La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Igualdad, la
señora Bueno Alonso, por tiempo de cinco minutos.

La señora BUENO ALONSO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en el Senado el
día 6 de febrero de 2021, fecha de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.
El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el
día 12 de febrero, presentándose un total de 93 enmiendas y una propuesta
de veto con arreglo a la siguiente distribución: enmiendas números 1 a 12
y propuesta de veto 1, de los señores González-Robatto Perote y Marín
Gascón y la señora Merelo Palomares, todos ellos del Grupo Parlamentario
Mixto; enmiendas números 13 a 35, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; enmiendas números 36 a 73, del señor Cleries i González y la
señora María Teresa Rivero Segalàs, ambos del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; enmiendas números 74 a 87, del señor Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); enmienda número 88, del señor Clavijo Batlle, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, y enmiendas números 89 a 93, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

El pasado 17 de febrero se reunió la ponencia
del presente proyecto de ley para informar, y acordó elevar a la comisión
un informe en el que se aprobaban las enmiendas números 13, 33 y 70, así
como una transaccional sobre la base de la enmienda número 21, en cuya
virtud el texto del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 2 queda
redactado como se indica a continuación, manteniendo en lo restante el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Leo: «La adaptación a la
que se refiere el párrafo anterior deberá tener en cuenta la situación de
permanencia domiciliaria, así como limitaciones adicionales de las
víctimas, ya sea debido a alguna discapacidad o a las dificultades de
acceso a los recursos, especialmente en el ámbito rural, y prever
alternativas a la atención telefónica a través de medios como la
mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con
geolocalización para la comunicación de emergencia a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado». El día 18 de febrero, la comisión
procedió a dictaminar el proyecto de ley. Tras el debate, se sometió a
votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando
aprobado por unanimidad.

Han presentado votos particulares los señores
González-Robatto Perote, Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, todos
ellos del Grupo Parlamentario Mixto, respecto de las enmiendas 1 a 12, y
la propuesta de veto; el señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), respecto de
las enmiendas números 74 a 87; el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, respecto de las enmiendas números 14, 15, 17, 19 a 20, 22
a 24, 26 a 32, 34 y 35; el señor Cleries i González y la señora María
Teresa Rivero Segalàs, ambos del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, respecto de las enmiendas números 36 a 69, 71 a 73; el señor
Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts
per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, respecto de
la enmienda 88, y el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, respecto de las enmiendas números 89 a 93.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora
presidenta de la Comisión de Igualdad.

Señorías, a continuación se procede al debate
del articulado. En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los
señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto tiene la palabra la
senadora Merelo Palomares, por tiempo de quince minutos.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.

El propósito de Vox es proteger de forma
inequívoca la integridad de la familia y de todos sus miembros: hijos,
abuelos, hermanos, y parejas, sean heterosexuales u homosexuales,
poniendo coto a las agresiones que puedan producirse. No es tolerable
que, debido a razones políticas e ideológicas, los recursos y esfuerzos
de los ciudadanos se centren únicamente en defender a la mujer frente a
abusos de sus parejas masculinas. La mujer no es la única víctima y, por
lo tanto, es injusto cualquier tipo de legislación que excluya al resto
de miembros del núcleo familiar en cuanto a protección se refiere, así
como es igualmente injusto excluir a las parejas homosexuales.

El propósito de esta ley, así como el resto de
leyes de esta índole, no es sino dividir más a la sociedad española con
leyes que fomenten la no igualdad. Sin ningún tipo de base científica, se
quiere elaborar leyes para convencer a la población de que el hecho de
ser hombre ya supone un mal en sí mismo y que solo las mujeres que
conviven con su pareja masculina son las que sufren abusos. Por culpa de
estos razonamientos sin sentido se está generando crispación y división
en la sociedad y además está dando paso a la creación de multitud de
chiringuitos políticos que únicamente sirven para dotar de un sueldo a
los amigos de los interesados. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio, que
está interviniendo la oradora.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Lo vemos continuamente en el ministerio de la
desigualdad, donde el dúo ministerial vive como marqueses a costa del
erario público, con escoltas de carrera, niñeras con puestos de alto
cargo y demás prebendas que el resto de mortales no puede gozar. Ustedes
están convirtiendo el feminismo en una puerta giratoria donde acabar la
etapa laboral de quien no puede dar más en política por su falta de
credibilidad, y a los resultados me remito. Desde la aparición de estos
inútiles sectarios, España ha pasado del puesto cinco al quince a
velocidad récord en cuanto a los mediocres que conforman el Gobierno y
han tomado las riendas del país.

Volviendo al tema en cuestión, la mujer no es
la única víctima de estas agresiones y, por tanto, cualquier tipo de ley
que excluye a los demás miembros del núcleo familiar son injustas en
cuanto a protección se refiere, e igual de injusto es cuando se excluye a
las parejas homosexuales. Es por ello que, como senadores de Vox, no
cejaremos en nuestro empeño de impulsar leyes que promuevan la verdadera
igualdad en la sociedad; leyes que velen por la seguridad y protección de
manera inequívoca de las familias y de todos sus miembros: hijos,
abuelos, parejas, sin importar su orientación sexual, y hermanos,
poniendo coto a las agresiones que puedan producirse; leyes que
garanticen la igualdad jurídica de todos los españoles, con penas iguales
para todos los casos de violencia producida en el seno familiar, sin
importar el sexo de la víctima ni del agresor; en definitiva, leyes con
las que aplicar medidas de protección para todas las víctimas. La única
manera de acabar con los agresores, violadores, asesinos es no
discriminar por razón de raza —y me refiero precisamente a las
agresiones ignoradas por los colectivos de izquierda cuando estos delitos
los cometen inmigrantes ilegales, que no son casos aislados— y
encerrarlos con prisión permanente revisable; que no disfruten de la vida
que han arrebatado.

Finalmente, los senadores de Vox abogamos por
la supresión de las subvenciones otorgadas a asociaciones ideológicas
para prevenir la mal llamada violencia machista y promover la persecución
de las denuncias falsas, publicando las cifras reales de dicho tipo de
denuncias, que arruinan miles de vidas, con tan solo una declaración sin
pruebas, eliminando los requisitos actuales que impone la Fiscalía
General del Estado y acabando con el derecho de la presunción de
inocencia.

Por último, Vox reitera su propuesta de
establecer la prisión permanente revisable para los casos de violencia
sexual y asesinatos de excepcional gravedad. Es la única solución para
los que cometen los crímenes y la disuasión para los potenciales que lo
están pensando. Sus lazos en la solapa no frenan a los asesinos, los
frena el miedo a pasar el resto de su vida en la cárcel.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señorías.

¿Algún grupo parlamentario hará uso del turno
en contra del veto? (Asentimiento).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Agudíez.

La señora AGUDÍEZ CALVO: Gracias presidenta.
Buenos días a todas y a todos.

Quiero empezar mi intervención trasladando, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro profundo dolor y
nuestro más sentido pésame a las familias de las mujeres asesinadas por
violencia machista: 1081 mujeres desde 2003 y 37 niños y niñas
desde 2013. (Aplausos).

Ayer, tristemente, volvíamos a guardar un
minuto de silencio condenando y rechazando los últimos asesinatos
machistas en Vizcaya y en Madrid. Nos unimos al dolor de las familias de
María Teresa y María Alice, todo nuestro afecto y toda nuestra
solidaridad. Tampoco podemos olvidar que el confinamiento ha encerrado a
las víctimas de violencia de género con sus maltratadores; mujeres, que
se enfrentan a dos pandemias: la COVID-19 y la violencia machista. Desde
esta tribuna quiero trasladaros toda nuestra energía y apoyo
—nunca, nunca podremos imaginar el sufrimiento que supone verse
obligada a convivir las veinticuatro horas del día con su mayor enemigo
visible y bajo el mismo techo— y pediros perdón, porque seguro que
en algún momento os hemos fallado como sociedad. (Aplausos).

Decimos alto y claro a las mujeres que sufren
violencias machistas que no estáis solas, estamos con vosotras, y esta
Cámara Alta se compromete a legislar, como así lo estamos haciendo hoy,
para erradicar la violencia estructural ejercida contra las mujeres por
el hecho de ser mujeres. Porque la violencia de género no es un problema
privado, constituye una amenaza a los derechos humanos, a la vida, a la
integridad física y psíquica, a la salud, a la seguridad y al bienestar
económico y social de las víctimas y, por tanto, del conjunto de la
sociedad.

Dicho esto, permítanme poner en valor el
trabajo de las y los profesionales del ámbito social, jurídico,
psicológico, sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
que trabajan día a día en la protección y asistencia integral de las
mujeres que sufren violencias machistas y de sus hijas e hijos. Gracias,
gracias infinitas. Quiero agradecer también el trabajo de las
asociaciones de mujeres y del movimiento feminista, en las que
generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la
libertad y la igualdad. Una libertad y una igualdad que hoy, gracias a
ellas, es un patrimonio colectivo que tenemos todas nosotras, incluida
usted, señora Merelo. Porque, como decía nuestro admirado y querido
Zerolo, en su modelo de sociedad no quepo yo; en el mío, sí cabe
usted.

He de confesar que para mí ha sido horroroso
tener que leer las dos páginas que contienen el veto de Vox al proyecto
de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género. He tenido mis dudas de subir a esta
tribuna, pero por respeto democrático, ese del que ustedes carecen,
señoras y señores de la ultraderecha, he decidido emplear cinco minutos
de mi vida en refutar su argumentación abductiva, basada en conjeturas,
mentiras, bulos y falsedades que desvirtúan el objeto de esta ley.

Su veto es un ataque a los derechos de las
mujeres, a su integridad, a su seguridad, a su libertad y a una vida
libre de violencia; es un ataque a la democracia, a las leyes
internacionales, al feminismo, a la igualdad, a la vida. En definitiva,
es un ataque a los derechos humanos, porque la violencia machista es la
máxima manifestación de la desigualdad, y es incompatible con una plena
democracia como la que vivimos, como la nuestra. ¡Basta ya de los
discursos misóginos y negacionistas de la violencia de género por parte
de la ultraderecha! No los vamos a tolerar. No vamos a dar ni un paso
atrás, ni uno, y quienes pretendan hacernos retroceder tendrán siempre
enfrente al Partido Socialista.

Por tanto, señorías, una petición especial al
Partido Popular y a Ciudadanos: debemos combatir el negacionismo de la
violencia de género desde la unidad, desde los consensos que tanto nos ha
costado construir y que han situado a nuestro país entre las mejores
democracias del mundo y en una referencia en la lucha contra las
violencias que sufrimos las mujeres. El rechazo unánime de esta Cámara al
veto de Vox demuestra que es más lo que nos une que lo que nos separa.
Por eso no pueden blanquear a la ultraderecha allá donde gobiernan y no
pueden negociar con la igualdad. La igualdad no se negocia. La igualdad
es el eje vertebrador y transversal de las políticas públicas; no es un
acto de solidaridad, sino de justicia, porque las mujeres somos más de la
mitad de la población y tenemos los mismos derechos, pese a quien
pese.

Desgraciadamente, asistimos a una reacción de
las fuerzas conservadoras y de ultraderecha que pretenden cuestionar los
avances y el discurso feminista sobre la igualdad entre mujeres y hombres
con afirmaciones que son sencillamente falsas. Los sectores más
retrógrados pretenden colocar en la agenda política debates ya superados,
y lo hacen con el argumento de la libertad en singular, es decir, la
suya, la que se basa en hacer lo que ellos digan y ver el mundo como
ellos lo ven. Pero, repito, nos van a tener enfrente, porque nosotras
defendemos las libertades en plural, la diversidad y el respeto de todas
y de todos.

Señora de Vox, plantear que la Ley contra la
violencia de género es discriminatoria y que es necesario desarrollar una
ley de violencia que trate con igualdad a todas las personas es un
planteamiento erróneo y tramposo que lleva implícito negar la violencia
de género y sus particularidades. La violencia de género es consecuencia
de las desiguales relaciones de poder que existen en nuestra sociedad.
Desde esta situación de desigualdad y, por tanto, en un marco de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, los
maltratadores, con el objetivo de controlar a sus víctimas, ejercen
violencia física, sexual o psicológica, incluidas amenazas, coacciones o
privación de libertad de sus víctimas. Y los datos ofrecidos por la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género son
terroríficos: 1081 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde
el año 2003 hasta el día de hoy; 37 menores desde el
año 2013; 78 886 llamadas al 016 en el año 2020, 10 000 más que en el año
anterior; 2220 dispositivos electrónicos de
seguimiento; 113 615 denuncias; 14 928 usuarias de ATENPRO; 27 743
órdenes de protección; 63 656 casos de violencia de género en el Sistema
de Seguimiento Integral; 32 605 mujeres con protección policial. Una de
cada dos mujeres, el 57,3 %, han sufrido algún tipo de violencia a lo
largo de sus vidas por ser mujeres, 11 688 411 mujeres.

Podríamos seguir enumerando datos toda la
mañana, datos que no son números, son mujeres con nombres y apellidos y
una vida truncada por los cobardes machistas. Y ustedes, señores de Vox,
¿tienen la desvergüenza de negar la violencia de género? Lo repetiremos
una y mil veces. La violencia machista sí tiene género. (Aplausos). Y
usted, señora Merelo, que es enfermera y ha atendido a mujeres que sufren
violencia de género y sabe lo que es, ¿cómo se atreve a subir a esta
tribuna y decir lo que ha dicho? Rompa con el discurso oficial de su
partido, que está lleno de odio. Hágalo por todas las mujeres que algún
día acudieron a usted para curarse las heridas, las heridas que dejan en
la piel y en el alma la violencia machista. Quiero pensar que en su
interior anida una esperanza, una voz que inútilmente calla y que le
anima a romper con el negacionismo de su jefe de filas, el señor Abascal,
una voz que le invita a dar la batalla. Por todas las mujeres y para que
todas las mujeres que sufren violencia de género no se sientan solas, la
invito —algo seguramente imposible— a que reflexione y se una
a la causa de todas las mujeres.

Señorías, no voy a perder ni un minuto más en
debatir con un grupo parlamentario ultraderechista que niega la violencia
de género, que niega la violencia estructural ejercida contra las mujeres
por el hecho de ser mujeres. Sepan que en esta Cámara vamos a trabajar
sin descanso para erradicar la violencia machista que nos mata, desde la
unidad y con todas nuestras fuerzas. Esta es la realidad, y desde esta
realidad en la que aún persisten graves discriminaciones de género y
estereotipos de carácter sexista debemos abordar la manera de contribuir,
desde la cooperación y la cogobernanza, a establecer las medidas
necesarias para transformar la realidad y acabar con la violencia de
género.

Y a ustedes, señores y señora de Vox, que solo
están aquí para dinamitar todos los acuerdos alcanzados y para
desestabilizar la democracia, solo quiero decirles que siempre, siempre
nos tendrán enfrente y que viva la lucha de las mujeres, de todas las
mujeres, sin estigmas, sin etiquetas.

Y finalizo con unos versos de mi paisana, la
poeta segoviana Elvira Sastre, de su poema Somos Mujeres: «Miradnos,
decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos
defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, y nunca olvidéis que el universo
y la luz salen de nuestras piernas. Porque un mundo sin mujeres no es más
que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros
y encender la mecha».

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces de la propuesta
de veto.

¿Van a hacer uso de este turno los grupos
parlamentarios? (Asentimiento).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de
portavoces, tiene la palabra la senadora Merelo.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Señoría portavoz del PSOE, para no querer
perder ni un minuto más de su tiempo en rebatir nuestro discurso, ha
perdido usted todo el tiempo de su discurso simplemente para hablar de
nosotros. Nada más. De lo demás no le voy a responder. (Rumores). Ahora
las risitas.

En Vox queremos poner de manifiesto las
profundas deficiencias que reviste la iniciativa presentada por este
Ejecutivo. En nuestro firme compromiso con el mandato impuesto a los
poderes públicos en el artículo 9.2 de nuestra Constitución de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, así como la protección del derecho
de igualdad material del artículo 14, nos es imposible pasar por alto el
hecho de que este proyecto de ley ejerce una protección selectiva en
función del sexo al que pertenece la víctima. La protección que han de
ofrecer los poderes públicos ha de ir dirigida a aquellos ciudadanos que
la necesiten, independientemente de su edad, de su sexo o de cualquier
otra circunstancia o condición personal o social; todos ellos son
víctimas y merecen las atenciones que podamos dispensar en su favor.

Las referencias de este proyecto de ley hacia
la violencia de género deben ir dirigidas a la violencia intrafamiliar,
pues, por desgracia, la violencia no es monopolio de un sexo en
particular. Esta premisa errónea de la que parte el texto propuesto hoy
aquí es una nueva muestra de que la auténtica voluntad que subyace no es
proteger a las víctimas, sino instrumentalizarlas con el objeto de
obtener un rédito político. Así pues, nos encontramos con el absurdo de
que en el caso de que el agresor pertenezca al sexo femenino dentro de
una pareja del mismo sexo, la víctima no podría solicitar el auxilio que
dice ofrecer este proyecto de ley, pues difícilmente sería encuadrable en
el concepto violencia de género, todo ello porque cuesta mucho comprender
que el móvil de una agresión de una mujer para con otra mujer en el seno
de una relación afectiva sea precisamente la condición de mujer, de la
cual ella misma participa. Y lo que es más, lo anterior pone de relieve
que no se persigue proteger a la mujer, sino hacerlo únicamente cuando el
agresor es un hombre.

Si de verdad le preocupara a este Ejecutivo la
violencia, la perseguiría en todas sus manifestaciones y fuera cual fuera
el agresor y la víctima. Llama especialmente la atención que sea el
propio Ejecutivo el que desconozca las disposiciones del Convenio de
Estambul a pesar de utilizarlo en la exposición de motivos, ya que en su
artículo 4.3 manifiesta que las medidas para proteger los derechos de las
víctimas deberán asegurarse sin discriminación alguna basada, en
particular, en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la
religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen
nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el
nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el
estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de
migrante o refugiado o cualquier otra situación.

Avanzando en el articulado y en lo relativo a
las previsiones del artículo 7 del texto presentado por el Gobierno,
entendemos que la inaplicación de la regla sexta del artículo 86.2 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es peligrosa
debido a que favorece la concentración de fondos en manos de las
comunidades autónomas a la par que faculta a las comunidades autónomas a
gastar con demasiada capacidad de decisión al respecto estos recursos,
surgiendo así la duda de si es otra prueba de lo cargada de ideología
política que se encuentra esta norma. Pero la politización de este
problema que afecta a personas de todos los sexos que sufren violencia en
el ámbito intrafamiliar no se reduce a estas consideraciones de carácter
general. Expresamente vemos cómo, so pretexto de reducir el impacto del
aislamiento domiciliario, se prevén campañas institucionales para
prevenir la violencia de género durante el estado de alarma. Vox se opone
a la utilización de fondos para emitir anuncios de difusión de la
ideología de este Gobierno, máxime cuando la efectividad de las medidas
recogidas en el articulado de este proyecto depende de su dotación
económica.

Por esta razón, entendemos que la difusión
informativa ha de emplearse exclusivamente para que toda la población
conozca las herramientas a su alcance que le permitan recabar el auxilio
de los poderes públicos ante situaciones de esta índole y que el sobrante
vaya a proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Los fondos han
de gestionarse de manera eficiente, son recursos públicos y merecen, en
cuanto a tales, gestionarse de la forma más diligente posible. Y si los
recursos se nos van en actividades propagandísticas, más allá de las
meramente informativas, estaremos precisamente menoscabando el fin de la
propia norma, que es la protección de las víctimas, de personas que
sufren estas situaciones de violencia. Hemos de atender a este y a otros
problemas de los que adolece la sociedad española con la mayor
objetividad posible, persiguiendo el hecho en sí y, en consecuencia, a
los responsables de los mismos como autores, no criminalizar a un sexo
frente a otro merced a un interés puramente partidista y desprovisto de
escrúpulos.

Vox condena firmemente cualquier tipo de
violencia, sea quien sea el autor de la misma, pues nuestra posición no
va en contra de ningún sexo, sino que siempre se situará al lado de la
víctima; ahí encuentra Vox su lugar.

Para terminar, nos permitimos recordar a los
miembros de este Gobierno que deben proteger a todos sus ciudadanos por
igual, pues su integridad física y psíquica, así como sus vidas, son
dignas de la más alta protección, con independencia del sexo al que
pertenezcan.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Mixto, en el debate de la
propuesta de veto, ¿intervendrá algún otro integrante en turno de
portavoces? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
interviene en esta fase la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Señorías, debatimos hoy el proyecto de ley de
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de
violencia de género, procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de
marzo. Ese es el asunto.

Hoy, en esta Cámara vamos a hablar mucho de
violencia machista porque también tenemos una proposición de ley al
respecto. Vox presentó en el Congreso una proposición de ley relativa a
la violencia intrafamiliar, que trae hoy también como alternativa a la
proposición de ley que habla de violencia machista. Con los mismos
argumentos de esta iniciativa reutilizada, también presentan un veto a
este proyecto de ley que estamos debatiendo intentando aprovechar el
trámite de una iniciativa sobre violencia de género, violencia machista,
para hablar de violencia intrafamiliar, aunque el proyecto no intenta
para nada regular este tipo de violencia. Solo por ello ya no daríamos
apoyo a este veto. Pero, por desgracia, hay más.

Señorías, si todos los Estados y también los
expertos y estudiosos han sido capaces de ponerse de acuerdo en que el
sujeto a proteger es la mujer y que el centro de las políticas tienen que
ser las personas y no las estructuras sociales, que varían rápidamente,
¿por qué ustedes niegan la violencia machista y se empeñan en enquistarla
únicamente en el ámbito familiar? Internacionalmente se acepta que la
violencia machista existe y es aquella que sufre la mujer por el hecho de
serlo. Se trata, señorías, de proteger a todas las mujeres de todas las
violencias machistas. Por ello, para nosotros, para Junts per Catalunya,
y hemos propuesto iniciativas en este sentido, la definición de violencia
de género que recoge la Ley 1/2004 se queda corta y hay que adaptarla al
Convenio de Estambul. No podemos continuar con el error de limitar el
reconocimiento de todas las violencias machistas.

Estamos de acuerdo con ustedes, señores de Vox,
cuando dicen: No es tolerable que debido a razones políticas e
ideológicas los recursos y esfuerzos de los ciudadanos se centren
únicamente en defender a la mujer frente a los abusos de sus parejas
masculinas. Estamos de acuerdo con ello, porque lo que hay que hacer es
centrar los esfuerzos y los recursos no solo en defenderlas de todas las
violencias machistas, sino invertirlos en educación para hacer una
sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres propicie la
desaparición de este tipo de violencias que vienen de cánones de
educación patriarcal obsoleta y retrógrada. Si hombres y mujeres de todo
el mundo luchan contra las violencias machistas, contra todas ellas, ¿por
qué Vox se empeña en encerrar la ley en el interior de los
domicilios?

El mundo, señorías de Vox, no solo —pero
también— nos pertenece a las mujeres y tenemos el derecho de
interactuar con él en libertad y seguras en cualquier ámbito en que
queramos hacerlo. Señorías de Vox, no, ser hombre no supone un mal en sí
mismo; al contrario, deben ser y son nuestros aliados en esta lucha por
la igualdad. No me cansaré de decirlo, debemos conjurarnos a que haya
impunidad cero para esos seres que nos maltratan el cuerpo o el alma. Y
no, señorías de Vox, no son hombres, son maltratadores. Dicen que hacemos
leyes para convencer a la población de que el hecho de ser hombre ya
supone un mal en sí mismo y que solo las mujeres que conviven con su
pareja masculina son las que sufren abusos. Falso, nada más lejos de la
realidad. No, señorías, no. Hacemos leyes para proteger a las mujeres de
la violencia machista y esta lucha es de mujeres y hombres, y también
hacemos leyes para protegerlas de quienes, como ustedes, niegan la
existencia de una violencia que nos mata.

Los hombres y mujeres de Junts per Catalunya
queremos una sociedad más justa e igual. Desde aquí queremos agradecer el
trabajo de tantas asociaciones feministas y tantas asociaciones de
mujeres. También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las mujeres
del mundo rural, aquellas que con su actitud personal se suman con su
lucha individual y van tejiendo una red donde muchas luego encuentran
freno a su caída libre; unas luchas personales duras, que contribuyen a
destapar y a afrontar el problema y a que dejen de ser víctimas para ser
supervivientes. Entre todos y todas, desde todos los rincones del mundo,
desde el pueblo más pequeño a la ciudad más frenética, no cesaremos en la
lucha. Las mujeres nos queremos iguales, libres y, sobre todo, vivas, a
pesar de que quede tanto por hacer y de que ustedes, señores de Vox,
prefieran mirar hacia otra parte o, lo que es peor, prefieran mirar hacia
otra parte de otros tiempos.

Por ello, no podemos consentir que el señor
Sánchez nos quiera equiparar a ustedes solo porque le molestemos para sus
maniobras en Cataluña. Siempre sabemos que las palabras sirven para el
diálogo, pero también para la manipulación de pensamientos. En Junts Per
Catalunya sabemos dónde estamos. Estamos en las antípodas de Vox y
también muy lejos de las palabras del señor Sánchez, y lo más importante,
también lo saben los catalanes. Por ello, mientras los votos así lo
decidan y no los discursos del presidente de España, seguimos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
hará uso del turno del turno de portavoces? (Asentimiento). El senador
Fernández Rubiño tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias,
presidenta.

Seré breve porque creo que la mejor respuesta
fue la que se dio ayer en el Congreso. Simplemente digo que la violencia
machista sí tiene género, y leer los nombres de las 1081 víctimas, de
las 1081 mujeres asesinadas en los últimos años en nuestro país como
consecuencia de la violencia machista habla por sí mismo y es suficiente
respuesta ante este discurso que hemos oído una vez más aquí y que,
lamentablemente, ya forma parte del paisaje, porque ha llegado un momento
en que está perdiendo incluso esa eficacia que tenía para escandalizarnos
a todos, lo cual no deja de ser un poco inquietante, porque estamos
normalizando a unos señores que han venido a reventar todos los
consensos, pero también significa que más temprano que tarde está
quedando patente hasta qué punto son una minoría y hasta qué punto ocupan
un rincón de nuestra sociedad que no solo se niega a avanzar, sino que
quiere que demos muchos pasos marcha atrás y que probablemente, si no
tuvieran la inestimable colaboración de grupos de la derecha que les
tienden la mano y están dispuestos a llegar a acuerdos con ellos en
algunas comunidades, en algunos municipios, estarían absolutamente
marginados de la política española, y lo estarían porque cruzan y
revientan algunas líneas fundamentales que hacen que podamos estar todos
y todas aquí compartiendo el proyecto de sacar adelante nuestro país y de
mejorar la vida de la ciudadanía.

Personas que oyen la lista de esas 1081 mujeres
asesinadas y que tienen una ceguera ideológica tal como para negar que
hay algún componente estructural para que ocurra un fenómeno como ese y
que niegan que hay una realidad específica que atender cuando estamos
hablando de 1081 vidas, sencillamente, creo que están fuera de toda
coordenada y que no merecen demasiada respuesta. Ustedes tienen enfrente
a una mayoría que creemos que sí hay que abordar esta cuestión, una
mayoría que es de españoles y españolas, de hombres y mujeres, porque,
por supuesto que no todos los hombres son maltratadores, esto es una
estupidez que ustedes repiten permanentemente cuando la mayoría de los
hombres están comprometidos en acabar con este problema, y debemos
estarlo porque es la única manera de que solucionemos la situación. Desde
luego, tenemos que estar detrás de los pasos que marquen las mujeres,
detrás del movimiento feminista y apoyando una lucha que es absolutamente
necesaria y que ha conseguido avances en los últimos años, pese a todo lo
que queda por conseguir.

Por último, me niego a que ustedes utilicen a
las personas LGTBI en esta cruzada. Ustedes son un partido que ha negado
a las personas LGTBI el derecho a adoptar, que ha negado a las personas
LGTBI el derecho al matrimonio igualitario, que quieren que haya terapias
de conversión para las personas LGTBI porque opinan que es legítimo creer
que estamos enfermos. Ustedes han decidido que si un niño ha nacido en
una familia cuyos padres piensan que es poco menos que un monstruo,
tienen derecho a hacer con ese niño lo que les dé la gana, tienen derecho
a negarle su identidad y tienen derecho a negarle su orientación sexual.
Que ustedes vengan hoy aquí a utilizar a las personas LGTBI para negarles
a las mujeres los recursos que necesitan para combatir la violencia
machista es absolutamente deleznable, es intolerable.

Ustedes deberían entender que si hay una
realidad que afecta a las parejas LGTBI tendrá que tratarse y se le
tendrá que dedicar los recursos y el debate que sea pertinente, pero eso
no puede hacernos retroceder ni un solo centímetro en una cuestión que es
apabullante, cuyas cifras son demoledoras y en la que durante décadas
hemos hecho un trabajo para ir dotándola de recursos y de medidas que
ustedes sencillamente quieren disolver, porque lo que hay detrás de toda
esa argumentación, que no es más que una mera utilización de las personas
LGTBI para su discurso, es la voluntad cierta de acabar y de disolver
todos esos recursos especializados que durante años se han ido
desarrollando, que han permitido mejorar la vida de muchas personas y que
han permitido que muchas mujeres salgan de una situación absolutamente
terrible. Ese es el objetivo que ustedes persiguen con esta clase de
discursos.

A ustedes no les importan absolutamente nada
las personas LGTBI, porque si les importaran no llevarían en el programa
todas las barbaridades que llevan. Ustedes lo único que quieren es
utilizar estos argumentos para ver si por el camino conseguimos reducir
los recursos que, efectivamente, hoy en día se están dedicando y que,
lamentablemente, son muy insuficientes en comparación con lo que
realmente haría falta. Pero, sobre todo, ustedes lo utilizan para negarse
hoy a unas medidas que son urgentes, que son necesarias y que han salido
por unanimidad en la Comisión de Igualdad, porque todos los partidos, con
independencia de nuestras posiciones, entendemos que en una situación tan
grave como la que estamos viviendo, en mitad de una pandemia, cuando se
han multiplicado las llamadas al 016 como resultado de los
confinamientos, hay muchas mujeres que necesitan ayuda, y en una
situación tan grave como esta ustedes les niegan los recursos que
necesitan para salir de esa violencia. Yo creo, señorías, que es para que
se lo hagan mirar, para que se pregunten qué han venido a hacer a esta
Cámara y qué han venido a hacer a la política española.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Intervendrá en turno de portavoces a la
propuesta de veto el Grupo Parlamentario Ciudadanos? (Asentimiento).

Tiene la palabra la senadora Santiago
Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

Esta crisis sanitaria ha puesto fin a la vida
de más de 80 000 personas en España y, desde luego, ha cambiado
completamente nuestra forma de vivir, porque estamos sufriendo una
situación totalmente inimaginable que nos obliga a estar confinados en
nuestros hogares y separados de nuestras familias para evitar contagiar y
ser contagiados. Nos impide salir a trabajar con normalidad y que los
niños puedan ir al colegio con regularidad, o simplemente salir juntos a
dar un paseo. Pero hay colectivos que sufren en mayor medida las
consecuencias del confinamiento, como son las mujeres víctimas de
violencia machista, para quienes el encierro con su agresor se ha
convertido en una auténtica película de terror, porque para una víctima,
el confinamiento con su agresor es asfixiante y peligroso; convivir con
un maltratador las veinticuatro horas del día convierte al hogar en una
jaula en la que el carácter violento se acentúa a consecuencia del
entorno cerrado.

Señorías de Vox, Ciudadanos está totalmente
conforme con combatir todo tipo de violencias: la violencia hacia
nuestros mayores, la violencia de la infancia, etcétera, pero luchar
contra un tipo de violencia no puede significar negar la otra. No todas
las formas de violencia tienen la misma causa ni todas se pueden abordar
de la misma manera. La violencia de género tiene una causa específica que
merece ser abordada de manera específica desde el punto de vista social y
jurídico, y de ninguna manera tiene que ser diluida ni invisibilizada,
como ustedes pretenden. Ustedes la niegan diciendo que la violencia no
tiene género, pero deben saber que quienes la padecen sí, la violencia no
tiene género, pero las víctimas sí, no lo olviden, por favor.

Hoy traemos al Pleno el Proyecto de ley de
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de
violencia de género y a las víctimas de trata con fines de explotación
sexual referidas al mantenimiento, adaptación y funcionamiento de todos
los servicios de asistencia integral y protección tras la declaración del
estado de alarma. Miren, señorías, desde el minuto uno en el que se
decretó el estado de alarma por el Gobierno, en Ciudadanos tuvimos muy
presente la gravísima situación en la que se encontraban estas mujeres.
Dos días después de que se decretara el estado de alarma, la red de
atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid
ya prestaba sus servicios de manera no presencial, adaptándose así a esa
misma exigencia que posteriormente se estableció en el Real Decreto de 31
de marzo. Por tanto, allí donde gobernamos, como en la Comunidad de
Madrid, nos adelantamos quince días a esa orden del Gobierno de España,
de manera que en todo momento las mujeres víctimas de violencia machista
han contado con los mismos servicios que antes del estado de alarma y, en
concreto, durante todo el tiempo, en los cincuenta y cuatro puntos
municipales han estado realizando un seguimiento activo de las víctimas a
través de medios telemáticos, llamadas telefónicas, wasaps y correos
electrónicos, y además se reforzó la colaboración con la Policía
municipal y con los cuerpos de seguridad del Estado, siempre para
asegurar el bienestar de las víctimas.

Por otro lado, por fin nos dan la razón al
reconocer que no se están aprovechando eficazmente los fondos destinados
al pacto de Estado de violencia de género, y cito textualmente lo que
reconoce el proyecto de ley: «Dado que el libramiento de los créditos se
extiende hasta el último trimestre del año, es muy difícil que en ese
breve plazo se puedan realizar algunas de las necesidades identificadas
por las distintas comunidades autónomas, puesto que tanto la Ley general
de subvenciones como la de contratos del sector público establecen unos
plazos de tramitación administrativa que no permiten su adecuada
ejecución en los estrictos plazos mencionados». Es decir, las comunidades
autónomas reciben la trasferencia de los fondos destinados al pacto de
violencia de género con mucho retraso y es incompatible con los largos
plazos de procedimientos administrativos, y en Ciudadanos llevamos
quejándonos de esto prácticamente desde que se inició la
legislatura.

En la ponencia de estudio, en la que hemos
trabajado, creo que con buen tono, todos los grupos parlamentarios,
Ciudadanos no ha considerado necesario presentar enmiendas, puesto que
defendimos nuestra postura cuando se convalidó el decreto y cuando se
tramitó este proyecto de ley en el Congreso y mantenemos, desde luego, el
mismo criterio que entonces. Además, fueron aceptadas las enmiendas
propuestas por nuestro grupo parlamentario que hacían referencia
especialmente al refuerzo de la inclusividad, a que la legislación tiene
que contemplar la situación de la vulnerabilidad de las mujeres por
cualquier circunstancia, bien por vivir en el mundo rural, bien por ser
mujeres con discapacidad, por ser mujeres gitanas o por pertenecer a
grupos vulnerables. Esa discriminación interseccional hay que tenerla en
cuenta, al igual que la necesidad de protección y asistencia a los
menores de edad y que sean reconocidos como víctimas de violencia de
género, lo que ya ha quedado recogido y definido.

En cuanto a las enmiendas que han quedado
vivas, Ciudadanos va a apoyar todas aquellas que vayan dirigidas a
garantizar la inclusión y la accesibilidad de todas las mujeres, con
especial atención a las que pertenecen a los colectivos que presentan más
vulnerabilidad, para, por supuesto, no dejar a nadie atrás.

Señorías, necesitamos sumar esfuerzos, negar la
violencia de género pone en riesgo la seguridad y la vida de las mujeres,
la vida de las mujeres que sufren violencia de género. Todo esto
constituye una amenaza frente a los derechos humanos y frente a los
derechos fundamentales y el compromiso de Ciudadanos es seguir siempre
luchando contra esta lacra social y tendemos la mano para seguir
desarrollando todas las medidas necesarias del Pacto de Estado contra la
violencia de género.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

En turno de portavoces del debate de la
propuesta de veto tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias,
presidenta.

Intervendré brevemente desde el escaño sin
perder un minuto para decir que votaremos en contra del veto presentado
por el Grupo Mixto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias,
presidenta.

Intervendré también desde el escaño para decir
que nuestro grupo Esquerra Republicana-EH Bildu va a votar en contra de
este veto y para decir que la cifra de 1081 mujeres asesinadas —que
no nos morimos de un día para otro; nos asesinan— es para pensarse
el salir aquí y decir según qué cosas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Rodríguez Calleja.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidenta.

Decía la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la comisión donde tuvimos oportunidad de debatir esta ley
que no perdería ni un minuto de su tiempo en posicionarse en contra de
este veto. Me alegro de que haya perdido usted más de un minuto de su
tiempo, porque nosotros lo que decimos es que siempre que tengamos
ocasión debemos denunciar en esta tribuna, o donde sea necesario, que el
partido político Vox sigue sin entender nada y que van siempre a
contracorriente de este asunto solo por consolidar algunos votos, y eso,
sinceramente, señoría, dice muy poco de ustedes. Y saben que no tienen
razón. Se les ha dicho en muchas ocasiones: los organismos
internacionales, como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la
Salud, la Unión Europea y hasta los más cercano, los indicadores diarios,
que son los datos que ya se han dicho aquí, constatan que existe una
violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser
mujeres, señoría, y que para combatirlo se necesitan medidas específicas
de información, sensibilización y formación para el conjunto de la
sociedad, así como medidas de atención, protección y acompañamiento a las
mujeres que lo sufren. Con esto no estamos negando que existan otras
violencias, pero eso no obsta a que seamos conscientes de la realidad que
vive nuestro país, que no es la misma, ni mucho menos, que la que ustedes
pintan, y por eso deberíamos trabajar unidos contra esta lacra.

Solo como reflexión, señoría, de verdad, con el
respeto que les tengo como partido político, ¿han intentado ustedes
formarse sobre este asunto? ¿Han profundizado en qué hay detrás de cada
uno de los nombres que leemos al inicio en todos los plenos? Son mujeres,
señorías, que mueren de la mano de sus parejas o exparejas por el simple
hecho de ser mujeres. ¿Se han puesto ustedes en contacto con sus
familiares? ¿Les han preguntado qué piensan? ¿Alguna vez les ha
interesado escuchar a mujeres especialmente vulnerables, como son las
mujeres con discapacidad? ¿Saben que el 80 % de las mujeres con
discapacidad han sufrido violencia a lo largo de su vida solo por ser
mujeres y además tener alguna discapacidad? De verdad, háganlo, hablen
con alguna víctima, conozcan una historia real, investiguen un poco sobre
los micromachismos o sobre cómo es la evolución psicológica de una mujer
que vive y convive con su maltratador. Con esa actitud negacionista de la
existencia de la violencia de género solo consiguen alimentar el ego de
los maltratadores, justificar sus actuaciones y amparar sus conductas, y
eso es para hacérselo mirar.

Al presentar este veto solo evidencian ustedes
que son grandes desconocedores de la realidad de muchas mujeres a las que
debemos proteger y que, aun poniendo muchas medidas en marcha, recogidas
todas ellas en el Pacto de Estado en contra de la violencia de género, no
conseguimos evitar que cada año mueran demasiadas. Se ha dicho aquí
ya, 1081 mujeres desde el año 2003, señoría, eso es una cifra. Pero
debemos mirar al futuro y seguir trabajando, recordando a las muchas
mujeres que consiguen salir adelante gracias al esfuerzo de la sociedad,
gracias al esfuerzo de muchas personas, de sus familias, de los
profesionales, y nosotros, señoría, debemos realizar nuestro cometido
como representantes públicos aquí, en las Cámaras legislativas, aportando
leyes como la que hoy debatimos. Lo que sí es seguro, señoría, es que no
conseguiríamos nada con estos postulados tan arcaicos que ustedes
plantean aquí. Por eso, el Grupo Popular votará en contra de este veto.
(Aplausos).

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Bueno Alonso.

La señora BUENO ALONSO: Gracias,
presidenta.

No voy a agotar el tiempo que me corresponde,
pero me van a permitir que dedique ese pequeño tiempo a la postura de
Vox, que es el que ha presentado el veto a esta propuesta de ley.

Miren, la violencia de género es la
manifestación más flagrante de la desigualdad entre mujeres y hombres; y
a ese consenso, que Vox quiere romper, llegaron los partidos políticos,
los organismos internacionales y la propia sociedad. Pero las señorías de
Vox han emprendido su particular guerra contra las mujeres para
satisfacer a un electorado negacionista y machista. Aunque ustedes saben
lo que es la violencia de género, y saben lo que es la violencia contra
las mujeres, porque si la senadora Merelo Palomares está aquí es porque
sustituye a un senador de Vox acusado de malos tratos. (Aplausos).
Senadora Melero Palomares, usted está aquí rompiendo un techo de cristal,
gracias al feminismo; y gracias a quienes reconocemos la violencia de
género y luchamos contra ella, su senador ha sido apartado de esta
Cámara.

Esta semana Vox lanzó la ocurrencia de
sustituir el 8-M por el Día nacional de las víctimas del coronavirus.
Dice este partido que ese día el Gobierno incentivó la participación en
las manifestaciones feministas para cumplir su agenda ideológica,
ignorando la salud de los españoles. Tal vez lo dijeron sin pensar, y no
pensaron que ese día Vox organizó un mitin en un lugar cerrado, que
presumió de llenarlo, y su número dos, recién llegado de un viaje de
Italia y con coronavirus, estuvo abrazándose con todo el mundo.

Ustedes han venido a romper el consenso y a
dividir a la sociedad en torno a la violencia de género y en torno al 8
de marzo. Para eso han venido ustedes a la política. Y no digan que
quieren proteger a las personas, porque lo que quieren es hacer
prevalecer su misoginia en el ADN de sus siglas, pero, como le ha dicho
mi compañera, la senadora Ana Agudíez, nos tendrán enfrente, a las
mujeres, a todas, al feminismo y al Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Votos particulares de los senadores
González-Robatto Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares.

Tiene la palabra, para defender las enmiendas 1
a 12, la senadora Merelo Palomares, por tiempo de doce minutos.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Voy a dar por defendidas las enmiendas, pero sí
me gustaría intervenir por alusiones. Quiero decirle a la portavoz del
Grupo Socialista que Vox es un partido constitucionalista y muy
respetuoso con todas las víctimas. Y, dada la gravedad de los hechos que
se produjeron, en Vox tomamos medidas contundentes, cosa que otros
partidos no hacen.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Enmiendas 36 a 69 y 71 a 73, de los senadores
Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs. Tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: La senadora Rivero ha
tenido que salir un momento y vendrá enseguida.

La señora PRESIDENTA: ¿Hay inconveniente en que
pasemos al siguiente turno? (Pausa). Se le reserva el turno.

Enmiendas 74 a 87. Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Egun on.
Eskerrik asko, presidenta. Egun on, senatari jaun-andreak.

Señorías, permítanme recordarles cuatro
documentos de enorme interés en el campo de la violencia de género. La
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor
en España desde el año 2008, que reconoce en su preámbulo que las mujeres
y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor,
dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación.






También el Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la
mujer y la violencia doméstica, Convenio de Estambul, vigente en España
desde 2014. La Agenda 2030, que persigue, a través del objetivo de
desarrollo sostenible número 5, poner fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de
violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual. Y, por último, el Pacto de Estado contra
la violencia de género, que recoge explícitamente medidas específicas
para abordar la violencia de género contra las mujeres con
discapacidad.

Significativos son los datos que nos ofrece la
macroencuesta de violencia contra la mujer 2019, que demuestran cómo los
distintos tipos de violencia afectan a las mujeres con una discapacidad
superior al 33 %. La prevalencia es mayor en este colectivo que entre las
mujeres sin discapacidad para todos los tipos de violencia analizados.
El 40 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de
violencia por parte de su pareja, frente al 32 % de las que no tienen
discapacidad, unos porcentajes que son del 21 % en cuanto a violencia
física o sexual, en mujeres con discapacidad, y del 14 % en mujeres sin
discapacidad. Fuera del ámbito de la pareja, el 17 % de las mujeres de
este colectivo ha sufrido violencia física y el 10 % violencia sexual.
Las cifras para el grupo de mujeres sin discapacidad son inferiores,
del 13 y del 6 %, respectivamente.

En cuanto a la identidad del agresor, son
mayores los porcentajes de familiares que han ejercido violencia
física, 40 %, y sexual, 29 %, contra las mujeres discapacitadas. Además,
el 17,5 % de las mujeres con discapacidad narraba que esta era
consecuencia de la violencia de sus parejas. Y si a nivel general solo se
denuncian el 11 % de las agresiones sexuales, las autoras del estudio, de
la macroencuesta, estiman que la denuncia y la búsqueda de ayuda formal
entre las mujeres con discapacidad intelectual es aún menor que ese
porcentaje. Las barreras que se encuentran en ese camino son mayores, la
Policía y el Poder Judicial no suelen estar formados para actuar
adecuadamente en casos en los que una persona con discapacidad participa
como víctima, acusada o testigo —advierte el estudio que
mencionó—.

Por otra parte, sus testimonios, suelen tener
menos credibilidad, dados los estereotipos que arrastran estas mujeres.
Además, muchas de las mujeres con discapacidad intelectual, víctimas de
abusos, lo son sin ser conscientes de ello. Además, las mujeres y niñas
con discapacidad intelectual suelen confiar más en desconocidos, en
personas desconocidas, y presentan más dificultades para discriminar
estas conductas. Las autoras advierten de que en casos de víctimas con
discapacidad intelectual, la intimidación o amenaza se ve ajustada a la
propia capacidad de entendimiento de la víctima; por ejemplo, la amenaza
de dejarla sola, de noche, en el campo, sin que tenga la posibilidad de
volver a no ser que haga lo que el agresor le pida, es suficiente.

En este sentido, el informe constata la escasa
y tardía formación e información sobre todos los aspectos referentes a la
afectividad y la sexualidad, y señala que la actitud general de familias
y profesionales consiste en negar este aspecto o en reprimirlo. Sin
embargo, apunta a que hay una relación directa entre la frecuencia de la
violencia sexual y la falta de educación sexual. Por ello, una de las
recomendaciones que formula es la creación de talleres para prevenir
abusos y desmontar los mitos e ideas erróneas sobre la sexualidad de
estas personas.

Son estos hechos los que han motivado nuestras
enmiendas, muchas de ellas, no todas, de la mano de Cermi Mujer, a quien
desde luego desde esta tribuna quiero agradecer su trabajo por la
igualdad y por el fin de la violencia de género. Estas enmiendas recogen
el mínimo que debemos ofrecer a las mujeres con discapacidad, y está en
nuestras manos, señorías.

La pandemia, por su lado, ha puesto de
manifiesto la situación de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres y
niñas con discapacidad, así como de madres y cuidadoras de familiares con
discapacidad, que han visto conculcados parte de sus derechos más
elementales en muchos países del mundo. Especialmente preocupante ha sido
y sigue siendo a día de hoy el incremento en el número de solicitudes de
información y de ayuda registradas en los servicios especializados en
violencia de género y el negativo impacto que las necesarias
restricciones establecidas han producido en muchas mujeres, que se han
visto obligadas a convivir, sin alternativa posible, con su maltratador.
Muchas mujeres con discapacidad han experimentado de manera más
lacerante, si cabe, cómo los recursos y servicios disponibles se hacían
más lejanos e inaccesibles precisamente por esas necesarias
restricciones, insisto, durante estos meses de encierro.

Por otro lado, el acceso a la justicia está
negado en la práctica a las mujeres con discapacidad, no solo por los
obstáculos de accesibilidad y de falta de ajustes de procedimiento en el
sistema judicial, sino, lo que es más hiriente, por las barreras mentales
que muchas veces jueces, fiscales, abogados y personal policial imponen
en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que
tratan de acceder a la justicia. De hecho, el personal judicial a menudo
es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con
discapacidad, y tampoco suele abrir causas por actos de violencia contra
ellas, porque puede exigir más recursos, debido a la necesidad de
cerciorarse de la capacidad de la víctima para consentir y prestar
testimonio. Las pocas sentencias judiciales que existen sobre mujeres con
discapacidad, en lugar de protegerlas, desgraciadamente, son contrarias
al pleno respeto de sus derechos humanos.

Señorías, esto que les cuento no son
excepciones, no son anécdotas, es el día a día de mujeres con
discapacidad, a pesar de que los datos que arrojan las estadísticas
oficiales siguen siendo tremendamente opacos en relación con la violencia
machista sufrida por las mujeres con discapacidad. Además, los servicios
de atención a mujeres víctimas de violencia siguen presentando graves
déficits en su accesibilidad. Las y los profesionales de este ámbito
siguen teniendo importantes lagunas en su formación sobre la violencia
contra las mujeres desde la perspectiva de la discapacidad y, al mismo
tiempo, el modelo adolece de protocolos efectivos que permitan la
coordinación interinstitucional cuando la mujer víctima de violencia de
género tiene una discapacidad.

A nosotros nos gustaría, evidentemente, que
estas enmiendas fueran recogidas, porque creemos que son un deber, como
decía, para con las mujeres con discapacidad. Aun así, aunque no sean
admitidas, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 36 a 69 y 71
a 73, del senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Riveros Segalàs, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Moltes gràcies,
presidenta.

Nos encontramos con un proyecto de ley que
procede de un real decreto ley y, ciertamente, el texto del real decreto
ley era mejorable. En el Congreso fueron incorporadas algunas mejoras,
que fueron, además, aceptadas por la mayoría de los grupos políticos. En
Junts per Catalunya entendemos que el texto podría mejorarse todavía más;
hemos querido ser ambiciosos y, por ello, hemos presentado un total de
treinta y nueve enmiendas. No voy a citar cada una de ellas, porque
nuestras enmiendas se podrían agrupar en cuatro grandes apartados.

En primer lugar, una serie de enmiendas
incorporan las propuestas de Cermi Mujer relativas a blindar los derechos
de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género por su
doble o su especial vulnerabilidad, así como garantizar la accesibilidad
de estas mujeres a los recursos o servicios necesarios. No haré
referencia a datos. Por suerte, y gracias a que me han guardado el turno,
el senador que me ha precedido ha aportado abundantes datos que
certifican que estas mujeres con discapacidad víctimas de violencia de
género deben ser especialmente tenidas en cuenta por su alta
vulnerabilidad.

Algunas de estas enmiendas, relativas a las
mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, son coincidentes
con las de otros grupos que también las han tenido en cuenta.
Concretamente me referiré a las enmiendas 61 y 63, que coinciden con las
que presenta Izquierda Confederal y el Grupo Popular. Por ello pido a
estos grupos el voto favorable para todas nuestras enmiendas, por
supuesto, pero especialmente para estas, porque su contenido y su
objetivo son idénticos.

Presentamos también enmiendas de tipo
competencial, y quiero agradecer la introducción en la ponencia de la
enmienda número 70, que blindaba competencias autonómicas, concretamente
competencias de la Generalitat de Catalunya, en nuestro caso. Y me
referiré a la enmienda 66, relativa a la necesidad de coordinar entre los
diferentes organismos autonómicos, locales y estatales, las campañas que
tengan objetivos análogos de protección a las víctimas de violencia de
género, siempre con respeto competencial y con la finalidad de no
duplicar campañas o de no generar una confusión, en lugar de reforzar el
mensaje que se quiere mandar.

También tenemos enmiendas relativas a la
financiación; dos hacen referencia a los remanentes, la 68 y la 72. En la
primera suprimimos directamente el artículo 7, y en la segunda
modificamos la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003. Ambas
pretenden que sean los organismos que tratan con las víctimas, y no la
regla general, quienes marquen el criterio de cómo enfocar los remanentes
de ejercicios anteriores. En la enmienda 73 demandamos más financiación
para las comunidades autónomas para hacer frente al aumento de denuncias.
Si ha habido un 60 % de aumento de las denuncias debido a la pandemia, es
lógico que pidamos una parte proporcional de financiación para hacer
frente a un aumento tan significativo.

Y en el último apartado, una buena parte de
nuestras enmiendas afectan tanto al preámbulo —por tanto, sin
eficacia jurídica plena, pero a tener en cuenta para interpretar la
ley—, como al articulado. En Junts per Catalunya, insistimos una y
otra vez —y no es una obsesión nuestra, porque de hecho el propio
informe del Grevio insiste en que hay que implementar el Convenio de
Estambul, vigente en este Estado desde el 2014—, en la terminología
y en el fondo, en cambiar la palabra violencia de género del proyecto de
ley por violencia machista. Es importante el lenguaje, el vocabulario
—ya lo he dicho—, porque la violencia de género, tal como la
tenemos recogida en nuestra normativa, hace referencia únicamente a
aquella violencia que sufre la mujer por parte de su pareja o expareja y
excluye, por tanto, infinidad de violencias machistas. Tenemos que hacer
frente a esta situación, debemos cambiar leyes y sería importante empezar
a utilizar esta nomenclatura.

Tal como tenemos recogida en nuestra
legislación la violencia de género, en la Ley 1/2004, que es una buena
ley, que se aprobó por unanimidad en el Congreso, que fue la primera ley
integral contra la violencia de género en Europa, en algunos aspectos se
ha quedado obsoleta, porque hemos ido abundando en el concepto género.
Antes, cuando se hablaba de género se hablaba de género únicamente desde
el punto de vista biológico, y en estos momentos hablamos de género desde
el punto de vista de cómo se entiende cada uno. Por tanto, tenemos que
afrontarlo desde el punto de vista transgénero, cisgénero, de las
personas no binarias..., la perspectiva es mucho más amplia y debemos
abrir fronteras. Por eso nosotros insistimos. Nos dicen que no hay una
ley española que justifique que podamos poner violencia machista. Yo les
pido que, en todo caso, lo podamos introducir en el preámbulo. Creo que
sería una manera de empezar a trabajar en este sentido. Nosotros hemos
presentado iniciativas para modificar esta Ley 1/2004. Sabemos que no es
un tema fácil, pero no por ello tenemos que dejar de abordarlo, porque,
si no, estamos dejando a muchas personas, a muchas mujeres fuera. Y esto,
a efectos prácticos, supone que, aunque las comunidades autónomas están
haciendo un esfuerzo y están legislando muchas veces más allá de lo que
está legislado a nivel estatal, si, por ejemplo, una mujer es violada,
pero no por su pareja o su expareja, en el caso de Cataluña, en lugar de
poder ir a los juzgados de violencia de la mujer —donde se ha hecho
un esfuerzo por preparar a esos profesionales para un acompañamiento
integral de la mujer— como nosotros tenemos estipulado que la
violencia de género solo es para violencia de la pareja o la expareja, a
esta mujer violada por alguien que no es su pareja o su expareja se le
niega poder acceder a estos juzgados de la mujer. Esos son los efectos
prácticos. No es una obsesión nuestra, sino que es necesario coordinar y
que una ley no entorpezca el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas
por dar servicios a todas las mujeres que sufren, que son víctimas de la
violencia de género.

Por nuestra parte, les pedimos que den apoyo a
estas enmiendas, que creemos que no distorsionan para nada el objetivo
del texto, que no confunden, al contrario, lo que hacen es profundizar en
algunas de las problemáticas a las que todavía debemos hacer frente.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Antes de que abandone el atril, ¿la enmienda
número 88 del senador Clavijo Batlle la dan por defendida o intervendrá
algún otro integrante del Grupo Nacionalista?

La señora RIVERO SEGALÀS: SÍ, la damos por
defendida.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, para el debate de las
enmiendas 89 a 93 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias,
presidenta.

Nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas a
este proyecto de ley, cuatro de adición y una de modificación, que
creemos que es importante que se incorporen al texto final. Una enmienda
de adición al artículo 8 para pedir el aumento de los recursos
disponibles por parte de las comunidades autónomas en la lucha contra la
violencia machista, ya que es necesario para poder reforzar las
dotaciones de profesionales y servicios sociales a disposición de las
víctimas.

Una enmienda de modificación al artículo 7 para
incluir los entes locales en el régimen aplicable a los remanentes no
comprometidos afectados al Pacto de Estado en materia de violencia de
género. Con esta inclusión se evita la exclusión de las administraciones
más cercanas a las mujeres víctimas de violencia machista y se brinda
apoyo a las administraciones que presencian la realidad directamente de
forma más específica y concreta y, en consecuencia, pueden dar respuestas
más eficaces.

Una enmienda de adición al artículo 6 para
asegurar la perdurabilidad en el tiempo de las medidas de prevención,
pues la violencia machista no finalizará con el fin del aislamiento
domiciliario o el estado de alarma, por desgracia. Asimismo, debe dotarse
de todos los recursos necesarios a las competencias autonómicas para
asegurar la realización efectiva y completa de todas las campañas.

Y dos enmiendas de adición al artículo 1 para
garantizar que todas las mujeres estén protegidas por esta ley.

La primera, para garantizar que todas las
medidas adoptadas en la presente ley se aplicarán con especial atención a
las especificidades interseccionales que presenta la violencia de género.
Por ende, las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley
incluyen menores de edad, mujeres cisgénero, mujeres transgénero y
transexuales, no binarias o de género fluido, que puedan ser leídas
socialmente como mujeres.

La segunda enmienda, para especificar que las
mujeres trans que no tienen la mención de sexo registrada como mujer en
la documentación oficial se equiparen a las mujeres que han sufrido la
misma violencia, a los efectos de los derechos establecidos por esta ley,
siempre que se reconozcan como mujeres y que una peritación judicial a
cargo de un o una trabajadora social determine que la socialización como
mujer ha sido relevante en la violencia que se ha ejercido sobre
ellas.

Ninguna de dichas enmiendas fue aprobada en la
ponencia, y aunque creemos que todas las enmiendas son importantes, hay
dos que, en nuestra opinión, son imprescindibles: las que tratan de poner
un poco de luz al artículo 1. En la sesión de ponencia ya hablamos sobre
estas enmiendas y se creyó oportuno no hablar del tema, porque según el
PSOE todas las mujeres ya están incorporadas en el artículo 1 de dicha
ley dentro de la palabra interseccional. Pero no. Hay mujeres que siguen
quedando fuera, porque en sus documentos oficiales aún no consta un
nombre de mujer y el sexo femenino.

Creo que es importante que les lea de nuevo qué
pedimos en nuestro grupo. Pedimos que se incorpore un nuevo artículo en
el que las mujeres trans que no tengan la mención de sexo registrada como
mujer en la documentación oficial se equiparen a las mujeres que han
sufrido la misma violencia a los efectos de los derechos establecidos por
esta ley, siempre que se reconozcan como mujeres y que una peritación
judicial a cargo de una trabajadora social o trabajador social determine
que su socialización como mujer ha sido relevante en la violencia que se
ha ejercido sobre ellas. Es decir —para que lo entendamos—,
que aunque en el DNI ponga aún nombre de hombre, si una mujer trans
recibe violencia sea tratada como víctima de violencia machista. Y si se
aprueba esta ley, las va a dejar fuera.

Sabemos —y ya lo dijimos en
Comisión— que abrir según qué debates puede ser complicado, pero
tenemos la obligación de legislar para proteger a todas las mujeres,
todas, en mayúsculas, se llamen Fernando o se llamen Carmen. Creo que es
un gran primer paso para empezar, ya que no podemos seguir dando la
espalda al colectivo trans. Les propusimos una transaccional para incluir
la orientación sexual, identidad o expresión de género, pero tampoco lo
vieron conveniente ni correcto. Así que les pido que reflexionen para no
cometer el error de modificar una ley para proteger a las mujeres
víctimas de violencia machista y dejarnos por el camino a las mujeres
trans que sufren la misma violencia por el hecho de ser mujeres.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular números 14, 15, 17, 19, 20, 22 a 24, 26 a 32, 34
y 35, tiene la palabra la senadora Rodríguez Calleja.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidenta.

El Grupo Popular ha presentado un total de
veintitrés enmiendas. Dos de ellas se incorporaron en la ponencia, una se
transaccionó con el resto de grupos y otras dos, sorprendentemente,
fueron retiradas por la Mesa del Senado, sin posibilidad de ser
debatidas. Y aunque en nuestro grupo parlamentario hemos solicitado que
se reconsiderara esta inadmisión y pudieran quedar vivas para su debate
en este Pleno, no ha sido posible. Se trataba de la enmienda 25 y la 16,
que hablaban de las nuevas formas de violencia que se dan a través de
Internet, la ciberdelincuencia o el ciberacoso. Y no entendemos por qué
en el Congreso han podido ser debatidas y en el Senado no han sido
admitidas. Será que la ministra no lo ha explicado lo suficiente o, si
no, explíquennos para qué nos hemos gastado el dinero en estudios que ha
realizado la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, como el que lleva por título literal: El ciberacoso como forma de
ejercer la violencia de género en la juventud; para que luego estas
enmiendas o las enmiendas en este sentido se considere que están fuera
del ámbito de aplicación de la ley. No se explica muy bien,
señorías.

No obstante, todas las enmiendas que el Grupo
Popular ha presentado y que se han quedado vivas para este Pleno, se han
trabajado con intención de mejorar el texto de la ley, aunque, con toda
sinceridad, les decimos que esta costumbre que han adoptado ustedes de
tramitar todos los procedimientos en esta Cámara con carácter de
urgencia, impide que podamos trabajar con la capacidad de estudio y
reflexión necesarias para cualquier asunto. Nos habría gustado contar con
más tiempo para haber podido aportar más. Además, debemos decir que este
difiere totalmente con el argumento y la filosofía de la presidenta de la
Comisión de Igualdad, cuando se constituyó, que nos pedía que fuésemos
capaces de mantener debates largos, pausados y ricos para alcanzar
importantes consensos.

Por lo tanto, señorías, decimos alto y claro:
menos trámites de urgencia y más dejar que esta Cámara haga su trabajo
como le corresponde, pues la urgencia debe ser algo puntual y no la
generalidad, que es lo que está haciendo este Gobierno con todo: urgente,
opaco, sin apenas debate, y siempre siempre sin dar la cara. (Aplausos).
Y, aun con estas prisas, quisiera agradecer el trabajo de todos los
grupos en ponencia y en comisión, donde, como ya he dicho, se admitieron
algunas enmiendas y se transaccionaron otras, que a nuestro juicio,
mejoran el texto remitido por el Congreso.

Procedo a exponer las enmiendas, que doy por
defendidas en su totalidad, pero hay algunos aspectos que me gustaría
desarrollar en esta intervención. Hay un bloque importante de estas
enmiendas —como nos consta y aquí se ha dicho por otros
grupos— que han sido fruto de la labor de escucha a colectivos de
mujeres que por razón de discapacidad son más vulnerables. Desde aquí
también me sumo a ese agradecimiento a Cermi Mujer. Señorías, lo hemos
reiterado en esta comisión y en sesiones plenarias por activa y por
pasiva. Existe un compromiso firme de este grupo parlamentario con las
personas con discapacidad, especialmente, si son mujeres, por la múltiple
discriminación a la que están sometidas, así como con la defensa de las
mujeres que viven en el mundo rural.

Algunas enmiendas de este bloque, que han
quedado vivas, se votarán hoy en el Pleno y esperamos que puedan
incorporarse. Son pequeños apuntes que dan visibilidad a un colectivo
especialmente vulnerable y creemos que merecen ese esfuerzo por nuestra
parte. Y la verdad es que no entendemos la negativa del Grupo Socialista
a aceptar algunas de estas enmiendas, también las que hacíamos en el
preámbulo. Ya sabemos que no tienen fuerza jurídica ni son alegables ante
los juzgados, pero, ¿no defienden ustedes que el lenguaje es muy
importante? Nosotros también lo decimos. Lo que ocurre es que ustedes
solo defienden el lenguaje no sexista. Lo defienden tanto que lo llevan
ustedes al extremo, usando palabras que no están reconocidas por la RAE.
Ya saben a qué me refiero: miembros, miembras, portavoces, portavozas.
Incluso son capaces de llevarlo al absurdo, como cuando la ministra se
refirió a los altos cargos y a las altas cargas. En aquel momento no lo
entendíamos muy bien, pero hoy sabemos que la ministra se refiere a alta
carga cuando habla de su niñera —que no es niñero—, y la
pagamos entre todos y todas. (Aplausos).

Sin embargo, olvidan que hay otro tipo de
lenguaje, el que es inclusivo, el que se usa para dar visibilidad, en
este caso, a mujeres que lo tienen más difícil. Y, en ese sentido, y con
esa finalidad, presentamos enmiendas como la número 26, para garantizar
la acogida de víctimas y sus hijos en riesgo, usando establecimientos de
alojamientos turísticos, garantizando su accesibilidad; o la 29, donde
solicitamos que los protocolos de asistencia, atención y acogida sean
accesibles para mujeres con discapacidad y que les incluyan en la red de
servicios; o la 30, donde hablamos de los medios telemáticos, que también
deben ser accesibles. ¿Y saben por qué es importante que figure así y no
solo en el primer párrafo del artículo 1, como ustedes defienden? Porque
ni todas las campañas, señorías, ni los medios telemáticos, ni los
servicios de acogida, ni las instalaciones, son accesibles para todas las
mujeres. Esa es la realidad y por eso importa que quede recogido
expresamente en la ley.

Otro bloque de enmiendas corrige, a nuestro
juicio, cuestiones importantes. También decía la portavoz del Grupo
Socialista en la comisión que debíamos agradecer el buen hacer de tantos
y tantos profesionales que trabajan con las mujeres víctimas de violencia
de género. En nuestro grupo también nos sumamos a esa felicitación. Pero
esta ley, en lo que se refiere a los profesionales que deben prestar sus
servicios necesariamente de forma presencial, ¿saben ustedes lo que le
dedica esta ley en su artículo? Pues a esos trabajadores que están al pie
del cañón les dicen, prácticamente, que se pongan gel hidroalcohólico y
que usen mascarillas. Imaginamos que se refieren a las mascarillas
quirúrgicas, que son las únicas que tienen el IVA superreducido. A
ustedes no les parece interesante que se tengan en cuenta como personal
prioritario en los protocolos de vacunación, que es lo que nosotros
proponíamos, y alegan que no es competencia del Gobierno. No nos extraña,
pues, efectivamente, el Gobierno se ha desentendido del plan de
vacunación, a pesar de lo que dijo el presidente Sánchez ayer aquí, en
esta misma Cámara. Suponemos que ese plan estatal se refiere única y
exclusivamente a esas gigantes pegatinas que venían en la primera toma de
las vacunas de Pfizer. No existe, señorías, ni se han molestado en
trabajar en un plan de vacunación estatal, que es lo que hemos solicitado
en el Partido Popular.

La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya a la
cuestión.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Y, por eso, no
pueden ustedes incluirlo ni en esta ley ni en ninguna.

Otra enmienda importante es la que se refiere a
los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Pedimos que
los ayuntamientos y las comunidades puedan destinarlo a aquello que
consideren necesario.

Y, por último, hemos registrado una enmienda
que propone la inclusión de una nueva disposición adicional, en la que
solicitamos un informe de seguimiento sobre las actuaciones de carácter
urgente que se han llevado a cabo durante el periodo de duración de la
pandemia, y que este informe se remita tanto al Congreso como al Senado.
Sabíamos que ustedes no lo iban a apoyar, porque eso de la transparencia
y de rendir cuentas parece que no va con el Gobierno. Lo que no
entendemos es que el resto de grupos no acepte esta enmienda, pues está
en el ámbito de nuestras competencias, como grupos de la oposición,
controlar la acción del Gobierno, y para poder hacerlo, señorías, debemos
contar con toda la información que esté a nuestra disposición.

Defendemos estas enmiendas porque consideramos
que mejoran y actualizan el texto que ha llegado hasta nosotros, con
demasiado urgencia y un tanto obsoleto en algunas cuestiones, pero no por
ello deja de ser muy necesario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Algún grupo hará uso del turno en contra a las
enmiendas? Tiene la palabra la senadora Agudíez.

La señora AGUDÍEZ CALVO: Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo a todas y a todos.

Para el Partido Socialista la igualdad y la
lucha contra la violencia de género es el eje central de nuestra acción
política y es, ante todo, un compromiso con las mujeres víctimas de
violencia machista y sus hijos e hijas; compromiso con la defensa de los
derechos de las mujeres a su integridad, seguridad, libertad, y a una
vida libre de violencia. Porque las mujeres nos queremos vivas, libres y
sin miedos. Frente a los que niegan la violencia machista, unidad total,
ayer en el Congreso y hoy en el Senado. Este, señorías, es el camino.
(Aplausos).

Y este compromiso debe ser firme y efectivo de
todos los partidos, de todos los gobiernos, administraciones, organismos
y entidades profesionales y sociales que trabajan e intervienen en los
diferentes ámbitos de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Este es el objeto de la Ley de medidas urgentes en materia de protección
y asistencia a víctimas de violencia de género, que vamos a aprobar en
esta Cámara, para llevarlo al BOE con rango de ley. Y no les quepa
ninguna duda de que tenemos por delante tres años más de legislatura para
seguir avanzando en igualdad y contra las violencias machistas.

No voy a entrar en debates estériles, porque
nuestra respuesta hacia los cobardes machistas, maltratadores, debe ser
unánime, sin la más mínima fisura, tal y como estamos haciendo hoy en
esta Cámara. Y no hay nada más urgente que esta ley, porque estamos
hablando de salvar vidas, las vidas de las mujeres.

El presente Proyecto de ley de medidas urgentes
en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia de género,
procedente del Real Decreto Ley 12/2020, de 31 de marzo, adopta una serie
de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de protección y
asistencia a víctimas de violencia de género en un contexto excepcional
como el que estamos viviendo, derivado de la pandemia. Este es el
objetivo de la ley, que no se nos olvide. Este es el objetivo de la
ley.

Por lo tanto, esta ley establece las medidas
organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios
destinados a la protección y asistencia a las víctimas de violencia de
género y a sus hijas e hijos, así como la adaptación y accesibilidad de
las modalidades de su prestación, eliminando los obstáculos que puedan
dificultar o imposibilitar el acceso a los medios habituales de
asistencia integral, comunicación y denuncia de las situaciones de
violencia de género. De ahí su importancia. Y en el Grupo Parlamentario
Socialista queremos destacar que, gracias a la consideración de todos los
servicios de asistencia integral como servicios esenciales y gracias al
Plan de contingencia contra la violencia de género, se ha logrado el
normal funcionamiento de los mismos: los dispositivos de información 24
horas, la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación
de riesgo, los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y
alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata, y la
asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no
presencial.

Los datos, como decíamos anteriormente,
ofrecidos por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género,
son terribles. Durante el confinamiento se incrementaron un 232 % las
consultas online al servicio 016, que recibió el año pasado 78 000
llamadas, 10 000 más que en el año anterior. Ha aumentado de manera
especial la violencia de control. Se ha incrementado la demanda de
ATENPRO; el número de dispositivos de alojamiento; y también subieron las
visitas a la web de recursos activos. Son una pequeña muestra de los
datos que nos indican que era fundamental este Real Decreto 12/2020, que
hoy elevamos a rango de ley. Recordemos que dicho texto fue aprobado por
todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en la Comisión de Igualdad,
celebrada con fecha 27 de enero de 2021.

Cabe destacar que, gracias a esta ley, también
se ejecutan medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos
del Pacto de Estado contra la violencia de género para habilitar la
financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades
autónomas, y así hacer frente a las necesidades en materia de violencia
de género derivadas de la declaración del estado de alarma.

Aun así, y siendo un texto altamente
consensuado en el Congreso y siendo una ley eminentemente técnica, se han
presentado noventa y tres enmiendas al texto: veintitrés, del Grupo
Popular; cinco, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; catorce, de Izquierda Confederal; treinta y nueve, del
Grupo Parlamentario Nacionalista y doce, del Grupo Mixto. La mayoría de
estas enmiendas se refieren a la accesibilidad, interseccionalidad,
factores de riesgo y vulnerabilidad, que ya están recogidas en el
artículo primero de la ley, que ya fue transaccionado en el Congreso por
el Partido Socialista, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y Partido
Republicano, incluyendo en dicho artículo que cuando, además, se
enfrentan discriminaciones interseccionales, se garantizará la
accesibilidad de los derechos previstos en esta ley para todas las
mujeres, repito, para todas las mujeres, independientemente de su etnia,
nivel socioeconómico, edad, estatus migratorio, diversidad funcional,
discapacidad, situación de dependencia, lugar de residencia o cualquier
otra discriminación que redunde en la discriminación descrita, por lo que
en este artículo, y con las enmiendas que ya aceptamos en la ponencia, ya
están recogidas también las propuestas de Cermi Mujer.

Otro bloque de enmiendas, un número importante,
concretamente dieciocho, del Grupo Nacionalista, versan sobre la
terminología empleada en la ley, violencia de género, que pretenden
sustituir por violencias machistas. Y sabe, señora Rivero, que no las
hemos aceptado porque no hay legislación internacional ni nacional que
utilice la nomenclatura que ustedes proponen, y eso que usted ha visto
que en mi discurso también utilizo ese lenguaje de forma habitual. Pero
el Convenio de Estambul habla de violencia contra las mujeres, y nuestra
normativa vigente, la Ley 1/2004, de medidas de protección contra la
violencia de género y nuestro Pacto de Estado contra la violencia de
género, también. Por eso, en la actualidad, esta es la terminología que
debemos utilizar —violencia de género— y acuñar en este texto
legislativo, porque la violencia machista sí tiene género.

Hay otro bloque de enmiendas sobre el reparto
de los fondos, algunas compartidas por varios grupos, para proyectos
destinados a mujeres con discapacidad u otros colectivos vulnerables,
proyectos que entendemos que son necesarios. Tanto es así, y ustedes lo
saben, que en los fondos del pacto de Estado ya se prevén medidas para
los colectivos más vulnerables, y el objeto de esta ley es permitir
excepcionalmente el uso de los fondos para proyectos destinados a paliar
las consecuencias de la pandemia en las víctimas de violencia machista. Y
ha habido total consenso con las comunidades autónomas en las reuniones
mantenidas y, además, se han tenido en cuenta sus aportaciones. Estos
fondos se han aumentado en los Presupuestos Generales del Estado, por lo
que ya está recogido en los presupuestos, a lo que se refería alguna
enmienda.

En cuanto a la número 32, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre vacunaciones, tengo que decir a la portavoz
que claro que consideramos necesaria la vacunación prioritaria del
personal que presta atención integral a las víctimas, pero su inclusión
en un texto con rango de ley no se considera el instrumento adecuado.
Tienen que ser las comunidades autónomas las que en sus planes de
vacunación así lo articulen. ¿O es que, señora portavoz del PP, no se fía
de las comunidades gobernadas por su partido? (Rumores). No me extraña,
en Castilla y León aún desconocemos el plan de vacunación. Eso sí,
sabemos que han vacunado a las monjas antes que a las personas
dependientes no institucionalizadas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A la cuestión,
señoría.

La señora AGUDÍEZ CALVO: En cuanto a las doce
enmiendas presentadas por Vox, solo he de decirles que desvirtúan todo el
proyecto de ley y obvia el carácter estructural de la violencia
machista.

En resumen, y como ya hemos mantenido sendos
debates en la Ponencia y en la Comisión de Igualdad, termino diciendo que
mi grupo parlamentario aceptó la enmienda 70, del Grupo Nacionalista, de
adición del artículo 9.2, para incluir la mención a los cuerpos de
policía autonómicos, y la enmienda 79, del GPIC, similar a la 21, del
Partido Popular, que fue transaccionada. Asimismo, se aprobó por
unanimidad el informe de la ponencia con la incorporación de las
enmiendas 13 y 33. El resto de las enmiendas no las aceptamos por los
motivos anteriormente expuestos.

Para terminar, de verdad, agradezco el clima de
entendimiento, el diálogo, el consenso, y el trabajo de las y los
ponentes: Ander Gil, Josefina Bueno, Dolores Etxano, Eduardo Fernández,
Beatriz Martín, Adelaida Pedrosa, Patricia Rodríguez, Elisenda Pérez,
Teresa Rivero y Carlota Santiago. Y, como ya dije en la Comisión,
agradezco el asesoramiento de la letrada, Clara Garrido.

Concluyo, presidenta. Para mí, como trabajadora
social, ha sido todo un honor ser ponente en esta ley y legislar para
erradicar la violencia machista de nuestra sociedad, porque la violencia
machista es la máxima manifestación de la desigualdad y es incompatible
con nuestra democracia. Y termino como empecé: frente a los que niegan la
violencia machista, unidad total. Ayer, en el Congreso, hoy en el Senado,
y construyendo juntos y juntas una sociedad sin violencia de género, por
ellas, por todas.

Y permítanme terminar mostrando el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista a la alcaldesa del municipio canario de
Ingenio, Ana Hernández, que ayer sufrió en el Pleno agresiones verbales
por parte de un concejal. (Aplausos). Las mujeres estamos hartas, hartas,
de estas violencias machistas y personas así, créanme, no deben seguir
como representantes públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, intervendrá, en primer lugar, el senador Fernández
Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.

Este proyecto de ley, que deriva de un real
decreto, era necesario en su momento y lo es hoy en día. La protección de
las víctimas de la violencia de género es imprescindible y mucho más lo
fue en plena pandemia, estando vigente el primer decreto de alarma,
cuando las situaciones que se vivieron en algunos casos fueron
extremas.

La violencia de género es una lacra con la que,
a pesar de todos los esfuerzos, no paramos de toparnos en nuestro día a
día. Lamentablemente, es habitual que recibamos informaciones casi a
diario de casos de violencia machista en nuestro país. Estos
comportamientos detestables, producidos en plena pandemia, podrían
alcanzar en el contexto de la misma y el confinamiento general una
intensidad aún más difícil de soportar por parte de las víctimas.

En este sentido, todos convendremos en que ni
la pandemia ni la parálisis en la que quedó sumido el país debían suponer
una disminución de los esfuerzos públicos por dar apoyo y protección a
las mujeres víctimas de violencia machista, que, en muchos casos, se
vieron inmersas en situaciones de vulnerabilidad, ya fuera por la
aparición de comportamientos machistas en su entorno o por la dificultad
de recibir aquel soporte que hasta entonces habían recibido cuando
previamente habían sufrido este tipo de violencia.

Es el deber de las administraciones públicas
velar por la integridad y los derechos de toda la sociedad y, en
especial, de los colectivos más vulnerables. Por ello, el refuerzo y la
reorganización de la atención a las víctimas de la violencia de género es
en estos tiempos un deber inexcusable e inaplazable. En esta situación
nos parecen adecuadas y certeras las medidas planteadas para poner en
marcha, tanto en lo que se refiere a sus objetivos como en lo centrado en
la dotación presupuestaria para su ejecución. Todas las medidas, y más
aquellas de vital importancia, requieren de una dotación económica
suficiente, y en el Partido Regionalista de Cantabria consideramos que el
Gobierno tiene que seguir teniendo en cuenta esta cuestión.

En definitiva, el Partido Regionalista de
Cantabria ve en esta iniciativa una herramienta imprescindible para
garantizar la integridad y los derechos de las víctimas de violencia de
género, en cualquiera de sus vertientes, en estos tiempos de pandemia.
Consecuentemente, y como no podía ser de otra forma, daremos nuestro
apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la
palabra el senador Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta. Señorías, muy buenos días.

Permítame que mis primeras palabras sean de
recuerdo y cariño hacia una mujer que en este momento se está debatiendo
entre la vida y la muerte en el complejo hospitalario de Navarra, tras
sufrir una agresión hace unos días en la localidad navarra de
Azagra.

Señorías, para Unión del Pueblo Navarro la
violencia hacia las mujeres es una lacra, un grave problema social, una
lacra que nos humilla y también nos debe atañer a todos, hombres y
mujeres. Por lo tanto, estamos obligados a intervenir, a denunciar, a
manifestar en nuestra conducta, tanto individual como colectiva, el
rechazo al maltrato frente a los maltratadores, pero, sobre todo, tenemos
que prevenir, y prevenir es educar a nuestros hijos en igualdad y
diversidad. Deben aprender a disfrutar de la diferencia y a saber que la
discriminación, de cualquier índole y de cualquier característica, mata.
Nuestro compromiso es trabajar por erradicar la violencia hacia las
mujeres, y lo manifestamos fundamentalmente en tres direcciones. La
primera de ellas, el apoyo incondicional hacia las víctimas; en segundo
lugar, la exigencia y el apoyo también al sistema judicial, para que
pueda disponer de los medios necesarios que garanticen la protección de
las víctimas y, en tercer lugar, el establecimiento de los recursos
suficientes y necesarios por parte de las administraciones públicas para
cubrir las necesidades de las víctimas.

También tenemos muy claro en Unión del Pueblo
Navarro que la principal batalla hay que darla en el marco del sistema
educativo. La educación es un instrumento fundamental para la igualdad, y
lo es desde la familia y también desde la escuela, inculcando el
aprendizaje de los valores fundamentales para vivir en sociedad, y muy
especialmente de valores donde no tengan ningún tipo de cabida ideas y
creencias que apuntalen la desigualdad a través de la promoción o
imposición de estereotipos y roles diferenciados en función del sexo.
Todo ello, y fundamentalmente referido a la escuela, alejado de cualquier
tipo de pretensión de adoctrinamiento o de la imposición de la ideología
de género.

Señorías, la violencia no solo destruye vidas,
sino que también socava el desarrollo y el progreso de toda la sociedad y
supone unos costes humanos y económicos incalculables e irreversibles. Se
trata de un fenómeno universal, de gran envergadura, que exige una
atención integral, con la finalidad de combatir, prevenir esta forma de
violencia y, en definitiva, erradicarla, y para ello es imprescindible
actuar desde la promoción de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Frente a la lacra de la violencia de género, se hará especial
hincapié en la prevención, en la detección de las situaciones y en la
protección de las víctimas. Hablar de violencia de género, señorías,
también es hablar de las otras víctimas de la violencia de género, que
son los menores, los hijos y las hijas de las mujeres que padecen esta
violencia, y ellos también precisan de nuestra atención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado, en este
turno de portavoces, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
presidenta.

Señorías en Junts per Catalunya vamos a dar
apoyo a este proyecto de ley que procede del Real Decreto Ley 12/2020,
pues se trataba de dar respuesta urgente a la especial vulnerabilidad de
las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia. Ha sido
mucho el esfuerzo de las comunidades autónomas para continuar prestando
los servicios de atención en ese escenario de confinamiento y
limitaciones pandémicas. Vamos a dar apoyo a este proyecto de ley. Nos
van a encontrar a los hombres y mujeres de Junts per Catalunya en la
unidad contra aquellos que niegan la violencia de género.

Celebramos que la portavoz del PSOE invitara a
la causa a todas las mujeres y nos gustaría también que trasladara a la
vicepresidenta Calvo que, efectivamente, el feminismo es de todas las
mujeres y también de todos los hombres; no solo de las mujeres
socialistas. Con intervenciones como la de la vicepresidenta Calvo
perdemos todas. Además, se permitió algo aún peor, se permitió hacer
electoralismo y partidismo de la violencia de género en plena campaña en
Cataluña, haciendo referencia a los fondos del pacto de Estado con
objetivo electoralista. Eso es lo que no debemos hacer. Los pactos de
Estado son pactos de Estado por algo, para que todos nos pongamos
uniformemente al servicio de lo que están hechos los pactos de Estado.
Por ello, cuando venimos aquí y hacemos estos discursos contra la
violencia de género y, además, nos permitimos autoaplaudirnos, cuando
cada vez que empieza a este Pleno tenemos que guardar minutos de silencio
por las víctimas de género, nos lo tendríamos que hacer mirar, porque yo
creo que nos deberíamos aplaudir cuando consigamos que no haya víctimas,
tener víctimas cero. Mientras tanto, creo que, por respeto, por buenos
que creamos que sean los discursos de cada uno, tendríamos que dejar de
vitorear y aplaudirnos —y me incorporo en el discurso—,
porque no lo estamos haciendo suficientemente bien, porque tenemos mucho
trabajo todavía por hacer.

Usted me dice que no hay leyes nacionales e
internacionales, pero el Convenio de Estambul está aprobado en este
Estado desde 2014, y el Convenio de Estambul dice que la violencia de
género es cualquier violencia que se ejerce sobre la mujer por ser mujer.
Y en la legislación española nosotros esto lo tenemos acotado solo a la
pareja y a la expareja, y han pasado casi ocho años desde que tiene
vigencia este convenio. Por tanto, no lo estamos haciendo bien. Tenemos
que trabajar aún más.

Vamos a dar apoyo a este proyecto de ley, y nos
van a tener a su lado para cualquier tema que tenga que ver con la
erradicación de esta lacra de la sociedad, pero la misma exigencia que
tienen para con los demás aplíquensela para con ustedes, porque que una
vicepresidenta del Gobierno diga lo que se permitió decir la señora Calvo
es dar muchos pasos atrás respecto de la lucha de muchas mujeres. Y sí,
seguramente las socialistas se lo han currado, pero saben, señorías,
quienes se lo curran realmente son las mujeres víctimas de violencia de
género para dejar de ser víctimas y ser supervivientes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, en turno de portavoces, intervendrá el senador Fernández
Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora
presidenta.

La violencia machista era, sin duda, uno de los
problemas más graves que existían en nuestro país antes ya de la
pandemia. Desde luego, las cifras de mujeres que sufren violencia
machista son escandalosas para cualquier democracia avanzada, y la
pandemia ha hecho que muchos de los problemas que eran urgentes atender,
de repente pasaran a un segundo plano. En ese sentido, creemos que las
instituciones no podían dar la espalda al sufrimiento de miles de mujeres
en circunstancias excepcionales que exigían poner todos los recursos
necesarios a disposición de las víctimas de violencia machista,
especialmente en una situación en la que eran especialmente vulnerables
como resultado de las medidas de confinamiento que hemos tenido que
adoptar todos y todas.

Sabemos que una de las vías que establecía la
Ley de género de 2004 para la prevención e intervención de la violencia
machista era la vía sanitaria a través de los médicos de familia, que
cuentan con protocolos de actuación para detectar casos de violencia
machista. Sabemos, por ejemplo, que este recurso, como consecuencia de la
pandemia, iba a dejar de utilizarse, y esto es un simple ejemplo de por
qué era importante establecer medidas específicas durante el
confinamiento ante esa situación excepcional de la que hablaba.

En lo que respecta a la situación derivada de
esta emergencia sanitaria, sabemos que el confinamiento ha supuesto un
verdadero suplicio para las mujeres víctimas de violencia machista.
El 70 % de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja
afirmaban antes de la pandemia que los episodios de violencia les han
producido alguna consecuencia psicológica. Podemos imaginar que las
consecuencias psicológicas de convivir con tu agresor durante un encierro
domiciliario prolongado por más de dos meses, como el que hemos visto en
nuestro país, han sido muchísimo mayores. Sabemos también que el
confinamiento aumentó la violencia machista. Durante esta pandemia las
restricciones, si bien estaban, como digo, absolutamente justificadas, se
han enfocado siempre a los núcleos de convivencia o a la unidad familiar,
y muchos de esos hogares no representan un refugio, sino más bien casi
una sala de tortura psicológica y física, dependiendo de quién sea tu
acompañante. Si bien las cifras de asesinatos por violencia machista han
descendido en 2020, las llamadas al 016 se incrementaron el pasado mes de
abril en un 60 % con respecto a las que se registraron en el mismo mes
del año anterior, y en lo que se refiere a las consultas online, las
cifras registraron un importante ascenso y se incrementaron en un 586 %
ese abril con relación al mismo mes del año anterior. Si en abril de 2019
las consultas fueron 43, entre el 1 y el 30 de abril alcanzaron las 252
consultas.

Por todo esto era fundamental sacar adelante
una serie de medidas que hicieran frente a esta situación y, por supuesto
también, era necesario que en su posterior tramitación como proyecto de
ley contara con el aval, la mejora y el trabajo de todos los grupos. En
ese sentido, es una buena noticia que se haya conseguido mejorar el texto
y llegar a acuerdos que eran totalmente necesarios. Esta ley era un
decreto de medidas urgentes y, como tal, no puede abordarlo todo. Hay
algunos aspectos que han salido en el debate de hoy, pero probablemente
no era el momento o la ocasión idónea para ser abordados, aunque nosotros
sí compartimos algunas de las cuestiones que se han comentado aquí.
Creemos que, efectivamente, hay que revisar la nomenclatura en cuanto a
violencia de género para pasar a hablar de violencias machistas. Creemos
que, efectivamente, es algo más acorde con el Convenio de Estambul, que
entiende violencia contra la mujer cualquier violencia que se ejerce
contra la mujer por el hecho de ser mujer, independientemente de si es en
el ámbito de la pareja o fuera de ella y, por tanto, nuestra legislación
va a tener que adaptarse.






Si no era esta la ocasión, instamos al Gobierno
a que dé los pasos necesarios para que cuanto antes se aborde en el resto
de agenda parlamentaria de esta legislatura.

Lo mismo con respecto a las cuestiones que
afectan a las mujeres trans, a las que ha hecho referencia la portavoz de
Esquerra. Es evidente que debemos tener un debate para que esta cuestión
avance. Si no era en esta ocasión, razón de más para que saquemos
adelante esa ley trans, que está paralizada y en una situación que no se
puede prolongar en el tiempo, porque es urgente que se acabe con la
patologización que imponía la Ley de 2007; es urgente que no se requiera
un proceso hormonación largo y tedioso, que provoca sufrimiento a las
personas trans, cuando eso les está impidiendo acelerar un trámite que
necesitan para sus vidas. Por tanto, esa ley de 2007 tiene que ser
actualizada urgentemente.

Si tenemos la sensación de que, en realidad, la
agenda legislativa está paralizada por una especie de pugna en el
interior del Gobierno y que tiene más que ver con meterse el dedo en el
ojo entre los distintos socios de Gobierno, haremos un mal negocio cuando
lo que tenemos que hacer es avanzar tanto en la ley de igualdad de trato
como en la ley de libertad sexual, ley trans, en la ley LGTBI o en la
reforma de la Ley de 2004 para transmitir que todas estas cuestiones que
hoy era necesario sacar adelante en esta iniciativa, pero que no hemos
conseguido abordar en profundidad, se aprovechen en esta legislatura y
sirvan para dar un salto importante porque, desde luego, hay números para
ello, y lo que hace falta es que consigamos alcanzar acuerdos necesarios
para ganar en derechos para todos y para todas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora Santiago
Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta. Voy a ser muy breve.

Lo único que quiero es reiterar el compromiso
de Ciudadanos para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de
género. Desde luego, no vamos a dar ni un solo paso atrás, y más en las
situaciones excepcionales por las que estamos atravesando con esta
pandemia. Por lo tanto, apoyaremos este proyecto de ley de medidas
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de
violencia de género, porque realmente lo único que importa son las
mujeres que están sufriendo esta lacra. Se lo debemos a millones de
mujeres que luchan cada día por sus derechos y, desde luego, señorías,
les insto a que trabajemos de nuevo juntos, a que trabajemos de nuevo en
ese diálogo y en ese consenso que mantuvimos durante toda la elaboración
del pacto de violencia de género.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on guztioi.

Nuestro grupo no ha presentado enmiendas,
tampoco lo hizo en el trámite del Congreso, y tal como hicimos tanto con
la convalidación del real decreto como con el proyecto de ley en el
Congreso, ahora votaremos afirmativamente, votaremos que sí a esta
ley.

Reconocemos que en el trámite de enmiendas se
ha mejorado el texto, sobre todo en los aspectos relativos a garantizar
los servicios y recursos, los derechos previstos en esta ley para
aquellas mujeres que enfrentan una discriminación interseccional.

Creo necesario e interesante, de todas maneras,
hacer un poco de memoria para recordar el momento en que nos
encontrábamos cuando se planteaba este real decreto. Nos tenemos que ir
casi un año atrás, cuando la pandemia de la COVID, de la que
desconocíamos prácticamente todo, lleva a distintas administraciones a
tomar muchas decisiones, entre ellas, con la declaración del estado de
alarma, el confinamiento de la población en sus casas, las restricciones
de movilidad salvo para las tareas esenciales y las recomendaciones de
teletrabajo. En este contexto, el real decreto venía a decir que no era
una cuestión de voluntad de cada administración, sino que los servicios
de información, asesoramiento, teleasistencia, asistencia social a
víctimas de violencia de género, los servicios de acogida de víctimas de
violencia y otras formas de violencia contra las mujeres eran esenciales
y venían a dar el mensaje a esas mujeres de que no estaban solas y que
contaban con los recursos si los necesitaban. Porque al inicio de la
pandemia, uno de los elementos centrales fue el mensaje absolutamente
contradictorio de quédate en casa, una medida de protección sanitaria que
trasladaba el mensaje de que la casa siempre es un lugar seguro. Esto es
algo que siempre ha sido cuestionado por las políticas de igualdad, algo
que ha sido cuestionado por el feminismo cuando se aborda la complejidad
de la violencia machista contra las mujeres, es decir, que los hogares
son en muchas ocasiones lugares de riesgo y peligro para las mujeres. En
plena pandemia, en una situación de confinamiento, el mensaje para una
mujer que se enfrenta a una situación de maltrato y que pasa 24 horas al
día con su maltratador, sin posibilidad de contacto cotidiano con los
círculos de apoyo que todas y todos tenemos —familia, amistades,
compañeras de trabajo—, sin posibilidad de desahogarse con alguna
persona de confianza, sin poder salir de casa, era que las
administraciones reforzaban sus recursos, y con esa declaración de
recursos esenciales ya estaban todos disponibles.

Como he dicho, con las enmiendas incorporadas
se ha mejorado el texto del proyecto de ley, pero no creo que podamos
quitarnos mucho del contexto en el que se plantea el real decreto y se
habla de este proyecto de ley.

En cuanto a las enmiendas que quedan vivas para
el Pleno, les avanzo que votaremos, lógicamente, en contra de las
enmiendas del Grupo Mixto, números 2 a 12, por estar totalmente en contra
de lo que proponen. Para el resto de enmiendas las agrupo, por un lado,
en aquellas que tienen que ver con la definición que damos a la violencia
que se ejerce contra las mujeres; por cierto, un debate que entiendo
necesario y que ya tarda mucho en entrar en esta Cámara. Si queremos
adaptar la legislación no solo al Convenio de Estambul, sino también al
pacto de Estado —uno habla de violencia contra las mujeres y la
otra habla sobre la violencia machista—, tendríamos que ir más allá
del concepto de violencia de género de la ley orgánica 1/2004, que hace
solo referencia a la pareja y expareja. Nosotras en Euskadi hemos optado
por la violencia machista contra las mujeres. En el anteproyecto de
modificación de la Ley de igualdad, donde incorporamos un capítulo
específico de las políticas integrales, hablamos de violencias machistas
contra las mujeres. Lo que queda claro es que el concepto de violencia de
género queda solo limitado al ámbito de la pareja o expareja, y que no es
suficiente. Por ahora es lo único, teniendo en cuenta la legislación
disponible a nivel estatal, que daría seguridad al texto jurídico, no así
el concepto de violencia machista, que encontraría, estoy segura, entre
las administraciones más reticentes a aplicar esta normativa una vía de
escape. En cualquier caso, una transaccional lo podría haber solucionado
poniendo violencia de género, que tal y como se define en el Pacto de
Estado es la violencia machista que se ejerce contra las mujeres, o algún
texto que nos lo garantizara. También tenemos que decir que muchas
comunidades autónomas han adaptado sus normativas al Convenio de Estambul
—en Euskadi así lo hacemos— y que sus servicios y recursos
atienden a las violencias interseccionales contra todas las mujeres.

Por otro lado, en relación con las enmiendas
que presentan varios grupos relativas a la accesibilidad a los distintos
servicios o recursos, repasadas nuevamente todas ellas, seguimos
considerando que están incluidas en el artículo 1, de declaración de
servicio esencial, aprobadas con un acuerdo amplio en una transaccional
de varias enmiendas que garantizan para aquellas mujeres que enfrentan
discriminación interseccional la accesibilidad a los derechos previstos
en la ley. En estos dos últimos bloques no apoyaremos las enmiendas no
porque no estemos de acuerdo, sino por los motivos expuestos. Creo que
esto da una idea de la ingente tarea que todavía nos queda por
hacer.

En cuanto al resto del proyecto, tal y como se
ha dictaminado por la comisión, votaremos a favor.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana EH-Bildu, intervendrá la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidenta.
Bon dia a tothom.

Como he dicho en mi turno de defensa de las
enmiendas, creo sinceramente que no estamos abordando todos los debates
que tenemos que abordar. En primer lugar, porque las leyes vienen al
Senado para tramitarse en tiempo récord, y es un poco complicado, y más
para los grupos pequeños, trabajar en ellas, presentar enmiendas,
poderlas debatir en una ponencia que no sea de dos horas y poder hacerlas
lo largas que sea necesario.

En segundo lugar, y que quede claro, este
proyecto de ley lo entendemos como necesario, imprescindible y urgente,
sin ninguna duda, ya que la situación que la pandemia ha provocado en la
violencia machista es muy preocupante, y más cuando escuchamos según qué
discursos repugnantes de quien niegan la existencia de una violencia que
ha acabado con la vida de 1081 mujeres. Pero también creemos que nos
estamos quedando a las puertas de la excelencia por miedo a ser
valientes. Dijimos en comisión que tenemos que abrir los debates
necesarios para no dejar a ninguna mujer fuera de la ley. Hay un dicho
muy antiguo que dice que lo que no está escrito no existe, así que
creemos necesario abrir el debate del colectivo trans de una vez por
todas. Nos han dicho diferentes personas que hoy no toca, pero nosotras
pensamos que sí, que en algún momento se tiene que abrir este debate,
porque este colectivo se lo merece.

Señorías, en Cataluña, el pasado 18 de
diciembre, y modificando la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho a las
mujeres a erradicar la violencia machista, se introdujeron en la ponencia
las mismas enmiendas que hoy hemos presentado para dar cobertura también
al colectivo trans. La votación resultó aprobada por unanimidad. Sus
partidos allí representados son mucho más valientes que ustedes. No es
hasta 2007 cuando en el Estado español se redacta la primera disposición
jurídica en virtud de la cual las personas trans son sujeto de derecho;
repito, 2007. Catorce años después, el Estado español sigue sin brindar
reconocimiento legal efectivo al colectivo. Partidos como el PSOE
—supuesto abanderado del progresismo del siglo XXI— ha
instrumentalizado la problemática hasta convertirlo en un elemento
político, ha transformado derechos fundamentales en monedas de cambio
electorales, en trastos que tirarse a la cabeza con sus socios de
Gobierno. Todo en este país pasa por la negación de las situaciones que
no les gustan a los grandes partidos españoles. En estas situaciones, sí
que se ponen de acuerdo en tiempo récord.

Tenemos mil ejemplos durante estos años en que
podemos ver alianzas antinaturales para no abrir debates pendientes,
debates necesarios para desarrollar todos los derechos y todo el Estado
de bienestar. Cuando la ciudadanía se cansa y alza la voz para quejarse,
no la escuchan. Olvidan la libertad de expresión y los criminalizan por
no tener miedo a decir lo que muchos pensamos. Puede que no les guste lo
que nos digan, pero somos cargos públicos y debemos entender que no todo
lo que hacemos lo hacemos bien, y que el pueblo tiene derecho a decirnos
lo que crean que tengan que decirnos. Cuando un colectivo como el trans
—para el cual nunca, repito, nunca se ha legislado
específicamente— se harta de esperar y alza la voz, no se le
escucha, se esconden detrás de sus propios miedos a entender que el mundo
cambia, que todas y todas cambiamos y que, sin duda, la sociedad avanza
más rápido que las instituciones y que no dejarán de existir por mucho
que ignoremos su existencia.

Defendemos que todas las iniciativas
legislativas sean inclusivas y contemplen todas las realidades. Esto
incluye también la realidad del colectivo trans. Señorías, es muy
peligroso que uno de los criterios para recibir ayuda pública relacionada
con la violencia machista pase por querer o no relacionarse con el
espectro del género binario. Es importante hacer reparaciones, pedir
perdón y otorgar derechos.

Las instituciones deben hacer justicia, es la
única manera de avanzar. El miedo que siente la izquierda tradicional de
este Estado promulga la exclusión del colectivo trans, a quienes
invisibilizan constantemente. Se debe legislar para todo el conjunto de
la sociedad; por lo tanto, la violencia machista contra el colectivo
trans también debe ser abordada e incluida en el presente proyecto de
ley; de no hacerlo, estarán dejando fuera a muchas mujeres que no verán
reconocidos sus derechos plenos. Es momento de abordar la discriminación
del colectivo, ahora más que nunca. Prueba de ello es que las medidas
urgentes del Gobierno dirigidas a combatir la violencia machista ha
obviado la violencia ejercida contra las mujeres trans. Aquí la mayoría
nos definiríamos como defensores de los derechos LGTBI, pero siguen
olvidándose de la T, y hoy lo van a volver a hacer. El derecho a la vida
es un derecho fundamental, y hoy estamos legislando porque nos queremos
todas libres, porque nos queremos todas vivas y no podemos dejar a nadie
atrás.

Nosotras, en Esquerra Republicana EH-Bildu,
queremos dejar claro de nuevo que siempre estaremos al lado de las que
luchamos para erradicar la violencia machista y de frente ante los que la
niegan y quieren acabar con el Estado del bienestar, pero también estamos
hablando de todas las mujeres que son víctimas de esta lacra. Así que
vamos a votar a favor de esta ley, aunque no incorpore las enmiendas que
creemos importantes, pero reafirmándonos de nuevo en que vamos a seguir
trabajando y luchando para que los derechos del colectivo trans sean de
una vez por todas una realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular intervendrá
la senadora Pedrosa Roldán.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.

Hoy traemos a esta Cámara un proyecto de ley de
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de
violencia de género; un proyecto, señorías, que nos ha llegado con
carácter urgente, no dando tiempo a reflexionar con tranquilidad sobre
las medidas necesarias para haber realizado entre todos una gran
ley.

Quiero pedirles que se acaben los
procedimientos de urgencia, que los textos lleguen a esta Casa con tiempo
para estudiarlos y para aportar soluciones con normalidad y con unos
plazos razonables, no corriendo y con tiempo limitado, como ha sido este
caso, que no ha dado tiempo a analizar con determinación este proyecto de
ley. Podríamos haber sido más ambiciosos y haber trabajado con
tranquilidad para seguir luchando por la violencia de género, analizando
uno a uno los puntos para mejorarlos, o incluso, los defectos que esta
ley podría tener.

Aun así, el Grupo Popular ha presentado 23
enmiendas para seguir sumando iniciativas a este proyecto. Ese texto
nació muerto y obsoleto en el momento en que ustedes no recogían ni
reflejaban a las mujeres más vulnerables, como son las mujeres con
discapacidad o las mujeres del mundo rural. Gracias a estas enmiendas
presentadas por el Grupo Popular y apoyadas por otros grupos políticos,
este proyecto de ley va a salir mejorado de esta Cámara, del Senado, y se
va a ver reflejado el apoyo a todas y cada una de las mujeres. Quiero
agradecer, cómo no, a los grupos políticos que, como el Partido Popular,
se han dado cuenta de que debían apoyar nuestras enmiendas para corregir
y sumar a ese texto la necesidad de no dejar fuera de su protección a las
mujeres más vulnerables.

Señorías, el último informe del Grevio insta a
España a abordar de manera integral todas las formas de violencia contra
las mujeres e insta al ministerio a seguir mejorando las medidas del
Convenio de Estambul. Este informe del Grevio, del Consejo de Europa,
también explica que lo más positivo que ha pasado en España en cuanto a
violencia de género es el pacto de Estado impulsado por el Partido
Popular, un pacto firmado por todos los grupos políticos, excepto por
Podemos, que son los que hoy dirigen la cartera del Ministerio de
Igualdad; un pacto de Estado que nace con consenso y diálogo, y esto es
lo que pedimos en el Partido Popular: diálogo y consenso para abordar los
temas del Ministerio de Igualdad, diálogo y consenso para seguir
trabajando en la erradicación de la violencia de género y diálogo y
consenso para llegar a una igualdad real.

En una de nuestras enmiendas, el Grupo
Parlamentario Popular ha pedido algo que creemos necesario, como es la
incorporación de la necesidad de la rendición de resultados ante la
Comisión de seguimiento del pacto de Estado para conocer si todas las
medidas están llegando a las mujeres y están siendo eficaces. Creemos que
es necesario conocer qué se está haciendo y el grado de ejecución del
pacto de Estado y, sobre todo, si el ministerio realmente se compromete a
seguir trabajando en él.

Es necesario hacer un seguimiento en esta
materia, pero nos encontramos con dificultades, ya que tampoco se convoca
la Comisión de Igualdad ni comparece nadie para dar cuenta de su gestión
y de qué medidas está llevando a cabo el ministerio. Sería muy importante
que convocaran la Comisión de Igualdad con frecuencia, que hagan que esta
Cámara sea ágil, con aportaciones de todos, que podamos preguntar qué
hacen en el ministerio, a qué se dedican y qué avances se están
consiguiendo. Mi sensación es que en el Ministerio de Igualdad no se está
trabajando por la igualdad, no se avanza en el pacto de Estado, no se
está cumpliendo el espíritu y el compromiso al que llegamos todos los
partidos para acabar con esta lacra que es la violencia de género. Al
contrario, tenemos un ministerio vacío, sin compromiso con la sociedad
para llevar a cabo políticas verdaderas para erradicar la violencia de
género. La inacción del ministerio está haciendo que todo lo que se había
andado se esté retrocediendo en estos momentos, y esto es muy grave si
queremos seguir andando y avanzando en este tema.

Hoy, como he dicho, un año después del comienzo
de la pandemia, debatimos un proyecto de ley porque se han dado cuenta
ahora, después de un año, de que las mujeres corremos peligro, que hay
que protegerlas. Pero yo me pregunto: después de la pandemia, ¿qué?, ¿qué
tiene preparado el ministerio para seguir protegiendo a las mujeres
víctimas de violencia? Tenemos un Ministerio de Igualdad que desde que
Irene Montero es ministra ha conseguido que más del 30 % de las mujeres
haya perdido su empleo. La brecha salarial refleja las diferencias
salariales entre hombres y mujeres más altas de la historia, y España ha
retrocedido diez puntos en la lista de países con más bienestar para las
mujeres. Entonces, ¿a qué se dedica el Ministerio de Igualdad? Porque no
hay un solo dato que suponga un avance en sus políticas. Eso sí, el
ministerio, por lo visto, sirve para celebrar cumpleaños, para montar
chiringuitos, para enchufar a sus colegas y para montar guarderías.
(Aplausos).

Señorías, el avance de la mujer en España es
imparable. La influencia de la mujer en todos los ámbitos ha influido en
la transformación de la sociedad. No dejemos que mueran esos avances,
trabajemos por un mismo objetivo. Y saben que pueden contar con el
Partido Popular para aportar, para ayudar y sumar nuestra experiencia a
un único fin, que es acabar con la violencia de género y que las
políticas del Ministerio de Igualdad lleguen a ser eficaces en algún
momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Bueno Alonso.

La señora BUENO ALONSO: Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo.

Señorías, este proyecto de ley es el compromiso
firme del Gobierno y de toda la sociedad contra la violencia de género.
Sí, senadora Rodríguez, se lo dice la presidenta de la Comisión de
Igualdad. Es una ley esencial porque eleva todos los recursos destinados
a combatirla a la categoría de servicios esenciales, y es una ley urgente
porque la violencia de género no puede esperar más, porque la sociedad no
soporta más asesinatos machistas ni más agresiones, y porque tenemos la
obligación moral y política de ofrecer una salida a tantas y tantas
mujeres que ven sus vidas segadas y rotas a causa del machismo y la
violencia que sufren a manos de sus parejas o exparejas. Como se ha
comentado, es una ley muy técnica. Me gustaría destacar que se garantiza
una atención integral a las víctimas de trata con fines de explotación
sexual. Efectivamente, señorías, con humildad y con dolor, estamos en
deuda con las 1081 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas,
y estamos en deuda con las mujeres que sufren a diario esta violencia
estructural que se cierne sobre ellas solo por el hecho de ser
mujeres.

Señorías, en el Gobierno y en la izquierda
tenemos que ser el dique de contención frente al discurso machista y
misógino de la extrema derecha, que cuenta con muchos adeptos, pero
también con la condescendencia de los partidos de la derecha, puesto que
allí donde gobiernan en coalición están cediendo a las políticas de
regresión en temas de igualdad. Tenemos que permanecer unidas y fuertes
frente al machismo, porque la división nos debilita y da alas a los y las
negacionistas, y hemos tenido esta mañana un ejemplo de ello. No rompamos
la unanimidad contra la violencia de género. Celebro que las señorías del
PP defiendan con firmeza la violencia de género, y me alegra que lo hagan
aquí, pero les voy a pedir un favor: háganlo con la misma fuerza y con la
misma firmeza en otros ámbitos.

Y dos cosas: en primer lugar, restituyan la
dirección de igualdad en la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, no
cedan a las presiones de Vox en la Junta de Andalucía y no eliminen
subvenciones a las asociaciones de mujeres víctimas. (Aplausos). Porque
no se dan cuenta de que ese doble discurso da alas al enemigo de las
mujeres, que es la extrema derecha. Al machismo no se le combate con
titubeos ni con dobles discursos. Miren, les voy a contar una cosa que
ocurrió la semana pasada en el municipio alicantino de Sant Vicenç del
Raspeig. Se boicoteó una charla de sensibilización contra la violencia de
género. Por motivo de la pandemia, la charla tenía un formato telemático
y se centraba en el discurso de una superviviente. Justo en el momento en
que la superviviente iba a empezar a hablar, entraron unas cuarenta
personas boicoteando el acto con una voz amenazante diciendo: ¡Vais a
morir todas! Y todo ello acompañado en el chat de mensajes machistas,
soeces y con imágenes de desfiles militares nazis. Ante esto, se tuvo que
cerrar la videoconferencia y se dio parte a la Guardia Civil. Eso es lo
que está pasando cada día en muchísimos lugares donde se intenta combatir
la violencia de género.

Señorías, el Partido Socialista lo tiene claro.
La lucha contra la violencia de género es una prioridad y un compromiso
ineludible. Mi partido no se avergüenza de ser feminista, es una de sus
señas de identidad. El Partido Socialista es consciente de que estamos
ante una pandemia insólita que se ha cebado con las mujeres y que ha
disparado las cifras de víctimas de violencia de género. No vamos a cejar
en el empeño para erradicarla y para dotar a esas mujeres de mecanismos
para salir del túnel y emprender una vida sin golpes, sin dolor y sin
machismo.

Agradezco a la dirección de mi grupo que me
haya designado como una de las ponentes de este proyecto de ley. Gracias
a mis compañeros y compañeras, gracias al resto de ponentes y,
evidentemente, también a la letrada. Es una manera de hacer política
útil. Con esta ley gana el feminismo, gana la democracia, ganan las
mujeres y gana la libertad, porque no se es libre con el yugo del
machismo y de la violencia sobre nuestros cuerpos, y para mí y para el
Partido Socialista ha sido un orgullo contribuir a ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley, procedemos a la votación de la propuesta de veto. Para su aprobación
se exige mayoría absoluta. Igualmente, a la votación de las enmiendas
conforme a las solicitudes de votación separada que han sido interesadas
—las que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente
al dictamen del Pleno—; a la votación en un solo acto de aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior; y a la votación en un solo acto del resto del proyecto
de ley.

Se abre el plazo de dos horas para la votación
telemática desde este momento, en que son las once horas y treinta
minutos, hasta las trece horas y treinta minutos.

AUTOR: GPMX

La señora presidenta lee los
puntos 6., 6.2., 6.2.1. y 6.2.2.

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la
toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora Santiago
Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta.

Señorías, en España, según los datos de la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ya se han
comentado anteriormente, son 1081 mujeres las que han sido asesinadas por
esta causa desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente en el
año 2003. Qué duda cabe de que desde entonces hemos avanzado mucho en
esta cuestión, especialmente con la aprobación del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, que además representa uno de los logros más
destacados de nuestra reciente historia democrática como manifestación de
la capacidad de diálogo y de negociación y de la voluntad de consenso de
todas las fuerzas políticas, aunque no fuera apoyado, todo hay que
decirlo, por quienes hoy se hacen llamar Unidas Podemos.

Los datos que conocemos ponen al descubierto
algunas de las deficiencias del sistema que siguen estando presentes en
nuestra legislación, así como la necesidad de poner en marcha estas
medidas de apoyo y atención integral a las mujeres víctimas de violencia
machista. Las principales demandas y preocupaciones de las mujeres que
sufren esta violencia están vinculadas especialmente al proceso de
ruptura con el agresor, a la interposición de la denuncia, a las
garantías de su protección, al bienestar de sus hijos y de sus hijas y
también a las dificultades económicas provocadas por la ruptura con el
agresor, que en la mayoría de los casos, además, conlleva el
empobrecimiento, y todo esto envuelto en una profunda soledad. Así lo
confiesa el 85 % de las víctimas, o mejor dicho, de las valientes que se
han escapado de las manos de su agresor. Y, señorías, es de justicia
social que sigamos todos muy atentos a la violencia de género, y más con
los cambios que la COVID-19 ha traído en esta sociedad y que está
especialmente afectando a las mujeres que sufren esta violencia.

En Ciudadanos, como no podía ser de otra
manera, como partido impulsor del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, presentamos esta proposición de ley, que ha sido también
registrada en el Congreso, para abordar las diferentes reformas que son
urgentes, contempladas en el pacto, tanto en la Ley de protección
integral contra la violencia de género como sobre la normativa sectorial
en los ámbitos judicial, penal, educativo, sanitario o social.

Algunas de las medidas que propone Ciudadanos
son, en primer lugar, y como hemos visto no solamente por los
comparecientes en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, sino
que también lo hemos puesto de manifiesto aquí todos los portavoces, la
ampliación del concepto de violencia de género a todos los tipos de
violencia contra las mujeres recogidos en el Convenio de Estambul a fin
de incluir la violencia sexual, la violencia económica, así como las
violencias que sufren las mujeres por parte de las personas con las que
no mantienen o no han mantenido convivencia, como el tráfico, la trata
con fines de explotación, la explotación sexual, la mutilación genital
femenina o los matrimonios forzados. Prácticamente casi todas las
comunidades autónomas han modificado su normativa después de la
ratificación del Convenio de Estambul.

En segundo lugar, la extensión de la
consideración de víctimas de violencia machista a los hijos menores de la
víctima, a los menores sujetos a su guarda y custodia y a las demás
personas que se encuentran a su cargo y convivan con ellas, así como a
las terceras personas relacionadas con la víctima por parentesco,
vecindad o amistad que sufran esta violencia por el ánimo del agresor de
causar indirectamente daños a las víctimas, o por ayudar o defender a la
víctima de violencia sufrida. Estamos hablando de la violencia vicaria,
en la que el hijo o la hija es utilizada de manera instrumental con
objeto de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia, que es la
pareja. El individuo que ejerce el maltrato aprovecha la fragilidad de
los menores, vulnerando y menoscabando su integridad física o psicológica
con el fin de dañar psicológicamente a su pareja. La violencia vicaria, o
la amenaza de ella, es empleada asimismo como mecanismo de coacción y
control hacia la víctima adulta. Ante el conocimiento de lo que el
agresor es capaz, el cónyuge o el menor se ve forzado a ceder ante las
pretensiones y deseos del otro, y, además, ante el miedo de que los
menores sean agredidos, la víctima adulta tiene menos opciones de
denunciar, buscar ayuda o hacer algo que los ponga en riesgo. Y es que
este pensamiento tan extendido de que maltrata a la mujer, pero con los
niños es un buen padre, no es más que un mito. En los últimos diez años,
casi medio centenar de niños han sido asesinados por sus padres.

Según el estudio del Consejo General del Poder
Judicial realizado desde el año 2003 hasta abril del año 2019, 765 niños
quedaron huérfanos en España por culpa de la violencia machista, y muchos
más sufrieron daños psicológicos, a veces irreparables, por recibir o ser
testigos de golpes, de gritos, de insultos o amenazas de forma
continuada. Una horrible y cruel violencia contra los más débiles.

Además, contemplamos también la garantía de un
alojamiento inmediato y seguro para todas las mujeres que deban abandonar
el domicilio. Hay que seguir, señorías, avanzando en esta línea. Las
mujeres que quieran salir de sus domicilios tienen que tener todas las
garantías para ellas y para sus hijos de un techo y, además, de forma
inmediata, y facilitarles el acceso a la vivienda en régimen de alquiler
social, porque, aunque el artículo 28 de la Ley 1/2004 contempla que las
mujeres víctimas de violencia de género son consideradas colectivo
prioritario para el acceso a las viviendas protegidas, en realidad no se
garantiza, porque sí que es verdad que aumenta la valoración en el
expediente al nivel de ser familia numerosa, tener discapacidad o pobreza
económica.

Otro de los puntos que también contemplamos es
la revisión de las garantías en el procedimiento penal para asegurar que
las víctimas puedan intervenir en cualquier momento del proceso, la
asignación inmediata de un letrado de oficio que le acompañe durante todo
el procedimiento, la ejecución inmediata de las sentencias por violencia
de género y la extensión de la competencia de los juzgados de violencia
sobre la mujer a todas las causas conexas que afecten a la misma
víctima.

Otro punto es el de las garantías para la
igualdad y contra el acoso en el ámbito laboral. Se amplían las entidades
obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad que contenga medidas
para hacer efectiva la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la no
discriminación por razón de sexo, la prevención, la detención y
erradicación del acoso sexual y el acoso laboral por razón de sexo,
incluyendo expresamente el sexismo dentro de las manifestaciones de
intolerancia que se pretenden evitar en el ámbito de la práctica y la
competición deportiva y entre las que constituyan conducta
sancionable.

También contemplamos medidas para adaptar la
normativa reguladora de los contenidos curriculares en las diferentes
etapas educativas a las previsiones en materia de prevención de violencia
de género contempladas en esta ley, así como garantizar la existencia de
contenidos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres y con la
sensibilización y prevención del machismo, la intolerancia y la violencia
de género en todas las etapas educativas.

Señorías, hemos avanzado mucho y no vamos a
dar, como he dicho anteriormente, ni un solo paso atrás con discursos
negacionistas de la violencia machista, que solo pretenden diluir el
concepto con otro tipo de violencias que no están relacionadas con
aquella que se ejerce contra la mujer simplemente por el hecho de serlo.
Hay muchos retos todavía pendientes y debemos seguir demostrando que
podemos abordarlos juntos. Es lo que debemos a millones de mujeres que
luchan cada día por sus derechos. No puede haber paz ni progreso ni
justicia social ni igualdad sin los mismos derechos y la plena
participación de las mujeres, y no puede haber igualdad de género sin el
goce de las mujeres de sus derechos reproductivos, su derecho a la salud
sexual y reproductiva.

Debemos seguir actuando con valor, debemos
seguir actuando con convicción, con lealtad y con compromiso en todo
momento, en todo tiempo, y por eso, señorías, comprometámonos individual
y colectivamente cada día a hacer todo lo posible para promover y
proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña y cada mujer
pueda vivir libre de violencia y de discriminación. Esto debería ser ya,
no en mucho tiempo, un sueño cumplido.

Espero, señorías, que esta iniciativa sea
tomada en consideración por el resto de los grupos parlamentarios y, por
supuesto, voten a favor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de la toma en consideración de
la proposición de ley alternativa presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la Proposición de Ley Orgánica de
violencia intrafamiliar que presenta Vox se diferencia del resto de
iniciativas legislativas sobre este tema en que centra su atención sobre
la familia. Se viene insistiendo en los últimos años en la conveniencia
de que los Estados legislen y conciban sus políticas públicas con
perspectiva de familia, algo en lo que el ordenamiento jurídico español
ha avanzado muy poco, ya que ha preferido centrarse en la perspectiva de
género como si solo existiese la violencia machista contra la mujer y
como si esta tuviese como única causa una percepción de roles sociales en
clave de lucha de clases o de poder, y esta perspectiva reduccionista es
la vigente en nuestro país desde que entró en vigor la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Una ley que casi tras veinte años de
aplicación, y en la que se han invertido ingentes recursos públicos, no
ha conseguido su objetivo, como demuestra el hecho de que los casos han
seguido creciendo año tras año en nuestro país.

En efecto, según la Memoria de la Fiscalía
general de 2019, el número de víctimas indirectas o colaterales de la
llamada violencia de género ha crecido, al igual que lo ha hecho el
maltrato de los hijos hacia padres y abuelos, o la violencia contra
discapacitados y mayores, sin que exista una unidad de criterio ni de
actuación por parte de la propia Fiscalía en estas materias. De todo ello
se deduce que la perspectiva de género en materia de lucha contra la
violencia contra la mujer no ha resultado todo lo eficaz que se esperaba,
y cuando una política pública fracasa lo razonable es replantearse sus
fundamentos. Ha llegado la hora de dar un paso al frente, de asumir el
compromiso por parte de todas las fuerzas políticas aquí presentes de
atajar mediante la presente ley esta lacra tan impropia del mundo
civilizado. Eso es lo que hace nuestra propuesta, un nuevo planteamiento
que pasa por una ley integral de lucha contra la violencia intrafamiliar
que puede garantizar una mayor eficacia tanto contra la violencia contra
la mujer de matiz machista, como contra el resto de las formas de
violencia doméstica, superando así la visión reduccionista de estos
últimos años.

Con esta ley las mujeres víctimas de violencia
no ven mermada la protección con que contaban con la anterior legislación
y, además, otras personas integrantes de la familia sí ven aumentada la
suya, superando así una discriminación del varón por el hecho de serlo,
que desde nuestro punto de vista es injustificable. Con esta ley las
mujeres víctimas de la llamada violencia de género mantienen todos los
derechos que tenían con la anterior legislación, pero esos derechos se
hacen extensivos a otras personas víctimas de violencia en el seno de las
relaciones familiares, con independencia de su sexo, religión, edad,
raza, nacionalidad o condición personal o social. Con esta ley se
refuerza la protección penal de las víctimas de la violencia
intrafamiliar, incluidas las mujeres, porque se endurecen las penas de
los delitos de amenazas, coacciones y lesiones, y se prevé la prisión
permanente revisable para los supuestos más graves. Y, por último, con
esta ley se suprimen determinados organismos cuya eficacia no ha sido
comprobada, entre ellos los juzgados de violencia sobre la mujer, cuya
actividad se reconduce a los juzgados y tribunales ordinarios, evitándose
así el sesgo de excepcionalidad que supuso su creación.

En definitiva, la nuestra es una propuesta
integral que tiene como epicentro a la familia, auténtico pilar de la
sociedad que tiene el derecho a recibir del Estado toda la protección que
merece o, cuando menos, toda la que este sea capaz de ofrecerle. Vox
rechaza toda la violencia, no hay víctimas de primera o de segunda, la
violencia no tiene género.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno en contra intervendrá la senadora
González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.

La familia, la propiedad privada y el amor; es
el título de una canción, no se asusten. Creo que del amor no hablaremos
hoy; de la familia y de la propiedad privada me parece que sí.

Las propuestas de Vox para mejorar la vida de
la ciudadanía tienen que ver con el cambio de fechas o con la
resignificación de estas. El 8M quieren que deje de ser el Día de la
Mujer para que pase a ser el día de las víctimas de la COVID-19, o de las
víctimas de Vistalegre, que también por allí hubo algunas víctimas a
causa de los abrazos de su, creo, secretario general. No solo quieren
cambiar el día 8 de marzo, también quieren cambiar el día 28 de febrero,
Día de Andalucía, por el día 2 de enero, día de la conquista de Granada,
porque celebran un aquelarre nacionalcatólico en una de las plazas más
bonitas de la ciudad de Granada. Quieren cambiar el Día de Andalucía, que
se conquistó democrática y pacíficamente un 28 de febrero, el próximo
domingo. Manejar el tiempo, manejar el calendario es una tentación de
emperadores, de papas o del rey católico, de Julio César, Napoleón o
Gregorio III, y el señor Abascal quiere dejar su nombre en el calendario.
Estamos ante un aprendiz de emperador, me temo, y lo de que me temo lo
digo completamente en serio, sin ninguna carga de la ironía que tiene el
resto de mi intervención.

Los senadores y senadoras de mi grupo
representamos casi a 2 millones de votantes, que es la suma de nuestras
respectivas organizaciones. Es un grupo diverso, como saben sus señorías,
pero en el rechazo a Vox estamos unánime y rotundamente de acuerdo, igual
que nuestras y nuestros votantes. Por eso, decimos que la violencia
machista sí tiene género, 1081 víctimas desde que hay recuento,
desde 2003. Solo voy a mencionar a una que creo que resume a todas, Ana
Orantes, granadina. (Aplausos). En el calvario de la vida de Ana Orantes,
en su belleza y su dignidad, saliendo en la televisión pública a contar
su historia y su tragedia se resumen las 1080 tragedias restantes, cuando
trece días después de contar en público su testimonio para concienciar al
conjunto de la sociedad y de la ciudadanía del calvario que estaba
padeciendo una mujer maltratada, trece días después, su asesino, su
exmarido —apenas llevaban un año divorciados—, la golpeó, la
ató a una silla, la roció con gasolina y le prendió fuego mientras aún
estaba viva, y ustedes niegan la violencia machista. Probablemente su
asesino sea uno de los que acudan al aquelarre que ustedes organizan el 2
de enero en una plaza de Granada. (Aplausos).

Para rechazar la posición de Vox voy a utilizar
también las palabras de otra andaluza que estudió Ciencias Políticas en
la Universidad de Granada, rapeadora de noche, poetisa de día, politóloga
y a ratos flamenca, Ana Isabel García LLorente, más conocida como Ana
Sforza o como Gata Cattana: Yo no soy muy de verdades absolutas ni de
axiomas ni de dogmas inmutables, está claro que sé algunas cosas, pero
son todas como yo, circunstanciales, coyunturales y, en el mejor de los
casos, morirán conmigo. Vivimos en una sociedad machista que aplica una
violencia y un control constante y total sobre un colectivo que supone,
aproximadamente, la mitad de la población. Esta violencia queda
manifiesta en todos los medios de producción de la cultura, el cine, la
música, publicidad, literatura… En todos los medios de
socialización, familia, la sacrosanta familia, la escuela, los grupos de
iguales, y se encuentra implícitamente arraigada en el pensamiento social
desde sus formas más sutiles hasta las más agresivas. No existe ninguna
teoría que pretenda institucionalizar una relación de superioridad de la
mujer frente al hombre, ninguna. No hay ningún riesgo de violencia
fáctica de mujeres contra los hombres ni ningún plan clandestino de
esterilización masiva, tranquilos. Solo hay frases sueltas sacadas de
contexto y, en cualquier caso, una respuesta mínimamente agresiva ante la
violencia cotidiana que aplica la parte opresora. No es una cuestión de
mujeres contra hombres, el machismo también perjudica a los hombres en
tanto que, de igual modo, les dicta unos roles y les obliga a cumplir
unas expectativas impuestas, por ejemplo, el típico tópico de que los
hombres no han de llorar ni mostrar miedo, piedad, debilidad u otras
actitudes catalogadas públicamente como femeninas o poco varoniles. Y
sigo leyendo el texto de Gata Cattana: Así que, compañeros, hablen de
feminismo, y ya de paso dejen de decirnos que protestemos con mesura, en
bajito, guárdense los consejos paternalistas y el no vayan solas por la
noche. Estamos dispuestas a correr el riesgo, hemos venido para
quedarnos, y si alguna vez negociamos un mundo nuevo, queremos café para
todos y para todas, que ya son muchos siglos fregando las tazas.

La diferencia, señorías, es que ustedes y el
aprendiz de emperador desaparecerán en la arena de la historia y Gata
Cattana es inmortal, ya lo es.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, intervendrá la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, en cualquier país del mundo donde una
ley no funciona esta se deroga, así de sencillo, y en España la Ley de
violencia de género no funciona y todo el arco parlamentario la defiende:
inédito. Un dato: 1081 mujeres fallecidas desde 2003. ¿De verdad creen
que esta ley funciona? No lo creen, pero han tejido una red de
chiringuitos subvencionados a través de esta ley de la que viven muchos
de sus votantes. Ese es el interés de mantener este fracaso vigente, y en
ningún caso es proteger a la mujer. Por ello, el espectáculo de ayer en
el Congreso fue tan bochornoso, y aquí me dirijo especialmente al Grupo
Popular. Ayer se levantaron a aplaudir en el Congreso a la representante
de un partido de izquierda que leyó la lista de mujeres asesinadas a
manos de sus parejas masculinas, ustedes, que tuvieron una mayoría
absoluta en 2011 para haber creado una ley contra la violencia
intrafamiliar para proteger a todos los miembros de la familia, y no lo
hicieron. Ustedes, que pudieron aumentar las penas para asesinos y
violadores, y no lo hicieron. Y se levantan ayer a aplaudir por una ley
fracasada, leída, además, por delincuentes que no respetan a quien no
piensa como ellos; véanse las agresiones que ha sufrido Vox en Cataluña,
donde mujeres han sido agredidas, alentados por los partidos de la
izquierda. Ustedes se levantaron ayer para demostrar que son parte del
consenso progre, y al levantarse han dejado atrás y han renunciado a
defender a las víctimas masculinas que murieron a manos de sus mujeres,
de los niños que murieron a manos de sus madres, de las mujeres que
murieron a manos de sus esposas o de los hombres que han muerto a manos
de sus maridos. ¿Acaso ellos no merecen un aplauso? Eso es lo que quieren
transmitir. ¿Sus derechos son inferiores o su memoria es menos
digna?

Ustedes, señorías del Grupo Popular, no se
levantaron para honrar a las víctimas de ETA el día que nuestro
presidente, Santiago Abascal, les nombró en el Congreso. Fueron capaces
de no mostrar un ápice de sentimiento por los asesinados por los
terroristas, entre ellos compañeros de fila suyos. Eso también va por
ustedes, señorías del Grupo Socialista. (El señor Gil García: ¡Qué falta
de respeto!)

La señora PRESIDENTA: Por favor, señoría, vaya
a la cuestión.

La señora MERELO PALOMARES: Pido respeto. Sin
embargo, forman filas cuando los partidos de izquierda hacen su
espectáculo mediático en el Congreso. Lo que hicieron ayer fue aplaudir a
la desigualdad, a una ley que asegura que el hombre lleva la violencia en
su ADN, que contradice el artículo 14 de la Constitución y que deja a
muchas víctimas sin protección. En Vox les aseguramos, y tomen en serio
lo que le decimos, que no vamos a parar hasta terminar con sus delirios
ideológicos. Se les ha terminado el chollo, vamos a cerrar todos los
chiringuitos ideológicos, por supuesto que lo haremos, y vamos a proteger
a todas las víctimas, sean hombres, mujeres, niños, ancianos o parejas
homosexuales, y haremos que caiga el peso de la ley sobre el que ejerza
la violencia sobre algún miembro de su familia, y en este momento cuando,
el maltrato tenga graves consecuencias, los maltratadores se lo pensarán
antes de hacer daño a cualquier miembro de su familia. Y cuando cerremos
sus chiringuitos ideológicos, sus redes clientelares tendrán que buscar
un empleo y dejar de abusar del mal de muchas mujeres y de muchos hombres
para vivir a costa del Estado.

Hemos venido para poner las instituciones y el
dinero público al servicio de los españoles, y sabemos que eso no le
gusta a ninguno de los grupos aquí presentes, desde la izquierda radical
hasta la derecha cobarde y servil. Nos da igual. Nos importan los
españoles y solo rendimos cuentas ante ellos. Así que ahora pueden
preparar sus redes sociales y poner en marcha sus medios de comunicación
serviles y subvencionados, mientras nosotros, en Vox, seguiremos
trabajando y avanzando para lograr una España más justa y más libre.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Seré muy breve, me voy a remitir a mi
intervención del veto en la anterior proposición de ley, porque sus
señorías de Vox tienen este discurso que van repitiendo como un mantra en
cualquier iniciativa, y por ello no voy a abundar en darles más
explicaciones, porque uno puede abundar en explicar, pero de nada sirve
cuando el que tiene que atender —que, por cierto, no me está
escuchando— no quiere entender. Por nuestra parte, estamos
absolutamente en contra de su propuesta, como lo estábamos de la anterior
que presentaron, y vamos a estar enfrente de ustedes continuamente,
porque ustedes no buscan soluciones para acabar con la violencia de
género, sino que aprovechan la violencia de género para continuar con lo
que ustedes saben hacer, que es provocar.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra la senadora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señora
presidenta.

Sobre la toma en consideración de la
proposición de ley que trae Ciudadanos esta mañana, llevamos mucho rato,
afortunadamente, hablando de esto…,

La señora PRESIDENTA: Disculpe que la
interrumpa, es de la dos tomas en consideración.

La señora GONZÁLEZ MODINO: … de un
problema real, de un problema visible, de un problema que afecta a más de
la mitad de la población de este país: a las mujeres. Hemos citado,
probablemente alguna portavoz anterior, los datos de la ONU: una de cada
tres mujeres sufre violencia física, sexual o emocional, en la mayoría de
los casos por parte de sus parejas. Hemos hecho un repaso también sobre
cómo la COVID ha complicado en gran medida la situación de las mujeres
que sufren violencia de género. En 2020, 45 mujeres murieron a manos de
sus parejas o exparejas, un dato razonablemente bajo en comparación con
otros años, pero que esconde una realidad difícil. La mayoría de los
asesinatos se produce cuando una mujer decide abandonar a su maltratador,
pero con el confinamiento las mujeres víctimas no tenían dónde ir. Por
tanto, la disminución de asesinatos no significa un descenso de la
violencia. (Rumores). Esta idea la reflejan todos los informes del
Consejo General del Poder Judicial cada vez que se publican.

La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO: La crisis económica
también agrava la situación de las mujeres (Rumores), todas las crisis se
ceban con la población más vulnerable y con aquellas personas…

La señora PRESIDENTA: Espere un momentito, por
favor, senadora González Modino, disculpe.

Señorías, les ruego silencio, por favor, está
interviniendo una senadora. Gracias.

Puede continuar.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Muchas gracias,
presidenta.

Decía que la pandemia de COVID que sufrimos ha
tenido una influencia directa en la situación de las mujeres víctimas de
violencia de género. La crisis económica que viene aparejada a la COVID,
la crisis económica anterior, todas las crisis económicas se ceban
especialmente con la población más vulnerable, con las mujeres. Una de
las claves fundamentales para entender el fenómeno de la violencia
machista es la enorme dependencia económica que muchas mujeres tienen de
sus parejas, lo que les impide denunciar y alejarse de los agresores ante
la falta de recursos para emprender una nueva vida y proteger a sus hijas
y a sus hijos. Por eso, hay que seguir luchando contra la brecha salarial
y la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, y apoyar la
educación en todos los niveles para reducir el fracaso escolar y las
políticas de vivienda pública que faciliten la emancipación real de la
mujer.

Hoy, el Grupo Ciudadanos nos trae a debate
también el tema de la violencia machista, pero hay una contradicción,
señorías: ustedes gobiernan con quienes la niegan. En el ámbito
parlamentario, mi grupo, el Grupo Izquierda Confederal, no se va a oponer
a la toma en consideración de su proposición de ley, pero en el ámbito
político tenemos grandes diferencias con el Grupo Ciudadanos, y no con su
discurso, sino con lo que hacen. Ya lo hemos dicho muchas veces: no somos
solo lo que decimos, somos en gran medida lo que hacemos ¿Qué mensaje
traslada el Grupo Ciudadanos si en Andalucía y en otros territorios
gobierna gracias al apoyo de quienes niegan la existencia de la violencia
machista? Hay una anomalía democrática en nuestras instituciones
—entrecomillo lo de anomalía democrática—; la anomalía es el
espacio de quienes viven de espaldas a la realidad, pretendiendo
perpetuar los roles sociales más negativos del pasado donde la mujer es
una figura secundaria, dependiente y sumisa, y además se atreven a negar
una realidad histórica que arroja año a año datos dramáticos en cuanto a
violencia y muerte. Por eso, Ciudadanos resulta poco creíble cuando habla
de violencia machista o cuando acude a las manifestaciones del 8 de marzo
o cuando trae iniciativas como esta, porque se apoya en la ultraderecha
para gobernar, porque se hacen fotos en la plaza de Colón con ellos; esa
foto les va a perseguir, señorías, durante toda la existencia de su
partido. Son decisiones que se toman en un momento, se convierten en
iconos y que finalmente pesan, pesan, sobre la credibilidad de su
formación política. Esas posiciones institucionales y esa foto, insisto,
tienen un enorme peso; nos cuesta fiarnos de un partido que mira para
otro lado cuando la ultraderecha pone en el foco, en el punto de mira,
incluso a las propias compañeras de su partido que tienen
responsabilidades en materia de violencia de género e igualdad, como es
el caso de las múltiples disputas que han tenido en Andalucía con la
consejera de Igualdad, que ni siquiera ha contado con el apoyo de su
partido cuando la ultraderecha la ha cuestionado. Si Ciudadanos quiere
ponerse al lado de las mujeres maltratadas, es fácil; están haciendo
ustedes lo más difícil trayendo una proposición de ley y no están
haciendo lo más fácil, que era haber actuado ayer en el Congreso de los
Diputados como el resto de fuerzas democráticas, afirmando que la
violencia machista sí tiene género y poniéndole los nombres, los nombres
que día a día, sesión tras sesión de los plenos de esta Cámara, la
presidenta del Senado dice en cada sesión y todas y todos guardamos un
minuto de silencio. Se empeñan en lo difícil y no se apuntan a resolver
lo fácil; y lo fácil en este caso es lo que les haría creíbles, señorías:
el compromiso contra la violencia sobre las mujeres, porque, de lo
contrario, lo que nos hace pensar es que esta proposición de ley en el
día de hoy tiene que ver con el calendario, tiene que ver con que es 8 de
marzo dentro de poco, 8 de marzo, no 25 de noviembre, 8 de marzo, un día
para hablar de todos los problemas que afectan a las mujeres, de lo que
significa el feminismo y también de la violencia de género.

Por eso, señorías, insisto, la posición del
Grupo Izquierda Confederal no va ser oponernos a la toma en
consideración, porque entendemos que cualquier senador o senadora,
cualquier grupo, está en su derecho legítimo de traer una iniciativa a
esta Cámara y en lo posible superar el trámite de admisión a debate, pero
no quería dejar de expresar las contradicciones que observamos en su
trayectoria en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia
que sufren las mujeres. La mayoría de las personas demócratas estamos,
ojalá estén ustedes también ahí con nosotras y con nosotros.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Santiago Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta.

Señorías, las mujeres de toda España nos están
mirando, mujeres que temen por su vida y por la de sus hijos, mujeres que
quieren volver a vivir sin miedo, madres, y padres también, que quieren
un futuro seguro para sus hijas. Nuestra sociedad siente escalofríos cada
vez que ocurre un nuevo caso de violencia machista, con cada red de
tráfico de personas descubierta y desarticulada. Y todas estas mujeres
nos están mirando y se preguntan, con razón: si nuestros políticos no son
capaces de unirse todos sin excepción para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres y para proteger la vida y los derechos de las mujeres
maltratadas y de los más vulnerables, ¿para qué se van a unir? ¿Qué más
tiene que pasar en este país para que los partidos políticos dejemos de
un lado los egoísmos, los intereses partidistas y el politiqueo barato y
nos unamos de una vez y de verdad para avanzar como sociedad hacia unos
objetivos netamente buenos que garanticen derechos, libertades,
protección y, en definitiva, felicidad sin perjudicar absolutamente a
nadie?

Señorías de Vox, les dije en mi anterior
intervención, y se lo digo ahora, que en Ciudadanos estamos totalmente
conformes con combatir todo tipo de violencia, pero luchar contra un tipo
de violencia no puede significar negar la otra, no todas las formas de
violencia tienen la misma causa, ni todas pueden ser abordadas de la
misma manera. La violencia de género tiene una causa específica que
merece ser abordada de manera específica desde un punto de vista social y
jurídico, y de ninguna manera tiene que ser diluida ni invisibilizada,
que es lo que ustedes pretenden hacer.

Señorías de Vox, quieren además derogar la
actual ley y eliminar de un plumazo los avances en esta materia en los
juzgados, en las fiscalías, en las unidades policiales, en la atención y
la protección integral que dan todas las comunidades autónomas, y déjenme
decirles que esto es una irresponsabilidad con mayúsculas. Además, dicen
ahora que quieren cargarse el 8-M —ya lo han comentado también
otros portavoces—, el Día Internacional de la Mujer, y para
llevarlo a cabo utilizan el dolor de las víctimas del COVID. Señores de
Vox, ¿no había más fechas en el calendario? Qué triste, señorías, venir a
la política a dar la nota, a montar follones y a tomar en vano lo que
deberían ser los acuerdos más sagrados entre demócratas.

Señorías, la lucha por la igualdad y contra la
violencia machista es cosa de todos, sí, sí, de todos, porque quien no es
mujer tiene hijas o nietas o valores y principios que protegen
directamente el derecho a la vida y a la dignidad de las personas. No
tiene sentido afrontar un reto tan complicado y tan urgente como este
intentando enfrentar a hombres y mujeres, excluyendo a personas por sus
ideas políticas. Y, señorías, hablemos de hechos. Por un lado, tenemos a
los señores de Podemos, que no solo no quisieron participar en el pacto
de Estado cuando lo constituimos, sino que además dinamitaron el Pacto de
Toledo por las pensiones y acudían al Pacto antiterrorista de oyentes,
porque son corrosivos y alérgicos al consenso. Y, por otro lado, tenemos
a los señores de Vox, que no solo no quieren participar, sino que se
atreven a negar la existencia de la violencia contra las mujeres por el
mero hecho de serlo. ¿Es que no vemos la relación tóxica entre los
populismos de uno y de otro signo? ¿Es que no vemos una vez más, y en
esta ocasión en una cuestión tan delicada, que los extremos se tocan? Los
señores de Vox y los de Podemos son alérgicos, insisto, a los consensos;
basta, señorías, con que los constitucionalistas nos pongamos de acuerdo
en algo, para que ellos le busquen los tres pies al gato y se dediquen a
dinamitar esta unión. Sumémonos todos a esta legislación imprescindible,
señorías, imprescindible, aprovechando de nuevo —insisto— el
espíritu del Pacto de Estado contra la violencia machista. En Ciudadanos
estamos preocupados y comprometidos contra la violencia machista, y así
lo estamos demostrando —y aquí voy a recalcarlo y subrayarlo—
en la aplicación de políticas de igualdad en las cuatro comunidades
autónomas donde gobernamos, siendo una garantía que no se aprueba ni una
sola de las políticas ultraconservadoras de Vox en materia de igualdad de
género. Señorías, ya está bien de mentir, ya está bien, no somos lo que
decimos —haciendo alusión a las palabras que ha dicho otra
senadora—, sino lo que hacemos, no cuestionen, infórmense primero.
Insisto, no hemos aprobado ni una sola política ultraconservadora de Vox
en materia de género, infórmense mejor.

Señorías, lo que hoy debatimos no es una ley de
Ciudadanos, es una ley para todos los ciudadanos, porque lo que nos
preocupa es que más del 15 % de las mujeres asesinadas habían denunciado
una o más veces a su agresor, el 75 % convivía con su pareja y durante el
mes de marzo, al decretarse el estado de alarma, se realizaron más
de 6200 llamadas al 016. Nos preocupa también que en lo que llevamos de
año hemos contabilizado, si no me equivoco, tres víctimas mortales. Por
lo tanto, nosotros proponemos una ley para avanzar en el cumplimiento del
Pacto de Estado contra la violencia de género, avanzar para que los
hombres y las mujeres, todos juntos, logremos superar esta forma
específica de violencia. Por todo ello, señorías, les pedimos que apoyen
esta toma en consideración con su voto, porque con su voto hoy pueden
contribuir a seguir dando pasos en una buena dirección, a no permitir que
los populistas se sonrían y ganen otra vez una pequeña batalla. Cuando no
hay acuerdo, los que nos quieren divididos siempre ganan.

Señorías del PSOE, les voy a pedir, por favor,
que no se pongan de perfil, no hay ninguna justificación para no tomar en
consideración esta propuesta, más allá de que esta iniciativa no es suya
y de que solo quieren patrimonializar la lucha por la igualdad. No pongan
el futuro de todos los españoles bajo sus criterios de oportunismo
político, vuelvan al consenso, el mismo que demostramos en el Pacto de
Estado contra la violencia de género. Dejen de pelearse en el Consejo de
Ministros con Podemos a ver quién es más feminista de boquilla y empiecen
a apoyar políticas reales de igualdad. Lo importante siempre van a ser
las mujeres, lo importante son todas las mujeres víctimas de violencia
machista, no una guerrilla de egos. A Ciudadanos, señorías, nunca le van
a encontrar en el enfrentamiento ni en los problemas, sino en la mano
tendida y, por supuesto, en una actitud propositiva, en propuestas como
la que hoy traemos aquí. Este es nuestro espíritu de consenso, herencia
de nuestra transición ejemplar y que replica el gran acuerdo entre
liberales, socialdemócratas y conservadores en el Parlamento Europeo
frente a las amenazas que suponen los populismos y los nacionalismos.
Señorías, debemos unirnos todos en esta causa común y espero que todos
los grupos parlamentarios consideren esta proposición y que todos los
grupos parlamentarios implicados en esta materia apoyen esta iniciativa,
porque los colores políticos en esto tienen que quedarse fuera y tenemos
que demostrar, porque así lo espera la ciudadanía, que seguimos unidos
para avanzar y dar respuesta a todas las mujeres que lo necesitan.
Porque, vuelvo a insistir, lo importante son todas las mujeres que sufren
violencia machista. (Aplausos).

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxno Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on berriro guztioi.

Tratamos hoy la Proposición de Ley de medidas
para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, que
presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. No le voy a negar al grupo
proponente que al tratarse de una toma en consideración que toma como
base el desarrollo del pacto de Estado, en principio, no hubiéramos
tenido problema en apoyarla, pero la verdad es que, según hemos ido
conociendo el texto, lamentablemente, hemos ido cambiando de opinión;
incluso, haciendo el ejercicio de qué podríamos ir enmendando, eso que
podíamos ir enmendando iba aumentando según leíamos el texto. Si
comenzamos con la exposición de motivos, parecería bastante lógico
empezar a definir qué expresión vamos a utilizar para hablar de violencia
que se ejerce contra las mujeres: la que se adoptó en el pacto de Estado
—violencia machista—, la que se deriva del Convenio de
Estambul —violencia contra las mujeres— o un nuevo término.
Por ejemplo, en Euskadi, tras la consulta a distintas expertas,
utilizamos violencia machista contra las mujeres. En el texto se van
utilizando las tres, como si fueran lo mismo o parecido, y aquí operan
los matices. Esto es importante porque es un texto legal que necesita
dotar de seguridad jurídica. Siguiendo con los matices, este sería más
que un matiz. Animaría encarecidamente a que los textos se escribieran
con lenguaje inclusivo, pero, especialmente, los textos que tienen que
ver con la igualdad de las mujeres y la violencia que se ejerce contra
ellas. No voy a tener tiempo de hacerlo detalladamente, pero en la
exposición de motivos nos hablan de las medidas del pacto de Estado que
están trasladando al texto legal, y llega un momento en que dejan de
hacer esta comparación y vemos que no todas las medidas del pacto de
Estado tienen cabida en la proposición y que nuevas medidas se incorporan
sin figurar previamente en ningún acuerdo, ni de esta Cámara ni del
Congreso. Y, efectivamente, quien presenta la proposición lo puede hacer,
pero queda muy desdibujado cuando lo llamamos proposición de ley para el
desarrollo del pacto de Estado.

Si entramos en el articulado, el artículo único
de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, me habrán escuchado en muchas
ocasiones que el Estado va tarde en la incorporación de su normativa,
tanto del pacto de Estado como del Convenio de Estambul: Todas las
violencias que se ejercen contra las mujeres, y no solo la violencia, que
es la que ampara la Ley 1/2004. Los dos últimos gobiernos de Pedro
Sánchez han propuesto hacerlo con regulaciones específicas en vez de
ampliar y adaptar el concepto de violencia contra la mujer en la Ley
integral 1/2004, algo que, como digo, venimos defendiendo distintas
portavoces en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, en línea
con lo que vienen diciendo las comunidades autónomas, e, incluso, como lo
plantea la Sala delegada de Violencia de Género de la Fiscalía en su
memoria de 2019. Creo que es un camino que no deberíamos descartar. Eso
sí, no de cualquier manera. Porque, si lo hacemos a través de una
ponencia exclusiva y se invita a tomar parte a las distintas comunidades
autónomas, operadores jurídicos, personas expertas en violencia machista,
¿creen que estarían de acuerdo con este texto? Yo creo que no.

La violencia contra las mujeres es una
violencia con características muy concretas. La expresión de la
desigualdad estructural existe en nuestra sociedad, y, por ello, para
hacer frente a la violencia contra las mujeres son precisas medidas
específicas que den respuesta a las mismas. Desde el 29 de junio de 2005,
fecha en la que se pone en marcha la Ley orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género, hasta el 30 de junio
de 2020, por los juzgados de violencia específicos de la mujer han pasado
casi 2 millones de denuncias de este tipo. ¿De qué estaríamos hablando si
se hubiera incorporado el resto de violencia contra las mujeres aplicando
el Convenio de Estambul? La Ley orgánica de 2004, para la eliminación de
violencia de género, tuvo la gran virtud de poner sobre la mesa este tipo
de violencia específica contra las mujeres y separarla de la violencia
doméstica o intrafamiliar. Por primera vez se reconocía la especificidad
de la violencia de género, se reconocía la violencia contra las mujeres
como un problema estructural, con profundas raíces culturales, y, además,
otorgaba derechos a las mujeres víctimas. Otra cosa es que su aplicación
práctica aún sigue presentando grandes desafíos, además de que se
circunscribe exclusivamente a la violencia en el marco de la pareja o
expareja.

Efectivamente, existen otros tipos de violencia
reconocidos por el Convenio de Estambul que habrá que reconocer en el
marco de la desigualdad estructural de hombres y mujeres. Pero teniendo
en cuenta esto, la proposición de ley —esta es nuestra
lectura— entra a hacer esta modificación de los artículos 1 y 2 de
manera poco acertada, de forma excesivamente retórica. La claridad en el
objeto de la ley debe ser la base, como lo ha sido hasta ahora en la
Ley 1/2004, que fue la primera normativa que introdujo por primera vez
los juzgados especializados en violencia contra las mujeres que comparten
jurisdicción en materia penal, en materia civil y también en materia de
familia; uno de los pocos ejemplos de legislación en Europa que aborda
específicamente la violencia ejercida por los hombres contra sus parejas,
que brinda a sus víctimas derechos legales, derechos socioeconómicos. Si
ampliamos el objeto, debería tener perfectamente delimitado también las
violencias específicas que aborda.

En definitiva, si ampliamos el concepto de
violencia de género —que lo debemos hacer—, necesariamente
tendrá que tener la misma seguridad jurídica que el texto aprobado en la
Ley 1/2004, en relación con la violencia de género. Lo que presentan no
creo que cumpla este requisito. Y sí, efectivamente, lo podríamos
enmendar. Pero siguiendo con la modificación de la Ley 1/2004, otra cosa
es que, aprovechando que cambian la ley —que le debo recordar, se
aprobó con la unanimidad de todos los grupos—, entren en invasiones
competenciales regulando aquello que es competencia de las comunidades
autónomas: sanidad, vivienda, educación..., proponiendo la modificación
del título 1 de medidas de planificación, sensibilización, prevención y
detección.

Le voy a acotar lo que mi grupo siempre ha
defendido: Título preliminar. Modificar el título preliminar, los
artículos 1 y 2, adaptándolos al Convenio de Estambul y el despliegue
completo de la ley, que todavía nos da muchas oportunidades en su
desarrollo. Por tanto, si enmendamos los artículos 1 y 2 y el resto de
artículos que se propone modificar, la enmienda que propondríamos sería
la eliminación de toda la modificación que plantean. Tal como están
redactados, evidentemente, no los podríamos aceptar.

Por último, me voy a referir a las
disposiciones finales. Aquí les voy a reconocer que es donde he tenido
más dificultades para hacer ese ejercicio que pretendía sobre qué medidas
se traspasan al texto del pacto de Estado, y donde también he comprobado
que el texto no contiene medidas que existan en el pacto y que de repente
desaparecen en la proposición que se hace, por lo que podríamos hablar de
una proposición de ley de medidas para el desarrollo de algunas medidas
del pacto de Estado y de otras que, sin estar en el pacto de Estado,
también las incluimos. Uno de los ejemplos que a mí me ha sorprendido es
la disposición final cuarta de la modificación de la Ley Orgánica 10/1995
del Código Penal. Sorprende que no propongan la modificación del
artículo 178 del Código Penal, tal y como se deriva de la medida 110 del
pacto de Estado, manteniendo de esta manera la diferencia entre abuso y
agresión, sin tener tampoco en cuenta lo que dice el Convenio de Estambul
en su artículo 36 en relación con el consentimiento y que este debe
prestarse voluntariamente.

Pero más allá de esta disposición concreta,
respecto de las 32 disposiciones finales que plantean, en las que
modifican, entre otras, la Ley de enjuiciamiento criminal, el Código
Civil, el Código Penal, el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP, el
Estatuto de la Víctima del Delito, el Registro Civil, la Ley de
asistencia a las víctimas de delitos, el derecho de asilo, la Ley
Orgánica de igualdad, la Ley de prevención de riesgos laborales, y
algunas más, nos preocupa la seguridad jurídica de una modificación tan
extensa y si, finalmente, con esta propuesta podemos obtener el objeto
que se busca de la atención y protección integral de las mujeres que
sufren violencia machista.

En definitiva, nuestro principal problema es
que deberíamos ir a enmendar todo o la mayoría de los artículos o
disposiciones del texto, por lo que mi grupo considera que no podemos
apoyar la toma en consideración de esta proposición, porque partiríamos,
a nuestro entender, de un texto con una base jurídica poco sólida y de un
intento del grupo proponente —que no nos sorprende— de afán
recentralizador y falta de respeto competencial, que difícilmente va a
poder ser subsanable en el trámite parlamentario.

Finalmente, como le trasladé ayer a la
ministra, ¿dónde nos van a encontrar? Cuando hablamos de derechos
humanos, de conculcación de los derechos humanos de las mujeres, a mi
grupo lo van a encontrar en la búsqueda sin fisuras de ámbitos de
colaboración y de cooperación que nos permitan acabar con la desigualdad
estructural sobre la que se basa la violencia que se ejerce contra las
mujeres. Es necesario el cambio de leyes, porque marcan, con su
aprobación, un antes y un después, lo que la sociedad ya no está
dispuesta a aceptar. Pero estas leyes tienen que ser seguras, y para ello
tenemos que ir más allá, y, además, no podemos correr el riesgo de
centrar todo en el aspecto judicial. Creo que se abre un buen momento
—y en esta proposición tampoco lo encuentro— para hablar de
la ampliación del principio de reparación de las víctimas de violencia
machista, para que cuenten con el apoyo y la atención integral de la
Administración pública en todos sus niveles competenciales, derecho que
incluye la indemnización, pero también el reconocimiento de la verdad o
satisfacción, la garantía de no repetición y la completa recuperación a
través de los recursos de atención.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
EH-Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidenta.
Bon dia a tots de nou.

Me parece lamentable que se puedan decir tantas
barbaridades en esta Cámara. De verdad que es inconcebible que sean
capaces de mentir, manipular y banalizar la violencia machista de esta
manera. De hecho, ya ni están, porque vienen aquí, dicen lo que piensan y
luego se van. Y no se dan cuenta de que son capaces de poner de acuerdo
a 262 personas de 265. Estamos en las antípodas políticas, y aun así, nos
ponemos de acuerdo y nos juntamos para hacer frente a esta —iba a
decir una cosa, pero no la voy a decir—






, a este grupo político. Nos
van a encontrar de frente. Siempre. La senadora de Vox nos ha recordado
que ayer mi compañera, Carolina Telechea, de cuya intervención nos
sentimos todos muy orgullosos, leyó los nombres de las 1081 víctimas,
mujeres asesinadas por la violencia machista. No sé a vosotros, pero a mí
se me puso la piel de gallina al escuchar tantas vidas perdidas a manos
de esta violencia que hay grupos que olvidan y que dicen que no existe. Y
ayer también en el Congreso consiguieron poner a todo el arco
parlamentario a favor. Nos tenemos que unir contra esta violencia que nos
mata por el hecho de ser mujeres. La violencia machista sí tiene género y
hay que combatirla.

El Grupo Esquerra Republicana EH-Bildu se va a
abstener a esta toma en consideración que nos presenta hoy el Grupo
Ciudadanos. Hay puntos que nos parecen importantes, como la ampliación
del concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra
las mujeres, dentro del Convenio de Estambul. Hay cambios necesarios,
pero hay puntos que no vemos claros, como la reforma de las leyes, que no
son realistas. Y la invasión de competencias, como siempre
recentralizadoras, no nos permite votar a favor. Aun así, hoy llevamos
muchas horas debatiendo sobre este tema y tenemos claro que hay mucho
trabajo por hacer, mucho que legislar, y al Grupo Esquerra Republicana
EH-Bildu le van a encontrar al lado para poder legislar y poder acabar
con esta violencia machista que nos mata.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Martín Pozo.

La señora MARTÍN POZO: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

En este debate de toma en consideración tenemos
la cara y la cruz de la lucha contra la violencia de género: por un lado,
la proposición de ley de Ciudadanos, que pretende dar un impulso a la
implementación de las medidas del pacto de Estado y, por otro lado, la
negación de la esencia misma de la violencia de género como tal.

Señorías de Ciudadanos, señora Santiago, su
proposición de ley tiene muy buena intención y obedece a una necesidad
puesta de manifiesto por distintos operadores implicados en la lucha
contra la violencia de género, como es la modificación de la Ley
integral 1/2004 para ampliar el concepto de violencia de género, de
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Estambul, que se ratificó
por España en el 2014, y también para que todas las víctimas de las
distintas modalidades de violencia de género se vean amparadas por la
protección integral que otorga esta ley. Esta necesidad de un abordaje
integral de todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en
el convenio citado, está recogida dentro de las recomendaciones del
informe del grupo de expertos en la lucha contra la mujer y la violencia
doméstica, Grevio, que dice que la ampliación del concepto de violencia
de género es obligado. La mayoría de las comunidades autónomas, señorías,
ya tienen leyes en las que se establece un concepto amplio, incluyendo
toda violencia que se produce contra la mujer, ya sea en el ámbito de
pareja, expareja, familia, público, privado o institucional. Así lo
establece el convenio y lo tienen regulado la mayoría de los países de
nuestro entorno. Aquí se optó por hacer leyes integrales, pero no se ha
tocado la Ley 1/2004, que es una herramienta fundamental, junto con el
pacto de Estado, en la lucha contra la violencia de género, y eso puede
traer problemas jurídicos importantes.

En el Grupo Popular entendemos que es el
momento de abrir este debate y de abordar la modificación de esta ley
para incluir estas otras formas de violencia contra la mujer, como son la
trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos, la
mutilación genital o los abortos forzados, todo ello para que puedan
gozar, como hemos dicho, de la protección que establece la ley integral.
E, incluso, ir más allá e incorporar la violencia online o el ciberacoso
en un momento en que ha aumentado muchísimo la exposición a Internet, a
distintas redes sociales, especialmente, por parte de las más pequeñas,
de las menores de edad. El 98,9 % de las mujeres con presencia pública en
Internet ha sufrido, al menos en alguna ocasión, acoso en las redes por
el mero hecho de ser mujeres; es decir, otra modalidad de violencia de
género.

La fiscal de Sala delegada contra la violencia
de género, en su comparecencia ante la Comisión de seguimiento de los
acuerdos del pacto de Estado, el pasado día 17 de febrero, consideró
obligada la ampliación del concepto de violencia de género, argumentando
problemas jurídicos importantes al haberse tratado algunas formas de
violencia contra la mujer en leyes integrales y otras no. Y ayer mismo,
la fiscal general del Estado, en su comparecencia en la Comisión de
Justicia de esta Cámara, manifestó también la necesidad de ampliar el
concepto de violencia de género en el sentido del Convenio de Estambul,
y, por tanto, la obligada modificación de la Ley 1/2004. Una ley que
supuso un avance importante en la lucha contra la violencia de género y
que ha sido reconocido por el propio Grevio. Una ley en la que, gracias
al trabajo del Partido Popular, se reconoció a los niños como sujetos de
la misma violencia que se ejerce contra sus madres, y que, por tanto,
gozan del mismo nivel de protección en la ley. Con el Convenio de
Estambul, señorías, se adopta por primera vez en el ámbito europeo un
tratado internacional de carácter vinculante en materia de violencia
contra la mujer y violencia doméstica para hacer frente a la que también,
literalmente, se considera ya una grave violación de los derechos
humanos. Ningún otro tratado de ámbito europeo había identificado y
expresaba textualmente que la violencia contra la mujer es un atentado a
los derechos humanos. Se hace en él un especial y preocupante
reconocimiento respecto a las mujeres y niñas expuestas a formas graves
de violencia, tales como las que ya mencionaba anteriormente, o los
crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor. Pero destaca
especialmente las violaciones constantes de los derechos humanos durante
y después de los conflictos armados que afectan a la población
civil.

Pues bien, conscientes de que nuestro
ordenamiento jurídico no contemplaba estos tipos de violencia de género,
la voluntad del pacto de Estado aprobado en 2017 fue precisamente mejorar
la Ley 1/2004, dotándola de mayor eficacia e incorporar estas otras
formas de violencia. La idea inicial del Partido Popular, que fue el
promotor principal del pacto que luego llegó a todos los otros grupos
políticos, fue abordar la modificación de esta ley, si bien, en aras del
consenso, se optó por abordar el tema a través de otras leyes, como las
modificaciones que hubo del Código Penal, y se llevaron distintas
modificaciones legislativas que abarcan ya, prácticamente, todos los
tipos de violencia. No obstante, tenemos pendiente una ley de trata que,
lamentablemente, el Gobierno no tiene intención de hacer a juzgar por el
hecho de que Irene Montero y su corte de asesoras y niñeras llevan dos
años en el ministerio y no han hecho nada al respecto.

Pero, señorías de Ciudadanos, pese a la buena
intención de su proposición de ley, desde el punto de vista jurídico es
francamente mejorable. Pareciera haber sido elaborada con prisas, sin
pulir la técnica jurídica, sin tener en cuenta los concordantes a
modificar, con problemas competenciales, pero como punto de partida para
abrir un trámite parlamentario en el que tenga lugar un debate serio y
sereno de todos los grupos que pudiera llevar a esos mismos consensos que
el pacto de Estado, nos pudiera valer. No es una tarea sencilla, porque
supone profundas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico y habrá
que estudiar y calibrar cómo llevar a la práctica esta modificación. Por
eso hablamos de debate sereno y de trabajo profundo para llegar a
consensos.

Por este motivo, mi grupo parlamentario va a
apoyar la toma en consideración de su proposición de ley. No va a ser el
Partido Popular el que se oponga a cualquier medida que se pretenda
implementar para luchar contra la violencia de género. Son muchos los
años en los que lleva trabajando el Partido Popular contra la violencia
de género. Y no solo de boquilla, sino con hechos: modificando el Código
Penal, ratificando el Convenio de Estambul, promoviendo un pacto de
Estado con el consenso de, prácticamente, todos los grupos. Y, lo que es
más importante, dotándolo de contenido económico: mil millones de euros
durante cinco años. Porque ya sabemos, señorías, que sin contenido
económico no hubiera pasado de ser una declaración de intenciones. Pero
no solo dando atención y protección a las víctimas, sino trabajando por
la igualdad, porque es la desigualdad el origen de la violencia contra
las mujeres; trabajando por la igualdad de una manera seria, no con
eslóganes estridentes, sino trabajando por la igualdad de oportunidades,
por el empleo femenino, contra la discriminación salarial y los techos de
cristal y, sobre todo, por una educación en igualdad desde la infancia.
Por eso nos duele escuchar determinadas intervenciones que se han
producido esta mañana en esta Cámara. Me iba a dirigir a la señora
Melero, pero no se encuentra aquí; eso sí que es valentía, venir, soltar
la piedra y esconder la mano y no quedarse aquí a escuchar lo que tenemos
que decir los demás. (Aplausos). Señora Melero, aunque no esté, supongo
que luego leerá el Diario de Sesiones o me escuchará. El Partido Popular
honra todos los días con su trabajo a todas las víctimas: a las del
terrorismo, a las de la COVID y a las de la violencia de género, a todas
las víctimas, señora Melero. (Aplausos). Señorías de Vox, señora Melero,
de verdad, usted, cuando baja a esta tribuna y lee su intervención, yo ya
no digo como mujer, digo como ser humano, ¿no se le remueve nada por
dentro sabedora del sufrimiento de las víctimas? Su proposición de ley no
tiene un pase, porque niega la mayor, que es la existencia de la
violencia de género. Negar esa existencia es reírse a la cara de las
víctimas de violencia contra la mujer. Flaco favor, señorías de Vox,
hacen a las mujeres intervenciones como la suya.

Por supuesto que hay violencia que padecen los
ancianos, los niños, los hombres en el ámbito doméstico, violencias que
son igualmente deleznables y ya tienen su tipificación en el Código
Penal, pero hay una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero
hecho de serlo, eso es incuestionable y me parece mentira que a estas
alturas tengamos que entrar en este debate. ¿Es desconocimiento o es
populismo?, le preguntaría a la señora Melero. Díganos, ¿es
desconocimiento o populismo? Si es desconocimiento déjeme que le
recomiende asistir a las sesiones de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Pacto, así podrían haberse enterado de que el porcentaje
de denuncias falsas que ustedes argumentan es del 0,01 %. Podrían haberse
enterado también de que el motivo que ustedes argumentan de que las
mujeres utilizan las denuncias para obtener ventaja en sus separaciones
no es tal, porque de las 168 000 denuncias el año pasado, solo se
incoaron 22 000 asuntos civiles. Y ya que su partido parece que no tiene
pereza en hacer visitas a delincuentes en las cárceles, déjeme que le
recomiende que haga una visita a cualquiera de las casas de acogida que
existen en todo el territorio nacional para que vea el sufrimiento de las
mujeres y sus hijos, su humillación y su anulación como personas y el
trabajo ímprobo que hacen con ellas parte de muchas asociaciones a las
que ustedes se permiten llamar chiringuitos. Pero mucho me temo que no es
desconocimiento, sino una pose populista que ustedes han adoptado, se han
colocado en la radicalidad y en la provocación, como la última
ocurrencia: celebrar el día del recuerdo de los fallecidos de la COVID
el 8 de marzo. No hay más días en el año, ¿verdad? Basta ya de postureo,
señores de Vox, van con el paso cambiado y cada vez que se apartan de la
unidad de esta lucha están poniendo en peligro a las mujeres. Eso sí es
cobardía, señora Melero.

Voy terminando, presidenta. Solo con una
oposición firme y unánime de la violencia contra las mujeres podremos
acabar con esta lacra, y cada vez que ustedes la niegan, señorías de Vox,
están dando alas a los maltratadores. Por si no les había quedado claro,
vamos a votar en contra de la toma en consideración de su proposición de
ley. Al resto de grupos del arco parlamentario, a los partícipes del
espíritu del Pacto de Estado, mano tendida del Partido Popular para
seguir trabajando desde el consenso contra esta otra pandemia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora López Martín.

La señora LÓPEZ MARTÍN: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.

El Grupo Ciudadanos solicita la toma en
consideración de una proposición de ley que tiene como nombre para el
desarrollo del pacto de Estado contra la violencia machista y que luego
se traduce en una reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta
reforma se centra básicamente en la ampliación del concepto de violencia
y en la ampliación de las víctimas sometidas a la ley, y además, en
principio, responde, sobre todo en la ampliación del concepto de
violencia, a lo solicitado por numerosos colectivos de fiscales, de
jueces, de asociaciones y a ajustarse al Convenio de Estambul, por lo
cual parece contradictorio y por eso requiere de una explicación clara:
por qué el Partido Socialista va a votar en contra de esta toma en
consideración. Le aseguro, señora Santiago Camacho, que no tiene nada que
ver con quién presenta la ley, con quién propone el proyecto, quién es el
autor o que no sea el Grupo Socialista. De egos, en mi partido hace mucho
tiempo que entendemos muy poco. Tiene mucho más que ver con la falta de
rigor del texto, tiene mucho más que ver con un texto sumamente malo.
Aquí no se ha dicho, sí se ha dicho que tiene deficiencias, que tiene
carencias, que presenta graves defectos, una falta de rigor, que parece
estar hecho con prisas... Efectivamente, es un texto que carece de un
rigor técnico-jurídico tan grande que luego es imposible con esos mimbres
hacer un buen cesto. Tenemos que pensar que formamos parte del Poder
Legislativo, que somos colaboradores necesarios en el desarrollo y la
promulgación de las leyes y que nuestras leyes tienen que mejorar la vida
de los ciudadanos, pero no podemos hacerlas a espaldas de quien las tiene
que poner en marcha, de quien, verdaderamente, las tiene que aplicar,
porque con este texto a lo que se llegaría es a perjudicar el bien
jurídico protegido, que es el de la mujer víctima de violencia de género.
¿Qué prisas tenemos? ¿Por qué tenemos que tomar en consideración y
debatir un texto que todos los grupos consideran que es malo? ¿Qué nos
obliga a debatir y a tomar en consideración un texto que es malo? Es
malo, carece de todo rigor, ¿por qué tenemos que hacer eso? Se podrá
tomar en consideración para debatir, enmendar, proponer y hacer todos los
añadidos que correspondan de un texto cuya base es buena, pero no de uno
cuya base es mala, porque está hecho al margen y en contra de quien tiene
que aplicarla, y todos los que estamos aquí hemos oído alguna vez
preguntar al que aplica las leyes: ¿pero dónde estaba el legislador
cuando pensó en esto? Y, repito, además, se puede volver en contra de la
propia mujer víctima.

Dos son los motivos por los que este grupo no
va a votar a favor, y no va a votar a favor por motivos
técnico-jurídicos, repito. Este proyecto de ley afecta a más de 24 leyes,
muchas de las cuales ni siquiera se mencionan para derogarlas o
modificarlas, con lo cual ya hace inviable cualquier consideración sobre
eso; por ejemplo, introduce como víctimas a los menores sometidos a
tutela o guarda y custodia, pero no modifica el texto refundido de la Ley
de la Seguridad Social. Además, es claramente inconstitucional, porque
invade competencias de las comunidades autónomas. Igualmente, en su
disposición vigesimonovena dice que hay determinadas disposiciones que
tienen que tener el carácter de orgánico, pero omite también el carácter
orgánico de los artículos 1, 2 y 69, además de la condición que se otorga
de víctimas a otras personas que no son la mujer sujeta a violencia. El
texto presenta tantas dudas que no sabemos si está queriendo decir que sí
que son víctimas a los efectos de la ley o que no son víctimas a los
efectos de la ley. El propio pacto, que fue consensuado, dice que para el
desarrollo de determinadas normas del pacto podemos acudir a otro tipo de
leyes. El otro día, la fiscal de Sala delegada contra la violencia de la
mujer, que compareció en la Comisión de violencia, planteaba las dudas
que le generaba, a los efectos de aplicación de la ley, la introducción
de los niños también como víctimas. Entonces tenemos que pensar
verdaderamente que estas leyes están hechas para ser aplicadas y para
favorecer el bien jurídico protegido. Con lo cual, no vamos a votar a
favor.

Estos son argumentos técnico-jurídicos que
pueden ser arreglados o no en un posterior debate, pero están los
argumentos de fondo. El pacto de Estado es alabado o es admirado por
todos, porque es un pacto fruto del consenso, de las negociaciones, del
estudio, de escuchar a todos, a todas, a todos los colectivos, a jueces,
a fiscales, a todo el mundo. Es un pacto de consenso y de ese pacto de
consenso deriva su eficacia. Esta proposición ya nace con defectos que no
llevarían, ya no al consenso, por lo que todos sabemos, pero sí a una
amplia mayoría que lleve a hacerle eficaz, que es de lo que se trataría.
Por todo ello, y aunque parezca enormemente contradictorio, no podemos
votar a favor de esta proposición de ley. No es buena ni desde el punto
de vista técnico-jurídico ni desde el punto de vista de cómo nace, pues
nace con prisas, nace sin rigor de ningún tipo y esperemos que algún día
sí podamos votar una que se ajuste a lo que verdaderamente fue el
espíritu, el consenso del pacto de Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, el plazo para emitir el voto
telemático para la votación de las proposiciones de ley se abrirá una vez
concluido el debate del siguiente punto del orden del día.

La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

La señora PRESIDENTA: No se han presentado
propuestas a dicho tratado. ¿Algún grupo desea intervenir? Grupo Popular,
Izquierda Confederal, Grupo Nacionalista, Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, Esquerra Republicana y Grupo Socialista.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra el senador Cleries y Gonzàlez, por tiempo
de cinco minutos.

Cuando quiera, señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta. Intervengo desde el escaño.

Nosotros celebramos la ratificación de esta
Carta Social Europea en su versión revisada. Pero, claro, lo que
sorprende es que la revisión es del año 1996, el Estado español la firmó
en el año 2000 y no se ratifica hasta el año 2021. Parece que los temas
sociales, a los distintos gobiernos de todo el Estado español, no les han
preocupado mucho. Y también sorprende que cuando hablan del tema de
Gibraltar se han de referir al rey Felipe V, con el Tratado del 13 de
julio de 1713, para que no les pisen nada, y cuando algunos hablamos
de 1714, nos dicen que nos vamos muy lejos. Veo que ustedes están tan
lejos como otros. Por tanto, lo que pedimos es que haya una cierta
coherencia. Mi grupo parlamentario, Junts per Catalunya, dará apoyo a
esta ratificación y a esta tramitación, pero, ya digo, lamentando la
lentitud del Estado español cuando la prioridad es creer en un Estado de
bienestar social.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, intervendrá el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Egun on, senatari jauna andreok guztioi.

La Carta Social Europea revisada y el Tratado
relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación
jurídica internacional entre autoridades centrales fueron aprobados en
diciembre pasado en la Comisión de Asuntos Exteriores. El trámite para la
ratificación de la Carta Social Europea comenzó con el Gobierno monocolor
de Pedro Sánchez, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales.
Ahora no solo se ratifica la Carta Social Europea revisada, sino que se
añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional de 1995 de
reclamaciones colectivas. El Gobierno ya ha iniciado los trámites para la
aplicación en España de este protocolo que otorga mayores garantías al
cumplimiento de la Carta Social Europea, ya que permite presentar
reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales. España, es verdad,
había omitido este compromiso internacional durante muchos años, hasta
que se retomó la cuestión en el acuerdo presupuestario de 2018. Nosotros
estamos convencidos de que la crisis sanitaria, social y económica que
atravesamos hace más necesario que nunca que los derechos sociales estén
plenamente garantizados. La ratificación de la Carta Social Europea
revisada y la firma del Protocolo de reclamaciones colectivas es un paso
adelante en la asunción de nuestras obligaciones internacionales y en el
respeto a los derechos sociales, concretamente, en materia de empleo,
salud, vivienda y protección social en España. Por esto, votaremos a
favor de ambas.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Uribe-Etxebarría Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidenta andrea. Intervengo desde el escaño, si me permite.

Nosotros queremos mostrar nuestra satisfacción
por la ratificación de la Carta Social Europea, tras veinte años de
espera, en su versión revisada, que incluye también, como bien se ha
dicho, un Protocolo de reclamaciones colectivas, que nosotros siempre
hemos apoyado, y que nos parece una herramienta imprescindible para que
la carta no quede en papel mojado y adquiera mayor visibilidad,
exigibilidad, efectividad de los derechos tan básicos y fundamentales que
en ella se recogen. Para nosotros es necesario y esencial reforzar la
idea de una Europa social y preservar así el modelo económico y social
europeo, al objeto de alcanzar un progreso cohesionado y luchar contra
las desigualdades. De lo que se trata es de garantizar en la práctica el
derecho al trabajo, a un salario y a una vida digna, a un conjunto de
derechos que permita a los ciudadanos avanzar en calidad de vida,
bienestar y justicia social. Para nosotros, el PNV, como partido
humanista, la justicia social es ante todo un imperativo ético que
favorece las sociedades cohesionadas y que es también un factor de
competitividad. Defendemos la economía social de mercado y la igualdad de
oportunidades, a lo que esta carta va a contribuir con claridad.

Eskerrik asko, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Castel
Fort.

La señora CASTEL FORT: Gràcies,
presidenta.

Tenemos que recordar que este año la Carta
Social Europea cumple sesenta años y el tratado revisado que vamos a
ratificar hoy tiene veinticinco años. Por lo tanto, estamos hablando de
textos con una antigüedad suficiente para entender que a los diferentes
gobiernos españoles los avances en la protección social y laboral les
importan poco o bien poco. Es evidente que vamos a dar nuestro
consentimiento a la ratificación, pero queremos recordar que a esta carta
se le añadió, incluso antes de la modificación que ratificamos hoy, un
protocolo adicional en 1995, que posibilita, como ya se ha explicado, el
sistema de reclamaciones colectivas. Este sistema de reclamaciones
colectivas tiene por objetivo incrementar la efectividad y el impacto de
la implementación de la carta a nivel nacional, capacitando a los
operadores sociales y las organizaciones no gubernamentales con la
posibilidad de interponer estas reclamaciones colectivas ante el Comité
Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, comité que examina el
cumplimiento de los Estados con las previsiones de la carta. Sabemos que
el pasado 4 de febrero, 4 de febrero, España ha decidido, finalmente,
firmar este protocolo, decisión de la que nos felicitamos mucho.
Esperemos que no tardemos veinticinco años en ratificar la firma de este
protocolo y se lleve lo más pronto posible a las Cortes, porque en caso
contrario no tendría validez. Es evidente que la carta de por sí supone
un avance en la protección de los derechos sociales y en materia de
vivienda, salud, bienestar o empleo y, por esta razón, vamos a votar a
favor, pero el protocolo adicional acabaría de perfeccionar el mecanismo
de protección al posibilitar las reclamaciones colectivas. Animamos,
pues, al partido político que da apoyo al Gobierno a que inste a su
ratificación lo más pronto posible y que España garantice, como lo hace
Finlandia, que las organizaciones no gubernamentales dentro de su
jurisdicción tengan el derecho de presentar este tipo de reclamaciones.
Entonces sí que España se acercaría un poco a una democracia
consolidada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra la senadora Rojo Noguera.

La señora ROJO NOGUERA: Gracias,
presidenta.

Queremos intervenir, en referencia a este
acuerdo que se presenta hoy de la Carta Social Europea revisada, para
decir que nuestro voto va a ser en contra; y siento llevar la contraria,
pero es que parte de los argumentos que se han dado aquí nos sirven a
nosotros para defender nuestra posición, porque, por una parte, en el
actual procedimiento de ratificación no queda suficientemente claro si el
Gobierno propone o no ratificar la Carta Social Europea revisada en su
conjunto o si excluye expresamente suscribir el Protocolo de
Reclamaciones Colectivas, que, entre otras cosas, saben perfectamente que
permitiría presentar denuncias ante el Comité Europeo de Derechos
Sociales, incluso, siendo contrarias al ordenamiento y a la
jurisprudencia española, lo que sin duda iría en contra de nuestra
seguridad jurídica; y, precisamente, la necesidad de garantizar la
seguridad jurídica y de adaptar previamente algunos aspectos de la
legislación española es lo que llevó a sucesivos gobiernos durante todos
estos años a posponer la ratificación de esta Carta Social Europea desde
el año 1996. Se deberían preguntar también por qué ocurre esto, entre
otras cosas, porque España se adhirió desde el principio a la Carta
Social Europea del año 1961 a todos los protocolos, justo hasta llegar al
protocolo del año 1995 y a esta Carta Social revisada. Además, hay que
decir que no somos los únicos, sino que hay doce Estados miembros del
Consejo de Europa —porque también hay que decir que estamos
hablando del Consejo de Europa— que se han negado a ratificar esta
Carta; incluso algunos de los que la han ratificado, como, por ejemplo,
Suecia, pusieron reparos y señalaron que se trataba de un mecanismo
superado por el ordenamiento europeo.

Por otra parte, también quiero decir que los
derechos incorporados a esta versión revisada son de carácter muy
genérico, lo que puede hacer arbitraria su interpretación por el Comité
Europeo de Derechos Sociales en relación, por ejemplo, a algunos de los
conceptos que se han hablado aquí: la protección en caso de despido, la
dignidad en el trabajo, la igualdad de oportunidades de los trabajadores
con responsabilidades familiares, la protección contra la pobreza y la
exclusión social, o la vivienda, entre otras cuestiones, que están todas
recogidas y protegidas, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, incluida
la Constitución, como en los distintos tratados europeos.

Presidenta, estas son las razones por las que
nuestro grupo votará en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Ferrer.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, en el Grupo
Parlamentario Socialista queremos valorar positivamente las
manifestaciones de los grupos parlamentarios que han decidido apoyar la
ratificación de la Carta Social Europea, y coincidimos también, como se
ha planteado, en la necesidad de que se suscriba el Protocolo de
Reclamaciones Colectivas como una herramienta que permite una correcta
aplicación de los derechos económicos y sociales fundamentales que
contiene la carta revisada en los países miembros. Como conocerán todas y
todos ustedes, señores y señoras senadores, el pasado 22 de diciembre, el
Consejo de Ministros ya tomó la iniciativa; se ha mencionado el día 4 de
febrero, pero es un paso posterior a la decisión del 22 de diciembre, es
decir, para el Grupo Socialista, no hay duda de que se va a suscribir por
la importancia que tiene.

Lamentamos la posición que ha manifestado el
Grupo Parlamentario Popular porque demuestra que sigue atrapado en sus
sombras del pasado. Sigue buscando su identidad y no sabe que la
identidad está en el constitucionalismo. La Carta Social Europea es la
Constitución social de Europa, (Aplausos), como el propio Consejo de
Europa, en el año 2014, proclamó en el Tratado de Turín. Por lo tanto, no
es posible proclamar día sí y día también que se es constitucionalista y
rechazar la Carta Social. Es verdad, hemos tardado mucho, era una
asignatura pendiente de la democracia española.

Muchos hemos luchado desde el año 1996 para que
España suscribiera la Carta revisada; fruto de ello, en el año 2000
—miren por donde la portavoz que ha intervenido del Partido Popular
no lo recuerda—, con el Gobierno de don José María Aznar, se firmó
la Carta revisada. ¿Por qué? Por la presión o la exigencia de las
organizaciones sociales, de las ONG y del movimiento sindical español, de
la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras, junto con
otras organizaciones sindicales de todo el Estado. Posteriormente, no se
quiso dar el paso de la ratificación.

En 2004, en la legislatura de José Luis
Rodríguez Zapatero, se empezó a hablar, pero desafortunadamente, vino la
crisis de 2008, y se torció. Desde 2012, fue imposible ya con el Partido
Popular. ¿Por qué? Porque el propio comité, ese comité que se ha dicho
que interpreta de una manera laxa preceptos genéricos —creo que es
la calificación que se ha dado—, el Comité Europeo de Derechos
Sociales, dijo que la reforma laboral de 2012 vulneraba la Carta Social
Europea, que contravenía derechos económicos y sociales fundamentales
como el de la libertad sindical. También el Comité Europeo de Derechos
Sociales dijo que España había vulnerado las normas europeas con la
prohibición de acceso a la sanidad universal a las personas migrantes que
en nuestro país aún no tenían una regularización administrativa. Yo creo
que esas son las razones que hay detrás del argumentario que el Partido
Popular no quiere reconocer.

Señorías, esta ratificación supone que hoy sea
un día muy importante para la democracia española. Es un día en el que el
estado social en España da un paso hacia adelante, comparable al que se
dio en el año 1980, en el que se suscribió y se ratificó la Carta, y a la
vez se aprobó el Estatuto de los trabajadores. Hoy en día se da ese paso,
y simplemente les quiero recordar una cosa: el progreso económico y
social de los países se mide fundamentalmente por el respeto y por las
garantías que se dan a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales.

Por lo tanto, gracias a todas y a todos por
apoyar la ratificación de la Carta Social Europea y la firma de la
Declaración de las reclamaciones colectivas.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

Concluido el debate, se abren las siguientes
votaciones: Carta Social Europea revisada, hecha en Estrasburgo, de 3 de
mayo de 1996, y Declaración que España desea formular. Igualmente,
procedemos a la votación de la toma en consideración de la proposición de
ley de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, y de la toma en consideración de la proposición de ley
alternativa, así como de la autorización, como he dicho, de la Carta
Social Europea revisada.

Se abre la votación telemática desde este
momento, que son las trece horas y nueve minutos, hasta las quince horas
y nueve minutos.

La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

La señora PRESIDENTA: Propuesta de veto
número 1, de los senadores Marín Gascón, González-Robatto Perote y la
senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Votos emitidos, 261; a favor, 4; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.

Señorías, no habiendo resultado aprobada la
propuesta de veto, procede proclamar el resultado del resto de las
votaciones de las enmiendas.

A continuación, proclamaré el resultado de las
votaciones de las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de
los senadores González-Robatto Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares,
del Grupo Mixto.

Enmienda número 1.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 2.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 3.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 4.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 5.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 6.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 7.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 8.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 9.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 10.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 11.

Votos emitidos, 260; a favor, 3; en
contra, 257.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 12.

Votos emitidos, 259; a favor, 3; en
contra, 256.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, se procede a proclamar el
resultado de las siguientes enmiendas. De los senadores Cleries i
Gonzàlez y Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, números 36 a 44, 49 a 56, 62, 65, 45, 46, 57, 47, 48, 58
a 59, 60, 69, 61, 63, 64 , 66, 67, 68, 71, 72 y 73.

Enmiendas números 36 a 44, 49 a 56, 62
y 65.

Votos emitidos, 261; a favor, 21; en
contra, 226; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 45.

Votos emitidos, 261; a favor, 105; en
contra, 129; abstenciones, 27.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 46 y 57.

Votos emitidos, 261; a favor, 117; en
contra, 130; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 47, 48 y 58 a 59.

Votos emitidos, 261; a favor, 29; en
contra, 225; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 60 y 69.

Votos emitidos, 261; a favor, 15; en
contra, 226; abstenciones, 20.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 61 y 63.

Votos emitidos, 261; a favor, 130; en
contra, 128; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda número 64.

Votos emitidos, 261; a favor, 28; en
contra, 128; abstenciones, 105.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 66.

Votos emitidos, 261; a favor, 23; en
contra, 128; abstenciones, 110.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 67.

Votos emitidos, 261; a favor, 126; en
contra, 128; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 68.

Votos emitidos, 261; a favor, 8; en
contra, 217; abstenciones, 36.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 71.

Votos emitidos, 261; a favor, 16; en
contra, 226; abstenciones, 19.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 72.

Votos emitidos, 259; a favor, 8; en
contra, 222; abstenciones, 29.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 73.

Votos emitidos, 260; a favor, 27; en
contra, 120; abstenciones, 113.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, procederé a la proclamación de
las votaciones de las enmiendas del senador Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmiendas números 74 y 81.

Votos emitidos, 260; a favor, 20; en
contra, 225; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 75.

Votos emitidos, 260; a favor, 130; en
contra, 128, abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Enmiendas números 76, 77, 79 y 80.

Votos emitidos, 259; a favor, 33; en
contra, 224; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 78, 82 y 85.

Votos emitidos, 259; a favor, 129; en
contra, 128; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda número 83.

Votos emitidos, 259; a favor, 124; en
contra, 128; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 84.

Votos emitidos, 260; a favor, 33, en
contra, 130; abstenciones, 97.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 86.

Votos emitidos, 260; a favor, 29; en
contra, 229; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 87.

Votos emitidos, 260; a favor, 20; en
contra, 225; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Proclamación del resultado de las votaciones de
la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado.

Enmienda número 88.

Votos emitidos, 260; a favor, 16; en
contra, 225; abstenciones, 19.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, procedo a proclamar los
resultados de las votaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

Enmiendas números 89 y 90.

Votos emitidos, 260; a favor, 32; en
contra, 225; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 91.

Votos emitidos, 260; a favor, 21; en
contra, 225; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 92 y 93.

Votos emitidos; 260; a favor, 23; en
contra, 118; abstenciones, 119.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

A continuación, procedo a proclamar los
resultados de las votaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Enmienda número 14.

Votos emitidos, 260; a favor, 109; en
contra, 143; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 15.

Votos emitidos, 260; a favor, 104; en
contra, 145; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 17 y 34.

Votos emitidos, 260; a favor, 110; en
contra, 130; abstenciones, 20.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 19.

Votos emitidos, 260; a favor, 128; en
contra, 126; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Enmiendas números 20 y 23.

Votos emitidos, 260; a favor, 125; en
contra, 129; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 22.

Votos emitidos, 259; a favor, 124; en
contra, 130; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 24 y 26.

Votos emitidos, 260; a favor, 104; en
contra, 137; abstenciones, 19.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 27 y 35.

Votos emitidos, 260; a favor, 118; en
contra, 136; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 28.

Votos emitidos, 260; a favor, 109; en
contra, 145; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 29 y 30.

Votos emitidos, 260; a favor, 128; en
contra, 126; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda número 31.

Votos emitidos, 260; a favor, 105; en
contra, 149; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 32.

Votos emitidos, 260; a favor, 97; en
contra, 135; abstenciones, 28.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, se procede a proclamar la
votación de aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y
no comprendidas en las votaciones anteriores.

Votos emitidos, 258; a favor, 251; en
contra, 6; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
aprobadas.

Resto del proyecto de ley.

Votos emitidos, 260; a favor, 257; en
contra, 3.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Pleno
del Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey. (Aplausos).