atender dichas necesidades
dentro de la unidad convivencial. Consideramos que para mejorar la
atención de la infancia es mejor de esta manera, porque se podría modular
la valoración y permitiría la modificación del umbral de ingresos
requerido para el acceso a esta prestación e incrementar las cuantías
cuando haya menores de edad en la unidad convivencial. De esta manera,
creemos que se cumple con mayor claridad la finalidad de protección a la
infancia que de la forma que plantean en su enmienda.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tomará la palabra su señoría Callau Miñarro.


La señora CALLAU MIÑARRO: Muchas gracias,
presidente.


Buenos días a todos y todas. Me gustaría
empezar con un recuerdo y agradeciendo el trabajo que han hecho durante
años el conjunto de instituciones y la sociedad civil organizada de les
Terres de l’Ebre y el Maestrat en su lucha para la restauración y
reparación de uno de los mayores saqueos de la historia reciente del
Estado: un depósito de gas, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, que
ha causado enormes daños materiales y ambientales a uno de los
territorios más castigados y maltratados del Estado y por el que nadie va
a pagar. Bueno, alguien sí que va a pagar, el conjunto de consumidores en
su factura de gas durante décadas; consumidores que en el caso del les
Terres de l’Ebre pagarán por duplicado, teniendo que padecer las
consecuencias de ese monstruo de hormigón, que sigue donde estaba, además
de haber padecido los terremotos que en su día demostraron la negligencia
de los estudios de riesgo e impacto ambiental.


Los responsables, PSOE, PP y Florentino Pérez,
se van de rositas. ¿Quién ha sido el gran beneficiado de este fiasco
monumental? Pues el gran beneficiado ha sido Florentino Pérez, el gran
amigo de PP y PSOE, con sus negocios a golpe de BOE. A esto nosotros le
llamamos el capitalismo de amiguitos y que consiste en privatizar los
beneficios y socializar las pérdidas o, lo que es lo mismo, transferir
capital público a los bolsillos de Florentino Pérez y sus colaboradores;
el mejor contrato de la historia, con una cláusula que garantizaba que,
en caso de luto o negligencia, la empresa cobraría una indemnización
igualmente. Y Podemos, que se puso al lado de la ciudadanía en este
asunto, desde que está en el Consejo de Ministros está desaparecido.


El Castor es una obra que se adjudicó sin
concurrencia competitiva ni publicidad y al cobijo del glamur del palco
del Bernabéu; una planta marítima en la que se hicieron inyecciones de
gas, sin ningún tipo de control ni estudio de riesgo sísmico, a pesar de
estudios previos que advertían del riesgo de sismicidad en la zona. No
cabe ninguna duda de que la malversación, la corrupción, el tráfico de
influencias, los delitos ambientales, las compras de voluntades y las
modificaciones legislativas o de reglamentos ad hoc han formado y siguen
formando parte de los mecanismos de adjudicación de grandes
infraestructuras. Mientras el Estado indemniza a Florentino Pérez por
este pufo que se saltó todos los controles, las concesionarias del señor
Pérez siguen adquiriendo nuevos encargos para la construcción de
infraestructuras y la gestión de servicios públicos pagados por el
contribuyente; y los ciudadanos, a seguir pagando con la factura del gas
durante años un mal proyecto, mal diseñado, cuyo coste superará los 2000
millones de euros y que, según algunas estimaciones, puede llegar hasta
los 4000 millones de euros.


Es más, PP y PSOE llevan varias legislaturas
bloqueando cualquier intento de constituir una comisión de investigación
sobre el Castor en las Cortes españolas. Pedimos transparencia, la
transparencia que ha brillado por su ausencia durante todas las
legislaturas precedentes en que estuvieron PSOE o PP en el Gobierno, ante
un problema, el Castor, que lo convirtieron en otro tema de Estado, y ya
sabemos qué pasa con los temas de Estado aquí. También exigimos un
calendario para el desmantelamiento de la planta, para que ese templo del
despilfarro y la corrupción deje de manchar las costas de l’Ebre y
el Maestrat.


Muchísimas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la
palabra su señoría la senadora Muñoz Fonteriz.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidente.


Buenos días de nuevo, señorías. La verdad es
que sorprende, y mucho, el discurso permanentemente victorioso y de éxito
que tiene el Partido Socialista con cualquier medida que pone encima de
la mesa, aunque los datos contradigan profundamente lo que ellos están
diciendo. Les da igual, porque tienen su relato; les da igual, porque van
a decir lo mismo, con independencia de cuál sea la realidad, porque la
realidad es tozuda y al final se impone, señores del Partido Socialista,
y desde que ustedes gobiernan hay más pobreza que nunca.


Vuelvo otra vez a los datos. En el año 2021, 11
millones de personas en situación de exclusión social, 2,5 millones más
que en el año 2018, cuando llegaron ustedes al poder; 2,5 millones de
personas más en situación de exclusión social que cuando llegaron al
poder. Esa es la realidad de los datos. Déjense de discursos
triunfalistas. Desde 2007, 6 millones de personas en situación de pobreza
severa, 2 millones más. Ese es su balance, esos son los datos, eso es lo
que pasa cuando gobierna el Partido Socialista y gobierna con eslóganes
que están vacíos de contenido. Y luego vienen aquí y encima quieren
mostrar triunfalismo.


La senadora socialista ha intervenido y ha
dicho, en primer lugar, que habría que congratularse porque este era un
nuevo derecho que había creado el Partido Socialista. Pero ¿cómo que un
nuevo derecho? Repetir muchas veces una mentira no quiere decir que sea
verdad. Una prestación como esta ya existía en España; muchas comunidades
autónomas la tenían. Desde el año 1989 la implantó el País Vasco, y en el
año 1991, dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular,
Castilla y León y Galicia, establecieron prestaciones similares al
ingreso mínimo vital. (Aplausos). ¿Cómo que un nuevo derecho? Ese derecho
ya existía; a diferencia del suyo, un derecho eficaz, una prestación
eficaz, porque usted también decía que era idóneo y eficaz, pero ¿no ha
escuchado los datos que le he dado? El 68 % de personas no lo han
solicitado por desconocimiento, porque no lo conocen, porque no tienen
información, porque usted no se la da; y cuando lo solicitan, a tres de
cada cuatro se lo deniegan, porque han diseñado un sistema burocratizado,
dificilísimo para las personas en riesgo de exclusión. La asociación de
directores y gerentes sociales lo ha dicho claramente: solo el 8 % de la
población en situación de pobreza severa ha accedido a día de hoy al
ingreso mínimo vital.


Entonces, ¿qué triunfalismo, qué datos? ¿Por
qué no miran los datos? Claro, ustedes son más de mirar los datos de
Tezanos, y así nos va y así les va a los españoles. (Aplausos). Déjense
ustedes de discursos triunfalistas cuando las familias españolas están en
peor situación que nunca; las familias españolas están ahogadas por sus
impuestos, porque solo saben subir impuestos; las familias españolas
están ahogadas por la inflación, que está disparada, más del 6 %. La
cesta de la compra está absolutamente disparada. Escuchen: la fruta tiene
un 8,8 % de incremento; el aceite de oliva, el 28 %; el pescado, el 19 %.
Esto es lo que se encuentran las familias cuando van a comprar o cuando
pagan la electricidad —un 46 % más cara—, o el diésel
—un 25 % más caro—, o la gasolina —un 23 % más
cara—. ¿A ustedes les parece que esta situación es para dar
discursos triunfalistas? Desde luego, a nosotros no.


El IPC está disparado; es el impuesto de los
pobres. El único que gana con este IPC disparado es el Gobierno de
España, que encima se congratula y se felicita a sí mismo por unos
ingresos fiscales récord, que vienen nada más y nada menos que de esa
inflación disparada, no de la buena presupuestación; no, de la inflación.
De la pobreza de los españoles se beneficia el Gobierno de España,
incrementando los ingresos, presumiendo de ellos y utilizándolos encima
no para bien de los españoles, sino para financiar dispendios del
Gobierno de España —como los viajes en Falcon del señor
Sánchez—, un Gobierno mastodóntico con más asesores que nunca. Esa
es la realidad, señores del Partido Socialista. Ustedes son los únicos
que se benefician del ahogo de los españoles.


Finalizo, reiterando nuestra oposición a la
forma en la que se ha tramitado este proyecto de ley, a la forma en la
que se tramitan los reales decretos-leyes, a la forma en la que se
tramitan las iniciativas en este Senado, vetando aquello que se piensa
que se puede perder y negando el debate democrático. Respeten a esta
Cámara, respeten el trabajo de los senadores, porque así respetarán a los
españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría Miranda Martínez.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidente.


Lógicamente, mandamos nuestro más sentido
pésame y un abrazo fraternal a todas las familias y a todo el sector
pesquero —gallego, español— y, por supuesto, sentimos
profundamente el naufragio de ese barco, el Villa de Pitanxo, un hecho
que demuestra lo sacrificada y dura que es la profesión de la
pesquería.


Señorías, cuando hay un proceso electoral
—lo decía ayer el presidente del Gobierno—, es importante,
lógicamente, quién gana las elecciones, pero desde luego es mucho más
importante quién sale ganando. Y está claro, cuando gana el Partido
Socialista Obrero Español, quién sale ganando: salen ganando los
pensionistas, que ven revalorizadas sus pensiones que el PP congeló con
aquella patética seudosubida del 0,25 % durante siete años; salen ganando
los trabajadores y las trabajadoras que cobran el salario mínimo, que han
visto revalorizado su sueldo nada más y nada menos que casi un 40 % desde
el que PSOE cogió el Gobierno. Recuerden que por aquel entonces había
quien decía que esta era la ruina del país: que un trabajador
ganara 900 euros parecía un disparate. Pues ahora, al que dice lo
contrario le han dado un Premio Nobel. También salen ganando los
trabajadores y trabajadoras que no cobran ese salario mínimo, pero que
ven mejoradas sus condiciones laborales con esa reforma laboral recién
aprobada, gracias a lo que ya sabemos —señorías del PP, solo
aciertan cuando se equivocan—; salen ganando los autónomos, que han
visto, por ejemplo, el esfuerzo extraordinario que ha hecho el Gobierno
para darles cobertura durante la pandemia; salen ganando los jóvenes que
quieren estudiar, formarse o alquilar un piso; salen ganando, señorías,
los agricultores y los ganaderos, con más ayudas, con más fondos PAC, con
más apoyo a la agricultura familiar, que es la que vertebra el
territorio; salen ganando nuestros pueblos, donde no cerramos
consultorios médicos ni colegios rurales, como hacía el PP cuando
gobernaba en Castilla-La Mancha (Aplausos), sino todo lo contrario: los
abrimos, y, en definitiva, señorías, sale ganando la gente, las personas,
los ciudadanos.


Señorías, ¿saben ustedes quién sale ganando
cuando gana el PP? Lo hemos visto este fin de semana en estas elecciones
que tenían tanta prisa en convocar, porque los idus les eran propicios,
las encuestas les daban buenos datos. Sale ganando la ultraderecha, que
ya pide por su boquita… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: … cosas como
la derogación de… (Rumores.— Protestas.— El señor Sanz
Vitorio pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Vitorio, le
ruego que guarde silencio, por favor.


Muchas gracias.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Gracias,
presidente.


Como decía, ya piden por su boquita cosas como
la derogación de la Ley contra la violencia de género o la Ley de memoria
democrática. (Aplausos). Pues ahí los tienen, señorías. Ahora verán
ustedes lo que hacen.


Hoy tramitamos un proyecto de ley que, como
decíamos, viene a dar respuesta a temas importantes: en primer lugar,
como decíamos, reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso
mínimo vital, un ingreso que no olvidemos que la derecha y la
ultraderecha lo llamaban paguita, pero que viene a ampliar nuestro Estado
del bienestar, a reducir la pobreza, a fomentar la inclusión social; que
cuenta hoy, señora senadora Muñoz, con 824 000 beneficiarios. Hay un 97 %
de expedientes resueltos, siendo casi más de 300 000 las personas
beneficiarias. Los niños también salen ganando, señorías, cuando el PSOE
gobierna: los niños más pobres salen ganando, y no desde la caridad, que
es vertical, sino desde la solidaridad, que, como saben, es
horizontal.


No olvidemos, además, que con este proyecto de
ley cumplimos las recomendaciones que nos hace el Consejo de la Unión
Europea para mejorar la cobertura, siendo España uno de los pocos países
que carecía de una medida de este tipo de ámbito estatal. Contempla la
concesión de una ampliación de crédito, algo muy debatido y comentado en
esta sesión, para la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, al
objeto de impulsar el pago del llamado caso Castor. En definitiva, el
Supremo ha reconocido el derecho de las entidades bancarias a ser
indemnizadas por el Estado por la cuantía que dichas entidades
adelantaron a Enagás por el cierre del almacén submarino del gas. Esto
nos gustará más o nos gustará menos, señorías, pero se trata de cumplir
una sentencia, en la que, por otra parte, tiene mucha responsabilidad el
Partido Popular cuando el ministro Soria salió corriendo a aprobar aquel
decreto-ley para indemnizar a la empresa ACS.


Otros aspectos que recoge esta ley es habilitar
un mecanismo para que este país se pueda integrar en instrumentos de
instituciones financieras multilaterales y, como decíamos en el anterior
turno, modificar el Régimen Económico Fiscal de Canarias…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidente. Termino.


… con el objeto de ampliar en un año los
plazos para que se pueda materializar esa reserva, algo que nunca hizo el
Gobierno de Coalición Canaria y nunca apoyaron los Gobiernos del Partido
Popular. Por todo ello, señorías, les pedimos el voto a favor de este
documento legislativo, que viene a dar cuerpo de ley al decreto
citado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate de este proyecto
de ley, se procederá, a continuación, a abrir el plazo para emitir el
voto telemático para todas las votaciones reglamentariamente previstas,
que son las dos que les voy a comunicar a continuación: en primer lugar,
votación de las enmiendas; las que resulten aprobadas quedarán
incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno. Y, en segundo lugar,
votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, en que son las diez y treinta y tres
minutos, hasta las doce y treinta y tres minutos de la mañana de
hoy.









PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000040

Sanidad y Consumo


El señor presidente lee el punto 6.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Sanidad y
Consumo, su señoría el senador Pose Mesura.


El señor POSE MESURA: Muchas gracias,
presidente. (Comienza su intervención en gallego).


El proyecto de ley que se somete en este caso a
la consideración de este Pleno y que se tramita por el procedimiento de
urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 28 de diciembre
de 2021, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 3 de febrero
de 2022. Se presentaron 128 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente
manera: de la 1 a la 8, de los senadores Muñoz Lagares y Sánchez López y
de la senadora Ponce Gallardo, todos ellos del Grupo Parlamentario
Democrático; de la 9 a la 11, del senador Fernández Viadero, del Grupo
Parlamentario Democrático; de la 12 a la 20 y de la 64 a la 67, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; de la 21 a la 38,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; de la 39 a la 45 y de
la 115 a la 128, del senador Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal; de la 68 a la 78, del Grupo Parlamentario
Socialista; de la 79 a la 114, del senador Mulet, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal. De estas enmiendas, fueron inadmitidas, cinco,
las que llevan los números 7, 78, 85, 113 y 114 y, por tanto, no fueron
debatidas en comisión.


La ponencia designada para informar el proyecto
de ley estuvo constituida por los siguientes senadores: don José Manuel
Marín Gascón, del Grupo Mixto; don Joaquín Vicente Egea Serrano, del
Grupo Parlamentario Democrático; doña Assumpció Castellví, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; don Carles Mulet García, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal; doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Josep Rufà Gràcia, de Esquerra Republicana; don
Bienvenido de Arriba Sánchez y doña Paloma Inés Sanz, del Grupo Popular,
y doña María Esther Carmona, don Manuel Ángel Fernández Palomino y doña
Aurelia Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dicha ponencia se reunió el día 10 de febrero,
emitiendo informe de conformidad con el texto remitido por el Congreso de
los Diputados. El mismo día 10 de febrero se reunió la Comisión de
Sanidad y Consumo, acordando aprobar como dictamen el texto propuesto por
la ponencia, que no introdujo modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados.


Han presentado votos particulares a dicho
dictamen, manteniendo sus respectivas enmiendas, los senadores del Grupo
Mixto, los senadores del Grupo Parlamentario Democrático, los senadores
Vidal Matas y Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.


Con lo expuesto a sus señorías, queda resumida
la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo en relación con el
proyecto de ley que ahora vamos a debatir.


Señora presidenta, muchas gracias.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


A este proyecto de ley no se ha presentado
ningún veto. ¿Algún senador quiere utilizar un turno a favor?
(Denegaciones). ¿Algún senador quiere utilizar un turno en contra?
(Denegaciones).


Pasamos entonces al turno de debate de las
enmiendas presentadas al articulado, comenzando por las enmiendas
números 46 a 63 de la señora Merelo Palomares y de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Interviene el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado dieciocho enmiendas: trece de modificación, una de adición y
cuatro de supresión. De todas ellas, aproximadamente la mitad son mejoras
técnicas. Paso a resumirles algunas de ellas.


Enmienda 46. Se propone la sustitución de la
rúbrica preámbulo por la de exposición de motivos. Esta modificación se
propone al amparo de lo dispuesto en las directrices de técnica normativa
aprobadas por el Consejo de Ministros por acuerdo de 22 de julio de 2005,
a cuyo tenor en los anteproyectos de ley la parte expositiva se
denominará exposición de motivos y se insertará así en el texto
correspondiente. Todos los anteproyectos de ley deberán llevar exposición
de motivos, sin perjuicio del resto de la documentación o de los
antecedentes que su naturaleza particular exija.


Enmiendas 47 y 49, de modificación. Se propone
la siguiente modificación a la totalidad del texto del proyecto de ley.
Se eliminan las persistentes referencias a las personas consumidoras y
usuarias, o a las personas consumidoras vulnerables, cambiándolas por
consumidores y usuarios o consumidores vulnerables. Esta modificación se
efectúa en el bien entendido de que solo las personas pueden reunir la
condición de consumidor y de que tal circunloquio estorba a la eficacia
del lenguaje y vulnera los principios de economía, concisión y carácter
inclusivo del masculino. Un informe de la Real Academia Española de la
Lengua de enero de 2020 sobre el lenguaje inclusivo mencionaba lo
siguiente: En la Constitución española se usan con interpretación
inclusiva los artículos y los indefinidos en masculino plural, lo que se
ajusta plenamente a la estructura gramatical del español. Carecería,
pues, de sentido argumentar que las mujeres no están comprendidas.


Enmienda número 50. Se propone la modificación
del apartado 1 de la exposición de motivos del proyecto de ley. A juicio
de este proyecto de ley son determinantes las situaciones de
vulnerabilidad. Se parte de la premisa de que debe existir un desarrollo
y condiciones de igualdad en las relaciones de consumo. Discrepamos de
tal presupuesto. La igualdad no ha de ser entendida como igualitarismo,
como un rasero que pretende hacer tabla rasa de personas y situaciones
distintas. Recordemos que cuando el artículo 14 de la Constitución
española consagra que los españoles son iguales ante la ley, no está
afirmando que la situación de todos y cada uno de los españoles sea o
deba ser materialmente igual. Y en este sentido los párrafos 20 a 22 de
la exposición de motivos se limitan a introducir elementos de sesgo y
profundamente ideológicos sobre la base de una justificación real
insuficiente y en aras de una pretendida igualdad en el ámbito del
consumo. Por otro lado, las razones de presunta vulnerabilidad aducidas
se contraponen con lo que la propia exposición de motivos afirma en el
párrafo 15: Las investigaciones especializadas confirman que cualquier
persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de
alguna relación de consumo específica.


Enmienda 53. Modificación del artículo 1.1 del
proyecto de ley. Se propone una definición de consumidor vulnerable
alternativa a la existente en el Real Decreto-Ley 1/2021, que ha pasado
al proyecto de ley. Debe destacarse que el concepto propuesto por el
proyecto de ley se realiza en términos excesivamente genéricos, que no
permiten identificar que sea una situación de vulnerabilidad y que
tampoco proporcionan criterios para determinarlo de manera objetiva. Se
atribuye así al órgano que interprete la norma, administrativo o
judicial, la decisión de quien haya de reputarse consumidor vulnerable.
Esta falta de precisión, imprescindible en cualquier norma jurídica, solo
puede provocar resultados indeseables en la aplicación práctica de la
ley, y, señaladamente, una notoria inseguridad jurídica, resultado de la
más que probable existencia de resoluciones administrativas y judiciales
contradictorias respecto de supuestos idénticos.


Enmienda número 61. Se propone la supresión de
la disposición final primera del proyecto de ley. Esta disposición final
está dirigida a ampliar los supuestos de suspensión del procedimiento de
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables,
sin alternativa habitacional, en los supuestos de los apartados segundo,
cuarto y séptimo del artículo 250.1 de la Ley 1/2007, de 7 de enero. En
consecuencia, la ampliación realizada por esta disposición va dirigida a
un grupo concreto, el de aquellas personas que se hallen inmersas en un
procedimiento penal y/o que habiten una vivienda como consecuencia de
delito. En definitiva, se está dando amparo a las conocidas como
ocupaciones ilegales. Si atendemos a los artículos primero, segundo y
tercero del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de
los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, es evidente
que las personas beneficiarias de la disposición adicional primera,
incluida en el real decreto, y la definición de usuarios y consumidores,
no se corresponde. En cualquier caso, con esta disposición final primera
se amplían los casos en los que un propietario puede verse privado de una
acción elemental para la recuperación del uso y disfrute del inmueble de
su propiedad. Por tanto, nuevamente se produce una vulneración del
artículo 33 de la Constitución española, y es un ataque directo al
derecho de la propiedad privada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 1 a 6 y 8, del
Grupo Parlamentario democrático, tiene la palabra el senador Sánchez
López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Intervendré desde el
escaño, señora presidenta, muy brevemente.


Damos por defendidas todas las enmiendas. Todas
nos parecen importantes, pero, hacemos especial hincapié y pedimos la
reconsideración de sus señorías para que se nos admita la enmienda
número 8, de supresión de la disposición final tercera, que,
prácticamente, da carta de naturaleza a la ocupación de segundas
viviendas. Si no se reconsidera esta enmienda, sintiéndolo muchísimo,
nosotros vamos a tener que votar en contra de esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 9 a 11,
presentadas por el senador Fernández Viadero, también del Grupo
Parlamentario democrático, tiene la palabra el senador.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
señora presidenta.


Buenos días. El Partido Regionalista de
Cantabria presenta tres enmiendas a este proyecto de ley, en consonancia
con las que ya presentó nuestro diputado José María Mazón en el Congreso
de los Diputados. La motivación de las enmiendas es muy clara y creemos
además que responde a una reclamación ciudadana, como lo es frenar de
forma efectiva las prácticas comerciales que suponen invasiones a la
intimidad personal de los consumidores y usuarios.


Para el PRC, este es un problema cada día más
frecuente, dada la ferocidad en la que se está viendo envuelto el mercado
de ciertos bienes y servicios, y que está provocando graves problemas a
los consumidores, que, a fin de cuentas, son el eslabón más expuesto de
la cadena. Así, cada día proliferan prácticas en las cuales se ejerce una
presión agresiva sobre estos últimos, dentro, incluso, de su propio
hogar, invadiendo su intimidad, ya sea físicamente o por vías no
presenciales como la telefónica o la electrónica.


Estos comportamientos, que generalmente suponen
una actitud de presión y, por qué no decirlo, intimidación sobre el
consumidor, suelen llevar a transacciones en las que el comercial ejerce
una posición de superioridad, de la que se aprovecha y que puede ir en
detrimento de los intereses reales del adquiriente, al ser sometido a una
situación que podría casi calificarse como coercitiva. Gran parte de la
población puede desenvolverse bien en estas situaciones. Hay gente capaz
de aguantar las presiones y evitar la invasión de su intimidad. Pero hay
otros colectivos más vulnerables a estas situaciones que pueden verse
apabullados con más facilidad. Un ejemplo claro son nuestros mayores, que
en muchos casos suelen verse afectados por comportamientos de este tipo.
De hecho, en muchos casos suelen ser el blanco, el objetivo principal que
se marcan para colocar sus productos. No es infrecuente conocer, por
ejemplo, casos de ancianos abordados en sus casas por agentes comerciales
que, bajo coacción y presión, se ven abocados a hacer compras o
suscripciones que, en realidad, no desean o necesitan. Es nuestro deber
poner coto a esta realidad, respetando siempre la libertad comercial.
Hemos de frenar comportamientos como los descritos, que suponen un
auténtico peligro para una buena parte de la ciudadanía. Y es que es
precisamente de esto de lo que trata la ley, de proteger a los
consumidores y a los usuarios vulnerables.


Con base en lo expuesto y creyendo justificada
nuestra posición, en el Partido Regionalista de Cantabria esperamos el
apoyo del resto de formaciones a estas enmiendas, pues creemos
honestamente que mejoran el texto y que supondrían un cambio sustancial y
real para la gente de la calle, que es para lo que, al fin y al cabo,
estamos aquí.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 39 a 45 y 115
a 128, tiene la palabra el senador Vidal Matas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
presidenta.


Hay muchas situaciones que nos hacen
vulnerables a la hora de consumir y es deber de esta ley intentar
proteger a esas personas que son más vulnerables en ese momento
importante de consumir o de contratar un servicio, de avanzar en su
calidad de vida. Cuando uno quiere consumir algo es para satisfacer una
necesidad. Puede ser básica o no, pero es para poder disfrutarlo. Y esa
experiencia a veces creemos que es democrática, pero no lo es. El
liberalismo hace que algunas veces el consumo no se haga en las
condiciones oportunas, y por eso tenemos que avanzar en el sentido de
esta ley.


Hay situaciones de vulnerabilidad debidas al
género, a la edad, a ser una persona con discapacidad o al hecho de
hablar otra lengua, una lengua oficial del Estado. Por eso con esta ley
tenemos que actuar y tomar medidas en todos estos sentidos. Y por eso
hemos planteado enmiendas que hacen referencia a la discriminación que
sufrimos los que no hablamos castellano de manera habitual, los que
tenemos otra lengua como nuestra lengua oficial; lengua oficial del
Estado: el catalán, el gallego, el vasco. Tenemos los mismos derechos a
movernos, a disfrutar, a poder consumir con nuestra lengua. Y somos más
vulnerables durante el consumo, porque no nos permiten hacerlo de forma
adecuada.


La ley ha hecho un avance. Tengo que reconocer
que en el Congreso se mejoró el texto introduciendo temas lingüísticos,
pero la unidad lingüística aún se puede trabajar más y por eso hemos
presentado todo este conjunto de enmiendas; todo un conjunto de enmiendas
que lo que quieren es lo mismo que la ley pretende para el castellano. La
argumentación es sencilla. Si ustedes en esta ley han adoptado medidas
para proteger al consumidor, para que en castellano lo pueda entender
todo y pueda disfrutar su experiencia de consumo, hagamos lo mismo con
todas las otras lenguas oficiales del Estado. Eso es lo importante y eso
es lo que marca la diferencia. No queremos un trato diferenciado, no
queremos un trato singular. Queremos que el mismo trato que ustedes dan
al castellano lo den a las otras lenguas oficiales.


Tengo que valorar el trabajo que se hizo en el
Congreso. Esperamos que aquí, en el Senado, mejoremos y sigamos avanzando
con esas enmiendas. Y también creo que el Senado esta vez tiene la
oportunidad de mejorar el texto con enmiendas que ya se ha dicho que se
adaptarían del Cermi. Pensemos en la discriminación por discapacidad, por
ejemplo, visual. Muchos de ustedes se habrán fijado en mis chuletas, que
siempre son de letra grande, y que a algunos de ustedes les permite
leerlas desde la bancada de atrás. Tenemos que adaptarnos y evitar esas
discriminaciones: o discriminaciones de género, o discriminaciones por
ser una persona mayor. Y si se acumulan esas discriminaciones, es allí
donde más tenemos que incidir y más tenemos que proteger a nuestros
ciudadanos.


Hoy tenemos una posibilidad de avanzar en
proteger a nuestros consumidores. Les pido un último esfuerzo para que
los derechos de las personas que hablamos otras lenguas oficiales del
Estado no se vean tan vulnerados como ahora mismo lo son.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 12 a 20 y 64
a 67, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra el senador Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidenta.


Yo doy por defendidas las enmiendas 64 a 67
porque incluimos el derecho a la accesibilidad, a lo que deben conocer
los consumidores y usuarios de los productos que hay en el mercado. Esto
lo hacemos no solo por la edad, sino porque es mucho más fácil para todo
el mundo comprender los etiquetados comerciales, que en la mayoría de los
casos son simplemente ilegibles y tampoco se entienden.


Con las enmiendas 12 y 19 del primer bloque,
recalcamos la necesidad de que las lenguas oficiales de seis comunidades
autónomas estén presentes en los etiquetados y representaciones de bienes
y servicios.


Con las enmiendas 13, 14, 15, 16, 17 y 18
queremos mejorar técnicamente tanto los plazos como el nivel y cantidad
en las infracciones.


La enmienda número 20 es una mejora técnica
sobre la competencia en consumo de las comunidades autónomas.


No queremos pensar que se vote en contra de
estas enmiendas, ya que recogen una realidad básica, como es, por
ejemplo, el derecho de las lenguas propias, así como las leyes de consumo
de las diferentes comunidades autónomas que tienen las competencias
transferidas.


Espero vuestro voto en positivo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 79 a 84 y 86
a 112, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias,
presidenta.


Estamos ante el debate de una ley importante,
como la mayoría de las que traemos aquí. Y lo inaudito de este debate es
que vemos voluntad de llegar a acuerdos. Y eso debería ser lo normal.
Vemos voluntad de los grupos mayoritarios en transaccionar. Y de la misma
manera en que nos quejamos siempre de que todas las leyes que vienen aquí
se tienen que presentar y aprobar de urgencia, salir corriendo y no
aceptar ningún tipo de enmiendas, pues ahora también toca aplaudir esta
predisposición. Y ojalá cunda el ejemplo. Porque creo que todos estamos
aquí para representar a la gente que nos ha votado y para intentar
mejorar cualquier ley que venga del Congreso. Y todo en esta vida es
susceptible de mejora, máxime cuando se presentan enmiendas, porque
detrás hay trabajo de colectivos, hay trabajo de muchísima gente que
quiere que sus peticiones sean atendidas. Y entendemos que la inmensa
mayoría de las propuestas que aquí se han presentado mejoran el sentido
de esta ley. Sabemos que se llegará a acuerdos en varias de ellas y nos
gustaría también que aquellas que no han sido transaccionadas, de nuestro
grupo y de otros grupos, pudieran salir adelante.


Nosotros, como han visto, hemos presentado un
gran paquete de medidas que, como todas las propuestas que presentamos,
están impulsadas por diversos colectivos afectados, que quieren que su
situación sea contemplada y solucionada por la ley. Pedimos en el texto
una concepción más amplia de la figura de la persona consumidora
vulnerable. Entendemos que, por ejemplo, el texto del consumidor
vulnerable que hay en la legislación de Castilla-La Mancha es mucho más
extenso que el texto que se presenta aquí, y por eso pedimos que se
incluya expresamente a determinados colectivos que aquí no están
reflejados.


En otra enmienda pedimos introducir el
componente de edad para dar respuesta a las reivindicaciones de las
personas más mayores que se sienten maltratadas ante algunas empresas,
como las entidades financieras. Saben perfectamente el caso de la
recogida de firmas en la campaña iniciada por una persona mayor que se ha
sentido maltratada por las entidades financieras y el resultado mediático
que ha tenido esta campaña. Es necesario incorporar por ley el deber de
información de las empresas, sobre todo de suministros, de las tarifas
más ventajosas. En determinados suministros, como luz o agua, existen
diferencias muy notables de tarifas y nunca se da la suficiente
publicidad para que puedan acogerse a ellas las familias con
vulnerabilidad. Otra de las enmiendas contempla el caso no solo de la
edad para la vulnerabilidad, sino también la falta de competencias
digitales. Ni todas las personas mayores son vulnerables por el simple
hecho de ser mayores ni todas las personas mayores son desconocedoras de
las nuevas tecnologías ni todas las personas jóvenes, al revés, dejan de
ser vulnerables o dejan de ser desconocedoras de las nuevas
tecnologías.


También pedimos el derecho a ser atendidos por
departamentos especiales pensados para personas físicas que, de forma
individual o colectiva, por sus características, necesidades o
circunstancias personales de edad, económicas, educativas o sociales, se
encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Además, pedimos
contemplar en los Presupuestos Generales del Estado partidas para dar a
conocer y publicitar los derechos básicos de consumidores y usuarios y
velar por su respeto. Igualmente, pedimos que los servicios financieros
tengan la consideración de bienes o servicios de uso común entre todos
los que ya contempla la ley. Solicitamos impulsar de manera conjunta,
entre Administración y empresa, campañas de formación para los
consumidores sobre el peligro y complejidad de productos como los
créditos revolving, fomentar una autorregulación más responsable y
realizar inspecciones de oficio desde la Administración. Saben que
existen cláusulas abusivas, TAE altísimos que pueden llegar al 65 000 % y
otras condiciones que no siempre los consumidores y consumidoras son
capaces de entender, algo que afecta especialmente a jóvenes y
adolescentes.


Nos centramos también en el problema de la
ludopatía y pedimos dejar de hacer anuncios en medios públicos y crear un
perímetro saludable que proteja a los menores ante productos y anuncios
de juegos online, que llegan por múltiples medios, cookies en
dispositivos electrónicos, prensa escrita o digital, radio o televisión.
Pedimos también crear un registro paralelo en el que voluntariamente se
puedan inscribir aquellas personas jugadoras o con problemas de ludopatía
que quieran bloquear su capacidad de acceso a la financiación alternativa
en línea, los conocidos como microcréditos o créditos rápidos, y
sancionar a aquellas entidades de crédito que lo incumplan.


Además, queremos abrir el debate sobre la
vulnerabilidad energética, la pobreza energética. Un alto porcentaje de
la población en España no puede mantener su vivienda a una temperatura
adecuada y tiene frecuentes retrasos en el pago de sus facturas. El
debate de la vulnerabilidad económica lo abordamos mediante varias
enmiendas que nos gustaría que fueran atendidas. Otro gran debate de esta
ley será el de los bancos. Pedimos garantizar que todos los residentes en
el mundo rural deban ser atendidos por departamentos especializados de
entidades financieras pensados para personas físicas que, de forma
individual o colectiva, por sus características, necesidades y
circunstancias personales de edad, económicas, de residencia, educativas
o sociales, se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad.
Quiero reiterar que vivir en el mundo rural no quiere decir no estar
adaptado a las nuevas tecnologías; que el problema de los bancos en el
mundo rural más que nada es la falta de servicios por el cierre de
oficinas bancarias; y que igualmente hay gente en las zonas urbanas que
tienen los mismos problemas para acceder a servicios bancarios por la
digitalización abusiva que muchas veces se hace en estos servicios, y
pensamos que esta ley debe dar respuesta a todos ellos.


Igualmente, pedimos realizar inspecciones de
oficio por parte del Ministerio de Consumo a las entidades financieras
para ver si su política de cierre sistemática de oficinas pudiera
vulnerar los derechos de sus clientes, así como endurecer la supervisión
del Banco de España en el ejercicio de su actividad y las posibles
sanciones que se pudieran desprender. Es inaudito que se hayan destinado
barbaridades de millones de dinero público para rescatar a la banca y
luego, a esa misma banca, no se le exija ningún tipo de responsabilidad.
También pedimos establecer, en coordinación con el resto de
administraciones con competencias, un programa de servicios bancarios
básicos para garantizar que en la totalidad de los municipios rurales se
incluya la existencia de cajeros automáticos y una atención
personalizada, con una periodicidad frecuente y clara, para poder atender
a las personas usuarias y, también, que se pueden ofrecer espacios dentro
de las dependencias de la Administración para facilitar la instalación de
cajeros automáticos. Eso dista mucho de la política que se ha ejercido
por parte de algunos partidos de subvencionar la instalación de cajeros.
Los cajeros tienen que correr a cargo de las entidades bancarias porque
estas tienen un deber con la sociedad, y más después de no haber
satisfecho el dinero del rescate bancario. En otras enmiendas solicitamos
formar a la población rural y a la población en general con cursos de
digitalización y tecnologías de la información, para que toda la sociedad
disponga de unos mínimos conocimientos sobre productos bancarios y
financieros. Además, pedimos fomentar la implementación de la banca
móvil, recuperar los servicios bancarios fundamentales y la implantación
de modelos de banca rural alternativa en aquellos municipios donde no se
puedan lograr acuerdos con las grandes entidades financieras.


Otras enmiendas, propuestas por el Cermi,
solicitan, por ejemplo, que a la edad y al género debe asociarse
igualmente la discapacidad, que, en los supuestos de personas mayores,
especialmente mujeres mayores, agravan la situación de vulnerabilidad,
aumentando el riesgo de exclusión. Piden atender el caso de las mujeres
con discapacidad porque, nuevamente, el riesgo de exclusión es cada vez
mayor. Otra enmienda se refiere al caso de las mujeres con discapacidad
víctimas de violencia o de trata. Igualmente, pensamos que en esta ley se
tienen que blindar ese tipo de situaciones. También se propone incluir el
etiquetado en braille y establecer mediante norma reglamentaria las
disposiciones aplicables al etiquetado en alfabeto braille de aquellos
bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección
de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas invidentes
o con discapacidad visual.


Por eso, confiamos en que buena parte de estas
enmiendas acaben transaccionadas con el resto de los grupos y que se
puedan incorporar a la ley. Y les invito a que voten a favor del resto
que no han sido transaccionadas porque el hecho de no haber sido
transaccionadas, no quiere decir que se esté en desacuerdo; confiamos en
que la mayoría se puedan aprobar. Nosotros sí que votaremos a favor de la
mayoría de las enmiendas que han presentado otros grupos porque pensamos
que mejoran notablemente esta ley.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 21 a 38, del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De Arriba
Sánchez.


El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidenta,
señorías, todos los ciudadanos, por definición, somos consumidores de
unos u otros productos o servicios, en mayor o menor medida, a lo largo
de toda nuestra vida, afectando las relaciones de consumo al cien por
cien de los ciudadanos, y para protegerlos es necesario impulsar de
manera constante el equilibrio de su posición en el mercado. Siempre ha
sido una prioridad para el Partido Popular la promoción de un consumo
responsable, así como la defensa de los derechos de los consumidores,
especialmente de las personas que se encuentran en situación vulnerable.
Estamos obligados a proteger a los consumidores y usuarios en situación
de vulnerabilidad, mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas
de violencia de género, ciudadanos en riesgo de exclusión social,
familias monoparentales, familias numerosas, personas necesitadas de un
especial amparo para contrarrestar posibles situaciones de inferioridad
en las que pueden encontrarse.


Señorías, la política de protección de los
consumidores se fundamenta en tres pilares básicos. El primero, la
garantía del ejercicio de los derechos de los consumidores en condiciones
de igualdad y libertad, porque tan importante es el reconocimiento
normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio.
Un segundo pilar básico es la formación, educación e información de los
consumidores. Un consumidor informado tiene enormes ventajas en esta
sociedad tan globalizada en la que nos encontramos, y debemos buscar
permanentemente una mayor protección del consumidor y la mejora de su
capacidad en el ejercicio de sus derechos. Y un tercer pilar es la
coordinación permanente entre el Estado, las comunidades autónomas, el
Consejo de Consumidores y Usuarios y todas las asociaciones de
consumidores de España. De esta forma la protección de los consumidores
estará garantizada.


A tres cuestiones debemos prestar especial
atención: a la protección de los consumidores en el ámbito financiero, al
sector energético y al de las nuevas tecnologías. Y la pregunta que nos
hacemos es si esto es una prioridad para el Gobierno, a la vista de este
Proyecto de Ley del consumidor en situación de vulnerabilidad, porque
cuelgan otras materias con un fuerte sesgo ideológico e intervencionista.
¿El Gobierno del señor Sánchez está dando la importancia necesaria que
requiere la protección de los consumidores o su objetivo no va más allá
de mantener un Ministerio de Consumo superfluo por razones estrictamente
políticas?


Miren, nos presentan un miniproyecto de ley en
materia de consumo que nos parece a todas luces insuficiente, porque no
protege de una forma real y efectiva a los consumidores, y que presenta
numerosas carencias; una ley que llega tarde a pesar de las urgencias,
sin los informes preceptivos y sin esa coordinación a la que hacía
referencia anteriormente. Un mini primer proyecto de ley que incluso
falta en algunas cuestiones a la verdad en su preámbulo, algo que
entenderán que tampoco nos extrañe porque llueve sobre mojado con sus
exposiciones de motivos.


Por ello, hemos presentado 18 enmiendas a este
proyecto de ley, todas ellas con la intención de mejorar el texto
refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios.
Hemos presentado una enmienda de sustitución en todo el texto normativo
de la expresión «persona consumidora vulnerable» por «consumidor y
usuario en situación de vulnerabilidad», porque nos parece que la
situación de vulnerabilidad del consumidor, como refleja el título del
proyecto de ley, debe ser transitoria, adaptándolo a la terminología
tanto de las directivas europeas como del texto refundido de la Ley para
la defensa de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.


De igual forma, con las enmiendas presentadas
por nuestro grupo parlamentario incluimos la protección en materia de
accesibilidad y de información comprensible en el etiquetado, en la
información de las ofertas comerciales y en la información previa a los
contratos. Debemos insistir, y entiendo que la mayoría de sus señorías
estarán de acuerdo, en la importancia capital de preservar la
accesibilidad. Y aprovecho la ocasión para saludar a la delegación del
Cermi que hoy nos acompaña, y poner en valor su trabajo diario.
(Aplausos).


Solicitamos que exista una atención presencial,
tanto de empresas como de administraciones públicas, en sede física, para
que los consumidores sean atendidos y se les proteja, y que se dé
información sobre atención al cliente en el etiquetado, que se evite la
discriminación en las prácticas comerciales que se realizan por teléfono,
contrataciones a distancia o ventas a domicilio, y que se aseguren
oficinas de atención al cliente accesibles para las personas que tienen
dificultades de movilidad. En nuestras enmiendas también solicitamos que
se agraven las sanciones cuando se atenta en materia de defensa de los
consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad, que se preserve
el consentimiento informado y también el derecho de desistimiento.


Introducimos la referencia a la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en
aras de permitir una mayor protección y garantía de los derechos de estos
usuarios. Demandamos la presentación de un proyecto de ley de reforma en
profundidad del texto refundido de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios, en donde se plantee, mediante la inclusión de
las directivas que tienen que trasponerse, la agenda del consumidor
europeo en materias que han ido evolucionando durante los últimos años en
relación con la transformación digital, la calidad y seguridad de los
alimentos, los servicios de atención al cliente, el desarrollo de los
servicios financieros y la garantía plena en los servicios energéticos y
de telecomunicaciones. Eso sí, contando con la participación de todos, y
que se fortalezca la formación e información y los procedimientos de
reclamaciones y quejas, potenciando el papel del Consejo de Consumidores
y Usuarios.


Señorías, solicitamos que se suprima el
artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020 por coherencia, y que se traiga
un proyecto de ley de medidas contra la ocupación ilegal, la convivencia
vecinal y la protección de las personas y cosas en las comunidades de
propietarios. Señorías, cada día 49 viviendas son usurpadas ilegalmente
en España. Se deben impulsar las reformas legales oportunas tendentes a
combatir de manera efectiva la ocupación ilegal de viviendas, y así
defender la propiedad privada y la posesión legítima, protegiendo de
manera efectiva a los titulares de derechos y la convivencia pacífica en
aras de la seguridad de las personas, absteniéndose de dictar decretos
leyes porque, con la excusa del estado de alarma, atacan frontalmente el
derecho de propiedad. Hoy, el Partido Socialista tiene la oportunidad de
apoyar una ley que reclama toda la sociedad, menos sus socios de
Gobierno.


Por último, presentamos dos enmiendas de
adición. Hemos conseguido transaccionar una primera que resulta de
capital importancia, referida a la atención personalizada al consumidor
vulnerable en los servicios financieros de banca, garantizando que las
entidades bancarias presten una atención personalizada en los servicios
financieros bancarios a los consumidores en situación de vulnerabilidad
que lo demanden, sin discriminación alguna, sin discriminación motivada
por la brecha digital. Consideramos fundamental que el Gobierno vele por
que la tecnología de acceso a las gestiones bancarias básicas sea
sencilla, comprensible, inclusiva y segura, para facilitar las
operaciones básicas a las personas mayores y con limitaciones digitales.
Y la segunda enmienda que mantenemos viva es para la atención al
consumidor vulnerable en los servicios financieros en el medio rural.
Para ello, proponemos que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las
entidades financieras bancarias, mediante convenios entre ambos,
faciliten que las entidades bancarias presten sus servicios financieros a
través de las oficinas de Correos o unidades móviles financieras, para
dar cobertura suficiente en el medio rural, donde no existen sucursales
bancarias ni red de cajeros automáticos.


Para el Partido Popular las personas
constituyen el eje central de todas sus políticas, porque la política
tiene que estar al servicio de las personas y tiene que servir para
ayudarles, solucionar sus problemas y mejorar su bienestar y su calidad
de vida. Esto no consiste en colgarse medallas, consiste en aportar
soluciones, y el Gobierno no puede permanecer impasible y tiene que
buscar alternativas. No se puede retrasar la solución de un problema que
ha acelerado y ha agravado la pandemia. La falta de accesibilidad a estos
servicios por parte de las personas mayores y de los españoles que viven
en el medio rural es un grave problema que nunca puede suponer una
barrera.


Y finalizo, presidenta. Comprenderán que
debatir un proyecto de ley para proteger a los consumidores en situación
de vulnerabilidad se hace difícil, muy difícil, cuando el Gobierno está
dando prioridad a unas políticas equivocadas y muy alejadas de las
realizadas en los países de nuestro entorno. Se centran en hacernos a
todos, día tras día, más vulnerables, perdiendo poder adquisitivo con
subidas de impuestos, el cobro de peajes por circular por las autovías
españolas, con una inflación que no da tregua, como tampoco el precio de
los combustibles o la factura de la luz. Señorías del Gobierno, con sus
políticas ralentizan la economía española. España está entrando en
desaceleración, y más les valdría dar un giro de 180 grados a sus
políticas y adoptar medidas contundentes y eficaces para frenar la
vulnerabilidad a la que están sometiendo a todos y cada uno de los
españoles y, si no son capaces, existe alternativa: tenemos proyecto,
programa y las ideas muy claras para sacar adelante a este gran
país.


Muchas gracias por su atención.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 68 a 77,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señora
presidenta.


Muy buenos días, señorías, y son buenos, pues
hoy nos encontramos enriqueciendo en esta Cámara Alta una ley
eminentemente social que protege y mejora la igualdad en las relaciones
de consumo cuando realmente son más desiguales. A este proyecto de ley se
han presentado 128 enmiendas, y después de un arduo trabajo, el que esta
ley merece, y contando con el estrecho contacto mantenido con las
distintas formaciones políticas, nuestro Grupo Parlamentario Socialista
ha elaborado 10 enmiendas transaccionales, prosperando varias con un
único objetivo de conseguir el mayor consenso posible, pues con ello
estamos mejorando la calidad de vida de las personas consumidoras
vulnerables.


Las personas consumidoras necesitamos acceder a
bienes y servicios para poder vivir dignamente y, a veces, corremos
riesgos y nos podemos encontrar en situaciones de fraude, de estafa o en
situaciones realmente incomprensibles para nosotros. Pero, además, cuando
nos encontramos en una situación de vulnerabilidad, cosa que nos puede
ocurrir a cualquiera, es cuando necesitamos el apoyo y el amparo de las
administraciones, pero también de una norma garantista como es este
proyecto de ley; un proyecto de ley que aquí, en el Senado, hemos tenido
la oportunidad de mejorar por parte de todos los grupos parlamentarios.
Por ello ha sido tan importante el diálogo con las distintas formaciones,
y creo que sus señorías de los distintos grupos han entendido dicha
sensibilidad y la necesidad de apoyo.


La mayor parte de nuestras enmiendas tienen
como único objetivo dotar de una mayor protección a las personas con
discapacidad, personas que necesitan específicamente unos soportes
accesibles y comprensibles para ellas. Debemos permitirles optar y
adoptar sus decisiones de consumo de forma óptima, y por ello planteamos
una propuesta del Cermi —a cuya delegación agradecemos hoy su
visita a esta Cámara, así como a los miembros de la Fundación ONCE;
gracias por su trabajo, gracias por sus propuestas (Aplausos)— para
que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en alfabeto
braille para productos de consumo de especial relevancia para la
protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de
las personas que padecen discapacidad visual o ceguera como consumidoras
vulnerables. Señorías, es un gran e importante avance para la supresión
de barreras.


El etiquetado de un bien o servicio ofrece
información muy valiosa sobre sus características y no debe inducir nunca
a error. Esta información no siempre es accesible para las personas con
ceguera y discapacidad visual, como ocurre con algunos productos de
consumo masivo que se pueden adquirir habitualmente en los
establecimientos comerciales, originando barreras tanto en la compra como
en el uso de dicho producto. La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya reconoce el derecho a la
información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad para
que puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales, y además establece que los Estados parte
adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información
e ideas en igualdad de condiciones con los demás, y mediante cualquier
forma de comunicación que elijan, de manera que se acepte y facilite
entre otras el braille. En lo relativo a los productos alimentarios, el
Reglamento (UE) 2011, del Parlamento y del Consejo, sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, tiene por objeto lograr un alto
nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar su
derecho a la información. Reconoce, además, que la información
alimentaria deberá ser precisa, clara y fácil de comprender por el
consumidor. Actualmente, en España y en Europa solo es obligatorio
distinguir a través del alfabeto braille los envases y embalajes para
medicamentos, como regula la norma UNE-EN ISO 17351, aprobada en el
año 2015, y el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios en su artículo 31.5.
Recientemente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
ha dictado una instrucción relativa a la inclusión del alfabeto braille
en determinados medicamentos veterinarios.


La noción de consumidor vulnerable, señorías,
debe exceder del plano meramente económico, y eso los socialistas lo
tenemos claro. Los socialistas también tenemos en cuenta las situaciones
de exclusión financiera, que hasta se personalizaron hace unos días con
el lamento del pensionista don Carlos San Juan, que nos hizo ver que las
personas mayores no se sienten bien tratadas por las entidades
financieras. Por eso, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia
Calviño, tuvo la oportunidad de escuchar directamente al señor San Juan
para recoger estas demandas y comprometerse a mediar y buscar soluciones
que hagan posible un trato personalizado, el trato que merecen las
personas mayores, con su respeto debido. Por tanto, debería haber una
corresponsabilidad de todas las entidades financieras, debemos procurar
que dicha responsabilidad sea una realidad, sobre todo en las zonas más
despobladas. Por tanto, los socialistas proponemos que las empresas
puedan disponer de un periodo transitorio para cumplir con sus nuevas
obligaciones en relación con la accesibilidad y legibilidad en los
contratos con consumidores que utilicen cláusulas no negociadas
individualmente, equiparando en este aspecto nuestro texto legal a los
vigentes en otros países de nuestro entorno.


Quiero agradecer a todos los grupos políticos
el ingente trabajo que han realizado para poder presentar las enmiendas
y, de esta forma, poder llegar a acuerdos contribuyendo a mejorar
ostensiblemente esta ley, porque creo firmemente que las personas a las
que va destinada esta norma así lo esperan de nosotras y nosotros. Por
tanto, agradezco en nombre de mi Grupo Parlamentario Socialista y en el
mío propio la buena predisposición. Parece claro que este proyecto de ley
que se deriva del Real Decreto Ley 1/2021, se tramitó con carácter
urgente en un contexto de poscrisis sanitaria COVID-19 que estamos
viviendo todas las administraciones y, por supuesto, con sensibilidad en
nuestro Gobierno han trabajado para que las personas más vulnerables sean
las más protegidas cuando se enfrentan a relaciones de consumo, cuando
pueden tener serias dificultades para adquirir bienes o servicios que les
son necesarios y sirven, por lo tanto, para mejorar su calidad de vida. Y
fruto de ello es esta ley tan social dirigida especialmente a esas
personas que pueden encontrarse en una situación de dificultad social,
económica o de discapacidad. Por tanto, todas las aportaciones han sido
valiosas y nuestro deber es acordar la mejor ley para estas
personas.


Quiero también poner en valor el trabajo
realizado por mis compañeros ponentes, el senador Fernández Palomino y la
senadora Aurelia Sánchez, por su profesionalidad, talento y talante, y
agradecer a nuestra directiva la confianza depositada en nosotros para
defender esta ley tan humana. En el Grupo Parlamentario Socialista
pensamos que es posible un modo más inclusivo de plantear las relaciones
de consumo. Este proyecto de ley, señorías, viene a reforzar todas las
medidas de escudo social que está poniendo en marcha el Gobierno del
presidente Sánchez para poder atender a las personas consumidoras más
indefensas y desprotegidas de nuestra sociedad. Es una norma que ha
nacido pensando en todas las personas consumidoras más necesitadas y que
muestra el espíritu transversal de las políticas en materia de consumo.
Además, nos va a ayudar a seguir avanzando hacia una sociedad más
inclusiva, más igualitaria y justa, que es la que necesitamos y la que
merecemos en nuestro país.


Muchas gracias, y salud. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


En el turno en contra, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fernández Palomino.


El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: No voy a hacer uso
de la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Pasamos, entonces, al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, este proyecto de ley que debatimos
hoy y que se supone que debería servir para proteger a los consumidores y
mejorar su situación, resulta todo lo contrario; el Gobierno nos presenta
un texto con una intención ideológica muy clara. Señorías, la mayor
desprotección que presentan los consumidores se produce en el ámbito
energético, de las comunicaciones y de las finanzas, no por mala praxis
sino por un problema de transparencia.


Señores del Gobierno y del Partido Socialista,
como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, empiecen por regular
y asegurar los derechos básicos de los consumidores y, a partir de ahí,
procedan a regular protocolos especiales, protocolos para esos
consumidores vulnerables, pero ustedes, como siempre, empiezan la casa
por el tejado. Este proyecto empieza con la definición de personas
vulnerables, y lo hace con un concepto tan amplio que parece que
solamente persigue una cosa, que es otorgar a la Administración el hecho
de reglamentar a su antojo, como mejor le convenga, esa propia
personificación. Los españoles no se fían de este Gobierno, Vox no se fía
de este Gobierno, y mucho menos nos fiamos de un ministro de Consumo que
lo único que ha hecho desde su nombramiento es ir en contra de nuestros
intereses; un ministro del Gobierno de España que lo único que hace es
perjudicar lo nuestro, nuestros productos y nuestros intereses
económicos. ¡Menudo ministro!


El Gobierno, con la coartada del estado de
alarma, utilizó un real decreto para modificar la Ley antidesahucios y
prohibirlos en diversos supuestos. Ahora, con este proyecto de ley
quieren dar un paso más, quieren que tampoco se pueda desahuciar a
aquellos que okupan. Señores del Gobierno, señorías del Partido
Socialista, los vulnerables son los españoles que este Gobierno olvida y
desampara, porque las que se okupan son las viviendas de la gente
trabajadora, de la gente humilde, porque ellos no tienen, como ustedes,
ningún medio para protegerse. Este proyecto de ley, entre otras cosas,
promueve la ocupación ilegal de viviendas, impidiendo la expulsión de los
cuatreros que se apropian del ahorro de los españoles, fruto de décadas
de trabajo y esfuerzo.


Señores del Gobierno, señorías del Partido
Socialista, si de verdad quieren proteger a los consumidores españoles,
empiecen suprimiendo, en primer lugar, el Ministerio de Consumo y su
ministro, señor Alberto Garzón, porque está claro que menos defender a
los consumidores hace cualquier cosa, como ha quedado demostrado, y
además va en contra de sus intereses; de nada sirve para el interés y la
protección de los españoles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador
Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora
vicepresidenta, señorías, votaremos a favor del proyecto de ley. Estamos
de acuerdo con el concepto de consumidor vulnerable y su extensión. Es
acertado y correcto, es suficiente, siempre es mejorable y seguro que con
las enmiendas presentadas y que pueden aprobarse se mejorará.


Tenemos que volver a criticar, como decíamos
antes, la técnica legislativa empleada. No tiene que ver el objeto del
proyecto de ley, protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica, con las materias que se
incluyen. ¿Qué tiene que ver con la reforma la modificación de la Ley del
Sector Ferroviario en los aspectos que se contemplan en las disposiciones
correspondientes? ¿Qué tienen que ver los consumidores y usuarios con el
Reglamento del dominio público hidráulico en relación con el nuevo canon
de vertidos o con las bonificaciones portuarias? Insistimos en la
necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la forma de elaboración
de las normas de los textos legales. No obstante, como anunciábamos,
votaremos a favor deseando que las enmiendas presentadas mejoren el
texto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López. (Rumores).


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, con
la venia. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, les ruego, por favor, que bajen el tono de sus conversaciones,
que va subiendo ya.


Gracias.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con la venia.


Buenos días, señorías. A nadie le duele más que
a mí, y se lo digo sinceramente, que, si al final no prospera nuestra
enmienda número 8, de supresión de la disposición final tercera, nos
tengamos que ver obligados a votar en contra de un texto que hemos
trabajado, que consideramos mejorable, pero en el que hemos estado
implicados hasta el último momento. (Rumores).






Señorías, los liberales
confiamos en el principio de autonomía del individuo y en su capacidad
como tal para promover cambios. En ningún otro papel como en el de
consumidor es más obvia la capacidad del individuo para tener un impacto
en su entorno. (Rumores). Por ello, todo liberal debe defender también la
igualdad de oportunidades para que todos los consumidores puedan
gozar…


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Perdone, senador.


Señorías, por favor, les reitero una petición
de respeto hacia quienes intervienen. Siga, señoría.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: … de esa
autonomía sin condiciones externas, más allá de las propias preferencias
y capacidades propias del individuo. Si un individuo no es libre respecto
a esos condicionantes externos, no puede ejercer verdaderamente su
autonomía. En este sentido, Ciudadanos siempre hemos apoyado medidas que
garanticen la igualdad de oportunidades, porque sin igualdad de
oportunidades no hay libertad, especialmente para aquellas personas que
por sus características se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, entre otras tantas medidas, hemos propuesto mejoras en el
acceso a la información, o hemos puesto encima de la mesa iniciativas
para dar una cobertura mayor a los abonos sociales eléctricos y de
telecomunicaciones, de forma que más familias de clase media puedan
beneficiarse de ellos, especialmente en un contexto de inflación por la
subida de la luz.


Muchas de las medidas que contempla esta ley
son asumibles por Ciudadanos, muchas, muchísimas, y además las
compartimos, y es que hemos trabajado de manera incansable en la
tramitación de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, para
reforzar unos aspectos y cambiar o modificar otros, como no podía ser de
otra manera. Por ejemplo, hemos presentado una batería de enmiendas
—ninguna de las cuales se ha tomado en consideración ni se ha
tenido a bien aceptar, nuestro trabajo no ha sido bueno para los
proponentes de la ley— y de todas ellas destacamos una, la
número 8, la de supresión de la disposición final tercera porque es
inaceptable y esto no debería estar, no se puede mezclar churras con
merinas, y es que con esta disposición se da carta de naturaleza a la
okupación de segunda vivienda, que es lo que está pasando, entre otras
muchas cosas, con la aprobación de esta ley. Señorías, esta disposición
final tercera para nosotros es inaceptable, ya que legitima la okupación
de viviendas, directamente. Esta ley introdujo una modificación del Real
Decreto Ley 11/2020, que está ya en vigor y que se ha mantenido durante
toda la pandemia, que reduce —escuchen con atención— los
casos en los que se prohíbe el desalojo de okupas en viviendas. De
acuerdo con esta modificación, la okupación solo podrá ser revertida si
ha mediado violencia o intimidación o si se está okupando una vivienda
alquilada; insisto, solo se podrá revertir la ocupación si media
violencia o intimidación o si es una vivienda alquilada. Esto supone que,
si se produce una okupación de una vivienda vacía, de una segunda
residencia, de una casa en el campo, una casa en la huerta o una casa en
la playa, en el momento en el que los propietarios no se encuentren en
ella, comoquiera que no hay violencia o intimidación porque los
propietarios no estaban, no puede ser revertida; ya está, ya está, le
damos carta de naturaleza. Eso es lo que estamos aprobando aquí.
Señorías, yo no tengo segunda vivienda, pero seguro que muchos de los que
van a votar a favor la tienen. No sé si se han parado a pensarlo. Yo no
tengo segunda vivienda, es muy legítimo tenerla, pero muchos de ustedes
sí, no me dirán que no hay ninguno que tenga una segunda vivienda, una
casita en la huerta, una casa en el campo, que con sus ahorros y
legítimamente se ha comprado. En esta segunda vivienda se pueden meter y
estamos legitimándolo, le estamos dando carta de naturaleza, lo estamos
legitimando y lo estamos legalizando. Párense muy bien a pensar en lo que
estamos haciendo, dentro de una ley muy social, con la que estamos de
acuerdo en muchísimos aspectos, pero esto no lo podemos permitir y
seguro, estoy convencido, que muchos de ustedes tampoco; a lo mejor
alguno el día de mañana se echa las manos a la cabeza por lo que votó en
su día y aprobó.


Según datos del propio Ministerio del Interior,
en el último año las denuncias por okupación se han incrementado,
afectando principalmente a las segundas residencias y a las viviendas en
construcción. Estos dos tipos de viviendas son los que quedan
precisamente fuera de esta ley y a muchísimos propietarios se les deja
desamparados, ya lo estaban, pero hoy les dejamos desamparados
definitivamente; propietarios que no son ricos, seguro que hay ricos,
claro, con segundas, con terceras y con quintas viviendas, pero hay
propietarios de segundas viviendas que no son grandes fondos de inversión
o los ricos, como nos gusta decir, ni los hombres de negro; la mayoría
son familias de clase media y trabajadora que con su ahorro, con su
esfuerzo y con su trabajo se han comprado una casita en el campo, una
segunda vivienda, con toda legitimidad y con todo su derecho. ¿O es que
me van a negar el derecho a esto, a que la gente trabaje, ahorre, se
esfuerce y pueda prosperar, y se pueda comprar lo que le parezca
oportuno, una casita? Esta es la gente a la que dejamos desamparada, esta
es la gente que olvida el Gobierno y los socios del Gobierno y que están
olvidando otros partidos que claman, que vociferan mucho, pero que, a la
hora de votar, votarán a favor o se van a abstener. Nosotros hemos
presentado enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, para
eliminar esta disposición final y esta permisibilidad de la okupación,
que hoy aquí estamos legitimando. Señorías, ustedes, cuando le den al
botón —por cierto, no se equivoquen, luego no cuenten ninguna
historia—, sepan lo que votan y sepan claramente que están votando
y legitimando esta ocupación ilegal, que les puede afectar el día de
mañana a cualquiera de ustedes o a sus familias, a sus vecinos o
conocidos.


En definitiva, la Ley de consumidores
vulnerables aspira a eliminar vulnerabilidades, a esto aspiramos con esta
ley, pero —y reitero que me duele muchísimo porque es una ley que
hemos trabajado, que nos encantaría apoyar porque hay cosas muy
buenas— nos parece inaceptable —si no se elimina, todavía
estamos a tiempo de votar en contra— que una ley que aspira a
eliminar vulnerabilidades, realmente empuje a miles de familias españolas
precisamente a la vulnerabilidad frente a quienes no cumplen con la
legalidad y utilizan tretas o triquiñuelas para okupar viviendas; una
vulnerabilidad a la que, como he dicho antes, el Gobierno y sus socios
dan de lado y que el Partido Popular y Vox abandonan. Por ello, y ya voy
terminando, pese a que podemos compartir muchos de los elementos de esta
ley, lo cierto es que no podemos apoyarla como tal por el abuso que esto
supone para las familias españolas. Por tanto, no vamos a apoyar con
nuestro voto a favor ni con nuestra abstención que se empuje hacia la
vulnerabilidad y a la necesidad a miles de familias trabajadoras y de
clase media de nuestro país, que ya estaban desamparadas, pero que, a
partir de hoy, consolidamos aún más, si cabe, el desamparo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidenta.


Señorías, primero quiero agradecer la presencia
y las aportaciones del Cermi y la ONCE; gracias a ellos hemos podido
hacer un buen debate parlamentario y mejorar el texto del proyecto de
ley. También quiero agradecer al senador Fernández, a la senadora Carmona
y a la senadora Sánchez la dinámica de cómo se llevado este proyecto de
ley, se han aceptado enmiendas y redactado muchas transaccionales, algo a
lo que, por desgracia, estamos poco acostumbrados y tendría que ser lo
habitual en esta Cámara territorial y de segunda lectura, en la que
podemos mejorar los textos y llegar a acuerdos. Junts espera que esta
correcta y consensuada manera de hacer se extienda a todas las leyes y
mociones.


La pandemia de la COVID-19 ha afectado a la
situación en la que se han visto muchas personas, por lo tanto, también
ha afectado a las relaciones de consumo. En consecuencia, se ha
considerado necesario, y en Junts lo suscribimos, incluir el concepto de
persona consumidora vulnerable por primera vez en la normativa estatal de
defensa de las personas consumidoras, una protección que viene a sumarse
a la que se ha aprobado en otros sectores como la vivienda o la energía.
Cabe recordar que esta definición ya está dispuesta en legislaciones
autonómicas para proteger a determinados sectores en el acceso a
servicios básicos. Demasiadas son las personas que pueden ser
consideradas vulnerables desde un punto de vista de consumo, sin que
prime la cuestión económica. Estamos hablando de un 39 % de la población,
una cifra desorbitada y que merece ser protegida. Por lo tanto, estamos
elaborando una ley social importante que protegerá al 39 % de la
población.


En definitiva, y voy a ser breve, en Junts lo
que queremos es ayudar y proteger al máximo a las personas consumidoras
que, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no puedan
adoptar una decisión acorde con sus intereses en una relación de consumo.
Todos somos consumidores y usuarios en una sociedad global, es
responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la información y a los
servicios en un plano de igualdad. Por este motivo, los poderes públicos
tenemos el deber de promocionar políticas para garantizar sus derechos en
condiciones de igualdad.


Y termino. Quiero recordar una vez más que
corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en
materia de consumo, igual que en otras comunidades autónomas, y a
nosotros, como muy bien saben, siempre nos encontrarán blindando nuestras
competencias y ayudando, en este caso que nos ocupa, a los consumidores
vulnerables y a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias,
presidenta.


Estamos bastante contentos porque buena parte
de nuestras enmiendas han sido incorporadas en las transaccionales. Estas
mismas propuestas las hemos venido presentando en el debate de mociones o
mociones consecuencia de interpelación, y muchas veces han sido
rechazadas por la mayoría. Sabemos que luego se va a debatir una moción
del Partido Popular sobre el tema bancario, y buena parte de esas
propuestas ya están aquí reflejadas, por lo que, si salen adelante estas
transaccionales, como parece ser, carecerá de sentido la moción al quedar
ya reflejado lo que se pide en estas reformas. A pesar de ello, algunas
de las medidas que pedíamos no han sido incluidas en esa transacción y
entendemos que ello no implica que no se puedan votar a favor.


Antes me he olvidado de saludar a los
compañeros y compañeras del Cermi, y quiero recordar que buena parte de
las enmiendas que nos han trasladado a los grupos sí que se incorporarán
en la transacción, pero hay otras que no. Por eso pediría que las
enmiendas números 80, 82, 83, 101 y 105 de nuestro grupo, que son
enmiendas del Cermi, sean también votadas por todos y todas ustedes, ya
que cuando vienen aquí sí que comparten y aplauden su trabajo. La
enmienda 80 se refiere a las mujeres de mayor edad, la discapacidad y la
exclusión del mayor. La enmienda 82 se refiere a la consideración como
consumidores vulnerables de las personas con discapacidad. La
número 83 también se refiere a las mujeres mayores, discapacidad y
exclusión del mayor. La número 101 pretende la protección de los
intereses económicos y sociales de los consumidores con discapacidad. Y,
finalmente, la enmienda 105 se refiere a la accesibilidad de
los consumidores con discapacidad. Entendemos que son enmiendas
perfectamente asumibles, que atenderían a la petición de este amplio
colectivo y que mejorarían la ley.


La enmienda 86, que queda viva, pretende la
consideración de los servicios financieros como bienes o servicios de uso
común. La número 87 se refiere a campañas de formación de los
consumidores sobre los créditos fáciles y abusivos y el peligro de estos.
La enmienda 88, que queda viva, pedía dejar de anunciar juegos online y
establecer un perímetro saludable para los menores. La número 89 propone
la creación de ficheros o un registro de jugadores. La enmienda 90, igual
que la 110, se refieren a la pobreza energética. La número 97 está
dirigida a las personas en tratamiento por adicciones para limitar su
acceso a préstamos rápidos. La 106 es una enmienda de Facua que solicita
enumerar la casuística de la consideración de consumidor vulnerable y
equipararlo a lo que determina el Estatuto de las personas consumidoras
de Castilla-La Mancha. La enmienda 107 tiene por objeto que las compañías
de suministros informen de tarifas más ventajosas a las personas
vulnerables. La enmienda 108 pretende la atención personalizada y
adecuada en los bancos a las personas de más edad, con problemas de
movilidad o con problemas de competencia digital. La número 109 propone
la creación de departamentos especiales pensados para personas físicas
por sus características personales de edad, económicas, sociales,
educativas, en caso de vulnerabilidad. Y la enmienda 110 solicita
destinar una partida fija en los Presupuestos Generales del Estado para
dar a conocer los derechos básicos de los consumidores.


Por tanto, son enmiendas completamente
asumibles, especialmente las del Cermi, que mejoran todavía más esta ley,
y nos gustaría contar con su voto a favor.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.


Egun on guztioi. Debatimos hoy el Proyecto de
Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica, que procede del Real Decreto
Ley 1/2021. Yo, de inicio, voy a hacer algunos apuntes, aunque siento
repetir algunas argumentaciones que ya se han vertido en esta tribuna.
Primero, quiero hablar sobre la tramitación de esta ley; una vez más, se
trata de un proyecto que llega por vía de urgencia tras un año desde su
convalidación en el Congreso, y aquí hemos tenido quince días, menos de
dos semanas, para estudiar 228 enmiendas, muchas de ellas nuevas,
novedosas, aquí en el Senado. Menos de dos semanas, yo creo que no es
tiempo suficiente para profundizar en todas estas enmiendas, en lo que
supone la ley, y dificulta la posibilidad de lograr puntos de encuentro,
aunque en el otro lado de la balanza, sí hay que reconocer la actitud de
todos los grupos para dialogar y conseguir acuerdos, y algunos han
quedado plasmados en diferentes enmiendas transaccionales que ya han sido
presentadas, y a las que me referiré más adelante. Otra cuestión que
quería comentar, la ley viene de un real decreto de enero de 2021, un
real decreto urgente que fue entendible en su momento y en la coyuntura
de hace un año por la situación de vulnerabilidad social y económica,
agudizada por la pandemia. Pero tengo que decir a los miembros del
Gobierno y a los partidos que lo sustentan, que le han cogido gusto a
legislar vía decreto, con todo lo que lo han criticado cuando no estaban
en el Gobierno. Hay otra cosa que quería comentar, esta es una ley sobre
el consumidor vulnerable, ya se ha dicho anteriormente, pero meten de
rondón temas tan relacionados con un consumidor vulnerable como el sector
ferroviario, como el dominio público hidráulico, como la estiba o como la
Ley de aguas; ya ven, cuestiones que tienen un claro encaje en esta ley
—y espero que se entienda la ironía—, una clara conexión
material. Así que también les diría que no sé si esta es la mejor manera
de legislar, vía decreto y metiendo cuestiones que no tienen
absolutamente nada que ver.


Finalmente, también les voy a decir algo que
seguro que estaban echando de menos y que tiene que ver con la cuestión
competencial. Según el Estatuto de Gernika, ley orgánica, Euskadi tiene
competencia exclusiva en la defensa del consumidor y del usuario. Así
que, ahí queda, pero la competencia exclusiva reside donde reside. Y aquí
solo me resta volver a incidir en que llevan una temporada excesivamente
larga haciendo —me van a permitir la expresión— una
interpretación extensiva, y yo incluso diría que excesiva, de varios
artículos de la Constitución, en este caso, del 149.1.


Esta ley modifica la Ley general para la
defensa de los consumidores y usuarios y en este momento introduce la
figura del consumidor vulnerable. Pues bien, si me lo permite el señor De
Arriba, que bien lo expresó y apuntó en la comisión, creo que habría que
hablar del consumidor en situación de vulnerabilidad. Existen
condicionantes que no son únicos. La vulnerabilidad realmente está ligada
a diferentes causas, es multifactorial, multisectorial y
multidimensional, y esos condicionantes, que pueden ser demográficos,
sociales, culturales, económicos o lingüísticos, hacen que no todos
podamos acceder a bienes y servicios en condiciones de igualdad. Hay
situaciones que precisan de una especial atención por la indefensión que
producen y hay personas consumidoras y usuarias que necesitan de una
protección especial. Esta ley lo intenta, pero no es la panacea.
Podríamos decir que, en principio, es más buenista que práctica, y en
algunos casos eso es así porque, como ya hemos dicho, se refiere a temas
de competencia de comunidades autónomas que ya están legislados o podrían
estarlo. Pero también vemos que no presenta herramientas claras ante la
prepotencia —me van a permitir la expresión— a veces de
algunas empresas: esa empresa que no es clara, la que te lía, la que usa
la letra pequeña... Ahí, ese cuidado que la ley debiera tener con
respecto al consumidor no está tan claro.


Hay otra cuestión que tampoco nos parece que
esté desarrollada tal como debiera. Cuando se trata del derecho a la
vivienda, y entendemos el objetivo, y lo compartimos, de no dejar a una
familia nunca en la calle, y menos en situaciones como las que hemos
vivido en esta pandemia, al final, leyendo la ley, me pregunto cómo
piensa realmente la Administración solventar el problema habitacional sin
echar balones fuera, asumiendo lo que le corresponde.


Dicho esto, quiero destacar varias cuestiones
de la ley, algunas de las cuales han sido enmendadas y acordadas, que a
nuestro grupo le parecen importantes. Nos parece importante que se
refleje como elemento de vulnerabilidad la discapacidad y que se incida
en la garantía de accesibilidad a todos los servicios y a todas las
maneras de consumo. También queremos destacar todo lo relativo a lo que
se ha venido a llamar exclusión financiera y brecha digital; para
entendernos: el que no tengamos cajero a mano, que haya menos sucursales
bancarias, que tengamos que hacer los trámites, sepamos o no, por
internet. Esto no es un problema de ahora, pero tampoco es un problema
exclusivo de zonas rurales ni cosa de viejos —permítanme la
expresión—, aunque es verdad que a esos viejos hay que agradecerles
que lo hayan puesto en la agenda. Es necesario, totalmente necesario,
responsabilizar a las entidades financieras de este fenómeno, que no está
ocurriendo en los últimos tiempos, sino que viene de atrás y hace tiempo
que se viene denunciando.


Otro tema importante para mi grupo es la
cuestión lingüística, es decir, que en las etiquetas y los contratos
aparezcan las lenguas oficiales del Estado. Nos parece fundamental que un
usuario pueda decidir en qué lengua firma un contrato o en qué lengua
recibe la información. Aquí no ha sido posible llegar a un acuerdo, pero
nuestro grupo manifiesta que va a apoyar varias enmiendas en este
sentido. Miren, que esto sea así es una cuestión, primero, de derecho, es
una cuestión de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas
Minoritarias, que el Estado ha afirmado, pero también es una cuestión de
sensibilidad. A lo mejor, a alguien, por ejemplo, de Ávila, esto le puede
parecer un poco caprichoso. Puede decir: ¿Para qué quiero yo firmar un
contrato en euskera? Pero, no; y si quieren saber por qué no,
pregúntenme. Voy a poner otro ejemplo: alguien de Ondarroa, cuya lengua
materna es aquella en la que se siente más cómodo, con la que verdad
entiende lo que le están diciendo o es la que elige. Si le ponen un
contrato en una lengua o en otra, según qué lengua sea no lo firmará con
tanta tranquilidad. Seguro que esa persona se siente más vulnerable, y
aquí podríamos haber dado un plus más para que eso no sea posible.


Termino. Habrán visto que en mi intervención ha
habido una de cal y otra de arena. Esta ley no es perfecta. Yo
personalmente no sé si es necesaria viendo dónde reside la competencia en
cuestiones de consumo y de defensa de los consumidores, pero, aun así,
sepan que el voto de mi grupo va a ser favorable a la ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el señor Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenas tardes.


Quiero agradecer al Grupo Parlamentario
Socialista la voluntad de acuerdo en aquellos aspectos que facilitan a
las personas en situación de vulnerabilidad y, en general, a todas las
personas consumidoras tomar decisiones bien informadas en su relación con
el consumo, así como las propuestas de transacciones que nos han
presentado durante los últimos días de tramitación de esta ley en el
Senado. Pero respecto a cómo ha discurrido esta tramitación parlamentaria
aquí, en el Senado, una vez más me veo en la obligación de resaltar la
completa inexistencia del debate propio de la tramitación parlamentaria
en una ponencia casi inexistente, como en una comisión posterior, que era
simplemente un trámite para aprobar un informe que nos ha presentado el
presidente de la comisión, por lo que los tiempos marcados, a nuestro
parecer, han sido casi nulos para poder desarrollar todavía mejor un
mayor entendimiento con diferentes grupos, que, al final, como hemos
visto, han presentado 128 enmiendas. Son 128 enmiendas, porque no era una
ley perfecta la que había salido el Congreso. Así, partidos que no están
representados en el Congreso han presentado enmiendas aquí, a lo que hay
que añadir las propuestas que han venido, por ejemplo, del Cermi y que
algunos partidos hemos recogido.


Debemos también agradecer el trabajo realizado
en el Congreso por nuestra portavoz en la ponencia y los acuerdos a que
se llegara en su día, unos acuerdos alcanzados con éxito, por lo que el
texto ha sido mejorado también en el trámite en el Senado. Esperamos que
las diferentes enmiendas presentadas por varios partidos fructifiquen y
mejoren aún más el texto y que el retorno al Congreso de esta ley y su
votación permita cumplir con su objetivo.


Nada más.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Sanz Jerónimo.


La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señora
presidenta.


Buenos días, señorías. En primer lugar, el
Grupo Parlamentario Popular quiere dar el pésame a todas las familias del
pesquero gallego, solidarizarse con todas ellas y también, por supuesto,
con todos los gallegos.


También queremos dar la bienvenida y saludar a
los representantes del Cermi, alguno de los cuales pertenece a la ONCE.
Bienvenidos a esta Cámara.


Asimismo, queremos agradecer todas las
aportaciones que nos han enviado, que no solo valoramos profundamente,
sino que también hemos tenido en cuenta. Muchas gracias. (Aplausos).


Nos llega este proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, sin posibilidad de prorrogar el plazo de
enmiendas, con prisas, de forma precipitada, hurtando, como siempre, el
debate en esta Cámara. Y, efectivamente, hemos tenido que hacer un
trabajo ingente, porque había que introducir en la ley todas las
aportaciones de esos colectivos y de otros muchos. La ley ha llegado muy
coja, aunque se haya mejorado también en el Congreso —y agradezco
las aportaciones de los grupos allí—, pero había muchos asuntos que
no se trataban. Llega tarde y es muy insuficiente. Podrían haber
elaborado un proyecto de ley que reformara de manera amplia el texto
refundido de la Ley general de protección de los consumidores y usuarios,
pero no lo han hecho; lo que han hecho es una regulación absolutamente
rara en el sentido de lo que define. Por otro lado, nada de lo que se
regula en este proyecto de ley tiene ninguna eficacia ni efectividad,
además de que hay muchísimas y grandes carencias. Se ve claramente un
denominador común: la incongruencia con el tema original de la ley. Aquí
incluyen la vivienda, la estiba, etcétera, como se ha dicho. En materia
de vivienda ustedes han incluido unas modificaciones que lo único que
hacen es garantizar que se pueda ocupar un inmueble y atacar el principio
de propiedad privada, y eso es algo tremendo, señorías. Se lo llevamos
diciendo desde hace mucho tiempo: hay que proteger al propietario y no al
delincuente. Garantizar el derecho a la vivienda es una obligación del
Estado, no de los propietarios de las viviendas (Aplausos), y ustedes lo
que pretenden aprobar aquí es que sean los propietarios de viviendas
quienes garanticen ese derecho. La ocupación de viviendas ha crecido
un 18 % en España al contabilizarse 13 389 casos hasta septiembre
de 2021. Cataluña sigue estando a la cabeza de las comunidades autónomas,
con 5689 ocupaciones, el 42 % del total; cuadruplica la ocupación de la
Comunidad de Madrid y casi triplica la ocupación de Andalucía. La
estadística oficial consultada por Europa Press confirma la tendencia al
alza de este fenómeno en el último año, creciendo con las instrucciones
de septiembre de 2020 dictadas por la Fiscalía General del Estado y el
Ministerio del Interior para hacer frente tanto al allanamiento de morada
como a las usurpaciones. España necesita una ley antiokupa ya. Se lo
hemos dicho en muchísimas ocasiones. Cada día 49 viviendas son usurpadas
ilegalmente en España. En el Partido Popular llevamos tiempo proponiendo
una ley antiokupa con penas de prisión de uno a tres años (Aplausos), que
refuerce a la Policía para desalojar en doce horas y prohibir que los
okupas se empadronen y reciban subvenciones. ¿Por qué rechazan nuestra
mano, señorías del Partido Socialista? ¿Por qué el Gobierno rechaza
nuestra mano? Nosotros, en el Partido Popular, vamos a seguir con la mano
tendida para hacer esta ley.


Otro asunto totalmente importante y que esta
ley no ha previsto es el de garantizar los servicios financieros a
personas mayores. El Partido Socialista no ha previsto nada de eso en la
ley, como tampoco todos los asuntos del Cermi que se han recogido. Ha
sido el Grupo Parlamentario Popular el que ha introducido esas enmiendas,
señora Granados, y ustedes se van a colgar ahora de las nuestras para
hacer unas transaccionales que usted ya anunció que iban a presentar,
pero en realidad esas enmiendas no las han presentado ustedes. Ustedes no
han previsto este tema de la banca en absoluto; anuncian que van a
presentar transaccionales, que, repito, están colgadas de nuestras
enmiendas, sobre el tema de la banca. El cierre de sucursales ha
acelerado un proceso de digitalización de casi todas las actividades
bancarias, que ahora pueden realizarse a través de la página web o de la
aplicación móvil de cada entidad. Sin embargo, la rápida digitalización
ha dejado atrás a buena parte de los más de nueve millones de españoles
mayores de 65 y también menores. Según datos de la Fundación Foessa,
un 68,4 % de los hogares formados solo por personas mayores de 65 años
están en una situación de apagón digital. Y esto no es de ahora. Ustedes
podían haber introducido esto en el proyecto de ley o por lo menos haber
presentado alguna enmienda, señores socialistas, pero no lo han hecho.
Insisto en que se cuelgan de nuestras enmiendas y anuncian que van a
introducir transaccionales; sí, sí, pero la gente tiene que saber que
están colgadas de las nuestras porque ustedes no han presentado ninguna
enmienda en este aspecto a este proyecto de ley.


Y la gestión que se está haciendo desde el
Ministerio de Consumo es tremenda. Nosotros estamos totalmente
convencidos de que sobra el señor Garzón y sobra su ministerio, dadas las
circunstancias también de esta ley, que llega tarde y mal. Proponemos la
desaparición del ministerio porque tenemos un ministro absolutamente
inútil, que pagamos todos los españoles, y un ministro desocupado, que se
dedica a atacar a todos los sectores productivos. (Aplausos). El ministro
se ha dedicado a atacar a agricultores, ganaderos, el queso, el jamón, la
carne, el roscón de Reyes o la dieta mediterránea, aunque seamos el
segundo país más longevo después de Japón, señorías. La mayor parte de
las competencias de ese ministerio están transferidas a las comunidades
autónomas —miren lo que acaba de decir la representante del Grupo
Vasco, la señora Ahedo—, y ese departamento solo tiene 0,014 del
total de los Presupuestos Generales del Estado. Pueden ver ustedes que la
prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores es
totalmente residual y vemos claramente que el objetivo de ese ministerio
no va más allá de razones estrictamente políticas. Por todo lo
anteriormente dicho, nosotros estamos totalmente convencidos de que el
señor Garzón debería ser exministro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Fernández Palomino.


El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Buenos días,
señorías.


Es imposible cualquier intervención sin antes
expresar de nuevo nuestro cariño a Galicia, al sector pesquero, y nuestro
apoyo y abrazo a las familias de la tripulación del buque Villa de
Pitanxo ante una tragedia para la que, evidentemente, no hay
palabras.


También quiero manifestar de nuevo nuestro
agradecimiento, por su afán de diálogo y consenso y el buen tono del
debate, a la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara.


Señorías, no hay relación plena de consumo sin
la plena libertad de las personas consumidoras, de todas las personas
consumidoras, resultado del conocimiento y de la capacidad de valoración
y decisión de estas. Sin embargo —lo ha comentado antes la portavoz
de Junts—, los datos nos hablan de casi un 40 % de personas
consumidoras vulnerables en nuestro país, personas cuya plena aptitud
para la decisión de consumo está afectada por causas diversas de
vulnerabilidad.


Quiero recordar que en el año 1984 un Gobierno
socialista aprobó la primera Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios, en desarrollo del artículo 51 de la
Constitución. (Aplausos). Han pasado treinta y ocho años, y hoy damos un
paso que se nos antoja fundamental porque al espíritu de la ley aportamos
la convicción de que hablar solo de consumidores en general o del
consumidor medio obvia un hecho fundamental, y es que muchos de ellos y
ellas necesitan una respuesta más por parte de los poderes públicos y que
la igualdad de oportunidades y sus derechos como consumidores precisan de
un mayor grado de salvaguarda.


Señorías, la protección de las personas
consumidoras y usuarias, la protección de las personas en su actividad de
consumo, precisa posiblemente de toda una renovación normativa y un
impulso superlativo, y en ello estamos. La relación entre las empresas de
consumo y la ciudadanía sigue siendo bastante desigual y las estructuras
e instrumentos de defensa del ciudadano de a pie en estas situaciones son
aún frágiles, débiles, y precisan de una importante inversión en
estímulos, medios y coordinación. Y hoy lo reforzamos con una decisión
drástica: atacar la vulnerabilidad de casi un 40 % de personas
consumidoras. Estamos ante una ocasión para la igualdad de oportunidades,
para la accesibilidad universal, para que ese altísimo número de
consumidoras y consumidores dejen de tener indefensión en las relaciones
de consumo. La pena es que, además, hay quien ha perdido una magnífica
oportunidad para levantar el dedo del botón de la confrontación, de la
manipulación y de la demagogia, y lo único que ha demostrado al final
esta mañana ha sido que no ha querido o no ha sabido entender dónde
estamos. Nosotros hace mucho tiempo que decidimos desactivar ese botón,
porque no hay peor demagogia que la que quiere jugar con la
vulnerabilidad. (Aplausos).


Saludo a las personas que hoy nos visitan; es
un orgullo para el Senado tenerlas aquí. También es una oportunidad para
continuar trabajando por la inclusión financiera de las personas con
vulnerabilidad, de las personas mayores, de las personas que viven en
pequeños pueblos y aldeas, que nos dicen día a día que quieren que el
medio rural siga vivo y que es necesario que los políticos pongamos todos
los medios posibles para ello. Para continuar escuchando a nuestros
mayores, porque cuando los hemos escuchado nos ha ido bien. Y para seguir
alimentándonos de la valentía, de la decisión de personas mayores, como
Carlos San Juan, cuyo trabajo ya va dando frutos y en el que la
complicidad y la decisión del Gobierno de España y de la vicepresidenta
Nadia Calviño es indiscutible; y, desde hoy, también el trabajo de las
Cámaras. Estamos ante uno de esos hitos históricos que podría parecer
pequeñito a priori pero que la fuerza de la dignidad de las personas
transforma en todo un faro para nuestro trabajo político, uno de esos
hitos en los que no podemos fallar y por el que tenemos que dejar de lado
otros intereses que no sean el de responder a lo que la sociedad nos
demanda. Por eso, quiero hacer referencia también a la línea de trabajo
que nos ha entregado el Cermi, que, entre otras cuestiones, nos va a
permitir un salto en accesibilidad para las personas con discapacidad
visual, que hace tiempo nos podría parecer muy lejano, poniendo en marcha
la generalización del etiquetado braille. Pero no nos equivoquemos y
tengámoslo siempre muy claro: la accesibilidad es una conquista para
todos y todas, no solo para las personas con discapacidad, porque es una
senda de dignidad para toda la humanidad, para toda la gente de este
país. Por eso es tan importante que seamos capaces de no dejar de dar
pasos en pro de la accesibilidad universal, y el que hoy damos es muy
importante.


Voy acabando. En nuestro grupo celebramos que
la protección al consumidor vulnerable recogida en esta ley venga a
sumarse a lo aprobado en otros sectores, como el de la vivienda o la
energía, entre otros muchos, en el marco de un histórico escudo social
que ha funcionado, mientras que en un momento histórico sin precedentes
había —vaya si los había— quienes no querían que funcionara.
Es un escudo que sirve no solo para garantizar la salida más justa a la
crisis provocada por la pandemia, sino también para configurar una
sociedad más justa, con un marco de relaciones de consumo equilibrado y
justo. Este es un instrumento para la igualdad de oportunidades, un
instrumento para la dignidad de las personas, para garantizar derechos
básicos. Es un golpe profundo a las situaciones de vulnerabilidad y
desigualdad y una inyección de confianza y de solidez de las relaciones
de consumo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, la votación está aplazada en este
momento, hasta que se disponga plenamente de los textos de las
transaccionales presentadas, de forma que seguimos con el orden del día
hasta que esta Presidencia anuncie el inicio de la correspondiente
votación.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES,
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, EN
RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2021, DE 9 DE MARZO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000041

Hacienda


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 6.1.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la
Comisión de Hacienda, el senador Bonet Bonet.


El señor BONET BONET: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, el Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades, y el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de
no residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo, 5/2004, de 5
de marzo, en relación con las asimetrías híbridas, procedente del Real
Decreto Ley 4/2021, de 9 de marzo, tiene por objeto la trasposición
parcial al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, en la redacción dada por la
Directiva de la Unión Europea 2017/952, del Consejo, de 29 de mayo
de 2017, por la que se modifica la Directiva 2016/1164 en lo que se
refiere a las asimetrías híbridas por terceros países.


El proyecto de ley consta de dos artículos, una
disposición derogatoria y seis disposiciones finales. En el artículo
primero se modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
sobre sociedades. La finalidad última de este conjunto normativo, según
el preámbulo del propio proyecto de ley que presentamos, es eliminar o
combatir la evasión fiscal que se produce cuando determinados
contribuyentes sometidos a dos jurisdicciones fiscales diferentes se
benefician de un tratamiento fiscal dispar o no coordinado entre las
mismas, erosionando así las bases imponibles correspondientes. De ello
resulta una limitación de la capacidad recaudatoria de los Estados,
frente a la cual se han elaborado soluciones a nivel global tanto en el
marco de la OCDE como de la Unión Europea, representadas principalmente
por la directiva, ya mencionada, 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio,
cuya trasposición parcial, como se ha indicado, se efectúa en este
proyecto de ley.


El artículo segundo del proyecto de ley regula
las especialidades de las asimetrías híbridas en relación con el impuesto
sobre la renta de no residentes, incorporando dos nuevos
apartados, 6 y 7, al artículo 18 del texto refundido de la Ley del
impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.


Por su parte, el apartado tercero del artículo
primero y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta proceden de
diversas enmiendas incorporadas durante la fase de ponencia y ratificadas
en la Comisión de Hacienda. Estos preceptos responden a la necesidad de
adaptar el régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de
bienes y derechos en el extranjero, el denominado modelo 720, a la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 27 de
enero de 2022.


Paso, finalmente, a enumerar los principales
momentos de la tramitación de este proyecto de ley. Fue declarado
urgente, y tuvo entrada en el Senado y fue publicado el 28 de diciembre
de 2021. El plazo de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 3 de
febrero de este año, 2022, habiéndose presentado un total de dieciocho
enmiendas. Las enmiendas números 5 y 10 fueron inadmitidas a trámite, por
acuerdo de la Presidencia de 7 de febrero, por incongruencia con el
proyecto de ley de referencia, de conformidad con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Asimismo, las enmiendas números 1, 2, 3, 6, 7
y 8 fueron objeto de disconformidad del Gobierno, al amparo de los
artículos 134.6 de la Constitución y 151.2 del Reglamento de esta Cámara,
quedando excluidas del debate en consecuencia.


El pasado miércoles 9 de febrero se reunió la
ponencia, que acordó elevar a la comisión un informe, proponiendo la
incorporación de las enmiendas 12 a 18, que habían sido presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista. El mismo día 9 de febrero la Comisión
de Hacienda procedió a dictaminar el proyecto de ley. Tras el debate
correspondiente, fue sometido a votación el texto propuesto por la
ponencia en su informe y resultó aprobado por unanimidad. Se han
presentado votos particulares por parte de diversos senadores y grupos
parlamentarios, que tendrán ocasión de defender en el debate que se
iniciará a continuación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Algún senador quiere hacer uso del turno a
favor? (Pausa).


¿En el turno en contra? (Pausa).


Si no es así, pasamos directamente a la defensa
de los votos particulares.


En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas 9 y 11, presentadas por los señores senadores González-Robatto
Perote y Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares, tiene la palabra el
senador González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, presidenta.


Quiero dedicar mis primeras palabras a los
pescadores y a sus familias y darles un abrazo muy fuerte desde Vox,
uniéndonos también a todos los demás senadores. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


Respecto a la ley, Vox ha presentado seis
enmiendas a este proyecto, de las cuales cuatro han sido inadmitidas. Aun
así, nos gustaría conocer su postura respecto a la enmienda en la que
pedíamos retirar el impuesto sobre determinados servicios digitales, ya
que se trata de un impuesto que se ha querido adelantar a la decisión de
la OCDE, que no ha cumplido con su objetivo de recaudación, como ha
pasado en otros países, y que ha acabado perjudicando a las empresas
españolas y al consumidor final, en vez de a las multinacionales
extranjeras. Se lo veníamos advirtiendo ya hace un año, señorías del
Gobierno. ¿No creen que es mejor esperar a ver qué dice la OCDE, que va a
regular este impuesto de forma uniforme en todos los países, y así no nos
adelantamos a perjudicar al sector español? Pero ustedes son más listos
que nadie.


Por otro lado, la enmienda número 9 busca
eliminar el efecto cascada en grupos fiscales. Y en cuanto a la
número 11, se trata de una propuesta para introducir una disposición
adicional nueva que evite someter a los contribuyentes de su Estado
miembro origen a la imposición inmediata de plusvalías latentes en caso
de cambio de residencia, ya que, como la Comisión Europea recuerda, es
discriminatorio si la misma imposición no se aplica en situaciones
nacionales comparables. También se propone modificar el apartado 6 para
incluir en su alcance los cambios de residencia en otros Estados con los
que España tenga en vigor un convenio, y así evitar la doble imposición,
con una cláusula de intercambio de información. Tal y como está
configurado el impuesto de salida, supone un claro desincentivo para
aquellos nacionales de países no comunitarios que adquieren la residencia
fiscal en España con intención de establecerse por un largo período de
tiempo y que deciden posteriormente regresar a su país de origen.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador González-Robatto.


Para la defensa de la enmienda número 4, del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martínez
Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias,
presidente.


A este proyecto de ley nosotros hemos
presentado un total de cinco enmiendas, y queremos manifestar hoy nuestra
disconformidad por el hecho de que de esas cinco enmiendas cuatro hayan
sido vetadas. Por tanto, estamos una vez más ante un Gobierno que habla
mucho de diálogo, pero luego, cuando llegamos al Senado y traemos
propuestas que nos indican también los ciudadanos, son vetadas y no nos
dejan que dialoguemos sobre ellas. (Aplausos). Ya no voy a hablar de que
sean votadas a favor o sean votadas en contra, que sería lo propio y lo
legítimo desde el punto de vista democrático, sino que el verdadero
problema es que no nos las dejan siquiera presentar. Me tendrán que
explicar por qué este tipo de enmiendas, que también se han presentado y
se han podido defender en el Congreso de los Diputados, resulta que aquí,
en el Senado, una Cámara tan digna como puede ser el Congreso de los
Diputados, se nos vetan. Quiero que luego dediquen una parte de su
intervención en el turno de portavoces a explicarnos esta situación.
Pero, bueno, este Gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de
tropelías: nos vetan muchas de las enmiendas que traemos, no solamente en
este, sino también en otros muchos proyectos de ley, y el colmo de todos
los colmos fue que la presidenta anulara la votación por bajar el IVA de
las peluquerías. Por tanto, ya vemos cómo este Gobierno está más por
llevar a cabo los vetos y las censuras que por hacer democracia.


En esta situación, no es de extrañar que estén
pasando situaciones como la que les ha pasado a ustedes en las últimas
elecciones: vuelven a perder las elecciones en Castilla y León (Aplausos)
porque, lógicamente, tienen a todos los ciudadanos en contra ya que lo
único que están haciendo es amordazar la libertad. Por otro lado, también
está claro que lo que sus políticas están haciendo una y otra vez es
freírnos a impuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Martínez Antolín.


Para el turno en contra, tiene la palabra el
senador Fernández Leiceaga.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenos días.


En primer lugar, quiero sumarme también a las
manifestaciones de otros senadores en relación con el dolor que produce
en Galicia la tragedia del barco Villa de Pitanxo, que se ha hundido
frente a las costas de Canadá, y trasladarles a las familias nuestro
dolor, nuestro apoyo y nuestra solidaridad en estos momentos tan
difíciles.


En segundo lugar, quiero expresar mi
agradecimiento a todos los grupos que han contribuido con su trabajo a
que esta ley pueda salir. Ya ha dicho el presidente de la comisión que el
texto de la ponencia fue aprobado por unanimidad en la comisión
correspondiente. Esto indica, por una parte, la necesidad de la ley, y,
por otra, que se trata de una ley que une, que no divide, porque tiene un
contenido fundamentalmente técnico; de ahí mi agradecimiento. También
agradezco a mis compañeros Miguel Ángel Heredia y María de los Ángeles
Luna que hayan hecho posible que esto sea así.


En tercer lugar, respecto a los vetos, yo creo
que es una posibilidad legal que tiene el Gobierno y que la ejerce; de
hecho, también ha vetado alguna enmienda de nuestro grupo, no en esta
ley, sino en otras leyes. Hay que aceptarlo como es. No es un problema de
nuestro grupo, es un problema de la capacidad que tiene el Gobierno
cuando esto incide en sus cuentas. Por otra parte, señores del Partido
Popular, yo recuerdo que en una legislatura anterior, no muy lejana, su
Gobierno vetó con carácter sistemático todas las proposiciones de ley que
procedían de las comunidades autónomas, por ejemplo, de la mía. La Mesa
del Congreso, donde tenía mayoría, lo hizo así y, después, sin embargo,
han sido condenados porque era una práctica que iba más allá de las
posibilidades legales. Por tanto, un poco de consideración y un poco de
memoria en relación con estos temas. (Aplausos).


En cuarto lugar, entrando en las cuestiones de
la ley, se ha dicho ya en parte que es una ley que tiene que ver con las
consecuencias de la globalización, que tiene algunos efectos positivos,
porque accedemos a bienes de bajo coste y podemos consumir mucho más,
pero que también tiene algunas consecuencias negativas. Hay
organizaciones que están presentes en muchos países, hay ciudadanos que
son poderosos y tienen también intereses en muchos países, y aprovechan
esta circunstancia, dada la fragmentación de las legislaciones
tributarias nacionales, para buscar entre los huecos un camino que les
permita eludir sus obligaciones fiscales, lo que tiene dos consecuencias.
Primero, reducen la base fiscal de los Estados, trasladando en muchas
ocasiones a paraísos fiscales o Estados de baja tributación una parte de
los rendimientos y, por tanto, bajando su factura fiscal. Un 40 %, según
algunos estudios, de los beneficios de las multinacionales se trasladan a
paraísos fiscales, lo cual es una proporción elevadísima. Y, segundo,
además de debilitar a los Estados y, por tanto, su capacidad para proveer
de servicios básicos, de los servicios que conforman el Estado protector,
el Estado del bienestar, en términos internos esto significa que hay
ciudadanos de menores rentas, de menores capacidades, de menor poder, que
van a tener que soportar una carga fiscal mayor; por tanto, esta
situación incide en los desequilibrios internos, incide en un incremento
de las desigualdades internas. Esta es la situación, y a esto se intenta
poner coto, desde hace años ya, por parte de las organizaciones
internacionales. Como se ha dicho, el proyecto BEPS, de la OCDE, en su
Acción 2 va justamente en contra de las asimetrías híbridas, que es como
se conoce esta práctica, y también las directivas ATAD 1 y ATAD 2 de la
Unión Europea, que es lo que se traspone ahora. Por tanto, estamos en esa
línea.


Tengo que decir que sobre todo la enmienda
número 11 de Vox atenta contra esto; abre una vía también para escapar de
las obligaciones fiscales, en este caso, cuando, como consecuencia de un
cambio de residencia hacia el exterior, emergen ganancias patrimoniales.
Y no se puede equiparar, no se debe equiparar el tratamiento interno de
la Unión Europea, con Estados con los que tenemos lazos especiales, una
legislación progresivamente común y capacidad de incidencia, con terceros
países simplemente vinculados con nosotros por un tratado, por un
convenio especial de doble imposición. No se puede equiparar. Esa es
también una vía para eludir obligaciones fiscales con la que no podemos
estar de acuerdo.


Por último, me gustaría hacer una pequeña
referencia a nuestras enmiendas. Hemos utilizado esta ley para solucionar
un problema que ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia
de la Unión Europea, un problema que nace de la regulación por parte de
la Administración Rajoy, del señor Montoro, de la declaración de bienes
en el extranjero. Y se ha pasado de frenada en su momento, seguramente
para intentar compensar las dificultades que tenía la amnistía fiscal,
por cierto, también condenada en los tribunales. Como consecuencia de eso
se ha pasado de frenada en la declaración de bienes en el extranjero. Y
lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que
hay que resolver estos temas porque atentan contra la libertad de
circulación de capitales y también contra la seguridad jurídica. Por eso,
en nuestras enmiendas hemos llevado la prescripción a cuatro años y se
han reducido las sanciones para llevarlas al régimen general y por esta
vía solucionar un problema, ya que nos obliga la justicia de la Unión
Europea.


Acabo ya. Espero que podamos sacar adelante
esta ley con el máximo apoyo posible. Creo que sería muy positivo hacerlo
así porque nos va a permitir enfrentar mejor una de las vías de algunas
empresas y de los poderosos para eludir sus obligaciones fiscales
interiores, algo que todos debemos combatir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Fernández Leiceaga.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.


Como ya han apuntado algunos portavoces, el
propósito de este proyecto de ley es impedir que en las operaciones
realizadas en una entidad de un Estado miembro, en este caso, España, y
en otra de otro Estado miembro o de terceros países un mismo gasto sea
deducible dos veces o que se deduzca un gasto sin que se grave el ingreso
equivalente. La deducción del gasto generado en caso de una asimetría
híbrida ya estaba siendo impedida por la Ley del impuesto sobre
sociedades. En concreto, se aplicaba cuando una operación daba lugar a un
gasto en España y por una calificación fiscal distinta generaba un
ingreso en otra entidad vinculada que no se gravaba o se hacía a un tipo
inferior al 10 %. Esta directiva antiabuso se establece en un marco común
para todos los Estados miembros y les obliga a aprobar una legislación
concreta sobre el asunto. Nosotros entendemos que la planificación fiscal
de las empresas es un hecho legal y necesario para optimizar la
rentabilidad y en muchas ocasiones para la viabilidad de una entidad. El
problema surge cuando se aprovechan de la ausencia de reglas fiscales
internacionales para atraer rentas, inversiones y transacciones
residentes en otros Estados, con el fin de sortear las altas cargas que
deberían soportar.


En mi formación votaremos a favor del proyecto
de ley, como ya hicimos en el Congreso.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador González-Robatto.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra la señora Ponce.


La señora PONCE GALLARDO: Buenas tardes,
señorías.


En primer lugar, queremos sumarnos, por
supuesto, a las condolencias a los familiares y amigos de los pescadores
fallecidos, lamentablemente, en el naufragio del pesquero gallego.


En relación con este proyecto, Ciudadanos lo va
a apoyar porque estamos de acuerdo con las modificaciones técnicas que
sugiere, que derivan, además, de una directiva europea. Queremos resaltar
en esta ocasión las enmiendas que ha introducido el Grupo Socialista,
incluidas ya en el informe de la ponencia, respecto del régimen
sancionador y la regulación del modelo 720, sobre declaración de bienes y
derechos en el extranjero.


Como es sabido, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en su reciente sentencia de 27 de enero de 2022, acaba de
dar un importante varapalo —otro importante varapalo— a la
Agencia Tributaria española al considerar ilegal la declaración
informativa, ese modelo 720, sobre bienes y derechos situados en el
extranjero. Se trata de una obligación según la cual los residentes en
España deben presentar anualmente una declaración informativa sobre la
tenencia y, en su caso, la variación de valor de sus bienes y derechos
situados en el extranjero. La obligación de presentar este modelo
informativo supone a los ojos del Tribunal Europeo, como ya opinaba
también la Comisión Europea, que inicialmente denunció a nuestro país,
una vulneración del principio de libre circulación de capitales,
consagrado en el Tratado de la Unión Europea. Según reconoce el tribunal
—y cito literalmente—: «Esta obligación puede disuadir a los
residentes de este Estado miembro —refiriéndose a España— de
invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus
posibilidades de hacerlo».


La justicia europea se ha pronunciado también
sobre el leonino régimen sancionador impuesto para el caso de
incumplimiento o cumplimiento incorrecto de esta obligación informativa,
aseverando, además, que las consecuencias para el contribuyente son
desproporcionadas en relación con el objetivo perseguido. Y lo hace por
varios motivos. En primer lugar, por la ausencia de que prescriba la
acción de la Administración y la desproporcionalidad injustificada en la
cuantía de las multas exigidas, según palabras del propio tribunal, un
tipo extremadamente represivo porque puede alcanzar hasta el 150 % de la
cuota correspondiente a la imputación de las rentas no declaradas, que
además se puede acumular con las multas de cuantía fija.


Es verdad que tras esta sentencia al Gobierno
no le ha quedado más remedio que actuar con celeridad y ha introducido
enmiendas en este proyecto para cambiar los aspectos de esta declaración
informativa que eran contrarios a la normativa europea. En Ciudadanos
pensamos, como ya expresamos en el Congreso, que los cambios propuestos
son los adecuados, pero no podemos dejar de resaltar que en Ciudadanos
nos hemos interesado ya por este asunto en reiteradas ocasiones y se lo
hemos puesto de manifiesto al Gobierno en reiteradas ocasiones,
advirtiéndole también de lo que venía. La última de ellas, en las
enmiendas registradas, tanto en el Congreso como en el Senado, al
proyecto de ley de lucha contra el fraude, el pasado verano, en el que
propusimos enmiendas idénticas a las que ahora ha tenido que introducir
el Gobierno en este proyecto de ley. Si nos hubieran escuchado entonces,
en vez de rechazar nuestras propuestas con su habitual rodillo, habrían
ahorrado muchos problemas a muchos contribuyentes desde entonces. El
Gobierno, de nuevo, negligente y tardío.


Ahora lo que nos gustaría saber, señorías, es
si el Gobierno cuenta con una estimación económica de lo que va a costar
a las arcas públicas españolas, en concepto de responsabilidad
patrimonial del Estado, la devolución de las sanciones, hoy consideradas
ilegítimas y desproporcionadas, a aquellos contribuyentes que inicien
procedimientos de reclamación. Y también, cuáles son las sanciones a las
que se enfrentará nuestro país ante la inacción en la modificación de
este modelo de declaración desde la primitiva denuncia de la Comisión
Europea por este asunto. Esperemos que se den cuenta de una vez de que el
dinero público sí que es de alguien, que es de todos los españoles, y
que, como tal, deben ustedes gestionarlo de forma eficiente.


Como he anunciado anteriormente, votaremos a
favor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
president.


(Continua su intervención en catalán).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Cleries.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.


Creo que este proyecto de ley supone un reto
para muchos de nosotros, que no somos economistas, y, evidentemente, ha
requerido un esfuerzo. Intentaré en esta intervención ser didáctico,
porque de lo que se trata es de que la gente entienda lo que se aprueba
aquí, en el Senado; en qué le afecta en su día a día una ley que, si uno
la lee, probablemente sea incapaz de entenderla. Hablábamos en la Ley de
consumo de que lo importante es que los consumidores entendieran el
mensaje, entendieran el contrato que firmaban. Pues bien, es importante
que las leyes también sean inteligibles para que esas personas entiendan
en qué les afectan y en qué les mejoran. Por ahí va a ir mi
intervención.


Esta ley traspone una directiva de normas
contra las prácticas de elusión fiscal, contra los que hacen trampas para
pagar menos, básicamente —es un resumen sencillo y claro—, y
a ellos se dirige esta norma, en colaboración con lo que ya marca la
OCDE. No lo hace solo el Estado español, sino que lo intentamos hacer de
forma internacional, porque las trampas no se hacen cuando cualquier
ciudadano hace la declaración de la renta, sino en un mundo globalizado,
entre diferentes empresas, entre diferentes mercados, donde llevan a cabo
sus actuaciones. Por eso es importante que este proyecto de ley se haga
de forma coordinada entre todos los países.


Si eso no fuera suficiente, para la versión
cuñado le explicaría: si tú no pagas dos veces por lo mismo, si no
quieres que te pongan dos impuestos por lo mismo, tampoco puede haber dos
deducciones por lo mismo; todo lo contrario. Así, seguro que el cuñado
típico, que discute en las comidas, lo entendería. Si no podemos pagar
dos veces el mismo impuesto, no puede haber dos deducciones por lo mismo.
Así, nuestro estimado cuñado lo entendería y probablemente no nos
preguntaría qué hacemos en esta Cámara.


¿De qué se trata? De evitar con estas
asimetrías híbridas que se dé una doble deducción o una deducción sin
tener esa inclusión, lo que viene a ser que el Estado ponga las medidas
para evitar esta situación. Les tengo que decir que para mí los híbridos,
hasta este momento, hasta leer esta ley, eran una planta a la que le
pones un injerto y, por tanto, se convierte en un híbrido, o un coche
eléctrico y de gasolina. Pero he aprendido que hay híbridos que hacen
que, por la combinación de impuestos, a unos les salga a pagar mucho
menos si hacen una buena combinación. Igual que la mejora genética te
permite que una especie sea más resistente o se adapte mejor al clima, lo
que permiten estos híbridos es que esa empresa exprima más a los Estados
y colabore menos en sus impuestos, y, por tanto, aporte menos al Estado
del bienestar. Ese científico loco que está encerrado con la probeta, que
intenta buscar el bien común, que intenta que esa planta produzca más o
que no le afecte esa plaga, tiene su homólogo: ese economista pirata que
busca en los mares del Caribe evitar los impuestos.


Lo importante es garantizar el Estado del
bienestar: garantizar la educación, la sanidad, los servicios sociales. A
eso es a lo que tenemos que dedicar nuestros esfuerzos, porque para eso
sirven los impuestos; y evadir impuestos supone menos profesores, menos
médicos, menos personas que cuidan a nuestros mayores. Por eso, vamos a
seguir trabajando y dando apoyo a este proyecto de ley. No puede ser que
las multinacionales paguen menos que una empresa nacional, que las
multinacionales o quien tiene más capacidades económicas pague menos por
el simple hecho de tener esas capacidades económicas. Contra esa
desigualdad también tenemos que luchar y datar. Sea este, el jefe del
Estado, inviolable o no inviolable, nos está robando un poquito a todos
nosotros. Eso tenemos que evitarlo, y de eso va esta ley. Por tanto,
hagamos que Hacienda seamos todos, que no seamos casi todos. Este es el
objetivo de esta ley.


Me decía una senadora el otro día, cuando me
explicaba esta ley, que teníamos la sensación de que cuando legislamos
vamos corriendo, pero no llegamos. Pues si, como se dice siempre, la
legislación está motorizada, en el caso de la lucha contra la evasión
fiscal tiene que estar aún más motorizada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Egun on guztioi.


Hablamos de la trasposición de una directiva
que concreta las conclusiones del proyecto BEPS y que la Comisión
Europea, dentro de las normas contra las prácticas de elusión fiscal, ha
trasladado a través de dos directivas: la 2016/1164, para las prácticas
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,
posteriormente ampliada por la Directiva 2017/952, con las reglas que
neutralizan las asimetrías híbridas de forma más global, incluyendo de
esta manera las que implican a terceros países fuera de la Unión Europea.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).


Como conocen, el impuesto sobre sociedades es
un tributo concertado de normativa autónoma, y en el caso de estas
directivas las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa
han procedido también a su trasposición en enero y febrero de 2021. Esta
última directiva, la 2017/952, establece las reglas necesarias para
eliminar esas asimetrías mediante la regulación de un mandato primario
destinado a negar la deducción a la inversión, entendida como la solución
que se considera más apropiada para neutralizar cada asimetría híbrida, y
de un mandato secundario o defensivo, que debe ser aplicado en caso de
que en la jurisdicción de que se trate no se aplique el citado mandato
primario, bien por una discrepancia en la trasposición de la directiva,
bien porque la asimetría implique a un tercer Estado que no tenga
aprobadas medidas defensivas contra ellas.


Se trata, tal y como se recoge en la Acción 2
del proyecto de la OCDE, sobre la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios, de evitar la ingeniería fiscal de las grandes
empresas y de que estas aprovechen las discrepancias normativas o las
diferentes jurisdicciones deslocalizando las bases imponibles y, en
definitiva, eludan el pago de impuestos que les corresponden. En
definitiva, evitar la elusión fiscal mediante operaciones entre partes
vinculadas. Es una norma muy técnica —lo hemos dicho casi todos los
portavoces—, pero tiene un importante contenido político, porque
hablamos de conciencia fiscal, de la exigencia legítima de la recaudación
de impuestos por parte del sector público, y esta ha de realizarse desde
muchos ámbitos. La persecución y la prevención del fraude y la elusión
fiscal es una de ellas. Son medidas necesarias para que las distintas
administraciones cuenten con ingresos suficientes para garantizar los
servicios públicos. Por tanto, es necesario seguir dando pasos, y para
ello se necesita legislación que haga cada vez más difícil a las empresas
—a las grandes, sobre todo— defraudar y eludir a las
distintas Haciendas. Sabemos que las grandes empresas pueden aprovechar
las lagunas en la interacción de los distintos sistemas tributarios y
buscar grietas en las legislaciones que vamos aprobando. Nuestro trabajo
es legislar lo mejor posible para hacer que eso cada vez sea más difícil.
Este sería el desafío.


La redacción del anteproyecto que hoy
debatimos, de esta ley, que primero se tramitó como real decreto, hacía
imposible la implementación de la estructura tax lease con
establecimiento permanente, no solo para las nuevas operaciones, sino
también para las ya firmadas. Esto constituía un grave perjuicio para la
industria naval, en particular, para la industria naval en Euskadi.
Conseguimos salvaguardar o exceptuar este problema, y esta excepción
quedó recogida en el real decreto, por lo que no hemos considerado
necesario enmendar los textos que se han tramitado como proyecto de
ley.


Finalizo. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
aprobaremos el dictamen de la ponencia, en la que ya se han incluido las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del
modelo 720, consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, por la que se iguala el régimen sancionador al general, y
también la prescripción, el cambio de la obligación para decidir sobre
qué bienes y derechos se debe informar, incluyéndose ya las monedas
virtuales o las criptomonedas. En cuanto al resto de las enmiendas, las
votaremos en coherencia con la posición que ha mantenido nuestro grupo en
la tramitación de todo el proyecto de ley.


Un apunte en relación con la enmienda que queda
sobre el efecto en cascada a los grupos fiscales. Como ya hemos dicho,
nosotros tenemos un régimen de sociedades concertado y de normativa
autónoma y, por lo tanto, no podemos crear dudas que se generarían en
torno a esta enmienda. Nosotros no lo tenemos regulado de la misma manera
en nuestra normativa. Por consiguiente, seremos consecuentes con nuestra
normativa y votaremos en contra de esta enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tomará la palabra su señoría, Martí
Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.


Se trata de una directiva muy técnica que
pretende avanzar en normas contra prácticas de elusión fiscal. En
concreto, tiene como objeto neutralizar las conocidas como asimetrías
híbridas, que dan lugar a dobles deducciones o deducciones de gastos sin
el ingreso correlativo.


En un contexto de crisis social y económica
como el actual, es más necesario que nunca acabar con estas prácticas de
ingeniería fiscal deshonestas que ejercen unas multinacionales que dejan
de pagar millones y millones de euros cada año. Que estas grandes
empresas no paguen allí donde generan beneficios, que estas grandes
empresas se beneficien sistemáticamente de las lagunas existentes y no
contribuyan con lo que les corresponde, son prácticas totalmente
injustas, insolidarias e irresponsables con las personas que sí tributan
y que viven en los países en los que obtienen beneficios, porque, en
definitiva, es la ciudadanía la gran perjudicada por estas prácticas
abusivas que provocan que millones cada año acaben engordando las cuentas
de resultados de las multinacionales en vez de ser destinadas a financiar
los servicios más básicos del Estado del bienestar.


Pero ¿quiénes son las otras grandes
perjudicadas? Las pequeñas y medianas empresas. Estas prácticas de
ingeniería fiscal ejercen una competencia desleal sobre millones de
pequeñas y medianas empresas, de pymes, que no pueden competir en
igualdad de condiciones, y lo podemos observar cada año cuando vemos que,
fruto de la ingeniería fiscal, lo que acaba pagando por el impuesto sobre
sociedades una pequeña o mediana empresa y una gran empresa no tiene nada
que ver. Por eso, desde hace años, en Esquerra Republicana de Catalunya
hemos defendido la armonización del impuesto sobre sociedades a nivel
europeo para acabar con la elusión fiscal de las grandes empresas.
Cálculos facilitados por técnicos de Hacienda indican que se podrían
recaudar entre 50 000 y 70 000 millones de euros en Europa solo con esta
reforma.


En estos momentos nos encontramos con la
siguiente paradoja: los países con una política del impuesto sobre
sociedades que favorece que las empresas de aquí acaben pagando allí,
curiosamente, pueden beneficiarse de esta práctica de dumping fiscal. Son
los mismos Estados que en verano se negaban a que los fondos europeos
fueran en forma de transferencias netas. Esto en el fondo es una
hipocresía en política económica y no se puede aceptar por insolidaria.
Las decisiones han de ser siempre solidaria y socialmente justas. Esta
armonización permitiría que los motivos fiscales no fueran un
condicionante para la ubicación del domicilio social de las empresas y se
reduciría la actual competencia fiscal desleal entre los Estados
miembros, cosa que también pasa en alguna de las comunidades autónomas
del Estado español. Contar con unas normas comunes para el cálculo de la
base imponible del impuesto sobre sociedades reduciría las prácticas de
planificación fiscal agresiva, estas prácticas de ingeniería fiscal
desleal e insolidarias, y garantizaría que las empresas gravasen en los
países en los que se crea valor.


En definitiva, tal y como decía antes, se trata
de intentar acabar de una vez por todas con el dumping fiscal y la
competencia desleal entre territorios. No olvidemos que el fraude y la
elusión fiscal son el auténtico agujero negro del sistema fiscal del
Estado español, por lo que debemos ser valientes para impulsar las
reformas necesarias para asegurar que pague más quien más beneficios
obtiene. En este sentido, cuando se tramitó la ley para hacer frente al
fraude fiscal, introdujimos algunas enmiendas trabajadas conjuntamente
con GESTHA, con los técnicos de Hacienda, y aunque en este caso nosotros
no hemos presentado ninguna enmienda al proyecto de ley en su tramitación
aquí en el Senado, sí nos gustaría destacar la propuesta de GESTHA para
retrotraer la prescripción a los diez años anteriores al periodo
impositivo más antiguo entre los no prescritos desde que afloran las
cuentas en los patrimonios ocultados situados en paraísos fiscales,
manteniendo la calificación de ganancias patrimoniales no justificadas,
que no cuestiona la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.


Por todos estos motivos, y atendiendo un poco
al grueso del proyecto de ley y a los objetivos que se conseguirán con su
aprobación, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias,
señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tomará la palabra la senadora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Gracias,
presidente.


Señorías, vamos llegando al final del análisis
de este proyecto de ley, por la que se modifican la Ley 27/2014 del
impuesto sobre sociedades y el texto refundido de la Ley del impuesto
sobre la renta de no residentes, en relación con las asimetrías híbridas,
situación en la que se produce una doble deducción de gastos como
consecuencia de la existencia de distintas calificaciones jurídicas entre
el contribuyente de un Estado miembro y una empresa asociada de otro
Estado. Con retraso y mediante un real decreto ley, por motivos de
urgencia, se ha traspuesto la Directiva comunitaria de 12 de julio
de 2016.


Se puede comprobar que existe una situación de
complejidad técnica, como se pone de manifiesto en el artículo 15 bis de
la Ley del impuesto sobre sociedades, que puede resultar incompatible con
el derecho primario de la Unión Europea, particularmente con el ejercicio
de determinadas libertades fundamentales, así como con determinados
convenios para evitar la doble imposición. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.


La señora ALÍA AGUADO: Es importante determinar
si las reglas de este artículo 15 bis suponen, efectivamente, una
restricción de libertades y otorgan diferente trato a situaciones
transfronterizas.


Dejando a un lado la parte técnica de esta
trasposición, lo más triste para mi grupo en el desarrollo de este
proyecto de ley en su paso por esta Cámara ha sido que de las cuatro
enmiendas presentadas tres han sido rechazadas. Una vez más, han limitado
nuestros derechos y la potestad legislativa. Lo único que pretendíamos
con las enmiendas inadmitidas era eliminar el efecto cascada que se
produce en participaciones superiores al 75 % cuando se distribuyen
beneficios a través de una cadena de sociedades y, claro, el argumento de
ustedes ha sido la pérdida de 1228 millones de ingresos presupuestarios.
Siempre pierden ingresos. Si bajan impuestos, pierden recaudación, pero
nunca hablan ustedes de reducción de gastos, eso no aplica para ustedes.
Barra libre de presupuestos para el mantenimiento de los salarios de
asesores y cargos en ministerios. Más de 1250 asesores elegidos a dedo;
con ustedes se han incrementado en un 45 %.


Y ayer, en esta misma sala, oíamos a su jefe,
Pedro Sánchez, hablar del beneficio de los ERTE y de cómo han salvado
empleos. Lo repitió varias veces, pero, a ver, que los ERTE no los han
inventado ustedes, sino que parten de la reforma laboral del año 2012 de
Mariano Rajoy, porque ustedes viven de las políticas y logros del Partido
Popular. (Aplausos). Miren, en la economía española el ciclo siempre es
el mismo: ustedes dilapidan, destruyen y limitan, y tenemos que llegar
nosotros para recomponer la economía. Esa es nuestra marca, señorías, y
la historia más reciente nos avala. Desde junio de 2018, cuando llegaron
ustedes al Gobierno, han elevado la deuda a 300 000 millones de euros,
según datos del Banco de España; todo un récord histórico. Ahora mismo la
deuda en España es el 121,8 % del PIB, y les parece indiferente.


Y no quiero bajarme de esta tribuna sin hacer
referencia a un éxito del Grupo Popular en el Senado, esta vez
relacionado con mi región, Castilla-La Mancha, pues el Tribunal
Constitucional ha estimado, y además ha notificado en el día de hoy, el
recurso de inconstitucionalidad que planteamos sobre uno de los apartados
de la Ley de presupuestos regionales para el 2020, que regulaba los
requisitos para la concesión de subvenciones. Una vez más quedan en
evidencia las políticas socialistas, en el caso de mi región, las de
Emiliano García-Page, pues no se puede gobernar ocultando y faltando a la
verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista intervendrá su señoría
Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero mostrar
nuestro dolor y trasladar nuestras condolencias a los familiares, ante
esta tragedia en el mundo de la pesca con el fallecimiento de tantos
pescadores.


Hoy traemos a esta Cámara la trasposición de la
Directiva europea 2016/1164, sobre asimetrías híbridas, una norma técnica
y compleja con la que hacemos más Europa. Cumplimos con Europa como
Europa cumple con España. El buen trabajo del presidente Pedro Sánchez
dio sus resultados y consiguió 140 000 millones de fondos europeos
hasta 2026 para crear empleo, para crear riqueza y para salir de la
crisis. Pero Casado nunca ha querido que vengan fondos europeos a nuestro
país y en reiteradas ocasiones ha ido a Europa a hablar mal de España
para que no vengan esos fondos. (Aplausos). Votó en contra de ello en el
Congreso y cuando perdió la votación lo recurrió al Constitucional.


Pero el señor Casado sabe que falta a la verdad
a conciencia cuando cuestiona el reparto de los fondos europeos, porque
de las seis comunidades que más millones de euros han recibido de los
fondos europeos, en cuatro de ellas gobierna el Partido Popular, y donde
más en Andalucía. El señor Moreno Bonilla ha recibido hasta la fecha más
de 1900 millones de euros de fondos europeos. ¿Y cuánto ha ejecutado? Hoy
en día ha ejecutado solo un 7 %, lo dice el consejero de Hacienda de la
Junta de Andalucía. ¿Y el restante 93 %? ¿Por qué no destinan ustedes
todos esos millones a crear empleo? ¿Por qué no destinan toda esa
inversión a dar esperanza a los jóvenes, a las mujeres y a los parados de
larga duración? Pero es que el señor Moreno Bonilla hasta está destinando
fondos europeos para organizar festivales de música. ¿Esa es la
prioridad? La prioridad tenía que ser crear empleo. Señor Moreno Bonilla,
si no sabe o no quiere gobernar, váyase hoy mismo a su casa.
(Aplausos).


También quiero recordar cómo la semana pasada
el señor Casado mandó a sus alcaldes a Bruselas. Fueron a la Comisión
Europea y allí no los recibió ni el portero, porque saben perfectamente
que el Partido Popular no está diciendo la verdad en esta materia. Los
lideraba el señor Almeida, alcalde de Madrid, que pedía más recursos, más
fondos europeos. ¡Pero si ha dejado perder decenas de millones de euros
para vivienda en Madrid! ¿Es que no hay un problema de vivienda en
Madrid? ¿Es que no quiere ese dinero? O lo que hacía la alcaldesa de
Santander, que también iba en esa delegación y pedía más fondos europeos,
cuando ha dejado perder 600 000 euros de fondos europeos por no presentar
la documentación. Esto se llama incompetencia. Hoy le digo al Partido
Popular que haga caso al señor Montoro, que ha dicho textualmente que
dejen de torpedear los fondos europeos, que son buenos para el país. Y yo
también le digo al Partido Popular que deje de torpedear los fondos
europeos y que deje de tratar de hundir a España.


En segundo lugar, quiero hablar de que esta
directiva europea que trasponemos en el día de hoy pretende evitar la
elusión fiscal de las grandes empresas multinacionales que operan en dos
o más jurisdicciones, que buscan grietas en las distintas legislaciones
de los países para eludir sus obligaciones ante las haciendas públicas.
Yo sé que eso de combatir el fraude fiscal no va mucho con los del
Partido Popular. Ellos aprobaron con Rajoy amnistías fiscales
inconstitucionales para los grandes defraudadores de este país,
recortaron un 10 % los inspectores de Hacienda y hace pocos meses el
Partido Popular votó en contra de la Ley contra el fraude fiscal aquí, en
esta Cámara. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez en su primer año
recaudó 2000 millones de euros más en la lucha contra el fraude, ha
incrementado un 9 % el presupuesto de la Agencia Tributaria y ha
convocado recientemente 2000 plazas para Hacienda. Para nosotros,
combatir el fraude fiscal es una prioridad.


Por último, la trasposición de esta directiva
comunitaria pretende dar más claridad y más transparencia. No tiene el
objetivo de recaudar más, sino que su carácter es preventivo, y se lo
digo porque el Partido Popular continúa con la cantinela de que se suben
impuestos. Miren ustedes, nunca se han subido más los impuestos en
nuestro país que cuando gobernó el Partido Popular. Ustedes subieron
cincuenta veces los impuestos, ustedes machacaron a los trabajadores de
este país, a las clases medias, y solo bajaron los impuestos a los ricos,
a los millonarios, a las rentas más altas. (Aplausos).


Además, se lo voy a decir más claro. (Rumores).
Miren ustedes, para financiar los ERTE, las ayudas a los autónomos, para
destinar más recursos a educación y a sanidad, para subir las pensiones
un 2,5 y las mínimas un 3 %, para incrementar un 23 % el presupuesto de
dependencia, para destinar más recursos que nunca a becas, para aprobar
el ingreso mínimo vital, se necesitan ingresos, así que déjense de
milongas. Para fortalecer el Estado del bienestar se necesitan impuestos,
eso sí, pagando más quien más tiene y recibiendo más quien más lo
necesita, porque no hay justicia social sin justicia fiscal.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate de este proyecto
de ley, se procederá a continuación a abrir el plazo para emitir el voto.
(Rumores).


Señorías, con su permiso... Muchas
gracias.


Decía que, terminado el debate de este proyecto
de ley, se procederá a continuación abrir el plazo para emitir el voto
telemático para todas las votaciones reglamentarias previstas, que son
las tres siguientes que les voy a comentar. En primer lugar, votación de
las enmiendas, y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente el dictamen del Pleno. En segundo lugar, votación en un
solo acto de aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y
no comprendidas en la votación anterior. Y, en último lugar, la votación
un solo acto del resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, que son las trece horas y dieciséis
minutos, hasta las quince horas y dieciséis minutos.


Asimismo, señorías, tenemos pendiente también
la votación del Proyecto de Ley de protección de los consumidores y
usuarios, por lo que procederemos a abrir el proceso de votación
telemática de estas dos votaciones que les comento: votación de las
enmiendas, y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno, y votación en un solo acto del
resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para la votación
telemática cuando son las trece horas y dieciséis minutos, o sea, hasta
las quince horas y dieciséis minutos.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE
APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de las
votaciones).


621/000039

Hacienda


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
a la proclamación de resultados de votaciones telemáticas
pendientes.


El señor presidente lee el punto 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Resultado de la votación
de las enmiendas números 6 y 8.


Votos emitidos, 264; a favor, 26; en
contra, 236; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 9.


Votos emitidos, 264; a favor, 26; en
contra, 233; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 2.


Votos emitidos, 264; a favor, 25; en
contra, 236; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 4.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 132; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y el resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 264; a favor, 241; en
contra, 15; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Resulta aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, procedente del
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre. (Aplausos).









PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA
UNIVERSITARIA.


621/000035

Ciencia, Innovación y
Universidades



El señor presidente lee el punto 6.1.4.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades, su señoría De Lucas Martín.


El señor LUCAS MARTÍN: Gracias, señor
presidente.


Buenos días, señorías. Debemos ser capaces de
organizar la convivencia, incluso en un pueblo de demonios, con tal de
que tengan entendimiento. Este pasaje que conocen todos ustedes de Sobre
la paz perpetua, de Kant, se puede aplicar a cualquier forma de
convivencia, desde la pareja hasta, desde luego, el caso que nos ocupa
que es la universidad. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador De Lucas, un
momento.


La convivencia parlamentaria también es
importante y un elemento fundamental es un mínimo de silencio para que
quien está en el uso de la palabra pueda ser escuchado con atención.
Muchísimas gracias, señorías.


Puede continuar.


El señor LUCAS MARTÍN: Gracias,
presidente.


Decía que a mí, como a los no pocos profesores
de universidad que son senadores en diferentes grupos parlamentarios, a
lo largo de ese tiempo de trabajo ―en mi caso son cuarenta
años― más de una vez me ha venido a la cabeza pensar que la
universidad puede ser una tribu de demonios. Con independencia de eso y
del juicio que merezca, sí concederán ustedes que demonios dotados de
entendimiento y, por tanto, deberíamos ser capaces de organizar esa
convivencia, y a eso es a lo que va destinado el proyecto de ley que
presentamos hoy a la consideración del Pleno y que se tramita por
procedimiento ordinario.


El proyecto tuvo su entrada en la Cámara el
día 24 de noviembre de 2021. El plazo de presentación de propuestas de
veto y en enmiendas terminó, tras ser ampliado, el 14 de diciembre. Se
han presentado tres propuestas de veto distribuidas de la siguiente
manera: veto número 1, del senador Muñoz Lagares, la senadora Ponce
Gallardo y el senador Sánchez López; veto número 2, del senador Martínez
Urionabarrenetxea, y veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. Se han presentado, asimismo, 106 enmiendas, 25 de los senadores
González-Robatto, Marín Gascón y Merelo Palomares; 6 de los senadores
Muñoz Lagares, Ponce Gallardo y Sánchez López; 21 de la senadora
Castellví Auví y el senador Cleries i Gonzàlez; 23 del senador Martínez
Urionabarrenetxea; 1 del Grupo Parlamentario Vasco, y 30 del Grupo
Parlamentario Popular.


La ponencia, tras reunirse el día 3 de febrero,
emitió su informe, en el que acordó por mayoría no introducir enmiendas
en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se
reunió para dictaminar el pasado día 8 y acordó aceptar como dictamen el
texto propuesto por la ponencia en su informe. A ese dictamen se han
presentado por los enmendantes citados al comienzo de esta presentación
seis votos particulares, incluidas tres propuestas de veto que ahora se
debatirán.


Estoy seguro de que todos los grupos
parlamentarios son conscientes de que la universidad aborda en este
momento serias dificultades e importantísimos retos. Se trata de una
institución multicentenaria, una de las grandes contribuciones europeas,
y ha estado en crisis desde el primer momento porque la autocrítica, la
crítica, es su razón de ser. Pero la universidad tiene que mantener
aquello que la definía de acuerdo con otro texto que me permitirán citar,
el de Las Siete Partidas —seguramente también recordado por todos
ustedes—, y que la define como un ayuntamiento de maestros y
escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento
de aprender los saberes. Esa comunidad de saberes ha de tener también
unas normas de convivencia. Esto es lo que propone este proyecto de ley,
unas normas que lejos del espíritu punitivo y de orden público que quizá
pensaban en la tribu de demonios del Decreto de 1954 trata de proponer
criterios que las universidades desarrollarán con arreglo a los
principios constitucionales, a la exigencia e igualdad en derechos y
deberes, al respeto y al pluralismo. Ese es un debate importante y me
alegro de que esta ley llegue a esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De
Lucas Martín.


Como bien ha comentado el presidente de la
comisión, a este proyecto de ley se han presentado tres propuestas de
veto.


Para la defensa de la propuesta de veto
número 1 tiene la palabra su señoría Ponce Gallardo. (Rumores).


La señora PONCE GALLARDO: Gracias.


Buenas tardes. En primer lugar, señorías, y
lamentablemente, al igual que hicimos en la comisión, tenemos que
denunciar de nuevo el caciquismo y la falta de diálogo en la tramitación
de este proyecto de ley con los grupos constitucionalistas. El rodillo,
la falta de respeto a esta Cámara y a todos los senadores que
representamos al pueblo español al impedirnos hacer nuestro trabajo en
las tramitaciones de los proyectos de ley ya es habitual, y
lamentablemente la falta de acuerdo con los colectivos también, y tenemos
como ejemplo la Ley Celaá (Rumores), donde por primera vez en la historia
vetaron ustedes la comparecencia de expertos en el ámbito educativo y de
los actores más relevantes de la comunidad tanto en el Congreso como en
el Senado. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de
silencio, por favor.


La señora PONCE GALLARDO: Tenemos también como
ejemplo los Presupuestos Generales del Estado, donde, por citarles
también algo, tuvieron a las puertas del Senado a los peluqueros, a los
que prometieron ustedes bajarles el IVA cuando no gobernaban, pero cuando
han llegado al Gobierno también han incumplido con ellos. Por cierto,
presupuestos que apoyaron grupos nacionalistas y filoetarras por, entre
otras cosas, adaptar esta ley a sus demandas para poder actuar
impunemente en las universidades.


Con la tramitación de esta ley de convivencia
universitaria han dado ustedes un paso más y esta vez sí que se han
sentado con el sector universitario, incluso los hemos escuchado decir
que este texto ha sido consensuado con ellos y que tiene el respaldo de
las universidades, pero lo cierto, señorías, es que ustedes han utilizado
y en el peor sentido de la palabra a universidades, rectores y
asociaciones para hacer el teatro, y luego, en una falta de respeto
también absoluta, han despreciado las aportaciones, el trabajo y el
esfuerzo que estos han realizado y han tragado con absolutamente todas
las exigencias de sus socios nacionalistas, hasta el punto de que si la
LOMLOE la conocemos como la ley Otegi, desde luego, esta va a ser la ley
Esquerra. (Rumores).


Hay tal descontento en la comunidad
universitaria por esta ley que las asociaciones más representativas han
denunciado públicamente que están en contra del texto tal y como lo
presentan ustedes hoy aquí y han salido incluso a las calles a
manifestarse. Los están acusando de venderlos ustedes a cambio de un
puñado de votos y de no aprobar el texto tal y como lo habían pactado,
porque esta ley la han pactado ustedes, pero no la han pactado con la
comunidad universitaria, tampoco la han pactado… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría, y
perdone que la interrumpa.


Señorías, por favor, por enésima vez guarden
silencio. Así es imposible.


Muchas gracias.


Puede continuar, y disculpe.


La señora PONCE GALLARDO: Repito: esta ley no
la han pactado ustedes con la comunidad universitaria y tampoco la han
pactado con los grupos constitucionalistas que defendemos la igualdad en
todo el territorio español y los derechos de todos los españoles, sino
con quienes alientan precisamente la violencia incluso en las
universidades. La han pactado ustedes con nacionalistas y con radicales
que están utilizando la debilidad del Gobierno de Sánchez para convertir
las universidades en un campo de batalla. Con esta ley van a permitir que
se siga atacando y acosando a estudiantes por, por ejemplo, montar una
carpa con una bandera de España, como ya le ocurrió a la asociación
S’ha Acabat!, y que además el vandalismo y el acoso se hagan con
todas las garantías y disfrazados de libertad de expresión, de
manifestación o de derecho de reunión. Esta ley la han pactado, como
tantas otras, con aquellos que denigran el término libertad de expresión
para justificar estas conductas y que gracias a esta ley puedan ahora
obrar impunemente y sin consecuencias en las universidades.


Sé que los grupos nacionalistas van a volver a
decir que no hemos de centrar el debate en Cataluña, pero, señorías, si
hay una comunidad autónoma en España que necesite más que ninguna otra
que se regule la convivencia universitaria, esa es Cataluña; si hay una
comunidad autónoma donde hostigan y donde acosan a profesores y a
estudiantes solo por saberse y por sentirse españoles, esa es Cataluña, y
si hay una comunidad donde los padres denuncian constantemente el pisoteo
de los derechos de sus hijos, la persecución, el bullying y el
hostigamiento, esa es Cataluña. Así que podrán ustedes no permitirnos
mover ni una sola coma de los proyectos de ley, podrán ustedes permitir
que sus socios redacten a su antojo y beneficio las leyes, pero lo que no
van a hacer desde luego es callarnos por mucho que carguen contra
nosotros, porque como representantes del pueblo español vamos a seguir
alzando la voz para denunciarlo.


Señorías, les recuerdo que algunos de los
senadores se escandalizaban en la comisión de la semana pasada cuando
dije esto mismo y negaban que estudiantes, profesores y familiares
incluso de guardias civiles y de policías nacionales fueran perseguidos
en los centros educativos y universitarios, alegando además que en
Cataluña la convivencia es pacífica, como si por repetir una mentira esta
se fuera a convertir en verdad y como si no estuviera ya más que probado
incluso por sentencias judiciales. Señorías, yo no sé de ningún caso de
ningún guardia civil y de ningún policía nacional que haya tenido que
pedir un cambio de destino porque a sus hijos les hicieran bullying y los
acosaran en colegios o en institutos andaluces por hablar español o por
ser hijos de guardias civiles ―a ninguno―, pero sí conozco a
muchísimos guardias civiles y policías nacionales ―a muchísimos, y
si se sientan ustedes a hablar con ellos lo van a escuchar también―
no solo andaluces sino también de otras comunidades autónomas que han
tenido que sacar a sus familias de Cataluña precisamente por este motivo,
y conocemos también a muchos niños que han tenido y que tienen que
recibir atención psicológica por el acoso y por el bullying que sufren en
las escuelas y en los institutos en Cataluña. La convivencia en algunas
comunidades autónomas desde luego es cada vez más complicada, pero en
Cataluña es absolutamente insoportable, señorías.


Señores del Partido Socialista, tenían ustedes
una oportunidad única para garantizar los derechos y las libertades de
todos y cada uno de los españoles, para acabar con los escraches en la
universidad de cualquier signo político, para acabar con el acoso a
quienes defienden valores constitucionales, y en lugar de eso han
antepuesto ustedes de nuevo mantenerse en el sillón. Desde luego, nada
tiene que ver este texto con el que ustedes trabajaron con las
universidades. Este texto, este proyecto de ley, es un traje a medida
para dar garantías y para dar inmunidad a los que quieren imponer sus
ideas nacionalistas y radicales por encima de todos los demás sin
respetar absolutamente a nadie, y estamos cansados además de ver lo que
ocurre en algunas universidades catalanas contra profesores y contra
estudiantes. (Denegaciones del señor Reniu Vilamala). No me niegue con la
cabeza. Les repito que hay sentencias condenatorias donde se reconoce el
adoctrinamiento y el acoso a alumnos y donde se reconoce la politización
de universidades como la de Barcelona.


En Cataluña, señorías, se politizan las
universidades y además con el beneplácito del Ministerio de
Universidades, y la prueba son las declaraciones que hizo en esta misma
Cámara el señor Castells, el impulsor de este proyecto de ley, cuando era
ministro de Universidades. Tienen ustedes ministros, señores del Partido
Socialista y señores de Podemos, que cuestionan a nuestros jueces cuando
no les interesa lo que dictaminan y que defienden que las universidades
no sean neutrales, en contra de lo que dicen sentencias como la del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les recuerdo que condenó a
la Universidad de Barcelona por vulnerar el principio de neutralidad y
atentar contra derechos fundamentales de profesores y alumnos. Y con
idéntica argumentación les repito que el Tribunal Supremo también
dictaminó que la Universidad Pompeu Fabra vulneró su deber de neutralidad
tras la publicación de un texto a favor de políticos condenados y presos
en aquel momento, una muestra más del sectarismo y del uso de las
instituciones con fines partidistas. Pero ¿saben lo más grave? Que el
ministro Castells incluso en un retorcido uso de la palabra a esto lo
llamó también libertad de expresión.


Ciudadanos ha presentado una propuesta de veto
porque este proyecto de ley no soluciona ninguno de los problemas de
convivencia que hay en nuestras universidades. Todo lo contrario, esta
ley lo que hace es fomentar la desigualdad; esta ley es una herramienta
para sembrar más desigualdades en regiones como Cataluña, como Baleares o
como País Vasco. Por lo tanto, señorías, la excusa de Esquerra de
modificar el texto para blindar la libertad de expresión no cuela.
Sabemos a ciencia cierta lo que están pretendiendo sus socios, y lo peor
es que ustedes también lo saben y tragan. Lo que blinda esta ley es la
impunidad precisamente de sus socios de Gobierno nacionalistas para que
sigan haciendo lo que les venga en gana en las universidades españolas
con la excusa de blindar unos derechos que les recuerdo que ya blinda
nuestra Constitución y que ustedes no están haciendo respetar. Eso es lo
que tienen que hacer ustedes, intentar que se respeten y hacer que se
respeten los derechos que blinda nuestra Constitución.


Las modificaciones introducidas además en el
texto no buscan que las universidades tengan autonomía, lo que buscan es
aumentar la discrecionalidad de los rectores o de los órganos que se
encargan de instruir los procedimientos disciplinarios. Muchos de ellos
son neutrales, muchos de ellos son objetivos, pero hay otros que son
sectarios, que son intransigentes y que son radicales, como los que
firmaron ese manifiesto en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde
por cierto trabajó nuestro actual ministro de Universidades, universidad
que recordemos que también ha sido condenada en costas por el proceso
judicial que se abrió por impedir a S’ha Acabat inscribirse en el
registro de asociaciones vulnerando de nuevo, según otra sentencia
judicial que tienen ustedes como ejemplo, derechos de los alumnos como el
de no ser discriminado por razón de opinión, libertad ideológica, o el
derecho de libertad de expresión. Además, señorías, la reformulación de
algunas de las sanciones lo que hace es facilitar a los colectivos
ligados al independentismo y a otros grupos radicales que puedan
destrozar casi con total impunidad el mobiliario universitario, como ha
ocurrido en multitud de ocasiones además en los últimos años, actitud que
por cierto fomentan, incitan y aplauden sus socios de Gobierno de
Podemos.


Para terminar, señorías, esta ley deja vendidos
a estudiantes y a profesores acosados. Esta no es una ley de convivencia,
esta es una ley de conveniencia, la conveniencia de Podemos, la de
Esquerra, la de sus socios nacionalistas para seguir politizando las
instituciones, para seguir instigando a los que no piensan como ellos y
fomentando la violencia para imponer sus ideas, y es la ley también de la
conveniencia del Partido Socialista por mantenerse en el sillón y para
que les aprobasen además los presupuestos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, del señor Martínez Urionabarrenetxea, tiene la palabra su
señoría.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik
asko, presidente jauna.


Escribía Francisco Navarro Valls recientemente:
«Siempre he pensado que las leyes en sí mismas son incapaces de mejorar
el ritmo de la universidad. Con ellas solamente la universidad está
condenada a perpetuarse como una inmensa máquina burocrática, vacía de
inquietudes y prisionera de unas estructuras fosilizadas».


Como bien dice el preámbulo de este proyecto de
ley, el anacrónico y preconstitucional reglamento de disciplina académica
de los centros oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica,
dependientes del Ministerio de Educación Nacional, aprobado por Decreto
de 8 de septiembre de 1954, dado en el pazo de Meirás, continúa vigente
de manera parcial. El Real Decreto 898, de 1985, sobre régimen del
profesorado universitario, ya derogó dicho reglamento en lo referido al
personal docente. Falta derogarlo en lo referido a las y los estudiantes,
pero resulta que la ley que se propone aquí es un fiel reflejo de cómo se
elaboran las leyes para el ámbito universitario español. Se trata
seguramente del ámbito más regulado en la legislación española
―regulado hasta la extenuación―, eso sí, afirmando que se
respeta la autonomía universitaria, tal y como dicta la Constitución,
pero con un texto en el que abunda el imperativo tiempo verbal deberán en
vez del de podrán, mucho más abierto y respetuoso con las decisiones de
cada comunidad universitaria.


El proceso siempre es similar con la
legislación que afecta a las universidades, también con esta de
convivencia universitaria, por eso lo recuerdo hoy: las Cortes aprueban
una ley detallada hasta el extremo; a continuación, una ley autonómica
incorpora más detalles, y luego los estatutos de cada universidad vuelven
a añadir más detalles, y todo esto tiene sus consecuencias. Consecuencia
uno, miles de horas destinadas a regular lo que a veces ni siquiera
habría que regular. De hecho, en los sistemas de excelencia, que de forma
insistente se nos dice deben ser tomados como referente, no se hace nada
de eso ni de forma remota. Esas horas son pérdidas por técnicos de las
administraciones y en demasiadas ocasiones por académicos que se debieran
dedicar a otras cosas. Consecuencia dos, incremento sustancial de la
burocracia, que hoy en día ahoga ya de forma peligrosa al sistema
universitario. Consecuencia tres, dilatación exasperante de plazos.
Consecuencia cuatro, como esto se hace del mismo modo para todas las
universidades, yo me pregunto: ¿puede una ley valer lo mismo para un
ratón que para un elefante? Tenemos un sistema con una oferta de estudios
universitarios muy similar, es difícil que una universidad destaque sobre
el resto, cuando precisamente habría que buscar la diferenciación en un
mundo complejo y diferenciado, si por lo menos queremos atraer talento,
como decimos, sin eso la garantía de éxito es muy limitada. Con esta ley
se hace lo mismo. ¿De verdad pensamos que para solucionar el tema de las
novatadas, de posibles plagios, de copias, etcétera, es necesario hacer
una ley de estas características? ¿De verdad pensamos además que esta ley
lo va a arreglar? Este es el típico ejemplo de matar moscas a cañonazos.
(Rumores).


Llevamos años intentando adaptar el sistema
español a lo que se conoce como proceso de Bolonia. Este proceso tenía un
objetivo básico, claro y muy loable, hacer que las y los estudiantes
sepan moverse a nivel europeo en un sistema entendible. Para ello hubo
que adoptar el sistema imperante básicamente y dejar a un lado
titulaciones como medicina, arquitectura y alguna otra y pasar de un
sistema de cinco años de licenciatura más dos de cursos de doctorado y
tesis a otro con tres o cuatro años de grado —antigua
licenciatura—, dos o uno de máster, y pongamos dos años más para la
elaboración de la tesis. Hubo muchas discusiones porque no resultaba
fácil convertir cinco años en cuatro e incluso en tres, como permitía la
ley. Durante años han convivido de mala forma los esquemas 3+2 y 4+1,
aunque el ministerio y los propios rectores, con excepción de las
universidades catalanas, se han ido inclinando por la segunda opción, que
es además la única que contempla el nuevo decreto; a mi entender, un
grave error porque muchos países europeos, seguramente la mayoría, han
optado por el 3+2. ¿Por qué? Porque se entiende que son muy difícilmente
creíbles másteres de duración inferior a dos años. Esto va a suponer un
obstáculo importante para que nuestros másteres sean valorados en el
extranjero y para atraer alumnos de otros países. (Continúan los
rumores).


El proceso de elaboración de los títulos ha
sido tedioso porque ha supuesto la pérdida de demasiadas horas en
establecer competencias básicas, específicas, transversales, etcétera,
que solo se sostiene, y con dificultad, en el papel, mucho papel. Cada
titulación requiere no menos de 80 páginas, multipliquen esa cantidad
por 3000 títulos de grado y 3700 de máster. Hay que añadir muchos más,
los repetidos en el enunciado del título de distintas universidades, todo
regulado, explicado en decenas de disposiciones. Miles de universitarios
entretenidos en discusiones en el departamento, en el centro, en los
distintos órganos de gobierno, discusiones en los Gobiernos autonómicos,
en el Consejo de Universidades, con informes preceptivos de las agencias
evaluadoras autonómicas y de la Aneca; en más de una ocasión resultaban
contradictorios, aspectos del plan que tenían el visto bueno de una
agencia autonómica no eran admitidos por la Aneca o al revés. Nada
parecido a esto se ha hecho en otros países europeos. Al cabo de los
años, desde que el proceso se pusiera en marcha, los universitarios
españoles se han hecho especialistas en rellenar papeles, en ser capaces
de distinguir qué competencias asegura la lección 13 del tema 5, cuya
mitad se ha impartido además por una televisión.


Claro que Bolonia habla de competencias, pero
se refiere a su desarrollo a lo largo de los años, no a su medición,
imposible, por otro lado, según los esquemas mentales del concretemos
todo, absolutamente todo, que solo así tenemos garantías de que las cosas
se hacen como es debido. Es la misma filosofía que existe en la ley que
debatimos hoy. Mientras nuestros universitarios saben mucho de papeleo,
quizás tengan dificultades similares a las que tenían en 2005 para
moverse con soltura por las universidades europeas. (Continúan los
rumores).


Señorías, el Senado es la Cámara de la palabra,
pero, por favor, hablen un poquito más bajo, porque hasta a mí me están
despistando. El Senado es la Cámara de la palabra y del entendimiento, no
del palabrerío que desde aquí se oye, una pena.


Veamos lo que sucede en un país que muchas
veces se nos muestra como referente y con el que la universidad española
está obligada a competir, Estados Unidos. Sus universidades de
investigación dominan la educación superior en todo el mundo. (Continúan
los rumores). En la clasificación académica de las universidades del
mundo, dieciséis de las veinte instituciones principales están en Estados
Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de titulaciones perfectamente
entendible, dos años para obtener el associate degree, dos más o
directamente cuatro para el grado bachelor, dos más para el máster y dos
o tres para el doctorado. (Se acerca más al micrófono y levanta la voz).
Los centros están muy diferenciados entre sí, algunos ofertan solo
títulos de associate. ¡A ver si así por lo menos yo me oigo a mí mismo y
puedo seguir! (Varios señores senadores golpean repetidamente su mesa con
la palma de la mano). Gracias, gracias, compañeros y compañeras. Otros
llegan hasta el grado, algunos solo grado y máster, algunos solo máster y
doctorado, etcétera. Están organizados a nivel estatal en diferentes
sistemas. Hay sistemas públicos que acogen, por cierto, a la mayoría de
los estudiantes, privados sin ánimo de lucro y privados con ánimo de
lucro. Los estudiantes no tienen problemas para moverse de una
universidad a otra y sus estudios previos son reconocidos y convalidados
sin mayores complicaciones por el departamento correspondiente.


Este sistema ciertamente complejo, pero claro,
funciona muy bien desde el punto de vista de la movilidad. Los
estudiantes no tienen ningún problema en reconocer y entender el sistema
en su conjunto, se mueven de forma sencilla, y este era el objetivo de
Bolonia. Pues bien, lo que es admirable es que no haya legislación alguna
sobre eso; no hay leyes, ni siquiera básicas, no hay normas escritas más
allá de lo que cada centro en cada momento adopte. Si hace algo que se
salga de esa filosofía compartida, será el propio sistema el que lo
aísle. Por ejemplo, en estas semanas el MIT decidirá, si es que no lo ha
hecho ya, qué asignaturas va a ofertar a partir de septiembre para que
los futuros alumnos lo sepan en un par de meses; esto vale también para
los centros de la University of California pública, qué asignaturas va a
ofertar, qué va a cambiar, etcétera. Normalmente se respeta en lo básico
lo del curso anterior, pero no obligatoriamente. En España, por ejemplo,
si la Universidad Autónoma de Barcelona quisiera cambiar algunas materias
de aquí a septiembre, tendría enormes dificultades porque debería pasar
por muchas comisiones y órganos decisorios, en los que a veces ni
siquiera todos son académicos, y se alargarían tanto los plazos que sería
imposible llegar a tiempo. Es la consecuencia de este sistema, es la
consecuencia lógica de un sistema basado en la burocracia y en la
necesidad enfermiza de querer regularlo todo.


El texto de la ley que hoy debatimos se
entiende solo desde esa filosofía. Este es uno de los problemas más
graves del sistema universitario español, y por eso es un auténtico
milagro que en ese contexto los profesores universitarios sigan formando
tan bien y haciendo una investigación tan competitiva. Señorías, dejemos
que las universidades se muevan al son de su música, no les obliguemos a
hacerlo al son de la nuestra o, mejor dicho, al son de la de ustedes, y
mucho menos al ruido que todos ustedes hacen cuando no les interesa nada
lo que un senador o senadora está diciendo en esta tribuna.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tomará la palabra
la senadora Del Brío González.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidente.


El día en el que se va a debatir una ley que
habla sobre la convivencia universitaria —y nos acompaña el
ministro del ramo, cuya presencia agradecemos— me gustaría empezar
hablando precisamente de cómo funciona la convivencia universitaria en la
mayoría de las universidades españolas. Yo diría que son centros de
enorme convivencia, donde siempre existe respeto a la diversidad y a la
igualdad. Tienen figuras como el defensor del estudiante, así como
unidades de igualdad y diversidad; tienen servicios de apoyo social,
oficinas verdes. Es decir, la universidad española actual, que lleva
muchos años viviendo en democracia, cubre todas las necesidades de este
estudiantado diverso y plural, y tenemos que estar orgullosos de ello y
difícilmente se le puede acusar de forma general, insisto, de lo
contrario, porque son además centros de innovación; a mí me gusta creer
que realmente en las universidades seguimos creando conocimiento y
buscamos mover esa frontera de la innovación y del desarrollo, que es el
que mueve el crecimiento del mundo y hace un mundo mejor. Pero son
también centros de digitalización, y lo hemos demostrado en la pandemia
con la rápida adaptación a la docencia digital. Es también un lugar de
intercambio de culturas, no solamente de estudiantes de distintas zonas
geográficas de España, sino que recibimos estudiantes extranjeros tanto a
través del programa Erasmus como por los convenios con universidades
iberoamericanas. Es un orgullo saber que esa convivencia se produce en el
día a día de casi todas las universidades españolas.


Soy muy consciente de que a los estudiantes se
les escucha, tienen mecanismos de reclamación, buzones de sugerencias;
tienen comunicación directa con el profesorado, con los órganos de
gobierno a través de sus representantes; se practica en el día a día la
mediación y el diálogo como base de resolución de problemas, y les puedo
asegurar que el número de estudiantes expulsados o a los que se les abre
expediente por infracciones o faltas leves o graves es muy bajo. Todo
esto nos demuestra que, aunque sea cierto que la ley que regulaba la
convivencia universitaria era una norma predemocrática, eso no significa
que la vida de nuestras universidades lo haya sido ni que se hayan
aplicado regímenes duros, superdisciplinares y disciplinantes a nuestros
estudiantes. Todo eso nos lleva a decir que, aunque es cierto que está
muy bien que actualicemos la norma, creemos que esta —y coincido
con el senador anterior— va a ser muy poco útil de cara a cambiar o
a mejorar la convivencia universitaria. Hemos sido capaces los
profesores, alumnos y el PAS, el personal de administraciones y
servicios, de crear grandes centros donde prima la convivencia, el
conocimiento y —ojalá— la sabiduría.


Creo que por eso es importante plantear ciertas
cosas —y estoy dando respuesta a preguntas que aquí todavía no se
han hecho, pero que a lo mejor se hacen en turnos posteriores; sí se
hicieron en la comisión celebrada hace unos días— como, por
ejemplo, por qué nadie antes ha querido durante estos años de democracia
modificar esta ley. Porque efectivamente no ha habido una gran demanda
social ni por parte de estudiantes ni de profesores, porque, como bien
decía, por encima de todo esto tenemos un marco regulatorio que es la
Constitución española y cualquier artículo de la ley anterior que hubiera
quedado desfasado tenía como filtro, y por tanto como elemento que va a
determinar su correcta aplicación, esa Constitución. Sin embargo, y la
senadora de Ciudadanos ha abierto ampliamente ese tema y lo ha
desarrollado —yo me voy a detener menos—, sí existen
universidades españolas en las que hay problemas de convivencia, y muchas
veces nos llega esa visión a través de esa noticia de telediario en la
que vemos cómo muy habitualmente políticos que no son de izquierdas
visitan determinadas universidades —no solo catalanas, la
Universidad Complutense de Madrid también ha sido famosa por ello—
que no les han permitido desarrollar la libertad de expresión. Pero
resulta que esta ley que el Gobierno trae con tanto orgullo no va a dar
solución a esos conflictos, es decir, para aquello que la necesitábamos
no aplica, y para aquello que aplica tenemos un sistema universitario que
ha sido capaz con el desarrollo de su autonomía universitaria, incluso
con las competencias delegadas a las comunidades autónomas, siempre en
ese marco de la Constitución española, de resolver los conflictos en el
día a día.


Por tanto, no creo que debamos hoy hacer mucho
caso a esas proclamas sobre la enorme libertad y la enorme democracia que
va a aportar esta ley, porque no es cierto, lo dudo mucho —y en eso
coincido con exposiciones anteriores—, muy poco va a cambiar el día
a día de nuestra universidad. Entonces, ¿por qué el Grupo Popular ha
presentado este veto? No solo porque pensemos que no resuelve, porque,
aun así, una vez que se actualiza una ley y aporta por tanto valor,
nosotros estaremos ahí, sino porque resulta que para esta ley se había
llegado a un cierto consenso con la comunidad universitaria, más
concretamente con la CRUE, pero ese texto se desvaneció, se evaporó en un
momento tan peculiar como la negociación de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2022. Nosotros habíamos pedido expresamente que no se
produjera la tramitación de esta ley coincidiendo con la negociación de
los presupuestos, pero de nada nos sirvió. Esa es una de las razones de
este veto. También, lógicamente, nos hubiera gustado pensar que la
convivencia universitaria no es moneda de cambio, como así ha sido, y eso
duele; le tiene que doler a los rectores muy especialmente porque son más
conscientes de ello, pero sobre todo al estudiante que tenga esta
información y que sepa que su convivencia universitaria es de una manera
o de otra en función de los votos que se necesiten para unos
presupuestos. La mejor forma de haber tramitado esta ley era algo tan
sencillo como no haber separado el todo y la parte, porque esta ley es
una parte de la futura ley orgánica del sistema universitario, y eso es
lo que ya sí que no podemos entender. Qué necesidad había de extraerla y
de tramitarla de forma separada y, además, encontrarnos con ese proceso
de negociación que ha llevado a que el texto sea muy distinto al que
habría sido en condiciones absolutamente normales.


Otra de las razones que hay detrás de nuestro
veto tiene que ver con un hecho tan sencillo como que no se refiere a la
Constitución española. Como vienen con esta idea, han aplicado el radar
franquista y han detectado esta ley y deciden que van a aplicar
democracia en la legislación, y aparece continuamente la referencia a los
valores democráticos sustituyendo la referencia a los valores
constitucionales. A mí me ha encantado escuchar hoy al presidente de la
comisión, al senador y profesor Javier de Lucas, referirse a los valores
constitucionales, pero es que en el texto de la ley no aparecen; ojalá
que su propia voluntad de que ese texto estuviese ahí se hubiera recogido
en la ley, pero es que no ha sido así. Y nos parece un tema grave, porque
poquito a poquito, paso a paso, la Constitución española se va horadando
y se va atacando, y desde luego eso no es lo que quiere ni busca ni el
español medio ni mucho menos el Partido Popular.


Además de todo lo que les estoy diciendo, en el
Congreso no se desarrolló un trámite ordinario, se resolvió en una
comisión, no se llevó a Pleno. Aquí hemos podido traerlo al Pleno, pero
tampoco encontramos que se acepte una sola enmienda; venimos con el mismo
texto, las mismas condiciones que si no hubiéramos celebrado ninguna
comisión ni tenido ninguna tramitación en el Senado, porque nos ha venido
como estaba y no hay voluntad de que se cambie ni un solo ápice. Luego
hablamos de coordinación entre las comunidades autónomas y queremos que
la Cámara territorial tenga valor, pero nos encontramos con que no va a
servir de nada. Y hablando de coordinación territorial, uno de los
elementos en el que han querido poner más énfasis los socios del Gobierno
que han propuesto este texto ha sido romper la coordinación de las
comunidades autónomas, en asegurar la autonomía universitaria. Es que
todos estamos de acuerdo, pero insisto una vez más —lo he dicho
ya— en que la autonomía universitaria se tiene que desarrollar en
el seno del marco legislativo de nuestra Constitución española. Y luego
ya vienen los temas económicos, pues para el Partido Socialista siempre
hay un elemento que es el quid de la cuestión: su concepción del gasto
público.


Vamos a generar nuevos sistemas de mediación en
la universidad española gracias a esta ley, pero a coste cero. Espero que
no sea por esa idea de que los servicios públicos son gratuitos y el
gasto público no es de nadie. Saben ustedes que el gasto público lo
pagamos con impuestos, y con este Gobierno lo pagamos vía muy altos
impuestos. Ojalá que, a pesar de todo, la convivencia universitaria no
dependa de la calidad o falta de calidad de esta ley y deseo un feliz
curso a todos nuestros estudiantes en el presente y en el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.


Para el turno en contra de los vetos
¿compartirán el tiempo la senadora Fernández Álvarez, del Grupo
Parlamentario Socialista y el senador Reniu Vilamala, del Grupo Esquerra
Republicana? (Asentimiento). Muy bien, de acuerdo.


En primer lugar, tiene la palabra el senador
Reniu.


El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies,
president.


Seré muy breve. En nuestro grupo parlamentario
estamos satisfechos con esta ley toda vez que con ello conseguimos
derogar, tras sesenta y ocho años, una norma sin ningún tipo de encaje en
un contexto democrático. Una norma, recordemos, preconstitucional e
inconstitucional por su definición y por su aplicación desde hace años,
ya limitada al estudiantado, como se ha dicho. Pero es que, además,
nuestro grupo parlamentario consigue que las cosas pasen: cuarenta y
siete años después de la muerte del dictador derogamos este decreto. Con
este texto reforzamos la autonomía universitaria, potenciamos la defensa
del ejercicio de los derechos fundamentales de los estudiantes y se
formalizan también mecanismos alternativos a la resolución de
conflictos.


Por lo señalado, no compartimos los vetos
planteados y, en modo alguno, en absoluto, el veto de Ciudadanos en
ninguna de sus manifestaciones, centradas como siempre y, por desgracia,
en criticar todo lo que tenga que ver con Cataluña, así como desvirtuando
la esencia del parlamentarismo: la negociación. También votaremos en
contra del veto presentado por el senador Martínez Urionabarrentxea,
puesto que en el contexto jurídico actual se exige la presencia de una
breve pero indispensable tasación de las faltas en un mecanismo de ley
para poder desplegarlo precisamente en las universidades.


Y, finalmente, en relación con el veto del
Partido Popular, también, obviamente, votaremos en contra por motivos
casi idénticos a los expresados anteriormente en el caso del primer
veto: empleando otra vez la realidad catalana, venga o no al caso, como
arma arrojadiza. Además, cosa que nos genera cierta preocupación,
constatamos un cierto estilo obstruccionista que, por si fuera poco,
supondría mantener, recordémoslo, una norma preconstitucional. En
resumen, nuestro grupo parlamentario votará en contra de los tres vetos a
esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


También para el turno en contra de los vetos,
tiene la palabra la señora senadora Fernández Álvarez, del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.


Buenos días a todos y a todas. Buenos días,
señor ministro de Universidades, gracias por acompañarnos esta
mañana.


La Ley de Convivencia Universitaria cumple con
el compromiso de derogar el Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el
que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los centros
oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica dependientes del
Ministerio de Educación Nacional, que permanecía vigente solo respecto
del estudiantado y que está en clara contradicción con los principios
democráticos de nuestra sociedad actual.


El objetivo que se persigue con esta ley es
sustituir una norma preconstitucional e inconstitucional que no tiene
cabida en nuestro sistema democrático actual, que responde a un enfoque
esencialmente punitivo y cuya aplicación plantea problema. Además, da
respuesta a una demanda de las universidades españolas y también de los
universitarios. Fue un compromiso del Gobierno, un compromiso del
Ministerio de Universidades y es una muestra más de que el Gobierno de
España cumple, de que el Gobierno escucha, de que el Gobierno atiende y
de que el Gobierno da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y las
ciudadanas de este país, en este caso de la comunidad universitaria.


Esta ley se adapta al ordenamiento
constitucional vigente y, además, sienta las bases para reformular el
marco de convivencia universitaria, haciendo énfasis en el ejercicio de
las libertades y de los derechos fundamentales y garantizando la igualdad
para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y las propias
universidades. Era fácil, además, imaginar que un Gobierno progresista no
iba a desarrollar una ley entendida como una norma disciplinaria con la
misma filosofía que el reglamento que pretende sustituir, sino como una
norma que apuesta por una universidad basada en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia y poniendo el foco del asunto en la prevención de los
conflictos, la mediación y la resolución pacífica de los mismos.


Con este proyecto de ley todas las
universidades están obligadas a tener normas de convivencia que
incorporen mecanismos de mediación, como vía preferente para la
resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y de
respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.


En definitiva, esta ley instaura un marco nuevo
para la convivencia universitaria en consonancia con los principios
democráticos y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y las
libertades básicas, entre ellas la manifestación, la reunión, la
asociación y la huelga.


Por mucho que se empeñen en todo lo contrario,
la ley es fruto de un laborioso proceso, en el que se ha dialogado y
consensuado con la comunidad universitaria en su conjunto y también con
las diferentes fuerzas políticas parlamentarias hasta alcanzar un texto
consensuado, que, además, está en perfecta armonía con el conjunto del
despliegue normativo de reforma que el Gobierno está llevando a cabo en
el ámbito universitario, poniendo en valor el trabajo que desarrollan
cada una de las universidades españolas y también, cómo no, la
convivencia que ya existe en todas ellas.


No compartimos ninguno de los vetos que aquí se
han planteado en relación con este proyecto de ley. Con relación al veto
del señor Martínez, hemos de decirle que la norma establece los
principios y los elementos esenciales para asegurar la igualdad de
derechos y deberes a todos los miembros de la comunidad universitaria,
como sabe, así como la implementación de un modelo de convivencia
universitario fundado en la igualdad, el ejercicio pleno de las
libertades fundamentales, la tolerancia, el respeto y la diversidad en
una convivencia pacífica, activa y responsable. Y serán esas
universidades, en el ejercicio de esa autonomía que ya tienen, las que
desarrollarán los medios oportunos para la resolución alternativa de los
conflictos en el ámbito que les es propio, de acuerdo, como decía antes,
con los principios de esta norma.


En relación al veto de Ciudadanos, quiero
recordarles que este grupo parlamentario no presentó enmienda a la
totalidad a este proyecto de ley en el Congreso, aquí sí presenta un veto
alegando que los acuerdos alcanzados en torno a esta norma desvirtúan el
texto que en su día fue aprobado en el Consejo de Ministros. Además, se
insiste en esta tribuna, como ya lo hizo el otro día en la comisión, en
que la norma no soluciona ninguno de los problemas de convivencia que hay
en nuestras universidades, algo con lo que, señorías, no podemos estar
más en desacuerdo. Le reitero lo mismo que le he dicho al señor Martínez
con relación a su veto; y lo que dije la semana pasada en la comisión lo
vuelvo a reiterar, señora Ponce: no compartimos para nada las
manifestaciones y los argumentos que nos han trasladado en cuanto a la
defensa del veto que su grupo ha presentado. Y no solo no compartimos,
como usted manifiesta, que el texto de la norma no tenga nada que ver con
el texto original, sino que podemos afirmar rotundamente que el texto ha
sido mejorado y enriquecido en el marco de esos acuerdos tan denostados
una vez más por todos ustedes, señorías de Ciudadanos; unos acuerdos
alcanzados con otras fuerzas políticas. Acuerdos, dicho sea de paso, a
los que como es lógico no vamos a renunciar, porque de eso va la
democracia, señoría, de entenderse. Esa es la esencia de la política:
entenderse, acordar, pactar para lograr los mayores consensos
posibles.


Quiero dejar claro que el único cambio que se
introdujo en ese proceso de acuerdos y de consensos para llegar a este
punto en el que hoy estamos hace referencia a que las universidades
desarrollarán los mecanismos alternativos de mediación en la resolución
de los conflictos. Por tanto, la mediación sigue siendo el espíritu
central de la ley, de obligado desarrollo por las universidades; es
decir, la mediación no es una opción, su desarrollo es una obligación por
parte de las universidades y ello, de alguna manera, nos lleva a pensar
que quizá ustedes no confían en las universidades españolas ni tampoco en
la autonomía que estas tienen. Además, le reitero lo que ya le dije en la
comisión, que es una ley para todas las universidades del Estado, para
todas y cada una de las cincuenta universidades públicas que hay en
nuestro país.


Les pedimos una vez más que no insistan en
centrar todos los debates en Cataluña también en este ámbito y que dejen
de echarnos en cara que hayamos llegado a acuerdos parlamentarios porque,
si bien a veces es casi imposible, resulta muy difícil alcanzarlos con
ustedes, cuando su labor o su posicionamiento es siempre sumarse al no en
todo aquello que se trae a esta Cámara.


En cuanto al veto a esta ley del Partido
Popular, ustedes dicen que responde esencialmente a razones de
oportunidad y, como decía la señora Del Brío, parece ser que no es el
momento oportuno tampoco ahora para proceder a aprobar esta ley. Están en
su legítimo derecho a creerlo así —lo han defendido en esta
tribuna—, pero me parece una muestra más de ese negacionismo Enel
que están instalados de forma sistemática con todas las iniciativas que
llegan a esta Cámara, sin presentar, por otra parte, ningún tipo de
alternativa y obstaculizando cualquier avance en derechos. Creo que la
mayoría de los que estamos en esta sesión plenaria compartimos la
reflexión sobre la imperiosa necesidad de actualizar una norma que lleva
vigente demasiado tiempo, y que por mucho que se intente ocultar ha
causado problemas en las universidades, es cierto. En algunas ocasiones
se han aplicado ciertos supuestos a estudiantes que luego han tenido que
resolver los tribunales. Por tanto, si este grupo parlamentario defiende
esa convivencia en el seno de nuestras universidades, también defiende
una vez más la necesidad de actualizar esta norma y la necesidad de
aprobar este proyecto de ley que traemos a esta Cámara.


No compartimos tampoco con ustedes, señorías
del PP, que tendría que haberse aprobado antes el proyecto de ley
orgánica del sistema universitario. Nos dicen que no se oponen a la
actualización del reglamento vigente, pero, sin embargo, vetan aquí y en
el Congreso una norma que lo que pretende es acabar con ello. Dicen que
es una norma poco útil; nosotros entendemos que no es así. Esta ley
supone un cambio sustancial en relación con el reglamento franquista que
pretendemos sustituir; por tanto, no compartimos que no sea el momento
para aprobarla. A lo largo de estos dos años de Gobierno, el Ministerio
de Universidades viene trabajando en el desarrollo de un amplio marco
normativo a nuestro entender muy necesario para que, según las palabras
del propio ministro, la universidad tenga un papel significativo en el
proceso de cambio de esta época, y además ese trabajo lo hace de forma
coordinada, como no podía ser de otra manera. Quiero con ello decir que
la futura LOSU respetará esta ley de convivencia; por tanto, no
compartimos esa afirmación de que aquella procederá a derogar esta.


Nos parece muy bien que ustedes vengan a esta
Cámara a manifestar que les importa mucho la política universitaria, que
se preocupan por los estudiantes, pero, a la hora de la verdad, con este
veto lo que nos demuestran es lo contrario: presentan un veto a la
totalidad del texto y reclaman su devolución al Gobierno, y hacen
mención, una vez más, a esa ruptura en el marco de la tramitación
parlamentaria con los consensos que en su día se alcanzaron con la
comunidad universitaria. Les recuerdo, señorías, que también al texto de
la CRUE y del ministerio que se presentó en el Congreso ustedes
formularon una enmienda a la totalidad.






Es más —lo dije en la
comisión y lo reitero—, algunas de sus enmiendas, que luego
tendremos la oportunidad de debatir, algunas de esas propuestas de
modificación o de adicción suponen volver a esa versión original del
proyecto de ley que en su día fue remitido al Congreso y al que también,
insisto, ustedes presentaron una enmienda a la totalidad.


Voy terminando. A lo largo de estos años de
democracia hemos tenido leyes universitarias que no habían abordado esta
materia, por tanto, mi grupo entiende y el Gobierno entiende que es
necesaria la aprobación de esta ley, que es necesaria la derogación de
ese reglamento franquista. Por ello, nos vamos a oponer. Vamos a votar en
contra de los vetos que se han planteado con relación a este proyecto de
ley. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos a continuación al turno de portavoces
del debate de totalidad.


El Grupo Parlamentario Mixto no tomará la
palabra. Muchas gracias, señorías.


¿El Grupo Parlamentario Democrático tomará la
palabra, señorías? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado tomará la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon dia. Gràcies,
president.


Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero
agradecer la presencia del señor ministro de Universidades en el trámite
de esta ley aquí en el Senado. Esto dice mucho de usted y de la
importancia que se da a esta ley de convivencia universitaria.
Gracias.


Nosotros no apoyaremos la propuesta de veto del
PP ni de Ciudadanos porque difícilmente podemos estar de acuerdo con el
modelo universitario que proponen unos partidos que aprovechan tener un
micro en la mano para atacar de forma sistemática a Cataluña, a las
universidades catalanas, en este caso, a las escuelas catalanas, a la
llengua catalana o a la cultura catalana. Lo hemos podido ver
perfectamente y en directo en la intervención de la señora Ponce, de
Ciudadanos: veneno puro y duro. Señorías, dejen su fijación por los
campus de las universidades catalanas y abran sus mentes.


Señoras y señores de Ciudadanos, señora Ponce,
no me ha alterado ni lo más mínimo, si es lo que pretendía. Debe ser muy
triste y muy pobre que el único argumento de su existencia sea ir en
contra de Cataluña, sea cual sea el tema que abordemos. Ustedes solo
nacieron para lapidar la llengua catalana, la cultura catalana y ahora,
como no podía ser de otra manera, utilizan las universidades para
perseguirla o para aumentar la represión política contra el
independentismo. Como me cogen de buenas (Risas), me voy a permitir
darles un consejo, tómense una tila, respiren y sean felices, porque les
aseguro que no van a conseguir que desaparezca el catalán, quienes
seguramente van a desaparecer son ustedes.


Señorías, señoras y señores del PP, cabe decir
que su veto tiene algún punto que podríamos catalogar como razonable,
pero afirmar que en las universidades catalanas hay un conflicto abierto,
donde los constitucionalistas no pueden expresarse de forma libre y
voluntaria, es mentir; hablar de apartheid lingüístico es mentir; hablar
de veneno nacionalista es mentir; asegurar que en las escuelas de
Cataluña los niños y las niñas no pueden ir al lavabo sin hablar
castellano es mentir y menospreciar a todo el colectivo docente. Utilizan
la lengua para crear un conflicto donde no existe; utilizan la mentira
para hablar de situaciones de acoso inexistentes y, lo más grave,
magnifican las mentiras para tener cuota de prensa.


¿Saben una cosa, señorías del PP y de
Ciudadanos? (Pausa) La senadora de Ciudadanos no me escucha. En la última
encuesta metodológica y de actitudes sociopolíticas que ha realizado el
CEO, el Centre d’Estudis d’Opinió, con resultados de hace una
semana —muy actuales—, se dice que el 50 % de los
castellanohablantes defiende el sistema de inmersión lingüística en
Cataluña. El uso del català en la escuela catalana no genera mucha
polémica entre los ciudadanos de Cataluña. Un 20 % de los ciudadanos
considera que el uso del català en la enseñanza es insuficiente y un 22 %
considera que es excesivo. En cambio, casi el 60 % de la población cree
que el nivel de català en las aulas es el adecuado. En la misma línea,
el 76 % de los encuestados está muy o bastante de acuerdo en la defensa
del modelo de inmersión lingüística. Esto lo ha dicho el CEO. Como ven,
no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen y predican constantemente.
Les invito a que pasen una temporadita en Cataluña y verán que la buena
convivencia en las universidades, en los colegios y en las calles es una
realidad. Con todo lo dicho, entenderán que no apoyemos unos vetos donde
se incita al odio a Cataluña y no se fomenta la convivencia
universitaria.


Sobre el veto del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, las enmiendas presentadas por el señor Martínez
Urionabarrenetxea coinciden con algunas de las nuestras, que
evidentemente apoyaremos, pero para Junts no son un motivo para presentar
un veto. Nosotros priorizamos que se derogue un decreto del año 1954, con
matices acentuados del franquismo. Por este motivo, no vamos a apoyar
tampoco su veto.


Muchas gracias. Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea?
(Denegaciones). Muchas gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tomará la palabra la senadora Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Buenas tardes.
Gracias, señor presidente.


Senyor ministro, benvingut i felicitats.
(Continúa en catalán).


Felicidades a todos los senadores y senadoras
que a esta hora resisten aquí sentados, y algunos y algunas incluso
escuchando. Todo un éxito. Tengo que confesar que cuando tuve en las
manos la ley, cuando tuve acceso a ella, me sorprendió —he de decir
que no soy del mundo universitario; tengo el título, pero nunca he
trabajado en la universidad— que todavía en 2021 estuviera vigente
una ley franquista del año 1954 —cuando yo nací, hace 67
años—, y pensé que esto no era posible porque el dictador murió
en 1975. Fíjense en los años que han pasado. Ya tocaba, ¿no? Lo que no
entendía es que no lo hubiéramos hecho antes. ¡Qué curioso! Además, para
morirme de pena, que no de risa, el Reglamento de disciplina académica de
los centros oficiales... —no les voy a aburrir con el
título—, está firmado —fíjense en qué lugar— en el Pazo
de Meirás. Es una vergüenza para todo el mundo que defiende la democracia
que se haya permitido durante todos estos años que una ley como esta, en
un lugar de expolio para el pueblo gallego —aquí hay mucha gente
que defiende al pueblo gallego— siguiera vigente.


Cuando nuestro grupo abordó la tramitación de
esta ley, teníamos algunas premisas. Además de considerarla necesaria,
queríamos que defendiera la autonomía universitaria, pero también las
competencias que tiene Cataluña. La ley recoge aspectos en los que hemos
estado trabajando. Pero ¿saben qué pasa?, que tenemos la responsabilidad
política de debatir, de hacer propuestas; intentar llegar a consensos,
acordar e introducir mejoras. El no por el no es muy fácil; sin embargo,
nuestros ciudadanos y ciudadanas no nos han votado para el no por el no
siempre, sino para avanzar en lo que se considera justo.


La ley que hoy aprobaremos se basa en la
libertad ideológica, religiosa; en la libertad de expresión; en los
derechos de reunión, asociación, manifestación; en la libertad de
enseñanza y de cátedra, pero además contempla que, en materia de
violencia, discriminación y/o acoso sexual por razón de sexo, por racismo
y xenofobia, deberá incluir también medidas de prevención y dispondrá de
procedimientos específicos para dar cauce a las quejas y denuncias.


Ahora no voy a hablar más de la ley. A algunos
y algunas que estaban en la comisión les voy a aburrir, pero lo siento,
porque hay cosas que deben constar en el Diario de Sesiones. No podemos
aceptar la mentira como base de la argumentación, como base del debate
parlamentario. Ya le he explicado muchas veces a la señora Ponce y a los
señores del PP que en Cataluña no hay acoso. El acoso y derribo lo
practican ustedes, y les vuelvo a explicar, no para que lo entiendan
—ya sé que no lo van a entender porque no quieren—, sino para
que conste en el Diario de Sesiones, que en el IES El Palau no pasó lo
que ustedes dicen: que hubo acoso y derribo a los hijos e hijas de
guardias civiles. Hubo una denuncia, sí, contra el profesorado. El
profesorado lo pasó fatal: ellos sí que sufrieron un acoso y derribo
terrible. ¿Y saben qué? Que la denuncia fue archivada por los tribunales,
y usted todavía sigue hablando de este tema. ¿Y sabe qué comportó? Que en
un centro que funcionaba, un centro grande, de referencia en la comarca,
con todo tipo de enseñanzas secundarias, treinta personas de su plantilla
de los sesenta y pico que había acabarán yéndose del centro —con lo
que esto significa— gracias a ustedes. Para más inri, fíjense, el
que ahora es portavoz de Ciudadanos en este municipio ha rectificado y ha
dicho que no hubo tal acoso y que fue solo un tema de malentendidos.
¡Vamos, hombre! Ya digo, me gustaría no tener que volver a explicarles a
los senadores y senadoras, que sí escuchan y entienden, este tema. Pero
cada vez que salga se lo volveré a explicar, porque nuestro grupo no va a
consentir la mentira.


También voy a decir otra cosa que dije el otro
día, como me queda tiempo… (Risas). Dejen ya de tirarnos a la
cabeza la Constitución. Como dije, durante muchos siglos no es que
tiraran la biblia a la cabeza de las mujeres, sino que las quemaban
cuando decían que iban contra la doctrina de la biblia. Ustedes no nos
queman porque estamos en el siglo XXI, pero ¡zasca!, el libro gordo nos
lo tiran a la cabeza constantemente. Dejen la Constitución tranquila y
hablemos de democracia, porque, al final, según ustedes, la Constitución
fue democrática y así está recogido. Por tanto, dejen de castigarnos y de
fustigarnos, que ya estamos un poco cansados. Y quien quiera venir a
Cataluña que venga, no hay tanques en la calle, no hay policía todo el
día en la calle. Hay conflicto, claro, como en todo el mundo. La
convivencia genera conflicto: en mi casa, en la universidad, en los
centros educativos y en la calle muchas veces, pero de ahí a hablar como
si estuviéramos en una guerra civil… Ya les gustaría a algunos de
ustedes, pero no estamos en una guerra civil y vamos a hacer todo lo
posible para no caer en ella.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Escandell.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tomará la palabra su señoría el senador Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias, señor
presidente.


Muchas gracias, señorías que en estas horas
permanecen en este debate universitario. Bienvenido, señor ministro, en
nombre de mi grupo. También le agradecemos que esté durante todo este
debate.


La Ley universitaria es una ley que, como bien
dije durante la comisión, nació forzada por un ministro, el ministro
Castells, que quería suprimir, sin una alternativa, el reglamento
de 1954 por obsoleto y preconstitucional, y se encontró con el problema
de tener que aprobar una norma a cambio que no estaba originalmente en su
agenda ministerial; por cierto, un reglamento que estaba —que
está—, como también se ha dicho, suprimido parcialmente y donde
varios de los preceptos que quedan han de entenderse derogados total o
parcialmente o afectados por la propia Constitución. En cualquier caso,
repetiré lo que también dije el otro día: no será este el grupo que se
oponga, pero, eso sí, en el contexto y con el contenido adecuado.


Este planteamiento de tener que proponer un
texto alternativo y actualizado que no se había previsto ha tenido al
final nefastas consecuencias, y el resultado ha sido, en nuestra opinión,
el peor posible al terminar escribiéndolo Esquerra Republicana en el
marco de los Presupuestos Generales del Estado, que pasó de presentar una
enmienda a la totalidad, un veto, a votar a favor, y eso lógicamente ha
tenido consecuencias.


Señorías, para el Partido Popular esta es una
ley fuera de contexto, que se ha vaciado de contenido normativo, que ha
restado autonomía a las universidades, aunque se plantee lo contrario, y
que podría incluso normalizar situaciones de hostigamiento y acoso
indignos e impropios de un campus universitario, situaciones que,
convendrán conmigo, en estos momentos se concentran especialmente en
campus universitarios en Cataluña, aunque no exclusivamente ahí. De este
modo, a las razones que ya nos hicieron presentar la enmienda a la
totalidad en el Congreso, se suman otras nuevas en la presentación de
este veto, ya que, lejos de mejorar en su trámite parlamentario, ha
empeorado sustancialmente como resultado de ese pacto entre el Gobierno y
el Grupo de Esquerra Republicana, y saben además que no lo decimos solo
nosotros, sino también la comunidad universitaria.


Estamos ante una ley que está fuera de
contexto, ya lo expusimos en la comisión. Esta ley debería haber sido
parte de la Ley orgánica del sistema universitario que actualmente se
está desarrollando. Debe ser un título de esta ley, como así sucede en la
práctica totalidad de situaciones legislativas similares. Ese es su
contexto natural y académico. En cualquier caso, su aprobación nunca
debería haber sido a priori de ese nuevo contexto normativo, la Ley
orgánica del sistema universitario; y esta ley de convivencia debería
haber sido siempre a posteriori: primero el marco general, que aún está
por definir, y después el régimen disciplinario de esta ley. Además,
siempre debería incorporar los anclajes contextuales de a quién se debe y
a quién se sirve, es decir, al Estado y al sistema universitario, y, sin
embargo, nada de ello concurre en esta versión de la ley que nos ha
llegado al Senado. Es más, sigue sin acompañarse del dictamen del Consejo
de Estado, incluso cuando las universidades han trasladado su
preocupación por la incertidumbre y la inseguridad jurídica que genera
esta ley y que va a provocar diferentes interpretaciones, dependiendo de
la comunidad autónoma en la que se aplique.


Este es un ministerio —espero que a
partir de ahora no lo sea— que reniega del Consejo de Estado, del
supremo órgano consultivo del Gobierno, que, como dictaminó el Tribunal
Constitucional, es un órgano del Estado al servicio de la concepción del
Estado que la propia Constitución establece, es decir, un órgano
destinado a que España tenga buenas leyes. Debe de ser por los
antecedentes que tiene el ministerio con los dictámenes del Consejo de
Estado, todos ellos negativos, que nos reafirman en la exigencia de que
esta ley venga acompañada de este dictamen.


Señorías, después de pasar por el Congreso y
por ese pacto, la ley se ha vaciado de su contenido con relación a la
convivencia y la mediación, lo que hacía del reglamento de 1954 una ley
del siglo XXI. Se han eliminado los artículos sobre las definiciones,
sobre los principios, sobre los mecanismos de mediación, al tiempo que se
han vaciado de contenido artículos como el que corresponde a la comisión
de convivencia, y queda exclusivamente el espíritu punitivo de la norma
de 1954, eso sí, actualizada y modificada a petición de Esquerra
Republicana, así que se sumará a las leyes que hay en nuestra legislación
dedicadas exclusivamente al régimen disciplinario y que son las referidas
al ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y, más
grave aún, desaparece cualquier mención a que estamos ante una ley que
forma parte de la legislación básica que cohesiona el país, eliminando
también la mención al artículo 147.1.1 de la Constitución española. La
memoria del impacto normativo que acompañó al anteproyecto y que publicó
el propio ministerio justificaba la importancia de la necesidad de la ley
en lo que precisamente la ley finalmente ha eliminado. Decía textualmente
para justificar la ley: «Sin esta ley, se considera que se podría
producir una excesiva heterogeneidad en la regulación de la materia
dentro del sistema universitario español contraria a la igualdad en el
ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales».
La ley lo que hace ahora es precisamente lo contrario.


Por todos estos motivos, presentamos este veto,
y anunciamos también que votaremos a favor del veto propuesto por el
Grupo Parlamentario Democrático. Coincidimos en que el texto que llega al
Senado se aleja del cumplimiento de los objetivos que se marcaba la
propia ley mediante la incorporación de un mecanismo de mediación y la
armonización de los procedimientos para la resolución de conflictos
universitarios.


Señorías, discrepamos de la ley. Mucho nos
tememos que habrá ley, porque las matemáticas así lo indican, pero no
habrá acuerdo. El Partido Popular considera que es una ley que nace
condicionada porque es el resultado de haber estado en una ecuación que
se llama Presupuestos Generales del Estado, donde se evidenciaron las
cesiones a grupos que apoyaban dichos presupuestos. Por no haber no ha
habido ni oportunidad de diálogo con el principal partido de la
oposición, pero esperamos que en el debate que haya sobre la Ley Orgánica
del sistema universitario sí que lo podamos tener. A esto, además, se
suma la decepción de la comunidad universitaria, que ha visto cómo los
acuerdos logrados tras dos años de trabajo se disipaban en los despachos
del Congreso de los Diputados, y los pilares de la ley, en lo que se
refiere a la convivencia y a la mediación, desaparecían. Este profundo
cambio tras el pacto con Crue Universidades y las organizaciones
representativas de Ceune —Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado— y Creup —Coordinadora de Representantes de las
Universidades Públicas— ha venido acompañado de manifestaciones y
numerosas declaraciones de preocupación de dirigentes universitarios; por
cierto, las últimas muy críticas y esclarecedoras con relación a esta ley
en un periódico nacional el pasado sábado del presidente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y que venían a
coincidir en algo en lo que muchos estamos de acuerdo: el texto de la ley
que hoy podría aprobarse en el Senado no es la ley que la universidad
española necesita.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra la señora senadora Fernández Álvarez.


La señora FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias de nuevo,
señor presidente.


Como decía al inicio de mi intervención, y creo
que no huelga que lo reitere, lo que se pretende con la aprobación de
esta ley es sustituir una norma preconstitucional e inconstitucional que
tenía un enfoque esencialmente punitivo, y cuya aplicación planteaba
problemas. Además, con ello dábamos respuesta a una necesidad que nos
había planteado la comunidad universitaria.


Señor Vázquez Rojas, en mi anterior
intervención le daba algunas razones por las que no íbamos a apoyar su
veto ni el resto de los vetos planteados. Ahora daré algunas más. Para
nada comparto que la ley sea una ley forzada, una ley fuera de contexto y
una ley condicionada. Dicen que no se oponen, pero presentan un veto. La
verdad es que me resulta muy difícil entenderles. No sé si lo que
pretenden —lo hablábamos el día de la Comisión— es mantener
ese reglamento franquista de 1954.


Del mismo modo que no comparto algunas de sus
afirmaciones, hay otras que me han causado cierta confusión en el marco
de su veto. Y cito textualmente alguna de las frases. En una parte del
veto que presentan dice: «En esta materia no basta con el maquillaje de
los términos amables (convivencia, mediación y feminismo)». La verdad es
que me sorprende que esa sea la imagen que ustedes tienen de la
convivencia o de la mediación: términos amables, maquillaje. Más allá de
todas y cada una de las cuestiones jurídicas que nos han trasladado aquí
y que nos trasladan también en el texto de su veto, lo que realmente me
asombra es ver la consideración que ustedes tienen en este caso sobre la
convivencia, en concreto sobre la convivencia en el ámbito universitario,
pretendiendo, una vez más, poner el foco en las sanciones, mientras que
el Gobierno, en el marco de esta ley, lo que pretende es poner el foco en
la prevención de los conflictos, en la mediación y en el fomento de la
convivencia. Entendemos que la norma no puede tener solo un enfoque
punitivo, sino que debe responder a los valores propios del ámbito
universitario. Pero me parece más grave aún que hagan referencia al
feminismo con un término como maquillaje. Todas y cada una de las
políticas de este Gobierno y también las del Ministerio de Universidades
aplican la perspectiva de género de forma transversal. Cuando hablamos de
reducir la brecha de género en la investigación, en las estructuras de
gobernanza universitaria, cuando pretendemos fomentar la perspectiva de
género en los planes de estudios universitarios, estamos poniendo en
marcha medidas en favor de la igualdad. Esto no es maquillaje, señoría,
estos son cambios estructurales, y esta ley no podía ser menos en ese
sentido: no puede dar la espalda a la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres o a la protección integral contra la violencia de género.


Hacen también ustedes referencia en su texto a
la pretensión ideológica en ese entramado del modelo educativo que ha
elaborado el Gobierno mediante la Lomloe, algo con lo que tampoco podemos
estar de acuerdo si vamos al contexto y a lo que dice literalmente la
Lomloe sobre la convivencia. Porque la ley habla de cultura democrática y
establece para la educación, en este caso no universitaria, la
importancia de educar para la convivencia, el respeto, la prevención de
los conflictos y su resolución pacífica. La educación para la convivencia
es un objetivo, también desde la educación infantil, para los
socialistas. Y, por tanto, les pedimos que no intenten hacer de la
derogación del Reglamento de disciplina de 1954 el mismo uso que hacen de
todas y cada una de las leyes que nos hacen avanzar en derechos y en
democracia en este país, a las que ustedes siempre muestran oposición,
pero de las que luego siempre acaban beneficiándose. Este proceso de
desarrollo, de cambios estructurales, de avances en nuestro sistema
universitario, en el que lleva trabajando el ministerio en estos dos años
de Gobierno y que seguirá haciéndolo en lo que queda de legislatura
—pandemia mediante—, al que me refería con anterioridad, se
enmarca también en revertir los recortes que fueron llevados a cabo por
los Gobiernos del Partido Popular.


Hablan también en su veto de un sistema de
costes, de un sistema universitario muy tensionado por los efectos de dos
graves crisis económicas consecutivas. Efectivamente, señorías, las
situaciones de crisis económicas, por desgracia, tienen impacto en el
ámbito universitario. Pero los socialistas con nuestras políticas estamos
demostrando que se puede superar una crisis, que se puede superar
cualquier tiempo de crisis, protegiendo a las personas y sin recortes. Y
eso lo hemos hecho en el Gobierno y en el ministerio, revirtiendo esos
recortes del PP que llevaron a muchos de nuestros jóvenes universitarios
a tener que abandonar la universidad. Ahí están como ejemplo la reforma
del sistema de becas, las dotaciones presupuestarias en esta materia, la
bajada de las tasas universitarias, las ayudas a la recualificación del
sistema universitario.


Se les llena la boca hablando de respeto a las
universidades, de respeto a los universitarios, ¿pero saben cuál es una
de las principales preocupaciones que tienen los universitarios? Que
ustedes no vuelvan a tener responsabilidades de Gobierno para que no
vuelvan a recortar en sus derechos. (Aplausos.— Protestas).


Insisto, esta es una ley para todas y cada una
de las universidades del Estado. Para las cincuenta universidades
públicas de nuestro país. Y, por tanto, entendemos que urge dar este
paso, que parece haberse pospuesto —como se decía esta
mañana— de manera injustificada. Tenemos todos la oportunidad de
apoyar una ley que es básica para todo el Estado español, para todas las
universidades españolas, que busca plantear un modelo universitario de
convivencia, fundado en la igualdad, en el respeto pleno de las
libertades fundamentales, en la tolerancia y en el respeto a la
diversidad, y en una convivencia pacífica, activa y responsable. Y serán
las universidades las que, en el ejercicio de esa autonomía, desarrollen
los medios oportunos para la resolución alternativa de los conflictos en
ese ámbito.


Considero que es una excelente noticia que
pasemos página, que deroguemos ese reglamento franquista. La apuesta de
este Gobierno por la convivencia universitaria es clara y nuestra apuesta
por una universidad para todos y para todas también es clara. Una
universidad en la que las desigualdades socioeconómicas no sean un
obstáculo para tener la oportunidad de obtener un título universitario.
Esta ley, al contrario de lo que ustedes piensan, hace a la universidad
española una universidad más moderna, una universidad que apuesta en su
normativa por la convivencia. Porque, se lo decía en la Comisión y lo
reitero, lo que para ustedes es ideología, para nosotros, los
socialistas, son valores y cultura democrática. Y nuestra apuesta por
esos valores y por esa cultura democrática se demuestra una vez más en
esta ley, que esperamos que hoy alcance en esta Cámara el mayor acuerdo
posible para su aprobación.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de enmiendas. Para la defensa
de las enmiendas 61 a 85, de sus señorías González-Robatto, Marín Gascón
y Merelo Palomares, tiene la palabra el señor Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.


Señor ministro, bienvenido. Le esperamos pronto
en la Comisión de Universidades.


Señorías, hemos presentado veinticinco
enmiendas a este proyecto de ley: tres de adición y veintidós de
modificación. Las enmiendas números 62 y 64 se refieren a mejoras
técnicas. La enmienda número 63 se refiere a la adaptación del apartado
uno de la exposición de motivos al resto de modificaciones que se
propondrán en las enmiendas subsiguientes. La enmienda número 67 se
refiere a consideraciones de género. La enmienda 84 se refiere a la
existencia de un plazo insuficiente para la puesta en marcha de las
normas de convivencia. Las enmiendas números 65, 70, 76, 77, 78, 79 y 82
se refieren a las faltas y sanciones. Las enmiendas
números 68, 69, 71, 72, 75, 83 y 85 se refieren a la denuncia efectuada
por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, que
sostiene en un comunicado lo siguiente: «Frente al espíritu de mediación
y convivencia, las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios
Socialista, Confederal de Unidas Podemos-en Común Podem-Galicia en Común
y Republicano, eliminan el espíritu de convivencia del proyecto y
trasladan a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible
regulación de mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos.
Esto impide el establecimiento de un marco común para todo el sistema
universitario español».


A continuación, les resumo las enmiendas no
referidas con anterioridad. Con la enmienda número 61 se eliminan las
persistentes referencias a las personas mediadoras, sustituyéndolas por
los mediadores. Esta modificación se efectúa sobre la base de que solo
las personas pueden reunir la condición de mediadores, y de que tal
circunloquio estorba la eficacia del lenguaje y vulnera los principios de
economía, concisión y carácter inclusivo del masculino. Asimismo, se
considera más coherente con la normativa sectorial. A mayor abundamiento,
un informe de la Real Academia Española de la Lengua de enero de 2020
sobre el lenguaje inclusivo mencionaba lo siguiente: «En la Constitución
española se usan con interpretación inclusiva los artículos y los
indefinidos en masculino plural, lo que se ajusta plenamente a la
estructura gramatical del español. Carecería, pues, de sentido,
argumentar que las mujeres no están comprendidas». Por todo ello, se
considera que el término correcto es el mediador.


La enmienda número 66, de modificación, propone
la modificación de varios apartados del artículo 3 del proyecto de ley.
En el primer apartado se elimina la referencia al entendimiento, por
entender que el objeto de las normas de convivencia queda suficientemente
descrito con el resto de las referencias. Se elimina también la alusión a
las actuaciones individuales y colectivas por innecesaria. La ley se
aplica a los sujetos individuales descritos en el artículo 2. En el
segundo apartado se reputa necesario incluir una referencia específica a
los valores constitucionales, por cuanto con esta expresión se incluye la
enumeración de derechos fundamentales que el texto realiza a
continuación. Asimismo, se incluye una referencia al trabajo, al mérito,
al esfuerzo, como valores necesarios en la formación de los estudiantes
universitarios. En el tercer apartado, las razones expuestas se aplican
mutatis mutandis, eliminándose, además, la alusión a la legislación de
género.


La enmienda número 73 es también de
modificación, en ella se propone la modificación del artículo 11 del
proyecto de ley en varios apartados. En primer lugar, en cuanto a la
letra c), se considera necesario recuperar el prestigio y la autoridad
del profesorado, que debe ser especialmente protegido frente a
cualesquiera actos que supongan interferencias en su función vital en el
sistema de enseñanza universitaria. Por ello, se incluye como infracción
muy grave la realización de cualesquiera actos que atenten gravemente
contra estos bienes protegidos. Sobre la letra f) se entiende que también
ha de tipificarse como muy grave, el grave deterioro de obras catalogadas
del patrimonio histórico y cultural de la universidad. De esta manera, se
reserva la letra b) del artículo 12 del texto remitido al Senado sobre el
deterioro grave de bienes de la universidad que no integren esta
categoría, como el mobiliario, instalaciones, etcétera, que con la actual
redacción quedarían sin sanción. Sobre la letra g), tan importante como
el plagio en sí, debe tipificarse de manera expresa la realización de
obras basadas en investigaciones con datos falsos, fraudulentos o
inexistentes, la llamada agnotología. Se introduce la posibilidad de que
constituya fraude académico no solo la acción premeditada, sino también
aquella que sea simultánea a ella, de tal manera que se recoja la
conducta consistente en copiar por cualquier medio. Se añade la
consideración como falta muy grave de aquellas conductas que impliquen el
fomento de la llamada cultura de la cancelación. En este sentido, la
universidad debe ser un espacio de libertad y de búsqueda de la verdad,
donde todas las opiniones sean escuchadas, donde se estimule un verdadero
debate intelectual y donde se fomente un diálogo libre. En consecuencia,
se postula la tipificación, como infracción muy grave, de la voluntad de
impedir tales actos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para defensa de las enmiendas 2 a 7, de sus
señorías Sánchez López, Muñoz Lagares y Ponce Gallardo, tiene la palabra
su señoría Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.


Las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas 86 a 106, de
sus señorías Cleries i Gonzàlez y de la senadora Castellví Auví, tiene la
palabra su señoría Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidente.


No se asusten, que no voy a utilizar los quince
minutos. Voy a acumular en mi intervención todas las enmiendas.


En Junts hemos presentado veinte enmiendas. La
mayoría de ellas están realizadas con la finalidad de reforzar la
autonomía universitaria; de respetar la capacidad de interlocución con
los estudiantes y sus propias reglas de actuación, derechos y deberes; y
de mejorar técnicamente el texto. Nuestras enmiendas tratan de reforzar
la ley, evitando sus excesos regulatorios. En Junts pensamos que esta
iniciativa legislativa debe regular lo básico como lo mínimo necesario.
Su contenido ha de ser flexible para que las comunidades autónomas con
competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias
alternativas políticas en función de su realidad. Junts, en casi todas
las enmiendas defiende que tenemos que considerar que la autonomía de las
universidades debe ser suficiente para aprobar sus propios reglamentos de
convivencia y de disciplina. Evidentemente, sobre la base de una
regulación de infracciones y sanciones simplificada, para que sean las
propias universidades quienes regulen la aplicación de la disciplina, es
decir, su convivencia.


En algunas de nuestras enmiendas reforzamos la
idea de que en las universidades se debe permitir que el movimiento
estudiantil pueda expresarse libremente. Que las universidades sean un
foro de debate, de confrontación de ideas. Eso son las universidades. Y
para que esto funcione no nos cansaremos de repetir que tenemos que
adaptarnos a la realidad de cada universidad, que cada universidad es
diferente, como lo es la realidad de cada comunidad autónoma. Si les
atamos las manos, quedará en nada su autonomía y estaremos con la
historia de siempre: la recurrente dinámica centralizadora y generando
conflictos innecesarios. Por estos motivos, nuestras enmiendas defienden
en todo momento que cada universidad se pueda autorregular y que
prevalezca, ante todo, la autonomía universitaria.


Sin más, les diré que en Junts nos gustaría que
se incorporaran todas nuestras enmiendas al texto y que, por tanto, se
aprobasen. Pero mucho me temo que no va a ser así.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas 8 a 30, de su
señoría Martínez Urionabarrenetxea, tiene la palabra su señoría.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA:






Eskerrik
asko, presidente jauna.


Ongi etorri, ministro jauna. No me había dado
cuenta de que estaba usted aquí. Pero ya que está usted aquí le voy a
hacer una sugerencia: un proyecto de ley para regular la convivencia
senatorial. Aquí, mientras uno habla, los otros discuten, hacen bromas,
etcétera, y nadie escucha. Yo creo que esto también se debería regular.
Claro, me dirán ustedes: ¡Si ya hay cantidad de leyes para regular la
convivencia en el Senado, en el Congreso, en la calle y en la
universidad! Están la Constitución, el Código Penal, las leyes de
igualdad —donde hay—, las leyes de memoria, etcétera, y
tenemos una más. Bueno, es una propuesta. Yo tengo la soledad del
corredor de fondo inscrita en mi corazón y en mi alma, pero aquí sigo y
hago propuestas que generalmente no son aceptadas, pero es igual. En
Navarra, que es la comunidad que a mí me interesa, en este momento
estamos en el Gobierno en coalición con el Partido Socialista, ya veremos
hasta cuándo.


Dice Alfonso González Hermoso de Mendoza que en
España las respuestas para superar las contradicciones y los desafíos de
la universidad, con demasiada frecuencia se plantean con desconfianza en
la institución, incluso entre los miembros de la propia comunidad
universitaria. Se ofrecen soluciones enfocadas a un mayor control
administrativo externo, a una mayor burocratización de la autonomía, en
lugar de buscar propuestas radicales dirigidas a definir y potenciar los
ámbitos propios de la autonomía, así como a mejorar los estímulos y
condiciones de su ejercicio y la rendición de cuentas. No podemos olvidar
que la autonomía universitaria ha sido reconocida no ya solo en la
Constitución, sino también por el Tribunal Constitucional como un derecho
fundamental que protege la actividad de la universidad en la defensa del
interés general dentro de un marco institucional excepcional que limita
la capacidad de intervención de las administraciones que la regulan y
financian. La autonomía es la condición necesaria para poder desarrollar
la función natural del estudio, así como la creación y difusión del
conocimiento, al igual que la garantía de la libertad académica, sin la
cual la universidad pierde su esencia. Reapropiarse de la autonomía es el
único camino que da sentido a la transformación de la universidad. Solo
así el aire de las universidades nos ayudará a ser libres en un mundo
cada vez más amenazante para la dignidad y la libertad de las
personas.


Sin duda —lo reconozco—, después de
tanto tiempo, es necesario alcanzar un nuevo marco legal construido con
esperanza y confianza, capaz de superar debates estériles y de responder
a los desafíos de la emergente sociedad del aprendizaje; un acuerdo
social y una regulación que profundice y desarrolle el derecho a la
universidad, entendido como un derecho colectivo a saber, a investigar, a
aprender y a convivir; el derecho de la universidad entendido también
como el derecho y el deber colectivos de saber, de investigar, de
aprender y de convivir. Por eso, para hacer realidad la autonomía
universitaria bastaría con una ley que, en el marco de lo dispuesto en la
normativa básica del Estado y en la normativa de las comunidades
autónomas con competencias en esta materia, reafirmara que las
universidades públicas, privadas y los centros privados adscritos gozarán
de autonomía suficiente para establecer su propio régimen disciplinario y
determinar el órgano al que corresponda el ejercicio de las facultades
disciplinarias en sus respectivas normas.


Señor ministro, déjeme que le diga que si algo
bueno veo en esta ley es precisamente el órgano de mediación. A este
artículo único debería añadírsele una disposición derogatoria de todas
las normas que dificulten o se opongan a dicha autonomía y en particular
la del Decreto de 8 de septiembre de 1954, dictada en el Pazo de Meirás
por el dictador. Y por último, se debería añadir una disposición final
que fije la fecha de entrada en vigor de la ley.


Todas y cada una de nuestras enmiendas, que no
las voy a enumerar, ni siquiera defender, están basadas en esta
filosofía, en una filosofía que cree, defiende y apuesta por la autonomía
universitaria.


Muchas gracias. Eskerrik asko. Y gracias por la
atención; esta vez, sí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la señora senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Intervengo desde el
escaño, señor presidente.


Quería empezar dándole las gracias, señor
ministro, por su presencia en el Pleno. No ocurre siempre que la ministra
o ministro del ramo nos acompañe en el debate de las leyes y por eso le
reitero mi agradecimiento.


Estamos mayoritariamente de acuerdo con el
texto aprobado en la ponencia y aun así hemos mantenido viva la enmienda
al artículo 19, que no fue aprobada en el Congreso y que regula el
procedimiento disciplinario. Como ya dijimos en la comisión en la que se
aprobó el informe de la ponencia, consideramos que el procedimiento
disciplinario descrito excede lo que deben ser los principios básicos y
entra en un detalle que supera los principios del propio proyecto de ley.
Por esta razón, y al igual que en el procedimiento de mediación,
proponemos que sean las comunidades autónomas y las universidades, en el
ejercicio de sus competencias y autonomía, las que establezcan el
procedimiento disciplinario que mejor se adapte a las características
específicas, respetando los principios contenidos en esta ley.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas números 31
a 60, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su
señoría Del Brío González.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Buenas días,
buenas tardes ya, de nuevo.


Yo sí dirigí mis palabras al señor ministro,
pero había querido también mostrar nuestros deseos de recuperación al
ministro saliente y lamentamos que al final no haya visto aprobada la ley
en la que ha puesto todo su empeño; una ley que, insisto una vez más,
hemos vetado, no solo por la oportunidad a la que se acoge continuamente
la portavoz socialista, sino por las siete razones, todas ellas de peso,
que hemos mencionado. Pero ya que volvemos a hablar de oportunidad, ojalá
en el próximo turno alguien nos responda por qué ha habido necesidad de
sacar esta ley de la Ley del sistema universitario, la LOSU; es algo que
todavía queda sin respuesta y ojalá la tengamos.


Como le decía, he mencionado siete razones para
presentar el veto y en torno a ellas se estructuran y se articulan todas
nuestras enmiendas. Como han oído, son treinta enmiendas, en las que
hemos tratado, sobre todo, de resolver el problema al que me refería de
que, al encontrarnos con que se regula y se aprueba —porque se va a
aprobar hoy— la parte antes que el todo, estamos generando una
inseguridad jurídica que lógicamente va a dificultar lo primero que
ustedes dicen querer resolver, que es la convivencia universitaria. Por
tanto, es muy difícil pretender, como parlamentarios, regular una parte
que va a lanzar una bomba al sistema universitario mientras se aprueba la
LOSU. No sé si el señor ministro o los ponentes socialistas tienen una
idea de en torno a qué fecha se aprobará y aplicará la LOSU, pero
mientras tanto nos encontramos con un cierto vacío.


Como les decía, nuestras enmiendas también
insisten en que estamos de acuerdo con la mediación. No traten de dar la
vuelta a los mensajes diciendo que nosotros no creemos en la mediación.
Lo que le estamos diciendo es que la mediación se lleva ejerciendo en las
universidades treinta años, eso es lo único que hemos dicho, pero ya que
hacen una ley que quiere poner el foco en la mediación por si acaso hay
alguna universidad en la que la mediación no se aplique, pongan recursos
económicos y humanos para que esa mediación sea efectiva. No nos digan
que es una ley que aporta un sistema eficiente, efectivo y magnífico para
la resolución de conflictos, cuando no se va a dotar económicamente. Con
la magia del profesor universitario —pues ya saben que hacemos de
todo—, ahora también vamos a intervenir y a realizar todas las
mediaciones expresamente a través de estas comisiones, pero no va a haber
recursos con los que asistir ni evidencias que recoger, sino que nos
vamos a encontrar con todo hecho de forma mágica. Como ya dije en la
comisión, creo que es obligación de los parlamentarios tener los pies en
el suelo y saber que todos nuestros actos y todas nuestras medidas tienen
un impacto económico si de verdad queremos mejorar el funcionamiento de
los campos universitarios. Se aburren de hablar de los recortes del PP,
cuando el PSOE ha aplicado tantos o más que nosotros. Lo cierto es que
cuando tienen que poner medida, ya no la recortan, sino que directamente
no ponen los recursos económicos que son necesarios.


Le comentaba en el turno anterior que esta ley
tiene un mérito que es de agradecer, y nosotros eso no lo hemos
criticado, sino que aportamos ideas y tratamos de mejorarlo en la medida
de lo posible. Por eso lamentamos que no se nos escuche y que, aunque
algo sea razonable y con una enmienda estemos poniendo sobre la mesa un
problema real que hay que resolver, se mire para otro lado, como ocurrió
en la comisión cuando el informe del letrado indicó una serie de mejoras
que se pueden realizar y ni siquiera ese informe dio lugar a que se
pudiera modificar un problema que al final el que lo va a padecer es el
alumno, el estudiante universitario el día que haya que resolverlo y
exista una pequeña contradicción en la ley, como ya se identificó. Si la
voluntad es pasar por aquí y no mover una coma, da pena pensar que hemos
llegado hasta aquí y que nos han elegido nuestros ciudadanos para aportar
medidas y solucionar problemas cuando se presenta la ocasión y que en
esta ocasión que se presenta —agradezco a mi partido la posibilidad
de ser ponente en esta ley para tratar de ayudar a mejorarla— da
igual lo que se diga; una se va a casa con la misma cara de tonta que si
no hubiera hecho ningún trabajo. Pero «somos feministas», «agradecemos el
trabajo de las mujeres», etcétera. También el PP trae hoy a esta Cámara
una moción consecuencia de interpelación que trata de poner en valor a
una de las primeras feministas españolas de la historia y sobre la que
las unidades de igualdad de las universidades de Salamanca y todas las
instituciones van a querer trabajar este año. Vamos a ver si el grupo
parlamentario tiene a bien contradecir a la ministra en la sesión
anterior, en la que nos puso dificultades para conseguir los beneficios
fiscales. Por eso les decimos que el feminismo tiene que ir mucho más
allá de incorporar las palabras, de incorporar el lenguaje inclusivo.
Todo eso será bienvenido, pero el ejercicio se demuestra andando.


También nuestras enmiendas han tratado de ir
más allá. Se habla de plagio; se atreve el Grupo Socialista a hablar de
plagio —no voy a traer temas por todos conocidos a esta
mesa—, pero tampoco lo resuelve. Habla de digitalización, pero no
se le ocurre resolver —y en ese sentido van muchas de nuestras
enmiendas— cómo el nacimiento de nuevos delitos informáticos va a
dar lugar a que los problemas que realmente puedan generar en la
convivencia, como la falsificación de expedientes y otros elementos de la
vida académica y universitaria a los que se puede acceder de forma
digital, llevan a otro tipo de delitos, y estoy pensando en uno que el
profesorado padecemos muchísimo y es identificar si nuestros alumnos han
comprado o han vendido trabajos fin de grado o fin de máster. También
habría que aplicar una revisión de esa infracción. Varias de nuestras
enmiendas se refieren a esta casuística, pero han decidido desperdiciar
la ocasión de incorporarla. Entonces, ¿para qué actualizar y revisar una
ley si luego no incluimos un abanico completo de todas aquellas
situaciones que se pueden producir?


El fraude en los procesos electorales dentro de
las universidades es otra realidad que hay que vigilar y tener presente.
Hemos querido poner el foco sobre ello en nuestras enmiendas y también se
ha mirado para otro lado. A ver si cuando se regule la LOSU —si no
la hacen ustedes, podemos hacerla los demás— nos aceptan alguna
enmienda. Ojalá el cambio de ministro lleve también consigo un cambio en
la aceptación y en el diálogo con el resto de grupos.


Les decía desde el principio que nuestras
enmiendas han buscado lo que ustedes siempre pretenden, que es traer
democracia con esta ley. Insisto una vez más que aplaudo que se actualice
una ley predemocrática, pero ustedes, que dicen que traen democracia, se
están saltando la Constitución. Esto me recuerda mucho a algunas fuerzas
políticas con poca representación hoy en esta Cámara que se quieren
saltar todo el régimen del 78 y quieren quitar cada vez más valor a
nuestra Constitución. Muchas de estas enmiendas insisten en recordar que,
a pesar de la autonomía universitaria y a pesar de la autonomía y de las
competencias transferidas a nuestras comunidades autónomas, la
Constitución es nuestro marco regulatorio. Desde luego, el Partido
Popular ha vetado y ha tratado de modificar a base de enmiendas esta ley
precisamente para traer más democracia y recordarles a todos ustedes que
la Constitución es la base de la democracia en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para el turno en contra de las enmiendas, tiene
la palabra su señoría del Grupo Socialista Torralba Valiente.


La señora TORRALBA VALIENTE: Señor presidente,
señor ministro, señorías, las enmiendas presentadas al texto de la ley de
convivencia universitaria por los distintos grupos parlamentarios entran
en contradicción unas con otras. Así, las enmiendas de Geroa Bai y Junts
proponen que sean las comunidades autónomas y las universidades las que
tengan prácticamente todas las competencias respecto a lo regulado en
esta ley. Por el contrario, los grupos de la derecha: Ciudadanos, Grupo
Popular y Vox proponen que la mayor parte del contenido de la ley sea
regulada por el Estado, obviando, eso sí, el derecho fundamental a la
autonomía universitaria. Señorías, la autonomía es inseparable de la
democracia. Ya sabemos que a algunos esto les produce sarpullido, pero es
así.


Tras leer unas y otras enmiendas queda claro
que el texto que ha remitido el Congreso es el más oportuno y ajustado al
marco jurídico de nuestro país, ya que, por un lado, con el fin de
garantizar la igualdad, la norma establece los contenidos esenciales y
los principios que regularán el procedimiento; y por otro, como no podía
ser de otra forma, la norma respeta el derecho fundamental a la autonomía
universitaria y apuesta por la mediación como método preferente en la
resolución de los conflictos. La ley de convivencia universitaria
establece las condiciones para dotar a las universidades públicas del
conjunto del Estado de un marco común en la resolución de los conflictos
y se adapta plenamente al ordenamiento constitucional vigente ya que el
texto hace referencias continuamente a los principios y derechos
fundamentales y a las libertades públicas. Además, sienta las bases para
formular un marco de convivencia universitaria para su posterior
desarrollo por las comunidades autónomas y las universidades.


Ciudadanos, el Grupo Popular y Vox también
plantean enmiendas para endurecer el sistema de faltas y sanciones, pero
en el texto de la ley están perfectamente definidas y con las máximas
garantías; las faltas están incluidas en la ley con la suficiente
especificación de la conducta que dará lugar a la sanción. Además, existe
la posibilidad de sustituir las sanciones en determinados casos por
medidas de carácter educativo y recuperador y pone siempre el acento en
los valores propios del ámbito universitario. Dijimos ya en la comisión,
y lo repetimos, que no se puede excluir del texto legal las referencias a
lo que establezcan las comunidades autónomas y las relativas a la
autonomía universitaria, porque la norma hace referencia a la regulación
en el ámbito de sus competencias, que las tienen por mandato
constitucional, señorías. La norma, como no puede ser de otra forma,
respeta el derecho fundamental a la autonomía universitaria, regulado con
carácter general en la Ley Orgánica de Universidades y en la Constitución
española.


Señorías del Grupo Popular, hablan mucho
ustedes de las universidades públicas, pero cuando gobiernan y en cuanto
tienen oportunidad, como ha ocurrido recientemente en Andalucía, permiten
la creación de universidades privadas como una forma de facilitar títulos
a quienes se los pueden pagar.


El Grupo Parlamentario Popular dice ahora que
defiende la versión original del proyecto de ley remitido al Congreso por
el Gobierno, pero parece que han olvidado que su grupo parlamentario en
el Congreso presentó al texto original una enmienda a la totalidad. Pero
cuando pasan el trámite parlamentario y se negocia el articulado con
otros grupos políticos ustedes se alarman y dicen que el primer texto era
fantástico, plantean que no se debería haber modificado en el trámite
parlamentario. ¡Vamos, señorías, ustedes, el no por el no!, y donde dije
digo, digo Diego. ¡Vamos, que son ustedes como el perro del
hortelano!


El Grupo Popular llega a plantear incluso que
la imposición de sanciones pueda suponer la afectación de los derechos
relativos a las becas, sin tener en cuenta y pasando por alto que el
acceso a las becas se considera un derecho vinculado a la situación
socioeconómica de los estudiantes, algo ya regulado en nuestro país. La
norma no supone en ningún caso —estén tranquilos, señorías del
Grupo Popular— un aumento neto de los gastos. A la derecha y a la
derecha extrema no les agrada que las universidades tengan voz y voto en
asuntos regulados en esta ley, en la comisión de convivencia, en los
mecanismos de mediación, tampoco en los medios de resolución de
conflictos, como si todo esto no tuviera absolutamente nada que ver con
la comunidad universitaria o como si no estuviese regulada ya en este
país la autonomía universitaria.


Lo de Vox, señorías, en fin, no tiene nombre.
El lenguaje inclusivo les chirría, pero, por mucho que les pese, el
artículo 14 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, establece como uno de los
criterios generales de actuación de los poderes públicos la implantación
de un lenguaje inclusivo, no sexista. Ustedes, señorías, dentro de su
discurso reaccionario, pretenden hacer invisibles a las mujeres; el
lenguaje influye poderosamente en las actitudes, en el comportamiento y
en las percepciones, y las suyas, señorías, las conocemos ya
sobradamente. La extrema derecha pretende, sin llegar a ruborizarse, que
desaparezca del texto legal todo lo referido al enfoque de género, pero,
lamentablemente para ustedes, el texto se ajusta a las normas orgánicas
sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la protección
integral contra la violencia de género. Recuerden bien estas dos leyes
orgánicas ahora, cuando conformen Gobierno en Castilla y León, señorías
de Vox, porque negar lo que reconoce nuestro ordenamiento jurídico no es
constitucional, parece mentira que estén ustedes todo el día
autoproclamándose constitucionalistas. (Aplausos). No tienen ustedes
ningún rubor al plantear aquí estas cuestiones cuando dicen negar la
diferencia de sexos. Es innegable que lo dispuesto en la norma está en
consonancia con el marco constitucional vigente y el texto hace
referencias constantes a los principios y derechos fundamentales.


Las derechas, en su discurso alarmista dicen
que en esta ley se legitiman los escraches en los campus universitarios,
en perjuicio de la libertad de expresión, pero es falso, faltan ustedes
descaradamente a la verdad simplemente para justificar la no derogación
de un decreto franquista, porque los escraches están contemplados en esta
ley y sancionables como falta grave. También está recogido en la norma el
hecho de impedir la celebración de actividades universitarias de docencia
e investigación, la transferencia de conocimiento. En fin, señorías, el
texto legal regula un régimen disciplinario adaptado a nuestro
ordenamiento jurídico y a la realidad social de España, que fija
claramente qué comportamientos se deben considerar reprochables, así como
unas sanciones proporcionadas y adecuadas.


Tengo que recordarles también a los
parlamentarios de la derecha que la regulación jurídica de la lengua
catalana en Cataluña es competencia exclusiva de la Generalitat catalana.
Lean ustedes el artículo 143.1 de su estatuto de autonomía y lo verán.
Los estatutos de autonomía tienen naturaleza de ley orgánica y conforman
también nuestro bloque constitucional. Es que hablan ustedes de unas
cuestiones y luego están todo el día defendiendo la Constitución.


A Geroa Bai y a Junts per Catalunya y en parte
al Grupo Vasco, que plantean suprimir el régimen disciplinario y excluir
lo relativo al régimen de convivencia, he de decirles que la norma tiene
un doble objeto: por un lado, plantear un modelo de convivencia
universitario fundado en la igualdad y, por otro, establecer para el
estudiantado un sistema de faltas y sanciones con todas las garantías de
defensa, que sustituya de una vez por todas ya el régimen disciplinario
de la dictadura, que todavía tenemos vigente, después de casi cuarenta y
cuatro años de aprobar la Carta Magna.


La nueva ley delega a los centros la gestión de
la convivencia, amparándose en la autonomía universitaria. Serán las
universidades quienes desarrollen las normas de convivencia, los medios
alternativos de solución de conflictos y también la composición y
funciones de la comisión de convivencia. La norma lo que hace es
establecer la obligación de hacerlo, y como ya he dicho, no supone en
ningún caso un aumento de gastos. A Geroa Bai y a Junts, que plantean
suprimir lo relativo a las medidas frente a la discriminación, la
violencia y el acoso, les diré que en el marco de esta ley, estas medidas
constituyen un elemento esencial de convivencia que las universidades
deberán incluir dentro de sus normas de convivencia, siempre en el
ejercicio de su autonomía. Con este proyecto de ley se cumplirá con la
exigencia del estudiantado de salvaguardar los principios de igualdad y
derechos y deberes, asegurando el ejercicio de las libertades y las
garantías constitucionales.


Señorías, por fin hoy acabamos con un decreto
de la dictadura franquista de 8 de diciembre de 1954, una reliquia de la
dictadura diseñada para mantener el orden público en los campus españoles
que hoy solo se aplica al estudiantado, porque quedó excluida la
plantilla universitaria en 1985. En el decreto preconstitucional hay
artículos cuya constitucionalidad es discutible, de ahí la necesidad de
su derogación: no regula el derecho de defensa del estudiante, las faltas
no caducan, no se consideran los principios básicos de proporcionalidad y
responsabilidad y, lo que es peor, se atribuye la potestad sancionadora a
un tribunal de honor que choca frontalmente con la Carta Magna,
cuestiones todas ellas suficientes para dar carpetazo al decreto
preconstitucional, una norma franquista cuyo fin era disciplinar las
universidades españolas; un reglamento que contradice los principios y
valores constitucionales, la libertad, el pluralismo religioso y la
aconfesionalidad del Estado. Suficientes motivos, señorías del Grupo
Popular, para aprobar hoy un nuevo texto legal. Ustedes pudieron hacerlo,
gobernaron siete años en España y pudieron aprobar una ley de convivencia
cuando gobernaron, pero no lo consideraron prioritario. Ya sabemos que a
sus ministros Wert y Méndez de Vigo no les desvelaba el reglamento
franquista. Señorías, dos sentencias del Tribunal Supremo, tres informes
del Defensor del Pueblo, incluido también uno de Soledad Becerril, ¿les
suena, señorías del PP? Pues eso, cuentan con la necesidad de derogar el
decreto del 54. Por ello, los socialistas vemos la necesidad urgente de
que tengamos una ley adaptada a nuestro ordenamiento jurídico después de
cuarenta y cuatro años de democracia.


Señorías, el Grupo Socialista va a rechazar
todas y cada una de las enmiendas presentadas por los distintos
grupos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Ha solicitado tomar la palabra el señor
ministro de Universidades.


Señor ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats
Humet): Gracias por concederme la palabra en este momento, antes de la
intervención de los portavoces, lo agradezco porque a las cuatro de la
tarde tengo una entrevista con la ministra de Educación de Colombia y no
quisiera hacerla esperar.


Les agradezco realmente que me dejen intervenir
primero, para recordar —como ya se ha dicho en algún momento—
a mi predecesor, a Manuel Castells, que fue el iniciador de esta ley y
quisiera en este momento recordar su trabajo. También agradezco que hoy
se pueda aprobar esta ley y que de esta manera se liquide el decreto
de 1954; un decreto por el cual yo fui expulsado de la universidad en el
año 1973, cuando hacía cuarto curso de Económicas, por participar en una
reunión considerada clandestina en una iglesia de Barcelona. Por lo
tanto, es una celebración también personal que hoy pueda darse por
finiquitado este decreto. (Aplausos).


También quisiera exponer la dificultad que ha
planteado muy claramente el profesor Javier de Lucas al inicio de este
debate de que la universidad es un espacio cuya base es el disenso, la
libertad de crítica, la capacidad de disentir y de decir lo contrario de
lo que dice otro profesor u otro estudiante, y al mismo tiempo se
relaciona con una ley de convivencia. Esto parece complicado, de la misma
manera que es complicado que haya competencia plena de las comunidades
autónomas o autonomía de las universidades y que hagamos una ley. Ese
equilibrio creo que se ha encontrado en esta ley. Por un lado, tiene la
capacidad de defender el principio básico de funcionamiento de las
universidades. Al mismo tiempo, la ausencia de la ley en muchos casos lo
que hace es dar más capacidad de poder a los que tienen más poder. La ley
también defiende a los más débiles; en este sentido, a veces pensar que
esto va a ser resuelto por la autonomía de las universidades puede ser
importante. Para mí es importante defender esa autonomía de las
universidades y, al mismo tiempo, a aquellos más débiles, que, si no
tienen el recurso de la ley, tienen más dificultades para hacerla
vigente.


No quiero extenderme, creo que la ley recoge
elementos nuevos como los relacionados con la violencia, el acoso o la
discriminación e interviene claramente en esos temas. En definitiva,
supone un cambio de enfoque muy significativo. Por lo tanto, en nombre
del Gobierno, quiero agradecer el trabajo de los distintos actores del
sistema universitario: estudiantado, equipos de gobierno y sindicatos que
a lo largo del proceso de elaboración han acompañado el trabajo de este
ministerio y el apoyo de los grupos parlamentarios que hoy pueden
finalmente hacer posible su aprobación.


Muchas gracias a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
ministro de Universidades.


Pasamos a continuación al último bloque, al
turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra su señoría Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.


Intervenía el ministro y hablaba de la
importancia que tiene este proyecto de ley. Evidentemente, no es este el
proyecto de ley que remitió el Gobierno; por lo tanto, estamos seguros de
que el anterior ministro no estaría de acuerdo con el planteado o con el
que va a salir hoy aprobado. ¿Por qué? Porque el ministro agradeció a la
comunidad educativa, en este caso a la universitaria, la participación
que había tenido en el debate y en la redacción de este proyecto, y
finalmente nosotros vamos a votar en contra de él fundamentalmente porque
se hace de espaldas a la propia comunidad universitaria; no se ha
respetado el consenso que se alcanzó, por ejemplo, con los rectores de la
universidad y con las asociaciones de estudiantes al elaborar este
proyecto de ley. Los rectores y las propias asociaciones de estudiantes
han manifestado su disgusto porque no se ha respetado ese consenso. Ellos
mismos han reconocido que se ha eliminado el espíritu de convivencia que
venía recogido en el proyecto inicial y que se cede a las comunidades
autónomas, más concretamente a las universidades, cuál tiene que ser su
desarrollo, en contra de la existencia de un marco jurídico y de
referencia para todas las comunidades autónomas y todas las
universidades. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra, porque de él
también emana la inseguridad jurídica de este proyecto de ley, sobre todo
porque va a depender de las comunidades autónomas, en concreto de las
diferentes universidades, su aplicación. Además, en lugar de poner un
marco general por encima y después el régimen sancionador, lo estamos
haciendo al revés, de ahí la inseguridad jurídica. También, señorías,
porque de manera absurda este proyecto de ley se ha vinculado a la
negociación y a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2022, que ya sufrimos en esta Cámara con imposición y sectarismo
y sin aprobar ninguna enmienda. Por lo tanto, desde nuestro punto de
vista, es una nueva cesión al independentismo y al secesionismo. Lo
hicieron con la LOMLOE y lo hacen ahora con esta ley de convivencia
universitaria. ¿Realmente consideran sus señorías que esta es la mejor
forma de buscar el acuerdo y el consenso y de elaborar y redactar
proyectos de ley en materia educativa? Desde nuestro punto de vista, es
un error mayúsculo hacerlo desde la imposición y el sectarismo. Así no,
señores del Gobierno, así no.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


El señor Marín Gascón, por el Grupo
Parlamentario Mixto, utilizará el tiempo restante.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.


Señorías, la tramitación y consiguiente
aprobación, si es así, de este proyecto de ley, carece de toda lógica,
pues lo lógico, lo correcto, hubiera sido seguir el principio de
jerarquía normativa, es decir, aprobar primero la ley general, la ley
orgánica del sistema universitario, la LOSU, y, a continuación, esta otra
ley de disciplina académica, que no es otra cosa que su desarrollo
lógico.


Esta mañana lo hemos escuchado ya en varias
intervenciones de distintos senadores, me refiero a la actitud que tiene
el Gobierno en cuanto a la tramitación de las leyes aquí en el Senado. Si
me permiten la expresión, es como el plato de lentejas, si quieres lo
comes y si no lo dejas. Señorías, esa no es forma de actuar. ¿Para que
está el Senado? ¿Para que están los senadores, si no nos permiten incluir
ninguna mejora, ninguna enmienda? Lo vimos en la ley de Presupuestos
Generales del Estado, con 4000 enmiendas presentadas y ninguna aceptada;
lo vimos en la Ley Celaá, la Ley de educación, 640 enmiendas y ninguna
aceptada. Si esa va a ser la actitud del Gobierno, señorías del Partido
Socialista, atrévanse a decirlo claramente, digan que no van a admitir
ninguna enmienda, nos ahorraríamos todos mucho trabajo.


Señorías, esta ley de convivencia universitaria
no aporta ni resuelve nada. Estamos, una vez más, ante un nuevo episodio
de adoctrinamiento y propaganda ideológica. La lucha de clases se ha
sustituido por la lucha de sexo, razas y orientaciones sexuales. Este
proyecto de ley está impregnado en todo su articulado con la
discriminación por sexo, raza y orientación sexual. Les recuerdo el
artículo 14 de la Constitución: Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Una ley de convivencia universitaria tiene que estar
guiada por el principio del respeto por las diferentes ideologías
políticas y debe proteger a priori a quienes por su discrepancia con la
izquierda o el separatismo ven erosionada, cuando no destruida, su
libertad para organizar actos académicos, como conferencias o
manifestaciones de apoyo a la unidad nacional, precepto básico de nuestra
Constitución que los grupos separatistas e izquierdistas atacan
constantemente.


Señorías, el alma máter de la universidad es lo
que verdaderamente está en peligro: la libertad de cátedra, de debate y
de expresión es lo que está en peligro. Lo hemos denunciado en muchas
ocasiones. De hecho, presentamos en el Congreso una proposición no de ley
que alertaba sobre esto y pedía que el Gobierno interviniese para
garantizar la libertad de expresión en la universidad, pero fue
rechazada, como todo lo que proponemos. Mucha obsesión con las agresiones
sexuales, inexistentes en las universidades españolas, pero prácticamente
nada sobre estos ataques que sí son verdaderamente amenazadores para la
universidad.


Señorías, la siniestra y los grupos
independentistas no quieren un plan de convivencia y respetuoso con todas
las ideologías, sino una ley que les facilite la impunidad en su afán por
convertir su ideología en obligatoria mediante el acoso y las agresiones.
El 84 % de la violencia política en España se ejerce contra los partidos
constitucionalistas, como Vox. Los escraches lo sufren invariablemente
los políticos o conferenciantes que se oponen a la ruptura de la unidad
nacional. Es sobradamente conocido el sufrido por Rosa Díez en la
Complutense o el de Cayetana Álvarez de Toledo en la Autónoma de
Barcelona, donde los separatistas e independentistas catalanes se están
apropiando con demasiada facilidad del espacio público de Cataluña.


Senadora Castellví, ¿esto es mentir? Esto es
decir la verdad. Esto es lo que de verdad sucede en Cataluña. Hablan del
pensamiento crítico y dicen que la universidad debe regular el
pensamiento crítico, pero parece que el único pensamiento crítico que hay
aquí es el que ejercen ustedes, porque a los demás no nos dejan ni
siquiera criticar. En Vox estamos acostumbrados al odio político de la
izquierda y del independentismo, y si alguna violencia debe ser puesta en
primer lugar es precisamente esta. No nos cansaremos de repetir que en
Vox condenamos todo acto violento contra cualquier persona, ya sea en
razón de su orientación sexual, de su raza, de sus ideas políticas o de
cualquier otra consideración. Señorías, la universidad debe ser un centro
de estudio, de preparación académica y de formación intelectual, y no un
campo de experimentos políticos. La universidad debe ser conocimiento,
investigación y futuro.


Votaremos en contra de este proyecto de
ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
presidente. Buenas tardes, señorías.


Llega hoy a la Cámara un texto necesario y
además con varios años de retraso, una normativa que se remonta a los
años cincuenta. Por lo tanto, resulta anacrónico regir la convivencia y
la armonía entre estudiantes universitarios en pleno siglo XXI, en 2022,
a través de un reglamento redactado en plena dictadura y bajo valores y
formas de proceder de una época que hace tiempo que fue superada. Por
ello, el Partido Regionalista de Cantabria valoramos de forma realmente
positiva su reposición por un nuevo compendio, más acorde a nuestro
contexto, a nuestra sociedad y a los nuevos comportamientos que en los
últimos tiempos han ido apareciendo en el mundo universitario. Una ley
que buscaba el máximo consenso posible, consenso que parece que se logró
tanto con la conferencia de rectores como con las principales
organizaciones representativas de los alumnos. Por tanto, el punto de
partida era favorable. Sin embargo, no es menos cierto que el texto que
se nos remitió al Senado era en un gran porcentaje distinto de aquel que
se pactó con los agentes implicados. ¿Saben a qué me recuerda esto? A la
reforma laboral. Hay un acuerdo entre sindicatos y empresarios y los
políticos intentamos cambiarlo todo; aquí lo hemos conseguido, se ha
cambiado todo. La supresión de diversos artículos supuso la poda radical
de un elemento que se vio con buenos ojos desde el principio, como era el
mecanismo de mediación entonces propuesto. Se buscaba compatibilizar con
él, por un lado, un régimen disciplinario estricto en lo referido a según
qué comportamientos, como las novatadas y los plagios, y por otro, la
mediación en otras situaciones de conflicto que así lo permitieran.


Este equilibrio, que a los regionalistas nos
sonaba bien en un principio, suponía un avance y la aplicación de un
régimen adecuado a nuestro siglo, con rigidez en algunos casos, pero con
flexibilidad y negociación en otros en los que fuera necesario. Su
desaparición del proyecto supone un jarro de agua fría, sobre todo porque
fue algo en lo que la comunidad universitaria estaba de acuerdo. Ese
mecanismo de mediación totalmente garantista es borrado y la oportunidad
de encontrar un marco de convivencia universitaria común a todo el
sistema público de universidades desaparece, algo para nosotros
incomprensible. Como prueba del rechazo a estos cambios tenemos la
reacción de la CRUE, el Ceune o el Creup, entre otros, quienes se han
mostrado desde la introducción de las enmiendas en el Congreso bastante
decepcionados con esta ley, que poco se parece a la que salió de la mesa
de negociación.


Finalizo para no dar más vueltas a este debate.
Creemos que es una oportunidad perdida, que es un ninguneo a la comunidad
universitaria en su conjunto. A pesar de ello, vamos a votar a favor,
como mal menor, por cambiar algo que viene ya de la época
franquista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
senador Fernández Viadero.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias,
presidente.


En Junts estamos por la labor de que se derogue
un decreto del año 1954. Si no me fallan los números, ya ha cumplido 68
años. Actual, actual, actual, como que no; además, franquista y en
algunos aspectos antidemocrática.


Cabe decir que algunas enmiendas propuestas por
Junts a la actual propuesta de la ley en el Congreso se aceptaron y
transaccionaron. A pesar de que en el Senado no nos han aceptado ninguna
—porque siempre van con prisas—, esperamos que las hagan
suyas. Por lo tanto, y dando un voto de confianza, votaremos a favor de
esta ley.


En Junts deseamos que el Proyecto de ley de
convivencia universitaria se centre en regular únicamente aquellos
aspectos de rango legal que son requeridos para su aprobación y fomente
la autonomía universitaria en todo lo demás, sin perjuicio de que pueda
considerarse que las universidades por sí solas, y de acuerdo con sus
competencias ya reconocidas, pueden y deben disponer de capacidad para
garantizar la convivencia en el desarrollo de su actividad. Me permito la
licencia de reiterarme. Junts defiende que todo lo que marca la actividad
académica debe poder ser regulado por cada universidad, respetando su
capacidad de interlocución con sus estudiantes y sus propias reglas de
actuación, en este caso mediante sus propios reglamentos de convivencia.
Todo lo relativo a las normas de convivencia que no revistan régimen
sancionador propiamente dicho debe quedar en el ámbito de cada
universidad, que debe poder establecerlo de acuerdo con sus políticas de
convivencia, de manera dialogada y con el mayor consenso posible con los
miembros de la comunidad. Con todo lo dicho, queda claro que en Junts lo
que queremos es una ley que refuerce la autonomía de las universidades,
evitando excesos regulatorios y que queden visibilizadas y blindadas
nuestras competencias, es decir, las competencias en materia
universitaria de cada comunidad autónoma.


Finalmente me dirijo al Grupo Socialista
—no se lo digo al ministro porque se ha ido, pero va por
ustedes—: a Junts nos encontrarán y nos han encontrado trabajando
constructivamente en esta ley. Igualmente, nos van a encontrar trabajando
constructivamente en la LOSU, espero que con mayor suerte, para llegar a
acuerdos y consensuar nuestras propuestas, que ya les adelanto y les
aseguro que las habrá. Por lo tanto, aquí está nuestra oferta, y
esperamos un diálogo constructivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.


Se va acabando la maratón de esta mañana de las
cuatro leyes. Tengo que agradecer y destacar el gesto del ministro de
estar presente en el debate de esta ley, lo que le honra, así como
recordar también al ministro que la impulsó. Son personas que conocen
bien la universidad, personas respetables y con unos currículums
impresionantes, que tienen mucho criterio. Podemos discutir, pero tenemos
que respetar su criterio por su experiencia en el mundo
universitario.


Las universidades en el Estado español han sido
antes del franquismo y después, en la democracia, sitios y espacios
descentralizados, arraigados en el territorio, donde se ha podido
practicar la democracia, la libertad de expresión; donde se han fomentado
los valores humanistas; donde se han fomentado los valores progresistas;
donde se ha querido siempre plantear el debate para mejorar nuestra
sociedad. En eso son claves las universidades y para eso sirven las
universidades: para generar pensamiento crítico, duela a quien duela. Por
eso, sorprende que a día de hoy tengamos aún un reglamento disciplinario
de los tiempos del franquismo. Decía Adelina que ella había nacido cuando
se hizo ese decreto y se había firmado en el famoso pazo. Evidentemente,
se tiene que borrar, se tiene que suprimir, se tiene que hacer la
actualización normativa, se tiene que derogar, como es natural. Yo he
nacido en 1980 y soy de los que no ha participado ni ha votado la
Constitución. Por tanto, soy de los que cree y puede defender que quiero
una Constitución mejor para mi pueblo; que quiero una modificación de la
Constitución porque el régimen de 1978 no ha cumplido con todas las
expectativas de democracia. Y como los que defendieron la democracia
en 1978 y consiguieron un gran avance como es la Constitución, mi
generación también queremos ese proceso de pensamiento; también queremos
poder hacer una Constitución diferente que recoja todas las
sensibilidades, todos nuestros retos y todo lo que queremos mejor para
nosotros y las generaciones que nos seguirán. Eso es democracia. Guste o
no, queremos que la Constitución se reforme; lo digo aquí porque es
democrático decirlo.






Por tanto, no es necesario arrojarme constantemente
la Constitución, porque ella misma ampara y prevé las palabras que yo
acabo de decir, que quiero su reforma.


Hoy hemos vivido unos vetos cruzados: por un
lado, los vetos de Ciudadanos y del Grupo Popular, discriminando y
descualificando a las universidades catalanas, y por otro, el veto que ha
presentado mi compañero Koldo Martínez; un veto que pretendía todo lo
contrario a los otros vetos. Pretendía más autonomía para los centros,
más autonomía para las universidades, más respeto a las competencias de
las comunidades autónomas. Por tanto, hemos visto enfoques diametralmente
opuestos, coincidiendo en el veto, pero nada más. Evidentemente, las
justificaciones de esos retos nos han dolido.


Creemos que esta ley aporta. Aporta un marco de
mediación, un régimen disciplinario y borrar del mundo universitario
restos del franquismo. Simplemente por eso vale la pena, pero,
evidentemente, pedíamos más. Los senadores del Grupo Popular, de
Ciudadanos y de Vox, en sus proclamas siempre hablan de marca España. No
tenemos que decir que los independentistas desprestigiamos la marca
España. Como exalumno de la Universitat de les Illes Balears, como
exalumno de la Universitat Autònoma de Barcelona y exalumno de la
Universidad Autónoma de Madrid —también cursé estudios en Madrid y
también me hicieron independentista—, les pido que respeten esas
universidades, que respeten su prestigio, que no tachen su prestigio,
como algunos de ustedes hicieron con la Juan Carlos I. Por tanto, les
pido respeto a las universidades y que no aticen, no crispen y no
conviertan conflictos políticos que no existen, porque ese conflicto al
que ustedes aluden es la vida cotidiana de las universidades. En todas
las universidades en las que he pasado como alumno, en todas, he
participado en manifestaciones, en reuniones y en todas hemos discutido y
defendido nuestros intereses, de un lado y de otro; en todas hemos hecho
actividades, y algunas de ellas a lo mejor han merecido la sanción por
parte del rectorado. Eso forma parte de la formación democrática de la
universidad y no tiene que cambiar.


Creemos que hay que preservar el espíritu
democrático de las universidades, y en eso estamos, en el pensamiento
libre y crítico. No vamos a permitir ni un paso atrás en estos
principios. Les pido a todos que las universidades sean ese espacio de
debate que algunas veces aquí no podemos tener.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría la senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, señor
presidente.


Nos encontramos hoy por fin con la oportunidad
de actualizar una norma que lleva en vigor en democracia cuarenta años y
que ninguno de los gobiernos anteriores había tenido intención o ganas de
modificar. El Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprobaba
el reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de
enseñanza superior y de enseñanza técnica, dependientes del Ministerio de
Educación Nacional, fue suprimido parcialmente por el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre el régimen del profesorado
universitario, pero continuaba en vigor en cuanto a las disposiciones
relativas al estudiantado. Hablamos de una norma franquista obsoleta,
tanto en la identificación de las conductas punibles como en las
correcciones disciplinarias aplicables, y contraria al marco político,
jurídico y social de la democracia actual. Por tanto, era imprescindible
derogar dicho reglamento, y hemos tenido que esperar más de cuarenta años
para hacerlo, por lo que muchas universidades ya habían avanzado en el
establecimiento de sus propias normas de convivencia en defensa de la
libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión, el derecho de
reunión, asociación y manifestación, entre otros derechos
fundamentales.


Estamos ante un proyecto de ley que es una
oportunidad para poner en marcha el cambio de paradigma que supone pasar
de disciplina a convivencia y que introduce la mediación como medio de
resolución de conflictos a la hora de afrontar determinados
comportamientos. Sin embargo, creemos que esta ley excede en algunos
artículos el espíritu reflejado en el preámbulo, que se basa en tres
pilares: el respeto competencial, la autonomía universitaria y el
estatuto del estudiantado. Podríamos haber acordado un texto en el que se
respetaran en mayor grado estas premisas. En cualquier caso, hemos
conseguido cumplir los cuatro objetivos que el Grupo Vasco, tanto en el
Congreso como en el Senado, se planteó al inicio del trámite legislativo:
primero, derogar el texto vigente por no cumplir con el marco democrático
actual. Segundo, conseguir un texto que plantee un marco lo más amplio
posible para que las comunidades autónomas con competencias en la materia
puedan adoptar sus propias normas. Tercero, reconocer y visibilizar las
competencias autonómicas y la autonomía universitaria en el articulado,
por ejemplo, como hemos conseguido en el caso del procedimiento de
mediación, reduciendo su desarrollo a lo que establezcan las
universidades y comunidades autónomas. Y cuarto, mantener el mecanismo de
mediación como vía para la resolución de los conflictos con carácter
obligatorio para las universidades. Por tanto, votaremos a favor del
Proyecto de Ley de convivencia universitaria.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Reniu
Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Muchas gracias,
presidente.


Gracias a todas las señorías que están
presentes en este momento. La verdad es que estamos, como decía el
senador Vidal Matas, finalizando una maratón, pero es tremendamente
positivo que lleguemos a este punto que vamos a afrontar.


Como les consta, el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana de Catalunya ha estado negociando y acordando el
texto que estamos ahora discutiendo. Es conocido también que en el
trámite del Congreso, nuestra posición inicial era la derogación del
decreto franquista por vergonzoso, por impropio de una sociedad que se
proclama avanzada y que, hasta que no terminemos esta sesión, aún
considera como faltas graves las manifestaciones contra la religión y
contra los principios del Estado e incluso la insubordinación contra las
autoridades académicas. Algo no funciona, estaremos de acuerdo, cuando no
se ha hecho nada tras cuarenta y siete años, 2022.


Asumiendo las limitaciones del marco
jurídico-político actual, nuestro posicionamiento ha sido defender el
valor central de la autonomía universitaria como derecho fundamental, y
muy especialmente por lo que supone la temática de esta ley, en la que, a
fin de cuentas, estamos tratando no solo de un mínimo descriptor de las
faltas y sanciones o de los mecanismos de resolución alternativa de
conflictos, sino que también incide en los espacios de participación
estudiantil, en la configuración del ejercicio de derechos, también
fundamentales, como son los del movimiento estudiantil.


Por ello, nos hemos centrado en evitar que esta
ley pasara a ser una especie de ley mordaza universitaria o que implicara
mayores sanciones de las que ya se están aplicando actualmente. Hemos
querido, sobre todo escuchando al movimiento estudiantil en todo el
proceso de enmiendas —en el Congreso y también en el debate de
enmiendas aquí en el Senado—, blindar el mecanismo de mediación
pactando una transaccional en la que se establece que el mecanismo se
debe aplicar y afectar a toda la comunidad universitaria, no solo a los
estudiantes, que es lo que habían batallado sectores estudiantiles
—quizás los grandes olvidados de todo el debate que estamos
teniendo tanto en vetos como en enmiendas en esta ley—, y que pueda
ser desarrollado luego a nivel autonómico… ¿Soy yo? No me
oigo.


El señor PRESIDENTE: Ha habido un pequeño fallo
en el audio. Creo que se ha subsanado. Puede continuar.


El señor RENIU VILAMALA: Quizás sea el hambre
también, presidente. (Risas). Estamos aquí los resistentes de la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades; creo que merecemos un aplauso.
(Aplausos). Ahora podríamos salir con lo de la conciliación laboral,
familiar, política...


El señor PRESIDENTE: Otro día, señoría.


El señor RENIU VILAMALA: Volvamos a lo que
estábamos hablando, que yo creo que era suficientemente importante.


Como decía, también nos ocupó blindar los
derechos de movilización, de organización, de huelga —sí, señores,
de huelga— de los estudiantes universitarios. En este sentido,
considerábamos que era importante que no se pudiese aplicar este régimen
sancionador en el ejercicio de estos derechos, que, recordemos, son
derechos fundamentales y, a fin de cuentas, como han señalado también
algunas de las señorías que me han precedido, son elemento consustancial
del crecimiento personal de todos y cada uno de nosotros dentro de un
espacio como es la universidad, que fomenta el pensamiento crítico, y el
pensamiento crítico fomenta poner en cuestión lo establecido. Obviamente,
de ahí se deriva también la movilización.


En cuanto a las enmiendas presentadas, quisiera
únicamente comentar algunos aspectos que considero relevantes. Por un
lado, es preocupante la sistemática crítica a la misma esencia del
parlamentarismo, es decir, a la negociación. La derecha y la ultraderecha
han criticado que esta ley sea fruto del diálogo, la negociación y el
acuerdo entre diferentes formaciones, como son el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario Unidas Podemos y el Grupo
Parlamentario que represento aquí, Esquerra Republicana de Catalunya.
Pues sí, somos los que hacemos que las cosas pasen, y estas pasan cuando
nos sentamos y dialogamos. Un repaso al entrecomillado de las
justificaciones del Grupo Mixto a las enmiendas 68 a 72, 75, 83 y 85 les
permitirá entender de qué estoy hablando. ¿En qué aspecto el acuerdo
elimina el espíritu de convivencia del proyecto? No quiero respuesta, es
simplemente una pregunta retórica. En todo caso, seguramente no tendría
que preguntárselo a sus proponentes, sino a la CRUE, puesto que parece
que sean sus portavoces. Tampoco creo que sea una posición compartida
dentro de la CRUE, como me consta por el diálogo que hemos mantenido con
diferentes miembros de esa confederación.


En segundo lugar, sorprende que algunas
formaciones estén aún empecinadas en entorpecer cambios legales como el
presente, que, no olvidemos, proviene del contexto de la dictadura
franquista. Entendemos que no es nostalgia, seguro, sino que es expresión
de esa pulsión que parece anidar en dichas formaciones cuando se oponen
al ejercicio de la autonomía, sea de las universidades, como en este
caso, o de cualquier otro actor social, cultural o político. Ahora parece
que cualquier ocasión debe aprovecharse no solo para atacar todo lo que
sea, parezca o se asemeje a lo catalán, sino también para embarullar todo
argumento. Para muestra, un botón: la justificación de las enmiendas 51
y 53 del Grupo Parlamentario Popular, en las que, además, se mezcla el
plagio con la discriminación ideológica. Por curiosidad intelectual,
¿pueden sus señorías explicarnos qué vínculo tienen el plagio de un
trabajo de fin de grado, de un trabajo de fin de máster o de una tesis
doctoral con la discriminación «por razón ideológica»? No se puede,
¿verdad? Pero lo que ya raya la desconsideración con esta Cámara son las
justificaciones de Ciudadanos. Lo dije en la sesión de la comisión y lo
repito aquí como politólogo y como profesor universitario, ya que no
puedo por más que mostrar mi absoluta sorpresa ante el contenido de la
enmienda número 6. Más allá de repetir, una vez más, en el punto 1, el
mantra de la neutralidad institucional —en este caso, señalan la
neutralidad en los espacios universitarios—, en el punto 3
pretenden que los partidos políticos que hayan formalizado candidatura en
cualquier proceso electoral puedan hacer uso de espacios destinados a
asociaciones universitarias tanto en periodo electoral como ordinario. Lo
decía en comisión: ¿tienen la más remota idea de lo que proponen?, ¿qué
universidad tienen en la cabeza? Obviamente, me parece que la respuesta
sería el silencio. Pero, es más, en el punto 5 de esa misma enmienda
número 6 pretenden que las universidades públicas no puedan manifestarse
sobre materias «no encuadrables en el marco de sus competencias». ¿Pueden
definir el marco temático de las competencias de una universidad? No se
puede. Quizás los chiringuitos recientemente creados con capital privado
sean otra cosa, pero las universidades públicas tienen como objetivo la
omnicomprensión de toda la realidad.


En resumen, por todo lo dicho, entenderán que
vamos a votar en contra de las enmiendas. Queremos así reiterar nuestra
apuesta por la defensa de la autonomía universitaria, por la defensa de
los derechos de los estudiantes y del movimiento estudiantil y,
obviamente, por la defensa del autogobierno de mi país, de Cataluña, en
representación del cual estamos aquí. Todas las leyes nos encontrarán,
como siempre, con espíritu crítico y ánimo dialogante para hacer que las
cosas pasen, porque, a fin de cuentas, estamos al lado de la gente, sean
estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. Al fin
y al cabo, no hacemos más que utilizar nuestra fuerza parlamentaria para
mejorar la vida de nuestros conciudadanos, tal y como estamos convencidos
que hemos logrado hacer con esta ley de convivencia universitaria.


Finalmente, no quisiera terminar sin poner de
relieve y poner en valor la presencia, prácticamente durante todo el
debate de esta ley aquí, en sede parlamentaria, del nuevo ministro de
Universidades, Joan Subirats, además, politólogo y maestro de buena parte
de los que nos dedicamos a esta profesión, al mismo tiempo que recordar
el trabajo del anterior ministro, Manuel Castells, que, con voluntad
negociadora, permitió desbloquear una situación que ha mejorado sensible
y absolutamente el texto inicial que se aprobó por el Consejo de
Ministros.


Por todo lo dicho, muchísimas gracias.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tomará la palabra su señoría Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias, señor
presidente.


Estaba leyendo ahora en la prensa que el Senado
envía al BOE la ley para su entrada en vigor inmediata sin realizar ni un
solo cambio sobre el texto que llegó del Congreso. Entiendo que es una
osadía del periodista y que todavía tenemos que terminar este debate y,
desde luego, las votaciones. (Risas.— Aplausos).


Me referiré a algunos comentarios que se han
hecho y que siempre son característicos en estos debates con el Partido
Popular, como hablar de los recortes en becas: vuelvo a recordar que se
pasó de 1240 millones a 1500 millones de euros destinados a becas y a
ayudas al estudio; como hablar de los recortes en la tasa de reposición:
vuelvo a recordar que, además de ser algo que impulsó el Partido
Socialista y que quedó entre el 10 % y el 30 % al finalizar su Gobierno,
el Partido Popular dejó el Gobierno con el 100 % de tasa de reposición
(Aplausos) más la consideración de promoción interna en la figura de
titulares a catedráticos, que supuso aproximadamente una tasa de
reposición real del 140 %. Por cierto, cuando hablen de universidades
privadas, revisen también la fecha de su aprobación —legalmente
recogidas en la Constitución española, por otro lado—, porque,
probablemente, también se llevarían algunas sorpresas.


En cualquier caso, vuelvo a hacer las preguntas
que hacía en la comisión. ¿Consideran que estamos ante una ley perfecta?
¿No reconocen a esta Cámara, el Senado, capacidad para mejorar el texto
de la ley? ¿De verdad que no consideran que alguna de las enmiendas
presentadas, y han sido más de 100, puede ser aceptada para mejorar el
texto de la ley? Pues créanme que es muy difícil explicar esta situación,
independientemente del grupo político que la haya presentado.


Estamos ante una ley —lo vuelvo a
repetir— que se ha vaciado de contenido académico y se ha llenado
de contenido político después de la metamorfosis que ha experimentado
tras su paso por el Congreso, una metamorfosis que, a diferencia de otras
leyes en las que no se podía mover ni una coma en el texto porque
alteraba el acuerdo con la patronal y los sindicatos —se ha dicho
aquí—, se ha podido hacer aunque se altere profundamente el texto
de la ley acordada con rectores y con estudiantes. Pasamos de los que
deberían haber sido los inamovibles consensos sociales con CRUE, con
Creup o con Ceune a los que son ahora los inamovibles consensos políticos
entre el Partido Socialista, Esquerra y Unidas Podemos, aunque con ello
se minusvaloren los acuerdos alcanzados en el sistema universitario. Al
final son cosas de prioridades, de leyes mayores y de leyes menores, de
política con los campus a política sin ellos, a la política de los
pactos.


En el informe de ponencia se decidió no
incorporar modificación alguna, como tampoco fue posible en el debate del
dictamen, y así va a ser en el día de hoy, mucho me temo. Con el texto
actual, señorías, no va a mejorar la convivencia ni se va a facilitar más
autonomía a las universidades ni se va a conseguir un sistema que
garantice a los universitarios unas normas comunes o facilite la
convivencia en los campus. No va a contribuir a resolver intolerables
comportamientos a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos, en
los que una parte de los universitarios no puede ni desarrollar su
actividad ni expresarse en libertad, que es lo mínimo que se le puede
exigir a un campus universitario, y que en ocasiones terminan en amenazas
a estudiantes, a profesores, a personal de administración o servicios, a
conferenciantes invitados o incluso a los rectores, como pasó con el
rector de la Autónoma de Barcelona al permitir un acto de la asociación
S’ha Acabat.


Señorías, nuestras enmiendas pretendían
restablecer y mejorar los tres pilares sobre los que debía ser asentada
la ley —régimen disciplinario, convivencia y mediación— en un
demandado marco común para todo el sistema universitario español, así
como la devolución a la ley de su naturaleza de legislación básica, y eso
es lo que permitía que tuviéramos una ley del siglo XXI y no un
reglamento de 1954, donde al final lo que se subraya es la naturaleza
punitiva, y donde la convivencia y la mediación quedan en una suerte de
organícenlo como quieran o como puedan. Lo han dicho los rectores: la
calidad de la mediación depende de que se establezca claramente cómo se
va a hacer y cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las
partes en un marco común y compartido, una ley que permita actuar a
través de la mediación hasta el último extremo y con carácter previo a
cualquier intervención en el marco disciplinario.


Proponíamos también recuperar las referencias
al artículo 149.1.1 de la Constitución española, porque su eliminación
solo tiene contenido político, no tiene contenido jurídico, ni
universitario, ni disciplinario, ni de convivencia, ni de mediación. Al
eliminar la referencia se ataca directamente a la unidad del sistema
universitario.


Señorías, esta ley, y el esfuerzo que supone
aprobarla, debería haber significado un salto cualitativo, y la realidad
es que no solo no se avanza, sino que se retrocede en relación con la Ley
Orgánica de Universidades del año 2001 y el Estatuto del estudiante
universitario del 2010, que ya en su capítulo décimo establecía el
fomento de la convivencia activa y la corresponsabilidad universitaria,
incluido el defensor universitario y sus funciones, que tanto han
significado en el sistema universitario español. Por cierto, un Estatuto
del estudiante universitario en el que también se advertía, en su
preámbulo, de la necesidad de redefinir el régimen del seguro escolar. A
este respecto, ¿saben de cuándo es el régimen del seguro escolar?
De 1953. Podrían haber actualizado también el seguro escolar y, de paso,
hacer que las partidas que corresponden a becas y a ayudas al estudio
hubieran sido devueltas en su gestión al Ministerio de Universidades, que
siempre ha sido quien ha tenido las responsabilidades en universidades, y
no al Ministerio de Educación, como ahora sucede, y de este modo tal vez
se podría haber evitado el error que acaba de ocasionar la comunicación
entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y que
significa la devolución de las becas a un número muy importante de
estudiantes.


Utilicemos las leyes para unir, no utilicen la
ley para avanzar en un modelo federal, alejándonos del modelo de Estado
que resulta de la Constitución del 78. Estamos ante la verdadera y única
ley Castells, una nueva ley que no responde a la necesidad de las
universidades españolas, como así se ha venido denunciando por todos. Si
nada hacemos, si nada incorporamos, esta ley no va a mejorar en nada la
convivencia universitaria, probablemente sea lo contrario. Si nada
hacemos, no conseguimos una ley a la altura de los tiempos que vivimos,
orientada al bien común y a la vida universitaria en los campus. Restará,
afectará a la autonomía universitaria, no mejorará la convivencia en los
campus e impedirá que los estudiantes universitarios sean tratados por
igual en todo el territorio español.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, intervendrá su señoría
Aguilar Román.


El señor AGUILAR ROMÁN: Gracias, señor
presidente.


Señorías, hace unos días tuve una reunión con
cinco catedráticos para tratar el tema de la ley de convivencia. Díganme
la verdad: ¿a que han pensado que tuve una reunión con cinco hombres? He
dicho cinco catedráticos. (Aplausos). Si les digo que la reunión la tuve
en realidad con un hombre y cuatro mujeres, es decir, con un catedrático
y cuatro catedráticas, comprenderán la necesidad del lenguaje inclusivo.
(Aplausos). Señorías, sé que no les gusta, pero el lenguaje no inclusivo
opaca, cuando no borra, a las mujeres. Desgraciadamente, borra a las
mujeres de la realidad, de nuestras mentes. Avanzaremos, y dentro de poco
no será necesario. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.


El señor AGUILAR ROMÁN: Pero hoy en día sigue
siendo necesario el lenguaje inclusivo. (Aplausos).


Señorías, hoy venimos a superar un anacronismo
jurídico y una anomalía democrática. Derogamos el Decreto de 1954
—ya se ha dicho aquí—, firmado por el dictador un 8 de
septiembre en el Pazo de Meirás. Paradójicamente, hemos tardado más en
derogar esta norma franquista que en recuperar el pazo para el conjunto
de los españoles, pero bueno, las dos cosas las ha hecho este Gobierno,
que es un Gobierno que cumple. (Aplausos).


Señorías, además, al ser una norma
preconstitucional había venido generando mucha inseguridad jurídica. La
señora Del Brío pedía una razón para derogar ahora la norma. Yo no le voy
a dar una, le voy a dar cuarenta y cuatro, los cuarenta y cuatro años que
esta norma ha estado en vigor después de la Constitución. Ya está bien.
Yo sé que a ustedes eso de que algo esté en vigor más allá de lo que
corresponde no les importa, porque ahí tienen al Consejo General del
Poder Judicial con tres años de mandato caducado. (Aplausos). Yo sé que
eso les da igual, pero ya está bien de este decreto franquista.


Con la ley de convivencia que hoy vamos a
aprobar suplimos un régimen estrictamente disciplinario por uno que
regula o trata de regular la convivencia dentro de las comunidades
universitarias, con los siguientes principios. En primer lugar, el
ejercicio de derechos en libertad, dentro siempre del consenso y la
tolerancia que deben primar en la convivencia universitaria, y también
estableciendo medidas de prevención que eviten los conflictos. Señorías,
los espacios universitarios, si se tienen que caracterizar por algo es
por ser el espacio en el que todos y todas podamos ejercer libre e
igualmente nuestros derechos, y esta norma tiende a garantizar esos
espacios de igualdad y de libertad en los que tienen que convertirse
nuestros campus universitarios.


Y esta norma también lo hace con respeto a las
competencias que en esta materia tienen tanto el Estado como las
comunidades autónomas, pero esencialmente con respeto a la autonomía
universitaria, que no podemos olvidar que en la Constitución se configura
con el carácter de derecho fundamental. En esta norma se conjuga el
principio de igualdad con esta autonomía universitaria. Por eso,
señorías, basándose en el principio de igualdad, se configura un
procedimiento disciplinario y un régimen sancionador aplicable a todos
los universitarios, pero también se establece y se permite que haya un
mecanismo de medidas alternativas de solución de conflictos a través de
la mediación y se deja que este mecanismo lo regule cada una de las
universidades de acuerdo con su propia idiosincrasia y su propia
experiencia. Quién mejor que cada una de las universidades para regular
estos mecanismos de solución de conflictos que se establecen en la norma
no como una potestad, sino como una obligación, es decir, que determina
que habrá mecanismos de solución de conflictos a través de la mediación
que regularán cada una de las universidades.


Señorías, se dice que esta ley viene a
destiempo, que era innecesaria. Nosotros hemos tenido dos grandes leyes
universitarias: la Ley de reforma universitaria, en 1983, y la LOU, la
Ley Orgánica de universidades, en 2001. Ninguna de las dos abordó este
tema. Luego, no tenemos por qué vincular ahora la derogación de este
decreto con la LOSU porque no se hizo antes; no lo hizo el Partido
Socialista con la LRU, pero tampoco lo hicieron ustedes con la LOU.
Mantuvieron o mantuvimos en vigor este decreto que esperemos que hoy ya
toque a su fin.


Señorías de las derechas, han insistido mucho
en la neutralidad que deben tener las universidades, pero creo que
ustedes tienen un concepto bastante particular de lo que es la
neutralidad, porque a veces parecen confundir esa neutralidad que creen
que deben tener las universidades con la ausencia de pensamiento. La
universidad tiene que ser neutral y autónoma frente a gobiernos, frente a
partidos políticos, incluso frente a instituciones que las puedan
patrocinar, pero nunca debe ser neutral ni tiene por qué ser autónoma del
pensamiento ni de las ideas, sino que, bien al contrario, tienen que ser
precisamente el espacio en el que estas ideas y estos pensamientos puedan
extenderse, puedan crecer y puedan enriquecerse. Esa es la neutralidad
que también defiende esta ley. Precisamente, esta norma se basa en esos
criterios y principios democráticos y, por supuesto, constitucionales
—¡cómo no, constitucionales!—, y lo hace fundamentándose en
la primacía de la tolerancia y la convivencia.


Señorías del PP, también tienen un concepto muy
particular de lo que es el consenso, porque parece que solo hay consenso
cuando se acuerda lo que ustedes quieren, y resulta que si los demás
acordamos otra cosa también con mayoría, eso ya no es consenso. Y lo
hacen ahora para alegar que el proyecto que llegó al Congreso venía muy
consensuado, opacando u ocultando —porque no olvidando— que
ese proyecto que les parece que venía con un gran consenso ustedes lo
vetaron. Ustedes establecieron un veto a la totalidad a esa norma que
ahora defienden porque venía con consenso. Señorías del PP, háganse mirar
lo que de verdad entienden por consenso, porque más consensuada que llegó
la reforma laboral al Congreso de los Diputados y la que ustedes armaron
para intentar que no se aprobase quedará en la esquina más oscura de la
historia del parlamentarismo español. (Aplausos).


Señorías, toca hoy defender a la universidad
pública, y toca defenderla porque es la única que garantiza la igualdad.
Toca defenderla de los ataques que está recibiendo de la derecha
española, que, eso sí, aquí arma unos discursos estupendos, pero allí,
cuando y donde detentan Gobierno, la socavan y le restan recursos para
establecer ámbitos de negocio para las empresas privadas. Acabamos de
verlo en Andalucía, donde el Gobierno de Moreno Bonilla acaba de
autorizar una universidad privada a un proyecto empresarial que tiene la
atesorada experiencia de siete meses. A una empresa constituidas hace
siete meses le conceden la posibilidad de crear una universidad privada
online, eso sí, con los informes en contra tanto del Consejo Andaluz de
Universidades como de la Dirección de evaluación y acreditación de la
propia Junta de Andalucía. Señorías, la desfachatez del Gobierno del PP
en Andalucía no tiene parangón, porque el único mérito conocido de esta
iniciativa empresarial es que está impulsada por la que era la empresa
del consejero de Educación. No está presente la señora Ponce, pero yo le
diría que el consejero de Educación es de Ciudadanos. Señorías, si esto
lo hiciera un consejero socialista, los improperios de la señora Ponce se
estarían escuchando desde esta tribuna hasta su Huelva natal; no les
quepa ninguna duda. (Aplausos). Y hablando de Moreno Bonilla, no estaría
mal que le explicasen eso del cambio de ciclo imparable del que habla
Casado porque él no se ha debido enterar, pues lo primero que ha hecho al
ver los resultados de Castilla y León ha sido pegarles una patada a las
elecciones andaluzas y decir: No, no, mándalas para más adelante. Así que
tan imparable no será el cambio de ciclo, al menos allí, en
Andalucía.


Voy terminando, señorías. Hoy aprobamos una ley
que supera anacronismos; aprobamos, además, una ley que ayuda a diseñar
una universidad más moderna, más tolerante e inclusiva, pero no quiero ni
sería justo terminar mi intervención sin recordar a quien impulsó esta
norma y bajo cuyo mandato fue presentada y aprobada en el Congreso de los
Diputados: el ministro Castells. Con él compartíamos y compartimos un
modelo de universidad pública gratuita y de calidad —repito,
pública, gratuita y de calidad—, y este modelo, quieran o no, vamos
a defenderlo aquí, en Andalucía y allí donde las derechas quieran ponerlo
en peligro y socavarlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Aguilar.


Señorías, finalizado el debate de este proyecto
de ley, procede la votación de los siguientes puntos: votación de las
propuestas de veto, para cuya aprobación les recuerdo que se exige
mayoría absoluta; votación de las enmiendas, quedando incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno aquellas que resulten aprobadas; y
votación en un solo acto del resto del proyecto de ley. Se abre el plazo
de dos horas para su votación telemática desde este momento, que son las
dieciséis horas y veintisiete minutos, hasta las dieciocho horas y
veintisiete minutos.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE HONDURAS RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE MAYO
DE 2021.


610/000079






DECISIONES DEL III CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, HECHAS 'AD REFERENDUM' EN GINEBRA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.


610/000080






ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE
JUNIO DE 2018.


610/000081



El señor presidente lee los
puntos 7., 7.1., 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.3.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado
propuestas a dichos acuerdos. ¿Algún grupo desea intervenir al respecto?
(El señor Martí Deulofeu pide la palabra). ¿Sí, señoría?


El señor MARTÍ DEULOFEU: Señor presidente,
intervengo solo para anunciar la abstención de nuestro grupo
parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Procede, por tanto, la votación. El plazo para
la votación telemática de las autorizaciones de estos acuerdos se abrirá
una vez concluido el debate del punto noveno del orden del día.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CEUTA, Y
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO VASCO Y DE
LAS DIPUTACIONES FORALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS DE
PROTECCIÓN DE MENORES, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REFERIDAS
AL TRASLADO INTERTERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
MIGRANTES NO ACOMPAÑADAS.


592/000019

CONSEJO DE GOBIERNO DE CEUTA
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA


El señor presidente lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado
propuestas de que la celebración de este protocolo necesite la
autorización de las Cortes Generales. ¿Alguien desea intervenir?
(Pausa).


Muchas gracias, señorías. En consecuencia, la
Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho protocolo.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.


543/000003

Derechos Sociales


El señor presidente lee los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
informe, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos
Sociales, la senadora Ana Belén Edo Gil.


La señora EDO GIL: Bona vesprada, buenas
tardes, presidente, señorías.


Como presidenta de la Comisión de Derechos
Sociales, tengo el honor de presentar hoy ante el Pleno de la Cámara el
informe de la ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en
España. Dicha ponencia fue creada en el seno de la Comisión de Derechos
Sociales como consecuencia de la aprobación, en la sesión plenaria del 23
de septiembre de 2020, de una moción del Grupo Parlamentario Socialista
con el fin de efectuar un análisis del proceso de envejecimiento, de los
envejecimientos como proceso complejo y heterogéneo desde una visión
constructiva, puesto que el envejecimiento es uno de los logros más
contundentes de nuestras sociedades, para, a partir de dicho análisis,
asumir compromisos y ofrecer oportunidades. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


La designación de la ponencia tuvo lugar en la
sesión de la Comisión de Derechos Sociales celebrada el día 26 de octubre
del 2020, quedando constituida inicialmente por los siguientes senadores
y senadoras en representación de todos los grupos parlamentarios
presentes en la Cámara: don Javier Chinea Correa, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto; doña María Teresa Rivero Segalàs, por parte del
Grupo Parlamentario Nacionalista; don Vicenç Vidal Matas, por parte del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; don Tomás Marcos Arias, por
parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos; doña Nerea Ahedo Ceza, por
parte del Grupo Parlamentario Vasco; doña Adelina Escandell Grases, por
parte del Grupo Parlamentario Esquerra-Euskal Herria Bildu; don
Bienvenido de Arriba Sánchez y doña Patricia Rodríguez Calleja, por parte
del Grupo Parlamentario Popular; y doña María del Mar Arnáiz García y
doña María Jesús Castro Mateos, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.


Asimismo, en dicha sesión, yo misma, como
presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, fui designada
coordinadora de la ponencia. Posteriormente, pasaron a formar parte de la
ponencia don Joaquín Vicente Egea Serrano, doña Aurelia Sánchez Navarro,
don Pablo Gómez Perpinyà y doña Ruth Goñi Sarries, en sustitución,
respectivamente, del señor Marcos Arias, de la señora Castro Mateos, del
señor Vidal Matas y del señor Chinea Correa.


La ponencia comenzó sus trabajos el 9 de
diciembre de 2020 y, tras esa primera reunión inicial para aprobar el
calendario y el plan de trabajo, dio inicio a las sesiones de
comparecencias el día 20 de enero del año 2021; comparecencias todas
ellas de personalidades y expertos en la materia, quienes aportaron la
información necesaria para que la ponencia pudiera elaborar el informe
que hoy se debate, que recoge las principales cuestiones abordadas y los
problemas y las propuestas planteadas por los comparecientes. La última
reunión de los comparecientes se celebró el 5 de mayo del 2021, habiendo
tenido lugar a lo largo de este año un total de 12 sesiones, a las que
acudieron 42 comparecientes, representantes de distintos sectores,
propuestos por los diferentes grupos parlamentarios en atención a su
experiencia y conocimiento para el estudio de la ponencia. Otras 7
sesiones, hasta completar el total de 19, han estado dedicadas a la
elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la ponencia, con las
que se pretende dar una respuesta a los desafíos que el proceso de
envejecimiento plantea. Dichas conclusiones y recomendaciones se
aprobaron por unanimidad de todos los miembros de la ponencia en su
sesión del día 18 de noviembre del 2021. Seguidamente, el informe se
elevó para su aprobación a la Comisión de Derechos Sociales, donde fue
igualmente aprobado por unanimidad el 24 de noviembre de 2021.


Quisiera dar las gracias a cada uno de los
comparecientes, todos ellos expertos en esta materia y representantes de
distintos sectores: administraciones públicas, sindicatos, colegios
profesionales, universidades, asociaciones, cuyas aportaciones, puntos de
vista y propuestas nos han permitido, como ya he referido, hacer un
análisis interesantísimo y exhaustivo del proceso de envejecimiento en
España, aportándonos una visión amplia, crítica y constructiva para, a
partir de dicho análisis, ser capaces de dirigir y encaminar las
políticas públicas para afrontar este nuevo reto. Deseo dar las gracias,
por supuesto, a los ponentes por el trabajo realizado y su implicación a
lo largo de todo este último año; agradecimiento que hago extensivo a la
letrada de la comisión, doña Isabel María Abellán. Sin la colaboración de
todos y todas, no habría sido posible elaborar el informe que se somete
ahora a la consideración del Pleno de la Cámara.


Como sociedad debemos promover el
empoderamiento de las personas mayores en todos los ámbitos de
desarrollo, fomentando su participación en la vida social, económica y
política para garantizar su inclusión en el marco intergeneracional
necesario y reducir las numerosas desigualdades y vulnerabilidades a las
que se enfrentan. Combatir el edadismo, la pobreza o hacer frente a la
soledad no deseada con la que conviven muchas personas mayores son, por
citar algunos, los problemas y desafíos a los que tenemos que dar
solución.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. ¿Algún senador o senadora quiere hacer una intervención
en turno a favor? (Pausa).


¿En turno en contra? (Pausa).


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto no hay ninguna petición de intervención. Tampoco por
el Grupo Parlamentario Democrático.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


Buenas tardes, señorías. Presentamos hoy en el
Pleno el informe de la ponencia de envejecimiento que hemos venido
trabajando durante un año. Ya se ha dicho que el envejecimiento es un
logro de nuestra sociedad y, por tanto, se planteó desde esta perspectiva
de logro, pero incluso los logros deben gestionarse.


En primer lugar, quisiera agradecer el trabajo
de la letrada, Maribel Abellán, por la premura en la entrega de los
textos y la facilidad que ello ha conferido al trabajo que teníamos que
hacer las senadoras y senadores de la ponencia. También quisiera dar las
gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Ana Belén
Edo, quien ha coordinado los trabajos, y a todos los compañeros y
compañeras de la ponencia por el trabajo que se ha hecho y también por
esa buena predisposición al consenso y al trabajo en la realización de
las conclusiones y recomendaciones. Como se ha dicho, escuchamos y
pudimos contrastar puntos de vista con un total de 42 comparecientes
representantes de entidades, fundaciones, asociaciones, sindicatos y
también personas mayores.


Como miembro de esta ponencia y senadora de
Junts per Catalunya, para mí ha sido una experiencia enriquecedora poder
participar en esta iniciativa en tanto que quiere abundar en la
construcción de una sociedad para todas las edades, que es lo que
pretende mi partido, el Govern de Catalunya y estoy segura que la mayoría
de los grupos de esta Cámara; una sociedad para todas las edades, donde
las personas mayores puedan sentirse activas y puedan ser activas con su
entorno más inmediato y, desde este entorno inmediato, poder serlo con el
resto de la sociedad. Pero, aunque nos felicitemos por esta aprobación
unánime del informe, no se les escapará a ninguno de ustedes ni a nadie
que nos esté escuchando que, mientras realizábamos este estudio, las
actuaciones de las diferentes administraciones respecto de los derechos
de la gente mayor, y también las propias personas mayores, organizándose
por ellas mismas, no estaban abandonadas a su suerte, sino que se estaban
haciendo cosas, se estaba trabajando por esos derechos que ya tienen
reconocidos. En Cataluña, las personas mayores participan y tienen voz no
solo para los temas por los que se las interpela, sino también para todos
los temas de país, y, en ese sentido, están organizados en los consells
de persones grans, que eligen a sus representantes de forma democrática.
En el ámbito de la gente mayor activa, se han venido realizando ya muchos
programas relativos a participación, lucha contra los malos tratos,
soledad no deseada y un largo listado en el que hemos abundado en el
estudio. Temas, entre otros, como el de la brecha digital, que venimos
viendo reiteradamente en esta Cámara, y también en este Pleno —lo
vimos en el Pleno pasado—; y, en este sentido, también en el Govern
de Catalunya, y estoy segura de que en todos los territorios, se vienen
llevando a cabo acciones. En el caso de Cataluña podría citarles
L’Academia dels Sèniors, programas de formación
interdepartamentales dirigidos al empoderamiento de la gente mayor y con
el objeto de deshacer esa distancia que hay entre conectados y no
conectados; Altaveu, un proyecto audiovisual de actividades de
alfabetización y capacitación digital, y otros tantos. Se han
transformado los centros de gente mayor de la Generalitat en centros
cívicos, con una visión mucho más transversal, intergeneracional y
comunitaria para mejorar la calidad de vida de las personas en general,
contando con todas las edades. Una nueva ficha también del
contrato-programa de envejecimiento kilómetro cero para colaborar con las
entidades locales, con la Administración local, para que también se
puedan llevar a cabo entornos más amigables e inclusivos; la lucha contra
la soledad no deseada; la lucha contra la pobreza o incluso
acompañamientos en caso de dependencia. También se nos ha planteado ese
modelo sociosanitario, sobre todo a partir de la crisis de la COVID.


Con todo ello, lo que quiero decir es que,
mientras hacíamos el trabajo en la ponencia, los distintos niveles de la
Administración, y la propia gente mayor, han ido trabajando en las
competencias que tienen atribuidas. Las personas mayores no son un
colectivo homogéneo, son ciudadanos con derechos y con sus
circunstancias; debemos garantizar que puedan cumplir esos derechos y
atender esas circunstancias y que no sufran ningún tipo de
discriminación. En el informe también hablamos del problema del edadismo
o la infantilización, e incluso problemas semánticos a la hora de
utilizar la palabra «viejo» como una palabra despectiva, cuando lo viejo
no necesariamente tiene que ser inútil e inservible, sino algo cargado de
experiencia. En cualquier caso, también proponemos hacer un debate al
respecto.


Junts per Catalunya ha insistido en poner sobre
la mesa la realidad del mundo rural y el respeto por los ámbitos
competenciales de las comunidades autónomas y, sobre todo, y muy
importante, la financiación. Hemos dialogado, atendido y consensuado en
un buen ambiente de trabajo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas;
por ello, insistimos en que si a los discursos se les puede poner,
además, recursos, definitivamente las propuestas podrán convertirse en
realidades. Insistimos en que mantenemos este debate, como todos,
atendiendo todavía hoy a que se nos hable en las comunidades autónomas de
recortes; lo hacía ayer mismo el presidente del Gobierno de España,
cuando todavía tenemos un sistema de financiación de las comunidades
autónomas caducado por ley, a todas luces insuficiente, que también tiene
mucho que decir sobre los derechos de las personas mayores.


Tenemos que abundar en estos derechos, pero
también tenemos que poner el foco —y Junts per Catalunya lo hace
sin ningún tipo de complejo— en los incumplimientos. Pero no solo
eso, y por eso hemos sido proactivos y hemos trabajado. Tenemos que
denunciar estos incumplimientos, también el que se ha venido produciendo
respecto de la dependencia y de esa deuda histórica que tenemos
pendiente, y confiando en que se tiene voluntad de ir solucionándolo,
ponemos también el foco en aquello que podemos aportar para mejorar la
situación a partir de ahora.


Por ello hemos trabajado, hemos hecho muchas
propuestas juntamente con todos los componentes de la ponencia, y
esperamos que estas no se queden en el cajón y no queden en una simple
publicación, como ha sucedido con otros trabajos que hemos hecho en esta
Cámara en otras ponencias, y que sean atendidas y pasen a ser realmente
propuestas ejecutadas que abunden en el reconocimiento de los derechos de
las personas mayores.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Muy buenas tardes, señorías. Tengo que confesar
que estoy francamente satisfecho por poder intervenir en el día de hoy,
particularmente en un punto como este. Antes de nada quería comenzar
dándoles las gracias a todos ustedes, a todos los grupos parlamentarios
que han posibilitado que lleguemos al día de hoy con este acuerdo, y, en
particular, a todos los senadores, a los comparecientes y al personal de
la Cámara que han hecho posible este trabajo. En el caso de Izquierda
Confederal, como bien saben, la primera parte del trabajo fue
desarrollada por mi compañero, el senador Vidal, y esta fase final me ha
correspondido a mí.


Creo honestamente que trabajos como este dan
sentido a la función que tiene el Senado en nuestro sistema
parlamentario, y frente a quienes en algún momento han caído en la
tentación de cuestionar el carácter democrático de una Cámara de
representación territorial, con esta ponencia sobre envejecimiento hemos
demostrado que el Senado, sin duda, es el lugar indicado para que
representantes procedentes de diferentes comunidades autónomas
intercambiemos perspectivas sobre un asunto que nos concierne a todos y
que alcancemos —esta vez sí, y lo podemos decir bien alto—
acuerdos que puedan orientar la acción del Gobierno de España y de los
gobiernos de cada una de las comunidades autónomas.


El resultado de este trabajo, desde mi punto de
vista, es positivo fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar,
porque afronta de manera decidida los desafíos que plantea una sociedad
más longeva. En segundo lugar, porque reivindica el papel de las personas
mayores no simplemente como receptores de servicios, sino como sujetos de
pleno derecho. Y, en tercer lugar, porque no es complaciente, porque creo
que es un informe que se cuestiona si todos los pasos que ha dado nuestra
sociedad en las últimas décadas en pos del desarrollo han sido también
pasos hacia delante en términos de bienestar para todos los grupos
sociales. Y para mí esta última pregunta es esencial. Fíjense en que no
me refiero tanto a la manida cuestión de quién pagará las pensiones del
futuro en una sociedad en la que cada vez hay menos nacimientos y más
jubilaciones. Me gustaría que en esta ocasión miráramos un poco más allá;
que no redujéramos el envejecimiento, que es, en definitiva, la
consecuencia de la ampliación de la esperanza de vida y la reducción de
la natalidad, a un problema meramente numérico; que lo afrontáramos, por
una vez, desde otra perspectiva; que nos preguntáramos en 2022, al igual
que hicieron todas las sociedades a lo largo de la historia, cómo
queremos vivir y cómo queremos hacernos mayores. ¿Queremos tener la
oportunidad de cuidar de los nuestros y, llegado el momento, ser quizá
cuidados por quienes nos sucedan? El 86 % de los hogares en España están
formados en estos momentos por familiares; es decir, la inmensa mayoría
optamos por una forma de convivencia basada en los lazos de parentesco,
en los lazos de cuidado y en la protección mutua. Es importante para
nosotros cuidar y ser cuidados, y, sin embargo, las familias de hoy no
están pudiendo cumplir con esa expectativa.


Al 95 % de los adultos en España en estos
momentos les gustaría pasar su vejez en su propio domicilio, pero muchos
reconocen que este objetivo será de difícil cumplimiento precisamente por
la falta de cobertura de cuidados. Familias cada vez más pequeñas con
empleos cada vez más precarios y con una atención a la dependencia en la
que faltan 40 000 profesionales.


Señorías, cuando mis abuelos eran jóvenes, en
España vivían 28 millones de personas, y solo el 7 % de los hogares tenía
un solo ocupante; hoy somos 20 millones de españoles más y, sin embargo,
el número de hogares con un solo ocupante casi se ha triplicado. Esto
significa que somos más, pero estamos, paradójicamente, más solos;
algunos, por decisión propia, y más de dos millones sin quererlo. ¿Cómo
es posible que en un mundo que alardea de estar conectado por tierra, mar
y aire haya personas que sufran en silencio el drama de la soledad no
deseada?


Señorías, en 1925 Henry Ford necesitaba casi
cuatro segundos para ensamblar una pieza en su cadena de montaje. Hoy, a
pesar de la complejidad de los vehículos modernos, este tiempo se ha
reducido a la mitad y, sin embargo, algunos siguen pensando que la
jornada laboral de cuatro días es una utopía. ¿Por qué la tecnología es
un pretexto para impedir que las personas mayores puedan hacer trámites
de forma presencial en las sucursales de los bancos y, sin embargo, no
puede servir para reducir las horas que un trabajador pasa en la oficina
y que podría dedicar, por ejemplo, a hacer realidad la corresponsabilidad
en los cuidados?


Creo honestamente que hemos sido capaces de lo
mejor y, a la vez, de lo peor. Desarrollamos una vacuna en tiempo récord,
pero en Madrid señoras de 80 o 90 años tienen que hacer viajes de 30 o 40
kilómetros para que se las administren en lugar de que se haga en su
centro de salud. Tenemos aplicaciones con las que podemos pedir cita
médica en menos de un minuto, pero, en el mejor de los casos, habrá que
esperar 14, 15 o 16 días para que te atienda el médico. Se nos llena la
boca hablando de aumentar la natalidad, de proteger a las familias, pero
somos incapaces de alcanzar un acuerdo político amplio para una reforma
laboral que busca dar estabilidad precisamente a las personas que están
en edad de tener hijos.


Señorías, ¿qué extraigo yo de las conclusiones
de este informe de la ponencia? Pues un mandato político muy claro:
estrategia, inversión pública y acuerdo. Estrategia, porque hace falta
asumir el incremento de la esperanza de vida como una de las grandes
transformaciones sociales de nuestro tiempo, y eso exige que, desde la
política, seamos capaces de resolver los retos que ello trae aparejados;
no mediante parches, no mediante políticas de corto plazo o de medidas
que se anuncian en campaña, pero que luego, si te he visto, no me
acuerdo, sino con una auténtica estrategia de país. Y eso, cuando se
aterriza en el día a día, significa el Estado social. Hay que pasar del
reparto de culpas al reparto de responsabilidades en la solución. Yo,
señorías, vengo de una comunidad autónoma en la que siete de cada diez
fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia
se produjeron dentro de unos centros en los que en la los que la mayoría
de los casos no había medios para curarlos. Vengo de una comunidad
autónoma en la que 8338 personas mayores murieron solas. Pero lo peor de
todo es que, a pesar de esas muertes, a pesar de las denuncias en los
tribunales, a pesar de todo ese dolor social, si hoy volviéramos
—Dios no lo quiera— a sufrir un brote similar en la Comunidad
de Madrid, las consecuencias probablemente serían las mismas. Y ¿por qué?
Pues muy sencillo, porque el Gobierno de mi comunidad autónoma sigue
apostando por la privatización, sigue apostando por la reducción del
gasto y sigue apostando por poner a los amigos del partido a gestionar la
vida de la gente, y para acabar con esta situación también deben
servir... (Rumores).


¿Puedo terminar, señores?


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Sí,
siga.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Gracias.


Desde nuestro punto de vista, para acabar con
esta situación también debería servir el informe de esta ponencia. ¿Cómo
se hace esto? Pues muy sencillo, señorías; se hace con inversión pública,
esto es, defendiendo un modelo fiscal justo y progresivo, como establece
la Constitución española, en el que quienes más tengan más aporten; en el
que los que más necesiten más reciban; quienes necesitan más porque son
más mayores, porque quizás algunos tengan algún tipo de discapacidad o
porque necesitan más atención que el resto por el motivo que sea. Se hace
con solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas, blindando los
servicios públicos esenciales y comprometiéndonos a dotarlos de los
recursos suficientes para que puedan funcionar.


Señorías, todavía estamos saliendo de una
pandemia y aún hoy, a pocos kilómetros del lugar en el que se está
celebrando este debate, hay hospitales públicos en los que falta
personal, hospitales públicos con goteras y hospitales públicos que
incluso tienen plantas cerradas. Equivocarse es humano, pero los
políticos tenemos la obligación de corregir los errores del pasado,
porque, de lo contrario, no son errores, es negligencia.


Por último, señorías, todo esto se hace con
acuerdos. La forma de gobierno más común en Europa es el acuerdo entre
partidos; son los gobiernos de coalición. El 73 % de los países, incluida
España, lo tienen, pero es que a nivel autonómico pasa exactamente lo
mismo. De las 17 comunidades autónomas, solo en tres puede gobernar un
partido sin acuerdo con otros y en 13 hay gobiernos de coalición. Esto
implica que el diálogo y el acuerdo que han marcado la elaboración de las
conclusiones de esta ponencia sobre envejecimiento tenemos que
trasladarlo a la acción de gobierno de todos los territorios de nuestro
país, y ello exige hacer una labor de negociación política y de síntesis
equivalente. De nada sirve acordar aquí un cambio en el modelo de
cuidados si resulta que en algunas comunidades autónomas la solución
seguirá pasando por el bolsillo de la persona afectada. De nada sirve
acordar un nuevo modelo de atención residencial si hay un déficit
de 70 000 plazas para cumplir con la ratio que recomienda la Organización
Mundial de la Salud. De nada sirve acordar mejorar los recursos de
vivienda disponibles para las personas mayores mientras hay Gobiernos en
ciertas comunidades autónomas que se niegan a regular el precio del
alquiler para garantizar el derecho a una vivienda digna.


Señorías, esta ponencia ha hecho un gran
trabajo sobre el papel. Cuenta, evidentemente, con nuestro apoyo, pero
ahora hay que convertirlo en políticas públicas, y espero que todos los
partidos se comprometan a hacerlo allá donde gobiernen.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko.


Voy a empezar parafraseando a la senadora
Rivero en la Comisión donde aprobamos este informe. Con tu permiso,
Maite, dijiste una cosa que me pareció espectacular: Solo hay una edad
mala, que es la que no se cumple. Y yo, mientras trabajábamos en esta
ponencia, me preguntaba si vivimos en una sociedad envejecida, y lo
cierto es que los datos dicen que sí y, además, que irá a más. ¿Pero es
eso un problema?, ¿es algo negativo? La realidad es que en muchas
ocasiones así se percibe, pero es una gran paradoja, porque todos
queremos llegar a viejos; por lo menos, yo quiero, no sé el resto. Y me
niego a decir que una sociedad envejecida es un problema; yo creo que,
evidentemente, supone un reto, pero fundamentalmente una oportunidad.
Envejecer es un éxito, un éxito personal y un éxito colectivo. Es una
etapa más de la vida, con la misma dignidad y con los mismos derechos, y
como todas las etapas de la vida, tiene sus posibilidades, tiene sus
dificultades y sus oportunidades, que habrá que abordar.


De las ideas que a mí me han quedado claras
tras estos meses de trabajo, con muchas comparecencias de expertos y con
una reflexión conjunta posterior, yo destacaría, en general, que hay
diferentes formas de envejecer, que los mayores no son un colectivo
homogéneo, que tienen diferentes necesidades y que plantean diferentes
oportunidades, con lo cual, las respuestas no pueden ser únicas. Otra
cosa es que cumplir años no puede ser nunca sinónimo de perder derechos;
que los mayores pueden y deben jugar un papel importante, incluso
fundamental en la sociedad, y que nunca podemos caer en el edadismo, en
el paternalismo o en la infantilización. No podemos permitir que de
repente don Juan, porque ha cumplido determinados años, se convierta en
Juanito o, casi peor, en el abuelo, y que le aparquemos porque
teóricamente ya no sirve. No puede ser.


Podría decir mucho más, porque no os podéis
imaginar lo que hemos aprendido en estos meses de trabajo en la ponencia.
Hemos trabajado en unas conclusiones y unas recomendaciones que hoy se
aprueban. Yo no las voy a enumerar; ahí está el informe y de verdad creo
que merece la pena leerlo. Pero sí querría destacar lo que tiene que ver
con dignidad; con igualdad en derechos; con envejecimiento activo; con
soledad no deseada; con, por ejemplo, trabajo serio por la sostenibilidad
del sistema de pensiones, cuestión fundamental cuando envejecemos, o
también con qué sucede cuando llega, si llega, la dependencia. ¿Qué
atención? Hay que repensar los cuidados; podemos envejecer de diferentes
maneras y podemos llegar a ser personas mayores con dependencia, y eso
también hay que trabajarlo.


Y aquí viene mi inciso, como la gota malaya,
para decir que la mayor parte de los temas que hemos trabajado en esta
ponencia, y que aparecen en el informe, son competencia de las
comunidades autónomas, por lo que, si las recomendaciones se plasman en
políticas concretas, debería ser con un escrupuloso respeto al ámbito
competencial. De hecho, en donde tenemos competencias ya estamos
trabajando en todos estos ámbitos, como ya se ha dicho aquí.


Al envejecimiento, a las personas mayores, a
ese reto, a esa oportunidad, porque es todo en conjunto, hay que dar
respuestas desde dos ámbitos. Por una parte, desde la sociedad, porque
tenemos que lograr una sociedad que sea para todas las personas, para
todas, y eso nos obliga a pensar en un pacto intergeneracional. Pero
también hay que dar una respuesta por parte de las instituciones, y para
eso, después del trabajo que hemos hecho, espero que las conclusiones y
recomendaciones que hoy vamos a aprobar puedan ayudar.


Y voy a finalizar —por una vez, de
verdad, me voy a portar y voy a ser breve— agradeciendo el trabajo
y el apoyo de la letrada —gracias, Maribel— y del resto de
los servicios de la Cámara que nos han estado acompañando durante estos
meses; pero también tengo que agradecer la actitud de todos los grupos y
de todos los compañeros y de las compañeras. Tengo que decir que creo, o
yo así lo he sentido, que hemos tenido un ambiente de trabajo
inigualable, en el que ha habido ganas, de verdad, de debatir y, sobre
todo, de acordar y de sacar un informe entre todos, un informe
conjunto.


Y yo creo que eso se refleja en el texto final.
Os voy a decir que formar parte y trabajar en esta ponencia ha sido un
verdadero gustazo.


Termino diciendo que, después de lo que he
comentado, sobra decir que mi grupo apoyará el informe de la
ponencia.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra la senadora Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Bona tarda, senyora
presidenta, senyores i senyors.


El informe de ponencia que presentamos, que
concluye con 19 recomendaciones, es el fruto de meses de trabajo
—ya lo han dicho las compañeras que me han precedido—, es el
resultado de las comparecencias de personas expertas, de las que hemos
aprendido mucho, pero también es el resultado del buen nivel de trabajo
conjunto entre las senadoras y senadores de los distintos grupos. Me sumo
también al agradecimiento a la letrada y a todos los servicios de la
Cámara con los que hemos trabajado en esta ponencia. Este ambiente de
trabajo es positivo y tiene que ponerse de relieve al presentar las
conclusiones.


Para mí, hablar del proceso de envejecimiento
no es un tema cualquiera, sino que es un tema vivenciado del que puedo
hablar en primera persona, que conozco no en la distancia, sino a través
de mi propia corporeidad. Hablar de envejecimiento no solo es hablar de
personas a las que quiero y respeto, sino de mi propia experiencia. Dice
Mari Luz Esteban, en un libro que se titulo Manifest de la nova dona
vella —vella con uve—: «El envejecimiento, en definitiva, no
es más que la consecuencia de toda una vida, el efecto de todas las
cargas, las preocupaciones que trajinamos desde pequeños, un resultado
labrado día a día».


De estas recomendaciones, hay algunas que
quisiera realzar, en este momento. El incremento de la esperanza de vida
en nuestra sociedad debe considerarse un logro que nos plantea
importantes retos y no puede verse como un problema. La vejez no debe
verse como un gasto, sino como un aporte colectivo de una nueva etapa
vital. Las personas viejas, o mayores, no solo han aportado, sino que
pueden —y lo hacen— seguir aportando a la sociedad.


El colectivo de personas mayores no es
homogéneo, como no es homogéneo el de los jóvenes o el de las personas
adultas. Si se acepta la definición que dice que esta etapa empieza a
los 65 años y finaliza cuando la vida se acaba, ya podemos deducir que
una variable importante es la propia edad, pero también el género, la
cualificación laboral —con trabajos muy cualificados o menos
cualificados—, si son de medios rurales o de grandes ciudades, si
se padece o no una enfermedad, o el nivel socioeconómico. Por tanto, no
podemos hablar de un único modelo de envejecimiento y no podemos
confundir, como a veces se hace, hacerse mayor con discapacidad.


Finalizar la vida laboral no debe significar
acabar con nuestros derechos. Las personas mayores tienen, tenemos, los
mismos derechos que cualquier otra ciudadana y ciudadano: sanidad,
educación, vivienda, atención a la dependencia… En la ponencia,
también debatimos que debería darse salida a la Ley de dependencia,
especialmente en materia de financiación, con el abono de la deuda
histórica a las comunidades autónomas.


La soledad no deseada se ha convertido en una
auténtica pandemia. Hay muchas intervenciones que pueden hacerse, pero
los cuidados necesarios no forzosamente deben recaer en los miembros de
la familia; he dicho los miembros y me equivoco, me refiero a las mujeres
de la familia. Del mismo modo que hemos reconocido que hay muchas maneras
de vivir la vejez, las administraciones también deben buscar alternativas
y soluciones múltiples y flexibles. Una opción puede ser vivir en la
propia casa con ayuda, pero también viviendas colaborativas —en
Cataluña ya hay muchas experiencias, pero también en el resto del
Estado—; hay muchos modelos. En general, se trata de avanzar hacia
unidades de convivencia reducidas. Lo que no puede permitirse es el
modelo que se venía aplicando en muchos centros o instituciones, donde
las personas, al entrar allí, pierden el derecho sobre su propia vida, se
las incapacita para tomar sus propias decisiones y mantener la autonomía
personal de la que son capaces.


Un tema importante es la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. Cuando hablamos de pensiones el problema no
es el número de personas que deben recibirlas, sino el número de
personas, de jóvenes y de media edad, que quieren trabajar, pero no
pueden; de las cotizaciones bajas que tenemos en este país, o del número
tan alto de personas o trabajos en la economía sumergida, como es el caso
de muchas personas que trabajan en los cuidados. Especial atención debe
prestarse a la pobreza femenina, puesto que las mujeres ingresan, de
media, un 35,5 % menos que los hombres.


También hay que destacar la importancia de la
coordinación en todos los servicios de atención a las personas mayores.
En este sentido, vamos al tema de la digitalización, tal y como hablamos
en el Pleno anterior y en este ha vuelto a salir. Lo resume muy bien la
frase: Soy mayor pero no idiota. Creo que no necesitamos más
explicación.


Durante la pandemia hemos visto cuáles son los
trabajos esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad, trabajos
de cuidados que en el feminismo llevamos muchos años reclamando. Poner la
vida en el centro significa reconocer el trabajo de las personas que
cuidan. Hoy nos referimos a quienes cuidan a las personas mayores, de las
que el 88 % son mujeres.


A nuestro grupo le hubiera gustado que se
incorporara la recomendación de la regularización de todas las personas
migrantes residentes en España, la ratificación del Convenio 189 y la
recomendación 201, de la Organización Internacional del Trabajo, para
fijar derechos colectivos y protección social, así como unas condiciones
laborales con derechos. Todo ello a fin y efecto de que las personas que
han decidido trabajar en nuestro país puedan desarrollar sus legítimos
proyectos de vida y contribuir con sus aportaciones, también, al
desarrollo del Estado del bienestar. Sin embargo, el consenso al que
llegamos fue el de prestar especial atención a la problemática de las
personas migrantes. Les explicaría que en Cataluña existe un pla
estratègic de serveis socials 2021-2024 que se basa en la planificación,
palabra importante.


Algunas de las 19 recomendaciones que plantea
el documento son fáciles de ejecutar porque solo necesitan un cambio de
mirada sobre la reorganización y voluntad política, pero otras son de
gran calado y requieren de unos presupuestos suficientes, no de los
posibles, sino de los necesarios para abordar las necesidades reales para
que todas las personas puedan vivir una vejez digna. Se trata de poner en
el centro de la sociedad el cuidado de las personas, no los beneficios de
unos pocos; en este caso, hoy hablamos de las personas mayores. Un Estado
de bienestar fuerte asegura unas garantías frente a la vejez. Hasta aquí
estamos de acuerdo. ¿Cómo conseguimos este Estado de bienestar fuerte?
Aquí tendríamos discrepancias en relación con el fraude fiscal, la
reforma fiscal, la Casa Real, dedicar una partida importante a comprar
armas, etcétera. Lo discutiremos otro día.


La pandemia ha puesto de manifiesto que el
trato y el cuidado a las personas mayores en este Estado presentaban
muchas deficiencias, por decirlo suavemente. Esperamos que el trabajo de
esta ponencia y las recomendaciones que se plantean no caigan en saco
roto. No queremos volver a la vieja normalidad, sino tejer unas nuevas
relaciones sociales que permitan a todas las personas —hoy hablamos
de las mayores— vivir con derechos, con libertad y con
dignidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador De Arriba Sánchez.


El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, como todos sabemos, las profundas
transformaciones sociales, económicas y culturales que se han producido
durante las últimas décadas han generado modificaciones significativas en
la pirámide poblacional y han originado un progresivo aumento de la
población de mayor edad. En España, el fenómeno del envejecimiento
continúa su avance, a pesar de que la grave crisis de salud pública del
coronavirus ha provocado el primer descenso de la población de los
últimos cuatro años. Hoy en día, el número de personas mayores de 65 años
o más asciende a 9 300 000, lo que se traduce en un 19,7 % del total de
la población, y, según proyección del Instituto Nacional de Estadística,
se prevé que a mediados de siglo España podría albergar a más de 14
millones de personas mayores, lo que representaría cerca del 30 % de la
población de nuestro país. Además, según ponen de manifiesto sus
proyecciones de vida, organismos como el propio INE, la ONU y la OCDE,
entre otros, el envejecimiento de la población en España va acompañado de
un aumento progresivo de la esperanza de vida. Este último indicador
demográfico sitúa a los españoles en los puestos de cabeza en el mundo y
se espera que, debido a los avances que se vienen produciendo en materia
sociosanitaria, continúe aumentando. Por este motivo, coincidirán con
nosotros en que es necesario seguir invirtiendo para que la mejora de esa
esperanza de vida se traduzca en buena salud. Para ello, tenemos que
reforzar las estrategias de promoción de la salud y de abordaje de la
cronicidad, fortalecer la prevención de la dependencia y la promoción de
la autonomía personal. Unidos estos fenómenos demográficos, el
envejecimiento de la población, por una parte, y el aumento de la
esperanza de vida, por otro, surge ante nosotros, los poderes públicos,
un verdadero reto socioeconómico, sanitario y social al que, por encima
de cualquier diferencia, debemos hacer frente de forma conjunta.


Como se ha dicho esta tarde, se cumplen
dieciséis meses desde que se aprobó en esta Cámara la creación de la
Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España.
Numerosas han sido las reuniones informativas mantenidas, por las que han
pasado cerca de 42 comparecientes, todos ellos expertos en la materia que
ha sido objeto de estudio, y ha habido debates sensatos, cordiales y
moderados entre las distintas fuerzas políticas. Señorías, frecuentemente
los ciudadanos, al observar el discurrir de nuestra vida política, se
preguntan si es posible que nos pongamos de acuerdo en algo. Considero
que no debemos transigir en los principios; sin embargo, señorías, al
mismo tiempo, también tenemos que explicar que en nuestra vida política y
parlamentaria se produce con naturalidad el diálogo sincero sobre
cuestiones como la que nos ocupa, con negociaciones dilatadas, con un
contraste de pareceres y argumentos que, a veces, fructifican en el
acuerdo, o al menos esa ha sido mi percepción entre los ponentes de esta
ponencia de estudio, a pesar de algunas de las intervenciones que me han
precedido. Consideramos, señorías, que es mejor un acuerdo con razones de
unos y de otros frente a las razones y verdades absolutas, y hoy tenemos
esa oportunidad.


En nuestro grupo parlamentario consideramos
plausible alcanzar un pacto de Estado para la protección y promoción de
los derechos de las personas mayores, que garantice la igualdad de
oportunidades y el derecho al cuidado y a la atención a las personas en
situaciones de dependencia, su participación activa en todos los ámbitos
sociales y bajo una perspectiva intergeneracional, que afronte la brecha
digital, la exclusión financiera, que evite la discriminación por razón
de edad y que prevenga el edadismo.


Como se ha dicho, hablar hoy de edad madura es
hablar de oportunidades, de vitalidad, de recursos, de economía del
envejecimiento, de felicidad. Por eso, es imprescindible cambiar los
estereotipos para dejar atrás la imagen que muchas veces asociamos a
vejez y a ancianidad y alcanzar un pacto de Estado que garantice el
respeto a la voluntad y preferencias de la persona con relación a cómo
quiere vivir su proceso de envejecimiento, que asegure los cuidados y
apoyos que precisan, que aborde el fenómeno de la soledad no deseada y
centre nuestros esfuerzos en políticas que mejoren su calidad de vida y
su protección social, especialmente la de los más vulnerables; un pacto
de Estado que marque la acción de Gobierno hacia el futuro en un asunto
de la trascendencia que nos ocupa.


Señorías, en nuestro grupo parlamentario
siempre hemos apostado por políticas de atención integradas y centradas
en las personas, por la libertad a la hora de tomar nuestras propias
decisiones y, muy especialmente, de quienes más han contribuido a
fortalecer nuestro país de forma solidaria, como son los mayores.


Señorías, vamos a ser mayores y vamos a ser más
y, lógicamente, hay ámbitos que necesitan ser afrontados con
determinación y con decisión. Tenemos la obligación de mantener una
agenda que avance y mejore el proceso o procesos de envejecimiento en
España. Las personas reclaman sus derechos y la mejora de sus respectivas
vidas y los poderes públicos, la Administración pública en su conjunto,
deben atender esas aspiraciones. La realidad, como suele decirse, es la
que es y sobre ella debemos proyectar el entendimiento y la buena
administración.


Finalizo, presidenta. Nuestro voto será
favorable al informe elaborado.


No quiero terminar mi intervención sin
agradecer el trabajo de todos los senadores, de todos los ponentes de los
distintos grupos parlamentarios que han participado activamente en la
ponencia, especialmente el de mi compañera del Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Patricia Rodríguez Calleja. Y, cómo no, quiero
extender también el agradecimiento a la presidenta y a la letrada de la
Comisión de Derechos Sociales por su buen hacer.


Gracias por su atención. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Arnáiz García.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias,
presidenta.


Culminamos hoy un trabajo que iniciamos en
septiembre del año 2020, cuando el Pleno de esta Cámara aprobó una moción
socialista, defendida por la senadora María Jesús Castro, para la
creación de una Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en
España en el seno de la Comisión de Derechos Sociales. El objetivo que
nos marcábamos entonces fue elaborar un informe con un diagnóstico real,
que nos permitiera plantear una serie de recomendaciones que mejorasen la
calidad de vida de las personas mayores. Lo hacíamos, además, en el
contexto de una pandemia que estaba poniendo sobre la mesa la necesidad
de abordar su situación en España. Fue una demanda que surgió de los
colectivos sociales y de las asociaciones de personas mayores, a las que
quiero agradecer su presencia hoy en la Cámara. Humildemente, creo que
hemos cumplido con ese objetivo y lo hemos conseguido tras la escucha
activa y el análisis de las muchas y ricas aportaciones realizadas por
distintos expertos y asociaciones que comparecieron en la ponencia.


Agradezco, como no puede ser de otra de otra
manera, el trabajo y la dedicación de la letrada y de la presidenta de la
Comisión de Derechos Sociales y, también, el gran trabajo realizado por
todos los grupos parlamentarios. De verdad, muchas gracias.


Muchas también han sido las cuestiones que
hemos abordado en las conclusiones, donde ha quedado más que patente que
el fenómeno del envejecimiento de la población es uno de los retos
sociales, políticos y económicos de más relevancia en nuestro país. Sin
duda, el envejecimiento será una de las claves más importantes en la
transformación social del siglo XXI, como fue en el siglo XX la
incorporación de la mujer al mercado laboral. Supone un reto para el
conjunto de la sociedad porque todas las personas aspiramos a tener la
mejor vejez posible y, para que se cumpla, es preciso modelar una
sociedad para todas las edades, donde todos y todas tengamos garantizados
nuestros derechos y no nos veamos discriminados ni apartados de la vida
porque seamos mayores.


Somos un país, afortunadamente, con una alta
tasa de esperanza de vida. En territorios como mi comunidad, Castilla y
León, además, el porcentaje de personas mayores de 65 años se sitúa por
encima del 25 %, a gran distancia de la media nacional, que está en
el 19 %. Estamos ante una revolución demográfica, sin duda, y las
previsiones indican que, en 2050, 1 de cada 3 personas superarán los 65
años, porcentaje que se alcanzará en Castilla y León en el año 2035.


Los socialistas nos sentimos orgullosos de que
en nuestro país contemos con un Estado del bienestar que ha permitido
desarrollar un sistema elevado de protección y atención a las personas
mayores, pero esta revolución de la longevidad que vivimos nos interpela
no solo a seguir reforzando ese Estado del bienestar, sino a promover un
nuevo enfoque o visión del envejecimiento.






Cuando hablamos de personas
mayores nos estamos refiriendo a una pluralidad de personas con gustos,
deseos, aspiraciones y necesidades muy distintas, no a un colectivo. No
todas las personas envejecen igual, y esta heterogeneidad de
circunstancias nos debe llevar a romper con los estereotipos asociados a
la edad. Tenemos que abandonar la idea de que la vejez implica
necesariamente fragilidad, dependencia, soledad o incapacidad, porque
sencillamente es falso. El fenómeno del envejecimiento, además de reto,
debe considerarse una oportunidad para toda la sociedad, entendiendo
además que las personas mayores deben disfrutar del máximo nivel posible
de bienestar físico, emocional y social. Envejecer —como aquí se ha
dicho— es un logro social, pero estamos todos de acuerdo en que no
se trata solo de vivir más años sino de añadir vida a los años. Las
personas mayores nos reclaman sentirse parte activa de la sociedad,
sentirse seguras y vivir de manera independiente y autónoma. Nos reclaman
además no ser discriminadas ni aisladas, y para ello es imprescindible
facilitar su participación en todos los ámbitos. Es urgente cambiar la
percepción social negativa de la vejez como consumidora de recursos,
frágil e improductiva por una imagen positiva, ajustada a la realidad,
porque son muchas las importantes contribuciones que han hecho y hacen
las personas mayores a la sociedad, consumiendo ocio, cultura,
tecnología, participando en todo tipo de actividades y voluntariado, y
también realizando importantes tareas de cuidado de sus familiares,
nietos y seres queridos, especialmente las mujeres.


Por otra parte, como sociedad no podemos
desaprovechar el enorme caudal de experiencias y conocimientos que pueden
aportar las personas mayores. Es indiscutible el desarrollo y el
potencial de la Silver Economy como generadora de empleo y actividad
económica. Las personas mayores atesoran disponibilidad física, mental y
experiencia, pero requieren de una sociedad adaptada a sus necesidades,
con entornos, bienes y servicios que les sean accesibles. Como se ha
denunciado recientemente, no puede ocurrir que una persona mayor no pueda
disponer de sus ahorros porque carezca de formación en competencias
digitales o que la brecha digital le impida acceder a servicios
esenciales. Hay que garantizar el acceso a los servicios bancarios y a
todo tipo de servicios públicos, también al transporte, y así se ha
abordado en el transcurso de la ponencia y en sus recomendaciones.


Otra cuestión capital es que las personas
mayores son ciudadanos y ciudadanas como el resto, sujetos plenos de
derechos y no simples receptores de asistencia social. No puede ser que
por tener más años se tengan menos derechos. No puede ser.
(Aplausos).


Muchos comparecientes nos trasladaron las
discriminaciones que soportan frecuentemente las personas mayores, cuando
se las infantiliza, utilizando un lenguaje inapropiado, cuando se
proyecta una imagen distorsionada por los medios de comunicación o cuando
se toman decisiones que les afectan y no se tienen en cuenta sus deseos y
preferencias. A lo largo del transcurso de los trabajos de la ponencia se
trató mucho esta cuestión y las múltiples discriminaciones que pasan
desapercibidas en la mayoría de las ocasiones. De ahí la importancia de
luchar contra el edadismo e incorporar la discriminación por edad en la
futura Ley de igualdad de trato que ahora mismo se tramita en el
Congreso.


Otro de los objetivos que recogen las
recomendaciones que hoy sometemos a aprobación es el abordaje de la
soledad no deseada como fenómeno asociado al envejecimiento. Según la
OMS, es uno de los mayores riesgos de deterioro de la salud y se ha
convertido en la nueva pandemia de este siglo, junto con el tabaquismo y
la obesidad. Sin duda, hay que prestarle atención y poner en marcha
políticas y recursos comunitarios intergeneracionales mediante el
desarrollo de una estrategia nacional que permita tejer una red de
soporte y acompañamiento social para las personas que estén solas y
sufran por ello.


La ponencia también se hizo eco de las
situaciones que sufrieron durante la pandemia muchas personas mayores. Se
puso sobre la mesa el desamparo al que se enfrentaron, la situación de
vulnerabilidad y las múltiples discriminaciones que sufrieron por motivos
de edad, así como el aislamiento al que se vieron abocados. Por ello,
entre las recomendaciones más importantes se encuentra aprobar un pacto
de Estado para la protección y para la promoción de los derechos de las
personas mayores en ámbitos como la salud, la vivienda, la cultura, el
ocio, el empleo, la educación... También se han de garantizar la
responsabilidad pública de los cuidados y la modernización del sistema de
atención a las personas en situación de dependencia. Como sociedad
debemos atender las demandas de las personas que quieren vivir en sus
domicilios y, para ello, adquiere una gran relevancia disponer de apoyos
y servicios comunitarios para poder atenderles en sus hogares. Por tanto,
es necesaria una apuesta decidida por un cambio en el modelo de cuidados
de larga duración, para asegurar una atención integral centrada en la
persona, donde la calidad de vida, la ética y el buen trato en los
cuidados estén garantizados. Hay que transformar y humanizar el modelo
residencial actual hacia modelos que se parezcan lo máximo posible a un
hogar y potenciar otras alternativas de alojamiento, como las viviendas
colaborativas, apartamentos con servicios, etcétera, para que puedan
escoger de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Esta
responsabilidad social en la tarea de los cuidados se ha venido ya
materializando en dos importantes políticas impulsadas por el Gobierno de
Pedro Sánchez: en primer lugar, el Plan de choque de dependencia, que ha
supuesto duplicar el presupuesto de dependencia en 4 años, pasando
de 1300 a 2600 millones de euros —y gracias a estos recursos se han
revertido los recortes sufridos desde el año 2012— y, en segundo
lugar, la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de
igualdad e inclusión, que se ha introducido como política de palanca en
el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y para ello el
presupuesto del año 2021 se dotó con 730 millones, y el de 2022, con 1060
millones de euros, repartidos entre todas las comunidades autónomas. Esta
ingente cantidad de recursos ayudará a que personas mayores o personas en
situación de dependencia permanezcan el máximo tiempo posible en sus
domicilios, con la ayuda de la teleasistencia avanzada, recursos que
también se utilizarán para remodelar equipamientos residenciales y
generar nuevos equipamientos públicos para que se parezcan lo más posible
a hogares basados en el modelo de atención centrada en la persona. Por
tanto, señorías, el Gobierno de España está impulsando, con equidad y
transparencia, el cambio de modelo de cuidados existente en nuestro país,
que tanto nos han reclamado los comparecientes durante los trabajos de la
ponencia.


Esta ponencia ha querido contribuir, con un
elenco de conclusiones y recomendaciones, a desarrollar un manual de
políticas para conformar una sociedad intergeneracional, donde se tenga
la oportunidad de vivir con dignidad en todas las etapas de la vida. Ha
sido solo el principio, pero esta ponencia nos ha abierto aún más los
ojos y nos ha puesto sobre la mesa un asunto que debe estar en primera
línea del debate político. Nos queda mucho trabajo por delante, sobre
todo porque todas las políticas públicas se van a ver afectadas por estos
desafíos demográficos, y algunas de ellas requerirán de cambios
legislativos en los que nos tendremos que emplear a fondo. Por todo ello,
les pido a sus señorías que, recogiendo el testigo del trabajo
desarrollado con diálogo y consenso permanente durante la ponencia, se
apruebe con rotundidad el informe que se somete hoy a la aprobación de
este Pleno.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, a continuación, se procede a abrir el
plazo para emitir el voto telemático para todas las votaciones
pendientes, que son las siguientes:


Votación de la autorización del acuerdo entre
el Reino de España y la República de Honduras relativo a la regulación y
ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho
en Madrid el 28 de mayo de 2021.


Votación de la autorización de las decisiones
del III Congreso Extraordinario de la Unión Postal Universal, hechas ad
referendum en Ginebra el 26 de septiembre de 2019.


Votación de la autorización del acuerdo sobre
Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas,
hecho en Madrid el 12 de junio de 2018.


Votación del informe de la Ponencia de estudio
sobre el proceso de envejecimiento en España.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática, siendo en este momento las diecisiete horas y veintiocho
minutos hasta las diecinueve horas y veintiocho minutos.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de
las votaciones).


621/000040

Sanidad y Consumo


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 6., 6.1. y 6.1.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A
continuación, señorías, paso a la proclamación de resultados de
votaciones telemáticas.


Enmienda número 46, de los senadores Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 263; a favor, 3; en
contra, 148; abstenciones, 112.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


De los mismos autores, enmiendas números 47, 52
a 55 y 57.


Votos emitidos, 263; a favor, 106; en
contra, 153; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas de los autores anteriores, 48
a 51.


Votos emitidos, 263; a favor, 3; en
contra, 153; abstenciones, 107.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


De los mismos autores, las enmiendas 56
y 58.


Votos emitidos, 264; a favor, 3; en
contra, 152; abstenciones, 109.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 59 a 61 y 63, de los mismos
autores anteriores.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 152; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


De los mismos autores anteriores, enmienda
número 62.


Votos emitidos, 264; a favor, 3; en
contra, 255; abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 1, de los senadores José Luis
Muñoz Lagares, María Ponce Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático.


Votos emitidos, 265; a favor, 3; en
contra, 154; abstenciones, 108.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada


Enmiendas números 2, 6 y 8, de los mismos
autores anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 111; en
contra, 150; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 3, de los mismos autores
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 106; en
contra, 154; abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 4, de los mismos autores
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 113; en
contra, 146; abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 5, de los mismos autores
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 4; en
contra, 136; abstenciones, 125.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 9, del senador José Miguel
Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Democrático.


Votos emitidos, 264; a favor, 28; en
contra, 131; abstenciones, 105.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 10, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 264; a favor, 11; en
contra, 135; abstenciones, 118.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 11, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 264; a favor, 25; en
contra, 135; abstenciones, 104.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas número 39, 40 y 42 a 45, del senador
Vicenç Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.


Votos emitidos, 264; a favor, 26; en
contra, 232; abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 41, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 264; a favor, 30; en
contra, 224; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 115, 116 y 118, del mismo
autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 31; en
contra, 222; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 117 y 119 a 120, del mismo
autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 21; en
contra, 222; abstenciones, 21.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 121 a 128, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 263; a favor, 8; en
contra, 230; abstenciones, 25.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 80, 82 y 83, de senador
Carles Mulet García.


Votos emitidos, 264; a favor, 127; en
contra, 124; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
aprobadas.


Enmiendas números 86 y 110, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 264; a favor, 6; en
contra, 129; abstenciones, 129.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Del mismo autor anterior, enmienda
número 87.


Votos emitidos, 264; a favor, 7; en
contra, 229; abstenciones, 28.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 88, 89 y 107, del mismo
autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 6; en
contra, 127; abstenciones, 131.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 90 y 97, del mismo autor
anterior.


Votos emitidos, 263; a favor, 6; en
contra, 232; abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 101, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 8; en
contra, 230; abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 105, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 125; en
contra, 129; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 106, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 9; en
contra, 227; abstenciones, 28.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 108, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 112; en
contra, 126; abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 109, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 129; abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 111, del mismo autor.


Votos emitidos, 264; a favor, 21; en
contra, 232; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 12, 14 a 17 y 19, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Votos emitidos, 264; a favor, 27; en
contra, 232; abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 13, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 27; en
contra, 230; abstenciones, 7.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Del mismo grupo, enmienda número 18.


Votos emitidos, 263; a favor, 26; en
contra, 228; abstenciones, 9.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 20, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 37; en
contra, 223; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Popular.


Votos emitidos, 264; a favor, 113; en
contra, 140; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 22, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 103; en
contra, 148; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 23, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 145; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 24, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 103; en
contra, 134; abstenciones, 27.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 25 y 26, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 142; abstenciones, 16.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 27, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 113; en
contra, 126; abstenciones, 25.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 29, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 140; abstenciones, 18.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 32, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 110; en
contra, 127; abstenciones, 27.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 33, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 263; a favor, 103; en
contra, 130; abstenciones, 30.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 34 y 36, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 263; a favor, 107; en
contra, 145; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 35, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 103; en
contra, 143; abstenciones, 18.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 38, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 113; en
contra, 126; abstenciones, 25.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmiendas números 69 y 70, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 264; a favor, 256; en
contra, 1; abstenciones, 7.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Enmienda número 77, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 157; en
contra, 1; abstenciones, 106.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 71 y 79 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el
Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal y el Grupo Parlamentario
Nacionalista.


Votos emitidos, 265; a favor, 263;
abstenciones, 2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 72, 64 y 84 presentada por los mismos grupos del punto
anterior.


Votos emitidos, 265; a favor, 259; en
contra, 3; abstenciones, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 73, 65, 100 y 28, presentada por los mismos grupos.


Votos emitidos, 265; a favor, 262; en
contra, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 74, 66, 103 y 30, presentada por los mismos grupos que la
propuesta anterior.


Votos emitidos, 265; a favor, 262; en
contra, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 75, 67, 104 y 31, presentada por los mismos grupos.


Votos emitidos, 265; a favor, 262;
abstenciones, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 76 y 112, presentada por los mismos grupos que las propuestas
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 262; en
contra, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 68 y 81, presentada por los mismos grupos de las propuestas
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 262;
abstenciones, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de la
enmienda 102, presentada por los mismos grupos de las propuestas
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 262; en
contra, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 91, 92, 94, 95, 98 y 99 presentada por los mismos grupos de las
propuestas anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 157; en
contra, 3; abstenciones, 105.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas 37, 93 y 96, presentada por los mismos grupos de las propuestas
anteriores.


Votos emitidos, 265; a favor, 261;
abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 265; a favor, 157; en
contra, 5; abstenciones, 103.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES,
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, EN
RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2021, DE 9 DE MARZO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000041

Hacienda


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 6.1.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Proclamación de resultados.


Enmienda número 9, de los senadores Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 151; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 11, de los mismos autores de la
enmienda anterior.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 151; abstenciones, 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Popular.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 146; abstenciones, 9.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
rechazada.


Aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.


Votos emitidos, 264; a favor, 254; en
contra, 3; abstenciones, 7.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan
aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 264; a favor, 262;
abstenciones, 2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
de forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
PLENARIA DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2022 PARA LA EXCLUSIÓN DE LA MOCIÓN
SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A CONCEDER BENEFICIOS FISCALES PARA ALBA DE TORMES
(SALAMANCA), SALAMANCA Y ÁVILA EN LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS Y EL PRIMER CENTENARIO DE SU
NOMBRAMIENTO COMO DOCTORA «HONORIS CAUSA» POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EN 1922.


550/000114

GPP


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Comunico a
la Cámara que esta Presidencia ha recibido una petición del Grupo
Parlamentario Popular solicitando que se aplace la moción consecuencia de
interpelación con número de expediente 671/000098, relativa a beneficios
fiscales asociados al IV centenario de la canonización de Santa Teresa de
Jesús.


¿Puedo entender que la Cámara acepta esta
modificación del orden del día? (Asentimiento). Muy bien.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CONCEDER BENEFICIOS FISCALES PARA ALBA DE TORMES (SALAMANCA), SALAMANCA Y
ÁVILA EN LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SANTA
TERESA DE JESÚS Y EL PRIMER CENTENARIO DE SU NOMBRAMIENTO COMO DOCTORA
«HONORIS CAUSA» POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN 1922.


671/000098

GPP


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Esta
moción ha sido aplazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
APOYAR A LOS GANADEROS Y A SUS PRODUCTOS Y A DESAPROBAR LOS CONTENIDOS
RECOGIDOS EN LA AGENDA 2030 CONTRARIOS A SUS INTERESES.


671/000097

JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 10.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el
senador González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto, por
tiempo de cinco minutos


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


Consideramos francamente una anomalía tener que
traer esta moción nada menos que a la Cámara Alta, para instar al
Gobierno a que apoye a los ganaderos porque desde el Gobierno se les hace
daño.


Señorías, el campo español es motivo de orgullo, y
ustedes, mejor que nadie, deberían saberlo. Nuestros hombres de campo son
los verdaderos ecologistas: son quienes cuidan el entorno, quienes cuidan
a los animales, y, en definitiva, los que nos dan de comer. Nuestros
hombres de campo no se frenan ni con la lluvia ni con el calor ni con el
sol ni con enfermedades y no paran si están cansados. La conclusión de
todo esto es simple y llana, tal y como nos comentaba un ganadero que
vino con nosotros a la campaña de Castilla y León, que es que cualquiera
sirve para ser ministro, pero no todos valen para ser ganaderos.


Fíjese que hace poco el ministro de Consumo del
Gobierno de España, que además tiene acta de diputado por la provincia de
Málaga —y ahora les diré por qué incido en esto—, dio una
entrevista en un medio británico, en un medio extranjero y asestó una
bofetada a la ganadería española: exportamos carne de mala calidad. No,
señorías, no exportamos carne de mala calidad, pero paseamos a ministros
de una ínfima calidad, ignorantes y dañinos; a esos sí que los paseamos.
Antes incidía en que el señor Garzón es diputado por la circunscripción
de Málaga porque precisamente es la provincia que más carne exporta de
Andalucía, pero, como no hemos visto nunca al ministro de Consumo
presumir de esta cifra, lo he traído a colación.


En definitiva, se trata de un ataque sin fundamento
con el único objetivo de destruir un sector que aporta el 2,4 % del PIB y
tiene un valor estimado de mercado superior a los 3000 millones.
(Rumores). Señorías, de verdad que es muy difícil seguir con todos
ustedes hablando, que llevan toda la tarde. Sería un detalle que tuvieran
respeto con el parlamentario, como antes ha estado incidiendo el
presidente. Les pido un poquito de respeto no a mí, sino a los otros
senadores que han venido.


Estos datos significan que la ganadería sostiene a
muchas familias y territorios, que dependen directamente de esta
actividad. Además, la ganadería es fundamental y es una actividad que
vertebra toda la España rural. Quiero incidir en esto porque ustedes han
estado muy preocupados en los últimos días por esta España a la que
llaman vaciada, con ocasión de las elecciones de Castilla y León; sin
embargo, para empezar, no es la España vaciada sino la España que han
vaciado, que es bastante diferente, y me dirijo a todos ustedes, sin
ninguna excepción, porque todos han maltratado las tierras del interior
para saciar las ansias económicas materializadas a través de un
separatismo enfermizo.


Ustedes han expulsado de su tierra a muchos jóvenes
que querían seguir con la tradición familiar del campo y, en cambio, nos
dicen que hay que llenarla de inmigrantes ilegales y acuden al efecto
llamada para conseguir este objetivo. Es un auténtico despropósito.
Dígale a un ganadero del interior de Soria, por ejemplo, que se tiene que
marchar de su tierra y llenar ese vacío de inmigrantes ilegales, con su
efecto llamada, para ocupar un lagar que ha trabajado su familia durante
generaciones. Por otro lado, por supuesto, enviaremos fuera al joven
español sin ningún tipo de futuro —que no nos preocupa—
porque supongo que somos ciudadanos del mundo. Y es que, señorías, por
mucho que ustedes se hayan disfrazado de ganaderos estos días, la
realidad es bien tozuda. Resulta hasta grotesco, por ejemplo, ver al
Partido Popular defendiendo supuestamente el campo en unos vídeos con
unos cuantos animales de fondo y, cuando acaban de grabar, no se olvidan
de ponerse de nuevo el pin de los colorines; ese pin que llevan todos
ustedes, señorías del Grupo Popular, señorías socialistas y comunistas de
solomillo, foie y casoplones. Y viene lo sorprendente, los millonarios,
los que tan elegantes van en flotas de coches a Davos y a las cumbres
climáticas donde se habla de lo malo que es coger un avión, miran el
reloj para ver cuánto tiempo les queda para coger el vuelo de vuelta.
¿Dónde queda, señorías, esa frase famosa acuñada y de la que han
alardeado ustedes de la redistribución de la riqueza? Ustedes —no
nos sorprendería— cualquier día van a implantar por real decreto,
por otra cosa no, la ley del embudo en España, lo ancho para ustedes y lo
estrecho para los ganaderos españoles. Sin embargo, ya lo han hecho,
aunque pueda sonar a broma. No nos sorprendería absolutamente nada verlos
así. Y es que ustedes no critican a estos señores tan elegantes de Nueva
York, Bruselas o París, pero demonizan al ganadero asfixiado que se
planta en un ayuntamiento para defender el pan de su familia, su trabajo
y su esfuerzo. A esos son a quienes ustedes demonizan, no al señor que
llega en coche, con otros cuatro coches delante y cuatro detrás,
escoltándole, gastándose dinerales y fortunas en ir en avión a mítines
ecologistas.


Señorías, nosotros no queremos saber nada de ese
pin; queremos un pin con los colores de la enseña nacional, que es este
de aquí, que marquen el camino y que defiendan los intereses de los
españoles.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya
terminando, señoría.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Por cierto, que
son quienes les pagan sus chaladuras, sus viajes, los chuletones y tantas
otras cosas a todos ustedes.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra el señor Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías.


No cabe duda de que el sector ganadero vive en
nuestro país un momento muy complicado, quizás el más complicado en las
últimas cuatro o cinco décadas. La producción láctea sufre una crisis de
precios que ha abocado ya a miles de ganaderías al cierre, con las
consecuencias que esto tiene para los ganaderos y sus familias, así como
para nuestros pueblos y su existencia. A la par, vemos un sector cárnico
que desde el comienzo de la pandemia se encuentra hundido y al que
continuamente se le ponen piedras en el camino, demonizado en
declaraciones plagadas de medias verdades por parte de miembros del
Gobierno, y siendo acusado, entre otras cosas, de ser el principal
causante del cambio climático. El colofón ha sido la denigración en el
exterior de la carne producida en España, a la que alguno califica de
mala calidad.


A la vez, nos encontramos con un problema que
afecta por igual a toda la ganadería extensiva, como es la inclusión del
lobo en el norte del Duero en el Lespre. Se nos llena la boca al hablar
de la necesidad de proteger y favorecer el extensivo como forma más
sostenible y beneficiosa para producir leche y carne, algo que desde el
PRC compartimos, pero, a la hora de la verdad, firmamos su sentencia de
muerte desde un despacho de Madrid en el que no se tiene ni idea de lo
que ocurre más allá del edificio de al lado, mucho menos de lo que ocurre
en el medio rural del norte de España, donde cada día los rebaños se ven
diezmados por los ataques, por ejemplo, del lobo.


El panorama, no podemos negarlo, es desalentador y
mucho más todavía porque muchas de estas cuestiones ni se han intentado
evitar desde las instituciones. Es más, en muchos casos se han alentado
en actos que mis vecinos y paisanos no entienden y están realmente en una
situación dramática. Por ello, y dado nuestro compromiso sin fisuras con
el sector primario, desde el PRC siempre apoyamos las iniciativas, allá
donde estamos representados, que vayan en su beneficio.


Sin embargo, la iniciativa que ahora debatimos, a
pesar de plantear problemas que son ciertos, queda imbuida también de
cuestiones que, desde nuestra humilde opinión, tienen poco que ver con
esta problemática, como es la propuesta de rechazar todos los objetivos
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Humildemente, no sabemos en
qué puede afectar negativamente un objetivo como el fin de la pobreza al
desarrollo y la recuperación del sector ganadero; en todo caso,
entendemos que le favorecerá. Lo mismo podemos decir del objetivo de
hambre cero, en el cual la ganadería además debe tener un papel esencial;
o la igualdad de género, que es importantísimo para lograr un
reconocimiento real de la mujer rural, que ha sido históricamente el
verdadero cimiento del sector primario de nuestros pueblos, y en
Cantabria mucho más. Se podría añadir también la educación de calidad, la
salud y el bienestar, y así podríamos enumerar uno a uno. Realmente,
ninguno de estos objetivos tendría un gran impacto negativo sobre la
ganadería, y si alguno de ellos pudiera plantear alguna duda, estamos
seguros de que sería un impacto mínimo y que podría ser hasta compartido
razonablemente por la inmensa mayoría del sector. En este sentido, no
podemos obviarlo, el sector primario debe ser un actor fundamental en la
consecución de los objetivos del desarrollo sostenible.


Sobre la base de este razonamiento hemos planteado
la enmienda de modificación, que lo que pretende es que el rechazo no sea
general a la Agenda 2030, sino una desaprobación únicamente de aquellos
objetivos que pudieran ir contra la ganadería, si es que los
hubiera.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra el autor de la moción, para
manifestar si acepta o no la enmienda presentada.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


A pesar de estar de acuerdo con el inicio de la
intervención del senador del Partido Regionalista de Cantabria, no
estamos de acuerdo con la segunda parte. Pensamos y creemos
fervientemente que la Agenda 2030 está radicalmente en contra de la
ganadería, acusando de cambio climático a nuestros ganaderos y
agricultores.


Frente a esta agenda, nosotros hemos presentado la
Agenda España, que viene precisamente a servir los intereses de la
economía y que no se pliega ante las imposiciones de un puñado de
burócratas millonarios, porque estos señores no nos representan; a
nosotros nos representa el esfuerzo de nuestros ganaderos y agricultores,
la carne, la fruta y la verdura que exportamos, que cumplen todos y cada
uno de los procesos fitosanitarios impuestos, que no los protege la
Agenda 2030. Ellos no pueden decir lo mismo de productos que compiten de
una forma desleal con los nuestros; que trabajan en el campo con mano de
obra esclava, de modo que puede costar hasta 14 veces menos de lo que
cuesta en España nuestro producto nacional.


Así que no, señorías, no podemos aceptar esta
enmienda, pero le agradecemos el inicio de su intervención.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor González-Robatto. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.


Fíjense, señorías, en que, además, nuestro grupo
parlamentario ha presentado en el Congreso una iniciativa que propone,
entre otras cosas, promover la compra de carne nacional y productos
cárnicos por parte de las administraciones públicas para su consumo en
establecimientos públicos de restauración, como hospitales, comedores
sociales o cuarteles, muy en línea con lo que pedimos en esta moción:
mostrar el apoyo a todos los productos españoles. Porque, sí, señoría,
nosotros decimos lo mismo en el ayuntamiento más pequeño de España que en
el Congreso, en el Senado o en el Parlamento Europeo. Se llama
coherencia, pero de eso ya les hablaremos a todos ustedes en otro
momento.


¿Los veremos del lado de los ganaderos de España o
se enfadarán y se irán con sus jefes de Bruselas, Nueva York, Barcelona o
Londres si apoyan semejante iniciativa? Ahí radica la diferencia entre
ustedes y nosotros: mientras que a ustedes los mandan los millonarios de
las altas esferas, a nosotros nos mandan los españoles que quieren
levantar su patria. Y, francamente, ni en Bruselas ni en París ni en
Londres hay un solo señor que le llegue a la suela del zapato a
cualquiera de nuestros hombres del campo; ni lo hay ni lo habrá, y
ustedes —y cierro tal y como abrí— no están a la altura de
nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Y sepan una cosa: jamás
apoyaremos ningún tipo de locura globalista y búsquennos siempre al lado
de los hombres de nuestro campo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador González-Robatto.


Tiene la palabra el senador Catalán.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, muy buenas tardes.


En nombre de Unión del Pueblo Navarro, lo primero
que tengo que hacer es manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el
sector primario español, con agricultores y ganaderos, que si algo han
demostrado a lo largo de esta larga pandemia es que han sabido estar a la
altura de las circunstancias, y han demostrado, además, la importancia de
tener productos de primera necesidad y de producirlos aquí.


Por otro lado, es evidente que el sector primario
español está movilizándose: el próximo 3 de marzo lo va a hacer en
Pamplona y el 20 de marzo lo hará en las calles de la capital de nuestro
país, en Madrid. ¿Y por qué? Fundamentalmente, porque el sector primario
tiene muy claro ese grito unánime de que quiere vivir de su trabajo y
que, además, lo quiere hacer con dignidad. Por eso, desde nuestro punto
de vista, es inadmisible el comportamiento del señor Garzón, ese ministro
que ha demostrado la inutilidad de su nombramiento y, además, la
prescindibilidad del Ministerio de Consumo. No sirve absolutamente para
nada; para lo único que puede servir es para incrementar de manera
absurda esa estructura del Gobierno, ya de por sí sobredimensionada. Ni
está ni se le espera a la hora de solventar los verdaderos problemas de
los consumidores españoles. Lo único que hace es despreciar a los
profesionales y a los sectores productivos de nuestro país con unas
declaraciones totalmente irresponsables y que producen daño y perjuicio a
los españoles. También es evidente que ni está ni se le espera para
afrontar los verdaderos problemas de consumo que tienen los españoles.
¿Qué pasa con las subidas desorbitadas de los productos de primera
necesidad, con los precios abusivos del gas, de la electricidad, de la
gasolina? ¿Dónde está el señor Garzón, aquel diputado que con el Gobierno
de Rajoy ponía en duda su decencia y que hoy, cuando sube el 200 % el
precio de la electricidad, calla vilmente?


Por lo tanto, el comportamiento y las declaraciones
del señor Garzón son criticables, rechazables. Hasta el propio ministro
de Agricultura tuvo que salir de su letargo habitual para decir que eran
totalmente lamentables y desafortunadas e, incluso, calló —ya saben
aquello de Quien calla otorga— cuando se le preguntó si el señor
Garzón, el líder de Izquierda Unida, era la persona idónea para
desempeñar el cargo de ministro de Consumo. Luego el mejor servicio que
podría prestar el señor Garzón a España y a los españoles es dimitir y si
no, ser cesado, fundamentalmente para evitarnos el bochorno, la vergüenza
de tener un ministro que, como dijo el propio presidente de Castilla-La
Mancha, el socialista García-Page, no tiene nada que hacer y se inventa
todos los días su cargo.


Señorías, el sector primario español quiere
soluciones, soluciones como las que están demandando los agricultores y
ganaderos de la Comunidad Foral de Navarra tras las inundaciones de los
meses de diciembre y enero del río Ebro y sus afluentes. Todavía no se
han establecido las ayudas por parte del Gobierno. Pero es que, además,
los agricultores que tienen asegurados sus cultivos ven ahora cómo
Agroseguro les pone trabas; se les está exigiendo que el cereal u otros
cultivos broten o tengan un determinado crecimiento vegetativo. ¿A quién
se quiere engañar, a quién se quiere engañar, señorías? Los agricultores,
navarros en este caso concreto, no son responsables de los
desbordamientos de un río, en ningún caso. Los responsables son las
confederaciones hidrográficas, unos organismos opacos que representan lo
peor del régimen anterior, que, sobre todo, tienen que asumir sus
responsabilidades y, en ningún caso, señorías, en ningún caso mirar para
otro lado. Hay que escuchar a los afectados y, sobre todo, atender sus
demandas, porque son justas, porque ellos no son responsables en ningún
caso de lo que están padeciendo con las inundaciones del río Ebro y sus
afluentes.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Catalán.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el senador Muñoz. Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Antes de nada, quiero trasladar mi sincero pésame a
las familias y amigos de los pescadores gallegos que han perdido la vida
en aguas de Terranova.


Señorías, nos encontramos debatiendo una moción
sobre la situación de la ganadería en nuestro país que, en realidad,
sirve para que Vox siga cazando fantasmas mientras dice defender a
España. Una vez más, los señores de Vox abundan en su estrategia radical:
apelan a realizar una crítica del Gobierno bien fundada y legitimada para
colocarnos su mensaje de extremismo y desinformación. Parece ser que no
tienen bastante con cultivar la crispación, la polarización y las
trincheras entre los españoles; con alimentar el odio, la discriminación
sobre los inmigrantes y poner en su punto de mira a todo el colectivo
LGTBI. Un partido hueco que se nutre del negacionismo continuo: contra el
cambio climático, contra el calentamiento global, contra los ODS, contra
la igualdad y la violencia de género y pone un halo de duda sobre las
vacunas y los avances científicos; un partido que no cree en la Unión
Europea ni en la ONU y que, con la presente moción, ataca la Agenda 2030
de Naciones Unidas.


La moción que presenta hoy aquí es un buen ejemplo
de cómo entiende las instituciones y del respeto que tiene por esta
Cámara: una exposición de motivos hueca, que acaba desembocando en una
parte propositiva prácticamente nula; sus tres puntos son meramente
declarativos y sin ninguna acción real a favor del sector de la
ganadería, eso sí, plagados de críticas a la Agenda 2030 y al globalismo,
como supuestos culpables de todos los males.


En Ciudadanos siempre hemos priorizado el trabajo
útil y bien fundado, sin caer en los eslóganes vacíos ni huecos, como
otros partidos, para proteger un sector tan importante como es el de la
ganadería. Hace más de un mes solicitamos en el Congreso la reprobación
del ministro Garzón por sus críticas a la ganadería, unas declaraciones
muy irresponsables. Hemos presentado una proposición no de ley para poner
en marcha un plan integral de ayudas específicas para el sector ganadero,
con un doble objetivo: por un lado, apoyar económicamente la mejora de
las instalaciones para asegurar la mínima afección a suelos y aguas,
impulsando, además, el máximo nivel de bienestar animal, y, por otro
lado, relanzar y promover el consumo de sus productos a nivel nacional e
internacional para reforzar su proyección y mitigar los daños que han
producido al sector estas declaraciones del señor Garzón.


Los liberales siempre vamos a poner por delante los
intereses del país por encima de las siglas, con el impulso de políticas
activas, con sensatez y moderación. Los españoles no se merecen que sus
representantes públicos entremos en el juego e instrumentalización
partidista que se hace con mociones como esta. Dignificar la institución
es realizar el trabajo que aquí nos corresponde a todos, y un primer paso
es utilizar las iniciativas parlamentarias para mejorar el país, no para
fomentar la crispación y las trincheras ideológicas, menos aún utilizando
para ello un sector como el ganadero, que tanto aporta al mantenimiento
de los paisajes rurales; a la fijación de la población al territorio; a
la creación de empleo en ellos; un sector clave para el potencial
exportador de España; para la seguridad alimentaria y la lucha contra el
cambio climático actuando como un sumidero del CO2.


En Ciudadanos estamos muy convencidos de que la
ganadería española merece mucho más que el trato que tanto el Gobierno
como ustedes le están dando: uno por abandonarla y otros por utilizarla
como su juguete para su propio beneficio político.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Muñoz Lagares.


Por Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies Senyoria.


A la interpel·lació d’aquest pretès debat
sobre ramaderia es va parlar una mica de tot, però molt poc de les
necessitats del sector, aquest sector primari que va esdevenir, ja
s’ha dit, essencial en els pitjors temps de la pandèmia. Es va
parlar sobre la campanya interna permanent del Govern més progressista de
la història, el qual escoltem una cosa i la contrària massa sovint, però
allò que en altres es qualifica de desconcert, quan és el Govern central
qui ho fa, llavors en diuen discrepàncies democràtiques, no sabem si
plenes o defectuoses. Aquestes discrepàncies les veiem quan es parla de
la Corona, però també quan es parla del sector primari. Es va parlar
també en la interpel·lació, de violència. De violència en van parlar
aquells que neguen la violència masclista i també per part del ministre
d’un Govern que encara ahir negava la desproporcionada violència
policial contra el poble català el 1 d’octubre de 2017. Vam
escoltar també en aquesta interpel·lació condicions i desqualificacions
atribuïdes a la persona del ministre Garzón. I tot això, no cal que els
digui, en el marc d’una campanya electoral, adobat per els
exabruptes declaratius del ministre, i deixi’m dir demagògics, que
ja va posar fila l’agulla en aquest discurs el passat 7 de juliol
amb la campanya «Menos carne, más vida» i aixecava la bandera del canvi
climàtic per criminalitzar el consum de carn, com si el principal
problema de consum d’aquest país fos el consum de carn, quan avui
mateix hem vist en aquesta mateixa Cambra, que el 39 % de consumidors són
consumidors amb vulnerabilitat, aquí és on s’hauria de preocupar el
ministre Garzón. Fins arribar a l’última perla, la perla de les
macrogranges.


Tot això que els he dit és soroll, soroll que
utilitzen els uns i els altres, que s’atreveixen sempre a fer
soroll quan parlem del món rural o parlem del sector primari. Ja ho deia
el meu company a Catalunya, el diputat Vergés, però malauradament la
demagògia s’estén per tot arreu, i també des d’aquí ho farem.
Des de Junts per Catalunya no acceptarem la demagògia del ministre
Garzón, que demostra molt poc coneixement del sector. Ens trobaran en un
debat real.


¿Què són les macrogranges senyories? ¿Algú de
vostès m’ho pot dir? ¿Pot definir el ministre Garzón aquest
concepte que incorpora perillosament a les seves declaracions? ¿Podem
parlar només de la grandària i de caps de bestiar? ¿Existeix concordança
respecte a l’indret on s’ubiquen les granges? ¿Són els caps
de bestiar garantia de qualitat? ¿És que totes les granges petites del
país excel·leixen? ¿O és que el que els preocupa realment de les grans
granges són els oligopolis, el benestar animal, el tractament de les
dejeccions ramaders, la rendibilitat del sector? Perquè és un sector
econòmic. Si és això que ens preocupa, el debat ha de ser un debat
seriós. I el debat que s’ha tingut en la interpel·lació i en
aquesta moció no és un debat seriós Una vegada uns i els altres es
permeten aquesta ingerència quan es parla del sector primari o quan es
parla del món rural, com si aquest menys teniment que tenen no es
sàpigues llegir a l’altre costat. Doncs des de Junts per Catalunya
no els seguirem en aquest joc, s’ha acabat.


El sector està patint. Vàrem aprovar aquí una llei
de la cadena alimentaria que és a totes llums insuficient. El sector
lleter català, que dona llocs de treball, més de 34 000 llocs de treball
en aquests moments, encara s’ha d’espavilar a tenir
iniciatives per ell mateix. I és el què fa, el sector s’espavila al
marge del «politequeo» que fem nosaltres aquí, que no donem qüestions
concretes. Tot el què hem parlat aquí no porta ni una sola proposta. El
sector s’està espavilant. A Vallfogona de Balaguer hi ha una granja
de 2 000 vaques que en aquest moment és capaç de produir biogàs i
posar-lo ja a la xarxa del gas. Això està fent el sector, s’està
espavilant, molt a pesar d’aquests debats estèrils i vergonyants
que es tenen sempre al voltant del món rural.


Per tant, nosaltres no donarem suport ni en aquesta
ni a cap altre iniciativa que vingui novament a parlar demagògicament del
sector primari, la presenti qui la presenti. Des de Junts per Catalunya
els diem: no.


Gracias, presidente.


En la interpelación de este pretendido debate sobre
ganadería se habló un poco de todo, pero muy poco de las necesidades de
este sector primario, que se convirtió en algo esencial en los peores
tiempos de la pandemia. Se habló sobre la campaña interna permanente del
Gobierno más progresista de la historia, del cual escuchamos una cosa y
lo contrario demasiado a menudo, lo que nosotros calificamos como
desconcierto; pero cuando es el Gobierno central el que lo hace, entonces
lo llaman discrepancias democráticas —no sabemos si llenas o
defectuosas—. Estas discrepancias las vemos cuando se habla de la
Corona, pero también cuando se habla del sector primario. Se habló
también en la interpelación de violencia; de violencia hablaron aquellos
que niegan la violencia machista y también el ministro de un Gobierno que
todavía ayer negaba la desproporcionada violencia policial contra el
pueblo catalán el 1 de octubre de 2017. Escuchamos también en esa
interpelación condiciones y descalificaciones atribuidas a la persona del
ministro Garzón. Y todo ello, no hace falta que se lo diga, en el marco
de una campaña electoral aderezada por los exabruptos declarativos del
ministro —y, déjenmelo decir, demagógicos— el pasado 7 de
julio, con la campaña Menos carne, más vida, cuando izaba la bandera del
cambio climático para criminalizar el consumo de carne. Como si el
principal problema de consumo de este país fuera el consumo de carne,
cuando hoy mismo hemos visto en esta cámara que el 39 % de los
consumidores son consumidores vulnerables; y en esto es en lo que debería
preocuparse al ministro Garzón. Hasta llegar a la última perla, la de las
macrogranjas.


Todo lo que les he dicho hasta ahora es ruido que
utilizan unos y otros, que se atreven siempre a hacer ruido cuando
hablamos del mundo rural o del sector primario. Ya lo decía mi compañero,
el diputado Vergés, en Cataluña, pero, desgraciadamente, la demagogia se
extiende por todas partes. Y también lo haremos aquí: Junts per Catalunya
no aceptará la demagogia del ministro Garzón, que demuestra muy poco
conocimiento del sector. Nos encontrarán en un debate real.


¿Qué son las macrogranjas, señorías? ¿Alguno de
ustedes puede decirlo? ¿Puede definir el ministro Garzón este concepto,
que incorpora peligrosamente a sus declaraciones? ¿Podemos hablar solo de
la amplitud y las cabezas de ganado? ¿Hay concordancia respecto al lugar
donde se ubican las granjas? ¿Son las cabezas de ganado garantía de
calidad? ¿Es que todas las granjas pequeñas del país son excelentes? ¿O
lo que les preocupa realmente, y a las grandes granjas, son los
oligopolios, el bienestar animal, el tratamiento de las infecciones
ganaderas, la realidad del sector, que es un sector económico? Si eso es
lo que nos preocupa, el debate tiene que ser un debate serio, pero el
debate que se ha tenido tanto en la interpelación como en esta moción no
ha sido un debate serio. Unos y otros se permiten esta injerencia cuando
se habla del sector primario o cuando se habla del mundo rural, como si
este desprecio que tienen no se supiese leer en el otro lado. En Junts
per Catalunya no les seguiremos el juego. Se ha acabado.


El sector está sufriendo. Aprobamos aquí una Ley de
la cadena alimentaria que es insuficiente. El sector lácteo catalán, que
da trabajo a más de 34 000 trabajadores, tiene que espabilar por sí mismo
y tener iniciativas, que es lo que hace: el sector se espabila al margen
del politiqueo que hacemos nosotros aquí, que no damos soluciones
concretas. Todo lo que hemos hablado aquí no conlleva una sola propuesta.
El sector se está espabilado. En Vallfogona de Balaguer hay una granja
de 2000 vacas que en este momento produce biogás y abastece la red del
gas. Esto hace el sector: se espabila, muy a pesar de estos debates
estériles y vergonzantes que se tienen siempre alrededor del mundo
rural.


Por tanto, nosotros no apoyaremos ni esta ni otras
iniciativas que vengan nuevamente a hablar demagógicamente del sector
primario, la presente quien la presente. Junts per Catalunya les decimos:
no.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


Imagine que vostès també faran el mateix quan
apleguen a casa, després d’un ple, valorar fins a quin punt hem
estat útils per a la ciutadania. Tinc molt de respecte i molt rubor de
saber que la gent ens està pagant el sou, un sou considerable, amb molts
esforços perquè fem política per a millorar-los la vida. Hui jo crec que
tornarem molts satisfets perquè hem aprovat lleis molt importants, que
ajudaran a millorar la vida de les persones. El que no valdrà
absolutament per a res i el que és una vergonya és esta moció. Nosaltres
sabeu que tenim costum d’esmenar pràcticament totes les mocions per
tindre més temps i perquè sempre tenim coses que aportar, coses que
millorar, coses que objectar. En este cas, la moció de l’extrema
dreta és una moció tòxica, com la seua ideologia; és una moció que és
inesmenable, com la seua ideologia; és directament una porqueria com la
seua ideologia. És una mentida de dalt a baix, sustentada per un bulo, un
bulo que també ha estat alimentat pel Partit Popular. El Partit Popular
està acostumat a alimentar a esta gent. De fet, si avui tenim a
l’extrema dreta en les institucions o si a Castella i Lleó tenen a
l’extrema dreta conforme la tenen, és responsabilitat directa del
Partit Popular, perquè vostés han estat alimentant este monstre des de fa
massa temps. L’han estat alimentant a base de xiringuitos i són la
gent que abans estaven en el seu partit. Són el subproducte del seu
partit, que ara han fet un partit al marge.


Per tant, què ens ha de dir esta gent que en la
vida ha pegat un brot sobre el sector primari? Vividors que en la vida
han doblegat el llom i que venen ací a donar lliçons de no sé què. Suport
al sector ramader? Òbviament clar que sí. Qui pot estar en contra? Però
és que esta moció no parla de suport al sector ramader. Tindre una
alimentació més saludable no és anar contra els ramaders. Recomanar
menjar menys carn com fa l’OMS no és anar contra els ramaders, és
al contrari. Anar en contra de l’Agenda 2030 sí que és anar contra
la ramaderia. El que és anar contra la ramaderia moderna, sostenible i
respectuosa no és l’Agenda 2030, és l’agenda 1936, que és la
seua. Una agenda homòfoba, misògina, classista, racista i directament
feixista. I mentre continuen vostés i els seus companys fent-se fotos
davant de vaques i ovelles, l’extrema dreta i la dreta extrema,
però quan ací presentem mesures els grups seriosos, vostés què fan?






Què
van fer amb els Pressupostos Generals de l’Estat quan la majoria de
partits polítics presentàvem esmenes que podien estar a favor o en contra
del seu contingut, però eren mocions i propostes per millorar la situació
de la ramaderia? És que vostés ni van participar en eixa votació, és que
vostés ni es van llegir les esmenes, és que vostés ni van votar, és que
vostés són uns malfaeners, que venen ací a donar lliçons al món ramader,
que està tots els dies treballant, del que han de fer. Damunt amb una
proposta que no aporta absolutament res per a la ramaderia. És alimentar
un bulo, un bulo que han compartit amb el Partit Popular per absolutament
res. Què van votar vostés a les nostres esmenes a la Llei de la cadena
alimentària o qualsevol proposta legislativa que portem per a millorar la
vida real dels ramaders? No res, perquè vostés no participen, vostés són
uns malfaeners que venen ací a repetir el que s’ha dit en el
Congrés, textos que ja estan allí treballats i ací simplement a intentar
hui, un dia tan intens com hui que hem parlat de tantes lleis, que hem
aportat tantes solucions a la ciutadania, intentar tindre el seu minut de
glòria dient quatre barbaritats i tornant-se cap a casa com si vostés
hagueren inventat ací alguna cosa. I això és un insult també per al
ramaders, perquè els ramaders també ens paguen el salari, a vostés també,
perquè estem ací aportant solucions i esta esmena, esta moció no aporta
absolutament cap tipus de solució.


Saben el que realment fa mal a la marca Espanya?
Segurament no són eixes declaracions que vostés han manipulat del que ha
dit el ministre o ha deixat de dir el ministre. El que fa mal a la marca
Espanya a l’estranger, a la imatge per tant també del sector
primari o del sector ramader i a les nostres exportacions és que sàpiguen
en tota Europa i en tot el món civilitzat que, malauradament, a
l’Estat espanyol, a les Corts Generals i a les autonomies hi ha
organitzacions d’extrema dreta, que estan condicionant governs.
Això és el que fa mal a la imatge a l’exterior que es té de la
marca Espanya; això és el que fa mal a les nostres exportacions. Per
tant, sé que vostés estan molt crescuts, però tranquils que totes les
bombolles artificials com la seua acaben esclatant, encara que siguen
bombolles fètides com les seues.


Per tant, nosaltres, òbviament, no anem a votar a
favor d’esta esmena, d’esta moció, perdó, perquè anomenar-la
moció és inclús massa. No comptaran amb el nostre vot, per suposat.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Imagino que ustedes también harán lo mismo que yo
cuando llegan a casa después de un pleno: valoran cómo de útiles hemos
sido para la ciudadanía, con respeto y rubor, porque sabemos que nos
están pagando un sueldo considerable, con muchos esfuerzos, para que
hagamos política y mejorarles la vida. Hoy, volveremos satisfechos porque
hemos aprobado leyes que mejoran la vida de las personas; lo que no
valdrá para nada y lo que es una vergüenza es esta moción. Saben que
tenemos costumbre de enmendar casi todas las mociones para tener más
tiempo y porque siempre tenemos cosas que aportar, que mejorar o que
objetar. En este caso, la moción de la extrema derecha es tóxica, como su
ideología; es una moción inenmendable, como su ideología; es directamente
una porquería. Es una mentira de arriba abajo, sustentada por un bulo, un
bulo que también está alimentando el Partido Popular. El Partido Popular
está acostumbrado a alimentar a esta gente. De hecho, si hoy tenemos a la
extrema derecha en las instituciones o si en Castilla y León la extrema
derecha está como está, es responsabilidad directa del Partido Popular,
porque ustedes han estado alimentando este monstruo desde hace tiempo,
alimentándolo a base de chiringuitos, y son la gente que antes estaba en
su partido, son el subproducto de su partido.


Por lo tanto, ¿qué nos puede decir esta gente que
en la vida ha pegado un palo al agua en el sector primario, que en la
vida han doblado el lomo y vienen aquí a darnos lecciones? ¿Apoyo al
sector ganadero? Obviamente, nadie puede estar en contra, pero esta
moción no habla de apoyo al sector ganadero. Tener una alimentación más
saludable no es ir en contra de los ganaderos; recomendar comer menos
carne, como hace la OMS; no es ir en contra de los ganaderos, al
contrario. Ir en contra de la Agenda 2030 sí que es ir en contra de la
ganadería. Lo que va en contra de la ganadería moderna y sostenible no es
la Agenda 2030, sino la agenda 1936, que es la suya, la homófoba,
misógina, racista y directamente fascista. Mientras, continúen ustedes y
sus compañeros, la extrema derecha y la derecha extrema, haciéndose fotos
con vacas y ovejas. Pero cuando aquí presentamos propuestas serias,
¿ustedes qué hacen? ¿Qué hicieron con los Presupuestos Generales del
Estado cuando los demás partidos políticos presentábamos enmiendas, a
favor o en contra del contenido, mociones con propuestas para mejorar las
condiciones de la ganadería? No se mojaron, no hicieron nada, ni votaron.
Son unos vagos que vienen aquí a hablar y dejan de lado al mundo ganadero
con una propuesta que no aporta nada a la ganadería. Es alimentar un bulo
que han compartido con el Partido Popular para conseguir nada. ¿Qué
votaron ustedes en nuestras enmiendas sobre la cadena alimentaria o a
cualquier otra propuesta legislativa que hayamos traído para mejorar la
vida real de los ganaderos? Nada, porque ustedes son unos vagos que
vienen aquí a repetir lo que se dice en el Congreso, a hablar de cosas
que allí ya se han trabajado y, en un día tan intenso como hoy, en el que
se ha hablado de tantas leyes, vienen a intentar tener su minuto de
gloria diciendo cualquier barbaridad para luego volver a casa tan
tranquilos. Es un insulto para los ganaderos, porque también les pagan el
salario a ustedes y a nosotros por estar aquí haciendo mociones, y esta
moción no aporta absolutamente ninguna solución.


¿Saben lo que realmente hace daño a la marca
España? Seguramente, no son esas declaraciones, que ustedes manipulan,
del ministro; no, lo que daña la marca España en el extranjero y también
la imagen del sector primario y ganadero y a nuestras exportaciones es
que sepan en toda Europa y en todo el mundo civilizado que,
desgraciadamente, en el Estado español, en las Cortes Generales, en las
autonomías, existen organizaciones de extrema derecha. Eso es lo que daña
la imagen de la marca España en el exterior y a nuestras exportaciones.
Sé que ustedes están muy crecidos, pero tranquilos, porque todas las
burbujas artificiales, como la suya, acaban explotando.


Por lo tanto, obviamente, nosotros no vamos a votar
a favor de esta moción —aunque decir moción es, incluso, decir
demasiado—, no cuenten con nuestro voto, por supuesto.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Gracias, senador Mulet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Con
su permiso, realizaré la intervención desde mi escaño.


Mientras el Estado pasa por una grave crisis
sanitaria a cuenta de la pandemia, mientras el Estado pasa por un momento
económico y social más que delicado por una recuperación que no acaba de
coger velocidad de crucero, Vox nos trae una moción hoy en la que insta
al Gobierno a una serie de acciones que no pueden ser asimiladas por
nuestro grupo.


Tensión y estupor al mismo tiempo es lo que estamos
observando en estas semanas posteriores a las declaraciones del ministro
Garzón sobre la carne procedente de macrogranjas o macrounidades
productivas. Tensión, tan descontrolada como lamentable y condenable, la
vivida en el Ayuntamiento murciano de Lorca, donde un grupo de ganaderos
entraron en la casa consistorial como Pedro por su casa, con el objetivo
de reventar la celebración de un pleno municipal. Estupor, por otra
parte, es lo que constato en las salidas de tono de numerosos
representantes, tanto sociales como políticos, que se aferran a
planteamientos extremos e inamovibles en lo que respecta al debate sobre
el modelo de producción y, particularmente, con respecto a la producción
intensiva y al fenómeno de las macrogranjas.


En el Grupo Vasco abogamos por una agricultura y
ganadería de pequeña escala, modelo familiar, donde se debe favorecer la
venta directa, el contacto directo entre producto y consumidor sin apenas
intermediarios y los circuitos cortos, kilómetro cero; una agricultura y
ganadería lo más natural y ecológica posible, socialmente ética y con
mano de obra bien pagada. Y todo esto, por salvaguardar la biodiversidad
local, la soberanía alimentaria de cada zona y no perder la cultura
agrícola y ganadera tradicional. Esto es lo que impulsamos en Euskadi. En
definitiva, a través de estas medidas, pretendemos ayudar a que el
planeta siga adelante y, sinceramente, nos estamos empeñando en hacerlo
difícil.


Por último, nos parece asombrosa la maliciosa
argumentación del proponente de la moción falseando los objetivos de la
Agenda 2030.


Por todo ello, el voto de nuestro grupo a esta
moción será un rotundo no.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Medina.


¿Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu? (Pausa). No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Landín.


La señora LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA: Gracias,
presidente. Buenas tardes, señorías.


La moción que trae Vox aborda el apoyo a la
ganadería y la nefasta actitud del Gobierno central, y a mí me surge la
pregunta de si esto se ve en algún otro lugar del mundo. Me surge la duda
de si en algún otro país ministros del propio gobierno de la nación
cuestionan sistemáticamente la honestidad y el trabajo de un sector
productivo esencial, lo que obliga a que seamos varios grupos políticos
los que debamos salir en su defensa.


Esto es lo que está pasando en España y no es un
tema menor, porque el último ataque que hemos visto está dirigido y
orquestado contra los ganaderos, pero las consecuencias las sufre toda la
industria alimentaria y las sufrimos el conjunto de los españoles, y
porque se está mintiendo sobre algo que está en el ADN de la inmensa
mayoría de los territorios, como es el campo y su sector primario, que
son auténtica seña de identidad y ejemplo de marca España. Y ante esto no
podemos, no debemos, no queremos permanecer impasibles, no en el Grupo
Popular, porque somos un partido muy asentado en el mundo rural, sentimos
con orgullo que somos el partido del campo y de su gente, del mar y de
los marineros. Hoy más que nunca, mandamos un sentido abrazo a la gente
de Marín, de Pontevedra y de toda Galicia. (Aplausos). Hoy trasladamos
nuestro pesar y consuelo a las familias de los fallecidos y ánimo y
esperanza para recuperar a los desaparecidos.


Verán, señorías, a los sectores productivos
esenciales hay que defenderlos con hechos, con políticas activas que
favorezcan que se puedan seguir alcanzando cifras récords de producción
de calidad. No olvidemos que el sector ganadero genera 12 000 millones de
euros en ventas a 130 países del mundo. Hablando del mundo, tenemos una
dieta mediterránea que nos ayuda a ser el segundo país en todo el planeta
con mayor esperanza de vida; igual resulta que la carne de nuestro campo
no es tan mala, igual resulta también que los ganaderos no maltratan a
sus animales, sino que con su trabajo consiguen producir carne de máxima
calidad, que es lo que tenemos en España.


Los ganaderos sí cumplen, cumplen porque la
ganadería es fundamental para fijar población y dinamizar social y
económicamente muchos territorios. Los ganaderos cumplen porque se están
esforzando en su profesionalización para ser más eficientes, sostenibles
y respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal. Cumplen porque
alimentan al conjunto de la sociedad con productos seguros y de calidad,
y lo hacen pese a que cada vez es menor la rentabilidad de las
explotaciones y cada vez es mayor la competitividad de sus productos en
mercados nacionales e internacionales. Porque ellos sí cumplen, nosotros
ponemos en valor su trabajo y denunciamos los ataques permanentes a los
que son sometidos por parte del Gobierno del señor Sánchez, que es quien
no está cumpliendo.


Señorías, no debemos permitir que la ganadería, al
igual que la agricultura, se deslocalice. Porque es el principal motor
económico en el medio rural. Si el Gobierno pone trabas a la producción
de carne en España, tendremos que comprar a los países que generan
el 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si el Gobierno
elimina el control poblacional del lobo, tendremos que comprar carne a
terceros países porque ya no tendremos cabezas de ganado en nuestros
pastos. Si este Gobierno, irresponsable y sectario, sigue sin hacer nada
para luchar contra la disparatada subida de los costes de producción, ya
sean en el gasóleo, en los piensos o en la luz, y encima se le ocurre
cobrar por el uso de las autopistas y autovías, tendremos que comprar
carne donde sea, igual en China, donde sí existen esas macrogranjas, pero
no en España, porque ya no quedará sector primario que haya conseguido
sobrevivir.


Como vemos, el socialismo y el comunismo
desprestigian al sector primario español, de la misma manera que ustedes,
señorías de Vox, desprestigian los contenidos de la Agenda 2030; unos
contenidos que no son de ningún partido político ni de ningún país, sino
que pertenecen a los 193 Estados miembros involucrados. Ya conocemos su
posicionamiento sobre la agenda. En mi grupo no lo compartimos; es más,
lo rechazamos frontalmente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Que quede constancia de que la
posición que defendemos en el Partido Popular en relación con la
Agenda 2030 no coincide en absoluto con la de Vox. Nosotros apoyamos a la
ganadería, sí, de la misma manera que defendemos los objetivos y las
metas que dirigen los programas de desarrollo mundial. Por ello
rechazamos el punto 2 de su moción, porque creemos que los contenidos que
se encuentran recogidos en la Agenda 2030 no son contrarios a los
intereses de los ganaderos españoles y sí están a favor, por ejemplo, del
hambre cero en el mundo o del fin de la pobreza.


Pese a esta gran diferencia, vamos a apoyar esta
moción porque sí compartimos con ustedes la denuncia que en ella se hace
de la mala praxis de este Gobierno, de la misma manera que siempre
defenderemos las iniciativas que se preocupen y se ocupen en poner en
valor el enorme trabajo y mérito de los hombres y mujeres que trabajan en
nuestro campo. Consideramos que es importante recordar que los ataques,
los recortes y los impuestos vienen de un único sitio, que es el Gobierno
de Pedro Sánchez.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Vaya terminando, señoría.


La señora LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA: Para terminar,
les pido que no desviemos la atención de nada que sea distinto de estos
dos objetivos que tienen nombre y apellido: denunciar la actitud del
Gobierno y apoyar la ganadería de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Landín.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Huelva.


El señor HUELVA BETANZOS: Buenas tardes a todos y a
todas. Muchas gracias, señor presidente.


Primero, quiero mostrar la solidaridad del Grupo
Parlamentario Socialista con el pueblo gallego y con las familias de los
marineros fallecidos y desaparecidos.


Empiezo diciéndole a usted, senadora Landín, que
nos parece que el tono que ha utilizado ya va buscando el acuerdo en
Castilla y León. Por lo tanto, bien hecho para trabajar en eso. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Una pregunta
retórica: ¿Nunca nadie hace nada bien si no lo hacen ustedes? ¿Es posible
que ustedes prefieran su país roto en lugar de su país gobernado por
otros? La verdad es que me encantaría decir que no a eso, que eso no es
posible, señorías, pero es lo que vemos aquí todos los días y es lo que
escuchan los españoles y las españolas siempre en su discurso.


Señorías de Vox, ustedes son nuestros adversarios
políticos, pero para nosotros prima el respeto —es lo primero, por
encima de todo—, no el insulto, y nosotros lo practicamos en
recuerdo de los hombres y mujeres del PSOE que lucharon por que ustedes y
nosotros estuviéramos aquí. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Es un requisito: el respeto y la eliminación
del insulto en las instituciones. Solo les pedimos eso, nada más:
respeto.


Decía que son adversarios porque no estamos de
acuerdo con su política, no estamos de acuerdo en que en el país que
ustedes añoran —ese: uno, grande y libre— solo quepa su
pensamiento y no quepa el pensamiento de nadie más. Mentir y dar gritos
no es defender a los ganaderos. Ustedes no defienden a los ganaderos.
Defender a los ganaderos no es incendiar las redes; defender a los
ganaderos es acompañarlos; es incrementar las ayudas a la ganadería en la
PAC, incluyendo los ecoesquemas de pasto; es promover sus inversiones
para afianzar el liderazgo de los ganaderos españoles en cuanto a la
calidad, la seguridad alimentaria y el bienestar animal en los mercados.
Ustedes no ayudan a los agricultores y a los ganaderos engañándolos y
negando los beneficios de la Agenda 2030; una agenda adoptada por los
jefes de Estado y de Gobierno de 193 países en la Cumbre de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible y de obligado cumplimiento, por
cierto, para todos los países. ¿Piensan ustedes que el mundo empieza y
termina en Vox? ¿Ustedes, señorías del Partido Popular, qué dicen?
¿Piensan de verdad que los objetivos de desarrollo sostenible son un
auténtico plan de acción y que hay que seguir trabajando con el sector
agrario y ganadero para conseguir el objetivo de desarrollo sostenible
número 2, que es poner fin al hambre en el mundo, lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible?
¿Qué piensan ustedes? ¿También van a guiar a los agricultores y a los
ganaderos, señorías del Partido Popular, al precipicio?


Señorías, respeten ustedes a los agricultores y a
los ganaderos. Trabajen junto al Gobierno de España y al Ministerio de
Agricultura en favor de nuestra ganadería, de nuestra agricultura y de
nuestro sector agroalimentario. Gracias a ellos, a su trabajo, al de los
agricultores y ganaderos, España es una gran potencia agroalimentaria, la
cuarta de la Unión Europea y la octava potencia del mundo. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). En los últimos tres
años, las exportaciones se han incrementado un 32 % y el balance
agroalimentario ha subido un 50 %. Nos hubiese gustado mucho, la verdad,
su apoyo a los agricultores y ganaderos, ese que hubiese estado traducido
en el apoyo a la Ley de la cadena alimentaria, pero ustedes prefieren que
los hombres y mujeres del campo no perciban unos precios justos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Ustedes son
el no: no siembran, no apoyan presupuestos para agricultores y ganaderos,
no proponen, no quieren que estemos en Europa. ¿Quieren, acaso, que
renunciemos a las ayudas o van a lo cómodo y solo a la crítica? Quieren
convertir al sector agroalimentario en un gueto, sin relaciones
comerciales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Dicen blanco o negro, según les convenga, para sus intereses
electorales, sin pensar nunca en nada.


Termino, señor presidente. Señorías de Vox,
nosotros estamos acostumbrados a sus insultos. No le voy a decir que nos
agradan, porque no nos agradan —ni siquiera sé si les agradarán a
aquellos que les votan—, pero nosotros a esos insultos les vamos a
responder, como dijo aquí el ministro Planas…


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Vaya terminando, señoría.


El señor HUELVA BETANZOS: Termino, señor
presidente.


Vamos a responder estando al lado de los ganaderos,
ayudándolos a exportar, ayudándolos a crecer, no incitándolos a hundirse.
A buen entendedor, señor González-Robatto, pocas palabras bastan.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Huelva.


Señorías, terminado el debate de esta moción
consecuencia de interpelación, esta moción, tal y como ha sido
presentada, será sometida a votación durante el plazo que esta
Presidencia abrirá al concluir el debate de la primera moción
ordinaria.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SU RECHAZO
A LAS ACTUACIONES QUE VIOLENTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES ROMPIENDO LAS REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO.


662/000103

GPS


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez,
lee los puntos 11. y 11.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores González-Robatto y
Marín Gascón y de la senadora Merelo, y una del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Lastra.


El señor LASTRA VALDÉS: Señor presidente,
señorías.


Estamos en contra de la Agenda 2030, pero vamos a
votar a favor. Esto me recuerda a algo que contó Peridis recientemente,
una historia de su infancia en su escuela. Había que optar: Juanito,
¿torreznos o huevo? Juanito dijo: Señora maestra, torreznos, pero con un
huevo encima. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


No es la primera vez que el Senado condena o
rechaza un acto de violencia o antidemocrático. Nuestra propuesta lo
quiere hacer con el asalto al Ayuntamiento de Lorca, y ya se han referido
a ello algunos senadores en otro momento. También pretendemos rechazar
los discursos de odio, literalmente, una condena del uso de la
intimidación y la violencia, y evitar manifestaciones públicas sobre las
que quiero hacer una precisión: son expresiones públicas, manifestaciones
de la violencia. Es una precisión para evitar cualquier tipo de equívoco
con otra situación que pudiera ser, lógicamente, más controvertida y
polémica; los que incitan a estas conductas, para decirlo
claramente.


Este debate, por otra parte, también pretende un
diagnóstico, una explicación que pueda ser democráticamente compartida.
Sobre esta cuestión ya hay abundante literatura política —acerca de
la crisis de la democracia— y aproximaciones certeras de distintos
desde diferentes ámbitos ideológicos que pretenden dar una respuesta casi
directa al papel que juega la extrema derecha en las instituciones
democráticas. Nuestra pretensión, lógicamente, es más modesta y se
refiere a lograr un pronunciamiento que desvele los groseros argumentos
de quienes justifican los comportamientos antidemocráticos, la violencia
y la agresión institucional. Y no es una pretensión maniquea: creemos que
es una obligación, tanto política como moral, evitar connivencia alguna
con quienes no solo no condenan, sino que encuentran la manera de
justificar ese ejercicio de agresión institucional. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


¿Cuáles son las justificaciones? La más inmediata,
la que pretende atribuir a las personas o al comportamiento personal la
responsabilidad, una especie de arrebato tumultuoso: las personas y las
ideas. Esto no es nuevo. Requería Ramiro de Maeztu —en su fase
filosocialista, anterior a la filonazi— a Ortega sobre la
importancia que tenían las ideas en el debate político: «Son las ideas,
don José; son las ideas». «Por supuesto —decía Ortega—, son
muy importantes las ideas, pero las ideas no andan solas por la calle;
las ideas se estimulan, incitan, movilizan a personas, y no todas las
ideas, no todas las opiniones, incluso no todas las ideologías, son
igualmente respetables». (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


Hay ideas que impulsan discursos del odio,
excluyentes y contrarias a los valores y a los derechos universalmente
reconocidos, que se basan, precisamente, en la tolerancia, en la igualdad
y en el respeto a los que tienen otro color de piel, a los que hablan
otra lengua, a los que rezan a otros dioses, a quienes entienden que lo
contrario de igual no es diferente, sino desigual. No hay sociedad sin
problemas; no existe ese idílico lugar donde han desaparecido la igualdad
y la frustración. Las crisis provocan malestar, y la que ha provocado la
pandemia es particularmente dolorosa. Ha exigido, y aún lo exige,
restricciones para la vida cotidiana, deterioro económico y muerte, pero
no hay restricción que justifique la invitación a los comportamientos
antisociales, violentos e irracionales, como los que se ocultan en el
rechazo a las vacunas o en aquellos que pretenden hacerlo, además, en
nombre de la libertad. Siendo cierto que hay, que siempre ha habido una
relación causal entre el malestar y muchas reacciones sociales, es
inaceptable pretender justificar la violencia contra las instituciones
democráticas, ni siquiera con esa tosca y paradójica versión materialista
—supongo que no deliberada— que establece la extrema derecha
y donde que asume que el ser social determina la conciencia —¿les
suena? Es marxista—. ¿Y a qué o quién llaman conciencia social o
ser social? Se lo llaman a la reivindicación de algún sector ajena a la
coyuntura política y social, en unos casos; en otros, lo que molesta es
la existencia misma de normas y de regulaciones. Y también aluden a la
política ambiental, a la sostenibilidad —que no dejan de ser
objetivos europeos e internacionales—, al hacer una enmienda a la
totalidad de estos grandes objetivos que vinculan a nuestro país
constitucionalmente y que pretenden ser expresados simbólicamente en el
rechazo a la agenda 2030, a esa que simbólicamente representamos tantos
de nosotros con una insignia en la solapa.


Por eso, no pueden ocultar que existe una realidad
objetiva: que la recuperación económica es real para la economía y para
el empleo; que la Unión Europea ha dado una respuesta eficaz; que la red
de protección social funciona; que los servicios públicos son seguros,
sólidos y solventes. Y también es cierto que la constante que se puede
mencionar, y que está en el origen de estas manifestaciones
antidemocráticas, es siempre la misma: la falsedad, la manipulación y los
bulos, donde juegan también un importante papel los transmisores de
información dedicados a desinformar, a confundir y a manipular. Afecta,
influye también la crispación de nuestro debate, unas relaciones
políticas agresivas que tienen un efecto vicario en los comportamientos
sociales. La descalificación afecta al crédito y al prestigio de las
instituciones, y parece que no hay ámbito que quede exento de este
continuo y demoledor agravio: el Gobierno —incluso más allá de la
legítima crítica, la acción de control de la oposición—, el
Parlamento, los servicios públicos y, desgraciadamente, también las
personas. Sin embargo, no hay un gen celtibérico que nos impulse a esta
concepción pendenciera de la política y a la justificación de la
violencia y la antidemocracia. La violencia y la antidemocracia tienen
como víctima a la democracia misma, que debe tener como instrumentos de
funcionamiento el diálogo y la negociación. El Gobierno la impulsa, los
agentes sociales la practican, y son buenos ejemplos. El límite de la
descalificación debería estar en el interés general, en el efecto que
esta tiene para nuestro prestigio como país, para nuestros intereses
económicos y para la dignidad misma de las instituciones.


También hay insulto. El insulto, señorías, es una
calumnia abreviada y, como las procesiones, siempre vuelve al lugar del
que sale. Seguramente, la respuesta pueda ser indignarse; indignarse ante
un insulto es virtuoso porque está en el justo medio entre la
indiferencia y la ira, y no estaría de más seguir el aristotélico consejo
de cambiar de interlocutor. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Pero no podemos, no podemos porque somos los que somos, y si no podemos,
al menos tengan en cuenta el consejo de Gracián: «Vale más pelear con
gente de bien que triunfar de gente de mal».


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el
senador Marín Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, cumplan con su obligación y apoyen al
campo. Esta moción no es otra cosa que una vergüenza, porque ustedes, en
lugar de apoyar y ayudar al campo, lo demonizan. (Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). Insistimos en que nosotros no
apoyamos ningún tipo de violencia. Nosotros la sufrimos en numerosas
ocasiones: nuestros afiliados, simpatizantes, cargos orgánicos y públicos
la padecen y ustedes nunca la condenan; por lo contrario, la alientan.
Parece que ustedes, especialmente el área más radical del Gobierno, no se
acuerdan ya de Rodeamos el Congreso. Los dueños de la patente del
escrache y de la alerta antifascista, ahora se echan las manos a la
cabeza porque los ganaderos, desesperados, se quejan.


El sector primario español viene siendo objeto de
ataques constantes por parte de todas las administraciones: nacional,
regional y municipal. El hartazgo de los ganaderos y agricultores está
llegando a cotas altas. Esta situación de abandono y ataques al sector
primario está llevando a la asfixia y al ahogo de sus proyectos
económicos y familiares. La gota que colmó el vaso de los ganaderos de
Lorca el pasado 31 de enero fue que el ayuntamiento socialista pretendía,
impidiendo el acceso al pleno —y recuerdo que los plenos del
ayuntamiento son públicos—, debatir una moción para limitar y casi
imposibilitar la apertura y ampliación de nuevas instalaciones ganaderas
en el municipio. Obviaron las reivindicaciones de los ganaderos, quienes
ya han cedido suficiente. No los han escuchado y, es más, han consentido
que se los demonice por parte del Gobierno y con campañas contra el
consumo de carne, el desprestigio internacional de la calidad de nuestra
carne, etcétera, realizadas por el ministro de Consumo.


En definitiva, lo sucedido el 31 de enero fue el
resultado de la unilateralidad en la toma de decisiones tan drásticas
para muchas familias que dependen de la ganadería. Pese a que algunas de
las medidas estaban siendo negociadas con los representantes de los
ganaderos, el gobierno local decidió unilateralmente aprobar las medidas
que le dictaban desde la Moncloa o desde el Ministerio de Consumo, en
lugar de seguir negociando con los afectados, esos mismos que presumen de
diálogo. Ustedes, señorías socialistas, no han dialogado en su vida, ni
siquiera con los separatistas, golpistas e hijos de ETA, porque con ellos
se han plegado a sus consignas. Pero ustedes de la violencia
institucional no hablan.


En definitiva, entendemos el enfado notable del
sector ganadero, cuya impotencia y angustia los llevó a la desesperación
el pasado 31 de enero, porque a ustedes, señorías del Grupo Socialista,
la O de obrero y la E español se les han caído de sus siglas. Tras las
constantes violencias institucionales sufridas por parte de los
ganaderos, agricultores y pescadores, era de presagiar que en algún
momento estallarían, hartos de ver cómo las decisiones políticas que
afectan a su economía familiar se toman sin tenerlos en consideración y
perjudican gravemente sus intereses económicos, lo que pone en grave
peligro la viabilidad y continuidad de sus negocios, que ha sido la gota
que ha colmado el vaso. Este acoso permanente al sector primario español
y este intento de desprestigio y criminalización a nuestros ganaderos por
parte de los dictados de la Agenda 2030 —que nos quiere llevar a la
ruina y a la miseria, porque así lo ha decidido un grupo de globalistas
que a ustedes les mandan mucho— es lo que debe ser condenado por
los representantes públicos que entendemos la ganadería, agricultura y
pesca como garantes de la prosperidad y guardianes de un modo de vida
sobre el que se deben vertebrar, en gran parte, las soluciones al grave
problema de despoblación que atraviesa España.


Por ello, en Vox estamos en contra de cualquier
tipo de violencia. Repito: estamos en contra de cualquier tipo de
violencia, pero no solo la física o psíquica, sino también la violencia
institucional, que, por motivos políticos o enmarcados en la hoja de ruta
de la Agenda 2030, viene a perjudicar en este caso a los ganaderos
murcianos. Ese tipo de violencia está desprestigiando a nuestro sector
primario, a cuyos integrantes se les llama terroristas por parte de los
defensores de la agenda ideológica y de los medios que se hacen eco de
sus políticas, pero más concretamente, tras lo sucedido en Lorca, al
sector ganadero, al que sistemáticamente se demoniza, cuando lo único que
hacen es trabajar de sol a sol para defender su pan.


Sobre la base de lo expuesto anteriormente,
presentamos nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría, el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.


Señorías, tres días después de las elecciones en
Castilla y León, quiero recordarles que...


… demokrazia elkarrizketa eta parte-hartzea
da, besteari entzuteko eta bere arrazoiak onartzeko prestutasuna, eta
hori Ganbera honetan askotan ez da gertatzen, adibidez, talde
maioritarioek galarazten dutenean Senatuan lan-erreformaren erreformari
buruz eztabaidatu ahal izatea edo Kongresuan onartutako legeak
eztabaidatu ahal izatea, bai, baina aldatzeko aukerarik gabe.


Demokrazia aukera-berdintasuna da. Demokrazia
pertsona guztien oinarrizko premiak asetzea da: osasunean, hezkuntzan,
etxebizitzan, zaintzan, kulturan eta aisialdian. Demokrazia gure
oinarrizko gaitasun guztiak, intelektualak, artistikoak, eskuzkoak…
garatu ahal izatea da.


Demokrazia desberdintasun bidegabeekin eta
mugikortasun sozialaren murrizketarekin amaitzea da, hala nola emakume
batzuek kristalezko sabaia deiturikoa pairatzea, eta beste batzuek, kola
bidezko zorua. Edo beren azalaren koloreagatik lanik aurkitzen ez duten
pertsonak edo beren sexu-orientazioa isilaraztera behartuta
daudenak.


Demokrazia aurrerapen partekatua da guztiontzat,
gero eta handiagoa den desberdintasun sozialari aurre egingo diona,
herrialdeen artean eta baita herrialdeen barruan ere. Demokrazia klase
ertain eta popularren egungo pobretze progresiboari buelta eman behar
dion politika ekonomikoa da, batez ere gazteei, emakumeei eta
migratzaileei eragiten dien prekarietatearekin amaituko duena. Demokrazia
enpresa bereko langileen eta zuzendarien arteko soldata-desberdintasun
lizuna geldiaraztea da.


Demokrazia ingurumenaren iraunkortasuna da,
ezagutza zientifikoan oinarrituta. Gure sistema ekonomikoa
deskarbonizatzeko politikak dira. Demokrazia bizitzeko, kontsumoa
murrizteko, energia berriztagarriak, eraginkortasun energetikoa,
mugikortasun iraunkorra, eraikinen birgaitzea eta autokontsumo
energetikoa bultzatzeko benetan behar den energia kantitatea
birpentsatzea da.


Demokrazia ekonomia zirkularra da. Demokrazia giza
eskubideen errespetua politika publikoen erdigunean jartzea da,
kulturarteko aniztasunaren eta aniztasunaren balio positiboa nabarmentzen
duten ekimenak bultzatzea, diskurtso matxistak, homofoboak, xenofoboak
eta aporofoboak hautematen eta prebenitzen laguntzen duten tresnak
sortzea.


Demokrazia askatasuna da. Demokrazia gezurrari,
fake news-ei eta desinformazioari aurre egitea da.


Demokrazia gardentasuna da, emerituaren balizko
pilotakadei, ustelkeriari, Castorri edo torturei buruzko
ikerketa-batzordeak irekitzeko jartzen dizkiguten traba guztien
aurrean.


Demokrazia memoria da, memoria historikoa eta
oraintsukoa, legez kanpoko indarkeria-ekintzak errepikatzea saihesteko:
ez kolpe militarrik, ez hilketarik, ez bahiketarik, ez atxiloketa
arbitrariorik, ez torturarik.


Demokrazia, gehiegitan politika bihurtzen dugun
irain liskartia bertan behera uztea da. Demokrazia pertsonen, taldeen,
Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko elkarrekiko errespetua da;
gure foruak, gure autogobernua eta gure hizkuntzak errespetatzea.
Demokrazia akordioaren, bizikidetzaren eta herritartasun globalarekiko
konpromiso etikoaren aldeko apustu morala da. Morala eta irmoa.
Demokrazia ez da gizartearen egoera naturala. Odola, izerdia eta malkoak
kostatu zaizkigu.


... democracia significa diálogo y participación;
significa estar dispuesto a escuchar al otro y a aceptar sus razones, y
son numerosas las ocasiones en que esto no se cumple en esta Cámara. Por
ejemplo, cuando sus grupos impiden que se pueda discutir sobre la reforma
laboral en el Senado o cuando sí se permite el debate sobre las leyes
aprobadas en el Congreso, pero impiden cambiarlas.


Democracia significa igualdad de oportunidades.
Democracia significa cubrir las necesidades básicas de todas las personas
en el ámbito sanitario, en la educación, en la vivienda, en los cuidados,
en la cultura y en el ocio. Democracia significa tener la oportunidad de
desarrollar todas nuestras capacidades: las intelectuales, las
artísticas, las manuales...


Democracia significa acabar con las desigualdades
injustas y con la limitación de la movilidad social. Me refiero, por
ejemplo, al conocido como techo de cristal, que tienen que sufrir algunas
mujeres, o el denominado suelo pegajoso, que sufren otros; pero también a
aquellas personas que no encuentran trabajo debido al color de su piel y
a las que están obligadas a ocultar su orientación sexual.


Democracia significa desarrollo compartido para
todos, un desarrollo que haga frente a una desigualdad social cada vez
más grande, tanto entre países diferentes como dentro de un mismo país.
Democracia significa desarrollar una política económica que revierta el
empobrecimiento progresivo de las clases medias y populares; una política
que acabe con la precariedad, que afecta sobre todo a la juventud, a las
mujeres y a las personas migrantes. Democracia significa poner freno a la
desigualdad salarial obscena que existe entre los trabajadores y el
personal directivo dentro de una misma empresa.


Democracia significa sostenibilidad ambiental
basada en el conocimiento científico, con políticas de descarbonización
para nuestro sistema económico. Democracia significa repensar la cantidad
de energía que de verdad necesitamos para vivir; reducir el consumo;
impulsar las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad
sostenible para la rehabilitación de edificios y el autoconsumo
energético.


Democracia significa también economía circular.
Democracia, significa justicia social, económica y medioambiental.
Democracia significa poner el respeto a los derechos humanos en el centro
de las políticas públicas; significa impulsar iniciativas que subrayen la
diversidad intercultural y la puesta en valor de esta diversidad y
significa la creación de instrumentos que nos ayuden a detectar y
prevenir discursos machistas, homófobos, xenófobos y aporófobos.


Democracia significa libertad. Democracia significa
combatir la mentira, las fake news y la desinformación.


Democracia, señorías, significa transparencia
frente a las trabas que nos ponen a la hora de poner en marcha comisiones
de investigación sobre los supuestos pelotazos y la corrupción del rey
emérito, sobre el proyecto Castor o sobre la tortura.


Democracia significa memoria, memoria histórica,
pero también actual; memoria para evitar la repetición de acciones
violentas al margen de la ley; memoria para que no vuelvan a ocurrir
golpes militares, asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias o
torturas.


Democracia significa acabar con los insultos y el
enfrentamiento a los que tan a menudo reducimos la política. Democracia
significa respeto mutuo entre las personas, los grupos, el Estado y las
comunidades autónomas; respeto a nuestros fueros, a nuestro autogobierno
y a nuestras lenguas. Democracia significa una apuesta firme por un
compromiso ético a favor del acuerdo, la convivencia y una ciudadanía
global; pero no se nos debe olvidar que la democracia no es el estado
natural de la sociedad y que alcanzarla nos ha costado sangre, sudor y
lágrimas.


Democracia es lucha contra la violencia de género.
Insisto, señorías: democracia son leyes de memoria y leyes contra la
violencia de género.


Por todo ello, Geroa Bai ha presentado la misma
enmienda que defendí hace un año para la creación de un pacto de libre
adhesión para la defensa de la democracia. El Grupo Socialista declinó
entonces tomarla en consideración y la moción del Grupo Socialista fue
aprobada por todos los grupos, con la abstención del Grupo Popular y tres
votos en contra de Vox. Hoy hemos llegado a una enmienda transaccional,
como un pequeño paso en este objetivo de reafirmar, mediante un nuevo
pacto político y social, la cada día más necesaria apuesta por la
democracia.


Visto lo visto hace tres días, señorías, cada día
que pasa es más evidente que este pacto es cada vez más necesario.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
jauna.


Tiene la palabra la senadora Retuerto Rodríguez,
representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción
originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.


Gritaban que querían pegarle fuego al edificio «...
con nosotros dentro. ¡Gandules! ¡Os vamos a matar! ¡No van a poder salir
a la calle!». Señorías, estos hechos ocurrieron el pasado día 31 de
enero, cuando un grupo de personas asaltaron el Ayuntamiento de Lorca
durante la celebración de un pleno ordinario. Durante dos largas horas se
paró la democracia en Lorca, se asaltó la institución que representa la
voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas y se puso en peligro la
libertad, el diálogo, en definitiva, la democracia.


Pero, señorías, yo quiero mostrarles otra imagen
del hermoso municipio de Lorca, de sus gentes, de su paisaje, de su
cultura y de su patrimonio. La Ciudad del sol no son las imágenes que han
querido trasladar algunos partidos políticos al resto del mundo. Lorca es
un municipio donde el acuerdo, el diálogo y el consenso son las señas de
identidad de su alcalde, Diego José Mateos, y de su equipo de gobierno.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


Lorca es un municipio amable, lleno de historia y
donde sus gentes viven pacíficamente, y este acto no representa ni a sus
ciudadanos ni a la ganadería ni a los ganaderos de Lorca. Aquellos que
abanderan la patria, aquellos que alardean de libertad, el pasado 31 de
enero incitaron, inflamaron y mintieron. Concejales del Partido Popular y
de Vox arengaron y dieron un mitin, donde comenzó la instrumentalización
de estos partidos. Y no lo digo yo. Fuimos desinformados, intoxicados
—esto es lo que dicen los ganaderos—. Cuidado con esto,
señorías de Vox. Cuidado, señorías del Partido Popular, porque estos son
sus socios en la Región de Murcia, los que no condenan la violencia, que
incendian intencionadamente, planean y ejecutan utilizando los sectores
más frágiles de nuestra sociedad. Estos son sus socios en la Región de
Murcia. Por eso, en el Partido Socialista Obrero Español, repito, en el
Partido Socialista Obrero Español reprobamos la elaboración y la difusión
de mensajes por cualquier medio que contribuya a fomentar el odio y a
deteriorar la convivencia democrática.


Señorías de Vox, buscan la ruptura de nuestra
sociedad y la deslegitimación de los sistemas democráticos, y esto tiene
nocivas consecuencias. Manipulan y crean un caldo de cultivo que propicia
e inflama situaciones tremendas, como lo sucedido en el Ayuntamiento de
Lorca. Infunden el miedo —esa es su estrategia—, confunden y
mienten para alentar a las masas, orquestan y simplifican los mensajes en
situaciones de vulnerabilidad y de incertidumbre. En definitiva,
manipulan y distorsionan la realidad para su beneficio.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Voy terminando,
presidente.


Sus enmiendas son un nuevo intento de justificar lo
sucedido en el Ayuntamiento de Lorca. Dejen de utilizar a los ganaderos y
a los agricultores como herramienta política.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Dejen de meterlos en
líos.


Agradezco a Izquierda Confederal sus aportaciones,
que recogemos y aportaremos a la Mesa.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, los árboles no les dejan ver el bosque.
(Rumores). En muchas ocasiones nos quedamos en la superficie de los
problemas sin pensar, buscar e indagar qué es lo que hay detrás, cuál es
el verdadero origen del problema. En este caso, a colación de la moción
que hoy nos trae el Grupo Socialista, el origen del problema es el ataque
continuo y el menosprecio que este Gobierno socialcomunista ejerce contra
nuestro sector primario, esos agricultores y ganaderos que lo único que
han hecho toda su vida es trabajar de sol a sol para poder sacar adelante
a su familia. La gente del campo, desde que el Partido Socialista y
Unidas Podemos llegaron al Gobierno, ha visto cómo, día tras día, son
atacados sus intereses laborales y económicos. Todos hemos podido
comprobar, en los distintos medios de prensa, el hartazgo de agricultores
y ganaderos contra esta situación, puesta de relieve en las distintas
manifestaciones que recorren España. Así, hoy Murcia está colapsada por
agricultores y ganaderos que acuden, desde todos los puntos de la región,
para defender sus derechos, así como su economía y trabajo, tan castigado
y menospreciado. Pero el próximo día 25 se repetirá la misma
manifestación en Sevilla. El campo andaluz se manifiesta.


Es innegable que el impacto de las medidas
restrictivas puestas en marcha por las autoridades sanitarias en relación
con la COVID-19 y el aumento de los costes de producción, en particular
del precio de las materias primas, así como en los últimos meses de los
fertilizantes —un 300 %—, la energía eléctrica
—un 270 %—, el gasóleo —un 73 %— y los piensos
—un 23 %—, han perjudicado gravemente al campo español. Las
distintas estrategias promovidas por las élites globalistas pretenden
cargar a nuestros productores con regulaciones y costes inasumibles que
terminarán por destruir nuestro mar, nuestro campo y nuestra industria.
Es urgente acabar con esta legislación que arruina a nuestros
productores, destruye miles de puestos de trabajo y acelera el drama de
la despoblación en la España abandonada por los sucesivos gobiernos.


Es indudable que uno de los pilares fundamentales
de las políticas globalistas, en general, y de la Agenda 2030, en
particular, es la estigmatización del modo de vida rural, al que se
considera poco progresista y que, por tanto, y de manera coherente con
esta postura, debe ser erradicado. En estas estrategias, netamente
ideológicas y destructivas de la realidad socioeconómica de España,
participan tenazmente no solo los partidos que forman el actual Gobierno
de coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como sus terminales mediáticas y
asociativas, sino también el Partido Popular, el cual trata de aparentar
en público la defensa del sector con campañas de dudosa lógica, pero ha
asumido acríticamente los postulados de la Agenda 2030. Vox, en su Agenda
España, defiende como imprescindible la adopción de cualesquiera medidas
que sean necesarias para garantizar la persistencia y el crecimiento del
campo español, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su
economía. Es prioritaria la protección de una España rural basada en un
sector agroalimentario solvente y potenciado por los poderes públicos, a
través de políticas que impulsen unas industrias con cada vez más valor
añadido, mayor competitividad, profunda internacionalización y, en
consecuencia, elementos de crecimiento económico, riqueza para los
españoles y factor de progreso y de vertebración del territorio. Lo
sucedido en Lorca no es más que el hartazgo de la gente del campo, en
este caso de los ganaderos, que ven cómo el trabajo de toda su vida es
puesto en precario y en algunos casos conduce a su desaparición.


En Vox lo hemos repetido muchas veces, estamos en
contra de todo tipo de violencia, senadora Retuerto. Repito, estamos en
contra de todo tipo de violencia, y hoy, aquí, lo manifestamos nuevamente
de forma clara.


Señorías, futuro y respeto para el campo. Que los
árboles les dejen ver el bosque.


Por lo expresado anteriormente, votaremos en contra
de esta moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, como esta mañana no lo he dicho, mando
mis sinceras condolencias a la familia de las víctimas del naufragio del
pesquero gallego. Y, por otro lado, mi apoyo a los agricultores y
ganaderos que esta mañana se han manifestado en Murcia.


Señorías, hace años que venimos observando una
escalada de violencia verbal, incluso física, y de odio, que algunos han
justificado, cuando no provocado. Todo el mundo ve la paja en el ojo
ajeno y nunca la viga en el propio. Hemos escuchado en muchas ocasiones
el «sí, pero». «Sí, pero». «Sí, condeno, pero». Miren, no. No hay peros
que valgan. La violencia es violencia y nunca, nunca, nunca tiene
justificación. Hoy hablamos de los sucesos de Lorca, pues son
injustificables, sin excusas, sin matices, sin paliativos, sin peros. Lo
de Lorca es un claro ataque a las instituciones que no se puede ni se
debe consentir. Pero es igual de injustificable que los escraches en las
puertas de las casas de los políticos del PP, delante de sus hijos. Se
hablaba de jarabe democrático. Es injustificable, absolutamente
injustificable. Como son injustificables las amenazas y los insultos a la
puerta de la familia de Pablo Iglesias. Lo de Galapagar es también
injustificable. Igual que los insultos, los escupitajos y los orines a mi
compañera, Inés Arrimadas, y a la gente de Ciudadanos en la manifestación
del 8M de hace un par de años. Escupitajos, insultos y orines. Hubo un
ministro que lo justificó, y aún sigue siendo ministro hoy en día. Igual
que los actos de vandalismo y algaradas callejeras en Barcelona a cuenta
de un juez que en un Estado de derecho había condenado legítimamente a
Hasél, el rapero. Injustificable, no se puede justificar. No podemos
arremeter contra los jueces, y menos los políticos. Pero es que no nos
escuchamos, no somos capaces de escucharnos. Los políticos debemos ser
los bomberos y nunca los pirómanos. Lo de Lorca, que es el motivo de la
moción, es gravísimo. El Partido Popular y Vox lo deben rechazar, lo
deben condenar sin peros, sin matices, sin excusas, sin «pero es que»;
no, se condena y se rechaza, y todo lo demás sobra. A partir de ahí, si
ustedes quieren, podemos hablar de todo, se puede dialogar de todo. En
este país claro que se puede dialogar de todo: de agricultura, de
ganadería o de todo lo que ustedes quieran como, por cierto, se estaba
haciendo en aquel Pleno del Ayuntamiento de Lorca, gobernado por una
coalición del Partido Socialista y Ciudadanos, en el que se estaba
hablando democráticamente en la casa consistorial, en la casa de todos
los lorquinos sobre los metros que se deberían alejar las granjas de
porcino de los núcleos urbanos, en este caso me parece que estaban
hablando de 1500 metros; en otros lugares se ponen 2000, pero se estaba
hablando política y democráticamente, como se debe hacer en una sociedad.
Todo lo demás sobra, la violencia sobra; toda, cualquiera, venga de donde
venga. Estoy harto de escuchar «sí, pero»; de sí, pero, nada, se condena
y punto. Luego hablamos de todo lo que ustedes quieran, porque para eso
nos hemos dotado de una democracia que funciona, de unas instituciones
que funcionan y para eso tenemos unos representantes que debemos y
estamos obligados a sentarnos a hablar y a dialogar y no a justificar y
muchas veces incluso a provocar y a instigar, como pasa en muchos casos.
Vamos a ser responsables, estamos obligados a ser responsables y, como he
dicho antes, bomberos, no pirómanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies presidenta. Bona
tarda senyories.


Senyories,com a senador, però també com alcalde
d’una població d’origen i llarga tradició pesquera, que
desgraciadament també ha perdut veïns mentre feinejaven al mar, em
permetran que em solidaritzi amb el municipi de Marin, amb el sector
pesquer gallec i sobre tot amb les famílies d’aquells que han
perdut la vida i d’aquells que a hores d’ara encara estan
desapareguts. Des del Port de la Selva, des de l’altre extrem de la
costa peninsular, una càlida i sincera abraçada a tots.


Entro en el debat de la moció que el Grup
Socialista va presentar després dels fets ocorreguts fa dues setmanes a
Lorca. Des de Juts per Catalunya condemnem sense matisos l’atac a
l’






ajuntament d’aquesta ciutat. I ho fem perquè la nostra és
una formació profundament democràtica amb una forta implantació
municipalista que sempre condemna els atacs antidemocràtics i es
solidaritza amb els afectats. És per això que avui compartim tant la part
expositiva com la dispositiva d’aquesta proposta, la compartíem tal
com s’havia presentat i també la compartim com s’ha
transaccionat. Però emfatitzada aquesta condemna, aquesta solidaritat i
el nostre vot favorable, sí que ens agradaria aprofundir en algunes de
les afirmacions recollides a la moció. Concretament, la que a la part
expositiva ens parla d’una agressió en tota regla contra
l’autonomia dels representants polítics que han estat escollits per
els ciutadans. És evident que l’actitud dels manifestants de Lorca
ho és, però no ho és menys que també ho va ser el 155, del que aquesta
Cambra en va ser còmplice necessari i que va destituir un governs
legítimament escollit per la ciutadania. I tampoc ho és menys que les
actuacions de la JEC, perquè no se’ns escapa que la Junta Electoral
Central s’ha convertit en un òrgan censor del dret de participació
i en un ariet polític contra els representants independentistes escollits
democràticament per la ciutadania. Aquests casos, al nostre entendre,
també s’han de considerar una agressió contra l’autonomia
dels representants polítics escollits per els ciutadans, una violentació
del normal funcionament de les institucions i un trencament de les regles
del joc democràtic. Però ja sabem que aquestes agressions no seran motiu
de cap moció, ni de cap condemna ni per uns ni per els altres, ans al
contrari, les justificaran i aplaudiran com van aplaudir el discurs de
Felip VI el 3 d’octubre. Un discurs que va avalar la violència
policial i encoratjar el «a por ellos» policial contra un moviment
pacífic i els seus representants. Un discurs que donava ales a la
deshumanització de l’independentisme i sobre tot del seus electes
escollits democràticament, fomentant la violència i l’odi com es va
fer palès, per exemple, a mitjans del 2019, al municipi de Coripe, on
davant d’una munió victoriosa es va afusellar i cremar un ninot del
legítim president Puigdemont, com a part d’una celebració local
organitzada des de l’ajuntament. Per cert, no recordo que en fessin
massa escarafalls, més aviat cap. Aquesta arbitrarietat, aquesta barra de
mesurar capaç de discriminar casos similars en funció de a qui afecten,
no diu massa a favor de la democràcia espanyola— Una democràcia
«flawed», defectuosa, cosa que molts fa temps que sabíem i denunciàvem,
mentre vostès, els de la dreta i els de l’esquerra, ens deien que
era una democràcia plena, emparant-se entre d’altres, amb els
informes de «The Economist». Doncs senyories som on som: democràcia
defectuosa.


Acabo reiterant, un cop més, la nostra condemna
pels fets ocorreguts a Lorca i mostrant la nostra solidaritat amb els
electes locals afectats, i confirmant el nostre vot favorable a aquesta
iniciativa. Però ho fem també exigint que tinguin el mateix interès per
tots els casos en què es donin manifestacions de violència, en que
s’encoratgin discursos d’odi i en què s’atempti contra
l’essència de la democràcia representativa, també de la dels
catalans independentistes. I senyor socialistes, diguin al seu company
Collboni que atribuir a l’independentisme l’avenç de
l’extrema dreta a l’Estat espanyol també és discurs
d’odi, és discurs d’odi de primer de feixisme.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Señorías. como senador, pero también como alcalde
de una población de origen y larga tradición pesquera, que
desgraciadamente también ha perdido vecinos mientras faenaban en el mar,
permitirán que me solidarice con el municipio de Marín, con el sector
pesquero gallego y, sobre todo, con las familias de aquellos que han
perdido la vida y de aquellos que todavía se encuentran desaparecidos.
Desde El Port de la Selva, desde el otro extremo de la costa peninsular,
un cálido y sincero abrazo a todos.


Entro en el debate de la moción que el Grupo
Socialista presentó después de los hechos ocurridos hace dos semanas en
Lorca. En Junts per Catalunya condenamos sin matices el ataque al
ayuntamiento de esta ciudad y lo hacemos porque nuestra formación es
profundamente democrática y tiene una fuerte implantación municipalista,
que hace que siempre condenemos los ataques antidemocráticos y se
solidarice con todos los afectados. Por eso, hoy compartimos tanto la
parte expositiva como la parte dispositiva de esta propuesta. La
compartíamos tal como se había presentado y la compartimos también tal
como se ha modificado. Pero, enfatizada esta condena, esta solidaridad y
nuestro voto favorable, nos gustaría profundizar en algunas de las
afirmaciones recogidas en la moción, concretamente en la que en la parte
expositiva nos habla de una agresión en toda regla contra la autonomía de
los representantes políticos escogidos por los ciudadanos. Es evidente
que la actitud de los manifestantes de Lorca lo es, pero no lo es menos
que también lo fue el 155 del que esta Cámara fue cómplice necesario y
que destituyó un Gobierno legítimo, escogido por la ciudadanía, tampoco
es menos que las actuaciones de la JEC, porque no se nos escapa que la
Junta Electoral Central se ha convertido en un órgano censor del derecho
de participación y en un ariete político contra los representantes
independentistas escogidos democráticamente por la ciudadanía. Estos
casos, a nuestro entender, también deben considerarse una agresión contra
la autonomía de los representantes políticos escogidos por los
ciudadanos, una vulneración del normal funcionamiento de las
instituciones y una ruptura de las reglas de juego democrático. Pero ya
sabemos que estas agresiones no serán motivo de ninguna moción ni de
ninguna condena por parte de unos ni de otros, sino todo lo contrario,
muchos las justificarán y aplaudirán como aplaudieron el discurso de
Felipe VI el 3 de octubre; un discurso que avaló la violencia policial y
alentó el «a por ellos» judicial contra un movimiento pacífico y sus
representantes; un discurso que daba alas a la deshumanización del
independentismo y, sobre todo, de sus cargos electos escogidos
democráticamente, fomentando la violencia y el odio, como fue evidente a
mediados de 2019 en el municipio de Coripe, donde ante una muchedumbre
victoriosa se fusiló y quemó un muñeco caracterizado como nuestro
presidente legítimo, Carles Puigdemont; todo ello como parte de una
celebración organizada por aquel ayuntamiento. Por cierto, no recuerdo
que pusiesen muchas pegas, más bien ninguna. Esta arbitrariedad, esta
vara de medir capaz de discriminar casos similares en función de a quién
afectan, no dice mucho en favor de la democracia española, una democracia
defectuosa, cosa que muchos hace tiempo que sabíamos y denunciábamos,
mientras ustedes, los de la derecha y los de la izquierda, nos decían que
no, que era una democracia plena, amparándose, entre otras cosas, en los
informes de The Economist. Señorías, estamos donde estamos, en una
democracia defectuosa.


Acabo reiterando una vez más nuestra condena por
los hechos ocurridos en Lorca y mostrando nuestra solidaridad con los
cargos electos locales afectados y confirmando nuestro voto favorable a
esta iniciativa, pero lo hacemos también exigiendo que tengan el mismo
interés por todos los casos en que se den manifestaciones de violencia,
en que se alienten discursos de odio y en que se atente contra la esencia
de la democracia representativa, también la de los catalanes
independentistas. Señores socialistas, digan a su compañero Collboni que
atribuir al independentismo el avance de la extrema derecha en el Estado
español también es un discurso de odio, es un discurso de odio de primero
de fascismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor
senador.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.


Cuando ocurren cosas como lo de Lorca, siempre lo
más fácil, al tiempo que lo menos efectivo, es criticar al otro, no hacer
autocrítica, y sin autocrítica no hay cambio a mejor posible. Lorca
vivió, salvadas las diferencias, un episodio similar al del Capitolio de
Washington: una turba alentada por políticos sin escrúpulos pretendía
usurpar la voluntad popular representada por los electos. Preocupante,
aunque quizás más lo de Lorca, porque en Estados Unidos se han interesado
en investigar quiénes instigaron el asalto, qué políticos lo animaron con
sus proclamas, mientras que aquí yo tengo la sensación de que se ha
querido correr un tupido velo. No hay democracia perfecta, pero Estados
Unidos, a veces, nos da lecciones en materia de control de su Gobierno,
con comisiones de investigación para sacar a la luz la verdad. En España
no hay más que pegas y negativas a que se pongan en marcha comisiones de
investigación que depuren responsabilidades políticas, como es el caso
Castor. En España hay miedo a conocer la verdad; lo hay para investigar
hechos como la muerte de Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978 o la
muerte por torturas de Mikel Zabalza. Hay miedo, incluso indignidad,
cuando un Gobierno se niega a desclasificar información relevante, o como
cuando la ministra de Defensa no comparece en esta Cámara, tal y como
solicité en julio del año pasado, para explicar por qué su Gobierno se
niega a desclasificar documentos relacionados con la muerte de Mikel
Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo. Mientras esto no cambie, nuestra
defectuosa democracia seguirá cosechando desafección.


El asalto al Ayuntamiento de Lorca no fue cosa de
unos exaltados a los que se les fue la mano, fue animado por políticos de
la derecha con sus descalificaciones, bulos y mentiras, y tampoco se ha
investigado; no ha habido ni dimisiones ni ceses. Esa impunidad hará que
episodios similares puedan repetirse, y esto es grave.


El PSOE, en la exposición de motivos de la moción,
se jacta de haber logrado un importante consenso social alrededor de la
reforma laboral. Tan importante como el acuerdo social, señorías, si no
más, es el acuerdo político en las instituciones entre los y las
representantes de la soberanía popular. Y, sí, la reforma ha sido
aprobada por los pelos; por los pelos de un tal Casero. La reforma, que
no la derogación que prometían hasta hace muy poco el Partido Socialista
y Pedro Sánchez en su programa electoral, así como la vicepresidenta
Yolanda Díaz. La palabra dada y no cumplida también lleva a la
desafección política. Una reforma que casi no sale porque dos diputados
navarros desobedecieron a su partido; un partido, Unión del Pueblo
Navarro, que, incapaz de llegar a acuerdos en Navarra, intenta de
tapadillo recuperar su influencia y su poder perdido en Navarra mediante
un acuerdo secreto —al menos no público en Madrid, que no en
Navarra— con el Gobierno de España. Un acuerdo en el que, una vez
más, UPN utiliza Navarra como moneda de cambio con el Gobierno de España;
el Gobierno de un partido, el Partido Socialista, que también mantiene
oculto dicho acuerdo. Por cierto, ¿ese acuerdo está escrito y firmado o
es solo un acuerdo de palabra? Como no lo sé, lo pregunto. Insisto, no sé
si este acuerdo tuvo o no la connivencia del Partido Socialista de
Navarra, con el que Geroa Bai gobernamos la comunidad foral, o con el
desconocimiento de dicho partido. Dudas que tengo y que planteo dada la
falta de transparencia; insisto, falta de transparencia que también lleva
a la desafección política. Frente a la geometría variable, instrumento de
la política miope a corto plazo, en Geroa Bai defendemos y practicamos la
gestión transformadora, que refuerza la estabilidad política y la
cohesión social, tal y como escribe hoy en un diario de Navarra, en
Noticias de Navarra, mi compañero de Geroa Social Verdes, Gorka Azpiroz,
alcalde de Lekunberri.


Lo sucedido en Lorca no es nuevo para nosotros.
Muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Navarra y de la
Comunidad Autónoma vasca sufrieron violencia de persecución, con
presiones y amenazas, algunas cumplidas, desgraciadamente. Mi recuerdo y
homenaje emocionado para todos ellos y ellas. Por cierto, también parece
que el Gobierno de España tiene acuerdos más o menos reservados con la
izquierda abertzale; ahí lo dejo.


Señorías, subrayando la necesidad de un nuevo pacto
político y social en defensa de la democracia, al tiempo que desde esta
tribuna, como Geroa Bai, nos solidarizamos con las y los ediles de Lorca,
votaremos lógicamente a favor de la moción que hemos transaccionado, pero
insistiendo en la necesidad de ese nuevo acuerdo político y social en
defensa de la democracia, porque está en peligro; está más en peligro que
nunca.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tomará la palabra su señoría, la senadora Beltrán de Heredia.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Arratsalde
on. Eskerrik asko, mahaiburu jauna.


Sin duda, la moción que nos trae hoy el Grupo
Socialista puede dar para muchas reflexiones en torno al devenir de la
acción de los partidos políticos, a sus consecuencias, sobre la
convivencia y el progreso social y también sobre el funcionamiento de las
instituciones. En la parte expositiva comienzan diciendo que la
confrontación se ha convertido en un elemento distintivo de la política
española, como si esto fuera algo negativo. La confrontación política en
sí misma es legítima, sana y enriquecedora. El debate y la defensa de las
posiciones que cada fuerza política tiene es una condición básica del
funcionamiento de la democracia, condición de la acción política. Otra
cosa bien distinta es cuando ese debate se aleja de los principios de
respeto y tolerancia; cuando se radicalizan las posiciones; cuando se
radicalizan además con el único fin de generar crispación, división,
fractura, de alejar los posibles puntos de encuentro y de consenso. Esto
es sobre todo peligroso cuando la crispación es parte de una estrategia
política que se traslada a la ciudadanía, que se traslada a colectivos y
grupos de personas, buscando respuestas reaccionarias con el único
objetivo de conseguir un rédito político. Como dice Bauman, vivimos en
una modernidad de tiempos líquidos en la que ni las estructuras ni los
mensajes perduran en el tiempo; en la que el todo vale en la política
parece que algunas formaciones, algunas ideologías quieren imponerlo. La
política simplificadora la llaman algunos, la de los míos y la de los
otros, donde el otro no es visto como un adversario político, sino como
el enemigo a batir; ahí está el peligro. Una forma de hacer política que
encuentra en la incertidumbre y en el sentimiento de desatención y de
abandono de la ciudadanía un campo en el que sembrar mensajes simplistas,
hostilidad, enfrentamiento y radicalización social. Esto es lo que
precisamente hace Vox en la enmienda que ha presentado, con la que trata
de amparar comportamientos del todo condenables. Además, un campo abonado
cuando desde el Gobierno de España se niegan las distintas realidades
identitarias y no se responde a la cuestión territorial. Estamos ante una
realidad preocupante, como es la creciente polarización política y social
que se produce en España, una de las más altas de Europa, según los
últimos estudios. Una polarización que aleja los necesarios acuerdos para
ofrecer respuestas que nos permitan salir cuanto antes de esta crisis y
dar soluciones a los problemas que tiene la sociedad. Posiciones extremas
que ponen en riesgo los principios fundamentales de la democracia, que
pueden conducir al bloqueo institucional, generando desconfianza en las
instituciones y una mayor desafección de la ciudadanía hacia la política
y, así, entrar en una cadena de retroalimentación, ecosistema perfecto
para el autoritarismo político.


El crecimiento de la ultraderecha en Castilla y
León es un indicativo que tiene que despertar especialmente en el Partido
Popular y en el Partido Socialista todas las alarmas y obligarles a hacer
un ejercicio de responsabilidad en defensa de la democracia y para
combatir posiciones extremas que buscan restringir los derechos y
libertades de la ciudadanía. Podríamos traer a este punto los polémicos
análisis de Max Weber sobre la ética de la política frente a la ética de
las responsabilidades o la ética de las convicciones; sobre cuáles son
los valores que nos inspiran y nos caracterizan a cada una de las fuerzas
políticas. El PNV siempre ha estado y estará en contra de la exaltación
de ideas que promuevan el desprecio, la intolerancia, la discriminación,
que no respeten la pluralidad y la diversidad y de aquellas actuaciones
que intentan coartar el libre ejercicio de la acción política y el
funcionamiento de las instituciones.


Agradezco la aclaración que se ha hecho respecto al
segundo punto de esta enmienda transaccional, segundo punto también de la
moción, respecto a las manifestaciones públicas porque, sin restringir el
derecho de manifestación y libre expresión, condenamos el uso de la
violencia y la intimidación en todo caso, siempre, sin ambages sea cual
sea su motivación.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Beltrán de
Heredia senatoria.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría.


El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies
president.


El nostre grup, i de fet, totes les forces
polítiques sobiranistes catalanes, som, es de sobres conegut, ferms
defensors del respecte dels drets i llibertats fonamentals, del
manteniment, òbviament, de l’ordre públic, del diàleg com a mitja
per la solució dels conflictes polítics i defensors del respecte per els
adversaris polítics com a màxima de convivència democràtica, pacífica i
diversa. A partir d’aquí, el què ens resulta sorprenent és que en
el cas de la moció presentada per el Grup Socialista, consideren
lamentables les desqualificacions, els insults, les manques de respecte o
els discursos d’odi només quan els afecta a vostès o a forces
polítiques afins, quan en són els objectius. Perquè no els hem escoltat
aixecar la veu quan les desqualificacions han anat dirigides a nosaltres,
o quan s’han utilitzat recursos públics, per exemple, per perseguir
o per espiar. Vaja, que ara es queixen d’agressions al normal
funcionament de les Institucions, però recordem que durant el 155 van ser
perfectes cooperadors, o executors necessaris del què ara denuncien.


Senyories: en aquells entorns en què es generalitza
un feble compromís amb les regles democràtiques, o quan es nega la
legitimitat democràtica dels adversaris, o es tolera la violència
política i policial, recorden l’1 d’octubre o la lliure
circulació de grupuscles d’ultra dreta? O quan es limiten les
llibertats civils dels adversaris, podem afirmar que ens trobem en una
democràcia en fallida. Senyories, a Espanya s’ha erosionat el
principi de la honestedat política al rebuf de la ultra dreta;
s’han polititzat obscenament els tribunals, s’ha eliminat
l’autonomia dels legislatius, i podríem seguir. Amb aquests
antecedents després passen episodis com el de Lorca, un exemple més
d’aquest procés de davallada de la qualitat democràtica, que pot,
molt fàcilment, i aquest és el problema acabar en antipolítica.


En aquest país darrerament no hi ha hagut voluntat
de contenir l’ús i l’abús del poder i s’ha perdut el
respecte per l’adversari polític, convertint-lo en irreconciliable,
negant-li la seva legitimitat i els seus valors, atacant-lo
d’antidemocràtic, d’antipatriòtic, demonitzant-lo o fomentant
un clima d’hostilitat, i com es diria en castellà «de esos polvos
vienen estos lodos» .


Senyories només amb la deliberació es poden
resoldre col·lectivament, de manera adequada, els desacords polítics,
morals, ètics, cívics. I això a Espanya difícilment succeeix. El perill
de tot plegat és que la ciutadania tarda a adonar-se de que la democràcia
està sent desmantellada, perquè quan les regles de convivència es violen
repetidament, les societats tenen tendència a acostumar-s’hi i
deixar de considerar-ho una desviació, i finalment ho acaben
normalitzant. I Espanya està en aquesta tessitura.


Al llarg dels darrers anys s’han produït
serioses afectacions als drets humans i llibertats fonamentals de la
ciutadania a causa de regressions democràtiques i canvis legislatius
agressius, manca d’independència judicial i criminalització de les
opinions dissidents i una interpretació del dret, des d’instàncies
judicials, que allunya a Espanya dels estàndards internacionals.
S’ha dit abastament des d’instàncies internacionals.


Dit això, sempre ens trobaran davant qualsevol
manifestació de violència, vingui d’on vingui. No som ambigus amb
això, com tampoc amb el nostre compromís democràtic. El preu que pagarem,
si dura massa temps aquesta inacció selectiva davant la deriva
antidemocràtica i el blanquejament dels qui detesten l’exercici
democràtic serà massa elevat i no ens ho podem permetre, i tots vostès
tampoc.


Gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias, presidente.


MI grupo y, de hecho, todas las fuerzas políticas
soberanistas catalanas —es sobradamente conocido— somos
firmes defensores de los derechos y libertades fundamentales, del
mantenimiento del orden público, del diálogo como medio para solucionar
los conflictos políticos. Y somos defensores del respeto por los
adversarios políticos como máxima de convivencia democrática, pacífica y
diversa. A partir de aquí, nos resulta sorprendente que la moción
presentada por el Grupo Socialista considere lamentables las
descalificaciones, los insultos, las faltas de respeto y los discursos de
odio solo cuando les afectan a ustedes o a fuerzas políticas afines,
cuando son el objetivo, porque no les hemos escuchado alzar la voz cuando
las descalificaciones iban dirigidas a nosotros o cuando, por ejemplo, se
han utilizado recursos públicos para perseguir o para espiar. Ahora se
quejan de agresiones al normal funcionamiento de las instituciones, pero
recordemos que durante el 155 fueron perfectos cooperadores o ejecutores
necesarios de lo que ahora están denunciando.


Señorías, en aquellos entornos en que se generaliza
un pálido compromiso con las reglas democráticas, o cuando se niega la
legitimidad democrática de los adversarios, o se tolera la violencia
política y policial —¿recuerdan el 1 de octubre o la libre
circulación de grupúsculos de ultraderecha?—, o cuando se limitan
las libertades civiles de los adversarios, podemos afirmar que nos
encontramos ante una democracia en caída libre. En España se ha
erosionado el principio de nuestra política a raíz de la ultraderecha. Se
han politizado obscenamente los tribunales, se ha laminado la autonomía
de los legislativos y podríamos seguir así. Con estos antecedentes,
después ocurren episodios como el de Lorca, un ejemplo más de este
proceso de caída de la democracia, que puede muy fácilmente acabar en
antipolítica.


En este país, últimamente, no ha habido voluntad de
contener el uso y abuso del poder y se ha perdido el respeto por el
adversario político, convirtiéndolo en un enemigo irreconciliable,
negándole su legitimidad y sus valores, tachándolo de antidemocrático,
demonizándolo, fomentando un clima de hostilidad, y, como se diría en
castellano, de esos polvos, estos lodos.


Señorías, solo con la deliberación se pueden
resolver colectivamente de forma adecuada los desacuerdos políticos,
morales, éticos y cívicos, y eso en España difícilmente sucede. El
peligro de todo ello es que la ciudadanía tarda en darse cuenta de que la
democracia se está desmantelando, porque cuando las normas de convivencia
se violan repetidamente, las sociedades tienen tendencia a habituarse a
ello, dejan de considerarlo una desviación y, finalmente, acaban
normalizándolo. Y España está en esta tesitura.


A lo largo de los últimos años se han producido
serias afectaciones sobre los derechos humanos y libertades fundamentales
de la ciudadanía a causa de regresiones democráticas y cambios
legislativos agresivos, falta de independencia judicial, criminalización
de las opiniones disidentes y una interpretación del derecho desde
instancias judiciales que aleja a España de los estándares
internacionales. Se ha dicho ampliamente desde instancias
internacionales.


Dicho esto, siempre nos encontrarán ante cualquier
manifestación de violencia, venga de donde venga. No somos ambiguos en
esto, como tampoco con nuestro compromiso democrático. El precio que
pagaremos si se alarga demasiado tiempo esta inacción selectiva ante la
deriva democrática y el blanqueamiento de los que detestan el ejercicio
democrático será demasiado elevado. No nos lo podemos permitir y todos
ustedes tampoco.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Reniu
Vilamala.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su señoría Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Gracias, señor
presidente.


Señorías, ningún tipo de violencia tiene
justificación ni cabida en un sistema democrático, y así lo hemos
defendido siempre de manera categórica y sin fisuras. Y una vez más
rechazamos la fuerza y la violencia en cualquier contexto, pero más aún
si ello impide el funcionamiento de instituciones democráticas, como
ocurrió durante el Pleno del Ayuntamiento de Lorca.


Un sistema democrático no puede tolerar la
violencia, la coacción o el hostigamiento de los representantes
democráticamente elegidos por los ciudadanos y en el Partido Popular lo
vamos a denunciar y condenar siempre. (Aplausos). Una condena que se
expresó también en Lorca por el Grupo Popular municipal, por el Partido
Popular de la Región de Murcia y por el Partido Popular nacional, como se
ha hecho hace unos días en la Asamblea de la Región de Murcia a través de
una moción acordada por los grupos mediante la cual se condenaban los
actos violentos y el asalto por la fuerza de un grupo de manifestantes al
edificio municipal donde se iba a celebrar el Pleno ordinario del
municipio de Lorca; como los han condenado la Federación de municipios de
la Región de Murcia, municipios gobernados por partidos de diferentes
signos políticos.


El Partido Popular siempre ha condenado cualquier
tipo de violencia, y lo ha hecho siempre sin peros, sin contemplaciones,
sin medias tintas, sin matices, viniera de donde viniera. Lo hemos hecho
en Lorca y también lo hicimos cuando la izquierda más radical rodeó de
manera vergonzosa el Congreso de los Diputados. (Aplausos). Lo hemos
hecho igualmente cuando las calles en Cataluña se han inundado de
violencia callejera, alterando profundamente la normal convivencia;
cuando se han ocupado consejerías o reventado actos democráticos, o
cuando se ha subvertido el orden constitucional, como en los sucesos
del 1 de octubre. Hemos condenado cuando se ataca, y sucede con demasiada
frecuencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o cuando se
ha hostigado e incluso agredido a algún representante público. Lo hemos
condenado cuando dirigentes de partidos de distinto signo político han
sido acosados o intimidados por parte de los extremistas o han sido
perseguidos en las calles o en sus casas, con sus familias, porque el
hostigamiento, la intimidación, los escraches nunca fueron el jarabe
democrático que preconizaba la izquierda, sino otro tipo de violencia.
(Aplausos). Del mismo modo manifestamos nuestra repulsa cada vez que se
incita al odio en las redes sociales o se cuestionan instituciones que
son pilares fundamentales del derecho, como el Poder Judicial, o cuando
se pone en cuestión la monarquía.


Lo ocurrido en Lorca nos duele a todos. Los actos y
la imagen de unos pocos tampoco representan al sector ganadero, la gran
mayoría de los cuales se manifestaron de manera pacífica y tranquila. No
dejemos tampoco que estas familias inocentes sufran un señalamiento, un
estigma o un escarnio que no merecen, familias que representan a miles de
ganaderos que se sienten atacados desde hace meses por un Gobierno, por
un ministro, por el ministro Garzón, que sí que señala su actividad y sus
productos y que está afectando a su reputación y a la de los
profesionales que los asisten.


El Partido Popular muestra su indubitado apoyo a
todo el pueblo de Lorca: nos tienen y nos tendrán siempre a su lado, con
diálogo y, al tiempo, mediante la firme defensa de los intereses
legítimos de las familias que viven, con su trabajo, de la ganadería o de
la agricultura. El Partido Popular siempre estará con ellos como esta
mañana, que hemos acompañado, en Murcia, a miles de agricultores y
ganaderos asfixiados que han salido a las calles exigiendo que les dejen
trabajar. ¿Saben cuál era el lema del sector? Futuro y respeto por el
campo.


Coincidiendo con la parte dispositiva, señorías del
Partido Socialista, dicen en la exposición de motivos: la supuesta
constatación de personas vinculadas a determinadas fuerzas políticas en
la generación y desarrollo de este lamentable episodio; expresión que no
parece sugerir una llamada conciliadora a huir de los discursos del odio,
más bien parece que se orienta a intentar socavar todavía más el
creciente ambiente de rencor y desconfianza.


Hoy también hemos tenido que oír aquí comentarios y
acusaciones que no son ciertos, que han sido incluso desmentidos, pero no
entraremos en un debate estéril de hechos que están en manos de la
justicia. En mi grupo estamos convencidos, en cualquier caso, de que esta
moción no responde a una suerte de tacticismo político del grupo
proponente, sino que se debe a su firme convencimiento, al de sus socios
de Gobierno y al de sus socios de investidura de que, a partir de ahora y
en esta Cámara territorial, condenarán enérgicamente todos los ataques,
agresiones o intimidaciones que coarten el normal funcionamiento de las
instituciones democráticamente establecidas, y ahí estará siempre el
Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Vázquez Rojas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Lastra Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Señor presidente, señorías,
de los universales de la conversación quizás los más apropiados para
estos actos sean los que tienen que ver con que no digas nada que no
puedas acreditar y sé breve. Habrá que atenerse a los dos. Lo primero, si
rechazamos, rechazamos; no hemos excluido nada, ni siquiera lo que
coincida con una particular y sentida concepción del agravio, la que cada
uno tenga. Es un rechazo del discurso del odio y es un rechazo de todas
las agresiones que se producen en el ámbito institucional, de todas.
Comparto, en ese caso, las distintas argumentaciones que se hicieron.
Comparto que se digan, pero voy a referirme particularmente a que
coincido con el punto de vista que ha expresado la portavoz del PNV en la
descripción de la cuestión. Quizá por eso tienen ustedes casi 134 años.
Nosotros tenemos 143 y somos un partido que también tiene muy clara la
necesidad de hacer un diagnóstico preciso y un análisis correcto de la
situación política en cada momento, y este es el que pide este momento.
Es una petición, una demanda de una condena y, a la vez, un aviso acerca
del contenido político de los discursos, lo que afectan y las
consecuencias que pueden tener, no solo para las instituciones, también
para los partidos políticos.


Señorías, creo que todos —y ustedes, señorías
del Partido Popular, deberían ser los más preocupados por ello—
tienen que saber que aceptar el discurso antidemocrático incapacita para
ser partido de Gobierno, para ser percibido como garante de la
convivencia, para ser alternativa. (Aplausos). Apoyar la deslegitimación
de las instituciones no es compatible con la pretensión de querer
gobernarlas. Señorías, la convivencia importa y recordando las
Meditaciones, de Marco Aurelio, para todos deseo recordar que la mejor
manera de defenderte de ellos es no parecerte a ellos. (Fuertes y
prolongados aplausos de las señoras y señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista puestos en pie).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Terminado el debate de esta moción, procedemos a
continuación a la votación de los siguientes asuntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar a
los ganaderos y a sus productos y a desaprobar los contenidos recogidos
en la Agenda 2030 contrarios a sus intereses; autor, Jacobo
González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en sus
propios términos.


Y moción por la que el Senado expresa su rechazo a
las actuaciones que violentan el normal funcionamiento de las
instituciones, rompiendo las reglas del juego democrático; autor, Grupo
Parlamentario Socialista. Se vota en este caso en los términos de la
propuesta de modificación de la enmienda transaccional suscrita por el
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y Grupo
Parlamentario Democrático.


Se abre la votación telemática desde este momento,
en que son las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, hasta las
veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de hoy.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA
UNIVERSITARIA. (Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000035

Ciencia, Innovación y
Universidades



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
también a la proclamación del resultado de algunas votaciones
telemáticas, que estaban pendientes, en concreto del Proyecto de Ley de
convivencia universitaria. Concluido el plazo para la votación
telemática, procedemos a la proclamación de los resultados de las
votaciones de las tres propuestas de veto.


Propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Democrático.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 154; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.


Votos emitidos, 264; a favor, 5; en
contra, 257; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 155; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


No habiendo sido aprobadas las propuestas de
veto, a continuación, procedemos a la proclamación de los resultados del
resto de las votaciones. Enmiendas números 61, 68, 69, 72, 75, 82, 83
y 85, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 152; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 62, 64, 65 y 73, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 264; a favor, 4; en
contra, 154; abstenciones, 106.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 63 y 70, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 264; a favor, 4; en
contra, 153; abstenciones, 107.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 66, 67 y 76 a 81, de los
mismos senadores.


Votos emitidos, 264; a favor, 4; en
contra, 257; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 71, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 152; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 74 a 84, de los mismos
senadores.


Votos emitidos, 264; a favor, 6; en
contra, 153; abstenciones, 105.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 2, 3 y 6, de diferentes senadores:
José Luis Muñoz Lagares, María Ponce Gallardo, Miguel Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 151; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 4, de los mismos
senadores.


Votos emitidos, 264; a favor, 3; en
contra, 254; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 5, del mismo grupo.


Votos emitidos, 264; a favor, 105; en
contra, 151; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 7, del mismo grupo.


Votos emitidos, 264; a favor, 6; en
contra, 253; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 86 a 95, 97
a 100, 102, 103, 105 y 106, de los señores senadores del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado.


Votos emitidos, 264; a favor, 10; en
contra, 248; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 96, 101 y 104, de los mismos
senadores.


Votos emitidos, 264; a favor, 8; en
contra, 248; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 8, 11 y 28 a 30, de sus
señorías del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.


Votos emitidos, 264; a favor, 6; en
contra, 244; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 9, 10 y 12 a 27, del mismo
grupo parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 11; en
contra, 244; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado.


Votos emitidos, 264; a favor, 22; en
contra, 237; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 31, 34 y 39, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 151; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 32, 33, 37, 41 y 42, del
mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 105; en
contra, 151; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 35, 38 y 43, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 109; en
contra, 147; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 36, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 152; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 40, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 105; en
contra, 154; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 44 a 47, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 151; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 48, del mismo grupo.


Votos emitidos, 264; a favor, 105; en
contra, 151; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 49, 50, 52 a 54, 56 y 58, del
mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 151; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 51, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 105; en
contra, 151; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 55, 57 y 59, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 106; en
contra, 151; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 60, del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 264; a favor, 108; en
contra, 151; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 264; a favor, 152; en
contra, 108; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Por tanto, queda definitivamente aprobado por
las Cortes Generales el Proyecto de Ley de convivencia universitaria.
(Aplausos).










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE HONDURAS RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE MAYO
DE 2021. (Proclamación de la votación).


610/000079



El señor presidente lee los puntos 7.
y 7.1.1


El señor PRESIDENTE: Proclamación de resultados
de votaciones telemáticas, en concreto, las que se refieren a los
tratados y convenios internacionales.


Votos emitidos, 258; a favor, 237;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.









DECISIONES DEL III CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, HECHAS 'AD REFERENDUM' EN GINEBRA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000080



El señor presidente lee el punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Proclamación de resultados
del punto 7.1.2.


Votos emitidos, 258; a favor, 237;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.









ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE
JUNIO DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000081



El señor presidente lee el punto 7.1.3.


El señor PRESIDENTE: Proclamación de resultados
del punto 7.1.3.


Votos emitidos, 258; a favor, 237;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA. (Proclamación de la votación).


543/000003

Derechos Sociales


El señor presidente lee los puntos 9.
y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Proclamación de resultados
de la votación de ponencias de estudio.


Votos emitidos, 258; a favor, 255;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
INICIE URGENTEMENTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DESDOBLE DEL TÚNEL DE
SAN SILVESTRE, EN HUELVA, CONSIGNANDO LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA
LA EJECUCIÓN DE UN NUEVO TÚNEL.


662/000101

GPP


El señor presidente lee el punto 11.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular, su señoría, el senador Sánchez
Núñez.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor
presidente, y buenas tardes-noches ya.


Señorías, quisiera, en primer lugar, transmitir mis
condolencias a las familias de los marineros fallecidos en el naufragio
del pesquero Villa de Pitanxo, a los vecinos de Marín y de la comarca de
O Morrazo, de donde proviene la mayoría de la tripulación, y me uno en la
esperanza de encontrar a los desaparecidos, teniendo muy presente a la
familia de Juan Antonio Cordero, segundo patrón de la embarcación y
vecino del municipio de Lepe, en mi provincia. Pertenezco a una provincia
de honda tradición pesquera, que tristemente sabe también lo que suponen
estas tragedias en el mar y, sobre todo, la angustia que supone no poder
dar sepultura a los fallecidos. Mi oración y mi más profundo y sentido
pésame.


Quisiera también felicitar a los senadores del
Grupo Popular de Castilla y León por la victoria obtenida en las pasadas
elecciones a Cortes regionales. (Aplausos).


Señorías, la motivación que me lleva a presentar al
Pleno del Senado la presente moción no es otra que la especial
preocupación que me mueve, como representante público, por defender los
intereses generales de mi provincia y, por ende, de mis vecinos, y entre
ellos, de aquellas infraestructuras vitales para su desarrollo social,
económico y cultural. El desdoble del túnel de San Silvestre es una de
esas infraestructuras fundamentales para el desarrollo humano, económico,
agrícola e industrial de la provincia de Huelva.


Les sitúo en el contexto de esta infraestructura.
El túnel de San Silvestre se construyó en el año 1971, dentro del sistema
hídrico Chanza-Piedras-Los Machos, que hace posible que accedan al agua
los principales pilares de la economía provincial, como es el uso
poblacional o urbano de la ciudad de Huelva y su área metropolitana, el
potente entorno industrial, las zonas costeras y de alto impacto
turístico y los cultivos de regadío del Condado de Huelva. Cuando se
construyeron los apenas 8 kilómetros de longitud de esta infraestructura,
circulaban por él 8 metros cúbicos por segundo al agua durante solo ocho
horas al día. Hoy, casi cincuenta años después de la construcción, lo
hace durante 24 horas permanentemente; por lo tanto, los consumos se han
multiplicado por 5, sin que el túnel se haya modificado o adaptado para
hacer posible este aumento. El túnel se ha convertido así en un auténtico
cuello de botella que podría dejar sin agua al 90 % de los usuarios de la
provincia de Huelva debido a un accidente o colapso de este, algo posible
ya que funciona durante las 24 horas al día, los 365 días al año, sin que
sea posible, por lo tanto, tareas de mantenimiento y mejora. Algún corte
en el túnel afectaría al 85 % del PIB de Huelva, al 90 % del empleo y al
suministro del 90 % de la población de la provincia, ya que no hay
ninguna otra alternativa de transporte a esta infraestructura
hídrica.


Durante la última etapa del Gobierno del Partido
Popular, con Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, se inició la
tramitación de una ley, la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, para la
transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos de agua desde la Demarcación
Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Chanza a la demarcación
hidrográfica del Guadalquivir. Esta ley, que, como digo, se inició
durante el Gobierno del Partido Popular, fue aprobada ya durante la etapa
del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y en su anexo 1 se recoge como
obra de especial interés para el Estado, entre otras, el desdoblamiento
del túnel de San Silvestre. Desde el año 2018 hasta la fecha, lo que
hemos ido viviendo los ciudadanos de la provincia de Huelva es la
constante cortina de humo del Gobierno socialcomunista respecto del
desarrollo de esta obra fundamental para la provincia de Huelva, que
tiene un presupuesto valorado en 64 millones de euros. El retraso en la
ejecución de esta obra no solo supone, como podrán comprender, un riesgo
para el posible colapso en el actual túnel, sino que impide cumplir con
el desarrollo de esta ley anteriormente citada, y que permitiría el
trasvase necesario del agua para facilitar el regadío de las tierras del
Condado de Huelva, que, como saben, son exponente de una rica agricultura
que tiene en los frutos rojos —en la fresa, en la frambuesa, en la
mora, en los arándanos— el mayor exponente, y también en los vinos
del Condado de Huelva y en los cítricos, como la naranja.


En los dos Presupuestos Generales del Estado
aprobados por las Cortes Generales en 2021 y 2022, el Grupo Popular ha
presentado, tanto en el Congreso como en el Senado, enmiendas para que se
consignaran partidas concretas que fueran dirigidas al proyecto de
desdoble del túnel de San Silvestre.


Sin embargo, la realidad ha sido que en este
proyecto, como en otros tantos que afectan al desarrollo de la provincia
de Huelva, llámese línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, llámese la
presa de Alcolea o el corredor ferroviario Andalucía-Algarve, que
beneficia a esta provincia, nos hemos encontrado con nada de nada, es
decir, con el permanente abandono de los intereses de la provincia de
Huelva por el Partido Socialista y del Gobierno de España.


En el Ministerio de Transición Ecológica,
concretamente en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que dirige
Hugo Morán, ha habido incumplimientos de manera permanente con los plazos
señalados concretamente por él. Les pongo un ejemplo. El 20 de noviembre
del año 2020, hablaba de que las obras comenzarían en junio de 2021;
el 30 de marzo del año 2021, se refería al periodo de otoño del año 2021;
y más recientemente, el pasado 31 de julio de 2021, hablaba de que las
obras se iniciarían a final de año. Ante este panorama de permanentes
cortinas de humo y falta de compromiso, en el Grupo Popular hemos
entendido que no podemos quedarnos impasibles, de ahí la necesidad de
presentar esta moción para comprometer al Gobierno socialista a
desarrollar esta obra de altísima importancia.


Miren, señorías, es tal la importancia del
desarrollo de esta obra que en torno a ella se constituyó, hace ya años,
una plataforma que viene trabajando por el desarrollo del desdoble del
túnel y que agrupa a treinta y dos colectivos de muy diferentes
procedencias; comunidades regantes, Universidad de Huelva, Diputación
Provincial de Huelva, que preside el Partido Socialista, asociaciones de
industrias químicas y básicas y energéticas de Huelva, empresas de agua,
como pueden ser la empresa Giasa y Aguas de Huelva, sindicatos,
organizaciones empresariales y de fomento del sector turístico, la Cámara
de Comercio, organizaciones agrarias. Es decir, está integrada por un
amplio conjunto de colectivos, representantes de la mayor diversidad y,
por lo tanto, de una gran parte de la sociedad de Huelva.


Señorías, en Huelva, tristemente, tenemos la
experiencia de que proyectos trascendentales que se han presentado han
sido abandonados por los socialistas durante los últimos años. Les pongo
como ejemplo las DIA, las declaraciones de impacto ambiental, que fueron
presentadas y tratadas, por ejemplo, la línea de alta velocidad
Huelva-Sevilla, cuyo proyecto fue presentado por el último ministro de
Fomento del Gobierno popular, Íñigo de la Serna, en el año 2018; estamos
en el 2022 y sigue durmiendo el sueño de los justos en el cajón del
ministerio. Además, así lo reconoció la señora ministra en el pasado
Pleno de Presupuestos del mes de diciembre, cuando tuve la oportunidad de
hacerle una pregunta oral. O el Proyecto Ceus, el Proyecto de aviones no
tripulados que desarrolla el INTA y que ya, gracias a Dios, es una feliz
realidad, aunque costó mucho, costó incluso que caducara una DIA, en el
mes de octubre de 2020, que fue iniciada durante la etapa del Gobierno
del Partido Popular en 2014. Por lo tanto, como comprenderán ustedes, que
se proponga y anuncie que va a haber una DIA, que se va a tramitar y que
se van a iniciar las obras, la verdad, nos hace dudar, porque dudamos
mucho de que el Gobierno socialista se preocupe por los intereses de la
provincia de Huelva. (Rumores). Lo digo porque en una de las últimas
visitas de este secretario de Estado, Hugo Morán, anunciaba que sería
para finales del año 2025 o 2026, cuando tendría lugar la construcción de
esta importantísima obra como es el túnel…


El señor PRESIDENTE: Señoría, discúlpeme. Espere un
momento, por favor.


Señorías, seguimos en el Pleno. Un poco de
silencio.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Gracias, presidente.


Lo digo porque en la visita de Hugo Morán a la
provincia de Huelva, el pasado mes de octubre, anunciaba que la obra
estaría finalizada para finales del año 2025 o inicios de 2026. Yo digo
aquí al Partido Socialista que tengan claro que así va a ser porque para
los años 2025 o 2026 esa obra será inaugurada con un Gobierno del Partido
Popular, que presidirá Pablo Casado. (Aplausos). Por lo tanto, mi temor
no es que la obra esté ejecutada en ese momento, mi temor es que la
necesidad hace obligatorio que esa obra se inicie lo antes posible. De
ahí el hecho y la realidad de presentar esta moción.


Yo invitaría al Partido Socialista a que se
comprometa con la provincia de Huelva, a que se comprometa con las
infraestructuras de la provincia de Huelva, a que se comprometa, de una
vez por todas, a venir a Huelva, pero no a pedir el voto o a veranear,
como hace el presidente del Gobierno, en las playas del Parque Nacional
de Doñana, sino a trabajar por los intereses generales de la provincia y,
por lo tanto, por una obra fundamental como es el túnel de San
Silvestre.


Obviamente, ahora tienen la oportunidad de
presentar una enmienda a esta moción.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría, por
favor.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Voy terminando,
presidente.


También tendrán naturalmente el turno de
portavoces... y me van a hablar de que la DIA ha sido aprobada.
Ciertamente, ayer la DIA fue publicada…


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar ya,
señoría.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: … en el Boletín
Oficial del Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría González
Márquez.


El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ: Gracias,
presidente.


Señor Sánchez, he escuchado con interés y atención
su discurso y, de verdad, la primera sensación que tengo al escucharlo es
que el Partido Popular parece incapaz de alegrarse de las cosas positivas
para Huelva, simplemente, porque las hace el Partido Socialista.
(Aplausos). Esa es la realidad a la vista del discurso completamente
falto de rigurosidad y con inexactitudes que nos acaba de hacer.


Mire, yo se lo voy a decir en esta tribuna para que
quede expresa constancia. En el Partido Socialista reivindicamos el
importante esfuerzo, compromiso y trabajo que está haciendo este partido
y el Gobierno de España con la obra del desdoble del túnel de San
Silvestre para que sea una realidad para la provincia de Huelva. Se lo
digo no de una manera subjetiva, sino con una claridad y una evidencia de
datos. Usted sabe que esta obra está gracias a que se incorporó como obra
de interés general en la Ley 10/2018, cuando, por cierto, gobernaba el
Partido Socialista. No se hizo en la época de Rajoy, se hizo con el
Partido Socialista y a iniciativa del Parlamento de Andalucía, gracias a
los parlamentarios del Grupo Socialista. (Aplausos).


Señoría, usted ha visto cómo va el procedimiento
administrativo. En mayo de 2020, el Gobierno puso el expreso compromiso
de que se iba a hacer la obra. Se puso la redacción del proyecto, se hizo
expresamente, con un desdoble paralelo a la actual infraestructura. Se
pusieron en marcha los trámites ambientales en 2021 y han terminado por
la vía simplificada, con una declaración de impacto ambiental favorable,
el día 7 de febrero pasado. Y estamos en la última fase, señoría. Falta
la licitación y la adjudicación para el comienzo de la obra. ¿Dónde está
la trampa, señoría? ¿Dónde está el oscurantismo? ¿Dónde están las
cortinas de humo, señoría? No se alegran de que las infraestructuras
positivas de Huelva se hagan, simplemente, porque las hace el PSOE.


Aun así, este partido tiene un claro ejemplo de
responsabilidad y con su moción hemos intentado alejar las posiciones
particulares de cada partido y hemos intentado hacer una enmienda
transaccional, que hemos planteado a todos los grupos y hemos conseguido
una respuesta conjunta. Esa es la fórmula, señoría, la respuesta
conjunta, la actuación conjunta de todos los grupos políticos por los
intereses de la provincia de Huelva. Esa es la fórmula.


Déjeme hacer una reflexión. Yo creo que aquí,
realmente, hay un interés oculto y la realidad es que ustedes están en
campaña electoral, han terminado la campaña de Castilla y León y empiezan
con la campaña de Andalucía. Esa es la realidad de por qué traen hoy esta
moción cuando ustedes saben que esta obra va perfectamente encaminada.
(Aplausos). Usted me dirá que no, que realmente lo hace por los intereses
de Huelva, pero si lo hace por los intereses de Huelva, no engañen ni
cuenten una realidad completamente paralela sobre esta infraestructura.
Dejen al Gobierno culminar esta obra. Usted hablaba del Proyecto Ceus.
Dice usted que, gracias a Dios, se ha puesto en marcha el proyecto Ceus
en Huelva. No, don José Enrique, se ha puesto gracias al Partido
Socialista, que es quien ha puesto el dinero y lo ha puesto en
marcha.


¿Ustedes quieren preocuparse por las cosas de
Huelva? Pues les pregunto: ¿van a terminar algún día el edificio de
Hacienda en Huelva, que es competencia de la Junta de Andalucía y el
señor Bonilla no ha hecho ni una actuación en Huelva que sea de interés
para Huelva? (Aplausos). ¿Van a terminar el Museo Arqueológico de la
capital? ¿Qué ocurre con los Chares, señorías, no los iban a arreglar tan
pronto como fueran a gobernar? ¿Y el materno-infantil de Huelva? ¿Algún
día lo van a poner en marcha o se lo van a dar también a la privada, como
han hecho con el centro hospitalario en Lepe? (Aplausos). Eso es, de
verdad, preocuparse por Huelva. Vaya usted al negociado de la Junta de
Andalucía y reclámele a Moreno Bonilla que deje la indolencia con la
provincia de Huelva. Y, sobre todo, señoría, le hago una última petición,
en los cuarenta y un segundos que me quedan: hable con el señor Moreno
Bonilla, deje de marearnos sobre la convocatoria electoral, que si
convocó elecciones, que si no las convocó. Se lo digo de verdad,
Andalucía no está para estos bailes. ¿Sabe qué consiguen con estas
sobreactuaciones? Reforzar a la ultraderecha, eso es lo único que
consiguen. (Rumores.— Aplausos). Si ustedes quieren convocar
elecciones, convóquenlas ya, el PSOE está preparado; cuanto antes las
convoquen antes tendremos un nuevo Gobierno socialista con Juan Espadas a
la cabeza. (Aplausos). Si no las van a convocar, díganlo, gestionen,
trabajen y resuelvan los problemas de la gente de Andalucía.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no la enmienda presentada.


Senador Sánchez Núñez, tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Intervendré desde el escaño, si le parece bien.


En primer lugar, como se ha hecho presente,
solamente hay una enmienda de sustitución que presenta el Grupo
Socialista, al que agradezco también, obviamente, el interés que muestra
a la hora de presentar enmienda a la presente moción, pero, buscando el
mayor de los consensos en torno a esta, como he dicho anteriormente,
importantísima obra hídrica de la provincia de Huelva, buscando que
trabajemos codo con codo por el mayor de los intereses que es el
desarrollo de nuestra provincia, hemos presentado una propuesta de
modificación, una transaccional a la Mesa de la Cámara con el respaldo de
todos los grupos de la Cámara. Por lo tanto, agradezco profundamente a
los diferentes grupos parlamentarios y a sus portavoces la generosidad
que han tenido de firmar esta transaccional, que va a redundar
fundamentalmente en que esta obra de infraestructura sea puesta en valor
por el Gobierno de España como una obra trascendental e importante. En
ese sentido, quiero agradecer a los grupos de la Cámara el gesto de
firmar dicha transacción; y, obviamente, también al Grupo Socialista por
sumarse a la misma.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente. Y muy buenas noches, señorías.


Son este tipo de iniciativas parlamentarias las que
deberían verse más a menudo en las Cortes, porque son iniciativas que
ponen en el centro las necesidades de las personas y la prosperidad
económica de nuestros sectores productivos. El desdoble del túnel de San
Silvestre es una medida que en Vox llevamos reclamando desde que tenemos
representación política. Así lo demuestran las numerosas iniciativas de
control presentadas tanto en el Congreso como en el Parlamento de
Andalucía por mis compañeros Tomás Fernández y Rafael Segovia. Esta
infraestructura tiene una prioridad absoluta en la región de Huelva,
puesto que de ella depende el bienestar de los onubenses, y afecta a
todos los sectores de la provincia como la agricultura, la ganadería, el
turismo y la industria. Parece que por fin las administraciones han
dejado de pasarse la pelota con la responsabilidad presupuestaria y el
proyecto va a comenzar su ejecución; nos alegramos por ello. Sin embargo,
en Vox demandamos que, de igual forma que la tramitación de este proyecto
se está llevando con relativa agilidad, se dé la misma prioridad a las
necesidades hidráulicas que existen en otras regiones de España y se deje
de atacar a las que ya funcionan como el trasvase Tajo-Segura. Señorías,
esta moción va a contar con un apoyo mayoritario porque solo afecta a una
región. Si dicho túnel uniera dos cuencas localizadas en distintas
comunidades autónomas, otro gallo cantaría, y ustedes no presentarían
mociones apremiando su ejecución, porque la idea que tienen todos ustedes
es la de una España insolidaria y fracturada en 17 partes independientes.
El discurso del PP en Castilla-La Mancha sobre la hidrografía es
contrario al que defiende en Murcia, porque en su partido no se piensa en
clave nacional. Esto no es anecdótico, porque lo mismo ocurre con el PSOE
y el resto de partidos; sus líderes regionales gobiernan de forma desleal
con España y sus políticas son ajenas al bien de todos los españoles. Por
ello, en Vox reclamamos un plan hidrológico nacional y un sistema
nacional de recursos hídricos que, bajo los principios de cooperación
territorial y justicia distributiva, garantice el suministro de agua de
calidad y en cantidad suficiente para las necesidades de todos los
españoles. Por supuesto, vamos a apoyar esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias. Buenas
noches.


Señorías, la verdad es que la situación de las
infraestructuras en la provincia de Huelva es absolutamente lamentable;
sinceramente, los onubenses estamos ya cansados de luchas de partidos, de
luchas de colores y del abandono de los diferentes Gobiernos al que nos
han sometido durante décadas. En 2014, el Consejo Económico y Social de
la provincia de Huelva cifró ya en 1000 millones de euros el déficit de
inversión en nuestra provincia. En 2019 este déficit ya alcanzaba
los 1600 millones de euros; por eso, el 15 de marzo de ese mismo año, la
sociedad onubense salió al completo a la calle para reivindicar y para
exigir infraestructuras para Huelva. Se pidió además perfil bajo a los
partidos políticos, pero lo cierto es que en este caso el Partido
Socialista no pudo evitar ponerse al frente de la pancarta, porque,
claro, a unos meses de las elecciones municipales tampoco podían dejar
desaprovechar la oportunidad. En Huelva la verdad es que estamos cansados
de quienes nos prometen antes de las elecciones y cuando llegan al
Gobierno se olvidan de sus compromisos. Tienen ustedes otra oportunidad.
Los onubenses vamos a volver a salir a la calle, esta vez el 4 de marzo,
y espero que vengan ustedes, espero verlos a todos allí, pero esta vez
con dinero debajo del brazo para cumplir tantas promesas incumplidas con
nuestra provincia, con Huelva. No estamos tratando de buscar culpables,
porque han sido varios los partidos que se han alternado en el Gobierno
de la nación, pero sí tenemos que denunciar el abandono al que está
sometida mi tierra. Se habla mucho de la España vaciada, pero se habla
muy poco de la España vacilada, de la España ninguneada, de la España
despreciada por tantos y tantos Gobiernos y esa es la España a la que
pertenece mi provincia, la provincia de Huelva. Hoy hemos llegado a una
transaccional y entendemos que ese es el camino, el de la unión de todos
los partidos por Huelva, por la provincia de Huelva. La reivindicación
que se debate hoy es quizás una de las más acuciantes por lo que implica,
pero desde luego no es la única. Huelva es de las pocas provincias que no
es deficitaria en agua; al contrario, tenemos excedente, de hecho, desde
Huelva abastecemos también a otras provincias como Sevilla, pero es que
jamás ha habido voluntad política ni a la izquierda ni a la derecha, y
eso es lo que tenemos que denunciar hoy. Si hay una infraestructura que
es acuciante acometer precisamente es el túnel de San Silvestre, el
desdoble del túnel de San Silvestre, un túnel que hay que decir que ya ha
sobrepasado con creces su vida útil y al que no se tiene acceso ni para
revisiones ni para reparaciones ni para su mantenimiento; por lo tanto,
desconocemos a ciencia cierta su estado. De hecho, me gustaría, si los
portavoces del Grupo Socialista lo saben, que me dijeran si es cierto o
si se conoce o se sospecha que ya hay una rotura en la tubería y que la
está soportando precisamente la propia infraestructura del túnel, como he
escuchado recientemente en Huelva, porque un colapso de este túnel
dejaría sin agua, señorías, y esto es importante, al 90 % de la provincia
de Huelva, dejaría sin agua a la industria, dejaría sin agua al turismo,
al comercio, a la hostelería, a la agricultura, dejaría sin agua a los
hogares onubenses, señorías, y esto es muy grave y no se está
diciendo.


No se trata de crear alarmismo, se trata de ejercer
el Gobierno con transparencia; se trata de dejar de tratar a los
ciudadanos como si fueran niños pequeños y ocultarles las cosas; se trata
de decir las cosas tal y como son porque los onubenses queremos que nos
cuenten las cosas tal y como son. Y yo voy a contar aquí algunas
realidades. Porque lo cierto es que el Partido Socialista, con esta obra,
no ha hecho más que pegar patadas hacia adelante. Hablamos de 64 míseros
millones de euros de los que depende la supervivencia y la economía de
toda una provincia. Los agricultores estaban incluso dispuestos a
pagarlos ellos; sin embargo, el Gobierno les dijo que no. En 2020 dijeron
que había una partida en los presupuestos para el desdoble, hoy en día,
lo siguen diciendo. Además, preguntamos al Gobierno y el ministerio nos
dijo que esto no era cierto. Después, el secretario de Estado, Hugo
Morán, aseguró que el proyecto estaría licitado en el primer semestre
de 2021 y que las obras comenzarían antes de que finalizase el año.
Estamos en 2022 y no han comenzado las obras. También preguntamos al
ministerio, y también lo desmintió. Para los presupuestos del 2022
dijeron que había una partida y volvieron a tumbar de nuevo nuestra
enmienda. Es más, tumbaron todas las enmiendas que presentamos para que
se realizasen las obras hídricas del anexo 1 de la Ley del trasvase
de 2018, a la que también han hecho referencia. Señorías, llevamos cuatro
años, cuatro años esperando que se pongan en marcha esas
infraestructuras; infraestructuras, y voy terminando, que llevarían el
agua en superficie a nuestros agricultores y que, además, garantizarían
la protección de Doñana y de nuestros agricultores.


Lamentablemente, el Partido Socialista tiene un
discurso en Huelva y otro en Madrid. Nosotros tenemos un único discurso,
y es que estamos con Huelva, con los agricultores y nuestro apoyo es
firme y sin fisura.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora PONCE GALLARDO: Termino. Sinceramente,
señorías, no dudo de sus intenciones, pero sí, en este caso, de sus
prioridades porque, hasta ahora, Huelva siempre ha estado a la cola.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿van a
intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra su señoría la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.


Señorías, trae el Grupo Popular una iniciativa
sobre el agua en la provincia de Huelva que coincide, no sé si
fortuitamente, con un debate abierto sobre este mismo tema allí, en el
territorio, en Huelva y en Andalucía. Hablar de los recursos hídricos en
Huelva y de su gestión es un tema importante. El agua es un derecho
humano, universal e inalienable y, como tal, debe ser gestionada por los
poderes públicos de forma sostenible y participativa. El agua no es un
bien comercial y, antes que un recurso para la economía, es un bien
esencial para la vida. En Andalucía el agua es un recurso estratégico del
que depende no solamente el abastecimiento humano, sino también nuestra
economía, con especial incidencia en sectores —ya se han
mencionado— como la agricultura y el turismo. No solo es un recurso
estratégico, es además un recurso escaso en Andalucía debido a la
incidencia del cambio climático, pero también debido a una planificación
inadecuada, a una mala gestión, a la falta de actuaciones para su
conservación y a una distribución inadecuada de sus usos. En cualquier
caso, nos parece oportuno en Adelante Andalucía que se empiece a cambiar
la perspectiva del uso de este bien imprescindible para el planeta,
sustituyendo los sistemas de gestión del agua basados en el aumento de la
oferta por otros basados en el control de la demanda.


La moción menciona la necesidad de las obras del
túnel de San Silvestre para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía y
de las empresas de Huelva. Es una infraestructura necesaria y no sería un
mal debate si no fuera porque el proyecto ya está en marcha; lo que se
pide en la moción ya está en marcha, como se acaba de explicar por el
portavoz socialista. El trámite administrativo lleva su tiempo, pero el
proyecto ya está redactado, que es lo que se pedía inicialmente en la
moción, y está presupuestado, como también se solicitaba en la moción.
Además, sería una buena idea si no fuera por los planes anunciados por la
Junta de Andalucía para el agua de Huelva, para el agua de Doñana. Venir
al Senado con una propuesta que dice que es preciso preservar el entorno
privilegiado de respeto al medio natural donde se encuentra ubicado el
Parque Nacional de Doñana a la vez que en el Parlamento de Andalucía se
está tramitando un plan para indultar los regadíos ilegales, que están
poniendo en riesgo la supervivencia del parque, es, cuando menos, cínico.
Las elecciones en Castilla y León han terminado y acaba de inaugurarse la
campaña electoral en Andalucía, pero con una advertencia a ambos: las
elecciones en Andalucía se convocan desde San Telmo, Sevilla, no desde
Madrid, no desde la secretaría general de ningún partido centralista. Es
la persona que ocupa la Presidencia de la Junta de Andalucía la que toma
la decisión de convocar las elecciones andaluzas cuando lo estime
oportuno.


El mismo partido que nos trae esta propuesta del
túnel de San Silvestre es el que gobierna en Andalucía y el que quiere
premiar a quienes están agotando el acuífero y secando Doñana con
cultivos ilegales, regados con agua extraída ilegalmente. Nunca tan
esforzados defensores de la legalidad, como dicen ser los miembros del
Grupo Popular, han blanqueado tantas ilegalidades: 1461 hectáreas de
regadíos ilegales en el entorno de Doñana, a las que se pretende indultar
a propuesta de la triple alianza de las derechas andaluzas, con la
connivencia del Grupo Socialista, que en la tramitación del Parlamento
andaluz se abstiene; se abstiene de defender Doñana. En cambio, Adelante
Andalucía va a defender Doñana con todo ante las instituciones europeas,
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la propia Unesco. El viernes
de esta semana tenemos una reunión con delegados de la Unesco aquí, en
Madrid. Y si tenemos que ir a los tribunales, iremos también a los
tribunales. Son las instituciones europeas las que están alertando de lo
que está ocurriendo en el entorno del parque y los riesgos que conlleva
el expolio del agua. Las instituciones europeas, el propio Ministerio de
Transición Ecológica se lo ha hecho saber a la Junta de Andalucía y, en
vez de proteger el acuífero reduciendo el uso del agua y ayudar así a su
recuperación, el Gobierno andaluz se dedica a empeorar la situación con
dos daños colaterales importantísimos: fomenta la competencia desleal
entre los agricultores que cumplen la ley y los que no la cumplen y
desprestigia los cultivos de fresa y de frutos rojos de Huelva en los
mercados internacionales, que tienen una especial sensibilidad con la
ecología y con el uso del agua.


No se puede hacer una planificación del agua en la
provincia de Huelva de espaldas a lo que está ocurriendo en Doñana; hay
que planificar mirando al futuro, a medio y largo plazo; y esa
planificación del agua es contraria al electoralismo, y esta iniciativa
es, desde nuestro punto de vista, una cuestión de electoralismo.
Entendemos las preocupaciones por el agua de la ciudadanía de Huelva,
pero sin una visión de conjunto y de futuro estas preocupaciones serán
mucho más intensas, mucho más extensas y mucho mayores dentro de muy poco
tiempo.


En fin, señorías, en Huelva más que en ningún otro
sitio es necesario que se implementen políticas que vengan a regenerar y
a recuperar el patrimonio natural perdido o en riesgo para asegurar la
vida primero y, si me apuran, la economía también de las onubenses y de
los onubenses del futuro. En Huelva está el vertedero de Nerva, del que
hablaremos otro día, están las balsas de fosfoyesos...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora GONZÁLEZ MODINO: ... y está
—termino, presidente— Doñana. Andalucía no es una región,
Andalucía es el nombre de la humanidad al sur de Despeñaperros, y Doñana
es patrimonio de la humanidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
¿desean intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
¿van a usar su turno? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su señoría Sánchez Núñez.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Muchas gracias,
presidente.


Señoría, se han puesto distintos temas sobre la
mesa. Lo principal es hablar aquí de la obra fundamentalísima del túnel
de San Silvestre, de ese desdoble que va a facilitar la seguridad para el
consumo humano, el riego en las tierras del Condado de Huelva y en su
área metropolitana y el impulso de la industria, tan fundamental para el
desarrollo económico de la provincia.


Obviamente, agradezco enormemente que el Grupo
Socialista se posicione a favor de la infraestructura, pero lo tiene que
demostrar con hechos, con realidades, y los hechos y las realidades,
hasta ayer, han costado verlos. Por eso, va a costar creer también que la
DIA, que ayer fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, se acompañe
con hechos; de ahí la importancia de que esta moción surta efecto en el
Ministerio para la Transición Ecológica.


¿Por qué lo digo? Y no lo digo solo yo, lo dicen
los agentes sociales, las plataformas del túnel de San Silvestre, que
dudan permanentemente del Gobierno —y aquí están las imágenes de la
prensa—. ¿Por qué? Porque dicen las plataformas que cierran el 2021
con la sensación de que el desdoble no es una prioridad para el Gobierno.
La Plataforma por el Túnel de San Silvestre desconfía de que las obras de
desdoble se hagan, porque es una realidad la falta de sensibilidad y de
aprecio a la provincia de Huelva del Partido Socialista. Pero lo
importante es que la obra se haga. Para nosotros, lo principal y
primordial es que podamos ver en poco tiempo —de ahí el interés de
esta moción— esa obra desarrollada.


El senador González, del Grupo Socialista me
preguntaba si estábamos en campaña electoral, pero para campaña electoral
la del señor Juan Espadas, que se acaba de ausentar, cuya cara está
paseándose por toda Andalucía en autobuses, paradas de autobuses y en
todo tipo de señalética urbana. ¿Me van a hablar ustedes de elecciones
cuando tienen ustedes a un desconocido que se va a presentar a las
elecciones por el Partido Socialista paseándose por Andalucía, pero no lo
veo yo trabajando aquí en el Senado, por ejemplo, ahora mismo?
(Aplausos).


Cuando hablamos de elecciones, saben ustedes, lo
saben todos, que el año 2022 es un año electoral para Andalucía, pero lo
es porque el mandato de la legislatura concluye. También saben ustedes,
porque así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Andalucía, que
las elecciones serán cuando acabe el periodo legislativo, siempre y
cuando el Partido Socialista no ahogue la transformación de Andalucía que
está desarrollando el Gobierno del cambio de Juanma Moreno. Les pido que
sean sensibles, que no se pongan de perfil como, por ejemplo, hicieron
con la proposición de ley iniciada en el Parlamento de Andalucía para
facilitar que las tierras de regadío del Condado de Huelva se ajusten a
la legalidad.


Y ahí entro en el comentario de la senadora
González Modino. Mire, a mí ustedes no me van a hablar de cultura del
medio ambiente, de sentimiento de protección por el medio ambiente,
porque uno lo vive en sus carnes. Lo que no se puede permitir es el
atropello del Partido Socialista a la provincia de Huelva, a los terrenos
del Condado de Huelva para declarar que no eran tierras de regadío cuando
lo habían sido tradicionalmente. Eso había que solucionarlo, y la prueba
está en que los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en el
Condado de Huelva han votado favorablemente la tramitación de esta
proposición de ley del Parlamento Andalucía. Porque lo que se está
salvaguardando es Doñana, el espacio único inmejorable del Parque
Nacional de Doñana. ¿Por qué? Porque, si esas tierras están perfectamente
reguladas y el agua que tiene que llegar por el túnel San Silvestre
llega, esas tierras van a poder ser de regadío y no van a tener que
abusar de un agua que está en el subsuelo, como ninguno queremos que se
haga.


Por lo tanto, señora González Modino, senador del
Grupo Socialista, para nosotros lo primordial y principal es que podamos
ver en breve una obra fundamental para la provincia de Huelva como es el
túnel de San Silvestre, y no solamente la obra del túnel de San
Silvestre, sino que también pido al Partido Socialista que sea
verdaderamente consciente y se una también al movimiento ciudadano
—yo lo hago llevando aquí la señal de participación en la próxima
concentración del 4 de marzo—. ¿Para qué? Para que nos unamos
todos, especialmente el Gobierno de España, que está dejando abandonada
la provincia de Huelva, y trabajemos por las infraestructuras que van a
ser necesarias para desarrollar una provincia enorme en potencialidades.
Nos faltan carreteras, no faltan líneas ferroviarias, no faltan presas, y
todo eso nos hace falta para ser uno de los mayores exponentes en turismo
y desarrollo social y humano.


Le pido, por favor, al Grupo Socialista, que
aproveche la oportunidad de esta moción para sacar adelante una obra
fundamentalísima para la provincia, como es el desdoble del túnel de
San Silvestre, y agradezco a los grupos políticos que apoyen esta
iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora senadora González Bayo.


La señora GONZÁLEZ BAYO: Buenas tardes.


En primer lugar, quiero expresar mis condolencias,
como portavoz de Pesca, a todo el sector pesquero gallego y enviar todo
el apoyo a la familia y amigos de estos hombres de mar que nos han
dejado, con la esperanza de que los demás vuelvan a casa con sus
familias. (Aplausos).


Estamos ante un proyecto importantísimo para la
provincia de Huelva. Señora de Vox, es la provincia de Huelva, no la
región de Huelva; ya nos gustaría ser región. Es una obra hidráulica que
viene a garantizar el consumo de agua a la industria, al turismo, a la
agricultura y también el consumo humano, una obra importantísima para la
provincia de Huelva. Y así, señor Sánchez, lo ha entendido el Gobierno de
la nación, que preside Pedro Sánchez, porque ha apostado de manera
decidida por que se lleve a cabo el proyecto del desdoble del túnel de
San Silvestre. Y se lo voy a demostrar con datos, señor Sánchez, porque
ha dicho usted aquí cada barbaridad. De verdad, me iba a subir a esta
tribuna con una actitud de consenso, como al que hemos llegado esta
tarde, pero no me puedo callar cuando se viene aquí a insultar y a decir
mentiras. (Aplausos). No puede ser; todo no vale. Se lo voy a demostrar
con datos, con hechos fehacientes, como hacemos los socialistas.


Señoría, el Gobierno de España tiene ahora mismo un
proyecto técnico viable para empezar la obra, un proyecto técnico que ha
puesto a punto el Ministerio para la Transición Ecológica, porque el
primer proyecto que envió la Junta de Andalucía, con un Gobierno
socialista, tenía problemas técnicos y hubo que adaptarlo. Pues ya está.
En segundo lugar, tenemos la declaración de impacto ambiental de ese
proyecto. Eso usted ayer no lo entendía, hoy se lo voy a explicar. El
proyecto se somete a declaración de impacto ambiental y ayer salió
publicado en el boletín oficial de la provincia.


Y le sigo explicando. ¿Sabe usted que ha salido dos
meses más tarde? ¿Y sabe por qué ha salido dos meses más tarde? Porque el
Gobierno, de su partido, de la Junta de Andalucía no ha emitido los
informes que le pidió el Gobierno, que ha tenido que pedírselos dos
veces, señor Sánchez, el 13 de diciembre y el 31 de enero.






(Aplausos). Y,
en cuanto la Junta de Andalucía mandó los informes, el 7 de febrero
estaba la DIA. Luego, hemos perdido dos meses por el Gobierno que preside
Moreno Bonilla, de su partido. No venga usted aquí con mentiras, vengan
ustedes con las verdades.


Así que tenemos un proyecto con el impacto
ambiental aprobado. También tenemos lo que había prometido, como usted
bien ha dicho, el secretario de Estado, Hugo Morán. Porque el secretario
de Estado, Hugo Morán, se ha comprometido con Huelva y se ha comprometido
con la plataforma en la que están los regantes, las organizaciones
agrarias, la diputación, la universidad y muchas más entidades. Y tanto
se ha comprometido que se ha reunido cuatro veces con la plataforma en
este último año. Falta usted a la verdad cuando dice que el 20 de
noviembre el señor Morán dijo que en junio estaba la obra. Mentira; yo
estaba en esa reunión. (El señor Sánchez Núñez muestra unos documentos).
Los regantes le pidieron al señor Morán que dijera que en junio estaría
la obra y el señor Morán dijo en esa reunión —lo mejor de esto es
que los regantes lo saben y que todas las personas que están en la
plataforma lo saben, el único que no lo sabe es usted— (Aplausos)
que si decía que todo estaría en junio estaría mintiendo, porque el
procedimiento administrativo era de al menos un año y que a finales de
año tendríamos la DIA. Y a finales de año no hemos tenido la DIA porque a
la Junta de Andalucía no le ha dado la gana.


Sigo. ¿Sabe usted qué dice la plataforma? Felicita
al señor Morán y al Gobierno de España de Pedro Sánchez. Lo felicita en
prensa, aparte de que también me ha llamado a mí por teléfono y a otros
diputados por nuestro trabajo. (Aplausos). Aquí está la felicitación al
señor Morán y a la ministra.


Por tanto, no hay ahora mismo en Huelva ninguna
obra en marcha que sea más transparente, con más compromiso y con mayor
eficacia, señor Sánchez, no la hay.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora GONZÁLEZ BAYO: Porque ustedes acostumbran
a llegar al Gobierno y todo lo que aprueba el Partido Socialista lo meten
en un cajón, como hizo Mariano Rajoy con la DIA...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


La señora GONZÁLEZ BAYO: ... el AVE. Y así
trabajamos los socialistas: dando soluciones; y este es un proyecto que
está en marcha y que verá la luz pronto. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A la moción se ha presentado una enmienda
transaccional. Así que esta moción será sometida a votación en los
términos de la transaccional con número de registro 132281 durante el
plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el debate de la última
moción, que, por cierto, es la que viene a continuación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR EL HUMANISMO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ANTE LA
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS.


662/000102

GPP


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR


El señor presidente lee el punto 11.3.


El señor PRESIDENTE: En esta moción —y les
felicito nuevamente por ello— se ha llegado también a una enmienda
transaccional. Por lo tanto, las enmiendas que había decaen.


Para la defensa de la moción originaria, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, su señoría Pobo
Sánchez.


La señora POBO SÁNCHEZ: Gracias, presidente.


¡Vamos a por la última de la tarde! Señorías, hemos
debatido en esta Cámara muchas veces sobre el tema de exclusión
financiera. El Partido Popular ha presentado varias iniciativas sobre
este tema, pero hoy vamos a hacerlo de una forma más amable y vamos a
debatir sobre la adopción de medidas de humanización de los servicios
bancarios. También hemos debatido la Ley de consumidores y usuarios, en
la que mi grupo, con dieciocho enmiendas, ha tratado también de incluir
el espíritu de esta moción.


En primer lugar, quería saludar afectuosamente a
los que nos han acompañado toda la mañana, pero que, por las horas,
evidentemente, nos tienen que ver desde los monitores, que son los
miembros de la Asociación de jubilados y pensionistas españoles de
Cáceres, Ciudad Real y Alicante. (Aplausos). Señorías, con esta moción el
Partido Popular ratifica el compromiso de los ciudadanos, especialmente
con las personas mayores, con los más vulnerables en toda su dimensión y
con los que viven en la España rural y despoblada, planteando medidas
concretas que den soluciones a los problemas reales de la exclusión
financiera y de la brecha digital. Con esta moción, el Partido Popular
pretende tres objetivos ante la exclusión financiera: en primer lugar,
legislar para asegurar los derechos financieros de los usuarios mayores,
de los más vulnerables, sin discriminación motivada por la brecha
digital; en segundo lugar, garantizar un servicio de calidad; y, en
tercer lugar, procurar que las entidades bancarias den cobertura a todos
los usuarios de la España despoblada en condiciones de igualdad.


Señorías, los cambios experimentados por los
servicios financieros en los últimos quince años, de reconversión,
fusiones, cierre de oficinas, digitalización, etcétera, han generado
muchos problemas de inseguridad y desconfianza en todos los usuarios,
sobre todo en los más vulnerables, que sufren una evidente exclusión
financiera. Según el Banco de España, se han cerrado el 52 % de las
sucursales —alrededor de 25 000— y más de 100 000 puestos de
trabajo se han perdido en la banca. Esto ha afectado directamente al 42 %
de la población que vive en municipios pequeños, de los cuales el 20 %
carece de oficinas bancarias, y 4109 municipios españoles
—el 51 %— no tienen acceso a ninguna oficina bancaria. El
cierre de estas oficinas, la reducción de personal, los horarios y la
falta de destreza para operar en los cajeros o el desconocimiento de los
sistemas digitales hacen mella en las personas de mayor edad, que están
viviendo este hecho con mayor virulencia, y son los mayores de 65 años y
los más vulnerables, los que viven en municipios de menos de 5000
habitantes, en los que confluyen todos los riesgos de exclusión
financiera, a pesar de que el 46 % de los recursos que manejan los bancos
corresponden a las personas mayores de 65 años.


En España, señorías, hay 9 278 923 personas mayores
de 65 años, lo que representa el 19,6 % de la población. El 42 % de la
población de más de 65 años no suele utilizar la banca online. ¿Por qué?
Por carecer de conocimientos y destrezas digitales, por operar en cajeros
o por la dificultad de acceso a Internet que tienen. El 4 % no dispone de
esa conexión y en los municipios pequeños y despoblados ni 5G ni banda
ancha ni megas, señorías; esa es una realidad. Los mayores usan en mayor
proporción el efectivo que el resto de sistemas de pago; y, fíjense,
según Aproser, ha crecido el 1,9 % el uso de dinero en efectivo y el 74 %
de la población emplea este método de pago. Las personas mayores son más
reacias al uso de tarjetas, a lo que se suma la falta de confianza y la
seguridad.


Señorías, los mayores, a los que tanto debemos, son
padres, son abuelos; son los que han trabajado para dejarnos un futuro
más próspero. (Aplausos). Son los que nos dan lecciones de vida cada día
y los que llevan toda su vida depositando todos sus ahorros en los
bancos. No podemos dejarlos desprotegidos. Merecen un respeto y que se
les trate con humanidad, como se merecen, por parte de toda la sociedad y
de todas las instituciones públicas, en este caso de los servicios
financieros, las entidades bancarias. Por ello el Gobierno debe
garantizarles un servicio bancario donde tengan una atención
personalizada, sin limitación de horario, con un trato digno,
personalizado, afable y con una atención especial a los más vulnerables,
porque se les debe, señorías. Se lo debe el Estado, pero también se lo
deben las entidades bancarias.


Los servicios bancarios son esenciales para toda la
ciudadanía y el Gobierno debe poner empeño en garantizarlos,
independientemente del lugar donde se viva, pero, sobre todo, en
condiciones de igualdad. Porque, miren ustedes, paga lo mismo una persona
de un municipio de 57 habitantes que de una gran ciudad. De ahí todas las
propuestas que hemos planteado en esta moción y de las que me gustaría
resaltar algunas.


Este Gobierno debe velar para que las entidades
desarrollen también la tecnología de acceso a las gestiones bancarias
básicas de forma sencilla, comprensible, inclusiva y segura para
facilitar las operaciones básicas de las personas mayores y con
limitaciones digitales, pero también que, a través del Banco de España,
se garantice un servicio de calidad, sobre todo, para proteger a los
usuarios bancarios de robos, engaños y estafas.


Señorías, el abuso financiero es la segunda causa
de abuso a los mayores, por lo que es necesario desarrollar una normativa
específica para proteger a las personas mayores y crear entornos seguros
para la realización de operaciones bancarias. Es necesario también
proporcionar a las personas mayores conocimientos prácticos para lograr
habilidades digitales y financieras básicas para manejar sus finanzas,
evitando la exclusión o la dependencia de terceros.


En el último punto de la moción, me gustaría
destacar la firma de los convenios entre la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos y las entidades financieras para que las entidades bancarias
presten sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos o
unidades móviles financieras para dar cobertura suficiente en el mundo
rural donde no existan sucursales bancarias ni red de cajeros
automáticos. Pero, señorías, sin asaltar las arcas de los municipios.
(Aplausos). Todos habrán visto estos días un ejemplo práctico. El señor
Serrano, que todos conocen —asesor del señor Sánchez—, vino a
Teruel a un acto y anunció que iban a implantar 1500 cajeros, de los
cuales 330 serían en las zonas despobladas, 64 en Aragón y 10 en Teruel.
En principio nos pareció estupendo. Pero cuál es la sorpresa cuando al
primer sitio al que llaman le dicen que, por cada cajero, tiene que
pagar 850 euros. Un pueblecito de cincuenta y siete habitantes que está
recibiendo del Estado 830 euros. Señorías, esto es un atraco a los
municipios pequeños; es un verdadero atraco, y es lo que no podemos
consentir. (Aplausos).


Correos es la mayor empresa pública de España,
con 57 000 trabajadores y muchos medios, y debe tener una función social,
no una función con la que agreda a los municipios e intente timar,
porque, al final, en los municipios viven personas, y nosotros, las
entidades públicas, nos debemos a las personas.


Y termino ya, señorías, diciéndoles que esta tarde
terminamos con esta moción. Su éxito no va a ser para el PP, va a ser
para todos; insisto, para todos. Y digo que es para todos porque hemos
trabajado para dar soluciones a personas vulnerables, a personas con
problemas y a las personas que viven en la España despoblada. Así que, va
por todos ellos, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Merelo Palomares. (La señora Merelo Palomares se acerca a la
Presidencia.— Pausa). Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría la senadora Martín Larred.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.


En primer lugar, me gustaría enviar nuestras
condolencias a los familiares del... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por
favor.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias.


Decía que quisiera enviar nuestras condolencias a
los familiares de los pescadores por el hundimiento del barco, pues
seguramente estén viviendo unos momentos muy difíciles. Vayan, por tanto,
desde aquí nuestras condolencias para ellos.


Para comenzar me gustaría confirmar que Teruel
Existe apoyará esta moción tan importante y necesaria. Desde que entramos
en el Senado hemos insistido en la implantación de soluciones para el
problema que estamos viviendo en el medio rural, con la desaparición de
los servicios en los pequeños pueblos. En este caso concreto que tratamos
hoy son los servicios bancarios. Por eso nos satisface que, por fin,
empiece a tratarse este tema en todos los ámbitos. Parece
que 2022 comienza activo; ya hemos aprobado la creación de una ponencia
de estudio sobre la exclusión financiera, y ahora una moción con
propuestas para solucionarlo. Y nuestra pregunta es: ¿servirá para que
finalmente lleguen a buen puerto las propuestas, o tenemos que sospechar
que puede haber un interés mediático en trabajar en el tema?


En los últimos años hemos asistido a la progresiva
desaparición de los bancos de nuestros pueblos: cierres de algunos días
concretos; luego unas horas; después desaparece la oficina; viene una
persona a la semana..., al mes..., y dejan de venir con la excusa de que
no es rentable. Una huida silenciosa de la que, sin embargo, hemos sido
altavoz en esta Cámara para reclamar soluciones y también proponerlas.
Debe ser que todavía no había llegado su momento, así que, como aquí
hemos venido a que de verdad se solucionen los problemas, a ver si al fin
lo hacemos, pero de verdad. Porque estamos tan cansados de confiar en
anuncios y promesas incumplidas, incluso muchas veces recogidas en
presupuestos y publicadas en boletines, que estaremos vigilantes para que
estos cantos de sirena lleguen al territorio y se apliquen medidas
reales, solucionando los problemas de la población que sufrimos esas
carencias.


Por último, me gustaría aprovechar esta
intervención, enlazándola con la falta de servicios, para agradecer la
propuesta que ha realizado la Cámara sobre los coloquios del Senado sobre
reto demográfico. Es una excelente oportunidad para realizar una
propuesta en firme por parte de Teruel Existe. Queremos que estos
coloquios se realicen en pueblos de menos de cien habitantes; que todos y
todas, senadores y senadoras, vayamos allí para consumir sus servicios,
para ayudar a que la banca no se quiera retirar por falta de clientes y,
sobre todo, para escuchar a los que realmente sufren el problema de la
despoblación, más allá de informes y opiniones de expertos que abordan
nuestra situación como una moda, una tendencia que igual que llega se va,
mientras el problema persiste.


Señoras y señores, vale ya de teatro; luchemos por
que esta moción llegue a aplicarse lo antes posible, porque si las
propuestas como esta, que aquí consensuamos con la mayoría de los grupos,
se quedan en papel mojado, como ya ha pasado en otras ocasiones, la
sociedad que vive en las zonas despobladas solo percibimos que esto es
puro teatro.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Compartirá el turno su señoría el senador Muñoz
Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Señorías, según la tendencia, lo que ha venido para
quedarse desde la pandemia de COVID-19 es la digitalización de la
economía y de la sociedad en general, especialmente del sector
financiero. Si antes relacionarnos con los bancos era algo laborioso y
complicado, gracias a la digitalización muchos trámites se han visto
simplificados y podemos hacerlo cómodamente desde casa. Pero todo no es
positivo. Este proceso de digitalización ha servido a las entidades
financieras para optimizar el sector y reducir los costes, algo
totalmente legítimo, pero a costa de dejar de lado a una parte importante
de la sociedad, a personas mayores, así como a aquellas que padecen algún
tipo de discapacidad; estos sufren las consecuencias de un proceso de
digitalización, a veces demasiado rápido y que deja atrás a muchas
personas. La realidad es que solo el 13 % de los mayores de 75 años
utiliza la banca electrónica para gestionar su dinero, y estos ciudadanos
se encuentran con que de las 45 000 sucursales que había en 2008, hoy
solo quedan 16 000, un número que, además, disminuirá en los próximos
años.


Como liberales, creemos no en una mera igualdad
nominal de todos los ciudadanos, sino en una igualdad efectiva. La
digitalización del sector financiero está poniendo en riesgo esta
igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los servicios
financieros, especialmente a los más mayores y a los residentes de las
zonas rurales. Para garantizarlo debemos tomar medidas, y debemos hacerlo
lo antes posible para evitar dejar atrás a más ciudadanos.


Por todo ello, vamos a apoyar la presente
moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra su señoría, la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


En primer lloc, agrair a la senadora Pobo que hagi
portat aquesta iniciativa i agrair també que, entre tots, hàgim arribat
al consens, perquè són unes propostes que ja els avanço que, des de Junts
per Catalunya, els donarem suport, com no podia ser d’una altra
manera. El que passa és que aquesta moció ha arribat aquí una mica ja
superada per debats anteriors.


I els he de dir que em fa l’efecte sempre i,
des de fa un temps cap aquí, es parla de ruralitat i està molt bé, de la
falta de serveis al món rural, però denoto que en aquesta Cambra, des que
aquells territoris menys poblats han començat a Espanya a alçar la veu
contra la centralització, i la centralitat del Govern espanyol, sembla
que hi ha alguns grups que no parlaven d’aquestes coses, doncs que
ara s’han sumat a aquesta sensibilitat. Alguna cosa està passant a
les zones rurals. I és que estan cansats. S’ha dit anteriorment,
estan cansats de promeses i de debats estèrils. Mirin, en aquesta mateixa
Cambra ,i abans que el moviment Teruel Existe arribés a aquesta Cambra,
s’havien fet ja estudis sobre despoblament on es parlava de la
falta de serveis i també de l’escletxa digital. Sense anar més
lluny, avui hem aprovat una llei on fèiem esment d’aquest tema. El
Ple passat vam aprovar la creació d’una ponència per estudiar
aquest tema. I, mentrestant, hi ha molts municipis que es van intentant
buscar solucions a la seva manera. Uns, aquells que tenen més població i
més capacitat d’incidència, són capaços d’oferir a les
entitats bancàries algunes prebendes perquè es quedin al seu municipi.
Els més petits, amb falta de massa crítica, han de pagar a les entitats
perquè donin aquest servei. Mirin, jo els ho deia al Ple passat, i els ho
dic aquest. Nosaltres tenim la responsabilitat i l’Estat el té i
els governs autonòmics el tenen de donar aquests serveis.
D’intentar a totes llums que no hi hagi exclusió financera, a les
zones rurals i arreu. Perquè la falta de serveis financers no només
afecta les zones rurals, ja s’ha dit. Per tant, la vulnerabilitat
de les persones grans en zones urbanes, també estem parlant d’això
en aquest moment.


Mirin, a les zones rurals ens falten molts serveis.
Ara el Partit Popular està preocupat pel tema de les oficines bancàries.
Jo estic d’acord amb vostè que tenim l’obligació de donar
aquests serveis i que els bancs tenen aquesta responsabilitat, perquè en
el seu moment nosaltres vam salvar amb diners de tots els bancs. I
aquesta responsabilitat social dels bancs ara ha de retornar amb aquests
serveis i amb aquestes prestacions que han d’arribar a tots els
ciutadans. Estic d’acord amb això. Però, fixin-se que a les zones
rurals els problemes no són només la falta d’inclusió financera. Jo
visc en una zona, a l’Alt Pirineu, i tant en un costat con en
l’altre tenim pendents temes tan bàsics en aquest moment
—quan tothom parla d’infraestructures digitals—
nosaltres encara estem demanant infraestructures viàries, de fa vint
anys, que estan posades en lleis que els donen prioritat al seu Estat, i
que encara estan com fa seixanta anys. Per tant, parlem que no hi hagi
exclusió financera, però quan parlem realment d?atendre a la ruralitat no
ens quedem només amb aquells temes que estan de moda. No ho fem. Perquè
al món rural sabem perfectament el que ens cal i el que no volem és que
vostès vinguin aquí a apuntar-se tantos amb el que està de moda, o amb el
que és més candent a nivell d’opinió pública, però, després, a
l’hora de la veritat, ningú entomi les solucions reals, perquè ja
els dic hi ha dues ponències d’aquesta Cambra amb un llistat que
comença en el número 1 i acaba a més del vint i pico, que cap govern, ni
de dretes ni d’esquerres, en aquest moment ha anat donant-li
solució una per una. Tenim les eines, tenim estudis fets, tenim moltes
coses a arreglar al món rural. Espero que això no sigui, com ja
s’ha dit, un altre i un nou cant de sirenes.


Per part de Junts per Catalunya, com no pot ser
d’una altra manera, li torno a agrair, senyora Pobo, el seu talant
i la seva manera de buscar sempre consensos, que ho hagi portat aquí, i
espero que el seu partit s’ho cregui de veritat, com el partit que
ara ostenta el Govern d’aquest país i que, certament, puguem tenir
solucions reals sobre la taula més aviat que tard.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a la senadora
Pobo que haya traído esta iniciativa, y también que, entre todos, hayamos
llegado al consenso, porque les avanzo que Junts per Catalunya va a
apoyar estas propuestas, como no puede ser de otra forma.


Lo que ocurre es que esta moción ha llegado aquí
superada por debates anteriores.


Y les tengo que decir que tengo la sensación de
que, de un tiempo para acá, se habla de ruralidad, y está muy bien; de la
falta de servicios en el mundo rural. En esta Cámara, desde que aquellos
territorios menos poblados han empezado en España a alzar la voz contra
la centralización y la centralidad del Gobierno español, parece que hay
algunos grupos que no hablaban de estos temas y ahora se han sumado a
esta sensibilidad. Algo está ocurriendo en las zonas rurales, y es que
están cansadas y cansados, como se ha dicho anteriormente, de promesas y
de debates estériles. En esta misma Cámara, incluso antes de que llegase
Teruel Existe, se habían hecho ya estudios de despoblación donde se
hablaba de falta de servicios y, también, de la brecha digital. Sin ir
más lejos, hoy hemos aprobado una ley donde mencionábamos este tema. En
el Pleno pasado aprobamos la creación de una ponencia para estudiar este
tema y, mientras tanto, hay muchos municipios que intentan buscar
soluciones a su manera. Algunos, aquellos que tienen más población y más
capacidad de incidencia, son capaces de ofrecer a las entidades bancarias
algunas prebendas para que se queden en su municipio; sin embargo, los
más pequeños, que tienen falta de masa crítica, tienen que pagar a las
entidades para que puedan ofrecer este servicio. Se lo decía en el Pleno
pasado y se lo repito ahora, tenemos la responsabilidad, tanto el Estado
como los gobiernos autonómicos, de ofrecer estos servicios, de intentar,
a todas luces, que no haya exclusión financiera en las zonas rurales y
por todas partes, porque esta falta de servicios financieros no solamente
afecta a las zonas rurales, sino que, como ya se ha dicho, también existe
una vulnerabilidad de las personas mayores en zonas urbanas y estamos
hablando de eso en este momento.


Miren, en las zonas rurales nos faltan muchos
servicios. El Partido Popular está preocupado por el tema de las oficinas
bancarias. Yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos la obligación de
ofrecer estos servicios y en que los bancos tienen esta responsabilidad
porque, en su momento, nosotros los salvamos, con dinero de todos, y esta
responsabilidad social de los bancos ahora tiene que retornar con estos
servicios, con estas prestaciones que tienen que llegar a todos los
ciudadanos. Estoy de acuerdo con esto, pero fíjense, en las zonas rurales
los problemas no son solo la falta de inclusión financiera. Yo vivo en
una zona del Alto Pirineo y en un lado y otro tenemos pendientes temas
básicos. En estos momentos, cuando todo el mundo habla de
infraestructuras digitales, todavía estamos pidiendo infraestructuras
viarias desde hace veinte años; infraestructuras que están en leyes, que
les dan prioridad en su estado y todavía están como hace sesenta años;
con lo cual, hablamos de que no haya exclusión financiera, pero cuando
nos refiramos a atender a la ruralidad, no nos quedemos solo con esos
temas que están de moda. No lo hagamos porque en el mundo rural sabemos
perfectamente lo que nos conviene, y lo que no queremos es que ustedes
vengan aquí para apuntarse goles con lo que está de moda o lo que está
más candente en la opinión pública, pero que después, a la hora de la
verdad, nadie busque soluciones reales. Hay dos ponencias en esta Cámara
que tienen un listado que empieza con el número 1 y acaba en el
veintipico, y ningún Gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, hasta el
momento ha dado solución una por una a estas peticiones. Tenemos las
herramientas, tenemos estudios hechos, tenemos muchas cosas que arreglar
en el mundo rural y espero que esto no sea otro brindis al sol.


Por tanto, por nuestra parte le digo que le
agradezco, señora Pobo, su talante, su forma de buscar consensos, que lo
haya traído aquí, y espero que su partido se lo crea de verdad, como el
partido que ahora ostenta el Gobierno de este país, para que,
ciertamente, podamos tener soluciones reales sobre la mesa más pronto que
tarde.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
no tomarán la palabra. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra
su señoría Uribe-Etxebarria.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidente jauna.


Dagoeneko gabon guztioi. Las tecnologías digitales
están cambiando profundamente nuestra vida diaria, la forma de
relacionarnos con otras personas, con las empresas o con las
administraciones, la forma en que trabajamos, nuestros hábitos de consumo
y la forma en que accedemos a los bienes y servicios para satisfacer
nuestras necesidades. Estamos viviendo una revolución que está cambiando
todo, que abre un futuro lleno de posibilidades y oportunidades, pero
también de graves riesgos. La transformación digital de la economía y la
sociedad, en efecto, ofrece enormes posibilidades para mejorar la vida de
las personas e incrementar la productividad, la competitividad, el
empleo, la sostenibilidad de la economía, pero, igualmente, presenta
enormes riesgos que tenemos que abordar y disminuir al máximo, como
evitar el aislamiento social y la brecha digital que puede provocar la
hipertecnologización de las relaciones y las gestiones cotidianas. Es
necesario garantizar los derechos humanos para todas las personas en el
nuevo entorno digital porque la brecha digital de acceso y capacidad de
uso de las redes actúa, cada vez más, como un vector para una nueva causa
de exclusión social, que afecta especialmente a aquellos colectivos y
territorios más vulnerables. Personalmente, creo que en ocasiones el ser
humano está siendo capaz de desarrollar las tecnologías por encima de las
capacidades del propio ser humano para adaptarse a ellas sin provocar
graves riesgos de exclusión social y económica. Y eso significa, en
consecuencia, que los poderes públicos tenemos que cerrar con urgencia
todas esas brechas y humanizar la tecnología. Tomo las palabras del CEO
de la empresa de inteligencia artificial Sherpa, Xabier Uribe-Etxebarria,
a quien tuvimos como invitado en esta Cámara, en concreto en la ponencia
sobre inteligencia artificial, que nos dijo: «No podemos dejar el futuro
de la humanidad exclusivamente en manos de los tecnólogos. Debemos
comenzar a mirarlo desde un punto de vista humanista».


Hago una puntualización. Creo que, cuando hablamos
de determinados colectivos vulnerables, debemos hablar de todos los
colectivos vulnerables por razones de edad, mayores y menores, de género,
de formación, de nivel de autonomía y de territorio o de extracción
social. De igual modo, si bien ahora estamos centrados en los servicios
bancarios y financieros, existen otros ámbitos y servicios esenciales
para la vida de las personas que también deben merecer nuestra atención.
Centrándonos en las personas mayores, es cierto que muchas de ellas han
llegado tarde al manejo y al conocimiento de los ordenadores y de otras
herramientas digitales, que son incapaces de realizar gestiones
cotidianas con su banco, con la Administración pública o con su médico y,
por tanto, se ven excluidas de la gestión de temas absolutamente
esenciales para su bienestar. El colectivo de la tercera y cuarta edad
expresa, con razón, su inquietud por la brecha digital, por la dificultad
de adaptarse a la exigencia de manejar nuevas tecnologías. Estas
operativas les exigen unas habilidades impuestas para realizar no pocas
gestiones en bancos, compañías telefónicas, empresas de seguros,
eléctricas o, incluso, en las Administraciones públicas, con un factor
añadido: el dominio de estas tecnologías se hace, en no pocos casos,
imprescindible para vencer la soledad. En ocasiones, la dificultad para
manejarse con estos dispositivos aísla aún más a nuestros mayores y
genera graves problemas de salud mental.


En definitiva, señorías, mi grupo considera que el
derecho y el principio a la igualdad inherente a las personas debe ser
aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la
no exclusión. Los poderes públicos debemos impulsar políticas dirigidas a
garantizar el acceso efectivo de todas las personas a los servicios y
oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus
dimensiones. Hay que garantizar el derecho a la no exclusión y combatir
las brechas digitales en todas sus manifestaciones, convirtiendo a las
tecnologías digitales en más cercanas, accesibles y humanas.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
jauna.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, en primer lugar, tiene la palabra la
senadora Bideguren.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Senatari jaun
andreok, gabon Aspalditik aurreikusi eta pairatzen etorri garen arazo bat
izanik, adinekoen aldarrikapenei esker batik bat, agenda politikoan sartu
da gaur azkenean gai hau. Bankuek egoera konkretu batean eta legeria
euren mesedetan, irabaziak maximizatzea helburu nagusia izanik, kostuak
murriztu dituzte, langileak, jendearentzako arreta-ordutegiak,
sukurtsalak eta kutxazainak murriztuz.Bizkaia, Gipuzkoa eta
Araban 2008tik 2019ra, 810 banku-sukurtsal itxi dira gutxi gorabehera,
eta 9000 enplegu baino gehiago suntsitu dira. Azkenaldian bizi dugun
digitalizazioak gure bizitza eraldatu du oro har, eta, nola ez,
finantza-zerbitzuen sektorean ere eragin du. Baina zoritxarrez denok ez
ditugu baldintza berdinak eta teknologien erabileraren hazkundea ez da
homogeneoa izan biztanleria osoan eta leku guztietan. Eta oinarrizko
zerbitzuak izanik, nahiz eta arreta falta egon, irisgarritasun falta,
informazio falta, gai ulergaitzak iruditu edota letra txiki gehiegi euki,
banketxeen gatibu gara. Beraz, finantza bazterkeria argi honen aurrean
neurri ezberdinak jarri behar dira martxan lehenbailehen eta arau
aldaketak egitea behar-beharrezkoa da. Eta beraz, Euskal Herria Bilduk
alde bozkatuko du mozio honen aurrean eta transakzionalen aurrean.


Baina hau esanik, kuriosoa egiten zait, eta
partekatu nahi nuke baita, gobernuan ardurak izan dituzten alderdiek
eta 2009az geroztik finantza erreforma nabarmenak bultzatu ostean, orain
oinarrizko zerbitzuak bermatu behar direla esatea eta bankuei zerbait
exijitu behar zaiela entzutea. Kutxen bankarizazioaren eta
banku-kontzentrazioaren aldeko apustuak bere ondorioak ditu. Gaur egun,
Espainia da banku-kontzentrazio handiena duen Europako herrialdea.
Finantza-sektorearen izaera oligopolistikoa indartu egin da, eta horrek
eskainitako zerbitzuaren kalitatea okertu egin du beste gauza batzuen
artean. Eta kutxek eskaintzen zuten hurbileko zerbitzu hori galdu egin
dugu, eta gure herrian irabaziak berriz inbertitzeko aukera ere galdu
dugu. Helburua finantza-gaitasuna handitzea izango zen, baina hartutako
erabakiak ondorio kaltegarriak izan dituzte. Eta gaurko adostasunarekin
uste dut argi gelditzen dela. Beste barik, gabon eta eskerrik asko.


Señorías, es un problema que tenemos desde hace
tiempo y que escuchamos por las reivindicaciones de las personas de edad,
por fin este tema entra en liza. Los bancos lo que hacen es maximizar sus
ingresos y han reducido sucursales, trabajadores, cajeros, etcétera. En
Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, de 2008 a 2019 se han cerrado 810
sucursales y se han destruido más de 9000 puestos de trabajo. Vivimos una
digitalización que ha cambiado nuestra vida en general y también el
sector de los servicios financieros. Lamentablemente, no todos tenemos
las mismas condiciones y el aumento del uso de la tecnología no ha sido
homogéneo en toda la población y en todos los lugares. Dado que son
servicios básicos, aunque haya falta de atención, falta de accesibilidad,
de información, son temas complicados, incluso aunque haya demasiada
letra pequeña, somos rehenes de la banca. Así que la exclusión de los
bancos exige poner medidas en marcha ya y también cambiar la normativa.
Por tanto, desde Euskal Herria Bildu vamos a votar a favor de esta moción
y también a favor de las transaccionales.


Dicho esto, me parece curioso y me gustaría
compartir lo siguiente: los partidos que han tenido responsabilidades de
Gobierno y después de esa reforma financiera a partir de 2009, ahora nos
dicen que hay que garantizar los servicios básicos y hay que exigir algo
a la banca; me extraña, ha habido una bancarización de las cajas y eso ha
tenido consecuencias. España es el país de Europa con mayor concentración
bancaria. Se ha reforzado el carácter oligopolístico del sector y eso al
final ha redundado en detrimento de la calidad de los servicios, entre
otras cosas. Ese servicio de proximidad que daban las cajas lo hemos
perdido, también se ha perdido la posibilidad de reinvertir nuestros
ingresos. Es verdad que el objetivo era aumentar la eficacia, pero las
decisiones han tenido consecuencias muy graves, y creo que queda claro
con el consenso de hoy.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.


Senador Caminal, té la paraula.


El señor CAMINAL CERDÀ: Buenas tardes,
presidente.


Señorías, mis condolencias a los marineros de Marín
por su trágico accidente; a sus familiares, mucho ánimo.


La setmana passada vam aprovar en Ple, per quasi
unanimitat, la creació d’una ponència d’estudi sobre el
fenomen d’exclusió financera en el món rural. A proposta de la
companya Sara Bailac. Aquesta votació demostrava que el tema està en
l’agenda i que preocupa de manera transversal al conjunt de les
forces polítiques i sectors socials. La manca d’accés als serveis
que pateix el món rural s’està accelerant fruit de la
digitalització i la concentració econòmica i demogràfica a les grans
ciutats. Hem parlat de caixers, de Correus, d’oficines de la
Seguretat Social i podríem parlar de molts més serveis bàsics que estan
desapareixent dels nostres pobles. Mantenir els serveis d’accés i
caixers i oficines bancàries és imprescindible per la dinamització
econòmica i el manteniment del teixit productiu dels pobles, que alhora
és clau per a l’arrelament de les persones que viuen a
l’entorn rural i evitar així el despoblament.


La moció del PP, així com el conjunt
d’esmenes presentades per la resta dels grups, proposa mesures
interessants, però no podem oblidar-nos d’assenyalar els bancs, que
són els responsables directes d’aquesta política de retallada en la
prestació de serveis. La banca està tenint més beneficis que mai i
s’ha de coresponsabilitzar de la prestació de serveis essencials
que no es poden presentar a ningú més. Si la societat va rescatar amb els
diners de tots el sector financer ara fa una dècada, va pagar les
factures d’anys d’excessos i males decisions, és de justícia
que ara els bancs retornin una part d’aquest esforç. Que el sector
públic va fer en el seu dia. Entendre que la digitalització no ha arribat
a tot arreu i que les generacions que han viscut la seva vida en un
entorn analògic mereixen un tracte just i no discriminatori, és una
qüestió de justícia social. El conjunt d’






administracions públiques
ha de donar una resposta a aquesta problemàtica, però aquesta no pot ser
només una resposta pública, ha de compartir, necessàriament, amb el
compromís de la banca.


Moltes gràcies, president. (Aplaudiments).


La semana pasada aprobamos en Pleno por unanimidad
la creación de una ponencia sobre el fenómeno de exclusión financiera en
el mundo rural, a propuesta de la compañera Sara Bailac. Esta votación
mostraba que el tema está en la agenda y que preocupa de forma
transversal al conjunto de las fuerzas políticas y sectores sociales. La
falta de acceso a los servicios que sufre el mundo rural se está
acelerando, fruto de la digitalización y la concentración económica y
demográfica en las grandes ciudades. Hemos hablado de cajeros, de
Correos, de oficinas de Seguridad Social, y podríamos hablar de muchos
otros servicios básicos que están desapareciendo de nuestros pueblos.
Mantener los servicios de acceso, cajeros y oficinas bancarias es
imprescindible para la dinamización económica y el mantenimiento del
tejido productivo de los pueblos, que, a su vez, es clave para que la
gente se sienta arraigada en el mundo rural y evitar también el
despoblamiento.


La moción del PP y el conjunto de enmiendas
presentadas por el resto de los grupos proponen medidas interesantes,
pero no podemos olvidar señalar a los bancos, que son los responsables
directos de esta política de recortes en la prestación de servicios. La
banca está teniendo más beneficios que nunca y se tiene que
corresponsabilizar de la prestación de servicios esenciales que no se
pueden prestar en otra parte. Si la sociedad rescató con el dinero de
todos al sector financiero hace ahora diez años, pagó las facturas de
años de excesos y malas decisiones, ahora es de justicia que los bancos
retornen una parte de este esfuerzo que el sector público hizo en su
momento. Entender que la digitalización no ha llegado a todas partes y
que las generaciones que han vivido su vida en un entorno analógico ahora
se merecen un trato justo y no discriminatorio es una cuestión de
justicia social. El conjunto de administraciones públicas debe dar una
respuesta a esta problemática, pero esta no puede ser solo una respuesta
pública, tiene que partir necesariamente del compromiso de la banca.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su señoría, la senadora Pobo Sánchez.


La señora POBO SÁNCHEZ: Muchas gracias.


En primer lugar, me gustaría agradecer a los grupos
que han presentado enmiendas a la moción, que son Vox, Junts, el PNV y el
Grupo Socialista, y, desde luego, a todo el resto de la Cámara, que entre
todos hayamos sabido llegar a un acuerdo y demostrar a los ciudadanos que
también los políticos sabemos llegar a acuerdos; por mucha fama que nos
pongan, somos capaces de llegar a acuerdos porque lo que nos preocupa es
el bienestar de los ciudadanos.


Con todo lo que la estimo, señora Martín, sabe que
la aprecio, sin ningún tipo de acritud, pero, que venga usted aquí a
decir que lleguen las propuestas ya, cuando ustedes apoyan al Gobierno,
¿esa pregunta la hace usted? Vamos a ver, si hay 23 ministros, ustedes
tienen foto con 30. No sé qué negociarán, porque ahora viene a decir que
dónde están los hechos. Los hechos exíjanselos al Gobierno, que para eso
les apoyan. (Aplausos). Exíjanselo, que ya es hora. Claro que es hora ya,
llevamos dos años de gobierno. Ya le digo que sin acritud, señora Martín.
Le diré que consiguió más el presidente del Partido Popular de Teruel en
cinco minutos de declaraciones que ustedes en dos años negociando con el
Gobierno, porque a partir de esos cinco minutos Correos cambió la
estrategia por completo. (Aplausos). De verdad, háganselo mirar,
háganselo mirar porque, como se ha dicho, somos pocos, pero no tontos en
los pueblos, y yo lo reivindico desde aquí; no somos tontos y no nos
dejaremos engañar por nadie, por nadie; el que quiera venir a timarnos se
encontrará con alcaldes y concejales de los pueblos pequeños que estarán
vigilantes para que nadie les tome el pelo. Otra frase de la semana: Soy
mayor, pero no idiota. Quiero felicitar al que tuvo la iniciativa, porque
la verdad es que también ha surtido mucho efecto. Lo mejor de todo,
señorías, es que cuando va este señor a entregar las firmas, rauda y
veloz aparece la señora Calviño a hacerse la foto y salir en todas las
portadas. Ya me hubiera gustado a mí que la señora Calviño tuviera tanta
prisa para sacar a su marido del trabajo con el ministerio. (Aplausos).
Ya me hubiera gustado, señorías, ya me hubiera gustado. (Aplausos).


Ustedes dicen que protegen a los más vulnerables,
siempre están con el mismo discurso. Yo le digo que lo que hacen es
sangrar económicamente a todos. ¿Por qué? Pensionistas que cobran 900
euros, personas vulnerables que cobran pensiones de 400 euros, personas
de la España despoblada; ustedes les suben la luz, los carburantes, la
cesta de la compra, no bajan el IVA de las peluquerías. Señorías, no les
queda ni para un café; no les queda ni para un café. (Aplausos). Esto es
así. Y luego son ustedes los que se preocupan de esta gente. No, todo es
mentira y engaño. Señoría, lo siento mucho, pero es así. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías.


La señora POBO SÁNCHEZ: Termino pidiéndoles dos
cosas: eficacia en la gestión y voluntad política y que no dilaten las
cosas. Y voy a poner el ejemplo de mi tierra. La ministra vino a Teruel,
cerró Andorra y dijo: Firmaremos el convenio de transición justa. Dos
años después, sin firmar, señorías. Esta es la gestión que hace el
Partido Socialista. La N-330 sin comenzar, y eso que se la dejamos
presupuestada el Partido Popular. Señorías, ¿esto es gestión? ¿Esto es
gestión? Eso es el Partido Socialista, así que se entere todo el mundo
que el Partido Socialista gestiona así.


Termino diciéndoles que estaremos vigilantes, como
ha dicho la señora Martín, para que las medidas que hemos aprobado en
esta moción, en la transaccional acordada por todos, se lleven a cabo lo
antes posible.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Blanco Ángel. (Rumores). Guarden silencio.


El señor BLANCO ÁNGEL: Gracias, presidente.


En primer lugar, querría expresar mi agradecimiento
al personal de la Cámara por su trabajo y su dedicación a estas horas,
que la verdad no son muy compatibles ni con la vida personal ni con la
conciliación, que tanto reivindicamos en otras ocasiones. (Aplausos). Por
lo tanto, muchas gracias.


Permítame, señora Pobo, que le haga dos
comentarios, también sin acritud, como usted dice; sin acritud. Primero,
no es cierto, Correos no cobra por los cajeros que ha instalado; Correos
no está cobrando por ninguno de los cajeros que ha instalado. Segundo,
también sin acritud, si quiere felicitar a la persona que ha tenido esa
iniciativa y ha reunido las firmas, me gustaría citarle por su nombre. Se
llama Carlos San Juan y qué menos que si le felicitamos, recordemos un
nombre; qué menos que recordar su nombre. (Aplausos).


Después de oír al resto de portavoces, creo que
estamos de acuerdo en una cosa, y es que hay un problema, es evidente:
determinados consumidores vulnerables sufren exclusión en el acceso a
determinados servicios financieros, como se ha comentado aquí, ya sea por
la edad, pero no solo por la edad; puede haber otras circunstancias,
otros problemas de acceso a estos servicios como, por ejemplo, el lugar
en el que viven. Es evidente que, en la España rural, en la España
despoblada, la capacidad de acceso a estos servicios no es la misma. Por
la razón que sea, hay un problema real de acceso a servicios financieros
que puede generar una exclusión, y es nuestra obligación como políticos,
como Gobierno, trabajar para dar una solución a este problema,
especialmente si tenemos en cuenta que la bancarización en este país,
como en todos, es de alguna manera obligada, empujada por las
administraciones, ya que estamos exigiendo a los administrados, a los
ciudadanos, para cobrar una pensión, para pagar impuestos, para una
devolución de la renta, que tengan una cuenta bancaria. Por lo tanto,
tenemos el compromiso político, la obligación de dar una respuesta a este
problema.


Antes de entrar en el contenido de la moción,
permítame dos comentarios brevemente. El primero es que este no es un
tema nuevo, y me refiero a las Cámaras. Y en septiembre de 2020, el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una moción en términos
parecidos a los que ahora vamos a aprobar, solicitando distintas medidas
para garantizar la inclusión financiera. Aquella moción, en septiembre
de 2020, resultó aprobada con los votos en contra de Vox y con la
abstención del Partido Popular. Seamos positivos que para eso tenemos un
acuerdo, pero permítame, también sin acritud, que se lo recuerde.
(Aplausos). El segundo asunto que quería recordar es que, hombre, es
verdad que traemos esto aquí, pero ya se está trabajando; no podemos
decir que no se esté trabajando. Está trabajando el Gobierno; está
trabajando la vicepresidenta económica, la ministra Calviño, que ha
tenido ya una reunión con la patronal bancaria, en la que les ha hecho
exigencias y ha adquirido compromisos. La banca también ha recogido el
guante y la patronal bancaria ha presentado un plan de choque con una
serie de medidas. Y también están trabajando estas Cámaras porque, como
es lógico, no lo vamos a fiar todo a la buena voluntad de la banca, y
tendremos también que legislar. Así, esta mañana se ha introducido en la
Ley de consumidores vulnerables una serie de medidas que vienen a
garantizar precisamente la inclusión financiera de los consumidores
vulnerables. (Aplausos). Trabaja el Gobierno, trabaja la empresa y
trabajan estas Cámaras. Por eso, hasta cierto punto, quizás esta moción,
sobre todo después de haber aprobado la ley esta mañana, tenga un poco
menos de relevancia. No le quiero quitar ninguna importancia, pero es
cierto que, una vez que hemos conseguido introducir estos asuntos de los
que estamos hablando en una norma con rango de ley, una moción, que tiene
un carácter más declarativo, pierde un poco de peso.


En cualquier caso, bienvenida la moción y, sobre
todo, bienvenido el pacto y el acuerdo. Desde el momento en que usted
presentó esta moción, nuestra intención ha sido llegar a una
transaccional no solo con el Grupo Popular sino con el resto de los
grupos políticos, especialmente, como es lógico, con aquellos que
presentaron enmiendas. El diálogo y el acuerdo tiene un valor en sí mismo
en política; de alguna manera está asociado a la propia esencia de la
política, y más cuando todavía queda mucho trabajo por hacer. Lo que se
ha hecho esta mañana, lo que ha hecho la banca y lo que ha hecho la
ministra es evidente que todavía no ha resuelto el problema, por lo que
tendremos que seguir trabajando y, desde la unidad, lógicamente
trabajaremos mucho mejor y daremos mejor respuesta a esto. Por lo tanto,
hoy estamos dando un pequeño paso para solventar el problema, pero sobre
todo estamos respondiendo a lo que la sociedad espera de nosotros.
Estamos respondiendo a aquello que la Asociación de Pensionistas y
Jubilados, que nos visitó esta mañana, esperaba de nosotros. Estamos a la
altura de lo que nos reclama la gente, de lo que nos reclama Carlos San
Juan.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BLANCO ÁNGEL: Sobre todo por una cosa,
porque estamos demostrando que en ocasiones somos también capaces de
trabajar unidos, abandonando el partidismo, abandonando los intereses de
cada grupo, para hacer lo que nos demandan, que no es otra cosa que
arreglar los problemas de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, a continuación, procedemos a la votación
telemática de los siguientes asuntos:


Moción por la que se insta al Gobierno a que inicie
urgentemente la redacción del proyecto de desdoble del túnel de San
Silvestre, en Huelva, consignando las partidas presupuestarias para la
ejecución de un nuevo túnel, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en
los términos de la propuesta de la enmienda transaccional, suscrita por
todos los grupos.


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
el humanismo en la prestación de servicios financieros ante la reducción
del número de oficinas bancarias, del Grupo Parlamentario Popular. Se
vota en los términos de la enmienda transaccional, suscrita también por
todos los grupos.


Señorías, les recuerdo que los resultados de la
votación de estas dos iniciativas y, por cierto, de las dos pendientes de
proclamar, cuyo horario de votación telemática todavía está abierto,
serán publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de
la próxima sesión plenaria. Por tanto, se abre la votación telemática
desde este momento, en que son las veintiuna horas y veintiocho minutos,
hasta las veintitrés horas y veintiocho minutos de esta noche.


Sin más asuntos que tratar, y agradeciéndoles a
todos el desarrollo de esta sesión plenaria, se levanta la sesión. Buenas
noches. Muchas gracias.


Eran las veintiuna horas y veintinueve
minutos.