La señora presidenta lee los
puntos 6., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6.

La señora PRESIDENTA: No habrá presentación de
los dictámenes por parte de ningún miembro de la Comisión. Se informa a
sus señorías de que no se han presentado propuestas a dichos tratados.
¿Algún grupo desea intervenir? (El senador Martí Deulofeu pide la
palabra).

Señor Martí Deulofeu, tiene la palabra.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

Intervengo solo para anunciar la abstención de
nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Algún otro grupo desea intervenir?
(Denegaciones).

Señorías, les informo de que el plazo de
votación de la autorización de los tratados y convenios internacionales
se abrirá una vez que concluya el debate del primer proyecto de ley.

La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

La señora PRESIDENTA: Se solicita la ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio
sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y
Melilla, constituida en el seno de la Comisión, por un período adicional
de seis meses, excluido de su cómputo el mes de agosto. Señorías, la
votación de esta solicitud de ampliación del plazo para la conclusión de
los trabajos de la ponencia de estudio se abrirá al final del debate del
dictamen del primer proyecto de ley puesto que ningún grupo va a
intervenir.

La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.

La señora PRESIDENTA: No se han presentado
propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales. No obstante, ¿algún grupo desea
intervenir? (Pausa).

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi Sarries.

Como saben sus señorías se acordó una
intervención por tiempo máximo de cinco minutos.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

Llega a este Senado el convenio de colaboración
entre Navarra y el País Vasco en materia de memoria, paz, convivencia y
derechos humanos. No deja de ser una buena noticia, ya que entre ambas
regiones hay muchos puntos en común: han vivido una misma violencia por
parte del terrorismo y una misma represión social por parte del brazo
político. Por lo tanto, la colaboración entre ambas regiones no puede
sino enriquecer el trabajo del Instituto de la Memoria, Convivencia y
Derechos Humanos del País Vasco y el Instituto Navarro de la Memoria y,
por lo tanto, de los ciudadanos si se hace con sinceridad y valentía.
Pero, claro, tanto hablar de memoria, de trabajar por la memoria, que es
muy importante y positivo, y nos olvidamos en este convenio de mencionar
que hay víctimas. Se habla mucho de víctimas —más de diez veces se
menciona esa palabra en el convenio—, pero nos deja con las ganas
de saber a qué víctimas se refiere porque la palabra terrorismo, el logro
que ha marcado el último medio siglo de Navarra y el País Vasco, solo se
menciona una única vez y queda diluido junto a la expresión y la
violencia, y por supuesto no se menciona a ningún grupo terrorista. Será
que con eso de que ETA o los GAL han desaparecido, afortunadamente,
también hay que borrarlo de nuestra memoria. Reclamo sinceridad y
valentía, porque todos sabemos lo que eran y lo que había en nuestra
tierra. Del mismo modo que este convenio no olvida a las víctimas del
franquismo, que no hay que olvidar, no diluyamos tanto a las víctimas más
recientes, las del terrorismo de ETA.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la
palabra el senador Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.

Muy buenos días. El convenio llama la atención
no solo por su brevedad, sino también por los términos utilizados o,
mejor dicho y más significativo, por los olvidos que evidencia. Pierde
toda credibilidad cuando, para abordar la memoria se dice: la atención a
las víctimas, los derechos humanos y la convivencia en Navarra y Euskadi,
ya que no hace referencia alguna a la banda terrorista ETA, como si estas
décadas de terror que hemos padecido en España, pero de manera especial y
particular en Navarra y en Euskadi, no hubiesen existido. Después de 864
asesinatos, familias destrozadas, miles de víctimas, decenas de miles de
amenazados por la banda terrorista ETA, más de 300 atentados sin
esclarecer, el texto no hace mención ninguna a la organización
terrorista, responsable de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Desde
nuestro punto de vista esto es algo injustificable, inadmisible y también
injusto.

En Unión del Pueblo Navarro no nos vamos a
callar ni vamos a ser sumisos ante esta pretensión de imponer un relato
que manipula la realidad y que pretende igualar a las víctimas de ETA con
sus verdugos. Han sido demasiadas décadas de abandono, de humillación por
parte de un sector determinado de la sociedad que miraba para otro lado
cuando ETA asesinaba al que no pensaba como ellos. Por eso, nosotros
rechazamos que se pretenda blanquear a la banda terrorista ETA y a
aquellos también que siguen sin condenar sus atentados. Rechazamos el
empeño por parte de algunos de escribir un relato en el que España era un
país en el que el Estado era represor, en el que basaba su acción en la
persecución y también en el maltrato y en el que el pueblo vasco era
perseguido, era torturado y se tenía que defender, planteamiento que en
ocasiones se quiere imponer a la sociedad y de manera especial a parte de
los sectores de la juventud. En este sentido, lamentablemente, tenemos
que discrepar del planteamiento que se hace por parte de algunos de los
socios de este convenio.

La educación es una pieza fundamental a la hora
de abordar la concienciación de la sociedad y de manera especial de los
jóvenes y, por lo tanto, nosotros discrepamos, como discreparon en su día
las víctimas del terrorismo, de las unidades didácticas que se están
repartiendo en algunos centros escolares por parte de algunos de los
firmantes de este convenio, en los que, por ejemplo, las víctimas del
terrorismo decían: Consideramos que forma parte de un diagnóstico erróneo
y manipulado que busca en todo momento la justificación de ETA y el
planteamiento de su actividad terrorista. Se niega en todo momento el
carácter terrorista de ETA, se cuenta la historia de tal manera que,
implícitamente, es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos
lados, dicen las víctimas. También Covite ha sido muy crítica y ha
manifestado: Las políticas públicas de memoria del Gobierno vasco omiten
quiénes causaron la mayor vulneración de los derechos humanos que han
vivido en el País Vasco durante estos 50 años los terroristas de ETA; y
dice: Por supuesto, tampoco se habla de la falta de libertad que ha
padecido y todavía padece una parte de la sociedad vasca, consecuencia
precisamente del terrorismo de ETA. Covite se preguntaba: ¿Abordará el
Gobierno vasco la violencia machista o racista sin hacer mención especial
al racismo o al machismo?

No estamos en desacuerdo en que se firmen
convenios entre las comunidades autónomas, todo lo contrario. Lo que sí
rechazamos, como en este caso, es que se pretenda hacer con
planteamientos e intenciones que busquen más la equidistancia que otro
tipo de planteamientos y que busquen también falsear la realidad. Pero es
que además, señorías, hay postulados de algunos colectivos que vienen a
ratificar nuestra postura, y es la de aquellos que siguen sin condenar
los atentados de la banda terrorista ETA, de aquellos que visitan a los
asesinos, de aquellos que siguen sin rechazar los actos de apoyo a los
terroristas, de aquellos que siguen despreciando la memoria, la dignidad,
la justicia y la verdad de la que son merecedoras las víctimas de ETA, de
aquellos que dicen de este convenio que es una oportunidad y que a nadie
le debiera suponer ningún problema. Si ellos lo dicen, queda dicho
todo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Intervendrá el Grupo Parlamentario
Democrático? (Denegaciones). ¿El Grupo Parlamentario Nacionalista?
(Denegaciones).

A continuación, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik
asko, presidenta. Egun on, senatari jauna andreok.

Este convenio de colaboración entre la
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco se
inscribe en el marco de un acuerdo político entre comunidades de cara a
impulsar políticas públicas relacionadas con la memoria, la paz, la
convivencia y los derechos humanos. Este es el marco de este convenio:
desarrollar políticas públicas en este ámbito, un ámbito, por cierto,
durante tantos años silenciado y olvidado por los sucesivos Gobiernos de
UPN en Navarra.

El Gobierno de Navarra se adhirió en 2019 a la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que había sido aprobada previamente
por la Organización de Naciones Unidas con la idea de dar una oportunidad
a los países y a las sociedades para emprender un nuevo camino en el que
mejorar la vida de todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Les recuerdo
que el punto 16 de la agenda habla de paz, justicia e instituciones
sólidas; busca la conformación de comunidades inmersas en una cultura de
paz; excluye la violencia como herramienta de solución de conflictos;
fomenta el desarrollo de la justicia basada en derechos humanos
individuales y colectivos mediante el fortalecimiento de instituciones
estables y confiables. A su vez, el punto 17 de la agenda incide en la
necesidad de alianzas sólidas y cooperativas, inclusivas a nivel mundial,
regional, nacional y local, basadas en principios y valores con visión y
objetivos compartidos con las personas y el planeta en el centro para la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Todo esto ya venía recogido de alguna manera en
el acuerdo programático para una legislatura de convivencia igualitaria,
innovadora y progresista, que, como su propio nombre indica, está
empapado de esta filosofía y que firmamos el Partido Socialista de
Navarra y Geroa Bai, pero también estaba en el protocolo de colaboración
firmado en 2016 entre el lehendakari de la comunidad autónoma vasca,
Íñigo Urkullu, y la lehendakari de Navarra, Uxue Barkos. De los dieciocho
ámbitos de actuación que contiene, el protocolo indica que ambos
Gobiernos consideran adecuado establecer líneas de mutua colaboración en
el ámbito de la paz, la convivencia y los derechos humanos, y señala que
convienen en propiciar vínculos para colaborar desde el mutuo acuerdo, en
promover programas y acciones que generen las condiciones necesarias para
consolidar la paz y la convivencia en nuestras sociedades. Además, el
protocolo establece que las líneas de colaboración preferentes se sitúan
en el respeto y la promoción de la dignidad de la persona y de los
derechos humanos, el rechazo y la deslegitimación de la violencia como
medio de defensa de cualquier idea o proyecto, la defensa del derecho a
la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas, el papel de
una memoria crítica en la construcción de la convivencia, así como de la
clarificación de todas las vulneraciones de derechos humanos producidos
en nuestras comunidades, y, por fin, la promoción de una cultura de paz y
de los valores de respeto, democracia y convivencia.

Navarra y la comunidad autónoma vasca son
comunidades referentes en el trabajo institucional respecto de la
memoria. Así lo reconoció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen
Calvo, en la primera Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Quiero
recordarles que, en Navarra, señorías, ya creamos las Escuelas con
Memoria y desarrollamos políticas públicas de exhumación de cadáveres,
con su posterior identificación, gracias a la creación de un banco
público de ADN. Creamos también la oficina de atención a las víctimas del
terrorismo —la primera oficina de atención a las víctimas, la
primera, que se creó gracias a la llegada de Geroa Bai al Gobierno de
Navarra—, de la represión franquista y de la violencia política.
Nadie nunca lo había hecho, ni UPN ni PSN, y pese a la abstención del
Partido Socialista y el voto en contra de la derecha aprobamos también la
Ley foral de víctimas de violencia política, que luego fue recurrida ante
el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y por Vox y que
recientemente ha recibido una sentencia del Tribunal Constitucional en la
que se dice que toda la ley es absolutamente constitucional, algo de lo
que nos sentimos orgullosos, aunque es verdad que nos parece una ley un
tanto descafeinada, pero nos permite avanzar en el recuerdo y homenaje de
las víctimas de violencia política, también de esas víctimas. Todo este
trabajo se va a hacer de ahora en adelante de forma coordinada entre el
Instituto Navarro de la Memoria y el Instituto Gogora, de la comunidad
autónoma vasca, y nos alegramos por ello.

Aprovecho la ocasión para animar a todas las
fuerzas políticas, venciendo las inercias que todos podemos tener, a
sacar adelante una ley de memoria que haga posible una gestión integral
de la memoria, de la memoria histórica y de la memoria reciente, de todas
las vulneraciones de derechos humanos, y que tenga en cuenta a las
víctimas y a los verdugos porque, señorías, sin verdad, sin memoria, sin
justicia y sin reparación, no hay paz ni convivencia democrática.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia Arroniz.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, mahaiburu andrea. Egun on, guztioi.

La Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad
Autónoma del País Vasco mantienen una relación histórica, lingüística y
sociocultural y comparten una larga tradición de colaboración. El
protocolo general de colaboración que firmaron entre ambas, como ya se ha
mencionado aquí, en 2016, ya establecía una cláusula de colaboración
sobre paz, convivencia y derechos humanos.

El convenio que hoy se presenta ante esta
Cámara para su conocimiento directo tiene como ámbitos de trabajo la
memoria, la atención a las víctimas, la convivencia, los derechos humanos
y la diversidad desde el respeto a la promoción de la dignidad de la
persona y desde los derechos humanos, desde el rechazo y no legitimación
de la violencia como medio de defensa de cualquier idea o proyecto, desde
la defensa del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas
las víctimas, y la promoción de una cultura de paz y de los valores de
respeto, democracia y convivencia. Dicho esto, ¿qué problemas tienen
ustedes con estos principios? No entendemos las críticas y las
acusaciones que se han vertido hoy aquí contra este convenio que se basa
en estos propósitos. No podemos compartir, como digo, las acusaciones ni
las afirmaciones. Y lo que queremos es poner en valor precisamente este
convenio, un convenio que ha sido avalado por la mayoría de la sociedad
vasca, de la sociedad navarra y por sus parlamentos. Negar la necesidad
de trabajar en ámbitos como la atención a las víctimas, la colaboración,
en el ámbito de la convivencia y los derechos humanos, es cerrar los ojos
ante una realidad y ante un pasado que, además de mucho sufrimiento, ha
dejado heridas abiertas en la sociedad. Y duele más, duele muchísimo más,
cuando se utiliza a las víctimas en este rifirrafe político.

Pertenecemos a un pueblo que ha sufrido mucho.
Que tiene muchas víctimas, demasiadas. Una sociedad en la que además de
atender a las víctimas, reconocerlas, repararlas y escuchar su voz, tiene
que desarrollar programas educativos y programas de convivencia. En
Euskadi se han dado muchos pasos en este sentido, en los que las víctimas
han tenido un papel relevante, un papel muy importante, un papel
protagonista. Se ha trabajado, sobre todo, y se sigue trabajando, en el
ámbito educativo, y se sigue trabajando mucho en el ámbito local, de una
manera discreta, de una manera continuada. No entenderíamos que no
sacáramos lecciones de este sufrimiento, de tanto sufrimiento padecido.
Los procesos de convivencia suponen la superación de la situación de
violencia y la ruptura social ocasionada por esta, y, además, algo muy
importante: crean herramientas para manejar los conflictos políticos y/o
sociales. Todos estos procesos, programas educativos, que tienen como
base los derechos humanos, nos sirven también para abordar otras
vulneraciones, otros conflictos sociales; para aprender que ninguna
ideología ni razón de Estado debe estar por encima de la dignidad humana.
Servirá también para la prevención de los extremismos y los discursos de
odio.

En definitiva, creemos firmemente que convenios
como este y todo el trabajo que sustenta este convenio, que se viene
realizando desde hace tiempo y que se continuará realizando, son pasos
para una convivencia democrática.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Esquerra no
intervendrá.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora
Salanueva Murguialday tiene la palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias,
señora presidenta. Buenos días, señorías.

Quiero comenzar, por supuesto, sumándome a las
intervenciones de mis compañeros de Navarra Suma. Suscribo todas y cada
una de sus palabras. Pero quiero ir un poquito más allá, porque creo que
en este convenio se ha puesto el carro antes que los bueyes. Su
justificación se hizo en el Parlamento de Navarra por la consejera de
turno. Y lo justificaba diciendo que este convenio trae causa, que es
motivado por el acuerdo político de las fuerzas progresistas que
suscribieron el pacto para apoyar a María Chivite en el Gobierno de
Navarra. Y eso, la verdad es que a nosotros nos hace casi temblar. Dice
textualmente que es poner cuerpo institucional a la intensa y fructífera
relación iniciada con el País Vasco en la pasada legislatura. De hecho,
son muchos los ámbitos en los que se puede trabajar. Nos da la sensación
de que era más la necesidad de firmar un convenio que el convenio en sí
mismo. Y además nos preocupa, porque creo que es una materia que nosotros
podíamos haber desarrollado, como comunidad foral, perfectamente sin
necesidad de este acuerdo. Pero es más la búsqueda de ese acuerdo con el
Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno vasco, que el convenio en sí
mismo. Y aprovecho para decirles al Gobierno de Navarra y a los
representantes del Partido Nacionalista Vasco que mucho convenio con
Navarra está muy bien, pero que también está muy bien no despreciar y no
cometer injerencias frente a Navarra y frente al Gobierno de Navarra y
sus instituciones, decidiendo, negociando, exigiendo competencias al
Gobierno de Navarra, utilizando la simbología propia de Navarra en los
escudos y en las fiestas oficiales del País Vasco, algo que no quieren
corregir. En definitiva, creo que es un momento para hablar también de
esto. Y nos preocupa que la presidenta del Gobierno de Navarra ni
siquiera rechiste.

Sobre el convenio en sí mismo, qué decir, con
las ideas generales estamos de acuerdo. Cómo no vamos a estar de acuerdo
por la paz, por la convivencia, por la memoria y por los derechos
humanos, pero cuando empezamos a leer el convenio y a profundizar en él,
ya no lo estamos tanto. Porque, como bien se ha dicho, en todo el texto
no hay ni una sola mención a las víctimas de ETA. No se habla de los
etarras, no se habla del terrorismo. Ese neolenguaje que han creado nos
preocupa y preocupa también a las víctimas. Y queremos ser cauce de esa
preocupación de las víctimas. En realidad, es algo que ocurre no solo en
este convenio, sino también en otras leyes a las que luego me referiré,
porque de lo que quieren hablar es de otra cosa. Se prioriza y se
prefiere hablar de las víctimas de hace ochenta años, que también son
víctimas, pero se olvidan de las víctimas más recientes, de las víctimas
producidas en democracia, sin ningún conflicto político, como se dice,
sin dos bandos y sin equidistancia entre ellas.

Alguno de mis compañeros recordaba a Covite,
que dice que no se hace referencia a las víctimas de ETA, y preguntaba
—yo creo que muy oportuna y agudamente—: ¿Se firmaría un
convenio sobre violencia racista y machista sin mencionar ni al machismo
ni al racismo? Pues, eso. La AVT ya solicitó la retirada de la unidad
didáctica del Gobierno vasco por manipular el relato del terrorismo,
justificando la existencia de bandos, la existencia de la propia ETA y
hablando del conflicto. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa el
convenio, visto lo que está ocurriendo en el País Vasco. Y, al igual que
en el anteproyecto de la Ley de memoria democrática: mucha memoria, pero
se olvidan de la violencia más reciente, de la violencia en democracia, y
se niega en este convenio incluso mencionarla expresamente. Por tanto, lo
vemos con desconfianza; no vemos la aportación que puede tener algo en lo
que Navarra ya puede seguir trabajando. Nos preocupa la equidistancia y
nos preocupa una cosa mucho más importante, volviendo a donde he
empezado: este convenio, que trae causa del acuerdo programático de
gobierno de las fuerzas progresistas para investir presidenta a María
Chivite, está avalado por Bildu, que sigue sin condenar la violencia. Ahí
lo dejo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Magdaleno Alegría.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Hoy el Pleno del Senado conoce el convenio de
colaboración entre Navarra y el País Vasco para la atención a las
víctimas, convivencia y derechos humanos. Se trata de un convenio
suscrito entre dos comunidades autónomas que han sufrido particularmente
las amenazas, extorsiones y asesinatos de la organización terrorista ETA.
En breve, el Gobierno de Navarra firmará otro convenio con la Comunidad
de Aragón y ha iniciado las negociaciones con la Comunidad de La
Rioja.

Antes de iniciar mi intervención deseo rendir
homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de las acciones de la
organización terrorista ETA. A todas las personas que no se callaron ante
el chantaje y que dieron la cara por la democracia. (Aplausos). A
aquellos que sufrieron las persecuciones y amenazas por no compartir sus
ideas y objetivos políticos. Uno de los grandes éxitos colectivos de la
democracia española ha sido la derrota de ETA. Y lo conseguimos sin que
la organización terrorista consiguiera ni uno solo de sus objetivos. Lo
repetiremos las veces que sea necesario. Ni uno solo de sus objetivos
políticos. Fue un éxito colectivo que ya forma parte de nuestra memoria
democrática y que debemos recordar siempre para que hechos tan terribles
no vuelvan a ser cometidos jamás. Las claves fueron muchas, pero
permítanme que recuerde dos. En primer lugar, la unión entre los
demócratas. La política antiterrorista es una política de Estado que
jamás debe ser utilizada como elemento de oposición. Y, en segundo lugar,
dejando bien claro que en nuestra democracia se puede conseguir cualquier
objetivo político, incluida la secesión de parte del territorio del
Estado, ahora bien, siempre que se haga mediante métodos pacíficos y
democráticos. Y, señorías, el día que la autodenominada izquierda
abertzale aceptó estas dos premisas fue un gran día para nuestra
democracia.

Hoy es un nuevo momento. Compete a la sociedad
preservar la memoria de las víctimas, deslegitimar la violencia pasada,
presente y futura, y fortalecer los valores democráticos. Señorías, la
democracia no consiste simplemente en un método para adoptar las
decisiones por mayorías. Es mucho más, pues supone unos valores, una
forma de ser y de actuar, una cultura del diálogo, del respeto, de la
empatía con los demás. Las democracias suponen la garantía del
pluralismo, y es que sin pluralismo no puede haber democracia. Cualquier
proyecto político que use la violencia o que excluya o discrimine a parte
de la sociedad, es ilegítimo y además inviable, porque jamás será
aceptado por la mayoría de la sociedad. Es ahora cuando cabe establecer
convenios como el que nos ocupa, que prevé programas para el rechazo y la
deslegitimación de la violencia, como defensa de cualquier idea o
proyecto; o la promoción de la cultura, de la paz y los valores del
respeto, democracia y convivencia.

El Gobierno de Navarra, señorías, también ha
suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Víctimas del
Terrorismo para mejorar la atención a las víctimas o la realización de
actos de concienciación social. En breve, también el Gobierno de Navarra
firmará un acuerdo de colaboración con la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, presidida por Tomás Caballero. Además, el Gobierno de Navarra
se ha comprometido con el proyecto educativo Memoria y Prevención del
Terrorismo, liderado por los ministerios del Interior y de Educación, que
consiste en impartir unidades didácticas sobre el terrorismo a los
alumnos de ESO y de Bachillerato. Se trata de que el alumnado conozca la
historia del terrorismo; fomentar en los centros educativos los valores
del rechazo a la violencia terrorista, y reconocimiento y consideración a
las víctimas. De hecho, para tener un diagnóstico con el que trabajar en
esta materia e implantar estas unidades didácticas en el sistema
educativo navarro, se está realizando un estudio entre los escolares
navarros, donde se les pregunta sobre su conocimiento sobre el terrorismo
o si el uso de la violencia está justificado en algún caso para la
obtención de fines políticos. También me gustaría resaltar que los
escolares navarros ya están teniendo la oportunidad de conocer en las
aulas los testimonios directos de las víctimas del terrorismo en
Navarra.

Señorías, quiero acabar con una reflexión final
que espero que sea compartida por la mayoría de esta Cámara. Todas las
medidas que acabo de denunciar, además de preservar la memoria de las
víctimas, persiguen la absoluta deslegitimación de la violencia
terrorista y de aquellos que la apoyaron. El día que un niño o una niña
pregunte a sus padres que convivieron con la violencia: Pero ¿cómo
pudisteis apoyar el terrorismo contra aquellos que no piensan como
vosotros? Ese día sabremos que la victoria de la democracia ha sido
definitiva. Señorías, convencer es la forma más duradera de vencer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el turno de
intervenciones, la Cámara toma conocimiento de la celebración del
presente convenio.

La señora presidenta lee los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el senador Ferrer Sais.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en el Senado el día 7
de junio de 2021, siendo publicado ese mismo día en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia.
El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 14 de junio de 2021,
habiéndose presentado 89 enmiendas. Enmiendas 1 a 11, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. Enmienda
número 12, por el señor Mulet García, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal. Enmiendas 13 a 28 por los senadores González-Robatto Perote,
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares del Grupo Mixto. Enmiendas 29
a 56, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 57 a 60, por el
señor Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista. Y
enmiendas 61 a 89, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La
comisión se reunió para dictaminar el día 16 de julio de 2021 y emitió
dictamen incorporando la enmienda número 80 al texto remitido por el
Congreso de los Diputados.

Se han presentado siete votos particulares a
este dictamen: Voto particular del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. Voto particular del señor Mulet García, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal. Voto particular de los senadores González-Robatto
Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto. Voto particular de los señores Muñoz Lagares,
Sánchez López y la señora Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario
Democrático. Voto particular del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu. Voto particular del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria. Y voto
particular del Grupo Parlamentario Socialista.

Creo haber resumido la tramitación
parlamentaria de este proyecto de ley.

Nada más, señora presidenta, y muchas
gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente
de la comisión.

Para el debate de totalidad, ¿algún grupo hará
uso del turno a favor? (Pausa). ¿Del turno en contra? (Pausa). ¿Desean
hacer uso del turno de portavoces? (Pausa).

Pasamos al debate del articulado directamente.
Enmiendas y votos particulares. Turno a favor. Enmiendas 13 a 28 de los
senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo
Palomares.

Tiene la palabra, por tiempo máximo de 15
minutos, el senador González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

Me dispongo a exponer las enmiendas que, a
nuestro juicio, mejoran o intentar mitigar los efectos de esta ley. La
primera es la número 13, que es una enmienda de modificación al
apartado 102 de las directrices de la técnica normativa aprobadas por el
acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de julio de 2005, que preceptúa
la acentuación a las normas lingüísticas reales de la Real Academia
Española de las normas jurídicas. En tal sentido, se dispone que la
redacción de los textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas de
la Real Academia Española y su diccionario. La máxima institución de la
lengua española es pacífica en considerar al género masculino como
inclusivo en el lenguaje, por lo que no es necesario recargar
excesivamente las normas jurídicas con expresiones como la anteriormente
mencionada. Por ello, se considera necesaria esta enmienda.

La enmienda número 15, de modificación, es
coherente con la enmienda al artículo 5 del proyecto de ley que tiene por
objeto la modificación de este precepto, en el sentido de suprimir la
referencia a la modificación sustancial de las condiciones del trabajo.
La enmienda número 16, de modificación también, es la adaptación de la
terminología, dado que la presente iniciativa se trata de un proyecto de
ley y no de un real decreto ley. La referencia a la disposición adicional
octava se hace de conformidad con las enmiendas presentadas.

La enmienda número 17, de modificación también,
es una mejora técnica. Se trata de una adaptación de la terminología,
dado que la presente iniciativa se trata de un proyecto de ley y no de un
real decreto ley, otra vez.

La enmienda número 18 es una enmienda de
adición que tiene por objeto excluir del ámbito de la aplicación de la
ley a las microempresas. Este tipo de empresas tienen una estructura
pequeña, y este es el motivo por el que se presenta esta enmienda.

La enmienda número 19 es una enmienda de
modificación y la modificación propuesta se fundamenta en la libertad de
empresa, en el artículo 38 de la Constitución española. En efecto, la
voluntariedad del trabajo a distancia no debe impedir que el empresario
imponga esta modalidad en los supuestos del artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores. Este precepto regula la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, que únicamente puede darse cuando existan
probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción
respecto a las materias tasadas, y de acuerdo con el procedimiento
previsto en el mismo. Siendo así, la posibilidad de imponer el trabajo a
distancia en los supuestos del artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores se fundamentaría con la existencia de una causa probada que
justificaría tal imposición, así como por la existencia de un
procedimiento que garantiza la concurrencia en la causa aprobada. Por
todo ello, la imposición de voluntariedad del trabajo a distancia,
incluso en los supuestos del artículo 41, tal y como pretende la
redacción del proyecto de ley, es abusiva y constituye una limitación de
la libertad de empresa.

La enmienda número 20, también de modificación,
entiende que es necesario prever que el libre acuerdo entre el trabajador
y el empresario pueda establecer el mecanismo para la determinación,
compensación o abono de gastos.

La enmienda número 21, de modificación, prevé
que es necesario que el libre acuerdo entre el trabajador y el empresario
establezca los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de la desconexión del trabajo a distancia y la
organización adecuada de la jornada.

La enmienda número 22, de modificación,
pretende una mejora legislativa en la que la disposición adicional
tercera del Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se
adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias
en los ámbitos de la Seguridad Social y económicos extiende la protección
por contingencias profesionales al personal sanitario de la inspección
médica de los servicios públicos de salud y de la inspección médica del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el personal sanitario de
sanidad marítima que preste servicios en el Instituto Social de la
Marina.

En la enmienda número 23, de modificación, con
respecto a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que modifica
el régimen jurídico del profesorado técnico de formación profesional,
particularmente se prevé, entre otras cosas, que el Gobierno de España,
de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el
procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso
mismo del profesorado de formación profesional que estuviera en posesión,
a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica, de la titulación de
grado universitario o equivalente a efectos de acceso a la función
pública en las condiciones que se determinen. Por consiguiente, este
nuevo régimen solo estará vigente cuando se haya aprobado el nuevo
desarrollo reglamentario, algo que actualmente no se ha llevado a cabo.
Por este motivo es preciso habilitar a las administraciones educativas
para que puedan seleccionar personal de carrera en las convocatorias en
curso y nombrar al personal interino que cubra las vacantes que se
produzcan en el ámbito del cuerpo de profesores técnicos de formación
profesional, y así pueda prestarse el servicio educativo adecuadamente y
sin interrupción.

La enmienda 24 es una enmienda de adición en la
que se propone la adición de una disposición adicional nueva, cuya
redacción quedaría de la manera siguiente: disposición adicional novena,
desarrollo de un plan de ayuda a las pymes y microempresas para la
implementación del trabajo a distancia. En el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la presente ley el Gobierno de España y los agentes
sociales elaborarán un plan específico de ayuda a las pymes y
microempresas para la implementación efectiva del trabajo a distancia.
Este plan responderá a las inquietudes y problemas que pueda generar la
implementación del trabajo a instancia en las pymes y microempresas y
recogerá medidas de acompañamiento para este tipo de empresas.

La enmienda número 25 es una enmienda de
adición, se trata de una mejora legislativa donde la obligación prevista
para el apartado segundo de la disposición transitoria primera debe
exceptuarse en los supuestos regulados de la disposición tercera, que se
refiere al trabajo a distancia, implantado excepcionalmente en aplicación
del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, como
consecuencia de las medidas de contención sanitarias derivadas del
COVID-19. En estos casos la disposición transitoria tercera dispone que
se aplicará la normativa laboral ordinaria.

La enmienda número 26 es de modificación y es
también una mejora técnica legislativa; es necesario precisar que la
norma laboral ordinaria a la que se remite la disposición transitoria
tercera es aquella, según la redacción, a la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 28/2020. De lo contrario, la remisión puede generar
inseguridad jurídica. Así sucede, por ejemplo, con el artículo 13 del
Estatuto de los Trabajadores, relativo al trabajo a distancia, que en su
redacción vigente se remite al Decreto Ley 28/2020.

La enmienda número 27, también de modificación,
pretende garantizar que el ingreso mínimo se configure como un mecanismo
de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad que acrediten
arraigo en España. Con este fin se introduce la referencia expresa a las
personas con nacionalidad española. Del mismo modo, también cabe predicar
el arraigo en aquellas personas que, no teniendo la nacionalidad
española, acrediten residencia legal y efectiva en España durante al
menos los últimos cinco años previos a la solicitud. El plazo de un año
de residencia legal y efectiva en España previsto en la redacción
original se presenta como claramente insuficiente, toda vez que
actualmente es posible regularizar la situación de una persona, incluso
aquellos que hayan entrado en España de manera ilegal, por un periodo
corto de tiempo, mediante trámites y procedimientos expeditos.

En la enmienda número 28, también de
modificación, se propone la modificación del apartado cuarto de la
disposición final undécima, cuya redacción quedaría de la manera
siguiente: Disposición final undécima. Modificación del Real Decreto
Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo
vital.

Cuatro. Se modifica el artículo 23, que pasa a
tener la siguiente redacción: Artículo 33. Obligaciones de personas
beneficiarias. Primero. Las personas titulares del ingreso mínimo vital
estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las
siguientes obligaciones: a) proporcionar la documentación e información
que precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la
conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de
notificaciones y comunicaciones; b) comunicar cualquier cambio o
situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción
de la prestación en el plazo de treinta días naturales desde que estos se
produzcan; c) comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en
el padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o
cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia en el
plazo de treinta días naturales desde que se produzcan; d) reintegrar el
importe de las prestaciones indebidamente percibidas; e) comunicar a la
entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto
del titular como de los miembros de la unidad de convivencia por un
periodo continuado no superior a noventa días naturales durante cada año
natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio
español, de conformidad con lo previsto en el último párrafo al
artículo 7.1.

Si no están trabajando y son personas mayores
de edad o menores emancipados deben acreditar dentro de los dos meses
siguientes la notificación de la resolución por la que se concede la
prestación que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo los
siguientes supuestos: Primero, estar cursando estudios reglados y ser
menor de 28 años. En su caso, el plazo de dos meses para acreditar la
inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha en la que
el beneficiario cumpla 28 años. Segundo, tener suscrito el convenio
especial regulado en el Real Decreto 615/2017, de 11 de mayo, por el que
se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en
situación de dependencia. Tercero, estar percibiendo una pensión
contributiva de incapacidad permanente de grado absoluta o gran
invalidez, una pensión de invalidez no contributiva, una pensión de
jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años. Cuarto, estar
afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %.
Quinto, y último, tener reconocida una situación de dependencia, conforme
a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 29 a 56 de los
senadores Muñoz Lagares y Sánchez López y la senadora Ponce Gallardo, del
Grupo Parlamentario Democrático, originariamente presentadas por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

El presente proyecto de ley de trabajo a
distancia nace con el objeto de establecer los derechos y garantías de
los trabajadores que acceden a esta modalidad de trabajo. El Grupo
Ciudadanos ha presentado a este proyecto de ley un total de veintisiete
enmiendas. Entendemos que adolece, según nuestro criterio, de
determinadas ausencias e indeterminaciones, que con las presentes
enmiendas queremos solucionar o enmendar. Algunas de las enmiendas más
destacadas que podemos mencionar son, por ejemplo, la enmienda número 30
para dar seguridad y flexibilidad para la implantación del teletrabajo,
para conciliar la vida familiar y laboral y para que suponga un derecho
del trabajador y no un pacto voluntario.

En la enmienda 33, de adición, buscamos
simplificar el procedimiento de adopción de acuerdos mediante acuerdos
estandarizados.

La enmienda 38, de modificación, incorpora la
bajada del IVA ante la obligatoriedad del uso de las mascarillas FP1 y
FP2.

Pretendemos también, a través de la enmienda
número 41, de adición, garantizar la continuidad de la formación
profesional, modificando la disposición adicional undécima e integrando a
todo el profesorado de FP en el mismo cuerpo.

A través de la enmienda 48, de adición,
queremos establecer un banco de horas para facilitar el control horario,
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador.

La enmienda 50, de adicción, pretende permitir
convertir parte de sus días de vacaciones en horas de asuntos
particulares para dar mayor flexibilidad también al trabajador.

Con la enmienda 55, de adición, queremos
aclarar que los medios, equipos y herramientas aportados por la empresa
no se pueden considerar retribuciones en especie, con el fin de que los
trabajadores no estén obligados a tributar por ellos.

La enmienda 56 es una disposición final nueva
que queremos incorporar, más que nada para permitir que se puedan acoger
al régimen fiscal especial los trabajadores desplazados que puedan fijar
su residencia efectiva en nuestro país. Además de ser un incentivo
fiscal, se ve complementado con el nuevo visado y autorización de
residencia para los trabajadores extranjeros. Creo que es una enmienda
muy interesante para tener en cuenta, porque podemos hacer de nuestro
país un punto de atracción para todos los teletrabajadores extranjeros
que puedan fijar aquí su residencia para trabajar. Como podrán observar,
se trata de enmiendas que complementan, que mejoran la presente ley, en
beneficio de todos los trabajadores que se unen a esta modalidad de
trabajo a distancia. Esperamos que estas enmiendas tengan su aceptación y
su voto favorable.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 12, tiene
la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Es una ley razonable, necesaria para regular la
nueva realidad, que seguramente tocará ir adaptando a medida que
avancemos tecnológicamente. Hemos presentado una pequeña aportación, que
entendemos que mejora el texto, concretamente su artículo 16, cuando
habla de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad
preventiva. La ley viene a decir que la empresa deberá obtener toda la
información acerca de los riesgos a los cuales está expuesta la persona
que trabaja a distancia, mediante una metodología que ofrezca confianza
respecto de sus resultados y prever las medidas de protección que
resulten más adecuadas en cada caso. Cuando la obtención de dicha
información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en
materia preventiva al lugar en el que se desarrolla el trabajo a
distancia, deberá emitirse un informe escrito que justifique dicho
extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y
delegados de prevención. En el caso de que la referida visita requiriera
permiso de la persona trabajadora al tratarse de su domicilio o del de
una tercera persona física, de no concederse dicho permiso, el desarrollo
de la actividad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse con
base en la determinación de los riesgos que derive de la información
recabada por la persona trabajadora según las instrucciones del servicio
de prevención. Al final, si no se analiza por parte de la empresa la
situación en la cual está el lugar de trabajo, vale con la simple
información que aporte la persona trabajadora.

Este es un problema que nos ha comentado, por
ejemplo, el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, que
cuenta cómo hace la Administración para poder inspeccionar las
condiciones físicas y de salud en los puestos de trabajo. En una empresa
particular se entra llamando a la puerta y ya está, pero al ser un
domicilio particular, el TC ya ha dicho muchas veces que una inspección
no puede entrar sin orden judicial. Lo que prevé la ley es entrar a
estudiar la ergonomía de la silla con permiso de la propiedad; si no hay
permiso, hacer un informe según lo que diga la persona trabajadora. Es un
riesgo que no sé hasta qué punto se puede asumir, porque si alguien
quiere trabajar en casa dirá que tiene una silla maravillosa, la luz
adecuada o un espacio tranquilo, y puede ser que acabe haciendo su
trabajo ocho horas al día con un portátil en las rodillas y en el sofá.
Después, cuando esté fastidiado de la espalda, todo serán problemas. Por
eso, proponemos que, si el trabajador se niega a la evaluación, la
empresa, en defensa del bienestar laboral de la persona trabajadora,
podría revocar unilateralmente el acuerdo del trabajo remoto. Esa es
nuestra pequeña aportación. (Rumores).

Es muy difícil defender algo desde aquí cuando
nadie está haciendo caso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, para
la defensa de las enmiendas 57 a 60, tiene la palabra el senador
Cervera.

El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.

Damos por defendidas las enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cervera
Pinart.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, las enmiendas 1, 2 y 4 a 11.

Tiene la palabra el senador Caminal Cerdà.

El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias,
presidenta.

Vamos a dar las enmiendas por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, para la defensa de las enmiendas 61 a 79 y 81 a 89, tiene la
palabra el senador Márquez Sánchez.

El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias.

Señorías, traemos a este Pleno el proyecto de
ley de trabajo a distancia, que no es sino la convalidación del Real
Decreto Ley 28/20020, de 22 de septiembre. En primer lugar, tengo que
criticar que se haya tramitado por vía de urgencia, porque no se
justifica la urgencia de este proyecto de ley; se podría haber
justificado en su día la urgencia del real decreto cuando se hizo como
consecuencia de la pandemia, pero realmente tramitar este proyecto de ley
por vía de urgencia lo único que supone es coartar los derechos de todos
los que formamos las Cortes Generales. Sinceramente, esta ley no es para
nada susceptible de una tramitación por urgencia, pero habría ayudado a
que todos los partidos políticos hubiéramos aportado mayores iniciativas
para mejorar la presente ley.

Tenemos que decir que este proyecto de ley ha
surgido como consecuencia directa de la expansión del coronavirus
—olvidar esto sería un error— y además parte de un real
decreto. La exposición de motivos del Real Decreto Ley 28/2020, que este
proyecto de ley convalida, se remitía al Acuerdo marco europeo sobre
teletrabajo, que significaba, por una parte, modernizar la organización
del trabajo para la empresa y organización de los servicios públicos y,
por otra parte, como saben, el uso de fórmulas eficaces de incremento de
la productividad.

Esta ley no supone más que el desarrollo del
artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que, como todos ustedes
saben, fue consecuencia de la aprobación de la reforma laboral del
Partido Popular. El Gobierno siempre está diciendo que lo va a derogar,
sin embargo, con esta ley lo que hace es desarrollar precisamente el
artículo 13 de la reforma laboral del Partido Popular. A mí todavía me
resuenan las palabras de la ministra Yolanda Díaz cuando decía que iba a
derogar la reforma de la ley y la señora Calviño miraba al cielo
suspirando. En la exposición de motivos del proyecto de ley que se
presenta aquí, en el apartado primero, pueden ver ustedes que lo que hace
—y se dice expresamente— es desarrollar el artículo 13 de la
reforma laboral que presentó el Partido Popular. Parece que a la hora de
legislar no se les ocurre otra cosa que no haya hecho antes nuestro
partido. El Gobierno que más veces ha utilizado la reforma laboral del
Partido Popular es, sin duda, el Gobierno del Partido Socialista y de
Unidas Podemos.

Señorías, como decía William Edwards Deming,
sin datos solo era una persona con una opinión. Los datos del teletrabajo
desde la promulgación del real decreto son claros. A los señores del
Grupo Socialista les voy a dar dos fuentes que les va a gustar: la UGT y
el CIS de Tezanos. Desde que rige el Real Decreto 28/2020, el 62,5 % de
las personas que trabajan a distancia no tienen equipos de la empresa,
sino que trabajan con equipos propios. Esto vamos a seguir alimentándolo
con el proyecto de ley. Desde que está vigente el Real Decreto 28/2020,
según la UGT, los trabajadores no tienen soporte técnico de apoyo al
teletrabajo ni el registro obligatorio de la jornada. El 63,4 % de los
empleados trabajan más horas de las contratadas; además, el 80 % paga su
propia conexión a internet, que sube hasta el 91 % —según la UGT y
el CIS de Tezanos— en el caso del personal administrativo.
Asimismo, desde que está vigente el real decreto que estamos intentando
convalidar, según los datos de la negociación colectiva del año 2020, el
año pasado se ha multiplicado por tres el volumen de trabajo por
obligación —que no se rige por aquí porque no hay
voluntariedad—, pero el número de trabajadoras y trabajadores
amparados por un convenio que regule esta modalidad ha descendido un 2 %
respecto a 2019. En definitiva, en la actualidad, y desde la promulgación
del real decreto, solamente están bajo convenios colectivos que regulen
el teletrabajo 143 432 personas de 16,2 millones de trabajadores que
existen. Es más, desde que está vigente el real decreto que queremos
convalidar, en materia de desconexión digital en el 2020 solamente se han
aprobado 20 convenios, que es ridículo.

En resumen, esta ley o real decreto que se está
intentando convalidar no está aportando dinamismo a la transformación
digital de la empresa. Lo que se ha hecho es una ley que es una medida
sanitaria frente a la pandemia, que sustituye el presencialismo físico
por el presencialismo online. Las metodologías Agile, la flexibilidad, la
seguridad y la productividad ni están ni se esperan. Por tanto, es
razonable que el Grupo Popular haya presentado veintinueve enmiendas para
mejorar este texto, a las que hay que sumar, obviamente, las que hayan
presentado otros grupos políticos.

Queremos que en el artículo 2 se haga una
definición de equipos y de herramientas porque, repito, desde la
promulgación del real decreto, el 62,5 % de trabajadores los están
poniendo ellos. Por tanto, esas cuestiones deben quedar especificadas en
este texto.

En el artículo 3, las limitaciones que se están
produciendo en los pactos, a la ley, al Estatuto de los Trabajadores y a
los convenios colectivos deben quedar claras, que no lo están. También es
importante que las empresas tengan una relación de puestos de trabajo,
porque no todos los puestos de trabajo son susceptibles de ser trabajados
a distancia; por tanto, los trabajadores también tienen derecho a saberlo
y eso no se hace en la ley. Por eso, presentamos una enmienda al
artículo 6, párrafo segundo, del texto que se presenta en el Senado.

Al artículo 7, apartado c) también presentamos
una enmienda, porque nos llama la atención que el Gobierno hable de
disponibilidad, pero no establezca el plus de disponibilidad —la
disponibilidad, obviamente, no es gratuita— y que no lo separe del
derecho de desconexión. Vuelvo a decir que, según la UGT, en 2020 se han
tratado 20 convenios sobre la desconexión; es decir, es un tema que está
absolutamente olvidado en la negociación colectiva.

La reversibilidad ha sido ya muy criticada por
los juristas laborales porque se reconoce el derecho, pero no se dice
cuándo se puede realmente aplicar. En la regulación, por cuestiones
específicas en el acuerdo de trabajo a distancia, y sobre todo en
determinadas materias, como el momento de la firma del contrato, si se
hace en la firma o durante la vigencia del contrato, la reversibilidad
del acuerdo, la voluntariedad, todos esos conceptos se han copiado
prácticamente y se ha continuado la misma metodología que se siguió en su
día en la regulación del trabajo a tiempo parcial en nuestro país. Esto
lo hizo el Partido Popular y fue muy criticado por la izquierda, en
concreto por la jefa de gabinete de doña Yolanda Díaz en un artículo que
publicó. Pues ahora que toca legislar, ha hecho lo mismo.

A los artículos 21 y 22 hemos presentado otra
enmienda sobre el carácter general del teletrabajo y trabajo a distancia.
En la presente ley no se inventa nada, sencillamente lo que se hace es
aplicar a los trabajadores a distancia lo mismo que existe ya en el
Estatuto de los Trabajadores. Señorías, para este viaje no hacen falta
estas alforjas.

En la disposición adicional tercera, sobre el
domicilio a efectos a considerar por la autoridad laboral, la ley que se
presenta, a nuestro juicio, tiene importantes carencias. Señores del
Grupo Socialista, si ustedes y yo hacemos una empresa conjunta y
contratamos para un trabajo a distancia a un español que esté trabajando
en París, ¿cuál es el inspector de trabajo que le corresponde? ¿Cuál es
la autoridad laboral? ¿Lo sabemos o no? Esta ley parte de que todo el
mundo trabaja en España, pero eso tampoco se da en la realidad. ¿Le van a
decir ustedes a un inspector de trabajo de España que inspeccione a un
señor que está trabajando en su casa en París, por ejemplo, o donde
ustedes quieran, o se lo vamos a decir al de allí? ¿La aplicación de la
ley cuál es, la de aquel país o la que nosotros hemos pactado? Señorías,
esa laguna existe en esta ley, y esta cuestión, en empresas de
transformación digital se da día a día porque así funciona el
talento.

Señores, hemos presentado una enmienda a la
disposición adicional sexta para ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a que puedan implantar el trabajo a distancia, que se debe
establecer en un tiempo de seis meses; se tiene que ayudar a la
gente.

Por otra parte, creemos que son importantes
varias disposiciones, una es la adicional novena, en la que planteamos
que es fundamental que se garantice por ley, insisto, por ley, y reitero,
por ley la cobertura y la digitalización en el ámbito rural. Me parece
muy bien que haya planes públicos —son importantes— e
inversiones privadas, pero si no se garantiza por ley que todas las
personas que viven en los ámbitos rurales tienen los mismos derechos que
las personas que viven en las ciudades, al final solo son promesas. La
enmienda que hemos presentado a la disposición adicional novena es una
oportunidad para que sea un derecho para todas y todos los
españoles.

Proponemos también que se añada una nueva
disposición adicional décima relativa al plan Me cuida. Proponemos que un
plan positivo, un plan especialmente de apoyo a las mujeres y a los
hombres que tienen personas dependientes como consecuencia del
coronavirus —porque no solo es el mero hecho de pasar el
coronavirus, sino las secuelas que desgraciadamente tiene en determinadas
personas— se amplíe hasta final de año. No creo que se pida
demasiado. Creemos que es una medida social que ayuda a muchísima gente y
tiene que ser atendida por las Cortes Generales.

En conclusión, y termino, señorías, el trabajo
a distancia en España, antes del coronavirus, antes de la pandemia, era
sencillamente un fracaso sin paliativos porque en España tenemos una
cultura laboral que pivota sobre el presencialismo. Cuando pase el
distanciamiento social, que deseamos que sea pronto; cuando los efectos
del coronavirus y de esta pandemia pasen, veremos qué ocurre realmente en
el ámbito del mercado laboral, si la gente va a seguir teletrabajando,
por decirlo de alguna manera, o va a volver a la empresa, que todavía
está por ver. Los resultados del trabajo a distancia que se están viendo,
salvo la gente que tiene que teletrabajar por obligación, reflejan que no
hay mucho convencimiento en este sentido. La ley no está para cambiar
mentalidades, pero esta lo que hace es sencillamente apostar por un
presencialismo online frente a un presencialismo físico. Realmente, esa
visión no aporta nada a la economía española.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, en lo
que respecta a la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 80 y también en turno en contra, tiene
la palabra la señora Abascal Jiménez por tiempo de quince minutos.

La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Gracias. Buenos
días, señora presidenta.

En primer lugar, voy a explicar el voto
particular que nuestro grupo ha presentado al proyecto de ley de trabajo
a distancia, con el que se pretende que se apruebe y sea devuelto al
Congreso con el texto original que vino de la Cámara Baja. En la comisión
se aprobó la enmienda número 80, del Grupo Popular, que hace referencia
al plan Me cuida, y con este voto particular pedimos que no se incluya el
texto y que quede como vino del Congreso. La explicación es que la
solicitud de prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real
Decreto 2020, relativa al plan Me cuida, hasta el 31 de enero del 2021 ha
sido superada ya por el Real Decreto 11/2021, que promulgó su vigencia
hasta el 30 de septiembre de este año, derogando tácitamente la previsión
del Real Decreto 2020. Por lo tanto, no tiene sentido que se presente una
enmienda que se refiere a un real decreto que ya no está en vigor. El
real decreto que está en vigor y que contempla la ampliación del plan Me
cuida es el del 2021.

Si ahora mismo nosotros aceptáramos la enmienda
que se aprobó en la comisión, se pondría en peligro el plan Me cuida.
¿Por qué? Porque habla de un real decreto que no existe. Ahora mismo hay
un real decreto, el de 2021, que es el que está en vigor, que dice que
está prorrogado hasta septiembre de este año. El Grupo Popular solicitaba
que se ampliara hasta diciembre. El plan Me cuida viene gestionado única
y exclusivamente por reales decretos, y hay un compromiso tanto del
Gobierno como de la Mesa de diálogo social de analizar y revisar dicho
decreto. Por lo tanto, este plan, que ayuda a personas que, por
circunstancias especiales, tienen que hacer frente a los cuidados
derivados de la pandemia, de momento se mantiene hasta el 30 de
septiembre. Después, si es efectivo y necesario, se volverá a aprobar un
real decreto ampliándolo hasta lo que acuerde la Mesa de diálogo social.
Por lo tanto, nosotros presentamos en esta Cámara este voto particular
para que el texto vuelva tal y como vino del Congreso; o sea, que no sea
necesario que regrese al Congreso para una nueva votación. Esto en cuanto
al voto particular, que espero haberlo explicado. La enmienda presentada
por el Grupo Popular es un poco incongruente, porque hacer referencia a
un real decreto que ya no existe, la verdad es que no es muy lógico, y
más en un plan que, como se sabe, ha ido evolucionando y adaptándose a
las circunstancias. Esto en cuanto al voto particular.

A continuación, voy a explicar el voto en
contra a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos.

Hace dieciséis meses nuestra vida cambió por
completo, cambió de una manera radical. Sabíamos que había un virus que
estaba causando mucho daño en países como China y que se iba aproximando
en nuestro país. Al principio pensamos que se podría controlar. De hecho,
la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no declaró la pandemia hasta
que ya estaba en Europa y en Estados Unidos. En ese momento, nuestro
presidente, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros tomaron una dura
decisión: debíamos quedarnos en casa. El impacto fue terrible. Nos
sentimos frágiles y nuestras vidas cambiaron de forma radical. Solo los
trabajos considerados indispensables se podían llevar a cabo y, de la
noche a la mañana, las empresas tuvieron que cerrar y las personas
trabajadoras no sabían qué iba a pasar con sus trabajos. Pero si hay algo
que hemos aprendido de esta pandemia es la capacidad de adaptación de
nuestra sociedad, todo un ejemplo de resiliencia. Aprendimos de un
momento terrible que podíamos seguir con nuestros trabajos e intentamos
adaptarnos a la situación.

Gracias a las medidas adoptadas por el
Gobierno, las empresas no tuvieron que despedir a los trabajadores. Los
ERTE siguen hoy en día. Yo provengo de una comunidad, las Islas Baleares,
y los ERTE en las Islas Baleares han sido una tabla de salvación para los
fijos discontinuos. La situación ha sido muy dura, pero si no los
hubiéramos tenido, hubiera sido dramática; de ahí la importancia de esta
figura. Se pudo adaptar el trabajo a un sistema que, aunque estaba en
cierto modo regulado, nunca se había puesto en marcha. El trabajo a
distancia o teletrabajo se implantó en nuestras vidas, lo mismo que las
reuniones a distancia.

El Gobierno comprendió que era necesaria una
regulación que protegiera a las personas trabajadoras tanto en cuanto a
los medios como en cuanto a las condiciones. Creo que el portavoz del
Grupo Popular no es consciente de lo que significa esta ley. Esta ley
habla estrictamente de la relación que deben tener la empresa y el
trabajador o trabajadora a distancia. ¿Por qué? Porque es la forma que
tiene de poder diseñar las condiciones laborales. Y gracias de nuevo el
diálogo social —esto es muy importante—, que caracteriza los
acuerdos adoptados en materia laboral, hoy debatimos esta ley, que viene
para quedarse y que permite a muchas personas adaptar su jornada laboral;
e incluso es una oportunidad para las zonas más despobladas de nuestro
territorio. Hay muchas personas que prefieren vivir en los pueblos. Vivir
en el campo o en un pueblo pequeño se ha convertido en una opción que
antes nunca se hubiera planteado. Hace unos días en un reportaje
televisivo se trataba este tema. Entrevistaban a personas que habían
solicitado teletrabajar y lo hacían desde sus ciudades o pueblos, lo que
les permitía compaginar su trabajo con la cercanía de sus familiares. Si
algo hemos aprendido es ver lo positivo de esta situación, y esta ley es
muy positiva. Como he comentado antes, viene con el acuerdo de la Mesa
del diálogo social y, como todo acuerdo, se ha tenido que renunciar a
propuestas que podían ser buenas pero que no contaban con la unanimidad.
Por eso, esta ley debe salir con el voto mayoritario de esta Cámara y
pedimos que se apruebe tal y como vino del Congreso, porque así se podrá
aplicar de manera inmediata dando garantía a las personas trabajadoras y
a las empresas.

Se han presentado ochenta y nueve enmiendas, de
las cuales catorce son nuevas y setenta y cinco vienen del Congreso. En
el Congreso se incorporaron siete de Ciudadanos y una de Esquerra
Republicana. En la comisión se incorporó una enmienda técnica por parte
del letrado y el resto menos dos fueron rechazadas. La número 3, de
Esquerra Republicana, aunque se votó a favor no se ha incorporado al
dictamen porque ya venía incluida en el texto del Congreso, por tanto,
solo una enmienda, la número 80 se aceptó, pero, como he explicado en la
defensa del voto particular, entendemos que se debe rechazar, ya que la
prórroga del plan Me cuida está contemplada.

Como he comentado, este proyecto de ley nace
del consenso de la Mesa de diálogo social y, por ello, el margen para
aceptar enmiendas es muy pequeño. Esta situación no devalúa en absoluto
el papel de esta Cámara, tan solo supone poner en valor los acuerdos
resultado de dicho diálogo social, cuya relevancia constitucional también
se encuentra fundamentada en los artículos 7 y 37 de la Carta Magna. En
ese sentido, hay que mencionar que la propia Constitución reconoce la
competencia reguladora, siempre en el marco de la ley, de los
representantes de los trabajadores y trabajadoras y el empresario, así
como la eficacia vinculada al resultado.

El Grupo Mixto ha presentado veintinueve
enmiendas. No hemos aceptado ninguna porque suponen un planteamiento muy
diferente al espíritu de la ley.

En cuanto a las veintiocho enmiendas de
Ciudadanos, quiero decir a su portavoz que no han entendido el objetivo
de esta ley. Se trata de regular la relación entre la persona trabajadora
y la empresa y de acordar las condiciones del teletrabajo, y ustedes
plantean una serie de enmiendas en relación con la conciliación familiar.
Estas enmiendas entran en contradicción con uno de los criterios
adoptados de manera clara y tajante por los interlocutores sociales en la
negociación, que se oponen a que se considere el trabajo a distancia como
un instrumento para la conciliación. No tiene nada que ver el teletrabajo
con la conciliación. Al contrario, al trabajo a distancia se le aplican
de manera indistinta todas las reglas relativas al tiempo de trabajo, a
los permisos o a la conciliación. Desde luego, su concepto de
conciliación dista mucho del nuestro. Ya está bien de que, por trabajar
en casa, tengamos que aprovechar para conciliar; así no se avanza.

El Grupo Nacionalista ha presentado cuatro
enmiendas, en concreto el senador Clavijo. Una de ellas es copia literal
de otra de Ciudadanos que se refiere a la formación profesional. Como
sabrá su señoría, se ha presentado la nueva ley de formación profesional,
una apuesta decidida por esta modalidad educativa tan necesaria en
nuestra sociedad. Es en esta ley donde se deben desarrollar todos los
aspectos que mejoren lo que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, no
ha lugar a aceptar esta enmienda, así como tampoco las otras que han
presentado. Es verdad que la ley contempla una disposición adicional
relativa a la habilitación temporal de las administraciones educativas
para la selección del personal en los cuerpos de profesores técnicos de
formación profesional, así como para el nombramiento de personal interino
en este cuerpo, un motivo más para aprobar hoy aquí la ley sin
incorporaciones, pues de lo contrario, no se podría habilitar al
profesorado antes de que comience el curso.

El Grupo Izquierda Confederal ha presentado una
enmienda referida al apartado de prevención de riesgos laborales. No la
podemos aceptar, ya que va en contra de lo que la ley plantea: acuerdo y
acuerdo. Usted plantea que, en caso de que el trabajador o trabajadora no
acepte que el departamento de riesgos laborales compruebe el lugar del
trabajo en su domicilio, se le impida teletrabajar. Se trata precisamente
de lo contrario: si la persona decide que ella no quiere que entre nadie
en su domicilio, que con lo que ella informe sea suficiente para poder
hacer un estudio del puesto de trabajo. Entendemos que ha de prevalecer
el entendimiento y, desde luego, esta ley siempre insiste en que es un
acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa.

En cuanto a las once enmiendas del Grupo
Esquerra Republicana, ya he comentado que la número 3 se incluyó en el
Congreso y el resto entendemos que no mejoran el texto de la ley. Alguna
incorpora novedades sustantivas cuya incorporación supondría la ruptura
del equilibrio obtenido en el diálogo social. Por eso no podemos
incorporarlas.

El Grupo Popular ha presentado veintinueve
enmiendas. Nuestro grupo las rechazó, pero en comisión se aprobó una,
como he explicado antes, y por eso hemos presentado el voto particular.
Como he defendido en el voto particular, no se puede admitir porque pone
en riesgo el plan Me cuida, cuya prórroga está asegurada hasta el 30 de
septiembre. El resto de las enmiendas no se han aceptado por los motivos
expuestos. Hemos de mantener lo acordado en el seno del diálogo
social.

Comenzaba mi intervención explicando lo difícil
que han sido estos meses desde que el virus se instaló en nuestras vidas,
pero hemos contado con un Gobierno fuerte y cohesionado que ha sabido dar
respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Nuestra sociedad ha
respondido a esta dura situación dando lo mejor de sí misma:






ha
trabajado, se ha quedado en casa. Las niñas y niños nos han demostrado
cómo mantener la alegría y se han adaptado a todo lo que se les ha dicho.
Ayer finalizó el curso escolar y nos han demostrado cómo compaginar la
educación y la prevención. Hace unos días nuestro presidente hizo un
reconocido homenaje a la comunidad educativa, homenaje merecido también
al personal sanitario, que nos ha enseñado la importancia de una sanidad
pública. Nadie se ha quedado atrás y hoy podemos decir que estamos,
gracias a la vacunación, más cerca de recuperar la normalidad. De
momento, el próximo sábado podremos pasear sin mascarilla y eso se
agradece.

El poeta griego Horacio dijo: «La adversidad
tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran
permanecido dormidos». La pandemia es una adversidad; esta ley es una
oportunidad que viene para quedarse.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Estaríamos en condiciones de pasar al turno de
portavoces? (Pausa).

No intervendrá el Grupo Parlamentario
Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Este proyecto de ley es más necesario que
nunca. La actividad laboral en estos años ha evolucionado hacia un
formato de no presencialidad en detrimento del trabajo presencial
tradicional, con notables ventajas: de optimización de los tiempos de
trabajo y de descanso; mejor conciliación de la vida laboral y familiar;
reducción de costes en los desplazamientos, con la consiguiente
disminución en la huella de carbono; mejora la productividad de las
empresas españolas; reduce los costes en las oficinas; hace de nuestro
país un destino preferente para los teletrabajadores de todo el mundo; es
una oportunidad para descongestionar nuestras ciudades haciéndolas más
amables a los ciudadanos y abriéndose a aquellos territorios con mayor
despoblación.

La crisis sanitaria provocada por la presente
pandemia de COVID-19 ha obligado a gran parte de la sociedad a adaptarse
y acelerar la transición y digitalización tanto del sector laboral como
del educativo.

Las enmiendas de Ciudadanos a esta ley reflejan
una nueva forma de ver las relaciones laborales en un entorno cambiante
en el que nuestro mercado laboral ha cambiado completamente. La
potencialidad del trabajo a distancia debe ser un mecanismo que aporte
flexibilidad, que reduzca en la medida de lo posible la cultura de la
presencialidad como única forma de trabajo y que sirva de herramienta
para romper la brecha de género en el mundo laboral, en el que las
mujeres son las que en mayor medida solicitan la reducción de la jornada
e incluso llegan a abandonar el mercado laboral por no poder adaptarlo a
su ámbito laboral y familiar.

Esta ley debería ser el primer paso para la
modernización íntegra de nuestro modelo de trabajo, un modelo en el que
la flexibilidad no sea sinónimo de precariedad y en el que las nuevas
tecnologías encuentren un encaje óptimo para generar trabajo de calidad,
mientras se incentivan la actividad económica y la innovación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
interviene el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia, senyories.

Coincido con lo expuesto por algunos oradores
en el turno de enmiendas: que la pandemia generada por la COVID-19 ha
traído cambios de calado a nuestras vidas y que algunos han venido para
quedarse, y la forma en la que en muchos casos se presta el trabajo es
uno de ellos.

Es cierto que antes de la pandemia ya se estaba
produciendo, en algunos sectores más que en otros, un paulatino
acercamiento al teletrabajo, pero es con el confinamiento obligatorio
cuando llegó un cambio radical y se aceleró y generalizó como nunca la
implantación del teletrabajo. Resulta evidente que esta situación supera
cualquier marco de regulación anterior en lo que se refiere al trabajo a
distancia, por lo que la ley que hoy debatimos es, sin duda, una
necesidad imperativa para responder al reto de la implantación continuada
de esta nueva forma de organización del trabajo y la actividad
laboral.

Por tanto, Junts per Catalunya apoyaremos el
proyecto de ley, no sin reticencias, más por las formas que por el fondo,
y cuando me refiero a las formas hago referencia a cómo, una vez más, se
ha tramitado este proyecto en esta Cámara, como ya viene siendo
reiterativo, que es con urgencia, con plazos cortísimos, y, en este caso
saltándose pasos —me refiero a la no ponencia—, una suma de
hechos que, sin duda, imposibilita el debate exhaustivo y sereno del
articulado y que nos lleva a situaciones como la de hoy, en la que el
Grupo Socialista ha tenido que presentar una enmienda para volver al
texto que nos había sido remitido por el Congreso. En este sentido,
también debo decir que después de las explicaciones, también de urgencia,
que ayer por la tarde nos dio la senadora Abascal, podemos entender las
razones expuestas por los socialistas e incluso compartirlas en parte.
Este hecho nos sirve para insistir y reiterar que si los tiempos hubieran
sido otros, esta situación se hubiera podido evitar, porque hubiéramos
podido tratar el tema previamente a la celebración de la comisión.

Y termino refiriéndome a nuestra otra
reticencia, que tiene que ver con el hecho de que una ley con esta
trascendencia se convierta en una ley ómnibus y se utilice para modificar
diversas leyes que poco tienen que ver con el trabajo a distancia. En
Junts per Catalunya no creemos que esta sea la mejor manera de
legislar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidenta.

Estando en pleno año 2021, con el trabajo a
distancia como parte de la realidad de millones de personas, sobre todo a
raíz de la irrupción de la pandemia, hubiese sido, señorías, una
irresponsabilidad no articular su regulación. Y ese es el objetivo de
este proyecto de ley, que compartimos casi en su totalidad, porque adapta
la legislación a nuevas realidades del mercado laboral y porque además
llega a esta casa con los deberes hechos después de haber sido el
resultado de un pacto consensuado entre los sindicatos y las patronales
empresariales. A partir de ahora, los trabajadores y trabajadoras en
nuestro país podrán pactar de manera voluntaria con los empresarios la
prestación del trabajo a distancia, ya sea realizado en su vivienda o en
cualquier otro lugar que reúna las condiciones para ellos y para ellas.
Este acuerdo deberá ser ratificado por escrito en un documento en el que
se especifiquen todos los detalles relativos a la compensación de gastos
y a la dotación de los medios necesarios para el ejercicio de su
actividad. La desconexión digital, la formación, la prevención de riesgos
laborales y otros derechos laborales quedan recogidos en este proyecto de
ley, que, sin duda, es un buen punto de partida para regular el
teletrabajo en un país como este, España, que se sitúa muy lejos de la
media europea y que cuenta con un recorrido muy limitado en la ordenación
y la regulación del trabajo a distancia. Y digo que es un buen punto de
partida, pero no es la resolución definitiva, porque el blindaje de los
derechos laborales quedará siempre en manos de la voluntad del empresario
de turno, una realidad que, obviamente, también se plantea en el trabajo
presencial. Aun así, era importante que quedaran reflejados en el Boletín
Oficial del Estado estas obligaciones y derechos para garantizar la
necesaria protección laboral ante la arbitrariedad y las conductas que
impiden la desconexión de los trabajadores y trabajadoras o que estos y
estas se vean obligados a realizar su actividad sin las condiciones
mínimas necesarias. Son cuestiones fundamentales que deben ir acompañada
de otras medidas paralelas para garantizar estas cuestiones básicas que
aún no se cumplen.

Como senador canario por la isla de La Gomera,
me preocupa también que muchos trabajadores y trabajadoras de mi tierra
no puedan acceder al teletrabajo porque no cuenten con la cobertura
necesaria de internet en sus domicilios. Este asunto lo hemos debatido
muchas veces en esta Cámara como una de las medidas importantes e
imprescindibles para reducir la brecha existente entre la España urbana y
la España vaciada. En el caso de Canarias, esta brecha se plantea entre
las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y las islas que nosotros
conocemos como islas verdes: La Gomera, El Hierro y La Palma.

Así que, insisto, señorías, para terminar,
felicitamos el trabajo realizado por el Gobierno y el consenso con los
sindicatos y con los empresarios para regular una realidad que ha llegado
para quedarse. Es, eso sí, solo el inicio de un recorrido que tendremos
que analizar con lupa para garantizar que se cumplan los derechos hasta
ahora conseguidos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea. Egun on guztioi.

Este proyecto de ley es uno más de los que se
tramitan por vía de urgencia y sin ponencia. El día que llegue —si
llega algún día— uno por vía ordinaria, no sé si vamos a saber qué
tenemos que hacer con tanto tiempo.

Pero bueno, a lo que vamos. El trabajo a
distancia tenía una presencia discreta antes de la pandemia, pero desde
que esta empezó, se ha incrementado su uso y está claro que ha llegado
para quedarse. Yo creo que no hay duda de los beneficios que puede tener,
pero no es menos cierto que también comporta amenazas y riesgos, y creo
que esta es una de las razones por la que su regulación es necesaria y
también esta ley.

Es importante en esta ley lo que hace
referencia a la igualdad de trato y oportunidades; su carácter voluntario
y reversible; contemplar el derecho, por supuesto, a la formación y a la
promoción profesional; la obligación de la empresa de dotar y mantener
los medios necesarios y de compensar o pagar los gastos que pueda suponer
para el trabajador o trabajadora. Son importantes también la
flexibilidad, el registro horario, el derecho a la desconexión digital,
el derecho a la intimidad, asegurar los derechos colectivos y la
prevención y evaluación de los riesgos laborales. Son todo cuestiones
fundamentales que están presentes en este texto.

Pero no podemos caer en la tentación de pensar
que el trabajo a distancia es la panacea per se —¡Qué bien!, en
casa, a mi ritmo, sin desplazamientos—, porque este trabajo
comporta riesgos, algunos bastante diferentes a los del trabajo
presencial, como el aislamiento laboral o social, el tecnoestrés, la
conectividad permanente, etcétera. Y claro, tampoco podemos obviar que no
todas las viviendas son convertibles en un lugar de trabajo y tendremos
que ir aprendiendo cómo separar el ámbito familiar del laboral.

Y nos preocupa también su impacto en las
mujeres, algo que ya están poniendo sobre la mesa diferentes expertas y
expertos. El trabajo a distancia no puede contemplarse como una medida de
conciliación ni puede hacer que disminuyan las medidas de flexibilidad o
que se frene la apuesta por la corresponsabilidad. Yo creo que tenemos
que estar atentas, porque podría ser un paso atrás en la lucha por la
igualdad si sirve para que volvamos a los roles tradicionales, para que
volvamos a ser nosotras las encargadas de los cuidados. En general, habrá
que vigilar otras cosas, por ejemplo, que no influya en la mejora de la
situación laboral o que merme la carrera profesional. Va a ser totalmente
necesario también un cambio en las empresas: pasar a la evaluación por
objetivos y a una relación empresa-trabajador/trabajadora basada en la
confianza, que no sé si ya se ha producido si hablamos en términos
generales. Por tanto, esto nos obliga, si se aprueba, a ir evaluando si
la regulación que hoy tramitamos es suficiente. Iremos viéndolo.

Hasta aquí el objeto de la ley, porque, la
verdad, casi la mitad de esta ley contempla cuestiones totalmente ajenas
a la regulación laboral del trabajo a distancia: régimen fiscal aplicable
a la final de la Champions League femenina; tipo impositivo del IVA de
bienes para combatir los efectos de la COVID, con anexo incluido;
profesorado de FP; procedimientos para el reconocimiento del ingreso
mínimo vital y la modificación del Real Decreto 20/2020, que encima se
está tramitando en el Congreso como ley, así como la modificación de la
Ley general presupuestaria, la de firma electrónica, la de regulación del
juego, la de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, la del sector ferroviario, la del procedimiento
administrativo común de administraciones públicas... Y no voy a seguir,
pero todavía me dejo como seis cuestiones más que no tienen absolutamente
nada que ver con el teletrabajo. Así que, como ven, este proyecto de ley
es un auténtico popurrí y a mí personalmente me ha costado más lo que he
dedicado al estudio de todas esas disposiciones y de todos esos cambios
normativos que a la regulación del trabajo a distancia en sí, que era lo
que teóricamente hoy importaba. Es una forma de legislar; no sé si es la
óptima, yo ahí lo dejo; pero así es y es lo que hoy vamos a aprobar: Ley
de trabajo a distancia más todo lo que acabo de decir, una modificación
legislativa de doce o quince cuestiones que poco o nada tienen que
ver.

En todo caso, dicho esto, mi grupo, en su
momento ya ratificó el Real Decreto Ley 28/2020, del que procede esta
ley. Nuestro voto fue favorable en la tramitación en el Congreso y hoy
también contará con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana no
interviene.

Por el Grupo Parlamentario Popular, interviene
la senadora Ruiz-Sillero Bernal.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días.

El Partido Popular legisló por primera vez en
el año 2012 sobre el teletrabajo con la modificación del artículo 13 del
Estatuto de los Trabajadores. El objeto de la regulación fue asegurar los
mismos derechos y garantías para todos los trabajadores, trabajaran de
forma presencial o a distancia. Cierto es que las circunstancias
originadas por la pandemia de la COVID-19 han hecho que tengamos que
abordar de manera más exhaustiva la figura del teletrabajo o el trabajo a
distancia.

El texto que nos trae el Gobierno procede, tal
y como se ha dicho aquí, de un real decreto ley aprobado el 22 de
septiembre del año pasado y, sin embargo, ahora entran las prisas para
que se apruebe en el Senado con un solo objetivo: que no se apruebe
ninguna enmienda. Al Gobierno le da igual que la ley que se apruebe sea
bastante mejorable. Se han presentado un total de ochenta y nueve
enmiendas a este texto, y de ellas, veintinueve han sido presentadas por
el Grupo Popular. Una, la enmienda número 80, se ha incorporado al texto
aprobado en comisión, y aprovecho para agradecer el apoyo a los grupos
políticos que votaron a favor. También quiero agradecer el trabajo
realizado por todo el grupo parlamentario del Partido Popular, por el
departamento técnico de asesoría y por mi compañero, el senador por Jaén,
señor Márquez, coponente de esta ley.

En el debate que tuvimos la semana pasada en
comisión, tal y como he explicado, quedó aprobada la enmienda del Grupo
Popular por la cual se prorrogaba el plan Me cuida al menos hasta el 31
de diciembre de 2021, pudiéndose prorrogar por normativa posterior.

Los trabajadores por cuenta ajena también
podrán acogerse al plan Me cuida con iguales garantías que los
trabajadores por cuenta ajena, de tal manera que puedan acceder en
similares condiciones al cuidado de la familia si por causa de la
COVID-19 así fuera necesario. Esta enmienda incorporada al texto favorece
la conciliación familiar y es una ayuda muy importante para trabajadores
por cuenta ajena y también para los trabajadores autónomos. Sin embargo,
hoy, en el Pleno, el Grupo Socialista quiere suprimir esta prórroga
aprobada por ley para evitar las indecisiones que tiene el Gobierno de si
se aprueba un decreto ley o no, lo cual provoca intranquilidad en los
trabajadores y en las familias por no saber si se va a prorrogar o no.
Por tanto, es conveniente que se siga manteniendo esta enmienda para
garantizar por ley la prórroga hasta el 31 de diciembre.

El Grupo Popular, como decía, nos hemos
esforzado por mejorar el texto de la ley porque entendemos que la ley
debe ser excelente, debe durar en el tiempo y debe servir para solucionar
los problemas que vamos a legislar. Además, es aquí, precisamente en el
Senado, donde debemos enriquecer y mejorar los textos legales, porque es
una de las facultades que tenemos. Es importante además que la normativa
laboral que aprobemos se adecue al mercado laboral en España,
principalmente para pymes y micropymes, y por ello, una de las enmiendas
que defendemos en el Grupo Popular es que el Gobierno se comprometa a
que, en el plazo de seis meses, se elabore un plan específico para ayudar
a estas pymes y micropymes a que se adapten al teletrabajo, ya que tienen
mayor dificultad.

También quiero incidir en que planteamos
incorporar una disposición adicional muy importante para el mundo rural,
ya que garantiza por ley la cobertura y digitalización en el mundo rural.
Esto es muy importante para el fenómeno de la despoblación y debería
tenerse en cuenta, sobre todo por los grupos minoritarios, y me refiero a
los senadores de Teruel Existe, del Partido Regionalista de Cantabria o
de La Gomera.

También quiero incidir en otra enmienda que
consideramos muy importante sobre el apoyo al proceso de teletrabajo de
las empresas de reducido tamaño.

Termino refiriéndome a las deficiencias
legislativas a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno, que incorpora
en sucesivas disposiciones adicionales y disposiciones transitorias
modificaciones de otras leyes como la que afecta a los profesores de
formación profesional. Precisamente, la ministra Celaá ha anunciado la
aprobación de una ley, pero nos traen aquí, deprisa y corriendo, una
modificación de la LOMLOE.

Termino. Con este proyecto de ley se ven las
prisas y las deficiencias con las que el Gobierno continuamente está
legislando y de ahí el esfuerzo y el trabajo del Grupo Popular para
presentar estas enmiendas, que mejoran sustancialmente el texto.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Delgado Oval.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero poner en
valor la importancia del diálogo social, diálogo que ha venido
manteniendo el Gobierno de España con las organizaciones sindicales y
empresariales. Este texto, señorías del Grupo Popular, es la expresión de
las negociaciones y los equilibrios alcanzados con esfuerzo y con
cesiones de todas las partes: de empresarios, de sindicatos y del
Gobierno. Por eso, en el trámite parlamentario hay menos margen de
maniobra, señorías. Al PP parece que no le gusta que se alcancen acuerdos
en el marco del diálogo social, pero resulta que este diálogo social pone
en valor acuerdos que son resultado del diálogo, cuya relevancia
constitucional, además, encuentra fundamento en los artículos 7 y 37 de
la Constitución, y convendrán conmigo en que incorporar novedades
sustantivas en este texto supondría la ruptura del equilibrio obtenido en
ese marco del diálogo social.

Señorías, hay que destacar que este proyecto de
ley ha sido aprobado en el Congreso con la inclusión de enmiendas de los
distintos grupos. Es una ley consensuada y que además tiene un gran
apoyo. Es una ley muy necesaria porque en los momentos de mayor
restricción, 3 millones de personas trabajaron a distancia en nuestro
país. Por tanto, el teletrabajo ha sido un elemento decisivo para
permitir la coexistencia de la actividad económica y las medidas de
contención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

Decía el senador del Grupo Popular que en
nuestro país, la cultura laboral es presencialista y que la visión de
esta ley no aporta nada a la economía española. ¿Ignora acaso el Partido
Popular los cambios que supone la transformación digital? ¿Ignora acaso
el Partido Popular que no adaptarnos a esa transformación digital
supondría una condena para este país? (Aplausos). ¿Ignora acaso el
Partido Popular que no legislar en relación con esos cambios que estamos
sufriendo supondría una desprotección para los trabajadores?

Dice que hablamos de la reforma laboral del
Partido Popular. No se preocupen, señorías, que seguiremos revirtiendo
esos aspectos lesivos de su reforma laboral. De hecho, ya hemos derogado
que se pueda despedir a las personas que están enfermas (artículo 52.d)
del Estatuto de los Trabajadores).

Esta es una ley cuya vocación es garantizar los
derechos laborales en el teletrabajo. Es una norma que plantea elementos
imprescindibles para garantizar la igualdad en la prestación laboral. Es
una norma para evitar cualquier discriminación por razón de género y para
garantizar la conciliación, la corresponsabilidad y medidas contra el
acoso. Es una ley que tiene la vocación de seguir avanzando en los
derechos de las personas trabajadoras. Además, hay una cuestión muy
importante y es el derecho a la desconexión, porque no se puede estar
veinticuatro horas al día conectados a dispositivos electrónicos. Sabemos
que en los momentos más difíciles hubo mucho sobreesfuerzo de las
personas trabajadoras con muy buena voluntad, pero precisamente esta ley
introduce aspectos como la desconexión digital o la flexibilidad horaria.
Además, hacía referencia mi compañera Patricia a que tenemos que dar
respuesta a un reto y es que esto no es una forma de conciliación; este
avance no puede, de ninguna manera, suponer el riesgo de que las mujeres
vuelvan a cargar con los cuidados familiares.

Tenemos que reflexionar. Toda crisis supone
cambios y todo cambio genera oportunidades, y esto lo tenemos que ver
también como una oportunidad para la España rural. Es una oportunidad,
reitero también, para mi tierra, Canarias, para luchar contra la
despoblación. Somos conscientes de las brechas que se pueden dar, brechas
que ya existían antes de la pandemia, pero para eso el Gobierno de España
tiene planes y, a lo mejor, a ustedes no les gustan los planes, porque si
comparamos las cifras: en 2013-2017, la ayuda para la conectividad del
Gobierno del Partido Popular fue de 216 millones de euros; en el Gobierno
liderado por Pedro Sánchez en 2018-2020 fue de 405 millones de euros, y
acabamos de lanzar además el Plan de universalización de infraestructuras
digitales, que en la primera convocatoria, la mayor de la historia,
cuenta con 250 millones de euros. Además, hemos lanzado una medida
relevante, el incremento de las sanciones para que las sanciones que no
se habían actualizado desde el año 2007 puedan actualizarse en función
del incremento del IPC.

La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando,
señoría.

La señora DELGADO OVAL: Voy terminando, señora
presidenta.

Por lo tanto, no se preocupen, señorías del
Grupo Popular, la autoridad en materia laboral velará por esas
infracciones y con esta medida de actualizar las sanciones garantizaremos
la eficacia para cumplir con respecto al principio de
proporcionalidad.

Este Gobierno ha recuperado el diálogo social,
con acuerdos para avanzar, acuerdos para el progreso, acuerdos para
reconstruir el derecho laboral garantizando los derechos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley, se procede, a continuación, a abrir el plazo para emitir el voto
telemático de los siguientes puntos:

Proyecto de Ley de trabajo a distancia,
procedente del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, todas las
votaciones reglamentariamente previstas, que son las siguientes: votación
de las enmiendas; las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno. Votación en un solo acto del resto
del proyecto de ley.

Votación de la autorización de los convenios y
tratados internacionales debatidos.

Y votación de la solicitud de la ampliación del
plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio sobre
la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y
Melilla, constituida en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, por un periodo adicional de seis meses, excluido de su
cómputo del mes de agosto.

Se abre la votación telemática desde este
momento, en que son las diez horas y cincuenta y seis minutos, hasta las
doce horas y cincuenta y seis minutos.

La señora presidenta lee el punto 9.1.2.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el
senador Lerma Blasco, por tiempo de cinco minutos.

El señor LERMA BLASCO: Gracias presidenta.

Tal y como explica el preámbulo de este
proyecto, la idea de una fiscalía europea nace ante la constatación de la
necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos de los
Estados miembros para lograr una lucha eficaz contra el fraude sobre el
presupuesto de la Unión Europea. La Fiscalía Europea se configura para
abordar eficazmente investigaciones financieras complejas de carácter
eminentemente supranacional, erigiéndose como un órgano dotado de plena
independencia orgánica y funcional con potestad para elaborar y aprobar
su propio reglamento interno, con la máxima capacidad de decisión para
adoptar iniciativas propias dentro de su actuación en el proceso penal y
no sujeta a órdenes o instrucciones que provengan de la Unión o de los
Estados miembros. Es, pues, un proyecto de ley fundamental —se esté
de acuerdo o no con su contenido concreto— en el proceso de
consolidación de las instituciones de la Unión Europea.

Este proyecto de ley, que se somete a
consideración del Pleno del Senado, se tramita por el procedimiento de
urgencia. Tuvo su entrada en esta Cámara el día 11 de junio, fecha
asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el 17 de junio
de 2020.

Al proyecto de ley se presentaron una propuesta
de veto y sesenta y tres enmiendas, de las cuales han sido inadmitidas
por la Presidencia del Senado la enmienda número 3, de los señores
Sánchez López y Muñoz Lagares y la señora Ponce Gallardo, y las
enmiendas 16 a 18, del Grupo Parlamentario Popular.

El 18 de junio la comisión ratificó la
ponencia, que quedó constituida por los siguientes senadores: doña María
Adrio, don Francisco Martín Bernabé, don José María Cervera, don Pau
Furriol, don Imanol Landa, don Carles Mulet, don José María Oleaga, doña
María Victoria de Pablo, don Fernando de Rosa, don Miguel Sánchez y don
Clemente Sánchez-Garnica.

La ponencia se reunió ese mismo día para emitir
un informe que no introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso y, a continuación, la Comisión emitió dictamen de conformidad
con el informe de la ponencia. Para la defensa de sus enmiendas, han
presentado votos particulares al dictamen los señores González-Robatto y
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, los señores Sánchez López y
Muñoz Lagares, la señora Ponce Gallardo y el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente
de la Comisión de Justicia.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.
Propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno a favor, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular,
el senador De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, el Gobierno de España está generando
un caos jurídico en el ámbito de la Administración de Justicia. Por esa
razón, hemos presentado el veto a este proyecto de ley. En el mes de
noviembre pasado se aprobaron en el Consejo de Ministros dos
anteproyectos de ley orgánica, la de enjuiciamiento criminal y la
referente a la que discutimos hoy, la de la fiscalía europea.

Ya les indicamos al inicio de la exposición de
motivos del anteproyecto de la Ley de enjuiciamiento criminal que decenas
de reformas parciales han convertido la Ley de enjuiciamiento criminal
de 1882 en un cuerpo normativo irreconocible que, tras 77
modificaciones, 54 de ellas posteriores a la aprobación de la
Constitución, se ha visto sustituido por una maraña de normas
fragmentarias encajadas unas con otras por razones coyunturales; ya se lo
dijimos en la propia Comisión.

A la vista de lo anterior, mal hace el
legislador liando más la madeja, peleando por la propia expresión que ha
usado el legislador en la normativa procesal con estas disposiciones
fragmentarias sobre la fiscalidad europea, ya que regula un nuevo
procedimiento de instrucción que no casa con el modelo y la estructura
del proceso previsto en nuestra Ley de enjuiciamiento criminal. El
Ministerio de Justicia legisla sin tener en cuenta que el considerando
decimoquinto del Reglamento de 12 de octubre de 2017 establece que el
presente reglamento no afecta a los sistemas nacionales de los Estados
miembros en lo que respecta al modo en que se organizan las
investigaciones penales. Era necesario que el Gobierno hubiera abierto un
debate sobre esta cuestión y no imponer sin consenso alguno su postura.
En la medida en que nos encontramos inmersos en el inicio del proceso
para reformar la regulación procesal general en España, es precipitado
introducir la instrucción a favor del ministerio fiscal cuando sigue
estando aún en manos de los jueces. Señorías, al Parlamento aún no ha
llegado el correspondiente proyecto de ley de reforma de la Lecrim y las
Cortes aún no nos hemos pronunciado sobre algo tan relevante como la
atribución de la instrucción al ministerio fiscal.

Nuestro veto viene motivado por su forma de
gobernar, por el enorme caos que están generando en el ámbito de la
justicia y porque no tienen una verdadera hoja de ruta. Nos hablan de la
justicia 2030, luego del objetivo 2050; se dedican a reformar el Código
Penal al dictado de los intereses de los partidos y movimientos
antisistema sin contar con el interés general. Lo que les pedimos es que
se serenen y no estén obsesionados en garantizar sus sillones,
destrozando el Código Penal y las leyes procesales. Ustedes son los
alumnos aventajados del denominado gobierno de Overton, técnica
consistente en la manipulación ordenada para conseguir la aceptación de
lo que comúnmente es considerado inaceptable.

Señorías, defender una fiscalía y una justicia
independiente no es decir que la ley es castigo, que la Constitución es
revancha y que la venganza es algo que tiene que ver con la justicia.
Esto es gravísimo, sobre todo porque sienta un grave precedente. ¿Van a
instar a que la fiscalía independiente, esa que ustedes hoy aquí quieren
destacar, investigue lo que ven una veintena de entidades
constitucionalistas catalanas, que denuncian, por ejemplo, que los
indultos reafirmarán el monstruo del supremacismo y que avisan que las
víctimas del golpe no son los golpistas sino los catalanes que cumplen la
ley? ¿Son conscientes de lo que acaba de aprobar la asamblea legislativa
del Consejo de Europa, algo que ya les advertí el viernes pasado ante la
sorpresa de todos ustedes? (El senador De Rosa Torner muestra un recorte
de periódico). Se ha aprobado el acuerdo de la asamblea legislativa del
Consejo de Europa —y lo alegaba el Financial Times, pero yo les leo
el ABC, diario español influyente— porque la ministra de Asuntos
Exteriores no lo ha rechazado plenamente y ha estado inactiva a la hora
de defender los intereses de la justicia española. Por tanto, menos leer
el Financial Times y más el ABC, que es quien está enterado de lo que
ocurre en España. (Risas.— Aplausos). Apoyar la fiscalía
independiente… Sí, señorías. Aquí se lee realmente cómo han actuado
ustedes en la asamblea legislativa, denigrando a la justicia española.
Léanlo y entérense bien de lo que está ocurriendo en la justicia
española. Lean el acuerdo de la asamblea legislativa, en el cual insulta
al Poder Judicial, nos equipara con Turquía y nos dice que estamos
realizando una actuación absolutamente mentirosa de la realidad de la
justicia española, lo cual están ustedes negando y apoyando en
Europa.

Apoyar la fiscalía independiente significa,
como dijo la vicepresidenta Calvo, que un Gobierno democrático no saca a
los presos de la cárcel. ¿Saben lo que acaba de contestar el diputado
Rufián al presidente del Gobierno ahora mismo en el Congreso de los
Diputados? El PSOE ha indultado por la necesidad de los votos de Esquerra
Republicana. Lo acaba de decir Rufián, contestando al presidente del
Gobierno. (Aplausos). ¡Qué humillación para todos los españoles! Y
ustedes, tragando. ¿Saben ustedes lo que también ha dicho la
vicepresidenta Calvo? Cataluña en este momento tiene el autogobierno más
grande que ha tenido nunca en su historia —es cierto—, que ha
tenido incluso en la historia del catalanismo —es cierto—,
del nacionalismo catalán; y luego añade: incluso del independentismo. No
sé a qué se referirá, pero es verdad que Cataluña tiene el autogobierno
más grande que ha tenido nunca en la historia. ¿Saben cuál fue la
contestación ayer de los CDR, esos grupos terroristas apoyados por
algunos? Quemar la bandera de España en Vic. ¿Van ustedes a instar a la
fiscalía a que investigue por qué se quema la bandera española en Vic?
¿También van a defender ustedes lo que ha dicho Podemos, que se disculpa
con los presos independentistas por la tardanza en la concesión de los
indultos? Eso es una humillación hacia el Tribunal Supremo, y eso lo han
dicho sus socios de Gobierno. Señorías, como dijo Thomas Sowell
—economista, filósofo, político y escritor norteamericano y medalla
nacional de las humanidades 2002 en Estados Unidos—, no hay negocio
más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen en nombre de
opresiones que no existen con el dinero de aquellos a los que se califica
de opresores. Lean esto también porque es de un jurista eminente
norteamericano.

Defender el Poder Judicial y una fiscalía
independiente es un debate necesario, pero ustedes están trabajando sin
el consenso necesario con los fiscales, con los jueces y con los grupos
políticos constitucionalistas. ¿Conocen el borrador del informe del
Consejo Fiscal al anteproyecto de la ley orgánica de enjuiciamiento
criminal, en el que se exige una reforma del estatuto orgánico del
ministerio fiscal para garantizar la fiscalía independiente? Señorías, en
la actualidad el ministerio fiscal difícilmente puede asumir la dirección
de la investigación criminal sin que previamente se acometa un notable
incremento de su plantilla. La fiscalía se encuentra al borde del colapso
por las evidentes carencias personales y materiales. Como ya les advertí,
según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020, la media
nacional de fiscales en el 2019 fue de 4,86 fiscales por 100 000
habitantes, frente al 4,92 de 2018. Curiosamente, su Gobierno ha
empeorado la ratio de fiscales en España. A lo mejor esa es su manera de
defender la independencia de la fiscalía: quitándole medios materiales y
medios personales. Son porcentajes ciertamente alejados de la media
europea, que cuenta con una ratio de más de 11 fiscales por 100 000
habitantes.

Es necesario que tengan presente que no existe
en Europa occidental un modelo común de investigador en el proceso penal.
Algunos países, como Francia o Portugal, conservan la figura del juez de
instrucción, aunque convive con un fiscal investigador, que es a quien
corresponde la investigación de la mayor parte de los delitos. En otros
países, como Italia, Holanda o Alemania, la dirección de la investigación
criminal se atribuye de modo excluyente al ministerio fiscal. Por tanto,
lo que tenemos que realizar es un análisis de la figura de la fiscalía,
del fiscal general del Estado y de los más de 2500 fiscales en España, a
los cuales honramos por su trabajo abnegado en su actividad diaria.

Tenemos un modelo procesal plenamente
garantista. Eso lo reconoce el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. No entorpezcamos su actuación, introduciendo
una figura que podría, si no está consensuada, poner un parche nuevo en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por cierto, quiero recordarles
expresamente a sus señorías las palabras del portavoz socialista de
Justicia en el Congreso de los Diputados cuando defendió este proyecto de
ley, que dijo textualmente: Señorías, este cambio de paradigma del
sistema procesal penal arrastra también otros importantes cambios
procesales, tales como, sin ánimo de ser exhaustivo, la exclusión del
jurado, optando por un enjuiciamiento profesional. Lo digo por la mentira
que se dijo en esta tribuna acusando al Partido Popular de ir contra la
institución del jurado en el Pleno pasado. Ustedes mismos reconocen que
hay que eliminar la figura del jurado. No sé si tendrán algo que decir en
la réplica, cuando lo negaron en la tribuna del Pleno pasado. Espero que
den ustedes algún tipo de explicación.

Como siempre, la demagogia y la falsedad son
sus métodos para contestar a los argumentos jurídicos del Grupo Popular.
Señorías, las mentiras tienen las patas muy cortas. Ustedes no mantienen
posturas contrarias, sino posturas distintas al mismo tiempo. Siguen
instalados en el caos jurídico. Por todas estas razones el Partido
Popular ha presentado el veto. Así pues, les insto a aceptar nuestra
propuesta para evitar lo que ustedes mismos han señalado —porque
ustedes mismos lo han dicho—, que se producirá una cierta dualidad
procedimental respecto de los delitos que no sean competencia de la
fiscalía europea, y para los que sean de su competencia hablan de
dualidad procedimental; es decir, hablan de lo distinto y de lo
contrario. Es una frase que debe encuadrarse dentro de esa ya hemeroteca
de frases que realizan líderes de su formación. Por ejemplo, la portavoz
María Jesús Montero decía que no es una identidad falsa sino una
identidad distinta; la ministra Cela, que permitía a los alumnos pasar de
curso con suspensos, que lo que se está haciendo es exigir más, porque
una cosa es calificar y otra evaluar; y el presidente Zapatero, que los
parados no son parados sino personas que se apuntan al paro. Pero la
frase más sublime es la de Pedro Sánchez: El Gobierno ha utilizado el
indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro
país. ¡Cuánto da de sí la hemeroteca, señorías!

Para terminar, y con toda la claridad que
ustedes evitan, van a hacer un nuevo lío en la Ley de enjuiciamiento
criminal, van a hacer coexistir en nuestro procedimiento penal dos
sistemas de instrucción: el de los delitos competencia de la fiscalía
europea, que serán instruidos por los fiscales, y el de los delitos no
incluidos en esta disposición legal, que los instruirán los jueces. ¿Se
imaginan el caos en los juzgados? ¿Y cuando el letrado de la
Administración de Justicia tenga que determinar quién es el competente,
el fiscal europeo o el fiscal español, y hacer la remisión a la Audiencia
Nacional? ¿Quién va a tener las garantías cuando no existe ese
procedimiento en España? ¿No podríamos haber utilizado la opción que nos
dio Europa, la de decir que se instaure y se deje solamente la figura del
fiscal europeo con la colaboración de los jueces de instrucción porque
así lo dijo la propia instrucción? A lo mejor lo que pretenden es
desacreditar mucho más la justicia española, sometiéndola al caos, y así
seguir pagando el peaje para poder estar en la Moncloa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno en contra, tendrá la palabra la
senadora De Pablo Dávila.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidenta.

¡Ay, señor De Rosa!, se tenía que haber quitado
usted la toga, que aquí hay división de poderes; y se nos ha puesto usted
en plan juez y estamos en el Legislativo. Para empezar, ha confundido
hasta el escenario.

Yo creía que me correspondía explicar el voto
de mi grupo en contra del veto presentado por el Partido Popular al
proyecto de ley orgánica de aplicación del reglamento de 2017, del
Consejo de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la fiscalía europea. Las razones para el
voto en contra son muy sólidas y confiamos obtener el apoyo del resto de
la Cámara, pero comprendo que nos van a poner muy difícil —llevamos
dos días viviéndolo y sufriéndolo— poder ceñirnos al orden del día.
¿De verdad, senador De Rosa, menos leer el Financial Times y más leer el
ABC? Eso sí que es apelar a la vieja España. (Aplausos). Nosotros estamos
muy serenos. Los socialistas somos conscientes de que estamos haciendo un
esfuerzo y un trabajo por la convivencia y por la unidad de España, en
contra de lo que ustedes están haciendo, y quien utiliza la polémica de
Overton, de una idea inconcebible y de generar una polémica falsa, ha
sido usted en el debate de hoy en su puesta en escena, en la que ha
mezclado las churras con las merinas. Comprendo que tienen ustedes unos
cuantos días para seguir haciendo ruido con el tema de los indultos, pero
en algún momento nos tendremos que ceñir a nuestra labor como
parlamentarios y como senadores y dejar de hacer tanto ruido, que
perjudica los intereses de España, y dedicarnos a lo que tenemos que
dedicarnos, que es legislar, favorecer la convivencia, el consenso y
resolver los problemas de los españoles, que para eso nos han traído
aquí.

Y me voy a centrar y le voy a centrar. Como
saben, señorías, el pasado 1 de junio se puso en marcha la fiscalía
europea en aplicación del Reglamento del 12 de octubre de 2017 como un
órgano común a los Estados miembros, pero totalmente independiente de
estos, contemplado para combatir los delitos que perjudiquen los
intereses financieros de la Unión y, por tanto, los intereses de toda la
ciudadanía europea en su conjunto, es decir, un órgano con personalidad
jurídica propia en el que el fiscal asume las funciones de investigación
y promoción de la acción penal en investigaciones financieras complejas
de carácter netamente supranacional, como fraude, corrupción, fraude en
el IVA, etcétera, al tiempo que una autoridad judicial —el juez de
garantías, una autoridad nacional— se encarga de velar por la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

Señorías, en contra de lo afirmado aquí hoy por
el defensor del veto, en este proyecto de ley orgánica no ha habido
ningún tipo de improvisación. Este proyecto de ley orgánica se aprueba
—lo proponemos, lo intentamos y, por tanto, creemos que se va a
aprobar— después de mucho tiempo de negociaciones, después de tres
años de negociaciones y después de una intensa ponencia y debate en el
Congreso. Esta iniciativa se ha llevado a efecto por el procedimiento de
cooperación reforzada y supone la plasmación explícita del principio de
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea. La misma idea de la fiscalía europea nace de la
constatación de la necesidad de superar las diferencias de los sistemas
jurídicos de los Estados miembros para lograr una lucha eficaz contra el
fraude, la corrupción y la criminalidad organizada transnacional, que
perjudique el presupuesto europeo y, por tanto, los intereses de todos
nosotros, los ciudadanos europeos. Señorías, se calcula que la Unión
Europea puede estar perdiendo un billón de euros con la evasión fiscal y
el fraude. Solo en el IVA de 2018 la Comisión Europea ya anunció pérdidas
por valor de 140 000 millones —sí, senador De Rosa, 140 000
millones, esa cifra que tanto les escuece, que se corresponde y coincide
con los fondos europeos que ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez a
España para el plan de recuperación—.

Senador De Rosa, en la comisión le manifesté mi
sorpresa por el mantenimiento del veto del Partido Popular, a pesar del
amplio consenso con el que este proyecto de ley vino del Congreso y se
manifestó en la comisión. Y le digo que hoy ya no me produce sorpresa, me
produce perplejidad. Este veto carece de lógica y constituye una
frivolidad. Se lo dije el otro día en la comisión y se lo repito hoy.
Primero, porque ustedes se declaran un partido con vocación profundamente
europeísta. Y, como decía mi madre, dímelo hilando, no me digas lo que
dices, sino lo que haces. Y lo que hacen no demuestra ninguna vocación
europeísta. Porque manifiestan apoyar completamente la idea de una
fiscalía europea independiente —lo ha dicho usted; son palabras
suyas— encargada de defender los intereses financieros europeos
—frases suyas también de la exposición de motivos del veto—.
Porque aprobaron el Reglamento del 12 de octubre de 2017, siendo este
proyecto de ley hoy, una aplicación, una traslación, del mismo. Y me va a
explicar en los siguientes turnos de intervenciones, ¿por qué lo apoyaban
en el 2017 y no lo apoyan hoy? ¿Porque quien gobierna ahora es el Partido
Socialista? ¿Por esa obsesión, casi patológica-psiquiátrica que tienen
ustedes con el presidente de este Gobierno, Pedro Sánchez, y con sus
esfuerzos por sacar adelante al país de una pandemia, de una crisis
económica, de una crisis social y de una situación de parálisis en la que
nos lo dejaron después de ocho años de Gobierno del Partido Popular?
(Aplausos). ¿Es esa la razón profunda de este veto?

Ustedes hablan de hurtar el debate a los
operadores jurídicos —lo dijo el otro día en la comisión—, a
la sociedad en su conjunto —hoy lo ha vuelto a decir—. Y yo
le vuelvo a decir lo mismo que en la comisión, ¿qué está afirmando? ¿Que
cuando ustedes aprobaron el Reglamento del 12 de octubre del 2017 no
hablaron con los operadores jurídicos, que no hablaron con la sociedad
civil, que hurtaron el debate? ¿O es que no sabían lo que aprobaban? ¿O,
simplemente, es que gobernaban ustedes y cuando gobiernan tienen una vara
de medir y cuando están en la oposición otra? (Aplausos). Y tercero, son
ustedes perfectamente sabedores, y por eso su actuación es absolutamente,
como decimos en Derecho, torticera, de que la entrada en vigor se produjo
el pasado 1 de junio, y que, de no aprobar ya este proyecto de ley
orgánica para la aplicación del Reglamento europeo, España corre el
riesgo de ser sancionada. ¿Es eso lo que buscan, senadores del Grupo
Popular? ¿Otra labor, otra piedra en el camino para menoscabar la imagen
de España y la defensa de sus intereses? ¿Tanto les obsesiona la
consecución del poder, que, a costa de lo que sea y al precio que sea,
son ustedes capaces de trabajar contra España en las instituciones
europeas? Porque luego, no se preocupe, que les haré un repaso de unas
cuantas.

Se lo decía ayer la ministra de Hacienda en la
interpelación sobre los fondos europeos y el veto de hoy es otro claro
ejemplo. Se quejan ustedes de poco tiempo para el debate, del rodillo, y
son los únicos responsables, porque hemos tenido que llegar hasta el 1 de
junio, ya que no han facilitado en ningún momento el proceso. Pasaron de
votar a favor del reglamento en 2017 a poner todo tipo de obstáculos, sin
ningún tipo de colaboración por su parte. Y si algo les importa España,
tanto que se les llena la boca, tanto ruido que hacen con ella, tanto que
la manosean, la verdad es que podían ustedes ayudar más y empujar en la
misma dirección. Y les debería importar que no sancionen a España ni que
se menoscabe su imagen en ningún momento.

En segundo lugar, apelan ustedes a la reforma
pendiente de la Lecrim y se trata de una cuestión paralela. La Lecrim
prevé —y usted lo sabe, senador De Rosa— una vacatio legis de
seis años. ¿Qué está usted proponiendo? ¿Que estemos en una situación de
transitoriedad, diez años aproximadamente, sin tener a la fiscalía
europea y sin converger con el resto de los países de Europa en un
instrumento absolutamente necesario, imprescindible, potente y eficaz
contra la corrupción y el fraude fiscal, que tanto les preocupa?
(Aplausos). Nadie está hurtando ningún debate, senador, y estoy
convencida de que volveremos a coincidir en el próximo periodo de
sesiones. Como se ha debatido y se ha enmendado este, en su momento se
debatirá la Ley de enjuiciamiento criminal, se admitirán enmiendas, como
se han admitido también en el Congreso —todos los grupos lo han
enriquecido—. Y tiene razón cuando afirma que la implantación de la
fiscalía europea supone un cambio de modelo extraño a nuestro modelo
actual. Y aunque el reglamento es una norma de eficacia directa, la misma
exposición de motivos y el mismo articulado reconocen que necesita una
adaptación y un encaje en los sistemas procesales nacionales, razón por
la que en la propia norma europea se estableció un amplio plazo desde su
entrada en vigor hasta su efectiva entrada en funcionamiento. Y en España
—y usted lo sabe perfectamente o debería recordarlo— estos
ajustes son particularmente complejos, dada la singularidad que, a día de
hoy, representa la instrucción judicial.

Precisamente por eso, señorías —y por eso
estamos aquí—, se requiere de una base normativa que permita al
fiscal asumir las funciones de investigación y promoción de la acción
penal, al tiempo que se salvaguardan las garantías constitucionales. Y no
tenga ninguna duda de que están totalmente salvaguardadas. Y para eso no
es necesario ningún régimen de transitoriedad de diez años, como plantean
ustedes repentinamente —en el 17 no y ahora sí—, sino que
ante la llegada de los fondos europeos es todo lo contrario, urge su
puesta en funcionamiento como instrumento coordinado de lucha contra el
fraude y la corrupción.

Ustedes hablan de caos jurídico y eso no se lo
voy a pasar. Muy al contrario. Frente a su inactividad durante siete
años, en los que no fueron capaces de sacar ni la Ley de registro civil
—que hay que ser inútiles, porque ahí si que no había ideología por
medio, sino simplemente cuestiones de eficacia y eficiencia—
(Aplausos), con este Gobierno, desde el año 2018, y con una pandemia por
medio —no lo olvidemos, la más importante situación de crisis desde
la Segunda Guerra Mundial— se han aprobado, solo en el ámbito de la
Comisión de Justicia, nueve leyes, de tanta importancia como la Ley post
COVID; la reforma del artículo 324 del Código Penal para despenalizar los
piquetes; la reforma del artículo 324 de la Lecrim para modificar los
plazos de instrucción; la modificación del Código Penal para la
erradicación de la esterilización forzosa de personas con discapacidad;
la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad; y, aunque no fuera en esta
comisión, la Ley de eutanasia; la Lomloe; y hoy, mal que le pese,
aspiramos al proyecto de ley que sirva para la implantación de la
fiscalía europea. Fíjese si, al contrario de lo expuesto, este grupo
parlamentario y el Gobierno tienen motivos para sentirse orgullosos de su
labor legislativa, mediante el trabajo, mediante la búsqueda del consenso
y mediante la búsqueda del diálogo, pero para sacar las cuestiones
adelante. No se puede solo destruir, no se puede solo criticar. Hay que
presentar proyectos alternativos. Porque así lo único que hacen es
perjudicar a los mismos ciudadanos a los que dicen representar.

Mezclan reiteradamente churras con merinas.
Habla de la exposición de motivos de la Lecrim. Ya hablaremos de la
Lecrim en su momento, cuando toque. O del borrador del informe del
Consejo Fiscal a la Lecrim. Ya hablaremos del informe del Consejo Fiscal
cuando toque la Lecrim. Habla de los juzgados colapsados, cuando sabe
perfectamente que la sede de la fiscalía europea reside en la Audiencia
Nacional. No hay posibilidad de ningún colapso de juzgados porque va a
estar en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de las pruebas que se
practiquen esporádicamente. Para justificar su negativa también nos habla
—y eso ya es el colmo de la desfachatez y del cinismo— de que
se han reducido las plazas de fiscales. Senador De Rosa, que usted ha
estado en el Consejo General del Poder Judicial, que usted es del gremio,
que usted sabe que sus últimas convocatorias de oposiciones, con el
ministro de Justicia del Partido Popular, fueron de 0 plazas en 2017 y
de 50 plazas en 2018. (Aplausos). Y el Gobierno de Pedro Sánchez ha
sacado 300 plazas en su primer presupuesto, en su primer año, 300 en el
siguiente, 300 en el siguiente y 300 para el año que viene. Porque
eran 240 y se han ampliado a 300. ¿Cómo va a haber menos fiscales si se
han sacado, por término medio, tres veces más plazas que las que sacaron
usted ustedes? ¿O no se acuerda de que fueron 0 plazas y 50 plazas sus
últimas convocatorias?

Si no contempla ninguna de estas razones
técnicas, ni el caos jurídico, ni la situación o el anteproyecto de la
Lecrim, porque no es el momento procesal, ni el tema de la institución
europea porque es urgente, entonces, ¿por qué se apoya en la figura de la
fiscalía europea, si los dos ministros últimos de Justicia,
Ruiz-Gallardón y Catalá, apoyaban indiscutiblemente la fase de
instrucción o atribuir las competencias de instrucción al ministerio
fiscal? ¿Por qué ahora ustedes, de repente, después de tres años en que
aprobaron el reglamento y que no han dicho ni mu, deciden no apoyar al
Gobierno en otra institución europea? ¿Para que la sancionen? Lo explicó
usted mismo en su momento en la comisión: Porque este veto va contra la
forma de gobernar los asuntos jurídicos que tiene este Gobierno. Por la
misma razón que tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial o
el Defensor del Pueblo, porque es su estrategia destructiva en un ámbito
esencial como es el de la justicia. (Aplausos).

Y termino, senadores del Grupo Popular. Ustedes
mismos...y bajo su responsabilidad —o bajo su
irresponsabilidad— queda, pues es la suya una estrategia poco
constructiva, y solo espero —se lo dije el otro día y se lo repito
delante del Pleno— que no sea el cumplimiento de una amenaza,
porque sería muy dañino para los intereses de los españoles, que no sea
el cumplimiento de la afirmación que hizo el señor Santamaría Ruiz,
miembro de su partido, durante el debate de este proyecto en el Congreso,
que si su partido le hacía caso, no presentarían su voto afirmativo a
ninguna de las reformas que provinieran del Ministerio de Justicia. Eso
sí que es causar daño gratuito, innecesario y en perjuicio de los
españoles. Pero no lo van a conseguir. Vamos a cumplir los compromisos
con Europa. Este Gobierno va a cumplir sus compromisos con Europa, muy a
su pesar. Votaremos en contra de su veto y confío en que el resto de la
Cámara haga lo mismo, porque no se sostiene técnicamente, es frívolo y
jurídicamente es inaceptable.

A por la fiscalía europea, que la
necesitamos.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno de portavoces a la propuesta de veto,
hará uso de la palabra el senador Sánchez-Garnica Gómez, por el Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora
presidenta, señorías, buenos días.

¿Cuál es el objeto del proyecto de ley orgánica
que hoy debatimos? Pues aplicar el Reglamento del Consejo Europeo de 12
de octubre del año 2017, día del Pilar, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea. Sin entrar
en el detalle del texto, sin entrar en cada uno de sus preceptos, a la
vista del contenido y a la vista de su objetivo, francamente, no
encontramos razones objetivas suficientes ni para el veto planteado ni
para el voto en contra del texto aprobado por el Congreso, que es el que
hoy debatimos y votaremos.

En cuanto al veto, porque, con toda modestia y
sinceridad, no podemos entender su planteamiento cuando la fórmula de la
cooperación reforzada para la puesta en marcha de la fiscalía europea fue
apoyada en su día por el propio Partido Popular, y, además, cuando de lo
que se trata es de aplicar un reglamento europeo con unos tiempos, unas
fechas y un contenido determinado, que también fue aprobado por el
Partido Popular el día 12 de octubre de 2017. Y por lo que se refiere al
contenido del texto legal, porque, con independencia de que puede ser
mejorable, como todo en la vida, cumple un objetivo perseguido hace
tiempo, hace muchos años, después de muchas negociaciones, de muchos
trámites, que es la creación de la fiscalía europea.

Se cumple el objetivo compartido de avanzar
sustancialmente en la construcción de un espacio de libertad, de
seguridad y de justicia con la creación de un órgano común a los Estados
miembros, pero independiente de estos. La creación de la fiscalía europea
va a permitir combatir los delitos que perjudican los intereses
financieros de la Unión. Y, por lo tanto, los intereses de la ciudadanía
en su conjunto. Y, sin duda, con ello se avanza sustancialmente en la
lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional.
Por supuesto que habrá que desarrollarlo todo convenientemente. Habrá que
buscar las fórmulas de encaje de las actuaciones, de las funciones de la
fiscalía europea en el modelo procesal español. Pero lo importante, lo
relevante, lo sustancial, es la creación y puesta en marcha de esta
figura, que, sin duda, supone un logro importante en lo que es la Unión
Europea.

Hay que recordar que lo que estamos debatiendo
es una ley orgánica que no tiene que contemplar según qué cosas, que para
eso luego su desarrollo ya tratará de encajar para que no haya
desajustes. Y esto es lo que estamos debatiendo, lo que estamos votando,
y no poner en cuestión todo el sistema judicial español. Para eso seguro
que habrá otros foros, ya que van a venir leyes en las que vamos a tener
que profundizar. Pero desde nuestro modestísimo punto de vista no tiene
nada que ver una cosa con la otra. Vuelvo a repetir que lo importante, lo
sustancial, lo relevante, es apoyar una figura que no viene de ayer, sino
que es el fruto de muchos años de trabajo, de muchas negociaciones y que
nos acerca más al objetivo de la Unión Europea, que es un espacio común
para que los ciudadanos podamos beneficiarnos de ella.

Por eso, y por otras muchas razones que no voy
a explicar porque no me corresponde, votaremos en contra del veto, porque
no lo entendemos, y votaremos a favor del texto que nos proponen en el
Congreso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Por el mismo grupo intervendrá alguien más en
el debate a la propuesta de veto? (Pausa). Pasamos, por lo tanto, al
siguiente grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Democrático,
tendrá la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Intervendré desde el
escaño, simplemente para decir que vamos a votar en contra.

La señora PRESIDENTA:






Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.

Desde el escaño, solamente para decir que no
vamos a apoyar el veto del Grupo Popular.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Intervengo igualmente
para anunciar que votaremos en contra del veto y a favor del texto.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Buenos días. Gracias,
presidenta. Egun on danori.

Tendremos ocasión de abordar en el turno
posterior sobre las enmiendas, la posición de fondo de nuestro grupo en
relación con este proyecto de ley. Pero en lo concerniente al veto
presentado por el Grupo Popular, trasladamos nuestra posición contraria
al mismo, en coherencia con la importante labor de análisis, formulación
de propuestas de mejora y transacción desarrollada por nuestro grupo en
relación con este proyecto; una labor que ha desembocado en acuerdos
sustanciales que sustentan el apoyo de nuestro grupo al texto remitido
por el Congreso de los Diputados.

No vamos a apoyar, por tanto, un veto que no
compartimos.

Sin más, eskerrik asko. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, EH-Bildu, tiene la palabra el senador Furriol Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Buenos días. Bon
dia, señorías.

El Reglamento de la Unión Europea de 2017 crea
la fiscalía europea como órgano responsable de investigar los delitos que
perjudiquen sus intereses financieros y establece su funcionamiento.
Realmente urgía la existencia de un órgano que actuase en tutela de los
intereses de la Unión Europea y que fuese ajeno a las inclinaciones y a
los intereses partidistas de los Estados miembros y de sus partidos
dominantes. Hay que decir, sin embargo, que este proyecto de ley que
viene a cubrir dicha creencia, no se ha tramitado por iniciativa propia o
espontánea del Estado, sino por imposición de la Unión Europea. Y se ha
hecho tarde, sin entusiasmo, de forma apresurada y a regañadientes. ¿Por
qué, si no fuese por imposición, iban a aprobar, cualquiera de los dos
partidos que se turnan en el Gobierno, una ley para luchar contra la
defraudación y malversación de los fondos públicos, subvenciones y ayudas
europeas, siendo de sobra conocido que ambos son los mayores autores,
responsables o cómplices, de dichos delitos?

Los ejes fundamentales del reglamento son: el
aumento del rigor y la independencia en la investigación contra el fraude
y la malversación de fondos europeos y la garantía de los derechos
fundamentales de sospechosos e investigados, con estándares europeos y
con control jurisdiccional, especialmente en el caso del derecho a un
proceso imparcial y del derecho de defensa. Ambas cosas son, por
supuesto, bienvenidas. La nueva normativa supone ciertamente un avance,
aunque sea por el momento de aplicación restringida a los fondos
europeos. Naturalmente, estamos a favor de cualquier reforma que aumente
los medios de la lucha contra el fraude y la corrupción y que lo haga
respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que
daremos soporte a su aprobación y nos opondremos al veto.

Hubiésemos preferido que se hubiese aprovechado
la ocasión para introducir dichos avances de forma global en el
ordenamiento jurídico, de modo que las mejoras que ahora se introducen
por imposición de la Unión Europea en la lucha contra el fraude y en
garantía de derechos fundamentales no se hubiesen incrustado como
excepciones a las previsiones generales del derecho interno, porque
nosotros entendemos que los estándares europeos hay que cumplirlos
siempre, con más entusiasmo y por convicción. Por ello, les animamos a
reformar sus sistemas judicial y fiscal internos para generalizar la
aplicación de los estándares europeos, tanto en la lucha contra el fraude
como en defensa de derechos fundamentales, de modo que, con la nueva ley
de enjuiciamiento criminal, ya en fase de anteproyecto, pase a ser
innecesario introducir constantemente excepciones en las previsiones de
la ley que ahora aprobamos sobre la fiscalía europea a las previsiones de
dicha ley procesal. La extensión de garantías de los derechos
fundamentales de los sospechosos investigados y procesados debería
hacerse además de forma general, no solo en la ya citada Ley de
enjuiciamiento criminal, sino también en otras normas de procedimiento
penal o administrativo como las reguladoras del Tribunal de Cuentas.
Celebramos la intervención de la Unión Europea también para intentar
evitar la politización en los nombramientos de fiscales europeos
delegados, para que no puedan ser controlados por la puerta de atrás,
como lamentablemente ocurre y es sistémico, con las designaciones de
miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder
Judicial y del Tribunal de Cuentas. También para que no acaben formando
parte de las cloacas y brigadas patrióticas y del «esto la fiscalía te lo
afina». Esperamos que con el reglamento, que deberá dictarse en
desarrollo de la ley, no consigan burlar dichas buenas intenciones. Por
suerte, las instituciones europeas terminarán imponiéndose en ámbitos
como la garantía de derechos fundamentales y en la lucha contra el
fraude, la malversación y el blanqueo de capitales, y ello pese a la
pertinaz resistencia de los dos principales partidos políticos españoles.
La intervención del derecho procedente de la Unión Europea en materia de
derechos y libertades supone siempre una entrada de aire fresco. Durante
estos últimos años hemos tenido buenos ejemplos de cómo desde Europa se
corrige al Reino de España en materia de garantías de derechos y
libertades. El último, por el momento, en el Consejo de Europa esta misma
semana; y afortunadamente llegarán más. Me refiero al acuerdo este mismo
lunes de la asamblea de parlamentarios del Consejo de Europa, en la que
intervino nuestra compañera senadora Laura Castel, de la que nos sentimos
orgullosos y en el que, entre otras cosas, se pide la libertad de los
presos políticos, la retirada de cargos a los exiliados, y, en
definitiva, que cese la represión y se imponga el diálogo. Bienvenidos
los vientos de Europa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora
presidenta.

Realmente usted, señora De Pablo, dice que no
entiende que el Grupo Popular hable de caos jurídico. Pues sí, están
haciendo ustedes un verdadero caos jurídico. Usted ha hecho referencia a
la Ley de registro civil, pero ¿sabe usted que se aprobó y al día
siguiente tuvieron que dejarla sin efecto porque no pudieron ponerla en
práctica? Esa es su actuación en el ámbito de la Administración de
Justicia. Por tanto, los ejemplos póngalos sabiendo de lo que está
hablando. ¿Sabe usted que en los pocos tres meses que llevamos los
tribunales han emitido sentencias en contra de las decisiones adoptadas
por su Gobierno sobre leyes que el Ejecutivo tenía previsto sacar
adelante? ¿Ha leído usted los informes del Consejo General del Poder
Judicial y del ministerio fiscal con respecto a las leyes que ha
propugnado su Gobierno? Como la decisión de la Audiencia Nacional de
suspender cautelarmente las últimas restricciones anti-COVID, aprobadas
por el Ministerio de Sanidad o los informes críticos contra las reformas
auspiciadas por su Gobierno de coalición. Y también el gabinete técnico
del Tribunal Supremo criticó el recurso de casación habilitado por el
Gobierno para que, tras el final del estado de alarma, este órgano
tuviera la última palabra sobre las medidas anti-COVID adoptadas por las
comunidades autónomas. Sea consciente del caos jurídico que provocaron en
todas las comunidades autónomas con sus medidas sin reflexionar que
motivaron que en unas comunidades se tuvieran que adoptar unas
determinadas decisiones, por ejemplo, en el País Vasco, y en otras no, en
Baleares, mientras que en Madrid sí, en la Comunidad Valenciana no; en
Andalucía... Ese es el caos jurídico que ustedes han provocado. Por otro
lado, saben ustedes que el Tribunal Constitucional está debatiendo en
este momento, hoy mismo, si las medidas del estado de alarma fueron
constitucionales o no. Hay una ponencia del magistrado don Pedro
González-Trevijano. Eso también tendrán ustedes que valorarlo para ver lo
que va a ocurrir. Lo valoraremos todos. También el Tribunal
Constitucional anuló el nombramiento del vicepresidente Iglesias en su
momento como miembro en el CNI, utilizando un decreto ley de medidas de
COVID, y dijo que era un absoluto caos jurídico lo que ustedes estaban
empleando. Y ahí está el informe demoledor de la sala segunda del
Tribunal Supremo en materia de indultos e incluso la fiscal general del
Estado ha separado a los fiscales del procés, que hablan de un
autoindulto prohibido por la Constitución. Y por esto es por lo que yo
hago referencia al caos jurídico que ustedes están implantando, porque no
tienen verdaderamente una hoja de ruta, van a salto de mata, van tomando
decisiones al dictado de lo que quieren sus socios o de lo que día a día
les exigen o les obligan. Señorías, ¿ustedes realmente son conscientes de
la introducción de una nueva maraña en la Ley de enjuiciamiento criminal,
de un nuevo lío, como ustedes mismos dicen en su preámbulo, que va a
suponer la convivencia compleja de dos procedimientos? ¿No hubiera sido
mucho más sencillo hacer como han hecho otros países europeos, Francia,
por ejemplo, que ha determinado la aplicación de la figura del fiscal
investigador, pero conservando la instrucción? Claro que el Gobierno del
Partido Popular en su momento apoyó la figura del fiscal europeo, pero
con las excepciones que se establecen en la directiva, la cual viene a
establecer que habrá que respetar el modelo de instrucción que existe en
cada país, evidentemente. No me acuse de que me pongo la toga, porque
usted también es jurista y proviene de una saga familiar de juristas, y
sabe perfectamente que introducir un modelo de investigación distinto al
actual va a producir un caos. Usted dice que se remite a la Audiencia
Nacional, claro que se remite, pero ¿usted es consciente de que los
juzgados en cualquier sitio de España tendrán que iniciar la tramitación?
¿Ustedes no es consciente de que los letrados de la Administración de
Justicia tendrán que determinar qué corresponde al fiscal investigador
europeo y al juez instructor español? ¿Quién va a determinar la
protección de garantías en el fiscal investigador europeo? Habrá un juez
de garantías, que será el de la Audiencia Nacional; en cambio, en la
figura del juez instructor no existe la figura del juez de garantía,
porque la garantía la establecen los recursos de la segunda instancia.
¿No cree que era mejor establecer la figura del fiscal investigador para
los delitos única y exclusivamente, estableciendo una determinación
clara, hasta que no modifiquemos la Ley de enjuiciamiento criminal, de
preservar el sistema español, porque esto va a provocar que convivan dos
sistemas diferentes, contradictorios, complejos y enfrentados? Esa es la
postura que mantuvo el Partido Popular, porque se aprobó la directiva con
esa posibilidad de excepción. Ustedes, que están abonados al caos, lo han
introducido sin tener en cuenta todas las medidas, sin tener en cuenta el
refuerzo de medios materiales y personales de la fiscalía. Ustedes están
hablando de que, en una época, efectivamente, no hubo plazas de fiscales
y de jueces, pero hoy en día —y usted no me lo ha rebatido—
en la memoria de 2020 de la Fiscalía General del Estado, se establece que
en 2018 había más fiscales que en 2019 y en 2019 estaban gobernando
ustedes. Por tanto, háganselo mirar, no retuerzan la argumentación.
De 2018 a 2019 hay, sépanlo ustedes que dicen que ponen fiscales, una
reducción, según dice la memoria de la Fiscalía. Lean ustedes la memoria
de su fiscal general, no estamos diciéndolo nosotros, de su fiscal
general, diputada socialista.

Por tanto, este grupo mantiene que ustedes
están creando un caos jurídico. Le he puesto muchos ejemplos y le sigo
poniendo más. Era mucho más sencillo establecer la exención de lo
establecido y lo que permite la directiva hasta que discutamos y
debatamos la figura del fiscal investigador en España; un debate en el
que yo creo que habrá muchos puntos de encuentro, en el que habrá muchos
momentos en los cuales podamos acercar posturas sobre la figura del
fiscal investigador. Pero en este momento, ¿usted considera que es
oportuna, que es viable la convivencia de dos modelos en el mismo texto
de la Ley de enjuiciamiento criminal? ¿Cree que los juzgados están
preparados para ese nuevo envite? Sinceramente, este grupo piensa que no.
Por tanto, repito: están ustedes provocando un nuevo caos jurídico, como
el que provocaron con las medidas COVID, haciendo que cada comunidad
autónoma tuviera que buscar resoluciones ante sus propios tribunales
superiores de justicia, y lo que era blanco en la Comunidad Valenciana,
era negro en Madrid, era gris en el País Vasco o era de otro color en
Andalucía. Ustedes no legislaron lo que nosotros les pedimos: que
adoptaran unas reformas legislativas para establecer una unidad en toda
España para poder adoptar medidas anti-COVID y que se resolvieran los
problemas jurídicos; crearon el caos. Nos llamaron agoreros; existió el
caos, lo ha dicho el Tribunal Supremo. Ahora nos vuelven a decir que
somos agoreros, que no somos europeístas, que no estamos con la figura
del fiscal y les advertimos que va a ocurrir el caos y que vamos a tener
que adoptar medidas. Por tanto, rectifiquen, acepten el veto que nosotros
le hemos puesto encima de la mesa; establezcan una transición a la
aplicación, sigamos con la figura del juez instructor, porque es el
modelo de la Ley de enjuiciamiento criminal; apoyemos al juez
investigador en el ámbito de la Unión Europea, y, por tanto, preservemos
el procedimiento en España, porque, evidentemente, aunque somos
legisladores, también somos juristas, y lo que no podemos hacer es
provocar el caos. Se lo advertimos, va a ocurrir; les insto a que dentro
de seis meses volvamos a tener este debate y podamos establecer si ha
ocurrido o no lo que nosotros decimos o lo que ustedes dicen, que
nosotros vamos en contra de Europa, en contra del europeísmo y en contra
de aquellos acuerdos que se han adoptado.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Adrio.

La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, como ya ha argumentado la senadora
Victoria de Pablos, rechazamos este veto del Grupo Popular, al ser
contrario al reglamento europeo que ustedes aprobaron en 2017. Me ha
sorprendido el señor De la Rosa cuando empezó su primera intervención,
porque creí que se había confundido de asunto. Creí que estaba en la
moción del indulto de ayer, pero ya vi que después habló algo del derecho
al veto particular. Nos habla también del caos jurídico, de los
conflictos. Este proyecto traspone el reglamento de la Unión Europea, por
cierto, aprobado por ellos en 2017, para establecer una cooperación
reforzada para la creación de la fiscalía, para combatir los delitos
financieros de la Unión Europea, tan necesario siempre, y más
actualmente, con los Fondos de recuperación y resiliencia, que ha sido
aprobado por su grupo en Europa y que es de obligado cumplimiento en los
Estados miembros desde el 1 de junio de este año. En esta fecha se puso
en marcha la fiscalía europea, órgano común a los Estados miembros, pero
independiente de estos, con personalidad jurídica propia, a la que se le
atribuyen las funciones de investigar, procesar y llevar a juicio a los
autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. El
fiscal asume las funciones de investigación y promoción de la acción
penal, al tiempo que una autoridad judicial nacional, juez de garantías,
se encarga de velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales. El
proyecto de ley consta de un título preliminar y 6 títulos.
Contiene 131 artículos, 2 disposiciones adicionales, una transitoria, 9
adicionales, en donde se traspone el reglamento europeo, incorporándolo a
nuestro ordenamiento jurídico interno. Esta fiscalía es totalmente
independiente y solo dependiente de la fiscalía europea y tiene un
estatuto propio, y así lo recoge el reglamento y nuestro proyecto de ley.
La sede de la fiscalía europea delegada en España reside en la Audiencia
Nacional. La fiscalía española ya está haciendo sus deberes y ya tiene en
marcha el proceso para designar al fiscal delegado, y, en su caso, al
fiscal de apoyo, en cuanto se apruebe este proyecto de ley conforme al
reglamento europeo y a lo que exige, que lo nombre Europa. Entrará en
vigor en cuanto se pueda, porque tenía que estar ya el 1 de junio y
podremos ser objeto de sanción. El fiscal o fiscales delegados europeos,
porque el reglamento recoge como mínimo dos por Estado miembro, serán
fiscales españoles de entre el cuerpo fiscal español y nombrados por
Europa. Tal como señala el artículo 14 del proyecto de ley, la
designación de los candidatos a fiscal europeo y fiscales europeos
delegados se realizará por una comisión de selección regulada
reglamentariamente mediante un proceso selectivo, que deberá basarse en
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es la
cooperación reforzada y un trabajo autónomo de la fiscalía española.
Señorías, están mezclando la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal
para que recoja la figura del fiscal instructor y los jueces de garantía
en nuestro procedimiento procesal español —lo que ya se discutirá
en su momento— y tenemos una vacatio legis de seis años. El
título 2 de este proyecto de ley se denomina Estatuto de la fiscalía
europea y los fiscales europeos delegados. El artículo 15 del proyecto de
ley orgánica recoge expresamente: Los fiscales europeos delegados están
en situación de servicios especiales desde el momento de su toma de
posesión hasta su cese. En el desempeño de sus funciones se ajustarán a
las competencias y estatutos específicos que les confiere el reglamento
de la Unión Europea, del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía
europea y la presente ley orgánica. El reglamento europeo de 2017, en su
artículo 6, dice: Independencia y rendición de cuentas. La fiscalía
europea será independiente: el fiscal general europeo, los fiscales
adjuntos al fiscal general europeo, los fiscales europeos, los fiscales
europeos delegados, el director administrativo y el personal de la
fiscalía europea, actuarán en interés de la Unión en su conjunto, según
se defina en la legislación y no solicitarán ni afectarán instrucciones
de ninguna persona ajena a la fiscalía europea, de ningún Estado miembro
de la Unión Europea o institución, órgano u organismo de la Unión en el
desempeño de sus obligaciones, con arreglo al presente reglamento. Los
Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones, órganos y
organismos de la Unión respetarán la independencia de la fiscalía europea
y no intentarán influir en ella en el ejercicio de sus funciones. La
fiscalía europea rendirá cuentas de sus actividades generales ante el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y presentará informes
anuales, de conformidad con el artículo 7.

Señorías del PP, no se preocupen por la
plantilla de fiscales que —como ya dijo mi compañera, Victoria de
Pablos— está perfectamente integrada y no hace falta aumentarla. En
el momento en que sea necesario el incremento, cuando se aplique la
reforma que tenemos que llevar a cabo de la Ley de enjuiciamiento
criminal, que no es este el momento, usted señor De Rosa, sabe que los
fiscales y jueces tienen la misma formación jurídica, concurriendo a la
misma oposición y optando posteriormente a ejercitar de fiscales o
jueces. Tenemos fiscales lo suficientemente formados y capacitados por
especialidades de delitos económicos, etcétera, que pueden ejercer
perfectamente el puesto de fiscal delegado europeo. ¿O es que ustedes lo
dudan?

Señorías del Grupo Popular, siento no poder
llegar a un consenso con ustedes. Ustedes están situados en el decir no a
todo. Mi primera intervención en el Pleno fue el 8 de noviembre de 2020,
en la moción para que se desbloquearan los órganos constitucionales,
Consejo General del Poder Judicial, Defensor, Tribunal Constitucional, y
hoy en día siguen sin renovarse. Va a hacer tres años que están en
funciones, desde diciembre de 2018, y siguen en funciones, y eso que se
llaman constitucionalistas. Con todo el respeto, es una contradicción,
pues se dicen europeístas, aprueban el Reglamento europeo, pero a la hora
de acordar su aplicación se vuelven atrás y votan en contra. Me están
recordando lo que les dijo un miembro de Vox al querer evitar ser
fotografiados con ellos en la manifestación de la plaza de Colón, que
harían como Chiquito de la Calzada —aquí también vale el
símil—: un paso para adelante y varios para atrás. (Aplausos).

Por todo lo dicho, y porque este proyecto de
ley será una buena ley, vamos a rechazar su veto.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, antes de pasar al debate de las
enmiendas, procedemos a proclamar los resultados de las siguientes
votaciones telemáticas.

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de
las enmiendas, votos particulares.

En primer lugar, de los senadores
González-Robatto Perote y Marín Gascón, y de la senadora Merelo
Palomares, enmiendas 19 a 63.

Tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.

Señorías del Grupo Socialista, ayer pudimos ver
cómo este Gobierno del trilero Sánchez cometió la mayor ignominia que se
puede cometer contra el Estado de derecho. Les aconsejo que lean el
artículo de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal
Constitucional, asesinado por ETA; o los comentarios de Eligio Hernández,
fiscal general del Estado. Ambos dejan muy claro en qué condiciones se
pueden conceder los indultos. Les aconsejo que revisen ambas cosas.

Señorías, hemos presentado 45 enmiendas a este
proyecto de ley orgánica sobre la creación de la fiscalía europea. En su
mayoría son de modificación, 26; de supresión, 17, y de adición, 2. Paso
a resumir las más importantes.

Nuestras enmiendas de supresión, como he dicho,
son 17. La número 27 es de supresión de los apartados segundo y tercero
del artículo 6, por innecesarios. Es suficiente con la aplicación del
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la Lecrim.

La número 36 es de supresión del párrafo
primero del artículo 29, por existir una contradicción entre la
imposibilidad de cualquier tipo de retraso en la primera comparecencia
del primer inciso del artículo 29 y la declaración de nulidad del juez de
garantías cuando el fiscal europeo delegado retrase injustificadamente la
primera comparecencia.

La número 53 es de supresión del artículo 118,
porque se trata de preceptos que no van a un trámite cuya finalidad está
perfectamente cumplida en nuestra legislación procesal respecto a la
posibilidad de analizar y estudiar la posibilidad de sobreseer la causa.
Por otro lado, algunas de las circunstancias deben quedar a la valoración
probatoria a resultas del juicio oral, por lo que ninguna necesidad hay
de introducir este incidente de audiencia preliminar. Puede darse el caso
de que las decisiones tomadas en su seno sean consideradas como cosa
juzgada al respecto, impidiendo a las partes reproducirlas en el juicio
oral. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

La número 63 es de supresión del artículo 129.
Al igual que en el apartado anterior, en causas complejas como las que
nos ocupan debe asegurarse que toda la investigación es accesible al
juzgador y no obligar a las partes a hacer una selección o cercenarla. En
la práctica, en cualquier juicio oral cabe la posibilidad de necesitar
recurrir a elementos de la investigación en principio considerados
secundarios o inútiles y que, a la postre, se revelan imprescindibles
para una correcta valoración probatoria.

Por su parte, nuestras enmiendas de
modificación son 26. La número 22 es de modificación del párrafo segundo
de la exposición de motivos segunda, sobre la base de que, con arreglo a
las enmiendas anteriores y a las que siguen, para la aplicación del
Reglamento 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que
se establece una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía
europea, bastan dichas especialidades para que sea posible la instrucción
por la fiscalía europea sobre los delitos de su competencia.

La número 25 propone la modificación del
artículo 1 del proyecto de ley orgánica, basándose en la
recomendación 119 del informe sobre el anteproyecto de ley orgánica por
la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento 2017/1939, del
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea, adoptado
por el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 25 de marzo
de 2021.

Por otra parte, la número 26 es de modificación
del apartado tercero del artículo 4. El concepto de vinculación
indisociable es ajeno al ordenamiento jurídico español y ha sido
trasladado sin cambios ni adaptación desde el reglamento al presente
proyecto de ley orgánica. Se propone su modificación por el concepto de
conexión necesaria, definido en el artículo 17 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, al que este precepto ha de remitirse.

La número 46 plantea la modificación del
apartado 1 del artículo 42. La salvedad relativa a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico carece de fundamento. No cabe la
antinomia Constitución-reglamento europeo. De haberla, debe reformarse la
Constitución y, con mayor motivo, cualquier reforma no constitucional se
entiende aprobada por el reglamento europeo, sin perjuicio de que la
Comisión Europea incoe un procedimiento de infracción.

La número 48 plantea la modificación del
artículo 90. El derecho al recurso es consustancial con el derecho a un
proceso con las debidas garantías y tutela judicial efectiva. Si se
impone una investigación fiscal que sustituya a la instrucción judicial,
debe asegurarse expresamente la posibilidad de que se desarrolle conforme
a la ley y derechos fundamentales.

La número 49 pretende la modificación del
apartado tercero del artículo 96. Cualesquiera de las partes deben poder
hacer uso de tal elemento probatorio para contrastar la veracidad y
consistencia de la prueba practicada en juicio oral; lo contrario sería
ocultar al tribunal un elemento útil para la valoración de la prueba, de
igual manera que en la propia ley se contempla la posibilidad de
contrastar declaraciones realizadas en el proceso de investigación y que
en el juicio oral resultaran contradictorias.

Por último, nuestras enmiendas de adición son
dos. La número 28 propone la adición de un apartado octavo al artículo 8
por ser cláusula de cierre, en coherencia con el considerando 87 del
reglamento.

La número 51 plantea la adición de un párrafo
final al apartado 2 del artículo 109. La importancia del trámite
justifica la inclusión expresa de la posibilidad de su impugnación. El
trámite supone el fin de la posibilidad de aportar material probatorio o
solicitar diligencias de investigación, así como implica el inicio de la
fase previa al juicio oral.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1 y 2,
presentadas por los senadores Muñoz Lagares, Sánchez López y la senadora
Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra por
tres minutos el señor Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, por
economía procesal, doy por reproducidas nuestras enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Para defender las enmiendas 4 a 15, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Martín Pozo por
tiempo de doce minutos.

La señora MARTÍN POZO: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
este proyecto de ley un total de quince enmiendas: ocho de supresión,
cuatro de modificación y tres de adición. Lamentablemente, las de adición
no han sido admitidas por la Mesa, y déjenme que les diga, señorías del
Grupo Socialista, que han perdido con ello la ocasión de dar cumplimiento
a la recomendación del informe de la ponencia de la proposición de ley
sobre modificación del Registro Civil de incluir las dos enmiendas
presentadas en su momento por el Grupo Popular. Pero no solo eso, sino
que también han perdido la oportunidad y la ocasión de cumplir con el
compromiso adquirido no solo por su grupo, sino también por el ministro
de Justicia, de solventar la discriminación producida respecto de los
jueces exclusivos del Registro Civil que tomaron posesión de sus plazas
con posterioridad a la aprobación de la ley del 2011, así como realizar,
vía revisión de las retribuciones, un reconocimiento a la labor de los
letrados de la Administración de Justicia, que van a tener que sumar a
las labores jurisdiccionales que tienen atribuidas las labores de
Registro Civil.

Son dos enmiendas de adición que no se admiten
y lo justifican por la falta de relación con el contenido de esta ley,
como si no hubiéramos visto en esta Cámara, señorías, disposiciones
finales de proyectos y proposiciones de ley abordando modificaciones
legislativas totalmente ajenas al contenido de la ley. Sin ir más lejos,
en la Ley de modificación del Registro Civil se modificó el Código Penal
respecto al delito de blanqueo de capitales. Como verán sus señorías,
íntimamente relacionados.

Además, señora De Pablos, una ley del Registro
de Civil, que usted ha traído a colación en la intervención anterior, en
la que ustedes no admitieron ninguna enmienda por las prisas, porque
tenía que entrar en vigor el día 30 de abril. Sin embargo, el 3 de mayo
suspenden la entrada en vigor porque han sido incapaces de poner en
práctica su aplicación. Eso sí que es ser inútiles, señora De Pablos.
(Aplausos).

En la otra enmienda de adición se proponía una
nueva disposición final para la supresión del preámbulo de la Ley
Orgánica 5/2011, de 22 de abril, de derogación del 315.3 del Código
Penal, ¿recuerdan? Ese preámbulo que, más que un preámbulo, parece un
panfleto incendiario y sectario en el que se dicen cosas tales como que
desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se inició un proceso
constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades,
especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del
desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno; o que se ha tratado
de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en
consecuencia, de su libertad sindical. Expresiones y acusaciones que,
además de ser falsas, por salud democrática, por respeto a la labor de
esta Cámara, por decencia política y por respeto a los ciudadanos que
representamos, deberían desaparecer del texto legal.

Con el resto de las enmiendas, el Grupo Popular
intenta salvar un articulado en el que, respetando la parte destinada a
la creación de una fiscalía independiente para velar por los intereses
financieros de la Unión Europea, no podemos permitir que se incorpore por
la vía de hecho, por la puerta de atrás y sin debate previo no solo con
el resto de las fuerzas parlamentarias, sino con los operadores
jurídicos, la instrucción por parte de los fiscales del proceso penal.
Por ello, hemos presentado las enmiendas números 6, 7, 9, 10 y de la 12 a
la 15, de supresión de los artículos 7.2, 8, 10, 11 y de los títulos III,
IV, V y VI del proyecto de ley, toda vez que vienen referidos a la
instrucción del proceso penal por los fiscales, un aspecto tan novedoso e
importante para nuestro ordenamiento jurídico que se introduce sin tener
acompasado nuestro derecho interno en esta materia. Con esta norma, y
habiéndose iniciado un proceso de revisión de la Ley Enjuiciamiento
Criminal, que todavía no ha llegado a las Cortes, están hipotecando el
debate futuro sobre ella, pues al instaurar ya un sistema de
investigación inspirado en principios distintos al modelo actual va a
condicionar cualquier decisión futuro al respecto. Por ello, nuestro
grupo propone mantener la instrucción del juez mientras no haya un
consenso sobre el futuro proceso penal y la asunción de la instrucción
por parte de los fiscales. Lo más sencillo, y a la vista de sus
intervenciones, es que el fiscal europeo delegado sea el propio juez de
instrucción. Pero ustedes, como siempre, si la enmienda, si la propuesta
es buena, pero es del Grupo Popular, no se puede admitir.

Las enmiendas de modificación números 4, 5, 8
y 11 vienen referidas a la ampliación de los tipos delictivos enumerados
en el artículo 4.2, añadiendo en el apartado c) los delitos de tráfico de
influencias de los artículos 428 y 419 del Código Penal, así como el
delito de fraude, el 436, y los tipificados en la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de represión del contrabando, todos ellos cuando
afecten a los intereses financieros de la Unión.

Asimismo, proponemos en el artículo 9 que las
cuestiones de competencia que se susciten se resuelvan por la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo y no por la Fiscalía General del Estado.

La última de nuestras enmiendas viene referida
a la composición de la comisión de selección para la designación de
candidatos a fiscal europeo y fiscales europeos delegados del
artículo 14. En lugar de dejarla abierta a un posterior desarrollo
reglamentario, entendemos adecuado que cerrasen este texto, proponiendo
que sean nombrados por terceras partes, por el Ministerio de Justicia, la
Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, más
que nada por aquello de la división de poderes, señora De Pablos
—usted lo mencionó antes— que propugna nuestra Constitución y
que a ustedes en muchas ocasiones parece que se les ha olvidado.

Señorías del Grupo Socialista, entiendan que
mostremos nuestros recelos cuando se trata de dar atribuciones a la
Fiscalía General del Estado, habida cuenta de la trayectoria de la fiscal
general, otrora diputada y ministra del Partido Socialista, y habida
cuenta del concepto que tienen ustedes de la independencia de la
fiscalía. Dicho esto, quiero mostrar todo el respeto a los más de 2500
fiscales. Nadie, señorías del Grupo Socialista, ha puesto en duda ni ha
cuestionado su capacidad, puesto que cumplen su función impecablemente y
a los que flaco favor les hacen frases como las de su jefe de filas, el
señor Sánchez, cuando dijo aquello de ¿de quién depende de la fiscalía?
¿Del Gobierno, no? Pues eso. Creo que queda todo dicho.

Señorías del Grupo Socialista, nos encontramos
otra vez en la tramitación de este proyecto de ley con más de lo mismo.
Procedimiento de urgencia en un tema de gran importancia relativo a un
servicio público esencial y un derecho fundamental como es la justicia.
Ausencia de un debate previo sin posibilidad de consenso, como he dicho,
no solo con las fuerzas parlamentarias, sino con los operadores
jurídicos. No aceptación de ninguna de las enmiendas con la excusa de las
prisas —nos pasó lo mismo en la de Registro Civil— y la
consideración de la justicia, una vez más por parte de este Gobierno y
del Grupo Socialista, como un cortijo propio al servicio de sus intereses
partidistas.

Señorías del Grupo Socialista, vuelvan a la
senda del interés general; abandonen esa prepotencia en la que se han
instalado y acepten las enmiendas de este grupo, que suponen una mejora
técnica considerable al texto que hoy se debate. El Grupo Popular les
ofrece, como siempre, diálogo, mano tendida y consenso en temas como este
que, por su calado, deben abordarse como temas de Estado, pero con estas
malas mañas, no; así, no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, en el
turno en contra, tiene la palabra la senadora Adrio Taracido por tiempo
máximo de quince minutos.

La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señora
vicepresidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el
apoyo de todos los grupos que no han presentado enmiendas.

El reglamento europeo establece un sistema de
competencias compartidas entre la fiscalía europea y las autoridades
nacionales encargadas de combatir las infracciones que perjudiquen a los
intereses financieros de la Unión, basado en el derecho de avocación de
la fiscalía europea.

Señorías de Vox, han presentado cuarenta y
cuatro enmiendas, números 19 a 63, de las cuales veintiséis son de
modificación, diecisiete de supresión y dos de adición, y estas enmiendas
no deben incorporarse porque van en contra del proyecto de ley que
traspone el Reglamento europeo 2017/1939, de cooperación reforzada de la
fiscalía europea, de obligado cumplimiento desde el 1 de junio de este
año.

Señorías, ustedes son partidarios de que se
mantenga la fase de investigación e instrucción en los jueces de
instrucción. No están a favor del reglamento europeo objeto de
trasposición en este proyecto de ley. Sus enmiendas suponen modificación
del articulado, pero este proyecto de ley es muy claro en el articulado
al trasponer el reglamento europeo con arreglo al mismo. Cuestionan la
competencia, pero no se van a plantear cuestiones de competencia, pues la
sede de la fiscalía europea delegada reside en la Audiencia Nacional.
Plantean suprimir todo lo que recoja el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres y acceso al empleo público. Plantean la supresión
de casi todos los artículos de la fase intermedia, dejando sin
procedimiento para aplicarla. En la enmienda 48, de modificación del
artículo 90, relativo a la impugnación de los decretos del fiscal europeo
delegado durante el procedimiento de investigación, alegan ustedes que si
se impone investigación fiscal, que sustituye la instrucción del juez,
debe asegurarse expresamente la posibilidad de que se desarrolle conforme
a la ley y los derechos fundamentales. Quedan totalmente tutelados, tal
como se recoge en el artículo 90 del proyecto de ley, por el juez de
garantías, que es el que va a salvaguardar los derechos fundamentales. No
se preocupen que van a estar completamente salvaguardados.

Con la enmienda número 49, referida al
aseguramiento de la prueba, quieren ustedes modificar el apartado 3 del
artículo 96, donde está completamente asegurada y reforzada dicha
prueba.

También pretenden hacer alguna modificación sus
señorías del Grupo Democrático con sus enmiendas 1 y 2 —también las
enmiendas de Vox reivindican lo de la acusación popular—. Señorías,
presentan 2 enmiendas porque les preocupa que no exista en este proyecto
de ley la acusación popular, pero está perfectamente recogida en el
artículo 36.5 del proyecto de ley. Y queda salvaguardado el espíritu del
artículo 125 de la Constitución, pues dicho apartado 5 dice literalmente:
La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones y
entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los
intereses que se han visto afectados por la comisión del delito
investigado. De hecho, la legitimación de la acusación popular era una
preocupación de muchos grupos políticos, entre ellos Unidas Podemos. En
el Congreso se aprobó este texto con un gran consenso y los grupos
entendieron que estaba perfectamente recogida en este artículo. Por lo
que he manifestado, no pueden ser incorporadas sus enmiendas ni las de
Vox.

Como ya saben, este proyecto de ley ha sido
suficientemente debatido en el Congreso, recoge enmiendas a propuesta del
Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Vasco, y fue
aprobado por un gran consenso. Es un proyecto de ley que viene muy
trabajado y consensuado y que traspone el reglamento europeo que, como
Estado miembro, es de obligado cumplimiento, adaptando para ello nuestro
ordenamiento jurídico interno.

Señora Martín Pozo, dicho con el máximo
respeto, me alegro de que hayan cambiado de actitud —de argumentos
no tanto— con respecto a los utilizados en la comisión y de que se
hayan centrado más en el tema objeto de debate, aunque ya vi que volvían
a hablar de la fiscal general del Estado, que no tiene nada que ver,
porque esta es una fiscalía completamente independiente, que depende de
la Unión Europea. ¡Es que no tiene nada que ver!

Yo creo que en el Senado hay que parlamentar.
Se debe respetar la decisión de Presidencia en cuanto a las 3 enmiendas
que les han sido rechazadas, porque está basada en criterios de los
letrados de las Cortes, que son de reconocido prestigio y competencia.
Esas 3 de sus 15 enmiendas no tienen nada que ver con este proyecto de
ley de trasposición del reglamento europeo, de obligado cumplimiento. Por
eso no las han admitido, es que hablaban del Registro Civil y de otras
cosas. No tienen nada que ver con esta ley.

Presenta su grupo doce enmiendas y, de ellas,
cuatro de modificación. La 4 es contradictoria con el reglamento: quieren
remitir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. Respecto a la 5,
está perfectamente recogido en el reglamento. La 8 remite el reglamento a
nuestro ordenamiento en lo que no esté expresamente recogido. En cuanto
a 11, la selección del fiscal europeo y del fiscal europeo delegado está
regulada conforme al reglamento europeo y es la Comisión la que fija los
criterios. Alegan en todas estas modificaciones una mejora técnica, que
yo no veo, porque creo que este proyecto de ley está, como he dicho, muy
trabajado, muy estudiado, muy consensuado y que tiene una buena
redacción. Los artículos del proyecto de ley son impecables en la
trasposición del reglamento europeo.

Presentan 8 enmiendas de supresión. La 6 está
perfectamente recogida en el proyecto de ley. Respecto a la 8, está
perfectamente recogida la figura del juez de garantías, que salvaguarda
derechos fundamentales, y este proyecto de ley señala las funciones del
juez de garantías para su salvaguarda. En cuanto a la 9, está
perfectamente regulado en el artículo 10 de nuestro proyecto de ley el
refuerzo de la investigación de la fiscalía, con la colaboración de los
jueces de instrucción, por razones de urgencia, con el fiscal europeo
delegado cuando no pueda desplazarse. Quieren suprimir el artículo 11,
pero este refuerza la custodia de la documentación, pues la custodia
depende de la fiscalía europea, pero, en el desempeño de las funciones de
los jueces de garantías, el custodio es el letrado de la
Administración.

Y las restantes de supresión quieren eliminar
títulos enteros: el procedimiento de investigación de la fiscalía europea
en el título III; en el título IV, control judicial de la investigación;
en el título V, conclusión del procedimiento de investigación; con la
enmienda número 15, el título VI, fase intermedia, preparación, juicio
oral. Solo dejan los títulos I y II y con supresión o modificación de
artículos, es decir, es como una enmienda a la totalidad. La supresión de
todos esos títulos en la incorporación del reglamento a nuestro
ordenamiento nos llevaría a que no pudiera ser puesta en funcionamiento
la fiscalía europea en España al carecer de procedimientos. Siguen
mezclando, además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sus enmiendas no serán incorporadas a este
proyecto de ley por todo lo dicho. Aún están a tiempo de demostrar que
son europeístas. En consonancia con su grupo, que apoyó en 2017 el
reglamento europeo de cooperación reforzada de la fiscalía, súbanse al
carro de Europa y voten a favor de este proyecto de ley, que traspone
única y exclusivamente el reglamento para poder ser aplicado en España.
Considero que su decisión será difícil de entender por sus compañeros del
grupo europeo. No se queden solos con los señores de Vox, que van de
frente y reconocen su antieuropeísmo y el no estar de acuerdo con que la
investigación e instrucción las lleve la fiscalía, en este caso europea.
Aún están a tiempo; piensen en la justicia, en Europa, en España, que
somos todos. Este proyecto de ley es una buena ley de trasposición del
reglamento europeo, de obligado cumplimiento desde el 1 de junio,
perfectamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no
podemos incluir sus enmiendas ni ninguna de las enmiendas de los grupos a
este proyecto de ley.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.

Señorías, esta iniciativa de cooperación
reforzada para la creación de la fiscalía europea se inicia en 2017, y
España participa gobernando el Partido Popular. Transcurridos cuatro
años, son muchas las dificultades que subsisten, porque no necesariamente
la cooperación reforzada en materia de una fiscalía europea exigía la
atribución de la instrucción para los delitos contra los intereses
financieros de la Unión Europea y de crimen organizado. Esa iniciativa de
cooperación reforzada bien podría haber dispuesto que la instrucción
quedase a resultas de la aplicación o desarrollo del reglamento por el
derecho nacional de cada Estado y, por lo tanto, no hubiera sido
necesario en España o en Francia o en los países en los que la
instrucción sigue estando encomendada a los jueces de instrucción.

Creemos que existen graves dificultades sobre
la atribución de la competencia instructora al ministerio fiscal,
siquiera sea porque nos parece de muy difícil encaje en el artículo 124.2
de la Constitución, toda vez que este precepto dispone que el ministerio
fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia
jerárquica. No acabamos de entender cómo es posible encajar la
independencia del fiscal instructor, independencia que hoy lo es del juez
instructor, en un ministerio público regido por los principios de unidad
de actuación y dependencia jerárquica. Lo lógico es que se reforme el
Estatuto del ministerio fiscal y luego se proceda a reformar las leyes
procesales penales, al efecto de atribuir la instrucción a la fiscalía.
Existe una limitación severa, que es el artículo 124.2 de nuestra
Constitución y, por lo tanto, me parece que, para subvertirla, se
precisaría de una reforma del texto constitucional, so pena de que un
anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que finalmente sea ley
fuera inconstitucional de no procederse así.

También estamos en contra de la supresión de la
acusación popular. ¿Qué hubiera sido de los hechos enjuiciados en el
procés sin acusación popular, si Vox no hubiera presentado querella? Esta
institución es decimonónica —sí, todo lo que queramos—, pero
en el siglo XXI acaba de dar cuenta de su altísimo rendimiento en una
cuestión que supone verdaderamente una crisis nacional sin precedentes en
la historia contemporánea.

También estamos en contra de la fase
intermedia. No es necesaria, señorías. El reglamento europeo, cuya
aplicación se hace mediante esta ley, no exige una fase intermedia. Esto
es un anticipo de la reforma general consistente en la atribución de la
competencia instructora al ministerio fiscal. No es necesaria; lo han
dicho en sus dictámenes el Consejo de Estado, el Consejo General del
Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Por otro lado, tanto para la discrepancia de
competencias entre la fiscalía nacional y la fiscalía europea como en
otros pronunciamientos objeto del artículo 13.3, a nuestro juicio, la
autoridad no puede ser sino la judicatura, la magistratura en sentido
propio, no la Fiscalía General del Estado. Creemos que esto es un grave
error y no sé si acaso, en su día, pudiera dar lugar a una impugnación
por vía de un recurso de inconstitucionalidad.

Por lo expresado anteriormente, nos oponemos a
este proyecto de ley orgánica, por lo que votaremos en contra.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta,
señorías, buenos días.

Obviamente, vamos a votar a favor del proyecto
de ley porque nos parece, en general, muy positivo, pero es que, además,
tiene tres cosas que a nosotros nos agradan sobremanera: en primer lugar,
la lucha contra la corrupción; en segundo lugar, la independencia del
ministerio fiscal, y, en tercer lugar, una mayor colaboración judicial a
nivel europeo.

En primer lugar, señorías, en la lucha contra
la corrupción, nos encontramos con un método eficaz para perseguir
determinados delitos graves, como el delito fiscal, el fraude de
subvenciones, el cohecho, el blanqueo de capitales, utilizado también por
las organizaciones criminales precisamente para cometer estos delitos,
con lo cual es un punto a favor de este proyecto de ley que nos
gusta.

En segundo lugar, nos encontramos con el
principio de independencia del ministerio fiscal, independencia de
cualquier criterio político e independencia también de la fiscalía
española por lo que se refiere al fiscal europeo delegado. Presentamos
una enmienda en el Congreso que buscaba también la independencia del
ministerio fiscal español, pero se rechazó, y en el Senado no ha sido
admitida a trámite, por desgracia. Aun así, es algo que debemos reiterar
en esta tribuna: la instrucción por parte de la fiscalía debe ir
necesariamente acompañada de total y absoluta independencia. Esta ley nos
da también seguridad, porque la fiscalía europea no depende del Gobierno
de turno. ¿Qué imagen daría a la ciudadanía que la mayor responsable de
la instrucción de los delitos de corrupción dependiera del Gobierno? Eso
ya pasa aquí y no nos gusta. Si pretenden una reforma en el futuro, unos
u otros, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin haber garantizado la
independencia de la fiscalía, tengan claro que, igual que en este
proyecto de ley van a contar con nuestro apoyo, en ese no.

Finalmente, otra de las cuestiones que nos
gusta, y nos gusta sobremanera, es la mayor colaboración a nivel europeo.
La cooperación reforzada es una herramienta poderosísima que, por
desgracia, no se usa todo lo que se debiera, señorías. La creciente
integración transfronteriza en la actividad económica también ha llevado,
y es inevitable, a una creciente corrupción transfronteriza, es decir,
han aumentado los delitos. Pues, señorías, ante problemas europeos,
soluciones europeas.

Es curioso que los gobiernos españoles solo
hagan reformas para luchar contra la corrupción cuando obliga Bruselas,
pero bienvenido sea y, por supuesto, como he dicho al principio, vamos a
votar a favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En nombre del Grupo Nacionalista en el Senado,
tiene la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia de nou.

Debatimos el proyecto de ley orgánica de
aplicación del Reglamento del Consejo por el que se establece la
cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea, un
proyecto que nos ha sido remitido por el Congreso con un amplio consenso
y en tiempo de prórroga, pues el pasado 1 de junio entró en vigor.

La fiscalía europea es la institución
competente para investigar y ejercer la acción penal ante los delitos que
perjudican intereses financieros de la Unión Europea y delitos
vinculados, como la corrupción, el fraude en subvenciones, fondos y
recursos europeos, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada,
que se lucra aprovechándose de la descoordinación jurídica entre los
Estados, unas acciones que, sin duda, entendemos que erosionan a los
gobiernos, a las instituciones públicas y a la democracia. Creo que se ha
dicho ya que se calcula que anualmente se pierden miles de millones de
euros por fraude en el IVA transnacional y millones de euros relacionados
con los fondos estructurales, y debemos dotarnos en estos momentos de
todas las herramientas para que esto no ocurra con los fondos Next
Generation.

La adaptación del ordenamiento estatal al
reglamento que establece la fiscalía europea es inaplazable, por lo que
Junts per Catalunya va a votar favorablemente, reiterando algunas
observaciones que mi compañero, el diputat Josep Pagès, ya hizo en el
Congreso.

Es evidente que se da un paso para que la
fiscalía asuma la instrucción penal, pero, según el reglamento, la
Fiscalía Europea debe ser un organismo orgánico y funcionalmente
independiente, no sujeto a órdenes o instrucciones ni de la Unión ni de
los Estados, por lo que entendemos que el Gobierno ha perdido la
oportunidad de establecer la independencia política de la fiscalía del
Poder Ejecutivo. Esperemos que en la futura Ley de Enjuiciamiento
Criminal se hagan las reformas oportunas, porque entendemos que los
fiscales no pueden instruir si antes todas las estructuras de la
fiscalía, la Fiscalía General del Estado la primera, no dejan de depender
del Ejecutivo. Probablemente, de ser así evitaríamos expresiones como a
la que hacía referencia la senadora Martín Pozo, sobre de quién depende
la fiscalía, pero también de las del ministro del Partido Popular,
Fernández Díaz, que decía: Esto la fiscalía te lo afina.

Tampoco compartimos la atribución de la
competencia judicial a la Audiencia Nacional, un tribunal heredero
directo del Tribunal de Orden Público franquista, impropio de un sistema
judicial democrático, que establece de facto una jurisdicción especial
con el consiguiente incumplimiento del principio de juez ordinario. Saben
que nosotros abogamos por su desaparición y por el traspaso de sus
competencias a la jurisdicción ordinaria.

En Junts per Catalunya reiteramos nuestro
compromiso con el proyecto europeo. Estamos a favor de una mayor
integración europea, como entendemos que ocurre en el caso que nos ocupa,
pues la fiscalía europea, sin duda, refuerza uno de los objetivos más
importantes de la Unión, el espacio de libertad, seguridad y justicia. En
Junts per Catalunya creemos firmemente en este espacio de libertad,
seguridad y justicia europea, mucho más que algunos miembros de las
cúpulas y órganos judiciales o del propio Estado, como se ha venido
constatando en los últimos días con más intensidad. Así, para nosotros es
difícil entender que si España es Europa, la inmunidad del president
Puigdemont, por su condición de eurodiputado, termine en los Pirineos.
Miren, el gran desafío del Estado español, a nuestro entender, para
avanzar hacia la total integración europea pasa por la democratización
plena de las altas instancias judiciales, porque formar parte de la Unión
Europea significa que se aceptan sus reglas, y aquí parece que algunos no
las conocen o no quieren conocerlas. Seguro que esto también ha sumado a
la hora de indultar a los presos políticos catalanes, pues cada vez que
se ha puesto la justicia española ante el espejo de otras justicias
europeas, la española ha quedado en evidencia.

Muchas gracias.

Amnistia i dret a
l’autodeterminació.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

En un mundo globalizado como el nuestro también
hay, por desgracia, muchos tipos de delitos que no entienden de fronteras
o, al contrario, sí que entienden de estas y las usan para conseguir
inmunidad en sus fechorías. Hoy hablamos de fraude dentro de la Unión
Europea, pero el fraude internacional va mucho más allá de la Unión
Europea. Conocen muchos casos de patriotas que se envuelven con la
bandera, dicen que son muy españoles y son los que luego tienen cuentas
en Andorra, Suiza o Panamá, o en cualquier paraíso fiscal, patriotas
cuyos colores no son el rojo y amarillo de su gran bandera, sino el negro
de su dinero. Tesoreros del Partido Popular, exministros del Partido
Popular o los Borbones aprovechan el vacío legal internacional para poder
ocultar todo lo robado, defraudado, obtenido irregular o ilegalmente y
los depositan en paraísos fiscales. Luego viene el ministro de Hacienda
de turno y crea amnistías fiscales para que sus amigos delincuentes
blanqueen todo lo que han robado y que está depositado en paraísos
fiscales, y le dan facilidades para blanquear hasta al más ladrón de
todos, con apellido Borbón, un apellido que es casi un sinónimo en este
país. Pero, pobre, porque por mucho que regularice, siempre aparecen
nuevas cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Hemos de avanzar para dotarnos de instrumentos
para luchar contra ese tipo de delitos, que van mucho más allá de
nuestras fronteras. Es complejo todavía a nivel internacional, pero no lo
es tanto a nivel común de la Unión Europea. Por ello, hoy damos un paso
en esa dirección. Si la Unión Europea mueve gran cantidad de recursos
económicos públicos y compartidos, también hay corrupción dentro del
ámbito de la Unión Europea que supera los márgenes de los Estados
miembros. Donde hay movimiento de dinero, hay facilidad de fraude. Hay
fraude en la gestión de los fondos, hay fraude en los presupuestos de la
Unión Europea, hay fraude en las subvenciones y ayudas europeas, hay
fraude en el IVA a nivel de la Unión Europea, hay delincuencia organizada
transnacional dentro de la Unión Europea y, como saben —unos mejor
que otros—, hay blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea.
Esa delincuencia, hasta ahora, ha jugado con la descoordinación, con la
falta de competencias de los tribunales estatales para ir más allá de sus
fronteras. Ha jugado con la falta de una fiscalía común de toda la Unión
Europea que pudiera operar con plenas competencias. Por tanto, es un paso
que adaptemos el reglamento europeo a nuestro ordenamiento jurídico y que
tengamos un instrumento común para luchar contra los delitos que se
puedan perpetrar por estar en ese nuevo marco que es la Unión Europea.
Trasponer el reglamento europeo tiene efectos sobre nuestro Código Penal,
sobre nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre toda nuestra
legislación. Nuestra legislación, obviamente, tiene muchos más hándicaps,
por lo que serán necesarias otras reformas para luchar contra la
corrupción y contra los delitos fiscales.

Europa ha de reforzar, igualmente, sus medidas
contra el fraude y dotarse de instrumentos. Defraudar a la Unión Europea
es defraudar a tu propio Estado y, por lo tanto, a ti mismo. No existían
instrumentos compartidos para luchar contra el fraude a la hacienda
común, a pesar de que sí que existía una hacienda común. Las fiscalías de
los Estados carecían de competencias y de instrumentos. Hoy adaptamos
nuestra legislación al marco común y nos dotamos de la capacidad de un
órgano independiente de la Unión que se encarga de investigar, procesar y
llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses
financieros de la Unión Europea.

Queda mucho por hacer, obviamente, pero creemos
que vamos en la dirección correcta; tarde, pero vamos. Por lo tanto,
votaremos a favor del texto tal y como ha venido del Congreso y esperemos
medidas para acabar con las organizaciones criminales, bien sean a nivel
estatal, bien sean a nivel parlamentario, bien sea a nivel internacional.
Queda mucho todavía por hacer.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on danori.

Abordamos el Proyecto de Ley Orgánica de
aplicación del Reglamento 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre, por
el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la
fiscalía europea. La posición del Grupo Vasco es conocida al respecto y
tuve la oportunidad de trasladarla, por última vez, en la Comisión de
Justicia del pasado viernes. Después de una ardua e intensa labor de
análisis y aportación de propuestas de mejora en clave constructiva,
después de una importante labor de contraste y negociación en favor del
acuerdo y la transacción con el ministerio y el resto de los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados, los puntos de confluencia
en relación con el texto inicial se ampliaron lo suficiente como para
desembocar en un apoyo claro por nuestro grupo al texto que finalmente
abordamos hoy en esta sesión plenaria. Es un texto que cuenta, además,
con un amplio respaldo parlamentario, acreditado no únicamente en la
Cámara Baja, sino también en esta Cámara, conforme se verificó en la
propia Comisión de Justicia. Por tanto, razonablemente satisfecho con el
resultado del proceso inicial de tramitación, nuestro grupo ha decidido
no presentar ninguna enmienda adicional en su tramitación ante esta
Cámara y apoyar, por tanto, tal cual el texto remitido por la Cámara
Baja.

Señorías, conforme se establece en la
exposición de motivos del proyecto de ley, se establecen las normas de
aplicación al ordenamiento jurídico del Estado del referido reglamento,
completa sus disposiciones y regula un procedimiento especial para la
investigación por parte de las y los fiscales europeos delegados de
aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma
europea. Este procedimiento introduce novedades significativas en el
proceso penal previsto y regulado en el ordenamiento jurídico español.
Desde la supervisión por parte del denominado juez de garantías de la no
restricción de derechos fundamentales, el liderazgo de la investigación
se asigna a la fiscalía europea, que tiene como funciones atribuidas,
además de esta investigación, la de procesar y llevar a juicio a los
autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión; todo
ello con la plena independencia orgánica y funcional y con la
inamovilidad, garantizadas ambas a esta fiscalía por mandato del
reiterado reglamento.

Este nuevo paradigma de la investigación de los
delitos tasados en la normativa europea conlleva, a su vez, otros cambios
procesales, algunos de los cuales han sido objeto de examen, modificación
y mejora en su regulación en el Congreso a través de las correspondientes
transaccionales, también protagonizadas por nuestro grupo. Tal es el caso
de la ampliación de la legitimación de la acusación particular, por
ejemplo, o las introducidas respecto de las sentencias de conformidad.
Por tanto, y sin perjuicio del precedente ya instaurado de la ley penal
del menor, en virtud de la cual corresponde al fiscal la instrucción del
procedimiento, estamos ante una suerte de anticipo del modelo de
instrucción penal contemplado en el anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que acotado, no obstante, a su ámbito de
aplicación concreto, aportará, sin duda, una experiencia valiosa y
oportuna en orden a la futura implantación de este nuevo modelo con
carácter general desde la entrada en vigor, en su caso, de este
anteproyecto de ley, que, no lo olvidemos, contempla una vacatio legis de
seis años.

Pero más allá de las cuestiones procesales, sin
duda la trascendencia de este proyecto de ley del reglamento y, en
definitiva, de la fiscalía europea, se sitúa en la realidad de la
habilitación de un amplio espacio de seguridad y de justicia en la Unión.
Solo hay cinco excepciones a la totalidad de Estados de la Unión
implicados. Un espacio que va a posibilitar abordar desde la actividad de
la fiscalía, con mayor contundencia y efectividad, la lucha contra el
fraude y la corrupción que impacta contra el erario público europeo.
Porque, en definitiva, de eso se trata, de reforzar la lucha contra el
fraude y la corrupción superando las fronteras jurídicas entre los
Estados. Hay que reseñar, en este sentido, que los fraudes que afectan a
los intereses financieros de la Unión Europea ascienden, según la
Comisión, a una cuantía media anual aproximada de 500 millones de euros,
aunque, según señalan los expertos, hay razones para creer que el riesgo
de fraude se puede elevar hasta los 3000 millones de euros al año.

Esta realidad, la crisis económica que estamos
sufriendo, la necesidad de defender el propio bienestar de la ciudadanía
europea, defendiendo sus propios recursos frente a la corrupción y el
fraude, justifican, por tanto, la necesidad de habilitar una fiscalía
europea que pueda abordar esas conductas delictivas. Hablamos, por
ejemplo, de casos de fraude vinculados a los fondos estructurales
europeos o al IVA transfronterizo. No olvidemos tampoco la realidad del
importante y necesario compromiso económico abordado por la Unión para
afrontar la actual crisis económica y la esperada recuperación en clave
de transformación de la economía mediante los fondos Next
Generation.

Por todo ello, votaremos a favor del texto
remitido por el Congreso recogido en el dictamen de la comisión.

Termino, señora vicepresidenta, recogiendo la
estela de la reivindicación formulada ayer por mi compañera, la senadora
Etxano, ante la ministra de Igualdad. Es necesario garantizar de facto el
cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, también, señorías, en lo
referente a la implantación de un lenguaje igualitario en los textos
legales. Su incumplimiento es claro en el texto que examinamos. No es
únicamente una cuestión de legalidad, sino más bien de justicia. Es
necesario, a fin de lograr el objetivo de la igualdad entre sexos, hacer
un uso del lenguaje que represente a las mujeres y a los hombres. En
nuestra lengua milenaria, el euskera, tenemos acuñada una expresión que,
de alguna manera, traslada esta exigencia: Izena duenak izana du, es
decir, aquello que tiene nombre, aquello que es nombrado, es aquello que
existe. No lo olvidemos.

Eskerrik asko.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Furriol Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Muchas gracias.

Intervengo desde el escaño solo para manifestar
que, como hemos anunciado, y por los motivos expuestos, votaremos a favor
del texto, aunque vemos que los partidos mayoritarios arrastran los pies
y se hacen zancadillas tanto en la lucha contra el fraude y la
malversación como en el avance en la protección de derechos
fundamentales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora
presidenta.

¿Tan difícil es que entiendan que el papel del
fiscal investigador lo puede asumir el juez de instrucción hasta la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España? ¿Tan complicado
es? Pero bueno, es pegar contra una pared.

Señorías, el proyecto que hoy debatimos
descansa sobre un pilar básico, como es el de la independencia de la
fiscalía. Sin embargo, ustedes, cuando han tenido oportunidad, no han
dudado en ocupar la Fiscalía General del Estado utilizando a una fiscal
sectaria, fuertemente ideologizada y sumisa a la voluntad del anterior
jefe, Pedro Sánchez. Su fiscal general se ha dedicado a hacer una
limpieza ideológica en la fiscalía, y si no, que se lo pregunten a Javier
Zaragoza o a Consuelo Madrigal. Y ahora nos vienen hablando de la
independencia, de las virtudes de la fiscalía europea, cuando ustedes no
la están cumpliendo en la fiscalía española. Por eso, su discurso es
absolutamente hueco, ya que defienden en Europa lo que rechazan con
hechos en España. Mientras no haya un cambio en la jefatura de la
fiscalía española, el proyecto de la fiscalía europea no se puede
implementar de una forma independiente. Permítanme, señorías, que les
ponga varios casos. La inmensa mayoría del mundo judicial considera que
la fiscal general no es independiente. Se cuestiona la apariencia de
independencia de la fiscalía, falta de imparcialidad, la falta de ética y
estética —no son palabras mías, sino del propio Consejo Fiscal y de
las asociaciones de fiscales—. La Comisión Europea y el Consejo de
Europa han manifestado su preocupación por el sistema de nombramiento de
la fiscalía en España. Para evitar esta situación, que perjudica la
imagen de España, es necesaria una reforma del sistema del nombramiento.
Podrían haber aprovechado para también realizar ese cambio en el
nombramiento de la fiscal general del Estado, suprimiendo la posibilidad
de que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser
llamada a informar ante el Consejo de Ministros. No sé si habrá sido
llamada la fiscal general del Estado al Consejo de Ministros —así
lo dice la posibilidad del estatuto orgánico— para retirar la
capacidad de los fiscales del procés para no poder impugnar los indultos.
Los han retirado y han sido sustituidos por otros. Realmente, ¿qué
podemos esperar de un Gobierno o una fiscal general que actúa al servicio
de quienes quieren romper la convivencia y el orden constitucional? Los
conflictos de intereses que afectan a la fiscal general le van a obligar
a abstenerse. Por tanto, esa no es la figura de una fiscalía
independiente. Para evitar la impunidad es necesario modificar el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, por tanto, también hay que
cumplir lo dispuesto en el acuerdo que ustedes han llevado a cabo en el
Parlamento Europeo, junto con el Partido Popular —hemos actuado
conjuntamente—, para aprobar la reforma de la orden europea de
detención y entrega. Esta idea, que abarcará también la entrega
automática en los delitos que afectan a la rebelión y sedición, es una
cuestión que tienen ustedes que poner encima de la mesa en esa reforma
que quieren imponer sin ningún tipo de diálogo.

Como les he dicho, es muy llamativo que el
Gobierno haya sufrido ya doce reveses en el ámbito de la justicia, y
hacen caso omiso a juristas de reconocido prestigio como, por ejemplo,
Tomás y Valiente, que fue asesinado por ETA, presidente del Tribunal
Constitucional, que dice que hay tres condiciones que han de reunir los
indultos: que lo solicite el reo, que se arrepienta del delito y que
acate la Constitución. Este artículo fue efectuado por una víctima de ETA
y presidente del Tribunal Constitucional, persona muy querida por ustedes
y respetada por nosotros por su valía jurídica. Por tanto, aquí está lo
que dicen los fiscales.

Señoría, Napoleón decía que cuando las tropas
están débiles y desconfían de sus líderes, lo mejor es una buena arenga.
Es lo que ayer vimos en esta Cámara por parte del Grupo Socialista, una
arenga. (Aplausos). A mí me recordó la famosa arenga de la película
Bienvenido mister Marshall, en la que el alcalde se dirigía a sus vecinos
diciendo: «Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os
debo una explicación, y esta explicación que os debo os la voy a pagar,
porque yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación…»,
y así en continuo bucle. O la famosa letra de la canción, americanos, os
recibimos con alegría —que podríamos sustituir por
independentistas, os recibimos con alegría—, mientras los coches
pasaban de largo despreciando y burlándose de los vecinos de Villar del
Río.

Muchas gracias.






Y ahora viene la arenga, señor
Oleaga. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora De Pablo Dávila.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidenta.

Senador De Rosa, acabo de entender cuál es la
justificación de todas las arengas que nos ha hecho esta mañana. Como
usted ha sido magistrado, consejero y miembro del Consejo General del
Poder Judicial, tengo la sensación de que lo que está haciendo es
postularse para ser el próximo fiscal general del Estado a propuesta del
Gobierno del Partido Popular, pero tengo que darle una mala noticia: con
lo que van a tardar ustedes en gobernar, le ha llegado la edad de la
jubilación. (Aplausos).

Senadores del PP, ya sé que no nos dejan leer
el Financial Times. Espero que el New York Times sí, porque lo que dice
hoy me parece importante, y es que a veces hay que quitarse las orejeras
y mirar al exterior, que hay mucho mundo más allá de España. El
prestigioso diario estadounidense dice: ha asegurado que la aprobación de
los indultos para los presos del procés son una importante rama de olivo
en un conflicto que durante mucho tiempo ha dividido al país —en
referencia al símbolo mundial de la paz en mano de Pedro Sánchez—.
Esta es la prensa internacional. (Aplausos). Se pongan como se pongan y
lo digan como lo digan, el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del
Reglamento, del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía
europea, es un instrumento para construir Europa; que sirve para que en
Europa podamos vivir más ajustados todos a derecho, para evitar espacios
de impunidad y, en definitiva, para contar con instrumentos que nos
permitan combatir el delito. Eso es lo que discutimos hoy. Hay unos, la
derecha y la extrema derecha —Vox y el Partido Popular— que
votan en contra de esto, y otros —por lo que he visto, la inmensa
mayoría, es decir, todos— votamos a favor. Cada uno sabe dónde está
y dónde se sitúa en el proyecto europeo. (Aplausos). Ustedes en contra.
Además, cada uno sabe que esta norma crea una fiscalía especializada e
independiente.

En nombre de mi grupo quiero aprovechar el poco
tiempo que tenemos en este turno para dar las gracias a todos los grupos
parlamentarios porque, aunque no han compartido el cien por cien del
proyecto —y son reparos solventes—, sí han entendido la
importancia y la urgencia de que de este Senado hoy saliera aprobado este
proyecto de ley orgánica que crea la fiscalía europea, que ratifica su
creación. Es un proyecto extraordinario y es un proyecto urgente.

Senadores del Partido Popular, ustedes hoy han
tenido una suerte del copón porque con el ruido que han conseguido montar
con el tema de los indultos durante estos dos días ha pasado
desapercibido que lo que ustedes hoy han defendido es de una absoluta
deslealtad, porque les permite que pase desapercibido lo que subyace
detrás de esta oposición. Ustedes hubieran preferido que se sancionara a
España y menoscabar la imagen del presidente Pedro Sánchez y del Gobierno
socialista, y lo grave es que no es la primera vez. Voy a utilizar mi
minuto y cuarenta y nueve segundos para recordar solo las tres
anteriores. Hicieron lo imposible para sabotear la llegada de los fondos
europeos, del Plan de recuperación para España, y desgastar la imagen del
Gobierno de Pedro Sánchez a costa de la economía nacional. Se reunió el
señor Casado, a espaldas del gobierno, con veintisiete embajadores de la
Unión Europea para desautorizar al Gobierno y maniobrar contra el
presidente del Gobierno, poniendo en riesgo el paquete de ayudas, que es
algo inaudito en cualquier otro país europeo, y agitando el fantasma de
la desconfianza contra el Gobierno de su país, contra el Gobierno de
España, que en este caso era socialista. Pero no solamente ha pasado en
el tema de los fondos europeos, es que con el COVID Dolors Monserrat se
permitió en junio mandar una carta al comisario de Justicia en la que
acusaba al presidente Sánchez de mentir sobre la gestión del COVID y
sobre el número total de muertos. ¡De vergüenza ajena para el resto de
Europa! También en junio, el señor Casado se alió con los halcones del
norte —Países Bajos, Suecia, Austria— para intentar endurecer
las condiciones de los fondos europeos para España, para que nos los
restringieran, surgiendo la desconfianza. Eso sí que es deslealtad.

Hoy han desperdiciado otra ocasión de
comportarse con visión de Estado, dejando nuevamente solo al Gobierno
ante Europa en la defensa de los intereses de España, pero los demás
grupos parlamentarios han demostrado tener sensatez. Ustedes saben qué
compañeros de viajes buscan. Los fondos están aquí con
sobresaliente, 140 000 millones, para su vergüenza. Y la fiscalía
europea, también, a pesar de ustedes, porque han demostrado que en
cuestiones de Estado ustedes no son lo que deberían ser, no son la muy
honorable y leal oposición al Gobierno de España, al Parlamento o al
Reino de España. Para vergüenza de España en Europa, ustedes demuestran
que en cuestiones de Estado son la absoluta deslealtad, mezquindad y
mediocridad.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del Proyecto de
Ley Orgánica de aplicación del Reglamento de la Unión Europea 2017/1939,
del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea, procedemos
a la votación de la propuesta de veto —para su aprobación se exige
la mayoría absoluta—, votación de las enmiendas —las que
resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno— y votación en un solo acto del resto del proyecto de ley. Se
abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento, en que son las trece horas y seis minutos, hasta las quince
horas y seis minutos.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 9.1.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la
Comisión de Hacienda, el senador Bonet Bonet, por tiempo de cinco
minutos.

El señor BONET BONET: Gracias, señora
vicepresidenta.

Con su venia, iniciaré la presentación de este
dictamen con una breve cita. Decía Benjamín Franklin, uno de los padres
fundadores de los Estados Unidos de América, que en este mundo solo
podemos estar seguros de dos cosas: de la muerte y de los impuestos.
Presentamos, pues, para el debate en este Pleno, un proyecto de ley que
precisamente viene a reafirmar la importancia y la inevitabilidad de
cumplir con las obligaciones fiscales, mensaje especialmente dirigido a
aquellos que creían que las pueden eludir.

Señorías, el Proyecto de Ley de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la
Directiva 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
indirectamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación
de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego,
tiene esencialmente una finalidad doble. Por un lado, incorpora en
nuestro ordenamiento la normativa de la Unión relativa a las prácticas de
elusión fiscal, representada por la directiva de referencia. La
transposición se lleva a cabo a través de la modificación de las leyes
reguladoras de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no
residentes y sobre la renta de las personas físicas. Por otro lado,
pretende consolidar unos parámetros de justicia tributaria y reforzar las
medidas de control tributario dirigidas a la prevención y lucha contra el
fraude fiscal. Desde esta última perspectiva, pueden destacarse algunos
contenidos novedosos del proyecto de ley: el concepto de jurisdicción no
cooperativa, que viene a sustituir al tradicional de paraíso fiscal; la
limitación de los pagos en efectivo a determinadas cuantías y el
correspondiente régimen de infracciones y sanciones; el establecimiento
de obligaciones de información en relación con las criptomonedas y su
respectivo régimen sancionador; la regulación de la producción y tenencia
de programas y sistemas informáticos para evitar la manipulación de datos
contables y de gestión. Asimismo, el proyecto de ley aborda cambios en la
denominada imposición patrimonial, entre los que destaca el nuevo
concepto de valor de mercado, que sustituye al indeterminado valor real,
clarificando las operaciones de determinación y cuantificación de la base
imponible de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el
patrimonio y sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados. En fin, se introducen también modificaciones en la
imposición indirecta —Ley del IVA, impuesto general indirecto
canario—, en la Ley del catastro inmobiliario, cuya modificación
más relevante es la relativa al cambio de magnitud empleada para la
determinación de la base imponible de los impuestos que hayan de
devengarse, que ahora viene representada por el valor de referencia, y en
la Ley del juego.

A continuación, paso a enumerar los principales
momentos de la tramitación de este proyecto de ley. Tuvo entrada en el
Senado y fue publicado el 1 de junio de 2021. El plazo de presentación de
enmiendas y propuestas de veto finalizó el 14 de junio, tras la prórroga
acordada por la Mesa de esta Cámara. Se han presentado un total de ciento
setenta y ocho enmiendas, cinco de las cuales han sido retiradas.
Asimismo, el Gobierno manifestó su disconformidad con la tramitación de
la enmienda número 147 del Grupo Popular, de conformidad con lo previsto
en los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento de esta
Cámara.

El pasado jueves 17 de junio se reunió la
ponencia, que acordó elevar a la comisión un informe en el que se
incorporaban dos enmiendas transaccionales, así como la enmienda 178 del
Grupo Socialista. Una de las transacciones afecta a la tributación de los
pactos sucesorios contemplados en distintos derechos forales o
especiales, como es el caso balear o el gallego; otra afecta a la Ley del
notariado y, finalmente, está la enmienda relativa al Régimen Económico y
Fiscal de Canarias en relación con determinadas actividades como las
producciones audiovisuales.

El mismo día 17 la comisión procedió a
dictaminar el proyecto de ley. Tras el debate correspondiente, se sometió
a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando
aprobado por mayoría. Han presentado votos particulares diversos
senadores y grupos parlamentarios, que tendrán ocasión de defender en el
debate que se inicia a continuación. Con esto, acaba la presentación de
este dictamen.

Muchas gracias, señoras y señores.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

No está previsto debate de totalidad.

Por lo tanto, pasamos a la defensa de las
enmiendas y votos particulares, comenzando por las enmiendas 91 a 126
y 128 a 131, presentadas por los senadores González-Robatto Perote y
Martín Gascón y la senadora Merelo Palomares, del Grupo Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra por tiempo de
quince minutos el senador González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señorías, buenos días. Después de mi
intervención de la semana pasada, en la que denuncié el rodillo
totalitario aplicado por este Gobierno y sus correligionarios en la
tramitación de este proyecto de ley tanto en el Congreso como en el
Senado, desvirtuando la figura de ambas Cámaras, cuya función principal
es la legislativa, y no permitiendo al resto de grupos parlamentarios
debatir la enmienda que enmienda el presente proyecto de ley, tal y como
recogen el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado, en el día
de hoy me gustaría desvelar el atraco y golpe maestro que esta ley
esconde.

En primer lugar, me gustaría destacar
—prácticamente ha pasado desapercibido— el hachazo fiscal a
la vivienda, ya que este proyecto de ley encierra un incremento
impositivo de las operaciones inmobiliarias en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, en el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el
impuesto sobre patrimonio. Me explico. Elimina la reducción del 60 % a la
que tienen derecho los propietarios que alquilan un inmueble por el solo
hecho de no declararlo en la autoliquidación o por el cálculo erróneo
entre los ingresos y los gastos. Además, el adquiriente de inmuebles por
pactos sucesorios, aplicables solo en algunas comunidades autónomas,
deberá tributar en el IRPF si transmite los bienes antes de que fallezca
el causante, hecho que no sucedía hasta ahora; teniendo en cuenta además
la esperanza de vida de los españoles, que cada vez es mayor, el causante
puede tardar décadas en fallecer perjudicando al adquiriente, que tendrá
que tributar por IRPF. Parece que esta medida, recogida en el artículo 3,
apartado 3 de la presente ley, ha sido enmendada por bastantes grupos,
incluido el socialista, que en su enmienda 175 establece una modificación
al texto remitido por el Congreso, de tal forma que solo tributará el
pacto sucesorio siempre y cuando el adquiriente transmitiera los bienes
recibidos antes de cinco años. También se produce un importante cambio en
la valoración de inmuebles de cara al impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto
sobre patrimonio, de tal forma que la base imponible de estos impuestos
no será el valor real de los inmuebles, sino el llamado valor de
referencia, que lo determinará la Dirección General del Catastro, de tal
forma que deberá ser el contribuyente el que demuestre el verdadero
valor, ya que el catastro determinará el valor a partir de precios de
transacciones de inmuebles y no tendrá en cuenta el estado del inmueble
al no comprobarlo in situ. En definitiva, el catastro —es decir, el
Gobierno— determinará el valor por el que debes tributar y, si no
estás de acuerdo, deberás pleitear, con lo que de forma silenciosa y sin
aparente ruido se producirá un incremento de los valores, lo que supondrá
mayor recaudación y, por tanto, un atraco una vez más al bolsillo de
todos los españoles.

Y, para colmo, rescatan de esta ley la llamada
patada en la puerta, de tal forma que los inspectores podrán entrar en
los domicilios sin previo aviso al contribuyente, siempre que tengan una
autorización judicial y se encuentre debidamente justificada. Se podrán
imaginar sus señorías qué informe no presentará el inspector para que el
juez le diga que no. Pero lo controvertido de esta intromisión es el
domicilio. Según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado otoño, se
dictaminó que los inspectores debían avisar al contribuyente antes de
personarse en casa, por lo que dicha reforma de la Ley general tributaria
tiene visos de inconstitucionalidad.

En resumen, se trata de una subida de impuestos
silenciosa que, sumada a la tasa sobre servicios digitales, a la tasa
sobre transacciones financieras, a los impuestos a los plásticos, a los
residuos, al diésel, a los gases fluorados, a las bebidas azucaradas, a
las matriculaciones, a la circulación, a los viajes en avión, a los
planes de pensiones privados, a las primas de seguro y a la nueva
cotización de los autónomos, se ha convertido en la nueva espada de
Damocles fiscal y ruina para los españoles. Y todo esto está es manos de
aquellos que no iban a dejar a nadie atrás, y no me extraña, porque desde
luego ustedes no han dejado a nadie atrás, porque nadie queda detrás de
ustedes.

Por otro lado, en la tramitación del proyecto
de ley en esta Cámara el Gobierno ha presentado una manifestación de
disconformidad en relación con la enmienda número 147 del Grupo Popular,
que trata sobre la rebaja del IVA del 21 al 10 % de las peluquerías,
modificando, por tanto, la Ley del IVA. Se presenta esta disconformidad
cuando esta rebaja del IVA del 21 al 10 % de los servicios de peluquería,
barbería y estética fue debatida en la Comisión de Hacienda de la Cámara
Baja, a propuesta de este grupo parlamentario, el pasado día 27 de
octubre de 2020; una PNL que era la misma que la presentada por el PSOE
en 2014 y en 2018 y que, por supuesto, votó en contra, por lo que no
salió adelante. Posteriormente, el pasado día 23 de marzo de 2021, tanto
el PP como Esquerra Republicana trajeron de nuevo esta propuesta de bajar
el IVA del 21 al 10 % en los servicios de peluquería, y esta vez sí salió
adelante con el voto favorable de todos los grupos y la abstención del
Partido Socialista. Esta PNL, aprobada en comisión, supone un mandato
expreso de la Cámara para que el Gobierno lo ejecute. Por tanto, esta
comunicación de disconformidad, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, no es más que un acto de fariseísmo e hipocresía de
este Gobierno, quedando, señorías del Gobierno, completamente
retratados.

Mención especial —y ha pasado
desapercibida— merece la disposición adicional tercera, sobre el
régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas, al que se le aplicará
el mismo régimen que al Instituto de Crédito Oficial, y esto no es más
que una pasarela fiscal que exigió Esquerra Republicana de Catalunya para
financiar el ICO catalán. Es una enmienda pactada con los republicanos
para garantizar las emisiones del instituto de crédito, la exención
fiscal, ya que se reconocen las que hace el ICO. El ICF es el equivalente
al ICO a nivel catalán, y para ello dispondrá del mismo régimen fiscal
que disfruta el ICO, cuya peculiaridad es que exime de tributación los
rendimientos obtenidos por los inversores no residentes en España que
deciden adquirir títulos emitidos por el Instituto de Crédito Oficial,
del mismo modo que sucede con las emisiones de deuda pública realizadas
por el Tesoro. La Generalidad y sus organismos tienen bloqueado su acceso
a los mercados de capitales desde hace años por la prudencia que la Ley
de estabilidad presupuestaria obliga a imponer. El Gobierno, hasta la
fecha, ha mantenido que ninguna de las comunidades autónomas salga a los
mercados mientras dure la respiración asistida —dicho entre
comillas— del Fondo de liquidez autonómico y mientras no pueda
garantizar que el mercado no les vaya a exigir un tipo de interés
superior a los 50 puntos básicos que se piden por los títulos del Estado,
en niveles de rentabilidad históricamente bajos. De hecho, en los últimos
años el ICF ha recurrido a la emisión de pagarés autorizados por el
Gobierno de España y con garantía de la Generalidad. Ello supone una
ventaja de los catalanes con respecto al resto de España, porque ellos
podían acceder al ICF y al ICO, mientras que los españoles, el resto de
los españoles, solo al ICO. Es decir, otro peaje más que tiene que pagar
este Gobierno para contentar a sus socios y mantenerse en el poder a
cualquier precio.

Lo hemos visto ayer con el indulto a los
golpistas, consumándose un golpe de Estado desde las mismas instituciones
del Estado. Y lo hacen en contra del criterio del Tribunal Supremo, como
hemos retratado continuamente. En contra del propio Tribunal Supremo, que
fue ejecutor de la sentencia, y sin que medie arrepentimiento de los
golpistas condenados —hace poco estaban haciendo alarde de sus
comportamientos a la salida de prisión—, más bien al contrario,
manifiestan que, si vuelven a tener la oportunidad, lo volverán a hacer.
Es decir, se conceden indultos en contra de lo que establece la ley. En
definitiva, señorías del PSOE y del Gobierno, son ustedes unos apóstatas
de la patria, unos hipócritas, y espero que pronto el pueblo español les
otorgue la medicina que merecen, que no es otra que la indiferencia y el
ostracismo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 54 a 76,
presentadas por los senadores Muñoz Lagares, Sánchez López y la senadora
Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el
senador Muñoz Lagares por tiempo de quince minutos.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Señorías, se presenta y tramita este Proyecto
de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la cual
adolece, según nuestro criterio, de determinadas ausencias e
indeterminaciones, que con las presentes enmiendas queremos solucionar.
En nuestro grupo hemos presentado un total de veintitrés enmiendas, y
vamos a hacer referencia a algunas de las más destacadas.

Son enmiendas necesarias para mejorar el texto
resultante, como la número 57, de modificación de la trasposición de la
directiva europea, a fin de que las pérdidas de una entidad puedan ser
tenidas en cuenta en periodos impositivos futuros; o como la número 59,
de adición, para la derogación del apartado 6 del artículo 121 de la Ley
del impuesto sobre sociedades, en consonancia también con el dictamen de
la Unión Europea, de 15 de febrero de 2017.

Presentamos también la enmienda número 62, de
supresión, porque creemos necesario subsanar el calificativo del valor
determinado por la Administración. No tener en cuenta esta enmienda
conllevará una importante subida de este impuesto a toda la clase media
trabajadora, y lo encontramos carente de justificación objetiva, a no ser
que sea más de lo mismo: seguir subiendo impuestos a la clase media.
Consideramos necesario determinarlo y dejar claro este punto.

La enmienda 63, de modificación, hace
referencia a que se deben excluir aquellas deudas o sanciones que no
hayan ganado firmeza en la vía administrativa o judicial. La enmienda
número 71, de adición, se refiere a algo que también nos resulta bastante
fragante y llamativo, que el administrado tenga que pagar los platos
rotos o la no eficacia o eficiencia de la Administración. Entendemos que
la caducidad de un expediente por causas no imputables al administrado no
debe acarrear exigencia de intereses de demora por todo el periodo
caducado.

Para concluir, vamos a hacer también referencia
a las enmiendas 75 y 76. Creemos que en plena crisis económica debemos
reforzar la estructura productiva, sobre todo, en los territorios de
Ceuta y Melilla, así como su integridad y cohesión territorial.
Entendemos que el Estado debe asumir el rol de garante de las
peculiaridades de dicho Régimen Económico y Fiscal en estos territorios,
permitiendo incentivos, sobre todo, a determinados servicios digitales.
Yo creo que es una oportunidad para incentivar ese tipo de servicios
digitales en estos territorios.

Quiero reseñar que nos hemos unido a una
transaccional sobre la enmienda número 27, para bajar el IVA al 10 % a
los servicios de peluquería; una transaccional promovida por el Grupo
Popular.

Esperamos que tengan en consideración todas las
enmiendas que hemos presentado, ya que aportan y subsanan algunas de las
incidencias más destacadas que hemos visto en nuestro grupo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas
por el Grupo de Izquierda Confederal, el senador Vidal Matas tiene la
palabra por un tiempo máximo de tres minutos.

EL señor VIDAL MATAS: Gracias,
vicepresidenta.

Hemos participado en el debate de esta ley y,
como quedan vivas un conjunto de interesantes enmiendas, voy a
defenderlas. Creemos que parte del fraude fiscal se comete en la venta de
los inmuebles a extranjeros, y en ese caso hay medidas de prevención como
los pagos a cuenta, que podrían garantizar el pago de los impuestos.
Creemos que la prescripción del fraude fiscal tendría que ser a diez años
y no a cinco en determinados casos. Asimismo, consideramos que el juego
tiene que cotizar más y que los premios tienen que pagar más impuestos.
En nuestra opinión, el juego está generando un daño a esta sociedad que
tiene que ser compensado.

Hemos presentado enmiendas de mejora técnica
sobre la capacidad de recaudación de las deudas. Creemos que la
Administración debe tener capacidad para cobrar las deudas, como también
los particulares. Esta ley tiene que reforzar los medios personales de
los que dispone el ministerio para realizar su trabajo. Y, además,
creemos que la coordinación del ministerio con todas las administraciones
—y dentro de estas administraciones también están las
autonómicas—, así como el intercambio de información, es
fundamental para poder luchar contra el fraude fiscal y la evasión. Esta
coordinación es necesaria.

Todo este conjunto de enmiendas ha sido
presentado tanto por este senador como por el conjunto del Grupo de
Izquierda Confederal, y hemos de agradecer todos los acuerdos y
transaccionales alcanzados respecto a la ley. Destacaríamos el acuerdo
conseguido con el Grupo Socialista para transaccionar el pacto sucesorio,
las herencias en vida, aprovechando y defendiendo nuestro derecho civil e
impidiendo que sea utilizado para cometer fraude fiscal. Este punto de
equilibrio, delicado y complejo, ha permitido avanzar en un objetivo,
defender el Código Civil de las Illes Balears, pero también defender que
este no sea utilizado de forma fraudulenta. Después de cómo quedó en el
Congreso el texto del impuesto sobre matriculación vinculado a las
emisiones de CO2, entendíamos que dábamos un paso atrás, pero me parece
que la transacción realizada hoy permite llegar a un punto de equilibrio
entre los que pretendíamos mantener el sistema moderno establecido en
Europa y los senadores que pretendían mantener el sistema actual hasta el
marco del 31 de diciembre. Otra transacción muy importante que hemos
logrado, y esperemos que todos los grupos le den apoyo, es la de
establecer en ocho años los recursos humanos necesarios para la lucha
contra el fraude fiscal. También se ha debatido en varias ocasiones la
rebaja del IVA en las peluquerías, estéticas y barbería. Creemos que es
importante haber llegado a este consenso en una medida que tendría que
haber sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado. Hay que
revisar también el uso inclusivo del lenguaje en esta ley, enmienda
promovida por el PNV. Es importante y supone cumplir la legislación en
esta Cámara.

Por tanto, quiero agradecer el esfuerzo de
todos los grupos, de los mayoritarios y de los no tan mayoritarios, por
el trabajo hecho y que ha permitido tantas transacciones.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta. Si me permite, intervendré desde el escaño.

De vez en cuando he tenido que ir mirando el
título de la ley que hoy se tramita aquí, en el Pleno, porque, aunque es
una ley contra el fraude fiscal, en mis conversaciones con los grupos y
en propio texto del proyecto de ley se habla mucho de aumentar algunos
impuestos y parece más una ley sobre presión fiscal. Es cierto que
algunas transacciones lo mejoran, y en ese sentido tiene que ir una ley
sobre el fraude fiscal.

En nuestro grupo damos por defendidas todas las
enmiendas, tan solo me voy a centrar en dos. Una es la enmienda 85.
Resulta que queremos luchar contra el fraude fiscal y hay una Agencia
Tributaria española y unas agencias tributarias de las comunidades
autónomas, y qué mejor forma de luchar contra el fraude fiscal que
compartiendo información y los datos tributarios. Hemos presentado esta
enmienda, pero no hay manera. Y el director de la Agencia Tributaria
española en el Congreso manifestó que no había ningún problema en
compartir esta información. ¡Pues no hay manera! O sea que esto de que
las comunidades autónomas forman parte del Estado español es una broma de
mal gusto, porque cuando se llega a un tema de fondo, como este, y se
quiere compartir información fiscal, dicen: No, las comunidades no podéis
tener nada, no sea que lo utilicéis mal. Esta es la forma de entender
cómo una comunidad autónoma forma parte del Estado. Por tanto, que no se
admita esta enmienda motiva que en Junts per Cataluña nos abstengamos en
este proyecto de ley. Preferiríamos votar que sí, pero si no hay voluntad
de luchar contra el fraude fiscal, que me expliquen qué sentido tiene
este proyecto de ley.

La enmienda 84 se refiere a otra cuestión, y es
que entendemos que se aprovecha este proyecto para castigar al sector del
comercio. Después de estar meses y meses cerrado, el favor que le hace el
Gobierno del Estado al comercio es decirle: a partir de ahora, cuando una
persona física —no un profesional o empresario— quiera pagar
un artículo en metálico el importe no podrá superar los 1000 euros, en
lugar de los 2500 euros permitidos hasta ahora. Vamos a castigar al
sector del comercio. Y hemos presentado una enmienda para que se
mantengan los 2500 euros, pero tampoco ha habido manera. Es decir, no se
puede aprovechar una ley contra el fraude fiscal para castigar a
determinados sectores. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Asimismo, se quería castigar al sector del automóvil, aunque finalmente
parece que se ha llegado a una transacción que lo mejora. No tiene
sentido que a sectores que han sido castigados por la crisis de la
pandemia, se les quiera castigar ahora con una ley contra el fraude
fiscal. También celebramos la transacción sobre el IVA en las peluquerías
y el sector de la estética.

Por tanto, si hay tiempo para acordar una
transacción en cuanto a que se compartan los datos tributarios, nosotros
estaremos encantados de votar que sí a este proyecto. Pero, si no es así,
nos abstendremos, por lo que pedimos su apoyo a estas enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa para la defensa de
las enmiendas 19 a 53.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidenta.

Señorías, voy a intervenir en el debate de este
proyecto de ley porque, por una práctica parlamentaria que no acabamos de
entender, se ha incluido una modificación de cinco puntos del Régimen
Económico y Fiscal de mi tierra, de Canarias. Una modificación que se ha
hecho sin tener en cuenta el informe preceptivo del Parlamento de
Canarias, ya que según lo dispuesto en el artículo 167 del estatuto de
autonomía de mi tierra, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias solo
podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional tercera de nuestra Constitución, previo informe del Parlamento
canario. Por todo ello, y en base a lo expuesto y lo dicho en este
artículo, mi grupo se va a abstener hoy aquí.

Asimismo, la disposición adicional tercera de
nuestra Constitución dice que la modificación del Régimen Económico y
Fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad
autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. ¿Y qué es lo
que procede hacer en este caso, señorías? Pues muy simple, que el
Parlamento de Canarias se pronuncie sobre este tema en la sesión plenaria
extraordinaria que se ha convocado para este próximo lunes. Será allí, en
ese foro, donde mi grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, se
pronunciará, y lo que se defienda en ese foro se llevará al Congreso como
propuesta final, ya que, como comenté antes, se ha pedido expresamente
consulta al Parlamento canario.

No voy a entrar en los detalles de la enmienda
relativa a las producciones cinematográficas que se ha introducido en el
trámite de ponencia, pero sí voy a subrayar las veces que sea necesario
que en Agrupación Socialista Gomera siempre vamos a defender lo que
establece nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y nuestro REF
señala claramente que el diferencial de los incentivos fiscales para los
rodajes en mi tierra, en Canarias, con respecto a la península, es de
un 80 % para las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y
Fuerteventura y de un 100 % para las islas verdes de La Gomera, El Hierro
y La Palma.

Por todo lo expuesto, me voy a abstener hoy
aquí.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Intervendrá alguien más por el mismo grupo?
(Denegaciones).

Para la enmienda 174 del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on guztioi.

La Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, establece los criterios generales de actuación
para la implantación de un lenguaje no sexista. El Consejo de Europa, el
Parlamento Europeo, las distintas leyes de las comunidades autónomas...
La verdad es que el lenguaje igualitario, inclusivo, el lenguaje no
sexista, influye poderosamente en el comportamiento y las percepciones.
El lenguaje nos conforma y tiene una importancia fundamental. Nombra la
realidad y la interpreta. El texto que debatimos hoy, el proyecto de ley
de prevención de lucha contra el fraude fiscal, sigue usando el masculino
como valor genérico. En el texto se hace referencia al deudor, al
contribuyente, a los ciudadanos, al adquiriente, etcétera. Sabemos que lo
que no se nombra no existe, por lo que es muy importante y necesario que
el lenguaje igualitario e inclusivo sea también la norma en los textos
jurídicos.

Tratamos una ley tributaria muy importante,
nada más y nada menos que para la prevención y lucha contra el fraude
fiscal, y alguien podría tener la tentación de pensar que el asunto del
lenguaje inclusivo es un tema menor, cuando es algo que también se debe
abordar: nada más y nada menos que el cumplimiento de una ley orgánica
que impone la obligación de erradicar el sexismo del lenguaje como
exigencia para el desarrollo del principio de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Por tanto, no lo debemos abordar ni como un asunto
menor ni como un asunto solo de lingüística, sino como una herramienta
más de las políticas de igualdad y de adaptación a las nuevas realidades
y necesidades sociales. Sin esta herramienta cabría interpretar —y
entiéndanme la ironía, no estoy haciendo ningún llamamiento a la
desobediencia fiscal— que la norma que aprobamos no obligaría a las
mujeres. Entendemos que la norma, con un lenguaje igualitario e
inclusivo, aportaría seguridad jurídica y evitaría malas
interpretaciones.

En este caso, el proyecto de ley de medidas de
prevención de lucha contra el fraude dispone de diecinueve artículos,
cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y siete
disposiciones finales. Y modifica veintidós preceptos, normas legales. Es
probable que cada una de esas normas, hasta veintidós, que son
modificadas parcialmente en este proyecto de ley, precisen una revisión
de sus textos completos desde el punto de vista de la adaptación del
lenguaje inclusivo e igualitario. Y entendiendo que resultaría más
adecuada una adaptación de estas normas de forma individual y completa y
realizada con criterios comunes establecidos a través de procesos
elaborados al efecto, hemos llegado a un acuerdo mediante una enmienda
transaccional para que esta revisión del lenguaje inclusivo antes de su
publicación se realice en el ámbito del preámbulo. Entendemos que es un
paso en la buena dirección. Además, el texto del preámbulo ha sido
modificado en origen por el Gobierno, algo que nosotras ponemos en valor.
Lo dije ayer también en la pregunta oral del Pleno: consideramos que el
camino no es enmendar los textos, no es lo más adecuado, pero si no
vienen las leyes corregidas, habrá que corregirlas, y esa es una tarea de
estas Cámaras. Entendemos que esta es una forma de dar pasos en la buena
dirección y a la vez sabemos que, una vez que se empiezan a dar pasos, es
muy difícil la vuelta atrás. Por todo ello, pediría el apoyo a esta
transaccional que se ha aprobado.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu, para la
defensa de las enmiendas 2 y 4 a 16.

El señor MARTÍ DEULOFEU: gracias,
presidenta.

Esquerra Republicana de Cataluña presenta el
voto particular número 2 al proyecto de ley que hoy se está debatiendo,
que incluye las enmiendas números 2 y 4 a 16.

En el debate en la ponencia nos planteamos que
había cuatro grandes bloques sobre los cuales nos gustaría introducir
mejoras al proyecto de ley. Un primer bloque tenía que ver con los pactos
sucesorios, un tema que se incorporó posteriormente, a través del informe
de la ponencia, en el dictamen que hoy se nos ha presentado. Un segundo
bloque tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el aumento y la
ampliación de las plantillas para hacer frente al objeto central del
proyecto de ley: el fraude y la elusión fiscal. Un tercer bloque tiene
que ver con acordar redactar por parte del Gobierno un informe sobre la
actividad de los técnicos de la Administración Tributaria. Y un cuarto
gran bloque tiene que ver con la coordinación y la cooperación con las
comunidades autónomas, a lo que se ha referido el portavoz del Grupo
Parlamentario Nacionalista, Josep Lluís Cleries. De estos cuatro bloques,
solo voy a resaltar las enmiendas que han llegado vivas para su debate en
el Pleno.

En primer lugar, tenemos la enmienda número 8,
que hace referencia a igualar los plazos de prescripción para aquel tipo
de delitos o delitos agravados a diez años, una equiparación con el
Código Penal. Luego también tenemos la enmienda número 10, que hace
referencia básicamente a incrementar el impuesto al juego hasta el 30 %.
La enmienda número 11 tiene que ver con uno de estos bloques que acabo de
enumerar y se refiere a que el Gobierno posibilite a las comunidades
autónomas el acceso a los datos tributarios. Creo que ya se ha hecho
referencia a que es algo que la propia Agencia Tributaria en el ámbito
estatal vería con buenos ojos. La enmienda número 14 hace referencia a la
creación de un cuerpo superior de técnicos en la Agencia Tributaria para
equiparar todos los trabajos y las tareas que se están llevando a cabo
por parte de inspectores, catastro, etcétera. En este sentido —y
luego, en el turno de portavoces, profundizaré más en ello—, es
verdad que nosotros hemos llegado a unos cuantos acuerdos
transaccionales, pero también lo es que entendemos que el Gobierno ha
perdido una buena oportunidad para realizar algunos cambios, sobre todo,
en la línea de hacer más efectiva la tarea de los técnicos para luchar
contra el fraude y la elusión fiscal, que, en definitiva, es el objetivo
último de este proyecto de ley.

En todo caso, en el turno de portavoces les
anunciaremos el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, para la defensa de las enmiendas 133 a 146 y 148 a 173,
intervendrán dos senadores y, en primer lugar, tiene la palabra el
senador Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora
presidenta.

Señoras y señores senadores, en tiempos de
grandes palabras, ensoñaciones y quimeras trabajar para facilitar el día
a día de los españoles debería ser nuestra máxima ocupación, sobre todo
cuando las grandes palabras se ponen al servicio y disfrazan el pequeño
empeño personal de ganar el tiempo que la mayoría de los españoles ya no
conceden a la mentira, al cambio de posición constante, a decir una cosa
y su contraria, mientras la realidad de los españoles se degrada y no
obtiene más certezas del Gobierno de la nación que la de que se pagan
precios políticos, sin importar el qué, con tal de permanecer un ratito
más en la Moncloa.

La realidad de los españoles, sus penurias, sus
incertezas no se debaten en las mesas de separación del Gobierno ni, por
desgracia, en el Consejo de Ministros, que últimamente se dedica a otras
cuestiones. La realidad de los españoles hoy es la de 3,8 millones de
españoles en paro; 542 000 españoles en expedientes de regulación
temporal de empleo; la negociación de expedientes masivos de regulación
de empleo en determinados sectores de actividad; 422 000 autónomos en
cese de actividad. La realidad del país no se encuentra en las mesas de
separación, sino en la existencia de prácticamente cinco millones de
españoles que quisieran trabajar y no pueden; cinco millones de españoles
que esperan del Gobierno una política económica adecuada y que nos
devuelva al crecimiento y a la generación de empleo, y no lo encuentran
porque el Gobierno se dedica a otras cosas.

No estamos saliendo de esta crisis de forma
diferente a la de 2008, sino que los socialistas están haciendo
exactamente lo mismo que hicieron entre 2008 y 2011: hundirnos igual con
sus políticas equivocadas. Sánchez y engaños Montero no dicen ni una
verdad. Esto ya lo sabemos. Por ello, cuando se pasan el día diciendo que
no subirán impuestos hasta que alcancemos la recuperación, al mismo
tiempo nos están subiendo los impuestos, igual que en el 2008, señorías,
y así lo han hecho en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con la
tasa Tobin y la tasa Google, tocando al alza hasta más de once figuras
tributarias, y así lo hacen ahora en esta ley, que disfraza de medidas
contra el fraude lo que es un auténtico infierno fiscal. Se aprovecha
esta ley contra el fraude para generar más infierno fiscal, que es lo que
trae la ley que debatimos. Suben los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales, sucesiones, donaciones y patrimonio por la puerta de atrás
al introducir el valor inmobiliario de referencia; suben el impuesto
sobre matriculación, y esto afecta especialmente a rentas medias y bajas.
Meten un hachazo fiscal a las herencias en vida o pactos sucesorios para
hacer españoles de primera y de segunda, y limitan los pagos en efectivo
de forma desproporcionada, beneficiando a los ricos y afectando a las
rentas medias y bajas de este país, porque les imponen costes de
transacción que el efectivo de curso legal no tiene. Es decir, un
despropósito, señorías, el despropósito de su obsesión por el infierno
fiscal para todo el mundo.

Por eso, señorías, hemos presentado cuarenta y
una enmiendas, porque creemos que no es el momento de subir impuestos,
aunque sea por la puerta de atrás, porque lastra la recuperación y
generará más sufrimiento en rentas bajas y medias, que ya están
asfixiadas en medio de la incertidumbre que este Gobierno se empeña en
acrecentar. También porque creemos que hay que luchar contra el fraude
fiscal, pero de verdad y de manera efectiva, introducimos tres enmiendas
para aflorar ganancias patrimoniales no declaradas y que los bienes y
derechos no declarados tengan presunción de obtención de renta y su
necesaria integración en la base imponible del IRPF y la consecuente
sanción. Esto sí que es luchar contra el fraude fiscal, señores del Grupo
Socialista, y sobre esto ustedes ni abren la boca. Mantenemos nuestra
oposición al hachazo fiscal en el impuesto de matriculación y, en todo
caso, si logran sacarlo adelante, establezcamos un período transitorio y
que no entre en vigor hasta 2023. Igualmente, nos oponemos a reducir solo
hasta 1000 euros —una desproporción— los pagos en efectivo;
defendemos la limitación de 2500 que estableció el Gobierno del Partido
Popular, pero en todo caso, nuevamente, al menos que no entre en vigor
hasta enero de 2024. Además, suprimimos el valor inmobiliario de
referencia.

Por otro lado, acordar no solo significa
pronunciar las palabras diálogo, acuerdo y negociación y repetirlas
muchas veces, algo a lo que nos tienen acostumbrados el señor Sánchez y
la señora engaños Montero. Y, como no significa solo eso, sino que
significa practicar el acuerdo y el diálogo, hemos llegado a
transaccionales con diferentes grupos de esta Cámara en tres materias
fundamentales, señorías. Sobre la base de la enmienda 27, de Izquierda
Confederal, introducimos la rebaja del IVA del 21 % al 10 % a partir
del 1 de enero de 2022 para los servicios de peluquería, barbería y
estética. Sobre la base de las enmiendas 173, 47 y 12 se mandata al
Gobierno para que en el plazo de seis meses dicte la normativa precisa
para que se incrementen las plantillas de las administraciones
tributarias y en el plazo de ocho años se aproximen a la media europea.
Sobre la base de la enmienda 78, de Junts per Catalunya, y gracias
también a Coalición Canaria y al esfuerzo y trabajo de diferentes grupos,
cumplimos con el mandato del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que el
Gobierno se quiere saltar a la torera, para que, con efectos de 1 de
enero de 2020, las deducciones fiscales a la cinematografía no bajen
de 20 millones en las islas verdes y de 18 millones en el resto de las
islas del archipiélago.

A pesar de haber transaccionado estas tres
trascendentes cuestiones, la ley sigue siendo equivocada y supone un
nuevo hachazo fiscal a los españoles y ello se hace especialmente visible
en el hachazo fiscal a los pactos sucesorios. Es verdad que esta medida
ha sido suavizada en el último momento ante la unanimidad de la crítica,
pero suponer seguir cargándose el derecho civil propio de diversas
comunidades, entre ellas la mía, las Islas Baleares. El señor Sánchez
asesta un hachazo fiscal a los pactos sucesorios, las herencias en vida.
Se da la paradoja de que, mientras perdona a condenados por sedición,
condena a los ciudadanos de Galicia, Baleares o Cataluña a ser ciudadanos
de segunda. El señor Sánchez y los socialistas son débiles con los que
fuerzan la legalidad, pero someten a los débiles y son muy fuertes con
los que somos leales, con los que creemos en la España plural, diversa en
la unidad, pero que reconoce las particularidades del derecho civil en
muchos de nuestros territorios. Qué pena, señorías, que la concordia y
las grandes palabras sirvan para disfrazar lo que se entrega a unos y no
sirvan para que los españoles de Baleares, Galicia, Aragón y Cataluña
puedan seguir viendo que su derecho civil se respeta. Los califican a
todos de defraudadores, cuando es mentira, porque no hay fraude. El hecho
de que haya más operaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo se
debe a que dicha sentencia dio seguridad jurídica, es decir, que los
pactos sucesorios y herencias en vida son transmisiones mortis causa y,
por lo tanto, deben recibir el mismo tratamiento fiscal que las
transmisiones mortis causa por fallecimiento. Señorías, en Sánchez y
engaños Montero todo es mentira —ya lo sabemos— y en este
hachazo fiscal a los pactos sucesorios, también, no podían fallar, es su
naturaleza. No nos vengan, señores del Grupo Socialista, con más milongas
de federalismo, federalismo asimétrico, nación de naciones y cuestiones
de estas. Hoy, con esto, demuestran su verdadera cara jacobina y el más
puro centralismo, su verdadera cara de no respetar lo más básico: la
autonomía financiera de nuestras comunidades autónomas. Rectifiquen esto,
señorías, y aprueben nuestra enmienda de supresión.

Señorías, patriotismo es ocuparse de los
diferentes sectores productivos de nuestro país, como hacemos hoy con las
enmiendas y las transacciones que presentamos, y no recitales líricos de
palabras huecas. El patriotismo, señorías, es dar una solución, una
palabra de esperanza a los que siguen formando cada mañana las colas del
paro y las colas de los comedores sociales en toda la geografía de
nuestro país a causa de las políticas equivocadas del Gobierno. El
patriotismo, señorías, es lo que hoy, desde las legítimas posiciones de
los diferentes grupos parlamentarios y políticos de esta Cámara,
acordamos aquí para mejorar la vida de los españoles. El Gobierno y su
grupo parlamentario pueden estar en otras cosas, pero el Grupo Popular
estará para hacer del mejor patriotismo el instrumento para cambiar la
vida de nuestros conciudadanos, como hoy hacemos aquí.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, intervendrá por el mismo grupo
la senadora Muñoz Fonteriz.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Gracias,
presidenta.

Señorías, en línea con lo que acaba de explicar
mi compañero sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a esta
ley, quería hacer hincapié en una que nos parece especialmente
importante, Con ella se pretende revertir una actuación que incorpora la
ley del Partido Socialista y para nosotros es extraordinariamente grave
porque supone un ataque a la autonomía fiscal de las comunidades
afectadas, un ataque al derecho civil específico que tienen los gallegos,
los baleares, los catalanes y los aragoneses: la posibilidad de legar en
vida a sus hijos parte o toda la herencia. Pues bien, a esas personas que
legítimamente lo hacen porque su derecho civil lo permite, esta ley les
considera en la práctica delincuentes, considera que es fraude fiscal,
penaliza la utilización de esta figura y, además, ni siquiera les da la
presunción de inocencia, limitando también al heredero a vender sus
bienes. Un despropósito de tal calibre que han intentado matizar
restringiéndolo a cinco años, pero desde luego ese parche para nosotros
es absolutamente insuficiente e inadmisible.

Sorprendentemente, lo han pactado con grupos
que antes también se oponían a esta propuesta, a esta medida del Gobierno
de España; lo han pactado con los señores de Esquerra Republicana, con
JuntsxCat y con otros grupos a los que ahora les parece bien lo que antes
les parecía —y cito textualmente las palabras del representante de
Esquerra Republicana— un misil en la línea de flotación del derecho
civil catalán. Parece que ya no es un misil decirles que se les va a
aplicar durante cinco años, y además va a tener efectos retroactivos, con
lo cual va a afectar a todos los pactos sucesorios que se hayan hecho en
los cinco años anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Desde luego, nos parece inadmisible y en el
Partido Popular vamos a seguir defendiendo que la única vía posible es
eliminar ese artículo, y por eso les pedimos que reflexionen y que
aprueben la enmienda que hemos presentado. Y es que esta propuesta que
presenta el Grupo Socialista va contra el principio de igualdad porque
perjudica a aquellos herederos que reciben su bien en vida y no a la
muerte, frente a los que lo reciben por la muerte de sus ascendientes. Va
contra el principio de capacidad económica, va contra el principio de
neutralidad del sistema tributario y, sobre todo, solo tiene un fin:
incrementar los ingresos. Es un hachazo fiscal a los vecinos y a los
ciudadanos de esas comunidades autónomas, a los que se les perjudica
especialmente.

Señores del Grupo Socialista, como dije en la
comisión, las herencias en vida no son un truco de defraudadores, no; las
herencias en vida son una institución del derecho civil de las
comunidades autónomas —de Galicia, por ejemplo, mi comunidad
autónoma— que además se utiliza especialmente en momentos de
dificultad. Pero el Partido Socialista es absolutamente impermeable a la
realidad y no se da cuenta, no quiere ver que los que dejan su herencia
en vida a sus hijos no son defraudadores; lo que quieren es darles una
oportunidad de vida. Por eso, les pedimos que reconsideren su enmienda y
que acepten la que presenta el Grupo Popular. Hay miles y miles de
ciudadanos afectados en esas comunidades autónomas. Basta ya de su
obsesión con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ya sabemos que
les molesta que el Partido Popular baje el impuesto sobre sucesiones y
donaciones y que, por ejemplo, en Galicia el 99 % de los gallegos no
pague el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero están ustedes
subiéndolo por la puerta de atrás. Desde luego, ustedes, señores del
Partido Socialista, y los que les apoyan, si no rectifican estarán
dejando una herencia envenenada a los vecinos de todas esas comunidades
autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la
enmienda 177, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Delgado Díez.

La señora DELGADO DÍEZ: Gracias,
presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los
grupos que hayamos sido capaces de transaccionar las tres enmiendas que
estaban vivas del Grupo Socialista; dos de ellas se incorporaron en la
ponencia y hoy traemos la última, que también hemos sido capaces de
transaccionar, relativa al impuesto sobre determinados medios de
transporte, que, como todos sabemos, no obedece a cuestiones económicas,
sino medioambientales. Siendo conscientes de las dificultades por las que
está atravesando el sector de la automoción, pero sin renunciar a los
objetivos de desarrollo sostenible que se proponen con esta enmienda
transaccional, el texto incorporado en el Congreso de los Diputados en la
disposición adicional quinta tiene una vigencia limitada en el tiempo,
hasta el 31 de diciembre de 2021. Debemos avanzar hacia una fiscalidad
verde, hacia una movilidad sostenible, lográndola con la integración
económica y social, la eficiencia energética, el respeto del entorno
natural y urbano, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la
calidad del aire, tratando de minimizar la contribución del transporte y
la movilidad a las emisiones contaminantes.

Y permítanme, tanto señores del Grupo Popular
como de Vox, en lo relativo a lo que ustedes han calificado de hachazo
fiscal, que les lea una parte del dictamen del Consejo de Estado. Dice
literalmente: El anteproyecto de ley sometido a consulta tiene, según
indica su exposición de motivos, dos objetivos principales: de un lado,
la incorporación parcial de la directiva de la Unión Europea en el ámbito
de las prácticas de elusión fiscal y, de otro, la consolidación de unos
parámetros de justicia tributaria y el reforzamiento de las medidas de
control tributario y de prevención y lucha contra el fraude fiscal, a los
que acompañan determinadas medidas organizativas y operativas a fin de
optimizar los medios a disposición de la Administración.

Se trata de objetivos plausibles, todos ellos
encaminados a hacer posible el cumplimiento de fines propios del Estado
social y democrático de derecho.

Debe valorarse positivamente la decidida lucha
contra el fraude, en especial contra lo que podría llamarse fraude
sofisticado, que afecta a los grandes contribuyentes, a través de
diferentes medidas. Señorías, es claro lo que pretende este proyecto de
ley, que no es otra cosa que la lucha contra el fraude y la elusión
fiscal.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA:






Gracias, señoría.

En turno en contra, ¿algún grupo va a hacer uso
de la palabra? (Pausa).

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿algún
senador va a intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Democrático
intervendrá el senador Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias,
presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero manifestar la
satisfacción del Partido Regionalista de Cantabria por que se haya
llegado a un acuerdo de moratoria de seis meses en la aplicación de los
nuevos tipos a las matriculaciones de vehículo. También quiero manifestar
nuestro apoyo a que se modifique y se reduzca el IVA a los servicios de
peluquería y barbería, pasando del 21 al 10 %. Los regionalistas hemos
defendido estas posiciones en varios plenos y también en comisiones, así
como en el Parlamento de Cantabria, y, por tanto, nos satisface que hoy
todos hayamos sido capaces de firmar una transaccional en favor, entre
otros, de los dos sectores que acabo de mencionar.

Para nosotros el fraude fiscal representa uno
de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado, y prueba de ello es
que todos los partidos que han ostentado labores de gobierno han llevado
en sus programas propuestas para reducir el fraude fiscal como medidas
estrella a poner en funcionamiento. Señorías, efectivamente, el fraude en
materia tributaria es un problema en nuestro país que atañe a diversas
cuestiones en nuestra sociedad pues supone un ataque frontal a las
finanzas de todo el Estado y a la sostenibilidad financiera de los
servicios públicos, servicios públicos básicos, lo que, además de ser un
problema, puede acabar sufriendo un efecto dominó con consecuencias nada
deseables. Según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada,
en un informe avalado por varios técnicos de prestigio publicado en el
año 2014, el fraude fiscal en España, únicamente en lo referente al IRPF,
ha alcanzado a lo largo de los años los 20 000 millones de euros, cerca
del 2 % del producto interior bruto del país, una cifra que se duplica si
agregamos los datos de otras figuras impositivas, como el IVA o el
impuesto sobre sociedades. Atendiendo a los datos de los dos últimos
ejercicios, vemos que en 2019 se defraudaron más de 430 millones de
euros, cifra que en 2020 se vio reducida a 313 millones de euros por el
aumento de las inspecciones. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿es
sostenible esta situación? La lógica y la razón nos dicen que no.

En el PRC somos unos férreos defensores del
Estado como proveedor de servicios públicos que necesita la ciudadanía,
unos servicios que deben estar suficientemente financiados para
garantizar su calidad. Esta financiación requiere de una precisión fiscal
adecuada, pero también de un sistema recaudatorio eficaz que reduzca la
economía sumergida y garantice la justicia recaudatoria. El proyecto de
ley que ahora debatimos, de trasposición de la Directiva 2006/1164, del
Consejo Europeo, supone un avance importante precisamente en ese punto
concreto, en la lucha contra el fraude fiscal, implantando una serie de
modificaciones legislativas en un ámbito en el que creo que ya vamos
tarde.

Existen órganos en nuestro país encargados de
supervisar y analizar la evasión fiscal desde los años ochenta del pasado
siglo, hace ya cuarenta años, y seguimos dando vueltas a esta lacra. Esto
demuestra que las medidas implantadas hasta ahora han sido insuficientes
o inoperativas, y esperamos que las que hoy sean aprobadas atajen de una
vez por todas un problema que afecta a toda la sociedad.

Concluyo manifestando el apoyo del Partido
Regionalista de Cantabria a este proyecto de ley de prevención del fraude
fiscal, así como la esperanza de que, de una vez por todas, se acabe con
él.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidenta.

En primer lugar, ver las imágenes de los presos
y presas políticos y políticas saliendo de la cárcel por fin es un motivo
de alegría ante una injusticia que se acaba. Y esperemos que esta
injusticia se acabe más cuando haya una ley de amnistía y se respete el
derecho a la autodeterminación. Por tanto, alegría por los presos y
presas políticos.

El Senado se ha convertido en la UCI de las
Cortes Generales porque siempre vamos de urgencia; cada ley que nos llega
es urgente. Resulta que en el Congreso una ley que está dos meses la
tramitan, la pueden dialogar y la pueden hablar, y aquí la hemos de hacer
en una semana, y cuando se alarga el plazo, en el lugar de al sábado se
alarga al lunes, y nos emocionamos incluso. Hemos de poner remedio a esto
porque no se pueden tramitar las leyes de esta forma, y una ley, como la
del fraude fiscal, que tiene tantos artículos y tantas enmiendas, lo que
está muy bien porque quiere decir que los grupos parlamentarios hacemos
nuestro trabajo, después para dialogar y acordar cuesta mucho.

Esta ley del fraude fiscal —lo he dicho
antes cuando defendía las enmiendas— nos sabe mal también porque al
final hemos acabado más hablando del IVA o de tal impuesto que
propiamente del fraude fiscal. Y, como he dicho, más que una ley contra
el fraude fiscal ha acabado siendo una ley para la presión fiscal.

Sentimos, por la importancia que tiene, que no
se haya aceptado la enmienda, que también han presentado algún otro
grupo, como Esquerra Republicana —lo decía el senador Martí
Deulofeu—, que propone compartir la información, los datos
tributarios entre la agencia estatal española y las agencias tributarias
de los territorios. Si quieren un Estado descentralizado han de confiar
en los territorios y en las administraciones que están en cada
territorio. Los datos fiscales de todos los impuestos los ha de poder
tener la Agencia Tributaria española y también las agencias tributarias
de cada comunidad autónoma. Se han de compartir porque la forma de cruzar
datos es la manera precisamente de poder luchar después contra el fraude
fiscal, ya que incluso con programas informáticos se pueden detectar
determinadas formas de actuar que indican que aquello no funciona.

Por otro lado, nosotros hemos firmado algunas
transacciones que hacen que nos sintamos más cómodos con este proyecto de
ley, pero sin nuestra enmienda 85 —o la de Esquerra o la de algún
otro grupo— no podremos votar que sí, nos tendremos que abstener.
Celebramos que haya un pequeño acuerdo en el impuesto sobre
matriculación, pero creemos que se tendría que dar un margen más amplio,
de un año o más, hasta finales de 2022. Pero como no hay más, hemos
hablado con el sector y lo vamos a aceptar.

Y también lamentamos mucho la presión que hacen
sobre el sector del comercio con el cambio del límite para pagar en
metálico, es decir, en lugar de los 2500 euros actuales, pasar a
los 1000. Además —no sé si lo saben—, las tarjetas de crédito
de las personas y las familias más vulnerables, si es que tienen tarjeta
de crédito, tienen un crédito muy bajo, y comprar determinados
electrodomésticos o realizar determinadas compras —unos muebles,
por ejemplo— con estos márgenes tan estrechos no permiten pagar con
la moneda de curso legal. Y un partido que se llama de izquierdas
prefiere que pagues con una tarjeta de crédito, que es moneda privada, y
que además pagues intereses. Creo que esto no se aguanta mucho. También
habríamos pedido que hubiera un plazo más largo en este sentido.

Por tanto, al no haberse aceptado nuestra
enmienda sobre compartir información, nos vamos a abstener en este
proyecto de ley. Y nos alegramos del trabajo hecho entre varios grupos
sobre el IVA de las peluquerías.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el mismo grupo intervendrá el senador
Clavijo Batlle.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta. Muy buenos días.

Vaya por delante que este proyecto de ley
—y nos parece encomiable la lucha que todos los demócratas tenemos
que hacer sobre el fraude fiscal— al final, como bien ha dicho el
portavoz de mi grupo, ha servido, bajo el lenguaje una vez más, para
esconder una subida masiva de impuestos; subida de impuestos que afecta a
las clases medias, a las clases más bajas, y que lo que hace es restar
renta disponible a las familias en un momento de extrema delicadeza en la
economía familiar por los ERTE, por el desempleo, por la pérdida del
pequeño y mediano empresario, del comercio, por esta pandemia sanitaria
que al final ha derivado en una crisis económica que, obviamente, como
casi siempre y en todas las crisis, se ceba con aquellos que menos
tienen, que menos capacidad económica tienen.

Nos alegramos del acuerdo con el sector del
automóvil, y compartimos que igual habría sido necesario un debate más
profundo y haber dado un periodo mayor de adaptación. También nos
alegramos de la posibilidad de acuerdo con el sector de las peluquerías y
la bajada del IVA. Pero, como canario, como representante de Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario en esta Cámara, no podemos estar de
acuerdo con la modificación del régimen económico y fiscal por la puerta
de atrás y por la vulneración de un derecho, de un fuero canario que al
final nos va a restar mucha capacidad para salir adelante de la crisis
tremenda que tienen nuestras islas. Hemos tratado de negociar con el
Gobierno de Canarias, hemos tratado de negociar con el Partido
Socialista, a cuyo portavoz quiero agradecer el talante, la voluntad y,
desde luego, las formas en esa negociación. Se lo quiero agradecer
personalmente, porque creo que entre demócratas nos tenemos que entender
y ser capaces de hablar y llegar a acuerdos. Pero, lamentándolo mucho,
ese acuerdo no ha podido llegar. No ha podido llegar posiblemente porque
lo que buscaba el Gobierno de España, lo que buscaba el Partido
Socialista, era desmontar nuestro fuero económico, nuestro régimen
económico y fiscal, y homogeneizarnos, siendo distintos, porque somos
archipiélago, islas y región ultraperiférica, al resto del territorio
español. Por eso, en la enmienda que hemos firmado seis grupos —y
les quiero agradecer que la hayan firmado para hacer posible este
debate— resolvemos el problema que se generó en la comisión y
proponemos que se apliquen estos 18 y 20 millones desde el 1 de enero
del 2020. Resolvemos esa inseguridad jurídica, fruto de la improvisación
o de las prisas de la enmienda presentada por el Grupo Socialista en la
comisión. Y se ha puesto en el cuerpo de esta ley. Pero, además,
respetando la disposición adicional cuarta del régimen económico y
fiscal, mantenemos el diferencial del 80 % en Canarias y del 100 % para
las islas verdes, La Gomera, El Hierro y La Palma.

Nos gustaría que se votase a favor de esta
enmienda que hemos presentado o, si no es posible, al menos que no se
votase en contra, y lo digo especialmente para las senadoras y los
senadores canarios, que se verán en la tesitura de votar hoy aquí en
contra de los intereses de Canarias una vez más, sabiendo que además esto
va a tener que debatirse en el Parlamento de Canarias el próximo lunes y
que, previsiblemente, el informe del Gobierno de Canarias, como no puede
ser de otra manera, será negativo a esa modificación. Ahorrémonos este
trance. Lo que solicitamos es que, en ese cuerpo, se incluya que ese
límite no podrá ser superior a los 20 millones para las islas verdes y a
los 18 millones. Es algo que va a acabar ocurriendo. No generemos
incertidumbre, no generemos inseguridad jurídica y no dejemos sobre la
mesa la sospecha de que no hay ningún error en la tramitación y en la
voluntad del Gobierno de España y del Partido Socialista en la
modificación de nuestro REF. Lo que hay es una voluntad expresa y
manifiesta de desmontar ese diferencial fiscal con Canarias, que es lo
que nos permite acercarnos o igualarnos con los territorios
continentales. No es un capricho, somos región ultraperiférica; es un
fuero que viene desde la conquista y que se ha ido adaptando a lo largo
de la historia hasta noviembre de 2018, cuando se aprobó la última
revisión, precisamente aquí, en esta Cámara. Por eso, insisto, el fuero
canario no se negocia, el fuero canario no se vulnera, el fuero canario
se respeta, y esperamos que en esta Cámara se respete y se haga
justicia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Hay días en que uno se siente contento de ser
europeo, y hoy puede ser uno de ellos. Hoy hemos debatido dos leyes
importantísimas que trasladan al ordenamiento jurídico español directivas
europeas. Europa empuja a España a actuar. En medioambiente —como
ustedes saben, mi área profesional— es un clásico decirlo; gracias
a Europa se ha protegido muchísimo nuestro territorio y se ha avanzado en
políticas ambientales como no lo habríamos hecho nunca. Y en materia de
fraude fiscal, de perseguir la corrupción, gracias a Europa hoy también
damos un salto cualitativo y avanzamos. Es importantísimo avanzar en la
lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, porque la evasión y el
fraude fiscal son una lacra que debemos combatir, una lacra que debilita
nuestro Estado del bienestar, y eso significa menos profesoras, menos
médicas, menos científicas. Eso significa menos igualdad de oportunidades
para nuestros ciudadanos, y contra esto es contra lo que hoy estamos
luchando; de esto es de lo que hemos venido a hablar y a poner los medios
para que no suceda más. Tenemos que coordinar estas actuaciones, porque
tenemos que pasar ya de las palabras a los hechos.

Los poderes públicos deben mandar un mensaje
clarísimo a nuestra sociedad: que la evasión y el fraude fiscal se
persiguen, que quienes cometan evasión y fraude fiscal serán perseguidos
y considerados unos delincuentes; porque las personas que evaden sus
responsabilidades en este caso son insolidarios, son delincuentes y
tienen que pagar por ello porque están socavando nuestro Estado del
bienestar. Y tenemos que mandar entre todos un mensaje muy claro: que por
muchos recursos económicos de los que un evasor disponga, el Estado va a
disponer de todas las herramientas y de todos los recursos necesarios
para perseguirlo, esté donde esté, esté aquí o en Emiratos Árabes; esté
aquí, en Europa o donde sea. Creemos que esta es la base de estas
leyes.

Y lamentamos que la coordinación entre las
agencias fiscales de nuestros territorios no se haya incorporado, pero
tenemos que hacer ese avance a nivel europeo, tenemos que coordinarnos
con los demás países, tenemos que coordinarnos para evitar esos fraudes
fiscales y paraísos fiscales. Si existen paraísos fiscales es porque
dejamos que existan. Creo que la ley manda mensajes importantes, y hoy lo
deberíamos recordar, porque a veces, en el debate, perdemos la intención
o el punto central de este. Mandamos mensajes importantes, como prohibir
las amnistías fiscales. Es importante decir que no va a haber amnistías
fiscales, que no se van a volver a repetir esos beneficios para esas
personas que lo hicieron tan mal. Y creo que es importantísimo también
garantizar que la Agencia Tributaria pueda actuar de forma contundente en
la persecución de los delitos y tener seguridad jurídica para que esos
agentes actúen. Eso es importantísimo, porque tenemos que darles toda la
seguridad jurídica para que actúen y defiendan nuestros derechos. Creo
que es fundamental que en esta ley también se aumenten las herramientas
para actuar frente al fraude fiscal que se produce en las empresas; se
eliminan los software de doble uso o podemos hablar también de que la
contabilidad sea trazable. Eso también es importantísimo porque todos
conocemos o hemos visto ejemplos de esa economía sumergida. Es una
lástima que tampoco hayamos incorporado en la ley la estimación de esta
economía sumergida para saber de qué magnitud estamos hablando.

Son también importantísimas la limitación del
pago en efectivo o las medidas de control y tributación de las SOCIMI o
de las SICAV. Cuando yo le explicaba a mi madre que hoy íbamos a debatir
sobre fraude fiscal y evasión y le hablaba de las SOCIMI y las SICAV, mi
madre no sabía qué eran, pero sí sabía una cosa y me decía: Vicenç, ¿esos
son de los que roban? Y yo le dije: hombre, todos no, pero tenemos que
poner más controles. La sociedad cree que no hay control sobre esto, por
tanto, se tienen que poner y perseguir a los que lo hacen mal, y a eso
tiene que contribuir esta ley: a que los ciudadanos tengan conciencia de
que el Estado nos trata a todos por igual y no persigue solo a unos
ciudadanos, sino que persigue a todos, independientemente de los recursos
económicos de que estos dispongan.

Creo que hoy hemos dado un paso adelante en el
Senado. Esta es de las pocas leyes en las que hemos incorporado
transacciones y en las que ha habido modificaciones, y eso lo debemos
celebrar. Como decía el señor Cleries, vamos de urgencias y ya estamos
acostumbrados, pero esta vez agradezco al senador Palacín la paciencia
que ha tenido y la capacidad de llegar a acuerdos y entendimientos,
importantes en nuestro caso respecto al derecho civil de las Illes
Balears, Galicia o Cataluña. Hemos llegado a un punto de equilibrio.
Evidentemente, no es el punto de equilibrio que nos gustaría, pero el mal
uso de nuestro derecho civil hace que tengamos que tomar medidas para
evitar que sea un uso fraudulento.

Entendemos que el control de las emisiones de
CO2 de los vehículos es importante, y me gustaría hacer una reflexión.
¿Se acuerdan ustedes de un caso de corrupción detectado en Europa por el
mal control de las emisiones de CO2 de algunos vehículos, de la estafa
que hubo, del fraude que hubo? Por tanto, es importantísimo que haya
mecanismos de control exacto de las emisiones y que el impuesto sobre
matriculación vaya ligado a estas emisiones. Seamos claros en este
sentido. Entiendo que la transacción para llegar a un acuerdo de una
moratoria hasta el 31 de diciembre es un buen acuerdo, pero tenemos que
avanzar porque la ciudadanía se merece claridad y que los indicadores de
CO2 sean los adecuados y correctos.

Y decía también que es una transacción
importantísima porque, si me permiten la comparativa, no puede ser que
los evasores fiscales vayan en Fórmula 1 y los inspectores, con un
Seiscientos. Por tanto, necesitamos poner todos los recursos, y creo que
es importantísima la transacción donde establecemos que en ocho años
tiene que haber la plantilla suficiente en el ministerio para luchar
contra la evasión. Tiene que haber equipos formados, equipos preparados y
con todos los medios necesarios para combatirla, porque, si no,
evidentemente, la carrera entre un Fórmula 1 y un Seiscientos, por mucho
cariño que tengan a los Seiscientos, es desequilibrada.

El IVA de las peluquerías ha sido un tema
recurrente en esta Cámara y hemos llegado a un acuerdo con el que estoy
contento. Esperemos que en el debate de presupuestos podamos incorporar
también el IVA de los productos de higiene femenina. Creo que ahí tenemos
que hacer un avance y espero que esta vez lo podamos hacer de forma
adecuada entre todos.

Y quiero también agradecer a los senadores del
PNV la transaccional sobre el lenguaje inclusivo. Tenemos que avanzar,
porque a veces nos creemos que somos feministas, pero alguien nos tiene
que recordar y nos tiene que decir que no lo sabemos todo y que cometemos
errores en el camino. Y ese trabajo es importantísimo que lo hagamos
todos y todas las senadoras. Creo que hoy tenemos que mandar ese mensaje
que os decía a la ciudadanía: sea quien sea el evasor, el Estado lo va a
perseguir, incluso aunque este sea el antiguo jefe del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidente andrea. Buenos días otra vez o eguerdi on guztioi.

Ya en el trámite del Congreso nuestro grupo
llegó a un acuerdo, que consideramos satisfactorio, con las enmiendas que
presentamos en cuanto a la rectificación de la responsabilidad adicional
que se les quería imputar a los y las agentes de aduanas, que además de
perjudicarles afectaba a la competitividad de los puertos. Eso se
corrigió a través de enmiendas transaccionales acordadas también con
otros grupos.

Hemos incorporado en el trámite del Senado, a
través de una enmienda transaccional, una revisión del texto para
adecuarlo al lenguaje inclusivo en el ámbito del preámbulo, que
consideramos un paso de los muchos que se deben ir dando por parte de
todos los poderes públicos, un paso sobre todo de concienciación en la
mejora de los textos jurídicos. Quería agradecer el apoyo para su
tramitación a los grupos que lo han firmado y al senador Palacín su
trabajo y su predisposición al acuerdo.

Esta ley aborda medidas de prevención y lucha
para reducir el fraude fiscal y las prácticas de elusión fiscal, pero
también lleva aparejada la necesidad de fortalecer la concienciación
social a través del control del correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias. Se trata de la trasposición de una directiva de 2016 del
Consejo, que a su vez tuvo su origen en la decisión de la OCDE de
elaborar el Plan BEPS, destinado a evitar la erosión de las bases
imponibles y el traslado de beneficios propiciados por la existencia de
lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas
impositivos.

La directiva aborda diferentes ámbitos: el
establecimiento de una norma general antiabuso, un nuevo régimen de
transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas
asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses, o la
regulación de la llamada imposición de salida, en la pretensión de
garantizar el pago de impuesto allí donde se generen los beneficios y el
valor, reforzar el nivel medio de protección contra la planificación
fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión de las bases
imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera de
este. Algunos de los aspectos que se incorporan a esta ley ya se han
incorporado en otros textos —alguno queda por incorporar—,
pero serían solo los relativos al nuevo régimen de transparencia fiscal
internacional y a la imposición de salida.

Conocen que muchas de las leyes que se
modifican en este proyecto en el caso de la Comunidad Foral Navarra y de
la Comunidad Autónoma vasca, en virtud de concierto y convenio, son
figuras tributarias de normativa autónoma, pero también creemos que si
estamos hablando de prevención y lucha contra el fraude fiscal y contra
las prácticas de elusión fiscal estas se deberían abordar con el máximo
consenso y acuerdo posible puesto que se necesita dar un mensaje claro a
la sociedad; por ello, seguiremos manteniendo nuestra más estrecha
colaboración y cooperación. Entendemos que las leyes y las políticas
pueden y deben desempeñar una función positiva para lograr un cambio de
comportamientos y actitudes, especialmente cuando van acompañadas, como
sería el caso, de estrategias complementarias. Y en esto me quería
centrar, más allá de volver a debatir sobre lo recogido en la ley: la
prohibición del software de doble uso, la prohibición de amnistías
fiscales, que, por otra parte, es más declarativa que efectiva puesto que
ya fueron declaradas inconstitucionales, la inclusión del valor de
referencia, la tributación de las SOCIMIS, los requisitos SICAV, la
limitación de los pagos en efectivo, la definición de la jurisdicción no
cooperativa, o la necesaria obligación de información de criptomonedas y
su respectivo régimen sancionador. Son medidas que consideramos positivas
en su mayoría y que están en línea con las que, en el ámbito de nuestras
competencias propias, están ya incorporadas en las normativas.

Haré solo una referencia: hemos tenido que
analizar esta ley, que entró el 1 de junio, hace veintitrés días
—hoy justamente es 23—. Supuestamente era un trámite
ordinario y se ha convertido en un trámite de urgencia, con una ley cuya
técnica legislativa es compleja y dispar. El proyecto de ley de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, a través de diecinueve
artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones
transitorias y siete disposiciones finales, modifica veintidós normas
legales. El Consejo de Estado lo advierte en su informe y muestra su
preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento jurídico. Un
examen más detallado de cada norma, en el que cada una de ellas tuviera
su modificación y adecuación a la directiva que se quiere trasponer, nos
llevaría a veintidós debates, pero seguro que a una mayor seguridad
jurídica. Pero, independientemente de la técnica jurídica, nuestro grupo
entiende que el control y la lucha contra el fraude fiscal se deben
abordar desde muchos aspectos: desde la perspectiva de los ingresos
públicos, pero también desde la capacidad recaudatoria del sistema fiscal
y desde la legitimidad del sector público para exigir el pago de
impuestos a los contribuyentes y a las contribuyentes.

De las últimas encuestas realizadas conocemos
que la ciudadanía cada vez rechaza más las prácticas de elusión y fraude
fiscal, que aumenta el porcentaje de personas que considera que quienes
evaden impuestos no son buenos y buenas ciudadanas y que el fraude fiscal
no se persigue suficientemente. Creo que es labor de los diferentes
gobiernos impulsar con sus políticas el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales y concienciar a la ciudadanía y a las empresas de
las consecuencias que acarrea el fraude fiscal. Para ello se hace
necesario promover con transparencia el conocimiento sobre el destino de
los fondos públicos y de los fondos aflorados en la lucha contra el
fraude. Por tanto, resulta imprescindible en las economías avanzadas dar
a conocer el destino de los fondos recaudados e informar sobre los
servicios que se prestan con los tributos y de qué manera se contribuye a
lograr territorios y sociedades más solidarias, equilibradas y
cohesionadas. Cuanto más perciba la ciudadanía que los impuestos mejoran
su calidad de vida, que mejoran los servicios públicos que prestan las
administraciones —sanidad, servicios sociales, educación—,
estaremos las administraciones más legitimadas y nos acercaremos más a la
justicia fiscal progresiva y a la eficiencia. Este puede ser un buen
momento, además, cuando, derivado de la pandemia, se ha puesto en valor
la necesidad de un sector público fuerte que preste servicios y los
garantice —servicios públicos, además, que son esenciales— y
que los distintos gobiernos dispongan de fondos para el apoyo de sectores
que lo están pasando mal, que lo necesitan, y para implementar políticas
de expansión fiscal, tan necesarias en este momento. En este entorno, nos
preocupan, y mucho, los debates actuales en los que se habla de bajar
impuestos en la dicotomía de que bajar impuestos es bueno y subirlos es
malo, planteando que ahora lo importante es que el dinero esté en manos
de la ciudadanía. Es un debate perverso y contradictorio. Perverso
porque, ¿qué hacemos con las personas, con los sectores que están pasando
por dificultades cuando no podamos garantizar los servicios públicos de
calidad y que son esenciales, como he dicho? Y contradictorio, porque
primero, no compartimos que reducir impuestos influya directamente en el
crecimiento, y, segundo, porque no se puede mantener un Estado social de
bienestar con menos ingresos. El resultado de menos impuestos son menos
recursos y menos dinero para financiar servicios públicos, recortes,
contracción del gasto y contracción de las inversiones.

La educación tributaria —voy
terminando— es una de las medidas que se enmarcan en las líneas de
actuación prioritarias e incluidas en los planes conjuntos de lucha
contra el fraude aprobados en la Comisión de Lucha contra el Fraude
Fiscal en el País Vasco, integrada por diputaciones forales y el Gobierno
vasco: apostar por fortalecer la conciencia fiscal de la ciudadanía desde
una edad temprana y promover la tolerancia cero frente al fraude fiscal a
través de unidades didácticas en educación tributaria para el alumnado de
cuarto curso de la ESO y primero y segundo de bachillerato.

Y termino. Entendemos que esta ley aborda
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que son necesarias.
Por todo lo trasladado, y en línea con lo que venimos manifestando
—colaboración con aquellas medidas que tengan que ver con el
aumento de la lucha contra el fraude—, votaremos a favor del
proyecto de ley. En cuanto a las enmiendas, mantendremos la coherencia
con nuestra posición en el Congreso. Votaremos a favor de las
transaccionales acordadas y, evidentemente, de las relacionadas con el
lenguaje inclusivo en el preámbulo de la ley, la reducción del IVA a las
peluquerías y mantener hasta el 31 de diciembre de este año la reducción
del impuesto sobre matriculación.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

En el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
de Catalunya-Euskal Herria Bildu vamos a hacer unas cuantas
consideraciones en este turno de portavoces. Es verdad que ha existido un
clima de colaboración entre diferentes grupos parlamentarios para poder
llegar a acuerdos transaccionales en diferentes aspectos. Uno de ellos ha
sido precisamente el que hace referencia al impuesto sobre
matriculaciones, al que me referiré más tarde. Otro es el que hace
referencia a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en
relación con revertir el lenguaje sexista. Ha habido también otro acuerdo
transaccional en relación con el IVA reducido de las peluquerías, los
centros de estética y demás. Y hemos llegado también a un acuerdo,
pendiente de votación para saber el resultado, en relación con el
incremento de la oferta pública de empleo para equiparar a los técnicos
de la Administración tributaria a los niveles de la media europea.

Como se ha comentado diversas veces en sede
parlamentaria, a nosotros nos parece que es una muy mala práctica no
disponer del tiempo suficiente para valorar los proyectos de ley que nos
vienen remitidos desde el Congreso con la suficiente profundidad que se
merecería una Cámara de segunda lectura. Eso dificulta, obstaculiza e
imposibilita que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de fiscalización
de la mejor manera posible.

Antes he comentado, en el turno de enmiendas,
que nosotros centrábamos nuestra acción política parlamentaria en este
proyecto de ley en torno a cuatro bloques. Uno de los bloques —lo
han comentado también diferentes portavoces— tiene que ver con la
lucha contra la economía sumergida. No entendemos muy bien el motivo por
el que en el PSOE no hay un interés especial —y esto nos lo hace
llegar el colectivo Gestha— para que se elabore un informe para
detallar la actividad de los técnicos. Esta debería ser una práctica
habitual, una práctica relacionada con la transparencia. Es decir, es muy
difícil poder luchar contra el fraude y la elusión fiscales si no se
dispone de los datos necesarios para hacerles frente. Insistimos una vez
más. Sabemos que el senador Palacín en este sentido no veía la propuesta
con malos ojos, pero es verdad que en el ministerio no han acabado de dar
los pasos necesarios para que la necesidad de redactar este informe se
acabe incorporando en el cuerpo del texto. En la misma línea, relacionado
con esto, es indispensable, y así lo hemos presentado en algunas de
nuestras enmiendas que han llegado vivas al Pleno, el aumento de
plantillas y la cualificación de estos técnicos. Sabemos que esto puede
generar algunas discrepancias en relación con otros cuerpos de
funcionarios, inspectores, etcétera, pero intentar equiparar las
funciones de todos aquellos funcionarios que están desarrollando las
mismas tareas es, en definitiva, una buena línea de trabajo para intentar
que la lucha contra el fraude fiscal se haga de la mejor manera posible.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Como también han comentado diferentes
portavoces, sobre todo de Junts per Catalunya, es indispensable la
colaboración, la cooperación entre la Agencia Tributaria estatal y las
agencias tributarias territoriales. Es muy difícil poder hacer un
verdadero trabajo frente al fraude fiscal si no se dispone de los datos
necesarios para desarrollar este trabajo.

Un punto que ya se incorporó al dictamen a
través del informe de la ponencia, y ha habido otros portavoces que
también se han referido a ello, es que es cierto que, desde el punto de
vista del derecho civil catalán, balear y gallego, los pactos sucesorios
podían generar una cierta incredulidad, un cierto recelo. En cualquier
caso, nosotros entendemos que la propuesta resultante es mucho mejor que
la que llegaba para su debate hoy aquí, en el Pleno y, por tanto, nos
vanagloriamos del hecho de haber podido contribuir a ello.

Por último, hay un debate quizás más
conceptual, más de modelo. Es verdad que si en Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu habláramos de lo que nosotros entendemos
que deberían ser en general las líneas de la transición ecológica en lo
que se refiere al efecto de los gases contaminantes, en estos momentos no
daríamos apoyo a una medida en relación con el impuesto sobre
matriculaciones, una medida que busca precisamente contener el incremento
en el impuesto sobre matriculaciones. Y explicaré el porqué. Nosotros
estamos a favor de la descarbonización, estamos a favor de la
Agenda 2030, estamos a favor de los ODS, pero, de la misma manera
—y esta también es una tarea que tenemos la obligación de
explicar—, debemos mirar a nuestro alrededor y saber entender que
en estos momentos, si en lugar de hacer propuestas contracíclicas
estuviéramos dando apoyo a medidas que van a perjudicar aún más a algunos
sectores, como, por ejemplo, el de la automoción, al final nos estaríamos
haciendo un flaco favor en todo lo que se refiere al mantenimiento de
puestos de trabajo, que es la cuestión más de fondo. Fíjense en algunos
datos. Estos nos los han hecho llegar de Anfac: en la variación
interanual, a fecha 21 de junio de 2021, en relación con la misma fecha
de 2019 —entendemos que 2020 no es un año que sea susceptible de
comparación—, la caída de las ventas ha sido del 30,71 %. Yo creo
que eso lo explica prácticamente todo. Además, si lo comparamos con el
resto de países de la Unión Europea que también están intentando aplicar
medidas de contención en lo que se refiere al impuesto sobre
matriculaciones, nos encontramos con que ni Alemania ni Francia ni Italia
ni el Reino Unido —quizás Portugal sí— han sufrido entre el
periodo de enero y mayo una caída como la sufrida por el sector en el
Estado español. Es más, hay otros países que no tienen impuesto sobre
matriculaciones, y quizás —solo lo apuntamos— la reforma
fiscal debería ir en esa línea: sobre el impacto que puede tener el
impuesto sobre matriculaciones en el sector. Añado que esta misma Cámara,
creo que en el mes de febrero o marzo, debatió una moción en Pleno acerca
del impuesto sobre matriculaciones, que se aprobó, por cierto.

Por todo ello, tras lo que acabamos de
comentar, teniendo en cuenta que nosotros, como grupo parlamentario,
teníamos unas expectativas y éramos ambiciosos acerca de la posibilidad
de llegar a más acuerdos, en este caso con el partido proponente, el
PSOE, y eso no ha sido posible, y si bien ha habido algunos acuerdos
estos no son todo lo buenos que nosotros hubiéramos querido, por todos
esos motivos el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de
Catalunya-Euskal Herria Bildu se va a abstener al proyecto de ley.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Muñoz Fonteriz.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidenta.

El presidente de la Comisión de Hacienda al
comenzar su intervención citaba a Benjamin Franklin cuando decía que en
esta vida solamente había dos cosas que eran seguras: la muerte y los
impuestos. Yo me voy a permitir matizar diciendo que para nosotros, a día
de hoy, no hay dos, sino tres cosas seguras: la muerte, que el Partido
Socialista nos va a subir los impuestos y que en el Partido Popular vamos
a seguir defendiendo y vamos a bajar impuestos cuando gobernemos. Eso es
lo que para nosotros en este momento es una gran certeza. (Aplausos);
para nosotros y para todos los españoles, porque lo están viendo cada día
y en cada decisión que toma el Gobierno de España, y en la tramitación de
esta ley, también. Y en la tramitación de esta ley, desgraciadamente,
tenemos que decir que el Partido Socialista de nuevo ha demostrado el
respeto que tiene a esta Cámara y a todos los senadores; una nueva
tramitación exprés de una ley importantísima y además con la
justificación de que tiene que adaptar una normativa comunitaria, la
trasposición de una directiva. La verdad es que el manejo de los tiempos
que tiene el Partido Socialista no deja de sorprender, porque para ellos
veintiséis segundos dan para mucho y, en cambio, tener siete meses la ley
contra el fraude fiscal guardada en un cajón es tramitar una ley rápida y
urgentemente. Esa es la forma de actuar que tiene el Partido Socialista.
Por eso, por este retraso, por esos siete meses que ha tenido el Partido
Socialista la ley en el cajón, que han impedido que se tramitara en
tiempo y forma, hay nada más y nada menos que 273 millones de euros
perdidos de los 700 millones que incorporaron en esos presupuestos, que
cada día son más papel mojado, señores del Partido Socialista, porque no
hay un número que se sostenga; ni un solo número se sostiene.

También han desaprovechado la oportunidad en la
tramitación de una ley tan importante como esta de pactar con el
principal partido de la oposición las cuestiones más relevantes. Lo decía
en mi intervención en la Comisión de Hacienda y lo vuelvo a decir otra
vez: el Partido Socialista ha desaprovechado una gran oportunidad. Porque
para nosotros, además, hay líneas rojas que están reflejadas en nuestras
enmiendas a esta ley y que queremos que se reconsideren; y aún estamos a
tiempo. Por ejemplo, la limitación de los pagos en efectivo. Es evidente
que la limitación de los pagos en efectivo es una medida que puede ser
razonable, pero hay que pensar en el momento en el que se va a tomar.
Todas las asociaciones de comerciantes están de acuerdo en decir que este
no es el momento porque va a limitar las transacciones comerciales, y
ahora lo que necesitamos es incentivar la economía, ayudarles y no
ponerles trabas. Por eso, hemos propuesto una enmienda para dilatar la
entrada en vigor de esta medida al año 2024 porque precisamente este no
es el momento, y lamentamos que el Grupo Socialista no haya querido
aceptarla —de momento, insisto, porque todavía mantenemos la
esperanza—. También creemos que no se pueden subir los impuestos
por la puerta de atrás, a través de una modificación del valor de
referencia para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto
sobre patrimonio o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Ese
valor de referencia que ahora quieren ustedes poner es una subida
encubierta, y nos gustaría que se reconsiderara. Por otro lado, las
inspecciones sorpresa que recoge esta ley rebajan las garantías de los
ciudadanos. Y también me he referido antes al castigo fiscal a las
herencias en vida. Es curioso cómo para ustedes, señores del Partido
Socialista, los condenados por los tribunales de justicia son inocentes
y, en cambio, son culpables los que cumplen con sus obligaciones fiscales
y quieren dejarles a sus hijos su herencia en vida. Qué curiosa doble
vara de medir tiene el Partido Socialista. Y la pregunta es si van a
querer o si siguen queriendo que hablemos de estas cuestiones que creemos
que son fundamentales; dialogar, demostrar algo que, desde luego, el
Partido Socialista no está demostrando cuando ejerce el gobierno.
Dialogar como hemos hecho con las transaccionales que hemos aprobado: la
que afecta a Canarias, la que afecta también a la dotación de suficientes
medios humanos a la Agencia Tributaria para hacer frente a la lucha
contra el fraude fiscal, o la que hemos logrado acordar para materializar
la bajada del IVA al 10 % al sector de la peluquería, una enmienda
transaccionada con Izquierda Confederal. Desde luego, es de agradecer la
unanimidad de prácticamente todos los grupos para apoyar esta enmienda
transaccional, salvo el Grupo Socialista, que, cómo no, sigue sin
rectificar. Es una amplísima mayoría que, una vez más, dice en el Senado
que está a favor de que se recupere el IVA reducido del 10 % para las
peluquerías. (Aplausos). El sector de las peluquerías en la anterior
crisis económica hizo un esfuerzo extraordinario asumiendo una subida del
IVA que hubo que hacer, porque no había más remedio por el agujero que
dejó el Partido Socialista en el Gobierno, y que era temporal, con la
intención de recuperarlo. No se pudo hacer en su momento, no dio tiempo
porque cambió el Gobierno, y este Gobierno, sorprendentemente, se está
negando. Es un sector durísimamente castigado por la crisis actual, y los
datos así lo evidencian. Está en riesgo de desaparecer el 42,4 % de los
salones —20 436— y de perderse 47 000 puestos de trabajo,
sobre todo de empleo femenino. De poder materializarse esta bajada
supondría una inyección de liquidez y se podrían salvar al menos el 50 %
de las empresas —repito, al menos el 50 % de las empresas—.
Además, si consideramos el ahorro que se va a producir por prestaciones
por desempleo o por cotizaciones sociales, se compensaría la bajada de
recaudación del IVA.






Aun así, también esta enmienda lo contempla y
propone la entrada en vigor el 1 de enero del año 2022. Creo que con la
aprobación de esta enmienda transaccional le damos un rayo de esperanza
al sector, que lo merece, muy castigado por la crisis, insisto, y que ha
puesto todo lo que estaba en su mano para que los salones sean seguros
cien por cien frente a la COVID. Es una luz al final del túnel.
Estaríamos adoptando también una decisión justa, ejerciendo lo que tan
necesario es: política útil para los ciudadanos, y, desde luego, dándole
un salvavidas al sector, que lo merece. También estaríamos luchando
contra el fraude fiscal porque hay mucha economía sumergida en el sector
—ellos mismos lo reconocen—, y esta medida va a luchar contra
ese fraude. Hay un compromiso del Partido Popular contra el fraude
fiscal, absoluto, sin paliativos, sin matices. De hecho, fue el Partido
Popular el que puso en marcha la actual Ley antifraude en el año 2012. Y
también fue el Partido Popular el que cuando gobernaba incrementó la
recaudación en la lucha contra el fraude fiscal hasta los 15 000 millones
de euros, superando un 50 % lo que había recaudado el Gobierno
socialista. Por tanto, compromiso absoluto de la lucha contra el fraude.
Esa es la vía.