El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen tiene la palabra el presidente de la Comisión de Cultura y
Deporte, señor Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Buenos días,
señorías. Buenos días, presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 12 de
julio de 2021, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.

El plazo de enmiendas finalizó el día 6 de
septiembre de 2021. A este proyecto de ley se presentaron 88 enmiendas,
de las cuales la número 11, de la señora González Molino, Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, fue posteriormente retirada.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el
artículo 134.6 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 151 del Reglamento del Senado, el Gobierno no dio su conformidad
a la tramitación de algunas de las enmiendas presentadas; en concreto,
las números 4, 5, 8 y 31, de la señora Castellví Auví y el señor Cleries
i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; 26 y 30, del señor
Gómez Perpinyà, Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; 33, del señor
Clavijo Batlle, Grupo Parlamentario Nacionalista, y
las 40, 53, 58, 64, 66, 67, 70, 73 y 76, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Han integrado la ponencia doña Asunción
Castellví Auví, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Jacobo
González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María Pilar
González Molino, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; Miguel
Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular; don Jordi Martí
Deulofeu, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; don Jesús
Martín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Luis Muñoz
Lagares, del Grupo Parlamentario Democrático; doña Almudena Otaola
Urquijo, del Grupo Parlamentario Vasco; don Ramón Rodríguez López, del
Grupo Parlamentario Popular, y doña Saturnina Santana Dumpiérrez y doña
Riansares Serrano Morales, del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 8 de septiembre se reunió la ponencia
para emitir su informe, que incorporó el texto remitido por el Congreso
de los Diputados. A ese texto se añadieron las enmiendas números 80, 84
y 88, del Grupo Parlamentario Socialista, por unanimidad y, por mayoría,
las números 79, 81, 83, 85 y 87, del mismo grupo parlamentario. Asimismo,
se introdujeron diversas modificaciones exclusivamente de carácter
técnico y ortográfico. A continuación, se reunió la comisión, que emitió
dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Señorías, como en
su día dijo el anterior ministro de Cultura, don José Manuel Rodríguez
Uribes, la cultura alimenta el alma —o la conciencia, para los
laicos— pero también el cuerpo; eleva el espíritu de las personas,
pero también el producto interior bruto de los países. Esta frase subraya
la doble importancia de la cultura: la primordial, el desarrollo del
espíritu humano y de los valores, todos aquellos que contribuyen a la
construcción de la democracia, tratando de combatir la ignorancia y la
falta de sensibilidad, y la importancia, cómo no, de la gestión de las
llamadas industrias culturales.

Este proyecto de ley incluye medidas muy
importantes en una situación muy especial y garantiza el acceso a la
financiación y liquidez en el sector cultural. Se han creado líneas de
crédito para la industria audiovisual, las artes escénicas, la industria
musical, la industria del libro, las bellas artes, los videojuegos…
Igualmente, se facilita el acceso extraordinario a la prestación por
desempleo para artistas en espectáculos públicos; también, cómo no, hay
medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales; se
incrementan los incentivos fiscales para la producción de contenidos
audiovisuales, se apoya al sector del libro y se ayuda a las librerías
independientes. También recoge medidas para mejorar la función social de
las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; se
declaran nuevos acontecimientos culturales de excepcional interés
público, y, por último, por no entrar en más detalles, se facilita el
mecenazgo cultural.

Como consecuencia de la incorporación de las
enmiendas números 86 y 87, con fecha 9 de septiembre, se trasladó
comunicación al Parlamento de Canarias a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Constitución y
en el artículo 167.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias ya que las
citadas enmiendas afectan al régimen económico y fiscal de Canarias.
Termino, señor presidente.

Finalizados estos trámites, y para la defensa
de sus enmiendas, han presentado votos particulares a este dictamen los
señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la señora Merelo
Palomares, por el Grupo Mixto; la señora Castelví Auví y el señor Cleries
i Gonzàlez, por el Grupo Nacionalista; el señor Clavijo Batlle, también
por el Grupo Nacionalista; el señor Chinea Correa, la señora González
Modino y el señor Gómez Perpinyà, por el Grupo de Izquierda Confederal,
además del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Debate de totalidad.

¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones).

Muchas gracias, señorías.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de la enmienda número 10,
presentada por los señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, señor presidente. Bienvenido a su nuevo cargo.

Quiero que mis primeras palabras sean de
solidaridad con los policías que han sido agredidos en los últimos
altercados en Barcelona.

Por lo que se refiere a las enmiendas, diré que
el compromiso de este Gobierno con la cultura ha sido nefasto; solo han
regado con dinero los proyectos de los que sacarán únicamente beneficio.
Pero la realidad del sector es bien distinta y, por ello, todos los
sectores del mundo de la cultura pidieron, uno a uno, el cese del
ministro. Todos los grupos políticos hemos recibido decenas de peticiones
de asociaciones, empresas y sindicatos, que suplicaban medidas para
mantener la actividad de las industrias culturales, que estaban en
peligro.

Otra muestra más del sectarismo: el Gobierno
vetó todas las enmiendas que supusieran un aumento de gasto o una
reducción de los ingresos en este real decreto. Así, en un decreto de
ayudas económicas al mundo de la cultura, nos queda una pequeña lista de
limosnas que, por cierto, debería llegar con rapidez a los pocos que
puedan ya beneficiarse de ellas. Y uno de los sectores que más gravemente
ha sido castigado en su campaña particular de la izquierda ha sido la
tauromaquia, pese a haber sido declarada en esta misma Cámara patrimonio
cultural de España. Ello sumado a la rabieta de la alcaldesa de Gijón,
quien, en un ataque totalitario e infantil, prohibió los toros por una
ofensa absurda, digna de cualquier dictador de pacotilla.

Por eso, traemos esta enmienda, que tiene como
finalidad evidenciar el efecto multiplicador que tiene la subvención al
fondo de provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca. El
importe indicado se alcanza toda vez que la concesión de una subvención
nominativa a CREA SGR por 16 250 millones de euros, destinada a dotar la
aportación a su fondo de provisiones técnicas, permite lanzar una línea
de financiación de 195 millones de euros, ya que el Banco de España
autoriza a las sociedades de garantía recíproca avalar un importe
equivalente a doce veces su fondo de provisiones técnicas. Sin embargo,
en el presente caso dicha disponibilidad podrá alcanzar un importe máximo
de 780 millones de euros, al utilizar la línea un mecanismo preexistente,
que es el instrumento de garantía financiera para los sectores
culturales, creativos, de la Comisión Europea, etcétera.

También se añade una línea de financiación que
tenga por objeto la industria del toro. Hay que tener en cuenta que la
COVID-19 ha impactado muy negativamente en la industria del toro. El
grueso de la actividad sectorial, el 56 %, corresponde a actividades
desarrolladas en los meses de agosto y septiembre, sin perjuicio de la
ingente cantidad de fiestas, corridas y eventos que también tienen lugar
precisamente en estos meses en que ha estado vigente el estado de alarma.
Según las primeras estimaciones sobre el impacto de la COVID-19 en la
economía del sector taurino, el pico de la caída de valor añadido bruto
estimado para su sector, arte y entretenimiento, puede alcanzar el 90 o
el 100 %. Para ello, es necesario incluir este sector dentro de las
líneas de financiación previstas en el artículo 1 del real decreto
ley.

Por eso, pedimos encarecidamente que se dejen
de sectarismos y apoyen esta enmienda para este sector tan afectado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas
números 2, 3, 6, 7 y 9, de la señora Castellví Auví y del señor Cleries i
Gonzàlez, tiene la palabra la senadora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Buenos días. Gracias,
presidente.

Señorías, Junts ha presentado nueve enmiendas a
esta ley, cuatro de ellas vetadas por el Gobierno, casi el 50 %. No me
quiero extender en si está bien o mal porque son las reglas del juego y
no quiero agotar mi tiempo; por lo tanto, paso a defender las 5 enmiendas
que están vivas.

En la enmienda número 2 se da la paradoja de
que las empresas y productoras que tienen la suerte de poder realizar
alguna actividad esporádica o bolo se encuentran con el dilema de aceptar
un trabajo puntual y tener que soportar las nóminas de sus trabajadores
con pocas perspectivas de trabajo o renunciar al bolo. Lo que pedimos es
poder paliar este desajuste, y que las empresas de ámbito cultural que
realicen actividades ocasionales o bolos puedan temporalmente salir de
las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad, para evitar despidos establecidos en el Real Decreto
Ley 8/2020 los días en los que haya bolo y volver a acogerse a estas
medidas los días de inactividad.

La enmienda 3 hace referencia a la esperada
elaboración del estatuto del artista, para que progresivamente se adapten
las medidas de prolongación de la vida laboral activa.

La enmienda número 6 hace referencia al Real
Decreto Ley 26/2018, que estableció un nuevo sistema de cotización
aplicable a los artistas en espectáculos públicos durante sus períodos de
inactividad. Su regulación actual contiene disfunciones técnicas y
sistemáticas que deben corregirse o mejorarse. Junts propone cinco puntos
a mejorar. Señorías, ustedes los han podido leer y valorar, por lo que
les pido que los tengan en cuenta.

Tengo un especial cariño a la enmienda 7
—les aseguro que se ha trabajado intensamente con el sector
cultural— y afecta a la mejora de la pensión de los artistas,
tanto, que en la grada contamos con la presencia del presidente de la
Unión de Músicos, Guillem Arnedo. Gràcies, Guillem, por estar aquí,
seguir en directo la ley y la evolución de esta enmienda. Les pido que la
aprueben. Con esta enmienda, ayudamos a mejorar la pensión de nuestros y
de nuestras artistas. Detallo más la enmienda para que puedan votarla a
favor. El descuento proporcional de días de pensión que la Seguridad
Social aplica a los artistas perceptores de pensión que ocasionalmente
suspenden el percibo de la misma por la realización de una actividad
artística por cuenta propia o ajena debe corresponderse exclusivamente
con los días concretos en que se haya realizado la actividad artística,
sin que a tales efectos pueda ser de aplicación el mecanismo de cálculo
de días teóricos o ficticios previsto para la cotización cuando el
artista está en activo. Es decir, que se les descuenta más de lo que se
les tendría que descontar debido al actual mecanismo de cálculo ya que el
descuento de pensión que se les hace afecta a más días de los que
realmente están trabajando.

Por último, la enmienda 9 básicamente trata de
igualar el límite de la deducción que existe entre el impuesto de
sociedades para los inversores en cine y series audiovisuales con los
inversores en espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. ¿Qué
pasa? Que, en el caso del cine, un mismo inversor puede invertir en
varias producciones y se puede aplicar la deducción, respetando el
límite, por cada producción. En cambio, en el caso de las artes escénicas
y la música, si se financian varias producciones se ha de aplicar el
límite de 500 000 euros por la totalidad de producciones. Se produce así
una discriminación negativa de las artes escénicas y la música en
relación al cine y las series. En Junts creemos que esto no debe ser así,
y estoy segura de que ustedes, señorías, tampoco. Igualemos los sectores
y no marquemos estas diferencias legislativas. Señorías, cambiemos el
número 3 del artículo 36 de la Ley 27/2014, del impuesto sobre
sociedades, sustituyendo el concepto contribuyente —con esto
termino— por producción realizada.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Es decir, que cines y
series, y artes escénicas y música gocen de los mismos beneficios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Podemos dar por defendida la enmienda
número 32, del señor Clavijo Batlle? (Asentimiento). Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 1, del
señor Chinea Correa, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra su señoría.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

Quisiera dar las gracias a todas las mujeres y
hombres que han colaborado con mi partido, con la Agrupación Socialista
Gomera, en la redacción de esta enmienda. Cabe recordar que en el
año 2019 se dio un paso importante cuando el Gobierno de este país aprobó
regular la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con la
actividad de creación artística. Sin embargo, parece ser que en aquella
ocasión no se tuvieron en cuenta casuísticas que, a nuestro juicio, se
deberían haber contemplado. Los colectivos que me han trasladado esta
enmienda —que la ASG asume— plantean que, en el caso de esta
compatibilidad, la edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro
debe ser, al menos, la establecida como la edad de jubilación forzosa
para el colectivo de los funcionarios públicos y que los funcionarios que
se acojan a la jubilación, en este caso voluntaria, deberán esperar a
cumplir la edad de jubilación forzosa para acogerse por fin a dicha
compatibilidad. Además, proponen que cuando se hable de derechos de
propiedad intelectual se añada «o de imagen», y digo esto porque se puede
participar en la creación artística bien escribiendo un guion, bien de
figurante en una película o en una serie, y, en este caso, estaríamos
hablando, sin duda, de un derecho de propiedad de imagen.

Señorías, una vez dicho esto, termino y espero
que esta iniciativa presentada por mi partido cuente con los votos de
esta Cámara para salir adelante.

Muchas Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias,
señoría.

Tiene la palabra la señora González Molino, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, para la defensa de las
enmiendas 12 a 15.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidente.
Le deseo buenaventura en su trayectoria como presidente de la
Cámara.

Las enmiendas que mantenemos en este caso
tienen tres objetivos fundamentales: la universalidad, la inclusión y
atender a la específica intermitencia del sector cultural. Se trata de un
sector precarizado en el que la mayoría de sus trabajadores y
trabajadoras difícilmente sobreviven sin pluriempleo. Es cierto que el
real decreto del que procede esta ley supuso algunas mejoras en las
condiciones de vida y de trabajo de los profesionales del sector
artístico, de la cultura en general; pero también es cierto que nos
parecen insuficientes, y por eso hemos querido atender específicamente a
estas tres cuestiones.

La enmienda número 13 viene a decir que el
acceso extraordinario a las prestaciones por desempleo tenga carácter
retroactivo desde la fecha de la declaración del estado de alarma, para
que sea una verdadera acción protectora del Estado sobre el sector. Se
cerraron de golpe los cines, los teatros, los tablaos y se suspendieron
las producciones que estaban en marcha, de manera que la gente se quedó
en su casa, sin trabajo y sin recursos. Por tanto, es razonable que una
verdadera acción protectora del Estado sobre el conjunto del sector tenga
efectos retroactivos, desde el día en que se declaró el estado de
alarma.

La enmienda número 14 establece que el acceso a
las prestaciones extraordinarias no consuma los periodos de carencia que
los trabajadores del sector tengan acumulados para la prestación por
desempleo. Esta es una prestación extraordinaria que viene a dar
respuesta a una situación extraordinaria, por lo que se pide que no
suponga merma de los derechos que tienen acumulados, de las prestaciones
por desempleo que tienen acumuladas las trabajadoras y los trabajadores
del sector.

La siguiente enmienda, la número 15, tiene como
objetivo incluir entre el personal protegido con prestaciones
extraordinarias al personal técnico y auxiliar que presta su trabajo en
el sector de la cultura, no únicamente a aquellas personas definidas como
artistas.

En fin, señorías, nuestro objetivo es intentar
suplir algunas de las carencias que esta ley todavía mantiene.

Aparte de esto, permítanme un reproche sobre la
tramitación calamitosa de la ley. En este caso, ese reproche va dirigido
al Gobierno y es que, desde nuestro punto de vista, no puede ser
—nos parece mal— que se veten enmiendas, aunque sea
reglamentario y sea correcto. Las enmiendas son un derecho que tenemos
como senadores y senadoras, y como grupos parlamentarios. El Gobierno
siempre tiene el derecho, a través del grupo que le sustenta, de votar en
contra de las enmiendas, pero impedir que se presenten y se debatan las
enmiendas nos parece que es un menoscabo de la tarea legislativa, que es
responsabilidad de todas y todos los miembros de esta Cámara.

Luego, en el turno de portavoces, haremos algún
otro comentario, pero, en resumen, por nuestra sensibilidad con el sector
de la cultura, que ha sufrido con una dureza inusual la crisis de la
COVID, y que ya venía siendo un sector precarizado desde hace mucho
tiempo, que está esperando a Godot con el estatuto del artista desde hace
más tiempo todavía, queríamos que, con nuestras enmiendas, al menos
lograra alguna mejora de su situación. Por eso les pedimos que las
consideren, señorías.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
senadora.

Para la defensa de las enmiendas 16 a 25, 27
y 29, del señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenos días, señorías.

Dice Jaime: «Recibí el primer paquete de ayudas
con el cese de actividad: durante tres meses, 650 euros; después, mi IAE
se quedó fuera. He seguido pagando la cuota de autónomos y nada, un
desastre. Las ayudas que cuentan son falsas, una vergüenza. He tenido que
trabajar este verano en Glovo, en el campo y pedir comida a Cáritas. Soy
jefe de producción de grandes festivales de música, los primeros en
desaparecer y los últimos en reaparecer. No somos nadie para los
políticos que nos gobiernan».

Dice María: «He trabajado en varias ocasiones
durante 2020 y 2021. No solicité la prestación en la primera ocasión
porque no conseguí enterarme de cómo funcionaba. Este año la volví a
pedir asesorada por la Unión de Actores y Actrices pero, tras tres meses,
no he recibido contestación. Parece que me la deniegan por motivos que
nadie alcanza a entender y me tocará recurrirla. No nos lo ponen nada
fácil».

Dice Elena: «Mi novia y yo somos técnicas
ambas. Yo, por suerte, he podido tirar un poco porque la función con la
que estaba trabajando ha seguido dando bolos. Sí, sí, soy
superafortunada, una autónoma superafortunada que paga para trabajar. Mi
novia se quedó a las puertas de firmar el contrato para ir de gira con un
musical a Barcelona. No ha percibido ninguna ayuda. Ahora le salen dos
altas al mes, lo que hace que no le puedan dar nada, y siempre está liada
con el SEPE. Ya agotó su paro. Vivimos en Madrid al mismo precio que
antes y da miedo pensar en lo que se avecina».

Señorías, estos que les he leído son
testimonios reales de las personas que hacen posible la cultura en
nuestro país y que, a mí, personalmente, me avergüenzan; me avergüenzan
porque, además de todo el valor inmaterial que indudablemente produce el
sector cultural en España, más allá de la importancia de proteger el
conocimiento, más allá de la importancia de proteger las ideas y, por
supuesto, más allá de la importancia de proteger la libre expresión
artística como uno de los ejes que deben vertebrar toda sociedad
democrática moderna, la cultura es también un aliado extraordinario para
el crecimiento económico, y esto desgraciadamente se dice muy poco.
El 17 % de los viajes vacacionales que se producen cada año en España son
iniciados principalmente por motivos culturales y el 20 % de los viajes
vacacionales de turistas extranjeros a España se realizan todos los años
principalmente por motivos culturales. Al Festival de Teatro Clásico de
Mérida, en su edición última, del año 2021, asistieron 81 000
espectadores y se crearon 750 empleos directos en una ciudad de
apenas 57 000 personas. Son más de 700 000 las personas que viven, hoy en
día, de una industria que es estratégica para nuestro país y que por
algún motivo siempre termina siendo el patito feo de todos los gobiernos,
de todos los colores.

Señorías, la COVID, evidentemente, ha agravado
la situación de un sector que venía agonizando ya desde hace bastantes
años. Los gestos y las palabras siempre son bienvenidos, pero hace falta
un cambio estructural si verdaderamente queremos apostar por el sector de
la cultura y de los eventos. Hacen falta ayudas directas, como hacen en
Europa, para preservar el tejido cultural en los momentos más difíciles,
como los que hemos pasado en los últimos meses; hace falta que el poder
político asuma la centralidad productiva de la cultura, que se potencie
su posición creadora de la riqueza nacional y se desarrolle el estatuto
del artista; hace falta que se dé visibilidad a todos los profesionales,
desde los que tiran cables hasta los que protagonizan grandes
producciones; hace falta que se desarrolle un modelo cultural que tenga
en cuenta a las empresas que hacen posible la cultura, y, por último,
hace falta que se luche activamente por la calidad en el empleo y contra
la precariedad, con un modelo flexible pero que garantice derechos.

Señorías, la cultura no pide ni limosnas ni
privilegios. En la última década, el sector ha sufrido no ya la
indiferencia del poder público, que estaría mal, sino la imposición de
medidas que han dificultado su actividad, y esto es sencillamente
intolerable. La situación es la de un paciente que se encuentra en estado
muy grave, y yo creo que ya no es tiempo de placebos, sino de seguir un
tratamiento serio, riguroso y que dé un horizonte real al sector.

No quiero terminar esta intervención sin
agradecer su esfuerzo a las organizaciones, a los sindicatos y a las
asociaciones que llevan años empujando para defender los derechos y que
han hecho posible, entre otras cosas, que durante esta pandemia hayamos
podido disfrutar de películas, de conciertos, que hayamos podido ir al
teatro y, en general, que hayamos disfrutado de una oferta cultural
extraordinaria en el momento en el que más lo necesitábamos.

En términos generales, creemos que esta ley,
evidentemente, aporta, pero también que es claramente mejorable y, por
eso, Más Madrid ha decidido presentar 12 enmiendas, que confiamos puedan
ser aprobadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de las enmiendas 34 a 39, 41 a 52, 54 a 57, 59
a 63, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77 y 78, tiene la palabra el senador
Rodríguez López.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Gracias,
presidente.

Hace año y medio que irrumpió en nuestras vidas
la pandemia provocada por la COVID-19, una pandemia que se ha llevado por
delante demasiadas vidas, demasiadas ilusiones, demasiados proyectos de
vida y demasiados puestos de trabajo. Es una pandemia que está afectando
negativamente, de forma decisiva e incisiva, al bienestar de las
personas, haciendo tambalear los pilares de nuestra sociedad, entre
ellos, la salud, la economía y, por supuesto, la cultura. Permítanme
matizar —y así lo hace la denominación de este proyecto de
ley— que, cuando hablamos de cultura, hablamos del sector cultural
y, por lo tanto, de las casi 800 000 personas que lo componen y que en su
mayoría necesitan medidas de apoyo para hacer frente al impacto económico
y social de la COVID-19.

Señorías, no hablamos de un producto material
como puedan ser un libro, un cuadro o una película; hablamos de familias
y, con ello, de un problema que alcanza una dimensión más dramática y, si
me lo permiten, más desesperada. Y es que, señorías, el sector cultural
es uno de los que más ha sufrido esta pandemia: fue el primero en cerrar,
y todos ustedes lo saben, y será el último en abrir, y también lo saben
todos ustedes. Durante el confinamiento no tuvo la fortuna de ser
considerado como esencial, a pesar de que, si no hubiese sido por la
música, las películas, los videojuegos o los libros, no sé cómo habríamos
pasado esos tres meses. Y para decepción del sector cultural, durante el
resto de la pandemia ha estado muy lejos de sentirse considerado como una
prioridad para este Gobierno, una opinión esta que nace de los propios
trabajadores del sector y con la que estamos totalmente de acuerdo.

Señorías, año y medio es mucho tiempo. Quizá
para el señor Sánchez, el señor Uribe o, en estos momentos, para el señor
Iceta se haya pasado demasiado rápido —yo creo que no—, pero
les aseguro que para los que sustentan la cultura, para los artistas y
los trabajadores culturales, el tiempo ha pasado muy lentamente. Ha sido
año y medio de necesidades, de penurias, de deudas, de muchos casos de
miseria, de olvido o, al menos, de poca premura y, en todo caso, de
escasa empatía de un Gobierno que, si bien presumía de no dejar a nadie
atrás, lo cierto es que se ha visto incapaz de gestionar una situación
que ha derivado en la ruina del sector; del fracaso de un ministro que ha
tenido que ser relevado por no saber proteger a los suyos, y de la
decepción de los trabajadores de la cultura que se han visto defraudados
por un Gobierno de izquierdas, que les ha dejado en la estacada y que les
ha demostrado algo que ya sabíamos, señorías, que la cultura no es
patrimonio de ningún partido político y, por supuesto, que nadie tiene el
monopolio ideológico cultural.

Señorías, les aseguro que una buena parte de
los que hicieron el gesto de la ceja hoy se arrepienten, pero, a estas
alturas, de poco vale lamentarse y lo importante es que hagamos justicia
y aprobemos cuanto antes medidas de apoyo al sector cultural,
fundamentalmente de carácter tributario, para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19, a través de este proyecto de ley que
hoy nos ocupa y que procede, como todos ustedes saben, del Real Decreto
Ley 17/2020, de 5 de mayo. Es un proyecto de ley que debería contar con
el mayor consenso posible y, para ello, recoger las aportaciones de
absolutamente todos los partidos políticos a través de las enmiendas, que
son el reflejo de las demandas que nos han trasladado las víctimas, que
no son otras que los trabajadores del sector cultural. Por el contrario,
a pesar de que el anterior ministro de Cultura, refiriéndose a este
proyecto de ley, decía que todos los partidos políticos deben tener la
posibilidad de enmendarlo y mejorarlo, lo cierto es que el Gobierno ha
demostrado que le interesa muy poco nuestra opinión. Tras año y medio,
nos envían un texto de proyecto de ley que ha desechado la mayoría de las
enmiendas de todos los grupos parlamentarios presentadas en el Congreso;
ha vetado otras tantas, tanto en el Congreso como en el Senado, y,
además, el Senado ha contado con escasos días para debatir, aportar y
mejorar, con lo cual, señorías, permítanme que, viendo la forma que tiene
este Gobierno de entender los consensos y la democracia —también lo
vimos con la ley Celaá—, dude del interés que tienen en aceptar
nuestras propuestas a este proyecto de ley. Y créanme que me apena
profundamente porque me da la impresión de que vamos a perder una gran
oportunidad o, mejor dicho, la cultura y las familias que sustentan la
cultura van a perder una gran oportunidad.

En todo caso, se han presentado casi 90
enmiendas, de las cuales más de la mitad las presenta mi grupo, el Grupo
Popular, enmiendas que, atendiendo al tiempo transcurrido, a la realidad
social que nos rodea y a las circunstancias cambiantes de la situación
COVID, creemos que son necesarias y ayudarán a mejorar el texto y la
situación en que vive el sector cultural. El Grupo Popular ha
presentado 45 enmiendas, 2 de modificación y 43 de adición, lo que
demuestra la actitud constructiva de este grupo y nuestra intención de
aportar y sumar. Son enmiendas que, como ya he señalado, responden a las
inquietudes, necesidades y demandas de las distintas circunstancias que
está viviendo el sector y, por lo tanto, hacen referencia a temas de
vital importancia para la supervivencia de la industria cultural y de los
trabajadores culturales.

De las 45 enmiendas, 9 están vetadas, por lo
que permítanme, para que conste en acta, que empiece por recriminar a
este Gobierno el veto a algunas de ellas, porque es difícil entender el
veto, por ejemplo, a la enmienda número 67, que hace referencia a medidas
fiscales que contemplan la bajada del IVA al tipo superreducido del 4 %,
de forma temporal, para las entradas a espectáculos. Es difícil entender
el veto a la enmienda número 70, que hace referencia a la deducción por
inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales,
videojuegos, etcétera. Y, sobre todo, es muy difícil entender el veto a
la número 58, que hace referencia a una injusticia que se está cometiendo
con las islas Canarias, la de quitar la bonificación fiscal a las
producciones en contra de lo que dice su estatuto y su régimen económico
y fiscal, aprobado por el Parlamento. Ustedes vetaron que se discutiera
en el Congreso y también la que hemos presentado en el Senado. Como
sustituta, traen una suya, la número 87, en la que, como ya les dijimos
en la comisión, no queda claro que se mantenga el beneficio fiscal
del 100 % a las producciones de cine en las islas verdes, La Palma, La
Gomera y El Hierro, como tenían con anterioridad. En este sentido,
entendemos que, como este texto volverá al Congreso, allí se podrá hacer
un estudio más profundo para confirmar si se mantiene o no este beneficio
fiscal y, en todo caso, lo que pide el Grupo Popular es que las cosas se
mantengan como ya decidieron los canarios, es decir, el 100 % en las
islas verdes y el 80 % en el resto. Son enmiendas vetadas por el
Gobierno, que justifica con el criterio, y leo textualmente: Se considera
que la aprobación de las citadas enmiendas es susceptible de producir una
disminución de los ingresos presupuestarios. Evidentemente, señorías,
porque estamos hablando de apoyo económico, no de apoyo moral —que
también es necesario, y me consta que no lo ha tenido por parte de este
Gobierno—, pero lo que se exige en estos momentos es paliar la
maltrecha economía de las familias que pertenecen al sector cultural e
impulsarlo para que sea sostenible, y eso se hace con menos impuestos y
más inversión.

Respecto a las 36 enmiendas restantes,
entenderán que, con el tiempo que se concede en el Pleno, no entre en el
detalle de cada una de ellas, pero, en todo caso, todos los grupos
políticos las tienen por escrito, perfectamente motivadas y justificadas.
Sí vamos a exponer, al menos, a qué hacen referencia muchas de
ellas.

Señorías, pido su apoyo para las siguientes
enmiendas: la número 34, que hace referencia a las líneas de financiación
dirigidas a las empresas del sector cultural —de lo audiovisual, de
las artes escénicas, de la industria musical, de la industria del libro y
de las bellas artes—, es decir, que pretende inyectar financiación;
a la enmienda número 35, que se refiere a algo importante, que es mejorar
el procedimiento de pago de las subvenciones que están deseando obtener;
a la enmienda número 36, que alude a la financiación de trabajos de
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al
fomento de la creatividad artística; a la enmienda número 37, donde se
habla de las ayudas extraordinarias a un sector que está dejado de la
mano de este Gobierno, que es la tauromaquia; a la enmienda 41, que
modifica el artículo 2 del Real Decreto 17/2020, donde se incluye el
acceso a la prestación por desempleo para los profesionales taurinos, que
habían sido excluidos de dicha prestación, que solo incluye a los
artistas; a las enmiendas números 38 y 39, que son medidas de apoyo
directo a las librerías y las editoriales; a las enmiendas 43 a 46, que
incluyen medidas de apoyo al arte contemporáneo, como aumentar las
partidas presupuestarias para la adquisición de arte contemporáneo, por
ejemplo, se recoge el concurso nacional de ideas, que se refiere a las
ayudas al arte contemporáneo, también para aumentar el porcentaje del 1,5
cultural, o el impulso a la promoción de los artistas contemporáneos en
sus webs con el fin de visualizarlos.

Otro bloque de enmiendas proponen ayudas
extraordinarias. Por ejemplo, sistemas de ayudas extraordinarias para el
sector de la conservación y restauración del Patrimonio Histórico
Español; en el ámbito de la digitalización y la innovación en el sector
de las industrias culturales; al tejido económico ligado a la actividad
museística y al mantenimiento patrimonial; a las fiestas de interés
turístico internacional y a las fiestas y tradiciones de España
declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Señorías, la enmienda 51 habla de una campaña
nacional de fomento del consumo de la cultura española. La número 54, de
los beneficios fiscales aplicados al evento X Aniversario de declaración
del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La
número 55 pretende que se exima de la obligación de cotizar a aquellos
trabajadores autónomos de la cultura cuyos ingresos anuales por dicha
actividad no superen el salario mínimo, y medidas de promoción a la
cultura española, a través de las oficinas del ICEX, para impulsar el
crecimiento de las industrias culturales en los mercados exteriores.

Entiendo que serán difíciles de rechazar las
enmiendas 62 y 63. La número 62 hace referencia a considerar a todos los
efectos el libro como un bien básico y de primera necesidad —creo
que estaremos todos de acuerdo—, y la 63 pide la consideración de
la cultura también como un bien básico y de primera necesidad.

Señorías, nuestras propuestas se completan con
enmiendas que se refieren a la Ley de propiedad intelectual, a la
compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de
creación artística, a la creación de un fondo de indemnización a
producciones por daños derivados de la COVID, o el desarrollo de un plan
nacional de protección a los tablaos flamencos.

El presidente de la Comisión de Cultura ha
recordado las palabras del ministro cuando dijo que la cultura es el
alimento del alma, y estoy de acuerdo, pero yo añadiría que también es el
sustento de miles de familias. En este sentido, les diré que hoy no
hablamos de libros, sino de libreros; hoy no hablamos de películas o de
representaciones teatrales, sino de actores, iluminadores o tramoyistas;
hoy no hablamos de toros, sino de picadores, banderilleros o mozos de
espadas, que tienen familias. Hoy hablamos de familias, de proyectos de
vida que, en ningún caso, podemos permitir que se cancelen o se les baje
el telón.

Espero y deseo que consideren positivamente las
enmiendas que propone el Partido Popular, no por el éxito de este grupo
político, sino por el bienestar y el buen futuro de las personas que
conforman el sector cultural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Santana Dumpiérrez.

La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Buenos días,
señor presidente.

Nos encontramos hoy con un proyecto de ley que
fue largamente debatido en el Congreso y aprobado con gran consenso de
todos los grupos políticos, excepto la abstención del Grupo de Vox. Por
tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por el esfuerzo que se hizo en
el Congreso. Lo que estamos buscando hoy es que se replique ese consenso
en el Senado.

El Grupo Socialista ha presentado 10 enmiendas,
que fueron aprobadas en la Comisión de Cultura con 28 votos a favor y 1
abstención de Vox. Esas 10 enmiendas socialistas fueron ya aprobadas e
introducidas en el dictamen de ponencia. La mayor parte de ellas eran
ajustes técnicos o de numeración del articulado y algunas introducían
pequeñas modificaciones, como, por ejemplo, la que aprobamos para alargar
el foro de automovilismo en Barcelona hasta diciembre por el tema de la
pandemia. Sin embargo, también había 2 enmiendas esenciales para los
canarios y las canarias, las del REF, la 86 y la 87, que luego detallaré
un poquito más para que entiendan por qué son esenciales. Dichas
enmiendas sobre el REF fueron trabajadas en coordinación con nuestro
presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también con
nuestro consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Les digo que luego
hablaré de ellas porque es fundamental que quede bien reflejado, sin
lugar a interpretaciones, que el REF de Canarias tiene una deducción
fiscal del 80 % para el sector audiovisual.

Con respecto a las enmiendas vetadas —es
cierto que fueron 16—, el artículo 136.4 de la Constitución
confiere al Gobierno la facultad de vetar, y la ejercita según su leal
saber y entender. Sé que eso no le gustaba al señor Clavijo y no le gusta
al Partido Popular, aunque lo ha hecho en numerosas ocasiones cuando
ellos han gobernado, pero esa es la realidad. Me gustaría decirle tanto
al señor Clavijo —que no está hoy en la sala— como al Partido
Popular —que lo ha vuelto a replicar— que la enmienda 87 que
presenta el Grupo Socialista no recoge lo de las islas verdes. Señor del
Partido Popular, usted no se ha leído leyes básicas de Canarias, como son
el REF y el estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía y el REF, que
recogen todo lo esencial para Canarias, no incluyen en ningún sitio que
las islas verdes tengan el 100 % de deducción en el sector audiovisual;
lo que recoge la Ley de islas verdes es que el 100 % de deducción será
para las inversiones turísticas. El compromiso del Gobierno de Canarias y
del Gobierno de la nación, sin duda, es que se aplicará el 100 % de
deducciones a las inversiones turísticas; nunca habla de las inversiones
del sector audiovisual. Por tanto, léase bien el REF antes de venir aquí
a dar lecciones a una canaria como yo, que me siento muy orgullosa de
defender estas 2 enmiendas de Canarias. (Aplausos). A la conclusión que
he llegado es que no es más que una neblina para tapar una gran montaña,
más grande que el Teide, que es conseguir con nitidez que se recoja en el
REF de Canarias que la deducción fiscal para las actividades
audiovisuales es del 80 %.

Hoy no vamos a poder aprobar el resto de las
enmiendas, pero muchas de ellas serán introducidas —porque así lo
he hablado con Cultura— en el estatuto del artista. Por ejemplo, me
parece básico que se recoja la enmienda que ha presentado el compañero
Chinea, en la que habla de que los jubilados por clases pasivas que se
jubilaron anticipadamente con arreglo a la ley, cuando cumplan la edad
obligatoria puedan tener derecho a la compatibilidad entre la pensión y
la actividad artística. Pero no se recogerá en este proyecto de ley, sino
en el estatuto del artista donde veremos esa enmienda y otras que se han
tratado aquí referentes a esta situación.

El resto de enmiendas pueden ser admitidas; ya
se estudiarán en el proyecto de presupuestos del próximo año, y todavía
nos quedan dos años de legislatura para seguir hablando de mejoras para
el sector artístico.

Les voy a explicar un poquito el tema del REF.
El REF comprende una serie de medidas económicas y fiscales que tienen
como objeto expandir económica y socialmente a Canarias y compensar, así,
las dificultades derivadas de ser una región ultraperiférica, la única
del territorio español que tiene esta categoría. No me voy a remontar a
la época del reinado de los Reyes Católicos, pero sí a los últimos hitos
que tienen que ver con la clarificación de esta situación. La
Constitución española recoge en su artículo 138 el principio de
solidaridad con Canarias y recoge también su ultraperificidad.
Igualmente, lo recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, que habla
expresamente de todo lo referente a las bonificaciones que Canarias
necesita para ponernos en igualdad de condiciones con el resto del
territorio, porque todas aquellas desventajas por nuestro territorio
fragmentado, por el hecho de tener que importar materias primas, por
nuestros temas de pesca y de agricultura, todas esas dificultades de
Canarias tienen que convertirse en una plataforma de lanzamiento. Y para
llegar a ser esa plataforma a futuro, poder mejorar y ser élite en
cuestiones tecnológicas, en materia de astrofísica y en actividades en
las que Canarias podría ser de una gran potencialidad, necesitamos que la
fiscalidad de Canarias sea diferente de la que tiene el resto del
territorio de España. Así lo recoge la Constitución, así lo recoge el
estatuto, y así lo recogen también las leyes de la Comunidad Europea, que
dan a Canarias esa singularidad como única región ultraperiférica de
España y que ha de ser protegida con medidas que garanticen la igualdad
de oportunidades a cada canario y a cada canaria, para ser esa potencia
de desarrollo que necesitamos.

En el caso que nos ocupa, esta serie de
incentivos a la producción cinematográfica ya estaba recogida en nuestro
REF del año 1991, pero fue modificada en el año 1994, poniendo, en lugar
del 80 %, cantidades específicas. Esas cantidades son las que han dado
lugar a estas contrariedades y a estas interpretaciones. Hoy en día, lo
que le queda a la política es credibilidad, y la credibilidad de un
político, la credibilidad de un Gobierno, la credibilidad del Gobierno de
España y del Gobierno de Canarias era que, cuando llegara este proyecto
de ley, se iba a modificar y a establecer con total claridad que el 80 %
de las deducciones fiscales estarían incorporadas; y hemos cumplido con
la palabra. Aunque a algunos les pese, aunque algunos tengan rasquera,
aunque algunos nos hayan estado criticando continuamente, tenemos palabra
y la hemos cumplido. (Aplausos). Canarias sabe que los socialistas han
cumplido con su palabra y han modificado otra vez el artículo 94
—por cierto, fue un Gobierno socialista también el que lo modificó
en 2018—, por las situaciones que se han dado con esas malas
interpretaciones. Además, lo que hace la enmienda número 86 es derogar lo
que aquí aprobamos deprisa porque teníamos urgencia por aprobar el REF de
Canarias ya que había que justificar unas partidas presupuestarias de
todas las empresas del sector, pero ahora ha sido derogado, porque
dijimos que era provisional. Repito, ahora será derogado y lo que quede
en vigor a partir de hoy, con el voto de todos nosotros, será que
Canarias tenga, con claridad y nitidez, el 80 % en las deducciones
fiscales

Queda mucha legislatura por delante y, que no
quepa ninguna duda, seguiremos tomando medidas, buscando el consenso para
el avance de la cultura en toda España. Los nuevos presupuestos verán
reflejadas esas mejoras para el sector cultural.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra su señoría, señor González-Robbato Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBBATO PEROTE: Gracias,
presidente.

La espera a que se produjera este decreto de
ayudas, la angustia que nos han transmitido las personas con las que nos
hemos visto a lo largo de esta pandemia —a las que no se les
permitía trabajar, pero que no recibieron ayudas ni indemnizaciones de
ningún tipo—






, la constatación de que todas las protestas de esas
personas se quedaron fuera del famoso escudo social —que quedó, en
gran medida, como hemos visto, en propaganda y palabras vacías— y
la demostración fehaciente de que los únicos que no quedaron atrás son
amiguetes del presidente, las Plus Ultra amigas de los ministros,
etcétera, ha sido una experiencia muy dura para este sector desde el
punto de vista personal. Entendemos perfectamente que era imposible
llegar a todo el mundo, pero en el caso del mundo de la cultura,
desgraciadamente, debo decir que no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo
por apoyarlo.

Las medidas llegan tarde y llegan mal, algo
bastante habitual, por desgracia, con este Gobierno. Ha llegado el
momento de concluir esta desgracia, de asumir que el Gobierno ha dejado
hundirse a una buena parte de nuestra industria cultural y de buscar
soluciones en otros lugares. Aunque lo que va a salir de aquí son
migajas, no podemos oponernos a esa escasa ayuda. No refrendaremos con
nuestro apoyo ni esta forma de legislar, ni esta manera de comportarse,
ni la limosna a un sector que merecía justicia, pero, por no dificultarlo
más, nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría, señor Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias,
presidente.

Con el permiso de la Presidencia, quisiera
empezar mi intervención trasladando mi más sentido pésame a los
familiares, amigos y compañeros de Carlos, bombero forestal del plan
Infoca de Almería, que falleció en la labor de defensa de nuestro gran
patrimonio forestal, en Sierra Bermeja, en Málaga.

Entrando en el proyecto de ley, si hay un
sector que más perjudicado se ha visto en la presente pandemia de la
COVID-19, ese es el sector cultural; sector que en 2019 aportó a la
economía nacional en torno al 3,2 % del PIB y en el que trabajan cerca
de 700 000 personas, según datos del propio Ministerio de Cultura y
Deporte del primer trimestre de 2021.

La etapa del anterior ministro, el señor
Rodríguez Uribes, se caracterizó por la inacción. Es importante recordar
que, a pesar de las circunstancias de extrema urgencia y gravedad a las
que se enfrentó el sector de la cultura como consecuencia de las
restricciones impuestas por la presente pandemia de COVID-19, el ministro
tardó más de dos meses en articular un paquete de medidas para proteger
empresas y trabajadores, y este paso de tortuga sigue. El actual proyecto
de ley que es objeto de debate en el Pleno del Senado empezó su andadura
en el Congreso de Diputados en mayo de 2020, y en su tramitación
legislativa llega a esta Cámara Alta, al Senado, en julio del presente
año; señorías, dieciséis meses después. Una vez más estamos ante un
Gobierno que llega muy tarde, con prisas y vetando.

Estamos ante una crisis sanitaria, económica y
social que ha hecho que ya el 60 % de las empresas culturales se hayan
perdido y que las que siguen vivas agonicen, con una pérdida de cerca
del 30 % de sus ingresos respecto al año pasado. A pesar del alto nivel
formativo de la mayoría de los trabajadores del sector —pues
el 73 % tiene un título de formación superior— solo 1 de cada 4
trabajadores tiene un contrato estable; existe, por tanto, una gran
inestabilidad y precariedad laboral, siendo una gran parte de sus
trabajadores autónomos o pequeñas empresas.

Volvemos a incidir en la inacción de este
Gobierno, porque recordemos que el ministro tampoco fue capaz de impulsar
en ningún momento las medidas aprobadas por la subcomisión para la
creación del estatuto del artista, cuyos acuerdos fueron aprobados por
unanimidad en el Congreso de los Diputados. ¡Qué fácil lo tenían!,
¿verdad? Este anuncio no es menor, ya que muchas de estas medidas podrían
haber ayudado a soportar mejor el impacto de la pandemia tanto a empresas
como a trabajadores del sector. Por todo ello, el proyecto de ley da
apoyo al sector cultural, aunque llega tarde; no puede quedarse a medias,
sin solventar esta sangría de empresas y trabajadores. Ahora más que
nunca se requieren medidas encaminadas a dar aire, que sean el sustento y
el flotador del sector cultural, tan necesario y tan castigado.

Así lo hemos entendido en el Grupo Ciudadanos,
por lo que presentamos en el Congreso de los Diputados un total de 18
enmiendas, cinco de las cuales fueron incorporadas al texto; medidas para
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en internet; eliminar
la vinculación de las ayudas contempladas para el cine al cumplimiento de
la cuota de pantalla, o mejorar la agilidad para que la Administración
pueda actuar en aquellos casos en los que se ve que hay una flagrante
incidencia respecto de los derechos de autor. Son enmiendas naranjas que
mejoran, y mucho, el texto.

En esta tramitación en el Senado Ciudadanos ha
propuesto al grupo que sustenta al Gobierno la modificación de su
enmienda número 87 con el fin de aumentar al 100 %, en lugar del 80 %, la
deducción por gasto realizado por producciones cinematográficas en las
islas verdes de La Gomera, El Hierro y La Palma, pero este Gobierno se
cierra en banda. La ley que tenemos se ha visto mejorada, aunque quizá no
tanto como hubiéramos querido desde nuestro enfoque liberal; aun así, una
vez más, vamos a apoyarla porque no podemos eternizarnos en este punto
tan sensible para el sector cultural de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado tiene la palabra la senadora Castellví Auví,

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon día. Gràcies,
presidente. Señorías, antes que nada, quiero felicitar al presidente de
esta Cámara, Ander Gil, por el nuevo cargo que ostenta.

Tal y como he dicho en mi intervención
anterior, Junts ha presentado nueve enmiendas, cuatro de las cuales han
sido vetadas por el Gobierno. Vetar enmiendas sin que las podamos
defender es una herramienta legal del Gobierno, pero resulta muy pobre el
razonamiento por el que se vetan. En Junts esta manera de actuar nos
parece más cercana a un régimen autoritario que a uno demócrata.
Suponemos que esta tónica de tramitar leyes de manera urgente provoca
actuaciones de este tipo, de tipo dictatorial: mando y ordeno. Veto igual
a no diálogo, pero las reglas del juego son estas y no quiero agotar mi
tiempo con lamentaciones.

Nuestras cinco enmiendas que han quedado vivas
están realizadas de manera constructiva, para poder enriquecer el texto,
mejorar algunos puntos, incorporar medidas de apoyo y ayudar
tributariamente al sector cultural, que tanto ha sufrido en esta
pandemia. En la ponencia sobre la ley y su comisión ya les dije que se
tiene que aprobar ya y que mirasen las enmiendas presentadas con mucho
cariño para poder transaccionar las máximas posibles, ya que la mayor
parte de ellas mejoran la ley, y esto quiere decir que mejoran la vida
del sector cultural. Pero ustedes han hecho caso omiso a la mayoría de
las enmiendas presentadas por otros grupos; les puede demasiado su ego, y
es desesperante porque en Junts no actuamos así. En la comisión apoyamos
sus autoenmiendas, y es que van tan rápido tramitando leyes, casi todas
por el procedimiento de urgencia, que ustedes mismos se han de
autocorregir. A pesar de eso, nosotros vamos a votar que sí a la ley
—ya se lo avanzo—, aunque ustedes, PSOE y Podemos, han sido
incapaces de hacer algo similar; ustedes, sabiendo perfectamente que eran
enmiendas trabajadas con el sector y que mejoraban la pensión de los
artistas y la flexibilización de los bolos, que luchaban contra la
existente discriminación negativa de las artes escénicas y de la música
frente al cine y las series, que mejoraban disfunciones técnicas y
sistemáticas de la ley —algo que más pronto que tarde tendrán que
corregir y mejorar, ya lo veremos—, han pasado olímpicamente de la
mayoría de las propuestas y no han aceptado casi nada.

El señor ministro Iceta, al tomar posesión del
nuevo cargo, dijo: Me comprometo a dar un renovado impulso a la cultura y
al deporte; apostaré por el diálogo, de lo que he hecho un lema y una
forma de entender la política. Reivindico la cultura frente al odio
—palabras del ministro Iceta, ministro de Cultura—. En Junts
deseamos que sus palabras sean hechos. Pues bien, empecemos practicando
con esta ley aceptando enmiendas, aunque mucho nos tememos que no será
así. De momento no han aceptado ni han querido transaccionar ninguna,
pero aún están a tiempo. Voten sí a nuestras enmiendas, sobre todo a la
número 7, para que Guillem Amedo, presidente de la Unión de Músicos,
pueda trasladar con satisfacción que en el Senado hemos aprobado una de
las enmiendas propuestas por el sector al que representa y que sabemos
ponernos de acuerdo en cosas importantes como es esta ley. Les pido, por
favor, que voten sí a la mayoría de las enmiendas.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
tiene la palabra la señora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.

Expondré cuatro ideas con rapidez para poder
compartir el tiempo con mi compañero, el senador Chinea. La primera,
agradecer a la letrada de la Comisión el trabajo de corrección que ha
hecho para que esta ley tuviera un lenguaje inclusivo. Muchas gracias,
señora letrada. Asimismo, lamentamos que, por el veto de aquellos que
invisibilizan a las mujeres en cualquier lugar del mundo, esta ley no
pueda tener el lenguaje inclusivo que merecería.

La segundo es decir algo sobre el flamenco, que
evidentemente es una seña de identidad de Andalucía —sobre el lugar
del nacimiento del flamenco, salvo alguna señoría indocumentada, nadie
tiene ninguna duda—. Es una potencia cultural universal porque
entronca con el dolor y con lo sagrado, y por eso conmueve en cualquier
lugar del mundo. Sin embargo, con la actual crisis muchos de los
trabajadores y artistas del flamenco están señalando su precariedad y
dependencia del sector turístico; vienen reclamando un compromiso
explícito y cuantificable por el mantenimiento de las compañías, los
establecimientos y los tablaos, además del apoyo en la difusión del arte.
El sector del flamenco necesita un compromiso y medidas específicas que
no nos cansaremos de reclamar.

La tercera idea es que esta es una especie de
ley escoba que le corresponde liderar al Ministerio de Cultura, pero que
tiene también cuestiones que tratar con el de Hacienda, el de Trabajo y
el de Seguridad Social respecto de las trabajadoras y trabajadores del
sector cultural, que, insisto, son nuestra preocupación y nuestra
prioridad en este momento debido al sufrimiento que llevan acumulado
durante toda esta crisis y también durante la anterior, porque el sector
de la cultura paga todas las crisis.

Esta ley, insisto, nos parece insuficiente,
pero, en cualquier caso, no podemos estar en contra de que se propongan
algunos avances que mejoren las condiciones de vida del sector. Porque,
señorías, la cultura es un alimento del alma, y quienes somos
materialistas, como Demócrito, entendemos que, si no hay cuerpos con
condiciones de vida dignas y con condiciones de trabajo dignas, no hay
ningún alma que alimentar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra el señor Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente, y
gracias, senadora González, por cederme unos minutos de su tiempo.

Señorías, en este turno solo quería aprovechar
para lamentar que no podamos debatir en este Pleno una enmienda en la que
se solicitaba recuperar el 100 % de las deducciones fiscales para las
producciones audiovisuales que se realicen en las que nosotros conocemos
en Canarias como las islas verdes, es decir, La Gomera, El Hierro y La
Palma.

En la Agrupación Socialista Gomera, por
supuesto, nos parece un acierto que el Gobierno haya restituido el
diferencial del 80 % para Canarias con un máximo de 18 millones de euros,
porque esto supone retornar a lo que establece nuestro Régimen Económico
y Fiscal, pero del mismo modo también creemos que no se ha cumplido con
la totalidad de esta tarea al no contemplar el 100 % cien para las islas
verdes. En la comisión, y en declaraciones realizadas por senadores y
senadoras del Grupo Socialista, se ha insistido en que no es cierto que a
estas islas les corresponda este trato diferenciado, pese a que existen,
señorías, dos consultas realizadas a la Agencia Tributaria en las que se
despeja cualquier tipo de duda al respecto, avalando la máxima deducción
para estos tres territorios que mencioné con anterioridad.

Lamentablemente, como comentaba al principio,
la enmienda en la que se solicitaba ese 100 % fue vetada por el Gobierno
por suponer un incremento presupuestario de 1,8 millones de euros.
Señorías, nosotros no entendemos que se bloqueen unas enmiendas y se
permita la continuidad de otras, pese a que todas tienen casi el mismo
impacto en las cuentas del Estado. Es una práctica que, si me lo
permiten, comienza a ser bastante preocupante, porque se trata de un
artículo de la Constitución que muchas veces parece que se aplica con
distintas varas de medir.

No obstante, nosotros, ASG, seguiremos
insistiendo en esta reclamación para las islas verdes, y es que,
señorías, por poner algún ejemplo, los costes de rodaje en estas tres
islas son muy superiores al resto, pues suponen un mayor gasto de
transporte, de traslados y un largo etcétera, y necesitamos que se
respete ese diferencial si queremos, señorías, que estas tres islas, La
Gomera, El Hierro y La Palma, sigan siendo competitivas y un referente
para las productoras. Estas islas son, desgraciadamente, las más
castigadas por la crisis, las menos dependientes del turismo y las que
están sufriendo los efectos colaterales de esta pandemia, por lo que
necesitamos que, al menos, se respete lo que nos corresponde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
tiene la palabra la senadora Otaola Urquijo.

La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko,
mahaiburu jauna.

El pasado miércoles decíamos en la Comisión de
Cultura y Deporte —y lo hemos dicho en esta tribuna y vamos a
seguir insistiendo— que la prioridad es cumplir el compromiso
adquirido con la aprobación del denominado estatuto del artista, aunque
saben que personalmente me gusta más la denominación estatuto de las
personas profesionales de la cultura. Como se ha dicho, han pasado dos
años desde este compromiso y los avances son prácticamente nulos. Se
están aprobando decretos de ayudas al sector, como esta ley derivada de
uno de esos decretos, pero estas medidas dejan fuera a gran parte del
sector. O no conocen el sector y el variado tejido de personas que
trabajan en él o no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo.
Hay que avanzar en estos compromisos acordados. Si se hubiese llevado a
cabo el estatuto del artista muchos de estos decretos no hubieran sido
necesarios, y es que, además, por ejemplo, se ha hablado en esta tribuna
la posibilidad, vía enmienda, de que accedan a la prestación por
desempleo de una manera diferente a lo que está regulado. Y podemos estar
totalmente de acuerdo, pero el problema —y creo que también se
apuntaba en el turno de defensa de las enmiendas— es que muchas de
las personas que solicitan ayudas amparadas por estas medidas se
encuentran con que legalmente no son artistas a esos efectos. Por lo
tanto, por muy bien que redactemos, si no se reconoce como artistas a
profesionales de la cultura, que son artistas de hecho, pero no de
derecho, no van a poder acceder a esas ayudas o a esas prestaciones de
desempleo nunca. Por lo tanto, ahí está el problema.

Está claro que la crisis ha afectado de forma
muy singular al sector cultural, e insistimos en la fragilidad de su
economía y, sobre todo, en la singularidad de sus estructuras laborales y
empresariales, así como en la intermitencia de las actividades, que
también se ha dicho en esta tribuna. La importancia vital de su actividad
en el desarrollo, en el dinamismo y en la identidad de una sociedad
obligan a adoptar medidas específicas y urgentes para asegurar el
sostenimiento del tejido creativo. El Observatorio vasco de la cultura
cifró el impacto negativo inicial de la cifra de negocios como
consecuencia de la pandemia en un 40,8 %, con un descenso en la cifra de
empleo del 40,3 %, y las futuras contrataciones afectan al 80,4 %. Lo
hemos dicho: cultura no es sinónimo de espectáculo público, y las ayudas
que se están aprobando insisto en que van en esa línea en vez de trabajar
en un sistema fiscal y de Seguridad Social adaptado a la intermitencia y
la singularidad del entramado cultural y de las personas que trabajan en
él. Nosotros consideramos que eso es lo que hay que hacer, sin más
demora; de lo contrario, nos volveremos a encontrar con que profesionales
de la cultura quedan fuera de la denominación de artista.

Vamos a apoyar esta ley, pero nos vamos a
abstener en relación con las enmiendas, y lo haremos no porque no estemos
de acuerdo con el fondo de estas. La mayoría de las que se han presentado
y han quedado vivas se refieren a cuestiones relativas a la Seguridad
Social, y la presente ley es de medidas tributarias y fiscales. Esta ley
deriva del Decreto Ley 17/2020, en tanto que las cuestiones relativas a
la Seguridad Social se regularon en uno o varios decretos posteriores,
principalmente en el Decreto Ley 32/2020. Por lo tanto, aunque estemos de
acuerdo con algunas de ellas, por rigor jurídico entendemos que no
podemos incardinarlas en esta ley. Nuestro grupo siempre ha sido muy
crítico con que, en leyes que tienen un contenido concreto, se aprovechen
disposiciones adicionales para incluir cuestiones que nada tienen que ver
con el tenor de la ley. Por lo tanto, no podemos apoyar esta nefasta
técnica legislativa, y con esto no critico a los grupos que han
presentado enmiendas, porque a veces no queda otra vía; de hecho, nuestro
grupo también se planteó hacer alguna enmienda en este sentido. Pero,
como digo, entendemos que esto complica no solamente a los y las
profesionales del sector, sino a los abogados, asesores y a cualquier
persona que quiera saber a qué tipo de ayuda puede acceder, porque tiene
que mirar un decreto, otro, no sé qué estatuto... Es una auténtica
locura, y creo que la seguridad jurídica es un principio fundamental de
esa Constitución que tanto se trae aquí, pero que a veces parece que se
nos olvida.

Como ustedes saben, en Euskadi y en Navarra
tenemos un sistema tributario y fiscal propio, y por eso insistimos en la
necesidad de cumplir el compromiso adquirido mediante el estatuto del
artista, porque también a nosotros nos ha ocurrido que se dictan decretos
en el Gobierno vasco de ayudas al sector cultural y nos encontramos con
que quedan fuera artistas no por voluntad del Gobierno, sino porque no
están reconocidos como tales legalmente en legislaciones que no son
competencia del Gobierno vasco.

Y termino. Como ya comenté el otro día en la
Comisión de Cultura —y quiero volver a recordarlo—, la semana
pasada fallecía Olmo. Él era historietista, y aunque creo que todos
estaremos de acuerdo en que era un artista, no estaría reconocido como
tal sobre la base del estatuto del artista, y ahí es donde está el
problema. Por lo tanto, creemos, y vamos a seguir insistiendo en ello,
que la solución a toda esa cuestión viene, efectivamente, como decía la
portavoz socialista —y nos alegramos de que se tengan en cuenta las
enmiendas que han presentado otros grupos—, por que se trabaje en
el estatuto del artista y que se haga ya porque ha pasado demasiado
tiempo.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
senadora.

Por parte del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
de Catalunya-Euskal Herria Bildu no ha presentado alegaciones al proyecto
de ley, y eso se debe a un acuerdo con el PSOE durante la tramitación en
el Congreso. En este sentido, nos congratulamos de algunos de los
acuerdos alcanzados durante esa negociación, sobre todo en lo que se
refiere a las enmiendas relacionadas con el sector de los músicos,
acordadas y pactadas con los sindicatos y con las cooperativas de
músicos, referidas, sobre todo, a problemas con las cotizaciones,
situación, por cierto, que en estos momentos se encuentra en los
tribunales y esperamos que se pueda resolver favorablemente.

Por otro lado, nosotros también estamos
contentos por el hecho de que el Grupo Parlamentario Socialista haya
redactado una enmienda después de la ponencia para prorrogar la condición
de evento excepcional de interés público al Salón Automobile Barcelona,
que, como bien saben, se aplazó como consecuencia de la COVID y por causa
de fuerza mayor.

Por todo lo que acabo de explicar, el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu va a
votar a favor del proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría, señor Lorenzo Torres.

El señor LORENZO TORRES: Gracias, señor
presidente. Quiero que también mis primeras palabras sean para desearle
mis mejores deseos en esta Presidencia.

He escuchado atentamente todas las
intervenciones que ha habido hoy aquí y en comisión, y quiero expresar mi
queja por la tramitación que ha tenido este proyecto de ley en el Senado.
Creo que han confundido ustedes urgencia con prisas, y las prisas nunca
son buenas. Este texto se podía haber mejorado mucho en este Senado, en
esta Cámara; sin embargo, debido a la premura que ustedes han puesto en
la tramitación, no ha podido ser. No olvidemos que es un texto que no
habla de la cultura, sino que habla de las personas que hacen cultura, y
esto es muy importante; habla de los artistas, aquellos a quienes durante
dos meses nadie atendió; habla de los trabajadores, de los técnicos, de
los que están detrás de los escenarios, a quienes durante nueve meses
nadie atendió y no tuvieron ningún tipo de ayuda; habla de las pymes, de
los autónomos culturales, que aún hoy nadie contempla. Creo que el tema
es muy serio para que se tramita de esta manera, por lo que considero que
habría que hacer un trabajo mucho más profundo del que hemos hecho.
Además, porque parte de la mayoría de las normas que se están aprobando
caducan el 30 de septiembre, y no sabemos si se van a prorrogar o no. Y,
por supuesto, porque este decreto ha sido bastante insuficiente. Pero
tuvimos una oportunidad. Dado que el real decreto se tramita como
proyecto de ley, pudimos hacer mejoras, o, por ejemplo, haber aprobado
enmiendas que ha pedido el Grupo Parlamentario Popular, enmiendas que
tienen que ver con las bases que aprobamos por unanimidad en el estatuto
del artista para mejorar la situación de los trabajadores del sector
cultural.

Por eso a ustedes les pido que sean valientes,
que demos un paso hacia adelante todos y que demos una respuesta a un
sector que lleva tres años esperando a que se desarrolle ese estatuto del
artista. Ese estatuto del artista es la gran deuda que tiene este
Gobierno socialista con el sector cultural. Como digo, llevan tres años
esperando, y esa es la gran tragedia que están sufriendo los trabajadores
del sector cultural. Si hubiéramos desarrollado el estatuto del artista,
si hubiéramos trabajado sobre las bases del estatuto del artista, en
estos momentos no tendríamos estos problemas.

Comentaba mi compañero de Más Madrid la
casuística. Muchas de las medidas que se están tomando en este decreto no
tienen ninguna eficacia, porque las personas que van a pedir ayudas no se
las dan. Por un lado, el SEPE ha rechazado muchas peticiones de ayudas a
muchos trabajadores del sector cultura por silencio administrativo, sin
dar ningún tipo de explicación, y, por otro lado, les está pidiendo la
devolución de la prestación que les concedieron.

La portavoz socialista hablaba de la
credibilidad del Gobierno. Señoría, en cultura, credibilidad ninguna.
Llevan tres ministros, llevamos tres años y no han hecho nada por el
estatuto del artista. Pero les voy a dar pruebas fehacientes, como a mí
me gusta decir en los juzgados. En el año 2018 hubo un real decreto,
aprobado por el señor Sánchez, presidente de este Gobierno, por el que se
comprometía a que en el plazo de seis meses había que traer al Congreso
una nueva regulación de los artistas, seis meses. Han pasado treinta y
tres meses y aquí ni está ni se espera ese proyecto. (Aplausos). Ese es
el interés y la credibilidad que tiene este Gobierno con el sector de la
cultura, y esto tenemos que denunciarlo entre todos.

Ahora, el señor Iceta, nuevo ministro, nos
sorprende diciendo, después de tres años, que va a crear una comisión
interministerial para el desarrollo del estatuto. Esto me recuerda
aquello que decía Napoleón: Si quieres arreglar algo, nombra a una
persona, pero si quieres que se alargue, nombra una comisión.

Al final, quiero tener fe porque la situación
del sector es muy preocupante. Espero que el señor Iceta ponga el mismo
interés, la misma pasión que está poniendo en la mesa negociadora en
Cataluña, porque, utilizando el ejemplo que dijo él, la cultura en este
país ha quedado arrasada, al igual que Vietnam después de la guerra. Es
más, yo espero que tomemos decisiones concretas, que nos pongamos todos a
trabajar sobre lo que debe ser la cultura y el futuro de la cultura de
este país. Que demos una respuesta a todo lo que está pasando, que
aprendamos de todo esto que ha pasado con la COVID, dado lo vulnerable
que ha sido este sector; que demos una respuesta a los problemas
endémicos que tiene este sector desde hace muchos años, que miremos al
futuro y creamos un sector cultural, porque es algo fundamental en este
país.

Como ya digo, tengo mis dudas de que este
Gobierno, que siempre se comprometió, que es un Gobierno de mucha
literatura, pero de poco contenido, dé una respuesta eficaz a todos estos
problemas.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señoría.

El señor LORENZO TORRES: En este país el telón
de la cultura se ha bajado hace mucho tiempo, pero en este país lo único
que sube todos los días es la luz.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría, señor Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
señor presidente. Utilizando la fórmula medieval: larga vida a su cargo.
Con su venia, señor presidente.

Señorías, sean mis primeras palabras, de
corazón, de agradecimiento al conjunto de los portavoces y portavozas
(Rumores.— Aplausos) por la disposición que han mostrado a lo largo
de la tramitación de este proyecto de ley.

Aunque parece que no es bien entendido por
todos, sabido es que se tramita por el procedimiento de urgencia, pero,
para el caso que nos ocupa, aun siendo de urgencia, llegamos tarde. Ya
llegamos tarde con el real decreto legislativo del que es causa este
proyecto de ley, y eso a pesar de que el Gobierno se puso a trabajar por
los que no podían hacerlo el mismo día que la COVID nos dejó a todos
inmovilizados en la incertidumbre. Siempre se llega tarde cuando es la
supervivencia de seres humanos la que depende aquello que se pretende
alcanzar, como es el caso.

El mundo de la cultura, en la vertiente más
humana del tacto, hubo de confinarse y renunciar a la caricia, y en esa
reclusión necesitó de una legislación y unas ayudas, hasta entonces
inexistentes, para seguir viviendo y a la que el Gobierno fue dando
respuestas con improvisación. Sí, digo bien, con improvisación. ¿O es que
algún Gobierno de este mundo tuvo la carta de marear para saber cómo
sortear un mar enfurecido en el que se confundieron los cuatro puntos
cardinales? (Aplausos). Vendrían aquí a cuento aquellos versos de Antonio
Gala, cuando, como metáfora, escribió: El amor —léase en este caso
la cultura— es como un náufrago en el mar. El náufrago sabe que se
está muriendo, pero la mar no sabe que lo está matando.

Dar respuesta a los problemas es gobernar con
la responsabilidad de lo demandado por las circunstancias, y en ese
aspecto yo me felicito por que el Gobierno haya tenido la sensibilidad de
improvisar y de traer a esta Cámara, por el procedimiento de urgencia, lo
que urgente es, que es salvar la cultura en nuestro país, que es tanto
como decir salvar el país. (Aplausos).

Utilizar, pues, el verbo y el procedimiento
como argumento y añagaza para hacer oposición no creo que sirva para
ayudar a la cultura. Mi grupo, como el Gobierno, no confunde como Mafalda
lo urgente con lo importante.

Otro señuelo de la retórica parlamentaria ha
sido hacer creer, o pretenderlo, que todo lo que no recoge el texto de
este proyecto de ley —cuando ley sea— quedará perdido sine
die o en la zozobra de un purgatorio, y no es cierto, sus señorías lo
saben. Aun teniendo voluntad de haber querido incorporar cuantas
iniciativas se han presentado, les recuerdo que esta ley consolida en
otras leyes derechos que no estaban en aquellas, no podrían estarlo. ¿Qué
ley o legislador puede prever las arbitrariedades del averno en el que en
ocasiones se sitúa la vida? Es, por lo tanto, este proyecto de ley, una
carta abierta al futuro inmediato; puerta que abrirá, sin lugar a dudas,
el desarrollo del estatuto del artista al que se ha comprometido el
ministro y con el que el Gobierno en su conjunto y mi grupo está
igualmente comprometido, y a ello les emplazo. Además, hemos de hacerlo
juntos.

En este caso, señorías, termino parafraseando a
Baltasar Gracián: hagamos que lo incierto que promete, por ser mucho, no
devalúe lo cierto que asegura este proyecto de ley por parecerles poco.
Señorías, en no pocas ocasiones los aquí presentes nos hemos lamentado
del oficio amanuense de esta Cámara. Felicitémonos hoy de que, en esta
ocasión, aunque acordáramos una cosa en el Congreso, que era no tocar,
hayamos tocado para poder trabajar y dar fe de que lo hemos hecho, aunque
lo hayamos hecho por urgencia. Hemos podido dar cumplida cuenta de
nuestro trabajo. Les emplazo, por lo tanto, a todos y a todas a seguir
trabajando por y para la cultura. Tiendo nuestra mano a los
profesionales, a sus señorías y a cuantos hombres y mujeres en este país
en la cultura son.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley, procederemos a la votación de las enmiendas. Las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.
Procederemos a la votación en un solo acto de aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior y a la votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.
Se abre, por tanto, la votación telemática desde este momento, en que son
las diez horas y treinta y dos minutos, hasta las doce horas y treinta y
dos minutos.

El señor presidente lee el punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su señoría, señor Ferrer
Sais.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El proyecto de ley que
se somete en este acto a consideración del Pleno del Senado está formado
por un artículo y una disposición adicional, y persigue una doble
finalidad: en primer lugar, adaptar la regulación de los derechos de
información de la representación legal de los trabajadores, recogida en
el artículo 64 del estatuto, en materia de condiciones de trabajo y de
empleo cuando sean afectadas por la utilización empresarial de
algoritmos, y, en segundo lugar, en una disposición adicional, regular la
laboralidad de los trabajadores que presten sus servicios en las
plataformas digitales de reparto, de acuerdo con la jurisprudencia
establecida por el Tribunal Supremo el 23 de septiembre de 2020. Se
añaden dos disposiciones, y concretamente la disposición final establecía
la fecha de entrada en vigor, que ya ha pasado, pues desde el pasado
día 2 de agosto está en vigor esta norma.

El proyecto tuvo su entrada en el Senado el
día 28 de julio de 2021, siendo publicado ese mismo día en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales. Se ha tramitado por el procedimiento de
urgencia. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 6 de
septiembre de 2021, habiéndose presentado un veto por los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del
Grupo Mixto, y 17 enmiendas, que se distribuyen de la forma siguiente:
enmiendas números 1 y 2, de la señora Goñi Sarries, del Grupo Mixto;
enmiendas números 3 y 4, de los señores Cervera Pinart y Cleries i
González, del Grupo Parlamentario Nacionalista; enmiendas números 5 y 7,
de los senadores Sánchez López y Muñoz Lagares y la señora Ponce
Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático; enmiendas números 8 y 9,
de los senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas números 10 y 11,
del señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
que fueron posteriormente retiradas por su autor; y las enmiendas
números 12 y 17, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 9 de septiembre de 2021 se reunió la
ponencia del presente proyecto de ley para informar, y ese mismo día se
reunió la comisión para dictaminar, sin introducir modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de Diputados en ambos trámites.

Se han presentado cinco votos particulares a
este dictamen, manteniéndose todas las enmiendas debatidas y el veto
presentado. Voto particular de los señores Muñoz Lagares y Sánchez López
y la señora Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático; voto
particular de los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, del Grupo Mixto; voto particular de la señora
Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario Mixto; voto particular del Grupo
Parlamentario Popular, y voto particular de los señores Cleries i
González y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Con estas palabras creo haber resumido la
tramitación parlamentaria de este proyecto ley.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 1 de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto tiene la palabra su
señoría, señor González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, no solo hemos presentado veto, sino
que, además, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad por tres
motivos que justifican el veto. Y, como bien sabrán ustedes, señores
socialistas, esto a los de Vox se nos da bastante bien. Esos motivos son,
como decía mi compañero diputado Juanjo Aizcorbe, sobre las formas y el
fondo. ¿Por qué la forma? El Gobierno ha hecho, una vez más, un uso
abusivo del artículo 86 de la Constitución y ha usurpado a la Cámara
legislativa de su función de legislar, utilizando la figura excepcional
del real decreto, que es excepcional, sin que esté en ningún caso
justificada. Él comentaba que se han puesto de acuerdo las partes, pero
es mentira, ya que solo se han reunido con los sindicatos que llevan la
corrupción y el clientelismo socialista impregnados en cada una de sus
siglas y han demostrado que por lo último por lo que velan es por el
trabajador. Y esto lo sabemos porque en Vox sí que hemos estado reunidos
con las plataformas y con los riders, y ninguno de ellos, excepto una
sola empresa, ha tenido contactos con los miembros de la conocida mesa de
acuerdo social entre empresarios, sindicatos y Gobierno. Ellos no han
sido invitados ni escuchados.

En el fondo, es decir, en lo importante, se
está esquivando un debate fundamental. Vox quiere para los riders
trabajo, que es lo que tienen ahora, pero un trabajo digno, regulado, con
protección y con derechos, y quiere también que tengan libertad para
elegir combinar y compartir con otros trabajos, lo que posiblemente no
existirá en el real decreto de este Gobierno. Para ellos reclamamos el
debate verdaderamente importante, el del autónomo digital. La
laboralización de la que habla la ministra de Trabajo será mediante la
contratación de empresas temporales. Se va a tolerar un fraude para que
la ministra de Trabajo tenga un titular.

Vox está por la protección de un colectivo que
necesita ayuda. El debate de la figura del autónomo digital que se está
produciendo en toda Europa es el que tiene que producirse en España. En
lugar de seriedad, se opta por un titular falso que puede llevar al paro
y a la miseria a un colectivo que necesita fuertemente una ayuda. Es
innegable que las oportunidades derivadas del mundo digital han
flexibilizado la forma de trabajar, y esto también ha afectado a los
trabajadores, quienes pueden prestar servicios de una manera menos
flexible. En ese sentido, el poder de organización del empresario debe
reinterpretarse y no encasillarse según los modelos que cada vez se
muestran más obsoletos. Los repartidores tienen la capacidad de decidir
si aceptan o no un encargo, de decidir si trabajan un día u otro, o
determinadas horas. En definitiva, tienen la capacidad de organizar su
trabajo o, por lo menos, disponen de mucha mayor autonomía que un
trabajador por cuenta ajena.

Asimismo, la retribución de los repartidores es
variable y depende del número de encargos que realicen. Finalmente, en
alguno de los casos también asumen el riesgo y ventura del reparto del
producto.

En definitiva, lo que tienen que hacer ustedes,
señores del Gobierno, es reunirse con absolutamente todos los afectados.
Ustedes se centran en los sindicatos, que desgraciada e históricamente se
han mostrado hasta arriba de corrupción, que no han salido ni una sola
vez a la calle en la peor de las situaciones, con la luz por las nubes,
con los trabajadores en paro, con unos ERTE disparados que se acabarán
convirtiendo en ERE. No han salido jamás a la calle y ustedes les
secundan porque les riegan a dinero. Céntrense y reúnanse con los que de
verdad están afectados, que son los riders, los repartidores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra del veto, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría, señor Muñoz
Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor González-Robatto Perote, lo primero que
me gustaría decirle es que no compartimos su metodología. Efectivamente,
ustedes pueden recurrir ante los tribunales todas las leyes que
consideren, pero, señorías, eso demuestra su manera de hacer, demuestra
que no aceptan las reglas democráticas, que no aceptan los resultados de
las votaciones y que no aceptan las mayorías parlamentarias. Eso se
deduce de sus actuaciones.

Pero lo que realmente me llama la atención hoy
es que el 22 de febrero se debatió en la Comisión de Trabajo una moción
del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno a proponer una
normativa previa al acuerdo de la Mesa de diálogo social que determinara
la naturaleza de la prestación de estos servicios como laboral, y de
conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo. Señor González-Robatto
Perote, usted votó a favor de esa moción y hoy nos trae un veto. ¿Se está
autoenmendando o no se enteró de lo que se debatía?

Señoría, esta es una ley pionera en Europa, y
con su implantación los riders contarán con los derechos y las
obligaciones que corresponden a los trabajadores por cuenta ajena:
descanso, vacaciones pagadas, prestaciones por desempleo. Lo que se
pretende con esta ley son dos cuestiones sencillas. Por un lado,
clarificar que los repartidores que trabajan para estas plataformas son
asalariados y no trabajadores autónomos, y, por otro, que los
representantes de estos trabajadores sean informados por la empresa de
los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que puedan incidir
en las condiciones de trabajo, la contratación o el mantenimiento del
empleo.

Señorías, es fundamental dar estabilidad y
seguridad jurídica a estas empresas, a los trabajadores y a estas nuevas
relaciones fruto de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Pero
el crecimiento económico solo se alcanzará si se dan unas condiciones de
justicia social.

Resumiendo su exposición sobre el veto, nos
dicen que la solución a estas nuevas situaciones laborales, fruto de la
digitalización, no pasa —dice textualmente— no pasa por
encuadrar legalmente a los repartidores según el esquema laboral vigente
y proponen acordar un nuevo marco regulador. ¿Me está diciendo usted que
por el hecho de que la relación laboral se establezca a través de
procesos digitales deberíamos cambiar nuestra norma de encuadramiento? Es
como si me dijera que por el hecho de que haya coches eléctricos
tendremos que cambiar las normas de circulación, y no, señorías, no,
mientras se cambian o no las normas de circulación los coches eléctricos
tienen que circular con las normas vigentes, y mientras se cambian o no
las normas de encuadramiento estos trabajadores se tienen que encuadrar
con las normas vigentes. Y tanto la inspección como distintas sentencias,
como la del Tribunal Supremo, han determinado que son trabajadores por
cuenta ajena. No sé qué parte de esto no ha entendido usted.

Y sobre el algoritmo, que quizá le resulte un
poco más complicado, y retomando el ejemplo de los coches, pero en este
caso autómatas, coches que circulan sin conductor, ¿verdad que los
procedimientos informáticos que llevan se tienen que regular con las
normas de circulación? Pues los algoritmos laborales de estas empresas se
deben ajustar a las normas de encuadramiento de nuestro país.

Me parece estupendo que ustedes hayan hecho
alguna propuesta. Pero, señoría, no puede obviar que entre 2019 y 2020 la
Inspección de Trabajo consideró falsos autónomos a más de 17 900 riders.
No puede obviar que hay 48 sentencias en nuestro país en ese mismo
sentido. No puede obviar que hay múltiples procedimientos judiciales aún
pendientes. Pero es que para colmo no puede obviar usted la sentencia del
Tribunal Supremo, que dicta jurisprudencia y doctrina en este sentido. Y
en todas estas actuaciones, señoría, se ha sentenciado que son
trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, que debemos encuadrarlos en
el marco laboral y no dejarlos en fraude de ley.

Pero le voy a decir más. Esta ley y, por tanto,
el principio de laboralidad se ha acordado en la Mesa de Diálogo Social
entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Además, como usted sabrá o debería saber, vamos hacia una reunificación
de sistemas y regímenes de cotización, tal y como se establece en las
recomendaciones del Pacto de Toledo, y sus propuestas van en sentido
contrario. Además, señoría, a lo largo de la historia el mundo, y también
nuestro país, ha sufrido grandes transformaciones laborales de gran
calado fruto de las revoluciones industriales y tecnológicas, pero
siempre hemos mantenido los pilares de la empresa y del trabajador.

Por tanto, señorías de Vox, una vez desmontados
sus argumentos desde el punto de vista técnico y jurídico, lo único que
nos queda pensar es que ustedes prefieren que estos trabajadores
continúen en fraude de ley, que sigan sin tener derechos y sigan
explotados laboralmente. Y eso, señorías, este Gobierno, nuestro partido
y este grupo parlamentario no lo va a permitir. (Aplausos).

Para terminar, y dejándolo claro, mi grupo no
considera necesario que por el hecho de que se mantenga una relación
laboral a través de unas plataformas digitales debamos modificar nuestro
marco laboral existente. Por ello, vamos a votar en contra de su veto.
(Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor González-Robatto Perote. Tiene la
palabra su señoría.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.

Lo único que ustedes van a permitir es que
nadie trabaje, esa es la realidad. En sus argumentos ha hablado de las
reglas democráticas; pues bien, el Tribunal Constitucional acaba de
declarar inconstitucionales dos estados de alarma que ustedes decretaron.
No nos vengan ahora con reglas democráticas cuando ustedes, además, no
dejan que se apruebe ninguna enmienda en general. Reglas
democráticas.

Señorías, ustedes no representan a todos los
españoles. El presidente del Gobierno ha dicho que ha vacunado a gente
que no le vota, haciéndose autor de los recursos de todos los españoles.
¿Ustedes qué hablan de democracia? Con la historia que tiene el Partido
Socialista, ¿qué hablan de democracia?

La realidad fehaciente es que hay 6000
trabajadores en la calle. Estamos muy de acuerdo, y se lo voy a
reconocer, en que necesitan un trabajo digno, en que hay que luchar por
sus derechos laborales, no hay ninguna duda de ello. Pero ustedes lo que
han hecho son auténticas chapuzas que han llevado a 6000 personas a la
calle y que no tengan nada que llevarse a la boca, que no puedan comer.
Esas son sus chapuzas y ustedes se blindan en trabajos dignos. Oiga, es
que están en el paro, es que no tienen nada que llevarse a la boca. Es
que ustedes no les han ayudado absolutamente nada. Ustedes solo han
ayudado a su absurdo Ministerio de Igualdad. Ustedes han destinado todos
los recursos a financiar a los separatistas. Ustedes no están haciendo
nada por los españoles. Presumen de una ministra de Trabajo que lo único
que ha hecho es llevar a cifras récord el número de parados y sale
bailando en el Día de los Trabajadores. ¿Pero qué realidad es esta?

Estoy totalmente de acuerdo con usted en que
hay que ofrecerles un trabajo digno, pero no hagan chapuzas como esta que
lo único que hacen es que estas personas estén en la calle. Y no se
reúnan con los sindicatos, de verdad, que históricamente ya han
demostrado lo que sucede. Vamos a partir de un punto en el que creemos,
en que se cree un trabajo de verdad, un trabajo con unos derechos.
Háganselo saber y hagan que estas personas puedan seguir trabajando
mientras ustedes dirimen leyes y no las sacan por el procedimiento de
urgencia, como intentan hacer todo. Esto son solo chapuzas. Permítanles
trabajar, porque están ahora mismo en sus casas. Permítanles trabajar,
déjenlos trabajar porque son los que les pagan el sueldo a ustedes, a mí
y a todos los representantes políticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Entiendo que no va a compartir el turno con
ningún otro portavoz del Grupo Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.

Intervengo solamente para manifestar nuestro
voto en contra del veto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, tiene la palabra su señoría.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.
Voy a intervenir también desde el escaño. En primer lugar, enhorabuena
presidente. Suerte y aciertos en la gestión de esta Cámara.

Respecto al veto de Vox, anuncio que nuestro
grupo votará en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría, señor Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Los riders, los repartidores que trabajan para
las plataformas digitales, son asalariados y no autónomos. Esta
afirmación, que para algunos era evidente desde el primer momento y cuyo
incumplimiento suponía un grave perjuicio para sus derechos, para otros
ha sido un asunto netamente partidista. Incluso después de la sentencia
del Tribunal Supremo algunos han permanecido alineados con esas tesis
ilegales de ciertas multinacionales, han exigido nada más y nada menos
que una compensación económica por cumplir algo tan elemental como la
ley. Incluso pretendían abrir la vía de esa falsa libertad de elección,
que en la práctica suponía legalizar las presiones de las grandes
empresas contra los trabajadores para que renunciaran a sus
derechos.

Supongo que aun hoy, al Partido Popular y a Vox
las 48 sentencias judiciales y los 17 000 riders que han sido
considerados falsos autónomos por la Inspección de Trabajo siguen sin
decirles nada. Los españoles habíamos hecho un pacto para asegurar que
nadie era más que nadie, que frente al que tiene todo la ley era la
garantía precisamente del que no tiene nada, y así las generaciones que
nos preceden se lo ganaron a pulso, luchando con mucho esfuerzo en la
calle para acabar con las jornadas laborales de doce horas. Y llegaron
los convenios colectivos, llegaron las negociaciones sindicales y
llegaron las prestaciones por desempleo, las vacaciones, los permisos de
paternidad y de maternidad; un consenso democrático que las nuevas
plataformas sencillamente han venido a dinamitar aprovechando
determinados vacíos legales. Es evidente que la tecnología avanza y es
evidente también que la ley tiene que avanzar con ella.

En un mundo tremendamente desigual, las reglas
permiten garantizar la convivencia y, sobre todo, permiten prevenir las
injusticias, y por eso, frente al mantra neoliberal de la desregulación,
en Más Madrid defendemos la ley y el Estado como herramientas de la gente
corriente frente a la desprotección y frente a la precariedad, el derecho
a ser protegido por tu comunidad por más que tu repartas hamburguesas en
una bicicleta y tu jefe tenga una flota de bicicletas a su servicio.
Porque eso es precisamente la democracia, la posibilidad de torcer el
brazo a los poderosos si el contrato que nos ofrecen nos parece
socialmente poco aceptable.

Hoy las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara votaremos divididas. Algunos, convencidos de que esta regulación
contribuirá a dotar a miles de trabajadores de un marco laboral justo,
votaremos a favor, y otros, sumidos en esa ola del emprendimiento low
cost que pretende sustituir los derechos laborales por el coaching
motivacional de la flexibilidad y de la libertad de pacto entre un
ciclista que gana seis euros la hora y una multinacional que gana
millones de euros al año, votarán en contra. Y así, con los números en la
mano, es como se entiende a la perfección cuál es el motivo de fondo por
el que Glovo, el Partido Popular y Vox no quieren que exista la mediación
del Estado y de las leyes laborales. El problema de los falsos autónomos,
evidentemente, no afecta en exclusiva a este sector, y por eso, del mismo
modo que celebramos el avance, apuntamos la necesidad urgente de seguir
avanzando en otros sectores que están igualmente afectados por este drama
y por esta lacra de la precariedad, como es, por ejemplo, el de los
cuidados.

La economía digital, indudablemente, es una
oportunidad para las empresas, pero también puede serlo para el conjunto
de los trabajadores, siempre que garanticemos unas condiciones laborales
dignas. Somos conscientes de que la aprobación de esta ley es solamente
el principio de una ardua batalla. Somos conscientes de que las
plataformas utilizarán su posición y utilizarán sus recursos para
intentar encontrar cualquier resquicio para intentar tumbar una ley
válidamente aprobada en la sede de la soberanía nacional. El chantaje de
las plataformas a nuestro país, evidentemente, no se ha hecho esperar.
Uber Eats ha despedido a 3000 trabajadores, Deliveroo ha anunciado que
dejara de operar en España y Glovo está impugnando las primeras
contrataciones y recurriendo las altas en la Seguridad Social, a pesar de
que la ley se lo exige.

Frente a quienes quieren hacernos retroceder
dos siglos y que sea el peso del dinero el que decida cuáles son las
reglas del juego en lugar de los legítimos representantes de los
ciudadanos, quiero pedir a los partidos de la derecha que, si no es por
los derechos de los trabajadores, por lo menos en el día de hoy voten por
lealtad al pueblo español y a sus instituciones y dejen de comportarse
por una vez como los mayordomos de cuatro multinacionales
extranjeras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
tiene la palabra su señoría.

El señor PUENTE REDONDO: Gracias, presidente.
Voy a intervenir desde el escaño. En primer lugar, igual que muchos de
mis compañeros, quiero felicitarle por sus nuevas responsabilidades y
desearle suerte.

En relación con el veto, quiero indicar que nos
vamos a abstener. Somos conscientes del proyecto de ley que estamos
tramitando; hemos presentado una serie de enmiendas que entendemos que
mejora la vida de los riders y que avanzan en la digitalización y la
seguridad jurídica, tan necesaria en nuestro país.

Igualmente, anuncio que si estas enmiendas no
son aceptadas —porque, como se ha comentado aquí por parte de
alguno de los intervinientes, después de cuarenta años de Estatuto de los
Trabajadores es necesario actualizarlo porque las relaciones laborales
están cambiando, igual que está cambiando la vida de cada uno de nosotros
con los avances digitales—, enmiendas que mejoran la empleabilidad
y ese Estatuto de los Trabajadores, votaremos en contra de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría, señor Gilabert Sánchez.

El señor GILABERT SÁNCHEZ: Buenos días,
presidente. Te deseo lo mejor para ti y para el futuro.

En primer lugar, quiero empezar saludando a los
legítimos representantes de los trabajadores españoles según la
Constitución, la Ley Orgánica de libertad sindical y el Estatuto de los
Trabajadores: los representantes de UGT y Comisiones Obreras (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), que tienen que hacer
elecciones sindicales para tener esa representación. Y especialmente por
parte del Grupo Socialista: bienvenidos a esta casa, que es la vuestra.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Como la
legítima representante de los empresarios es la Confederación de
Empresarios, que también ha apoyado estas medidas —el juego tiene
unas reglas y las reglas hay que cumplirlas—, y como nosotros somos
los legítimos representantes del pueblo. Voy a intentar ser breve en las
razones.

Uno, ¿por qué estamos en contra de este veto?
Es fruto del acuerdo social.

Dos, el Tribunal Supremo dictó y unificó
doctrina por unanimidad de la sala; no hubo ningún voto particular. Me
parece importante este punto.

Tres, dota de seguridad jurídica a las personas
repartidoras y a las empresas del sector.

Cuatro, estamos a favor de una economía abierta
y competitiva, pero con normas y reglas; las reglas tienen que ser para
todos.

Cinco, algunos grupos se quejan de que esta ley
se saca con carácter urgente. A lo mejor no les parece urgente que la
Inspección de Trabajo, como bien ha comentado mi compañero Alfonso Muñoz,
solo haya tenido que poner 17 957 actas por considerar falsos autónomos a
miles de repartidor entre el año 2019 y 2020. Tampoco les parecerá a
estos grupos urgente la unificación de doctrina que hace el Tribunal
Supremo. Pues a nosotros nos parece que sí, que es urgente sacar una ley
que corrija este masivo fraude de ley en el que estaban y están
incurriendo algunas empresas de este sector, con el consiguiente
detrimento de las arcas públicas y de las cuentas de la Seguridad
Social.

Seis, la innovación es necesaria, pero no en
estos términos; no puede ser a costa del sacrificio en términos sociales
y esta nueva construcción no puede estar basada en la precariedad.

Siete, se está legislando protegiendo al más
débil. Esta es nuestra obligación, la de todos y todas las que estamos
aquí. Esta ley es un primer paso que marca la base para el futuro y lo
hace cumpliendo con la función tuitiva del derecho del trabajo,
reequilibrando los intereses de las partes y, sobre todo, protegiendo a
la parte más débil de nuestras relaciones laborales.

Ocho, los repartidores y repartidoras dependen
cien por cien de la aplicación de la empresa. La aplicación les dice
cuánto y dónde tienen que trabajar, cuánto pueden ganar, qué posición
ocupan en el ranking de la aplicación con respecto a sus compañeros,
etcétera, por lo que en ningún caso estos repartidores tienen ningún
poder de decisión sobre su trabajo. Así lo entendió también el Tribunal
Supremo del Reino Unido en el caso de los conductores de Londres en una
conocida plataforma de transporte de pasajeros, que no tenían capacidad
ninguna de poder negociar condiciones: o entra usted por la plataforma o
no hay otra fórmula. Por tanto, no solo el Tribunal Supremo español,
también lo dijo la Corte Suprema del Reino Unido.

Nueve, se trata, señoras y señores senadores,
de un texto que es la expresión de las negociaciones y los equilibrios
alcanzados, no sin esfuerzos y con concesiones, de todas las partes
implicadas. El veto nos parece fuera de lugar.

Diez, ninguna revolución tecnológica es
política o socialmente neutra. El algoritmo no es neutro, es decir, no
afecta por igual a todas las clases sociales y requiere recursos y
periodos de adaptación.

Once, algunos partidos políticos de esta Cámara
están todo el día reivindicando, y a nosotros nos parece bien, las justas
pretensiones de los autónomos, pero creemos que en esta ocasión estos
partidos no han escuchado bien a los representantes de los verdaderos
autónomos, y no a los falsos, como son los repartidores. Y estas
organizaciones, cuando hemos hablado con ellas, nos dicen que este modelo
de falsos autónomos les pone en una situación de competencia desleal e
inasumible para muchos de estos autónomos. Y es importante tener este
dato en cuenta.

Por último, seguiremos exponiendo más razones a
ver si somos capaces de convencer a alguno de los grupos —que ya lo
manifestó en la comisión— de que este es un camino correcto,
mejorable, por supuesto, mejorable, pero correcto.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de defensa de las
enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas 1 y 2 del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi
Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

Este proyecto de ley, conocido como la ley
rider, ha sido polémico desde el principio y, para variar, lo traen al
Senado por el procedimiento de urgencia. Nos tienen acostumbradísimos,
pero seguiremos diciéndoles que esta no es la manera de trabajar ni de
buscar el consenso.

Es muy importante legislar en este caso
concreto para evitar la precariedad y el abuso sobre los trabajadores. Es
imprescindible que se apliquen los criterios pertinentes para definir la
frontera entre los trabajadores por cuenta ajena y aquellos que prestan
sus servicios bajo el amparo de una relación mercantil; así se elimina la
incertidumbre respecto de los conceptos de facultades empresariales de
dirección, organización o control de la actividad. Eso debe quedar
transparente en esta ley, y para ello se han presentado varias enmiendas
que espero que acepten. Si no, podemos seguir viendo cómo muchos de estos
trabajadores pierden la posibilidad de trabajar: 3800 en julio, justo
antes de que entrara en vigor la ley, y 3000 en agosto, y eso no lo
queremos ninguno, Aunque, sinceramente, por cómo ha elaborado el Gobierno
esta ley y la urgencia en su tramitación, parece que estén buscando
exactamente eso, que miles de riders se queden sin trabajo de un día para
otro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 8 y 9, de los
señores senadores Gonzalo-Robatto Perote y Marín Gascón y la senadora
Merelo Palomares, tiene la palabra el señor González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.

Sabiendo que los sindicatos están aquí, los
animo a salir a la calle —si no, igual están esperando a que la
derecha gobierne— para salir en el peor caso, en el que los
trabajadores están enfrentando las mayores facturas de luz, la gente no
puede llegar a fin de mes, y ustedes todavía no han pisado la calle. Pero
bueno, los animo a salir.

En Vox escucharemos de nuevo a los riders y a
las empresas para buscar una solución que pase por un trabajo digno, con
protección y que haya trabajo para quienes quieran combinar las distintas
formas en esas plataformas digitales.

Hemos presentado dos enmiendas. La primera
tiene por objeto salvaguardar, por un lado, los secretos empresariales y,
por otro, los derechos y libertades de los trabajadores. Por ese motivo,
la enmienda tiene por objetivo garantizar que el responsable del
tratamiento automatizado adopte las medidas adecuadas para salvaguardar
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado y, del
mismo modo, que se protejan los secretos empresariales. En cuanto a la
segunda enmienda, las nuevas formas de trabajo y, en estas, la prestación
de servicios fruto de las nuevas oportunidades surgidas de la economía
digital, requieren un debate sosegado y un análisis detenido de sus
características y del régimen regulatorio vigente, con el fin de poder
regular en su caso un marco que responda a estas nuevas situaciones
laborales. En definitiva, se trata de una oportunidad de legislar mirando
al futuro más inmediato. Por ese motivo, la solución a estas nuevas
situaciones laborales no pasa en ningún caso por encuadrar legalmente a
los repartidores según el esquema laboral vigente, que no tiene en cuenta
estas nuevas formas de trabajo. La complejidad del problema requiere un
análisis más profundo que abarque implicaciones económicas y laborales de
estas nuevas formas de prestación de servicios, garantizando por encima
de todo el derecho al trabajo y el acceso a las prestaciones sociales. La
solución de la complejidad del problema podría pasar por regular una
nueva figura jurídica, como comentábamos antes, que responda a las nuevas
formas de trabajo y prestación de servicios que brinda el mercado
digital, atendiendo a su vez a todas las necesidades propias de un Estado
social, como es España. Por el contrario, también hay que reconocer que
la libertad de escoger franjas horarias de trabajo está condicionada
sobre todo al iniciarse la actividad del repartidor, que en algunos
supuestos no asumen el riesgo de la entrega del producto, la realización
del servicio o, en definitiva, que no son titulares del programa
informático que les pone en contacto con el comercio y el cliente final,
según el Tribunal Supremo, y que, según el Tribunal Supremo, constituye
la infraestructura esencial para el ejercicio de la actividad. Todo ello
pone de manifiesto la complejidad de las nuevas formas de trabajo que
derivan de las nuevas oportunidades digitales y cuya solución no pasa por
encuadrar dichas formas de trabajo en esquemas laborales creados con un
sistema económico, laboral e incluso social distinto.

En definitiva, es preciso analizar sin prisa,
pero sin pausa, por un lado, las nuevas relaciones laborales surgidas de
la economía digital y, por otro lado, las características del régimen
laboral vigente, con la finalidad de hacer en su caso las modificaciones
oportunas. En cualquier caso, parece inevitable romper con la
clasificación actual de las relaciones laborales y proceder a su
modificación, actualizándolas con necesidades y oportunidades que brinda
la economía digital.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 5 a 7, del
señor Muñoz Lagares, señora Ponce Gallardo y señor Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra su señoría Muñoz
Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias,
presidente.

Voy a dar unas pequeñas pinceladas de las
enmiendas que hemos presentado, porque queremos desarrollar una ley más
flexible y menos rígida. En concreto, hemos presentado tres enmiendas. En
la enmienda número 5, que afecta al preámbulo de la ley, entendemos que
no tenemos que hablar de presunciones, debemos acotar y plasmar lo ya
manifestado por el Tribunal Supremo en su sentencia 805/2020 y en otras
que le siguieron. Debemos incorporar los criterios utilizados por este
tribunal para determinar la relación laboral de los trabajadores de
plataformas de reparto a domicilio, qué criterios deben tener los
trabajadores por cuenta ajena y aquellos al amparo de la relación
mercantil.

Respecto a nuestra enmienda número 6, queremos
distinguir y separar entre los parámetros, reglas e instrucciones que
usan los algoritmos que tienen el objeto de la relación contractual con
los trabajadores y cualquier otra carente de interés, porque se puede
vulnerar la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial, o
la Ley de la propiedad intelectual, al tratarse estos algoritmos de un
programa de software. Debemos tener en consideración el derecho de la
empresa y el secreto industrial no debe ser desprotegido, lo que es una
obviedad, pero debe quedar claro en la ley.

Por último, con nuestra enmienda número 7
queremos asegurar la libertad de los trabajadores y de las plataformas
sobre el modelo de relación contractual; eso sí, con unos criterios
claros y concisos que determinen y establezcan una frontera entre la
prestación como trabajador por cuenta ajena y una prestación mercantil.
Dar esa libertad a la empresa para que en determinadas puntas de trabajo
pueda recurrir a trabajos por cuenta propia, con el fin de no puede haber
calidad en el servicio.

Muchas gracias. Espero su apoyo a las
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.

Para la defensa de las enmiendas 3 y 4 de los
senadores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias. Voy a
intervenir desde el escaño, presidente.

Junts per Catalunya ha presentado dos enmiendas
de modificación a este proyecto de ley con la pretensión de matizar y
acotar algunos de los preceptos del texto que nos fue remitido por el
Congreso. Lo hemos hecho con la finalidad de evitar interpretaciones
amplias, que a nosotros nos parece que pueden generar inseguridad
jurídica.

Tal como se desarrollaron la ponencia y la
comisión, en las que, de salida, el Grupo Socialista ya nos dijo que no
iba a aceptar ninguna enmienda y donde los Grupos Esquerra-Bildu y Vasco
dijeron que iban a apoyar el texto remitido por el Congreso, yo no les
voy a robar tiempo y voy a dar por defendidas nuestras enmiendas en los
términos que fueron presentadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado 12 a 17, tiene la palabra su señoría
Barrios Tejero.

El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidente, y
enhorabuena por su nueva responsabilidad. Buenos días a todos.

Me corresponde, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, presentar nuestras enmiendas a este proyecto de
ley que modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en
el ámbito de las plataformas digitales; es decir, por la conocida ley
rider. Efectivamente, el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores
no contempla esta forma de trabajar a través de plataformas digitales y
mucho menos el texto original del propio Estatuto, que, como muy bien se
ha dicho aquí, es de hace más de cuarenta años, del año 1980, y en ese
momento no existía esta forma de trabajar. Se nos plantea una regulación
de esta nueva forma de trabajar con una ley muy resumida, tanto que es un
solo artículo, que, desde nuestro punto de vista, no soluciona nada, sino
que más bien viene a complicar esas relaciones existentes entre las
plataformas y los repartidores.

Se ha dicho aquí por parte del Grupo Socialista
que son las plataformas las que se tienen que adaptar a la normativa y no
la normativa a las plataformas y ha puesto un ejemplo, desde mi punto de
vista, muy desafortunado porque ha hablado del tráfico. Ya veremos,
señorías, cuando estén circulando por nuestras carreteras los coches
autónomos si no hay que modificar la Ley de seguridad vial. Por eso,
nosotros presentamos seis enmiendas con el fin de aclarar y enriquecer
este texto que se nos presenta.

Esta es una ley que en la actualidad, por mucho
que se haya dicho aquí, no le gusta a la mayor parte de empresas, pero
tampoco a los trabajadores —nosotros también nos hemos reunido con
los afectados—. Por lo tanto, es una mala ley, una mala ley que
nosotros pretendemos mejorar con nuestras enmiendas para que acabe siendo
menos mala de lo que es en la actualidad. Además, entendemos que esta
ley, si no se corrige, va a producir mucha conflictividad laboral que
acabará en los tribunales porque deja muchos cabos sueltos, y no es buena
la inseguridad jurídica en las relaciones entre empresas y
trabajadores.

Como he dicho, nuestras enmiendas son seis. La
primera tiene que ver con la modificación del artículo 64.4 del Estatuto
de los Trabajadores, que se refiere a los derechos de información,
consulta y competencias. En ese sentido, la ley que nos proponen dice que
la empresa tiene que informar al comité de empresa de los parámetros,
reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de
inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones. Nosotros
creemos que eso no tiene que ser así y que de lo que tiene que informar
la empresa a los representantes del comité de empresa es de las medidas
que adopta la empresa para evitar que esas decisiones automatizadas
contengan sesgos que puedan producir situaciones discriminatorias tanto
en las condiciones de trabajo como en el acceso o en el mantenimiento del
empleo. No es lo mismo poner las cartas encima de la mesa de cómo hacen
las cosas, que las soluciones para que no haya problemas. No parece
razonable, por tanto, que una empresa tenga que informar a los
representantes de los trabajadores de los procedimientos y sí que tenga
que informar de las medidas que toma para evitar esas discriminaciones
que se pudieran producir y que, de otra manera, quizás no podríamos
tenerlas, porque, en el primer caso, podemos entrar en conflicto, por
ejemplo —se me ocurre—, con la propiedad industrial de una
empresa. Estamos en un mercado competitivo; una empresa no puede
descubrir ante su competencia cómo hace las cosas, pero sí tiene que
garantizar los resultados, y eso es lo que proponemos nosotros en nuestra
enmienda.

La segunda enmienda se refiere al derecho de
empresas y trabajadores a presentar pruebas para que, en el caso de que
consideren que su relación no es laboral, puedan defenderse. Es un
derecho a la defensa, no podemos dar nada por hecho. Alguien puede pensar
que ahora es de noche porque aquí miramos hacia arriba y no vemos el sol,
pero, oiga, déjennos a todos que les demostremos que no es de noche:
vamos a la puerta del Senado, salimos a la calle y, efectivamente, vemos
que no es de noche. Pues es lo que pretendemos nosotros. Nosotros
incluimos en su propuesta una frase que dice: «salvo prueba en
contrario». Es decir, admitan que, si se demuestra otra cosa, lo que
ustedes dicen no tiene validez. Entonces, «salvo prueba en contrario»
evita que impongan situaciones que no se corresponden con la realidad.
Ven más cuatro ojos que dos y de eso se trata, que nosotros aportemos
también para mejorar.

En la tercera enmienda pedimos que se añada un
nuevo apartado en el artículo 1.3 para aclarar qué empresas pueden quedar
excluidas del ámbito de aplicación de esta ley, porque aquellas
relaciones contractuales que no cumplan con los requisitos del
artículo 1.1 —que considera claramente que trabajador por cuenta
ajena es aquel que está dentro del ámbito de organización y dirección de
otra empresa— tiene que quedar claro que quedan excluidas del
ámbito de aplicación de esta ley, y, bajo nuestro punto de vista, no
queda claro. Es decir, con nuestra propuesta, con nuestra redacción del
texto, quedaría excluida del ámbito de aplicación de esta ley la
actividad de las personas prestadoras del servicio de reparto a través de
plataformas digitales cuando se demuestre su autonomía de acuerdo con lo
que dice el propio Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, no demos por
hecho todos...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señoría.

El señor BARRIOS TEJERO: Sí, gracias,
presidente.

Y cuando se demuestre que no es así,
admitámoslo.

Resumo la cuarta, quinta y sexta enmienda. En
la cuarta enmienda pedimos que las cotizaciones que se hayan producido
hasta ahora se admitan todas, aunque hayan sido al régimen especial de
trabajadores autónomos y ahora se considere trabajador por cuenta
ajena.

La quinta pide que se permita la
subcontratación. Es verdad que no lo prohíbe la ley, pero que quede claro
que se pueda permitir la contratación...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría, por
favor.

El señor BARRIOS TEJERO: Sí, termino,
presidente.

Y, por último, la sexta enmienda plantea la
libertad de negociar con las plataformas.

En definitiva, queremos que dejen trabajar con
más libertad, que no perjudiquen a los trabajadores que quieran ser
autónomos y organizarse como quieran…

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Para el turno en contra de las enmiendas y por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría Delgado
Oval.

La señora DELGADO OVAL: Señor presidente,
quiero desearle, en primer lugar, el mayor de los éxitos en esta nueva
etapa que comienza.

Señorías, por primera vez en la historia
regulamos sobre el derecho a la información a los comités de empresa
sobre los parámetros utilizados por los algoritmos y sistemas de
inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones de trabajo,
en la contratación, en el mantenimiento del empleo y en la elaboración de
perfiles: el peso de los parámetros, cómo ha sido programado el algoritmo
o sistema en todo aquello que genere efectos sobre los trabajadores.
Este, señorías, es un hecho histórico y reseñable porque los algoritmos
se están aplicando a las relaciones laborales, están revolucionando la
forma en la que se prestan los servicios y tenemos que velar por que esa
revolución tecnológica y esa tecnología sean bien utilizadas y redunden
en el progreso de la sociedad.

El proyecto de ley que tramitamos modifica el
Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de
las personas que se dedican al reparto en las plataformas digitales. Y
nuestro grupo, señorías, rechazará las enmiendas presentadas por los
siguientes motivos: primero, porque la innovación no debe ser, en ningún
caso, a coste de sacrificios sociales; el modelo laboral no debe estar
basado en la explotación y en la precariedad. Segundo, porque hay una
sentencia del Tribunal Supremo que establece que la relación con los
repartidores es laboral;






los repartidores que trabajan en plataformas
digitales son asalariados, no son trabajadores autónomos. Tercero, porque
es un acuerdo que emana del diálogo social: la patronal, los sindicatos y
el Gobierno después de meses de negociaciones se han puesto de acuerdo. Y
aprovecho para saludar a los representantes legítimos de los
trabajadores, que nos acompañan hoy, representantes de UGT y de
Comisiones Obreras (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista), y también a los representantes de la plataforma Just Eat que
asisten hoy al debate en este Pleno.

Esta es una norma precursora, una norma
vanguardista que sitúa el marco regulatorio de las nuevas relaciones
laborales dentro del marco del derecho del trabajo. Legislamos, señorías,
para mejorar la vida de las personas más vulnerables, personas que hasta
ahora trabajaban bajo la presión de algoritmos, algoritmos que establecen
sistemas de puntuación que dan prioridad a unos repartidores sobre otros,
penalizando si rechazas pedidos o puntuando más a los más rápidos en las
entregas. Personas que trabajaban asumiendo costes laborales que no les
correspondían, horas y horas en las calles, lloviera o nevara, hasta que
les saltara un pedido, señorías. Ahora, con esta reforma, serán
asalariados y contarán con derechos y coberturas de un trabajador por
cuenta ajena —descanso, prestación por desempleo—, pero,
además, tendrán derecho a la información utilizada por los algoritmos en
lo que tiene que ver con sus condiciones laborales.

Señorías, cada día es más frecuente ver a estas
personas por todas las ciudades de nuestro país. En Canarias, se estima
que hay ya más de 1000 personas trabajando en estas plataformas. La
mayoría de ellas se vieron obligadas a trabajar como falsos autónomos, ya
que estas plataformas nacieron en un momento en el que legislativamente
no estábamos preparados para esta vía de negocio, por lo que es
importante adaptar la legislación para dar respuesta a los cambios
tecnológicos y a los cambios sociales. Una persona con una bicicleta y
una app en un dispositivo móvil, señorías, no es un emprendedor, ya que
existe una relación laboral de dependencia y, sea cual sea la forma en
que se manifieste esa dependencia, la dependencia está, les guste o
no.

El Grupo Popular ya ha anunciado el voto en
contra a la ley. Por mucho que diga el Grupo Popular, como decía en la
comisión, que los trabajadores prefieren tener flexibilidad, no,
señorías, eso no es cierto: trabajan así por necesidad y porque hay
plataformas que se aprovecharon de esta necesidad. Pero, bueno, ¿qué
podemos esperar del partido que aprobó la reforma laboral del año 2012,
que precarizo a millones de trabajadores? (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). ¿Qué podemos esperar del Partido
Popular?

Señorías, la realidad es que hay plataformas
digitales que han creado un modelo de negocio donde simulan ser
intermediarias, cuando la realidad es que lo que hacen es ofrecer
servicios a través de los repartidores; por lo tanto, había una relación
laboral encubierta. Incluso, hay plataformas que, para sortear esta
sentencia y esta ley, ya han introducido la subasta a bajos precios,
subastas a la baja. Pero también, señorías, hay plataformas que quieren
invertir, hay plataformas que quieren cumplir con los trabajadores,
incluso hay plataformas que ya están negociando el convenio con los
representantes de los trabajadores. Sin embargo, estas plataformas están
en desventaja con respecto a las que no cumplen y si todas no juegan con
las mismas reglas, estas perderán la partida y solo quedarán aquellas que
no respetan los derechos laborales, señorías del Grupo Popular. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Por otro lado, la ultraderecha dice que esta
norma lo que hace es poner muros. Sí, sí, como lo oyen, poner muros. Esto
lo dicen los mismos que hace unos meses estaban en contra de derogar el
artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, estaban a favor de despedir
a las personas trabajadoras cuando se ausentaban de su trabajo por una
enfermedad. Ahora vemos cómo esta ultraderecha quiere que estas personas
que trabajan en las calles sigan sufriendo la explotación laboral.
Quieren que estas personas que trabajan en la calle sigan sufriendo la
esclavitud del siglo XXI, señor González-Robatto. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Esta norma no pone muros,
todo lo contrario; esta norma lo que hace es que todos operen con las
mismas reglas de juego, y eso va a generar empleo, empleo de
calidad.

Y, mire, le voy a recomendar que lea lo que
define como trabajo decente la Organización Internacional del Trabajo: El
trabajo decente es trabajo con derechos, trabajo con derechos a la
información y trabajo con derechos también en el ámbito digital. Y,
señores de la ultraderecha, no es trabajo decente el trabajo que se
realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales,
ni el que no permite un ingreso justo, sin discriminación de género o
cualquier otro tipo de discriminación, y tampoco es trabajo decente el
que se lleva a cabo sin protección social, señores de la ultraderecha. Y
para atacar la ley hablan de despidos. Señorías, estas plataformas no
pueden despedir a los trabajadores; para eso tienen que hacer previamente
un ERE.

En los últimos años hemos vivido cambios
sociales y cambios tecnológicos muy importantes, pero la tecnología de
ninguna forma puede cuestionar el marco de protección. Por eso, es el
momento de compatibilizar los efectos positivos de la revolución
tecnológica con un mercado laboral justo que ponga freno a la precariedad
y a la pobreza de los trabajadores. Y así es: esta norma sienta las bases
de futuro del trabajo centrado en las personas. Este es un primer paso,
porque, aunque es cierto que no regulamos la globalidad de las
situaciones donde las plataformas digitales tienen un amplio marco, es un
primer paso que marca las bases del futuro sobre cómo resolver las
relaciones laborales en las empresas cuando hay tanta tecnología
involucrada. Y esto, señorías, es una realidad porque el Gobierno,
liderado por el presidente Sánchez, lidera también la transformación
digital, porque creemos en la capacidad de la transformación de la
digitalización y este país abandera cuestiones tan importantes como la
Carta de derechos digitales, que recoge un conjunto de principios y
derechos digitales para guiar futuros proyectos normativos y el
desarrollo de políticas públicas, con el objetivo de garantizar los
derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales y
en la nueva era de la inteligencia artificial.

Para ir concluyendo, esta normativa pone a
nuestro país a la cabeza en la relación de la regulación de nuevas
tecnologías o sistemas de inteligencia artificial en el mundo laboral. Y
fíjense si es notorio el paso que damos que todas —y repito—,
todas las compañías deberán facilitar información en relación con lo que
respecta a la toma de decisiones en el caso de uso de algoritmos o
sistemas de inteligencia artificial que incidan en las condiciones de
trabajo, en el acceso o mantenimiento del empleo, incluyendo la
elaboración de perfiles. Y, al respecto, debe tranquilizarles saber que
para el núcleo del know-how, de los algoritmos, ya el artículo 65 del
Estatuto de los Trabajadores impone el deber de sigilo y la Ley 20/2003
otorga esa protección jurídica al diseño industrial. Conocer esta
información es muy muy relevante, porque los algoritmos, efectivamente,
pueden no ser neutros. Hemos visto en este caso cómo los trabajadores
pueden estar sometidos a un sistema de puntuación y que, según estén
mejor puntuados, pueden elegir sus horas de conexión, y eso va a influir
en el salario y en sus condiciones laborales. Los sistemas de
inteligencia artificial cada día se usan más en todos los ámbitos: en
procesos de selección de personal, incluso en la concesión de un crédito
y, a veces, la calidad de los datos y los sesgos pueden dar lugar a
tratamientos discriminatorios. Por eso es fundamental el acceso a la
información, para que no haya discriminación y para asegurarnos de que no
se vulneren los derechos fundamentales. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Respecto a la nueva disposición adicional que
establece la presunción de laboralidad de las actividades de reparto,
este precepto es claro y diáfano, primero, porque lo que hace es
incorporar lo establecido por el Tribunal Supremo y, segundo, porque
adecúa, de forma innovadora, los requisitos de dependencia y ajenidad al
contexto actual, generando seguridad jurídica.

En definitiva, cuando al inicio de la
revolución industrial se explotaba a los trabajadores en las fábricas se
tuvo que luchar para conquistar derechos, señorías del Grupo Popular, y
se legisló para garantizarlos. Ahora, en esta nueva era de
digitalización, habrá que adaptar las leyes para proteger los derechos y
no dejar a las personas trabajadoras en un limbo legal que favorezca el
abuso. Y algunos, como la ultraderecha, dicen que esto es una chapuza. Se
ve que a ellos lo que les gusta es la explotación laboral y la
precariedad de los trabajadores.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor González-Robatto. (Denegaciones del señor
González-Robatto Perote). De acuerdo.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Nos llega un proyecto de ley procedente de un
real decreto, en concreto, el 9/2021, que se encuentra ya en vigor desde
el 12 de agosto del presente año sin haber terminado el trámite
legislativo. Un decreto ley más, y ya van más de 48 decretos leyes de
este Gobierno, una forma de gobernar a golpe de decretazo, un decreto ley
que no está acorde ni con el actual marco laboral, ni con la realidad de
la economía cambiante.

Mucho me temo —es obvio— que este
Gobierno, igual que hizo en la Comisión de Trabajo del Congreso de los
Diputados, sacará sus buldócer y rechazará todas y cada una de las
enmiendas que se presenten, sin ningún tipo de interés ni en pactar, ni
en dialogar, ni en negociar o consensuar texto alguno. Señorías, creo que
aún estamos a tiempo de mejorar y reconducir este proyecto de ley, porque
queremos enriquecerlo y poder evitar ambigüedades que acaben en los
tribunales de justicia ante la conflictividad laboral que pueda originar.
Cerrar de este modo el proyecto de ley, sin enmendar estos puntos que
hemos detectado, entiendo que es cerrarlo en falso.

En Ciudadanos abogamos por una reforma
ambiciosa del mercado laboral. Esto no significa desproteger a los
trabajadores, no, sino encontrar un marco regulatorio único que pueda
acoger la totalidad de las relaciones laborales y que se adecúe a los
derechos y obligaciones con el grado de dependencia de cada trabajador
que tiene la empresa. Ahora, más que nunca, necesitamos pactos de Estado
y Acuerdos —en mayúscula, señorías—, pero no solo en esta
materia, que ha llegado para quedarse, sino también pactos para mejorar
la educación; pacto de Estado para luchar contra la despoblación, contra
la precariedad; un plan nacional para el avance de la ciencia; para
evitar el pasteleo del reparto de los jueces entre el Partido Popular y
el Partido Socialista; un pacto para la energía y una mesa de trabajo con
todos los expertos y agentes sociales para bajar esta factura de la luz.
Fíjense, señorías del Gobierno, la cantidad de trabajo acumulado que
tienen pendiente, pero, claro, ustedes prefieren pisar todas y cada una
de las enmiendas, no consensuar, no dialogar ni pactar con ningún partido
político.

Debemos desarrollar una ley que no sea rígida,
que dé seguridad jurídica a los autónomos que quieran prestar su servicio
libremente a estas empresas porque quieran diversificar su actividad o
para disponer de mayores incentivos, que se permita esta flexibilidad que
tanto se necesita porque, además, este servicio ha llegado para quedarse.
Son nuevos hábitos de consumo y, con ello, nuevas líneas de negocio y
nuevas oportunidades que nuestra ley debe contemplar, sobre todo para
evitar conflictividad laboral.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado,
tiene la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.
Bon dia, buenos días de nuevo.

En Junts per Catalunya, más allá de las casi
cincuenta sentencias judiciales al respecto, estamos convencidos de la
necesidad de modificar el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores para garantizar los derechos laborales de miles de personas
que se dedican al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Y
coincidimos con el sentido de las modificaciones propuestas, pues tenemos
claro que los riders son asalariados y no trabajadores autónomos, y que
estos deben tener acceso a la información generada por los sistemas de
inteligencia artificial que acaban condicionando sus condiciones de
trabajo, valga la redundancia.

Pero, siendo muy conscientes de la necesidad de
esta ley para los miles de trabajadores de las cada vez más populares
plataformas digitales, nos resulta difícil entender cómo, una vez más, se
va a tramitar en esta Cámara esta ley. Y no lo digo por la urgencia
—que también—, sino porque, una vez más, el Grupo Socialista
va a pasar el rodillo sin tener en cuenta ninguna de las enmiendas
presentadas, y me resulta difícil entender esta forma de hacer después de
haber escuchado decir en comisión a alguna de las portavoces de los
grupos que ya han manifestado que votarán a favor del texto remitido por
el Congreso que esta no es una ley perfecta, que tiene posibilidad de
mejora. Y eso, mejorarla, era lo que hemos pretendido en la medida de lo
posible, pero ya lo haremos más adelante. Como decimos los catalanes, qui
dia passa, any empeny, y tengo la sensación de que estamos anclados en
este estadio, mucho más después haber escuchado ayer las respuestas que
daba a las preguntas el presidente Sánchez en esta Cámara. Y esto puede
ser bueno para España, pero estoy convencido de que, en ningún caso, es
bueno para Cataluña.

A pesar de lo expresado, nuestro grupo va a
votar a favor de esta ley porque, aunque mejorable, estamos convencidos
de que las modificaciones propuestas ayudarán a dignificar la vida de un
colectivo en expansión para el que, hasta el momento, las nuevas
tecnologías no eran sinónimo de oportunidad, sino de amenaza, y ningún
trabajador de Cataluña o del resto del Estado debe ver precarizada su
situación en una sociedad y en una economía digital, por lo que ya les
avanzo que, a pesar de todo, vamos a votar a favor de la ley. Al mismo
tiempo, les instamos a ser ambiciosos y abordar en amplitud la situación
de todos los sectores afectados por la transición digital en el ámbito
laboral, que son muchos más que el de los riders.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta. Voy a ser extraordinariamente breve porque el grueso de las
ideas que quería transmitirles en este asunto ya las he expuesto en mi
primera intervención, pero sí quería complementarla con algunas
apreciaciones que me surgen a raíz de las intervenciones que he podido
escuchar. Las he seguido con atención, tenía como objetivo prioritario
intentar comprender cuál es la posición que ha llevado a algunos grupos
parlamentarios a estas alturas de la película a defender algo que es
contrario a la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, los riders son
asalariados y no son autónomos, y esto no es una cuestión disponible.
Creo que algunos se han quedado en una discusión que, quizá, tendría
sentido político hace algunos meses, pero a estas alturas no. Tengo la
sensación de que particularmente el Partido Popular, Vox, quizá algún
otro grupo parlamentario, por algún motivo no quieren hacerse cargo de
una sentencia que ha dictaminado el máximo tribunal de nuestro
ordenamiento jurídico. Es importante que aquí hablemos de política, que
hablemos de las cuestiones que son disponibles, que podemos mejorar, de
lo que, en definitiva, está al alcance de sus señorías, y que no hablemos
de cuestiones metafísicas, porque tengo la sensación de que en algún
momento la discusión ha ido en ese sentido. Es evidente que, si los
riders son asalariados y no son autónomos, tienen derecho a un marco
regulatorio equivalente al del resto de trabajadores. Yo pensaba
—es prácticamente mi primera intervención como senador—,
tenía la confianza de que el punto de partida de la discusión iba a ser
ese y no el que hemos tenido.

La disyuntiva en estos momentos está muy clara:
o con la ley y los trabajadores o con las multinacionales extranjeras, y
creo que cada grupo parlamentario va a tener la ocasión de retratarse en
el día de hoy. Sí les tengo que reconocer que no ha dejado de
sorprenderme que hayan sido precisamente los grupos que se presentan como
adalides de la defensa de la libertad de mercado los que exigían no hace
tanto tiempo indemnizaciones para estas empresas por el mero hecho de
cumplir la ley —y aquí nadie se ha retractado por esta
circunstancia—, entiendo que, lógicamente, para alterar esa libre
competencia de la que siempre hacen gala. Me parece una gran
contradicción y me habría encantado que nos hubieran resuelto esta
cuestión.

He escuchado al senador del Grupo Popular
—o he creído escucharle— hablar de libertad. Esto es algo que
le tenemos que recordar con cierta frecuencia a su compañera, la
presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Señoría, las
libertades que están mediadas por el poder y que están mediadas por la
riqueza que cada uno tenga no son libertades, son privilegios, y por eso
es muy importante que los riders tengan un marco regulatorio justo, y por
eso es importante que la ley y el Estado hagan su parte del trabajo y no
que se pongan de perfil, que es lo que ustedes pretenden en el día de
hoy.

Más Madrid presentamos inicialmente dos
enmiendas que, honestamente, creo que mejoraban el texto y que finalmente
hemos decidido retirar. Hemos decidido retirarlas porque entendemos la
urgencia de la tramitación de esta ley y, fundamentalmente, porque las
asociaciones y los propios riders así nos lo han pedido, nos han pedido
que prioricemos la tramitación de esta ley. Y como nosotros tenemos a
bien entender que los senadores y los diputados fundamentalmente somos
trabajadores para el conjunto de la ciudadanía y no al revés —como
algunos en algunas ocasiones parecen entender—, hemos decidido
cumplir con esta petición que, en esencia, nos parece razonable.

Para terminar, he creído escuchar a la senadora
socialista que la reforma laboral de 2012 precarizó extraordinariamente
las condiciones laborales de los trabajadores. Habiendo escuchado estas
palabras, ya saben, señorías del Partido Socialista, cuál es la próxima
reforma legislativa que tienen que traer ustedes a esta Cámara.; si no,
sus lamentaciones no pasarán de ser lágrimas de cocodrilo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea. Egun on guztioi.

Debatimos un proyecto de ley que modifica el
Estatuto de los Trabajadores y, como ya se ha dicho, proviene del Real
Decreto 9/2021, que lleva vigente desde el 12 de agosto. Ahora se tramita
como ley, algo que realmente es casi necesario, casi obligatorio tras las
diferentes sentencias que hemos ido conociendo y, sobre todo, después de
la del Tribunal Supremo.

Ante lo que se puede llamar la uberización de
la economía y los nuevos modelos de relaciones laborales surgidos por las
plataformas digitales, y ante la aparición de los conocidos como falsos
autónomos y la clara desprotección que sufren —claros autónomos
porque cuando la empresa organiza el trabajo y el horario, decide cuándo
y cómo se cobra, la relación, evidentemente, no es de autónomo, sino de
trabajador por cuenta ajena—, ante estas dos cuestiones mi grupo
siempre ha sido muy claro y me voy a remitir a un texto que fue firmado
por varios grupos —entre ellos el mío— en el Parlamento
vasco, que refleja claramente nuestra posición.; «Manifestamos nuestra
oposición a aquellas empresas que, amparándose en infraestructuras
virtuales, desdibujan el concepto tradicional de centro de trabajo,
recurriendo a trabajadoras y trabajadores a las que les exige encuadrarse
en el régimen especial de trabajadores autónomos, cuando en realidad su
relación jurídica reúne las características propias de una relación
laboral por cuenta ajena, precarizando así a los y las trabajadoras a
través de formas fraudulentas destinadas a evitar las obligaciones
empresariales en el ámbito laboral». Pero no solo esas obligaciones; yo
diría que también las obligaciones fiscales y las obligaciones con la
Seguridad Social. Trabajadores y trabajadoras que, añadido a la falta de
unas condiciones justas, no tienen ni siquiera garantizados derechos
esenciales, como la libertad sindical, la negociación colectiva, la
huelga, etcétera. Así que para nuestro grupo esta ley es necesaria porque
claramente reconoce que existe relación laboral.

Si vamos al artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores, vemos que habla del ámbito de aplicación de la ley y dice:
«Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada
empleador o empresario». Pues bien, con este proyecto que tramitamos hoy,
por fin, queda incluido dentro del Estatuto de los Trabajadores este
colectivo, que es evidente que es un colectivo de trabajadores por cuenta
ajena. Y he dicho que esta ley es necesaria, pero —ya lo he
manifestado— creemos que no es perfecta, yo diría que es, incluso,
poco ambiciosa. Es un avance, y eso lo reconocemos, pero no deja de ser
un primer paso, que bienvenido sea, pero solo un primer paso. Y digo esto
porque solo se refiere a los riders, cuando el fenómeno del falso
autónomo afecta también a otros sectores —y eso lo sabemos todos y
todas—, y porque hay otros sectores, aparte de los falsos
autónomos, que también están precarizados y en los que hay que
incidir.

Bien, es un primer paso, pero el primer paso
hay que darlo para dar los siguientes. Tendremos que seguir trabajando
para proteger efectivamente a otros trabajadores y trabajadoras que están
en situación de vulnerabilidad clara. El derecho del trabajo debe tener
la vocación de tutela y protección de la parte más débil de la relación
laboral, es decir, del trabajador o la trabajadora, y con esta
modificación que debatimos creemos que vamos en esa dirección. Y quiero
decirles que legislar es necesario, pero no siempre es suficiente, y en
la cuestión que nos ocupa, en la cuestión de los riders en concreto, creo
que también deberíamos trabajar a la par en la parte legislativa y, por
ejemplo, en promover un consumo responsable y sostenible.

En todo caso, tenemos ciertas críticas que
acabamos de manifestar, pero les anuncio que el Grupo Vasco va a apoyar
esta modificación del Estatuto de los Trabajadores, porque nos parece que
es un paso adelante y un paso en positivo. Y como me quedan unos
segunditos, me van a permitir que, una vez más, haga una reivindicación,
que cuente mi libro, y es que el Grupo Vasco va a ayudar a todo lo que
signifique mejorar los ámbitos laborales y las relaciones laborales, pero
seguimos reivindicando el marco vasco de esas relaciones laborales.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, van a intervenir dos senadoras. En primer lugar, la
senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
mahaiburu andrea. Senatari jaun-andreok, egun on.

Es necesario acabar lo antes posible con la
práctica abusiva de convertir a los riders en falsos autónomos y de
garantizar sus derechos laborales, Tras muchos años de conflictos
laborales, juicios, reivindicaciones, informes de inspectores de Trabajo
y, por fin, la sentencia del Tribunal Supremo, consideramos que es una
obligación política actuar, actuar ante un claro desequilibrio entre
persona trabajadora y empresaria.

Euskal Herria Bildu valora positivamente la
modificación planteada del Estatuto de los Trabajadores porque refuerza
derechos laborales y evita las interpretaciones contrarias a la
laboralidad y, por tanto, las personas dedicadas al reparto en el ámbito
de las plataformas digitales, por defecto, serán trabajadores por cuenta
ajena y no personas autónomas. Es un avance y lo vamos a apoyar.

No obstante, mientras la legislación laboral
sea competencia exclusiva del Estado, instamos al Gobierno de España a
dar otros pasos. Hay que acabar, de una vez por todas, con la cruda
realidad de los falsos autónomos, porque quedan otras plataformas
digitales, otros colectivos y otros sectores que siguen desprotegidos. Se
calcula que podrían ser unas 300 000 personas, y quiero recordar que la
lacra de los falsos autónomos, además de un abuso y una falta de derechos
laborales para los trabajadores, es un fraude a la Seguridad Social por
parte de los empresarios que eluden sus obligaciones en las cotizaciones
y, por tanto, es un robo al sistema de pensiones y hay que acabar con
ello.

Asimismo, es imprescindible reforzar las
inspecciones de trabajo para hacer cumplir la ley, porque, de lo
contrario, todo quedará en papel mojado y nunca acabaremos con la
precariedad. Esta es ahora mismo una de las grandes preocupaciones de los
riders.

Por último, en Euskal Herria Bildu esperamos
que los operadores digitales no desafíen a la ley. Hay ejemplos de
negociación de convenios sectoriales, y esta debería ser la vía, porque
empresas de reparto seguirán existiendo, pero empresas de reparto sin
repartidores no tienen ningún sentido, como tampoco lo tienen hospitales
sin médicos o colegios sin profesores. Para construir una sociedad fuerte
necesitamos trabajar en un modelo laboral del siglo XXI, y ello conlleva
modificar la legislación vigente, pero también hacerla cumplir.

Señorías, en este sentido, podéis contar con
nuestro grupo.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la
senadora Surra Spadea, que intervendrá desde el escaño.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo, Esquerra Republicana, votará a
favor de este proyecto de ley que modifica el texto del Estatuto de los
Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, más conocidos
como riders. Celebramos que se regule una mejora en las condiciones de
los repartidores, poniendo fin a la era de los falsos autónomos; que se
respete su jornada laboral; que tengan vacaciones pagadas; derecho a
paro; cobertura ante riesgos laborales, y derecho a negociación colectiva
para organizarse en defensa de sus intereses. Pero también decimos que
este proyecto de ley no resuelve todo, ni siquiera para los riders, pues
habrá que evitar que las empresas de reparto se dediquen, por ejemplo, a
subcontratar masivamente a terceras empresas para incumplir los convenios
colectivos, y habrá también que prever más controles por parte de los
inspectores de trabajo. La urgencia estaba y está también hoy en la
regulación laboral de un nuevo mercado por el que los algoritmos ponen en
contacto a los trabajadores con los clientes y los usuarios, creando así
nuevas relaciones de trabajo. Y, finalmente, nos alegramos de que se esté
resolviendo rápidamente este reciente fenómeno de los riders, pero nos
parece extraño que aún no se resuelva el antiguo fenómeno de las
empleadas del hogar, así como que este Gobierno feminista no haya, hasta
el día de hoy, al menos ratificado el Convenio 189 de la OIT, como
repetidas veces nosotras hemos planteado; y por supuesto lo seguiremos
haciendo hasta que lo firmen.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, el senador Puente Redondo.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias,
presidenta.

Muy buenos días, señorías. En primer lugar
quiero decir que las frases a medias son en cierta forma una mentira.
Decía la portavoz socialista que el Grupo Popular ha dicho que vamos a
votar en contra de este proyecto de ley. Es así, pero ha faltado el resto
de la frase: si no se acepta ninguna de las enmiendas que hemos
presentado. Se trata de enmiendas que van en la línea de crear empleo
digno para los trabajadores, de avanzar en la transformación digital de
nuestro país y de generar una seguridad jurídica que para nada se está
cumpliendo, y este proyecto de ley lo está demostrando, ya que el decreto
de ley entra en vigor el 12 de agosto, durante la tramitación del
proyecto de ley. Es más, es algo que ha reconocido también la portavoz
socialista cuando dice que hay empresas que no están atendiendo a las
mismas normas del juego y que cada empresa se está acogiendo a unas. Por
tanto, algo fallará en esa ley para que haya varias normas del juego; y
en esa línea iban nuestras enmiendas.

Dicho lo cual, esta es, como digo, una ley con
la que están en contra la inmensa mayoría de los riders, están en contra
la mayoría de las plataformas y están en contra todos aquellos pequeños
comercios que han visto un salvavidas, sobre todo durante esta pandemia,
en la entrega a domicilio y en la existencia de las plataformas y de los
riders. Y también están en contra los ciudadanos, que pierden una serie
de servicios.

Y no todo es blanco o negro, como decía aquí un
compañero; creo que hay un término medio en todo, y cuando digo en todo,
me refiero también a todas las posiciones políticas que podamos tener en
esta Cámara. Invito al compañero de Más Madrid a visitar las cuadras, a
visitar, por ejemplo, a los ganaderos de mi municipio, Ribamontán al Mar;
gracias a plataformas como éstas, todas aquellas explotaciones que han
cerrado han podido transformar sus negocios, ya sea en lugares de
alquiler a través de plataformas como Airbnb o Booking, que les han
permitido darse a conocer; sin ello sería imposible que existiesen esos
negocios y que esos pueblos siguiesen vivos a día de hoy. Por eso no todo
es blanco o negro.

En relación con los riders, hemos hablado con
la mayoría de las plataformas y, efectivamente, están en contra por el
hecho de que no tienen esa libertad para elegir sus horarios y porque ven
cómo se van a reducir muchos de sus ingresos. Asimismo, son plataformas
que en un país con un 40 % de paro juvenil sirven para que muchos jóvenes
empiecen con sus primeros proyectos y sus primeros trabajos, como creo
que todos hemos podido hacer. Y en cuanto a las plataformas, dicho está
la inseguridad jurídica que genera esta ley. Es una ley en la que no ha
habido consenso, no se ha hablado con todos los riders, no se ha hablado
con las plataformas y, desde luego, tampoco con la oposición. Hay muchos
restaurantes que han visto en ello su salvavidas, porque hubiesen cerrado
más de 1000 establecimientos, y así lo han reconocido, si no hubiese
existido este servicio. Por todo ello, como digo, vamos a votar en contra
del proyecto de ley si no se aceptan las enmiendas que hemos presentado y
que mejoran esa seguridad jurídica, avanzan en la transformación digital
y apoyan a los riders y a todos los trabajadores.

Hablan de consenso, y yo aquí he estado
llevando dos leyes y no creo que nadie del resto de los grupos
parlamentarios tenga ninguna queja, y menos las señorías del Grupo
Socialista. En concreto, la Ley de transformación digital del sector
financiero, denominada sandbox, o la Ley de servicios electrónicos de
confianza, gracias a las cuales se avanza en esa trasformación digital.
En ellas se han aceptado enmiendas y hemos votado a favor. Hace ya más de
cuarenta años que el Estatuto de los trabajadores está en vigor y todos
somos conscientes de cómo han cambiado y están cambiando las vidas, así
como la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma de
comunicarnos o la forma de hacer turismo. Y con las relaciones laborales
ocurre exactamente los mismo, están cambiando; ya no son en absoluto como
hace cuarenta años. No todo es blanco o negro, como decía nuestro
compañero; hay términos medios, términos que tenemos que regular, tal y
como están haciendo otros países, y en eso es lo que tenemos que avanzar
y por lo que nosotros abogamos, porque nos sentemos y debatamos sobre
cómo modificar ese Estatuto de los Trabajadores para adaptarnos a la
realidad social. Nosotros apoyamos, como digo, ese consenso que al final
hace que el país avance, como ha sucedido con esas leyes que hemos
aprobado en conjunto.

En resumen, tenemos en una ley un nuevo ataque
a los autónomos, más paro, menos progreso, menos transformación digital,
más retroceso y menos servicios.

Muchísimas gracias, presidenta, y muchísimas
gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Gilabert Sánchez.

El señor GILABERT SÁNCHEZ: Gracias,
vicepresidenta.

Voy a dar algunos datos sobre las plataformas y
cómo han funcionado aquí, en España. Las plataformas de entrega doblan y
aumentan su impacto económico en nuestro país, pasando de los 643
millones de euros en 2018 hasta los estimados 2277 millones de euros
en 2020. Por tanto, parece ser un negocio pujante, un nuevo negocio
importante. Su impacto sobre el empleo ha pasado de 14 000 empleos
en 2018 a 50 000 en 2020. Y voy a decir una cosa bastante positiva de las
plataformas, y es que han —dicho entre comillas— obligado al
pequeño comercio, al pequeño hotel, al pequeño restaurante a que se
digitalice, a que se modernice, y esto es importante. Pero, señorías,
¿creen que un sector que crece tan rápidamente, que tiene una progresión
tremenda en cuanto a número de trabajadores, como lo que estamos viendo
en España, puede seguir estando a golpe de sentencia? Tendrá que
regularse alguna vez, y eso es lo que hemos hecho con el acuerdo de
organizaciones sindicales y empresariales.

El catedrático emérito, Tomás de la Quadra
Salcedo, en un artículo sobre el porqué de una carta de derechos
digitales, de la que también hablaba mi compañera, Olivia, dice: Pero en
realidad los derechos y libertades son los de siempre, enraizados en la
dignidad de la persona y de los derechos fundamentales que le son
inherentes, como recoge el artículo 10 de nuestra Constitución. Ni las
máquinas ni las nuevas tecnologías o sus avances son fuente de derecho o
generadoras por sí mismas de tales derechos en absoluto, solamente dan
lugar a nuevos escenarios y espacios de relación y conflictos en los que
la persona, su dignidad y sus derechos deben continuar siendo respetados.
Las máquinas no pueden ser la fuente del derecho; parece razonable
entenderlo de esta manera.

Dos cosas más. El 22 de febrero de 2021
aprobamos en la Comisión de Trabajo Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones por unanimidad —repito, por unanimidad— el
siguiente texto, que, además, creo que es duro en el sentido de que lo
queremos es clarificar la relación laboral de las personas trabajadoras
que prestan sus servicios en plataformas digitales, como repartidores o
riders, con propuestas normativas que recojan los elementos que
determinan la naturaleza de su prestación como laboral, de conformidad
con una sentencia del 23 de septiembre. Dos, en esta misma moción, en el
marco del Plan director por un trabajo digno, continuar desarrollando las
acciones de Inspección de Trabajo, es decir, le decimos a la Inspección
que siga apretando. Eso es algo que aprobamos entre todos, aunque me
ahorro algunos comentarios más sobre ello. Y, finalmente, avanzar en una
mayor protección de los trabajadores que prestan sus servicios en estas
plataformas digitales con actuaciones conjuntas de la Inspección de
Trabajo y de la Seguridad Social. Esto lo aprobamos entre todos, ¿qué ha
pasado desde febrero hasta hoy para tanto cambio? (Aplausos).

Me quedan pocos segundos y me van a permitir
referirme al 11 de septiembre. Los 11 de septiembre nos acordamos
lógicamente de la Diada, de los terribles atentados que hubo hace ahora
veinte años en Estados Unidos; nos acordamos de ello los 11 de
septiembre, pero algunos nos acordamos del 11 de septiembre de 1973, de
un compañero —y así acabo— que dijo: «Sigan ustedes sabiendo
que mucho más tarde que temprano se abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
(Aplausos). Estas palabras fueron las últimas que un compañero, llamado
Salvador Allende, presidente de Chile, pudo decir, y yo quería repetirlas
aquí, en una de las Cámaras que representan al pueblo español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, finalizado el debate del Proyecto de Ley por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo, 2/2015, de 23 de octubre, para
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en
el ámbito de plataformas digitales, procedente del Real Decreto
Ley 9/2021, de 11 de mayo, procedemos a continuación a la votación de la
propuesta de veto, para cuya aprobación se exige la mayoría absoluta. A
continuación, tendrá lugar votación de las enmiendas —las que
resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno— y se votará en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Se abre la votación telemática desde este
momento, que son las doce horas y diecinueve minutos, hasta las catorce
horas y diecinueve minutos.

La señora presidenta lee los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el senador Fernández
Blanco, por un tiempo de cinco minutos.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Muchas gracias,
vicepresidenta.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los
miembros de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que,
reunida el 9 de septiembre, me encargó la presentación de este dictamen
de la ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones
relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar
contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por
carretera, así como las normas para mejorar la gestión en el ámbito del
transporte y las infraestructuras.

El proyecto de ley, que se somete en este caso
a la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en la Cámara el
día 16 de junio de 2021, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento
ordinario. El plazo de presentación de las enmiendas finalizó el 3 de
septiembre de 2021, tras su ampliación. A este proyecto de ley se ha
presentado una propuesta de veto de los senadores González-Robatto
Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto, y 15 enmiendas, de las cuales la número 2, del
senador Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista, ha sido
posteriormente retirada. Dichas enmiendas se distribuyen de la siguiente
forma: enmienda número 1, del senador Cleries i González, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado; enmiendas números 3 y 4, del
senador Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado; enmiendas números 5 a 8 de la senadora González Modino, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; enmienda número 9, de la senadora
Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 10 a 13,
de los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 14 y 15, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 7 de septiembre de 2021 se reunió la
ponencia del presente proyecto de ley para informar, introduciendo
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La
ponencia propone la inclusión de la enmienda número 3, del senador
Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, en el
proyecto de ley, en una nueva disposición adicional. El 9 de septiembre,
también de este año, se reunió la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, aprobando en su dictamen la vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados, al existir un cambio de posición de la
mayoría de la ponencia en la referida enmienda número 3. Quiero
indicarles, señorías, que se han presentado seis votos particulares,
manteniéndose el veto y todas las enmiendas.

Por último, quiero agradecer el trabajo de los
ponentes, de todos los miembros de la comisión, de los servicios
técnicos, que han hecho muy fácil a esta Presidencia el paso de este
proyecto de ley por la comisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.

Pasamos, por lo tanto, a la presentación de la
propuesta de veto de los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y
de la senadora Merelo Palomares.

Tiene la palabra el senador González-Robatto
Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
señora presidenta.

Este proyecto de ley acumula la tramitación
legislativa de dos proyectos. El primero, el Proyecto de Ley por el que
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al
arrendamiento de vehículos con conductor y, además, el Proyecto de Ley
por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra
la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera.
Así, en su articulado, combina los textos de dos proyectos de ley
originarios. El primero, referido al arrendamiento de vehículos con
conductor, pretende establecer un régimen sancionador para el tipo de
arrendamiento de vehículos. En líneas generales, diseña el esquema de un
régimen sancionador que, posteriormente, será establecido efectiva y
concretamente por el Reglamento.

Este régimen sancionador gira en torno a tres
cuestiones: la limitación territorial de la prestación de servicios del
arrendamiento de vehículos con conductor; la comunicación previa a la
prestación del servicio de ciertos datos del pasajero y de la ruta
contratada, y el plazo temporal entre la contratación del servicio y su
prestación. El proyecto establece estas tres líneas del marco
sancionador, pero no especifica ninguno de los elementos objetivos de las
actuaciones. No determina cuál sería la limitación territorial, ni qué
norma debería establecerla; no indica cuáles son los datos que deben
comunicarse ni el tiempo de antelación en que debería realizarse esta
comunicación, ni siquiera el método por el que deben comunicarse; no
especifica qué plazo temporal debe transcurrir entre la contratación y la
prestación del servicio. Es evidente que todas estas son cuestiones
esenciales y que determinarían que un régimen sancionador fuera admisible
o no; baste como ejemplo sugerir que el plazo de precontratación fuera de
quince segundos, que a todos los efectos sería inexistente, o de quince
días, que haría completamente inútil la prestación del servicio o
forzaría la desaparición del sector. Pues bien, el proyecto de ley omite
todas las cuestiones esenciales de la norma que permitirían debatir si
resulta admisible o no, remite a un posterior desarrollo reglamentario
que, por su naturaleza normativa, no será debatido en sede parlamentaria
ni podrá ser votado por la soberanía popular; es decir, el poder
ejecutivo, por sí y ante sí, podrá establecer sin supervisión del
legislativo un régimen sancionador para los servicios de arrendamiento de
vehículos con conductor.

La segunda norma incorporada en este proyecto
de ley se refiere a la morosidad en el transporte terrestre por
carretera, pretende limitar la morosidad de las grandes empresas
logísticas en el pago a los transportistas por carretera. Estos últimos,
generalmente, son autónomos o pymes con muy poco poder de negociación y
gran dependencia de sus clientes. En efecto, la mayoría de las empresas
dedicadas al transporte terrestre por carretera son pymes o autónomos. Es
también cierto que las grandes empresas logísticas tienen una fuerza
negociadora absoluta entre ellas, es decir, una gran empresa puede
demorar los pagos a sus transportes por encima del límite legalmente
fijado sin esperar la adopción de medidas legales por parte de aquellos.
Básicamente, ningún transportista reclamará contra una gran empresa que
le abone sus facturas con gran demora; a la gran empresa le basta como
medio de coerción la amenaza velada de no volver a contratar a ese
transportista en cuestión.

En definitiva, la medida que originariamente
pretendía adoptar el proyecto podría tener sentido: establecer sanciones
automáticas administrativas contra los morosos que no requieran ninguna
acción por parte del afectado, serviría como medida disuasoria para la
demora en los pagos del sector; sin embargo, las enmiendas introducidas
por el Congreso de los Diputados han desvirtuado completamente el
objetivo originario del proyecto. Se han excluido del ámbito subjetivo de
la norma los transportes con valores inferiores a 5000 euros. Esto supone
que, en las operaciones por menos valor, la mora en el pago podrá seguir
produciéndose como hasta ahora; es más, sería tan fácil como fraccionar
los envíos o reducir contablemente el valor de la carga o incluso el
valor en libros de cara al seguro para evitar la aplicación de la norma.
Por otro lado, las sanciones previstas originariamente han sido reducidas
por el Congreso a unas cifras absolutamente asumibles por todos los
operadores logísticos. Las sanciones finalmente previstas en el texto son
de hasta un 300 % inferiores a las originariamente propuestas, es decir,
ya no son sanciones ejemplarizantes.

Por último, y no menos importante, esta norma
supone una intromisión del derecho administrativo entre particulares y
empresarios que nunca es positiva. Es evidente que en cuestiones
concretas podría admitirse ese crecimiento del ámbito de actuación de la
Administración en detrimento de la libre concurrencia de la voluntad de
las partes. Pero esa cesión solamente podría aceptarse cuando el bien
jurídico protegido a cambio fuese de forma efectiva, que no es el
caso.

Para acabar, diré que este proyecto incorpora
cuatro disposiciones finales sobre materias no relacionadas con las
cuestiones tratadas: competencia de órganos administrativos, competencia
de los puertos del Estado y de la marina mercante, la explotación de las
redes de carreteras del Estado y la liberalización del sector
ferroviario.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.

Para el turno en contra a esta propuesta de
veto, tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Socialista
Poveda Zapata.

El señor POVEDA ZAPATA: Presidenta, señorías,
bon dia.

Intervengo en nombre del Grupo Socialista para
manifestar nuestra posición contraria a esta propuesta de veto. El sector
de la movilidad del transporte es activo y cambiante. En la discusión de
la anterior ley hemos visto cómo ha cambiado el reparto de movilidad en
los últimos en los últimos años; están apareciendo nuevos hábitos y
nuevas iniciativas.

El proyecto de ley que hoy discutimos tiene un
amplio consenso parlamentario y también cuenta con un amplio consenso de
los sectores sociales y de los sectores económicos. Es una ley que afecta
a la movilidad, pero que mejora también muchos aspectos técnicos y
jurídicos de leyes anteriores. Ustedes saben que este proyecto de ley
mejora, en general, todas las condiciones del sector, y es por eso
precisamente por lo que tiene carácter de urgencia.

Ustedes, señores de Vox, plantean paralizar
unas medidas que afectan a estos sectores económicos y sociales del
conjunto del Estado español. La ley requiere la urgencia por la
modificación de los tipos de los tipos infractores de la LOTT en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor VTC, que se contempla en el
proyecto de ley que debatimos y que estaba prevista en el proyecto de ley
del Real Decreto 13/2018. Por tanto, nos limitamos a cumplir el mandato
legal; mandato que, por cierto, tiene lógica, ya que se trata de adecuar
el régimen sancionador a las condiciones de prestación de servicio
acordadas en el año 2018. No hacerlo sería, por tanto, desatender
nuestras obligaciones y dejar incompleta la reforma de las VTC, con el
consiguiente perjuicio a muchos implicados en el transporte de viajeros.
Además, no es cierto, señorías de Vox, como afirman en la propuesta de
veto, que se regulen nuevas condiciones de prestación de servicios o que
estas queden indefinidas. No es verdad, y tampoco indeterminadas, ya que
dichas condiciones se encuentran perfectamente delimitadas en la
normativa estatal, autónoma y local, que, seguramente, el ponente debería
revisar o estudiar un poco mejor.

También es objeto de enmienda una medida
imprescindible para desincentivar una práctica muy extendida en los
contratos del transporte de mercancías por carretera, como es el
incumplimiento del plazo máximo de pago que afecta a pequeñas empresas de
un sector muy atomizado. Aunque el ponente reconoce que la medida podría
tener sentido, en su enmienda se enfrasca en una serie de hipótesis
contradictorias que pretenden en vano desacreditar esta medida tan
importante, que ha sido acordada con representantes de asociaciones
empresariales y de transporte por carretera y defendida de forma unánime
por las empresas del sector. Además, podemos garantizar, finalmente, que
no se deja sin infracción ningún supuesto de incumplimiento, como afirma
equivocadamente la enmienda.

Además, esta ley recoge una propuesta muy
importante y que también requiere urgencia. Como ustedes saben, la
pandemia ha afectado al sector del transporte, y una de las partes de la
enmienda propone ampliar el límite de antigüedad de los autocares, de los
autobuses que hacen transporte escolar, transporte display cada día,
porque han estado parados durante dieciocho meses, antes que llevarlos a
desguazar, con el objetivo de facilitar a estos autónomos, a estas
pequeñas empresas, que puedan seguir prestando el servicio y que no
tengan la presión de tener que cambiarlos, o que cuando van a pasar la
ITV, no la puedan pasar porque el autocar ya tiene una antigüedad.
Precisamente, la ley lo que pretende es ampliar el plazo dos años para
que puedan seguir actuando estos autocares y estos autobuses, y esto es
importante, porque el curso escolar ha empezado. Hay autobuses y
autocares que en este momento no pueden pasar la ITV porque están
pendientes de que nosotros aprobemos esta ley para ampliar el plazo y
poder seguir prestando ese servicio, porque, de lo contrario, hay un tema
de inseguridad. Ustedes saben lo sensible que es el transporte escolar y,
en ese sentido, requieren las máximas garantías jurídicas.

En definitiva, señores de Vox, lo que pretenden
es hacer la parálisis por el análisis, y esto, efectivamente, es discutir
de manera interminable cosas que son obvias y necesarias en este momento,
y por eso votaremos en contra. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

A continuación, pasamos al turno de portavoces,
comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto.

¿Va a intervenir el senador González-Robatto
Perote? (Denegaciones). No va a intervenir.

Pasamos, entonces, a la intervención por el
Grupo Parlamentario Democrático del senador Sánchez López. (Pausa).
Parece que no está presente en estos momentos.

Al no estar presente, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cleries i
González.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta.

Intervengo de forma muy breve desde el escaño
para manifestar que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de
este veto porque creemos que este proyecto de ley es necesario y por eso,
después, le daremos nuestro apoyo. Nos hubiera gustado que se hubieran
incluido algunas mejoras, pero, evidentemente, mostramos nuestro total
desacuerdo con el veto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Izquierda Confederal, tiene la
palabra la senadora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.

También intervengo desde el escaño para
expresar el rechazo del Grupo de Izquierda Confederal al veto que
presenta Vox.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a
intervenir la senadora Vaquero Montero? (Denegaciones). No va a
intervenir.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias.

Intervengo solo para manifestar nuestro rechazo
al veto presentado por Vox.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Silván.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias
presidenta.

Buenos días, señorías. En primer lugar, anuncio
el rechazo del Grupo Parlamentario Popular a la propuesta de veto al
proyecto de ley en cuestión. Y votaremos en contra de la propuesta de
veto, a pesar del contenido manifiestamente mejorable del proyecto de
ley, que, sin duda, se aleja de dar respuestas certeras, concretas y
reales a lo que realmente necesita el sector del transporte; y lo vamos a
hacer por un ejercicio de responsabilidad y de necesidad hacia el sector,
un sector que ha sufrido sobremanera las consecuencias de la crisis
sanitaria, de la crisis social, de la crisis económica de la
pandemia.

Señorías, no le cabe ninguna duda a nadie que
el Partido Popular apoya al sector del transporte en su amplio abanico.
Lo ha demostrado cuando hemos gobernado en España y lo estamos
demostrando día a día en las diferentes comunidades autónomas donde
gobernamos. Y, una vez más, el actual Gobierno de España ha perdido una
oportunidad, una oportunidad de dar respuestas concretas y necesarias al
sector, una oportunidad más perdida.

Pero, señorías, el voto negativo a la propuesta
de veto no impide calificar el proyecto de ley que modifica la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre como se merece. Un proyecto de ley
presentado por el Gobierno de España que es un auténtico batiburrillo
normativo, un cajón de sastre, cuando no un desastre. Un proyecto de ley
que se trae a esta Cámara con el fin, presumiblemente, de mejorar la
gestión del transporte, y digo presumiblemente porque nada más lejos de
la realidad a la vista del contenido normativo del proyecto. Un proyecto
de ley con absoluta falta de rigor y que refleja aquello a lo que nos
tiene acostumbrados el Gobierno: la improvisación y la absoluta falta de
rigor. Un proyecto de ley que originariamente nacía para establecer un
marco de garantías frente a la morosidad de las empresas entre ellas, y
de estas empresas con las diferentes administraciones. ¿Y cómo ha acabado
esa idea original? Como decía: en un auténtico batiburrillo normativo que
va a generar aún más inseguridad e incertidumbre al sector del
transporte. Un sector del transporte que siempre, como he dicho, contará
con el apoyo del Partido Popular. Pero también en el Partido Popular le
decimos al Gobierno de España que no improvise, que además de marketing
haga realidades, hechos y dé soluciones; que gobierne para todos y no
solo para la galería.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado
quiere recordar a sus señorías la expresión tan oída en los últimos
meses, y diría yo años, de nadie quedará atrás. Pues bien, con este
proyecto de ley no solo quedará atrás el sector del transporte en un
momento clave para su desarrollo, sino que se derivarán también
consecuencias negativas para la economía, especialmente para el
empleo.

Por ello es necesario, y con esto termino,
apoyar con normas, con leyes ajustadas a la realidad y de aplicación
inmediata al sector del transporte, y no solo legislar, como nos tiene
acostumbrados el Gobierno Sánchez, para la galería y como un tuit de 140
caracteres.

Muchas Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senador.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Poveda.

El señor POVEDA ZAPATA: Gracias,
presidenta.

Señorías, intervengo brevemente. La verdad es
que llamar batiburrillo al consenso y al acuerdo no se corresponde con la
realidad en unas propuestas, en una ley que precisamente lo que tiene es
consenso. Además, los señores de Vox utilizan mucho la palabra
sectarismo. Pues bien, precisamente esta ley tiene consenso y no
sectarismo, lo contrario de lo que ustedes utilizan en sus intervenciones
muchas veces y en sus declaraciones. Además, utilizan la palabra
angustia. Pues, señorías, precisamente esta ley lo que intenta es
resolver y ayudar a la angustia que padecen muchos autónomos y muchas
personas que llevan transporte escolar, que ejercen el servicio de
transporte de taxis o de VTC, y que, evidentemente, como se ha regulado
en algunas comunidades autónomas, es necesario también trabajar y
regular.

Señorías de Vox, la verdad es que sus enmiendas
son también un contrasentido, no deben creer mucho en la propuesta de
veto. No deben creer mucho en la propuesta de veto cuando han presentado
después una serie de enmiendas a la ley.

Así que, por todo esto, mantendremos nuestro
voto en contra de este veto que ustedes nos proponen.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, a la defensa de los
votos particulares. En primer lugar, las enmiendas 10 a 13, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas por los señores González-Robatto Perote,
Marín Gascón y la señora Merino Palomares.

Tiene la palabra para su defensa, por tiempo de
cuatro minutos, el señor González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.

Nosotros presentamos el veto en primera opción,
dado el carácter de la ley, y, si no, intentamos arreglarlo vía enmiendas
y utilizamos todos los mecanismos para intentar defender los intereses de
aquellos que nos han votado y, en general, los intereses de todos los
españoles. Es una medida que se puede establecer y la vamos a aprovechar
por todas las vías posibles para defender nuestro programa.

Las enmiendas que nosotros traemos aquí son
puramente técnicas. La primera enmienda que presentamos se refiere a las
medidas introducidas por esta disposición final, que no guarda ninguna
relación con el objeto general del proyecto en la ley debatido. Se
confiere a Senasa la organización de medio propio, lo que permitirá a
este organismo prestar servicios a otros órganos de la administración sin
necesidad de convocar un concurso público para su adjudicación.

Presentamos también otra enmienda, al igual que
en el caso anterior, relativa a las medidas adoptadas en la disposición
final que no guarda ninguna relación otra vez con el objeto del proyecto.
Es cierto que se pretende abordar una cuestión sensible, como es la
capacidad de autofinanciación de algunos de los puertos de menor tamaño
en España, así como los de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; sin
embargo, dada la relevancia de esta cuestión, debería ser sometida a un
debate en profundidad, con un análisis económico de la medida,
asegurándose que servirá para solventar los problemas económicos de las
instituciones.

También presentamos otra enmienda puramente
técnica a la disposición final que incorpora una cuestión sobre la
explotación de áreas de servicio en carreteras con que se exige un debate
específico sobre la cuestión. En concreto, trata sobre la afectación de
fondos obtenidos por la explotación de estas áreas.

Y presentamos una cuarta enmienda a esta
exposición final que incorpora una cuestión que impacta directamente
sobre las recientes liberalización del sector ferroviario que introduce
una serie de restricciones y sanciones a los potenciales operadores de
este sector liberalizado.

Por todo ello, pedimos el voto de a favor de
estas enmiendas, que son puramente técnicas y destinadas a mejorar o a
intentar paliar los efectos nocivos de esta ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Al no intervenir la senadora Goñi Sarries para
la defensa de la enmienda número 9, pasamos a la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Nacionalista.

Tiene la palabra el senador Cleries i
González.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta.

Como es una enmienda solo, la voy a defender
desde el escaño. Durante buena parte de los años 2020 y 2021,
particularmente durante la duración del primer estado de alarma, el
transporte escolar dejó de prestarse por el cierre de los colegios y con
el buen número de servicios relacionados con el mismo, como excursiones,
eventos deportivos, escolares, etcétera. Por ello, un amplio número de
empresas del sector presenta graves problemas de liquidez y solvencia, lo
que va a impedir que puedan realizar inversiones en renovación del parque
de material móvil, amenazando su viabilidad y, por tanto, la propia
oferta de servicios de transporte público de viajeros por carretera,
considerados esenciales en determinados supuestos, como ocurre con el
transporte escolar.

Por consiguiente, es necesario y urgente
adoptar alguna medida que alivie esta situación crítica de las empresas,
como la ampliación de la vida útil de los vehículos en todos los
supuestos previstos en el Real Decreto 443/2001. Las modificaciones
introducidas se hacen a fin de excepcionar aquellos vehículos que durante
este último curso 2020-2021 no hayan realizado transporte escolar y para
que con ello la medida sirva para el mayor número posible de empresas.
Evidentemente, esto no está reñido con la seguridad, pero sí que está en
la línea de dar seguridad a las empresas en un momento en el que han
sufrido los efectos de la pandemia y, porque, además, estos vehículos no
han estado circulando y, por tanto, también tienen una mayor vida para
seguir trabajando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Antes de pasar al siguiente portavoz, quisiera
que quedara claro que la senadora Goñi no ha intervenido, pero da por
defendida su enmienda. No queda retirada: la da por defendida. Muchas
gracias, señorías.

Pasamos entonces a la defensa de las
enmiendas 3 y 4, del senador Clavijo Batlle. Tiene la palabra.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero comenzar dando las gracias a todos
aquellos senadores y senadoras que han manifestado su apoyo a esta
enmienda, y quiero agradecerlo porque, si bien estamos hablando de una
ley de ordenación del transporte terrestre, nos hemos visto en la
obligación de tener que presentar esta enmienda, dado que el Gobierno de
España, como nos tiene acostumbrado, no escucha, gobierna desde la
arrogancia, desde la prepotencia y pretende llevar a la ruina a cientos
de empresarios, llevar al paro a 14 000 trabajadores que representa el
sector de esta enmienda, y, en el caso de Canarias, a más de 2500
personas.

Si el Gobierno de España hubiese escuchado y
atendido, cosa que no ha hecho, vería que el presidente de AENA ni se
reúne con los empresarios ni se reúne con los sindicatos, y viene a esta
Cámara más bien obligado; muchas veces se ha pedido su comparecencia y ha
decidido no acudir a ella. Sin embargo, lo que quiere es cobrarles
—escuchen bien, señorías— por cada euro de venta de esas
empresas dos euros de alquiler. Ese es el acuerdo que han ofrecido. Ante
esta injusticia, podemos hacer dos cosas: mirar para otro lado y que el
Gobierno de España y el presidente de AENA protejan más los intereses de
los accionistas privados de AENA, que protejan los intereses de los
fondos de inversión, o que se pongan del lado de los ciudadanos, porque
lo que se está pidiendo es algo tan razonable como que en la época de la
pandemia, donde se han restringido los derechos de los ciudadanos y la
movilidad, el cobro del alquiler sea proporcional al tráfico del
aeropuerto; si pagan una renta porque ese aeropuerto tiene 4 millones de
pasajeros, si se restringe y se pasa a 100 000, que el alquiler en ese
período sea proporcional al tráfico de pasajeros, ni más ni menos. El
Gobierno de España no sabemos por qué —sospechamos el por
qué— no quiere hacerlo. Hoy mismo en Murcia ha llegado la quinta
sentencia dando la razón a los arrendatarios. Están llevando a la ruina,
a la insolvencia y a la pérdida de puestos de trabajo y, sin embargo, los
juzgados están dando la razón a los arrendatarios. ¿Por qué no lo
corregimos entre todos? Si no se trata de ganar ni de perder, se trata de
resolver una justicia, de gobernar para los ciudadanos, no para los
intereses particulares de determinadas empresas que forman parte del
capital de AENA, ni más ni menos.

Tenemos la oportunidad de corregir esta
situación. Tenemos la oportunidad de no obligarles a ir al juzgado para
que le den la razón cuando a lo mejor ya es tarde y ese pequeño y mediano
empresario está arruinado. Y no vengan con la historia de las
concesiones. El 10 de mayo de este año AENA lanzó un comunicado oficial
reconociendo que eran contratos de alquiler. Luego no nos escudemos en
tecnicismos, intentemos desde aquí resolver los problemas reales de los
ciudadanos.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, para la defensa de las enmiendas números 5 a 8, tiene la
palabra la senadora González Modino, por un tiempo de cuatro
minutos.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro trabajo en esta ley se centra
básicamente en la defensa de los intereses del sector del taxi, y por eso
quiero empezar saludando a los representantes de la Federación andaluza
Élite y de la Federación estatal Élite Taxi, y también a los
representantes de Antaxi, la Asociación Nacional del Taxi, que nos
acompañan en la tribuna.

Señorías, los y las taxistas
—afortunadamente, cada vez más las taxistas— siempre están
cuando hay una pandemia, cuando hay una nevada, cuando hay un atentado.
Suelen llegar los primeros junto a los servicios de emergencia, y suelen
ser los últimos en irse, cuando ya no queda nadie a quien llevar a un
hospital o a quien llevar a casa, y en muchas ocasiones lo hacen sin
cobrar un céntimo. Luego, nosotros, evidentemente, tenemos un compromiso
con ellos y por eso hemos presentado estas enmiendas.

Son cuatro enmiendas, muy sencillas, que tienen
como objetivo que se cumpla la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres y que se cumpla esta ley que procede de un real decreto ley
que aclara cuáles son las infracciones graves, porque no se está
cumpliendo.

Nuestra enmienda número 5 pretende considerar
como infracción muy grave la circulación para la búsqueda, la recogida o
la captación de clientes que no hayan solicitado previamente el servicio
en el tiempo previsto. La competencia entre el sector de las VTC y el
sector del taxi genera desequilibrios, genera desigualdad, y, en este
caso, nosotros estamos defendiendo los intereses del servicio público,
que son una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras autónomos, que
pagan religiosamente la licencia municipal, los impuestos y todas las
regulaciones a las que están sometidos frente a un sector que está muy
desregulado, que es el de las VTC. Como se produce una situación de
desigualdad podemos hacer dos cosas, o desregulamos los taxis o regulamos
las VTC. Y nuestra apuesta, en este caso, es regular las condiciones en
que los vehículos de transporte con conductor prestan servicio en
competencia desleal con el sector del taxi, y se incumple porque circulan
las VTC para recoger clientes en cualquier punto de la ciudad cuando eso
está prohibido por la Ley De Ordenación De Los Transportes Terrestres. Se
incumple la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres porque a día
de hoy se produce contratación inmediata de los servicios de las VTC, y
eso está prohibido. ¡Caramba, somos legisladores y legisladoras!, no
podemos hacer una ley para que se incumpla. Tenemos que hacer leyes que
respondan al interés general, que regulen los derechos, que sancionen las
infracciones y que, a su vez, insistiré en ello en el turno de
portavoces, sean inteligibles por la mayoría de la población, que en
algunos casos como este no lo son en absoluto.

El establecimiento de un tiempo mínimo para la
precontratación de los servicios de vehículos de transporte con conductor
lo establece el propio real decreto-ley que viene del Congreso en su
disposición final quinta. Nosotros lo que hacemos es apuntar el tiempo
mínimo: treinta minutos. Luego, las comunidades autónomas tienen
competencia también para modificar esta regulación. Y no sé si no se
preguntan, señorías, por qué hay taxistas andaluces y madrileños en la
tribuna, luego avanzaré algo sobre esto en el turno de portavoces, porque
hay dos comunidades, Madrid y Andalucía, qué casualidad, que concentran
la mayoría de las VTC del conjunto del Estado, el 65 %, que no regulan el
sector, por aquello de que la libertad es una palabra vacía, escrita en
un folio en blanco.

Nosotros estamos a favor del servicio público y
del trabajo que vienen haciendo las taxistas y los taxistas. Ese es el
sentido de nuestras enmiendas, a las que les ruego, señorías, tengan a
bien considerar.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Rollán Ojeda.

El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señora
presidenta. Señorías, muy buenos días.

La enmienda número 14, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, pretende garantizar el adecuado equilibrio entre
las VTC y el sector del taxi. Quiero aprovechar para manifestar, como
siempre, nuestro apoyo a este sector tan importante, el del taxi.
Aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan y honran en la
tribuna, con los que he tenido oportunidad de trabajar largo y
tendido.

Señorías del Partido Socialista y de Unidas
Podemos, la protección de unos no debe ser a costa de la destrucción y de
la desaparición de otros. De prosperar el texto que ustedes defienden,
supondrá la desaparición de miles de empleos, mayoritariamente mujeres y
mayores de 50 años, con una muy difícil incorporación al mercado laboral.
La confrontación existente entre ambos sectores tiene un responsable que
se llama Partido Socialista Obrero Español, y luego tiene dos
personalidades que han sido determinantes: una se llama Pedro Sánchez y
la otra es José Luis Ábalos.

La litigiosidad existente, con esta ley, lejos
de reducirla, se agravará aún más, ya que dan por buenas posiciones que
recientemente los tribunales han tumbado. Se olvidan también de aquellos
a los que nos debemos y de aquellos para los que legislamos: los
ciudadanos, los usuarios; usuarios que tienen la libertad, o al menos
deberían tenerla, para elegir qué medio de transporte usar en igualdad de
condiciones. La posición del Gobierno aboca a los trabajadores de las VTC
a su desaparición.

Señorías, de verdad, creo que este texto no
apoyará al taxi, ya que una sana competencia enriquece y mejora la
oferta, lo que provoca un incremento sí o sí de la demanda y en la que
absolutamente todos tendrían lugar y beneficios. Lo que necesita el taxi
es más empleo, es más prosperidad, es más actividad económica. En
resumidas cuentas, es todo lo contrario que traen los gobiernos del
Partido Socialista a nuestra nación. Voy finalizando.

Quien quiera alinearme con las VTC, merece la
pena que sepa que, cuando era consejero, les impuse 3 100 000 euros,
obteniendo por lo tanto el récord histórico en la imposición de
sanciones, por lo que defiendo firmemente el cumplimiento de la normativa
dentro de la libertad de elección, sí, del mismo modo que rechazo la
exterminación legislativa. ¿Alguien entendería que cuando pidamos una
comida a domicilio el operador retuviera la demanda al cocinero durante
un periodo de treinta minutos? No, ¿verdad? Pues justamente eso es lo que
se va a aprobar hoy aquí.

La segunda enmienda que defendemos, y para la
que pedimos su apoyo, se refiere a las familias numerosas de Ceuta,
Melilla, Baleares y Canarias, porque el reciente proyecto de presupuestos
aprobado les impide beneficiarse de las bonificaciones y descuentos de
los que disponían con anterioridad.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista,
interviene la senadora Martínez Zaragoza.

La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Gracias,
presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las
asociaciones del taxi aquí presentes. Oyendo a algunos grupos políticos,
parece que no quieren entender la importancia y la premura con la que
debemos apoyar este proyecto hoy.

Señorías del Grupo Popular, ustedes no hacen
oposición al Gobierno, están haciendo oposición a España. (Aplausos). Por
un lado, reconocen la importancia de las modificaciones que traemos hoy.
Son conscientes de que existe un consenso mayoritario entre todos los
sectores afectados por este proyecto de ley; es más, este consenso se ha
visto también en el Congreso de los Diputados. Apoyan votos particulares
aun sabiendo que no se van a poder poner en marcha y, además, van en
contra del interés general. Por cierto, ustedes serán los que, con su
postura, deberán justificar el retraso de esta ley. Sus actos son
incongruentes con lo que dicen. Si tan malo es lo que proponemos hoy
aquí, ¿por qué solo han presentado dos enmiendas? Además, una de ellas
nada tiene que ver con los objetivos planteados inicialmente en este
proyecto de ley. Pretenden modificar la Ley de Presupuestos Generales del
Estado por la puerta de atrás, pero ahora mismo tienen la oportunidad de
trabajar en unos nuevos presupuestos para el año que viene.
Lamentablemente, al Grupo Socialista ya nada nos sorprende después de la
reiterada negativa a cumplir con la Constitución, como es su obligación,
y nombrar, por ejemplo, a los miembros del Consejo General del Poder
Judicial.

Como he dicho antes, y haciendo hincapié en la
importancia de que hoy salga adelante este proyecto de ley, que recoge,
como he dicho también anteriormente, las sensibilidades de todos los
sectores afectados, puesto que se han mantenido, repito, se han mantenido
reuniones con todos los sectores afectados, voy a enumerar las
principales modificaciones que traemos hoy aquí. La primera de ellas es
la regulación del marco infractor relativo al arrendamiento de vehículos
con conductor, las famosas VTC, que posteriormente, en el ámbito de las
competencias de cada territorio, se tienen que desarrollar. Este punto es
objeto de un voto particular que pretende regular nuevas condiciones de
prestación del servicio de VTC, pero debemos tener en cuenta que esta
función es, según el marco competencial, de las comunidades autónomas. Y
sí, señora Modino, es curioso ver cómo hay comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular que se ponen de perfil ante esta
problemática y no quieren regular la convivencia entre ambos
sectores.

En segundo lugar, va a ser una herramienta útil
en la lucha contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías
por carretera; una morosidad que afecta sobre todo a pequeñas y medianas
empresas y que altera negativamente el equilibrio económico de sus
empresas. Fíjense en un dato, señorías, el 51,6 % de las empresas
dedicadas al transporte de mercancías con vehículos pesados únicamente
disponen de un solo vehículo. Por lo tanto, apoyar este proyecto de ley,
señorías, es apoyar a las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos).

Y, en tercer lugar, pero no menos importante,
traemos aquí hoy un incremento temporal de la antigüedad máxima de los
vehículos que realizan transportes escolares y de menores, siempre,
evidentemente, teniendo en cuenta la seguridad de estos vehículos. Una
medida que beneficia a un sector que se ha visto gravemente afectado por
la crisis de la COVID, produciéndose un descenso de viajeros entre marzo
y diciembre de 2020 de un 85 %. Una medida que el sector está esperando
que se ponga en marcha puesto que el curso ya se ha iniciado y llegamos
tarde.

Señorías, apoyar este proyecto de ley es apoyar
a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas. Retrasar esta ley con el
pretexto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, apoyando el voto
particular del Grupo Nacionalista, es una falacia. Saben perfectamente
que esta enmienda solo beneficia, repito, solo beneficia a las
multinacionales, menoscabando la economía de una empresa que tiene
mayoritariamente capital público, como es AENA. Saben que las pequeñas y
medianas empresas ya han llegado a acuerdos con AENA; es más, hay una
propuesta de AENA de mejorar estas condiciones, por lo que, en
definitiva, este apoyo es ir en contra del interés general, y lo peor es
que son conscientes de ello. Pido desde aquí el voto en contra de los
votos particulares para que estas medidas puedan entrar en vigor lo antes
posible y así apoyar las demandas de las pequeñas y medianas
empresas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

A continuación, pasamos al turno de
portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador González-Robatto Perote, que no está
presente.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora
presidenta.

Les voy a manifestar muy rápidamente el sentido
de nuestro voto. Obviamente, vamos a votar en contra del veto. En la
enmienda 1 nos vamos a abstener. La enmienda 2 se ha retirado. La
enmienda 3, del señor Clavijo —lo veo saliendo por la
puerta—, que obliga a AENA a reducir lo que cobran los comercios de
los aeropuertos según la caída del tráfico, la vamos a votar a favor.
También vamos a votar a favor de la enmienda 4. Las enmiendas 5, 6, 7 y 8
las vamos a votar en contra. La enmienda 9 la vamos a votar a favor. Las
enmiendas 10,12 y 13, en contra. En las enmiendas 14 y 16 vamos a votar a
favor. Y votaremos a favor del texto porque, como ha dicho mi
predecesora, la portavoz del Grupo Socialista, apoyando este proyecto de
ley —que apoyaremos— se recogen todas las sensibilidades
—no sé quién lo ha dicho y he tomado nota porque así es— de
todos los sectores afectados. Apoyamos a los trabajadores, a las pymes,
pequeñas y medianas empresas. Por tanto, interesa —por eso no vamos
a apoyar ningún veto— que se apruebe y se ponga en marcha cuanto
antes. Nuestro interés es apoyar a los trabajadores, a las pymes,
pequeñas y medianas empresas. En ese sentido ha ido nuestro arduo
deliberar no sobre la ley, que teníamos claro que la íbamos a apoyar,
sino sobre todas las enmiendas, que las hemos estudiado con detenimiento,
y aquí les he anunciado el sentido de nuestro voto.

Le he pedido un minuto a la presidenta porque
si no lo hago, reviento; me van a perdonar. Yo vengo de la Región de
Murcia —un minuto solo— y tengo que citar el Mar Menor.
Señorías, este verano hemos estado todos con el Mar Menor a vueltas. El
Mar Menor es un ejemplo clamoroso de dejación de funciones del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia ostenta una vicepresidencia en la
Confederación Hidrográfica del Segura; sin embargo, critica las
actuaciones del Gobierno. (Rumores). Pero es que, además, mientras
estamos difuminando culpas, señorías, el cambio climático está ahí y lo
va a empeorar todo. De hecho, las DANA las tenemos ahí y pueden estar a
la vuelta de la esquina.

Por tanto, el mal uso del suelo y la dejación
de funciones de control y de uso del suelo hacen que llegue más limo y
nutrientes al Mar Menor. (Rumores). En definitiva, el problema lo ha
creado —y con esto termino— el Gobierno regional, el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero la solución nos la
tenemos que dar entre todos.






(Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). En vez de gritar y de vociferar la
bancada del Grupo Popular, cuando son los responsables de lo que ha
pasado en el Mar Menor, les insto a que se sienten, se coordinen con el
Estado… (Continúan las protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, déjenle terminar. Está dentro de su tiempo.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: … y pongamos
soluciones al problema. (El señor Bernabé Pérez: Señora presidenta, esto
es una vergüenza). Señor Berrnabé, yo no soy un sinvergüenza; yo no soy
un sinvergüenza. (El señor Bernabé Pérez: Yo no he dicho eso. He dicho
que esto es una vergüenza). Termino. Pónganse ustedes de acuerdo y
trabajen por el interés del Mar Menor. No difuminen responsabilidades y
saquen, como se dice en mi pueblo, el trasero fuera. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Con esto termino.
Ya hablaremos sobre el Mar Menor porque hoy no tocaba. (Rumores y
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
¿Me van a dejar ustedes hablar, señorías?

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, termine, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Miren, no solo no toman
soluciones sobre el Mar Menor; no solo el Gobierno de la Región de
Murcia, del Partido Popular durante tantos años, es responsable del
problema del Mar Menor, sino que un senador viene aquí a hablar de que se
coordinen y busquemos soluciones conjuntas para el Mar Menor, y ustedes,
con una mala educación fuera de lo común, no me dejan hablar esta mañana;
dejen hablar al senador que está en uso de la palabra en la tribuna.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.— Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, esta Presidencia tiene la competencia de ordenar el Pleno,
también para ustedes. Por tanto, cuando piden más tiempo o cuando
introducen un tema que no es exactamente el que se contempla, es la
Presidencia quien decide cómo se desarrolla la intervención. Por
consiguiente, unas veces serán los senadores de un grupo y otras veces
serán los senadores de otro. Es la Presidencia quien decide cómo se
aprovecha el tiempo del senador o senadora. Así que les agradezco que
sigamos. (La señora Pradas Ten pide la palabra).

Senadora, ¿en base a qué pide la palabra?

La señora PRADAS TEN: Señora presidenta, por
una cuestión de orden.

Usted tiene el derecho y el deber,
evidentemente, de dirigir los debates de esta Cámara en este mismo
momento, pero lo que no puede ser es que el senador no se esté centrando
en la cuestión y nos esté llamando a los parlamentarios del Grupo Popular
y a mis compañeros de la Región de Murcia de todo y que nos quedemos
indefensos ante este ataque vil y falso que nada tiene que ver. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—
Denegaciones de la señora vicepresidenta). No, señora presidenta, esto no
puede ser. Quiero defender a mis compañeros de la Región de Murcia porque
creo que tengo el derecho también a poder hacerlo. Lo que no puede ser es
que nosotros, el Grupo Popular, nos quedemos indefensos ante las burdas
palabras del compañero de Ciudadanos. Eso no puede ser.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
constancia de su queja.

La señora PRADAS TEN: El Partido Popular de la
Región de Murcia no tiene la culpa de lo que está pasando en el Mar
Menor; no tiene la culpa, y ayer quedó claro en este hemiciclo. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Y ese es
otro debate. Tenemos que poder defendernos. (Continúan los
aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, ustedes son perfectamente conscientes de que en cada turno los
senadores introducen en muchas ocasiones expresiones que a otros grupos
pueden resultarles ofensivas; lo saben perfectamente. Por lo tanto, la
cuestión queda cerrada.

Seguimos con el turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Cleries por el
Grupo Parlamentario Nacionalista.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidenta.

En relación con este proyecto de ley, que
recordemos que inicialmente eran dos proyectos de ley, uno de
modificación de lo que hacía referencia a la parte de morosidad en el
terreno de los transportes y el otro todos los temas en el ámbito del
transporte de mercancías por carretera y en materia de infracciones, todo
quedó subsumido en el debate en el Congreso de los Diputados en un único
proyecto. Nosotros, como grupo parlamentario, globalmente estamos de
acuerdo y vamos a votar a favor de este texto. Pero quiero manifestarme
sobre un par de temas. Uno es la enmienda sobre la situación de AENA que
ha presentado nuestro compañero de grupo, Fernando Clavijo —y nos
congratulamos al saber que la había presentado—. La portavoz
socialista dice: AENA es una empresa de capital público, pero con muy
poca sensibilidad hacia los sectores a los que han afectado las
decisiones de AENA en todo este periodo, porque no es lógico seguir
cobrando, cobrando y cobrando al mismo ritmo como si por los aeropuertos
pasaran miles y miles de pasajeros cuando prácticamente estaban cerrados.
Nos habla de AENA. ¿Sabe el problema que tienen muchos aeropuertos del
Estado español, l’aeroport del Prat, l’aeroport de Girona i
l’aeroport de Reus? Que dependen de AENA. Esta es la pena que
tenemos, AENA. Lo que se tendría que hacer es un miniorganismo con toda
la gestión descentralizada, que es como funcionan los países europeos
civilizados. Está, además, la poca sensibilidad del presidente de AENA;
nos hacen una estafa y un chantaje la semana pasada y el presidente de
AENA, como si fuera el rey del mambo, dice: Y ahora se esperarán cinco
años. Esto, más que a un presidente de AENA, suena a una dictadura
bananera. Esta es la situación de AENA, y lo que se ha de hacer de una
vez por todas es que AENA desaparezca como organismo de gestión de los
aeropuertos del Estado español y que haya una gestión descentralizada que
piense en cada aeropuerto, que no piense en España, porque a veces la
bandera se la ponen tan delante que no ven nada. Y esta es la situación
que tenemos con AENA. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y
suerte que no son nacionalistas, pero a algunos se les queda pequeña la
mascarilla de tanta bandera que llevan.

He oído también al portavoz socialista que nos
dice —y también salió en la comisión el otro día— que el
sector está esperando la ley, y miran al Senado, que lo hemos tramitado
de urgencia, porque somos la UCI de las Cortes Generales. A quien está
esperando el sector del transporte es al Gobierno español, que es el que
ha ido tarde, como lo ha ido también el Congreso de los Diputados, que
miren el tiempo que ha tardado en tramitarse esta ley. Y resulta que el
malo de la película es el Senado, que ha ido a toda velocidad. Eso sí, ha
estado el mes de agosto por medio, que no podemos hacer nada porque así
lo manda el Reglamento, pero, oigan, nosotros estábamos dispuestos
incluso a que se aprobara antes, porque no queremos poner ninguna pega.
Pero ¿y si hay una enmienda que se ha de aprobar? Porque, si no, ¿qué
hacemos aquí en el Senado? Jugar al juego de las enmiendas que no se
pueden aprobar y matarnos aquí defendiendo enmiendas, como si sirviera de
algo, cuando la mayoría ya tiene decidido, desde antes de que llegue al
Senado, que no se va a aprobar nada. Ya que se habla tanto de ahorro
energético —también aquí quemamos mucha energía— y, sobre
todo, de ahorro económico, cierren el Senado de una vez, porque ni es una
Cámara territorial y sí la Cámara de alta velocidad en la que no servimos
para nada. Hagan un replanteamiento y nosotros estaremos encantados
porque nosotros venir a trabajar, sí, venir a perder el tiempo, no, y
estamos hartos de que la culpa siempre sea del Senado. Si esta ley no
sale será culpa vuestra si se aprueba esta enmienda. No, será culpa de
quien gobierna y de quien le da apoyo. Y, gracias a Dios, nosotros no
somos.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la
palabra la senadora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señor
presidente.

Quiero aclarar algún detalle de las
intervenciones previas antes de entrar en el contenido de este turno. Yo
soy representante de Adelante Andalucía y mi grupo es el de Izquierda
Confederal. De Unidas Podemos no hay nadie en el grupo. Quiero decir que
cuando se refieran a nosotros, por favor, utilicen el nombre exacto de
las cosas. Critíquennos por lo que somos, si eso es razonable, pero no
por lo que no somos. Lo digo por ajustarnos a la realidad.

Sobre la premura y la excusa de la urgencia y
de la necesidad que hay de regular determinados aspectos del sector, como
el transporte escolar, para cargar sobre nuestras espaldas la
responsabilidad, aquí tengo el Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados. Esta ley entró en el Congreso el 19 de febrero, hoy es 15 de
septiembre, y nosotros hemos tenido el tiempo que hemos tenido, quitando
el mes de agosto, que ha sido de vacaciones. Me ha hecho mucha gracia lo
que ha dicho el senador Cleries de la alta velocidad, porque es verdad.
Entonces, las responsabilidades tienen que distribuirse donde
corresponda.

Quería continuar con lo que decía inicialmente
en el turno anterior sobre la naturaleza diferenciada entre el sector del
taxi y el sector de las VTC. Aunque ambos ofrecen un servicio público en
relación con la movilidad y el transporte, no son lo mismo. El taxi es un
medio de vida y las VTC son un negocio. No hablo de los conductores y
conductoras de las VTC, que son lo que más se parece a los riders, de los
que acabamos de hablar hace un momento. No hablo de los conductores y
conductoras, hablo de quien acapara las autorizaciones para la
circulación de VTC: esos son los que hacen negocio. Y los taxistas tienen
un medio de vida regulado y sujeto a multitud de exigencias del poder
público: desde las licencias municipales a los impuestos, a la tasa de
autónomos, a todo lo que tienen que pagar, y lo vienen haciendo desde
tiempo inmemorial. Luego, no es lo mismo, no es la misma naturaleza la
del sector del taxi y la del sector de los vehículos con conductor.

Esta ley tiene algunas carencias, que son las
que hemos querido remediar con nuestras enmiendas. Son, básicamente,
cuatro enmiendas para incluir en la ley las demandas del sector del taxi.
No me siento en absoluto culpable de nada por hacer el trabajo que
corresponde hacer. Hay un amplio consenso en el Congreso de los
Diputados, de lo cual me alegro, pero hay grupos que no tenemos todavía
ninguna representación en el Congreso de los Diputados y estamos
trabajando aquí, en el ámbito del Senado. Por eso hacemos, en el tiempo
que podemos, el trabajo que nos corresponde. Lo digo con humildad pero
también con firmeza. Porque parece que como hay un amplio consenso en el
Congreso de los Diputados, oiga, prescindan de todos los demás, y así no
habrá retrasos achacables a quien, desde luego, no tiene ninguna
responsabilidad.

Sobre las competencias autonómicas para regular
efectivamente el tiempo mínimo, el tiempo mínimo de precontratación es
una competencia reguladora del Estado. Las comunidades autónomas tienen
competencias ejecutivas, no reguladoras. Hay comunidades que han
establecido algunos tiempos y lo han hecho razonablemente, entre quince y
sesenta minutos. No hay nada ilegal ni hay nada a lo que oponerse por
establecer en la ley una regulación mínima de treinta minutos para el
tiempo de contratación, por una garantía: la igualdad de todos y de
todas. Alguien hablaba, en nombre del Grupo Popular, de la sana
competencia: naturalmente, en condiciones de igualdad toda la competencia
es sana. Cuando no hay condiciones de igualdad, lo que hay es primacía de
unos intereses sobre otros o defensa de unos intereses sobre otros. Y no
es ninguna casualidad que Madrid y Andalucía, que concentran el mayor
número de autorizaciones de VTC, estén aquí presentes e insistan en la
necesidad de incluir un tiempo mínimo en la regulación común del Estado,
que no va en contra en absoluto de ninguna competencia de ninguna
comunidad autónoma. No está en mi naturaleza tampoco rechazar ninguna
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, todo lo contrario: si
fueran posible más, querría más competencias para el Gobierno de
Andalucía, lo ejerza quien lo ejerza —esa otra discusión—. Se
trata de establecer una garantía mínima de igualdad en el conjunto del
Estado, porque esta desregulación de las VTC sobre la regulación
necesaria del taxi a lo mejor obedece a intereses espurios; a lo mejor
hay quien se está planteando e incluso va diciendo que las VTC podrán
seguir operando como taxis cuando termine la moratoria del decreto
Ábalos. Es un problema y es lo que queríamos evitar con nuestras
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO: En cuanto a nuestro
voto, va a ser diferente en el caso del Grupo de Izquierda Confederal:
habrá votos a favor de la ley, en contra no habrá ninguno y también,
probablemente, habrá abstenciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Vaquero Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker,
presidente jauna.

Tal y como han dicho los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, estamos ante un proyecto de ley que
nace de la suma de otros proyectos de ley que, a su vez, modifican la
Ley 16/1987, de ordenación de los transportes terrestres, por un lado, en
materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con
conductor y, por otro lado, para luchar contra la morosidad en el ámbito
del transporte de mercancías por carretera.

Nuestro grupo, en su trámite tanto en el
Congreso como en el Senado, ha lamentado y criticado que se haya
aprovechado esta doble modificación legislativa que afecta a la Ley de
ordenación del transporte terrestre para introducir otras modificaciones
legislativas, estirando el chicle, por decirlo coloquialmente, alegando
mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, de
tal manera que, en el trámite de ponencia en el Congreso, se han
planteado modificaciones de textos legales vía enmiendas, muchas
presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Si bien
nuestro grupo está de acuerdo con la introducción de nuevas enmiendas
técnicas, no compartimos esta forma de legislar, ya que se introducen
cuestiones sectoriales que se deberían tratar con una mayor profundidad y
que pasan como meras mejoras técnicas en proyectos de ley con un título y
un objeto en los que cabe de todo. Nos preocupa igualmente esta forma de
legislar en la que acabamos dando rango de ley a normas de rango
inferior, lo que supone una congelación de rango, y en la que, además,
corremos el riesgo, premeditado o no, de invadir ámbitos competenciales
que no le son propios al Estado.

Aunque no es mi pretensión abrir el debate de
las enmiendas, los dos motivos anteriores son la causa principal de
nuestro no apoyo a la gran mayoría de las enmiendas que se han planteado
tanto en el trámite del Congreso como en el del Senado. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.

La señora VAQUERO MONTERO: Enmiendas que no
hemos apoyado, no por el fondo de lo que plantean, sino por el
procedimiento, y quiero hacer referencia a la enmienda número 3.

Sobre el trámite seguido, también quisiera
sumarme a lo manifestado por otros grupos en relación con la urgencia que
se alega casi siempre cuando un proyecto llega al Senado, convirtiéndose
la urgencia en parte del contenido del proyecto de ley, como si fuera
otra de las enmiendas a aprobar.

En relación con el fondo de la ley, la
aprobación del Real Decreto Ley 13/2018, por el que se modifica la Ley de
ordenación del transporte terrestre en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor, obligaba al Gobierno del Estado a tramitar un
proyecto de ley que adecuara el régimen sancionador a las condiciones de
prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor
establecidas en el citado real decreto ley, pudiendo incrementar las
sanciones previstas. Con este proyecto de ley se ha optado por
incrementar las sanciones en relación con las tres conductas: ámbito
territorial, comunicación por vía electrónica y recogida de clientes sin
contrato previo, que pasan a ser ahora muy graves. Nos preocupa la
proporcionalidad de la calificación de la gravedad. Nos preocupa que se
incida, sobre todo, en el endurecimiento de la vía sancionadora para
regular este sector y no en la regulación en sí.

Vamos a aprobar las medidas planteadas, ya que
hoy por hoy es el recurso al que acudimos para que se cumplan las normas
ordenadoras de este sector, aunque entendemos que este necesitará más
reflexión y seguramente en un futuro incluso más cambios en su
regulación.

También se acude a la vía sancionadora para dar
solución a la morosidad en el transporte de mercancías terrestres,
entendiendo que la vía punitiva es el único medio disuasorio, cuando lo
idóneo sería abogar por prácticas de responsabilidad social en las
empresas. Esto exigiría un cambio de mentalidad en la práctica del
tráfico mercantil y no solo en este sector.

Finalizo. Vamos a apoyar este proyecto de ley.
Lo apoyamos en el Congreso y hoy, en su segunda lectura, lo
respaldaremos, si bien, tal y como he dicho anteriormente, hemos sido y
somos críticos con el procedimiento que se ha seguido.

Mila esker.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bailac
Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias,
presidente.

Este proyecto de ley aborda, en esencia, dos
grandes cuestiones: en primer lugar, la morosidad en el sector del
transporte, que es hoy en día una lacra y combatirla supone evitar que
las grandes empresas se financien de forma abusiva a costa de las pymes.
Debemos poner fin a la morosidad, porque debemos acabar con la dilatación
en el tiempo de los plazos de pago a proveedores, que perjudica
gravemente a las pymes; un mecanismo que implica, en la práctica, que
unos levanten sus persianas a lomos de otros. En segundo lugar, y en
referencia al régimen sancionador del arrendamiento de vehículos con
conductor, quiero recordar que esta realidad se encuentra ya ampliamente
regulada en Cataluña por el Decreto 4/2019, después de que el Gobierno
del Estado se quitara las pulgas de encima. Por suerte, en Cataluña no
rehusamos nuestra responsabilidad y logramos una regulación de equilibrio
que da respuesta a la necesidad de establecer canales y mecanismos de
cooperación y de competencia leal entre dos sectores de naturaleza
diferenciada pero que ofrecen un servicio público de movilidad esencial,
especialmente en entornos urbanos.

Por otro lado, en el trámite parlamentario en
el Congreso se sumó al proyecto de ley una medida necesaria para el
sector del transporte escolar por carretera, que sufrió un grave impacto
debido a una circunstancia excepcional y sobrevenida, como ha sido la
pandemia de la COVID-19. Por eso, nos parece necesario flexibilizar la
antigüedad requerida de los vehículos sin poner en juego, claro está, la
seguridad de adolescentes, niños y niñas, una medida que, sin duda,
contribuiría a aliviar los graves problemas de liquidez y de solvencia de
las empresas en este sector directamente afectado por el cierre de las
escuelas durante el año 2020. Sin embargo, estamos convencidas de que el
Gobierno podría haber empleado otras vías para resolver esta cuestión sin
pretender condicionar el trámite parlamentario de este proyecto de ley y
dando una solución mucho más temprana al sector. Recordemos que el curso
escolar ya ha empezado y el sector del transporte escolar sigue a la
espera de soluciones.

Además, hoy también se plantea la incorporación
a la norma de otra solución para un sector que también ha resultado
gravemente perjudicado por las restricciones de movilidad, como lo han
sido los comerciantes de los aeropuertos operados por AENA. El Congreso
de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley
propuesta por el Grupo Republicano que instaba a AENA a negociar y a
alcanzar acuerdos equilibrados sobre las concesiones de locales para
actividades comerciales y de hostelería en su red aeroportuaria, una
medida que permitiría a pequeñas y medianas empresas reducir las pérdidas
ocasionadas por la crisis de la COVID-19 y la drástica reducción de
pasajeros. Pero AENA no solo no ha atendido este mandato unánime, sino
que el proceso sigue judicializado y está siendo especialmente crudo para
pequeñas y medianas empresas que no vieron otra salida que llegar a
acuerdos mínimos con el operador aeroportuario bajo la amenaza de la
ejecución de los avales. Ya son cinco las sentencias que ha perdido AENA
y todas ellas la condenan a ajustar las rentas hasta que el flujo de
pasajeros se recupere a nivel de 2019.

Lo dije en la comisión y lo repito: en
Cataluña, la Generalitat aprobó un decreto ley para rebajar el alquiler
de los locales comerciales, de los comercios que tuvieron que cerrar por
la COVID-19. Se instó a los propietarios privados de los locales a
rebajar un 50 % los alquileres. ¿Cómo no le vamos a poder exigir lo mismo
a AENA?

Por último, sabemos de la urgencia que tiene
para el sector del transporte escolar la aprobación inmediata de esta ley
en el trámite en el Senado. Conociendo esta necesidad, nuestro grupo
valoró no presentar enmiendas. Se nos hizo elegir entre tener una ley
mejor o tener una ley rápida; lo que no se nos puede pedir es que se nos
sitúe ahora entre el falso dilema de a qué sector compensar. El sector
del transporte escolar y los comercios de los aeropuertos han sufrido un
gran impacto a causa de la pandemia. No nos pueden hacer elegir a quién
compensar y es responsabilidad del Gobierno asegurar una solución rápida
y efectiva para ambos sectores, y así se lo exigimos al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Silván Rodríguez.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente. En primer lugar, enhorabuena. Le deseo todo lo mejor en el
ejercicio de su responsabilidad.

Señor Sánchez, don Miguel, del Partido
Ciudadanos, usted ha roto todo el respeto parlamentario que esta Cámara
merece y nosotros como senadores también; y muy especialmente, nuestros
compañeros de la Región de Murcia. (Aplausos). Si tiene valentía
parlamentaria, haga usted retirar sus palabras del Diario de Sesiones;
las palabras que no tengan que ver con la cuestión; las palabras que no
tengan que ver con la Ley de transportes. Señoría, el Mar Menor hoy no
pasaba por aquí; ayer sí, como quedó demostrado por el señor Bernabé. Y
si no retirara sus palabras, le propongo otra cosa que está en su mano:
que renuncie a su escaño porque está aquí gracias al apoyo que recibió de
nuestros compañeros del Partido Popular en la Asamblea de Murcia.
(Aplausos). Respeto y educación, señor Sánchez, don Miguel. Por supuesto,
si fuera coherente, renunciaría a su escaño.

No pensé yo que cuando hablaba de batiburrillo
normativo iba a hablar hoy… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Silván, espere un
momento, por favor. Señorías, guarden silencio. Es muy difícil escuchar a
quien está en el uso de la palabra con el runrún constante que hay en la
sala. Por favor, si necesitan hablar entre ustedes, háganlo fuera del
hemiciclo. Muchas gracias.

Continúe, señor Silván.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias
presidente.

En mi anterior intervención hablaba de
batiburrillo normativo, pero no sabía yo que hoy iba a haber un
batiburrillo parlamentario y además con su aplauso, señorías. Han faltado
también al respeto que ustedes se merecen y que toda la Cámara se merece.
(Aplausos).

Señorías, voy a trasladar la posición de
nuestro grupo respecto a las enmiendas presentadas. En relación con las
enmiendas de los senadores de Vox, evidentemente, por coherencia con la
propuesta de veto —en este caso negativa— del Grupo Popular,
votaremos en contra de las enmiendas en consonancia con nuestro
planteamiento. En cuanto a la enmienda de la señora Goñi, mi grupo
parlamentario votará a favor para dar concreción temporal precisamente a
lo que se pretende: la publicidad de las resoluciones sancionadoras en
materia de morosidad. Así se consigue transparencia y ejemplaridad.

Respecto a la enmienda del señor Cleries, como
trasladamos tanto en ponencia como en comisión, el Grupo Parlamentario
Popular manifiesta nuestro voto negativo al texto de la enmienda y lo
fundamentamos, precisamente, porque el texto remitido por el Congreso ya
garantiza tanto el sostenimiento y la viabilidad de las empresas del
transporte escolar como la viabilidad y la garantía de la prestación del
servicio. Y, lo más importante, lo hace preservando las condiciones
máximas de seguridad.

En cuanto a la enmienda del señor Clavijo, el
Grupo Parlamentario Popular votará a favor de esta enmienda en defensa de
las empresas arrendatarias y concesionarias de los locales de los
espacios AENA. Recuerden la expresión —también hacía referencia a
ello en mi intervención inicial— de que nadie quedará atrás. Pues
bien, hoy lo que el Partido Popular pretende precisamente con este voto
favorable es minimizar los efectos ocasionados a esas empresas por la
supresión de vuelos, por el cierre de aeropuertos, por la reducción
drástica de viajeros, también defendiendo a las empresas y defendiendo
los empleos. Tenemos que dar respuesta a esta necesidad.

Por lo que se refiere a la enmienda 4, del
señor Clavijo, me remito a lo trasladado sobre la enmienda del señor
Cleries y votaremos en contra.

Y en cuanto a las enmiendas de Adelante
Andalucía, de la señora González Modino, el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado traslada su oposición a sus enmiendas, como hemos defendido
también en comisión, precisamente porque queremos esa garantía de la
posibilidad de la prestación del servicio. Por supuesto —y también
lo expresé así— que defendemos al sector del taxi; faltaría más,
aquí y en todo el territorio nacional. Pero también, en ese sentido, para
garantizar el derecho a la movilidad que todos nosotros, como usuarios,
tenemos en condiciones legales y de criterios jurisprudenciales,
defendemos el servicio de los VTC. Lo uno no quita lo otro. La ley y los
criterios jurisprudenciales son los que tiene que definir ese
equilibrio.

Señores del Partido Socialista, pero ¿quién ha
presentado la ley?, ¿cuándo se ha presentado la ley? (Un señor senador:
En tiempo). ¿En tiempo? ¿Quién la ha presentado? Ustedes han tenido
tiempo más que de sobra en esta legislatura para presentar esta ley y
quieren trasladarnos ahora la responsabilidad de su retraso, de su
ineficacia y de su falta de previsión a la hora de defender determinados
intereses del sector del transporte, en este caso del transporte escolar.
Miren, señorías, la responsabilidad es solamente suya, y ustedes tienen
la posibilidad, si esa enmienda a la totalidad tuviera que devolver el
texto al Congreso, de que en muy corto espacio de tiempo pudiera entrar
en vigor.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya
concluyendo.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Termino, señor
presidente.

No trasladen responsabilidad a quienes no la
tenemos. La responsabilidad está en su bancada, está en su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría, señor Morales Quesada.

El señor MORALES QUESADA: Buenos días,
señorías.

Antes de comenzar me gustaría hacer una
aclaración porque parece ser que hay alguna duda con el trámite de esta
ley. La ley entra en esta Cámara el 16 de junio y el plazo de enmiendas
se prorroga hasta el 3 de agosto, con lo cual no se ha tramitado por
urgencia. (Aplausos). Se ha tramitado por el trámite ordinario que
tenemos en el Senado. Otra cosa es la urgencia que trae la ley, que es
diferente.

En el mismo título aparecen los tres puntos
importantes de esta ley. Punto uno, infracciones relativas al
arrendamiento de vehículos con conductor. Con esta nueva medida se
promueve que progresivamente las regulaciones aplicables al taxi —y
desde aquí saludo a las asociaciones presentes— y el arrendamiento
de vehículos con conductor vayan aproximándose para que las dos
modalidades convivan. Como bien decía la senadora González Modino, hay
una responsabilidad de las comunidades autónomas en hacer su trabajo y
desarrollar los reglamentos que, curiosamente, no están desarrollados en
dos comunidades gobernadas por el Partido Popular: Madrid y
Andalucía.

Un segundo punto es luchar contra la morosidad
en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Afecta
especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño, que aquí nos
llenamos la boca cuando decimos que las defendemos. La mayoría de las
veces soportan la financiación de grandes empresas, ya que el 51,6 %
están dedicadas al transporte de mercancías con vehículos pesados, y
muchas de ellas disponen de un solo vehículo. El objeto de esta ley es
sancionar el incumplimiento del límite máximo de sesenta días y favorecer
el cobro sin demora de su servicio.

El tercer punto, el más importante y por el que
más urge aprobar esta ley, es la mejora de la gestión en el ámbito del
transporte y las infraestructuras, que se ha incluido en una disposición
adicional para incrementar temporalmente la antigüedad máxima de los
vehículos que realizan transporte escolar, afectados por la COVID y que
han tenido un descenso de sus servicios del 85 %. Muchas empresas están
esperando hoy a que nosotros saquemos adelante esta ley, porque ya vamos
con retraso. El curso escolar empezó el 1 de septiembre y ellos ya van
con retraso. Están esperando nuestra decisión para pasar los autocares,
las guaguas por las ITV y poder prestar esos servicios.

Estos son los tres puntos principales, pero nos
llama la atención que cuando la ley viene consensuada desde el Congreso,
y no solo entre los grupos políticos, sino también con el sector
—ya que se recoge su demanda—, nos encontremos con que la
derecha nacionalista canaria —que veo que viene, pronuncia su
discurso y se va; no le interesa el resto del debate de esta ley—
se arrogue aquí la defensa de los canarios presentando una enmienda que
nada tiene que ver con el fondo de este proyecto de ley, plegándose, así,
a las asesorías de los grandes fondos de inversión que operan en los
aeropuertos y dejando tirados a los transportistas escolares, en este
caso de Canarias, de los que justo ahora acabo de recibir un mensaje
pidiéndome que les diga cómo va a quedar la votación.

A mí, del nacionalismo canario ya nada me
sorprende, ya que ayer, por ejemplo, también votaron en contra de
mantener la suspensión de las reglas fiscales. Ellos tendrán que explicar
los motivos de su posicionamiento junto a la extrema derecha, porque
siguen como siempre: un enfrentamiento inútil con el Gobierno de España.
Y luego está la derecha de esta Cámara, que, a sabiendas de lo que
persigue esta enmienda, hace un brindis al sol que no se puede llevar a
cabo porque unilateralmente no se pueden imponer condiciones a una de las
partes del contrato para la renegociación de contratos, se sitúa en
contra de los autónomos y las pymes del sector del transporte y crea
falsas expectativas a los concesionarios de los aeropuertos. La derecha,
semana tras semana, nos trae al Pleno mociones en defensa de autónomos y
pymes, pero hoy, cuando esta ley sí que beneficia verdaderamente a este
sector, ustedes se quitan la careta y vuelven a defender a las grandes
empresas con muchísimos beneficios, a pesar de la crisis. Pero, además,
van en contra de una empresa pública. Así que no vengan a decir que
defienden a los que más lo necesitan, cuando hoy lo que hacen no apoyando
que esta ley entre en vigor y se publique lo antes posible es perjudicar
principalmente al sector del taxi —que aquí está presente—,
al sector del transporte escolar y al sector del transporte de mercancías
por carretera.

Dicen que son los mayores defensores de la
Constitución, pero luego no respetan la legalidad.






Ya lo decía ayer aquí
el presidente, Pedro Sánchez, en la sesión de control: Al PP no lo vamos
a encontrar nunca al lado de la pequeña y mediana empresa. Ustedes son
patriotas de pacotilla y tendrán que explicar a los transportistas su
posición (Aplausos), ya que si siguen en la línea —y termino,
presidente— de no a todo para desgastar al Gobierno, aquí han
errado el tiro. A quienes van a perjudicar es a los autónomos que tienen
una guagua, un autobús, y están esperando por nosotros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor MORALES QUESADA: Termino,
presidente.

Invito al resto de señorías de las otras
fuerzas políticas a que reflexionen si merece la pena dilatar la
publicación de esta ley por un supuesto cambio normativo que no va a
tener efecto ni se podrá aplicar, ya que contraviene las directivas
europeas, pero sí vamos a beneficiar a las empresas pequeñas.

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.

El señor MORALES QUESADA: Termino,
presidente.

Nosotros defendemos el interés general y aquí
estamos para legislar, pero legislar bien.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, finalizado el debate de este Proyecto
de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, les anuncio
que será sometida a votación en el plazo que esta Presidencia abrirá al
finalizar el siguiente punto del orden del día.

El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la
proclamación de resultados de votaciones.

Enmienda número 10, de sus señorías Jacobo
González-Robbato Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Votos emitidos, 261; a favor, 105; en
contra, 144; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 32, de los senadores Fernando
Clavijo Batlle, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 119; en
contra, 113; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 2, de los senadores Assumpció
Castellví Auví, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Votos emitidos, 261; a favor, 31; en
contra, 113; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 3, de los mismos
senadores.

Votos emitidos, 261; a favor, 15; en
contra, 114; abstenciones, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 6, de los mismos
senadores.

Votos emitidos, 261; a favor, 31; en
contra, 214; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 7, de los mismos
senadores.

Votos emitidos, 261; a favor, 132; en
contra, 113; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 9, de los mismos
senadores.

Votos emitidos, 261; a favor, 134; en
contra, 113; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 1, del senador Fabián Chinea
Correa, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 261; a favor, 115; en
contra, 134; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 12 y 13, de la senadora María
Pilar González Modino, del Grupo Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 261; a favor, 32; en
contra, 113; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 14 y 15, de la senadora María
Pilar González Modino, del Grupo Izquierda Confederal.

Votos emitidos, 261; a favor, 136; en
contra, 113; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas números 16 a 18, 21 y 23 a 25, del
senador Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal.

Votos emitidos, 261; a favor, 132; en
contra, 113; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda número 19, del mismo senador.

Votos emitidos, 261; a favor, 128; en
contra, 116; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas números 20, 22 y 29, del mismo
senador.

Votos emitidos, 261; a favor, 31; en
contra, 116; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 27, del mismo senador.

Votos emitidos, 261; a favor, 131; en
contra, 113; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas números 34, 44, 55, 56 y 77, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 110; en
contra, 134; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 35, 42, 60, 69 y 74, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 126; en
contra, 113; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas números 36, 38, 39, 45, 47
a 49, 51, 62 y 63, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 132; en
contra, 113; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas números 37 y 41, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 104; en
contra, 139; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 116; en
contra, 128; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 46 y 65, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 110; en
contra, 113; abstenciones, 38.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 50, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 113; en
contra, 113; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 110; en
contra, 113; abstenciones, 38.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 109; en
contra, 114; abstenciones, 38.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 57, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 126; en
contra, 119; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas número 59, 68, 72 y 78, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 104; en
contra, 134; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 61, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 101; en
contra, 140; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 71, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 101; en
contra, 134; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 75, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Votos emitidos, 261; a favor, 114; en
contra, 113; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Votos emitidos, 261; a favor, 155;
abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto del proyecto de ley.

Votos emitidos, 261; a favor, 257;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

El señor presidente lee los
puntos 10., 10.1., 10.1.1. y 10.1.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, no se han
presentado propuestas a dichos tratados.

¿Algún grupo desea intervenir al respecto? (El
señor Martí Deulofeu pide la palabra).

Sí, señoría.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

Intervengo solo para anunciar la abstención de
nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, por tanto, se procederá a
continuación a abrir el plazo para emitir el voto telemático para todas
las votaciones reglamentarios previstas, que son las siguientes:

Votación del Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de
vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito
del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar
la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras: votación
de la propuesta de veto, para cuya aprobación se exige, como saben, la
mayoría absoluta; votación de las enmiendas —las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno—; y votación en un solo acto del resto del proyecto de
ley.

Asimismo, votación de la autorización del
Acuerdo por el que se modifica el Tratado constitutivo del Mecanismo
Europeo de Estabilidad.

Y votación de la autorización del Acuerdo sobre
la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de
Resolución, que he citado anteriormente.

Se abre, por tanto, votación telemática desde
este momento, cuando son las catorce horas y cinco minutos, hasta las
dieciséis horas y cinco minutos de esta tarde.

El señor presidente lee los puntos 11. 11.1.
y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado
propuestas de que la celebración de este convenio necesite de la
autorización de las Cortes Generales.

Señorías, ¿alguno de ustedes desea intervenir?
(El señor Catalán Higueras pide la palabra).

Tiene la palabra el señor Catalán Higueras, por
el Grupo Mixto.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes. En Unión del
Pueblo Navarro siempre hemos defendido la colaboración y, en este caso,
la firma de acuerdos entre las administraciones públicas, más aún cuando
el objetivo que se persigue es mejorar la asistencia que se presta a los
ciudadanos, en el caso concreto del convenio que abordamos esta mañana, y
teniendo en cuenta a la Comunidad Foral de Navarra, de las zonas
limítrofe de este viejo reino de Navarra con la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Por otro lado, hay que destacar que en este caso concreto estamos
hablando de un convenio entre dos comunidades cuya relación a lo largo de
los años se ha caracterizado por la lealtad y el respeto mutuo, y creo
que eso es también algo digno de destacar, sobre todo teniendo en cuenta
otros convenios con otras comunidades autónomas que no han estado basados
en esa lealtad y ese respeto. Y más todavía considerando que este
convenio es fruto y tiene sus orígenes en el acuerdo marco firmado
en 2009 y en otro específico y concreto del año 2012, bajo la
responsabilidad, en el caso del Gobierno de Navarra, de Unión del Pueblo
Navarro.

No entraremos nosotros a valorar las
modificaciones que se han introducido por parte del Gobierno de La Rioja
en relación con la asistencia cardiológica que deben tener sus
ciudadanos; otros serán los representantes que lo puedan hacer. Nosotros
sí tenemos en cuenta, como ya manifestamos en la Comisión de Sanidad del
Parlamento de Navarra el 29 de junio de este mismo año, la oportunidad
por parte del Gobierno de Navarra de introducir modificaciones al
convenio anterior, del año 2017, como ha hecho el Gobierno de La Rioja,
que tendrían vinculación y afectarían a los ciudadanos de la Comunidad
Foral de Navarra de las localidades limítrofes con La Rioja en servicios,
como, por ejemplo, de hemodiálisis. Por lo tanto, creemos que esta es una
oportunidad perdida que nosotros, como Gobierno, también planteamos hace
dos legislaturas y que no fue posible, y que en este caso concreto, dadas
las modificaciones que había introducido el Gobierno de La Rioja, se
podrían haber planteado en este nuevo convenio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(La señora Goñi Sarries pide la palabra).

Sí, senadora Goñi, tiene la palabra.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

Este convenio es un gran ejemplo de lealtad y
cooperación efectiva entre comunidades autónomas. Es un convenio que
coloca al paciente en el centro y fomenta la coordinación y la formación
de equipos médicos. Hace doce años que se firmó el primer convenio entre
Navarra y La Rioja, y ahora tocaba renovarlo. Este convenio permite que
miles de pacientes se beneficien de una asistencia sanitaria de calidad,
especializada y cercana. Se pretende garantizar a los ciudadanos una
asistencia excelente, con independencia del lugar de residencia. La
principal novedad de esta renovación del acuerdo es el área del corazón y
específicamente la cirugía cardiaca compleja.

Debido al volumen poblacional conjunto de ambas
comunidades, que suman cerca de un millón de habitantes, la colaboración
complementaria en esta especialidad cardiaca mejorará y asegurará la
asistencia sanitaria de calidad para los habitantes de Navarra y La
Rioja, posibilitando además que dispongan de unos servicios
especializados del más alto nivel. El nuevo convenio contempla también
una más estrecha colaboración de los servicios de emergencia. Todos estos
acuerdos y protocolos se traducen en que ya se han realizado con éxito
los primeros cinco procedimientos de cirugía cardiovascular en el
Hospital de San Pedro, centro que desde hace varios años no prestaba este
tipo de servicios.

Este convenio es un ejemplo de coordinación
entre administraciones, algo sobre lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
debería tomar nota. Cuando hay voluntad de acuerdo, de negociación, los
obstáculos se superan; cuando se trabaja por lo importante, en este caso
una atención sanitaria de calidad, poniendo al paciente en el centro de
los acuerdos, se consigue mejorar, no solo la atención sanitaria, sino la
innovación y la formación de los profesionales. La pandemia nos demostró
la poca capacidad del Gobierno de España para llegar a acuerdos
interterritoriales. Quizá Sánchez debería preguntar a las presidentas de
Navarra y de La Rioja, ambas miembros de su ejecutiva, cuál es la receta,
o quizá sea precisamente esa: que los socialistas hoy solo llegan a
acuerdos entre ellos, porque la verdad es que el diálogo con la oposición
y hasta con sus propios socios brilla por su ausencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Algún grupo más desea intervenir? (El señor
Martínez Urionabarrenetxea pide la palabra).

Si, senador Martínez Urionabarrenetxea, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente. Por brevedad, intervendré desde el escaño.

Esta es la puesta al día de un convenio firmado
ya en 2009 entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de La Rioja para
dar atención sanitaria a las poblaciones limítrofes entre ambas
comunidades. Por lo tanto, es un convenio habitual, al uso, que se viene
haciendo desde hace mucho tiempo. Este, sin embargo, tiene una
virtualidad, y es que crea el servicio de cirugía cardiaca único para las
dos comunidades; una virtualidad, porque permite aumentar el número de
personas susceptibles de atención por dicho servicio, lo que redundará
lógicamente en una mejora de la calidad de las intervenciones de cirugía
cardiaca, que ya es excelente en Navarra. Y también tiene una virtualidad
para la Comunidad de La Rioja, en la medida en que ya no tendrán que
derivar a clínicas privadas a las personas necesitadas de ese tipo de
cirugía.

Por tanto, nuestro aplauso a este convenio,
nuestro reconocimiento a quienes lo han hecho posible, y también,
lógicamente, a los profesionales de la salud pública, que están haciendo
un trabajo excelente, a los que queremos reconocérselo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría, la señora De Pablo Dávila.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias, presidente.
Aprovecho esta primera intervención para desearle toda clase de éxitos en
esta primera sesión parlamentaria.

Señorías, es para mí un orgullo, no solamente
por representar al Grupo Socialista, sino como senadora riojana. En
principio en estos convenios no se solía intervenir, pero he escuchado
algunas cosas que agradezco por lo positivo, y solamente quiero destacar
muy brevemente tres cuestiones.

En principio, es verdad que se trata de la
actualización de un convenio, pero de una actualización que incorpora una
cuestión no menor, como es la cirugía cardiaca. El sistema de salud
riojano seguirá atendiendo a los vecinos de Viana, porque parece que es
Navarra a La Rioja, pero no, hay miles de ciudadanos navarros que son
atendidos diariamente en los hospitales de Logroño y de Calahorra, de La
Rioja. Este convenio es un reflejo y un buen ejemplo de lo que es la
colaboración institucional —tiene razón, señora Goñi—, pero
sobre todo hay también otra cuestión, y es que este convenio
institucional permite al sistema público de salud de La Rioja recuperar
las intervenciones de cirugía cardiaca que se estaban realizando en la
sanidad privada: más de 1000 operaciones cardiacas en la sanidad privada
desde el año 2014. Es un convenio que prevé una duración de dos años,
prorrogables hasta seis, que no pretende otra cosa que reordenar y
unificar en un solo texto la cooperación entre ambas comunidades
autónomas para la asistencia sanitaria de las operaciones o las
intervenciones de las poblaciones limítrofes, movilizando los recursos de
ambas comunidades autónomas con independencia de dónde se origine la
necesidad de actuar y garantizando con ello una calidad y una excelencia,
independientemente del lugar de residencia. Y, en segundo lugar, supone
una apuesta de ambas comunidades para seguir impulsando la cartera de
servicios en materia sanitaria en manos de la gestión pública, que es el
eje fundamental para poner, como ha señalado la señora senadora Goñi, el
centro de atención en los ciudadanos para impulsar la sanidad
pública.

Al margen de las cuestiones técnicas, que son
importantes y que suponen un beneficio clarísimo para los navarros y para
los riojanos, porque, efectivamente, necesitábamos un millón de
habitantes de población de referencia y entre las dos comunidades
autónomas lo conseguimos, así como las 400 intervenciones anuales, que,
según todas las asociaciones científicas, son importantes, están también
las razones políticas, y por eso me he extendido. A mi juicio, como
riojana, son muy importantes. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu,
adquirió en el año 2019 un compromiso claro, sincero y nítido con los
riojanos y con las riojanas: mejorar la sanidad pública riojana con la
recuperación de los servicios que un Gobierno de veinticuatro años del
Partido Popular había ido externalizando, y lo digo sin ánimo de
polemizar, pero con una diferencia ideológica fundamental. Si algo nos ha
enseñado la pandemia, señorías, es que hay que mimar, cuidar y fortalecer
la sanidad pública. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido todas las
comunidades autónomas. Y ese cuidado y mimo hay que hacerlo basándose,
como en este convenio, en la cooperación y no en la confrontación, y creo
que alguien se olvida de épocas anteriores, en las que el alcalde de
Viana estaba cerrado y enfrentándose al presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, del mismo partido político. Lo único que voy a
señalar, señora Goñi, para terminar es que se ha hecho en base a la
cooperación, y que han sido dos presidentes socialistas, María Chivite y
Concha Andreu, mujeres y socialistas, las que han sabido hacerlo en plena
pandemia, desde la colaboración, en defensa de la sanidad pública,
fortaleciéndola, y en el exclusivo beneficio de los hombres y mujeres de
La Rioja y de Navarra.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, en consecuencia, la Cámara toma
conocimiento de la celebración de dicho convenio.