La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vamos a empezar con el debate
de la impugnación número 38, a la sección 27, Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la
senadora Del Brío González.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenos
días.

Señorías, no hay nada peor que un Gobierno rescatado que no lo quiere
reconocer. Por eso se dedica ahora a la política espectáculo; pero,
entonces, no puede esperar que nadie, ni en España ni en Europa, se tome
en serio sus presupuestos con ingresos inflados, con partidas
improductivas, con un cuadro macroeconómico que hasta Calviño ya dice que
no se lo cree... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, por favor, guarden
silencio.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Se han dedicado a especializarse en
ruedas de prensa censuradas y en streaming, en presupuestos para
peluquería y estética para sus ministros, y han dado un paso más: nos han
presentado los primeros presupuestos Netflix de la democracia,
maquillados y de cartón piedra. La puesta en escena ha sido épica, con
Rufián robándole todos los planos a Superman Sánchez, el presidente que
ya no se cree nadie, porque ¿desde cuándo Superman necesita un Falcon
para volar, en vez de usar su capa roja? Rufián, sin embargo, ha cumplido
su papel defendiendo la cuota Netflix en público mientras rodaban a
escondidas lo que la verdad esconde; no queremos saber lo que será. Dos
hombres y un destino, Sánchez y Rufián, llamados a entenderse para que la
Barbie rubia no se convierta, entre ERTE, photocall y visita papal, en la
mano que mece la cuna. (Aplausos.— Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, espere un
momento.

Señorías, nos quedan muchas horas por delante. Dejen hablar a la
persona que está interviniendo.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: La ministra Montero, con presión fiscal
récord, piensa que los empresarios son Jerry Maguire y les dice eso de
show me the money —enséñame la pasta—, sin darse cuenta de
que también hay un récord de empresas en quiebra que se hunden como el
Titanic. En los próximos presupuestos, por favor, en vez de un manual de
startups, de una subida de cuotas y de cotizaciones sociales, pongan
suficientes botes salvavidas. Como actores secundarios están los
intocables, los de siempre —no voy a profundizar—, y como
sospechosos habituales nos estrenamos las comunidades autónomas
constitucionalistas regidas por el PP, esas que crean seis empleos de
cada diez en España o que crecen un 4,5 %, como la CAM de Ayuso, la única
Dalila que le ha cortado el pelo al Sansón Iglesias. (Rumores.—
Aplausos).

Los fondos europeos salen a escena con un nuevo bienvenido Mr.
Marshall que no llega ni a las pymes ni a las entidades locales ni a las
ciudades pequeñas, como mi Salamanca, con inversiones per cápita mínimas.
La cohesión territorial, hecha trizas, pero el show tiene que continuar.
El Gobierno ya ha preparado un nuevo Plan E para crear escenarios de
cartón piedra. No se crean que no sabemos qué realidad hay detrás, típica
de Las uvas de la ira, con un índice de miseria del 20 % y la pobreza
energética disparada, con una factura de luz que rompe máximos, eso sí,
planetarios.

Sánchez también apuesta por la digitalización, aunque nos canceló el
Plan 300x100 del PP, que habría resuelto el problema de la brecha digital
territorial, y aunque Biden le haya dejado fuera del grupo de expertos en
ciberseguridad. No se lo tengan en cuenta; eso fue un giro inesperado de
guion, porque el Gobierno, a pesar de todos sus asesores, confundió hacer
lobby con abordar a Biden por los pasillos. De todas formas, lo que más
le gusta a Sánchez de la digitalización es la realidad virtual. Allí los
problemas económicos y sociales nunca existen ni en el tiempo ni en la
dimensión en la que Sánchez gobierna; todos sus problemas son
estructurales, incluida la inflación, y son culpa de otro, a ser posible
del Partido Popular. Se ha creído que vive en el metaverso de
Marvel.

Este Gobierno rescatado tiene que devolver una deuda pública histórica
en escenarios de subidas de tipos de interés, y quizás no sepa que el
dinero no se consigue ni fundiendo oro, como los chicos de La casa de
papel, ni en maletas, como la de Delcy, que nos tiene a todos buscando el
arca perdida. No, el dinero sale del bolsillo de los españoles y de las
reformas que nos esperan en pensiones, peajes y nuevos impuestos o subida
de otros, por ejemplo, los del tabaco. Si dicen que Europa rescató a la
banca en el 2008, ahora está rescatando a los chicos del 15-M, que ya no
están acampados en la Puerta del Sol. Están acampando en nuestros
ministerios de España.

Señorías, estamos en el Senado, con asientos de primera fila, y nos
ofrecen doble programación: Pesadilla antes de Navidad o Un paso
adelante. En el PP lo llamamos comunismo o libertad. Yo elijo
libertad.

Buenos días. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): En turno en contra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Nacarino
Muriel.

El señor NACARINO MURIEL: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Senadora Del Brío, me considero una persona muy
empática, también con mis adversarios políticos, y por eso entiendo el
mal trago que ha tenido usted que pasar hoy aquí al subir a la tribuna a
defender lo indefendible, y de ahí su mala intervención. (Aplausos). Y es
que le ha debido resultar muy difícil defender este veto cuando realmente
me atrevo a decir que ustedes personalmente creen y confían en que estos
son unos buenos presupuestos en materia económica y de transformación
digital. Y no es que lo diga yo; ustedes mismos lo manifestaron así
durante las comparecencias de los altos cargos la semana pasada en esta
Cámara. Incluso el senador Puente ofreció la mano tendida del Grupo
Popular para llegar a consensos y acuerdos que ayudasen a materializar
esos buenos presupuestos que pondrán el rumbo definitivo a la
transformación digital de nuestro modelo productivo generando empleo,
impulsando la creación de empresas y fortaleciendo a nuestras pymes y
autónomos. Y es que en el Grupo Socialista no llegamos a entender el veto
que han presentado ustedes a esta sección. No llegamos a entender que
ustedes rechacen que se multiplique por catorce la inversión destinada al
apoyo de pymes y autónomos. No llegamos a entender que ustedes rechacen
el aumento en un 80 % en gastos financieros en líneas ICO, que, como bien
saben, han permitido mantener la actividad de nuestro tejido productivo
facilitando su recuperación. Tampoco llegamos a entender que ustedes
rechacen que se multiplique por catorce la inversión destinada al
desarrollo de competencias digitales como vector clave en la generación
de empleo y la cohesión social. No entendemos que ustedes rechacen un
incremento del 26 % para la inversión destinada a cerrar definitivamente
la brecha digital y permitir que todos los ciudadanos, vivan donde vivan,
tengan conexión en alta velocidad a internet. En el Grupo Socialista
tampoco entendemos que ustedes rechacen los incrementos sustanciales de
partidas destinadas a la digitalización de la Administración, a la
ciberseguridad o al despliegue de la Estrategia de inteligencia
artificial. O, por último, que rechacen un incremento del 14 % para la
inversión destinada a capital humano del ministerio, que permitirá hacer
más eficaz el despliegue del Plan de recuperación.

En definitiva, señorías, no apoyaremos el veto que ustedes proponen,
con el que rechazan unos presupuestos en materia económica de apoyo a las
empresas y de digitalización del tejido productivo, que en el próximo año
se multiplicarán por seis. Además, debo decirles que la lectura de su
veto me ha resultado bochornosa, puro ejemplo del cinismo político que
practica últimamente el Partido Popular. Escuchamos una y otra vez a
ustedes hablar de su compromiso y su patriotismo, diciendo qué debe hacer
el Gobierno de España para no desaprovechar la gran oportunidad que
suponen los fondos europeos, pero, al mismo tiempo, siguen negando su
llegada y su gestión, e incluso su inclusión en estos presupuestos. Y es
aquí donde quiero recordarles que España es el primer país de la Unión
Europea en haber recibido ya 10 000 millones de euros. Es el Gobierno de
España quien ha liderado los fondos de recuperación y es el Gobierno de
España quien ha presentado un proyecto de presupuestos prudente y
certero, como recientemente lo ha calificado la Comisión Europea. Además,
siguen llegando malas noticias para ustedes —por tanto, buenas para
nuestro país—, y es que ayer mismo se aprobó por parte de Europa el
PERTE del vehículo eléctrico: 3000 millones de euros destinados a la
recuperación sostenible de un sector, que generará un gran número de
empleos directos e indirectos. (Aplausos). Y mientras que en Europa
avalan la gestión de las políticas económicas del Gobierno de España y
designan a la vicepresidenta Calviño, por unanimidad del Ecofin, como
candidata europea a presidir el Comité Monetario y Financiero
Internacional, ustedes siguen hablando mal de su Gobierno, de su país,
calificando en su veto de incompetente a la vicepresidenta y, lo peor de
todo, generando desconfianza en la ciudadanía con sus permanentes
bulos.

Cada vez que el Grupo Popular sube a esta tribuna para hablar de
previsiones del cuadro macroeconómico —usted misma también lo acaba
de hacer— hace un discurso sin tener en cuenta nunca el momento de
gran incertidumbre social, sanitaria y económica que estamos viviendo por
culpa de la pandemia, pero desde nuestro grupo añadimos que tampoco tiene
en cuenta el gran esfuerzo que el Gobierno de España ha tenido que
efectuar desde el año 2018 para revertir los grandes recortes sociales
que el Partido Popular realizó durante siete años de su Gobierno. Pese a
todo esto y sus permanentes palos en las ruedas, la previsión de
crecimiento en nuestro país para los próximos dos años es de las mejores
de Europa.

Sí, señorías del Partido Popular, mientras que el Gobierno de Pedro
Sánchez ha puesto en marcha políticas progresistas con unos presupuestos
con la mayor inversión social de la historia, reforzando el Estado del
bienestar y apoyando a familias, empresas y autónomos, ustedes siguen en
la confrontación, anhelando y reclamando sus viejas políticas de
recortes, de privatizaciones, de subidas de impuestos, de rescates
bancarios y de copagos sanitarios. En definitiva, señorías, están en
contra de unos presupuestos que permiten seguir disminuyendo las
desigualdades, que permiten seguir avanzando en derechos sociales y que
impulsan la mayor transformación productiva y económica de nuestro país,
por lo que nuestro grupo votará, por supuesto, en contra de su veto a la
sección 27.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senador.

Para la defensa de la impugnación número 39, a la sección 28,
Ministerio de Ciencia e Innovación, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Sanz Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: Señora vicepresidenta, señorías, el presupuesto
es el instrumento más importante para materializar las políticas
económicas de un Gobierno en un ejercicio. Por lo tanto, lo primero que
tendremos que analizar es cuáles son los principios de este presupuesto.
Es verdad que se tarda poco, porque los principios son únicos: mantener
al presidente del Gobierno en Moncloa a costa de lo que sea. (Aplausos).
Y esto puede ser políticamente discutible, pero tiene dos derivadas
complejas y poco recomendables. La primera, que obliga a dar satisfacción
permanentemente a Esquerra Republicana de Catalunya, que en ese sentido
es honesta y no engaña sobre qué es lo que pretende, aunque es verdad que
a veces lo haga de manera chulesca y humillante a través de ese portavoz
que tiene un apellido que parece onomatopéyico porque es como su propio
apellido indica (Rumores), y eso es políticamente indeseable. Pero no es
menos cierto que tiene otra derivada que no es mucho mejor, porque
—vamos a llamar a las cosas por su nombre— es blanquear a los
herederos de ETA, aquellos que mantienen las esencias de los terroristas,
y eso es socialmente obsceno.

Pero analicemos las cifras. El escenario macroeconómico dibujado por
el Gobierno es sencillamente falso porque parte de una previsión de
crecimiento del 6,5 %. El gobernador del Banco de España lo topa en
el 5,9 %; el Fondo Monetario Internacional, en el 5,7 %; Funcas, en
el 4,8 %; y la OCDE, recientemente, en el 4,5 %. Miren, si hacemos una
media de la desviación de previsión de estos organismos, nos vamos a una
desviación del 1,275 %, es decir, casi 16 000 millones de euros, 15 937
millones. ¿Y saben lo que significa? Que no será posible cumplir las
expectativas de tasa de paro del 14,1 %, ni siquiera las del 14,6 %, que
son las más optimistas de Funcas. Pero, lo que es peor, esto genera
déficit, el déficit genera deuda, la deuda genera incertidumbre, la
incertidumbre genera desconfianza y la desconfianza genera problemas en
las empresas para financiarse en los mercados. Y eso provoca paro, y el
paro es el mayor riesgo para el Estado social del bienestar. Pero a eso
hay que añadir que son incapaces de ejecutar, como ayer mismo reconoció
la propia ministra. Según la Intervención General del Estado, el 60 %
a 30 de septiembre, y en inversión, el 31,6 %.

Si vamos a la sección, señorías, hay más de lo mismo. De los 3232
millones de euros del año pasado pasamos a 3843 millones, una subida
teórica, coyuntural, del 18,9 %. Pero no es real, la real es del 2,3 %.
¿Por qué? Porque incrementa en un 51,09 % lo que es el Mecanismo de
recuperación y resiliencia —hay que ver que es cursi la palabra
resiliencia—. (Rumores). Dicho esto, pasan de 1100 a 1662 millones,
pero su capacidad de ejecución es nula; es uno de los cinco peores
ministerios ejecutando: el 36,3 %. Y en materia del mecanismo de
recuperación solamente han ejecutado, según sus propios datos, el 21,6 %,
lo que también es falso porque computan como ejecutado lo asignado a las
comunidades autónomas, que no han podido ejecutar absolutamente nada.
Esto tiene dos consecuencias: la primera, la falta de compromiso con la
ciencia, y la segunda, la imposibilidad de cumplir los objetivos del 2 %
en términos de PIB en I+D+i.

El otro elemento a analizar es quién tiene que ejecutarlo. Hasta ahora
lo ejecutaba un ministro de Ciencia, que en plena pandemia lo único que
sabemos de él es un tutorial que parecía Barrio Sésamo, en el que nos
explicaba que en las mascarillas se pone lo de arriba para arriba, lo de
abajo para abajo, y los que tenemos la nariz grande tenemos un poco más
de problemas. (Rumores). Pues bien, la nueva titular apunta maneras. Ha
hecho dos grandes aportaciones a la ciencia de momento. Una, que en el
año 2000, cuando tuvo que empezar a estudiar la carrera, descubrió que en
España había becas, que las pagaban Zapatero y Felipe —cierro
comillas—. Es verdad que los presidentes del Gobierno no pagan las
becas, pero la señora ministra no sabía ni siquiera que en el año 2000
gobernaba, con una plácida mayoría absoluta, el señor Aznar. Supongo que
esto no es culpa del colegio religioso concertado donde ella estudió. Y
su segunda gran aportación fue que Zapatero, por el que profesa una gran
admiración, llegó al Gobierno después de un Gobierno totalitarista. No sé
si quería decir totalitarista o totalitario, yo creo que ella tampoco; da
igual, pero dicho con la rotundidad con que dicen las cosas los miembros
del Gobierno, suena hasta que parece verdad. Miren, señorías, decía
Bertrand Russell que una de las grandes tragedias de la humanidad es que
los estúpidos están seguros y la gente que sabe vive inmersa en una
permanente duda. Cierro la cita.

Señorías, este presupuesto no puede ser enmendado a través de
enmiendas parciales. El problema no es justificar el veto, el problema
sería justificar no haber presentado el veto, porque tiene un problema de
principios, y esos principios solamente se solucionan si ustedes
recuperan la dignidad política, no modificando partidas de un concepto a
otro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Zubeldia Santoyo.

El señor ZUBELDIA SANTOYO: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.

En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo realizado por todos
los grupos políticos en esta tramitación de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2022. Agradezco, evidentemente, los apoyos, y
lamento los vetos, los rechazos, el tono faltón del Partido Popular y,
sobre todo, el estilo peliculero del Partido Popular. Ya se podían haber
acordado del cine en sus años de Gobierno. (Aplausos). Y en especial hay
que reconocer la labor realizada por el Grupo Parlamentario Socialista,
por sus portavoces, mis compañeros y compañeras.

No puede haber unos Presupuestos Generales del Estado mejores en un
momento tan importante como este, y no es un tópico. España,
evidentemente, está en buenas manos, pero le faltan las herramientas
oportunas, como son estos Presupuestos Generales del Estado, que se
debaten estos días aquí, en la Cámara del Senado. Y, al igual que el año
pasado, se demuestra que unos continúan trabajando por España mirando al
futuro de frente, con ilusión, con esperanza, y otros se han quedado en
el pasado, pero no en el año 2020, sino muchísimo más atrás. En vez de
mirarse en el espejo del futuro, de la España moderna, de la Europa
moderna, prefieren el espejo retrovisor del blanco y negro, del color
sepia o, si no, el estilo peliculero que hemos visto esta mañana.

Los Presupuestos Generales del Estado son unos presupuestos
históricos, y también para la ciencia y la innovación. Desde la ciencia y
la innovación se tiene el objetivo de consolidar la recuperación social y
económica de una manera justa, sin dejar a nadie atrás y dando respuesta
a los grandes retos y desafíos que tiene España, apostando por la salud
de los españoles y las españolas, desarrollando la sociedad digital desde
un plano de igualdad, o la transición ecológica, afrontando el cambio
climático, entre otros grandes objetivos. Para ello, el Gobierno de
España realiza una decidida y firme apuesta por la ciencia y la
innovación como palanca fundamental para garantizar nuestro progreso y
desarrollo. Estos presupuestos incluyen, por segundo año consecutivo, la
mayor financiación para la ciencia y la innovación de la historia:
un 19 % de incremento para el año 2022, que se une al 60 % del año
pasado, una marca imbatible que debería acallar las críticas de la
derecha si tuviera un mínimo de responsabilidad política, cosa que no
tiene. Sin entrar en el detalle, ya tratado en la Comisión de
Presupuestos, nuestro país se coloca por encima de la senda de inversión
pública marcada como meta por el Pacto por la ciencia y la innovación en
el 2 % del PIB. Se consolida una tendencia alcista en sus presupuestos y,
lo más importante, se basa en inversiones realistas, sostenibles y
ejecutables, aunque no le guste al Partido Popular.

Señorías de la derecha, a ver si aprenden de una vez que las
inversiones en ciencia e innovación no pueden ser pendulares. No puede
ser que cuando gobierna el Partido Popular se destruyan los cimientos
científicos e innovadores de nuestro sistema y que cuando gobierna el
Partido Socialista haya que reconstruir, recomponer y recuperar el tiempo
perdido. (Aplausos). Estos presupuestos, respecto a la I+D+i, suponen un
refuerzo del sistema de creación de conocimiento, afianzan la carrera
científica e investigadora de aquellos que se dedican con esfuerzo en
este ámbito y posibilitan —también muy importante— la
transferencia de conocimiento al sector productivo, lo que favorece la
innovación, y por eso también es fundamental el papel de la
empresa.

Permítanme que haga dos consideraciones importantes. Por una parte,
los presupuestos para 2022 en materia de ciencia e innovación reflejan de
modo contundente la igualdad de género en sus previsiones para el año que
viene, como no podía ser de otra manera. Y, por otra, estas cuentas
públicas combaten, en su elaboración, el peligroso camino que alguna
organización política —Vox y quizá también el Partido
Popular— empieza a recorrer: el negacionismo científico. Por eso,
solicitamos a los grupos políticos presentes en esta Cámara que arrimen
el hombro, que apoyen estos presupuestos, porque son la única y mejor
herramienta para garantizar una recuperación justa y posibilitar que
España sea un país más productivo, competitivo y próspero. Estos
presupuestos reflejan, evidentemente, una prioridad política: el reparto
de las cargas económicas impositivas, la protección social a los sectores
que más lo necesitan y el refuerzo de los servicios públicos. Y, por
supuesto —no les quepa la menor duda—, estos presupuestos
tienen una ideología y obedecen, evidentemente, a unas prioridades
políticas; y no pueden satisfacer a todo el mundo, y muchísimo menos al
Partido Popular, sobre todo después del repaso que le dio ayer la
ministra de Hacienda al señor Maroto y a toda la bancada popular.
(Risas.—Aplausos). Lo correcto, lo adecuado, además de conveniente,
sería argumentar, proponer, explicar y hacer didáctica en el debate
parlamentario, cosa en la que las derechas no están. Las derechas
—el Partido Popular, Vox— están en lo que están, en el
agravio comparativo entre españoles y territorios, en hacer
electoralismo, en su carácter oportunista y, sobre todo, en desgastar al
Gobierno. Allá ustedes, PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos. Nosotros
estamos en otro ámbito, estamos en lo importante: 20 millones de personas
trabajando, el 90 % de la población vacunada y ser el primer país de la
Unión Europea en recibir los fondos europeos. Estos son —y
acabo— los datos que avalan la recuperación, hechos frente al ruido
histriónico de las derechas y sus ridículas excusas para no ayudar al
esfuerzo colectivo en España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senador.

Para la defensa de la impugnación número 21, a la sección 29,
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por el Grupo Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador De Arriba Sánchez.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidenta, señorías, en un contexto en el
que la economía española se enfrenta a un horizonte incierto, con una
recuperación endeble, una deuda pública en máximos históricos y la
tercera tasa de déficit público más elevada de la Unión Europea, el
Gobierno nos presenta unas cuentas que, aún sin aprobarse, una avalancha
de organismos e instituciones han dejado en papel mojado. ¿Saben qué es
lo único que no pueden tener unos presupuestos? Falta de credibilidad, y
ya nadie dice que estos sean unos presupuestos realistas, señorías. Nos
han diseñado unos presupuestos que no son ni escudo ni sociales. Sus
eslóganes «No dejaremos a nadie atrás», «Salimos más fuertes», «Estos son
los presupuestos de mayor gasto social de la historia» pueden sonar bien,
sin embargo, desde la propaganda no se puede jugar con las expectativas
de los más vulnerables, y ustedes lo están haciendo.

Les preguntaba hace un año, desde esta misma tribuna, a qué país de
nuestro entorno creían que le iba a costar más tiempo y sufrimiento salir
de la crisis. ¿Siguen en su mundo imaginario o ya se han despertado?
Después de estos dos años, con un Gobierno abrazado a políticas
populistas, a un intervencionismo sin sentido, en los que resulta muy
difícil definir dónde acaba el Partido Socialista y dónde empieza
Podemos, ¿cuál es la cruda y dura realidad? Decía ayer la portavoz del
Partido Socialista, la señora Granados: Frente al ruido, hechos. Pues
vamos allá.

Según Cáritas, en 2011 ya son 11 millones las personas en España que
se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. La
privación material severa afecta a 3 300 000 personas. La tasa AROPE, la
tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, que ustedes ignoran, ha
aumentado al 26,4 %. La contratación de personas con discapacidad
continúa siendo un 6 % inferior a la llegada del coronavirus. Alardean de
que ya han incrementado en un 85 % el presupuesto destinado a juventud,
mientras encabezamos la tasa de paro juvenil en Europa. Asistimos a un
aumento de la tensión inflacionista que no da tregua y que se ha
convertido en la mayor amenaza para nuestra economía. Los datos de paro e
inflación nos han situado a la cabeza del índice de miseria de los países
de la zona euro. Y, mientras, la izquierda triunfalista, fiel a su
tradición, está encantada asfixiándonos a impuestos, empobreciendo a la
clase media y castigando a los emprendedores.

¿Alguien se ha preguntado por qué este Gobierno no habla ahora de la
encuesta de condiciones de vida? Se lo voy a decir. Porque los datos que
arroja chocan frontalmente con la realidad en la que viven instalados,
porque llevan dos años viviendo de espaldas a la calle, y la desigualdad
social y la pobreza están aumentando en nuestro país desde que ustedes
gobiernan. Nos vendieron el ingreso mínimo vital como el gran salvavidas
de las personas desfavorecidas, y resulta que, año y medio después,
perciben la ayuda unas 800 000 personas de los 2 300 000 potenciales
beneficiarios y que de cada cuatro peticiones, tres han sido denegadas.
Consignaron 3000 millones, de los que solo se han ejecutado la mitad. ¿De
qué sirve que anuncien un incremento en la partida de esta prestación? El
fiasco del ingreso mínimo vital se ha convertido en el de toda la
política social de Pedro Sánchez. Si hablamos de dependencia, más
de 55 000 personas han fallecido en sus listas de espera. Del plan de
choque de las residencias solo conocemos el gran esfuerzo realizado por
la ministra Belarra, que, en nueve meses, ya ha visitado un centro de
mayores.

Miren, señorías del Gobierno, España podría ir bien, pero con este
Gobierno va mal. Su propaganda va por un lado y la realidad va por otro,
porque no solo consiste en presupuestar, sino que se debe ejecutar lo
presupuestado, se deben gestionar eficaz y ágilmente las políticas de
protección para que lleguen a quienes más lo necesitan. En democracia
nunca tuvimos un Gobierno tan desconectado de la realidad económica y
social como el de Sánchez; y, como dijo Ortega, toda realidad ignorada
prepara su venganza.

Y como son muy previsibles, les quiero recordar una última cuestión.
El Estado del bienestar no es patrimonio suyo, son derechos de todos y
cada uno de los españoles y fruto del esfuerzo de generaciones, por lo
que no nos merecemos que por su incapacidad e irresponsabilidad vuelvan a
poner en riesgo su sostenibilidad, como ya hicieron en 2008. Ustedes
siempre acaban destruyendo aquello que fingen proteger, porque cuando
gobiernan fracasan, y entiendo que eso sea muy difícil de defender.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senador.

Señorías, en el turno en contra está prevista la intervención de dos
senadores: el senador Gómez Perpinyà, de Izquierda Confederal, y la
senadora Arnáiz García. Tienen cinco minutos en total, por tanto, les
ruego que se ajusten a este tiempo.

Como el senador Gómez Perpinyà no está, pasamos directamente a la
intervención de la senadora Arnáiz García.

La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señorías, estamos ante unos presupuestos que atienden el presente y se
ocupan del futuro porque son una apuesta firme por la modernización de
nuestro modelo productivo y, sobre todo, porque siguen fortaleciendo el
patrimonio común de todos y todas que representa nuestro Estado del
bienestar. Recogen la voluntad de salir adelante juntos, con el mayor
gasto social de la historia de este país, 248 000 millones de euros, lo
que significa que seis de cada diez euros se destinarán a inversión
social. (Aplausos). Reflejan, pues, un compromiso firme por reforzar el
Estado del bienestar y defender lo público, que es la enseñanza que nos
ha mostrado con toda crudeza la pandemia.

Este presupuesto incluye un incremento del 20 % de esta sección.
¿Saben en qué se traduce eso, señorías? En que las partidas por
dependencia se hayan doblado respecto al 2018, con un Gobierno del
Partido Popular. Lo repito: en tan solo cuatro años el Gobierno de
España, de Pedro Sánchez, ha doblado el presupuesto en dependencia.
(Aplausos). Gracias a estos aumentos, este año se han mejorado
prestaciones como el incremento de horas de la ayuda a domicilio,
a 60 000 nuevas personas se les han reconocido prestaciones y se ha
extendido como derecho subjetivo la teleasistencia. Esto no es
propaganda, señor De Arriba, son realidades. También aumenta un 20 % la
partida para reforzar la red de servicios sociales básicos con más
profesionales y más recursos. El plan concertado alcanzará los 115
millones de euros. Fíjense qué diferencia: con Rajoy, en los momentos más
duros de la crisis apenas llegaba a 27 millones de euros. ¿Quién se
preocupa más de luchar contra la desigualdad y la pobreza? No hay color,
desde luego; no hay color, señorías del Grupo Popular. Además, en este
presupuesto demostramos que este Gobierno cumple. Se implementa, con 25
millones, el despliegue de la Ley de protección integral a la infancia,
aprobada este mismo año. Otra muestra de que cumple es que seremos el
primer país de la Unión Europea en recibir 10 000 millones de fondos
europeos, parte de los cuales, 1060 millones, se destinará a implantar un
nuevo modelo de cuidados y a apostar por la accesibilidad
universal.

En definitiva, el Gobierno prioriza la protección social porque
trabaja para mejorar la vida de la gente en el día a día. Conocemos la
realidad de las personas, señor De Arriba, y por eso ponemos solución, no
como ustedes, que se cruzaban de brazos y dejaban a la ciudadanía
abandonada a su suerte.

¿Al Grupo Popular y al Grupo Nacionalista les parece mal que se
dediquen 2600 millones a dependencia o 1060 millones a los cuidados de
larga duración? Claro, les parece mal que se apueste por lo público; su
modelo es otro, por ello vetan esta sección. Al señor Casado le hemos
oído también muchas veces plantear que la mejor política social es el
empleo. Entonces, ¿les parecen bien los datos conocidos del mes de
noviembre, que avalan el acierto en la gestión económica del Gobierno, o
les han supuesto un tremendo disgusto? Me parece que ha sido lo segundo.
Hemos alcanzado 19 700 000 personas afiliadas a la Seguridad Social. En
tan solo año y medio, hemos recuperado el empleo prepandemia; un éxito
total si lo comparamos con lo que ocurrió en la anterior crisis, donde se
tardó doce años.

Por tanto, claro que hay otra manera de gestionar la crisis. Con Rajoy
se recortaron derechos, se devaluaron salarios, se desmanteló el Estado
del bienestar y aumentó el paro tras su reforma laboral, hasta alcanzar
los 6 280 000 parados. (Aplausos). Ahora, se amplían derechos con el
ingreso mínimo vital, se aumenta el salario mínimo interprofesional, las
pensiones no pierden poder adquisitivo, se alcanzan los 20 millones de
afiliados, se protegen empleos y a los trabajadores, se incrementan los
servicios sociales. Y se hace mediante el diálogo, porque no es
incompatible mejorar la política social con crecer y crear empleo. Frente
a una España triste y deprimida que dejó Rajoy, hoy encontramos
esperanza, optimismo y confianza en un futuro mejor.

Pero, lamentablemente, la mala gestión de los gobiernos del Partido
Popular no solo es cosa del pasado, sino que también la sufrimos en la
actualidad. En mi tierra, en Castilla y León, durante 2020 la Junta de
Castilla y León recibió 843 millones del Fondo COVID para sanidad,
educación y servicios sociales, para hacer frente a los estragos de la
crisis de la COVID. Pero ha sido incapaz, por ejemplo, de abrir de nuevo
los consultorios rurales (Aplausos), dejando a la gente abandonada,
mientras generaba un superávit presupuestario de 24 millones en la peor
crisis desde hacía ochenta años. Y es que en Castilla y León faltan
servicios públicos esenciales a lo largo y ancho del territorio, porque
ni hay cohesión social ni cohesión territorial. Y sobra corrupción; la
última trama suma ciento treinta y ocho años en penas de cárcel y 848
millones de multa, ahí es nada. También sobra mucha incapacidad: 180
millones no han llegado a autónomos y al sector de la hostelería, aunque
la Junta de Castilla y León recibiera 232 millones del Gobierno de
España. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza!

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.

La señora ARNÁIZ GARCÍA: Termino, señorías, afirmando que sentimos
orgullo de país porque estamos superando la crisis de una forma rápida y
justa, con mucho diálogo social, político e institucional, recuperando
empleo y reforzando la protección social para que nadie se quede atrás.
Orgullo de España, porque somos el país en el que otros fijan la
mirada.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Para defender la impugnación número 22, a la sección 30, Ministerio de
Igualdad, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pedrosa Roldán.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Buenos días.






Gracias, señora
presidenta.

Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para recordar a
las treinta y ocho mujeres víctimas de violencia durante este año y
también el compromiso del Partido Popular para seguir trabajando con el
fin de erradicar esta lacra, que no para de crecer. (Aplausos).

Hoy tenemos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
un presupuesto, el del Ministerio de Igualdad, que aumenta
considerablemente con respecto al anterior: se incrementa en 14,4 %, con
un total de 525 millones, 65 más que el año anterior. ¿Y nos tenemos que
creer que es el presupuesto que España y las mujeres necesitan? No han
conseguido políticas eficaces que verifiquen que las mujeres estamos
mejor que el año pasado. Las mujeres no encontramos en este Gobierno un
aliado; sus políticas están alejadas de la realidad. No confían en
ustedes; deben trabajar en políticas que lleguen a las mujeres de forma
real.

Hablamos de que un 43 %, un montante de 285 millones de euros, va
dirigido a su compromiso con la lucha contra todas las violencias
machistas, destinado a programas y planes, pero seguimos sin saber qué
programas y qué planes son. El presupuesto del ministerio ha crecido,
pero debemos preguntarnos también cuáles son los verdaderos motivos de
ese incremento. Hace unos meses tan solo se había ejecutado un 25 % del
pacto de Estado. ¿Ustedes creen que se puede seguir avanzando en
políticas contra la violencia de género si son incapaces de ejecutar y
llevar a cabo las herramientas necesarias para paliar esta lacra? Se han
dedicado a torpedear el pacto de Estado contra la violencia de género,
mientras las víctimas siguen aumentando, y normativas como la Ley contra
la trata sigue sin ver la luz. El incremento de la partida destinada a
implementar las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género
resulta insuficiente. Se necesitan muchos más medios personales y
materiales para UFAN y Emume, ¿o es que tienen pensado dejarlo a un lado,
en pro de la Estrategia nacional para la erradicación de las violencias
machistas 2021-2025, a la que han dotado con más de cuatro millones para
el presupuesto del año 2022? Deben ejecutar el pacto de Estado de una vez
por todas, señorías, si no, será muy difícil erradicar esta lacra, y no
conseguiremos avanzar si no se trabaja en ello. Ustedes quieren avanzar
en igualdad. Nunca se podrá avanzar en igualdad cuando nos ocultan los
abusos de las niñas tuteladas en Baleares y en Valencia. ¿Acaso esas
niñas no son mujeres? ¿Acaso esas niñas no han sufrido abusos? ¿Dónde
está el Ministerio de Igualdad? ¿En defensa de quién está el ministerio?
(Aplausos).

Yo pensaba que el Ministerio de Igualdad estaba para apoyar, defender,
luchar y erradicar todo tipo de violencia y ayudar a cualquier mujer que
necesite ese apoyo, ya sea por abusos o por cualquier tipo de violencia.
Ya veo que no. Si algo tenemos claro es que en este presupuesto ustedes
incrementan el número de enchufados y de altos cargos. El Ministerio de
Igualdad ha pasado a ser el ministerio de colocación de imputados y
condenados, que van a gestionar el dinero de los españoles. Los altos
cargos han crecido un 32 %, los eventuales, un 30 %. ¿Así podemos avanzar
en políticas de igualdad, cuando su único fin es tener a los amigos
colocados? Más altos cargos no significa más igualdad. No se trata de
cuánto se gasta, sino de cómo se gasta y de llegar eficazmente a las
mujeres. En el Ministerio de Igualdad no están respondiendo a la realidad
que están viviendo las mujeres españolas. La tasa de paro femenino es de
casi un 18 %, frente al 11,5 % de la tasa de paro masculino. España es el
segundo país de la Unión Europea con más paro entre mujeres, solo
superado por Grecia. Desde que gobiernan el PSOE y Podemos el paro
femenino ha subido en 65 000 paradas, 32 000 desde que empezó la
pandemia, y hay más de 12 000 empleos del hogar destruidos, al contrario
de cuando gobernaba el Partido Popular, con el que, gracias a la reforma
laboral, se consiguió la mayor tasa de mujeres trabajando.
(Rumores.— Aplausos).

Las mujeres tenemos muchas más dificultades para incorporarnos al
mercado laboral. Las mujeres estamos más débiles y con mucha más
desigualdad, más pobreza y más precariedad que ustedes. El desempleo de
las mujeres es el mayor signo de desigualdad. Si hablamos de brecha de
género, esta no para de aumentar. Ustedes presentan unos presupuestos
para 2022 como la herramienta que va a servir para cerrar esa brecha de
género, con un aumento de un 14 %. También quería decirles que el
Ministerio de Igualdad, con su ministra a la cabeza, debe ponerse a
trabajar ya. Han hecho un presupuesto ficticio, sin revisión del gasto
público, sin reformas estructurales; todo lo contrario, han creado más
estructura, más propaganda, más autobombo y más autocontrataciones. Para
ustedes este es un presupuesto feminista, pero ¿acaso a las mujeres no
les va a afectar el hachazo fiscal que suponen estos presupuestos? ¿Acaso
este presupuesto feminista no va a impedir que las mujeres autónomas
sufran la subida de las cotizaciones? ¿Acaso este presupuesto feminista
va a suponer que las familias monoparentales, encabezadas
fundamentalmente por mujeres, no vayan a tener que pagar más por la luz,
el gas o la cesta de la compra?

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya terminando,
señoría.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Después de estos años de Gobierno
PSOE-Podemos tenemos un país mucho más pobre, con más desigualdad, con
menos oportunidades para las mujeres y para las familias, y con más
desprotección para los menores, las personas con discapacidad y en riesgo
de exclusión, en definitiva, para los más vulnerables. Es el peor
presupuesto para el peor momento de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Buenos días a todas y a todos. Gracias,
señora presidenta.

El Partido Popular aprovecha este veto, no para aportar ni trabajar
por la igualdad —veremos qué viene en las enmiendas que tiene que
presentar la semana próxima—, sino para seguir hablando de
despilfarro y deslegitimar a este Gobierno, elegido por los españoles;
este Gobierno, que ha superado la peor situación de crisis que nuestro
país ha sufrido, provocada por la COVID, y que las mujeres en particular
han sufrido de manera muy grave. Además, nos hablan con un lenguaje
antiguo, oscuro, negativo, pesimista, faltón, como decía mi compañero
Alejandro. Y es que, sí, señora Pedrosa, los socialistas somos
feministas, sí, pero no más que nadie; lo somos con nuestras carencias y
nuestros defectos, aún muchos por limar, pero feministas por democracia y
por justicia social. (Aplausos). Y sí, es cierto, cuando nosotros
gobernamos aprovechamos para legislar contra todas las desigualdades, que
todos los grupos parlamentarios y todas nosotras estamos de acuerdo
—no tengo ninguna duda— en erradicar. Ustedes han gobernado
también y podrían haber hecho algo, pero no lo hicieron. Cuando están en
la oposición, apoyan, pero con la boca pequeña, y nosotros gobernamos y
hacemos leyes para todas y para todos, leyes que ustedes usan, todas y
todos, cosa que nos parece muy bien, pero que luego sus dirigentes niegan
y recurren al Tribunal Constitucional. La Ley de igualdad, la Ley
integral contra la violencia de género, la Ley del aborto, el matrimonio
de personas del mismo sexo, y ahora, la eutanasia, la dependencia, la Ley
Orgánica integral contra las violencias de la infancia, el ingreso mínimo
vital, todas ellas, han sido hechas por gobiernos socialistas.
(Aplausos). Son leyes socialistas que se hacen con el conjunto de los
grupos parlamentarios y, lo que es más importante, con la sociedad, que
las reclama. Y ustedes las critican; eso sí, las usan todas —eso se
llama hipocresía—, a pesar de que las recurran al Tribunal
Constitucional, donde están los que están y que ustedes no quieren que se
vayan. Nos alegramos de que las usen —que aborten, que se casen con
personas del mismo sexo—, aunque luego las critiquen todas y cada
una de ellas, porque nosotros gobernamos para todas y para todos. Eso nos
diferencia de ustedes. ¿Y qué hacen ustedes cuando gobiernan? Pues ningún
avance nuevo. Y en aquellos sitios donde llegan por primera vez, como
Cospedal a Castilla-La Mancha, lo primero que hacen es cerrar los centros
de la mujer, que en las zonas rurales eran el único recurso que tenían
las mujeres para denunciar las violencias y empoderarse para luchar
contra el patriarcado. (Aplausos). En Albacete y en Castilla-La Mancha
conocemos muy bien a la señora Cospedal y al Partido Popular, muy muy
bien. La mujer, a la cocina, o a la kitchen. (Aplausos). No engañan
ustedes a nadie; son ustedes los que no engañan a nadie.

Volviendo a lo nuestro, como decía ayer nuestra portavoz, nosotras, a
nuestro camino. Y aunque nunca es suficiente en materia de igualdad, y lo
reconocemos, estos son los mayores presupuestos en materia de igualdad de
la historia de España. Y aunque ustedes no lo mencionan en su veto, el
pasado 25 de noviembre se renovó el Pacto de Estado contra la violencia
de género, liderado por el Gobierno socialista. (Aplausos). Tampoco dicen
ustedes que estos presupuestos, por segunda vez en la historia, están
acompañados —y les invito a que lo lean— de un informe de
impacto de género en todas las políticas, porque la igualdad, señora
Pedrosa, es transversal desde el punto de vista socialista. Tenemos
medidas en todos los ministerios, ya que los socialistas vemos allí
también la igualdad; y ahí tienen ustedes medidas para reducir la brecha
salarial, la brecha digital, la precariedad laboral, para la
conciliación, la corresponsabilidad, sobre la brecha de pensiones, la
brecha económica, la salud, la esperanza de vida, los servicios
sanitarios, los cuidados, el trabajo no remunerado, la toma de
decisiones, los techos de cristal, los suelos pegajosos de los que no
podemos salir, el empleo público, el empleo privado… (Aplausos). En
todos los ministerios, con un 90 % de medidas hechas con un impacto de
género. Pero nosotros, a lo nuestro. Trabajaremos por las mujeres
presentes, trabajaremos por las niñas del futuro y trabajaremos para
recuperar la memoria democrática de aquellas mujeres, de todas las
ideologías, que nos precedieron y nos trajeron hasta aquí.

Apoyen estos presupuestos. Únanse al carro de la igualdad. Todas lo
merecemos. Pertenecemos a un partido que ha gobernado ciento cuarenta
años, y desde nuestro primer miembro, Pablo Iglesias, del que ayer se
celebró el centenario de su muerte, tenemos que decir que los españoles y
las españolas nos siguen eligiendo. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Por algo será. Únanse al carro.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias.

Para la defensa de la impugnación número 23, a la sección 31,
Ministerio de Consumo, por el Grupo Parlamentario Popular, interviene la
senadora Sanz Jerónimo.

La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.

Veo muchísima autocomplacencia en el Grupo Socialista, pero, señorías,
nos encontramos con unos presupuestos totalmente ruinosos, que nacen
muertos. El señor Sánchez prometió abaratar la luz, y ha subido un 500 %,
arruinando a hogares y empresas, que ya están cerrando. Prometió no subir
los impuestos a las clases trabajadoras, y ya va por 9000 millones, y
dice que hay margen para unos 80 000. Prometió no dejar a nadie atrás,
pero, según Cáritas, ya hay más de 6 millones de españoles en riesgo de
pobreza severa, señorías. El Gobierno de España es el responsable de que
tengamos la factura de la luz más cara de la historia y de convertir un
bien esencial, como es la electricidad, en un bien de lujo. Queda patente
que la prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores
en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 es residual y que su
objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más, donde la
dotación del departamento, que se ve incrementada en 24,76 millones de
euros con respecto al año 2021, no se sabe muy bien para qué es, teniendo
en cuenta, por ejemplo, la inoperancia e inutilidad del propio ministerio
ante situaciones críticas vigentes, como el impacto negativo de la subida
exponencial e imparable de la luz en la vida de los consumidores, o las
actuaciones estelares del ministro relacionadas con el turismo, el
consumo de la carne o la reducción del juego durante la pandemia, con
carencias más que destacables en cuestiones como la implantación del
sistema Nutriscore. Y ahora, otra más, señorías: convocan una huelga de
juguetes por medio de una campaña que ha costado más de 80 000 euros.
¡Madre mía! Como digo, es un aumento estéril si se atiende en primer
término al cumplimiento de las funciones atribuidas al departamento desde
su puesta en marcha, en enero de 2020. Ni la referida a la protección de
los consumidores, con el aumento de la factura de la luz, ni la
regulación y el control del juego de ámbito nacional, ni la gestión
integral de la seguridad alimentaria, de toda la cadena de producción,
elaboración, distribución y consumo, por mencionar algunos ejemplos, han
alcanzado los niveles comprometidos desde el Ejecutivo con la creación de
un ministerio específico; lo que más bien aumenta —y ustedes lo han
comprobado cada día en el departamento— es el personal adscrito a
él. Cada día más y más personal para colocar a todos esos nuestros
amigos.

Estamos observando también que esta ampliación que, como digo, se ha
planteado es claramente insuficiente si se tienen en cuenta los retos y
las necesidades existentes en nuestro país en materia de promoción de un
consumo responsable y sostenible, de protección de la salud en el ámbito
de la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad, o,
por citar otro caso, del fortalecimiento del juego autorizado y la lucha
contra el fraude. Además, en el contexto social y económico actual no
parece pertinente la existencia y el mantenimiento de un ministerio
específico para consumo, y sí, en cambio, su integración, con rango
administrativo inferior, en los departamentos ministeriales de Sanidad de
los ámbitos de consumo, nutrición y seguridad alimentaria, y en Hacienda,
de la estructura relacionada con el juego. De esta forma podrían
liberarse y optimizarse los recursos existentes y disponibles en favor de
la consecución, tanto de los objetivos relacionados con el consumo
anteriormente descritos, como de avances tangibles en otros ámbitos del
Estado del bienestar, infradotados en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el año que viene, caso, por ejemplo, de
sanidad, de la atención a la dependencia o del sistema de
pensiones.

Así señorías, como digo, el Ministerio de Consumo es el ejemplo más
claro de un ministerio prescindible y debería, en consecuencia, ser
cerrado inmediatamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Fernández Palomino.

El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Muchas gracias, presidenta.

Definitivamente, señores y señoras del PP, con su gestión de la luz
durante los Gobiernos de Rajoy pasa lo mismo que con la Gürtel: va a ser
que ese era otro PP (Aplausos), o como con lo del impuesto al sol, el
hachazo a las renovables, el impuesto sobre la producción y la falta de
planificación energética a medio y largo plazo, o como con el Nutriscore
que, efectivamente, hace un año pedían que se implantase en tres meses y
ahora hacen casus belli contra él, aunque el Gobierno ya ha dejado claro
que la decisión final en este tema vendrá, como tiene que venir, de la
Unión Europea.

Señorías, he leído con mucha atención su veto a la sección Consumo y,
a pesar de lo que llevamos escuchando estos días, sigue habiendo cosas
que también a mí no dejan de sorprenderme. Por ejemplo, decir que estos
presupuestos son ruinosos, que son la quintaesencia de la nociva política
económica y fiscal del Gobierno, que son la sima populista de la peor
crisis económica, o hablar de las cuotas intolerables de paro, con
casi 20 millones de empleados después de la que hemos pasado, no es un
buen camino. Es como poner al guionista a competir con el guionista de
Vox a cuenta de algo tan serio y tan importante para este país como estos
presupuestos. Esta carrera de guiones desmedidos hasta el panfleto no les
lleva a ningún lado; a ustedes, que, sin embargo, se sienten tan dolidos
cuando una ministra les desnuda de artificios y de demagogia.

Tampoco son buenos los negacionismos, como podemos ver, porque ustedes
se han convertido en los negacionistas de las inversiones para la
recuperación, en los negacionistas de los presupuestos con mayor
inversión social de la historia, en los negacionistas del esfuerzo
europeo y español para que nadie se quede atrás. Sí, ustedes, que ya
denegaron a este país cuando les tocó inversión productiva, inversión
social, y no quisieron saber nada de buscar complicidad en Europa para
que el oxígeno llegase a la gente normal y corriente, la que sufrió hasta
la extenuación en la anterior crisis y que hoy ya, con un Gobierno
progresista, es precisamente el centro y la razón de estos
presupuestos.

Por lo demás, en apenas unas líneas en las que hablan de consumo, más
de lo mismo, señorías. Este es el presupuesto más expansivo en materia de
derechos y de protección de los consumidores, nacido de un Gobierno que
ha puesto a los consumidores más vulnerables en el centro de su política,
la mayor apuesta en políticas de consumo y protección frente al juego
adictivo, solo comparable a la aprobada en 1984 por un Gobierno
socialista, la Ley general de consumidores y usuarios. El año pasado se
quejaban de que no había suficiente incremento presupuestario en la
materia; pues bien, este año los incrementos llegan incluso al 110 % si
tenemos en cuenta el impacto de los fondos de recuperación. Pero tampoco
les gusta, porque ustedes nunca han creído en políticas en materia de
consumo, y la comparación es evidente. Un par de datos: en crédito para
la ordenación del juego y políticas contra el juego adictivo, el
incremento es del 74 % sobre su presupuesto de 2018 y en inversiones
destinada a la Aesan, el incremento llega al 445 %. A mí lo que me
sorprende, por tanto, señorías, es que no vetasen ustedes entonces sus
propios presupuestos. (Aplausos).

A ustedes no solo no les importa la lucha por la mejora de la
nutrición infantil o contra el juego adictivo, porque mientras el real
decreto de publicidad del juego ha cerrado el vector de entrada de
jugadores, recuerden, el 40 % de nuevos jugadores con edades entre 18
y 25 años, ustedes siguen con los lobbies del juego y no hay más que ver
su obsesión con llenar las ciudades de casas de juego allá donde
gobiernan. Y la necesidad y el deber de regular la publicidad
alimentaria, señora Sanz, está en dos razones fundamentales: la
protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas y la
defensa de la libertad de los padres. Si les parece poco, entonces,
posiblemente, es que no tengamos mucho de qué hablar.

Y finalizo. Ustedes siguen empeñados y empeñadas en gastar su tiempo y
su esfuerzo en estas políticas en intentar desvirtuar a ministros y
ministerios. Se lo dije el otro día, y es que no se aplican. En estos más
de tres años, ni han abierto ustedes el libro, se han quedado en debatir
sobre si el profesor les cae mal o les cae peor, y así señorías del
Partido Popular, les veo repitiendo curso muchos años, porque mientras,
además, este Gobierno va a seguir estando al lado de las personas,
trabajando día a día por la mejora de sus vidas, peleando frente a
quienes, como ustedes, no quieren saber nada de los más débiles ni de los
más vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las impugnaciones números 24 y 29 a las
secciones 32, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
y 60, Seguridad Social, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Acedo Reyes. (Aplausos).

La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Hay razones más que suficientes para censurar
este proyecto de presupuestos, también en lo que a las secciones 32 y 60
se refiere, y que paso a exponer. En primer lugar, y en términos
generales, porque los objetivos que se pretenden están lejos de
alcanzarse, dado que se sostiene sobre un castillo de naipes. Es un
cuadro macroeconómico irreal, con proyecciones adulteradas corregidas por
todos los organismos nacionales e internacionales económicos y
financieros, importantes sablazos fiscales también y un gasto superfluo;
sí, señorías, un gasto superfluo que solo viene a disparar el déficit y
la deuda pública. Y continúo con el detalle. A la vez que ustedes hablan
de revalorización de las pensiones, derogan el factor de sostenibilidad,
factor que trae causa del Pacto de Toledo y de la Ley 27/2011, que aprobó
un Gobierno socialista con mandato legal para desarrollar esta
herramienta, y que fue avalado por la Comisión Europea y elaborado por un
verdadero un verdadero comité de expertos, no el comité de expertos
fantasmas, el de cabecera del Gobierno de Sánchez, sino un verdadero
comité de expertos.

La reforma de las pensiones debe suponer un equilibrio entre un
aumento del poder adquisitivo, el sostenimiento del sistema, la situación
económica general y las pensiones de futuro. Sin embargo, en su línea de
seguir dinamitando todos los acuerdos de Estado que responden al interés
general —que no a los intereses del PSOE y del señor Sánchez—
plantean una reforma del sistema de pensiones ignorando la sostenibilidad
y aplazando las decisiones de mayor impacto. Como esto, todo lo
demás.

Por otro lado, con respecto a la gestión del ingreso mínimo vital, he
de decirles que ha supuesto un auténtico desastre. Se elaboró un texto
complejo, confuso, y en ocasiones contradictorio; generaron expectativas
que no se han cumplido, causando el correspondiente perjuicio en muchas
familias españolas, más aún tras la brillante idea socialista de eliminar
la asignación económica por cada hijo menor de 18 años a cargo, no
pudiéndose encuadrar esto dentro del ingreso mínimo vital. Y no contentos
con lo anterior, plantean una nueva regulación donde se perjudica
notablemente a las familias numerosas. Definitivamente, ustedes no lo
pueden hacer peor.

Por último, el crédito para el llamado paro de los autónomos, que, por
cierto, reguló el Partido Popular, junto con la reforma laboral, que
ustedes dicen que les da tan buenos resultados, se reduce notablemente
respecto del ejercicio anterior según sus previsiones, pero claro,
esperemos que esas previsiones sean mejores que las de los presupuestos,
porque, si no, ya se pueden poner a temblar los autónomos de este
país.

En lo relativo a la sección 32, el presupuesto destinado a migraciones
es continuista. Sería bueno si ustedes hubiesen acertado en algo, pero,
todo lo contrario, se empeñan en fracasar, niegan la realidad y, por
tanto, no dan respuesta a la cuestión migratoria en nuestro país, ni a la
regular ni a la irregular, y tampoco a los emigrantes que tuvieron que
abandonar España. El balance es muy negativo. El desacierto en la toma de
decisiones es total. Y ya no les digo en la política diplomática, que ha
dado lugar a la pérdida de influencia y capacidad de negociación fuera de
nuestras fronteras, mucho más en la zona del norte de África, cuyas
consecuencias aún estamos padeciendo. (Aplausos). No han sido capaces de
poner en marcha nuevos acuerdos encaminados a la migración legal,
ordenada segura y de contratación en origen. Tampoco han liderado el
Pacto europeo de Migración y Asilo, haciendo valer los intereses de
España como frontera sur de la Unión Europea y exigir solidaridad y
corresponsabilidad. Pero si mal lo han hecho ustedes en todo lo anterior,
donde se han coronado ha sido en la nefasta gestión de los flujos
migratorios irregulares. La llegada de irregulares a nuestro país supera
ya en un 30 % a la del año pasado, que fue terrible. En Canarias hay un
colapso, ¿lo saben ustedes, señorías del Partido Socialista? Han llegado
ya casi 20 000 personas, superando el 700 % de incremento del año
anterior. ¿Y los que se han quedado en el mar, señorías del Partido
Socialista? ¿Es esto un éxito? ¿Tenemos que resignarnos a soportar la
incompetencia de su Gobierno? ¿La crisis humanitaria que atraviesa España
desde el año 2018, fundamentalmente en Canarias, le parece poco
merecedora de atención, señorías socialistas? Porque la respuesta de su
Gobierno ha sido convertir a Canarias en un campamento de inmigrantes.
¿En eso consiste su magnífico Plan Canarias? Por cierto, ustedes dicen
que están generando muchos puestos de trabajo, no veía yo a los
socialistas de pro en la mercantilización de la necesidad con este
fantástico Plan Canarias.

Por último, con respecto a la novedad del concierto social, esperemos
que sea sobre la base de criterios objetivos y no del amiguismo abusador
del Gobierno, porque, mientras a los españoles les toca apretarse el
cinturón, ustedes se reparten ministerios, puestos de confianza entre
amigos, familiares, y, no contentos con ello, se suben todos el sueldo.
Esos son los socialistas de este país. (Aplausos). Por cierto, sería
bueno que ustedes cumpliesen, aunque sea de manera extraordinaria y por
una vez, su palabra con Ceuta y Melilla y pongan en marcha ya el plan
global para ambas con el que se comprometió el presidente del Gobierno y
del que todavía no sabemos absolutamente nada.

Finalizo, señora presidenta. Ustedes no se cansan de fracasar, pero
los españoles no. Por tanto, los españoles merecemos muchísimo más que un
presupuesto falaz y real que no da respuesta a las necesidades de nuestro
país y que tan solo responde a los intereses del señor Sánchez, del
Partido Socialista, de sus socios independentistas, separatistas y
batasunos.

Y, por todo lo anterior, planteamos el veto a estas dos
secciones.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la senadora Martín Palop.

La señora MARTÍN PALOP: Muchísimas gracias, presidenta.

Señora Acedo, señorías del Partido Popular, la verdad es que nada
nuevo. Y entiendo que se enfaden con estos presupuestos, lo entiendo
porque son unos presupuestos que fortalecen nuestro Estado del bienestar,
apuestan por nuevos derechos y, sin duda alguna, fortalecen los servicios
públicos. ¿Y saben por qué lo entiendo? Porque es la antítesis de todas
sus políticas de privaciones, de recortes y de adelgazamiento de los
servicios públicos. (Aplausos). Por eso se enfadan, señorías, y entiendo
esa necesidad de decir tantas cosas, porque la verdad es que son muchas
palabras vacías. Y, señorías, tienen la ocasión de aprender que en
política se puede ser útil y construir, desde el Gobierno, pero también
desde la oposición. Aprendan, señorías, sean constructivos, aporten a
España, se puede hacer también.

Es cierto que ustedes se encierran en esa política de enfrentamiento,
una política, sin duda, penosa. Y deben tener en cuenta una cuestión, y
es que esa política del enfrentamiento es, sin duda alguna, un camino
precario para la democracia, pero es peor y desastroso para la
convivencia. Entiéndalo pronto porque ese ruido solamente puede hacer que
se queden ahí sentados; mientras, nosotros, los socialistas, estaremos
dando soluciones a las personas. Ahí estaremos los socialistas.
(Aplausos).

Y hoy vienen con discursos corales, que repiten una y otra vez, para
crear miedo e incertidumbre. Pero estas son unas cuentas, como se lo
hemos dicho continuamente, que aumentan los presupuestos; pero se quejan
también cuando venimos a decirles que aumentamos la partida para las
pensiones. Salgan ahí fuera, miren a los pensionistas y díganles que
ustedes se oponen a la revalorización de sus pensiones. (Aplausos).
Díganles que se oponen a garantizar el poder adquisitivo de todos los
pensionistas. Díganselo. Díganles la verdad. Díganles que con su método
de revalorización, una pensión de 1000 euros solamente se revaloriza 35
euros al año, y con nuestro método, con nuestra revalorización, una
pensión de 1000 euros se revalorizará más de 335 euros. Esas son las
políticas de los socialistas. (Aplausos). Esa es la política que queremos
para una España que se merece dignidad en su política. Y de verdad se lo
pido, abandonen los discursos malintencionados. El 90 % del gasto de las
pensiones se está financiando con cotizaciones sociales, prácticamente el
doble de lo que sucede en la Unión Europea. Y sí, nosotros estamos
avanzando con estos presupuestos, avanzando con el mecanismo de equidad
generacional que, por cierto, sustituye a ese mal diseñado factor de
sostenibilidad que reducía las pensiones de los nuevos pensionistas y
que, además, fue un fracaso de una reforma de pensiones del Partido
Popular.

Y vamos a hablar del sistema de Seguridad Social. Digan la verdad,
actualmente es sostenible y prácticamente en equilibrio. Y sí, nosotros
vamos a hacer algo más, que es garantizar su futuro a largo plazo.
(Aplausos). Lo vamos a garantizar. Y, además, ustedes con este veto se
oponen a una partida de más de 834 millones para la lucha contra la
brecha de género en pensiones, más de 2900 millones para equiparar el
permiso de paternidad y maternidad, una asignatura pendiente que teníamos
y que como país hemos conseguido los socialistas, y que nos ha puesto al
nivel de la Unión Europea. Señorías, más igualdad es más democracia.
Nunca lo olviden.

Y, señorías, vienen aquí a hablar del autónomo, pero no van a
reescribir la historia. Nosotros hemos conseguido que los autónomos
tengan el mayor nivel de protección social que ha desplegado un Gobierno
español a lo largo de su historia, el mayor nivel de protección social.
(Aplausos). Hemos conseguido más de 11 000 millones para prestaciones y
exoneraciones. Ustedes no hicieron nada, bueno, sí, los hundieron, los
dejaron abandonados, pagando unos importes que era imposible pagar, en
manos de los bancos, y haciendo imposible en muchos casos que pudieran
salir de la crisis.

Estos presupuestos vienen a mejorar el ingreso mínimo vital, lo
reforzará; cuentan con más de 3000 millones para incrementar su potencial
redistributivo, aumentar su capacidad de lucha contra la pobreza
infantil, llegar a más hogares y, por supuesto, hacer políticas sociales.
Vamos a consolidar la historia del ingreso mínimo vital, porque es la
historia de un nuevo derecho social que se merece España. (Aplausos).
Ustedes sigan con la propaganda, con las mentiras, pero nosotros mientras
tanto vamos a seguir fortaleciendo nuestro Estado del bienestar.

La verdad es que entiendo que se enfaden, porque nunca creyeron en las
políticas sociales. ¿Saben los que ustedes anhelan? Anhelan el tufo de la
beneficencia, de la caridad de sus políticas, de las políticas que
destrozaron el Estado de bienestar, ya que no creían en la gente. Pero
este Gobierno cumple. Siéntense, póngase cómodos, quedan políticas
sociales y Gobierno para rato. Se lo decimos una y mil veces.

Y, para terminar, hablemos de políticas migratorias. Señorías, son más
del 17 %; y voy a repetir una cuestión, una y mil veces: la política
migratoria es mucho más que la política que ustedes quieren dibujar. La
inmigración irregular solamente es el 5 % de toda la inmigración que
viene a España. Y ustedes solamente quieren canalizarla ahí; por eso,
nosotros lamentamos que cuando vienen a hacer una lectura del presupuesto
pierden totalmente la capacidad lectora cuando llegan a esta partida.
Porque nosotros vamos a incrementar y mejorar el sistema de acogida que,
por cierto, ustedes dejaron inexistente, ¿no se acuerdan? Nosotros vamos
a apostar por él.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.

La señora MARTÍN PALOP: Para terminar, señora presidenta, proponemos
un nuevo marco de concertación social y cumplir, por supuesto, con las
regiones que sufren la presión migratoria, como hemos hecho con Canarias,
y lo vamos a seguir haciendo, ahí está nuestro compromiso. Y lo haremos
también con Ceuta, usted lo sabe.

Señorías, termino. No dinamiten más los puentes que como demócratas
algún día deben cruzar. Crúcenlos ahora, y tomen nuestra mano, porque
nosotros siempre se la tenderemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.

Para la defensa de la impugnación número 25 de la sección 33,
Ministerio de Universidades, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el senador Vázquez Rojas. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).

El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias.

Señorías, les trasladaré algunos de los motivos por los que
presentamos el veto. La primera razón es la veracidad.






No hay más prueba
de veracidad de un presupuesto que su grado de ejecución, y de la poca
veracidad del presupuesto que finaliza en unos días, mi grupo ha dado
buena cuenta. Pero tampoco ha sido veraz esta sección, y les pongo un
ejemplo de los muchos que hay. Nos anunciaron una convocatoria para el
Programa estatal de formación de 1162 ayudas. ¿Sabe cuál ha sido la
ejecución prevista, como dicen los propios indicadores de esta
sección? 850, trescientas ayudas menos. Y a la falta de veracidad se
suman los retrasos injustificados para resolver convocatorias como la de
investigadores predoctorales FPU. La retrasaron el pasado año y la han
vuelto a retrasar este, impidiendo la incorporación normal de los
beneficiarios. También deberían los presupuestos haber reconocido sus
derechos laborales, tal y como pide el colectivo FPU. Ya anunciamos, en
cualquier caso, que hemos vuelto a presentar una enmienda en este
sentido, la misma que el Gobierno no permitió ni que se debatiera en el
Congreso.

Y de la veracidad del 2021 a la verosimilitud del 2022. Si ninguna
autoridad nacional o internacional independiente se la concede, ya que se
califica a estos presupuestos como irreales, de cartón piedra, tampoco la
tiene la sección 33. Es más, señorías, este ministerio tiene un
presupuesto inferior al del pasado año: 31 millones de euros menos; una
disminución del 6,9 %, como se ha apresuró a comunicar Moncloa, al tiempo
que la ministra Montero nos contaba que serían unos presupuestos
históricos para la juventud. Debe ser que cuando hablaba de juventud se
refería a otra distinta de los estudiantes universitarios.
(Aplausos).

Señorías, nos insisten en que la universidad española está llamada a
ser una piedra angular en la recuperación. Europa nos lo ha pedido y el
Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Pues bien, resulta que solo
destina al Ministerio de Universidades el 0,6 % del
presupuesto 2022 correspondiente a los fondos extraordinarios europeos,
en vez de establecer un programa de fortalecimiento institucional
orientado, estratégico y esperado por las universidades. Y de una pequeña
parte de esos más de 26 000 millones de euros que se han destinado de los
fondos europeos al presupuesto de 2022 deciden destinarles 147 millones
de euros a las universidades: 4378 millones para Transición
Ecológica, 3900 millones al Ministerio de Economía, pero 147 millones de
euros a las universidades. Una de dos, o no es cierto aquello de que los
fondos europeos constituyen uno de los pilares básicos de la recuperación
o no tienen la menor intención de que las universidades participen en
dicha recuperación.

Avanzo, señorías. Es una sección sin una sola mención a la
compensación de las universidades por matrículas gratuitas como la de
estudiantes con discapacidad, y por no contener, no contiene ni la
partida de becas y ayudas al estudio. Es decir, cuando hablan de becas
universitarias sus señorías deben saber que no están ni en este
ministerio, que es donde deberían de estar. Por cierto, becas que pasaron
de 1168 millones de euros en el año 2011 —el último presupuesto del
Gobierno socialista— a 1460 millones de euros en el año 2018
—último presupuesto del Gobierno popular—, es decir, casi 300
millones de euros más, y lo digo por las continuas referencias a los
recortes de becas.

Estamos ante un presupuesto que tampoco permite solucionar por falta
de recursos los graves problemas que tienen los profesionales que han
solicitado la homologación de sus títulos y que les tocará seguir
esperando durante más años, y así podría seguir contándoles. Señorías, la
única razón de ser del Ministerio de Universidades es preocuparse de las
universidades y no despreocuparse, que es lo que parece practicar con
estos presupuestos. Y es que el ministro que ha pasado de ser invisible a
lograr lo impensable, poner a toda la comunidad universitaria en contra
con cada una de las propuestas y decisiones que toma; y esta semana,
además, nos ofrece una entrevista que, además de regar de inseguridad a
las universidades, de tratarlas desigualmente y de declarar de una forma
autoritaria que aprobará la ley sí o sí, nos ha dedicado las siguientes
palabras: No se puede salir a la fuerza y en un año de veinte años
caóticos de escasez, desorganización y semiilegalidad. María Jesús San
Segundo, Mercedes Cabrera, Ángel Gabilondo, Pedro Duque, y el mismo
Castells más los ministros del Partido Popular. No sé si estos ministros
estarán muy de acuerdo con estas afirmaciones. Desde luego, en el Partido
Popular no lo estamos.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.

El señor VÁZQUEZ ROJAS: Voy terminando.

En definitiva, ni son los presupuestos que necesitan las universidades
para cumplir con las funciones que la sociedad espera de ellas ni sirven
si quiera para cumplir con la ley que intenta imponer el ministro. En
definitiva, tenemos razones más que sobradas para presentar el veto a
esta sección destinada a unas universidades que son las grandes olvidadas
en estos presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Vázquez.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR ROMÁN: Gracias, señor vicepresidente.

Señorías, señores del PP, yo sé que a ustedes la memoria no les gusta
y que no la practican, pero algunos estamos dispuestos a practicarla y a
defenderla. Lo digo porque recordamos los discursos que en el anterior
debate de presupuestos de hace un año ustedes produjeron en esta tribuna.
En ellos presentaban unas cuentas que eran irreales, que eran papel
mojado, que no se iban a poder conseguir y que iban a llevar a España a
la ruina, y hoy aquí los vuelven a repetir, con alguna que otra gracieta
y con más odio, lo cual demuestra lo rabiosos que están, porque aquel
discurso se les caía y este que están dando hoy aquí se les va a caer
porque, señorías, ustedes no están reflejando la realidad. Ahí fuera hay
una España muy distinta de la que ustedes están dibujando aquí en este
plenario; hay una España que está luchando y que está consiguiendo salir
de esta crisis que la pandemia nos ha traído; ahí afuera hay una España
que es ejemplo en el resto del mundo, que es para sentirse orgullosos de
ella como país, señorías. (Aplausos).

Pero, miren, es que eso es algo que también nos diferencia a nosotros,
los socialistas, de ustedes; me refiero a cómo entendemos el orgullo de
país. Porque, miren, les voy a decir una cosa, los socialistas nos
sentimos orgullosos de España hasta cuando ustedes la gobiernan; nos
sentimos orgullosos de los españoles hasta cuando les dan el Gobierno a
ustedes. (Aplausos). ¿Que lo queremos cambiar? Pues claro, pero, miren,
no hacemos como ustedes, que no soportan a España cuando la gobernamos
los socialistas, no la soportan, y se les nota, señorías, y, por eso, son
capaces de estar en el cuanto peor mejor o en el bloqueo de las
instituciones democráticas o denigrando a nuestro país en el exterior con
tal de desgastar o creer que desgastan al Gobierno, señorías. Eso no es
orgullo de país; el orgullo de país es defender a España siempre y por
encima de todo y poner los intereses generales de los españoles por
encima de los intereses del partido, y esto es algo que ustedes nunca
hacen. (Aplausos).

Señorías, el presupuesto de la sección 33 se incrementa un 9,24 %. El
año pasado nos criticaban, y ahí está el discurso y la memoria, porque se
habían incluido en el presupuesto todos los fondos del Plan de
recuperación. Bien, el ministerio ha ejecutado la mayoría del Plan de
recuperación; siendo un proyecto plurianual lo ha ejecutado en la primera
anualidad, y eso ha hecho que, lógicamente, esos fondos ya no aparezcan
en el plan, pero, descontados esos fondos, el presupuesto sigue creciendo
un 9,24 %.

Miren, es un presupuesto en el que el 96 % se dedica a programas y
políticas de impacto directo en la comunidad universitaria. Porque,
miren, este Gobierno sabe para quién gobierna y si estamos procurando una
recuperación justa, esa recuperación tiene que revertir, lógicamente, en
la comunidad universitaria, en las condiciones del profesorado, en las
condiciones del PAC y también, señorías, en la juventud, porque no hay
mejor ascensor social que la universidad, y esta tiene que ser una
palanca de igualdad de oportunidades para los jóvenes de nuestro país.
Este es un Gobierno que cumple y este presupuesto cumple perfectamente
con los objetivos que se había marcado el Gobierno al apostar por una
universidad más accesible y equitativa, por un aumento de la capacidad
docente e investigadora, por una modernización que se está produciendo y
por una calidad en la internacionalización, señorías. Es un Gobierno que
cumple con sus objetivos.

Señorías, como todos los presupuestos son perfectibles, pero el veto
que ustedes están formulando a esta sección, aparte de injustificable, no
persigue en absoluto mejorar el presupuesto. Una vez más ustedes ponen
los cálculos electorales y los intereses particulares de su partido por
encima de los intereses generales de España y de los españoles. La prueba
del nueve la tenemos hoy aquí con este injustificable veto, como la hemos
tenido en Andalucía, donde han rechazado la propuesta sincera y rigurosa
del PSOE de Andalucía y de Juan Espadas para pactar unos presupuestos,
señorías. Ustedes ni por activa, apoyando unos presupuestos, ni por
pasiva, aceptando un pacto en los presupuestos, están dispuestos a poner
los intereses generales de los españoles por encima de sus estrategias
políticas. (Aplausos).

La última vez que me subí a esta tribuna se lo dije y se lo pienso
decir cada vez que venga a esta tribuna; señorías, con esa estrategia
política ustedes no desgastan al Gobierno de España, con esa estrategia
política ustedes están lesionando y perjudicando los intereses de España
y de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Aguilar.

Pasamos a las secciones 36, Fondo de compensación
interterritorial, 37, Otras relaciones financieras con entes
territoriales y 38, Sistemas de financiación de entes
territoriales.

Para la defensa de las impugnaciones números 26, 27 y 28, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fragoso.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Presidente, señorías, solo el tono faltón
ayer de la ministra ya justificaba la presentación de nuestro veto; tono
faltón que han seguido ustedes hoy durante todo el día y que,
parafraseando a la ministra, debe ser que, una vez escuchada la senadora
Roldán, es un tono indisoluble de los 140 años que ustedes llevan
gobernando nuestro país. (Aplausos).

Nos hemos visto obligados a presentar un veto porque, una vez más,
demuestran su desprecio a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas. Dejen de engañar a los españoles o, por lo menos, de
intentarlo, porque ya nadie les cree. No pueden decir que no apoyamos lo
bueno que incorporan estos presupuestos. Ustedes son socialistas, pero no
tan torpes como para que todos los presupuestos fueran malos, claro que
en los presupuestos hay medidas que nosotros apoyamos. Dejen de engañar
que ya nadie les cree, porque nosotros no somos el partido de los
recortes, los recortes se llaman José Luis Rodríguez Zapatero, que bajó
el salario a los funcionarios y, además, congeló las pensiones; la única
vez en este país que se han congelado las pensiones ha sido con un
Gobierno socialista y con un presidente socialista. (Aplausos).

A ustedes se les llena la boca hablando de la crisis anterior, la
del 2008, pero les quiero recordar que ustedes gobernaron el 2008,
el 2009, el 2010 y el 2011, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer
para sacar a este país adelante de la ruina en la que ustedes nos
dejaron. (Aplausos). Estas secciones adolecen del mismo pecado original
que los presupuestos, representan un cuadro macroeconómico que no se cree
nadie, inflado, y no hay ni organismos nacionales ni organismos
internacionales. ¿Qué supone un cuadro macroeconómico inflado? Que las
entregas a cuenta a las administraciones van a estar infladas y, por lo
tanto, que en el año 2024 va a haber un resultado negativo en las
liquidaciones. O sea, ustedes están trasladando su esfuerzo fiscal, el
que tenía que tomar el Gobierno hoy, al año 2024 al resto de
administraciones, cuando, además, ya no va a haber, desgraciada y
seguramente, relajación de las reglas fiscales. Por lo tanto, nos están
lastrando e hipotecando el futuro, como siempre han hecho.

Parece mentira que ayer la ministra nos lanzara una serie de
afirmaciones que, una vez más, faltan a la verdad. Que la ministra nos
acusara ayer a nosotros, a los del Partido Popular que conoce la gente, a
incrementar asesores, a bajar empleo público y a hacer recortes es cuando
menos curioso. Y les voy a leer una noticia de El País, que me imagino
que no será un periódico sospechoso. Dice: Andalucía pagó 2,1 millones
más en cien directivos en salud, mientras redujo la plantilla en 7700
sanitarios y el presupuesto bajó de 9332 millones a 8300. Son 1000
millones menos en sanidad. ¿Saben en qué año fue? En 2013. ¿Saben quién
era la consejera de Sanidad de Andalucía? La hoy ministra de presupuesto,
la ministra Montero. (Aplausos). Por lo tanto, ya está bien de acusar a
los demás.

Además, nos acusó de no arrimar el hombro. ¿Qué han hecho los 2000
alcaldes? ¿Qué han hecho las 5 comunidades autónomas? ¿Qué se ha hecho en
Ceuta durante toda la pandemia si no ha sido arrimar el hombro ante un
Gobierno noqueado que no era capaz de hacer nada? Son los que han
atendido verdaderamente a nuestros vecinos, y han sido los alcaldes y la
gente del Partido Popular. (Aplausos). ¿O qué hizo nuestro presidente,
Pablo Casado, si no fue ofrecer acuerdos de Estado para salir de la
crisis Pleno tras Pleno? Aquí se nos ha llenado la boca de hablar de los
entes territoriales, de hablar de la vacunación, de ayudas a los
vulnerables, de ayudas a los autónomos o del papel que hemos hecho
ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Y cómo lo pagan ustedes con los
entes territoriales en estos presupuestos? Bajando la financiación total
que van a recibir. ¿Y cómo lo hacen? Con los cuentos de Montero, que
decía mi portavoz, haciendo de tahúres tramposos, quitando los 13 000
millones del Fondo COVID para dar 7000. ¿Y saben para qué? Para devolver
el dinero que nos robaron con su gestión, que fue el del IVA y que fue
precisamente el del resultado negativo de los anticipos a cuenta del
año 2020. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Voy terminando, presidente.

Nos quieren devolver ahora lo que nos quitaron, pero nos devuelven
menos, y a los ayuntamientos ni un euro del Fondo COVID que les han
pedido. Por tanto, mientras no haya fondos para atender las necesidades
de nuestros vecinos a través de un Fondo COVID, no van a contar con
nuestro apoyo a estas secciones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Fragoso.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de solidaridad con los
vecinos de Álava que están sufriendo las riadas por las fuertes lluvias y
el deshielo. (Aplausos).

He visto durante todo este debate el tono duro y bronco del Partido
Popular, y a mí me gustaría comenzar mi intervención haciéndoles una
pregunta: ¿qué es lo que no les gusta de estos presupuestos? ¿No les
gusta que sean los más sociales de la historia o que el 60 % se destinen
a fortalecer el Estado del bienestar? ¿No les gusta que incrementen
un 9 % el presupuesto en educación, un 11 % el de sanidad o un 23 % el de
dependencia? (Aplausos). Les recuerdo que ustedes en una crisis mucho
menor recortaron 10 000 millones en educación y en sanidad. ¿No le gusta
al Partido Popular que subamos las pensiones un 2,5 % y las mínimas
un 3 %? Doce veces más de lo que las subía el Partido Popular. ¿No les
gusta que subamos el salario a los empleados públicos un 2 % mientras
ustedes lo congelaron? ¿No les gusta que tengamos la mayor partida de
becas de la historia con más de 2000 millones de euros o no les gusta que
se incremente el presupuesto para facilitar el acceso a la vivienda a las
familias y a los jóvenes con un aumento del 46 %? ¿Qué es lo que no le
gusta al Partido Popular de estos presupuestos? (Varios señores senadores
del Grupo Parlamentario Popular: ¡Nada!)

Y ahora hablan en su veto de subida de impuestos y de infierno fiscal.
¿Ustedes hablan de infierno fiscal? ¿Saben ustedes quiénes subieron en la
historia de la democracia más los impuestos que nadie? Ustedes.
(Aplausos). Ustedes subieron más de cincuenta veces los impuestos, los
subieron todos; subieron el IVA, ese que dicen que ahora hay que bajar,
del 8 % al 21 %, lo triplicaron; subieron más que nunca el IRPF; subieron
el IBI; implantaron el copago. Eso es lo que ustedes hicieron. Subieron
los impuestos, eso sí, solo a clases medias y trabajadoras, porque a los
ricos se los bajaron. Eso es lo que hacen allí donde gobiernan. Por
ejemplo, en Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla dijo que iba a hacer
una bajada masiva de impuestos, y mintió porque en tres años lo único que
ha hecho ha sido que los que tengan herencias de más de un millón de
euros por heredero no tengan que pagar. Bajar los impuestos a los
millonarios es lo único que ha hecho, y mientras tanto ha echado a la
calle a 8000 sanitarios para machacar la sanidad pública y ha
rechazado 123 millones de euros de este Gobierno para crear 12 000 plazas
de educación de 0 a 3 años. (Aplausos).

El Partido Popular solo se alegra de las malas noticias, porque el
señor Casado lo que quiere realmente es tratar de hundir este país. Pues,
va a ser que no, porque todos los organismos internacionales económicos
aseguran que nuestro país va a ser uno de los que más va a crecer
mundialmente en los próximos años. Lo dice el FMI, lo dice la OCDE, lo
dice la Comisión Europea. (Aplausos). Los flujos de inversión extranjera
cayeron en 2020 un 42 % globalmente y un 71 % en la Unión Europea, pero
en España crecieron y crecieron mucho, un 52 %, pero quizás el mejor dato
es que la población activa española supera los 20 millones de
trabajadores y trabajadoras, una cifra histórica de ocupación.
(Aplausos). Llevamos seis meses consecutivos creando empleo y nueve meses
consecutivos en los que baja el paro. Se crean más contratos indefinidos
que nunca. Señorías del Partido Popular, España está saliendo de esta
crisis a pesar de ustedes.

Una de las portavoces del Partido Popular decía que este Gobierno hace
política espectáculo; espectáculo, el que están dando Casado y Ayuso, el
nuevo dúo Pimpinela. (Protestas). Eso sí que es espectáculo, aunque yo
creo que lo que más le duele al Partido Popular es que estos presupuestos
en el Congreso hayan sido aprobados por 11 formaciones políticas. Esto es
dialogar, esto es consensuar, esto es acordar; palabras que no sabe lo
que significan el Partido Popular, porque el Partido Popular cada día
está más en manos de la ultraderecha. ¡Si hasta el señor Casado va a las
misas de exaltación del dictador Francisco Franco! ¿Se pueden pedir más
cosas? (Protestas.— Aplausos).

Y termino, señorías del Partido Popular. Estos son los presupuestos de
la recuperación económica, son los presupuestos de las personas, son los
presupuestos del acuerdo y el consenso, son unos presupuestos avalados
por la Unión Europea. Este país va a salir de la crisis, lo va a hacer,
pero cuando salga no tendrá nada que deberles ni a ustedes ni al señor
Casado.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Heredia.

Terminados los debates de las impugnaciones, pasamos al turno de
portavoces. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días. Navarra hoy está en alerta, y no solamente
por la COVID; hoy también por las inundaciones. Varios ríos han alcanzado
en las últimas horas el nivel de alerta por inundaciones, los
desbordamientos ya son una realidad en Pamplona y su comarca; hay calles
y bajeras anegadas, carreteras cortadas; un auténtico desastre. Por lo
tanto, desde aquí, nuestra solidaridad y apoyo a todos los vecinos de
Navarra, también de Cantabria, de Álava y del norte de España, que están
sufriendo estas inundaciones. (Rumores). Pero además, señorías, en el
caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, todo este caudal luego
llegará a la ribera de Navarra y también de Aragón, y más concretamente a
la provincia de Zaragoza, y en este caso, señorías, el Gobierno no puede
seguir haciendo oídos sordos a las demandas que se plantean por parte de
los ayuntamientos, de los sindicatos de riego, de los agricultores, de la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y también de la Asociación
de afectados por las riadas del Ebro. (Rumores.— Pausa).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Continúe,
señoría.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.

Quizás a algunos senadores y senadoras no les importe lo que hoy está
pasando en Navarra y lo que está afectando a la zona norte de España; a
nosotros, como Unión del Pueblo Navarro, nos afecta y lo seguimos
defendiendo ahora y desde hace décadas. Estamos diciendo que el Gobierno
de España no puede hacer oídos sordos a las peticiones de colectivos y
asociaciones que vienen demandando que se limpien los cauces del río Ebro
y de sus afluentes. ¿Por qué? Porque hoy en Navarra, señorías, como en
otras partes del norte de España, se está mirando al cielo para ver si
deja de llover, y en otros casos concretos de Navarra se está mirando a
los pantanos de Yesa y de Itoiz a ver si pueden laminar las avenidas que
se nos vienen encima; infraestructuras hidráulicas, por cierto, señorías,
que han sido rechazadas siempre desde su construcción por la izquierda
radical vasca, por aquellos que hoy son socios del Gobierno. En el caso
concreto del pantano de Itoiz, señorías, sufrió sabotajes, tuvo que
instalarse un destacamento de la Guardia Civil para que sus obras
pudiesen seguir adelante y, por lo tanto, señorías, hoy hay cauces del
Ebro y también de sus afluentes que son una auténtica gravera,
vertederos, bosques. Con el mismo caudal, señorías, se están produciendo
inundaciones; hay lechos del cauce del río Ebro, zonas del río Ebro, que
se han incrementado más de un metro por las gravas que se van acumulado
en ese cauce. Por lo tanto, señorías, hay que actuar ya, hay que prevenir
antes que lamentar y, sobre todo, hay que intentar, con decisiones
importantes y escuchando a los afectados, minimizar la situación que se
viene atravesando cada cierto tiempo. Por lo tanto, señorías, hoy más que
nunca, que se tenga muy claro: solidaridad y apoyo con los afectados,
pero sobre todo se tienen que tomar medidas. Hay que limpiar los cauces
del río Ebro y sus afluentes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Catalán.

¿Grupo parlamentario democrático? (Denegaciones). No hay
intervenciones. ¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).
Tampoco. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la
palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on,
senatari jaun-andreok.

Señorías, miembros todas y todos de esta Cámara de representación
territorial, con todo el respeto y toda la humildad de la que soy capaz
quiero expresar hoy lo que siento, y siento que llevamos un día y medio
intenso de trabajo en que los portavoces de los grupos nos han ido
desgranando lo óptimo y lo pésimo de estos presupuestos, y me da que lo
dicho aquí no es más que una repetición de lo que han dicho unos y otros
en el Congreso, por lo que lo diré claramente: Para la mayoría de ustedes
esto ―para mí, desde luego, sí― ha sido una pérdida total de
tiempo y un aburrimiento. Hombre, si nos gusta el circo, aplaudir a los
míos, abuchear a los contrarios, pues muy bien, pero eso es lo más
deleznable, lo más triste, lo más vergonzoso de la política, con p
minúscula. Así lo siento y así lo digo.

El año pasado, cuando el debate de los presupuestos llegó al Senado,
ya nos informaron de que aquí, en la Cámara de representación territorial
―no se olviden― no se iba a aceptar ninguna enmienda. Aun
así, porque es nuestra obligación como senadores de designación
autonómica, los grupos que conformamos Izquierda Confederal presentamos
enmiendas, y claro, no se nos aceptó ninguna. Este año lo hemos vuelto a
hacer y esperamos que por democracia, por respeto a lo que dice la
Constitución española, esa Constitución de la que muchos, muchísimos de
ustedes, son aguerridos defensores, y subrayo lo de aguerridos ―por
respeto a la Constitución, vaya―, algunas de las mismas sean
aceptadas. En concreto, desde Geroa Bai Socialverdes he presentado varias
relacionadas con la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio
climático, el acompañamiento a las personas más vulnerables, y permítanme
que hoy cite una enmienda relacionada con la situación de la confluencia
del río Ulzama con el río Arga a la altura de Atarrabia-Villava, que
estos días está provocando una situación de alerta por unas graves
inundaciones que, como dice el Gobierno de Navarra, del que formamos
parte junto con el Partido Socialista de Navarra, no se conocían
desde 2013. Señorías, cinco millones he solicitado para esta enmienda, en
cuya importancia y necesidad insisto.

Señorías, los seis grupos de Izquierda Confederal votamos ayer en
contra de los vetos a estos presupuestos. Hoy algunos votaremos a favor
del veto a alguna de las secciones. Por ejemplo, en la propuesta de veto
a la Casa del Rey, que no solo vive de su presupuesto computado como tal,
sino al parecer también de lo que le llega de otros cinco ministerios.
Algunos nos abstendremos también en el veto a algunas otras secciones,
porque cuando no se contesta a tus preguntas, o te dan largas cambiadas,
o te hacen pases toreros, pues ya saben ustedes: Quien siembra
vientos…

El año pasado de seis senadoras y senadores que conformamos el Grupo
de Izquierda Confederal, todos nosotros senadores de designación
autonómica, dos votamos a favor de los presupuestos, dos se abstuvieron y
dos votaron en contra. Yo mismo, como Geroa Bai, voté a favor porque
llegué con el Ministerio de Hacienda a un acuerdo presupuestario
extrasenatorial, a un acuerdo entre partidos que, por cierto, no se ha
cumplido, aunque en honor a la verdad he de decir que lo acordado el año
pasado en cuanto a presupuesto viene recogido en el anteproyecto de
presupuestos de este año. Lo pactado por los servido, con lo que mi punto
de partida de cara a estos presupuestos como miembro de Geroa Bai
Socialverdes es cero, ni frío ni calor, porque les guste o no, me guste o
no, el Senado, insisto, es la Cámara de representación territorial, y del
mismo modo que hay grupos que tienen representación en el Congreso e
incluso están en el Gobierno de España y no están representados en el
Senado, lo mismo nos ocurre a algunos, que tenemos representación en el
Senado y no en el Congreso, y todas y todos, y cada uno y cada una de
nosotras y de nosotros, representamos la soberanía popular. Señorías, en
manos del Gobierno está aceptar parte de nuestras enmiendas o todas
ellas; de ello va a depender nuestra postura respecto de los presupuestos
y que en vez de 11 grupos apoyando los presupuestos seamos 16. A nosotros
nos gustaría, pero depende del Gobierno.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Martínez Urionabarrenetxea.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No interviene. ¿Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu? (Denegaciones).
Tampoco. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Marí.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, afrontamos la recta final del debate de los vetos a la
totalidad de las diferentes secciones. Primero hicimos el debate a la
totalidad de este presupuesto; nuestro grupo solicitó la devolución de
este presupuesto al Gobierno de la nación y hemos solicitado la
devolución de diferentes secciones del presupuesto al Gobierno de la
nación. Déjenme expresar dos o tres cuestiones, señorías. No se trata en
este debate de quién arrima el hombro y de quién no; no es esta la
cuestión, no lo establezcan así, señorías del Grupo Socialista. No es
esta la cuestión, no se trata de quién arrima el hombro y de quién no, se
trata de que entre todos hagamos los mejores presupuestos para los
españoles; de eso se trata, señorías. (Aplausos). No se trata de aprobar
cualquier presupuesto, sino que se trata de que aprovechemos la
oportunidad que los fondos europeos, los fondos Next Generation, suponen
para nuestro país, igual que les decía ayer que hemos aprovechado como
españoles otras oportunidades a lo largo de estos cuarenta años de
democracia. En cada momento como españoles hemos aprovechado la
oportunidad que teníamos por delante y se trata de no desperdiciar esta
oportunidad.

Ya sabemos el cuento del presupuesto de 2021, señorías. Sabemos el
cuento de 2021, sabemos cómo está acabando el cuento de su presupuesto
de 2021: ni crecimiento del 9,8, sino a duras penas crecimiento económico
del 5, ni 7000 millones de recaudación, porque estaremos 7000 millones
por debajo de la recaudación que ustedes presupuestaron, ni un deflactor
del PIB del 0,9, sino una inflación del 5,6 a final de año. No se trata
de arrimar el hombro o no, señorías, se trata de hacer lo mejor para el
progreso de los españoles, y estos presupuestos no son ni para el
progreso ni para la recuperación de nuestro país.

Por otro lado, señorías, no sé cómo expresarlo, porque ustedes
seguirán diciendo lo mismo, y la intervención del señor Heredia, al que
ahora no veo, ha sido buena prueba de ello. No se equivoquen, señorías,
en el debate y en democracia una cosa es la oposición que hacemos a las
políticas que ustedes despliegan porque consideramos que hay una
alternativa mejor para los españoles y otra cosa es no pactar en aquello
que consideramos que no sea posible. Pero eso es la democracia, señorías,
y es que ustedes están dejando fuera en este presupuesto lo mejor para
los españoles, lo mejor para diversos sectores de nuestra actividad
económica. Están dejando fuera el 10 % de IVA para las peluquerías, están
dejando fuera un fondo COVID, porque la ministra ayer dijo que no lo va a
ejecutar, para nuestras comunidades autónomas, están dejando fuera 4000
millones de fondo para nuestros ayuntamientos. Ni se han dignado a decir
nada a nuestros ayuntamientos en toda la pandemia, señorías; eso es lo
que demuestra su presupuesto.

Creemos que el presupuesto debe ser devuelto al Gobierno, y ayer
tuvimos buena prueba de ello. La mejor prueba de que este presupuesto
debe ser devuelto al Gobierno son las dos horas de palabrería de ayer de
la ministra Montero en este hemiciclo, señorías. Y por último, expresaba
el portavoz de Izquierda Confederal su desazón por el desarrollo de este
debate a la totalidad. Señor portavoz de Geroa Bai, señor portavoz de
Izquierda Confederal, abandone toda esperanza, sí, abandone toda
esperanza: el discurso de ayer de la señora Montero indica claramente de
qué va este debate, y este debate va…

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.

El señor MARÍ BOSÓ: Acabo, señor presidente.

Este debate va de hablar mucho del señor presidente, pero nosotros
vamos a hacer las mejores políticas para los españoles y para el conjunto
también de los navarros, y en ese debate, en ese esfuerzo, tendrá al
Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Gracias, señor
Marí.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Palacín.

El señor PALACÍN GUARNÉ:






Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Estamos ya al final del debate de los vetos a
las secciones del presupuesto; unos presupuestos presentados por el
Gobierno de coalición hace unas semanas y que tras su paso por el
Congreso sumaron el apoyo y las propuestas de 11 grupos políticos, que es
algo que a nuestro grupo le gusta poner en valor.

Por tanto, estamos ante unos presupuestos plurales, porque plurales
son también las fuerzas que los apoyaron en el Congreso y que esperamos
también que suscriban su apoyo en el Senado. Es evidente que estas
cuentas no son las que hubiera elaborado ni el Partido Nacionalista
Vasco, ni Esquerra Republicana, ni los grupos de Izquierda Confederal;
incluso, tampoco serían los presupuestos que hubiera elaborado el Grupo
Socialista si tuviera un Gobierno de mayoría absoluta, pero de esto va la
política, señorías, de buscar puntos de acuerdo y de intentar que estas
cuentas sean las que nuestro país necesita y que consoliden la
recuperación. Aquí no hay ningún rodillo parlamentario porque, como he
dicho antes, estas cuentas fueron presentados por un Gobierno de
coalición y aquí no hay mayorías absolutas; las mayorías se trabajan y de
eso va la política, nada más y nada menos.

Y es evidente que es positivo que nuestro país cuente con unas cuentas
aprobadas que entren en vigor el 1 de enero. Ello dará estabilidad al
país y consolidará la recuperación, por eso es importante que las cuentas
se aprueben y entren en vigor el día 1 de enero, nada más y nada menos. Y
no tengan duda, señorías, el cuadro macroeconómico recogido en estos
presupuestos ha sido avalado por la Airef, tal y como dijo la presidenta
en la comisión, y también la Comisión Europea ha avalado el plan
presupuestario que envió el Gobierno el pasado mes de octubre, porque son
unos presupuestos prudentes y realistas, pese a las visiones
apocalípticas de algunos.

Es cierto que, como lo fueron los presupuestos de 2021, son la
herramienta para canalizar los fondos europeos, y hemos visto cómo su
ejecución se va acelerando día tras día, porque es lógico: se aprobó el
plan de recuperación en el mes de junio y el programa es que se ejecute
hasta el año 2023, luego este año 2022 tiene que ser también el de la
consolidación de estos fondos. Y es que esa oscura realidad que, a veces,
dibujan en cada una de sus intervenciones, señorías del Partido Popular,
solo existe en sus cabezas. El trabajo del Gobierno de España en materia
presupuestaria y en gestión de fondos, como hemos visto, es reconocido y
valorado por la Comisión Europea, una vez tras otra. La Organización
Mundial de la Salud también ha reconocido y felicitado al Gobierno de
España por la gestión de la pandemia y el proceso de vacunación; un éxito
colectivo y un orgullo de país, como también se reconoció el proceso de
repatriación y acogida de cientos de afganos. Somos ejemplo y somos el
alma de Europa, como nos dijo la presidenta de la propia Comisión. Existe
ese reconocimiento internacional a la labor del Gobierno y a nuestro
país, a pesar de lo que dice el Partido Popular o lo que dice el señor
Casado, que hoy lo tenemos por América Latina, porque se ve que en Europa
ya no le hacen caso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Es así, no lo tienen en cuenta ni sus propios compañeros del
Partido Popular Europeo; algo que también es positivo para nuestro
país.

Para concluir, senador Martínez, estoy de acuerdo con usted. Hemos ido
hablando, igual que lo hicimos el año pasado, y es cierto que ni todo es
blanco ni todo es negro, siempre tiene que haber un espacio para el
diálogo y para la negociación, que es el que se tiene que abrir pasada
esta votación, porque lo que hoy votamos es la devolución de las
secciones del presupuesto, y todos sabemos qué pasaría si se llegase a
aprobar algún veto a alguna sección: que el presupuesto ya no estaría en
el Senado, volvería al Congreso y si allí se levantara el veto, quedaría
aprobado. Por eso, entiendo que es importante exponer las bondades del
presupuesto y luego habrá un espacio para hablar, igual que lo hemos
venido haciendo hasta ahora.

Señor Marí, le agradezco el tono. Ese tono, tanto ayer como hoy, puede
ser precursor de un espacio de debate que podamos abrir en el futuro. Yo
creo que es necesario que ustedes, a lo mejor no que arrimen el hombro,
pero sí que tengan a bien negociar y no únicamente desgastar al Gobierno.
Pero sí le quiero contestar a dos cuestiones. La recaudación fiscal está
por encima de lo previsto…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Ya acabo.

De hecho, el déficit fiscal acabará un punto por debajo de lo
inicialmente previsto, como nos dijo la presidenta de la Airef y usted y
yo lo pudimos escuchar. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

Nada más, agradezco a los grupos que votarán en contra de los vetos y
que permitirán proseguir con la negociación de los presupuestos, y
esperemos que en los próximos días podamos ampliar los acuerdos, que será
positivo para esta Cámara y también para el futuro de nuestro país.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senador.

Señorías, finalizado el debate de las impugnaciones a las secciones,
se procederá a abrir el plazo para emitir el voto telemático. Cada
impugnación se votará separadamente y por su orden de debate. Para su
aprobación se exige la mayoría absoluta.

Se abre la votación telemática desde este momento, que son las once
horas y cinco minutos, hasta las trece horas y cinco minutos.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 3, 3.1.
y 3.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No se ha presentado ninguna
propuesta a dicho acuerdo.

¿Algún grupo desea intervenir al respecto? (El señor Martín Deulofeu
pide la palabra).

Tiene la palabra, senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta.

Intervengo solo para anunciar la abstención de nuestro grupo
parlamentario.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senador.

En todo caso, la votación de este punto se abrirá una vez concluido el
debate del dictamen del siguiente proyecto de ley.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 4., 4.1.
y 4.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el senador Ferrer Sais.

El señor FERRER SAIS: Buenos días. Gracias, presidenta.

Señorías, si me lo permiten, antes de exponer el literal del dictamen
de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
quisiera poner en valor el proyecto de ley en lo que representa: que
nuestro país, la sociedad española, disponga de una nueva red de
protección como es el ingreso mínimo vital, dirigido a prevenir el riesgo
de la pobreza y la exclusión. Se configura —y este es un dato muy
relevante— como un derecho subjetivo a una prestación económica
—por lo tanto, se inscribe dentro de la acción protectora de la
Seguridad Social— y persigue no solamente proteger económicamente,
sino facilitar y dar oportunidades a las personas con riesgo de exclusión
social y, por lo tanto, propiciar su inserción laboral, mediante el
diseño de incentivos para la inclusión, incentivos para el empleo y algo
que es fundamental, la cooperación entre las distintas
administraciones.

Quisiera también recordar la iniciativa aprobada por el Congreso de
los Diputados en 2017, la iniciativa legislativa popular que presentaron
las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión
General de Trabajadores para establecer un ingreso mínimo; un ingreso que
tenía una finalidad: dar protección a las personas que no la tenían y
que, por lo tanto, se incardina claramente en la finalidad de este
proyecto de ley.

Para finalizar esta breve presentación, deseo recordar también el
trabajo que desarrolló la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal en 2019, a petición del Gobierno del señor Rajoy, para desarrollar
un programa de rentas mínimas en España, a raíz de que la Comisión
Europea, concretamente el Consejo Europeo, llamara a España la atención
sobre la necesidad de incorporar al sistema de protección social
prestaciones económicas que mejoraran la cobertura social y contuvieran
la evolución de la pobreza.

Ya sin más, paso a plantearles el dictamen del proyecto de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno y que se tramita por
procedimiento de urgencia. Tuvo su entrada en esta cámara el día 24 de
noviembre; fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 30 de
noviembre y se presentaron un total de 116. Las enmiendas se distribuyen
de la siguiente manera: enmiendas 1 y 2, del señor Clavijo Batlle, del
Grupo Parlamentario Socialista; de la enmienda 3 a la 30, de los señores
Muñoz Lagares y Sánchez López y la señora Ponce Gallardo, del Grupo
Parlamentario Democrático; enmiendas 31 a 56, del señor Mulet García, del
Grupo de Izquierda Confederal; enmiendas 57 a 62, del señor Martínez
Urionabarrenetxea, de Izquierda Confederal; enmiendas 63 a 74, del señor
Gómez Perpinyà, de Izquierda Confederal; enmiendas 75 a 93, de los
señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo
Palomares, del Grupo Mixto; enmiendas 94 a 107, de los señores Cervera
Pinart y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Nacionalista; enmiendas 108 a 157,
del Grupo Parlamentario Popular; enmienda 158, del señor Vidal Matas, de
Izquierda Confederal; enmiendas 159 a 162, de la señora Bideguren
Gabantxo, del Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, y
enmiendas 163 a 166, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

La ponencia ha estado integrada por doña Nerea Ahedo Ceza, doña Idurre
Bideguren Gabantxo, don Josep Maria Cervera Pinart, doña María Mercedes
Fernández González, doña María Ascensión Godoy Tena, don Pablo González
Perpinyà, don Jacobo González-Robatto Perote, doña María José Heredia de
Miguel, don Alfonso Muñoz Cuenca y don José Luis Muñoz Lagares. La
ponencia, tras reunirse el día 2 de diciembre, emitió su informe, en el
que acordó, por mayoría, incorporar al texto remitido por el Congreso de
los Diputados las enmiendas 163 a 166, con una corrección a la
enmienda 166. Asimismo, la ponencia acordó por unanimidad una corrección
técnica a la disposición adicional cuarta.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 2 de diciembre y
acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia en su
informe. A este dictamen se han presentado por los enmendantes citados al
comienzo de esta presentación diez votos particulares, si bien la señora
Bideguren Gabantxo ha retirado posteriormente las enmiendas 159
a 162.

Sin más, señorías, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

¿Algún senador o alguna senadora quieren usar un turno a favor o un
turno contra? (Pausa).

Pasamos, pues, al turno de portavoces.

En el turno de portavoces, tiene la palabra, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Marín Gascón (Denegaciones del
señor Marín Gascón.— El señor Catalán Higueras pide la
palabra).

Entonces, intervendrá el señor Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Señora presidenta, si me lo permite, por la
brevedad, intervendré desde el escaño.

En todos los países desarrollados se ha evidenciado la necesidad de
establecer una renta de inclusión, una renta garantizada,
fundamentalmente para los más vulnerables. Evidentemente también, el
Gobierno de España ha llegado tarde. Algunas comunidades autónomas, como
es el caso de Navarra, lo tienen establecido ya desde hace bastantes
décadas y, por lo tanto, debieran ser las comunidades autónomas, todas en
su conjunto, independientemente del color o de la ideología de los
ejecutivos, las que gestionasen estas ayudas.

Por otro lado, lo que se ha evidenciado es que el Gobierno ha
realizado una gestión nefasta, una gestión que ha supuesto el colapso de
las oficinas de la Seguridad Social, los retrasos y también que se hayan
rechazado muchas de las solicitudes que se han planteado: tres de cada
cuatro han sido rechazas; este mínimo vital no va a llegar más que
al 38 % de los potencialmente beneficiarios. Además, los objetivos que
tienen que perseguir este tipo de rentas y ayudas deben ser,
fundamentalmente, acabar con la pobreza y la exclusión y, sobre todo, de
manera especial —para aquellos beneficiarios que así lo puedan
hacer—, la reinserción sociolaboral. En Unión del Pueblo Navarro
siempre hemos defendido que hay que practicar políticas activas de
empleo, que hay que hacer un acompañamiento, no solamente desde los
servicios sociales, sino también desde los servicios de empleo, porque,
al final, ese es el objetivo que se debe tener en cuenta.

Asimismo, la gestión se tiene que realizar con eficacia. Tiene que
haber control por parte de las administraciones públicas. El ciudadano
tiene que estar tranquilo y saber que los fondos públicos, una vez más,
se están gestionando con eficacia y con eficiencia; que se lucha contra
el fraude que se pueda establecer y, sobre todo, señorías, que se
facilite esa inclusión y ese desarrollo personal y familiar de los más
vulnerables de la sociedad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.

¿El señor Marín Gascón toma la palabra? (Denegaciones del señor Marín
Gascón).

No. Muchas gracias.

Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario Democrático. El senador
Muñoz Lagares tiene la palabra.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.

Ciudadanos ha presentado un total de veintiocho enmiendas. Destacaré
alguna de ellas.

El ingreso mínimo vital, además de servir de herramienta esencial de
apoyo para los sectores que se encuentran en la extrema pobreza, debe ser
un instrumento provisional que consiga sacar a estas personas que se
hallan en este estatus de pobreza severa, y para ello es vital realizar
acciones personalizadas de inserción y mejora del empleo, que garanticen
una mejora de las oportunidades de inclusión social y laboral. Tal y como
hemos planteado en nuestras enmiendas números 3, 23, 24, 26 y 27,
articulamos instrumentos en ese sentido: impulso a la contratación a
través de incentivos a las empresas que contraten a los beneficiarios del
ingreso mínimo vital; la introducción de una cuota de reserva de puestos
de trabajos para estas personas o bonificaciones a la contratación.
Tenemos que incentivar —es vital— la contratación de estas
personas, porque la concesión del sello de inclusión social sabe a poco,
muy poco. Este proyecto de ley no establece qué beneficios tendrían estas
empresas por ser titulares del sello de inclusión social, solo a los
efectos de un futuro contrato con el sector público, si se diera el caso,
claro.

Nos quedamos perplejos con que este Gobierno y su socio de Gobierno
hagan una discriminación en este proyecto de ley a un sector de la
población por el mero hecho de estar comprendido entre los 18 y 23 años.
Queremos subsanar este agravio con nuestras enmiendas números 5 y 7,
enmiendas coincidentes también con las de distintos grupos de esta
cámara. Señorías, no es una paguita para emanciparse; es un instrumento
para sacar a estos jóvenes, ya emancipados, de la extrema pobreza e
insertarlos tanto social como laboralmente.

Por otro lado, nos pasa lo mismo con otras barreras que consideramos
injustificada; ¿por qué no pueden vivir en un mismo domicilio dos
unidades de convivencia y solicitar las dos unidades de convivencia el
ingreso mínimo vital? No lo entendemos. ¿Por qué se limitan al segundo
grado de consanguinidad? Dejan fuera a colectivos de inmigrantes que se
ven forzados a compartir piso, no porque les guste vivir en convivencia,
sino porque sus ingresos no les da para más. Creemos que hay espacio para
recoger estos y otros supuestos y evitar condenar a la pobreza a ciertos
colectivos de forma innecesaria, de ahí nuestras enmiendas números 9
y 12.

También introducimos la posibilidad, a través de nuestra enmienda
número 11, de que el mediador social —figura desempeñada por una
entidad del tercer sector, de acción social— pueda presentar y
actuar como representante de los interesados durante todo el
procedimiento. La burocracia existente supone una auténtica barrera
administrativa infranqueable para las personas que viven en la pobreza
severa, que no tienen ni medios técnicos, ni medios humanos para superar
esa barrera.

Tampoco podemos discriminar a nuestros emigrantes que retornan. No
podemos exigirles el requisito de residencia ininterrumpida, en
coherencia con el principio de igualdad de trato en la protección social
dispensada al resto de nacionales residentes en nuestro país. Lo queremos
subsanar con la enmienda número 16.

Para concluir, quiero hacer referencia también a nuestras tres últimas
enmiendas, 28, 29 y 30. Queremos restablecer la prestación de hijo a
cargo y que sea compatible con el ingreso mínimo vital, como instrumento
básico para hacer frente a la pobreza extrema y de ayuda básica para
financiar los costes de la crianza y potenciar la natalidad, una
natalidad tan necesaria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Les recuerdo que, de conformidad con la ordenación del Pleno, estamos
en el punto correspondiente al debate de totalidad de este proyecto de
ley. El senador ha utilizado su turno para defender las enmiendas al
articulado y, por lo tanto, entiendo que después no va a volver a
intervenir. Ahora, en el turno de debate de totalidad, pueden ustedes
hacer uso de él, de acuerdo con la ordenación que está prevista, o pasar
directamente al articulado, pero sepan que en este momento estamos en el
debate de totalidad y que, a continuación, pasaremos al debate del
articulado, con las correspondientes enmiendas que han presentado.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.

No haremos uso de este turno en el debate de totalidad. Nos esperamos
al articulado para defender nuestras enmiendas y aprovechar el turno de
portavoces correspondiente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, ¿algún senador
va a intervenir en el debate de totalidad? (Denegaciones de los señores
Mulet García, Gómez Perpinyà y Martínez Urionabarrenetxea).

No van a entrar en el debate de totalidad, entrarán después en las
enmiendas. De acuerdo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Ahedo Ceza tampoco hace
uso del turno de totalidad.

Por el Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la senadora
Bideguren Gabantxo también intervendrá más tarde.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Fernández González va
a hacer uso del turno de debate de totalidad. Muchas gracias.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

En el Grupo Parlamentario Popular vamos a utilizar este turno para
hacer consideraciones generales respecto a este importante proyecto de
ley.

Lo decía el presidente de la Comisión de Trabajo cuando presentó los
trabajos de la ponencia que hemos realizado en recientes días: se trata
de un proyecto importante, se trata de una prestación de la Seguridad
Social y debe tener carácter unitario para el conjunto de los españoles.
Se trata de no causar discriminaciones y se trata, como decía el
preámbulo del propio real decreto, de crear un suelo de prestaciones que
garantice el acceso a aquellas personas en nuestro país que estén
sometidas o a exclusión o a pobreza extrema.

Ha pasado año y medio, señorías, ni más ni menos, y podríamos estar en
condiciones de hacer un balance del real decreto que luego se tramitó
como proyecto de ley. Ha pasado año y medio desde aquel 10 de junio
de 2020, cuando el señor Iglesias en tándem con el señor Escrivá se
repartían la autoría material del proyecto de ley y trataban de ponerse
en la pechera cada uno las condecoraciones correspondientes al proyecto.
¿Y qué se ha demostrado, señorías? Que siendo un proyecto importante para
el conjunto de la ciudadanía —y, por eso, el Partido Popular dio su
voto favorable a la tramitación como ley y a la estimación como real
decreto cuando se presentó el 10 de junio en el Congreso de los
Diputados—, resulta que, pasado el tiempo, nos llega al Senado con
una tramitación exprés, con una tramitación rauda y veloz, después de
haber tenido más de treinta prórrogas en el plazo de enmiendas e,
igualmente, de haberse dilatado durante año y medio en el Congreso de los
Diputados.

Se ha hablado mucho del origen de este proyecto de ley, pero en esa
historia selectiva que sus señorías del Partido Socialista hacen con
respecto a algunas ideas o a algunos proyectos, aquí han omitido siempre
que fue el presidente Rajoy quien encargó a la Airef un informe sobre las
rentas mínimas y que ese informe se realizó y concluyó en el año 2019.
¿Qué recomendaba el informe de la Airef, que, a la sazón, presidía el hoy
ministro Escrivá? Pues recomendaba tres cosas fundamentalmente, que, a
nuestro juicio, no se han cumplido: en primer lugar, simplificar el
sistema de las rentas mínimas; en segundo lugar, asegurar el complemento
con políticas activas de empleo —esto está todavía por despejar y
por ver— y, en tercer lugar, elaborar un plan presupuestario que
permitiese compensar el gasto estructural que, consiguientemente, lleva
su implementación. Ni se ha simplificado, ni está asegurado
complementarlo a través de políticas activas de empleo y, desde luego,
tampoco se ha elaborado un plan presupuestario. Pero, fíjense, cuando
decimos que no se ha simplificado, esto, señorías, (La señora Fernández
González muestra un documento de papel continuo), es lo que tienen que
cumplimentar las personas que soliciten el ingreso mínimo vital, esto (La
señora Fernández González despliega el documento.— Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Yo creo que
resulta más que evidente que cualquier persona que aspire a ser perceptor
del ingreso mínimo vital casi casi tiene que asistir a un gestor
administrativo para poder dar cumplimiento a todos los requisitos que el
señor Escrivá no logró simplificar a través de la implementación en su
ministerio y desarrollo de la petición del ingreso. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Señorías, estamos hablando, como decía, de una prestación de la
Seguridad Social.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, por favor, bajen el
tono de sus conversaciones. Respeten a la interviniente.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Una prestación de la Seguridad Social
que se incardina en las prestaciones que son competencia del Estado por
el artículo 149 de nuestro texto constitucional, concretamente el 1,
apartado 17. Y lo sabe muy bien, señorías, el Gobierno catalán, que
interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque entendía que había
algunos preceptos en el real decreto, hoy proyecto de ley, que invadían
aspectos asistenciales y aspectos de ayudas sociales de las propias
competencias del Gobierno catalán. Bueno, el Tribunal Constitucional ha
sido inequívoco en su fallo: ha dicho que no hay ninguna invasión
competencial, ha dicho que se trata de una prestación unitaria en el
conjunto del Estado y ha dicho, de forma clara y nítida, que rechazaba
todas las impugnaciones a las que había sometido el Gobierno catalán el
referido real decreto.

Pero, señorías, a diferencia de algunas otras cuestiones u ocasiones
en las que, efectivamente, se puede dar alguna diferencia en el ámbito
jurídico respecto a los territorios forales, nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular, no consideramos que aquí esa diferenciación deba
tener acogida en una prestación universal de la Seguridad Social, que
recordamos: tiene la garantía para todos los españoles de tener una caja
única, que algunos se empeñan en romper (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado), pero nosotros vamos a luchar
con todas nuestras energías institucionales para que la caja única de la
Seguridad Social siga siendo una garantía para todos los españoles.

El ingreso mínimo vital ha tenido innumerables comentarios, pero,
señorías, desgraciadamente —lo digo con pena, lo digo con pesar, lo
decimos en el Grupo Parlamentario Popular con sentimiento de
pesadumbre—, no se trata de la historia de un éxito. Yo no sé si es
porque ustedes lo hicieron apresuradamente; yo no sé si tenían una pugna
muy viva con el que fuera —de triste recuerdo, porque no creía en
España— vicepresidente del Gobierno de España, el señor Iglesias;
no sabemos muy bien qué cóctel les llevó a apresurar y a redactarlo con
una técnica bastante deficiente en ocasiones a lo largo del articulado,
pero lo cierto es que, de cada cuatro solicitudes, tres peticiones han
sido rechazadas, y la que ha sido concedida, señorías, todavía está en la
penuria de la tramitación y de la consecución. Por eso, desgraciadamente
—y con ello finalizo en este primer turno—, nos unimos a lo
que decía también don Octavio Granados recientemente en un artículo del
diario El País: que no funcionaba bien el ingreso mínimo vital. Y, desde
luego, nosotros creíamos que era un texto mejorable, por eso solicitamos
en su día la tramitación como proyecto de ley.

Luego nos referiremos —como lo hizo mi compañera María José
Heredia en el trámite de ponencia, con precisión y brillantez, como es
acostumbrado en ella— a aquellos aspectos que nosotros creíamos que
eran susceptibles de mejora y en los que ustedes —en ese alarde de
pedir lo que no practican, es decir, pedir acuerdo y consenso para luego
echar el cerrojo a todas las iniciativas y alternativas que el Grupo
Parlamentario Popular les ofrece—, señorías, se han equivocado. Se
han equivocado notablemente en ese rechazo sistemático que han hecho de
todas nuestras peticiones, de todas nuestras iniciativas y que han
generado este rosario de papeles interminables (La señora Fernández
González muestra el documento de papel continuo desplegado), que
cualquier peticionario del ingreso mínimo vital tenga que desplegar todo
esto para poder ser admitida a trámite la petición, lo cual no quiere
decir, ni mucho menos, que se consiga. Es un ejemplo bastante visual de
cómo entiende el señor Escrivá el acortamiento de requisitos y la
simplificación en la gestión del ingreso mínimo vital.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, toma la palabra el senador
Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, hoy es un buen día para debatir sobre el ingreso mínimo
vital porque hoy se celebra, desde 1948, el Día Internacional de los
Derechos Humanos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Y me gustaría compartir con todos ustedes algunas
reflexiones.

Señorías, ¿cómo podemos exigirles a ciertas familias que lo están
pasando mal, que son vulnerables, que no tienen ingresos, que sus hijos
acudan, incluso regularmente, al colegio o que tengan un buen resultado
académico si no tienen algo tan básico como puede ser el alimento, o una
vivienda digna, o unas necesidades mínimas dignas cubiertas? ¿Cómo
podemos exigirles eso? ¿Cómo decimos que vivimos en un Estado del
bienestar cuando tenemos esas altas tasas de pobreza infantil? ¿Realmente
vivimos en un Estado del bienestar? ¿Cómo se atreven algunos o algunas a
hablar de libertad, confundiendo a la sociedad cuando dicen que la
libertad consiste en tomarte unas cañas en una terraza mientras hay
familias y personas en barrios como la Cañada Real, que no tienen ni
siquiera para hacer tres comidas al día? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se
atreve alguien a hablar de libertad? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Señorías, ayer terminamos tarde, como otros días. No sé si algunos se
han fijado alguna vez, cuando pasan ya tarde por la plaza de Ópera o
quedan allí con sus compañeros para tomar algo, en que hay una cola,
aquí, en el centro de Madrid, una cola de personas que esperan una bolsa
de comida para comer algo caliente esa noche. ¿¡Se han fijado!? ¿¡Se
imaginan que alguna de esas personas fueran ustedes o algún familiar!?
¡Es que se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos!
(Aplausos.— Protestas). Porque aquí estamos para solucionar esos
problemas, no para discutir de cuestiones como quién paga o no o quién
gestiona o no el ingreso mínimo vital. ¿Ustedes piensan que a esas
personas les importa quién gestione el ingreso mínimo vital? ¿Ustedes
piensan que eso les importa? Esas personas lo que necesitan realmente es
que se les ayude para que salir de esa situación, no quién gestiona el
ingreso mínimo vital. Porque si hablamos de eso, en mi comunidad, en
Andalucía, es lamentable que una prestación que debería resolverse en dos
meses, como dice la norma, se tarden dos años en cobrar la renta mínima,
y lo mismo pasa con la Ley de dependencia. ¡Eso es lo que nos debería
interesar a nosotros y a Moreno Bonilla! ¡Eso es lo que les debería
interesar! (Rumores.— Aplausos).

Por tanto, señorías, dejémonos de discursos vacíos, que alejan a los
ciudadanos de la política, y centrémonos: centrémonos en buscar
soluciones, centrémonos en hacerles la vida mejor, centrémonos en tener
una sociedad más humana. Decía el cineasta Javier Fesser, cuando le
preguntaron sobre su documental El monstruo invisible —les
recomiendo que lo vean para que sepan cuál es el monstruo
invisible—, que lo contrario a la pobreza no es la riqueza, lo
contrario a la pobreza es la justicia social. Y yo añadiría: ¡el ingreso
mínimo vital es justicia social!

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos ahora a la defensa de los votos particulares.

Comenzamos con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto.Tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.

Señorías, a este proyecto de ley hemos presentado diecinueve
enmiendas, de la 75 a la 93, todas de modificación, excepto la 93, que es
de adición de una nueva disposición final decimotercera.

Les resumo la justificación que nos ha llevado a presentar dichas
enmiendas. La 75, modificación del artículo 1; 77, modificación del
artículo 3, y 85, modificación del apartado 1 del artículo 15, se
justifican en que el ingreso mínimo debe configurarse como una prestación
extraordinaria y temporal, destinada a ayudar a aquellas personas que lo
necesiten mientras subsistan las actuales circunstancias laborales,
económicas y sociales derivadas de la COVID-19. Se trata de evitar que el
ingreso mínimo vital se convierta en una prestación vitalicia, que
desincentive la búsqueda de trabajo por parte de los ciudadanos, que sea
un reclamo a la inmigración ilegal y que, en definitiva, mantenga a sus
perceptores en la dependencia del Estado.

La enmienda 76, modificación del apartado 2 del artículo 2, y la 84,
modificación del apartado 6 del artículo 13, se justifican en que las
rentas mínimas autonómicas deben ser incompatibles con el ingreso mínimo
vital, puesto que de no serlo, no se lograría evitar la desigualdad
territorial que existe en España en materia de rentas mínimas y la
consiguiente creación de desigualdades entre los ciudadanos en función de
la región en que residan, lo cual es contrario al principio de igualdad,
artículo 14 de la Constitución.

Enmienda 78, modificación del artículo 4. Se propone la supresión de
las excepciones al cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
del ingreso mínimo vital. No existen motivos que justifiquen que ciertos
colectivos estén eximidos del cumplimiento de requisitos para acceder a
la prestación del ingreso mínimo vital; por lo tanto, el establecimiento
de estas excepciones constituye un trato discriminatorio injustificado y,
por consiguiente, contrario al principio de igualdad, artículo 14 de la
Constitución. Por otro lado, las personas usuarias de una prestación de
servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario, con
carácter permanente y financiada con fondos públicos, son personas de
tercera edad en situación de dependencia; por ese motivo, en estos casos
debe permitirse la compatibilidad de las dos prestaciones.

Enmienda 79, modificación del apartado 2 del artículo 5. Se propone la
supresión de las excepciones a la edad mínima de la persona titular. No
existen motivos que justifiquen que la edad mínima exigida a esos
colectivos deba ser inferior a la exigida con carácter general; por ello,
el establecimiento de estas excepciones constituye un trato
discriminatorio injustificado y, por consiguiente, contrario al principio
de igualdad, artículo 14 de la Constitución.

Enmienda 80, modificación del artículo 7. Se propone modificar la
letra a) del artículo 7 con el fin de aunar todas aquellas personas que,
por diferentes razones justificadas, hayan abandonado el domicilio
familiar habitual y vivan de forma independiente, integrando o no otra
unidad de convivencia.

Enmienda 81, modificación del artículo 10. La modificación propuesta
pretende garantizar que el ingreso mínimo vital se configure como un
mecanismo de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad que
acrediten arraigo en España. Con este fin, se introduce la referencia
expresa a las personas con nacionalidad española. Del mismo modo, también
cabe predicar el arraigo en aquellas personas que, no teniendo
nacionalidad española, acrediten una residencia legal y efectiva en
España durante al menos los últimos cinco años previos a la
solicitud.

Enmienda 82, modificación del apartado 2 del artículo 13. Se propone
la modificación de la letra c) del apartado 2, suprimiendo la referencia
de monoparentalidad, en tanto en cuanto no existen motivos que
justifiquen la aprobación de un complemento de monoparentalidad
consistente en un 22 % adicional a la cuantía prevista en las letras
anteriores. Sí se justifica, en cambio, que dicho complemento del 22 %
adicional a la cuantía prevista en las letras anteriores se devengue por
el hecho de que alguno de los progenitores, abuelos o guardadores o
acogedores con hijos o menores a cargo tenga reconocida el grado III de
dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran
invalidez.

Enmienda 83, modificación del apartado 4 del artículo 13. Se propone
la modificación del apartado 4 porque la actual redacción del precepto
puede dar lugar a que una unidad de convivencia se vea privada del
ingreso mínimo vital porque el menor no esté empadronado. En el régimen
de custodia compartida, el menor reside alternativamente con los dos
progenitores, de acuerdo con el juez de familia. De este modo, aunque
exista un solo empadronamiento, existieran siempre dos domicilios. Por
este motivo, es preciso modificar el apartado 4, de tal manera que, si
ambos progenitores con custodia compartida están en situación vulnerable,
los dos puedan percibir el ingreso mínimo vital.

Enmienda 86, modificación del apartado 1 del artículo 18. El ingreso
mínimo vital debe configurarse como una prestación destinada a ayudar a
las personas que lo necesiten mientras subsistan los hechos que motivaron
su concesión; sin embargo, ello no puede ser causa para que los
beneficiarios cronifiquen su situación. Los beneficiarios del ingreso
mínimo vital deben procurar, en la medida de lo posible, superar las
circunstancias que les han llevado a solicitar esta prestación. Por este
motivo, el rechazo de una oferta de empleo adecuada debería ser causa
suficiente para la extinción del ingreso mínimo vital, del mismo modo que
sucede con la prestación por desempleo.

Enmienda 87, modificación del apartado 1 del artículo 20. La
modificación que se propone tiene por objeto excluir del cómputo de
ingresos las ayudas y prestaciones derivadas del Sistema Nacional de
Dependencia. La percepción de este tipo de ayudas no debería privar del
ingreso mínimo vital a sus beneficiarios, a quienes especialmente debe
proveerse de todo tipo de ayudas, artículo 49 de la Constitución.

Enmienda 92, modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 39. Se
propone incrementar las sanciones en sus diversas modalidades para
desincentivar cualquier actuación fraudulenta en la percepción de la
prestación.

Y enmienda 93, adición de una nueva disposición final decimotercera.
El ingreso mínimo vital se aprueba en una situación excepcional y, por
ello, debe articularse como una medida extraordinaria y temporal aprobada
con la finalidad de ayudar a aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos que se preveían en el real decreto ley que motivó la
tramitación de este proyecto de ley, se encuentren en una situación de
especial vulnerabilidad. Con este objetivo, esta disposición final
pretende garantizar la temporalidad de la prestación, sin perjuicio de su
prórroga, la cual corresponde aprobar a las Cortes Generales siempre y
cuando aprecie la asistencia de las circunstancias que justifiquen el
mantenimiento de la prestación.

Señorías, con estas enmiendas hemos tratado de mejorar este proyecto
de ley, por lo que esperamos que sean aceptadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Entiendo que las enmiendas 3 a 30, presentadas por el Grupo
Parlamentario Democrático, se dan por defendidas con la intervención
anterior.

Pasamos, entonces, a las enmiendas 94 a 107, presentadas por los
señores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Tiene la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bon dia,
senyories.

Sabemos todos que el ingreso vital se ha configurado como una
prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya gestión y
reconocimiento han sido regulados de forma pormenorizada y detallada,
constituyendo de este modo una norma de carácter reglado. A nuestro
entender, esto debería favorecer el reconocimiento del ejercicio de las
competencias de carácter ejecutivo que la Generalitat tiene atribuidas en
exclusiva por el Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre la
asistencia social y sobre desarrollo y ejecución en materia de Seguridad
Social, y que deberían comportar la gestión completa de dicha prestación
por parte del Govern de Catalunya.

Las limitaciones que incorpora la ley condicionando la posibilidad de
la tramitación del ingreso mínimo vital por parte de la Generalitat, solo
como una mera posibilidad y previa firma de un convenio que lo habilite y
reservándose en exclusiva la resolución y el control de la prestación
económica a la instancia estatal del Instituto de la Seguridad Social,
así como el resto de limitaciones de diversas facultades de ejecución,
como la revisión de oficio, hacen que Junts per Catalunya —como
hizo en su momento el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
de Chakir El Homrani, con el decreto ley— considere que se vulneran
las competencias que tiene atribuidas la Generalitat en el ámbito social
por los artículos 165 y 166 del Estatut d’autonomia de Catalunya.
Y, a pesar de que nos recordaban que la sentencia del Tribunal
Constitucional había establecido su constitucionalidad, no podemos
olvidar que esta no fue por unanimidad y que se presentaron votos
particulares al respecto. Déjenme referirme al de la magistrada doña
María Luisa Balaguer, que afirmaba que el título jurídico que funda la
titularidad de una competencia no es la existencia del correspondiente
traspaso de competencias, sino su reconocimiento en las normas que rigen
la distribución de competencias, en este caso, la Constitución y los
estatutos de autonomía.

Los traspasos de competencias son consecuencia y reflejo de tal
distribución de competencias, y no al contrario, por lo que en nuestro
grupo entendemos que es una incoherencia afirmar que Catalunya no tiene
competencias sobre la gestión del ingreso mínimo vital porque no ha
habido traspaso, y sí la tiene sobre las pensiones no contributivas de
jubilación e invalidez porque sí lo ha habido. Y decimos que lo es,
porque el título competencial que sostiene la facultad de actuar sobre
uno o sobre otras es exactamente el mismo, por lo que Junts per Catalunya
hemos presentado catorce enmiendas a este proyecto de ley: once de
adición, dos de supresión y una de modificación. La práctica totalidad de
ellas están relacionadas con lo expuesto y tienen la finalidad de
defender las competencias que consideramos que tiene atribuidas la
Generalitat de Catalunya de los servicios sociales sobre desarrollo y
ejecución de la Seguridad Social, contempladas, como les decía, en el
Estatut de Catalunya, exactamente en los artículos 165 y 166.

Con otra de nuestras enmiendas, lo que pretendemos es, además de que
se respeten las competencias del Govern de Catalunya, que también se
garanticen los recursos económicos necesarios para poderlas ejercer
correctamente.

Finalmente, hacemos una consideración en una de las enmiendas respecto
a la tramitación del ingreso mínimo vital, porque entendemos que esta
debe ser objeto del reglamento y no de la ley.

Nada más, y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Las enmiendas 1 y 2, presentadas también por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, ¿van a ser defendidas por algún senador? (Pausa).

Entiendo que son del senador Clavijo, que no está presente.

Pasamos, entonces, a la defensa de las enmiendas 31 a 56, del senador
Mulet. Tiene la palabra, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, presidenta.

Desde el 1 de junio de 2020, cuando entró en vigor el ingreso mínimo
vital, según los datos que ha aportado el Gobierno en una reciente
respuesta, 1 453 652 personas han solicitado acogerse a este ingreso
mínimo vital. Hoy, dieciocho meses después, solamente se han
aprobado 336 933 de estas solicitudes, lo que supone el 23 % de las
solicitudes. Estos datos demuestran que algo falla, porque si casi un
millón y medio de personas piden ayuda al Gobierno, es porque seguramente
casi un millón y medio de personas necesita ese tipo de ayuda, y si de
ese millón y medio solamente se atiende a poco más de 300 000 personas,
es que objetivamente algo falla.

En Compromís, llevamos en nuestros programas electorales medidas como
esta renta social, como el ingreso mínimo vital —aunque no con ese
nombre—, una propuesta que imagino que la mayoría de grupos
progresistas llevábamos en nuestros programas electorales. Y aplaudimos
desde el principio esta medida, y fuimos críticos con su aplicación y,
desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón.

Los requisitos para acceder a esta ayuda son exagerados. Conocemos
gente que, objetivamente, necesita esta ayuda, que la han solicitado más
de dos veces y han sido excluidos por unos baremos que no podemos
compartir ni comprender. Son tremendamente complicados de tramitar para
gente que no tiene habilidad en la tramitación electrónica. La renta de
referencia para poder acogerse al ingreso mínimo vital debería ser 2020,
que es cuando sobrevino la vulnerabilidad a muchísima gente, y no 2019.
Saben perfectamente que en 2019 había gente con una economía aceptable,
con sus trabajos, y fue en 2020 cuando la COVID los dejó desprotegidos y
sin ingresos. Y esta gente que en 2020 se vio desprotegida, no ha podido
acogerse al ingreso mínimo vital porque se ha calculado de acuerdo con
sus ingresos en 2019 y no en 2020.

Ha fallado este modelo por la negativa desde el principio del
Gobierno, y especialmente del ministro, en cogestionar estas ayudas con
las comunidades autónomas. Hoy, la respuesta del Gobierno es que
hay 336 933 solicitudes aprobadas —a fecha de hoy—. La queja
constante ha sido que se ha tardado muchísimo en atender a la gente en
una situación dramática que no podía esperar, muchísimo. ¿Y por qué se ha
tardado muchísimo? Porque el ministro ha pecado de soberbia. Quería una
foto para él solo. Recordarán los pulsos que mantuvo el Gobierno entre
sus componentes a ver quién patrimonializaba esta medida y, al final, el
ministro Escrivá quería atribuirse solamente a él, a su figura, el
mérito, como si el dinero fuera suyo y no de todos y todas. La soberbia
es mala compañera, y más cuando se juega con la emergencia social.

Desde el minuto cero, la mayoría de las comunidades autónomas se han
ofrecido a cogestionar porque tenían el circuito, los técnicos, las
técnicas, la estructura, la infraestructura, y así ayudar a evitar el
colapso, como ha ocurrido, o el solapamiento entre las rentas autonómicas
y las rentas estatales. Y por no quererlo, hoy solamente un 23 % de ellas
han salido aprobadas; dieciocho después, únicamente el 23 % han sido
aprobadas. Y digo aprobadas, porque cuando pedimos los datos al
ministerio para saber cuántas de estas han sido abonadas, el Gobierno no
los da, porque entre ser aprobada y ser abonada, desgraciadamente, pasan
muchas semanas, semanas trágicas para quien vive en la pobreza extrema. Y
cuando pedimos al ministerio que nos diga cuántos de este 23 % cobran
menos de 50 euros, cobran menos de 100 euros, cobran menos
de 150 o 200 euros de ingreso mínimo vital, estos datos no se quieren
aportar. Hay miles de personas con ayudas de ingreso mínimo vital de 50
euros, de 100 euros, de 150 euros o de 200 euros, con los que no les da,
no ya para vivir, ni para sobrevivir. Y esos engrosan también esa cifra
de 336 933, ese 23 % de la gente que, en teoría, tiene aprobada la
ayuda.

Por tanto, estamos ante mucho humo, mucho anuncio y pocas realidades.
Y menos mal que estamos ante un Gobierno que se califica de progresista,
porque si tuviéramos en el gobierno a un gobierno de derechas,
seguramente a la gente más necesitada le saldría a pagar, porque sabemos
para quién gobierna cuando gobiernan las derechas: para rellenarse, en
primer término, los bolsillos, y, en segundo término, para sus amiguetes,
y que los necesitados continúen siéndolo y queden desprotegidos de nuevo.
Una buena idea para nosotros la del ingreso mínimo vital, pero en manos
de un ministro incompetente ha acabado siendo un fracaso, del cual no nos
podemos satisfacer porque está afectando a miles de personas que
necesitan urgentemente una ayuda.

En el País Valenciano, por ejemplo, por extrapolar datos, 183 839
personas han solicitado el ingreso mínimo vital; solamente se han
aprobado 39 702, o sea, el 21,5 %. Aquí los datos también nos dejan de
nuevo a los valencianos y a las valencianas por debajo de la media. Hemos
criticado al ministerio su falta de transparencia y criterio a la hora de
explicar el trato discriminatorio hacia las comunidades autónomas que no
tenemos régimen foral, al excluirnos desde el principio de la capacidad
de gestionar el ingreso mínimo vital, como sí que acordó con Navarra o
cuando anunció que lo haría con el País Vasco; dijo entonces que las
otras comunidades no estábamos preparadas para poder cogestionarlo.
Luego, tarde y mal, dieciocho meses después, visto el monumental fracaso
de su gestión, dicen que ahora sí, que ahora veremos cómo nos ponemos de
acuerdo con las comunidades autónomas. El objetivo del Gobierno, si
recuerdan los anuncios, era atender a 2,3 millones de españoles y
españolas y, dieciocho meses después, vemos que únicamente se han
aprobado, que no abonado, poco más de 300 000 solicitudes. Podrán decir
que 2,3 millones no lo han solicitado, pero es que —lo estamos
explicando— cuando su tramitación resulta un calvario y los
requisitos son tan restrictivos, mucha gente directamente declina
solicitar este tipo de ayudas.

Frente al caos del Gobierno central, queremos sacar pecho ante el
funcionamiento de muchas autonomías que están dando una lección al
Gobierno sobre cómo se tienen que tramitar las ayudas sociales. Y quiero
poner el caso del Gobierno autonómico valenciano. Saben perfectamente que
la Generalitat, a pesar de estar asfixiada y ahogada por un modelo de
financiación totalmente injusto, un modelo que el Partido Socialista se
comprometió a modificar y del que ha presentado un esqueleto que nos
vuelve a dejar como estábamos; a pesar de estar ahogados porque nos
tratan continuamente como una colonia que únicamente vale para extraer
recursos y no para devolverlos, la renta valenciana de inclusión arroja
una media de 141 euros más que el ingreso mínimo vital. Mientras el
Gobierno central rechaza cerca del 80 % de las peticiones que se
presentan para obtener el ingreso mínimo vital en el País Valenciano, la
Generalitat tan solo rechaza el 10 % de las solicitudes, porque tiene
criterios más sensatos.

Por eso venimos exigiendo al Gobierno central que se coordine con las
comunidades autónomas y que no haga oposición, como pensamos que ha
ocurrido en muchas ocasiones. Frente a un Gobierno que falla por una mala
gestión, uno que funciona: la renta valenciana de inclusión durante los
dos últimos años de pandemia por la COVID-19 ha superado los 460 millones
de euros, que benefician a un total de 75 305 personas; o sea, frente a
los 37 000 beneficiarios del ingreso mínimo vital, 75 000 de la renta
valenciana de inclusión, más del doble. 460 millones ha destinado la
Generalitat en los dos últimos años de pandemia y 230 millones de euros
al año para familias valencianas en situación de exclusión. Las 75 000
personas destinatarias de esta renta no van a utilizar este dinero para
tener cuentas en Panamá, para especular en bolsa, sino para hacer la
compra en la frutería, la papelería, la cafetería, la carnicería, el
comercio del barrio, etcétera, es decir, para vivir y para poder comer.
Para eso es para lo que la gente necesita estas rentas, y se da dinero
que circulará; estamos fomentando, por lo tanto, la economía circular. La
renta valenciana de inclusión funciona como una ventanilla única, lo que
significa que, además de una prestación económica, aquellas familias que
lo necesitan también reciben un complemento para el pago energético, otro
para el pago del alquiler de la hipoteca y, además, para becas y otras
ayudas a las que tienen derecho.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas, porque queremos que la Ley
del ingreso mínimo vital se parezca un poco más a lo que estamos haciendo
en el País Valenciano. Por ejemplo, en nuestras enmiendas números 1 y 4
solicitamos que se amplíe el espectro de las personas beneficiadas. No
podemos entender cómo se deja fuera a las personas entre 18 y 22 años,
especialmente aquellas que provengan del sistema de protección.






La
redacción originaria requiere tener un mínimo de 23 años para poder
acceder al ingreso mínimo vital, y eso nos parece fuera de lugar; este
límite de edad excluye del derecho a recibir el ingreso mínimo vital a
los y las jóvenes de entre 18 y 22 años, especialmente a aquellos jóvenes
que han estado tutelados o tuteladas por la Administración pública y que
han abandonado el sistema de protección de menores al cumplir la mayoría
de edad y no encuentran ningún tipo de apoyo familiar o de su entorno
para darle una solución.

En la enmienda número 33 pedimos que se corrija excluir el derecho de
recibir el ingreso mínimo vital a las personas con un recurso de
alojamiento residencial vitalicio y financiado en su totalidad por la
Administración pública, puesto que este recurso permite apartar la
situación de vulnerabilidad al que está destinado el ingreso mínimo
vital. Queremos que se excluya de estos casos el supuesto de las mujeres
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos o de
explotación sexual, para evitar que este colectivo tenga un desincentivo
para poder acceder a cualquiera de los recursos disponibles.

Nuestras enmiendas pretenden que se apueste por un modelo más
garantista y que se atienda a todas las tipologías de casos existentes.
En este sentido van nuestras enmiendas, que atienden casuísticas
excluidas del texto que afectan a miles de casos. Pedimos ampliar los
espectros de la unidad de convivencia y mejorar las coberturas, porque
esta ley no ha de ser pensada como ahora, para escaquearse del máximo
posible de casos, para dejar al máximo de gente atrás y sin atender por
las trabas o por una tramitación excesiva, sino para no dejar a nadie
atrás, ver cómo ayudamos a más gente para que pueda salir del hoyo en el
que se encuentra, porque cuanta más gente rescatemos, más fácil será para
todos y todas salir de esta, porque de esta crisis o salimos todos o no
vamos a salir de ella.

Por eso les pedimos que rectifiquen. Sabemos que la costumbre es que
cualquier ley que venga a esta Cámara no la quieran rectificar, que la
quieran aprobar con la máxima urgencia, que no respeten a los grupos que
no tienen voz en el Congreso, que lo den todo por cerrado en la Cámara
Baja; es decir, aquí estamos de comparsas, y es triste porque pensamos
que las enmiendas, no únicamente las nuestras, sino la mayoría de las que
se han presentado, mejoran el texto, y mejorar es atender a miles y miles
de casos que hoy se ven excluidos. Por eso pedimos que atiendan estas
enmiendas.

Hay gente que necesita un texto mucho más amplio del que hoy vamos a
aprobar. Nuestro objetivo, obviamente, es que nadie necesite nunca un
ingreso mínimo vital, y para eso trabajamos, imagino que como la mayoría
de los que estamos aquí; para eso hacemos políticas en nuestros
ayuntamientos, para eso hacemos políticas en nuestros gobiernos
autonómicos y para eso también presentamos enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado. Y quiero recordar que las enmiendas no se presentan
como puro trámite, sino para que puedan salir aprobadas; y ya sucedió el
año pasado que no contaron con nuestro voto favorable, porque de 1000
enmiendas que presentamos no tuvieron la deferencia ni de leérselas ni de
dar el visto bueno a ninguna de ellas. Este año hemos presentado 300, y
sepan que esperamos poder aprobar alguna, porque si no, obviamente,
nuestro voto no será favorable a los Presupuestos Generales del
Estado.

Y para eso también presentamos enmiendas a cualquier ley que venga a
esta Cámara, con el interés serio de mejorarla, no como puro trámite.
Pensamos que esta Cámara existe porque tiene la función de poder mejorar
las leyes y no para tramitarlas de manera urgente para que no se apruebe
nada. Por eso me gustaría que nuestro papel aquí, el trabajo de todo el
día de ayer y de hoy fuera de utilidad para las personas. Nuestras
enmiendas pretenden que el ingreso mínimo vital no deje a nadie atrás.
Nosotros no hablamos desde la teoría, hablamos desde la experiencia.
Pensamos que lo que estamos haciendo en el País Valencià se puede
exportar perfectamente al resto de España. Simplemente hace falta
voluntad política. No la tuvieron en el Congreso y dudo mucho que la
tengan hoy en el Senado, porque vienen aquí a aprobar con la máxima
urgencia, pero sepan que, al no aprobar estas enmiendas, van a dejar a
miles y miles de personas desprotegidas, como compartimos la mayoría de
los grupos que estamos enmendando esta ley.

Votaremos a favor porque mejor esto que nada, pero pensamos que es muy
mejorable el texto que hoy se ha presentado aquí.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, senador. Las
enmiendas números 1 y 2 se dan por defendidas, aunque no haya intervenido
ningún senador al respecto.

Seguimos con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, números 63 a 74. Tiene la palabra el senador Gómez
Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÁ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, es evidente que el ingreso mínimo vital supuso una esperanza
muy importante para muchísimas familias a lo largo y ancho de nuestro
país que lo estaban pasando mal, fundamentalmente como consecuencia de la
enésima crisis y de una situación social muy comprometida; en este
sentido, creo que todos y todas deberíamos estar de acuerdo. Sin embargo
—y en esto quizá no estemos tan de acuerdo—, la actual
regulación del ingreso mínimo vital ha supuesto una gran decepción y una
gran indignación para muchísimas de estas personas, por tres motivos
fundamentales: porque es complicado solicitarlo, porque es lenta su
tramitación y porque es excluyente con algunos colectivos.

Ante esta situación, había dos caminos. El primero era ponernos de
perfil y hacer como que este asunto no va con nosotros, total, es una
iniciativa del Gobierno, ellos se apañen. Y el segundo era remangarnos y,
además de criticar al Gobierno en aquellas cuestiones que no están bien,
proponer algunas soluciones. Y eso es, sencillamente, lo que hemos hecho,
presentar enmiendas con voluntad constructiva, enmiendas con voluntad de
acuerdo, enmiendas sin líneas rojas y enmiendas con vocación de servicio
público. ¿Y qué nos hemos encontrado ante esta situación? Pues una
negativa. Pero, además, una negativa —me van a permitir— un
poquito fea, porque no es que después de exponer nuestras razones,
después de exponer nuestras propuestas, después de exponer nuestros
planteamientos, no hayamos alcanzado un acuerdo con los grupos que
sostienen al Gobierno, es que ni siquiera han querido sentarse con
nosotros a negociar. Y es así, el mismo Gobierno que nos dice que tenemos
que aceptar que tres años y medio después sigamos sin derogar la reforma
laboral de Mariano Rajoy porque hay que respetar el diálogo social, con
Más Madrid no ha querido sentarse ni a hablar siquiera de nuestras
propuestas, y eso, además de ser una práctica muy poco respetuosa con los
ciudadanos que nos han puesto aquí, es fruto de una confusión bastante
recurrente en esta Cámara. Señorías, no legislan los gobiernos, ni mucho
menos legislan los partidos, quienes legislamos somos los
parlamentos.

Sin embargo, y para que nadie tenga la tentación de caer en la
confusión, el debate de hoy no va ni del Gobierno ni de la oposición, va
de la universalidad del derecho fundamental a la Seguridad Social del
artículo 50 de la Constitución. Va de los jóvenes de entre 18 y 23 años
que en la propuesta del Gobierno quedan excluidos del ingreso mínimo
vital. Va de las personas sin hogar, que también quedan excluidas. Va de
que los umbrales que ha establecido el Gobierno están muy por debajo del
umbral de riesgo de pobreza, que en España está fijado en estos momentos
en un poquito más de 9000 euros al año. Va de que se garantice la
compatibilidad entre el ingreso mínimo vital y las prestaciones por hijo
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor al 33 %. Y va de
que los menores de 30 años no son sospechosos de absolutamente nada y no
se les debe pedir criterios más exigentes que al resto de la población
para acceder al ingreso mínimo vital.

Señorías, sinceramente, no me parece que las enmiendas que mi grupo
parlamentario ha puesto sobre la mesa, que además responden a
reivindicaciones de la sociedad civil, merezcan el carpetazo que
pretenden darles, no por nosotros, sino fundamentalmente por la gente que
está ahí fuera y que legítimamente está luchando por sus derechos.

El partido político Vox ha presentado una enmienda para eliminar las
referencias a las víctimas de violencia de género. El partido político
Vox ha presentado otra enmienda para que solamente puedan beneficiarse
del ingreso mínimo vital las personas con nacionalidad española. Señorías
del Partido Socialista, ¿a ustedes les parece razonable que hoy vayan a
dar la misma respuesta a las enmiendas de Vox que a las enmiendas que ha
presentado Más Madrid? ¿Les parece razonable? Entiendo que no deberíamos
llevarnos las manos a la cabeza cuando los ciudadanos, al ver lo que los
partidos hacemos en los parlamentos, manifiesten esa inmensa desafección
que luego nos preocupa tanto.

Termino ya. Podría darles muchísimos motivos para defender nuestras
enmiendas, pero les voy a dar exclusivamente uno. Con la propuesta del
Gobierno, más de 700 000 menores en riesgo de pobreza severa se quedarían
excluidos del ingreso mínimo vital. Con la propuesta de Más Madrid, esta
situación se evitaría.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 57 a 62, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador
Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on
berriz denoi, senatari jaun andreok.

España tiene un grave problema de pobreza infantil y un grave problema
de natalidad que supone un riesgo muy serio para la supervivencia de
nuestras sociedades y para nuestro sistema de bienestar social. El IMV
llega para cubrir la carencia histórica de una política estatal de
garantía última de ingresos, como existe en la mayor parte de los países
europeos, porque hasta ahora eran las comunidades autónomas las que han
ido implantando rentas mínimas con mayor o menor cobertura. Por tanto, el
hecho de que el Estado, por primera vez, sea receptivo a los informes y
recomendaciones de las instituciones europeas y garantice de algún modo
que lo que es un derecho universal a la alimentación, al vestido, a la
vivienda, a los medios de subsistencia más básicos, aunque no lleguen a
ofrecer un nivel de vida verdaderamente adecuado, es un logro que hay que
reconocer y aplaudir.

El ingreso mínimo vital se configura como una prestación suelo,
compatible con las prestaciones que las comunidades autónomas en el
ejercicio de sus competencias conceden como rentas mínimas. Y a Geroa Bai
esta compatibilidad con la renta garantizada de Navarra, por ejemplo, nos
parece primordial porque garantizar unos ingresos mínimos a todas
aquellas personas en situación vulnerable es para nosotras y nosotros un
elemento central de la política.

Por eso, impulsamos en Navarra en la pasada legislatura la renta
garantizada, una prestación que es, junto con la del País Vasco, la renta
mínima del Estado con mayor protección, a mucha distancia de las del
resto de comunidades autónomas, y que ha demostrado una capacidad de
protección muy potente, aún en una situación tan crítica como la vivida
en la pandemia. Y déjenme que les recuerde que en Navarra reconocemos la
renta garantizada a personas y familias en situación irregular, porque
estas son las más vulnerables y también tienen derecho a una vida digna,
un derecho que esta ley no les reconoce y que en Geroa Bai seguiremos
defendiendo contra viento y marea. Con papeles o sin papeles, son
personas, son seres humanos con dignidad y derechos. En Geroa Bai
exigimos que el ingreso mínimo vital lo gestione Navarra, porque ambas
ayudas son compatibles y complementarias, y las cuantías de nuestra renta
garantizada son notablemente más altas que las del ingreso mínimo vital,
porque en Navarra hemos demostrado una gestión eficaz y eficiente de
nuestra renta mínima y porque la transferencia del ingreso mínimo vital
es un asunto competencial que entra de lleno en el ámbito de nuestro
autogobierno.

Este proyecto de ley contiene mejoras que aplaudimos: los 100 euros
adicionales por hijo o hija menor de 3 años; el cómputo de ingresos de
los últimos meses si es más beneficioso y no del último año; un 22 % de
incremento si hay un miembro con un grado de discapacidad del 65 %,
etcétera. Pero nosotros seguimos defendiendo la prestación universal por
menor a cargo. De ahí nuestras enmiendas. La universalidad de las ayudas
por menor a cargo, que en Geroa Bai ya propusimos en una moción que
presentamos en junio de este año en esta Cámara y que fue rechazada en el
debate que mantuvimos en octubre, es algo que se hace en muchos países de
Europa: en Alemania, en Austria y en Bélgica; también tienen prestaciones
universalizadas en Finlandia, Noruega, Islandia, Lituania y Luxemburgo; y
está presente en Holanda, Suecia y Suiza. En Islandia la prestación es
universal, es verdad, pero sí es cierto que la cuantía es mayor cuantos
menos ingresos tiene la familia. Y, desde luego, salvo en países con
economías mucho más empobrecidas que la nuestra, donde las ayudas, si es
que las hay, son irrisorias, los topes para acceder a estas prestaciones
tienen el listón mucho más alto que lo que recoge este proyecto de ley.
En el caso de Dinamarca, el listón para recibir una prestación por menor
a cargo está en 110 000 euros y en Italia, en 80 000; en Francia, el
límite para cobrar esta ayuda es menor: 48 000 euros; pero, en todo caso,
por encima del tope marcado por el proyecto de ley que hoy
debatimos.

Como digo, la universalidad es la fórmula que han elegido los países
más prósperos. Y, señorías, un mes después de que Geroa Bai planteara en
esta Cámara la prestación universal por menor a cargo, la ministra de
Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se sumaba a la iniciativa
diciendo que lo más importante de esa prestación es que sea universal
para que tener un hijo no suponga un mayor riesgo de empobrecimiento o
una carga; lo más importante es que sea universal. Al final, la propuesta
de la ministra también se ha quedado en esto que se trae aquí, más que
una rebaja, un saldo. No es siquiera un quiero y no puedo, es simplemente
un no quiero, porque recursos hay. Hoy hay recursos como no ha habido
nunca en la vida, otra cosa es que se prefiera gastar los dineros de
Europa en hacer más rentables a las grandes corporaciones en lugar de
utilizarlos para la transformación social del país.

Si no se aprueba esta propuesta de universalizar la prestación por
menor a cargo, perderemos el tren al que se subieron hace ya muchos años
los países que entienden que las contribuciones públicas al gasto de
crianza no son un gasto, sino una inversión, una inversión de futuro. Si
se aprueba tal cual este proyecto de ley, España seguirá en la cola en
cuanto a ayudas a las familias en Europa; seguiremos en el pelotón de los
torpes y pagaremos a medio y largo plazo las consecuencias. Pero está
claro, a ustedes les puede el cortoplacismo electoralista. Una
pena.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senador.

Para defender la enmienda 158, también del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.

En las Illes Balears fuimos pioneros con la renda social garantida, un
instrumento que sirvió para acompañar a toda esa gente que lo necesitaba;
un instrumento básico en la Legislatura 2015-2019 para no dejar a nadie
atrás, este lema tan gastado últimamente. Pensábamos que la renda social
garantida iba a pasar a mejor vida, que iba a desaparecer, porque venía
el ingreso mínimo vital y lo iba a sustituir. Creíamos que la reclamación
del derecho universal por parte de las Illes Balears la había aceptado el
Estado, que había cogido el envite y lo iba a cumplir. Pero no, nosotros
preveíamos ya borrarlo del presupuesto y afortunadamente no lo hicimos,
porque la renda social garantida ha tenido que cubrir todos estos
aspectos que el ingreso mínimo vital, desgraciadamente, no ha
cumplido.

Hace un año estábamos aquí debatiendo, igual que hoy, los Presupuestos
Generales del Estado y les proponía, en una enmienda muy sencilla, que a
las personas que tienen derecho a la dependencia no les contara también
el derecho del ingreso mínimo vital, que eran dos derechos distintos que
se habían reconocido y que no teníamos que mezclarlos, que si se cobraba
dependencia no se restara del ingreso mínimo vital y viceversa. Un año
después, cuando mucha gente lo ha sufrido, esta ley viene a reparar eso
que hace un año podríamos haber arreglado.

Hoy, un año más tarde, les vuelvo a hacer otra propuesta. Hemos
descubierto que la aplicación del ingreso mínimo vital ha sido muy dañina
en muchos colectivos, porque no ha podido ser sensible a la crisis
vivida. En las Illes Balears mucha gente vive de la hostelería, de
trabajos mileuristas y van muy justos y, por tanto, mirar ingresos del
año anterior no servía. Esta ley lo intenta corregir, pero se queda
corta. Pedimos que se miren los ingresos reales que se han tenido en el
año en vigor en el momento de pedir la ayuda, porque, desgraciadamente,
en esta crisis se han comido muchísimos de los ahorros que tenían las
familias, la red familiar que cubría muchísimos gastos está
desapareciendo. Esa red familiar que nos salvó de la crisis de 2008 a
muchas personas, esa red familiar que ha tenido que intervenir en esta
crisis de la COVID-19 ya está agotada y el ingreso mínimo vital no puede
seguir mirando los ingresos que se tenían el año anterior, tiene que
mirar solo los ingresos de los que uno dispone. Por tanto, les pedimos
que tengan en cuenta esta enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 108 a 157, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Fernández González.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Pasamos, a continuación, tal y como figura en el orden del día, a
hacer una defensa global de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular presentó a este proyecto de ley, al ingreso mínimo vital. Le
decía en mi primera intervención al Grupo Parlamentario Socialista que
ustedes piden de forma reiterada, pero creo que lo hacen de forma poco
sincera —si ustedes me permiten la expresión—, que haya
colaboración con los proyectos de ley que ustedes impulsan y que se voten
los presupuestos que ustedes hacen. Pero yo me pregunto: ¿cuántas veces
votó el Partido Socialista Obrero Español algún presupuesto del Partido
Popular? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo. (Aplausos).

Hemos presentado cincuenta enmiendas parciales porque por eso
solicitamos la tramitación como proyecto de ley a lo que ustedes querían
que fuese un real decreto, figura a la que le cogieron, por cierto,
bastante afición y a la que de forma sistemática recurren una y otra vez.
Accedieron, seguramente no por convicción, sino por necesidad, a la
tramitación como ley y, por tanto, a la presentación de enmiendas
parciales que, como digo, nosotros presentamos un total de
cincuenta.

Claro, esta es la historia y así se resume cómo entienden ustedes el
consenso. Es una ley muy deficiente en su redacción, confusa y
contradictoria en sus propios términos, de hecho, ustedes la modificaron
cuatro veces. Fíjense, en uno de los reales decretos donde modificaron
esta ley, que fue en el que regula el trabajo a distancia, confiesan
—y digo confiesan porque es la palabra adecuada— que hacen la
tercera modificación para conseguir seguridad jurídica. Ello quiere
decir, señorías, que antes de esta modificación el ingreso mínimo vital
carecía de seguridad jurídica. Y dicen más en el mismo preámbulo del
trabajo a distancia; dicen que también se va a modificar porque realmente
es confusa y de difícil tramitación, lo cual quiere decir, señorías, que
ustedes demuestran bien a las claras que se ha tramitado de forma
incorrecta y apresurada y que, desde luego, no han tenido ustedes en la
tramitación en el frontispicio a las personas que son las beneficiarias
del ingreso mínimo vital.

Han tenido otros objetivos, ustedes sabrán cuáles y ustedes sabrán qué
competición se traían de corre corre entre el Grupo de Podemos en su
Gobierno, y especialmente con el señor Iglesias, felizmente cesado o
dimitido, y su propio ministro Escrivá, pero la respuesta que han dado a
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular ha sido cero, no se ha
admitido ni una sola de nuestras enmiendas. Y les diré algo más, ¿saben
ustedes por qué este Proyecto de Ley del ingreso mínimo vital va a volver
al Congreso de los Diputados? Pues se lo voy a decir, porque yo creo que
los 8100 ayuntamientos españoles lo deben saber con toda claridad a
través del altavoz que supone esta Cámara. En el Congreso de los
Diputados, señorías, se introdujo una enmienda donde en la disposición
final sexta se creaba un fondo específico destinado a sufragar los gastos
de gestión que ocasionase a los ayuntamientos la gestión del ingreso
mínimo vital. Y, a continuación, se decía que se transferiría
periódicamente a los ayuntamientos, a través de los Presupuestos
Generales del Estado, un fondo específico. Bueno, pues ustedes, que son
tan municipalistas cuando les conviene, pero que no lo son cuando no les
conviene y se trata de transferir fondos, han presentado una enmienda
para revertir esta que les acabo de leer y que los ayuntamientos no
tengan ese fondo, y por esa única y exclusiva razón este proyecto de ley
va a tener que volver al Congreso de los Diputados. (Aplausos). Por esa
exclusiva razón. Se lo decíamos en su día al ministro Escrivá, lo que
pasa es que este señor habla mucho y escucha poco. Le decíamos que
nosotros a eso le llamábamos saludar con sombrero ajeno, es decir, yo
legislo, los ayuntamientos trabajan, las comunidades autónomas a las que
me referiré, igualmente, pero yo soy el ordeno y mando del ministro
Escrivá que digo y hago lo que a mí me parece que hay que hacer y decir,
y todos los demás estamos equivocados. (Aplausos). ¡Hombre!, yo creo que
ya está bien de soberbia del ministro Escrivá. Ya está bien.

Les voy a decir más. Hacía referencia a las comunidades autónomas;
todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excepcional en lo
que se pueden denominar rentas básicas, rentas sociales o salarios
sociales, en fin, cada comunidad autónoma tiene una denominación
específica, pero todas obedecen a una única finalidad, que era ayudar,
porque no existía el ingreso mínimo vital, a los ciudadanos de la
comunidad autónoma de que se tratase para que se pudiesen beneficiar del
ingreso mínimo vital.

Y claro, el ministro Escrivá, a través de su real decreto, ha decidido
que esas comunidades autónomas son de dos clases. Ante una prestación
exclusiva del Estado, como dijimos en la primera intervención, el
ministro Escrivá ha decidido que hay dos tipos de comunidades autónomas:
las comunidades autónomas de los territorios forales y el resto de
comunidades autónomas. ¡Ah! ¿y quiénes son las privilegiadas de este real
decreto Escrivá? Las que le dan los votos en según qué materias: los
territorios forales. Porque, créanme —y lo dije en la primera
intervención—, conocemos muy bien la Constitución y conocemos muy
bien la disposición adicional primera y sabemos muy bien lo que es el
cupo y el concierto, pero, en este caso, no hay ninguna justificación
jurídica para diferenciar a los españoles según vivan en territorios
forales o según vivan en otras comunidades autónomas. Señorías, ninguna
justificación confesable. (Aplausos).

Claro, lo que sucede es que ustedes, a través de esta regulación
—o yo ya no sé si singularizarlo en el señor Escrivá—, niegan
ese dinero a los ayuntamientos, niegan esos convenios homogéneos a las
comunidades autónomas, se han cargado la ayuda por hijo y maltratan a las
familias numerosas. Esa es una radiografía bastante rápida de cómo ven
ustedes el ingreso mínimo vital y, desde luego, cómo no lo vemos en el
Partido Popular, pues creemos que a las familias numerosas, en todos y
cada uno de los textos normativos que pasen por las Cámaras, hay que
propiciarles ayuda, porque lo que necesitamos en España es natalidad.
(Aplausos). Por tanto, debemos hacer el esfuerzo adicional que sea para
ayudar a esas familias que nos están ayudando a todos a través del número
de hijos que cada una de ellas tiene.

Señorías, para nosotros hay otra cuestión muy importante: que este
ingreso mínimo vital tenga la extensión en el tiempo que ha de tener
mientras duren las circunstancias que promueven el otorgamiento o la
concesión. También creemos que hay que hacer un esfuerzo y, aunque somos
muy conscientes de que no es posible en el cien por cien de los
beneficiarios, en aquel porcentaje grande de beneficiarios que lo que
quieren y persiguen es encontrar una formación para el empleo y
posteriormente un empleo, seamos capaces, a través de los itinerarios
individualizados de inclusión, de darles esa oportunidad laboral, que es
la que mayoritariamente quieren, porque es la que les hace libres y la
que les hace independientes: conseguir un empleo en España para poder ser
dueños de su destino y del de sus familias. (Aplausos). Eso, señorías, es
lo que realmente persigue la inmensa mayoría de los beneficiarios o los
perceptores.

En definitiva, señorías, yo les diría que, sin duda, se han equivocado
en la tramitación; una tramitación que ha durado año y medio, año y
medio, y en la que no han llamado al Partido Popular para poder conciliar
aquellas enmiendas que nosotros hemos presentado con esa vocación de
mejorar. Naturalmente, cuando uno enmienda no es para fastidiar, es para
mejorar el texto normativo de que se trate, en este caso, del ingreso
mínimo vital. Y ustedes solamente tenían un apuro, lo vimos en la
ponencia y lo vimos en la Comisión de Trabajo, que era revertir el fondo
a los ayuntamientos. (Aplausos). Ese era el objetivo del Partido
Socialista Obrero Español, y deben saberlo los 8100 ayuntamientos y debe
saberlo y conocerlo la FEMP, porque les piden el trabajo, pero no les
ofrecen nada para realizarlo. Y pasa en los ayuntamientos grandes porque
el esfuerzo multiplicador por número de habitantes es mayor, pero
pensemos también en la cantidad de municipios y ayuntamientos modestos e
intermedios que hay a lo largo de toda la geografía española, que se las
ven y se las desean para dar respuesta a ese desplegable que yo les
enseñaba en la primera parte de mi intervención.

Un trabajo que se exige a los funcionarios municipales y también a los
funcionarios autonómicos y que ustedes practican el ordeno y mando de
Escrivá de forma sumisa, de forma silente y, a mi juicio, de forma
equivocada. Han perdido una oportunidad de modificar una ley para bien,
que es para lo que estamos en el Congreso y en el Senado. Nuestra
vocación era simplemente ayudar a que esa tramitación no fuera eterna, a
que no haya tres negativas de cada cuatro peticiones y a que la cuarta
que se consiga pudiera ser en un periodo de tiempo razonable. Y les digo
más, la COVID-19 se invocó para agilizar la puesta en escena del ingreso
mínimo vital, pero tengo que decirles que hoy en día el balance que se
puede presentar de aquellas personas que, a consecuencia de la pandemia,
vieron que su fortuna mermaba y sus dificultades crecían es prácticamente
cero; es decir, no le han dado respuesta por esta eternidad procedimental
en la que sumió el señor Escrivá a este ingreso mínimo vital, que él
decía —porque para decir él se basta y se sobra— que estaba
perfectamente estudiado, que lo habían chequeado hasta el milímetro y que
era un real decreto ley que estaba contrastado y que, por tanto, sería
fácilmente desplegable. No, el desplegable es el que yo les enseñé, y esa
es la imagen exacta del señor Escrivá, de su cabeza y de cómo discurre
las cosas. (Aplausos). Yo oí a algún portavoz en las secciones —y
ustedes me van a permitir la digresión— que decía que no estábamos
en la tierra. Miren, señorías, yo creo que con un ejemplo como el que
estamos tratando, desafortunadamente, desgraciadamente y penosamente, los
que no están en la tierra son ustedes, porque están poniendo un mecanismo
que no soluciona el objetivo de la ley y del real decreto, y cuando eso
sucede —y en este caso sucedió y a los datos me remito—, hay
que tener la humildad que le falta al señor Escrivá, y ustedes, si me
permiten el consejo —que seguramente dirán que no—, hacen mal
en no alzar su voz contra la soberbia Escrivá. Lo dijimos en muchas
comisiones de trabajo: realmente creemos que este ministro —que,
por cierto, sirvió a todos los gobiernos, porque yo vi su nombramiento
con la firma de Cristóbal Montoro y su nombramiento con la firma de
Sánchez Castejón—, es polivalente, pero realmente es un fiasco,
señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de la presentación de las enmiendas al
articulado, tiene la palabra la senadora Godoy Tena.

La señora GODOY TENA: Buenas tardes, casi ya, señoras y señores
senadores.

Subo a la tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, no para
votar o ir en contra de las enmiendas que el resto de los grupos
políticos han presentado, sino para exponer —me van a perdonar,
pero tengo la garganta tocada y se me va la voz a ratos— cómo hemos
llegado a este momento en la tramitación del proyecto de ley y explicar
claramente la situación de esta ley y en qué consiste, porque aquí hemos
escuchado tantas cosas que por lo visto hay quien equivoca los términos
de esta ley.

En el preámbulo de la Ley del ingreso mínimo vital se habla de que
precisamente estamos tratando de un hito histórico, porque el ingreso
mínimo vital se configura como prestación no contributiva de la Seguridad
Social. Y hay que reconocer que es un hito histórico —por lo menos
para mi grupo— que desde el ministerio se haya puesto en marcha con
las dificultades que llevaba aparejadas, ya que se tuvo que hacer un real
decreto, el 20/2020, deprisa debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Fue un hito porque se puso en marcha para combatir la profunda crisis
social fruto del impacto directo que sobre la economía tenía la
pandemia.

Con esta ley, que es fruto de ese decreto y que ahora mismo tenemos
encima de la mesa, se constituyó un mecanismo de garantía de ingresos de
ámbito nacional para garantizar, vivan donde vivan, la igualdad efectiva
de todos los españoles. Se ha creado ―y aquí viene lo importante,
lo que dice el artículo 1― una prestación que va dirigida a
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que
vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se
encuentran en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Ese
es el objeto exacto de esta ley: evitar la exclusión social. (Aplausos).
Y se configura como un nuevo derecho —lo dice en su
artículo 2—: Derecho a una prestación de naturaleza económica que
garantice un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en esa
situación de vulnerabilidad económica y que persigue garantizar una
mejora de oportunidades reales y, como muy bien comentó mi compañera
anteriormente, de inclusión social y laboral de las personas
beneficiarias.

Es una prestación económica —hay que recordarlo— en su
modalidad no contributiva, sin detrimento, sin perjuicio, de las ayudas
que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus
competencias. Eso también hay que tenerlo claro. No olvidamos que se
trata de una política para facilitar el tránsito ―y esto es muy
importante― desde la exclusión social hacia la integración social.
¿Cómo? Gracias a las estrategias de inclusión en las que los
beneficiarios tendrán la obligación de participar, no se nos olvide.
Ahora bien, estas estrategias de inclusión serán definidas por el
Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que es quien
tiene las competencias, y dentro de la cooperación necesaria con las
comunidades autónomas, las entidades locales, las organizaciones
empresariales y sindicales, las empresas colaboradoras con el sello de
inclusión social, así como con las entidades del tercer sector de acción
social. Esta gobernanza compartida ―y lo repito, esta gobernanza
compartida― en la solicitud y la gestión logrará que esta ley tenga
un despliegue más efectivo de este derecho, con el objetivo común de la
lucha contra la pobreza y la desigualdad en todo el territorio.

Hablamos de un derecho, y como derecho hay que supervisarlo, hay que
hacerle un seguimiento, hay que evaluar, analizar y hay que ver las
necesidades de asesoramiento y cooperación para conseguir que el ingreso
mínimo vital logre lo que pretendemos, que es la inserción social, y
rompa ese círculo de pobreza y exclusión. Para eso, en la propia ley se
ha creado el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital y la Comisión de
seguimiento del ingreso mínimo vital, que son órganos definidos aquí y
muy necesarios para conseguir esos objetivos. Pero hablemos de la
evolución de esta ley desde el momento de su aprobación como real decreto
―y les recuerdo la premura existente en ese momento debido a la
pandemia― y su posterior ratificación que tenemos ahora mismo entre
manos en esta Cámara. Esta iniciativa se ha tramitado como proyecto de
ley en el Congreso y en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del
Senado, y gracias ―y en mi grupo lo expresamos de verdad con mucho
sentimiento― a las aportaciones de los diferentes grupos
parlamentarios en su tramitación, tanto en el Congreso como aquí, bien
mediante enmiendas o bien mediante transaccionales, hemos conseguido
darle la vuelta a la ley, porque le hemos dado la vuelta a la ley
originaria, al Decreto 20/2020, y hemos reforzado y ampliado sus
objetivos iniciales.

Permítanme que haga un repaso de lo que hemos logrado y lo que ahora
mismo está aprobado. Quizás lo más significativo sea la creación del
complemento de ayuda a la infancia para las familias más vulnerables que
reforzará la prestación del ingreso mínimo vital y que llegará también a
otras familias que, sin ser perceptoras del ingreso mínimo vital, tengan
rentas bajas. Se llegará a más familias que a las que actualmente
perciben la prestación por hijo a cargo, ya que se han elevado los
umbrales de renta garantizada y de patrimonio de esas familias para que
puedan acceder a esta prestación. Por supuesto, hay que destacar el
incremento de la prestación en un 22 % cuando hay un miembro con
discapacidad o cuando son familias monoparentales, porque está muy bien
acordarnos de las familias numerosas, pero también de las familias
monoparentales. (Aplausos).

Se han mejorado y se han facilitado las condiciones de acceso, porque
era muy necesario facilitarlas y mejorarlas; somos conscientes y éramos
conscientes de las dificultades en la tramitación. ¿Y qué hemos hecho,
qué se ha aprobado entre todos? Ahora mismo se ha reducido el periodo de
antigüedad de una unidad de convivencia; se ha reducido el tiempo a
computar de una vida independiente; se consideran las situaciones de
pobreza sobrevenida, algo muy importante porque esto permite el cómputo
de los ingresos del año en curso; quedan exentos ―que también es
muy importante― del cómputo de ingresos a valorar las prestaciones
por dependencia, las de alimento o los subsidios por desempleo; se ha
legislado y se legisla para que quien agote su subsidio de desempleo
―y esto es muy importante― acceda automáticamente al ingreso
mínimo vital para evitar un periodo de transición sin ingresos o sin un
mecanismo de protección social. En definitiva, con el texto que está
ahora mismo encima de la mesa, conseguimos que sean personas
beneficiarias todas aquellas que sufran una situación de vulnerabilidad,
personas que bien estén solas o que formen parte de una unidad de
convivencia.

Y permítanme que haga mención especial a cómo en todo el texto
legislativo se plasma una especial sensibilidad para atender a las
mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y
explotación sexual, sea o no legal su estancia en este país, las personas
que provengan de centros residenciales de protección de menores de las
distintas comunidades autónomas, los huérfanos absolutos, las personas
con hijos o menores a cargo, sin olvidar a aquellas que temporalmente
sean usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter
social, sanitario o sociosanitario. Lo vuelvo a repetir, gracias al
trabajo que se ha realizado en la tramitación de esta ley, tanto en el
Congreso como en comisión, se incluye a aquellas personas que figuran
empadronadas en establecimientos colectivos ―algo muy
importante―, a las que carecen de techo, a aquellas que han debido
abandonar su domicilio por desahucio o a aquellas cuyo domicilio sea una
habitación o un establecimiento hotelero o similar.

Es muy importante todo esto que hemos añadido en la tramitación y que
hace que por fin el ingreso mínimo vital llegue a muchas más personas y
sea mucho más fácil su gestión. No debemos olvidar lo que la ley refleja,
y es que el ingreso mínimo vital no desincentiva y no debe desincentivar
la participación en el mercado laboral, porque serán compatibles las
rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia con los
límites que se han establecido y que se establecerán en un desarrollo
reglamentario en el marco muy importante del diálogo con las
organizaciones empresariales y sindicales, prestando especial atención a
la integración nuevamente de las personas con discapacidad y las familias
monoparentales.

Me van a permitir que hable de datos, y voy terminando. En toda la
tramitación en el Congreso y en el Senado, tal y como estaba el real
decreto, han sido modificados 24 artículos y hay 3 nuevos, es decir,
el 56 % del articulado se ha modificado; de las disposiciones adicionales
se ha modificado una, hay 5 disposiciones adicionales nuevas, es decir,
el 60 % ha sido modificado; de las disposiciones transitorias han sido
modificadas 3 y hay 2 nuevas, es decir, se ha modificado el 62,5 %; y de
las disposiciones finales, 3 han sido modificadas y hay una nueva, es
decir, se ha modificado el 33 %. Estamos hablando de una ley que ha
cambiado totalmente: casi el 54 % del texto es nuevo gracias al trabajo
realizado a través de las enmiendas y las transaccionales y de todos los
grupos parlamentarios en el trámite en el Congreso y en el Senado.

Respecto a las enmiendas que han presentado sus señorías, vuelvo a
repetir que no es un voto en contra el que hace mi grupo, sino que
sencillamente consideramos que de las 158 enmiendas que tenemos solo 47
serían diferentes de los artículos o disposiciones que ya han sido
modificadas. Y permítanme que les diga, señora Fernández, señor Vidal,
señor Martínez, señor Gómez, señor Mulet, señor Cervera, señor Muñoz, que
esas 47 están incluidas en todas las modificaciones que ha sufrido esta
ley y, por lo tanto, no tendríamos necesidad de aceptarlas. Pero,
permítanme que mencione algunas que no vamos a apoyar ni apoyaríamos
nunca: son las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado,
que pretenden modificar el artículo 1, el 2 o el 3 de esta ley, que
suponen el objeto de esta ley. (Aplausos). Señoras y señores del partido
Vox, esta es una ley para los más vulnerables, y los vulnerables, vivan
donde vivan, vengan de donde vengan, necesitan este apoyo y no van a ser
precisamente sus enmiendas las que nos hagan cambiar de opinión, porque
no han entendido nada. No han entendido que con todas estas
modificaciones hemos logrado que los cambios efectuados por todos los
grupos en este trámite han hecho una ley mucho más eficiente que la
inicialmente presentada. Entre todos hemos logrado una unidad en la
prestación del ingreso mínimo vital con un suelo común para cualquier
ciudadano. Hemos logrado que la gestión esté garantizada, que sea
homogénea en plazo y en todo el territorio gracias a la cogobernanza que
recoge esta ley. Con los cambios efectuados ―y termino―
lograremos responder a las necesidades de todos esos solicitantes que se
han quedado atrás. Porque, señoras y señores, con todas las
modificaciones que le hemos hecho a esta ley, con esta vuelta que le
hemos dado, definitivamente hemos logrado que la exclusión social por fin
sea reflejo de justicia social, que eso es lo que pretendemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, el Grupo
Parlamentario Mixto. Senador Marín Gascón, tiene la palabra.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.

Señorías, en la cuestión del ingreso mínimo vital se juntan varios
elementos que debemos tener en cuenta antes de emitir una valoración
general.






Ya adelanto que nuestra posición en este debate es la de
abstenernos en la votación, y precisamente porque hay varios elementos en
juego adoptamos dicha posición. Nuestra abstención, por tanto, no debe
verse como una muestra de indiferencia, sino al contrario, como expresión
de que nuestro rechazo y nuestra crítica a puntos concretos de esta
iniciativa legislativa va de la mano de una preocupación, para nosotros
primordial, por lo social.

Efectivamente, comencemos por afirmar nuestro acuerdo con las ayudas
sociales a las personas que pasan por situaciones de necesidad y que no
tienen medios para la subsistencia digna de ellas mismas o de familiares
directos a su cargo. La inspiración humanista y cristiana que anima a
nuestra fuerza política motiva asimismo que el amor al prójimo o, como
suele expresarse en la actualidad, la solidaridad sea uno de los primeros
fundamentos de nuestro programa. Todo ser humano en situación de
necesidad debe poder contar con la ayuda de sus semejantes. La situación
que vivimos, marcada por la pandemia y por la peor crisis económica que
hayamos conocido, ha hecho más acuciante para muchos de nuestros
compatriotas esta necesidad de ayuda. En este contexto, es imperativo
fortalecer la asistencia a todo español que se encuentra en situación de
vulnerabilidad, así como invertir en ayudas a las familias más
necesitadas. Así lo proclamamos en nuestra Agenda España, que es el
documento que contiene nuestra gran propuesta política para el pueblo
español.

Es más, nuestra fuerza política, que hace de la racionalidad económica
y de la disciplina presupuestaria una de las columnas vertebrales de su
programa, también postula el aumento del gasto público en dependencia,
exigiendo simultáneamente la reducción del gasto político. A muchos esto
les parecerá una contradicción; a nosotros, no. La disciplina financiera
y la racionalidad económica son las mejores recetas contra el expolio
fiscal que oprime a nuestros compatriotas y contra la esclavitud de la
deuda pública, que termina resultando impagable y que compromete
fatídicamente a las generaciones futuras. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia). Por cierto, somos los
únicos que nos preocupamos por las generaciones futuras, los únicos que
expresamos preocupación por la falta de natalidad, los únicos que
defendemos el derecho a la vida del no nacido, los únicos que reclamamos
una educación exigente, de calidad y sin lavado de cerebro ideológico y,
en fin, para volver a nuestro asunto, los únicos que tenemos en
consideración la aberrante injusticia de que los españoles de mañana
paguen los dispendios y el derroche del Gobierno irresponsable que
sufrimos hoy.

Insistimos: bajada de impuestos y disciplina con el gasto. ¿Cómo, si
acabamos de decir que apoyamos aumentar el gasto social? Muy sencillo:
más gasto público rectamente entendido al servicio de los españoles, del
bien común, de la solidaridad entre nosotros como pueblo y de las
genuinas necesidades del Estado para cumplir sus fines, y menos gasto
político, menos despilfarro en comunidades autónomas, en el falseamiento
de las llamadas ONG, que son correas de transmisión de los partidos en el
poder y de sus cómplices, menos subvenciones a sindicatos y patronal.
Repetimos: gasto público, sí, debidamente controlado y gestionado; gasto
político, no. Pero si, como hemos dejado claro, estamos a favor del gasto
social en toda la medida en que sea necesario, esta iniciativa
legislativa, igual que el decreto ley de que trae causa, adolece de una
serie de defectos que hacen que no podamos darle nuestro apoyo. El
primero es el de la concepción misma del ingreso mínimo vital como
mecanismo de asistencia de carácter indefinido. Por el contrario,
nosotros sostenemos que sea una fórmula temporal de ayuda, lo cual está
plenamente justificado por la excepcional situación de crisis sanitaria y
económica, a la cual ya hemos hecho alusión.

Directamente relacionado con lo anterior está la concepción misma de
las ayudas públicas, que, desde luego, no es la misma en nuestra fuerza
política que en los partidos que secundan al Gobierno en el que se
origina esta iniciativa. En efecto, para nosotros las ayudas públicas son
un bien. Nosotros creemos que el poder público debe ayudar a los
españoles en situación de necesidad, pero ―y aquí está el
punto― nosotros entendemos que esta función del Estado es
subsidiaria. Nos gusta definirnos como una alternativa social y
patriótica, y toca aquí explicar lo de social. Somos sociales porque ya
hemos explicado que consideramos que el Estado debe ayudar a las personas
más vulnerables, algunas veces de forma directa, pero también porque
defendemos la fuerza creadora de la sociedad. Consideramos la actividad
económica como un cometido que compete, en primer lugar, a los
empresarios y a los trabajadores, y que, por tanto, son ellos los que
tienen la responsabilidad principal de crear riqueza y, en consecuencia,
generar los ingresos suficientes para que la gran mayoría de la población
pueda vivir con dignidad de su trabajo, su esfuerzo, su inversión y su
patrimonio. Y también de esta riqueza generada por la actividad privada
proceden los ingresos con los que mantener la igualmente imprescindible
actividad del sector público, que en todo caso debe encaminarse al bien
común.

Por esto, señorías, defendemos unas ayudas públicas que sean
subsidiarias, que existan en la medida en que sean necesarias cuando de
verdad lo sean, pero el principio de que sean subsidiarias debe quedar
firmemente establecido. Esto nos conduce a otro de los puntos en los que
discrepamos de la iniciativa, que es el de los beneficiarios de la ayuda.
Para nosotros es importante que no se desincentive su incorporación al
mundo laboral. Nuestra propuesta política, para la cual el fundamento
moral es absolutamente esencial, incluye una apuesta por la cultura del
trabajo, el ahorro y el esfuerzo. Para nosotros, las ayudas, cuando sean
necesarias, son un fenómeno digno de apoyo, pero tenemos claro que no hay
nada más social que la creación de empleo y que no hay mejor ayuda para
una persona necesitada y apta para el empleo que proporcionarle un puesto
de trabajo. Con ello, podrá ganarse dignamente la vida y prestar su
propia contribución a las necesidades de la comunidad y de los demás. No
hay nada más social que esto.

Finalmente, está la cuestión del criterio de la nacionalidad y la
residencia para la obtención de las ayudas del ingreso mínimo
vital.

Hemos defendido aquí que este mecanismo debe preverse para personas de
nacionalidad española. Con ello, somos coherentes con otro de los puntos
de nuestra Agenda España que ya hemos mencionado aquí, el de la prioridad
nacional en las ayudas sociales. Hemos hablado de amor al prójimo, y el
prójimo son todos, españoles y extranjeros; ninguna duda a este respecto.
Pero cualquier persona racional sabe que el deber natural de ayuda al
prójimo no es indiscriminado, sino que está ordenado en función de la
cercanía. Un padre no pueda ayudar a un conocido si no tiene cubiertas
las necesidades de sus hijos, y tampoco se ayuda antes a un desconocido
que a un amigo. En otras palabras, los españoles primero. Y en ningún
caso debe permitirse el acceso a las ayudas a aquellas personas que hayan
entrado ilegalmente en nuestro país, con independencia de que en el
momento actual su residencia sea legal o no. Todos deben saber con
claridad meridiana que la entrada ilegal en España se sancionará con la
imposibilidad irreversible de acceder a ninguna clase de ayuda o
beneficio que corresponda a los españoles. Con esto queremos garantizar
otro principio básico, el de la inviolabilidad y seguridad de nuestras
fronteras.

En definitiva, bienvenidas las ayudas a nuestros compatriotas más
necesitados, pero no de esta forma. Hay otra forma, con criterio, con
rigor y con una voluntad auténtica de ayudar a los españoles y de servir
a España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.

Quisiera empezar recordando de dónde partimos: partimos de un real
decreto ley vigente desde el 1 de junio del pasado año 2020 que, tras año
y medio para su tramitación, nos llega del Congreso de los Diputados sin
los deberes hechos. Nos llega al Senado por el procedimiento de urgencia
—uno más—, y, lo que es peor, nos llega sin pulir, sin
consenso alguno con las fuerzas políticas. A los hechos me remito. Tan
poco consenso ha tenido este proyecto de ley que en la tramitación del
Senado se han presentado un total de 116 enmiendas. Es un proyecto de ley
que no contenta a nadie; siguen usando el rodillo para pisar todas las
enmiendas que hemos trabajado los grupos parlamentarios. Son enmiendas
para mejorar el techo, no lo olvidemos.

El ingreso mínimo vital es una herramienta esencial para que nuestro
Estado del bienestar sea efectivo, priorizando la intervención pública en
aquellos colectivos con pobreza extrema, que son justo los que más lo
necesitan. Se trata de una situación de pobreza extrema que se ve
agravada no ya solo por la presente crisis de la COVID-19, sino también
por la escalada de precios de los productos energéticos, unido a la
actual inflación y la subida del precio de los carburantes… Todo
esto, sí o sí, afecta a una cesta de la compra cada vez más inaccesible
para todos. Un ingreso mínimo vital que, aunque está vigente a través de
real decreto desde junio de 2020, tal y como hemos comentado, no está
llegando a las personas que se encuentran en situación de pobreza severa,
a las que debería haber llegado. Llevamos más de un año y medio de
ejecución, y los datos evidencian que hay un exceso de burocracia y una
serie de requisitos que en muchos casos son excesivos; auténticas
barreras administrativas que están provocando que solo haya llegado a la
mitad de las familias potencialmente destinatarias, dejando el 50 % del
presupuesto que tenía asignado sin ejecutar: un auténtico fiasco,
señorías.

Es por ello que Ciudadanos ha presentado enmiendas dirigidas a ampliar
la cobertura, sobre todo, al grupo de personas entre 18 y 23 años que se
han independizado y a las que se le impide el acceso. No es razonable de
ninguna de las maneras discriminar por edad. ¿Por qué no pueden
considerar que hay personas en este intervalo de edad en situación de
pobreza? Me parece que no se quiere ver la realidad, porque hemos elevado
en varias ocasiones este asunto —no solamente el Grupo Ciudadanos,
sino también otros grupos políticos—, y es incomprensible que los
partidos de Gobierno, que se autodenominan progresistas cada vez que
pueden, aunque solo sea de cara a la galería, sean los primeros en
bloquear una mejora en este sentido que es de justicia. No hay nada más
grave e injusto que condenar a la pobreza a los jóvenes por razón de su
edad; unos jóvenes que ya se encuentran maltratados con el segundo
porcentaje de paro juvenil más elevado de la Unión Europea, no lo
olvidemos. Esta norma, además, establece que el ingreso mínimo vital
tiene la finalidad de incluir los itinerarios, pero nadie desarrolla los
itinerarios. No se recogen en este proyecto de ley y creemos que debería
ser parte integral de la arquitectura del ingreso mínimo vital.

El ingreso mínimo vital debe ser un paracaídas para momentos puntuales
de extrema pobreza, pero el fin debe ser el desarrollo de instrumentos de
inserción laboral y social. Algunas de nuestras enmiendas van en ese
sentido y proponen incentivos a empresas que fomenten la contratación de
aquellas personas que ya están incluidas como beneficiarias del ingreso
mínimo vital. Nuestro deber es sacarlos de la marginalidad y de la
pobreza, e instrumentos como los reseñados son de vital importancia para
ello. Celebramos que el ingreso mínimo vital se haya puesto en marcha,
celebramos que se aborde la pobreza severa y extrema, y votaremos a favor
de la iniciativa, pero consideramos que hay muchos déficits en el
presente proyecto de ley que, si no son subsanados, hará que la ley quede
incompleta. No olvidemos que, en estos huecos y vacíos ilegales,
señorías, se encuentran situaciones dramáticas de muchas familias, y no
podemos permitirlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señor Muñoz Lagares.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon dia de nou,
señorías.

Sabedores de que nuestras enmiendas no tienen ninguna posibilidad de
prosperar, se confirma, una vez más, a pesar de lo que parezca, que lo
del Estado más descentralizado de Europa que algunos en esta Cámara
repiten reiteradamente, al menos en el caso de Cataluña, es solamente
propaganda. En la tramitación de cada ley en las Cortes Generales, Junts
per Catalunya constata una tendencia a la recentralización y a la
uniformización en todos los ámbitos, en el social y también en esta ley,
a pesar de la enmienda adicional quinta para los socios preferentes de la
señora Montero, y no se entienda con esto que la cuestionamos, sino que
compartimos su alegría. Frente a los datos de pobreza —cada semana
más alarmantes— el compromiso de Junts per Catalunya en la lucha
contra esta lacra que afecta al día a día de mucha gente, de muchas
familias y que condiciona el futuro de miles de personas, es total. No
voy a extenderme en mi exposición porque en las últimas semanas he tenido
posibilidad de hacerlo desde esta misma tribuna con la presentación de
una interpelación y la consecuente moción. Pero sí quiero insistir en el
hecho de que en Junts per Catalunya Cataluña estamos convencidos de que
la mejor respuesta ante la dificultad debe darse con una sola voz, desde
la proximidad y de forma ágil, eficiente y eficaz.

Y, señor Muñoz, sí es importante quién da la respuesta, sí es
importante quién gestiona el ingreso mínimo vital y sí es importante cómo
lo gestiona, y lo es más después de conocer cómo se ha hecho durante
estos meses por el Gobierno del Estado. Por eso mismo estamos convencidos
de que quien mejor puede hacerlo en Cataluña y de forma exclusiva es la
Generalitat, como hace con el resto de las pensiones no contributivas, la
de jubilación y la de invalidez, aprovechando la experiencia de la
gestión de la renda garantida de ciutadania.

A pesar de nuestro convencimiento, a pesar de todas las
consideraciones planteadas en nuestras enmiendas y en mis intervenciones
al respecto, a pesar de la tramitación una vez más en esta Cámara por
urgencia y sin haber recibido retorno directo a nuestras enmiendas, a
pesar de todo esto, Junts per Catalunya va a votar sí al conjunto de la
ley, y lo vamos a hacer para paliar, en la medida de lo posible, el
sufrimiento de los que más lo necesitan.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cervera.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, lo bueno de este debate es que se produce después de haber
podido analizar en la práctica lo que funciona bien y lo que funciona mal
en el ingreso mínimo vital, y hay evidencias muy claras. La primera de
ellas es que la cuantía de la renta queda muy lejos de la renta mínima
prescrita por la Carta Social Europea. La segunda de ellas es que una de
cada tres solicitudes sigue pendiente de resolución en estos momentos.
Solo el 26 % de las resoluciones ya adoptadas han sido de concesión,
frente a un 74 % de denegaciones. Y a mí, señorías —se lo tengo que
decir con total honestidad—, me parece obsceno que nos pretendan
hacer creer que hay un 74 % de solicitantes que tienen una situación
económica saludable, porque pretenden aprovechar una prestación que no
les corresponde. Es tanto como considerar que las colas que se formaban
durante los peores momentos de la pandemia en los bancos de alimentos
estaban repletas de personas que tenían la nevera llena. Señorías del
Partido Socialista, esta situación no es real.

El límite de ingresos que piden para solicitar el ingreso mínimo vital
está bastante por debajo del umbral de la pobreza. En la práctica,
implica aceptar y normalizar que haya personas en situación de pobreza
que no reciban la prestación. Solo el 13 % de las personas que se
encuentran en estos momentos en situación de pobreza severa son
beneficiarias del ingreso mínimo vital. Esta situación, evidentemente,
desvirtúa la misión social de esta ley y convierte el Estado social en un
eslogan vacío de contenido, y esto es algo que Más Madrid intenta evitar.
Por último, en torno a un millón de hogares en extrema pobreza no han
solicitado el ingreso mínimo vital. Les pregunto, ¿también les vamos a
echar la culpa por esta situación a las familias? ¿No será que quizás la
Administración no está siendo clara o no está sabiendo aterrizar esta
prestación en la realidad social? La pregunta en este punto, señorías, me
parece muy sencilla: ¿por qué, sabiendo que hay cosas que mejorar en esta
ley, no lo hacemos definitivamente? ¿Por qué Gobierno se empeña en
interpretar la actividad ordinaria del legislador como una amenaza y no
como una oportunidad para mejorar? Honestamente, señorías, no puedo
entenderlo.

Más allá de las críticas, nosotros defendemos la necesidad de este
instrumento y nos encantaría, con la incorporación de algunas
modificaciones, votar a favor, porque hablamos de la consolidación de un
derecho. No es una ayuda, no es una paguita, no es una limosna; es un
derecho con mayúsculas y, por tanto, debe ser permanente y no coyuntural;
si no, solo reduciríamos la pobreza de manera temporal, porque hablamos
de un instrumento que garantiza y mejora la justicia social y porque
hablamos de un instrumento que facilita la cohesión social, si queremos
vivir en una sociedad que no deje a nadie atrás. Evidentemente, la
pobreza es un pozo en el que es mucho más fácil caer de lo que en algunas
ocasiones pensamos, y sin la ayuda de una comunidad que te apoye en un
momento difícil, en algunas ocasiones es extraordinariamente complejo
salir de esta situación.

Señorías, la semana pasada celebramos el 43 aniversario de la
Constitución española, una fecha en la que habitualmente todos nos
ponemos estupendos y reivindicamos la vigencia de aquel acuerdo a bombo y
platillo. Si la vigencia de la Constitución se agota en el folclore
institucional y en la alfombra roja, yo diría que mal vamos, señorías.
Por eso hoy aquí, delante de todos ustedes, quiero reivindicar no la
Constitución en abstracto, sino algunos de sus artículos, en particular
el artículo 90 y la centralidad del Senado en el proceso legislativo en
nuestro país. Que los partidos pretendan mutilar la capacidad de enmienda
del Senado es decirles a los españoles que esta cámara es puro atrezo, es
suprimir de facto la Cámara Alta y es distorsionar el juego de pesos y
contrapesos que diseñó el constituyente.

Señorías, en la última semana no ha habido ni una sola llamada del
Gobierno ni de los grupos que lo componen para buscar un acuerdo sobre el
ingreso mínimo vital. Unas horas antes de celebrarse la comisión de la
semana pasada, me pidieron el apoyo incondicional de Más Madrid a la ley,
rechazando todas y cada una de las enmiendas que nosotros habíamos
presentado. Para que ustedes lo puedan entender, como buen colchonero, yo
la incondicionalidad solo se la concedo al Cholo Simeone, pero para lo
demás, señorías, el apoyo está condicionado a la negociación y al
acuerdo, no por fastidiarles a ustedes —se lo puedo
asegurar—, sino porque en una democracia parlamentaria así debe ser
siempre.

En Más Madrid y en el Grupo de La Izquierda Confederal somos muy
conscientes de nuestro peso en esta Cámara y no pretendemos decirle a los
grupos mayoritarios la literalidad de las leyes que se tienen que
aprobar, ¡faltaría más!, pero una cosa es respetar el principio
mayoritario y otra muy distinta es aceptar el rodillo sobre todas y cada
una de nuestras propuestas, que, por otra parte, son propuestas de una
parte muy importante de nuestra sociedad que tiene el mismo derecho que
otras partes a sentirse representada en las leyes que la van a vincular.
No lo aceptamos con Ayuso en la Comunidad de Madrid y pagamos un precio
muy caro en cada uno de los plenos y, evidentemente, tampoco lo vamos a
aceptar en España, por muchos galones progresistas que se arrogue el
Gobierno.

Nuestra voluntad de acuerdo ha sido evidente durante la tramitación de
esta ley, pero, incluso así, me imagino que ustedes volverán a decir
aquello de que nuestras propuestas eran maximalistas y que no eran
realizables. Para evitar esta acusación les anuncio que, en pos del
acuerdo entre las fuerzas progresistas en un asunto que de verdad
pensamos que es central en esta legislatura, Más Madrid va a retirar en
estos momentos todas nuestras enmiendas y únicamente mantendremos para su
votación las relativas al derecho de las personas jóvenes a acceder al
ingreso mínimo vital, es decir, las número 63, 64 y 66. Es una
reivindicación justa en la que hemos coincidido, además, grupos políticos
muy dispares, como lo hemos podido conocer en el día de hoy.

Señorías del Partido Socialista, esto es todo lo que nosotros podemos
hacer en estos momentos. La decisión es suya. Les pido una vez más que no
excluyan del ingreso mínimo vital al grupo social más golpeado por la
pobreza en nuestro país: los jóvenes, que llevan a sus espaldas las
consecuencias de dos crisis durísimas y que no entenderían, bajo ningún
concepto, que un Gobierno progresista les dejara fuera del ingreso mínimo
vital.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Gómez Perpinyà. ¿Puede repetir, por favor, las enmiendas que
deja vivas?

El señor GÓMEZ PERPINYÁ: Las enmiendas 63, 64 y 66 son las que
mantenemos.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on
guztioi.

Debatimos hoy el proyecto de ley por la que se establece el ingreso
mínimo vital, que procede del Real Decreto Ley 20/2020. De la creación de
esta prestación se podrían decir muchas cosas. Miren, hace tres días
varios grupos parlamentarios que están hoy aquí salían defendiendo la
Constitución y hoy algún grupo nos ha recordado algunos de sus artículos,
como, por ejemplo, el excesivamente interpretado 149. Yo les voy a
recordar el 40, que exige la distribución equitativa de la renta, o
el 41, que exige la protección de todos y todas a cargo de la Seguridad
Social. Al menos estos dos se estaban incumpliendo. Bueno, el 40 estaba
cubierto de alguna manera y en parte por las comunidades autónomas que
cuentan con rentas mínimas.

Por otro lado, podríamos decir que parecía que hasta que diferentes
organismos europeos alertaron insistentemente de que la distribución de
la renta en el Estado era poco justa y que era necesario establecer una
renta mínima, se nos había olvidado este tema.

En definitiva, creo que podríamos decir que la prestación llega tarde,
pero lo importante es que, aunque sea tarde, ha llegado. Aunque ha
llegado tarde y con prisa. Miren, la pobreza y la desigualdad en el
Estado no es de hoy, sino que es una cuestión que tiene carácter
estructural, lo único que ha hecho la pandemia es acentuar esta
situación. Ante la urgencia de la pandemia, se hizo el decreto y se creó
la prestación, pero con prisa, y se generaron dudas. Nosotros, por
ejemplo, nos preguntamos si la cuantía era suficiente o si estaban
incluidos todos los colectivos susceptibles de apoyo, etcétera. Ya han
dicho diferentes grupos que, en el año y medio durante el que el ingreso
mínimo vital existe, hemos visto ciertas disfunciones —dificultades
en la tramitación, no llega a todos los colectivos previstos, hay un
tanto por ciento de rechazo de solicitudes importantes, etcétera—,
con lo cual, esta prestación debería acomodarse siendo evaluada y
mejorada. (Rumores).

Pero dicho esto, creo que también es justo manifestar que es bueno que
se haya generado un derecho subjetivo que permite a personas en situación
de vulnerabilidad y pobreza contar con los ingresos mínimos para vivir de
una forma digna, con las necesidades básicas cubiertas. Es una
herramienta para reducir la pobreza y redistribuir la riqueza, una
herramienta válida y necesaria, que entendemos que es de justicia social.
(Rumores). Pero quisiera incidir en una cuestión. El ingreso mínimo vital
no es un objetivo en sí mismo, sino que el objetivo es la inclusión y
creo que coincidirán en que es complicado hacer un proceso de inclusión
si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, lo cotidiano. (Rumores).
Miren, nosotros no queremos una sociedad…

Yo tengo cierta incapacidad para oír, hablar, pensar y seguir texto a
la vez. Lo siento, soy chica, pero hay cosas que a la vez no sé
hacer.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): No se preocupe,
senadora Ahedo.

Señorías, por favor, guarden un poco de silencio. Yo sé que llevamos
muchas horas, pero, si no les importa, queda ya muy poco para terminar el
Pleno. Guarden un poco de silencio.

Gracias.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Decía que las rentas no son un objetivo en sí mismo, que nosotros no
queremos una sociedad subsidiada, sino que queremos una sociedad
protegida y una sociedad protectora, que apoye a quien pasa por un bache
y pueda salir adelante. Sabemos que la mejor herramienta de inclusión no
es una renta, sino el acceso al mercado laboral. Lo importante de esta
prestación, o al menos mi grupo así lo entiende, no es la renta en sí,
aunque también, sino lo que lleva aparejado para lograr ese objetivo de
inclusión.

Al inicio de mi intervención hablaba de que hay comunidades autónomas
que ya cuentan con rentas básicas mínimas —realmente, el nombre es
lo de menos—. Nosotros solemos hablar del sistema vasco de
inclusión social y garantía de ingresos, nos gusta el concepto y está
relacionado totalmente con lo que les acabo de comentar. La Comunidad
Foral de Navarra cuenta con una renta garantizada y la comunidad autónoma
vasca, desde el año 1989, cuenta con la renta de garantía de ingresos,
renta que se ha ido adaptando a diferentes realidades y a los cambios que
se están produciendo en el ámbito familiar, en el ámbito social,
etcétera. Ahora mismo, está en proceso de actualización y de
modernización, lo mismo que deberá ir haciendo el ingreso mínimo vital
porque vivimos escenarios y sociedades cambiantes y las prestaciones
tienen que ir acorde a las necesidades. Yo diría que la renta garantizada
y la RGI (renta de garantía de ingresos) son dos rentas que funcionan con
notable éxito, que es un éxito colectivo. Suponen una gran inversión
social y cuentan con un amplio consenso político y social. Por tanto,
cuando llegó el ingreso mínimo vital, una de nuestras preocupaciones fue
cómo se incardinarían ambos sistemas de protección. Consideramos que el
IMV (ingreso mínimo vital), que es una base, cumple con los requisitos de
complementariedad, de compatibilidad y de subsidiariedad que permiten
articular esta nueva prestación con las ya existentes. Esos requisitos
son fundamentales y necesarios, desde nuestro punto de vista.

Otra cosa importante que también nos preocupó fue su gestión porque la
Administración no está para volver locas a las personas, y menos a
quienes están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de pobreza y de
exclusión, con lo cual, debemos buscar eficiencia en la gestión y, sobre
todo, cercanía. Lo que se puede resolver en la proximidad ni necesita ni
debe resolverse en la lejanía; eso es principio de subsidiariedad. Este
principio es especialmente importante en todo lo que se refiere a las
políticas sociales. En este sentido, entendemos que la ley contempla
fórmulas de gestión descentralizada. Ahí está la disposición adicional
cuarta, que posibilita la celebración de convenios con las comunidades
autónomas que así lo consideren.

Y en cuanto a los territorios forales, la situación se refleja en la
disposición adicional quinta. Esto no supone ningún trato de favor,
simplemente contempla la especificidad de esos territorios forales.
Especificidad no es más que lo propio o peculiar de una persona o cosa
que la caracteriza y distingue de otros. Ante realidades diversas, con
especificidades, lo lógico es que haya fórmulas diferentes. La existencia
de haciendas forales es una especificidad que requiere de una respuesta
diferenciada. Aquí se ha hablado de privilegios, pero nosotros hablamos
de derechos. Los derechos son inherentes, se tienen; los privilegios se
otorgan, y les aseguro que a nosotros nadie nos ha otorgado nada.

Hablaban de si hay dos tipos de comunidades autónomas. No lo sé. Lo
que yo le puedo decir es que no podemos obviar que, si hay cinco
haciendas diferentes en el Estado, las maneras de gestionar tienen que
ser totalmente diferenciadas. Derecho, privilegio y entender que las
fórmulas uniformadoras y homogeneizantes no siempre funcionan bien.

En la disposición adicional quinta queda reflejada que las comunidades
autónomas de régimen foral asumirán la gestión del ingreso mínimo vital.
Pues bien, ya a estas alturas exigimos que la transferencia de esta
gestión culmine cuanto antes porque llevamos más de un año de retraso.
Estaba previsto para el 31 de octubre de 2020 y ya vemos la fecha en la
que estamos.

Finalizo. Para el Partido Nacionalista Vasco, este tipo de rentas
suponen una redistribución de la riqueza, riqueza que hay que generar, no
lo olvidemos. Suponen una herramienta protectora contra la pobreza y la
exclusión y fomentan la inclusión, que es lo importante. Son una cuestión
de justicia social y suponen, claramente, un elemento de cohesión social.
Todas estas razones son las que llevan al Grupo Vasco, aun reconociendo
que no hay ley perfecta y que esta no lo es tampoco, a votar
afirmativamente a este proyecto de ley.

Besterik ez, eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, presidente.

Señorías, hoy debatimos la ley del ingreso mínimo vital, procedente
del Real Decreto Ley 20/2020, una ley necesaria y que nadie que quiera
reforzar el Estado de bienestar y apueste por la justicia social podría
estar en contra. Teniendo en cuenta la cantidad de personas en situación
de pobreza extrema y que la distribución de renta es la más desigual de
la Unión Europea, la anomalía es no contar con una prestación que cubra
el riesgo general de pobreza, como tiene el resto de los países de la
Unión Europea. Por tanto, es una ley imprescindible y mejorada en la
tramitación; todo apunta a que va a salir adelante, pero lamentamos que
aquí, en el Senado, no se haya querido mejorar, y lamentamos también que
no hayamos podido llegar a un acuerdo en dos aspectos que para Euskal
Herria Bildu son fundamentales.

Por una parte, consideramos que esta ley discrimina a la juventud. Se
les deja fuera del ingreso mínimo vital, únicamente, por su edad, aunque
cumpla el resto de las condiciones económicas y familiares. No se ha
escuchado aquí ningún argumento para que esto no sea así. ¿Qué
explicación tiene que alguien con 22 años, por ejemplo, no tenga derecho
al ingreso mínimo vital? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿En el mejor
de los casos, que vuelva a casa de su familia y que sea su familia quien
haga las funciones asistenciales? ¿Y por qué los requisitos para menores
de 30 años tienen que ser más exigentes que para el resto? Sinceramente,
creo que con esta ley se está castigando a personas jóvenes.

El Partido Socialista me dirá que en los Presupuestos Generales del
Estado para 2022 se hace una apuesta clara por la juventud, con una
partida histórica, y es cierto y está bien, pero con esta ley tenemos la
oportunidad de ampliar la cobertura de protección social al colectivo
joven y no seguir anclados en el mismo sistema familiarista y
adulcentrista. Es hora de tratar a los jóvenes como personas plenas, con
las mismas capacidades, necesidades, obligaciones y derechos que tenemos
los adultos. Desde hace ya muchos años, la situación estructural de los
jóvenes es muy complicada, desde el punto de vista del empleo, de la
emancipación, de los deseos reproductivos, de la salud mental, pero,
además, las generaciones más jóvenes han sufrido dos crisis seguidas en
muy poco tiempo, la del 2008 y la de la COVID. Estas dos crisis han
agrandado las desigualdades. Por tanto, la ley que hoy debatimos podría
ser una oportunidad para atender a este colectivo tan vulnerable y
también para incidir en las desigualdades entre los jóvenes y, como dice
muchas veces el Gobierno, para no dejar a nadie atrás, ni siquiera a los
jóvenes.

Señorías del Grupo Socialista, el grupo de edad con más personas
vulnerables económicamente, hoy en día, son los jóvenes, ya no son las
personas mayores. La pobreza tiene cara de joven, sin embargo, se les va
a dejar fuera de esta ley. Las rentas familiares en familias jóvenes se
han reducido en un 20 % en los últimos diez años; tres de cada cuatro, no
llega al salario mínimo interprofesional, y uno de cada tres vive en
situación vulnerable; y el 30 % de las personas que se emancipan acaba en
riesgo de pobreza. Además, sabemos que el riesgo de pobreza o exclusión
es triple en algunos colectivos, como, por ejemplo, personas que no han
acabado sus estudios, personas migrantes, personas cuyas familias han
tenido dificultades económicas y no han podido salir de la pobreza. Por
tanto, es evidente que los jóvenes son un colectivo en riesgo de pobreza
y, lamentablemente, se constata, una vez más, la invisibilidad de la
juventud en los servicios sociales del Estado de bienestar. Pido al
Gobierno español, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que
recapacite porque, hoy, creo que no acaba nada.

Por otro lado, algunos de los aspectos que viene a cubrir esta ley ya
estaban cubiertos en algunas comunidades autónomas, como la nuestra,
donde preveíamos problemas en la tramitación, y los ha habido, pero
aprobamos el Real Decreto 20/2020 con el compromiso, especificado en la
disposición adicional quinta, de asumir, por parte de la comunidad
autónoma vasca y por parte de la Comunidad Foral de Navarra, las
funciones y servicios que se contemplan en la ley. Sin embargo,
consideramos que esto no se cumple y, en una pregunta que le formulé al
ministro Escrivá en la sesión de control al Gobierno, trasladó que había
diferentes interpretaciones entre gobiernos, pero que había voluntad de
arreglarlo. De tal manera, consideramos imprescindible mejorar la
redacción de este artículo, por una parte, para que no haya dudas de su
interpretación y, por otra parte, para que no se ponga ya de excusa la
ley del ingreso mínimo vital. No ha sido posible aclarar esta cuestión.
Estamos hablando de seguridad vital, pero estamos hablando también de
cumplir con las leyes orgánicas, de tal manera que pedimos que se
transfiera lo antes posible lo que está contemplado en el Estatuto de
Autonomía de 1979 y en el amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
de 1982. Euskal Herria Bildu quiere reforzar y consolidar nuestro sistema
propio de garantía de ingresos y, para ello, reclamamos no solo la
tramitación del ingreso mínimo vital, sino la gestión integral.

Concluyo. La mejor manera de garantizar necesidades básicas a los
colectivos más vulnerables es gestionándolo en las instituciones más
cercanas, dado que son las que mejor conocen la realidad. Seguiremos
trabajando para que así sea.

Eskerrik asko. Muchas gracias. Arratsalde on. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Bideguren.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Fernández.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, no haremos uso de este
turno de intervención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Quiero comenzar dando las gracias a los grupos
que van a apoyar esta importante medida, aunque no coincidamos plenamente
—nada es perfecto—, pero nadie discutirá que es una medida
necesaria. No creo que nadie lo haya discutido, y eso es algo que debe
valorar todos.

Lamentamos la actitud del Partido Popular, que siempre se queja de los
avances, aunque parece que ha olvidado que, durante siete años, ha hecho
oídos sordos a unos requerimientos de los distintos organismos para poner
en marcha una medida como esta, dirigida a erradicar la pobreza.
(Aplausos). Parece que lo ha olvidado. Repito, siete años.

Señorías, hemos construido nuestro Estado del bienestar con pilares
dirigidos a una formación educativa que permita la igualdad de
oportunidades, a poner en marcha una sanidad pública que garantice unos
niveles óptimos de salud para toda la población, también a garantizar
unas pensiones dignas para aquellas personas cuando terminen su carrera
laboral. Sin embargo, el pilar de los derechos sociales no se había
desplegado de manera óptima aún. Hoy, en cambio, ponemos el foco en los
más vulnerables. Creamos una herramienta que les permitirá salir de esa
situación. Establecemos un mínimo nacional de rentas. Señorías, hoy
construimos una sociedad más humana, más social, más equitativa y más
igualitaria. (Aplausos).

Como decía Maslow en su famosa pirámide de prioridades de las
necesidades humanas, la sociedad también debería construir y consolidar
una base sólida que cubra las necesidades básicas del Estado y, a partir
de ahí, empezar a aumentar y a completar estas prioridades para alcanzar
un bienestar social real e idóneo. La finalidad de esta medida, como se
ha apuntado aquí, no es poner en marcha una prestación económica, sino
—parece que algunos olvidan la finalidad de esta medida—
sacar de la pobreza y de la exclusión social a millones de españoles, es
ponerle un peldaño más a esas personas que tienen dificultades para salir
de la pobreza. Es una medida con la que intentamos que todos y todas las
españolas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les
permita vivir dignamente y estrechar las desigualdades sociales
existentes.

Como decía en mi primera intervención, señorías, hay debates
importantes y hoy es un día trascendental e importante en las Cortes
Generales porque hoy, con nuestro voto, creamos un nuevo derecho para
todos y todas las españolas. Creamos un derecho que corrige las
desigualdades, un derecho que pretende erradicar la pobreza, un derecho
para los más vulnerables, un derecho que fortalece nuestro Estado del
bienestar, en definitiva, un derecho para construir una sociedad más
justa. Por eso, aquí, aunque a alguno le pueda molestar, quiero reconocer
el trabajo del ministro José Luis Escrivá y de la secretaria general de
Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua, por su empeño y dedicación
para sacar adelante esta importante medida. Una vez más, agradezco el
apoyo que tendrá, no solo de mi grupo y mío, sino de millones de
españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Señorías, una vez
finalizado el debate del Proyecto de Ley por la que se establece el
ingreso mínimo vital, vamos a proceder, a continuación, a abrir el plazo
para emitir el voto telemático para las votaciones previstas, que son las
siguientes: en primer lugar, votación de la autorización del Acuerdo
sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y
portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la
República Portuguesa, hecho en Luxemburgo el 28 de junio de 2021; en
segundo lugar, votación del proyecto de ley que acabamos de debatir, con
la votación, en primer lugar, de las enmiendas. Las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno; en
tercer lugar, votación en un solo acto de aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, y,
finalmente, la votación en un solo acto del resto del proyecto de
ley.

Abrimos la votación telemática en este momento, que son las trece
horas y cuarenta minutos hasta las quince horas y cuarenta minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márzquez): Antes de suspender
la sesión, voy a dar lectura a la proclamación de los resultados de las
votaciones a la impugnación de las secciones.

Concluido el plazo para la votación telemática, procedemos a la
proclamación de los resultados de las votaciones de las impugnaciones de
las secciones.

Propuesta de veto número 19 de impugnación de la sección 1, Casa de su
Majestad el rey, de los senadores Josep María Matamala Alsina y Josep
Lluis Cleries i Gonzàlez.

Votos emitidos, 261; a favor, 13; en contra, 233; abstenciones, 15; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 41 de impugnación de la sección 12,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Autor:
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 18 de impugnación de la sección 12.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Autores:
Josep María Matamala Alsina y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez.

Votos emitidos, 261; a favo, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 42 de impugnación de la sección 13.
Ministerio de Justicia. Autor: Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-EscuderoMárquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 10 de impugnación de la sección 13.
Ministerio de Justicia. Autores: Josep Maria Cervera y Josep Lluis
Cleries.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 148; abstenciones, 2; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 43 de impugnación de la sección 14.
Ministerio de Defensa. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 11 de impugnación de la sección 14.
Ministerio de Defensa. Autores: Josep María Cervera y Josep Lluis
Cleries.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 133; abstenciones, 17;
no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 44 de impugnación de la sección 15.
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 16 de impugnación de la sección 15.
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Autores: José Maria Matamala y
Josep Lluis Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 45 de impugnación de la sección 16.
Ministerio del Interior. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta número 15 de impugnación de la sección 16. Ministerio del
Interior. Autores: José Maria Matamala y Josep Lluis Cleries, del Grupo
Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 132; abstenciones, 18;
no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto de impugnación de la sección 17. Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 7 de impugnación de la sección 17. Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Autores: José Maria Matamala y
Josep Lluis Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 47 de impugnación de la sección 18.
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Autores: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 2 de impugnación de la sección 18. Ministerio
de Educación y Formación Profesional. Autores: Josep Lluis Cleries i
González y Assumpció Castellví Auví.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 30 de impugnación de la sección 19.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 8 de impugnación de la sección 19. Ministerio
de Trabajo y Economía Social. Autores: Josep Maria Cervera Pinart y Josep
Lluis Cleires i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1;
vonta, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 31 de impugnación de la sección 20.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Autor Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 17 de impugnación de la sección 20.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Autores: Josep Maria
Matamala Alsina y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 32 de impugnación de la sección 21.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Autores: Grupo
Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 13 de impugnación de la sección 21.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Autores: María Teresa
Rivero Segalàs y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 33 de impugnación de la sección 22.
Ministerio de Política Territorial. Autor: Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 12 de impugnación de la sección 22.
Ministerio de Política Territorial. Autores: senadores Josep Maria
Cervera Pinart y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 34 de impugnación de la sección 23.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Autor
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta número 14 de impugnación de la sección 23. Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Autores: María Teresa
Rivero Segalàs y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 35 de impugnación de la sección 34.
Ministerio de Cultura y Deporte. Autor: Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 3 de impugnación de la sección 24. Ministerio
de Cultura y Deportes. Autores: Josep Lluis Cleries i Gonzàlez y
Assumpció Castellví Auví, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 36 de impugnación de la sección 25.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Coertes y Memoria
Democrática. Autor: Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 37 de impugnación de la sección 26.
Ministerio de Sanidad. Autor: Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 6 de impugnación de la sección 26. Ministerio
de Sanidad. Autores: Josep Maria Matamala Alsina y Josep Lluis Cleries i
Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 38 de impugnación de la sección 27.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 5 de impugnación de la sección 27. Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Autores: Josep Maria
Matamala Alsina y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
vota, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 39 de impugnación de la sección 28.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Autor: Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 21 de impugnación de la sección 29.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 4 de impugnación de la sección 29. Ministerio
de Derechos Socialies y Agenda 2030. Autores: María Teresa Rivero Segalàs
y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149;






abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 22 de impugnación de la sección 30.
Ministerio de Igualdad. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 23 de impugnación de la sección 31.
Ministerio de Consumo. Autor: Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 24 de impugnación de la sección 32.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Autor: Grupo
Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 29 de impugnación de la sección 60. Seguridad
Sociales. Autor: Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 9 de impugnación de la sección 32. Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Autores: Josep maria
Cervera Pinart y Josep Lluis Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111 ; en contra, 149; abstenciones, 1;
no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 25 de impugnación de la sección 33.
Ministerio de Universidades. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 1 de impugnación de la sección 33. Ministerio
de Universidades. Autores: Josep Lluis Cleries i Gonzàlez y Assumpció
Castellví Auví, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, 1; no
votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 26 de impugnación de la sección 36. Fondos de
Compensación Interterritorial. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 27 de impugnación de la sección 37. Otras
Relaciones Financieras con Entes Territoriales. Autor: Grupo
Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Propuesta de veto número 28 de impugnación de la sección 38. Sistemas
de financiación de Entes Territoriales. Autor: Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 155; no votan, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Queda
rechazada.

Señorías, no habiendo resultado aprobada ninguna impugnación de las
secciones, se continuará la tramitación de este proyecto de ley en la
Comisión de Presupuestos. (Aplausos de los señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista puestos en pie.— La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, antes de proceder a
la votación del proyecto de ley de ingreso mínimo vital, se va a dar
lectura a una declaración institucional que ha llegado a la Mesa.

Ruego al secretario don Manuel Fajardo que la lea.

El señor SECRETARIO PRIMERO DEL SENADO (Fajardo Palarea): Gracias,
señora presidenta.

«Declaración institucional del Senado sobre la economía digital. Hoy
en día nadie duda de que la economía digital tienen una incidencia plena
en la economía mundial. Los datos y la información fluyen tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras, a un ritmo y volumen sin precedentes,
teniendo además un impacto significativo en la innovación, el comercio,
las cadenas de valor globales y la sociedad en su conjunto. En el caso de
España, la contribución de la digitalización al PIB alcanza el 19 %, del
que un 9 % proviene directamente de la industria de las
telecomunicaciones, la informática, los contenidos y la electrónica,
y 10 % restante se explica por la influencia indirecta de las TIC en
todos los sectores productivos. Además, el 2,5 % del PIB español en 2020
se explica gracias a la economía del dato, previéndose que alcanzará
el 4,1 % del PIB en 2025.

»Estamos, por tanto, ante una oportunidad histórica para generar una
economía digital más productiva, y estos próximos años serán claves para
afrontar los retos sociales que esto supone. Tenemos por delante la tarea
de conseguir que la aportación al PIB de la economía digital pase del 20
al 40 %. Para lograrlo, nuestro país cuenta con numerosas ventajas, como
la buena posición del país en materia de digitalización, gracias, entre
otras, a las excelentes infraestructuras y comunicaciones y
Administración digital, y también al trabajo desarrollado en este sentido
por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Asimismo,
la Agenda España Digital 2025, hoja de ruta para abordar la
transformación digital de España, proyecta una visión integral y humaniza
la transformación digital, cubriendo diversos aspectos como la
conectividad, las competencias digitales, la ciberseguridad, la
inteligencia artificial o la economía del dato, en línea con el trabajo
de la OCDE al respecto.

»Por otro lado, España siempre ha estado a la vanguardia en materia de
transformación digital y adquisición de nuevos derechos digitales gracias
a amplios consensos parlamentarios. Por ello, mediante la Carta de
Derechos Digitales se posiciona a la vanguardia de una reflexión que, en
realidad, es internacional. Se busca fomentar un debate a todos los
niveles, no solo sobre los nuevos retos de aplicación e interpretación
del derecho a la nueva realidad digital, sino también sobre los nuevos
derechos pioneros que se deberían demandar, como los relacionados con la
inteligencia artificial o con las neurotecnologías. Hacer frente a estos
desafíos requiere la colaboración de todas las partes interesadas:
ciudadanos, empresas, adminstraciones públicas y tercer sector, de cara a
desarrollar nuevos enfoques económicos para el desarrollo de políticas de
economía digital.

»Así, la Conferencia ministerial del Comité de Política sobre Economía
Digital de la OCDE se perfila como el foro donde crear un enfoque común
internacional. Ayer, la secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, y el presidente del Gobierno de
Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaban que España será el país
anfitrión de la Conferencia Ministerial sobre Economía Digital de la OCDE
en diciembre de 2022 y que se celebrará, en concreto, en Canarias. En
esta conferencia se pondrá en valor el trabajo realizado por la OCDE en
materia de acceso y reutilización de datos de seguridad digital, de
protección de las personas menores en el mundo digital o de conectividad,
pero también marcará la agenda internacional en materia de economía y
sociedad digital en el seno de la OCDE. Se trata de la agenda política de
más de treinta y ocho países en todo el mundo.

»La Conferencia ministerial es una gran oportunidad para España, y
refuerza a Canarias como paraíso digital, entendido como un territorio
que conjuga de manera inmejorable la transición ecológica y la digital,
promoviendo la sostenibilidad medioambiental y respaldando sus esfuerzos
en el tránsito hacia una economía verde que se impulsan necesariamente en
la economía digital. Este foro de debate internacional tendrá como reto
impulsar la recuperación a largo plazo y el crecimiento económico
mediante la construcción de un futuro digital confiable, sostenible e
inclusivo, que afronte una transformación digital humanista, que ponga en
todo caso a las personas en el centro, promueva el cierre de las brechas
digitales y cree un entorno digital más seguro y resiliente.

»Por ello, el Senado manifiesta su compromiso con una transformación
digital humanista que ponga a las personas en el centro y apoye que
Canarias sea sede de la próxima Conferencia Ministerial sobre Economía
Digital de la OCDE en diciembre de 2022, siendo España el país
anfitrión». (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, antes de proceder a
suspender el Pleno hasta las quince cuarenta, hora prevista para que se
lleven a cabo las votaciones, quiero trasladarles un par de
consideraciones. La primera, y estoy segura de que todos estamos de
acuerdo, mi agradecimiento a todas las personas que trabajan en esta
Cámara para mantener nuestra seguridad, nuestro confort, a lo largo de
sesiones tan largas como las que tuvimos ayer. Por lo tanto, todo nuestro
reconocimiento para ellos. (Aplausos).

Y la segunda, señorías, decirles que, a lo largo de este día y medio
de Pleno intenso, aunque en la mayoría de los casos los debates han
transcurrido con toda la pasión y toda la intensidad de los argumentos
que cada grupo parlamentario ha considerado oportuno manifestar, tengo
que lamentar que en algunos momentos de la discusión se hayan introducido
insultos, a veces muy graves, y también hacia personas que no estaban en
la Cámara. Ocurrió así ayer en el caso de la ministra de Hacienda, que
fue insultada gravemente cuando ya no estaba aquí, y hoy también ha sido
objeto de insulto grave el portavoz de Esquerra Republicana en el
Congreso, que, obviamente, no está en esta Cámara.

El Reglamento del Senado no prevé que se puedan eliminar de los
Diarios de Sesiones expresiones que no deberían nunca producirse y,
además, como ustedes saben, cualquier ciudadano puede acceder a nuestros
debates a través de internet, donde queda grabado el comportamiento de
cada uno de nosotros. Por lo tanto, no pudiendo eliminar de los Diarios
de Sesiones, porque no está regulado, lo que se ha dicho en el sentido
que antes apuntaba, quiero insistir en que debatamos con toda la fuerza
de nuestras discrepancias y de nuestros argumentos, pero intentando
mantener un respeto que no pase de los límites que en algún momento
durante estas sesiones han sido sobrepasados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Suspendemos la sesión hasta las quince horas cuarenta minutos.

Eran las catorce horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y cincuenta minutos.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, vayan tomando
asiento vamos a proceder a la proclamación de los resultados de las
votaciones. (Pausa).

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 3., 3.1.
y 3.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Autorización.

Votos emitidos, 264; a favor, 239; abstenciones, 25; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobado.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 4., 4.1.
y 4.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Enmiendas números 75
a 82, 84, 85, 87 a 90 y 93. Autores: Jacobo González-Robatto Perote, José
Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 259; abstenciones, 2; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 83 y 86. Autores: Jacobo González-Robatto Perote,
José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Votos emitidos, 264; a favor, 106; en contra, 156; abstenciones, 2; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 91 y 92. Autores: Jacobo González-Robatto Perote,
José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 156; abstenciones, 105; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 3. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 154; abstenciones, 107; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 4 y 6. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 6; en contra, 146; abstenciones, 112; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 5 y 7. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 10; en contra, 245; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 8 y 9. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 6; en contra, 249; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 10 y 24. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María
Ponce Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 6; en contra, 151; abstenciones, 107; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 11 a 14 y 19. Autores: José Luis Muñoz Lagares,
María Ponce Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 257; abstenciones, 4; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 15, 17, 18, 20 y 21. Autores: José Luis Muñoz
Lagares, María Ponce Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 252; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 16. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 109; en contra, 146; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 22. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 8; en contra, 149; abstenciones, 107; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 23 y 27. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María
Ponce Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 4; en contra, 146; abstenciones, 114; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 25. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 108; en contra, 152; abstenciones, 4; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 26. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 3; en contra, 249; abstenciones, 12; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 28. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 263; a favor, 11; en contra, 143; abstenciones, 109;
no votan, 2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 29. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 8; en contra, 146; abstenciones, 110; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 30. Autores: José Luis Muñoz Lagares, María Ponce
Gallardo y Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático.

Votos emitidos, 264; a favor, 116; en contra, 143; abstenciones, 5; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 1 y 2. Autores: Fernando Clavijo Batlle y Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 265; a favor, 13; en contra, 140;
abstenciones, 112.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 94 a 107. Autores: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y
Josep Maria Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Votos emitidos, 264; a favor, 8; en contra, 247; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 57 a 62. Autor: Koldo Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 11; en contra, 243; abstenciones, 10; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 63 y 64. Autor: Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 11; en contra, 244; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 66. Autor: Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 8; en contra, 247; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmienda número 158. Autor: Vicenç Vidal Matas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 8; en contra, 132; abstenciones, 124; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 31, 32, 34, 35, 39, 40 y 47 a 49. Autor: Carles
Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 7; en contra, 248; abstenciones, 9; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 33. Autor: Carles Mulet García, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 11; en contra, 248; abstenciones, 5; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas 36 a 38, 41 a 44, 54 y 55. Autor: Carles Mulet García, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 6; en contra, 254; abstenciones, 4; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 45, 46 y 52, del senador Carles Mulet García, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 14; en contra, 246; abstenciones, 4; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 50, 53 y 56, del senador Carles Mulet García, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 6; en contra, 246; abstenciones, 12; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 51, del senador Carles Mulet García, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 264; a favor, 11; en contra, 246; abstenciones, 7; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 108, 110, 115, 117, 119
a 122, 126, 129, 131, 133, 136, 139, 140, 143, 146 y 156, del Grupo
Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 264; a favor, 103; en contra, 150; abstenciones, 11;
no vota, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 109, 113 y 128, del Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 263; a favor, 108; en contra, 147; abstenciones, 8; no
votan, 2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda
números 111, 112, 114, 116, 125, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 141, 144, 145, 147 a 153, 155 y 157, del Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 264; a favor, 106; en contra, 150; abstenciones, 8; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 118, del Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 263; a favor, 103; en contra, 147; abstenciones, 13;
no votan, 2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Enmiendas números 123, 124, 142 y 154, del Grupo Parlamentario
Popular.

Votos emitidos, 264; a favor, 102; en contra, 154; abstenciones, 8; no
votan, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.

Enmienda número 127, del Grupo Parlamentario Popular.

Votos emitidos, 263; a favor, 106; en contra, 144; abstenciones, 13;
no votan, 2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.

Se votan aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y
no comprendidas en las votaciones anteriores.

Votos emitidos, 265; a favor, 155; en contra, 3;
abstenciones, 107.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan aprobadas.

Se vota el resto del proyecto de ley.

Votos emitidos, 265; a favor, 158; en contra, 2;
abstenciones, 105.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, con esta votación, se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las dieciséis horas y cinco minutos.