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DS. Senado, Pleno, núm. 51, de 12/05/2021
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PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 30


celebrada el miércoles, 12 de mayo de 2021


ORDEN DEL DÍA






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Senegal, hecho 'ad referendum' en Dakar el 22 de
noviembre de 2020. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000049
Senegal; condición de jubilación;
relación bilateral; seguridad social









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley Orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000021
derecho a la salud; derechos del
niño; joven; política familiar; protección de la familia; protección de
la infancia; violencia sexual


Derechos Sociales





Proyecto de Ley Orgánica de protección de
datos personales tratados para fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000022
datos personales; ejecución de
sentencia; investigación judicial; procedimiento penal; protección de
datos


Interior







DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional de reconocimiento de la
figura de Emilia Pardo Bazán, con motivo del centenario de su
muerte.


630/000014
conmemoración; movimiento feminista;
profesión literaria


GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.


621/000019
capacidad de obrar; discapacitado;
jurisdicción civil; procedimiento judicial


para las Políticas Integrales de la
Discapacidad








PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME





Ponencia de estudio sobre los retos de una
transición energética sostenible, constituida en el seno de la Comisión
de Transición Ecológica.


543/000001
cambio climático; desarrollo
sostenible; energía renovable; gestión del agua; política energética;
protección del medio ambiente







Ponencia de estudio sobre la adopción de una
regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales,
constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.


543/000004
inteligencia artificial; programa de
actuación







Ponencia de estudio sobre el proceso de
envejecimiento en España, constituida en el seno de la Comisión de
Derechos Sociales.


543/000003
envejecimiento de la población;
política social









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
las reformas legislativas necesarias para que las Comunidades Autónomas
dispongan del marco jurídico adecuado para hacer frente a la pandemia por
COVID-19 tras la finalización del estado de alarma, así como a convocar
la Conferencia de Presidentes a fin de alcanzar la necesaria cogobernanza
en la toma de decisiones.


671/000065
enfermedad infecciosa; epidemia; estado
de emergencia; relación Estado-entidades territoriales; reparto de
competencias


GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas dentro del marco de la nueva Estrategia
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en
España.


662/000065
ayuda pública; gitano; igualdad de
trato; integración social; lucha contra la discriminación


GPCs




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto


La señora presidenta abre a las nueve y tres minutos el plazo
de dos horas para la votación telemática del punto 6.1. que se debatió
ayer.






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL, HECHO 'AD REFERENDUM' EN DAKAR
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000049



La señora presidenta informa de que no se han
presentado propuestas al tratado.


El señor Martí Deulofeu anuncia la abstención
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


La señora Bustinduy Barrero anuncia el voto
favorable del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Rojo Noguera anuncia el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000021

Derechos Sociales


La señora Edo Gil, presidenta de la Comisión de
Derechos Sociales, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


La señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, defiende las enmiendas 362 a 379,
del señor Cleries i Gonzàlez y suyas.


El señor González-Robatto Perote, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 35 a 136, suyas, de la señora
Merelo Palomares y del señor Marín Gascón.


La señora Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 14, 16 y 20 a 24.


La señora Vilà Galán, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista
Gomera), da por defendidas las enmiendas 219, 227, 229 a 232, 234 a 243 y
245 a 250, del señor Fernández Rubiño.


El señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación
Socialista Gomera), defiende las enmiendas 202 y 204 a 218.


La señor González Modino, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación
Socialista Gomera), defiende las enmiendas 184 a 189.


La señora Vilà Galán, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista
Gomera), defiende las enmiendas 162 y 163.


El señor Mulet García, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista
Gomera), da por defendidas las enmiendas 164 a 170, del señor Vidal
Matas.


El señor Mulet García, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista
Gomera), defiende las enmiendas 171 y 173 a 183.


La señora Escandell Grases, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, defiende las
enmiendas 147 a 154, 156 a 161 y 382, de la señora Bailac Ardanuy.


La señora Bideguren Gabantxo, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, defiende las
enmiendas 137 a 146.


La señora Santiago Camacho defiende las
enmiendas 2, 4 y 7 a 13, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora Vaquero Montero defiende las
enmiendas 190 a 201, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


La señora Agudo Alonso defiende las enmiendas
251 a 256, 258 a 288, 290, 293 a 295, 297 a 299, 301, 303 a 327, 329 a
331, 334, 335, 338, 340 a 348 y 350 a 361, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


La señora Fernández Álvarez defiende las
enmiendas 383, 384, 386 a 388, 392, 394, 398 a 403, 407 y 409, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra, interviene la señora
Fernández Álvarez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Fernández Viadero y el señor
González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Santiago Camacho, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Vilà
Galán, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya
en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera); la señora Vaquero Montero,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac
Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor De Arriba Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; y la señora Arnáiz García, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
APLICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS CON RESPECTO A LOS CUERPOS DE
FUNCIONARIOS QUE DEPENDEN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA
GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS
AFECTADAS POR LA DESPOBLACIÓN Y COMO MEDIDA DE POLÍTICA ACTIVA EN LA
LUCHA CONTRA LA MISMA. (Proclamación de la votación).


671/000064

BEATRIZ MARTÍN LARRED (GPMX)


Se aprobó la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 257; a favor, 228; en contra, 1; abstenciones, 28.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000022

Interior


La señora Castro Mateos, presidenta de la
Comisión de Interior, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


La señora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 9 a 15, de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón, y suyas.


El señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación
Socialista Gomera), defiende las enmiendas 18 a 76.


La señora Otaola Urquijo defiende las enmiendas
7 y 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Cañizares Jiménez defiende las
enmiendas 1 a 6, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra, interviene la señora
Hernández Espinal, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Catalán Higueras, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación
Socialista Gomera); la señora Otaola Urquijo, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Martínez-Maíllo Toribio, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
y el señor Rallo Lombarte, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las trece horas y
cincuenta y dos minutos el plazo de dos horas para las votaciones
telemáticas reglamentarias de este proyecto de ley.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO DE
LA FIGURA DE EMILIA PARDO BAZÁN, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU
MUERTE.


630/000014

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


El señor secretario (Fajardo Palarea) lee la
declaración institucional.


Se aprueba por asentimiento.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.


621/000019

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



La señora Fernández Molina, presidenta de la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, presenta el
dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Catalán Higueras, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende la enmienda número 1.


El señor Marín Gascón, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 6 a 77, del señor González-Robatto Perote,
suyas y de la señora Merelo Palomares.


La señora presidenta anuncia que se amplía
hasta las dieciséis horas y quince minutos el plazo para la votación
telemática del punto 8.1.2.


La señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, da por defendidas las enmiendas 84
a 93, 95 a 99, 101, 103, 104, 106, 107, 109 a 117, 119 a 124, 127, 131 a
135, 137, 138, 140, 141 y 144, del señor Cleries i Gonzàlez y suyas.


El señor Marcos Arias defiende las enmiendas 78
y 79, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora Peral Díez defiende las enmiendas
145, 147, 149 a 151, 153 y 156, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV).


La señora Castel Fort defiende las enmiendas
defiende las enmiendas 169 a 189, 205 y 207 a 216, Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


En turno en contra, interviene el señor Aguilar
Román, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las catorce horas y
cuarenta y tres minutos el plazo de dos horas y treinta minutos para las
votaciones telemáticas reglamentarias del punto 8.1.1., proyecto de ley
orgánica, y para la votación telemática del punto 7.1.1., convenio.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Catalán Higueras y el señor Marín Gascón,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Marcos Arias, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Fernández Rubiño, por el
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Peral Díez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Lorenzo Torres y la señora Tomás Olivares, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; y la señora Abascal Jiménez, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.


543/000001






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE
UNA REGULACIÓN DE LAS NUEVAS REALIDADES TECNOLÓGICAS, DISRUPTIVAS Y
SOCIALES, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.


543/000004






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS SOCIALES.


543/000003



La señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) abre a
las quince horas y cincuenta y tres minutos el plazo para la votación
telemática de los puntos 11.1.1., 11.1.2. y 11.1.3., y para las
votaciones reglamentarias del punto 10.1.1., proyecto de ley.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LAS REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA QUE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DISPONGAN DEL MARCO JURÍDICO ADECUADO PARA HACER FRENTE A LA
PANDEMIA POR COVID-19 TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, ASÍ COMO
A CONVOCAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES A FIN DE ALCANZAR LA NECESARIA
COGOBERNANZA EN LA TOMA DE DECISIONES.


671/000065

GPP


El señor Fabra Part defiende la moción.


El señor Catalán Higueras defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


La señora Carmona Delgado defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Beltrán de Heredia Arroniz defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Cervera Pinart defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Fabra Part expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Catalán
Higueras.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera); la
señora Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Fabra Part, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Álvarez González,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación de las votaciones).


621/000022

Interior


Votaciones.


La señor vicepresidenta (Narbona Ruiz) anuncia
a la Cámara que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA ESTRATEGIA
NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN
ESPAÑA.


662/000065

GPCs


La señora Santiago Camacho defiende la moción.


El señor Mulet García defiende las treinta
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya
en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera).


El señor Vidal Varela defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Santiago Camacho expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la presentación
de una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Santiago Camacho, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la
señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora González Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera); la
señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Masih Nahar, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Casal Míguez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Martín Palop, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL, HECHO 'AD REFERENDUM' EN DAKAR
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación de la votación).


610/000049



Se aprobó con el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 240; en contra, 4; abstenciones, 18.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de las
votaciones).


621/000021

Derechos Sociales


Votaciones.


La señor vicepresidenta (Narbona Ruiz) anuncia
a la Cámara que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. (Proclamación de
las votaciones).


621/000019

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



Votaciones.


La señor vicepresidenta (Narbona Ruiz) anuncia
a la Cámara que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. (Proclamación de la votación).


543/000001






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE
UNA REGULACIÓN DE LAS NUEVAS REALIDADES TECNOLÓGICAS, DISRUPTIVAS Y
SOCIALES, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. (Proclamación de la votación).


543/000004






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS SOCIALES. (Proclamación de la votación).


543/000003



Votaciones.


Se suspende la sesión a las diecinueve horas y
trece minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


Punto sexto del orden del día. Mociones consecuencia de
interpelación. Moción por la que se insta al Gobierno a la aplicación de
determinadas medidas con respecto a los cuerpos de funcionarios que
dependen de la Administración General del Estado para garantizar la
prestación de todos los servicios en las provincias afectadas por la
despoblación y como medida de política activa en la lucha contra la
misma. De la senadora Martín Larred, del Grupo Parlamentario Mixto.


Señorías, les recuerdo que esta moción fue debatida en el día
de ayer y quedó pendiente de votación. Se abre la votación telemática
desde este momento, que son las nueve horas y tres minutos, hasta las
once horas y tres minutos. (Pausa).


Disculpen mi voz.


Les tengo que recordar que la votación de la moción se hace en
los términos de la propuesta de modificación de todos los grupos
parlamentarios, con número de registro de entrada 97896.






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL, HECHO 'AD REFERENDUM' EN DAKAR
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000049



La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado
propuestas a dicho tratado.


¿Algún grupo desea intervenir? ¿Esquerra
Republicana-EH Bildu? ¿Algún otro grupo? (Pausa).


Tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Manifiesto la
abstención de nuestro grupo parlamentario.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún otro grupo desea intervenir?


La senadora Bustinduy, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.


La senadora BUSTINDUY BARRERO: Gracias
presidenta.


Intervengo brevemente para manifestar nuestro
apoyo. Se trata de un convenio que se mueve en el marco de los
establecidos en la Unión Europea y supone un gran avance en la relación
entre los dos países del que se van a beneficiar trabajadores de ambos.
Supone también un paso más para evitar la inmigración irregular y
favorecer la migración de una manera legal, segura y ordenada. Y, sobre
todo, queremos destacar el carácter de cooperación, integración y
colaboración entre nuestro país y el continente africano.


Por tanto, vamos a votar a favor. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


La senadora Rojo Noguera, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra.


La señora ROJO NOGUERA: Sí, presidenta,
simplemente para decir que nuestro grupo va a votar a favor.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, el plazo para la votación de la
autorización para el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Senegal, hecho ad referendum en Dakar el 22 de
noviembre de 2020, se abrirá al finalizar el siguiente punto del orden
del día.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000021

Derechos Sociales


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos
Sociales, la senadora Edo Gil, por tiempo de cinco minutos. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


La señora EDO GIL: Presidenta, señorías, bon
dia, buenos días.


La violencia sobre personas menores de edad,
los más vulnerables, los más indefensos, y que se agudiza aún más en la
condición de niña o menor con discapacidad, es una realidad execrable.
Suele pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la indemnidad de los
ámbitos en los que tienen lugar; tal es el caso de las esferas familiares
y escolar, entornos en los que se suceden la mayor parte de los
incidentes y que, en todo caso, deberían ser marcos de seguridad y
desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes.


La protección de las personas menores de edad
debe ser una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida
en el artículo 39 de la Constitución española y en diversos tratados
internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en
noviembre de 1989 y ratificada en España en 1990.


El proyecto de ley que hoy abordamos tiene por
objeto combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde
una aproximación integral, en una respuesta extensa a la naturaleza
multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias. La aprobación
de una ley integral sobre la violencia de los niños, niñas y adolescentes
no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento
jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la
protección integral de las personas menores de edad, sino a la relevancia
de una materia que conecta de forma directa con el sano desarrollo de
nuestra sociedad.


El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el
pasado 23 de abril, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 29 de
abril y se presentaron un total de 409 enmiendas por parte de todos los
grupos parlamentarios y algunos senadores a título individual, de las
cuales fueron retiradas las enmiendas 25 a 34, 332, 333, 339, 349, 380
y 381 por sus proponentes.


El día 6 de mayo, la Comisión de Derechos
Sociales ratificó la ponencia de este proyecto de ley, formada por los
siguientes senadores: por el Grupo Parlamentario Socialista, las
senadoras María del Mar Arnáiz García, doña Inés Plaza García y doña
Donelia Roldán Martínez; por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora
doña Carolina Agudo Alonso y el senador don Bienvenido de Arriba Sánchez;
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la
senadora Sara Bailac Ardanuy; por el Grupo Parlamentario Vasco, la
senadora doña María Isabel Vaquero Montero; por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, la senadora Sara Vilà Galán; por el Grupo
Parlamentario Nacionalista, la senadora doña María Teresa Rivero Segalàs;
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la senadora Carlota Santiago
Camacho; por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Ruth Goñi Sarries.
Permítanme agradecerles el trabajo que están realizando para enriquecer y
mejorar el texto remitido por la Cámara Baja. El objeto de la ley,
proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, así lo merece.


Los días 5 y 6 de mayo del 2021, en sendas
sesiones, se reunió la ponencia del presente proyecto de ley para
informarlo, y el mismo día 6 se reunió la Comisión de Derechos Sociales
para dictaminar el referido proyecto de ley, introduciéndose
modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en ambos trámites.


Finalmente, se han presentado dieciséis votos
particulares, que se debatirán en la presente sesión.


Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas
gracias, presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, presidenta.


¿Algún grupo quiere hacer uso del turno de
enmienda a la totalidad? (Pausa).


Si no es así, pasamos a la defensa de los votos
particulares.


En primer lugar, estaba prevista la
intervención de la senadora Goñi Sarries. (Pausa).


Si no está presente para defender sus
enmiendas, decaen.


Pasamos a las enmiendas presentadas por los
señores González-Robatto Perote, la señora Merelo Palomares y el señor
Marín Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 35 a 136,
por un tiempo máximo de quince minutos. ¿Quién las defiende?
(Denegaciones del senador Marín Gascón).


¿No intervienen? ¿Quiere decir que decaen?
(Asentimiento del senador Marín Gascón).


Decaen.


A continuación, las enmiendas presentadas por
el señor Cleries. La senadora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 362
a 379. Tiene quince minutos.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


En primer lugar, agradecemos que esta ley tan
importante no haya venido por urgencia. Eso nos ha permitido tener varias
reuniones de ponencia y, en este sentido, quiero dar las gracias a todos
los compañeros que han compuesto la ponencia por la voluntad de suma y
por la voluntad de aceptar algunas enmiendas.


Doy mis enmiendas por defendidas. Me referiré a
algunas de ellas que creemos que son interesantes. Quiero agradecer las
transaccionales a las que se ha llegado. Para nosotros es especialmente
importante que se nos haya aceptado una enmienda que recogía el derecho a
la protección de la imagen del menor más allá del fallecimiento, porque
sabemos que es un tema que preocupa a muchas familias y que está trayendo
mucha litigiosidad, y en cambio no tenía ningún tipo de protección.
Ahora, con la enmienda va a quedar recogido en la ley.


Y, por supuesto, muy muy muy importante para
nosotros que hayan aceptado ustedes la enmienda al título competencial.
Esta ley es una ley que hacía falta. Es una ley que venía a completar las
competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Es una ley,
por otro lado, que nos venía solicitada por el ámbito internacional, pero
sí es cierto que es una ley que no se ha limitado a hablar del qué, sino
que también ha entrado muy muy al hilo del cómo, y en ese entrar al hilo
del cómo entraba en competencias autonómicas: algunas cosas que pretendía
regular —vía, por ejemplo, protocolos— ya estaban recogidas
en las comunidades autónomas vía normativa y, además, pensamos que da
mucha más seguridad jurídica. Para nosotros era vital, con este espíritu
que teníamos de sumarnos a una ley que es buena —ya hablaré luego
en el turno de portavoces de las luces de esta ley—, pero teníamos
este problema con el ámbito competencial. Quiero agradecer a los grupos
que han presentado las mismas enmiendas, que han hecho posible esta
transaccional para apalancar o asegurar que el ámbito competencial queda
preservado, pero además que no va a ser un problema, porque estamos
reconociendo derechos del menor y estamos haciendo una ley que es buena,
pero también tiene que ser buena para su aplicación. Entonces, cuanto más
claro tengamos el ámbito competencial, quién hace qué y dónde,
seguramente nos ahorraremos litigiosidades que van en contra de esos
derechos.


Muy brevemente, me voy a referir a otras
enmiendas que pensamos que son interesantes. Ya he hecho referencia a la
de la imagen del menor, que era muy importante para nosotros, pero
también hemos hecho una enmienda —que creemos que es muy importante
y nos gustaría que le dieran una vuelta— respecto al procedimiento
de comprobación automática de los antecedentes por delitos sexuales o de
trata de menores. Es cierto que la ley recoge la comprobación automática
de estos antecedentes, pero nosotros lo que proponemos es que nos demos
un año para poner en marcha la automatización. Es decir, de la misma
manera que en la Seguridad Social para dar contratos de trabajo ya se
pueden poner unos ítems que te indican si cumplen o no los requisitos,
pensamos que sería muy importante que en el momento de dar de alta un
contrato —en el caso que sea dar de alta el contrato— el
mismo sistema ya detecte, haya un cruce de datos, si está en el registro
de delitos sexuales; además, también proponemos que si estos delitos
sexuales quedan recogidos durante el cumplimiento del contrato, también
salte una alarma. Yo creo que es muy importante y damos un margen de un
año, que si quieren le podemos dar una vuelta si ustedes creen que un año
no es suficiente para implementarlo, pero con esto nos evitaríamos muchos
disgustos de los que estamos teniendo con este cruce de datos, que a
veces llegan tarde, llegan mal, y cuando llegan tarde y mal estos datos
dejamos a un menor en riesgo.


Por mi parte, doy el resto de enmiendas por
defendidas. Agradezco aquellas que han quedado incluidas. Ya les digo, es
una gran noticia en esta Cámara que no trabajemos las leyes por urgencia
y la prueba de que somos capaces de mejorarlas es cómo va a salir esta
ley.


Por tanto, sin más, muchísimas gracias y espero
que estudien estas enmiendas vivas y les puedan dar apoyo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Voy a darle la palabra el senador
González-Robatto Perote, que ha tenido un problema que le ha impedido
llegar en el momento que le tocaba defender las enmiendas 35 a 136.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchísimas
gracias, presidenta.


Señorías, estamos una vez más ante una ley cuyo
título dice lo contrario al contenido real de la misma. El título dice
buscar la protección integral de la violencia y la adolescencia, pero lo
que no dice es el contenido real de lo que la ley supone: nada más y nada
menos que una visión negativa de la familia como institución social y
educadora de los niños. Tan es así, que la ley a lo largo de todo el
articulado permite la intervención de la Administración, en sus
diferentes niveles, sobre niños sin necesidad de comunicar u obtener el
consentimiento de la familia. La práctica mayoría de las menciones a la
familia se hace, bien en el sentido de la familia es un lugar de peligro
para los niños, donde se da la violencia de manera natural, bien en que
es una institución que necesita ser ayudada y reforzada por la
Administración para poder hacer bien su trabajo. La famosa Ley Celaá, el
famoso «los niños son del Estado y no son de los padres».


Estamos, por tanto, no ante una ley que protege
a la infancia y a la adolescencia, sino una ley que permite una
intromisión insólita de las administraciones públicas en la patria
potestad, en la vida familiar y en la vida de los menores. Todo ello, con
apenas control jurisdiccional, bajo la excusa de proteger a los menores
pero, sobre todo, a las familias. Nada más lejos de la realidad. Algo
insólito en una concepción lógica de la vida social. La familia es, por
regla general, un entorno seguro para los niños, pero ustedes lo definen
como ese lugar donde la violencia es el estado natural, tal y como parece
transmitir esta ley. Una ley que subvierte el lógico y necesario
principio de subsidiariedad: la ley no trata de ayudar a la familia
cuando lo necesita, por mucho que haya algún artículo que vaya en esa
línea, sino que busca suplantar la familia cuando el menor necesita ayuda
ante la violencia sufrida. Una auténtica barbaridad.


Estamos ante una ley intervencionista y
totalitaria. Intervencionista, porque propone y diseña tal cantidad de
obligaciones por parte de las administraciones públicas que hace
imposible la vida social, incluso la familiar, sin la presencia
permanente de las instituciones públicas. Y es totalitaria porque no deja
ningún aspecto de la vida social al margen de la intervención pública,
basta repasar el título III para ver que hay artículos destinados al
ámbito familiar, el capítulo III; educativo, el capítulo IV; educación
superior, el V; sanitario, el VI; servicios sociales, el VII; nuevas
tecnologías, el VIII; deporte y ocio, el IX y fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, el X. Es decir, no hay ámbito en la vida social en
el que esta ley no se entrometa y trate de controlar. Este
intervencionismo y totalitarismo que desprende la ley se agrava, si cabe,
en la definición que hace la ley de la violencia contra un menor en su
artículo 1, apartado 2, ya que incluye como tal la violencia de género,
concepto amplio, difuso, que se refiere a opiniones en relación con la
visión y la vivencia de la sexualidad.


De acuerdo con la ley, quien —padres o
familias— no acepta una visión del hombre y de la sexualidad humana
promovida por la ideología de género es susceptible de ser considerado
como una persona que ejerce la violencia sobre sus hijos. Esto, como
decimos, agrava fuertemente el carácter intervencionista y totalitario de
esta ley en un doble sentido. Cualquier familia que no comulgue con la
ideología de género es susceptible de ser intervenida por la ley. Dadas
las obligaciones de denuncia e intervención que exige esta ley en todos
los ámbitos de la vida social —educativo, cultural, deportivo,
ocio, sanitario—, cualquier lugar se convierte hoy para una familia
que no comulga con esta ideología en lugar donde te pueden denunciar si
un hijo, un padre o un pariente hace algún comentario que se pueda
considerar ofensivo o violento desde la óptica o perspectiva de la
violencia de género. Y lo trasladamos al ejemplo de lo que puede pasar:
estás en un club deportivo y un niño comenta que en su casa no les parece
bien, por ejemplo, que un niño lleve falda; si esto lo oye un responsable
del club o cualquiera con ley en la mano, se podría interpretar como que
sufre violencia de género o se le educa en cualquier discriminación. Esto
convierte la vida social en una cárcel, donde todo el mundo tiene la
obligación de vigilar al vecino y todo vecino es un delator en potencia,
en especial para aquellas familias que no comulgan con la ideología de
género, que son muchas más de las que ustedes piensan.


Es una ley, en definitiva, que busca más el
control social que la defensa y protección del menor, algo que no cabe
hacer, salvo excepciones, sin contar con la familia o contra la
familia.


Finalmente, es una ley que parece destinada a
no ejecutarse en buena parte de sus disposiciones, porque exige tal
cantidad de obligaciones para las administraciones, que el ejército de
empleados públicos necesarios para su cumplimiento lo haga inviable, al
menos desde el punto de vista de coste económico. Muchos peajes tienen
que poner ustedes en las autopistas.


Se podría hacer una mención general al hecho de
hablar permanentemente de niños y niñas, lo cual es redundante y un
tributo y un homenaje al mal lenguaje y a su uso ideológico. Este es el
problema que les importa a ustedes, mientras la España real se
desmorona.


Y ahora vamos al análisis del articulado, donde
desde el inicio la ley descubre sus malas intenciones y peligros, pues en
el fondo pretende controlar la educación que las familias dan a sus hijos
y controlar cómo debe ser cualquier ambiente social. Esto ya se ve claro
desde el artículo 1 al definir el objeto de la ley: «asegurar el libre
desarrollo de la personalidad de niños y adolescentes». ¿Qué es esto?
¿Quién lo define? ¿Quién es la Administración pública para valorar esto?
¿Con base en qué criterios? Y sigue: «garantizar la integridad física,
psíquica, psicológica y moral». Lo mismo, ¿qué es esto? Y, otra vez,
¿quién lo define y quién pone los criterios para esto?


En la medida en que la ley incorpora la mención
a la violencia de género en el artículo 1, apartado 2, ¿una familia pone
en riesgo la integridad física del menor si no accede, por ejemplo, a una
hormonación? (Rumores). ¿O la integridad psíquica o psicológica si no
accede a que su hijo vista de una determinada forma contraria a su sexo
biológico? ¿O la integridad moral si enseña la vivencia en la sexualidad
según la naturaleza del hombre o si enseña la moral sexual de la Iglesia
católica? ¿Eso también sería violencia, por ejemplo? (Rumores).


Todas estas palabras que en principio suenan
bien, pueden dar lugar a interpretaciones muy peligrosas bajo la óptica
de la ideología de género. Aquí está el meollo de la ley: que cualquier
interpretación de estos artículos, en principio neutros y hasta buenos,
se convierta en peligrosa al hablar de la Ley de la violencia de género,
discriminación por identidad sexual, orientación sexual, comportamientos
homofóbicos, inclusividad… Esto es lo que convierte la ley en una
auténtica bomba de relojería, la subjetividad.


Por otra parte, el apartado 2 incluye aspectos
muy subjetivos, que dejan a las familias al albur de la discrecionalidad
de la Administración y con un riesgo de intervención en su patria
potestad. ¿Qué es un castigo físico? ¿Qué es un castigo humillante?
¿Dónde está el límite de esto? ¿Qué es un descuido o un trato negligente?
¿Qué se considera un comportamiento violento en el ámbito familiar? Esto
es relevante, en la medida en que da oportunidad a la Administración de
actuar sobre el menor sin contar con la familia, y son conceptos muy poco
concretos. Aquí está otra de las trampas de esta ley.


Cabe preguntarse, también, por qué el acceso
consentido por el menor a la pornografía no plantea problemas para los
redactores de esta ley. Es decir, si un menor pide ver pornografía y se
le niega, ¿es una situación de violencia? ¿Hay que dejarle? Si se le
niega, ¿estaríamos cometiendo un acto de violencia?


El buen trato, artículo 1, apartado 3, supone
la prohibición de discriminación de niños, niñas y adolescentes. Esto
exactamente, ¿qué quiere decir? ¿Repartir las tareas en casa de forma
diferente entre niños y niñas puede ser maltrato? ¿Establecer diferentes
clases entre niños y niñas en un colegio también puede suponer maltrato?
¿Ofrecer asignaturas optativas diferentes entre niños y niñas puede ser
maltrato? ¿Una familia que elige una educación diferenciada para sus
hijos es susceptible de considerarse como que da un mal trato a sus
hijos?


La ley se demuestra como deudora de la
ideología de género. La enmienda que nosotros proponemos va en este
sentido, elimina la referencia a la violencia de género y en el
apartado 3, donde hay un aspecto técnico, solicita que no se hable de
niños y adolescentes y sí de menores de edad, que es lo relevante
jurídicamente —hay adolescentes de 18 o 19 años que no son
menores—. Una ley que, en el artículo 2, obliga a cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, lo cual está bien en cuanto a que
se dé un buen trato al menor, pero está mal en cuanto convierte a todos,
sea persona física o jurídica, en controlador de los demás, en
controlador de cómo educan las familias.


En el artículo 3, que determina los fines de la
ley, no deja lugar a dudas: entrometerse en la familia para imponer un
concepto de parentalidad positiva. ¿Quién es la Administración para
determinar qué es la parentalidad positiva?


Artículo 3, apartado e), romper la unidad
familiar y debilitar la patria potestad. ¿Qué quiere decir reforzar el
derecho de los menores a ser oídos, escuchados y a que se tengan en
cuenta sus opiniones en contextos de violencia? ¿Qué es un contexto de
violencia? ¿Hay que escucharle al margen de los padres o hay que
escucharle con los padres? En los apartados j) y m), son deudores de la
ideología de género otra vez. En el primero, se niega la posibilidad de
educar a los hijos en principios morales a las familias que no compartan
la ideología del género, atentando contra la patria potestad. En el
segundo, se obliga a que todos los ambientes deban ser inclusivos, lo que
esconde que en todo lugar o situación se deben aceptar los presupuestos
de la ideología de género. Por ejemplo, un colegio que no permita a los
niños usar el uniforme de los niños no es inclusivo; lo mismo, en un club
deportivo que no permita a una niña que se siente niño jugar en los
equipos masculinos o entrar en el vestuario de los niños. Es una ley que
no cuenta con la familia, según el apartado k) —garantizar una
actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas
administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes
sectores implicados en la sensibilización, prevención, detección precoz,
protección y reparación— la Administración es quien lo guisa y la
Administración es quien se lo come. La familia, otra vez, no cuenta.


Para que no haya duda de cómo interpretar bien
la Ley del menor, la ley lo esclarece y en su artículo 4 establece los
criterios generales y, entre ellos, hay dos que dejan clara la intención
de la ley. En el apartado i), incorporación de la perspectiva de género
en el diseño e implementación de cualquier medida relacionada con
violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y en el apartado k),
promoción de igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y
el fomento de la enseñanza en equidad y la deconstrucción de los roles y
estereotipos de género. Es decir, no cabe interpretar esta ley al margen
de la ideología de género, su visión de la naturaleza humana y de la
sexualidad. Todo esto pone en riesgo no solo la libertad de las familias,
sino las instituciones educativas, sanitarias y sociales que trabajen con
menores. En tareas educativas formativas, por ejemplo, de cualquier tipo
se separan niños y niñas y esto se supone que no vela por el interés del
menor. En un campamento, en las parroquias, en los movimientos
religiosos, en el apostolado por los jóvenes, de acuerdo con esta ley
tienen el riesgo de que se interprete que va en contra del interés del
menor y deban cesar o modificar la actividad. Llevar a cabo esta tarea
exige agentes formados, de ahí que el artículo 5 establezca la necesidad
de formar a todos los profesionales que tengan contacto con menores,
siempre incluyéndolos en una perspectiva de género. Artículo 5,
apartados 1.a) y 1.g): la educación a la que también deberán someterse el
personal docente y educador. ¿Dónde queda el ideario de centro, la
libertad del centro para no formar a sus trabajadores en criterios
contrarios a sus ideales?


El Título I, derechos de los niños y de los
adolescentes, se dedica al empoderamiento de los menores, en un empeño de
emanciparlos de las familias. En el artículo 9, la ley pone al servicio
de los menores todo el aparato de la Administración con el supuesto fin
de garantizar sus derechos, cuando, más bien, lo que vemos es un intento
de entrometerse en la vida familiar y sustituir a la familia en la vida
del niño. A su vez, en este artículo, en su apartado 3, reconoce a los
menores los derechos inherentes a la ideología de género, lo cual no solo
contraviene la natural patria potestad, sino que aquí la Administración
establece, sin fundamento, que el menor tiene derecho a decidir sobre su
sexualidad por encima de los padres; si los padres no se avienen,
entonces la ley autoriza a la Administración a actuar. Esto es
completamente erróneo. Los padres, en tanto el hijo sea menor, tienen el
derecho y el deber de educarle; además, la ley hace a los niños
propietarios de unos derechos que no son tales, sino, más bien,
comportamientos contrarios a su naturaleza, en contraste además con
muchos estudios científicos. La Asociación de Pediatría Americana, por
ejemplo, establece que no se debe promover a los menores la orientación
de identidad sexual contraria a su sexo biológico, dado que en la gran
mayoría de los casos, de forma natural, a lo largo de la adolescencia se
rechaza esta área y adoptan una orientación e identidad sexual coherente
con su sexo biológico.


Estamos, pues, ante un intento de la
Administración no solo de entrometerse ilegítima e injustamente en la
patria potestad, ya que no hay una causa justificada para ello —no
está en ningún riesgo el bien del menor; sí se podría justificar una
intervención, por ejemplo, cuando los padres no alimentan a sus
hijos—, sino también de distorsionar el natural desarrollo de la
madurez afectivo-sexual que se da en todo menor. A lo largo del capítulo
en el que se le conceden los derechos al menor, la ley establece como
derecho del menor los comportamientos que no son tales: derecho de
información y asesoramiento, en el artículo 10; derecho a las víctimas a
ser escuchadas, artículo 11; derecho a la atención integral,
artículo 12...


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, vaya terminando.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE:
... legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los
procedimientos judiciales que traigan causa de una justificación de
violencia, artículo 13; derecho a la asistencia jurídica gratuita,
artículo 14.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la
senadora Goñi Sarries, por el Grupo Parlamentario Mixto, que también ha
llegado con retraso de forma involuntaria a esta sesión. Vamos a darle la
palabra para que pueda defender sus enmiendas 14, 16 y 20 a 24.


La señora GOÑI SARRIES: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días.


Los cambios más importantes que conlleva esta
ley son proteger a la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos
donde desarrollan su vida y tener en cuenta todas las fases necesarias en
esa lucha contra la violencia; prevención, a la que la ley otorga una
gran relevancia y donde se refleja la labor pedagógica de la norma;
detección temprana, atención inmediata y recuperación.


Son muchos los cambios que introduce la ley de
protección de la infancia y hay algunos aspectos que me gustaría
destacar. En la actualidad, el plazo de prescripción de un delito de
abusos sexuales a menores comienza a correr cuando la víctima cumple 18
años, y con esta nueva ley de protección a la infancia se prevé que se
extienda hasta los 35 años de edad.


Otro gran avance es la capacidad de denuncia
por parte de niños y adolescentes sin necesidad de que se evalúe su
madurez. Es fundamental que niños y adolescentes sean escuchados en todos
los procedimientos que les afecten y que se establezcan entornos seguros
en ámbitos tan importantes como internet, la familia o los centros
educativos. En esta ley, el interés del niño cobra mucha más importancia,
adquiere un nuevo desarrollo al establecerse que hay que determinar que
dicho interés es superior y se verá en cada caso particular, debiendo
establecerse también el proceso y los criterios básicos para
hacerlo.


La protección de los niños frente a la
violencia es otra de las mejoras significativas. Los hijos de víctimas de
violencia de género también van a ser considerados como víctimas y se
pretende impedir que personas con antecedentes por delitos sexuales
trabajen en contacto con niños.


Las situaciones de riesgo y desamparo se
regulan y se definen de forma mucho más concreta. La pobreza de padres o
tutores ya no va a ser la única causa que determine la situación de
desamparo de esos niños, y la elección del acogimiento familiar frente al
residencial será la medida preferente cuando un niño necesite protección
fuera de su familia de origen, especialmente los más pequeños.


Se regula también de forma clara el
funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de
conducta. Sin embargo, y aunque en general estoy muy de acuerdo con esta
ley, hay un punto que rechazo de plano y me gustaría decirlo. Se trata de
las medidas de contención y técnicas de sujeción personal. No las
comparto, para nada. Es un gran error considerar aún la contención física
como medida y es incoherente esa medida en una ley que se vende como
moderna y pionera, porque lo es.


Respecto a las enmiendas que he presentado, me
gustaría referirme a aquellas que el Grupo Parlamentario Socialista no ha
aceptado —porque hemos transaccionado unas cuantas y les estoy muy
agradecida por ello— y me remito a las que han quedado vivas.


La enmienda número 14 solo pretendía que
constara en la ley la definición de la Convención de los Derechos del
Niño, el artículo 19. Bueno, tampoco está mal lo que figura en la
ley.


La enmienda 16. Uno de los principios rectores
que debe regir la actuación de los poderes públicos es el respeto del
derecho de los niños a la vida privada y familiar. Siempre que sea
positivo para su bienestar y desarrollo, tienen el derecho de permanecer
en su entorno familiar. Este es un principio rector que contribuye,
además, a respetar las garantías jurídicas necesarias en los procesos a
los que se enfrentan los niños y los adolescentes y sus familias, como,
por ejemplo, en los procedimientos de riesgo, desamparo o tutela.


En la enmienda número 20 proponíamos elaborar
una estrategia nacional de carácter plurianual, que se actualizaría cada
cuatro años. Dicha estrategia partiría de un diagnóstico empírico y se
haría un informe de evaluación externa acerca del cumplimiento, el
impacto y la eficacia de esa estrategia de erradicación de la violencia
sobre la infancia y la adolescencia. Creo que aún no hemos llegado en
este país a ese punto en el que tomamos medidas y luego nos autoevaluamos
para ver cómo están yendo las medidas; creo que es un paso necesario y
estoy segura que al final pasaremos por el aro, porque no hay otra manera
de saber cómo estamos haciendo las cosas.


Enmienda número 22. Ustedes proponen que el
personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los
servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la
protección de niños y adolescentes tendrá la condición de agente de la
autoridad. Señorías, primero hay que hablar de empleados públicos y no de
funcionarios, pero ¿qué es eso de considerar a esos empleados públicos
como agentes de la autoridad? Yo no lo entiendo, creo que ponen sobre sus
hombros una responsabilidad para la que no están formados ni preparados,
y me parece excesivo. Son empleados públicos de los servicios sociales
que trabajan con niños y adolescentes, y creo que les hacemos flaco favor
dándoles ese rango.


Y enmienda número 24. Hay que incrementar las
garantías para proteger a los niños y adolescentes que ya se encuentran
en centros de protección, ya que esta ley prevé menos garantías en este
ámbito. El desarrollo de este artículo se realiza a través de la
correspondiente normativa autonómica y sería mucho más correcto hacerlo a
través de protocolos, que son mucho más eficaces en estos casos.


Sin más que añadir, yo apoyaré esta ley.
Insisto en que agradezco todo lo que hemos podido acordar y ha sido una
experiencia muy gratificante.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, enmiendas planteadas por el senador Fernández Rubiño.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: Doy las enmiendas por
defendidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Pasamos a las enmiendas presentadas por el
señor Martínez Urionabarrenetxea, enmiendas 202 y 204 a 217. Tiene la
palabra, senador.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Egun on senatari jaun-andreok.


Déjenme que empiece diciendo que estoy muy
emocionado hoy. Y hoy no puedo empezar más que enviando un abrazo
emocionado a mis queridos amigos Koldo, Andoni, Marcos, Miren, Arantxa,
Javi y Diego, con quienes he llorado, con quienes se me ha partido el
alma al escucharles contar sus experiencias de menores abusadas y
abusados en Navarra y en otros lugares de todo el Estado. Con ese amigo,
padre de familia, que un día me contó que fue hace poco, viendo en casa
con sus hijos la película de Pedro Almodóvar La mala educación, cuando se
dio cuenta de que eso era, precisamente, lo que le había ocurrido a él y
lo que tanto sufrimiento le había causado. Con ese otro amigo, a quien
internaron en el mismo colegio en el que su hermano había acabado
suicidándose porque no aguantaba más los abusos y fue él mismo después
víctima de abusos por parte de los mismos abusadores. Y por eso, por
ellos y por todas las niñas y niños a quienes esta ley quiere proteger y
defender, por todas y todos ellos, me alegro, me alegro enormemente de
que esta ley se vaya a aprobar hoy también en el Senado. (Pausa). Me
alegro tanto que espero, señorías, que la mayoría de ustedes se dé cuenta
de que esta ley necesitaba ser mejorada en algunos aspectos porque de su
aprobación se derivaba o se podía derivar una mayor seguridad para
nuestros menores.


En una moción que presentamos Geroa Bai
defendíamos, en comisión, la imprescriptibilidad de estos delitos o, al
menos, que el plazo en el que se pudieran denunciar fuera el más largo
posible. Transaccionamos la enmienda y ahora la ley recoge treinta y
cinco años. Bien podían haber sido cuarenta, pero bueno, algo es algo,
treinta y cinco, no está mal.


La ley es necesaria, sí, mejorable como todo en
la vida y en la política, pero necesaria y tenemos el deber de mejorarla.
¿Por qué es necesario hacerlo? Porque no queremos esos horrores para
nadie nunca más. Nunca más.


Señorías, cuando me designaron senador
autonómico, dije que mi trabajo aquí, en el Senado, se iba a centrar en
defender lo mejor para Navarra y, por ende, para toda la ciudadanía del
Estado, y por eso una de las enmiendas que presenté a esta ley —a
esta ley necesaria, insisto— afirma que esta ley maltrata a
Navarra, maltrata a sus niños y niñas, también a sus mayores, a toda la
ciudadanía navarra, que tiene en nuestro fuero, en nuestra forma de ser
navarras y navarros en relación con el Estado, la mayor y más compartida
seña de identidad. Sí, esta ley, en su redacción tal y como llegó al
Senado, vulnera nuestro autogobierno, nuestra forma de ser y nuestra
forma de estar en el Estado y en el mundo, nos hace violencia y en Geroa
Bai no lo podemos ni compartir, ni asumir. No queremos, no queríamos ser
partícipes ni corresponsables de una ley cuyos objetivos compartimos
total y absolutamente —insisto, total y absolutamente—, pero
cuyo texto recentralizador nos dejaba a las navarras y a los navarros
tendidos a los pies de los caballos de una administración que no
entiende, que no entendía, que no quiere entender o no quería entender de
especificidades, de individualidades, de identidades diferentes, de
contextos diferentes, ni siquiera en la trascendental tarea de lograr un
mundo mejor para nuestros menores. El horizonte es el mismo, señorías,
pero nuestros corazones estaban en lugares distintos, ni mejores, ni
peores, distintos.


Por eso, si no hubieran aceptado integrar la
enmienda con una disposición adicional que planteábamos, nos íbamos a ver
obligados, con el corazón roto por el dolor, a no apoyar con nuestro voto
esta ley y a seguir haciendo todo lo que estuviera, todo lo que esté en
nuestras manos para prevenir la violencia y evitar el sufrimiento que
esta causa a todos y cada uno de nuestros menores. Cuando ayer a la noche
estaba escribiendo estas notas, acababa pidiendo perdón a Koldo…, a
Andoni..., a Marcos..., a Miren..., a Arantxa… por nuestro voto
negativo a la ley, pero convencido de que ellas y ellos, como navarros y
navarras, también tienen el corazón partido, el alma herida y el cuerpo
dolorido, muy dolorido.


Se ha aceptado una enmienda transaccional
recogiendo unas enmiendas del PNV, de Junts per Catalunya y de Geroa Bai
y quiero acabar mostrando mi enorme satisfacción por esa enmienda
transaccional. Me reafirma en mi convencimiento de que el diálogo es
necesario, me acaba reafirmando en mi convencimiento del valor... de la
política, y hoy quiero agradecerles a todos ustedes —también,
lógicamente, al Partido Socialista, con quien hemos transaccionado esta
enmienda— y quiero decirles a todos ustedes que me siento feliz...,
muy feliz. (El señor Martínez Urionabarrenetxea continúa su intervención
en euskera).


Gracias infinitas desde el corazón a todos y
todas los que han hecho posible esa enmienda transaccional.


Votaremos sí a esta ley. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la senadora
González Modino, del Grupo Izquierda Confederal, para defender las
enmiendas números 184 a 189.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.


«Yo defiendo la alegría porque me parece que en
un mundo tan terrible como el que vivimos, tan lleno de desmanes, la
alegría es una contrapartida que hay que defender para seguir viviendo».
José Manuel Caballero Bonald, in memoriam de uno de los poetas andaluces
de ahora que falleció la semana pasada. (Aplausos). Esto lo tenía pensado
antes de la intervención de mi compañero Koldo, pero es que ahora
engancha perfectamente con la intervención que él acaba de hacer.


Esta es una ley importante y necesaria, sin
ninguna duda. Personalmente, he presentado seis enmiendas con la voluntad
de mejorarla, con la voluntad de incluir algunos de los aspectos que, a
nuestro juicio, no recogía suficientemente; con el ánimo alegre, que no
solo no es ninguna frivolidad, sino que es una de las cosas más hondas
que existe: la alegría.


Dos de estas enmiendas que hemos presentado
tienen relación con la prevención frente al abandono escolar, la asunción
de compromisos laborales y una especial prevención frente al matrimonio
infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo; corresponde a los
artículos 23 y 26 de la ley. El abandono de los estudios condiciona el
futuro y despoja de herramientas para su crecimiento personal y
profesional a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y no digamos
el lastre que supone la práctica del matrimonio infantil. Pueden
argumentarme que es poco frecuente, es cierto, afortunadamente; en un
mundo civilizado, como queremos que sea el nuestro, es poco frecuente,
pero basta con que afecte solo a una niña para que nosotras y nosotros,
legisladores, poderes públicos, tuviéramos todas las prevenciones, todas
las cautelas y todo el peso y la legitimidad que nos da, precisamente,
ser poderes públicos para proteger a esa niña.


Las otras cuatro enmiendas que hemos presentado
están encaminadas a evitar los efectos nocivos para los niños del
espectáculo de las corridas de toros. La Organización de las Naciones
Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño, se ha pronunciado
de forma expresa en contra de que los niños, niñas y adolescentes
participen o asistan en calidad de espectadores a corridas de toros,
eventos taurinos y escuelas de tauromaquia, instando, además, a que se
emprendan acciones para informar sobre la violencia física y mental
asociada a la tauromaquia y a su impacto en los niños.






Las numerosas
ocasiones, ocho, en las que la ONU ha reclamado la necesidad de proteger
a los niños y adolescentes de los efectos dañinos de estos espectáculos
ponen de manifiesto que, aunque estén relacionados con aspectos
pretendidamente culturales, el derecho del niño, de la niña y de los
adolescentes de vivir libres de violencia prima sobre otras
cuestiones.


El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha
instado a la comunidad internacional a proteger a las personas menores
de 18 años de la violencia de la tauromaquia, tomando como base la
Convención sobre los Derechos del Niño. El 8 de febrero de 2018, muy
recientemente, se hicieron públicas las observaciones finales sobre los
informes periódicos quinto y sexto combinados de España y el Comité
señala —lo voy a leer literalmente—: El Estado parte
—evidentemente, España— prohíba la participación de niños
menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de
tauromaquia, como parte de prácticas nocivas y violentas en contra de los
niños. Dicha instancia es de obligado cumplimiento, señorías, para las
administraciones públicas competentes según nada menos que el artículo 96
de la Constitución española: «Los tratados internacionales válidamente
celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del
ordenamiento interno». Por tanto, para asegurar el cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño es necesario que se promuevan las
reformas legales para elevar la edad de asistencia a las corridas de
toros a 18 años sin excepción. Este es el contenido fundamental, la
justificación de las enmiendas que hemos presentado.


De lo que acabo de decir se desprende que las
corridas de toros son una de las manifestaciones violentas cuya
exposición debe evitarse a los niños y que tal impedimento no supone la
vulneración del derecho al acceso a la cultura, puesto que el interés
superior del niño a no ser expuesto a la violencia prima sobre cualquier
otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto, como
el derecho a participar libremente de la vida cultural. «El mundo
civilizado está moralmente obligado a proteger a niños y adolescentes de
los probados daños psicológicos que produce presenciar la normalización
de la violencia y el sadismo en cualquiera de sus formas, incluyendo las
corridas de toros». Esta es una cita del doctor Rojas Marcos, psiquiatra
de reconocido prestigio, responsable de todo el sistema público de
hospitales de Nueva York. Sé que me van a argumentar que la tauromaquia
forma parte de la cultura, de las tradiciones... El doctor Rojas Marcos
tiene la Orden de las Letras y de las Artes de España, no es ningún
indocumentado, ni en el terreno de su especialización profesional, ni
tampoco en el terreno de la cultura y de las artes.


Señorías, esta imagen (La señora González
Modino muestra un documento), personalmente, me produce una sensación de
belleza, de admirar a un animal libre en una dehesa, un animal bello que
tiene, si fuera posible, el Mediterráneo en su ADN. A algunos de nosotros
nos puede producir indiferencia, no sugerirnos nada, y es absolutamente
respetable. (La señora González Modino muestra otro documento). Creo que
en esta imagen podemos convenir todas y todos en que es un espanto, un
espanto. Se trata de proteger de estas imágenes a las niñas, a los niños
y a los adolescentes.


La ONU nos ha ofrecido otro argumento para
posicionarnos en contra del espectáculo cruel, violento y anacrónico que
supone la tauromaquia, en el que las víctimas no son solo los toros, los
caballos y, a veces, los toreros, sino toda la sociedad, incluyendo
niñas, niños y adolescentes. Yo no soy antinada, señorías, vivo como
puedo con mis propias contradicciones, pero creo que, en este caso,
atender a las recomendaciones de la ONU, de la Convención de los Derechos
del Niño, no solo no nos resta nada ni en cultura ni en ningún otro
aspecto como país, sino que nos suma a prácticas civilizadas del conjunto
del mundo, y esta es una oportunidad de oro: nada menos que una ley de
protección a las niñas, a los niños y a los adolescentes frente a la
violencia.


Por eso, señorías, aunque entiendo que no hay
posibilidades dada la altura del debate en la que estamos, tenía que
venir a decir estas cosas, porque me parece que era una oportunidad de
oro y, honestamente, creo que mejoraría bastante el contenido de la ley,
su propio ámbito de protección, esa propia visión holística de la que
habla en el título preliminar. Es una ley ambiciosa, necesaria,
importante, y lo que pretendemos es que a los poderes públicos, en una de
las tareas y responsabilidades que asumimos con mayor interés y
prácticamente unanimidad, como es el hecho de proteger a las niñas, a los
niños, a los y las adolescentes, no se nos pase incluir estas cuestiones.
Señorías, honestamente, yo creo que es un error y que más temprano que
tarde vamos a acabar incluyéndolas, porque esos son los caminos del mundo
civilizado. Pero llegarán cuando tengan que llegar.


La identidad cultural, que sé que es el
argumento fundamental para no tener en cuenta estas consideraciones, no
puede excusar ni justificar que los responsables de la toma de decisiones
y las autoridades perpetuemos tradiciones y valores que niegan al niño, a
la niña o a los niños y adolescentes el derecho que les garantiza la
Convención de los Derechos del Niño.


Esta es nuestra aportación, señorías, al debate
de esta ley. Insisto que, por lo demás, necesaria, importante, a tiempo.
Voy a lamentar que no salgan adelante mis enmiendas, porque me imagino
que no van a salir adelante, pero quiero que hagan ustedes el ejercicio
de entender que era necesario que alguien dijera estas cosas en esta
Cámara, y esa es la tarea que yo me he echado a la espalda.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para defender las enmiendas números 162 y 163,
también del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la senadora Vilà
Galán tiene la palabra.


La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias.


Voy a ser más prosaica porque solo tengo tres
minutos para defender mis enmiendas. Más tarde, en el turno de
portavoces, podremos hablar profundamente de la ley.


Nosotros, como En Comú Podem, hemos presentado
algunas enmiendas con las que no conseguimos llegar a un acuerdo en el
Congreso y esperamos poder renegociarlas de nuevo para que el Senado
sirva para lo que nos tiene que servir: poder hacer una segunda lectura
de las leyes.


En primer lugar, hemos presentado una enmienda
sobre la prueba preconstituida, que en el caso de los menores es una
medida clave para proteger a la víctima. Creemos que tenemos que evitar
su revictimización al tener que repetir sus declaraciones, que tengan que
intervenir en un procedimiento judicial, y proponemos, además, extenderla
a todos los menores de edad hasta los 18 años, puesto que el texto solo
prevé hacerlo hasta los 14 años. De momento, no hemos podido conseguir
llegar a un acuerdo con esta enmienda, pero nos parece, igualmente, que
se está haciendo un trabajo de consenso enorme.


Por otro lado, proponemos una enmienda para
acabar de incorporar a la ley las recomendaciones del Defensor del Pueblo
y las del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre las
pruebas de determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes no
acompañados, como es el caso de los desnudos integrales y exploraciones
genitales, que proponemos que no se puedan realizar en ningún caso y bajo
ningún concepto. Sí se ha logrado transaccionar esta cuestión, de lo cual
nos alegramos muchísimo.


Asimismo, quiero anunciar que votaremos a favor
de las enmiendas presentadas por los senadores de Esquerra Republicana,
Bildu y los compañeros de Izquierda Confederal, que hacen referencia a
las soluciones habitacionales, a la supresión de la condición de agente
de la autoridad y a la exposición de niños y adolescentes al aberrante
espectáculo de la tauromaquia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas
por el senador Vidal Matas, al no encontrarse en la sala, tiene la
palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Las damos por
defendidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Pasamos entonces a sus enmiendas, senador
Mulet, números 171 y 173 a 183.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


La pasada semana, en la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de Radiotelevisión, se aprobó una proposición no de
ley para dar cabida a la tauromaquia de nuevo en la cadena pública. Esta
proposición no de ley, impulsada por el Partido Popular, apostaba por
retransmitir en directo los festejos taurinos en Televisión Española.
Encontramos indecente que, con los graves problemas que tiene
Radiotelevisión Española: audiencias del grupo que siguen bajando y que
están ya en mínimos históricos, mandato marco caducado desde hace años,
sin contrato programa que concrete el servicio público que tiene que
prestar y con qué presupuesto, problemas muy serios de financiación,
retos por asumir, como la transformación y la digitalización, las
derechas solo piensen en toros. Imagino que la próxima propuesta será que
esta televisión vuelva a emitir en blanco y negro y que recupere el
NO-DO. Cuánta caspa, lamentablemente, se debate todavía en estas
Cámaras.


Es triste que el mayor atrevimiento del Partido
Popular sea pedir la retransmisión del asesinato de animales, el dolor y
el sufrimiento en la tele que ven los menores, cuando tenemos pendiente
cumplir con las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas a los países que lastimosamente realizan
festejos taurinos y que debería pesarnos a todos como una losa. Tampoco
podemos entender cómo el PSOE, con su abstención a tan bárbara propuesta,
dé bola a las extremas derechas y que prosperen así peticiones en sede
parlamentaria. Luego, imagino que se preguntarán por qué la gente de
izquierdas no les vota; pues, piensen un poco.


No solo detestamos estas intenciones de la
derecha de siempre que ve prioritario, por ejemplo, organizar corridas de
toros en Las Ventas en plena pandemia, desoyendo las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad, sino que reclamamos incluir las observaciones
realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para
adicionar un artículo en el que se restringe la entrada de menores de 18
años a las plazas de toros o recintos habilitados como toreros o
públicos, previniendo infracciones muy grandes para quienes no observen
esta ley. Damos respuesta, así, a la preocupación de las instituciones
estatales internacionales de proteger los derechos de la infancia y
adolescencia para que vivan en un entorno libre de violencia, porque
matar animales como espectáculo es violencia.


En particular, nace de la preocupación de la
máxima autoridad internacional de derechos de la infancia, el Comité de
Derechos del Niño de la ONU, respecto a la participación activa o como
espectadores de niños y niñas y adolescentes en espectáculos públicos
taurinos. En dichas observaciones, el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU pide a España que, para prevenir los efectos nocivos en niños en
los espectáculos de los toros, el Estado prohíba la participación de
niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de
tauromaquia. Pensamos que la ley debe ir avanzando hacia la modernidad y
protegiendo a los menores en aquellos aspectos heredados en los que no se
trata adecuadamente a los animales o se trivializa la participación de
menores en actos taurinos o directamente se retransmiten en horarios
inadecuados, ya sea por estar en una franja protegida o por programarlos
en televisión en prime time, a pesar de que van destinados al público
infantil o juvenil.


También reclamamos la necesidad de que se
reforme la Ley del Estatuto de los Trabajadores para dar cumplimiento a
esa recomendación ante los efectos nocivos de estos espectáculos para
excluir la posibilidad de trabajo de menores como profesionales taurinos.
Por otro lado, los alumnos y alumnas de las escuelas taurinas deberán ser
mayores de edad. Resulta notable la ausencia de toda mención a la
protección frente a la exposición de la violencia de la tauromaquia,
cuestión que mereció la atención del Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas en su informe sobre el Estado español, publicado el 2 de
febrero de 2018. En la exposición de motivos destacan la Convención sobre
los derechos del niño en la prevención de la violencia, pero ignoran, sin
ninguna clase de empatía hacia los animales, los derechos de los menores
a no ser objeto de ninguna forma de violencia y, repetimos, tauromaquia
es violencia.


En televisión también proponemos cambios en la
Ley general de comunicación audiovisual para plasmar de una forma más
clara e inequívoca la prohibición de emitirse, en horario de protección
del menor, retransmisiones, avances, resúmenes, anuncios o promoción de
espectáculos en los que se maltrate o se dé muerte a animales, como son
los espectáculos taurinos. Así, proponemos modificar la Ley general de la
comunicación audiovisual, añadiendo un párrafo al apartado 2 del
artículo 7, referido a los derechos del menor: tampoco se podrán emitir
en horario de protección del menor retransmisiones, avances, anuncios,
resúmenes o promoción de espectáculos en los que se maltrate o se dé
muerte a animales, como los espectáculos taurinos.


Hemos presentado otras enmiendas que también
reclaman incluir en los derechos del menor medidas que faciliten la
racionalización de los horarios de programas destinados al público
infantil y juvenil y emitirse dentro de las franjas horarias de
protección para que su visionado no interfiera en los horarios de
descanso de los menores, lo que puede repercutir en el rendimiento
escolar y de la salud, en línea con lo que reclama y defiende, por
ejemplo, la Asociación para la racionalización de los horarios españoles,
Arhoe. Esta entidad lleva años denunciando la emisión de programas
infantiles o con protagonistas menores a altas horas de la noche, tanto
en televisión pública como en las cadenas privadas, lo que provoca que
muchos niños y niñas estén viendo la televisión cuando deberían estar
durmiendo.


Diferentes estudios señalan que hay consumo
televisivo muy elevado entre las veintidós horas y las veinticuatro
horas, y que la franja del prime time engancha al 18,3 % de menores de 18
años. También, entre la una y las cinco del mediodía, al 12,9 %, momento
en el que existen determinados programas muy polémicos por sus contenidos
y alejados de lo que podría ser una oferta a menores. Por eso, Arhoe
reclama aprovechar todos los aspectos positivos que las televisiones
puedan ofrecer a los menores.


Desde la óptica que supone esta ley en el
avance de la normativa de protección al menor, vemos pasos muy positivos,
y también hemos presentado otras enmiendas con las que pensamos que se
podría ir un poquito más allá. Esta ley da pasos para garantizar los
derechos y protección de la infancia, así como protocolos de actuación.
Pero, con el fin de incorporar cuestiones que organizaciones como Save
the Children reclaman como necesarias, hemos presentado distintas
enmiendas —algunas han sido objeto de transacción— de cara a
definir de forma genérica la violencia y sobre la base del espíritu
internacional de la norma a partir de la Convención sobre los Derechos
del Niño. También, la definición y requisitos de los entornos seguros y
la desinstitucionalización y permanencia familiar para garantizar su
derecho a la vida privada y familiar, cuando sea posible, según el
interés superior del niño o la niña como principios rectores.


Asimismo, incidimos en la regulación de forma
inequívoca de las vías de ejercicio por parte de los servicios sociales
como autoridad pública de la presunción de veracidad que podría afectar a
los menores sobre la cuestión de los límites de edad ante las pruebas
preconstituidas para que siempre esté por delante del interés del menor y
no revictimizarlo. Votaremos a favor de la ley, aunque buena parte de
nuestras enmiendas no sean aprobadas, porque pensamos que es un paso
adelante importante y nos gustaría que esta ley saliese con unanimidad o
con la práctica unanimidad.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


La senadora Bailac Ardanuy, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra
para defender las enmiendas 147 a 154, 156 a 161 y 382, por un tiempo de
quince minutos.


La señora ESCANDELL GRASES: Bon dia, buenos
días.


Intervengo yo, Adelina Escandell, pues ha
habido una confusión que ya está subsanada. Gracias.


En nombre de mi grupo, Esquerra Republicana,
celebramos que hoy podamos debatir este proyecto de ley. Los niños, niñas
y adolescentes no son ciudadanos del futuro, son ciudadanos de pleno
derecho pero que necesitan una protección especial. También nos gustaría
recordar que esta ley, aunque estamos satisfechos de que la podamos
aprobar hoy, llega un poco tarde, porque la Convención relativa a los
derechos de la infancia, que resaltaba la responsabilidad de los Estados,
así como su compromiso, está fechada en 1990, pero, bueno, bienvenida
sea.


Algunas de nuestras enmiendas se dirigen a
mejorar la redacción del texto, así, por ejemplo, para su mejora
proponíamos toma de conciencia en lugar de sensibilización para adaptar
el texto al redactado que propone Naciones Unidas. También proponíamos
sustituir funcionarios por personal funcionario y contratado para las
administraciones públicas. Esta enmienda parece baladí, pero no lo es,
porque no todo el mundo que trabaja en las administraciones públicas
tiene la categoría de funcionario o funcionaria, por tanto, sería
importante. Teníamos también alguna enmienda, aunque ya está subsanado,
que hacía referencia a invasiones competenciales. Celebramos que hayamos
llegado a un acuerdo en este sentido.


Quiero mencionar, para quien no lo conozca, que
en Cataluña disponemos de la Ley 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos
y oportunidades de la infancia y la adolescencia, que en el capítulo 4
recoge todas las medidas relativas a la protección pública y a los
diferentes tipos de maltratos hacia los y las menores. Algunas de las
enmiendas recogen propuestas de asociaciones que trabajan a favor de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, garantizar el
bienestar integral de los menores, permanencia en el entorno familiar y,
en el caso de que no sea posible, se priorizará el acogimiento familiar
en familia extensa. Como último recurso —último—, los
recursos asistenciales se adecuarán a pequeña escala, generando entornos
lo más similares posible a un ambiente familiar. Nos parecía de especial
importancia.


Otras enmiendas van dirigidas a asegurar que
las personas menores de edad, cuando deban intervenir en condición de
testigo en un procedimiento judicial, gocen de toda suerte de garantías y
se tenga en cuenta su interés superior y se escuche su opinión. Queremos
poner especial énfasis en la disposición adicional segunda, en la que se
abordan las soluciones habitacionales. Mi grupo ha negociado mucho para
mejorar este texto, ya lo hicimos en el Congreso y lo hemos vuelto a
hacer en esta Cámara, pero no hemos llegado a un acuerdo porque la
transaccional que se nos propone queda demasiado ambigua y nos parece que
es un tema muy importante. Miren, por mí práctica docente durante
cuarenta años, les podría explicar en primera persona lo que significa
para niños y niñas la amenaza de un desahucio o lo que significa cuando
este se procede: miedo, angustia, sensación de culpa y sus consecuencias
sobre su formación personal, pero también sobre su aprendizaje. Pero hoy
no les voy a dar una lección pedagógica, sino que voy a citar el texto
que en mi profesión llamábamos El Libro gordo de Petete. El artículo 47
de la Constitución española dice: Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Por tanto, el derecho a la vivienda es un derecho básico, porque no
existen derechos de primera y de segunda, pero, suponiendo que se tenga
que producir algún desahucio y haya menores involucrados, estos deben
protegerse especialmente. Pero es que, además, por si no tienen
suficiente con la Constitución española, la Convención sobre los Derechos
del Niño reconoce, en su artículo 27, el derecho de todo niño, niña y
adolescente a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual y social y la obligación de los Estados —pongan
ustedes el oído— a garantizar estos derechos.


Fíjense, en un informe de 2016 —2016
¿eh?—, Unicef denunciaba que, en España, entre el 70 y el 80 % de
los desahucios se dan en familias con menores a su cargo. La situación
consecuente de la crisis social que está generando esta pandemia nos debe
poner en especial alerta sobre esta problemática. Pondré solo un ejemplo:
el pasado lunes, en Manresa se produjo un desalojo con dos menores. Cito
este porque forma parte de mi entorno directo, y el panorama muestra
síntomas preocupantes. La situación de desahucio —ya lo he
comentado— es de gran violencia. Por tanto, en nuestra enmienda
recogemos algunos aspectos que deberían minimizar el impacto de esta
violencia. Nosotros proponíamos: mantenimiento de la convivencia de la
persona menor de edad con la persona que ostente su tutoría legal o
guarda y custodia de hecho; no separar al menor de la persona con la que
vive y que es su tutor o tutora. Procurar soluciones habitacionales
adecuadas y temporalmente estables, no una habitación en una pensión dos
días y luego a otra pensión tres días. La suspensión o aplazamiento del
lanzamiento o desahucio deberá extenderse para permitir que el o la menor
pueda acabar el curso escolar. ¿Saben ustedes lo que significa para un
menor que le saquen de casa sin saber dónde va dormir esa noche o a qué
colegio va a ir mañana? ¿Ustedes pueden ponerse en la piel de estos niños
y niñas? Si queremos protegerlos, este es un tema importantísimo. Además,
comentábamos en la enmienda que hay que asegurar la voz de la menor en
los procesos judiciales y, en caso de que se llegue a producir, se
facilitará apoyo psicosocial, aspecto que estaba recogido en la
transaccional.


Sabemos que se está ultimando una ley de
vivienda, pero esto no hubiera debido ser obstáculo para asegurar más
derechos en el caso de situaciones con menores de edad, y creemos que
esta ley que estamos discutiendo hoy sería la apropiada. ¿Por qué el
Gobierno más progresista de la historia no se atreve a abordar este
problema con valentía? Llevamos demasiados años en los que lo que marca
el paso en este Estado es la obtención de los beneficios a corto plazo y
a coste de quien sea. Deberían dar muestras de que su acción se dirige a
primar las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente
de aquellos más desfavorecidos.


También teníamos otras enmiendas, por ejemplo,
la que hace referencia a los menores que llegan a España y deben
demostrar su edad. Creemos que si aportan los documentos que ya están
reconocidos, no deberían entrar en más pruebas, pero, suponiendo que en
algún caso debiera haber pruebas médicas, deberían regirse por los
principios que hemos detallado en la enmienda y que se basan en los
principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.


Celebramos el debate de hoy y esperamos que el
interés por las personas menores de edad no acabe hoy con este debate,
porque el papel todo lo aguanta, sino que se plasme en el día a día de la
acción de Gobierno, de todos los grupos políticos y también de toda la
sociedad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora Escandell. Perdone el error anterior.


Doy la palabra ahora a la senadora Bideguren
Gabantxo, también del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, para defender las enmiendas 137 a 146.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
mahiburu andrea. Senatari jaun-andreok, egun on.


El proyecto de ley que hoy debatimos trata de
proteger de manera integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, una ley necesaria que las organizaciones de infancia y muchos
profesionales llevan reclamando y trabajando muchos años. En realidad, la
violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes parte de una
sociedad que no reconoce realmente sus derechos. Los datos reflejan la
necesidad, por tanto, de legislar, pero lo peor de todo es que solo se
conoce el 15 % de los casos; la invisibilidad y el olvido durante
demasiados años por un marco normativo débil han provocado desamparo en
los niños, las niñas y los jóvenes. La violencia que sufren los menores
no es un asunto privado sino un problema social, tal y como ocurre con la
violencia machista. Por tanto, señorías, es hora de convertir en realidad
los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes para que puedan
desarrollarse y tener una vida digna; son seres humanos con sus propios
derechos, ni son propiedad de nadie ni beneficiarios indefensos de una
obra de caridad. Todos y todas tienen el derecho a una calidad de vida
básica y no debe ser el privilegio de unos pocos. Como sociedad, debemos
garantizar espacios para que los niños y las niñas sientan curiosidad,
sientan admiración, sientan seguridad y sientan alegría, emociones estas
imprescindibles para que se desarrollen adecuadamente y, por tanto,
señorías, nos toca legislar para apartarlos de cualquier tipo de
violencia.


Así pues, la ley es necesaria y en el
transcurso del debate, tanto en el Congreso como en el Senado,
reconocemos que ha sido mejorada sustancialmente. Entre otros avances,
nos alegramos de la prohibición del síndrome de alienación parental, un
diagnóstico clínico que carece de aval científico y que ha sido utilizado
en demasiadas ocasiones para retirar custodias a mujeres que habían
denunciado abusos sexuales o violencia de género; celebramos, por tanto,
acabar ya de una vez por su uso sexista. La ley supone también un avance
en cuanto a los niños y las niñas que sufren las consecuencias de
violencia de género, entre otras cosas, se contempla algo tan necesario
como eliminar la custodia compartida en casos de violencia de género.
Asimismo, con la aprobación de esta ley se conseguirá, por fin, modificar
el inicio del plazo de prescripción de los delitos contra menores; ahora
ese plazo se empezará a contar desde que la víctima cumpla 35 años, por
tanto, un delito leve prescribirá cuando la víctima tenga 40 años y un
delito grave, a los 50 años. Consideramos que este es un avance muy
importante. Es un avance también la definición de lo que se considera
violencia, que tiene diferentes facetas, medios y consecuencias, pero
echamos de menos no haber incorporado el concepto de violencia
institucional. Por ello, con la enmienda número 137 intentamos mejorar
este aspecto; no querer reconocer que existe esta violencia no hace que
desaparezca; es una violencia que sufren algunos menores que están bajo
la tutela de la Administración y hace falta reconocerla para plantear
medidas específicas, para garantizar que los niños y las niñas más
expuestos a esta violencia estén suficientemente protegidos. Pero hay
otros aspectos que Euskal Herria Bildu cree que habría que mejorar, y por
ello presentamos nuestra enmienda número 140, en la que solicitamos no
realizar pruebas médicas invasivas a niños, niñas y adolescentes que
llegan solos a España para determinar su edad. La exploración física de
los genitales, además de ser pruebas imprecisas, a veces se realizan sin
que nadie les informe de sus implicaciones. Parece que finalmente
llegaremos a un acuerdo para mejorar la ley en este sentido y lo
celebramos sinceramente.


Intentamos mejorar con la enmienda número 145
otro asunto que para mi grupo es importante. Proponemos suspender
desahucios de vivienda habitual de familias con una persona menor de edad
hasta garantizar una solución habitacional adecuada. Según Unicef, entre
un 70 y un 80 % de los que sufren desahucios tienen menores a su cargo.
Esto, unido al alarmante aumento de pobreza infantil —casi el 30 %
de los menores de 18 años vive en riesgo de pobreza—, es
escandaloso, señorías. No evitar desahucios cuando hay menores de edad no
se entiende, y, además de ser experiencias traumáticas y violentas,
vulneran claramente los derechos de los niños y de las niñas. La ley debe
protegerles porque esto también es violencia que sufren los menores y no
entendemos que en esta Cámara no hayamos podido mejorarla. Lo hemos
intentado, la verdad es que hasta el último minuto, y volveremos a
debatirlo en otras ocasiones porque pensamos que es un tema en el que
tenemos que llegar a algún acuerdo, porque hay una lacra importante en la
sociedad en este momento.


Por otra parte, no podemos estar de acuerdo con
el artículo 39, que dota a los servicios sociales en el ejercicio de sus
funciones relativas a la protección de los menores de condición de
agentes de la autoridad. De esta manera, en momentos de urgencia podrían
decidir la retirada de un menor en situación de desamparo de su entorno
familiar sin ninguna autorización judicial. A nuestro juicio, esto genera
un desequilibrio que podría causar indefensión de las familias frente a
la Administración. Con la enmienda número 141 intentamos atenuar esta
situación.


Y, por último, consideramos que esta ley invade
claramente competencias reconocidas en el Estatuto de autonomía y en el
amejoramiento de Navarra y, por tanto, siendo esta una Cámara autonómica,
es importantísimo reparar este asunto en la ley. Esta fue una de las
condiciones que pusimos encima de la mesa para votar definitivamente sí a
esta ley. Es una ley necesaria, es una ley que supone un avance
importante y creo que esta Cámara ha conseguido mejorarla. Por lo tanto,
votaremos a favor.


Eskerrik asko. Egun on.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para defender las enmiendas 2, 4 y 7 a 13,
presentadas por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la senadora
Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta, y buenos días, señorías.


Ciudadanos, al continuar con estas enmiendas
vivas, quiere seguir haciendo aportaciones a esta ley con el fin de
mejorarla y enriquecerla. Lo hacemos, desde luego, con el mayor ánimo
posible y con el mayor compromiso para lograr ese acuerdo y ese consenso
con el fin de que esta ley sea aprobada con el mayor respaldo posible, ya
que entendemos que es una ley más que necesaria. Agradecemos también la
disposición y la generosidad de todos los grupos parlamentarios para
llegar a estos acuerdos, y al Grupo Socialista también le agradecemos que
haya aceptado algunas de nuestras enmiendas para definir estos entornos
seguros de los menores y haber logrado varias transaccionales. Como han
podido comprobar, hemos mantenido vivas distintas enmiendas que creemos
que mejoran el texto, pues buscan concreción y garantías en el
cumplimiento de los derechos de la infancia. Algunas de estas mejoras van
en la dirección de hacer más extensible algunos derechos, como la
asistencia jurídica gratuita a los menores víctimas de violencia en todos
los procedimientos en los que sean parte o les afecten, no solamente en
los procesos judiciales. Otras van dirigidas a precisar y reforzar la
eficacia del proceso de elaboración, difusión y contenido de la
estrategia de erradicación de la violencia en la infancia y la
adolescencia, y también a implementar los protocolos de actuación en los
centros de protección de personas menores de edad para ofrecer esa
respuesta uniforme, clara y contundente en situaciones de violencia.
Además, en paralelo, hemos considerado la necesidad de asignar una
persona que actúe como coordinador del bienestar y protección de todos
los recursos del sistema público de protección de menores, encargado de
velar por la aplicación de estas políticas internas de control, detección
e intervención. Creemos que es fundamental que esta ley cumpla con las
nuevas obligaciones legales, y para ello es necesario, señorías, una
dotación presupuestaria adecuada para tal cumplimiento; una ley
garantista de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier
tipo de violencia.


Estamos hablando de un avance en derechos, un
importante avance legislativo en cuanto a la protección de los niños y
las niñas y adolescentes frente a la lacra social de la violencia.
Esperamos que reconsideren las enmiendas presentadas y podamos llegar al
mayor consenso posible.


Nada más, señorías, muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, para defender
las enmiendas 190 a 201, tiene la palabra la señora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias,
presidenta.


El Grupo Vasco ha presentado en total doce
enmiendas: diez de ellas provienen del trámite del Congreso y dos son las
nuevas que hemos incorporado en el trámite de segunda lectura en el
Senado. Todas tienen que ver, directa o indirectamente, con la falta de
respeto al ámbito competencial con la que ha llegado este proyecto de ley
orgánica al Senado. En este turno de enmiendas quiero centrarme en la
defensa de una de ellas: la 201. El objeto de esta enmienda, que voy a
defender en nombre de mi grupo, es la defensa del autogobierno vasco, de
las instituciones de Euskadi, del reparto competencial recogido en la
Constitución española y los estatutos de autonomía de las diferentes
comunidades autónomas, de las que todos y todas ustedes son
representantes, y, aunque pudiera parecer contradictorio, que no lo es,
del contenido de la ley que hoy se va a aprobar, porque el contenido de
esta enmienda además la dota de una seguridad jurídica de la que ahora,
tal y como está, carece.


Estoy en una Cámara legislativa que debería
redactar y aprobar leyes acordes con la configuración del Estado y su
reparto competencial, y no es así. Esta es la Cámara territorial sobre el
papel, pero en realidad es una Cámara de segunda lectura y rápida, en la
que todo se trata de forma exprés y, a ser posible, sin poner pegas a lo
acordado en el Congreso, tal y como irónicamente ha señalado la portavoz
de Junts, la señora Rivero. Nuestra enmienda número 201 no interfiere en
la ley, respeta su articulado, no incorpora ningún cambio en relación con
lo aprobado en el Congreso ni con lo incorporado vía ponencia en el
Senado, con lo que estamos de acuerdo; no intervenimos tampoco en el
turno en contra de esta ley, porque no estamos en contra de la ley; lo
que planteamos en esta enmienda es similar a la solución que se dio al
reparto competencial en la disposición vigésima de la Ley
Orgánica 1/1996, del 15 de enero, de protección jurídica del menor, que
establece que determinados preceptos de la misma son legislación
supletoria de las que dicten las comunidades autónomas con competencia en
materia de asistencia social. Y así, nuestra enmienda plantea una nueva
disposición final de aplicación supletoria de determinados preceptos de
esta ley orgánica en las comunidades autónomas competentes, y lo hace en
relación con los capítulos II, III, VII y IX del título III, ya que estos
preceptos son los que se refieren a política familiar, asistencia social,
deporte y ocio, materias de las que las comunidades autónomas, como
Euskadi, tienen competencia exclusiva. Estamos haciendo un nuevo esfuerzo
para salvaguardar la ley. Esperemos que este esfuerzo sea compartido y
podamos llegar a un buen acuerdo; parece que va a ser así, ya que, en su
afán de intromisión en distintos ámbitos materiales de la acción pública,
con la redacción actual, esta ley omite que el Estado español es un
Estado descentralizado, política y administrativamente, en el que existen
distintas administraciones territoriales con competencia en diferentes
ámbitos de actuación pública, que son objeto de recentralización en los
términos en los que se encuentra formulada la ley.


Es competencia de esta Cámara y del Congreso
legislar, legislar con garantías, y hoy no deberíamos delegar esta
competencia y esa obligación en los tribunales de justicia, en el
Tribunal Constitucional en este caso, estamos a tiempo. Dar solución y
garantías a esta ley es voluntad política, hasta el tiempo de descuento
no se ha querido hacer, no lo quisieron hacer en el Congreso, a pesar de
los intentos por parte de mi grupo, y tampoco se ha querido hacer en la
ponencia y comisión previas a este Pleno, hasta el último momento en el
que hemos alcanzado un acuerdo que establece la salvaguarda del ámbito
competencial. No es la enmienda que hemos presentado, pero entendemos que
da mayor garantía a las instituciones competentes en cada ámbito y
también da más garantías a la ley. Así, de lograr este acuerdo en la
transaccional que presentaremos, mi grupo retiraría todas aquellas
enmiendas que mantiene vivas relativas al ámbito competencial.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Agudo Alonso para defender sus enmiendas 251
a 256, 258 a 288, 290, 293 a 295, 297 a 299, 301, 303 a 327, 329
a 331, 334, 335, 338, 340 a 348 y 350 a 361. Dispone de quince
minutos.


La señora AGUDO ALONSO: Gracias. Muy buenos
días, señorías.


El Grupo Parlamentario Popular, como bien
saben, ha presentado más de cien enmiendas en este trámite del Senado al
Proyecto de Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, porque estamos convencidos de que estas propuestas que
hacemos, que hemos estudiado, que se han debatido en su mayoría en el
Congreso de los Diputados, que volvemos a presentar en este trámite del
Senado y además aportamos algunas nuevas, pueden razonablemente aprobarse
e incorporarse para mejorar y enriquecer una ley que creemos que es
oportuna, que creemos que es necesaria, como lo es dar un marco normativo
a la protección a la infancia frente a la violencia. Comenzamos a
trabajar en ello ya hace unos años en el Gobierno del Partido Popular y
hoy lo seguimos haciendo con el mayor ánimo de consenso para su
aprobación. Agradecemos la disposición y el diálogo con los demás grupos
parlamentarios, disposición que desde un primer momento hemos tenido en
el Grupo Parlamentario Popular para introducir en esta ley el máximo
contenido acordado por los grupos parlamentarios, así como negociar,
buscar y encontrar, porque hemos llegado a puntos de encuentro pese a la
urgencia del Gobierno, pese a haber tenido muy poco tiempo y haber
trabajado de forma breve en la ponencia. Finalmente, incorporamos
transaccionales y apoyaremos también algunas de las enmiendas que han
presentado otros grupos, porque entendemos que por encima de todo,
incluidas las prisas que ha tenido el Gobierno en este trámite de
urgencia, debe primar el interés superior del menor, eso sí, sin que el
Partido Popular renuncie a lo que entiende fundamental que debe
incorporarse en esta ley en aras de la defensa y la protección de la
infancia frente a la violencia y sin permitir que esta ley sea una ley
ideológica o que quede en un simple titular bonito para el presidente del
Gobierno en el día de hoy, y nada más. Eso sí, tengo que dejar claro que
lamentamos que, aunque hayamos acordado transaccionar bastantes
enmiendas, solamente se nos hayan admitido en el dictamen siete por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso hoy aquí en este debate de
la ley traemos las que dejamos vivas, que alcanzan el número de noventa y
seis, que consideramos que son tan importantes unas como otras.


Creemos que esta ley no debe ser limitada, y
por ello hemos presentado una enmienda para ampliar y no limitar las
formas de violencia, atendiendo al artículo 19 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que debería ser la referencia para lograr un mayor
consenso y para recoger un sentido más amplio del concepto de violencia,
incorporando el matrimonio infantil o la extorsión sexual, además de
guardar el espíritu de la norma y de proteger de manera efectiva frente a
todas las formas de violencia. Hemos querido matizar también que, además
de ser escuchados, los niños, las niñas y adolescentes puedan ejercer
libremente su derecho a ser informados, así como garantizar la especial
atención al colectivo que se encuentra en situación de vulnerabilidad,
especialmente a las niñas y adolescentes que sufren formas específicas de
violencia por el mero hecho de serlo, y entendemos que este Gobierno
feminista no tendrá ninguna duda en aprobarlo, y también garantizar la
especialización de los profesionales para asegurar su protección,
reformar los sistemas públicos de protección, definir los entornos
seguros en la ley, incluido el entorno digital. Se habrán dado cuenta,
señorías, de que en este grupo parlamentario queremos dar mucha
importancia a los entornos seguros y hemos presentado distintas enmiendas
dirigidas a reforzarlo. Así, con la enmienda 262 se mejora la prevención
y detección de toda forma de violencia online sobre las personas menores
de edad. La enmienda 293 se justifica porque la formación en materia de
medios digitales debe implantarse desde la etapa de la educación con un
uso adecuado de Internet. La enmienda 322 solicita la retirada
provisional de contenidos ilícitos durante la instrucción de los delitos
cometidos a través de Internet, algo que consideramos prioritario y que
algún que otro grupo también ha expuesto en esta tribuna. Nuestra
enmienda 261 pretende que se garantice la permanencia de los niños, las
niñas y adolescentes, siempre que sea adecuado, en el entorno familiar y,
en el caso de que no fuera posible, se priorice el acogimiento familiar
en familia extensa y, como último recurso, siempre que no fuera posible
el acogimiento familiar, se adecúen los recursos residenciales a lo más
parecido a un hogar, al entorno familiar, así como reforzar la
coordinación y cooperación de las administraciones públicas con la
autoridad judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para
una actuación eficaz en los ámbitos de prevención, detección y protección
frente a la violencia sobre la infancia.


En cuanto a la conferencia sectorial, quiero
destacar la propuesta de mi grupo parlamentario respecto a la
intervención y participación del Observatorio de la infancia en la
conferencia sectorial y, además, plantear que la conferencia sectorial
deba crearse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de esta
ley, porque entendemos que retrasar las acciones que se contemplen y que
aprobemos o que se incorporen en esta ley hará que la ley quede sin
efecto. Y, por supuesto, que todas las medidas que se contemplen en esta
ley deben tener el objetivo de garantizar la atención integral y evitar
la doble victimización, donde deberá prevalecer el interés superior del
menor siempre y, por lo tanto, creemos necesario el asesoramiento
jurídico gratuito y la asignación de abogado de oficio en todos los
procedimientos en los que se intervenga, representación gratuita por
abogado y procurador en todos los procedimientos en los que sean parte o
les afecten, porque la atención, además de ser integral, tiene que ser
especializada. Por eso, creemos importante reforzar las entidades
públicas de protección, de tal forma que, ante casos de comunicación de
denuncias o de investigación de situaciones de violencia contra las
personas menores de edad tuteladas por entidades públicas en acogimiento
residencial, se aleje a la víctima del entorno donde se ha ejercido la
violencia con el fin de evitar la revictimización y se tomen medidas de
protección para el resto de residentes.


Introducimos mejoras técnicas que creemos
necesarias para la ley, como la garantía de la existencia de un turno de
oficio especial de infancia para la asistencia y defensa de las víctimas
menores de edad; garantizar la formación especializada en materia de
violencia sobre la infancia y la adolescencia o la necesidad de realizar
comunicaciones, no solamente en las situaciones de violencia, también en
las de desprotección o riesgo. Entendemos importante incluir en la
estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la
adolescencia los sistemas públicos de protección a la infancia, una
estrategia que seguimos defendiendo que tenga un carácter plurianual, que
sea actualizada cada cuatro años, con un informe de evaluación externa.
No tengan miedo, señorías del Partido Socialista, a esa evaluación
externa, a esa memoria económica detallada, porque así nos lo están
pidiendo las organizaciones de la infancia, además de que esos informes
se presenten en las comisiones correspondientes en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, que para eso esta Cámara tiene una Comisión de
infancia y familia. Una enmienda encaminada a evitar que los niños y
niñas y adolescentes abandonen sus estudios para asumir compromisos
laborales, familiares, no acordes a su edad, con especial atención al
matrimonio infantil y financiación. No creo que les rechine eso, pero si
queremos implantar la figura del coordinador o coordinadora de bienestar
y protección, es necesaria la creación de un fondo específico para
sufragar los gastos de implantación de esta figura.


Y en cuanto a los centros de protección, la
verdad es que ha sido bastante el tiempo que hemos estado negociando con
el Grupo Parlamentario Socialista para aceptarle sus enmiendas de medidas
de contención. También nosotros presentamos una, y esperemos que así la
aprueben, para elaborar protocolos con el objetivo de evitar fugas dentro
de estos centros de protección, o que los menores de edad que están en el
sistema de protección tienen que tener acceso a los canales de
comunicación de forma confidencial, segura, regular y eficaz. Y algo que
entendemos muy importante: es necesario recoger la dotación
presupuestaria adecuada para el cumplimiento de las nuevas obligaciones
que nos estamos dando en esta ley; sin una dotación presupuestaria, lo
que hoy estamos haciendo aquí, el debate que estamos teniendo, la
incorporación de estas enmiendas no servirá para nada, porque la ley no
tendrá eficacia y quedará en papel mojado. Es preciso que el Estado dote
económicamente a las comunidades autónomas y a las entidades locales, así
como a todos los agentes necesarios para el adecuado cumplimiento: los
responsables de servicios sociales, los equipos de atención primaria, los
equipos de intervención familiar, los recursos, medios personales y
materiales precisos para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones que
se incorporan a esta ley. También debe contemplarse dotación
presupuestaria para los ámbitos sanitario, educativo, de deporte, de
ocio, para los recursos personales y materiales, además de que el Estado
debe garantizar la dotación presupuestaria suficiente a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, así como a las unidades especializadas
que correspondan.


Creo que lo he advertido hace un momento cuando
hablaba de enmiendas al articulado, ahora también hago referencia a ello.
Es importante establecer plazos, pero es que, además, este grupo
parlamentario cree que los plazos que se recogen en la ley para llevar a
cabo determinadas actividades deben reducirse, porque el Gobierno tiene
la obligación de poner en marcha cuanto antes todo lo que se regula en
esta ley. Nuestra enmienda 315, de los mecanismos de comprobación
automática de la existencia de antecedentes, propone reducirlo a seis
meses. La 316 propone que el informe de la comisión de seguimiento se
emita en un plazo máximo de un año y no de dos y con carácter anual. O la
enmienda 318, de adición, para que los protocolos para el acceso a los
abogados se establezcan en un plazo máximo de seis meses. Proponemos
adición de nuevas disposiciones, dotación de equipos especialistas en los
juzgados de familia e infancia y capacidad necesaria para la resolución
de los conflictos, promover programas de justicia restaurativa o una
disposición transitoria para remitir al Observatorio de la infancia la
información sobre violencia mientras se crea el registro de
información.


En cuanto a las muchas modificaciones
legislativas que se introducen en la ley, les puedo destacar algunas que
presenta mi grupo referidas a la Ley de enjuiciamiento criminal: para
recoger más situaciones de dispensa de la obligación de declarar, para
que se garantice la prueba preconstituida de forma inmediata en el
momento en el que la persona menor de edad revele que ha sufrido abuso
sexual o cambiar el término exploración por audiencia del menor, que así
se ha recogido también en una transaccional. En cuanto a la Ley Orgánica
del Poder Judicial, para que se pueda acceder a las pruebas selectivas o
de especialización será preciso acreditar o haber participado en
actividades de formación continua con perspectiva de género, así como
actividades formativas a la tutela judicial de los derechos de los niños,
las niñas y adolescentes, o incluir más casos como indicativos de riesgo,
como el absentismo escolar, la situación de pobreza, la convivencia en
núcleos familiares desestructurados, el conflicto abierto y crónico entre
los progenitores, entre otras medidas.


Quiero destacar que nos hayamos puesto de
acuerdo en esos requisitos que creíamos que eran imprescindibles en
cuanto a las actuaciones de protección para la determinación de la edad,
para que en ningún caso se incluyan los desnudos o la exploración
genital. Importante es también para mi grupo parlamentario, en cuanto a
la protección de las personas menores de edad en los medios
audiovisuales, que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de
esta ley, el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley para la
regulación de la protección de las personas menores de edad en el ámbito
de los medios audiovisuales o que la creación de la jurisdicción
especializada en infancia, familia y capacidad sea en el plazo de seis
meses o —y termino con ello— que la entrada en vigor de esta
ley sea al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado. Porque, señorías del Partido Socialista, para qué esperar más; si
el Gobierno ha tenido tanta prisa en tramitar esta ley con motivo de
urgencia en el Senado, si el Gobierno o, mejor dicho, la parte socialista
del Gobierno de España, ha querido introducir bastantes cambios en esta
ley en el Senado y lo han querido hacer a toda prisa, yo les digo que las
prisas no son buenas, sobre todo cuando este texto llega tres años tarde
a las Cortes Generales, no sabemos si por falta de voluntad política del
Partido Socialista o por la nula aportación que han hecho sus socios de
Gobierno de Podemos. Les pedimos que aprueben nuestras enmiendas y que
esta ley cuente con el máximo consenso posible. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa
de las enmiendas 383, 384, 386 a 388, 392, 394, 398 a 403, 407 y 409,
tiene la palabra la senadora Fernández Álvarez.


La señora FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias,
presidenta. Buenos días a todos y a todas.


La violencia contra la infancia es una realidad
silenciada y, ante ello, la sociedad española no puede ni debe seguir
mirando para otro lado. Según datos del Ministerio del Interior, que tomó
como base denuncias y actuaciones policiales, en el año 2019 se
registraron más de 40 000 delitos contra menores de edad y cerca de la
mitad de todos esos delitos cometidos contra la violencia sexual tuvieron
como víctimas a un niño, una niña o un adolescente. Pero esto es solo la
punta del iceberg, se desconoce la cifra real y se calcula que solo entre
el 10 y el 15 % de los casos llegan a ser denunciados.


Señorías, hace tiempo que las diferentes
organizaciones de infancia venían reclamando una ley como la que hoy
debatimos en esta Cámara. El Comité de Derechos del Niño hizo una
recomendación a España para que elaborara una norma que protegiera de
forma integral a la infancia. La Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia constituirá, junto con
las leyes del año 1996 y las de 2015, el marco integral de protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


La norma que hoy debatimos, señorías, pretende
ser un cambio de paradigma en la defensa de los derechos de la infancia y
la adolescencia, como en su día lo fue la Ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género. Sin duda, este texto es pionero a
nivel internacional, que lleva el sello socialista y que sitúa a España a
la vanguardia de la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Esta ley atiende al derecho de los niños, de las niñas y de
los adolescentes de no ser objeto de ninguna forma de violencia,
incorpora la perspectiva de género y presta especial atención a la
violencia específica sobre las niñas. Asume con rigor los tratados
internacionales ratificados por España, combate la violencia contra la
infancia y la adolescencia desde una aproximación integral en una
respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de
riesgo y las consecuencias.


Por tanto, señorías, a mi entender, hoy es un
día para la satisfacción; por mucho que digan algunos, hoy damos un paso
más en el avance de los derechos y de las libertades civiles en nuestro
país, en este caso, en lo que a la infancia y a la adolescencia se
refiere. Una vez más, salvo las señorías de la extrema derecha, damos
respuesta a una necesidad y a una demanda social, porque, por mucho que
se empeñen en negarlo, la violencia contra la infancia existe igual que
también existe la violencia contra las mujeres y, ante ello, los
socialistas no vamos a mirar para otro lado. Es esta una ley compleja,
una ley, sin duda alguna, altamente participada, muy trabajada, que
cuenta con un amplio consenso social y político; una ley que ha tenido en
cuenta las aportaciones de las diferentes organizaciones de la infancia,
de organismos institucionales, de comunidades autónomas, de entidades
locales; una ley detrás de la cual hay un gran trabajo parlamentario de
todos los grupos de esta Cámara, y también de los grupos del Congreso,
con numerosas enmiendas presentadas, como han defendido esta mañana sus
señorías, con importantes incorporaciones, que, sin duda, permitirán
fortalecer y mejorar el texto de la misma. Y tras el respaldo mayoritario
que la ley obtuvo en el Congreso de los Diputados, y con el fin de
complementar el trabajo que allí se desarrolló y también el llevado a
cabo en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley y, además, para
continuar manteniendo ese amplio consenso alcanzado y enriquecer ese
texto al que antes hacía referencia, el Grupo Parlamentario Socialista
presentó 27 enmiendas, con las que pretendió en esta fase de tramitación,
aquí en el Senado, concretar algunos aspectos que, a nuestro entender,
habían quedado poco precisos en la tramitación del texto legal. Hemos
mantenido vivas algunas de esas enmiendas. Hemos de decir que, además,
hemos encontrado un alto nivel de receptividad en el resto de las fuerzas
políticas de esta Cámara. Queremos agradecer la disposición y la
generosidad de los diferentes grupos para alcanzar acuerdos. (Aplausos).
Fruto de ello, hemos conseguido acordar varias enmiendas transaccionales,
algunas de ellas justo antes de esta sesión plenaria, que recogen el
espíritu de algunas de las iniciativas de los distintos grupos
parlamentarios y de las diferentes posiciones políticas de esta ley,
alcanzando, como decía, un alto grado de apoyo. Quiero poner en valor
algunas de esas incorporaciones que hemos llevado a cabo. Hemos alcanzado
un acuerdo en torno a la inclusión en la ley de los problemas graves de
neurodesarrollo, problemas de salud mental como motivación o situaciones
de vulnerabilidad. Con ello, lo que queríamos era dar cobertura a
determinados trastornos que no pueden ser considerados como una
discapacidad, pero que se trata de comportamientos singulares que tienen
su encaje en la sociedad y que deben ser vistos con normalidad y que,
además, no pueden ser en ningún caso objeto de agresiones, de burlas o de
violencia. Nos estamos refiriendo con ello a situaciones que padecen
algunos menores, como la tartamudez, el síndrome de Asperger o el
autismo, simplemente. Por otro lado, y con el fin de alcanzar la
incorporación a la ley de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y
también las del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como
la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las pruebas de
determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes, hemos
presentado una transaccional a la enmienda número 384, que parece que
también va a contar con un gran consenso.


Otras propuestas que hemos realizado bajo el
amparo de las enmiendas 386 y 387, tienen como fin promover una mejora de
la regulación vigente en materia de medidas para garantizar la
convivencia y la seguridad aplicables en centros de protección a la
infancia y la adolescencia, en centros de protección específicos de
menores con problemas de conducta y en centros para la ejecución de las
medidas privativas de libertad. De este modo, hemos recogido, con la
mayor sensibilidad posible, las recomendaciones de diferentes entidades,
también del Defensor del Pueblo, referentes a las medidas excepcionales
de seguridad, contención y aislamiento. La propuesta que hemos hecho en
este ámbito pretende evitar situaciones que sean violentas para los
menores. Están basadas en el buen trato, orientando la acción de estos
centros a la educación y a la corrección de conductas violentas.
Entendemos que la ley en este punto es extremadamente garantista, que
plantea un planteamiento, valga la redundancia, equilibrado y que,
además, supone un importante avance en relación con la regulación actual.
La participación infantil como derecho de los menores a ser escuchados y
a ser tenidos en cuenta en sus opiniones es un principio transversal de
la Convención sobre los Derechos del Niño, recogido en su artículo 31. La
ciudadanía activa y la convivencia democrática es, sin lugar a dudas, el
fruto de un proceso de aprendizaje mutuo por parte de la infancia y su
relación con las personas adultas que hace necesaria la participación y
el respeto a sus opiniones.






Desde la relativa plasmación jurídica de los
derechos de la infancia y la adolescencia, puede afirmarse que la
participación infantil va calando y que progresa en la sociedad española
como en el resto de sus derechos. Con este fin, y al amparo de nuestra
enmienda 388, hemos tratado de dar cobertura a esa necesaria articulación
de esa participación de la infancia y de la adolescencia a nivel nacional
con la propuesta de la creación del consejo estatal de participación de
la infancia y la adolescencia, entendiendo que la creación de este órgano
es una oportunidad importante para esta ley.


En cuanto a la enmienda 409, en ella
proponemos, en relación con la práctica de la exploración de menores
de 14 años o personas con discapacidad como prueba preconstituida, la
inclusión de la referencia a los equipos psicosociales como las personas
expertas con las que ya cuenta actualmente la estructura judicial. Estos
equipos tienen encomendada la función de auxiliar a los tribunales en los
procedimientos en los que existen conflictos familiares o de violencia de
género cuando es necesaria la intervención con menores o personas con
discapacidad. Apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar e
interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan
intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales,
familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad para mejorar
el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba.


Señorías, todos y todas hemos renunciado a
parte de nuestros planteamientos iniciales en aras de alcanzar un amplio
consenso, y el texto, enriquecido y mejorado, que hoy saldrá de esta
Cámara, recoge tantas aportaciones y tan diversas que, a mi juicio,
permitirá que la mayoría de los grupos parlamentarios que integran esta
Cámara puedan sentirlo como suyo propio.


Como decía al principio de mi intervención, la
Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia
frente a la violencia es un hito legislativo en materia de defensa de los
derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Estamos ante
una norma que promueve el respeto de la dignidad humana, de la integridad
física y psicológica, de los niños, de las niñas y de los adolescentes
mediante la prevención de toda forma de violencia. Una norma que persigue
la concienciación como sociedad de dar visibilidad a una realidad
silenciada. Esta ley seguramente marcará un antes y un después en la
lucha contra la violencia infantil en nuestro país y cambiará la vida de
cientos de miles de niños, de niñas y adolescentes, y estoy segura que
también la nuestra.


Concluyo ya, señorías, dando las gracias a la
dirección de mi grupo por darme la oportunidad de participar en la
tramitación y en el debate de esta ley; a mis compañeras Mar, Inés y
Donelia, por su colaboración y su ayuda; al resto de los grupos
parlamentarios, como decía anteriormente, por su colaboración, su
generosidad, para encontrarnos, pese a las diferencias, y agradecer el
apoyo que finalmente va a tener esta ley. También quiero manifestar mi
agradecimiento y mi reconocimiento al gran trabajo que han hecho nuestros
compañeros en el Congreso: Sonia Guerra, Omar Anguita —que nos
acompañan esta mañana— y, en especial, a mi compañera, mi paisana,
a mi maestra, Luisa Carcedo, por su inestimable ayuda y su
paciencia.


Gracias y buenos días. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruíz): Muchas
gracias, señoría.


¿El Grupo Parlamentario Socialista usará el
turno en contra para aceptar o rechazar el conjunto de las enmiendas?
(Asentimiento).


Tiene la palabra la señora Fernández
Álvarez.


La señora FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Muchas
gracias.


Simplemente para concretar algunos aspectos que
han salido en el debate, pero sin entrar en profundidad en ellos, como
decía anteriormente, en el ánimo de mantener el consenso que hemos
alcanzado en torno a esta ley, hemos estudiado con detalle todas y cada
una de las enmiendas que se han presentado en esta Cámara. Alguna de
ellas —ustedes lo decían— se han incorporado directamente;
otras, a través de transaccionales.


Señoría de Vox, como le decía anteriormente, es
evidente que sus posicionamientos y los nuestros son muy distantes y, por
tanto, nos es imposible valorar su posición con respecto a esta ley.
Nosotros entendemos que sí existe violencia contra la infancia y de ahí
el desarrollo normativo.


Un apunte muy breve en cuanto a alguna de las
cuestiones que han salido respecto a los agentes de la autoridad. El
personal funcionario que presta su servicio en los servicios sociales,
sería agente de autoridad únicamente en el ejercicio de sus funciones; es
decir, el encargado de ejecutar las decisiones de la autoridad pública en
este caso estaría encarnada por los funcionarios. Se les atribuye esta
función de agentes de autoridad en aras de que puedan desarrollar
eficazmente sus funciones en materia de protección de las personas
menores de edad.


También se ha hecho referencia al artículo que
define el término violencia y al artículo 19 de la Convención de los
Derechos del Niño, y nos parece que la definición que contiene la ley es
mucho más ambiciosa en lo que a esa definición se refiere.


Quiero hacer un apunte muy breve con relación a
las soluciones habitacionales, lo ha dicho alguna de sus señorías: hemos
intentado hasta el último momento alcanzar un acuerdo en este tema
—hemos propuesto alguna transaccional—, no ha sido posible y
nos remitimos directamente a esa futura ley de vivienda que también, como
se ha dicho esta mañana, verá la luz y ya está negociándose.


Con relación a que se elabore anualmente un
informe sobre la estrategia de erradicación, nos parece que es un tiempo
demasiado corto para llevar a cabo ese análisis. Nuestro planteamiento
giraba en torno a establecer un informe anual y esa evaluación en un
periodo más amplio, por ejemplo, de cuatro años. Y simplemente hemos
incluido la definición de entorno seguro, que también alguna de sus
señorías reclamaba.


Solo un apunte más con respecto a las enmiendas
presentadas en temas competenciales que han planteado algunos grupos de
la Cámara. Hemos negociado, o intentado negociar, mucho sobre el tema y
hemos planteado diferentes propuestas. Finalmente, a última hora casi,
antes de este Pleno, se ha presentado una transaccional sobre la base de
las enmiendas que los grupos presentaron y que será aprobada, de lo cual
me congratulo. Además, celebro que alguno de los grupos de esta Cámara
ante la propuesta de esa transaccional vaya a cambiar su voto y vote
afirmativamente a la ley.


Termino reiterando el agradecimiento por la
colaboración de los grupos y por ese apoyo mayoritario con el que esta
ley saldrá de esta Cámara Alta.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces. Tiene la
palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el senador Fernández
Viadero. (El señor vicepresidente segundo, García-Escudero Márquez, ocupa
la Presidencia).


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días, señorías.


Debatimos este proyecto de ley ante un texto
que consideramos necesario y pionero y con el que previsiblemente, como
se ha dicho, se conseguirá un amplio consenso.


Para el Partido Regionalista de Cantabria
garantizar los derechos de todas las capas de la sociedad, sin excepción
alguna, es un deber imperioso del Estado y, por tanto, se convierte en
una obligación para todos aquellos que representamos la soberanía
nacional en las instituciones. En este contexto, la ley que hoy
aprobaremos adquiere una importancia capital, pues representa una
garantía para cada uno de los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad: nuestros jóvenes, desde la infancia hasta la adolescencia. La
protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier
tipo de violencia es un reclamo de nuestro tiempo y así lo han
manifestado reiteradamente víctimas de violencia infantil, organizaciones
no gubernamentales e, incluso, la Organización de Naciones Unidas.


Nos enfrentamos, señorías, a una realidad
adversa y silenciada. Según algunas estimaciones, solo el 15 % de la
violencia ejercida contra niños y adolescentes es detectada cuando se
produce. Esta situación es insostenible cuando cerca de la mitad de los
adolescentes reconocen haber sufrido algún tipo de violencia.


Frente a esta realidad desoladora es preciso
tomar medidas inmediatamente, y los regionalistas de Cantabria creemos
que este proyecto de ley marca un camino que puede invitar al optimismo
en el medio y largo plazo. Y es que, si atendemos a lo contenido en la
ley, vemos que se busca un cambio radical en las tres fases principales
en casos de violencia infantil o adolescente. En primer lugar, se
modifican los procedimientos en la detención y supresión temprana de
comportamientos violentos en cualquiera de sus formas, ya sea en el
ámbito familiar, en el escolar o en el social. En esto último hemos de
poner especial atención, pues la creciente dependencia de los más jóvenes
de formas de ocio en la red lleva aparejado numerosos riesgos, entre
ellos episodios de ciberacoso, que pueden tener graves consecuencias
sobre la víctima. Además de lo anterior, es de destacar un aspecto
diferenciador, como lo es el derecho de la víctima a denunciar una
agresión y, sobre todo, a ser escuchada y tenida en cuenta en todo el
proceso. Finalmente, es imprescindible establecer un marco de actuación
para la fase de recuperación tras sufrir episodios de violencia, ya sea
puntual o prolongada, en el tiempo. En relación con esto la modificación
del plazo de prescripción de los delitos nos parece esencial para la
reparación de las víctimas tras incidentes que, como es común, pueden
tardar en ser asimilados y externalizados.


Para terminar, en el Partido Regionalista de
Cantabria queremos hacer hincapié, como también se hace en el texto, en
la necesaria implicación de toda la sociedad en conjunto en la lucha
contra esta lacra y resaltar la importancia de la responsabilidad
individual a la hora de denunciar episodios de violencia infantil y
adolescente. En este sentido, la concienciación, la educación cívica, la
transmisión de valores de respeto y tolerancia durante toda la
escolarización de nuestros jóvenes, es un factor a tener en cuenta y
sobre el que incidir de forma decidida.


Aprovecharemos esta oportunidad para, entre
todos, avalar la protección integral de la infancia y la adolescencia y
garantizar los derechos de los más jóvenes.


Por todo lo expuesto, el Partido Regionalista
de Cantabria apoyará este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señor Fernández Viadero.


Tiene la palabra el senador
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.


Este título consagra el gran hermano por el que
toda persona está obligada a comunicar cualquier situación de violencia
ejercida sobre el menor en el artículo 15. De nuevo, el principio suena
bien; pero, dada la definición de violencia que da la propia ley, este
artículo convierte a cada español en un posible delator de las familias
que no comulguen con la ideología dominante, y obliga a cualquier español
—comulgue o no con esa ideología— a delantar a las familias.
Esto, con el tiempo, cuando la ideología de género sea asumida por la
mayoría de la sociedad, hará invivible una convivencia y aquellos que no
comulguen con la ideología de género estarán en riesgo de ser delatados,
o bien multados, por no delatar comportamientos supuestamente violentos.
Esto puede sonar raro, extravagante o lejano, pero es lo que fomenta, y
lo peligroso es lo que permite la ley. Esta obligación se hace
especialmente exigible en el artículo 16 al personal de los centros
educativos, de los centros sanitarios, deportivos y centros de ocio. Es
decir, esos centros se convierten en el ámbito donde las familias son
monitorizadas y donde, sin mediar contacto con la familia, estas pueden
verse en un problema porque alguien ha denunciado que su hijo puede estar
siendo objeto de violencia. En esta acusación, el personal de estos
centros debe dirigirse a la Administración directamente sin pasar por la
familia.


Por otra parte, la garantía del secreto
—artículo 20— de esas personas que hayan denunciado una
situación de violencia puede, según los casos, generar una indefensión
todavía mayor a la familia. En su empeño por dar autonomía a los menores
respecto de sus padres la ley establece en su artículo 17 que los menores
pueden comunicar situaciones de violencia sin contar con sus padres. Aquí
surge la cuestión de qué fiabilidad tiene la denuncia de un menor sin el
concurso en sus padres. Quizá tenga sentido en el caso en el que sufra
violencia en el ámbito intrafamiliar. Pero si la denuncia viene del caso
de otro menor ¿qué credibilidad tiene? ¿Puede servir esto para iniciar un
procedimiento?


Todos estos artículos generan un ambiente de
sospecha permanente sobre la familia y fomentan un ambiente de delación y
falta de confianza a la larga que complicará directamente la convivencia.
Por otra parte, genera una sensación de estar permanentemente
monitorizado y una sensación de control social.


Es de agradecer la obligación que establece el
artículo 19 de comunicar los contenidos ilícitos en Internet que pueden
suponer una forma de violencia contra los menores. Aquí estamos
rotundamente de acuerdo.


El capítulo de la sensibilización, prevención y
detección precoz desarrolla de forma exhaustiva los ámbitos de
convivencia y los procedimientos y políticas que la ley exige implantar
para hacer dos posibles cosas: la primera, la monitorización en cualquier
caso de violencia, que es tanto como decir el establecimiento de control
social; y, la segunda, la permanente intromisión de la Administración a
través de las políticas activas de nuestra vida. Aquí de nuevo la ley
establece estereotipos ideológicos que abren la posibilidad de una
acusación discrecional por parte de la Administración y contraria a los
intereses legítimos de la familia. La sensibilización debe incluir las
medidas contra aquellas conductas, discursos y actos que favorecen la
violencia sobre la infancia y la adolescencia en sus distintas
manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio
y al objeto de promover el cambio de actitudes en el contexto social.
Esta es la base para el adoctrinamiento con base en la ideología
dominante. Y la prevención es contempla medidas dirigidas al fomento de
relaciones igualitarias del artículo 23, de nuevo ideológico. ¿Qué son
relaciones igualitarias? ¿Quién las define? Esto puede dar lugar a una
permanente criminalización del varón desde niño. La Administración
utilizará la excusa en todas estas campañas de sensibilización y
prevención para crear chiringuitos donde dar dinero a los suyos. En Vox
pedimos, evidentemente, la eliminación de esto.


La familia se va a dedicar, según el
artículo 26, a promover la parentalidad positiva. ¿Eso qué es? Promover
la educación inclusiva. Ideología pura y dura. Facilitar el buen trato
prenatal y promover la atención de mujeres durante el periodo de
gestación. ¿Cómo se come esto con el derecho al aborto casi libre? ¿Dónde
está la protección del menor ahí, del más débil? ¿Qué políticas hay para
ayudar a las mujeres durante la gestación? ¿Dónde están las leyes en las
políticas de mujeres que van a ser madres y para todas aquellas que están
en riesgo de aborto? ¿Dónde está la protección al más indefenso?
Proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el
recién nacido e incorporar los protocolos con evidencia científica
demostrada. ¿Cuál es el objeto de esto? ¿Abortarlos o proporcionar a las
familias los medios necesarios para atender adecuadamente a los
niños?


Hablan de habilidades en la negociación y
resolución de conflictos. Es un poco infantil ver a la familia como un
Parlamento, pero, bueno, si ya no somos maduros aquí, imagínense
derivarlo ahí. ¿Qué van a hacer a las familias para negociar cualquier
medida? Así como erradicar el castigo con violencia física o psicológica
en el ámbito familiar. Esto es un brindis al sol, demasiado abstracto,
vale para un roto y para un descosido. Un cachete es un castigo con
violencia física; encerrarlo en un cuarto es violencia psicológica. En el
fondo trata de quitar herramientas a los padres porque el abuso físico o
psicológico ya está recogido previamente en el Código Penal.


En la educación exigen una educación accesible,
igualitaria, inclusiva y de calidad, que obliga a los menores a que
reciban educación de forma transversal sobre igualdad de género,
diversidad familiar y educación en lo afectivo-sexual. Este artículo
supone ver el sistema educativo como un sistema de adoctrinamiento,
conculca la libertad de los padres para educar a sus hijos en sus
principios morales y la libertad de los centros para educar en su diario
de centro.


El artículo 31 exige la implementación de
planes de convivencia en los centros, de códigos de conducta, que
vigilarán la aplicación de los principios, lo que supone una intromisión
en la libertad de la educación de los padres y en los centros con el fin
único y exclusivo de adoctrinar.


En esencia, esta ley Herodes se resume en una
desconfianza hacia las familias y está recogida en la misma exposición de
motivos, concretamente en la afirmación de que todos los progenitores
requieren apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Detrás de una
supuesta buena voluntad por ayudar a las familias esta ley aprovecha para
inocular su ideología absoluta de forma autoritaria. Los padres estaremos
en la diana de la Administración si no cumplimos, como padres, lo que el
Estado imponga. Y todo ello bajo la vigilancia a los trabajadores
sociales, a los que la ley les confiere el papel de jueces.


Una buena muestra de esta intención es que
denunciamos que ir más allá de la protección a los menores, esta ley
contempla la creación y difusión por parte de las administraciones
públicas de materiales formativos para el ejercicio de las
responsabilidades parentales en materia de derechos de los niños, de las
niñas y de los adolescentes con contenidos específicos referidos a la
diversidad sexual y de género. Una clara voluntad de control sobre los
padres, esa es la educación —entre comillas— adecuada. No se
puede contradecir, no hay libertad para educarlos según las propias
convicciones, como marca nuestra Constitución.


Pero hay más. No se crean que esta intromisión
es gratuita, busca un cambio. La ley contempla la deconstrucción de los
roles y estereotipos de género —entre comillas— y la
promoción del cambio de actitudes en el contexto social. No hay
alternativa a la politización de la infancia en todas sus etapas
educativas e independientemente de la titularidad, como dice el
artículo 30, que recibirán de forma transversal una educación que incluya
la educación afectivo-sexual. Se nos impone a la fuerza la perspectiva de
género bajo la denominación de protección de la infancia. Todo muy
bonito, como todo lo que hacen ustedes, pero luego el trasfondo es lo
realmente peligroso. Es un instrumento de la coalición del Gobierno para
introducir su tesis de género en una batalla por potenciar la cultura
antifamilia y las leyes antihombres...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Vaya terminando, señoría.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: ... buscan
pervertir a los niños, reduciendo la autoridad de sus padres, para
confundirlos y contagiar su virus y su veneno. Con esta ley buscan
manchar la limpia mirada de los niños. En definitiva, es un atentado al
libre desarrollo de la infancia.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador González-Robatto.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene
la palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Muchas gracias,
presidente. Señorías, voy a intentar ser muy breve.


En primer lugar, quiero agradecer a todos los
grupos parlamentarios el esfuerzo y el compromiso que hemos tenido todos
para trabajar, para intentar llegar a los mayores consensos y acuerdos
para sacar esta ley adelante; una ley que es más que necesaria.


Esta ley orgánica que hoy estamos debatiendo
supone, desde luego, un avance legislativo importantísimo en la
protección de los niños, las niñas y los adolescentes frente a esta lacra
social, como es la violencia; además, cumpliendo con lo establecido en la
normativa internacional y las recomendaciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño.


Hemos tenido en cuenta —así lo hemos
expuesto la mayoría de los grupos parlamentarios— las
recomendaciones que nos han hecho las entidades sociales, el tercer
sector y otros organismos para recoger, digamos, todas las aportaciones o
parte de las aportaciones que nos han ido trasladando a los distintos
grupos parlamentarios, en las que muchas hemos coincidido. Y quiero, cómo
no, agradecer esta gran labor, compromiso y dedicación al tercer sector,
especialmente, en la defensa del interés superior del menor y en la
erradicación de la violencia sobre los menores y adolescentes.


Esta ley, señorías, era un tema pendiente y ha
requerido, además, todo nuestro esfuerzo para que sea un avance real en
derechos y una ley garantista de la protección de los sectores de la
población más vulnerables, como son los menores y la adolescencia, frente
a la violencia. Pero, también, señorías, tenemos que seguir avanzando
para garantizar los recursos necesarios —ya lo he dicho en mi
anterior intervención— para ponerla en marcha. Tenemos ejemplos de
normas que están muy muy bien realizadas, pero que no han ido acompañadas
de un presupuesto necesario y se han quedado en una declaración de buenas
intenciones.


Esta ley, por lo tanto, supone un avance en
derechos para la mejora de procedimientos legales. Se tiene en cuenta la
realidad de los niños y de las niñas en situaciones de mayor
vulnerabilidad y se ha incluido la ampliación de seis a doce meses del
cese de tutela de la Administración cuando un niño se fuga, por ejemplo.
Estamos hablando, desde luego, señorías, de un avance en derechos y,
también, de un importante avance legislativo en cuanto a la protección de
los niños. Creemos que es fundamental que esta ley cumpla con las nuevas
obligaciones legales, siendo —insisto, señorías— necesario
recoger un presupuesto adecuado para llevarlo a cabo.


Nada más. Muchísimas gracias a todos.
Seguiremos trabajando juntos hacia adelante. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Santiago Camacho.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Señorías, las
sociedades que no protegen a sus mayores y a sus niños mutilan la
sabiduría y niegan su futuro, son sociedades que están abocadas al
fracaso.


Estamos tramitando este proyecto de ley
orgánica, que ha venido por trámite de urgencia —como casi todas
últimamente—, y, como ya se ha manifestado en numerosas ocasiones,
en el trámite de esta Cámara se ha mejorado respecto de cómo nos venía
del Congreso.


Cuando la ley salió del Congreso se la llamó
ley Rhodes, por el famoso pianista que fue abusado y que puso encima de
la mesa este tema. En manifestaciones suyas en los medios, él dice que no
se siente cómodo con que llamen a esta ley por su nombre, porque es una
ley de todos los niños y de todas las niñas. Y así es. Pero quería
aprovechar esto para dar las gracias, en primer lugar, a todas aquellas
personas que han sido abusadas y han tenido el coraje de vivir haciendo
frente a esos abusos, de salir del anonimato para denunciarlos, y de
poner sobre la mesa un tema que hasta no hace mucho era casi un tabú;
también, a todos los profesionales que trabajan con los niños y a todas
las entidades que trabajan con la infancia.


Ya se ha abundado mucho a estas alturas del
debate en la necesidad de la ley. La Convención de los Derechos del Niño
ya en 2010 exigía a los Estados y les apremiaba a una regulación integral
de protección a los menores. Es un proyecto de ley orgánica que garantiza
derechos.


Resultaba difícil no sumarnos a esta ley,
porque es una ley que, efectivamente, aunque era mejorable cuando salió
del Congreso, recogía algunas circunstancias, como la prescripción de los
delitos sexuales. Para nosotros ya era una excusa para votar que sí
alegremente, pero no votamos que sí alegremente porque, a pesar de esto,
a pesar de la eliminación del síndrome de alienación parental o la
obligación de la prueba preconstituida, que a nosotros nos hubiera
gustado hasta los 16 años, efectivamente había un problema competencial
clarísimo. Y lo han dicho el senador Koldo Martínez Urionabarrenetxea y,
también, la senadora Maribel Vaquero, del PNV, cuando me han precedido en
la palabra. El senador Koldo decía: teníamos el corazón partido, porque
no es que seamos poco sensibles a la temática, ni que no creamos que
hubiera que regularla, pero para nosotros era tan importante lo que
recogía respecto a los derechos como tener bien ordenado este ecosistema
normativo de que nos hemos dado, qué hacía cada cual, e ir todos
alineados, eso sí, en los objetivos, pero con mucho respeto con lo que se
viene haciendo desde hace tiempo en muchas comunidades autónomas para
proteger a los niños, que nunca es suficiente.


Teníamos esa dicotomía entre la bondad de la
ley, que siempre es mejorable —ponemos de manifiesto que aquí la
vamos a mejorar— y esa recentralización que recogía este proyecto.
Una ley que avanzaba en los derechos de los niños y las niñas, pero
vulneraba competencias de la Generalitat de Catalunya, flagrantemente.
Por tanto, vulneraba también derechos de niños y niñas catalanes.


Quiero agradecer muchísimo el trabajo de los
compañeros que también presentaron enmiendas a nivel competencial y a la
senadora Mar Arnáiz, que, a pesar de los tiempos urgentes e
insuficientes, de la dificultad y casi de los debates trasnochados, ha
sido capaz de captar el espíritu de nuestras enmiendas; y no solo el
espíritu, sino garantizar esa protección que para nosotros era condición
sine qua non para podernos sumar a esta ley, que, como digo, veíamos sus
bondades.


En este sentido, en Junts per Catalunya nos
sentimos útiles en esta Cámara territorial. Nuestras enmiendas 3, 6 y 7
abundan en aportaciones para mejorar, como he dicho antes, este
ecosistema que nos hemos dado para luego conseguir objetivos, y nos hace
sentir útiles en esta Cámara por primera vez. Porque se nos negaba esta
salvaguarda de la protección competencial y, al mismo tiempo, nos decían
que no había problema porque ya se la sobreentendía; y nosotros no
entendíamos por qué si no había problemas no se podía recoger en la ley,
que lo que hacía era garantizar que todo lo que pretendemos funcione.
Finalmente, lo hemos conseguido. No ha sido un trabajo fácil, pero sí ha
sido agradable, por el talante de la señora Arnáiz. Y yo debo celebrar
esta aportación que nos va a hacer cambiar el sentido del voto, y nos
vamos a sumar a esta ley. Hemos aportado, más allá de la preservación del
ámbito competencial, como siempre hacemos en Junts per Catalunya, y hemos
intentado ser proactivos y mejorar algunos aspectos de la ley.


También debo agradecer que hayan tenido
sensibilidad al recoger la protección de la imagen del menor más allá de
su fallecimiento —era un tema que a nosotros nos preocupaba y que
muchas familias nos habían hecho llegar—, no al nivel de exigencia
y de concreción que nosotros pretendíamos, pero sí creo que va a dar
solución a muchos problemas de estas familias. Por tanto, quiero de nuevo
agradecer esta predisposición a mejorar la ley.


Hemos hecho también otras propuestas que, por
supuesto no se nos han aceptado, pero que hemos mantenido vivas, como
tratar, de una vez por todas, el tema de la tauromaquia según las
indicaciones de la ONU, o la negación, por nuestra parte, de que los
servicios sociales sean agentes de la autoridad. Los servicios sociales
tienen mucha autoridad, de hecho pueden entrar en un domicilio sin una
orden judicial, cosa que la policía no puede hacer, y entendemos que
estos profesionales de los servicios sociales en muchos casos se
encuentran con circunstancias difíciles o, incluso, de violencia, y
tienen que tener esta protección. Pero también entendemos que la propia
ley y la normativa que nos hemos dado lo garantizan a través de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías autonómicas
en los casos en los que las tenemos. Al haber recogido esta garantía de
protección de competencias de la Generalitat de Catalunya, que no estaba
cuando llegó el proyecto de ley a esta Cámara, sencillamente quiero decir
que todos y cada uno debemos alinearnos.


La ley también recoge la necesidad de denunciar
los delitos contra la infancia solo si hay una verdadera complicidad
entre todos los niveles de la Administración, entre todas las entidades,
entre la sociedad civil, entre aquellas personas abusadas, que tienen
preeminencia social y que pueden poner encima de la mesa estas cuestiones
para que dejen de ser un tabú y podamos hablar de ellas abiertamente,
solo con estas complicidades saldremos adelante. Y creo que esta ley es
una herramienta para poner todas estas complicidades al servicio de
proteger a nuestros menores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra la senadora Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias.


En primer lugar, quiero agradecer a las
ponentes de la ley el trabajo realizado con las enmiendas, porque no es
nada fácil y estoy segura de que muchas han dedicado el fin de semana y
toda la semana entera a ello. Todas las aportaciones son de agradecer,
porque cada uno pretende mejorar la ley desde su perspectiva. Algunas,
las compartimos; otras, no. Pero sabemos el trabajo que hay detrás de
cada una de las ponentes, especialmente quiero felicitar a la senadora
Mar Arnáiz por todo el trabajo de consenso realizado y, evidentemente,
también a la presidenta de la comisión, a todas las ponentes en general,
porque creo que se ha hecho un trabajo fabuloso.


Por primera vez hemos sentido que el Senado,
esta Cámara territorial, era de utilidad. Hemos aprobado muchísimas cosas
que son útiles en esta Cámara territorial, pero, por lo que concierne a
las segundas lecturas de las leyes, esta vez hemos podido transaccionar,
llegar a acuerdos a los que, en otras leyes, por su urgencia, no habíamos
podido, y creo que es un trabajo muy satisfactorio. Quiero también
subrayar que la gran mayoría de ponentes de esta ley son mujeres y que
son las mujeres las que normalmente llegamos a acuerdos, a consensos, las
que somos más generosas y las que llegamos a esas votaciones casi por
unanimidad. (Aplausos). Pero nos quedamos con la casi unanimidad que esta
ley requiere, porque es muy importante.


Me gustaría recordar que esta es una ley que
también impulsó el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias. Creo que es bueno reconocerlo. Para él todo
mi agradecimiento y el de En Comú Podem por habernos abierto tanto camino
en la lucha por la conquista de nuestros derechos. Y quiero recordar
también que esta fue la primera ley que el vicepresidente Iglesias llevó
al Consejo de Ministros, dándole así el rango y la prioridad que
merecía.


Esta es una ley que va a proteger un derecho
fundamental, como es el que los niños y niñas de nuestro país puedan
gozar de una vida libre de violencias y de una vida segura. Creo que
somos todos muy conscientes de que el maltrato infantil y adolescente no
ha sido lo central e importante que debería de haber sido en nuestra
sociedad, y hay que poner fin a ese desamparo. ¿Significa esto que no ha
habido legislaciones anteriores para proteger a nuestra infancia? No,
evidentemente; pero no han sido lo suficientemente eficaces y así lo han
denunciado numerosos activistas, familias, ONG, expertos y expertas en la
materia, que han velado incansablemente por los derechos de nuestros
niños y niñas y adolescentes. Y, especialmente, quiero dar las gracias a
James Rhodes por haber convertido su dolor en algo tan hermoso como es
esta ley, que servirá para que nunca más pueda volver a haber impunidad
para los agresores. A todos ellos quiero agradecerles esa lucha, esa
labor incansable que hoy nos trae aquí.


Con esta ley, además, cumplimos los más altos
estándares internacionales recogidos en la Convención de los Derechos del
Niño, el Tratado de Lisboa, nuestra propia Constitución, y avanzamos en
el cumplimiento de la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es una ley con un enfoque integral y de género, y eso también
es algo novedoso respecto a la anterior legislación en la materia.


Conseguimos que el maltrato infantil deje de
ser un asunto privado y se convierta en un asunto público, para que toda
la sociedad se haga cargo y se sienta corresponsable de esa debida
protección a los menores. Por tanto, todos los menores podrán pedir ayuda
en cualquier ámbito, ya sea en la escuela, en la casa o a quien puedan,
porque todos los adultos y adultas, con esta ley, tenemos el deber de
ayudarles, protegerles y corresponderles. El maltrato infantil causa un
enorme sufrimiento que tiene consecuencias a largo plazo, que implica
problemas de conducta, consecuencias físicas, emocionales y daños
psicológicos que condicionan la vida en la propia infancia y en la edad
adulta. Conseguir proteger a nuestros niños y niñas hoy es conseguir
adultos sanos, responsables y felices en el futuro, es una gran inversión
social, además de un derecho fundamental.


Los datos que tenemos en nuestro país son
escalofriantes. En el año 2019, el 46,2 % de las víctimas contra la
libertad o la indemnidad sexual fueron menores de edad, según el
Ministerio de Interior. En 2017, hubo 4875 denuncias de violencia contra
menores en el ámbito familiar, aunque las notificaciones fueron más
de 16 700, concretamente.


Con esta ley, el tiempo de prescripción de los
delitos de violencia sexual hacia los niños no empezará a contar hasta
que cumplan 35 años ni obligará a los niños a tener que repetir su
historia constantemente. Cierto es que nos hubiese gustado que esa
revictimización hubiese sido para todos los menores de 18, y no solo para
los menores de 14, pero no ha podido ser.


Esta ley acaba con el falso síndrome de
alienación parental, inventado por el machismo, cuando en realidad,
desgraciadamente, los datos sobre corresponsabilidad nos dicen que siguen
siendo los propios hombres los que se alienan de sus hijos e hijas por no
querer hacerse cargo al mismo nivel que las madres.


Esta ley acaba, además, con la impunidad de la
Iglesia católica, que ha sido cómplice demasiadas veces del encubrimiento
de la violencia sexual hacia los niños, algo que tiene que terminar de
una vez por todas. Además, fortalecemos las instituciones y los poderes
públicos para que tengan más herramientas a la hora de proteger a
nuestros menores.


Cabe destacar que, al igual que ha ocurrido con
la violencia machista, la pandemia no ha hecho más que agravar la
situación, que ya de por sí era alarmante, en cuanto a cifras de niños
maltratados o abusado sexualmente, puesto que ha contribuido a
invisibilizar el problema, ya que muchos de los casos se dan en el ámbito
privado.


Asimismo, creo que es de agradecer el interés
de todos los grupos parlamentarios. Creo que es una muy buena noticia que
podamos sacar adelante una ley tan importante como esta con un amplio
consenso. Siempre he pensado que es una pena que esos grandes consensos
no sean tan noticia en los medios de comunicación como los disensos y las
broncas. Es cierto que hay muchas discrepancias y crispación en la
política, es normal, tenemos modelos de gestión distintos, a veces,
incluso, antagónicos, pero como senadora y, anteriormente, como diputada
y concejala, también me ha sorprendido siempre que la gran cantidad de
consensos a los que llegamos a diario en los Parlamentos no sean noticia.
No es justo y eso debería cambiar porque es un gran trabajo el que
realizan los representantes públicos y debería ser conocido por la
ciudadanía.


Hoy, señorías, con la aprobación de esta ley,
es un inmenso honor para mí despedirme de esta Cámara. (Aplausos de los
señores senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista, Esquerra
Republicana-Euskal Herría Bildu, Vasco en el Senado, Izquierda Confederal
y Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario). Una ley que va a proteger a la persona que más
quiero en este mundo, que es mi hija Abril.


Quiero dar las gracias a todo el personal y a
los servicios que siempre me han atendido y ayudado en todas mis dudas y
requerimientos. Quiero dar las gracias a mis compañeros y a todos
ustedes, señorías, porque de todos y cada uno he aprendido algo, también
de los que me han hecho enfadar y cuestionar mis convicciones. De estos
se suele aprender más que de los que te dan siempre la razón.


Quiero disculparme si alguna vez he ofendido a
alguien mientras he sido cargo público, no era mi intención. Aunque me ha
gustado siempre defender mis ideas, he intentado hacerlo con respeto por
mi adversario y procurar ver siempre en él o en ella una persona, un ser
humano, nunca un enemigo a derrotar. En mi paso por las instituciones
públicas espero haber podido derrotar ideas, nunca personas, y espero
haber podido ayudar a muchas más con todas las iniciativas en las que he
podido trabajar.


Gracias, Marga e Ika, por haber estado siempre
ahí, por cuidarme y protegerme en esta Cámara.


Gracias a mi organización política por haber
confiado en mí para representarles y haberme enseñado todo lo que sé en
política.


Y, finalmente, una gratitud que nunca he
expresado en público y, sin embargo, es la más importante, gracias a mis
padres por haberme puesto las guías del cariño, la seguridad y el apoyo
para que yo eligiera libremente mi cariño, que también es lo que
pretendemos con esta ley.


Sigan soñando, señorías, cumplan sus sueños si
son para hacer de este un país y un mundo mejor.


Hasta siempre. (Prolongados aplausos de los
señores senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista, Esquerra
Republicana-Euskal Herría Bildu, Vasco en el Senado, Izquierda Confederal
y Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Vilà.


Enhorabuena por el gran trabajo que ha venido
realizando en esta Cámara durante el tiempo que ha estado aquí. Yo puedo
dar fe de que eso es así. Ha hecho un grandísimo trabajo y le deseo lo
mejor en el futuro, siempre lo mejor para usted.


Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Vasco, la senadora Vaquero.


La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias,
presidente.


Se hace difícil hablar después de la
intervención de Sara. Mucha suerte en esta nueva andadura.


La Convención sobre los derechos de los niños,
que también entiendo que es de las niñas, de 1989, ratificada por el
Estado en 1990, establece que las niñas, niños y adolescentes son
titulares de derechos y no simplemente sujetos a proteger. Sin embargo,
algunos de estos derechos están asignados a las personas cuidadoras o
tutoras y, por tanto, la expectativa es que su ejercicio se realice
atendiendo al interés superior del niño, de la niña y del adolescente.
Uno de los hechos diferenciadores de las personas menores de edad es que
sus derechos se dividen en dos tipos: aquellos que les corresponden como
personas y aquellos necesarios para protegerlas, proporcionar su
desarrollo y bienestar en su camino hacia la vida adulta.


El objeto de esta ley es atender al derecho de
los niños, de las niñas y de los adolescentes a no ser objeto de ninguna
forma de violencia, combatir la violencia sobre la infancia y la
adolescencia con una forma integral y dar respuesta extensa a la
naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias.
Con esta ley, por tanto, se pretende establecer una amplia base
regulatoria de la protección de los niños, de las niñas y de los
adolescentes frente a la violencia que pueda ejercerse contra ellos,
estableciendo para ello una batería de normas, principios, medidas y
actuaciones que se extienden de manera horizontal por distintos sectores
de la actuación política y, por tanto, sobre distintas materias
competenciales. Así, con el carácter transversal de la ley se propone una
regulación que afecta a una amplia variedad de áreas y plantea la
modificación de varios textos legales, hasta once, la mayoría de carácter
orgánico, que confiere a esta ley la condición de norma sobre la que el
Estado pretende que pivoten todas las actuaciones de las administraciones
territoriales con competencias en la materia.


En el inicio de su tramitación, tras el
análisis del anteproyecto presentado en el Congreso, adelantábamos que
estábamos ante un proyecto de ley orgánica que centraliza en el Estado
toda la capacidad normativa, legislativa y reglamentaria en relación con
todos los ámbitos sectoriales de la acción pública para afrontar la lucha
contra la violencia que se ejerce sobre los niños, las niñas y los
adolescentes, que sitúa a las comunidades autónomas como meras ejecutoras
de lo que el Estado disponga, a pesar de que esa disposición sea
contraria al orden jurídico establecido, ya que estas comunidades
autónomas ostentan competencias exclusivas y de desarrollo legislativo en
varias de las áreas de actuación que aborda la ley, las cuales no tienen
carácter orgánico.


Nuestra labor parlamentaria exige elaborar y
aprobar leyes acordes con la realidad social, que den solución a los
problemas existentes, que garanticen los derechos de todas las personas,
buscando la participación y el acuerdo y, evidentemente, nuestra labor
consiste también en aprobar leyes respetuosas con el régimen competencial
existente en el Estado. Sobre todo, en esta Cámara territorial, donde
nuestra labor es salvaguardar que las normas que se aprueban no invadan
competencias que estatutariamente corresponden a las comunidades
autónomas y, en el caso de nuestro grupo, especialmente, que no invadan
competencias de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de
Navarra. Esta no es una buena ley si no garantiza, además del objeto de
la misma, la salvaguarda del ámbito competencial, por lo que nos
alegramos de que, aunque sea a última hora, hayamos alcanzado un
acuerdo.


La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en relación con los títulos competenciales —artículo 149.1,
apartados primero, segundo y octavo, en los que se ampara el Estado para
argumentar la invasión competencial—, afirma que el Estado no
dispone de justificación para abordar esta ley como lo hace, ya que
ignora la existencia de las comunidades autónomas y su marco
competencial. Especialmente flagrante es lo referente a la materia de
asuntos sociales, que supone una evidente recentralización. Es decir, el
Estado no puede pretender alterar el sistema de reparto competencial para
garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, lo que es un uso
abusivo del artículo 149.1, al que, lamentablemente, nos tienen
acostumbrados. El Estado tampoco puede apoyarse en una pretendida
inserción en el derecho interno de acuerdos de carácter internacional.
Esta incorporación se tiene que dar desde el respeto competencial.
Además, la memoria que acompañó al proyecto de ley decía expresamente que
es preciso señalar que la protección de menores de edad es una
competencia asumida por las comunidades autónomas en sus respectivos
estatutos de autonomía. ¿Por qué no se legisla, entonces, teniendo en
cuenta la mejor aplicación en la consecución del objeto de esta ley?


Si dejamos a un lado las consideraciones de
carácter competencial, que es una labor ciertamente compleja, aunque la
legislación vigente ofrezca respuesta a buena parte de las cuestiones que
contempla esta ley, podemos destacar que el interés superior del niño, de
la niña y del adolescente cobra una mayor importancia con ella. Este
nuevo desarrollo establece que hay que determinar el interés superior
para cada caso particular y establece el proceso y los criterios básicos
para hacerlo, reforzando, además, el derecho a ser escuchados y a
participar en todos los asuntos que les conciernen.


La protección de niños y niñas frente a la
violencia de género es otra de las mejoras más significativas y, además,
impide que personas con antecedentes por delitos sexuales trabajen en
contacto con niñas, niños y adolescentes.


En materia de adopción, se estipulan medidas de
contacto con la familia de origen. Se modifica el inicio del plazo de
prescripción de delitos de abusos sexuales a menores, que empieza a
contar cuando la víctima cumpla 35 años. Se regula la prueba
preconstituida para menores de 14 años, aunque nuestro grupo apoyará que
sea para los menores de 18 años. También se han defendido de forma más
concreta las situaciones de riesgo y desamparo; sin embargo, y aunque el
establecimiento de un mínimo común denominador pueda ser positivo, la ley
realiza una regulación demasiado extensa y pormenorizada, donde se excede
el Gobierno del Estado en su capacidad competencial, que se ampara,
nuevamente, en el artículo 149.1, e invade competencias atribuidas en
exclusiva a las comunidades autónomas.


Se regula el funcionamiento de los centros de
protección de menores con problemas de conducta, aunque nuevamente la ley
realiza una regulación demasiado extensa y se excede en sus competencias
para articular un denominador común. Y así ocurre con numerosos preceptos
de esta ley, en la que la exigencia como regla de aplicación general de
un contenido mínimo, excede de lo que podría considerarse básico. Si el
objetivo pretendido es el de establecer un marco común, esencial y
nuclear en todo el Estado, hubiera sido más correcto limitarse a
identificar los fines pretendidos. (La señora vicepresidenta, Narbona
Ruiz, ocupa la Presidencia).


Voy finalizando. Nuestro grupo, como hizo en el
Congreso, quiere dejar claro que, aunque con posibilidad de mejora, hoy
se vota una ley que aporta al conjunto de la protección de los niños, de
las niñas y de los adolescentes unos parámetros que compartimos y que
replicaremos en la ley vasca que se presentará este año en el Parlamento
vasco; ley en la que se legislará conforme al ámbito y reparto
competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus instituciones,
que garantizará a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de
sus derechos y libertades. Hemos trabajado hasta el último momento para
lograr un acuerdo de salvaguarda competencial en esta ley, convencidas de
que, pese a seguir siendo invasiva en su desarrollo, este no afecte a las
competencias de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en
los ámbitos en los que se desarrolla. Creemos haberlo conseguido y, en
consecuencia, votaremos a favor de la misma.


Finalmente, quiero agradecer a los diferentes
grupos, pese a rozar casi el minuto de descuento, haber logrado
consensuar una salvaguarda de mínimos que dé garantías a la ley, lo que
va a permitir también un mayor consenso. Todos y todas los ponentes,
sobre todo las ponentes, hemos estado hasta el último momento intentando
mejorar esta ley, de aquí mi agradecimiento en nombre de mi grupo.
También quiero agradecer a las asociaciones que nos han hecho llegar sus
aportaciones y a todo el Grupo Vasco la paciencia y la ayuda necesarias
para trabajar con estos trámites exprés, que dificultan mucho nuestro
trabajo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra la señora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gracias.


Tenemos una responsabilidad compartida con el
conjunto de la población infantil y adolescente, y la tenemos porque
aspiramos a construir una sociedad mejor. Hace ya once años que el Comité
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo una observación al
Estado español para que desarrollara instrumentos legislativos para la
protección integral de la infancia. Hoy, once años después, debatimos una
ley que llega al Senado tras haber incorporado numerosas aportaciones,
también de la sociedad civil. Una ley que creemos que mejora el marco
normativo y que contiene mejoras importantes para la protección de la
infancia y de la adolescencia frente a la violencia y que refuerza el
derecho de la infancia a ser escuchada en los asuntos en los que se vea
afectada. En el trámite en el Senado, esta logrará ley reforzar el
respeto, como no puede ser de otra forma, al marco competencial y se
mejorarán las garantías en las pruebas de determinación de la edad.






Queremos dar las gracias a las entidades que nos han acompañado y que nos
han mandado sus recomendaciones durante todo este proceso, que ha sido un
poco más rápido de lo que nos hubiera gustado.


El interés superior de la infancia y la
adolescencia constituye un principio básico del derecho y de la actuación
de las administraciones públicas, un principio de aplicación transversal
que se debe plasmar, y esperamos que así sea a partir de ahora, en
mejores políticas de infancia, y también en una inversión pública que sea
suficiente para implementar estas mejores políticas de infancia que
tienen que venir a partir de ahora. En 2018, el 29,5 % de las niñas y los
niños en el Estado español estaba en riesgo de pobreza o de exclusión
social y el 6,5 % sufría de carencia material severa, como señaló el
relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos, Philip Alston, en su informe relativo al Estado
español, donde también señalaba que las tasas de pobreza infantil son aún
más intensas en las zonas rurales, en la población migrante, refugiada y
romaní y en las familias con personas con discapacidad.


Miren, quiero señalar que, en nuestro caso, el
compromiso de la sociedad catalana por la garantía de los derechos de la
infancia y de la adolescencia, como sujeto de derechos y de
oportunidades, se plasma en la Ley 14/2010, una normativa propia que
desarrolla las competencias exclusivas de Cataluña en esta materia, en
sintonía con las recomendaciones de las Naciones Unidas, que intensifica
la actuación contra cualquier tipo de maltrato, pero que también asegura
la participación social de la infancia en la toma de decisiones.


Quiero llamar su atención sobre un hecho que se
produjo hace dos días. El lunes, cinco matones tatuados con esvásticas
intentaron desahuciar a una familia con dos menores en Manresa. El
derecho a la vivienda, entendida como mercancía, no está garantizado para
los niños y las niñas que están hoy en día afectados por desahucios, en
este caso, el de Manresa, frenado por los activistas. El Tribunal Supremo
ha venido reclamando en los desahucios que afecten a familias con menores
que se incluya también el juicio de proporcionalidad que exigido por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al tiempo que habla
de la necesidad de un alojamiento alternativo. Creemos que las
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias deben procurar
soluciones habitacionales adecuadas y estables. Creemos que la
enmienda 158 debería ser aceptada porque una ley de protección a la
infancia frente a la violencia no puede renunciar a proteger a los
menores que pueden ser desahuciados y que tengan que ir a la calle sin
una alternativa habitacional y durante el curso escolar.


Hemos pretendido también que esta ley no deje a
nadie atrás y que alcance a toda la infancia y la adolescencia, con
independencia de su situación administrativa, aunque sabemos bien que la
plena garantía de derechos para muchos menores no llegará hasta que se
aborde, de una vez por todas, la necesaria regularización. En este
aspecto, es claramente un logro que no se puedan realizar pruebas
invasivas, desnudos integrales o exploraciones genitales, en los procesos
de determinación de la edad.


Quiero referirme también a que este proyecto de
ley orgánica, que se tramita precisamente para responder a las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
sin embargo no responde a todas ellas. Resulta incomprensible que este
proyecto de ley ignore por completo la recomendación de apartar a los
menores de edad a la exposición a la violencia en las corridas de
toros.


Termino haciendo referencia a los objetivos de
desarrollo sostenible, que promueven los derechos de la infancia y
suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo la
consigna de no dejar a nadie atrás. Hoy damos un paso importante. Por
eso, nuestro grupo va a votar a favor de esta ley, pero queda mucho
trabajo aún para reducir las desigualdades y para garantizar plenamente
los derechos de la infancia y de la adolescencia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador De Arriba Sánchez.


El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, sean mis primeras palabras de
agradecimiento a la presidenta de la comisión y a los ponentes de los
distintos grupos parlamentarios por la labor realizada en el desarrollo
de este proyecto de ley. Nuestra gratitud a doña Isabel Abellán, letrada
de la Comisión de Derechos Sociales, por su paciencia y profesionalidad;
gracias a Eva Diez; a mis compañeras del Grupo Parlamentario Popular, Ana
Alós y Carolina Agudo, por su trabajo y compañerismo, y en especial a las
organizaciones, asociaciones y entidades del ámbito de la infancia, a
colegios profesionales y al Comité español de representantes de personas
con discapacidad por el diálogo, las aportaciones y el interés mostrado
en pro de la protección de la infancia y adolescencia frente a la
violencia.


Señorías, la protección de la infancia es un
objetivo prioritario para el Partido Popular. Nuestro grupo parlamentario
nunca va a renunciar a garantizar la especial protección de los menores
en nuestro país. Una muestra de ese compromiso es que hace apenas seis
años se aprobaron dos leyes de modificación del sistema de protección de
la infancia y adolescencia que convirtieron a España en el primer país en
incorporar la defensa del interés superior del menor como principio
interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, tal como
recomendó la Organización de Naciones Unidas.


Desde aquel mismo momento, el Gobierno del
Partido Popular inició los trabajos para impulsar el Anteproyecto de Ley
de protección de la infancia, en colaboración con Save the Children,
expertos y la Cátedra Santander, de la Universidad de Comillas, con el
fin de delimitar el marco idóneo en el que debía desarrollarse una norma
de esta naturaleza y elaborar un documento de bases. Tres años después
nos encontramos debatiendo —es un decir— un nuevo proyecto de
ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, tramitado
por el procedimiento de urgencia, cuestión nada desdeñable.


Es un escándalo, señorías, la falta de respeto
a esta Cámara del Gobierno. El ejercicio abusivo que hacen del poder, con
preámbulos del BOE a modo de artículos de opinión o utilizando las
instituciones del Estado en su provecho, es intolerable. Una tramitación
de urgencia en una ley tan relevante como esta, que modifica textos
legislativos como el Código Civil, el Código Penal, la Ley de
enjuiciamiento civil, la Ley de enjuiciamiento criminal, la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Ley general penitenciaria y así hasta dieciséis.
Una tramitación de urgencia que acorta y restringe los tiempos,
prácticamente sin plazos ni debates ni nada de nada, no es admisible. No
es admisible que, ley tras ley, traten al Senado con el desprecio y la
indiferencia con que lo hacen, sin consideración alguna a su función
legislativa. (Aplausos).


Señorías, el Grupo Popular, firme en sus
principios, entiende que es necesario mejorar este proyecto de ley. Para
ello hemos presentado más de cien enmiendas, porque consideramos que es
una ley que se debe hacer más accesible, más inclusiva y más garantista.
Esta ley debería reforzar la prevención, la sensibilización, la
especialización, la detección y atención temprana, la asistencia y la
protección de los menores frente a la violencia. Esta ley debería
fortalecer la coordinación interadministrativa y proponer entornos
seguros libres de violencia contra la infancia y estar impregnada por el
diálogo civil, para que las actuaciones y las medidas que se establecen
en ella cuenten con la cooperación de las organizaciones del tercer
sector expertas en derechos de la infancia.


Es necesario que todo ello se incluya en esta
ley, para que sus enunciados no queden en papel mojado. Y para que esta
ley no quede en papel mojado y pueda ejecutarse, para que esta ley no
quede en una mera declaración de buenas intenciones es necesario que
cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Si los
grandes enunciados de la ley no se acompañan —porque no los
acompañan— de un compromiso real de financiación, quedan en nada.
Hoy aquí, la financiación de la ley ha pasado de soslayo.


Nos tienen acostumbrados a la grandilocuencia,
sin ningún compromiso presupuestario factible, y luego se extrañan de que
las leyes no se cumplan. Esto de hacer producción legislativa sin
financiación será muy sanchista, pero es el camino seguro al fracaso,
como les ha pasado tantas veces. Y si ustedes quieren fracasar, allá
ustedes, pero no hagan fracasar nuestro sistema de protección a la
infancia y adolescencia, porque los españoles no se merecen eso ni se lo
merecen las personas que una ley de estas características debería
proteger. (Aplausos).


Además, quiero señalar que no es buena la
utilización partidista de los problemas, y menos de los problemas de la
infancia, porque la utilización partidista, como se ha querido hacer, no
sirve a la finalidad de la ley, sino que precisamente sirve al partidismo
y no resuelve los problemas. Señorías, si en lugar de solucionar
problemas, y en concreto todo lo que rodea a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, uno se guía por el partidismo, sucede
que cuando se producen abusos sexuales a menores tutelados, como en
Baleares o en la Comunidad Valenciana, en lugar de buscar la protección
de los menores, se busca la protección de los responsables de los
partidos encargados de defender a los menores, y eso, señorías, no hay
ley que lo arregle. (Aplausos).


Al hilo del partidismo y del sectarismo,
convendrán conmigo, señoras y señores senadores, que si algo se ha
demostrado estos días es que ganan los proyectos políticos trasversales,
proyectos capaces de aglutinar mayorías de amplio espectro que ponen en
común a personas de muy diversa procedencia ideológica y ello es lo que
nos permite avanzar. Sé que esto les va a costar entenderlo a muchas de
sus señorías y que les llevará su tiempo, pero esa transversalidad de las
políticas sin razonamientos ideológicos de parte, como hacen en esta ley
o antes lo hicieron en la Ley Celaá u otras tantas, es el fundamento de
la mejor legislación, la que perdura, la que no enfrenta ni se cree en
posesión de la verdad absoluta y la que arregla los problemas.


Señorías, hagamos política con mayúsculas y
aprovechemos la ocasión; no hacerlo sería un grave error. No nos podemos
permitir fracasar en esta ley, y en nuestro grupo parlamentario
seguiremos trabajando a favor de la protección de la infancia frente a la
violencia.


Gracias por su atención. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Arnáiz García.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Buenos días,
presidenta. Buenos días, señorías.


Sin duda, hoy es el día para sentirnos
orgullosos y orgullosas por pertenecer a esta Cámara (Aplausos) y por
tener la posibilidad de aprobar una ley que supondrá un hito en nuestro
país, como en su día fue la Ley integral contra la violencia de género.
La Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a
la violencia es una ley necesaria y urgente, que se sumará a nuestro
cuerpo legislativo. Necesaria porque persigue garantizar el derecho
fundamental de los niños y niñas y de los adolescentes a su integridad
física, psicológica y emocional frente a cualquier tipo de violencia; a
su derecho a vivir en plenitud esta primera etapa de su vida; a jugar,
aprender, desarrollar todas sus capacidades y aprovechar todas las
oportunidades que se le ofrecen en un entorno seguro y libre de
violencia. Y urgente porque no podemos esperar más para poner freno a una
realidad invisible que muchos sufren en silencio.


Les daré datos, algunos ya se han apuntado hoy
aquí. En el año 2019, 40 000 menores fueron víctimas de violencia. Casi
la mitad de los abusos sexuales que se producen en nuestro país lo sufren
niños y niñas de todos los estratos sociales. Además, sabemos que estas
agresiones se producen en su entorno cercano, que solo se conocen un 15 %
de los casos y que tan solo denuncian la mitad. Detrás de todos estos
datos hay maltratos, acosos, amenazas, castigos humillantes, violencia
sexual, pornografía, prostitución, delitos ocultos por los que miles de
personas arrastrarán secuelas tremendas a lo largo de sus vidas.


Señorías, esta ley es, por tanto, necesaria y
urgente para proteger el bien más preciado que tenemos como sociedad,
pero a la vez, el más vulnerable. Esta ley persigue proteger los derechos
humanos de la infancia y la adolescencia sobre la base de la Convención
sobre los Derechos del Niño, que tiene como esencia y faro de guía el
interés superior del menor. También cumplimos con el artículo 39 de la
Constitución española y con las recomendaciones que en los años 2011
y 2018 nos hizo el Comité de los Derechos del Niño y por ello, el 28 de
diciembre de 2018 se presentó el anteproyecto de ley.


Es una ley de país, una ley de progreso. No es
una ley ideológica, como propugna el portavoz de Vox. Ideológico y
reaccionario es querer aplicar el pin parental a sus hijos. Son niños y
niñas, sujetos con derechos; no son sus propiedades que pueden tratar a
su antojo. No. (Aplausos). No son propiedades, como tampoco son
criminales —como señala su formación— los niños y niñas que
migran, que están en situación de desamparo y que, solos y tremendamente
vulnerables, han soportado un calvario hasta llegar aquí. A ellos ustedes
les dedican permanentemente discursos de odio. Desde luego, ¡qué falta de
humanidad más terrible!


Señorías, esta ley aborda el problema de la
violencia en todos los ámbitos donde puede producirse: en la familia, en
los centros educativos, en las actividades de ocio y deporte y también en
el entorno digital, y se enfoca de forma integral con medidas de
sensibilización para reconocer la violencia, de prevención, detección y
reparación del daño. Esta ley nos interpela a todos y a todas, porque
recoge el deber de comunicación de cualquier ciudadano de ponerlo ante la
autoridad competente si advirtiera indicios de violencia, garantizándose
la confidencialidad, y es que, como sociedad, no podemos desentendernos,
no; somos corresponsables del bienestar y del desarrollo de la infancia.
El mensaje que ofrecemos hoy, por tanto, es claro y contundente:
tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia que sufran
niños, niñas y adolescentes. (Aplausos). Y quiero decirles alto y claro
que no están solos y que ya no van a vivir con miedo; que todos y todas
estamos con ellos para cuidarlos y protegerlos, y también para
escucharlos, porque esta norma también recoge el derecho del menor a ser
escuchado y tenido en cuenta en todos los procesos que le afecten, a ser
informados de las medidas recogidas en esta ley y a poder denunciar de
forma personal y directa.


Uno de los grandes avances que supone esta ley
es la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14
años, para que solo tengan que declarar una sola vez y no revivir los
dramas soportados una y otra vez. Además, esta prueba se realizará con
todas las garantías y apoyos, y por eso le agradezco a la presidenta de
la Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses, Pilar Ruiz, que
hoy se encuentra con nosotros en la tribuna, sus aportaciones porque han
sido realmente importantes, y así se va a recoger en el texto. Además, se
amplía el plazo de prescripción de abusos sexuales o violaciones, que
empezará a contar desde que la víctima cumpla 35 años. Se corrige así una
anomalía que suponía que muchos delitos abominables contra menores hayan
quedado impunes.


La ley también incide en las diferentes formas
de la violencia machista que sufren niñas y niños desde su infancia y
reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia machista que se
realiza contra los menores y, a través de ellos, contra sus madres; un
reconocimiento que, por desgracia, está estos días de actualidad. Dos
semanas llevan desaparecidas Olivia y Ana, dos largas semanas que están
sufriendo el alejamiento de su madre, y una madre destrozada porque no
sabe el paradero ni cómo se encuentran sus hijas. También esto es
violencia, señorías, es violencia. (Aplausos). Por eso necesitamos esta
ley, para poner todos los medios para prevenir la violencia y todas las
medidas para proteger y defender a las víctimas y evitar mucho dolor.
Supone un hito clave en el bienestar de la infancia y la adolescencia
para terminar con un largo silencio.


Me gustaría destacar también que la ley saldrá
mejorada tras su paso por el Senado, por las aportaciones de todos los
grupos, que han hecho posible ampliar aún más el consenso del Congreso.
Gracias, de verdad, a los ponentes de todos los grupos, a la presidenta
de la comisión, a la letrada de la comisión, porque, a pesar de las
dificultades, hemos sido capaces de acordar un texto que ayudará a
nuestra infancia y adolescencia a crecer sin violencia y a vivir sin
miedo.


Quiero mencionar expresamente la enmienda
transaccional para proteger el honor, la intimidad y la propia imagen del
menor desde su nacimiento hasta después de su muerte. Con ella
pretendemos responder a muchas situaciones, como es el caso del pequeño
Gabriel, para que la difusión de la imagen del menor fallecido necesite
el consentimiento expreso de sus progenitores (Aplausos) y se acabe la
tortura añadida que sufren a la pérdida de su hijo por el abuso
indiscriminado e inapropiado de la imagen y el asesinato de Gabriel
Cruz.


Otra importante aportación es la prohibición de
realizar desnudos integrales o exploraciones genitales para la
determinación de la edad de los menores migrados que llegan a nuestro
país. Se acabarán estas prácticas que sufrían muchos niños y niñas. Se
recoge la definición de entorno seguro, incluido el digital, como aquel
que respeta sus derechos y promueve un ambiente protector, físico,
psicológico y social.


Se trata de una ley pionera que será un
referente a nivel mundial. Y no puedo dejar de mencionar que será
gracias, en gran parte, al empuje y a la determinación de la exministra
María Luisa Carcedo Roces. (Aplausos). Mil gracias, de verdad, por el
trabajo inmenso que has desarrollado de principio a fin.


Señorías, termino compartiendo con ustedes que
con esta ley nuestro país será un lugar más digno, más justo y más
decente para vivir. Como dice la canción, hoy es un gran día por la
aprobación de esta ley orgánica, que supondrá un antes y un después para
la vida de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país y para
recordar el resto de nuestras vidas. Seguro que será así.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos, con
algunos señores senadores puestos en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señorías.


Concluido el debate de este proyecto de ley, no
estamos todavía en condiciones de abrir el plazo para su votación, puesto
que ha sido objeto de un conjunto de enmiendas transaccionales y los
servicios de la Cámara están preparando la agrupación de las distintas
enmiendas. Cuando la Presidencia tenga ya el texto definitivo de la
ordenación de la votación procederemos a abrir el plazo, que en esta
ocasión será un plazo más largo, de dos horas y media, tal como ayer se
acordó en la Junta de Portavoces.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
APLICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS CON RESPECTO A LOS CUERPOS DE
FUNCIONARIOS QUE DEPENDEN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA
GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS
AFECTADAS POR LA DESPOBLACIÓN Y COMO MEDIDA DE POLÍTICA ACTIVA EN LA
LUCHA CONTRA LA MISMA. (Proclamación de la votación).


671/000064

BEATRIZ MARTÍN LARRED (GPMX)


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 6. y 6.1.


La señora VICEPRESIDENTA: Se ha votado en los
términos de la propuesta de modificación formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario Esquerra RepublicanaEuskal Herria Bildu, Grupo
Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y Grupo
Parlamentario Mixto, con número de registro de entrada 97896.


Votos emitidos, 257; a favor, 228; en contra, 1;
abstenciones, 28.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): La moción
queda aprobada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000022

Interior


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 8., 8.1. y 8.1.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la
Comisión de Interior, la senadora Castro Mateos, por tiempo de cinco
minutos.


La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, el 11 de febrero de 2021 el Gobierno
presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica de
protección de datos personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales. Con diversas modificaciones, el Pleno de
dicha Cámara aprobó este proyecto de ley orgánica en sesión celebrada el
día 15 de abril de 2021, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y
fue publicado el día 23 de abril de 2021.


El plazo de presentación de enmiendas al
referido proyecto de ley expiró el pasado día 26 de abril. Durante dicho
plazo se presentaron setenta y seis enmiendas. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Perdone un minuto, señoría.


Ruego, por favor, a todas sus señorías que
mantengan el silencio necesario para que se escuche la intervención de la
senadora.


La señora CASTRO MATEOS: La ponencia designada
por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado
integrada por: la señora Beltrán de Heredia Arroniz, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, EAJ-PNV; el señor Cañizares Jiménez,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; el señor
Castellana Gamisans, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu; el señor Cleries i Gonzàlez, en nombre del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Hernández Cerezo, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Hernández Espinal,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Martínez
Urionabarrenetxea, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai,
Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera); el señor
Martínez-Maíllo Toribio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; la señora Merelo Palomares, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Ponce Gallardo, en nombre del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y el señor Rallo Lombarte, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.


La ponencia, reunida el 5 de mayo de 2021,
emitió informe sobre este proyecto de ley orgánica. La Comisión de
Interior, reunida ese mismo día 5 de mayo, acordó, tras la oportuna
deliberación y por amplia mayoría, aceptar como dictamen el informe
propuesto por la ponencia. El dictamen de la comisión ha sido objeto de
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección
Senado, con fecha 10 de mayo de 2021, junto con los votos particulares
formulados.


Este proyecto de ley orgánica, como señala su
exposición de motivos y establece su disposición final undécima,
incorpora al derecho español la Directiva de la Unión Europea 2016/680,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales y a la libre circulación de
dichos datos y por la que se deroga la Decisión marco 2008/ 977, del
Consejo.


En este sentido, el proyecto de ley orgánica
contiene la regulación específica en materia de tratamiento de datos de
carácter personal por las autoridades competentes en el ámbito delimitado
por los fines señalados. El proyecto comprende sesenta y cinco artículos,
estructurados en ocho capítulos, relativos, respectivamente, a: las
disposiciones generales, los principios del tratamiento y el tratamiento
de datos en el ámbito de la videovigilancia, los derechos de las
personas, la figura del responsable y del encargado de tratamiento, las
transferencias de datos personales a terceros países que no sean miembros
de la Unión Europea o a organizaciones internacionales, las autoridades
de protección de datos, y el régimen de reclamaciones y el régimen
sancionador. Complementan el proyecto de ley orgánica cinco disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y
doce disposiciones finales.


Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Algún grupo va a intervenir para defender
alguna enmienda a la totalidad? (Pausa).


Pasamos entonces al debate de los votos
particulares. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 9 a 15,
presentadas por los señores GonzálezRobatto Perote y Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días.


Señorías, antes de comenzar con mi
intervención, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación,
agradecimiento y respeto a todas las enfermeras y a todos los compañeros,
en este día de homenaje a la enfermería. Quiero poner en valor la
entrega, la dedicación y el cariño con el que las enfermeras siempre
cuidamos a todos nuestros pacientes, pero en especial en estos tiempos
tan duros y tan difíciles de pandemia, en los que, por desgracia, le ha
tocado a la enfermería trabajar y luchar. Por todo ello, felicidades y
muchas gracias.


Señorías, una vez más, la ineficacia de la
clase política tradicional es sufrida por los ciudadanos. La trasposición
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, se suma a la larga lista de incumplimientos por parte de este y
del anterior Gobierno que, por no hacer su trabajo, nos cuesta millones
de euros cada año; millones de euros que, por cierto, no salen de los
bolsillos de los miembros de los gobiernos populares o socialistas que
incumplen sus obligaciones de trasponer las directivas europeas a tiempo,
sino que esos errores, fruto de la desidia y la ineptitud política, han
de pagarlos los españoles a pesar de que su responsabilidad al respecto
es nula. La trasposición de esta directiva llega tarde, de hecho, el
plazo para su transposición expiró nada más y nada menos que el 6 de mayo
de 2018. A consecuencia lógica de ello, se inició el 4 de septiembre
de 2019, a instancias de la Comisión Europea, el procedimiento contra el
Gobierno de España. La Comisión consideró que el Estado español no había
adoptado las medidas nacionales de trasposición de la directiva ni
comunicado las mismas, pidiendo al tribunal tanto una multa coercitiva
por cada día de retraso como una suma a tanto alzado. Y hasta aquí la
responsabilidad es del Gobierno popular del señor Rajoy, que, a pesar de
haber dispuesto de dos años para la trasposición, no la hizo.


El 20 de julio del año 2018, ya España bajo
Gobierno socialista, la Comisión elevó un escrito de requerimiento que no
surtió efecto alguno. En enero de 2019 la Comisión envió ya el dictamen
motivado para que se adoptaran medidas en dos meses. Este plazo finalizó
el 25 de marzo. Dos días después, España contestó que el procedimiento
administrativo estaba en curso, que concluiría en el mes de julio del
año 2019 y que el Parlamento seguiría con el trámite, posiblemente para
finalizarlo en el mes de marzo del año 2020. Para justificar su
incumplimiento, el Gobierno alegó que el retraso en la trasposición se
derivaba esencialmente del contexto político particular y de la necesidad
de hacerlo mediante una ley orgánica.


Por último, el 4 de septiembre del año 2019 se
inició, a instancias de la Comisión Europea, el procedimiento. En el
presente asunto, el Tribunal de Justicia declara que España ha persistido
en su incumplimiento y considera que la condena al pago de una multa
coercitiva constituye un medio apropiado para garantizar que dicho Estado
miembro ponga fin lo antes posible al incumplimiento declarado. El
Tribunal de Justicia precisa que dicha multa coercitiva solo debe
imponerse en la medida en que el incumplimiento persista en la fecha en
la que se dicte sentencia.


En segundo lugar, el Tribunal de Justicia
subraya que el conjunto de elementos jurídicos y fácticos que rodearon el
incumplimiento declarado constituye un indicador de que la prevención
efectiva de la repetición futura de infracciones análogas que afecten a
la plena efectividad del derecho de la Unión requiere adoptar una medida
disuasoria, como es la imposición de una suma a tanto alzado. Habida
cuenta de la gravedad y la duración de la infracción, se condena a la
suma a tanto alzado de 15 millones de euros y, por persistir el
incumplimiento declarado en la fecha en que se dicta la sentencia, a una
multa coercitiva diaria de 89 000 euros desde la fecha de la sentencia
hasta que se haya puesto fin al incumplimiento declarado.


Llegados a este punto, nos gustaría preguntar
al Gobierno, si bien estimamos que igualmente han de darse por aludidos
los señores del Partido Popular, ¿para qué les pagan los ciudadanos?,
pues sus nóminas les fueron ingresadas a pesar de no cumplir con su
deber; un deber para el que tuvieron dos años sin hacer nada, que se dice
pronto. Ahora, y con los tiempos que corren, con miles de negocios
cerrados o bien en quiebra, con 6 millones de parados y 750 000 personas
en ERTE, 15 millones de euros se irán por el desagüe porque a los
gobiernos de los señores Rajoy y Sánchez no les dio la gana de cumplir
con sus deberes y trabajar.


Aunque las condenas a España por
incumplimientos en esta temática son bastante habituales, la presente
sentencia es la primera que dicta el Tribunal de Justicia con arreglo al
artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
apartado 3, razón por la cual los dos tipos de sanciones económicas se
impondrán al mismo tiempo. Nunca hasta esta fecha se había impuesto una
sanción doble, mostrándose que la situación es cada vez peor: se
desacredita a España y se desacredita a los españoles.


Prestando atención al contenido de la
sentencia, vemos que habla en el párrafo 60 de persistencia en el
incumplimiento; en el párrafo 64, de que su incumplimiento reviste de una
gravedad considerable; en el párrafo 65, de que la gravedad de este
incumplimiento se ve incrementada; en el párrafo 70, de la absoluta falta
de comunicación de las medidas necesarias para la trasposición; en el
párrafo 74, de la obligación de adoptar y comunicar dichas medidas por
Estados miembros, y además, en la sentencia se nos imponen las costas. En
resumen, un auténtico desastre ilustrativo de la pésima gestión política
que los españoles se han visto condenados a sufrir con los gobiernos
recientes.


A primeros de mayo del año 2020, nuestra
secretaria general y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en el
Congreso, doña Macarena Olona, solicitó la declaración por parte del
Congreso de los Diputados de la habilitación de los meses de julio y
agosto para trabajar en cuestiones urgentes que no permitieran más
retrasos, como esta trasposición, porque los políticos debemos dar
ejemplo y trabajar para que se eviten situaciones como esta. A tales
efectos, solamente hubieran sido necesarios los 157 votos a favor, mejor
dicho, 124, puesto que los 52 votos del Grupo Parlamentario Vox ya los
tenían, y el resultado ya lo sabemos, porque, también antes de que
llegara Vox, eso de que les hagan trabajar y les recuerden que están aquí
para servir a los ciudadanos y no para servirse a sí mismos, les
duele.


Pero volviendo a la trasposición y para mayor
escarnio, es que no solo llega tarde la trasposición de esta directiva,
es que encima llega mal, pues de una sola lectura se desprende que se
trata de un texto inconexo, hecho con prisas y totalmente parcheado.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, tiene que ir terminando.


La señora MERELO PALOMARES: Señores del
Gobierno socialcomunista, ¡qué vergüenza!


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, para la
defensa de sus enmiendas números 18 a 76, el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Egun on, senatari jaun-andreok.


Alguien, al ver nuestras enmiendas, nos comentó
que está claro que tenemos prejuicios respecto de la o las policías. Y
no, lo que tenemos es experiencia de situaciones impropias de un Estado
democrático. Todas nuestras enmiendas están motivadas en lo que
teóricamente debe hacer esta ley, que no es otra cosa que proteger los
datos personales en relación con infracciones penales. Por eso me
permitirán que les haga una visita guiada a través de algunas de
ellas.


Hemos presentado enmiendas al artículo 7 porque
la ley configura la Policía Judicial como un poder autónomo que puede
requerir datos a cualquier ciudadano, incluidas las personas, que pueden
ser investigadas sin ningún tipo de garantía judicial para la
investigación de infracciones penales, lo cual, en nuestra opinión, es
contrario al artículo 24.2 de la Constitución. La Policía Judicial debe
actuar al servicio del órgano judicial y bajo su supervisión. Quienes
estarían obligados a facilitar datos a los jueces y al Ministerio Fiscal
serían todas las personas, pero lo que no se debe contemplar es que todas
ellas también estén obligadas a facilitar información a la Policía
Judicial, y no encontramos en la Directiva 2016/680 base jurídica para
poder exigir a las personas físicas que informen a la Policía o le
entreguen información con un mero requerimiento. Si no se aprueban estas
enmiendas al artículo 7, se debe al menos suprimir el 7.4 para impedir
que se transmita información de personas físicas sin su
conocimiento.


Añadimos un punto al artículo 7, porque no
puede habilitarse a la Policía o a la Administración para exigir que los
ciudadanos deban presentar documentos que luego se puedan convertir en
pruebas para su incriminación. No se debe atribuir la consideración de
autoridad competente en materia de protección de datos personales a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con carácter genérico y amplio,
como dice el artículo 4.1.a). Ha de precisarse que la autoridad
competente en esta materia sea quien ejerza la función de dirección
política y administrativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no
las fuerzas y cuerpos de seguridad sin más.


Las enmiendas a los artículos 6, 15 y 56
pretenden dotar de mayor seguridad jurídica el tratamiento de los datos
personales cuando se quieran utilizar para fines distintos a los que son
objeto de esta ley orgánica. Para ello, este movimiento ha de estar
permitido por el derecho de la Unión Europea y además contemplado en una
norma de rango de ley en el derecho español, y creemos que así lo
defiende también el Tribunal Constitucional.


Dado que no puede autorizarse legalmente el
tratamiento de datos personales de personas que no han cometido delitos,
proponemos una modificación del artículo 9. Sí es preciso garantizar el
tratamiento de quienes sean víctimas y testigos, pero se debe suprimir el
resto de categorías de personas que pueden ser sospechosas, víctimas u
otras categorías. Cuando sean condenadas, si lo son, entonces ya se
tratarán sus datos. Este artículo de la ley cuestiona, en nuestra
opinión, el principio de presunción de inocencia.


El proyecto de ley orgánica tampoco se ajusta a
la letra del artículo 6 de la directiva europea. ¿Recuerdan el caso de
Patxi Zamora, un trabajador despedido de Iberia en enero de 2018, tras
treinta y un años de servicio como auxiliar de vuelo, después de recibir
un correo electrónico de la Guardia Civil informándole de que se le
denegaba la renovación de su acreditación de seguridad por considerarlo
persona cercana a entornos potencialmente peligrosos? La supuesta
peligrosidad de esta persona deriva de su integración en unas listas
electorales en 2007. Esta ley, tal y como viene, bendice dicha actuación,
por lo que proponemos la modificación del artículo 15.2 para eliminar el
inciso final que dice: «y la protección y prevención frente a las
amenazas contra la seguridad pública», porque es excesivamente ambiguo y
peligroso para los ciudadanos, la democracia y el Estado de derecho.


Recientemente, hemos tenido conocimiento
también de que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una
sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Ribaforada, Navarra, que
entonces dirigía el socialista Jesús María Rodríguez, actual director
general de la Administración Local del Gobierno foral, al entender que el
consistorio ribero actuó con falta de lealtad y colaboró mediante engaño
en la expulsión de un vecino de 52 años, de origen senegalés y que
llevaba catorce años en España, Modou Khadim Sow, que fue inmediatamente
deportado después de su detención. Esto ocurrió hace dos años. Agentes de
la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Tudela le detuvieron
en la vía pública después de que el afectado acudiera a esa presunta cita
en el ayuntamiento, que no fue sino un anzuelo para que fuera capturado.
El entonces alcalde defendió en su día su proceder debido a que el
deportado tenía antecedentes penales por falsedad documental y venta
ilegal y una orden de expulsión desde 2015. El alcalde decía: Nos
limitamos a acatar un requerimiento policial para hacer efectiva la
orden. En verdad, Modou Khadim fue citado al ayuntamiento para tratar un
tema de empadronamiento. Sin embargo, no consta que el reclamante tuviera
en esas fechas solicitud relacionada con alguna cuestión de
empadronamiento. En este caso, se han tratado los datos personales con
una finalidad sobre la que no existía más legitimación que la verbal, sin
acreditarse la motivación jurídica que sirviera para el tratamiento
legítimo de esos datos y esa citación, dice la Agencia de Protección de
Datos al consistorio de Ribaforada. Y esto es lo que bendice esta ley.
¿Recuerdan Minority Report? Esta ley, si no se modifica, permite abrir
ficheros de sospechosos y mantenerlos abiertos hasta veinte años. ¿Les
parece normal que para un delito penado con, por ejemplo, tres años, los
datos estén registrados durante veinte años?


Proponemos la supresión del artículo 13, porque
esta ley nos lleva a una sociedad de control de las personas por las
calles mediante indicadores biométricos y por cualquier supuesto o por la
mera sospecha que se quiera interpretar como una amenaza a la seguridad
pública. Una sociedad al estilo de la China. El concepto de amenaza para
la seguridad pública debe ser estrictamente penal y no de orden público.
Nosotros creemos que este precepto encierra un peligro enorme para los
ciudadanos.


Proponemos modificar el artículo 16, porque si
algo debe indicarse es dónde están las videocámaras. No hacerlo forma
parte del Estado policial que busca su impunidad y actuar con secretismo,
opacidad y por sorpresa, y la directiva europea no contempla norma
igual.


También proponemos la supresión parcial del
artículo 24, porque los conceptos de seguridad pública y seguridad
nacional son excesivamente ambiguos y genéricos para erigirse como
restricciones a los derechos de los ciudadanos. Proponemos la supresión
de parte del artículo 24, porque lo que se propone en el artículo es todo
lo contrario a la motivación que se exige a toda Administración o
autoridad respecto de sus actos limitativos de derechos o de denegación
de solicitudes. El principio de responsabilidad de los poderes públicos
exige que la motivación de los actos que limiten los derechos de la
ciudadanía sea suficiente y adecuada. En cambio, en este precepto se
faculta al responsable del tratamiento para omitir las razones de las
limitaciones de los derechos ciudadanos en materia de protección de datos
o para sustituir esas razones por una redacción bastante neutra; es
decir, por fórmulas vagas y rituales que no dicen nada. Estamos ante el
intento de legalizar una mala práctica administrativa y de consolidar el
desprecio a los ciudadanos en el fondo y hasta en la forma y esto en una
ley orgánica que dice querer proteger derechos.


Proponemos modificaciones del artículo 18,
porque la ley debe limitarse a las infracciones penales y no servir para
sancionar las infracciones administrativas. Con esta redacción se cambia
el objeto de la ley y se desbordan sus límites nuevamente.


Defendemos la supresión parcial de los
artículos 15 y 20. Una ley orgánica no debe establecer qué es y qué no
una intromisión ilegítima de un derecho fundamental; eso será tarea del
Tribunal Constitucional. Y una ley orgánica tampoco debe caer en la
definición de cuándo una solicitud es repetitiva. El texto es casi casi
reglamentario y demuestra la excesiva minuciosidad que se busca para
reducir los derechos de los ciudadanos en beneficio de la Administración
policial. No se conoce ninguna norma igual en el derecho administrativo,
es una redacción propia de quienes quieren reducir derechos de los
ciudadanos y ven a estos como ciudadanos molestos.


Las multas que se contemplan en la ley son
excesivas; son más propias, no voy a decir de qué tipo de Estado, pero,
desde luego, no son propias de un Estado social y democrático de derecho
que propugna como uno de los valores superiores de su ordenamiento
judicial el de la libertad, por lo que proponemos su modificación.


También proponemos la supresión de los
artículos 21 a 23, 25 y del 27 al 51, porque todas esas cuestiones ya
están reguladas en el Reglamento general de protección de datos
personales y en la Ley Orgánica 3/2018, por lo que sería suficiente con
remitirse a esa normativa general. Proponemos suprimir varias
disposiciones finales por innecesarias. En esta ley, insisto, de
protección de datos personales, se plantea prescindir del consentimiento
de las personas presas para que sus datos personales sean tratados como
categorías especiales. Creemos que es intolerable, y mucho menos cuando
ya se autoriza el cacheo, el registro de sus efectos y la retirada de los
enseres y objetos no autorizados.


Curioso, cuando menos, es el intento de regular
las matrículas de los vehículos en una ley orgánica que se llama de
protección de datos personales de personas físicas. Y no tendré que
recordarles, señorías, que los vehículos son cosas y no personas.


Proponemos la supresión de la disposición final
tercera, porque es evidente que se debe proceder a una revisión completa
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no en esta reforma parcial,
al socaire de los datos personales.


Proponemos la supresión de la disposición final
cuarta, porque no se alcanza a comprender por qué una ley orgánica que
previene infracciones penales, es decir, conductas individuales, necesita
autorizar a las autoridades policiales para obtener una copia actualizada
de todos los ciudadanos que figuran en el padrón municipal y en el censo
electoral con DNI, nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de
nacimiento. Ya se contempla este deber del Instituto Nacional de
Estadística de colaborar con la Policía en casos concretos e
individualizados sobre hechos concretos que se estén investigando. No
puede habilitarse la sospecha sobre todo el conjunto de la ciudadanía y
el acceso policial a todos los datos de toda la ciudadanía. Con medidas
como estas, la protección de los datos personales queda desnuda y vacía,
y es que el artículo 46 de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana,
además, ya autoriza a la Policía y a las autoridades policiales a acceder
a la información del Instituto Nacional de Estadística para
investigaciones individuales.


Y finalmente, señorías, proponemos una enmienda
de adición de la disposición final quinta bis, por la que se derogue el
artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2015, de seguridad ciudadana, es decir,
de la Ley mordaza, con el fin de proteger eficazmente y lo antes posible
los derechos constitucionales de los ciudadanos y no dejar a estos a
merced de castigos excesivos y desproporcionados de los policías y de las
autoridades gubernativas, como los que se han producido y, por desgracia,
se siguen produciendo, desde 2015.


Eskerrik asko. Y, sobre todo, no nos hagan
responsables de que si esta ley tarda un día o dos, o dos semanas más en
ser aprobada, las multas de la Unión Europea serán responsabilidad
nuestra, sino del Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la
defensa de las enmiendas 7 y 8, tiene la palabra, por tres minutos, la
señora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko.


Como adelantamos en la comisión del pasado
miércoles, mantenemos las dos enmiendas, las números 7 y 8, que
presentamos referidas a dos artículos: el 22 y el 36 de la ley. Dado lo
limitado del tiempo, intentaré ser sucinta, pero si algún grupo tiene
interés, no tendría ningún inconveniente en explicarle detalladamente el
fondo de estas dos enmiendas.


En cuanto a la primera enmienda, para su
rechazo, el Grupo Socialista señaló que se extralimita en la trasposición
del artículo 14 de la directiva. Pues bien, quiero recordarles que para
la trasposición de las directivas, el Estado ha de elegir la forma de la
norma o acto interno que estime más apropiado para garantizar el efecto
útil de las directivas. Por lo tanto, no hay que limitarse al rigor
literal, pueden incluso darse supuestos —y así ha ocurrido—
en que la normativa nacional establezca una regulación más completa que
la contenida en la propia directiva.


En cuanto al fondo, la protección de las
personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un
derecho fundamental. Una de las ramas de la inteligencia artificial con
más éxito en aplicaciones es precisamente el aprendizaje automático. Un
tratamiento que tome decisiones automatizadas usando la inteligencia
artificial puede afectar a personas físicas comunes, como es el caso de
la ley orgánica que nos ocupa. Las decisiones pueden hacer predicciones
sobre la evolución del sujeto, realizar una evaluación sobre el estado
actual de este o decidir sobre la ejecución de un conjunto de acciones.
Existe un sesgo preocupante: el de la interpretación de los resultados de
la inteligencia artificial. Este sesgo humano consiste en aceptar sin
espíritu crítico los resultados como ciertos e inamovibles, asumiendo un
principio de autoridad derivado de las expectativas creadas por dichos
sistemas.


En esta situación, en cuanto al derecho de
rectificación, difícilmente podrá la persona interesada ejercer un
derecho de rectificación cuando no se reconoce el derecho a conocer el
sistema de decisiones automatizadas los datos utilizados para la
elaboración de perfiles, pudiendo incurrir en indefensión de la persona
interesada, ya que, como la propia ley orgánica señala, su ámbito es la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales y ejecución de sanciones penales.


En cuanto a la segunda enmienda, el silencio
administrativo es simplemente una ficción legal, así, en la ley de 1992,
el sentido del silencio era predominantemente negativo. Ante el abuso de
la falta de resolución por parte de la Administración, la Ley 39/2015
señala el carácter general positivo del silencio. Pues bien, el Grupo
Parlamentario Socialista ha confundido una ficción legal creada para los
particulares en una ficción legal a favor de la Administración y este no
es el espíritu del silencio administrativo. Aquí estamos ante una
consulta efectuada por la Administración a la autoridad de protección de
datos, entidad perteneciente al sector público. No estamos ante un
procedimiento iniciado a instancia de un particular. Considerar el
silencio, por lo tanto, como positivo pervierte el espíritu de la
Ley 39/2015 que, como hemos señalado, construye esa ficción legal en
favor del administrado. A nuestro modo de ver, debería haberse
establecido la caducidad del procedimiento por ser un procedimiento
iniciado a instancia de oficio, no a instancia de parte, pero entendemos
que, en caso de admitirse, el silencio debe ser en sentido negativo.


Esperamos que estas enmiendas sean recogidas y
aprobadas por todos los grupos. Me extenderé en el turno de portavoces un
poco más en relación con el artículo 80, del que han hablado.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 1 a 6, tiene
la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Cañizares
Jiménez.


El señor CAÑIZARES JIMÉNEZ: Gracias, señora
presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
esta ley orgánica seis enmiendas, las números 1 a 6, destinadas a
corregir lo que es un exceso por parte del PSOE y del Gobierno de España
en la tramitación de esa trasposición de la directiva europea. Ya se ha
glosado aquí el desastroso trajín de esta ley, que nos llega con un
retraso absolutamente injustificable, después de tres años de un ministro
del Interior más preocupado por cesar policías nacionales y guardias
civiles que de trasponer directivas europeas como esta, que, sin duda,
nosotros vamos a apoyar. Tanto es así que el texto que se nos trae es el
que dejó preparado el Gobierno del Partido Popular allá por el mes de
mayo del año 2018. Lo que hace el Gobierno de Sánchez —como nos
tiene acostumbrados, aparte de traer aquí las cosas por urgencia, deprisa
y corriendo, como suele ser lo habitual en esta Cámara, en este caso con
la justificación de esa multa histórica que nos ha impuesto Europa por el
retraso en la trasposición— es intentar que no se aproveche la
tramitación de esta ley orgánica para traer temas que le son
absolutamente ajenos.


Nuestras seis enmiendas van a atacar seis
disposiciones finales: segunda, tercera cuarta, sexta, séptima y octava,
en las que se aprovecha esta ley orgánica para modificar la Ley Orgánica
del Poder Judicial, a través de una enmienda en el Congreso de los
Diputados, en la que se toca nada más y nada menos que catorce artículos
de dicha ley, algo absolutamente incomprensible, dada la importancia de
esa norma, sin que se haya podido corroborar el contenido de la enmienda
con los trámites habituales y de concertación que se deben producir en
materia de ley orgánica, y que, de esta manera, se los ha saltado el
Gobierno de Sánchez, como suele ser habitual cuando no le interesa
escuchar al Consejo de Estado, por ejemplo.


Otra enmiendas que hemos presentado es a la
disposición final, en la que se establece la creación de una unidad de
supervisión y control de la protección de datos dentro del Ministerio
Fiscal, pero, de paso, se modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal,
añadiendo una cuestión que nos preocupa gravemente al Grupo Popular: que
esta unidad de supervisión y control de protección de datos que se
establece en esta nueva ley orgánica fija como director al frente de esta
unidad a una persona, y les leo textualmente, «de entre juristas de
reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio profesional
y con conocimiento y experiencia acreditados en materia de protección de
datos». ¿Por qué se le quita al Ministerio Fiscal la posibilidad de
dirigir esta unidad, absolutamente fundamental para seguir los criterios
más básicos de protección de derechos fundamentales? Es absolutamente
incomprensible que una vez más el Gobierno de España no atienda las
recomendaciones que la Comisión Europea le está haciendo sobre el
funcionamiento de la Administración de Justicia en España. Ya nos han
llamado la atención sobre la forma de elección de la fiscal general del
Estado. Esto vuelve a incidir nuevamente en los defectos en los que está
cayendo el Gobierno de Sánchez de intromisión del Ejecutivo en las
labores que son propias del Poder Judicial. Y eso es algo que queremos
modificar con esta enmienda que presentamos hoy como voto
particular.


Hemos presentado también otras cuatro enmiendas
a leyes que se han colado en la tramitación, porque, como es una ley
orgánica, las metemos aquí y hacemos el tren de temas que no tienen nada
que ver. Tanto es así, que una de las leyes que modificamos hoy aquí es
la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte, muy interesante, pero que no tiene absolutamente nada que ver
con el ámbito penal ni con la protección de datos. También modificamos
hoy aquí, a través de una disposición final, la Ley de seguridad privada,
que no toca ningún aspecto respecto a los datos y al Código Penal.
Modificamos también la Ley de Tráfico, a través de una modificación de la
Ley Orgánica sobre datos y derecho penal —no nos han metido aquí el
peaje de las autovías de verdadero milagro— (Aplausos); o, por
ejemplo, la Ley de protección de datos personales, en la que se
introducen aspectos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a
través de una disposición adicional, con una técnica legislativa
absolutamente criticable.


Por tanto, estas enmiendas intentan subsanar el
exceso de un Gobierno paralizado, de un ministro que, sin duda, tiene en
esta situación que traemos a este Senado la difícil posición de ni
siquiera aparecer a defender una ley orgánica; una ley orgánica que, sin
duda, hay que apoyar y aprobar, que, como les he dicho, es un texto que
dejó ya elaborado el Partido Popular, que necesitamos aprobar, pero que,
sin duda, no podemos pasar por que se utilice nuevamente el subterfugio
de una ley orgánica para colar cuestiones que nada tienen que ver, en
contra de derechos fundamentales y en contra de principios básicos de lo
que es la buena técnica legislativa y el respeto a instituciones como es
el Consejo de Estado y otros organismos que deberían haber informado
sobre reformas que se introducen aquí de pasada.


Por tanto, nuestro grupo mantiene estas seis
enmiendas a este texto de ley orgánica.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para el turno en contra, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernández
Espinal.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes, señorías.


Con esta regulación cerramos el marco general
coherente de la protección de nuestros datos personales que abarca todos
los ámbitos de competencia, incluida la cooperación policial y judicial
en materia penal. y cumplimos como Estado miembro de la Unión Europea con
la obligación de transposición completa de la Directiva 2016/680.


Se han presentado setenta y cuatro enmiendas.
Tengo poco tiempo, pero intentaré mencionar la posición de nuestro grupo
con respecto a cada una de ellas afrontándolas desde la perspectiva de
los bloques de quienes han presentado todas esas enmiendas.


Quiero resaltar, en primer lugar, que, en
palabras del Consejo de Estado, el texto final del anteproyecto ha
sufrido cambios significativos respecto a la versión inicial como
resultado de las abundantes y variadas observaciones que han sido
formuladas durante la tramitación del expediente, buena parte de las
cuales han sido aceptadas, como indica la propia memoria. Y aún más: en
el trámite del Congreso de los Diputados también se han incorporado
multitud de enmiendas de los grupos políticos, en el ejercicio de la
potestad legislativa que le es propia. No obstante, lamento que un debate
eminentemente técnico que debería abordarse sin trampas, acabe siendo
tergiversado en interés de la polarización. Y como quiera que esa
polarización ha dado recientes buenos resultados, algunos partidos de
esta Cámara —y no quiero señalar— siguen en su línea de
tergiversar y confrontar por confrontar.


El Grupo Popular —voy a empezar por
él—, no presentando enmiendas al articulado, parece decir que lo
avala con la apostilla de que lo dejó preparado. Tengo que recordarles el
calendario, señores del Grupo Popular, porque ya iban ustedes tarde. La
fecha límite para la trasposición de la directiva era el 6 de mayo
de 2018. La moción de censura se produjo el 31 de mayo de 2018.
¿Desastroso trajín? ¿Vienen ustedes a decirnos que somos nosotros los
responsables de un desastroso trajín, tras dos años sin trasponer la
directiva? Si su Gobierno hubiera traspuesto en fecha, ni sanción ni
estas enmiendas, ¿verdad? Porque tras la moción de censura el Gobierno se
encontró con 31 directivas con el plazo de trasposición agotado. ¿Y
vienen ustedes a dar lecciones a nuestro grupo y no se les cae la cara de
vergüenza? En fin. Y presentan enmiendas contra las disposiciones
finales, la regulación específica que se ha dado al tratamiento de los
datos a que se refiere la directiva por parte de los juzgados y
tribunales, competencia que recae, como ustedes deben saber, en el
Consejo General del Poder Judicial, y por parte del Ministerio Fiscal,
que tiene absoluta autonomía en sus funciones.


El Gobierno examinó el anteproyecto en primera
vuelta el 10 de marzo de 2020 y acordó su tramitación administrativa
urgente. Y ha sido informado por el Consejo General, el Consejo Fiscal,
la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia vasca, la
Autoridad catalana, el Consejo de Estado... (La señora presidenta ocupa
la Presidencia). En fin, ustedes, que tanto alardean de defender la
autonomía de la Administración de Justicia, la separación de poderes y la
independencia del Poder Judicial ¿están en contra de que se produzca una
regulación específica en esos ámbitos? ¿Consideran que no deben contar
con un organismo específico de protección de datos con plena garantía de
independencia a los efectos de su función? Defender sus enmiendas de
supresión y la separación de poderes a la vez es incompatible; y, lo que
es más grave, si prosperaran sus enmiendas corremos el riesgo de incurrir
en una trasposición incompleta, con la correspondiente sanción y multa
coercitiva, o sea, una nueva infracción del derecho comunitario.


¿Se han leído ustedes el considerando 80 de la
directiva? Se lo leo — abro comillas—: Aunque la presente
directiva también se aplica a las actividades de los órganos
jurisdiccionales nacionales y otras autoridades judiciales, la
competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento
de datos personales cuando los órganos jurisdiccionales actúan en
ejercicio de su función jurisdiccional con el fin de garantizar la
independencia de los jueces en el desempeño de sus funciones. Los Estados
miembros pueden disponer también que la competencia de la autoridad de
control no abarque el tratamiento de datos personales realizado por otras
autoridades judiciales independientes en el ejercicio de su función
jurisdiccional, por ejemplo, la Fiscalía. En todo caso, el cumplimiento
de las normas de la presente directiva por los órganos jurisdiccionales y
otras autoridades judiciales independientes debe estar sujeto siempre a
una supervisión independiente, de conformidad con el artículo 8,
apartado 3, de la Carta.


Por cierto, el Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo Fiscal ya lo informaron en el dictamen de la Ley
Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, en
el sentido de que no han afeado, además, con posterioridad que se
produzca la regulación que nosotros proponemos. Y lo han indicado
expresamente en ese informe, en el punto 42 del informe del dictamen de
la LOPD y garantía de los derechos digitales.


La ordenación de la normativa aplicable a los
tratamientos con fines jurisdiccionales efectuados por la jurisdicción
penal debería tener el debido reflejo en el artículo 236 bis de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, cuya redacción debe, por demás, actualizarse
de acuerdo con el vigente marco normativo de protección de datos a través
de la correspondiente disposición final del anteproyecto.


¿Que es un tema absolutamente ajeno? Señor
Cañizares, hay que tener cuajo para venir aquí, a esta tribuna, y decir
que la regulación en relación al Consejo General del Poder Judicial es un
tema absolutamente ajeno, como usted ha dicho. (Aplausos). En fin, abusan
tanto ustedes de instrumentalizar el Poder Judicial, que hay veces que se
les va la mano y defienden lo contrario a lo que proponen, además de un
atentado a su independencia lo que plantean ustedes: la supresión de toda
esta nueva regulación contenida en las disposiciones segunda, tercera y
cuarta.


Y con respecto a las siguientes disposiciones
finales, sexta, séptima y octava, se trata de aprovechar y regular
aspectos conexos con la función de nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, como son la potestad sancionadora en el deporte, la
relativa a la seguridad privada, o en relación con la matriculación de
vehículos, disposición que resulta, por cierto, básica y urgente para la
operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con las
conocidas matrículas reservadas, de modo que no se pueda conocer que son
vehículos oficiales o de identidad de personas protegidas. Como de
costumbre, también se erigen en defensores de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, pero, como se suele decir, las dejan a los pies de
los caballos. Nos es la primera vez ni será la última, me temo.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Vasco, le
tenemos que decir, señora Otaola, que el Grupo Socialista hizo, como
usted sabe, un esfuerzo importante para transaccionar y aceptar muchas de
sus propuestas en el trámite del Congreso, y nos plantean las dos
enmiendas que no les aceptamos entonces. Nada ha cambiado, por lo que de
nuevo no las podemos aceptar. Pero, en concreto, con la enmienda relativa
a las consecuencias del silencio positivo, y siguiendo precisamente la
recomendación del Consejo de Estado, atendiendo a las mismas
consideraciones que plantea el grupo parlamentario, estamos ante
supuestos de tratamiento de alto riesgo. Se ha modificado esta
disposición en coherencia con las normas generales que regulan el
procedimiento administrativo común, en concreto con lo que dispone la
Ley 39/2015, en caso de dictámenes preceptivos que no sean sustanciados
en plazo. Y justamente lo que se persigue es que haya una respuesta
expresa a la consulta, evitando que la actuación de fuerzas y cuerpos de
seguridad quede bloqueada.


Y en el último bloque de enmiendas que vamos a
analizar, de Izquierda Confederal, en concreto las presentadas por el
señor Martínez Urionabarrenetxea, de verdad nos encontramos con un
problema de perspectiva, ese sesgo que con su intervención nos ha
confirmado de que estamos ante una norma dictada por una España policial
y represora, hasta el punto de poner en tela de juicio que se traten
datos de sospechosos, que son los datos que fundamentalmente trata
nuestra policía, como va de suyo. En vez de eso, le tengo que recordar
que Europa es el más importante espacio de democracia, libertad,
seguridad y justicia del mundo. Esta norma es fundamental de cara a la
cooperación europea en materia penal. Se incardina dentro de un sistema
de protección de datos personales legislando las especificidades que este
tipo de datos y tratamientos tiene y otorgando seguridad y garantía a las
personas afectadas, lo que significa que los responsables del tratamiento
—policía, juzgados, tribunales y Fiscalía— deben cumplir con
una serie de obligaciones que antes no figuraban en el único artículo que
se refería a estos tratamientos, el 22 de la antigua Ley Orgánica 15/99 y
el capítulo 1 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y justamente los
hechos que ustedes han denunciado desde esta tribuna o no se incardinan
en esta norma o se han producido bajo legislación anterior. Por lo tanto,
bien harían con apoyar una legislación muchísimo más protectora de los
datos de todas las personas.


Y si, como parece inferirse de sus múltiples
enmiendas de supresión, prefieren que no se regulen determinados
aspectos, también nos encontraríamos con un vacío normativo, ya que los
datos a que nos referimos quedan excluidos expresamente del artículo 2.4
de la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos
digitales y, de nuevo, de prosperar sus enmiendas, estaríamos ante una
trasposición incompleta.


Por responsabilidad, y como quiera que cada día
cuenta, deberíamos aprobar el texto como el Congreso nos lo ha remitido,
porque es una regulación que traspone correcta y completamente la
directiva de que trae causa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario
Mixto, en turno de portavoces, interviene el senador Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


Señorías, empezando por el final, como decía la
portavoz del grupo parlamentario, cada día cuenta; cuentan 89 000 euros
de sanción por parte de la Unión Europea. Evidentemente, señorías, Unión
del Pueblo Navarro está en líneas generales de acuerdo con la
trasposición de esta directiva europea del año 2016, y en esa línea
tenemos que destacar que en el fondo estamos prácticamente de acuerdo.
Hay algunas cuestiones que se han introducido en el debate parlamentario
con las que tenemos ciertas dudas, sobre todo por la inseguridad jurídica
que pudiera generar el modificar notablemente algunas leyes que no
tenían, al menos desde nuestro punto de vista, ninguna vinculación con lo
que hoy se trata. Pero, como digo, directiva europea del año 2016.
Llegamos, o llegan, con cinco años de retraso; cinco años de retraso en
una normativa en la que puede ser responsabilidad del Partido Popular en
dos años en que tuvieron responsabilidades de gobierno y prácticamente
tres del Gobierno socialista. Además, a peor todavía que lo podamos
comparar, el Partido Socialista en el Gobierno estableció unos plazos,
una cronología, que envió a las instituciones europeas y que tampoco ha
cumplido y, por lo tanto, las instituciones europeas sancionaron a
nuestro país con 15 millones de multa y 89 000 euros diarios de sanción.
Por tanto, en esa línea, señorías, nosotros consideramos que alguien
debiera asumir sus responsabilidades. Lamentamos que en esta ocasión el
ministro del Interior no nos acompañe y no lo haga tampoco, como se ve en
la bancada azul, ningún ministro; no sé si será por vergüenza torera,
porque esta es una situación realmente preocupante. Por eso, parece
mentira que el ministro del Interior, ese ministro que acerca a decenas y
decenas de presos de la banda terrorista a las cárceles próximas a la
comunidad autónoma vasca y también de Navarra, ese ministro a quien
cuando le hemos preguntado por los acuerdos del Partido Socialista con
Bildu guarda un sospechoso silencio, ese ministro que cesa a un coronel
de la Guardia Civil por cumplir la legalidad...


La señora PRESIDENTA: A la cuestión,
señoría.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Estoy en el
argumento, señora presidenta. Estoy en el argumento y lo va a poder
comprobar.


Ese ministro que no pone ninguna réplica,
ningún impedimento a los homenajes a los terroristas de ETA, ese
ministro, señora presidenta, que cuando hace un mes intentaba justificar
los retrasos en la tramitación de esta trasposición manifestaba que el
Gobierno de España había configurado o constituido una comisión
interministerial a la hora de analizar y hacer un seguimiento efectivo y
directo —decía— de la normativa europea.


Señorías, ¿treinta y seis años después de la
adhesión de España a las instituciones europeas nos damos cuenta de que
hay que trasponer las directivas europeas? Con tanto ministerio, con
tanto ministro, con tanto asesor, ¿somos incapaces, es incapaz el
Gobierno de España de cumplir los plazos que él mismo se ha dado y que
envió a las instituciones europeas? Con tanto ministerio, con tanto
ministro, con tanto asesor, ¿hacemos tan mal las cosas? Son 20 millones
de euros que van a salir de los bolsillos de todos los españoles y que,
en una situación de pandemia y de crisis económica y sanitaria como la
que estamos padeciendo, no se van a poder destinar a paliar los efectos y
la grave situación que padecemos. Por lo tanto, como decía —y de
ahí la coincidencia, señora presidenta—, un ministerio que se ha
dedicado a otras cosas indebidas, improcedentes por parte del ministerio,
y que no se dedica a las cuestiones importantes, y una prueba palpable,
señorías, de que el ministro Marlaska no es digno representante de este
Gobierno y que no asume las responsabilidades que debía asumir. Hoy
tenemos 20 millones más de razones para pedir su dimisión y, si no, su
cese.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: ¿Interviene alguien más
por el Grupo Mixto? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias,
presidenta.


Son 21 586 000 euros. Eso es lo que nos ha
costado la mala gestión y la desidia del ministro del Interior, 21,5
millones, a los que tenemos que seguir sumando 89 000 euros al día por no
haber traspuesto la directiva comunitaria, como sí han hecho ya otros
países miembros.


En julio de 2018, hace casi tres años, la Unión
Europea instó al Gobierno a la tramitación de este proyecto de ley. El 4
de septiembre de 2019, ante la falta de respuesta —esto es muy
grave—, la Comisión Europea presentó un recurso ante el Tribunal de
Justicia Europeo, por lo cual el pasado 25 de febrero nos impusieron dos
multas: una de 15 millones de euros y otra de 89 000 euros diarios, por
lo que ahora nos vemos obligados prácticamente a tramitar esto con prisas
y corriendo. ¿Saben cuántos coches para la Guardia Civil, para la Policía
Nacional, cuántos chalecos antibalas para salvar la vida de nuestros
agentes o cuántas vacunas se pueden pagar con 21,5 millones de
euros?


Señorías, ojalá pudiera decir otra cosa, pero
este Gobierno queda retratado, día sí y día también, y ahora además por
el Poder Judicial. ¿Y aquí nadie asume responsabilidades, señorías? Se ha
dictado sentencia corrigiendo al Ministerio del Interior tras cesar a
Pérez de los Cobos por negarse a incumplir la ley, como le pedían desde
el ministerio. Sentencia porque han tenido que recurrir a la justicia
cuando la Generalitat se ha negado a vacunar a nuestras fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado con el silencio y la complicidad del Ministerio
del Interior, del Ministerio de Función Pública y del de Sanidad. Y aquí
hay otra sentencia que conlleva dos multas, millonarias además, que vamos
a pagar todos los españoles, españoles entre los que además se encuentran
esos guardias civiles, policías, funcionarios de prisiones, jueces y
fiscales y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que les recuerdo
que, al igual que muchos grupos en esta Cámara, también pedían la
dimisión del señor Marlaska, entre otras cosas, por su acercamiento
indiscriminado de los presos de ETA.


Y llegados a este punto, señorías, no puedo
bajarme de esta tribuna sin recordarles la mayor traición que han llevado
a cabo Sánchez, Marlaska y sus socios de Gobierno a la memoria y a la
dignidad de este país. Hoy, 12 de mayo de 2021, quedan solo diez presos
de la banda terrorista ETA por acercar al País Vasco; diez presos que
además están en las cárceles de Andalucía, de donde eran muchos guardias
civiles, policías nacionales, funcionarios de prisiones y políticos
asesinados a manos de ETA; por cierto, muchos políticos también del
Partido Socialista, muchas de cuyas familias siguen viviendo a día de hoy
en Andalucía.






Este acercamiento es un paso más en esta traición y otro
paso más que han dado ustedes también al ceder las competencias de
prisiones a Euskadi. Y ahora van a hacerlo también a Cataluña.


La señora PRESIDENTA: Señoría, a la
cuestión.


La señora PONCE GALLARDO: Es parte del
argumento también.


Esto como antesala de lo que muy probablemente
va a pasar: gestión de los permisos penitenciarios, pases a tercer grado,
concesión de privilegios a asesinos y a terroristas, a los que en breve
se van a encontrar en la calle las familias de las víctimas sin haber
cumplido sus penas íntegramente. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señoría, por favor,
cíñase a la cuestión.


La señora PONCE GALLARDO: Termino.


Ojalá me equivoque, pero es la hoja de ruta que
están siguiendo.


Pese a todo, lo que hoy nos trae aquí es el
debate del dictamen de la ponencia relativa al proyecto de esta ley
orgánica. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: No interrumpan a la
oradora, por favor. No interrumpan.


La señora PONCE GALLARDO: Es un proyecto de ley
cuyo objeto principal es la trasposición de la Directiva 2016/680, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Esta directiva
venía a subsanar las deficiencias que presentaba la derogada Decisión
Marco 2008/977, del Consejo, de 27 de noviembre de 2008.


En nuestro grupo hemos tratado de ser prácticos
y constructivos a lo largo de esta tramitación, tanto en el Congreso como
en el Senado, para evitar que le siga costando dinero a los españoles en
un momento tan delicado de pandemia, como el actual. Y, como ustedes
saben, Ciudadanos registró enmiendas en el Congreso para intentar mejorar
la calidad y la claridad del texto. Algunas fueron rechazadas y otras
fueron parcialmente aceptadas; en concreto, logramos un acuerdo respecto
a una transaccional, y aunque no estamos plenamente satisfechos con el
contenido de la ley porque pensamos que se podría mejorar, esperamos que
sus efectos sean positivos y, por responsabilidad, vamos a votar a
favor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES i GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta. Intervendré brevemente desde el escaño.


Estamos en el debate de este Proyecto de Ley
Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales y de ejecución de sanciones penales, y es de esto de lo que hemos
venido a hablar hoy en este punto del orden del día. Y lo que más me
sorprende cuando veo el Boletín Oficial del Senado es que este tema se
tramita por urgencia, una vez más. Nos encontramos con un proyecto de ley
tramitado por urgencia, pero vemos que nadie ha tenido urgencia en
resolverlo, porque en el mes de mayo de 2018 finalizó el plazo para la
trasposición de esta directiva europea. Alguien puede decir: Bueno, esta
es una excepción, el Estado español hace una excepción, y en estas se nos
han ido los plazos por no sé cuántas excusas. Pero a finales de 2019
—es la última estadística que he encontrado— el Estado
español tenía 85 expedientes abiertos por la Comisión Europea de
trasposiciones que no se han hecho, y no se han adaptado las normativas
del Estado español. Y eso tiene unos costes —lo han dicho otros
portavoces—: una multa a tanto alzado, una multa coercitiva y las
costas procesales. Todo eso lo hemos de pagar todos los ciudadanos del
Estado español.


Si eres independentista catalán y has
gestionado la Generalitat de Catalunya durante el periodo en que se ha
respondido a un tema democrático como era convocar un referéndum, el
Tribunal de Cuentas persigue a los responsables de la Generalitat por
haber aplicado un programa electoral. Y si eres miembro del Gobierno de
España y no aplicas una directiva europea durante años y se ha de pagar
una multa que subirá a más de veinte millones de euros, el Tribunal de
Cuentas mira hacia otro lado y no pasa nada. Tal vez sería bueno instar
al Tribunal de Cuentas a que también les pida a los que son responsables
de estos aplazamientos en la aplicación de esta trasposición. ¿O es que
solo han de perseguir a los políticos catalanes para arruinar a las
familias, no por lo que han hecho, porque son independentistas, por su
ideología? Por tanto, lo que nosotros vemos aquí es un agravio más de los
muchos que podemos ver.


En Junts per Catalunya daremos apoyo a esta
trasposición europea, como hicimos en el Congreso. Allí presentamos una
enmienda que quedó transaccionada, y por los informes jurídicos que
tenemos no hay una invasión competencial, sino que se ha hecho una
trasposición correcta. Junts per Catalunya es una formación política
progresista, por mucho que algunos en el Congreso de los Diputados nos
quieran poner etiquetas de derechas o compararnos con el PP y Vox. Que se
miren al espejo y que miren en qué idioma hablan y con quiénes están
comprometidos y si están trabajando por la libertad de Cataluña. Y esto
tal vez les ayude un poco.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA:
Gracias.


Escribía anteayer Manuel Villoria que, a pesar
de que medir la calidad de una democracia es complejo, algunos grupos de
investigación que se atreven a ello, como, por ejemplo, V-Dem, Varieties
of Democracy, sitúan a España en el puesto decimotercero del mundo en
calidad de democracia liberal en su estudio de 2020, aunque cuando V-Dem
desarrolla los componentes del índice de democracia, como el componente
deliberativo o el liberal, los datos de España empeoran, cayendo a los
puestos 27 o 28. Y lo traigo a colación porque este proyecto de ley, en
opinión de Geroa Bai, va mucho más allá de lo que le corresponde, hace
muchos y preocupantes cambios a los que la directiva europea no da pie.
La directiva protege los derechos de los ciudadanos y limita los poderes
de la policía en el tratamiento de los datos personales de estos. El
proyecto de ley orgánica protege los poderes de la policía en el
tratamiento de los datos personales de las personas físicas y limita los
derechos de los ciudadanos. Es justo su contrarréplica.


Estamos ante un proyecto de ley orgánica que
nos parecía haber sido redactado en oficinas policiales y pensábamos que
era más propio de una visión Vox-PP que de un Gobierno de izquierdas y
progresista. Luego nos enteramos de que el borrador, efectivamente, era
del Partido Popular.


Bien, con el proyecto de ley orgánica, la
administración policial, sus unidades y agentes pueden obtener toda clase
de datos, acumularlos y tratarlos como quieran y grabarlo todo en
cualquier parte en pro de conceptos genéricos como los de seguridad
ciudadana, seguridad nacional, lucha contra el terrorismo, delitos graves
—¿cuáles, señorías?—, crimen organizado, y hasta predenunciar
y sancionar cualquier infracción administrativa que se cruce por el
camino. En cambio, todo lo que son los derechos de los ciudadanos, que la
Unión Europea nos prometió en sus tratados que nos garantizaba, con esta
ley, insisto, pasan a ser derechos formales y casi papel mojado, o más
bien obligaciones para con la policía, frente a lo que dice incluso el
artículo 24.2 de la Constitución, obligando a la ciudadanía a lo que en
una palabra podríamos describir como sincericidio.


Todos los ciudadanos, por el mero hecho de
serlo, se convierten en posibles sospechosos de poder cometer un delito
en el futuro —recuerden, Minority Report—, al mismo tiempo
que la Administración puede conseguir todos nuestros datos personales,
incluso los más sensibles y protegidos, sin necesidad de solicitar
nuestro consentimiento ni de darnos explicaciones, pudiendo poner también
cuantas cámaras, vídeos y grabadoras quiera donde quiera y cuando quiera
—el ojo del gran hermano—. Y todo ello, por supuesto, sin
avisar. La seguridad policial ante todo.


Claro que tenemos distintas perspectivas,
señora portavoz del Grupo Socialista, claro que sí. Todo en esta ley es
excesivo y desproporcionado cuando se trata de prerrogativas y
privilegios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de sanciones y
obligaciones para los ciudadanos. Lo peor es que nadie se lo va a creer,
aunque lo digamos, y es que ustedes mismos hacen como que no se
enteran.


Los obligados son los ciudadanos, personas
físicas, a dar toda la información que se les pida, con lo que se
autoinculpan ante la policía y el juez. Los ciudadanos no deben poner
pegas ni molestar con la cantinela de sus derechos de cancelación; deben
soportar lo que se les ordene y, si se oponen, ser multados con sanciones
desproporcionadas, etcétera. La policía y su administración tienen
incluso la facultad de no tener que motivar sus resoluciones cuando
denieguen a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, que la normativa
de la Unión Europea les/nos reconocía en los tratados.


Con esta ley, en vez de avanzar hacia una
democracia moderna —eso que decía el Preámbulo de la Constitución
de conseguir una sociedad democrática avanzada y todo aquello—, lo
que hacemos es marchar a toda prisa hacia la jibarización de nuestros
derechos a la intimidad personal y familiar y a que nuestros datos
personales, incluso los más íntimos, obren en poder de la policía para
sus fines o para cualesquiera otros fines públicos, incluidos los datos
de lo que pensamos política, religiosa, sindical, sexualmente.


Nuestra responsabilidad no es vigilar cómo se
desarrolla la ley, nuestra responsabilidad es hacer buenas leyes. No es
nuestra responsabilidad correr para evitar multas, nuestra
responsabilidad es hacerlo despacio y a tiempo, como se hacen las cosas
importantes.


Señorías, ¿recuerdan aquello de —ya lo
denunció George Orwell— la guerra es la paz, la libertad es la
esclavitud, la ignorancia es la fuerza? Big brother is watching you and
me.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko.


Como ya dijimos en la comisión y ya se ha dicho
en esta tribuna, estamos ante la trasposición de una directiva que
debería haber estado incorporada al derecho interno del Estado español,
como tarde, el 6 de mayo de 2018.


Quiero aprovechar nuevamente para denunciar la
lentitud del Estado español en cumplir con los compromisos legales, y en
este caso los europeos. En Euskadi conocemos bien la lentitud y las
trabas para cumplir los compromisos legales por parte del Estado español.
Gobiernen unos u otros, siempre tenemos que estar negociando traspasos de
medios correspondientes a competencias ya reconocidas mediante nuestra
ley orgánica, que es el estatuto de autonomía; competencias que tenemos,
no nos dan nada. Lo único que reclamamos una y otra vez son los medios
personales y materiales para hacer efectivas unas competencias que,
insisto, son nuestras.


Pero volviendo al tema que nos ocupa, como ya
dijimos en la comisión, el objeto de la directiva sobre la protección de
datos en el ámbito penal lo encontramos regulado en el artículo 1.2, y no
es otro que proteger los derechos y libertades fundamentales de las
personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los
datos personales cuando el tratamiento lo lleven a cabo las autoridades
policiales o judiciales con fines de prevención, investigación, detección
o enjuiciamiento de infracciones penales, incluidas la prevención y
protección frente a las amenazas contra la seguridad pública; y
garantizar que el intercambio de datos personales por parte de las
autoridades competentes en el interior de la Unión, en el caso de que el
derecho de la Unión o del Estado miembro exijan dicho intercambio, no
quede restringido ni prohibido por motivos relacionados con la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales. Por lo tanto, es evidente la importancia de esta
trasposición, sobre todo, porque, aunque a primera vista esta directiva
tiene la misma estructura que el Reglamento General de Protección de
Datos, siendo en ciertas partes la redacción casi idéntica, tiene la
particularidad de ser mucho más limitada y restrictiva y, por lo tanto,
más garantista de las personas. Así, sin ánimo de extendernos en exceso,
por ejemplo, los procesos judiciales en el ámbito penal no están
sometidos al régimen general contenido en el reglamento, sino que tienen
un régimen propio contenido en la directiva. De ahí que insistamos
nuevamente en este turno en la necesidad de que se incorporen al texto
definitivo las enmiendas que hemos presentado precisamente en aras de una
mayor garantía de las personas.


Del mismo modo, esta ley orgánica ofrece
seguridad y garantía al personal funcionario y a las autoridades
policiales y judiciales, ya que la trasposición evita interpretaciones y
supone una mayor seguridad jurídica para todas las actuaciones de todas
las partes.


No me voy a extender en el tema de la multa y
de las sanciones, porque ya se ha dicho.


No cabe tampoco cuestionarse la incorporación
de la directiva citada al ordenamiento jurídico español, pues cuestionar
su incorporación —y lo hemos dicho otras veces— supondría
cuestionar la propia Unión Europea puesto que su ordenamiento jurídico es
la base de la propia existencia de la Unión Europea.


Me voy a referir ahora a la segunda enmienda.
La señora Hernández aludía a que se estaba respetando el procedimiento
que se establece en el artículo 80 de la Ley 39/2015, pero se les olvida
decir una cosa que yo creo que es fundamental: este artículo establece en
su primera parte que, efectivamente, en caso de que el informe sea
preceptivo el procedimiento no continúa. Es lo que se alegó en la
comisión y se ha vuelto a manifestar aquí. Pero se les olvida la segunda
parte de este artículo, que es, a mi modo de ver, bastante más
importante, y es que esa no continuidad del procedimiento en caso de que
el informe sea preceptivo no se reconoce en el caso de que el informe
deba ser emitido por una Administración, de forma que, en un caso como el
que nos ocupa, el hecho de que el informe sea preceptivo o no afecta a
que el procedimiento pueda continuar, porque debemos tener claro que las
agencias de protección de datos son entidades de derecho público y, por
lo tanto, según el artículo 2 de la Ley 40/2015, pertenecen al sector
público por estar vinculadas a la Administración. Así pues, el
procedimiento podría continuar adelante aunque el informe no se hubiera
sustanciado o no existiese en el procedimiento. Por eso insistimos en la
necesidad de que el silencio sea negativo, aunque vuelvo a repetir que
entendemos que hubiera correspondido la caducidad.


No podemos admitir tampoco que, si no se
incorporan estas enmiendas, el grupo que sostiene al Gobierno alegue que
ello supondría que el texto vuelva al Congreso, porque estamos en un
sistema bicameral. El sistema parlamentario español es bicameral y las
Cortes Generales están compuestas por las dos Cámaras, el Congreso y el
Senado. Entonces, a nosotros nos corresponde también ejercer la función
legislativa, y como función legislativa que vamos a ejercer entendemos
que debemos mantener estas enmiendas. Por eso lo hemos hecho, porque
tanto en el Congreso como aquí el Grupo Vasco sostiene la necesidad de
garantizar todos los derechos de las personas; si no, poca labor nos
correspondería hacer si lo que vamos a hacer es admitir los textos según
vienen del Congreso y no podemos mantener las enmiendas o incorporar
otras nuevas, si así procediere.


Por lo tanto, seamos responsables. Aprobemos,
efectivamente, esta ley, porque así corresponde la trasposición de la
directiva, pero hagámoslo con una redacción adecuada y garantista de los
derechos que nos corresponden a todas las personas.


Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Castellana
Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias,
presidenta.


La trasposición de una directiva europea nos
permite recordar el compromiso europeo del movimiento republicano
catalán, del movimiento independentista catalán, que no es un movimiento
que quiera levantar fronteras, sino un movimiento que, en concepto
internacionalista, buscando la verdadera cooperación internacionalista,
quiere que la población de Cataluña no esté sometida al nacionalismo
español, ese nacionalismo que permite que agentes, funcionarios y poderes
se otorguen la capacidad de vigilantes de la pureza, de vigilantes de la
unidad nacional, de vigilantes de la patria milenaria o millonaria, o
quizás más antigua que el planeta Tierra. Por eso, nuestro compromiso es
que, aunque Europa tenga dificultades, aunque Europa a veces no sea ese
instrumento de transformación de la realidad objetiva en la que vivimos
los ciudadanos de acuerdo con aquello que esperamos, que no esté siempre
a la altura en el mundo en que vivimos, Europa es un faro de progreso y
de protección de los derechos humanos. Entendemos la necesidad de tener
una armonización de procedimientos que vele por la protección de los
derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos en general de
toda la ciudadanía que nos permitan vivir de acuerdo con aquello que
somos y con protección de nuestros derechos.


En este caso la ley que debe trasponer la
directiva lleva a la protección de los derechos y libertades
fundamentales de las personas físicas, especialmente en los datos
personales en esos ámbitos que aún no estaban regulados. La nueva ley
también debe facilitar la cooperación internacional, policial y judicial
en ese equilibrio entre la protección de cada una de nosotras como
personas ante aquellos que quieren agredir nuestros derechos pero la
protección también ante aquellos poderes que nos quieren súbditos, que en
esa obcecación de determinados —perdonen que haga el signo de
comillas— servidores públicos se creen los justicieros, a través de
los cuales los ciudadanos devenimos súbditos.


Nuestra preocupación principal es aquella farsa
de la Transición del 78, en la cual los ficheros políticos del franquismo
no desaparecieron. Desde entonces hasta ahora hemos tenido constante
evidencia del mantenimiento de ficheros de datos políticos. Lo que no
puede ser es que pertenecer a un grupo político, a una asociación, a una
religión o a una cultura sea una razón para estar fichado aún hoy en
día.


Esta reglamentación también prohíbe esta
cuestión, pero ¿cómo lo tenemos que hacer para que aquellos delincuentes
que operan en las estructuras del Estado dejen de delinquir con recursos
públicos contra la libertad y seguridad ciudadanas? Esa es la pregunta
que deberíamos hacernos todos hoy, más allá de la aprobación de esta
ley.


Valoramos positivamente las enmiendas que han
incrementado la garantía y la participación ciudadana en la defensa de
sus derechos y sus libertades. No obstante, la justicia no debe ser
solamente de leyes, debe ser de hechos. Las personas vivimos en un mundo
donde, en teoría, rigen las leyes, pero aquello que nos afecta a las
personas son las condiciones objetivas en las que vivimos. Por eso, leyes
justas, sí, pero, sobre todo, justicia también.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martínez-Maíllo Toribio.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Buenos días,
señora presidenta.


Le deseo sinceramente que mejore su voz y que
se cure cuanto antes.


Estamos ante una trasposición de una directiva
que permite la colaboración policial y judicial entre países de la Unión
Europea en la prevención y el esclarecimiento de delitos, trasmitiendo
información entre países, entre policías y entre miembros de la justicia
de carácter personal, pero siempre protegiendo los principios
democráticos y los derechos de los ciudadanos. Sigue habiendo amenazas
importantes, y los atentados de Niza, Bruselas o Barcelona son un ejemplo
de ello. Estamos ante la lucha permanente entre libertad y seguridad, que
no es más que un binomio perfecto en cualquier sociedad democrática, pero
la seguridad es un instrumento al servicio de la garantía y de los
derechos y las libertades de todos; no es un fin en sí mismo, sino un
medio para conseguir la libertad.


Este es un texto que se ha traído por el
Gobierno y que le dejó el Gobierno del Partido Popular envuelto con un
lacito para que lo llevara al Congreso y al Senado, cuando se produjo la
moción de censura. Por lo tanto, es un texto que fue elaborado por el
Partido Popular y por esa razón lo va a apoyar el Partido Popular.


Pero, ya que se ha hablado de sanciones, me
gustaría dar algunas fechas. Ustedes llevan gobernando desde mayo o junio
del año 2018 y quiero recordar que estamos exactamente en mayo del
año 2021. Han pasado tres años, por lo tanto, díganme ustedes de quién es
la culpa y la responsabilidad de la sanción que nos ha impuesto Europa.
(Aplausos). Han tardado tres años para trasponer una directiva que ya les
habían dejado preparada y que solo tenían que traer al Congreso y al
Senado. Es más, la sentencia por la cual se impone una sanción es de 25
de febrero del año 2021, después de que hubiera no sé cuántos
requerimientos al Gobierno socialista. Repito: el 25 de febrero. A partir
de esa fecha, senadora de Vox, es cuando se produce la sanción; a partir
del 25 de febrero del año 2021. ¿Cuándo entró en el Congreso de los
Diputados esta ley para trasponer? ¿Cuándo entró en el Congreso de los
Diputados? En la misma fecha de la sentencia, exactamente en febrero del
año 2021. Repito que han tardado exactamente tres años, pero además han
tratado por todos los medios de engañar a Europa cuando le dijeron que
tendría que estar traspuesta en marzo del año 2020. Y lo han hecho mal
porque han introducido una serie de enmiendas que nada tienen que ver,
como ha dicho mi compañero. Por lo tanto, si tiene que volver al Congreso
será una doble responsabilidad, primero, por no traerla a tiempo y,
segundo, por meter enmiendas que no tienen nada que ver con el contenido
de la ley. En ese sentido hemos presentado una serie de enmiendas, que
espero que tengan la aprobación mayoritaria de esta Cámara.


Además, a través de esta ley se pone de
manifiesto la escasa capacidad de este ministro y de este ministerio de
presentar ningún tipo de producción legislativa. Solo ha habido dos
textos legislativos desde que el ministro Marlaska es ministro del
Interior, solo dos, y los dos son trasposiciones de directivas. No hay
ninguna sola iniciativa buena del ministro Marlaska desde que es ministro
del Interior, ni una sola. ¿Es que no hay nada que hacer? Sí, hay muchas
cosas que hacer, por ejemplo, la modificación de la Ley general
penitenciaria para la equiparación salarial de los funcionarios de
prisiones y los reconocimientos de autoridad. Por cierto, hoy se ha
sabido que se ha empezado a vacunar a los presos y se ha dejado de
vacunar a los funcionarios de prisiones. Por favor, señores del Gobierno,
cumplan los protocolos y vacunen también a los funcionarios de prisiones.
Por favor, háganlo. (Aplausos). No hagan como con las fuerzas y cuerpos
del Estado en Cataluña, que fueron los jueces los que les obligaron a
hacerlo. También está la elaboración de una ley de bomberos, una ley de
retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una nueva
ley de protección civil. Son tantas y tantas las cosas que hay que hacer,
pero no han hecho absolutamente nada en estos años. Evidentemente,
ninguna cosa buena porque todas han sido bastante malas. Este ministro se
ha dedicado a hacer purgas dentro del Ministerio del Interior. Ha sido
condenado por una sentencia judicial por decirle a un guardia civil
honesto y honrado que cometiera un delito, y fue cesado precisamente por
eso. Sí, el señor Pérez de los Cobos. A ustedes no les gusta que les
recordemos esto, pero es verdad. Y además se dedican a hacer campaña. Por
cierto, no sé quién fue el lumbrera que mandó a Marlaska a hacer campaña.
Si no fuera porque insultó al Partido Popular, les daría las
gracias.


La señora PRESIDENTA: Señoría...


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Y todavía el
señor Marlaska no ha salido a esta ni a ninguna tribuna a pedir perdón a
los millones de votantes del Partido Popular por insultarnos de manera
obscena en campaña electoral. Todavía no. (Aplausos).


Por último, otra de las cosas que ha hecho mal:
se dedica a contentar al entorno de ETA dando beneficios penitenciarios a
presos de ETA, lo cual, sin duda, es una ignominia, sobre todo para las
víctimas del terrorismo.


Así que, señores del Partido Socialista, este
fue un texto que les dejamos preparadito, han tardado tres años, han
presentado enmiendas, lo vamos a aprobar, pero la responsabilidad de la
sanción es única y exclusiva de la desidia de un ministro agotado,
acabado y que debería haber dimitido, el señor Marlaska.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señora
presidenta, señoras y señores senadores.


Señorías del Partido Popular, siempre en el
ruido y en la furia. Señor Maíllo, siempre embistiendo. Le voy a recordar
algunas cuestiones. Año 2012: la Comisión Europea presentó el proyecto de
la Directiva 680. Estuvieron ustedes, el Gobierno del Partido Popular, el
Gobierno de Rajoy, cuatro años negociando esta directiva. En 2016 entró
en vigor, y durante dos años ni rastro de anteproyecto de ley ni rastro
de proyecto de ley. Nada de nada, ni con lacito ni sin lacito. Nada de
nada. (Aplausos). Seis años de gobierno del Partido Popular
desperdiciados. ¿En qué estaba el Ministerio del Interior durante esos
seis años, señor Maíllo? ¿Hace falta que se lo recordemos a usted en
particular? ¿Hace falta que recordemos a qué se dedicaba el Ministerio
del Interior en ese tiempo? (Aplausos). Señorías, el 1 de junio de 2018
los españoles censuraron al Gobierno del Partido Popular. ¿Saben qué se
encontró el Gobierno socialista en los cajones? ¿Lo saben? Ochenta y dos
directivas pendientes de trasposición —ochenta y dos—,
treinta y una como esta, con el plazo caducado. Repito: ochenta y dos
pendientes de trasposición, treinta y una de ellas con el plazo caducado.
Año 2019: investidura fallida, repetición electoral, Gobierno en
funciones. Año 2020: pandemia. Pero, aun así, hoy aprobaremos esta ley de
protección de datos porque España tiene un Gobierno que gobierna, un
Gobierno que traspone directivas, un Gobierno que cumple con sus
obligaciones europeas. Un Gobierno, señorías, que gobierna.
(Aplausos).


Hoy nos trae algo relevante, señorías. La
defensa de la dignidad humana hoy está vinculada a la protección de datos
y la protagoniza Europa frente a los grandes titanes de internet, los
nuevos imperios tecnológicos, lo que Shoshana Zuboff denomina el
capitalismo de la vigilancia. Esos nuevos ingenios, cuyo nutriente básico
son los datos personales, también vienen acompañados de conflictos y
combates entre David y Goliat, como el que protagonizó hace una década la
Agencia Española de Protección de Datos con Google para reconocer el
derecho al olvido en internet, o la exitosa pugna de hace un lustro entre
un ciudadano austríaco, Schrems, con Facebook para impedir la
transferencia a los Estados Unidos de datos a su agencia de seguridad
nacional, o el desenmascaramiento del Cambridge Analytica. Son ejemplos
en Europa del éxito de los derechos frente a la tecnología. Porque esta
historia de éxito también ha sido una historia de horror, y esta historia
de dignidad y derecho se ha construido también sobre las cenizas del
horror. Europa aprendió del valor de los derechos cuando la arrasó el
fuego de la sinrazón. En Holanda los nazis exterminaron al 90 % de la
población judía gracias a que su censo contenía datos sobre las creencias
religiosas. Otro tanto también ocurrió en Alemania. Cuatro décadas
después estalló el caso Safari. La Constitución española se hizo eco de
ese escándalo; el Ministerio del Interior francés informatizando en
secreto datos personales masivos con fines policiales. Por eso nuestra
Constitución proclama en su artículo 18.4 que la ley limitará el uso de
la informática.


Hoy, señorías, abordamos la trasposición de la
Directiva 680. Esta directiva coloca de nuevo a Europa a la vanguardia,
deroga la vieja decisión marco de 2008 y extiende la protección de datos
a toda actividad nacional de carácter policial y judicial penal. La ley
que hoy aprobamos, señorías, intensifica garantías, pero preservando la
eficacia de la seguridad. La ley regula lo indispensable, señorías,
también una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, una reforma obligada por el reglamento y
la directiva para lograr una trasposición completa, no parcial, sin
sanciones, sin multas. ¿Acaso han oído ustedes alguna queja del Consejo
General del Poder Judicial, oficial u oficiosa, a este respecto? Eso
debería hacerles pensar.


Termino, presidenta. Que no se nos olvide nunca
que la calidad de una democracia la marca el valor que otorgamos a los
derechos fundamentales y a nuestras libertades públicas.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de
Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales y de ejecución de sanciones penales, se procederá a continuación
a abrir el plazo para emitir el voto telemático para todas las votaciones
reglamentariamente previstas, que son las siguientes: votación de las
enmiendas; las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno. Y votación, en un solo acto, del
resto del proyecto de ley.


Se abre la votación telemática desde este
momento, que son las trece horas y cincuenta y dos minutos, hasta las
quince horas y cincuenta y dos minutos.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO DE
LA FIGURA DE EMILIA PARDO BAZÁN, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU
MUERTE.


630/000014

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


La señora PRESIDENTA: A continuación se da cuenta a
la Cámara de que se ha presentado una declaración institucional firmada
por todos los grupos parlamentarios, con número de registro 97945, por el
centenario del fallecimiento de la escritora Emilia Pardo Bazán.


Procede a dar lectura el señor secretario primero
de la Mesa de la Cámara, el senador Fajardo Palarea.


El señor FAJARDO PALAREA: Gracias, señora
presidenta.


Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre
de 1851 en A Coruña y aprendió a defender su libertad individual animada
por las palabras de su padre, que alentó su lucha feminista con estas
palabras: «Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen
alguna vez que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no,
di que es mentira porque no puede haber dos morales para dos sexos.»


Cuando residió Madrid frecuentó los ambientes
literarios y teatrales de la época. Era una mujer culta que hablaba
varios idiomas y se codeó y mantuvo correspondencia con los grandes
intelectuales de la época. Vivió en Burdeos, Ginebra, Turín, Milán,
Venecia o París y conoció a Víctor Hugo y a Émile Zola, del que aprendió
las técnicas naturalistas.


De su obra naturalista cabe destacar que relató
como nadie la realidad de las cigarreras que trabajaban en la Fábrica de
Tabacos de A Coruña a través de Amparo, la protagonista de La tribuna
—1882—, en la que por primera vez se da voz a un colectivo de
trabajadoras con las que convivió la escritora para poder tratar con
fidelidad sus duras vidas y condiciones de trabajo, así como la serie de
artículos publicados semanalmente en La Época, La cuestión palpitante,
entre 1882 y 1883. Una forma de escribir que fue denunciada como
escandalosa por muchos sectores de la sociedad de la época y para sus
colegas escritores, que no alcanzaban a comprender esa actitud de una
mujer que se pone al mismo nivel que un hombre, más tratándose de una
mujer libre, pues se encontraba separada de su marido y no dependía
económicamente de nadie, decidiendo dedicarse profesionalmente, en
exclusiva, a la producción literaria.


Obras como Los pazos de Ulloa, en 1886, y La madre
naturaleza llevan a Pardo Bazán a lo más alto de la literatura del
momento.


Con posterioridad funda la revista Nuevo Teatro
Crítico, cuyo contenido está dedicado fundamentalmente al feminismo. Hay
que poner en valor las palabras de Pardo Bazán en aquella época cuando
decía: Yo soy una radical feminista; creo que todos los derechos que
tiene el hombre debe tenerlos la mujer. Una de las grandes luchas en las
que estuvo inmersas fue en el derecho a la educación de las mujeres, ya
que para doña Emilia la educación de la mujer era una «doma» ya que lo
que proponía era la obediencia, pasividad y sumisión de las mujeres a sus
maridos.


También encontramos escritos que revelan una Pardo
Bazán sensible al maltrato de las mujeres. Ya hablaba entonces de
«mujericidios», «feminicidios» o «ginecidios», cuya dramática realidad
plasmó en el cuento El indulto.


Emilia Pardo Bazán desenvolvió un destacado papel
en la escena intelectual y social del país, pero no consiguió ocupar un
sillón en la Real Academia de la Lengua, únicamente por el hecho de ser
mujer, ya que hubo una fuerte oposición de los intelectuales de la época
que estimaban que era una «pretensión estrafalaria» pues consideraban a
las mujeres que escriben un error de la naturaleza. Sin embargo, sí fue
la primera mujer en participar y dirigir muchas instituciones de la
época.


Fue la primera mujer en hablar en La Sorbona de
París.


En 1887 se convierte en la primera mujer que ocupa
la tribuna del Ateneo en Madrid para impartir una conferencia sobre
literatura rusa. Además de convertirse años después en la presidenta de
la sección de Literatura de esta institución.


En 1904 fue la primera mujer en conducir un
automóvil en España.


En 1905 se convierte en la primera mujer socia de
la institución del Ateneo.


En 1910 fue nombrada «consejero» de «Instrucción
Pública», de la que fue la primera mujer cronista.


En 1912 fue elegida la primera mujer socia de
número de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, lo que le
permitió votar a los senadores por el cupo de sociedades económicas y se
convirtió en la primera mujer que votaba en España en unas elecciones
políticas en las elecciones generales a Cortes de 1916. El resto de las
mujeres tuvo que esperar hasta las elecciones de 1933.


En 1916 fue la primera mujer en acceder a una
cátedra en España cuando fue nombrada catedrática de Literatura en la
Universidad Central de Madrid.


Emilia Pardo Bazán falleció en Madrid el 12 de mayo
de 1921. Hoy, 12 de mayo, conmemoramos el centenario de la muerte de una
mujer de talento inagotable, una de las escritoras más importantes e
influyentes de la España contemporánea. Una mujer feminista que defendió,
tanto en el ámbito personal como profesional el acceso de la mujer a la
educación y a los derechos en igualdad de oportunidades que los
hombres.


Por todo lo expuesto, el Senado de España expresa
su reconocimiento a la figura de Emilia Pardo Bazán, tanto en el ámbito
cultural como feminista, y manifiesta su adhesión a todos los homenajes
que desde las diferentes instituciones se están llevando a cabo,
reconociendo la creatividad y el talento de doña Emilia Pardo Bazán en su
producción literaria, así como su figura como activista del feminismo
contemporáneo europeo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Se entiende que el Pleno
acepta por asentimiento la declaración institucional.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.


621/000019

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



La señora presidenta lee los puntos 10., 10.1.
y 10.1.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora
Fernández Molina.


La señora FERNÁNDEZ MOLINA: Gracias,
presidenta.


El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 24 de
marzo de 2021, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que
finalizaba el día 7 de abril, fue ampliado hasta el 13 de abril
de 2021.


A este proyecto de ley se presentaron 290
enmiendas, de las cuales las números 154, 155, 157 y 190 a 204 no fueron
admitidas a trámite. El día 5 de mayo la comisión ratificó la ponencia,
que quedó integrada de la siguiente manera: doña Patricia Abascal
Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Aurelio Aguilar
Román, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Laura Castel Fort, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; don
Alberto Prudencio Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; don
Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; don Miguel Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular;
don Tomás Marcos Arias, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; don José
María Oleaga, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Teresa
Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña María Rosa
Peral Díez, del Grupo Parlamentario Vasco; y doña Violante Tomás
Olivares, del Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia se reunió los días 26 y 29 de abril
y 5 de mayo para emitir su informe, que introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió
para dictaminar el día 5 de mayo y emitió dictamen de conformidad con el
informe de la ponencia. Se trató de una propuesta por la que, en primer
lugar, se incorporaban diversas enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En segundo lugar, se incorporaban 47 propuestas de
modificación sobre la base de diversas enmiendas y, en tercer lugar, se
incorporaban 11 correcciones técnicas. Han presentado votos particulares
a este dictamen el señor Catalán Higueras, la señora Merelo Palomares y
los señores Marín Gascón y González-Robatto Perote, el señor Cleries i
Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs y los Grupos Parlamentarios
Ciudadanos, Vasco en el Senado y Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


Tal y como queda de manifiesto en el preámbulo
del proyecto de ley, señorías, la presente reforma de la legislación
civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la adecuación de
nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. La nueva regulación está
inspirada, como nuestra Constitución exige en su artículo 10, en el
respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos
fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con
discapacidad.


Quiero dar las gracias a todos los miembros de
la ponencia por su voluntad de acuerdo; a las entidades que representan
los intereses de las personas con discapacidad, que han reivindicado,
impulsado y acompañado la tramitación de este proyecto de ley y que hoy
han querido compartir este momento histórico con nosotros y a quienes
saludo afectuosamente: Cermi, Plena Inclusión, ONCE y a todas aquellas
que ellos representan. También quiero darle las gracias a Maiky, Alba,
Antoñito, Begoña, Deyanira, Ángel y a muchos más, por ser nuestra
inspiración; a los servicios de la Cámara, al señor letrado, don Fernando
Marín; a los grupos parlamentarios, y a la Mesa del Senado por permitir a
la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, en su condición
de comisión legislativa, contribuir con esta reforma a mejorar la vida de
las personas con discapacidad. Y a ustedes, señorías, y a todos nosotros,
porque con el debate y tramitación de esta ley y con nuestro voto vamos a
revolucionar el marco jurídico español con un claro objetivo: capacitar
jurídicamente a las personas con discapacidad en condiciones de igualdad
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, presidenta de la
comisión.


¿Harán uso los grupos del turno en el debate a
la totalidad? (Denegaciones).


Pasamos al debate de las enmiendas al
articulado, votos particulares. En primer lugar, enmienda número 1. Tiene
la palabra el senador Catalán Higueras por tiempo de tres minutos.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Gracias, señora
presidenta.


En primer lugar, quiero sumarme a las palabras
de la propia presidenta de la comisión y a los agradecimientos que ha
realizado porque creo, sinceramente, que el trabajo de esta comisión ha
sido arduo, intenso y, sobre todo, fructífero.


Yo destacaría del trabajo de la comisión, como
hemos podido comprobar a lo largo de todo el debate de hoy y de las
intervenciones de los grupos parlamentarios —de la inmensa mayoría
de ellos—, el consenso alcanzado. ¿Se podía haber hecho un poquito
más? Pues quizá también sí, y de ahí el mantenimiento de algunos votos
particulares y, en nuestro caso, de una de las enmiendas. Otras se han
transaccionado y, por lo tanto, queremos también reconocerlo.


En este sentido, señorías, nosotros queremos
mantener esta enmienda, la número 1, que coincide con las presentadas por
otros grupos parlamentarios, como Ciudadanos y el Vasco, sobre todo a la
hora de buscar la no limitación de la voluntad y preferencias de las
personas con discapacidad, y hacerlo todo ello dentro del marco que ha
conllevado el debate de este proyecto de ley, como es la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del
año 2006, y ratificado por nuestro país en el año 2008.


Además, consideramos que se ponen también las
salvaguardas y los condicionantes para que esta enmienda pueda ser
aceptada, fundamentalmente en el establecimiento de un testamento
abierto, como plantea la propia enmienda, y que viene a garantizar la
participación del notario autorizante una vez que se tenga la
disponibilidad de capacidad suficiente por parte de esta persona con
discapacidad, de manera idéntica a lo que recogen las voluntades del
proyecto de ley en el artículo 665.


Decía la presidenta de la comisión que se han
presentado 290 enmiendas, muchas de ellas transaccionadas, y decía, sobre
todo, que es un día histórico, y por supuesto me sumo a esa enhorabuena y
a esa felicitación, porque a partir de ahora este país,
independientemente de la proclamación internacional de esa Convención del
año 2006, hará realidad muchas esperanzas y muchas ilusiones.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Enmiendas 6 a 77, de los senadores
González-Robatto Perote, Marín Gascón y de la senadora Merelo
Palomares.


Tiene la palabra el senador Marín Gascón por
tiempo de quince minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado setenta y dos enmiendas: sesenta y una de modificación, cinco
de adición, cinco de supresión y una de sustitución. Por falta de tiempo
material para poder explicar y justificar cada una de ellas, les resumo
las más importantes.


La enmienda número 44 es de sustitución al
artículo 237. La justificación es que el adverbio proporcionalmente, que
se suprime, sería en su aplicación causa de inseguridad y dificultades
por su indeterminación relativa. El cierre propuesto subviene
razonablemente a esa necesidad de certeza.


Las enmiendas números 23, 51, 52, 55 y 77 son
de supresión. La número 23 es de supresión al artículo 219 y la
justificación es para mantener en vigor el artículo 171 del Código Civil
con las modificaciones indicadas. La número 51 es una enmienda de
supresión al artículo 3.1, puesto que ya existe un libro a tal fin. La
número 52 es una enmienda de supresión al artículo 4.3, porque se repite
y se contradice parcialmente con el nuevo proyectado artículo 756.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, según se redacta en el proyectado
artículo 4, apartado 12, de este proyecto de ley. Alternativamente,
podría suprimirse el proyectado nuevo artículo 756.3 e incorporar su
texto al artículo 52.1.5 del Código Civil, que es realmente la norma
general sobre competencia y que tendría un alcance más completo.


La enmienda número 55 es de supresión al
artículo 4.13. En ella se propone la supresión del apartado cuarto, ya
que puede suponer demoras y dificultades innecesarias en el desarrollo de
los procesos, y se aparta del principio de perpetuatio
iurisdictionis.


La número 77 es una enmienda de supresión a la
disposición adicional primera. El Gobierno propone en este caso un
precepto con clara intención de que el Poder Ejecutivo reciba del
legislador un desproporcionado margen discrecional que queda al albur de
las normas reglamentarias que dicte la propia Administración. A ello se
une el hecho de que, de aprobarse norma de esta naturaleza, se estaría
dando pie a la intromisión de entidades que puedan adolecer de un sesgo
ideológico, allegadas a la orientación política del Gobierno de cada
momento, con clara influencia en procesos trascendentales de carácter
judicial y con consecuencias en la esfera personal y derechos
fundamentales para una generalidad de españoles.


Se pretende, por tanto, ceder a entidades
ajenas a la propia Administración la posibilidad de intervenir en la
orientación política de acciones de gobierno y en las actuaciones de
jueces y tribunales que, a la postre, resultarán trascendentales para la
consecución del bienestar de un sector de la población que necesita
especialmente la protección de los poderes públicos, ausente de todo
condicionante ideológico, y que debe fundarse en enfoques científicos y
basados en la buena gestión.


Las enmiendas números 11, 27, 39, 40 y 59 son
de adición. La número 11 es al artículo 1.6. Se añade un último párrafo
que incluye, en relación con las personas sordas o sordociegas, la
utilización de intérpretes o mediadores en aplicación de la Ley 27/2007,
de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Tal redacción resulta
necesaria para evitar situaciones de discriminación por razones de
accesibilidad universal y, en concreto, de accesibilidad jurídica. Se
recoge así legalmente la doctrina de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, actualmente Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, en relación con la intervención de intérpretes de
signos o dactilológicos.


La número 27 es una enmienda de adición de un
segundo párrafo al artículo 2.22. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, que
está interviniendo un orador.


El señor MARÍN GASCÓN: La número 39 es una
enmienda de adición de un párrafo al artículo 2.22, que modifica el
artículo 259 del Código Civil. La número 40 es una enmienda de adición de
un párrafo al artículo 2.22 que modifica el artículo 260 del Código
Civil. La número 59 es una enmienda de adición al artículo 4.18. La
adición propuesta se corresponde con el actual artículo 761 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y su no incorporación impediría modificar las
medidas antes del plazo previsto cuando cambien las circunstancias, lo
que justificaría la modificación de las medidas antes de la fecha
prevista.


Las enmiendas números 9, 17, 20, 36, 37, 66, 67
y 6 son de modificación. Las números 9, 17, 20, 36 y 37 se justifican en
mejora técnica y de redacción. Las números 66 y 67 se justifican para
evitar un vacío normativo. La número 6 es de modificación al preámbulo y
su justificación es la siguiente. Esta ley reforma, con arreglo a cuanto
antecede, leyes sustantivas, así como procesales. El texto de nuestra
enmienda corrige el propuesto por este proyecto de ley. Esta ley regula
los derechos de las personas discapacitadas, desdibujando la distinción
tradicional entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, siendo la
primera la aptitud abstracta para ser titular de derechos y obligaciones,
y la segunda la idoneidad para realizar eficazmente actos jurídicos.


La capacidad jurídica no es graduable y va
asociada a la condición humana. Al atribuirla sin distinción a todos,
nuestro derecho está reconociendo la dignidad esencial de todas las
personas, con independencia de su grado de funcionalidad, madurez o
salud. La capacidad de obrar, en cambio, sí es negada por el ordenamiento
a los menores no emancipados en razón de su falta de madurez y a los
mayores de edad cuya incapacidad haya sido declarada por sentencia
judicial de incapacitación total o parcial. Al limitar la capacidad de
obrar, el derecho estaba protegiendo tanto el interés general de la
sociedad y la seguridad jurídica como el de la propia persona con
discapacidad, que podría perjudicarse mediante decisiones para las que no
posee el necesario discernimiento. De ahí que la preservación del
superior interés de la propia persona con discapacidad haya sido siempre
uno de los principios guía de las instituciones de la tutela y de la
curatela.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, les anuncio que se prorroga el plazo
de votación del proyecto de ley orgánica de protección de datos
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales, que se tramita por el procedimiento de urgencia, hasta las
dieciséis horas y quince minutos.


Para la defensa de las enmiendas 84 a 93, 95
a 99, 101, 103, 104, 106, 107, 109 a 117, 119 a 124, 127, 131
a 135, 137, 138, 140, 141 y 144, de los senadores Cleries i Gonzàlez y
Rivero Segalàs, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs por tiempo de
quince minutos.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


Intervendré desde el escaño únicamente para dar
por defendidas nuestras enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la
defensa de las enmiendas 78 y 79, tiene la palabra el senador Marcos
Arias por tiempo de tres minutos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias,
presidenta.


Señorías, el proyecto de ley por el que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica tiene como
finalidad garantizar la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad acorde a la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad.


Hasta hoy, y tal como se recoge también en la
exposición de motivos de esta ley, las reformas del ordenamiento jurídico
español impulsadas para adaptar nuestra legislación al cumplimiento de la
convención han recorrido un camino, un camino hasta hoy insuficiente y
que hoy vamos a superar. Pero esta ley, por lo tanto, será un paso
fundamental para —y no sobra ninguna palabra, señorías—
promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno en condiciones de
igualdad de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad
y, sobre todo, para promover su dignidad. De eso estamos hablando hoy, de
su dignidad.


Me gustaría destacar, como han hecho otros
portavoces, la voluntad de consenso que ha recorrido toda la ponencia,
todos los portavoces. Inundando el trabajo y el desarrollo de la ponencia
hemos llegado a destacadas transacciones que se han incorporado al texto.
Ciudadanos va a mantener dos enmiendas, destacando también el buen
talante y el consenso durante todo, insisto, el desarrollo de la
ponencia. Todos los componentes de la ponencia y de la comisión hemos
entendido que esta es una ley para las personas con discapacidad, una ley
para avanzar en la implantación de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una ley para el tercer
sector de acción social de la discapacidad, para el movimiento social de
la discapacidad, para hombres y mujeres, niñas y niños con
discapacidad.


Y no me gustaría despedirme aquí, en este punto
—en portavoces desarrollaremos más nuestro posicionamiento global
sobre la ley—, sin despedirme efusivamente del tejido social que
hoy nos acompaña también en la Cámara para ver que se hace realidad esta
ley que, insisto, es por y para las personas, mujeres y hombres, niños y
niñas con discapacidad en nuestro país.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
para la defensa de las enmiendas 145, 147, 149 a 151, 153 y 156, tiene la
palabra la senadora Peral Díez por tiempo de siete minutos.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahiburu
andrea.


En primer lugar, quiero también agradecer la
presencia aquí de las entidades del tercer sector que nos acompañan en el
debate de este proyecto de ley.


Mi grupo ha mantenido 7 enmiendas al
articulado. Presentamos alguna más, pero o bien las hemos transaccionado
o las hemos retirado porque su espíritu ya estaba incluido en las
enmiendas incorporadas al texto aprobado en ponencia.


La primera enmienda que mantenemos es la que
hace referencia al apartado cuarto del preámbulo. En el Registro Civil es
donde se van a incluir tanto las medidas voluntarias por una persona
sobre sí misma y sobre sus bienes, como las medidas de apoyo que se le
hayan dado judicialmente. El Registro Civil va a estar informatizado,
centralizado y va a ser único para todo el Estado, y en él se recogerá el
historial de cada persona con las diferentes etapas por las que vaya
pasando. Hasta que no esté plenamente operativo este registro digital, al
que se puede acceder para consulta, consideramos que el libro sobre
administración y disposición de bienes inmuebles de las resoluciones
judiciales relativas a la provisión de apoyos a las personas con
discapacidad debería ser únicamente de uso interno para los registradores
de la propiedad, a los meros efectos de la agilidad del tráfico
jurídico.


Mantenemos las enmiendas que afectan a los
artículos 287 y 996 del Código Civil y el 93.2 de la Ley de jurisdicción
voluntaria, en las que defendemos que las personas con apoyos deben gozar
del beneficio ex lege de inventario, lo que agilizaría y facilitaría las
aceptaciones de herencia y permite descargar a los órganos judiciales de
trabajo al no ser necesaria la autorización judicial.


En cuanto a la enmienda al artículo 753 del
Código Civil, mi grupo cree que no está justificada la limitación de la
capacidad de obrar de las personas que viven en un centro residencial,
personas con discapacidad y cuantitativamente, sobre todo, personas
mayores, prohibiéndoles que favorezcan en su testamento, a través del
legado o herencia, a la residencia en la que reciben atención. Para
proteger su patrimonio y las expectativas patrimoniales de los familiares
de los residentes, resulta mucho más respetuoso con la libertad personal
de las personas mayores o con discapacidad permitir estas disposiciones
testamentarias, aunque exigiendo la intervención garantista del notario
mediante testamento notarial abierto. Insistimos en que es un artículo
que afecta a todas las personas que están en una residencia, con
discapacidad o sin ella.


El artículo 776, sobre sustitución ejemplar, se
ha derogado, pero creemos que habría que seguir manteniéndolo.
Evidentemente, hay que partir de que el testamento es un acto
personalísimo, nadie puede testar por otra persona, pero nos vamos a
seguir encontrando con personas que, por razón de su capacidad cognitiva,
no van a tener el discernimiento o la actitud suficiente para otorgar
testamento, pues la capacidad mental varía de una persona a otra por
diversos motivos, como dice el Comité de seguimiento de la convención.
Creemos que sería una institución que merece la pena conservar,
asimilándola a los nuevos principios de la convención, pero sin limitarla
a la curatela representativa, puesto que subyace la idea de que las
personas sujetas a curatela representativa no tendrán esa capacidad para
testar y porque, además, la curatela representativa es solo para casos
excepcionales. Consideramos que es una cautela que no debería desaparecer
del ordenamiento jurídico porque no supone ninguna limitación a la
persona para que otorgue testamento en cualquier momento.


Por último, mantenemos la enmienda a la
disposición final segunda, porque creemos que refleja y respeta mejor el
régimen competencial. La competencia estatal respecto a los títulos
competenciales no recoge exactamente lo que dice la Constitución en los
apartados 6 y 8 del artículo 149.1 al no incorporar las cláusulas sin
perjuicio.


Quiero agradecer que, por una vez, y esperando
que sirva de precedente, el procedimiento legislativo no haya sido por
trámite de urgencia. Hemos podido tener más tiempo para analizar las
enmiendas, llegar a acuerdos dentro y fuera de la ponencia, de la que
hemos tenido varias reuniones. Partíamos de un acuerdo de los grupos
mayoritarios en el Congreso, que se ha trasladado al Senado, por lo que
no dejaba mucho margen a los grupos pequeños. En cualquier caso,
agradecemos que se hayan conseguido algunas enmiendas transaccionales,
como la enmienda sobre el artículo 222 de la Ley hipotecaria, un punto
que para mi grupo era muy importante y que ahora asegura la protección y
confidencialidad de los datos referentes a las resoluciones judiciales
que contienen medidas de apoyo que consten en el libro sobre
administración y disposición de bienes inmuebles.


También teníamos una enmienda al artículo 275
del Código Civil, de la que hemos transaccionado una parte, pero nos
hubiera gustado incluir también la otra, en la que permitimos a las
personas jurídicas con ánimo de lucro poder administrar el patrimonio del
beneficiario. Creemos que la retribución o profesionalización de la
persona jurídica no parece que sea necesariamente incompatible, en muchas
ocasiones más bien al contrario, con la dedicación adecuada a dichas
funciones de administración. En el momento actual puede haber patrimonios
muy importantes que requieran de personas jurídicas con ánimo de lucro
que los administren. Creemos que se nos ha escapado un poco de
paternalismo. Es una distorsión respecto al resto de la ley, ya que no
dejamos a la persona con discapacidad que decida quién quiere que
gestione su patrimonio. Aun así, y como ya he comentado, nos alegramos de
haber llegado a un consenso tan amplio con un informe de la ponencia
aprobado por unanimidad.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu 169 a 189, 205 y 207 a 216, tiene la
palabra la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.


Esquerra Republicana presentó 48 enmiendas, y
de esas 48, que son bastantes, no se admitieron a trámite 14. Repito: 14
no se admitieron. De las que sí se admitieron, que eran 34, acabamos
transaccionando una, solo una. ¿Qué incentivo tenemos nosotros para
aprobar este texto? ¿Qué incentivo? Porque hablan ustedes de consenso,
pero el consenso lo habrán hecho con ustedes mismos. El argumento es que
las enmiendas que también se presentaron en el Congreso no hay que
debatirlas, es decir, no se abre el debate respecto a este tipo de
enmiendas. ¿Qué incentivo tenemos si no podemos ni siquiera debatir ni
cambiar nada del texto? Otro argumento, que sería el del Senado como
Cámara de segunda lectura desde un punto de vista territorial, queda
aniquilado. Este argumento queda aniquilado si nosotros no podemos
cambiar el texto ni podemos imprimir ningún tipo de modificación. El
grueso de las enmiendas transaccionales son del Grupo Socialista, consigo
mismo, en un ejercicio de onanismo político que debe ser muy divertido
para ustedes, pero para el resto, la verdad, no.


Yo ya les adelanto que nosotros no nos vamos a
oponer a la tramitación de esta ley, solo faltaría. De hecho, lo que les
estoy explicando es que hemos tenido un ánimo muy constructivo para
mejorarla, pero si solo de las 48 enmiendas ustedes nos transaccionan
una, pues la verdad que de incentivos cero, aparte de que nosotros
tenemos un derecho civil propio. En todo caso, queríamos mejorar este
texto.


Por lo tanto, doy por defendidas las enmiendas,
aunque no creo que modifiquen ustedes ninguna de sus posiciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, en turno
en contra, tiene la palabra el senador Aguilar Román.


El señor AGUILAR ROMÁN: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, sean mis primeras palabras de
agradecimiento a los representantes de las organizaciones que hoy nos
acompañan —Cermi, ONCE, Plena Inclusión— y que tanto han
colaborado en los trabajos para la redacción de esta ley. Gracias por sus
aportaciones, por su acompañamiento y por su impulso durante los trabajos
parlamentarios. Esta norma que vamos a aprobar no se ha hecho para
ustedes, sino que se ha hecho con ustedes. Muchas gracias, de verdad
(Aplausos).


Señorías, a nadie se le escapa la importancia
de la norma que hoy debatimos. Estamos cambiando de manera radical la
tradicional regulación de la incapacidad jurídica en España y pasamos a
reconocer a las personas con discapacidad la plena igualdad en el
ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos que precise. Es
difícil, la verdad, hacer un turno en contra de las enmiendas cuando,
como ustedes saben, casi todos los grupos hemos hecho un esfuerzo
ejemplar de entendimiento, de acuerdo y de transacción. Recibíamos del
Congreso un texto ampliamente consensuado y nuestro reto era doble: por
un lado, mantener, cuando no ampliar, ese consenso; y, por otro lado,
mejorar ese texto, y les puedo garantizar que creo que ambos objetivos se
han cumplido con creces. De las 272 enmiendas admitidas a trámite, 30
fueron incorporadas al informe de la ponencia por acuerdo mayoritario de
todos los grupos; otras 71 enmiendas fueron incorporadas a través de 47
enmiendas transaccionales suscritas con todos los grupos de la Cámara, a
excepción de Vox, y finalmente, otras 11 enmiendas técnicas fueron
incorporadas a propuesta de todos los ponentes que integrábamos la
ponencia.


Señorías, hemos mantenido durante la
tramitación de esta ley numerosas reuniones con y entre todos los grupos
parlamentarios, reuniones con las entidades del tercer sector. Hemos
tenido hasta tres reuniones de la ponencia previas a la reunión de la
comisión en la que, como saben, por unanimidad aprobamos el dictamen que
traemos hoy al Pleno. Señorías, se ha alcanzado un gran consenso, y es
verdad. Se ha alcanzado, sobre todo, porque todos o casi todos los grupos
teníamos la voluntad de alcanzarlo, y también hay que decirlo, señorías,
en términos coloquiales, porque nos lo hemos currado (Aplausos).


Pero creo también que se le ha dado
cumplimiento no solo al mantenimiento del consenso, sino a la mejora del
texto. Se incorporan modificaciones en el trámite en el Senado, por
ejemplo, al Código de Comercio para adaptar el concepto de la capacidad
de los comerciantes al nuevo concepto de capacidad jurídica de las
personas con discapacidad que incorporamos en esta norma. Se han
introducido también novedades en las leyes procesales para que las
personas con discapacidad puedan intervenir en todos los procesos con
plenas garantías de entender y hacerse entender mediante las medidas de
ajuste necesarias. Y, señorías, también incluimos la novedosa y tan
demandada figura del facilitador como aquel profesional experto y de
confianza de la persona con discapacidad que puede asistirlo en el
procedimiento.


También hemos incluido mejoras en las medidas
que garantizan la intervención de las personas con discapacidad en los
documentos notariales y hemos incluido novedades en la publicidad formal
en los registros de la propiedad, de tal forma que la necesaria seguridad
jurídica que tiene que garantizar el registro en ningún caso suponga que
se va a dar publicidad a situaciones de discapacidad de los titulares de
los derechos de los bienes inscritos en el registro.


Y, finalmente, señorías, hemos tenido un máximo
respeto al Estado plurilegislativo que es España. Concurre en nuestro
país un derecho civil común con derechos forales y civiles especiales en
los distintos territorios, y en ese ámbito puede encuadrarse la
derogación del artículo 28 de la Ley hipotecaria, una de las novedades
más importantes, que se ha transado con una enmienda de Esquerra
Republicana. Entiendo, y ahora hablaremos un poco de las enmiendas, que
esta ley tiene muchas razones, muchas, para votarla a favor (Aplausos),
muchas, aunque alguna enmienda se haya podido quedar fuera.


Esta ley tiene ojos y caras, esta ley tiene
protagonistas, que son las personas con discapacidad, a las que con esta
ley les devolvemos la dignidad de ser personas (Aplausos), y eso es lo
esencial de esta ley. Pero, como les decía, el consenso no puede alcanzar
a todas las enmiendas, y no podía alcanzarlo a algunas porque,
efectivamente, y es verdad, ya habían sido debatidas y rechazadas en el
Congreso. Hay grupos que repiten en el Senado las mismas enmiendas que ya
se han debatido y se han rechazado en el Congreso; otras, simplemente,
porque se apartaban del sentir de la mayoría del Pleno y otras, desde
luego, y en esas están las de Vox o una parte de las enmiendas de Vox,
porque se apartaban del espíritu propio de la norma que estábamos
aprobando.


No tenemos tiempo de ir enmienda por enmienda,
pero simplemente déjenme que les apunte algunas que se han rechazado. Por
un lado, había un grupo de enmiendas que lo que pretendían era mantener
la posibilidad de las disposiciones testamentarias de las personas con
discapacidad a favor de aquellos establecimientos e instituciones, que
les estuviesen prestando el apoyo o los cuidados donde estuviesen
internados. El texto de la norma, señorías, creo que garantiza
sobradamente los derechos de las personas con discapacidad y, además, no
limita su libertad de disposición, y no la limita porque la persona con
discapacidad perfectamente puede disponer de sus bienes también en favor
de estas instituciones, incluso a título gratuito, pero tiene que hacerlo
mediante un negocio inter vivos y no mortis causa, que es lo que se está
planteando. Por tanto, no hay esa limitación a la libertad de disponer,
limitación que sí se produce en otra de las enmiendas, ya que, cuando la
norma deroga la sustitución ejemplar, lo hace precisamente para evitar
esa limitación a la libertad de libre disposición que se les reconoce a
las personas con discapacidad.


Y finalmente, respecto del título competencial,
señorías, la disposición final segunda, que remite expresamente al
artículo 149.1, apartados 6 y 8, de la Constitución, lo que viene a
decirnos es que en las normas tanto adjetivas como sustantivas que
modificamos con esta ley se garantiza la conservación, la modificación y
el desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales allí donde existan. Por tanto, hay una plena
garantía del respeto competencial también en esta norma.


Señorías, les decía antes que es difícil hacer
un turno en contra de esta ley por el amplio consenso alcanzado; sin
embargo, no es difícil hacerlo respecto de las enmiendas de Vox. Siento
decirlo así, pero cuando ustedes con sus enmiendas mantienen posiciones
contrarias al resto de grupos, podrían plantearse que el error lo están
cometiendo ustedes. Es decir, cuando yo voy conduciendo y todos vienen de
frente, a lo mejor debo pensar que el que va en dirección prohibida soy
yo. Señorías, ustedes trasladan, o intentan trasladar, una imagen sepia,
cuando no en blanco y negro, de una España añeja que hoy sí,
afortunadamente, ya no existe. Ya no existe esa España que ustedes
trasladan y que se empeñan en añorar, señorías. En las enmiendas que en
esta materia concreta están presentando, incluso en la terminología añeja
que mantienen en muchas de ellas, defienden un modelo de incapacidad que
más recuerda al Azarías que dibujó Delibes en Los santos inocentes que a
una concepción moderna e inclusiva de la discapacidad que hoy se pretende
regular. Por tanto, señorías, por lo menos por mi parte, el rechazo a las
enmiendas de Vox es con un no bien grande (Aplausos).


Terminamos un proceso legislativo en el Senado
con un amplísimo consenso, un proceso parlamentario que ha sido
colaborativo, siempre en positivo, y muy productivo. Seguramente la
materia que es objeto de regulación lo permitía, seguramente el
acompañamiento y el impulso de las organizaciones de la sociedad civil
han ayudado, y mucho, a este amplio consenso; pero seguramente también,
señorías, el hecho de que todos o casi todos los grupos hayamos puesto
por una vez las luces largas, que todos o casi todos los grupos nos
hayamos empeñado en sacar el mejor de los textos posibles, renunciando a
obtener rédito político en ello, ha sido determinante.


Señorías, seguramente no tendremos —lo
dijo Sara esta mañana— tanto éxito mediático como cuando martes sí
o martes no nos empeñamos en hacer un parlamentarismo de la bronca, de
los gritos y de la sobreactuación —ayer mismo tuvimos una buena
sesión de eso—. Este parlamentarismo del acuerdo queda
habitualmente fuera de los focos de los medios de comunicación, medios de
comunicación a los que no está mal hacerles llamar a la reflexión de la
contradicción en la que caen, ya que nos dicen a los políticos que la
ciudadanía nos está solicitando que seamos capaces de llegar a acuerdos y
consensos, y cuando alcanzamos acuerdos y consensos tan importantes como
los de esta norma y en materia de tanta trascendencia como esta norma,
normalmente no prestan tanta atención como a la bronca y a los gritos.
(Aplausos). Pero, señorías, sintamos legítimo orgullo —yo, desde
luego, lo siento— por lo que hemos hecho con esta norma. El
parlamentarismo de la bronca, el parlamentarismo de los gritos tiene un
éxito efímero, son 30 segundos en un informativo o un comentario en el
intermedio, pero nada más y, sobre todo, nada positivo aporta. El
parlamentarismo que hoy estamos haciendo aquí no tendrá tanta atención
mediática, pero sí tendrá mucha más relevancia. La norma que hoy
aprobamos se estudiará año tras año en las facultades de Derecho de
España. La norma que hoy aprobamos seguramente servirá de referente para
otros ordenamientos jurídicos. Pero lo más importante, señorías, es que
la norma que hoy aprobamos va a cambiar para bien la vida de muchas
personas. La norma que hoy aprobamos va a devolver la dignidad de ser
personas a muchos hombres y mujeres a los que la anterior regulación
simplemente dejaba al margen del mundo jurídico, simplemente lo dejaba en
una inexistencia, como si no existieran, como si nunca hubieran existido,
simplemente los condenaba, como gráficamente nos dijo el presidente del
Cermi en una reunión, a la muerte civil.


Señoría, hoy hacemos de España un país mejor,
más justo, más libre y más inclusivo, y lo mejor de todo es que lo
hacemos todos o casi todos juntos. Por eso, quiero dar las gracias, de
verdad, por haberse empeñado en sacar esta ley de manera colaborativa,
por haberse empeñado en este consenso, que es un consenso en beneficio de
las personas con discapacidad, y quiero dar las gracias a mi grupo
parlamentario por haberme permitido ser también partícipe de ello.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, antes de continuar con el debate del
presente proyecto de ley, y finalizado el anterior debate del proyecto de
ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia, se procederá a abrir a continuación el plazo para
emitir el voto telemático para todas las votaciones reglamentariamente
previstas, que son las siguientes.


Votación de las enmiendas: las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno.


Votación en un solo acto de aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Votación en un solo acto del resto del proyecto
de ley.


Votación de la autorización para el Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Senegal,
hecho ad referendum en Dakar el 22 de noviembre de 2020.


Se abre el plazo de dos horas y treinta minutos
de votación telemática, siendo ahora las catorce horas y cuarenta y tres
minutos, hasta las diecisiete horas y trece minutos.


Continuamos con el debate en turno de
portavoces del proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra, en primer lugar, el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


Como hacía en la defensa de la enmienda que
había mantenido, quiero agradecer la presencia de los representantes
tanto de ONCE como de Cermi y Plena Inclusión. En esa línea creo,
sinceramente, que es muy importante escuchar a la sociedad a la hora de
tramitar una propuesta legislativa y, sobre todo, porque en ningún caso
se puede hacer de espaldas a ella.


La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de
diciembre del año 2006, y ratificada por nuestro país en el año 2008,
recoge grandes avances a la hora de referirse a la discapacidad. Así, en
su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen derecho
al reconocimiento de su capacidad jurídica y que los propios Estados
adoptarán las medidas pertinentes para proporcionarles el acceso y el
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de dicha capacidad jurídica,
todo ello con las salvaguardas adecuadas y efectivas para garantizar este
derecho e impedir cualquier tipo de abuso. Así, por lo tanto, se deberán
respetar los derechos, las voluntades y las preferencias de la persona.
No deben caber en ningún caso conflictos de intereses ni ningún tipo de
influencias indebidas. Las personas con discapacidad, por lo tanto,
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las
personas.


Para Unión del Pueblo Navarro, este proyecto de
ley supone un hito en cuanto al reconocimiento a los derechos de las
personas con discapacidad. Se modifica notablemente el ordenamiento
jurídico español y se adapta a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. El calado de la norma es tal
que a través de sus diferentes artículos se adapta la Ley notarial, el
Código Civil, la Ley hipotecaria, la Ley del Registro Civil, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la Ley de patrimonios protegidos, la Ley de
jurisprudencia voluntaria y el Código de Comercio. Quince años después de
una proclamación internacional como es la de esta convención
internacional, se va a hacer efectiva la igualdad jurídica de las
personas con discapacidad en nuestro país. Que las personas con
discapacidad son titulares de derechos y pueden tomar sus propias
decisiones no son y no eran cuestiones meramente civiles o procesales,
sino que era una cuestión de reconocimiento de derechos humanos. Por
ello, este proyecto de ley va a suponer, desde el punto de vista de Unión
del Pueblo Navarro, un antes y un después en materia de discapacidad y va
a conllevar un importante y, si me permiten también utilizar este
término, radical cambio para el bien de los derechos de las personas con
discapacidad.


Era necesario cambiar la concepción en la toma
de decisiones y priorizarlo con base al respeto de la voluntad y las
preferencias de las personas con discapacidad. Ello supone un gran avance
y va a permitir, entre otras muchas cosas, que las personas que antes no
podían adquirir o vender un bien privativo o hacer un testamento ahora lo
puedan hacer y lo puedan realizar con los apoyos técnicos y humanos que
sean necesarios y que se les deberá garantizar. Pero este proyecto de
ley, señorías, no puede suponer un punto y final, sino que debe ser un
punto y seguido, un punto y seguido para abordar aquellas cuestiones que
hacen de la sociedad, y en este caso de la sociedad española, una
sociedad más justa, más solidaria, más equitativa en relación con las
personas con discapacidad. Esta ley se une a otras iniciativas ya
aprobadas de manera especial en los últimos años, como aquella de Unión
del Pueblo Navarro de garantizar a todos los españoles, también a las
personas con diferentes discapacidades, su derecho a voto.


No quiero terminar mi intervención sin destacar
la voluntad de diálogo y consenso de los grupos y de los portavoces
presentes en la ponencia y en la comisión, lo que ha permitido el debate,
el consenso y el acuerdo. Quizás, como decía en mi primera intervención,
se podía haber hecho un poquito más. Esperemos que la puesta en práctica
de esta iniciativa, de este proyecto de ley, no genere ningún tipo de
disfunciones y que todas las personas, organismos e instituciones que la
tienen que aplicar y garantizar lo hagan de la manera más eficaz y
eficiente. Esperamos también, como se decía y como dijimos asimismo en
ponencia y en comisión, que se respeten realmente las competencias que
tenemos las comunidades autónomas —en el caso de Navarra, la
Comunidad Foral de Navarra—, y que no haya, como digo, ningún
malentendido.


Finalmente, señorías, quiero manifestar que,
desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro, seguimos y debemos
seguir buscando el entendimiento, el consenso y el diálogo, para
garantizar la igualdad de derechos también de todos los españoles,
también de las personas con discapacidad, y contribuir con nuestro
trabajo a concienciar o, quizás, a cambiar esa mentalidad de una parte
muy importante todavía de la sociedad española en relación con las
personas con discapacidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario intervendrá el
senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, este proyecto de ley es una
iniciativa legislativa en ejecución de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en Nueva York
el 13 de diciembre de 2006. La Convención de Nueva York, en su
artículo 12, indica que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida y obliga, en consecuencia, a los Estados parte a adoptar las
medidas legislativas y de otra naturaleza para proporcionar a esas
personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica. Esto es lo que dice expressis verbis
el precepto. En este texto, como en el conjunto de la Convención, se
ordena la igualdad, la dignidad y la autonomía individual de las personas
con discapacidad, incluida su libertad de tomar decisiones propias en lo
que concierne a su vida civil. Esta cuestión de la autonomía, exaltada no
solo en este texto, sino en otros muchos, niega la existencia de
cualquier heteronomía respecto de la persona. Las personas son libérrimas
por sí mismas y, por lo tanto, su autonomía prevalece sobre cualquier
otra consideración y, por ende, sobre cualquier otra consideración de
orden superior a la propia voluntad de la persona que se manifiesta con
esa libertad absoluta. Vox no comparte esta visión de la existencia, y no
podemos compartirla porque pensamos que hay consideraciones de orden
superior que no dependen necesariamente de una creencia fideísta, pero
que en todo caso limitan esa autonomía exaltada como algo absoluto y que,
en definitiva, supone lo que se ha llamado también la filosofía del
derecho a la libertad negativa, es decir, la libertad ante todo y para
oponerse a todo.


El artículo 12 de la Convención de Nueva York,
citado antes, añade que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir
los abusos, y cuando menciona esa salvaguarda dice que asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya
conflicto de intereses ni influencia indebida y que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona. En tales circunstancias
modificativas se encuentran las discapacidades, que pueden ser de muy
diversa naturaleza, física o mental, que pueden tener un alcance de
irreversibilidad o sean reversibles, que pueden tener un alcance distinto
material en lo que es la propia discapacidad, con independencia de su
duración en el tiempo. El apoyo que pueda requerir una persona con
discapacidad física puede ser solo de movilidad o de accesibilidad; la
discapacidad psíquica puede caracterizarse por una afectación desde leve
hasta máxima del discernimiento. Esta diversidad es, por principio,
ignorada por este proyecto de ley. Un defecto total de voluntad del
sujeto con discapacidad no necesitará simplemente de apoyo, sino de
sustitución por la de un representante.


Este proyecto de ley, aunque no lo declare,
reconoce tal cosa implícitamente cuando permite, en definitiva, la
curatela representativa en ciertos casos, y aunque diga que está
prohibido para todos los actos, es evidente que si la falta de capacidad
volitiva sobre la base de un defecto de entendimiento o por sí misma en
la esfera de la abolición hace que el sujeto no pueda discernir aquello
que debe hacer y cómo debe organizarse en la vida civil. Tendrá que haber
una representación para todos los actos de la vida civil. Creemos, por lo
tanto, que con arreglo a las ideas que consideramos clave de
inteligencia, de proporcionalidad y adaptación a las circunstancias de la
persona y que la Convención proclama en su artículo 12, se podrían haber
interpretado las exigencias de cumplimiento de dicho texto internacional
en términos distintos de los que este proyecto de ley hace. Este proyecto
de ley no adopta esta orientación, sino que se adentra por derroteros que
se caracterizan por desconocer ciertas realidades de hecho, como las ya
descritas, en supuestos en los que la incapacidad al efecto de realizar
actos en la vida civil es total, máxima o de la mayor severidad, y opta
por una interpretación a ultranza de la convención, que quiere excluir,
además, el superior interés de la propia persona con discapacidad, que
cede ante sus deseos y preferencias, deseos y preferencias que para
muchas personas con discapacidad no deben ser, en nuestra opinión,
determinantes de decisiones para cuya adopción no disfrutan tales
personas del necesario discernimiento.


Por una parte, cabe advertir que la convención
ordena la protección y promoción de las personas con discapacidad,
artículo 4.1.c y, por otra, el comité de expertos de Naciones Unidas que
la interpreta insiste en esta preterición del interés superior de la
persona con discapacidad ante lo que sean sus derechos, sus preferencias,
su voluntad y la necesidad incluso de interpretar de forma retrospectiva
lo que hubiera podido ser en el pasado al efecto de proyectarlo hacia el
futuro en las decisiones por adoptar. En definitiva, creemos que este
proyecto de ley no puede merecer nuestro apoyo en la medida en que no
regula debidamente una realidad, como es la discapacidad, con arreglo a
un criterio de racionalidad jurídica quintaesenciado en muchos siglos de
regulación en los que ha habido una reflexión muy detenida y que ha
resultado en ciertas instituciones que hoy desaparecen. Nosotros no
podemos estar conformes, por lo que nos abstendremos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Marcos Arias. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz,
ocupa la Presidencia).


El señor MARCOS ARIAS: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, a lo largo de la historia ha habido
diferentes tratamientos o respuestas sociales para las personas con
discapacidad, desde las que venían a decir que las personas con
discapacidad eran seres prescindibles, y así se les condenaba a políticas
caritativas, hasta corrientes que les consideraban inútiles, eso sí,
siempre y cuando las personas fueran curadas de su circunstancia innata
para hacer desaparecer u ocultar la diferencia que representa la
discapacidad. Las leyes asistencialistas colonizaban las vidas de las
personas con discapacidad. Se hablaba, y aún se sigue hablando
—acabamos de asistir a ecos de esa forma de pensar—, de
ciegos, se hablaba de sordos, se hablaba de personas con síndrome o
personas con trastorno, es decir, solo contaban los adjetivos, se
olvidaban de la persona, de su dignidad y de sus derechos.


Señorías, lo que da origen a la discapacidad
son también causas sociales, porque la sociedad está pensada y diseñada
para personas estándar, personas que caminan, que oyen, que ven, que
hablan, que comprenden el entorno, dejando fuera a aquellas que no se
ajustan a la norma impuesta. La desigualdad, señorías, aparece por la
incapacidad de la sociedad de eliminar obstáculos que las personas con
discapacidad encuentran continuamente. La discapacidad no se limita
simplemente a un atributo de la persona, sino a un elemento esencial de
su diversidad. Tampoco es un problema individual, es el resultado de una
concepción de la sociedad que debe reestructurar políticas, prácticas,
actitudes y normas que dificultan la inclusión social, inclusión,
señorías, de las personas con discapacidad. Con la Convención de Derechos
de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008,
la discapacidad es entendida y asumida como una cuestión de derechos
humanos y sitúa a la persona con discapacidad como sujeto de derechos.
Este paradigma de la discapacidad no se centra en la conmiseración, sino
en la dignidad, el respeto, la igualdad de oportunidades y la autonomía
personal; en lugar de verlos como sujetos pasivos, los empodera y los
capacita para que sean protagonistas y sean parte activa de nuestra
sociedad.


Señorías, la discriminación más profunda e
invisible es el estigma asociado a las personas con discapacidad; la
creencia continua de que las personas con discapacidad no tienen que
estar compartiendo espacios con otras personas sin discapacidad, sino que
tienen que estar en espacios distintos, segregados, separados. El cambio
más importante es enfocar todas las iniciativas en el valor de la
diversidad humana. No sentir incomodidad, señorías, con la diversidad.
Considerar la diversidad humana como una fortaleza intrínseca de nuestra
sociedad, considerar a las personas con discapacidad una parte esencial
de nuestra sociedad. Superar las barreras que fomentan desigualdades para
todo el recorrido vital de las personas con discapacidad es trabajar en
el desarrollo normativo, como estamos haciendo hoy, propuesto por la
Convención sobre derechos de las personas con discapacidad. Se trata,
señorías, de impulsar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y
la no discriminación de las personas con discapacidad.


La convención se distancia del tratamiento de
especial de las personas con discapacidad, porque aboga por la inclusión
social; la inclusión, señorías, no la integración, como una única vía de
reconocimiento de la realidad de las personas con discapacidad. Esta ley,
señorías, tiene como finalidad garantizar la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad en línea con la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Esta ley es un paso ya fundamental para
promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno, en condiciones de
igualdad, de los derechos fundamentales para las personas con
discapacidad y, sobre todo, insisto, para promover su dignidad. Esta ley
elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada, la
patria potestad, rehabilitada, consideradas como poco adaptadas al
sistema de promoción de autonomía de las personas adultas con
discapacidad.


Esta ley proporciona a las personas que lo
necesitan las ayudas y ajustes necesarios, con recursos técnicos,
materiales y humanos, para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos
como casarse, comprar una vivienda o hacer un testamento. Señorías, esta
ley —lo he dicho antes— es para ellos, para ellas, parte de
nosotros. Son ellos, ellas, personas con discapacidad, los
protagonistas.


Señorías, no hablamos de integración, tenemos
que centrarnos en la inclusión social de las personas con discapacidad.
No hablamos del mismo punto de partida, hablamos de igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad. Señorías, no se trata de
tener en cuenta a las personas con discapacidad, se trata de no
discriminar a las personas con discapacidad. No se trata de tener una
perspectiva caritativa y rehabilitadora —de aquellos,
pobrecitos— de las personas con discapacidad; no. Se trata de
derechos sociales y derechos civiles de las personas con discapacidad; no
es vivir y volver al blanco y negro, señorías; es vivir en colores. Es la
diversidad, señorías.


No es hablar de chiringuitos; es el tercer
sector de acción social de la discapacidad, es el movimiento social de la
discapacidad. Son personas especiales; son personas maravillosas que hoy,
por cierto, nos acompañan en este Pleno.






Son mujeres y hombres con
discapacidad, son niñas y niños con discapacidad, son familias que
conviven con la discapacidad, son ciudadanos, en definitiva, libres e
iguales, con discapacidad, pero son ciudadanos antes que nada.


Permítanme que termine con una frase elocuente,
y otra vez agradeciendo el impulso del tercer sector de acción social de
la discapacidad, del movimiento social de la discapacidad. Es verdad
—algún portavoz antes lo ha dicho—, probablemente esto no
vaya a ser prime time, no lo va a ser, pero esto, señorías, y se lo dice
un portavoz convencido, da sentido a mi vida política. A mí me quedan
prácticamente tres semanas de estar en esta Casa, y esto da sentido a mi
vida política, como lo dio la propuesta que hizo mi grupo para que la
Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad se convirtiera en
legislativa; como el impulso que dio mi grupo y yo mismo a la eliminación
de la esterilización forzada de niñas y mujeres con discapacidad.


Señorías, no seremos noticia, probablemente. O
se dirá una frase: Se ha aprobado el Código Civil para personas con
discapacidad. Pero esto es hacer política con mayúsculas, política del
bien común, política para hacer un país, una sociedad más inclusiva, más
igualitaria, más respetuosa con la diversidad. Es la Convención sobre
derechos de las personas con discapacidad lo que aquí está en juego. Es
una convención que este país se comprometió por amplia mayoría a
implementar en sus leyes y es una convención de los derechos de las
personas con discapacidad lo que hoy está en juego, lo que se pone
también en marcha. Es, en definitiva, señorías, la inclusión social, la
igualdad de oportunidades y las políticas activas de no discriminación
para las mujeres, los hombres con discapacidad, los niños y las niñas con
discapacidad, y permítanme también, para las familias que conviven con
personas con discapacidad. Hoy, evidentemente, hacemos un país mejor, más
inclusivo, más igualitario y más respetuoso con la diversidad.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la señora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias
presidenta.


A estas alturas del debate creo que se ha dicho
prácticamente casi todo. Hay un mandato, un compromiso y unos derechos;
un mandato por parte de la Convención internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad; el compromiso por parte del Estado español
en el momento que ratificó esta convención, y unos derechos de unos
ciudadanos de primera que únicamente nos instan a ser eso, ciudadanos de
primera.


En la Convención internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad se hablaba de la capacidad
jurídica en condiciones de igualdad y en todos los aspectos de la vida
para las personas con discapacidad. Eso es lo que hoy pretendemos
trasladar a nuestra normativa. Se obligaba entonces a los Estados, y si
en ese sentido hoy es un día en el que nos podemos felicitar por el
amplio consenso, por las sensibilidad casi total de la Cámara en
reconocer derechos de las personas, también tenemos que decir que vamos
un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso
creo que la dicha es muy buena y es una buena noticia para todos que esta
ley salga adelante.


Evidentemente, llegó con mucho consenso del
Congreso —también se ha dicho— pero era una ley perfectible,
y se ha demostrado en los trabajos de esta Cámara que se podía
perfeccionar. Y así lo hemos hecho. Se ha referido a ello el portavoz del
Partido Socialista cuando ha utilizado el turno en contra de las
enmiendas. Pero lo más importante —y lo quiero destacar— es
que entre la multitud de trámites de leyes por urgencia que llegan a esta
Cámara y pasan por esta Cámara —sí, señorías—, pasan por esta
Cámara de forma rauda, y nos obligan a ser veloces, y lo somos, y somos
proactivos y hacemos enmiendas y lo trabajamos lo mejor que podemos, ha
sido una buena noticia que esta ley, efectivamente —esta sí, sin
ironía—, llegara sin el trámite de urgencia. El diálogo, el hecho
de podernos reunir más de una vez en ponencia, ha permitido que hubiera
este buen tono y esta voluntad de consenso, y todos nos hemos olvidado
por algún momento de pretensiones partidistas para ponernos al objetivo
de estos derechos que, por otro lado, teníamos reconocidos ya a las
personas con discapacidad.


Aparte de saludar a todas las entidades del
tercer sector de la discapacidad, también quiero mandar un saludo
especial —no sé si ha llegado ya, me han dicho que estaba de
camino— al nuevo director general de discapacidad por su trabajo en
Cermi hasta ahora y el trabajo que yo creo que va a realizar a partir de
ahora. Nadie mejor que aquel que conoce y padece los efectos de las cosas
para continuar luchando por los derechos y por mejorarlas. En Junts per
Catalunya así lo vemos. Creemos que los derechos se deben luchar. Yo les
quiero agradecer su tesón y su resiliencia para defender los derechos de
las personas con discapacidad. Únicamente desde el respeto a la
diferencia, desde el conocimiento, que es muy importante, y el
reconocimiento, tenemos capacidad de decidir, y eso nos hace libres.


Por mi parte, no voy a abundar en todo lo que
se ha conseguido en la ley, en lo que ya venía incluido en la ley desde
el Congreso y lo que hemos introducido hoy aquí. Creo que esta es la
manera de trabajar, y este es el verdadero diálogo. Porque parlamentar es
diálogo; tomarse el tiempo necesario para hacerlo es diálogo. Esperemos
que a partir de ahora tomen nota, porque esos trámites precipitados que
nos llegan en algunas leyes nos hacen perder casi el rigor en su estudio,
pero cuando no es así, efectivamente con el trabajo de todo el mundo
—y quiero agradecerlo—, de todos los compañeros de la
ponencia, cuando no se precipita y cuando hay tiempo de llegar a
consensos, lo conseguimos, y es una muy buena noticia no solo para las
personas con discapacidad. Decía el compañero que me ha precedido en el
uso de la palabra que es una ley para ellos, pero es que ellos somos
nosotros. Con esta ley hacemos un mundo mejor para las personas con
discapacidad y para todas las personas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo de La Izquierda Confederal va a intervenir
el senador Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer
también el trabajo que ha realizado la comisión, el trabajo que ha
realizado la ponencia y el trabajo que han realizado todos los grupos. En
especial, quiero agradecerle al Grupo Socialista todas las facilidades
que a mí personalmente me ha dado en un periodo que ha sido convulso, que
ha sido complicado; siempre han estado atentos facilitándome la
participación en este trabajo, y quería agradecérselo en especial al
Grupo Socialista.


En segundo lugar, creo que tiene una gran
importancia —como se ha mencionado anteriormente— que este
trabajo haya podido realizarse en la Comisión de Discapacidad, no tendría
por qué haber sido así y creo que es otro motivo por el cual podemos
estar satisfechos en esta Cámara, porque una reforma tan importante como
esta se haya llevado a cabo en la Comisión de Políticas Integrales de la
Discapacidad.


Además, quería señalar que ojalá el
procedimiento legislativo que ha tenido lugar con respecto a esta ley se
pareciera más a los procedimientos de otras leyes que hemos criticado
tanto en los últimos meses por su celeridad, por su falta de voluntad de
acuerdo, por su falta de inclusión de las propuestas que hacemos otros
grupos. En ese sentido creo que cuando algo se hace bien también tenemos
la obligación, por supuesto, de señalarlo. Espero que se siente un
precedente y que veamos muchas más tramitaciones en las cuales podamos
celebrar que avanzamos y que lo hacemos, además, llegando a acuerdos y
logrando el consenso y la participación de quienes estamos aquí
representados.


No me quiero extender en los argumentos
concretos, porque se han expuesto largo y tendido en cuanto al contenido
de esta ley y la importancia que tiene. El señor Marcos, portavoz de
Ciudadanos, en su intervención ha resumido a la perfección el sentido de
esta ley y la importancia de defender los derechos de las personas con
discapacidad. Además, hoy quería hacerle este reconocimiento porque sé
que no es una cosa solamente de hoy, sino que es un asunto al que se ha
dedicado con una especial voluntad desde hace muchos años y ha hecho un
excelente trabajo desde hace tiempo.


Efectivamente, la Convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad es una herramienta
internacional de derechos humanos y de las Naciones Unidas, creada con el
fin de proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad, y hoy vamos a dar un paso para adaptar nuestra legislación
como correspondía. No es un avance solo para las personas con
discapacidad, creo que es una buena noticia para todos y para todas. Es
un salto muy importante para nuestro país y un verdadero motivo de
orgullo también para esta Cámara y para esta legislatura, que será
recordada como una de las cuestiones en las que sí conseguimos avanzar en
este periodo, que no siempre está siendo fácil.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la
senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.


Como ya se ha dicho a lo largo de esta mañana,
debemos felicitarnos por haber llegado a un consenso tan amplio en la
aprobación de esta ley. La verdad es que es algo que viene sucediendo
siempre que se trata de leyes que defienden los derechos de las personas
con discapacidad, como fue el caso de la eliminación de la esterilización
forzosa que aprobamos recientemente. Al menos en esta materia somos
capaces de ponernos de acuerdo, de llevar un debate sosegado, en el que
cada grupo defiende sus posiciones. Aquí aprovecho para decirle al señor
Aguilar que me sorprende que le sorprenda que los grupos presentemos
enmiendas iguales a las que no nos han aprobado en el Congreso. Esto es
un sistema bicameral y entendemos que tenemos que intentar que se
aprueben; además, a veces hay otras mayorías. Para su grupo quizás es más
fácil, porque le aprobaron todas sus enmiendas en el Congreso y, aun así,
presentaron setenta y tres aquí, porque creían que todavía se podía
mejorar el texto, y eso es lo que hemos intentado hacer todos los
grupos.


Esta ley da respuesta al incumplimiento del
artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, en el que se defiende el igual reconocimiento
a las personas con discapacidad ante la ley. En dicho artículo se insta a
los Estados parte a examinar, de manera holística, todas las esferas de
la legislación para asegurarse de que el derecho a la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad no esté limitado de modo distinto al de
las demás personas. Esta visión holística confiere a esta ley una gran
carga jurídica. Como mencioné en comisión, se convierte en ley de leyes,
nada más y nada menos que ocho leyes: Ley del notariado, Código Civil,
Ley hipotecaria, Ley de enjuiciamiento civil, Ley de protección
patrimonial, Ley de Registro Civil, Ley de jurisdicción voluntaria y Ley
de comercio se ven modificadas en algunos de sus artículos para regular
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el
reconocimiento de sus derechos y deberes y, por tanto, en los efectos
jurídicos y responsabilidad de sus actuaciones a lo largo de la
vida.


Durante su tramitación en el Congreso y en el
Senado todos los grupos hemos contado con expertos juristas que han
ayudado a que esta ley, que cambia de manera radical la manera en que la
sociedad va a considerar a las personas con discapacidad, salga adelante
con las garantías jurídicas necesarias. El trabajo de adecuación de la
legislación civil y procesal a la nueva realidad ha sido complicado, pero
lo más difícil empieza ahora, porque no debemos olvidar a las personas a
las que se dirige, porque esta ley constituye un cambio de paradigma, una
transformación en la forma de ver a las personas con discapacidad, un
impulso a su no discriminación y hacia la igualdad de oportunidades en
todas las facetas de su vida. Eliminamos la tutela, el interés superior,
la visión de estas personas como incompletas, se convierten —porque
ya lo eran— en personas titulares de derechos. Dejamos atrás un
enfoque paternalista o maternalista en el que la tutela se adjudicaba
casi por defecto, muchas veces por comodidad, asignándola a terceros, sin
escuchar y sin contar con las personas con discapacidad.


Es clave ser conscientes de que hay que
respetar sus voluntades, deseos y preferencias, y que, por tanto, hay que
hacer un esfuerzo por conocerlos, desde el primer momento, garantizando
la accesibilidad a la información. Y se debe buscar la participación de
estas personas cuando se inicie el procedimiento de asignación de los
apoyos para poder valorar adecuadamente, primero, si son necesarios y,
después, cuáles deben ser. También es clave el papel tanto de las
familias como el de las personas de su entorno cercano o los apoyos de
los distintos servicios y recursos sociales, sanitarios, laborales, que
son quienes les acompañan en todo el proceso.


Hemos ido dando pasos con cuentagotas,
cumpliendo con la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que España ratificó en 2008. El paso que damos hoy es más
que otro paso, es un salto hacia adelante sin vuelta atrás. No somos el
primer país en realizar esta reforma, y no todos los países las han
llevado a cabo con la misma intensidad. Con esta ley, hemos intentado
garantizarlas, incluyéndolas en el articulado de las diferentes leyes
afectadas; sin embargo, sabemos que han quedado flecos. Hay artículos en
los que mantenemos todavía cierto paternalismo o maternalismo y leyes que
deberán ser objeto de futuras reformas.


También hemos oído en algún caso que estos
cambios son demasiado ambiciosos; que hemos apostado por una autonomía
exacerbada; que habrá problemas, por ejemplo, con las personas con
enfermedad mental o mayores con deterioro cognitivo. Sabemos que la
implantación de esta ley será compleja, pero si queremos que se realicen
cambios en la sociedad, hay que apuntar alto. Tenemos que pensar en una
revolución que va a afectar a todos los agentes: sector público,
entidades del tercer sector, servicios sociales de base, trabajadoras y
trabajadores sociales, abogadas y abogados, procuradores y procuradoras,
notarios y notarias, registradores y registradoras de la propiedad,
jueces, etcétera. Será necesaria, siempre lo ha sido, una mayor
interdisciplinariedad, trabajar desde el inicio del procedimiento, en
realidad, antes de iniciarlo. La pregunta de para qué iniciamos un
procedimiento de designación de apoyos toma la mayor de las relevancias,
con la persona en el centro. Y para conocer los apoyos que precisa y para
poder garantizarlos, tendrán que participar todos los agentes y perfiles
profesionales.


Es una ley que nos la tenemos que creer todas
las personas tengan o no una discapacidad. Como en otras
transformaciones, va a ser necesaria la formación, la difusión, la
comprensión e incluso la paciencia para llevar adelante y a buen puerto
todos estos cambios, que esperamos se pongan en marcha lo antes posible.
Todavía nos queda el último trámite en el Congreso, y confiamos en que se
lleve a cabo también con el máximo consenso. Por tanto, votaremos a favor
de esta ley.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra el señor Rufà Gracia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todas las personas que están en la tribuna.


Antes de empezar, quiero decir al portavoz
socialista que nuestro grupo decidirá en cada momento si vuelve a
presentar enmiendas tanto en mociones como en leyes, sean las mismas en
el Congreso o sean nuevas en el Senado. Por lo tanto, hay opiniones que
no es necesario expresar aquí.


Quiero agradecer el trabajo realizado por
nuestra representante en la ponencia y en los trabajos previos, compañera
de grupo y además de demarcación, Laura Castell, así como al portavoz
adjunto, Miquel Caminal. Agradezco al grupo que represento, Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, poder defender nuestra posición en esta
ley en el turno de portavoces. Esta ley, que afecta a otras leyes, como
ya es costumbre en el Senado, se ha visto de manera apresurada, sin estar
clasificada como de tramitación urgente. Esta es la primera vez que ha
ocurrido en esta legislatura. Esta ley nos ha permitido analizar y
exponer a los diferentes grupos de una manera más tranquila y sosegada y
llegar a mejores entendimientos, acercamientos y mejoras, más teniendo en
cuenta que en esta Cámara hay representantes de partidos políticos y
coaliciones que no están en el Congreso.


Nos habría gustado que durante su tramitación
se hubiera podido escuchar a diferentes asociaciones que trabajan en
favor de la integración real de las personas con diferentes
discapacidades. Damos gracias a las diferentes asociaciones presentes hoy
aquí en la tribuna, que nos han aportado una visión directa, real, sin
tapujos y con ideas y soluciones constructivas en muchos casos.


Doscientas nueve enmiendas demuestran que,
realmente, era necesaria una revisión de la ley en esta Cámara
legislativa, de debate, de revisión y de modificación de leyes que,
aunque aprobadas en un principio por el Congreso, pueden ser mejoradas.
Nuestro grupo presentó un total de cuarenta y ocho enmiendas en
diferentes apartados de la ley, desde el preámbulo hasta diferentes
artículos y disposiciones finales. Un trabajo realizado en equipo, con
diferentes interlocutores internos y externos que, para nosotros,
mejoraba algunos aspectos y definía situaciones a futuro.


La posición de los partidos mayoritarios ha
sido la esperada, en nuestro caso, han aceptado solo una de las enmiendas
presentadas por nuestro grupo, modificando, eso sí, previamente nuestra
propuesta. Esta táctica de procedimiento se ha utilizado, se ha repetido
y se repetirá con enmiendas de otros partidos y grupos minoritarios, por
lo que vemos con preocupación que la pinza Partido Socialista y PP ya se
ha puesto en marcha, al perder de facto a sus socios y competidores
directos a nivel estatal en esta Cámara y, en un futuro, al Grupo de
Ciudadanos.


Quiero agradecer —eso sí— su
talante, sus maneras, sus conversaciones en estos meses y en la Comisión
para las Políticas Integrales de Discapacidad, a la que pertenezco, al
senador Tomás Marcos Arias. Alguno de nosotros hemos aprendido de su
tenacidad, su trabajo, su voluntad de llegar a acuerdos para integrar más
y mejor a todas las personas con discapacidad, sea cual sea la misma,
presentando incluso cuatro mociones solo en esa comisión.


Para nosotros, la ley mejora y equipara la
situación jurídica de las personas con diferentes afectaciones y
diferentes discapacidades, por lo que no nos opondremos a ella. Lo que
solicito a la Presidencia del Senado y a la Presidencia del Congreso, es
que esta ley, una vez aprobada, se reproduzca en el método de lectura
fácil y en braille en los diferentes idiomas oficiales del Estado y que
se difunda a las entidades presentes aquí y a las entidades del tercer
sector, que trabajan directamente para mejorar la situación de las
personas.


La presente reforma de la legislación civil y
procesal pretende dar un paso decisivo, adecuando nuestro ordenamiento
jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.


Quiero agradecer la presencia de todas las
entidades que están hoy en la tribuna, y me gustaría, insisto, que la ley
que se apruebe en el Congreso sea trasladada a la lectura fácil y al
braille y que las diferentes entidades la puedan difundir a todas las
personas, ya que sería beneficioso que todo el mundo entendiera muy bien
las modificaciones de esta ley y cuál es su alcance.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Lorenzo Torres.


El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes a todos, compañeros senadores.


En primer lugar, quiero agradecer a mi
compañera Violante haberme cedido parte de su tiempo para participar en
este debate. Y me gusta estar aquí en este momento por una doble razón:
como jurista, como abogado en ejercicio, pero, sobre todo, como hijo de
una maestra que dedicó toda su vida a la educación de las personas con
discapacidad. Me llena de orgullo haber trabajado en esta comisión y,
sobre todo, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento por
todo lo que ha pasado, por el consenso que hemos conseguido entre todos
para sacar adelante esta ley. Creo que ha sido un ejemplo, y ojalá que en
otras comisiones y en otros temas lleguemos a lo mismo.


Es muy difícil a estas alturas del debate ser
original. Muchas de las cosas que ya se han dicho las repetiría, pero
también quiero poner en valor que hoy estamos hablando de derechos
humanos; estamos hablando de igualdad; estamos hablando de libertades
individuales, y estamos hablando del respeto a la dignidad. Esta ley
supone un cambio total de la mentalidad, de la forma de entender la
capacidad jurídica de las personas discapacitadas. Además, esta ley
supone una revolución en la capacidad jurídica de las personas.


A partir de ahora, cambiamos un sistema, el de
sustitución. Antiguamente, las personas con discapacidad eran sustituidas
en su capacidad jurídica, pero hoy van a tener total libertad para la
toma de decisiones. Nada más hay que mantener medidas de apoyo en la toma
de decisiones que, sobre todo, deben tener en cuenta su voluntad y sus
intereses. Desterramos conceptos viejos y antiguos, como son:
incapacitado, prolongación de la patria potestad, tramitación de la
patria potestad, y pasamos a nuevos conceptos, como pueden ser medidas de
apoyo, curatelas, facilitador o regulación de los guardadores de hecho,
tan importantes para las familias.


Esta ley supone un avance muy importante, es un
mandato judicial que viene dado por la Convención de las Naciones Unidas.
Pero esta ley reforma siete leyes muy importantes que constituyen el
ordenamiento jurídico de nuestro país: el Código Civil, Ley de
enjuiciamiento civil, la Ley del notariado, la Ley del Registro Civil, la
Ley hipotecaria o la Ley de patrimonios protegidos. Quiero hacer hincapié
en algo que no se ha dicho o se ha mencionado muy por encima. Tenemos que
hacer una gran labor pedagógica. En este cambio de mentalidad respecto a
las personas con discapacidad hay que hacer una labor muy pedagógica,
sobre todo con los agentes jurídicos: los notarios, los registradores,
los abogados, los procuradores, los graduados sociales. Tenemos que
decir: señores, las personas con discapacidad tienen plena capacidad
jurídica, son titulares de derechos y deberes y hay que respetar siempre
su voluntad, y esa voluntad no se puede sustituir, únicamente se debe
apoyar en determinados momentos.


Termino ya, porque tengo que ceder la palabra a
mi compañera. Decía una persona antes que no vamos a ser noticia en los
telediarios, porque este consenso no es noticia; la noticia siempre es la
gresca, no el consenso. Creo que este tema es muy importante para ser
noticia, y si no somos noticia, todos nosotros debemos sentirnos
protagonistas; protagonistas de que hoy, en este país, se apruebe una ley
en la que todos los senadores hemos trabajado para contribuir a que todos
seamos más iguales y, sin duda, vamos a tener una mejor democracia.
Porque esta ley pone énfasis sobre los derechos y deberes de los que son
titulares las personas con discapacidad, en condiciones de libertad e
igualdad. Nos queda mucho trabajo aún por hacer, claro que sí, pero no
tenemos miedo; no nos asustan los retos, y prueba de ello es lo que
estamos haciendo hoy.


Quiero dar las gracias a todas las entidades
del tercer sector por su colaboración en la elaboración de esta ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Tomás
Olivares.


La señora TOMÁS OLIVARES: Gracias, presidenta.
Senadores y senadoras, buenas tardes.


En primer lugar, en nombre de mi grupo
parlamentario, quiero dar la bienvenida a los representantes del Cermi,
que agrupa a todas las organizaciones, y de manera especial a su
presidente, mi querido, murciano ilustre, Luis Cayo Pérez Bueno. Quiero
agradecerles de todo corazón que nos acompañen en un día tan importante
para todos nosotros.


Quiero destacar su incansable trabajo en favor
de las personas con discapacidad, que les ha convertido en locomotora del
cambio social en España. Hoy son los protagonistas indiscutibles de este
proyecto de ley, que busca adaptar la legislación española a las
exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; una convención cuya aplicación en nuestro país
la supervisa el Cermi, volcando esta encomiable tarea en los informes
anuales de situación sobre los derechos humanos de las personas con
discapacidad, que tanta información nos aportan y tanto nos ayudan para
conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades respecto a
lo que hemos hecho y a lo que aún nos queda por hacer en cuestión del
cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias
por engrandecer este Senado con vuestra presencia. (Aplausos).


Mi compañero Miguel Lorenzo, que me ha
precedido en el uso de la palabra, y yo queremos agradecer a nuestro
grupo parlamentario, especialmente a nuestro portavoz, Javier Maroto, que
nos haya confiado el inmenso honor y la gran responsabilidad de ser los
ponentes en este proyecto de ley, que fue encargado por un Gobierno del
Partido Popular a la Comisión General de Codificación, y que sentimos
nuestro, porque tanto en el Congreso como en el Senado hemos incorporado
al texto nuestras propuestas; propuestas que, además, han sido
consensuadas con el Cermi y que han contribuido a conseguir un texto más
acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.


Este proyecto de ley acaba con la
incapacitación judicial y la figura de la tutela y, en su lugar, promueve
un sistema de apoyos individualizados, adaptados a las necesidades y
circunstancias de cada persona para que esta tome sus propias decisiones,
dejando atrás la sustitución de su voluntad. Aunque pueda parecerlo, esta
reforma no supone un mero cambio de terminología o trámites, aunque la
novedad más llamativa es de carácter terminológico, pues se eliminan por
fin las expresiones incapaz o incapacitado para hablar solo de personas
con discapacidad que pueden precisar de algún tipo de apoyo.


El actual modelo al que hemos llegado con un
amplio consenso, como ya se ha dicho aquí, tanto en el Congreso como en
el Senado se sustenta en la defensa de la igualdad de los derechos
humanos de las personas, sean cuales sean sus capacidades. Pero para que
esto haya sido posible ha sido imprescindible reforzar en el texto todos
aquellos preceptos que vienen a garantizar la accesibilidad en todos los
trámites y procedimientos; la necesidad de un tratamiento personalizado
de cada caso; las entrevistas que sean necesarias con la persona con
discapacidad para que entienda la trascendencia de cada trámite y pueda
decidir, en la medida de lo posible, lo que más le convenga. En algunos
casos, este apoyo consistirá en suprimir barreras físicas o en incorporar
recursos tecnológicos; en otros casos, disponer de un intérprete de
lengua de signos, subtitular o audiodescribir la información de un video
o comunicar la información de un texto en lectura fácil.


La esencia de esta ley es que por encima de
todo se sitúa a la persona con discapacidad. Por eso, siempre que sea
posible y así se desee, será la persona la que decida voluntariamente las
medidas de apoyo que precisa, que se adopten en ese momento o para cuando
no pueda expresar su voluntad deseos y preferencias, sin tener que acudir
a la autoridad judicial. Razones de tiempo me impiden destacar todos los
puntos esenciales de nuestras enmiendas y cuál ha sido nuestra
participación en la redacción de las cuarenta y siete enmiendas
transaccionales, ya que son muchas y de hondo calado, pero sí puedo decir
con orgullo que han servido para articular un amplio consenso y acabar
con la dolorosa muerte civil de las personas con discapacidad,
devolviéndoles su dignidad y la prevalencia de su voluntad, deseos y
preferencias, algo que hace unos años parecía imposible.


Termino ya, agradeciendo a los ponentes de
todos los grupos parlamentarios su contribución al logro del consenso con
el que este proyecto de ley va a salir adelante. De manera especial,
quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, en la persona de su
portavoz, Patricia Abascal, su disposición a incorporar nuestras
propuestas y encontrar puntos comunes, que han conseguido un texto
consensuado que nos reconcilia a los diferentes representantes políticos
en tiempos difíciles para la política. Entre todos, hemos conseguido
encontrar soluciones para mejorar la vida de las personas con
discapacidad. También quiero agradecer a nuestra compañera, la diputada
María Jesús Moro, doctora en Derecho y profesora de Derecho Civil en la
Universidad de Salamanca, el inestimable apoyo que nos ha prestado
durante todo el proceso.


Y no puedo terminar sin manifestar nuestra
gratitud al Cermi por su implicación en este proyecto de ley, pero, sobre
todo, por ser protagonistas de los avances legislativos en nuestro país,
que hacen posible el avance en el cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad. Gracias de corazón. (Fuertes Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Abascal Jiménez.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes.


Quiero dar la bienvenida a los representantes
del Cermi, Plena Inclusión, la ONCE, a Jesús Martín, recién nombrado
director general de discapacidad —Jesús, enhorabuena por tu
nombramiento—, así como a Mikey Mondéjar y su familia. Voy a poner
el ejemplo de una persona. Mikey es filólogo, políglota, habla el
castellano y el inglés a la perfección, así como el francés, el alemán.
Se educó en un colegio inglés y estudió filología española en una
universidad americana. Ha escrito dos libros de poemas en edición
bilingüe. Les voy a leer uno de los poemas de su libro Veinte días a la
medianoche: «Los modales no cuestan nada. Hoy en las noticias, autismo.
¿Un trastorno psicológico o una excusa para olvidarse de los modales? Ja,
ja, ja, ¡qué chiste más bueno! ¡Vaya con el humor de ahora! No hacemos
más que reírnos de las peculiaridades de los demás. ¿Por dónde está el
humor de la discapacidad? Puede que no seamos tan normales como la
sociedad querría que fuésemos, pero eso no nos convierte en menos. ¿Dónde
está la gracia en este chiste, cuando uno no tiene una idea diferente de
los modales? ¿Por qué hacer un chiste sobre algo que no entendemos? Pero
esto no se limita tan solo a un chiste. Toda nuestra sociedad gira en
torno a mentes cerradas, al rechazo hacia aquello que no encaje en sus
ideales. ¡Abrid vuestros ojos, abrid vuestros ojos y contemplad el
milagro de la discapacidad! Decís que vivimos en un mundo de arcoíris y
de unicornios. Os dimos dibujos animados para el deleite de vuestros
niños. Decís que tenemos ideas limitadas y que no vemos toda la imagen.
Os hemos descubierto la gravedad, entre otros avances científicos. Decís
que no tenemos modales, que no respetamos a los demás. Crítica, opinión,
tú decides».


Gracias, Mikey, por este poema. Muchísimas
gracias. (Aplausos).


Después de leer este poema y saber el
currículum de Mikey, ¿alguien en este hemiciclo pondría en duda que él no
puede ejercer su capacidad jurídica? La respuesta sería no. ¿Y si les
digo que Mikey tiene TEA, trastorno del espectro autista, cambiaría la
respuesta sobre su capacidad jurídica? Para nosotros la respuesta es la
misma, no ponemos en duda que puede ejercer su capacidad jurídica.


Esta ley histórica va a permitir que las
personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y se
asegura que van a contar con los ajustes y medios necesarios para poder
decidir por ellos mismos. Estamos ante la ley más importante para las
personas con discapacidad. Hasta ahora, eran otras personas las que
decidían por ellos. Hoy podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de
aprobar una ley que permitirá a Mikey comprarse un piso, firmar una
hipoteca, decidir formar una familia, tener un negocio o decidir quién
hereda su patrimonio. Corregimos un agravio perpetuado en el tiempo por
una sociedad que ha escondido y ha impedido que las personas con
discapacidad fueran ciudadanos en igualdad.


El artículo 10 de nuestra Constitución dice:
«La dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y
a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la
paz social». También dice: «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias
ratificados por España». Uno de estos acuerdos es la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, que en el artículo 12
dice: «Igual reconocimiento como personas ante la ley.


Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica.


Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
las demás en todos los aspectos de su vida.


Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.


Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, de
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a la
circunstancia de la persona, que se aplique en el plazo más corto posible
y que estén sujetos a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, a ser propietarias
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso
en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria».


Hasta ahora, incumplíamos lo acordado en la
convención, pero, gracias a entidades como el Cermi o Plena Inclusión,
que llevan años trabajando para que llegue este día, gracias a su tesón y
a su fortaleza, hoy revertimos una gran injusticia.


Quiero dar las gracias a Jesús Martín Blanco,
hasta hace unos días, el delegado de derechos humanos para la convención,
porque nos ha transmitido la importancia de la convención, y porque ha
estado ahí peleando para que esta ley se aprobara. Hoy es un gran día,
Jesús. Jesús explica que sería imposible que a una persona sin
discapacidad se le designara un tutor o tutora que decidiera todo,
absolutamente todo. Entonces, ¿por qué sí se hacía con las personas con
discapacidad? Porque, muchas veces, era la excusa para disponer o actuar
en su nombre.


Estamos ante un nuevo paradigma: libertad de
decisión, independientemente de la situación de la persona. En este caso,
la libertad sí responde a su definición: capacidad de obrar o decidir de
manera individual. Libertad e igualdad para todas las personas con
discapacidad, garantizando todos los apoyos necesarios y que sea ella la
única que tome sus decisiones.


¡Esta va a ser la legislatura de las personas
con discapacidad! El 5 de diciembre de 2018, aprobamos la regulación y el
reconocimiento del derecho del sufragio de las personas con discapacidad.
El 16 de febrero de 2020, aprobamos la erradicación de la esterilización
forzosa o no consentida de personas con discapacidad; una práctica
terrible que impedía a mujeres y a niños decidir sobre su sexualidad.
Hoy, aprobamos esta ley, que consagra la plena igualdad en el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El Consejo de
Ministros, ayer, aprobó modificar el artículo 49 de la Constitución, que
permite la modificación de la palabra disminuido, un término peyorativo y
desfasado. Vamos a aprobar la ley de accesibilidad cognitiva. Se va a
aprobar un nuevo baremo, para que las valoraciones de las personas con
discapacidad se adecuen a la realidad. La Ley de la promoción de la
autonomía personal y dependencia ha recibido un impulso significativo, y
la figura del asistente personal será una realidad. El compromiso del
Gobierno, del presidente, Pedro Sánchez, y del Grupo Socialista es total
con las entidades y colectivos de la discapacidad. Avanzaremos juntos y
juntas.


Gracias a la Mesa del Senado, que decidió, con
muy buen criterio, que esta ley se viera en la Comisión para Políticas
Integrales de la Discapacidad. Es un orgullo ser portavoz en esta
comisión y haber trabajado para mejorar la ley. Quiero dar las gracias a
los portavoces de los diferentes grupos que participaron en la comisión.
Hemos trabajado con un objetivo común: aprobar la mejor ley, y lo hemos
conseguido.


Quiero agradecer, también, la labor del letrado
y de los servicios de la Cámara, así como la de mis compañeros: Chema,
Josele, Miguel Ángel —que es diputado en el Congreso y que ha
trabajado en esta ley—, a María y a Javier, asesores del Ministerio
de Justicia, que han trabajado hasta los fines de semana, para poder
decir que hemos aprobado la mejor ley, una ley que permite modificar ocho
leyes, incluida la Ley del comercio.


Gracias a las entidades de la discapacidad, por
su infinita paciencia, y gracias a Mikey, por ser una persona
excepcional. Como tú dices: quieres ser y quieres hacer feliz a las
personas. En eso, estamos totalmente de acuerdo. (Aplausos).


Para mí ha sido un orgullo formar parte de la
ponencia de la que, sin duda, es la ley más importante en el ámbito
jurídico. Ahora, toca hacer mucha pedagogía y formación para que su
aplicación sea la correcta. Desde hoy, desde la aprobación de esta ley,
nuestro país es un poco mejor y hemos avanzado en igualdad y en
libertad.


Muchísimas gracias por todo el trabajo
realizado y enhorabuena. Gracias. (Fuertes aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de
Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
ese dictamen será sometido a votación en el plazo que la Presidencia
abrirá al finalizar el siguiente punto del orden del día.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.


543/000001






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE
UNA REGULACIÓN DE LAS NUEVAS REALIDADES TECNOLÓGICAS, DISRUPTIVAS Y
SOCIALES, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.


543/000004






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS SOCIALES.


543/000003



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 11., 11.1., 11.1.1., 11.1.2. y 11.1.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se
solicita la ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos de la
Ponencia de estudio sobre los retos de una transición energética
sostenible, constituida en el seno de la comisión, por un período
adicional de seis meses, excluido de su cómputo el mes de agosto.


A continuación, se solicita la ampliación del
plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio sobre
la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas,
disruptivas y sociales, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, por un periodo adicional de seis
meses.


En la Ponencia de estudio sobre el proceso de
envejecimiento en España, constituida en el seno de la Comisión de
Derechos Sociales, se solicita la ampliación hasta la finalización del
próximo periodo de sesiones.


Si no hay ninguna intervención por parte de sus
señorías, vamos a pasar a la votación de los siguientes asuntos.


Proyecto de ley por el que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Votación de las
enmiendas. Las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno. Votación, en un solo acto, de
aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en la votación anterior. Votación, en un solo acto, del
resto del proyecto de ley.


Votación de la solicitud de ampliación de la
Ponencia de estudio sobre los retos de una transición energética
sostenible, constituida en el seno de la Comisión de Transición
Ecológica.


Votación de la solicitud de ampliación de la
Ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas
realidades tecnológicas, disruptivas y sociales, constituida en el seno
de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Votación de la solicitud de ampliación del
plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio sobre
el proceso de envejecimiento en España, constituida en el seno de la
Comisión de Derechos Sociales.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática, desde este momento, que son las quince horas y cincuenta y
tres minutos, hasta las diecisiete horas y cincuenta y tres minutos.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LAS REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA QUE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DISPONGAN DEL MARCO JURÍDICO ADECUADO PARA HACER FRENTE A LA
PANDEMIA POR COVID-19 TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, ASÍ COMO
A CONVOCAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES A FIN DE ALCANZAR LA NECESARIA
COGOBERNANZA EN LA TOMA DE DECISIONES.


671/000065

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 12. y 12.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción consecuencia de interpelación se han presentado cuatro enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa del senador Prudencio
Catalán Higueras; una del Grupo Parlamentario Socialista; una del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; y una del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado.


Para la defensa de la moción, por tiempo de cinco
minutos, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fabra Part.


El señor FABRA PART: Señora presidenta, señorías,
desde hace un año les ha recordado el Partido Popular que era necesario
hacer una modificación legislativa para poder abordar la situación de
España más allá del estado de alarma. La última vez que lo hicimos fue en
el último Pleno, donde mi compañera Salomé Pradas interpeló al Gobierno
haciéndole ver que era necesario tener instrumentos alternativos para
poder abordar algo que estaba cerca de producirse, como era el final del
estado de alarma.


Hace dos semanas, por tanto, el ministro de
Política Territorial y Función Pública dijo que las comunidades autónomas
disponían de todos los instrumentos jurídicos necesarios para actuar
después del estado de alarma y confió toda su suerte a las propuestas
coordinadas del Consejo Interterritorial de Salud que fueran dictadas
como órdenes por el Ministerio de Sanidad. Desde esa comparecencia, todos
los partidos y comunidades autónomas han urgido —especialmente lo
ha hecho el Partido Popular— a que se esclareciera cuál era la
situación después del estado de alarma.


El Gobierno en ningún momento lo ha hecho, a pesar
de que la vicepresidenta primera confirmó aquí en el Senado, hace mañana
un año, una reforma legal para no tener que recurrir al estado de alarma
si hubiera más rebrotes y poder encontrar alguna solución alternativa al
estado de alarma. O no ha podido, por no generar problemas con sus socios
de Gobierno, o no ha querido, por no dar su brazo a torcer precisamente a
lo que proponía el Partido Popular y no aceptar la solución que le daba,
o no ha sabido, por su grado de irresponsabilidad o incompetencia a la
hora de abordar este tema.


La última ocurrencia de este Gobierno fue aprobar
un decreto-ley cuatro días antes del fin del estado de alarma,
involucrando a los tribunales, dejándoles toda la responsabilidad y
obligándoles a contestar en unos plazos determinados. El propio Tribunal
Supremo contestó rápidamente a través de un informe de urgencia, donde
cuestionaba la insuficiencia de rango de la norma empleada —el
decreto ley—, que no se podía —como le exigía el
decreto-ley— fijar doctrina y que no estaba de acuerdo en algunas
cuestiones relativas a los plazos o a los requisitos legales para admitir
el recurso.


A pesar de todos estos reparos de los tribunales,
la situación de indefensión jurídica que se está produciendo en las
comunidades autónomas en estos momentos no hizo cambiar de postura al
Partido Socialista. Según Pedro Sánchez, las comunidades autónomas
disponen de todos los instrumentos jurídicos para hacer frente a la
situación actual.


Señorías, ¿realmente creen que todo ya está
resuelto? Yo creo que no, y conmigo los medios de comunicación y la
propia sociedad. (El señor Fabra Part muestra unos titulares de
periódico): «Del caos del estado de alarma al caos de la sociedad». «El
fin del estado de alarma saca a una multitud a las calles». «El fin del
estado de alarma desata el caos jurídico sobre las nuevas restricciones».
«El caos jurídico hace que los tribunales tumben el toque de queda en el
País Vasco, pero lo permitan en Valencia y en Baleares». ¿No creen,
señorías, después del caos jurídico que han creado, que deberían aceptar
la mano tendida del Partido Popular y proceder a una reforma legislativa
exprés consensuada con presidentes de comunidades y ciudades autónomas
para poder tomar las acciones que todavía necesitamos para acabar con la
pandemia?


Ante este despropósito, ante la importante dejación
de funciones de este Gobierno, que ha dejado, como hemos visto, a los
pies de la pandemia a las comunidades autónomas, el Partido Popular les
propone esta moción, con dos puntos que esperamos sean aceptados por
todos los grupos: en primer lugar, impulsar las reformas legislativas
necesarias para poder dar instrumentos legales a las comunidades
autónomas y, en segundo lugar, y acabo presidenta, convocar urgentemente
a la Conferencia de Presidentes. El diálogo entre comunidades autónomas y
el Gobierno es más necesario que nunca y, por eso, les pedimos su
confianza para sacar adelante esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Catalán Higueras, por tiempo
de cinco minutos.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora
presidenta. Señorías, muy buenas tardes.


Visto el fracaso del mando único establecido por el
Gobierno de España a la hora de adquirir material sanitario para hacer
frente al coronavirus, el Gobierno de España se ha convertido en el mayor
discípulo de Pilatos y se ha venido lavando las manos vilmente ante
situaciones que, por su responsabilidad y obligación, debiera haber
asumido. Ha despreciado el planteamiento de las comunidades autónomas a
la hora de establecer una normativa que les diese seguridad jurídica en
las medidas que se tenían que adoptar, y así se está viendo en estos
últimos días. Pero es que, además, no ha consultado con nadie ni ha
escuchado a nadie, ni siquiera a los representantes de las comunidades
autónomas ni a la Conferencia de Presidentes, ni tampoco a la hora de
convocar, por ejemplo, la Comisión General de Comunidades Autónomas de
esta Cámara, que se dice de representación territorial, tal y como hemos
demandado a lo largo de estos meses varias formaciones políticas y
diferentes grupos políticos y tal como hoy reclaman también las
comunidades autónomas y sus responsables, incluso algunos del Partido
Socialista.


Por lo tanto, señorías, ha habido inacción e
irresponsabilidad absoluta del Gobierno, que ha escondido sus decisiones
siempre detrás de otros; nunca ha liderado ni coordinado nada. Primero
fue detrás de un comité de expertos que luego se demostró inexistente;
luego, de las comunidades autónomas, y, ahora, del Tribunal Supremo.
Recuerden las proclamas y los pronunciamientos de este Gobierno al
principio de legislatura, que manifestaba que la legislatura que
comenzaba iba a ser la legislatura del diálogo y de la no judicialización
de la política. Y, sin embargo, ha sido todo lo contrario: ha sido la
política de la prepotencia, la legislatura de la soberbia, de la
imposición, de las ocurrencias, de la dejadez. No han importado ni
siquiera los pronunciamientos ni los cuestionamientos del Consejo de
Estado, de los jueces, de la Fiscalía. El Gobierno ha considerado
suficiente el recurso de las comunidades autónomas, ante el Tribunal
Constitucional, por los pronunciamientos contrarios de los tribunales
superiores de justicia, algo que, por cierto, no ha posibilitado a otros
colectivos, ni a los ciudadanos de a pie, poder recurrir las decisiones
del propio Tribunal Superior de Justicia ante el Supremo.


Señorías, a día de hoy estamos viviendo todavía una
situación complicada, una situación muy muy delicada. Todavía hoy se
sigue estrellando un avión diariamente con decenas y decenas, cuando no
centenares, de muertos, y, mientras, el Gobierno haciendo dejación de sus
responsabilidades; y el Gobierno dejando indefensas a las comunidades
autónomas a la hora de aplicar las medidas pertinentes con seguridad
jurídica y también dejando indefensos a los propios ciudadanos. Y ya se
sabe, señorías, el que discrepa o el que critica al Gobierno o es un
ignorante o es un fascista o es las dos cosas. Y así no, señores del
Gobierno, así no.


Un ejemplo palpable es lo que hemos padecido en la
Comunidad Foral de Navarra. Se hablaba por parte del Gobierno de la vía
Navarra, de que había sido y estaba siendo un éxito y, sin embargo,
encabezábamos la lista de los peores números de la gestión de la pandemia
con decenas y decenas de afectados todos los días. Y luego llega el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra y tampoco aplaude ni respalda
las iniciativas del Gobierno, que dijo que no iba a recurrir. Por
supuesto que no tiene que recurrir, porque la prepotencia y la soberbia
han castigado este tipo de comportamientos. Hay que buscar el diálogo, el
consenso, el entendimiento, también con aquellos que tampoco tienen por
qué coincidir con nosotros ideológicamente. Es evidente que es mejor
entre todos, que no libremente.


Y, sobre todo, el Gobierno tiene que asumir sus
responsabilidades y sus obligaciones. No puede, en ningún caso, hacer
dejación de las mismas, porque, al final, los paganos de la situación,
una vez más, son los ciudadanos de nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la señora Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señora
vicepresidenta. Buenas tardes, señorías.


Hoy, el Grupo Parlamentario Popular nos trae una
moción consecuencia de interpelación para que las comunidades autónomas
cuenten con un marco jurídico adecuado para dar respuesta a las medidas
necesarias para la gestión de la pandemia, una vez finalizado el estado
de alarma.


En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que
el fin del estado de alarma en nuestro país es una muy buena noticia.
Actualmente, la pandemia tiene una evolución favorable, con una
incidencia acumulada a catorce días de 170 casos. Nos encontramos en una
situación sanitaria distinta y mejor a la que vivíamos en octubre del año
pasado. Contamos ya con un 28 % de la población con al menos una dosis de
vacuna inoculada y el 100 % de la población mayor de 80 años. Hay
comunidades, como la mía, Canarias, con una incidencia acumulada de 83
casos a catorce días, que muestran una evolución favorable. Por ello, el
empeño es vacunar, vacunar y vacunar para alcanzar la ansiada inmunidad
de grupo que va progresando.


Señorías del Partido Popular, mi grupo considera
que el objeto de su moción no es necesario. Con respecto al primer punto,
ustedes proponen el establecimiento de un marco jurídico, marco jurídico
que ya existe. Hoy, sin estado de alarma, el marco legislativo sanitario
sigue permitiendo a las comunidades autónomas tomar todas las decisiones
necesarias, incluso aquellas que afectan a los derechos fundamentales y
libertades públicas, mediante la autorización judicial que corresponde a
los tribunales superiores de justicia. Hoy contamos con instrumentos
normativos suficientes y adecuados, de los que nos hemos dotado, como son
la Ley de nueva normalidad, el plan de respuesta temprana, las
actuaciones de respuesta coordinada, la Ley general de sanidad y la Ley
Orgánica de medidas especiales en materia de salud Pública, que están
sujetas al control jurídico ordinario. Ese procedimiento, por el que
algunos y algunas hoy están criticando al Gobierno, se incorporó ya en el
año 2000 durante el Gobierno del señor Aznar y nadie ha dudado de su
constitucionalidad. En nuestro ordenamiento, corresponde al Poder
Judicial la autorización de las medidas restrictivas de derechos
fundamentales, o sea, que de judicialización de la política, nada; simple
y llano Estado constitucional de derecho. Ese es el funcionamiento
habitual de nuestro Estado de derecho, y quienes proponen reformas
legales para evitar ese control simplemente no han entendido nuestro
diseño constitucional.


Como saben, el Gobierno no va cejar en su empeño de
seguir apoyando a las comunidades autónomas en la lucha contra la
pandemia. Por eso, los gobiernos autonómicos también tienen la
posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su
territorio con el alcance que consideren.


Sinceramente, señorías del Partido Popular, me
alegra que su grupo reconozca por fin el acierto que supuso para la salud
pública de nuestro país la decisión del Gobierno de decretar los tres
estados de alarma en toda la nación. (Aplausos). En el Congreso de los
Diputados ustedes votaron, primero, a favor; luego, se abstuvieron;
luego, votaron en contra; luego, se volvieron a abstener. Dictadura
constitucional, se atrevieron a llamarlo, y ahora lo reclaman.


Señorías, paso a explicar la enmienda que mi grupo
ha presentado. Nuestra enmienda lo que defiende es la cogobernanza
entendida como un modo de gobernar respetuoso en un Estado políticamente
descentralizado como el nuestro, en el que deben adoptarse todas las
decisiones de los poderes públicos en aquellas materias, como sanidad, en
las que las competencias están profundamente compartidas, transferidas.
Por ello, desde el inicio de la pandemia, hemos defendido lo útil de la
gestión de este modelo y de las decisiones del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, con sus reuniones periódicas semanales.
Por eso, proponemos la enmienda de sustitución que ustedes conocen. No en
vano, la cogobernanza ni se agota ni se limita a la convocatoria de un
órgano de cooperación concreto, sino que precisa del uso frecuente y leal
de todos ellos.


Y voy concluyendo, señora vicepresidenta. Señorías
del Partido Popular, su actitud en esta pandemia ha sido de total
deslealtad, porque han encontrado, en esta difícil situación crítica
sanitaria, económica y social, la justificación perfecta para avivar el
odio contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y han hecho uso de la política
del hostigamiento sin una verdadera propuesta.


Para concluir, si me permiten, me gustaría
trasladar a la ciudadanía, cansada de esta difícil situación que estamos
viviendo, un mensaje de optimismo: estamos transitando hacia un horizonte
mejor de la mano de la vacunación, de la transformación, de la
recuperación económica y social a las que nos conducen los fondos
europeos y el plan del Gobierno. Por eso, debemos hacer un esfuerzo más y
seguir siendo responsables individual y colectivamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Beltrán de Heredia.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko.


Con su permiso, intervendré desde el escaño
simplemente para decir que damos por defendida nuestra enmienda. Lo que
pretendemos con ella es que no solamente se articule una modificación
legislativa para el momento actual y la situación actual generada por la
pandemia de la COVID-19, sino que, vistas las carencias con las que nos
encontramos a la hora de establecer determinadas medidas, que se aborde
de una manera generalizada para cualquier tipo de situación epidémica o
de crisis sanitaria que se pudiera producir en un futuro.


Creemos que con esta enmienda mejoran radicalmente
la redacción y la intención de la moción y por eso la presentamos y
esperamos que pueda ser incorporada a la moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Bona tarda, senyories. Junts per Catalunya pot
compartir una part important del text expositiu de la moció conseqüència
d’interpel·lació així com bona part del primer punt de la part
dispositiva, perquè coincidim en el fet que entomar les reformes
necessàries perquè les comunitats autònomes disposin de el marc jurídic
adequat per afrontar la pandèmia pot francament ajudar-nos a tots. I diem
que pot perquè ens ajudarà en la mesura que la decisió de quines siguin
aquestes reformes es faci amb la seva participació, amb la participació
de les comunitats autònomes. I en aquest sentit va l’esmena
proposada pel nostre grup, en el sentit d’evitar que, un cop més,
es prenguin decisions sense tenir en compte l’opinió i les demandes
de la comunitat autònoma. Bé, diem que es prenguin decisions o
senzillament que no es prenguin, com va passar en les primeres setmanes
de la pandèmia; és indiferent.


En la mateixa esmena proposem també la supressió
del punt 2 de la part dispositiva, i ho proposem, primer, perquè vostès
saben molt bé que nosaltres, Junts per Catalunya, som més partidaris de
les relacions bilaterals que de les multilaterals, i, segon, perquè
l’experiència ens ha demostrat, durant aquesta pandèmia, que les
conferències de presidents s’han fet servir per disfressar la
gestió de Govern, per disfressar-la de cogobernança quan el que es feia
era informar de decisions ja preses i sovint anunciades ja en roda de
premsa. Tot i això, durant tota la pandèmia, tant el molt honorable
president Torra, primer, com després el vicepresident en funcions de
president quan va haver de substituir-lo per aquella, per a nosaltres,
qüestionable inhabilitació, en tot moment, ells, per responsabilitat i
atenent al context d’excepcionalitat, amb ànim constructiu per
aportar les millors solucions per als catalans i les catalanes, van
participar en totes les reunions que es van celebrar, tot evidenciant-se,
com els deia, la poca utilitat. A l’única que no es va assistir va
ser a la presencial de San Millán de la Cogolla, primer, per coherència
amb el context de pandèmia i les restriccions de mobilitat que havíem
imposat a tota la ciutadania, però, sobretot, per no participar a la foto
amb Felipe VI, en un intent més de blanquejar la monarquia més corrupta
d’Europa.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Junts per Catalunya puede
compartir una parte importante del texto expositivo de la moción
consecuencia de interpelación y buena parte del primer punto de la parte
dispositiva. Coincidimos en el hecho de que hacer frente a las reformas
necesarias para que las comunidades autónomas dispongan del marco
jurídico adecuado para afrontar la pandemia nos puede ayudar a todos. Y
decimos que puede porque nos ayudará en la medida en que la decisión de
cuáles sean estas reformas se haga con su participación, con la
participación de las comunidades autónomas. Y en este sentido va la
enmienda propuesta por nuestro grupo, en el sentido de evitar que, una
vez más, se tomen decisiones sin tener en cuenta la opinión y las
demandas de la comunidad autónoma. Y hablamos de que se tomen decisiones
o de que no se tomen, como sucedió en las primeras semanas de la
pandemia; es indiferente.


En la misma enmienda proponemos también la
supresión del punto 2 de la parte dispositiva, y lo proponemos, primero,
porque ustedes saben muy bien que nosotros, Junts per Catalunya, somos
más partidarios de las relaciones bilaterales que de las multilaterales,
y, segundo, porque la experiencia nos ha demostrado, durante esta
pandemia, que las conferencias de presidentes se han utilizado para
disfrazar la gestión de Gobierno, para disfrazarla de cogobernanza cuando
lo que se hacía era informar de decisiones ya tomadas y a menudo
comunicadas ya en rueda de prensa. A pesar de ello, durante toda la
pandemia, tanto el muy honorable presidente Torra, primero, como luego el
vicepresidente en funciones de presidente cuando tuvo que sustituirlo por
aquella, para nosotros, cuestionable inhabilitación, en todo momento,
ellos, por responsabilidad y atendiendo al contexto de excepcionalidad,
con ánimo constructivo para aportar las mejores soluciones para los
catalanes y catalanas, participaron en todas las reuniones que se
organizaron, si bien se hizo evidente que eran poco útiles. A la única
que no se asistió fue a la presencial por coherencia con el contexto de
pandemia y restricciones de movilidad que habíamos impuesto a toda la
ciudadanía, pero, sobre todo, para no participar en la foto con Felipe
VI, en un intento más de blanquear la monarquía más corrupta de
Europa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Tiene ahora la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, el senador Fabra, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas.


El señor FABRA PART: Muchas gracias,
presidenta.


Senador Catalán, le agradecemos su aportación en la
enmienda que lo que viene es a instar a que, de forma urgente, se pueda
convocar la Conferencia de Presidentes. Y con ello también voy a
contestar a parte de lo que han argumentado otros grupos políticos a la
hora de hacer sus respectivas enmiendas.


La Conferencia de Presidentes es necesaria,
señorías. Se nos ha hinchado la boca de hablar de diálogo, de consenso,
de querer escuchar. ¿Y por qué ahora lo queremos evitar? ¿Por qué no son
capaces de mirar a los ojos a las comunidades autónomas y decirles: les
vamos a ayudar a encontrar un soporte legal que pueda darles a ustedes
cobertura legislativa? ¿Por qué no somos capaces de apoyar esa
Conferencia de Presidentes? Si es muy sencillo, si es simplemente que las
comunidades aporten su punto de vista para aclarar al Gobierno que es
necesario algo más que lo que se está haciendo en este momento para tener
las garantías jurídicas necesarias y poder trabajar todos de forma
conjunta para acabar con la pandemia.


Por eso no entiendo por qué tanto el Grupo
Nacionalista Vasco como el Grupo Nacionalista no quieren que se reúna la
Conferencia de Presidentes. Yo puedo entender su rechazo por otras
cuestiones, pero no por esta, que es simplemente realizar un diálogo
entre comunidades autónomas y Gobierno. Y, por eso, creo que deberían
reflexionar sobre la necesidad de esa convocatoria, para poder tener
todos la seguridad de que existe diálogo, que existe acuerdo y que puede
haber mejores soluciones a las situaciones reales.


En cuanto al Partido Socialista, yo sé que es un
papelón para ustedes; no es nada fácil. ¿Cómo es posible que no quieran
que haya Conferencia de Presidentes aquí, en el Senado, la Cámara
territorial por excelencia? ¿Por qué niegan que se escuchen las voces de
las comunidades autónomas? ¿Es que no les va a gustar lo que les van a
decir? Claro, les han dejado a los pies de la pandemia, y eso es lo que
no quieren escuchar ustedes. No es lógico que ustedes no quieran saber lo
que les quieren comentar. (Aplausos).


Hablan de que como la situación epidemiológica
ahora está mejor no es necesario el estado de alarma. ¿Cómo lo pueden
decir? ¿Cómo pueden decir que la situación es mejor? ¿Saben que hay ocho
provincias que están por encima de los 300 casos por 100 000 en
incidencia? ¡Ocho provincias! ¿Qué argumentos les van a dar a estas
provincias? ¿En qué situación quedan sus comunidades autónomas? No tienen
instrumentos, no es el momento de hacerlo, y por eso también la
vicepresidenta hace un año reconoció que era necesario cambiar la
legislación. Yo lamento que no hicieran caso a su vicepresidenta y que en
estos momentos no quieran apoyar la moción del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


En turno de portavoces, tiene la palabra, en primer
lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, ya es hora de recuperar la libertad. Ya
es hora de que los españoles, con todas las medidas de protección, puedan
continuar con sus vidas. España debe protegerse, pero no puede pararse.
El estado de alarma, declarado en el mes de marzo del año pasado,
realmente fue un estado de excepción encubierto, que se prorrogó seis
veces. La sexta prórroga incluía una somera regulación del llamado plan
para la desescalada, con introducción de la insólita cogobernanza, que no
existe en nuestras leyes y que es un invento artificioso del señor
Sánchez, que lo único que pretende es hacer un uso alternativo del
derecho a su conveniencia según la ocasión, nada más. No existe en el
ordenamiento constitucional ni hay ninguna ley que lo desarrolle. La Ley
Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, prevé
la posibilidad de adopción de medidas con el mismo alcance de contenido
material de un estado de alarma; asimismo, permite la adopción de medidas
a todas las administraciones públicas, no solamente la central, sino
también las autonómicas y las locales. Que la descentralización en
materia de salud pública ha dado lugar a esta crisis sin precedentes por
el número de muertos en España, y también por comparación con el resto de
los Estados europeos y, por decirlo todo, con el resto del mundo, no lo
dice Vox, lo han dicho distintos medios periodísticos tanto nacionales
como extranjeros. En España el modelo descentralizado en sanidad pública
es un fracaso.


En el derecho español coexisten dos normas; las
dos, leyes orgánicas. La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma,
excepción y sitio, y la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en
materia de salud pública. Estas dos leyes se solapan en cuanto a la
posibilidad de adopción de medidas con contenido material, que puede ser
igual.


Lo que nosotros proponemos, lo que Vox propone, es
que se apliquen estas leyes en su conjunto en la parte que regula el
estado de alarma, debidamente y de conformidad con la Constitución. Eso
es lo que proponemos. Y ante eso, que es en síntesis la postura de mayor
fidelidad a la Constitución, señorías del Partido Socialista y aliados
gubernamentales, lo que ha hecho el Gobierno ha sido abusar de ese estado
de alarma y en la última ocasión introduciendo una prórroga de seis meses
inadmisible de todo punto y haciendo una delegación universal de
competencias en todos los presidentes de las comunidades autónomas, que
es un fraude a la propia ley reguladora del estado de alarma, entre otros
vicios, de inconstitucionalidad. De modo que si ese instrumento legal,
que es la ley orgánica y que es una ley en desarrollo de la Constitución,
fuera debidamente utilizado, estaríamos en presencia de un instrumento
útil para combatir una epidemia como la que asola España, y no esto que
ustedes, señorías del Partido Popular, proponen, que lo único que
pretende es dar más competencias a las comunidades autónomas.


Por lo expuesto anteriormente, votaremos en contra
de esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta,
señorías, muy buenas tardes.


Es un tema ciertamente complicado, complicado y
complejo, porque la previsión de la finalización del estado de alarma y
su paraguas jurídico el pasado 9 de mayo exigía del Gobierno un ejercicio
de responsabilidad a fin de evitar el caos legislativo y judicial en el
que ya nos encontramos, con diecisiete comunidades autónomas aplicando
medidas distintas, a veces contradictorias, incluso con las decisiones
judiciales posteriores.


El Gobierno ha vuelto a delegar su responsabilidad
de gestión de manera íntegra en las comunidades autónomas; y en su
defecto, en sus tribunales superiores de justicia y, en última instancia,
en el Tribunal Supremo. Por ello, el caos está garantizado.


Señorías, hemos dicho en múltiples ocasiones a lo
largo del último año que es necesario un marco jurídico que garantice y
ponga a disposición de las comunidades autónomas los instrumentos
suficientes para hacer frente a la pandemia y a su distinta evolución en
función del tiempo y el territorio de que se trate. Existen, y son muy
útiles, instrumentos jurídicos a estos fines. Pero el Gobierno, por
contra, ha preferido o ha optado por delegar la coordinación y la gestión
sanitaria que ahora protagonizará un conflicto incesante entre nada menos
que no uno ni dos, sino diecisiete gobiernos regionales, diecisiete
parlamentos regionales y diecisiete tribunales de justicia, y un último,
ulterior y final Tribunal Supremo, que al final entendemos que pondrá
cordura.


Pues bien, nos gustaría recordar, y es importante
matizarlo, que nuestro grupo ya presentó en el Congreso, en diciembre del
año 2020, poco después de la aprobación de la prórroga de seis meses del
estado de alarma que nosotros apoyamos, como no podía ser de otra manera,
una proposición de ley orgánica de refuerzo, coordinación y agilización
del sistema sanitario en situaciones de emergencia sanitaria. Esta
proposición de ley que Ciudadanos presentó, a nuestro juicio, contribuye
a solventar las incertidumbres que a todos nos genera la citada caída del
estado de alarma, a la vista de que, pese a la evidente mejoría
—todo hay que decirlo— experimentada gracias al avance de la
vacunación, la situación sanitaria sigue siendo obviamente problemática.
En este sentido, la propuesta se bifurcaba, se diseccionaba en tres. En
primer lugar, la modificación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción y sitio, al objeto de establecer un
plazo máximo de 30 días a la prórroga del estado de alarma que, en su
caso, se acordaría por el Pleno del Congreso de los Diputados. En segundo
lugar, la modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, para que entre los asuntos de
que conocerá la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en única instancia, estuviera la ratificación judicial de las
declaraciones de actuaciones coordinadas en materia de sanidad. Y, por
último, en tercer lugar, nosotros metíamos en esta iniciativa la
modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, para fortalecer las competencias de alta
inspección y a la vez garantizar que solamente la Audiencia Nacional
dispusiera, en su caso, de competencias para ratificar las decisiones
administrativas en materia sanitaria. En pocas palabras, el fin último de
nuestra propuesta era permitir la adopción de medidas efectivas para la
lucha contra el virus, favoreciendo la mayor y mejor homogeneidad en las
decisiones adoptadas a este respecto por parte de las comunidades
autónomas.


Por otra parte, y para finalizar, es preciso
recordar, señorías, y es importante matizarlo, que algunos autores,
eminentes juristas, técnicos y expertos han contemplado la posibilidad de
desarrollar mediante una ley marco, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 150.1 de la Constitución, una alternativa muy válida a la que,
sin embargo, todavía no se ha acudido en estos cuarenta años. Pero bueno,
ahí está y hay que decirlo.


Para finalizar, votaremos a favor de la iniciativa
presentada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cervera. Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bona
tarda de nou.


És evident que és molt difícil que el Grup Popular
i Junts per Catalunya arribem a cap acord, perquè igualment evident és
que no veiem igual. Malgrat tot, voldria agrair l’interès del
senador Fabra per intentar arribar a un redactat de consens que, en
aquest tema, probablement hauríem pogut acordar en un altre context, però
el context és el que és, i nosaltres no ens en podem abstreure; ni ens en
podem abstreure ni el volem normalitzar aquest context.


Aquesta moció, com dèiem abans, és conseqüència de
la interpel·lació realitzada per la senadora Pradas, del Grup Popular, el
dia 27 d’abril, una setmana abans, si recorden, que votés la
Comunitat de Madrid. Recordaran segur també que en el transcurs
d’aquesta interpel·lació la llibertat va estar en boca de la ponent
i de l’interpel·lat, en aquest cas el ministre Iceta, que va dir
que la llibertat ens l’havien de donar els jutges. Mentre que la
senyora Pradas saltava de l’escó dient que la llibertat ens
l’havia de donar una llei i, en tot cas, els jutges l’havien
de limitar. Però al final, com passa molt més sovint del que sembla, un
cop més, es van posar d’acord i van coincidir: la llibertat ens la
dona la sacrosanta Constitució. No pas a tots, dic jo, i no em refereixo
només als catalans, em refereixo a l’excepció de Madrid, on la
llibertat, com ens recordava la mateixa senyora Pradas aquell dia al
final de la seva intervenció, la dona la senyora Ayuso. I jo afegeixo que
la deu donar amb l’ajuda de l’avantatjat alcalde de la
ciutat, si més no la llibertat de blanquejar i banalitzar el feixisme,
una actitud que, amb tristesa, hem comprovat, està molt més arrelada del
que molts voldríem, i una actitud contra la que sovint el president
Sánchez i alguns ministres d’aquest Govern no combaten amb la
contundència que fan altres governs europeus, com el francès o
l’alemany. Ans al contrari, i poso per exemple els esforços de la
ministra Robles per minimitzar el tema del feixisme cada cop que li hem
posat damunt la taula en aquesta Cambra.


A Junts per Catalunya, en principi, ens abstindrem
en aquesta moció, i vostès, tant uns com altres, poden seguir parlant de
llibertat tant com vulguin, poden repetir-se la paraula de forma
reiterada, però per més que ho facin no canviaran la realitat de
l’Estat espanyol, on la vulneració de drets deixa en entredit
l’ús d’aquest terme; una llibertat que nosaltres no ens
cansarem de reclamar pels nostres presos, pels nostres exiliats, pels
nostres represaliats i pel nostre país.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo.


Es evidente que es muy difícil que el Grupo Popular
y Junts per Catalunya lleguemos a ningún acuerdo, porque igualmente
evidente es que no vemos las cosas de la misma manera. A pesar de todo,
quisiera agradecer el interés del senador Fabra por intentar llegar a un
redactado de consenso. En este tema probablemente habríamos podido
acordar en otro contexto, pero el contexto es el que es, y nosotros no
podemos abstraernos de él; ni podemos abstraernos ni queremos normalizar
este contexto.


Esta moción, como decíamos antes, es consecuencia
de la interpelación realizada por la senadora Pradas, del Grupo Popular,
el día 27 de abril, una semana antes, si ustedes recuerdan, que votara la
Comunidad de Madrid. Recordarán seguro también que en el transcurso de
esa interpelación la libertad estuvo en boca de la ponente y del
interpelado, en este caso el ministro Iceta, que dijo que la libertad
tenía que dárnosla los jueces. Mientras que la señora Pradas saltaba del
escaño diciendo que la libertad nos la tenía que dar una ley y, en
cualquier caso, los jueces tenían que limitarla. Pero al final, como
sucede mucho más a menudo de lo que pudiera parecer, una vez más, se
pusieron de acuerdo y coincidieron: la libertad nos la da la sacrosanta
Constitución. No a todos, digo yo, y no me refiero solo a los catalanes,
me refiero a la excepción de Madrid, donde la libertad, como nos
recordaba la misma señora Pradas ese día al final de su intervención, la
da la señora Ayuso. Y yo añado que la debe dar con la ayuda del alcalde
de la ciudad, porque la libertad de blanquear y banalizar el fascismo,
una actitud que, con tristeza, hemos comprobado, está mucho más enraizada
de lo que muchos quisieran, y lamentablemente es una actitud que a menudo
el presidente Sánchez y algunos ministros de este Gobierno no combaten
con la contundencia que hacen otros gobiernos europeos, como el francés o
el alemán. Más bien al contrario, y pongo por ejemplo los esfuerzos de la
ministra Robles para minimizar el tema del fascismo cada vez que se ha
puesto encima de la mesa en esta Cámara.


En Junts per Catalunya, en principio, nos vamos a
abstener en esta moción, y ustedes, tanto unos como otros, pueden seguir
hablando de libertad tanto como quieran, pueden repetirse la palabra de
forma reiterada, pero por mucho que lo hagan no cambiarán la realidad del
Estado español, donde la vulneración de derechos deja en entredicho el
uso de este término; una libertad que nosotros no nos cansaremos de
reclamar por nuestros presos, nuestros exiliados, represaliados y por
nuestro país.


Muchas Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.


Nafarroan askotan kantantzen den kanta bat da hau:
«Nos han dejao solos, se han ido a Tudela, por eso cantamos de cualquier
manera». Bada aldaera bat, «Nos han dejao solos a los de Tudela...»
dioena (gainerakoa, berdina, zuzenketetan egiten dugun bezala). Horrelako
zerbait gertatu zaio Pedro Sanchezi autonomiekin, alarma egoera
luzatzeari uko egin baitio. Edo autonomiei, Pedro Sanchezekin: bakarrik
eta bakoitzak bere erara abestuz, dagokion Auzitegi Nagusiaren mende,
berak erabakitzen baitu, bere jakintzarik onenaren arabera —edo
behintzat hori sinestea nahiko nuke nik— konfinamendua egon
daitekeen ala ez, etxeratze-agindua eman daitekeen ala ez. Eta ez da
onargarria Espainiako Gobernuko presidenteak itsasontzia uztea, 100.000
biztanleko intzidentzia alarma-egoera uztea onargarria izango litzatekeen
zifraren oso gainetik dagoenean.


Badakit txertaketa modu onargarrian iristen ari
dela pertsonengana, haiekin izan diren arazo guztiak kontuan hartuta.
Hala ere, intzidentzia handiko egoeran gaude.


Sanchez presidenteak hartu zuen aldebakarreko
erabakiak kutsu elektorala zuen Madrilgo Erkidegoko hauteskundeen
aurrean, eta, hala ere, ezer gutxi balio izan dio, emaitzak ikusita, eta
gainera, zalantza gehiago sortu ditu. Horretan bakarrik geratzea espero
dugu, eta egoera ez da atsekabezkoa izango; izan ere, García-Page bere
alderdikideak esan zuenez, «Si llega otra ola, a algunos políticamente
les supondrá un adiós». Izan ere, Gaztela-Mantxako presidenteak ere esan
zuenez, «Toda gestión comporta una responsabilidad». Eta arduragabekeriaz
jokatu da. Hori dela-eta, herritarren erantzukizunerako deiek «consejos
tengo y para mí no tengo» gogorarazten dituzte.


Jaun-andreok, ezin da hitz egin kogobernantzaz, eta
gero salba bedi ahal duena, pandemiak, bat-batean, Estatu-gaia izateari
utzi balio bezala. Gogoratu, gogoan izan ministroekin, militarrekin eta
poliziekin egindako prentsaurreko haiek… gogoan izan kartera utzi
zuen osasun-ministro hura Katalunia salbatzen saiatzeko, eta hori guztia,
azkenean…, Sanchez presidenteak eskuak garbitzen buka dezan
oraindik harrapatzen gaituen sute biriko honetan.


Gobernuak ahalmen legegilea du, eta ez du garatu
nahi izan autonomia-erkidegoek errealitate berri hori beren kabuz
kudeatzeko duten gaitasuna handitzeko legerik. Denbora izan delako eta ez
duelako aprobetxatu. Desmadre hori espainiar erara bihurtu da, kontrolik
gabeko desigoera hori, etxeratze-ukituak ezar ditzaketen autonomiekin,
eta ez beste batzuekin. Hori onartezina da, jaun-andreok. Baina
onartezina da ere Alderdi Popularrak, Kongresuan alarma-egoerak onartzea
hain zail jarri duenak, orain beharrezkoak direla eta horri buruzko
legeak aldarrikatzea proposatzea.


Jaun-andreok, denbora izan duzue zuek ere horri
buruzko legeria sustatzeko, eta ez duzue egin; nahiago izan dituzuelako
zarata eta kritika irrazionalki errukigabea. Izan ere, nahiago izan dute
Gobernuari ziurtasunak eskatu, inork, berriro diot, inork ez zeukanean,
edukitzea ezinezkoa zelako. Izan ere, desolazioa eta heriotza saihesteko
oinarrizko eskubideen beharrezko murrizketa adostuen aurrean
—guztioi mindu eta kostatu zaizkigun murrizketak—, zuek, PPk,
nahiago izan duzue abisu ematea, kaña batzuk hartzeko askatasuna
defendatuz, honek bizitzarekiko duen prezioa kontuan hartu gabe. Eta,
bide batez, utz iezadazue gogorarazten, frankismoan ere kañak har
zitezkeela. Askatasuna ez da hori, askatasuna askoz gehiago da. Mendiko
jendeak esan ohi du gailurra egitea zaila bada, jaitsiera askoz ere
arriskutsuagoa dela. Gauza bera gertatzen da deseskaladarekin. Pandemian
eskua ireki den bakoitzean pairatu dugu. Eta ez gaude garaipena
kantatzeko egoeran. Guzti horrexegatik, eta momentu honetan neurriak
uztea heriotzarekin xakean jolastea bezala da; Ingmar Bergmanen
«Zazpigarren Zigilua» filmean bezala, non heriotzak pieza beltzekin
jolasten duen eta beti irabazten duen.


Guzti horrexegatik, ez dugu noski zuen mozioa
bultzatuko.


Eskerrik asko.


En Navarra se canta muchas veces una canción que
dice así: «Nos han dejao solos, se han ido a Tudela, por eso cantamos de
cualquier manera». Hay una variante que dice: «Nos han dejao solos a los
de Tudela...», y el resto sigue igual, tal y como hacemos en las
enmiendas. Y algo así le ha ocurrido precisamente a Pedro Sánchez con las
autonomías, al negarse a prorrogar el estado de alarma, o a las
autonomías con Pedro Sánchez: solas y cantando cada una a su manera, al
albur del tribunal superior correspondiente, que es quien decide, según
su mejor saber —al menos eso quieren que creamos o eso quiero creer
yo—






, si puede haber confinamiento o no, si puede haber toque de
queda o no. Y no es de recibo, no es aceptable que el presidente del
Gobierno de España abandone el barco cuando la incidencia por 100 000
habitantes está aún muy por encima de la cifra en la que sí sería
aceptable abandonar el estado de alarma.


Soy consciente de que las vacunas están llegando a
las personas de una manera bastante aceptable, teniendo en cuenta todos
los problemas y las dificultades que ha habido con ellas, pero aun así
estamos en una situación de alta incidencia.


La decisión unilateral que tomó el presidente
Sánchez tenía un tinte muy electoral ante las elecciones de la Comunidad
de Madrid; sin embargo, le ha valido de muy poco visto los resultados, y
además ha generado aún mayor incertidumbre. Confiamos en que solo quede
en eso y la situación no pase a ser de desolación, porque su compañero de
partido, García-Page, dijo: Si llega otra ola, a algunos políticamente
les supondrá un adiós. De hecho, como también dijo el presidente de
Castilla-La-Mancha, toda gestión comporta una responsabilidad. Y se ha
actuado de forma irresponsable. De ahí que los llamamientos a la
responsabilidad ciudadana recuerden aquello de consejos vendo que para mí
no tengo.


Señorías, no se puede hablar de cogobernanza y
luego pasar al sálvese quien pueda, como si esto de la pandemia de
repente hubiera dejado de ser un tema de Estado. Recuerden, recuerden
aquellas ruedas de prensa con ministros, militares, policías, y también
recuerden aquel ministro de salud que abandonó la cartera para intentar
salvar Cataluña, y todo eso, en definitiva, para que al final el
presidente Sánchez acabe lavándose las manos en este incendio vírico que
aún nos arrasa.


El Gobierno tiene capacidad legislativa, y no ha
querido desarrollar una ley que permita ampliar la capacidad de las
comunidades autónomas para gestionar por su cuenta esta nueva realidad.
Tiempo ha habido y no lo ha aprovechado. Este desmadre a la española en
que se ha convertido esta desescalada sin control, con autonomías que sí
pueden establecer toques de queda y otras que no, es inaceptable,
señorías. Pero, además, es inaceptable que el Partido Popular, que tan
difícil ha puesto la aprobación de los estados de alarma en el Congreso,
ahora nos venga diciendo que son necesarios y, además, proponga que se
promulguen leyes al respecto.


Señorías, tiempo han tenido también ustedes para
promover legislación al respecto y no lo han hecho porque han preferido
el ruido y la crítica irracionalmente despiadada. Han preferido ustedes
exigir certezas al Gobierno, cuando nadie, insisto, nadie en absoluto,
las tenía, porque era imposible tenerlas. De hecho, frente a las
consensuadas y necesarias restricciones a derechos fundamentales para
evitar la desolación y la muerte, y son restricciones que a todos nos han
dolido y nos han costado, ustedes, el PP, han preferido hacer aspavientos
y defender la libertad de tomarse unas cañas sin importarles su precio en
vidas. Por cierto, déjenme que les recuerde que en el franquismo también
se podían tomar cañas. La libertad no es eso; la libertad es mucho más.
La gente de montaña suele decir que si, difícil es hacer cumbre, el
descenso es mucho más peligroso, y lo mismo pasa con la desescalada. Lo
hemos padecido cada vez que se ha abierto la mano durante esta pandemia,
y no estamos en situación de cantar victoria. Debemos, por tanto, seguir
con todas las medidas preventivas; en este momento las medidas son como
jugar al ajedrez con la muerte, como en aquella película de Ingmar
Bergman, en la que la muerte jugaba siempre con las piezas negras al
ajedrez y, además, siempre ganaba.


Por todo ello no vamos a apoyar esta moción.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asco.


Desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que el
Gobierno de España decreta el estado de alarma para la gestión de la
pandemia provocada por la COVID-19, hasta el pasado domingo, día 9 de
mayo, han sido más de nueve meses en los que hemos vivido bajo el estado
de alarma. A lo largo de este tiempo se han sucedido varios escenarios,
desde aquel inicial en el que el presidente Sánchez asumió el mando único
con cuatro ministros, entre ellos el de Interior y la ministra de Defensa
como autoridades delegadas, hasta esa asunción de lo que han dado en
llamar el espacio de la cogobernanza con las comunidades autónomas
sostenida en las conferencias de presidentes. Señorías, 17 conferencias
de presidentes que no han sido sino una serie de monólogos dominicales
con los que el Gobierno trasladaba a los presidentes autonómicos
decisiones que ya había anticipado en rueda de prensa. Cogobernanza, que
no codecisión, que no decisión compartida; decisión sin diálogo, sin
participación de las comunidades autónomas. Esta ha sido la tónica
permanente hasta que ha concluido el periodo de vigencia del último real
decreto del estado de alarma el pasado 9 de mayo, que, sin consulta, sin
diálogo previo con ninguna de las comunidades autónomas, no respondiendo
incluso a algunas llamadas y peticiones directas, de forma unilateral, el
Gobierno decide poner fin, renunciando, no solamente a la prórroga del
estado de alarma, sino incluso a cualquier nueva declaración de un estado
de alarma con unas disposiciones diferentes, insistiendo en que ya
existen instrumentos legales para mantener a raya el virus sin necesidad
de tener que recurrir a la excepcionalidad. Con ello deja a todas las
comunidades autónomas sin la necesaria seguridad jurídica que ofrece la
declaración de estado de alarma para aplicar allí donde sea necesario
medidas restrictivas a la movilidad o a la agrupación de personas;
medidas que, por otra parte, nadie ha cuestionado como no válidas para
contener la epidemia.


Lo cierto es que las tasas de contagio y los datos
de vacunación todavía no nos permiten bajar la guardia, y las comunidades
autónomas carecen de instrumentos suficientes, carecen de seguridad
jurídica suficiente para adoptar determinadas medidas. Por ello, el
Gobierno vasco, y también el Grupo Vasco tanto aquí, en el Senado, como
en el Congreso, anteponiendo la protección de la salud pública a
cualquier otro interés, hemos reclamado sin éxito que se prorrogue unas
semanas más el estado de alarma. Estoy segura de que esta situación se va
a superar cuando por fin podamos aprobar el nuevo estatuto vasco y
Euskadi pueda tomar este tipo de decisiones sin tener que recurrir al
Estado. Ha pasado un año largo de pandemia y mucho tiempo desde que el
Gobierno se comprometió a las adecuadas y necesarias modificaciones
legislativas. Nada se ha hecho desde entonces, más bien todo lo
contrario. Frente a la seguridad jurídica que reclaman las comunidades
autónomas, se ha abierto un escenario de confusión con resoluciones de
los tribunales de justicia en las distintas comunidades autónomas
absolutamente dispares, porque unos consideran que la aplicación del
derecho sanitario ordinario confiere cobertura suficiente para
determinadas medidas, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares o de Valencia, pero hay otros, como el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco o de Navarra, que entienden que solo se puede
hacer con una legislación estatal más específica.


Sin otros mecanismos posibles, el Gobierno pretende
subsanar tanta disparidad interpretativa con el Real Decreto 8/2021,
depositando en el Tribunal Supremo la responsabilidad de unificar
doctrina, convirtiéndolo así en un órgano colegislador. Así el Gobierno,
eludiendo sus responsabilidades, no solo deja a las comunidades autónomas
sin la necesaria protección o seguridad jurídica, sino que incluso el
árbitro que ha habilitado para resolver esas contradicciones cuestiona la
constitucionalidad de las atribuciones. Si con ello pretendía este
Gobierno generar confusión y desconcierto, desde luego no ha podido
elegir mejor fórmula, y todo ello con el aditivo de las sucesivas
declaraciones contradictorias de los propios miembros del Gobierno. Son
las autoridades sanitarias las que pueden y deben adoptar las medidas
sanitarias; son las instituciones quienes tenemos que dotar de las
herramientas necesarias para implantarlas, y son los tribunales los que
tienen que velar por que se apliquen bajo los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad. Y termino ya, presidenta.


Desde luego, nuestro grupo considera que urge ya
establecer nuevas medidas legislativas que den amparo; urge ponerse a
trabajar en un marco jurídico para hacer frente, no solo, como he dicho
antes, a esta crisis provocada por la COVID-19, sino para hacer frente a
cualquier crisis epidémica o sanitaria que pueda surgir, y ahí
encontrarán siempre nuestra mano tendida para buscar una solución.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Bildu, tiene
la palabra el senador Picornell Grenzner.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias,
presidenta.


Senadores, senadoras, señorías del partido
mayoritario del Gobierno, desde el inicio de la pandemia nosotros ya
dijimos que el ordeno y mando no era una buena solución para encarar la
grave crisis de la COVID-19, de la gestión política de la crisis. Ustedes
nos vendieron que habría cogobernanza, que habría coordinación, pero la
realidad es que las herramientas jurídicas, evidentemente, siguen en
manos del Estado. Nosotros ya sabíamos que el final del estado de alarma
traería algunos problemas, y pedimos hace ya unas semanas poder dotar a
los Gobiernos autonómicos de estas herramientas jurídicas. En lugar de
esto, se ha pasado la patata caliente a los jueces para que sean ellos
los que hagan de políticos y expertos en pandemia. Nosotros opinamos que
los políticos somos los que debemos hacer política en mayúsculas.


Y déjenme que aproveche el tiempo que me queda de
este turno de portavoces para poder despedirme de esta Cámara. Mañana el
Parlament de Catalunya va a designar a unos nuevos senadores y senadoras,
y va a concluir mi tarea de estos últimos cinco años y medio; una tarea
que siempre he intentado desempeñar con toda la intensidad posible; creo
que es fundamental que todos los cargos públicos desempeñen el trabajo
con toda la intensidad posible. Nosotros representamos a la ciudadanía y
la ciudadanía debe entender que nosotros nos dejamos la piel día sí, día
también para mejorar nuestra sociedad. Es evidente que es difícil hacer
llegar todo este trabajo, toda esta tarea, y más aún desde esta Cámara,
pero aun así debemos hacerlo con absoluta intensidad.


Yo quería agradecer a los servicios de la Cámara
todo el trabajo que desempeñan; un trabajo que a veces es invisible, pero
absolutamente fundamental para que nosotros podamos hacer el nuestro, que
decía que es muy importante. Quería agradecer al resto de los grupos
parlamentarios la posibilidad que he tenido estos años de poder debatir,
de llegar a acuerdos cuando hemos podido hacerlo; también a los grupos
parlamentarios con los que más ha trabajado mi grupo, y, más importante
aún, a aquellos con los que no hemos coincidido en muchas ocasiones
ideológicamente en varias cuestiones. Creo que son estos los que mejor
hacen la política, los que enriquecen nuestro trabajo en el día a día de
esta Cámara, y nos hacen utilizar una palabra que quizá deberíamos usar
más, que es la de parlamentar, para ponerla más al servicio de la causa
política.


I permetin-me que faci uns apunts de caràcter més
personal. Segurament aquesta sigui la intervenció més difícil que he fet
i que faré des d’aquest faristol. Porto dies pensant què diria, com
em quedaria, i intentant mesurar al màxim de bé les paraules i intentaré
fer-ho el millor possible.


En primer lloc, voldria agrair a Esquerra
Republicana l’oportunitat de ser-hi aquests últims cinc anys i mig.
No tinc més que paraules d’etern agraïment a Esquerra Republicana.
També dono les gràcies al Jovent Republicà, a la JERCm per ser la millor
escola de formació possible. Sense el seu ADN, sense el seu mestratge
segur que no seria qui sóc ara. Al conjunt del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana, i ara des de fa un temps també amb els
companys i amics d’Euskal Herria-Bildu, amb qui també compartim
camí, i feina i objectius. A tots i cadascun dels actual senadors i
senadores, i també a tots els senadors que han passat pel Grup
Parlamentari, els dic: gràcies.


I quan pensava com acabar aquesta intervenció, feia
molts dies que pensava que no volia citar cap nom en concret per no
deixar-me’n cap, però avui crec que és impossible i estic obligat a
citar algunes persones. En primer lloc, vull referir-me a la Mireia. És
impossible no citar-la. Podria dir moltíssimes coses sobre ella, però hi
ha una paraula que ho defineix i ho recull tot: la complicitat que hem
tingut durant aquests cinc anys i mig. En segon lloc, em vull referir a
les dues persones que em van proposar com a senador i que estaven
convençudes que seria una bona experiència: la Marta Rovira i
l’Oriol Junqueras; sense ells, sense ella, jo no seria avui aquí.
Per tant, és impossible oblidar-los. En tercer lloc, vull donar les
gràcies a en Raül Romeva per la confiança pràcticament cega des de fa
molts anys, des d’abans de parlar de política, ja que militàvem en
espais polítics diferents, partits diferent, però compartíem places
castelleres cada cap de setmana, i després ho vam fer des de la primera
línia política, i també des d’aquí, al Senat, amb ell. En quart
lloc, gràcies a totes la gent que m’han acompanyat i ajudat; no
citaré ningú, però crec que totes les persones que hi heu sigut sabeu que
heu estat absolutament importants, i ho sabeu perquè hi heu estat sempre.
I, en darrer lloc, gràcies als que m’han fet créixer com a persona,
als companys de vida, als companys que segueixen amb tu dia sí, dia
també, i que m’han fet ser qui sóc; a tots els meus referents i,
evidentment, com no pot ser d’una altra manera, i en primeríssim
lloc, al meu germà, a la meva àvia, que també em va fer ser com sóc, i
als meus pares.


Acabo amb una sola paraula que crec que resumeix
tota aquesta intervenció, que és un agraïment a totes i tots vosaltres.
Moltes, moltes, moltes gràcies.


Gràcies, presidenta. (Aplaudiments dels senadors
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
posats en peu).


Y permítanme hacer unos apuntes de carácter más
personal. Seguramente esta sea la intervención más difícil que he hecho y
haré desde este estrado. Desde hace días pensaba qué diría e intentaba
medir al máximo mis palabras para hacerlo lo mejor posible.


En primer lugar, quisiera agradecer a Esquerra
Republicana la posibilidad que me brindó de estar aquí durante estos
últimos cinco años y medio. No tengo más que palabras de eterno
agradecimiento a Esquerra Republicana. También doy las gracias a la
Joventut Republicana, por ser la mejor escuela de formación posible. Sin
su ADN, sin su enseñanza nos sería quién soy ahora. Por tanto, al
conjunto de diputados, a los de Euskal Herria-Bildu, con quien he
compartido trabajo, camino y andadura; y a todos los senadores y
senadoras, y a todos los que han pasado por el Grupo Parlamentario, les
digo: gracias.


Hace muchos días, cuando pensaba en cómo terminar
esta intervención, creía que no quería citar ningún nombre en concreto
para no dejarme ninguno, pero hoy creo que es imposible —estoy
obligado a hacerlo— no citar a algunas personas. En primer lugar,
quiero referirme a Mireia. Es imposible no citarla. Podría decir
muchísimas cosas sobre ella, pero hay una palabra que lo define bien y lo
recoge todo: la complicidad que hemos tenido durante estos cinco años y
medio. En segundo lugar, me quiero referir a las dos personas que me
propusieron como senador y que estaban convencidas de que iba a ser una
buena experiencia: Marta Rovira y Oriol Junqueras; sin ellos yo no
estaría hoy aquí. Por tanto, es imposible olvidarles. En tercer lugar,
quiero nombrar a Raül Romeva por la confianza prácticamente ciega que
compartimos desde hace muchos años, desde antes de hablar de política,
puesto que militábamos en partidos distintos. A pesar de ello
compartíamos plazas y castellers cada fin de semana, y después ya
compartimos cosas aquí, desde la primera línea política. En cuarto lugar,
quiero mencionar a todas las personas que me han acompañado; no voy a
citar a nadie, pero creo que todas las personas que habéis estado cerca
sabéis que habéis sido importantes, y lo sabéis porque habéis estado
siempre ahí. Y, en último lugar, quiero mencionar a los que me han hecho
crecer como persona, a los compañeros de vida, a aquellas personas que
siguen conmigo día sí, día también, y que me han hecho ser quien soy; y a
todos mis referentes, y como no puede ser de otro modo, en primer lugar,
a mi hermano, a mi abuela, que me hizo ser como soy, y a mis padres.


Termino con una sola palabra que creo que resume
toda esta intervención, que es un agradecimiento a todas y todos ustedes.
Muchas, muchas, muchas gracias.


Gracias, presidenta. (Aplausos de los senadores del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu puestos
en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador, y mucha suerte en su próxima etapa vital.


A continuación, procede la intervención del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Fabra.


El señor FABRA PART: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, imagino que muchas veces les preguntarán
a ustedes qué hacemos aquí, en el Senado; qué funciones tenemos. Y estoy
convencido de que cada uno daremos una respuesta, pero que todos
coincidiremos en algo. Algunos dirán que es una Cámara legislativa de
segunda lectura; otros que hacemos control al Gobierno; otros que
aprobamos presupuestos o que nombramos miembros en distintos organismos,
pero todos coincidiremos en que esta es la Cámara territorial. Esta es la
Cámara de las comunidades autónomas, y por eso hoy aquí queremos
trasladar la necesidad de que se escuche a las comunidades autónomas.
Hemos visto cómo todos los portavoces coincidían en que esto no funciona.
Es un caos cómo ha tramitado el Gobierno la situación después del estado
de alarma. Sin embargo, por unas razones o por otras, algunos no quieren
apoyar la moción del Partido Popular.


Bien, así es la vida política, pero todos
coincidirán con que este tema se tendría que tratar aquí: la defensa
necesaria de las comunidades autónomas que pongan voz al Gobierno
diciendo que es necesario que les den instrumentos legales para poder
seguir luchando contra la pandemia. (Aplausos). No podemos estar de
brazos cruzados; es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer como
senadores, como senadores de cada uno de nuestros territorios, porque no
solo somos senadores del Reino de España, sino también de nuestras
comunidades autónomas.


No comparto lo que, tanto el Grupo Socialista, como
también el presidente del Gobierno, dicen de que la situación ya es muy
diferente a la que había hace unos meses, porque no es verdad; es una
mentira más del equipo de Gobierno. Como les he dicho, la incidencia en
ocho provincias españolas supera los 300 casos por 100 000 habitantes. No
son los 160 que dicen, es que hay ocho provincias que necesitan que el
Gobierno procure los instrumentos necesarios para que puedan aplicar
medidas concretas, y no lo quieren hacer. ¿Y saben por qué? Porque no
quieren que se vea que es un Gobierno débil, que no ha tomado las medidas
necesarias cuando debía, y porque no quiere hacer caso a la oposición
haciendo ver que quien tenía la razón era el Partido Popular, en vez de
mantenerse en sus trece, como han hecho hasta ahora. (Aplausos).


Y claro que es necesaria la Conferencia de
Presidentes, pero, no porque lo digamos nosotros ahora, sino porque lo
dijo el propio Gobierno en el último decreto ley que aprobaba el estado
de alarma de seis meses, que decía en su artículo 14, en rendición de
cuentas, que convocaría a la Conferencia de Presidentes a los cuatro
meses para decir cómo iba todo. ¿Saben ustedes si se ha producido esa
reunión de la Conferencia de Presidentes? No, no se ha producido. ¿Por
qué tienen miedo a escuchar a las comunidades autónomas? ¿Esa es la
cogobernanza de la que ustedes hablan? Yo creo que no; esto no es
cogobernanza ni es consensuar ni es codecidir, es pasar por el rodillo
del señor Sánchez, y no estamos dispuestos a eso. (Aplausos). No lo
podemos hacer.


Ustedes reducen todo a la vacunación. Cuando les
preguntamos si van a reformar la ley, nada: la vacunación; cuando se les
dice que tendrán ustedes que escuchar a las comunidades autónomas,
responden: No, no, es que la vacunación... Mire, se lo voy a decir. La
vacunación no es un logro del Gobierno, es una medida que la Unión
Europea ha dado a todos los países de la Unión Europea, y a España se la
da porque somos un país europeo, y son las comunidades autónomas las que
vacunan a todos los ciudadanos de este país. No hay que ponerse medallas
por eso. (Aplausos). La única medalla que a ustedes les corresponde es la
medalla de oro en poner pegatinas a las cajas de las vacunas que llegan
de Europa. (Aplausos). Ahí sí que son ustedes los reyes de este proceso.
Termino, presidenta. Esto me recuerda a la fábula de El rey desnudo o
El traje nuevo del emperador. Ustedes hablan todo el día de las sedas que
lleva el Gobierno, de los dibujos que llevan sus tejidos, de la textura
que tienen sus ropajes; el rey, el emperador Sánchez está desnudo, y no
porque lo digamos nosotros, lo está diciendo toda la sociedad español, lo
están diciendo todas las comunidades autónomas y lo estamos diciendo
todos aquellos que lo que queremos es sumar esfuerzos y conseguir entre
todos vencer definitivamente a la pandemia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Álvarez González.


La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, hoy se han despedido dos compañeros
senadores, el señor Picornell y la señora Vilà. Quiero expresar el
reconocimiento de mi grupo parlamentario a su trabajo como senadores y
los mejores deseos para esta nueva etapa que ahora comienzan.
(Aplausos).


Señora presidenta, señorías, en este momento se han
administrado en España más de 20 millones de dosis, casi el 30 % de los
españoles ha recibido ya un pinchazo y más de 6 millones tienen la pauta
completa. Sí, señores del Partido Popular, hay que hablar de vacunas y
hay que señalar el ritmo de vacunación porque esa es ahora la prioridad.
No es el debate que ustedes traen esta tarde a la Cámara; su debate es
acerca de si, una vez concluido el estado de alarma, tenemos o no
herramientas suficientes para poder seguir haciendo frente a la pandemia.
Es curioso, porque ustedes nunca quisieron apoyar el estado de alarma,
solo al principio muy tímidamente, pero a partir de ahí dijeron cosas
tremendas. Hablaron de un Gobierno que utilizaba medidas
desproporcionadas, dijeron que se vulneraban los principios
constitucionales, hablaron de república bananera. No puedo entender que
después de haber dicho todas esas cosas, ahora que ha caducado el estado
de alarma ustedes lo echen de menos. Si el debate tiene que ver con si
tenemos o no medidas suficientes para poder seguir atendiendo a la crisis
sanitaria, nosotros creemos que sí porque el Gobierno ha ido
introduciendo modificaciones en el marco jurídico. El Gobierno ha
modificado el marco normativo sectorial y la semana pasada, el día 5 de
mayo, aprobó un nuevo real decreto ley en el que abrió como novedad
jurídica la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda casar las
diferentes sentencias de los tribunales superiores de justicia, que pueda
unificar doctrina, y lo hace con el objetivo de que las comunidades
autónomas tengan una mayor certidumbre, una mayor seguridad
jurídica.


Señorías, este Gobierno ha estado con las
comunidades autónomas y lo va a seguir haciendo porque, efectivamente,
hemos trabajado desde la cogobernanza porque este es un Estado compuesto.
No se trata de su pretendido caos y desgobierno, señorías, sino de que
España es un Estado constitucionalmente descentralizado y la gestión es
de cada una de las 17 comunidades autónomas; gestión que se hace, es
verdad, en cooperación institucional con el Estado de la nación. Yo soy
asturiana, y Asturias es una comunidad en la que el apoyo de los
gobiernos socialistas a la sanidad pública no decayó nunca, no decayó ni
en los peores momentos de la crisis financiera del año 2008. ¿Hablamos de
cogobernanza? Pues sí, es una cogobernanza que no se consigue solo
reuniendo a la Conferencia de Presidentes, un espacio institucional al
que ustedes tuvieron alergia; la reunieron apenas dos veces en ocho años.
En cambio, en los últimos meses, el presidente Sánchez la reunió en 17
ocasiones, semanalmente, para compartir con las comunidades autónomas los
problemas y buscar soluciones. (Aplausos). Señorías, hay muchos espacios
para formular el encuentro, para la cogobernanza, y entre ellos está la
Conferencia Interterritorial de Salud, ahí es donde cada semana los
consejeros y las consejeras de Sanidad, junto con el Gobierno, abordan
las dificultades, proponen iniciativas y atienden las necesidades de la
pandemia, porque no hemos vencido al virus pero lo vamos a hacer. La
esperanza está en la vacuna, en un Plan de vacunación que incrementa su
ritmo cada día, cada semana, aunque a ustedes les pese —que les
pesa—, señorías.


Para los socialistas nunca hubo un dilema entre la
economía y la salud; siempre entendimos que la protección de la salud
pública es el mejor impulso para recuperar la economía. Tampoco tenemos
un dilema entre la libertad y la salud. Y volviendo a Asturias, lo dijo
el presidente Adrián Barbón: Vivir a la asturiana empieza por proteger la
vida, incluida la de nuestros mayores, fuese cual fuese su edad, y en los
días más negros de la pandemia el año pasado, los mayores de Asturias,
los que estaban en residencias, siempre recibieron la atención
hospitalaria que necesitaron, nunca fueron abandonados a su suerte. La
libertad a la asturiana, señorías, empieza por la vida porque sin vida no
hay economía, sin vida no hay libertad, sin vida no hay nada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Señorías, esta moción, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Mixto con número de registro de entrada 97733, será
sometida a votación en el día de mañana durante el plazo que esta
Presidencia abrirá cuando se reanude la sesión.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación de las votaciones).


621/000022

Interior


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A
continuación, vamos a proceder a la lectura de los resultados de las
votaciones telemáticas relativas al Proyecto de Ley Orgánica de
protección de datos personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.


Tiene la palabra el señor secretario
primero.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Gracias,
señora presidenta.


Enmiendas 9 a 15. Autores: Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 103; en
contra, 158.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas 18, 19, 26, 28 y 40. Autor: Joseba
Koldobika Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 261; votos a favor, 10; en
contra, 245; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas 20 a 25, 27, 29 a 33, 35
a 39, 41, 69, 70, 72, 74 y 76. Autor, el mismo senador citado con
anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario citado.


Votos emitidos 261; votos a favor, 6; en
contra, 245; abstenciones, 10.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas 32, 42 a 68 y 71, del mismo autor
citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario
mencionado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 6; en
contra, 249; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda 73, con el mismo autor citado con
anterioridad y perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 106; en
contra, 145; abstenciones, 10.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 75, autor, el mismo senador
citado con anterioridad y del mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 106; en
contra, 149; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 7 y 8. Autor: Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 132; en
contra, 123; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
aprobadas.


Enmienda número 1. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 103; en
contra, 155; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 2. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 103; en
contra, 152; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 3. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 107; en
contra, 151; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas 4 a 6. Autor: Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 107; en
contra, 151; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Votación del resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 243; en
contra, 2; abstenciones, 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobado.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA ESTRATEGIA
NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN
ESPAÑA.


662/000065

GPCs


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 13. y 13.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se ha presentado una propuesta de modificación suscrita por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En todo caso, para presentar la moción
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora
Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.


Mi grupo parlamentario presenta hoy una moción que
pretende hacer de España un país mejor y yo tengo el honor, y así lo
siento, de presentarles esta iniciativa; una iniciativa a favor de la
igualdad del pueblo gitano; una iniciativa que no solamente no perjudica
a nadie sino que nos enriquece a todos como sociedad. Señorías, este
Senado se erige como Cámara territorial que representa a toda la
ciudadanía española incluyendo, cómo no, al pueblo gitano, a los más
de 750 000 gitanos que estamos distribuidos por todas las comunidades
autónomas, y es la primera vez que en esta Cámara se hará con voz propia.
Señorías, la moción que hoy debatimos tiene perspectiva de género y
pretende complementar los planes estratégicos nacionales en cuestión de
igualdad e inclusión de la población gitana para los próximos años.
España, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, ha de diseñar,
elaborar y presentar unos planes estratégicos nacionales que han de
incluir el mayor número de aportaciones de entidades sociales y de
entidades de mujeres gitanas, que posiblemente no estén representadas
dentro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano o de otros entes de
representación, pero que son muy significativas puesto que esas acciones
y el trabajo que han desarrollado a lo largo de muchos años son de gran
impacto social a favor de la construcción social, la convivencia pacífica
y, por supuesto, el respeto a la diversidad.


Esta moción, señorías, recoge explícita e
implícitamente varias cuestiones, todas ellas de gran importancia para el
conjunto de la población española y, cómo no, para el pueblo gitano, que
giran sobre cinco ejes principales: el reconocimiento de la cultura
gitana frente al antigitanismo; el éxito escolar del alumnado gitano, con
especial atención a las niñas gitanas; el impulso de medidas que
faciliten el empleo con perspectiva de género; el desarrollo de
oportunidades para el acceso a la vivienda y la implementación de medidas
específicas para las mujeres gitanas en el futuro plan de igualdad
estatal. Señorías, los derechos vinculados al multiculturalismo son uno
de los grandes retos que las sociedades desarrolladas deben afrontar en
los próximos años y son complementarios de los derechos humanos y de los
derechos individuales, donde la libertad y la cultura deben ser
observadas desde una perspectiva abierta y enriquecedora y donde se
reconozca al otro como igual y como diferente; iguales cuando la
desigualdad nos inferioriza y distintos cuando la igualdad nos
descaracteriza. Señorías, el reconocimiento de la pluralidad de los
pueblos y sus culturas está recogido en nuestra Constitución. Sin
embargo, este reconocimiento sigue estando amenazado en el pueblo gitano
por el rechazo y el antigitanismo. La cuestión gitana es una cuestión
muchísimo más amplia que los índices de vivienda, que los índices de
empleo, que los índices de educación, ya que en todo caso estos índices
solo son síntomas de desigualdad. Señorías, la cuestión gitana es una
cuestión de Estado y, por tanto, debe tratarse como tal, con el
compromiso de todas las fuerzas políticas para ofrecer un marco jurídico
y político al pueblo gitano que complemente todas las acciones positivas
del Estado y también de las comunidades autónomas. ¿A través de qué? A
través de un estatuto del pueblo gitano, y esto es algo que no está
recogido en esta moción, en esta iniciativa, pero quiero hoy dejar
constancia y pasarles el testigo a todos ustedes. Señorías, trabajen por
el pueblo gitano, somos la minoría autóctona más importante de España,
que sigue manteniendo unas desigualdades muy pronunciadas respecto del
resto de la población. La lucha contra el antigitanismo debe tener el
amparo legislativo de la Ley de igualdad de trato que, por fin, se está
tramitando en el Congreso y en la que esperamos llegar al mayor consenso
posible.


Señorías, el niño y la niña gitana desde su
nacimiento viven su diferencia desde el rechazo y la discriminación, y
esto, evidentemente, afecta a su desarrollo personal y social, y algo muy
importante y significativo; durante toda tu vida, en ningún momento de tu
vida vas a librarte de ese rechazo y de esa discriminación;
discriminación que no ve estatus social, discriminación que no ve
absolutamente nada, solamente tu aspecto te coloca en el lugar de los
discriminados. Los gitanos somos un pueblo que hemos mantenido nuestras
señas de identidad, señorías, con reivindicaciones históricas que nos han
ayudado a seguir siendo parte de esta sociedad plural y multicultural que
es y ha sido siempre España. Nuestras aportaciones a la cultura de la
identidad española y viceversa son un proceso histórico irreversible,
señorías, esto es irreversible. Las aportaciones de la cultura gitana a
la española son un legado histórico que nosotros hemos dejado, y esto
tiene que ser conocido y ser difundido. ¿Por qué? Porque queremos seguir
estando en el lugar del encuentro; queremos seguir estando en el lugar de
la justicia social, en el lugar de la igualdad de oportunidades y, cómo
no, en el lugar de la cultura de la paz. Señorías, el último estudio de
la Fundación Secretariado Gitano muestra que seis de cada diez niños y
niñas gitanos siguen sin terminar la educación secundaria y solamente una
de cada cien personas gitanas accede a la universidad. Y aunque no hay
diferencias por género, evidentemente, las mujeres gitanas, señorías,
somos las más perjudicadas.


Por otra parte, tampoco podemos dejar de lado el
impacto que la COVID ha traído a muchas familias gitanas, por ejemplo, en
el ámbito educativo. Cuántos niños gitanos no han podido terminar y
continuar con sus estudios por la brecha digital; cuántas familias
gitanas cuyos ingresos vienen directamente de los mercadillos ambulantes
se han visto abocadas a las colas del hambre. Señorías, no pretendo
infravalorar ni desvirtuar las medidas que se han puesto en marcha para
paliar algunas de estas necesidades como, por ejemplo, el ingreso mínimo
vital, que ha contado casi con el apoyo unánime de ambas Cámaras, o la
incorporación al currículo escolar de la historia del pueblo gitano, o la
Ley de igualdad de trato a la que he hecho referencia y que se está
tramitando en el Congreso, o todas aquellas medidas que las comunidades
autónomas siguen desarrollando.


Señorías, la nueva Estrategia nacional de inclusión
de la población gitana tiene que resolver de una vez por todas lo que
sigue sin resolverse. Asimismo, tiene que ser minuciosamente evaluada
para poder extrapolar los resultados y las medidas de impacto que tienen
ciertas comunidades autónomas a las demás. Por supuesto, debe contar con
la dotación presupuestaria adecuada para tales fines, sin incurrir en las
competencias de todas las comunidades autónomas. Señorías, ¿creen que hoy
un hombre gitano o una mujer gitana —de aspecto gitano—
tendrán las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo que
el resto de los demandantes teniendo igual calificación académica? Les
voy a decir la respuesta, es clarísima: un no contundente. El
informe VII de Foessa sobre la exclusión nos dice que la tasa de
exclusión de empleo entre la población gitana sigue siendo el 78,6 %. Es
una cifra bestial; es una cifra que nos tiene que avergonzar a todos como
sociedad. Y esta cifra se pronuncia aún más en las mujeres gitanas. Las
mujeres gitanas seguimos estando a la cola del mercado laboral ya que,
junto a las propias dificultades estructurales del sistema, que afectan
al género, a la brecha salarial, a la conciliación familiar, se cruzan
además otras variables como son la feminización de la pobreza y el
antigitanismo. En cuanto a la vivienda, uno de los retos más
significativos que tenemos como sociedad es erradicar el chabolismo y la
infravivienda. Señorías, más de 10 000 personas de etnia gitana siguen
viviendo en chabolas.


Los gitanos no podemos salir solos de esta
situación de desigualdad en la que estamos. Necesitamos el impulso
político adecuado y el apoyo de todos los partidos. La lucha por la
igualdad no admite espacio físico entre afirmación y su ejercicio. Creer
en la igualdad es luchar por ella. La cuestión gitana es también una
cuestión de oportunidad para demostrar que España va a la vanguardia de
las políticas que afectan a la mayoría cultural gitana. Señorías,
hagámoslo juntos, sin apriorismos, sin sectarismos, sin complejo. Los
gitanos somos parte del corazón de España. Expliquémoslo juntos, gitanos
y no gitanos, no hay otro camino. Hay que saltar los muros históricos
creados por el desconocimiento y el racismo y, para saltarlos, el mejor
entrenamiento siempre es el conocimiento, la atención a la diversidad y
el respeto. Nuestra generación tiene que resolver, de una vez por todas,
la cuestión gitana. No me cabe duda de que esto lo podemos hacer entre
todos. Señorías, es el tiempo de los gitanos; es el tiempo de que, entre
todos, saquemos esto adelante. Les pido a todos ustedes que voten a favor
de esta moción.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas que siguen vivas,
por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.


Nuestra historia, la historia de los pueblos que
configuran este Estado, tanto la compartida como la propia, está marcada,
como la mayoría de historias de todos los pueblos, Estados, naciones y
regiones, de luces y sombras. Hablamos muchas veces del tópico del crisol
de culturas, de la convivencia armónica entre culturas que ha sido este
Estado, y eso choca muchas veces con la realidad. No siempre esta
convivencia ha sido pacífica ni modélica ni para enorgullecer. El
prejuicio de no querer ahora mirar el pasado reciente con los ojos del
presente tampoco ha de llevarnos al otro extremo de justificar lo
injustificable, más cuando hay casos que todavía hoy siguen vivos.
Podríamos hablar de etnocidios o genocidios. Sé que suena muy fuerte,
pero son parte de nuestra historia reciente: la expulsión de los moriscos
de las tierras en las que habían vivido durante siglos y eran suyas; la
expulsión de los sefarditas o sus pogromos, o el intento de genocidio o
etnocidio del pueblo gitano, con episodios ocultados en nuestra historia.
Por ejemplo, no se estudia la gran redada durante el reinado de Felipe II
o la gran redada de 1749, con el intento —fallido, por
suerte— de exterminio de todas y todos los gitanos de los reinos de
lo que hoy es el Estado español. Los gitanos y gitanas siempre han
sufrido desprecio, persecución, maltrato, vacío en nuestra historia
reciente. El calificativo gitano, por mucho que se corrija en la RAE, en
los usos populares de las lenguas que hablamos en este Estado continúa
siendo todavía un descalificativo, cuando no un insulto. Tenemos, pues,
todos una asignatura pendiente.


Espero que esta moción salga por unanimidad de los
demócratas, obviamente, porque de los fascistas no espero nada. Pero son
mociones que son declaraciones de buenas intenciones y necesitamos
realidades y cumplir con el ejemplo, porque el partido proponente,
obviamente, tiene buena intención con esta moción y la aplaudimos, pero
ha estado gobernando con o gracias a fascistas, que son los que amenazan
la diversidad cultural; quienes odian a las minorías; quienes imparten
odio hacia el diferente… (Rumores). Por favor, ¿se podrían callar?
Es que no me escucho ni a mí mismo. Es insoportable y no únicamente
cuando discrepan sino también por el susurro y los móviles de fondo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
por favor.


El señor MULET GARCÍA: Si no les interesa, sálganse
fuera. No se puede seguir así. Son unos maleducados. Están todos de
cháchara. (Continúan los rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
por favor.


El señor MULET GARCÍA: A ustedes les pagan para
escuchar y hablar desde la tribuna, no desde su escaño. Hagan el
favor.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
ya les he insistido en que bajen el tono. Puede continuar.


El señor MULET GARCÍA: Si nos les interesa, por
favor, váyanse fuera. (Rumores). ¿Puedo continuar?


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Sí, puede
seguir.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Decía que los proponentes de esta moción han estado
gobernando con fascistas. Ahora sé que es difícil corregir esta situación
porque están en fase de desaparición, pero, en lugar de hacer propuestas
genéricas, quiero poner ejemplos de lo que se está haciendo en ciertas
administraciones. Por ejemplo, en el País Valencià, gracias al Gobierno
de Compromís y a la vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, tenemos una estrategia valenciana por la igualdad e inclusión
del pueblo gitano que se está cumpliendo. También funciona por fin el
Consell Valencià del Poble Gitano. Asimismo, recientemente se puso en
marcha el proyecto Kumpania, acción concertada entre la Administración y
el tercer sector. Por eso presentamos 29 enmiendas, porque entendemos que
la propuesta que ustedes presentan puede ser mucho más ambiciosa con
medidas que se están aplicando en los territorios. Pedimos que se corrija
el texto siempre con la colaboración de las administraciones autonómicas,
que son las que tienen las competencias —aunque ustedes muchas
veces lo olvidan—. También incluir la historia y cultura del pueblo
gitano en el currículo escolar, pero no únicamente del pueblo calé en el
Estado español, sino también toda la contribución que ha tenido como
pueblo transnacional a la historia de Europa; episodios como el
Samudaripen, el holocausto o genocidio gitano, la esclavitud en Rumanía o
el intento de genocidio de la gran redada en España, que, como he dicho
antes, no se explica en las escuelas. Queremos promocionar clases de
cultura e historia romaní, emprender campañas de sensibilización sobre la
realidad de la población gitana, así como incorporar la protección
especial del pueblo gitano como minoría propia del Estado español.
También avanzar en el pacto de Estado contra el antigitanismo
—recuerden que en el Congreso de los Diputados se aprobó una
proposición no de ley más ambiciosa que esta hace escasas semanas—
y una serie de medidas que creo que no se han incorporado en la
transaccional. También veo que no interesa mucho a la proponente mi
defensa de las enmiendas porque no está siguiendo la explicación. A pesar
de ello, pensamos que es un paso importante.


Simplemente, ya fuera de tiempo, unas palabras a
Sara y a Bernat.


Ha estat un plaer el poder compartir estos anys en
esta Cambra. No sempre hem coincidit en els nostres posicionaments, però
segurament ens retrobarem una i mil vegades en el carrer i no únicament
en les institucions. Moltes gràcies per tot el que han fet i tota la
paciència que han tingut.


Gràcies.


Ha sido un placer compartir estos años en esta
Cámara, aunque no siempre hemos coincidido en nuestros posicionamientos.
Espero que nos encontremos una y mil veces en la calle y no únicamente en
las instituciones. Muchas gracias por todo lo que han hecho y por toda la
paciencia que han tenido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Vidal Varela.


El señor VIDAL VARELA: Gracias, presidenta. Buenas
tardes, señorías.


Parece que el llamamiento que ha hecho el senador
Mulet ha surtido efecto porque se han callado y no hay murmullos.


Como es posible que no entendieran algunas cosas a
la senadora proponente de la moción, voy a tratar de explicar lo que el
Grupo Socialista ha presentado en relación con esta iniciativa. La
senadora Santiago Camacho nos ha traído aquí hoy una moción en defensa
del pueblo gitano, su pueblo, el nuestro; una moción en defensa de un
pueblo que no ha sido bien valorado a lo largo de la historia. La moción
está bien fundamentada, está bien trabajada y nadie puede negar su apoyo,
salvo hacer alguna matización, que es lo que ha hecho este grupo. Trata
usted el problema de modo transversal e integral al referirse a aspectos
tan importantes como la igualdad y el empoderamiento de las niñas y
mujeres gitanas, el empleo, la educación, la vivienda, apelando a la
Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana y al
Plan estatal de vivienda. En definitiva, ha hecho usted pedagogía.


En cuanto a las enmiendas, algunas las hemos
apoyado y hay otras que ha presentado el grupo que intervendrá a
continuación en las que, curiosamente, a lo largo de doce líneas no ha
mencionado la palabra gitano, cuando es precisamente el objeto de esta
moción. Señores del Partido Popular, salvando las distancias, me suena a
aquello de: ese señor del que usted me habla; algo parecido. El Grupo
Socialista formula las siguientes propuestas de modificación: una
matización en el apartado primero; en el apartado cuarto son más bien
precisiones lingüísticas; una mención territorial; cambios en el orden de
aparición de las palabras; unimos la segregación escolar al fracaso
escolar porque pensamos que forma parte del mismo asunto. Quiero citar la
Lomloe, tras su reciente entrada en vigor, que en su artículo 84, párrafo
tercero, dice: En ningún caso habrá discriminación por razón de
nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad,
etcétera, con lo cual, entendemos que ya está recogido. En el apartado
quinto también alteramos un párrafo mencionando la Lomloe. Habría que
valorar la disposición adicional cuadragésima primera cuando dice:
Atendiendo, entre otros, al estudio y respeto de otras culturas,
particularmente la propia del pueblo gitano. En el apartado séptimo
suprimimos un término de porcentaje mínimo de domicilios, ya que pensamos
que no debería ir en este texto por razones de técnica legislativa. En el
apartado octavo nos referimos a las acciones de vivienda en el marco de
la Ley de vivienda. Respecto al apartado noveno, lo suprimimos, pero
aparece otro que propone el Grupo Izquierda Confederal que sí admitimos,
por supuesto. Por otra parte, hemos eliminado el término antigitanismo.
La Fundación de Secretariado Gitano define este término.


En este sentido, los socialistas, que,
indudablemente, compartimos el espíritu de esta iniciativa, consideramos
que el artículo 14 de la Constitución, la Carta Magna, ha hecho posible
materializar grandes avances en cuanto al ejercicio de derechos y
libertades en condiciones de igualdad para este colectivo. No obstante,
el Código Penal recoge además en el artículo 22.4 esta situación entre
las circunstancias agravantes cuando afirma: Es circunstancia agravante
cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la
víctima, etnia, raza o nación —ojo con lo de etnia y raza— a
la que pertenezca, su sexo, orientación, etcétera. Es decir, está
recogido y también hay una sentencia reciente del año 2019 del Tribunal
Supremo que sigue esa línea. Por todo ello consideramos que, con la
cobertura que da la Unión Europea, en el marco europeo hay cuatro
objetivos sectoriales: educación, empleo, salud, vivienda y servicios
esenciales.


Termino con una frase que se dice mucho en el
lenguaje oral y también existe en algunos textos escritos: El pueblo
gitano lleva con nosotros varios siglos. Quiero hacer una reflexión
porque yo veo dos imprecisiones; no sé si alguno había caído en esto. La
primera cuando se dice: lleva con nosotros. ¿Nosotros? ¿Nosotros y ellos?
¿Quiénes somos nosotros? ¿Los prerromanos? ¿Los visigodos? ¿Cuántos y
cuáles colectivos somos nosotros para distinguirnos de ellos? Yo por mi
apellido gallego, el segundo, quizás sea celta. La segunda imprecisión
es: varios siglos. Parece que apelamos al tiempo para justificar los
derechos; es decir, solo tienen derecho los que llevan aquí varios
siglos. No, si viene un gitano ayer también los tendrá, o un marroquí o
un latinoamericano. Debemos respetar al colectivo gitano, que ya ha sido
bastante masacrado en la historia, y a cualquier otro, sea nacional o no.
En fin, pido respeto por todas las razas, especialmente la única que hay
en el planeta Tierra, la raza humana.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño.


Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos
los grupos parlamentarios por colaborar, por participar, como nosotros
decimos, por poner toda la carne en el asador para que esta iniciativa
salga adelante. Hemos logrado hacer una transaccional; hemos cedido,
hemos negociado, hemos apostado por esta causa, y yo se lo agradezco a
todas sus señorías de todo corazón. Por otro lado, en las enmiendas hemos
intentado incluir que en todos los planes estratégicos nacionales a los
que hacemos referencia no se incurra en las competencias autonómicas
porque no puede ser de ninguna manera. De hecho, está así reflejado
explícita e implícitamente en esta moción.


Nada más, señorías. Quiero darles las gracias una
vez más por este compromiso con el pueblo gitano. Sigamos luchando,
sigamos hacia adelante. Cuenten con nosotros y nosotras. Nosotras, las
mujeres gitanas, estamos dispuestas a abrir brecha; a romper prejuicios,
estereotipos; a acabar con esta discriminación que no saben ustedes hasta
qué punto nos sigue dañando. Queremos terminar y empezar un nuevo tiempo,
una nueva época en la que todos vayamos de la mano.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la señora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenas tardes, señorías.


Antes de comenzar con el turno de portavoces,
quiero manifestar que desde Vox enviamos todo nuestro apoyo al pueblo
gitano, al que, como parte integrante de la ciudadanía española,
apreciamos y valoramos.


Señorías, si bien en Vox compartimos la
preocupación del Grupo Parlamentario Ciudadanos por combatir las
injusticias y apoyar a los que más lo necesitan, la moción que hoy nos
presentan persiste en el error que continuamente vienen cometiendo los
poderes públicos a la hora de erradicar cualquier problema de tipo
social. Tanto su formación, Ciudadanos, como el Partido Socialista y el
Partido Popular pretenden, con manifiesto ánimo partidista, atajar las
situaciones de los más desfavorecidos en función de su pertenencia al
colectivo de cuyos votos pretenden arrogarse. Esta práctica tan habitual
debe terminar. Es intolerable que se intente sacar provecho de los
colectivos minoritarios con fines políticos, prometiendo solucionar sus
problemas y olvidando al resto de ciudadanos españoles que, por su no
pertenencia al colectivo de turno, ven cómo, a pesar de compartir muchos
de los males de estas minorías, se les da de lado. Nos llama
especialmente la atención el ver cómo el grupo proponente invoca la
igualdad y traiciona con su moción este mismo concepto. Al respecto
recordemos que el artículo 14 de nuestra Constitución establece que los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Las
cuestiones que esta moción denuncia no han de ser enfrentadas desde la
óptica de la pertenencia de un individuo a una etnia, a una religión o a
un sexo determinado, sino que deben de resolverse en tanto en cuanto
afecten a los ciudadanos españoles, según sus necesidades y sin importar
a qué colectivo pertenezcan. De lo contrario, estaríamos estableciendo
medidas especiales, etnia por etnia, sexo por sexo, perdiendo totalmente
de vista la raíz del problema, aumentando la burocracia y el gasto
público sobremanera y, en definitiva, los chiringuitos políticos, a los
que tan aficionados son los señores del Partido Socialista y del Partido
Popular. Y es que de alguna manera tienen que justificar su razón de ser.
Por eso se empeñan constantemente en segregar a los españoles en
múltiples grupos minoritarios. Nótese que a quien de verdad le interesa
que existan diferencias entre los españoles es a ellos, y el día en que
consideren que ya no hay más diferencias que hacer, se las inventaran
conculcando, tal y como hacen actualmente, el principio de igualdad entre
los españoles. Vox siempre apostará por la unidad, no por la segregación
entre ellos. Es por esta razón que allá donde se encuentre un español
necesitado de auxilio, los poderes públicos han de adoptar las medidas
oportunas para que esta situación cese, independientemente de si es
gitano o no lo es, pues, ante todo, es un ciudadano español al que el
Gobierno y los poderes públicos se deben por completo. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


Por tanto, problemas como la tasa de fracaso
escolar, el desempleo, la infravivienda, así como el acceso a los
alquileres son males lo suficientemente extendidos por la geografía
española como para que se traten de una manera única, centralizada y no
mediante parches, saltando de un colectivo a otro. Señorías de
Ciudadanos, ¿van a negar ustedes al resto de españoles la ayuda que
pretende brindar esta moción por el simple hecho de no pertenecer a la
etnia gitana? Porque, en caso afirmativo, estarían cometiendo un
auténtico atentado contra el principio de igualdad. En Vox consideramos
que los problemas deben ser tratados de una manera objetiva y
generalizada, allá donde se encuentre la situación de necesidad, pues no
debe haber diferencias en el trato que los poderes públicos den a los
españoles. En Vox no compartimos esta continua...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Vaya terminando, señoría.


La señora MERELO PALOMARES: ... voluntad de dividir
a los españoles e, incluso, de llegar a priorizar a aquellos que
pertenecen a una minoría frente a los que no. Señorías de Ciudadanos, los
senadores de Vox no vamos a votar a favor de su moción, pero tampoco
vamos a votar en contra del pueblo gitano...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Termine, señoría.


La señora MERELO PALOMARES: Por eso, nos vamos a
abstener.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Merelo.


Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene
la palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidente.


Señorías, esta bandera que llevo no solamente
representa al pueblo gitano; esta bandera que llevo representa, en
realidad, a toda la ciudadanía del pueblo español, porque todos hemos
recogido las aportaciones que el pueblo gitano hemos hecho a la sociedad.
Palabras como chaval, pinreles, sacáis —de ciertas
cantaoras—, todo eso también representa nuestro legado histórico y
nuestro legado cultural. Hoy, a las mujeres gitanas que me están
siguiendo —que llevan todo el día siguiéndome—, a las mujeres
gitanas de la Comunidad de Madrid especialmente, les debo este turno de
portavoces. Y antes de empezar quisiera, señorías, con toda la emoción
que llevo encima, dedicar esta bandera especialmente a todas las mujeres
luchadoras que cada día nos levantamos para seguir buscando la igualdad.
(Aplausos). Y cómo no, a todas las mujeres gitanas que seguimos ahí, en
la brecha, reivindicando derechos, conjuntamente con cada una de sus
señorías. Estoy muy emocionada, señorías. Me han hecho sentirme viva. Es
una moción que siento desde las entrañas, una moción que he gestado
durante muchísimos años con todo un grupo de mujeres gitanas que hemos
trabajado firmemente y fielmente en busca de esta igualdad.


Las mujeres gitanas hemos sido y seguimos siendo
agentes protectores y transformadores que contribuimos a la cohesión
familiar, a la cohesión social; mujeres que seguimos padeciendo una
triple discriminación: por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser
gitanas y por el hecho de vivir muchas veces en exclusión social, a lo
que yo sumaría una cuarta: el no tener la formación académica adecuada
para acceder al mercado laboral. Lo que ha hecho todo esto es que
nosotras como mujeres hayamos intentado buscar las fisuras del sistema,
¿para qué? Para encontrar el lugar que tenemos en la sociedad y, también,
señorías, para librarnos de la culpabilización social que durante siglos
se ha proyectado sobre nosotras y sobre nuestra situación. Y es que,
señorías, ¿cómo íbamos a ser dueñas de nosotras mismas si no se nos
trataba como iguales? ¿Cómo ser responsables frente a nuestro destino y
frente a la sociedad sin igualdad real entre hombres y mujeres? ¡Qué
extraña paradoja! Sin embargo, señorías, las mujeres gitanas hemos
producido los mejores avances que se han hecho dentro del colectivo,
seguramente como en el resto de las sociedades, pero todavía estamos a la
cola. Las mujeres gitanas seguimos siendo las invisibles de las
invisibles y no queremos seguir así. Hoy hemos llegado hasta aquí con
mucho esfuerzo y no vamos a dar ni un solo paso atrás.


Señorías, el futuro plan estratégico estatal de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene que contener
medidas específicas para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres
gitanas. Sabemos que la formación y el empleo son la llave para salir,
señorías, de la tradición y de los empleos habituales. Queremos tener
acceso al empleo público. Queremos tener referentes en las instituciones.
Queremos gitanizar las instituciones. Queremos seguir sirviendo a la
sociedad desde otros lugares. Señorías, ¡desde todos los lugares! En los
últimos diez años, los avances más importantes que se han producido los
han hecho las mujeres gitanas en el campo de la mediación a través de la
mediación social; mediadoras sociales que, a través del diálogo y la
convivencia, han contribuido a la resolución de conflictos en un pispás.
Y es que, señorías, el pueblo gitano sigue desarrollando sus propios
mecanismos de resolución de conflictos, con espacios que han sido siempre
ocupados por los hombres. Sin embargo, las mujeres gitanas mediadoras se
han ido empoderando y han ido ocupando estos espacios, insisto, muchas
veces reservados a los hombres, y, en la actualidad, son las principales
enfriadoras y gestoras de conflictos, negociadoras con mayúsculas,
referentes dentro y fuera de la cultura, que cultivan qué: la
transferencia de conocimientos, el encuentro democrático, el conocimiento
intercultural e, insisto, la cultura de la paz.


Espero, señorías —por el tiempo que me queda,
voy a terminar—, que apoyen esta iniciativa.






He querido que esta
sea la moción de mi despedida de esta Cámara. He tenido el honor de ser
senadora durante una parte de la legislatura. Nunca había habido una
senadora gitana en esta Cámara. Esto, señorías, también es un síntoma de
desigualdad que entre todos debemos corregir. Las mujeres, y las mujeres
gitanas en particular, sabemos muy bien que desde el silencio no se
conquistan los derechos. Nuestras grandes predecesoras nos enseñaron que
tener la palabra, alzar la voz, es tener poder. Solo así se ha articulado
y vertebrado la autoridad femenina, especialmente en los espacios del
liderazgo. Por eso, para terminar, hago un llamamiento a todos los
partidos políticos para que no silencien la voz de los gitanos y no
silencien la voz de las mujeres gitanas. Este es un reto pendiente que
les dejo a todos encima de la mesa. Gracias a todos por escucharme y por
apoyarme en este tiempo. Ha sido un honor trabajar codo a codo con todos
ustedes. Me llevo lo mejor de esta Cámara. Nos seguiremos viendo,
señorías, como decimos los gitanos, en el lungo drom, en el largo
camino.


Sastipen thaj mestipen, salud y libertad para todos
y cada uno de ustedes.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de
los señores senadores puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Santiago Camacho. Le deseamos lo mejor en el
futuro, a usted y a todo el pueblo gitano.


Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista,
tiene la palabra la senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies, president.


Senyories, fa més de sis-cents anys que va arribar
el poble gitano a Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya,
des de fa anys, considera com a objectiu prioritari la plena integració
del poble romaní al nostre país. Són moltes les iniciatives que es duen a
terme perquè aquesta integració sigui cada vegada més plena. Aquestes
iniciatives es fan des del Parlament de Catalunya, des de la Generalitat
i des dels diferents ajuntaments, ajudant a definir polítiques
d’actuació específiques per al poble gitano de Catalunya. Per això,
continuarem desenvolupant el Pla integral del poble gitano que, des
d’una perspectiva global, pretén mantenir i intensificar els
aspectes positius dels plans anteriors, així com millorar en participació
i eficiència l’impacte social de les polítiques dutes a terme. Tots
els objectius de el pla s’han elaborat escoltant les veus de el
poble gitano de Catalunya i les recomanacions polítiques i científiques.
El Pla integral del poble gitano consta de diverses accions afirmatives i
positives enfocades a aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat
gitano i de les seves famílies, a millorar les condicions de treball,
salut i habitatge de la comunitat gitana a Catalunya, i a promoure el
reconeixement i el respecte de la cultura gitana com a part de la
identitat catalana, superant així els estereotips i prejudicis respecte a
el poble gitano. Per aquest motiu, senyora Santiago Camacho, Carla, no
podem estar en contra d’aquesta moció, que demana impulsar la nova
estratègia nacional per a la inclusió social de la població
gitana 2021-2029, amb aspectes que, a Catalunya, i dins de les nostres
competències, com ja he dit, ja portem a terme amb aquest col·lectiu. I
votarem a favor perquè no se’ns està demanant en absolut renunciar
a la tasca realitzada fins ara i que portarem a terme. El que volem és
seguir amb el Pla integral de el poble gitano perquè funciona i dona bons
fruits a Catalunya. (La senyora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidència).


També vull dir que ens sembla molt encertat el punt
de la moció que es refereix a incloure el antigitanisme en el Codi Penal.
L’antigitanisme és una discriminació específica que pateix la
població gitana i que és reconeguda mundialment per diversos organismes i
institucions en l’actualitat. És una forma específica de racisme i
s’ha de combatre, i una de les maneres és incloure-ho en el Codi
Penal. Així doncs, com he dit, donarem suport a la moció.


Acabaré amb la frase que vaig dir amb motiu de la
celebració del 50è aniversari del 8 d’abril com a Dia Internacional
del Poble Gitano. Senadora Santiago Camacho, Carla, disculpeu-me per la
pronunciació perquè jo no sé romaní: Ta ka phirav baxtale Rromençar i
caminaré amb afortunats gitanos; davant el antigitanisme, memòria,
justícia i llibertat.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, hace más de seiscientos años que llegó el
pueblo gitano a Cataluña. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
desde hace años, considera como objetivo prioritario la plena integración
del pueblo romaní en nuestro país. Son muchas las iniciativas que se
llevan a cabo para que esta integración sea cada vez más plena. Estas
iniciativas se hacen desde el Parlamento de Cataluña, desde la
Generalitat y desde los distintos ayuntamientos, ayudando a definir
políticas de actuación específicas para el pueblo gitano de Cataluña. Por
eso, vamos a continuar desarrollando el Plan integral del pueblo gitano
que, desde una perspectiva global, pretende mantener e intensificar los
aspectos positivos de los planes anteriores, así como mejorar la
participación, la eficiencia y el impacto social de las políticas
llevadas a cabo. Todos los objetivos del plan se han elaborado escuchando
las voces del pueblo gitano de Cataluña y las recomendaciones políticas y
científicas. El Plan integral del pueblo gitano consta de diversas
acciones afirmativas y positivas enfocadas a conseguir el éxito educativo
del alumnado gitano y de sus familias, a mejorar las condiciones de
trabajo, salud y vivienda de la comunidad gitana en Cataluña, y a
promover el reconocimiento y el respeto a la cultura gitana como parte de
la identidad catalana, superando así los estereotipos y prejuicios
respecto al pueblo gitano. Por este motivo, señora Santiago Camacho,
Carla, no podemos estar en contra de esta moción, que solicita impulsar
la nueva estrategia nacional para la inclusión social de la población
gitana 2021-2029, con aspectos que, en Cataluña, y dentro de nuestras
competencias, como ya he dicho, llevamos a cabo con este colectivo. Vamos
a votar a favor porque no se nos está pidiendo en absoluto renunciar a la
tarea realizada hasta ahora y que vamos a llevar a cabo. Lo que queremos
es seguir con el Plan integral del pueblo gitano porque funciona y da
buenos frutos en Cataluña.(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa
la Presidencia).


También quiero decir que nos parece muy acertado el
punto de la moción que se refiere a incluir el antigitanismo en el Código
Penal. El antigitanismo es una discriminación específica que sufre la
población gitana y que es reconocida mundialmente por diversos organismos
e instituciones en la actualidad. Se trata de una forma de racismo
específica y hay que combatirla, y una de las maneras es incluirlo en el
Código Penal. Por lo tanto, apoyaremos la moción.


Voy a terminar con la frase que pronuncié con
motivo de la celebración del 50.º aniversario del Día Internacional del
Pueblo Gitano. Senadora Carla Santiago Camacho, discúlpame por la
pronunciación porque yo no sé romaní: Andaré con afortunados gitanos;
ante el antigitanismo, memoria, justicia y libertad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señora senadora.


Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra la señora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Sastipen thaj mestipen. Ni siquiera en romaní la
libertad va sola. En la lengua del pueblo gitano va junto a la salud; en
el himno de Andalucía, junto a la tierra, y en los cimientos del mundo
contemporáneo, junto a la igualdad y la fraternidad. La libertad sola es
un delirio y si existiera sería, además, una condena a la soledad
absoluta.


Quiero agradecer a la senadora Santiago, con quien
tuve ayer el placer de charlar sobre esta moción, la sensibilidad y la
valentía de traer este debate al Senado. Quiero agradecerte también,
Carla, que me prestes tu bandera, mi bandera; a ella, a la senadora
Santiago, y a mi prima, Sandra Heredia, «bronce y sueño» —que diría
Federico—, gitana de Córdoba, concejala en el Ayuntamiento de
Sevilla, feminista y de izquierdas, a quien, aparte del lazo de la
sangre, me unen muchos lazos para comprender la singularidad del pueblo
gitano; a ellas, y al primero que reivindicó ser gitano como un hecho
político, Helios Gómez, de la cava de Triana, más conocido —para mi
pena— fuera de Andalucía que en Andalucía, artista de vanguardia y
activista revolucionario.


El pueblo gitano es un pueblo que padece como el
que más los prejuicios que han venido lastrando históricamente su
normalización en la sociedad. No es un fenómeno exclusivo del Estado
español. En diferentes partes del mundo, a lo largo de la historia, se
observan innumerables episodios de persecución, expulsión y marginación.
Por eso, la heráldica de su bandera tiene la franja azul, del cielo; la
franja verde, de la tierra; y la rueda de los pueblos nómadas. En España,
desde finales del siglo XV, se promulgaron 280 pragmáticas contra el
pueblo gitano: condenas a galeras, prohibición de desplazamientos al
Nuevo Mundo, obligación de sedentarización, abandono de sus costumbres y
vestimentas. Hoy, en Andalucía, nos las ponemos como traje de gala, es la
indumentaria de nuestras fiestas, el vestido de la alegría.


La expulsión y la esclavitud son algunos conceptos
habituales en la España del Imperio en sus prácticas represivas contra el
pueblo gitano, junto a la infamia de la gran redada de Fernando VI para
exterminar al pueblo gitano; «Gritos de muerte sonaron». No hace falta
irse tan atrás, hasta hace muy poco, durante el franquismo, se podían
leer en el Reglamento de la Guardia Civil barbaridades como la siguiente:
Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer
todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares,
observar sus trajes, averiguar su modo de vida. «Con el alma de charol,
vienen por la carretera. Silencios de goma oscura y miedos de fina
arena».


El pueblo gitano merece, por tanto, no solo
reconocimiento por parte de las instituciones públicas sino reparación
por los desmanes que contra ellos se han cometido en el nombre de España.
Su normalización social y la consideración de su cultura como una seña de
identidad del conjunto de nuestra sociedad son una obligación que debemos
asumir todas y todos. Se ha avanzado mucho, pero la situación de partida
era un abismo de desigualdad. Por eso, las instituciones tenemos que
seguir apostando por el trabajo en la interculturalidad, para resolver
conflictos y para hacer de puente. Es imprescindible una visión integral.
No se pueden reducir las actuaciones con el pueblo gitano a los servicios
sociales, porque su realidad es compleja y requiere una mirada amplia y
una visión de conjunto. Es necesario impulsar estrategias como las que se
desgranan en la moción de la senadora Santiago: inserción laboral,
mediación, vivienda, materiales pedagógicos.


Hay que seguir trabajando, en las edades más
tempranas, en la concienciación de la importancia de la educación y la
formación para afrontar el futuro con herramientas que les permitan
situarse en una posición de igualdad real. El pueblo gitano se ha
adaptado mayoritariamente a los mismos retos que el conjunto de nuestra
sociedad, aunque aún se mantienen brechas importantes que salvar. Ahí
están los datos de escolarización, que yo no voy a repetir porque ya los
ha dicho la senadora Santiago. Las y los gitanos son personas
trabajadoras, pero su tasa de desempleo es del 52 %. «Y los martillos
cantaban sobre los yunques sonámbulos». Solo el 16 % de las mujeres
gitanas tiene un empleo remunerado y formalizado. Esta es una de las
razones del riesgo de exclusión social y de pobreza, y así están el 80 %
de ellos y ellas, según el estudio comparado sobre la situación de la
población gitana en España en relación con empleo y la pobreza
de 2018.


Dentro del pueblo gitano, las mujeres han sufrido
históricamente la misma posición de desigualdad y subalternidad que el
resto de las mujeres, pero constatamos que esa tendencia también empieza
a revertirse. Por eso es muy importante que hagamos esfuerzos por
incorporar a las mujeres gitanas al mercado de trabajo para asegurar su
autonomía y sacarlas del marco de vulnerabilidad, invisibilización y
asistencialismo en el que una parte mayoritaria de la sociedad las sitúa.
Las gitanas son las verdaderas transmisoras de su cultura y han hecho
posibles los importantes avances que el pueblo gitano ha protagonizado.
«Silencio de cal y mirto. Malvas en las hierbas finas».


Los retos del pueblo gitano son grandes y los
poderes públicos tenemos un papel fundamental en el empeño, también con
debates como este. Nos parece muy importante que colectivos de nuestra
sociedad, de los que normalmente se habla en términos peyorativos o
despectivos, encuentren calor, comprensión y compromiso en el
Senado.


¡Opre, romá!


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias. Arratsalde on
gustioi.


El pueblo gitano ha sufrido prejuicio,
discriminación, incluso persecución a lo largo de la historia y a día de
hoy, aunque se han dado pasos, sigue viviendo una situación clara de
desigualdad. Y, si abogamos por una sociedad cohesionada e inclusiva, no
nos queda otra que seguir trabajando para conseguir una integración real
que aún no se ha producido, porque los objetivos de diferentes planes, no
nos podemos engañar, no se han cumplido íntegramente. Y tenemos que
trabajar también en luchar contra esa brecha que aún existe y que sabemos
que la pandemia ha agudizado.


Hace mes y medio debatimos en la Comisión de
Derechos Sociales una moción en la que se proponían una serie de medidas
reivindicadas por el colectivo gitano, y hoy el Grupo Ciudadanos presenta
una iniciativa similar. Quiero decirles que compartimos los objetivos y
también que, como manifestamos entonces, consideramos que el
planteamiento no refleja bien el ámbito competencial, porque si hablamos
de educación, de formación para el empleo, de infancia, de vivienda, de
servicios sociales, la competencia reside en las comunidades autónomas. Y
tal es así, que varias comunidades autónomas llevamos años trabajando en
este tema. En el caso de Euskadi, hace ya veinte años se puso en marcha
el Consejo para la promoción integral y la participación social del
pueblo gitano, un órgano asesor que sirve como cauce de participación y
de diálogo y como espacio de reflexión y coordinación. Y contamos con una
estrategia vasca con —me parece interesante el matiz: con— el
pueblo gitano, que pretende mejorar su calidad de vida, una mayor
participación social, mejorar la convivencia y el conocimiento de su
cultura. Es una estrategia que está incardinada con el resto de planes y
estrategias generales, no está planteada como un compartimento estanco. Y
es una estrategia que tiene en consideración los llamados diez principios
básicos comunes para la inclusión de los gitanos, y fue presentada en
Praga en el año 2009.


Hablaba antes del tema competencial, que es
importante, pero creo que es más importante el fondo de esta moción que
hoy se nos presenta. Y aunque en la transaccional tampoco se ha
clarificado suficientemente ese tema, creemos que ese ámbito competencial
se va a respetar, fundamentalmente porque no queda otra viendo los
ámbitos que esta iniciativa abarca. De todos modos, quisiera aclarar que
el respeto competencial no está reñido con la colaboración ni con la
coordinación, porque es necesario avanzar armonizadamente en el ámbito
estatal y también en el europeo; hay que disponer de aprendizajes
compartidos y hay que coordinar políticas. Y es cierto que hay un camino
recorrido, pero no es menos cierto que queda mucho por andar, y debemos
dar más pasos, pero debemos darlos sin olvidar cuestiones que, por
parecer obvias, a veces no se ponen encima de la mesa. Porque esto va de
respeto, de respeto bidireccional; esto va de igualdad de oportunidades.
Y cuando se parte de una desigualdad estructural que hay que considerar,
se necesitan políticas de discriminación positiva; no hay otra. Esto va
del concepto de ciudadanía, que nos iguala en derechos y deberes, y va de
cohesión social, que requiere de igualdad y de solidaridad. Y no podemos
olvidar —yo al menos no quiero— que, por suerte, vivimos en
una sociedad diversa culturalmente. Y creo que deberíamos hacer nuestro
el lema iguales en la diferencia, pero una diferencia que no separa, una
diferencia que interacciona y se interrelaciona y que supone un elemento
transformador y enriquecedor para toda la sociedad.


Y he dejado para el final, no por menos importante,
sino por destacarlo, algo que ya se ha dicho y en lo que ha insistido la
senadora Camacho: todo lo que hagamos, todo lo que propongamos tiene que
ser con enfoque de género; eso es imperativo. Hace uno o dos años, en la
comparecencia de las representantes de las asociaciones de mujeres
gitanas del País Vasco ante la ponencia del Pacto de Estado contra la
violencia de género, nos lo transmitían claramente, con total claridad.
Decían: Las mujeres gitanas sufrimos una triple discriminación: de clase
social y cultural, de violencia y de discriminación dentro y fuera de la
comunidad gitana y de género. Así que oigamos lo que nos están diciendo.
Ningún plan o estrategia, como queramos llamarle, puede ser ajeno a esta
realidad. Cualquier política debe suponer una apuesta decidida por el
empoderamiento de las mujeres, en este caso, de las mujeres gitanas,
porque de otro modo difícilmente tendrá posibilidades de éxito.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra el senador Masih Nahar.


El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidenta.


Señorías, me gustaría empezar la intervención con
un sentido recuerdo a las víctimas de la COVID en La India, que está
sufriendo unos momentos muy difíciles, y transmitir todo el apoyo a los
que siguen luchando. Estoy muy agradecido, y toda la comunidad india
también, al Gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya por todo
el apoyo y ayuda sanitaria que han enviado a La India. Gracias a todas
las entidades y municipios que están ayudando en estos momentos
difíciles. (Aplausos).


Ahora vamos a la moción. Señorías, el pueblo gitano
lleva instalado en la península ibérica desde el siglo XV y siempre ha
sido objeto de discriminación institucional y administrativa. A pesar de
su establecimiento y el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica del
pueblo gitano con el resto de la sociedad, no hay igualdad de
oportunidades ya que siguen padeciendo una constante marginación
económica, cultural, social y política. Incluso hoy en día las
características físicas de la población gitana siguen siendo motivo de
control y de presión para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Estado español sigue sin reconocer como propia y sin defender y
promocionar la cultura romaní, como hace con el resto de lenguas y
culturas diferentes a la castellana. La Unión Europea debe adoptar las
medidas oportunas para reconocer los derechos del pueblo romaní,
incluyendo los identitarios y culturales. Pese a no constituir un Estado,
son un pueblo asentado en Europa con una población de alrededor de 10
millones de habitantes.


Desde 2017 Cataluña aplica el Plan integral del
pueblo gitano, legislando y desplegando políticas públicas para el pleno
desarrollo social y económico de los y las gitanas. En el Parlament de
Catalunya y en muchísimos ayuntamientos catalanes se han desarrollado
políticas para luchar contra la pobreza habitacional del colectivo, así
como para facilitar el acompañamiento en el proceso educativo a jóvenes y
mayores o su inserción laboral. Digo esto porque conviene recordar a los
señores de Ciudadanos que las políticas públicas deben desarrollarse
respetando los marcos competenciales.


Como no puede ser de otra manera, votaremos a favor
de esta moción.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Casal Míguez.


La señora CASAL MÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, la población gitana en España, en
términos generales, ha experimentado importantes avances sociales en los
últimos cuarenta años, que han venido de la mano de la democratización de
la sociedad española y del acceso generalizado a los sistemas de
bienestar social, especialmente del acceso a la vivienda, a la educación,
a la salud y a los servicios. Las condiciones de vida del pueblo gitano
han mejorado. La escolarización de los menores es una realidad y, poco a
poco, cada vez hay más jóvenes que completan la etapa de educación
obligatoria y continúan estudiando en la universidad. El mercado laboral,
aunque lentamente —más lentamente de lo deseable—, se va
abriendo a las personas de etnia gitana. Y cada vez existen más
mecanismos y recursos para luchar contra el rechazo y la discriminación
que sufren estas personas.


Tras haberse realizado una evaluación intermedia de
la Estrategia nacional para la inclusión de la población gitana 2012-2020
y una evaluación del Plan operativo 2014-2016, esta concluyó que el 84 %
de las acciones previstas se habían realizado en su totalidad o
parcialmente. Esperamos que el Gobierno dé pronto a conocer los
resultados del Plan operativo 2018-2020. Pues bien, aunque el plan
operativo concluyó, como ya dije antes, con el 84 % de las acciones
realizadas, es innegable que los avances son insuficientes y todavía
queda un largo camino por recorrer en la transición entre el riesgo de
exclusión y la inclusión social plena de estas 750 000 personas, que son
aproximadamente un 1,5 % de la población española.


Los avances son insuficientes. La comunidad gitana
está sobrerrepresentada en los índices de pobreza y exclusión social. Las
tasas de fracaso y abandono escolar son mucho más altas que la media
española. El nivel de precariedad en el empleo y la tasa de desempleo
están muy por encima de los porcentajes medios. En definitiva, la
igualdad de oportunidades no es una realidad para una buena parte de esta
comunidad.


La población gitana sigue siendo objeto de
estereotipos o de una imagen negativa que implica conductas
discriminatorias, lo que supone un añadido más a sus dificultades de
inclusión e integración. A mayores, el año 2020, año en el que finaliza
la vigencia de la Estrategia nacional para la inclusión de la población
gitana, ha venido marcado por la grave crisis económica y social
provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, que si está afectando
de manera general a los ciudadanos españoles, su impacto es especialmente
significativo en las personas de etnia gitana dadas las mayores
dificultades que estas tienen para el acceso a la vivienda o al empleo.
Como exponen las propias entidades representativas del pueblo gitano, en
el 90 % de los hogares ninguna persona ha podido adaptar su actividad
laboral al teletrabajo. La tasa de paro entre la población gitana alcanzó
el 52 % y afectó, sobre todo, a las mujeres, que padecen una clara
desventaja con una tasa de empleo que solo llega al 16 %. Más del 40 % no
tienen acceso a internet, con lo que el 30 % de los escolares no pueden
realizar las tareas o trabajos que les mandan en los centros educativos.
Solamente el 17 % de la población gitana mayor de 16 años ha completado
estudios de ESO o superiores, y sigue existiendo un número importante de
familias que viven en entornos urbanos altamente degradados y que residen
en situación de infravivienda sin las condiciones mínimas de
habitabilidad.


En estos momentos más que nunca es imprescindible
que el Gobierno impulse una nueva estrategia nacional para la inclusión
de la población gitana, en coordinación con las comunidades autónomas,
entidades locales y entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que
son las que dan voz a este colectivo, y es urgente adoptar medidas que
puedan paliar la brecha que la situación de confinamiento ha hecho aún
más grande.


El claro compromiso del Partido Popular con la
comunidad gitana queda reflejado tanto en la Estrategia nacional de
inclusión social de la población gitana 2012-2020, de la que fue
impulsor, como en la proposición no de ley presentada en febrero en el
Congreso de los Diputados o en la moción presentada por mi grupo
parlamentario y debatida el 30 de marzo en la Comisión de Derechos
Sociales del Senado. Por lo tanto, anuncio que el voto de mi grupo
parlamentario a esta moción es favorable.


Quisiera aprovechar estos veinte segundos para
despedirme de la señora Santiago Camacho; darle las gracias por la
predisposición que siempre tuvo a llegar a acuerdos y al diálogo, y
desearle la mayor de las suertes en su camino. Nos veremos.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Martín Palop.


La señora MARTÍN PALOP: Gracias, señora
presidenta.


Muchísimas gracias, señora Santiago, por traer esta
moción.


Señora Casal, me ha llamado la atención el hecho de
que al principio la he encontrado un poco dudosa en cuanto a si la
población gitana había avanzado mucho o poco. Le vamos a pedir compromiso
y lo vamos a hacer porque, como decía, la he encontrado un poco dudosa en
su intervención.


Señorías, todos y todas hemos transitado por el
camino hacia el Estado del bienestar. Nos dicen que el pueblo gitano ha
avanzado, pero ha avanzado muy poco en comparación con el resto de la
población y tenemos que ser conscientes de esa brecha, y solamente los
datos que ya han comentado aquí tanto la señora Santiago como otras
señorías nos deja ver toda la brecha que nos queda por transitar juntos.
Un dato: el 86 % de las familias gitanas viven bajo el umbral de la
pobreza y la mitad viven situaciones en sus hogares de extrema pobreza,
algo totalmente insostenible en una sociedad en la que queremos vivir
todos y todas. Es decir, que a pesar de los grandes avances, a pesar de
que supuestamente vivimos en una sociedad digital del 5G, nos encontramos
con que una parte de nuestra sociedad —y, repito, de nuestra
sociedad— desgraciadamente vive o sobrevive en una situación de
antigitanismo, arraigado, como digo siempre, en estereotipos y
comportamientos racistas, que son los que les anclan a esa desigualdad en
la que viven.


Señorías, nuestra sociedad es un mosaico de
realidades históricas y culturales, con sus propias identidades, culturas
y lenguas; un contexto multicultural que debe transitar, sin ninguna
duda, hacia una convivencia intercultural.


Hoy venimos a pedir implicación y compromiso a
todos los grupos políticos, porque ya nos lo ha dicho la señora Santiago:
se va, pero se queda su legado. Y cuando digo implicación y compromiso,
digo real y efectivo en todas las Cámaras donde estemos gobernando.
Porque no podemos ser cómplices de la exclusión y de la estigmatización.
Y por eso me dirijo a la señora Casal y al Partido Popular, porque, a
pesar de que vengan aquí muchas veces con esos golpes de pecho, con unas
políticas sociales que están muy vacías luego en presupuesto y en
acciones, tenemos que poner negro sobre blanco para señalárselo una vez
más. Dicen ustedes que hay que colaborar con las comunidades autónomas.
En Andalucía, el heredero o aprendiz de M. Rajoy, Moreno Bonilla, hace
una arquitectura presupuestaria (Rumores.— Aplausos) en la que de
repente aparecen unos presupuestos para atender a la población gitana,
pero, lamentablemente, esos presupuestos que dibuja a principio de año
para la población gitana y las minorías más necesitadas, con esa
arquitectura presupuestaria de engaño y totalmente trilerista,
desaparecen y esas líneas nunca se ejecutan. Es decir, lo que tenemos es
recorte tras recorte, engaño y golpes de pecho, pero nunca unas políticas
sociales eficaces. Por lo tanto, lealtad con el pueblo gitano y un
compromiso real y efectivo. No permitamos que la población gitana sea un
otro; que sea un nosotros, que haya más diversidad y una convivencia
mejor. Eso es lo que traía la señora Santiago aquí. El antigitanismo es
el racismo más extendido tanto en España como en Europa, y debemos
abordarlo de una forma estructural e intercultural.


Señorías, aprovechemos este momento y
encontrémonos, porque la situación, como ya se ha descrito, es urgente.
El camino es la Ley de igualdad de trato, el nuevo marco europeo, los
planes de acción y, por supuesto, unos presupuestos reales y eficaces.
Como decía Ramón Rubiales: en democracia, la revolución se hace desde el
BOE. Y así es como nosotros lo hacemos, con el BOE. (Rumores). Y así lo
hemos hecho en los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Así lo
hemos hecho, porque la partida presupuestaria de 412 000 de euros que
ustedes dejaron para el Plan de desarrollo gitano ha ascendido a 1,5
millones de euros con el presidente Pedro Sánchez. ¡Un millón y medio de
euros, señores! Y los 40 millones que ustedes dejaron para el plan
concertado, nosotros los hemos elevado a 100 millones de euros. Eso es
compromiso. Eso es hacer política para el pueblo gitano, señores del PP.
(Aplausos).


El Gobierno está trabajando en la nueva estrategia,
y lo hace con compromiso y con lealtad hacia el pueblo gitano y con todos
los ministerios que se tienen que implicar, no solamente de una forma
específica, sino de una forma transversal. El Congreso acaba de aprobar
la constitución de la subcomisión para el estudio del Pacto de Estado
contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Es un hito
histórico de este país, y ahí tendremos que estar todos y todas.
Combatamos juntas las estrategias populistas y racistas que utilizan a
este pueblo, al pueblo gitano, a nuestro pueblo, como chivo expiatorio
para crear un marco discursivo de odio y de enfrentamiento. Hagamos un
frente común contra la gitanofobia y defendamos el artículo 14, pero
hagámoslo de verdad, hagamos que tenga sentido. Reiteremos hoy nuestro
compromiso con la igualdad real y efectiva, y hagámoslo donde estemos y
de forma real. (Aplausos).


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias. Señoría.


Esta moción, en los términos de la propuesta de
modificación del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario
Popular, del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, con número de
registro de entrada 97963, será sometida a votación mañana durante el
plazo que esta Presidencia abrirá cuando se reanude la sesión.


A continuación, se procederá por parte del
secretario primero a la proclamación de los resultados de las votaciones
que han tenido lugar esta tarde.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL, HECHO 'AD REFERENDUM' EN DAKAR
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Proclamación de la votación).


610/000049



El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Votamos
el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
de Senegal, hecho ad referendum en Dakar el 22 de noviembre de 2020.


Votos emitidos, 262; a favor, 240; en
contra, 4; abstenciones, 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobado.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de las
votaciones).


621/000021

Derechos Sociales


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Proyecto
de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia
frente a la violencia, Comisión de Derechos Sociales.


Enmienda número 14. Autora: Ruth Goñi Sarries,
del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 220; abstenciones, 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 16, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 116; en
contra, 115; abstenciones, 31.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 22, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 17; en
contra, 217; abstenciones, 28.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 23, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 105; en
contra, 121; abstenciones, 36.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 24, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 261; a favor, 12; en
contra, 133; abstenciones, 116.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 35 y 36. Autores: Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón, Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto


Votos emitidos, 262; a favor, 3; en
contra, 253; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 37, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 7; en
contra, 253; abstenciones, 2.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 38 a 41, 43, 44, 46
a 104, 106 a 136, con los mismos autores citados con anterioridad,
pertenecientes al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 3; en
contra, 258; abstenciones, 1.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 42, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 261; a favor, 4; en
contra, 253; abstenciones, 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 45, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 5; en
contra, 255; abstenciones, 2.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 105, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 102; en
contra, 159; abstenciones, 1.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 362. Autores: Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez y María Teresa Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


Votos emitidos, 262; a favor, 35; en
contra, 224; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 363, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 39; en
contra, 220; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 365, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 129; en
contra, 120; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmiendas números 366, 367 y 370, con los
mismos autores citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 25; en
contra, 224; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 368, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 9; en
contra, 232; abstenciones, 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 369, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 233; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 371, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 261; a favor, 20; en
contra, 228; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 374 y 375, con los mismos
autores citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 30; en
contra, 229; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 377, con los mismos autores
citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 222; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 378 y 379, con los mismos
autores citados con anterioridad, pertenecientes al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 228; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 162. Autora: Sara Vilà Galán,
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera)


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 217; abstenciones, 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 164. Autor: Vicenç Vidal Matas,
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 262; a favor, 41; en
contra, 215; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 165, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 228; abstenciones, 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 166, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 11; en
contra, 232; abstenciones, 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 167, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 221; abstenciones, 20.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 168 y 169, con el mismo autor
citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 31; en
contra, 217; abstenciones, 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 170, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 261; a favor, 8; en
contra, 233; abstenciones, 20.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 184. Autora: María Pilar
González Modino, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya
en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 262; a favor, 132; en
contra, 127; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 185, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 134; en
contra, 115; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 186, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 14; en
contra, 234; abstenciones, 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 187 y 188, con la misma
autora citada con anterioridad, perteneciente al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 222; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 189, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 20; en
contra, 222; abstenciones, 20.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 171. Autor: Carles Mulet
García, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía,
Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú
Podem y Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 262; a favor, 34; en
contra, 215; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 173, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 31; en
contra, 218; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 175, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 17; en
contra, 238; abstenciones, 7.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 176, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 12; en
contra, 243; abstenciones, 7.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 177, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 32; en
contra, 227; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 179, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 14; en
contra, 235; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 180, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 261; a favor, 25; en
contra, 223; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 181, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 222; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 182, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 19; en
contra, 223; abstenciones, 20.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 183, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 30; en
contra, 214; abstenciones, 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 202. Autor: Joseba Koldobika
Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai,
Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 218; abstenciones, 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 204, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 133; en
contra, 116; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 205, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 111; en
contra, 119; abstenciones, 32.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 210, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 6; en
contra, 244; abstenciones, 12.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 211, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 11; en
contra, 233; abstenciones, 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 212, 216 y 217, con el mismo
autor citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 41; en
contra, 218; abstenciones, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 213, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 16; en
contra, 233; abstenciones, 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 214, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 6; en
contra, 234; abstenciones, 22.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 219 y 242. Autor: Eduardo
Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem, Agrupación Socialista Gomera).


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 218; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 229, 232, 234, 235, con el
mismo autor citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 11; en
contra, 233; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 230, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 11; en
contra, 238; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 231, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 16; en
contra, 233; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 237, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 31; en
contra, 218; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 238, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 218; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 239, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 217; abstenciones 24.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, vamos a intentar respetar con un poco más de silencio la
proclamación de resultados.






No es obligatorio que estén ustedes aquí
presentes. Si tienen conversaciones importantes que mantener, pueden
hacerlo fuera del hemiciclo; pero, por favor, mantengan silencio mientras
el secretario primero procede a la proclamación de resultados. Se lo digo
a todas sus señorías.


Muchas gracias.


Proceda, señoría.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Gracias
por el respiro, presidenta.


Enmienda número 240, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 11; en
contra, 215; abstenciones 36.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 241, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 36; en
contra, 218; abstenciones 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 245 y 246, con el mismo autor
citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 218; abstenciones 23.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 247, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 12; en
contra, 237; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 248, con el mismo autor citado
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 222; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 249 y 250, con el mismo autor
citado con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 222; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 137. Autora: Idurre Bediguren
Gabantxo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


Votos emitidos, 262; a favor, 9; en
contra, 237; abstenciones 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 138 y 143, con la misma
autora citada con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 14; en
contra, 217; abstenciones 31.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 139, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 8; en
contra, 233; abstenciones 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 141, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 3; en
contra, 236; abstenciones 23.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 142, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 218; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 144, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 4; en
contra, 232; abstenciones 26.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 145, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 22; en
contra, 217; abstenciones 23.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 146, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 30; en
contra, 218; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 147. Autora: Sara Bailac
Ardanuy, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bidu.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 232; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 148, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo.


Votos emitidos, 262; a favor, 20; en
contra, 238; abstenciones 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 149, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 35; en
contra, 223; abstenciones 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 150, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 37; en
contra, 219; abstenciones 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 151, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 31; en
contra, 217; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 152, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 125; en
contra, 120; abstenciones 17.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 153, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 22; en
contra, 232; abstenciones 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 154, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 25; en
contra, 223; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 156 y 157, con la misma
autora citada con anterioridad, perteneciente al mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 20; en
contra, 223; abstenciones 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 158, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 26; en
contra, 217; abstenciones 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 159, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 30; en
contra, 228; abstenciones 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 160, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 136; en
contra, 117; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 382, con la misma autora citada
con anterioridad, perteneciente al mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 262; a favor, 22; en
contra, 226; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 2. Autor: Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


Votos emitidos, 261; a favor, 108; en
contra, 121; abstenciones 32.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 4, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 111; en
contra, 115; abstenciones 36.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 7, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 106; en
contra, 137; abstenciones 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 8, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 112; en
contra, 121; abstenciones 29.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 9, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 6; en
contra, 153; abstenciones 103.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 10, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 106; en
contra, 124; abstenciones 32.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 11, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 105; en
contra, 153; abstenciones 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 12, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 27; en
contra, 217; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 13, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 21; en
contra, 220; abstenciones 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 200. Autor: Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado.


Votos emitidos, 262; a favor, 118; en
contra, 135; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 251, 252 y 294. Autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Votos emitidos, 262; a favor, 100; en
contra, 153; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 253, 255, 256, 262
a 264, 270, 274, 275, 281, 283, 284, 290, 301, 316, 323, 325, 331 y 340,
con el mismo autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 105; en
contra, 139; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas
números 254, 258, 260, 272, 286, 315, 318
a 320, 322, 324, 326, 352, 355, 357, 359 y 361, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 261; a favor, 109; en
contra, 139; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 259, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 110; en
contra, 136; abstenciones 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 261, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 114; en
contra, 135; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 265, 278 y 305, con el mismo
autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 115; en
contra, 136; abstenciones 11.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 266 y 299, con el mismo autor
citado con anterioridad.


Votos emitidos, 261; a favor, 105; en
contra, 152; abstenciones 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 267
a 269, 271, 276, 277, 279, 288, 293, 297, 303, 304, 307, 311 y 338, con
el mismo autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 105; en
contra, 149; abstenciones 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 273, 353 y 354, con el mismo
autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 120; en
contra, 139; abstenciones 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 282, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 225; en
contra, 34; abstenciones 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmiendas
números 285, 309, 327, 329, 334, 335, 341 a 346, 351 y 358, con el mismo
autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 105, en
contra, 140; abstenciones 17.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 287, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 108; en
contra, 136; abstenciones 18.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 295, 306, 312, 313 y 317, con
el mismo autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 110; en
contra, 149; abstenciones 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 298, 308 y 347, con el mismo
autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 100; en
contra, 136; abstenciones 26.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 310, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 261; a favor, 217; en
contra, 36; abstenciones 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 314, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 217; en
contra, 31; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmiendas números 321 y 360, con el mismo autor
citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 100; en
contra, 143; abstenciones 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 348, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 106; en
contra, 135; abstenciones 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 386. Autor: Grupo Parlamentario
Socialista.


Votos emitidos, 262; a favor, 227; en
contra, 21; abstenciones 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmiendas números 387 y 388, con el mismo autor
citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 229; en
contra, 20; abstenciones 13.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 392, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 129; en
contra, 117; abstenciones 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmiendas números 394, 399, 401 y 402, con el
mismo autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 139; en
contra, 102; abstenciones 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 398, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 129; en
contra, 112; abstenciones 21.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea):






Queda
aprobada.


Enmienda número 400, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 261; a favor, 130; en
contra, 100; abstenciones 31.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Enmienda número 403, con el mismo autor citado
con anterioridad.


Votos emitidos, 262; a favor, 129; en
contra, 118; abstenciones 15.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 20, 174, 206 a 209, 227 y 280, con número de registro
de entrada 97 932.


Votos emitidos, 262; a favor, 231; en
contra, 20; abstenciones 11.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 21, 140, 161, 163, 178, 218, 236, 243, 350, 372 y 384,
con número de registro de entrada 97 933.


Votos emitidos, 262; a favor, 253; en
contra, 6; abstenciones 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 300, 356, 373 y 409, con número de registro de
entrada 97 934.


Votos emitidos, 262; a favor, 225; en
contra, 22; abstenciones 15.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 364 y 383, con número de registro de
entrada 97 935.


Votos emitidos, 262; a favor, 253; en
contra, 4; abstenciones 5.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de la
enmienda número 407, con número de registro de entrada 97 936.


Votos emitidos, 262; a favor, 235; en
contra, 4; abstenciones 23.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 201, 215 y 376, con número de registro de
entrada 97 937.


Votos emitidos, 262; a favor, 249; en
contra, 4; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de las
enmiendas números 201, 215 y 376, con número de registro de
entrada 97937.


Votos emitidos, 262; a favor, 249; en
contra, 4; abstenciones 9.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación presentada con número
de registro de entrada 97938.


Votos emitidos, 261; votos a favor, 253; en
contra, 2; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Propuesta de modificación presentada con número
de registro de entrada 97954.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 253; en
contra, 2; abstenciones, 5.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada.


Partes del proyecto de ley enmendadas en
comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.


Votos emitidos, 262; votos a favor, 257; en
contra, 1; abstenciones, 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 262; votos a favor, 259; en
contra, 3.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobado. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. (Proclamación de
las votaciones).


621/000019

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, pasamos ahora a la proclamación de resultados de votaciones
telemáticas sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Enmienda
número 1. Autor: Alberto Prudencio Catalán Higueras. Grupo Parlamentario
Mixto


Votos emitidos, 260; votos a favor, 19; en
contra, 233; abstenciones, 8.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 6, 16 a 18, 21, 23 a 25, 29
a 31, 33 a 35, 38 a 40, 42 a 44, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 69, 71 a 73, 75
a 77. Autores: Jacobo González— Robatto Perote, José Manuel Marín
Gascón, Yolanda Merelo Palomares. Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 2; en
contra, 258.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas
números 7, 13, 19, 26, 28, 36, 45, 49, 52, 57 a 59, 61, 63, 65 a 68 y 70,
de los mismos autores citados con anterioridad y del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 2 en
contra, 254; abstenciones, 4.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 8
a 12, 14, 15, 20, 22, 27, 32, 37, 41, 47, 48, 53, 54, 62, 64 y 74, de los
mismos autores citados con anterioridad y del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 6; en
contra, 254.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas
números 84, 87, 92, 104, 107, 109, 115, 116, 123, 131, 133, 137, 138
y 140. Autores: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y María Teresa Rivero
Segalàs. Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


Votos emitidos, 259; votos a favor, 25; en
contra, 224; abstenciones, 10.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 85, 86, 89, 90, 93, 95
a 99, 101, 103, 106, 110 a 114, 117, 119 a 122, 124, 132, 134 y 135, de
los mismos autores citados con anterioridad y del mismo grupo
parlamentario.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 30; en
contra, 224; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 88, 91 y 127, de los mismos
autores citados con anterioridad y del mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 26; en
contra, 228; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 141 y 144, de los mismos
autores citados con anterioridad y del mismo grupo parlamentario.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 26; en
contra, 214; abstenciones, 20.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 78. Autor: Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 20; en
contra, 228; abstenciones, 12.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 79, del mismo grupo
parlamentario citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 9; en
contra, 228; abstenciones, 23.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 145, 150, 153 y 156. Autor:
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 33; en
contra, 213; abstenciones, 14.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 147, 149 y 151, del mismo
grupo citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 36; en
contra, 212; abstenciones, 12.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 169, 175, 177 a 181, 183
a 185, 188, 205 y 210. Autor: Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 29; en
contra, 224; abstenciones, 7.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 170, 171, 182 y 186, del
mismo grupo citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 26; en
contra, 224; abstenciones, 10.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 172, con el mismo grupo
parlamentario como autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 26; en
contra, 228; abstenciones, 6.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 173, autor, el mismo grupo
parlamentario citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 20; en
contra, 228; abstenciones, 12.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas números 174, 176 y 187. Autor, el
mismo grupo parlamentario citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 20; en
contra, 224; abstenciones, 16.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 189, del mismo grupo
parlamentario como autor citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 24; en
contra, 229; abstenciones, 7.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmiendas 207, 209 y 216. Autor, el mismo grupo
parlamentario citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 27; en
contra, 214; abstenciones, 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmiendas números 208, 212 a 214, del mismo
grupo autor que el citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 31; en
contra, 214; abstenciones, 15.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
rechazadas.


Enmienda número 211, del grupo parlamentario
citado con anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 24; en
contra, 224; abstenciones, 12.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Enmienda número 215, del mismo autor citado con
anterioridad.


Votos emitidos, 260; votos a favor, 24; en
contra, 214, abstenciones, 22.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
rechazada.


Partes del proyecto de ley enmendadas en
comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.


Votos emitidos, 259; votos a favor, 238; en
contra, 2; abstenciones, 19.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Quedan
aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 259; votos a favor, 242;
abstenciones, 17.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobado. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. (Proclamación de la votación).


543/000001



La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Concluimos con las votaciones relativas a las ponencias de estudio.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Ponencia
de estudio sobre los retos de una transición energética sostenible,
constituida en el seno de la Comisión de Transición Ecológica. Ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de
estudio.


Votos emitidos, 259; votos a favor, 259.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada por unanimidad.









PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE
UNA REGULACIÓN DE LAS NUEVAS REALIDADES TECNOLÓGICAS, DISRUPTIVAS Y
SOCIALES, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. (Proclamación de la votación).


543/000004



El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Ponencia
de estudio sobre la adaptación de una regulación de las nuevas realidades
tecnológicas, disruptivas y sociales, constituida en el seno de la
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ampliación del
plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de estudio.


Votos emitidos, 259; votos a favor, 259.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada por unanimidad.









PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS SOCIALES. (Proclamación de la votación).


543/000003



El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea):
Finalmente, ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en
España, constituida en el seno de la Comisión de Derechos Sociales.
Ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de
estudio.


Votos emitidos, 258; votos a favor, 258.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Queda
aprobada por unanimidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señor secretario primero. Muchas gracias a todos.


Se suspende la sesión, que se reanudará mañana
a las nueve de la mañana.


Se suspende la sesión a las diecinueve horas y
trece minutos.