Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Senado, Pleno, núm. 47, de 14/04/2021
PDF






PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 28


celebrada el miércoles, 14 de abril de 2021


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley Orgánica de derogación del
artículo 315 apartado 3 del Código Penal.


624/000004
Código penal; derecho de huelga;
libertad sindical; modificación de la ley


Justicia







DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional con motivo de la
celebración del Día Mundial del Parkinson el 11 de abril.


630/000013







PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY





Proposición de Ley de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el
carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco.


622/000011
Derecho consuetudinario; Orihuela
(Alicante/Alacant); administración regional; gestión del agua;
jurisdicción judicial; protección del patrimonio; relación
Estado-entidades territoriales


GPIC







PETICIONES




Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre
de 2020.


871/000002







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para garantizar la sostenibilidad de las
pensiones en el marco del Pacto de Toledo.


671/000059
consenso político; pensión de
jubilación; política salarial


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias que faciliten a los trabajadores en situación de
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.


671/000060
deducción fiscal; fiscalidad; supresión
de empleo


GPP






MOCIONES




Moción por la que el Senado rechaza la práctica
del transfuguismo parlamentario e insta al Gobierno a seguir garantizando
e impulsando el Pacto Antitransfuguismo.


662/000060

GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
las medidas económicas y legales necesarias para evitar la quiebra del
sector del transporte público dependiente de los ayuntamientos, y
garantizar su sostenimiento y viabilidad futuros.


662/000059

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la
cobertura inmediata de las plazas vacantes del personal examinador de
conducción en las provincias, los territorios históricos de Araba/Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa y la Comunidad Foral de Navarra.


662/000061

GPV




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora presidenta abre a las nueve horas y cinco minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática del punto 5.1., que se
debatió ayer.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN
DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL.


624/000004

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la
Comisión de Justicia, presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Marín Gascón defiende la propuesta de
veto número 1, presentado por el señor González-Robatto Perote, por él
mismo y por la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


La señora Ayala Santamaría defiende la
propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno en contra interviene la señora
Hernández Espinal, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Catalán Higueras y el señor
Sánchez-Garnica Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez
López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Cervera Pinart,
por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Ayala Santamaría, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Rodríguez
Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate de las enmiendas.


El señor Marín Gascón defiende las enmiendas 2
a 4, presentadas por el señor González-Robatto Perote, por él mismo y por
la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Juncal Rodríguez defiende la enmienda
1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra interviene la señora
Hernández Espinal, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Ayala Santamaría, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Ferrer Sais, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ministro de Justicia (Campo Moreno)
interviene en nombre del Gobierno.


La señora presidenta abre a las once y trece
minutos el plazo de dos horas para todas las votaciones reglamentarias de
la proposición de ley.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON EL 11 DE ABRIL.


630/000013



El señor secretario segundo (Landa Jáuregui) lee la
declaración institucional.


Se aprueba por asentimiento.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR
CUMPLIMIENTO EN SU INTEGRIDAD A LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA. (Proclamación de la votación).


671/000058

GPV


Se aprueba la propuesta de modificación con número
de registro de entrada 92876 con el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 257; en contra, 3.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL
CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO
DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.


622/000011

GPIC


La señora presidenta informa a la Cámara de que
no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.


El señor Mulet García defiende la toma en
consideración.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Argüeso Torres, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la
señora Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Picornell Grenzner, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Ruz
Villanueva, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Rallo Lombarte, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las doce horas y
dos minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de la
proposición de ley.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
DE 2020.


871/000002



La señora Navarro Garzón, presidenta de la Comisión
de Peticiones, presenta el informe.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO.


671/000059

GPP


La señora Heredia de Miguel defiende la
moción.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya y de los señores
Marín Gascón y González-Robatto Perote.


El señor Fernández Viadero defiende las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa
suya.


El señor Mulet García defiende las once enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera).


La señora Delgado Díez defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Heredia de Miguel expone la posición de
su grupo parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Fernández Viadero
con número de registro de entrada 91119 y la del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista
Gomera) con número de registro de entrada 92124.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares y el señor Catalán Higueras, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Santiago Camacho, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora
Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Bideguren Gabantxo, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Heredia de Miguel, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Muñoz Cuenca, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN A LOS TRABAJADORES EN
SITUACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.


671/000060

GPP


El señor Barreiro Fernández defiende la
moción.


El señor Clavijo Batlle defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Chinea Correa defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera).


El señor Cepeda García de León defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Barreiro Fernández expone la posición de
su grupo parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario con número de registro de entrada
92122.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos;
el señor Clavijo Batlle, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Etxano Varela, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí
Deulofeu, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; y el señor Heredia Díaz, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN
DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Proclamación de las
votaciones).


624/000004

Justicia


Votaciones.


La señora presidenta anuncia que ha quedado
definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley
orgánica.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL
CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO
DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.
(Proclamación de la votación).


622/000011

GPIC


Queda aprobada con el siguiente resultado: el
siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 251; abstenciones,
2.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECHAZA LA
PRÁCTICA DEL TRANSFUGUISMO PARLAMENTARIO E INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR
GARANTIZANDO E IMPULSANDO EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO.


662/000060

GPS


El señor Magdaleno Alegría defiende la moción.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


El señor Catalán Higueras defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


La señora González Modino defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera).


El señor Sánchez López defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora Retuerto Rodríguez expone la posición de
su grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia que se
acordado una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón, el señor Sánchez-Garnica Gómez y el
señor Fernández Viadero, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Landa Jáuregui, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Vázquez Rojas,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Magdaleno
Alegría, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) abre a las
quince horas y treinta y siete minutos el plazo de dos horas para la
votación telemática de los puntos 10.1., 10.2. y 11.1.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y LEGALES NECESARIAS PARA EVITAR LA
QUIEBRA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEPENDIENTE DE LOS
AYUNTAMIENTOS, Y GARANTIZAR SU SOSTENIMIENTO Y VIABILIDAD
FUTUROS.


662/000059

GPP


El señor Silván Rodríguez defiende la moción.


El señor González-Robatto Perote defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la
señora Merelo Palomares, del señor Marín Gascón y de él mismo.


La señora González Modino defiende la enmiend del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera).


La señora Galván Lobato defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Silván Rodríguez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza todas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora González Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Vaquero Montero, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Silván
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Moscoso González, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
COBERTURA INMEDIATA DE LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL EXAMINADOR DE
CONDUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS, LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE ARABA/ÁLAVA,
BIZKAIA Y GIPUZKOA Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.


662/000061

GPV


La señora Otaola Urquijo defiende la moción.


El señor Catalán Higueras defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya y de los señores
Marín Gascón y González-Robatto Perote.


El señor Cleries i Gonzàlez defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Gregorio López defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Díaz Marín defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Bideguren Gabantxo defiende las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


La señora Otaola Urquijo expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia que se ha
acordado una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Goñi Sarries y la señora Merelo Palomares, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Martínez
Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); la señora Otaola Urquijo, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Cortès Gès, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Gregorio López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la
señora Liberal Liberal, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las diecisiete horas y
cuarenta y tres minutos el plazo de dos horas para la votación de los
puntos 11.2. y 11.3., cuyos resultados serán comunicados a los señores
senadores, publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio
de la próxima sesión plenaria.


Se suspende la sesión a las diecisiete horas y
cuarenta y tres minutos.


Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y
cuarenta y siete minutos.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Proclamación de la
votación).


671/000059

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 100; en contra, 132; abstenciones, 28.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN A LOS TRABAJADORES EN
SITUACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. (Proclamación de la
votación).


671/000060

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 111; en contra, 4; abstenciones, 145.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECHAZA LA
PRÁCTICA DEL TRANSFUGUISMO PARLAMENTARIO E INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR
GARANTIZANDO E IMPULSANDO EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO. (Proclamación de la
votación).


662/000060

GPS


Se aprueba la propuesta de modificación 93018 con
el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 141; en contra,
104; abstenciones, 4.


Se levanta la sesión a las diecisiete horas y
cuarenta y ocho minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y tres minutos.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento en su
integridad a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Señorías, les recuerdo que esta moción fue debatida ayer y
quedó pendiente de votación.


Se vota la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario
Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, Esquerra Republicana-EH
Bildu, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, Ciudadanos, Izquierda
Confederal y Grupo Parlamentario Nacionalista, con número de registro de
entrada 92876.


Se abre la votación telemática desde este momento, que son las
nueve horas y cinco minutos, hasta las once horas y cinco minutos.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN
DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL.


624/000004

Justicia


La señora presidenta lee el punto 6., 6.1.
y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el
senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Gracias,
presidenta.


Proposición de Ley Orgánica de derogación del
artículo 315, apartado 3, del Código Penal. La proposición de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado sostiene en
su preámbulo que el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de
nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de
coacciones ya protege de manera adecuada la libertad para no hacer
huelga.


Se tramita por el procedimiento ordinario, y
tuvo su entrada en esta Cámara el día 17 de marzo de 2021, fecha,
asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 30 de marzo
de 2021.


A esta proposición de ley se presentaron dos
propuestas de veto, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo
Mixto, y cinco enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, una del
Partido Nacionalista Vasco y tres del Grupo Mixto, de las cuales, la
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, fue posteriormente
retirada.


El 8 de abril, la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada por doña Cristina Ayala, del Grupo
Parlamentario Popular; doña Laura Castel, del Grupo Esquerra Republicana;
don José Maria Cervera, del Grupo Nacionalista; doña María Nieves
Hernández, del Grupo Socialista; don Juan Manuel Juncal, del Grupo
Parlamentario Popular; don Imanol Landa, del Grupo Parlamentario Vasco;
don Carles Mulet, de Izquierda Confederal; don José María Oleaga, del
Grupo Parlamentario Socialista; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo,
del Grupo Parlamentario Socialista; don Miguel Sánchez López, del Grupo
Ciudadanos, y don Clemente Sánchez-Garnica, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Ese mismo día, se reunió la ponencia para
emitir su informe, que no introducía modificaciones en el texto remitido
por el Congreso de los Diputados; y, a continuación, la comisión, emitió
dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.


Finalizados estos trámites, y para la defensa
de sus vetos y enmiendas, han presentado votos particulares a este
dictamen los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la señora
Merelo, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente
de la Comisión de Justicia.


A continuación, en turno a favor, para debatir
la propuesta de veto número 1, de los senadores González-Robatto Perote y
Marín Gascón y de la senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón, por tiempo de quince
minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Presidenta, señorías, el
objeto de esta proposición de ley orgánica es la derogación del
apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, aprobado por Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que tipifica la coacción a iniciar
o continuar una huelga. Es de destacar que el referido apartado se
modificó por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. La previsión de esta
conducta en el Código Penal existe ya desde la remota Ley 23/1976, de 19
de julio, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal,
relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y
libertad de trabajo, la cual modificó el artículo 496 del Código
Penal.


De acuerdo con la exposición de motivos de la
citada Ley 23/1976, la introducción de este subtipo se fundamentaba en la
presencia y la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se
autodenominan piquetes de extensión de huelga y que maltratan o intimidan
a los trabajadores; reitero: la presencia y la creciente actividad
agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión
de huelga y que maltratan o intimidan a los trabajadores. Desde entonces,
esta actividad no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado,
hasta el punto de que, ante jornadas de huelga, grupúsculos minoritarios,
perfectamente organizados, impiden el derecho al trabajo a miles de
personas mediante la coacción, la intimidación o la violencia. En
definitiva, el tipo penal que pretende suprimirse no ha perdido un ápice
de su vigencia, motivo por el cual debe continuar en vigor.


El reproche penal a las coacciones para iniciar
o continuar una huelga es absolutamente ineludible, con el fin de
preservar la libertad de los trabajadores y su derecho a escoger
libremente el ejercicio del derecho a la huelga o el de trabajar. Estos y
no otros son los bienes jurídicos protegidos y la razón de ser de la
tipificación de estas conductas. Y es que su en el Código Penal no debe
confundirse en ningún caso con una limitación abusiva del ejercicio del
derecho de huelga o a la libertad sindical, sino con la protección del
derecho al trabajo de los trabajadores, artículo 35 de la Constitución
española, y en definitiva, con la libertad —artículo 17 de la
Constitución— y la dignidad de la persona
—artículo 10.1.


La limitación del derecho a la huelga no solo
se produce por la colisión con otros derechos. En este sentido, el
artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses, y añade que la ley que
regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad. Por lo tanto, el derecho a la huelga debe dirigirse a la
defensa de los intereses de los trabajadores, pero, del mismo modo, esta
finalidad también constituye su límite.


El Real Decreto Ley 17/1977, de 14 de marzo,
sobre las relaciones de trabajo, califica ilegal la huelga cuando se
inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad
ajena al interés profesional de los trabajadores afectados,
artículo 11.a). Por ello, no es admisible en un Estado de derecho el
abuso indiscriminado del derecho de huelga, instrumentalizando el
ejercicio de este derecho fundamental para fines perversos, tales como la
alteración del orden público o impidiendo a las personas ejercer
libremente el derecho al trabajo.


Por lo expuesto anteriormente, nos oponemos a
la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal y
presentamos nuestro veto a dicha modificación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


El turno en contra se utilizará acumulado al
final de las dos propuestas de veto.


Para la defensa de la propuesta de veto número
dos, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Cristina Ayala.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días,
señorías.


Quiero agradecer, en primer lugar, a los
servicios técnicos de la Cámara su orientación a todos los ponentes en
este debate, y muy especialmente a mi compañero Juan Juncal el trabajo en
esta iniciativa.


Puesto que va a ser un debate complejo, voy a
tratar de estructurar y resumir al principio los cinco puntos en los que
se basará, para que sea más ágil y más fácil de seguir. Primer punto: si
hay coacciones en la huelga, debe haber sanción penal. Segundo punto:
¿Por qué el sanchismo cree que el socialismo se equivocó al regular en el
Código Penal el derecho de huelga? Tercero: la base jurídica por la que
creemos que esta derogación es un error. Cuarto: el deterioro jurídico
del Estado de derecho que muestra también esta derogación. Y, en quinto
lugar: esto no solo es un error, señorías, es una gran chapuza.


En primer lugar, si hay coacciones en la
huelga, debe haber sanción penal. La verdad es que pocas veces es tan
evidente y tan fácil de explicar desde el punto de vista de la lógica por
qué presentamos un veto. El Grupo Popular entiende que coacción siempre
es contraria a derecho. No hay caminos intermedios, señorías, y ustedes
están buscando la forma de bordear esta lógica en lo que se refiere al
derecho de huelga; están buscando la forma de blanquear a quienes, bajo
el amparo de la libertad sindical, coaccionan a otros trabajadores para
que se sumen a la huelga. Así de sencillo y así de fácil. Eso sí, los
socialistas nos proponen eliminar una parte de las coacciones del tipo
especial, solo las que realizan los que obligan a otros a hacer huelga. Y
me explico.


El 315.1 del Código Penal castiga a quienes
impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de
huelga. El 315.2 castiga al que, usando coacciones, limita ese derecho de
huelga, y el 315.3 castiga al que, utilizando coacciones, obliga a otro a
iniciar o continuar una huelga. Ustedes solo quieren derogar el 315.3, el
resto no lo quieren derogar.


Trataré de ahondar en la explicación.
Coacciones para impedir una huelga, sanción penal; coacciones para
iniciar o continuar una huelga, sanción penal. Mismo comportamiento
—coacciones— relacionado con la libertad sindical, misma
sanción penal. Creo que es bastante sencillo. Pues esto es lo que ustedes
quieren derogar.


Por tanto, y para que quede cristalina la
postura del Grupo Popular en el Senado: ¿Libertad sindical? Rotundamente
sí. ¿Derecho a hacer huelga? Rotundamente sí. ¿Coacciones en el ejercicio
de la libertad sindical y del derecho a la huelga? Rotundamente no,
señorías. (Aplausos). Porque, díganme una cosa, ¿la libertad sindical es
solo del que hace huelga, solo merece protección para los socialistas el
trabajador que hace huelga? ¿Qué pasa con la libertad sindical y los
derechos del trabajador que no hace huelga? ¿Ese ya no merece la
protección del Estado, a ese se le puede coaccionar, ese es un
trabajador, acaso, de segunda categoría? Porque este es el aro porque por
el que nos pretenden hacer pasar.


Lo que sostenemos en el Grupo Popular es la
cara y la cruz del derecho. Defendemos, por tanto, al trabajador que
decide hacer huelga y el derecho del trabajador que decide no hacerla,
porque entendemos que merece, al menos, el mismo respeto. Y, aunque lo
intenten, no engañan a nadie con ese discurso de que en el Partido
Popular somos hostiles a la huelga, porque la huelga es un derecho
fundamental más que asumido por cualquier demócrata, como herramienta
ante una situación que el huelguista considera injusta o, sencillamente,
mejorable; y eso nos parece muy bien.


Lo que defendemos en el Partido Popular es que
el derecho a la huelga forma parte del sistema que los españoles nos
dimos en el 78 y, en este grupo parlamentario, señorías, somos igual de
entusiastas con el derecho a hacer huelga, que con el derecho a la vida,
que con el derecho a la libertad de los padres a elegir el colegio de sus
hijos, como con otras cuestiones que recoge la Constitución española,
como la monarquía o las comunidades autónomas (Aplausos), porque los que
intentan horadar la Constitución no están en este grupo, están en otros
grupos.


Segundo punto: ¿Por qué el sanchismo cree que
el socialismo se equivocó, ni más ni menos, que con la penalización del
derecho de huelga? Es curioso que nos traigan esto cuando el Código Penal
del 95 fue apodado por los socialistas como el Código Penal de la
democracia, porque su regulación superaba todos los tics franquistas.
Mucho me cuesta creer que el presidente del Gobierno, el señor González,
abogado laboralista, se equivocara justo en la regulación penal del
derecho de huelga. Les diré más, esta regulación era excesivamente dura y
fue el Partido Popular el que, en 2015, modificó a la baja las penas de
este delito —que con Felipe González y Zapatero no se
cambiaron—, de un máximo de tres años a un máximo de dos,
precisamente, porque, como todos ustedes saben, dos años es el límite
para entrar o no entrar en prisión, y a nosotros nos parecía que entrar
en prisión por una coacción en una huelga, sin el concurso de otros
delitos, era una tipificación excesivamente rígida. Eso sí, cuando
nosotros lo hicimos, lo hicimos para todos, para los que coaccionan a
hacer huelga y para los que impiden ese ejercicio.


Tercero: base jurídica por la que creemos que
esto es un error. Porque esta parte política que nosotros defendemos, la
defendemos con una base técnica y una base jurídica, porque el tipo
del 172 de las coacciones, que van a dejar ustedes vigente, no es ni
parecido al específico del 315. Primero, porque la ubicación en el Código
Penal del 315 está justo en el epígrafe de delitos contra los derechos de
los trabajadores, y es esa especialidad la que queremos mantener, porque
da una mejor penalidad, al tratarse del ejercicio de un derecho
fundamental colectivo. Segundo, porque para que se dé el comportamiento
del 315 no basta con apoyar la huelga, eso es totalmente legal, sino que
lo que ha de hacer el sujeto es actuar, y hacerlo en grupo o de acuerdo
con otros sujetos. Es decir, el 315.3 tiene su base en una conducta
colectiva, que es totalmente diferente a donde van a ampararlo ustedes
ahora, que es en el 172, y lo que penaliza el 315.3 es el ejercicio del
uso abusivo del derecho a huelga. Tercero —muy importante—,
porque ustedes pretenden obviar que, aunque el derecho de huelga en
España tiene una regulación preconstitucional, sus límites están fijados,
por arriba y por abajo, por distintas sentencias del Supremo y del
Constitucional, que han ido perfilando el derecho.


Al PSOE, por más intervenciones que he leído y
que he escuchado, solo le he oído hablar de lo que queda dentro del
derecho a huelga, pero nunca de lo que queda fuera. Hacen ustedes
—permítame que se lo diga con todo el cariño— una
interpretación absolutamente maliciosa. Porque sí, sentencias como
la 11/1981, de 8 de abril, explican que una de las facultades del derecho
de huelga es la publicidad o proyección exterior para convencer a otros a
hacer la huelga, pero ustedes lo que interpretan aquí es que esa
proyección exterior no tiene límites o, por lo menos, no todos los
límites que debería tener. Esta sentencia del Constitucional dice que la
caracterización del derecho responde a un conflicto y una defensa de
intereses en escenarios de tensión, pero lo que ustedes interpretan aquí
es que, al ser un derecho de conflicto y de tensión, se pueden sobrepasar
los límites de la coacción o, al menos, un poquito.


Porque cuando la sentencia de 1997 del Tribunal
Constitucional —a la que aludía el otro día mi compañera en la
comisión— fija que es un derecho de conflicto y que, debido a esas
circunstancias, no puede exigirse a los huelguistas que guarden pautas
corteses, lo que ustedes pretenden es que, en vez de darle los buenos
días al compañero trabajador, le impidan —y no pase nada por
ello— entrar a su trabajo, coaccionándole para que haga la huelga.
Ustedes obvian que la jurisprudencia del Constitucional, además de esos
límites en los que sí entra la huelga, entra en lo que no es huelga,
cuando se sobrepasa el derecho de huelga, desbordando así ese derecho a
huelga, e incluye: actos de coacción psicológica o presión moral, impedir
la entrada en el centro de trabajadores, golpear o amenazar a un
trabajador, agredir o insultar al personal, causar incendios y daños en
las instalaciones, interceptar y golpear un vehículo, insultar a los
trabajadores que acceden al centro de trabajo, obstaculizar e impedir a
clientes y trabajadores el libre acceso o impedir, en fin, la entrada y
salida de vehículos a la huelga. Y esto no es estar en contra de la
huelga, señorías. El derecho a la huelga es el que es y tiene que tener
unos límites, porque esto es ni más ni menos que abuso del derecho a la
huelga.


Y yo les quiero preguntar abiertamente:
¿Ustedes creen que estos actos deben seguir penalizados por el Código
Penal, o con esta modificación lo que pretenden es ir difuminando todos
esos abusos del derecho de huelga y que esta derogación del 315 sea solo
un primer paso? Porque, como dice otra sentencia: quien ejerce coacción
psicológica o presión moral para extender la huelga se sitúa extramuros
del derecho constitucional de huelga, porque limita la libertad de
continuar trabajando y porque afecta a otros bienes jurídicos y otros
derechos fundamentales que ustedes niegan, que es la dignidad de la
persona y el derecho a su integridad física y moral, también derechos
fundamentales, como el 28.2.


Cuarto punto: deterioro jurídico del Estado de
derecho que demuestran con la derogación que proponen en esta
proposición. El mundo del derecho durante este año y pico de legislatura
ha sido realmente demoledor. No es que legislen y actúen solo para los
suyos, ahondando permanentemente en la crispación, es que van mucho más
allá. Están dando pasos constantemente en la degradación del Estado de
derecho solo por seguir en la Moncloa. Así, la fiscalía al servicio del
Gobierno, en vez del interés público, encabezada por la exministra más
sectaria y reprobada de nuestra democracia (Aplausos); ministros que
cesan a un funcionario por no cometer ilegalidades; asaltos al Poder
Judicial, por lo que precisamente les van a mandar la troika, tal y como
dijo ayer la Comisión Europea —les van a mandar unos hombres de
negro para que les vigilen, señorías—; abuso de legislación del
Gobierno, tratando de ocupar el sitio del Parlamento, escondiendo
informes del Consejo de Estado; exposiciones de motivos como esta, que
debería ponerles colorados, que les acercan a los regímenes de Maduro y
de cualquier dictadorzuelo de tres al cuarto, que son solo un mitin, y de
los malos; proposiciones de ley, como esta, presentadas en lugar de
proyectos de ley, para evitar los dictámenes del Consejo de Estado, la
fiscalía, el Consejo General y, de paso, que les pongan la cara colorada.
Esto es el sanchismo, y me niego a creer que esto es lo mejor que el
Partido Socialista puede ofrecer a España. Esto solo es un ejemplo de esa
forma de degradar el Estado de derecho.


Por último, esto no solo es un error, señorías,
es una enorme chapuza. Es tan chapucera esta modificación, que traerá el
resultado contrario al que pretenden en el PSOE. Porque al dejar vigente
el 172, como tipo genérico de coacciones, van a penalizar más a quienes
utilicen las coacciones en el ejercicio del derecho a la huelga. Porque
quien comete el ilícito del 315.3 tiene una única pena,
independientemente de a cuántas personas haya coaccionado —por eso
que explicaba antes de que esto es un derecho colectivo—, pero al
aplicar el tipo genérico, habrá tantos delitos como coacciones haya, como
dicen las sentencias del Supremo 61/2009 y 1114/1998. Y de esto ya se les
ha avisado. Por tanto, mientras en la regulación del 172 se considerarán
tantas coacciones personales como sujetos coaccionados por el concurso de
delitos, el resultado de la desaparición del 315 será un agravamiento de
la pena, que se aplicará en el grado superior, resultando cuatro años y
medio, en vez de los tres del 315. Luego dicen de las leyes de Montero,
pero es que las que trae el Grupo Socialista, ¡telita, señorías!


Es por todas estas cuestiones —y termino
ya— que les he tratado de explicar en esta compleja y larga
intervención, por lo que ustedes han decidido presentar este engendro
como proposición de ley, en vez de como proyecto de ley, porque saben que
su paso por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder
Judicial o por una fiscalía dirigida decentemente habría modificado esta
aberración jurídica y práctica que hoy nos sirven para derogar. Estos son
los motivos de nuestro veto.


Justiniano decía que la justicia es la voluntad
de dar a cada uno su derecho. La libertad sindical no puede basarse en
coartar la libertad de otro. Solo respetando el derecho de quien quiere
hacer huelga y de quien no quiere hacerla logramos este fin. Esta
derogación, señorías, es un error y una chapuza.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Pasamos al turno en contra.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Hernández Espinal.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Buenos días,
señora presidenta.


Señor ministro, señorías, antes de nada, quiero
dar la bienvenida al Senado al secretario general de Comisiones Obreras,
Unai Sordo, y a la vicesecretaria general de la Unión General de
Trabajadores, Cristina Antoñanzas (Aplausos de los señores senadores del
Grupo Parlamentario Socialista dirigidos a la tribuna del público), que
vienen acompañados por algunos de aquellos que el Grupo Socialista ha
tenido en mente durante estos meses en que hemos estado tramitando esta
reforma, representantes de los trabajadores y trabajadoras que, en el
ejercicio de sus funciones, y precisamente por ello, han tenido que pagar
bastante más de lo que era justo.


Me habla, señora Ayala, de un mitin, y de los
malos, usted precisamente, que ha hecho un totum revolutum, las siete
plagas de Egipto. Hacía bastante tiempo que no escuchábamos aquí hablar
de Maduro y ha tenido que ser usted la que vuelva a nombrarlo.


Es muy clarificadora la postura de los dos
partidos que han presentado vetos, la falta de empatía con unas personas
que han sufrido una respuesta del Estado tan dura que, a diferencia de lo
que tendría que haber sido, penalizó un comportamiento que no debería
haber recibido reproche penal alguno. ¡Que energía ha puesto usted,
señora Ayala, en hacer pasar por criminales a simples trabajadores!
(Aplausos).


El mundo al revés, porque los derechos
laborales de los que todos disfrutamos, también ustedes, se los debemos a
personas como ellos, porque sin personas como ellos, nosotros no
habríamos llegado a disfrutar de la democracia que disfrutamos ahora y de
la libertad sindical que ahora tenemos. (Aplausos). Es más, sus posturas,
señores del PP y de Vox, son absolutamente coherentes con los intereses
que representan, también coherentes con la lectura parcial de la
Constitución que ustedes hacen, sintiéndose comprometidos simplemente con
los artículos que comparten. El PP pretende mantener un artículo que han
pervertido cuando han gobernado. Vox, primero, propone un veto y después
propone endurecer más el tipo delictivo. En fin, una vuelta al pasado.
Ambos se dicen amantes de la libertad, como el legislador franquista que
muy rimbombante denominaba su ley represora ley de libertad del trabajo.
Hasta 1977, la huelga fue ilegal en este país, y esa ilegalidad implicaba
despidos, multas, detenciones, sentencias del tribunal de orden público y
cárcel. Les leo —ya lo ha hecho el senador de Vox—: La
presencia y creciente actividad agresiva de grupos organizados, la
criminalización de la protesta... Pero eso ocurrió en el franquismo. La
democracia de que disfrutamos justamente no habría llegado de la manera
que llegó sin la presión social de las organizaciones sindicales. Tan
fuerte fue dicha presión que en el tardofranquismo se legisló en su
contra. No han hecho ustedes ni siquiera el esfuerzo de cambiar el
argumentario preconstitucional. Y no, no era libertad ni democracia, sino
fascismo represor. (Aplausos). Pero ahora, desde que al PP le picó el
virus del franquismo, parece que ser fascista es estar en el lado bueno
de la historia. En fin, se les llena la boca de libertad del trabajo,
pero lo que quieren es que se pueda seguir reprimiendo conductas
sindicales amparadas en la Constitución, inherentes al ejercicio del
derecho fundamental a la huelga, derecho fundamental, manifestación de la
libertad sindical y máxima expresión democrática del conflicto social que
no se ha podido solucionar por la vía del diálogo.


Sin derecho de huelga, señorías, no hay
democracia ni Estado social. Usted me ha preguntado: ¿por qué derogar
ahora un artículo que estaba en nuestro Código Penal? Porque frente a la
contestación sindical a la reforma laboral del Partido Popular, como
respuesta a una crisis que no causamos los trabajadores, el Estado optó
por la criminalización de la protesta, y es lo que pasó con este artículo
de larga vigencia —sí, de larga vigencia—, pero que empezó a
utilizarse sobre todo a partir de 2012, cuando se produjo un cambio
interpretativo propiciado de forma generalizada por la fiscalía; una
interpretación excesivamente rigorista, con solicitudes de penas
—es verdad que en concurso con otros delitos— de cinco, seis,
siete y ocho años de cárcel. Algunas personas, que antes de 2012 no
habrían recibido reproche penal alguno, por los mismos hechos han estado
en prisión. Cerca de 300 sindicalistas fueron acusados y juzgados; la
inmensa mayoría, señorías, absueltos, pero el calvario de estos años lo
llevan a sus espaldas.


Por ello, porque el 315.3 es susceptible de ser
manoseado, tergiversado, malinterpretado, nosotros proponemos ahora su
derogación; porque entendemos que es contrario a la Constitución y a la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Mi madre, que era
muy de refranes, señora Ayala, usaba uno que es muy apropiado: quien
evita la ocasión evita el peligro. ¿Cómo es posible que las coacciones en
el ámbito de la huelga tengan una pena más dura que cualesquiera otras?
El artículo 315.3 es extremadamente duro, y esas palabras no las digo yo,
señora Ayala, las dijo el fiscal general Torres-Dulce en sede
parlamentaria; un fiscal nombrado por el Partido Popular. Este artículo
se acerca bastante, entiendo, al concepto de derecho penal de autor,
propio de sistemas autoritarios, como el comportamiento lo realiza un
sindicalista, tipificamos la huelga con mayor severidad.


La huelga es el mecanismo colectivo dirigido a
presionar a la empresa o a la autoridad laboral. La presión es inherente
al ejercicio del derecho, y en una situación de clara inferioridad,
porque el trabajador o trabajadora son la parte más débil del conflicto.
Y la doctrina del Constitucional considera que los hechos, efectivamente,
deben valorarse en ese concepto de enfrentamiento y tensión que
caracteriza las situaciones de huelga. Así ha sido hasta que empieza la
fiscalía a interpretarlo de manera diferente. Ante el conflicto, el
trabajador normalmente se debate en tensión entre la llamada a la huelga
que hacen sus compañeros más reivindicativos, y el poder empresarial;
entre decidir de manera insolidaria y no seguir la iniciativa de los
demás y el temor a la pérdida del salario que la huelga comporta; o
asumir el riesgo, de que apoyando la reivindicación, sufra represalias o
desventajas en su empresa.


Los piquetes, en ese sentido, son instrumentos
de difusión y publicidad de la huelga reconocidos y garantizados
constitucionalmente, con funciones de información, propaganda, persuasión
a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o de disuasión a
los que han optado por continuar trabajando, como declara el
Constitucional, formando parte del contenido esencial del derecho de
huelga. Los piquetes no solo son legales, sino que son imprescindibles
para compensar el desequilibrio de poder entre patronal y
trabajadores.


La función del Estado de derecho no es otra que
la de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de
los ciudadanos. El derecho penal, como última ratio del sistema, tiene
esa función. No tiene la función de limitar derechos fundamentales, sino
la de penalizar su vulneración. La inmensa mayoría de los casos
analizados en los que a los trabajadores se les han abierto diligencias o
han sido juzgados en virtud del 315.3 han sido absueltos, por lo que la
aplicación del 315.3 como última ratio ha sido absolutamente excesiva;
permítanme incluso decir que ha sido un funcionamiento absolutamente
ineficiente de la Administración de Justicia porque los comportamientos
no eran punibles, de entrada, y la conducta enjuiciada consistía en el
ejercicio legítimo de un derecho fundamental.


Por lo tanto, proponemos la derogación
completa, porque es un vestigio de la legislación preconstitucional y
represiva, por tres razones. En primer lugar, el bien jurídico protegido
en el 315.3 no es el derecho al trabajo, sino el derecho a no hacer
huelga, y con ese artículo se ponen al mismo nivel el derecho fundamental
a la huelga y el individual de no estar en huelga, según la sentencia del
Tribunal Supremo, de 22 de mayo de 1986. El bien jurídico protegido de
carácter individual, no colectivo, y el derecho fundamental de máxima
jerarquía obtienen el mismo nivel de protección en el Código Penal, lo
que vulnera, a mi entender, el principio de proporcionalidad, que es
informador del derecho penal.


En segundo lugar, como consecuencia de ello y
de su incardinación en el Código Penal, se ejerce un efecto de desaliento
o un efecto disuasorio del ejercicio de un derecho fundamental; si me
permiten, se lo diré en inglés, chilling efect, ya que esta doctrina
proviene del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, relacionado con el
principio de la libertad de prensa, pero que viene muy al caso. En virtud
de dicho efecto, los titulares de los derechos fundamentales pueden
evitar ejercerlos por el temor a ser severamente sancionados en caso de
extralimitación, sobre todo si se trata de ejercer derechos colectivos,
por verse envueltos en situaciones punibles por actos de otras personas.
Y así se ha manifestado también el Tribunal Constitucional —abro
comillas—: Ha de garantizarse que la reacción frente a dicha
extralimitación no pueda producir por su severidad un sacrificio
innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan o un
efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de los derechos
fundamentales implicados en la conducta sancionada. Dicha dureza con los
más reivindicativos traslada al resto de los trabajadores la imagen muy
neta del coste que tiene participar y ejercer dicho derecho fundamental.
La OIT, en respuesta a una queja presentada por UGT y Comisiones Obreras,
expresó su preocupación por el uso de este tipo penal.


En tercer lugar, porque no deja ningún espacio
de impunidad, ya que existe el tipo general de coacciones en el
artículo 172 del Código Penal, o, incluso, el de lesiones, que se
aplicaría por los tribunales en caso de que se pudiera apreciar una
desviación punible en el uso del derecho fundamental; si bien, como he
dicho, siguiendo la doctrina del efecto desaliento, la pena debería
modularse, por tratarse de una conducta limítrofe con el ejercicio de un
derecho fundamental. Por lo tanto, con su posible encuadramiento,
garantizamos que cualquier conducta punible o violenta, que rechazamos,
quede sin respuesta penal.


Por último, y por todo lo dicho anteriormente,
entendemos que dicho artículo 315.3 vulnera la Constitución, y no solo lo
dice el Grupo Socialista, sino la doctrina penal más autorizada. Dicho
esto, debemos actuar conforme nos dicta el artículo 9.2, en virtud del
cual los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o
dificulten a los ciudadanos el ejercicio de los derechos fundamentales, y
eso estamos haciendo hoy aquí, señorías. Todos los que votemos a favor de
la derogación del 315.3 estamos removiendo un obstáculo para el ejercicio
del derecho fundamental de huelga. Estamos dando cumplimiento al
artículo 9 de nuestra Constitución, y no hay propósito más elevado para
el Poder Legislativo que guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado. Es lo que prometimos cuando entramos en la
Cámara. (Aplausos).


Espero de todo corazón que en estos momentos en
que el Pleno del Senado deroga definitivamente el apartado 3 del
artículo 315, las personas que resultaron encausadas y sometidas
injustamente a procesos penales —y algunos nos acompañan hoy
aquí— puedan encontrarle un sentido a ese sufrimiento. Empezamos
hoy la justa reparación simbólica de que son acreedores.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, en turno de portavoces, por el
Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá el senador Catalán Higueras.


Tiene la palabra.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


El Código Penal fue una ley aprobada por un
Gobierno socialista estando en la Presidencia Felipe González. Ya sé que
este detalle en este momento no motiva mucho a la actual dirección del
Partido Socialista. Ahí tenemos los desprecios y las intenciones de la
formación a la hora de callar las críticas, tanto de Felipe González, de
Alfonso Guerra, como de otros dirigentes del Partido Socialista,
cuestionando y criticando los acuerdos entre el Partido Socialista y los
proetarras de Bildu. Recuerden sus señorías lo que dijo la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y también
autora material de esa firma con Bildu: ella escuchaba a sus mayores,
pero era el turno de nuevas generaciones. Como diría Groucho Marx: Estos
son mis principios; si no le gustan, tengo otros. Y esa es la
realidad.


Y hablando de cuestiones y de acuerdos firmados
entre el Partido Socialista y Bildu, es evidente que sería bueno saber
qué pasa con ese acuerdo para derogar la reforma laboral. ¿Está vigente o
no está vigente ese acuerdo? Ustedes han prometido por activa y por
pasiva la derogación de la reforma laboral. ¿Lo van a hacer? ¿Van a
cumplir esa promesa firmada en su día con los proetarras de Bildu y
Esquerra Republicana, lo que han dicho en varias ocasiones?


La señora PRESIDENTA: Le llamo a la cuestión,
señoría.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Por lo tanto,
señorías, nosotros hoy queremos denunciar este tipo de
comportamientos.


Por otro lado, nosotros hemos preguntado por
este acuerdo al presidente Sánchez y a otros ministros, como al
camaleónico señor Marlaska, y la respuesta siempre ha sido la misma: el
silencio cómplice. El Gobierno nunca tiene nada de que arrepentirse,
diría el señor Marlaska. La prepotencia y soberbia en estado sumo.


En Unión del Pueblo Navarro defendemos la
libertad; la libertad para que los trabajadores puedan iniciar o puedan
continuar una huelga, pero defendemos también la libertad de los
trabajadores para poder trabajar libremente y sin ningún tipo de presión
o coacción, y para discrepar de las decisiones que puedan tomar otros.
Esa es la libertad en la que creemos también en Unión del Pueblo
Navarro.


También hay que tener muy en cuenta que en
Unión del Pueblo Navarro rechazamos la utilización de la violencia para
defender una idea política o una postura determinada. Siempre lo hemos
rechazado. Hemos padecido en nuestras propias carnes la coacción, la
presión, el amedrentamiento para defender libremente lo que consideramos
justo, ¿por qué no lo vamos a poder hacer también en nuestro trabajo?
¿Por qué no?


Por lo tanto, en esa línea, nosotros también
queremos poner de manifiesto que hay que cuestionar la bondad de la
reforma que ustedes están planteando: el apartado 3 del artículo 315, las
referencias que se hacen en el apartado primero y el apartado segundo de
ese artículo, pero, fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que dicen los
juristas en relación con el artículo 172 del Código Penal, que en
cuestiones muy similares también está endureciendo las penas a aquellas
personas que los cometan.


Por otro lado, señorías, nosotros hoy tenemos
que denunciar una vez más, y van varias, la obsesión que tiene este
Gobierno y los partidos que lo sustentan por modificar las leyes,
cuestiones fundamentales e importantes, con una proposición de ley y no
con un proyecto de ley, con el único objetivo de no tener encima de la
mesa los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo
Fiscal o incluso del Consejo de Estado. ¿Ustedes creen que estas
omisiones realmente garantizan la legalidad de este tipo de cuestiones?
¿Dónde está su seguridad jurídica? Creo, sinceramente, que están abusando
en exceso de la proposición de ley. Creo sinceramente que el Gobierno y
los partidos que lo sustentan se equivocan a la hora de hacerlo. Como
dirían desde cualquier Ministerio de Justicia: un nuevo parche. Luego
vendrán otros. El problema y la cuestión es que estos parches son
concesiones que se hacen fundamentalmente a la izquierda más radical, que
se hace también a los partidos independentistas y, sobre todo, que se
hace única y exclusivamente con un interés determinado: mantenerse en el
poder a cualquier precio.


Libertad, sí, pero libertad para todos, incluso
para el que piensa diferente a nosotros. Eso es algo fundamental en
democracia y, sobre todo teniendo en cuenta, señorías, que la presión, la
coacción, la amenaza nunca es positiva en democracia, nunca se puede
consentir. Tenemos que ser libres para respetar lo que piensen los demás
y lo tenemos que hacer con la palabra y, sobre todo, en un Estado de
derecho, en un sistema democrático como el que disfrutamos los
españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la
palabra el senador Sánchez-Garnica Gómez.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, el Partido Aragonés votará a favor de
la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y, en consecuencia, en
contra de los dos vetos, por varias razones. (Aplausos). En primer lugar,
porque creemos en el principio de intervención mínima del Código Penal.
En segundo lugar, y en consecuencia, porque las conductas abusivas en el
ejercicio del derecho de huelga están suficientemente tipificadas en
nuestro Código Penal. El artículo 315.3 del Código Penal regula, como
todos ustedes saben, un delito de coacciones agravado, y a pesar de que
existe la posibilidad de sustituir la pena de prisión por la multa,
sanciona a aquellos que, actuando solos o en compañía de grupo,
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, sin que,
por lo tanto, se exija la existencia de violencia, como sí hace el tipo
de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal.


La existencia del artículo 315.3 del Código
Penal limita, tanto el derecho de huelga como el derecho de la libertad
sindical, ya que está impidiendo que el ejercicio del derecho de huelga
se desarrolle en su plenitud. En definitiva, señorías, estamos ante un
tipo agravado de coacciones que nada resuelve, pero sí crea conflictos y
enfrentamientos innecesarios y, además, desde nuestro modesto punto de
vista, es desproporcionado e injusto.


Quizá, todavía tenemos pendiente la regulación
de la huelga, tanto de sus derechos como de sus limitaciones. Como todos
ustedes saben, el derecho de huelga se regula por una norma
preconstitucional, el famoso Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo,
sobre relaciones laborales. Sin duda debe actualizarse su regulación. El
Tribunal Constitucional ha afirmado en diversas sentencias que resulta
preceptiva la regulación legal del ejercicio del derecho de huelga, ya
que este último, como los demás derechos fundamentales, no es absoluto,
no es ilimitado, admite y precisa una regulación. Hasta que se den las
condiciones —y ya llevamos años—






de consenso y acuerdo para
aprobar una ley orgánica reguladora del derecho de huelga, por las
razones expuestas, no tiene sentido mantener el delito agravado de
coacciones, ya que, vuelvo a repetir, no soluciona ningún problema.


Tampoco, a pesar de lo que se diga, protege de
manera efectiva a quienes legítimamente no quieren ejercer su derecho a
la huelga. Sin duda, el debate jurídico siempre es interesante, pero aquí
tenemos la obligación de legislar y adecuar a la realidad lo que es real.
No se puede poner en duda, señorías, la actuación de las organizaciones
sindicales. Las conductas individuales sin duda tienen su reproche penal.
Merece la pena, en nuestra opinión, confiar en la responsabilidad
colectiva y garantizar la plenitud del ejercicio del derecho fundamental
a la huelga. Por todo ello, votaremos en contra de los vetos y a favor de
la derogación del artículo 315.3, del Código Penal.


Por último, aprovechando la presencia de los
máximos representantes de UGT y Comisiones Obreras, a los que este
modesto senador les da la bienvenida a esta Cámara, les quiero recordar
la necesidad de apoyar y proteger a los más de 800 000 empleados públicos
en abuso de temporalidad. Sin duda, su intervención, su participación, su
actuación va a ser fundamental para lograr una solución consensuada entre
todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora
presidenta. Señorías, buenos días. También doy los buenos días a los
invitados.


La proposición de ley y su posterior votación
pretende la concreta derogación del artículo 315.3, del Código Penal. A
la vista de esto, y en tanto que la proposición de ley orgánica no
pretende otra cosa que la supresión del apartado, no su modificación ni
su matización, sino su pura supresión, debemos entender que el partido
proponente lo que pretende despenalizar es una conducta hasta ahora
tipificada en el Código Penal, que castigaba la coacción realizada por
unas personas con objeto de iniciar o continuar una huelga.


La pregunta que nos surge en este sentido es
por qué el Partido Socialista tiene tanto interés en la supresión
absoluta —reitero, supresión absoluta— de este apartado.
Nosotros podríamos estar de acuerdo en que este artículo merece una
revisión, que las penas se pueden rebajar. Claro que se pueden rebajar.
En definitiva, es adecuada una revisión y un debate sosegado sobre este
artículo, puesto que, tal y como está redactado actualmente, es cierto
que puede acarrear penas considerables de prisión, así como la entrada
directa en prisión, incluso para aquellas personas que carecen de
antecedentes penales, lo cual no nos gusta y no nos parece justo. Por lo
tanto, entendemos que este artículo merecería una revisión; revisión, que
no supresión, porque la supresión se nos antoja exagerada y nos invita a
preguntarnos por qué se promueve y por qué con tanta celeridad.


Señorías, el artículo 315.3 no pretende sino
impedir que se coaccione la libertad de los ciudadanos para decidir lo
que estimen oportuno respecto a la convocatoria de una huelga y actuar en
consecuencia bajo el principio irrenunciable de su libertad, de la
libertad individual de la persona. Además, estamos en el contexto y en el
apartado del Código Penal de los delitos contra la libertad de los
trabajadores. Está ahí puesto por algo, no es casualidad; delitos contra
la libertad de los trabajadores.


Lo que no nos gusta es que en medio de este
caos, en medio de esta profunda pandemia, traigan a debate y votación,
además con urgencia, una iniciativa que pretende proteger a los piquetes
violentos, a los piquetes coercitivos. Con toda sinceridad, señorías, no
comprendemos sus prioridades.


Por otra parte, parece procedente, y así lo
entendemos, recordar en esta tribuna que el derecho a la huelga es un
derecho fundamental. Es que aquí nadie pone en duda el derecho a la
huelga. Es un derecho fundamental protegido, defendido y amparado en el
artículo 28 de la Constitución; es un derecho fundamental. Ya lo tenemos.
Aquí nadie pone en duda el derecho a la huelga. Es un derecho fundamental
del artículo 28 de la Constitución. ¡Y ay de quien lo procure tocar! ¡Ay
de quien lo procure tocar! Pero no es una obligación; es un derecho.
Además, en los procesos de huelga, la inmensa mayoría de los trabajadores
que ejercen este derecho constitucional lo hace pacíficamente, como no
podría ser de otra manera, aunque existen ocasiones —las menos, es
verdad que las menos, por suerte— en que algunos piquetes llegan a
ejercer coacciones e incluso violencia. Por ello, eliminar este artículo,
supone un ataque directo a la libertad de los ciudadanos.


Además, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, lo presentan como una proposición de ley y no como un
proyecto, saltándose de esta manera todos los dictámenes preceptivos.
¿Por qué se abusa de la proposición y no lo presenta como un proyecto de
ley, con sus cauces adecuados y sus dictámenes? Entendemos que lo que se
pretende —dicho sea con el debido respeto—, aprovechando la
coyuntura, es introducir —y aquí viene el ardid, y yo creo que por
esto se introduce de esta manera y no de otra— una disposición
transitoria única que pretende que los jueces o tribunales puedan revisar
la sentencia firme dictada de conformidad con la legislación que se
deroga. Esto es, señorías, del todo sospechoso. ¿Saben por qué? Porque
tiene toda la pinta de que esta disposición, y quizás el conjunto de la
proposición de ley orgánica, tiene el objeto despenalizar los delitos de
coacciones en el contexto de huelgas para proteger a algunos socios o
amiguetes.


En fin, la iniciativa es excesiva en su
propuesta. No tiene la necesidad y la urgencia que el caso requiere. No
hay urgencia para reformarlo en este momento, y menos de suprimir, en
este período en el que estamos. Nosotros debatiríamos sobre la reforma,
pero no sobre la supresión. Además, huele a intenciones profundamente
sospechosas. No nos gusta.


Volvemos a afearles por qué se presenta como
proposición y no como proyecto de ley. Nosotros no estamos de acuerdo con
los vetos. No vamos a votar a favor, pero tampoco estamos de acuerdo con
la proposición. Por tanto, votaremos en contra. Nos habría gustado un
debate pausado, tranquilo y sosegado sobre la modificación, sobre la
rectificación de este artículo, que nos parece excesivo, pero nunca sobre
su supresión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.


Intervengo desde el escaño solo para anunciar
el sentido de nuestro voto, que será contrario a los vetos presentados
por el Grupo Popular y por Vox.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


En primer lugar, quiero saludar a los
representantes sindicales. Los sindicatos han sido siempre instrumentos
que han luchado por los derechos, por los avances sociales y por la
democracia en este país y merecen todo nuestro reconocimiento
precisamente hoy, día 14 de abril, día en el que toca reivindicar también
a la gente que luchó por nuestros derechos, por los avances sociales y
por la democracia; hoy más que nunca a todos y todas salud y república.
(Rumores).


Hoy, día de la república, quiero recordar a
todos los que han sufrido por la aplicación injusta de este artículo.
Queremos recordar que el 14 de marzo de 2017 en la Comisión de Justicia,
precisamente nosotros, Compromís, presentamos ya una moción que exigía
derogar este punto 3 del artículo 315 del Código Penal; entonces la
mayoría absoluta del Grupo Popular rechazó esta moción. Ya sabemos que da
igual, que una moción es para no cumplirse. Da igual que esté gobernando
el Partido Popular, que por desgracia gobernaba entonces, que gobierne el
Partido Socialista o que gobiernen ahora el PSOE y Unidas Podemos, las
mociones no se cumplen. Nosotros vamos a ser consecuentes y lo que
pedíamos en 2017 lo pedimos hoy, y vamos a votar en contra de los vetos,
en contra de las enmiendas y a favor de esta derogación, porque, al fin y
al cabo, es lo que nosotros pedíamos.


Queremos hacer también un poco de historia, se
ha hecho ya antes en algunas intervenciones. Los antecesores ideológicos
y políticos del Partido Popular en 1976 reformaban en el tardofranquismo
el Código Penal para criminalizar a los sindicatos, entonces más o menos
clandestinos, que luchaban por los avances sociales, porque en este
Estado, los avances sociales, los derechos, se han conseguido también en
la calle con las movilizaciones, con los sindicatos de clase, que han
sido un instrumento imprescindible. Este punto, por lo tanto, igual que
algún partido, son rémoras del Estado franquista, son rémoras que se
mantuvieron a pesar de las reformas de 1995, porque está claro que
entonces el Gobierno de González estaba más preocupado en legislar por
las patadas en la puerta; tampoco se derogó con la reforma de 2005, ya
que entonces realmente no era un problema, puesto que no se aplicaba de
la manera abusiva que se ha venido aplicando después. Pero con la llegada
de M. Rajoy al Gobierno se usó para reprimir a los trabajadores y las
trabajadoras en sus actuaciones y, por extensión, para reprimir y para
castigar el derecho a la huelga y a la movilización social.


El Código Penal vigente, como ya se ha
explicado, contempla el delito de coacciones en su artículo 172 y
siguientes, pero la derecha extrema en el poder usó este artículo para
perseguir las movilizaciones sociales. Con el Gobierno de M. Rajoy se usó
y se abusó de este artículo para reprimir la movilización sindical contra
la política de recortes que este impuso. La aplicación abusiva del
punto 3 del artículo 315, para perseguir de manera sistemática a los
trabajadores y trabajadoras que participaban en la huelga, formaba parte
de una gran ofensiva contra los derechos conseguidos. Con el Gobierno de
M. Rajoy más de trescientos ciudadanos y ciudadanas fueron sancionadas,
multadas o procesadas por ejercer el derecho de huelga o su derecho a
participar en piquetes, porque los piquetes han sido a lo largo de la
historia un instrumento para avanzar en democracia, en derechos sociales
y laborales, y el PP ha sido un instrumento para retroceder en
democracia, en derechos sociales y laborales.


Las derechas españolas siempre han sido
retroceso y represión. El uso y abuso de este artículo por parte del
Gobierno de M. Rajoy estaba dentro de su ofensiva: recortes y hachazos
laborales, sociales, económicos y, cómo no, sindicales. El desprestigio
de cualquier forma de organización que pudiera hacer frente a su poder,
ya sean partidos políticos o sindicatos, era su estrategia. La cruzada
contra movimientos sociales y sindicalismos viene de lejos, y aunque es
cierto que los sindicatos mayoritarios han cometido muchos errores,
muchísimos, como también los hemos cometido los partidos políticos o
cualquier tipo de organización, eso no deslegitima nunca su papel
imprescindible en nuestro Estado. La manifestación, la movilización, si
es contundente, puede echar atrás legislaciones o pretensiones del
Gobierno injustas, y eso es lo que ha querido siempre castigar y
perseguir la derecha extrema en este país.


El ansia de las derechas por tener controlados
todos los poderes no podía permitir la movilización ciudadana. Tenían en
aquel momento controlado el Poder Ejecutivo, el Legislativo, gracias a
sus Gürteles y demás, tenían también controlado el Poder Judicial, el
poder mediático y solo les faltaba controlar el poder ciudadano, el poder
de protesta y de movilización. Con el PP se usó y se abusó de la
interpretación sesgada, considerando que los trabajadores y trabajadoras
que integraban los piquetes informativos de huelga actuaban de manera
coactiva, cuando la realidad es que en las relaciones laborales es
exactamente a la inversa. Se acumulan sentencias en contra de empleadores
por impedir y coaccionar el derecho a la huelga. No conozco prácticamente
trabajadores que tengan miedo a los piquetes, sí conozco muchos
trabajadores que tienen miedo a ser despedidos o a ser castigados si
hacen huelga, y eso existe, aunque algunos no lo conozcan.


Hoy en día existen, desgraciadamente, grandes
empresas que todos ustedes conocen, en las que no se respeta el derecho a
la huelga, y eso sí que es coacción y violencia. Hoy en día existen
empresas que no permiten sindicarse a sus trabajadores, y eso sí que es
coacción y violencia. Hoy en día no se respetan los derechos básicos
laborales en muchas empresas, y eso sí que es coacción y violencia. Pero
eso, para las derechas extremas, sabemos perfectamente que no es
violencia, que violencia para ellos son los piquetes, porque,
desgraciadamente, en este país las derechas distan mucho de los
estándares democráticos de las derechas europeas, y por ello usaron y
abusaron de ese Código Penal franquista y han abusado de perseguir a
quien osara enfrentarse en la calle a sus hachazos y a sus políticas
contra la gente, y por eso hoy están tan nerviosos, porque van a perder
el privilegio y el instrumento que tenían para reprimir las
movilizaciones ciudadanas.


El derecho a la huelga, como bien han
reconocido, está recogido en nuestra Constitución, está reconocida la
defensa de los intereses de las clases trabajadoras por parte de los
sindicatos. La huelga es legal y legítima, los piquetes son legales y son
legítimos. El Real Decreto Ley 17/1977 reconocía el derecho de los
trabajadores en huelga a efectuar publicidad sobre ella; también el
Tribunal Constitucional ha confirmado la legalidad de los piquetes
informativos, a pesar de que les molesten tanto. A pesar de ello, la
derecha política, gubernativa o judicial se ha dedicado a criminalizar a
los piquetes informativos de huelga con el objetivo de disuadir a los
trabajadores y las trabajadoras huelguistas de su derecho a extender la
efectividad de la huelga. Hay que recuperar el terreno perdido después de
gobiernos de derecha radical. Queda en la agenda derogar la Ley mordaza,
y hoy vamos a dar carpetazo a un predemocrático apartado 3, del
artículo 315.


En 2017, cuando Compromís presentó una moción
en el Senado exigiendo la derogación, era noticia la criminalización,
entre ellos de un buen puñado de trabajadores de Airbus. Esta gente
sufrió la represión impuesta por el Partido Popular gracias a este
artículo que hoy, por fin, vamos a derogar. Hoy es el momento de
recuperar el poder de la gente para defender sus derechos. Hoy es momento
de dignificar la memoria de los piquetes, que han estado luchando por los
avances sociales. Queda mucho por hacer, pero, obviamente, hoy es un
pasito. Hoy votaremos a favor de esa derogación. Nos congratula que haya
podido llegar a buen puerto.


Les deseo a todos salud y república.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias. Eskerrik
asko, señora presidenta.


Quiero trasladar el voto contrario del Grupo
Vasco a las dos propuestas de veto formuladas por el Grupo Popular y Vox.
Ambas abogan por el mantenimiento del precepto, cuya derogación se
propone en esta proposición de ley, tal cual está en el vigente Código
Penal, que es una posición que no compartimos, como tendremos ocasión de
explicar con mayor detenimiento en el turno de portavoces correspondiente
a las enmiendas presentadas, de las que también votaremos en contra.


Muchísimas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.


Intervengo también para expresar nuestro
posicionamiento contrario a los vetos presentados por la extrema derecha
y la derecha extrema y, por lo tanto, votaremos en contra de estos vetos,
y explicaremos nuestra posición también en el turno de portavoces.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Ayala Santamaría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días, de
nuevo.


Las huelgas no son coacciones, señorías, son
realización arbitraria del derecho, nada más y nada menos.


La consigna de que el PP está en contra del
derecho de huelga no cuela, señorías, por mucho que la repitan una y otra
vez. En su intervención, señoría, cae justo —y me refiero al Grupo
Socialista— en lo que les había advertido en la defensa del veto.
Ustedes ven solo una cara del derecho; todos, absolutamente todos los
derechos, tienen sus límites y el derecho de huelga también lo tiene, y
ese límite viene delimitado por dos cuestiones: por el conflicto con
otros derechos, pero también por el artículo 7 del Código Civil, que dice
que los derechos han de ejercitarse de acuerdo con las exigencias de la
buena fe y que la ley no ampara ni el abuso de derecho ni el ejercicio
antisocial del mismo. Coacción es ejercicio antisocial del derecho,
porque, ya se lo dije en comisión, parece que estamos en el momento de
tener que explicar lo obvio: ejercer un derecho utilizando la coacción es
abuso de derecho y el Estado tiene la obligación de mantenerse neutral
ante ese conflicto, no puede obligar a alguien a hacer huelga ni puede
decirle a alguien que no ejercite la huelga; por mucho que sea un derecho
de conflicto y un derecho de tensión, las coacciones nunca caben.


Y respondo a lo que usted me comentaba,
señoría. Ustedes hablan de la intervención mínima del derecho penal como
último reducto, ustedes y otros grupos, pero es que más que el que haya
coacciones y que ahí tenga que intervenir el derecho penal, no sé qué es
lo que pretenden, eso es mínima, minimísima, pero ahí tendrá que entrar
el derecho penal en las coacciones. Me dice usted que no debe haber
reproche alguno por la coacción en la huelga. Entonces, ¿por qué
mantienen el 315.2? Porque habla de coacción en la huelga. Solo quitan
el 315.3. ¿No debe haber algún reproche? ¿Por qué no nos han pedido la
derogación completa del 315? Solo piden la del 315.3.


Hablan ustedes del legislador franquista.
Señorías, tan mal no les parecería la regulación franquista cuando la han
mantenido desde 1977. Es que no han aprobado ustedes una ley de huelga y
han dejado que fueran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo
los que perfilaran los límites. Esto es lo que hay. Ustedes no
modificaron el derecho de huelga. No me hable de lo malísima que era la
regulación franquista, cuando ustedes la han mantenido en el tiempo.


Usted me habla también de las penas muy graves,
y hay una cuestión fundamental: las penas muy graves y los sindicalistas
que acaban yendo a la cárcel por esta cuestión no es por coacciones,
señoría, es por concurso con otros derechos, es por daños en las cosas,
es por lesiones. ¿Es que tampoco les parece que tengan que ir a la cárcel
cuando hay lesiones o cuando hay daños en las cosas?


Ha hablado usted también del fiscal
Torres-Dulce, que dijo que había que rebajar las penas. Claro, es que fue
fiscal entre 2011 y 2014, y en el 2015 el Partido Popular rebajó las
penas. El PP es lo que hizo, rebajar las penas, ese sí podía haber sido
un debate razonable.


Por último, y término, me dice usted que es
inconstitucional el 315.3. ¿De verdad que se dan cuenta treinta y cinco
años más tarde de que es inconstitucional? Creo que esto no merece ni un
pase.


Gracias, señoría. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias,
señora presidenta.


Bienvenidos, compañeros de UGT y de Comisiones
Obreras, a este Pleno. Hoy en esta Cámara alguien ha situado a los
sindicalistas a la altura de los terroristas. ¡Qué barbaridad y qué
vergüenza! (Aplausos).


Señorías, la derecha y la ultraderecha de esta
Cámara mantienen sus vetos a la proposición de ley orgánica para derogar
el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. Hace cuarenta y tres
años los españoles conseguimos que el derecho de huelga fuera un derecho
fundamental recogido en nuestra Constitución. Los socialistas hemos
considerado siempre como básica la necesidad de la negociación social
para garantizar los derechos y las libertades sociales y, por tanto,
garantizar y adecentar la vida de los trabajadores. En 2011 y 2012, en
tiempos del Gobierno Rajoy, cuando el Partido Popular ostentaba su
absoluta mayoría, se utilizó la ampliación de la pena de cárcel, que
afectaba, incidía y repercutía sobre un derecho fundamental. En aquellos
momentos la acción concertada entre el turbio Ministerio del Interior,
con sus reformas legales, su policía patriótica, y un ministerio fiscal
que afinaba las causas —¿se acuerdan cuando decía que afinaba las
causas?—, llevaron a una ampliación generalizada y abusiva del
artículo 315.3 del Código Penal sobre los sindicalistas que participaban
en piquetes. No olvidemos que los piquetes informativos están reconocidos
y garantizados constitucionalmente, como así ha declarado nuestro más
alto tribunal. A esos sindicalistas se les solicitaban penas de hasta
cinco, seis, siete y ocho años de prisión. Puedo recordarles algunos
casos; algunos se han citado ya, la federación de hostelería de UGT, ¿se
acuerdan los compañeros de UGT?, Airbus o Arcelor, más de 300
sindicalistas se vieron amenazados de cárcel por ejercer el derecho de
huelga en defensa de los trabajadores que veían recortados sus derechos
laborales y sociales. De esos sindicalistas que participaron en aquellas
protestas, algunos entraron en prisión y esta desproporción penal es
incompatible con un modelo constitucional de libertad, senadora
Ayala.


La huelga, señorías, es la manifestación sobre
un espacio de conflicto donde la respuesta penal no debe impedir las
facultades que atribuye el derecho fundamental de huelga. Por ello, ante
la excepción, ante la especialización, como ustedes dicen, del apartado 3
del artículo 315 del Código Penal, esta iniciativa pretende ajustar
nuestro marco normativo derogándolo y, ¿por qué no?, afectar a los
procesos en curso o sobre sentencias condenatorias tomando como base el
criterio de la revisión favorable de la penalidad de la conducta, tal y
como establece la disposición transitoria única de esta proposición de
ley, de la que ustedes tampoco hablan.


Nosotros, señorías, el Grupo Socialista,
consideramos necesario adecuar la norma penal a la doctrina establecida
por el Tribunal Constitucional y por la justicia laboral para que una
norma penal no criminalice el espacio legítimo de un derecho fundamental.
Y esto no supone desproteger a otros bienes jurídicos ni ajustar ningún
tipo de cuentas o dotar de una impunidad total a los piquetes o
desproteger o desamparar a los trabajadores o crear trabajadores de
primera y de segunda, como se ha dicho aquí.


Hoy, en esta Cámara, Vox y el Grupo Popular
presentan dos vetos. Los segundos para mantener la actual redacción y los
primeros para endurecer el castigo; la ultraderecha, como siempre, un
huevo duro más, y tenemos que reconocer que esto, de verdad, no nos
extraña nada, porque este artículo, esta excepción, nos retrotrae a esa
época tardofranquista de los años setenta. Ustedes, señorías, por mucho
que les pueda pesar, no sé si no pueden, no sé si no saben, no sé si no
quieren despegarse de su pasado. Y por otro lado, dudo si con estos vetos
pretenden mantener un principio o agravarlo para disuadir a los
sindicatos de ejercer un derecho de huelga y, en consecuencia, para
terminar con la libertad sindical o, lo que todavía es peor, señorías,
mantener principios y preceptos jurídicos especiales para, con castigos
ejemplarizantes, coartar las libertades constitucionales.


Señorías de la derecha y de la ultraderecha,
qué curioso, si se aceptaran sus vetos, si una persona realiza
determinados hechos y se le aplica el artículo 172.1 del Código Penal, la
pena sería inferior a si esos mismos hechos los realiza una persona al
amparo de un derecho fundamental, la libertad sindical, y hoy se le
aplicaría este artículo 315.3 y probablemente iría a prisión. Por eso,
solamente por eso, habría que derogarlo. De ahí que no aceptemos sus
vetos y derogaremos este artículo para solventar y apoyar una
reivindicación de los sindicatos de clase que hoy nos acompañan y a los
que hoy han insultado, porque no hay nada más indigno que usar y mantener
una ley como si fuera un arcabuz contra los trabajadores. Señorías, los
socialistas defendemos el ejercicio del derecho a la huelga y de la
libertad sindical en toda su extensión, en toda su extensión.


Señorías de la derecha y de la ultraderecha, el
Grupo Socialista les solicita que abandonen su hostilidad y sus
prejuicios contra las protestas y contra los sindicatos. La huelga es un
derecho fundamental, la máxima expresión del conflicto social, y no debe
nunca recriminalizarse. Votaremos, evidentemente, en contra de los dos
vetos.


Termino, señora presidenta. Hoy, con esta
derogación, la lucha sindical da sus frutos; hoy damos, creo, un paso más
hacia la convivencia; hoy, señorías, es un día importante para la
libertad sindical y para los sindicatos de clase, y hoy en esta Cámara se
vuelve a demostrar otra cuestión, algo que a nosotros no nos hace dudar,
que es así: la derecha y la ultraderecha contra un derecho fundamental;
nosotros, el Grupo Socialista, con los sindicatos, con los trabajadores y
con la libertad. Lo dijo aquí, en esta Cámara, un magnífico senador, el
presidente del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Rubial: los
socialistas siempre defenderemos los derechos individuales y los
colectivos, los socialistas siempre defenderemos la libertad. Señorías de
la derecha, socialismo sí; socialismo siempre, desde hace ciento cuarenta
y dos años, es libertad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación procede el debate de las
enmiendas.


En primer lugar, en turno a favor de las
enmiendas 2 a 4, de los senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y
Merelo Palomares, tiene la palabra el senador Marín Gascón, por tiempo de
tres minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, hemos presentado tres enmiendas: la
primera, la número 2, es una enmienda de sustitución a la exposición de
motivos. La justificación es sobre la base de una mejora técnica y
asimismo busca expulsar de lo que está llamado a ser la exposición de
motivos de una ley orgánica valoraciones características del debate
político y del sectarismo patológico y en absoluto propias de una
democracia saludable. Así, el texto original de esta proposición de ley
declara, abro comillas: «Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular
en 2012 se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento
de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la
manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del
Gobierno», cierro comillas. No se reputa adecuado que se contamine una
iniciativa parlamentaria de carácter legislativo y no político que tras
su aprobación se convertiría en una ley orgánica reguladora de un derecho
fundamental con afirmaciones como las expuestas. Menos adecuado aún es
que ello lleve la firma del portavoz del grupo parlamentario que sustenta
a un partido que ha ocupado, junto con el Partido Popular, el Gobierno
durante la práctica totalidad de la democracia. Debe recordarse que, de
aprobarse esta proposición de ley, se insertará en el ordenamiento
jurídico español con el carácter de orgánica y se ocupará de la
regulación de un derecho fundamental. Señorías, no es el lugar para
ajustar cuentas, para realizar discursos políticos ni para publicitar
relatos.


La segunda enmienda, la número 3, es de
sustitución del artículo único: donde dice: «artículo único, se suprime
el apartado 3 del artículo 315», debe decir, «artículo único,
modificación del apartado 3 del artículo 315». La justificación es que,
como se anticipó al hilo de la exposición de motivos, la modificación
tiene por finalidad proteger la libertad —artículo 17 de la
Constitución—, el derecho de los trabajadores a escoger libremente
el ejercicio del derecho a la huelga —artículo 28—, o el de
trabajar —artículo 35—, y, en definitiva, la dignidad de la
persona, artículo 10. Estos son los bienes jurídicos protegidos y la
razón de ser de la tipificación de estas conductas. Por este motivo, y
con una finalidad disuasoria, se incrementan las penas a imponer a
quienes sean castigados como autores de los hechos descritos en el
tipo.


Y la justificación de la enmienda número 4, de
supresión de la disposición transitoria, es que carece de sentido la
existencia de una disposición transitoria, en tanto que deben
considerarse aplicables los principios generales del derecho penal y, en
particular, la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos
desfavorables o de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a su
entrada en vigor, y de igual forma, en sentido perjudicial para los
afectados. Esta es una de las exigencias propias del Estado de derecho y
es una consecuencia ineludible del principio de irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales y del principio de legalidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda número 1, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador
Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, decía la señora Hernández que la
inmensa mayoría de los casos analizados, juzgados en virtud del 315.3 han
sido absueltos, de lo cual me congratulo, pero eso quiere decir que no
había coacciones. El Grupo Socialista trata de hablarnos del derecho de
huelga, de la representación sindical. ¡Si aquí de lo que estamos
discutiendo es de la eliminación o no de un ilícito! Porque la coacción,
señorías —yo creo que todos estamos de acuerdo—, se ejerza
donde se ejerza, en el ámbito en el que se ejerza, es un ilícito y no la
podemos apoyar, se ejerza donde se ejerza, en cualquier ámbito de nuestra
sociedad.


Por lo tanto, ¿a qué obedece esta modificación
del Grupo Socialista? Pues, perdónenme, pero a propaganda y complejo
podemita. Porque es falso que se pretenda eliminar una traba a un derecho
fundamental. El derecho fundamental a la huelga está absolutamente
defendido por nuestra Constitución y por nuestras normas. Vuelvo a
insistir, ¿pretendemos permitir las coacciones en algún ámbito de nuestra
sociedad? ¡Estamos locos! Y perdonen que se lo diga así. ¿Por qué han
presentado una proposición y no un proyecto —aparte de las
consabidas ausencias de los informes del Consejo General, del Consejo de
Estado— en una ley orgánica? Porque, indudablemente, limitan el
análisis que podíamos hacer de esa reforma, sencillamente, porque yo creo
que el Ministerio de Justicia ha dicho: Este marrón llévenlo ustedes como
grupo, no nos metan a nosotros en un proyecto de ley que tiene que
presentar el Gobierno y preséntenlo como proposición.


Fíjense en la evolución del Partido Socialista.
Y me retraigo al Código Penal del 95. En la elaboración del proyecto se
han tenido en cuenta las discusiones parlamentarias del 92, el dictamen
del Consejo General, el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la
doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente
sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos, y, por tanto, han de
escucharse todas las opiniones y optar por soluciones razonables, esto
es, por aquellas que todo el mundo debería poder aceptar. Frente a esto,
la perla de la exposición de motivos que acompaña a este proyecto,
contradictoria, apriorística, genérica y no contrastada con la realidad.
Permítame que les diga, puesto que la confecciona el Grupo Socialista
—no es del ministerio—, que es falsa y panfletaria.


El tiempo se me ha terminado. En definitiva, la
reforma pretendida es confusa propaganda ideológica en defensa de un
derecho de huelga, pero que se quiere amparar en un ilícito. Mal hecho.
Por lo tanto, la única enmienda que podemos presentar es la de
supresión.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno en contra de las enmiendas, tiene
la palabra la senadora Hernández Espinal, del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Muchas gracias,
señora presidenta.


El Partido Socialista es un partido de
Gobierno, y Comisiones Obreras y UGT en alguna ocasión nos han hecho
huelgas, y estamos derogando, a instancias del Grupo Socialista, un
recurso que podríamos utilizar en nuestro beneficio. Esa es la gran
diferencia con ustedes, señores del PP. Cuando ustedes gobiernan, lo que
hacen es promulgar la Ley mordaza, eso es lo que hacen ustedes.
(Aplausos).


Me pregunta, señora Ayala, por qué estaba en el
código. Porque lo normal es que se hubiera modificado con la Ley de
huelga, con la ley orgánica que la Constitución plantea que se debe
desarrollar para un derecho fundamental y que tendríamos que haber
promulgado. Lamentablemente, lo que tenemos ahora es la legislación
del 77 que, por cierto, se declaró en parte inconstitucional por el
recurso de inconstitucionalidad encabezado por Nicolás Redondo cuando era
parlamentario socialista. Esa es la razón. En el debate de la reforma del
Código Penal del 95 ustedes planteaban un endurecimiento, incorporar un
tipo delictivo adicional, no en grupo, sino incluso que se pudieran tener
en cuenta las amenazas o coacciones de persona a persona. Y me dicen
ustedes que esto no es un vestigio del derecho penal de autor. Creo que
queda bastante claro cuál es el tema.


Con respecto a la enmienda del Grupo Popular de
que quede todo como está —pues ya ha dicho que lo de antes era lo
coherente, dado que la última reforma del artículo es de su
autoría—, aunque digan que su Gobierno fue el que redujo las penas
para adaptarlas a criterios de proporcionalidad —porque han
pretendido ustedes quedar muy bien—, señora Ayala, como le dije en
la comisión, redujeron la penalidad del supuesto de hecho de los puntos 1
y 2, cuyo autor sería el empresario contra el derecho de huelga, por lo
que realmente lo que se ha producido es una reducción de la protección
del propio derecho fundamental hasta equipararse con las penas que
resultaban de aplicación en la derogada legislación preconstitucional. Y
retocaron el 3 para justificar la búsqueda de un supuesto equilibrio en
una situación en la que no existe equilibrio, señorías, y hay muchos
artículos doctrinales en ese sentido. Tratar de igual manera situaciones
desiguales es injusto. La reacción, como he dicho antes, ante la enorme
desproporción e injusticia que se estaba provocando, porque ustedes
contribuyeron a la dureza de su aplicación, tuvo reflejo en la reforma,
pero al modificar el delito de atentado, resistencia, desobediencia, por
ejemplo, y aplicarse en concurso, siguieron en la línea de la
penalización, con penas absolutamente desorbitadas. Desde luego, tienen
ustedes una gran habilidad, como ha expresado usted aquí en la tribuna,
como los lobos con piel de cordero, se lo vuelvo a repetir.


Y el senador que me ha precedido, VOX,
acostumbrado a los dos huevos duros más, nos propone un incremento aún
mayor de la pena. ¡Y ustedes dicen que van a crear un sindicato! Está
claro que ustedes no defienden a los trabajadores. Esta es la razón por
la que el Grupo Socialista rechaza ambas enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, en turno de portavoces, tiene
la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador
Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías del Grupo Socialista, ¿pueden
explicarme si hay alguna diferencia entre derecho de manifestación,
derecho de huelga o derecho al trabajo? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo
que no. Son tres derechos fundamentales e inherentes a los trabajadores.
En base a eso, cualquier trabajador está en su derecho de manifestarse en
huelga, si así lo cree conveniente, lo mismo que también está en su
derecho de realizar su trabajo si así lo considera.


A lo largo de la mañana de hoy, los portavoces
del Grupo Socialista no han parado de mentir una y otra vez, como no
podía ser menos, dado el presidente de este Gobierno, que es el
presidente más mentiroso que ha tenido este país durante muchos años. Han
dicho que las derechas estamos en contra del derecho de huelga. Mentira.






En este caso Vox está a favor del derecho de huelga, como no podía ser de
otra forma, pero igualmente que estamos a favor del derecho de huelga y
del derecho de manifestación, estamos en contra de que esa manifestación
o esa huelga se ejerza bajo presiones, bajo coacciones o bajo violencia.
Eso debe tener su castigo reglamentario. Aquellos trabajadores que
quieran ponerse en huelga, como le digo, están perfectamente en su
derecho, lo mismo que están perfectamente en su derecho aquellos
trabajadores que quieran realizar su trabajo.


No nos cansamos de ver en noticias de
televisión, en noticias de prensa, cómo cada vez que hay una
manifestación o hay una huelga aparecen esos piquetes que dejan de ser
informativos para transformarse en piquetes violentos. ¿Cuántos negocios,
cuántas empresas se han visto destrozadas por la acción de estos piquetes
violentos? Los piquetes de huelga están perfectamente reconocidos, pero
en su faceta informativa, no con violencia. ¿De acuerdo? Y, como digo,
estamos cansados de ver la presencia y la creciente actividad agresiva de
estos grupos organizados que, bajo el nombre de piquetes informativos,
maltratan e intimidan a los trabajadores.


En Vox, repito, estamos a favor del derecho de
huelga y del derecho de manifestación, pero estaremos siempre en contra
de que esos derechos se ejerzan con violencia y con presiones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
(Denegaciones). No interviene.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Buenos días, señorías. Buenos días a los representantes de los sindicatos
mayoritarios del Estado.


Se nos dice en el preámbulo de esta proposición
de ley que la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal
se considera necesaria para evitar que la interpretación de la norma
disuada del ejercicio de un derecho fundamental. Lo compartimos, porque
resulta evidente que el Código Penal del Estado español es uno de los más
extensos y suprapenalizados de los países democráticos. Por lo tanto,
cualquier actuación que se encamine a racionalizar este sistema penal,
para nosotros tiene sentido.


En este caso nos encontramos dos artículos en
el Código Penal que castigan la coacción. El 172, en términos genéricos,
y el 315, en términos concretos, y, por tanto, protegen la libertad de
elección protegiendo el ejercicio del derecho a trabajar en un contexto
de huelga. Así que la derogación del artículo 315.3 entendemos que no
desprotege a nadie, que es lo importante. Porque, como se ha dicho, tan
legítimo es el derecho a la huelga, como el derecho de cualquier
trabajador a no participar en ella y a seguir trabajando.


Dicho esto, a nadie se le escapa que esta es
una operación más de estética a las que nos tiene acostumbrados ya el
Partido Socialista. Porque, a diferencia de lo que nos dice el Grupo
Socialista, la pena que ahora se impondrá con la aplicación del 172 podrá
ser igual de desproporcionada, si no más. En este sentido, también nos
deja atónitos cómo disfrazan de progresismo su discurso con la derogación
de un apartado de un artículo, mientras siguen manteniendo normas como
algunas que se aprobaron con las mayorías del Partido Popular. Hay que
recordar la Ley mordaza, a la que ustedes se referían, pero también la
prisión perpetua revisable o la sedición, por citar algunas. Y no nos
digan, señores socialistas, que no ha habido tiempo. Porque si en algo es
prolífico su grupo es en las tramitaciones por urgencia. Lo que yo
sospecho es que lo que no ha habido es voluntad.


Resulta evidente que en Junts per Catalunya
estamos comprometidos con los derechos fundamentales. Y en este sentido,
podemos compartir casi la totalidad del discurso de la diputada
socialista Fernández Benéitez en la presentación de la iniciativa en el
Congreso, en la que hizo las siguientes afirmaciones: El derecho de
manifestación es expresión democrática de un conflicto social. Un país
libre debe asumir la reivindicación como lo que es, motor de avance. Es
absolutamente anómalo que nuestro ordenamiento jurídico considere que el
mismo hecho que puede suponer el ejercicio de un derecho fundamental
suponga también una conducta delictiva. Si aplicamos estas afirmaciones a
la manifestación en la que participaron Jordi Cuixart y Jordi Sánchez
el 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía, o a lo
que hicieron 2 millones de personas en Cataluña el día 1 de octubre
de 2017, 2 millones de personas que, les recuerdo, se manifestaron para
introducir una papeleta en una urna, una acción que se conoce como votar,
probablemente la máxima expresión del derecho a participación en una
democracia, una acción que supongo que recuerdan bien que fue reprimida
por el: A por ellos. El a por ellos policial, el a por ellos monárquico,
el a por ellos jurídico, el a por ellos político y el a por ellos
mediático del Estado español. Algunos me dirán que no se deben sacar las
frases de contexto. Ciertamente es un ejercicio peligroso para muchos de
ustedes, porque si lo hacen y lo aplican a según qué supuestos, pueden
generar importantes contradicciones.


Votaremos también en contra de las enmiendas y
lo haremos esperando que los socialistas ejerzan el progresismo en todos
los ámbitos, en todos los conflictos sociales y políticos. Votaremos a
favor de esta proposición porque entendemos que favorece el ejercicio de
un derecho fundamental. Y, como les decía hace un momento, en Junts per
Catalunya estamos comprometidos con los derechos fundamentales y con los
derechos humanos; con todos, para todos y en todas partes. Y, señora
Hernández, empatía no solo para los sindicalistas; empatía para todos los
que sufren prisión injusta.


Llibertat dels presos polítics i retorn dels
exiliats.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on danori.


Abordamos la proposición de ley orgánica de
derogación del artículo 315.3 del Código Penal, una proposición que trae
causa de la realidad de un pasado próximo, como fue la experiencia de los
conflictos sociales y laborales derivados de la crisis económica de 2008,
en la que la aplicación de este precepto por el Ministerio Fiscal ante
determinadas actuaciones de sindicalistas y activistas adquirió un
protagonismo indudable en tanto derivó en peticiones de penas privativas
de libertad claramente desproporcionadas que no responden a la realidad
del contexto propio, siempre conflictivo y tensionado, de toda huelga, en
tanto derecho constitucionalmente recogido y contemplado en el
artículo 28 de la Carta Magna. Así, la propia OIT, en respuesta a la
queja presentada por varios sindicatos en julio de 2014, expresó su
preocupación por el uso de este tipo penal como retorsión frente al
ejercicio del derecho de huelga.


Lo cierto es que el artículo 315 del Código
Penal, un precepto que proviene de 1976, siempre ha estado rodeado de
polémica desde su redacción en el Código Penal de 1995 hasta su posterior
atemperamiento de sus penas mediante modificación legal de 2015. Hay
autores y autoras que cuestionan la necesidad de la tipificación de este
delito, dada la existencia del delito general de coacciones, y quienes lo
han considerado inconstitucional por limitar el derecho de huelga del
artículo 28 de la Constitución.


Desde estas apreciaciones, desde la realidad de
la experiencia reciente en su aplicación, parece razonable, y así lo
valoramos en nuestro grupo, cuestionar claramente la pervivencia de un
tipo penal que, aun después de haberse atemperado en sus penas por la
modificación legislativa de 2015, contempla la aplicación de penas
desproporcionadas de hasta tres años de prisión para estas conductas. No
obstante, a nuestro entender, esta necesaria reflexión debiera haberse
articulado desde una lectura más sosegada, profunda y amplia de la
respuesta penal establecida en el ordenamiento jurídico respecto del
delito de coacciones, que además de este tipo especializado, ubicado en
el ámbito del derecho penal del trabajo, tiene, como sabemos, en el
artículo 172 de este código su regulación genérica. A ello hubiera
coadyuvado seguramente la tramitación de la presente iniciativa
legislativa a modo de proyecto de ley y no como la actual proposición de
ley, que no incorpora los preceptivos dictámenes jurídicos establecidos
para el primero. Y es que, según nuestra consideración, la remisión al
artículo 172 del Código Penal, que se derivaría de la derogación
del 315.3, a efectos de regular la respuesta penal a los excesos
coactivos de los piquetes informativos, no tiene por qué traducirse
forzosamente en una redacción más atenuada o leve de esta respuesta
penal, ni mucho menos. Así se desprende, por ejemplo, de su tipo
agravado, aquel que regula la coacción ejercida para impedir el ejercicio
de un derecho fundamental —y el derecho de huelga en su vertiente
negativa lo es— sancionado con la pena del tipo básico en su mitad
superior, esto es, pena de hasta tres años de prisión, la misma pena
prevista en el artículo 315.3, objeto de derogación.


Tampoco se puede obviar que la derogación
del 315.3 y la consiguiente aplicación del 172 expulsa la regulación de
estos supuestos del derecho penal del trabajo del contexto de la huelga
en el que se desarrolla la labor del piquete informativo, un contexto de
por sí conflictivo y sometido a las tensiones propias del mismo, que
propicia márgenes más amplios y flexibles a la hora de asumir
determinados comportamientos y lo sitúa en el contexto general de las
coacciones, mucho menos receptivo ante comportamientos violentos y, por
tanto, más expuesto a un mayor reproche final.


Finalmente, ha de reseñarse que el carácter
colectivo del tipo penal del 315 engloba, en su caso, el examen y
valoración de los comportamientos coactivos en una sola infracción penal,
mientras que la aplicación del 172 puede desembocar en el desglose de
tantas infracciones penales como hechos o personas afectadas se
desprendan de las actuaciones de los piquetes. Y, con ello, en un
concurso real de delitos, con la consiguiente acumulación de penas, sin
perjuicio de las personas encausadas.


En definitiva, la mera derogación del 315.3 del
Código Penal no siempre garantiza una respuesta más atenuada del derecho
penal ante conductas como las reseñadas, y, por tanto, el riesgo de un
efecto bumerán está ahí, es cierto. Por todo ello, y aun desde el
cuestionamiento claro de la pervivencia del 315 del Código Penal en su
apartado 3, estimamos que la regulación y respuesta del derecho penal a
las conductas abordadas desde este precepto deben ser objeto de un
análisis sosegado y en profundidad que no se ha propiciado a través de la
tramitación de esta proposición de ley, un análisis que examine y
resuelva, con alternativas proporcionadas y adecuadas derivadas de una
lectura más amplia y profunda que la presente, entre otras cuestiones,
las consecuencias de su remisión al tipo penal del 172 del Código Penal y
su expulsión del derecho penal del trabajo.


Esta es la realidad y la reflexión que nos
inclina, por tanto, a la abstención en nuestro voto.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.


Un saludo fraternal a los representantes de los
sindicatos por parte de Esquerra Republicana. Gracias.


Señorías, señor ministro, que veo que también
nos acompaña, nosotros celebramos este giro hacia la izquierda
progresista de los compañeros del Grupo Socialista con el mismo espíritu
transformador que en 1931 nos condujo a la proclamación de la república
catalana, tal día como hoy hace noventa años. (Aplausos). Lo celebramos
porque nosotros, Esquerra Republicana de Catalunya, por el 2016 ya
presentamos en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en
el mismo sentido que esta proposición de ley, de instar a la derogación
del artículo nefasto 315.3 del Código Penal, y fue aprobada por mayoría.
Fue en 2016; solo han tardado cinco años en llevarla a cabo, y aunque
hayan tardado en poner en la agenda la derogación de este artículo,
nosotros, de verdad, lo celebramos. Pero también nos gustaría celebrar la
anunciada derogación de la Ley mordaza (Aplausos), que ha sido criticada
por la Comisión de Venecia en su extensa opinión, emitida a instancias
del Comité monitoring de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
hace apenas unos pocos días.


En Cataluña, señorías, tenemos más de 3000
represaliados por la aplicación de la represión ejercida por el
artículo 315.3, pero a través de la Ley mordaza, para conseguir el mismo
objetivo de desincentivar el derecho de huelga, el chill effect del que
hablaba usted, criminalizando piquetes informativos. Por lo tanto,
señores que apoyan al Gobierno más progresista de la historia, también
sería el momento de abordar esta derogación y ser congruentes. Asimismo,
sería un momento idóneo para abordar la derogación de las reformas
laborales, la derogación de la Ley de pensiones de 2013 y la derogación
del delito de sedición, que no tiene parangón en ningún Código Penal de
Europa que se diga democrático. ¿Se han preguntado ustedes, señorías, por
qué Alemania, Suiza, Bélgica o Reino Unido no detienen a ciertas personas
que en España estarían procesadas y cumpliendo condenas de más de cien
años? ¿Se lo han preguntado? Y finalmente, para cubrir las expectativas
de democracia consolidada, deberían tramitar la ley de amnistía, en lugar
de censurarla. En España hay precedentes.


La señora PRESIDENTA: Señoría, a la
cuestión.


La señora CASTEL FORT: Se tramitó una ley de
amnistía con el único objetivo de amnistiar a franquistas, fascistas,
asesinos y genocidas, que quedaron impunes de delitos de lesa humanidad.
(Aplausos). Pero el Partido Socialista Obrero Español, en lugar de animar
el debate parlamentario y el intercambio de la palabra y de las ideas,
censura el debate y el intercambio de la palabra y de las ideas de una
ley instada por partidos democráticos; porque somos, ante todo, partidos
democráticos. Pero paradójicamente permite el debate de leyes de la
extrema derecha que pretenden ilegalizar partidos políticos, es decir la
destrucción de la democracia utilizando los mismos mecanismos de la
propia democracia. Van por un sendero peligroso, compañeros socialistas y
con compañías nefastas. Con lo cual, si realmente quieren honrar su
partido, su historia, y quieren hacer ese viraje honesto hacia la
progresía de la izquierda, defensora de los derechos sociales, de los
derechos políticos, civiles, etcétera, tienen una buena batería de
iniciativas legislativas que abordar. Hasta entonces, España solo es una
pretensión de democracia consolidada, una apariencia vacía o semivacía,
porque los derechos humanos, la democracia, las libertades públicas, los
derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales, se
defienden ejerciéndolos, no impidiendo su debate.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra, en turno de portavoces, la senadora Ayala Santamaría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días de
nuevo, ya por última vez esta mañana.


Dice el señor Rodríguez Esquerdo —al que
ahora no localizo; sí, ahí está— que los españoles conseguimos el
derecho a la huelga. Señor Rodríguez Esquerdo, ¿nosotros estamos
incluidos entre esos españoles o hemos quedado fuera por decisión suya?
Chapuza, sectarismo y propaganda. Eso es la derogación del
artículo 315.3. Y pongo otra vez el contexto, porque es importante. Por
mucho que la huelga sea un derecho de conflicto no podemos naturalizar la
coacción, ni fuerte ni floja, porque con la coacción, compañeros, pasa lo
mismo que con el embarazo, no hay coacción pequeña o grande, o hay
coacción o no hay coacción, y si la hay, el derecho penal debe actuar. Y
no se trata de criminalizar al obrero, ni de desincentivar la huelga, se
trata de poner un límite al uso del derecho, se trata de no abusar del
derecho.


Voy a pedirles a los compañeros del PSOE que
sean valientes y que hagan lo mismo con esta derogación de las coacciones
como tipo especial que lo que han hecho con la reforma laboral, que ni la
han derogado ni la van a derogar, ni en los aspectos más lesivos, ni
absolutamente en nada; que sean valientes y les digan a los sindicatos, a
los que agradezco que nos acompañen esta mañana porque les ayuda a ver la
pluralidad de lo que decimos los grupos sobre esta reforma, que la
propuesta que ustedes hicieron de despenalizar el 172 y el 315 no es
tolerable en derecho.


Eso sí, lo que nos traen hoy está a medio
camino entre derogarlo y no derogarlo, derogan la mitad, no derogan todo,
y solo les va a traer, como ya han escuchado aquí, un aumento de las
penas en el momento que haya coacción en la huelga. Que lo sepan, se lo
advertimos en buena lid.


Esta iniciativa es una perfecta muestra de lo
que el sanchismo ha hecho al PSOE, porque borra una legislación que ha
estado treinta y cinco años vigente; porque pretende ni más ni menos que
borrar las coacciones de la huelga como tipo especial para hacer un gesto
al sindicalismo; porque presenta la modificación de una ley orgánica como
una proposición de ley para que no les pongan la cara colorada. Ministro,
ya que está aquí, hay un hito que muestra negro sobre blanco dónde está
el PSOE en la exposición de motivos. La exposición de motivos dice: «Con
la crisis como oportunidad, desde la llegada del Gobierno del Partido
Popular en 2012 se inició un proceso constante y sistemático de
desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que
afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas
económicas del Gobierno». ¿No le da vergüenza, señor ministro, presentar
esto como una exposición de motivos en una ley? (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Porque a cualquier
demócrata le daría mucha vergüenza.


Dos cosas más les diré. El señor Oleaga, el
otro día en la comisión, hablaba del doctor Areilza, de Bilbao, y decía
que en un momento, en el siglo pasado, en el que los obreros tenían una
excesiva penosidad, que hemos ido conquistando con nuevos derechos, el
doctor recomendaba acortar jornadas y alargar salarios. ¡Qué diferente
cuando ustedes actúan como patronos, señores del PSOE! En 2015, Tomás
Gómez, invictus, ¿saben lo que hicieron con los trabajadores a los que
despidieron? Aplicar la reforma y los veinte días del Partido Popular,
que entonces sí les parecía muy bien. ¡Qué diferente cuando actúan como
patrones, señor del Partido Socialista!


Y mi último apunte. Nos traen esta derogación
porque solo es la performance que les han ideado para el 1 de mayo,
porque con 6 millones de personas entre paro y ERTE, teniendo atascado el
SEPE y vendiendo citas en el mercado negro y con un ingreso vital que no
llega ni mucho menos a lo que prometieron, han optado por lo que de
verdad saben hacer, que es la propaganda, y con esto lo que hacen es
vender que ya no va a haber coacciones en la huelga, solo propaganda. Y
ahora, si quiere, háblenos de las derechas, de las ultraderechas, de la
foto de Colón, porque cuando no hay argumentos lo que hay son mantras,
pero eso no borrará, señores del Partido Socialista, que esta derogación
es chapuza, sectarismo y propaganda.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Ferrer Sais.


El señor FERRER SAIS: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, escuchando las
intervenciones de aquellas personas, de aquellos grupos que se oponen a
la derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal, me ha
venido a la memoria una frase de don Enrique Tierno Galván, alcalde de
Madrid, académico y político. La frase es muy corta. Decía: «Estoy
cansado de los clientes de la libertad». (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). ¿Qué quería decir con eso? De aquellos
que hablan constantemente de la libertad, pero no la practican y no
luchan por defenderla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Ese es el ejercicio que hemos visto y estamos viendo aquí y
se vio el pasado día 4 de marzo en el Congreso de Diputados.


¿Por qué ese interés de mantener el derecho de
huelga? El ejercicio consustancial del derecho fundamental, el derecho de
huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución, conlleva de
manera unida, junto con el 28.1 de libertad sindical, la posibilidad de
extender la huelga, de informar a las trabajadoras y a los trabajadores
de huelga. Separar la libertad sindical y el derecho de huelga de la
extensión de la huelga es como sacar a un pez del agua, es matar la
huelga. Díganlo claro: queremos impedir realizar la huelga. Díganlo
claro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.— Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). No, no, no hagan aspavientos. Hay verdades
históricas: el primer vestigio que hay de la huelga en la legislación de
nuestro país está en el Código Penal. Y mira por dónde, no fue una
iniciativa legislativa para regular el derecho a huelga o el derecho de
asociación de los trabajadores y trabajadoras —las organizaciones
de resistencia obrera, lo que hoy conocemos como sindicato—, no,
fue el Código Penal, y fue en el Código Penal de 1870. Solamente durante
el periodo de la Segunda República el derecho a huelga no ha estado en el
Código Penal, en el Código Penal de 1932.


Hoy es 14 de abril (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista), algo significa que hoy el Grupo
Socialista traiga aquí, en el nonagésimo aniversario la Segunda
República, la derogación del artículo 315.3. ¿Por qué? Porque no es
posible hablar de una libertad democrática con una tipificación de la
acción sindical. Los piquetes —no hace falta que nos esforcemos
mucho— no son violentos, los piquetes no tienen ninguna intención
insurreccional. Vayamos otra vez a la historia: desde que se aprobó la
democracia en 1978, corregidos los vestigios franquistas que quedaron con
el Real decreto ley de relaciones laborales del 1976 —la
prohibición de la huelga a los funcionarios y la prohibición de la huelga
de los servicios públicos—, ha habido hasta la crisis financiera,
concretamente en el 2012, múltiples huelgas, movilizaciones, cuatro
crisis económicas, reconversiones industriales, privatizaciones del
sector público empresarial, recortes en servicios esenciales como
sanidad, educación, etcétera, y movilizaciones por motivaciones
empresariales y económicas. Bueno, hagan ustedes un ejercicio: hagan un
saldo de las consecuencias penales que ha tenido. Es muy difícil, si
vamos a las hemerotecas veremos que es muy difícil de encontrar, contando
que en muchas huelgas hay una figura que nadie de ustedes ha mencionado,
que son los provocadores, que son los provocadores... (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.— Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando,
señoría.


El señor FERRER SAIS: Que son aquellos que
tienen una finalidad: desprestigiar un derecho democrático y un derecho
responsable de la huelga.


Nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse,
en 1808...


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir
terminando, su tiempo ha acabado.


El señor FERRER SAIS: ... en un debate
parlamentario en el que se pretendía, una vez más, restringir el derecho
de huelga, explicó claramente qué es la huelga, qué sentido tiene la
huelga: la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores:
ninguna trabajadora, ningún trabajador va a la huelga como plato de buen
gusto, no va nadie a perder el salario y, más de una vez, a arriesgar el
puesto de trabajo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Señoría, ha excedido su
tiempo. Debe terminar, señoría.


El señor FERRER SAIS: Antes se intenta
negociar...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría, su
tiempo ha terminado. No sé si no me oye, pero su tiempo ha terminado.
(Los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista aplauden
puestos en pie.— Fuertes rumores en los escaños del Grupo Popular
en el Senado).


A continuación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno):
Gracias, señora presidenta.


Permítanme que mis primeras palabras sean para
recordar, como hicimos ayer en el Congreso, a un hombre de Estado, a un
jurista y a un hombre que estuvo tremendamente vinculado a esa gran
arquitectura que fue la transición política, como es Landelino
Lavilla.


Tomo muy brevemente la palabra y le doy las
gracias a la presidenta y a la Cámara por permitirme mostrar hoy mi
satisfacción por una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
apoyada por otros muchos grupos, y por un debate vivo e intenso; un
debate vivo e intenso, como el que se ha presenciado aquí esta mañana y
tras una larga tramitación para conseguir algo que creo que responde a
muchos objetivos pero, desde luego, quizá el más importante es situar y
utilizar el derecho penal para aquello a lo que está llamado. Y solo
quiero invocar esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o
del Tribunal Constitucional español, donde hablan de que no podemos
articular nunca normativas que provoquen el desaliento del ejercicio de
un derecho fundamental, en este caso, el derecho de huelga. Por tanto,
hoy creo que nuestro derecho se hace más fuerte y nos permitirá ser una
mejor sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro
de Justicia.


Señorías, finalizado el debate de la
Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3,
del Código Penal, procederemos a la votación de las propuestas de veto
—para su aprobación se exige mayoría absoluta—, votación de
las enmiendas —las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen— y resto de la proposición de ley
orgánica, votación en un solo acto.


Se abre en este momento la votación, a las once
horas y trece minutos, hasta las trece horas y trece minutos.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON EL 11 DE ABRIL.


630/000013



La señora PRESIDENTA: A continuación, señorías se
procede a la lectura de la declaración institucional con motivo del Día
Mundial del Parkinson, presentada por todos los grupos parlamentarios en
el Senado, con número de registro de entrada 92944.


Toma la palabra el secretario segundo de la Mesa de
la Cámara, don Imanol Landa Jáuregui.


El señor SECRETARIO (Landa Jáuregui): Gracias,
señora presidenta.


Declaración institucional con motivo del Día
Mundial del Parkinson. El 11 de abril se celebra el Día Mundial del
Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, médico
especialista en neurología de origen británico, que en 1817 descubrió
esta patología, conocida en aquel tiempo como parálisis agitante y que
hoy denominamos enfermedad de Parkinson. En España, más de 160 000
familias conviven con el Parkinson. Se trata de una enfermedad que incide
cada vez más en personas más jóvenes, uno de cada cinco diagnósticos de
Parkinson recae en pacientes menores de 50 años y un 30 % de las personas
afectadas nunca desarrollan temblor, síntoma que habitualmente es
asociado a esta enfermedad. El impacto en el desarrollo profesional,
familiar y social que tiene el diagnóstico temprano supone un duro golpe
en el proceso vital. El hecho de que el Parkinson sea una enfermedad
crónica neurodegenerativa progresiva y discapacitante según sus estadios
de evolución, hace que el plan de vida personal tenga que ser reorientado
para afrontar y convivir con este padecimiento. Los obstáculos a los que
las personas afectadas, sus familiares, cuidadores y cuidadoras se
enfrentan van más allá de las dificultades para la vida diaria y la
autonomía personal, teniendo que ver también con la percepción
estigmatizada de una enfermedad asociada al envejecimiento de la persona
y a la creencia de que el temblor es el síntoma que más representa el
Parkinson. Este año, las asociaciones de Parkinson y la Federación
Española de Parkinson conmemoran el Día Mundial del Parkinson lanzando a
la sociedad un mensaje rotundo y contundente: Pon una etiqueta positiva.
La conmemoración de este año no puede pasar por alto el impacto que está
teniendo la pandemia COVID-19 en este colectivo. Esta campaña, Pon una
etiqueta positiva, pretende cambiar la percepción y estereotipos sobre el
párkinson mostrando la realidad de muchas personas que afrontan con
optimismo y positividad su proceso vital conviviendo con la enfermedad,
un mensaje que ofrece a la sociedad una opción distinta para mirar a la
persona, poniendo una etiqueta positiva. El Senado de España, con motivo
del Día Mundial del Parkinson, manifiesta su solidaridad con las personas
afectadas por Parkinson, con sus familias, cuidadores y cuidadoras, así
como con los equipos de profesionales relacionados y traslada su
reconocimiento por su compromiso y labor continuada. Palacio del
Senado, 13 de abril de 2021.


Gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Dado que ha sido presentada por todos los grupos
parlamentarios, ¿se entiende aprobada por asentimiento?
(Asentimiento).


Se tiene por aprobada.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR
CUMPLIMIENTO EN SU INTEGRIDAD A LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA. (Proclamación de la votación).


671/000058

GPV


La señora PRESIDENTA: A continuación, procede la
proclamación de resultados de las siguientes votaciones telemáticas:
Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento en su
integridad a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Se ha votado con la propuesta de modificación de
los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Esquerra Republicana-EH
Bildu, Vasco en el Senado, Ciudadanos, Izquierda Confederal y
Nacionalista, con número de registro de entrada 92876.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 257; en contra, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, ha quedado
aprobada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL
CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO
DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.


622/000011

GPIC


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo que procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.


Para la defensa de la toma en consideración,
tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el senador Mulet
García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Este texto, en 2018 consiguió la unanimidad de
todos los grupos en la Comisión de Justicia como moción. Ya sabemos, como
hemos dicho antes, que las mociones no sirven prácticamente para nada.
Presentamos también en 2018 una propuesta de ley que decayó en su
tramitación por la propia disolución de las Cortes Generales con la
convocatoria de elecciones. Volvimos a presentarla hace más de un año y,
por fin, hoy se debate y confiamos en contar con la misma unanimidad que
la moción de 2018 y que, por fin, se reconozca el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela. Estamos hablando de un tribunal que se encuadra en lo
que reconoce el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus
apartados 2, 3 y 4.


Este tribunal dirige y gobierna lo relativo al
reparto y gestión del agua en la cuenca del Segura, la zona de la Vega
Baja, municipios como Orihuela, Redován, Bigastro, Jacarilla, Almoradí,
Benijofar, Benejúzar, Algorfa, Callosa de Segura y Rafal. Desde sus
orígenes, ese tribunal ha vigilado la limpieza y mantenimiento del río.
Del uso del regadío del Segura en la Vega Baja tenemos conocimiento desde
la época de los romanos y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, tal
y como lo conocemos en la actualidad, fue creado a mediados del siglo
XIII por el rey Alfonso X el Sabio; sus ordenanzas le otorgan una serie
de potestades administrativas y jurisdiccionales para así poder resolver
pleitos entre regantes, herederos y herederas y otros, siempre que
concierna a cuestiones de riego y de agua. Además, ese tribunal tiene
potestad administrativa sobre lo gobernativo y económico referente a las
aguas de la huerta de Orihuela y tiene jurisdicción para conocer asuntos
que ocurran en su distrito en ejecución de las ordenanzas o de las
providencias por él dictadas, sin perjuicio de las acciones civiles de
propiedad u otras que se entablarán en la jurisdicción ordinaria.


El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela está
gobernado por el juez sobrecequiero, que designa a dos ayudantes que
ostentan el cargo de teniente sobrecequiero y el síndico procurador
general. El tribunal tiene una junta de gobierno formada por los cargos
citados antes, junto a otros síndicos y cargos electos. Cuenta con más
de 1500 regantes a lo largo y ancho de sus más de 7000 hectáreas y de sus
centenares de kilómetros de canales, que han contribuido al desarrollo
durante siglos de la zona de Orihuela, sus pedanías y su entorno. Resulta
evidente que la huerta de la Vega Baja del río Segura es un agrosistema,
un paisaje cultural, social y económico y medioambiental, producto del
esfuerzo de muchas generaciones para conseguir una simbiosis máxima entre
los intereses de los pobladores y el mantenimiento del equilibrio
medioambiental.


El derecho consuetudinario es el basado de la
tradición o costumbres, típicamente propio de las sociedades premodernas,
si bien toda concepción del derecho se sustenta, en el último término, en
las tradiciones, en las costumbres y en valores morales y
convencionalismos de las sociedades que lo creó, y si es patrimonio
histórico, como tal hemos de protegerlo. Desde hace muchísimos años, los
representantes de ese tribunal milenario pretenden que los diferentes y
sucesivos Gobiernos del Estado español lo reconozcan plenamente como
tribunal consuetudinario, como sí están reconocidos ya desde hace años el
Tribunal de les Aigües de Valencia o el Consejo de Buenos Hombres de
Murcia; tiene el mismo valor que estos, ni más ni menos. Estos tribunales
favorecen la participación de la ciudadanía y constituyen verdaderos
tesoros del patrimonio histórico como depositarios antiquísimos de la
entidad local y regional, relevantes para la cultura, las costumbres y la
cohesión social de las zonas donde están implantados. El Tribunal de les
Aigües y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia fueron reconocidos como
patrimonio inmaterial de la Unesco y están contemplados como tal,
explícitamente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal
Privativo de las Aguas de Orihuela o el de Rollet de Aldaia —para
el que también hemos registrado otra iniciativa legislativa idéntica a
esta— todavía no gozan de este reconocimiento y es de justicia de
todos equipararlos.


Los tribunales consuetudinarios y tradicionales
están reconocidos en la Constitución española, en su artículo 125
introduce la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer acción
popular y participar en la Administración de Justicia ante dichos
tribunales; en el mismo sentido se pronuncia, de hecho, la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en ella se reconoce explícitamente el carácter de
tribunal consuetudinario y tradicional del Tribunal de las Aguas de
Valencia. Nuestra petición viene amparada por el consenso político de la
Diputació d’Alacant, del Ayuntamiento de Orihuela y de les Corts
Valencianas. Todos han venido solicitando el reconocimiento del Tribunal
Privativo de Aguas de Orihuela como un tribunal consuetudinario. Hoy
toca, por fin, reconocerle la entidad que tiene este Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de
reforzar jurídicamente las sentencias que va a emitir este tribunal. Y
esto se consigue de una manera muy simple, que es con la modificación del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadiendo un solo
punto más: ese punto pide que se reconozca el carácter del tribunal
consuetudinario y tradicional al denominado Juzgado Privativo de las
Aguas de Orihuela y pueblos de su marco.


Por tanto, espero conseguir el consenso de esta
Cámara, ese consenso que ya se ha conseguido en el ayuntamiento, en la
Diputación y en las Cortes Valencianas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Pasamos directamente al turno de
portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Gracias, señora
presidenta. Con su permiso, intervendré desde mi escaño.


Señor Mulet, ahora sí, esta sí que va a ser la
legislatura de esta institución, adelantándole que voy a apoyar su
iniciativa, como no podía ser de otra manera. Una institución que ha
sabido resolver y sigue resolviendo los conflictos y la gestión de las
cuestiones hídricas que históricamente se han venido sucediendo,
conflictos que han sido atendidos antes incluso de la creación de la
Confederación Hidrográfica del Segura.


Señor Mulet, usted y yo somos valencianos,
usted de Castelló y yo de Alicante, y entendemos la importancia del
asunto que estamos debatiendo. Señorías, el reconocimiento del carácter
de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela es de suma importancia, y esto es así por diferentes
circunstancias. En primer lugar, dicho juzgado encuentra su creación a
mediados del siglo XIII, fecha desde la que, bajo el reinado de Alfonso
X, este tribunal ha dirigido y gobernado el reparto del agua y su gestión
en la zona del Bajo Segura o la administrativamente llamada Vega Baja.
Asimismo, una de las funciones a destacar que realiza este tribunal es la
función de policía, por la cual vigila la limpieza y conservación de las
riberas del río Segura de la zona, aspecto que le confiere al juzgado una
gran responsabilidad en la protección y conservación ambiental del
ecosistema. De igual forma, otro aspecto relevante acerca del Juzgado de
Aguas de Orihuela es que, al amparo de sus funciones, quedan
aproximadamente más de 1500 regantes y una superficie de 7000 hectáreas
en la zona de la Vega Baja.


En el sentido de la proposición de ley que hoy
tratamos, el Pleno de les Corts Valencianes, en la sesión del 5 de marzo
de 2014, aprobó el reconocimiento de los méritos históricos y el derecho
del Juzgado de Aguas de Orihuela a que se le conceda el carácter del
tribunal consuetudinario. Además, en el Pleno de esta misma Cámara, el
día 12 de diciembre de 2018, se aprobó una proposición de ley por
unanimidad idéntica a la que hoy debatimos, circunstancia que no
entendería que no se repitiese en esta sesión, sobre todo por la
relevancia que adquiere el uso y gestión del agua en la Vega Baja a día
de hoy. Esta importancia viene derivada de los recortes aprobados por el
Gobierno de la nación, del trasvase Tajo-Segura, decidido de manera
unilateral, sin buscar el consenso de las partes implicadas y que
supondrá un incremento en la tarifa del agua de
un 35 %, aproximadamente.


En la Comunidad Valenciana, siempre que nos
referimos a tribunales consuetudinarios nos viene a la mente el Tribunal
de Aigües de Valencia, ¿y quieren saber por qué? Porque en el año 2009
este fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco,
propiedad que no fue atribuida al Juzgado de Aguas de Orihuela, ya que
ninguna administración lo propuso. Por ello, me gustaría ver cómo la
modificación de la Ley del Poder Judicial en su artículo 19 supone un
primer paso en este sentido y que este juzgado sea reconocido, en primer
lugar, como tribunal consuetudinario y tradicional, para que, en segundo
lugar, se busque el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la
humanidad por la Unesco.


Señor Mulet, este es el inicio del
reconocimiento de otros derechos históricos de los valencianos, camino en
el que me encontrará cerca.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, señora presidenta,
con la venia. Señorías.


Me congratulo, hoy es un día también importante
para mí, porque hablamos de Orihuela. Como todos ustedes saben, Orihuela
tiene muchísimos vínculos con la Región de Murcia, muchos vínculos con la
capital de Murcia, no en vano es limítrofe, es tierra de frontera, tierra
de Miguel Hernández, muy vinculado a Murcia —de hecho, es hijo
adoptivo de la ciudad de Murcia—, y yo mismo tengo muchísimos
amigos oriolanos; de hecho, en la carrera, en la Facultad de Derecho,
tuve el privilegio de coincidir con muchos compañeros y amigos de la
vecina ciudad de Orihuela. Por tanto, hago propia esta iniciativa y me
siento muy satisfecho y muy orgulloso de defenderla.


El debate que nos ocupa ahora es el del
reconocimiento del carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco, lo que allí
conocemos como la Vega Baja —y todo el que es de la zona sabe
perfectamente que aquello es la Vega Baja—. Puede que no lo
parezca, pero este reconocimiento, de producirse, pudiera tener una
influencia directa sobre la vida de los ciudadanos y la resolución de sus
conflictos. ¡Claro que sí que la tiene! En efecto, regular la posibilidad
de que algunos tribunales consuetudinarios tengan funciones
jurisdiccionales efectivas, igual que las que disponen los tribunales
ordinarios, es relevante para el desarrollo de la actividad de este
sector. Por supuesto, vamos a ser claros, estas funciones
jurisdiccionales quedarían, como es obvio, exclusivamente limitadas a las
cuestiones relacionadas con el agua, pero sus decisiones tendrían efectos
y, así, pasarían a integrarse de algún modo en la Administración de
Justicia.


No sé por qué no está reconocido, porque ya
está reconocido el Tribunal de las Aguas de Valencia, como ha señalado el
señor Mulet, proponente de la moción —por cierto, le doy la
enhorabuena—, y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. El Tribunal
de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia no solo
están reconocidos, sino que han sido nombrados patrimonio inmaterial de
la humanidad por la Unesco, y no sé por qué esta jurisdicción de aguas de
Orihuela se quedó fuera. Porque en Murcia, nadie mejor para los
huertanos, nadie mejor para los que están en el terruño, en la tierra,
que un tribunal consuetudinario —que lo tienen desde tiempo
ancestral— para resolver las pequeñas disputas sobre el tablacho,
las horas de riego, de si el agua cae por aquí o si el agua cae por allá,
de si un regante tiene más horas y otro tiene menos, etcétera. Yo lo digo
de primera mano porque he sido abogado de comunidades de regantes y sé
que ellos conocen mejor que nadie cómo funcionan estas cosas: las horas
de agua, el tablacho —lo que se levanta para dejar salir el agua de
la acequia—, cuándo le corresponde el riego a uno o cuando le
corresponde a otro, y siempre se han entendido ellos a través del
Tribunal de las Aguas de Valencia, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia
o de este Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.


Por lo tanto, este reconocimiento que hoy, sin
duda, se va a aprobar es, además, un medio de facilitar la participación
de los ciudadanos en la Administración de Justicia, que es la finalidad
última de esta proposición de ley, con la que, ni qué decir tiene
—yo creo que nadie lo duda—, estamos totalmente de acuerdo.
En este sentido, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela goza de un
carácter histórico y consuetudinario reconocido, su antigüedad está
probada y su utilidad también, no cabe ninguna duda. Por todo ello, dicho
con todo el orgullo y, además, con la alegría de la convicción de que va
a salir adelante, votaremos a favor de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


¿Grupo Parlamentario Izquierda Confederal?
(Denegaciones del señor Mulet García). No interviene.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
intervendrá la senadora Beltrán de Heredia Arroniz. (Rumores).


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidenta. Si me permite, intervendré desde el escaño, simplemente
para marcar nuestra posición respecto a la toma en consideración de esta
proposición de ley. (Rumores).


El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de
los pueblos de su marco tiene un origen ancestral, como ya se nos ha
explicado, que ha mantenido a lo largo de toda su historia de varios
siglos y se ha consolidado como un instrumento válido para gestionar las
aguas, los sistemas de riego e, incluso, para resolver los conflictos
derivados de ello, dentro de su jurisdicción. Es una entidad de
tradición... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidenta.


Es una entidad de tradición inveterada, que
refuerza la identidad propia, la entidad local, la cohesión social, que
pone en valor los derechos históricos y, también, sistemas de gestión
propia. Es un legado jurídico importante, yo diría que es una joya
jurídica, que no podemos por menos que preservarla, que protegerla, y por
eso, lo mismo que hicimos en el año 2018, cuando este asunto vino en
forma de moción, primero a la Comisión de Justicia y, posteriormente,
como proposición de ley al Pleno del Senado, el Grupo Parlamentario Vasco
va a apoyar esta iniciativa.


Se trata de una institución que ha perdurado a
lo largo de los siglos. Es en 2013 cuando empiezan los primeros acuerdos,
tanto de la Diputación Provincial de Alicante como, posteriormente, de la
las Cortes Valencianas, en el sentido de solicitar que sea reconocido
como tribunal consuetudinario, y es hoy, en 2021, cuando volvemos a
traerlo ante esta Cámara. Aunque sabemos de la paciencia, la persistencia
y la perdurabilidad que tiene este sistema de gestión, este juzgado
privativo, esperemos que este sea el camino definitivo para que esta
tramitación termine de una forma satisfactoria, como se pide,
reconociendo a este Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de los
pueblos de su marco como un tribunal consuetudinario, tal y como
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
intervendrá el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.


Quiero excusarme, porque habíamos dicho que no
intervendríamos en esta proposición, pero lo hago solo para anunciar el
sentido del voto de Junts per Catalunya a esta proposición de ley, que
será favorable..


Gracias y disculpe.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Picornell
Grenzner.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias,
presidenta.


Voy a ser breve, pero, en primer lugar,
queríamos hacer una reflexión general sobre esta cuestión y, en concreto,
sobre el papel del Senado en muchas de las cosas que debatimos o llegamos
a aprobar.


Volviendo a debatir una vez más esta cuestión
en el Pleno del Senado, demostramos que, a veces, la política falla,
fallamos los políticos, los que estamos en política. Fallamos, en primer
lugar, porque esta es una demanda unánime, no hay ninguna duda sobre si
tenemos que reconocer o no el carácter consuetudinario del Juzgado
Privatizo de Aguas de Orihuela. Fallamos, en segundo lugar, porque ya se
ha aprobado en varias ocasiones, en varias administraciones —en el
propio ayuntamiento, en les Corts Valencianas—, el hecho de
trasladar al Gobierno del Estado la necesidad de modificar el
artículo 19, apartado 4, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial. Y fallamos, también, en tercer lugar, porque este mismo
debate, exactamente este mismo debate propuesto por el mismo grupo
parlamentario, ya lo tuvimos hace casi dos años y medio; lo tuvimos en
este Pleno, en este hemiciclo, y lo tuvimos también en la Comisión de
Justicia solo unos meses antes. Entonces, tanto en la Comisión de
Justicia como en el Pleno, se aprobó por unanimidad, pero como al cabo de
cuatro o cinco meses se convocaron elecciones, decayó la proposición de
ley. Insisto, creo que estamos hablando de una cuestión que genera
absoluta unanimidad. No deberíamos tener problemas para hacer una
tramitación rápida en el Congreso, para que volviese al Senado al cabo de
unas semanas y poder aprobarlo de forma definitiva.


Hecha esta reflexión inicial, queríamos añadir
que, como no puede ser de otra forma, nosotros vamos a dar apoyo a esta
propuesta y agradecemos al grupo proponente, a Compromís, su insistencia
para reconocer como tribunal consuetudinario el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela. Debemos poner en valor y reivindicar el papel y la
importancia de dichos tribunales, que son producto de la sabiduría, del
trabajo y del buen hacer dels llauradors valencians. Debemos poder poner
en valor la buena gestión del agua que se ha hecho durante muchísimos
siglos y, más aún, en un momento en el que necesariamente debemos
reivindicar una gestión acorde con la emergencia climática, una mejor
gestión de los recursos hídricos, una gestión responsable del agua y que
esta no se convierta en un bien privado, con la que unos se lucren y
otros, simplemente, paguemos.


Esta institución es de justicia, con muchísima
historia detrás —como hemos explicado muchas veces—, con
muchísimo peso, muchísima importancia, y creemos que es nuestro deber
preservarla, cuidarla, protegerla, estar a su lado, estar al lado del
legado histórico de nuestro país. Para nosotros, esta institución
refuerza la identidad local. De hecho, ya conocemos dos ejemplos muy
claros —como se ha dicho desde esta tribuna— que fueron
reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco,
estamos hablando del caso del Tribunal de las Aguas de Valencia y el
Consejo de Hombres Buenos de Murcia.


Por lo tanto, una vez más —y esperemos
que sea la última—, solo podemos añadir que estamos de acuerdo con
esta propuesta y esperamos que prospere.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Ruz Villanueva.


El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias,
presidenta.


Señorías, antes de pasar a desarrollar los
argumentos al respecto de este asunto que nos concierne, tenemos que
dejar claro y manifiesto que ya nuestro grupo, el Grupo Popular, registró
precisamente esta proposición de ley hace justamente dos años para la
declaración y consideración de tribunal consuetudinario al Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela. Efectivamente, como bien han comentado
los que me han precedido en el uso de la palabra, este tribunal es el
mejor exponente de cómo los oriolanos, los alicantinos, los murcianos, es
decir, los vecinos de lo que nos gusta llamar, sin ningún complejo, el
Levante español hemos hecho con el agua. Y la principal virtud que este
tribunal demuestra, ejerce y vive en su propia acción y también los
regantes de las tierras del Segura, de las Tierras del Vinalopó, del
Júcar o del Turia, de tantos otros ríos que vierten sus aguas en el
Mediterráneo, es la solidaridad; gestión y solidaridad. Estos tribunales
consuetudinarios —el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia, el
Tribunal de las Aguas de Valencia o el Tribunal de Aldaia de
Valencia— reflejan cómo desde la propia solidaridad, desde la
comprensión, desde el patriotismo y desde el profundo entendimiento y
concepción de que el agua es un bien de todos los españoles —el
agua no es un bien de los que nacen en la cabecera de un río o de los que
nacen en la desembocadura del mismo, el agua es un bien común de
los 46 000 millones de personas que componemos esta nación
(Risas)—, todo ello se puede hacer efectivo a través de un tribunal
histórico. Como ya se ha dicho anteriormente, el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela hunde sus raíces nada más y nada menos que en el siglo
XIII, con el rey Alfonso X; desde el siglo XIII, dándonos lecciones a
todos de cómo gestionar el agua, con voluntad clarísima, con patriotismo
y cuidando hasta la última de las gotas, como si de la gota de sangre de
un cuerpo se tratara.


Pero hoy no podemos olvidar que este tribunal,
además de gestionar las aguas del Segura, de sus azarbes, de sus
acequias, agua de caudal, en ría de caudales, como todos bien saben, con
el que se hacen verdaderas filigranas para convertir una huerta sedienta
en el auténtico vergel de Europa, decía que hoy no podemos evitar hablar
de un recurso del agua que también gestiona este tribunal, y es el agua
que llega a las tierras de Alicante y de Murcia desde el Tajo-Segura. Un
trasvase, un acueducto puesto en marcha hace más de cuarenta años, que es
el vivo reflejo de las virtudes con las que se debería gestionar siempre
el uso del agua: esperanza, generosidad y vida, porque el trasvase
Tajo-Segura es esto, es esperanza, es generosidad y es vida. El trasvase
Tajo-Segura genera actualmente más de 100 000 puestos indirectos de
trabajo en mi provincia, la provincia de Alicante, en la vecina y hermana
provincia de Murcia y en el entorno de las cuencas hidrográficas del
Segura y del Júcar. El trasvase Tajo-Segura es el mejor exponente de esa
concepción patriótica del agua como un bien de todos y no de ningún
territorio, como dice la Constitución en su artículo 133...


La señora PRESIDENTA: Estamos en la ley de los
tribunales consuetudinarios, señoría.


El señor RUZ VILLANUEVA: Muchas gracias, señora
presidenta.


El trasvase Tajo-Segura, que gestiona el
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela gestiona, se encuentra ahora mismo
en una situación de clarísima amenaza, en jaque mate —si me
permiten la licencia de esta terminología— por una decisión
política del Gobierno de España. Los hombres y mujeres que componen ese
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela ven actualmente cómo, con la
amenaza al trasvase por parte del Gobierno de la nación, sus anhelos, su
esperanza y su futuro está puesto en entredicho, porque el Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela gestiona, básicamente, en la actualidad,
el caudal de agua que nos llega de las tierras hermanas, de las
provincias hermanas de Castilla-La Mancha a nuestras tierras. Y podríamos
preguntarnos cuál es el motivo real que determina que el Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela no pueda en un futuro gestionar las aguas
del trasvase, en tanto que el trasvase actualmente está puesto en
cuestión por el Gobierno de la nación. En España existen quince trasvases
en vigor, ¡quince trasvases en vigor! ¿Por qué solamente se cuestiona
políticamente el trasvase del río Tajo al río Segura? ¿Por qué el
Gobierno de la nación actualmente quiere, modificando las reglas de
explotación, cerrar de hecho ese trasvase que permite que el agua fluya
de la cabecera del Tajo hasta las tierras sedientas del Levante de
España? La respuesta es muy clara: porque nos encontramos con el Gobierno
más irresponsable y más destructivo de la historia de la democracia
española, al que no le importa en absoluto el futuro de los hombres y de
las mujeres de nuestra tierra, de Alicante, de Murcia, de Valencia y
también de Albacete, y al que le importa solamente contentar a aquellos
que, con sus acciones, con sus palabras y con sus imposiciones pretenden
destruir este gran pacto nacional de convivencia que se llama España.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Y
eso es indiscutible.


El agua es un bien nacional, el agua es un bien
de todos, así lo demuestra la gestión de este Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela, de la bellísima e histórica ciudad de Orihuela. Este
tribunal habla de un concepto esencial: el pacto. El pacto, que fue el
que permitió que en la transición los españoles nos diéramos un abrazo de
reconciliación y de perdón mutuo; el pacto que se intentó hace tres años
de un pacto nacional educativo para demostrar que la educación no debe
ser un arma ni un elemento de discordia, sino de unidad y de comprensión,
y el pacto nacional del agua, que nuestro partido, a día de hoy, pretende
poner en marcha, como se hizo en el año 2013 con el famoso memorándum,
unificando los criterios de cinco regiones distintas —¡cinco
regiones distintas, cómo ha cambiado la película!— para garantizar
que parte del agua —hablamos de más de 400 hectómetros cúbicos en
Entrepeñas y Buendía— llegara a nuestra tierra. El agua no sobra en
ninguna región de España. Ninguna provincia puede decir que le sobra el
agua. Decir semejante barbaridad es incurrir precisamente en un error. El
agua se distribuye y se redistribuye entre hermanos, y el memorándum del
trasvase del Tajo-Segura es el mejor exponente de cómo el agua tiene que
ser un elemento de cohesión y un elemento de pacto, que es lo que este
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela demuestra y lleva demostrando más
de 800 años.


En ocasiones, algunos atacan la tradición,
atacan las costumbres, porque afirman que, escudándose en ellas, se
justifican actitudes o se justifican hechos que, desde luego, distan
mucho de lo que debe ser moral y ético. En este caso, la tradición
—consuetudo, de ahí viene el concepto de tribunal
consuetudinario—, como recoge el artículo 19 de la Ley del Poder
Judicial, este tribunal, demuestra que con el pacto, con el acuerdo y con
la voluntad de encontrar espacios de entendimiento siempre nos ha ido
mejor. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, la
tradición demuestra ser maestra. Nosotros, y también los hombres y
mujeres que integran esta gran comunidad de regantes, que con el agua del
Segura y del Tajo convierten las tierras secas de Murcia, de Almería, de
Alicante y Valencia en la verdadera despensa de Europa, queremos
demostrar que con esta agua, con este acuerdo, con esta institución y con
esta voluntad de acuerdo se pone de manifiesto que, desde el acuerdo,
desde el pacto y desde la propia voluntad personal, que se debe
transformar en voluntad política, nos va siempre mejor.


La pregunta que les hago es muy fácil. Si toda
la Cámara hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para considerar y
reconocer esta institución jurídicamente como tal, al amparo de la propia
ley, ¿por qué no somos capaces los que estamos aquí, como representantes
de la soberanía nacional, y también nuestros compañeros de la Cámara
Baja, de poner en marcha un gran pacto nacional del agua? ¿Por qué si los
hombres y mujeres que integran esos tribunales históricos —el
Tribunal de Aldaia, el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia, el
Tribunal de las Aguas de Valencia— pudieron pactar diariamente,
permanentemente, para gestionar el agua, por qué no lo podemos hacer
nosotros? Esa es una pregunta —señora presidenta, termino—
que me hago yo, pero que se hacen a día de hoy millones de españoles que
no entienden que el agua, a diferencia de lo que demuestran estas
instituciones, se haya convertido en un arma arrojadiza.


Concluyo. El Juzgado Privativo de Aguas de
Orihuela es un bien a preservar. El pacto, el acuerdo, la voluntad por
encontrar espacios de entendimiento debe ser el espacio que los que
estamos aquí hoy como representantes de los 46 millones de españoles
—que son los únicos propietarios del agua de toda la nación—
debemos hacer que se convierta en una realidad presente y futura.


Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, no
podía ser de otra forma, no puede extrañarnos, el PP no podía
desperdiciar la ocasión, como nos tiene acostumbrados, para hacer
ventajismo, oportunismo e intentar sacar rédito político. En una jornada
que debería estar presidida por el consenso y la unanimidad en torno a
una aspiración legítima, el Partido Popular, de nuevo, busca el
enfrentamiento, la confrontación y hacer del agua disputa y conflicto
partidista. No nos extraña, nos tienen acostumbrados, acostumbrados a
intentar apelar a los bajos instintos, a la visceralidad, pero no nos van
a encontrar y, lo que es más importante, los regantes de la Vega Baja
saben que en el PSOE encontrarán soluciones y que en el Partido Popular
solo van a encontrar siempre ruido. Los regantes de la Vega Baja saben
que el presente y el futuro del regadío no vendrán nunca de las manos del
Partido Popular, sino del Partido Socialista (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado), que las soluciones las
aportarán el diálogo —como así ha sido— de los gobiernos
socialistas, de los gobiernos que presiden el presidente Sánchez y el
presidente Puig; que el PSOE garantiza el agua necesaria para el regadío
de Alicante, pero que, también, el PSOE garantiza la sostenibilidad y el
equilibrio de las cuencas hidrográficas del Tajo y del Segura. El Partido
Popular solo está en el ruido, mientras que el Partido Socialista está en
la soluciones, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


Pero hoy veníamos a honrar, a reconocer el
mérito de una iniciativa que va a contar con el voto favorable del Grupo
Socialista, como no podía ser de otra forma. Así lo hicimos en marzo
de 2014, en las Cortes Valencianas, hace dos años; en septiembre de 2018,
en la Comisión de Justicia de esta Cámara, y, también, en este mismo
Pleno hace poco más de dos años. Con nuestro voto favorable, hoy, las
Cortes Generales iniciarán esta reforma puntual de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, una modificación legal para incluir el Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela entre los tribunales consuetudinarios y
tradicionales, a los que el artículo 125 de la Constitución admite como
una forma de participación popular en la Administración de Justicia.


Como ya ha sido recordado, el Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela remonta su existencia a la Edad Media; su creación
es obra del rey Alfonso X, el Sabio, y ejerce jurisdicción y gobierno
sobre las aguas y regadíos de la Vega Baja del río Segura. El Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela constituye un ejemplo ancestral de
jurisdicción histórica, hace gala de una prodigiosa y admirable
continuidad en el tiempo a través de los siglos, una atemporalidad que es
digna de encomio y del reconocimiento que ya merecen, dentro de la misma
especie, el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia o el Consejo de
Hombres Buenos de la huerta de Murcia, ambos reconocidos en 2009 por la
Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos tribunales
consuetudinarios y tradicionales, señorías, han superado todas las
adversidades históricas imaginables, desde el punto de vista histórico y
jurídico. Estamos ante prácticas jurisdiccionales que, remontándose
seguramente a la época musulmana, fueron preservadas e
institucionalizadas por los reyes cristianos. Sse trata de fueros
singulares, que sobrevivieron a los Decretos de Nueva Planta y al
absolutismo centralista borbónico. Nos hallamos ante originalidades
procesales que subsistieron a la racionalidad revolucionaria —las
Cortes de Cádiz—, a los principios judiciales que informan el
Estado de derecho en la Edad Moderna, singularidades territoriales que
han resistido, incluso, a la uniformidad de las dictaduras centralistas.
Y de esa resistencia al paso del tiempo da buena cuenta también su propia
consagración en la Constitución española, en la Constitución vigente,
donde, frente al principio de unidad jurisdiccional que preside el
artículo 117 y que informa el andamiaje constitucional de la
Administración de Justicia, el artículo 125. eleva a rango constitucional
estas formas singulares de administración de Justicia, estos tribunales
consuetudinarios y tradicionales a los que honra la Constitución y
reconoce en todo su valor simbólico y práctico, porque, como ya advertía
hace algo más de dos años en esta misma Cámara, en este Pleno, el senador
Lerma, no estamos hablando de folclore. Resulta difícil exagerar el valor
simbólico de esta experiencia jurisdiccional secular, que resulta
reveladora del especial carácter de las gentes llamadas a
autoadministrarse justicia y del trascendente objeto de estas disputas y
conflictos del agua, el agua como fuente de vida, de riqueza, de progreso
y, también, bien lo sabemos, de conflictos y disputas milenarias. Estos
tribunales consuetudinarios y tradicionales tienen, además, un innegable
mérito y valor práctico; la oralidad e inmediatez que presiden su
actuación constituyen fuentes de inspiración irrenunciable, frente a los
eternos problemas de burocratización, lentitud y pseudogarantismo que
amenazan y atenazan nuestro sistema judicial.


Pero, señorías, permítanme una reflexión que
creo que debería estar presente siempre que en un debate se encuentran la
historia y el derecho: la historia y las tradiciones enseñan; de la
historia y de las tradiciones se aprende; la historia y las tradiciones
inspiran. Habitualmente, tradiciones, usos y costumbres son motivos de
orgullo, pero no siempre es necesariamente así. La historia da cuenta de
la evolución y del progreso de la humanidad, pero el pasado, la historia
y las tradiciones también están plagados de ejemplos de desigualdad o de
discriminación, ejemplos que merecen ser depurados por el tamiz de los
valores presentes.


Por ello, la historia, el pasado, las
tradiciones, los usos y las costumbres, ni se imponen ni vinculan ni
trascienden al presente, a las generaciones vivas, o en otras palabras,
no existe costumbre, tradición o derecho previo y preexistente a las
decisiones constituyentes que las sociedades se autoimponen
democráticamente. La libertad del constituyente democrático consiste en
un poder pleno y originario. El legislador democrático tiene el deber
inexcusable de reafirmarse como fuente única de legitimación del derecho
y de la jurisdicción. Por ello, no puede extrañar que en 1978 el
constituyente matizara el principio de unidad jurisdiccional y admitiera
la existencia de estos tribunales consuetudinarios y tradicionales que
perviven entre nosotros, no per se, sino por mor de esa voluntad
constituyente. Por ello, en 1985 el legislador democrático, en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, nominó al primero de ellos: el Tribunal de
las Aguas de Valencia. En 1999, el legislador democrático reconoció al
Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Y hoy, en 2021, el
legislador democrático expresa su voluntad de hacer lo propio con el
Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela. Y es como consecuencia de
esas decisiones constituyentes y legislativas que todas estas
jurisdicciones tradicionales gozan de una garantía institucional que
preserva no solo su pervivencia en el tiempo, sino también su
funcionamiento conforme a usos y costumbres tradicionales e históricos,
siempre que, por supuesto, no entren en conflicto con los valores y
principios constitucionales hoy prevalentes. Y entre estos tribunales
consuetudinarios y tradicionales, señorías, merece hoy figurar con letras
de oro el Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de la proposición de ley, se procederá a continuación a
abrir el plazo del voto telemático y se votará la toma en consideración
de la proposición de ley. Se abre el plazo de dos horas ahora, a las doce
horas y dos minutos, hasta las catorce horas y dos minutos.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
DE 2020.


871/000002



La señora presidenta lee los puntos 9. y 9.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
informe, tiene la palabra el representante que la comisión ha designado,
la presidenta señora Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora
presidenta.


En el curso de la sesión celebrada el día 9 de
marzo de 2021, la Comisión de Peticiones aprobó el dictamen
correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones
comprendido entre los días 1 de julio y 31 de diciembre de 2020. Si bien
la comisión también acordó, tras un acuerdo previo, que si llegaba alguna
cuestión que consideráramos urgente, la debatiríamos en el momento de su
llegada. Una de esas peticiones llegó en el mes de febrero y la
incorporamos en el orden del día, por lo que quiero agradecer a todos los
portavoces de la comisión que hubiera unanimidad también en ese trato. Se
trataba de una petición relacionada con temas que tenían que ver con una
plataforma creada por familiares de personas que habían fallecido en
residencias como consecuencia de la COVID.


En la referida reunión del 9 de marzo, la Comisión
de Peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del
Reglamento del Senado, acordó elevar a la Presidencia de la Cámara el
dictamen de referencia que incluye la relación de las peticiones
recibidas, las decisiones adoptadas sobre las mismas y la resolución de
las contestaciones correspondientes a peticiones realizadas en el primer
semestre de 2020 provenientes de diferentes organismos. Con estas
consideraciones, la comisión aprobó su dictamen, que incluye la
tramitación de veintiocho peticiones. En relación con ellas, he de decir
que hay una petición que se ha remitido a un departamento ministerial,
una petición remitida a otro departamento ministerial y a otros
organismos, y una petición que se ha remitido también a otro organismo
distinto; en total, veinticinco peticiones han sido archivadas, y ello
por no tener carácter de petición, faltarle alguna de las indicaciones
indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su
conocimiento por la comisión o por tratarse de reiteraciones en temas ya
resueltos con anterioridad por la comisión.


El presente informe de la Comisión de Peticiones
fue publicado el pasado 17 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, sección Senado, publicación que incluye la relación
nominal de los peticionarios, número de peticiones e indicación sumaria
de su contenido, así como el organismo al que se traslada. Asimismo, el
dictamen de la comisión acusó recibo de las nueve respuestas remitidas a
esta comisión por diferentes organismos.


Finalmente, quiero agradecer a los miembros de la
Comisión de Peticiones la confianza depositada en mí para presentar este
informe y permitir al Pleno del Senado tomar conocimiento de él.
Igualmente, quiero agradecer a la Mesa de la Cámara su diligencia al
incluir la toma de conocimiento de este informe en el más breve espacio
de tiempo posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora presidenta de
la comisión.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO.


671/000059

GPP


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO


La señora presidenta lee los puntos 10.
y 10.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado quince enmiendas: tres, del Grupo
Parlamentario Mixto —una por iniciativa de la senadora Merelo
Palomares y de los senadores Marín Gascón y González-Robatto Perote, y
dos por iniciativa del senador Fernández Viadero—; once, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; y una, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
la senadora Heredia de Miguel.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Gracias, señora
presidenta. Buenos días.


Esta moción no se hubiera traído a esta Cámara si
el ministro, el señor Escrivá, hubiera hecho lo que se le pedía y lo que
además era su obligación: informar, en vez de dedicarse a descalificar a
quien le preguntaba. (Aplausos). Esta moción se ha traído a esta Cámara
solamente por la prepotencia y la soberbia de un ministro que ya está
causando problemas en el Parlamento con los medios de comunicación, y por
lo que vimos también el lunes pasado, en el Pacto de Toledo.


En esta moción instamos al Gobierno a que en el
marco del Pacto de Toledo modifique la redacción del artículo 60 de la
Ley General de la Seguridad Social referida al complemento de maternidad.
Con este complemento, el ministro se saltó el fondo, las formas, y esta
ha sido su primera actuación, lo cual es muy preocupante. No pasó por el
Pacto de Toledo, se aprobó con un apoyo mínimo, es una medida contraria
al principio de contributividad que preside nuestro sistema de pensiones
y, además, conlleva un perjuicio económico para un gran número de mujeres
jubiladas que ven cómo su pensión se recorta notablemente con la entrada
en vigor de esta nueva medida. Es un complemento que perjudica
especialmente a las mujeres que más han aportado, tanto a la demografía
española como a las arcas públicas. Estamos de acuerdo en que la medida
se amplíe a las mujeres con un hijo; de hecho, nosotros lo llevamos en el
programa electoral, pero lo que no entendemos, y él no lo ha explicado,
es por qué hay que recortar la pensión a las mujeres que más han cotizado
y que más hijos han tenido. Queríamos que nos lo explicara, simplemente.
Mi grupo tiene propuestas alternativas, por ejemplo, la que pasaría por
dejar abiertas las dos vías para que las nuevas pensionistas se acogieran
a la opción que les resultara más beneficiosa. En un sistema contributivo
quien más aporta, más recibe, porque esas son las reglas del juego, y en
un sistema justo no es aceptable que las mujeres que más han contribuido
sean las más penalizadas.


En el punto segundo pedimos que se garantice el
poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándolas en función del IPC o
criterios que garanticen el mantenimiento de sostenibilidad del sistema.
Lo que estamos reclamando es que el ministro aclare la fórmula que quiere
utilizar para revalorizar conforme al IPC. ¿Por qué? Pues porque el
Gobierno del Partido Socialista, que en 2010 congeló las pensiones que
iba a revalorizar conforme al IPC, en 2011 introdujo por primera vez el
factor de sostenibilidad en el sistema jurídico español en el artículo 8
de la Ley 27/2011 y después lo incorporó a la disposición adicional 59 de
la Ley General de la Seguridad Social, y además lo justificó diciendo que
venía de un acuerdo social y económico. Ahora, el Pacto de Toledo incluye
un factor intergeneracional que el señor Escrivá pasea por Europa, pero
que no se atreve a explicar ni aquí ni en el Pacto de Toledo, y eso es lo
que le queríamos preguntar.


En los apartados 3 y 4 pedimos transparencia e
información suficiente. Es el ministro quien, con su oscuridad, es el
responsable de las filtraciones que después tanto le molestan. Los
miembros del diálogo social le acusan de opacidad, pero son sus globos
sonda los que tienen efectos muy graves solo por su irresponsabilidad.
Por eso, las jubilaciones anticipadas se han disparado un 29 % por miedo
a sus recortes. En enero y febrero ha habido 17 534 jubilaciones más que
el año anterior, lo que de media supone un 29 %. El señor Escrivá
propicia el caos y después lo critica, pero sus socios, los socios del
Partido Socialista en el Pacto de Toledo, le advirtieron, literalmente,
de que tuviera cuidado porque hasta las arañas mueren enredadas en su
propia telaraña.


En el apartado 5 pedimos que no se opte en este
momento por ampliar el periodo de cómputo para la obtención de las
pensiones si no hay más negociación; estas medidas se toman de forma
progresiva y no de forma sorpresiva, como el vaivén de fichas que el
ministro envía a Europa. Y casi por la misma razón le pedimos que hasta
que no llegue una cierta recuperación económica tampoco plantee la
reforma en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Le están
diciendo que con 200 000 autónomos que piensan cerrar su negocio cuando
terminen las prestaciones por cese de actividad y con un cálculo
de 75 000 millones de euros de pérdidas, si ha cambiado el escenario
económico, cambie también el calendario. En el Pacto de Toledo se dijo
que el señor Escrivá se está empeñando en esta medida porque es la fácil,
porque es la que primero se puede presentar en Europa y la que no le va a
crear muchos problemas y porque es un ministro que solo está haciendo lo
que le interesa, lo que le interesa a él.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenas tardes, señorías.


El actual sistema de pensiones resulta insostenible
y requiere de una profunda reforma. Factores como la inversión de la
pirámide poblacional, las altas tasas de desempleo y la tardía
incorporación de los jóvenes al mundo laboral hacen imposible su
mantenimiento por mucho más tiempo. No podemos seguir engañando a los
ciudadanos haciéndoles creer en la viabilidad del actual modelo,
demorando legislatura tras legislatura la toma de decisiones que, a la
larga, generen una mayor estabilidad y justicia para las generaciones
venideras, dejando atrás el cortoplacismo electoral de los gobiernos. La
pensión que recibimos los españoles no puede depender siempre de la
situación económica de cada momento; de continuar dejando para el
siguiente Gobierno la decisión, la situación se tornara cada vez peor.
Mociones como esta que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular,
aunque a priori puedan parecer positivas, no hacen más que tratar de
manera superficial un problema que se acrecienta conforme el tiempo pasa.
En Vox proponemos un cambio de modelo de implantación progresiva que,
lejos de perder de vista el principio de solidaridad intergeneracional,
lo potencie y haga valer el derecho a la propiedad, asegurando el derecho
de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida
laboral que complementen las pensiones que les correspondan.


La solución que Vox propone consiste en un sistema
mixto de reparto y capitalización constituido en tres pilares: un pilar
de reparto que garantice una pensión mínima, un pilar de capitalización
obligatoria en el que las aportaciones irán a una cuenta individual del
trabajador y un último pilar de aportaciones voluntarias. Solo así
podemos garantizar un sistema justo y flexible que se adapte a las
necesidades reales de cada ciudadano, que garantice la libertad de edad
de jubilación una vez alcanzada la edad mínima exigible, y que ofrezca la
posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con actividades
profesionales, empresariales o artísticas, o con actividades laborales
reducidas que vayan permitiendo el relevo generacional. Todo lo que no
vaya direccionado en este sentido es posponer la agonía de nuestro actual
sistema de pensiones y retrasar la toma de una decisión que, más pronto
que tarde, los poderes públicos habrán de afrontar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra
el senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta. Buenos días.


El Partido Regionalista de Cantabria comparte la
preocupación que toda la Cámara tiene por el actual sistema de pensiones,
su presente y su futuro. Entre todos, por tanto, debemos velar por
mantenerlo e implementar aquellas reformas que lo hagan viable en las
próximas décadas. Estas modificaciones, que son necesarias y urgentes,
requieren valentía y sensibilidad social, y, por ello, los regionalistas
cántabros creemos que deberían ser el resultado de la negociación y del
acuerdo entre todas las fuerzas políticas y todos los agentes sociales,
pues, como no podemos negar, este es un problema profundo que afecta a
todos los actores de nuestro mercado laboral. Un buen marco de
negociación es el Pacto de Toledo, en el cual debería debatirse cualquier
modificación, y que hace escasos meses aprobó un documento con las
recomendaciones que el Gobierno debería seguir en la futura reforma del
sistema de pensiones. De ahí que en nuestra enmienda primera queremos
insistir en que quede reflejado en la propuesta de resolución que todas
estas cuestiones que se plantean en la moción sean bajo el debate y el
paraguas del Pacto de Toledo.


Además, presentamos una segunda enmienda, en este
caso de supresión del punto sexto. A nuestro entender, resulta ilógico
pedir reformas y, a la vez, instar al Gobierno a que se paralicen
aquéllas que aún están en fase de elaboración y son susceptibles de ser
debatidas en los órganos parlamentarios. Por ello, en el PRC creemos que
esa no es una posición constructiva y deberíamos esperar a que las
propuestas del Gobierno sean definitivamente presentadas, estudiadas y
debatidas antes de emitir cualquier juicio, ya sea positivo o
negativo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyora
presidenta.


Saben quantes vegades, en la moció que ha presentat
el Partit Popular, usen el concepte «públic»? Quantes vegades parlen de
pensions públiques? Zero. No parlen de pensions públiques i no és perquè
siga un oblit casual, és una cosa clarament intencionada perquè, per al
Partit Popular les pensions no són un dret, són un negoci i, quan han
estat al Govern, s’han dedicat a fomentar eixe negoci privat. El
problema no és que el sistema de pensions no és que no siga sostenible,
és que vostès, quan han estat governant, han estat atacant-lo de manera
immisericorde, desviant recursos propis del sistema de pensions a altres
fins. Han apostat per desmantellar-lo, i la seua moció és una moció
trampa, una moció trampa que en cap moment parla d’un model públic,
d’un sistema públic, s’han cuidant molt, moltíssim,
d’usar eixe concepte. I, per tant, nosaltres reivindiquem un model
públic de pensions perquè si no és un model públic no serà un model per a
tots i totes.


És cert que el ministre Escrivá és una amenaça al
model de pensions però és que Escrivá seria un perfecte ministre per al
Partit Popular. Este ha proposat, com a solució, continuar cotitzant fins
a superar el límit legal de jubilació i finançar amb bons de diners
públics, per perllongar eixa edat de jubilació; proposta que va justament
en direcció contrària a les propostes dels països més avançats, que opten
per una reducció de la jornada laboral a 4 dies durant la setmana, o a
incentivar la creació de noves ocupacions o a repartir el treball
existent. Escrivá el que proposa és que els que ja treballen, treballen
més, oblidant-se, per exemple, que som un país líder en desocupació
juvenil, líders en precarietat laboral i amb una bretxa insalvable perquè
les persones majors de 50 anys sense ocupació puguen obtindre un treball
digne, per no parlar de la bretxa salarial encara entre homes i dones.
Estem davant d’un drama social que va a més, i la immensa majoria
de joves en este Estat arriben molt tard i molt malament al mercat
laboral, la falta d›oportunitats és manifesta, i quan estos joves
arriben al mercat laboral ho fan amb contractes basura en la majoria dels
casos. Esta gent, òbviament, no cotitza o cotitza de manera
insignificant, fet que fa perillar veritablement el sistema de pensions.
El problema no és que hi haja molta gent que quan aplega als seixanta i
pocs anys vulga jubilar-se, tenint una expectativa de vida molt llarga,
el problema és que les generacions més joves ni tenen ocupació, ni tenen
futur assegurat, ni tenen pensions assegurades.


Explotar laboralment les persones majors, les
persones que estan treballant, no ens sembla que siga la solució. Això
xoca amb les reivindicacions que històricament, des de Compromís, hem
vingut fent en esta Cambra i en totes les institucions. Entre elles,
denunciem que més de mig milió de persones estan sent penalitzades a les
seues pensions per haver-se jubilat anticipadament, voluntàriament o
involuntària, a pesar d’haver cotitzat un període legal superior en
molts casos als 40 anys que es demana. Estes persones són víctimes per
vida d’uns coeficients reductors que exigim, una vegada més, que es
deixen de penalitzar. Per això hem presentat esmenes a la seua proposta,
a la seua moció trampa, esmenes que exigim que es deixen de penalitzar
els jubilats i jubilades anticipadament que han cotitzat més de 40 anys;
esmenes que demanen blindar un sistema públic, públic, de pensions
constitucionalment, blindar-lo constitucionalment com vostès van poder
blindar uns i altres amb la reforma de l’article 135 el sistema
bancari; evitar l’intent de privatització del qual vostès no han
renegat en cap moment; garantir anualment el poder adquisitiu de les
pensions, que tampoc ho han posat vostès; equiparar les pensions de
l’Estat espanyol a la mitjana europea; derogar la reforma de les
pensions del Partit Popular del 2013, important; clarificar els comptes
de la Seguretat Social descarregant-los de despeses impròpies que han de
ser ateses pels Pressupostos Generals de l’Estat i no per la caixa
de les pensions; suprimir els màxims de cotització; garantir que cap
pensió deixe cap persona baix del llindar de la pobresa; garantir la
igualtat econòmica entre homes i dones en el sistema de pensions; buscar
un finançament adequat al sistema de pensions. I que les administracions
públiques operen exclusivament amb el model de pensions públiques i
deixen de promocionar —com fan, tant un Govern com l’altre,
de manera més o menys encoberta— un sistema de pensions privades.
Reivindiquem les pensions públiques i dignes, cosa que vostès, en el seu
text, no han fet.


Gràcies.


Gracias, señora presidenta.


¿Saben cuántas veces el Grupo Popular usa el
concepto público en la moción que presenta? ¿Cuántas veces habla de
pensiones públicas? Cero. No habla de pensiones públicas, y no es porque
sea un olvido casual, es una cosa claramente intencionada, porque para el
Partido Popular las pensiones no son un derecho, son un negocio, y cuando
ha gobernado se ha dedicado a fomentar ese negocio privado. El problema
no es que el sistema de pensiones no sea sostenible, es que cuando
ustedes han gobernado lo han atacado de manera inmisericorde, desviando
recursos propios del sistema de pensiones a otros fines. Han apostado por
desmantelarlo, y su moción es una moción trampa que no habla de un modelo
público, de un sistema público. Se han cuidado mucho de usar ese
concepto. Nosotros reivindicamos un modelo público de pensiones, porque
si no es un modelo público, no será un modelo para todos y todas.


Es cierto que el ministro Escrivá es una amenaza
para el modelo de pensiones, pero sería un perfecto ministro para el
Partido Popular. Este ha propuesto como solución continuar cotizando
hasta superar el límite legal de jubilación y financiar con fondos
públicos pasar esa edad de jubilación. Esa propuesta va justo en contra
de las propuestas de los países más avanzados que optan por una reducción
de la jornada laboral a cuatro días durante la semana o por incentivar la
creación de nuevos empleos o por repartir el trabajo existente. Lo que
propone Escrivá es que los que ya trabajan trabajen más, y se olvida, por
ejemplo, de que somos el país líder en paro juvenil, en precariedad
laboral, y con una brecha insalvable para que las personas mayores de 50
años que no tengan trabajo puedan encontrar uno digno, por no hablar de
la brecha salarial existente todavía entre hombres y mujeres. Estamos
ante un drama social que va a más y la inmensa mayoría de jóvenes en este
Estado llegan muy tarde y muy mal al mercado laboral, con una falta de
oportunidades manifiesta. Y cuando estos jóvenes llegan al mercado
laboral, lo hacen con contratos basura en la mayoría de los casos. Esta
gente, obviamente, no cotiza o cotiza de manera insignificante, lo que
hace peligrar el sistema de pensiones. El problema no es que haya mucha
gente que cuando llega a los sesenta y pocos años quiera jubilarse
teniendo una expectativa de vida muy larga, el problema es que las
generaciones más jóvenes ni tienen trabajo, ni futuro asegurado ni
pensión asegurada.


Explotar laboralmente a las personas mayores, a las
personas que están trabajando, no nos parece la solución. Esto choca con
las reivindicaciones que Compromís ha venido haciendo históricamente en
esta Cámara y en todas las instituciones; entre ellas, denunciamos que
más de medio millón de personas están siendo penalizadas en sus pensiones
por haberse jubilado de forma anticipada, voluntaria o involuntariamente,
a pesar de haber cotizado durante el periodo legal superior, en muchos
casos, a los cuarenta años que se piden. Estas personas son víctimas de
por vida de coeficientes reductores que exigimos, una vez más, que dejen
de penalizar. Por eso presentamos enmiendas a su propuesta, a su moción
trampa, en las que exigimos que dejen de penalizar a los que se han
jubilado de forma anticipada, que han cotizado más de cuarenta años;
enmiendas que piden blindar constitucionalmente un sistema público de
pensiones, como ustedes, unos y otros, pudieron blindar el sistema
bancario con la reforma del artículo 135; evitar el intento de
privatización, del cual ustedes no han renegado en ningún momento;
garantizar anualmente el poder adquisitivo de las pensiones, que tampoco
lo han puesto; equiparar las pensiones del Estado español a la media
europea; derogar la reforma de las pensiones del Partido Popular de 2013;
clarificar las cuentas de la Seguridad Social, descargándolas de gastos
impropios que tienen que ser atendidos por los Presupuestos Generales del
Estado; suprimir los máximos de cotización; garantizar que ninguna
persona se sitúe por debajo el umbral de la pobreza; garantizar la
igualdad económica entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones;
buscar una financiación adecuada del sistema de pensiones y que las
administraciones públicas operen exclusivamente con el modelo público de
pensiones y dejen de promocionar —como hacen tanto un Gobierno como
el otro de manera más o menos encubierta— el sistema de pensiones
privadas. Reivindicamos las pensiones públicas y dignas, cosa que ustedes
no han hecho en su texto.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora del Delgado.


La señora DELGADO DÍEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, la moción que hoy debatimos aquí, fruto
de una interpelación al ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, responde a un interés espurio del Partido Popular para
seguir desgastando al Gobierno, generando inquietud y desasosiego a
millones de pensionistas. Pongamos las cosas claras. Nos hemos dotado de
un instrumento especialmente garantista para abordar un reto
importantísimo de largo recorrido y con la mirada puesta en las
generaciones venideras. El acuerdo de las recomendaciones del Pacto de
Toledo, refrendado por el Congreso de los Diputados este pasado 10 de
noviembre, debe ser la guía para las reformas que debemos abordar, siendo
conscientes de que es imprescindible hacerlo de la mano de los agentes
sociales, con el diálogo social como eje de trabajo y negociación.
Nuestra enmienda propone el respeto al marco necesario que todos nos
hemos dado. El consenso y el acuerdo son estrictamente necesarios para la
modernización y adaptación del sistema público de pensiones a los retos
inmediatos, así como para garantizar la sostenibilidad y asegurar su
equilibrio financiero. La moción, cuando menos, es sorprendente. ¿Y por
qué digo esto? En primer lugar, piden ustedes la modificación del
artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué parte de la
tramitación parlamentaria no han entendido, señorías? Como dijo la señora
Fernández González en su interpelación, ya ha sido aprobada por el
Congreso de los Diputados, pero la democracia es esto, es respetar la
mayoría, la voluntad mayoritaria de la Cámara. Lo que para ustedes son
agravios a las mujeres pensionistas, para la mayoría de la población son
avances redistributivos que van a beneficiar a un 70 % más de
mujeres.


Pero, analizando su moción, tenemos la sensación de
que ustedes no participan en el Pacto de Toledo y que desconocen sus
recomendaciones, o más bien, que utilizan esta Cámara para hacer ruido,
mucho ruido y, como ya les he dicho anteriormente, para desgastar al
Gobierno y, lo que aún es peor, generar incertidumbre en la sociedad. Por
partes. La recomendación 2 del Pacto de Toledo defiende de manera clara y
contundente el mantenimiento del poder adquisitivo de los y las
pensionistas por ley, mediante la revalorización anual de las pensiones
en base al IPC real, y ustedes lo vuelven a pedir. La recomendación 7
insta al Gobierno a informar a cada ciudadano, de modo que pueda disponer
de información periódica, individualizada, sobre sus futuros derechos de
pensión, y ustedes lo vuelven a pedir. El punto número 5 de su moción
también queda recogido en la recomendación 5, que propone la adecuación
de las bases y períodos de cotización y considera importante evaluar, a
la mayor brevedad posible, su impacto, adaptándolo a las nuevas
realidades, y ustedes lo vuelven a pedir. Por último, la misma
recomendación 5 insta a los poderes públicos a adecuar, en el marco del
diálogo social, la cotización del régimen especial de trabajadores
autónomos, vinculando la cuantía de las cuotas a los ingresos reales, y
ustedes piden que se posponga una reforma que va a beneficiar a siete de
cada diez autónomos de nuestro país.


En definitiva, señorías, nos traen una moción que,
desde nuestro punto de vista, supone una falta de respeto al sistema que
nos hemos dado para trabajar. El Pacto de Toledo existe y debe existir
para que las pensiones no sean un tema de controversia partidista. Cabe
preguntarse entonces por la motivación del Grupo Popular para traer esta
moción. ¿Estamos ante el Partido Popular de la publicidad y la
propaganda? Yo les invito a que sean un PP proporcionado y prudente.
Dejen trabajar al Gobierno, paciencia, relájense, señorías del Grupo
Popular. Los consensos requieren tiempo, negociación y una firme voluntad
para llegar a acuerdos. Posiblemente estemos ante la reforma de mayor
calado social de los últimos años, que afecta a millones de personas, a
nuestros mayores, que con tanto esfuerzo y sacrificio construyeron la
España próspera de la que hoy disfrutamos. Los pensionistas presentes y
futuros bien merecen este esfuerzo.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la senadora Heredia de
Miguel, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: De entrada, doy las
gracias a todos los grupos que han presentado enmiendas y les agradezco
su trabajo.


El Grupo Parlamentario Socialista y Vox nos
presentan enmiendas de sustitución, por lo que no las vamos a aceptar. Al
Partido Regionalista Cántabro le aceptamos la primera enmienda de
modificación, pues nosotros damos por hecho que todo lo estamos pidiendo
en el marco del Pacto de Toledo, de hecho lo pone la exposición de
motivos de la moción, pero si no queda suficientemente claro, se pone y
ya está. Respecto a la segunda enmienda, de supresión, nosotros no
entendemos que haya que suprimir un apartado que recoge precisamente lo
que los colectivos están pidiendo un día sí y otro también; además, el
otro día se debatió en el Pacto de Toledo. Parece que es la medida más
fácil, la medida que se utiliza de comodín para poderla presentar
rápidamente en Europa, pero no parece que sea realmente la que hubiera
que llevar con tanta antelación. Y en cuanto a las de Izquierda
Confederal, aceptamos la primera, por si quedara duda de que estamos
hablando de un IPC, una revalorización anual, y no aceptamos todas las
demás, que son muchas, pero le agradezco el trabajo. Entendemos que
algunas no hacen falta, pues nos hablan de una reforma constitucional
para garantizar el sistema público de pensiones, pero el artículo 41 de
la Constitución dice literalmente que la Constitución garantiza un
sistema público de pensiones. Si hay miedos a algún tema privado, pues
habrá que tratarlo con quien lo plantee. Y otras, la mayoría, las
rechazamos porque, estando de acuerdo con el planteamiento inicial, no
estamos seguros de perseguir el mismo objetivo final, como ya se empieza
a ver en el Pacto de Toledo. Es el caso de la supresión de los topes
máximos de cotización, ¿estarían ustedes de acuerdo en trasladar la
supresión del tope máximo de cotización a la ampliación de las pensiones
máximas? Seguro que no. Por esa razón no las vamos a admitir. En todo
caso, muchas gracias por su trabajo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Muchas gracias.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, desde Vox
les manifestamos nuestro pesar por el hecho de que nuestra enmienda no
haya sido aceptada, pero con la firme convicción de que, una vez que el
resto de formaciones políticas de nuestro país se decidan a resolver los
verdaderos problemas de los españoles, de los ciudadanos, será valorada
como se merece y probablemente llevada a efecto. Mientras tanto,
continuaremos trabajando en mociones como la presente que suponen
movimientos erráticos, que no hacen sino desviar el foco de atención de
donde debería situarse: el futuro de los españoles. Por eso, señorías del
Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar en contra de su
propuesta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Intervendrá a continuación, por el mismo grupo
parlamentario, el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora
presidenta. Señorías, muy buenos días.


Evidentemente estamos abordando una cuestión
fundamental para muchos españoles y, sobre todo, con criterios
diferentes: para algunos, el sistema de pensiones en España está
quebrado, para otros, la garantía es del Gobierno de España y, por lo
tanto, no hay ninguna quiebra; para unos hay que hacer las modificaciones
pertinentes que lo hagan viable, incluso hay algunos —nosotros lo
rechazamos— que consideran que tenía que ser un sistema
privatizado. Lo que es evidente es que, a la hora de abordar una cuestión
tan importante, deberíamos tener muy claro dónde estamos y adónde
queremos ir, y, sobre todo, señorías, explicárselo muy bien a los
ciudadanos, que van a ser los auténticos paganos de la situación, para lo
bueno y para lo malo, y en esa línea a nosotros sí que nos gustaría saber
realmente cómo quiere el Gobierno afrontar la cuestión. ¿Qué se va a
financiar desde el sistema público de pensiones?, ¿solamente las
pensiones contributivas o también otras prestaciones o ayudas? ¿Cómo se
va a financiar?, ¿solo con las aportaciones de los trabajadores o también
con los préstamos, como se está haciendo en los últimos años, o incluso
también con los propios Presupuestos Generales del Estado? Y junto a ello
habría que preguntarse si todos los ciudadanos españoles vamos a ser
iguales a la hora de acceder a una pensión o va a depender de que estemos
en una gran empresa, en unas entidades financieras o de que seamos
funcionarios. ¿Qué va a pasar con los autónomos?, ¿se les va a modificar
el sistema o no se les va a modificar el sistema, o van a seguir siendo
unos perjudicados del mismo? Por lo tanto, si el fondo de la cuestión es
crucial, porque así lo es, también son muy importantes las formas. ¿Se va
a poder alcanzar un consenso? Sería imprescindible hacer todo lo posible
y todos los esfuerzos, de manera especial por quien tiene que liderar la
cuestión, que es el Gobierno, independientemente del partido político que
esté gobernando y, por otro lado, hay que tener en cuenta también que
esas formas tienen que primar en el Gobierno. Lo que estamos escuchando
en los últimos meses, y no porque lo digamos nosotros en Unión del Pueblo
Navarro o porque lo digan otros partidos políticos, sino porque lo dicen
algunos agentes económicos y sociales implicados en la cuestión, es que
están denunciando que el Gobierno está actuando con oscurantismo, con
opacidad y sin facilitar información a la hora de abordar diferentes
cuestiones. Nosotros lo que sí podemos constatar, y en esta Cámara de
manera especial, son las formas del ministro responsable de la materia en
la última sesión plenaria, la prepotencia y la soberbia con la que actuó,
porque, sinceramente, esas formas no son nada adecuadas, nada positivas
para, con diálogo y entendimiento, poder llegar a un consenso.


Por lo tanto, señorías, abordando una cuestión tan
fundamental para el futuro de los españoles, los trabajadores debieran
saber, al menos esa es la postura de Unión del Pueblo Navarro. Por tanto,
no modificar las condiciones de las jubilaciones a lo largo de los años,
sino que cuando un trabajador se incorpore a la vida laboral sepa cuáles
son las exigencias que posteriormente se le van a pedir para poder
acceder a una pensión, si no, algo estaremos haciendo mal, y eso es
responsabilidad de todos. Vuelvo a insistir, de manera especial al
Gobierno a la hora de liderar este posible consenso, en utilizar las
formas más adecuadas, algo que hasta el momento, de manera especial el
ministerio, y de manera particular el ministro, no están haciendo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, intervendrá
la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.


El reto al que nos enfrentamos en materia de
pensiones está íntimamente ligado a las deficiencias de nuestro mercado
laboral: sin la reforma de uno, poco podemos hacer para garantizar la
sostenibilidad del otro. Durante casi cuatro décadas la tasa de empleo
media en España, el 15,7 %, ha más que duplicado las más de ocho
economías más avanzadas de la Unión Europea. El menor coste relativo del
empleo temporal frente al indefinido da lugar a una estructura productiva
en la que predominan las actividades para las que la temporalidad se
adapta mejor, al tiempo que perjudica a aquellas más intensivas en
capital humano, físico y tecnológico, que requiere de un tiempo de empleo
estable y trabajadores cualificados.


Los nuevos modelos de relaciones laborales y una
mayor utilización de la tecnología en los sistemas de producción ya están
provocando los primeros cambios en la forma de entender el empleo, con
relaciones cada vez más atípicas y alejadas del concepto tradicional de
trabajo por cuenta ajena, base de nuestro sistema de protección social.
Estas nuevas, y no tan nuevas, formas de trabajo son las que la
Organización Internacional del Trabajo denomina como atípicas, en
contraposición a las de trabajo dependiente indefinido y a tiempo
completo, que ha sido tradicionalmente ocupado en mayor medida por los
hombres. Actualmente, en España, alrededor del 50 % de los trabajadores,
según la encuesta de población activa, se encontraría en una situación
atípica de relación laboral. Esta situación no es solamente el resultado
del avance tecnológico, sino que responde también a un ecosistema laboral
de altas tasas de temporalidad, desempleo estructural elevado y
precariedad en el empleo, que están convirtiendo las nuevas formas de
trabajo en una alternativa de empleo en aquellos lugares donde hay menos
oportunidades tradicionales.


Ante esta realidad, se puede optar por regular cada
una de las nuevas formas de entender las relaciones laborales, como está
haciendo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos o, por el contrario,
apostar por una solución integral que albergue todos los nuevos tipos de
empleo bajo instituciones laborales más flexibles sin renunciar a la
protección y a la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, y
sintiéndolo mucho, no parece que el Gobierno esté dispuesto a emprender
una reforma que aseguraría la sostenibilidad del sistema de pensiones sin
recortar derechos a los receptores de la prestación, sino que aumentaría
las contribuciones a través de un aumento de los contribuyentes y de la
estabilidad en el empleo. Por supuesto, el problema de la evolución
demográfica no va a desaparecer, en parte por las nulas políticas de
natalidad y apoyo a las familias por parte de PP y PSOE, pero al menos a
este no se le añadiría el de un mercado laboral completamente
disfuncional.


En cuanto a la adaptación de las bases de
cotización a las nuevas realidades del mercado laboral, tengamos en
cuenta que cada vez son más atípicas las carreras profesionales
tradicionales de empleos estables a jornada completa, con pocas
disrupciones o períodos en el desempleo, sobre todo en las nuevas
generaciones y para los colectivos más vulnerables o con menor
participación laboral. Debemos, por lo tanto, encontrar una solución que
no pase por su exclusión del sistema de protección social, porque cada
vez sus situaciones van a ser más generalizadas y no podemos dejar que
uno de los principales sistemas de prevención y reducción de la pobreza,
como es el sistema de pensiones, esté basado en un grupo muy reducido de
personas. Por otro lado, uno de los problemas de este sistema es que
priman los años inmediatamente anteriores a la jubilación, con
independencia de cuál haya sido la trayectoria laboral del trabajador. De
ahí que existan propuestas que aboguen por el incremento de periodos de
carencia hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador, de modo que
la cuantía de la pensión resultante sea un reflejo de toda su trayectoria
laboral.


Por lo tanto, señorías, no basta con las reformas
cosméticas de PSOE ni con los lamentos de PP que han ignorado el problema
y a las familias durante muchos años. Hace falta invertir en natalidad,
acabar con la precariedad, y tenemos que hacerlo juntos dentro, además,
del marco del Pacto de Toledo. Ni ustedes ni ustedes tienen excusas para
seguir con la polarización; si pactan repartirse los jueces y las
televisiones, bien pueden hacerlo por las familias, por las pensiones y
por un empleo digno del siglo XXI.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
intervendrá el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies de nou,
presidenta.


Breument, i des d’aquí l’escó mateix.
En referència a aquesta moció conseqüència d’interpel.lació, que
ens presenta el Grup Popular i que afecta un aspecte tan sensible com són
les pensions, unes pensions que, com queda demostrat, ningú qüestiona que
s’han de garantir, a la curta i a la llarga, i aquest és evident
que és un repte ingent. El que des de Junts per Catalunya qüestionem és
que el Grup Popular i el Grup Socialista facin servir aquest tema de
forma partidista com ha passat i passa sovint. Mirin, si ens diuen i
reiteren a cada intervenció que s’han donat el Pacte de Toledo per
arribar a acords en base al diàleg social, que així sigui. Perquè el que
no és de rebut és promoure reformes i prendre decisions fora
d’aquest, com han fet uns i altres quan els ha convingut. En alguns
casos, fins i tot prescindint d’aquest tan apel.lat diàleg social.
En aquest sentit, a uns, als del Grup Popular, els demanem menys lliçons
quan estan a l’oposició i més seny. I als altres, i molt
especialment al ministre Escrivá, doncs li demanem més humilitat,
rigorositat i transparència. Perquè el que no es mereixen els
pensionistes és que tots plegats, avui, el que estiguin fent és generar
més dubtes i més angoixes, i menys en un moment com aquest.


Moltes gràcies.


Gracias de nuevo, presidenta.


Brevemente y desde el escaño, haré referencia a
esta moción consecuencia de interpelación que nos presenta el Grupo
Popular y que afecta a un aspecto tan sensible como son las pensiones,
unas pensiones que, como queda demostrado, nadie cuestiona que se tienen
que garantizar a corto y a largo plazo, y este es un reto ingente. Lo que
en Junts per Catalunya cuestionamos es que el Grupo Popular y el Grupo
Socialista utilicen este tema de forma partidista, como ha sucedido y
sucede con frecuencia. Si nos dicen y reiteran en cada intervención que
el Pacto de Toledo es para llegar a acuerdos sobre la base del diálogo
social, pues que sea así, porque lo que no es de recibo es promover
reformas, tomar decisiones fuera de este, como han hecho unos y otros
cuando les ha convenido, en algunos casos incluso prescindiendo del tan
apelado diálogo social. En este sentido, a unos, a los del Grupo Popular,
les pedimos menos lecciones cuando están en la oposición y más sensatez,
y a los otros, y especialmente al ministro Escrivá, les pedimos más
humildad, rigor y transparencia, porque los pensionistas no se merecen
que todos nosotros hoy les generemos más dudas y más angustia, y mucho
menos en un momento como este.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
presidenta.


Com deia bé deia el company de Junts, sort que
existeix el Pacte de Toledo, sort que aquest tema no s’ha
d’utilitzar per fer demagògia. Sort que és d’aquests grans
acords d’estat. En el debat, evidentment, queda palès que no és
així. Enfront de tots els problemes, sempre diuen que hi ha d’haver
un gran pacte i el Pacte de Toledo se suposava que era el pacte més
veterà i el pacte que havia estat més sòlid. Alguns companys del Partit
Popular feien referència al pacte de l’aigua. Jo crec que aquest
pacte de l’aigua val més que no el tornin a esmentar, perquè va ser
un pacte amb vostès mateixos, simplement. Però anem al que es tracta
avui, en aquesta moció. La dreta espanyola, el Partit Popular, ja fa dos
plens que ens porta aquí coses que, després, quan governen, no fan.






És a
dir, en aquell programa que diuen Maldita Hemeroteca, els estan donant
material a grans quantitats per treure quan vostès deixin d’estar a
l’oposició i passin al govern, si és que pretenen ser algun dia una
altra vegada un partit de govern. Perquè estan fent tot el contrari que,
després, vostès, quan governen, fan. Han legislat en contra dels
interessos de les persones, que s’han jubilat, en contra de les
pensions, en contra de les dones, i els efectes de les pensions en les
dones. I avui vénen a canviar el seu discurs. Volen pensions que siguin
millors per als ciutadans. Volen unes pensions més altes i com expliquen
el seu vot sempre contrari a augmentar el salari mínim interprofessional.
Com expliquen el seu vot contrari sempre a pujar les pensions
contributives. Perquè així també es pugen les pensions després. Per tant,
hem de ser coherents amb aquest discurs. Si demanem unes pensions més
altes, o demanem poder tenir un poder adquisitiu, perquè, després, en
aquells col.lectius que ho passen pitjor vostès sempre els reprimeixen
més.


Diuen que volen garantir el poder adquisitiu. Hi
estic d’acord. Volen garantir el poder adquisitiu. De qui i a on.
Això és la pregunta. Perquè, l’altre dia, el doctor López
Casasnovas, un economista de referència a Menorca, que va ser membre del
Banc d’Espanya, ens posava un exemple clar. El poder adquisitiu,
allò que et permet mantenir el benestar, el que et permet fer el mateix,
doncs en funció del territori on vius es pot fer una cosa molt diferent a
l’altra. Els nostres pensionistes pateixen la insularitat. I
posarem un exemple clar del que significa, que va posar el senyor López
Casasnovas. Amb 100 euros a la península, pots comprar una llista de
productes. Si vas a comprar aquests mateixos productes a les Illes
Balears, et costaran 108 euros. Per tant, el poder adquisitiu dels
pensionistes de les Illes Balears, és molt menor. Hem de garantir el seu
poder adquisitiu i els hem de compensar i hem d’apujar les seves
pensions. I, sí, hem de fer diferències per ser iguals. Cal cercar
mecanismes d’equilibris. Perquè, al contrari del que vostès pensen,
a les Illes Balears tenim molts treballadors, molts pensionistes,
moltíssimes classes treballadores que no són riques, que són pobres, que
ho estan passant malament i que necessiten el suport de l’estat. I,
per això, hem de fer mecanismes per compensar aquest fet. A les pensions
no contributives, amb aquelles pensions que necessiten més suport. Quina
va ser la resposta del Partit Popular quan el govern de les Illes Balears
va incrementar les pensions no contributives? Igual que al govern
andalús. Dur-nos al Tribunal Constitucional, perquè estàvem fent
diferències entre ciutadans espanyols. Per tant, no valia en aquell
moment això de mantenir el poder adquisitiu de tots els ciutadans. El
Tribunal Constitucional només va permetre al govern de les Illes Balears
col.laborar, aportar un 25 % més a les pensions no contributives. Cosa
que, per cert, vostès que sempre diuen meravelles de Madrid, i aquests
dies estem veient com estan en campanya electoral a Madrid, el govern de
Madrid, en el qual vostès han estat governant des de fa més de 25 anys,
no ho fa. Com tampoc, ja que critiquen l’ingrés mínim vital, tampoc
ha fet la versió autonòmica, que és la RESOGA, que tampoc ha fet el
govern de Madrid, quan sí que també hi ha molta gent que ho hauria de
menester. Per tant, senyors del Partit Popular, vostès estan fent un
discurs i la realitat, quan gestionen, és una altra qüestió. I parlem de
dones. Els posaré un exemple clar. La meva mare. Com la meva mare, hi ha
moltíssimes dones en aquest país. Que han treballat de sol a sol. Que han
fet una feinada. Que han fet hores que no es poden comptar. Han cuidat
els petits, han cuidat els grans, han cuidat la casa. Però no han
tributat mai. Quan el meu pare, desgraciadament, estadísticament, es mori
abans, la meva mare rebrà sols un 40 % de la pensió del meu pare. Això és
discriminació. Totes aquestes dones. Si vostès realment es preocupen per
les dones, parlem de les pensions de viudetat i fem feina en aquest tema.
I tractem-ho en els acords de Toledo. I no a tirar-nos els plats pel cap,
com el que fan vostès aquí. Crec que ni fan, senyors del Partit Popular,
quan governen, ni deixen fer als altres governs que sí que ho volen
fer.


I senyors del Partit Socialista. El ministre
Escrivá, l’altre dia va ser poc transparent. I això els ho hem de
retreure. Volem transparència. Volem la informació. Volem que ho
expliquin. Perquè, sinó, l’única cosa que estan fent és alimentar
els dubtes, el malestar i el nerviosisme de les persones pensionistes.
Volem claredat. El moviment social ja s’està mobilitzant. A les
Illes Balears, el col.lectiu de la coordinadora Balear per a les pensions
públiques, ja està convocant manifestacions per aquest dissabte a Palma,
a Ciutadella i a Eivissa. Perquè el senyor Escrivá està generant
nerviosisme. I el que no volem és nerviosisme. Volem missatges clars.
Volem unes pensions públiques. Unes pensions dignes, unes pensions que
respondran a l’esforç que han fet tantes generacions dels nostres
treballadors.


I, perdoni, presidenta, i abusant d’aquest
minut. Avui, parlant de treballadors, un record per aquells treballadors
que tal dia com avui, un 14 d’abril, van fer sonar les sirenes de
les indústries del meu poble, per celebrar que venia la república. Aquell
dia, les sirenes sonaren fort, per cridar llibertat, fraternitat i
igualtat. Per deixar de ser súbdits i passar a ser ciutadans.


Moltes gràcies i visca la república.


Muchas gracias, presidenta.


Como decía el compañero de Junts, suerte que existe
el Pacto de Toledo, suerte que no lo tenemos que utilizar para hacer
demagogia, suerte que es un acuerdo de Estado, y se pone de manifiesto
que no es así, que ante todos los problemas siempre tiene que haber un
gran pacto y el Pacto de Toledo me parece que es el pacto más veterano y
más sólido de este Estado. Algunos compañeros del Grupo Popular hablaban
del Pacto del Agua, mejor que no lo citen más, porque fue un pacto para
ustedes mismos, simplemente. La derecha española, el Grupo Popular lleva
un par de Plenos en los que nos trae propuestas que después, cuando está
en el Gobierno, no hace. Al programa Maldita hemeroteca les están dando
grandes cantidades de material. Por favor, si pretenden ser un partido de
Gobierno, no hagan todo lo contrario después cuando gobiernan: legislar
en contra de las personas que se han jubilado, en contra de las
pensiones, en contra de las mujeres y el efecto de las pensiones en las
mujeres. Y hoy vienen aquí a cambiar su discurso, quieren mejores
pensiones para los ciudadanos, más altas, pero cómo explican su voto
contrario siempre a subir el salario mínimo interprofesional, cómo
explican su voto contrario a subir las pensiones contributivas, porque
así también se suben las pensiones después. Por favor, sean coherentes
con este discurso, pidiendo pensiones más altas, mayor poder adquisitivo,
porque después ustedes siempre reprimen a los colectivos
perjudicados.


Dicen que quieren garantizar el poder adquisitivo,
estoy de acuerdo, pero de quién y dónde, esta es la pregunta, porque el
otro día, el doctor López Casasnovas, un economista de referencia en
Menorca, que fue miembro del Banco de España, nos ponía un ejemplo claro.
El poder adquisitivo, aquello que te permite mantener el bienestar, te
permite hacer lo mismo, pues en función del territorio donde vives puedes
hacer una cosa muy diferente a la otra, y nuestros pensionistas sufren la
insularidad. Por ejemplo, el señor López Casasnovas decía que con 100
euros en la Península puedes comprar una lista de productos, pero en las
Islas Baleares los mismos productos te cuestan 108 euros. El poder
adquisitivo es menor en Baleares, tenemos que garantizar su poder
adquisitivo y tenemos que subir sus pensiones, y hay que hacer
diferencias para ser iguales, hay que buscar mecanismos de equilibrio,
porque, al contrario de lo que piensan ustedes, en Baleares tenemos
muchos trabajadores, muchos pensionistas, mucha clase trabajadora, que no
es rica, que es pobre, que lo está pasando mal y que necesita el apoyo
del Estado, y por eso necesitamos mecanismos para compensar este hecho.
Para las pensiones no contributivas, las que necesitan más apoyo, ¿cuál
fue la respuesta del Partido Popular cuando el Gobierno de Baleares
incrementó las no contributivas, al igual que el Gobierno andaluz? Otra
vez al Constitucional, porque estábamos haciendo diferencias entre los
ciudadanos españoles. Así que en ese momento no valía lo de mantener el
poder adquisitivo de los ciudadanos, y el Constitucional le permitió solo
al Gobierno de Baleares aportar un 25 % más a las pensiones no
contributivas. Ustedes siempre hablan maravillas de Madrid, y estos días
lo estamos viendo en campaña electoral, el Gobierno de Madrid, en el que
ustedes gobiernan hace más de veinticinco años, no hace nada y tampoco
critica el ingreso mínimo vital, tampoco ha hecho la versión autonómica,
tampoco lo han hecho ustedes, tampoco lo han hecho en Madrid, y habría
mucha gente que sí que lo necesitaría. Por lo tanto, señores del Partido
Popular, ustedes hacen un discurso y cuando gestionan hacen otro. Y
hablando de mujeres, les voy a poner un ejemplo claro: mi madre, y como
mi madre muchas en este país, ha trabajado de sol a sol, ha hecho un gran
trabajo, horas que no se pueden contabilizar, ha cuidado a sus hijos,
después a los mayores, ha cuidado del hogar, pero no ha tributado nunca.
Cuando mi padre fallezca —estadísticamente morirá antes—,
solo recibirá un 40 % de la pensión de mi padre. Esto es discriminación.
Si ustedes se preocupan por las mujeres y hablan de las pensiones de
viudedad, trabajemos en este tema, lleguemos a acuerdos y no nos sigamos
peleando, que es lo que hacemos aquí. Señores del Partido Popular, creo
que ni hacen ni dejan hacer a los Gobiernos que sí que quieren
hacer.


Señores del Partido Socialista, el ministro Escrivá
el otro día fue poco transparente. Queremos transparencia, queremos
información, queremos que lo expliquen porque, si no, lo único que hacen
es alimentar las dudas, el malestar y el nerviosismo de las personas
pensionistas. Queremos claridad. El movimiento social se está movilizando
en las Islas Baleares. El colectivo Coordinadora balear para las
pensiones públicas ya está convocando manifestaciones para este sábado en
Palma, Ciudadela e Ibiza, porque el señor Escrivá está generando
nerviosismo, y lo que no queremos es nerviosismo, queremos mensajes
claros. Queremos pensiones públicas, unas pensiones dignas, unas
pensiones que respondan al esfuerzo que han hecho tantas generaciones de
trabajadores.


Y abusando de este minuto, hoy, hablando de
trabajadores, un recuerdo para esos trabajadores que un 14 de abril
hicieron sonar las sirenas de las industrias de mi pueblo para celebrar
la república. Ese día sonaron fuerte para gritar fraternidad e igualdad
de todos los ciudadanos.


Muchas gracias y viva la república.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea. Egun on guztioi.


Cuando vi esta moción, me sorprendió un poco, por
varias razones. En noviembre se aprobaron las recomendaciones del Pacto
de Toledo por amplia mayoría, y yo creo que habrá que esperar un poco,
habrá que ver en qué se concretan. Es cierto que estamos viendo en prensa
lo que podríamos llamar informaciones y contrainformaciones que no ayudan
mucho, pero tampoco creo que sea de mucha ayuda una moción como esta, así
y ahora. Luego, ustedes han presentado la moción antes de la
comparecencia del ministro Escrivá este lunes, que era cuando
teóricamente íbamos a saber qué iba a plantear; lo hizo en la Comisión
del Pacto de Toledo, que es donde corresponde. Puede gustar o no gustar
lo que planteó, pero igual era mejor haber esperado a ver qué contaba
allí para venir con propuestas. Meten en la misma moción cuestiones
variopintas, algunas yo creo que tienen poco que ver y otras necesitan de
una profunda reflexión, no de los cinco minutos que tenemos aquí. Y,
finalmente, en un momento determinado decidimos que lo relativo a las
pensiones, que es un tema tan sensible, se sacaba del debate partidista,
de la utilización particular y de la electoralista, y para eso se
constituyó el Pacto de Toledo, y tengo que decirle que el Pacto de Toledo
aparece ahora en esta moción porque se lo ha recordado el Partido
Regionalista de Cantabria, si no, no aparecía.


El sistema de pensiones debe ser público,
sostenible y suficiente, y necesita una reforma —creo que en eso
estamos todos y todas de acuerdo—, pero debe ser a través del
diálogo social y el acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. Y aquí se nos
presenta una moción en la que empiezan proponiendo la modificación del
artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. No nos dicen en qué
sentido, es una modificación en abstracto, porque algo nos ha comentado
usted ahora, pero lo que viene escrito en la moción es una modificación
en abstracto y sobre una modificación en abstracto, si quiere que le diga
la verdad, es difícil posicionarse, y además es que este artículo acaba
de modificarse el día 25 de marzo en el Congreso, y parece poco serio
presentar aquí un intento de modificación de lo que se hizo en el
Congreso mediante una moción. Piden también la revalorización en función
del IPC; esto es una recomendación, la recomendación 2 del Pacto de
Toledo. ¿Que este sistema de revalorización podría incorporarse al
derecho positivo? Podría, pero debatámoslo con tranquilidad. Ustedes
hablan de revalorización e IPC y le quiero recordar que tenemos memoria;
ahora reivindican la indexación al IPC, pero parece que no recuerdan lo
que ustedes hicieron y lo que legislaron en el año 2003 a este respecto,
y parece que tampoco recuerdan que fue el PNV quien consiguió que
revirtiese su diabólica fórmula de revalorización que, por cierto, dejaba
el incremento de las pensiones en un 0,25, cercanísimo al IPC, en los
presupuestos del 2018, y es que memoria y memoria histórica tenemos la
mayoría.


El punto 3 no afirma nada nuevo, nada diferente de
las propuestas del pacto, recomendación número 7, y hablan también de
transparencia e información, claro, fundamentales, pero ya me explicarán
qué tiene que ver directamente con las pensiones la agilidad y asiduidad
de las comparecencias en esta Cámara; o sea, lo han mezclado todo. Y,
finalmente, piden que se prorrogue la reforma del RETA; de momento, que
yo sepa, el tema de las bases de cotización está encima de la mesa y se
está trabajando en la Mesa de Diálogo Social, además esto es otra
recomendación del pacto. ¿Qué quieren, que se aparque el diálogo?
Dígannoslo. Esta moción me hace recordar a un muy querido compañero, el
senador Cazalis, que en una moción como esta habría dicho que es una
moción campanario, una moción para que suene y para que se oiga en mi
parroquia. Entonces, como parece que se puede hablar un poco de todo,
pues yo voy a hablar de mi libro y no voy a desaprovechar la ocasión para
reivindicar lo que le corresponde a Euskadi en cuanto a Seguridad Social,
recogido en el artículo 18.2 y en la disposición adicional quinta del
Estatuto de Gernika; recuerdo: ley orgánica, e incumplido a día de hoy.
Espero, y miro a la bancada socialista, que esto cambie pronto.


Finalmente, respecto a las pensiones y su reforma,
mi grupo cree que no deben utilizarse en la pugna política; debate sí,
pero utilización partidista, no. Que no se debe generar incertidumbre ni
intranquilidad, ni en los y las pensionistas, ni en los y las que
queremos llegar a ser pensionistas en algún momento, que lo que debemos
conseguir es el mayor acuerdo fruto de un debate serio y sosegado, y
sinceramente, no parece que esta moción coadyuve. Por lo tanto, el Grupo
Vasco no la va a aceptar ni apoyar.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
mahaiburu andrea. Jaun-andreok, eguerdi on.


Alderdi Popularrak pentsioen inguruko mozio bat
aurkeztu digu gaurkoan. Mozioaren aurrekarietan esaten digute pentsio
duin eta egonkorrak lortzeko behar den guztia egiteko prest daudela.
Alderdi berri bat izango balitz, agian, sinetsiko genuke eta eskutik
joango ginateke. Baina memoria daukagu eta oso urrunera joan gabe, 2013an
alderdi popularrak egindako erreformak pentsiodunen pobrezia areagotu
duela argi gelditu da. Pentsiodunen eros ahalmena % 30 baino gehiago
murriztu da ordutik hona. Pentsiodunen % 60ak 1.000 ¤ baino gutxiago
kobratzen du. Pentsiodun asko 650 ¤-rekin bizi dira; euren artean
emakumeak gehienbat; eta badakigu zergatik, lehen Vidal senatariak,
Mallorkako senatariak gogoratu digun bezala: emakumeen bataz besteko
pentsioa 800 ¤ da. Beraz, zelan sinetsiko dugu pentsio duinen
defendatzaile sutsuenak, gaur egun, Alderdi Popularrekoak direla?


Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos
días.


El Grupo Popular nos ha presentado en esta sesión
una moción sobre las pensiones. En la exposición de motivos nos dicen que
están dispuestos a hacer todo lo que haga falta para conseguir unas
pensiones dignas y estables. Si se tratara de un partido de reciente
creación, quizás le llegaríamos a creer e iríamos de su mano, pero
tenemos memoria, y, sin ir más lejos, ya en 2013 el Partido Popular hizo
una reforma que aumentó claramente la pobreza de los pensionistas. La
capacidad de compra de los pensionistas se ha visto reducida en más de
un 30 % desde entonces, el 60 % de los pensionistas cobra menos de 1000
euros, muchos de los pensionistas viven con 650 euros y la mayoría de
ellos son mujeres, sí, ya sabemos por qué —antes el senador Vidal,
de Mallorca, nos lo ha recordado—, la pensión media de las mujeres
es de 800 euros. Por tanto, ¿cómo vamos a creer que el Partido Popular
sea el defensor más ferviente de unas pensiones dignas?


¿Cómo vamos a creer que son defensores de las
pensiones dignas cuando son responsables de la pérdida del poder
adquisitivo y de la miseria de las pensiones? Los y las pensionistas, y
la sociedad en general, piden claridad, piden compromisos y piden que se
acaben las injusticias.


Hemos escuchado de todo en los últimos meses: que
si Europa exige tal, que si el Fondo Monetario Internacional dice cual,
que si los agentes sociales, que si la patronal... En fin, en la
comparecencia del ministro Escrivá, aquí en el Senado, por mucho que le
insistimos, casi no habló de la reforma de las pensiones. Tuvo ocasión de
aclarar muchas cuestiones, de despejar dudas y de cerrar bulos, pero no
lo hizo, perdió una gran oportunidad. Y creo que esta no es la manera de
tranquilizar a nadie. Muestra de ello, las movilizaciones en todo el
Estado español. En el País Vasco tenemos un movimiento fuerte, incansable
y ejemplar. He visto también que para este sábado la coordinadora balear
para la defensa de las pensiones ha convocado movilizaciones
—animamos a su participación—, y utilizan el lema: La pobreza
mata. Porque la pobreza mata. Y hay estudios que evidencian que cuanta
menos renta, menos esperanza de vida. Señorías, la pobreza es la otra
pandemia que tenemos entre nosotros y nosotras. Por ello, en nuestro
grupo lo que vemos necesario y urgente es restaurar el poder adquisitivo
de las personas pensionistas y mejorar esas pensiones mínimas, que son
intolerables. No se puede seguir permitiendo que haya pensionistas por
debajo del umbral de la pobreza, tal y como dice la Carta Social Europea,
que este Gobierno se ha comprometido a cumplir —y esperamos que sea
pronto—. Y vemos necesario derogar la reforma de las pensiones
de 2013, suprimiendo el factor de sostenibilidad y eliminando el índice
de revalorización de las pensiones.


Por tanto, en Esquerra Republicana de Cataluña y
Euskal Herria Bildu seguiremos luchando para conseguir un sistema público
de pensiones que corrija las condiciones de desigualdad y de injusticia.
Y seguiremos también incidiendo en el ámbito laboral, porque es clave
para un sistema público de pensiones fuerte y sostenible.


Eskerrik asko. Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Heredia de Miguel.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Muchas gracias por sus
intervenciones.


Voy a empezar por lo más sencillo. Esta moción,
como he dicho, tiene su origen en una interpelación que se basaba en la
sostenibilidad de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, y en la
propia exposición de motivos de la moción —aquí se la
muestro— se hace referencia al Pacto de Toledo. No sé qué interés
hay en cuestionar que nosotros tengamos algún interés en plantear
cuestiones fuera del Pacto de Toledo. No tiene ningún sentido.


Se dice que no tenemos memoria. Pues tenemos
muchísima. El Partido Popular llegó al Gobierno en un escenario de
quiebra económica, con un déficit del 9,3 %, recesión y destrucción de
empleo. Eso no lo debe recordar nadie más en esta Cámara. En la última
legislatura el Gobierno del Partido Socialista perdió más de 2 200 000
cotizantes, la mayoría mujeres, y se perdieron 70 000 millones de
recaudación. Eran tiempos en los que por cada pensionista que entraba,
tres trabajadores se iban al paro. Pero esto tampoco lo debe recordar
nadie. Nosotros creamos empleo, aprobamos medidas para las mujeres y hubo
más mujeres trabajando que en toda la historia de este país. Y se aprobó
una Ley del trabajo autónomo, aunque lo más importante fue que cuando
esta ley llegó con el pago a proveedores y un fondo de 41 000 millones de
euros, nosotros ya estábamos pagando a los autónomos todo lo que ustedes
les dejaron a deber. Así se salvaron más de 400 000 empleos y cientos de
pymes.


Tenemos memoria, por supuesto, y, como tenemos
memoria, recordamos cómo el Partido Socialista en 2010 congeló las
pensiones y cómo congeló los sueldos públicos y cómo congeló la
dependencia, las prestaciones de maternidad, el gasto farmacéutico,
etcétera. (Aplausos). Y hablando de memoria, cuando ayer me estaba
preparando esto, me preguntaba dónde estaba el señor Marlaska en 2010,
cuando su partido querido le bajaba los sueldos a los hombres y mujeres
que ponían en peligro su vida por salvar la del ministro. Y busqué en
prensa, pero no hay ni una sola declaración, entonces el ministro no
debía de estar tan preocupado por los recortes que afectaban a los
hombres y mujeres que cuidaban de él. Pero, además, el Partido Socialista
dejó otra herencia que también se ha debido borrar de la memoria
colectiva, que es la reforma de febrero de 2011. Pero en la prensa sí que
hay constancia gráfica de aquellas celebraciones, porque es que Zapatero
quería pasar a la historia como un gran estadista (La señora Heredia de
Miguel muestra una fotografía) y el ministro de Trabajo, que había sido
líder de la UGT, Valeriano Gómez, quería hacerlo como un gran ministro
con la reforma de 2011; una reforma que cuando llegó el 2013 era lo peor
de este mundo, pero que en 2011 era lo mejor porque había sido fruto de
un gran acuerdo. Esta fue la primera vez que se introdujo el factor de
sostenibilidad, y ustedes lo celebraban. Pero a partir de 2013 se perdió
la memoria, y para todos ustedes parece que el mundo empieza en 2013, y
no es así. Y es una vergüenza que vengan a decirnos aquí que si tenemos
memoria, por supuesto que tenemos memoria, y hace tiempo la tenían
ustedes también. (Aplausos). El escenario económico que dejó el Partido
Popular no tenía nada que ver con el que recibimos. Y, por eso, las
medidas que se plantean en un momento y en otro no son las mismas, y por
eso nosotros planteamos ahora la revalorización del IPC, por
ejemplo.


Pero es que lo más importante de esto es que la
señora Delgado Díez nos diga que nos atengamos al Pacto de Toledo. ¡Pero,
oiga, si la primera medida que han aprobado ha sido fuera del Pacto de
Toledo! Está sucediendo algo muy grave que la reforma del complemento de
maternidad ha puesto de manifiesto, pero que trasciende del propio diseño
del complemento de maternidad. Ese complemento no es la solución de un
ministro en un sistema de pensiones contributivo. Es una solución
asistencial. Y el diseño de ese complemento no es el de una autoridad
independiente y negociadora, es el de que ya se ha enterado de dónde está
y no le importa caer en sus propias contradicciones, como es la de sacar
los gastos impropios del sistema de Seguridad Social y a la vez aprobar
pagas generales dentro del sistema de Seguridad Social. (Aplausos). Es el
ministro en su laberinto o, como le dijeron ustedes, los de esta fila, en
el Pacto de Toledo, enredado en su propia telaraña.


Pero la pregunta es muy clara: ¿Seguimos teniendo
en España un sistema contributivo de pensiones? ¿Sí o no? ¿El que más
cotiza y más aporta va a tener derecho a más pensión? ¿Sí o no? Si no es
así, como se ve en el complemento por maternidad o como los trabajos que
se están haciendo para el destope de la base máxima, que puede no
reflejarse en su pensión, los españoles tenemos un grave problema con
ustedes. Y si es así, si estamos equivocados y estamos tensionando,
vengan y explíquenlo, y digan por qué esta vez a las mujeres las han
dejado fuera de esta contribución del sistema. Nuestro sistema, por
definición, es contributivo y solidario. Y los mecanismos de solidaridad
están en la ley y están regulados, y son complementos a mínimos. Pero que
un ministro redistribuya fondos de la Seguridad Social a su gusto no es
un mecanismo de solidaridad. Y eso es lo que está provocando una
desconfianza generalizada en un ministro que está mangoneando los fondos
de la Seguridad Social a su antojo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias,
presidenta.


Señora Heredia, continúan ustedes, de manera
deliberada, dibujando un escenario apocalíptico, intentando transmitir
miedo e incertidumbre entre los pensionistas, y se equivocan. Se
equivocan porque los pensionistas lo que nos demandan es seriedad, rigor
y llegar a acuerdos y consensos. Y eso se hace con seriedad. Ustedes
tienen memoria, pero memoria selectiva. ¿No se acuerdan de cómo dejaron
el fondo de reserva de las pensiones? Se lo hemos repetido muchas veces.
¿Tampoco se acuerdan del copago farmacéutico? ¿Ni de la pírrica subida
del 0,25? ¿No se acuerdan? (Aplausos).


Pero entrando en el fondo de la cuestión que nos
trae hoy aquí, cabe decir que su complemento de maternidad no contó con
el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, pero tampoco contó con el
apoyo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos ha dicho que
es discriminatorio para los hombres. Su complemento se percibía a partir
del segundo hijo y era poco redistributivo. Se les daba más complemento a
las familias numerosas con pensiones más altas que a las familias
numerosas con pensiones más bajas. Y le recuerdo que nuestro sistema de
pensiones es contributivo y solidario, que eso se les olvida a ustedes.
El nuevo complemento de brecha de género se diseña de acuerdo con las
directrices europeas y, por tanto, no es discriminatorio. Además, se
percibe desde el primer hijo, que es donde se origina realmente la brecha
de género. Y se concede la misma cantidad por hijo, tanto en la pensión
mínima como en la pensión máxima.


Sobre la asiduidad de las comparecencias del
ministro, le diré que el ministro ha comparecido en comisión en dos
ocasiones y el secretario de Estado en una. ¿Sabe usted cuántas veces
compareció su ministra, Fátima Báñez, en los siete años y medio de
mandato? Tres veces. Y tienen ustedes el desparpajo de decir aquí que
comparece poco. (Aplausos).






Además, como saben, el ministro ya compareció
en la Comisión del Pacto de Toledo y allí dio algunas pinceladas de por
dónde puede ir el calendario de la reforma, que se debe concretar con los
agentes sociales. Ese es el marco que nos hemos establecido.


Por mi experiencia como técnico, déjeme que le haga
una reflexión. Hasta hace unas décadas la vida laboral de los
trabajadores era estable, sin apenas alteraciones, y con sus cotizaciones
ascendentes. Pero la realidad actual es muy distinta. La inestabilidad
laboral, las nuevas relaciones laborales —como se ha
apuntado— o las crisis influyen de manera directa y decidida en las
pensiones de los trabajadores. Y, por tanto, tenemos que dar seguridad y
equidad. Les pongo un ejemplo. Imaginen dos personas que tienen los
mismos años de cotización, los mismos. Para una de ellas, sus primeros
años, por lo que sea, son los peores de cotización y los últimos
veinticinco son los mejores años de cotización. A esa persona,
lógicamente, le quedará una pensión buena. Sin embargo, otra persona
empieza sus primeros años con unas buenas bases de cotización, pero, por
circunstancias ajenas a su voluntad, los últimos años son los peores de
su cotización. A esa persona le quedará una pensión mucho más baja. Y,
como le digo, las dos personas han cotizado los mismos años e incluso, a
lo mejor, con las mismas bases de cotización, pero en diferentes etapas
de su vida. Coincidirán conmigo, señorías, en que habrá que buscar una
manera de corregir esta desigualdad.


Señorías, no vamos a apoyar esta moción porque
rompe con el marco que nos hemos dado para la reforma del sistema, y
porque los que conocemos nuestro sistema público de pensiones somos
conscientes de su complejidad. Esta complejidad requiere de un estudio
detallado y de rigor en el análisis, y eso lleva tiempo, más que los
cinco minutos que ustedes han dedicado a redactar esta moción, que se
aleja muchísimo del espíritu del Pacto de Toledo que ustedes mismo
apoyaron hace unos meses.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción, que se votará con la
incorporación de la enmienda 1 del Grupo Parlamentario Mixto, con número
de registro de entrada 92119, y la enmienda 1 del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 92124, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN A LOS TRABAJADORES EN
SITUACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.


671/000060

GPP


La señora presidenta lee el punto 10.2.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado tres enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado, una del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal y una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
tiempo de cinco minutos y en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, el senador Barreiro Fernández.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, nosotros presentamos esta moción, en
primer lugar, porque del debate de la interpelación hemos constatado que,
aparentemente, no hay una voluntad por parte del Gobierno para resolver
un problema que a nuestro juicio es un problema grave. Y luego me
referiré a él. En segundo lugar, como ustedes mismos pueden apreciar de
la propia lectura del texto de la moción, se presenta en unos términos
que buscan conseguir un consenso, conseguir un acuerdo de toda la Cámara
con el que seamos capaces de resolver ese problema al que luego me
referiré. Y, además, creo que es posible conseguir ese acuerdo. Creo que
es posible conseguirlo por muchas razones, pero la más evidente es porque
hace unos días ya se sentó precedente. El 30 del mes pasado se debatió en
esta misma Cámara, en la Comisión de Derechos Sociales, una moción,
también del Grupo Popular, que luego fue enmendada por otros grupos y que
consiguió la aprobación mayoritaria de los representantes en esa comisión
y que, básicamente, planteaba lo mismo que nosotros, e incluso me
atrevería a decir que iba más allá. Por eso, si estábamos de acuerdo
el 30 de marzo, me imagino que no habremos cambiado de opinión el día 14
de abril.


Pero yendo al centro de la cuestión, yo decía al
principio que pretendemos resolver un problema que afecta a miles de
personas en este país, y, por lo tanto, a miles de familias, un problema
que es grave. Un problema que se ha generado, como decía, para miles de
personas que en condiciones normales no tendrían que haber presentado la
declaración, la liquidación del impuesto sobre la renta del ejercicio
anterior este año, y que ahora sí tienen que presentarla. Y esto puede no
ser lo más relevante. Lo fundamental es que, prácticamente con toda
seguridad, esas personas, por una cuestión técnica —legal, pero
técnica—, van a tener que pagar. Son personas —lo recuerdo
una vez más— que están en una situación crítica, que tienen muchas
posibilidades de perder su puesto de trabajo. Y esa cuestión técnica,
¿cuál es?: que han percibido rentas de dos pagadores. Es decir, primero
de su empresa, pero luego pierden el puesto de trabajo y les ha pagado el
Estado a través del SEPE. Y ese mecanismo que contempla el reglamento de
la renta obliga, en este caso, a rebajar el límite de los 22 000 euros
hasta los 14 000 euros. Por lo tanto, antes no tenían que presentarla y
ahora sí. Antes no tendrían que pagar y ahora sí. Ese es el contexto en
el que nos encontramos.


Vamos a seguir ahondando en el problema. ¿Qué es lo
que provoca ese problema? Desde mi punto de vista, ese problema lo genera
el llamado segundo pagador. Lo genera el Estado. ¿Por qué? Porque no les
ha retenido a esos trabajadores o les ha retenido muy poco. Y, por lo
tanto, cuando acumulan rentas, obviamente, se les dispara y tienen que
pagar. Y, en segundo lugar, ¿por qué creo que también lo ocasiona? Porque
no se les ha informado. Ahora se plantea por parte del Gobierno que hay
que informar a estos trabajadores. Pero es que ahora no sirve, porque se
han devengado las rentas el año pasado. Cuando tendría que habérseles
informado era el año pasado, justo cuando se generó la situación de
entrada en el ERTE, para que fuesen conocedores de la situación fiscal en
la que estaban y de qué mecanismos tenían para poder evitar esa
situación. El Estado no ha hecho nada, no les ha informado en absoluto y
ahora tenemos este problema.


Por lo tanto, yo les pido a ustedes que nos dejemos
de debates técnicos y que tratemos entre todos —luego tendré
ocasión de explicarlo en el turno de posicionamiento de las
enmiendas— de buscar fórmulas, porque, desde el punto de vista
legal, hay fórmulas que permiten evitar esta situación crítica. Esa es la
realidad, y hay que intentar evitar que estas personas se encuentren en
los próximos días en esa situación: que probablemente no tengan capacidad
para hacer frente a los pagos que se derivan de la liquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluso considerando la
propuesta que ha hecho recientemente el ministerio.


Termino ya, señora presidenta, señorías. Estamos
ante un problema grave que afecta a miles de personas que están en
situación crítica. Además, es un problema que ellos no han generado, sino
que lo ha generado el Estado. Por consiguiente, no digo el Estado, sino
entre todos, tendremos que tener la generosidad y la sensibilidad
suficiente para poder resolverlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo del
Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Clavijo
Batlle, por tiempo de cinco minutos.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta. Buenos días, tardes ya, a todos.


Nosotros hemos querido contribuir con esta enmienda
a la moción presentada por el Grupo del Partido Popular. Creemos que el
problema que afecta a miles de canarios, pero, probablemente, a cientos
de miles de españoles, es un problema de carácter técnico. Estas
personas, en cualquier otra circunstancia, no se hubiesen visto en la
obligación de tener que hacer la declaración de la renta. Por el hecho de
tener más de un pagador, es decir, de tener un segundo pagador, ya no se
le aplica el límite de los 22 000 euros. Hasta ese límite, una persona
sin ningún otro condicionante que le otorgue bonificaciones fiscales,
puede decidir en su momento si quiere hacer la declaración de la renta o
no quiere hacerla. Pide el borrador, si le sale a devolver, generalmente
la hace porque le devuelven y si le sale a pagar, con las retenciones que
ya le ha hecho su pagador, no tiene por qué pagar.


¿Qué ocurre cuando se tiene más de un pagador y
este pago supera los 1500 euros? Que automáticamente el límite baja a
los 14 000 euros. Y tenemos una gran cantidad de trabajadores —en
el caso concreto de Canarias, que es el que conozco profundamente, en el
mes de abril fueron 235 000 canarios los que tuvieron que irse al ERTE y
que tuvieron ese segundo pagador— que pueden estar en esa franja
por debajo de los 22 000 euros y que se van a ver, no solo obligados a
pagar —cuando no deberían—, sino que, además, como se les ha
retenido un 2 %, van a tener que hacer frente a un pago considerable. La
propia Agencia Tributaria lo cifra en su página web entre los 1500 y 1700
euros. En el caso de Canarias, una comunidad autónoma que ha tenido una
caída y un desplome en el año 2020 de más del 20 % de su producto
interior bruto, más del doble de la media de España, tenemos el 11 % de
los ERTE; por nuestra dependencia del sector turístico y al haberse
restringido la movilidad, han sido muchos más los trabajadores, el 11 %
del total de España y el 4 % de la población, que han estado en ERTE. Y,
en muchas ocasiones, algunos de ellos han perdido el puesto de trabajo.
Pues bien, la Agencia Tributaria prevé recaudar 23 millones de euros más
que en el año 2019. ¿Qué significa esto? Que con esta medida,
absolutamente injusta y técnica, les vamos a detraer a las familias
canarias, en el peor de los momentos de la historia reciente, con la
mayor caída de renta disponible de las familias, 23 millones de euros más
que en el año 2019. Y ello, a pesar de la que les ha caído y de que han
visto bajar su renta disponible por cobrar con el ERTE el 70 %.


Yo creo que estos son los asuntos en los que la
ideología y los posicionamientos de los partidos políticos se tienen que
dejar a un lado y aplicar el sentido común. Europa ha suspendido las
reglas fiscales, España no tiene problemas de endeudamiento. Nos están
anunciando un día sí y otro también la lluvia de miles de millones de
euros que van a venir a este país para diversificarlo, para modernizarlo,
para cambiar su sistema productivo. ¿Cuál es el coste de caída de
ingresos, en este caso, para el Estado si se hace esta salvedad? Podemos
aliviar a esas personas —estoy convencido de que todos los que
estamos aquí les defendemos— de rentas bajas, que han visto cómo
han perdido el empleo, cómo han perdido el 30 o el 40 %. Estamos hablando
de trabajadores de la hostelería, que tenían un complemento
importantísimo en las propinas para poder salir adelante. No solo les
falta el sueldo, es que ahora se han quedado con el 70 % de su sueldo y,
además, sin las propinas. Y eso les va a obligar a tener que afrontar
ahora un pago de 800, de 1200 o de 1500 euros, según el caso. Ayer le
decía yo al presidente del Gobierno de España que van a tener que decidir
entre pagar el alquiler, la luz, el agua, o poder comer y darles de comer
a sus hijos.


Con la enmienda, que va a ser aceptada por el grupo
proponente según nos ha dicho el portavoz del Grupo Popular, queremos
contribuir a mejorar la moción. Y le agradezco la gentileza de haberla
aprobado. Pero, como bien se ha dicho aquí, ya se aprobó esto en una
comisión y, en mi humilde opinión, deberíamos poder lanzar un mensaje a
la ciudadanía de que, al menos, en estos aspectos, con lo mal que lo
están pasando, esta Cámara puede alcanzar grandes acuerdos en interés de
los ciudadanos.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Chinea
Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta. Buenas
tardes, señorías.


No creo que haya aquí ningún senador o senadora que
pueda entender que en un momento, en una situación tan extremadamente
crítica y difícil como la que estamos viviendo, en la que las
instituciones se han visto obligadas a tomar medidas de carácter
excepcional para luchar contra la pandemia que estamos viviendo, los
trabajadores y trabajadoras que se encuentran en un ERTE, o aquellos y
aquellas que han sido beneficiados con el ingreso mínimo vital, se vean
obligados a realizar la declaración de la renta por la aplicación de la
regla del segundo pagador. Y esto, señorías, no es justo. Y aunque ya se
ha iniciado el periodo de la declaración de este año, el Gobierno tiene a
su alcance la posibilidad de realizar los cambios legislativos que sean
pertinentes para que no se aplique dicha regla y ofrecer un alivio a
quienes ya se encuentran en una situación límite por carecer de un empleo
o de los recursos necesarios para mantener a su familia. No creemos que
fraccionar el pago hasta seis meses en este mismo ejercicio económico sea
una salida que muchos y muchas se lo puedan permitir. Y, sinceramente,
consideramos que el Gobierno de este país debe ir mucho más allá.


Señorías, existen una serie de excepciones que el
Gobierno no ha articulado, pese a la extrema gravedad de la crisis social
y económica que estamos viviendo en este país. No se trata de articular
de manera irresponsable con los recursos públicos. No se trata de eso,
señorías, sino de aprobar medidas que reduzcan las cargas a quienes más
necesitan el apoyo de nuestras administraciones públicas en este país.
Creemos que no es justo que se considere al SEPE o a la Seguridad Social
como un segundo pagador y que muchas personas que han estado o que se
encuentran ahora mismo en un ERTE, o que han recibido y percibido el
ingreso mínimo vital, se vean obligadas a hacer la declaración de la
renta o a tener que pagar una cantidad que muchos y muchas de ellas no
pueden asumir. Y ese es el objetivo de la enmienda que presenta mi
partido, la Agrupación Socialista Gomera. En un momento excepcional como
el que estamos viviendo, con una tasa de paro inasumible y con millones
de personas en las colas del hambre, tenemos entre todos y todas que
buscar soluciones para ofrecer una salida a quienes más lo
necesitan.


Nosotros esperamos que esta enmienda sea aprobada y
que esta iniciativa también sea aprobada por esta Cámara, para ofrecer a
aquellos y aquellas que lo necesiten un hilo de esperanza, para que
confíen en que el Gobierno termine reconociendo y aprobando esta
situación tan sangrante que necesariamente requiere de una solución
excepcional. Señorías, si no queremos que nadie se quede atrás, tenemos
que ser consecuentes. Y en la Agrupación Socialista Gomera, en
coherencia, y siendo consecuentes con lo que hemos defendido siempre,
vamos a apoyar esta enmienda y esta moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Cepeda García de León.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, salgo a hablar en nombre del Grupo
Socialista para defender esta enmienda, una enmienda sobre un tema que
efectivamente nos importa mucho: la situación de los ERTE, la situación
de los trabajadores. Lo que pasa es que, después de escucharle, señor
Barreiro, déjeme que le diga que le veo anclado en un Partido Popular
distinto, en un partido donde los conservadores tenían cierta noción del
concepto de la derecha europea. Pero es que ese Partido Popular ya no
existe, señor Barreiro, lo siento mucho. Hoy estamos ante un Partido
Popular que es el de la señora Ayuso, el Partido Popular que realmente
quiere no defender a los trabajadores, sino defender no se sabe muy bien
qué conceptos, como ha dicho esta mañana en Telemadrid, donde ella misma
ha sido capaz de decir que el empleo es salud. No, hombre, no, sin salud
no hay empleo. ¡Cómo que el empleo es salud! (Aplausos). Primero habrá
que tener salud para poder tener empleo.


Pero esto es algo a lo que el Partido Popular nos
tiene acostumbrados. El Partido Popular, lamentablemente, está en las
antípodas de la sensatez. Han intentado hacer un Maroto en Madrid con el
señor Toni Cantó y no les ha salido. (Aplausos). Fíjese usted, aquí
tenemos al señor Maroto, el senador vasco de Sotosalbos, y han intentado
hacer un señor Maroto con el señor Toni Cantó en Madrid y no les ha
salido.


Por eso le digo, señor Barreiro, que usted forma
parte de otro Partido Popular, un Partido Popular al que se le llena la
boca de hablar de libertad y hoy, un 14 de abril, de verdad, ¿van a
seguir hablándonos de libertad, cuando por primera vez quieren traer a
las instituciones madrileñas a los que nos quitaron la libertad durante
cuarenta años en este país? (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señoría, a la cuestión.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Porque ¿para qué
han convocado elecciones en Madrid? ¿Sabe para qué han convocado
elecciones en Madrid? Precisamente para eso: para que la ultraderecha,
por primera vez, hablando de la defensa de los ERTE y hablando de la
defensa de los trabajadores, ocupen las instituciones madrileñas. Y
frente a eso, déjeme que le diga, señor Barreiro, que nosotros vamos a
estar radicalmente enfrente, porque tenemos otro concepto bien distinto
de la libertad. Ustedes defienden la libertad como privilegio de algunos
y nosotros defendemos la libertad como derecho de todos. Eso es lo que
nos diferencia: el concepto de libertad de ustedes y el de nosotros.
Ustedes defienden la libertad para elegir solamente a aquellos que pueden
y nosotros queremos la libertad como un derecho para que todos puedan
elegir, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señoría, no digreda.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Ustedes hablan de
la libertad para desmantelar lo público, por mucho que vengan ahora aquí
a hacer una simulación y digan que se preocupan de los trabajadores, de
la gente con rentas más bajas; ellos son los que más están sufriendo,
realmente, los efectos del desmantelamiento de lo público, como han hecho
en Madrid durante años, desmantelando la sanidad, la educación, los
servicios sociales y haciendo de las residencias de ancianos un negocio,
un negocio. (Aplausos). Eso lo que han hecho ustedes en Madrid.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señoría, a la cuestión.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Por lo tanto, si me
permite, nosotros vamos a seguir defendiendo esa otra libertad, la
libertad de la gente más humilde, la libertad, realmente, de los
trabajadores y lo vamos a hacer como sabemos hacer, desde esta tribuna,
desde estos micrófonos, con sosiego, con mesura, con tranquilidad
(Rumores). Sí, sí, yo sé que les duele. (Aplausos). Yo sé que les duele
que les hable así, pero ¿sabe lo que le digo a la derecha? Que nosotros
les vamos a hablar de libertad donde más les duele, con fuerza y con
contundencia, y es intentando evitar el próximo 4 de mayo que ustedes
ocupen con la ultraderecha las instituciones madrileñas. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señoría, a la cuestión.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Es así como vamos a
conseguir que la libertad, realmente, vuelva a Madrid. (Aplausos).


Por lo tanto, señor Barreiro, le agradezco su
iniciativa, le agradezco esta moción, le agradezco que se preocupe de los
trabajadores, pero nosotros vamos a defender la libertad de la gente más
humilde para que, realmente, cuanto antes puedan tener un puesto de
trabajo, no como han hecho ustedes en Madrid durante estos últimos
veinticinco años, que han destrozado todo el tejido productivo de toda
España.


Muchas gracias. (Rumores.— Aplausos de los
señores senadores del Grupo Socialista puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la
palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, el senador
Barreiro, para que manifieste si acepta o no las enmiendas presentadas
por los grupos parlamentarios.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, en primer lugar, señora presidenta, voy a
ir a lo que nos ocupa y luego haré alguna reflexión sobre la interesante
intervención del senador Heredia.


En relación con las enmiendas que aquí se han
presentado, yo creo que, efectivamente algunas de ellas —y
agradezco su presentación— contribuyen a lo que yo decía al
principio, a tratar de conseguir un mayor nivel de concreción sobre la
moción inicial. Y, en ese sentido, nosotros vamos a aceptar la enmienda
presentada por Coalición Canaria, porque me parece que va en esa
dirección y, además, porque recoge el sentir claro de lo que hemos
apoyado en la comisión hace quince días, es decir, no estamos haciendo
nada nuevo sino mantener la coherencia.


Respecto a la enmienda que presenta Izquierda
Confederal, no es que no queramos aceptarla, es que yo creo que se ve
perfectamente recogida en la enmienda anterior. Por lo tanto, estaríamos
ante un proceso de duplicación, y si usted lee las dos enmiendas verá que
va un poco más allá la enmienda de Coalición Canaria. Por lo tanto, no lo
interprete como una falta de valoración hacia su enmienda, más bien todo
lo contrario, sino que creemos que completa más —y lo comprobará
usted tras su lectura— la enmienda de Coalición Canaria, y por eso,
dado que se trata de una enmienda de adición, la aceptaremos.


La enmienda socialista, de la cual no se habló, por
supuesto, lo que hace es un brindis al sol y, en consecuencia, no aporta
nada para resolver el problema. Pero, claro, lo importante no es la
enmienda, no son los ERTE, lo importante es la señora Ayuso. En su
momento, el señor Sánchez dijo aquello tan conocido, y no sé si
reconocido, de que él no podría dormir si en algún momento el señor
Iglesias estuviese en el Gobierno. Bueno, esa parte la ha superado,
porque el señor Iglesias se ha ido del Gobierno, pero ya veo que va a
tener que continuar sin poder dormir por culpa de la señora Ayuso, porque
la señora Ayuso va a ser de nuevo, va a continuar siendo la presidenta de
la Comunidad de Madrid. (Aplausos).


Y, claro, esto para ustedes se ha convertido en un
auténtico quebradero de cabeza y, permítame que lo diga, en una falta de
respeto. Yo creo que es una falta de respeto, en primer lugar, a la
señora Ayuso y, en segundo lugar, a esta Cámara la intervención que usted
ha hecho. Yo no sé si usted forma parte de la candidatura del Partido
Socialista de Madrid, si no es así, es que está haciendo méritos para que
le proporcionen algún tipo de cargo en el supuesto, que no se va a dar,
de que el Partido Socialista tuviese alguna capacidad de gobierno aquí,
en Madrid, porque no es de recibo que estemos debatiendo sobre un tema
tan grave, sobre un tema tan trascendental para miles y miles de familias
y se suba aquí a hacer un mitin electoral. (Aplausos). Esto no es de
recibo, no lo es. De verdad, yo le tengo a usted, señor Heredia, por una
persona seria, así que reflexione sobre la intervención que ha hecho
aquí, por el momento en que la ha hecho y por lo que estábamos
debatiendo. Yo no voy a entrar en si tienen que llamarle a la cuestión o
no, me da exactamente igual, pero usted ha faltado al respeto a miles de
familias que están en una situación crítica y que lo que quieren es que
usted y yo trabajemos para dar una solución. Pero usted ha venido aquí,
¿a qué?, a ocuparse de lo suyo y a hacer un mitin. Eso no se puede
admitir. Yo, al menos, desde el punto de vista político, no lo
admito.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno de portavoces, tiene la palabra, en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto el senador
González-Robatto Perote. (Rumores).


Silencio, por favor, que va a intervenir el
senador.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


Entiendo que estamos en la moción de los ERTE, ¿no?
En Vox nos unimos, lógicamente, a medidas de flexibilidad a la hora de
afrontar las consecuencias fiscales para los ERTE, pero, señorías, hay
todavía cerca de 900 000 personas en ERTE; hubo más de tres millones en
el confinamiento, pero en julio las cifras permanecen en niveles cercanos
al millón y no bajan, y lo que debería ser un mecanismo temporal tiene
los visos desgraciados de convertirse en estructural, a niveles
insoportables. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio, porque
está interviniendo un orador.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Las señales de
alarma de la pérdida de efectividad de los ERTE a la hora de incorporarse
al mercado laboral activo que ha publicado el Banco de España les debería
hacerse preguntarse qué más puede hacerse, más allá de ir renovando
indefinidamente. Pero sí, ya ha anunciado el Gobierno lo único que sabe,
que prorrogará los ERTE durante todo 2021, con un coste de más de 26 000
millones de euros, más de un 2 % del PIB, lo que da idea del problemón
desde el punto de vista presupuestario. Ya hemos dicho que los ERTE, ante
una situación excepcional, son ajustes temporales necesarios para evitar
situaciones dramáticas consecuencia de una crisis excepcional, como la
derivada de la pandemia, pero, siendo necesarios, no olvidemos que son
ajustes temporales, que deberían ser gestionados proactivamente para que
no se conviertan en estructural, cosa que no están haciendo ninguno de
ustedes. No servirá que maquillen las cifras, como hacen ustedes, jugando
con los inactivos, en formación y ahora con los ERTE; los niveles de
empleo de España son los más bajos de los de nuestro entorno y, con ERTE
y sin ERTE, el Gobierno debe ir más allá en el empleo para eliminar
aquellos de los déficits públicos.


Se deben acometer reformas estructurales
consensuadas y ambiciosas y poner todos los medios para atraer
inversiones y crear oportunidades, para afrontar de una vez la terrible
situación de paro en España. Ustedes están haciendo todo lo contrario.
Hay más de 4 millones de españoles parados, y 2,3 son mujeres, lo digo
por si acaso a ustedes les preocupa, y van en aumento con sus políticas
pseudofeministas. Son 4 millones, señorías, sin contar con el casi un
millón en ERTE. El paro está aumentando a un 23 % interanual, más
de 700 000 personas han perdido definitivamente el empleo en los últimos
doce meses. Son cifras de finales de febrero de 2021. Tenemos las cifras
de paro más altas de toda la Unión Europea y ustedes están en el
Gobierno, pero no les avergüenza. ¿No se dan cuenta de que es un problema
extremadamente grave para toda la sociedad como para que venga el senador
socialista a echar cosas en cara al señor del Partido Popular, cuando lo
que tienen es que centrarse en solucionar este, que es el problema más
grave que tenemos?


Lo que constatamos con este Gobierno
socialcomunista es la total ausencia de planes serios, aparte de aumentar
el déficit, algo con pies y cabeza. Sinceramente, prorrogar los ERTE es
más sencillo, pero todos sabemos que no es una solución sostenible, y más
con los terribles datos de déficit y deuda. Les recuerdo que en 2020 han
gastado más de 123 000 millones de lo que se ingresó, un déficit
del 11 %, y que la deuda pública ha roto el récord de 120 %. Ustedes
saben muy bien gobernar con dinero de otros. Es suficientemente alarmante
como para no acometer reformas estructurales de forma transversal,
ahorrarse todos los chiringuitos y todos los ministerios que no valen
para absolutamente nada; hay que acometer las reformas necesarias. Es
obvio para todos que, si no se acometen estas reformas estructurales en
el mercado laboral, seguiremos arrastrando desequilibrios, cifras de
paro, subempleo y temporalidad inaceptable y más con nuestra débil
situación patrimonial. Pues bien, ¿qué se le ocurre hacer al Gobierno?
Pues absolutamente nada: globo sonda para reformar la ley laboral, sin
ningún objetivo para aumentar el empleo, y total ausencia de planes y
diálogos transversales, incorporando expertos de todas las tendencias.
¿Por qué no aprenden de otros países? Tienen esa suerte, que tienen
países al lado que lo están haciendo bien; tienen muchos países y ustedes
son los peores. ¿Por qué no aprenden y aplican las políticas que fomenten
formación y empleabilidad y aborden el inadmisible paro juvenil? Casi uno
de cada dos jóvenes está en el paro. ¿Es tan difícil dialogar y llegar a
planes serios? ¿No es el problema suficientemente grave para que ustedes
intenten abordarlo? España no puede permitirse las cifras de paro y
precariedad desbocadas. Cuando Vox esté en posición de influir en los
Gobiernos, la situación, sin duda, cambiará, y esto cada vez lo saben más
españoles y por eso seguimos subiendo, ante la manifiesta incapacidad del
Gobierno.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Menudo espectáculo, cómo se nota que cada vez se
acercan ustedes más a los populismos.


En fin, la actual campaña de renta va a ser letal
para muchos contribuyentes, especialmente para los que se encuentran en
situación de ERTE, y es así, primero, porque el SEPE ha pagado las
cuantías sin someterlas a retención, por el propio mecanismo del
impuesto, y, segundo, porque el SEPE se considera un segundo pagador. Por
ello, miles de contribuyentes se van a ver abocados a soportar el pago de
un IRPF al que, muy probablemente, no van a poder hacer frente y con el
que no contaban, aunque, obviamente, corresponda su pago. Esta situación
va a perjudicar a cientos de miles de familias que viven al día y que van
a tener serias dificultades para afrontar un pago que no entraba en sus
previsiones. Esta es la realidad de nuestro país.


Para evitar esta situación se podrían haber tomado
diferentes soluciones, como posponer el ingreso en concepto de IRPF a las
personas en esta situación durante un periodo de seis meses, como ya
propusimos en Ciudadanos; considerar el SEPE una extensión del primer
pagador para que las retenciones se hubieran practicado correctamente
desde el principio y ahora los contribuyentes no tuvieran que devolver
grandes importes a la Hacienda pública; fraccionar la cuota que resulte a
pagar en estas situaciones. Es cierto que hace unos días, al ver que la
gente se le echaba encima, el Gobierno reculó y anunció que aprobaría una
orden para ampliar los plazos de ingresos y fraccionar hasta en seis
meses sin intereses el pago de las cuotas por IRPF a estos contribuyentes
que se han visto afectados por un ERTE. Sin embargo, nos sorprende que en
la interpelación previa a esta moción, hace apenas tres semanas, la
ministra Montero no reconociera ni tan siquiera el problema; se limitó a
decir que los trabajadores en ERTE no iban a pagar ni un euro más de lo
que les correspondía. Pues claro, pero es que aquí el problema no es que
fueran a pagar más, sino que tenían que pagarlo todo junto y, además, sin
haber previsto el gasto. Muchas familias españolas, señorías, no llegan a
final de mes, pero parece que ustedes no lo saben.


Agradecemos de verdad que alguien del ministerio le
abriera los ojos a la señora ministra y le hiciera ver el enorme problema
que se avecina para muchas familias y que, finalmente, se adoptara la
solución de fraccionar los pagos. El Gobierno, señorías, llega, como
siempre, tarde y a regañadientes, y es que este Gobierno parece que solo
acierta cuando rectifica, pero hay algo en lo que el Gobierno no está
sabiendo reaccionar, y aprovechamos para ver si rectifican. Me refiero a
la situación en la que se encuentran las madres trabajadoras sometidas a
un ERTE, porque la situación de suspensión de contrato en la que se
encuentran los afectados por un ERTE supone que dejen de cumplirse los
requisitos que dan derecho a la deducción por maternidad, por lo que se
les está negando ese derecho. Señorías, sinceramente, no pensamos que sea
el momento idóneo para suspender derechos precisamente a aquellas madres
trabajadoras que se hayan podido ver afectadas por una situación de
ERTE.


En Ciudadanos nos planteamos objeciones entre lo
que dice el Gobierno y, finalmente, el modo en el que actúa. La situación
de ERTE implica la suspensión de un contrato de trabajo, pero no implica
su extinción. El real decreto ley que se aprobó al inicio de la pandemia
establece la consideración como periodo efectivamente cotizado a todos
los efectos, el periodo en el que el trabajador se encuentra en situación
de ERTE. Así también, de forma rotunda, lo manifestaba de hecho la
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al comienzo de la pandemia, afirmando
que los ERTE suponen una principal medida, que no es despedir a nadie, ya
que las personas que están en ERTE están de alta y el ERTE tiene un
compromiso de permanencia en la empresa. Son palabras textuales de la
ministra. Luego, ¿considera el Gobierno que las personas que perciben una
prestación por desempleo derivado de un ERTE son personas que han visto
extinguido su contrato de trabajo? Porque si es así, ¿por qué manifiesta
lo contrario la ministra de Trabajo? Y si no es así, ¿por qué se les está
negando entonces a las madres trabajadoras el derecho a cobrar la
deducción por maternidad? El Gobierno tiene que adoptar soluciones para
no restringir los derechos de las madres trabajadoras. Apoyen, por favor,
a la mujer, apoyen su inserción laboral tras ser madres y empiecen a ser
parte de la solución y no parte del problema.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
intervendrá el senador Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Gracias, señora
presidenta.


Yo, la verdad es que me niego, me niego a que esta
Cámara, en un asunto de tanta sensibilidad y que afecta a tantas miles de
personas, que, insisto, se van a ver en la necesidad de dejar de pagar el
alquiler, el agua, la luz o de comer para poder hacer frente a un pago de
Hacienda, lance un mensaje de tanta insensibilidad y, desde luego, y de
tanta lejanía de los problemas reales de la gente como el que parece que
hoy se está lanzando aquí. Creo que si queremos dignificar la acción
política tenemos que empezar por nosotros mismos y me parece de una
frivolidad absoluta, de una falta de respeto, pero inédita, cómo se ha
hablado en esta tribuna ante un problema tan grave que afecta, insisto, a
miles de personas que lo están pasando mal y que no son precisamente
pudientes y que naden en la abundancia de los recursos. (Aplausos). Si
hay asuntos para los que la política tiene que ser una solución, este es
uno.


Yo me niego a creer que en las filas del Partido
Socialista se quiera perjudicar conscientemente a personas que ganan 1000
o 1100 euros al mes. Luego, lancemos un mensaje, porque es un error, es
un error que podemos cometer todos. Las circunstancias de la pandemia nos
cogieron a todos con el pie cambiado; se articularon los ERTE y se podía
haber arreglado, pero arreglemos el problema, porque es que en el 2021
vamos a volver a tener el mismo problema, porque los ERTE se han
extendido, y cuando venga la campaña de la declaración de la renta
del 2021 volveremos a tener el problema del segundo pagador. ¿Y qué vamos
a hacer entonces? ¿Volveremos a cometer el mismo error? O no, entonces sí
lo corregimos porque ya no hay campaña electoral. ¿Y qué hacemos con
todos aquellos que en el 2020 lo han tenido que pagar? De verdad, no es
un tema de ideología, no es un tema de ganar o perder, es un tema de
hacer justicia y, en el caso de Canarias, que es el que yo me he
estudiado en profundidad, es absolutamente impensable que, con una caída
del 20 %, de casi 10 000 millones de euros, Hacienda vaya a recaudar 23
millones de euros más que en el 2019, cuando teníamos 47 000 millones de
euros de producto interior bruto, y nos hemos quedado en 34 000. Luego
lancemos el mensaje de que se puede corregir, estoy convencido de que hay
decretos de contenido económico con los que se va a poder corregir y que
no va a ser un drama para las arcas de recaudación del Estado y que va a
suponer un alivio para esas familias que no saben qué hacer con sus
hijos.


Luego, yo les pediría aquí —y no quiero
agotar el tiempo, señora presidenta— que, por favor, reflexionemos,
porque a mí me daría mucha vergüenza que gente que esté siguiendo esta
sesión o que la pueda ver en el futuro, con lo que está pasando en sus
hogares, hayan visto el espectáculo, y lo voy a decir en primera persona
del plural, que hemos estado ofreciendo en esta Cámara en el día de hoy a
aquellos que no saben si van a poder dar de comer a sus hijos, o si
tienen que ir a un banco de alimentos o a la parroquia de turno de
Cáritas para que les den los pañales de sus hijos o la comida con que
alimentarse. Me parece que el espectáculo que hemos dado es lamentable y
espero que se corrija en las siguientes intervenciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Intervendrá algún otro senador por el Grupo
Nacionalista? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
intervendrá el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Tengo que reconocer que le estamos poniendo el
trabajo difícil a la presidenta estos días y se debe al 4 de mayo, esa es
la explicación de estos debates y del tono de algunos de los que estamos
teniendo. Señorías, hoy en nuestro grupo falta nuestro compañero Edu
porque a las dieciséis horas, en Todo es mentira, hay un debate de
jóvenes sobre la política de Madrid, y es allí donde se tienen que
debatir las ideas de la política de Madrid y no en esta Cámara. Aquí
tenemos que debatir las mociones que nos ocupan. (Aplausos). Ya que
estamos, aprovecho este minuto: suerte al compañero Edu, que le vaya muy
bien en ese debate, y espero que no aprendan nada de las formas de esta
Cámara.


Volviendo al tema, yo, señorías, soy un gestor o un
político extraño, vengo de la política real, formo parte de esa gente que
por accidente acaba en política y es gestor de un ayuntamiento. Llevé
áreas tan diversas como juventud y hacienda y tuve que aprender. Y como
suele decirse, cuando el tren ya está en marcha es difícil cambiarse. No
sé si ustedes saben que ya se ha puesto en marcha la declaración de
Hacienda, que los contribuyentes ya están pagando y que, de hecho, ya han
recibido las devoluciones. Por tanto, estamos discutiendo una cosa a toro
pasado. Creo que eso nos genera conflictos y genera, especialmente,
angunia, en catalán sería angunia. Genera malestar, genera no saber amb
precisió el què està passant, genera confusió. Els ERTE han estat un gran
instrument, però ara mateix la desesperació per si es cobrava o no, per
si passava una cosa o un altre, tot això genera malestar, i problemes que
veurem en un futur de salut mental. I ara només falta que arribin vostès
a fer aquests discursos de vostès no paguin perquè no els toca per una
cosa o altre, i generin més caos.


Crec que podem debatre, i crec que el Partit
Popular, si vol dur una moció amb un instrument com aquest perquè creu
que es produeix una injustícia, ho poden fer.






Se suposa que el Partit
Popular és un partit de Govern, un partit que té experiència, que té
tècnics d’Hisenda, per tant, pot fer propostes concretes,
realistes, de com solucionar, o no, aquest possible problema, però no amb
una moció que no diu res, amb una moció buida, amb una moció que fa un
brindis al sol i que després s’utilitza per fer demagògia aquí
damunt. Perquè si parlem d’ajuts, haurem de parlar de tots, és a
dir, si parlem de l’efecte dels ERTE, perquè no parlem de
l’efecte de l’atur? Evidentment, jo he tingut contractes de
tres o quatre mesos que et retenen un 2 %, després vas a l’atur,
tens dos pagadors i has de fer la declaració d’Hisenda. Això no hem
d’avaluar? O no hem d’avaluar els efectes que tenen els ajuts
agraris i les rendes dels pagesos, que després també reben ajuts i han de
pagar per aquests ajuts, o de la dependència, o d’altres models. Si
no volen fer demagògia i volen fer una proposta, crec que és un debat
molt més ampli, i això és el que hem de proposar al Partit Socialista,
aquesta revisió dels efectes que els ajuts públics no es vegin després
penalitzats amb els temes fiscals, és un debat molt més ampli i molt més
sensat del que estem tenint aquí.


Però bé esta poder tenir debat damunt els ERTE, bé
està, perquè vol dir que han existit, i vol dir que molta gent ha pogut
sobreviure, i vol dir que moltes empreses s’han pogut adaptar, és
fantàstic poder debatre sobre els ERTE, i és fantàstic que estiguin
durant, perquè pensaven que serien necessaris per un parell de mesos, i
hem de dir que han durat molt més de l’esperat, i he de demanar que
durin tot el necessari perquè a les Illes Balears han salvat a moltes
famílies, han salvat a moltes empreses, i encara els han de menester,
fins acabar l’any, i estaria content de venir la propera setmana
aquí i dir: «que acabin els ERTE perquè ja no són necessaris», però és un
instrument que ha estat vàlid, a diferencia de l’anterior crisi,
que es va rescatar la Banca, que la crisi social la vàrem pagar els
ciutadans, en aquesta s’han ajudat i això ho hem de posar en valor
i jo he estat crític en la gestió d’aquests ERTE, però el que no
podem fer és criticar-ho tot i no donar alternatives.


Per tant, els convido, senyors del Partit Popular,
vostès que tenen molt de quota de presentar mocions en aquest Senat, a
presentar una moció concreta, a no fer una carta als Reis Mags, dient una
cosa que o diu res i que fàcilment el senador del Partit Socialista els
hagués pogut contestar que lo de flexibilitzar ja ho han fet amb
l’aplaçament de sis pagaments, per tant crec que vostès se’ls
ha de demanar una mica més, són casi cent senadors, crec que es poden
esforçar i fer una moció molt més concreta.


Moltes gràcies.


... no saber con precisión lo que está pasando,
genera confusión. Los ERTE han sido un gran instrumento, pero ahora mismo
la desesperación de los ERTE, por si se cobraba o no se cobraba, por si
pasaba una cosa u otra, todo esto, genera malestar y ya veremos en el
futuro si problemas de salud mental. Solo falta que lleguen ustedes con
estos discursos de que no paguen porque no les toca y generen más
caos.


Creo que podemos debatir y creo que el Grupo
Popular, si quiere traer una moción con un instrumento concreto, porque
cree que se produce una injusticia, puede hacerlo. Se supone que el
Partido Popular es un partido de Gobierno, un partido que tiene
experiencia, que tiene técnicos en Hacienda y, por tanto, puede hacer
propuestas concretas y realistas sobre cómo solucionar o no este posible
problema. Pero eso no se hace con una moción que no dice nada, vacía, que
hace un brindis al sol y que después se utiliza para hacer demagogia
aquí, porque si hablamos de ayudas tendremos que hablar de todas. Si
hablamos del efecto de los ERTE, ¿por qué no hablamos del efecto del
paro? Yo he tenido contratos de tres o cuatro meses y te retienen un 2 %,
luego vas al paro y entonces tienes dos pagadores y te corresponde hacer
la declaración de Hacienda. Esto tenemos que valorarlo. ¿Y los efectos
que tienen las ayudas agrarias y las rentas de los campesinos?, que
también reciben ayudas y luego han de pagar por estas ayudas. ¿Y la
dependencia y otros modelos? Si no quieren hacer demagogia y quieren
hacer una propuesta, se necesita un debate mucho más amplio, y esto es lo
que ha de proponer el Partido Socialista, estas reflexiones, a los
efectos de que las ayudas públicas no se vean luego penalizadas con temas
fiscales. Hace falta un debate mucho más amplio y mucho más sensato del
que estamos teniendo aquí.


Pero está bien poder tener debates los ERTE, está
bien porque quiere decir que han existido y significa que mucha gente ha
podido sobrevivir y que muchas empresas se han podido adaptar. Es
fantástico poder debatir sobre esto, y es fantástico que se estén
alargando, porque pensábamos que serían solo un par de meses y se han
alargado mucho más de lo esperado. Tenemos que pedir que se alarguen todo
lo necesario, porque en las Islas Baleares han salvado a muchas familias
y empresas, los necesitamos y los necesitaremos hasta acabar el año.
Estaría muy contento si la próxima semana pudiera venir aquí a decir: que
acaben los ERTE porque ya no son necesarios. Pero han sido un instrumento
válido. A diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, que se
rescató a la banca y que la crisis social la pagamos los ciudadanos, en
esta se ha ayudado, y esto hay que ponerlo en valor. He sido crítico con
la gestión de estos ERTE, pero lo que no se puede hacer es criticarlo
todo y no dar alternativas.


Por tanto, les invito, señores del Partido Popular,
a ustedes, que tienen mucha culpa de presentar mociones en este Senado, a
presentar una moción concreta, no a hacer la carta a los Reyes Magos
diciendo algo que no dice nada porque, fácilmente, el senador del Partido
Socialista hubiera podido decir que lo de flexibilizar ya lo han hecho
con el aplazamiento de seis pagos. Por eso, creo que a ustedes se les
tiene que pedir un poco más. Son casi, casi cien senadores, creo que se
pueden esforzar y hacer una moción mucho más concreta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño.


Antes de fijar la posición de nuestro grupo, quiero
recordar en esta Cámara algo que ya conocen, y es que, en virtud del
concierto y del convenio, los territorios forales de Vizcaya, Álava,
Guipúzcoa y Nafarroa, a través de sus juntas generales o del Parlamento
foral, disponen de capacidad normativa en el ámbito tributario. El
impuesto de renta de las personas físicas es un tributo concertado de
normativa propia.


Como conocen, es costumbre de nuestro grupo no
intervenir ni adentrarnos en debates tributarios cuando estos, como digo,
son de normativa propia y lo hacemos por estricto respeto competencial y
de no intromisión. Pero voy a hacer una apreciación. La moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular propone adoptar las medidas
necesarias que facilitan a los trabajadores en ERTE el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, una medida nada concreta, que no proponía nada
hasta la aceptación de la enmienda. Además, a nuestro entender, estamos
debatiendo una moción extemporánea, ya que cualquier modificación que se
quisiera hacer en relación con la renta del ejercicio 2020 no se puede
hacer en este momento, en que la campaña ya se ha iniciado. Por seguridad
jurídica, las modificaciones deberían ser aprobadas antes del inicio de
la campaña de la renta, salvo aquellas que hablen de facilitar el pago
que, en todo caso, las administraciones tributarias están obligadas a
tomar para facilitar la labor de sus tributados. En nuestro caso, en el
ámbito de nuestras competencias, hemos tomado distintas medidas, entre
ellas, aumentar los umbrales de tributación de 12 000 a 14 000 a 20 000
con el límite de 2000 euros en el segundo pagador.


Se ha declarado exento el ingreso mínimo vital,
como lo ha sido hasta ahora la renta de garantía de ingresos. Estas
medidas, además, se han tomado analizando los datos desagregados por
género. Hablaríamos de brecha de género porque son mujeres quienes se
encuentran en estas rentas más bajas y es justo que se beneficien también
de estos nuevos umbrales. No podemos decir que son las mujeres quienes
están más sobrerrepresentadas por los sectores más afectados por la
crisis y, luego, no tomar ninguna medida, en este caso, fiscal.


Creemos en el empoderamiento de los y las
contribuyentes porque serán quienes reciban, en sus viviendas, la
propuesta de declaración y decidirán, por ejemplo quienes no tienen
obligación de declarar, que pueden aceptarla y, además, podrán recibir la
devolución de retenciones practicadas. Lo que no podemos hacer es ni
falsear ni generar falsas expectativas. Es cierto que, además de las
medidas fiscales, a nuestro entender, las entidades locales y comunidades
autónomas deberían haber habilitado, por el lado del gasto, ayudas de
tipo social, por lo menos, en nuestra comunidad así lo hemos hecho. En
todo caso, estas son algunas de las innumerables medidas que solemos
tener en Euskadi, en el ámbito de las competencias propias, y entendemos,
por respeto institucional, que otras administraciones, en el ámbito de
sus competencias, tomen otras en función de los datos y objetivos que
persigan, motivo por el que, en definitiva, nos abstendremos en esta
iniciativa.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies presidenta


Senadors del Partit Popular, la veritat és que el
Partit d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, compartim el
gruix de la problemàtica que vostè ha expressat aquí. Deixi’m fer
de totes maneres una reflexió i explicar una mesura concreta. La primera
reflexió és que crec que en el debat hem perdut una oportunitat per
entrar en el fons de la qüestió. Cal saber reconèixer que el fenomen del
doble pagador té molt a veure amb la precarietat laboral, té a veure amb
contractes temporals amb retribucions baixes, amb situacions de
desocupació i amb feines a temps parcial. El que acaba passant és que
això genera una situació de discriminació entre contribuents que tenen un
mateix nivell d’ingressos i que es veuen obligats a fer la
declaració. En aquest sentit, nosaltres trobem a faltar en la seva moció
mesures concretes, i això és el què explicaré. La Generalitat de
Catalunya, a través del Decret Llei 36/2000, va aprovar una mesura que
feia una deducció autonòmica i que el IRPF el diferencial entre la quota
única autonòmica i la quota íntegra estatal, sempre i quan aquesta fos
positiva. Això beneficiarà unes 250 000 persones, i tindrà una
repercussió amb forma de reducció d’ingressos a la Generalitat en
els pressupostos de 2022, d’un 16,3 milions d’euros.


Per tots aquests motius, i compartint bona part del
gruix de la problemàtica que vostè ha explicat, ens abstindrem a la
moció.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Senador del Partido Popular, la verdad es que en el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
compartimos la problemática que usted ha expresado aquí. Déjeme, de todos
modos, hacer una reflexión y explicar una medida concreta. La primera
reflexión es que creo que en el debate hemos perdido una oportunidad para
entrar en el fondo de la cuestión. Es necesario saber reconocer que el
fenómeno del doble pagador tiene mucho que ver con la precariedad
laboral, tiene que ver con contratos temporales con retribuciones bajas,
con situaciones de paro y con trabajos a tiempo parcial. Lo que acaba
ocurriendo es que genera una situación de discriminación entre
contribuyentes que tienen un mismo nivel de ingresos y que se ven
obligados a hacer la declaración. En este sentido, echamos en falta en su
moción medidas concretas y esto es lo que explicaré. La Generalitat de
Catalunya, a través del Decreto Ley 36/2000, aprobó una medida que
permitía una deducción autonómica en el IRPF, es decir, el diferencial
entre la cuota íntegra autonómica y la cuota íntegra estatal, siempre y
cuando esta fuese positiva. Esto beneficiará a unas 250 000 personas y
tendrá una repercusión, en forma de reducción de ingresos de la
Generalitat en el presupuesto de 2022, de 16,3 millones de euros.


Por todos estos motivos, dado que compartimos buena
parte del grueso de la problemática que usted ha explicado, nos
abstendremos en esta moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Barreiro Fernández.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, permítanme empezar mi intervención
pidiendo disculpas al senador Cepeda, pero si habla con su compañero, el
senador Heredia, entenderá el porqué de la confusión que, en todo caso,
es imperdonable por mi parte. No obedece, obviamente, a una confusión
física, sino a cuestiones que luego le podrá explicar su compañero.


Se nos ha criticado, y puede que con alguna razón,
la generalidad de la enmienda. Yo intenté explicarlo, por lo que veo, con
no demasiada fortuna, al principio de mi intervención. Decía, y vuelvo a
reiterarlo, que esta moción deriva de un debate en el que hemos expuesto
una serie de razones en la interpelación que pretendía ser un marco de
salida, un marco que permitiese, a través del propio debate
parlamentario, llegar a una posición de conjunto. Obviamente, si partimos
de una posición cerrada, seguramente dificultaríamos mucho llegar a esa
posición de acuerdo; esa es la única razón. Podíamos haber puesto un
mayor nivel de concreción. Yo decía que las propias enmiendas, como luego
he manifestado en el turno de posicionamiento sobre las mismas, pueden
contribuir a que se alcance ese nivel de concreción. En todo caso, la
única razón era esta.


Segunda reflexión que ha salido aquí y que me
parece interesante también tratar de aclarar o de matizar: si estamos o
no estamos a tiempo. A mí no me parece lógico que en una Cámara política
renunciemos de antemano a la resolución de un problema porque entendemos
que ya no tenemos tiempo. No, no, tenemos todo el tiempo que queramos.
Tenemos todo el tiempo que queramos y tenemos marco legal para poder
hacerlo, lo que nos puede faltar es voluntad política, pero cada uno
tiene que ser responsable de ese posicionamiento. Nosotros, a estas
alturas, tenemos la capacidad, como Cámara, de instar al Gobierno y de
contribuir con el Gobierno a buscar fórmulas que se adecuen para resolver
este problema. Si a priori renunciamos a ello, yo creo que el mensaje,
como muy bien decía el señor Clavijo, que estamos trasladando a las
personas que están afectadas, desde mi punto de vista, es muy pobre y
que, en todo caso, no nos exonera de la responsabilidad que tenemos como
representantes de la sociedad española.


La tercera reflexión, que ha hecho el portavoz de
Esquerra, y coincido básicamente con él, es la razón de ser o el papel
del segundo pagador. Efectivamente, yo creo que arranca de esa posición
que usted ha descrito, pero yo estoy plenamente convencido, sin un
conocimiento objetivo del asunto, ya lo adelanto, porque yo no participé,
en su día, en la elaboración del Reglamento del IRPF, de que en la
voluntad del legislador, cuando desarrolla esa figura dentro del
reglamento, no estaba la consideración de una circunstancia como esta,
que es total y absolutamente excepcional para la aplicación del concepto
de segundo pagador. Eso creo que lo entendemos todos y seguro que todos,
al margen de nuestras diferencias, estaremos de acuerdo. Incluso la
portavoz de Ciudadanos ha dado alguna explicación convincente, en el
sentido de que no se rompe totalmente una relación laboral y, por lo
tanto, ahí podemos tener, a lo mejor, elementos con base jurídica
suficiente para tratar de resolver el problema. ¿Cuál es el asunto? El
asunto es: ¿tenemos o no tenemos voluntad política de abordar el
problema? ¿Tenemos o no tenemos sensibilidad suficiente con lo que están
sufriendo estas familias? Esto es lo que tenemos que responder porque si
no, nos estamos poniendo una careta delante para tratar de enmascarar la
posición que a cada uno le parezca más correcta y salir airosos del
asunto. Y no, no lo salimos. Sea cual sea el resultado de esta votación,
yo creo que lo importante es saber qué impresión se llevan estas personas
a la vista del interés que nosotros tengamos para intentar resolver un
problema, que también, como muy bien ha dicho el señor Clavijo, se va a
ver agravado, una vez más, cuando se liquide, el próximo año, la
declaración del año 2021. Por lo tanto, tenemos la obligación de
abordarlo. No podemos mirar para otro lado, no podemos escudarnos en la
cuestión técnico-legal del mecanismo del segundo pagador. No podemos
escudarnos en que ya está abierto el plazo para la liquidación del
impuesto. Todo eso son excusas, que lo único que demuestran es una falta
de voluntad. Por eso, yo también hacía referencia al posicionamiento que
se tuvo en la moción que se debatió hace quince días, con la abstención
del PNV y la abstención del Partido Socialista, y que ha permitido buscar
esa solución de consenso. Por tanto, si lo conseguimos hace quince días
en comisión, donde la representación es la misma que hay en el Pleno
—incluso, yo creo que era más difícil allí por el nivel de
concreción y la amplitud del problema que se trataba, un problema grave,
sangrante, el de la llamada deducción por maternidad—, si allí lo
hemos conseguido, expliquen ustedes las razones para que no se pueda
conseguir aquí. Solo las puedo entender desde el punto de vista de un
posicionamiento político que, a mi juicio, en este caso, es
inadmisible.


Por lo tanto, termino ya, señora presidenta,
señorías, reiterándoles, una vez más, una petición, un ruego. Esta no es
solo la posición del Grupo Parlamentario Popular, porque lo que se
pretende trasladar es el sentir del conjunto del Senado para solventar un
problema grave, que afecta a miles de familias que están en una posición
crítica. Si queremos, podemos hacerlo y yo añado que, además, debemos
hacerlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora
presidenta.


Gracias, señor Maroto. El Partido Popular viene hoy
aquí para hablar de los ERTE y yo se lo voy a explicar. En España, hay
ERTE porque hay un Gobierno progresista y un presidente, como Pedro
Sánchez, que ha protegido a los trabajadores y trabajadoras más que nunca
en la historia. (Aplausos). Si hoy estuviese Casado en el Gobierno, no
habría ERTE, como no los hubo con Rajoy, quien, en otra crisis, dejó
abandonados a los trabajadores sin ayudas de ningún tipo. Si hoy
estuviesen ustedes en el Gobierno, no se hablaría de los ERTE porque
nunca los habrían aprobado. El Partido Popular aprovechó una crisis para
hacer una reforma laboral que machacó a los trabajadores, les bajó el
salario y les recortó sus derechos. El PP aprovechó una crisis para bajar
la cobertura por desempleo y la cuantía de las ayudas. Miren ustedes,
cuando Rajoy llegó al Gobierno, tres de cada cuatro trabajadores tenían
cobertura por desempleo; cuando se fue, solo lo tenían uno de cada dos.
El PP salvó a los bancos, pero hundió a los trabajadores. Eso es lo que
hicieron ustedes. Y yo le voy a explicar qué está haciendo este Gobierno.
Este Gobierno ha protegido a los trabajadores por encima de la Unión
Europea. El 30 % de la población activa ha estado protegida, mientras que
en la media de la Unión Europea ha sido del 25 %. Este Gobierno ha
movilizado 140 000 millones para pymes y autónomos; ha destinado 5500
millones para el paro de los autónomos; ha aprobado 11 000 millones, 7000
de ellos para ayudas directas, fundamentalmente, para la hostelería y
para el comercio; y ha destinado 40 000 millones de euros para los ERTE,
de los cuales, más de 14 000 corresponden a protección a los
trabajadores. ¿Les parece poco?


Cada vez que el Partido Popular trae una iniciativa
de estas características de proteger a los trabajadores, lo que tendrían
que hacer, realmente, es esconderse debajo de la mesa. Lo que piden es
una iniciativa para facilitar obligaciones fiscales a los trabajadores en
ERTE. Es curioso; al Partido Popular solo le preocupa hablar de esto
cuando está en la oposición porque cuando está en el Gobierno, lo que
hace es aprobar amnistías para los grandes defraudadores de este país y
bajar los impuestos solo a los millonarios. (Aplausos). Lo que hacen,
realmente, es subirles los impuestos a los trabajadores, como hizo Rajoy.
¿O ya se han olvidado de que con Rajoy subieron cuarenta veces los
impuestos a los trabajadores y a las clases medias?


Esta propuesta que traían hoy aquí llegaba tarde
porque el Gobierno ya lo estaba haciendo. La Agencia Tributaria ha
confeccionado un documento de recomendaciones e información explicativa
para que los tres millones y medio de trabajadores que están en ERTE,
fíjense ustedes, tres millones y medio de trabajadores protegidos por los
ERTE, tuviesen información. A los que el año pasado no tuvieron que hacer
la declaración y este año sí, ya se les están enviando cartas
informativas y si la renta les salía pagar a esos declarantes, se han
fraccionado los pagos hasta en seis plazos. Señorías del Partido Popular,
no retuerzan la realidad. Los trabajadores en ERTE no van a pagar más a
Hacienda, van a pagar mucho menos que el año anterior porque,
sencillamente, han tenido menos renta. Los que el año pasado no tuvieron
que hacer declaración y este año sí, representan menos del 10 % de la
totalidad de trabajadores que han estado en ERTE. ¿Y por qué mienten,
señorías del Partido Popular? Que tengan que hacer la declaración de la
renta no significa que les salga a pagar, en muchos casos, se les va a
devolver.


Pero el PP no se sentía cómodo con la iniciativa
que trae hoy aquí y vuelve a hacer populismo y vuelven a montar un show
para tener sus cinco minutos de gloria. Señorías del Partido Popular,
¿saben ustedes que ya ha comenzado la campaña de la declaración de la
renta? ¿Saben ustedes, por cierto, que solo el primer día presentaron esa
declaración casi un millón de españoles? ¿Y ahora ustedes plantean un
cambio legislativo para la renta del año 2020? ¿Por qué no lo hicieron
hace un año? ¿O quieren que paremos la declaración de la renta en este
momento hasta que busquemos la solución que ustedes plantean? Ustedes
llegan tarde y saben que lo que plantean es pura demagogia porque a
ustedes, en realidad, les da igual los trabajadores, les da igual los
ERTE, porque fue el Partido Popular el que aprobó la más dañina reforma
laboral en la historia de este país, el que dejó tirados a los
trabajadores en un momento muy duro de una crisis, el que recortó
brutalmente la protección por desempleo. (Aplausos). No pueden darnos
ejemplos de nada. Este Gobierno ha sido el que ha protegido más a los
trabajadores en la peor crisis y lo va a seguir haciendo. Ya está
trabajando para que los ERTE se amplíen después del 31 de mayo. Termino.
Esta es la diferencia: mientras Casado predica pero no da trigo, Pedro
Sánchez protege más que nunca a los trabajadores y a las familias para
que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Señorías, esta moción, con la enmienda de adición
del Grupo Parlamentario Nacionalista, con número de registro 92122, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN
DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Proclamación de las
votaciones).


624/000004

Justicia


La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: A continuación, se
procede a proclamar los resultados de las siguientes votaciones
telemáticas: Proyectos y proposiciones de ley.


Concluido el plazo para la votación telemática,
este ha sido el resultado de las votaciones.


Propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Votos emitidos, 258; a favor, 102; en
contra, 155; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Propuesta de veto número 2, de los senadores
Marín Gascón, González-Robatto Perote y la senadora Merelo
Palomares.


Votos emitidos, 259; a favor, 99; en
contra, 160.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Señorías, no habiendo sido aprobada ninguna de
las propuestas de veto, procedemos a la proclamación de los resultados
del resto de las votaciones.


Enmiendas de los senadores don Jacobo
González-Robatto Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares, del
Grupo Parlamentario Mixto.


Enmiendas números 2 y 3.


Votos emitidos, 259; a favor, 4; en
contra, 252; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 4.


Votos emitidos, 259; a favor, 7; en
contra, 249; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Votos emitidos, 259; a favor, 104; en
contra, 151; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de la proposición de ley.


Votos emitidos, 259; a favor, 139; en
contra, 106; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3
del Código Penal. (Aplausos).










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL
CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO
DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.
(Proclamación de la votación).


622/000011

GPIC


La señora presidenta lee el punto 8.1.1.


La señora PRESIDENTA: Resultado de las
votaciones telemáticas en consideración de la proposición de ley.


Votos emitidos, 253; a favor, 251;
abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECHAZA LA
PRÁCTICA DEL TRANSFUGUISMO PARLAMENTARIO E INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR
GARANTIZANDO E IMPULSANDO EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO.


662/000060

GPS


La señora presidenta lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han
presentado cuatro enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una
por iniciativa del senador Catalán Higueras y una por iniciativa del
senador Fernández Díaz—; una del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal; y una del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Magdaleno Alegría, por
tiempo de diez minutos.


El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señora
presidenta. Buenas tardes casi ya, señorías.


Sin dignidad en la política, sin valores
democráticos, jamás tendremos una democracia que esté a la altura de sus
ciudadanos. El transfuguismo, señorías, es una forma de corrupción
política y una práctica antidemocrática que debe ser erradicada de
nuestra sociedad. (Aplausos). Los ciudadanos no se merecen el grado de
degradación política a la que algunos quieren llevar a nuestro país,
sobre todo en un momento tan complicado como el que vivimos en el
presente, donde atender a lo colectivo es esencial para salir todos
juntos adelante. Señorías, la premisa de cualquier demócrata es un
compromiso con las reglas y los valores de la democracia. El horizonte ya
lo marcaron nuestros constituyentes en 1978: establecer una democracia
avanzada. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista no va a permanecer
impasible mientras se degrada la política y la democracia española, y lo
hacemos por respeto a aquellas personas que lucharon por la democracia,
sobre todo en una fecha tan señalada como hoy, y también como servicio a
los ciudadanos que desean vivir en una democracia plena para poder
convivir así pacíficamente y desarrollar sus respectivos proyectos
vitales. No vamos a permitir que la presente crisis sanitaria y económica
sea utilizada como coartada para devaluar nuestra democracia ni vamos a
tolerar que el voto de los ciudadanos y de las instituciones democráticas
sea objeto de mercadeo político por parte de unos tránsfugas y de
aquellos que se benefician de sus corruptelas. Ya denunciamos ante esta
Cámara la importación de la antipolítica a este país. Lo diremos las
veces que sea necesario, señorías, es incompatible con la democracia el
uso de insultos personales; calificar como traidor al adversario
político, negando el pluralismo que nuestra Constitución reconoce; la
divulgación de bulos, con el fin de estigmatizar y excluir socialmente al
que simplemente distinto o la negativa a aceptar los resultados de la
urna, calificando incluso de ilegítimo al presidente del Gobierno. Se
trata de conductas que se producen lamentablemente en demasiadas
ocasiones, también en esta Cámara, y no solo por parte de la
ultraderecha, señorías. Sus resultados yo creo que son de sobra
conocidos: rompen las sociedades donde se aplican y lejos de solucionar
los problemas, los agravan. Hoy presentamos una moción porque nuestra
capacidad de asombro y de indignación sigue intacta. Si somos, señorías,
un partido con más de 140 años de historia es porque jamás nos hemos
rendido ante la injusticia. Venimos a reivindicar la dignidad de la
política y la democracia frente a aquellos que piensan que se puede
comprar la voluntad de los ciudadanos a través de unos tránsfugas.
Señorías, nuestra democracia representativa supone que los ciudadanos
depositan su confianza en unas siglas, en los programas que presentan
esas siglas y, a lo sumo, en la calidad o cualidades de sus distintas
lideresas o líderes. Son los partidos políticos quienes rinden cuentas
por sus actuaciones, posturas y el cumplimiento de sus programas con
motivo de cada elección; y esto, señorías, es fundamentalmente por dos
motivos. En nuestra democracia convivimos millones de ciudadanos con
circunstancias vitales e intereses sumamente distintos, y son
precisamente los partidos políticos quienes articulan su voluntad y
encarnan su representación en las instituciones. Y, de otro lado, a
excepción del Senado, la elección de ayuntamientos, parlamentos
autonómicos, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo se articula a
través de listas electorales. Hans Kelsen lo expresó con meridiana
claridad: En los sistemas electorales con listas, los electores no
designan al diputado por su persona, sino que su voto más bien significa
un acto de adhesión a un partido político determinado, de manera que el
candidato obtiene su representación solo en virtud de la adhesión al
partido político del elector. Cuando un representante público, señorías,
abandona la disciplina de su partido, que lo presentó, está usurpando la
voluntad de los ciudadanos y omite la rendición de cuentas en las
siguientes elecciones, que sí deberá realizar el partido político
traicionado. El perjuicio a la democracia, señorías, aumenta cuando el
tránsfuga pone a su disposición sus votos a un adversario político para
crear, mantener o cambiar las mayorías de gobierno y las minorías de
oposición, como lamentablemente ha acontecido en la Comunidad de Murcia.
Y esto, señorías, no nos engañemos, se produce a cambio de un beneficio
personal más o menos oculto. En el caso de Murcia, el pago conocido
consiste en la entrega de consejerías del Gobierno de Murcia a tránsfugas
de Ciudadanos y también de Vox. Señorías, tan indigno es el
comportamiento del tránsfuga como el de la formación que se aprovecha de
su traición. Un partido político que utiliza en beneficio propio la
traición de unos tránsfugas es un partido indigno, pues vulnera el Pacto
contra el transfuguismo, que, en esencia, señorías, pide que se respete
la voluntad de los ciudadanos.


Señorías, este es un debate de Estado, versa sobre
lo que nos une. Hablamos de la esencia de nuestro sistema democrático.
Muchas veces nos preguntamos: ¿qué nos une como sociedad? Y la respuesta
es que compartimos unos valores comunes de carácter democrático. Ser
constitucionalista, señorías, consiste precisamente en esto, en
desarrollar nuestros programas de acuerdo con los valores democráticos de
convivencia, y en no utilizar la bandera que representa esos valores en
beneficio exclusivo y excluyente. Aprovecharse de la conducta de un
tránsfuga es asimismo una conducta, señorías, antipatriota porque da alas
a aquellos que afirman que nuestra democracia no es plena. Debilitar la
democracia supone ponerla a merced de sus enemigos, entre los que se
encuentra la ultraderecha. Señorías, ¿qué clase de mensaje político se
quiere dar a la sociedad aprovechándose del transfuguismo? ¿Tal vez que
nuestra democracia está en venta, que da igual lo que voten los
ciudadanos, que luego haremos tejes y manejes y seguiremos los de
siempre? El señor García Egea calificó el hecho de que tres tránsfugas
traicionaran a su partido político y tuviesen así el Gobierno de Murcia
como un acto de dignidad, de amor a España, dijo. No, señorías del
Partido Popular, fue un acto de indignidad política y representó la más
absoluta falta de respeto a los ciudadanos.


Señorías del PP, el transfuguismo no es una opción
política respetable y es un deber de cualquier demócrata rechazarlo. No
se puede decir que se ama a un país, a los ciudadanos de un país, y
después despreciar y manipular su voluntad. Esas formas ya las conocemos
de épocas pasadas y la democracia precisamente supone su destierro.
Señorías, no queremos obviar que las conductas de los tránsfugas también
afectan a las instituciones representativas. Los recientes casos de
transfuguismo en esta Cámara lo ponen de manifiesto. En primer lugar,
perjudican al grupo político que traicionan, en algunos casos, como
próximamente ocurrirá en esta Cámara, provoca la disolución del grupo
parlamentario traicionado. También afecta a los partidos políticos
minoritarios integrados en el Grupo Mixto, pues la incorporación de
tránsfugas reduce su capacidad de acción política, así como sus recursos.
No es justo que aquel que abandona su grupo, pero que se queda con el
escaño en el bolsillo, obtenga beneficios y premios por quebrar la
voluntad de los ciudadanos. Por ello, deben ser catalogados en el
reglamento como no adscritos, tal como se aprobó recientemente en el
Pacto contra el transfuguismo.


En definitiva, señorías, hoy pedimos al resto de
formaciones políticas un compromiso con los valores que hacen posible
nuestra democracia, que se concretan en una idea tan sencilla como clara:
que se cumpla el Pacto contra el transfuguismo para respetar de esta
manera la voluntad dada por los ciudadanos. Eso se condensa en distintas
medidas, para rechazar expresamente el transfuguismo político: que
ninguna formación política con representación parlamentaria se aproveche
en beneficio propio de la traición de los tránsfugas; que ningún gobierno
de ninguna institución incluya a tránsfugas; que no se sostenga
parlamentariamente al transfuguismo; y, por último, que se modifique el
Reglamento de esta Cámara para incluir las disposiciones del Pacto
antitransfuguismo.


Señorías, acabo como empecé. Sin dignidad en la
política, sin valores democráticos, jamás tendremos una democracia
avanzada como se merece este país. (Aplausos).


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Fernández Viadero para la defensa de las enmiendas.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias,
presidenta.


Señorías, es lamentable que sigamos hablando de un
asunto tan desagradable en pleno siglo XXI y año 2021 como el
transfuguismo político. En el Partido Regionalista de Cantabria lo hemos
sufrido además en primera persona. Ya en el año 1989 nos compraron
diputados de nuestro grupo ofreciéndoles cargos como consejeros. Por
tanto, seguro que les suena esta música actualmente (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia), por las situaciones
igualmente lamentables que hoy todavía se están dando, por lo que nos
parece vergonzoso que se presuma de ello. Sin irnos más lejos en el
tiempo, en el Ayuntamiento de Guriezo, en Cantabria, se presenta una
moción de censura. Todo lícito hasta ahí. ¿Cuál es la sorpresa? Que la
persona que se presenta de candidata es una tránsfuga expulsada de su
partido, pero censura a un alcalde del Partido Regionalista de Cantabria
y partidos como el Partido Popular apoyan y hacen alcaldesa a una
tránsfuga. Como ven, en Cantabria, en general, y en el PRC en particular,
somos perfectos conocedores de estos comportamientos deleznables. Si de
verdad queremos frenar esta lacra hemos de llegar a acuerdos entre todos
los partidos, ya que el transfuguismo, lejos de lo que se dice, es
perjudicial para todos por igual. Ese marco de negociación ya existe, es
el Pacto antitransfuguismo, el cual, según su última actualización, está
suscrito por casi la totalidad de las fuerzas parlamentarias, incluidos
los partidos mayoritarios nacionales. Descifrar la falta de compromiso y
palabra de los partidos que siguen beneficiándose de los votos de los
tránsfugas, alentando sus comportamientos a pesar de rechazarlos y firmar
documentos que los condenan oficialmente, sería una pérdida de tiempo,
pues ya poco puede esperarse de ellos. Vale más pensar qué hacer para
frenar este tipo de conductas. En la tercera adenda del Pacto
antitransfuguismo está clara la solución: modificaciones legislativas en
la Ley de bases de régimen local, la Ley electoral y la Ley de partidos
políticos. De ahí que presentemos esta enmienda de adición, pues de nada
sirve seguir haciendo declaraciones de intenciones, si no posibilitamos
cambios normativos que sean realmente garantistas y eficaces en este
sentido. Esperamos que sea aceptada por el grupo proponente y nos
pongamos a trabajar en las Cortes Generales para acabar con esta lacra
que es el transfuguismo, modificando los reglamentos de las Cámaras y las
leyes anteriormente citadas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Tiene la palabra el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora
presidenta. El 24 de marzo del año pasado, en las primeras semanas de
esta grave pandemia que estamos padeciendo, que ha generado ya más
de 100 000 fallecidos, se convocaba un pleno en el Ayuntamiento de la
localidad navarra de Estella para aprobar una moción de censura al
alcalde de la ciudad del Ega. Los concejales, en aquel momento de Bildu y
de Geroa Bai, donde está integrado el PNV, en un claro quebranto de la
voluntad del pueblo de Estella, se servían de dos tránsfugas expulsados
del Partido Socialista para aprobar una moción de censura y situar como
alcalde a un concejal de la candidatura proetarra de Bildu. Las dos
formaciones políticas a las que me estoy refiriendo: Bildu y Geroa Bai,
en la que está integrado el PNV, se aprovechaba de estos dos tránsfugas
para arrebatar la alcaldía a la lista más votada de la ciudad. De esta
manera se desvirtuaba, con su comportamiento, el resultado de las
elecciones municipales y las decisiones correcta y reglamentariamente
aprobadas en este caso por el Partido Socialista. De esta manera, tanto
Bildu como Geroa Bai, formación en la que está integrado el PNV, se
repartían la alcaldía y además las concejalías del equipo de
gobierno.


El 25 de marzo de este mismo año, hace unos días,
se reunía la Comisión del Pacto de seguimiento a favor de la estabilidad
institucional y lucha contra el transfuguismo político. En la misma se
declaraba como tránsfugas a estos dos exconcejales del Partido
Socialista. Era el único acuerdo aprobado, además por unanimidad de todos
los presentes. El Pacto contra el transfuguismo deja muy claro cuáles son
las medidas que se tienen que prever para evitar este transfuguismo, el
de estos dos concejales concretos, por ejemplo, de Estella; medidas que
se hacen extensibles a aquellos cargos municipales que se aprovechen de
este transfuguismo. Pero es que además se dice que los partidos firmantes
del Pacto contra el transfuguismo se comprometen a no tener en sus
equipos de gobierno a estos tránsfugas. Pero, señorías, el quebranto
todavía no ha acabado, todavía tiene que consumarse el mayor dislate, que
es que durante el último año de legislatura va a estar de alcalde uno de
los dos tránsfugas que pertenecían al Partido Socialista. En este caso
concreto, poco se puede esperar de Bildu, dada la catadura moral de una
formación política que no condena, por no condenar, ni los atentados de
ETA. ¿Pero del PNV, señorías? ¿De Geroa Bai, señorías? Evidentemente, a
día de hoy están incumpliendo el pacto que alguno de ellos firmaron, y
también están incumpliendo el acuerdo que se aprobó, única y
exclusivamente, en esta Comisión de seguimiento, que se aprobó por
unanimidad y que les deja en muy mal lugar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Señorías, la democracia representativa, aun siendo
mejorable en su funcionamiento, es el espejo de una sociedad que sustenta
su convivencia en una serie de valores, como el pluralismo político. El
pluralismo político no es solo un elemento relacional hacia fuera entre
diferentes opciones políticas, sino que tiene también una proyección
interna, o al menos la tenía hace diez años, un 15 de mayo, en el
interior de las organizaciones que significaba la gestión o la
convivencia con diferencias políticas que pueda haber, insisto, en el
interior de una organización; y en todas las organizaciones ha habido,
hay, y será muy malo si no sigue habiendo, diferencias políticas.


Representar a la ciudadanía es un honor para
quienes entendemos que es un servicio público. Por eso, quienes tratan de
servirse de ella para sus fines particulares, quienes falsean o alteran
la representación otorgada por la ciudadanía, que es la legítima titular
del derecho de representación, merecen sin duda una sanción. Ese era el
espíritu original del Pacto antitransfuguismo, es lo que daba sentido a
un pacto de Estado, y ese debiera seguir siendo, a nuestro juicio, el
indicador de la calidad de la democracia. Pero algo se alteró en la
última reactivación de la comisión de seguimiento, después de diez años
durmiente. De entrada, se impide la participación, por primera vez en la
historia, que nos conste, de una fuerza política de ámbito autonómico con
representación en las Cortes Generales, que lo había solicitado. Tengo el
acta de aquella comisión que me envió el Gobierno y puedo leer el texto
en el que don Enrique Santiago señala que se trata de una situación muy
problemática y que Primavera Andaluza no cuenta con una representación
política como tal. Señorías, les está hablando un ectoplasma. Estoy
condenada a la invisibilidad y al silencio por un secretario de Estado.
Además de impedir la participación de una fuerza política, se excluye en
la última reunión a las organizaciones que expresaron su discrepancia con
la tercera adenda. No están la mayoría de las fuerzas políticas presentes
en las Cortes Generales en el Pacto antitransfuguismo. No están, no es
cierto; faltan por lo menos siete, que yo cuente. Se redacta un
documento, denominado tercera adenda, que incluye el concepto de traidor
y sus repercusiones jurídicas.


No sabemos si el autor del texto, un tal Ibáñez,
quería emular al divino Dante y su comedia o más bien al autor de la
teoría del Derecho Penal del enemigo, que, como sus señorías saben, es
una aberración del Derecho Penal que castiga no por el hecho cometido,
sino por considerar peligroso o enemigo al autor de un hecho. La admisión
de este concepto, históricamente, es la base o el síntoma de la
destrucción autoritaria del Estado de derecho, según los especialistas.
El problema no es que el tal Ibáñez lo escribiera, que de tradiciones y
totalitarismo sabe un rato; el problema es que la mayoría de ustedes, las
y los demócratas, lo dieron por bueno. Le llamaron operación de Estado,
nada menos. Los urdidores de esta historia les contaron que había que
arreglar lo del sur. ¿Les suena, arreglar lo del sur? ¿Y lo arreglamos en
la Fiscalía? La utilización del Estado para fines propios, para fines
particulares. El problema es que convirtieron un acuerdo por la
estabilidad en un arma para desestabilizar el Parlamento de Andalucía.
Exactamente igual, justo ahora hace 540 años, la Inquisición española
celebró el primer auto de fe en Sevilla. Podría haber sido una condena a
la hoguera o al frío de Siberia de un gulag estalinista, pero es lo que
ocurrió. Condenaron a la mayoría de un grupo parlamentario que, en su
tarea de oposición, no había cambiado ninguna mayoría en contra de la
voluntad popular expresada en las elecciones; no se había salido una
línea del programa electoral, del contrato social con el que se presentó;
no se había roto nunca la disciplina de voto; no habían obtenido ninguno
de ellos ni de ellas ni una sola prebenda. Es más, les acusan de
radicales porque denuncian algunas prebendas.


Y admitiendo diferencias políticas con su partido
de origen, la líder del partido en Andalucía y el líder del partido en el
Estado hicieron un vídeo amistoso con un cordial hasta luego con el que
no tengo nada que ver, pero que puedo poner a disposición de cualquiera
de sus señorías que quiera consultarlo, dejando un puente tendido hacia
el futuro, confiando en una forma diferente de hacer política, pero
ustedes hicieron un traje a medida con esa tercera adenda para declarar
tránsfugas a una mujer y a un grupo a quienes consideraron peligrosos.
Esos son mis compañeros y mis compañeras de Adelante Andalucía. El daño
no se lo han causado solo a ellas y a ellos, que sobrevivirán, ya que,
aun en la derrota, no han estado, no hemos estado nunca en doma; vamos a
sobrevivir al daño; el daño importante lo han causado también al
Parlamento de Andalucía. Qué pena, señorías, que al PSOE y a Ciudadanos
Andalucía les importe menos que Murcia y mucho menos que Madrid, pues se
han encargado todos de recordarnos que hay elecciones en Madrid. En
Andalucía escupieron al cielo, y les ha caído en lo alto; en Murcia, les
ha caído en lo alto, señorías. Y el Partido Popular, con quienes ustedes
pretenden confrontar, y por eso estamos debatiendo esto aquí se va de
rositas; lamentablemente, en esta historia, se va de rositas.


Para ser un debate de Estado, peor gestionado
imposible, señor portavoz del Partido Socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Puede ir
concluyendo, señoría.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Además, los urdidores de
este esperpento, los que iban a arreglar lo del sur, están escondidos
como ratas entre las sombras.


Nosotros confiamos en que esto tiene remedio y, por
eso, hemos presentado enmiendas; enmiendas que se basan en la
arquitectura constitucional y en el derecho de las ciudadanas y de los
ciudadanos, no en el de los enemigos ni en el de las enemigas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: (Suena la banda sonora de
Darth Vader).


Señorías, con esta banda sonora de Darth Vader, se
me ha ido un poco el santo al cielo. No sé por qué la había puesto yo en
el móvil. Darth Vader..., lado oscuro..., pasarse al lado oscuro,
¡transfugarse, claro!; de eso iba la moción de hoy, de pasarse al lado
oscuro, y por eso tenía yo esto en el móvil. Toca hablar de tránsfugas, y
por eso tenía yo el aviso de la banda sonora de Darth Vader en el móvil,
y de nuestra enmienda, que habla de Murcia, cómo no. Anda que no les he
hablado ya de Murcia y anda que no les he avisado en esta legislatura de
que ojo con Murcia; anda que no les he avisado pocas veces de lo que pasa
en la Región de Murcia.


En nuestra enmienda pido que se contemple
precisamente el caso de la Región de Murcia. Todos ustedes conocen mi
amor, mi pasión por esta región, por la Región de Murcia, les doy la
turra todos los plenos con ella. Para mí, es la mejor tierra del mundo,
la gran desconocida a la que están todos invitados, pero políticamente,
por desgracia, hoy es cuna tránsfugas; hoy la Región de Murcia,
políticamente hablando, es transfugolandia. Y no, no estamos hablando de
un parque de atracciones; desgraciadamente, estamos hablando de un
Gobierno con tres tránsfugas incrustados, insertados. Todos ellos en
estos momentos, los tres tránsfugas del Gobierno de la Región de Murcia,
en la actualidad, en estos días, andan repartiéndose el botín cual
mercenarios. Los tránsfugas de la Región de Murcia, incrustados,
insertados en el Gobierno de López Miras, en estos días se están
repartiendo el botín cual mercenarios. Una de ellas, la tránsfuga de Vox,
negacionista con las vacunas, pues anda diciendo disparates, como que
ella no se piensa vacunar, es consejera del Gobierno de la Región de
Murcia; consejera tránsfuga admitida, acogida y abrazada por el señor
López Miras. Hay tres tránsfugas en el Gobierno de la Región de Murcia y
siete en el Parlamento regional. Miren ustedes, no sé si son conscientes
de los diputados que hay en el Parlamento regional en Murcia, que son 45;
de los 45 diputados, siete son tránsfugas, incluido el presidente. O sea,
el presidente del Parlamento regional de Murcia, como yo siempre digo, la
casa grande de todos los murcianos, es un tránsfuga. Por cierto, este
señor hoy ha votado a favor del pin parental; repito, hoy ha votado a
favor del pin parental. El señor López Miras no puede amparar, proteger,
cobijar, sustentar el transfuguismo político, y menos aún puede
beneficiarse de él, como está haciendo en este caso.


Señorías, no hay ningún acto de dignidad en el
transfuguismo, no hay ningún acto de dignidad, como se ha pretendido
vender en la Región de Murcia y como ha pretendido vender el señor
Teodoro García Egea. Estos señores, lejos de la dignidad que se les
presupone, han pervertido su voluntad a cambio de cargos y prebendas; han
pervertido su voluntad a cambio de cargos y prebendas. No hay ninguna
nobleza en ello. Por contra, hay falta de ética, falta de principios,
mediocridad y, en muchos casos, no tener donde meterse, no tener ni
oficio ni beneficio y tener que cobijarse en la política y agarrarse y
atornillarse al sillón. No están defendiendo, como dijeron, a la Región
de Murcia del sanchismo. No es una cuestión de principios, es cuestión de
atornillarse al sillón; insisto, no es una cuestión de principios. No
digan, como dijo una de ellos, que estaban defendiéndose del sanchismo,
que estaban defendiendo a la Región de Murcia del sanchismo, porque,
¿saben una cosa?, el sanchismo son ellos.


Por cierto, les pido que acepten la enmienda. Me
parece que hay por ahí una transaccional que no tendremos ningún problema
en firmar para que salga adelante con el apoyo de todos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para indicar
si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra la senadora
Retuerto Rodríguez.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes.


Senadores, senadoras, intervengo en el turno de
enmiendas a la moción del Grupo Socialista sobre el rechazo al
transfuguismo parlamentario, instando a los partidos políticos con
representación en los distintos Parlamentos nacionales y autonómicos a no
aprovecharse de sus votos para construir, mantener o cambiar las mayorías
de Gobierno y las minorías de oposición.


En cuanto a las enmiendas presentadas por Unión del
Pueblo Navarro, diré que cambiaremos Pacto antitransfuguismo por Pacto
por la estabilidad institucional y lucha contra el transfuguismo
político.


En relación a la enmienda de adición presentada por
el Partido Regionalista de Cantabria, quiero comentarle que su aprobación
no depende exclusivamente del Gobierno.


De la enmienda de sustitución que ha presentado
Izquierda Confederal no asumiremos ninguno de los seis puntos que
contiene.


Por último, con respecto a la enmienda de
Ciudadanos, hemos llegado a un acuerdo transaccional en el punto 3 de la
moción, donde recogeremos lo que no debe ocurrir nunca, lo que ha
sucedido en la Región de Murcia, que coloca tránsfugas en su Gobierno y
en el Parlamento regional, entre ellos a su propio presidente, y que
ahora entregaremos a la Mesa.


Siempre es un honor y una responsabilidad subirnos
a esta tribuna porque lleva implícito la ideología y los valores que
representamos. Estas paredes representan la esencia de la democracia, que
nos sustenta a todos nosotros como los interlocutores directos de la
ciudadanía. Sin embargo, para algún senador o senadora le debe ser muy
difícil subirse hoy a esta tribuna. Estoy en mi perfecto derecho. El
diputado no está sometido a imperativo alguno, fin de la cita. Fernando
López Miras, presidente de la Región de Murcia.


El Partido Popular solo ha necesitado unas horas
para hacer saltar por los aires el Pacto antitransfuguismo, y no
solamente se han servido de tránsfugas en la Región de Murcia, sino que
han premiado sus servicios con cargos públicos. Se ha traicionado la
voluntad de los y las ciudadanas de la Región de Murcia, que depositan su
confianza política en los programas electorales y en la trayectoria
política de la formación a la que pertenecemos. Lo podrán pintar ustedes
como quieran, señorías del Grupo Popular, pero lo que ha sucedido en la
Región de Murcia en las últimas semanas es un asalto a la democracia y a
las instituciones donde reside la soberanía popular. Se la han cargado,
ha saltado por los aires, y lo han hecho en nombre de la mejor tierra del
mundo. Lo que ustedes pretenden naturalizar es perverso; lo que pretenden
blanquear es la codicia, y lo que más me preocupa es la impunidad con la
que pervierten las instituciones donde reside la voluntad de los
ciudadanos y ciudadanas. Impunidad para manipular, a fuerza de deteriorar
los servicios públicos de forma metódica. Impunidad para tejer en la
sombra, complicidades a golpe de irregularidades, comprando voluntades.
La impunidad de un partido, su partido, acostumbrado a corruptelas y
maniobras, dañando los cimientos de la democracia.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Este es, señorías, el
efecto Teo.


El PSOE cumplirá con su responsabilidad, como
siempre lo ha hecho, para garantizar la regeneración democrática y la
estabilidad política. Por ello, es necesario manifestar nuestro rechazo
al transfuguismo parlamentario. La democracia necesita de un fuerte
compromiso, compartido entre todas las formaciones políticas para que
ninguna de ellas se beneficie de la conducta de los tránsfugas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
concluya.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Señorías del Grupo
Popular, somos en la Región de Murcia el partido que ganó las elecciones
y no nos van a parar porque nos produce un bochorno insoportable su
comportamiento. (Rumores). Nos avergüenzan sus actos, que suponen un gran
fraude para la política y para la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): En el
turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, Vox no defiende el transfuguismo y, por
tanto, no lo aprueba.


Señorías del Partido Socialista, su moción está
vacía de contenido, pero eso sí, lo único que contiene es mucha
demagogia. Lo que deben hacer, junto con el Partido Popular, es cumplir y
hacer cumplir lo estipulado en el Pacto antitransfuguismo, que tanto el
uno como el otro se saltan cada vez que quieren por propio interés.
Señorías del Partido Socialista, mírense en el espejo del Partido
Popular. Señorías del Partido Popular, mírense en el espejo del Partido
Socialista.


El Pacto antitransfuguismo se firmó hace 23 años, 7
de julio, 1998; repito, hace 23 años. Posteriormente, ha habido tres
renovaciones: 26 de noviembre de 2000, primera adenda; 23 de mayo
de 2006, segunda adenda, en la que se estipulaba la creación del comité
de expertos; y la última reunión, el 11 de noviembre de 2020. La comisión
de seguimiento no se reunió durante diez años; diez años que han sido de
total inactividad. En la última reunión, el 25 de marzo del 2021, hace
unos días, por fin se constituye el comité de expertos; ese comité que
tendría que dirimir aquellas cuestiones que la propia Comisión del Pacto
de seguimiento no tuviera claro. En este caso, ese comité de expertos
tiene a día de hoy encima de la mesa dos presuntos casos de
transfuguismo: uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Murcia.


Señorías del Partido Socialista, déjense de
historias y cumplan, junto con el Partido Popular, lo pactado hace 23
años.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta,
señorías, el Partido Aragonés, en su actuación política, siempre ha
creído que la estabilidad de los gobiernos es una garantía para el
progreso de nuestra gente. Hemos apostado por alcanzar acuerdos que
permitieran el impulso de políticas eficaces. Para el Partido Aragonés la
honestidad y la transparencia personal e institucional son una exigencia
irrenunciable. Creemos en fortalecer todas las instituciones y los
partidos políticos, operando en ellos cambios necesarios.


El Partido Aragonés tiene la profunda convicción de
que merece la pena trabajar por la dignidad de la política y la salud
democrática y ética de nuestras instituciones. Por eso, desde el primer
momento, desde el inicio, porque fuimos también víctimas de la acción de
un tránsfuga que nos despojó del Gobierno de Aragón, el Partido Aragonés
suscribió el 7 de julio de 1998 el llamado Pacto antitransfuguismo. Luego
hemos participado activamente en la comisión creada, hemos ratificado las
diversas renovaciones de dicho pacto y también hemos suscrito, en
noviembre de 2020, el Pacto de estabilidad institucional. Todo ello,
porque siempre hemos asumido el compromiso de combatir el transfuguismo
en todas las esferas institucionales, porque criticamos y nos oponemos a
cualquier práctica que permita, por acción o por omisión, que un
determinado representante que ha concurrido en una lista electoral la
abandone por unas u otras razones para pasar a formar parte de otra,
alterando con ello la mayoría democrática.


Todos formamos parte de un partido político, de una
coalición, de una organización política, y hemos formado parte de una
lista electoral. Si en un momento dado discrepamos del grupo originario,
por dignidad, por honestidad y por respeto a los ciudadanos lo que
tenemos que hacer es renunciar y marcharnos a nuestra casa. Votaremos,
por ello, a favor de una moción oportuna y necesaria, ya que no podemos
dejar de recordar quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


El señor Fernández Viadero tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias,
presidenta.


Intervengo desde el escaño simplemente para señalar
que, a pesar de que no hayan admitido la enmienda, que creemos que es el
verdadero instrumento que va a hacer posible que todo esto que aprobamos
no se quede en el papel y luego no se cumpla, como está visto que en el
Pacto antitransfuguismo todo son buenas intenciones, pero luego cada uno
hace lo que estima oportuno y lo incumple de manera flagrante y en muchas
ocasiones, la realidad es que debemos tener el amparo de un marco legal,
y ese amparo del marco legal son las modificaciones legislativas, por
tanto, seguiremos apostando por que haya las modificaciones legislativas
que hemos señalado en nuestra moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señor Catalán Higueras, ¿va a tomar la palabra?
(Denegaciones). Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El señor senador Sánchez López tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Me adelanto, porque me imagino que el argumento de
mi buen amigo del Partido Popular —creo que lo defiende el señor
Vázquez, no sé si me equivoco— será hablar del pacto. Yo sé por
dónde van los tiros. Van a hablar del pacto, de que Ciudadanos rompió un
pacto.


Miren, en 2009, en Murcia, después de veintiséis
años, ganó las elecciones el Partido Socialista. La dirección del partido
Ciudadanos tomó una decisión en aquel momento cuando sumaban veintitrés,
que era la mayoría absoluta, diecisiete el Partido Socialista y seis
Ciudadanos. Era lo más lógico y lo que además habíamos dicho, incluso en
campaña electoral. Incluso los que ahora se han transfugado decían en
campaña electoral que iban a sacar al Partido Popular del Gobierno. La
vicepresidenta decía en campaña electoral que iba a sacar al Partido
Popular del Gobierno. La que ahora dice que está salvando a la región del
sanchismo en campaña decía que iba a sacar al Partido Popular del
Gobierno. Bien, al igual que aquella ejecutiva, de manera legítima,
decidió hacer un pacto con el partido que había perdido las elecciones y
con Vox, la vida cambia y hay una nueva ejecutiva. Además, el Partido
Popular, y lo digo porque fui portavoz y firmé con ellos un acuerdo en la
legislatura pasada, te incumple sistemáticamente. Pero no pasa nada,
ellos pueden incumplir. De hecho no viene a cuento, porque a ustedes no
les interesan las cosas de la Región de Murcia en el punto concreto y en
la letra pequeña, pero podríamos estar aquí una hora hablando de las
cuestiones que se firmaron y que no cumplieron en la legislatura
anterior.


Bien, la dirección de Ciudadanos toma una decisión
legítima e intenta cambiar el rumbo de la región.






Y estos señores de
Ciudadanos si no están de acuerdo con ese rumbo, con esa directriz del
partido, se pueden marchar. Es muy legítimo; no estás de acuerdo, te
puedes marchar. E incluso podrían haber votado en contra y haberse ido al
Grupo Mixto. Pero ¿entrar en el Gobierno? ¿Entrar en el Gobierno y
pervertir su voluntad a cambio de un cargo o una prebenda? ¿Eso es un
acto de dignidad o es un acto de transfuguismo como la copa de un pino
que deja a Tamayo y al tamayazo a la altura del betún, señorías?
(Aplausos.— Rumores). No hablemos de dignidad cuando queremos decir
indignidad. No puede ser; no hay nobleza en ello, no hay ninguna nobleza.
Ahora mismo se están repartiendo la Región de Murcia como unos trileros,
como si fueran auténticos y absolutos mercenarios.


Y miren, señorías del Partido Popular, igual que
les ha pasado a favor —lo están defendiendo y yo no lo
entiendo—, mañana les podría pasar en contra. Les podría pasar en
contra, y ustedes están defendiendo, amparando, cobijando, dándole sostén
al transfuguismo político por espurios intereses políticos, por agarrarse
al sillón. Mi partido, de manera lícita y legítima, había decidido apoyar
una moción de censura por los motivos que fuera, es una decisión de
partido, y estos señores están ahí porque los había puesto mi partido,
estos señores están ahí porque los había puesto Ciudadanos; y no solo no
se fueron, acto de dignidad, no solo no votaron en contra y se fueron al
Grupo Mixto, sino que han pervertido su voluntad a cambio de puestos, a
cambio de cargos y a cambio de prebendas.


La rueda de prensa que dio el señor López Miras a
los dos días de anunciarse la moción de censura, rodeado de tránsfugas
que decía que iban a ser consejeros —presentó como futuros
consejeros a los que tenían que apoyar y acababan de firmar, porque la
firmaron, la moción de censura—, esa rueda de prensa que dio el
señor López Miras rodeado de tránsfugas, seguramente sea la rueda de
prensa más indigna que se haya dado nunca en la democracia española.
Estaba haciendo público un acto de pervertir voluntades a cambio de un
puesto político. E igual que hoy lo van a defender —no me cabe
ninguna duda de que lo van a defender—, mañana les puede tocar a
ustedes, y entonces pondrán el grito en el cielo. No me vale. Tabula
rasa. No se gobierna con tránsfugas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría. (Rumores).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta.


Intervendré desde el escaño. En nuestro grupo,
Junts per Catalunya, tendríamos la tentación de no intervenir, pero lo
vamos a hacer diciendo que vamos a votar que sí a esta moción, porque
estamos en contra del transfuguismo. Creemos que las personas, los
equipos, nos presentamos con un programa político, con unos liderazgos
determinados, y la votación responde a esto. Y que uno se aproveche de
aquella representación que ha obtenido cambiando lo que era el
planteamiento político no nos parece ni digno ni lícito. Pero también me
viene bien recordar que en el año 2005 se hizo un invento político en
Cataluña para intentar romper la sociedad catalana con una formación
política que obtuvo financiación, ayudas, facilidades, utilizando el tema
lingüístico con un tema absolutamente falso, porque en Cataluña tenemos
una lengua propia, que es el catalán. Però mai hi ha hagut cap problema
de convivència per temes lingüístics i van inventar tota una problemàtica
aquest grup polític i, especialment, va néixer a Catalunya,
l’any 2006 es van presentar a les eleccions catalanes, i allà vaig
veure molt callades moltes formacions polítiques. Començant pel Partit
Socialista Obrer Espanyol i la seva derivada del PSC, que és una derivada
del PSOE, que avui és PSOE en plenitud. I aquí hi va haver un gran
silenci. I, avui, a l’estat espanyol i aquests temps n’hi
vindran més. S’aniran pagant els plats trencats d’aquella
formació política que va ser la negació de la política. La política té
una finalitat pròpia positiva, de generar convivència, de generar
solucions, de generar respostes a una societat. I, en canvi, aquella
formació política només va néixer per generar problema, per intentar
trencar la convivència, per intentar trencar un model lingüístic
d’èxit. I, per tant, quan una formació neix amb unes iniciatives
absolutament negatives, amb el temps això es va notant i els plats
trencats ja van sortint i es van trobant a llocs com ara ha passat a
Múrcia o com passarà i està passant a d’altres llocs. I aquí al
Senat també n’hem estat testimonis.


Per tant, aquesta és la situació. Però, és clar, a
Catalunya ja no ens ve d’un «a por ellos más». Ja no ens ve
d’una operació Copérnico més. D’una operació Catalunya.
D’una operació Vóljov. Ja no ens ve que hi hagi milions
d’euros per a generar coses contra Catalunya. O ja no ens ve, com
aquesta setmana, que la Biblioteca Nacional de España i els seus
directius demanin disculpes perquè han fet una exposició, amb textos
originals de literatura medieval catalana, i demanen disculpes per si
algú s’ha sentit ofès de llegir alguna cosa en català. Quina
vergonya! Hauria de venir aquí el director o la directora, que no tinc el
gust de saber qui és, ni ganes, de la Biblioteca Nacional de España per
donar explicacions d’un tema com aquest. I el Partit Socialista i
el seu govern haurien de demanar la seva dimissió. Perquè demanar
disculpes per un tema lingüístic, perquè dona la casualitat que a
l’època medieval ja s’escrivia en català i es parlava la
llengua catalana.


Alguns han hagut d’inventar formacions
polítiques per trencar la convivència, però llengües com la catalana i
societats com la catalana existien de fa segles. Perquè hi ha coses que
tenen una definició molt clara. Com Catalunya, que és una nació. I, en
canvi, l’Estat espanyol que es vol dir democràtic i cada dia ens
diuen que és una democràcia plena, doncs malgrat tot està plena de
buidor.


Moltes gràcies.


... Pero nunca ha habido ningún problema de
convivencia por temas lingüísticos. Inventaron una problemática, este
grupo político, especialmente. Este grupo nació en Cataluña, se presentó
en 2006 a las elecciones catalanas, y allí muchas formaciones callaron,
empezando por el Partido Socialista Obrero Español y su derivada del PSC,
que es una derivada del PSOE que hoy es PSOE en plenitud. Y aquí hubo un
gran silencio. Y hoy en el Estado español, y en estos tiempos —y
vendrán más—, se irán pagando los platos rotos de esa formación
política que fue la negación de la política. La política tiene una
finalidad propia, positiva, de generar convivencia, soluciones, generar
respuestas a una sociedad. En cambio, esa formación política solo nació
para generar problemas e intentar romper la convivencia, intentar romper
un modelo lingüístico de éxito. Por lo tanto, cuando una formación nace
con unas iniciativas absolutamente negativas, con el tiempo esto se va
notando y los platos rotos van saliendo y se van encontrando en lugares,
como ha pasado en Murcia, y sucederá y sucede en otros lugares. Y también
aquí, en el Senado, hemos sido testigos de ello.


Esta es la situación. Pero, claro, en Cataluña, ya
no viene de otro «A por ellos», de otra operación Copérnico, de otra
operación Cataluña, de millones euros para generar cosas contra Cataluña.
Esta semana la Biblioteca Nacional de España y sus directivos piden
disculpas porque han hecho una exposición con textos originales de la
literatura medieval catalana, por si alguien se ha sentido ofendido por
leer algo en catalán. Qué vergüenza. Aquí tendría que venir el director o
directora —no tengo el gusto de saber quién es, ni ganas— de
la Biblioteca Nacional de España y dar explicaciones por un tema como
este. Y el Partido Socialista y su Gobierno tendrían que pedir su
dimisión por pedir disculpas por un tema lingüístico, porque da la
casualidad de que en la época medieval ya se escribía en catalán y se
hablaba la lengua catalana.


Algunos han tenido que inventar formaciones
políticas para romper la convivencia, pero lenguas como la catalana y
sociedades como la catalana existían desde hace siglos, porque hay cosas
que tienen una definición muy clara, como Cataluña, que es una nación. En
cambio, el Estado español se quiere decir democrático y nos repiten que
es una democracia plena, y a pesar de todo esto, está llena de
vacío.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.


Geroa Bai fue invitado a participar en el Pacto
antitransfuguismo en julio de 2020. Participamos en la primera reunión,
del 21 de septiembre, convencidos de que el transfuguismo es una forma de
corrupción y una práctica antidemocrática que rechazamos. En esa reunión
se nos presentó un nuevo documento con cuyo contenido estábamos
básicamente de acuerdo, excepto porque teníamos dudas sobre la propia
definición de eso que quería regular: el tránsfuga, dudas que enviamos a
la secretaría del pacto, con fecha de 25 de octubre, diciendo lo
siguiente: El concepto de tránsfuga que se recoge en los nuevos
documentos resulta preocupante por su carácter extremadamente jerárquico.
Conceden toda la importancia al partido o a la coalición y quitan toda
capacidad innovadora a las personas que forman parte de los mismos en
niveles inferiores. Por eso, preguntamos: ¿es tránsfuga el cargo político
cuya opinión y posicionamiento en conciencia es distinto al de la mayoría
del partido o al de la ejecutiva del partido en cuestiones no recogidas
ni tratadas en el programa electoral de ese grupo? ¿Es tránsfuga el cargo
político que obedece las decisiones de la asamblea local o regional y que
resultan ser distintas u opuestas a las del partido en un ámbito
superior? Si en el cambio de estas personas se puede demostrar dolo o
existencia de intereses espurios, no hay ninguna duda: son tránsfugas.
Ahora bien, si eso no puede ser demostrado...


Nuestras reflexiones no se tomaron en cuenta y la
adenda se aprobó deprisa y corriendo, sin dar tiempo a la deliberación.
Tan es así, que, de los veintidós grupos firmantes del pacto, once
expresaron su apoyo al texto, alguno con dudas y pidiendo más debate, y
ocho mostramos la necesidad de seguir analizándolo. La adenda contiene
aspectos que pueden lastrar la libertad de las personas electas para
mantenerse fieles a los principios que les llevaron a la vida política o
incluso a las ideas por las que la ciudadanía los eligió, y no se debe
confundir transfuguismo con disenso respecto de las decisiones de las
ejecutivas de los partidos. No se puede amordazar la pluralidad ni
censurar la tarea que, en conciencia, como garantiza la Constitución,
debe realizar el cargo electo. Sin acuerdo sobre la definición de
tránsfuga y con discrepancia en las formas utilizadas para su aprobación,
mal comienzo tuvo el anexo, tan malo, que hemos sido desaparecidos de las
ulteriores reuniones del pacto.


Con la tercera adenda serían tránsfugas los quince
diputados del Grupo Socialista que en octubre de 2016 desobedecieron la
orden del órgano confederal de su partido en la sesión de investidura de
M. Rajoy: Margarita Robles, Meritxell Batet, Manuel Cruz, Odón Elorza,
Susana Sumelzo… —por cierto, portavoz del Partido Socialista
en las reuniones del pacto—. Con esta adenda estas personas no
podrían ser nombradas candidatas en las listas electorales, y fíjense
ustedes qué puestazos ocupan en este momento.


Nosotros apoyamos un pacto antitransfuguismo que
sea un acuerdo entre iguales, de adscripción voluntaria, que funcione por
consenso, como funcionaba hasta hace poco. En determinado momento mi
compañera, la senadora de Adelante Andalucía, ha dicho: Un tal Ibáñez. Un
tal Ibáñez o un tal Santiago decidieron vetar la participación de un
grupo político con representación en el Senado yo qué sé por qué.
Seguramente por intereses democráticos, no; por estalinismo puro y duro.
Tampoco aceptamos que, abandonada la fórmula de consenso, como siempre ha
funcionado el pacto, de repente se instaure otra forma de toma de
decisiones en la que los grupos pequeños a nivel estatal —nosotros
lo somos— no tengamos ninguna incidencia. Pero les recuerdo,
señorías del Partido Socialista, que si en este momento en Navarra hay
una presidenta socialista es porque mi organización, la tercera en el
Parlamento de Navarra, votó a favor de la segunda, la suya, y por eso en
Navarra preside una socialista y no hay un Gobierno gobernado por
otros.


Por cierto, ¿cuál es el contrato de Navarra, señor
Catalán, de Navarra Suma, esa que sumaba, cuando en la misma votación
algunos de sus parlamentarios votan sí, otros, no y otros, abstención?
Menos mal que en Argentina algunos parlamentarios y parlamentarias
votaron en contra de lo que le decían sus partidos, porque, si no,
seguramente no se hubiera despenalizado el aborto. ¿Son tránsfugas? ¿Les
llamarían ustedes tránsfugas a esos parlamentarios y parlamentarias
argentinos? Yo, desde luego, no, y además les felicito por haber roto la
disciplina de voto. OTAN, de entrada, no. ¿Se acuerdan, señores del
PSOE?


Nosotros siempre estaremos a favor de ensanchar la
democracia, nunca de restringirla, y por eso votaremos no a esta
moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, presidenta.
Arratsalde on danori.


Abordamos la moción presentada por el Grupo
Socialista en orden a rechazar la práctica del transfuguismo
parlamentario. Quiero, por tanto, comenzar recordando que el Partido
Nacionalista Vasco no solo se encuentra entre los partidos políticos
impulsores del Pacto antitransfuguismo que se constituyó en 1998, sino
que ha participado en él desde entonces y de forma ininterrumpida en sus
distintas expresiones y acuerdos; el último, de noviembre de 2020.
Compartimos, por tanto, su filosofía y razón de ser y, precisamente por
ello, no queremos ni vamos a ser partícipes de la manipulación partidista
a la que se quiere someter a una iniciativa que no se constituyó, hace ya
más de veinte años, para favorecer las estrategias electorales de unos y
otros, sino para que se respetara la voluntad popular expresada libre y
democráticamente en las urnas. Esta fue la razón por la que el Partido
Nacionalista Vasco no asistió a la precipitada reunión de la comisión de
seguimiento del pacto del pasado 25 de marzo. Apelamos entonces a su
traslado y celebración más allá del 4 de mayo, más allá del periodo
electoral en el que está inmersa la Comunidad de Madrid y, con ella, toda
la política de ámbito estatal, para garantizar en lo posible un espacio
sereno y sosegado de reflexión y decisión entre partidos que permitiera
abordar, fuera de turbulencias electorales, fuera de la toxicidad
electoral, situaciones que sabemos que resultan especialmente delicadas y
propicias para el enfrentamiento entre formaciones políticas. También
señalamos que no íbamos a participar hasta entonces en ninguna iniciativa
sobre esta cuestión.


La reunión se celebró, y hoy nos encontramos ante
una moción que vuelve a incurrir, a nuestro entender, en más de lo mismo:
en la utilización del pacto para el enfrentamiento y la disputa en este
espacio para la bronca, la bipolarización y la crispación máxima en el
que se ha convertido el periodo preelectoral de las elecciones de la
Comunidad de Madrid. No cabe, a nuestro entender, otra lectura respecto
de una iniciativa que aborda la cuestión del transfuguismo, que tiene en
la comisión constituida al efecto el foro de debate y decisión sobre la
materia; una iniciativa presentada unilateralmente por un grupo
parlamentario adherido al acuerdo, sin contrastar ni consensuar
previamente ni su contenido ni su ubicación o fórmula institucional ni la
oportunidad del momento con el resto de grupos suscribientes, por lo
menos no con el nuestro; una moción con propuestas como la adecuación del
Reglamento de la Cámara a sus prescripciones, que ya fueron acordadas en
la última adenda, firmada en noviembre de 2020, y cuya ejecución solo es
concebible, en buena lógica, con el diálogo, el acuerdo y la proposición
conjunta de todos los firmantes de la misma y no instados por una
iniciativa presentada unilateralmente y a conveniencia de uno de ellos,
en clara vulneración del espíritu de consenso y acuerdo que debe inspirar
e inspira el acuerdo antitransfuguismo.


Todo ello constata, a nuestro entender, la
irresponsabilidad de una moción que, lejos de reforzar la necesaria
posición conjunta de todas las formaciones políticas ante el fenómeno del
transfuguismo, no hace sino debilitar el acuerdo desde su manipulación
partidista; y todo ello con un único objetivo: el rédito electoral desde
la confrontación con el Partido Popular. Y es que, según parece, las
elecciones en Madrid todo lo justifican.


No puede ser. Señorías, no cuenten con el Partido
Nacionalista Vasco para este juego; ni es nuestro ni es el nuestro ni
vamos a colaborar en su desarrollo ante una ciudadanía harta de comprobar
la irresponsabilidad partidaria de algunos partidos políticos que
debieran representarla, pero que, en realidad, lo que hacen es
simplemente no respetarla con espectáculos nada edificantes, como este
debate celebrado en una Cámara convertida en un auténtico espacio
electoral más de la campaña electoral de Madrid.


Por todo ello, repito, el Partido Nacionalista
Vasco no va a entrar en este juego. Y no vamos a participar tampoco en la
votación.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Señora presidenta,
señorías, buenas tardes ya.


Señorías del Partido Socialista, era previsible,
sobre todo después de oír al secretario general de los socialistas
murcianos aquello de estiremos el chicle, porque aquí se habla de lo que
interesa y de lo que se saca rédito. Hoy, cuando nadie puede encontrar ni
en el Grupo Popular en la Asamblea de Murcia ni en el Gobierno de Murcia
ni entre los concejales del Ayuntamiento de Murcia ni un solo imputado,
toca hablar de transfuguismo. Si habláramos de imputados, entonces
tendríamos que hablar del secretario general del Partido Socialista o del
delegado del Gobierno. Pero, claro, eso hoy no toca.


El Partido Socialista nos trae esta moción, que no
es de vacunas ni de reactivación económica ni de protección del empleo.
¿Para qué, si todo va bien? Si tanto interés tienen por este asunto,
díganle al ministro de Política Territorial y Función Pública que atienda
la petición del Partido Popular y convoque la comisión con urgencia, como
así ha reclamado el Partido Popular, porque hay mucho trabajo por hacer,
como aquí también se ha dicho, en el marco del pacto, como la
modificación de la tercera adenda, que ha resultado ser una chapuza, o en
el procedimiento de actuación de la comisión técnica.


Nos hablan de sillones a cambio de votos. Pues
miren, rentable le salió a Unidas Podemos lo de sillones a cambio de
votos; hasta una Vicepresidencia del Gobierno de España. Rentable para
ustedes, bien caro para los españoles.


Se hablaba de las dudas de la jerarquía, y abro
comillas, de entender la política como un compromiso con el electorado,
un compromiso con un programa electoral, un compromiso en torno a un
proyecto de transformación, que entiendo que, si no voto que no, se ve
realmente alterado. Y no son palabras en la Asamblea de Murcia. Con estas
palabras se reafirmaba uno de los quince diputados del Partido Socialista
en el año 2016 al anunciar su voto en contra en la investidura del
presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, a los que el
sujeto político, es decir el Partido Socialista, había fijado el criterio
de abstención. Habría que volver a leer esa adenda tercera del pacto.
Porque los disentimientos con el criterio de los órganos del partido no
implican estar ante un caso contrario al Pacto por la estabilidad
institucional, como así lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Porque de lo que hablamos en el caso de Murcia es de una
traición a un pacto de gobierno, firmado con luz y taquígrafos hace dos
años, entre el Partido Popular y Ciudadanos, público, acorde a un
programa, refrendado por los órganos competentes de ambas formaciones
políticas, con una distribución de competencias claras, así como los
compromisos que se establecían, también un escaño en esta Cámara para el
Grupo de Ciudadanos, y que, dos años después, tratan de demoler
unilateralmente, de madrugada, engañando a los implicados, como parte de
un plan. Murcia primero, su asamblea regional; después su capital,
Murcia; cuatro ayuntamientos más, de los que, por cierto, después de
anunciarlo el secretario general en Murcia del Partido Socialista, nunca
más se supo. Y después venía Madrid. Y Castilla y León. Pues bien, cuando
conocen esto, cuatro de los seis diputados a los que se refieren
decidieron seguir firmes al pacto, como así también lo han dicho en las
encuestas dos de cada tres votantes de Ciudadanos, que se oponen a romper
este pacto. Una automoción de censura contra tu propio Gobierno que ha
dejado perpleja a media España.


Señorías, los pactos deben estar también para
cumplirlos y, en caso contrario, denunciarlos, pero con la misma luz y
taquígrafos que hubo cuando se comprometieron y refrendados por los
mismos órganos que cuando se aprobaron. Eso también debe recogerlo el
Pacto de estabilidad institucional y lucha contra el transfuguismo
político. Y, para los que ahora cuestionan la moralidad en la negociación
de los días previos a la moción de censura, diputados regionales del
Partido Socialista visitaron a expulsados de Vox para convencerles y
contar con sus votos. Lo que necesiten; pura ambrosía decían que eran sus
votos. Y mi pregunta es: si hubiera prosperado esta negociación,
¿traerían esta moción hoy a debate? No es necesaria la respuesta. Por
cierto, también podrían haberla traído mientras gobernaba el Partido
Socialista por expulsados de Ciudadanos en Molina de Segura. (Rumores).
¿Y en Melilla, ciudad autónoma española de la que a veces se les olvida
lo que sucede allí? ¿Va a seguir participando el Partido Socialista en el
Gobierno en coalición con un imputado y expulsado y con un
condenado?


El Partido Popular es uno de los partidos firmantes
del Pacto por la estabilidad institucional y, a pesar de la buena
voluntad que mostramos al suscribir la adenda tercera al pacto,
consideramos que el trámite de la denuncia del caso que afecta a la
Asamblea legislativa de la Región de Murcia ha puesto de manifiesto las
grandes lagunas y carencias del pacto al ser incapaz de avanzar de un
modo neutral e independiente en este caso. Y ahí, en el pacto, es donde
debe dirimirse.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Aprovecharon indignamente
el peor momento de la historia reciente para presentar —y voy
terminando— la moción de censura. ¿Recuerdan aquellas palabras de
quien presente una moción de censura en estas circunstancias es un
irresponsable y tiene un problema moral? Sí, Inés Arrimadas; como para
estar tranquilos con las palabras de Ciudadanos. Es inmoral en una
pandemia, cuando peor lo está pasando la gente, tratar de desestabilizar
gobiernos, y de esto es de lo que estamos hablando. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Magdaleno Alegría.


El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, transfuguismo es corrupción política y
supone la negación de la democracia. Señorías del Partido Popular, mal
vamos cuando estamos negando lo evidente. Tras escucharles y oírles
hablar de tanto transfuguismo en todos lados menos en su casa, veo que no
ven ni siquiera el transfuguismo en su propio partido. Y es que, además,
se dan mucho a la conspiranoia cuando les pillan relacionados con la
corrupción. Así, por ejemplo, en el caso de corrupción de la Gürtel
dijeron: Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden; esto es una
trama contra el PP, que es una cosa bien distinta. Y ya no cuela,
señorías. Ya no cuela. (Rumores).


Y, señor Martínez, lamento haberle oído decir lo
que ha dicho, porque en realidad ha sido esconder lo que ha ocurrido en
Estella, y creo que deben rectificar.


Si traemos el pacto contra el transfuguismo es
porque en esta Cámara compartimos con los ciudadanos la preocupación por
el deterioro de la democracia y, especialmente, por lo común, que es
esencial para salir adelante. Y, sí, señorías, la democracia importa, y
mucho, a los ciudadanos porque es el instrumento que tienen los
ciudadanos para que no se impongan los intereses de los poderosos.
Nuestra democracia ya detectó en 1998 la importancia del transfuguismo, y
por eso se llegó a un importante acuerdo que se llevó al ámbito local. Y,
poco a poco, y siempre —hay que decirlo— con el Partido
Popular a rastras, se ha ido avanzando. Y hoy, de un plumazo, señores del
Partido Popular, han desandado todo el camino que hemos andado porque les
interesa mantener el Gobierno en Murcia. Y, sí, señorías, aludimos a
Murcia porque es un símbolo de cómo la derecha y la ultraderecha están
deteriorando sus instituciones. Desde luego, no es equiparable, ni de
lejos, utilizar un mecanismo constitucional como es una moción de censura
por —no lo olvidemos— casos de vacunaciones masivas ilegales
y poner en el mismo lado a tres tránsfugas ilegales. (Rumores.—
Aplausos).


Señorías, hay fotos que realmente ponen de
manifiesto los momentos políticos y las intenciones políticas. Yo creo
que la foto de Colón fue una foto donde se visualizaba la unión de la
derecha y la ultraderecha que más tarde se llevó a cabo en distintos
gobiernos autonómicos. Y hoy, en la comunidad autónoma de Murcia se han
dado dos fotos que describen perfectamente la realidad. La primera es la
foto del propio Gobierno de Murcia, compuesto por distintos tránsfugas de
diversas formaciones políticas, foto que simboliza la degradación
política a la que, lamentablemente, llevan a las instituciones. Y es que,
con esta foto, ¿qué quieren enseñarnos? ¿Que ahora ser un golfo de la
política y traicionar la voluntad de los electores tiene premio? Roma no
paga traidores, pero el Partido Popular, sí, señorías. (Aplausos).
Libertad, señorías, no es saltarse la democracia. Y la otra foto que
tenemos en Murcia es la foto del señor Pablo Casado jactándose de
mantener el Gobierno de la Región gracias a la traición de unos
personajes. Con ello el señor Casado nos está diciendo muchas cosas: en
primer lugar, que vale muy poco la palabra del Partido Popular del señor
Casado, que solo hace unos meses, señorías, renovó el pacto
antitransfuguismo, donde se decía que no iban a hacer lo que acaban de
hacer en Murcia; y, en segundo lugar, que no solo no se avergüenza de la
compra de votos, sino que además se enorgullece de ello. Está
identificando el Partido Popular de hoy el transfuguismo con dignidad y
amor a España. Señorías, la conclusión yo creo que es bien clara: un
partido político que utiliza los tránsfugas pero además está orgulloso de
ello es un partido que no merece gobernar este país, señorías.
(Aplausos).


Pero, señorías, lejos de enmendar el daño que están
realizando, se ensañan todavía más. Ahora, en su estrategia, permiten que
los tránsfugas de Ciudadanos se adueñen del grupo parlamentario al que
traicionaron, y, así, los leales a su partido político no puedan ejercer
la oposición parlamentaria. Se ensañan todavía más, señorías. En la
Comunidad de Murcia, varios miembros del Gobierno de Murcia están en las
comisiones parlamentarias. Eso sí que es un ataque claro y contundente al
principio de división de poderes con el que no permiten a la minoría
controlar a la mayoría parlamentaria.


Hoy pedimos, señorías, juego limpio, que los
personajes que se corrompen sean aislados de la sociedad, que no
condicionen los gobiernos en este país. En definitiva, solo pedimos una
cosa muy importante: que los ciudadanos, con su voto, sean los dueños de
su propio destino.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, terminado el debate de esta primera
moción, procedemos, a continuación, a la votación de los siguientes
asuntos.


En primer lugar, la moción por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la
sostenibilidad de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, del
Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la incorporación de la enmienda
número 1 del Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro de
entrada 92119, y la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 92124.


En segundo lugar, la moción por la que se insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias que faciliten a los
trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, del Grupo Parlamentario
Popular. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista con número de registro de entrada 92122.


Y, en tercer lugar, la moción por la que el Senado
rechaza la práctica del transfuguismo parlamentario e insta al Gobierno a
seguir garantizando e impulsando el pacto antitransfuguismo, del Grupo
Parlamentario Socialista. Se vota la propuesta de modificación del Grupo
Parlamentario Socialista, de Esquerra Republicana, del Grupo
Parlamentario Vasco, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo
Parlamentario Nacionalista, con número de registro de entrada 93018.


Son las quince horas y treinta y siete minutos;
tenemos dos horas: hasta las diecisiete horas y treinta y siete
minutos.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y LEGALES NECESARIAS PARA EVITAR LA
QUIEBRA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEPENDIENTE DE LOS
AYUNTAMIENTOS, Y GARANTIZAR SU SOSTENIMIENTO Y VIABILIDAD
FUTUROS.


662/000059

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 11.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario
Mixto, por iniciativa de la señora Yolanda Merelo Palomares y de los
señores José Manuel Marín Gascón y Jacobo González-Robatto Perote; una
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; y una del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Silván
Rodríguez.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, podría iniciar esta intervención con
varias reflexiones, pero voy a hacerlo con una muy sencilla y muy
ilustrativa: hay 53 millones de euros para dilapidarlos en la aerolínea
Plus Ultra y no hay ni un solo euro para ayudar y apoyar al transporte
público urbano en nuestras ciudades. (Aplausos). ¿A que lo han entendido
perfectamente? Pues esa es la verdadera realidad de la posición del
presidente Sánchez, del ministro Ábalos y de la ministra Montero:
aerolínea Plus Ultra, sí, transporte público urbano, no. ¿Y qué
significado tiene esa posición del Gobierno de España? Absoluto desprecio
a miles de empresas de transporte, absoluto engaño a miles de empresas de
transporte; desprecio y engaño a miles de trabajadores de —estos,
sí— servicios esenciales; pero también desprecio y engaño a
millones de viajeros que utilizan el transporte público, no por ocio y sí
por necesidad, para ir a trabajar, a estudiar, a facilitar la movilidad
de nuestros mayores, un gran número de personas, un variado conjunto de
trabajadores y usuarios despreciados por la insensibilidad del Gobierno
de España. ¿Resultado de todo ello? Un servicio esencial, necesario en el
día a día de millones de españoles, que el Gobierno de España pone en el
precipicio.


Pero, señorías, la pregunta es mucho más amplia:
¿qué le pasa al Gobierno Sánchez con los ayuntamientos? ¿No confía en
ellos? Pruebas, muchas. El Gobierno de España no solo no ha destinado un
solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra la COVID,
sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de
las entidades locales. Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse
de los ahorros de nuestros ayuntamientos; segundo, el Gobierno de España
despreció a las entidades locales en el Presupuesto General del Estado
para el año 2021; y tercero, las entidades locales gestionarán apenas
el 1 % de los 140 000 millones de euros del total de los Fondos europeos
de recuperación. Todo ello confirma fehacientemente que el Gobierno
Sánchez es el más antimunicipalista de la democracia. Y ahora, con el
transporte, el mismo modus operandi. Mientras la señora Montero prometía
entregar ayudas a los ayuntamientos, el resto del Gobierno planeaba un
nuevo engaño que afecta gravemente a todos. Alcaldes de todo signo,
incluidos los del Partido Socialista, padecen su nuevo timo, su nueva
mentira, su nuevo ataque, en este caso a las empresas del transporte
público urbano, sometiendo a una agonía más a nuestros ayuntamientos.
Siempre igual; su propaganda y fuegos de artificio continúan perjudicando
a todos los sectores de la sociedad. Nuevo timo e incumplimiento del
Gobierno socialista, que se niega a entregar a los ayuntamientos
españoles 400 millones de euros, como prometió, antes del 31 de marzo;
ni 400 ni 4, absolutamente nada. La consecuencia de ello es el serio
peligro para la viabilidad de todas las empresas dedicadas a prestar
—eso, sí, y aquí, sí— un servicio esencial: el transporte
público urbano. Sus teorías sobre el apoyo al transporte público como
transporte sostenible, ecológico y demás adjetivos quedan en meras
declaraciones de interés, quedan en evidencia, y se demuestra que su
apoyo al transporte público es falso por el cierre del grifo de la
financiación a ayuntamientos y empresas.


Señorías, hay problemas propios de la pandemia, sin
duda, pero hay otros que ustedes generan por su gestión negligente, como
en este caso, y que ponen en serio peligro el sostenimiento del
transporte urbano; una amenaza muy seria para el funcionamiento normal de
la sociedad, una amenaza que se suma a todas las que ustedes están
generando con su desgobierno y camuflan en una auténtica y teórica
cogobernanza, cogobernanza inexistente con los ayuntamientos, a los que
atacan sistemáticamente. Ustedes hacen oídos sordos a todas las alertas:
a las formuladas por el Partido Popular, por supuesto, pero también a las
formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias, que
avisa ya, hoy, de la cascada de quiebras municipales si no se reciben
esos fondos. Pero a ustedes esto no parece importarles nada.


Les voy a señalar una prueba más de la nefasta
gestión socialista. El Ministerio de Hacienda traslada a la patronal del
transporte que no liberará dichos fondos hasta, al menos, el próximo 30
de junio. Y llegará el 30 de junio y también se demostrará falsa la
fecha, como otras tantas promesas y anuncios del Gobierno. Palabra del
PSOE, palabra no válida. Es una fecha que pretende ganar tiempo, engañar
a los alcaldes y al sector del transporte, una fecha demasiado lejana
para poder solventar el gravísimo problema que padece el sector. Son
miles de trabajadores del transporte urbano y millones de ciudadanos
españoles los que van a ver peligrar su derecho a la movilidad, otro
derecho que ustedes recortan y ponen en peligro. Ustedes, que predican
tanta defensa de derechos, luego, en la realidad, son los que intentan
cercenarlos. Y ahora también ha llegado el turno de ataque al derecho a
la movilidad. Si quiebran las empresas, serán ustedes responsables; si
pierden empleo los trabajadores, serán ustedes responsables; y si los
ciudadanos se quedan sin autobuses, también serán ustedes los
responsables. ¿Y saben lo que harán ustedes? Le echarán la culpa a todo y
a todos, menos a ustedes. Le echarán la culpa al Partido Popular, le
echarán la culpa a la presidenta Ayuso, le echarán la culpa a la falta de
presupuesto, a la burocracia, a todos menos a ustedes. Pero, les digo una
cosa: nadie les creerá. ¿Por qué? Porque para la aerolínea chavista no
hay burocracia y sí rapidez y celeridad para desviar más de 8000 millones
de las antiguas pesetas, y para el esencial transporte público urbano
todo son excusas de mal pagador.


La terrible consecuencia de su incumplimiento con
dicho sector se suma a la que padecen los perseguidos autónomos, las
pymes, las grandes empresas, los agricultores, ganaderos,
ferroviarios…, un sinfín de sectores y de personas. Están en una
situación muy delicada provocada por ustedes y su falta de compromiso que
producirá graves consecuencias en los municipios cuyas empresas
municipales y líneas de transporte peligran. Y peligran al entrar en
causa directa de disolución, que es la situación en la que se encuentra,
a día de hoy, la práctica totalidad de estas mercantiles. Pero a ustedes
les da igual, les dan igual las quiebras que se traducen en miles de
trabajadores en paro, miles de subsidios, miles de dramas familiares. Y a
mayores, y por si esto fuera poco, la actitud del Gobierno Sánchez dejará
a millones de españoles sin desplazarse, sin su derecho a la movilidad. Y
mientras, ¿saben lo que hacen otros países europeos, Alemania y Francia,
entre otros? Apuestan por sus redes de transporte urbano con claridad,
con rapidez, con contundencia y con recursos económicos. Esa es, de
nuevo, la diferencia entre una gestión promunicipal, como defiende el
Partido Popular, y la gestión antimunicipal constatada por ustedes. En
definitiva, una gestión proeuropea y una gestión pro Venezuela, como la
suya.


Polígonos industriales, colegios, hospitales,
administraciones, personas mayores, estudiantes, trabajadores sin
vehículo propio o personas que eligen libremente el transporte público
urbano, por ser sostenible, corren el peligro de perder su derecho por la
mencionada falta de ayudas. Mientras los ayuntamientos quieren mantener
unos servicios de transporte dignos, el Gobierno no ayuda y pone palos en
la rueda a las ruedas de esos autobuses. Ustedes incumplen nuevamente de
forma vergonzosa su propia palabra, fijada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021, que son papel mojado, como se ha demostrado
una vez más con este sector. Y veremos que se volverá a demostrar muchas
veces más. Ni los 275 millones de euros iniciales ni los 400 millones de
euros siguientes, los presupuestos se demuestran como un medio, no para
gobernar España, sino para sostenerse ustedes en el Gobierno. Voy
terminando. Son unos presupuestos totalmente inútiles para los
ciudadanos, para la economía y para el progreso de España, que desde que
entraron en vigor, el pasado mes de enero, solo demuestran ser una farsa.
Ahora toca esa farsa al transporte urbano y, nuevamente, a los
ayuntamientos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado pide, a través de esta moción, la rápida y urgente adopción de
medidas económicas y legales necesarias para evitar la quiebra del sector
del transporte público urbano, ayudar a nuestros ayuntamientos y
garantizar el derecho a la movilidad de millones de españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador González-Robatto
Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


Con nuestra enmienda buscamos que las medidas que
estamos tomando aquí, la distancia de seguridad, se reproduzcan en el
metro, en el autobús y, en general, en todo el transporte público. Por
ello, no solo queremos sostener el sistema de transporte público, sino
además reforzarlo especialmente con un interés sanitario para todos los
ciudadanos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Quiero sacudirme la tristeza del debate anterior y
empezar diciendo que abril, para vivir. Qué bello abril, de república y
de claveles en la península ibérica. (Aplausos).


Y vamos a hablar de transporte, que creo que es una
cuestión imprescindible y fundamental, no solo para la economía, como
afirma el Partido Popular en su moción, sino para la vida de la mayoría
de las ciudadanas y los ciudadanos de este país.


Nosotros hemos presentado una enmienda, porque
consideramos que la moción trata un tema interesante, pero era tan
poquita cosa… Con un párrafo nada más, no define ningún modelo ni
aporta ninguna concreción sobre cómo entiende el Partido Popular que se
deberían producir esas actuaciones, esas medidas económicas y legales, y
nos hemos decidido a proponer algunas para concretar al menos un modelo
de transporte que es el que nosotros defendemos, que probablemente no sea
exactamente coincidente con el de ustedes, pero es el que proponemos. En
este sentido va nuestra enmienda.


El primer punto pide impulsar medidas económicas y
legales que favorezcan la recuperación de la gestión del transporte
público. Y es que cuando en un servicio público, tal como nosotros lo
entendemos, y hablando de un derecho como es el de la movilidad, se
privatiza la gestión, luego hay que acudir a lo público para que venga a
rescatar cuando las gestiones son deficitarias o cuando no se llega a
prestar el servicio en las condiciones de calidad que requieren las
ciudadanas y los ciudadanos. En nuestro caso, como entendemos que es un
servicio público, no planteamos que lo público rescate, sino que recupere
la gestión del servicio público cuando vayan cumpliendo las concesiones
de la explotación de las líneas, garantizando el sostenimiento, la
viabilidad, etcétera.


En cuanto al segundo punto, reconozco que es una
perspectiva absolutamente ideológica, porque cuando subo a la tribuna
casi siempre hablo de la perspectiva de género. Y si hay algún caso donde
está pegada a la realidad, es en el transporte urbano metropolitano.
Durante mucho tiempo trabajé en una radio, me levantaba muy temprano y me
iba en transporte público, y solo íbamos mujeres en los autobuses
interurbanos o en los trenes de cercanías a esas horas. Salvo el
conductor, todas las demás éramos mujeres, mujeres que generalmente
prestan servicios ahora esenciales. Y es que después de la pandemia
probablemente lo único bueno es que hay determinados servicios,
determinados trabajos, que ahora se consideran esenciales, como el de las
limpiadoras, la mayoría de ellas, o asistentas, que utilizan ese
transporte mayoritariamente. Y también lo utilizan los estudiantes,
mujeres y hombres jóvenes estudiantes. Por eso nos parece importante
añadir una perspectiva de género en la identificación de las pautas de
desplazamiento, de los flujos e itinerarios de ese transporte público
urbano.


Naturalmente, hay que trabajar para erradicar
algunas prácticas basadas en el dumping laboral y en la evasión fiscal en
el sector del transporte público, donde las trabajadoras y,
mayoritariamente, trabajadores del taxi vienen denunciando fórmulas
fraudulentas, intrusismo, y hay lagunas legales. Por tanto, convendría
resolver y determinar cuáles son las condiciones legales para que las
empresas, pequeños y medianos empresarios, autónomos la inmensa mayoría
de ellos, que prestan el servicio del taxi tuvieran la cobertura legal
que necesitan.


También planteamos promocionar el desarrollo de
infraestructuras que tengan que ver con la intermodalidad de los
servicios de transporte colectivo.


Para el futuro proponemos medidas destinadas a
adaptar los medios de transporte a sistemas de propulsión eléctrica,
fuentes de energías renovables y combustibles con bajas emisiones
contaminantes.


Y, por último, proponemos constituir el fondo
estatal para la financiación de la movilidad colectiva urbana e
interurbana y el resto de mecanismos previstos en la ley de financiación
del transporte público urbano y metropolitano, que actualmente se está
tramitando en las Cortes Generales, a iniciativa de nuestros compañeros
de grupo, de Compromís.


Estas son las enmiendas que hemos querido
presentar, insisto, por concretar algún modelo de transporte público
urbano y metropolitano sobre el que después poder discutir.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Galván Lobato.


La señora GALVÁN LOBATO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.


La enmienda que presenta el Grupo Socialista
pretende, por un lado, arreglar los términos de su moción, dado que
incluimos la expresión entidades locales para englobar a todas aquellas
con competencias en transporte urbano y metropolitano o interurbano, y no
solamente los ayuntamientos, como ustedes recogen en su petición.


Por otro lado, queremos verbalizar lo que de hecho
se está materializando, porque este impulso al sector del transporte
público ya existe. Es que ya existe. En este sentido, conviene recordar
algunas medidas ya establecidas para apoyar a las entidades locales en la
prestación del servicio público de transporte. El 16 de junio de 2020 el
Consejo de Ministros aprobó un Fondo COVID, con 16 000 millones de euros
para las comunidades autónomas, de los cuales 800 millones fueron a parar
al sector del transporte público. Esta ayuda estaba destinada a paliar el
déficit adicional ocasionado por las medidas que se tuvieron que adoptar
durante el estado de alarma y que supusieron una drástica reducción de la
demanda de transporte y unos costes adicionales, con el fin de preservar
la salud de los viajeros. Con el Real Decreto ley 27/2020, de 4 de
agosto, se aprobaba un fondo de 275 millones de euros para financiar el
déficit extraordinario de los servicios de transporte público que prestan
las entidades locales. Este fondo era ampliable hasta los 400 millones de
euros, y su objetivo era garantizar la continuidad de la prestación del
servicio esencial para la ciudadanía y la viabilidad del tejido
empresarial necesario para su prestación. Y ustedes, señorías del PP,
saben lo que pasó, ¿no? Que el real decreto ley no fue convalidado
gracias al voto desfavorable, entre otros, del Grupo Popular. No sean,
entonces, tan cínicos.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2021 también recoge un crédito de 51 millones de euros destinados a
subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano para las
entidades locales que cumplan unos requisitos determinados. Y ustedes
señorías del PP, saben lo que pasó, ¿no? Que votaron en contra de los
Presupuestos Generales del Estado; eso es lo que pasó. (Rumores). Es
decir, votaron en contra de que esos 51 millones lleguen a su destino. No
sean, entonces, tan cínicos.


Para la financiación extraordinaria a los
ayuntamientos que no esté prevista en los Presupuestos Generales del
Estado ya se está trabajando en la elaboración de una norma que regule la
cuantía, el criterio de reparto y la forma de instrumentar dicha
financiación. Para ello, la Secretaría de Estado de Hacienda publicó,
el 12 de marzo, una resolución con las instrucciones relativas a la
información que deben aportar las entidades locales respecto del servicio
de transporte público urbano o interurbano. Esta información se referirá
a los datos del año 2019 aportados por los municipios, y las entidades
locales incluidas serán ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos
insulares, mancomunidades y comarcas y las diputaciones forales de los
territorios históricos del País Vasco. Hay que decir que el día 5 de
abril comenzó el plazo de quince días naturales para solicitar estas
subvenciones, con la apertura de la aplicación telemática en la oficina
virtual, y, por tanto, las entidades locales tienen de plazo hasta el 19
de abril. El grifo está abierto, señor Silván. Hay que decir también que
esto supondrá una modificación de crédito. ¿Qué le parecerá a su partido
esta modificación, señorías del PP? De la misma manera que se buscó una
fórmula para permitir a los municipios usar sus remanentes de tesorería,
prohibido por Montoro, el Gobierno ha dado un paso más en su compromiso
con las entidades locales para ayudar a paliar las pérdidas por la
pandemia que afectan a este sector; y todo ello a pesar de no haber sido
respaldado con la convalidación del Real Decreto 27/2020. Este Gobierno
está actuando para evitar la quiebra del sector. Claro que sí, señor
Silván, claro que sí.


Pero ustedes, además, piden en su moción garantizar
su sostenimiento y viabilidad futuros. Ahora se está actuando ante lo más
urgente, que es dar solución a las pérdidas ocasionadas por la pandemia.
Como ya anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se
está trabajando en una nueva ley general de transportes, así que el
futuro del sector dependerá de aprobar esta ley y del nuevo reglamento de
ordenación del transporte. Esperamos que ustedes arrimen el hombro para
dar viabilidad al sector del transporte dependiente de las entidades
locales. Sean consecuentes con lo que hoy están pidiendo y no hagan como
con el Real Decreto 27/2020 o la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, porque a lo único que se sumaron ustedes fue a la aprobación del
Fondo COVID inicial. Ese día debieron de tener un ataque de
responsabilidad, a tenor de las actuaciones que le siguieron.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene
la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Silván
Rodríguez.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias,
presidenta.


Quiero agradecer a los diferentes grupos
parlamentarios, especialmente al Grupo Socialista, a Vox y a Izquierda
Confederal la presentación de estas enmiendas.


Señorías, como dije en mi intervención inicial, el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción amplia
y en todo caso no ideológica; una moción amplia en la que entendíamos que
podíamos caber todos y sobre todo que podía demostrar, ahora sí, con
hechos, el apoyo al sector del transporte, a nuestros ayuntamientos y
nuestra contribución a la prestación de ese derecho fundamental de todos
los ciudadanos, cual es el derecho a la movilidad y al desplazamiento a
través de un transporte público urbano.


A la portavoz socialista, la señora Galván, tengo
que decirle que no vamos a admitir su enmienda. Y empiezo por dónde usted
ha terminado, y es que su enmienda excluye de la moción presentada por el
Grupo Popular precisamente una de sus finalidades: garantizar, no
solamente en el presente sino fundamentalmente para el futuro, el
sostenimiento y la viabilidad de esas empresas, y el sostenimiento y la
viabilidad de la prestación del transporte público urbano. No tendría
ningún sentido pensar en el presente y no trabajar ya para el futuro. Lo
demás, señoría, son excusas de mal pagador a las que, por cierto, nos
tienen muy acostumbrados. Por otro lado, ponga otro ejemplo, pero no
hable de 51 millones, porque entonces, ¿dónde están los 53 millones,
los 8000 millones de las antiguas pesetas, destinados con mucha celeridad
a la aerolínea Plus Ultra? ¿Aerolínea Plus Ultra, sí, y transporte
público urbano, no? (Aplausos). Creo que mal ejemplo ha puesto. Por
supuesto, entendemos que el grifo de financiación no está abierto y así
lo ha dicho la propia ministra Montero, que no hay 400 millones de euros;
ni 400 ni 4 para los ayuntamientos y para el sector del transporte
público urbano.


A la señora González Modino, de Izquierda
Confederal, tengo que decirle que efectivamente es una moción no
ideológica, y usted ha incluido en esa enmienda de sustitución la
ideología. Por supuesto que el transporte público, por su propia
definición, tiene esa naturaleza universal, y lo que pretendemos con esta
moción es garantizar precisamente esa prestación del servicio. Estamos a
favor —siempre lo hemos defendido— de la intermodalidad del
transporte, de un transporte sostenible y de bajas emisiones. Usted misma
lo ha confesado, no es una moción ideológica sino una moción clara de
apoyo y de ayuda a un sector que lo está necesitando, y de ayuda
fundamentalmente a nuestros ayuntamientos, a nuestras entidades
locales


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya
terminando, señoría.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Voy acabando.


Al portavoz del Grupo Mixto, en este caso de Vox,
he de decirle que precisamente nuestra moción recoge la finalidad de su
planteamiento, esa garantía de solvencia y de viabilidad del sector
público del transporte.


El ofrecimiento seguirá en pie hasta el momento de
la votación para que demuestren, eso sí, aquí, en sede parlamentaria, su
apoyo a nuestros ayuntamientos y al transporte público urbano.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


A pesar de que estamos muy de acuerdo con la moción
que trae el Grupo Popular tememos que es un nuevo brindis al sol. En
cualquier caso, obviamente, estaremos de acuerdo con todo lo que sea
ayudar a sobrellevar la crisis económica derivada de la lamentable
gestión de la COVID —tanto sanitaria como económica— del
Gobierno socialcomunista y cada vez más comunista gracias a los fichajes
estrella de comunistas declarados por el señor Sánchez. En este sentido,
produce auténtico sonrojo leer su currículum, aunque supongo que para
ustedes, señores socialistas, cuanto más vacío esté, mejor.


Vox se suma a esta moción a pesar de la no
aceptación de nuestra enmienda, pero, señorías del PP, deberían ustedes
pedir ayuda al señor Feijóo con el señor Ábalos, con el que tan cómodo se
encuentra. Decimos el señor Feijóo porque lo tiene más cerca, ya que a
quien se debe pedir ayuda es a los amigos venezolanos del ministro
Ábalos, que a ellos sí que les consigue millones de euros en subvenciones
—como usted ha mencionado antes— como los concedidos a la
ridícula aerolínea Plus Ultra, 53 millones de euros, con la que está
cayendo —no nos extrañaría que algún día deban responder civil o
criminalmente de este flagrante caso de nepotismo— y también ayudas
para tapar los trapicheos con la sátrapa caribeña, la señora Delcy
Rodríguez, miembro de uno de los regímenes más tenebrosos del mundo, muy
aplaudido por gran parte del Ejecutivo.


El señor Ábalos, por supuesto que dirá que está de
acuerdo en ayudar a los ayuntamientos, pero allá donde promete cosas, ya
lo sabemos, es sencillamente negativo, sabiendo positivamente que no las
va a cumplir porque su Gobierno, aparte de estar en la ruina, es rotunda
y repetidamente mentiroso, con un déficit creciente y una deuda
desbocada.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
¿intervendrá algún senador? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies presidenta. Bona
tarda senyories.


És evident que des de Junts per Catalunya compartim
la molt breu part expositiva de la moció presentada per el Grup Popular,
on se’ns diu que els ajuntaments són l’administració més
pròxima a la ciutadania, i que una de les competències més importants que
tenen les ciutats, és el transport públic urbà, que incideix directament
en el desenvolupament i el progrés de les mateixes. També ens diu que el
transport constitueix un dels eixos fonamentals de l’economia
d’un territori, evidentment coincidim.


També som conscients de que ara mateix, com ens
recordava la senadora Galván, hi ha obert un procés de petició de dades
per part de la Secretaria de Estado de Hacienda, està obert des del 5
d’abril, perquè els ajuntaments, les diputacions, les
mancomunitats, les comarques, totes aquelles entitats que presten un
servei regular de transport urbà o interurbà, facilitin la informació
referent a aquest. Informació que haurà de servir per determinar
l’import dels ajust que rebran, en base, entre d’altres, a la
comparació amb el 2019 dels ingressos i de les xifres de negoci del
any 2020. No tenim cap dubte que el fet que hi hagi un procés obert per
ajudar als ajuntaments i la resta d’administracions a què fèiem
referencia, a fer front a aquests dèficits del servei de transport
regular, a conseqüència dels efectes de la pandèmia, és sempre una bona
notícia, però el què farà veritablement bo aquest ajut al transport urbà,
serà la quantitat que al final d’aquest procés acabarà arribant a
cadascuna d’aquestes entitats locals afectades. Per això mateix,
cal que l’import destinat pugui cobrir totes les demandes
d’aquestes entitats. Cal també poder-ho estendre a
l’exercici 2021, on s’arrosseguen moltes de les
problemàtiques del 2020.


En aquest sentit, i malgrat reconèixer un cop més
que s’ha començat a fer alguna cosa, però també davant la incertesa
de que sigui insuficient, els dic que, deixant la part expositiva, en
aquest cas també compartim amb el Grup Popular, part de la dispositiva
d’aquesta moció que insta al Gobierno a impulsar mesures per
garantir la salvaguarda i la viabilitat del servei de transport públic
municipal, evitant la seva fallida, fet que, com crec que han dit tots
els que m’han precedit, perjudicaria greument la mobilitat
d’una bona part de la ciutadania. (la senyora presidenta ocupa la
Presidència).


Senyors socialistes, en mans del seu Govern està
que aquestes mesures iniciades es concretin, que es complementin i que
definitivament esdevinguin una veritable resposta a aquesta
problemàtica.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Es evidente que en Junts per Catalunya podemos
compartir la muy breve parte expositiva de la moción presentada por el
Grupo Popular, en la que se nos dice que los ayuntamientos son la
administración más próxima a la ciudadanía y que una de las competencias
más importantes que tienen las ciudades es el transporte público urbano,
que incide directamente en el desarrollo y el progreso de estas ciudades.
También nos dice que el transporte constituye uno de los ejes
fundamentales de la economía de un territorio. Evidentemente,
coincidimos.


Por otro lado, somos conscientes de que el 5 de
abril, como nos recordaba la senadora Galván, la Secretaría de Estado de
Hacienda abrió un proceso de petición de datos para que los
ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades, las comarcas, y
todas aquellas entidades que prestan un servicio regular de transporte
urbano o interurbano, faciliten la información referente a este servicio;
información que debe servir para determinar el importe de las ayudas que
recibirán sobre la base, entre otras, de la comparación con el 2019 de
los ingresos y las cifras de negocio del año 2020. No tenemos duda alguna
de que el hecho de que exista un proceso abierto para ayudar a los
ayuntamientos y al resto de administraciones a que nos referíamos a hacer
frente a estos déficits por el servicio de transporte regular como
consecuencia de la pandemia es siempre una buena noticia, pero lo que
hará realmente buena esta ayuda al transporte urbano es la cantidad que
al final de este proceso acabe llegando a cada una de las entidades
locales afectadas. Por eso mismo, es necesario que el importe destinado
pueda cubrir todas las demandas de estas entidades. Es necesario también
que se pueda extender al ejercicio 2021, en el que se arrastran muchas de
las problemáticas de 2020.


En este sentido, y a pesar de reconocer una vez más
que se ha empezado a hacer alguna cosa, pero también ante la
incertidumbre de que sea insuficiente, además de la parte expositiva, en
este caso también compartimos con el Grupo Popular la parte dispositiva
de esta moción que insta al Gobierno a impulsar medidas para garantizar
la salvaguarda y la viabilidad del servicio de transporte público
municipal evitando su quiebra, hecho que —como creo que han dicho
todos los que me han precedido— perjudicaría gravemente a la
movilidad de una buena parte de la ciudadanía. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia).


Señores socialistas, en manos de su Gobierno está
que las medidas iniciadas se concreten, se complementen y definitivamente
se conviertan en una auténtica respuesta a esta problemática.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Señor Silván, la ideología no es mala. He estado
buscando el término apresuradamente en el Diccionario de la Real Academia
Española, aprovechando este momento, y es «El conjunto de ideas
fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad
o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera».
Bendita democracia que nos permite a usted y a mí contrastar nuestras
respectivas y diferentes ideologías. No me parece que sea malo, en
absoluto, y por eso he descubierto sin ningún tipo de problema que las
enmiendas que hemos presentado a la propuesta de debate que usted nos
trae sobre el transporte urbano y metropolitano, que nos interesa, tienen
un contenido ideológico claro: es nuestra interpretación de la realidad o
el programa o el modelo de transporte que nos gustaría, porque entendemos
que resolvería con más eficiencia y con más calidad los problemas que
tienen los ciudadanos y ciudadanas. Usted estará de acuerdo o en
desacuerdo, faltaría más, pero no es ningún problema el hecho de añadir
contenidos ideológicos o de interpretar, desde mi punto de vista,
naturalmente, con el prisma ideológico los diferentes debates que se
plantean en esta Casa.


Algunas consideraciones previas ya las he avanzado
en las enmiendas. Entendemos que la movilidad es un derecho esencial que
afecta al conjunto de la ciudadanía. La Unión Europea establece que la
financiación del transporte público urbano no es una responsabilidad
única de las entidades locales, también de las regiones —en el
lenguaje de la Unión Europea— sino, naturalmente, también de los
Estados. El transporte público, es cierto, ha sufrido especialmente las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19; sufrió
una caída superior al 90 % durante muchas semanas sucesivas. Por tanto,
la apuesta por el transporte público debe ser ahora más fuerte que nunca,
dotándolo de recursos para plantear iniciativas estratégicas que aumenten
y mejoren la oferta, que consigan una mayor integración multimodal, que
planteen nuevas políticas tarifarias o que impulsen el salto digital y
tecnológico del servicio público. Con ello conseguiríamos que el
transporte urbano colectivo se convierta en la mejor opción de movilidad
por su carácter universal, y ojalá también por su carácter sostenible.
Este era el sentido en el que nosotros queríamos concretar el debate,
puesto que entendemos que la movilidad es un derecho también de las
personas que habitan en esos barrios más alejados de las ciudades y
también de las personas que viven en los distritos donde se concentran
generalmente personas vulnerables, que también tienen derecho a la
movilidad y a un sistema de transporte público que preste el servicio que
corresponde a ese derecho.


Una de las diferencias entre su propuesta genérica
de sostener y mantener la viabilidad de las empresas de transporte urbano
y metropolitano es que en esta situación de dificultad nosotros
entendemos que lo público no viene a rescatar lo que se ha privatizado ni
a resolver los importantes problemas de gestión de las empresas, sino a
garantizar, a recuperar la gestión de un servicio que se privatizó y que
cuando se privatizó, por lo general, empeoró y dejó fuera a determinados
colectivos de la ciudadanía que, insisto, tienen reconocido ese derecho a
la movilidad. Por eso tenemos especial interés en la Ley de financiación
del transporte público urbano y metropolitano, y ahí nos gustará ver qué
es lo que opina el Partido Popular cuando en el Congreso corresponda el
debate de esta ley, el trámite de enmiendas y lo que sea menester,
porque, probablemente, este sea el cauce más concreto, más pegado a la
realidad, para garantizar no solo el sostenimiento de las empresas que
prestan el servicio de transporte urbano y metropolitano y de sus
trabajadores correspondientes, sino del derecho a la movilidad de la
mayoría de la ciudadanía, estableciendo un marco de financiación que
garantice efectivamente ambas cosas.


Termino ya rápidamente, porque se me está acabando
el tiempo, diciendo también que en la cuestión de esas empresas por las
que ustedes están preocupados yo les veo un sesgo respecto a las VTC, y a
nosotros nos gustan más los trabajadores y trabajadoras del taxi,
francamente. Eso también es ideológico, probablemente, pero también es
una diferencia que me interesa resaltar en este momento.


Es muy importante, cuando hablamos de transporte
urbano, no dejar atrás la realidad de las áreas metropolitanas de otras
ciudades más allá de Madrid y de Barcelona; hay otras ciudades en el
conjunto del Estado que tienen también áreas metropolitanas y necesidades
de conexión con sus respectivos entornos. En ese sentido, hemos venido a
participar con interés en el debate, señor Silván.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on.
Intervendré desde el escaño, si es posible.


El 23 de septiembre del año pasado decidimos en
esta Cámara la toma en consideración de la Proposición de Ley de la
financiación del transporte público urbano y metropolitano, y en ese
debate y en posteriores se recordó el compromiso del Gobierno de
presentar el Proyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte, así como que ambos proyectos de ley confluyesen en su debate
en el Congreso. Hoy sabemos que el primero se encuentra en trámite en la
Cámara Baja —de hecho, se ha ampliado una semana más el plazo para
presentar enmiendas—, pero no sabemos nada del segundo, es decir
del tan anunciado proyecto del ministerio que, a su vez, forma parte de
la estrategia de movilidad, que tampoco está aprobada.


No voy a entrar en el fondo de esta moción muy
breve, tanto en su parte expositiva como en la dispositiva, y tampoco voy
a ahondar en la necesidad de una suficiente financiación del transporte
público urbano, metropolitano o intracomunitario, de la función del
servicio público que cumplen o de su concepción como derecho a la
movilidad de todas las personas. El Grupo Vasco se va a abstener en esta
moción ya que el título competencial, es decir, el marco competencial,
determina que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene las competencias
normativas en virtud de la Constitución y del artículo 10.32 del Estatuto
de Gernika, que recoge que la competencia del transporte intracomunitario
corresponde a la comunidad autónoma vasca, dentro del cual se encuentra
el urbano y el metropolitano.


Por otro lado, en relación a la financiación del
transporte público dependiente de los ayuntamientos, de la que es objeto
esta moción, quiero decir que los ayuntamientos vascos tienen un régimen
diferenciado que deriva del concierto económico y que a este régimen nos
encomendamos. Eso sí, si en esta moción habláramos de fondos de carácter
extraordinario y excepcional, que no afectan al régimen de las
comunidades autónomas, mediante los que se les facilitaran recursos
adicionales e independientes del sistema de financiación autonómica, en
esta calificación de fondos extraordinaria y excepcional se tendría que
incluir también a las comunidades autónomas no integradas en el régimen
común, como la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de
Navarra, si bien su participación en la distribución de este fondo deberá
ajustarse al convenio de Navarra y al concierto económico, mediante
acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico en el caso de la
comunidad autónoma vasca; y como la que contienen los Presupuestos
Generales en la disposición 156, en la que se autoriza un crédito
extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público de
titularidad de las entidades locales, creada para compensar el déficit
generado por la bajada de los ingresos, consecuencia de la pandemia.


Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Va a intervenir el portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). No va a
intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Silván Rodríguez.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a los
diferentes portavoces sus consideraciones y, sobre todo, el tono de sus
intervenciones.


En segundo lugar, quiero trasladar lo que ya hice
en mi primera intervención, y ahora de una manera mucho más clara, y es
que el objetivo de esta moción es doble: trasladar el apoyo del
Parlamento, en este caso del Senado, a nuestros ayuntamientos y al sector
del transporte, que está sufriendo las consecuencias, por un lado, de la
COVID y, por otro lado, de los continuos desplantes e incumplimientos del
Gobierno de España. Prueba de ello es que todos los ayuntamientos, de
cualquier ideología, de cualquier color político, están aprobando en sus
Plenos mociones en este sentido. Es curioso. Es un grito desesperado por
sus consecuencias: quiebra de miles de empresas, quiebra de presupuestos
municipales y quiebra del derecho a la movilidad y al desplazamiento de
millones de personas.


No es la primera vez que el Grupo Popular presenta
estos planteamientos y no es la primera vez que el Gobierno Sánchez y sus
representantes parlamentarios apelan a un mañana; apelan a unos fondos
que nunca llegarán y apelan a anuncios de medidas que no se materializan.
Resultado: ninguneo a los ayuntamientos, empresas al borde de la
desaparición, servicios deteriorados y usuarios totalmente
olvidados.


Señorías, ¿se acuerdan de la frase anunciada,
repetida y proclamada a bombo y platillo en los Aló Presidente de ayer y
de hoy? El Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás. El resultado,
en cuanto a los ayuntamientos se refiere, es un Gobierno que intentó
confiscar los ahorros, los remanentes acumulados durante los últimos
nueve años por los ayuntamientos; un Gobierno cuyos Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 desprecian y abandonan a las
entidades locales, y un Gobierno que ha decidido que la participación de
las entidades locales en la gestión de los Fondos europeos de
recuperación y resiliencia sea residual, apenas el 1 % de los
posibles 140 000 millones de euros. Esa es la verdadera ayuda y el
verdadero apoyo que recibe y que traslada el Gobierno de España a los
ayuntamientos y, por extensión, al sector del transporte, que presta
—este sí y no la aerolínea venezolana— un servicio
esencial.


Señorías, con esta moción pretendemos que también
el Parlamento nacional recoja el espíritu del acuerdo, el espíritu del
consenso que han trasladado todos los ayuntamientos de España de apoyo al
sector. El Partido Popular seguirá trabajando para que el Gobierno de
España se replantee un nuevo sistema de financiación de las entidades
locales, materialice ayudas estatales a los municipios y reconozca a las
entidades locales una gestión de, al menos, el 14 % de los fondos
europeos de recuperación, un porcentaje que equivale a la participación
de la Administración Local en el gasto público del Estado. Por supuesto,
seguiremos reclamando un fondo de transporte de, al menos, 1000 millones
de euros, ampliables, para hacer frente a los efectos de la
pandemia.


Señorías, con esta moción y estos planteamientos el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado traslada en sede parlamentaria
los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Como decíamos el otro día en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es el momento de
pasar de las musas al teatro y apoyar de verdad, con hechos y con
financiación, a nuestros ayuntamientos y al transporte público
urbano.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señorías.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Moscoso González.


El señor MOSCOSO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Debatimos una moción del Grupo Popular para
demandar al Gobierno ayuda para el transporte público dependiente de los
ayuntamientos; una moción que raya en la incoherencia o la
irresponsabilidad, o de todo un poco. ¿Acaso, señorías del Grupo Popular,
no se acuerdan que con su voto negativo impidieron en el mes de
septiembre pasado la aprobación de un fondo de 275 millones de euros,
ampliable a 400, precisamente para la creación, única y exclusivamente,
de un fondo destinado a ayudar a los municipios que habían visto caer sus
intereses y la prestación del servicio de transporte público municipal?
¿Acaso también se han olvidado que ustedes votaron el pasado mes de
diciembre en contra de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 que, igualmente, contemplaba en su disposición centésima décima
quinta una partida de 51 millones de euros?






(Aplausos).


Señorías del Grupo Popular, para defender a los
ayuntamientos, es necesario votar a favor, nunca en contra. Ustedes han
votado en contra de los ERTE, del ingreso mínimo vital, de los ICO, de
las moratorias; por votar en contra, han votado en contra hasta de los
estados de alarma. ¿Van ustedes a asumir alguna responsabilidad de sus
actos en esta tribuna? (Aplausos).


Señorías del Grupo Popular, un poco de coherencia,
humildad y reconozcan que el Gobierno de Pedro Sánchez está demostrando
que hace frente a esta pandemia, ayudando a aquellos que peor lo están
pasando, con empleos, con ERTE, con protección social y con escudo
social. (Rumores). Una oposición seria y responsable no puede estar
permanente y constantemente enfrente del Gobierno. Van a entrar ustedes
en el Libro Guinness por ser el partido de la crispación y la división en
una sola legislatura. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, abandonen
la mentira, abandonen la crispación, comprométanse con la ciudadanía y no
actúen contra ella.


Señorías del Grupo Popular, esta iniciativa raya en
el cinismo porque precisamente ustedes presentan esta moción el día 7 de
abril, cuando ya conocían que el 5 de abril se había abierto el registro
para que los ayuntamientos presentaran la documentación necesaria para
ser perceptores de la subvención del transporte, aportando los datos
económicos de los años 2019 y 2020, de manera que el Gobierno de España
pudiera estudiar la caída de esos ingresos con motivo de la COVID.


En definitiva, señorías del Grupo Popular, está
claro que esta moción es un claro ejemplo de la estrategia del Partido
Popular, que ha hecho de la mentira su mayor capital; hasta tal punto
llega la mentira, que ahora piden subvenciones que ya el Gobierno ha
anunciado; y, ahora, firman el Pacto antitransfuguismo para, a
continuación, nombrar en su Gobierno a miembros de otro partido político.
Por tanto, ejercen ustedes una oposición gratuita a los intereses de
España, a los españoles y a los ayuntamientos.


Señorías, no todo vale para entorpecer y atacar al
Gobierno. Alguna vez tienen que votar a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Señorías, esta moción, que se votará en sus propios
términos, será sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia
abrirá al concluir el debate de la última moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
COBERTURA INMEDIATA DE LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL EXAMINADOR DE
CONDUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS, LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE ARABA/ÁLAVA,
BIZKAIA Y GIPUZKOA Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.


662/000061

GPV


La señora presidenta lee el punto 11.3.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han
presentado siete enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una
por iniciativa de la senadora Merelo Palomares y de los senadores Marín
Gascón y González-Robatto Perote, y una por iniciativa del senador
Catalán Higueras—; una del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; una del Grupo Parlamentario Nacionalista; dos del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; y una del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Otaola
Urquijo, por tiempo de diez minutos.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.


Tal y como señalamos en la parte expositiva de la
moción presentada por el Grupo Vasco, el pasado 14 de julio de 2020 ya
preguntamos en el Pleno de control al ministro del Interior por la
situación de los y las examinadoras en Gipuzkoa, por ser el territorio
histórico de Euskadi que registraba el mayor número de personas
pendientes de examinarse. La respuesta del ministro fue que se estaban
reforzando las medidas destinadas a suplir la falta de examinadores tanto
en Gipuzkoa como en el resto de provincias donde se ha objetivado dicha
problemática.


Pues bien, en lo que se refiere a Euskadi, a
fecha 17 de marzo de 2021, la situación es la siguiente. Araba: se
examinan cada 11 días laborables, mientras el ciclo habitual es de cinco
días laborables; la capacidad de examen diaria es de 30 personas y la
capacidad del ciclo de 11 días laborables es de 340 personas. La bolsa de
alumnos acumulados hasta la fecha es de 2300 personas.


Gipuzkoa. La situación sigue aumentando. Examinan
cada diez días laborables, y el ciclo habitual es de cinco días; la
capacidad de examen diaria es de 36 personas y la capacidad de ciclo de
diez días laborables es de 296 personas. La bolsa de alumnado acumulado
hasta la fecha es de 5656 alumnos y alumnas. Han eliminado los exámenes
excepcionales que se realizaban dos sábados al mes por no ser el
territorio del Estado español que está en peor situación. Esta medida la
mencionó el señor ministro en la respuesta a la pregunta formulada por
esta senadora el citado día 14 de julio como medida adoptada para mejorar
la situación, y se ha eliminado. Da la sensación de que esta medida está
limitada en su uso y no se puede mantener, sino que se turna en los
diferentes territorios.


En cuanto a Bizkaia, la situación sigue igual.
Examinan cada cinco días laborables y la capacidad de examen diaria es
de 124 personas, mientras que la del ciclo de cinco días laborables es
de 572 personas. La bolsa de alumnos acumulados hasta la fecha es de 6413
personas. Es evidente que, lejos de mejorar la situación, estamos
bastante peor que cuando se realizó la pregunta.


También otros grupos se han planteado iniciativas a
este respecto, tanto en esta Cámara como en el Congreso y, pese a las
respuestas del Gobierno, no se avanza, y la situación es cada vez peor.
El problema afecta prácticamente a todos los territorios.


Hay que tener en cuenta que, entre estas personas
pendientes de examen, hay quienes necesitan los permisos por razones
profesionales, por ejemplo, permisos de conducir de camión, autobús o
taxi, con las consecuencias laborales que ello puede acarrear. Además,
hay que tener en cuenta que precisamente la época de verano, que está al
llegar, implica un incremento del alumnado en las escuelas de
conductores, toda vez que se aprovecha el periodo vacacional para
examinarse.


Sin perjuicio de lo señalado, y centrando la moción
en la cuestión que estamos planteando de forma exclusiva, en el Grupo
Vasco queremos aprovechar, por tener relación con las escuelas de
conductores y conductoras, para pedir que el Gobierno del Estado adopte
las medidas que faciliten que las personas con algún tipo de discapacidad
puedan preparar su examen. He traído a colación esta cuestión —pero
insisto en que centraré el debate de la moción en su parte
dispositiva— porque, por ejemplo, en el territorio histórico de
Araba no hay ninguna autoescuela que ofrezca esa posibilidad. Apelando a
la Constitución, les recuerdo que el artículo 9.2 señala que «Corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social». Por lo tanto, entendemos que la
competencia en esta cuestión corresponde hoy al Estado.


Como he señalado, y centrándome en la cuestión
planteada, apelamos al Gobierno y le instamos a que proceda a la
cobertura inmediata de las plazas de examinadores existentes en todas las
provincias, en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
así como en el territorio Foral de Navarra, priorizando la cobertura de
plazas en aquellas jefaturas con mayor bolsa de alumnos acumulada en
proporción a las vacantes existentes, de forma que se ponga fin a esta
situación.


Cuando formulamos la pregunta, pedimos un
calendario concreto, pero seguimos esperando. Señalamos que el Gobierno
llevaba diez años en punto muerto en esta cuestión y que era hora de que
se pusiera en marcha y que adoptase soluciones concretas para este
problema. El señor ministro Grande-Marlaska señaló que llevaban entonces
dos años de Gobierno —hoy, camino del tercero—, y no se ha
solucionado nada; insistimos, va peor. Quiero recordarles que cuando se
asume un Gobierno, se asume con los éxitos y los fracasos del anterior.
Además, uno se presenta a las elecciones con la promesa de que va a hacer
las cosas mejor que el anterior. Por lo tanto, mi grupo no va a admitir
ese tipo de excusas.


Por último —también voy a hacer alusión a
esta cuestión en el turno de posicionamiento de enmiendas porque se han
presentado varias que dan lugar a error o ponen de manifiesto cierto
desconocimiento—, he de decir que en Euskadi no existen las
provincias. En 1977, en el Real Decreto Ley 1/1978, de 4 de enero, por el
que se aprueba el régimen preautonómico para el País Vasco, se
denominaron territorios históricos. Así, en su artículo primero señala:
«Uno. Se instituye al Consejo General del País Vasco como órgano común de
Gobierno de las provincias, o territorios históricos que, pudiendo formar
parte de él, decidieran su incorporación». No obstante, los territorios
históricos coinciden con los límites de las provincias creadas en la
división territorial de 1833. La propia Constitución española, en la
disposición adicional primera, señala que ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales; territorios que no son otros que
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. El nombre de territorios históricos
se recoge en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco
de 1979. Por lo tanto, la disposición adicional primera de la
Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconocen esta
denominación, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como territorios históricos. Y
en la Ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
de 1982, se reconoce a Nafarroa como territorio foral, con la
denominación de Comunidad Foral de Navarra. Simplemente lo digo porque
muchas veces nos encontramos con que se apela a las provincias y nosotros
somos territorios históricos y queremos que se nos respete así. En este
sentido, en alguna de las enmiendas presentadas se ha producido ese error
y había que aclararlo.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el senador Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Señora presidenta,
señorías, muy buenos tardes.


Según parece, 400 000 españoles todavía no pueden
obtener su carné de conducir dado el colapso que se ha producido a la
hora de examinarse. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, parece
que son 5000 los que están esperando en este momento para realizar la
prueba práctica y 1000 los que no podrían examinarse del teórico. Por lo
tanto, es evidente el colapso que se ha producido en este sistema. El
Gobierno, una vez más, llega tarde y mal a la hora de solucionarlo, así
que tendrá que poner encima de la mesa las correspondientes fórmulas que
permitan descongestionar el colapso generado y, sobre todo, establecer
prioridades, como se plantea en la propuesta de resolución.


Pero, señorías, hoy también nosotros tenemos que
denunciar una vez más esas ansias, esa obsesión del nacionalismo en
relación con la Comunidad Foral de Navarra; esa obsesión que les lleva a
demostrar sus frustraciones. Creo, sinceramente, que hay una paranoia
dentro de cierto independentismo que lo único que evidencia es esa
frustración, esas ansias de incorporar la Comunidad Foral de Navarra a
esa quimera que denominan Euskal Herria, porque, si no, señorías del PNV,
no se entiende; no se entiende que no utilicen las denominaciones
oficiales que ustedes mismos han aprobado, por ejemplo, en relación a los
territorios históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Y, en este caso
concreto, creemos que lo hacen de una manera burda en relación con el
resto de españoles, y despreciativa en el caso de la Comunidad Foral de
Navarra.


Ustedes aprobaron en 2011 esas denominaciones
oficiales en el Congreso de los Diputados, pero Navarra también tiene una
denominación oficial. Incluso los propios servicios de la Cámara les han
tenido que corregir en el título de la moción que hoy estamos debatiendo;
por lo tanto, en esa línea, lo único que pedimos es que no quieran
rebautizarlo todo, y no quieran imponer en este caso concreto a los
navarros lo que no somos. Y no es ningún tipo de euskarafobia, es
reconocer la realidad y la voluntad mayoritaria del pueblo de
Navarra.


Nosotros defendemos a ultranza la Constitución
española, el amejoramiento del fuero y la Ley Foral del vascuence, que sé
que no es de su agrado, pero eso no quiere decir que la incumplan.
Navarra no es una comunidad bilingüe, como lo puede ser la comunidad
autónoma vasca, como puedan ser Galicia, Cataluña, la Comunidad
Valenciana o Baleares; todo lo contrario, Navarra tiene una lengua
oficial en toda la comunidad, que es el castellano y en una parte, solo
en una parte, el vascuence es cooficial; por lo tanto, respetémoslo.
¡Basta ya de injerencias! ¡Basta ya de intromisiones constantes! En esa
línea, lo único que les pedimos es que respeten la voluntad mayoritaria
de Navarra y que respeten la ley; la ley que ustedes han aprobado; la ley
que nosotros hemos aprobado. La ley, independientemente de que nos guste
más, menos o nada. Eso es cumplir la legalidad y, en este caso concreto,
la voluntad del pueblo de Navarra.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, y por el mismo grupo, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Muy buenas tardes.


Señorías, el problema de la escasez de examinadores
de tráfico se encuentra presente en numerosos territorios repartidos por
toda la geografía española. Esta cuestión afecta cada año a decenas de
miles de aspirantes, que se ven obligados a retrasar su examen para
obtener el carné de conducir. Tristemente, lejos de resolverse la
carencia de examinadores, esta se viene arrastrando año tras año, con el
consiguiente agravamiento de la situación, sin que se solucione de una
vez por todas. Una de las comunidades autónomas más afectada es la de
Valencia, en donde el pasado diciembre había 30 000 aspirantes en lista
de espera. Cataluña también presenta graves dificultades, llegando a
alargarse la espera para la realización del examen práctico
hasta 2 y 3 meses. Navarra, por su parte, es la cuarta provincia que
tiene el menor número de examinadores por habitantes.


Señorías del grupo nacionalista, el problema no se
produce solamente en el territorio de Euskadi, también existe en otras
zonas, como Baleares Cuenca, Toledo, Navarra, Valencia, Cataluña y
Andalucía. Desde hace muchos años la Dirección General de Tráfico está
teniendo problemas para cubrir plazas en este colectivo, pero este
problema se ha visto acrecentado como consecuencia de la pandemia. La
Administración es incapaz de resolver este problema a través de
soluciones sencillas que a su vez generen empleo. Y es que no solo está
en juego resolver el problema de la carencia de estos profesionales, sino
el propio futuro de las autoescuelas. Por otro lado, muchas empresas de
transporte solicitan conductores profesionales y no pueden cubrir estas
plazas porque los aspirantes no pueden ser examinados. De igual modo, los
opositores aspirantes a plazas de Guardia Civil y Policía Nacional no
pueden obtener los permisos de conducir necesarios para el acceso a una
plaza o para el ascenso en promoción interna dentro de los cuerpos del
Estado.


La escasez de funcionarios examinadores de la
Jefatura Provincial de Tráfico y en los centros de exámenes de la DGT se
debe a problemas como la falta de una retribución digna, agresiones al
personal examinador, así como bajas y jubilaciones de los funcionarios
que no se cubren, y a todo esto se une que los centros de exámenes han
tenido que disminuir el número de alumnos presentados en más del 60 %,
como consecuencia de las medidas sanitarias y de seguridad que deben
mantenerse en la actualidad.


La situación para aligerar la lista de alumnos para
examinarse se agrava, y aunque el ministro del Interior anunció a
comienzos de este año la contratación de 60 examinadores interinos por un
plazo de seis meses, ello no supone solución alguna a medio ni a largo
plazo. En Vox consideramos que la única solución definitiva y justa para
cualquier español que quiera examinarse del carné de conducir sería que
la Administración General del Estado convocara oposiciones para
solucionar definitivamente la carencia de examinadores que hay en todos
los territorios de España.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
presidenta.


Des del nostre grup, hem presentat una esmena
perquè és cert que es porta un gran endarreriment amb milers de persones
que han d’examinar-se de conduir i el govern de l’estat no hi
dona solucions. Nosaltres sabem que, per exemple, el director de trànsit
de la Generalitat de Catalunya ha demanat que s’hi posi solució i
des de la Dirección General de Tráfico doncs van donant llargues i no
solucionen el tema, fins i tot diuen coses tan maques com que els
funcionaris no volen venir a Catalunya. Que no es preocupin, que a
Catalunya hi ha molta gent amb ganes de treballar. I per això nosaltres
proposem el que és més fàcil. Escolti. Que l’estat que és incapaç
de solucionar aquest tema, i el govern socialista i progressista i tantes
coses, però molt inútil amb moltes, doncs que traspassi la gestió a qui
té les competències de trànsit. En el cas de Catalunya, les té la
Generalitat, doncs que ho traspassin i que no pateixin, que ja hi haurà
funcionaris que ho faran rutllar i que funcionarà.


Jo quan vaig llegir aquesta moció, també he de dir
que em va sorprendre el tema de provincias, perquè hi ha termes i
territoris que els detallen molt. I jo no sé si quan parla de províncies
si parla de Catalunya. Però que sàpiga el Partit Nacionalista Basc que
nosaltres, amb províncies, no ens hem identificat mai ni ens hi
identificarem. Nosaltres ens identifiquem amb una nació i tenim un terme
que ve del segle XIX i que va utilitzar molt el franquisme com a terra
vençuda, que és el de província. Doncs que se’l confitin però, per
nosaltres, això de les províncies, és una estructura territorial passada
de moda i que ens recorda el franquisme.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


Mi grupo ha presentado una enmienda porque es
cierto que hay un gran retraso, con miles de personas esperando para
examinarse del carné de conducir y el Gobierno del Estado no está dando
soluciones. Sabemos, por ejemplo, que el director de Tráfico de la
Generalitat de Catalunya ha pedido que se ponga solución al problema y la
Dirección General de Tráfico nos va dando largas y no lo hace; incluso
dicen cosas como que los funcionarios no quieren venir a Cataluña. No se
preocupen, en Cataluña hay mucha gente con ganas de trabajar. Por eso,
proponemos lo más fácil, escuchen: el Estado, que es incapaz de
solucionar este tema —el Gobierno socialista y progresista, y
tantas cosas, pero muy inútil en muchas otras—, que traspase la
gestión a quien tiene las competencias de Tráfico; en el caso de Cataluña
las tiene la Generalitat, pues que las traspasen. No sufran, que ya habrá
funcionarios que lo hagan funcionar.


Cuando leí esta moción me sorprendió que hablara de
provincias, porque detallan muchos términos y territorios, pero no sé si
cuando usted habla de provincias, habla de Cataluña. Que sepa el Partido
Nacionalista Vasco que nosotros nunca nos hemos identificado ni nos vamos
a identificar como provincias. Nosotros nos identificamos como una nación
y tenemos un término que viene del siglo XIX, y que utilizó mucho el
franquismo como tierra vencida, que es el de provincia. Pues, que se lo
confiten; para nosotros esto de las provincias es una estructura
territorial pasada de moda y que nos recuerda al franquismo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra el senador Gregorio López.


El señor GREGORIO LÓPEZ: Muchas gracias. Muy buenas
tardes, señorías.


La enmienda que presenta el Partido Popular tiene
dos objetivos: pedir la puesta en marcha de un plan de choque ante la
complicada situación por la falta de funcionarios examinadores de
conducir, y complementar y apoyar la moción que hoy nos trae al Senado el
Partido Nacionalista Vasco. Hay que pedir al Gobierno la contratación
inmediata de personal examinador y personal administrativo ante la
escandalosa —porque es escandalosa— bolsa de aspirantes que
espera para obtener el carné de conducir en gran parte de España.


Nos parece insuficiente la convocatoria de 35
plazas —a veces hablan de 60— que nos ha anunciado la DGT y
que se van a ofertar de forma interina para examinadores de tráfico
en 27 jefaturas provinciales. Tengo que recordar a la Cámara que la
estructura actual de los servicios periféricos del organismo de la DGT es
de 50 jefaturas provinciales, 2 jefaturas locales y 16 oficinas locales;
por lo tanto, esa bolsa de futuros examinadores interinos es insuficiente
y no paliará a corto ni a medio plazo este grave problema existente en
tantas provincias, como está ocurriendo en el País Vasco y como está
ocurriendo en la Comunidad Foral Navarra, que está a punto de colapsar.
Es más, el problema se irá trasladando a otras provincias que no se verán
beneficiadas por esta iniciativa. Y, si no, al tiempo.


Con esta enmienda queremos traer la voz del sector
a esta Cámara, porque existe una necesidad imperiosa para que las plazas
de administrativos también se cubran y, además, se doten con carácter
excepcional las que en estos momentos se necesitan. Nos congratulamos con
la noticia, aparecida al 4 de marzo, que se publicó en el BOE, de un
proceso selectivo para el acceso por el sistema de promoción interna
de 100 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado en la especialidad de tráfico, que también incrementará la
plantilla de examinadores, pero es un número a todas luces insuficiente;
lo vuelvo a repetir, insuficiente. Por eso, pedimos que no solo se cubran
las plazas vacantes por promoción interna, sino que también se oferten
las necesarias por acceso libre, para conseguir cubrir todas las
necesidades, que son muchas. No podemos, como se dice popularmente,
desvestir a un santo para vestir a otro.


Este personal administrativo tiene una labor
fundamental, por eso presentamos nuestra enmienda, puesto que facilita la
labor de los examinadores al tramitar, entre otras muchas funciones, la
documentación de los aspirantes previa a los exámenes, que es una forma
de agilizar y ayudar a los examinadores, para que no pierdan un tiempo
precioso en esta labor fundamental.


El Partido Popular pide un plan de choque para los
más de medio millón de aspirantes porque hay provincias en las que se
tiran hasta cuatro y cinco meses esperando una plaza para poder tramitar
su carné de conducir. Esperamos que esos aspirantes, que no pueden hacer
el examen teórico por falta de examinadores para el examen práctico,
puedan acceder a su pretensión. Estamos hablando de algo que concierne a
casi toda España. Hoy lo vemos claramente en el territorio del País
Vasco, en la Comunidad Foral Navarra, pero también lo estamos viendo en
Cuenca, Madrid, Ciudad Real, Barcelona, Cádiz, Badajoz y un largo
etcétera que recorre todo el mapa de España.


No queremos parches, que es a lo que nos tiene
acostumbrados el Gobierno del señor Sánchez, queremos un plan de acción
que solucione de una vez este problema. Está claro que la pandemia ha
agravado este asunto, pero no se puede mirar a otro lado o irse de
vacaciones mientras el pueblo sufre tantas vicisitudes. Son muchos miles
de ciudadanos los que en estos momentos necesitan de esta herramienta
para poder acceder a un trabajo, porque, no nos engañemos, es un
requisito fundamental en la sociedad actual, y los más castigados, como
siempre, son nuestros jóvenes; como siempre, nuestros jóvenes, quienes,
además, aprovechan el verano, tras sus estudios, para poder
obtenerlo.


Por ello, esperamos que esta enmienda se acepte, y
con ello, que la moción se apruebe con el máximo consenso, para que de
esta Cámara salga una solución, salga una petición de solución a un grave
problema que acucia a tantos miles y miles de ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Gregorio
López.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Díaz Marín.


El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias,
presidenta. Muy buenas tardes, señorías.


Quiero mostrar el agradecimiento del Grupo
Parlamentario Socialista a la totalidad de los grupos parlamentarios por
el esfuerzo que hemos puesto todos en común para acordar esta enmienda
transaccional con un elevado grado de consenso. No obstante, sí que
quiero aprovechar este turno para detallar cuáles fueron los objetivos
concretos, específicos y diferenciados que perseguía el Grupo
Parlamentario Socialista con nuestra enmienda original.


El primero de ellos tiene que ver con la dimensión
territorial objeto de la controversia, que, si bien es cierto que lo
hemos presentado con esos matices, hay otros grupos que han atinado más
y, por tanto, no tenemos ningún problema en aceptarlo y en estar de
acuerdo. En este instante queremos agradecer al proponente, al Grupo
Vasco, que hayan traído este importante asunto a debate y que lo hayan
hecho, además, en esta Cámara de representación territorial de las Cortes
Generales, porque lo que pretendíamos con ese primer objetivo de nuestra
enmienda era enfatizar esa dimensión territorial, ya que se trata de una
auténtica problemática que afecta al conjunto del país.


En cualquier caso, con nuestra enmienda sobre todo
queríamos resaltar que esto viene de lejos, que viene de atrás; y escucho
con cierta estupefacción al portavoz del Grupo Popular que acaba de
precederme en el turno de la palabra decir que las bolsas de espera son
escandalosamente altas, e incluso viene a proponer un plan de choque.
Oiga, que esto no es un tiovivo; esto no es como los autos de choque; el
origen del problema está precisamente en ustedes, en sus recortes, en la
gran falta de oferta pública de empleo que luego acompañó a toda la
Función Pública en sus años en el Gobierno. (Aplausos).


Desde que se produjo el cambio de Gobierno, cuando
cesó el suyo por corrupción —se lo recuerdo—, nos pusimos de
manera decidida a trabajar sobre el asunto, y justo ahí es donde está el
segundo objetivo de nuestra enmienda, que consiste en eliminar
—vamos a decirlo de esa manera— la contundencia del adverbio
que utilizó el grupo proponente, que hablaba de que se procedieran a
cubrir las plazas de examinadores de forma inmediata; así, nosotros
utilizamos una expresión más transigente, hablando del corto plazo. Esta
cuestión, que no deja de ser una cuestión de detalle, no es tampoco
baladí o meramente de estilo, porque los socialistas en el corto plazo sí
que hemos ido trabajando para atajar la problemática, esa situación de
colapso de nuestros examinadores y las crecientes bolsas de espera de los
alumnos para examinarse.


Como digo, nuestra enmienda quiere subrayar esto
que afecta al conjunto del país, y me van a permitir también poner un
ejemplo de mi tierra, tal y como usted ha hecho. En mi tierra, La Rioja,
que además es colindante con la suya, señora Otaola, con Álava, ¿qué
hemos hecho desde la llegada de los socialistas al Ministerio del
Interior? Hemos conseguido que en el verano del año 2020 hubiera 565
exámenes más que en el mismo periodo del año anterior, o, por ejemplo,
que en el verano de este año 2021 tengamos un sexto examinador, o, por
ejemplo, que se hayan reorganizado los exámenes para la obtención del
permiso de conducción en la segunda ciudad de La Rioja, que es Calahorra;
por cierto, garantizando con esta acción algo que muchos compartimos en
esta Cámara: en primer lugar, desde luego, evitar el centralismo,
propiciando que hubiera más alternativas que la de examinarse solo en la
capital de La Rioja, que fue la única opción posible que nos dejaron los
señores del Partido Popular. Nosotros hemos luchado contra ese
centralismo que nos dejaron, por sus recortes. Y, en segundo lugar,
fortaleciendo los servicios públicos, garantizando la realización de
estas pruebas en instalaciones públicas. Es aquí donde yo creo que se ve
la fortaleza de toda la dimensión territorial de nuestro país, con un
especial agradecimiento además a la arena municipal, porque también desde
los ayuntamientos se ayuda a resolver problemas que afectan al conjunto
del país, como el que nos atañe hoy. Tan es así que la alcaldesa de
Calahorra no ha dejado de colaborar con la Jefatura Provincial de Tráfico
para garantizar la prestación de este servicio en dependencias
municipales, por cierto, dando cobertura no solo a los riojanos y a la
riojanas, sino también a las autoescuelas de la ribera de Navarra. He
escuchado al señor Catalán, el portavoz de UPN, decir que el Gobierno
llega tarde y mal a la hora de solucionarlo, pero de los cinco municipios
más próximos a Calahorra —la segunda ciudad de La Rioja—,
cuatro de ellos están en Navarra. Nosotros hemos conseguido con las
administraciones socialistas que se hagan exámenes en esta ciudad; UPN,
desde luego, no sé qué ha hecho.


Creo que precisamente estos ejemplos de un esfuerzo
común en defensa de lo público y en defensa también de la vertebración
territorial hay que ponerlos en valor ante una problemática como la que
hoy nos exhibe el Grupo Vasco, y, además, hay que hacerlo en un espacio
como este, en el Senado. Por cierto, no se me ocurre mejor manera que
hacerlo que dando ejemplo, llegando a esta enmienda transaccional que
esperamos que sea aceptada por unanimidad.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko
mahaiburu andrea, senatari jaun-andreok, arratsalde on.


Eskuartean dugun gai hau adibide argia da ulertzeko
zergatik aldarrikatzen dugun gure herriaren burujabetza.
Egunerokotasunean ditugun arazoei era eraginkorragoan erantzuteko
behar-beharrezkoa dugulako.


Kasu honetan, gida baimena lortzeko urte askotan
izaten ari garen arazoaz ari gara. Kolapso batez ari gara.
Bizkaian 6.400, Gipuzkoan 5.600, Araban 2.300 eta Nafarroan 5.000
pertsona daude azterketa egiteko zain momentu honetan. Gai hau Estatuko
administrazioaren eskumenen artean dago eta orain arte egin ditugun
saiakera guztietan hitz onak jaso ditugu baina adabakiak bakarrik
planteatu dira, arazoa errotik konpondu beharrean.


Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas
tardes.


El tema que nos ocupa es un claro ejemplo para
entender por qué pedimos una mayor soberanía en nuestro pueblo, y es
porque necesitamos responder de forma más efectiva a los problemas que
nos afectan en el día a día.


En este caso, tratamos sobre una problemática que
hemos tenido que asumir durante muchos años para poder obtener el permiso
de conducir. Se trata de un colapso. En este momento hay 6400 personas en
Vizcaya, 5600 en Guipúzcoa, 2300 en Araba y 5000 en Nafarroa en la lista
de espera para hacer el examen. Este tema forma parte de las competencias
de la Administración del Estado, y todas las veces que hemos abordado el
problema hemos recibido buenas palabras, pero solo se han planteado
parches en lugar de resolverlo de raíz.


Desde hace años, han sido recurrentes las denuncias
tanto de personas que necesitan examinarse como del sector afectado
directamente, es decir, autoescuelas y transporte. Miles de personas
están en lista de espera para ser examinadas. En varias ocasiones, Euskal
Herria Bildu ha pedido explicaciones en la DGT sobre lo que está pasando
y siempre se nos ha respondido con anuncios, cambios próximos y
soluciones futuras, con buenas intenciones, pero no acaba de llegar la
solución. Según la información que hemos recabado en la DGT, 47 nuevos
examinadores, tras la OPE de 2020, están terminando ahora su curso de
formación y se incorporarán a finales de mayo en sus funciones. También
se nos ha comunicado que antes del verano habrá 35 plazas de examinadores
interinos, y se nos dice que esto paliará el problema. Si esto se
cumpliera, se mitigaría el problema, no tenemos duda, pero, aun así,
sería insuficiente y no es la solución definitiva. Porque lo que ocurre
sistemáticamente, y esto también lo sabe la Administración del Estado, es
que las plazas que se consiguen para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no
terminan de estar cubiertas nunca porque los examinadores, que son
funcionarios del Estado, suelen solicitar el traslado a otras provincias
donde la vida es menos cara. De esta manera, nunca se conseguirá tener un
equipo estable, y el sector lo necesita. Es un ejemplo claro que
demuestra que una cosa tan sencilla se solucionaría fácilmente si
tuviéramos más soberanía.


Por tanto, planteamos una primera enmienda que
propone estudiar, por lo menos, lo antes posible, la tan necesaria
transferencia de esta materia a las comunidades que tenemos competencias
de tráfico. Asimismo, hay que tener en cuenta que el sector del
transporte es importante en nuestro país, y futuros profesionales del
sector, con un trabajo asegurado, apalabrado y, en muchos casos, con una
inversión realizada para la compra del camión, están esperando a ser
examinados. En Gipuzkoa, por ejemplo, son más de 200 las personas que en
este momento esperan a ser examinadas para poder entrar en el mercado de
trabajo. Esto es incomprensible con el panorama laboral que tenemos.


Por esta razón, presentamos nuestra segunda
enmienda. Consideramos que es importante poner especial atención en
aquellos lugares donde hay personas aspirantes a ser profesionales del
transporte. Estas personas no pueden esperar más, y no debería haber
personas con la teoría aprobada, dispuestas a trabajar y esperando meses
a ser examinadas.


Es importante aprobar esta moción y consideramos
que las aportaciones presentadas por nuestro grupo mejoran
sustancialmente esta iniciativa. A corto plazo necesitamos más
examinadoras y atender lo antes posible a esas personas que lo están
necesitando para trabajar. Pero, señorías, no nos engañemos y no
engañemos a nadie: sin la transferencia de esta materia a las comunidades
con competencias en tráfico, no conseguiremos la solución
definitiva.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, senadora Otaola Urquijo,
autora de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las
enmiendas presentadas por los grupos.


La señora OTAOLA URQUIJO: Mila esker.


En primer lugar, en relación con el señor Catalán,
quiero comentarle que, de verdad, no es ninguna fobia. De hecho, yo soy
alavesa y he puesto Araba en vez de Araba/Álava. Es una cuestión en la
que, efectivamente, tiene razón y se la voy a dar, porque es así. En
cualquier caso, me va a permitir que le diga que, por lo menos en mi caso
y en el caso del Grupo Vasco en general, la denominación que tenemos, la
quimera esa de la que hablaba no es Euskal Herria, es Euskadi, y, además,
nos ampara el propio artículo segundo del Estatuto de Autonomía. Esto
daría para un gran debate. En cualquier caso, tiene razón en que no hemos
utilizado la denominación oficial, admitimos nuestro error y les
agradecemos a ustedes y al Grupo de Esquerra Republicana-EH Bildu la
corrección, y también a los servicios de la Cámara, cómo no.


Por otro lado, en cuanto a la enmienda que presenta
el Partido Popular, estamos también de acuerdo con esa referencia que
hace al personal administrativo y así lo hemos añadido en una enmienda
transaccional que entregaré a la Mesa para su tramitación.


En cuanto a la enmienda de Esquerra Republicana-EH
Bildu en relación con la discriminación, en cierto modo, del personal de
transporte, entendemos que es una discriminación que no está justificada
porque únicamente entraría personal de transporte, y creemos que hay
muchísimas personas que, para su trabajo, necesitan el carné.
Evidentemente, no solamente los profesionales del transporte, sino
también bomberos o personas que vivan en poblaciones aisladas, las
contraten en algún sitio y necesitan un carné de conducir. Entonces, nos
parece que no está justificada la discriminación y, por eso, entendemos
que no lo podemos admitir.


En cuanto al tema competencial que comentaban el
Grupo de Junts y también el de ERC, a nosotros nos hubiese gustado
también hablar del tema de la transferencia. Entendemos que ambas
enmiendas se quedan cortas por dos razones: por un lado, porque en una se
habla de estudiar la transferencia, y nosotros llevamos tiempo
reivindicando la transferencia de los medios materiales y personales
correspondientes a esta competencia y entendemos que no ha lugar a un
estudio, con todo nuestro respeto; y por otro, en el caso de Junts,
consideramos que se queda corta porque únicamente habla de la parte
examinadora, y nosotros entendemos que deberían ser traspasados los
medios materiales y personales de las funciones de matriculación,
permisos de circulación de vehículos, permisos de conducción y
demás.


En cualquier caso, para abordar el problema
inminente que tenemos, que es el de los examinadores, hemos llegado a una
enmienda transaccional —agradezco a todos los grupos su disposición
y su ayuda en la redacción del texto— que voy a entregar a la
Mesa.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, intervendrá en primer lugar la senadora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.


Como se puede comprobar fácilmente en la
hemeroteca, el problema de los examinadores de tráfico viene de largo:
huelgas en 2015, 2017, 2018 y 2020. Y este problema se produce en toda
España, desde Málaga hasta Galicia. En la huelga de 2020, huelga parcial
en toda España, fueron treinta y dos días de paros parciales. Y en la
huelga de 2017 los examinadores de la DGT ahogaron a las autoescuelas:
más de 150 tuvieron que cerrar en todo el país.


El problema es serio y no se ha atendido desde hace
ya demasiados años. Las principales consecuencias son las pérdidas de
negocios de autoescuelas y, por supuesto, el atasco, el tapón de
aspirantes que se crea para hacer esa prueba práctica del carné de
conducir. Sin embargo, al Grupo Parlamentario Vasco solo le interesa lo
que sucede en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Esa famosa
transaccional de la que tanto han hablado hasta ahora no la han pasado a
todos los grupos. Parece que solo les interesa lo que ustedes llaman
Euskal Herria, pero es que ni tan siquiera demuestran que les interese
realmente Euskal Herria, porque en la exposición de motivos solo se
refieren a las tres provincias vascas y en la moción ya meten a Navarra,
así porque sí. Yo no sé si han preguntado sobre la situación de los
examinadores en Navarra, pero les voy a dar la información: los
examinadores de Navarra también están pasando por un momento de
dificultades, igual que los de Guipúzcoa, igual que los de Valencia e
igual que los de Andalucía. Y Navarra, como ya han dicho, es la cuarta
provincia que menos examinadores tiene por habitante.


Señorías del Grupo Parlamentario Vasco, ustedes
disponen de las acciones y del resorte con el Gobierno de España, puesto
que sus votos son imprescindibles por obra y gracia de Pedro Sánchez. Yo
les pediría que ampliasen sus reivindicaciones, al menos en esta Cámara,
y más cuando tratamos de temas que afectan por igual a todos los
españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, a continuación,
tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías del Grupo Nacionalista Vasco, Vox lamenta
que no hayan aceptado nuestra propuesta, ya que consideramos que es la
única solución justa, duradera, eficaz y que no genera desigualdades
entre los españoles. Pasa por que la Administración General convoque
oposiciones de forma urgente que solucionen de una vez por toda esta
falta de personal y ofrezca celeridad a todos los españoles que se
examinen, independientemente del lugar de la geografía nacional en donde
se encuentren. Lamentamos que el Grupo Parlamentario Vasco solo mire por
el interés de una parte del territorio de la nación española.


Por otro lado, también nos surgía la duda, que
ustedes han despejado, de cuáles eran realmente sus verdaderas
intenciones. Parece ser que no son otras que querer acaparar otra
competencia más del Estado, como es la de tráfico.


Por eso, señorías, los senadores de Vox hoy vamos a
votar en contra de su moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
presidenta.


Des de Junts per Catalunya, lamentem que no
s’hagi acceptat la nostra esmena, que és similar a la que també ha
presentat Esquerra Republicana del traspàs en la gestió, i també ens
sorprèn que la senadora Otaola digui que la nostra esmena es queda curta.
Doncs ella s’ha quedat més curta perquè no ha acceptat ni la
«curtedat» de la nostra esmena. Per tant, més aviat seria que no accepta
res que sigui en l’àmbit de traspassar les competències. Perquè, és
clar, diu que es queda curta, però ella no l’accepta. Perquè si
digués, la fem més gran, escolti, nosaltres encantats de la vida, era per
facilitar-li la negociació.


Nosaltres hem signat la transacció perquè ens
sembla que aquest és un problema, l’endarreriment en els exàmens de
conduir, que s’està allargant en el temps i el que seria bo és que
es trobi solució. Per això nosaltres hem signat la transacció.


Votarem que sí a aquesta moció i esperem, sobretot,
a part que s’aprovi la moció, que d’una vegada per totes se
solucioni aquest tema, que també afecta l’economia, perquè per a
moltes persones, com abans s’ha dit, el seu possible lloc de
treball necessita d’un carnet de conduir i, per tant, seria bo
també en termes econòmics que la Dirección General de Tráfico, la que
depèn de l’estat, posés solució a aquest tema d’una vegada
per totes.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


Lamentamos que no se haya aceptado nuestra
enmienda, que es similar a la que ha presentado Esquerra Republicana,
relativa al traspaso de la gestión. También nos sorprende que la senadora
diga que nuestra enmienda se queda corta. Pues ella se ha quedado más
corta, porque no ha aceptado que sea corta nuestra enmienda.






Lo que
parece es que no acepta nada en el ámbito del traspaso de competencias,
porque dice que se queda corta y ella no la acepta. Porque si dijera que
la hiciéramos más grande, nosotros estaríamos encantados de la vida. Era
para facilitarle la negociación.


Nosotros hemos firmado la transacción porque nos
parece que este es un problema, el del retraso en los exámenes de
conducción, que se está alargando en el tiempo, y lo que sería bueno es
que se encontrara solución. Por eso hemos firmado la transacción.


Votaremos que sí a esta moción y esperamos, aparte
de que se apruebe la moción, que de una vez por todas se solucione este
tema, que también afecta a la economía, porque muchas personas, como se
ha dicho antes, para ir a su lugar de trabajo necesitan un carné de
conducir, con lo cual sería bueno, también en términos económicos, que la
Dirección General de Tráfico, que depende del Estado, pusiera solución a
este tema de una vez por todas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Nafarroako
Trafikoko Buruzagitzak Estatuko aztertzaileen tasarik txikienetako bat
dauka. Foru Erkidegoak bederatzi aztertzaile ditu, hau da, 1,38
aztertzaile 100.000 biztanleko, Estatukoa 1,72koa denean; Gipuzkoak,
Badajozek eta Leonek soilik dute Nafarroak baino ratio baxuagoa. Gaur
egun, Nafarroako DGT delako aztertzaileen plantilla organikoan lanpostu
huts bat dago, iaz funtzionario batek lanpostuz aldatu zuelako. Trafikok
aztertzaile ibiltariak Foru Erkidegora eramaten baditu ere, autoeskolen
sektoretik ohartarazi digute plantillako 9 aztertzaileetatik 6k bakarrik
egiten dituztela gidatze-probak. Egoera larriagotu egingo da, gainera,
hiru aztertzailek erretiroa hartuko dutelako laster, hartu ez badute
jadanik. Tesitura horretan, aztertzaileen ratioa jaitsi egingo litzateke,
jadanik ez bada jaitsi, 1,38tik 0,92ra, Estatuko bigarren baxuena. Hori
dela-eta, Nafarroako Autoeskolen Elkarteko ordezkariek Espainiako
Gobernuko ordezkariari eta Trafikoko probintziaburuari aztertzaileen 36
lanpostuko promozioatik aterako diren funtzionario berrietako batzuk Foru
Erkidegora bideratzea eskatu diete, lanpostu huts hori betetzeko. Barne
Ministerioak Diputatuen Kongresuari emandako informazioan argi geratu zen
Huesca, Teruel edo Soria bezalako probintziek aztertzaileen tasa
bikoizten dutela Nafarroak duena.


Gobernuari otsailean gai honi buruz egin nion
galdera bati erantzunez, ziur aski apirilean —hilabete
honetan— bertan beste bi aztertzaile sartuko zirela adierazi
zidaten, 2019ko enplegu publikoaren sustapenetik etorriko zirenak,
gaikuntza-ikastaroa igaro ondoren. Geroa Baitik inkorporazio berri horiek
gaur egun aztertu nahi eta ezin dutenek pairatzen duten kaosa murrizten
lagunduko dute noski, behintzat hori espero dugu. Hala ere, beldur gara
nahikoak izango ote diren Nafarroari aztertzaile-ratio egoki bat
lortzeko, eta zerbitzu publiko eskas honi normaltasuna itzultzeko. Izan
ere, askorentzat gidabaimena lortzea ez baita kapritxo bat,
enplegagarritasunari eta bizi-kalitateari eragiten dien egiazko premia
bat baizik.


Egoera hau areago konplikatu dute Covid dela eta
hartu behar izan diren neurriek. Hauei esker, azterketen itxaronaldiak
gora egin du, aldi bakoitzean azter daitezkeen pertsonen kopuruak behera
egin duelako. Momentu honetan, zerrenda horretan Nafarroan 5.210 pertsona
dago, eta irtenbide bat ez bazaio ematen, arazoa areagotu egingo da
noski.


Horrexegatik, guztiz bat gatoz Eusko Alderdi
Jeltzaleak aurkeztutako mozioarekin.


Eta Catalán jauna, euskara da euskaldun egiten
gaituena, eta euskararen eta euskoldunon herria Euskal Herria da. Zuk
nahi ala ez.


Buenas tardes.


La Dirección General de Tráfico en Navarra tiene
una de las tasas más bajas de examinadores y examinadoras de todo el
Estado. En concreto, según información facilitada por la Dirección
General de Tráfico, la comunidad foral cuenta con 1,38 examinadores por
cada 100 000 habitantes, cuando la media estatal es de 1,72; solo
Guipúzcoa, Badajoz y León tienen ratios más bajos. Actualmente, hay un
puesto vacante en la plantilla orgánica de examinadores de la DGT en
Navarra, ya que precisamente el año pasado uno de los funcionarios cambió
de trabajo. A pesar de que Tráfico destina examinadores itinerantes a la
comunidad foral, el sector de las autoescuelas nos alerta de que solo 6
de los 9 examinadores de la plantilla realizan las pruebas de conducción.
Además, previsiblemente la situación podría verse agravada, ya que dentro
de poco otros 3 examinadores se jubilarán, si no lo han hecho ya. En esta
tesitura, la ratio de examinadores por cada 100 000 habitantes bajará, si
no lo ha hecho ya, concretamente de un 1,38 a 0,92, es decir, llegaría a
ser la segunda más baja del Estado. Por todo ello, los representantes de
la Asociación Navarra de Autoescuelas han solicitado a la Delegación del
Gobierno de España y a la Jefatura Provincial de Tráfico que algunos de
los nuevos funcionarios que se seleccionarán de la promoción de 36
puestos de examinadores se destinen a la comunidad foral para poder
cubrir la vacante. La información facilitada por el Ministerio del
Interior al Congreso de los Diputados dejó en evidencia que provincias
como Huesca, Teruel o Soria doblan la tasa de examinadores en comparación
con Navarra.


En respuesta a una pregunta que formulé al Gobierno
a este respecto en febrero, se me explicó que probablemente se
incorporarían otros 2 examinadores en abril, en este mismo mes,
provenientes precisamente de la promoción de empleo público de 2019,
pasado ya su período de formación. En Geroa Bai esperamos que esas nuevas
incorporaciones contribuyan a reducir el caos que sufren aquellas
personas que quieren examinarse y no pueden. De todas maneras, nos
tememos que no serán suficientes para obtener una ratio de examinadores
adecuada para Navarra para devolver la normalidad a este servicio público
tan deficiente. De hecho, no olvidemos que para muchas personas la
obtención del permiso de conducir no es un capricho, sino una necesidad
real que afecta a su empleabilidad y a su calidad de vida.


La situación, además, se ha visto complicada o
agravada por las medidas que se han tenido que adoptar como consecuencia
de la COVID, por las cuales han aumentado las listas de espera para
realizar los exámenes, ya que ahora el número de personas que se pueden
examinar en cada ocasión es menor. En estos momentos hay en las listas de
espera de Navarra 5210 personas, y si no se le da una salida a esto el
problema se verá agravado, naturalmente.


Por todo ello, estamos de acuerdo en todo lo que
pide esta moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco.


Y, señor Catalán, el vascuence es lo que nos hace
vascos y vascas, y precisamente el pueblo de los vascos y las vascas es
Euskal Herria, lo quiera usted o no.


Somos muchos, señor Catalán, cada vez más, los
navarros y navarras que también nos sentimos y somos euskaldunes, es
decir, vascos. Usted defínase a sí mismo, tiene todo el derecho, pero
deje de definirnos a los demás. Tenemos el mismo derecho que usted a
definirnos como lo que somos, navarros y euskaldunes, navarros y vascos.
Se le acabó, se les acabó el tiempo de repartir carnés de buenos y malos
navarros. Se acabó aquello de la Navarra a su medida, porque esa Navarra
ya no existe. Súmese a la historia, abandone —permítame la
expresión— el gallinero en el que hoy está asentado, tenga en
cuenta que Navarra está viva y que cada vez es más plural, más mestiza,
más europea, menos borona, más cosmopolita. Euskal Herria euskaldunon
bihotz guztietan bizirik dago eta biziko da.


Euskal Herria está viva y continuará viva en todos
los corazones de los vascos y las vascas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Intervendrá, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, la senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Mila esker berriro.


Voy a empezar por el Grupo Mixto. Hemos pasado la
enmienda transaccional a todos los grupos. Si en el Grupo Mixto tienen un
problema de coordinación y no comparten la documentación, esta senadora
no puede hacer otra cosa. Lástima que la senadora Goñi no esté, no la
veo. En cualquier caso, volveré a insistir en que nosotros diferenciamos
perfectamente entre Euskadi y Euskal Herria: Euskadi como nación y Euskal
Herria como pueblo vasco. Seamos un poquito respetuosos con eso.


En cuanto a la señora de Vox —que veo que
tampoco está—, dice que la competencia es del Estado, y yo la
animaría a que leyera en la Constitución los artículos 148 y 149. Claro,
el 148 y el 149 solos tampoco te dicen qué competencias tiene Euskadi,
por lo que tendría que leer el Estatuto de Autonomía del País Vasco,
artículos 10 y siguientes. Lo que le pasa a Vox es que, como no pasa del
artículo 2, y ni siquiera lo lee entero, llegar al 148 les va a costar un
poco, pero yo la animo a que lo haga. Además, me parece que tienen un
problema de lectura, porque esta senadora ha revisado y, efectivamente,
en la exposición de motivos nos hemos referido a la situación de Euskadi,
nos hemos referido a la situación de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa porque
entendemos que, como Cámara de representación territorial, el resto de
los senadores y senadoras se referirá a sus territorios. Nos hemos
centrado en el nuestro, pero en la petición pone: Proceder a la cobertura
inmediata de las plazas del personal examinador existente en todas las
provincias, en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y
en el territorio foral de Navarra, es decir, en todo el Estado español.
Es que no hemos dicho que solo se solucione el tema del País Vasco. Creo
que hay que aprender a leer un poquito también.


Me voy a centrar en el turno de portavoces. Además
de todo lo expuesto, además de la problemática que ya hemos señalado
sobre la realización de las pertinentes pruebas para obtener el carnet de
conducir, al no ser continua por este problema de exámenes se produce una
situación que afecta al alumnado y a las propias escuelas de conductores;
esto es, en vez de contratar las clases prácticas que serían necesarias
en función de las necesidades de cada persona pendiente de examen, se
hacen de forma intermitente. Esto afecta tanto al aprendizaje del alumno
y de la alumna como a la propia escuela, que tiene que organizarse.
Además, hay que señalar que hay otros alumnos y alumnas que se trasladan
a otras comunidades autónomas para examinarse, con lo cual, el problema
se va trasladando. (Rumores). Hemos dicho que esta situación afecta a
todo el Estado, pero parece ser que aquí no se escucha mucho. Es
imposible que se escuche cuando todo el mundo está hablando; es normal
que no escuchen.


El lunes, El Diario Vasco publicaba una noticia en
la que el titular era: Guipúzcoa se colapsa con 5621 alumnos en lista de
espera para el examen de conducir. Y el subtítulo de la noticia indicaba:
Las autoescuelas piden más examinadores y una partida de gastos para
cubrir horas extras y, así, examinar de lunes a sábado, mañana y tarde. A
nosotros, esta medida que señalan las escuelas de conductores de Gipuzkoa
nos parece adecuada si así se estima en este territorio y si llegan a un
acuerdo. En cualquier caso, entendemos que es una medida
provisional.


Hemos señalado que este problema se arrastra desde
hace diez años, y volvemos a insistir en que no nos vale que se echen la
culpa unos a otros, sino que se debe abordar de inmediato esta situación
y se tiene que proceder a cubrir las plazas. Y si esas plazas no son
atractivas, tendrán ustedes que plantearse una valoración de puestos de
trabajo y vía complemento específico, complemento de destino, cualquier
otro complemento o cualquier otra retribución extraordinaria,
retribuirlos adecuadamente, de forma que no exista este problema. También
ayer, el Diario de Noticias de Navarra publicaba una noticia en los
mismos términos y apuntaba otro problema, y es que la falta de fechas
hace que el alumnado reserve citas para examinarse sin estar lo
suficientemente preparados, con lo cual, en cierto modo se pierde, entre
comillas, la posibilidad de que se examine a alguien que pueda estar
preparado por ese acopio de fechas ante estas situaciones, sobre todo
porque tenemos que tener en cuenta que caducan las pruebas teóricas. Así,
personas que puedan estar estudiando en el extranjero, a lo mejor han
venido en Navidad, han hecho la prueba teórica y en verano tienen que
tener la práctica y examinarse dentro de esos períodos. Por tanto,
insistimos en que el problema es urgente y hay que tomar una solución
inmediata, en corto plazo, cuando ustedes quieran, pero ya. Cuando
ustedes quieran, pero ya.


Sin más, agradezco la predisposición a todos los
grupos y esperemos que, efectivamente, se cumpla esta moción.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Cortès Gès.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.


Senyories, el mes de setembre del 2020, vaig
preguntar al ministre Marlaska quins eren els plans del seu govern per
satisfer la demana d’exàmens de conduir, degut a la manca de
personal administratiu i també examinador. La resposta del ministre va
ser explicar les convocatòries que s’havien realitzat per a ocupar
les places de personal administratiu i examinador a tot
l’estat.


Quan sap de sobres, el senyor ministre, que
aquestes places són del tot insuficients per resoldre el col.lapse en
exàmens de conduir a Catalunya, que actualment és de 76000 alumnes en
espera per examinar-se. El govern de l’estat segueix sense cobrir
aquestes places, que estan vacants, mentre hi ha gent que s’està
jubilant o que està de baixa per malaltia o per d’altres qüestions.
Per exemple, a Lleida, ara mateix, no fa gaire, han assignat dos nous
examinadors. Però, com que hi ha hagut una baixa de llarga durada i una
jubilació, doncs no s’incrementa el nombre. Eren 7 examinadors i
ara tornen a ser 7 examinadors. Per tant, no són 9, són 7. En què
s’ha millorat? En res. A Barcelona, per exemple, d’uns 90
examinadors només en treballen 65. Per tant, això només és per posar dos
exemples, en podríem posar d’altres en totes les demarcacions de
Catalunya.


La manca de personal a Catalunya ha esdevingut
crònica i ha general tal col.lapse que les autoescoles no poden
canalitzar de cap manera la demanda d’estudiants per a realitzar
l’examen de conduir. I, a dia d’avui, en les quatre
prefectures catalanes, és absolutament insuficient el nombre de personal
efectiu. No hi ha personal ni administratiu ni examinador suficient per a
cobrir la demanda i per mantenir el correcte funcionament de les
prefectures provincials. D’aquesta manera, s’està perjudicant
autònoms i petites empreses familiars catalanes que regenten una
autoescola. Però no només els perjudiquen a ells. Sinó que també es
perjudiquen els milers de persones que necessiten el carnet de conduir
per a presentar-se, per exemple, a unes oposicions o per aconseguir una
feina, i també perjudiquen a les persones que vivim a les comarques i que
el cotxe particular ens és totalment indispensable.


Les empreses de transport també necessiten personal
i aquest personal està atrapat a les llistes d’espera per
examinar-se. I, en ocasions, les empreses de transport han d’anar a
buscar personal a l’estranger. Fora de l’estat espanyol. Els
estudiants també necessiten el permís de conduir i les autoescoles
necessiten superar una situació d’insostenibilitat generalitzada
amb una especial incidència a Catalunya per la manca de resposta de la
DGT. I, per resoldre-ho, se’ls ha ocorregut passar la pilota a les
autoescoles. Amb el sistema anomenat CAPA. Que traspassa el problema a
les autoescoles. És a dir, els traspassa el col.lapse de la DGT i els
assignen una quota que les autoescoles no tenen capacitat de complir. I,
a sobre, els traspassen també la pressió de l’alumnat. És a dir,
tot allò que la DGT no soluciona, tot allò que ells no fan, ho han de
solucionar les escoles sense dotar-los de mitjans. Una decisió totalment
irresponsable per part del Govern de l’Estat.


Amb tot això, es demostra la incapacitat del Govern
de l’Estat per corregir el problema de manca d’examinadors i
d’administratius i administratives a Catalunya. I a Esquerra
Republicana tenim la solució, ja li vam dir al ministre Marlaska. Però és
una solució que a ell no li agrada. I aquesta solució passa per
transferir les competències a Catalunya. Perquè, en plena crisi i quan la
situació és crítica com l’actual, és una emergència vital per a
moltes persones. I, si l’estat no en sap, o l’estat no pot, o
l’estat no ho vol arreglar, doncs deixin que ho faci la Generalitat
de Catalunya. Que ho faci el govern de la Generalitat de Catalunya.


Señorías, en el mes de septiembre de 2020 pregunté
al ministro Grande-Marlaska cuáles eran los planes de su Gobierno para
satisfacer la demanda de exámenes de conducción ante la falta de
personal, administrativo y de exámenes. Explicó las convocatorias que se
habían realizado para ocupar las plazas de personal en todo el Estado,
cuando sabe el señor ministro que estas plazas son insuficientes para
resolver el colapso en exámenes de conducción en Cataluña, que
actualmente es de unos 76 000 alumnos en espera para examinarse. El
Gobierno del Estado sigue sin cubrir estas plazas. Estas plazas están
vacantes, mientras hay gente que se está jubilando o que está de baja por
enfermedad u otras cuestiones. Por ejemplo, en Lérida, no hace mucho, han
asignado dos examinadores nuevos, pero como ha habido una baja de larga
duración y una jubilación, no se incrementa el número; eran siete
examinadores y ahora vuelven a ser siete examinadores, con lo cual, ya no
son nueve, son siete. ¿En qué se ha mejorado? Pues en nada. En Barcelona,
de 90 examinadores, solo trabajan 65. Esto es solo para poner un par de
ejemplos, pero podríamos poner otros en todas las demarcaciones de
Cataluña.


La falta de personal en Cataluña se ha convertido
en crónica y ha generado tal colapso que las autoescuelas no pueden
canalizar, de ninguna forma, la demanda de estudiantes que quieren hacer
el examen de conducción, y hoy en día, en las cuatro prefecturas
catalanas, es absolutamente insuficiente el número de personal efectivo.
No hay personal administrativo ni examinadores suficientes para cubrir la
demanda y para mantener el correcto funcionamiento de las prefecturas
provinciales. De esta forma, se está perjudicando a autónomos y a
pequeñas empresas familiares catalanas que regentan una autoescuela, pero
no solo les perjudican a ellos, sino que también se perjudica a las miles
de personas que necesitan el carnet de conducir para presentarse, por
ejemplo, a unas oposiciones o para conseguir un trabajo. También
perjudican a las personas que vivimos en las comarcas y donde el coche
particular es totalmente indispensable.


Las empresas de transporte también necesitan
personal, y este personal está atrapado en las listas de esperas para
examinarse. En ocasiones, las empresas de transporte tienen que ir a
buscar personal al extranjero, fuera del Estado español. Los estudiantes
también necesitan el permiso de conducción, y las autoescuelas necesitan
superar una situación de insostenibilidad generalizada, con una especial
incidencia en Cataluña por la falta de respuesta de la DGT. Y para
resolverlo se les ha ocurrido pasar la pelota a las autoescuelas con el
sistema CAPA, que traspasa el problema a las autoescuelas, es decir, les
traspasan el colapso de la DGT y les asignan una cuota que las
autoescuelas no tienen capacidad de cumplir, y encima les traspasan
también la presión del alumnado. Es decir, todo aquello que la DGT no
soluciona, todo aquello que ellos no hacen, lo tienen que solucionar las
escuelas sin dotarles de medios. Es una decisión totalmente irresponsable
por parte del Gobierno del Estado.


Con todo esto se demuestra la incapacidad del
Gobierno del Estado para corregir el problema de falta de examinadores y
administrativos y administrativas en Cataluña. En Esquerra Republicana
tenemos la solución, ya se lo dijimos al ministro Marlaska, pero no le
gusta esta solución, que pasa por transferir las competencias a Cataluña,
porque en plena crisis, y cuando la situación es crítica como la actual,
es una emergencia vital para muchas personas. Si el Estado no sabe, no
puede o no lo quiere arreglar, dejen que lo haga el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya.


Señorías del PSOE, ustedes son como el perro del
hortelano: ni comen ni dejan comer.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Gregorio López.


El señor GREGORIO LÓPEZ: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, en primer lugar, vamos a apoyar la
enmienda transaccional, porque creo que no es un problema menor la falta
de examinadores y considero que tenemos que estar todos los territorios
trabajando para intentar solucionar algo que atañe a miles —algunas
fuentes dicen que sobrepasan los 500 000— de aspirantes a obtener
el carné de conducir. Todo esto ha venido acentuado por la pandemia, y
hay que decir las cosas claras, por la nula respuesta por parte del
Gobierno de Sánchez para paliar una situación excepcional, que lastra
incluso al sector del transporte y a aquellos miles de ciudadanos que no
pueden obtener un permiso de vehículos especiales o pesados a pesar de
tener una oferta de trabajo sobre la mesa. Muchos de ellos —como
dije anteriormente— son jóvenes que quieren abrirse paso en el
mercado laboral.


Desde que esta situación comenzara a agravarse con
el último Gobierno de Zapatero, y tras superar la crisis posterior, a
finales de 2017 se dieron los pasos para intentar revertir esta grave
situación. El Gobierno del Partido Popular creó para 2018 la especialidad
de tráfico del Cuerpo General Administrativo de la AGE, con el fin de dar
solución a los problemas de escasez de examinadores. Aquella nueva
especialidad estaba destinada a examinadores de tráfico, adscrita al
Ministerio del Interior, del grupo C1, de funcionarios del Estado, y
supuso, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, un incremento
anual de 1600 euros, mejorando trienios, una vez jubilados por clases
pasivas. Aquel acuerdo supuso mejoras de carácter profesional, de
carácter administrativo, accediendo a una petición del sector muy
importante para poder acceder hasta los niveles 22 del complemento de
destino, así como potenciar un mayor prestigio por la pertenencia a una
especialidad reconocida. Otra petición que fue aceptada por el Gobierno
del Partido Popular fue dar la posibilidad de acceder por promoción
interna a los cuerpos y escalas del subgrupo A2 a aquellos funcionarios
que tuvieran titulaciones universitarias o acceder a cursos de formación
que se ofertaban a los subgrupos A2. Además, se convocaron procesos
selectivos para que la DGT ofertara más de quinientas plazas de
examinadores. Incluso se dio opción a evaluar solicitudes provenientes de
personal del Ministerio de Defensa para su habilitación profesional como
examinadores de Tráfico. Evidentemente, estas propuestas fueron muy bien
recibidas por el sector, porque se necesitaban medidas excepcionales,
pero con la moción de censura, la parálisis posterior del país y la
pésima gestión de la pandemia por el señor Sánchez y sus socios
—recordemos que en el parón de los tres meses de la
pandemia 130 000 personas se quedaron con las tasas pagadas pero sin
poder examinarse— no se hizo nada para solucionar este
problema.


El aumento en la actualidad de la bolsa de
aspirantes —como dije anteriormente, 500 000 personas o más—
no solo ha sido debido a las medidas sanitarias que los centros de
exámenes han tenido que adoptar, disminuyendo el número de alumnos
presentados, sino a la ineficacia del Gobierno de Sánchez al no adoptar
medidas excepcionales para un momento excepcional, por la no ampliación
de la plantilla en un momento extraordinario que, aunque lleva latente
desde hace mucho tiempo, como dije anteriormente, se ha acentuado
desde 2019, porque en muchas jefaturas de tráfico no se han cubierto ni
bajas ni jubilaciones de personal examinador ni administrativo, e incluso
para esta labor administrativa se ha recurrido a los examinadores, lo que
ha supuesto tapar un agujero con otro agujero, perjudicando a las
autoescuelas y, sobre todo, a los ciudadanos. Incluso ha dado lugar a la
picaresca. ¿Saben ustedes que se ha detenido a 802 personas porque tenían
carnés de conducir venezolanos para intercambiarlos por carnés de
conducir españoles? El señor Ábalos parece que hizo un buen trabajo con
la señora Delcy Rodríguez. Por eso estamos hoy aquí, porque debemos dar
un paso de unidad para solucionar este problema que afecta a tantos
españoles de muchas provincias y cercena las aspiraciones de encontrar
trabajo.


No se puede aceptar que en muchas provincias haya
un solo examen teórico al mes, uno solo, porque no hay examinadores
suficientes. Es necesaria, además, la inclusión de personal
administrativo que facilite la labor de los examinadores al tramitar la
documentación de los aspirantes previa a los exámenes. Además, hay una
cosa muy importante, y es que hay una tasa para examinarse muy elevada,
cercana a los 100 euros. ¿Saben ustedes que en un año normal a la DGT le
sobra de su presupuesto 150 millones de euros que van a la Tesorería?
¿Acaso con este dinero no se podría hacer un plan de choque y rebajar la
bolsa de aspirantes? Está claro que hay solución, pero el que no quiere
verla, no la quiere escuchar. Por tanto, el Partido Popular solicita al
Gobierno cubrir las vacantes de estos profesionales, las bajas y las
jubilaciones, y contratar personal administrativo de forma
inmediata.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Liberal Liberal.


La señora LIBERAL LIBERAL: Eskerrik asko,
presidenta andrea. Arratsalde on denoi.


El día 23 de marzo la DGT hacía públicas las bases
para presentar las candidaturas a examinador de tráfico, cuyo plazo de
finalización se fijó para el día 6 de abril. Todos los medios de prensa
recogieron la noticia y daban visibilidad a las 35 plazas que convocaba
el Ministerio del Interior; 35 serían los seleccionados para distribuir
en las 27 jefaturas de Tráfico. En marzo del 2021 la DGT cuenta con una
plantilla de 804 examinadores, a los que se van a sumar
los 47 provenientes de la oferta de empleo del año 2019, que, tras
terminar el curso de habilitación, se incorporarán a las distintas
jefaturas provinciales. Además, el 4 de marzo el BOE publicó una
resolución de 23 de febrero por la que se convocaba también el proceso
selectivo para el acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo
Administrativo de la Administración General del Estado, 100 plazas de
promoción interna que correspondían a dos decretos del año 2019, el
del 29 de marzo y el del 27 de octubre. Los últimos años la plantilla de
examinadores de la DGT ha pasado de 733 en 2015 a 804 en 2020. Si hacía
diez años que no se hacía nada, imagínense el cambio que ha habido en los
últimos años, desde que han llegado los socialistas a este Gobierno.


Como pueden comprobar, pese a este aumento, la DGT
continúa haciendo un esfuerzo por incrementar el número de examinadores
tanto con procesos selectivos como con promoción interna. El coronavirus
paralizó el proceso selectivo para el acceso de los 40 nuevos
funcionarios que optaban al Cuerpo General de la Administración General
en la especialidad de tráfico, y ello quedó paralizado en la promoción
interna. Como ya he dicho, en el momento actual se ha reanudado todo el
proceso y previsiblemente todo finalice en el primer semestre. Por ello,
no entiendo su moción, señora Otaola. No entiendo que el día 6 acabase el
proceso y el día 7 ustedes presentaran esta moción diciendo que no
hacíamos nada, una iniciativa que creemos que llega tarde, pero que no
por ello no vamos a dejar de apoyar, porque, de hecho, hemos estado
promoviendo la transaccional.


Lo que no me cuadra es la posición del Partido
Popular. Cuando ustedes llegaron al Gobierno echaban toda la culpa a
Zapatero. Lo mismo pasó en el Gobierno foral, que yo conozco más. Todo
era culpa de Zapatero, cada vez que había algo era culpa de Zapatero;
ahora todo es culpa de Sánchez, toda la culpa la tiene Sánchez. Pero si
quieren hablamos de cuando el señor Zoido era ministro del Interior,
porque en esa época se produjo la mayor huelga de examinadores y de
autoescuelas; además, se enquistaron, porque ustedes se negaron a pagar
el complemento salarial de los 250 euros. (Aplausos). Salió la evidencia
de que había diferentes salarios, como siempre, dependiendo de en qué
territorios se estuviera, ya que unos ganan más que otros, y eso no puede
ser: si tienen la misma plaza, deberían cobrar lo mismo. Se vio que, por
la antigüedad, había ciertos complementos, porque, si no, habría
salarios, de verdad, precarios.


Ustedes han dicho que no hemos hecho nada. En
concreto, durante el verano de 2020, en plena pandemia, se
registraron 229 254 exámenes teóricos, bastantes, muchos más que los que
había en el año anterior, en el año 2019. Las autoescuelas y las
jefaturas provinciales de tráfico organizaron su actividad en la fase 2,
fueron las primeras —ustedes han dicho que no hemos hecho
nada— en retomar los exámenes y en retomar la actividad.


Quisiera pedir perdón a los navarros, porque cuando
hicimos la enmienda de modificación no incluimos a la Comunidad Foral de
Navarra —con la que yo me siento muy unida familiarmente—.
Fue un lapsus, pero entendemos y defendemos el derecho foral y lo tenemos
muy claro, sobre todo viniendo de donde vengo. (Aplausos).


Quisiera responder a la señora Goñi, aunque es muy
bonito soltar la piedra y marcharnos. No solo no me parece bien que
suelte la piedra y se vaya, sino que, además, hable de nuestros socios.
Por favor, consejos doy que para mí no tengo. Tienen ellos un cacao
maravillao como para pedirnos que seamos lo que tenemos que ser.
(Aplausos). Es más, si fuera como debiera ser, no debería estar en el
grupo que está, porque fue elegida por unas siglas y ahí ya se ve cómo
las defiende.


Me van a permitir terminar haciendo una reflexión.
Ha salido en varias ocasiones el problema de las empresas de transporte,
a las que me siento muy cercana. Hay un problema ahora con los carnés,
pero el verdadero problema que tienen los chóferes es que las grandes
logísticas de este país les obligan a hacerse autónomos a unos precios de
saldo, pagando a 90 y 120 días a los autónomos, y cuando contratan
chóferes lo hacen con salarios básicos. Los chóferes están cobrando menos
ahora que lo que cobraban hace 20 años por las grandes logísticas, no por
los autónomos. (Aplausos). Ya no vemos a los transportistas comiendo en
los restaurantes de carretera, los vemos comienzo de táper a muchos de
ellos. Ahí está el salario. Eso es lo que tiene que preocuparles.
(Rumores). Ustedes dan ahora consejos que no dieron hace dos años. Y,
como siempre, no escuchan. ¿Para qué voy a seguir hablando si ustedes
siguen metiendo ruido para que no se me oiga?


El Partido Socialista propuso a la señora Otaola
una enmienda transaccional que creo que se puede apoyar por todos los
grupos. Solo poníamos como punto de partida que no entrasen las
competencias en esta materia, como un par de grupos querían. Por tanto,
votaremos a favor de esta enmienda. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, a continuación procedemos a la votación
telemática de los siguientes asuntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
las medidas económicas y legales necesarias para evitar la quiebra del
sector de transporte público dependiente de los ayuntamientos y
garantizar su sostenimiento y viabilidad futuros, del Grupo Parlamentario
Popular, que se vota en sus propios términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a la
cobertura inmediata de las plazas vacantes del personal examinador de
conducción en las provincias, los territorios históricos de Araba/Álava,
Bizkaia, Gipuzkoa y la Comunidad Foral de Navarra, del Grupo
Parlamentario Vasco.


Se vota la propuesta de modificación de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Popular, Esquerra Republicana-EH Bildu, Vasco
en el Senado, Izquierda Confederal y Nacionalista, con número de registro
de entrada 93022.


Les recuerdo que los resultados de la votación de
estas dos iniciativas serán comunicados a sus señorías, publicados en la
página web del Senado y proclamados al inicio de la siguiente sesión
plenaria.


Se abre la votación en este momento en que son las
diecisiete horas y cuarenta y tres minutos, hasta las diecinueve horas y
cuarenta y tres minutos.


Señorías, como estamos pendientes de los resultados
de las votaciones que debemos promulgar, se suspende esta sesión por tres
minutos. Mientras, podemos ejercer nuestro derecho al voto.


Se suspende la sesión a las diecisiete horas y
cuarenta y tres minutos.


Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y
cuarenta y siete minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la
sesión.


Se procede a proclamar los resultados de las
siguientes votaciones telemáticas.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Proclamación de la
votación).


671/000059

GPP


La señora presidenta lee los puntos 10.
y 10.1.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la
incorporación de la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, con número
de registro de entrada 92119, y la enmienda 1, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 92124.


Votos emitidos, 260; a favor, 100; en contra, 132;
abstenciones, 28.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN A LOS TRABAJADORES EN
SITUACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. (Proclamación de la
votación).


671/000060

GPP


La señora presidenta lee el punto 10.2.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista con
número de registro de entrada 92122.


Votos emitidos, 260; a favor, 111; en contra, 4;
abstenciones, 145.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
(Aplausos).









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECHAZA LA
PRÁCTICA DEL TRANSFUGUISMO PARLAMENTARIO E INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR
GARANTIZANDO E IMPULSANDO EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO. (Proclamación de la
votación).


662/000060

GPS


La señora presidenta lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado la propuesta de
modificación de los grupos parlamentarios Socialista, Esquerra
Republicana-EH Bildu, Vasco, Ciudadanos y Nacionalista, con número de
registro de entra 93018.


Votos emitidos, 249; a favor, 141; en contra, 104;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
(Aplausos).


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las diecisiete horas y cuarenta y ocho
minutos.