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DS. Senado, Pleno, núm. 43, de 10/03/2021
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PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 26


celebrada el miércoles, 10 de marzo de 2021


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000015
enfermedad infecciosa; epidemia; equipo de protección;
estado de emergencia; material médico-quirúrgico; política de empleo;
salud pública; seguridad del transporte


Sanidad y Consumo





Proposición de Ley Orgánica de regulación de la
eutanasia.


624/000002
cláusula de conciencia; cuidados paliativos; derecho a
la salud; eutanasia; sistema sanitario


Justicia







ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO




Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación
del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del
Presidente y Consejeros del Gobierno.


605/000002

PARLAMENTO DE CANTABRIA







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de
diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión
Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000046








MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para garantizar la reparación moral y económica para todos los
afectados por la talidomida en el Estado español.


671/000052

GPERB





Moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proceso
de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las
poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, dejando de ser especie cinegética.


671/000053

GPP





Moción por la que el Senado manifiesta su preocupación por la
violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades que se han
producido en el Sáhara Occidental y solicita el respeto de los acuerdos
de alto el fuego vigentes desde 1991.


671/000054

GPV






DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional por la que el Senado manifiesta su
solidaridad con las personas afectadas por enfermedades renales y se suma
a la conmemoración del Día Mundial del Riñón, a celebrar el 12 de
marzo.


630/000012

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la formación
sobre el comercio electrónico preferentemente en zonas
despobladas.


662/000054

GPS





Moción por la que el Senado muestra su apoyo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas, foral y
locales por su defensa de la libertad, de la seguridad y de nuestros
valores democráticos.


662/000053

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a acometer las
modificaciones legales necesarias para revertir las inmatriculaciones
irregulares de la Iglesia.


662/000055

GPERB




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR A CABO UNA
TRANSICIÓN JUSTA Y REAL PARA LAS COMARCAS DEL NORTE DE TERUEL AFECTADAS
POR EL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA.


671/000051

JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)


La señora presidenta abre a las nueve horas y seis minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática del último punto del orden
del día que se debatió en la sesión de ayer, el 5.1.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9
DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000015

Sanidad y Consumo


El señor Pose Mesura, presidente de la Comisión de Sanidad y
Consumo, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Marín Gascón defiende las enmiendas 2 a 17, del señor
González-Robatto Perote, de él mismo y de la señora Merelo Palomares, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Castellví Auví defiende las enmiendas 69 y 70, de los señores
Cleries i Gonzàlez y Matamala Alsina, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


El señor Sánchez López defiende las enmiendas 56 a 68, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.


El señor Román Jasanada defiende las enmiendas 18 a 55, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Zubeldia Santoyo defiende las enmiendas 1 y 71 a 79, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón y el señor Fernández Viadero, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Alarcó Hernández,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Fernández
Palomino, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las diez horas y treinta y ocho minutos el
plazo de dos horas para la emisión del voto telemático en todas las
votaciones previstas reglamentariamente para el proyecto de ley.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA
EUTANASIA.


624/000002

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la Comisión de Justicia,
presenta el dictamen.


El señor Marín Gascón defiende la propuesta de veto número 2, del señor
González-Robatto Perote, de él mismo y de la señora Merelo
Palomares.


El señor Román Jasanada defiende la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra, interviene el señor De Lucas Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); el señor Marcos Arias, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos; la señora Castel Fort, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; el señor Román Jasanada, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Carmona Delgado,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate de las enmiendas.


El señor Marín Gascón defiende las enmiendas 10 a 43, presentadas por
él, por el señor González-Robatto Perote y por la señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Cervera Pinart defiende las enmiendas 62, 64, 67, 69, 74 a 76,
78, 80, 83, 84 y 86, presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y por él
mismo, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Mulet García, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem), da por defendidas sus enmiendas 145, 150 y
154.


El señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), defiende sus enmiendas 155 a 179,
181 a 198, 200 y 203 a 225.


El señor Fernández Rubiño defiende las enmiendas 229, 230, 232 a 236 y
238 a 241, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem), inicialmente presentadas por este senador.


El señor Sánchez López defiende las enmiendas 44 a 61, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.


La señora Ahedo Ceza defiende la enmienda 87, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Castel Fort defiende las enmiendas 1 a 9, 254 a 256, 258,
259, 262 y 263, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu.


El señor Plaza Martín defiende las enmiendas 89 a 131, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra, interviene la señora Carmona Delgado, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Sánchez-Garnica Gómez, el señor Marín Gascón y el señor Catalán Higueras,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Martínez
Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; el señor Román
Jasanada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las catorce horas y
treinta minutos el plazo de dos horas para la emisión del voto telemático
en todas las votaciones previstas reglamentariamente para la proposición
de ley orgánica.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR A CABO UNA
TRANSICIÓN JUSTA Y REAL PARA LAS COMARCAS DEL NORTE DE TERUEL AFECTADAS
POR EL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA. (Proclamación de la
votación).


671/000051

JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)


La señora presidenta informa de que la propuesta de modificación
fue aprobada, con 259 votos emitidos, por 236 a favor, 3 en contra y 20
abstenciones.









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN
DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL
PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO.


605/000002

PARLAMENTO DE CANTABRIA


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Fernández Viadero, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora González
Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Vaquero Montero, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); el señor De las Cuevas Cortés, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Fernández Gutiérrez, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





DECISIÓN (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSEJO, DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2020, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y POR EL QUE SE DEROGA LA DECISIÓN 2014/335/UE, EURATOM. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000046



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, informa a la Cámara de
que no se ha presentado ninguna propuesta al tratado.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, interviene la señora
Rojo Noguera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Castellà
Surribas.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, interviene el
señor Martí Deulofeu.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las quince horas y seis
minutos el plazo de dos horas para la votación telemática en un solo acto
de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Cantabria, punto 7.1.1. del orden del día,
y para la votación de la autorización de la Decisión 2020/2053 del
Consejo, punto 8.1.1. del orden del día.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA PARA TODOS LOS
AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA EN EL ESTADO ESPAÑOL.


671/000052

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, comunica a la Cámara que
se ha presentado una transaccional, tras lo cual quedan vivas únicamente
las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por
iniciativa de la señora Merelo Palomares y de los señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote.


La señora Cortès Gès defiende la moción.


El señor Marín Gascón defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa de la señora Merelo
Palomares, de él mismo y del señor González-Robatto Perote.


La señora Cortès Gès rechaza las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs,
por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-EH Bildu; el señor De Arriba Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Edo Gil, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la propuesta de modificación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR EL PROCESO
DE APROBACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL PARA INCLUIR A TODAS LAS
POBLACIONES DE LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEJANDO DE SER ESPECIE CINEGÉTICA.


671/000053

GPP


El señor Martínez Antolín defiende la moción.


La señora Ponce Gallardo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa suya.


El señor Mulet García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Luna Morales defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Medina Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Martínez Antolín expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo Parlamentario Mixto,
presentada por iniciativa del señor Fernández Viadero.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Sánchez-Garnica Gómez, el señor Fernández Viadero y el señor
Gozález-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos;
el señor Medina Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martínez Antolín, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y el señor Martínez Blanco, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la inclusión de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA
VIOLACIÓN DEL ALTO EL FUEGO Y LA ESCALADA DE HOSTILIDADES QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL Y SOLICITA EL RESPETO DE LOS ACUERDOS
DE ALTO EL FUEGO VIGENTES DESDE 1991.


671/000054

GPV


El señor Uribe−Etxebarria Apalategui defiende la
moción.


La señora presidenta anuncia que se presentado una transaccional y,
como consecuencia, solo queda viva la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa de la señora Merelo Palomares y de los
señores Marín Gascón y González-Robatto Perote.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa suya y de los señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote.


El señor Uribe-Etxebarria Apalategui expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y la
rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares y el señor Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora González Modino, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor
Argüeso Torres, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor señor
Uribe−Etxebarria Apalategui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Elejabarrieta Díaz, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-EH Bildu; el señor Robles Orozco, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lemus Rubiales, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la propuesta de modificación









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN
DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL
PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO. (Proclamación de la
votación).


605/000002

PARLAMENTO DE CANTABRIA


La señora presidenta informa de que la reforma, con 253 votos
emitidos, fue aprobada con 229 votos a favor y 24 abstenciones.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





DECISIÓN (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSEJO, DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2020, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y POR EL QUE SE DEROGA LA DECISIÓN 2014/335/UE, EURATOM. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


610/000046



La señora presidenta informa de que, con 255 votos emitidos,
queda autorizada la Decisión por 238 votos a favor y 17
abstenciones.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA.
(Proclamación de la votación).


624/000002

Justicia


Votaciones.


La señora presidenta anuncia que la proposición ha sido aprobada.
Asimismo, anuncia que, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
de forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU
SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES RENALES Y SE SUMA
A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN, A CELEBRAR EL 12 DE
MARZO.


630/000012

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


El señor secretario, Fajardo Palarea, lee la declaración
institucional firmada por todos los grupos parlamentarios de la
Cámara.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
FORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO PREFERENTEMENTE EN ZONAS
DESPOBLADAS.


662/000054

GPS


La señora Mínguez Sierra defiende la moción.


El señor Chinea Correa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa suya.


El señor Egea Serrano defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa suya y de la señora Martín Larred.


El señor González-Robatto Perote defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Merelo
Palomares, del señor Marín Gascón y de él.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa suya


El señor Tortosa Ruiz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


El señor Rufà Gràcia defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Palacín Guarné expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y acepta las dos del Grupo Mixto con número de
registro de entrada, respectivamente, 84416 y 84939.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Egea Serrano y el señor González-Robatto Perote, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Medina
Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Caminal Cerdà, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu; el señor Tortosa Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y la señora Mínguez Sierra, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con número de registro de entrada
84416 y 84939.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las diecinueve horas y
treinta y dos minutos el plazo de dos horas para la votación telemática
de los puntos del orden del día 9.1., 9.2., 9.3., y 11.1.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9
DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de
la votación).


621/000015

Sanidad y Consumo


Votaciones.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, anuncia que el proyecto de ley
ha sido aprobado. Asimismo, anuncia que, tal como dispone el artículo 90
de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU APOYO A LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS, FORAL Y
LOCALES POR SU DEFENSA DE LA LIBERTAD, DE LA SEGURIDAD Y DE NUESTROS
VALORES DEMOCRÁTICOS.


662/000053

GPP


El señor Martínez-Maíllo Toribio defiende la moción.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa suya y de los señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote.


El señor Sánchez López defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


La señora Hernández Espinal defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora González Modino defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Otaola Urquijo defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Martínez-Maíllo Toribio expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Otaola Urquijo, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; el señor
Martínez-Maíllo Toribio, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
y el señor Díaz Marín, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ACOMETER LAS
MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA REVERTIR LAS INMATRICULACIONES
IRREGULARES DE LA IGLESIA.


662/000055

GPERB


La señora Bideguren Gabantxo defiende la moción.


La señora Merelo Palomares defiende la moción del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa suya y de los señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote.


El señor Mulet García defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Bideguren Gabantxo acepta dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), con número
de registro de entrada 84967 y 84968, respectivamente.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la señora
Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez
Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); el señor Landa Jáuregui, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bideguren Gabantxo,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; la señora
Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Aguilar Román, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la incorporación de las dos
enmiendas con número de registro de entrada 84967 y 84968,
respectivamente, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem).


La señora presidenta abre a las veintiuna horas y cuarenta y nueve
minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de los puntos
11.2. y 11.3. y recuerda a la Cámara que los resultados de ambas
votaciones les serán comunicados a los señores senadores, y serán
publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la
próxima sesión plenaria.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA PARA TODOS LOS
AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Proclamación de la
votación).


671/000052

GPERB


La señora presidenta informa de que, con 257 votos emitidos, se
aprobó la propuesta de modificación con 254 votos a favor y 3
abstenciones.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR EL PROCESO
DE APROBACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL PARA INCLUIR A TODAS LAS
POBLACIONES DE LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEJANDO DE SER ESPECIE CINEGÉTICA. (Proclamación de
la votación).


671/000053

GPP


La señora presidenta informa de que, con 257 votos emitidos, se
rechazó la moción con 107 votos a favor, 118 en contra y 32
abstenciones.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA
VIOLACIÓN DEL ALTO EL FUEGO Y LA ESCALADA DE HOSTILIDADES QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL Y SOLICITA EL RESPETO DE LOS ACUERDOS
DE ALTO EL FUEGO VIGENTES DESDE 1991. (Proclamación de la
votación).


671/000054

GPV


La señora presidenta informa de que, con 257 votos emitidos, se
aprobó la propuesta de modificación con 255 votos a favor y 2 en
contra.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
FORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO PREFERENTEMENTE EN ZONAS
DESPOBLADAS. (Proclamación de la votación).


662/000054

GPS


La señora presidenta informa de que, con 257 votos emitidos, se
aprobó la moción con la incorporación de las enmiendas con números de
registro de entrada 84416 y 84939, con 226 votos a favor y 31
abstenciones.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora PRESIDENTA: Buenos días señorías. Se reanuda la sesión






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR A CABO UNA
TRANSICIÓN JUSTA Y REAL PARA LAS COMARCAS DEL NORTE DE TERUEL AFECTADAS
POR EL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA.


671/000051

JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)


La señora presidenta lee los puntos 5. y 5.1.


La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que esta moción fue
debatida y quedó pendiente de votación en el día de ayer. Esta moción
será votada con su enmienda transaccional, con número de registro de
entrada 85435, y firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, Grupo
Parlamentario Ciudadanos y Grupo Parlamentario Mixto.


Se abre votación telemática desde este momento, que son las nueve horas
y seis minutos, hasta las once horas y seis minutos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9
DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000015

Sanidad y Consumo


La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo, el senador
Pose Mesura por tiempo de cinco minutos.


El señor POSE MESURA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Presentamos en este Pleno el dictamen del Proyecto de Ley de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Está interviniendo el
presidente de la Comisión.


El señor POSE MESURA: ... procedente del Real Decreto Ley 21/2020, de 9
de junio.


El proyecto de ley que se somete a la consideración de este este Pleno
y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta
Cámara el pasado 22 de febrero, fecha asimismo de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes. El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 1 de marzo de 2021 y se presentaron setenta y nueve
enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmienda número 1,
del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas números 2 a 17, de los
señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la señora Merelo
Palomares, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas
números 18 a 55, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas
números 56 a 68, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; enmiendas
números 69 y 70 de los señores Cleries y González y Matamala Alsina, del
Grupo Parlamentario Nacionalista, Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; enmiendas números 71 a 79 del Grupo
Parlamentario Socialista.


La ponencia, formada por doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario
Vasco; don Antonio Alarcó Hernández, del Grupo Popular; doña Mireia
Cortés, de Esquerra Republicana; don Manuel Ángel Fernández Palomino, del
Grupo Parlamentario Socialista; don José Manuel Marín Gascón, del Grupo
Mixto; don Josep María Matamala y Alsina, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; don Carlos Mulet García, de Izquierda Confederal; don
Antonio Román Jasanada, del Grupo Parlamentario Popular; don Miguel
Sánchez López, de Ciudadanos, y don Alejandro Zubeldia Santoyo, del Grupo
Parlamentario Socialista, se reunió el día 2 de marzo para informar el
citado proyecto de ley. Dicha ponencia acordó aceptar como informe el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, si bien acordó llevar a
cabo una corrección de carácter técnico, suprimiendo la disposición
adicional cuarta, relativa al levantamiento de la suspensión con fecha 10
de enero de 2020 de los plazos de caducidad, ya que quedaba agotada su
eficacia.


El mismo día 2 de marzo, se reunió la Comisión de Sanidad y Consumo y
emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley. Acordó introducir
únicamente modificaciones técnicas en el informe aprobado por la
ponencia, suprimiendo determinados párrafos de la exposición de motivos y
el apartado 5 de la disposición final sexta, referentes a la disposición
adicional cuarta suprimida en ponencia.


Han presentado votos particulares a dicho dictamen, manteniendo sus
respectivas enmiendas, los senadores González-Robatto Perote, Marín
Gascón y la senadora Melero Palomares, todos ellos del Grupo Mixto; los
senadores Cleries i González y Matamala Alsina, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Cataluña-Coalición Canaria; el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y
el Grupo Parlamentario Socialista.


Con lo expuesto a sus señorías, queda resumida la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo en relación con el proyecto de ley que esta
mañana vamos a debatir.


Muchas gracias, señora presidente. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, presidente de la Comisión de Sanidad y
Consumo.


¿Algún grupo hará uso de su turno en el debate a la totalidad o pasamos
directamente al debate de enmiendas? (Denegaciones).


Pasamos, por lo tanto, al debate de enmiendas.


Enmiendas 2 a 17, de los senadores González-Robatto Perote, Marín
Gascón y de la senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Tiene la palabra el senador Marín Gascón por tiempo de quince
minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, hemos presentado dieciséis enmiendas a este proyecto de ley,
ocho de modificación y ocho de adición. Les resumo la justificación de
nuestras enmiendas más importantes.


Primero, enmienda de modificación al punto 1 de la exposición de
motivos. Resulta de todo punto necesario aplicar aquellas medidas que se
han demostrado exitosas en otros países, como Alemania. De hecho el
Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en su documento
del 15 de agosto de 2020, explica que, a diferencia de España, ese país
realizó una aproximación a la vigilancia epidemiológica que se adapta
mejor a las características del virus y adoptó una estrategia de pruebas
masivas a todo aquel que presentaba síntomas, independientemente de la
definición de caso de la Organización Mundial de la Salud. Ese país
disponía ya de un plan de preparación para alertas epidémicas y solo ha
tenido que adaptarlo al actual, algo que ha hecho rápidamente.


Segundo. Enmienda de modificación al punto 1 de la exposición de
motivos. Entendemos que la imposición de una obligación a la población
con el fin de salvaguardar su seguridad y su salud, debe de ir
cohonestada con el derecho del ciudadano a no soportar la carga económica
que supone la nueva situación impuesta. Para ello, tal y como se instó en
el mes de mayo, el Sistema Nacional de Salud debe promover la
financiación total de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas de uso
obligatorio para toda la población mayor de 6 años, mediante la exención
de la aportación económica para todos los pacientes y usuarios. Ello se
mantendrá hasta la declaración del fin de la epidemia por COVID-19 o en
caso de que esta situación sea nuevamente declarada. Asimismo, se debe
promover la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o
quirúrgicas mediante aportación reducida, una vez finalizada la epidemia
por COVID-19 y cuando su uso sea declarado como recomendable y no
obligatorio. Con ese objeto deberá incorporarse a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021 los mecanismos de protección para aquellos
ciudadanos españoles afectados por la emergencia de salud pública.


Tres. Enmienda de modificación a la letra a) del apartado 1 del
artículo 6, uso obligatorio de mascarillas. La OMS reconoce como forma de
contagio del coronavirus las gotas grandes que pudiesen venir a través de
estornudos o toses del portador, los fómites, como contacto con objetos
contaminados, pero desde julio del 2020, también los aerosoles. Dicha
consideración obliga a adoptar medidas específicas en relación con la
ventilación de espacios cerrados, para evitar la alta concentración de
virus en suspensión y el contagio. El Gobierno de España reconoce
implícitamente esta vía de contagio, ya que los ministerios de Sanidad y
Transición Ecológica emitieron el 30 de julio de 2020 un documento que
recoge todas las medidas de ventilación necesarias para minimizar el
riesgo de transmisión aérea del virus. De la misma manera el CSIC
manifiesta que el principio de prudencia aconseja el uso de mascarillas,
particularmente en espacios cerrados.


Cuarto. Enmienda de modificación al artículo 9. Centros docentes.
Entendemos que no cabe realizar un traslado exclusivo de esta
responsabilidad a las administraciones educativas, en línea con lo que
dispone el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 27
de agosto del 2020, en virtud del acuerdo adoptado en coordinación con la
Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de actuaciones
coordinadas en salud pública frente al COVID-19. Antes al contrario, las
administraciones educativas deben actuar en consonancia con lo señalado
por las diferentes administraciones sanitarias a este respecto.


Quinto. Enmienda de modificación al artículo 10, servicios sociales. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución, los
hombres y mujeres en España son iguales, tanto en dignidad como en
derechos. Por lo tanto, no es tolerable que, en virtud de consignas
ideológicas y partidistas, se drenen recursos del erario público para
proteger exclusivamente a la mujer contra los actos violentos de sus
parejas masculinas. Antes al contrario, nuestros mejores esfuerzos deben
ir destinados a la protección efectiva y de forma inequívoca de la
integridad de la familia y, por supuesto, con absoluta igualdad de todos
sus miembros. Cualquier legislación que excluya al resto de miembros del
núcleo familiar y no pretenda poner coto a la violencia, en tanto que
tal, es completamente injusta.


Sexto. Enmienda de adición al artículo 23, obligación de información.
Uno de los requisitos fundamentales para abordar cualquier problema
sanitario es tener unos datos de calidad, así como un sistema informático
ágil y una plataforma que permita procesarlos y analizarlos en tiempo
real. El sistema debe ser unificado, de manera que responda a los retos
de la movilidad geográfica y permita comparaciones rápidas entre
poblaciones que posibiliten establecer relaciones causales y modelos
predictivos.


Séptimo. Enmienda de modificación al apartado 1 del artículo 24,
detección y notificación. Entendemos que se ha avanzado sustancialmente
en la fijación de indicaciones desde la discusión en Pleno del Real
Decreto Ley 21/ 2020. Se suprime la frase «en todos los niveles de
asistencia y, de forma especial, en atención primaria», porque no
reflejan ni la realidad ni la potencialidad de la atención primaria.
Ningún centro de salud está capacitado para hacer PCR, aunque es probable
que en un futuro próximo puedan hacer pruebas víricas antigénicas
rápidas.


Octavo. Enmienda de adición al artículo 24, detección y notificación.
Siguiendo las recomendaciones del Centro Superior de Investigaciones
Científicas, en su documento de consenso y en el informe elaborado desde
la plataforma temática e interdisciplinar Salud Global, del mes de julio
de 2020, en Vox entendemos que debe atenderse a la incidencia acumulada
de la enfermedad en los países mencionados y en la fiabilidad de la
información facilitada por estos.


Noveno. Enmienda de modificación a la disposición adicional segunda,
sanidad exterior en puertos de interés general. Se elimina la parte que
se refiere a la repercusión de los costes que implican el ejercicio de
estas funciones en la tasa correspondiente al pasaje, por cuanto la
situación de España, en relación con el impacto del virus SARS COV2 es
peor que en otros países y nunca se debe perder de vista el impacto del
turismo sobre la economía española, que supuso el 12,3 % del PIB en 2019
un 12,7 % del mercado laboral.


En España se produjo una caída histórica del PIB en el segundo
trimestre, que llegó a un descenso del 18,5 %, sumado a los pronósticos
que prevén que nuestro país va a ser el país europeo más afectado por la
crisis; es el caso de la OCDE, que señaló que España es el país
desarrollado con la economía más golpeada por la caída del turismo.
Asimismo, se prevé que nuestro país va a tardar más tiempo que el resto
de Europa en salir de la crisis. Por todos estos motivos, se deben buscar
alternativas para sufragar los costes de las medidas sanitarias
implantadas, de forma que no suponga una subida de las tasas, porque
subiendo las tasas se ahuyenta el turismo. Se requieren medidas que
promuevan el uso de los transportes y el turismo; no medidas que tengan
el efecto contrario.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Enmiendas 69 y 70, de los senadores Cleries i Gonzàlez y el senador
Matamala Alsina.


Intervendrá la senadora Castellví Auví, por tiempo de tres
minutos.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Intervendré desde el escaño, presidenta.
Muchas gracias.


En Junts per Catalunya hemos presentado dos enmiendas, la 69 y la 70.
La enmienda 69 es de supresión del artículo 22, la declaración
obligatoria de la COVID 19. Se trata de un artículo innecesario, ya que
consta actualmente como enfermedad de declaración obligatoria por los
servicios de salud pública, tal y como atestigua la exposición de motivos
de la propia norma.


La enmienda número 70, de adición de la disposición adicional séptima,
modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias, propone la consideración de profesión sanitaria
en los términos previstos en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias a los y las trabajadoras
sociales, cuando desarrollen su actividad profesional en el sector
sanitario a través de un programa de formación especializada de trabajo
social en Ciencias de la Salud al Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, que pretendemos que sea remitida a la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, para que se eleve al
Ministerio de Educación y sea aprobado por el Gobierno. El trabajador o
trabajadora social sanitario, o sanitaria, sobre la base del análisis de
la información disponible de cada caso social sanitario, propone
programas, recursos y alternativas para orientar la solución de las
dificultades sobrevenidas o incrementadas a raíz de la enfermedad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos 56 a 68.


Intervendrá el senador Sánchez López, por tiempo máximo de trece
minutos.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta, con la
venia.


Señorías, la verdad es que esto, más que un Pleno, va a parecer una
ponencia, pues el otro día en la ponencia y en la comisión no teníamos
prácticamente información, y todos los grupos acordamos dejar las
enmiendas para este Pleno. Va a ser farragoso, pues habrá que ir enmienda
por enmienda, pero es lo que pasa cuando se tramitan las leyes con
carácter tan urgente. Yo entiendo la urgencia, pero como prácticamente
pasan volando por el Senado, sin tiempo para que los senadores puedan
permear, trabajar y mejorar el texto —si es que cupiere—, nos
vemos obligados a ir enmienda por enmienda en este Pleno, cosa que no
tocaría, pues esto tendría que haberse hecho en la ponencia y resolverse
en la comisión para que el Pleno fuera más ágil. Pero, bueno, es lo que
toca.


Empiezo con la enmienda número 56, de modificación al artículo 3. Es
una enmienda que tiene por objeto modular los supuestos de intervención
directa de la Administración General del Estado a fin de evitar posibles
actuaciones arbitrarias o motivadas por razones políticas. De este modo,
señorías, se acota el margen de discrecionalidad de la Administración
General del Estado, al restringir dicha actuación a aquellos supuestos en
los que concurran los criterios objetivos y comunes para todo el
territorio nacional que sean establecidos de acuerdo al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas deberán ser
siempre expresadas, motivadas y ajustadas a principios de necesidad,
eficacia, idoneidad y equidad. En paralelo, esta enmienda también propone
que se habilite a las comunidades autónomas y entidades locales para
promover, coordinar y adoptar en el ámbito de sus respectivas
competencias, medidas en un sentido más restrictivo que las contempladas
en esta ley cuando su aplicación esté justificada, siempre de acuerdo con
la normativa vigente y con las garantías judiciales que fueran necesarias
para el escrupuloso respeto a las libertades y derechos fundamentales de
los ciudadanos.


La siguiente enmienda es de modificación, en concreto, del artículo 6,
medidas de prevención e higiene exigibles con carácter general. La
justificación de esta enmienda es muy sencilla, pues tiene por objeto
articular un marco jurídico común aplicable a todo el territorio nacional
que ampare las medidas de prevención e higiene adoptadas hasta el momento
por las comunidades autónomas, incluidas las medidas acordadas en el
marco de actuaciones coordinadas entre el Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas.


La enmienda 58 es de modificación del apartado 1 de la disposición
adicional primera, para establecer, entre las medidas de control en
aeropuertos gestionados por AENA, la toma de temperatura de los pasajeros
de vuelos procedentes tanto del territorio nacional como extranjero.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que, en supuestos justificados de
alta incidencia de COVID en el territorio extranjero de origen, pueda
exigirse esta disposición de una prueba PCR con resultado negativo, y se
realice un control de detección del SARS-CoV-2 en llegada para evitar la
entrada de casos positivos importados.


La enmienda 59 es de adición de una disposición adicional nueva. Con
esta enmienda buscamos garantizar una aplicación equitativa de las
medidas para la prevención de los rebrotes y el control de la transmisión
en las sucesivas olas de la pandemia de COVID-19, a partir de criterios
objetivos, homogéneos y comunes para todo el territorio nacional, en
aquellos territorios que presenten circunstancias equiparables de
incidencia, transmisión y capacidad de respuesta sanitaria, en los
términos establecidos, obviamente, en la normativa vigente. De este modo,
aspiramos a mejorar la coordinación entre las diferentes autoridades
competentes a la hora de tomar medidas que tengan como objeto la
prevención de la expansión de la pandemia.


La siguiente enmienda es de adición de una nueva disposición adicional,
por la que se establece la eliminación del tipo de IVA aplicable a las
mascarillas FFP2 y los geles hidroalcohólicos que se utilizan en la
higiene de manos, al menos, durante la emergencia sanitaria de la
COVID-19. (Suena un móvil en la sala). No paran de llamarme por teléfono.
Las cosas están revueltas en Murcia. (Rumores.— Risas). Miren que
me he dejado el teléfono, pero yo llevo el móvil del reloj y no para de
sonar y, al final, uno se despista.


En la siguiente enmienda de adición se introduce una nueva disposición
adicional por la que se establece la suspensión temporal del visado de
inspección médica durante la vigencia de la emergencia sanitaria causada
por la COVID-19, en el acceso a la triple terapia de la EPOC. Este
trámite afecta a cerca de 300 000 pacientes, con la EPOC moderada o
severa, un 10 % de los más de 3 millones de españoles que sufren esta
enfermedad, convirtiéndose en población de muy alto riesgo frente al
coronavirus.


La siguiente enmienda —les pido disculpas, porque es farragoso ir
enmienda por enmienda, pero no queda otra— es de adición. En este
caso, se propone una enmienda nueva adicional por la que se establece la
suspensión temporal del visado de inspección médica durante la vigencia
de la emergencia sanitaria causada por la COVID en el acceso a los
anticoagulantes orales de acción directa, ACOD. Este trámite, señorías,
afecta a un gran número de pacientes en España que se encuentran en
tratamiento para la prevención del ictus y de la embolia sistémica,
especialmente, a aquellos que tienen uno o más factores de riesgo. Este
riesgo también les hace especialmente vulnerables a la COVID, que tienen
importantes efectos cerebrovasculares y cardiovasculares. Asimismo, con
esta enmienda pretendemos que la suspensión pueda extenderse, por acuerdo
del Consejo de Ministros, a otras patologías, a los mismos efectos de
evitar la exposición al riesgo de contagio.


Hemos presentado otra enmienda de adición, con la inclusión de una
nueva disposición adicional. Esta enmienda contempla la potenciación de
otras profesiones sanitarias diferentes a las de la enfermería y
facultativos a la hora de reforzar las tareas de detección y control de
la transmisión de la pandemia, con el objetivo tanto de mejorar estas
tareas como de relajar la presión sobre los profesionales de enfermería y
profesionales médicos. Por ello, se propone la habilitación de
profesionales de farmacia, odontología y veterinaria para la realización
de pruebas diagnósticas de detección de la pandemia del COVID y para su
incorporación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, con el
objeto de acelerar la inmunización de la población.


Otra enmienda incluye otra disposición adicional nueva. Esta nueva
disposición adicional busca reforzar el papel del personal de enfermería
en el control de la transmisión de la pandemia, planteando con carácter
excepcional medidas para facilitar su habilitación para la prescripción
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, así como para
posibilitar su participación en la incoación y tramitación de expedientes
de incapacidad temporal de trabajadores, protección que ahora se dispensa
en caso de contagio, cuarentenas preventivas o confinamientos, entre
otros.


La siguiente enmienda, también de adición de una disposición adicional
nueva, pretende incorporar la previsión de campañas de educación
sanitaria dirigidas al conjunto de la población, para fomentar el
pensamiento crítico, capaz de prevenir las consecuencias negativas
derivadas de la desinformación y de las informaciones acientíficas o
pseudocientíficas en relación con la COVID y con la pandemia.


Hemos presentado otra enmienda de modificación a la disposición final
tercera, que introduce dos modificaciones de calado —y con esto sí
que vamos a terminar—. Se modifica el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
aprobado por el Real Decreto 1/2015, de 24 de julio, con la finalidad de
reforzar el papel sanitario desempeñado por los servicios de farmacia
comunitaria, cuya relevancia se ha puesto claramente de manifiesto en la
pandemia.


La primera de ellas levanta la prohibición, hasta el momento existente,
para la venta por correspondencia o por procedimientos telemáticos de
medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica. La
prohibición actual limita injustificadamente la adherencia terapéutica de
determinados colectivos que por sus circunstancias pueden tener más
dificultades para acceder a medicamentos, como grupos de población
vulnerables, personas con movilidad reducida o personas residentes en el
medio rural. Esta prohibición, si bien en algún momento pudo tener
sentido por limitaciones técnicas, actualmente está ampliamente superada,
existiendo un amplio abanico de opciones tecnológicas que permiten aunar
flexibilidad con la debida seguridad.


En segundo lugar, se regulan las condiciones básicas para la atención
farmacéutica domiciliaria, especialmente indicada para pacientes que no
se encuentren en condiciones de acudir, o no sea recomendable, a
farmacias comunitarias, o cuando dicha asistencia se desaconseje con
carácter general, por circunstancias objetivas, como sucede en el
contexto actual de emergencia sanitaria. De este modo, se busca reforzar
nuevamente el margen de actuación de los profesionales farmacéuticos,
permitiendo asimismo prestar un mejor servicio, más personalizado, para
todos los usuarios, especialmente en el escenario de una población cada
vez más envejecida.


Y, por último, lo que busca es regular la posibilidad de acceso de los
profesionales farmacéuticos a la información de la historia clínica de
los usuarios a los que atiendan, así como de completarla con los informes
sobre la asistencia y la atención farmacéutica que presten al objeto de
facilitar el desempeño de las funciones asistenciales de los
profesionales farmacéuticos y de reforzar la eficacia de estas tareas y
con ello el encaje de estos profesionales en la cadena asistencial, en su
caso, sobre todo, en el apartado de promoción de la salud pública y de
asesoramiento y seguimiento del proceso de administración de los
medicamentos.


Este es un resumen pormenorizado de la mayoría —nos hemos dejado
algunas en el tintero— de nuestras enmiendas. Como digo, esto
debería haber sido objeto de debate en la ponencia y luego en la
comisión, pero no fue posible por motivos de tiempo y de urgencia, que no
fue urgencia, sino absolutamente urgentísimo, y lo dejamos todo para el
Pleno.


Con esto he terminado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Enmiendas 18 a 55 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Tiene la palabra el senador Román Jasanada, por tiempo máximo de quince
minutos.


El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el coronavirus ha demostrado la incapacidad de un Gobierno
para la gestión de esta crisis; un Gobierno más ocupado en mantener el
poder, en controlar la sociedad española que en anticiparse a la crisis,
prevenirla, contenerla y coordinar la respuesta, que es lo que dice el
título de esta ley. Una ley que, a pesar del trámite de urgencia, ha
tardado nueve meses desde la aprobación del real decreto ley, el pasado 9
de junio de 2020, hasta que hoy sea aprobado en el Senado, y todavía le
queda un trámite más en el Congreso.


Una estrategia, un proyecto de ley del pasado y que, actualmente, está
totalmente desfasado. Una tramitación que incumple lo manifestado por el
exministro Illa, que declaraba su deseo de que las medidas del
decreto-ley se ampliaran con las aportaciones de todos los grupos
parlamentarios —insisto, de todos los grupos parlamentarios—,
y se hiciera de forma ágil, para tener un marco con el que hacer frente a
los rebrotes. Pues ya en el Congreso no incorporó ninguna enmienda de los
grupos de la oposición, del Grupo Popular en concreto. Esperemos que me
equivoque y, al final, apoyen algunas de las enmiendas del Grupo Popular.
Y agilidad: nueve meses. En estos nueve meses han tenido que pasar dos
oleadas más y acercarnos a los 100 000 fallecidos reales, superar los 3
millones de contagios y más de 125 000 profesionales sanitarios
contagiados. Esta es la agilidad que ha querido el Gobierno socialista
para que este proyecto de ley sea debatido en las Cortes Generales.


Eso sí, ahora es tramitado por el trámite de urgencia, reuniendo el
mismo día de la semana pasada a la ponencia y a la comisión, que no pudo
debatir ni decidir sobre las enmiendas que habíamos presentado los
diferentes grupos políticos, porque no había habido tiempo de estudiarlas
ni de comentarlas con el Gobierno, y se dejó todo vivo para el Pleno, por
lo que, como bien decía el senador Sánchez, la ponencia y la comisión
perdieron cualquier razón de su existencia. Señorías, yo creo que tenemos
que hacer una reflexión. No tiene sentido que debatamos en el Pleno todas
las enmiendas, cuando ese trabajo debería haberse hecho en ponencia y en
comisión. Yo creo que es un error del grupo mayoritario, que ha dejado
sin sentido a una ponencia legislativa y a una comisión para su
debate.


Todo esto —la falta de agilidad en la tramitación mediante un
proyecto de ley— demuestra que el proyecto de ley fue un ardid
utilizado por el Gobierno para ganar apoyos en aquellas votaciones de los
sucesivos estados de alarma, que dieron lugar a la famosa desescalada
fracasada, que propició una segunda oleada tras la famosa declaración del
día de la victoria del presidente Sánchez, cuando anunció de modo
presuntuoso: ¡Hemos vencido al virus!


Este proyecto de ley que llega al Senado muestra en el preámbulo que es
obsoleto, anticuado, extemporáneo y falso en alguna de sus afirmaciones.
Por ejemplo, en el preámbulo habla de la desescalada por la contención de
la pandemia gracias a las medidas del Gobierno, o a que estas medidas se
adoptarán cuando salgamos del estado de alarma —hoy, nueve meses
después, seguimos en estado de alarma—, y que lo harán los
presidentes de las comunidades autónomas en su territorio cuando lo
consideren —era cuando abanderaban aquella cogobernanza—. En
definitiva, hoy vemos que todo esto que dice el preámbulo está
absolutamente fuera de tiempo y lugar. Y, actualmente, cuando se está
desarrollando la vacunación, no hay ninguna referencia en todo el
proyecto de ley de medidas de contención y prevención a una de las
principales medidas de prevención sanitaria de esta pandemia: a la
vacunación, a esa inmunización masiva de la población, que, sin duda, hoy
hubiera enriquecido este ya obsoleto proyecto de ley.


Ayer mi grupo preguntaba a la ministra si se iba a cumplir el objetivo
del 70 % de vacunación para el verano para tratar de adelantar esa
curación de la población. Hoy, un 3 % de la población está vacunada. Han
pasado dos meses y medio desde la primera vacuna, ¿cree el equipo de
Gobierno y su partido que en tres meses se va a vacunar al 67 % restante
para cumplir aquel compromiso-objetivo-anuncio, del señor Sánchez de
vacunar al 70 % de la población antes del verano? Pues yo creo que no
están haciendo su trabajo, y este proyecto de ley, además, no incluye
ninguna medida, ninguna mención a la vacunación. Además, se tramita para
su aprobación cuando el Congreso aprobó plenos poderes para el presidente
Sánchez durante un periodo de seis meses —sin comparecer
obligatoriamente en un estado de alarma cada quince días en el Congreso;
hasta el día 8 de mayo se mantiene vigente este estado de alarma—,
porque en lo único que coincide el preámbulo de la ley y la situación
actual es que nueve meses después seguimos en estado de alarma.


Y llama la atención aquello que decían: que serán los presidentes de
las comunidades autónomas los que tomarán las decisiones en su ámbito. Y
recordamos cuando al comienzo del otoño, el Gobierno de Sánchez decidió
adoptar medidas de limitación de movimiento en la Comunidad Autónoma de
Madrid; medidas que no adoptó en otras comunidades autónomas con
similares o peores datos de carácter epidemiológico. Y esto me lleva a
pensar en una gestión partidaria y tratando de manera diferente a unas
comunidades autónomas respecto de otras en función del color de quien
gobierna.


Madrid ha sido la obsesión del Gobierno y del Partido Socialista,
porque ha demostrado que hay maneras diferentes de hacer las cosas, y
muchas veces, mejor. Les recuerdo que en el mes de junio Madrid anunciaba
una especie de cartilla, pasaporte inmunológico para mantener la
actividad económica, que ya entonces el ministro Illa descartó. Pero
estos días atrás, la ministra Maroto pregona lo que entonces el ministro
Illa rechazaba, y es esa posibilidad de que haya un pasaporte
inmunológico. Además las enmiendas del Grupo Socialista en este Pleno
abren esa posibilidad. Madrid apostó por las mascarillas FFP2, y el
portavoz sanitario del Gobierno, el señor Simón, las calificó como
egoístas. Incluso ayer la ministra Montero decía que no bajaban el IVA
porque no eran obligatorias. Pero, en otros países de la Unión Europea se
están recomendando, incluso imponiendo, como obligatorias. Se habló de la
inclusión de test de antígenos —algo que a Madrid le criticó el
Partido Socialista— a realizar de forma masiva en momentos de alta
incidencia y de transmisión comunitaria. Posteriormente, las pruebas de
diagnóstico e infección activa incluyeron los test de antígenos; incluso
hoy, en las modificaciones del Grupo Socialista ya no hablan solo de PCR,
sino de PCR y cualquier otra prueba diagnóstica de detección de infección
activa. Madrid pedía controles aeroportuarios y controles a los viajeros
que llegaban por Madrid-Barajas y hablaba de la necesidad de hacer esas
PCR, esos test de antígenos o solicitarlos a los viajeros. El ministro
Ábalos, el Ministerio de Fomento, dijo en aquel momento que no.
Posteriormente, se han impuesto para algunos países procedentes de
variantes del coronavirus, aunque, dado lo que anuncian para esta próxima
semana, va a ser más fácil ir de París a Madrid o de Berlín a Tenerife,
que de Guadalajara, mi ciudad, a Madrid; o de Extremadura, con una
incidencia de 40 casos por 100 000 habitantes, a la Comunidad de Madrid,
por poner unos ejemplos.


Señorías, hoy hace un año, Madrid cerraba los colegios, cuatro o cinco
días antes de que el Gobierno de España anunciara medidas para contener
la expansión de la pandemia. Pero también es cierto que en aquel momento
nos iba la vida en aquel lema de «Sola y borracha quiero llegar a casa».
O la apuesta de Madrid por la hostelería, por el comercio en la segunda y
tercera oleada, que fue tremendamente criticado por el Partido
Socialista, y se ha visto que se ha podido contener igual, al menos, o
mejor, la pandemia, pero sin tan malos datos en cuestiones económicas. O
la construcción de un hospital de pandemias, criticado por la izquierda,
que ha atendido a centenares de personas y se ha convertido en un centro
de vacunación. Son muchos los aspectos que demuestran que se pueden hacer
las cosas de manera diferente, y lo que el Gobierno ha tratado de hacer
es oposición a una comunidad autónoma.


La gestión de la pandemia ha sido un desastre y la tramitación de este
proyecto de ley no le va a la zaga ni en agilidad ni en aportaciones para
tramitarlo, porque hemos visto que no hay agilidad ni voluntad para
incorporar enmiendas en este Senado. Mi grupo ha presentado treinta y
ocho enmiendas porque queremos contribuir a la mejora de este proyecto de
ley. Espero que no incumplan lo que dijo el ministro Illa. Espero que el
Grupo Socialista incorpore y vote a favor de alguna de las enmiendas del
Grupo Popular. El Partido Popular tiene soluciones para las alrededor de
cinco millones de personas que no trabajan, a pesar de que quieran
hacerlo; para la situación de desesperanza a que ha llevado la gestión
del Gobierno, a la crisis del sector turístico, hostelero y al comercio,
y también al sector sanitario. Porque, por una parte, están los enfermos
COVID y, por otra, todos aquellos enfermos de patología oncológica, de
patologías respiratorias, cardiológicas, neurológicas, etcétera, que han
visto retrasada su atención en el Sistema Nacional de Salud.


Vimos con esperanza este decreto, el único que hablaba de medidas
sanitarias, porque de los de medidas económicas y sociales ya vemos las
consecuencias. Hoy decía la OCDE que somos el país con peores resultados
económicos en la crisis del coronavirus, y esa crisis económica lleva
aparejada las colas del hambre y una crisis social que todavía está por
llegar. Digo que vimos con esperanza este decreto, y propusimos en el
debate del decreto ley un marco jurídico que permitiera la adopción de
medidas sin recurrir al estado de alarma: pacto de Estado por la sanidad,
planes de contingencia y refuerzo de la sanidad exterior, reserva
estratégica de fármacos y productos sanitarios, y un pool de
profesionales para atender la situación de emergencias para todo el
territorio nacional.


Hoy pedimos el voto a favor de unas enmiendas dirigidas a adoptar
medidas para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud, para actuaciones en salud pública, con la creación de una agencia
estatal de salud pública y calidad asistencial que recoja aspectos
relacionados con la vigilancia epidemiológica y también el control y
prevención de enfermedades transmisibles, o la creación de una red de
laboratorios con la participación de las comunidades autónomas desde la
orientación one health y con un centro nacional de microbiología que
cuente con capacidad de respuesta rápida ante emergencias de salud
pública. Y hablo del concepto one Health porque no puede ir, por un lado,
la sanidad animal y, por otro, la salud humana. Porque estamos viendo que
gran parte de las enfermedades transmisibles provienen del mundo animal
al mundo humano, y por eso debe haber una sanidad única, one
health.


En el ámbito de la prevención, se pierde la oportunidad de fijar el uso
de mascarillas de alta protección FFP2 o superior. En el ámbito
educativo, sorprende que el Partido Socialista presente enmiendas
eliminando la distancia de seguridad de un metro y medio, cuando fue una
de las causas por la que Ciudadanos apoyó un decreto del estado de alarma
cuando pasó de dos metros a metro y medio. Ahora dicen que no hace falta
metro y medio. Hacen alusión a los aerosoles, de los que ya hablábamos en
mayo y junio como fenómeno de transmisión de la enfermedad, y eliminan el
metro y medio, pero eso sí, proponen que sean las autoridades sanitarias
las que indiquen la distancia de seguridad, cuando tenemos una ley, un
procedimiento legislativo abierto, para fijar esa distancia de seguridad.
En este ámbito, nosotros proponemos el establecimiento de protocolos de
detección de infección activa a la vuelta a las aulas también para todos
los profesores.


En el ámbito del bienestar y seguridad de pacientes y profesionales
sanitarios, proponemos una reserva estratégica y material sanitario,
planes de atención psicológica para los sanitarios, y protocolos para
acompañamiento de pacientes y de personas cuando fallecen. También en el
sector sociosanitario, garantizar los medios de protección adecuados y
una coordinación de los centros sociosanitarios en el ámbito de atención
primaria y de atención hospitalaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Enmiendas números 1 y 71 a 79, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el senador Zubeldia Santoyo.


El señor ZUBELDIA SANTOYO: Gracias, presidenta.


Este proyecto de ley que hoy debatimos, llamado de nueva normalidad, de
medidas urgentes de prevención, de contención y de coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la pandemia es, sin lugar
a duda, a pesar de lo que digan algunos grupos parlamentarios, una buena
iniciativa legislativa, positiva para el país, positiva para la
ciudadanía, y sobre todo positiva también para la coordinación entre los
territorios. Se trata de una iniciativa necesaria; es un marco global, es
un armazón que se completa con acciones coordinadas entre todas las
comunidades autónomas y el Gobierno de España. Este proyecto de ley
estabiliza la política, estabiliza la gestión en una situación cambiante;
las personas y los territorios, como digo, salen ganando. Y negarlo, o no
querer entenderlo, es engañarse a uno mismo, a los propios grupos
parlamentarios, y, lo que es peor, engañar al país. Permítanme recordar,
ahora que hablamos de urgencia, que los decretos leyes, cuando se
transforman en leyes, se tramitan por el procedimiento de urgencia según
la Constitución; esa Constitución que tanto defienden, pero que parece
que algunos no se leen bien.


Desde el mes de marzo del año pasado, 2020, la producción normativa no
ha cesado. Ha sido ingente la normativa, intentando adaptarse y guiar en
esta situación difícil, extraña y, sobre todo, sobrevenida. Quiero
destacar las distintas declaraciones de estado de alarma, sus prórrogas y
sus medidas derivadas, los distintos reales decretos leyes que han tenido
como objeto las personas, la economía y, sobre todo, paliar las
consecuencias de la pandemia. Se han adoptado medidas de todo tipo para
garantizar la protección familiar a los trabajadores, a los colectivos
vulnerables, a las empresas y también para sostener y aguantar el tejido
productivo y social, y sobre todo, como digo, reducir el impacto y los
prejuicios generados por la pandemia.


Pero la situación ha sido muy cambiante y muy dinámica. Nadie,
evidentemente, estaba preparado para una situación así, ni en Europa ni
en España ni en las comunidades autónomas ni en las corporaciones
locales. Aun así, el Gobierno de España reaccionó con responsabilidad, y
en esa evolución, el Gobierno, en colaboración y en coordinación con la
Unión Europea, trazó una ruta europea común para levantar las medidas de
contención de la COVID-19 y se intentaron reanudar las actividades
económicas y sociales, por supuesto, sin menoscabar la salud de las
personas y sin aumentar la tensión del Sistema Público de Salud. Desde
entonces, se intentó, como han visto ustedes, transitar desde una
desescalada hacia una nueva normalidad. Quiero recordar en este punto la
Comisión de Reconstrucción y sus vicisitudes en el Congreso de los
Diputados. Se ha realizado un tránsito dinámico en el que las comunidades
autónomas han tenido un papel fundamental, gracias al trabajo del Consejo
Interterritorial de Salud, y en el que hay que valorar y agradecer la
colaboración y la coordinación en términos generales, sin entrar en
particularidades, algunas de ellas localizadas muy cerca de esta Cámara,
porque, desde luego, la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid no es
ni mucho menos un ejemplo recomendable.


No obstante, la situación pandémica en esa evolución tan dinámica no es
la misma ahora que antes, y hay que tener en cuenta que es esencial
distinguir entre la conclusión de las medidas de contención vigentes en
estados de alarma y sus prórrogas, y la crisis sanitaria, que no
olvidemos que aún persiste. En este escenario se hace necesario este
proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara a través de criterios de
cautela, de protección, de prevención y, sobre todo, repito, en un marco
general y global de colaboración. Pero, además, se requiere cubrir
ciertas carencias que existen en la regulación actual, y también se
considera necesario realizar modificaciones en la legislación sanitaria,
científica o de transporte ante este tipo de crisis cambiante. ¿Que todo
es mejorable? Por supuesto, pero de ahí a posicionarse en contra o
aprovechar esta situación con otras intenciones, no es nada entendible y,
sobre todo, porque sigue sin comprenderse el recorrido de algunos
partidos políticos, de algunos grupos políticos, a lo largo de la
pandemia. Algunos han tenido al virus como socio, ahora lo tienen como
excusa, y eso la ciudadanía no lo entiende. Y está muy bien que el
portavoz del Grupo Popular se acuerde ahora del ministro Illa, y más
cuando ha sido diana de sus deplorables críticas o insultos. Hay que ser
más serios, señorías del Partido Popular, y dejen de hacer este ejercicio
de cinismo político acordándose ahora del ministro Illa. En definitiva,
ustedes sabrán lo que están haciendo. Nosotros, como Grupo Socialista, a
lo nuestro.


El Grupo Parlamentario Socialista quiere enmendar este proyecto de ley
para adaptarlo a esa nueva realidad, cambiante y dinámica, a través de
diez enmiendas. En primer lugar, presenta enmiendas de actualización del
texto y de mejoras técnicas, como es el caso de la enmienda de
modificación de la exposición de motivos, al igual que ocurre con el
artículo 23, el 24.1, el 25, el 27.2, o el artículo 30.


En segundo lugar, se enmienda el artículo 6, respecto a la evidencia
que existe sobre la transmisión de aerosoles, el uso de mascarillas y la
distancia de seguridad.


En tercer lugar, el Grupo Socialista presenta enmiendas de modificación
al artículo 9, respecto a medidas en centros educativos, que varían en
función de la etapa educativa, como la distancia entre alumnos o la
creación de grupos estables con contactos limitados.


En cuarto lugar, el Grupo Socialista enmienda, a través de la
modificación de la disposición adicional segunda, respecto a la
colaboración entre Puertos del Estado y el Ministerio de Sanidad y los
servicios centrales y periféricos de sanidad exterior, con la eliminación
de la repercusión de los costes sobrevenidos en las tasas de pasaje en
esta pandemia.


Y por último, en quinto lugar, la tramitación en esta Cámara de una
enmienda transaccionada con distintos grupos de esta Cámara. El Grupo
Socialista ha considerado oportuno y necesario incluir una enmienda de
adición respecto a las reglas aplicables a los contratos de trabajo
suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito
de la investigación, y la integración de personal contratado en el
Sistema Nacional de Salud. Aunque algunos centros de ciencia e
investigación trabajaron durante la pandemia a máxima capacidad, otros
tuvieron muchísimas restricciones. Muchas personas contratadas en OPI, en
universidades y agentes del sistema de salud, no pudieron acceder con
normalidad a sus laboratorios, a sus experimentos, a su objeto de
investigación, con el consiguiente retraso que conllevó la pandemia. Lo
que pretende esta enmienda a la disposición adicional es prorrogar los
contratos. Hay que recordar en este punto que la Ley de la ciencia
de 2011 establece algunas limitaciones para la duración máxima de estos
contratos, por tanto, para poder realizar estas prórrogas se requiere una
norma con rango de ley. De ahí que presentemos esta enmienda. Serán más
de 3500 investigadoras e investigadores los que podrán verse beneficiados
por esta medida. Se pretende proteger —ya lo comentamos en el Pleno
anterior— a uno de los colectivos de nuestra comunidad científica
más vulnerables a la pandemia y, como ustedes saben, en la ciencia y en
la investigación están depositadas muchas esperanzas para el futuro de
nuestro país.


En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
enmienda. Esperemos que tenga el apoyo mayoritario del Pleno, al igual
que el resto de enmiendas, porque afectan a personas y a
territorios.


En definitiva, con estas enmiendas el Grupo Socialista cree que el
texto se adapta a la nueva normalidad, se enriquece, y una cosa muy
clara: no significa, ni muchísimo menos, limitar competencias ni
recentralizar ni se extralimita en relación con otras normativas
autonómicas. Esta es la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista.


En este punto, toca también agradecer y valorar de manera positiva el
trabajo realizado por el resto de los grupos de la Cámara con respecto a
este proyecto de ley, pero tal y como se vio en la reunión de ponencia y
en la Comisión de Sanidad, no todos están por la labor de cooperar ni de
colaborar. Inaudito fue el hecho de que se consensuara, de que se
acordara por unanimidad, y a continuación se votara en contra. Ese es el
Partido Popular, un ejemplo de no saber actuar con responsabilidad y, lo
que es peor, poner de manifiesto que no es un partido fiable, que no es
un partido en el que se pueda confiar. ¿Cómo vamos a debatir con ustedes,
señores del Partido Popular? ¿Cómo vamos a acordar si después votan lo
contrario de que lo que se acuerda?


En una situación difícil como la que estamos viviendo, con una crisis
sanitaria sobrevenida y sin precedentes, se ha visto que hay dos maneras
de actuar contra la crisis: una, la responsable, trabajar por el interés
general de las personas, poniendo por delante la salud, la sanidad
pública y, a continuación, todo lo demás, intentando conjugar la gestión
de la crisis sanitaria derivada de la pandemia con la sujeción de la
economía. Salvar vidas, proteger a las personas y luchar por el empleo y
las empresas; y otra, la que representa la derecha, la que representa el
Partido Popular, la de aquellos que quieren sacar beneficio político de
este drama aportando solo críticas malintencionadas, confrontación y la
búsqueda del conflicto; todo sea, todo vale con tal de erosionar al
Gobierno de España en esta lamentable situación. Como digo, el campeón de
esta competición es el Partido Popular y sus socios de la ultraderecha. A
la bancada popular le recomendaríamos lo siguiente: múdense de una vez,
pero, sobre todo, muden la piel o la corriente se los va a llevar por
delante. Lo único que han aprendido a lo largo de su historia es a
cometer nuevos errores. Allá cada uno con su conciencia y su
irresponsabilidad.


Y acabo. En un día como hoy, en el que se debate este proyecto de ley y
la proposición de ley orgánica de la eutanasia, haríamos bien en fijarnos
en otros países, en otros parlamentos donde los grupos políticos han sido
capaces de superar su línea ideológica y sus posicionamientos más
encontrado para pensar en una respuesta fuerte en beneficio de toda la
ciudadanía. Eso debería ser siempre, pero en una situación como la de hoy
esta Cámara debería dar ejemplo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Zubeldia Santoyo.


¿Algún grupo hará uso del turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el
senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, estamos asistiendo en esta legislatura a una forma de
actuación por parte del Partido Socialista en cuanto a la tramitación de
proyectos de ley que podríamos denominar como avasalladora, tiránica, sin
posibilidad de un diálogo sereno, tranquilo y sosegado, que es como
debería ser cualquier tramitación legislativa. En su lugar, asistimos a
los trámites con urgencia, en los que se impide el diálogo social y con
expertos, pero como ustedes mismos reconocieron —lo confirmaron el
ministro Illa y Fernando Simón—, carecen de esos expertos que les
puedan asesorar en su toma de decisiones.






Y así nos va.


Señorías del Partido Socialista, dígannos si esa va a ser su forma de
actuar y así poder ahorrarnos trabajo, porque, ¿para qué estamos aquí?,
¿cuál se supone que es nuestro trabajo aquí, en el Senado? Si ustedes lo
quieren utilizar como mera correa de transmisión de lo que se decida en
el Congreso, díganlo claramente y así todos sabremos a qué atenernos.
Nosotros creemos que esta forma de actuar es vergonzosa y una farsa, y
así lo manifestamos. Si bien es cierto que la OMS utiliza el término
pandemia por primera vez el 11 de marzo, también es cierto que desde
finales de enero la OMS venía advirtiendo de los riesgos que suponía la
infección por coronavirus. Así, el 30 de enero de 2020 el comité de
emergencia llega a un consenso y recomienda al director general que el
brote constituye una emergencia de salud pública internacional, ESPII.
Sobre esta base, el 3 de febrero de 2020 la OMS publica el Plan Nacional
de Preparación y Respuesta. En él se indica lo siguiente: Tenemos una
oportunidad de contener este virus siempre que se adopten medidas
enérgicas para detectar los casos a tiempo, aislar y atender a los
pacientes y rastrear los contactos. La clave para contener este virus es
cortar las cadenas de transmisión. Pero hasta el 12 de marzo el Gobierno
español no tomó ninguna medida.


Por tanto, señorías del Partido Socialista, si hubieran dejado de lado
su sectarismo y hubieran pensado más en el bien de los españoles, lo
tenían fácil: con que hubieran aplicado el Plan Nacional de Preparación y
Respuesta ante una pandemia de 2005 y hubieran seguido las
recomendaciones que tanto la OMS como el ECDC venían indicando desde
finales de enero de 2020, los efectos de esta pandemia sobre el pueblo
español habrían sido otros.


Desde febrero de 2020, Vox venía advirtiendo en la Comisión de Sanidad
del Congreso de los riesgos y peligros respecto a la infección por
coronavirus si no se adoptaban las medidas aconsejadas por la OMS y el
ECDC. Pero no nos hicieron caso. La actitud de este Gobierno
socialcomunista, con su presidente a la cabeza, respecto a la grave
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 la podemos calificar de
desfachatez, abandono, desconcierto, desidia y desorden, cuyo resultado
ha sido, a fecha actual, más de 3 millones de contagiados y más de 80 000
fallecidos. Creo que si algo ha demostrado este Gobierno en la gestión de
esta crisis es mucha ineptitud, una falta absoluta de liderazgo y una
incapacidad total para reconocer errores. De incompetencia ya ha dado
suficientes muestras este Gobierno, y es que cuando el socialcomunismo
que nos gobierna echa las campanas al vuelo, la experiencia demuestra que
hay que ponerse a cubierto.


Por lo expresado anteriormente, votaremos en contra de este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


Si algo nos ha enseñado la COVID-19 es la necesidad de aprender a vivir
situaciones jamás conocidas que nos obligan a tomar medidas y redactar un
marco jurídico, como así se hace con este proyecto de ley, por si dichas
situaciones se volvieran a producir. Por tanto, el Partido Regionalista
de Cantabria votará a favor y defendemos y deseamos que la coordinación
entre administraciones, Estado, comunidades autónomas y entidades
locales, sea la base para poder avanzar en la lucha contra la
pandemia.


Finalizo mostrando también nuestro apoyo y solidaridad con la
Asociación de Pacientes con EPOC.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, intervendrá la
senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Buenos días, presidenta.


Señorías, este es un proyecto de ley más derivado de los numerosos
reales decretos que se hicieron en un momento de urgencia debido a la
pandemia y que, supuestamente, eran necesarios, por lo que el Estado
decidió unificar todas las competencias en contra de la distribución
competencial, dejando a las comunidades autónomas en un segundo o tercer
plano, como meras vigilantes del cumplimiento de aquello que el señor
Estado ordenaba. Cabe decir que se generaron unos textos cajón de sastre.
En Junts per Catalunya nos parece que no tiene ningún sentido que ahora
esto se lleve a cabo. Las comunidades autónomas vuelven a tener las
competencias, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué estamos tramitando esta ley? La
vocación de estos innumerables reales decretos leyes era la de
desaparecer, ¿verdad? Pues ya es hora de que así sea. En Cataluña
queremos recuperar todas nuestras competencias y que no quede rastro
del 155 que el PP y los socialistas nos instauraron. Vamos a aprobar una
ley de Sanidad a velocidades maratonianas, tal y como se hizo con los
Presupuestos Generales del Estado o la ley educativa, ¿recuerdan? Las
liquidaron en pocos días leyendo enmiendas deprisa, sin poder profundizar
y no admitiendo modificaciones.


Señorías, estamos hablando de leyes, no de si ponemos una maceta en un
balcón o en una terraza. Por lo visto, la tónica que está instaurando
este Gobierno socialista-Podemos es tramitar de urgencia las leyes, con
tal urgencia que la ponencia sobre esta ley de sanidad se reunió la
mañana antes de la comisión que la tenía que nombrar y acabó acordando
llevar todas las enmiendas al Pleno directamente porque no había tenido
tiempo para mirarlas. En Junts per Catalunya toda esta manera de hacer
nos provoca vergüenza y tristeza, porque demuestra un gran desinterés por
el trabajo realizado por los distintos grupos parlamentarios que hemos
presentado enmiendas, así como una falta de rigor político y profesional.
Esta ley transmite, una vez más, centralismo.


Señorías, ¿dónde queda aquel PSOE que apostó por la reforma federal de
la Constitución? Tal y como dicen, el poder tiende a corromper, y si no
corrompe, refleja lo que eres. Ustedes se han acomodado en el
centralismo, donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el
Gobierno, o sea, ustedes y su Fiscalía, porque, ¿la Fiscalía de quién
depende? Pues ya está. ¿Recuerdan estas últimas palabras? No son mías,
son del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace todo lo posible
para mantener a los presos políticos en prisión, por quienes son y por lo
que representan. Y como muy bien saben, ayer les retiraron el tercer
grado.


Señorías, en Junts per Catalunya no desvinculamos ningún tema de la
represión que vivimos en Cataluña. Por lo tanto, acabo pidiendo libertad
y amnistía presos i preses polítics, exiliats y exiliades i a tots els
represaliats. Visca Catalunya lliure.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Cuesta explicar cómo estamos hoy, a 9 de marzo, convalidando un real
decreto ley de 9 de junio, diez meses después. Convalidamos medidas que,
en teoría, eran urgentes, anunciadas para luchar contra la COVID, y esto
demuestra, por una parte, que alguna cosa falla. Está claro que este
maldito virus anuló la actividad legislativa y parlamentaria. Queda claro
también que la realidad ha sobrepasado en muchas ocasiones las propias
medidas aquí anunciadas. Queda claro, asimismo, que durante meses ha dado
lugar a enmendar y corregir y que se ha tenido que ir mucho más allá de
lo que marcaban estas medidas. Esto ha sido un simple esqueleto en el
cual las autonomías han desarrollado buena parte de sus acciones, pero
cuesta defender que todavía estemos hoy, diez meses después, dando los
últimos pasos para una tramitación como esta, que nacía urgente.


Está claro que llevamos un año horrible, donde se han tenido que ir
improvisando todo tipo de medidas para hacer frente a la mayor crisis
sanitaria que hemos conocido. Ojalá que las medidas que hoy vamos a
aprobar tengan un recorrido muy corto y que, básicamente, no necesitemos
su aplicación práctica. Entendemos que la realidad ha desfasado el texto
que imagino que hoy vamos a aprobar, el proyecto de ley cuya tramitación
hoy toca dar por finalizada después de tantos aciertos y errores. Y ojalá
la tramitación parlamentaria de los reales decretos sea mucho más ágil, y
más en tiempos complicados como estos.


También es muy difícil de explicar cómo si ha tardado diez meses en
llegar al Senado —ha tenido tiempo más que suficiente—, se
intente, en tres o cuatro horas, dar por finalizada su tramitación. En la
ponencia del Senado las enmiendas se presentaron tres o cuatro horas
antes de la reunión, casi cien enmiendas, y fue imposible, reconocido por
todos, poderlas estudiar con detenimiento y buscar el consenso necesario.
Inmediatamente después se convocó con prisas la comisión para acordar
trasladar al Pleno todas las mociones. Entendemos que si ha habido diez
meses de tramitación fuera del Senado, no tenía sentido no darnos por lo
menos un par de días para poder buscar los consensos necesarios.


Hoy no queda más remedio que votar a favor y arrimar el hombro, pero
esperamos que este tipo de comportamientos termine porque, al fin y al
cabo, lo que están haciendo es desprestigiar el propio sentido de esta
Cámara. No tiene sentido que las enmiendas no puedan debatirse en una
ponencia y no puedan debatirse en una Comisión después de diez meses de
un trámite parlamentario desierto fuera del Senado. Aun así, votaremos a
favor de la tramitación.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Empiezo diciendo que vamos a votar a favor por responsabilidad, pero no
estamos contentos ni por el fondo ni por las formas, y recojo las
palabras del señor Mulet, que me ha precedido. Efectivamente, no tiene
sentido que no se haya podido hacer un debate serio, calmado, con
tranquilidad y con tiempo tanto en la ponencia como en la comisión. No
estamos contentos, pero vamos a votar a favor.


En Ciudadanos hemos mantenido una posición constructiva para hacer
frente a esta pandemia con un único objetivo: salvar vidas y empleos. Por
ello, siempre hemos tendido la mano al Gobierno para poner en marcha
medidas que pudieran contener la pandemia. Es verdad que hace falta apoyo
y arrimar el hombro en esta situación tan crítica, y Ciudadanos ha
seguido trabajando de forma constructiva poniendo sobre la mesa medidas
que han sido rechazadas o vetadas por el Gobierno para, posteriormente,
adoptarlas como propias. Es el caso, en el plano sanitario, del refuerzo
de los controles en los aeropuertos, en los puertos y estaciones
españolas para evitar casos importados, o también de secuenciación
genómica, que ahora lleva a cabo el Instituto Carlos III, para determinar
las causas de la expansión de las variantes de la COVID.


Es verdad que el Gobierno, y nos tenemos que quejar, ha actuado de
manera unilateral, pasando el rodillo —o la apisonadora, que ahora
está tan de moda— por encima de la oposición y poniéndonos al resto
de fuerzas políticas frente a una falsa dicotomía: o yo o el caos.
Nuestro trabajo por la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y
nuestro compromiso con el bienestar y el interés general de España nos ha
llevado siempre arrimar el hombro, pese a las trabas que se ponen al
trabajo parlamentario. Esa actitud hace que medidas que son buenas para
las familias y empresas y para los autónomos de este país no sean
aprobadas, y nos duele y nos apena, como ha ocurrido en la tramitación de
esta ley donde, por ejemplo, el rodillo se ha llevado por delante medidas
tan necesarias como la eliminación del IVA de las mascarillas FFP2 y de
los geles hidroalcohólicos, elementos esenciales en la lucha contra la
pandemia y que supone un alto coste para las familias, especialmente para
las más vulnerables.


También se llevan por delante los intereses de los enfermos de EPOC,
que se topan con una maraña burocrática que, además, pone en peligro su
salud por el riesgo que supone para ellos la COVID-19. Lo mismo ocurre,
señorías, con los pacientes con tratamientos de anticoagulantes de acción
directa, a los que ustedes vuelven a dar la espalda, o a los
profesionales sanitarios afectados por la COVID-19, a los que siguen sin
reconocerles el contagio como enfermedad profesional de pleno
derecho.


En definitiva, el rodillo del Gobierno se lleva por delante los
intereses de profesionales sanitarios, de pacientes y de miles de
familias españolas. Pese a ello, pese a todo esto, no apoyar esta ley
supondría sumir a esas familias, a las empresas y los autónomos en una
mayor incertidumbre al no ofrecer ningún tipo de marco legal para las
medidas de seguridad, de distanciamiento social, de comunicación y
compartición de datos relativos a la COVID-19. Por ello, como he dicho al
principio, con cierto sinsabor, con mal sabor de boca y molestos,
apoyaremos esta ley, que no es una ley perfecta, que está muy lejos de
ser la ley que nosotros hubiéramos querido, pero que seguimos
considerando esencial para ofrecer un horizonte de esperanza a miles de
familias, empresas y autónomos para el final de esta crisis.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Gracias. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, eta
egun on guztioi.


Debatimos hoy el Proyecto de Ley de medidas urgentes frente a la crisis
de la COVID-19, que procede del Real Decreto Ley 21/2020. Ya se ha dicho
aquí, pero hay que recordarlo, que es un decreto del 9 de junio, cuya
toma en consideración como proyecto de ley fue el 25 de junio del año
pasado, pero que llega al Senado nueve meses después, a finales de
febrero, y eso que era urgente, y su tramitación en esta Cámara ha sido
meteórica. Ya en junio del año pasado manifestamos que, entendiendo que
el carácter del decreto era totalmente provisional, porque una vez
acabada la emergencia sanitaria este decaía, no tenía mucho sentido que
se tramitase como ley, porque con el decreto entendíamos que era más que
suficiente.


Es un decreto —y ahora, en este momento, un proyecto de
ley— que habla de medidas provisionales para una situación
excepcional y, reitero, provisional, aunque esté siendo una
provisionalidad larga, larga y cambiante, lo que ha hecho incluso que
después se hayan aprobado otros decretos como, por ejemplo, el 926/2020 o
el 956/2020, que dejan a este, de alguna manera, casi obsoleto. Ha sido
superado por el tiempo y por la realidad.


En su momento nos suscitó la sospecha de que esta tramitación como
proyecto de ley suponía aprovechar e intentar producir otros cambios de
mayor calado, cambios intentando alterar fundamentalmente el ámbito
competencial, y realmente les tengo que decir que lo vimos confirmado
cuando oímos algunas de las enmiendas. Menos mal que no fueron aceptadas
en el Congreso, y esperamos que tampoco lo sean aquí. Y solo les voy a
poner algunos ejemplos, como la 21, la 91 o la 92 del Grupo Popular, pero
podría hablar de muchas más. Son enmiendas que inciden en cuestiones de
organización, en cuestiones de gestión y en cuestiones de recursos
humanos que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas. Por
cierto, hablando de recursos humanos para que se fortalezcan y obviando
claramente lo que han supuesto en este sentido las tasas de reposición.
Repito: espero y confío en que no sean aceptadas.


También digo que nos da cierta tranquilidad el artículo 3 del proyecto
de la ley, que dice: Con carácter excepcional, y cuando así lo requieran
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General
del Estado promoverá, coordinará o adoptará, de acuerdo con sus
competencias, cuantas medidas sean necesarias. Es decir, con sus
competencias, no con las de otras instancias.


El decreto, en principio, era equilibrado. No compartimos en su momento
su tramitación como ley, pero no tiene remedio. Lo tenemos aquí, y viendo
que realmente entre el proyecto de ley que se presenta y el decreto no
hay mucha diferencia, entendemos también que la ley es equilibrada.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana no intervendrá en este
debate.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó
Hernández.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debo decir que llevo desde el 2008 como senador en esta
Cámara Alta y hoy para mí es un día triste, y quiero compartirlo con
ustedes. En la primera ley sanitaria de esta legislatura, y con la mayor
crisis de salud de la historia de este país —esperamos que no haya
otra más—, resulta que ninguna de las enmiendas del partido
mayoritario de la oposición ha sido aceptada, cuando todas están
encaminadas a mejorar la salud y prevención de todos los españoles de
todas las ideologías. Me produce tremenda tristeza, y yo creo que esto no
es serio, lo digo de verdad. Me ha dolido muchísimo como sanitario y con
cuarenta y cinco años de experiencia, como también hay muchos compañeros
nuestros en el Partido Socialista y en los demás partidos.


El representante del Grupo Socialista —que no me sé el nombre, y
le pido disculpas, porque con esto de la pandemia no nos conocemos
bien— ha dicho que el Partido Popular no ha estado con el Gobierno
en la adopción de medidas adecuadas para mejorar la salud. Me produce
mucha tristeza. Mire, en la Comisión de Reconstrucción introdujimos
ochenta medidas que fueron aceptadas y se aprobaron por unanimidad.
Quiero decir que es injusto. A mí, como sanitario que he padecido la
enfermedad y que he visto morir a muchos compañeros por el coronavirus
cuando no tenían que haber muerto, me duele muchísimo que usted lo diga
en un momento en el que estamos hablando solamente de salud, porque no
estamos hablando de política. Quien haga política con la sanidad se
equivoca porque mete ideología. Hay que hacer política sanitaria, que es
un tema técnico en el que nunca puede entrar la ideología. Lo hemos hecho
siempre. (El señor Zubeldia Santoyo señala con el dedo). No sé la
experiencia que usted tiene —me está señalando con el dedo, algo
que es muy feo—, pero yo llevo mucho tiempo haciendo política de
forma voluntaria y en esta Cámara, y nunca había ocurrido esto, nunca.
(Aplausos). No sé qué significa esto, no lo sé, de verdad.


Yo me muevo por el método científico y hago política como opero,
seriamente, a veces bien, a veces mal, a veces regular, pero nunca
negligentemente, y lo que está diciendo usted creo que es inoportuno,
inadecuado e insultante. Debería recapacitar, porque está agrediendo a
miles y a miles de sanitarios con esa actitud, que también son del
Partido Popular, y nos sentimos orgullosos, pero no hacemos medicina ni
cirugía ideológicas, sino cirugía, medicina o política con la evidencia
científica.


¿Cómo es posible que en una ley urgente se ponga que se toman medidas
preventivas, de contención y de coordinación? ¡Pero si la pandemia empezó
hace ya un año, aunque para este Gobierno se ve que no! Ha habido más
de 100 000 fallecidos y más de 120 000 compañeros contagiados por estar
en primera fila cuando no se tenían que haber contagiado. ¿Ahí hay
ideología? Ahí hay profesionalidad y evidencia científica. Yo creo,
además, que deberíamos empezar a hacer seriamente un copyright político
en esta Cámara Alta, porque lo que estamos viviendo, de verdad, es una
copia clarísima de las ideas políticas de un partido a otro, algo que
creo que no es adecuado.


En la mayor pandemia de la historia no se ha reunido más que dos veces
la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, la Cámara de representación
territorial, la Cámara donde están representadas las comunidades
autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias de
sanidad. No tiene ningún sentido. Por cierto, hoy, otra vez, a cada
minuto, nos despiertan con noticias curiosísimas. La ministra de Hacienda
y portavoz del Gobierno —por cierto, médico, y digo lo de médico
porque tiene conocimientos— ha dicho que no hace falta bajar el IVA
de las FFP2. ¿Pero qué está dedicando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué medida
quiere hacer con esto, si es un bien esencial? Por cierto, la ministra de
Turismo nos sorprende diciendo que con el 40 % de vacunación puede haber
turismo. ¿Pero qué criterio es ese? ¿Qué criterio científico es ese?
¿Cómo se pueden dar esas falsas expectativas cuando para que haya
inmunidad de rebaño tiene que haber, por lo menos, el 70 %?


En definitiva, estoy triste. No es serio esto, de verdad, y yo
personalmente me siento muy triste. No puedo sentir otra cosa como
sanitario y como político. Y, por cierto, como siempre hace el Partido
Popular, no nos alegramos de que las cosas funcionen mal, ya que cuanto
peor, peor para nosotros también; y cuanto mejor, mejor para nosotros,
gobierne quien gobierne.


Quiero aprovechar el último segundo, como siempre, para tener un
recuerdo muy sincero a las víctimas y a sus familiares, y un
agradecimiento con todo el corazón a todos los sanitarios de todas las
ideologías y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lo que
están haciendo por nosotros.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fernández Palomino.


El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero empezar respondiendo al señor Alarcó —nosotros sí nos
sabemos su nombre, porque cuando vamos a intervenir, como poco, miramos
los nombres de las personas a las que nos vamos a dirigir— y
quiero, además, expresarle lo que a nosotros nos pone triste, un ejemplo
de lo que nos pone triste. Usted dice que se siente triste por alguna
expresión de mi compañero, y yo le voy a recordar algunas de las que
ustedes han lanzado este año. El día 25 de marzo, en el primer Pleno de
ampliación del estado de alarma, el presidente del Gobierno tendió la
mano al señor Casado, le dijo que renunciaba a confrontar con ustedes y
le pidió unión. El señor Casado le replicó diciendo que el Gobierno era,
entrecomillo, incapaz, incompetente, que solo da mítines en lugar de
tomar medidas, que no sabe ejercer el mando, que abandona a los
sanitarios, que solo en los regímenes bananeros se organiza el culto al
líder como hacemos nosotros, que le echamos la culpa a los científicos,
que nunca un Gobierno ha sido capaz de hacer menos, y le llegó a decir
que instrumentaliza este drama para avanzar en su agenda antisistema. Eso
sí es triste, aunque haya pasado un año, señor Alarcó, porque ha pasado
un año desde la primera declaración de estado de alarma, que es una
terrible situación que ha obligado a los poderes públicos a dar una
respuesta normativa muy intensa, muy amplia y con urgencia ante una
situación sanitaria que está siendo enormemente difícil. El Real Decreto
Ley 21/2020, de 9 de junio, era y es una norma necesaria para afrontar la
pandemia cuando salíamos de la primera ola, cuando pensábamos que aquel
primer estado de alarma era el estado de alarma. Es muy complicado
adaptar una legislación que, por su ausencia, tiende a permanecer y a
regular un devenir de continuas situaciones.


A pesar de todo, estos meses han servido, entre otras cosas, para
certificar que es y que fue una buena norma, que nace para lo que nace,
para dar respuesta a una situación concreta, aunque cambiante, con el
convencimiento de una forma de cogobernanza que también ha
funcionado.


Nosotros queremos agradecer, por un lado, la posición constructiva de
los grupos que van a apoyar la tramitación del proyecto de ley y queremos
agradecer la transparencia de los grupos parlamentarios, la transparencia
con la que, como les digo, algunos grupos nos han dicho que en ese marco
de cogobernanza y de pactos de futuro del que hemos hablado es mejor
apenas tocar la norma, y también la transparencia con la que otros,
después de acordar una cosa por la mañana, votan lo contrario por la
tarde; transparencia, y lo agradecemos, de verdad, porque nos están
diciendo que con ellos no vale eso de la confianza, que con ellos no se
puede transitar prácticamente nada.


También la transparencia con la que en su primera enmienda no anuncian
cuál es su intención, porque si vienen ustedes a enmendar el objeto de la
ley —que es, repetimos, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis—, no
podemos hacer de ella una especie de entremés de la Ley General de
Sanidad. A partir de aquí, la dura coyuntura tiene que ir dejando paso a
la construcción del sistema más sólido, también a partir del encargo y
con las armas e instrumentos que nos hemos marcado: diálogo, cogobernanza
y respeto a las competencias de las comunidades autónomas, en otro
espacio, lógicamente. Y tocará profundizar, sin falsos dobleces ni
relatos imposibles, en defensa de lo público, porque defender lo público
implica invertir en futuro, mejorar las condiciones de trabajo del
personal sanitario, algo que es crucial, y defender la investigación;
defender lo público, repito, que implica revertir las privatizaciones,
defender lo público es garantizar una respuesta ante lo inesperado y ante
lo difícil. (Aplausos).


¿Saben qué ocurre? Que si uno se ha hartado a defender la sanidad
pública tanto en el Gobierno como en la oposición, o no ha parado de
desplegar unidad y colaboración en los momentos más difíciles de la
pandemia y tiene una defensa convencida de la cogobernanza y un respeto
intenso por ese mapa de competencias que nos hemos impuesto entre Estado
y comunidades autónomas, podría plantearse construir otro discurso, pero
cuando no se puede enseñar nada más que un pasado de destrucción de la
sanidad pública y de privatizaciones, y en el presente un escenario de
confrontación con un Gobierno al que se ha hartado de tachar de
ilegítimo, es bastante más difícil que cuele.


Lo decíamos con anterioridad: ha transcurrido casi un año desde el
primer estado de alarma, todos los instantes en que han optado por
rechazar ostentosamente la unidad no es que no les hayan servido, es que
no le ha servido a nadie, y la respuesta del Gobierno y de muchos grupos
no cesa, ha tomado y seguirá tomando medidas para proteger a toda la
sociedad y, ¿saben por qué? Porque el Partido Socialista está donde
siempre ha estado, en la unión y en el acuerdo de reconstrucción al
servicio de España. Llevamos un año repitiendo que acabar con el virus
tiene que prevalecer sobre cualquier otro objetivo.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de Ley de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, procedente del Real Decreto
Ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá a continuación a abrir el plazo
para emitir el voto telemático para todas las votaciones
reglamentariamente previstas, que son las siguientes: votación de las
enmiendas, y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno; votación en un solo acto de
aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en la anterior votación; y votación en un solo acto del
resto del proyecto de ley.


Se abre la votación en este momento, que son las diez horas y treinta y
ocho minutos, hasta las doce horas y treinta y ocho minutos.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA
EUTANASIA.


624/000002

Justicia


La señora presidenta lee el punto 6.1.2.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Lerma
Blasco, por tiempo de cinco minutos. (Aplausos).


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, presidenta.


De acuerdo con el preámbulo de la ley, el propósito de esta es dar una
respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista de la eutanasia
mediante una regulación que obliga a buscar el adecuado equilibrio entre
los derechos fundamentales a la vida e integridad física y moral y los
bienes constitucionalmente protegidos de la dignidad, la libertad y la
autonomía de la voluntad.


La iniciativa opta por una regulación sistemática de la eutanasia como
prestación sanitaria, modificando el Código Penal para despenalizar
aquellas conductas relacionadas con el objeto de la ley.


La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del
Pleno, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada
en esta Cámara el 29 de diciembre del 2020, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas finalizaba el 9 de febrero de 2021 y fue
ampliado hasta el 15 de febrero de 2021. A esta proposición de ley se
presentaron tres propuestas de veto y 264 enmiendas, de las cuales la
propuesta de veto número 1, de los señores González-Robatto Perote y
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del Grupo Mixto, y las
enmiendas números 65, 79, 81, 82 y 85, de los señores Cervera Pinart y
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Nacionalista; 132 a 144, 146 a 149 y 151
a 153, del señor Mulet García, de Izquierda Confederal; 226
a 228, 231, 237 y 242 del señor Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal también, y 251, 252, 257, 260 y 264, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, fueron posteriormente
retiradas.


El 25 de febrero la comisión ratificó la ponencia, que quedó integrada
por doña Nerea Ahedo, doña María Esther Carmona, doña Laura Castel, don
José María Cervera, don Ander Gil, don Francisco Javier Lucas Martín, don
Carles Mulet García, don Luis Alberto Plaza Martín, don Antonio Román
Jasanada y don Miguel Sánchez López y don Clemente Sánchez-Garnica. La
ponencia se reunió los días 24 y 25 de febrero para emitir su informe,
que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el 25 de febrero y
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.


Han presentado votos particulares a este dictamen los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del
Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cleries i Gonzàlez y Cervera
Pinart, del Grupo Nacionalista; el señor Mulet García, de Izquierda
Confederal; el señor Martínez Urionabarrenetxea, de Izquierda Confederal
también, y los Grupos Parlamentarios Izquierda Confederal, Ciudadanos,
Vasco en el Senado, Esquerra Republicana EH-Bildu y Popular en el
Senado.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, presidente de la Comisión de
Justicia.


Procedemos a continuación a debatir las propuestas de veto. Propuesta
de veto número 2, de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón
y de la senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. En el
turno a favor, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, esta ley de eutanasia es una ley injusta, inoportuna e
inconstitucional, una ley que no ha tenido en cuenta los informes de los
juristas y del Comité de Bioética, y en cuya tramitación se ha obviado el
debate social al impedir que comparezcan en la Cámara todos aquellos
expertos que pudieran aconsejar al respecto, como en su día se
propuso.


El término eutanasia indica buena muerte, pero ¿de verdad significa
buena muerte? Dicho término ha evolucionado, y actualmente con él nos
referimos al acto de acabar con la vida de una persona enferma, bien a
petición suya o de un tercero, con el fin de disminuir su sufrimiento. En
la actualidad existen en nuestra sociedad sectores que tratan de
imponernos una determinada idea del progreso, obligándonos a aceptar como
buenas las actuaciones encaminadas a terminar con la vida de individuos
cuyas condiciones vitales no sean consideradas suficientemente
aceptables. Es fundamental mostrar las consecuencias negativas y
destructivas que la eutanasia y el suicidio asistido tienen para la
sociedad, así como potenciar el papel de los cuidados paliativos como
prestación sanitaria, ya que los ciudadanos deben tener claro que
eutanasia y cuidados paliativos son realidades opuestas.


¿Es la eutanasia una muerte digna? La dignidad humana es el valor
intrínseco que posee todo ser humano, independientemente de sus
circunstancias, edad, condición social, estado físico o psíquico. La
condición digna de la vida humana es invariable desde el nacimiento hasta
la muerte, e independiente de condiciones cambiantes a lo largo de la
existencia. Debemos respetar la dignidad de la vida del ser humano, así
como evitarle daños, primum non nocere, ayudándole, asistiéndole y
cuidándole con la misma atención y respeto de los que siempre fue
merecedor, para que tenga la máxima dignidad hasta el último de sus días.
Hoy en día, determinados sectores de la sociedad quieren cambiar nuestra
mentalidad mediante engaños y verdades parciales difundidas mediante la
manipulación del lenguaje. Con ello se pretende llevar a la opinión
pública hacia los intereses de la cultura de la muerte. Se trata de
actitudes que encierran un profundo desprecio hacia la vida humana, ya
que aceptan su sometimiento al servicio de los intereses de terceros o,
incluso, la aniquilación de algunos individuos, como sucede con el aborto
o la eutanasia.


Hablemos del valor de la vida humana. El conocimiento actual de la vida
humana, desde el punto de vista biológico, alcanza un detalle y una
profundidad que nos permite formular con más y mejor precisión una idea
esencial: que cada ser humano es único e irrepetible, valioso por el
hecho de serlo y de vivir. Debemos diferenciar lo que puede ser el
análisis de casos concretos de lo que debe ser un principio
irrenunciable. Nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante
gravemente enfermo ni por acción ni por omisión. Una sociedad que acepta
la terminación de la vida de algunas personas en razón de la precariedad
de su salud y por la actuación de terceros se infringe a sí misma la
ofensa que supone considerar indigna la vida de algunas personas enfermas
o intensamente disminuidas. Al despreciar algo tan humano como la lucha
por la supervivencia, la voluntad de superar las limitaciones, la
posibilidad incluso de recuperar la salud gracias al avance de la
medicina, se fuerza a aceptar una derrota que casi siempre encubre el
deseo de librar a los vivos del problema que representa el atender al
enfermo. La eutanasia es un acto que requiere la actuación de otro,
dirigido deliberadamente a poner fin a la vida de una persona. Los
interrogantes que se abren con su regulación, así como sus alcances y
límites, son abismales. Por muy estricta que sea la regulación, será
inevitable el temor a una aplicación no deseada. Una sociedad que acepta
la eutanasia abre un camino en el que para muchos ya no hay retorno
posible. La eliminación del valor de curar o aliviar al enfermo terminal,
como principio esencial de la medicina, sustituyéndolo por el de provocar
la muerte, puede abrir vías cuyos límites son impredecibles.


Señorías del Partido Socialista, mienten cuando dicen que su objetivo
es paliar el sufrimiento o aliviar el dolor. Si así fuera, ¿por qué no
proponen alternativas? ¿Por qué lo único que ofrecen es la muerte? ¿Por
qué han retirado una proposición de ley que tenían ustedes y que preveía
los cuidados paliativos?


Por lo expuesto anteriormente, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el
fracaso del sistema sanitario, que no puede ofrecer otra alternativa a
los problemas de salud del paciente salvo la muerte; además, supone el
mayor recorte en la historia de la sanidad. Este Gobierno socialcomunista
aprovecha la grave situación de pandemia que sufrimos para aprobar una
ley de forma apresurada, sin debate social y sin diálogo con los médicos,
pues la Organización Mundial de la Salud lo dice claramente: la eutanasia
es un acto médico y, por lo tanto, el que lo va a tener que aplicar es el
profesional médico, y no se ha contado con ellos.


La eutanasia es una forma de ahorrar, pero es triste que se ahorre a
expensas de quitar la vida de los pacientes en vez de intentar que vivan
mejor los últimos años o meses de su vida. El médico no debe perder de
vista la singularidad de cada paciente, con su dignidad y su fragilidad,
es decir, que cada hombre o mujer enfermo sea acompañado con conciencia,
inteligencia y corazón. Con esta actitud se puede y se debe rechazar la
tentación, inducida también por los cambios legislativos, de utilizar la
medicina para apoyar una posible voluntad de morir del enfermo,
proporcionando asistencia al suicidio o causando directamente su muerte
por eutanasia. La Asociación Médica Mundial se pronunció de forma clara y
reiterativa en octubre de 2019, afirmando que tanto la eutanasia como el
suicidio asistido son inaceptables. El Comité de Bioética de España, en
su informe del 30 de septiembre de 2020, aprobado por unanimidad,
indicaba lo siguiente: Existen sólidas razones sanitarias, éticas,
legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la
eutanasia o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una
prestación pública; legalizar la eutanasia o suicidio asistido supone
iniciar un camino que devalúa la protección de la vida humana.


Señorías del Partido Socialista, ¿pueden afirmar que no se coaccionará
a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar
eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a poder controlar que no se produzcan
si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos
privados que cobrarán por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en
hospitales públicos? Solo cabe una respuesta: porque quieren instaurar la
industria de la muerte (Rumores). Esta ley de eutanasia que este Gobierno
socialcomunista quiere aprobar va a tener efectos perniciosos. Porque,
¿quién va a destinar ahora recursos a los cuidados paliativos o a
investigar enfermedades como el alzhéimer si al final lo que vamos a
hacer es ir matando a los pacientes?


La aprobación de esta ley va a tener muchas consecuencias
negativas.


La alternativa a la eutanasia son los cuidados paliativos. Según la
definición de la Organización Mundial de la Salud, los cuidados
paliativos suponen mejorar la vida del paciente en múltiples aspectos, es
decir, tenemos que quitarle el sufrimiento no solo a nivel físico, sino
también el psíquico, social o incluso espiritual. El año pasado se
publicó el último Atlas de cuidados paliativos, que recomienda que haya
dos servicios por cada 100 000 habitantes. España tiene solo el 0,6, o
sea, tenemos un déficit muy importante. En vez de potenciar unidades de
cuidados paliativos, lo que se pretende hacer con esta ley es matar a los
pacientes que están en una situación de deterioro avanzado. Los cuidados
paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho
humano a la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud
integrados y centrados en la persona, que presten especial atención a las
necesidades y preferencias del individuo. Los cuidados paliativos
constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los
pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una
enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a
través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento
correcto del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico,
psicosocial o espiritual. Se estima que anualmente 40 millones de
personas necesitan cuidados paliativos, pero tan solo un 14 % de las
personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Los cuidados
paliativos son la única opción moralmente aceptable para la atención de
la persona al final de la vida. Los cuidados paliativos, con una atención
integral al enfermo terminal, que incluya los aspectos físicos, morales y
espirituales de este y respete su derecho a asumir su proceso de muerte,
representan la actuación éticamente correcta, compatible con una ordenada
concepción de la dignidad del morir. Por ello, ante un enfermo terminal,
con dolor físico o sufrimiento moral, lo más justo y humano es
acompañarle, administrarle tratamientos proporcionados y paliar sus
dolores, respetando siempre tanto la vida como la muerte.


Señorías, un grupo de minusválidos holandés envió una carta al
Parlamento cuando se estaba debatiendo la ley en las Cámaras, y
declaraban lo siguiente: Sentimos que nuestras vidas están amenazadas.
Nos damos cuenta de que suponemos un gasto muy grande para la comunidad,
y mucha gente piensa que somos inútiles. Nos damos cuenta de que a menudo
se nos intenta convencer para que deseemos la muerte, por lo que nos
resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica
pueda incluir la eutanasia. En Holanda, la práctica extendida de la
eutanasia involuntaria ha procurado desconfianza y un gran deterioro de
la convivencia, desconfianza entre familiares, que es lo que va a pasar
aquí en España, donde tu propio hijo se puede convertir en tu amenaza,
desconfianza necesaria entre el médico y el enfermo. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Señorías del Partido Socialista, tengan el coraje de decir la verdad y
lo que esta ley significa. Yo les pregunto, ¿podrán evitar que se
coaccione a los enfermos más vulnerables y a personas con discapacidad
para que pidan morir? Por supuesto que no, no van a poder evitarlo. Esta
ley disminuirá la protección jurídica de la vida de las personas más
vulnerables, que son las que tienen problemas o incapacidad para defender
por sí solas sus derechos, las que no son autónomas, las que padecen
dolor o se consideran una carga, porque cuando presten ese consentimiento
estará viciado. Para morir dignamente, Vox propuso en el Congreso, y
ahora aquí en el Senado, la aprobación de una ley de cuidados paliativos,
ya que —y así lo afirma la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos— cuando al enfermo se le alivia o elimina el dolor, se
le cuida y no se siente una carga, es raro que pida morir. Sin embargo,
actualmente solo el 50 % de los enfermos terminales pueden acudir a esos
cuidados. En palabras de Stephen Hawking, la víctima debe tener el
derecho de poner fin a su vida, si así lo quiere, pero creo que sería un
gran error, ya que por mala que la vida pueda parecer, siempre hay algo
por hacerse y tener éxito en ello. Mientras hay vida, hay
esperanza.


Señorías, invirtamos en cuidados paliativos, no en la muerte.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Román Jasanada.


El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señora presidente.


Señorías, presentan una proposición de ley que pretende convertir en un
derecho el decidir cuándo se acaba la vida y que un profesional sanitario
sea el ejecutor de esa muerte no natural, aunque la ley diga que es
muerte natural a todos los efectos. Una proposición de ley que regula la
eutanasia y el suicidio médicamente asistido y a la que mi grupo ha
presentado el veto que motiva mi intervención. Me pregunto: ¿por qué
ahora?, ¿por qué el cambio de actitud y de decisión del Partido
Socialista Obrero Español en relación con la eutanasia? En primer lugar,
porque es una ley de la agenda ideológica de un Gobierno que busca la
confrontación social y no resolver los problemas. En segundo lugar,
porque tratan de anticiparse a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, para
que no les arrebate la consecución de esos supuestos derechos sociales, y
tratan de vender la conquista de un nuevo derecho. Para mi grupo la
muerte no es un derecho; es más, va contra parte de esos derechos
fundamentales que proclama la Constitución. Además, lo incluye como una
prestación sanitaria básica del Sistema Nacional de Salud, en un supuesto
acto médico que va contra la deontología profesional y en contra de la
ética que preside cualquier acto médico.


Además, intentan aparecer como líderes de la progresía mundial al
abordar esta ley, que va a permitir autodeterminar la muerte de cada uno.
En el mundo solo unas pocas naciones, seis, y Portugal, todavía remitido
por su presidente el texto al Tribunal Constitucional, han aprobado leyes
en relación con la eutanasia. En cambio, grandes naciones como Italia,
Alemania o Francia, por poner tres ejemplos de nuestros socios, no han
abordado ninguna reforma legislativa como la que debatimos hoy en esta
proposición de su agenda ideológica. ¿De verdad que piensan ustedes que
acabar con la vida es un progreso? (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). ¿No sería más progresista proteger al débil, al vulnerable
y ayudar a aliviar el sufrimiento? (Aplausos). Esta ley de facilitar la
muerte no aliviará el sufrimiento de nadie, sino que aumentará la
desconfianza de los más vulnerables: mayores y enfermos, y con el
señalamiento que se hace en esta ley de las personas con capacidades
diferentes, que podrán verse condicionados o invitados hacia la
eutanasia, por el sufrimiento vital que conlleva verse considerados como
una carga social.


Señores senadores que apoyan esta ley, no estamos ante una ley de
progreso, sino ante una ley de retroceso de nuestra civilización. de
pérdida de la dignidad de la condición humana y en contra de la vida como
derecho fundamental; una ley que colisiona con preceptos de nuestra Carta
Magna, como el artículo 15, el derecho a la vida y a la integridad física
y moral; el 43.1, el derecho a la protección de la salud; el 50, de
protección a los mayores; el 49, de protección a los discapacitados;
el 14, de no discriminación, y el 10.2 o el 96, de cumplimiento de
tratados y convenios internacionales desde la perspectiva de los derechos
humanos. Más tarde me referiré a ello. Quizás, esta sea una de las
razones por la que han decidido tramitar esta ley en silencio, sin debate
social y mediante un procedimiento de proposición de ley que obvia, por
ejemplo, el informe del Consejo de Estado. Estoy convencido de que las
advertencias que le habría dado el Consejo de Estado hubieran sido
similares a los severos rapapolvos que ha recibido el Gobierno de España
en la Ley orgánica de la garantía integral de la libertad sexual por
parte del Consejo General del Poder Judicial, o en el ocultado informe
del Consejo de Estado sobre los decretos de fondos europeos, que
aprobaron gracias a la votación de grupos tan dispares como Bildu y Vox.
El Consejo de Estado o el Consejo del Poder Judicial hubieran advertido
estas colisiones con preceptos de nuestra Constitución.


Señores senadores, con el procedimiento elegido para eludir los
informes preceptivos de cualquier proyecto de ley, tampoco lo han
solicitado al comité de bioética y obligaron a este organismo a emitir
por unanimidad un informe el pasado otoño, en el cual rechazaba la
transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una
protección pública; organismo que también dijo que la universalización
efectiva de los cuidados paliativos y la mejora de los recursos de apoyo
sociosanitarios debieran constituir el camino a emprender y no la de
proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una
prestación pública. Son conclusiones con las que han tratado de silenciar
y hurtar el debate en la sociedad. Fíjese, que pasamos de un ilícito
penal a un derecho, a través de una prestación sanitaria, todo sin
consentir un debate sosegado, reflexivo y maduro. Tampoco han querido en
el trámite parlamentario permitir la comparecencia de personas de la
sociedad civil. No han querido escuchar a la organización médica
colegial, que se ha pronunciado en contra de la eutanasia. Hacía
referencia el compañero de Vox a la Asociación Médica Mundial, que se
opone a la eutanasia y al suicidio asistido, pero es que también va en
contra del código deontológico, que dice que el médico nunca provocará
intencionadamente la muerte a un paciente. También va en contra de
sociedades científicas, como la de psiquiatría, que estima en un
porcentaje muy elevado, cercano al 90 %, las alteraciones psicológicas de
los pacientes en el momento de solicitar la eutanasia; en cambio, no
incluyen a los profesionales de la enfermedad mental, de la psiquiatría,
en la valoración del paciente que solicita la eutanasia. También la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos manifiesta su oposición a la ley
y habla de la necesidad de universalizar los cuidados paliativos
integrales con una atención física, psíquica y social.


Permítanme que me detenga un poco en el tema de los discapacitados. El
Cermi se ha dirigido a todos nosotros pidiendo reivindicaciones del
sector de la discapacidad. El Cermi, sin entrar a valorar el contenido de
la ley, con la que pueden estar o no estar de acuerdo, y, también, el
Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas, han manifestado su profunda disconformidad —y leo—:
disconformidad con la clara evocación a las personas con discapacidad,
discriminándolas y estigmatizándolas como vidas de menor valor, pues, al
margen del uso del término imposibilitante, que resulta por sí mismo
peyorativo al definir esta situación, se habla con toda claridad de
circunstancias que generan una discapacidad, concretamente en las
definiciones, y evocan de forma clara a los discapacitados en la ley. El
Cermi, además, nos manifiesta que el texto legal invita a las personas
con discapacidad a que opten por la terminación de la vida. Incluso, el
relator especial de personas con discapacidad de la ONU, junto con el de
pobreza extrema y el de personas mayores, han manifestado, en relación
con el texto de la eutanasia en España, la advertencia a los Estados de
que la discapacidad nunca debe ser motivo o justificación para poner fin
a la vida de alguien directa o indirectamente.


Señorías, este texto legal señala, desprotege, estigmatiza y discrimina
a las personas con discapacidad como vidas descartables, y vuelve a los
años 70, al franquismo, con enfoques superados de la discapacidad como
vidas de menor valor. ¿Dónde está el cumplimiento de los acuerdos
suscritos por España de la Convención internacional sobre derechos de
personas con discapacidad? ¿Dónde está el cumplimiento del artículo 14 de
la Constitución sobre no discriminación; o el 49, de protección e
integración de los discapacitados; o el artículo 10.2, que indica que los
derechos fundamentales se interpretarán de acuerdo con la Declaración de
los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales ratificados por
España; o el artículo 96, que indica que los tratados internacionales
formarán parte del ordenamiento interno?


Señorías, en el ámbito la tercera edad, quiero referirme al artículo 50
de la Constitución. Una sociedad y una nación como España, que presumía
de ser la segunda más longeva del mundo, tiene que afrontar los retos del
envejecimiento; esos retos son, por ejemplo, las pensiones o son, por
ejemplo, los servicios sociales y el bienestar social. Pero también
contempla este artículo 50, en su segundo apartado, la protección de la
salud y la atención a problemas específicos de la salud por el
envejecimiento, como son las enfermedades crónicas. Los partidos que
proponen esta ley, lejos de proteger a los mayores con enfermedades
crónicas, muchas de ellas ligadas al envejecimiento y que conllevan
situaciones de sufrimiento y de cansancio vital, legislan para acabar con
la vida e invitar a los pacientes con enfermedades crónicas y sufrimiento
insoportable a solicitar la eutanasia. Me hago una pregunta retórica. ¿No
sería mejor prestar una mejor atención a las enfermedades crónicas y a
los terminales, a través de los cuidados paliativos, para aliviar el
sufrimiento de la persona y no acabar con la persona que sufre? ¿Por qué
no, previamente a legalizar la eutanasia, se hace una adecuada atención a
las enfermedades crónicas y se extienden los cuidados paliativos
integrales del paciente terminal de manera universal? Pues yo también me
respondo en esta pregunta retórica: ustedes no están aquí para aliviar el
sufrimiento de los débiles y vulnerables, solo quieren colgarse medallas
de supuestos derechos sociales, con leyes que, lejos de mejorar las
condiciones de vida del débil, los conducen de un modo frívolo y poco
reflexivo a una desprotección del vulnerable, al que inducen a la
eutanasia. Esta reflexión la hago alejado de principios morales o éticos,
desde el análisis político de los problemas de los ciudadanos y los retos
del futuro.


Quisiera también referirme a algo que afecta a los profesionales
sanitarios: el derecho a la objeción de conciencia, que mi grupo
defiende. Defendemos la parte primera del artículo 16 de la ley, pero no
podemos estar de acuerdo con la obligación de que el objetor figure en un
registro, porque supone un efecto desalentador a esa objeción de
conciencia, lo que condicionaría el derecho constitucional a dicha
objeción, al implicar un efecto intimidatorio hacia el profesional, al
objetor, por posibles represalias o perjuicios a efectos de desarrollo
profesional, contrataciones o cualquier otro aspecto.


Mención aparte —por último— merece lo de considerar como
muerte natural a todos los efectos la eutanasia o el suicidio médicamente
asistido, aunque no lo denominan así, como bien decía nuestro compañero
de Geroa Bai. Una muerte provocada, mediante la acción violenta de
administrar un fármaco letal a dosis letales, se puede legalizar o
excluir del Código Penal, pero no se puede considerar nunca una muerte
natural. Eso es falsear la realidad y empuja a la falsedad documental y a
esconder las muertes provocadas al amparo de esta ley. Si la
consideración como natural, o como no natural, tiene otras consecuencias
legales, modifiquen otras leyes: Ley de contratos de seguros, leyes que
afecten a la Seguridad Social o cualquier otra ley, pero no obliguen a
calificar una muerte intencionada y provocada como natural, cuando es una
muerte no natural.


Concluyo. Mi grupo ha presentado este veto a la ley de eutanasia,
porque defiende la vida y su dignidad; porque considera que hay que
aliviar o eliminar el sufrimiento y nunca eliminar al que sufre; porque
considera que el Estado no puede pasar de proteger la vida a causar la
muerte o provocar la muerte; porque no se puede ir contra la ética
profesional médica, pasando de tratar de curar y cuidar a los pacientes,
a provocarles intencionadamente su fin; porque genera el riesgo de
invitar a la eutanasia a los más frágiles; porque abre la puerta a la
muerte no solo al paciente terminal, sino, también, a los vulnerables, a
los enfermos crónicos, a los mayores, a aquellos con enfermedades
mentales; o porque, como decía anteriormente, estigmatiza y discrimina al
discapacitado, retrocediendo décadas en los avances por la igualdad de
personas discapacitadas; o porque también señala a los sanitarios que
objeten, con su inclusión en un registro con fines intimidantes y
discriminatorios. Por todo ello, creemos que esta ley es de dudosa
constitucionalidad y, sin duda, no tiene legitimidad.


Esta es la posición de nuestro grupo y esta posición es la que nos ha
llevado a presentar este veto a la ley y formular también numerosas
enmiendas que posteriormente debatiremos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor De Lucas Martín.


El señor DE LUCAS MARTÍN: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


El ámbito de la vida y la muerte es inseparable. La vida tiene,
evidentemente, una trascendencia que supera lo que constituiría un debate
técnico-jurídico, pues toca el nervio mismo, el sentido del vínculo
social. Se entiende, por tanto, que una ley como esta no solo provoque un
debate sobre aspectos constitucionales o de técnica legislativa, sino que
refleje la pluralidad ideológica, las distintas visiones del mundo a la
hora de entender valores y principios fundacionales de nuestra
convivencia. Más aún, todo ello puede poner en juego nuestros
sentimientos y emociones más profundas, sobre todo si se excitan con
dicterios como los de cultura de muerte o industria de la muerte.


Dicho esto, creo que en la tramitación parlamentaria deberíamos
esmerarnos por seguir el lema clásico que preceptúa debatir ut si
commotio non daretur, porque esas emociones profundas condicionan e
impiden el alcance de lo que debiera ser un debate racional o, al menos,
razonable. Examinemos, pues, las razones que avalan los vetos presentados
y defendidos en la Cámara por los senadores Marín Gascón y Román. Creo
que, tras las razones alegadas para vetar la ley, subyacen juicios
últimos que ponen de manifiesto radicales discrepancias con lo que
podríamos llamar la filosofía de esta ley; es decir, con sus fundamentos,
el modo de entender la libertad, la autonomía de la voluntad, la
interpretación del derecho a la vida y la concepción de la ciudadanía y
de su papel en relación con la toma de decisiones en que consiste la
elaboración del derecho. La filosofía de esta ley es la de la política de
laicidad, que toma en serio la igual libertad de los ciudadanos sin
tutelas, daños, ni privilegios, y, a mi juicio —y lo digo con
respeto—, ese rechazo a la política de laicidad que se desprende de
los vetos se manifiesta en varias confusiones que trataré de
explicar.


La ley arranca de una primera distinción que ustedes se empeñan en
confundir, al plantear como contrapuestos e incompatibles dos supuestos
que son, en todo caso, distintos y complementarios. Los cuidados
paliativos y la asistencia médica para morir, objeto de la ley. Es una
distinción tan clara que no merece la pena abundar en ella. Nuestro
grupo, como otros grupos, queremos que se mejoren los cuidados
paliativos, pero sabemos que tienen un propósito diferente del remedio
que necesitan quienes, por determinadas condiciones y, en determinadas
situaciones, quieren que se les ayude a morir, y por eso planteamos esta
ley.


La segunda confusión consiste en pretender que esta ley suponga una
contraposición entre la defensa de la vida y la libertad o la autonomía
de la voluntad. Señorías, en esta ley no hay tal contraposición; es más,
precisamente porque tenemos el más firme de los respetos por el bien
jurídico que es la vida, respetamos el genuino derecho a decidir dejarla,
que corresponde al propio sujeto, a nadie más. En otras palabras, es
precisamente porque tenemos respeto a la vida como un bien, por lo que
defendemos una ley de eutanasia, cuyo objeto es poner al alcance de todos
los que lo necesiten, y así lo decidan, el derecho personalísimo, e igual
para todos, a una muerte propia, que evite el daño a la dignidad de la
vida que es verse sometido a un proceso degradante y de crueles
sufrimientos. (Aplausos); un derecho, insisto, no un privilegio como
sucede hoy, pues reconozcan que hoy solo está al alcance de quienes
pueden permitírselo porque tienen medios económicos o disponen de
relaciones de personas dispuestas a correr el riesgo de una sanción penal
y que lo hacen la mayor parte de las veces por piedad ante su
sufrimiento. Una vez más, la situación de hoy es de desigualdad, porque
no es verdad que seamos todos iguales ante la muerte, y ustedes parece
que quieran ignorarlo, al menos, porque no han estado dispuestos a
mejorar un Sistema Nacional de Salud, de salud pública al alcance de
todos, que durante los Gobiernos del Partido Popular ha sufrido tremendos
hachazos en forma de recortes, cuyas consecuencias aún padecemos.


Pero les diré aún más, su argumento de la pendiente resbaladiza con el
que nos advierten, manifiestamente orilla el cúmulo de reglas y
procedimientos que la ley establece para ofrecer el máximo de garantías y
evitar tal deslizamiento, y ese argumento, el de la pendiente
resbaladiza, creo que revela una concepción que subyace a su rechazo. Se
trata de su resistencia a ser coherentes con la exigencia democrática de
reconocer la mayoría de edad en los ciudadanos. Ustedes parecen seguir
pensando que los ciudadanos sean menores de edad, que necesitan tutela
sobre sus decisiones más propias, más íntimas, de acuerdo con aquello tan
viejo de: no se os puede dejar solos, que os desmandáis, y que
paradójicamente revela en quienes se presentan como adalides de la
libertad, un miedo a la libertad o, para ser más exactos, un miedo a la
igual libertad de todos. (Aplausos). Es como si ustedes pensaran en una
concepción del derecho en la que los ciudadanos son solo objeto de las
leyes —las leyes les caen encima—, pero que la decisión sobre
el derecho y las leyes corresponde a otros. Y no, en democracia, los
ciudadanos son los soberanos y los sujetos de las leyes y del
derecho.


Los vetos incurren en una tercera confusión, que consiste en mantener
una noción del derecho a la vida como algo sagrado, que se torna en
realidad en un deber, un deber para el propio sujeto e, incluso, un deber
para el Estado, y no es así. Nuestra jurisprudencia constitucional, la
jurisprudencia comparada, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos deja claro, inequívocamente, que no hay tal deber de
vivir y que, menos aún, es un deber absoluto. No les enumeraré las
sentencias del Tribunal Constitucional, comenzando por la de 1985, que
dejó claro que la vida no es, en ningún caso, un imperativo
incondicionado; tampoco las de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que sostiene que no se puede imponer el deber de vivir
a quien libre y conscientemente rechaza seguir viviendo.


Sus vetos, por fin, revelan que sostienen ustedes una cuarta confusión,
la de pensar que en todo caso no cabría hablar de un derecho, sino de una
libertad de morir entendida como libertad negativa, de no interferencia.
Con el mejor constitucionalismo, les recordaré que la libertad para una
gran parte de la ciudadanía es algo vacío, sin significación moral ni
política cuando no pueden ejercerla porque carecen de medios y recursos
para ello. Esa libertad abstracta, en el fondo paternalista, es la que
utilizó con su conocido sarcasmo Anatole France cuando dejó escrito:
Todos los pobres tienen la libertad de morir de hambre bajo los puentes
de París.


El propósito de esta ley es hacer asequible a todos, sean cuales sean
sus medios y sus posibilidades, el derecho a decidir tener una muerte
propia; poner al alcance de todo el que lo necesite el ejercicio de ese
derecho. Un derecho civil personalísimo que no consiste en una modalidad
abstracta, sino lo que en la teoría contemporánea en los derechos se
identifica con una pretensión tan justificada que se entiende que los
poderes públicos deben garantizarla mediante prestaciones positivas
exigibles. Por tanto, es un derecho que lleva consigo la facultad de
exigir de los poderes públicos, no solo la abstención de la
interferencia, sino también la prestación asistencial. No hay, por tanto,
tal contraposición en esta ley entre el respeto al derecho a la vida y la
mayor garantía de la libertad, porque el ejercicio de la libertad es la
única forma de respetar la dignidad de la vida. Hacer que alguien muera
en una forma que otros aprueban, pero que él cree que es una
contradicción horrorosa con su propia vida constituye —se ha
dicho— una devastadora y odiosa forma de tiranía. Para esta ley no
hay vidas indignas, lo que hay son procesos de sufrimiento que atentan a
la dignidad de la vida. (Aplausos).


Señorías, la historia del reconocimiento de los derechos muestra que
siempre ha existido una minoría que los posee en calidad y privilegios y
que, por ello, ofrece una resistencia pertinaz, una oposición al cambio
social que suponga que sus privilegios se conviertan en derechos de
todos. La política que inspira esta ley es precisamente la de ofrecer un
nuevo derecho desde la igual libertad de todos, desde el reconocimiento
de la mayoría de edad de los ciudadanos. Esa es la lógica de la
democracia: la del ideal de la emancipación, pero también la lógica de la
igual libertad frente al discurso de desigualdad.


Estoy seguro de que esta ley se abrirá camino porque la avalan buenas
razones de orden jurídico, moral y político, y porque nos empeñaremos en
toda la tarea de pedagogía civil necesaria para conseguir que se entienda
bien, para disipar los temores que podría suscitar en algún sector de la
ciudadanía, para dejar claro que esta ley no impone ni estigmatiza la
eutanasia a ninguna persona ni para ningún grupo. Se ofrece un derecho a
quienes manifiesten de modo fehaciente y libre que necesitan
ejercerlo.


Concluyo. Señorías, permítanme que les recuerde una bellísima oración
por la muerte propia escrita por uno de los grandes poetas de nuestra
cultura, Rainer Maria Rilke. En el tercero de los libros que componen su
Libro de las horas, que dedicó a esa extraordinaria mujer que fue Lou
Andreas-Salomé, Rilke deja escrito: Señor, da a cada uno su muerte
propia; el morir que brota de su vida, en la que hubo amor, sentido y
necesidad, pues solo somos corteza y hoja y la muerte que cada uno lleva
en sí es el fruto en torno al cual todo gravita.


Señorías, demos la oportunidad a quienes así lo manifiestan de escoger
su muerte propia. Demos la oportunidad que no se les pudo ofrecer a
Maribel y a María José, cuyos familiares nos acompañan en la tribuna de
invitados. (Aplausos). Les pido que levanten su veto y se unan al
objetivo de esta ley, que es el de la lucha contra la crueldad y la
discriminación ante la muerte. Dos objetivos —se lo dice un
profesor de derecho que ha dedicado cuarenta años de su vida al estudio y
a la promoción de los derechos humanos— que pueden hacer que el
derecho, en lugar de ser experimentado como una cadena que aherroja al
más débil, al más vulnerable, pueda convertirse en una eficaz palanca
para la igual libertad y para la dignidad.


Muchas gracias. (Aplausos de los señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador De Lucas.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿intervendrá
el señor Marín Gascón? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.


Intervendré desde el escaño solo para dejar constancia —sin que
sirva de precedente— de que compartimos prácticamente la totalidad
del discurso que ha hecho en el turno en contra el senador De Lucas
Martín, así como para anunciar que vamos a votar en contra de las dos
propuestas de veto, tanto de la de los senadores de Vox, del Grupo Mixto,
como de la del Grupo Popular.


Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


En este turno de portavoces de las propuestas de veto intervendrá, por
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el senador Mulet
García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


Senadores, senadoras, vamos a morir todos. Van a morir ustedes y sus
seres queridos; absolutamente todos, uno a uno. Esperamos que sea de aquí
a mucho tiempo, y ojalá que todos los aquí presentes y sus seres queridos
tengan una muerte muy lejana, muy tranquila, sin dolor y sin necesidad de
ser atendidos; que sea una muerte plácida y serena. Porque todos vamos a
morir, como seres vivos que somos. Y de la misma manera que deseamos que
todo el mundo tenga una vida larga, plena e intensa, deseamos también que
al llegar el final de sus días todo el mundo pueda hacerlo de una manera
digna; que todos, señorías, podamos abandonar la vida sin dolor, sin
sufrimiento y con toda la dignidad que nos merecemos como personas, como
seres humanos.


Seguramente, nadie con plena salud física, anímica y mental va a desear
poner fin a su vida. Nadie de los aquí presentes deseamos o impedimos en
su día nacer, pero debemos dotarnos de la libertad de poner fin a esa
existencia cuando esta solamente pueda vivirse de una manera indigna,
sufriendo de manera insalvable, cuando hayamos perdido la esperanza,
cuando no quede ni el más mínimo resquicio de ella. Estamos hablando de
gente que está muy enferma, que está sufriendo mucho, a la que todo lo
que le espera en su existencia es dolor y sufrimiento, y que necesita
ayuda para dejar de sufrir. Hay que regular cómo prestarle esa ayuda, ese
derecho del que le vamos a dotar.


Compromís llevaba en su programa electoral el desarrollo de una ley de
muerte digna y de atención sanitaria al final de la vida. Estamos, pues,
a favor de este avance social. Es normal que la derecha extrema o
extremísima que sufrimos en el Estado español esté a años luz de los
estándares europeos y que vote hoy en contra. Esa derecha que votó en
contra de la Constitución de la que hoy se llenan la boca; esa derecha
que votó en contra de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo,
pero que después han usado sin ningún tipo de problema; esa derecha que
votó en contra de la Ley del divorcio y que luego usaron sin problemas y
alegremente; esa derecha que votó en contra del matrimonio igualitario y
que después la usó también de manera alegre y sin ningún tipo de reparo.
Esa misma derecha va a votar hoy en contra de la ley de muerte digna, y
ojalá nunca necesiten acudir a este nuevo derecho del cual nos vamos a
dotar hoy a pesar de ustedes. Porque de la misma manera que los
anteriores avances no te obligan a casarte con alguien de tu mismo sexo,
no te obligan a divorciarte, no te obligan a abortar, ahora tampoco nadie
te va a obligar a morir, pero se va a respetar tu derecho a poder hacerlo
ayudado cuando te duela demasiado vivir.


Renegar de este derecho es de gente insensible y cruel, y está muy
alejado de los valores cristianos de compasión, de amor al prójimo, de
caridad fraterna, de solidaridad y de todos cuantos quieran, porque
desear el dolor al prójimo no es de buen cristiano ni de buena persona.
¿Que este texto es mejorable? Pues obviamente, todos lo son. La excusa no
puede ser que ya tengamos cuidados paliativos, porque estos no entran en
contradicción con la eutanasia; ambas cosas son necesarias y compatibles.
Ramón Sampedro, a quien recordarán, o María José Carrasco disponían de
excelentes cuidados paliativos, pero querían y exigían la eutanasia.
Llamar como se ha llamado aquí a este derecho eutanasia involuntaria o
asesinato asistido demuestra una vez más cómo de nauseabundas son ciertas
ideologías.






Estamos hablando de una ley garantista, una ley que regula
los aspectos potencialmente más controvertidos y que regula perfectamente
los derechos de las personas solicitantes. Se deberán cumplir todos y
cada uno de los supuestos previos para que el solicitante tenga derecho a
la prestación de ayuda para morir. Una doble garantía: la previa y el
doble consentimiento voluntario que obligará al paciente a dejar
constancia de su voluntad. Las personas con discapacidad, a las que
también se ha querido utilizar en este debate, también verán garantizados
sus derechos incluyendo todos los supuestos, incluso con la lengua de
signos y el braille, para garantizar que los y las pacientes tienen toda
la información y seguridad jurídica para poder aplicarla.


No es fácil este debate, lo entendemos perfectamente. A todos, imagino,
nos aterra pensar en vernos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos
en la situación de necesitar una asistencia para dejar de vivir. Ojalá,
incluso los que se oponen, no la necesiten nunca, ojalá no necesitemos
nunca que nadie nos obligue a dejar de vivir; no necesitemos nunca que
nadie nos ayude a dejar de sufrir, pero —el destino no lo
quiera— si algún día nos vemos necesitados, ojalá que tengamos este
derecho blindado.


Hay quienes hoy han argumentado en contra de este avance social
importantísimo con una supuesta defensa de la vida; defensa de la vida
por los mismos que aplauden a quienes hace poco deseaban ver fusilados
a 26 millones de hijos de puta; por esos mismos que hace pocos días
aplaudían y despedían con honores a terroristas del GAL; por esos mismos
que añoran y enaltecen un régimen genocida, como el franquista, que
fusiló a más de 200 000 personas y provocó la muerte de medio millón. Esa
gente habla del derecho a la vida cuando realmente lo que desprende es
odio y defensa del sufrimiento; esos, los que no reconocen la violencia
de género, hablan de moral y de ética, justamente quienes no tienen
absolutamente ninguna; ese vertedero ideológico con el que
desgraciadamente hemos de compartir esta tribuna.


La mejor manera de defender la vida es querer que esta sea digna desde
que nacemos hasta que morimos, porque de morir, señorías, nadie nos va a
salvar; pero el sufrir, esperemos que con esta ley, con este avance, sí
que se pueda mitigar. Señorías, espero que nadie nunca necesite ni para
sí ni para sus seres queridos esta ley, pero pensamos que es
necesaria.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el senador
Marcos Arias.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.


Señor Marín Gascón, voy a empezar dirigiéndome a usted porque estamos
hablando de sustanciar nuestra posición a favor o en contra de los vetos.
Ya le adelanto que vamos a votar en contra. Usted se ha referido a unas
personas y les ha llamado minusválidos. Son personas, primero, y son
personas con discapacidad.


Señorías, hablamos hoy de la Ley orgánica de regulación de la
eutanasia, y para nuestro grupo parlamentario esta ley no va a imponer
creencias ni de imponer decisiones. Hablamos de que cada uno respete las
decisiones y las creencias individuales. Hablamos del derecho a poder
vivir nuestras propias vidas hasta el último momento de nuestras propias
vidas. Hablamos del derecho a poner fin a nuestra vida según nuestras
propias convicciones individuales; las de nadie más, señorías. Con esta
ley avanzamos en nuestra libertad, en la de todos. No nos sorprende que
los conservadores y los ultraconservadores populistas o partidarios del
new trumpism no estén de acuerdo. No estuvieron de acuerdo ni lo están
con la interrupción voluntaria del embarazo; no estuvieron de acuerdo con
el matrimonio igualitario; ni están de acuerdo ni lo estuvieron con que
las familias LGTBI puedan adoptar, porque, señorías, estigmatizan siempre
la diversidad y el progreso. No nos sorprende que hoy no estén de
acuerdo, pero yo les pido respeto y que no hagan caricatura de lo que
estamos debatiendo, porque el 80 % de la población española está de
acuerdo con esta regulación. El 80 %. Y señorías, cualquier opinión es
respetable, pero no hagan caricatura de lo que hoy nuestro grupo cree y
estima —y otros grupos también lo estiman así— se va a
aprobar.


En esta tramitación se ha garantizado que el suicidio asistido
—lo digo porque se ha hablado aquí de ello— siga siendo
delito. No hablamos de suicidio asistido en esta ley, se llama auxilio o
inducción. Por tanto, tampoco mientan sobre por qué sigue siendo delito
en España. En este caso, hablamos de personas mayores de edad en pleno
uso de sus facultades, con un procedimiento que valora y comprueba varias
veces y de manera exhaustiva si eso es así. Esta proposición, esta ley,
respeta, además, el testamento vital de las personas en situación de
padecimientos absolutamente graves e irreversibles; asimismo, da un plazo
para que se pueda garantizar que esas personas no toman una decisión
momentánea y en cinco minutos, sino que es una decisión reflexiva y
reflexionada, y se obliga a informar sobre las alternativas. Por lo
tanto, volvemos al derecho de las personas, bajo un proceso supervisado
por personal médico y que, además, garantice la objeción de conciencia
del personal sanitario, que, para nosotros también es importante.
Insisto, es respetable cualquier opinión, pero no hagan una caricatura de
lo que hoy se va a aprobar aquí.


En este grupo parlamentario, señorías, tampoco vamos a incidir en
partidos que, efectivamente, defienden mucho, mucho, mucho, mucho, mucho,
la libertad, pero, a la hora de defender la libertad, no defienden esto.
La libertad es en mayúsculas, es para todas las opciones; es para
siempre, señorías, y también con garantías. Les voy a hacer un apunte
importante: no estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando
de la ley regulación de la eutanasia, y aquí les quiero recordar que
nuestro grupo parlamentario en el Congreso presentó una ley de cuidados
paliativos. Una cosa no sustituye a la otra, podemos tener una ley
orgánica de regulación de la eutanasia y una ley de paliativos, y yo creo
que las vamos a tener. Estamos convencidos de que necesitamos esa ley de
paliativos, porque, incluso, a la hora de morirnos, hay muchas
diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, y eso habrá que
trabajarlo. En Ciudadanos creemos en la dignidad a la hora de morir y
también en que haya un procedimiento que garantice ese tratamiento
personalizado de la intimidad en un entorno cercano y familiar. Pero no
estamos hablando de cuidados paliativos, los cuidados paliativos son otra
cosa, señorías, son derechos complementarios, no sustitutivos, y eso es
de lo que estamos también hablando hoy. Nadie, señorías, en nuestro país
pierde derechos, avanzamos por la libertad de nuestros ciudadanos.


Señorías, en resumidas cuentas, vamos a votar que no, aunque después en
las enmiendas, vamos a defender que esta ley se puede mejorar. Estamos en
este debate, fundamentalmente, y mi compañero de grupo defenderá las
enmiendas que hemos presentado en ponencia para adecuar esta ley a la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Pero vamos a votar no a estos vetos porque no somos un
partido que quiera impulsar la regresión o el retroceso en las libertades
civiles; señorías, libertades civiles. Vamos a votar no a estos vetos
porque queremos avanzar y mejorar, porque creemos profundamente en la
libertad, porque creemos en el respeto que tiene que tener un ciudadano o
ciudadana a elegir también ese momento, porque creemos que es una ley que
configura y que refuerza la dignidad personal de las personas para tomar
esa decisión de última hora. Y por eso vamos a votar que no a esos
vetos.


Somos, por lo tanto, un partido que quiere impulsar las libertades
civiles de los ciudadanos españoles y ciudadanas españolas, y por eso
vamos a votar que no. Este es el debate que nosotros les queríamos traer:
avanzar en libertad y avanzar en derechos civiles, por eso somos un
partido liberal, un partido de progreso.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).


Renuncia a su turno de palabra.


Para intervenir en este turno de portavoces de los vetos, tiene la
palabra, por Esquerra Republicana, la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidenta.


Señorías, libertad para afrontar la vida y libertad para afrontar la
muerte. Hablamos al final de libertad, de autonomía de la voluntad, de la
libertad para afrontar la vida: cómo la queremos vivir y cómo queremos
que sea esa parte final. Esquerra Republicana, prácticamente en cada
legislatura a lo largo de los últimos veinte años, ha presentado
iniciativas en relación con la eutanasia que recogían el sentir de muchas
asociaciones que defienden el derecho a una muerte digna, mediante los
distintos diputados y diputadas que, año tras año, defendían su
regulación: Puigcercós, en 2001; Bonàs, en 2004; Ridao y Tardà, en 2010;
Ester Capella, en 2018, todas y todos, sin excepción, toparon contra el
muro del Partido Popular y del Partido Socialista.


Señorías, como seres humanos, tenemos el derecho a decidir, extremo,
avalado por el Tribunal Constitucional, que reconoce que el derecho a la
vida es un derecho de disposición individual y que el tránsito hacia una
muerte digna forma parte de lo más íntimo de un ser humano. Dicho de otra
manera: no existe obligación de vivir. La vida no es un deber, no es una
obligación. El Estado, por su parte, debe proteger la vida, debe
garantizar el derecho a una vida digna, lo que no puede hacer el Estado
es imponer vivir y en todas las circunstancias. La concepción del derecho
a la vida que implique su mantenimiento, incluso en contra de la voluntad
de su titular, debe ceder el paso a concepciones más acordes con la de un
Estado aconfesional: el respeto a la libertad individual y al derecho de
autodeterminación; afirmaciones que tienen cabida en la legislación
vigente, en el artículo 10 de la Constitución, cuando proclama la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los
demás como fundamento del orden político y de la paz social.


Es cierto que hemos avanzado. Hemos pasado de un planteamiento en el
que el paciente no podía ni opinar ni decidir en el tratamiento médico
que debía serle suministrado, a otro en el que el paciente es el centro
de la toma de decisiones gracias a la Ley de autonomía del paciente
de 2002. En Cataluña, hemos legislado desde 2001 en materia de derechos
de los pacientes y documentos de voluntades anticipadas, en el desarrollo
de las curas paliativas, en la elaboración de la Carta de derechos y
deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención
sanitaria. Si bien es cierto que es necesario proteger la libertad de la
persona, también es necesario proteger a quien practica la eutanasia y en
qué condiciones. En este sentido, deben existir mecanismos que permitan
confirmar la voluntad de la persona, y que su decisión sea fruto de una
decisión libre, informada y consciente; informada implica que la persona
conozca su situación, las alternativas y posibilidades y los cuidados
paliativos, siendo consciente de la trascendencia de la decisión y de la
voluntad. La sociedad está preparada para ello. Existe una mayoría de
ciudadanos a favor de su regulación. La legislación sanitaria ha
avanzado, es cierto, y la persona se encuentra en el centro de la toma de
decisiones, pero la legislación estatal continúa penalizándolas a través
del artículo 143.4 del Código Penal. Ese es el marco legal que impide que
pueda facilitarse una muerte digna y sin sufrimiento a la persona que, en
situación de padecimiento o sufrimientos extremos y en plena posesión de
sus facultades para tomar la decisión, expresa su voluntad de morir y
solicita el auxilio para ello. Va siendo hora de que el derecho a la vida
digna incorpore también el derecho a una buena muerte, y morir
dignamente, como decía, incluye las curas paliativas, promocionar el
documento de voluntades anticipadas y la despenalización de la eutanasia
y el suicidio médicamente asistido.


El objetivo de la proposición de ley de despenalización de la eutanasia
y la ayuda al suicidio no es otra cosa que la defensa al derecho a la
muerte digna y de acuerdo con la dignidad y la libertad de la persona que
se proclaman en el artículo 10.1 de la Constitución. La Declaración
universal de derechos humanos proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en libertad y derechos; una libertad que no se debe
perder en ningún momento de la vida, tampoco en el proceso final. También
el artículo 10.1 de la Constitución, al que hacía referencia, expresa
unas características fundamentales del Estado de derecho cuando afirma
que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la
paz social. Los derechos fundamentales de la persona proclamados en la
Constitución son, por tanto, inherentes a su voluntad y la dotan de
contenido material. Este precepto, pues, debe ser considerado de tipo
rector de la interpretación constitucional de los derechos y libertades.
En otras palabras, los derechos fundamentales de la persona emanan de la
proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y la paz
social y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento
jurídico proclamados en el artículo de la propia norma fundamental; una
interpretación que debe ser integradora de la vida y la libertad y, en
consecuencia, una interpretación del artículo 15 del derecho a la vida, a
la luz del libre desarrollo de la personalidad, y obliga a considerar que
la vida impuesta contra la voluntad de su titular nunca puede merecer el
calificativo de bien jurídico protegido. Dicho de otra manera, la vida es
un derecho, no una obligación ni un deber y, por tanto, debe rechazarse
esa confrontación ficticia entre vida y libertad. La regulación jurídica
de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada desde
una perspectiva basada en estos principios y afirmar el reconocimiento de
la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a
morir. La concepción del derecho a la vida que implica el mantenimiento
de esta, incluso en contra de la voluntad de su titular, debe ceder paso
a concepciones acordes con el Estado aconfesional, el respeto a la
libertad individual y el derecho a la autodeterminación de la persona;
por cierto, transmitan a la ministra Calvo que existe el derecho a la
autodeterminación, porque parece que lo desconoce. El ordenamiento
jurídico, por tanto, está llamado a concretar y proteger el derecho a una
muerte digna, afirmaciones que tienen cabida en la legislación vigente.
Y, como decía Ramón Sampedro, una muerte deseada para liberarse de un
dolor irremediable es siempre un bien.


Para concluir. Esta ley orgánica no va a crear un derecho, lo va a
reconocer, porque el derecho a una muerte digna es un reflejo del derecho
a la dignidad de la persona. Por lo tanto, como no puede ser de otra
manera, vamos a votar en contra de los dos vetos presentados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Román
Jasanada.


El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, presidenta.


Señorías, estamos ante una proposición de ley de enorme trascendencia
que modifica la visión que ha tenido el proceso al final de la vida
históricamente en España, y con esta ley se abre a la desprotección de la
vida, de su dignidad, discriminando a las personas más frágiles,
abandonando la obligación del Estado de proteger la salud, y lo hace,
como han dicho algunos portavoces, excusatio non petita, contraponiendo
el derecho a la vida con el valor de la libertad y el uso de una
responsable autonomía personal para autodeterminar el final de la vida
propia. El valor de la libertad es un valor que reconocemos todos y
reconoce la Constitución, pero dentro del marco de la propia
Constitución, no yendo contra los derechos que ella reconoce. Es un tema
muy sensible y con pareceres diferentes entre personas de diferente
afiliación política. Señor Marcos, he tratado de hacer mi intervención
con respeto, sin caricaturizar a nadie y argumentando y dando motivos.
Por tanto, en ningún momento he tratado de faltar el respeto a nadie, lo
digo por si se dirigía a mí en ese momento.


En un tema tan controvertido como el de pretender afrontar
modificaciones en aspectos que, como digo, afectan a la sociedad
española, a su historia ligada a la defensa de la vida, a los derechos de
las personas, a su protección y a la tradición cultural occidental,
habría que haber buscado unos consensos más mayoritarios. En todo el
preámbulo intentan justificar sus temores de encaje de la ley con un
desordenado relato de adecuado equilibrio entre derechos, bienes y
valores, y hablando de una ley muy garantista, algo que también ha hecho
alguno de los portavoces. Nosotros discrepamos en que sea garantista.
Creemos que la introducción del término padecimiento grave, crónico e
imposibilitante que cause sufrimiento supondrá una brecha en la que se
introducirá cualquier padecimiento crónico. El portavoz del Partido
Socialista hablaba anteriormente de la pendiente resbaladiza. Creo que
por aquí se colarán absolutamente todas las patologías crónicas, como ha
ocurrido en otros países, donde, al final, el niño o el mayor, sin otras
patologías, son invitados a solicitar la eutanasia. Además, con la
incorporación que hacen en este texto legal, el médico puede decidir en
determinadas circunstancias iniciar el proceso de eutanasia. En esa
redacción del artículo 5.1.d) y el 5.2, cualquier patología crónica: una
insuficiencia renal, un insuficiencia cardiaca, una artritis reumatoide,
un alzheimer, una depresión, una anorexia nerviosa, con sufrimiento,
pueden ser víctimas de muerte prematura por eutanasia. En muchos casos,
estas patologías crónicas se producen por déficit de un sistema no
consigue ofrecer una atención correcta, y estoy seguro de que con unos
cuidados paliativos del paciente terminal, no del paciente crónico, que
sufre de modo insoportable, disminuiría el número de personas que, a su
juicio, precisen tomar la decisión de acabar con la vida.


Por tanto, no podemos considerar esta ley como garantista. Si afecta a
preceptos constitucionales, y está en duda, ¿por qué no abordan esto a
través de una reforma constitucional que incluya el derecho al suicidio,
al derecho de autodeterminación a la muerte o, al menos, una excepción
constitucional al artículo 15 de la Constitución? Porque no tienen apoyo,
porque no tienen mayoría social ni mayoría parlamentaria para hacerlo.
Intentan justificar la constitucionalidad de la ley en la libertad; la
libertad es un valor, como he dicho antes, pero no puede estar en
contradicción, sino en sintonía con un derecho fundamental como es el
derecho a la vida y a la integridad física y moral.


En mi anterior intervención hablé de cómo colisionaba con artículos
como el 43, el 49, el 50, el 14, el 10.2 o el 96. Pero ahora quiero
hablar de falta de garantías, de protección y de cuestiones que pueden
dar lugar a abusos. Los profesionales de la medicina y de la enfermería
deben diagnosticar, tratar, acompañar, cuidar al paciente, pero esta ley
les asigna atribuciones alejadas de su profesión, de la ética
profesional, y además les hace perder la neutralidad y la imparcialidad
que deberían mantener en todo el proceso. No solo va a informar de las
alternativas de tratamiento, sino que se le obliga a informar de que
también puede acabar con la vida del paciente mediante la administración
de una dosis letal de un fármaco, y en situaciones en las cuales el
paciente no es consciente ni capaz puede declarar esa incapacidad de
hecho y proceder a la eutanasia. ¿No sería más digno en estas situaciones
extremas aliviar el sufrimiento con una buena práctica médica, como es la
sedación paliativa del paciente terminal? La gran diferencia está en su
contenido ético: la intención de aliviar el sufrimiento o la intención de
acabar con la vida. ¿Por qué la valoración y declaración de la
incapacidad de hecho del paciente, que siempre ha sido derecho en nuestro
derecho civil, se asigna al médico en situaciones de urgencia y no se
traslada al juez, al fiscal, al médico forense para reforzar las
garantías de la persona que tiene disminuida la consciencia o limitadas
sus capacidades mentales?


El profesional sanitario no debe influir en la decisión del paciente,
debe ser imparcial, y esta ley confiere al profesional sanitario, al
médico, la posibilidad de iniciar el proceso, valorar y dictaminar la
situación de incapacidad de hecho, presentar la solicitud de eutanasia,
comunicar a los familiares la situación, llevar a cabo la ejecución de
eutanasiar al paciente, certificar la muerte como muerte natural a todos
los efectos. ¿Dónde está la imparcialidad y la neutralidad que debería
tener el médico, al que convierten en el agente principal inductor y
ejecutor de todo el proceso, lo que conlleva la pérdida de garantías del
paciente y una más que posible pérdida de la confianza
médico-paciente?


Señorías, también quiero poner de manifiesto algo en relación con la
ausencia de un profesional que creo que es vital, que es el profesional
de la psiquiatría, de la enfermedad mental, tanto en el diagnóstico, en
la valoración, como en el tratamiento del paciente, al igual que se hace
en la prevención del suicidio: al que tiene ideas autolíticas en una
patología psiquiátrica se le trata y se le previene desde la psiquiatría,
pero aquí no, aquí no se ofrecen alternativas posibles de tratamiento, no
se ofrece un tratamiento psicoterapéutico que disminuiría, sin duda, el
sufrimiento vital de estas personas. ¿Por qué han excluido la acción de
los psiquiatras en la valoración y tratamiento de los pacientes que
quieren acabar con la vida cuando se hace una referencia expresa al
sufrimiento psíquico de la persona? ¿Por qué no incluyen como requisito
para acceder a la eutanasia el haber recibido previamente una atención
efectiva por unidades de cuidados paliativos y, además, una atención
psicoterapéutica por profesionales de las enfermedades mentales?


Señores que han presentado la proposición de ley, del estudio de la
proposición de ley y visto que no quieren mejorarla tampoco, creo que
solo quieren vender el logro de la consecución de un nuevo derecho y esto
les ha llevado a ser activistas, no legisladores; activistas de esta
causa proeutanasia, que hace que se legisle con un carácter
intimidatorio, como decía en mi primera intervención, que induce a
profesionales y pacientes a optar por la eutanasia sin haber accedido
previamente a cuidados paliativos que aliviarían el sufrimiento del
paciente.


No pueden considerar la eutanasia como un triunfo. De verdad, me da
pena que consideren la eutanasia como un triunfo. En el texto tratan de
animar, facilitar e invitar a la elección de la eutanasia y no consideran
lo de extender unos cuidados paliativos que alivien el sufrimiento y
garantizar la dignidad de la vida hasta el último momento en una muerte
natural no provocada. Con la extensión de los cuidados paliativos, el
triunfo sería que el Estado cumpliría con su deber general de proteger la
vida.


Concluyo. Como he tratado de exponer —y no sé si de manera
acertada, pero con respeto al que opina diferente, porque en este tema
hay gente de todos los partidos que opinan de manera diferente, por eso
he tratado de argumentar y de respetar, tolerante y empático; por eso
digo que no sé si lo he hecho de manera acertada—, creo que la ley
de regulación de la eutanasia y, aunque no lo dictamine así, del suicidio
tiene numerosas dudas de encaje constitucional. A lo mejor, en el futuro
alguien pueda manifestar que las consideraciones que hoy he hecho yo,
aquí, en representación de mi grupo político, de carácter profesional, de
carácter ético, también de encaje legal constitucional, fueron advertidas
en este debate y con carácter previo a una ley que será legal con su
aprobación, pero nunca legítima, ni tampoco ética desde la perspectiva
general y de las profesiones sanitarias, y posiblemente tampoco será
constitucional, que solo responde a unos intereses que no son
mayoritarios a pesar de lo que dicen, sino que se han sometido a la
presión de determinados lobbies y no al interés general demandado por los
ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


Hoy es un día para la satisfacción, satisfacción que no se ha
ensombrecido siquiera con algunas de las intervenciones que me han
precedido. Como digo, hoy es un día para la satisfacción, en especial
para aquellos que creemos que el Boletín Oficial del Estado es la mejor
herramienta de transformación social, porque, señorías de la derecha,
digan lo que digan, hoy damos un paso más en el avance de los derechos y
libertades civiles en nuestro país, reconociendo un nuevo derecho
subjetivo de ciudadanía con total respaldo constitucional y jurídico;
avances que los socialistas podemos enorgullecernos de haber
protagonizado.


Y quiero decirles que cuando nos acusan de correr en la tramitación se
olvidan del largo recorrido de esta proposición de ley; tres veces se
tomó en consideración, dos veces superó la enmienda a la totalidad en el
Congreso y, una vez más, en esta Cámara supera los vetos que sus señorías
insisten en interponer. De manera que esta ley está ampliamente
respaldada por una mayoría parlamentaria muy sólida, mayoría que no es
más que el resultado de un clamor social que nos pide no solo
despenalizar la eutanasia, sino también su regulación. La realidad es que
hace dos años un millón de personas firmaron para que aprobásemos hoy la
ley que puede convertirse en realidad. Un millón de personas que en aquel
momento nos decían ya que íbamos tarde, y eso es lo que hemos hecho todos
los grupos. Una vez más, salvo ustedes, señorías de la derecha, hemos
dado una respuesta a una necesidad y a una demanda social. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


El Partido Socialista vuelve a ser, una vez más, pionero en la defensa
y promoción de los derechos sociales y de las libertades personales de la
ciudadanía española. Y, para ello, hemos trabajado intensamente durante
su tramitación en el Congreso y aquí también, en el Senado, lo que nos ha
permitido mejorar enormemente el texto y alcanzar el máximo consenso
posible convirtiendo esta ley en una ley de país. Ejemplo de ello es el
informe de la ponencia y el dictamen de la comisión, que incorpora nuevas
transacciones a las modificaciones introducidas en el Congreso, y el
resultado no es otro que una buena ley, con todas las garantías para las
personas que soliciten la prestación de ayuda para morir y para los
profesionales sanitarios involucrados en ello. Porque hoy legalizamos el
derecho para poner fin al sufrimiento de muchas personas desde la
libertad, desde la autonomía y desde el respeto a su voluntad reiterada,
sin coacción ninguna, señor Marín Gascón, sin coacción. Porque ustedes lo
saben, esta ley no obliga a nadie, es muy cuidadosa con quienes vayan a
hacer uso de ella. Esta ley responde con empatía al sufrimiento de las
personas que se encuentran ante una enfermedad incurable o un
padecimiento grave crónico e imposibilitante. Porque yo, como profesional
de la medicina, he tenido, como todos y todas, muchas experiencias y me
vienen a la cabeza algunos, algunas pacientes, con nombre y apellidos,
que hoy quiero recordar una vez más y que siempre llevaré en mi corazón;
personas a las que esta ley hoy hubiese ayudado.


Esta ley, señorías, está cargada de humanidad, es respetuosa. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Esta ley es
respetuosa y no señala ni estigmatiza a nadie, señorías de la derecha.
Esta ley es fiel reflejo de nuestra arquitectura institucional y
competencial, que se prestará en condiciones de equidad para toda la
ciudadanía española, estableciendo recursos que garantizarán la calidad
asistencial.


Y, en todo caso, esta ley no tiene nada que ver con la atención
paliativa en el proceso final de la vida. Señorías del Partido Popular,
el debate eutanasia versus cuidados paliativos no tiene fundamento
alguno, no son cuestiones antagónicas, son cuestiones complementarias.
Saben que la atención paliativa está garantizada en la cartera común de
servicios del Sistema Nacional de Salud desde el año 2006 y, lo que es
más grave, hoy ya podríamos contar con una ley estatal si ustedes no
hubiesen impedido en los años 2012, 2015 y 2019 su aprobación. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


De manera que, uno a uno, hemos conseguido desmontar argumentos que
tienen poco que ver con una realidad, argumentos diseñados para
entorpecer, para generar ruido y miedo. No equivoquen más a la
ciudadanía. No hay que tener miedo a las decisiones individuales
libremente adoptadas por los ciudadanos y las ciudadanas, porque
pareciera que ejercer la libertad en base a un derecho a ustedes les da
pavor.


Y para concluir, señorías, me gustaría ser agradecida. Gracias a la
dirección de mi grupo por permitirme colaborar y aportar mi granito de
arena para que esta ley sea realidad. Gracias a mis compañeros senadores
ponentes, Txema Oleaga y Javier de Lucas, por tanto aprendizaje. Al resto
de los grupos parlamentarios quiero darles las gracias por el trabajo,
nos hemos encontrado a pesar de diferencias. Gracias a los compañeros y
compañeras del Congreso por el trabajo tan bien realizado. Y, sobre todo,
a Luisa Carcedo (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Esta ley será realidad gracias a tu tenacidad, gracias a tu
empeño, gracias a tu gran trabajo. Y, cómo no, cómo no, gracias a las
personas que de manera tan desinteresada han puesto su tiempo, su
esfuerzo, su saber para que esta ley sea como es hoy. Y, por supuesto, a
las personas que han recogido ese millón de firmas, GRACIAS —con
mayúsculas—,; el sufrimiento de vuestros seres queridos va a servir
para ayudar a muchas personas a partir de ahora.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Pasamos a debatir las enmiendas y votos particulares.


En primer lugar, en el turno a favor, enmiendas números 10 a 43, de los
senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo
Palomares, tiene la palabra, el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, hemos presentado 34 enmiendas con objeto de minimizar los
riesgos y daños que esta ley de eutanasia trae consigo. Les resumo los
puntos más importantes de nuestras enmiendas.


Primero, sustitución del artículo 2. La presente ley será de aplicación
a los pacientes que se encuentren en el proceso final de su vida o que
afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, así como a los
representantes de los pacientes, a sus familiares, al personal sanitario
que atiende a los pacientes, a los centros sanitarios, públicos y
privados, y entidades aseguradoras o mutualidades que presten sus
servicios en el territorio nacional, todo ello sin perjuicio de lo
establecido por las Comunidades Autónomas con arreglo a sus
competencias.


Segundo, sustitución del artículo 4. La formación de profesionales de
la salud incluirá lo siguiente: la incorporación de los cuidados
paliativos en los programas curriculares de las carreras relacionadas con
la medicina y las ciencia de la salud, la preparación de profesionales en
cuidados paliativos y la inclusión de los cuidados paliativos en los
programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la carrera
profesional.


Tercero, sustitución del artículo 5. Proponemos la incorporación de la
medicina paliativa como especialidad médica de las ciencias de la salud,
para lo cual el Gobierno deberá establecer el título de médico
especialista en medicina paliativa en los términos de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para lo
que aprobará, modificará o derogará cuantas normas sean necesarias para
que se reconozca oficialmente dicho título.


Cuarto, sustitución del artículo 6. El Gobierno y las comunidades
autónomas promoverán las medidas necesarias para disponer en el sistema
sanitario público del número y dotación necesarios de servicios de
cuidados paliativos, con profesionales sanitarios debidamente formados y
equipos de soporte acreditados adecuados para la prestación en el
domicilio o en centros sanitarios, de conformidad con los estándares
publicados, en su caso, por el Sistema Nacional de Salud.


Quinto, sustitución del artículo 7. Durante el proceso final de su
vida, todas las personas tienen derecho a una atención integral y de
calidad que prevenga y alivie su dolor y otros síntomas. Para ello,
aquellos centros hospitalarios, públicos o privados, que se determine
deberán disponer de unidades de cuidados paliativos, contar con personal
debidamente cualificado y todos los medios necesarios para
prestarlos.


Sexto, sustitución del artículo 9. Los cuidados paliativos forman parte
del catálogo de servicios de ayuda a la dependencia en los términos del
artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Las solicitudes de ayudas a la dependencia de pacientes en cuidados
paliativos se tramitarán en el plazo general previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.


Séptimo, sustitución del artículo 10. Las personas que se encuentren
ante el proceso final de su vida o que afronten decisiones relacionadas
con dicho proceso tienen derecho a recibir la información sanitaria
necesaria de manera clara y comprensible, en los términos que establece
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.


Octavo, sustitución del artículo 12. Las personas menores de edad
tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y sobre las
propuestas terapéuticas de forma adaptada a su edad y a su capacidad de
comprensión. Asistirán a las personas menores y a sus progenitores,
tutores o guardadores todos los derechos reconocidos en la Ley 3/2005,
de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la
adolescencia.


Noveno, sustitución del artículo 13. Asimismo, las personas que se
encuentren en el proceso final de su vida tendrán derecho a recibir,
conforme a sus convicciones y sus creencias, la asistencia espiritual o
religiosa que soliciten, de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Las indicaciones
sobre este extremo podrán ser objeto de expresión en las instrucciones
previas.


Décimo, sustitución del artículo 16. El médico responsable, antes de
proponer cualquier intervención sanitaria a una persona en el proceso
final de su vida, deberá asegurarse de que la misma está clínicamente
indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basándose en el estado
de la ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber
profesional, en su experiencia y en el estado clínico, gravedad y
pronóstico de la persona afectada. El médico responsable en el ejercicio
de una buena práctica clínica adecuará el esfuerzo terapéutico cuando la
situación clínica lo aconseje y tras oír el criterio profesional del
personal de enfermería, evitando la obstinación terapéutica. La
justificación de la adecuación deberá costar en la historia clínica. (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Undécimo, sustitución del artículo 18. Todos los profesionales
sanitarios partícipes en la atención de los pacientes tienen la
obligación de respetar la voluntad y los valores, creencias y
preferencias de dichos pacientes en la toma de decisiones clínicas, en
los términos y con los límites previstos en la presente ley y en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información,
documentación clínica, y en sus respectivas normas de desarrollo.


Decimosegundo, sustitución del artículo 19. La administración
sanitaria, así como las instituciones y centros públicos y privados
deberán garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias el
ejercicio de los derechos establecidos en el título II de la presente ley
en relación con los correlativos deberes señalados en el título
III.


Señorías, en Vox defendemos la dignidad de la vida, desde la concepción
hasta la muerte natural, y no traicionaremos a los españoles defendiendo
una cosa y haciendo otra, pondremos todo nuestro esfuerzo para que no
conviertan a España en el paraíso de la muerte. Siempre nos tendrán
enfrente defendiendo la dignidad de todas y cada una de las vidas, la
humanización y la dignificación final de la vida humana, aliviando el
sufrimiento y acompañando al enfermo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista
en el Senado, tiene la palabra el senador Cervera Pinart. Son las
enmiendas 62, 64, 67, 69, 74 a 76, 78, 80, 83, 84 y 86.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo,
señorías.


Al texto que nos fue remitido desde el Congreso de los Diputados, Junts
per Catalunya presentamos veinticinco enmiendas. Durante la tramitación
en ponencia se transaccionaron tres, que decayeron automáticamente, y
consecuencia de este hecho retiramos cinco enmiendas más. Otras cinco de
las enmiendas presentadas se incorporaron al texto en comisión. Dos de
las enmiendas transaccionadas hacían referencia al término
imposibilitante con el fin de no estigmatizar a las personas con
discapacidad. Entendemos que este peligro se ha superado con la
incorporación de la transaccional acordada con el Grupo Socialista y
otros, que centran el término en las situaciones y no en las
personas.


Para las restantes doce enmiendas presentamos voto particular para que
se pudieran debatir hoy en este Pleno, y las enmarcamos en dos grandes
bloques. Un primer bloque, en el que se pretende acortar los plazos, como
ya proponíamos en las enmiendas incorporadas en comisión, y para todos
los casos proponemos que cuando se hable de días estos días sean siempre
naturales y no se entiendan como días hábiles, con el fin de dotar al
sistema para que un periodo vacacional o un fin de semana no condicione
ninguno de los trámites, ayudando así a minimizar el sufrimiento de quien
está padeciendo.


Un segundo bloque, donde recogemos las observaciones que hemos
incorporado con el intercambio de información con el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya y con el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, enmiendas que tienen como finalidad, en primer
lugar, poner en valor el personal de enfermería, así como garantizar la
presencia y los derechos de todos los profesionales sanitarios durante
todo el proceso.


Finalmente, a pesar de las transacciones y en relación con los derechos
de las personas discapacitadas, mantenemos la enmienda al preámbulo en
función de las conversaciones que habíamos tenido con el Cermi, porque
somos conscientes de que la solución de la transaccional no es la ideal,
pero sí que es la que podíamos consolidar con la poca capacidad de
influir de un grupo minoritario como el nuestro.


Agradecemos la colaboración a los colectivos y entidades a los que he
citado y nada más, solo les reitero que lo que pretendemos con estas
enmiendas es, básicamente, proteger al solicitante, proteger al colectivo
sanitario y agilizar al proceso. De ser aceptadas, seguro que mejorarán
el redactado de esta proposición de ley.


Muchas Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas Gracias, señoría.


Para defender las enmiendas del Grupo Izquierda Confederal
números 145, 150 y 154, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Doy por defendidas las enmiendas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para defender las enmiendas del Grupo Izquierda Confederal números 155
a 179, 181 a 198, 200 y 203 a 225, tiene la palabra el señor Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias presidenta. Egun on,
jaun-andreok.


Señorías, en el debate en comisión afirmé que para Geroa Bai es más
importante hacer una buena ley tardando un poco más, que aprobar una
regular en menos tiempo, y es que esta, tal y como está redactada, es de
poca calidad normativa y ofrece escasa seguridad jurídica. También dije
que en una ley como esta —seguramente en todas, pero en está aún
más— es necesario ser exquisitos, cuidadosos, hilar muy fino. Se
necesita una gran calidad conceptual, porque sin conceptos claros no hay
diálogo posible; la oscuridad conceptual es antidemocrática, impide la
deliberación. Y les iba a preguntar hoy aquí, señorías del Partido
Socialista, ¿por qué les da tanto miedo mencionar el suicidio asistido?
¿Por qué? ¿Por qué no llamar a la ley como yo creía que se pretendía, es
decir, regular la eutanasia y el suicidio asistido, sin olvidar ni
enmascarar nada? Y resulta que, fíjense ustedes, es de tan poca calidad
normativa que yo, personalmente —y cuidado que le he dedicado
tiempo, pero no solo yo—, entendía que la ley regulaba los dos
procesos clínicos pendientes de norma al final de la vida: eutanasia y
suicidio asistido, y resulta que no. Me lo explicaron ustedes, algunos
dirigentes del Partido Socialista: que solo regula la eutanasia, como
dice su título. Aunque, eso sí, hemos innovado mucho, hemos aprobado la
eutanasia como la entiende todo el mundo, es decir, como la provocación
de la muerte de una persona que cumple determinados requisitos a manos de
terceras personas, y además la autoeutanasia, la autoprovocación de la
muerte de una persona en la misma situación. Y fíjense qué bien: como la
ley, yo tampoco he mencionado la palabra tabú para ustedes, suicidio.
Francamente, es insólito.


Señorías, no sé quién, pero sea quien sea, alguien ha conseguido
edulcorar la realidad del final de la vida y hacer que eutanasia suene
bien para la ciudadanía y suicidio suene mal, pero lo voy a decir una vez
más: eutanasia y suicidio asistido son ambos ayuda para morir y no
deberíamos haber perdido la ocasión de regular las dos. Pero, claro, esta
ley se ha hecho con muchas prisas y sin deliberación, en mi opinión,
equivocadamente.


Me dicen también en el Partido Socialista que hemos optado —ellos
habrán optado— por el modelo europeo de ayuda para morir frente al
americano, pero no me han dado las razones para ello, porque, por cierto,
a la hora de aprobar el consentimiento informado lo hicimos con un modelo
absolutamente individualista, liberal, americano y no con uno más
comunitarista europeo. Lo que sí les digo es que, desde luego, han optado
ustedes por lo peor del modelo europeo, porque en nada se parece lo
ocurrido aquí a los procesos de aprobación de la eutanasia en los Países
Bajos, con el esclarecedor informe Remmelink y la participación de lo que
equivale a nuestros colegios médicos. Nada se parece tampoco al
ilustrador y participativo proceso que llevó a la aprobación de la ley en
Holanda, con referéndum, ni a los múltiples referéndums organizados y
perdidos que pretendían legalizar la eutanasia en Oregón —sí, ya lo
sé, no es Europa, es Estados Unidos—, hasta que se cambió el
objetivo y se optó por despenalizar el suicidio asistido, y entonces sí,
se ganó y se reguló. Y es que, señorías del Partido Socialista, ustedes
han optado por el aquí te pillo, aquí te apruebo la ley.


Comento todo esto porque los mismos dirigentes del Partido Socialista
me dijeron en una reunión que mantuvimos que el Senado no está para hacer
leyes —porque, claro, lo que yo pretendía era hacer una nueva
ley—, que es una Cámara de segunda lectura, es decir, que estamos
aquí para aplaudir o para protestar o abuchear. Escuchar esto es
francamente desolador, no necesito citar la Constitución para decirlo, es
desolador.






Muchas de mis enmiendas iban dirigidas a aclarar lo que
consideraba un enorme error: esa equiparación que interpretábamos que
hacía la ley de eutanasia y suicidio asistido y las consecuencias que de
ella se derivaban. Ahora que sé claramente que ustedes no quieren regular
el derecho a la prestación de ayuda para morir en forma de suicidio
asistido, solo puedo insistir en que la ley es deficiente, está redactada
con muy poca calidad y lleva a una enorme confusión.


Es cierto, señora portavoz del Grupo Socialista, que en comisión se nos
han admitido algunas enmiendas, enmiendas a increíbles errores de bulto,
como que se permita practicar la eutanasia a personas que pueden no tener
equipo sanitario que les atienda; una demostración más de que la ley se
ha aprobado con unas prisas absolutamente excesivas y, desde luego,
inaceptables. Nosotros proponíamos que fuera el que en la ley es
denominado médico responsable, quien, en el caso de la eutanasia,
inyectara el fármaco —por cierto, como pasa en Holanda, ese modelo
por el que ustedes dicen que se han guiado—, porque la ley no
especifica quién lo va a hacer. Y lo hacíamos por considerarlo importante
en sí mismo y también para saber quién puede hacer objeción de
conciencia, porque si no sabemos quién es el agente último, el agente
directo que realiza la prestación de ayuda para morir, tampoco sabremos
quién puede objetar, y este dato es absolutamente fundamental para evitar
las pseudobjeciones de conciencia que todavía hoy estamos soportando en
muchos centros sanitarios con el aborto. Pero, bueno, es su
decisión.


Pues bien, en esa misma reunión, los miembros del Partido Socialista
despejaron todas mis dudas: el agente último, el agente final en el
proceso de ayuda para morir será el personal de enfermería, ese personal
que en la ley aprobada en el Congreso era citado una única vez en todo el
texto, en una mención que a mí, desde luego, me parecía insultantemente
paternalista y también se lo parecía al personal de enfermería. Ese
artículo, sí, el 8.2, que dice que cuando el médico responsable ha
terminado casi todo el proceso, la deliberación, patatín patatán...,
avisará al equipo sanitario si lo hubiere —enmienda aceptada—
y especialmente a los profesionales de enfermería. Una cita paupérrima
para un colectivo de profesionales que desde el primer momento está junto
con el paciente y muchas veces, si no siempre, mucho más cerca y de
manera más continuada que el propio médico, y, como digo, insultante para
quienes luego van a tener la responsabilidad de ser las personas
encargadas de la inyección de los fármacos que acabarán con la vida del
paciente.


Ahora, tras la aprobación de las enmiendas, se cita una vez más a
enfermería. ¡Un gran logro! Se ha aprobado que en las comisiones de
garantía habrá médicos, juristas y enfermería. ¡Bravo, felicidades a
quienes hayan conseguido esta maravillosa enmienda! Miren, al médico se
le cita cuarenta y tres veces, al equipo sanitario ocho y a enfermería
—insisto, a los profesionales que van a ser los encargados de hacer
el último acto del largo proceso que compartimos en su mayoría de la
ayuda para morir— dos veces. Pero es que, además, ¡se les excluye
de participar en el resto del proceso de manejo de la solicitud! Por todo
esto, me permitirán que envíe desde aquí mi solidaridad, mi
reconocimiento y mi agradecimiento al colectivo de profesionales de
enfermería y, aunque no me corresponde, les pido perdón por cómo les
trata esta ley.


En las enmiendas proponíamos que el menor maduro que cumpla los
criterios descritos en la ley, excepto, evidentemente, el de la mayoría
de edad, pueda solicitar la ayuda para morir. Miren, los menores enfermos
suelen ser personas muuucho más conscientes de todo lo que les sucede que
muchos adultos sanos. Pero han decidido que los menores maduros no lo
puedan pedir..., es una decisión.


La ley permite que si la pérdida de capacidad del solicitante es
inminente o si la persona no se encuentra en pleno uso de sus facultades
o no puede dar su consentimiento o no tiene a nadie que pueda presentar
la solicitud, el complejo —complejo, pero necesario— proceso
deliberativo exigido puede ser acortado por el médico a su libre
albedrío, lo que entra en contradicción total con las salvaguardas, los
plazos, las ratificaciones e incluso la posibilidad de ratificación o de
desistimiento que marca la ley para los pacientes conscientes, o que sea
sustituido por un documento de instrucciones previas del que no sabemos
nada de cómo se elaboró, lo que puede provocar una mayor susceptibilidad
de abusos y de conflictos de interés. Estamos radicalmente en contra de
que se permita al médico presentar la solicitud de eutanasia en algunos
casos —extremos, es verdad— porque es absolutamente
discordante con la afirmación del derecho personalísimo sobre el que se
fundamenta la ley.


Estando de acuerdo en gran parte del proceso de revisión de solicitud
de ayuda para morir, rechazamos que una de las funciones de la comisión
de garantía sea la de autorizar o no cada solicitud de ayuda para morir.
Estas comisiones no existen en ninguna legislación despenalizadora del
mundo, son de nueva creación y, lo que es peor, sustituirían a los
comités de ética asistencial, que ya existen en todos los centros
sanitarios. Consideramos que si a lo largo de la revisión de la solicitud
surgen problemas, deberían ser los comités de ética asistencial los que
pueden ayudar, como de hecho están haciendo desde hace tiempo en casi
todos los centros, a la resolución de dichos conflictos, sin necesidad de
crear otros órganos para la misma tarea, y mucho menos para ser quienes
desde fuera de la relación clínica tienen la última palabra respecto de
la solicitud. De estas comisiones, por cierto, casi lo único que sabemos
es que las nombrarán los gobiernos autonómicos y que estarán compuestas
por un mínimo de siete miembros. ¿Con qué criterios se elegirán sus
miembros? ¿Tendrán criterios más o menos uniformes o dependerán de la
ideología del gobierno autonómico de turno, que es el que nombra a sus
integrantes? ¿Esto es equidad, señorías? ¿Se imaginan que ofrecerá las
mismas garantías una comisión elegida por el PSOE o por el PP o por Geroa
Bai o por Vox —dios no lo quiera—? Por esto y porque
consideramos esta intervención no solo innecesaria, sino además una
auténtica intromisión en la relación clínica, propugnamos la supresión de
esa función evaluadora previa de esta comisión. Por cierto, en Holanda,
ejemplo al que parece que ustedes han querido seguir, con veinte años de
experiencia y sin este tipo de comité, con dos médicos, el responsable y
el consultor, analizando las solicitudes, el 50 % de estas son
rechazadas.


La ley reconoce la necesidad de formación de los profesionales:
técnica, farmacológica, en deliberación, en bioética, en acompañamiento,
en duelo —esto lo añado yo—, y también de la ciudadanía, pero
dice que se abordará en el plazo de un año de su entrada en vigor. Es
decir, que se va a poner en marcha sin formación. ¿No les parece esto es
un horror? El texto afirma, finalmente, que la ley entrará en vigor a los
tres meses de su publicación. Antes de eso, los gobiernos autonómicos
tendrán tres meses para crear las comisiones de garantía, de las que,
insisto, a día de hoy no se han especificado ni los criterios y
cualificación necesarios para formar parte de estas, sin que sepamos si
se van a nombrar a dedo por los gobiernos autonómicos o si se van a abrir
procesos para que quien quiera tomar parte en ellos pueda presentarse.
Además, sin la divulgación a la ciudadanía, sin la formación de los
profesionales, sin tener articulado todo lo necesario para implementar el
proceso de buenas prácticas: social, divulgativo, formativo, y elaborados
todos los documentos necesarios para una garantía mínima de calidad en la
prestación de la ayuda para morir. Son al menos veinticinco tareas. Luego
se las recordaré. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mis
compañeras y compañeros de la Asociación de Bioética Fundamental y
Clínica, con los que hemos estado mirando este texto de la ley
juntos.


Señorías, las últimas legislaciones aprobadas al respecto en el mundo
se han dado entre doce y dieciocho meses para su entrada en vigor.
Nosotros hemos propuesto que su entrada en vigor sea de un año. Miren, en
el estado de Victoria, Australia, tras dos años de consultas, la ley fue
aprobada en noviembre de 2017 y entró en vigor en junio del 2019. En
Nueva Zelanda, tras otro largo proceso deliberativo de dos años, su
aprobación en el Congreso en 2019 y la aprobación en un referéndum por
un 65 % en octubre de 2020, la ley entrará en vigor un año después de ser
aprobada. Y no tengo ningún motivo para pensar ni que la ciudadanía ni
los profesionales de cualquiera de estos dos países son más torpes o
menos inteligentes que nosotros. Lo que sí está claro es que entienden
que algunas decisiones han de ser tomadas con mucha reflexión, diálogo y
participación, y puestas en práctica con una buena formación de quienes
las vayan a desarrollar. Por cierto, para que nadie piense que en estos
países todos es jauja, también les quiero decir a ustedes que en el mismo
referéndum se echó para atrás la despenalización del consumo de
marihuana.


Ni siquiera voy a citar otras enmiendas porque ya las he comentado
previamente con algunos de ustedes y sé que no las van a aceptar.
Insistiré, insisto, en que hemos perdido la oportunidad de regular uno de
los dos procesos que carecían de regulación. Señorías del Partido
Socialista, ustedes, que tantas veces han achacado a quienes se han
opuesto a determinadas leyes de marcado carácter social y progresista
—yo también lo he hecho: divorcio, aborto, matrimonio entre
personas del mismo sexo, etcétera— que reconocer un derecho no
implica obligación de ejercerlo, yo hoy a ustedes les achaco exactamente
lo mismo: están ustedes impidiendo el ejercicio al derecho de la
prestación de ayuda para morir en forma de suicidio asistido. Por lo
tanto, cuando critiquen a otros, pónganse enfrente de un espejo, mírense
y reconozcan que es también lo que están ustedes haciendo. Yo lamento,
lamento profundamente que ustedes no hayan querido despenalizar o regular
el derecho a la prestación de ayuda para morir en forma de suicidio
asistido, lo lamento hoy y lo lamentaré durante mucho tiempo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda Confederal
números 229, 230, 232 a 236 y 238 a 241, tiene la palabra el señor
Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, presidenta.


Simplemente, doy por defendidas las enmiendas y manifiesto nuestro
apoyo a esta ley, absolutamente necesaria. Parece mentira que todavía hoy
haya que explicarle a las señorías de Vox y a las señorías del Partido
Popular que un derecho no impone, que un derecho no obliga, que un
derecho aumenta la libertad y que un derecho no resta libertad a quienes
deciden no ejercerlo.


Parece ser que las derechas, que son tan liberales en principio y de
boquilla, sin embargo tienen un problema sistemáticamente con todas las
libertades que han tenido lugar en este país. Lo tuvieron con el derecho
al matrimonio igualitario, tuvieron ese problema con el derecho al
divorcio, lo tuvieron con el derecho al aborto, y ello a pesar de que
después han sido los primeros que han ejercido todos esos derechos. Desde
luego, nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de que esos derechos
se conquisten también para aquellos que se opusieron a ellos, porque los
derechos son de todos y de todas. Espero que si en algún momento tienen
que recurrir a ello, lo puedan hacer gracias a que hoy vamos a dar un
paso para avanzar, para estar orgullosos de nuestro país, para poder
seguir siendo referente en materia de derechos a nivel internacional y,
desde luego, para que la España que se consolide sea la España de las
libertades y la España en la que nadie puede imponer su moral a los
demás. Durante demasiadas décadas, en nuestro país vivimos una imposición
de la moral de unos pocos a la mayoría de la población y hoy España se
parece muy poco a los que quieren que volvamos a hace cincuenta años y se
parece mucho más a quienes quieren que esas libertades prevalezcan. Hoy,
sin duda, damos un paso adelante en esa dirección y, por lo tanto, creo
que es un día para celebrar.


Muchísimas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos,
tiene la palabra el señor Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes otra
vez.


Eu, en griego clásico, como ustedes saben, es bueno, buena, y thanatos
es muerte. Y nos vamos a remitir a los clásicos porque este es un debate
universal, este es un debate desde que el mundo es mundo.


Cicerón considera la eutanasia como una muerte digna, honesta y
gloriosa. San Agustín y Santo Tomás de Aquino eran contrarios, sin
embargo, a ella. Hipócrates se opuso a la eutanasia porque para él,
fundamentalmente, el verdadero bienestar es el del paciente; reconoció
que se podía violar fácilmente este bienestar y por ello hizo que los
médicos se comprometieran éticamente con el denominado juramento
hipocrático: ...y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque este me lo
pida —esto figura en el juramento hipocrático—. Séneca, por
contra, dice que es al hombre a quien corresponde decidir libremente
sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo;
es preferible, añade Séneca, quitarse la vida a una vida sin sentido y de
sufrimiento. (Rumores).


Miren, este es un debate de largo, larguísimo recorrido —como
decía, es tan largo prácticamente como el mundo—, y hay opiniones a
favor y en contra, opiniones doctas, no me refiero al ruido, opiniones
con fundamento a favor y en contra, y no se puede polarizar el debate, no
se debe polarizar el debate entre buenos y malos. Y, además, como se
decía aquí esta mañana, se ha hurtado un debate social sano. No hay
verdades absolutas, este es un debate sano, un debate al que nos
deberíamos haber enfrentado con valentía, haberlo abierto y haberlo
puesto encima de la mesa. Yo escucho a mucha gente que está a favor y
tiene sus posicionamientos, tiene sus doctrinas, tiene sus argumentos, y
luego a gente, con criterio también, que puede estar en contra, y yo
puedo entender a unos y a otros. Pero este, señorías, es un debate de
legislatura, esta podría ser una ley de legislatura y no una ley de un
cuarto de hora, como prácticamente ha sucedido, porque es una ley que se
ha tramitado prácticamente en un cuarto de hora. Por tanto, resulta
desolador que la calidad normativa sea francamente escasa.
(Rumores).


Resulta que para la eutanasia te preguntan: ¿cómo quieres morir, te
tomas las pastillas o te ponemos la medicación? El gran invento del
Partido Socialista en este caso es la autoeutanasia ¿Qué quieres: el polo
de fresa —permítaseme la broma— o el de limón? (Rumores). En
Oregón, una tercera parte de las personas que se llevan las pastillas a
casa luego no las toman. No tiene nada que ver con la realidad.


Señorías, plantea dudas que una comisión de garantías lo evalúe antes.
¿Dónde están los criterios uniformes? (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, perdone un
momento.


Quisiera llamar a todos a bajar el tono, porque ha venido
incrementándose en contra de la capacidad que tiene el interviniente para
hacerse oír.


Muchas gracias.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


¿Las decisiones van a ser uniformes? ¿Se van a tomar las mismas
decisiones en el País Vasco que en Andalucía? Si la comisión la nombra el
gobierno autonómico, imagínense un gobierno de Vox y un gobierno de
Bildu, ellos eligen a los miembros, ¿va a haber un criterio
uniforme?


En esta ley se tenía que haber hablado, consensuado, dialogado,
discutido, igual se podría haber llegado a puntos comunes, seguro, pero
ha faltado diálogo, ha faltado debate, ha faltado consenso, ha faltado
disenso, porque ni siquiera se ha discutido. Además, ha faltado,
obviamente, contar con la sociedad civil, con la que no se ha contado,
con la sociedad civil no se ha contado absolutamente. Y, además —en
este sentido van muchas de nuestras enmiendas—, esta ley es
sumamente mala para la discapacidad. Como he dicho, no ha habido diálogo
con la sociedad civil, no se ha llamado a comparecer a nadie en una ley
tan importante, no se ha escuchado al Comité de Bioética...


Y volviendo a la discapacidad, el artículo 3 recoge la expresión
imposibilitante. Pues bien, tal y como está redactado el actual texto de
la proposición, supone un perjuicio serio para las personas con
discapacidad. Esta expresión, esta palabra, imposibilitante, estigmatiza
a las personas con discapacidad y la consecuencia es que esta ley no está
acorde con los mandatos, valores y principios de la Convención
internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Sí,
señorías, imposibilitante, estamos hablando de un señalamiento, un
señalamiento a todas las personas con discapacidad. Y yo les pregunto,
¿no son muchas veces las condiciones que nos propone el Estado las que
nos abocan a esto? Imposibilitante, señorías, no aporta nada, confunde y
señala. Un informe del Instituto de Derechos Humanos Gregorio
Peces-Barba, de la Universidad Carlos III, nada sospechoso de derechoso
este instituto, habla de situaciones de sufrimiento físico o psíquico que
la persona considera insoportable y pide quitar el término
imposibilitante. El PSOE abanderó la Ley de la dependencia y ahora una
situación de dependencia, señorías, se considera descartable. Pide
literalmente este informe suprimir el término imposibilitante en todo el
articulado, ya que, además de ser un término sumamente impreciso, no
añade nada relevante y podría relacionarse con la discapacidad.


Señorías, triste, triste, una ley de legislatura, un debate de
legislatura, un debate desde el principio de los tiempos, se ha
sustanciado pasando el rodillo, pasando la apisonadora, no se ha
dialogado, no se ha consensuado, no se ha debatido y, como he dicho
antes, se ha sustanciado en un cuarto de hora. Porque ustedes pretenden
—como se ha dicho esta mañana, como ustedes han dicho aquí—
que sea la ley del PSOE, ustedes pretenden que sea la ley Luisa Carcedo,
y así lo han vendido aquí esta mañana. Yo he estado en todo la
tramitación y, por coherencia, le voy a ser sincero: estoy muy enfadado,
estoy muy indignado por cómo se ha llevado; realmente, se han pasado los
trámites y el del Senado directamente nos lo podíamos haber evitado,
porque ha sido un auténtico cachondeo, es una ley con muchísimas prisas y
sin deliberar.


Ciudadanos ha anunciado que va a votar a favor, pero yo, personalmente,
respetando mucho el anuncio de mi partido, lo siento, pero no lo termino
de ver.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda número 87, del Grupo Vasco, tiene la
palabra la senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.


Cuando esta ley llegó al Senado, vimos con sorpresa que había
desaparecido el uso desdoblado del lenguaje, es decir, donde antes ponía
el y la paciente, o persona usuaria, por ejemplo, solo aparecía el y los,
y nunca ella o las, y parecería lógico subsanar esta cuestión de oficio,
casi como una corrección técnica. Pero como no sucede así, hemos tenido
que presentar una enmienda que pide la revisión del texto en cuanto al
lenguaje no sexista.


La verdad es que la sorpresa fue mayor al ver que esta clara involución
venía del informe de los letrados —digo «los» porque así lo firman,
no sé si hay letradas o no— de la Comisión de Justicia del
Congreso, que en su observación 4.2 entienden que el uso del lenguaje
desdoblado es contrario a las reglas de la RAE, que considera que el
circunloquio es innecesario y que alarga la extensión de la ley
innecesariamente; que el género no marcado en castellano es el masculino
y que cuando se dice todos los chicos, chicas, estad tranquilas porque
estamos todas incluidas.


Con todo el respeto, la Real Academia generalmente suele ir por detrás
del uso social. Porque, fíjense, si yo ahora dijese que voy a pasar un
finde distópico con un friki vigoréxico y derechoso, estaría hablando
correctamente, pero la utilización de un lenguaje no sexista es
innecesaria y contraria a la norma. Es, cuando menos, chocante. Además,
es que la RAE queda por encima del legislador, que realmente no sé ni por
qué ni para qué aprobó, entre otras cosas, por ejemplo, la Ley orgánica
de igualdad.


Este punto del informe de los letrados nosotros no podemos considerarlo
como una observación técnica, sino como una declaración ideológica. Y,
bien, en el Congreso los grupos no se dieron cuenta de esta parte del
informe y quedó incorporado al texto remitido, pero creo que podemos
subsanarlo perfectamente aquí en el Senado. Como Cámara de segunda
lectura, es nuestra función reflexionar, reconsiderar y tenemos
posibilidades de modificar, y creemos que es necesario subsanar un error
que no debiera haberse producido. En el caso de que la dificultad de
algún grupo pudiera ser que con esta ley se modifica el Código Penal, que
no utiliza lenguaje desdoblado, yo creo que sería muy sencillo poder
llegar a un acuerdo.


El uso del lenguaje no sexista no es opcional, es un compromiso de casi
todos los grupos y partidos, es un compromiso de esta Cámara, es lo que
demanda la sociedad y es lo que exige la ley. No podemos estar el lunes 8
reivindicando y no actuar el miércoles 10 (Aplausos), permitiendo que un
texto legal salga de esta Cámara con un uso del lenguaje discriminatorio
e inaceptable.


Por todo esto, pedimos el apoyo de los grupos a esta enmienda.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


Para la defensa de las enmiendas de Esquerra Republicana-EH Bildu, 1
a 9, 254 a 256, 258, 259, 262 y 263, tiene la palabra la senadora Castel
Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidenta.


Nosotros hemos presentado dieciséis votos particulares, aparte de las
enmiendas transaccionales que conseguimos acordar con el Grupo
Socialista. La primera enmienda trata de la mayoría de edad. Nosotros
entendemos que hay que garantizar el derecho a la prestación, de hecho
tiene como objeto garantizar el derecho a la prestación en los términos
del Real Decreto Ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud, porque entendemos que el requisito de la mayoría de
edad no está justificado.


Hay otro grupo de enmiendas, la 2, la 3, la 5 y la 8, que intentan
evitar trabas burocráticas que dificulten el proceso de acceso y, por
tanto, circunscribir la necesidad de evaluación y control únicamente en
los casos de menores de edad y enfermedades de salud mental. En ninguna
otra ley de eutanasia se imponen dichos controles previos. Por lo tanto,
se propone la supresión de esta regulación pormenorizada para permitir el
desarrollo normativo por las comunidades autónomas, de conformidad con el
reparto competencial. La competencia sobre la coordinación general de la
sanidad atribuida al Estado presupone que hay algo que debe ser
coordinado; la existencia de competencias de las comunidades autónomas en
materia de sanidad, competencias que son del Estado, presupone que el
Estado al coordinarlas debe respetar, y esto lo dicen las diferentes
sentencias del Tribunal Constitucional. El redactado propuesto por
nuestras enmiendas se acomoda mejor a la distribución competencial entre
el Estado y las comunidades autónomas con competencias en sanidad, como
Cataluña, les Illes Balears o la Comunitat Valenciana.


En cuanto a la enmienda número 4, tal como está el redactado no se
regula el significado del silencio administrativo en ese estadio del
procedimiento. Por tanto, proponemos que transcurridos esos quince días
naturales sin recibir respuesta el paciente deba entender que su
solicitud ha sido aceptada. Así pues, silencio positivo.


Las enmiendas números 6 y 9 se refieren a permitir el desarrollo
normativo por las comunidades autónomas. Se propone un redactado más
amplio para permitir, como digo, ese adecuado desarrollo normativo por
parte de las comunidades autónomas, de conformidad con ese reparto
competencial.


La enmienda número 7 persigue establecer la obligación legal de
prestación directa de la prestación por la sanidad pública con exclusión
de otra modalidad u oferta de servicios privados. Pretendemos evitar,
pues, esa privatización de la muerte y, por lo tanto, excluir esos
centros privados, dejando solamente a la sanidad pública o
concertada.


Hay otro grupo de enmiendas relativas a la incorporación de las
facultativas enfermeras; son las enmiendas números 254, 255, 258, 259
y 263. Entre otras cosas hablamos de la administración directa al
paciente, y en este caso queremos incorporar médico o enfermera. E
incluso en una enmienda se adiciona la definición de enfermera referente,
que es la que presta esos cuidados integrales dirigidos al paciente y a
la familia y que coordina junto con el resto del equipo multidisciplinar
la asistencia sanitaria del paciente durante todo el proceso asistencial.
Entendemos que en una situación de eutanasia y/o de suicidio asistido es
preciso verificar todas las garantías del procedimiento, y una enfermera
que conoce la situación por la que puede pasar una persona al final de la
vida puede facilitar la adopción correcta de decisiones. Este es, como
digo, el bloque de incorporación de las facultativas enfermeras en esta
ley.


Finalmente, las enmiendas números 256 y 262 tratan de la protección de
datos. Queremos adicionar un nuevo artículo al final del Capítulo I para
la protección de datos de carácter personal, de forma que el tratamiento
de la información de carácter personal que se realice como consecuencia
del desarrollo y aplicación de esta ley se haga de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de esos datos, y a lo dispuesto en la Ley orgánica
de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.


Por otro lado, entendemos que la proposición de ley regula el ejercicio
del derecho a la objeción de conciencia, incluyendo la creación de un
registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Y el
ejercicio de este derecho no puede, por definición, permanecer en la
esfera íntima del sujeto pues trae causa en la exención del cumplimiento
de un deber. Siendo el registro de profesionales sanitarios objetores de
conciencia un tratamiento con una finalidad de marcado carácter
ideológico, es necesario legitimar el mismo al amparo del reglamento que
antes he mencionado, de la Unión Europea. Por tanto, es necesario
establecer que el tratamiento se realiza por razones de un interés
público esencial, pero estableciendo medidas específicas para proteger
los intereses y los derechos fundamentales de los profesionales
sanitarios. Un registro sin las debidas garantías puede conducir a la
discriminación indirecta o a un impacto desigual y llegar a producir un
efecto discriminatorio sobre el personal sanitario al desalentar el
ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia.


Estos eran los objetivos de las enmiendas 256 y 262, que, sin embargo,
no ha aceptado el Grupo Socialista.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Plaza
Martín para la defensa de las enmiendas 89 a 131.


El señor PLAZA MARTÍN: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.


Una vez expuesta en dos intervenciones muy brillantes, por las que
quiero empezar felicitando a mi compañero, Antonio Román, la defensa del
veto y también la propia posición del Grupo Popular, me cabe el honor de
defender las enmiendas que presentamos a esta proposición de ley orgánica
de regulación de la eutanasia, enmiendas que lógicamente doy por
reproducidas en los términos expuestos esta mañana en el hemiciclo.


No obstante, es necesario significar lo que supone el denominador común
de nuestras enmiendas. Nosotros planteamos una ley orgánica para
garantizar —lo quiero subrayar— el derecho de acompañamiento
al final de la vida y de cuidados paliativos, lo que a nuestro juicio es
enormemente diferente de su propuesta. Se han presentado cuarenta y tres
enmiendas en bloque por el Grupo Popular, primero, para preservar la
salud, segundo, para preservar la vida de los pacientes españoles, y
tercero, para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios en
el desempeño de sus funciones. Proponemos así la defensa del derecho a la
vida —queremos que esto quede claro: la defensa del derecho a la
vida— y, desde luego, el rechazo a un inexistente derecho a
morir.


Vamos a apoyar las enmiendas de Vox, también algunas de Ciudadanos y de
algunos grupos políticos incluso ideológicamente en las antípodas de
nuestro pensamiento. Pero nos parece que esta ley, como viene diciéndose
a lo largo de esta mañana, tiene que ser mejorada; indudablemente, tiene
que ser mejorada. Los términos en los que ustedes presentan esta ley van
contra el artículo 15 de la Constitución española, vulneran el derecho a
la vida, y van contra la Convención de Oviedo de 1997, donde se reconoce
el valor superior de la dignidad humana y se protegen los derechos
humanos. Y lo que me gustaría significar también en este punto del debate
es que, como se ha venido diciendo a lo largo de la mañana, estamos
despenalizando, retirando de nuestro Código Penal algo muy importante, y
cualquier cambio significativo, trascendental en el Código Penal debe
hacerse con calma, con tranquilidad, con sosiego, pero, sobre todo, con
un debate abierto a la sociedad y al consenso, algo que indudablemente ha
faltado en esta ley.


Nosotros creemos en la necesidad de legislar los derechos y las
garantías que aseguren la aspiración de fallecer dignamente, con todos
los significados que ello conlleva. Nosotros creemos en los cuidados
paliativos, pero así, no; así no se puede hacer. Esta es la peor forma de
hacerlo, primero, porque la tramitación de una ley orgánica, y esta
indudablemente lo es —lo quiero recordar—, no puede tener
atajos. Estamos hablando de una tramitación como proposición de ley que
hurta el debate de expertos y, en definitiva, de gran parte de la
sociedad. Estamos hablando de que las dos ponencias que se han
desarrollado —con escaso éxito, diría yo, y hasta en algunos casos
con malas formas también, porque la cortesía parlamentaria obliga a
ofrecer transacciones pero nos hemos encontrado en unas ponencias con las
transaccionales prácticamente hechas— fueron seguidas de una
comisión extensa en los debates, eso sí, pero a los que se podría haber
dado muchísima mayor profundidad. Y todo esto ha hurtado una posibilidad
fundamental. Pero además estamos tratando de un tema muy delicado: del
derecho a la vida, y ustedes lo hacen, y me refiero directamente al Grupo
Socialista, sin los debates suficientes, sin el consenso social
suficiente y sin la tramitación adecuada. Lo hacen de alguna forma por la
puerta de atrás.


Por ello, nuestras enmiendas pretenden dar una certeza jurídica a los
cuidados paliativos, pero también dotar a los profesionales sanitarios
del apoyo, información y herramientas necesarias, velando por esos
cuidados paliativos. Y, sobre todo, y por encima de todo, pretenden dar
respeto a la dignidad del paciente. Defendemos el derecho a una
información asistencial completa, clara y comprensible.


Por todo ello, señorías, defendemos ese derecho a la vida, con el
rechazo a tramitar una proposición de ley que prioriza un inexistente
derecho a morir y da muestras de insensibilidad social y sanitaria ante
una crisis, como la que padecemos, de salud pública que ha generado miles
de muertos. El Grupo Popular defiende estas enmiendas con el objeto de
favorecer la preservación de la salud, la vida de los pacientes y la
seguridad de los sanitarios, como antes dije. Y quiero añadir otro punto
más: incluso queremos crear la seguridad jurídica que el ordenamiento en
el Código Penal debe tener, queremos también que esa claridad llegue a
que la interpretación que en su día tengan que hacer los jueces sobre
cualquier acción sea clara y precisa. Y esta ley adolece de eso.


El ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten
de una vida digna y también debe asegurar que todas tengan derecho a
morir con esa misma dignidad. Seguramente en esta frase estaremos de
acuerdo en muchas cuestiones, pero ustedes lo están haciendo mal,
senadores del Grupo Socialista; están ustedes hurtando la posibilidad de
un debate fundamental. Quiero reproducir la pregunta que mi compañero,
Antonio Román, ha hecho hace unos minutos. ¿Por qué no plantean una
reforma mucho más abierta, una reforma constitucional para tratar este
asunto? ¿Les faltan apoyos? Pues búsquenlos en un consenso sosegado,
pausado y que nos lleve a un debate a larga distancia, no de una forma
imprecisa, de una forma injusta, como también se ha dicho en el día de
hoy, o de una forma precipitada. ¿Por qué tanta prisa?


En la comisión que celebramos sobre este asunto hubo una frase del
portavoz Oleaga que a mí se me quedó grabada. Dijo algo así como que hoy
debatíamos un derecho que ya no se cambiará. Bien, nadie tiene una bola
de cristal para adivinar eso, pero si es así, si eso es de lo que ustedes
están convencidos, ¿por qué lo hacen con tanta precipitación? Si ustedes
piensan que esta modificación del Código Penal, que esta modificación de
tantas y tantas cuestiones de nuestra sociedad es importante y va a tener
el alcance de no cambiarse nunca más, ¿por qué lo hacen de una forma tan
precipitada? En el fondo creo que se trata, como también se ha dicho, de
una ley ideológica para dar cumplimiento a una agenda ideológica y para
sacar un titular enorme que sirva al Partido Socialista de refuerzo ante
alguien, ante esa parte del Gobierno fundamentalmente que es el Gobierno
dentro del Gobierno. Pero estamos hablando de cambios sustantivos, de
cambios importantes, y esto no se puede hacer así. Nuestras enmiendas son
lógicas, se plantean hacia ese sosiego y, desde luego, queremos
transmitirles que esas prisas no son buenas consejeras, y menos hablando
de modificaciones de Derecho penal, hablando de modificaciones sanitarias
y, por supuesto, y por encima de todo, hablando de modificaciones del
derecho a la vida en nuestro país.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Para turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la
senadora Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta es una ley que obtuvo un respaldo mayoritario en el
Congreso de los Diputados, y con el objetivo de mantener ese alto nivel
de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto cinco enmiendas
transaccionales que recogen el espíritu de algunas de las iniciativas de
otros grupos parlamentarios. Esas cinco propuestas han alcanzado un alto
grado de apoyo y han quedado incorporadas al dictamen que hoy vamos a
someter a votación. Igualmente, los diferentes grupos hemos conseguido
acordar otras dieciséis enmiendas que trasladan las diferentes posiciones
políticas sobre esta ley. Esta ley nace con el objetivo, no solo de
despenalizar, sino de regular un nuevo derecho civil, siendo
extremadamente garantista y, como dije antes, estando cargada de
humanidad.


Me gustaría explicar brevemente el sentido de las enmiendas
transaccionales planteadas por mi grupo. Estas tienen como objetivo
mantener el máximo consenso durante los trabajos que estamos llevando a
cabo, que ha sido la tónica general tanto en el Congreso de los Diputados
como aquí, en esta Cámara. La primera es relativa al artículo 3 b), con
el objetivo de despersonalizar la definición de padecimiento crónico,
grave e imposibilitante que se refiere a la situación de la persona. De
esta manera damos solución a numerosas propuestas de enmienda que
mostraban la necesidad de clarificar esta cuestión tras la nota no
vinculante emitida por el Comité sobre los derechos de las personas con
discapacidad, de Naciones Unidas. Quiero hablar claro: esta ley no
estigmatiza a ningún colectivo. No quieran embarrar, señorías de la
derecha.


Hemos introducido también una segunda enmienda relativa al artículo 17
para que la comisión de garantía y evaluación, que debe existir en cada
una de las comunidades autónomas y también en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, cuente con un número mínimo de siete miembros, entre los
que se incluirá personal médico, de enfermería y juristas. Con esta
modificación queremos reconocer de forma expresa en la ley la importancia
del personal de enfermería, un colectivo profesional indispensable en la
prestación de cuidados de excelencia y en los procesos de enfermedad y de
acompañamiento en el final de la vida; la enfermería, un grupo humano que
constituye el hombro amigo, el puente con los familiares, compasivo y
comprensivo, que humaniza y acompaña en los momentos más duros de la
enfermedad y el padecimiento.


Otra modificación importante que hemos introducido es que la comisión
de garantía y evaluación deberá crearse y constituirse en el plazo de
tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la ley.
Con ello garantizamos que no haya desajustes entre el nuevo derecho que
entra en vigor y la capacidad de respuesta de las administraciones para
hacerlo efectivo.


En tercer lugar, hemos incluido dos enmiendas transaccionales para
clarificar procedimientos y dar más seguridad y certidumbre en lo
referente a los plazos, tanto para la persona solicitante como para los
profesionales implicados en el proceso. Buscamos así la máxima garantía
para el paciente, para que sea respetada su voluntad, y también
pretendemos proteger a los profesionales para que puedan adoptar sus
disposiciones con una seguridad plena.


Además, planteamos una serie de correcciones técnicas para esclarecer
que la prestación formará parte de la cartera común de servicios del
Sistema Nacional de Salud. Esta redacción se adecúa al vigente artículo 8
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud.


Por último, hemos reforzado el texto en lo relativo a la protección de
la intimidad y la confidencialidad para extremar la protección y la
custodia de las historias clínicas electrónicas.


Señorías, todos y todas hemos renunciado a parte de nuestros postulados
iniciales en aras de un consenso, y el texto actual recoge tantas
aportaciones y tan diversas, que todos los grupos parlamentarios, o al
menos la mayoría, podemos sentirlo como propio. En conclusión, y para que
quede meridianamente claro, fruto de este esfuerzo de entendimiento hemos
mejorado el texto, y el proceso resultante sería el siguiente. Una
persona por su propia voluntad, libre de presiones externas, sean o no
familiares, y en el ejercicio exclusivo de su libertad, solicita la
prestación de eutanasia. Su petición es evaluada por un equipo sanitario
a la cabeza del cual estará el médico responsable, que será el que
determine si se dan las condiciones y los requisitos exigidos en la ley.
Y se inicia un proceso deliberativo con quien solicita la prestación de
ayuda para morir, informando de toda la gama de medidas que el sistema
pone a su disposición. Se crea una comisión cuya composición tendrá
carácter multidisciplinar y en la que se integrarán profesionales
sanitarios y juristas, que actúa antes de la realización de la prestación
de ayuda para morir realizando una verificación previa y, con
posterioridad, verificando si la prestación de ayuda para morir se ha
realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley. En todas
las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
se constituirá tal comisión de garantía y evaluación, que revisará uno a
uno todos los expedientes para comprobar que se cumplen todos los
requisitos que estipula la ley. Si se rechazase la petición, cabe un
recurso. Y todo este procedimiento, dentro de unos plazos
previstos.


Debe quedar claro que quien solicita la prestación puede revocarla en
cualquier momento de la tramitación. Además, las administraciones
sanitarias deberán habilitar los mecanismos oportunos para dar la máxima
difusión a la ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en
general, de manera que han de facilitar la información para el ejercicio
por los profesionales del derecho a la objeción de conciencia y deberán
coordinar también la oferta de formación continua específica sobre la
ayuda para morir, que deberá considerar tanto los aspectos técnicos como
los legales para garantía y conocimiento de los profesionales sanitarios.
Todos estos elementos, señorías, se unen a un texto inicial
extraordinariamente garantista que resiste cualquier comparación con
legislaciones de otros países. Este es el acuerdo al que hemos llegado y
que sometemos a votación de esta Cámara. Ya sabemos que hay aspectos no
contemplados, pero estamos hablando de un primer gran paso.


Concluyo, señorías. Hoy es un día histórico en nuestro país porque
gozamos de un nuevo derecho, porque los ciudadanos y las ciudadanas van a
tener aseguradas más libertades y porque con esta ley nos convertimos en
un país más justo, que hace suyo el padecimiento de todos y todas y que
desea dejar atrás el sufrimiento injusto e innecesario.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Empezamos el turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor
Sánchez-Garnica Gómez.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, para el Partido Aragonés las personas son el centro de toda
su acción política, de su razón de ser. Creemos en el respeto a los
derechos individuales y en la necesidad de protegerlos, impulsarlos y
garantizarlos. El derecho a vivir es uno de esos derechos; debe
protegerse y garantizarse. Sin embargo, no podemos imponerlo, sino
respetar a quien de manera voluntaria, libre y consciente en
circunstancias excepcionales decida ejercerlo. Por eso, en este caso,
teniendo en cuenta la sensibilidad que suscita algo tan esencial para las
personas, el Partido Aragonés, como organización política, no puede
imponer un criterio único en un sentido o en otro, sino que ha acordado
la libertad de voto. Por respeto a quienes por su conciencia y creencias
no comparten que la eutanasia sea un derecho individual y también por
respeto a quienes su conciencia les permite pensar lo contrario, el
Partido Aragonés se va abstener.


Ello no obstante, quiero dejar constancia de mi posición personal. En
primer lugar, creo que el derecho a no vivir es un derecho individual que
no se debe delimitar, sino respetar. Tampoco se puede imponer. En segundo
lugar, el contenido de la ley ofrece garantías, medios y mecanismos
suficientes para proteger la voluntad individual de las personas que, en
un momento dado, en circunstancias extremas de salud y deterioro personal
deciden renunciar por dignidad a no seguir viviendo.


Esta es la posición del Partido Aragonés y la del senador que les habla
en particular. Gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, como dije en mi anterior intervención, en Vox defendemos la
dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no
traicionaremos a los españoles defendiendo una cosa y haciendo otra.
Pondremos todo nuestro esfuerzo para que no conviertan a España en el
paraíso de la muerte. Siempre nos tendrán enfrente, defendiendo la
dignidad de todas y cada una de las vidas, la humanización y la
dignificación del final de la vida humana, aliviando el sufrimiento y
acompañando al enfermo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS:






Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, muy buenos días. Desde el punto de vista de Unión del Pueblo
Navarro es inconcebible que una ley que posibilita nada más y nada menos
que la muerte se haya tramitado sin querer escuchar a las personas y los
colectivos directamente afectados. También se ha silenciado
intencionadamente a los profesionales sanitarios que tienen que aplicarla
y a aquellos expertos que por su conocimiento y experiencia tienen mucho
que decir en la materia.


Señorías, ¿por qué no se han aceptado las propuestas de Unión del
Pueblo Navarro y de otros grupos para las comparecencias de esos
colectivos y expertos en la Comisión de Justicia? ¿A qué se tiene miedo?
¿Por qué se les cierran las puertas? Si tan clara tienen la idea y tienen
sus posturas definidas y firmes, ¿por qué no dejan el debate, y más aún
en una Cámara democrática, como es el Senado español? ¿Por qué se tiene
miedo a que personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, con
cáncer, profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, de
la psiquiatría, expertos, juristas, miembros de comités bioéticos, den
aquí su opinión? ¿Quizás porque vayan a discrepar de las formas en las
que se ha tramitado la ley? ¿Quizás porque la mayoría de ellos está en
contra del propio fondo y de la regulación de la eutanasia que supone
esta proposición de ley?


Señorías, aquí se ha hablado de demanda social, de encuestas
sociológicas, como si no importase cómo y qué se pregunta. Pero es que
esas mismas encuestas nos llevarían a tomar otro tipo de decisiones, por
ejemplo, nada más y nada menos que a suprimir el Senado. ¿Están ustedes
de acuerdo? ¿Van a traer esa iniciativa a esta Cámara? También se ha
hablado de que hay que avanzar en los derechos sociales, e incluso se han
vinculado esos cambios única y exclusivamente a determinadas ideologías o
formaciones políticas; y entre ellas querían introducir el derecho a la
eutanasia. Que no, señorías, que no; que el derecho a la muerte no
existe. Lo que es y será es el derecho a la vida, como así ampara la
propia Constitución española. Modifíquenla si no están de acuerdo. Pero
es que, además, la eutanasia no es un derecho que se pueda exigir. El
propio filósofo Gustavo Bueno dice que es una contradicción el afirmar
los términos del derecho a la muerte. El derecho es algo positivo, algo
que debe amparar y respetar los bienes y los intereses de las personas.
Por un lado, el Estado, las administraciones públicas deben proteger el
derecho de los ciudadanos a salvaguardar sus vidas y, por otro —es
una evidencia—, un deseo no puede o no tiene por qué convertirse en
un derecho. Por lo tanto, las administraciones públicas lo deberán tener
muy claro.


Por otra parte, por unas cuestiones concretas y unos casos concretos no
se puede legislar de forma o con una norma generalizada.


El otro día en la Comisión de Justicia, y hoy aquí, en esta sesión
plenaria, se ha afirmado incluso que existe un derecho a la
autodeterminación del individuo. Si eso fuese cierto, señorías, ¿por qué
se obliga a la participación como mano ejecutora de terceras personas?
Por cierto, se habla de un médico responsable, se habla de un médico
consultor, pero no se dice quién es la persona que va a facilitar,
administrar o inyectar la sustancia letal al enfermo. Y si fuese una
cuestión de autodeterminación, señorías, ¿por qué no dejamos que cada uno
haga lo que quiera? ¿Por qué se ponen límites en esta normativa? Cada
uno, como digo, que haga lo que quiera con su vida, incluso si quiere
someterse a la esclavitud por parte de otros.


Por otro lado, señorías, ¿dónde queda la seguridad jurídica de la
norma? Algunos portavoces han dicho, y tienen toda la razón, que por qué
se ha actuado con premeditación y alevosía a la hora de presentar una
proposición de ley que no va a garantizar la seguridad jurídica de la
norma; porque así se ha querido y se ha pretendido, como digo, con
premeditación y alevosía. ¿Por qué se ha tramitado como una proposición
de ley y no como un proyecto de ley? Se ha hecho para evitar los
preceptivos informes, incluso del propio Consejo General del Poder
Judicial, que hubiesen dado seguridad jurídica a la norma o quizás
hubieran ido en contra de lo recogido en la propia iniciativa.


Además, señorías, hemos tenido que escuchar que la eutanasia es una
muerte digna. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de muertes no son dignas? ¿Por qué
no nos preguntamos qué pasa en este país con aquellos enfermos crónicos
que tienen enfermedades incurables, irreversibles, pero que quieren
seguir viviendo sin dolor, sin sufrimiento, con el acompañamiento debido
y con las necesidades pertinentes cubiertas?¿Por qué no nos hacemos esa
pregunta? Porque la respuesta, tristemente, es que en España la cobertura
de cuidados paliativos es de un 50 %, por lo que con 150 000 personas
enfermas con enfermedades incurables, irreversibles y en fase terminal
estaríamos hablando de que 75 000 no tienen la oportunidad de morir en
paz. Por cierto, ¿cuántas de esas personas que mueren en España en esas
condiciones han tenido acceso a las prestaciones sociales que sí son un
derecho? ¿Dónde está la Ley de dependencia, señorías? ¿Qué pasa con
las 3539 personas que fallecieron, por ejemplo, en el año 2018 a
consecuencia del suicidio y con las miles y miles que lo intentaron? ¿Han
sido atendidas correctamente por las administraciones? Y no me refiero
única y exclusivamente a temas de salud mental, sino también de educación
o de servicios sociales. ¿Cuántas de las personas que dicen que quieren
morir lo hacen porque no quieren ser una carga física, emocional y
económica para sus familias? Una vez más, por desgracia, en contra del
criterio que hemos escuchado esta mañana aquí, los más vulnerables de la
sociedad volverán a ser los paganos de este tipo de situaciones. La
pobreza, la tristeza, la soledad, la falta de apoyo, de comprensión, de
cariño, de solidaridad, serán motivos más que suficientes para que muchas
personas en este país adopten medidas en las que en otras circunstancias
y con otras alternativas ni siquiera hubiesen pensado. Señorías, vamos a
ser uno de los pocos países occidentales que va a liderar y a establecer
la eutanasia, y a la vez vamos a ser de los países que estén en el vagón
de cola de los cuidados paliativos. Desde el punto de vista de Unión del
Pueblo Navarro es un contrasentido, un esperpento y también una
vergüenza.


Nos llama también la atención, aunque ustedes no lo quieran reconocer
así, que se haya tramitado una iniciativa que posibilita la muerte en la
situación de pandemia que estamos padeciendo, con decenas y decenas de
miles de fallecidos. Les guste o no les guste, esa es la realidad que se
está viviendo en nuestro país. Esa es la realidad. Y mientras ha habido
fundamentalmente personas mayores que no han podido acceder a los centros
hospitalarios con el famoso triaje, del que poco se ha hablado, mientras
se está enterrando a personas como no se merecen, aquí se está aprobando
una ley que posibilita la muerte. En Unión del Pueblo Navarro, señorías,
apostamos por la vida, en ningún caso apostamos por la muerte. No somos
partidarios de hacerle el trabajo sucio a la muerte. Hemos podido
escuchar que personas que están a favor de la eutanasia han cuestionado
aspectos fundamentales de la norma; e incluso también las discrepancias
que se pueden dar en los centros hospitalarios y en las comunidades
autónomas; cómo se puede llegar al turismo eutanásico; cómo también va a
depender de dónde se haga y se discrimine a personas con
discapacidad.


En definitiva, señorías, están aprobando una ley que apuesta por la
muerte y que va a convertir a nuestro país en una sociedad más
insolidaria, más débil, más desigual, más injusta, con una visión de la
persona enferma sin posibilidad de esperanza, de mejora, como algo inútil
y que solo genera problemas y gastos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Señorías, a estas alturas a nadie se le escapa que estamos ante una
proposición de ley orgánica de gran calado que, a pesar de estar presente
en las Cámaras desde hace décadas, aquí hemos tramitado con gran
celeridad, con una reunión de la ponencia a horas intempestivas, después
de dos largos y densos días de Pleno, ponencia que tuvimos que terminar
una hora antes de iniciar la comisión. Cierto es que esto para un senador
novato es lo habitual; lo hemos vivido en muchas de las leyes tramitadas
aquí: en esta legislatura lo vimos con la Ley de Presupuestos Generales,
con la LOMLOE, y esta misma mañana con las medidas urgentes para hacer
frente a la COVID. No voy a repetir las palabras de mi compañera, la
senadora Castellví, en su turno de portavoces, pero para ser justos debo
decir que al menos en esta ocasión se ha podido incorporar alguna mejora
y no podremos decir que el paso por el Senado haya sido un puro trámite,
solo podremos decir que ha sido un trámite deficiente. En Junts per
Catalunuya lo lamentamos. Lamentamos no haber podido debatir y
profundizar con la tranquilidad necesaria que requería una ley que no es
fácil en el gran gran número de enmiendas presentadas, muchas de las
cuales consideramos imprescindibles y que sin duda habrían hecho que hoy
trajéramos a esta Cámara la aprobación de una regulación mucho mejor. Por
eso, ya les anuncio que Junts per Catalunya va a apoyar muchas de las
enmiendas presentadas por otros grupos.


Señorías, como decía la senadora Ahedo en comisión, esta ley no es
perfecta, pero sí necesaria. Y este va a ser nuestro triste consuelo,
porque, a pesar de que las formas no han sido las mejores y que el fondo
es también muy mejorable, se hace evidente que ensanchará derechos de los
ciudadanos tratándolos como adultos, como debe ser en una sociedad madura
y avanzada del siglo XXI. Ojalá sea un punto de inflexión para
trasladarlo a otros ámbitos estatales.


Esta ley es el máximo exponente de la libertad sobre el bien más
preciado que tiene todo ser humano, la libertad en situaciones límite
para finalizar con su vida. Esta ley, como todas las leyes que han
abierto puertas a libertades, se ha encontrado de frente a la derecha
inflexible y a la extrema derecha desbocada. A veces me parece
incomprensible la tozudez de los que piensan que dar libertad es obligar
a. Se planteó con la Ley del divorcio, se planteó con el aborto, se
planteó con los matrimonios homosexuales, y parecía que se iba a obligar
al divorcio, a abortar, a los matrimonios homosexuales. Y aquí todos
sabemos que eso no ha sido así. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna
duda sobre cuál debe ser nuestra posición al respecto.


Y déjenme dirigirme a la derecha y a la extrema derecha como hizo el
diputado gironí Sergi Miquel en el Congreso, con las palabras del
reconocido psicólogo experimental Steven Pinker, que dice en su alegato
sobre la Ilustración: «Las religiones a veces chocan con el humanismo si
pretenden elevar su principio y su bien moral por encima del bienestar de
los humanos».


Esta es la lección que deberíamos tener todos en cuenta para centrarnos
en la libertad, en la dignidad y en los preceptos morales de cada uno.
Entendemos que esta es en gran parte la finalidad de esta ley, una ley
que tiene mucho que ver con el derecho a decidir, y ya saben del
compromiso de Junts per Catalunya con el derecho a decidir; con el
derecho a decidir de los pueblos, pero, sobre todo, con el derecho a
decidir de las personas. Y qué mayor exponente que la libertad de
decidir, en el marco de este debate, el futuro de lo único que realmente
es nuestro, de cada uno: nuestra vida.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
señor Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, una ley que regule las dos prácticas clínicas al final de la
vida que están aún sin regular, esto es, eutanasia y suicidio asistido,
es necesaria, y Geroa Bai apuesta por ello. Ya hablé en contra del veto
que propugnaban dos grupos, aunque también comenté que compartía alguno
de los razonamientos del Partido Popular. Es evidente que no comparto
algunos discursos apocalípticos que acabamos de escuchar aquí, porque los
datos de los países donde se ha despenalizado tanto una como otra
práctica rechazan completamente esos discursos, e incluso diría que
deseos apocalípticos.


Pero la verdad es que en nuestra opinión no se trata de que unos
defiendan la sacralidad de la vida por motivos religiosos y otros, la
calidad de la vida y la libertad por motivos ideológicos, no. El debate
sobre estas cuestiones va mucho más allá, tiene también implicaciones
antropológicas e implicaciones éticas; y pretender reducir las distintas
posturas ante una ley como esta a un enfrentamiento derecha/izquierda,
creyentes/no creyentes, progresistas/ conservadores es hacerlo desde
posicionamientos sectarios, monolíticos, de auténticos creyentes, de
personas sin dudas, sin matices. Pero, afortunadamente, la vida nunca es
así de rígida, ni las fronteras entre unos y otros planteamientos, de la
misma manera que tampoco lo son entre países. No se delinean con una
línea recta siempre clara. Todas las fronteras tienen su porosidad, esos
resquicios por los que afortunadamente nos adentramos y muchas veces nos
descubrimos a nosotros mismos.


He dicho que la ley adolece de claridad conceptual, y es que aún hoy
hay una enorme confusión terminológica entre profesionales sanitarios
respecto de las distintas actuaciones en el final de la vida: sedación
paliativa, limitación de tratamientos de soporte vital, eutanasia,
suicidio asistido. Los únicos que parecen tener los conceptos claros son
algunas y algunos senadores, señorías, y yo creo que tampoco. ¿Recuerdan
ustedes el caso de Inmaculada Echevarría, aquella enfermera
—insisto, enfermera— navarra de 51 años, afecta de distrofia
muscular progresiva que le condujo a una tetraplejia, que necesitaba de
ventilación mecánica? Pues bien, aquella enfermera, tras diez años
ingresada en el Hospital San Rafael de Granada, de la Orden de San Juan
de Dios, concertado con el Servicio Andaluz de Salud, pidió la eutanasia.
¿Recuerdan el revuelo que se armó? Fue necesario su traslado a otro
hospital por haber realizado esa petición. Su caso fue analizado por el
Comité ético de la Junta de Andalucía y por el Consejo Consultivo
andaluz, que concluyeron que lo que Inmaculada Echevarría pedía no era
eutanasia sino una LET, una limitación del esfuerzo terapéutico, y, por
tanto, dieron su visto bueno. La paciente fue sedada, se la desconectó
del respirador, y falleció el 14 de marzo de 2007. Insisto, era
enfermera.


Y me van a perdonar la cita, porque pienso que a algunas personas les
puede doler. Ramón Sampedro, que se convirtió en el más potente defensor
de la eutanasia, podría haber fallecido mediante limitación de
tratamiento de soporte vital y haber tenido una buena muerte, sin haber
tenido que fallecer de aquella manera que a mí me pareció tan horrorosa
debido a dos motivos: uno, su empecinamiento, y estaba en todo el derecho
de hacerlo así, en la defensa del derecho a la eutanasia, y dos, por la
ley, que impedía procurársela. Afortunadamente, ya el Tribunal
Constitucional dictó la Sentencia 37/2011, en la que dice que el
consentimiento informado del paciente es la mejor garantía para la lex
artis. Lo digo para que lo sepan todos.


Esa confusión conceptual persiste en muchos ámbitos profesionales, y no
digamos nada en la sociedad. Sin embargo, aquí estamos dispuestos a
aprobar esta ley y hacer que entre en vigor de manera inmediata, a pesar
de que algunos senadores me reconocían, y reconocen quienes aprobaron la
ley, que hace falta formar a los profesionales e informar a la
ciudadanía.


En mi intervención anterior he defendido algunas de las enmiendas de
Geroa Bai a este texto. He defendido que si la ley es aprobada o, mejor
dicho, cuando se apruebe —porque, a pesar de que está redactada, da
mucha pena cómo está redactada—, su entrada en vigor debería
retrasarse un año. Y entre los motivos para defender esta postura está el
reconocimiento de todo lo que hay que hacer para que su puesta en
funcionamiento cumpla lo que la propia ley exige. Son veinticinco tareas.
Si se aburren, díganmelo, y me saltaré algunas. Articulación de todo el
proceso en la historia clínica de todo el Sistema Nacional de Salud.
Aseguramiento de los medios y recursos de apoyo materiales y humanos,
incluidas medidas de accesibilidad y diseño universales, incluida la
adopción de las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que
puedan precisar las personas con discapacidad. Procedimiento para la
entrega por escrito de la información sobre el proceso médico, las
diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de
acceder a cuidados paliativos integrales y a las prestaciones que tuviera
derecho de atención a la dependencia para cada solicitante. Modelo de
certificación de la condición del solicitante por el médico responsable
que le cualifica para la solicitud. Protocolos de actuación para la
valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico
responsable emanados por el Consejo Interterritorial del Servicio
Nacional de Salud, necesarios para excepcionar el artículo 5.1 b), c) y
e), conforme al artículo 5.2 y a la disposición adicional sexta,
recurriendo a documentos de instrucciones previas, en su caso, y/o al
representante nombrado en las mismas. Modelos de documentos de
instrucciones previas para solicitud conforme a requisitos de esta ley.
Modelos de documentos de firmas de dos solicitudes voluntarias por
escrito o documento en representación rubricados potencialmente por un
profesional sanitario, que deben incorporarse a la historia clínica
separadas por al menos quince días naturales. Modelos de documentos de
revocación de la solicitud o aplazamiento de administración incorporado a
la historia clínica. Modelo de documento de reclamación ante solicitud
denegada.


Podría seguir, pero solo tengo diez minutos. Leeré unos pocos más.
Desarrollo del reglamento de orden interno de la comisión de garantía y
evaluación, ajustándose de manera transitoria las comisiones hasta
atenerse dichos reglamentos a las reglas establecidas en la sección
tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Modelo de informe anual
de evaluación. Manual de buenas prácticas elaborado por el Consejo
Interterritorial del Servicio Nacional de Salud para orientar la correcta
puesta en práctica de esta ley, para el que se da tres meses, los mismos
que para la entrada en vigor. Máxima difusión de información a
profesionales sanitarios y a la ciudadanía sobre la ley, sus supuestos y
la promoción de la realización de documentos de instrucciones previas.
Oferta de formación continuada sobre la ayuda para morir que deberá
considerar tanto los aspectos técnicos como los legales. Formación sobre
comunicación difícil y apoyo emocional.


Así, hasta veinticinco. Todos ellos necesarios para el estricto
cumplimiento de la ley. Malo sería que empezáramos con una ley que al día
siguiente de su entrada en vigor se estuviera saltando los criterios que
exige la propia ley.


Soy consciente. Lo hemos visto esta mañana, en un teatro que a mí me ha
parecido deplorable y deprimente. Cuando se apruebe definitivamente esta
ley habrá saltos de alegría de unos —lo hemos visto esta mañana;
¡qué horror!— y palabras apocalípticas de otros, sobre todo de
otros. Y, señorías, ni lo uno ni lo otro. Hoy habremos cumplido
parcialmente —digo parcialmente porque ustedes no han querido
incluir un derecho que todavía queda pendiente en esta ley— con
nuestro deber de legisladores, aceptando que no hay un derecho a la
muerte, aunque sí a disponer cada uno de su propia vida, que la vida es
el bien superior, que en ciertas situaciones se puede privar de la vida a
alguien o ayudarle a que uno mismo acabe con ella, pero que para hacerlo
es necesario un permiso de esa persona en sentido fuerte y que nadie
puede estar obligado a hacerlo en contra de su conciencia. Es mucho, sí,
pero es necesario. He de confesarles que siento un desencanto enorme.
Desde hace más de veinte años, como médico intensivista y como persona
dedicada a la bioética en el hospital en el que trabajaba y en
asociaciones de nivel estatal, he venido participando en foros y
escribiendo sobre la necesidad de regular por ley tanto la eutanasia como
el suicidio asistido, creciendo como persona. No ha sido fácil, aunque sí
muy gratificante.


Señorías, aprobar una ley sí o sí, de esta manera, sin mucha reflexión
ni mucha deliberación, es la mejor manera de ahondar en el desencanto
social con la política, con los políticos y con la democracia. Reason is
the soul of all law —la razón es el alma de toda ley—, como
luce en el frontispicio de la Corte Federal de Apelación del distrito
diez en los Estados Unidos. La política democrática no va solo de sumar
votos: va de comparar razones, de escuchar a todos los afectados por las
decisiones, de compartir certezas, miedos e inseguridades, de ir
construyendo hábitos del corazón e ir consensuando entre todas y todos un
horizonte común y mejor para todas y todos.


Se lo dije en comisión y lo vuelvo a repetir: tener la mayoría de votos
no implica tener las mejores razones ni ser quien más o quien mejor
defiende la dignidad de las personas o su libertad, entre otras cosas,
porque sin libertad no hay dignidad. Señorías, estamos a tiempo de hacer
una mejor ley. Está en su mano, señora Carcedo, señores y señoras
senadores y senadoras.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo
Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.


No tengo tiempo para la filosofía, así que no voy a hablar del sentido
de la vida, de qué es la vida en sí, de la dignidad. Voy a intentar
centrarme en esta ley, que, como bien señala alguna enmienda presentada,
obvia en su propio título cuestiones que luego intenta regular. Pero esa
es otra cuestión.


Ya que no se puede profundizar, porque en esta tramitación urgente no
ha sido posible y ahora, en diez minutos, es difícil también, voy a pasar
de forma esquemática por los puntos que mi grupo quiere destacar.


Primero. Por fin, después de varios intentos, parece que esta ley va a
ver la luz; una ley necesaria, una ley que reconoce el derecho al bien
morir y que supone realmente un paso más en esa transición que empezó
hace unos años, cuando pasamos de una asistencia beneficiente y
paternalista a entender que el paciente, que la paciente, como actor y
actora de su propia salud tienen derecho a tomar sus decisiones desde la
autonomía personal, desde sus propias creencias, desde el proyecto de
vida personal y desde la libertad.


Segundo. Hablamos de una cuestión que genera discrepancia. Claro, para
eso están las leyes, para regular las situaciones que producen conflicto.
Si no hay conflicto, ¿qué tenemos que regular? Pero no podemos hacer lo
del avestruz, como pretenden algunos grupos, porque el tema está aquí y
si está aquí es necesario y tenemos obligación de regularlo. Bien,
negacionistas hay para todo, pero es innegable que esta ley responde a
una clara demanda social, y les voy a dar solo un dato. La encuesta
realizada por Ipsos en 2018 muestra que el 85 % de los encuestados y las
encuestadas eran proclives a la regularización de la eutanasia. No sé si
un 85 % es un clamor o no, pero desde luego es un número
sustancial.


Tercero. Durante este doble debate que hemos llevado tanto
parlamentariamente como a nivel mediático se han oído muchas cosas que no
son ciertas y muchas medias verdades, que a veces son mucho peores, por
ejemplo, que se abre la caja de Pandora. Apocalíptico. Ahora va a haber
miles de inocentes abocados a una muerte temprana. Señorías, tener un
derecho no implica la obligación de ejercerlo. Eso, primero. Segundo, la
eutanasia es la excepción, y precisamente porque es la excepción deben
quedar delimitados los criterios de inclusión.


Todos y todas creo que entendemos la diferencia entre no quiero vivir y
no quiero vivir así, y por eso hemos de dotarnos de cuidados paliativos y
otros apoyos, cuidados de calidad, universales, que varias comunidades
autónomas tenemos ya regulados, y no sé si quienes hoy los defienden a
ultranza los tienen desarrollados allí donde gobiernan; o no sé si
gobiernan ya. Bien, eutanasia y paliativos son perfecta y necesariamente
compatibles, y despenalizar la eutanasia no significa en absoluto su
retroceso. No se puede —pero, sobre todo, no se debe—
establecer este dilema, porque no existe. Y lo saben.


Han dicho también que no se ha consultado a los y las profesionales,
pero curiosamente se asume lo que dice el Consejo General de Colegios de
Médicos, que tampoco tengo claro a quién ha consultado. El Colegio de
Médicos de Vizcaya, donde yo estoy colegiada, sí nos preguntó. Hizo una
encuesta y les voy a dar solo dos datos de los resultados: primero, solo
el 10 % de los encuestados pensaba que la eutanasia y el suicidio
médicamente asistido no debieran regularse y un 84 % estaba a favor del
derecho de objeción, pero solo el 28,27 % lo solicitaría. Creo que son
datos significativos, así que, oyendo esto, no tengo tan claro que el
consejo general nos represente.


Respondo a otra falacia. Defender el derecho a la eutanasia y defender
el derecho y el valor de la vida como derecho básico en el que se
sustentan todos los demás, no es incompatible, no es contrapuesto, no.
Esta ley despenaliza una práctica existente y una práctica demandada.
Regula, porque define el marco de actuación, es garantista para
profesionales y para pacientes, y responde a la necesidad de mitigar el
sufrimiento de quienes no tienen o no quieren otra salida. Evidentemente
que hay que ofertar otras salidas, pero hay quien no las tiene o quien no
las quiere. Es una ley que, desde luego, no nace perfecta, aunque también
debo decir que no es función de una ley ser una tesis de bioética; creo
que en eso estaremos todos de acuerdo. No nace perfecta, por ejemplo,
desde el momento en que la utilización del lenguaje invisibiliza a la
mitad de la población, aunque ya nos ha dicho la RAE que no nos
preocupemos, chicas, que quedamos concernidas por la ley. No nace
perfecta y ha tenido muchas enmiendas, que nosotros hemos visto
detenidamente. En el Congreso conseguimos transaccionar algunas y aquí se
ha podido llegar a otras. Algunas de las que han quedado vivas, y que se
han presentado hoy como vetos, nos han parecido interesantes y
consideramos que mejoran el texto, fundamentalmente, la referida al tema
de equipo, pues el equipo siempre es fundamental, y más en el proceso
final de la vida, y la referida al registro de objetores. Lo dicho, no es
perfecta, por lo que habrá que prestar atención a su desarrollo.


Cuando nacemos, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir,
y es una pena que esto sea tabú y es desconcertante que se nos reconozca
el derecho a decidir cómo vivir y no se nos quiera reconocer el derecho a
decidir cómo morir.


Voy acabando con algunas conclusiones de otro informe, porque hay más
informes que los que nos han presentado hoy aquí. Me refiero al informe
elaborado por la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi
—cuya lectura les recomiendo— que, entre otras cosas,
concluye: Estimamos moralmente aceptable la despenalización y
regularización legislativa de la eutanasia y el suicidio médicamente
asistido, en determinadas circunstancias y condiciones, y siempre que se
garantice la seguridad clínica y jurídica de pacientes y profesionales.
Se debe garantizar el acceso a los cuidados paliativos o a las ayudas
sociales. El desarrollo de los cuidados paliativos no está condicionado
ni entra en conflicto con la legalización y regulación de las ayudas
médicas para morir. Consideramos que la objeción de conciencia de los y
las profesionales debe respetarse y contemplarse. El compromiso
profesional y humano del o de la profesional con su paciente es desde
donde puede considerarse moralmente aceptable una intervención cuya
intención sea acabar con la vida. Solo desde dicho compromiso, el
imperativo real de la muerte para el o la paciente se convierte en el
imperativo moral para el o la profesional de facilitar la muerte como el
mejor modo de cerrar una biografía concreta. Comisión Sociosanitaria de
Comités de Ética de Euskadi.


El derecho a una muerte digna deviene del derecho a una vida digna; y
todas y todos tenemos derecho a la vida, pero no la obligación de vivir.
Y voy a finalizar con una frase de las conclusiones de la encuesta del
Colegio de Médicos de Vizcaya, que ya he mencionado antes, que dice:
Eutanasia y suicidio médicamente asistido también es morir con dignidad y
la dignidad es privativa de cada persona.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Bildu, tiene la palabra
la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, presidenta.


Señorías, como les decía anteriormente, y se ha ido repitiendo, la vida
es un derecho y no es una obligación, y por eso, los republicanos, de
nuevo, vamos a defender hoy aquí el derecho a decidir, el derecho a optar
por una muerte digna. Nosotros respetamos todas las ideologías y
defendemos, porque lo creemos, que sean las personas quienes decidan
sobre su propia vida, sobre su propia muerte. Por eso, defendemos el
derecho a decidir sobre ellas mismas en casos extremos y reclamamos que
se regulen las condiciones y los mecanismos para adecuar el ejercicio de
la eutanasia y la protección jurídica para aquellos que la practican. En
este mismo sentido, en Esquerra Republicana nunca hemos reclamado la
despenalización sino la regularización. Hemos defendido y defendemos
condiciones objetivas y reguladas para una decisión libre, informada y
consciente, y ello implica que el enfermo sea informado sobre su proceso,
sobre las diferentes alternativas y sobre las previsiones para que esta
persona pueda actuar en consecuencia en el ejercicio de sus derechos.
Somos una sociedad madura y, consecuentemente, en Esquerra Republicana
negamos la criminalización o, como decía nuestro querido y admirado
compañero y amigo Joan Tardà, la clandestinización de la eutanasia. Una
sociedad madura no puede condenar a las personas al drama personal y
familiar del sufrimiento estéril. Recuerden el caso holandés. Después de
treinta años de debates estudiando la regularización, al final optaron
por ella al comprobar que se producían muchísimos casos de eutanasia
clandestina.


Señorías, Esquerra Republicana apoyará esta proposición de ley
orgánica, como no podía ser de otra manera, y como ya he expuesto
anteriormente, porque llevamos más de veinte años —¡más de veinte
años!— presentando propuestas en el mismo sentido, topándonos, como
ya he dicho anteriormente, con muros de bloqueo, tanto por parte del
Partido Popular, como alguna vez por parte del Partido Socialista.


Por lo tanto, aún desde una posición muy crítica con la técnica o la
calidad jurídica del texto de la ley propuesta que votaremos hoy aquí
—y que también se ha criticado por otros compañeros senadores y
senadoras—; aún desde una posición muy crítica por el debate mínimo
o, incluso, inexistente, que no se ha sustanciado en una cuestión de
tanto calado como la regulación de este derecho fundamental; aún desde
una posición muy crítica con la actitud refractaria del Partido
Socialista hacia las enmiendas que le proponíamos; aún desde esta
posición, nuestro voto será favorable, porque —termino, señorías,
con la misma reflexión con la que inicié esta breve brevísima
intervención— la vida es un derecho, no una imposición o un deber.
Hablamos de libertad y de autonomía de la voluntad; hablamos, en
definitiva, del derecho a la autodeterminación personal y de la dignidad
del ser humano.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Román
Jasanada.


El señor ROMÁN JASANADA: Presidenta, señorías, en este último turno de
este extenso debate en la mañana de hoy, no voy a reiterar algunos de los
argumentos que he utilizado en la defensa del veto y en la réplica
posterior, pero sí voy a utilizarlo para contestar a algunas de las
cuestiones que se han suscitado. También quisiera en este último turno
agradecer a mi portavoz, Javier Maroto, a mi grupo parlamentario, al que
represento, la posibilidad de intervenir en este debate, y lo hago porque
me está permitiendo enfocar y defender convicciones, sin duda, de
carácter personal, ética de mi profesión médica. En mi trayectoria como
médico especialista en medicina interna a lo largo de treinta años, he
tenido la ocasión, la oportunidad y la labor enriquecedora de ayudar a
muchas personas en el proceso final de la muerte. También lo agradezco,
porque me está permitiendo defender los principios del partido en el que
milito y al que represento, y, además, intento dar voz a gran parte de la
sociedad a la que le hubiera gustado poder comparecer en las Cortes
Generales para aportar algo a esta ley. Y lo he tratado de hacer desde la
argumentación, desde el respeto y considerando que hay personas en todos
los partidos políticos que pueden pensar de manera diferente, con
absoluto respeto. Por eso, cuando se trata de contraponer, vemos que los
partidos que hablan más de un Estado fuerte y menos liberal, ahora
adoptan posiciones más liberales que hablan de la libertad de la persona,
amparándose también en ese Estado que tiene que respetar. Sin embargo, el
valor de la libertad recogida en la Constitución tiene que ser para
elegir dentro del marco constitucional que todos nos hemos dado. En esta
fase de agradecimientos también quiero agradecer a la sociedad civil las
aportaciones que me han realizado y su lucha en favor de la vida, así
como mostrar mi agradecimiento a los profesionales sanitarios, médicos y
enfermeras —señora portavoz del Grupo Vasco, no discrimino entre
géneros, hablo de médicos y enfermeras en términos generales— que
luchan día a día por tratar, por cuidar, por curar, por aliviar el
sufrimiento. También quiero agradecer a los numerosos juristas,
profesores de universidad y catedráticos que me han hecho llegar sus
reflexiones sobre la ley, y que saben que en mis intervenciones debía
haber puesto que no eran citas propias, sino citas que me han facilitado
muchos juristas y catedráticos de universidad. También, a las
asociaciones que defienden la vida. Ciento cuarenta asociaciones que
estuvieron representadas el otro día en el Senado y vinieron a
entregarnos un manifiesto. Quiero manifestar mi agradecimiento a personas
creyentes de diferentes religiones. Sí, estamos en un Estado
aconfesional, respetuoso con todas las creencias, pero todas estas
personas deben llevar sus principios a la vida pública y defienden
legítimamente su creencia en la vida y la dignidad de la vida hasta su
final natural, y es también una opción que hay que respetar y no hay que
denigrar a las personas que tratan de llevar sus creencias a la vida
pública. También mi agradecimiento a esos expertos en bioética que desde
sus reflexiones y conclusiones —que he tratado de transmitir—
luchan por alcanzar consensos éticos en el proceso final de la vida, o a
esos representantes de las personas con discapacidad, que se han visto
abandonadas por algunos partidos —siento decirlo— que creían
que les representaban y no lo han hecho, y a quienes he intentado también
darles voz desde esta tribuna en representación del Partido
Popular.


Señora portavoz del Grupo Socialista, no quiero embarrar el terreno,
quiero dar voz a ese colectivo de discapacitados que se han sentido
realmente abandonados por los grupos que están apoyando esta ley. No es
embarrar, es tratar de dar voz a un colectivo muy importante y a la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. (Aplausos). Y
esta labor no me ha sido difícil, pues, como digo, confluyen muchas
circunstancias: coinciden principios personales, éticos, desempeño
profesional y principios de partido. Formé mis principios personales, sin
duda, como muchos de ustedes, en la familia, en la educación recibida de
mis padres, en el colegio; aprendí la ética de la medicina en la
universidad y la misión vocacional de ayudar al enfermo que tratas;
desarrollé desde muy pequeño la vocación humanista en el servicio y
defensa de los derechos humanos, que me llevaron al servicio público en
la política, y en todo ello, la defensa de la vida y su dignidad han
estado presentes. Perdonen este inciso personal, pero quería decir por
qué me ha sido fácil defender la posición de mi grupo político.


El Grupo Popular está en contra de esta ley y defiende los derechos
fundamentales que recoge la Constitución, y consideramos que nuestra
obligación es ayudar al vulnerable, al frágil, al débil, al enfermo de
modo prioritario, y esta protección —como he manifestado en mis
intervenciones— se incluye en varios artículos de nuestra Carta
Magna.






Esta ley que van a aprobar hoy no profundiza en esa protección, es
más, desprotege al vulnerable al plantearle esta alternativa como el
final, sin que tan siquiera hubiera podido acceder con carácter previo a
unos cuidados paliativos; y aquí surge el debate. La portavoz del Grupo
Vasco hablaba de que estudios sociológicos de los años 2018 y 2019 decían
que una mayoría de los españoles querían la eutanasia. No, lo que no
querían era vivir así. Vivir con sufrimiento es lo que no quiere la
gente. Por eso, a la gente hay que darle esa alternativa, esa alternativa
extensa y universal, para que puedan sufrir menos al final de la vida,
porque la eutanasia no alivia el sufrimiento, elimina al que sufre y, por
otra parte, el momento de decidir que termina con la vida es un momento
terriblemente traumático para la persona que tiene que decidir.


Consideramos también que esta ley se ha enfocado más desde el derecho,
esto que decía de vender un logro, que desde la profundidad. No es
eutanasia respetar las instrucciones previas según la ley que se aprobó
en la primera década de este siglo. No es eutanasia hacer buenas
prácticas, buena praxis médica en la sedación paliativa en el paciente
terminal que sufre. No es eutanasia, sino buena práctica, no obstinarse
en un encarnizamiento terapéutico con un paciente. Eso no es eutanasia,
es buena praxis médica. No consideramos que eutanasia y cuidados
paliativos sean conceptos alternativos. No, consideramos que lo que no es
aceptable es que en España, según estudios en los que ha participado la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 80 000 personas que
necesitarían cuidados paliativos mueran sin ellos. No es aceptable que
solo existan 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100 000
habitantes, alejados del 2 % que recomiendan los organismos
internacionales. No hay equidad en el acceso a la prestación sanitaria de
los cuidados paliativos, con una clara diferencia entre el ámbito rural y
el ámbito urbano. Los cuidados paliativos son un derecho derivado de una
prestación sanitaria que se aprobó en la Ley de calidad y cohesión del
Sistema Nacional de Salud, que es inalcanzable, a día de hoy, en el
año 2021, para millones de españoles. Por eso, el Partido Popular
considera necesaria esa ley nacional de cuidados paliativos. Algunas
naciones, como Colombia y Canadá, aprobaron una ley de cuidados
paliativos —sí, señora Carcedo— mucho antes que la ley de
eutanasia, porque es necesario tratar de aliviar ese sufrimiento de los
pacientes. Es necesaria una ley de cuidados paliativos que universalice
unos cuidados físicos, psíquicos y sociales al final de la vida, para
aliviar el sufrimiento y no eliminar al que sufre; que mejore la
formación pregrado, porque el 40 % de las escuelas de enfermería y
medicina en España no contemplan en sus currículums enseñanzas de
cuidados paliativos; y formación posgrado, con la creación de un área de
capacitación específica, una especialidad de cuidados paliativos. Sí,
señora Carcedo, ni usted como ministra ni su Gobierno lo han hecho.
Entonces, no me diga que sí, cuando no lo quiso hacer cuando estaba en el
Gobierno de España. Una ley que extienda esos cuidados paliativos al
ámbito hospitalario, domiciliario y también sociosanitario, que disminuya
la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano.


Estamos de acuerdo —lo han dicho muchos compañeros— en que
eutanasia significa buena muerte, y esta ley contempla únicamente la
autodeterminación —como decía la compañera de Esquerra— de
elegir el momento de morir, de cuándo morir, pero no garantiza unos
cuidados paliativos de calidad como alternativa a la elección de la
muerte, no ofrece esa alternativa para aliviar el sufrimiento. Lo que
están diciendo es: si sufre, puede elegir la eutanasia para dejar de
sufrir. No, ofrezcan una alternativa real y para todos los españoles para
no tener que elegir la muerte. Por otra parte, no garantiza dónde se
deben recibir estos cuidados paliativos, ni tampoco cómo y dónde morir.
No regula o atiende el problema de la soledad al morir, del
acompañamiento. Fíjense lo dramático que ha sido el último año para miles
de españoles, que han tenido que fallecer en soledad —me refiero a
la pandemia por la COVID—, y eso es triste para el que muere, para
familia y para la sociedad en general. Pues bien, aquí solo se habla de
cuándo morir, pero en ningún caso de cómo ni dónde, ni tampoco con quién
quieren morir acompañados.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular se opone a esta
proposición de ley.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidenta andrea. Eguerdi on
guztioi.


La verdad es que, en estos ya más de cuarenta y dos años de democracia
constitucional, parece que conquistar derechos y libertades es una
especie de batalla, como si las libertades estuvieran en un torreón que
hay que sitiar y conquistar para liberar de sus ataduras. Una paradoja:
liberar las libertades, conquistar derechos civiles. Afortunadamente, ya
no vivimos en el tiempo en el que había que tomar la Bastilla o el
Palacio de Invierno, porque, como decía Ramón Rubial, en democracia, la
revolución se hace con el Boletín Oficial del Estado, y precisamente eso
es lo que estamos hoy a punto de hacer: llevar al Boletín Oficial del
Estado una ley o, mejor, un derecho, una libertad para todos los
ciudadanos y para todas las ciudadanas. (Aplausos).


Comparto con Txema Lorente, aquí presente y del que luego hablaré, la
idea de que todos los seres humanos tenemos derecho a decidir cómo
queremos vivir y también cómo queremos morir, porque la vida y la muerte
son parte indisoluble del ser humano. No se puede tener libertad para una
cosa y no tenerla para otra, porque entonces el ser humano no sería
completo. Hay una preciosa canción de un cantautor vasco ya fallecido,
Mikel Laboa, Txoria Txori, que habla de cómo quiere tener un pájaro y que
la forma de tenerlo sería cortándole las salas, porque, si no, el pájaro
vuela y no lo puede retener, pero, claro, si le cortas las alas ya no es
un pájaro. Y acaba la canción diciendo eta nik txoria nuen maite: lo que
yo amaba era al pájaro. Pues esta ley lo que hace precisamente es esto:
respetar las alas, respetar las libertades de los seres humanos, respetar
su derecho a decidir cómo quieren vivir y cómo quieren morir. Esta es la
enseñanza profunda que nos trae esta ley.


Señorías del Partido Popular, señorías de la derecha, yo sé que esta
ley no forma parte del presente del Partido Popular, es cierto, lo han
dicho aquí claramente, pero estoy convencido de que va a formar parte del
futuro del Partido Popular, como ha ocurrido con tantas otras leyes a lo
largo de la democracia a las que ustedes se opusieron, que llevaron al
Constitucional y que al final acabaron aceptando, porque estoy convencido
de que ustedes también querrán que se respete el derecho de sus seres
queridos, de sus amistades o incluso de ustedes mismos, el derecho a
decidir cómo querer morir, y estoy convencido de que ustedes también
estarán de acuerdo en que el sufrimiento injusto e innecesario
desaparezca y sea erradicado definitivamente de nuestro país. Estoy
convencido de eso, y por eso creo, no como decía el senador Plaza que la
ley no se va a cambiar, sino que ustedes la acabarán aceptando, como han
aceptado todas las leyes anteriores.


Es cierto que con esta ley lo que hacemos es, precisamente, respetar la
Constitución, no hay que cambiarla; en el pasado ya tuvimos debates
constitucionales muy potentes, pero el derecho y la libertad individual
están consagrados en nuestra Constitución, también en este caso. Y no hay
que confundir religión y legislación, son dos cosas completamente
diferentes. Este debate viene ya desde el Renacimiento cuando se hablaba
de cuál es el origen del poder, si era divino o residía en la soberanía
popular. Es evidente, y creo que hoy nadie lo duda, que el poder reside
en la soberanía popular, lo mismo que estos derechos: residen en la
soberanía popular, son elementos fundamentales, esto que decía el Nuevo
Testamento de: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Hoy somos legisladores y estamos legislando en representación,
precisamente, de la soberanía popular y haciendo una ley muy importante,
y tengo que decir que con un cierto vértigo, como algunos han reconocido,
por la enorme trascendencia que tiene para la vida de las personas.


Pero, si me permiten, hoy me quiero dirigir a las personas que nos
acompañan, a los familiares de Maribel y de María José. Los familiares de
Maribel tuvieron que soportar durante muchísimos años, durante diecisiete
años, su alzheimer y cómo ella les pedía que la ayudasen a marchar, pero
no pudieron hacerlo, se vieron impedidos a ello, porque ella les dijo: sé
que si me ayudáis a marchar vais a tener problemas y prefiero sufrir yo a
ver cómo sufrís vosotros. Esta es una decisión muy importante y creo que
debemos colocarnos en esta situación que han vivido miles y miles de
ciudadanos y ciudadanas en este país. También está el caso de Ángel, el
marido de María José que, como decía el periodista en aquel formidable
trabajo para la televisión, se podía escribir su nombre con minúsculas
sin cometer una falta ortográfica, que fue durante casi treinta años los
ojos, la voz, los brazos, las piernas de su esposa. A estas personas que
han sufrido esto y a las miles y miles que son anónimas, probablemente,
si hubieran ayudado a sus seres queridos, como le pasó, por ejemplo, a
Ángel, la sociedad les hubiera tratado como delincuentes, como autores de
un delito, cuando realmente lo que necesitaban era el apoyo social y el
reconocimiento de nuestro país. (Aplausos). Esta es la diferencia.


Yo creo, sinceramente, y creo expresar el sentir mayoritario de los
compañeros y compañeras de mi grupo y de muchos otros grupos, que tenemos
una deuda muy importante con ustedes, una deuda por no haber sido capaces
de hacer antes una ley como esta, una ley que hubiera evitado el
sufrimiento innecesario e injusto, una ley que se hubiera compadecido de
ese sufrimiento y que hubiera ayudado a que esas personas pudieran
libremente decidir lo que querían hacer. Yo, por tanto, les pido perdón
por no haber sido capaces de haber hecho una ley como esta antes.
(Aplausos). Y quiero reconocer el mérito que han tenido de recoger un
millón de firmas, como se ha dicho aquí, y de haber sido el acicate para
disponer de una ley como la que hoy vamos a aprobar por mayoría.


Voy a concluir, porque no es tiempo, creo yo, de grandes discursos.
Aquí de lo que se trata es de poner sentimiento también en las cosas que
se hacen, y las leyes las hacemos para las personas, somos legisladores
que estamos legislando para las personas. Y decir, como se ha dicho aquí,
que no ha habido debate o no ha habido deliberación o que no contamos con
los colectivos sociales es absurdo. Si hacemos algo es porque la gente lo
pide, la gente lo demanda, no porque se nos ha ocurrido a cuatro en una
habitación. Entonces, yo quiero, en primer lugar, agradecer a mi grupo
parlamentario la oportunidad de haber podido participar en la elaboración
de una ley como esta, he sentido el vértigo de la trascendencia que esta
ley tiene y, además, tengo que agradecer al equipo que ha colaborado, un
equipo que ha dirigido Luisa Carcedo, a quien quiero reconocer muy
expresamente su determinación y su dedicación. Gracias a ella es posible
esta ley, pero, a diferencia de lo que algunos han dicho, voy a compartir
con ustedes algo que nos dijo en su momento Luisa y que creo que es el
sentir mayoritario y unánime del Grupo Socialista. Es cierto que esta ley
surge como una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
esto es cierto, pero las aportaciones de todos los grupos, el
enriquecimiento que ha tenido gracias a todas las intervenciones, las
enmiendas, los debates e incluso las discrepancias en algunos puntos, han
hecho que esta ley se haya convertido en la ley de la inmensa mayoría de
esta Cámara, como lo es de la inmensa mayoría de la sociedad que hoy
percibe que tiene un nuevo derecho a su alcance. (Aplausos). Un nuevo
derecho que apoyan más del 80 % de los ciudadanos y las ciudadanas de
nuestro país, mucho más del 80 %. Por eso, y con el permiso de la
presidenta, voy a concluir mi intervención pidiendo un aplauso para estas
personas que nos acompañan, estos familiares, por el recuerdo emocionado
de Maribel, de María José y de tantos y tantas que han sufrido injusta e
innecesariamente, y gracias a esta ley va a ser posible que nadie más
sufra en este país y que podamos erradicarlo, y hacer un país más justo y
mejor, donde las personas que sufren, que solo demandan decidir
libremente cómo vivir y cómo morir, tengan derecho a ello sin que por
ello sus familiares tengan que soportar consecuencias delictivas.


Eskerrik asko. (Aplausos a la tribuna de invitados con algunos señores
senadores puestos en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Finalizado el debate de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de
la eutanasia, procederemos a la votación de las propuestas de veto.
Recuerdo que para su aprobación se exige la mayoría absoluta.


Votaremos también las enmiendas. Las que resulten aprobadas quedarán
incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.


Votación en un solo acto de aquellas partes de la proposición de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.


Y, por último, votación en un solo acto del resto de la proposición de
ley.


Se abre a partir de ahora el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, que son las catorce horas y treinta
minutos, hasta las dieciséis horas y treinta minutos.


A continuación, procedo a la proclamación de los resultados de
votaciones telemáticas anteriores.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR A CABO UNA
TRANSICIÓN JUSTA Y REAL PARA LAS COMARCAS DEL NORTE DE TERUEL AFECTADAS
POR EL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA. (Proclamación de la
votación).


671/000051

JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Mociones consecuencia de
interpelación.


Moción por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo una transición
justa y real para las comarcas del norte de Teruel afectadas por el
cierre de la central térmica de Andorra.


Se ha votado la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario
Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario
Vasco, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario
Mixto, con número de registro de entrada 85435.


Votos emitidos, 259; a favor, 236; en contra, 3;
abstenciones, 20.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): El resultado, por lo tanto, es
la aprobación de la moción en los términos de la enmienda
transaccional.









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN
DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL
PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO.


605/000002

PARLAMENTO DE CANTABRIA


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No se han presentado enmiendas
ni propuestas de veto a esta propuesta de reforma.


Vamos a proceder al debate de totalidad. Por acuerdo de la Junta de
Portavoces, adoptado en su reunión de ayer, los tiempos del debate serán
como máximo de cinco minutos cada uno.


Tiene la palabra el señor Fernández Viadero, en nombre del Grupo
Parlamentario Regionalista de Cantabria.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Mis primeras palabras, en nombre del Partido Regionalista de Cantabria,
son de agradecimiento hacia todos los miembros del Parlamento autonómico
que han participado en la modificación del Estatuto de Autonomía de mi
región, Cantabria. Con independencia del color político, todas las
formaciones políticas del Parlamento del que formo parte hemos sido
capaces de ponernos de acuerdo para llevar a cabo esta tramitación. La
base de este consenso, de esta unanimidad en Cantabria, ha sido la
negociación, el diálogo, la cesión y, finalmente, el acuerdo. Hemos
sabido dejar atrás nuestras diferencias políticas en favor de la
supresión de los aforamientos de los diputados, del presidente del
Gobierno y de los consejeros, siguiendo la estela que la sociedad demanda
a la clase política para que todos seamos iguales ante la justicia,
independientemente del cargo que ocupemos y de la responsabilidad que
ostentemos.


Con medidas como esta nos acercamos a las sociedades europeas más
avanzadas, donde el número de aforamientos no deja de ser simbólico. Hoy,
la Autonomía de Cantabria avanza en igualdad efectiva de su clase
política y se pone a la cabeza, junto a la Región de Murcia, en la
eliminación de los aforamientos. En este transitar debemos ir avanzando
para que otras instituciones se sumen a medidas como la que hoy se
aprueba.


No puedo acabar sin tener un especial recuerdo hacia mi compañero y
amigo Rafa de la Sierra, que fue uno de los impulsores de esta reforma y
que hoy, allí donde esté, vivirá con satisfacción su culminación. En
Cantabria esperamos contar con el respaldo de sus señorías para poner
punto y final a esta modificación estatutaria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la
senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal quiero
manifestar nuestro reconocimiento y nuestro respeto a las instituciones y
a la ciudadanía de la Comunidad de Cantabria. La Comunidad de Cantabria,
ejerciendo su facultad de autogobierno, ha decidido que la igualdad
fundamentada en el artículo 14 de la Constitución y el derecho al juez
ordinario predeterminado por la ley sean reales y efectivos, y que la
pertenencia a una institución, como el Parlamento o como el Gobierno, no
implique un tratamiento distinto al del conjunto de la ciudadanía.


Es evidente que existe un debate social sobre los aforamientos a raíz
de la crisis política originada por la crisis estructural del capitalismo
iniciada hace ya más de diez años. Una de las posiciones que mayor
consenso suscitó en ese debate fue el excesivo número de personas
aforadas en el conjunto del Estado y la utilización de los aforamientos
para beneficiarse de determinadas prerrogativas judiciales, en algunos
casos sonrojantes, relacionados con la corrupción. Eliminar los
aforamientos es una buena idea en tanto que tienen una difícil
explicación democrática, nos alejan del principio de igualdad ante la
justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas y hay una mayoría social
contraria a ellos. Nos alegra que en este sentido Cantabria se sitúe en
vanguardia.


Nosotras estamos convencidas de que profundizar en la calidad
democrática de nuestras instituciones abunda en su consolidación como la
garantía de los derechos de todas y de todos, en particular, de las
personas más vulnerables y cuyos derechos están más amenazados. Nos
parece oportuna la reforma del Estatuto de Cantabria que debatimos y que
tomamos conocimiento hoy. Y nos parece importante plantear un debate
amplio sobre los aforamientos, la transparencia y la calidad de la
democracia. La democracia es el único sistema político que garantiza la
igualdad; por eso, mejorar las normas que regulan nuestra convivencia,
profundizando en la igualdad, es la mejor defensa de la propia
democracia.


Estrabón, el más importante de los geógrafos de la antigüedad, decía en
el siglo I antes de Cristo sobre los cántabros: «Otras cosas usan como es
que el varón dota la mujer; que instituyen herederas a las hijas y estas
casan a los hermanos, lo que no es muy civil por incluir algún imperio de
la mujer sobre el hombre». He encontrado la cita esta mañana y me parecía
que en esta semana cercana al 8 de marzo era una cita preciosa porque hoy
sabemos que, a diferencia del criterio de Estrabón, los pueblos que
tratan igual a las mujeres y a los hombres son los más civilizados.
Enhorabuena a la Comunidad de Cantabria y a sus representantes. Nuestro
voto va a ser favorable a esta reforma.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, señorías.


«Sobre mí no habéis tenido jurisdicción: el consejo de guerra enviará
por mí». Son palabras que le dice el necio capitán don Álvaro de Ataide a
Pedro Crespo, alcalde de Zalamea. Es la primera vez que se habla del
aforamiento en nuestra literatura. Don Álvaro de Ataide había raptado y
violado a la hija del alcalde y no se quería someter a la jurisdicción
del alcalde: se quería someter a una jurisdicción superior, privilegiada,
del consejo de guerra, donde seguramente él entendía que sería tratado
mejor. Con estas palabras quiero empezar y quiero dar la enhorabuena a
nuestros amigos de Cantabria, a todos los vecinos de Cantabria y a todos
los parlamentarios del Parlamento cántabro, que fueron capaces de ponerse
de acuerdo para eliminar, erradicar, cortar, quitar de raíz la figura del
privilegio de los aforamientos. Enhorabuena de verdad a todos los
cántabros y enhorabuena a los diputados y a los parlamentarios que lo han
conseguido. Hoy es un día grande porque a partir de aquí esto se hace
efectivo y cuando se publique en el Boletín Oficial los políticos
cántabros dejarán de tener el privilegio jurisdiccional de la figura de
los aforamientos.


El 21 de octubre de 2015, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó
una PNL en el Parlamento de Cantabria para la eliminación de los
aforamientos que fue aprobada por unanimidad. A pesar de ser aprobada por
todos los grupos, la cuestión quedó paralizada y no llegó a ser ley, no
se llegaron a iniciar los trámites pertinentes para eliminar los
aforamientos y ahí quedó durmiendo el sueño los justos. Ante esta
parálisis, volvió a ser Ciudadanos quien el 17 de diciembre
de 2016 condicionó su apoyo a los presupuestos regionales, ya que el
presidente Revilla necesitaba un voto y se valió del apoyo de Ciudadanos.
Una de las condiciones que puso Ciudadanos para tramitar los presupuestos
fue la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para la eliminación
de los aforamientos, y ahora ya sí se llevó a cabo, en un primer momento
con la reticencia del Partido Popular que al final accedió y firmó en
septiembre de 2017, y a partir de ahí, pasó por el Parlamento y se aprobó
por unanimidad. Quiero darle la enhorabuena, aunque no esté aquí, a mi
compañero Félix y a todo el equipo de Ciudadanos en el Parlamento de
Cantabria y, por extensión, a todos los compañeros de Ciudadanos en
Cantabria.


La reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria tiene como objeto
eliminar el aforamiento de los diputados autonómicos y recurre para ello
a la modificación del apartado 1 del artículo 11 y la supresión del
artículo 20 del Estatuto de Autonomía. Señorías, hoy en día España es uno
de los pocos países que mantiene el privilegio de los aforamientos para
sus diputados nacionales y autonómicos. En concreto, los aforamientos de
tipo político alcanzan 2300 casos, cuando, por ejemplo, en Estados
Unidos, en el Reino Unido o en Alemania no hay ni un solo caso de
aforamientos. Y si en esta cifra incluimos otros campos, como el judicial
o el fiscal, podríamos llegar a 10 000 aforados. Por último, si incluimos
los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cifra es
de 200 000. Es evidente que es necesario racionalizar el uso de dicha
figura y por eso hemos defendido desde el primer momento la supresión de
los aforamientos de tipo político, porque nos parece —igual que
decíamos hace unas semanas en la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia para eliminar la figura de los aforamientos— que
en España tenemos un número de aforados desaforado, ¡y ya está bien! Ya
se ha eliminado en Murcia y se elimina definitivamente hoy en Cantabria,
pero esto no debe quedar así; estas dos comunidades autónomas deben ser
punta de lanza y ejemplo para que se haga en todo el territorio nacional
y no quede ni un solo político aforado, reitero, como pasa en Estados
Unidos, como pasa en el Reino Unido o como pasa en Alemania. En Portugal
creo que hay un solo aforado, el presidente de la República, en Italia o
en Francia anda por ahí, pero en España son 2500. Es un auténtico
disparate.


Termino como empecé. Enhorabuena a todos los cántabros, enhorabuena a
los diputados y diputadas del Parlamento cántabro. Hoy, sin duda, es un
gran día para aquella región hermana. Me congratulo, me alegro mucho y
les felicito.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, la
senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mi grupo, por respeto a lo que decidió el
Parlamento cántabro, se va a abstener en esta votación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador De las
Cuevas Cortés.


El señor DE LAS CUEVAS CORTÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme dirigirme, en primer lugar, a todos mis compañeros
del Grupo Parlamentario Popular y a mis compañeros senadores populares de
Cantabria, en particular, para agradecerles el enorme privilegio que me
han concedido al permitirme subir hoy a la tribuna para defender en esta
Cámara de representación territorial la reforma del Estatuto de Autonomía
de nuestra tierra, Cantabria.


Celebramos este año 2021 el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, una comunidad que, con la aprobación el 30 de diciembre
de 1981 de su Estatuto de Autonomía y su entrada en vigor el 1 de febrero
de 1982, se convirtió en uno de los primeros territorios en acceder al
régimen autonómico de acuerdo con el artículo 143 de la Constitución
española, que lejos de ser un camino de rosas, no estuvo exento de
detractores ni de importantes dificultades. Precisamente por esta razón
no me gustaría comenzar hoy sin reconocer y reivindicar la labor de
tantos alcaldes de la antigua provincia de Santander y de tantos
diputados provinciales de la época, cuyo trabajo desempeñó un papel
fundamental y decisivo para el éxito de este proceso. Las legítimas
diferencias entre la UCD y el Partido Socialista de Cantabria de entonces
se dejaron a un lado para, entre todos, poder sacar adelante el estatus
de Cantabria región, así como el texto normativo que hoy debatimos para
su modificación: el Estatuto de Autonomía. No puedo ni quiero proseguir
sin agradecer y señalar el gran trabajo en ese sentido de todos los
parlamentarios nacionales de la época, muy especialmente del diputado de
la UCD, Alberto Cuartas, y de los senadores de la UCD también, Leandro
Valle y Roberto Sáez, ya fallecidos, y reconocer también el papel del
diputado y senador socialista, y presidente de Cantabria más tarde, Jaime
Blanco, recientemente fallecido. Además de, por supuesto, la labor del
diputado nacional por Cantabria, mi tío carnal, Justo de las Cuevas, pues
gracias a él tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años en
primera persona la génesis del Estatuto de Cantabria, un gran logro para
Cantabria. Por ello he querido que mis primeras palabras fueran de
reconocimiento y agradecimiento para todos ellos.


Señorías, abordar una reforma estatutaria nos sitúa en una posición de
consenso obligado de nuestra democracia, y es que resulta esencial para
nuestra convivencia que, a pesar de las legítimas diferencias de opinión
y de voluntad, en lo fundamental seamos capaces de llegar a acuerdos, no
ya por las diferentes versiones y opiniones, sino por la evidencia
objetiva de criterios rigurosos, y es precisamente en estos contextos
donde se encuentran las justificaciones a las mayorías reforzadas
exigidas a ciertas decisiones como la que hoy vamos a tomar.


La reforma del Estatuto de Cantabria, aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Cantabria y por una amplia mayoría en el Congreso de los
Diputados y que hoy debatimos aquí en el Senado, suprime el aforamiento
del que venían gozando los diputados del Parlamento de la comunidad, así
como de su presidente y de los consejeros del Gobierno autonómico.
Llegados a este punto, señorías, creo que es necesario recordar el fin
primero del aforamiento, que fue tanto la reducción de la judicialización
de la política como la protección de la función pública del político.
Ahora bien —y esto es importante—, se trata de una figura
cuya realidad, lejos de ser exclusivamente política, nos muestra que los
políticos aforados en España apenas superan el 0,7 % del total de los
aforados de nuestro país, y precisa, por ende, de una reflexión en su
conjunto lejos de cualquier demagogia y alejada de la mal llamada nueva
política. Aclarado este punto, no podemos olvidar que en el momento
actual el aforamiento constituye una figura que tanto la sociedad en
general como diversos estudios y expertos en la materia en particular han
venido percibiendo, cada vez con mayor intensidad, como una
discriminación y un factor de desigualdad ante la ley. De ahí que,
respondiendo a la evolución de la sensibilidad social, sea necesaria la
supresión en este momento. Desde Cantabria, en el Grupo Parlamentario
Popular mostramos nuestro compromiso y trabajo histórico en este sentido
y agradecemos a los demás grupos su buena disposición para alcanzar una
votación que refleje precisamente esa concordia y ese consenso
necesarios. No podría ser de otra forma en una materia de trascendencia
como la que hoy nos ocupa, no sé si constitucional, pero sí desde luego
constitutiva y constructiva. Y es que, al igual que hace cuarenta años
nuestros representantes ocupados y preocupados por las demandas de los
ciudadanos fueron capaces de iniciar desde el consenso una historia de
logros, hoy somos todos nosotros, señorías, los responsables de la
continuidad de ese legado lleno de progreso y avances para
Cantabria.


Voy finalizando. A pesar del carácter tan concreto y tan limitado de la
reforma del Estatuto de Cantabria que hoy debatimos, en el Partido
Popular somos conscientes de la necesidad de un debate con profundidad,
con sosiego y sin demagogia sobre la figura del aforamiento. Aun así, les
confirmo el voto positivo de mi grupo para la reforma que hoy
proponemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Fernández Gutiérrez.


La señora FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Presidenta, señorías, tengo el mayor
honor que podemos tener cualquiera de nosotros y de nosotras cuando
intervenimos en esta Cámara territorial, que representa y debe ahondar en
una mayor representación de nuestras comunidades autónomas, para hablar
de mi tierra, Cantabria, y lo hago sintiéndome ciudadana de mi país, con
profundo arraigo a mi tierra, que ha demostrado siempre su autonomía pero
también su lealtad y compromiso con el conjunto del país.


El punto del orden del día que hoy nos ocupa es la modificación del
Estatuto de Autonomía de Cantabria para eliminar la condición de aforados
de los diputados y diputadas del Parlamento de Cantabria, del presidente
y miembros del Consejo de Gobierno. Y al hablar hoy en el Senado de la
autonomía de Cantabria y de su estatuto, no puedo dejar de mostrar el
orgullo que siento de pertenecer al municipio de Cabezón de la Sal, cuyo
ayuntamiento, la corporación municipal del año 1979 presidida por un
senador, Ambrosio Calzada, fue el primero en avalar el Estatuto de
Autonomía, en un Pleno del 30 de abril de 1979. Un ayuntamiento en el que
no había ni una sola mujer aquel 1979 y del que veintisiete años después,
en 2007, fui la primera mujer alcaldesa y socialista. (Aplausos). Un dato
que nos recuerda en esta semana del 8 de marzo, en la que reivindicamos
la igualdad plena, real y efectiva, que tan importante es mirar hacia
atrás para ver lo conseguido, el camino recorrido, como mirar al futuro y
afrontar los retos que tenemos por delante con la misma determinación que
las mujeres de hace cuarenta años.


El Estatuto de Autonomía para Cantabria surgió del consenso de los
partidos políticos, definiendo las señas de identidad de nuestra región.
Recordemos que Cantabria estaba incluida en Castilla la Vieja, que la
integraban las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y
Ávila. Por historia, por tradición, por convicciones, por arraigo, los
cántabros y las cántabras decidimos democráticamente constituir la
Comunidad Autónoma de Cantabria y dotarla de instituciones
representativas propias con las que ejercer el autogobierno, así como
recuperar nuestros orígenes y hacernos llamar Cantabria. En estas décadas
hemos demostrado que el autogobierno ha sido muy positivo y nos ha
permitido atender las particularidades del territorio desde la cercanía,
mejorando la gestión, siendo más eficientes en la prestación de los
servicios públicos que necesita la ciudadanía. Así, en Cantabria somos un
referente en sanidad pública, tanto con el hospital Marqués de
Valdecilla, como con los consultorios rurales en los municipios para
acercar la sanidad a las zonas con mayores dificultades de acceso. Hemos
puesto en valor nuestro patrimonio arqueológico, nuestra riqueza
arquitectónica, el entorno natural, la gastronomía... En definitiva,
gobernar desde la autonomía nos ha permitido ampliar y extender los
límites de nuestra cultura y de nuestra historia. Pero hoy nos ocupa una
nueva modificación del Estatuto de Autonomía para Cantabria y la gran
lección ha sido el consenso de las fuerzas políticas de entonces y
también de ahora. Consenso, palabra importante en una sociedad plural y
diversa en la que las instituciones, como fiel reflejo de ella en un
ejercicio democrático, han querido que no existan mayorías parlamentarias
y en la que la palabra y el acuerdo son fundamentales, acuerdos para
aunar esfuerzos, como lo ha vuelto a hacer el Parlamento de Cantabria. La
pretensión de dicha modificación es la igualdad ante la ley de todas las
personas, situándolas con las mismas garantías judiciales y procesales
que al resto de cántabros y cántabras.


El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y el PSOE de Cantabria
consideramos un avance esta reforma planteada, tanto en las formas como
en el fondo; hacerlo en el fondo es la base para avanzar en más igualdad
como principio universal, encararlo es determinante para demostrar que
representamos aquello para lo que los ciudadanos nos han votado, que es
para mejorar la democracia. Hoy se habla de Cantabria en este Senado, en
el que estamos representados todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, pero
también territorios, y es, como decía al comienzo, un tremendo orgullo
que se hable de Cantabria para hablar de más y mejor democracia, de más y
de mejores derechos para todos y para todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Señorías, el plazo para la votación de la propuesta de reforma se
abrirá una vez concluido el debate del siguiente asunto del orden del
día.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





DECISIÓN (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSEJO, DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2020, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y POR EL QUE SE DEROGA LA DECISIÓN 2014/335/UE, EURATOM. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000046



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No se han presentado
propuestas a dicho tratado.


¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Pausa).


¿Grupo Parlamentario Izquierda Confederal? (Pausa).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Rojo
Noguera.


La señora ROJO NOGUERA: Gracias, presidenta.


Nuestro grupo quiere intervenir simplemente porque nos gustaría hacer
una serie de consideraciones, dada la importancia que entendemos tiene la
decisión que hoy se va a aprobar aquí porque, aunque su contenido tenga
un carácter técnico, ya que fundamentalmente establece los criterios para
calcular la cuota que cada país aporta al mecanismo de financiación de la
Unión Europea, la ratificación de esta decisión es condición
indispensable para empezar a recibir los fondos provenientes del
Mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y del resto de
instrumentos de los fondos europeos; y lo es también porque, además de
establecer dichos criterios, habilita a la Unión Europea a acudir a los
mercados, a captar los recursos, que serán distribuidos entre los
veintisiete Estados miembros entre los años 2021 y 2023, tanto en la
forma de préstamos como en la de subvenciones, por lo que debe ser
ratificado por cada una de las Cámaras.


Señorías, este sí que es el convenio que hará llegar a España los
fondos y no el real decreto que hace unas semanas fue aprobado, por si
todavía a alguien le quedaba alguna duda; el real decreto aprobado, ahora
proyecto de ley, regulará cómo se gestionan los 140 000 millones de euros
que van a venir a España provenientes del Fondo de reconstrucción.


Además, lo que se aprobó claramente fue una carta blanca al Gobierno,
al Partido Socialista y a Podemos, para que pudieran repartir la gestión
de estos fondos a su conveniencia, porque, créanme si les digo que no
creo que tengan la idea de colocar a una autoridad independiente o
incluso a un premio nobel en la gestión, como sí parece que se ha hecho
en otros países. Pero asimismo, lo importante de esta decisión, como
decía, es que verdaderamente posibilita la llegada de dichos recursos. Y,
por sentido de responsabilidad, es lo que llevó a nuestro grupo a votar
en un primer momento en contra del anterior decreto, por la opacidad y la
falta de control que supone, y a votar a favor de esta decisión para que
los fondos lleguen cuanto antes. Porque estas nuevas fuentes de ingresos
son las que van a ayudar a pagar la deuda conjunta contraída por los
países de la Unión Europea para financiar la recuperación tras el impacto
de la pandemia de la COVID. Y si no hubiese estos nuevos recursos
aprobados en esta Decisión de hoy, el dinero habría que conseguirlo con
nuevas reducciones de programas o con mayores contribuciones por parte de
los distintos países.


Por tanto, nosotros lo que le pedimos hoy al Gobierno es
responsabilidad, porque el gran esfuerzo que está haciendo la Unión
Europea que, en definitiva, somos cada uno de nosotros, exige que el
Gobierno de España esté a la altura y cumpla con las exigencias y las
recomendaciones de la Unión Europea. Y para ello le pedimos que
establezca un marco jurídico objetivo, justo y transparente para la
selección de los proyectos que recibirán financiación, y reconozca
también el papel que pueden jugar y que deben jugar las comunidades
autónomas y los ayuntamientos para lograr una recuperación simétrica, no
solo entre Estados, sino también entre regiones. La Unión Europea,
señorías, va a ser muy exigente con los controles, y esto no es un cheque
en blanco, sino una gran oportunidad. Y, por tanto, el éxito de nuestra
recuperación dependerá de la calidad de nuestras inversiones.


Por ello, lo mínimo que podemos exigir es que este dinero sirva para
algo más que cambiar farolas o poner aceras, que ya sabemos a dónde nos
conduce, y que está muy lejos de ese efecto transformador de la economía
que pretende la Unión Europea con esta Decisión y que esperamos que este
Gobierno comparta.


Por todo lo anterior, nosotros vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Castellà.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Nunca el acto de autorización al Gobierno
para ratificar o adherirse a un tratado internacional puede considerarse
un mero trámite. Es la forma en que el Senado, como Cámara legislativa
territorial, participa en la formación de la voluntad internacional del
Estado. El resultado, los compromisos internacionales que se adquieran,
se incorporarán a nuestro ordenamiento con una jerarquía jurídica
superior a cualquier norma interna. Es una de las máximas expresiones de
un Estado democrático compuesto, y, por ello, complejo. Hoy adoptamos,
como decía quien me ha antecedido, una decisión vital y trascendente. Y
es por eso que el Grupo Parlamentario Socialista ha querido hacer esta
intervención.


Hoy autorizamos al Gobierno a ratificar la decisión unánime del Consejo
de Ministros de la Unión Europea para adoptar mejor los instrumentos de
financiación de la Unión a sus prioridades políticas, a las necesidades
de la pandemia y a las necesidades de reconstrucción que esta conlleva.
Europa ha decidido enfrentarse a esta grave pandemia y a sus
consecuencias con políticas públicas, con la proactividad, aprovechando
la crisis para fortalecernos y para crecer. Lejos quedan las respuestas
austericidas, insolidarias, que cargaban todo sobre los más débiles.
Mantengamos hoy, aquí en el Senado, el amplio consenso con que se ha
aprobado en el Congreso, con solo dos votos en contra, trabajando por
ello, para una Europa más fuerte, con más y mejores instrumentos y
centrada en los intereses de las ciudadanas y de los ciudadanos; para
hacer posible que lleguen los fondos a España, para fortalecer la Europa
que nos une y que queremos. La ciudadanía no entendería lo contrario y,
por eso, agradezco el cambio de posición del Partido Popular
—excusatio non petita—.


Ponemos hoy las bases para salir de esta crisis con una España mejor en
una Europa más fuerte.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, señora presidenta.


Intervengo solo para anunciar que en el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu nos vamos a abstener en el tratado.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


¿Hay algún otro senador o senadora que quiera intervenir?
(Pausa).


Pasamos entonces a la votación en un solo acto de la propuesta de
reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los
diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del
Gobierno.


Votamos, igualmente, la autorización de la Decisión de la Unión Europea
y de Euratom 2020/2053, del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el
sistema de recursos propios de la Unión Europea, y por el que se deroga
la Decisión 2014/335 Unión Europea, Euratom.


A partir de ahora se abre la votación telemática. Son, en este momento,
las quince horas y seis minutos, y tienen hasta las diecisiete horas y
seis minutos.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA PARA TODOS LOS
AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA EN EL ESTADO ESPAÑOL.


671/000052

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 9.
y 9.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se ha presentado
una transaccional que significa la eliminación de enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por el Grupo Parlamentario
Socialista y por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Quedarían
vivas, por lo tanto, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto.


Para la defensa de la moción, con las enmiendas incorporadas, tiene la
palabra, por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la senadora Cortès Gès.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.


Antes que nada, quiero dar la bienvenida y saludar a las personas
representantes de la asociación de víctimas de la talidomida, Avite, que
hoy nos acompañan y están entre nosotros en el Pleno. Muchas gracias por
estar aquí. (Aplausos). Buenos días.


Señorías, los efectos negativos de la talidomida en todo el mundo
fueron tan graves que el fármaco aparecido entre 1957 y 1958 se retiró
del mercado entre los años 1961 y 1963, dejando a multitud de bebés en
todo el mundo, y también en España, con malformaciones congénitas muy
importantes que han acarreado y están acarreando durante toda su vida.
Alrededor de 3000 personas en España llevan sesenta años reclamando al
Estado español medidas de reconocimiento, de reparación y de
compensaciones económicas por los daños sufridos. Unas medidas que se han
llevado a cabo en todo el mundo, excepto en el Estado español. En toda
Europa se ha reconocido, se ha legislado y se han regulado las
indemnizaciones para quienes la talidomida les truncó la vida. En toda
Europa, menos en el Estado español.


La principal reivindicación de los afectados por la talidomida es un
reconocimiento global, social y económico, comparable con los de otros
países, ya que los mecanismos que se establecieron en el pasado han
excluido a la mayoría de las personas afectadas, condenándolas al
abandono institucional. Por eso, Esquerra Republicana trae hoy esta
moción al Pleno. En dos Plenos anteriores presentamos una interpelación
al vicepresidente Pablo Iglesias; y hoy traemos esta moción al Pleno.
Porque después de sesenta años de olvido histórico-institucional, después
de sesenta años de reivindicaciones, creemos que ya ha llegado el
momento. Hace tiempo que era el momento de reconocer, de asumir y de
reparar los derechos de todas y todos los afectados por la talidomida,
que gobierno tras gobierno han olvidado.


Señorías, solo es cuestión de voluntad política. Y falta todavía mucha
voluntad política. Durante años se ha obviado proteger a todas las
víctimas; se han creado falsas expectativas año tras año. Y las han dado
tanto los ministerios de salud de los Gobiernos del Partido Popular como
de los Gobiernos del Partido Socialista y también del Partido Socialista
y Unidas Podemos. Esperemos que esto se solucione rápido. Actualmente, de
las 3000 personas que inicialmente estaban afectadas, quedan unas
quinientas y pocas en el conjunto del Estado español. Quinientas y pocas
personas que llevan toda su vida padeciendo los graves efectos de las
discapacidades por el uso e indicación de la talidomida, en su día
avalado por el Estado.


Esperemos que hoy se dé un paso adelante en este sentido y un paso
adelante en el reconocimiento de todas las personas afectadas por la
talidomida.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


Para la defensa de las enmiendas que quedan vivas, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, la talidomida es un fármaco sedante e hipnótico, introducido
en el mercado mundial por el laboratorio Grünenthal para tratar la
ansiedad, el insomnio, las náuseas y vómitos de mujeres embarazadas. El
laboratorio aseguró que el medicamento era inocuo y no tenía efectos
secundarios, bajo el eslogan: Tan inocuo como un caramelo. Se vendió en
Europa, África, Australia, América y Canadá, distribuyéndose en 50 países
con 80 nombres comerciales distintos. La talidomida no era tan inocua
como indicaba el laboratorio, sino todo lo contrario, ya que es
teratogénica, provocando graves malformaciones en extremidades y órganos
internos cuando se toma durante los tres primeros meses del embarazo. En
los casos más graves, los recién nacidos carecen de brazos y piernas. A
cada bebé le afectaba de forma diferente. Los efectos más comunes y
frecuentes que produce son focomelias, agenesia, amputaciones totales en
brazos y piernas, así como otras anomalías connatales.


La Dirección General de Farmacia y Medicamentos aseguró en 1980 que la
talidomida estuvo en el mercado farmacéutico español entre 1957 y 1963.
En la actualidad, la concesión de ayudas a los afectados por la
talidomida está recogida en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto,
por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las
personas afectadas por talidomida en España durante el período 1960
a 1965 y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 6/2018, de 3 de
julio, en su disposición adicional quincuagésimo sexta, en la que se
ampliaba el marco temporal entre 1950 y 1985 y establecía la obligación
del pago de dos tipos de ayudas a los afectados por la talidomida en
España; una con cargo a los presupuestos públicos y otra con cargo a
Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar
responsabilidad por la tragedia.


Señorías de Esquerra Republicana, estamos de acuerdo con ustedes en que
las personas afectadas por la talidomida en España tienen derecho a las
prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para
desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, así como para
suplir las deficiencias causadas por las lesiones originadas por la
endopatía, para lo cual están exentos de cualquier tipo de pago. Señorías
de Esquerra Republicana, tengan claro que Vox siempre trabajará y apoyará
todo aquello que vaya en beneficio del pueblo español, mejorando sus
condiciones y calidad de vida, así como apoyaremos todas aquellas
reivindicaciones justas que vayan en beneficio suyo.


Sobre la base de lo expuesto anteriormente están planteadas nuestras
enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora proponente para aceptar o no la enmienda
presentada.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.


No vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Mixto, en este caso,
presentadas por Vox.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Pasamos entonces al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías de Esquerra Republicana-Bildu, en Vox apoyamos y apoyaremos
todas aquellas acciones que mejoren la salud de los españoles, así como
aquellas reclamaciones justas que les resarzan de los daños sufridos por
negligencias médicas, como en este caso. Siempre estaremos a favor de
todo aquello que vele por lo mejor para el pueblo español. Pero, dicho
esto, nos parece que esta moción es un acto hipócrita por parte de sus
señorías. Quieren ayudar a unas víctimas que, a su vez, apoyan y
homenajean a asesinos y terroristas causantes de muchas otras víctimas.
Señorías, un poco de coherencia, por favor, no puede ser que quieran
ayudar a unos y humillar a otros, como hacen con las víctimas del
terrorismo.


También es llamativo su enorme desinterés y abandono del pueblo catalán
no independentista; de esos catalanes que día sí y día también se ven
atacados en sus derechos como ciudadanos libres, por hordas de
incontrolados que ustedes incitan y animan.


Muchas Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, la senadora Rivero
Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÁS: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Doy la bienvenida a esta Cámara a los representantes de la asociación
de afectados por la talidomida. Quiero mostrar mi agradecimiento, de
manera especial, al señor Rafael Basterrechea por su disposición, su
interlocución y ayuda para trasladar sus legítimas peticiones al ámbito
parlamentario. Gracias por su ayuda siempre.


Senyories, quan parlem de la talidomida, ningú es resisteix a relatar
els fets, perquè per la seva cruesa i la seva durada en el temps, semblen
inversemblants. Tampoc es va resistir a aquest relat el propi
vicepresident del Govern després que la senadora d’Esquerra
Republicana fes la seva interpel·lació. Tenim, doncs, uns fets i els
efectes d’aquests fets. Sense entrar en enumeracions i dades,
perquè no disposo de temps, Grünenthal va sintetitzar la talidomida per
tal de conciliar el son, i es va acabar utilitzant per tractar les
nàusees i els vòmits de dones embarassades. Aquest fet va comportar
nombrosos avortaments i malformacions. Per això es va deixar de
comercialitzar. Però quan això va succeir, ja havien quedat enrere moltes
persones afectades. Des d’aleshores, i estem parlant de fa molt de
temps —més de cinquanta anys—, el reconeixement i la
indemnització als damnificats, tenint en compte que no es pot indemnitzar
un projecte vital, no ha estat un camí de roses. S’ha hagut de
debatre en diferents processos judicials, amb una doble dificultat. Per
un costat, la càrrega de prova dels fets dels afectats. Cinquanta anys
després, com acredites que a la mare se li va receptar realment la
talidomida? Com demostrar que aquesta mare a la qual es va receptar la
talidomida efectivament va prendre la dosi que pertocava? Hi havia en
aquell moment una predisposició genètica, que aleshores tampoc no es
podia detectar? Podien concórrer altres causes? No ho sabem. Aquesta és
una de les dificultats cinquanta anys més tard. Per un altre costat,
l’altra dificultat és que la comercialització no es va portar a
terme únicament per part del laboratori que va crear aquest producte.
Aquestes qüestions, que són molt complexes a nivell judicial, a Alemanya
es van salvar pel fet que el Govern va ser qui va encapçalar la resposta
social a aquest tema. Més enllà de tecnicismes jurídics o legals, algú
pot negar la concatenació dels fets? Algú pot negar que hi havia uns
efectes secundaris i uns danys comuns? Jo crec que no. És el Govern qui
havia i qui ha de donar solucions i un pas endavant per liderar la
resposta social que s’espera d’un Estat social. Avui Alemanya
ja ho té solucionat, una paraula que potser no és adient. Ha indemnitzat
i ha reconegut i compensat a nivell econòmic i moral, fins a on est pot,
els damnificats. A Espanya, malgrat reials decrets, això encara no és una
realitat, perquè ja sabem que en aquest país hi ha normes que, si no es
compleixen, no passa res. Seria millor no tornar a debatre i complir més.
No tindré temps, o sigui que vaig al gra. Nosaltres, com deia el
vicepresident, pensem que aquesta és una més de les carències
democràtiques d’aquest país en què vivim, i els asseguro que no en
són poques. Les injustícies s’han de denunciar i lluitar sempre. En
aquest sentit, jo vull tornar a agrair a AVITE el treball, la constància,
la resiliència i la perseverança per no defallir, per resistir. El senyor
vicepresident del Govern va dir que era un fet extraordinari portar
aquests temes a debat. Això és una gran mentida, perquè aquests temes es
porten a debat ja des del 2012, quan els companys del meu propi grup vam
agafar el testimoni polític per posar això sobre la taula. Una altra cosa
és que no es vulgui afrontar per part dels diferents Governs de
l’Estat que han anat passant. Per tant, crec que es comet un error
y se reconoce que se ha cometido, si se continúa en el error, se comete
un error aún mayor.


Señorías, cuando hablamos de talidomida nadie se resiste a relatar los
hechos, porque por su crudeza y su duración en el tiempo, parecen
inverosímiles. Tampoco se resistió a ese relato el propio vicepresidente
del Gobierno, después de que la senadora de Esquerra Republicana
presentara su interpelación. Tenemos, pues, unos hechos y los efectos de
esos hechos. Sin entrar en una enumeración de datos, porque no dispongo
de tiempo, Grünenthal, sintetizó la talidomida para poder conciliar el
sueño y se acabó utilizando para tratar las náuseas y los vómitos de
mujeres embarazadas. Este hecho comportó numerosos abortos y
malformaciones. Por eso dejó de comercializarse. Pero cuando eso sucedió
ya habían quedado atrás muchas personas afectadas. Desde entonces
—y estamos hablando de hace mucho tiempo, más de cincuenta
años—, el reconocimiento y la indemnización a los damnificados,
teniendo en cuenta que no se puede indemnizar un proyecto vital, no ha
sido un camino de rosas y ha habido que debatir en distintos procesos
judiciales con una doble dificultad. Por una parte, la carga de la prueba
de los hechos de los afectados, porque cincuenta años después, ¿cómo
acreditan que a su madre se le recetó realmente la talidomida? ¿Cómo
demostrar que a esa madre a quien se le recetó la talidomida realmente se
tomó la dosis que correspondía? ¿Había en aquel momento una
predisposición genética, que en ese momento tampoco podía detectarse?
¿Podían concurrir otras causas? No lo sabemos. Esa es una de las
dificultades cincuenta años después. Y, por otro lado, la otra dificultad
es que la comercialización no se llevó a cabo únicamente por el
laboratorio que creó este fármaco. Estas cuestiones, que son muy
complejas judicialmente, en Alemania se salvaron por el hecho de que el
Gobierno fue quien encabezó la respuesta social a este tema. Más allá de
tecnicismos jurídicos o legales, ¿alguien puede negar la concatenación de
los hechos? ¿Alguien puede negar que hubiera unos efectos secundarios y
unos daños comunes? Yo creo que no. Es el Gobierno quien tenía —y
tiene— que dar soluciones e ir un paso adelante para liderar la
respuesta social que se espera de un Estado social. Hoy, Alemania lo
tiene ya solucionado, una palabra que quizás no es adecuada, pero ha
indemnizado, reconocido y compensado económica y moralmente, hasta dónde
se puede, a los damnificados, y en España, a pesar de reales decretos,
esto no es todavía una realidad, porque ya sabemos que en este país hay
normas que si no se cumplen no pasa nada; sería mejor no volver a debatir
y cumplir más. No tengo mucho tiempo, así que voy al grano. Nosotros,
como decía el vicepresidente, creemos que esta es una más de las
carencias democráticas de este país en que vivimos y les aseguro que no
son pocas. Las injusticias tienen que denunciarse y hay que luchar para
que no las haya siempre, y en ese sentido, yo quiero volver a agradecer a
Avite su trabajo, su constancia, su resiliencia, su perseverancia, el no
desfallecer y resistir. Escuchen, el señor vicepresidente del Gobierno
dijo que era un hecho extraordinario llevar estos temas a debate. Eso es
una gran mentira, porque estos temas se llevan a debate desde 2012,
cuando los compañeros de mi propio grupo tomamos el testigo político para
poner esto sobre la mesa; otra cosa es que no se quiera afrontar por los
distintos Gobiernos del Estado que han ido pasando. Por tanto, yo pienso
que cuando se comete un error y se reconoce que se ha cometido, si se
continúa en el error, se comete un error aún mayor. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


Esperamos que este sea el último debate. Nosotros pensamos que la
propuesta podía ser más ambiciosa. No rebajamos nuestras convicciones,
pero sí nuestras ambiciones si eso nos lleva a una solución. Hay que
reparar a estas personas afectadas por estos daños. Eso sí, sabiendo que
no hay reparación posible verdaderamente justa, sabiendo que jamás será
suficiente y sabiendo que llegamos tarde y llegamos mal. Y, señor de Vox,
nos encontrará defendiendo todos los derechos, también los de nuestros
políticos, a los que quieren callados y encerrados. Por eso, queremos
justicia para con los afectados de la talidomida, de la misma manera que
queremos libertad para nuestros presos políticos y exiliados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar un saludo a la asociación de víctimas,
Avite.


És trist i vergonyós que encara estiguem avui, dia 10 de març de 2021,
al Senat, debatent açò. Debatent, perquè encara que s’aprove, que
esperem que sí, i per unanimitat, vorem si després el govern està a
l’altura de les circumstàncies i fa alguna cosa més que
declaracions de bones intencions. És una moció que, entenem, mai no
hauria d’haver-se presentat ací en el Senat, perquè mai
s’hauria hagut de permetre la venda d’aquest fàrmac; mai
perquè si Alemanya, en 1961, ja va retirar de la venda la talidomida, un
cop vistes les seqüeles terribles, és a dir, que des de 1961 tenien clars
que no era un producte apte, a l’Estat Espanyol vam estar encara
així anys i anys permetent-ne la comercialització a Espanya. Mai no
s’hauria hagut de presentar aquesta moció, perquè des de 1985 fins
ara, el Govern ha tingut temps més que suficient per a compensar les
víctimes de la talidomida. Perquè des de 1985 fins ara, l’empresa
tot i quedar clara la seua responsabilitat, continua impune, i
l’administració de l’Estat, tot i fallar en tots els
protocols i obligacions, no ha estat mai a l’altura de les
circumstàncies. L’empresa tenim clar que és culpable i responsable,
però els tribunals ja hem vist que donen per prescrita la seua
responsabilitat, però cal esgotar totes les vies, polítiques també, per
exigir-li des de l’administració que assumisca econòmicament part
del dany que ha causat. Veiem justa aquesta moció, la qual comença
precisament per allà on hauria d’haver començat
l’administració, l’Estat, als anys 60 del segle passat.
L’Estat ha de demanar disculpes per permetre comercialitzar la
talidomida sense cap tipus de garantia, demanar disculpes per estar
donant l’esquena durant dècades a les víctimes, per no
empatitzar-hi i per no assumir com a Estat cap responsabilitat. Demanem
que l’Estat, a més, assumica una responsabilitat econòmica que, a
fi de comptes, és insignificant per als pressupostos generals de
l’Estat, però simbòlicament és molt potent per a les persones
víctimes. Estem parlant de poca gent i, al mateix temps, de molta; estem
parlant d’unes 500 persones vives. Perquè, ara, com compensem
aquestes persones que duen tota la vida arrossegant malformacions
físiques per comercialitzar aquest fàrmac? Com es compensa una vida plena
de patiments, o directament, no poder viure, haver perdut la vida, per
aquestes malformacions? Hi ha diners que puguen indemnitzar el dany
causat? Segurament, no, però encara molt menys si aquests són misèria i
companyia, com s’han destinat de manera puntual en altres ocasions,
tard i malament, i sols per a uns pocs. Vint-i-quatre persones , segons
fonts de l’Associació de Víctimes de la Talidomida en Espanya
(AVITE), han percebut una indemnització d’una mitjana
de 65.000€, dades de 2020, per tota una vida de penúries, de
malformacions greus i d’un infern personal viscut. És realment
indigne i ridícul. En els països del nostre entorn, des del començament
dels anys 70 del segle passat, les víctimes ja estaven reconegudes, i les
persones malaltes, indemnitzades, per tal de garantir uns mínims vitals
exigibles. Ací, com sempre, l’Estat no ha estat a l’altura de
les circumstàncies. En l’Estat no va ser fins l’any 2010 quan
es va reconèixer institucionalment a les víctimes, però d’una
manera ridícula. En l’any 2020, 2.500 persones afectades per la
talidomida havien perdut la vidat sense cap tipus de reconeixement ni de
compensació econòmica. Fem tard, molt tard, ja que les indemnitzacions
s’haurien d’haver donat en vida a totes les persones que ho
van patir. Des de Compromís portem anys exigint responsabilitats,
presentant mocions en les institucions. Directament hem exigit també, amb
esmenes als pressupostos generals de l’Estat, unes partides dignes
per a tal efecte. Pensem que ara no és el moment de les bones paraules,
de reconeixements simbòlics, és el moment que l’Estat assumisca de
veritat la seua responsabilitat i actue.Fets com aquests no es poden
tornar a produir mai més i no poden quedar impunes.


Un fuerte abrazo a todas las víctimas, a sus familiares, a toda la
gente que lleváis años batallando por esta injusticia. Esperemos que, hoy
sí, cerremos una página vergonzosa de nuestra memoria colectiva como
Estado. Esperemos que, hoy sí, se asuman responsabilidad y, en la medida
de lo posible, se repare el daño causado.


Gràcies.


Es triste y vergonzoso que aún estemos hoy, día 10 de marzo de 2021, en
el Senado, debatiendo esto, porque aunque se apruebe, que esperemos que
sí, veremos después si el Gobierno está a la altura de las circunstancias
y hace algo más que declaraciones de buenas intenciones. Es una moción,
entendemos, que nunca debería haberse presentado aquí en el Senado,
nunca, porque nunca tendría que haberse permitido la venta de ese
fármaco. Nunca, porque si en Alemania se retiró la talidomida en 1961,
una vez vistas las secuelas terribles que causaba —en 1961 tenían
ya claro que este producto no era apto—, en el Estado español
estuvimos años y años permitiendo su comercialización. Nunca se tendría
que haber presentado esta moción, porque desde 1985 hasta ahora el
Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para compensar a las
víctimas de la talidomida, porque desde 1985 hasta ahora la empresa, a
pesar de haber quedado clara su responsabilidad, continúa impune y la
Administración del Estado, a pesar de fallar en todos los protocolos y
obligaciones, no ha estado nunca a la altura de las circunstancias. La
empresa tenemos claro que es culpable y responsable, pero por vía de los
tribunales ya hemos visto que dan por prescrita su responsabilidad, pero
hay que agotar todas las vías políticas también para que la
Administración le exija que asuma económicamente parte del daño que ha
causado. Vemos justa esta moción y empezamos justamente por donde debería
haber empezado la Administración del Estado en el año 1960 del siglo
pasado. El Estado tiene que pedir disculpas por permitir comercializar la
talidomida sin garantías, tiene que pedir disculpas por estar dando la
espalda durante décadas a las víctimas, por no empatizar con ellas y por
no asumir como Estado ninguna responsabilidad. El Estado, además, tiene
que asumir una responsabilidad económica, que, a fin de cuentas, es
insignificante para los Presupuestos Generales del Estado, pero
simbólicamente es muy potente para las víctimas. Estamos hablando de poca
gente y, al mismo tiempo, de mucha, de unas 500 personas vivas, porque,
¿cómo compensamos a estas personas ahora, cuando llevan toda la vida
arrastrando malformaciones físicas por comercializar este fármaco? ¿Cómo
se compensa una vida llena de sufrimiento o directamente no poder vivir,
haber perdido la vida por estas malformaciones? ¿Hay dinero que pueda
indemnizar el daño causado? Seguramente no, pero aún mucho menos si la
compañía actúa con miseria, como lo ha hecho de manera puntual, en otras
ocasiones. Tarde, mal y solo para unos pocos, 24 personas, según fuentes
de Avite, han percibido una indemnización con una media de 65 000 euros,
datos de 2020, por toda una vida de penurias, de malformaciones graves y
de un infierno personal. Es realmente indigno y ridículo. En los países
de nuestro entorno, desde el comienzo de los años sesenta o setenta del
siglo pasado, las víctimas ya estaban reconocidas y las personas con
enfermedades indemnizadas para garantizar unos mínimos vitales exigibles.
Aquí, como siempre, el Estado no está a la altura de las circunstancias.
No fue hasta el año 2010 cuando el Estado reconoció institucionalmente a
las víctimas, pero de una manera ridícula. En el año 2020, 2500 personas
afectadas por la talidomida perdieron la vida sin ningún tipo de
compensación económica. Llegamos tarde, muy tarde, ya que las
indemnizaciones deberían haberse podido dar en vida a todas las personas
que sufrieron esto. En Compromís llevamos años exigiendo
responsabilidades, presentando mociones en todas las instituciones o
directamente exigiendo con enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado unas partidas dignas para tal efecto. Pensamos que ahora no es el
momento de las buenas para palabras, de reconocimientos simbólicos, es el
momento de que el Estado asuma su responsabilidad y actúe. Hechos como
este no se pueden volver a producir nunca más y no pueden quedar
impunes.


Mando un fuerte abrazo a todas las personas víctimas, a sus familiares,
a toda la gente que lleva años batallando por esta injusticia. Esperemos
que hoy sí cerremos una página vergonzosa de nuestra memoria colectiva
como Estado. Esperemos que hoy sí se asuman responsabilidades y, en la
medida de lo posible, se repare el daño causado.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Mulet.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero dar la bienvenida a Avite, la Asociación de Víctimas de la
Talidomida y darles las gracias y la enhorabuena por su lucha, así como
desearles mucha fuerza y mucho ánimo.


En Ciudadanos llegamos a un compromiso con los afectados de la
talidomida en España para proceder a la reparación de los daños causados
por la retirada tardía del fármaco sedante basado en la talidomida. Las
lesiones producidas por dicho fármaco en bebés reproducían un patrón muy
característico y extremadamente infrecuente en otras embriopatías:
lesiones severas, con el acortamiento de extremidades o ausencia de las
mismas en un patrón como conocido como focomelia o Amelia, así como otras
malformaciones menos frecuentes. La deficiente, señorías, organización
sanitaria de nuestro país en el franquismo hizo que se retrasara de
manera indebida la retirada del fármaco, hasta tal punto que la última
orden de retirada emitida por el ministerio tiene una fecha tardía, como
que fue del año 1985, treinta años más tarde de los primeros nacidos con
estas embriopatías. Estos hechos supusieron, obviamente, un aumento
innecesario del número de víctimas. Además, en el caso de nuestro país,
se produce el hecho de que la falta de cultura cívica y la ausencia de
asociaciones de pacientes dejaron en franca y auténtica indefensión a
este grupo de pacientes durante décadas.


En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos consiguió liderar la inclusión de una
disposición adicional relativa a las ayudas a las personas afectadas por
talidomida. Mediante esta disposición, se elevaban las cantidades de las
ayudas contenidas hasta ahora, pasando de los 36 000 euros, 72 000
euros, 96 000 euros y 180 000 euros, según tramos de
discapacidad, 36 %, 45 %, 65 % y 75 %, a los 12 000 euros por un punto
porcentual de discapacidad, lo que supone un aumento progresivo de las
ayudas para aquellos afectados que han visto más cercana su libertad y su
autonomía individual. Efectivamente, presentamos una enmienda, pero
quiero dar las gracias a la proponente de la moción, porque, al final,
por el talante, por la mano izquierda y las ganas de negociar, hemos
llegado a una transacción, prácticamente, de todos los grupos, y ya ven
ustedes que los políticos no solo nos peleamos, sino que en temas de
calado tan importantes como este, somos capaces de ponernos de acuerdo,
de llegar a una transacción y de votar a favor un texto común, que,
gracias a la proponente, ha sido transaccionado. Yo vengo del Parlamento
Regional de Murcia, de la Asamblea Regional de Murcia, y en la
legislatura pasada también llevamos adelante una iniciativa como esta que
también fue aprobada por unanimidad. Votaremos, por supuesto, a
favor.


Muchas gracias, mucho ánimo y enhorabuena por su trabajo.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señor Sánchez López.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.


Primero quiero saludar a quienes nos acompañan, a los representantes de
la Asociación de personas afectadas por la talidomida y agradecerles su
presencia aquí. Yo, la verdad creo que sobre este tema hay poco que
decir, no porque no sea importante, sino precisamente porque se ha dicho
mucho y se ha hecho poco, porque estamos hablando de víctimas que han
sufrido la irresponsabilidad y el abandono del Estado y que más de medio
siglo después siguen sin ser ni reconocidas en su globalidad ni
reparadas. Este tema —ya lo han dicho compañeros aquí en el
estrado— viene de lejos. Mientras los países de nuestro entorno
retiraron un fármaco al ver los efectos secundarios, España no y cuando
el resto de países reclamaron a las farmacéuticas, tampoco. Y quiero
recordar que esto era casi como un modus operandi de la dictadura: el
negacionismo. No hay problema si no lo reconozco y, por desgracia, el de
la talidomida no es el único ejemplo que tenemos y me van a permitir un
pequeño inciso. España negó la pandemia de polio, por lo que no vio
necesidad de vacunación, excepto para los hijos del régimen, claro,
aquellos, sí la necesitaban y ahí tenemos otro colectivo que arrastra
problemas de aquellas decisiones, pero me vuelvo a los afectados por
talidomida. Y, claro, acabó la dictadura, pero la prescripción continuó y
eso tampoco lo podemos olvidar. A día de hoy, más de medio siglo después,
el Estado sigue sin dar una respuesta, hubo que esperar a un decreto de
ayudas en el 2010. Es una auténtica vergüenza y encima aquel decreto fue
a todas luces insuficiente, con unos criterios de acceso, pues casi
imposibles de cumplir, con un único pago, que vimos también a qué se
reducía, con unas fechas de nacimiento que estaban totalmente
constreñidas, cuando la prescripción y los problemas se habían dado en
muchos más años. Fueron unas ayudas insuficientes e inaccesibles, y
muestra de esto es que solo se beneficiaran 24 personas. Así que no se
reconoció globalmente a las personas afectadas.


Mireia, cuando leímos la moción original la íbamos a apoyar, por
supuesto, pero creemos que con el cambio es bastante más acertada, porque
no estamos hablando de cambiar un decreto que ya estaba mal, sino de
cumplir con una ley, porque sabemos todos que el tema se retoma en una
PNL del Congreso en 2016 y luego tiene una adicional en la Ley de
Presupuestos del 2018, presupuestos que se aprobaron en julio de 2018 y
hoy estamos a 10 de marzo del 2021, o sea que es una ley que no se ha
cumplido en dos años y medio. Seguimos aquí, lo único que se me ocurre
decir es que llegamos más que tarde y esperemos que no sea tarde y mal.
Hace 15 días, durante la interpelación de Esquerra Republicana, el señor
Iglesias nos adelantó que el ministerio está elaborando un decreto.






Bien,
bienvenido, bienvenido, pero ya vimos cómo era el otro decreto, así que
lo revisaremos con interés y estaremos muy atentos y muy atentas a los
tiempos y a la forma. En este caso, yo creo que hay una clara
responsabilidad de las farmacéuticas, en plural, porque no hablamos solo
de una compañía, hablamos de quién tenía la patente, de quién distribuía,
de quién, incluso, siguió distribuyendo una vez que la propia compañía
había retirado el fármaco. Hay una responsabilidad clara de las
farmacéuticas, pero aquí yo creo que estamos fundamentalmente para
reclamar la responsabilidad histórica del Estado por su negación,
negligencia, olvido e inacción. Es una cuestión pendiente de resolver por
el Gobierno y hay personas afectadas que llevan demasiado tiempo
esperando una respuesta, y es de justicia dársela cuanto antes, dársela
ya. Vamos tarde, ya lo he dicho, espero que por lo menos vayamos bien
encaminados y que esta sea la definitiva. Confío en que esta moción
concite el respaldo unánime de toda la Cámara. Por supuestísimo cuenta
con el apoyo de mi grupo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señora Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra la senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.


En esta tribuna, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios del
Senado la voluntad política de acordar y firmar el texto transaccional
acordado. No ha sido fácil, pero hemos hablado con todos los grupos
políticos y hemos llegado a acuerdos. Esto es bueno, pero aún queda mucho
camino por recorrer. El hecho de que hoy se haya podido transaccionar el
texto de la moción y de que se apruebe esta moción no significa que ya se
haya terminado, al contrario, pienso que aquí, hoy, empieza todo.


Esquerra Republicana impulsarà i pressionarà al màxim perquè es
compleixin els acords de la moció que aquesta tarda s’aprovarà. I
continuarem lluitant al costat de totes les persones afectades per la
talidomida. Perquè ja és hora, ja va essent hora, que vegin reconeguda la
seva lluita i el seu patiment de tots aquests seixanta anys.


Esquerra Republicana impulsará y presionará al máximo para que se
cumplan los acuerdos de la moción que esta tarde se va a aprobar y vamos
a seguir luchando al lado de todos aquellos afectados por la talidomida
porque ya va siendo el momento de que vean reconocidos su lucha y su
sufrimiento durante estos sesenta años.


Agradezco la persistencia y la resistencia de las personas afectadas,
representadas, en este caso, por la Asociación de las Víctimas de la
Talidomida, Avite. Sin duda alguna, Esquerra Republicana estará a su lado
acompañando y luchando para que sus reivindicaciones se hagan realidad.
No lo pongan en duda.


Señor vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, recogemos
sus palabras y le pedimos voluntad política para solucionar este grave
problema. Dé curso a la moción que se va a aprobar en el Senado, que,
seguramente, lo será por unanimidad. Esperamos pasar página pronto,
porque deseamos pasar página al abandono institucional del Estado
español. Está en su mano, señor vicepresidente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Cortès.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De
Arriba.


El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, señorías, representantes de la
Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, muy buenas tardes a
todos.


Cualquier acción de justicia, por bienintencionada que sea, si se hace
tarde, impide la reparación justa que muchos merecen y deviene en una
injusticia añadida. Vaya por delante, señorías, que nuestro grupo
parlamentario votará a favor de esta iniciativa. Dicho lo cual, creo que
es preciso poner en contexto algunas cuestiones sucedidas a lo largo de
los años para destacarlas y para aprender de ellas. El Real
Decreto 1006/2010, del señor Rodríguez Zapatero, que regulaba el
procedimiento de concesión de ayudas a los afectados por la talidomida en
España, planteó un grave problema técnico y un grave problema práctico.
El plazo de solicitud fue muy exiguo, se excluía la posibilidad de
resultar beneficiario de las ayudas a quien tuviera un grado de
discapacidad inferior al 33 % y exigía que, en tan poco tiempo, el
Instituto de Salud Carlos III emitiese un diagnóstico. Resultado: un
auténtico fracaso. Siete años después, el Gobierno del Partido Popular
puso en marcha un plan integral para dar respuesta a los afectados por
talidomida, con la creación de un comité científico-técnico en el seno
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; una comisión
institucional para la talidomida formada por cuatro ministerios, las
comunidades autónomas, la OMC y Avite; un comité de seguimiento del plan
con presencia de los representantes de la asociación en España. Se
redactó un proyecto de real decreto para la concesión de las ayudas a los
afectados hasta 1985, cuestión nada desdeñable, y se aprobó, en los
Presupuestos Generales del Estado de 2018, una partida específica para
estas ayudas, ley que, curiosamente, fue votada en contra por Partido
Socialista y Unidas Podemos. Digo esto porque, al tiempo de reconocer el
retraso excesivo en el reconocimiento de esta injusticia, conviene
precisar el intenso trabajo realizado por el Gobierno del Partido
Popular. Sin embargo, señorías, llegó la moción de censura y Pedro
Sánchez a la Presidencia del Gobierno, lo que supuso una moción de
censura también a los afectados. El Gobierno socialista y el propio
secretario general del Ministerio de Sanidad, alejaron, desde el minuto
uno, la urgencia del resarcimiento, inhibiéndose de su responsabilidad.
Después de tres años en el poder, con los presupuestos populares del
señor Cristóbal Montoro, con las previsiones presupuestarias para su pago
en reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes, ¿cuál fue el
motivo por el que el Gobierno del señor Sánchez no las ejecutase?
¿Cuántos famosos viernes sociales olvidándose de los afectados por la
talidomida? (Aplausos). Lo peor, señorías, es que ya con el
vicepresidente Iglesias en el Gobierno, que lleva en el logotipo de su
cartera ministerial las palabras «derechos sociales», los derechos
sociales han desaparecido en la práctica de sus cometidos. Se dedica a
todo, a pulular por el escenario nacional defendiendo a huidos de la
justicia, a raperos condenados por sentencia firme, llamando a las
algaradas callejeras, pero de derechos sociales, nada de nada.
(Aplausos). Cuando se le preguntó hace escasamente quince días por la
cuestión que hoy tratamos en esta misma tribuna, como se dedica a esas
cosas que les comentaba, tuvo, en palabras de la asociación de afectados,
una intervención vaga y sin concretar, con indefinición de sus palabras y
de la que pocas cosas positivas se extrajeron. Eso sí, como es un
profesional del populismo y del poco trabajo, dijo, de postureo, lo que
suele decir cuando no sabe de qué habla: Este tema va a quedar resuelto
muy pronto. Háganse a la idea de que este tema, sabiendo los
antecedentes, va a quedar tan resuelto como todo lo que toca, es decir,
nada. Ejemplo, el ingreso mínimo vital, que prácticamente nadie ha
recibido y eso que, cuando el vicepresidente Iglesias lo anunció, dijo
que era un día histórico. El señor Iglesias nos está empezando a
acostumbrar a los días históricos de la nada porque no hay nada en su
departamento de derechos sociales a lo que se dedique y nos tememos que
lo mismo pasará con el resarcimiento a las víctimas de la talidomida.
Porque, señorías, ¿a qué se dedica el señor Iglesias, a proteger como
ministro de Derechos Sociales a los más vulnerables? ¿Cuántas residencias
de mayores ha visitado?


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: ¿Qué ha aportado a las políticas sociales
durante este primer año de Gobierno, llamar a las concentraciones el 8 de
marzo de 2020 cuando sabían de la situación, romper la cuarentena para
una foto cuando a los españoles se nos pedía quedarnos en casa,
aprovechar el estado de alarma para asaltar el CNI? ¿En que emplea su
tiempo el señor Iglesias como ministro de Derechos Sociales? Se lo voy a
decir, señorías. El señor Iglesias, que dice que se ocupa de la gente, se
ha dedicado a custodiar, amablemente, tarjetas SIM.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Termine
señoría.


El señor ARRIBA SÁNCHEZ: Voy terminando.


A amenazar a los jueces como pequeño aprendiz de Maduro, a amedrentar a
los periodistas en línea con sus convicciones totalitarias, a atacar la
monarquía parlamentaria y la Constitución, a considerar a los golpistas
presos políticos, a comparar a prófugos de la justicia como exiliados de
la Guerra Civil —inmoral—, y a cuestionar la calidad
democrática de España. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señoría; muchas gracias, senador De Arriba.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Edo.


La señora EDO GIL: Gracias, presidente. Bona vesprada. Arratsalde on.
Boas tardes. Bona tarde. Buenas tardes.


Permítanme saludar a los representantes de Avite que nos acompañan hoy
en la tribuna, personas afectadas por la talidomida, a los que quiero
agradecer su presencia. Aprovecho, además, para reconocerles su trabajo y
la lucha constante junto a sus familiares, tanto para reivindicar su
derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la
contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y
evitar que situaciones como la de la talidomida se repitiesen.
(Aplausos). Y les pido disculpas porque no hemos sabido darles una
respuesta a sus justas demandas con anterioridad, ya que han sido muchos
años de reivindicación, de lucha y de sufrimiento, demasiados, una
anomalía democrática inaceptable.


En España, la cuestión de las indemnizaciones de las víctimas de la
talidomida aparece en la agenda política muy tarde, en 2009, con el
Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, cuyo compromiso y voluntad de
reparación de los derechos a los afectados se plasmó en el Real
Decreto 1006/2010. Es cierto que solo veinticuatro afectados recibieron
compensación económica. En 2016, en el Congreso, con el compromiso del
Partido Socialista con las personas afectadas que hicimos nuestras sus
demandas y del resto de grupos parlamentarios, se aprobó, por unanimidad
y consenso de todos, una proposición no de ley sobre la protección de las
personas afectadas por la talidomida, que cristalizó en los Presupuestos
Generales de 2018, que ampliaba el reconocimiento a las ayudas de las
personas afectadas desde los años cincuenta hasta los ochenta. Tanto en
la proposición no de ley del 26 de noviembre de 2016 como en la Ley de
presupuestos del Estado de 2018, en su disposición adicional
quinquagésimo sexta se establecía el pago de dos tipos de ayudas a los
afectados de la talidomida en España, una con cargo a los presupuestos
públicos y otra con cargo a la farmacéutica alemana Grünenthal. También,
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que presentó el
Gobierno de Pedro Sánchez y que no contó con el suficiente respaldo del
resto de grupos parlamentarios para su aprobación, incluía una partida
para resarcir y afrontar las indemnizaciones de los afectados por la
talidomida. Este Gobierno de coalición sigue mostrando su compromiso y
obligación moral de reparar y resarcir a las personas afectadas cuanto
antes, con su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
este mismo año. Es una prioridad para el Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 y se está trabajando ya en el instrumento que nos permitirá
materializar las ayudas, un proyecto de real decreto para la gestión de
las indemnizaciones que propondrá dar 12 000 euros por punto de
discapacidad y en el que ya no se requiere un grado mínimo de
discapacidad para ser persona beneficiaria de las ayudas, simplificación
de trámites y documentación a presentar y revisión del censo que
desarrolló el Instituto de Salud Carlos III. Solo quedan 61 expedientes
por revisar de 593 solicitudes. Se han atendido los criterios del Consejo
de Estado y se ha elevado el asunto a la comisión delegada y al Comité
del Sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, con
la incorporación de sus aportaciones para obtener, finalmente, el
preceptivo informe favorable y la autorización de las comunidades
autónomas a la sesión del Consejo Territorial del 2 de octubre. Se ha
actualizado la memoria de análisis de impacto normativo del real decreto
y recabado los nuevos informes preceptivos para la tramitación.
Actualmente, el proyecto del real decreto está pendiente tan solo de los
informes de Hacienda, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática y del dictamen del Consejo de Estado. En
cuanto se apruebe el real decreto, que se prevé en pocos meses, se abrirá
de nuevo el plazo para la solicitud de ayudas. Espero que sea más pronto
que tarde y que el proyecto del real decreto cuente con la aprobación por
mayoría y con el consenso de los grupos parlamentarios, igual que hoy,
como no podía ser de otra forma, hemos acordado y presentado una enmienda
transaccional para poder resarcir y reparar a los afectados. Y,
evidentemente, seguiremos exigiendo la responsabilidad a la farmacéutica
para que reconozca el daño, pida perdón y asuma la colaboración económica
en las indemnizaciones a estas personas que nunca serán
suficientes.


M’atrevisc a assegurar-los que aquesta vegada els acords i la
voluntat política de reparació de drets i de justícia social als afectats
per la talidomida no es quedaran només sobre el paper.


Me atrevo a asegurarles a los afectados por la talidomida que, en estos
momentos, los acuerdos y la voluntad política no se quedarán solo sobre
el papel.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


La señora EDO GIL: Ho dic perquè no s’entendria que no fóra així,
i seria inacceptable que seguirem sense reparar aquestes persones. És
qüestió i voluntat d’aquest govern no deixar ningú enrere. És
qüestió de dignitat i de justícia social.


Moltes gràcies.


Lo digo porque no se entendería que no fuera así y sería inaceptable
que siguieran sin reparar estas personas. Es la voluntad de este Gobierno
no dejar a nadie atrás. Es cuestión de dignidad y de justicia
social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Edo.


Señorías, la propuesta de modificación de esta moción, firmada por
todos los grupos, será sometida a votación durante el plazo que la
Presidencia abrirá al concluir el debate de la primera moción
ordinaria.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR EL PROCESO
DE APROBACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL PARA INCLUIR A TODAS LAS
POBLACIONES DE LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEJANDO DE SER ESPECIE CINEGÉTICA.


671/000053

GPP


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, lee el
punto 9.2.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): A esta moción
consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas: una del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; una del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa del senador Fernández Viadero; una del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal; una del Grupo Parlamentario Socialista; y una
del Grupo Parlamentario Vasco.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Martínez
Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidente.


Traemos hoy aquí una moción como consecuencia de la interpelación en el
anterior Pleno que, como saben ustedes, hace referencia al acuerdo que se
alcanzó, el 4 de febrero, en el seno de la Comisión del patrimonio
natural y la biodiversidad, de incluir al lobo en ese listado de especies
silvestres en régimen de protección especial; una decisión con la que
nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Y estamos totalmente en
desacuerdo por varias cuestiones. La primera de ellas es porque no hubo
el consenso suficiente como para sacar esa decisión adelante; de hecho,
hubo que hacer una segunda votación y, al final, se consiguió como
consecuencia del voto de calidad del Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico. Por otro lado, tampoco nos parece lógico que en una
votación como esa tuviese, exactamente, el mismo peso una comunidad
autónoma que tiene una elevada población de lobo y que tiene unos
elevados daños provocados por el lobo, que aquellas comunidades autónomas
que no es que no tengan daños con el lobo, sino que ni siquiera tienen
lobo. Por tanto, consideramos que esta votación se llevó a cabo
totalmente dirigida con el Ministerio de Transición Ecológica, con el fin
de satisfacer los requisitos, las exigencias y las presiones de esa
asociación ecologista radical en defensa del lobo, que es Ascel. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia).


La segunda razón por la que no estamos tampoco de acuerdo es por el
dictamen del informe del comité científico porque resulta que,
efectivamente, hay un comité científico, hay un informe, pero, en ningún
caso, en ese dictamen se dice que se tenga que incorporar al lobo en ese
listado de especies silvestres de protección especial. Sí nos gustaría
que se hubiesen tenido en cuenta datos reales y fehacientes que hay en
estos momentos en la distinta geografía española, en aquellos casos en
los cuales se está llevando a cabo el aprovechamiento cinegético
comparados con aquellos otros en los que nos está llevando a cabo el
aprovechamiento cinegético y el ejemplo es claro en el caso de Castilla y
León. Como saben ustedes, en el caso de Castilla y León, que la gestión
del lobo se lleva a cabo dividida por el río Duero, se comprueba que en
la zona norte del Duero, donde hay aprovechamiento cinegético, está la
mayor población de lobo, el 85 %,y, sin embargo, allí se está produciendo
únicamente el 15 % de los daños; mientras que en el sur del Duero, donde
no hay aprovechamiento cinegético, se encuentra el 15 % de la población
solo y con esa pequeña población se producen los mayores daños, en
concreto el 85 %. Por tanto, creo que son razones suficientemente
justificadas para ver que, allí donde hay aprovechamiento cinegético, se
reducen los daños provocados en la ganadería por el lobo.


La tercera razón que nos hace pensar que esta decisión es errónea es
que se tomó invadiendo las competencias que son exclusivas de las
comunidades autónomas y vulnerando la estrategia actual de conservación
que existe en esas comunidades autónomas para el lobo.


Y la cuarta razón, la más importante de todas ellas, es que, como
consecuencia de que con esta decisión, lo que va a ocurrir es que va a
aumentar la población del lobo, va a haber más daños a la ganadería y va
a poner en peligro de extinción a algunas explotaciones ganaderas. Eso es
muy perjudicial porque resulta que la ganadería es el recurso económico
más importante en muchos de sus pueblos, por no decir el único. Por
ejemplo, en zonas de montaña, es una actividad que está contribuyendo a
mantener los ecosistemas de esas zonas, y también es un factor muy
importante en la lucha contra los incendios forestales, además de que
está contribuyendo, lógicamente, a crear empleo y a fijar población en el
mundo rural. Una decisión como esta va a empeorar la situación producida
por los daños que está provocando el lobo, que se cifran en una cantidad
mayor de 10 500 animales atacados y muertos anualmente, con unos costes
para los ganaderos de más de seis millones de euros. Por eso, traemos hoy
aquí esta moción con el fin de que se paralice esa orden ministerial que
daría lugar al respaldo legal a esta decisión.


Pedimos también que se convoque de nuevo a la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural para analizar los correspondientes informes
científicos que aporten las diferentes administraciones. Pedimos que se
debata el asunto en el seno de la Conferencia Sectorial del Medio
Ambiente y que se oiga de forma prioritaria a aquellas comunidades que
sufren mayores daños provocados por el lobo. Y pedimos también que la
decisión que se tome se haga con el mayor consenso, que es lo que no ha
habido hasta ahora; un consenso posible entre todos los actores afectados
e implicados que haga compatible esa conservación del lobo con la defensa
de los intereses de la ganadería.


Por tanto, esperemos que hoy, en la votación, prevalezca la lógica
frente a ese fanatismo animalista.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra en primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias.


Señorías, el 4 de febrero se tomó una decisión no solo sin consenso
sino además sin escuchar absolutamente a nadie, y ahí radica
principalmente el problema, en las formas, en cómo se ha adoptado esta
decisión. La ministra Ribera, intentando que su decisión ya tomada de
incluir al lobo en el LESRPE pareciera una decisión democrática, trasladó
este debate a posteriori a las comunidades autónomas. Pues bien, en una
primera votación y como las cuentas parecían no salirle porque todo
apuntaba a que iba a ganar el no en favor de las comunidades que albergan
el 95 % de las poblaciones de lobos de España y en contra de los
intereses de la señora ministra y del señor Morán, ¡qué casualidad!,
suspenden la votación y nos vamos a una segunda votación. Esta vez ya sí,
con todos los votos bien atados y tras un empate —por cierto, sin
que pudiera votar Ceuta— el ministerio fue quien se convirtió en
juez, desoyendo a los territorios afectados e inclinando la balanza a
favor —no sabemos muy bien a cambio de qué— de las
comunidades que apoyaban incluir al lobo en el LESRPE, comunidades en las
que casualmente no hay ni un solo lobo.


En Ciudadanos exigimos que se respeten los planes de las comunidades
autónomas, que se vuelva a convocar la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad de forma urgente, en aras del
diálogo y de los procesos de votación que garanticen la democracia y la
transparencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


En el Partido Regionalista de Cantabria seguimos teniendo clara nuestra
posición con arreglo a la inclusión del lobo en el LESRPE: es no. Es un
no claro, rotundo y argumentado, porque en Cantabria convivimos con el
lobo de manera equilibrada entre la pervivencia de la especie y el
mantenimiento y supervivencia de la ganadería extensiva.


Nuestra enmienda de adición quiere aprovechar la oportunidad de la
moción que hoy se presenta para que el Senado manifieste el
reconocimiento a la ganadería extensiva y lo que representa en términos
de pervivencia de los pueblos y de la biodiversidad.


En Cantabria hemos conseguido con nuestro plan de gestión del lobo que
aumente su presencia en nuestros hábitats, hasta tener en la
actualidad 19 manadas. No ponemos en duda la importancia patrimonial y
científica de la especie, ni tampoco su relevancia para contribuir al
equilibrio de los ecosistemas. Ahora bien, no vemos necesaria su
inclusión en el LESRPE como la solución para evitar su desaparición y
provocaremos el efecto contrario al que se busca con su inclusión. Los
regionalistas cántabros defendemos que se ha de compatibilizar el
equilibrio de los ecosistemas y de todas las especies presentes en ellos
con la actividad humana.


En el año 2019, en Cantabria, se alcanzó un pacto para la gestión del
lobo, tras un proceso de diálogo con todos los sectores afectados. ¿Cómo
es posible que las comunidades autónomas que no cuentan con la presencia
del lobo en su territorio pretendan decir a los que sí lo tenemos cómo
gestionarla? ¿O que comunidades donde históricamente hubo presencia del
lobo hasta su erradicación también pretenden dar lecciones sobre la
gestión del lobo? ¿Se han planteado esas comunidades que votaron sí a la
inclusión en el LESRPE hacer repoblaciones de lobos en sus territorios?
Contribuyan de manera muy activa con la defensa de la especie y pidan que
les lleven lobos a sus territorios porque en su tiempo los
tuvieron.


Sus defensores argumentan que se disponga de ayudas para el sector de
la ganadería extensiva en las comunidades autónomas que cuenten con
manadas de lobos, y así se soluciona el problema. Desconocen lo que
significa para un ganadero —y les habla un hijo de ganaderos—
que les maten sus cabras, sus ovejas, sus vacas o sus caballos. Es más
que una cuestión económica, es una cuestión emocional, que todo su
esfuerzo se vea destrozado de la noche a la mañana. Hablen con el sector
ganadero; escúchenles y, después, igual cambian de opinión.


Tampoco compartimos las soluciones que aporta el Ministerio de
Agricultura, consistentes en reorganizar los fondos propios de la PAC
como medida compensatoria; es algo carente de toda lógica. El sector
primario no vive solo con los reconocimientos, como los que se hacen
continuamente desde algunas bancadas, lo único que quieren es vivir
dignamente y que sus cabañas ganaderas se mantengan en el tiempo. La
ganadería extensiva es la mayor garante del mantenimiento de la
biodiversidad. En Cantabria seguiremos defendiendo a nuestro sector
ganadero y la ejecución de nuestro plan de gestión del lobo —les
invito a que se lo lean— que para nada contiene un ataque al lobo;
al contrario, es una gestión racional que permite la pervivencia tanto
del lobo como de la ganadería extensiva.


También he de decir que hoy, en mi comunidad, la federación de
municipios ha firmado un acuerdo de apoyo, en este caso al Gobierno de
Cantabria, y lo ha firmado también el Partido Regionalista de Cantabria,
lo ha firmado el Partido Socialista y lo ha firmado el Partido Popular.
Además, el Parlamento de Cantabria, también por acuerdo de todos sus
grupos, hizo una apuesta clara porque el lobo no se incluyera en el
LESRPE. Esta no es una cuestión ideológica y de partidos políticos, esta
es una cuestión de saber equilibrar y gestionar la presencia del lobo,
que es necesaria, con la pervivencia de la ganadería. Además, no sé si lo
sabrán —seguro que si— pero hay una carta dirigida ya por
diez gobiernos a la ministra de Transición Ecológica: el Gobierno del
País Vasco, de Galicia, de Andalucía, de Asturias, de Cantabria, de
Murcia, de Aragón, de Madrid, de Castilla y León, de Ceuta. Asimismo, las
coordinadoras de organizaciones agrarias como COAG, UPA y Asaja se han
sumado a este acuerdo. Es decir, que no es una cuestión de unos pocos, es
una cuestión de muchos y de todas las sensibilidades políticas. Por
tanto, esperemos que hoy se dé un paso y logremos volver al consenso y al
diálogo, que es lo que hace falta, y no la imposición.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyora Presidenta.


Entenem els posicionaments dels partits que m’han precedit. Total
empatia amb el sector ramader. Entenem, a més, la por atàvica al llop,
està entre en les pors arquetípiques de tots, però en teoria, hem
evolucionat. Com a societat hem evolucionat, malgrat algunes ideologies.
Hem de reconèixer la importància de la presència de l’espècie en
els ecosistemes naturals, que es tradueix en la necessitat de disposar
d’una gestió unificada en tot l’Estat espanyol, després de
dècades de falta de gestió coordinada, així com en l’obligatorietat
d’elaborar una estratègia per a la seua recuperació.


Es tracta d’una mesura de protecció necessària i degudament
justificada, que obeeix a raons i exigències basades en criteris
científics, que hem de caracteritzar de mínims, perquè almenys li siguen
aplicables les mesures contemplades en l’Ordre que es pretén
modificar, que incloga la mort indiscriminada d’exemplars de llop
mitjançant controls letals de batudes de caça en algunes autonomies. Per
l’aplicació de l’art. 45 de la Llei del Patrimoni Natural i
de la Biodiversitat, la inclusió en el llistat comporta la prohibició de
«qualsevol actuació feta amb el propòsit de donar-los mort, capturar-los,
perseguir-los o molestar-los, així com la destrucció o deteriorament dels
seus nius, vivaris i llocs de reproducció, hivernada o repòs». Per això,
hauria de suposar la inaplicació de les normes jurídiques autonòmiques
que habiliten a l’eliminació d’aquests individus, i
l’afectació dels quals en la biodiversitat ja ha quedat en
evidència.


D’altra banda, previ al document que se sotmet a consulta, el
Ministeri, contràriament al que s’ha vingut dient, ha comptat amb
el suport dels informes emesos en el tràmit reglamentari pels organismes
competents, i ha estat sotmesa, amb caràcter favorable, a la Comissió de
Patrimoni Natural i Biodiversitat amb la representació autonòmica
pertinent. S’han fet tots els tràmits necessaris.


Per tot l’exposat, pensem que resulta necessari i pertinent
continuar amb la tramitació de la modificació de l’Ordre
ministerial amb l’objectiu d’incloure totes les poblacions
espanyoles de llop, Canis lupus, en el llistat d’espècies
silvestres en règim de protecció especial. Per això, hem presentat dues
esmenes, que són esmenes a la totalitat de la proposta presentada per el
Partit Popular. En primer lloc, donar suport a la tramitació
d’inclusió del llop ibèric en llistat d’espècies silvestres,
associat, com no pot ser d’una altra manera, a una estratègia de
suport al sector ramader afectat que incloga ajudes econòmiques i
tècniques per a la prevenció de pèrdues, així com el desenvolupament de
mesures de caràcter preventiu. En segon lloc, incloure la consideració de
la incompatibilitat de la condició d’espècie protegida amb totes
les normes autonòmiques que habiliten la mort del llop per caça i/o
controls, com planteja Ascel, l’Associació per a la Conservació i
Estudi del Llop Ibèric.


Volem mostrar tota l’empatia amb la ramaderia afectada, donar-los
tots els ajuts que estiguen al nostre abast, però hem d’entendre
que aquest planeta no és sols dels humans, a pesar de ser l’espècie
més destructora de totes. Hem de garantir la vida i supervivència de
totes les espècies, i no buscar la confrontació entre sectors i
sensibilitats, com ha fet avui el Partit Popular amb aquesta moció.


Els deixe únicament un titular, de La opinión de Zamora: «El turismo
por el lobo genera 700.000 euros de beneficios anuales en la Sierra de la
Culebra». Hem de buscar compatibilitzar interessos, i pensem que
perfectament es pot fer, amb menys demagògia i amb més solucions.


Gràcies.


Gracias, señora presidenta.


Entendemos los posicionamientos de los partidos que tenemos total
empatía con el sector ganadero; y, además, entendemos el miedo atávico al
lobo, que está entre nuestros miedos arquetípicos, pero, en teoría, hemos
evolucionado como sociedad, a pesar de algunas ideologías, y debemos
reconocer la importancia de la presencia de la especie en los ecosistemas
naturales, que se traduce en la necesidad de contar con una gestión
unificada en todo el Estado español después de décadas de falta de
gestión coordinada, así como la obligatoriedad de elaborar una estrategia
para su recuperación.


Se trata de una medida de protección necesaria y debidamente
justificada, que obedece a razones y exigencias basadas en criterios
científicos, que debemos caracterizar de mínimos, para que al menos se le
apliquen las medidas contempladas en la orden que se pretende modificar,
que incluye la muerte indiscriminada de ejemplares de lobo mediante
controles letales de batidas de caza para algunas autonomías. Por la
aplicación del artículo 45 de la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, la inclusión en el listado comporta la prohibición de
cualquier actuación con el propósito de darles muerte, capturarlos,
perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o el deterioro de sus
nidos, vivarios y lugares de reproducción, hibernación o reposo. Pero eso
tendría que suponer la inaplicación de todas las normas autonómicas que
habilitan la eliminación de estos individuos, cuya afectación en la
biodiversidad ya ha quedado en evidencia.


Por otro lado, previo al documento que se somete a consulta, el
ministerio, contrariamente a lo que se ha venido diciendo, ha contado con
el apoyo de los informes emitidos en el trámite reglamentario por los
organismos competentes y se ha sometido, con carácter favorable, a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la
representación autonómica pertinente, y se han hecho todos los trámites
necesarios.


Por todo lo expuesto, pensamos que resulta necesario y pertinente
continuar con la tramitación de la modificación de la orden ministerial,
con el objetivo de incluir todas las poblaciones españolas del lobo,
Canis lupus, en el Listado de especies silvestres en régimen de
protección especial. Por eso hemos presentado dos enmiendas a la
totalidad de la propuesta presentada por el Partido Popular. Apoyamos la
tramitación de la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies
silvestres, asociando —como no puede ser de otra manera— una
estrategia de apoyo al sector ganadero afectado, que incluya ayudas
económicas y técnicas para la prevención de pérdidas, así como el
desarrollo de medidas de carácter preventivo, y también incluir la
consideración de la incompatibilidad de la condición de especies
protegidas con todas las normas autonómicas que habilitan la muerte del
lobo por caza y/o controles, como plantea Ascel, la Asociación para la
Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico.


Queremos mostrar toda la empatía con la ganadería afectada; dar todas
las ayudas que estén a nuestro alcance, pero tenemos que entender que
este planeta no es solo de los humanos, a pesar de ser la especie más
destructiva de todas. Tenemos que garantizar la vida y la pervivencia de
todas las especies y no buscar confrontación entre sectores y
sensibilidades, como ha hecho hoy el Partido Popular con esta
moción.


Les dejo únicamente un titular de La Opinión de Zamora: El turismo por
el lobo genera 700 000 euros de beneficios anuales en la sierra de la
Culebra. Tenemos que buscar compatibilizar intereses, y pensamos que esto
perfectamente se puede hacer con menos demagogia y más soluciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Luna Morales.


La señora LUNA MORALES: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el
mío propio, el esfuerzo que ha realizado la industria agroalimentaria en
este año de pandemia para que los españoles y las españolas tengamos
garantizado el suministro de los productos de consumo esenciales; a todo
el sector, muchísimas gracias.


Señorías del Partido Popular, dada la redacción de su moción y lo que
usted ha expuesto aquí, señor Martínez Antolín, creo que no escucharon el
día 25 ni a la vicepresidenta cuarta ni al ministro de Agricultura. Se
hicieron los sordos. Con esta son ya tres veces en dos semanas las que
volvemos a tratar un tema que ha sido profusamente debatido, tanto en el
Congreso, ayer mismo, como en esta Cámara. Debe de ser una cuestión
recurrente de oportunidad o demasiado compleja para que demos con la
solución. Es un asunto en el que nuevamente nos empeñamos, como viene
siendo habitual en la política española en los últimos tiempos, en crear
bandos, o se está a favor del lobo o se está en contra de los ganaderos;
sinceramente yo creo que lo más sensato es estar a favor de ambos. Nadie
en su sano juicio a estas alturas cuestionaría el papel que ejerce la
biodiversidad en la sostenibilidad y preservación de los ecosistemas
naturales, al igual que nadie —espero— cuestionaría que el
mantenimiento de la actividad humana en el medio rural es un elemento que
puede colaborar a su conservación, evitando los efectos negativos de la
despoblación. Por tanto, se trata de alcanzar un equilibrio pacífico
entre la protección a la biodiversidad y la actividad económica en el
medio rural, y es perfectamente alcanzable si evitamos los dogmatismos y
analizamos la cuestión con objetividad y ánimo de consenso.


En 1977 Félix Rodríguez de la Fuente desmitificó —por lo menos
así lo vi yo— en España la figura del lobo como un peligroso
depredador que había que extinguir a toda costa, nos hizo ver que era
posible la coexistencia del hombre y el lobo. Esa imagen, difícil de
olvidar, ha servido para sensibilizar, por suerte, a las generaciones
posteriores. Desde entonces, la especie se ha podido recuperar poco a
poco, sobre todo en el noroeste de nuestro país, donde, según el censo
existente, está la mayor parte de los lobos, pero sin llegar a colonizar
todos los territorios que habitó en el pasado; precisamente en Andalucía
no existe. No obstante, la polémica que tiempo atrás le afectó sigue
perviviendo en nuestros días y ha adquirido una especial dimensión
—como ya se ha dicho aquí— por la decisión de incluirlo en el
Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y dejar
de tener aprovechamientos cinegéticos. El motivo que ha llevado a esta
situación es la ausencia de un marco estatal global y común en la gestión
de la especie, que da lugar a agravios, a desigualdades, siendo necesario
garantizar un tratamiento igualitario en los territorios y en beneficio
de los ganaderos, en un enfoque global. Enfrentarse a los problemas es de
valientes y salir de la zona de confort significa no eternizarnos, porque
en algunos casos el tiempo es fundamental para proteger a la
especie.


Cuando la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad incluyó al lobo en ese listado, lo hizo a través del
trámite de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y con la decisión
unánime del comité científico interdisciplinar, cuya opinión cualificada
la conforman más de 300 científicos y científicas, sobre la base de la
incidencia de la especie en el conjunto del ecosistema, que no ha sido
para nada puesta en cuestión. Por lo tanto, tengo que recalcar que la
situación propiciada no es caprichosa sino que obedece a una tramitación
perfectamente reglada en nuestro ordenamiento jurídico. El ministerio
pretende garantizar la seguridad jurídica, armonizar los criterios de
coexistencia y homogeneizar el régimen normativo regulatorio en todo el
territorio.


Aprovechando este espacio de conflicto de interés, el Partido Popular
de nuevo busca la confrontación, pero no para poner soluciones, sino para
hacer ruido; ya estamos acostumbrados a estas situaciones. Señorías del
PP, para la solución de conflictos ustedes están permanentemente en el
criterio de la competitividad, nos ponen en la tesitura de tener que
elegir entre una cosa y entre la otra, entre el lobo y los ganaderos.
Pues bien, ese enfrentamiento de los ganaderos con el Gobierno, que
ustedes propugnan para desgastarlo, no les va a salir bien. Nos vuelven a
situar en la España de los bandos: el bando que defiende la ganadería y
el bando que defiende al lobo. Señorías del PP, si quieren soluciones
abandonen esa estrategia del enfrentamiento, arrimen el hombro, déjense
de demagogias y arrinconen esos populismos. Tienen la ocasión de hacerlo
aceptando las enmiendas que presentamos. Súmense a la resolución de este
conflicto desde el diálogo, porque ahora es el momento de preocuparse de
eso. Ya se encargará la naturaleza de regularse a sí misma y, si no, lo
harán los tribunales y también lo hará Europa.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko.


Doy por defendida la enmienda en los mismos términos en los que ha sido
presentada.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario
que ha presentado la moción originaria, el senador Martínez Antolín, para
manifestar si admite o no las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidenta.


En relación con las enmiendas que se han presentado, hemos intentado
llegar a un acuerdo para firmar una transaccional, pero, al final, la
falta de apoyos lo ha hecho imposible. Hemos buscado el mayor consenso,
pero, insisto, no ha sido posible.


Quiero agradecer a Ciudadanos la propuesta que, en principio, ha
presentado, que estábamos dispuestos a aceptar como adición, pero no ha
sido posible.


Estamos totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el
representante del Partido Regionalista de Cantabria y, lógicamente, vamos
a tener en cuenta su enmienda porque, además, refuerza la defensa de la
ganadería, que es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo.


Es imposible que podamos aceptar la enmienda de Izquierda Confederal
porque es lo mismo que se ha planteado en la resolución de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El señor Mulet ha
estado cinco minutos defendiendo una cosa para acabar diciendo que lo que
pasa en la sierra de la Culebra con el turismo es un ejemplo. Claro, pasa
lo que pasa justamente, señor Mulet, porque es reserva regional de caza.
Esa es la diferencia entre lo que quieren hacer ustedes y lo que funciona
y atrae turismo. (Aplausos).


Respecto al Grupo Parlamentario Socialista, ustedes, con sus enmiendas,
niegan la mayor. Ustedes siguen reafirmándose en la decisión que se ha
tomado en la comisión de patrimonio natural y, por tanto, no podemos
tener en cuenta lo que ustedes están pidiendo. Fíjese, los que no se han
enterado todavía de nada, después de tres debates, como bien ha dicho
usted, son ustedes. ¿Cómo se puede decir aquí que hay unos que están en
el bando de los lobos y otros en el bando de la ganadería? Pero ¿cómo se
le ocurre a usted decir eso? Nosotros estamos defendiendo a los ganaderos
más que ustedes y en todo momento. (Rumores.— Aplausos). No tiene
absolutamente ni idea de lo que ha dicho. Debería retirar sus palabras
estableciendo bandos de los que están con el lobo y los que están con la
ganadería; debería retirarlas. En cuanto a la gestión del lobo, en primer
lugar, lo que pedimos es consenso, que es lo que no han alcanzado ustedes
porque han cortado por lo sano. Y, en segundo lugar, pedimos que haya un
equilibrio entre la población del lobo y el buen desarrollo de la
ganadería. Eso es lo que estamos pidiendo y lo que se está gestionando
eficazmente, como aquí he dicho hoy, en algunos lugares en los que se
está compatibilizando la gestión del lobo y el aprovechamiento cinegético
con el buen desarrollo de la ganadería.


Finalmente, al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco tengo que decirle
que hemos intentado llegar a una transacción respecto a lo que pretendía,
pero han faltado apoyos. En cualquier caso, le agradezco la disposición
que ha tenido en todo momento.


Por tanto, únicamente tendremos en cuenta la enmienda de adición que ha
presentado el Partido Regionalista de Cantabria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el
senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías.


Para el Partido Aragonés la ganadería extensiva es vital para el medio
rural porque genera actividad económica y empleo para muchas familias en
decenas de municipios; es decir, equivale a asentamiento de vecinos en
localidades con riesgo de despoblación porque el ganado y su permanencia
aportan muchos más beneficios en la conservación del medio rural y del
paisaje que la reintroducción del lobo, entre otras razones, porque la
ganadería forma parte también de nuestra herencia cultural.


Los ganaderos están sufriendo una permanente crisis y una reconversión
que ha acabado con muchas explotaciones y que ahora suma el inconveniente
del lobo o del oso, lo que está provocando más decisiones de abandono.
Por todo ello, el Partido Aragonés viene demandando a las diferentes
administraciones públicas con competencia para ello medidas de respaldo
para los ganaderos de nuestros pueblos.


Tanto el Partido Aragonés como el Gobierno de Aragón consideran que no
está justificada la inclusión del lobo en el listado de especies de
especial protección por innecesario y porque es más perjudicial que
beneficioso; perjudicial para los ganaderos, a los que los reiterados
ataques del lobo están causando daños irreparables. Por eso, tenemos que
ser capaces de dar solución a los problemas y no crear más de los que
existen.


La confrontación no soluciona el problema real de los ganaderos con los
ataques de los lobos. Por ello, no se trata de paralizar ninguna acción
del Gobierno, sino de buscar, entre todos, soluciones al conflicto que
garanticen el necesario equilibrio entre la protección del lobo y la
seguridad y protección de los ganaderos. Cualquier decisión debe surgir
del debate y del consenso con los sectores y los territorios, tal y como
ha sostenido el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón. El
ministerio debe, por su parte, ser sensible al problema e impulsar, antes
de aprobar cualquier medida, la participación de todos los implicados,
propiciando una decisión consensuada con los territorios, con los
ganaderos y con los demás actores implicados. Por tanto, pedimos que el
ministerio, antes de aprobar la orden, escuche y actúe en
consecuencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, presidenta.


Simplemente, quiero agradecer al proponente que acepte la enmienda del
Partido Regionalista de Cantabria y reiterar nuestro apoyo tanto a la
existencia de la ganadería extensiva como a la pervivencia de la especie
del lobo. No es cuestión de bandos, sino simplemente de organizar bien
las cosas. Todavía no he oído a ninguno de los que aquí han intervenido y
que defienden tanto al lobo —yo también lo defiendo— proponer
llevar unas manadas a sus comunidades. Propónganlo en sus parlamentos y
ayudarán a que pueda haber más presencia del lobo en esas comunidades,
donde históricamente la hubo.


Por otra parte, el Partido Socialista va a dejar muy mal a sus
diputados en Cantabria, que están de acuerdo con la posición que estoy
defendiendo aquí, que es la que hemos defendido los 34 parlamentarios de
mi comunidad autónoma y que no hace más que buscar que se siga el Plan de
gestión del lobo de Cantabria, que lo que busca es el equilibrio, el
mantenimiento de la ganadería, el mantenimiento del lobo y que, además,
ha conseguido que aumente la presencia de lobos en mi comunidad. Como he
dicho antes, tan mal no lo estaremos haciendo cuando hemos conseguido que
aumenten de 5 a 19 las manadas de lobos. No sé cuál es la gestión que
ustedes pretenden proponer para Cantabria. La verdad es que es muy
contradictorio lo que va a ocurrir hoy.


Espero que el resto de formaciones políticas se replanteen, si no
tienen lobos en su comunidad, el no cuestionar con su voto a los que
vivimos esta situación, que, de momento, estamos gestionando de una
manera bastante razonable.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el senador
González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidenta.


Me gustaría preguntarles a ustedes, señores socialistas y demás caterva
gubernamental, si alguna vez han pisado el campo; si alguna vez han
hablado con un agricultor o con un ganadero, y cuáles son las
consecuencias de la decisión tan irresponsable que ustedes han tomado. La
decisión de incluir al lobo ibérico en el listado de especies protegidas
supondrá que quedará prohibido el control cinegético de esta especie en
España. Y lejos de cualquier lógica, a esta votación se suman los
territorios donde no hay lobo, como si en España se pusieran a votar
sobre la caza del jaguar en América.


Esta decisión se ha tomado con la ventaja de un solo voto, con la firme
oposición de todos los que albergan ejemplares de la especie; es decir,
los votos a favor han sido emitidos por auténticos desconocedores del
problema, ya que el último lobo que han visto fue en un libro de
Caperucita Roja.


El control cinegético del lobo no supone una amenaza para la especie
porque los cupos de caza los controla la Administración y nunca van a
admitir unos cupos que pongan en peligro la supervivencia del lobo; es
evidente que todos, menos el ministerio de Transición Ecológica. Si no,
lleve el lobo a Valencia y les explica a los ganaderos toda su empatía. O
usted llévelos a Andalucía a ver qué les parece; hable con los
ganaderos.


El lobo mata el año 15 000 reses. ¿Cómo creen que va a aumentar esta
cifra, señores socialistas? No es suficiente; no es suficiente. Nosotros
amamos al lobo; amamos la fauna nacional, pero su desconocimiento de la
materia supone un ataque directo al equilibrio existente, que ha sido
evidentemente sostenible para la convivencia del animal con el hombre,
con un control cinegético efectivo. En Portugal, por ejemplo, está
protegido, pero su población ha caído debido a que no se controla
cinegéticamente, sino que los ganaderos, que acaban hasta el gorro,
acaban poniendo trampas, veneno... Eso es un atentado contra la vida
salvaje. Acaben con esta demagogia.


Acabo con una frase: la caza es una herramienta esencial para la
conservación activa de las especies y de los espacios que ocupan. En
definitiva, conservar sin criterio es el mayor daño que podemos hacer al
rico patrimonio cultural español. Vayan a hablar con los ganaderos y
pregúntenles sobre la idea tan brillante que han tenido.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


El Grupo Parlamentario Nacionalista no hará uso de su turno de
palabra.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
señor Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Arratsalde on, senatari
jaun-andreok.


Les he de confesar que estuve de acuerdo con muchas de las afirmaciones
del señor Sanz Vitorio, del Grupo Popular, en su interpelación sobre la
inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de
protección especial, como también con muchas —tampoco con
todas— de las de la vicepresidenta cuarta y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señora Ribera. Repito, no
estoy de acuerdo con todas las afirmaciones de ninguno de los dos
participantes.


La moción del Grupo Popular pretende del Senado cuatro cosas: que inste
a paralizar una orden ministerial; a convocar de nuevo la Comisión
Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; a debatir en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, escuchar a las comunidades
autónomas y lograr el mayor consenso posible, y a compatibilizar la
conservación del lobo con la defensa de los intereses de los ganaderos.
Hoy hay un conflicto enquistado en torno al lobo y su protección, pero
más allá de considerar estas tensiones como un conflicto humano versus
animal, se trata de un conflicto social; es decir, entre personas o
grupos de personas sobre la presencia de especies como el lobo.
Entenderlo así nos lleva a tener en cuenta los procesos sociales
subyacentes a esa conflictividad. Estos procesos son, por ejemplo, la
exclusión de ciertos grupos sociales, la intervención de instituciones
lejanas y la polarización entre grupos rurales-urbanos y científicos-no
científicos.


En Geroa Bai estamos convencidos de que también en este tipo de
conflictos, o de manera muy especial en estos, la imposición democrática,
aunque sea por una mayoría de votos, no es la mejor solución y que la
mediación social y los procesos participativos son claves para fomentar
la coexistencia entre quienes piensan distinto o tienen legítimos
intereses contrapuestos. Todo ello requiere mucha confianza entre las
partes e inclusividad en las decisiones para dar así con una solución que
integre las realidades sociales y ecológicas de dicho conflicto. Lo
afirmamos teniendo en cuenta el impulso que desde el Gobierno de Navarra,
presidido por la socialista María Chivite, y el departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, liderado por la consejera Itziar
Gómez, de Geroa Bai, se está dando a la ganadería extensiva en nuestra
tierra. Si se protege al lobo sin ninguna consideración por las
poblaciones rurales, es posible que su población acabe reduciéndose
significativamente debido a una mayor conflictividad. Por el contrario,
si se gestiona mediante estrategias que tengan en cuenta aspectos
sociales, además de los biológicos, se puede conseguir una adecuada
conservación de la especie y la coexistencia con la sociedad, ya sea bajo
protección total o bajo caza controlada, como se ha hecho hasta
ahora.


Por último, señorías, déjenme recordarles que la Constitución, esa que
tanto dicen defender, reconoce al Senado como la Cámara de la
representación territorial. Si así lo fuera, si se permitiera el
pronunciamiento territorial más que el político partidista, los
territorios con presencia habitual de la especie —estoy
convencido— apoyarían sin reservas la moción que presenta el Grupo
Popular. Nuestro grupo, Izquierda Confederal, es un grupo diverso, por lo
que hay algunos senadores votarán en contra de la moción, pero les
adelanto que yo me abstendré. En cualquier caso, quiero hacer nuevamente
un llamamiento a todos los senadores de todos los grupos a reconocer que
esta Cámara —así lo dice la Constitución— es la Cámara de la
representación territorial y no un apéndice sin valor ninguno del
Congreso de los Diputados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora
Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Señorías, ¿alguien en este país puede decirme cuántos lobos hay en
España? Es más, ¿me puede decir alguien dónde están los lobos en este
país? (Rumores). No me lo puede decir nadie y ¿saben por qué? Porque el
último censo oficial que tenemos es de 2012-2014.






Señorías, 2012-2014.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora PONCE GALLARDO: ¿Han tomado ustedes una decisión que afecta a
miles de ganaderos de nuestro país, que está llevando al cierre a cientos
de explotaciones y que está llevando al paro a cientos de familias
españolas basándose en los datos de hace una década? Señorías, son datos
oficiales de hace una década, 2012-2014. ¡Menuda irresponsabilidad! ¿Se
imaginan ustedes al señor Redondo elaborando una estrategia para las
próximas elecciones con los datos del CIS de 2012-2014? Pues claro que
no. Para eso sí hay dinero, ¿verdad? Se nota que el pan que está en juego
no es el del Partido Socialista, sino el de nuestros ganaderos.


¿Les digo quiénes saben dónde están exactamente los lobos? Los
ganaderos, que los tienen metidos en sus campos; los ganaderos de las 263
explotaciones que cerraron el año pasado en nuestro país arruinados por
los ataques del lobo ibérico. Esos a los que no quieren escuchar ni el
señor Morán ni la ministra Ribera. Esos a los que desprecia e ignora el
Partido Socialista y a los que hoy les da voz esta senadora andaluza, que
ha tenido a bien reunirse con los ganaderos de las cuatro comunidades
autónomas y escuchar sus testimonios y sus demandas.


Señorías, lo voy a decir alto y claro: el Ministerio de Transición
Ecológica no pierde ocasión para atacar al mundo rural a base de
decretazos: decretazos contra nuestra ganadería; decretazos contra
nuestra agricultura; decretazos contra la caza; contra la ganadería del
toro de lidia, y, en definitiva, contra todo lo que huela a campo. Para
el señor Iglesias una casa de campo, me temo, es sinónimo de un chalet de
lujo en Galapagar.


Señorías, estamos de acuerdo en que al lobo hay que protegerlo, pero
pretenden ustedes proteger una especie que ya está protegida por la Unión
Europea y tratan de hacerlo basándose en datos sin el mínimo rigor
científico. La cacicada es de tal magnitud que se basó, además, en el
informe de un comité científico compuesto por ley por un máximo de 19
miembros, de los que 17 son nombrados a dedo y entre los que no hay ni un
solo biólogo experto en grandes carnívoros y depredadores.


Les pregunto a los senadores concretamente de Cantabria, Castilla y
León, Asturias y Galicia, ¿qué van a votar hoy? ¿Con quienes se van a
posicionar? ¿Se van a posicionar del lado de los ganaderos, del lado de
sus paisanos, o se van a posicionar del lado de sus intereses políticos,
que son los que les garantizan su escaño y sus sueldos? Señorías, va a
quedar de manifiesto su doble moral cuando pretendan enarbolar la bandera
de la despoblación rural.


Si el Gobierno de Sánchez quiere blindar al lobo, lo lógico es que
garantice primero la protección y la supervivencia de nuestros
agricultores. Mi grupo va a votar a favor de nuestros ganaderos, de la
España vaciada, a la que ustedes han convertido en la España
vacilada.


Y otra cosa les digo, señores del Partido Socialista, dejen de
utilizarnos, dejen de usar a las mujeres como excusa cuando tienen que
desviar la atención sobre sus nefastas decisiones. Las mujeres estamos
hartas, y lo voy a decir claro: hartas de que nos utilicen en sus guerras
partidistas y sectarias, y las ganaderas las primeras porque llevan toda
la mañana mandándome wasaps y llamándome.


El discurso de la portavoz socialista en el Congreso esta mañana ha
sido de vergüenza. Ha puesto en pie de guerra a todas las ganaderas de
España cuando ha dicho que el éxodo rural tiene rostro y no es de lobo,
es de mujer. Señorías, si nuestros ganaderos tienen que abandonar el
mundo rural es por los ataques a sus animales y por sus nefastas
políticas. No nos vamos a cansar de exigirles que dejen de maltratar al
campo, que dejen trabajar a nuestros agricultores, que dejen trabajar a
nuestros ganaderos, que solo quieren trabajar libremente y con dignidad,
porque tenemos claro que aquí los lobos los tenemos en los ministerios, y
la especie en extinción son nuestros agricultores y todos los ganaderos
de este país.


Desde esta tribuna, en nombre de los ganaderos de la cordillera
Cantábrica y de este país, les tengo que decir basta ya y respeten al
medio rural.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta, arratsalde
on.


El pasado 4 de febrero de 2021 la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad acordó modificar el nivel de protección del
lobo, proponiendo su inclusión en el Listado de especies silvestres en
régimen de protección especial. En esta comisión, el representante de
Euskadi fue constructivo y conciliador al animar al ministerio a buscar
un mayor consenso y no avanzar en la toma de decisiones en contra de las
comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León,
que albergan el 95 % de los lobos del Estado. Hoy reiteramos nuestro
alineamiento con las posturas de estas cuatro comunidades
autónomas.


En el caso de Euskadi, hoy en día, no contamos con una población propia
de lobos, se trata de ejemplares dispersos, itinerantes, por motivos de
celo o cambio de zonas, procedentes de Castilla y León. El modelo de
pastoreo extensivo tradicional, sobre todo ovino, concretamente de la
raza latxa, es quien más sufre las consecuencias de esos internamientos
en los terrenos. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene esta
raza en Euskadi, una raza autóctona, de libre pastoreo durante
prácticamente 5 o 6 meses al año, con una vital aportación al
mantenimiento de hábitats de montaña. De esta raza se obtiene la leche
que se transformará en queso denominación de origen Idiazabal, producto
con una gran repercusión en peso y en el entramado industrial y
alimentario vasco.


La presencia del lobo en nuestro territorio amenaza decisivamente al
modelo de ganadería extensiva, sobre todo en pastos comunales, así como
el mantenimiento de los ecosistemas naturales y el propio desarrollo de
la actividad económica. No se trata de que los daños los pague la
Administración —sería lo más fácil—, sino a no vivir con la
intranquilidad de no saber qué te vas a encontrar cuando subas al monte
para hacer el seguimiento del ganado: animales muertos, heridos,
desaparecidos, abortos, que te hacen cuestionar si merece la pena seguir
apostando por la mejora genética, la mejora productiva y la calidad de la
leche. Y encerrar diariamente al ganado en el monte o los mastines no es
una alternativa, no casa con el modelo de ganadería extensiva ni el
ganado está acostumbrado a esta práctica.


El ganadero, el pastor, siempre han estado acostumbrados a la presencia
más o menos frecuente del lobo, pero no se puede cuestionar la viabilidad
y la permanencia esta actividad. Esto degenera en el abandono de los
pastos de altura y montes, y con ello a la materialización y progresión
de vegetación rastrera, cuya principal consecuencia la conocemos todos:
es ser fuente de incendios forestales y rápido empobrecimiento de
hábitats. (Rumores).


En nuestro caso, en la Diputación Foral de Álava se impulsó la
elaboración de un plan de gestión del lobo para afrontar el conflicto que
existía con la ganadería extensiva en el territorio histórico. Se
establecieron una serie de objetivos como medidas de prevención, gestión
y compensaciones. Hay que tener en cuenta que en Álava el lobo no ha sido
una especie cinegética, como lo es en las comunidades autónomas de la
cornisa Cantábrica y Castilla y León, por lo que no se puedan autorizar
cupos de caza para regular poblaciones. Sin embargo, en nuestro plan de
gestión, en el artículo 11, sí se recogían posibles medidas de control
dentro de unas condiciones muy restrictivas y excepcionales. Las
comunidades autónomas posteriormente también fueron elaborando sus
propios planes de gestión, manteniendo la condición cinegética de la
especie.


En este sentido sorprende que ante la contundencia de los datos que
avalan la evolución positiva de la población del lobo, así como la
conflictividad socioeconómica en las zonas rurales que albergan su
presencia permanente, el ministerio no atienda a las demandas de
contemporizar el proceso para incluir al lobo en el LESRPE, en aras de
conseguir un mayor consenso y fortalecer dinámicas de colaboración.


Estas decisiones son difícilmente justificables, desde el punto de
vista de que tensionan la compleja realidad de gestión de una especie que
no ayuda a sostener la actividad ganadera en extensivo, que es, por otro
lado, uno de los principales sostenes de unas zonas rurales en una
delicada situación demográfica y socioeconómica. Es una actividad que se
ha mantenido solo gracias a un esfuerzo muy importante de nuestras
instituciones, así como a una apuesta vital de ganadores y pastores.
Entendemos que el mundo rural y el sector de la ganadería extensiva están
necesitados de apoyo y políticas de discriminación positiva. Antes de
asumir ninguna estrategia de gestión del lobo es primordial fijar una
serie de cuestiones básicas en relación a la ética de la conservación de
la naturaleza con la que debemos abordar la conservación de esta especie,
lo que ayudaría a los poderes públicos a iniciar una gestión rigurosa y
planificada. La coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva sería
mucho más difícil de gestionar si se incluyese el lobo en el LESRPE, y en
Euskadi, por el modelo de ganadería, especialmente en el ovino, nos lleva
a una situación incompatible e insostenible.


Por todo ello, reiteramos nuestra oposición a la catalogación del lobo
en el LESRPE, y solicitamos al ministerio que contemporice ese proceso en
aras de buscar más colaboración y consenso con las diferentes comunidades
autónomas directamente afectadas por la decisión, priorizando para ello
las dinámicas de grupos de trabajo que elaboren un diagnóstico compartido
y sienten la base de la estrategia, como paso previo a la catalogación
del lobo.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana no intervendrá en el
debate.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidenta.


Nosotros volvemos a reiterar que la decisión que ustedes han tomado
está basada en un dictamen de ese comité científico, que hay que aclarar
que, efectivamente, no ha dicho que se deba de incluir al lobo en ese
Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. No lo
ha dicho y, por tanto, es algo en lo que se están amparando ustedes sin
ningún tipo de razón.


Por otro lado, también podrían tener en cuenta otros informes de
especialistas. ¿Qué es lo que dice el Colegio de Ingenieros Agrónomos?
¿Qué es lo que dice el Colegio de Veterinarios? En cualquier caso, los
únicos especialistas, los mayores especialistas, son los ganaderos; son
los que están día a día en ese medio rural con el ganado, con las vacas,
con las ovejas y con los potros que son atacados por los lobos.
(Aplausos). Al lado de esos es de quienes se tienen que poner ustedes,
tanto que dicen que están defendiendo la ganadería. (Aplausos).


Esta es una Cámara territorial, ustedes tienen una representación
territorial, ¿qué van a hacer cuando vuelvan a su territorio y tengan
delante a un ganadero? ¿Le mirarán a los ojos y le dirán que sí, que le
defienden mucho, pero que no van a dejar que se lleve a cabo el
aprovechamiento cinegético del lobo y que no van a poder defender a su
ganado? ¿Eso es lo que les van a decir? ¿Les van a mirar a los ojos y les
van a decir eso? Ustedes hoy se van a manifestar en contra de esta
moción, pero ¿qué han hecho sus compañeros en el territorio? ¿Qué ha
pasado en Galicia? En Galicia, sus compañeros del Grupo Socialista están
a favor de una moción como la que acabamos de presentar aquí. ¿Qué está
pasando en Asturias? Asturias está defendiendo lo que estamos defendiendo
nosotros aquí, pero el Gobierno y el Grupo Socialista también. ¿Y qué
pasa en Cantabria? Pasa exactamente lo mismo, también están defendiendo
algo como lo que estamos defendiendo hoy. ¿Y qué van a decir los de
Castilla y León cuando vayan a su tierra y hablen con los ganaderos,
sobre todo si tenemos en cuenta que es donde se encuentra la mayor
población de lobos y donde se están causando los mayores daños? ¿Qué van
a decir? ¿De verdad van a ser capaces ustedes de mirarles a los
ojos?


Señorías, tienen que tener en cuenta además otra nueva carta abierta de
un grupo de comunidades autónomas que están defendiendo lo mismo que
nosotros, y son diez comunidades autónomas de diferente signo político.
No estamos hablando de signo político aquí para tomar una decisión u
otra, sino de las necesidades de nuestros ganaderos, que no se quejan por
capricho, que no están pidiendo que se les den grandes dineros por
indemnizaciones, y ni mucho menos aceptan lo que se llega a proponer, que
es que se derive dinero de la PAC para pagar esas indemnizaciones; que ya
están hartos de recortes en la PAC y ese dinero ya es de ellos. Por ahí,
no; por ahí no tiene que venir. Ahora las indemnizaciones se están dando
con recursos de las comunidades autónomas, a pesar de las dificultades
que tienen estas. Ustedes tenían que haber dado recursos del Estado para
financiar y no cargárselo a las comunidades autónomas. Eso es lo que
deberían hacer.


Por otro lado, tanto que defienden ustedes la ganadería, ¿dónde está el
señor Planas? Cuando se toma esta decisión el señor Planas salió diciendo
que no estaba de acuerdo y que el lobo ya tenía una protección
suficiente. Pero, claro, la sorpresa es que veinte días después viene a
esta sede parlamentaria, con la ministra de Transición Ecológica, y qué
casualidad que cambia de opinión. Nos tendrá que explicar el señor Planas
por qué cambia de repente de opinión. A nosotros nos extraña ya mucho esa
complicidad que tiene el señor Planas con la ministra de Transición
Ecológica. Tiene complicidad con la trama Isofotón; ahora tiene
complicidad con el caso del lobo, pero con quienes no tiene complicidad
es con los ganaderos, tanto que dicen ustedes defenderlos... No tiene
complicidad con los ganaderos. ¿Por qué no los apoya? Eso es lo que tiene
que hacer, y, a partir de ahora, que diga claramente si se pone del lado
de los ganaderos y los apoya o se pone del lado de la ministra de
Transición Ecológica, y de esas exigencias y caprichos que están poniendo
sobre la mesa los ecologistas radicales. Eso es lo que tiene que hacer y
lo que tiene que decidir porque, si no, si da la espalda a los ganaderos,
no es digno de representarlos.


El Grupo Socialista puede aquí enmendar la plana, y nunca mejor dicho,
y, de verdad, pueden demostrar con hechos que defienden ese sector
ganadero y esta moción. Aprueben esta moción porque van a salir ustedes
diciendo que sí, que se ponen del lado de los ganaderos, que los
defienden mucho, que se solidarizan con los que han sufrido daños
provocados por el lobo, pero realmente esa es una postura cínica e
hipócrita, máxime si tenemos en cuenta que no van a consentir que los
ganaderos dispongan de todas las herramientas que existen ahora a su
alcance para defenderse del lobo.


Por tanto, serán ustedes, cuando vuelvan a sus territorios, los únicos
responsables de que esta moción no salga adelante y de que la ganadería
tenga más daños por el lobo, que haya explotaciones ganaderas que puedan
llegar a desaparecer y que eso contribuya a que disminuya la población en
el mundo rural. Ustedes son los responsables. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fernández Blanco.


El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Presidenta, buenas tardes.


Senador, termina su moción diciendo que la decisión que se tome se haga
con el mayor consenso posible entre todos los sectores implicados y que
haga compatible la conservación del lobo y la defensa de los intereses de
los ganaderos. Así termina su moción y, digo yo, si estamos todos de
acuerdo en esto, ¿por qué es imposible que nos pongamos de acuerdo? Pues,
porque, evidentemente, en esa línea iba nuestra enmienda, pero a ustedes
lo que les interesa y lo que quieren es decir que no; porque el acuerdo
es lo contrario al ruido, y eso es lo que realmente les interesa.
(Aplausos).


Para los ganaderos no hace falta que hablemos de mañana, es que hoy los
periódicos publican que en la sierra de la Culebra se han producido
daños. De su intervención se deduce que las cosas no están bien, luego
tendremos que poner en marcha algún tipo de solución. (Rumores).


Está muy claro que para Gobierno es un tema prioritario, de ahí la
comparecencia conjunta del pasado día 25, en esta Cámara, de la
vicepresidenta y del ministro. Es importante para el Senado —y así
se ha dicho aquí— porque es la Cámara territorial y hablamos de
territorios, hablamos de la España rural y hablamos de una realidad
desigual.


Esta España rural es fundamental puesto que suministra bienes y
servicios, gestiona el territorio donde nacen y discurren los cursos de
agua, donde se ubican los bosques que fijan el carbono, donde se producen
frutos y pastos, y donde hay el mayor índice de biodiversidad que podemos
encontrar; la España rural que mociones como esta no respetan.
(Rumores).


Señorías, nosotros vamos a decir que no porque queremos huir de
estereotipos y de interpretaciones interesadas que quieren hacer parecer
que la defensa del medio ambiente implica olvidarse de las personas, y no
es así. (Aplausos). Los pueblos habitados garantizan la conservación del
medio natural; se lo voy a repetir: los pueblos habitados garantizan la
conservación del medio natural, y se trata de encontrar armonía en estos
territorios, donde los ecosistemas y las especies que aseguran su
equilibrio pervivan juntos, donde las personas ganen peso.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Por favor, senador Plaza...


El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Ya sé que no les gusta, pero empoderando a
los ganaderos estamos protegiendo el ecosistema y las especies que en él
habitan, incluyendo al lobo. Tenemos que ver el medio rural como un
territorio cargado de igualdad de oportunidades. Hasta ahora la realidad
ha sido muy injusta, se ha abandonado esa parte sin dar alternativas, y
ahí está la base del problema. Luego no se trata —ya se ha dicho
aquí— de elegir entre el lobo y la ganadería, se trata de
fortalecer la coexistencia predecible para las instituciones, para las
personas, solvente para la protección del lobo, jurídicamente estable y
solidaria con los ganaderos porque sobre sus espaldas no puede recaer el
peso de la conservación de la especie como hasta ahora. Y se lo vuelvo a
repetir: sobre sus espaldas no puede recaer el peso de la conservación de
la especie como hasta ahora.


Señorías, les decía que todos pueden presentar argumentos favorables.
Todos, evidentemente, menos los senadores de Castilla y León, señor
Martínez. (Rumores). Ustedes llevan muchos años engañando a los
ganaderos, prometiendo que serían capaces de cambiar el estatus del lobo
al sur del Duero para que no fuera especie protegida. Pregúnteselo al
exconsejero, que lo tiene por ahí muy cerquita, y ya de paso pregúntele
también por todas las manifestaciones que han encabezado los sindicatos
agrarios para reclamar ese pago de indemnizaciones, o por el compromiso
de pago de indemnizaciones en treinta días, o por negar indemnizaciones a
explotaciones de titularidad compartida por no ser persona física ni
jurídica, o por los cupos que no se cumplen.


Señorías, esta moción no busca de forma eficaz y justa una coexistencia
con los ganaderos y el medio rural donde viven. Nosotros estamos con el
ecoturismo, con el turismo de observación de la naturaleza, con el Centro
del Lobo de Robledo, en Puebla de Sanabria, mi pueblo, que tiene 40 000
visitas al año, bien gestionado por la Junta de Castilla y León, con
Pastando con lobos, con la vaqueriza de Asturias, con el pastor
trashumante de León y, sobre todo, con los ganaderos que sufren ataques y
pérdidas de reses que hacen insostenible su trabajo. Por todos ellos, el
acuerdo y el diálogo es muy importante, y ahí estará mi grupo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción con la adición de la enmienda 84948, del Grupo
Parlamentario Mixto, será sometida a votación durante el plazo que esta
Presidencia abrirá al concluir el debate de la primera moción
ordinaria.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA
VIOLACIÓN DEL ALTO EL FUEGO Y LA ESCALADA DE HOSTILIDADES QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL Y SOLICITA EL RESPETO DE LOS ACUERDOS
DE ALTO EL FUEGO VIGENTES DESDE 1991.


671/000054

GPV


La señora presidenta lee el punto 9.3.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado tres enmiendas; una de ellas es del Grupo Parlamentario
Mixto, por iniciativa de la senadora Merelo Palomares y de los senadores
Marín Gascón y González-Robatto Perote.


Se ha llegado a una enmienda transaccional presentada por todos los
grupos parlamentarios. Por tanto, se procede a la defensa de la moción.
Por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado tiene la palabra el senador Uribe-Etxebarria Apalategui.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidenta andrea.
Arratsalde on guztioi.


La moción presentada trae causa de la interpelación que hace dos
semanas dirigía a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Como usted misma ha dicho, presidenta, hemos llegado a un
acuerdo, creo que muy amplio.


El texto de la moción recoge de manera equilibrada y razonable el
diálogo que mantuvimos hace dos semanas, en mi caso con la señora
ministra, y luego también las conversaciones que hemos mantenido todos
nosotros en la medida de lo posible, porque los plazos, como se sabe, son
muy cortos.


Voy a intentar resumir someramente algunos aspectos de la moción
consensuada. Por un lado, mostramos nuestra preocupación por los sucesos
del pasado 13 de noviembre, porque suponen un grave salto cualitativo en
la ya deteriorada situación del conflicto saharaui. Al mismo tiempo,
hacemos un llamamiento a mantener el impulso al proceso político en el
Sáhara Occidental y a que se reanuden las conversaciones y las
negociaciones, que deben ser permanentes, creíbles y constructivas, bajo
el liderazgo de Naciones Unidas y de un nuevo enviado personal del
secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental. Eso sí, decimos
que las negociaciones necesitan una hoja de ruta efectiva, con objetivos
concretos y unos plazos claros, porque tenemos el convencimiento de que
solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de manera
constructiva conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la
ONU son el único camino para lograr la paz, la convivencia, la confianza,
la seguridad y el progreso económico y social en la región.


Mostramos nuestro apoyo a la ONU, a su secretario general y a la Misión
de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, aunque es
necesario subrayar que sus actuaciones deben intensificarse muy
notablemente y de manera eficaz, porque a la vista de todos están los
resultados de los últimos treinta años. La Minurso mantiene una
encomienda clara y la debe cumplir, es su compromiso y el de la comunidad
internacional.


Asimismo, manifestamos que resulta imprescindible una solución política
justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las
resoluciones de Naciones Unidas en el marco de los principios y
propósitos de la Carta de Naciones Unidas, apelando a la responsabilidad
de todas las partes para la búsqueda de una solución con un enfoque
multilateral y constructivo. España, señorías, tiene una vinculación
histórica relevante en el conflicto político del Sáhara, por lo que la
moción pide al Gobierno español que actúe y facilite activamente en la
ONU, en la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales
una solución política conforme al derecho internacional y a las
resoluciones de la ONU. Esto, señorías, debe constituir una política de
Estado —creo que este punto es de una importancia especial—
alejada y despojada de controversias y enfrentamientos partidistas que en
nada favorecen, en mi opinión, la solución política requerida y no se
corresponden con la responsabilidad del Estado español.


Señorías, permítanme expresar mi convencimiento de que la solución
política bajo estos enunciados y otros que vienen contenidos en la moción
consensuada constituyen un factor de equilibrio, de paz y de estabilidad
en la región, que es de vital importancia para el Mediterráneo y para la
propia Europa. Nuestra responsabilidad, señorías, como defensores de los
derechos humanos y de la democracia, es aportar y colaborar activamente
en todo este proceso. Creo que si lo hacemos, estamos haciendo honor a
los principios y valores que decimos defender. Seamos coherentes y
hagámoslo, y hagamos nuestra aportación a la paz, la estabilidad, la
libertad y la prosperidad de la zona.


Quisiera mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, al Grupo Popular
por su enmienda. Gracias, señor Robles. Aporta un nuevo punto y enriquece
la moción, y, evidentemente, la he aceptado. También al Grupo Socialista
por su enmienda, sobre la que hemos discutido mucho y de una manera
profusa. Ya contestaré, porque creo que va a ser defendida, a la enmienda
de Vox. Y gracias a todos, de verdad, por su disposición y colaboración.
Gracias por su comprensión y convencimiento de que todos estamos
contribuyendo a que esta penosa e injustificada situación del pueblo
saharaui se solucione de una vez por todas con los principios que estamos
enunciando.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Al haberse presentado la enmienda transaccional, con número de registro
de entrada 85537, decaerían el resto de las enmiendas presentadas. ¿Sigue
vigente la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto? ¿La mantiene viva?
(Asentimiento de la señora Merelo Palomares). Tiene la palabra para su
defensa la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


La Organización de las Naciones Unidas, mediante acuerdo adoptado en
sesión plenaria de 8 de diciembre de 1975, emitió la Resolución 3458. A
través de ella, se otorga a España el estatus de potencia administradora
en la expresión del derecho a la autodeterminación que reconoce al pueblo
sahariano, a la par que le encomienda la adopción de las medidas
necesarias a tal efecto. Pues bien, cuarenta y seis años más tarde, el
pueblo saharaui sigue sin poder ejercer un derecho que le corresponde,
pero no por falta de voluntad, sino por factores que pasan principalmente
por el bloqueo que sobre el mismo ejerce el Reino de Marruecos. Pero la
actitud de la monarquía alauí no solo se limita a bloquear este proceso.
Actualmente ocupa su territorio, introduce población natural marroquí en
el mismo con visos a poder falsear un posible referéndum en el futuro y,
como hemos tenido noticia recientemente, agrede militarmente a este
pueblo objeto de protección. Tengamos en cuenta que todo ello tiene lugar
ante la pasividad de las Naciones Unidas, la ineficacia de su misión,
establecida por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad para el
referéndum del Sáhara Occidental, conocida por el acrónimo de Minurso, y
en especial, del Gobierno de nuestra nación.


A diferencia de otros movimientos independentistas, entre los cuales se
encuentran los de carácter interno que los españoles, al parecer, hemos
de vernos condenados a sufrir, el pueblo sahariano sí tiene, de
conformidad con la legalidad internacional, reconocido este derecho. Así
lo dispone la resolución de las Naciones Unidas a la que antes he hecho
alusión y el cumplimiento de los requisitos que la Resolución 1514
de 1960 establece. Resolución esta última que declara que los intentos
encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en especial con el
derecho de autodeterminación de los pueblos. Considero conveniente
recordar esto último por si algún movimiento independentista español
siguiera repitiendo el mantra de que está amparado por este derecho. Debe
salir del error y saber que hace sesenta años la ONU determinó
taxativamente que no lo tiene. Sin embargo, en lo que concierne al Sáhara
Occidental sí que podemos hablar de un auténtico derecho a la
autodeterminación.


Recordemos que este territorio sí aparece desde 1963 en el informe del
Comité Especial de Descolonización como territorio autónomo pendiente de
descolonizar, situación que comparte con la colonia británica de
Gibraltar. Si bien el camino hacia la independencia del pueblo saharaui
requería sencillamente de un simple referéndum, lo cierto es que este,
para vergüenza de la comunidad internacional, aún no se ha celebrado. De
entre las distintas responsabilidades que habrían de asumirse a fin de
dar un pronto y buen destino al pueblo saharaui, sin lugar a dudas, es al
Gobierno de España al que, en calidad de potencia administradora, le
corresponde dar un paso al frente y asumir su deber para con el Sáhara
Occidental. A estos efectos, debe impulsar este ya largo y tedioso
proceso que se prolonga durante demasiados años y esforzarse para que las
disposiciones que emanen de las Naciones Unidas no caigan en saco roto;
al contrario, que sean cumplidas con la máxima prontitud y
eficacia.


Vox presenta esta enmienda para incidir precisamente en el deber
histórico que pesa sobre el Ejecutivo español de garantizar que este
legítimo derecho del pueblo saharaui originario pueda ser ejercido de una
vez por todas, pues es de justicia que así sea.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario de la moción originaria, senador Uribe, para que manifieste
si acepta o no la enmienda presentada.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidenta andrea.
Intervendré desde el escaño, con su permiso.


Gracias por su enmienda. Usted plantea en ella un par de cuestiones,
pero creo que están recogidas ya en la moción que hemos consensuado.
Usted habla del derecho inalienable a la libre determinación del pueblo
saharaui. Efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo con ese principio
y, de alguna manera, se puede decir que está recogido, porque aludimos a
las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el
punto 4 de la última resolución del 30 de octubre del año pasado, este
principio está recogido. Yo creo que en el ejercicio y en la
materialización de ese derecho a la libre determinación hace falta algún
instrumento político que nos muestre y nos permita conocer cuál es la
decisión del pueblo saharaui, expresada de una manera pacífica, libre y
democrática.


Usted pide al Gobierno español un protagonismo activo —creo que
lo he leído antes, aunque no recuerdo exactamente en qué punto—.
Efectivamente, hay un vínculo histórico de España con el pueblo saharaui,
y nosotros pedimos en la moción que ayude y facilite activamente en los
diferentes foros internacionales y europeos a la resolución de este
conflicto. Por lo tanto, si me permite, creo que, en buena medida, su
enmienda está recogida en nuestro texto.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidenta.


Señorías, en Vox lamentamos que no hayan aceptado la enmienda que en
esta moción pretendíamos incluir a los efectos de completarla y mejorar
así su efectividad, porque allá donde existan personas privadas
injustamente de un derecho que les corresponde estará Vox. Por esta razón
y porque el Gobierno español no puede seguir poniéndose de perfil ante
una vulneración de derecho tan flagrante como la que desde hace décadas
padece el pueblo sahariano, vamos a votar en contra de su
propuesta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Intervendrá el senador Chinea Correa, por el mismo grupo?
(Asentimiento del señor Chinea Correa). Tiene la palabra.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


La moción consecuencia de interpelación que hoy plantea el Grupo
Parlamentario Vasco, y que va a contar con nuestro apoyo, llega en un
momento bastante delicado. Los extraños movimientos en el tablero
internacional de la política y la incertidumbre sobre el estado de
nuestras relaciones con Marruecos tras la suspensión del viaje del
presidente a la ciudad de Rabat multiplican la incertidumbre sobre el
futuro de un contencioso cuyas consecuencias son muy importantes para
nuestro país. Llevamos cuarenta y cinco años sin que la comunidad
internacional haya sido capaz de encontrar una salida a este proceso de
descolonización que nos afecta directamente por nuestra responsabilidad
histórica en este asunto y por los efectos colaterales en nuestro entorno
geográfico, especialmente en mi tierra, Canarias. Hoy más que nunca, en
medio de esta grave pandemia, es una necesidad urgente negociar un pacto
en las mejores condiciones para poner fin a un contencioso que se
aproxima, señorías, al medio siglo de historia y cuyas consecuencias son
brutales para los saharauis, que siguen anclados en los campamentos de
Tinduf sin perspectivas de futuro.


Canarias tiene una relación histórica de amistad con el pueblo
saharaui. Siempre hemos demandado, y lo seguiremos haciendo en la línea
que plantea el Grupo Parlamentario Vasco, una solución política justa y
definitiva del conflicto del Sáhara Occidental mutuamente aceptable entre
ambas partes, ajustada a las diferentes resoluciones por parte de la ONU
con respeto a los derechos del pueblo saharaui y a la legalidad
internacional y que posibilite su derecho a la libre determinación.
España debe ejercer su responsabilidad como potencia administradora del
territorio, tal y como señala la propia ONU. Debe seguir impulsando la
ayuda humanitaria a los desplazados y promover acciones en colaboración
con las diferentes instituciones estatales que permitan mitigar este
grave drama social y humano. Todo ello desde la exigencia y el claro
respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados y el cese del
expolio de sus derechos y sus recursos naturales.


El futuro de este contencioso nos va a afectar directamente y no
podemos permitir que este país sea un actor secundario en un conflicto en
el que debe estar en primera línea en las negociaciones
internacionales.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún otro senador del mismo grupo parlamentario desea intervenir?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la palabra
el senador Cleries y Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, presidenta. Amb el seu
permís, parlaré des de l’escó.


Aquesta moció conseqüència d’interpel·lació cobreix diferents
qüestions, totes elles importants. Per tant, des del nostre grup, com ja
hem manifestat —i també hem signat la transacció que s’ha
fet—, donarem suport a aquesta moció.


És de justícia que es faci complir el dret internacional en aquest
context. L’Estat espanyol té el deure de complir amb el seu rol de
garantir el dret d’autodeterminació del poble sahrauí. La missió de
les Nacions Unides a la regió ha sigut inefectiva, i cal redefinir una
estratègia i uns instruments per fer complir el dret internacional. La
situació humanitària i la vulneració dels drets humans requereixen una
intervenció i l’alto el foc immediat, i l’Estat no es pot
quedar de braços creuats davant d’aquesta situació, perquè
precisament també va contribuir a crear-la. L’Estat espanyol no
només no es capaç de garantir els respecte pels drets humans internament,
sinó que a més també s’ha quedat immòbil davant d’aquesta
gran bola de neu que fa dècades que a creixent.


Aquesta immobilitat ha de parar ja. Cal vincular la necessitat
d’actuar a la necessitat de fer complir el procés de
descolonització i, per tant, el dret a l’autodeterminació.


Per tant, celebrem aquesta iniciativa del grup basc i hi donarem el
nostre suport. També vull aclarir una cosa a la senadora de Vox, que ha
dit que els independentistes teníem un error. Per corregir el seu error
en entendre això, que miri quantes nacions europees han exercit en les
últimes dècades el dret d’autodeterminació, i així li quedarà clar
que Catalunya, com a nació, el pot exercir.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, hablaré desde el
escaño.


Esta moción consecuencia de interpelación cubre distintas cuestiones,
todas ellas importantes. Por tanto, nuestro grupo, como ya hemos
manifestado —también hemos firmado la transacción que se ha
presentado—, va a apoyar esta moción.


Es de justicia que se haga cumplir el derecho internacional en este
contexto. El Estado español tiene el deber de cumplir con su rol de
garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui. La misión de las Naciones Unidas en la región ha sido ineficaz
y hay que redefinir una estrategia y unos instrumentos para hacer cumplir
el derecho internacional. La situación humanitaria y la vulneración de
derechos humanos requiere una intervención y un alto el fuego inmediato,
y el Estado no se puede quedar de brazos cruzados ante esta situación,
porque precisamente contribuyó también a crearla. El Estado español no
solo no es capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos
internamente, sino que, además, también se ha quedado inmóvil frente a
esta gran bola de nieve que hace décadas que está creciendo.


Esta inmovilidad tiene que acabar, hay que vincular la necesidad de
actuar a la necesidad de hacer cumplir el proceso de descolonización y,
por tanto, el derecho a la autodeterminación; tienen que ir
emparejadas.


Celebramos esta iniciativa del Grupo Vasco y vamos a prestar nuestro
apoyo. Y quiero aclarar una cosa a la senadora de Vox, que dice que los
independentistas tenemos un error, para corregir su error. Para entender
esto, mire cuántas naciones europeas en las últimas décadas han ejercido
el derecho de autodeterminación y así le va a quedar claro que Cataluña,
como nación, pueda ejercerlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.


En primer lugar, queremos felicitar al senador Uribe-Etxebarría y al
Grupo Vasco por esta iniciativa. La encontramos impecable desde el minuto
uno, por eso no presentamos ninguna enmienda y vamos a votar a favor. Nos
alegramos de que haya podido generarse un consenso amplio entre muchos y
muchas demócratas en esta Cámara. En pleno siglo XXI tenemos a pocos
kilómetros de casa uno de los últimos conflictos coloniales vivos, un
caso evidente de ocupación militar, en el que se incumplen
sistemáticamente los derechos humanos, los derechos políticos de los
pueblos y el derecho internacional: ocupación por parte del Reino de
Marruecos del Sáhara Occidental, y tenemos un territorio y un pueblo, el
saharaui —los saharianos son los del norte de África—, con el
que tenemos vínculos políticos, históricos y afectivos evidentes.


Desde el alto el fuego en 1991 el conflicto se mantiene sin resolver, a
veces larvado con maltrato sistemático al pueblo saharaui por parte de
los ocupantes marroquíes, a veces con hostilidades abiertas. Recordamos
la de 2005, las protestas contra la ocupación marroquí en los principales
núcleos urbanos del Sáhara Occidental, que encontraron enfrente a la
policía marroquí, que los disolvió utilizando la fuerza, las
manifestaciones y un campamento en las afueras de El Aaiún. El 13 de
noviembre, recientemente, Marruecos invadió Guerguerat, controlada por el
Frente Polisario, rompiendo el alto el fuego y con la excusa de disolver
otra manifestación. El Frente Polisario declaró de nuevo la guerra a
Marruecos.


La única solución posible a este conflicto es la celebración de un
referéndum de autodeterminación por parte del pueblo saharaui, tal como
reconocen los tratados internacionales, los informes y el derecho
internacional. Todo lo que no sea avanzar en esa dirección es perpetuar
una situación ilegal, ilegítima e injusta. Miles de saharauis tuvieron
que huir de su tierra cuando comenzó el conflicto en 1975 hacia la región
al suroeste de Argelia, en la zona fronteriza de Tinduf. Allí nació la
República Árabe Saharaui Democrática. Las condiciones vitales de los
refugiados son las más inhóspitas del mundo, soportando temperaturas que
alcanzan los 50 grados durante el día y un frío extremo por la noche,
bajo jaimas o en humildes casas de adobe. España fue la potencia
colonizadora anterior a la ocupación ilegal del Reino de Marruecos. Los
vínculos históricos y políticos son evidentes, pero es que, además, como
ya han dicho otros senadores y senadoras que han hablado antes que yo,
es, según los tratados internacionales y las Naciones Unidas, la potencia
administradora encargada de velar por la descolonización. Por eso el
Estado español tiene que jugar un papel determinante en la justicia, la
dignidad y la reparación que merece el pueblo saharaui para poner fin al
expolio y al intento de exterminio que viene sufriendo desde hace
décadas.


En este sentido, es inadmisible la actitud de chantaje que el Gobierno
marroquí somete en ocasiones al propio Estado español, llegando a
supeditar las relaciones internacionales, con importantes implicaciones
económicas y migratorias —como bien sabemos todos y todas—, a
que la postura española con respecto al Sáhara se acerque a la tomada por
los Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump, que reconoció la
soberanía marroquí sobre el Sáhara, lo cual supone la suplantación de la
racionalidad del derecho internacional por un delirio. España abandonó al
pueblo saharaui, dejándolo en manos de su peor enemigo en 1976, pero
además, ha venido incumpliendo sus responsabilidades jurídicas como
potencia administradora y esa es una responsabilidad que no prescribe
hasta que el pueblo tutelado alcanza su autodeterminación. Por eso no
queremos que el Estado español siga mirando hacia otro lado en una zona
tan inestable, ni que otorgue carta de naturaleza a la impunidad con la
que el Reino de Marruecos ha ocupado de facto el Sáhara Occidental con
mano de hierro. Al contrario de lo que pueda parecer a corto plazo, las
políticas españolas con respecto al Sáhara no favorecen los intereses del
Estado, sino todo lo contrario, la dejación de responsabilidades
perjudica al prestigio internacional de España. Andalucía es además un
pueblo hermano del pueblo saharaui, no es solo la proximidad geográfica
lo que nos acerca a ellas y a ellos, son lazos sociales, económicos,
culturales e históricos. Muchas familias humildes andaluzas acogen cada
verano en sus hogares a más de 1000 niños y niñas saharauis para que
pasen en paz sus vacaciones en Andalucía. Yo he visto las sonrisas de las
niñas y de los niños del desierto y merecen, ellos y sus familias, no
solo unas vacaciones, sino una vida en paz. Algo tenemos que hacer.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo siempre ha defendido la necesidad de mantener unas
relaciones estrechas y fluidas con nuestros países vecinos, basadas en el
respeto a la soberanía nacional, la cooperación y el cumplimiento del
derecho internacional.


En esta moción nos referimos al Reino de Marruecos, país al que, más
allá de los 14 kilómetros de mar que nos separan, nos unen lazos
históricos, sociales, culturales y económicos. Algunos ejemplos de esta
valiosa relación con Marruecos podrían ser la estrecha cooperación en la
lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la gestión de
los flujos migratorios o el hecho de que Marruecos es el destino número
uno de las exportaciones de nuestras empresas, significando alrededor
del 45 % de nuestras remesas a África. Además, en España siempre hemos
puesto en valor el papel fundamental que juega Marruecos en el
mantenimiento de la paz y la estabilidad en los países del norte de
África, actor fundamental en la contención de los extremismos y en el uso
del diálogo para la resolución de los conflictos en el Magreb y Oriente
Medio.


Señorías, el día 21 de octubre del pasado año, un grupo de activistas
saharauis inició un bloqueo en la carretera de Guerguerat, impidiendo el
paso de los vehículos como protesta por la situación que vivían y como
llamada de atención a la comunidad internacional. Esta situación obtuvo
respuesta por el Reino de Marruecos el viernes 13 de noviembre, con la
intervención del ejército real y la operación militar llevada a cabo en
la zona de distensión, cuyo objetivo era restablecer el statu quo
anterior y permitir de nuevo el tráfico de mercancías en esa zona. Dicha
operación obtuvo como respuesta la declaración del estado de guerra por
parte del Frente Polisario y la ruptura de facto del alto el fuego
firmado en el año 1991, situación que se tradujo en una escalada de
tensión que en España observamos con inquietud. Al alto el fuego del
año 1991 le prosiguió la conocida Resolución 690, del Consejo de
Seguridad de la ONU, de 29 de abril de 1991, cuyo producto fue la
creación de Minurso. Está basado su objetivo en la vigilancia del
mantenimiento del alto el fuego del año 1991 y la organización de un
referéndum de autodeterminación. El papel que asume España en este
mandato es primordial. España sigue teniendo una responsabilidad
histórica con la que hasta el año 1975 era su provincia número 53. El
Gobierno de España, en calidad de potencia administradora, siempre ha
intentado zafarse de la responsabilidad que le atribuyen los artículos 73
y 74 de la Carta de la ONU, que establecen que la potencia administradora
tiene el sagrado deber de defender los intereses de los pueblos bajo su
tutela, responsabilidad que jurídicamente no prescribe hasta que el
pueblo tutelado alcance su autodeterminación. A este respecto, los
sucesivos gobiernos han intentado desvincularse de esta obligación,
llegando el propio ministro Borrell, en una comparecencia, precisamente
aquí, en el Senado, a manifestar que España no es considerada potencia
administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se
refieren a la descolonización del Sáhara Occidental ni aparece como
potencia administradora de la lista de territorios no autóctonos de
Naciones Unidas. Señorías, eso no es cierto. España nunca ha planteado
ante Naciones Unidas la renuncia de sus obligaciones, ni, por lo tanto,
la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado dicha renuncia que
desvincule a España de esta obligación.


Para España, la cuestión del Sáhara ha sido y siempre será una política
de Estado. Por eso siempre hemos pedido al Gobierno que adquiera el
protagonismo activo que le corresponde y apoye y facilite en la ONU, en
la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales, una
solución política conforme al derecho internacional y a las resoluciones
de la ONU. Por dicha responsabilidad y el buen hacer que le atañe al
Gobierno español en este asunto, no entendemos que, por desgracia,
escaseen las acciones del ministerio con respecto a la cuestión que
estamos debatiendo. Nos encontramos ante una situación pobre por parte
del Gobierno. Un claro ejemplo es la reacción del Ministerio de Asuntos
Exteriores a los acontecimientos del viernes 13 de noviembre, un
comunicado frío en el que dice apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas
para garantizar el alto el fuego, pero poco más. Destaca también la
reacción de algunos miembros del Gobierno, como, por ejemplo, la del
vicepresidente Iglesias, un vicepresidente nada diplomático, el cual
publicó un tuit el día 15 de noviembre refiriéndose a la cuestión que hoy
tratamos en esta Cámara. Me gustaría recordarles las declaraciones que
llevó a cabo el señor vicepresidente en el año 2014: «La población
española es prosaharaui, pero quienes nos han gobernado son pronegocio».
Declaraciones realizadas en la 39 Conferencia Internacional de
solidaridad con el pueblo saharaui, o las declaraciones que hizo ese
mismo año, en las que dijo que su Gobierno reconocería a la República
Árabe Saharaui Democrática. En mi grupo observamos con estupor las
acciones del vicepresidente y de aquellos que, al margen de sus
competencias, han erosionado las relaciones con nuestro país vecino
debido a actuaciones como las del vicepresidente, que además de excederse
de sus funciones, pone palos en la rueda en las relaciones
bilaterales.


Volviendo al núcleo de la cuestión, siempre hemos sido muy firmes ante
los intentos de Marruecos de arrogarse el Sáhara Occidental como
territorio propio sin que se lleve a cabo respecto al derecho
internacional, situación que defendemos con firmeza. Por ello creemos que
la mejor forma de avanzar en este proceso es a través de Minurso, como
bien recuerda la moción que ahora debatimos. Celebramos que se normalicen
las relaciones entre Marruecos e Israel en el acuerdo llevado a cabo por
la Administración del presidente Trump con el Reino de Marruecos, dos de
nuestros socios claves en el norte de África y Oriente Próximo. Aun así,
la celebración por parte de la Administración Trump de este acuerdo en
forma de proclamación presidencial, al tratarse de una declaración
esencialmente política que puede tener contenido sustantivo en asuntos
exteriores pero que carece de fuerza de ley si no media autorización del
Congreso, deja margen a la Administración del presidente Biden. Por ello
esperamos que la nueva Administración se desvíe de la unilateralidad y
vuelva a la senda del multilateralismo y el compromiso con el derecho
internacional. Por su parte, esperamos que Marruecos mantenga e
intensifique sus relaciones con Israel para romper de una vez por todas
el bloqueo de algunos países de la región.


Por esto votaremos sí a esta moción, porque votamos sí al cumplimiento
del derecho internacional y sí al cumplimiento de las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU y con ello al respeto del ordenamiento
jurídico internacional.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Uribe-Etxebarria Apalategui.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Gracias, presidenta. Arratsalde
on berriro.


La comunidad internacional, incluida la europea, y en especial la ONU,
tiene una responsabilidad moral y política para aportar y hacer una
contribución de cara a solucionar definitivamente un conflicto de
naturaleza política que dura ya demasiado tiempo de manera injustificada.
Como saben, se cumplen cuarenta y cinco años desde que España abandonara
lo que hoy sigue siendo la última colonia africana. Fue el 14 de
noviembre de 1975 cuando España reunió en Madrid a Marruecos y Mauritania
con el fin de proceder a la entrega del Sáhara Occidental en los llamados
acuerdos tripartitos de Madrid, declarados ilegales por la Corte
Internacional y que dieron inicio al drama, la guerra, el exilio y la
miseria para el pueblo saharaui.


España, lo hemos dicho antes, tiene un vínculo histórico con este
conflicto y la ONU decimos que debe liderar el proceso de descolonización
que el Sáhara Occidental sigue esperando. En estos cuarenta y cinco años
ni las Naciones Unidas ni la comunidad internacional han sido capaces de
hacer que la situación del pueblo saharaui cambie. No han logrado llegar
a un acuerdo justo que asegure la autodeterminación del pueblo saharaui
sobre su tierra y su propio futuro, que es lo que se pactó. Más bien todo
lo contrario, lo que hubo, según denuncian los mismos saharauis, es un
silencio cómplice y permisivo. De españoles a ocupados, exiliados y
refugiados permanentes. El 5 de noviembre de 1975 se dijo literalmente:
«España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará
el derecho de los saharauis a ser libres». Dos días después, España
abandona el Sáhara. El pueblo saharaui vive dividido: una parte de los
saharauis vive en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por
Marruecos y la otra mitad vive en campamentos para refugiados en el sur
de Argelia, en una situación complicada y en uno de los desiertos más
inhóspitos del mundo.


A pesar de todo, el pueblo saharaui apostó por la vía pacífica en los
acuerdos de 1991, también firmados por Marruecos, al objeto de llegar a
una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental basada en el
derecho de autodeterminación a través de un referéndum. A pesar de
soportar las peores y las más difíciles condiciones, tanto en el exilio
como en los territorios ocupados, el pueblo saharaui decidió confiar en
la ONU, en la comunidad internacional, en los enviados especiales en la
Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental,
Minurso. Tras treinta años de espera, y con decepción y cansancio,
constatamos que ni la ONU ni la comunidad internacional han cumplido su
misión de solucionar el conflicto en el Sáhara Occidental y, por ello,
les animamos a que hagan lo que deben hacer para cumplir su misión,
porque tras cuarenta y cinco años, seis secretarios generales, cuatro
enviados personales, cien informes del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, otros cien informes de distintos secretarios generales de la ONU,
la situación del pueblo saharaui sigue siendo la misma que en 1975.
Señorías, para los que creemos en un multilateralismo democrático, cuya
ausencia actualmente tanto desorden está causando en el mundo, la lucha
del pueblo saharaui pone a prueba el sistema del derecho internacional y
el propio multilateralismo.


El pueblo saharaui vive una tragedia diaria; es una población ocupada
en su propio territorio y los refugiados están atrapados y abandonados
prácticamente por todos. Sin voluntad política —y nosotros pedimos
voluntad política—, la comunidad internacional no estará a la
altura de sus propios planteamientos. Mi homenaje y mi reconocimiento al
pueblo saharaui. Pido que sigamos el ejemplo de la sociedad civil
organizada en su compromiso de solidaridad y respeto por el pueblo
saharaui y por la paz, por la estabilidad y por el progreso económico y
social de la zona, que será también el progreso económico y social y la
estabilidad de la propia Unión Europea.


Insisto en el agradecimiento a todos los grupos. Hemos llegado a un
acuerdo y nos debemos felicitar, porque creo que aportamos, y es lo
principal, es lo fundamental, aunque sea un granito de arena a intentar
que entre todos, con nuestro compromiso solucionemos este lamentable
asunto.


Eskerrik asko, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Elejabarrieta Díaz.


El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Gracias, presidenta; eskerrik asko.


Señorías, han pasado cuarenta y cinco años ya del Acuerdo de Madrid,
cuarenta y cinco años también de la proclamación de la República Árabe
Saharaui Democrática, prácticamente treinta años del alto el fuego y del
acuerdo para realizar un referéndum. Los gobiernos de Aznar, Suárez,
González, Zapatero y Rajoy concluyeron sus mandatos sin ejercer su
responsabilidad en tanto que potencia administradora. En todos esos
gobiernos, la totalidad de sus ministros de Asuntos Exteriores
prometieron una salida dialogada, política y basada en la libre
determinación del pueblo saharaui. Revisen las hemerotecas, repasen las
palabras de la actual ministra de Exteriores de hace dos semanas en esta
misma Cámara y tendrán una sensación de déjà vu cuando nos escuchen
hablar hoy a los diferentes representantes políticos.


Por ello pensamos que es hora de pasar de las palabras a los hechos y
también es importante que la moción acordada hoy explicite que la hoja de
ruta tiene que ser efectiva, con objetivos concretos y con plazos claros.
Sí, plazos claros, porque la realidad es terca y el pueblo saharaui
continúa sin poder ejercitar el derecho de autodeterminación, sin poder
realizar ese referéndum que tantos le prometieron. Pérez de Cuéllar,
Boutros-Ghali, Kofi Annan y Ban Ki-moon concluyeron sus mandatos al
frente de Naciones Unidas sin poder implementar el acuerdo sobre el
Sáhara. Paralelamente, el mandato de la Minurso viene renovándose año
tras año desde 1991. La crisis y decadencia del sistema multilateral no
solo se debe al crecimiento de populismos reaccionarios. Naciones Unidas
y otros organismos de gobernanza globales han mostrado dificultades
enormes para hacer cumplir diferentes acuerdos y resoluciones. El caso
del Sáhara es paradigmático. Acuerdos de paz, resoluciones
internacionales que llevan tres décadas sin implementarse y la situación
sobre el terreno empeora. Marruecos viene aprovechando la inacción y
tibiezas de la comunidad internacional para aplicar políticas de facto,
como, por ejemplo, la reciente incursión de tropas marroquíes en el paso
del Guerguerat, que también aparece mencionado en la moción. Mientras, la
población saharaui sigue desplazada en campos de refugiados.


Seamos claros y rigurosos. El Gobierno español es la potencia
administradora del Sáhara Occidental, así lo estipulan Naciones Unidas y
también diferentes autos de la Audiencia Nacional española, por cierto.
Recordemos que hablamos del último territorio no autónomo del continente
africano pendiente de descolonización. España tiene la responsabilidad de
velar por la seguridad de la población saharaui y de hacer cumplir, junto
a la Minurso, eso es verdad también, el mandato del referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui. Me gustaría citar aquí, y leo: «El
pueblo saharaui va a vencer en su lucha; va a vencer, no solo porque
tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad.
Para nosotros no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de
acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final». Fin de la cita.
¿Saben quién dijo esto que acabo de leer? No fue Arnaldo Otegi, no fue
Marta Rovira ni ningún otro sospechoso rojo separatista, esto lo dijo
Felipe González hace ya muchísimos años también. Saquen sus
conclusiones.


Es importante aprobar mociones como la presentada hoy aquí por el
senador Uribe-Etxebarría y, si se hace de manera acordada, tal y como él
ha conseguido, muchísimo mejor. Eskerrik asko.


Es necesario persistir, continuar trabajando, no abandonar jamás. El
Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu espera, sinceramente, que el
presidente Sánchez y la ministra González Laya sean quienes, por fin,
asuman las responsabilidades históricas de este Estado en relación con el
Sáhara y que, conjuntamente con Naciones Unidas, sean capaces de
posibilitar que, de una vez por todas, el Sáhara pueda ejercer el derecho
de autodeterminación. Solo a través de diálogo, negociación y acuerdo,
solo a través de la libre determinación de los pueblos se pueden
solventar este tipo de conflictos, sea en Euskal Herria, Palestina,
Cataluña, Escocia o Sáhara.


Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Robles
Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos debatiendo una moción que nos brinda la oportunidad
de hablar de una de las que podríamos llamar crisis olvidadas. Son muchos
los años que lleva sin resolverse una de las cuestiones que afecta a la
población saharaui, a la estabilidad de toda una zona que es vital para
nuestro país y también a los sentimientos, porque cuando hablamos de esta
crisis en el Sáhara no hablamos solamente de un territorio que ha estado
bajo la Administración de España, sino que hablamos de ciudadanos que,
como explicaba algún otro senador, tienen una relación no histórica, sino
presente. No solo durante muchos años España ha estado gestionando, sino
que hoy en día son muchísimas, miles de familias españolas las que
reciben todos los veranos a miles de niños y niñas, son muchos los
profesionales sanitarios y muchas las ayudas que en el ámbito humanitario
—me he encargado, entre otras muchas cosas, de gestionarlas en mi
época de director de la Agencia Española de Cooperación— damos para
un tema que sigue abierto.


Por lo tanto, por muchas razones, por las históricas, por las
vinculaciones personales y familiares, por los derechos humanos, es
evidente que es un tema que a España le importa y afecta y que, aunque
tenemos que mantener una exquisita neutralidad que favorezca el acuerdo
entre las partes y permita llegar a un acuerdo justo, duradero y
razonable, no podemos tampoco mirar para otro lado. Tenemos, por lo
menos, la obligación moral de recordar a quien tiene la responsabilidad
—que es Naciones Unidas, el secretario general, la Minurso—
que tienen una crisis demasiado tiempo abierta y, mientras tanto, se
deterioran las cosas y sufren las personas, porque hay que recordar que
detrás de las crisis de territorios hay personas. Por consiguiente, hay
que pensar que este es un tema que lleva demasiado tiempo abierto.


Por esas razones, la moción es oportuna y creo que el sentir general es
que la mayoría de los grupos de la Cámara hemos sido capaces de llegar a
un acuerdo que entendemos que es de sentido común y que es una obligación
moral que tenemos todos los españoles, todos los ciudadanos para que
realmente haya una implicación. Primero, no se puede seguir deteriorando
más, no nos pueden dar igual las cosas que pasan; han pasado algunas
cosas en los últimos tiempos y es bueno tener la ocasión de opinar sobre
ellas. Segundo, debemos recordar e instar a los que lo pueden hacer y
tengan los instrumentos para hacerlo. Es verdad que España no debe
intervenir como actor, pero sí puede intervenir como catalizador, sí
puede intervenir para que los organismos que tienen esa posibilidad
—fundamentalmente, como he dicho, Naciones Unidas, el secretario
general, la Minurso, pero también todas las demás instituciones, como así
hacemos y debemos hacer en la Unión Europea y en otros ámbitos
internacionales— puedan seguir empujando en la misma dirección para
este único objetivo.


Tengo que agradecer al senador Uribe-Etxebarría que haya aceptado la
enmienda que le ha propuesto el Grupo Popular, que creo que complementa
la moción porque recoge el espíritu de la Declaración de Barcelona,
porque recoge el espíritu de la cooperación en toda el área, porque le va
mucho a España que en toda la región en ambas orillas del Mediterráneo
haya paz, haya tranquilidad, haya desarrollo, haya estabilidad, por el
bien de todos los países implicados y por el desarrollo de todos. También
creo que se ha hecho un esfuerzo con todos los grupos parlamentarios para
que recojamos en la moción aquellos puntos más importantes que tienen que
ver con la resolución política, con los derechos humanos, con la
estabilidad en la zona y, por lo tanto, con abrir una luz en un túnel que
ya dura demasiado tiempo. Así que no creo que necesite hacer muchos más
esfuerzos para explicar que me parece oportuna, me parece acertada, me
parece equilibrada y mantiene la exquisita neutralidad que debemos tener
como país, como antigua potencia administradora, pero también nos permite
no mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado cuando estamos
hablando de personas, cuando estamos hablando de situaciones realmente
muy cercanas a nosotros y cuando hay en juego muchas cuestiones. Todas
las partes implicadas tienen una importancia de algún tipo para nosotros
y manteniendo, como digo, esa exquisita neutralidad, es oportuno que esta
Cámara, que las Cortes españolas a través, en este caso del Senado,
recuerden, impulsen y estimulen a Naciones Unidas a conseguir un objetivo
que lleva paralizado demasiado tiempo.


Muchas gracias, señor senador, por la oportunidad de hacerlo. Por
supuesto, el Grupo Popular votará a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Lemus Rubiales.


El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señora presidenta.


Menos mal que en esta tarde de tensiones, con esta iniciativa la
mayoría de grupos políticos hemos sido capaces de encontrar un acuerdo y
eso es motivo de celebración. No es tan fácil en un país como el nuestro,
con tanta polarización, que seamos capaces de ponernos de acuerdo y
alcanzar un punto de neutralidad en esta cuestión que nos trae hoy
aquí.


Quiero resaltar aquí la felicitación, en nombre del Grupo Socialista,
al senador del Grupo Parlamentario Vasco, señor Uribe-Etxebarría, por el
esfuerzo que ha hecho para que pudiéramos lograr un acuerdo. Este debe
ser el espíritu parlamentario, la esencia parlamentaria, llegar a
consensos en cuestiones tan importantes como la que nos trae aquí.


Como bien han dicho los y las portavoces que han hablado antes, en
diciembre de 1991 se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el Sáhara
Occidental entre Marruecos y el pueblo saharaui. Dicho acuerdo fue
impulsado por la Organización de Naciones Unidas. Es cierto que no ha
tenido un camino fácil, es cierto que en varias ocasiones ha sido
liderado por varias personalidades en nombre de la ONU y que, a día de
hoy, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo central. Pero, si bien es
cierto que no se han alcanzado los objetivos iniciales, sí es cierto que
durante todo este tiempo ha habido una cierta paz duradera y eso siempre
es motivo de felicitación. Quiero resaltar eso porque en la interpelación
que presentó el señor Uribe, la ministra de Asuntos Exteriores, González
Laya, apostó por que la solución al conflicto del Sáhara Occidental
pasara por una salida negociada por las partes, en la que la ONU debe
desempeñar un papel central. En el Grupo Socialista nos alegra saber que
esa es la posición del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario Vasco y del
resto de grupos que van a apoyar esta iniciativa. La ONU debe tener un
papel central en esta resolución, porque no solo consiste en organizar el
referéndum de autodeterminación que aún no se ha celebrado, sino velar
también por el cumplimiento del alto el fuego y denunciar su
incumplimiento, llegado el caso. Como bien dijo la ministra, no le debe
corresponder ni a las partes ni a terceros. Debemos mantener en España
una posición firme y constante, una posición de Estado como la que hoy
vamos a alcanzar, para intentar lograr una solución política, justa,
duradera y mutuamente aceptada, como establecen las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU. La vía armada, señorías, no resuelve el
conflicto, solo lo alarga más.






Por ello es de vital importancia que la
ONU nombre, a la mayor brevedad posible, un nuevo enviado personal para
el Sáhara Occidental. Su nombramiento, señorías, permitiría convencer a
las partes de que, de nuevo hay que encauzar la vía del diálogo.


El Reino de Marruecos es un buen vecino y un aliado estratégico, con el
que España y la Unión Europea debemos seguir aspirando a afianzar
nuestras alianzas en lo sucesivo. Como bien han indicado varios
senadores, al pueblo saharaui lo sentimos en España muy cercano. Por
ello, por esa cercanía con ambas partes, debemos entender que, como bien
dijo la ministra de Asuntos Exteriores, España ni puede ni debe propugnar
una solución concreta, sino que deben ser las partes las que, con apoyos
de la ONU, encuentren la solución.


El apoyo que el Gobierno español ofrece a los refugiados saharauis es
más que notable. La Aecid destinó más de 23 millones de euros en los
últimos cuatro años, por una parte, con el Gobierno del Partido Popular
y, por otra, con el Gobierno socialista. Además, en los presupuestos
actuales se ha incrementado la partida en más de 5,5 millones de euros y
suben hasta un 43 % las cuantías destinadas al pueblo saharaui, sin
mencionar también los esfuerzos que hacen las diferentes comunidades
autónomas de nuestro país en colaboración y cooperación con el pueblo
saharaui. Por eso, señorías, lo sentimos tan cercano, porque nos
solidarizamos con su situación, y por eso, señorías, estamos hoy
intentando llegar a un acuerdo.


El pasado 14 de diciembre, el expresidente Trump se despachó en sus
últimos días al frente de la Casa Blanca con un tuit que significó un
gran quebradero de cabeza para todas las partes implicadas en un acuerdo
en el Sáhara Occidental. En este tuit reconocía la soberanía de Marruecos
sobre el Sáhara. En la actualidad, la Administración Biden está
corrigiendo a buen ritmo el desaguisado internacional que le dejó su
antecesor, al cual prefiero nombrar lo menos posible, y no debe ser tarea
fácil, porque en los últimos cuatro años se ha inoculado —y lo
estamos viendo en este Parlamento— el virus del unilateralismo;
virus que desde la Segunda Guerra Mundial parecía erradicado, pero que
con la anterior Administración estadounidense…


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir terminando.


El señor LEMUS RUBIALES: … y con el acompañamiento de algunos
partidos ultraderechistas palmeros en la Unión Europea, Vox entre ellos,
volvió a amenazar la paz y la convivencia en el mundo.


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe terminar.


El señor LEMUS RUBIALES: Sí, perdón, acabo.


Por cierto, es cuando menos incoherente que, por un lado, Vox apoye al
señor Trump y, por otro, esté cuestionando decisiones como esta. Por eso
nos alegramos de haber llegado a este acuerdo, nos alegramos de que
sigamos por esta senda del multilateralismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción, con la propuesta de modificación presentada por
los grupos parlamentarios en el escrito 85537, será sometida a votación
durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el debate de la
primera moción ordinaria.









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN
DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL
PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO. (Proclamación de la
votación).


605/000002

PARLAMENTO DE CANTABRIA


La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


La señora PRESIDENTA: A continuación, se procede a proclamar los
resultados de las votaciones.


Propuesta de reforma.


Votos emitidos, 253; a favor, 229; abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





DECISIÓN (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSEJO, DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2020, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y POR EL QUE SE DEROGA LA DECISIÓN 2014/335/UE, EURATOM. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


610/000046



La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Votos emitidos, 255; a favor, 238; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA.
(Proclamación de la votación).


624/000002

Justicia


La señora presidenta lee el punto 6.1.2.


La señora PRESIDENTA: Concluido el plazo para la votación telemática,
procedemos a la proclamación de este resultado.


Dictámenes de comisiones.


Propuesta de veto número 2, de los autores José Manuel Marín Gascón,
Jacobo González-Robatto Perote y Yolanda Merelo Palomares.


Votos emitidos, 258; a favor, 100; en contra, 155;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Votos emitidos, 258; a favor, 100; en contra, 155;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


Enmienda número 10, de los autores Jacobo González-Robatto Perote, José
Manuel Marín Gascón y Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votos emitidos, 258; a favor, 100; en contra, 155;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


Enmiendas números 11 a 28, de los mismos senadores mencionados. Todas
las enmiendas han tenido el mismo resultado, aunque han sido votadas por
separado, que se promulga en este momento.


Votos emitidos, 258; a favor, 100; en contra, 155;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas.


Enmiendas números 29 a 43, de los senadores González-Robatto Perote,
Marín Gascón y Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Todas,
aunque se han votado por separado, tienen el mismo resultado, que es el
siguiente:


Votos emitidos: 258; a favor, 99; en contra, 156;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan todas ellas
rechazadas.


Enmiendas de los senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del
Grupo Parlamentario Nacionalista.


Enmienda número 62.


Votos emitidos: 258; a favor, 14; en contra, 235;
abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


Enmienda número 64.


Votos emitidos: 258; a favor, 32; en contra, 222;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


Enmiendas número 67, 69, 76, 78 y 83.


Votos emitidos: 258; a favor, 26; en contra, 228;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas.


Enmiendas número 74, 75 y 84.


Votos emitidos: 258; a favor, 18; en contra, 212;
abstenciones, 28.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas.


Enmienda número 80.


Votos emitidos: 258; a favor, 6; en contra, 238;
abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 86.


Votos emitidos: 258; a favor, 16; en contra, 223;
abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación, se procede a proclamar el resultado de las votaciones
de las enmiendas del senador Mulet García.


Enmienda número 145.


Votos emitidos: 258; a favor, 25; en contra, 227;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 150.


Votos emitidos: 258; a favor, 100; en contra, 152;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 154.


Votos emitidos: 258; a favor, 11; en contra, 221;
abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación, se procede a proclamar el resultado de la votación de
las enmiendas del senador Joseba Koldobika Martínez
Urionabarrenetxea.


Enmienda número 155.


Votos emitidos: 258; a favor, 25; en contra, 211;
abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 156, 158, 181, 196 a 198, 207 y 212.


Votos emitidos: 258; a favor, 15; en contra, 211;
abstenciones, 32.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 157, 169, 170, 183, 185, 216 y 220.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 221;
abstenciones, 32.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 159, 160 y 162.


Votos emitidos: 258; a favor, 31; en contra, 221;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 161, 171, 172 y 174.


Votos emitidos: 257; a favor, 25; en contra, 220;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 163 a 168, 173, 184 y 190.


Votos emitidos: 258; a favor, 34; en contra, 211;
abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 175 y 177.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 217;
abstenciones, 36.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 176.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 212;
abstenciones, 41.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 178.


Votos emitidos: 258; a favor, 11; en contra, 211;
abstenciones, 36.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 179.


Votos emitidos: 258; a favor, 24; en contra, 217;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 182.


Votos emitidos: 258; a favor, 20; en contra, 227;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 186, 191, 192, 210, 217, 219 y 222.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 227;
abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 187, 203, 204, 206 y 221.


Votos emitidos: 258; a favor, 25; en contra, 227;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 188, 208, 209, 223 y 225.


Votos emitidos: 257; a favor, 11; en contra, 220;
abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 189 a 205.


Votos emitidos: 258; a favor, 35; en contra, 217;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 193.


Votos emitidos: 258; a favor, 21; en contra, 211;
abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 194 y 195.


Votos emitidos: 258; a favor, 20; en contra, 221;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 200 y 215.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 241;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 211.


Votos emitidos: 258; a favor, 36; en contra, 211;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 213.


Votos emitidos: 258; a favor, 11; en contra, 241;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 214 y 224.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 247; abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 218.


Votos emitidos: 258; a favor, 109; en contra, 123;
abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Enmiendas números 229 y 235.


Votos emitidos: 258; a favor, 32; en contra, 220;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 230, 234, 238 y 240.


Votos emitidos: 258; a favor, 11; en contra, 222;
abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 232.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 228;
abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 233.


Votos emitidos: 258; a favor, 5; en contra, 218;
abstenciones, 35.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 236.


Votos emitidos: 258; a favor, 26; en contra, 221;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 239 y 241.


Votos emitidos: 258; a favor, 11; en contra, 240;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmiendas números 44, 45, 47, 49, 51, 56, 58 y 59.


Votos emitidos: 258; a favor, 6; en contra, 246; abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 46.


Votos emitidos: 258; a favor, 99; en contra, 153;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 48, 50, 52, 53 y 61.


Votos emitidos: 257; a favor, 102; en contra, 137;
abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 54, 55 y 60.


Votos emitidos: 257; a favor, 8; en contra, 230;
abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 57.


Votos emitidos: 258; a favor, 20; en contra, 232;
abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Enmienda número 87.


Votos emitidos: 258; a favor, 40; en contra, 213;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


Enmiendas números 1, 5, 6, 8 y 9.


Votos emitidos: 258; a favor, 26; en contra, 227;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 2, 3 y 7.


Votos emitidos: 258; a favor, 21; en contra, 227;
abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 4.


Votos emitidos: 258; a favor, 26; en contra, 217;






abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 254.


Votos emitidos: 258; a favor, 21; en contra, 232;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 255, 256 y 263.


Votos emitidos: 258; a favor, 32; en contra, 221;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 258.


Votos emitidos: 258; a favor, 27; en contra, 226;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 259.


Votos emitidos: 258; a favor, 21; en contra, 217;
abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 262.


Votos emitidos: 258; a favor, 20; en contra, 227;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Enmiendas números 89 a 124 y 126 a 130.


Votos emitidos: 258; a favor, 97; en contra, 157;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 125.


Votos emitidos: 258; a favor, 104; en contra, 151;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 131.


Votos emitidos: 258; a favor, 102; en contra, 153;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Se procede a proclamar la votación de aquellas partes de la proposición
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Votos emitidos: 258; a favor, 153; en contra, 101;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de la proposición de ley.


Votos emitidos: 258; a favor, 155; en contra, 100;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción
del texto definitivo por S.M. el Rey. (Fuertes y prolongados aplausos a
la tribuna del público de gran parte de los senadores de la parte
izquierda del hemiciclo puestos en pie).










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU
SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES RENALES Y SE SUMA
A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN, A CELEBRAR EL 12 DE
MARZO.


630/000012

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


La señora PRESIDENTA: A continuación, señorías, se pone en su
conocimiento que se ha presentado una declaración institucional por el
Día Mundial del Riñón, 12 de marzo de 2021, con número de registro de
entrada 85494, firmada por todos los grupos parlamentarios de la
Cámara.


Procede a su lectura el secretario primero de la Mesa del Senado, el
senador Fajardo Palarea.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Fajardo Palarea): La enfermedad renal
crónica se sitúa en el top 10 de mortalidad por enfermedades no
transmisibles del listado emitido por la Organización Mundial de la Salud
en 2019, suponiendo, además, entre el 2,5 y el 3 % del gasto del Sistema
Nacional de Salud en España. En nuestro país afecta a 64 292 personas,
según el último registro de la Sociedad Española de
Nefrología-Organización Nacional de Trasplantes. Debe considerarse que la
enfermedad lleva aparejados impactos emocionales, los costes sociales
añadidos por pérdida de productividad laboral o años de productividad
perdida y la afectación a la calidad de vida de las personas en
tratamientos renales sustitutivos.


La crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, por el virus
SARS-CoV-2 ha impactado de forma importante en las personas en
tratamiento renal sustitutivo, diálisis y trasplante renal. Con 4258
pacientes infectados por COVID-19, de un total de 64 292 pacientes con
enfermedad renal crónica, la tasa de mortalidad ha alcanzado un 21 % de
los infectados, tasa que se eleva hasta el 23 % si consideramos solo los
pacientes de hemodiálisis. La previsión es que en 2040 la enfermedad
renal esté en el top 5 de mortalidad prematura por enfermedades.


Ante la preocupante situación, y con motivo de la conmemoración del Día
Mundial del Riñón, a celebrar el próximo 12 de marzo del 2021, el Senado
de España manifiesta su solidaridad con las personas afectas por
patologías renales, sus familias, los profesionales y sociedades
científicas relacionadas, y traslada su reconocimiento a la Federación
Nacional para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Alcer, y otras
asociaciones de pacientes por su labor continuada y compromiso de tantos
años en defensa de los derechos y necesidades del colectivo.


Palacio del Senado, a 9 de marzo de 2021. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
FORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO PREFERENTEMENTE EN ZONAS
DESPOBLADAS.


662/000054

GPS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 11
y 11.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado doce enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto; una del
Grupo Parlamentario Popular; cuatro del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, y tres del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la senadora Mínguez Sierra.


La señora MÍNGUEZ SIERRA: Buenas tardes a todas y a todos.


Esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene una
doble orientación: empresas de menos de diez empleados y pymes y
autónomos de áreas despobladas y en riesgo de despoblación. Partimos de
que nuestra industria se basa en pymes; algo más del 95 % de nuestras
empresas son pymes de menos de diez empleados, y algo menos del 5 % son
empresas de más de diez empleados. Son relevantes los datos que arroja el
Instituto Nacional de Estadística respecto a 2019: una de cada diez
empresas con menos de diez empleados realizaron ventas por correo
electrónico, y escasamente 1,8 realizaron compras por este medio.
Mientras que las empresas de más de diez empleados, que representan menos
del 5 %, duplicaron a las anteriores en compras y las triplicaron en
ventas.


También es significativo el dato de la diferencia entre lo que se
compra desde el extranjero a sitios web españoles y lo que se compra
desde España al extranjero, que arroja un déficit de casi 4000 millones
de euros. Según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia,
el comercio electrónico superó los 12 000 millones de euros en el segundo
trimestre de 2020, y sectores como los supermercados doblaron la
facturación con respecto al mismo trimestre de 2019. Consciente de las
necesidades de las pymes, el Gobierno de España está potenciando su
digitalización a través del Plan de digitalización de pymes 2025. También
empleará 11 000 millones de euros en paquetes de ayudas públicas.


El mundo rural, además, se enfrenta al mayor reto: el despoblamiento,
con un gran impacto en el ámbito económico, patrimonial y medioambiental.
Hay que garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas podamos vivir en
cualquier sitio del país y que no estemos discriminadas por el lugar en
el que nos encontramos. El mes pasado se publicó el informe La
despoblación de la España interior, de Funcas. En él se indica que el
medio rural ha perdido la mitad de su peso demográfico, económico y
laboral en los últimos setenta años. Asimismo, indica que las provincias
que han padecido la despoblación con mayor intensidad son también las que
mayores tasas de envejecimiento tienen, creando un problema para el
relevo generacional de la población activa. Hace setenta años, las
veintitrés provincias que han sufrido despoblación albergaban el 34,1 %
de la población, generaban el 26,7 del valor añadido bruto y el 33,5 de
empleo global. Hoy estos indicadores han descendido a la mitad.


La pandemia ha provocado mucho dolor y muchos daños, también ha
modificado los hábitos y, por tanto, generado nuevas relaciones entre
todos nosotros. Son importantes los comportamientos de los consumidores
en relación con el vendedor, con el consumo. En muchos casos los
compradores ya no requieren presencia física en el comercio, sino que
prefieren hacer la compra por internet. El comercio electrónico es una
gran oportunidad para pymes y autónomos, porque tienen una ventana al
mundo desde donde mostrar sus productos y, como tal, ha experimentado un
gran crecimiento en 2020, que se ha visto acelerado desde el comienzo de
la pandemia por la incorporación de consumidores y empresas ante las
restricciones sanitarias. Ha habido cambios en la forma de hacer la
compra en el cómo y en el qué, con un aumento de la compra online.
También se ha detectado un aumento de venta de alimentos
saludables.


El periodo de confinamiento ha puesto en valor las ventajas y también
las diferencias de vivir en el medio rural. La realidad antes descrita
fuerza relaciones no presenciales y la llegada a zonas rurales de
familias y emprendedores que no quieren vivir después del confinamiento
en las zonas urbanas, donde han descubierto carencias, y ello obliga a
desarrollar estrategias para que puedan llevar a cabo en el medio rural
su proyecto vital.


Quiero resaltar, tal y como se indica en la moción, que potenciar el
comercio electrónico para acercar los productos españoles a cualquier
rincón del mundo debe ser una prioridad, pues con ello se consigue
fomentar el emprendimiento y, sobre todo, combatir la despoblación de la
España rural. Se puede afirmar que este tipo de comercio se ha convertido
en una magnífica herramienta para asentar población e incentivar la
creación de empleo, si bien se hace imprescindible facilitar en muchos
casos un plan de formación adecuado para hacer accesible el uso de las
tecnologías y dar con ellas un impulso comercial a los productos
elaborados por artesanos y productores de las zonas del país más
despobladas.


También hay que destacar que la digitalización en el mundo rural
constituye un elemento fundamental para el cierre de la brecha de género.
El impacto desigual de la pandemia en los diferentes sectores está
afectando de forma especialmente negativa a las mujeres. En el medio
rural hay pocas oportunidades para trabajar por cuenta ajena. El 50 % de
los emprendedores del medio rural son mujeres, y la venta online puede
ser crucial para ellos.


La semana pasada la Federación Española de Municipios y Provincias
celebró su Comisión Nacional de Consumo y Comercio. Algunas de las líneas
de actuación de dicha comisión son la defensa del pequeño comercio a
través de todas aquellas acciones que fomenten su dinamismo y
modernización, especialmente aquellas que persigan su adaptación a las
nuevas tecnologías. Se concretó una posición común: considerar clave la
transición digital del comercio local a través del desarrollo de
plataformas, no solo de cara al interior, sino también al exterior.
Además, ello debe estar unido a la formación de comerciantes para el uso
de estas nuevas tecnologías. Quiero destacar que el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo trabaja con el objetivo de promover el
comercio electrónico y dotar de capacidades a las pymes del sector del
comercio para que lo integren en su negocio.


En las zonas rurales son mayoritarias las empresas de menos de diez
empleados y, en su mayoría, no disponen de competencias necesarias en
comercio electrónico, ni tampoco para los cambios organizativos que
permitan asimilar su uso en los procesos de producción, distribución y
gestión.


Con todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista les presenta
esta moción, que tiene como fin que el Gobierno diseñe un plan de
formación de comercio electrónico en coordinación con las comunidades
autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, que se dirija
preferentemente a empresas de menos de diez empleados y pymes y autónomos
de áreas despobladas y en riesgo de despoblación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene, en primer lugar, la palabra el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


La Agrupación Socialista Gomera va a apoyar esta iniciativa, como no
podía ser de otra manera.


Coincidimos en que el comercio es una gran oportunidad para que las
pequeñas y medianas empresas y autónomos tengan una ventana al mundo
desde donde mostrar todos sus productos. También creemos que la formación
es fundamental para incentivar un sector que durante la pandemia ha
experimentado un crecimiento espectacular. Sin embargo, como senador
canario, no podía dejar pasar esta oportunidad para reflejar, y que
conste en el texto que se ha debatido, una realidad diferente, que sitúa
a Canarias en una clarísima desventaja en el comercio electrónico con el
resto del país.


Los canarios y las canarias estamos hartos y hartas de ver un mensaje
que se sigue repitiendo constantemente. El mensaje, que muchos y muchas
de ustedes habrán visto, es claro y conciso: no enviamos a Canarias. De
nada sirve la iniciativa que plantea el Grupo Socialista en el caso de mi
tierra, Canarias, si no se corrige este asunto. Por eso, propongo que se
añada un nuevo punto con el siguiente texto: El Pleno del Senado insta al
Gobierno a que, en colaboración con la Unión Europea, impulse las medidas
que aseguren que el comercio electrónico desde Canarias no se ve sujeto a
extracostes de intermediación abusivos, teniendo acceso efectivo al
conjunto de la oferta comercial disponible en la Unión Europea, y que las
ventas desde mi tierra, desde Canarias, sean accesibles desde cualquier
Estado miembro, sin barreras ni dificultades para los usuarios y las
pequeñas y medianas empresas canarias. No queremos que esta iniciativa se
quede coja no contemplando las debilidades que se plantean en un
territorio específico, como es el caso de las islas Canarias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hemos propuesto una enmienda para introducir un nuevo punto
porque estamos plenamente de acuerdo con lo que dice la moción, pero,
como ya hablamos en su día en el caso de los cajeros multientidad, hay
que llevar la formación al mundo rural, porque en algunos sitios parece
que es más fácil de conseguir, pero en el mundo rural, sobre todo en los
pequeños pueblos, es más difícil. Por eso hemos presentado una enmienda
en la que planteamos que se aprovechen, si es posible, los centros de
adultos y de formación que hay en los pueblos para dar formación y, sobre
todo, mentorización y apoyo a la gente que quiere aprender a usar las
nuevas tecnologías. Y, por supuesto, hay que desarrollar plenamente la
banda ancha en el medio rural.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidenta.


Ustedes, señores socialistas, están empezando la casa por el tejado.
Estamos de acuerdo en impulsar el fomento del comercio electrónico en
zonas rurales; totalmente de acuerdo, pero no es suficiente. Estas zonas
necesitan un impulso adicional para ser más atractivas para aquellas
empresas que se decidan mover a ellas. No vale solo con eso, y mucho
menos, como viene siendo habitual, declaraciones de intenciones, que aquí
aplauden muchos, se ponen sus medallitas, se hacen su foto y luego la
realidad es que no se hace absolutamente nada.


Los pueblos siguen agudizando su problema, y por eso hemos presentado
esta enmienda, para mejorar y hacer efectiva la moción del Grupo
Socialista. Que se añada un incentivo fiscal para atraer a estas
empresas, que no van a acudir a estas regiones por el simple hecho de que
sus señorías se lo pidan esporádicamente. Las empresas no se van a
Irlanda por el buen clima; no se van a Andorra por la cerveza y el sol;
no se van a Madrid porque les guste más un bocadillo de calamares que los
serranitos o una paella, se van porque los números cuadran, simple y
llanamente. Necesitan generar negocio y que no se esquilmen más sus
esfuerzos. Dejen de meter la mano en los bolsillos de los que pagan a sus
asesores, tan nefastos, por cierto, y céntrense en imitar a aquellos que
lo hacen bien.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Senador Fernández Viadero, tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes de
nuevo.


El Partido Regionalista de Cantabria presenta una enmienda de adición,
pues creemos que la moción original requiere de una mención específica al
sector primario. Estando de acuerdo con el sentido de la iniciativa,
nadie negará que, dentro de la amplia actividad de comercio que se da en
los núcleos rurales, la protagonizada por nuestros productores
agroalimentarios es y debe ser una de las más esenciales, por diversos
motivos, y mucho más lo sería si se diera un impulso al comercio
electrónico.


Por un lado, es de destacar que la práctica de una comercialización
directa por parte del productor es un revulsivo para la dinamización
económica de nuestro mundo rural, que contribuye a la creación de
oportunidades y la fijación de población a través del emprendimiento,
abriéndose con ello un escenario más propicio para favorecer el relevo
generacional. Por otro lado, con estas prácticas se potenciaría la
creación de lazos cada vez más directos entre los productores y los
propios consumidores, una práctica que la experiencia demuestra
beneficiosa para ambos extremos, ya que propicia la reducción de carga de
intermediarios y, con ello, las grandes diferencias de precio entre el
origen y el destino, que ahora son tan frecuentes.


Termino mostrando la preocupación del PRC por el futuro de nuestros
pueblos, que necesitan impulsos como este que ahora debatimos, pero de
forma efectiva. Hemos de propiciar que todas estas resoluciones que aquí
discutimos y aprobamos se ejecuten y no se queden en papel mojado.
Esperando que verdaderamente se ponga en práctica lo dispuesto en esta
moción y que se acepte nuestra enmienda, los regionalistas cántabros
apoyaremos esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra el senador Tortosa Ruiz.


El señor TORTOSA RUIZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Sin estar en desacuerdo con la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, esta parece obviar cuál es la realidad actual,
las enormes dificultades por las que atraviesan las pymes y los autónomos
en general, también, por tanto, las del mundo rural, cuáles son en estos
momentos sus grandes prioridades y sus necesidades más perentorias.


Señorías, bastaría con escuchar sus reivindicaciones para saber que el
gran objetivo de la inmensa mayoría de pymes y autónomos, hosteleros,
restauradores, artesanos, comerciantes, ganaderos y agricultores, el de
hoy para mañana, es sobrevivir a la crisis económica, no tener que echar
el cierre. La actual situación económica discurre por uno de los momentos
más difíciles, si no el que más, de nuestra historia. Las limitaciones,
las restricciones y los efectos que la pandemia está provocando en
nuestro sistema productivo en general, y también, por tanto, en pymes y
autónomos del ámbito rural, va camino de convertirse en una situación
irreversible en el daño provocado. El cierre de negocios y la pérdida de
empleo que conlleva son un hecho, y esto, en el entorno rural, al que nos
estamos refiriendo, supone además agravar exponencialmente el problema de
la despoblación. Por tanto, no se trata, de abordar la cuestión de forma
parcial, incidiendo tan solo en el fomento del comercio electrónico
—útil, sin duda—, sino de forma global.


Hoy, a esta hora de la tarde, lo que necesitan las pymes y autónomos
del entorno rural es liquidez; recursos para paliar la drástica reducción
o incluso desaparición de sus ingresos como consecuencia de la
paralización económica. Ingresos necesarios para hacer frente a los
gastos que se producen haya o no actividad; ingresos que han de venir de
ayudas directas del Gobierno y que este está obligado a habilitar de
forma urgente; ya es tarde. Solo así contribuiremos a evitar la
desaparición de muchos de estos pequeños emprendedores.


Esto es lo que pide el Grupo Parlamentario Popular en la enmienda de
adición que hemos presentado. Si estas ayudas directas no llegan de forma
inmediata, si ahora el Gobierno no respalda a las pymes y a los autónomos
de nuestro entorno rural, nadie, en un ejercicio de coherencia, puede
esperar que sigan ahí a la vuelta de la crisis sanitaria.


Por otra parte, su propuesta también contiene la necesaria
participación de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Sin
embargo, llama la atención que, aun pidiendo la colaboración de estas
instituciones, no se exija también al Gobierno la habilitación de fondos
para ello. ¿Acaso pretenden que sean los ayuntamientos, centrándome en
ellos, los que habiliten los fondos de sus propios recursos? Lo pretendan
o no, ya lo están haciendo, y no solo para cumplir este objetivo. Es una
realidad que los ayuntamientos, especialmente los de los pequeños
municipios, están dedicando todos sus esfuerzos y gran parte de sus
exiguos recursos a intentar paliar los efectos que la crisis sanitaria y
económica está produciendo entre sus vecinos, pymes y autónomos
incluidos, yendo más allá de lo que sus competencias propias
exigen.


Nosotros sí valoramos y consideramos imprescindible y esencial el
concurso de los ayuntamientos, no solo para fomentar el comercio
electrónico, sino para superar esta crisis y, por supuesto, también para
luchar contra la despoblación. Pero los ayuntamientos también necesitan
ayuda, sus recursos son escasos, y más en los pequeños municipios de los
que estamos hablando. Por ello, instamos al Gobierno a que priorice la
transferencia de los fondos europeos que les corresponde gestionar de
forma directa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, para la defensa de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el senador Mulet García.
(Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyora presidenta.


M’he espantat perquè pensava que m’estaven aplaudint a mi
quan baixava, però crec que no.


Hem presentat quatre esmenes, el que passa és que imagine que no li
interessa a ningú, perquè no em sent ni a mi mateix del soroll que hi ha.
Sé que ha estat un dia molt llarg i molt intens, però allà tenen una
cafeteria. Entenc que no els interessa aquest debat i poden fer allí la
seua xarradeta. És una falta de respecte gran, i en un tema com aquests
que entenem que no suscita moltes passions. De fet, no li’n suscita
ni a la pròpia proponent perquè no està ni escoltant, està parlant en una
altra persona. És preocupant la falta de respecte parlamentari que tenim
i la falta de consideració. No sé si aquestes esmenes s’acceptaran
o no.


Aquesta proposta ja es va presentar en la Comissió del repte
demogràfic. Ja em semblava en aquell moment que era molt desubstanciada,
perquè simplement era una declaració de bones intencions sense cap tipus
de compensació ni aportació econòmica. Una cosa abstracta vaga, sí, que
vol fer moltes coses, però si això no va acompanyat de pressupostos,
efectivament, no té cap tipus de recorregut.


Un suport al comerç electrònic quan bona part del nostre territori ni
les més mínimes infraestructures de telecomunicacions és preocupant. El
que hem de fer és assegurar un desplegament en tot el territori, ja siga
rural, perquè rural tampoc vol dir que estiga despoblat ni en risc de
despoblament, com s’apunta en aquesta moció. El que fa falta és una
aposta decidida per al desplegament de les noves tecnologies, sol·licitar
fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a la transformació
digital, perquè sense fons, sense aportació econòmica, açò no val per a
res. Que es fomente el treball en xarxes entre empreses d’aquestes
característiques i també es promoga l’associació entre pimes i
empreses a l’hora d’explotar les eines de comerç electrònic
creant botigues i marketplaces.


És una moció, efectivament, que aportava ben poquet. És un debat que
—ho han demostrat— no genera cap tipus d’interés ni a
la pròpia proponent, perquè no està ni escoltant quan s’han de fer
les esmenes. Nosaltres esperem a veure quina resposta se’ns dona
d’aquestes propostes que fem, però veiem que era una proposta ben
fluixa i abstracta i que no aportava bàsicament res. Ja quan es va
presentar en la Comissió del Repte Demogràfic la va retirar quan anàvem a
debatre-la i la van presentar íntegrament igual ací al plenari, i pensem
que un plenari d’un Senat és una cosa prou més seriosa on
s’haurien de presentar propostes que sí que tinguen un contingut de
«enjundia», que es diu en castellà.


Gràcies.


Gracias, señora presidenta.


Me he asustado porque pensaba que me aplaudan a mí, pero he visto que
no. (Rumores).


He presentado cuatro enmiendas, pero imagino que no les interesa a
ninguno, porque no me oigo ni a mí mismo del ruido que hay. Sé que ha
sido un día muy largo, muy intenso, pero ahí tienen la cafetería y pueden
charlar allí. Es una falta de respeto en un tema como este, que
entendemos que no suscita muchas pasiones. Tampoco debe interesarle a la
proponente porque ni siquiera está escuchando. Es preocupante esta falta
de respeto y de consideración. No sé si estas enmiendas van a aceptarse o
no.


Esta propuesta se presentó en la Comisión de reto demográfico y en
aquel momento ya se veía que no tenía mucha sustancia. Era simplemente
una declaración de buenas intenciones, sin ningún tipo de compensaciones
ni de aportación económica; algo abstracto, vago. Sí, queremos hacer
muchas cosas, pero si esto no va acompañado de presupuesto,
efectivamente, no tiene ningún tipo de recorrido.


Un apoyo a la formación en comercio electrónico, cuando buena parte del
territorio no tiene ni las mínimas infraestructuras de comunicación,
realmente es preocupante. Lo que tenemos que hacer es asegurar un
despliegue en todo el territorio rural, y rural no quiere decir
despoblado ni en riesgo de despoblación, como se apunta en esta moción; y
que sea sobre todo una apuesta decidida para desplegar las nuevas
tecnologías. Solicitar fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia
para la transformación digital, porque sin aportación económica esto no
vale absolutamente para nada; que se fomente el trabajo en redes entre
empresas de estas características y que se promueva la asociación entre
pymes y empresas a la hora de exportar las herramientas de comercio
electrónico, creando tiendas y marketplaces.


Es una moción, efectivamente, que aporta bien poco. Es un debate
—lo han demostrado— que no tiene interés ni para la propia
proponente, que no está escuchando cuando se defienden las enmiendas.
Nosotros esperaremos a ver qué respuesta se nos da a las propuestas que
hacemos, pero vemos que es una propuesta muy floja y abstracta y que no
aportaba básicamente nada cuando se presentó en la Comisión del reto
demográfico. La retiró antes de debatirla y se presentó íntegramente
aquí. Consideramos que esto es algo mucho más serio y debería presentarse
con propuestas que sí tengan un contenido realmente de enjundia, que se
dice en castellano.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo de Esquerra, tiene la palabra el senador Rufá.


El señor RUFÀ GRÀCIA: El señor RUFÀ GRÀCIA: Bona tarda, presidenta,
gràcies.


No tenia previst avui sortir aquí a explicar unes esmenes que teníem
preparades per a la comissió de divendres. La sorpresa va ser aquesta,
que es retira una moció, que nosaltres crèiem que era interessant per
parlar-la a la comissió, i ens la trobem aquí, per al ple, igualment
redactada, amb una autoesmena, això sí, que diu que es veurà al pleno del
Senado i no a la comissió.


Però és una moció molt simple, que creiem que nosaltres l’hem de
reforçar en el sentit del que estàvem parlant o el que enteníem que
estàvem parlant en l’exposició de motius. I l’exposició de
motius està ben argumentada, però ens barregen aquí a tota la societat
consumidora. No defineixen bé quin és el nivell de compres electròniques
del sector rural o d’aquests pobles despoblats. Simplement parlen
de compres genèriques. Nosaltres hem anat una mica més enllà.


No volíem aprofundir perquè no hi ha pressupost. El Partit Socialista
vol fer coses sense diners, o vol que ho facin els altres. I, per això,
nosaltres anem en el sentit del que pot fer l’estat espanyol. No
del que ja estem fent alguns governs com el de Catalunya, o alguns
consells comarcals.


Doncs aquí, la primera esmena nostra era una modificació a la seva
proposta, amb una inclusió que, a banda dels 10 treballadors —que
és molt difícil controlar on viuen els treballadors— perquè
l’empresa pot estar a La Selva del Camp i tenir els treballadors a
Madrid —i ser 10 treballadors—, però també voldria incorporar
quina seria la facturació màxima per accedir a aquestes ajudes en
formació, perquè podria ser una empresa que tranquil.lament facturés 8
milions d’euros i no caldria, crec jo, que l’estat destinés
diners a formar-los.


No sé si serà acceptada o no ho serà, però intentarem que sí.
Nosaltres, el que tenim clar, és que el sector primari i, sobretot, tots
aquells productors agrícoles que treballen amb productes ecològics i
biològics, amb DOPs, que tinguin prioritat. Que tinguin prioritat perquè
estan fent un sobreesforç amb la seva producció, amb la seva qualitat. I
això ha d’estar reconegut. I ha d’estar reconegut perquè
aquestes ajudes vagin directes, sobretot a aquest sector, un sector
prioritari. Però, com que no coneixem les ajudes o com ho faran perquè no
hi ha diners, doncs no acabem d’entendre la moció inicial.


És una llàstima, de veritat. En el que sí que estem treballant, i ho
hem demanat, és que, com que a la moció s’està parlant de correos
market, entenem que el que hem de fer és consolidar que correus, com a
mínim, estigui a 20 km. per carretera, no en línia recta, de tots els
municipis. I que qualsevol productor, qualsevol agricultor, qualsevol
artesà, que pugui agafar el cotxe i anar a correus, obert de dilluns a
dissabte, per poder fer la seva expedició de producte. Perquè, és clar,
és molt difícil que et vinguin a buscar el producte a casa els de
correus, no vull entrar amb empreses privades, que segur que ho poden
fer. Però, com que ells han anomenat correos market, i és una cosa en què
l’estat hi pot fer alguna cosa, i té mà en fer coses, nosaltres
creiem que aquesta esmena d’addició, en la qual recomanem o
reclamem que, com a mínim a 20 km. d’un nucli on hi hagi una
producció, estigui obert correus, doncs poca cosa es pot demanar.


No vull repetir el que ha dit algun portaveu anterior. Creiem que la
moció inicial podria ser ampliada i ens agradaria que, com a mínim,
alguna de les nostres esmenes es tinguessin en compte per a definir el
nostre vot que, a hores d’ara, no el tenim molt clar.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias y buenas tardes, presidenta.


No tenía previsto hoy salir aquí a explicar unas enmiendas que teníamos
preparadas para la Comisión del viernes. La sorpresa fue que se retirara
una moción de la comisión —que nosotros creemos que era
interesante— y que nos la encontremos aquí, en el Pleno, igualmente
redactada, con una autoenmienda que habla de que es el Pleno del Senado
el que insta al Gobierno y no la comisión.


Es una moción muy simple, que creemos que tenemos que reforzar en el
sentido de lo que estábamos comentando en la exposición de motivos. La
exposición de motivos está bien argumentada, pero mezclan a toda la
sociedad consumidora, no hay una definición de cuál es el nivel de
compras electrónicas en el sector rural o en los pueblos despoblados;
solamente hablan de compras genéricas.


Nosotros no hemos querido profundizar porque no hay presupuesto. El
Partido Socialista quiere hacer cosas sin dinero, pero que lo hagan los
otros, y por esta razón nosotros vamos en el sentido de lo que puede
hacer el Estado español, que es lo que ya estamos haciendo en algunos
gobiernos, como Cataluña, o en algunos consejos comarcales.


La primera enmienda es una modificación a su propuesta, y una
inclusión. Aparte de los diez trabajadores —porque es muy difícil
controlar donde viven estos trabajadores, ya que la empresa puede estar
en La Selva del Camp y tener los diez trabajadores en Madrid—,
habría que incluir la facturación máxima para alcanzar estas ayudas en
formación, porque podría ser una empresa que facturara 8 millones de
euros, con lo cual, no habría que formarles o que el Estado destinará
dinero a la formación de estos empleados.


No sé si será aceptada o no, pero lo intentaremos. Lo que está claro es
que el sector primario y, sobre todo, todos aquellos productores
agrícolas que trabajan en sectores con productos eco, biológicos, con
denominaciones de origen, tienen que tener prioridad, porque están
haciendo un sobreesfuerzo con su producción, con su calidad, y esto tiene
que estar reconocido para que estas ayudas vayan directas a este sector
prioritario. Pero, como no sabemos cómo son estas ayudas, ni cómo las van
a dar, porque no hay dinero, no acabamos de entender esta moción
inicial.


Es una lástima, de verdad. Y como en la moción se habla de Correos
Market, lo que tienen que hacer es consolidar que Correos esté, como
mínimo, a 20 kilómetros por carretera —no en línea recta— de
todos los municipios, y que todo productor, agricultor, artesano, pueda
coger el coche e ir a correos, que esté abierto de lunes a sábado para
poder hacer su expedición de producto. Porque es muy difícil que Correos
venga a buscar el producto a casa. No quiero entrar en empresas privadas,
que lo podrían hacer, pero como han nombrado aquí Correos Market, y es
algo en lo que el Estado puede interceder, nosotros presentamos esta
enmienda de adición, en la que recomendamos que por lo menos a 20
kilómetros de un núcleo donde haya una producción, esté abierto Correos.
Poco más se puede pedir.


No quiero repetir lo que ya se ha dicho anteriormente. Creemos que la
moción inicial podría ser más amplia, y nos gustaría que, por lo menos,
alguna de nuestras enmiendas se tuviera en cuenta para definir nuestro
voto, que todavía no lo tenemos demasiado claro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, para informar si acepta o no
las enmiendas, el senador Palacín Guarné.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta.


Señorías, en primer lugar, quería dar las gracias a todos los grupos
que han presentado enmiendas a esta moción para intentar enriquecerla o
ampliar su ámbito de actuación. Como ya les he trasladado a la mayoría de
ustedes, entendemos que muchas de las enmiendas que han registrado ya se
encuentran resueltas con el texto inicial, o son cuestiones que el
Gobierno ya está avanzando o va avanzar en las próximas semanas.


En cuanto a la enmienda del Partido Regionalista de Cantabria, quiero
despejar todas las dudas. No se excluye a ningún CNAE en la aplicación de
esta moción, como tampoco de los fondos de reconstrucción, y los
agricultores y ganaderos podrán optar a esta formación, como a las ayudas
que también vendrán.


De Teruel Existe aceptaremos la enmienda, como ya lo hicimos en su día.
Entendemos que la formación es básica, y es básica acercarla a esas
zonas, y el Plan nacional de capacidades digitales va en esa línea,
quiere reducir la brecha en las zonas con riesgo de despoblación.


En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, es una de las cuestiones en
las que está trabajando el Gobierno, en la presentación y definición de
ayudas directas para pymes y autónomos, y en el próximo Consejo de
Ministros, que previsiblemente será en los próximos días, ya se definirá
la cantidad y la forma de estas ayudas.


En relación con Esquerra Republicana, quiero agradecer especialmente el
trabajo y el diálogo que hemos podido tener con el señor Caminal. Creo
que dos de las enmiendas que han presentado podrían dar para sendas
mociones y, como ya le he dicho, compartiríamos también su espíritu,
porque creemos en la necesidad de favorecer a los productores de
proximidad y a los productores sostenibles. Creemos en la necesidad de
favorecer el posicionamiento de estos productos, y de ahí el compromiso
del Estado con el plan de digitalización de pymes, en el que se van a
invertir 5000 millones de euros en los próximos cinco años. Además,
creemos en una apuesta decidida por la cogobernanza, y más en estas
cuestiones, que la Administración más cercana también pueda gestionar en
parte esta formación o estas ayudas.


Y termino ya, agradeciendo de nuevo a todos los grupos e informando que
aceptaremos la enmienda presentada por Teruel Existe y la presentada por
la Agrupación Socialista Gomera.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señorías.


Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, presidenta.


Intervendré desde el escaño. Quiero agradecer al Partido Socialista la
voluntad que ha tenido durante el día de hoy para dialogar y hacer
entender cuál era el espíritu de la moción. Y solo pido que esta moción
vea sus frutos próximamente en algún plan que podamos presentar, y que no
pase como con otras, que se aprueban y luego tardan en ponerse en
marcha.


Muchísimas gracias por todo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Señor González-Robatto, tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidenta.


Ustedes, señorías del Gobierno, dependiendo de la moción que traigan,
dicen que los que lo están pasando especialmente mal en esta crisis
provocada por el virus son unos o son otros. Es una crisis agudizada
enormemente por ustedes, y estamos de acuerdo con que todos los sectores
lo están pasando mal. Pero podríamos resumir esto en quienes salen
beneficiados, y así acabamos antes, que son el señor Sánchez, sus
amiguetes, desde su compi de baloncesto, pasando por su mujer y llegando
hasta la niñera, a sueldo de todos los españoles —sueldo de
directivo, por cierto— para los comunistas marqueses, a los que
ustedes, por cierto, se niegan a investigar.


La realidad del ciudadano es bien distinta. Ya no somos únicamente el
país que más ha caído, el país que menos ayudas ha implementado en el
tejido productivo —cabe recordar que el Ministerio de Igualdad no
produce nada, por si van a ir por ahí— y que ha dejado la peor
evolución de desempleo en nuestros vecinos, y sumado a lo que se refiere
esta moción, el potencial de destrucción empresarial es alarmante; si no
hay empresas, no habrá quien se movilice al entorno rural.


En España, con ustedes a la cabeza, se ha destruido más tejido
empresarial neto que en ningún país comparable. Concretamente, ustedes
han acabado con 100 086 empresas hasta hace una semana, y detrás de cada
una hay familias, hay sueños y hay proyectos que ustedes han dejado caer
sin dar una sola ayuda, y a los resultados me remito. Mientras
argumentaban ingentemente los nombramientos a dedo de asesores
completamente inútiles, reitero, las empresas caían, y lejos de su
demagogia, la realidad aparece bien nítida. Somos los peores de cualquier
país desarrollado.


Y esto no es lo único. La recuperación se atisba bien lejana. Con las
políticas de subida salvaje de impuestos de las clases trabajadoras, al
pueblo, nadie se atreve a dar el paso para montar una empresa, y el
resultado es que el número total de empresas cotizando se desploma. A la
colección de medallas de fracaso podemos añadir otra más: en esta crisis
se han creado menos empresas que en Grecia, y el coronavirus es
exactamente el mismo. El virus diferente es el socialismo. Cepyme alerta
del riesgo de que 300 000 empresas cierren, y el Banco de España de que
casi un 40 % de las empresas españolas están en grave situación
financiera, incluyendo un 25 % al borde de la quiebra.


En Italia, en Reino Unido, en Alemania, en Grecia y en Portugal ha
crecido el número de empresas que se han creado; todos ellos han sufrido
la pandemia, muchos de ellos, además, dependen del turismo tanto o más
que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? Tomen nota, les voy a dar una
serie de pistas: las políticas de apoyo al tejido empresarial
—ninguno de los países que están sacando su economía adelante ha
aumentado los impuestos—, las trabas burocráticas y los escollos
laborables. En la mayoría se han dado compensaciones directas por el
cierre forzoso y se han tomado medidas serias para atraer inversión, muy
diferente a lo que hacen ustedes con sus egoísmos nacionalistas, sus
aplausos a la violencia contra los comerciantes y preservar lo posible el
tejido productivo. Otra pista que les voy a dar: eliminar del presupuesto
todo gasto innecesario, que es mucho y es inútil, como ustedes; ayudas
directas a los autónomos y a las pymes; eliminar los impuestos para la
creación de empleo, a la inversión y a la actividad económica; cero
impuestos para cero ingresos.


Dejen de ponerse medallas con los ERTE, porque, lejos de la imagen que
nos trasladan la ministra de Trabajo y sus acólitos, los ERTE no son una
ayuda del Gobierno a las empresas, sino un salvavidas de las empresas al
Estado, ya que un trabajador en ERTE es mucho más barato para el Estado
que uno en paro. Aunque les auguro un mal futuro.


Por todo esto, insisto, señores socialistas, no comiencen la casa por
el tejado, fomentando lo que ustedes mismos despueblan, y céntrense en
mantener el tejido productivo, que a este paso no habrá ni en el mundo
rural ni en las grandes ciudades.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista.






Tiene la palabra señora
Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.


Penso que a aquestes alçades la importància del comerç electrònic és
indiscutible. Cal impulsar-lo? Sí. A tot arreu? Per suposat. I també a
les zones rurals; de fet, ja s’està fent, i la COVID ha impulsat
aquesta modalitat de comerç.


Catalunya és la segona regió d’Europa occidental en captació
d’inversions en comerç electrònic. Penso que això ja posa de
manifest que, respecte del tema, estem encantats que vostès el portin
aquí. I som la segona regió d’Europa occidental en captació
d’inversions en comerç electrònic a pesar de les deslleialtats i de
l’infrafinançament. Cal que el volum de facturació, que a Catalunya
és un 1,5 % del PIB, es pugui distribuir efectivament no només entre les
empreses grans, sinó també a petites empreses, a pimes i a autònoms. Fins
aquí, tots d’acord.


El tema de la moció ens agrada, però no ens agrada ni l’enunciat,
ni la forma ni el contingut. Us ho explico. A l’enunciat, vostès
estan dient que «vamos a impulsar la formación sobre el comercio
electrónico preferentemente en zonas despobladas»


Gracias, presidenta.


La importancia del comercio electrónico creo que es indiscutible a
estas alturas. Hay que impulsarlo, sí, en todas partes, por supuesto, y
también en las zonas rurales, donde de hecho ya se está haciendo, y la
COVID ha impulsado esta modalidad de comercio.


Cataluña es la segunda región de Europa occidental en captación de
inversiones en comercio electrónico —eso pone ya de manifiesto que
estamos encantados de que traigan este tema aquí—, y somos la
segunda región de Europa en captación de inversiones en comercio
electrónico, a pesar de las deslealtades y de la infrafinanciación. Hace
falta que el volumen de facturación, que en Cataluña es un 1,5 % del PIB,
se pueda distribuir, efectivamente, no solo entre las empresas grandes,
sino también entre pymes y autónomos. Hasta aquí todos de acuerdo.


El tema de la moción nos gusta, pero no nos gusta ni el enunciado ni la
forma ni el contenido, y procedo a explicarlo. El enunciado: ustedes
dicen que vamos a impulsar la formación sobre el comercio electrónico,
preferentemente en zonas despobladas.


Esto supone en sí mismo un contraste de conceptos opuestos, y me voy a
remitir a la RAE. Despoblado: desierto, yermo, sitio no poblado, y
especialmente en el que en otro tiempo ha habido población. No es lo
mismo despoblado que zonas con despoblación. No es lo mismo, y es
importante cuando se nos llena la boca de defender al mundo rural. Por
tanto, el enunciado ya no nos cuadra.


Tampoco, como decía, nos cuadra la forma. Es una moción recuperada de
una comisión, y luego fue arreglada para que fuera el Pleno del Senado el
que instara, y el senador socialista que amablemente me llamó para hablar
de la moción, me decía que aquí había fondos, que había dinero, que había
recursos. Pues, mire, en la exposición de motivos podemos hablar de todo
lo que ustedes hacen, dicen hacer o dicen que ya tienen previsto hacer,
pero, efectivamente, dice: el Gobierno impulsará acciones en materia de
formación. No dice impulsar partidas para hacer frente al impulso del
comercio electrónico, sino impulsar acciones en materia de formación,
tocando competencias, como turismo, comercio, formación, que no son
suyas.


Para buscar soluciones ustedes sí que aplican eso de la cogobernanza.
Pues, yo les digo que no pueden vestir esta moción como una respuesta del
PSOE, como una solución a pymes y autónomos. Ustedes, según informes del
Banco Central Europeo, que no es independentista que yo sepa, han estado
a la cola en ayudas al tejido productivo de pymes y autónomos. Tampoco lo
pueden vestir como una solución fantástica para las zonas rurales y el
mundo rural, porque ustedes se llenan la boca de ruralidad y de pandemia
para defender luego cosas que no son de su competencia.


Yo creo que tienen mucho trabajo por hacer, dentro de sus competencias,
para ayudar al mundo rural.


En esta Cámara, durante el debate, he oído decir por parte de algún
interviniente del Grupo Socialista que hay que superar líneas
ideológicas. Pues yo les digo: háganlo ustedes. Háganlo ustedes, y en
nombre de esa cogobernanza no apliquen esa ideología suya que pasa
siempre por recentralizar.


Nos encanta su talante, e incluso nos encanta su talento, pero no nos
gusta lo que hacen. Si quieren ayudar a las zonas rurales y a las zonas
con despoblación, cojan las dos ponencias de estudio sobre la
despoblación en zonas rurales de esta propia Cámara, donde el compañero
senador Boya, que hoy es el secretario general para el Reto Demográfico,
acordó, junto con los otros grupos, cuáles eran las medidas que se debían
aplicar como solución a la despoblación. Cojan la lista y pónganse manos
a la obra para aplicarlas. La mayoría les compete a ustedes. Y luego
explíquennos —porque yo no lo he sabido encontrar en la parte
propositiva de su moción— qué fondos europeos van a estar
destinados a esa secretaría general y cómo van a ser repartidos tanto por
conceptos como por territorios. Ahí nos encontrarán.


Esta moción viene a ser un brindis al sol, viene a coger la capa de la
ruralidad —porque estamos muy de moda—, como siempre, para
hacer un escaparate de todo aquello que dicen tener previsto hacer. Pues
el mundo rural está un poquito cansado. Las pymes y los autónomos
también. Por lo tanto, vamos a hacer propuestas que se concreten, hagan
propuestas sobre lo que les compete, y si se quieren meter en
competencias del resto de las instituciones, miren cómo abordar, de una
vez por todas, la financiación autonómica, por ejemplo, porque con eso
contribuirán, seguramente, a mejorar muchísimo la financiación, también,
la del mundo rural.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, senadora.


Por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies.


En teoria, han comentat que han estat dialogant amb els grups
parlamentaris, que han estat intentant buscar el consens, però jo encara
estic esperant, primer, que m’escolten quan intervinc, i després
que em contesten per què accepten o no les esmenes. No sé el
posicionament de per què no s’han acceptat les esmenes, i més quan
les esmenes eren com la moció, no suposaven cap aposta arriscada en
res.


Crec que aquest tipus d’esmenes, ja ho he comentat abans, ja era
fluixa quan es va presentar a la Comissió del Repte Demogràfic, perquè no
aportava res nou, simplement, una declaració de bones intencions. Jo
entenc que, moltes vegades, un grup majoritari, quan ha d’anar a
una comissió ha de presentar mocions conforme siga, i li toca a algú
presentar-ne una i presenta el primer que se li ocurreix, sense res
concret. Però portar açò al plenari ho veig un poc temerari. Segurament,
hi hauria centenars de coses més concretes i contundents per poder
presentar en un plenari. I després, quan intentem donar-li un poc de
contingut, directament ni ens contesten, ni ens fan cas. Quan estava
intervenint, d’esquena. Em pareix una falta de respecte i de
consideració gran a aquesta càmera.


Vostés parlen de «diseñar un plan de formación de comercio
electrónico» destinat a empreses de menys de 10 empleats, a pimes i
a autònoms d’àrees despoblades i en risc de despoblament. I a la
resta, no? A les empreses que tinguen 11 empleats, no? A les pimes i
autònoms de les zones rurals sense risc de despoblament, no? Perquè no
tot el món rural està en risc de despoblament. Després de dissenyar,
m’imagine que també tocarà aplicar, no? Perquè si es queda en un
disseny, com la majoria de grans projectes, en un calaix, això no val
absolutament per a res. I és que aquest tipus de mocions està bé que la
presente algú que està en l’oposició, però vostés el que haurien de
fer és governar, perquè estan governant, i aplicar mesures, que no les
estan aplicant. Puc posar com a exemple què estem fent al País Valencià,
on sí que tenim aquestes competències. Estem fent política. Estem
aplicant pressupost. No estem fent mocions, no estem fent PNL en el
parlament valencià, estem fent política. I la política es fa amb
recursos, perque si no s’aplica cap tipus de recurs, no val
absolutament per a res.


Allí estem amb un pla d’impuls per a la transformació digital i
el comerç de l’artesania al País Valencià, que està tenint molt
molts bons resultats. Hi hem destinat ja 12 milions d’euros, i està
aplicant-se. Hem destinat fons Feder i aportacions d’altres
empreses, administracions i organismes públics. El pla va destinat a
pimes per aconseguir-ne la transformació a través de formació,
assessorament, ajudes directes, posada a disposició de ferramentes
gratuïtes i subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.
S’ha regulat el tipus d’ajudes que s’estan donant
destinades a l’increment de la competitivitat, a la innovació, a la
qualitat d’aquests sectors econòmics. Per tant, polítiques
se’n poden fer.


És el temps de governar, no de presentar mocions amb declaracions de
bones intencions i després no tindre la més mínima consideració
d’explicar per què no s’accepten unes esmenes que, al cap i a
la fi, no eren massa revolucionàries i no tenien cap esquema. Em pareix
una pèrdua de temps molt gran, perquè, si aproven aquesta moció, no sé el
recorregut que tindrà, simplement serà això: haurem estat ací una horeta,
alguns senadors que normalment no intervenen hauran tingut el seu minut
de glòria per poder fer-se el vídeo de rigor i dir que «yo también
trabajo». Però realment açò, a la societat, no li aporta res, i és una
pèrdua de temps quan vostés tenen l’obligació d’estar
governant i no estar ací portant mocions que no aporten res.


Gràcies.


Gracias.


Han comentado que están dialogando los grupos parlamentarios y que
están intentando buscar el consenso. Yo aún estoy esperando, primero, que
me escuchen cuando intervengo y, después, que me contesten las enmiendas,
porque las aceptan o no las aceptan, directamente, pero no sé por qué no
se han aceptado, puesto que, como la moción, no suponían ningún riesgo en
nada.


Como he comentado antes, esta moción se presentó en la comisión del
reto demográfico y no aportaba nada. Yo entiendo que muchas veces un
grupo mayoritario, cuando va a una comisión, tiene que presentar mociones
como sea, por lo que a alguien le toca presentar una y presenta lo
primero que se le ocurre, sin nada concreto. Pero traer esto al Pleno me
parece un poco temerario. Seguramente había centenares de cosas más
concretas y contundentes para ser presentadas en un plenario. Y después,
cuando intentamos darle un poco de contenido, ni siquiera nos contestan.
No nos hacen caso. Cuando estoy interviniendo están de espaldas. Me
parece una falta de consideración.


Ustedes hablan de diseñar un plan de formación para el comercio
electrónico destinado a empresas de menos de diez empleados, a pymes y
autónomos de áreas despobladas y en riesgo de despoblación. ¿Y al resto
no? ¿A las empresas que tengan 11 empleados no? ¿A las pymes y autónomos
de las zonas rurales sin riesgo de despoblación no? Porque no todo el
mundo rural está en riesgo de despoblación. Después de diseñar, imagino
que también tocará aplicarlo, porque si los proyectos se quedan en un
cajón no sirven para nada. Este tipo de mociones también las presenta
alguien en la oposición, y ello porque ustedes están gobernando y tienen
que aplicar medidas, medidas que realmente no están aplicando. Lo ponía
como ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en el País Valenciano, donde sí
tenemos estas competencias? Estamos haciendo política, estamos aplicando
presupuesto, no estamos presentando mociones ni PNL en el Parlamento
valenciano, estamos haciendo política, y la política se hace con
recursos, porque si no se aplica ningún tipo de recurso, no vale
absolutamente para nada.


Allí estamos con un plan de impulso para la transformación digital del
comercio y de la artesanía en el País Valenciano que está obteniendo muy
buenos resultados. Hemos destinado 12 millones de euros y está
aplicándose. Hemos destinado fondos Feder y aportaciones de otras
empresas, administraciones y organismos públicos. Tenemos también el plan
destinado a pymes para conseguir su transformación a través de formación,
asesoramiento, ayudas directas, puesta a disposición de herramientas
gratuitas y subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía.
Asimismo, se han regulado las ayudas destinadas a incrementar la
competitividad, la innovación y la calidad de estos sectores económicos.
Por lo tanto, políticas se pueden hacer.


Es el tiempo de gobernar, no de presentar aquí mociones y declaraciones
de buenas intenciones cuando después no tienen la más mínima
consideración para explicar por qué no se aceptan unas enmiendas que, al
fin y al cabo, no eran demasiado revolucionarias y no tenían ningún
esquema. Parece una pérdida de tiempo muy grande, porque aprueban esta
moción y no sabemos el recorrido que tendrá. Seguramente estaremos aquí
una hora, algunos senadores no intervendrán porque han tenido su minuto
de gloria para hacer su video de rigor como diciendo: Yo también trabajo;
pero esto, a la sociedad, no le aporta absolutamente nada y es una
pérdida de tiempo cuando ustedes tienen la obligación de estar gobernando
y no estar aquí trayendo mociones que no sirven para nada.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos, la señora Goñi Sarries no está.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Medina
Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde
on.


Que el desarrollo del comercio electrónico está contribuyendo a la
digitalización de sociedades y economías, y como consecuencia al
crecimiento económico, es una verdad y una realidad. Uno de los desafíos
en el avance hacia una economía y sociedad digitales en Euskadi es el
acceso a los mercados digitales, y es que especialmente en las dos
últimas décadas se comercia tanto con productos tangibles como con
activos digitales, ya sean productos o servicios. La construcción de
nuevos mercados, ya sea a través de los modelos tradicionales de
proveedor-comprador o a modo de plataforma, está impactando de una manera
cada vez más profunda en los sectores económicos tradicionales, que han
empezado a convivir con sectores híbridos, donde los negocios digitales
han ido adquiriendo cada vez más peso.


Las relaciones vendedor-vendedora, comprador-compradora, se están
configurando de un modo y un estilo completamente diferente a como se
realizaban hace apenas dos décadas. El auge en el uso de internet en las
últimas décadas ha conducido a que cada vez más personas compren online.
El comercio online da muestra del grado de conectividad y apertura de
unas determinadas economías con otras a través de los flujos económicos.
Por esta razón, puede ser acicate para el desarrollo de capacidades,
especialmente las vinculadas a los mercados de origen, y aquí quiero
hacer hincapié en los posibles mercados locales de las zonas con
problemas de despoblamiento. La digitalización de los sectores económicos
está vinculada al incremento de su productividad. El comercio online
puede contribuir a reducir los costes de incorporarse al comercio
conectando negocios y consumidores, difundiendo ideas y tecnología y
facilitando su integración en cadenas globales de valor.


Es fundamental, para implantar y afianzar este tipo de comercio, formar
a todas aquellas personas y entes que, posteriormente, disfrutarán de las
ventajas de este servicio, el cual debe servir de acicate para que los
comercios profundicen en su apuesta por la digitalización, ya que no es
una opción, sino que es algo vital. Pero también se debe lanzar un
mensaje a la sociedad y a los y las ciudadanas para que compren en el
comercio de proximidad, utilizando, asimismo, el canal online, como una
apuesta por una sociedad, unas ciudades, pueblos y barrios con vida y
caracterizados por su humanidad en el consumo. Hay que sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia del comercio de proximidad, que no se
puede limitar a un punto de venta. Hay que apostar por un modelo
comercial que sea sostenible, social y de pueblo, con humanismo y empleos
dignos, lejos de lo que ofrecen las grandes plataformas. Con ello, no
estoy en contra de este tipo de plataformas, ya que son mundos
complementarios y la reflexión no tiene que ser qué impacto económico
produce una plataforma de estas, sino lo que nos jugamos a futuro, y es
que los pueblos pierden su carácter, su acercamiento a la ciudadanía y su
humanidad en el consumo.


El comprador y compradora tiene que tener altura de miras y apostar por
el kilómetro cero, que es el sinónimo de sostenibilidad, calidad y
cercanía. El consumidor y consumidora debe apoyar al comercio local y
acordarse de que la tienda de aquí abajo también tiene servicio online.
Los y las comerciantes locales también deben promover este cambio. En el
País Vasco, y con la colaboración de diferentes estamentos e
instituciones, ya se lleva tiempo impulsando este tipo de posibilidad de
comercio. Tenemos diferentes ejemplos de colaboraciones y realización de
experiencias piloto para fomentar este tipo de comercio. Una de estas
experiencias realizadas es la que se hizo en Vizcaya entre la BBK y la
Diputación Foral. Igualmente, en Guipúzcoa nació el Proyecto kilómetro
cero. Y en la misma línea es el que se ha llevado a cabo entre Kutxabank
y la Diputación Foral de Álava. Por ser más cercana, ya que provengo de
ese territorio histórico, les comentaré por encima cómo se ha realizado
esa experiencia. Kutxabank y Visa han impulsado en los municipios
alaveses de Valdegovia y Añana una experiencia pionera en pagos
digitales, por lo que podrán realizar todas las compras y pagos a través
de nuevas soluciones de pago sin necesidad de utilizar dinero en
efectivo. Estos dos pequeños núcleos rurales alaveses han sido los
primeros municipios en todo el País Vasco que han podido experimentar la
comodidad, rapidez y seguridad de este sistema desarrollado por Kutxabank
y por Visa. Se realizaron jornadas de información y actividades
específicas a la ciudadanía de estos dos ayuntamientos, tanto a las y los
posibles clientes y usuarios como a los diferentes comercios de la zona
para dar a conocer la metodología, así como dar las ventajas y objetivos
de este proyecto innovador. Posteriormente, se dotó a todos los
establecimientos del entorno de terminales pago y dispositivos TPV que
incorporaron tecnología contactless.


De forma simultánea, se ofreció de manera gratuita a las personas que
deseasen participar en esta iniciativa la posibilidad de contratar
tarjetas, stickers o nuevas pulseras de pago sin contacto. Su principal
ventaja es que permiten realizar pagos con seguridad, rapidez y
comodidad. Otras ventajas de las que se ha tenido experiencia es que las
personas mayores no necesitan tener dinero en casa, dado el problema
consabido de los robos. Las compras se abonan de forma instantánea y
manteniendo los mismos niveles de seguridad. Además, si son inferiores
a 20 euros no es necesario firmar recibos o teclear claves
personales.


Gracias a proyectos como este, los y las vecinas pueden acceder a
tecnología pionera que facilita su día a día y estar preparados hoy para
las novedades del futuro. Estamos hablando de hábitos de futuro, con
independencia de que se habite en un gran municipio o en el más recóndito
y pequeño de ellos.


Para finalizar, quiero poner en valor el esfuerzo que se está
realizando desde las instituciones vascas para fomentar esta nueva
posibilidad de comercio electrónico tanto para la ciudadanía en general
como para los pequeños negocios y pymes, haciendo valer el ámbito y poder
competencial que nosotros poseemos.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Caminal Cerdá


El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias, presidenta.


Senadores, más del 90 % del territorio de la Unión Europea es rural.
Cerca del 50 % vive en este entorno. Però s’està produint un nou
canvi demogràfic a Europa, que es defineix com a contraurbanització, pel
qual moltes persones, atretes pel medi ambient i la qualitat de vida,
surten de les zones urbanes cap a les zones rurals, que es fan més
accessibles, mitjançant noves infraestructures de transport i xarxes
digitals, encara que no desplegades del tot, i sovint precàries, com les
carreteres de la Nacional 260 de l’Alt Pirineu i Aran. El comerç
electrònic obre l’oportunitat per a negocis molt nous i originals,
i pot portar serveis i productes allà on abans no estaven
disponibles.


En l’era digital, les regions rurals poden incrementar fortament
la seva competitivitat, evitant així la despoblació, i transformar-se en
zones de noves oportunitats de vida i de treball.


L’auge de les compres online a les zones rurals és una realitat
motivada principalment per l’escassedat de grans superfícies
comercials. Un dels sectors que ha suposat un abans i un després és
l’accés a una major oferta de productes, com ara la farmàcia i la
parafarmàcia, sobretot tenint en compte que els qui habiten a les zones
rurals són persones grans. Abans dels confinaments associats a la COVID,
s’inicia un procés de digitalització del consum. La gent perd la
desconfiança a la compra online i emergeix amb força el teletreball. Ara
que els consumidors compren online sense cap problema, una altra
oportunitat per a l’entorn rural és vendre els seus productes a
través d’Internet. Cada vegada són més els petits productors que,
de manera individual o agrupats en cooperatives, donen el salt a la venda
online. A més, suposa la fi d’una de les seves velles
reivindicacions, que és el preu tan baix que reben dels seus productes a
causa del gran nombre d’intermediaris en la cadena de
subministrament.


El que fa pocs anys era una cosa anecdòtica i pròpia de productes
gurmet, s’està estenent cada vegada més. Són molts els productors
que, en solitari o agrupats en cooperatives, decideixen invertir per
envasar o transformar ells mateixos els seus productes, per eliminar
algun dels intermediaris de la cadena, i fer el salt al mercat digital
rural. Especialment, quan la dimensió del mercat accessible a través del
canal online no para de créixer, i ja sostenir econòmicament un negoci és
cada vegada més a prop del 100 %. A més, ara sorgeix Correos Market, que
ofereix una nova plataforma de comercialització. Els productors i
venedors locals podran fer arribar als ciutadans els seus productes sense
despeses d’enviament a qualsevol punt de la península i Balears
—aquí faltaria Canàries—, dotats a més a més d’un
segell de qualitat que assegura la seva elaboració artesanal.


Malgrat això, aquestes iniciatives estan coixes si no van acompanyades
de plans ambiciosos per a un reequilibri territorial en el món rural. Cal
un model d’infraestructures que connecti el territori i permeti el
seu desenvolupament econòmic, per fixar la població i evitar el
despoblament. No podem oferir formació i pensar que amb això ja hem
complert com a administració. El món rural ha de tenir els mateixos
drets, i entre ells, l’accés als serveis als quals té accés
qualsevol ciutadà de l’Estat. Per això presentem esmenes a la
moció, demanant que Correos garanteixi l’accés als serveis propis
de les oficines de correus a les empreses i particulars de les zones
despoblades.


Així mateix, també entenem que aquesta moció és una oportunitat perquè
el Govern adquireixi un compromís amb els productors del sector primari,
amb denominacions d’origen ecològiques i «bio», i altres segells de
garanties productives, ja que representen un mercat compromès amb el món
rural i amb el desenvolupament sostenible, dos elements claus en la
consecució dels objectius de l’Agenda 2030.


La nostra posició, doncs, serà una abstenció.


Moltes gràcies.


Pero se está produciendo un nuevo cambio demográfico en Europa,
definiéndose como contraurbanización, en el que muchas personas, atraídas
por el medioambiente y la calidad de vida, salen de las zonas urbanas
hacia las zonas rurales, que se hacen más accesibles por medio de nuevas
infraestructuras de transporte y redes digitales, aunque no desplegadas
del todo, y a menudo precarias, como la carretera nacional 360 del Alto
Pirineo y Arán. El comercio electrónico abre la oportunidad para negocios
muy nuevos y originales. Y puede llevar servicios y productos donde antes
no estaban disponibles.


En la era digital, las regiones rurales pueden incrementar fuertemente
su competitividad, evitando así la despoblación, y transformarse en zonas
nuevas, con nuevas oportunidades de vida y de trabajo.


El auge de las compras online en las zonas rurales es una realidad
motivada, principalmente, por la escasez de grandes superficies
comerciales. Uno de los sectores en los que ha supuesto un antes y un
después en el acceso a una mayor oferta de productos es el de la farmacia
y la parafarmacia, sobre todo teniendo en cuenta que quienes habitan en
las zonas rurales son personas mayores. Antes de los confinamientos
asociados a la COVID, se inició un proceso de digitalización del consumo.
La gente pierde la desconfianza en la compra online y emerge con fuerza
el teletrabajo. Ahora que los consumidores compran online sin ningún tipo
de problema, otra oportunidad para el entorno rural es vender sus
productos a través de internet. Cada vez son más los pequeños productores
que de forma individual o agrupados en cooperativas dan el salto a la
venta online. Además, supone el fin a una de sus viejas reivindicaciones,
que es el precio tan bajo que reciben por sus productos a causa del gran
número de intermediarios en la cadena de suministro.


Lo que hace pocos años era algo anecdótico y propio de productos
gourmet se está extendiendo cada vez más. Son muchos los productores que
en solitario o agrupados en cooperativas deciden invertir para pasar a
transformar ellos mismos sus productos, eliminar alguno de los
intermediarios de la cadena y dar el salto así al mercado digital rural,
especialmente cuando la dimensión del mercado accesible a través del
canal online no para de crecer y ya puede sostener económicamente un
negocio cada vez más cerca del 100 %. Además, ahora surge Correos Market,
que ofrece una nueva plataforma de comercialización. Los productores y
vendedores locales podrán hacer llegar a los ciudadanos sus productos sin
gastos de envío a cualquier punto de la Península y Baleares —aquí
faltaría Canarias—. Además, está dotado de un sello de calidad que
asegura su elaboración artesanal.


A pesar de esto, estas iniciativas quedan cojas si no van acompañadas
de planes ambiciosos para un reequilibrio territorial en el mundo rural y
un modelo de infraestructuras que conecte el territorio y permita su
desarrollo económico para fijar la población y evitar la despoblación. No
podemos ofrecer información y pensar que con esto ya hemos cumplido como
Administración. El mundo rural debe tener los mismos derechos
—entre ellos el acceso a los servicios— que tiene cualquier
otro ciudadano del Estado. Por eso presentamos enmiendas a la moción en
las que pedimos que Correos garantice el acceso a los servicios propios
de las oficinas de Correos a las empresas y particulares de las zonas
despobladas.


Asimismo, también entendemos que esta moción es una oportunidad para
que el Gobierno adquiera un compromiso con los productores del sector
primario, con denominaciones de origen ecológicas y bio y otros ellos de
garantías productivas, ya que representan un mercado comprometido con el
mundo rural y con el desarrollo sostenible, dos elementos clave en la
consecución de los objetivos de la Agenda 2030.


Nuestra posición será, pues, de abstención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador
Tortosa Ruiz.


El señor TORTOSA RUIZ: Gracias, señora presidenta.


Sin ninguna duda, estamos de acuerdo con que el comercio electrónico es
una herramienta de suma utilidad para mejorar la competitividad de las
empresas en el mundo rural y, por tanto, para cumplir con el objetivo de
luchar contra la despoblación. El comercio electrónico permite a los
emprendedores de zonas rurales situarse en igualdad de condiciones que
empresas de mayor tamaño, generalmente con residencia en el entorno
urbano, y a la hora de colocar sus productos y servicios les permite
también llegar a cualquier rincón del mundo, independientemente de su
nivel y de su capacidad de producción. Además, esta posibilidad que le
ofrece el comercio electrónico a pymes y autónomos es el condicionante,
en la mayoría de los casos, de que la empresa sea o no rentable, es
decir, condiciona la viabilidad económica y el poder continuar en esta
actividad.


Por tanto, el hecho de impulsar acciones en materia de formación de
comercio electrónico claro que sí es importante. Pero hay que tener en
cuenta al respecto algunas consideraciones más que me permito
introducir.


El primer requisito para poder comerciar es que haya un agente
económico. Sin él no hay comercio, lógicamente, y lo que ahora es
prioritario, y es lo que recogíamos en la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, es evitar que la crisis se lo lleve por delante.
Por tanto, ayudas directas para los pequeños y medianos empresarios del
sector rural. De no hacerlo así, en vez de formación en comercio
electrónico lo que debería impulsar el Gobierno es formación para la
búsqueda de empleo.


El segundo requisito es que para poder acceder al uso del comercio
electrónico es necesario tener acceso a internet. Y aquí hay que recordar
que, precisamente, son nuestras zonas rurales, nada más y nada menos que
más del 13 % de ellas, las que en la actualidad no tienen acceso a
internet de al menos 30 megas, según datos del último informe de
cobertura de banda ancha publicado por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital. Por tanto, y como requisito previo a
fomentar el comercio electrónico, el Gobierno debería hacer un mayor
esfuerzo en reducir la brecha digital. Y también creemos que, en este
objetivo general, el papel de los ayuntamientos es fundamental en el
despliegue y, sobre todo, luego en la vigilancia de la operatividad de
las redes de comunicación, puesto que en muchas ocasiones las grandes
compañías, efectivamente, cumplen con el compromiso de extender estas
redes y luego el Gobierno debe tutelar a los ayuntamientos para que estas
redes sean realmente operativas.


También quiero reivindicar, en general, la importancia de los
ayuntamientos en la lucha contra la despoblación. A mí no me cabe la
menor duda de que los alcaldes de nuestros pequeños municipios son los
mejores agentes de lucha contra la despoblación, los que más esfuerzo y
tiempo le dedican, los que más conocimientos tienen, y esto les nace
desde la razón y desde su sentimiento. Muchos de ellos accedieron al
cargo, precisamente, por esta razón, luchar contra la sangría, contra la
pérdida constante y continuada del valor más preciado que tiene un
pueblo, en este caso, su pueblo, que no es otra cosa que su gente. Les
sobran ideas, ganas y entusiasmo, y tienen soluciones y tienen arrojo y
tienen decisión para llevarlas a buen fin. Lo único que les falta a los
alcaldes de los pequeños municipios y a sus ayuntamientos son recursos, y
por eso no nos cansaremos de exigir al Gobierno que, de una vez, ponga a
disposición de los ayuntamientos los fondos europeos que les
corresponden. La cogobernanza, de la que algunos tanto presumen y de la
que los ayuntamientos dan ejemplo, exige al Gobierno el mismo grado de
lealtad institucional.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Mínguez Sierra.


La señora MÍNGUEZ SIERRA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por las intervenciones.
Todas han aportado y son enriquecedoras. Quiero indicar que ya son
numerosas las iniciativas parlamentarias que tanto aquí, en el Senado, en
comisión y en Pleno, como en el Congreso se están llevando a cabo para
fomentar la digitalización y ayudar a asentar población en las zonas
rurales y tener medidas que ayuden a que estas zonas, este medio rural,
se desarrolle.


El Gobierno de España está trabajando para hacer posible España
Digital, que recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones que,
entre otras cosas, garantizan una conectividad digital adecuada al 100 %
de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre
zonas rurales y urbanas, como aquí se ha comentado. También, continuar
liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, así como reforzar
las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la
ciudadanía para acelerar la digitalización de las empresas, con especial
atención a las micropymes, y acelerar la digitalización del modelo
productivo mediante proyectos tractores de transformación
sectorial.


Señor senador Tortosa, hay que sembrar, no es lo inmediato, hay que
trabajarlo, pero hay que trabajar para el futuro. De todas formas, para
eso es verdad que hay proyectos para asentar población y para que los que
viven ahora mismo en el medio rural no se tengan que desplazar, como el
proyecto de ley que está haciendo la Comunidad de Castilla-La Mancha para
hacer sostenibles las zonas despobladas. El proyecto de ley, de medidas
económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el
desarrollo rural de Castilla-La Mancha, es una norma pionera, como usted
pedía, que por primera vez en nuestro país introduce la política fiscal
en la lucha contra la despoblación; establece una garantía en el acceso a
los servicios públicos, sanitarios, educativos y sociales; teleasistencia
para mayores de 70 años;






transporte sensible a la demanda, y recursos
sanitarios a menos de 30 minutos. Esto sí es asentar población, esto sí
es cuidar el mundo rural y no poner un cementerio nuclear en la provincia
de Cuenca. Esa es la diferencia. (Aplausos).


Señor Medina, estamos de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo con el
comercio de proximidad y los ejemplos que usted ha puesto, porque ello es
lo que va a ayudar a que los pequeños productores se encuentren un camino
y un hueco que hasta ahora no tienen, a pesar de que están al lado. El
queso o el vino que tienes al lado, a 10 kilómetros, no lo compras, pero
esto sí que permite que se conozcan. Nosotros tenemos un buen ejemplo en
la plataforma Recadeo, en las provincias de Ciudad Real y Toledo, que
está formada por ocho pequeñas localidades de estas provincias de
Castilla-La Mancha, que ofrecen servicios y herramientas para vendedores
que ayudan a reinventar su negocio y a fortalecer sus comunidades.
Además, solamente es para pequeños comercios, no pueden entrar grandes
superficies. Echó a andar en abril —es muy joven— y ahora
mismo se encuentra en pleno desarrollo y buscando un hueco en el
mercado.


España, como he dicho anteriormente, tiene un gran reto, el
demográfico, y el medio rural supone el 85 % del territorio, medio rural
en el que viven menos del 20 % de la población. Hay que revitalizarlo, y
la formación en comercio electrónico es obligatoria, porque aquello que
no se conoce no se usa y, además, no genera expectativas para conocerlo y
para usarlo. Por lo tanto, hay que dar a conocer a todas las pymes del
medio rural para qué sirve el comercio electrónico, para que lo puedan
usar adecuadamente, para que puedan adaptarlo a sus necesidades y que
genere expectativas.


Por último, muchísimas gracias a todas y a todos los portavoces que han
tratado esta moción y que han presentado enmiendas, porque siempre es
valioso y nos hace entender y comprender otras realidades distintas a las
nuestras.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Señorías, terminado el debate de la primera moción ordinaria,
procedemos a continuación a la votación de los siguientes asuntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para garantizar la reparación moral y económica para todos los afectados
por la talidomida en el Estado español. Se vota la propuesta de
modificación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y
Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro de entrada 85508.


Segunda votación. Moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el
proceso de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las
poblaciones del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de
protección especial, dejando de ser especie cinegética. Se vota con la
incorporación de la enmienda del Grupo Mixto, con número de registro de
entrada 84948.


Moción por la que el Senado manifiesta su preocupación por la violación
del alto el fuego y la escalada de hostilidades que se han producido en
el Sáhara Occidental y solicita el respeto de los acuerdos de alto el
fuego vigentes desde 1991. Se vota la propuesta de modificación del Grupo
Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Bildu, Grupo Parlamentario Vasco,
Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y Grupo Parlamentario Mixto,
con número de registro de entrada 85537.


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la formación sobre el
comercio electrónico, preferentemente en zonas despobladas. Se vota con
la incorporación de las enmiendas del Grupo Mixto, con número de registro
de entrada 84416 y 84939.


Se abre la votación telemática desde este momento, en que son las
diecinueve horas y treinta y dos minutos, hasta las veintiuna horas y
treinta dos minutos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9
DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de
la votación).


621/000015

Sanidad y Consumo


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A continuación, señorías,
vamos a proclamar los resultados de las votaciones telemáticas de las que
ya disponemos.


Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, procedente del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio,
tramitado por el procedimiento de urgencia.


Enmienda número 2, autores Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel
Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 103; en contra, 147;
abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 3, 4, 5, 6, 9, 13 y 15, de los mismos autores, Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 99; en contra, 147;
abstenciones, 9.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 7, de los mismos autores, Jacobo González-Robatto
Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 3; en contra, 247; abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 8, autores Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel
Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 102; en contra, 148;
abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 10, 11 y 12, de Jacobo González-Robatto Perote, José
Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 99; en contra, 151;
abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 14, 16 y 17, de los mismos autores, Jacobo
González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón Yolanda Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 103; en contra, 147;
abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 69. Autores Josep Lluis Cleries i González y Josep
María Matamala Alsina, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado.


Votos emitidos, 255; a favor, 19; en contra, 223;
abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 70. Autores Josep Lluis Cleries i González y Josep
María Matamala Alsina, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado.


Votos emitidos, 255; a favor, 25; en contra, 126;
abstenciones, 104.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 56, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Votos emitidos, 255; a favor, 102; en contra, 124;
abstenciones, 29.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 57 a 59, 63, 64 y 66 a 68, del Grupo Parlamentario de
Ciudadanos.


Votos emitidos, 255; a favor, 102; en contra, 139;
abstenciones, 14.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 60, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Votos emitidos, 255; a favor, 116; en contra, 124;
abstenciones, 15.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 61, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Votos emitidos, 255; a favor, 136; en contra, 113;
abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Enmienda número 62, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Votos emitidos, 254; a favor, 105; en contra, 139;
abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 65, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Votos emitidos, 255; a favor, 106; en contra, 124;
abstenciones, 25.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 18 y 19, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 104; en contra, 139;
abstenciones, 12.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 22, 25 y 28, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 101; en contra, 143;
abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 21, 23, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 40 y 41, del Grupo
Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 108; en contra, 139;
abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 101; en contra, 143;
abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 101; en contra, 139;
abstenciones, 15.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 27, 37, 38, 43 a 45, 48 a 52 y 54, del Grupo
Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 105; en contra, 142;
abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 31, 33 y 39, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 105; en contra, 139;
abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 34 y 47, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 101; en contra, 147;
abstenciones, 7.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 109; en contra, 124;
abstenciones, 22.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 46 y 53, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 105; en contra, 127;
abstenciones, 23.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 55, del Grupo Parlamentario Popular.


Votos emitidos, 255; a favor, 101; en contra, 128;
abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmiendas números 71, 74, 75 y 78, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 245; en contra, 2; abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan aprobadas.


Enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 144; en contra, 99;
abstenciones, 12.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Enmienda número 73, del Grupo Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 144; en contra, 103;
abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Enmienda número 76, del Grupo Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 148; en contra, 99;
abstenciones, 8.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Enmienda número 77, del Grupo Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 230; en contra, 2;
abstenciones, 23.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Socialista.


Votos emitidos, 255; a favor, 129; en contra, 99;
abstenciones, 27.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Propuesta de modificación sobre la base de la enmienda número 1, con
número de registro de entrada 85466, firmada por el Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, Grupo
Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y Grupo
Parlamentario Mixto.


Votos emitidos, 255; a favor, 246; en contra, 2; abstenciones, 7.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.


Aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en las votaciones anteriores.


Votos emitidos, 255; a favor, 141; en contra, 88;
abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 255; a favor, 145; en contra, 91;
abstenciones, 19.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del
texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU APOYO A LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS, FORAL Y
LOCALES POR SU DEFENSA DE LA LIBERTAD, DE LA SEGURIDAD Y DE NUESTROS
VALORES DEMOCRÁTICOS.


662/000053

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 11.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado seis enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, una del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una del Grupo Parlamentario
Socialista, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y dos del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Martínez-Maíllo Toribio.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo presenta esta moción incluida entre las que se podrían
denominar como una moción blanca, es decir, aquellas que todos los grupos
podrían apoyar perfectamente. Es una moción que, por su contenido,
resulta bastante complicado rechazarla y mucho menos abstenerse. Esta
posición equidistante de abstención incluso sería complicada, porque esta
es una cuestión de Estado, es una cuestión de indudable trascendencia. Se
trata, simple y llanamente, de apoyar a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado frente a los altercados violentos que se han
producido en distintas calles de nuestro país, especialmente en la ciudad
de Barcelona. Se trata, por tanto, de ponerse del lado de la libertad y
de los derechos humanos. Se trata de ponerse del lado de la democracia.
Se trata de dar la espalda a los violentos. Se trata de dar la espalda a
aquellos que utilizan la fuerza, se llamen como se llamen y provengan de
donde provengan. Se trata, también, de mandar un mensaje claro a la
sociedad de que ningún derecho se puede tratar de ejercer mediante la
violencia, porque en ese caso se pervierte al lesionar los derechos de
los demás y la convivencia. Y se trata de apoyar a los que en las calles,
en aplicación de la ley, nos protegen y protegen las libertades de todos
nosotros, que no son otros que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, la policía local, las policías autonómicas y, también, los Mossos
d’Esquadra en Cataluña. Es simple, es de manual, fíjense, me
atrevería a decir que es de primero de democracia apoyar esta moción, que
lleva en su contenido el apoyo a las fuerzas y cuerpos del Estado frente
al ejercicio de la violencia por parte de algunos.


Los hechos son claros: dos semanas de violencia en las calles de
nuestro país, especialmente en Madrid y Barcelona. Se han quemado
contenedores, se han lanzado piedras, adoquines, botellas; se ha
intentado causar el mayor daño posible a los miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado; se han asaltado comisarías. Es que es de
una extrema gravedad. Se ha dañado mobiliario urbano, se han destrozado
comercios y restaurantes, y lo que es más grave, se ha incendiado un
vehículo de la policía local de Barcelona con un policía local en su
interior, que salió ileso de milagro por la puerta del copiloto al grito
de: ¡Me están quemando la furgoneta! Se equivocaba, lo que estaban
intentando era quemarle a él vivo y causar el mayor daño posible a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Martillos, cócteles molotov,
bengalas con líquido inflamable, botellas de aguarrás… Esto no es
solo violencia, esto no es solo extrema violencia, esto es mucho más,
esto es kale borroka, esto es puro terrorismo callejero. Es una violencia
que todos los demócratas debemos condenar, ya que daña la convivencia,
daña la paz social, también nuestra imagen internacional y hace daño,
como es lógico, a uno de los colectivos más dañados precisamente en esta
crisis, que son los comerciantes y el sector de la restauración. Como
dijo el presidente de la Patronal de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez i
Llibre, Barcelona no puede ser la capital mundial del fuego. Pues depende
de todos nosotros. Basta de complacencias y de discursos equidistantes y
poco claros. Se exige una condena clara y un apoyo rotundo a los Mossos
d’Esquadra y a todos aquellos que defienden la libertad de todos
nosotros con la contundencia que nos da la democracia, que no es otra que
la palabra y nada más que la palabra. (Aplausos).


No vamos a dedicar ni un solo minuto a las justificaciones que esgrimen
quienes se manifiestan violentamente, es decir, a los que llaman sus
causas. Y no voy a hacer publicidad a quien no lo merece, a ese que ya ha
sido condenado por los tribunales y que parece que tiene una retahíla de
casos judiciales pendientes. Y no lo voy a hacer porque, si partimos de
la premisa de que toda violencia es mala y corrosiva para la democracia
en sí misma, si partimos de la base de que no hay derecho o libertad que
se pueda ejercer con la violencia, no debemos caer en la trampa de
aquellos que, esgrimiendo razones o argumentos que podían ser debatidos,
cuando lo utilizan mediante la violencia decaen esos argumentos y se pone
encima de la mesa la defensa de la libertad y la democracia por parte de
todos nosotros.


Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están protegiendo con su
actuación la libertad, el Estado de derecho y la democracia. Sí, sí, la
libertad, poder ir por la calle sin que te tiren una piedra, la libertad
o el derecho a obtener un comercio y que no te lo saqueen, el derecho a
poder manifestarse, claro, pacíficamente. Sí, las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado están también protegiendo el derecho de
manifestación de aquellos que lo están ejerciendo pacíficamente.
Defienden la ley, toda la ley, protegen todos los derechos y todas las
libertades porque, además, el Estado tiene derecho a protegerse frente a
aquellos que utilizan la violencia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado son la garantía de que los derechos y las libertades
reconocidos y amparados en la Constitución puedan ser ejercidos
libremente por los ciudadanos. Es obligación del Estado y de los poderes
asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de
esos derechos mediante la eliminación de la violencia. Las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado defienden la democracia, esa democracia
que algunos llaman imperfecta, aunque yo creo que lo imperfecto es apoyar
a los violentos y no condenarlos enérgicamente como hacen algunos, eso es
lo imperfecto. (Aplausos.— La señora presidenta ocupa la
Presidencia). La anormalidad democrática es el uso de la violencia; la
anormalidad democrática es el apoyo a los violentos; la anormalidad
democrática es alentar a los violentos; la anormalidad democrática es no
dar el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Señorías, al Gobierno de Sánchez, sinceramente, le ha faltado liderazgo
en todo este proceso, liderazgo para reaccionar con rapidez. Tres días
con tres noches se tardó en condenar los altercados en Cataluña, en
concreto en Barcelona. Probablemente estaba atenazado, como en tantas
ocasiones, por sus socios de Gobierno.


Y faltó también liderazgo para actuar con contundencia. ¿Alguien ha
visto a Marlaska en todo este proceso liderando la lucha contra los
violentos? Ha estado, una vez más, superado por los acontecimientos,
igual que ha estado superado por la inmigración, por los ceses de altos
cargos y siempre ha estado desaparecido. El señor Marlaska pone más
acento en acercar a los presos de ETA al País Vasco, aunque tenga
informes en contra de la Junta de Tratamiento, que en apoyar a aquellos
que defienden la democracia. Ni siquiera ha convocado la Junta de
Seguridad en Barcelona para apoyar y coordinar a los Mossos
d’Esquadra. Nadie piensa ni nadie dice que el señor Sánchez o
Marlaska justifiquen o apoyen la violencia, lo que decimos es que han
llegado tarde, no lo han liderado y no han actuado con la contundencia
que se debía en una situación tan crítica como la que hemos vivido estas
semanas. Y si a esto le añadimos que hay miembros del Gobierno que sí
jalean, sí justifican, no condenan y que hay un portavoz parlamentario de
Podemos que, además, lo hace mediante un tuit irresponsable —que,
por cierto, está siendo investigado—, la situación es gravísima.
Cuando un miembro de tu Gobierno, más si es un vicepresidente, actúa así
y no defiende el Estado de derecho ni las libertades y no defiende el
ejercicio de la actividad lógica que hacen las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado defendiendo la ley y la democracia, no es digno de
sentarse en el Consejo de Ministros para defender al conjunto de los
ciudadanos y representarnos a todos. (Aplausos). No es digno, porque
cuando no se condena la violencia también es una forma de ampararla, de
protegerla y de alentarla. Normal que los sindicatos policiales y los
agentes estén indignados y se hayan sentido solos, claro que sí, y hayan
hablado de la criminalización del cuerpo y hayan calificado la situación
en Cataluña de insostenible.


Pues bien, estamos a tiempo de resarcirnos, especialmente algunos.
Estamos a tiempo de apoyarles de manera clara y contundente, con una
moción que lo único que plantea es el apoyo a las fuerzas y cuerpos del
Estado, que defienden la libertad y los derechos de todos nosotros,
incluso de aquellos que se han manifestado pacíficamente. Y estamos a
tiempo de sumarnos todos, sin excepción, al lado de la ley, de la
libertad y de los derechos. En definitiva, estamos todos a tiempo de
situarnos al lado de la democracia y enfrente de aquellos que ejercen la
violencia para imponer su propia voluntad. Frente a ellos, Estado de
derecho, ley, libertad y democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el bochornoso espectáculo de violencia callejera que se han
visto obligados a sufrir nuestros ciudadanos es intolerable en un Estado
democrático de derecho que se precie como tal. Y es que, cada vez más, se
repiten en nuestras calles situaciones que comprometen seriamente el
libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de los españoles y
de su seguridad. Los recientes actos de vandalismo extremo acaecidos en
Madrid y en Barcelona son sus últimas manifestaciones, si bien no las
únicas. Todos recordamos la violencia que ha llevado aparejado el proceso
golpista en Cataluña desde sus inicios hasta hoy día. Estos actos
incívicos, carentes total y absolutamente de justificación razonable
alguna, comparten muchas notas en común. En primer lugar, su falta total
y absoluta de legitimidad; en segundo lugar, la agresión brutal e
indiscriminada contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad,
que tratan de restablecer el orden en favor de la población; y, por
último, un deseo incomprensible por destrozar el mobiliario urbano,
sufragado con los impuestos de aquellos españoles que se esfuerzan por
tener ciudades cada vez mejores, y por atacar los comercios de aquellos
que, con su esfuerzo diario, tratan de sacar adelante a sus familias en
estos difíciles momentos. Resulta irónico cómo muchos de estos agitadores
pretenden hacer valer un, cuando menos, peculiar concepto de la justicia,
atentando contra sus vecinos, los cuales nada tienen que ver en el objeto
de la protesta.


Si lo anterior resulta de una gravedad extrema, añadamos la conducta de
determinados políticos que, a través de tuits de dudosa compatibilidad
con el Estado de derecho, muestran su apoyo a estos energúmenos, que no
habrían de tener cabida alguna en un sistema democrático. Aunque claro
está que si institucionalmente, a través de una actitud criminal, se
llegó a auspiciar un golpe de Estado en Cataluña a través de parte de sus
propios representantes políticos, un tuit parece, aunque no lo sea,
peccata minuta.


En Vox pensamos que esta situación solo se puede solventar de una
forma: ley y orden. Solo a través de estos dos conceptos los derechos y
libertades de los ciudadanos pueden expresarse plenamente. A este
respecto, nuestra formación, en defensa de la justicia, se personó como
acusación popular en el conocido como juicio del procés y demostró que se
puede hacer valer la ley ante los tribunales. De igual manera, gracias a
una querella interpuesta por Vox se han abierto diligencias de
investigación a fin de determinar las posibles responsabilidades penales
que la posible participación en estos hechos podrían suponer.


Finalmente, me gustaría dirigirme a todos los aquí presentes para
hacerles saber que Vox luchará con todos los mecanismos a su alcance para
que aquellos que batallan contra estos vergonzosos actos encuentren el
amparo que se merecen y que durante tanto tiempo se les ha negado por
parte de los diferentes Gobiernos. Nuestro más firme apoyo a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, lo que estamos viviendo en las calles de nuestro país
—creo que estaremos la mayoría de acuerdo, sino todos— es
inadmisible y grave, muy muy grave. Estamos totalmente de acuerdo con el
sentido de esta moción, como no podía ser de otra manera, pero nos
gustaría incluir algunos puntos que entendemos son necesarios. Miren, la
violencia en nuestras calles no ha sido mera casualidad, no, no ha sido
casual. Ni tampoco responde a la libertad de expresión, que nosotros
siempre defenderemos, ni que decir tiene. No, tampoco responde a la
libertad de expresión, responde a varios elementos, a nuestro
entender.


En primer lugar, a la coordinación de los grupos radicales violentos en
varias ciudades de nuestro país, y no nos engañemos, muchos de ellos solo
aprovechan la ocasión para saquear a su antojo a nuestros hosteleros, a
nuestros comerciantes y a nuestras familias. A ellos, a los hosteleros, a
los comerciantes y a nuestras familias, amén de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, les mostramos un apoyo expreso porque también están
sufriendo en primera persona todos estos actos vandálicos absolutamente
condenables. Pero entendemos que hay otro condicionamiento que hace que
el vandalismo en nuestras calles se haya incrementado; es decir, no solo
se debe a la coordinación de los delincuentes y vándalos que aprovechan
la ocasión para el saqueo, sino que también se debe a que hay gente que
los arenga políticamente. Tenemos que escuchar al señor Echenique pedir,
por ejemplo, que se depuren responsabilidades. ¿De quién? ¿De los
violentos? No, él pretende que sea la policía la que depure
responsabilidades. Ya está bien, el señor Echenique es portavoz
parlamentario de un grupo político que ostenta nada menos que la
Vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios; una persona que está
directamente vinculada a un grupo político que participa en las políticas
del Estado y que debería velar, por ende, por la seguridad en nuestras
calles y defender a aquellos que están en primera línea, velando por
nuestra seguridad. Porque, señorías, las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado velan por nuestra seguridad. Si no estuvieran, nosotros
tendríamos un problema. Pero, como están y velan por nuestra seguridad,
nosotros tenemos que defenderlos, ampararlos y darles ese cariño y esa
protección que en muchas ocasiones necesitan y no reciben.


Por tanto, mediante esta enmienda solicitamos que el Gobierno no se
ponga de perfil y que se lleve a cabo una investigación sobre la
organización de las revueltas coordinadas en varias ciudades españolas.
Reiteramos nuestro apoyo, amén de a los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado —como he dicho antes—, a empresarios, autónomos,
pymes y dueños de negocios afectados, familias afectadas, que lo están
pasando mal y son los que están pagando en primera persona estos actos
vandálicos. Asimismo, respaldamos la acción de nuestras fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, mostrando nuestro apoyo expreso a los agentes
heridos. Por supuesto, pedimos que el Gobierno se desmarque expresamente
de manifestaciones como las efectuadas pública y recientemente por señor
Echenique.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández Espinal.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Socialista presentó una enmienda a su moción que
venía a mejorar técnicamente la redacción, con la mención expresa a la
terminología de nuestra Carta Magna, así como de la Ley Orgánica de
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es, permitir el pleno
ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Pero vamos más
allá, pues además de reconocer el trabajo realizado por policías
nacionales, mossos y ertzainas en los disturbios, les mostramos el
agradecimiento de la Cámara. Ertzainas, señor Martínez-Maíllo, se le han
olvidado, estamos en un Estado compuesto y no los ha nombrado. Además,
sin paños calientes, hablamos de la violencia en nuestras calles, que
rechazamos sin paliativos, como ya hiciera el presidente del Gobierno en
sus declaraciones, que vengo a repetir aquí: en una democracia plena como
la nuestra la violencia es inadmisible, venga de donde venga.


Pues bien, coincidimos porque en ambos textos hay un reconocimiento del
trabajo de los servidores públicos y es bueno para el país, como ha dicho
usted, que su grupo y el mío tengamos este común denominador, aunque sea
un mínimo común denominador, por la responsabilidad consustancial de ser
partidos de gobierno. La postura de nuestro grupo no causa sorpresa
alguna, pues ya nuestro portavoz en la pasada Comisión de Interior lo
primero que hizo fue reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en estos altercados. Prevalece, por tanto, la
voluntad común de dar valor a un trabajo muchas veces difícil de nuestra
Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos o Ertzainzta, policías
autonómicas o locales. Pongámonos por un momento en la piel de uno de
estos funcionarios que ha expuesto su integridad física en este tipo de
actuaciones de seguridad ciudadana, porque ha habido policías nacionales
y mossos heridos, a los que desde aquí deseamos una pronta y completa
recuperación. (Aplausos). No se merecerían que en el Senado
introdujéramos elementos que distorsionaran el debate, lo que al final
sería ajeno al sentir de apoyo de la mayoría de la ciudadanía a estos
servidores públicos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora González Modino.


El señor GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.


Yo no sé si la moción es blanca, señor Martínez-Maíllo. En cualquier
caso, el discurso es tenebrista entre buenos y malos. Las senadoras y
senadores del Grupo Izquierda Confederal somos más partidarios de la
justicia que del orden; no sé si eso nos sitúa en un lado o en el otro.
Evidentemente, discrepamos del enfoque que se plantea en esta moción y
por eso hemos presentado enmiendas. Quiero empezar diciendo que los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen una encomienda
imprescindible para el mantenimiento de la democracia y de los valores
constitucionales. Reconocemos y agradecemos el trabajo de la mayoría, de
la inmensa mayoría, de sus miembros, que hacen un servicio público
esencial para el conjunto de la ciudadanía. Las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado han jugado un papel muy importante, de forma que el
Estado español es reconocido internacionalmente como uno de los Estados
con mayor grado de seguridad y con menor índice de criminalidad. La
propia Constitución, en su artículo 104.1, atribuye a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, la
misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana.


La exposición de motivos de la moción del Grupo Popular se refiere a
los incidentes producidos en Madrid y en Barcelona. Esta visión
centralista y de mirada corta de la derecha vuelve a olvidar que, más
allá de Madrid, además de Barcelona —que le viene muy bien para
seguir profundizando en el mensaje de división y de confrontación—,
hay otros territorios, otros pueblos y otras realidades que merecen ser
al menos mencionadas en las Cortes Generales. También en Jaén se han
producido hechos relacionados con la actuación de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado que han puesto en riesgo la convivencia y la
seguridad ciudadana, y estos hechos los han provocado dos policías
nacionales fuera de servicio en Linares, que proporcionaron una paliza a
un hombre y a su hija en la puerta de un bar, a la luz del día, abusando
de su autoridad y de su fuerza, indignando a toda la sociedad linarense y
andaluza. Hay vida más allá de Madrid y conflictos más allá de Cataluña.
El conflicto social de Linares y de la provincia de Jaén no es un
conflicto identitario, de esos que tanto le gustan a la derecha, es un
conflicto social provocado por la ausencia de oportunidades, la falta de
perspectivas de futuro, la desindustrialización y la deslocalización, que
han dejado tiritando la economía de una provincia que era vanguardia de
la industria de la automoción, entre otras, no hace tanto tiempo.


El Grupo Popular nos trae esta moción para seguir con el «a por ellos»
y nosotras aprovechamos que traen este debate para explicar que en Jaén y
en Linares una actuación policial injustificable ha puesto sobre la mesa
la situación social de extrema urgencia que se vive en esta provincia y
en esta comarca. Lo que más daño le hace a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado no son exclusivamente los manifestantes violentos
—que haberlos, haylos—, sino lo del «a por ellos», que
ofrecen una imagen de enfrentamientos, de revanchismo y de sectarismo de
quienes tienen que representar a toda la ciudadanía, no solo a los
ideológicamente blancos, españolistas o de derechas.


Nosotras defendemos la gran mayoría de las actuaciones de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, pero nos vemos en la obligación de
levantar la voz cuando hay abusos o prácticas dudosas por su parte.
Cuando hay una contestación social como la que se ha producido el domingo
pasado, sin ir más lejos, en la provincia de Jaén, lo que corresponde a
las administraciones es ponerse a trabajar para dar respuesta y no mandar
a la Policía o a la Guardia Civil para poner multas. En la manifestación
del domingo no se rompió el cierre perimetral de Andalucía
—llegaron hasta Despeñaperros, territorio nuestro todavía—,
ni siquiera el cierre provincial de Jaén —no se quemó ni un
contenedor, probablemente no se rompió ni un cristal—, pero las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron a obstaculizar el normal
desarrollo de una reivindicación pacífica y legítima, y probablemente
obedecían órdenes; sin duda, no era iniciativa de los agentes que allí
estaban.


Lo que pone en peligro la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado son aquellas actividades antidemocráticas que se
producen, lamentablemente con cierta frecuencia. No podemos decir que el
uso de munición real y material antidisturbios no homologado sea la
tónica general; no podemos afirmar que las manifestaciones y
comportamientos homófobos, xenófobos, machistas o fascistas sean
generalizables a todos sus miembros, no es cierto, no son mayoría, son
minoría, pero últimamente son una minoría muy ruidosas y no podemos decir
que sean casos aislados. Por eso, la mejor manera de preservar el
trabajo, la imagen y la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado es aislando estos comportamientos, esclareciendo las
actividades que en estos términos se produzcan y apartando de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado a quien esté implicado. En Linares,
señorías, un joven sigue recuperándose de las heridas ocasionadas por un
disparo con fuego real mientras se manifestaba, y esto blanco no
es.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Mila esker.


Señor Martínez-Maíllo, ¿blanca? Está mal redactada, yo no sé si usted
conoce las policías autonómicas, pero la policía foral también es una
policía autonómica, con lo cual no entendemos la redacción y de ahí
nuestra enmienda. Hemos presentado una enmienda de modificación y otra de
adición, porque además de ser necesario reconocer y redactar de forma
correcta lo que se refiere a las diferentes policías y fuerzas de
seguridad, la única fuerza de seguridad legítima es la que ayuda a crear
un entorno libre y que conduce a la satisfacción de los derechos humanos
de las personas; una fuerza de seguridad democrática implica una
protección que ofrezca apoyo y respeto a los derechos humanos. La policía
de un Estado democrático está inspirada por los valores del respeto a los
derechos humanos y el Estado de derecho y, por lo tanto, por los
principios de responsabilidad y servicio público propios de una sociedad
democrática. Por ello, consideramos fundamental modificar la moción
presentada en este sentido.


En cuanto a la enmienda de adición, la cuestión que hay que señalar de
su primer punto es que la transparencia y la rendición de cuentas van más
allá de la mera entrega de información. Significa muy especialmente una
evaluación sobre la calidad de la respuesta que otorga la policía a las
necesidades de la ciudadanía y el modo en el que se relaciona con ella en
el día a día y en los asuntos ordinarios o cotidianos; de ahí la
necesidad de implementar órganos de control y transparencia, evitando
espacios opacos que, además de fortalecer a la propia organización,
contribuyan a reafirmar la voluntad de servicio y a generar mayor
confianza en las y los ciudadanos.


Las sociedades modernas y desarrolladas avanzan en este sentido, y un
ejemplo es la creación de la comisión de control y transparencia que se
ha contemplado en la última modificación de la Ley de policía del País
Vasco, y que ya está constituida. Se trata de una comisión mixta externa
e independiente que va a complementar el papel de control que se realiza
desde los órganos judiciales, el ararteko, el Defensor del Pueblo y el
propio Parlamento vasco. En segundo lugar, es imprescindible una mayor y
mejor posición de las mujeres, también en las organizaciones
policiales.


Hirugarrenean, aukera izan dugun guztietan defendatu dugun bezala,
ezinbestekoa da hizkuntza-eskubideak errespetatzea. Herri administrazioek
errespetatu behar dute eskubide hori, inolako aitzakiarik gabe.


En tercer lugar, lo hemos defendido siempre que hemos tenido ocasión,
es fundamental respetar también los derechos lingüísticos. Las
administraciones públicas deben respetar esos derechos sin ningún
pretexto.


Usted utiliza aquí el euskera para hablar de la kale borroka
únicamente, en un sentido que desde luego no nos gusta. Me gustaría que,
si es posible, utilice el euskera también de otra manera y no solamente
para designar algo que es tan desagradable para todos nosotros.


En cuanto al segundo punto, entendemos que en cualquier situación es
preciso solidarizarse con quienes sufren violencia y en esta situación de
pandemia en la que el empleo está al límite entendemos que es necesario
mostrar nuestra solidaridad con aquellas personas que están defendiendo
su empleo, sus puestos de trabajo, porque flaco favor hacen todas estas
actuaciones. Una vez más, usted habla de que nadie puede oponerse.
Entiendo que estamos en una Cámara parlamentaria donde lo lógico es
debatir y llegar a acuerdos, pero, desde luego, con esta portavoz, con
esta senadora no se ha puesto nadie en contacto para poder llegar a un
acuerdo. Entiendo que las mociones no son de adhesión; si no votamos a
favor, no quiere decir que estemos en contra, sino que no está redactada
de la manera en que consideramos que debe estarlo. Votaremos lo que
proceda, pero nos hubiera gustado que por parte del proponente se hubiera
podido mejorar la moción, aunque quizás no se ha puesto en contacto con
nosotros porque nos van a aceptar todas las enmiendas, que también podría
ser.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Tiene la palabra a continuación, el representante del Grupo
Parlamentario Popular, señor Martínez-Maíllo, para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Gracias, señora presidenta.


Muy brevemente. Primero quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios que han formulado enmiendas su presentación, algunas
aproximan el acuerdo y otras lo alejan. Con algunos grupos hemos
intentado llegar a acuerdos, pero seguramente si admitiéramos algunas
propuestas o contenidos se alejaría el acuerdo de los demás por los vetos
cruzados en cuanto a los contenidos. Por eso hemos tomado la decisión de
mantener el texto en su integridad, y les ha llamado mucho la atención a
todos ustedes que al principio haya dicho que es una moción blanca, pero
es que es verdad, porque realmente contiene un espíritu colectivo en el
sentido de apoyar a las fuerzas y cuerpos del Estado frente a los
violentos. Cuando en la moción hablamos de las fuerzas y cuerpos del
Estado, incluimos también a las policías autonómicas, a todas ellas. No
hemos excluido, por supuesto, a ninguna. No sé por qué se tienen que
ofender, sinceramente no es necesario, porque, por supuesto, están
incluidas y en el ámbito de sus competencias, cómo no, para eso hay
policías autonómicas o policías locales, que también tienen ámbito
competencial. Por lo tanto, es absolutamente reconocido. Creo que este
texto se puede admitir por todos.


En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, si la nuestra es blanca,
es que la suya es insípida, señora senadora, sinceramente se lo digo, es
que no dice nada, y se lo digo con todos los respetos; no aporta nada,
incluso habla de todas las violencias y aquí no estamos hablando de todas
las violencias, sino de una violencia concreta que se produjo en
Cataluña, en Barcelona, dos semanas atrás por los que la ocasionaron. Por
lo tanto, creo que hay que concretar con exactitud de qué estamos
hablando y no generar una enmienda abstracta para ver si distraemos la
atención. Esa es la sensación que me ha dado, aunque igual estoy
equivocado, señora senadora. Pero estoy seguro de que ustedes están de
acuerdo con la moción que nosotros presentamos.


Con el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal no podemos estar de
acuerdo. En primer lugar, porque lo que plantean ustedes, como siempre,
es equidistancia entre aquellos que ejercen la violencia y quien nos
protege de ella, ponen el foco en los que nos protegen de la violencia y
permanentemente tratan de examinar a aquellos que nos protegen de los
violentos, y yo, sinceramente, no entiendo. Aquí estamos para apoyar la
ley y el Estado de derecho.


Por último, en relación con las enmiendas que presentan Vox y
Ciudadanos, por supuesto que estamos de acuerdo en apoyar a las familias,
a los comerciantes, a los restauradores, así lo hemos dicho en nuestra
moción. En relación con los altercados que se han producido durante la
campaña electoral en Cataluña y que plantea Vox, si hay un partido que ha
recibido agresiones, no solo verbales, en campañas electorales ha sido el
Partido Popular durante muchos años, porque no hemos llegado ayer. Por lo
tanto, eso podría ser objeto de otra moción y, desde luego, nosotros la
apoyaremos.


Así que, señora presidenta, nuestra moción aglutina el conjunto de
todas las sensibilidades de aquellos que defienden el Estado de derecho,
la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martínez-Maíllo.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la instrumentalización de las protestas que en los últimos
días han ido sucediendo en las ciudades de Madrid y Barcelona para atacar
a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe
determinar. Nuestro sistema democrático es lo suficientemente amplio y
completo como para permitir a cualquier ciudadano o colectivo varios
canales de protesta, a fin de que pueda expresar su disconformidad sobre
cuestiones de muy diversa índole. Por esto, no cabe tolerar de manera
alguna el salvajismo que los agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad se han visto obligados a soportar, situación esta que
compromete severamente la integridad física de los mismos, así como su
propia vida. Sin embargo, no hemos de engañarnos, no es solo a los
efectivos de los cuerpos de seguridad a los que se compromete. El resto
de ciudadanos respetuosos con un modelo de sociedad cívica han visto cómo
se destrozaban sus negocios y los bienes urbanos que con tanto esfuerzo
sufragan con sus impuestos.


En Vox estamos convencidos de que las fuerzas y cuerpos de seguridad
que protegen a la población de estos actos deben contar con el máximo
apoyo y respaldo institucional, pues resulta incomprensible que haya sido
parte de la sociedad, a la que juraron proteger y servir, la que se
vuelva contra ellos para agredirlos de forma tan impune. No volvamos la
espalda el resto de la sociedad, pues son ellos la delgada línea roja que
ahora delimita la sociedad democrática de la dictadura de los violentos.
Por eso, señorías, Vox va a votar a favor de su moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la palabra
el senador Cleries i González.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, presidenta.


El senyor Martínez Maíllo ens ha parlat d’una moció blanca, però
jo crec que li ha faltat la blancor quan l’ha explicat, i fins i
tot quan ha contestat les esmenes que s’han presentat. Per tant, jo
no li sé veure aquest color blanc. Vostès aprofiten un moment de tensió
—que hi és— per intentar furgar en la divisió dins del
Govern, entre els dos partits de la coalició, i a més a més, també per
parlar d’un tema, que és la seguretat ciutadana, que requereix
sobretot fer-ho en un moment destensionat. No es pot parlar de temes de
seguretat ciutadana com aquests, que han estat greus —no li diré
que no— amb tensió, en el moment en què hi ha el foc encès. Per
quan el foc està encès no s’hi ha de tirar benzina; el que
s’ha de fer és apagar-lo. I ara encara fa molt poc que estan
passant temes d’aquests, i nosaltres creiem que cal destensionar
per parlar d’aquests temes de seguretat ciutadana. Però vull
deixar, a vostè i al conjunt del Senat, unes coses clares per part de
Junts per Catalunya.


En primer lloc, condemnem la violència, i estem en contra de tot tipus
de violència. També volem reconèixer que la gran majoria de gent que es
manifesta és cívica i és pacífica, però hi ha una gent que no ho és, i és
el que cal aïllar i eradicar, i que aprofita —i moltes vegades no
participa d’allò que es reclama en aquelles manifestacions—
per fer vandalisme i per robar en els comerços. Per tant, donem tot el
nostre suport al sector del comerç i al sector de la restauració que
s’han vist afectats per aquestes agressions de determinada gent. A
més a més, no només ho diem, sinó que hem anat a donar aquest suport
personalment visitant els comerços, visitant i reunint-nos amb les
policies que han intervingut i estan al seu costat. Perquè el que
necessiten és aquest escalf, la proximitat, ser al seu costat en els
moments en què han passat les coses.


Avui, que nosaltres diem això, que estem en contra de tota violència i
condemnem aquests robatoris en comerços, en botigues i al sector de la
restauració, també volem dir que estem a favor del dret de manifestació i
estem a favor de la llibertat d’expressió. Perquè la seguretat vol
dir llibertat. A mi ja m’hagués agradat que vostès haguessin fet un
enunciat com aquest, en defensa de la llibertat, de la seguretat i dels
nostres valors democràtics les vigílies de l’1 d’octubre
del 2017. Però vostès, en lloc de fer això, van enviar-nos funcionaris,
al crit de «a por ellos», des de tot Espanya, per venir-nos a atonyinar.
I van ser vostès, i això els invalida molt perquè vostès puguin parlar
d’eradicar la violència. Perquè aquell dia hi havia gent que tenia
una papereta a la mà per poder votar, que l’únic que volien fer era
posar-la en una urna, i estaven pacíficament, contràriament al que diu la
senyora de Vox, que aniria bé que veiés les imatges d’aquell dia,
que a ella li devien passar una pel·lícula diferent. I va ser el que
vostès van enviar —perquè els responsables són vostès, que són els
que manaven, i els altres obeïen— el que va anar a fomentar la
violència. I això a Catalunya ho tenim molt present, qui ho va fer. I
tenim un record ben clar de qui ho va fer. I això els invalida molt per
venir a donar lliçons de pacifisme, perquè la pau es fa
practicant-la.


Per tant, nosaltres no podrem donar suport a aquesta moció blanca,
perquè no hi veiem la blancor, hi veiem mala intenció. Creiem que ara és
l’hora d’apagar focs, no d’encendre’ls, perquè el
que necessitem és pau, convivència, civisme, parlar i, això sí, que
cadascú defensi lliurement les seves idees. I crec que vostès, de
vegades, determinades idees, com les que jo defenso, o el meu grup
defensa o molta gent a Catalunya defensa, que són la llibertat i exercir
el dret d’autodeterminació, com que no els agrada, s’estimen
més donar un cop de porra que no pas dir parlem-ho i solucionem-ho.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


El señor Martínez-Maíllo nos ha hablado de una moción blanca, pero le
ha faltado blancura cuando la ha explicado y ha respondido a las
enmiendas que se han presentado. La verdad es que no sé ver ese color
blanco. Ustedes aprovechan un momento de tensión aquí para intentar
ahondar en la división dentro del Gobierno, entre los dos partidos de la
coalición, y, además, para hablar de un tema, la seguridad ciudadana, que
requiere sobre todo hacerlo en un momento distensionado. No se puede
hablar de temas de seguridad ciudadana como estos, que han sido graves
—no le voy a decir que no—, con tensión, en el momento en el
que el fuego está encendido. Cuando el fuego está encendido, no se tiene
que tirar gasolina, sino que se tiene que apagar.






Hace muy poco que han
pasado estas cosas y creemos que conviene distensionar para después poder
hablar de seguridad ciudadana. Quiero dejarle algo claro a usted y al
conjunto del Senado por parte de Junts per Catalunya.


En primer lugar, condenamos la violencia; estamos en contra de todo
tipo de violencia. También queremos reconocer que la gran mayoría de la
gente que se manifiesta es cívica y pacífica, pero hay gente que no.
Tenemos que aislar y erradicar a la gente que no es cívica y pacífica.
Muchas veces no participan de lo que reclaman esas manifestaciones, pero
aprovechan para hacer vandalismo, para robar en las tiendas. Así que todo
el apoyo a los sectores del comercio y de la restauración, que se han
visto afectados por las agresiones de determinada gente. Y no solo lo
decimos, sino que les hemos ofrecido apoyo personalmente visitando los
comercios, reuniéndonos con las policías que han intervenido y estando a
su lado. Lo que necesitan es este apoyo, la proximidad, que estemos a su
lado en estos momentos en los que están ocurriendo las cosas.


Por lo tanto, nosotros, que decimos que estamos en contra de toda
violencia y que condenamos todos los robos en comercios, tiendas y
sectores de restauración, también queremos decir que estamos a favor del
derecho de manifestación y de la libertad de expresión, porque la
seguridad significa libertad. Me hubiera gustado que ustedes hubiesen
hecho un enunciado como este en defensa de la libertad, seguridad y
nuestros valores democráticos en las vísperas del 1 de octubre de 2017.
En vez de hacer esto, ustedes nos mandaron a los funcionarios de toda
España con el grito «a por ellos» para venirnos a pegar. Fueron ustedes.
Esto les invalida mucho para que ahora hablen ustedes de erradicar la
violencia. Ese día había gente que tenía una papeleta en la mano para
votar; lo único que querían hacer era ponerla en una urna. Estaban
pacíficamente, contrariamente a lo que dice la señora de Vox, que estaría
bien que viera las imágenes de ese día porque a lo mejor ha visto una
película distinta. Fueron ustedes, porque los responsables son ustedes,
que eran los que mandaban —los otros obedecían—, los que
fomentaron la violencia. En Cataluña tenemos muy presente quién lo hizo,
tenemos un recuerdo muy claro de quién lo hizo. Esto les invalida mucho
para venir luego aquí a dar lecciones de pacifismo, porque la paz se hace
practicándola.


Nosotros no podemos apoyar esta moción blanca porque no vemos el color
blanco en ninguna parte; vemos la mala intención. Pensamos que es la hora
de apagar fuegos porque lo que necesitamos es paz, convivencia, civismo,
hablar. Eso sí, que cada uno defienda libremente sus ideas. Y a veces
ante determinadas ideas como las que yo defiendo, como las que defiende
mi grupo o defiende mucha gente en Cataluña, que es la libertad y ejercer
el derecho de autodeterminación, como no les gusta, prefieren más un
golpe de porra y no hablar y solucionarlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on
berriz ere


Un poema de mil quinientos y pico que aún cantamos hoy comienza
diciendo: Haltzak ez du bihotzik, ez gaztanberak hezurrik; ez nien uste
erraiten ziela, aitonen semek gezurrik. Traducido, más o menos, quiere
decir que el aliso no tiene médula, ni el requesón tiene hueso. Nunca
hubiese creído que un noble, aitonem semek —una traducción un tanto
forzada—, pudiese mentir. El aitonem semek de mil quinientos y
pico, que, al castellano, se ha traducido por noble de entonces, ese
noble podría ser el presidente del Gobierno, el ministro de turno o el
policía de hoy o de hace treinta y cinco años.


Señorías, Geroa Bai siempre ha condenado el uso de la violencia como
método o medio para conseguir objetivos políticos. Geroa Bai siempre ha
rechazado el uso de la violencia injusta e ilegítima. También hemos
condenado siempre el uso injusto e ilegítimo de quienes están autorizados
para utilizar la violencia en defensa de la justicia, del orden, del bien
común, de la seguridad, y a veces la mentira forma parte de esa
violencia. Mentiras como las que intentaron hacernos creer, es verdad que
con poco éxito, respecto de la muerte de Mikel Zabalza. No sé cómo
calificarlo. Tampoco estamos muy de acuerdo con el uso desmedido de
algunas leyes, como, por ejemplo, la ley mordaza, que, siendo usada, en
nuestra opinión, de una forma desmedida, ha convertido a un rapero de
octava categoría en casi un héroe para un sector, es verdad, muy
minoritario de la juventud que piensa que no tiene nada que perder,
aunque déjenme que les diga que tienen mucho que perder, aunque ellos
crean que no es así.


Nosotros no apoyamos ni nos callamos ante la violencia injusta e
ilegítima y denunciamos siempre el uso de la misma la ejecute quien
ejecute, sin miedo, pero también sin confianza ciega. Quiero recordar
—lo hacía el senador Cleries hace un momento— que la mayoría
de quienes se manifestaban estos días tanto en Madrid como en Barcelona
por la detención de este rapero o por lo que sea —porque
seguramente los que querían utilizar las manifestaciones para practicar
su vandalismo ese rapero les importa poco— lo hacían de manera
totalmente pacífica.


No puedo terminar sin lamentar que por la oposición de Vox y UPN hoy el
Senado no haya podido aprobar una declaración institucional unitaria en
relación con el 11M, el Día europeo de las víctimas del terrorismo. Geroa
Bai ha estado siempre y estará siempre con ellas, aunque no podamos, por
desgracia, consensuar una declaración institucional en esta institución,
que hubiera sido lo lógico, lo justo, lo legítimo, lo normal, lo defensor
de la democracia y la paz.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Hemos visto tarde, la verdad que tarde, cómo el presidente y algunos
ministros han salido agradeciendo la labor de nuestras fuerzas y cuerpos
de seguridad. Señorías, los agradecimientos están muy bien, pero no paran
piedras ni cócteles molotov, ni apagan fuegos. Señores, queremos hechos y
que se depuren responsabilidades, pero no en nuestras fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado —también, si fuera el caso, pero no como
norma general— como pide Podemos. Nosotros hemos sido claros desde
el primer minuto y hemos sido contundentes, y es lo que los españoles
esperan de su clase política.


Esta moción no me tocaba a mí, la llevaba a mi compañera María, quien
me ha dado su argumentario y me ha dicho: por pudor, esto no lo leas,
pero yo creo que sí debo leerlo: Yo tengo un marido policía y un hermano
policía, y donde ustedes ven un uniforme, yo veo un padre de familia, a
una hermana, a una hija, a un marido. No podemos normalizar lo que está
pasando. No está bien. Y no me vengan con que es su profesión. A nadie le
pagan por quedarse parado mientras le insultan, le escupen, apedrean,
muelen a palos o intentan quemarlo vivo. Lo que está pasando es de
extrema gravedad, y ustedes tienen la obligación de pararlo. Esto es lo
que pensaba decir mi compañera, hermana y pareja de un policía. Con esto
está todo dicho, expresa todo lo que podemos sentir.


Por supuesto que apoyaremos la moción, aunque lamentamos que no se haya
admitido ninguna enmienda, sobre todo la nuestra. El texto de la moción
nos parece bien y lo vamos a apoyar. Iba a intervenir desde el escaño,
pero me ha parecido oportuno bajar expresamente para leer esto que
pensaba decir mi compañera, que ha tenido que ausentarse y no ha podido
estar aquí. Ella lo iba a decir, seguramente, con todo el sentimiento que
no sé si he podido poner yo en el empeño.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.


Eztabaidatzea dagokigun mozioak bi gai planteatzen ditu gure ustez:
alde batetik polizien eginkizuna eta adierazpen askatasuna, eta bi ardatz
horien gainean oinarrituko dut nire hitzaldia.


Gracias, presidenta.


Esta moción plantea dos cuestiones desde nuestro punto de vista: por un
lado, la función de los cuerpos policiales y, por otro, la libertad de
expresión. Mi intervención girará en torno a estos dos ejes.


Tal y como señala el Código europeo de ética de la policía, los
principales objetivos de la policía en una sociedad democrática, regida
por el principio de la preeminencia del derecho, consisten en: garantizar
el mantenimiento de la tranquilidad pública, el respeto de la ley y el
orden en la sociedad; proteger y respetar las libertades y derechos
fundamentales de las personas, tal como son consagradas principalmente en
el Convenio europeo de derechos humanos; prevenir y combatir la
delincuencia; seguir el rastro de la delincuencia, y facilitar la
asistencia y servicios a la población.


La libertad de expresión es un derecho fundamental que cumple además
una función social esencial en democracia, porque una opinión pública
diversa y plural representa la antítesis de la verdad oficial y garantiza
una ciudadanía con criterio. Ofenderse es un estado de ánimo. Se
criminalizan discursos ofensivos o desagradables de escasa o nula
incidencia. Si admitiéramos sin debate la penalización de las ofensas, el
Código Penal engordaría considerablemente y tendríamos que construir más
prisiones que viviendas de protección oficial.


Como señalan en el boletín de mayo de 2018 Juezas y Jueces para la
Democracia, la represión de delitos de expresión afecta a tuiteros y
blogueros, raperos y músicos, cómicos, titiriteros y dibujantes,
directivos y activistas de movimientos sociales, desbordando todos los
géneros hasta alcanzar al guiñol, la caricatura y el hiphop, al margen de
fenómenos de protestas, como la pitada del himno nacional o la quema de
banderas y otros símbolos.


La civilización mediática, revolucionada por internet y las redes
sociales, con su instantaneidad, nerviosismo y urgencia, ha ampliado el
campo de los ofensores y de los blasfemos, la comunidad de los que ríen y
la de los ofendidos. Como manifestó el juez Holmes hace casi cien años,
debemos estar vigilantes para poner freno a quienes pretendan reprimir
las manifestaciones de ideas y opiniones, incluso aunque las consideremos
detestables, siempre que no sea necesario ejercer un control para la
salvaguarda de bienes esenciales de la comunidad.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que los
límites a la libertad de expresión deben establecerse en las leyes,
siempre de manera restrictiva y teniendo en cuenta si lo que se ha dicho
o escrito supone un riesgo real para otras personas. Por ello, la
pregunta que debemos hacer es si la letra de una canción, una actuación
de titiriteros o unos mensajes en las redes sociales, por muy críticos o
provocadores que sean, suponen un riesgo real para otras personas o les
facilita los medios para que cometan un delito y, por tanto, sus autores
deben ser castigados con la cárcel. En el Grupo Vasco entendemos que no.
Consideramos que debe llevarse a cabo una reforma legislativa, ya que es
necesario la seguridad jurídica como principio garantizado en el
ordenamiento jurídico porque son numerosas las sentencias y autos de los
tribunales españoles que contradicen la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, sobre todo en lo relativo al enaltecimiento
del terrorismo y los delitos de injurias a la Corona y símbolos
nacionales, pero también del propio Tribunal Constitucional.


Dicho esto, hay que señalar que los disturbios a los que hace alusión
la moción presentada son absolutamente reprobables. Es evidente que
ningún derecho puede reclamarse de forma violenta y mediante desórdenes
de la magnitud de los señalados. Estamos ante personas que, esgrimiendo
en su defensa el derecho fundamental de libertad de expresión y
manifestación, llevan a cabo saqueos y actuaciones absolutamente
organizadas y que, bajo esa excusa, se materializa. El objetivo de estos
grupos aparentemente organizados no es defender un derecho fundamental,
sino atentar contra la propiedad privada, poniendo en riesgo a personas y
bienes sin ninguna justificación, afectando a la normal convivencia.
Tales conductas, como hemos dicho, son absolutamente reprobables e
intolerables.


Volviendo sobre el eje del cometido que corresponde a la policía, son
varios los principios que Robert Peel desarrolló para definir la ética de
una fuerza policial en el siglo XIX, pero me voy a centrar en uno: la
policía consigue y mantiene la opinión pública favorable no satisfaciendo
los distintos deseos, sino por la demostración constante del servicio a
la ley absolutamente imparcial. Y traigo a esta Cámara este principio
porque en nuestro grupo consideramos que, efectivamente, en esta moción
se trata el derecho a la libertad de expresión, pero debemos tener en
cuenta la necesaria imparcialidad de las personas que forman parte de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: Ertzantza, Mossos, Policía
Foral y policías locales. Por tanto, igual que el derecho a la libertad
de expresión de la ciudadanía no puede justificar la violencia y el
desorden público, la libertad de expresión de quienes tienen encomendada
la seguridad pública debe respetar la imparcialidad que deben
tener.


Los límites a la libertad de expresión también deben ser claros en este
sentido. Por ello, excesos verbales como los que hemos conocido, aunque
sea en el ámbito militar y privado, afectan directamente a la garantía de
la imparcialidad que debe existir y que es esencial en quienes tienen
encomendada la seguridad pública. La ausencia de prudencia y ecuanimidad
provoca desconcierto, inseguridad y desconfianza en la ciudadanía y, por
tanto, afecta a la opinión pública. De ahí que, junto con esta
deontología profesional, sea necesario reforzar la confianza ciudadana
con una mayor transparencia y proporcionalidad en las actuaciones
policiales. Solo así podremos avanzar en un Estado social y democrático
de derecho.


Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el
senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, presidenta. La seguretat és
aquell espai on s’exerceixen els drets i les llibertats, i és
evident que la violència amenaça aquest espai de seguretat. Però no
s’han aturat mai a pensar que condemnar unes violències i no unes
altres és precisament la pitjor benzina que podrien abocar sobre la
violència? La pitjor amenaça a la seguretat és condemnar unes violències
i no unes altres. El senyor portaveu del Grup Popular en aquesta moció
ens ha dit «no, no, és que en aquesta moció parlem d’aquestes en
concret». Ho podria acceptar, si no fos perquè sistemàticament, els
darrers anys, el seu grup i tot el que podríem qualificar al voltant del
nacionalisme espanyol, condemna unes violències, ignora unes altres i
—utilitzaré un terme que entenen molt bé— i jalea unes
altres. Aquesta és la principal amenaça contra la seguretat.


Vostès parlen de disturbios, o vostè ha parlat també
d’altercados, però és clar, aquesta paraula la van utilitzar també
per a manifestacions pacífiques i expressió de la voluntat popular durant
l’1 d’octubre. Com ens hem de sentir? Vostès diuen que «daña
la convivència, la paz social, nuestra imagen internacional y alienta el
odio». Completament d’acord. Però no va danyar la convivència el
fet d’enviar policies a agredir manifestants, una societat civil
indefensa que volia exercir els seus drets i les seves llibertats? O la
pau social? O la imatge internacional de veure que a Catalunya
s’organitzava un referèndum? O posi-li la paraula que vulgui, que
no és una qüestió jurídica, és una qüestió de voluntat popular,
d’exercici de drets i llibertats. O no alienta el odio el «a por
ellos»? L«a por ellos» que dirien que no, que van ser uns quants, que ho
van dir. No, no l’«a por ellos» institucional, l’«a por
ellos» fiscal, l’«a por ellos» policial i l’«a por ellos» del
poder judicial, que no justícia.


Senyor Martínez Maíllo, li parlaré des del cor: n’estem farts. I
espero que entengui les nostres paraules. Estem farts que, malgrat que a
tot Europa occidental les policies tinguin un biaix racista, al Reino de
España, més. Malgrat que totes les policies del món occidental tenen un
biaix classista, al Reino de España, més. Però és que, com a ciutadà de
la nació catalana, li diré que estem farts del biaix nacionalista
espanyol dels cossos policials; un biaix que es veu constantment quan els
cossos policials posen catifa vermella a grups violents, que fan
salutacions feixistes, que fan caceres de les persones considerades
diferents, i en canvi, agredeixen manifestacions pacífiques, ja sigui
perquè són d’esquerres o sigui perquè són independentistes.


N’estem farts, i estem farts que, en aquesta moció,
s’utilitzi el Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals
com a escut humà. Perquè quan al nacionalisme espanyol li convé, el Cos
de Mossos d’Esquadra va a la picota mediàtica. Quan al nacionalisme
espanyol li convé, el Cos de Mossos d’Esquadra va a
l’Audiència Nacional acusat de rebel·lió. Ara, com que convé,
l’utilitzen com a escut humà, però en aquest joc no hi entrarem,
nosaltres.


Vostè ha parlat de moció blanca. Em sap greu, però crec que la falta de
coherència, per a mi, és d’una ànima fosca. Des d’aquí, en
nom del meu grup, en nom d’un grup que condemna totes les
violències com a manera d’arribar a la pau, a l’entesa i a la
concòrdia, li demano que condemni totes les violències, també les que es
fan en nom del nacionalisme espanyol. Li demano que entengui que els
independentistes —o qualsevol col·lectiu que ens puguem considerar
diferents— també patim quan som agredits, també sagnem quan ens
punxen. Li demano que abandoni aquesta característica del fanatisme
ultra, que condemna unes violències i no les altres. Quan condemnem totes
les violències, podrem construir pau, podrem construir seguretat.


Li ofereixo la mà perquè quan abandonin aquesta postura i condemnin
totes, totes, totes les violències, sigui quin sigui el seu origen,
llavors podrem parlar de seguretat.


Moltes gràcies.


Gracias presidenta, la seguridad es ese espacio donde se ejercen los
derechos y las libertades, y es evidente que la violencia amenaza este
espacio de seguridad, pero ¿no han pensado nunca que condenar unas
violencias y no otras es precisamente la peor gasolina que pueden verter
sobre la violencia? La peor amenaza a la seguridad es condenar unas
violencias y no otras, pero el señor portavoz del Grupo Popular nos ha
dicho: no, no, en esta moción hablamos de estas en concreto. Lo podría
aceptar si no fuera porque, sistemáticamente, en los últimos años su
grupo y todo lo que podríamos calificar alrededor del nacionalismo
español condenan unas violencias, ignoran otras —y voy a usar un
término que entienden muy bien— y jalean las otras. Esta es la
principal amenaza contra la seguridad.


Ustedes hablan de disturbios; se ha referido usted a altercados, pero,
claro, esta palabra también la utilizaron para manifestaciones pacíficas
y expresión de la voluntad popular durante el 1 de octubre. ¿Cómo nos
tenemos que sentir? Ustedes hablan de daño a la convivencia, a la paz
social y a nuestra imagen internacional, y de que alienta el odio. Y
completamente de acuerdo, pero ¿no daña la convivencia también el hecho
de mandar policías a agredir a los manifestantes, a la sociedad civil que
quería ejercer sus derechos y libertades? ¿No daña la paz social, o la
imagen internacional de ver que en Cataluña se organizaba un referéndum?
Pónganle la palabra que quiera, no es una cuestión jurídica, es una
cuestión de voluntad popular, de ejercicio de derechos y libertades. ¿O
no alienta el odio el «a por ellos»? Usted dirá que el «a por ellos» fue
cosa de unos cuantos y no, no, y el «a por ellos» institucional, el «a
por ellos» fiscal, el «a por ellos» policial y el «a por ellos» del Poder
Judicial, que no justicia.


Señor Martínez-Maillo, le voy a hablar con el corazón. Estamos hartos,
y espero que entienda nuestras palabras. Estamos hartos de que, a pesar
de que en toda la Europa occidental las policías tienen un sesgo racista,
en el Reino de España todavía más, porque, a pesar de que todas las
policías tienen un sesgo clasista, en el Reino de España todavía más. Y,
como ciudadano de la nación catalana, le voy a decir que estamos hartos
del sesgo nacionalista español en los cuerpos policiales; un sesgo que se
ve constantemente cuando los cuerpos policiales ponen una alfombra roja a
grupos violentos, ante saludos fascistas y cacerías de las personas
consideradas distintas y, en cambio, agreden manifestaciones pacíficas,
ya sea porque son de izquierdas o bien independentistas.


Estamos hartos, y estamos hartos de que en esta moción se utilice el
cuerpo de los Mossos de’Esquadra y las policías locales como escudo
humano, porque, cuando al nacionalismo español le conviene, por el cuerpo
de Mossos d Esquadra va a la picota mediática; cuando al nacionalismo
español le conviene, el cuerpo de Mossos de’Esquadra va la
Audiencia Nacional, acusado de rebelión. Ahora, como conviene, la
utilizan como escudo humano, pero en este juego no vamos a entrar
nosotros.


Usted ha hablado de emoción blanca. Me sabe mal, pero para mí la falta
de coherencia es de un alma oscura. Desde aquí y en nombre de mi grupo,
en nombre de un grupo que condena todas las violencias como forma de
llegar a la paz, al acuerdo, a la concordia, le pido que condene todas
las violencias, también las que se hacen en nombre del nacionalismo
español. Le pido que entienda que los independentistas o cualquier
colectivo que se pueda considerar distinto también sufrimos cuando nos
agreden, también sangramos cuando nos pinchan. Le pido que abandone esta
característica del fanatismo ultra que condena unas violencias y no
otras. Cuando condenemos todas las violencias, podremos construir paz y
seguridad.


Le ofrezco la mano, porque cuando abandonen esta postura y condenen
todas las violencias, todas, sea cual sea su origen, será entonces cuando
podremos hablar de seguridad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez-Maíllo Toribio.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchas gracias, señora
presidenta.


Muy brevemente, por las horas que son. No sé si algunos no han
entendido correctamente el sentido de esta moción, porque ya veo que les
ha llamado la atención lo de ser blanca. Yo no soy del Madrid, así que no
soy sospechoso. Soy culè, soy del Barça. Se puede ser del Barça y ser del
PP perfectamente. Y se puede decir que es una moción blanca porque todo
el mundo lo puede aceptar porque supone condenar expresamente la
violencia. (Aplausos). Todas las violencias, claro que sí, señor
Castellana, por supuesto; todas las violencias que pretenden imponer
derechos frente a la ley y al Estado de derecho. ¡Claro que sí! Ustedes
no acaban la frase, ustedes por interés político se quieren colocar
siempre en una parte de la frase, pero hay que acabarla: todas las
violencias que tratan de imponer derechos al margen de la ley y en contra
de la Constitución española. (Aplausos). Acabe diciéndolo, porque, si no,
¿qué tendríamos que hacer, aceptar que cada uno puede hacer lo que quiera
en democracia? ¿Aceptamos que todos pueden decidir lo que quieran y
estimar lo que crean conveniente en democracia? Sería la ley de la selva,
sería la anarquía, curiosamente lo mismo que quieren los violentos en
Barcelona: la anarquía. Y si les dejamos que venzan, ¿qué sucede?
¿Dejamos que sigan arrasando comercios, bares y cajeros automáticos e
intentando matar a policías? ¿Usted cree que es el camino adecuado? Yo,
sinceramente, creo que no y estoy completamente convencido de que todos
estamos en contra de la violencia; todos lo estamos, por supuesto que sí,
como comprenderá.


Pero yo entiendo que en un Estado democrático el único que puede
ejercer la fuerza legítima y proporcionalmente y en defensa de la ley son
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Aplausos). Esto hay que
entenderlo, porque, si no entendemos esto, que es lo básico en
democracia, no estamos entendiendo la democracia. ¿Quién ejerce si no
esta fuerza, si no lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, en defensa de todos nosotros? Porque, claro, veo algunas
enmiendas del Grupo Izquierda Confederal, pero es que la Guardia Civil
también defiende los derechos a la puerta de Galapagar; ahí también los
defiende, claro. También defiende los derechos y las libertades en
Galapagar, defendiendo al vicepresidente del Gobierno frente a españoles
peligrosísimos con banderas de España. También los defiende ahí; nos
defienden a todos nosotros. Por eso es una moción blanca. Por eso es una
moción neutral y lógica y con todo el sentido común, perdóneme que se lo
diga.


Señor Cleries, me ha parecido entender que habla usted de apagar fuegos
y de intentar dividir. Hombre, que lo digan ustedes... Yo no les voy a
llamar a ustedes pirómanos de la convivencia. No voy a decir eso, no,
pero, evidentemente, ustedes han contribuido a romper la convivencia en
Cataluña. ¡Vamos que si han contribuido! Con el 1 de octubre, con la
declaración de independencia, con todo lo que llevan haciendo durante
mucho tiempo en contra de las leyes y de la Constitución española. No me
hable usted de apagar fuegos cuando ustedes no paran de hacer lo
contrario. No me hable usted de apagar fuegos o de dividir. Aquí estamos
hablando de otra cosa bien distinta, estamos hablando de unos violentos
que son minoría, claro que sí, frente a los derechos de manifestación de
otros muchos, que han ejercido su derecho de manifestación libremente.
Aunque no estemos de acuerdo con el contenido de los que se han
manifestado en Barcelona, los respetamos; y si no hubieran ejercido la
violencia unos pocos, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado no tendrían que haber intervenido. Es de Perogrullo.


Yo decía que esto es de primero de democracia —no de derecho, de
democracia—, y es verdad. Si no nos ponemos de acuerdo en que las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la Ertzantaza, los
Mossos d’Esquadra, toda la policía autonómica, la Policía Foral y
la local, son los que tienen que defender la libertad y los derechos del
conjunto de los ciudadanos estamos haciendo algo mal; es que no estamos
haciendo nuestros deberes correctamente. Es que quizás no somos dignos de
sentarnos donde nos sentamos, sinceramente. Porque nos defienden a todos
nosotros, defienden la libertad y los derechos. Y tienen que ejercerlo
proporcionalmente y, si no, para eso está la investigación judicial donde
sea. No me vale que me pongan el ejemplo de Jaén con dos policías
nacionales fuera de servicio, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos
hablando?


En este país existen tres cosas: un ordenamiento jurídico que defiende
los derechos, un Poder Judicial que lo aplica y unas fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado —también se necesita— para defendernos
de aquellos que no quieren cumplir las leyes y ejercen la violencia. Sin
esos tres elementos: ordenamiento jurídico, Poder Judicial y fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, no hay democracia que valga en este
país, y nosotros estamos de acuerdo con la democracia. (Aplausos). Sí,
con esa democracia de la que tanto se habla y con ese Estado de derecho.
Por eso creo que es una moción blanca. Sí, vuelvo a insistir —y lo
dice un culè—, es una moción blanca en defensa de todos nosotros,
del Estado de derecho y de la libertad y la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz
Marín.


El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias, presidenta.


Señorías, muy buenas tardes. El 10 de marzo del año 2020, hace justo un
año, ninguno de los que estábamos aquí conocíamos ni la décima parte de
lo que conocemos hoy acerca del virus, pero fue la ciudad de Haro, la
capital del Rioja, una de las primeras ciudades en sufrir las peores
consecuencias de esta traumática crisis sanitaria. Pero ahí estaban ellos
y ellas, la alcaldesa de la ciudad, la presidenta del Gobierno de La
Rioja, desde luego nuestros sanitarios y también nuestro Cuerpo Nacional
de Policía, nuestra Guardia Civil, nuestra Protección Civil, la Policía
local de la ciudad jarrera, para emprender las primeras decisiones de
limitar la movilidad cuando ni tan siquiera estaba en pie el estado de
alarma que tantas vidas ha contribuido a salvar. Ahí estaban ellos,
nuestras fuerzas y cuerpos, destacando especialmente el Grupo de Acción
Rápida de la Guardia Civil, con el teniente coronel Gayoso a la cabeza,
que literalmente dio su vida para intentar impedir el avance del virus en
mi tierra, en La Rioja.


Este es el ejemplo más puro que yo conozco y que, desde luego,
representa a todos los agentes que han llegado donde no han llegado los
demás. Ellos y ellas estaban allí patrullando, interviniendo y
distribuyendo; vistiendo su traje de faena, ayudando a desplegar toda la
efectividad de nuestro Estado de derecho.






Hay algo que le gusta decir al
actual ministro de Interior, al señor Marlaska, y es que cuando un
policía se pone el uniforme la persona que va debajo de él no muta, no
cambia, no se transforma. Al revés, se consolida, se reviste de todos los
derechos constitucionales para seguir garantizando las libertades
fundamentales, como hemos visto en las últimas semanas, y se han
defendido no de los ataques o manifestantes, sino de una minoría salvaje
y violenta que aprovechó un derecho fundamental de cientos, no para
manifestarse en pro de una causa o en pro de una mayoría, sino para
vandalizar egoístamente su causa a beneficio de inventario. Y de todo
esto es de lo que tendríamos que estar hablando hoy aquí. Sin embargo,
señor Maíllo, usted, en la última mitad de su primera intervención, vamos
a decir de manera benevolente, ha deslizado —por decirlo
suavemente— la sana crítica en contra del Gobierno de la nación, Y,
sinceramente, con eso se corre el riesgo de que esto ya no se convierta
en una moción, sino que se convierta en un trampantojo, porque no se
trata aquí de defender a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, sino
más bien de dar caña al Gobierno, de usar el nombre de la policía, a
través de un tuit de Echenique, para cargar contra el Partido Socialista.
(Aplausos). Eso es lo que se ha deslizado de su última
intervención.


Se ha comentado —lo han dicho los señores Cleries y Castellana y
usted ahora mismo— que es una moción blanca, pero le puedo
asegurar, señor Maíllo, que no hay detergente lo suficientemente potente
en el mundo para limpiar los manchones y lamparones que dejaron ustedes a
su paso por el Ministerio del Interior. (Aplausos). No los hay; no los
hay. De hecho, se dedican a blanquear a algunos al frente de la Policía,
como al señor Cosidó, que estaba en sus filas y resulta que es hoy el
asesor del que menos se sabe pero el que más cobra, precisamente en el
Gobierno de Castilla y León, y luego se quejan de que les llueven a
ustedes las mociones de censura. ¡Pero si es que las ponen a huevo,
señorías del Partido Popular! ¡Se ganan ustedes las mociones de censura a
pulso, señorías del Partido Popular! (Aplausos).


Pero lo más grave de todo es que blanqueando, blanqueando a las fuerzas
de extrema derecha, al final pasa lo que ha ocurrido hoy, que no hemos
podido sacar adelante una declaración institucional sobre el Día europeo
de víctimas del terrorismo porque la extrema derecha no deja.
Circunstancias como esas son las que ocurren cuando se blanquea el apoyo
de la extrema derecha en las instituciones del país. (Aplausos). Eso es
lo que ocurre.


Señorías, creo que se ha generado un buen debate —lo tengo que
decir— entre todos los portavoces, incluido usted, señor Maíllo, en
torno a quién tiene en un Estado de derecho el monopolio de la fuerza y a
qué tipos de violencias existen —por cierto, algunas se han
utilizado contra nuestros agentes y, desde luego, hay que condenarlas con
toda la rotundidad del mundo, la misma que utilizaron el ministerio y el
presidente del Gobierno mucho antes de que ustedes registraran su
moción—. Estas violencias son condenables, pero también hay hechos,
muchos, que también resultan muy violentos cuando hablamos de políticas
de Interior; y resulta muy violento saber que se utilizaron los fondos
del ministerio para intentar destruir pruebas de la corrupción del
Partido Popular, o que se recortaron 12 000 agentes en este país, o que
no se levantó ni una casa cuartel en media década en este país.
(Aplausos). Eso también resulta violento.


Desde luego, hay que transmitir el agradecimiento a todas nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad y a nuestras policías autonómicas,
policías locales y Protección Civil, muchas veces olvidada. Pero los
socialistas creemos que hay otra fórmula bastante más solvente para
demostrar ese agradecimiento, y es coger con una mano el boletín oficial
y con la otra la Ley de los presupuestos y conseguir ampliar, a través de
ofertas públicas de empleo, 7000 agentes de los 12 000 que ustedes
recortaron, y poner en marcha un plan Gibraltar para luchar contra el
narcotráfico, y seguir implementando un plan de infraestructuras para
vertebrar nuestro país a través de la Guarida Civil y de la Policía
Nacional.


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir terminando.


El señor DÍAZ MARÍN: Ya termino, señora presidenta.


Como digo, con el BOE en una mano y con la Ley de presupuestos en la
otra. Aun así, votaremos a favor de su moción esperando que ustedes
vuelvan a la moderación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Esta moción será sometida a votación en sus propios términos durante el
plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el debate de la última
moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ACOMETER LAS
MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA REVERTIR LAS INMATRICULACIONES
IRREGULARES DE LA IGLESIA.


662/000055

GPERB


La señora presidenta lee el punto 11.3.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Mixto —por iniciativa de la senadora
Merelo Palomares y de los senadores Marín Gascón y González-Robatto
Perote— y tres del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana EH-Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea, senatari
jaun-andreok, arratsaldeon, ala gabon.


Gaur EHBilduk Eliza Katolikoaren inmatrikulazioak dakartza
eztabaidagai. Eliza Katolikoak historian zehar botere ahalmen haundia
izan du. Batzuetan Estatuaren parekoa. Horrelako testuinguruetan
pribilegio ezberdinak izan ditu, horien artean, ondasunen higiezinen
inmatrikulazioetan.


1978an konstituzioa onartu zenetik Estatuaren eta konfesio konkretu
baten arteko banaketa argia izan beharko luke, bereizketarik eta
pribilegiorik gabea. Baina errealitatea ez da izan hori. Lehentasunezko
akordioak egin dira, pribilegioak izan dituzte eta beraz, konstituzioaren
eta giza eskubideen kontrako praktikak onartu dira argi eta garbi. Eta ez
diot nik bakarrik, Europako Giza Eskubideen auzitegiak ere baten baino
gehiagotan esan du.


Berriro ere, gai honetan, argi ikusten da burutu gabeko transizio
demokratiko batean blokeatuta gaudela. Estatu Espainolari, berdin da nor
dagoen gobernuan, frankismoaren herentziekin bukatzea asko kostatzen
zaio. Egoera honetatik irtetzeko borondatea baldin badago euki genezakeen
gobernu aurrerakoienak pausu sendoak eman beharko lituzke.Eta gure ustez
ez da nahikoa 1998tik 2015era bitarteko inmatrikulazioen zerrenda bat
argitaratzea eta bakoitzak bere bataila judiziala aurrera eramateko bidea
irekitzea.Politikoki izandako hutsuneak erabaki politikoekin konpon
daitezke. Eta horrela izan beharko luke. Eta horregaitik egiten dugu
proposamen hau. Gardentasun eta normaltasun demokratikoaren ariketa bat
da. Ondarea babesteko proposamen bat da eta erregularizazio prozesu
justua proposatzen da.


Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes —o
buenas noches, podríamos decir ya—.


Hoy, Euskal Herria Bildu trae aquí una moción sobre las
inmatriculaciones de la Iglesia católica. A lo largo de la historia, la
Iglesia católica ha tenido muchísimo poder, equiparado al del Estado
muchas veces, y, en ese contexto, ha gozado de distintos privilegios
como, por ejemplo, el de la inmatriculación de bienes inmuebles.


Desde que se aprobara la Constitución española en 1978, quedó clara la
separación entre el Estado y una confesión concreta, sin privilegios.
Pero la realidad no ha sido esa. De hecho, ha habido acuerdos preferentes
—por lo tanto, ha habido privilegios— y, por consiguiente, se
han vulnerado derechos humanos y se ha ido en contra de la Constitución
muy claramente. Y no lo digo yo solo, también el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos lo ha dicho en varias ocasiones.


Una vez más y en este tema, vemos que estamos en una transición
democrática inacabada. Estamos bloqueados. Al Estado español —da
igual quién esté en el Gobierno— le cuesta mucho acabar con la
herencia franquista. Si hay voluntad para salir de esta situación, este
Gobierno, el más progresista que podemos tener, debería dar pasos firmes
en ese sentido. Y para nosotros no es suficiente publicar la lista de
inmatriculaciones de 1998 a 2015 y permitir abrir vías para que cada uno
pueda emprender una batalla legal. No. Las lagunas políticas deberían
también colmarse con decisiones políticas, y así debería ser. Por eso
presentamos esta moción. Es un ejercicio de transparencia y de normalidad
democrática para proteger el patrimonio, y lo que proponemos es un
proceso de regularización justa.


En la primera inscripción de un inmueble en el registro de la
propiedad, la administración cuenta con un mecanismo de una simple
certificación administrativa a la hora de inmatricular un bien. Y a
partir de 1947, época preconstitucional, la Iglesia católica pudo
inscribir bienes con un procedimiento análogo, es decir, con una simple
certificación eclesiástica. De esta forma, se equiparaba a la Iglesia
católica con el Estado a efectos de facilitar la inmatriculación y que se
pudieran inscribir así bienes a nombre de la Iglesia católica que no
habían sido registrados anteriormente, sin necesidad de aportar título
alguno y dándole con ello capacidad a una organización con interés
privado de llevar a cabo transacciones..., las que quiera.


A partir de la aprobación de la Constitución española, ninguna
confesión tendría carácter estatal y, por ley, quedaba clara la
separación entre el Estado y la Iglesia católica. Por lo tanto, sería
inconstitucional seguir concediendo un privilegio a una confesión
religiosa concreta. Pero, en la práctica, es innegable que no se ha
respetado esta separación. Ha habido acuerdos preferentes y se han
vulnerado, tanto la Constitución como los derechos garantizados por la
Convención Europea. Y no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo y, en
varias ocasiones, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.


En 1998, con el Partido Popular en el Gobierno, se amplió este
privilegio. A través del Real Decreto 1867/1998 se suprimió el
artículo 5.4 del Reglamento hipotecario, que impedía inmatricular los
lugares de culto. De esta manera, se vuelve a permitir a la Iglesia
católica registrar bienes, pero en esta ocasión de todo tipo, a través de
una simple certificación eclesiástica. Este es un ejemplo más que muestra
cuánto le cuesta al Estado español acabar con la herencia franquista. Un
ejemplo más de una transición inacabada.


Desde el año 2015, desde que se aprobó la Ley 13/2015, no existe la
posibilidad de seguir utilizando la certificación como medio
inmatriculador y, por tanto, hoy en día no existe la posibilidad de
conseguir bienes de forma ilícita. Pero la pregunta es: ¿Qué ocurre con
los bienes ya inmatriculados? Recientemente, tras muchos años de demora,
se ha publicado por fin la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia
católica entre los años 1998 y 2015. Según esta lista, son casi 35 000
bienes, en su mayoría registrados con una certificación eclesiástica.
Entre ellos, 20 000 son bienes de culto y 15 000 de otros usos. Esta
información abre la puerta a reclamar la propiedad de dichos bienes, pero
se somete a particulares y a ayuntamientos, que en muchos casos son
pequeños ayuntamientos, a la carga de emprender nuevos procesos
judiciales. Y, además, seamos sinceros, si estos bienes fueron
inmatriculados es que no estaban inscritos y, por tanto, será muy difícil
en muchos casos contar con una prueba documental para presentarla ante un
juez y revertir la propiedad. Por tanto, no es suficiente lo que el
Gobierno propone.


Señorías, estoy convencida de que la mayoría de ustedes conoce algún
caso en su pueblo de algún bien, sea una ermita, una escuela, un solar,
que no está muy claro por qué está en manos de la iglesia. En Euskal
Herria, principalmente en zonas rurales, ha existido un sistema de
trabajo colaborativo llamado auzolana: los vecinos se organizaban de
manera voluntaria para ejecutar trabajos por el bien común; de esta
manera, se hicieron ermitas, escuelas, caminos, siempre para uso y
disfrute comunal y se cuidaba así lo que era del pueblo y para el pueblo.
Sin embargo, la Iglesia católica, aprovechándose de que la gran mayoría
eran cristianos católicos, acabaron apropiándose de muchos bienes, eso
sí, sin las responsabilidades fiscales que da la propiedad y en muchas
ocasiones sin responsabilizarse tampoco de su mantenimiento.


Por todo esto, es importante aclarar la situación. Sería bueno para la
Iglesia católica y para todos y para todas. Es una responsabilidad del
Estado corregir y revertir los errores. Es un ejercicio, al final, de
transparencia y de justicia.


Por todo lo expuesto, instamos al Gobierno de España, por un lado, a
buscar los mecanismos legales necesarios para revertir las
inmatriculaciones irregulares, con un proceso de regularización que evite
batallas judiciales individuales. Los errores políticos requieren
soluciones políticas. Por otro lado, consideramos que es necesario
declarar nulos los acuerdos de 1979 entre el Gobierno de España y la
Santa Sede, simplemente porque son anticonstitucionales. Y, por último,
el patrimonio cultural tiene que ser de dominio público. Es una
obligación para la administración cuidar y recuperar el patrimonio
cultural; de lo contrario, entenderíamos que estaría incurriendo en
dejación de sus funciones, incluso en prevaricación, por no revertir la
situación y proteger el patrimonio cultural a sabiendas de su
injusticia.


Por todo ello, pedimos su apoyo.


Beste barik. Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto en primer lugar, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mociones como esta hacen preguntarse cuáles son las
auténticas intenciones del grupo proponente, pues a primera vista
refieren a la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica;
sin embargo, y avanzando en su análisis, se desvela la mascarada. Y es
que ustedes, señores del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, no podían perder la oportunidad de atacar por enésima vez
la libertad religiosa de nuestro país y, concretamente, a la religión que
de forma abrumadoramente mayoritaria profesan los españoles. En el
supuesto de que verdaderamente pretendan mejorar la seguridad jurídica
referente al acto de la inmatriculación de bienes, Vox se compromete a
trabajar al respecto y contribuir a ello en favor de todos los
ciudadanos. Y es por esa razón por la que traemos esta enmienda a su
moción, una enmienda que se conforma con el único propósito de
posibilitar una conexión que facilite el intercambio bidireccional de
información entre el registro de la propiedad y el catastro inmobiliario,
permitiendo una mejor coordinación entre estas dos instituciones y
conseguir así una mejor identificación de los inmuebles, sea quien sea el
titular, y, además, una más adecuada prestación de servicios a nuestros
ciudadanos, por encima de la confesión a la que pertenezcan, quién sea el
poseedor u otras características personales irrelevantes a estos efectos,
solo con un fin último: que todos nos beneficiemos mejorando su
eficacia.


No obstante, en el supuesto de que con esta moción se pretenda atacar a
la religión con mayor implantación en el Estado español, solo cabe
decirles que con Vox no cuenten, es más, no solo no podrán contar con
nosotros, sino que nos van a tener enfrente. La capacidad que obraba en
favor de la Iglesia católica anteriormente a la reforma del artículo 206
de la Ley hipotecaria no suponía privilegio alguno, parte de una
problemática que necesita que nos retrotraigamos no a la etapa
preconstitucional del franquismo, a la que tanto les gusta a ustedes
acudir, sino al siglo XIX. Pongo en su conocimiento, por si les interesa,
que la equiparación de las certificaciones expedidas por las
administraciones públicas para inmatricular su patrimonio con las
expedidas por las autoridades eclesiásticas se introduce en nuestro
ordenamiento jurídico por Real Decreto de 11 de noviembre de 1864, esto
es, bastante antes de la época a la que ustedes atribuyen esta normativa.
Además, las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica se
hicieron con respeto a la ley que les confería esa posibilidad, que no
privilegio.


Piden ustedes también declarar nulos los acuerdos firmados entre España
y la Santa Sede de 1979, sin que los mismos tengan relación alguna con
las inmatriculaciones. Y, por último, solicitan declararlos de dominio
público, cuando gran parte de estos bienes se encuentran fácilmente
accesibles al público en general.


Todo ello supone una auténtica barbaridad jurídica y ataque directo
contra los sentimientos religiosos de gran parte de la población, pues,
todo sea dicho, esta actitud laicista que ustedes acostumbran a exhibir
solo la emplean para atacar a los católicos; a otras religiones, como la
islámica, es que ni siquiera la mencionan, no se atreven. Eso no es
respetar la libertad religiosa, señores, ustedes a quien no respetan es a
los cristianos de nuestro país.


Vox se reafirma en su compromiso con la Constitución y el artículo 16
de la misma, que garantiza la libertad religiosa, así como la
aconfesionalidad del Estado; aconfesionalidad que no supone laicismo,
para su información, ya que habitualmente son figuras que ustedes a
menudo confunden. Les pido que, por favor, dejen de atacar a los
ciudadanos y se pongan a trabajar por ellos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyora presidenta. Bona nit a tots i a
totes.


Com sap la proponent, nosaltres vam presentar una moció molt semblant
pendent de debat en Comissió, on demàvem dos coses més, que són les que
hem inclòs com a esmenes: exigir el Ministre de Cultura que reclame
l’afectació explícita al domini públic de tots els béns del
patrimoni històric i instar al govern a explorar les mesures legislatives
per a declarar la nul·litat per inconstitucionalitat sobrevinguda de les
immatriculacions practicades amb posterioritat a l’entrada en vigor
de la Constitució espanyola.


Ens pareix estupenda i oportuna la moció que vostés presenten. Hem
intentat aportar eixos dos punts. Encara que els accepten o no, nosaltres
estem completament d’acord amb el que vostés proposen. Sabem que la
seua moció, com la nostra en Comisisó, és clamar en el desert, perquè
estem davant d’un Govern que, de facte, és còmplice amb el saqueig
patrimonial que ha fet l’església al patrimoni de tots i totes. El
llistat publicat pel Govern sobre les immatriculacions
entre 1998 i 2015 arriba molt tard i molt malament, per a acabar, de
facte, emparant les quasi 35.000 inscripcions fetes sense títols de
propietat, amb un simple certificat de l’església que diu: «Açò és
meu. Palabra de Dios». Així s’han inscrit temples, edificis
d’usos religiosos, finques rústiques, cases, locals, magatzems,
solars sense cap tipus d’ús religiós, parcel·les urbanes, terres de
secà i tot tipus de béns immobles.


Però el més greu de tot és que, si recordem, açò naix d’una PNL
aprovada al Congrés dels Diputats, on se li demanaven dos coses al
Govern: que fera aquest informe i que procedira a reclamar la titularitat
de l’immoble o altres drets reals. El Govern, en lloc
d’iniciar el procedimens per a reclamar la titularitat del domini,
que és el que se li va exigir en la PNL, ha adjuntat, sense que ningú li
ho reclamara en cap moment, ni que fóra preceptiu, un informe de 22 fulls
per a justificar la inacció i donar carpetada a l’assumpte,
dificultant encara més als particulars i les xicotetes administracions
públiques en conflicte amb l’església poder recuperar la
titularitat usurpada. El Congrés li va demanar això, que actuara, i el
que ha fet el Govern és justament el contrari. Aquesta és l’enèsima
traïció del PSOE, i especialment de la Vicepresidenta Calvo, cap a
l’aconfessionalitat de l’Estat: ni derogació del concordat,
que sempre trauen quan venen les campanyes electorals, ni religió fora de
les escoles, ni reclamació de les immatriculacions irregulars, malgrat
haver-li-ho reclamat el Congrés dels Diputats, ni avançar en
l’aconfessionalitat.


Açò el que fa és deixar de nou als xicotets ajuntaments, com molt bé ha
explicat la proponent, als peus dels cavalls i a buscar-se la vida, molts
sense cap tipus de recurs ni de suport per intentar recuperar un bé que
sempre ha estat del poble. Açò no és un debat anticlerical, com
s’ha volgut dir des de l’extrema dreta aquesta que estem
patint, no és anticlerical, és un debat que Europa ha fet fa molts anys.
És un debat de què fem amb el nostre patrimoni. Posem un supòsit: si
l’església, una vegada posats al seu nom aquests immobles, que són
de gran valor arquitectònic, històric i sentimental dels nostres pobles,
tinguera la capacitat de mantenir-los en òptimes condicions i poguera
compatibilitzar el fet que siga un recurs patrimonial i turístic de
gaudiment de tots, aleshores no hi hauria problema. El problema és que
després l’església és incapaç, pel propi patrimoni que té, de
mantindre’l en condicions, i ha de ser l’administració
pública qui es dedique a restaurar, a invertir diners, que estem
d’acord que s’han d’invertir, ja que la majoria del
patrimoni religiós té un valor incalculable i és el millor aparador que
tenim per al nostre turisme. Però és que l’església és incapaç de
mantindre’l i ha de ser l’administració pública qui el manté.
Ha de ser l’administració pública qui restaure una catedral, però
després qui cobra l’entrada a la catedral és l’església, la
confessió religiosa, i ningú sap què es fan amb eixos diners.


A Europa, eixe debat el tenen superat la majoria de països. Posem
França com a exemple. L’Estat té la titularitat de l’immoble,
se’n fa càrrec, el té en òptimes condicions i el cedeix per als
usos religiosos, i fa compatibles els usos religiosos amb els usos
turístics que puguen tindre. És això el que toca demanar. Quin interés
pot tindre l’església en posseir un patrimoni que no pot mantindre.
Si li garantim que tindrà eixe ús religiós, açò no és atacar cap religió.
Òbviament, si una ermita, una església o una catedral és catòlica i fa
culte catòlic, que continue fent-lo, però que tinga capacitat econòmica
per a mantindre’l.


Per tant, és una cosa que qualsevol Estat europeu modern ha solucionat.
Pèrò a Espanya, malauradament, «con el PSOE hemos topado».


Gràcies.


Gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos.


Como sabe la proponente, nosotros presentamos una moción muy parecida,
pendiente de debate en comisión, donde pedíamos dos cosas más, que son
las que hemos incluido como enmiendas: que se exigiera al Ministerio de
Cultura reclamar la afectación explícita en el dominio público del
patrimonio histórico e instar al Gobierno a explorar las medidas
legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad
sobrevenida de las inmatriculaciones practicadas con posterioridad a la
entrada en vigor de la Constitución española.


Nos parece estupenda y oportuna la moción que presentan, solo hemos
intentado aportar estos dos puntos. Aunque las acepten o no, nosotros
estamos completamente de acuerdo con lo que ustedes proponen y sabemos
que su moción, como la nuestra, es clamar en el desierto, porque estamos
ante un Gobierno que es cómplice en el saqueo patrimonial que ha hecho la
Iglesia al patrimonio. El listado publicado por el Gobierno sobre las
inmatriculaciones entre 1998 y 2015 llega muy tarde y muy mal, para
acabar amparando las casi 35 000 inscripciones hechas sin títulos de
propiedad, con un simple certificado de la Iglesia, que dice: Esto es mío
—palabra de Dios—. Así se han inscrito templos, edificios de
usos religiosos, fincas rústicas, casas, locales, almacenes, solares sin
ningún tipo de uso religioso, parcelas urbanas, tierras de secano y todo
tipo de bienes inmuebles.


Pero lo más grave todo es que, si recordamos, esto nace de una PNL
aprobada en el Congreso de los Diputados donde se pedían dos cosas al
Gobierno: que hiciera este informe y que procediera a reclamar la
titularidad del inmueble u otros derechos reales. El Gobierno, en lugar
de iniciar los procedimientos para reclamar la titularidad del dominio,
que es lo que se le exigió en la PNL, ha adjuntado, sin que nadie se lo
reclamara en ningún momento ni que fuera preceptivo, un informe de
veintidós hojas para justificar la inacción y dar carpetazo al asunto,
dificultando aún más a los particulares y las pequeñas administraciones
públicas en conflicto con la Iglesia poder recuperar la titularidad
usurpada. Por lo tanto, el Congreso le pidió eso, que actuara. ¿Y qué ha
hecho el Gobierno? Justamente lo contrario, y esa es la enésima traición
del Partido Socialista y, especialmente, de la vicepresidenta Calvo, a la
aconfesionalidad del Estado: ni derogación del concordato, ni la religión
fuera de las escuelas —que también se llenan la boca de
decirlo—, ni reclamación de las inmatriculaciones irregulares, a
pesar de haber reclamado en el Congreso de los Diputados.


Esto lo que hace es dejar de nuevo a los pequeños ayuntamientos, como
muy bien ha explicado la proponente, a los pies de los caballos y a
buscarse la vida, muchos sin ningún tipo de recurso y de apoyo, para
intentar recuperar un bien que siempre ha sido del pueblo. Y este no es
un debate anticlerical, como se ha dicho desde la extrema derecha que
estamos sufriendo, es un debate que Europa hizo hace muchos años sobre
qué hacemos con nuestro patrimonio. Pongamos un supuesto: si la Iglesia,
una vez pone a su nombre estos inmuebles, que son de gran valor
arquitectónico y sentimental para nuestros pueblos, tuviera la capacidad
de mantenerlos en óptimas condiciones y pudiera compatibilizar que sea un
recurso patrimonial turístico para visitar, para el gozo de todos, eso no
sería un problema; el problema es que la Iglesia es incapaz de mantener
su patrimonio en condiciones y tiene que ser administración pública la
que se dedique a restaurar e invertir el dinero que se tiene que
invertir, y estamos de acuerdo en ello, hay que invertir en ese
patrimonio religioso, que tiene un valor incalculable —es el mejor
escaparate que tenemos para el turismo—, pero es que la Iglesia es
incapaz de mantenerlo. La administración pública tiene que ser la que
restaure una catedral para que después quien cobre la entrada sea la
Iglesia, y no se sabe qué se hace con ese dinero.


En Europa ya se ha hecho. En Francia, por ejemplo, el Estado tiene la
titularidad del inmueble, se hace cargo de él, lo tiene en óptimas
condiciones y lo cede para usos religiosos, y esto es compatible
—los usos religiosos con los usos turísticos que puede
obtener— y es lo que hay que pedir. ¿Qué interés puede tener la
Iglesia en tener un patrimonio que no puede mantener? Si le garantizamos
que tendrá ese uso religioso, eso no es atacar a ninguna religión. Si una
ermita, una iglesia o una catedral son católicas y hacen un culto
católico, que continúen haciéndolo, pero que tengan capacidad económica
para mantenerlo.


Por lo tanto, es algo que entendemos perfectamente y cualquier Estado
europeo moderno lo ha solucionado, pero en España, desgraciadamente, con
el PSOE hemos topado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana EH-Bildu, autora de la moción
originaria, para que manifieste si acepta o no las enmiendas
presentadas.


Senadora Bideguren Gabantxo, tiene la palabra.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias, presidenta. Brevemente.


Las enmiendas que vamos a aceptar son la enmienda 2, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, presentada por el senador Mulet, y la
enmienda número 1, del mismo grupo, presentada por el senador Koldo
Martínez.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías de Esquerra Republicana-EH Bildu, en Vox nos comprometemos
para mejorar la seguridad jurídica de las inmatriculaciones de bienes. He
aquí nuestro firme compromiso y nuestro trabajo al servicio de todos los
españoles. En Vox también nos reafirmamos en nuestro compromiso con el
cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 16 garantiza la
libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, y
donde también se hace mención a que los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.


Sin embargo, ya les advertimos de que cualquier intento de atacar al
cristianismo, religión que mayoritariamente se profesa en España, no va a
contar con nuestro apoyo. Es más, va a contar con nuestra rotunda y
enérgica oposición. Más allá de discusiones partidistas vacuas, lo
auténticamente necesario es avanzar en la coordinación entre registro de
la propiedad y catastro inmobiliario, con la voluntad de aportar
seguridad jurídica y mejor servicio, así, al ciudadano. Pero como este no
es el sentido que se infiere de la moción, nuestro voto va a ser un no a
su moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


El Grupo Parlamentario Nacionalista renuncia a su turno de
intervención.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik asko, presidenta. Gabon,
jaun-andreok.


Este Gobierno dispone desde al menos hace tres años del listado de las
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1946 y creemos
que en ese listado hay, aproximadamente, unas 100 000 fincas.
Consideramos que es necesario, en un ejercicio de transparencia
democrática y de justicia, hacer público ese listado. Pero, claro, ¿qué
se puede esperar de una Administración central que se niega a facilitar a
esta Cámara los datos de las pérdidas de una empresa pública, Renfe, en
el contrato del AVE a la Meca, proyecto del que el entonces jefe del
Estado se embolsaba cantidades ingentes de comisiones? ¿Qué se puede
esperar de un Estado que se niega a dar relevancia legal a unas escuchas
telefónicas entre dos mandos militares que reconocen que un ciudadano, el
navarro Mikel Zabalza, ha muerto mientras era torturado en el cuartel de
Intxaurrondo a manos de la Guardia Civil? ¿Qué se puede esperar de unos
gobiernos que, de manera sistemática y a diferencia de otras democracias,
se niegan a desclasificar documentos oficiales pasados treinta y cinco
años que arrojarían luz sobre la acción pública, amparándose en una ley
preconstitucional? ¿Qué se puede esperar de un Estado que ha actuado de
manera obstruccionista, que ha sido insumiso a las resoluciones de su
propio Consejo de transparencia y buen gobierno al inadmitir o archivar
en 2020 una de cada cuatro resoluciones de este organismo? ¿Qué podemos
esperar de gobiernos que se niegan a la transparencia debida en cualquier
democracia cuando un tema les incomoda? Y parece que sí, que este tema,
el de las inmatriculaciones, les incomoda, parece evidente. Por eso,
llevan años dando largas, obviando las más elementales normas
democráticas que exigen transparencia y control parlamentario.


Han pasado cuatro años, desde abril de 2017, cuando, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados aprobó una proposición no de ley reclamando la titularidad
del dominio de derechos inmatriculados a favor de la Iglesia.


Creemos que ya es hora de dar pasos hacia la aconfesionalidad del
Estado. La inmatriculación ha sido un claro ejemplo de que la
aconfesionalidad del Estado no era una realidad, porque nunca se tendría
que haber considerado a la Iglesia católica como una institución pública,
porque es una institución privada. Decía el portavoz del Grupo
Socialista, el senador Antonio Hurtado, aquel día: Spain is different.
Fue el eslogan elegido por Manuel Fraga cuando era ministro de Turismo y
sesenta después España sigue siendo eso, diferente; diferente a otros
países que, con sus defectos, por supuesto, practican una democracia más
transparente, una democracia en la que una organización religiosa no está
por encima del derecho, no tiene privilegios, no es tratada como si fuera
una institución pública.


No queremos ser diferentes, queremos ser normales, queremos ser una
democracia homologable, sin rarezas, sin privilegios propios de un
régimen feudal. Por eso, pedimos y exigimos en la enmienda de Geroa Bai
que, en el plazo improrrogable de tres meses desde la aprobación de esta
moción, el Gobierno traslade a esta Cámara las notas simples de todas las
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica, en cualquiera de
sus denominaciones, al amparo de los derogados artículos 206 de la Ley
hipotecaria y 304 del registro hipotecario. Porque la transparencia es el
abono de una democracia de calidad y es el requisito para que las y los
ciudadanos se reconozcan en ella. Moreira y Claussen señalan en su libro
Políticas de transparencia en la administración pública brasileña que la
transparencia pública como política pública está asociada a la
profundización democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y
combate de la corrupción. Por lo tanto, tales políticas serán
consideradas eficientes si contribuyen a profundizar los niveles de
democracia de los países, a garantizar o mejorar la gestión de las
políticas públicas y a prevenir y combatir la corrupción.


Señorías, hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Estado español
es una democracia plena, cimentada en la transparencia. Hagamos, por fin,
que España deje de ser different y homologuemos nuestra democracia a la
de países que tienen superada, hace décadas ya, esta anomalía de permitir
que una institución privada sea considerada parte del Estado.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, intervendrá el senador Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gabon danori.


Hay varios puntos concretos en una moción que aborda, fundamentalmente,
la cuestión relativa a la polémica inmatriculación de inmuebles por la
Iglesia católica al amparo de la fórmula habilitada, en su momento, por
el artículo 206 de la Ley hipotecaria de 1946, ampliada por el
Decreto-ley de 1998 y derogada, definitivamente, mediante la modificación
legislativa llevada a cabo en 2015. Es esta una cuestión que ha
suscitado, como decía, controversia por la percepción, sustentada en la
realidad de sentencias judiciales —como, por ejemplo, la referida a
la Ermita de Muskilda, en Ochagavía, Navarra, declarada por los
tribunales de titularidad municipal—, de que en este proceso de
inmatriculación se han producido excesos en perjuicio de administraciones
públicas y de determinados colectivos ciudadanos que, disponiendo de un
mejor derecho sobre un inmueble determinado, han visto cómo es
inmatriculado a su nombre por la Iglesia católica a través de este
procedimiento, con los efectos inherentes a esta situación
jurídica.


Nuestras instituciones se han hecho eco de esta realidad y, así, tanto
en el Parlamento vasco como en el Parlamento navarro, se han adoptado
diversas resoluciones al respecto con el acuerdo de fuerzas políticas
diversas, entre las que se encuentran el Partido Nacionalista Vasco y EH
Bildu, la formación que ha presentado esta moción junto con Esquerra
Republicana. En todas ellas —resolución del Parlamento de Navarra
de 7 de marzo de 2019, o del Parlamento vasco en comisión de fecha 20 de
marzo de 2019— se resuelve, fundamentalmente, la recopilación de la
documentación e información correspondiente sobre estas inmatriculaciones
del 206 para que, una vez depurada la realidad del título material que
corresponda a estos inmuebles, se puedan interponer, en su caso, las
acciones judiciales pertinentes para proceder a su recuperación. En
ningún caso se plantea instar a una modificación legislativa en orden a
revertir las inmatriculaciones irregulares, como se suscita en la moción.
Tampoco el informe de 16 de febrero, sobre la inmatriculación de bienes
inmuebles de la Iglesia, que ha realizado el ministerio con toda la
relación de inmatriculaciones, aboga por esta solución, sino que traslada
de nuevo a la vía judicial como alternativa factible a través de la
interposición de las correspondientes acciones reivindicatoria, una vez
desarrollado el expediente administrativo de investigación sobre la
titularidad del inmueble.


Esto es así sobre la base de las diversas conclusiones que se exponen
en el informe y, entre ellas, yo subrayaría las siguientes. Primero, las
inmatriculaciones realizadas se hicieron conforme a la normativa vigente
en su momento, cumpliendo sus requisitos y bajo el control de los
registradores. Segundo, no se presentó en su momento ninguna cuestión de
inconstitucionalidad contra la normativa aplicable y, en cualquier caso,
una eventual declaración de inconstitucionalidad de estas normas no
hubiera tenido efectos retroactivos. Y, tercero, la legalidad de la
inscripción registral de inmatriculación no impide que quienes se
consideren legítimos propietarios puedan presentar acciones
reivindicatorias de su propiedad. Por tanto, y a tenor de lo señalado, la
inclinación por la vía judicial responde, claramente, a una realidad y es
que toda propuesta en orden a actuar, legislativamente y de forma
retroactiva, sobre los asientos registrales efectuados resulta claramente
disconforme a derecho, en tanto contraviene el principio constitucional
básico de seguridad jurídica establecido en el artículo 9 de la Carta
Magna. Es decir, resulta jurídicamente inviable. Defender lo contrario
es, a nuestro entender, levantar falsas expectativas que no llevan a
ninguna parte más que a la frustración.


También trasladamos nuestras prevenciones sobre la propuesta de
declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el
patrimonio cultural de carácter religioso. Ya en el informe del
ministerio se advierte sobre la necesidad de no confundir dominio público
con patrimonio cultural. En el artículo 46 de la Constitución, la
titularidad de los bienes de patrimonio histórico resulta una cuestión
secundaria, pueden ser privados o públicos, lo que prima es la
conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio cultural
histórico y artístico al servicio del disfrute de la colectividad.
Además, el régimen demanial no garantiza por sí mismo la función
conservadora de este patrimonio, son las leyes reguladoras del mismo las
que imponen restricciones más o menos drásticas a las facultades del
propietario. Y lo cierto es que el régimen jurídico de los bienes de
interés cultural es bastante próximo al de los bienes de dominio público,
a tenor de lo dispuesto en la ley que los regula. Finalmente, declarar
estos u otros bienes como bienes de dominio público implicaría, en
principio, de no ser propiedad de la administración, su expropiación
forzosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución,
con el abono de las correspondientes indemnizaciones, por no hablar del
mantenimiento, conservación y gestión, que lógicamente pasaría a manos de
la administración. Todo ello merecería, a nuestro entender, una mínima
ponderación en ejercicio de un principio básico de prudencia.


Y termino con la cuestión relativa a los acuerdos firmados por el
Estado español con la Santa Sede. Se solicita su nulidad, es decir, se
sitúa el debate en términos jurídicos, y sabido es que estos acuerdos
tienen naturaleza de tratado internacional y, como tales, solo pueden
derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en el propio
tratado o en las normas de derecho internacional, artículo 96.1 de la
Constitución. En este sentido, la nulidad de un tratado internacional
deviene, a tenor de lo dispuesto en la Convención de Viena, de la
existencia de un vicio —ya termino, presidenta— en el
consentimiento de las partes en el momento de la firma y en los supuestos
establecidos en los artículos 46 y 52, supuestos que no parecen concurrir
en este caso. Y tampoco los propios acuerdos examinados contemplan su
denuncia unilateral, sin perjuicio de que, de llevarla a cabo, habría de
hacerse a tenor de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Constitución.


Por todo ello, no apoyaremos la moción.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra la senadora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gabon berriro.


Cuando se habla de algún tema relacionado con la Iglesia católica está
visto, una vez más, que a algunos les surgen problemas. Está claro que
sigue siendo un poder fáctico la Iglesia católica, pero, sinceramente,
señorías, no nos equivoquemos, no se equivoquen, no es nada en contra de
la Iglesia católica, no se trata de una cuestión religiosa, no es una
cuestión de fe. De hecho, hemos escuchado a teólogos, párrocos que todos
conocemos, afirmando que algunas inmatriculaciones no eran necesarias y
no respondían a criterios humanos ni eclesiásticos. ¿Creéis que en una
época donde el papa Francisco centra su discurso en el reparto de la
riqueza es lícito, en nombre de la fe de Dios, que la Iglesia católica
siga acumulando bienes? Se trata de una cuestión de justicia social. La
acumulación de recursos es propia de una visión capitalista y no de una
concepción donde el espíritu central sea el reparto de la riqueza. Se
trata de un ejercicio de transparencia y de normalidad democrática. Se
trata de la defensa del patrimonio público y de la legalidad, y ese
respeto y el reconocimiento a quienes lucharon por la construcción de
servicios públicos. Y no es un tema jurídico, es un tema político, es un
tema de voluntad, porque si se quiere, se puede.


El registro tiene presunción de veracidad y, por tanto, se necesitarán
pruebas sólidas para refutar un bien registrado, sabiendo además que son
bienes que no estuvieron registrados anteriormente, aunque se hayan
registrado, eso sí, con un simple certificado eclesiástico. Si no se toma
alguna decisión para que la regularización sea lo más justa posible, se
tapará una injusticia con otra injusticia.


En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se
sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran al
principio de la legalidad y de igualdad. «Por esa razón, el Gobierno
realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la
recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente».
Esto es lo que dijo Pedro Sánchez al comienzo de la legislatura en su
investidura. Espero que se cumpla y que la correlación de poderes y los
cálculos electorales y miedos no paralicen al Gobierno. Ojalá este
Gobierno, el Gobierno más progresista que pudiéramos tener, tenga la
valentía y la responsabilidad de reconocer los errores y de repararlos.
Tienen la oportunidad de acabar con las herencias franquistas, pero hace
falta voluntad y cumplir con la palabra.


Eskerrik asko.






Gabon danori.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Salanueva Murguialday.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señora presidenta.


Señorías, para acabar este Pleno, creo que a esta moción le hace falta
un poco más de seriedad, más rigor, menos falsedades y menos medias
verdades.


Hasta 1998, la legislación hipotecaria no permitía a la Iglesia
católica inmatricular los templos, es decir, ni iglesias, ni ermitas,
porque se entendía que la propiedad era evidente y que no podía ser
objeto de comercio. Por cierto, era la única confesión religiosa que no
podía inmatricular sus lugares de culto, daba igual tener un título de
propiedad o no, y ni siquiera era posible iniciar un expediente de
dominio para acreditarla. Esto, a todas luces, generaba un perjuicio a la
Iglesia católica y una clara discriminación. A partir de 1998 —como
ya se ha dicho— se modifica la Ley hipotecaria por considerar
precisamente ese extremo inconstitucional y se permite la inscripción de
los bienes de la Iglesia para garantizar la identidad, finalidad y uso de
estos.


Señorías, dejemos las cosas claras: la inscripción de los bienes en el
registro no otorga la propiedad, solo tiene función probatoria, pero no
constitutiva de la propiedad. Además, la ley aprobada en 1998 articula
una serie de medidas de seguridad para que esa inscripción no produzca
efectos inmediatamente, sino que se dan dos años para que, si alguien
considera mermado su derecho, pudiera hacer las reclamaciones oportunas.
Por tanto, señorías, es falso que se hayan conseguido bienes de forma
ilícita, como se afirma en esta moción.


Igual que hoy, durante años y en un discurso absolutamente ideológico,
a pesar de lo que hoy se dice, no jurídico, sin ningún rigor, hemos
asistido a la presentación de mociones, de iniciativas, de debates
sembrando todo tipo de duda y sospecha sobre la Iglesia católica, y sobre
cómo —dicen ustedes— se ha apropiado ilícitamente de bienes
que no eran suyos, en una estrategia de persecución ideológica a la
Iglesia. Por fin, ahora podremos zanjar ese debate, porque la izquierda y
el independentismo se les prometían —a nuestro juicio— muy
felices con el informe que habían promovido para analizar el proceso de
inmatriculación iniciado en el año 1998 hasta 2015, al amparo de la Ley
hipotecaria. Pero, señorías, todo su gozo se ha quedado en un pozo. El 16
de febrero se ha conocido un exhaustivo y contundente informe de 3431
páginas, realizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, que certifica que las 34961 propiedades analizadas
inmatriculadas cuentan con título bastante y suficiente, es decir, que se
han realizado conforme a la ley. La propia vicepresidenta del Gobierno,
señora Calvo, seguramente hubiera querido anunciar otra cosa, pero no le
ha quedado otro remedio que reconocer y decir que todo el proceso se ha
hecho a la luz de la legalidad. Ninguna anomalía, señorías; al revés,
legalidad y transparencia.


No está de más, señorías, aprovechar también la ocasión para recordar
que todos estos bienes están al servicio de los más débiles y necesitados
siempre, y más que nunca ahora en estos momentos de crisis. Hoy mismo
hemos conocido la noticia de que Cáritas, es un simple ejemplo, el año
pasado atendió a millón y medio de personas; este último año ha atendido
a medio millón más. Igualmente, también ha atendido a familias que,
prácticamente el cien por cien, ni siquiera han recibido el ingreso
mínimo vital, cubriendo las necesidades que no cubre ni siquiera al
Gobierno.


Señora Bideguren, la propuesta que usted realiza adolece de seguridad
jurídica total. No se trata de una transición inacaba, se trata de
respeto a la ley, a ver si ustedes lo entienden. La ley hay que
respetarla siempre, nos guste o no, cuando nos conviene y cuando no nos
conviene. (Aplausos). La moción es un ejercicio de cinismo, pero no nos
sorprende viniendo de Bildu, tenemos ejemplos recientes de su cinismo.
Presumen de ser más defensores que nadie de las políticas feministas, por
ejemplo, pero reclutan en las herriko tabernas a mujeres para satisfacer
los apetitos sexuales de los etarras presos. Defienden ahora la
recuperación del supuesto patrimonio público usurpado por la Iglesia,
pero cuando sus jóvenes cachorros han destrozado durante décadas el
mobiliario urbano, contenedores, papeleras, autobuses, pintadas en
edificios, cócteles molotov, cristales, escaparates que han costado
millones a los ciudadanos españoles, ustedes lo han aplaudido y alentado,
y hoy están muy indignados con los bienes de dominio público que, dicen,
se ha apropiado la Iglesia católica. Es más, ustedes han defendido y han
permitido la ocupación de inmuebles públicos por parte de sus seguidores
más jóvenes, sin ir más lejos, en Pamplona en el gaztetxe denominado
Maravillas.


Por lo tanto, sean más coherentes, renuncien a este debate
absolutamente ideológico y pongamos rigor y sentido común a esta
situación. De quien no es capaz, evidentemente, de condenar que ETA mate
personas, mujeres, hombres y niños inocentes y secuestre en zulos
infectos a trabajadores, tampoco podemos esperar mucho más. Estamos
acostumbrados, pero no resignados. No vamos a contribuir a blanquearles y
mucho menos que un asunto que requiere de un rigor absoluto —como
ya estamos acostumbrados— se ideologice. Es un tema que está
perfectamente claro a la luz de la legalidad, con el respeto a la ley,
que es lo que se merece este y todos los asuntos.


Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, intervendrá el senador Aguilar
Román. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


El señor AGUILAR ROMÁN: Buenas noches, señorías.


Cerrar un debate como este en un día como hoy, tan intenso dentro del
Pleno y fuera del Pleno sobre todo, es complicado, pero intentaré
ajustarme al objeto de la moción, no como han hecho otros intervinientes,
señora Salanueva, que parece que ha utilizado esto como una moción escoba
en la que al final, por ser la última, ha incluido todo tipo de asuntos
que nada tenían que ver con la moción.


Ciertamente, usted dice que es falso que se hayan conseguido bienes de
forma ilícita por parte de la Iglesia católica. Dicho de esa forma tan
gruesa, me parecería una acusación severa, pero lo cierto y verdad es que
hay alguna sentencia que ha revertido ya algunas de las inmatriculaciones
que la iglesia ha realizado en base precisamente a ese procedimiento
inmatriculador. Luego algún error habría en ello. (Aplausos). Igual que
le digo, señoría, que el hecho de que se pueda poner en cuestión cómo la
Iglesia católica gestiona su patrimonio, lo inmatricula y lo lleva el
registro de la propiedad, en modo alguno supone ningún ataque a las
personas y mucho menos a los sentimientos religiosos que las personas
tengan. Por tanto, es absolutamente legítimo que se pueda revisar y se
pueda hacer pública la forma en la que la Iglesia católica ha utilizado
ese privilegio.


Señorías, les anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista no va a
apoyar la moción, pero no la va a apoyar no porque no comparta gran parte
del objeto de la misma, sino por la oportunidad y, sobre todo, por la
incorrección o, mejor dicho, la más que discutible prosperabilidad de lo
que la moción propone desde el punto de vista jurídico.


Señorías, partamos de lo que compartimos, y compartimos que,
ciertamente, la iglesia ha tenido un privilegio a la hora de inmatricular
sus bienes, que se anclaba en el siglo pasado, desde los tiempos de la
desamortización, pero que se concreta en los años 1946 y 1947, lo que le
lleva a equipararse al Estado, y que con la aprobación de la
Constitución, ese privilegio —así lo entiendo— era
incompatible con los principios de igualdad o con los principios de la
aconfesionalidad del Estado, previstos en los artículos 14 y 16 de la
Constitución. Pero, realmente, señoría, el Tribunal Constitucional no ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre esta norma. Igual que tampoco
—lo ha puesto de manifiesto la señora Salanueva— cuando en el
año 1998 se amplía este privilegio y se le permite además que lo que no
se podía inscribir antes, que eran los templos de culto católico, se
pudiesen también inscribir y, por tanto, inmatricular por este
procedimiento sumamente privilegiado. Y se hace —lo pueden ver en
el preámbulo del decreto de 4 de septiembre de 1998— sobre la base
de que se entiende no que el privilegio sea inconstitucional, sino que lo
que es inconstitucional es que sea cortito, que no alcance a la totalidad
de sus bienes. Algunos parlamentarios, algunos senadores del Grupo
Popular han imputado cinismo a alguno de mis compañeros de bancada en la
tarde de hoy. Esto sí que es un ejercicio de cinismo y además puesto en
el Boletín Oficial del Estado: decir que se aumentaba el privilegio a la
Iglesia católica porque era inconstitucional su limitación.


Señoría, no es este un debate que esté superado jurídicamente. El
Tribunal Supremo sí se ha pronunciado en alguna ocasión y se ha
pronunciado, como saben, de forma contradictoria. En una sentencia de
noviembre de 1996, el Tribunal Supremo señaló que, efectivamente, el
privilegio que estableció el artículo 206 de la Ley hipotecaria era
difícilmente compatible con el principio de igualdad, pero lo decía no
porque le pareciera mal que pudieran inscribir sus bienes con una simple
certificación, sino porque no lo pudieran hacer el resto de confesiones
religiosas. Y diez años después, en el 2006, el 16 de noviembre, el
Tribunal Supremo no solamente dice que el privilegio del 206 no es
inconstitucional, sino que además se niega a realizar esa cuestión de
inconstitucionalidad que se le plantea.


Hay tres razones que nos llevan a dudar de la prosperabilidad jurídica
de la moción que plantean: el principio de legalidad, el principio de
seguridad jurídica y, lo ha dicho bien el señor Landa, que difícilmente
una reforma legislativa que declarase nulas todas las inmatriculaciones
realizadas conforme a la legalidad vigente en ese momento podría ser
considerada, esa sí, constitucional porque tenemos límites
constitucionales para la retroactividad de esas normas jurídicas.


No quiero terminar mi intervención sin dejar de manifiesto el absoluto
compromiso del Gobierno con la revisión de las inmatriculaciones que ha
hecho la Iglesia católica, y en prueba de ello está la relación de bienes
que se ha remitido ya al Congreso de los Diputados. Y en prueba de ello
está, además, que el Gobierno se ha comprometido a hacer la revisión de
todas esas inmatriculaciones, porque sí, alguna de ellas pueden ser
irregulares. No podemos decir que todas las inmatriculaciones fueran
irregulares, no podemos decir que el sistema de inmatriculación fuera
irregular, pero si puede haber algunas inmatriculaciones que fueran
irregulares, sí se puede manifestar y además debemos controlarlo.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, a continuación, procedemos a la votación telemática de los
siguientes asuntos:


Moción por la que el Senado muestra su apoyo a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y a las policías autonómicas, foral y locales por su
defensa de la libertad y de la seguridad y de nuestros valores
democráticos, del Grupo Parlamentario Popular, que se vota en sus propios
términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a acometer las modificaciones
legales necesarias para revertir las inmatriculaciones irregulares de la
Iglesia, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, que se
vota con la incorporación de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 84967, y la
enmienda del mismo grupo, con número de registro de entrada 84968.


Les recuerdo que los resultados de la votación de estas dos iniciativas
serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web del Senado
y proclamados al inicio de la próxima sesión plenaria. Se inicia la
votación ahora, en que son las veintiuna horas y cuarenta y nueve
minutos, hasta las veintitrés horas y cuarenta y nueve minutos.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA PARA TODOS LOS
AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Proclamación de la
votación).


671/000052

GPERB


Procedemos a la proclamación de los resultados de votaciones
telemáticas de las siguientes iniciativas.


La señora presidenta lee los puntos 9. y 9.1


La señora PRESIDENTA: Se ha votado la propuesta de modificación del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Socialista,
Popular, Vasco, Ciudadanos, Izquierda Confederal, Nacionalista y Mixto
con número de registro de entrada 85508.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257;
a favor, 254; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR EL PROCESO
DE APROBACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL PARA INCLUIR A TODAS LAS
POBLACIONES DE LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEJANDO DE SER ESPECIE CINEGÉTICA. (Proclamación de
la votación).


671/000053

GPP


La señora presidenta lee el punto 9.2.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto con número de registro de
entrada 84948.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257;
a favor, 107; en contra, 118; abstenciones, 32.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA
VIOLACIÓN DEL ALTO EL FUEGO Y LA ESCALADA DE HOSTILIDADES QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL Y SOLICITA EL RESPETO DE LOS ACUERDOS
DE ALTO EL FUEGO VIGENTES DESDE 1991. (Proclamación de la
votación).


671/000054

GPV


La señora presidenta lee el punto 9.3.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado la propuesta de modificación del
Grupo Parlamentario Socialista, Popular, Esquerra Republicana, Vasco
Ciudadanos, Izquierda Confederal, Nacionalista y Mixto con número de
registro de entrada 85537.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257;
a favor, 255; en contra, 2.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
FORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO PREFERENTEMENTE EN ZONAS
DESPOBLADAS. (Proclamación de la votación).


662/000054

GPS


La señora presidenta lee los puntos 11. y 11.1.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, con números de registro de
entrada 84416 y 84939.


Votos emitidos, 257; a favor, 226; abstenciones, 31.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.


Señorías, sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y cincuenta minutos.