Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Senado, Pleno, núm. 21, de 09/09/2020
PDF










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del
Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000004
criminalidad; lucha contra la delincuencia; protección de
datos; terrorismo; transporte de viajeros


Interior





Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000007
enfermedad infecciosa; epidemia; plazo administrativo;
reactivación económica; sistema judicial


Justicia







INCOMPATIBILIDADES




DICTÁMENES DE COMISIÓN




Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su
sesión del día 2 de septiembre de 2020, en relación con los Senadores y
las Senadoras.


503/000004
incompatibilidad








MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a revisar la política
fiscal a la baja junto con una disminución del gasto público y a
implementar una política económica que mejore las condiciones productivas
de las empresas.


671/000027
ayuda a las empresas; política fiscal

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para garantizar el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza.


671/000028
derecho a la educación; libertad de opinión; programa de
actuación


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas económicas de apoyo a los municipios y a las
entidades locales para hacer frente a los efectos de la depresión aislada
en niveles altos (DANA) y las borrascas Cecilia en otoño de 2019 y Gloria
en enero de 2020.


671/000029
ayuda a los siniestrados; ayuda económica; condiciones
atmosféricas; municipio


GPERB






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un
plan contra la exclusión financiera en la España rural.


662/000027
política financiera; programa de actuación; región
rural


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a rectificar y a derogar el
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales y
consensuar con las formaciones políticas un acuerdo que atienda a las
necesidades y prioridades de las entidades locales.


662/000026
aplicación de la ley; entidad local;
financiación


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas
para minimizar el impacto económico de las medidas de control de la
pandemia en Lleida y la comarca de El Segrià.


662/000028
Lleida (Provincia); consecuencia económica; enfermedad
infecciosa; epidemia; plan anticrisis; relación Estado-entidades
territoriales


GPERB




Se reanuda la sesión a las nueve horas


La señora presidenta informa a la Cámara de que, por acuerdo de la
Junta de Portavoces, el plazo de dos horas para la votación telemática de
los proyectos de ley incluidos en el orden del día dará comienzo una vez
finalizados los debates respectivos. Informa, igualmente, de que el
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades y las primeras cuatro
mociones que figuran en el orden del día serán sometidos a votación
telemática durante el plazo que la Presidencia abrirá al finalizar el
debate de la última de ellas. Finalmente, informa de que el plazo de
votación telemática para las dos últimas mociones se abrirá antes de
finalizar la sesión plenaria y sus resultados serán comunicados a los
señores senadores, publicados en la página web del Senado y proclamados
al inicio de la próxima sesión plenaria.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL
REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000004

Interior


La señora Castro Mateos, presidenta de la Comisión, presenta el
Dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces, intervienen: la señora Merelo Palomares y el
señor Catalán Higueras, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Hervías Chirosa, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señor Otaola Urquijo, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Yécora Roca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el
señor Díaz Marín, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Castellana Gamisans defiende la enmienda número 2, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


En turno en contra, interviene la señora Hernández Espinal.


En turno de portavoces, intervienen: el señor Martínez
Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); la señora Otaola Urquijo, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor De Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Díaz Marín, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las diez horas y veintiún minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática de todas las votaciones
previstas reglamentariamente, que son: votación de la enmienda, que
quedaría incorporada definitivamente al dictamen si resultara aprobada, y
votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000007

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la Comisión de Justicia, presenta
el Dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces, intervienen: el señor Sánchez López, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Landa Jáuregui, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor De
Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Marín Gascón defiende las enmiendas 63 a 76 y 78 a 83, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa de la señora Merelo
Palomares, de él mismo y del señor González-Robatto Perote.


El señor Cervera Pinart defiende las enmiendas 17 a 24, 26 a 40 y 45
a 48, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, presentadas por
iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez y de él mismo.


La señora Castel Fort defiende las enmiendas 1 a 13, 84 y 85, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


La señora Ayala Santamaría defiende las enmiendas 51 a 54 y 56 a 58,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra, hace uso de la palabra el señor Aguilar
Román.


En turno de portavoces, intervienen: el señor Sánchez-Garnica Gómez y
el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera
Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); el señor De Rosa Torner, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Oleaga Zalvidea, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las doce horas y veintidós minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática de todas las votaciones
previstas reglamentariamente, que son: votación de las enmiendas
—de las cuales las que resultasen aprobadas quedarían incorporadas
definitivamente al dictamen—, votación en un solo acto de aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en la
votación anterior, y votación en un solo acto del resto del proyecto de
ley.










INCOMPATIBILIDADES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU
SESIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES Y
LAS SENADORAS.


503/000004



La señora Liberal Liberal, presidenta de la Comisión de
Incompatibilidades, presenta el Dictamen.


Se pospone la votación del dictamen.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR LA POLÍTICA
FISCAL A LA BAJA JUNTO CON UNA DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y A
IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE MEJORE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
DE LAS EMPRESAS.


671/000027

GPP


La señora Del Brío González defiende la moción.


El señor González-Robatto Perote defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa de dicho senador, del
señor Marín Gascón y de la señora Merelo Palomares.


El señor Argüeso Torres defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


La señora Delgado Oval defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora González Modino defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Del Brío González expone la posición de su grupo respecto
de las enmiendas y acepta la del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En turno de portavoces, intervienen: el señor González-Robatto
Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matamala Alsina, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal
Matas, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Argüeso Torres, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Del Brío González,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Fernández
Leiceaga, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la adición de la enmienda del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para garantizar el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA.


671/000028

GPP


La señora presidenta informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción consecuencia de interpelación,
ha presentado una enmienda de adición que se entiende incorporada al
texto original de la moción.


El señor Ruz Villanueva defiende la moción.


La señora Castellví Auví defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Asensi Sabater defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Ruz Villanueva expone la posición de su grupo respecto de
las enmiendas y las rechaza todas.


En turno de portavoces, intervienen: la señora Merelo Palomares, el
señor Fernández Viadero y el señor Catalán Higueras, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Fernández Rubiño, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora
Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Peral
Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Escandell Grases, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Ruz Villanueva, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y la señora Plaza García, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación de la moción en sus propios términos.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS
ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA
EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA
EN ENERO DE 2020.


671/000029

GPERB


La señora Pérez Esteve defiende la moción.


El señor Cervera Pinart defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


El senador Marín Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa de este senador, del señor
González-Robatto Perote y de la señora Merelo Palomares.


La señora Martín Larred defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de esta senadora y del
señor Egea Serrano.


La señora Berenguer Llorens defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Vázquez Rojas defiende las diez enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Mulet García defiende las diez enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Pérez Esteve expone la posición de su grupo respecto de las
enmiendas y acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, las enmiendas números 1 y 4 del Grupo Parlamentario Mixto, y las
enmiendas números 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


En turno de Portavoces, intervienen: el señor Marín Gascón, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor
Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Medina
Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Vázquez Rojas, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Moll Kammerich, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la adición de las enmiendas
aceptadas.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA ESPAÑA RURAL.


662/000027

GPS


El señor Díaz Muñoz defiende la moción.


La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa del señor González-Robatto Perote, de él
mismo y de la señora Merelo Palomares.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del propio senador.


La señora Martín Larred defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de la misma senadora y del
señor Egea Serrano.


El señor Serrano Aguilar defiende las siete enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora González Modino defiende las nueve enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


El señor Vico Ruiz expone la posición de su grupo respecto de las
enmiendas y acepta las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con
número de registro de entrada 48821 y 48840, respectivamente, y la
enmienda del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem) con número de registro de entrada 48864.


En turno de portavoces, intervienen: el señor Marín Gascón y la
señora Martín Larred, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca,Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); el señor Hervías Chirosa, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Medina Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Serrano
Aguilar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Díaz
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la moción con la adición de las enmiendas
aceptadas.


La señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) abre a las dieciséis horas y
cincuenta y cinco minutos el plazo de dos horas para la votación
telemática de los puntos del orden del día 6.1.1., 7.1., 7.2., 7.3. y
8.1.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECTIFICAR Y A DEROGAR
EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSENSUAR CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS UN ACUERDO QUE ATIENDA A LAS
NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES.


662/000026

GPP


El señor Priego Chacón defiende la moción.


El señor Martín Rodríguez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


El señor Priego Chacón expone la posición de su grupo respecto de las
enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces, intervienen: el señor Sánchez-Garnica Gómez y
el señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Ponce
Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Etxano Varela,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí
Deulofeu, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor Priego Chacón, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Moscoso González, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación de la moción en sus propios términos.


8.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas
para minimizar el impacto económico de las medidas de control de la
pandemia en Lleida y la comarca de El Segrià.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA
PANDEMIA EN LLEIDA Y LA COMARCA DE EL SEGRIÀ.


662/000028

GPERB


La señora Bailac Ardanuy defiende la moción.


La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la propia senadora.


La señora Godoy Tena defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Pérez Coronado defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Vilà Galán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem).


La señora Bailac Ardanuy expone la posición de su grupo respecto de
las enmiendas y acepta la del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario
y la del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía,
Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú
Podem).


En turno de portavoces, intervienen: la señora Merelo Palomares, por
el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Vilà Galán, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora
Santiago Camacho, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Ahedo
Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Bailac Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Pérez Coronado, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y el señor Castellà Surribas, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación con la adición de las enmiendas
aceptadas.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL
REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.(Votación)


621/000004

Interior


Votaciones









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.(Votación)


621/000007

Justicia


Votaciones










INCOMPATIBILIDADES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU
SESIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES Y
LAS SENADORAS.(Votación)


503/000004



Se aprueba el Dictamen con el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 260; abstenciones,
3.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR LA POLÍTICA
FISCAL A LA BAJA JUNTO CON UNA DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y A
IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE MEJORE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
DE LAS EMPRESAS.(Votación)


671/000027

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 110; en contra, 144;
abstenciones, 9.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA.(Votación)


671/000028

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 111; en contra, 147;
abstenciones, 5.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS
ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA
EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA
EN ENERO DE 2020.(Votación)


671/000029

GPERB


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 47; en contra, 114;
abstenciones, 102.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA ESPAÑA
RURAL.(Votación)


662/000027

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 253; en contra, 1;
abstenciones, 9.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECTIFICAR Y A DEROGAR
EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSENSUAR CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS UN ACUERDO QUE ATIENDA A LAS
NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES.(Votación)


662/000026

GPP





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA
PANDEMIA EN LLEIDA Y LA COMARCA DE EL SEGRIÀ.(Votación)


662/000028

GPERB


La señora presidenta abre a las diecinueve horas y veintiocho minutos
el plazo de dos horas para la votación telemática.


La señora presidenta informa a la Cámara de que el resultado de las
dos votaciones será comunicado a los señores senadores, publicado en la
página web del Senado y proclamado al inicio de la próxima sesión
plenaria.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y veintiocho
minutos.


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Por acuerdo de Junta de Portavoces, el plazo de dos horas para la
votación telemática de los proyectos de ley incluidos en el orden del día
dará comienzo una vez finalizados los debates respectivos. El dictamen de
la Comisión de Incompatibilidades y las primeras cuatro mociones que
figuran en el orden del día serán sometidos a votación telemática durante
el plazo que esta Presidencia abrirá al finalizar el debate de la última
de las mismas. El plazo de votación telemática para las dos últimas
mociones se abrirá antes de finalizar la sesión plenaria y sus resultados
serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web del Senado
y proclamados al inicio de la siguiente sesión plenaria.











PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL
REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000004

Interior


La señora presidenta lee los puntos 5., 5.1. y 5.1.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Interior, doña María Jesús Castro
Mateos, por tiempo máximo de cinco minutos.


La señora CASTRO MATEOS: Buenos días, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


Comenzamos el debate de los proyectos de ley. Para el Grupo
Socialista es una satisfacción presentar esta ley que tiene como fin
ampliar medidas contra el terrorismo. Los gobiernos socialistas siempre
han tenido una especial preocupación por esta lacra, y nos enorgullece
decir que actualmente nuestro ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ha sido un referente y un luchador contra el
terrorismo.


El 26 de febrero de 2020, el Gobierno presentó en el Congreso de los
Diputados el Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos
del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos
graves. Con diversas modificaciones, el Pleno de dicha Cámara aprobó este
proyecto de ley en sesión celebrada el 15 de julio de 2020, remitiéndolo
al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el 25 de agosto de este
mismo año. El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de
ley expiró el pasado 31 de agosto. Durante dicho plazo se presentaron dos
enmiendas, siendo retirada una de ellas posteriormente.


La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el
proyecto de ley ha estado integrada por los siguientes senadores: el
señor Castellana Gamisans, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu; la señora Castellví Auví, en nombre del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Díaz Marín y la señora
Hernández Espinal, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; el señor
Hervías Chirosa, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Merelo Palomares, en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Otaola Urquijo, en nombre
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y los señores De Rosa Torner
y Yécora Roca, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia, reunida el día 2 de septiembre de 2020, emitió informe
sobre este proyecto de ley. La Comisión de Interior, reunida ese mismo
día 2 de septiembre, acordó, tras la oportuna deliberación y por amplia
mayoría, aceptar como dictamen el informe de la ponencia, que no
introduce ninguna modificación respecto al texto remitido a esta Cámara
por el Congreso de los Diputados.


El dictamen de la comisión, junto con el voto particular presentado,
que afecta a una única enmienda, ha sido objeto de publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, con fecha 8 de
septiembre de 2020. Este proyecto de ley, como establece su disposición
final tercera, incorpora al derecho español la Directiva de la Unión
Europea 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de
los pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de delincuencia grave. El
proyecto comprende 34 artículos ordenados en 3 capítulos, y el proyecto
regula: la transferencia de los datos del registro de nombres de
pasajeros; los fines para los que pueden ser utilizados; los datos de
pasajeros que deben ser enviados a la Unidad de información sobre
pasajeros; la recepción, tratamiento y análisis de los datos; las
transmisiones de datos o el resultado de su tratamiento a las autoridades
competentes, a los Estados miembros, a Europol o a terceros países no
miembros de la Unión Europea; la protección de datos de carácter
personal, su conservación y despersonalización, así como la regulación de
la figura del responsable de la protección de datos y las competencias de
la Agencia Española de Protección de Datos.


La señora PRESIDENTA: Señoría...


La señora CASTRO MATEOS: Completan el proyecto de ley seis
disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales.


Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación comienza el debate de totalidad.


¿Algún grupo parlamentario hará uso del turno a favor? (Pausa).


¿Turno en contra? (Pausa).


Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares. ¿Intervendrán varios senadores de su grupo?
(Asentimiento).


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta. Buenos
días.


Señorías, hoy traen a debate un proyecto de ley orgánica sobre la
utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos
graves.


Como ya dije en mi intervención en la Comisión de Interior, supone la
trasposición a nuestro ordenamiento jurídico nacional de la
Directiva 2010/681 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril
de 2016. Esta directiva de 2016 tenía como plazo de trasposición a
nuestro ordenamiento jurídico el 26 de mayo de 2018. El resultado ha
sido, señorías, que España es el único país miembro de la Unión Europea
que todavía no ha traspuesto la directiva, y estamos bajo la amenaza de
que la Comisión Europea decida llevar al Estado español ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, con la consecuente multa,
resultado de no haber traspuesto la directiva; multa diaria que pagan,
como siempre, el conjunto de españoles, que no son responsables de esta
infracción. Y no solamente llega tarde a Europa, también llega tarde a
España, porque de haber estado vigente, el terrorista Iñaki de Juana
Chaos, entre otros, no hubiera podido huir, ya que utilizó medios aéreos
para salir de España. Hoy, los señores del Gobierno socialcomunista
quieren esconder tras este proyecto de ley su hipócrita
trayectoria.


El pasado 21 de enero se propuso investigar los 379 crímenes de ETA
sin resolver, y el Partido Socialista junto con sus socios proetarras de
Bildu votaron en contra. Ustedes, señores del Gobierno, por un lado,
apoyan una ley para intentar identificar los nombres de terroristas que
puedan viajar por Europa, pero, por otro, se niegan a investigar los 379
asesinatos de ETA. Estos terroristas sí se pueden pasear impunemente por
España con el beneplácito de nuestro Gobierno. A ustedes les importa poco
localizar terroristas; lo hacen porque Europa así lo exige, y me
explico: Jesús Eguiguren dijo públicamente haber mantenido varias
reuniones con el terrorista Josu Ternera mientras se encontraba huido de
la justicia preparando su negociación, y jamás denunció dónde se
encontraba el asesino de once personas, entre ellas seis niños. Y de
aquellos barros estos lodos, donde se encuentran hoy ustedes pactando sin
escrúpulo con los proetarras de Bildu, cuyo coordinador es el terrorista
Otegi, a quien seguramente tengamos que ver sentado en esta Cámara. Si
ustedes aplicaran la ley, eso no sucedería.


Señorías, hay que localizar, identificar y poner a disposición
judicial a los terroristas, ya viajen por Europa o por España; en avión,
en tren o en coche oficial de camino a alguna institución en la que
ustedes son responsables de que estén sentados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá el senador Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.


En primer lugar, yo creo que hay que reconocer y lamentar el retraso
con el que se ha tramitado esta trasposición de la Unión Europea,
fundamentalmente por la desidia del Gobierno, y me da igual si de este
Gobierno o del Gobierno anterior, porque es vergonzoso que las
instituciones europeas sancionen a este país por los retrasos acumulados
a la hora de trasponer estas directivas europeas, y más aún en una
materia tan sensible como es la lucha antiterrorista y los graves delitos
que se cometen.


Unión del Pueblo Navarro va a apoyar esta iniciativa porque viene a
dar más seguridad a los ciudadanos españoles y, por lo tanto, bienvenida
sea.


Por otro lado, es evidente que en este país hemos padecido en
nuestras propias carnes lo que es la sinrazón del terrorismo,
fundamentalmente del yihadista y del etarra, y en el día de hoy debemos
tener un recuerdo muy especial para todos ellos, de manera particular
para las víctimas del terrorismo de ETA. España, los españoles vamos a
tener una deuda permanente con todos y cada uno de ellos, y por eso en la
mañana de hoy yo quiero recordar y hacer mención especial de tres
víctimas del terrorismo asesinadas un 9 de septiembre, tal día como hoy,
en el año 1985 y en el año 1987: el ciudadano norteamericano, Kenneth
Brown asesinado a consecuencia de las heridas que sufrió en el atentado
perpetrado por la banda terrorista ETA en la plaza de la República
Argentina de Madrid, en el que fueron heridos también dieciséis guardias
civiles y otras personas; y también los guardias civiles Federico Carro y
Manuel Ávila, asesinados vilmente por la banda terrorista ETA a
consecuencia de la explosión de un coche bomba en la localidad de
Guernica.


Por lo tanto, señorías, para todas las víctimas del terrorismo, para
estos tres ciudadanos, uno norteamericano y dos españoles; un visitante,
un turista español que venía a una reunión de trabajo de su empresa y dos
guardias civiles que llevaban a cabo labores de vigilancia y de seguridad
para todos los españoles, nuestro recuerdo especial, y a todas las
víctimas del terrorismo, memoria, justicia, verdad y dignidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra el senador Cleries i González.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, presidenta. Voy a intervenir
desde el escaño, si me permite.


Este proyecto de ley llega tarde —lo han comentado otros
senadores y también se vio en la comisión—. España, el Estado
español, es el que más incumple directivas europeas, que no se trasponen;
el que tantas lecciones da sobre justicia y sobre la ley es el que no
aplica directivas europeas, y por eso está recibiendo continuamente
sanciones, y en distintos informes queda claro que España es uno de los
países que más incumple a nivel europeo.


Mi grupo no presenta ninguna enmienda aquí, en el Senado, porque una
parte de ellas, en la tramitación parlamentaria en el Congreso fueron
acordadas y nos parece que el texto queda bastante bien; por tanto, no
hemos presentado enmiendas.


También quiero aprovechar esta intervención breve para mostrar el
compromiso en la lucha contra el terrorismo, pero contra el terrorismo
que es terrorismo, porque esta semana hemos visto cómo el informe de la
Fiscalía General del Estado llama terroristas a los que no son
terroristas, pone esta etiqueta a quien le parece, aunque te manifiestes
pacíficamente y no hayas tirado ni un papel en el suelo. Esta degradación
del concepto de terrorismo hace mucho daño y, por tanto, también se
tendrá que pedir a quien nombró fiscal general del Estado a la exministra
de Justicia socialista que si quieren hacer política desde la Fiscalía,
que vuelva a ser ministra, que se siente aquí y que le podamos preguntar
por sus actuaciones. No denigremos el concepto de terrorismo, es un hecho
muy grave; y a los que son pacíficos, cívicos y gente que tiene ideas
distintas no se les puede tachar, de ninguna forma, de terroristas.


Por tanto, nosotros daremos nuestro apoyo a este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on,
senatori jaun-andreok.


Para las mujeres y los hombres de Geroa Bai el posicionamiento
ideológico y la lucha contra el terrorismo se concretan en actitudes y
trabajo cotidianos y constantes en defensa de la vida, las libertades y
la democracia. Así lo hemos entendido y lo hemos defendido siempre. Por
eso, cuando constituimos un Gobierno en Navarra liderado por Geroa Bai,
creamos la Dirección de Paz y Convivencia, y dentro de ella la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo por primera vez en nuestra
historia, por primera vez en la historia de la lucha de Navarra contra el
terrorismo. Hechos son amores, señorías; por encima de las palabras,
hechos. Evidentemente, esto no gustó nada a quienes durante gran parte de
los años de democracia al frente del Gobierno no lo habían hecho, y
recurrieron a las críticas de siempre cuando no son ellos los que
gobiernan.


En el trabajo contra el terrorismo todos los instrumentos que debemos
utilizar deben ser razonados, razonables, adecuados, prudentes y lo más
consensuados posible, porque esa es la única manera de que sean legítimos
y justos. Este proyecto de ley nace de la obligatoriedad de una directiva
europea, y en Geroa Bai, en Izquierda Confederal, pensamos que va en la
dirección acertada. Es cierto que España va tarde; había un plazo de dos
años para hacerlo, y han pasado más de cuatro. Nos exponíamos a sanciones
de hasta 90 000 euros al día; nos exponíamos, por nuestra incapacidad
como legisladores, a tener que devolver ese dinero que nos puede llegar
de Europa para la reconstrucción.


El otro día, en la Comisión de Interior presencié como unos y otros,
los dos partidos de ámbito estatal más potentes, se echaban mutuamente la
culpa de este retraso. El Partido Popular se jactaba de que esta ley
lleva su sello; puede ser, puede ser, pero su no aprobación en este
tiempo también lleva el sello de quienes, como el ministro del PP
Fernández Díaz, parecían estar más preocupados en la creación de la
policía política para intereses partidarios que en pensar en el bien
común de la ciudadanía, y, claro, lógicamente no tenían tiempo para otras
cosas.


Yo estoy convencido de que el retraso se debe en gran medida a la
incapacidad de los partidos de ámbito estatal para formar gobiernos, y lo
digo porque mientras en el Estado la ciudadanía nos veíamos sometidos una
y otra vez a elecciones generales por ese motivo, en esos cuatro años, en
Navarra, por ejemplo, teníamos un Gobierno estable, fruto del acuerdo
entre diferentes, un Gobierno liderado por mi compañero Uxue Barkos, que
duró —nos vaticinaban tres semanas— los cuatro años y vio
aprobado sus presupuestos año tras año, a diferencia de lo que había
sucedido con los anteriores gobiernos de Unión del Pueblo Navarro.


En la comisión, alguien habló de la deficiente separación de poderes
instalada en España. En Geroa Bai compartimos esa triste y dolorosa
visión. En ocasiones, como la de Alsasua, el Código Penal se ha aplicado
según el código postal. La libertad de expresión se ha visto recortada
por los gobiernos de turno. Ahí está la Ley mordaza aún sin derogar. Este
es otro terreno en el que tenemos mucho que mejorar para avanzar en la
erradicación del terrorismo y en la profundización de la democracia, como
en el hecho de que aún hoy en día personas presas con intentos de
suicidio previos no hayan sido excarceladas para que puedan seguir un
tratamiento adecuado y así evitar muertes innecesarias, tal y como
nosotros entendemos que posibilita el Código Penal aprobado aquí.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: No estoy pidiendo una
revolución, estoy pidiendo la aplicación del Código Penal vigente, para
asesinos y para no asesinos también. Es muy fácil insultar. Es difícil y
complicado profundizar en la democracia, que es para lo que estamos
aquí.


A raíz de una serie reciente sobre los inicios de ETA, oí decir en
una entrevista a un mando de la Policía Nacional que inicialmente ETA les
llevaba la delantera en sus actuaciones, que ellos estaban un poco
perdidos y que los instrumentos con los que la Policía contaba eran
tecnológicamente rudimentarios. Con el tiempo, afortunadamente, la
Policía comenzó a mejorar esas tecnologías, a utilizar nuevas
tecnologías. En fin, se han producido todos los cambios en la sociedad
que ustedes conocen. Todos sabemos cómo acabó la triste historia de ETA,
felizmente para la sociedad; pero quiero recordarles a todos ustedes, a
todas ustedes, que las nuevas tecnologías generan nuevas costumbres,
nuevas virtudes, pero también nuevos vicios y nuevos crímenes ante los
cuales debemos estar muy alertas; vigilantes contra el terrorismo y sus
nuevos modos de actuación, sí, pero también vigilantes contra los
posibles excesos policiales que se puedan producir con la excusa de la
seguridad.


Esta ley, pensamos, intenta buscar el deseado y mejor equilibrio
posible entre, por un lado, los inalienables valores de la vida y la
libertad, y, por otro, el valor de la seguridad; un equilibrio difícil
siempre, sobre el que, insisto, deberemos ejercer esa sana vigilancia
democrática. Nosotros, Geroa Bai, Izquierda Confederal, nos comprometemos
a ello.


Por último, quiero también señalar que en Geroa Bai nos felicitamos
de que en el articulado de la ley se dé un papel importante, al mismo
nivel que a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía
foral, a la Ertzaintza y a los Mossos d’Esquadra. Nosotros, Geroa
Bai, en concreto, siempre lo hemos defendido; deseamos, queremos que la
Policía foral llegue a ser una policía integral y este es también un buen
paso en esa dirección.


Por todo ello, y porque con la aprobación de este proyecto de ley
somos un poco más Europa, un poco más la Europa democrática, diversa y
plural que somos —valga la redundancia—, votaremos sí al
proyecto de ley.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Hervías Chirosa.


El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias señora presidenta. Buenos días,
señorías.


Antes de nada, tras los hechos ocurridos hace apenas unos diez días
en Alsasua, donde nuevamente un año más la Guardia Civil y las diferentes
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que sufrir el acoso,
las amenazas y el señalamiento de los radicales, de los terroristas, de
los abertzales, desde aquí, como hijo de guardia civil, quiero mostrar mi
cariño, mi admiración y mi reconocimiento a la labor que desarrolla la
Guardia Civil, a la labor que desarrolla la Policía Nacional y todas las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Por fin ha llegado esta trasposición. Por fin, después de dos años,
dos años acumulados en el retraso de la aplicación, ha llegado esta ley.
Y todos nos preguntamos cómo es posible que una ley que ha tenido tanto
consenso, cómo es posible que una ley que marca la normativa europea haya
tardado tanto en que se comenzase a aplicar. Muy fácil. Pedro Sánchez
necesitaba unos socios para su investidura y no quería incomodarlos. ¿Se
imaginan esta ley cuando el señor Ábalos quería verse con la ilegítima
vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez? ¿Qué hubiese pasado? Se
hubiese descubierto rápidamente que realmente tenía esa reunión, a pesar
de las mentiras que estaba diciendo. ¿Se imaginan al señor Pedro Sánchez
diciendo a sus socios de Bildu que iba a aplicar esta ley ya?
Imagínenselo. Pero, claro, el señor Sánchez no quería incomodar a sus
socios; el señor Sánchez no quería incomodar a los miembros de la banda.
Y lo vimos ayer mismo. Ayer mismo vimos al señor Sánchez más preocupado
por los presos de ETA, por aquellos que metían tiros en la nuca, por
aquellos que mataban a inocentes, en vez de estar preocupado por las
víctimas del terrorismo o por la pandemia que sufre el país. Ese es
Sánchez, esa es la realidad, y ayer lo volvimos a ver de nuevo en esta
Cámara.


Señorías, en Ciudadanos llevamos mucho tiempo reclamándolo. Ahí están
las preguntas parlamentarias que hemos realizado durante los últimos años
para que esta ley que pretende combatir el terrorismo se aplique ya en el
ordenamiento interno, y ya se ha dicho anteriormente, estábamos en
riesgo, además de ser multados, de que la Unión Europea nos sancionara
como país. Porque un dato también muy importante, para vergüenza de
todos, es que España es el último país de Europa, el último país de
Europa en aplicar esta normativa, el último país de Europa. Creo que nos
deberíamos hacer mirar todos cómo puede ser que España sea el último país
en aplicar una ley que quiere luchar contra el terrorismo, una ley que
busca más seguridad, una ley que busca, en definitiva, luchar contra la
lacra terrorista, teniendo presente además que seguimos en alerta 4
antiterrorista; que sea la última en introducir esta normativa europea en
la normativa interna.


Señorías, necesitamos seguridad, es un bien de primera necesidad,
creo que todos estamos de acuerdo. Hemos visto un amplio consenso en esta
ley y tiene que ser un camino a seguir; consenso que se ha conseguido con
todos los grupos, menos con Bildu, que se ha ausentado de la ley; Podemos
finalmente también se ha sumado, aunque hay que recordar que el señor
Sánchez y el señor Iglesias no están en el Pacto por la lucha contra el
terrorismo, eso hay que recordarlo, y también hay que recordar que el
señor Iglesias decía que le gustaba ver cómo apaleaban a los policías.
Eso es parte de nuestro Gobierno, eso es lo que a día de hoy, desde mi
punto de vista, por desgracia, tenemos en España.


En definitiva, y ya para acabar, tengo que decir que esta norma
supone un avance muy importante en la parte preventiva, que es clave para
la lucha contra el terrorismo. Esta parte preventiva nos va a permitir
que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan un mejor
trabajo y una mejor labor, dotarles de más herramientas para poder luchar
contra esta lacra. Por tanto, Ciudadanos votará a favor, como ya hemos
hecho en el Congreso de los Diputados.


En definitiva, señorías, y ya para finalizar, ojalá podamos seguir
con estos consensos amplios y podamos también conseguir, por fin, que
todos los partidos políticos, todos, se sumen a la lucha contra el
terrorismo.


Muchas Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.


En la última década ha surgido la necesidad de una mayor cooperación
entre las autoridades nacionales de los diferentes Estados para hacer un
uso más sistemático de los datos, entre ellos en la lucha contra el
terrorismo y otros crímenes. Tal y como ya se ha manifestado en esta
tribuna, el 21 de abril de 2016, el Consejo adoptó la Directiva 2016/681,
que tiene por objeto regular la transferencia de datos del registro de
nombres de los pasajeros de vuelos internacionales de compañías aéreas de
la Unión Europea, así como también el tratamiento de dichos datos por las
autoridades competentes. Como ya se ha dicho en esta tribuna, la
directiva está en vigor desde el 24 de mayo de 2016 y los países de la
Unión Europea debían haberla incorporado a su derecho nacional a más
tardar el 25 de mayo de 2018, por lo que, una vez más, se pone de
manifiesto la tardanza y la lentitud del Estado español en cumplir con
los compromisos legales, en este caso con los compromisos europeos. Ello
supone, como también se ha dicho aquí, que España tarda de media doce
meses más que el resto de países de la Unión Europea en adaptar su
normativa, y por ello acarrea siete de cada diez penalizaciones. La
imposición de multas siempre es sinónimo de irresponsabilidad, y en una
situación económica como la actual es necesario exigir a los poderes
públicos, en este caso al Gobierno español, mayor rigor y control del
dinero público. Este retraso, además de las sanciones económicas, genera
una gran incertidumbre jurídica, incumpliendo uno de los principios
recogidos en el artículo ‘9 de la Constitución española, el
principio de seguridad jurídica. Probablemente, tanto el Grupo Popular
como el Grupo Socialista, en sus respectivos turnos se echarán la culpa
mutuamente de este retraso, pero es evidente que unos y otros no ponen el
mismo empeño en la defensa de todo el articulado de la Constitución y del
bloque de constitucionalidad. Por ambas razones, económicas y de
seguridad jurídica, esperamos que el Estado español adopte las medidas
oportunas para que la trasposición de la normativa europea se realice de
forma más eficaz y eficiente, ya que el derecho comunitario es el eje
transversal que mantiene unida a la Unión Europea.


No cabe cuestionarse la incorporación de la directiva citada al
ordenamiento jurídico español, pues cuestionar su incorporación supondría
cuestionar la propia Unión Europea, ya que el ordenamiento jurídico de la
Unión Europea es la base de su propia existencia. Como ha quedado de
manifiesto en la ponencia y en la propia Comisión de Interior, el texto
recoge, a nuestro parecer, todas las cuestiones suscitadas en el trámite
parlamentario de la Cámara Baja, donde, efectivamente, el Partido
Nacionalista Vasco presentó las oportunas enmiendas.


Nos felicitamos, porque con la aprobación de este texto se da un paso
fundamental en la consolidación de la Unión Europea como espacio uniforme
de libertad, seguridad y justicia para una mayor protección de la
ciudadanía ante delitos muy graves. Precisamente, la trasposición de
directivas europeas como la que hoy tramitamos en esta Cámara pone de
manifiesto que parte de la soberanía nacional española está en manos de
la Unión Europea, sin que el artículo 2 de la Constitución española haya
sufrido ningún quebranto. La proporción de normas estatales derivadas de
directivas europeas ha seguido una tendencia creciente: en 2018, de los
veintiocho reales decretos leyes aprobados, doce derivan de directivas
europeas o están relacionadas con las mismas, es decir, el 43 % del total
de los reales decretos leyes.


Por lo tanto, insistimos en la necesidad de avanzar en el reparto de
competencias entre las diferentes instituciones europeas, españolas y
autonómicas, reivindicando el papel de la Europa de los pueblos más allá
de la Europa de los Estados y superando la interpretación rígida y
obsoleta que propugna la mayor parte de los partidos políticos
representados en esta Cámara sobre la indisoluble unidad de la nación
española.


Milesker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias, presidenta.


Se ha hablado mucho de seguridad en esta tribuna y es cierto que sin
seguridad no hay libertad, pero sin libertad no hay seguridad; es un
falso dilema contraponer las dos cuestiones. Y déjenme que les diga en
voz alta que la seguridad es un bien a proteger especialmente para las
clases populares, porque en esos países donde las desigualdades se
acrecientan hasta tal modo que no permiten garantizar la seguridad
pública, las élites se pagan la seguridad privada, pero los medios que se
ponen para la seguridad demasiadas veces se utilizan para la represión, y
en el caso del Reino de España, con un sesgo nacional y de clase.


Tenemos que felicitarnos porque vivimos en la época más segura de la
historia de la humanidad. Si en el conjunto de culturas y épocas, la
media de una persona nacida de morir de muerte violenta era de un 15 %, a
principios del siglo XX, con las carnicerías de las guerras mundiales,
bajó al 10 %; a finales del siglo XX, con el terrorismo y las limpiezas
étnicas y las carnicerías y masacres que se produjeron, bajó al 5 %, y
actualmente, con esta supuesta oleada de terrorismo global que vivimos,
la probabilidad de una persona nacida de morir de muerte violenta es
inferior al 1 %.


Si estos datos les parecen demasiado globales, la ONU, en su informe
sobre criminalidad y persecución de tráfico de drogas, manifiesta que en
Europa en el período 1990-2014, la criminalidad, las muertes violentas
han disminuido de manera constante en nuestro entorno en esta época de
terrorismo. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Por qué en la época que
hay mayor seguridad en el mundo hay más miedo que nunca? ¿Quizá es porque
el miedo facilita los mecanismos de control? Mecanismos de control donde
la población, en nombre de una supuesta mayor seguridad, entrega parte o
toda su libertad, y eso lleva a mecanismos de control que después
utilizan determinadas élites de la forma más criminal y más cutre
posible, como hemos visto en la trama Kitchen, para la destrucción del
oponente y la consecución de sus miserables objetivos, como la
permanencia en el poder a toda costa. ¿Es eso seguridad?


Desde septiembre de 2001, desde el atentado de las Torres Gemelas,
hemos entrado en una nueva época, una época donde, año tras año, mes tras
mes, ley tras ley, las libertades o sufren agresiones directas o sufren
laminaciones sibilinas, que no por eso son menos graves. No es mi
opinión, es la opinión de multitud de pensadores y ensayistas de
diferentes disciplinas. Como seguramente no leerán sus ensayos, sus
artículos, permítanme que lea unas notas esclarecedoras: «El discurso de
la criminalidad es parte de un discurso ideológico que no corresponde
necesariamente con la experiencia real; el cambio en el modelo de
desarrollo ha producido un cambio en el discurso. El neoliberalismo
necesita una mayor criminalización para justificar sus políticas de
control social», Muñoz, 2012. «La clase hegemónica instrumentaliza el
miedo a la criminalidad provocado por los medios de comunicación para
favorecer sus intereses», Chomsky, 2002. «Otra corriente crítica es que
la criminalidad ha sido utilizada por las clases dominantes para mantener
el control sobre las grandes minorías. El discurso de la criminalidad es
un discurso ideológico que no corresponde con lo que sucede en la
realidad», Hume, 2008. «Las clases dominantes controlan el discurso
público y generan un sentimiento de inseguridad común», García
Castro, 2012. «El miedo al crimen y la inseguridad ciudadana se han
convertido en una de las principales herramientas de control social»,
Amaya, Espinosa y Vozmediano, 2011. Y continúa: «ya que tiene como
consecuencia la proliferación de sentimientos de sometimiento y
conservadurismo». Qué sorpresa, —qué sorpresa es aportación mía,
evidentemente—. «El nivel de miedo al delito es mayor en
comparación con las cifras reales de criminalidad. Sin embargo, el
discurso de que el crimen aumenta día a día sigue siendo utilizado a
conveniencia de unos pocos», Varela, 2005.


Hoy debatimos sobre la trasposición de una directiva europea de
obligado cumplimiento, y no nos vamos a oponer a esa trasposición, ya que
no sería aquí el lugar de este punto del debate. Pero es que el Reino de
España podría haber optado por una trasposición garantista con los
derechos y libertades y no ha sido el caso. También es cierto que el
borrador que salió del Ministerio del Interior aún era más restrictivo
que el resultado que hoy se someterá a votación.


Decía Alexis de Tocqueville, hace unos doscientos años: La democracia
muere en una tiranía, en una nueva forma de tiranía donde todos seremos
esclavos y nadie será el tirano, ni tan solo aquellos que por la
ocupación temporal del poder promueven estas medidas de control social,
ya que habrá otro cambio y más adelante serán ellos los esclavos. El
ataque directo a los derechos y libertades o su sutil laminación, la
manipulación social a través del miedo y del control, estas son las
peores amenazas de nuestro tiempo y, por desgracia, de todos, de quienes
atacamos estas medidas y también de quienes las promueven, parece ser la
tónica de los tiempos en que vivimos. Por eso, ley a ley, mes a mes y año
a año denunciaremos esta deriva y la combatiremos


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
senador Yécora Roca.


El señor YÉCORA ROCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular para
apoyar el Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de datos de
nombres de pasajeros para prevención, detección y enjuiciamiento de
delitos de terrorismo y delitos graves, porque cuando se trata de
defender los intereses de España y proteger la seguridad de los
españoles, ahí siempre está el Partido Popular.


Somos un partido que se toma las cosas en serio, lo demostramos
cuando estamos en la oposición, como ahora, y cuando gobernamos, como
ocurrió con el ministro Juan Ignacio Zoido y todo su equipo frente al
Ministerio del Interior, un trabajo intenso de consenso y diálogo.
Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de este Gobierno, que ha
tardado dos años en traer este proyecto de ley; pero nos vamos
acostumbrando a esa manera lenta y poco eficaz de hacer las cosas, y eso
que dispararon el número de ministros, ¿para qué? Los hechos hablan por
sí solos: el presidente de vacaciones en plena segunda ola de esta grave
pandemia; el ministro Ábalos, en vez de preocuparse por el sector del
transporte, por los aeropuertos y por tantas y tantas obras que están
paradas o ralentizadas, como es el caso de la ronda sur en La Rioja, se
busca de compañero al ministro Duque para firmar la semana pasada un
protocolo de actuación en una isla cuyo nombre bien define a este
Gobierno, Decepción. (Aplausos); la ministra Celaá, en un alarde de
sabiduría, ante la vuelta al colegio de miles de niños propone como
medida estrella anti-COVID que llevemos a nuestros hijos en bicicleta,
será a modo ET, el extraterrestre, o el ministro Castells, que aparte de
no estar, tampoco se le espera, como podemos entender de sus palabras
tras la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.


El plan B no existe, consiste en sobrevivir en las condiciones que
podamos, sabia afirmación. Y no, no piensen que me tomo esta ley como una
parodia, es que este propio Gobierno es una parodia. Pero quiero dejar
claro que nuestro voto favorable será a España, no será un voto favorable
a un Gobierno que llegó al poder con el apoyo de Bildu, pactó con él
derogar la reforma laboral; un Gobierno cuyo vicepresidente llama hombre
de paz al etarra Otegi; un partido, Bildu, que sigue sin condenar los
terribles asesinatos de ETA. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, en
esta Cámara, en esta misma tribuna, lamentaba la muerte del etarra Igor
González. Yo hoy aquí digo que lamento los cientos de asesinatos y
víctimas de ETA y pido que su recuerdo nunca sea pisoteado. (Aplausos).
Como dijo José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, socialista
asesinado por ETA, es mejor perder elecciones que perder el alma, y eso
es lo que hacen ustedes cada vez que pactan, blanquean e intentan
contentar a Bildu. (Aplausos).


Nuestro voto será favorable por los españoles. No podemos dar nuestro
voto favorable a un partido como Podemos, que gobierna España y sigue sin
estar sentado en el Pacto antiterrorista. Votaremos a favor de los que
nos defienden y protegen. No será un voto favorable al Gobierno de
España, que permite que en nuestro país se humille de la manera más ruin
y miserable a la Guardia Civil, garante de nuestras libertades y
democracia; un Gobierno de España que manda a la Guardia Civil a vigilar
la casa de un vicepresidente que dijo que la Policía no protegía a la
gente y que eran unos matones al servicio de los ricos. Nuestro voto
favorable es a mejorar la seguridad de todos, no un voto favorable a
ustedes. Pero aun así, aquí estamos, y agradezco a todos los grupos sus
aportaciones y trabajo realizado. Como les indicaba, nuestro voto será
favorable a fijar una política firme frente al terrorismo, un terrorismo
que tantas vidas ha arrebatado y sigue amenazando con arrebatar. El
terrorismo no entiende de fronteras y todos estamos expuestos ante una
amenaza constante. Por eso debemos aunar fuerzas no solo dentro de
nuestro país, sino también entre nuestros vecinos europeos y el resto de
Estados miembros.


España, la sociedad española y nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado han sido ejemplares en Europa y en el mundo a la
hora de luchar contra el terrorismo. Y en los momentos más duros, como
fue el vil asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Blanco, todos nos
unimos para alzar la voz por la libertad y la democracia frente a
aquellos que la amenazaban. Por ello, no podemos olvidarnos nunca de
todas las víctimas; Logroño, Calahorra, Arnedo, Burgos, Zaragoza,
Legutiano, Madrid, Barcelona, París o Nueva York son algunos ejemplos de
pueblos o ciudades que han sufrido la lacra del terrorismo. Verdad,
memoria, dignidad y justicia, hoy y siempre.


Y sí, votaremos a favor de esta ley, con la que mandamos un mensaje
claro a todo aquel que intente ver una Europa atractiva para delinquir o
atentar. Hoy se cierra el círculo; España, por fin, tendrá su ley; ningún
delito quedará impune y se trabajará sin descanso para juzgar a quien sea
responsable. Además, esta ley lleva aparejada la creación de una unidad
de información de pasajeros, que será la que vele en todo momento por la
protección de datos; esta unidad hará posible el intercambio de datos,
pero siempre con responsabilidad y diligencia. Ante una amenaza global la
respuesta debe ser global. España será más segura si trabajamos desde la
unidad y el consenso, pero para ello necesitamos alejarnos de los
radicalismos. Por ello, invito al PSOE a reflexionar sobre sus pactos y
aliado. Si de verdad lo que nos une es el amor a España, Montero dixit, o
poco quieren a España o deben cambiar de aliados.


Concluyo. Los españoles saben que cuentan con el Partido Popular como
garante de la seguridad para hacer frente al terrorismo, y aquí no valen
discursos ambiguos. Sí, apoyamos esta ley que nos hace más fuertes, y sí,
condenamos el terrorismo. Nuestra lucha contra el terrorismo no tiene
fecha de caducidad. Es firme, sincera y para siempre.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Díaz Marín.


El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias presidenta. Señorías, muy
buenos días.


Como ya hizo el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de
Interior antes de comenzar con este debate, y también lo ha hecho antes
el señor Hervías, el Grupo Socialista quiere hacer un reconocimiento, un
reconocimiento expreso a todas aquellas personas que actúan precisamente
dentro del ámbito de aplicación de esta ley; nos estamos refiriendo a
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestra Policía
Autonómica y, en definitiva, a todos los españoles y españolas que sirven
a su país para combatir dos lacras que nos atentan especialmente como
sociedad, como son el terrorismo y el crimen organizado. A estos
servidores públicos, cuya vocación y motivación aspiracional en la vida
es protegernos a todos los demás, hoy les vamos a brindar un nuevo
instrumento, un nuevo instrumento que les ayude a combatir y cumplir
mejor con su cometido, porque es una ley que efectivamente va a crear la
UIP, la unidad de información sobre pasajeros española, que, coordinada
junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y también con la Policía y
con el resto de Europa, será capaz de mejorar la prevención, la
detección, la investigación y el futuro enjuiciamiento de terroristas y
criminales de delitos graves.


Se trata de atajar sin fronteras un fenómeno tan volátil y tan
transfronterizo como es el terrorismo o el crimen organizado.


Por eso, podemos sentirnos todos orgullosos en esta Cámara, como
parlamentarios, por el hecho de que se apruebe este proyecto de ley,
porque además con él vamos a cumplir tres objetivos: el primero, desde
luego, es cumplir con nuestros socios europeos. Así, vamos a trasponer a
nuestro ordenamiento jurídico esta directiva; pero es que, además, vamos
a ayudar a que los europeos, a que las europeas y todas aquellas personas
que transiten por los países de la Unión, gocen de una mayor seguridad,
con un tratamiento coordinado entre Policía y tribunales de justicia para
identificar, detener y, en su caso, juzgar a terroristas con mayor
facilidad; y todo desde el respeto más escrupuloso, desde luego, a
nuestros derechos fundamentales, gracias a un tratamiento protegido de
nuestros datos como pasajeros, garantizando nuestra intimidad y también
nuestro libre albedrío.


Señorías, en el Grupo Socialista entendemos, y también lo dijimos en
comisión, que se trata de un proyecto de ley que será bueno en términos
de seguridad, que va a ser también bueno y equilibrado en términos de
ponderación de derecho y también garantista en términos de la propia
protección de datos; y por ello nos tenemos que felicitar, porque con su
tramitación —a ver si lo conseguimos, como ya lo hicieron nuestros
compañeros del Congreso de los Diputados— este texto pueda salir
aprobado por unanimidad, con ese necesario consenso al que tanto
apelamos.


Sin embargo, señorías, desde luego, como socialistas, no podemos
pasar por alto algunas de las consideraciones y trazos gruesos que a
nuestro juicio se han comentado aquí, y que son el enésimo intento de la
derecha de empañar cualquier tipo de asunto que se traiga a debate en
este foro de discusión. Muchos grupos han hablado de la supuesta tardanza
a la hora de traer este proyecto de ley y esta trasposición, y sobre todo
algunos han culpado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, y es
verdad; somos el último país de la Unión Europea en transponer esta
directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Esta es la verdad, pero no es
toda la verdad, y podemos hacer ahora el ejercicio de intentar ponerle el
cascabel al gato. Señorías, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de
España, al cesar el Gobierno del Partido Popular por corrupción, se
encontró 82 directivas sin trasponer, de las cuales, 31 tenían ya
expirado el plazo de trasposición. Por supuesto, una de esas directivas
es la que debatimos hoy. Esta directiva se aprobó por el Parlamento y por
el Consejo Europeo en abril de 2016, y se estableció de plazo para su
trasposición hasta mayo de 2018. ¿Y quién gobernaba este país en mayo
de 2018? Efectivamente, gobernaba el Partido Popular, de Mariano Rajoy, y
el partido de Ciudadanos, de Albert Rivera, y ambos vieron caducar esta
iniciativa, como el resto de españoles vimos caducar su liderazgo, el de
Rajoy y el de Rivera. Así que lecciones, pocas. (Aplausos).


Señorías, lo que me parece total y rotundamente definitivo es que el
Partido Popular haga aquí un repaso al actual Gobierno de España, con la
que está cayendo y con la que les está cayendo en la semana en la que se
está desvelando todo lo que está ocurriendo con Fiscalía Anticorrupción,
respecto al señor Fernández Díaz. Se lo tengo que decir. En políticas de
Interior su autoridad moral para debatir y dar lecciones oscila entre el
cero y la nada más absoluta. ¿Pero cómo se les ocurre, señores del PP,
intentar venir hoy a zumbar a un ministro como Grande-Marlaska, cuando
sabemos que anticorrupción apunta que el PP usó fondos reservados del
ministerio para hacer un espionaje parapolicial? (Aplausos). ¿Cómo se les
ocurre intentar dar lecciones esta semana cuando se debate sobre la
destrucción de pruebas que apuntaban directamente a la corrupción de la
caja B del Partido Popular? ¿Cómo se les ocurre cuando tienen ustedes a
un exsecretario de Estado de Seguridad imputado y a un exministro del
Interior a las puertas de ser investigado?






De verdad, creo que hay que
retomar esa pulcritud política antes de hablar mal de un Gobierno como el
de Pedro Sánchez, cuando sabemos lo que hicieron ustedes en la etapa
anterior.


Entiendo que tiene que ser difícil. El Grupo Parlamentario Popular ha
nombrado al señor Zoido; pero del que no hablan es del señor Fernández
Díaz. Entiendo que se les haya hecho bola, y que hoy no lo quieran
mencionar aquí, en esta tribuna, porque, efectivamente, parecía que
estaba más ocupado en su ministerio intentando tapar sus chanchullos
internos que en defender la vida y la mejora de los españoles y de
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Aplausos). Esa es la
verdad, señores del PP.


Señorías, yo entiendo que se les haga bola y que ustedes no quieran
ni oír hablar del señor Fernández Díaz, pero nosotros sí que estamos
orgullosos de hablar de un ministro como el señor Grande-Marlaska, o de
otros ministros de Interior del Partido Socialista, como Rubalcaba, con
el cual se puso fin al terrorismo. ¡Como para que venga la señora de Vox
a decir que el PSOE no persigue terroristas! (Aplausos). Por favor, por
favor... A veces clama al cielo lo que se escucha aquí.


Señorías, se les venció a ustedes el plazo, y el señor Marlaska sacó
del cajón, donde dormía el sueño de los justos, esta directiva y la elevó
como anteproyecto al Consejo de Ministros y ahí se empezó a tramitar.
Esto ya se llevó a Cortes Generales en diciembre de 2018. ¿Y qué hacía el
Partido Popular en aquel momento? Acusaba a Pedro Sánchez de todo: de
traidor, de felón, de ilegítimo. Total, que se convocaron elecciones
generales —por cierto, las perdieron ustedes absolutamente
todas— y, por supuesto, decayó la tramitación de esta ley. Por lo
tanto, a un partido, como el Partido Socialista, que ganó ese ciclo
electoral, no se le puede acusar de intentar bloquear o de una tardanza
deliberada por no molestar a no sé qué socios, como decía el señor de
Ciudadanos; eso es absolutamente incomprensible. Además, a un partido que
ganó las elecciones, no se le puede acusar de intentar bloquear esta
iniciativa, como sí bloquea el Partido Popular órganos constitucionales,
como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
Así que lecciones sobre constitucionalismo, pocas también, señores del
PP. (Aplausos).


Una parte de la intervención del Grupo Parlamentario Popular ha
intentado justificar que el voto favorable a esta iniciativa no es un
voto favorable al Gobierno de España. No pasa nada, tranquilidad. Lo que
están haciendo no es una penitencia, realmente debiera ser la norma votar
a favor de lo que es bueno para España. Y digo yo que si vamos a votar a
favor de algo importante, como esta ley orgánica, ¿por qué el Grupo
Parlamentario Popular no puede votar a favor de unas cuentas públicas,
con una inyección monetaria de fondos europeos, que ayude a la
reconstrucción de nuestro país? (Aplausos). Si es bueno para España,
voten a favor. Esa debiera ser la norma, señores del Partido
Popular.


Ya termino. Hoy vamos a votar juntos una ley orgánica que, desde
luego, va a ser buena para España y para Europa. A pesar de nuestras
diferencias, estamos demostrando hoy que hay margen —claro que
sí— para construir país.


Ya que al señor Casado parece gustarle eso del símil náutico, yo le
invitaría a no renunciemos cada uno a nuestras esencias, no hace falta,
pero sí a que, con nuestras diferencias, rememos juntos en el mismo
sentido y en la misma dirección, porque estamos convencidos de que desde
la oposición también se puede construir nación. Póngaselo en copia al
señor Casado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, procedemos a debatir el articulado. En primer lugar,
las enmiendas, votos particulares.


Para el turno a favor, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Castellana
Gamisans, por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias, presidenta.


Intervendré brevemente. El respeto a los derechos y libertades debe
estar protegido por la justicia.


Es cierto que en el Reino de España no hay una separación real de
poderes. El verdadero motivo no solamente es la visión nacionalista por
parte de los poderes del Estado, sino el compadreo entre los componentes
de las élites de estos poderes. No obstante, esto que podría quedar en
algunos mentideros, en algunos reservados, sale a la luz pública con
declaraciones del estilo de «la fiscalía te lo afina», «controlar la Sala
Segunda del Tribunal Supremo por la parte de atrás» o «¿de quién depende
la fiscalía?».


En el Reino de España, Poder Judicial no equivale a justicia. Hay un
evidente sesgo nacional y de clase. No obstante, que no exista esa
separación de poderes o que el Poder Judicial no equivalga a justicia no
es excusa para que un ejercicio de garantía de derechos y privacidad que
debe estar en manos del Poder Judicial, sin más, se traspase a una
autoridad administrativa nombrada por el Poder Ejecutivo.


Por eso, aunque el combate contra la no separación de poderes y
contra un Poder Judicial, que no es justicia, continúe, al menos, que
esta enmienda repare la abolición formal de este resquicio para que una
autoridad no judicial decida sobre garantías de derechos y
libertades.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Turno en contra. (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández Espinal.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Gracias, señora presidenta.


Intervengo en contra de la enmienda presentada por el señor
Castellana, del Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. Antes de
nada, quiero agradecer el consenso a todos los grupos, incluido al suyo,
porque el grado de unidad en el debate de esta norma ha sido encomiable,
y de nuevo, la ciudadanía nos agradecería la unidad en temas clave, como
ayer planteó el presidente del Gobierno.


Señor Castellana, entendemos que su posición parte de un error de
concepto: la alusión a una supuesta merma de las libertades en pos de la
seguridad. Consideramos que no es una interpretación correcta, y pongo el
énfasis, además, en que el debate tuvo lugar en la Comisión de Libertades
Civiles en el ámbito del Parlamento Europeo. Por lo tanto, lo que esta
norma pretende es justamente establecer controles en el tratamiento de
los datos de carácter personal de los ciudadanos que viajamos y que lo
hacemos en el ámbito de nuestras libertades personales. He aquí la
confusión, señor Castellana: las garantías propias de la Ley Orgánica de
Protección de Datos y del Reglamento Europeo de Protección de Datos, como
el enmascaramiento a partir de los seis meses de recogida de los datos,
no puede ser un elemento que se pueda utilizar a modo de llave de yudo
contra nuestras libertades, tanto por el crimen organizado como por las
organizaciones terroristas. Poner una cortapisa a las investigaciones a
partir del sexto mes pondría en graves dificultades una investigación en
curso. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo en la interpretación que
su grupo realiza del artículo que enmiendan.


Por otro lado, la supuesta merma de libertades que ha denunciado
desde esta tribuna en pos de la seguridad, como usted bien ha dicho, no
se contrapone a la libertad; creo que es un debate tramposo porque no hay
libertad sin seguridad y no es segura una sociedad sin libertades, sin
democracia. En eso podemos estar de acuerdo, señor Castellana. Yo creo
que es interesante ese debate.


Aunque dispongo solo de tres minutos, quiero hablar de la necesidad
de seguridad, por ejemplo, para las mujeres. En la lucha contra la
violencia de género, hay un componente de seguridad porque, sin
seguridad, las mujeres no pondríamos andar solas por las calles de noche,
y nosotras nos queremos vivas, seguras e iguales. (Aplausos). Por lo
tanto, es absolutamente necesaria la seguridad, y no es
incompatible.


Quiero terminar recordando nuestra mejor tradición republicana, señor
Castellana. Quiero nombrar a Fernando de los Ríos, el que fuera ministro
de Justicia de la II República.


La señora PRESIDENTA: Señoría, su tiempo ha concluido.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Cuando Lenin preguntó a Fernando de los
Ríos, socialista andaluz: ¿Libertad, para qué? Respondió: Libertad para
ser libres. Pues yo quiero decir: ¿Seguridad, para qué? Seguridad para
ser libres, señor Castellana.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


¿Algún grupo desea hacer uso del turno de portavoces? (Varios señores
senadores levantan la mano).


Por Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Con su permiso, señora
presidenta, hablaré desde el escaño.


La democracia se basa en la confianza, y es cierto que muchas veces
la justicia española e incluso también el sistema democrático español
dejan bastante que desear. Nosotros creemos que lo importante es seguir
impulsando la confianza en el sistema democrático en todos sus sectores,
y por eso la labor de los partidos políticos es, como he dicho antes,
estar permanentemente alerta en contra de los excesos de cualquiera de
ellos. Este es el motivo por el que vamos a votar en contra de la
enmienda de Esquerra Republicana-Bildu, que hace referencia a una
disminución de la vigilancia de estos posibles excesos.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Otaola.


La señora OTAOLA URQUIJO: Gracias, presidenta. Intervengo brevemente
también desde el escaño.


Como ya manifestamos en la Comisión de Interior, entendemos que la
directiva establece un procedimiento que está basado precisamente en las
autoridades de seguridad de los Estados y, por lo tanto, sin perjuicio de
que evidentemente el Poder Judicial en cualquier momento pueda intervenir
en el caso de que se produzca algún exceso, tanto en la trasposición como
en la ejecución de la normativa, aceptar la enmienda en los términos que
plantea Esquerra Republicana supondría modificar el propio procedimiento
que determina la directiva. Por lo cual, votaremos en contra.


Milesker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra el senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias, presidenta.


El artículo enmendado habla de que el acceso a este registro, en unas
condiciones determinadas, sea autorizado por una autoridad judicial y se
añade la figura del secretario de Estado de Seguridad en determinadas
condiciones. Evidentemente, la directiva lo permite, pero nosotros no lo
consideramos oportuno. En este sentido, no es baladí recordar la
Operación Kitchen que apunta a esa figura para gestionar un caso de
corrupción policial y de uso de recursos públicos para fines espurios, en
vez de que sea una autoridad judicial la que conceda este permiso. Por lo
tanto, nuestra enmienda va en el sentido de que sea la autoridad judicial
la única que pueda concederlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, intervendrá el
senador De Rosa Torner.


Tiene la palabra, señoría.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Popular va a rechazar la enmienda presentada por
Esquerra Republicana-Bildu. En cualquier caso, doy la bienvenida al Grupo
Esquerra Republicana-Bildu a esa confianza en el Poder Judicial, porque
ese no es el discurso que normalmente se escucha por parte de estos
grupos. Por tanto, bienvenidos a esa confianza en el Poder Judicial, que
espero que sea así siempre, no según nos convenga, a ratitos o medio
pensionista; siempre hay que confiar en el Poder Judicial.


Con su enmienda, ustedes ponen en duda la figura del secretario de
Estado, pero la figura de la secretaría de Estado es la de un órgano de
la Administración, un órgano del Gobierno, y no puede haber ningún tipo
de sospecha. En este sentido, le diré que el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial y el Poder Legislativo tienen que estar unidos para luchar
contra el terrorismo. No vayamos dividiendo ni estableciendo dudas entre
unos y otros, porque el objetivo último —que debe ser nuestro
objetivo— es ir contra la delincuencia internacional.


También tengo que decir que ese control doble que usted considera que
no es oportuno, sí que lo es porque el Poder Judicial realiza un control,
y la Administración, a través del secretario de Estado y de los órganos
del Ejecutivo tienen que realizar otro, apoyándose en las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso, si la actuación
administrativa tuviese algún sesgo de duda, para eso están los tribunales
de justicia, para que, tanto por la vía administrativa como por la vía
penal, establezcan cualquier tipo de control. Por tanto, no tengamos
dudas sobre esa colaboración que debe existir entre los tres poderes del
Estado.


Por otro lado, quiero hacer mención, si me permite la señora
presidenta, a su tesis sobre la delincuencia, a esos planteamientos que
usted hace de que la delincuencia es algo de las clases dominantes contra
las clases dominadas, o eso es lo que he creído entender. Señoría, hoy en
día nos encontramos con una delincuencia mucho más compleja que con
anterioridad, con una delincuencia que está aprovechando la tecnología; y
estamos viendo cómo estos delincuentes, a través de la tecnología, están
llevando a cabo sus delitos. Por tanto, es necesario dotar al Poder
Judicial y a la Administración de todas las fuerzas garantistas
—judiciales, administrativas, etcétera—, para combatir esta
delincuencia internacional, el terrorismo y cualquier tipo de
organización que establezca la delincuencia.


Por consiguiente, vamos a rechazar su enmienda porque consideramos
que establece dudas en las relaciones de poderes, con lo cual nosotros no
podemos estar a favor.


Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Díaz Marín.


El señor DÍAZ MARÍN: Muchas gracias, presidenta.


Intervengo simplemente para ahondar en lo que ha dicho mi compañera,
la señora Hernández. Efectivamente, la propia directiva, en su
artículo 12.3.b) establece esta posibilidad, y que aparte de una
autoridad judicial haya precisamente una persona vinculada al propio
Gobierno —y también así fue dicho en el Congreso de los
Diputados—. En este sentido, se consideró que la figura más idónea
era la de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, a nuestro juicio,
es necesario introducirla dentro del texto porque, efectivamente, si no
incurríamos en la posibilidad de una infracción sobre nuestro país por
trasposición incompleta.


Por lo tanto, me sumo a las palabras de la señora Hernández en cuanto
al rechazo de la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de Ley Orgánica sobre la
utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la
prevención, detección e investigación y enjuiciamiento de delitos de
terrorismo y delitos graves, se procede a abrir el plazo para emitir el
voto telemático para todas las votaciones reglamentariamente previstas,
que son las siguientes: Votación de la enmienda. Si resulta aprobada,
quedará incorporada definitivamente al dictamen. Y votación en un solo
acto del resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento, que son las diez horas y veintiún minutos, hasta las doce horas
y veintinún minutos.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000007

Justicia


La señora presidenta lee el punto 5.1.2.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Lerma
Blasco, por un tiempo de cinco minutos.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidenta.


El Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer
frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia,
procedente del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, tenía por
finalidad, según consta en el preámbulo de este proyecto, procurar una
salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la
declaración del estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de
la suspensión, adoptando asimismo medidas en previsión del acuerdo del
aumento de la litigiosidad como consecuencia de las medidas
extraordinarias adoptadas. Finalizado el estado de alarma, la ley ha
introducido mejoras respecto al real decreto ley, adoptando las medidas
previstas a la nueva realidad, ampliando algunos plazos para su
aplicación e introduciendo nuevos aspectos, según reza en el
preámbulo.


El proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso
con competencia legislativa plena tuvo su entrada en el Senado el 28 de
agosto, solicitando el Gobierno la habilitación del período de sesiones
extraordinario a efectos del cómputo de plazos reglamentarios para su
tramitación. Fue declarado urgente y acordado el plazo improrrogable de
enmiendas y propuestas de veto para el tres de septiembre.


Se presentaron ochenta y cinco enmiendas, de las cuales fueron
inadmitidas dos del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu y
cuatro de los señores Cervera Pinart y Cleries y Gonzàlez, del Grupo
Nacionalista del Senado.


La ponencia designada mantuvo el texto remitido por el Congreso, y
tras la defensa de las enmiendas, se presentaron enmiendas
transaccionales.


En votación, el informe de la ponencia fue aprobado por unanimidad de
la Comisión.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, comienza el debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Izquierda Confederal? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


No me puedo permitir, y mucha gente de mi entorno no me lo
permitiría, que empezara este debate sin hacer mención a algo muy grave,
desde mi punto de vista, que ocurrió ayer en el Pleno, en esta tribuna.
Como hijo guardia civil y como amigo personal de hijo de una víctima del
terrorismo, quiero matizar una cuestión y me encuentro legitimado para
ello. Como soy una persona totalmente progresista y estoy muy de acuerdo
con que mi partido apoyara las prórrogas de los estados de alarma y que
se siente en la mesa de negociación para los presupuestos, me siento
legitimado para afear la conducta de ayer del señor Sánchez. Señor
presidente, señor Sánchez, una banda es una banda de música; una banda
puede ser una banda de rock; una banda, incluso es lo que se ponen en mi
pueblo las reinas de las fiestas con la bandera de España, o incluso se
podría catalogar, y a veces yo lo hago, a mi equipo de fútbol como una
banda. Sin embargo, ETA no es una banda, señor presidente; ETA es una
organización terrorista que ha matado a casi 1000 personas en este país.
(Aplausos). Señor presidente de mi Gobierno, mi presidente, no blanquee
usted al terrorismo con el objeto de pactar después con Bildu. No
blanquee usted al terrorismo, no se lo vamos a permitir y menos desde
esta sacrosanta tribuna.


Dicho esto, les pido disculpas y reitero que como hijo de guardia
civil y como amigo personal de hijo de víctima del terrorismo, no podía
dejar pasar esta ocasión sin matizar esta cuestión.


A partir de ahí, y pidiendo disculpas a la presidenta, pasó al texto
de la ley. Es una ley que viene muy consensuada y, en este caso, tengo
que dar la enhorabuena a todos y cada uno de los portavoces porque
realmente buena parte del trabajo —aunque hoy, obviamente, hay
muchísimas más enmiendas encima de la mesa— se llevó a cabo el otro
día, en la ponencia y en la comisión. En este sentido, y por unanimidad,
se alcanzaron varias transacciones y yo creo que el texto salió de la
ponencia y de la comisión muy mejorado. Yo hablé con los portavoces de
justicia del Partido Socialista y del Partido Popular, a los cuales doy
la enhorabuena y, además, les agradezco la mano tendida y esa empatía.
También lo hago extensible a todos los portavoces, porque si bien no
hablé con ellos personalmente, en la comisión demostraron capacidad de
diálogo, de empatía, de consenso y se admitieron —y así se han
reflejado en el texto de la ponencia— unas enmiendas que eran tan
absolutamente claras como la transaccional de las enmiendas
números 16, 25, 55, 61, 62 —en este caso, la 62 era de
Ciudadanos— y la 77, que hablaban de la cita previa a los
profesionales.


Es verdad que nos encontramos ante una pandemia mundial, es verdad
que la salud prima, pero dejar fuera a los profesionales de la
Administración de Justicia —o sea, dejar fuera a los abogados,
procuradores y demás profesionales— y requerirles que pidan cita
previa cada vez tengan que ir a consultar un expediente o cada vez que
tengan que ir a su centro de trabajo, que no es otro que los juzgados,
sería como que tuvieran que pedir cita previa los jueces o los fiscales.
Además, sería decirles claramente que no son profesionales de la justicia
y, los abogados y procuradores, claro que son profesionales de la
justicia. Es verdad que va a haber cita previa porque no podía ser de
otra manera, pero para el público en general, no para los profesionales,
porque es su día a día. Les estaríamos diciendo, por ejemplo, a los
abogados, a mis colegas de profesión, que tienen que pedir cita previa
para consultar un expediente antes de un juicio. Imagínense, al final
sería un galimatías. Es más, el Consejo General de la Abogacía Española
nos inquirió para que intentáramos arreglar esta cuestión. Los decanos de
todos los colegios de abogados pusieron el grito en el cielo y ya no les
digo los abogados y compañeros, que están muy preocupados con esta
cuestión de que se les exija una cita previa para ir a trabajar, para
hacer lo que tienen que hacer, no solo por ellos sino por sus defendidos,
que necesitan que los letrados y los procuradores tengan toda la
disponibilidad, todas las armas y todas las herramientas a su disposición
para defender a los justiciables, que son sus clientes y son los que en
último término importan. Doy las gracias por la transacción. Estábamos
muy preocupados por este tema, pero se ha incluido en el texto de la
ponencia y nosotros nos alegramos.


Hay dos enmiendas que nos parecieron muy bien: las enmiendas
números 49 y 50, del Grupo Popular, que también han ido al texto, con lo
cual vamos a defender y vamos a votar a favor del informe de la ponencia.
No parecía lógico que este texto entrase en vigor a finales de septiembre
y que ya hubiera un plazo establecido: el 30 de septiembre. Se ha
alargado ese plazo y todos estuvimos de acuerdo. Me estoy refiriendo al
texto que establece que «El juez dará traslado al concursado de cuantas
solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten
por los acreedores hasta el 30 de septiembre de 2020 inclusive...».
Estamos ya prácticamente a mitad de septiembre y seguramente este texto
pudiera ver la luz por esa época o en época posterior y, con buen
criterio, las enmiendas 49 y 50, del Grupo Popular, fueron transadas por
unanimidad.


Además, quiero mencionar la enmienda del Partido Socialista, en este
caso la 59, que hablaba —para resumir, porque es una enmienda
larga— de los TSJ, de los tribunales superiores de justicia y de
los recursos por cuestiones urgentes sanitarias. En este sentido, muchas
de las comunidades autónomas están adoptando resoluciones restrictivas, y
lo hacen con los expertos y con la gente que entiende, que valora, que
conoce, aunque no sean decisiones fáciles. Por ello, nos parece
conveniente que los recursos vayan al TSJ y que no se pierdan en
determinados tribunales de lo contencioso. Es decir, que nos parece bien
que los recursos a estas decisiones vayan al TSJ, así como alguna
cuestión más. Nos pareció muy buena enmienda y también se admitió y se
transaccionó.


Es cierto que otras muchas enmiendas se han quedado fuera, pero les
doy la enhorabuena porque hemos trabajado en ponencia y en comisión y
hemos hecho un gran trabajo. Al final, hemos traído un texto al Pleno que
nos parece que aporta y que suma con respecto al que llegó desde el
Congreso. Para eso está el Senado; y cuando alguien pregunte para qué
sirve el Senado, que vean este ejemplo claro y concreto. ¡Claro que sí!
Para cosas como estas y muchas otras más.


Es un buen texto y, además, era necesario. Nosotros hemos puesto todo
el esfuerzo con el fin de lograr un texto que pudiera favorecer y
facilitar la labor de todas las personas al servicio de la Administración
de Justicia, o que intervienen en la misma. El primer problema que
teníamos que resolver, como he dicho antes y que nunca debemos olvidar,
es el problema para la salud, al que han de hacer frente todas estas
personas. Esto era lo primero, por supuesto garantizar la salud de todos
cuando se incorporasen a sus puestos de trabajo y acudiesen a las
distintas sedes de la administración, de modo que dispusiesen de todas
las garantías y de los materiales necesarios para proteger su salud, que
no olvidemos, en último término, es por lo que debemos velar.


El segundo problema, como he dicho antes, era que esto casara con que
los profesionales trabajaran. Nosotros ya nos quejamos y presentamos
enmiendas en el Congreso —y termino, porque me he alargado—
por el tema de las vacaciones o de coartar o impedir las vacaciones en el
mes de agosto. Esta enmienda no fue admitida pero, al final, el tiempo
nos ha dado la razón. Menos mal que las enmiendas que hemos presentado y
las enmiendas que hemos transado en el Senado han salido adelante.
Nosotros estamos muy satisfechos.


Vamos a votar a favor del informe y pido disculpas a los demás por el
trabajo en contra del resto de las enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, intervendrá en el turno de portavoces del debate a la
totalidad, por el Grupo Parlamentario Vasco, el senador Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Muchas gracias, señora presidenta. Egun on
danori. Buenos días a todos y todas.


Como saben, el proyecto de ley objeto de examen trae causa del Real
Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia; Real Decreto Ley convalidado el pasado 13 de
mayo por el mismo Congreso de los Diputados, que resolvió igualmente su
tramitación como proyecto de ley al objeto de propiciar su mejora, dado
que, como todos sabemos, fue objeto de crítica no únicamente por los
grupos parlamentarios del Congreso, sino también por diversos operadores
jurídicos que no se sintieron suficientemente escuchados ni atendidos en
sus propuestas y solicitudes concretas. El esfuerzo desarrollado en este
sentido por los distintos grupos parlamentarios de ambas Cámaras se ha
plasmado en la presentación de numerosas enmiendas, muchas de las cuales
recogen estas reflexiones.


Concretamente, en lo que al Grupo Vasco se refiere, se presentaron 20
enmiendas en la tramitación del Congreso y otra más en el Senado, todas
ellas al objeto de aportar las mejoras necesarias para lograr el objetivo
último de la iniciativa legislativa, que no es otro que dotar a la
Administración de Justicia de las herramientas procesales y organizativas
que posibiliten una mejor y más ágil respuesta al enorme reto al que se
enfrenta este servicio público esencial, tradicionalmente colapsado,
desde la situación derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19, de la
hibernación de la justicia decretada en virtud de la pandemia, de su
posterior reactivación y del aumento de la litigiosidad, que sin duda se
va a producir ante la profunda crisis sanitaria, económica y social a la
que nos enfrentamos. Y todo ello sin olvidar la salvaguarda de la salud
de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, de
los y las profesionales que trabajan en este ámbito y, lógicamente, de
las personas usuarias.


El proyecto presentado supone, por tanto, un avance desde el acuerdo
respecto del Real Decreto Legislativo 16/2020; un avance derivado en
muchos casos de la propia experiencia de su aplicación en estos meses
desde su entrada en vigor, con medidas como la ampliación del espectro de
procedimientos a tramitar con carácter preferente
—artículo 2—, las introducidas en el ámbito concursal, en
orden a la agilización del proceso concursal, las organizativas y
tecnológicas, con la ampliación temporal de las mismas hasta el 20 de
junio de 2021, o el denominado tablón digital único, por citar algunas de
estas mejoras. Finalmente, acoge también, como decía inicialmente,
reclamaciones lógicas de los operadores jurídicos, como la supresión de
la cita previa para los profesionales, establecida en el texto normativo
remitido a esta Cámara.


A todas ellas se incorpora, desde la reflexión mayoritaria de esta
Cámara, la modificación de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa en orden a establecer los órganos
jurisdiccionales competentes para la autorización o ratificación judicial
de las medidas urgentes aplicadas por las administraciones públicas para
la salvaguarda de la salud pública; una medida destinada, en principio, a
evitar la disparidad de criterios y resoluciones dictadas recientemente
por diversos juzgados de lo contencioso-administrativo en materia de tal
trascendencia y a dotar, por tanto, de coherencia a la labor
jurisdiccional y con ella de seguridad jurídica a la sociedad.


En todo caso, la tramitación en Cortes Generales de este proyecto de
ley ha puesto claramente de manifiesto, a nuestro entender, que no siendo
tal vez este, por su carácter urgente y por su misma finalidad, el
proyecto más adecuado ni el momento más adecuado para abordarlas, sin
embargo, quedan pendientes numerosas y necesarias reformas legislativas;
reformas que de manera natural han salido a colación en el debate en
torno al proyecto. De ellas dan buena cuenta las diversas enmiendas
presentadas por los grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, respecto del
ámbito concursal, es de esperar que las medidas adoptadas puedan
coadyuvar en la superación del señalado por los expertos como el mal
endémico de esos procedimientos, que no es otro que su dilatada
prolongación en el tiempo por su excesiva burocratización, pero está
claro que aún desde la reciente entrada en vigor del texto refundido, la
trasposición pendiente de la Directiva Europea 2019/1023 se erige, según
los expertos, en la oportunidad definitiva para abordar esta
problemática.


También podríamos citar el Anteproyecto de Ley de medidas procesales
tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias, cuya
consulta pública se desarrolló el pasado mes de junio. No sabemos cómo
acabará denominándose este anteproyecto, pero que, según se traslada en
la citada consulta pública, debe erigirse —así lo esperamos en mi
grupo por lo menos— en el espacio de reflexión, contraste y
decisión en orden a abordar reformas que tienen como nexo común afrontar
el problema de la ralentización de los procedimientos judiciales y el
impulso de fórmulas alternativas de resolución de conflictos, como la
justicia restaurativa o el arbitraje. Todo ello siempre, según la citada
consulta, mediante la revisión de las leyes procedimentales que rigen los
trámites en cada uno de los órdenes jurisdiccionales.


También la disposición adicional séptima del proyecto constituye una
expresión clara de las reflexiones trasladadas en su tramitación, con el
establecimiento del compromiso de realización de un análisis sobre la
posibilidad de incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y
contratos la regla rebus sic stantibus.


En definitiva, reitero que el presente proyecto de ley responde a lo
que responde, a unos objetivos de urgencia, con plazos y tiempos
determinados; objetivos cuyo núcleo fundamental es el abordaje de los
problemas añadidos por la COVID-19 a la justicia, que no son pocos. No
obstante lo cierto es que su tramitación nos ha llevado de nuevo
inevitablemente a la necesidad apremiante de acometer las reformas
pendientes en ámbitos estratégicos de su funcionamiento.


Por tanto, queda mucho por hacer y mientras tanto será el principio
de realidad, aquel que se aplica inexorablemente, el que nos trasladará
la verdadera eficacia de las medidas establecidas en el presente
proyecto. La realidad de nuestros juzgados, de su funcionamiento, de su
personal, de los medios disponibles y de la propia evolución de la
pandemia. Será esta realidad la que en definitiva, y nunca mejor dicho,
dicte sentencia firme e inapelable.


Nuestro voto será, por tanto, afirmativo.


Eskerrik asko. Muchas gracias Señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces del debate a la totalidad, tiene la palabra la
senadora Castel Fort, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, presidenta.


Señorías, a lo largo del debate que hemos mantenido en referencia a
este proyecto de ley hemos intentado concretar medidas urgentes en el
ámbito legislativo, con el objetivo de imprimir celeridad y eficiencia al
servicio público de la justicia en un escenario pos-COVID-19, con un
objetivo: impulsar o reimpulsar la actividad, la protección de las
personas y de los colectivos más vulnerables, garantizando la cohesión
social. El planteamiento es el mismo que las propuestas iniciales
presentadas por el Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluña
al Ministerio de Justicia en abril de 2020, incluidas en el Plan de
impulso del servicio público de la Administración de Justicia y en las
propuestas para el Plan de reactivación judicial en el ámbito de la
mediación y la resolución alternativa de conflictos. En cualquier caso,
tenemos que dejar constancia de que no compartimos la vía utilizada para
abordar la crisis sanitaria, optando por una férrea centralización del
poder de decisión, obviando los autogobiernos que, sin perjuicio del
diálogo fluido establecido con los representantes de las comunidades
autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia, no ha facilitado
el consenso con las administraciones responsables del servicio. Por el
contrario, el Ministerio de Justicia ha optado con frecuencia por atender
planteamientos formulados por otros poderes públicos del ámbito de la
Administración de Justicia, que no cuentan con la legitimidad democrática
ni, por tanto, rinden cuentas ante la ciudadanía.


El impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de la
Administración de Justicia ha mostrado la fragilidad de una arquitectura
y una organización obsoletas, sin capacidad de reacción, ineficaz e
ineficiente ante un reto mayúsculo, evidenciando la imperiosa necesidad
de reforma y modernización de la estructura del Gobierno y de su
funcionamiento. En primer lugar, urge adecuar el Poder Judicial a la
estructura autonómica del Estado, impulsando con este objetivo una
descentralización decidida de la Administración de Justicia, así como de
sus órganos de gobierno. Aunque Cataluña aspira legítimamente a un cambio
de estatus político, mientras no se retome la mesa de diálogo entre
gobiernos, nada impide transitar el camino aludido, ya que no faltan ni
los instrumentos para articular tales soluciones ni las propuestas.


En segundo lugar, la crisis sanitaria ha puesto de relieve la
necesidad de contar con una regulación específica del régimen
penitenciario que permita responder a circunstancias de carácter
extraordinario, con soluciones igualmente extraordinarias, aunque basadas
en los principios internacionales aplicables a la privación de libertad
en centros penitenciarios.


A diferencia de lo que ha sucedido en otros países de distintos
continentes, no se ha impulsado ni aprobado en el Estado español ninguna
medida de amnistía a favor de categorías de presos cuya puesta en
libertad, absolutamente conveniente para la preservación de su salud, así
como para la del personal penitenciario y la de sus familiares, fuera
socialmente posible y aconsejable. La posición mantenida, por el
contrario, choca con la petición formulada por diversos organismos de
derechos humanos y, en particular, por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que subrayó a finales de
marzo la urgente necesidad de reducir el número de reclusos para evitar
que la pandemia de la COVID causase estragos en las cárceles. En este
sentido, la Alta Comisionada exhortó a gobiernos y autoridades a trabajar
rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas. En Cataluña,
el Departament de Justícia, en el marco de sus competencias
penitenciarias, ha adoptado todas las medidas que le permitía el marco
legal para reducir al máximo la población penitenciaria durante la crisis
sanitaria. En cambio, el Estado ni en los momentos de mayor preocupación
sanitaria ha apostado por una adaptación o reforma del régimen
penitenciario que facilitase una mayor flexibilización o remisión del
cumplimiento de la pena en el domicilio de los reos, con las garantías
necesarias, ya sean controles aleatorios, llamadas telefónicas o
seguimiento telemático. Todo apunta, pues, a la necesidad de una reforma
urgente de la legislación penal y penitenciaria desde una perspectiva
constitucional sanitaria, humanitaria y de garantía de los derechos
fundamentales sobre las penas privativas de libertad.


Sin perjuicio de todos estos planteamientos nucleares en el fondo y
en el modo, no queremos perder la oportunidad que la tramitación
parlamentaria de este proyecto de ley nos ofrece para iniciar la
transición pendiente de la Administración de Justicia hacia un modelo de
servicio público ágil, eficaz, sostenible, de proximidad e instrumento de
garantía de la cohesión social y de la prosperidad de la
colectividad.


La desescalada de la actividad y el reimpulso de la Administración de
Justicia en el escenario postemergencia sanitaria presenta dos
alternativas: o dejarse llevar por las ineficiencias de un modelo de
justicia caduco, arrastrando los mismos errores que habían conducido al
colapso y condenar, en consecuencia, a la ciudadanía a la prestación
deficiente de un servicio público esencial o bien evitar el colapso
judicial desde la defensa de la cohesión social como un valor prioritario
de la acción política, poniendo el foco en los colectivos y personas más
vulnerables a las consecuencias negativas, económicas, sociales y
laborales que resultarán y que están resultando de la actual crisis
sanitaria. No cabe duda de que la segunda es la única solución y
alternativa posible, motivo por el cual desde el Departament de Justícia
de la Generalitat en el mes de marzo, y nosotros desde el Congreso en su
momento y desde el Senado ahora, planteamos la adopción de medidas
legislativas necesarias y urgentes que garanticen una adecuada respuesta
de la Administración de Justicia en términos de servicio público y que
sirva, a su vez, de palanca de transformación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
senador De Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, me dirijo a ustedes en este Pleno para argumentar la
posición del Partido Popular en relación con el Proyecto de Ley de
medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19.


El Partido Popular siempre ha valorado y reconocido el gran papel que
desempeña el Poder Judicial en nuestro Estado social y democrático de
derecho. Nuestra preocupación cuando hemos gobernado, y ahora en la
oposición, ha sido la de dotar de medios, tanto materiales como humanos,
a la justicia para cumplir esa función constitucional, que es la de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sobre todo, hay que proteger los
derechos fundamentales, las libertades públicas, y controlar la actuación
administrativa para que perciba el ciudadano la justicia como algo
cercano. Por este motivo, el Partido Popular ha manifestado una actitud
positiva y su colaboración tanto en el Congreso como en el Senado, para
la aprobación de esta norma. A pesar de nuestra actitud positiva, quiero
poner de manifiesto determinada crítica —constructiva, sin
duda—, sobre la actuación del Gobierno y del grupo que lo
sustenta.


Como en su día dijo un ilustre dirigente socialista —que creo
que aún está en el Partido Socialista, Alfonso Guerra—, y todo sin
acritud, les debo decir que ha habido pereza democrática. Por eso el
Gobierno ha obstaculizado la adopción de medidas necesarias por negarse a
habilitar el mes de agosto para trabajar en la habilitación de esta ley.
Mi grupo parlamentario les ofreció en el Pleno de julio la posibilidad de
reunirnos durante lo que quedaba de julio y el mes de agosto para
tramitar esta ley, pero su pereza democrática hizo que prefirieran irse
de vacaciones —esas vacaciones que ayer vimos que tan bien han
sentado al presidente del Gobierno— en vez de irse con los deberes
hechos y trabajar en esta ley; trabajar en esta ley para los ciudadanos,
en lugar de irse a veranear, que es lo que ha hecho el presidente del
Gobierno. (Aplausos).


Si hubiéramos habilitado el mes de agosto para trabajar, hubiéramos
transmitido un mensaje de seguridad a los ciudadanos, a los operadores
jurídicos y a los funcionarios, ofreciendo, en la apertura del año
judicial, el trabajo de la Cámara, el trabajo del Senado. ¿Y qué ha
ocurrido? Pues bien, que el lunes pasado fue la apertura del año judicial
y ahora estamos discutiendo medidas organizativas y procesales para
combatir la COVID-19, cuando hemos tenido un mes de julio y un mes de
agosto de continuos rebrotes, con más de 50 000 muertos y medio millón de
infectados. Eso es lo que nosotros deberíamos haber evitado para
contribuir a que esta Administración fuera mucho más eficaz. Nosotros lo
ofrecimos, ustedes se negaron. Ahí está y los ciudadanos valoraron el
trabajo de cada uno.


Si no hubieran tenido ustedes esta pereza democrática, todo lo
relacionado con las audiencias telemáticas, las medidas de garantía y
seguridad e higiene en la Administración de Justicia, habrían ya entrado
en vigor. Los juzgados tendrían ahora medidas mucho más seguras; los
funcionarios, los ciudadanos y los profesionales podrían acudir con más
tranquilidad a los juzgados, tribunales y fiscalías si tuvieran estas
medidas que, como les digo, nosotros votamos a favor. Sin embargo,
ustedes no han querido que entraran en vigor aún y se retrasarán a lo
mejor hasta final del mes de septiembre. Ahora que se están produciendo
gran número de rebrotes, ¿qué les decimos a los ciudadanos? ¿Que por
pereza democrática ustedes no han querido que trabajemos para darles
soluciones?


Sin acritud también les tengo que decir que es manifiestamente falso
que la medida de habilitar el mes de agosto como hábil fuera consensuada
con los operadores jurídicos. Sin embargo, el ministro de Justicia ha ido
reiterando desde sus vacaciones en Cádiz, que esta medida de habilitación
del mes de agosto ha supuesto la panacea y la salvación de la
Administración de Justicia, a pesar de que estuvimos tres meses
confinados y se paralizaron todos los plazos procesales y se paralizaron
todos los plazos administrativos. El que los profesionales, abogados,
procuradores y graduados sociales no pudieran hacer una conciliación
verdadera, al eliminar este derecho, ha supuesto que en muchas ocasiones
hayan tenido verdaderos conflictos, y todo ello a pesar de que los
operadores jurídicos han estado trabajando durante la pandemia. Recuerden
ustedes la actuación de los abogados de oficio. Los abogados de oficio
han estado sosteniendo el Estado de derecho durante muchos meses y
ustedes no se lo han reconocido, incluso dijeron en agosto si no quieren
caldo, dos tazas, a trabajar. Eso es lo que dicen los operadores.


¿Quieren ustedes saber lo que ha dicho la presidenta del Consejo
General de la Abogacía? ¿Quiere usted saber lo que han dicho los decanos,
por ejemplo, el decano de abogados de Castellón? ¿Quiere usted saber las
cartas que están mandando al ministro? ¿Sabe usted que ha sido declarado
persona non grata el ministro en el Colegio de Abogados de Las Palmas?
Todo eso no lo hace el Partido Popular, lo hacen los colegios
profesionales porque ustedes se han dedicado a ningunearlos, no solamente
con la habilitación del mes de agosto, que introdujeron en el decreto
ley, pero que en la ley que votamos ahora han eliminado; sin embargo, por
su pereza democrática ha pasado el mes de agosto y, de facto, se ha hecho
la habilitación. Eso es un engaño a todos los profesionales. Ahora vamos
a votar que el mes de agosto no debía haber sido hábil. Eso me parece
absolutamente absurdo por su pereza democrática. Ya me dirán, porque
hemos hecho una pregunta en la Comisión de Justicia al Gobierno sobre
cuáles han sido las ventajas de esta habilitación. Por eso, esperaremos
ansiosos la respuesta del ministro.


Ese ataque a los profesionales de la justicia se dio también de nuevo
en el artículo 18. Mi grupo y otros introdujimos una enmienda, porque nos
reunimos con los profesionales y nos pidieron que se eliminara esa
posición, creemos que no muy estudiada del Partido Socialista, de
considerar a los profesionales como ajenos a la Administración de
Justicia, equiparándolos, en general, al público.


Menos mal —y eso lo agradezco— que hubo una transaccional
de todos los grupos en la que corregimos este error y este ataque
realizado a los profesionales de justicia.


El Partido Popular considera que esta ley es necesaria, pero nos
hubiera gustado trabajar en ella con anterioridad. Creo que realmente el
Partido Popular ha tendido la mano en la realización de esta ley. No
tengan pereza democrática, convoquen la Comisión de Justicia, vamos a
trabajar en las medidas que ha propuesto el Partido Popular. El Partido
Popular ha presentado un plan jurídico y lo pone a su disposición, vamos
a trabajar con ello. Ya lo tienen, si no, se lo haré llegar al portavoz
de Justicia. Este plan jurídico es la base que consideramos para
cualquier negociación en materia de justicia. Por tanto, ¿qué es eso de
tejer por la mañana pactos con el Partido Popular y por la noche
destejerlos, como Penélope en la espera de Ulises? Están ustedes
destejiendo cualquier pacto con el Partido Popular, dinamitando,
filtrando conversaciones, actuando de una forma desleal con aquellos que
son leales a la Constitución. Porque la Constitución no es solamente los
artículos que a usted le interesan, no es solamente la renovación de
órganos constitucionales, que también, la Constitución es el respeto a la
jefatura del Estado, a la monarquía como forma del Estado, a la unidad de
España. Por tanto, no sé de qué están ustedes hablando de ese amor de
España con otros grupos que están intentando destruir la unidad de España
y atacan al Partido Popular, afeándole la lealtad constitucional.
Nosotros queremos la Constitución del primero al último artículo. Si
ustedes la leen, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial
establece que será de acuerdo con los partidos, pero de acuerdo con la
Constitución y, por tanto, todos aquellos partidos que no sean leales a
la Constitución no deberían entrar.


Ustedes nos acusan a nosotros de que no nos fiamos de Podemos cuando
su propia vicepresidenta del Gobierno, su ministra de Economía, evitó
informar a Pablo Iglesias de la fusión de la Caixa con Bankia. No se fían
ustedes mismos de Podemos, ¿cómo nos van a pedir a nosotros que nos
fiemos de Podemos en un poder tan importante como es el Poder Judicial?
(Aplausos). No nos fiamos, no nos fiamos; ustedes tampoco se fían. Por
tanto, vengan a la oposición, pacten con aquellos que queremos la
lealtad, no introduzcan elementos distorsionadores en un poder del
Estado. Recuerden ustedes todas las posiciones de Pablo Iglesias: ha
atacado al Tribunal Supremo, ha atacado a la Audiencia Nacional, ha dicho
que los procesos españoles no tienen garantías, ha atacado a jueces y
magistrados nombrándoles con el dedo, fomentan la ocupación. ¿Eso es lo
que ellos pueden aportar al Poder Judicial? No. Por tanto, ustedes sigan
con el mantra de que debemos negociar, debemos realizar... Mientras esté
Podemos en ese ámbito de negociación, el Partido Popular no puede estar.
Avénganse a negociar con los que queremos moderación, con los que
queremos respeto al Poder Judicial y no vayan con ningún tipo de mantra,
porque ese mantra tiene las patas muy cortas.


Y termino, señora presidenta, con un refrán valenciano. Li diu el
mort al degollado: qui t’ha fet eixe forat? Se lo traduzco. Le dice
el muerto al degollado: ¿quién te ha hecho ese agujero? ¿Sabe lo que
significa en el saber popular valenciano? Que siempre habla el que menos
tiene que hablar y el que más tiene que callar, que son ustedes en este
ámbito.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidenta andrea. Egun on
guztioi.


Antes de comenzar con mi intervención sobre este proyecto de ley,
quiero expresar que aquí se ha mencionado esta mañana a algunas personas,
en concreto, a Jesús Eguiguren, y se ha puesto en duda el compromiso de
los socialistas y de las socialistas en el combate contra el terrorismo.
Yo comparezco como portavoz en la Comisión de Justicia del Grupo
Socialista, pero también en este momento quiero hablar como coordinador
del grupo territorial vasco del Grupo Parlamentario Socialista, y quiero
hacer un reconocimiento expreso al Partido Socialista de Euskadi, al
Partido Socialista de Navarra por su tributo en vidas, por su tributo en
libertad, a sus alcaldes y alcaldesas, a sus concejales y concejalas, a
sus militantes (Aplausos), que se han entregado con riesgo de sus vidas
en la defensa de la democracia, de la libertad y en el combate contra el
terrorismo, en concreto contra el terrorismo de ETA. Y quiero agradecer
también como socialista vasco a toda la bancada socialista, a todo el
Partido Socialista Obrero Español, que siempre han estado acompañándonos
en esta tarea, a nuestro lado, ayudándonos, y así lo reconozco, a todo el
Partido Socialista, al Gobierno socialista y al presidente del Gobierno.
Todos aquellos que están poniendo en duda el compromiso de los
socialistas contra el terrorismo están poniendo en duda la propia
democracia y a todas esas víctimas del terrorismo a las que dicen aquí
representar. (Aplausos).


Dicho esto, respecto del proyecto de ley, esta semana, el lunes en
concreto, se celebraba la apertura del año judicial y ayer asistimos aquí
a un bochornoso espectáculo, el del principal partido de la oposición
diciendo expresamente que se niega a la renovación de los órganos
constitucionales. Pues bien, en esta semana de inicio del año judicial,
en nombre del Grupo Socialista, reitero nuestro compromiso con la
Constitución y los principios democráticos y con la necesidad de renovar
los órganos constitucionales y, en concreto, el Consejo General del Poder
Judicial; no hay excusas cuando se trata de defender la Constitución y
los principios democráticos y no hay excusas cuando se trata de respetar
la voluntad popular.


En segundo lugar, y entrando en materia concreta del proyecto de ley
que ahora estamos discutiendo —como ya han señalado otros
portavoces—, tiene que ver con el estado de alarma, con la
necesidad que hubo de adoptar unas medidas urgentes para poder preparar
nuestra justicia y evitar que se parase durante el estado de alarma.
Quiero reconocer que el Gobierno lo hizo con celeridad y con bastante
acierto, de manera que fue posible que se declarasen servicios
esenciales, que se protegiese la salud de los funcionarios y de las
funcionarias, de los operadores jurídicos y de los ciudadanos y
ciudadanas que usan la justicia. Se adoptaron medidas para que todo eso
que se estaba haciendo, y que evidentemente iba a provocar un atasco
añadido al que ya tiene la justicia, pudiera ser resuelto de una manera
conveniente mediante medidas todas ellas en consonancia con esa
modificación, esos principios de la justicia 2030 que va a permitir una
justicia ágil y moderna en nuestro país, y son medidas de carácter
temporal que, evidentemente, se adoptaron en un momento de
urgencia.


Ese decreto ley llegó al Congreso de los Diputados, fue aprobado y
comenzó su tramitación parlamentaria, que ha sido mejorada y que, como
han reconocido expresamente los portavoces de los diferentes grupos que
han intervenido antes que yo, se hizo con un amplísimo consenso. Es
verdad que han quedado algunas materias fuera, pero ha sido
fundamentalmente porque eran materias que exigían un debate en
profundidad que está haciendo ya el Gobierno en un anteproyecto de ley
que en breve llegará a las Cámaras, en el que se debatirán esas
cuestiones que ahora deben quedar necesariamente fuera, porque cada uno
de nosotros y de nosotras tiene una opinión al respecto y tendrá que
plantearla en el debate correspondiente. Pero todas aquellas cuestiones
que han supuesto una mejora durante el estado de alarma y que pueden ser
mejoradas ahora, han sido transaccionadas, como se ha demostrado en las
comisiones de Justicia del Senado y del Congreso, por tanto, de ambas
Cámaras, y se hizo además —me parece que incluso algún portavoz lo
ha señalado— con una intención real de comprender lo que cada uno
proponía y de intentar incorporarlo para mejorar el texto. En concreto,
en la Comisión de Justicia del Senado se ha transaccionado una
disposición que se ha incorporado al dictamen y ese dictamen ha sido
aprobado por todos los grupos, no hubo ni un solo voto en contra, como ha
expresado aquí el presidente de la Comisión de Justicia, y creo que esto
es un mérito de los diferentes grupos parlamentarios que supone un
reconocimiento al trabajo que se ha hecho. Es cierto que algunas
enmiendas no han sido admitidas o no han sido transaccionadas, pero de
momento, porque algunas son verdaderamente interesantes y estoy seguro de
que durante la tramitación parlamentaria podrán ser incorporadas a ese
futuro proyecto de ley o a otros que van a llegar.


No hay ninguna pereza democrática del Gobierno. Si vemos el
calendario legislativo que tenemos pendiente y las diferentes leyes que
van a venir, desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal a otras que van a
llegar en breve a la Cámara, creo que podemos afirmar con rotundidad que
se ha hecho más en siete días que en los siete años en que el Gobierno
del Partido Popular estuvo al frente de la comisión de la cartera de
Justicia. (Aplausos). Además de ello, además de que hay un calendario
serio, hay un compromiso del Gobierno de reunirse con cada uno de los
portavoces, con cada uno de los grupos para debatir de estas cuestiones
que quedan ahora pendientes y de otros temas que puedan incorporarse, y
también con muchísimos colectivos que se han dirigido a cada uno de
nosotros para indicarnos qué desean ver recogido de sus necesidades, de
su situación, en los futuros textos legislativos y no en estas leyes,
como la que hoy nos ocupa, que es de carácter temporal.


Termino diciendo que hago mías las palabras que dijo ayer el
presidente del Gobierno, y es que esta legislatura va a ser una
legislatura larga, una legislatura estable y, además, una legislatura
fructífera. Y el acuerdo de hoy entre todos los grupos en la Comisión de
Justicia del Senado y en la Comisión de Justicia del Congreso,
transaccionando y mejorando un texto legal para que sirva para los
ciudadanos y las ciudadanas, es un ejemplo de cómo se puede abordar una
legislatura con el entendimiento, con el consenso, con la participación
de todos y todas y, en definitiva, buscando la mejora de la vida de los
ciudadanos y de las ciudadanas. Ese es el compromiso del Grupo Socialista
y espero que sea también el de toda la Cámara y que esta legislatura sea
una legislatura larga, estable y fructífera.


Eskerrik asko. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, vamos a proceder al debate del articulado. Enmiendas.
En turno a favor de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en pleno siglo XXI tenemos una Administración de Justicia
obsoleta y colapsada y, por si fuera poco ese colapso, ahora tenemos la
grave situación sanitaria ocasionada por la COVID-19. Todos los gobiernos
anteriores y el actual se han puesto de acuerdo en el abandono de la
justicia, en todos los sentidos, en mayúscula y en minúscula. La COVID-19
afecta en todos los ámbitos y en todos los niveles; en la justicia, no
solo en cuestiones de fondo, sino también en cuestiones organizativas que
tienen trascendencia en la actividad diaria y tienen reflejo directo en
los ciudadanos. Se trata de aportar urgentes medidas sanitarias porque la
Administración de Justicia fue una de las olvidadas en su decreto de
alarma y se trata de seguridad jurídica. Es de vital importancia definir
las situaciones y las consecuencias de cada escenario previstas en
nuestra legislación, porque, lamentablemente, ante la ruina que se nos
viene encima, afectarán a muchas personas y empresas. Se prevé que
aumenten las solicitudes de concurso tanto de personas físicas como
jurídicas, junto con organismos públicos, como el Fondo de Garantía
Salarial, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social, motivo por el que Vox propone en sus enmiendas la introducción en
la disposición adicional quinta de la creación del órgano colegiado de
gestión de créditos públicos en procesos concursales, de composición
interministerial y mixta, para dotar de seguridad jurídica a la venta de
unidad productiva en una de las salidas que permite conservar la
actividad de nuestro tejido empresarial y mantener el equilibrio entre
las salvaguardas de los recursos públicos, el empleo y los intereses
generales.


Las enmiendas propuestas por Vox han ido encaminadas sobre todo a
aclarar cuestiones, definir situaciones y delimitar consecuencias para
reforzar la seguridad jurídica en la hecatombe económica que tendremos a
no pasar muchos días. Por eso, proponemos la ampliación de la tramitación
preferente en supuestos necesarios, enmiendas a los artículos 2 y 9. La
posibilidad de modificación del convenio concursal y los acuerdos de
refinanciación, acreditando la influencia de la COVID-19 como causa de
riesgo de incumplimiento del mismo y simplificando los trámites,
enmiendas a los artículos 3 y 5. También consideramos beneficiosa la
ampliación de plazos para la solicitud del preconcurso y concurso y,
sobre todo, facilitar la vía de negociación para estimular la continuidad
de las empresas a través del apoyo de sus acreedores y la reducción de
costes, enmienda al artículo 6. La consideración de crédito contra la
masa, los créditos e ingresos de tesorería realizados por personas
especialmente relacionadas con el deudor para favorecer la liquidez,
enmienda al artículo 7. Impulso de medios de ejecución extrajudicial,
preferiblemente notarial, enmienda al artículo 10. Agilización de la
tramitación del acuerdo extrajudicial de pago, enmienda al artículo 12.
La suspensión del acuerdo de liquidación de la sociedad durante el año
posterior a la declaración del estado de alarma en casos en los que no se
acredite el valor de la liquidación de la sociedad superior al acuerdo de
refinanciación, enmienda al artículo 13. Reforma del régimen de costas
del artículo 394 que penalice la litigación no responsable, disposición
adicional novena. Y la habilitación de medios seguros, tanto sanitarios
como de sistemas de seguridad e identificación personales, para la
interlocución con la Administración de Justicia, enmienda al
artículo 18.


No nos lleven a engaño, la Administración de Justicia ya estaba
pendiente antes de la COVID de una gran reforma siempre demorada porque
no da votos. Se tendría que empezar por la ya acuciante reforma para la
despolitización del Consejo General del Poder Judicial y trabajar para
dar solución al problema con los okupas y proteger de una vez por todas a
los propietarios frente a usurpadores de la propiedad. Ya Vox, en sus 100
medidas, propuso una reforma legislativa para que los okupas sean
expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado,
además de que fueran excluidos de las ayudas sociales. Como siempre, una
vez más, el Gobierno llega con retraso y, además, de forma incompleta e
inexacta, en una especie de improvisación que, más que ayudar a avanzar,
crea una maraña de confusión, como la implementación de la habilitación
del mes de agosto que, como se ha demostrado, para nada ha ayudado a
agilizar el trabajo y, por el contrario, ha suscitado las críticas
justificadas de jueces, fiscales, funcionarios y también de abogados y
procuradores. Todos los operadores critican sus medidas, raro es que en
una sola cuestión se hayan puesto todos de acuerdo en el abandono de la
justicia, abandono de los funcionarios de la Administración porque no
tuvieron ninguna previsión para evitar contagios, tampoco ahora, siendo
Vox el que ha puesto de manifiesto que se debería tener especial cuidado
en salvaguardar los derechos de los funcionarios de la Administración de
Justicia. De ahí que Vox propone flexibilidad en la asignación de
personal, eliminando el sistema forzoso de cambio temporal de destino y
aplicando el criterio de voluntariedad, con la subsiguiente retribución
también al implementar planes de refuerzo y sustitución, enmienda al
artículo 21. Los juzgados parados, primero por saturación, después por
falta de medios para teletrabajar. En septiembre, y los meses que
seguirán, iremos viendo una Administración de Justicia absolutamente
colapsada, en la que a la acumulación de los expedientes antiguos se
unirán los nuevos. De nada sirve crear nuevos juzgados especializados,
sobre todo tras el fracaso de los creados para las cláusulas suelo. Ni
acción ni organización, sus medidas son anuncios publicitarios, buscan el
titular rimbombante que a todos nos gusta escuchar: Apostar con fuerza
por el avance de transformación digital. Sin embargo, la transformación
digital de la justicia ya debería haberse implementado desde 2011 con la
utilización de medios telemáticos, de forma que estos cumplan los
requisitos necesarios para su correcto funcionamiento. La protección de
datos e imagen particular y la adecuación para un correcto ejercicio del
derecho de defensa. Ha tenido que existir una pandemia para que por fin
el Ministerio de Justicia interiorice la necesidad de adaptación a las
formas de trabajo del siglo XXI.


Estas medidas son necesarias pero claramente insuficientes, son un
parche, un remiendo más. Eso sí, a golpe de real decreto, como le gusta a
este Gobierno, improvisando al margen de la vida real, sin realizar un
examen profundo ni una interlocución con todos los operadores jurídicos.
Sus medidas estrella son fuegos artificiales porque, después de
adoptarlas, no se traducen en la dotación de medios necesarios y
formativos para llevarlas a cabo. En sus presupuestos, que son incapaces
de aprobar, antes que abordar esta necesaria reforma, amplían, como en
los del 2019, los destinados a chiringuitos ideológicos y aumentan los
cargos y asesores en el Gobierno, en vez de aumentar los medios de la
asistencia jurídica gratuita, agilizar los procedimientos y dotar de
medios a una Administración de Justicia obsoleta y colapsada. Ustedes son
vendedores de humo, solo nos traen a los españoles muerte y ruina.


Nos parece imprescindible implementar las medidas oportunas y todas
aquellas necesarias para la agilización y adecuación de la situación
actual en la que se encuentra la justicia. Por eso, propusimos medidas
encaminadas a estos efectos. Sin embargo, Vox asumirá las propuestas
presentadas que se deben votar en bloque, en las que, como viene siendo
habitual por este Gobierno, mediante el procedimiento de urgencia,
pretenden introducir reformas de calado, estructurales y de gran
trascendencia, que no han sido convenientemente examinadas ni debatidas
por el procedimiento legislativo ordinario. Las propuestas de Bildu y PNV
a esta ley son casi idénticas, literales, identificación que no nos
sorprende, y no solo por ser coincidentes con la virulencia y el odio
contra Vox que destilaban ayer en esta misma tribuna, sino porque
demuestran que son más que amigos, son socios y trabajan por la misma
finalidad y, lamentablemente, unos asumen los asesinatos de los otros.
Con sus ataques y su odio no hacen más que poner en evidencia su
sectarismo y deslealtad con España. Con ellas, y auspiciado por el PSOE,
quieren obligarnos a aprobar reformas que modifican la planta judicial,
el registro civil, para obtener una nacionalidad exprés y quieren
financiar expertos para la reinserción sociolaboral, así como la
modificación del estatuto de la víctima, asistencia gratuita, el estatuto
del ministerio fiscal e imponer el uso de la lengua de la comunidad
autónoma, discriminando el uso de la lengua común española. Pues,
señorías, aunque la reforma parece inocente, ampliando plazos, haciendo
concesiones sobre notificaciones y otras cuestiones que podríamos
denominar de trámite, la realidad es que nos presentan un texto trufado
de modificaciones de tal importancia que no pueden ser asumidas sin un
debate y un estudio profundo del mismo. Cierto que la COVID ha
transformado la situación, pero en relación con la justicia y con las
cuestiones procesales no encontramos nada que no tuviéramos hace meses,
incluso años, durante los que no se ha puesto el más mínimo interés.






Ya
tenemos sus experiencias anteriores de modificaciones con urgencia, con
sus reales decretos de alarma, como el que en un día introdujeron a su
socio de Gobierno en el CNI. La urgencia y la COVID no pueden justificar
su negligencia y la del Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, intervendrá
el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta. Buenos días.


Junts per Catalunya presenta 32 enmiendas al texto de este proyecto
de ley que nos llegó del Congreso, entendiendo que todas pretenden y
pretendían mejorar la situación de colapso de los órganos judiciales y
facilitar al máximo las cosas a las empresas, a los autónomos, a los
usuarios en general y también a los profesionales y a los operadores
jurídicos. De estas 32 enmiendas presentadas por mi grupo, cuatro fueron
inadmitidas y una transaccionada en comisión. Mantenemos vivas para este
Pleno las 27 restantes, pero consciente de las pocas posibilidades de
prosperar de la mayoría de ellas después del trámite en comisión, yo no
les voy a robar el tiempo y me voy a centrar en la defensa de la enmienda
número 20 que, sin desmerecer la importancia de las otras, la
consideramos vital en el actual contexto, y el resto las doy por
defendidas.


La enmienda 20 se refiere al artículo 6, sobre el régimen especial de
solicitud de declaración de concurso de acreedores. Nos encontramos ante
una situación excepcional derivada de la crisis generada por la COVID-19
que, como saben, lo que está provocando es que muchas empresas viables y
solventes antes del inicio de esta crisis sanitaria, en estos momentos
sufran grandes tensiones de tesorería, en gran medida derivadas de la
suspensión de sus actividades durante el confinamiento. A efectos de
intentar que dichas empresas o autónomos no se vean obligados a solicitar
su declaración en situación de concurso de acreedores, resulta
recomendable que puedan acogerse al sistema de preconcurso, con una
ampliación de plazo durante el cual puedan negociar con sus diferentes
acreedores, buscar nueva financiación y, en defintiva, superar su
situación con una solución de continuidad diferente al concurso. El plazo
propuesto, visto el desarrollo de la actual situación, a nuestro
entender, se muestra insuficiente para negociar eficazmente con los
acreedores u obtener refinanciación con la finalidad de alcanzar una
nueva normalidad en materia de facturación y flujos de tesorería que les
permita superar la crisis. Junts per Catalunya propone esta enmienda de
modificación para ampliar a un año el deber de solicitar la declaración
de concurso desde que se recibió dicha comunicación. Estamos convencidos
de que esta medida puede ayudar realmente a salvar empresas y salvando
empresas lo que salvamos son puestos de trabajo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidenta.


Con el primer grupo de enmiendas pretendemos habilitar a las
comunidades autónomas para configurar con carácter obligatorio la
participación en aquellos procedimientos de los ámbitos materiales de su
competencia legislativa. Garantizar, asimismo, la financiación de los
servicios autonómicos prestados en el marco de la solución extrajudicial
de conflictos. Incluir la mediación en las pruebas selectivas o de acceso
a las profesiones jurídicas y en la formación. Extender el ámbito de
aplicación de la mediación a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Modificar, por tanto, la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa e incluir un intento de negociación o
mediación entre administraciones para evitar litigios. Y, finalmente, que
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se
interrumpa cuando se acredite que se ha iniciado el procedimiento de
mediación. Otra de las enmiendas se refiere a la implantación de la
justicia municipal, introducir los juzgados municipales como primer nivel
de la planta judicial para atender los pequeños conflictos civiles,
penales y contencioso-administrativos de escasa relevancia pero muy
numerosos. También proponemos incluir la respuesta rápida a la violencia
machista. Se trataría de los juzgados de distrito, que tendrían que
insistir en herramientas de mediación para que la primera fase del
proceso fuera un intento de mediación o de conciliación, un proceso ágil,
con la mínima documentación y el máximo ahorro de trámites.


Por otro lado, proponemos habilitar normativamente el acceso a los
efectivos del registro civil al contenido del padrón de habitantes a
través del Punto Neutro Judicial.


Otra de las enmiendas que defendemos pretende garantizar que tengan
la consideración de medio propio de las administraciones aquellas
entidades que, dependientes de la Administración, tengan por objeto la
reinserción sociolaboral de personas sometidas a medidas judiciales y
entender —y esto es importante— como indicador de su
actividad el volumen global de personas atendidas en programas y
actividades de formación, ocupación e inserción. Esta enmienda, señorías,
es muy importante para nosotros.


Otro bloque de enmiendas son modificaciones para agilizar la
tramitación de los procedimientos de insolvencia que afectan a personas
naturales y resolver problemas observados por la aplicación de los
mecanismos de segunda oportunidad.


Otro bloque de enmiendas pretende evitar la revictimización e
imprimir celeridad en los procesos penales perseguidos contra agresores e
introducir la declaración preconstituida, en fase de instrucción, a las
víctimas de violencia sexual o de tráfico de seres humanos, con el fin
también de evitar esa revictimización e imprimir celeridad.


Finalmente, también hemos propuesto una enmienda para la adecuación
de los requisitos básicos para el acceso al beneficio de la asistencia
jurídica gratuita a la situación de vulnerabilidad económica. Esta
enmienda propone una mejora del índice de ingresos familiares de
referencia como requisito para el acceso a este servicio.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Ayala Santamaría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días.


No veo al señor Oleaga y lo primero que quería hacer era referencia a
su intervención. Qué papelón tener que reinterpretar las palabras del
presidente cuando lamenta profundamente la muerte de un etarra y ni una
sola palabra para las víctimas. ¡Que papelón, señor Oleaga!
(Aplausos).


Quiero empezar diciendo que lamento profundamente que el PSOE haya
dejado la justicia para septiembre porque pudo haberla aprobado antes de
vacaciones; me refiero a las vacaciones del Gobierno, porque abogados y
procuradores no las han tenido por decisión del Gobierno socialista, pese
a que el Congreso había aprobado que agosto no fuera hábil. Fue solo su
falta de interés, lo que mi compañero Fernando de Rosa llamaba pereza
democrática, la que hizo que esa reforma no pudiese ser aprobada en el
Senado. Por ello, lo primero que quiero decir es gracias, gracias a los
miles de abogados y procuradores españoles que sí han estado al pie del
cañón, que no han estado de vacaciones, que no han escurrido el bulto a
costa de su derecho a las vacaciones, que es un derecho que, por cierto,
ustedes suelen defender mucho y que está recogido en el Estatuto General
de los Trabajadores. Gracias, gracias a todos los abogados y
procuradores. (Aplausos).


¿Las medidas de este decreto son necesarias? Pues sí, son necesarias.
¿Las medidas son suficientes? Pues rotundamente no. Así que nosotros, en
estas enmiendas, pretendemos dos cosas, como la ley: seguridad y
agilización. Nuestra primera enmienda habla sobre el artículo 10 y sobre
agilización. Si queremos agilización, demos preferencia a las subastas
extrajudiciales, como ya ha sucedido desde que ha estado vigente el real
decreto ley. Saquémoslas de los juzgados y con eso haremos que haya más
agilización en los juzgados.


Segunda enmienda, respecto al artículo 14.2, restricciones de
presencialidad que ustedes realizan, pues son necesarias y obligatorias
por este momento pos-COVID. Cierto, es necesario. Ustedes salvan, dentro
de esas restricciones, al acusado en los delitos graves. Nos parece
razonable en esta enmienda que, además del acusado, también esté el
perjudicado en la sala.


Tercera enmienda. Volvemos a hablar de seguridad. Ustedes quieren
seguridad y nos lo dicen en este proyecto de ley, pero les pedimos que
sea seguridad con compromiso, seguridad más allá de la palabrería.
Concreten el compromiso, pongan medios de verdad para ello. Nosotros les
proponemos en esta enmienda que hagan auditorías periódicas, que
verifiquen que se cumplen esas medidas sanitarias y que concedan a los
trabajadores de la justicia el derecho a tener los equipos de protección.
Porque esto que hoy nos parece absolutamente normal, que haya medidas de
protección suficientes, no lo ha sido durante la pandemia y durante los
meses de marzo, de abril, de mayo, incluso principios de junio, no ha
habido material suficiente. Denles a los trabajadores de la justicia la
posibilidad de decir que tienen derecho a esos equipos sanitarios
necesarios para guardar su salud. Insisto, cuando esto sucedió con los
sanitarios en España durante los meses de la pandemia —y ellos
presentaron una demanda porque necesitaban esos equipos—, ¿saben
qué hicieron Abogacía del Estado y Fiscalía? Decir que estaban en contra
de que se les proveyera suficientemente de ese material.


La cuarta enmienda versa de nuevo sobre seguridad, hablamos del
artículo 15 y del aforo máximo en las salas de vistas. Ustedes hacen
descansar el criterio en el juez y nosotros les decimos algo evidente: no
le den esa responsabilidad al juez, que dependa de las autoridades
sanitarias cuál es el aforo máximo en las salas de vistas.


Enmendamos también la disposición adicional quinta y esta enmienda
está enfocada a la agilización y a la modernización de la justicia.
Miren, hace unos días, el ministro concedió una entrevista a un medio de
comunicación en la que afirmaba que el impulso modernizador de la
justicia en pandemia había sido histórico. No saben la de memes que
circularon por las redes sociales. Quiero enseñarles este tuit de un
abogado cualquiera en España, que decía: Juan Carlos Campo, ministro de
Justicia: El impulso modernizador de la justicia en la pandemia ha sido
histórico —y aquí la prueba gráfica—. Seguramente no lo verán
desde atrás —ahora le veo, señor Oleaga—, pero permítame que
le diga que esto es un timbre de una bicicleta, que está remachado con
dos tornillos y abajo pone: Oficina penal, pulse para ser atendido. El
impulso de la modernización de la justicia en la pandemia ha sido
histórico. (Aplausos). Pues bien, hablo aquí de la disposición adicional
quinta, agilización y modernización, y no nos podemos creer que tampoco
ningún otro grupo lo haya visto. Modernización y agilización es crear 100
nuevas unidades judiciales cuando se viene lo que se viene, señor Oleaga,
cuando sabemos que este año va a ser crítico en justicia. Treinta
unidades judiciales, ¿ese es el compromiso de justicia del ministro de
Justicia? ¿Ese es el compromiso de justicia del Gobierno socialista? ¿Ese
es el compromiso de justicia del Plan 2030? Pues, hombre, nosotros
creemos que es poco compromiso. Ayer ya lo vimos cuando hablaba el
presidente y decía: Diez compromisos pos-COVID. Ninguno de ellos, señor
Oleaga, lamentablemente para todos los que estamos en la Comisión de
Justicia, ninguno de esos diez compromisos era la justicia. Nosotros les
proponemos que creen más, que creen, por lo menos, 300, 100 este año,
porque nos parece necesario, no es pedir por pedir. Si quieren modernizar
la justicia, dejen de fastidiar a abogados y procuradores, cuenten con
ellos y déjense las genialidades de las citas previas porque una ley que
era muy urgente, estaba publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
el 22 de mayo, la dejan para septiembre. ¿Quieren modernización? Permitan
que abogados y procuradores puedan ir al expediente judicial electrónico
y verlo en sus casas, en sus despachos. ¿Quieren modernización? Aprueben
aplicaciones comunes o, por lo menos, que sean compatibles en toda
España. ¿Quieren modernización y que el mundo rural siga teniendo el
servicio? Dígannos qué pasa con los partidos judiciales, pues están
haciendo muchas declaraciones que están poniendo muy nerviosa a la gente
en los partidos judiciales. ¿Quieren modernización? Hagan inversiones en
medios materiales, como la que hizo el ministro Catalá, 65 millones para
justicia digital en un año.


Y, por último, nos venden un compromiso que es solo humo. Proponemos
también, en la última enmienda, que CTEAJE revise las herramientas
informáticas.


Termino ya. Diez prioridades. Ninguna de ellas era la justicia, señor
Oleaga.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, en el turno en contra de las enmiendas, tiene la
palabra el senador Aguilar Román por tiempo de treinta minutos.


El señor AGUILAR ROMÁN: Buenos días. Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, lo primero que hay que decir es que estamos en la
tramitación como proyecto de ley de un real decreto que ya entró en vigor
el 28 de abril. Quiero decirles esto para que todas sus señorías tengan
tranquilidad y no piensen que, por una cierta holgazanería que se dice
que ha tenido el Senado, hemos tenido a los operadores jurídicos, al
personal al servicio de la Administración de Justicia, poco más o menos
que en una situación de perenne interinidad. No, las medidas ya estaban
implementadas, estaban en aplicación en todos los tribunales y juzgados
de este país desde la entrada en vigor del Decreto 16/2020, que es el que
se convalidó en el Congreso y se está tramitando como proyecto de ley.
Por tanto, tranquilidad en ese sentido, señoría.


Lo segundo que quería decirles es que, ciertamente, como muchos
portavoces han puesto de manifiesto, este proyecto de ley se está
tramitando con un gran consenso. Por las comparecencias y las apariciones
de algunos portavoces parecería que no, pero la realidad es que el texto
ya venía del Congreso de los Diputados con un gran consenso, con más de
la mitad de las enmiendas que habían presentado los grupos parlamentarios
incorporadas al texto, es decir, este Senado ya recibía un texto
ampliamente consensuado por todos los grupos. Y lo mismo ocurrió en la
Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia del Senado se
incorporaron, además, algunas correcciones que entendíamos que eran
necesarias y, como bien se ha dicho, hasta nueve de las enmiendas
presentadas fueron incorporadas a través de cuatro enmiendas
transaccionales y el texto de la ley se aprobó por unanimidad de todos
los grupos.


Pero, señorías, sin acritud, como se ha dicho, pero queriendo ser
fiel a la verdad, que es algo que debemos ser siempre, ser fieles a la
verdad, tengo que decirles que hoy comprendo con más claridad las
palabras que decía ayer el presidente del Gobierno cuando ponía de
manifiesto el carácter errático, lamentablemente, del Grupo Popular; hoy
se ha puesto de manifiesto aquí. (Aplausos). Hoy han cogido la bandera de
la habilitación del mes de agosto como si eso hubiera sido el mal de
todos los males. Señorías, la habilitación del mes de agosto fue una
propuesta del Partido Popular, fue una propuesta de don Enrique López,
portavoz de Justicia del Partido Popular, en las reuniones previas que
hubo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia antes de
la aprobación del decreto. Por lo tanto, no vengan ahora a decirnos que
si hemos privado de vacaciones a abogados y procuradores, que se ha
cometido esa tropelía, cuando esa medida salía, precisamente, de una
propuesta del Partido Popular, de ahí su errático comportamiento.
(Aplausos). Y, señorías, ya lo pusimos de manifiesto en la Comisión de
Justicia y en mi condición de ponente de la ley así lo hice, y quiero,
otra vez más, ponerlo de manifiesto en esta tribuna para que quede
constancia en el Diario de Sesiones. Quiero agradecer, por supuesto, el
enorme esfuerzo que todos los operadores jurídicos están realizando en la
aplicación e implementación de las medidas de seguridad y para una
agilización de la justicia ante la pandemia, ante la crisis y la
paralización que la pandemia supuso para la Administración de Justicia.
Pero quiero poner de manifiesto muy especialmente la tarea, la labor y el
compromiso de la abogacía y de la procura que, efectivamente, con la
habilitación del mes de agosto, se han visto, en gran medida, privadas de
su merecido descanso vacacional. También hay que decir que la propuesta
del PP era la habilitación de todo el mes de agosto y, al menos, la
propuesta que se recogió en el real decreto era solo la habilitación
parcial del mes de agosto para reconocer que había ese merecido descanso
para la procura y para la abogacía.


Lo mismo tengo que decir con otro de los argumentos que se nos han
dado desde esta tribuna y es el error que, efectivamente, a nuestro
juicio era un error, de exigir para los profesionales una cita previa
para poder acudir a los tribunales de justicia. Este error, que además se
puso de manifiesto en algunas enmiendas por parte de distintos grupos, en
la comisión fue corregido en una enmienda transaccional y se eliminó esa
cita previa. Quiero decirle, señoría, que venía en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados y, por tanto, era un error en el que todos
habíamos incurrido. No se puede imputar ese error únicamente al Gobierno,
únicamente al grupo que sostiene al Gobierno, cuando, insisto, era un
texto consensuado, votado favorablemente por la mayoría de los grupos en
la Comisión del Congreso de los Diputados y, por tanto, el
artículo 18 venía con ese error que, afortunadamente, hemos
corregido.


Señorías, algunas de las enmiendas que hoy se mantienen a este texto
aprobado por unanimidad —ya lo ha puesto de manifiesto el portavoz
del Grupo Socialista en la comisión— son de mucho interés.
Sinceramente, entiendo que hay algunas aportaciones que de verdad merecen
ser examinadas, evaluadas, analizadas e, incluso, estoy seguro de que
muchas de ellas serán incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, pero
entiendo que hay que hacerlo por el mecanismo adecuado, un mecanismo de
sosiego y en una norma, en una tramitación parlamentaria, una tramitación
legislativa que, con el debido sosiego, pueda hacer que esas medidas se
incorporen al ordenamiento jurídico con la debida seguridad. Señorías, no
debemos olvidar que estamos en la tramitación de un decreto ley que
aprueba medidas provisionales, medidas extraordinarias y medidas que
tienen una vigencia limitada en el tiempo, la más alejada está limitada
hasta el 30 de junio de 2021 y esperemos que la vigencia de esta norma
concluya el 30 de junio del 2021 porque será señal de que la pandemia se
ha controlado y que la justicia puede volver a funcionar con normalidad,
puede volver a funcionar con sus cauces normales y no con la aplicación
de estas medidas extraordinarias que, como digo, se aprobaron en el Real
Decreto Ley 16/2020 y que ahora se convalidan también mediante este
proyecto de ley.


Entiendo que algunas de estas enmiendas que han presentado los grupos
contienen medidas que merecen esa reflexión e, incluso, incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico; medidas tendentes a la mediación y a la
resolución extrajudicial de conflictos, tan necesarias para, de verdad,
descargar a la justicia de la carga de trabajo, que si ya era un mal
endémico de la justicia española, se ha visto agravado con la
paralización que durante la pandemia supuso el estado de alarma.


Por otro lado, sobre la justicia municipal, entiendo perfectamente
que tenemos que analizar y darle una vuelta a qué papel debe jugar la
justicia municipal en un futuro inmediato. Lo mismo ocurre con alguna
enmienda que se plantea respecto de la preferencia de las cooperativas de
trabajadores a la hora de adquirir las unidades productivas de las
empresas en crisis o en concurso. Entiendo que es una medida que se ha de
reflexionar y que debía de implementarse porque supondrá la oportunidad
de mantener los puestos de trabajo y la actividad económica de esa
empresa y no trocearla y repartirla entre distintos compradores. Esa
preferencia en la adquisición de la unidad productiva por cooperativas de
trabajo de esa propia empresa puede ser una medida que de verdad traiga
soluciones nuevas a situaciones de crisis en empresas. Igual hemos de
decir con el concurso de la persona física o la Ley de segunda
oportunidad, enmiendas que se plantean para ahondar en la reforma de la
segunda oportunidad para personas físicas en esas situaciones de
crisis.


Insisto, todas estas son medidas que, desde luego, el Grupo
Socialista entiende que merecerían el apoyo, pero lo merecerían en cauces
parlamentarios adecuados. Hay dos cauces, el portavoz del Grupo
Socialista ha puesto de manifiesto uno, que es el anteproyecto de ley de
agilización, y hay otro que es la trasposición de la directiva
comunitaria sobre insolvencia donde, insisto, con el debido sosiego, con
el debido análisis y con la debida confrontación de propuestas de los
distintos grupos, podremos incorporar al ordenamiento jurídico, de
verdad, medidas de este tipo, que entiendo que son muy beneficiosas y muy
acertadas.


Hay otra serie de enmiendas, que también han planteado distintos
grupos, que no mejoran el texto porque, como digo, es un texto que ya
venía consensuado del Congreso de los Diputados, que se ha mejorado con
las enmiendas transaccionales que se habían aportado, pero que, como fue
objeto de ese consenso en el Congreso de los Diputados, nosotros, como
Cámara de segunda lectura, también debemos asumir ese consenso que ya
partía del Congreso. Por tanto, el resto de enmiendas, que sí tienen que
ver y hacen incidencia en cambios puntuales en el texto de la ley, el
Grupo Socialista no las va a apoyar en el sentido que les estoy
explicando, el de mantener el texto consensuado que llegaba desde el
Congreso de los Diputados.


Voy terminando, señorías. El trabajo en comisión, más allá de las
escenificaciones públicas que se hacen en el Pleno y en la tribuna, ha
sido un trabajo, de verdad, muy gratificante porque se trataba de
encontrar consensos en aspectos que eran relevantes para, en este caso,
no la mejora de los ciudadanos, pero sí para poder prestar a los
ciudadanos un mejor servicio a través del servicio público que es la
justicia. Señorías, saben ustedes que el Gobierno de España ha hecho y
sigue haciendo un esfuerzo enorme por establecer un escudo social para
proteger a todas aquellas personas que se han visto en situaciones de
vulnerabilidad. Miren, me parece importante destacar esto. Ese escudo
social, por supuesto, va para los más desfavorecidos que, sin ninguna
duda, son los más vulnerables, pero si esta crisis ha puesto de
manifiesto algo es que en esa situación de vulnerabilidad se están viendo
personas que no estaban en esas circunstancias más desfavorecidas antes
de la crisis: empresarios, profesionales, autónomos. Esta crisis también
les ha puesto en esa situación de vulnerabilidad y para ellos también es
el escudo social que el Gobierno ha levantado para intentar que de esta
crisis nadie se quede atrás. Hoy estamos aprobando un decreto ley que
completa ese escudo social con otro escudo, un escudo judicial, un escudo
procesal, que permitirá que, con medidas ágiles, aquellas que están
establecidas en ese escudo social, puedan tener eficacia real, puedan
aplicarse de verdad, de ahí la importancia de la aprobación de este
decreto ley, que con seguridad vamos a aprobar con las mejoras
introducidas por la Comisión de Justicia a través de las enmiendas
aprobadas. Entiendo que ese decreto ley, con el texto que ha salido de la
comisión, es el que debemos aprobar, es un texto muy importante y, de
verdad, agradezco a todos los grupos el apoyo a esta iniciativa, a esta
norma, y lamento no poder ofrecer el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista a algunas de las enmiendas, pero sí les emplazo, con el mismo
talante conciliador, a analizarlas, discutirlas e intentar que se
incluyan en nuestro ordenamiento jurídico.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Sánchez-Garnica Gómez.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la justicia es un servicio público esencial, un servicio
que, sin embargo, no ha tenido la atención que merece ni en medios
personales ni materiales. Esta falta de atención ha deteriorado la
prestación de un servicio esencial para los ciudadanos y de una vez
tenemos que ser capaces de modernizar los mecanismos al servicio de la
justicia para lograr su agilización, pero, sobre todo, sin perder su
calidad. No es la función del Proyecto de ley de medidas procesales y
organizativas afrontar los verdaderos problemas de la justicia; su
finalidad, como ya se ha dicho, es temporal: agilizar y aligerar el
trabajo de nuestros juzgados y tribunales. En este sentido, queremos
felicitar a todos los grupos de esta Cámara por la calidad, por el calado
de las enmiendas y por el enriquecedor debate que tuvo lugar en la
comisión, que permitió un consenso en temas que sí tienen que ver con la
ley, relacionados con esas medidas urgentes. Todas las enmiendas, o casi
todas, deben tenerse en cuenta en la próxima ley de agilización que es la
que tiene que afrontar de forma decidida la modernización estructural de
la justicia.


Apoyaremos el texto de la ponencia y esperemos que la temporalidad
sirva para agilizar el funcionamiento judicial. Mientras tanto, aspiramos
a que el futuro proyecto de ley tenga en cuenta a todos los actores de la
justicia; también, vuelvo a reiterar, muchas de las enmiendas
presentadas, que son útiles y de gran calado, sobre todo, aquellos
mecanismos relacionados con el intento de soluciones extrajudiciales, de
conflictos extrajudiciales, que, si se hace con eficacia y se hace con
decidida razonabilidad, seguro que van a contribuir a que nuestros
juzgados y nuestros tribunales puedan aligerarse, sobre todo en materias
como la de personal de la Administración Pública, que requiere un trato
especial y que a veces se plantean en los juzgados de lo
contencioso-administrativo y tardan mucho en resolverse. Vamos a trabajar
por que la justicia mejore y, sobre todo, vamos a esperar a esa ley de
agilización que, vuelvo a repetir, debe contar con todos los actores que
operan en el ámbito judicial.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá el senador Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, como he indicado anteriormente, nos parece imprescindible
implantar las medidas sanitarias oportunas y todas aquellas necesarias
para la agilización y adecuación de la situación actual en la que se
encuentra la justicia. Por eso, propusimos medidas encaminadas a estos
efectos. Sin embargo, Vox no asumirá las que, como viene siendo habitual
por este Gobierno, mediante procedimiento de urgencia, pretenden
introducir reformas de calado, estructurales y de gran trascendencia, que
no han sido convenientemente examinadas ni debatidas por el procedimiento
legislativo ordinario. La urgencia de la COVID no puede justificar su
negligencia y desgobierno. Por tanto, nuestro voto será no.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, intervendrá el
senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Muchas gracias de nuevo, presidenta.


Como les decía en mi anterior intervención, nuestras enmiendas
pretendían mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. No
lo veo en el hemiciclo, pero quería agradecer la disposición del senador
Oleaga durante el trámite del proyecto de ley, a pesar de que solo
hayamos sido capaces de transaccionar una de nuestras enmiendas, por lo
que le emplazamos a continuar hablando de las otras en la futura ley de
agilización.


Y a pesar de lo previsible, como también les decía, de la situación,
nosotros hemos querido mantener el resto de enmiendas hasta el final
porque estas eran resultado de las muchas observaciones y aportaciones
que nos han hecho llegar a Junts per Catalunya, muchas a través de
nuestro diputado Jaume Alonso-Cuevillas. Por ejemplo, la del Col-legi
d’Advocats de Barcelona, la del Consell de Col-legis
d’Advocats de Catalunya, la del Col-legi de Procuradors de
Barcelona y la de otros colectivos, como los graduados sociales o las
reivindicadas hoy también aquí y defendidas por la senadora Castel, del
mismo Departament de Justícia del Govern de Catalunya. A todos ellos
queremos agradecerles aquí su colaboración, porque nuestras enmiendas no
eran ni de izquierdas ni de derechas, ni eran independentistas ni eran
unionistas; solo eran enmiendas que pretendían mejorar la estructura y el
funcionamiento de la Administración de Justicia española, con la que, de
momento, debemos convivir, a pesar de que ya muchos catalanes hace tiempo
que tenemos muy poca confianza en ella.


En este sentido, no quisiera terminar hoy esta intervención sobre un
proyecto de ley vinculado a la justicia sin solidarizarme con nuestro
compañero, el senador Matamala, que a finales de agosto conoció por una
noticia publicada en El Mundo y firmada por la señora Ángeles Escrivá que
un juez de la Audiencia Nacional le estaría investigando e, incluso,
había autorizado la intervención de su teléfono. De confirmarse la
noticia, nos encontraríamos una vez más frente a la arbitrariedad de la
justicia española y esto, señorías, también debería preocuparles.


Muchas gracias. Llibertat presos polítics, el retorn dels
exiliats.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Durante el debate de este proyecto de ley hemos visto cómo la extrema
derecha estaba muy preocupada por los okupas. No estaba preocupada ni por
los desahucios de la gente sin techo, ni porque haya miles de viviendas
vacías de fondos buitres y gente en la calle. Está claro que cada uno
tiene sus prioridades, pero les recuerdo que no deben preocuparse tanto
porque en España, poco a poco, se va avanzando contra los okupas: hace
unos meses se pudo sacar a un okupa criminal del Valle de los Caídos,
ahora está de okupa en otro inmueble del Estado, en El Pardo
—esperemos que pueda salir pronto de ahí—; también hace poco
otro okupa que estaba en La Zarzuela huyó, no hubo que echarlo y esta
semana pasada se echaba a los okupas del Pazo de Meirás. Por lo tanto,
lentamente pero se está actuando contra los okupas en España.


En cuanto a la defensa de nuestro posicionamiento respecto a esta
ley, entendemos que estábamos ante una propuesta urgente. Tocaba aprobar
definitivamente un real decreto ley que se presentó en abril —desde
abril hasta ahora miren ustedes el tiempo que ha pasado— y por ello
entendimos que no tocaba presentar enmiendas, pues ya las habíamos
presentado en el Congreso. Se había modificado sustancial y positivamente
el texto presentado desde el real decreto hasta su aprobación definitiva
en el Congreso. A pesar de ello, también recibimos aportaciones de muchas
entidades y preferimos que se aprobara ya porque era un poco una sinrazón
que un texto que estaba hablando de si habilitábamos o no agosto, lo
estuviéramos debatiendo todavía en septiembre. Entendíamos que estábamos
hablando de medidas muy urgentes, que tenían una vigencia de siete o de
diez meses en el mejor de los casos. Ojalá todas las medidas de este
proyecto de ley terminen en marzo o en junio de 2021; eso supondrá que
hemos podido derrotar al covid y que estas medidas excepcionales no harán
falta.


Nos parecía que buena parte de las enmiendas, de las propuestas
presentadas, eran totalmente aceptables, pero que estaban fuera de lo que
era el objeto de esta propuesta, que era adoptar medidas para que la
justicia hiciera frente al covid. Todos tenemos propuestas, medidas para
mejorar el funcionamiento de la justicia y entendemos, como la mayoría de
grupos están diciendo, que deben ser objeto de un debate más sosegado,
con más tiempo, con más aportaciones sobre cómo queremos que la justicia
española se adapte a los nuevos retos.


Este estado de alarma, como bien se ha dicho antes, no paralizó la
justicia, pero sí que dejó de funcionar con normalidad. Toca adoptar
medidas para agilizar la acumulación de los procedimientos que no se han
podido resolver y de los nuevos. Ante un incremento obvio de la
conflictividad empresarial, laboral y social hará falta que la justicia
esté adaptada. Y continuamos, desgraciadamente, con esa anomalía
sanitaria a la cual hay que dar respuesta.


Por lo tanto, nosotros estamos a favor del texto que se presenta hoy.
Como todo, es mejorable seguramente, pero pensamos que como punto de
arranque está bien. Debemos reflexionar sobre todo lo que ha pasado
durante este estado de alarma y que ha afectado a la justicia. Por
ejemplo, datos escalofriantes durante el estado de alarma: 12 000
denuncias por violencia de género; 14 000 detenciones por violencia
machista; ERTE; pérdidas de trabajo; suspensiones de vistas, de
procedimientos; denuncias por miles a gente por saltarse el estado de
alarma. Todo esto, quieran o no, llevará a un incremento notable del
trabajo en la Administración de Justicia.


Y entendemos que uno de los mayores retos de la Administración de
Justicia es, precisamente, su adaptación a las nuevas tecnologías. Aquí
se está hablando de medidas o de cómo actuar respecto a procedimientos
mediante las nuevas tecnologías y todos sabemos que realmente una cosa es
la teoría y otra es la práctica, cómo la mayoría de los juzgados todavía
están con unas conexiones realmente deplorables.


Por lo tanto, estamos abiertos a que se puedan debatir con
tranquilidad esas propuestas para mejorar la Administración de Justicia y
hoy mostramos nuestro voto favorable al texto tal y como se recoge con
las enmiendas transaccionales aceptadas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ¿intervendrá el senador
Sánchez López o renuncia a su intervención? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, intervendrá el senador Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Sí, señora presidenta, gracias.


Iba a comenzar respondiendo a la alusión realizada por el portavoz de
Vox al Partido Nacionalista Vasco en su primera intervención, pero creo
que no merece la pena viniendo de una extrema derecha que únicamente
concibe la realidad vasca como un medio o un mero instrumento para
intentar trepar electoralmente en España. Señor portavoz de Vox, tenemos,
como partido centenario que somos, una larga trayectoria y experiencia en
la lucha contra el fascismo y la ultraderecha en situaciones mucho más
complicadas que la actual como para dejarnos llevar por estas
estrategias.


Volviendo, por tanto, al proyecto de ley y en relación con las
enmiendas mantenidas para este Pleno, debo reseñar que este es un
proyecto de ley remitido por el Congreso desde un amplio acuerdo entre
grupos parlamentarios diversos que se ha extendido también, como aquí se
ha subrayado por diversos portavoces, a nuevas propuestas presentadas a
modo de enmienda que han sido transaccionadas en la Comisión de Justicia
de esta Cámara. Nuestra voluntad es, por tanto, la de respetar el texto
derivado de estos amplios acuerdos, desde la realidad de que una gran
parte de las enmiendas que finalmente se han defendido en este Pleno ya
fueron presentadas y analizadas previamente en el Congreso y en la
Comisión de Justicia del Senado y, lógicamente, no prosperaron.


Cierto es también que muchas de ellas recogen propuestas sin duda
interesantes y materias también importantes para este grupo, como pueden
ser la justicia restaurativa, mediación, arbitraje, etcétera. Pero
estimamos que, más allá de la necesidad apremiante de su abordaje
mediante la reforma de los textos legales correspondientes, tal vez no se
adecuen a los objetivos concretos de un proyecto concebido para hacer
frente con urgencia a los problemas añadidos a la justicia por la
COVID-19. Un proyecto con un objeto concreto y, por tanto, con una
eficacia temporal delimitada. Un proyecto que no parece concebido para
afrontar reformas legislativas de fondo, que tal vez requieran de su
propio debate y análisis. Ello no obsta para que solicitemos que esta
reforma se afronte más pronto que tarde desde nuestro interés
incuestionable en las mismas. Pero, en todo caso y por las razones
señaladas, no apoyaremos las enmiendas mantenidas para este Pleno.


Muchísimas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, intervendrá el senador De Rosa
Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, porque hemos estado
apoyándolo en el Congreso y hemos estado con una posición totalmente
proactiva en la Comisión de Justicia, va a apoyar el texto. Vamos a
rechazar las enmiendas presentadas porque consideramos que aunque muchas
han tenido una gran valor jurídico, creemos que el debate debe ser en
otro ámbito y en otras leyes. Y lamentamos realmente que no se hayan
aceptado por el grupo mayoritario las enmiendas que ha presentado
brillantemente mi compañera, Cristina Ayala. Unas enmiendas que, como ya
dijimos en la comisión, eran enmiendas de mejora, enmiendas para intentar
que el texto fuera lo mejor posible pero para todos los operadores
jurídicos, como, por ejemplo, todo lo relativo a la ley concursal; lo
mismo con el acceso a los equipos de protección de todos los
funcionarios; la atención al público; garantías en la protección de la
salud, que es muy importante con 500 000 infectados en este país
—ya somos líderes mundiales, o por lo menos en Europa, de
infectados con esos rebrotes y, por tanto, quisiéramos que se hubieran
adoptado mayores medidas de protección— o la comparecencia del
perjudicado en los juicios. Son cuestiones que consideramos importantes,
sobre todo la modernización, por lo que proponíamos someter cualquier
herramienta jurídica al CTEAJE, la comisión nacional de tecnología, una
comisión que tiene como misión homologar todos los sistemas informáticos
y evitar jaqueos. Que se lo digan si no al ministro de Justicia, que ha
sufrido —lo cual lamentamos mucho— el jaqueo en su propio
teléfono móvil. Por eso queremos evitar que pueda iniciarse ese jaqueo en
los sistemas informáticos y por eso queríamos que se sometiera a la
comisión.


Por lo tanto, señorías, señores del Grupo Socialista, nos tienen para
trabajar por la justicia. Este grupo lo dijo en la comisión y lo dijimos
en el anterior Pleno: nos tienen para trabajar por la Administración de
Justicia. Ya sé que vendrá el mantra de que somos malísimos, de que no
somos leales a la Constitución. Eso ya lo doy por oído y escuchado,
aunque a lo mejor continuarán. Lo hemos escuchado hoy en el mismo
Congreso de los Diputados y ayer del presidente del Gobierno: somos muy
malos. Vale, somos malos malísimos, pero vamos a trabajar todos; trabajen
con estos malos malísimos para favorecer la justicia. Eliminen ya ese
mantra de que el Partido Popular no arrima el hombro, etcétera, porque es
un mantra que, evidentemente no concuerda con la realidad.


Nosotros vamos a trabajar con lealtad, con lealtad constitucional. Y,
por favor, ya que el portavoz de Justicia vendrá a continuación con su ya
demostrada locuacidad y soltura en el ámbito de esta materia,
comprométase a que se convoque la Comisión de Justicia, por favor, vamos
a convocar la Comisión de Justicia. Nosotros hemos pedido la
comparecencia del ministro por dos veces, del secretario de Estado, del
secretario de Modernización, de la fiscal general del Estado para que nos
hable de la okupación, que eso es lo que les importa a los ciudadanos;
hemos presentado preguntas orales; hemos presentado una iniciativa
legislativa de modificación del Código Penal para eliminar el intrusismo
sanitario en materia de pandemia, que creo que es muy importante; hemos
presentado mociones en la comisión. Comprométase a que vamos a seguir
trabajando, no se quede solamente en el mantra de que ustedes trabajan y
de que ustedes van a traer una ley de agilización, lo cual agradecemos.
Comprométase a realizar ese trabajo.


Porque nosotros le tendemos la mano, una mano leal, y usted sabe que
es así. Por tanto, apuesten por la moderación, apuesten por esta mano
moderada que les da el Partido Popular. No apuesten por la radicalidad,
no apuesten por esas medidas radicales que les están proponiendo como
canto de sirena desde otros grupos políticos. Trabajemos juntos por la
Administración de Justicia. Este voto positivo que vamos a realizar a
este proyecto de ley es una muestra de que queremos trabajar por la
Administración de Justicia y por tanto, quitemos esos mantras y no
hablemos, como dijo ayer el presidente del Gobierno, de que los males
vienen del Partido Popular. Quítense eso, trabajemos, arremanguémonos y
quitémonos esa pereza democrática a la que, sin acritud, le hacía
referencia. Vamos a revitalizar el Senado, todos juntos, señor Oleaga. Le
invito a que todos juntos realicemos ese trabajo.


Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko presidente andrea.


La verdad es que yo quería haber hecho una última intervención en
plan positivo, pero, claro, las palabras tremendas de la senadora Ayala
me obligan a tener que decirle, en primer lugar, que yo no he hecho
ningún papelón. Me siento orgulloso de pertenecer al Partido Socialista.
Me siento orgulloso de lo que han hecho mis compañeros y mis compañeras
por la defensa de la libertad en Euskadi y en toda España. Me siento
orgulloso de la contribución que han tenido los socialistas para acabar
con el terrorismo de ETA y con otros terrorismos. Y me siento orgulloso
de los compañeros y compañeras del Partido Socialista Obrero Español, que
siempre han estado a nuestro lado ayudándonos en esa tarea y que han sido
capaces de vencer al terrorismo de ETA. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


Y lamento profundamente las palabras que ha dicho usted del
presidente del Gobierno, prácticamente acusándole, por unas palabras que
ha sacado usted de contexto sobre lo que dijo ayer, con respecto al
suicidio de una persona. Lo que dice usted me recuerda a lo que dijo
Mariano Rajoy, unas palabras viles que pronunció en el Congreso de los
Diputados acusando al presidente del Gobierno entonces, José Luis
Rodríguez Zapatero, de pisotear la memoria de las víctimas y de estar con
los verdugos. Palabras que tuvo que tragarse pocos días después, cuando
mataron a un socialista y quiso ir al funeral, porque fue la propia
familia la que le dijo que se volviera por donde había venido, porque
eran inaceptables esas palabras hacia los socialistas, hacia tantas
personas que han estado defendiendo la libertad. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).


Yo les ruego que abandonen ese discurso, que abandonen ese discurso,
porque por ese lado no se puede ir y hay que volver a la senda del
entendimiento y del acuerdo. Porque todos y todas hemos sido quienes
hemos vencido al terrorismo de ETA. Todos y todas.






Y es cierto, fue con
un presidente socialista y con un lehendakari socialista en Euskadi, pero
todos y todas, la ciudadanía en general, han contribuido. Que nadie se
quiera poner ninguna medalla y que nadie acuse a los demás de esta manera
tan infame como en algunas ocasiones se hace.


Dicho esto, voy entrando en lo que es el objeto de esta materia. Las
palabras que ya ha pronunciado mi compañero José Aurelio Aguilar han sido
un claro resumen de lo que aquí ha pasado: aquí ha habido un estado de
alarma, ha habido que tomar medidas para evitar que la justicia se
parase, porque la justicia se podía haber parado; se han adoptado medidas
para servicios esenciales; se han adoptado medidas para que los
trabajadores y las trabajadoras, los usuarios y las usuarias, los
operadores jurídicos de la justicia tuvieran su salud garantizada durante
el estado de alarma, y esas medidas, junto con otras, han sido objeto de
un decreto ley que, mediante el diálogo y el consenso, hemos sido capaces
de resolver tanto en la Comisión de Justicia del Congreso como en la
Comisión de Justicia del Senado. Hemos sido capaces de acordar, de
transaccionar. ¿Por qué cuando llegamos a un acuerdo hay que estar con
esta actitud, lanzando a los demás piedras como si fuera algo malo? ¡Si
hemos llegado a un acuerdo! ¿Por qué motivo, si hemos llegado a un
acuerdo, hay que lanzarse los trastos a la cabeza?


El mes de agosto, ya lo ha dejado claro. ¡Si fue una propuesta de
ustedes, señores del Partido Popular! Ustedes querían que todo el mes de
agosto fuera un mes hábil. Y no sé si ustedes tienen problemas internos y
ahora quieren lanzarle la pelota a Enrique López, pero fue una propuesta
de ustedes lo del mes de agosto. Dicen ustedes: Los profesionales no
tienen vacaciones. Claro, y si hubiera sido con la propuesta del PP, que
era todo el mes de agosto, no hubieran tenido ni siquiera medio mes. O el
tema de la cita previa. Si fue una votación prácticamente por unanimidad
en la Comisión del Congreso que hemos corregido en el Senado. Pues ya
está, nos felicitamos todos. ¿Qué pasa?¿Cuál es el problema?


En definitiva, ha habido muchos años de Gobierno del Partido Popular
que fueron un desastre para la justicia —ustedes lo tendrán que
reconocer algún día— y el actual Gobierno de coalición progresista
está intentando resolver esta cuestión con un calendario legislativo muy
razonable, con unas medidas que se adoptan por consenso y con el
compromiso de seguir analizando cada una de estas propuestas.


Y quiero también hacer mías las palabras de mi compañero José Aurelio
Aguilar en cuanto a que aquí hay propuestas muy interesantes de todos los
grupos. Estoy convencido de que seremos capaces de acordar muchísimas de
esas propuestas en los diferentes textos legislativos que ahora se están
debatiendo y que llegarán en breve a las Cortes Generales.


En definitiva, como dijo ayer el presidente del Gobierno, lo
importante es la unidad, lo importante es una legislatura estable, una
legislatura larga y una legislatura fructífera, y fructífero es llegar a
acuerdos, a consensos y a mejorar las leyes porque mejoran la vida de los
ciudadanos y de las ciudadanas, como en este caso.


Eskerrik asko. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de Ley de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de
la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020,
de 28 de abril), se procederá a continuación a abrir el plazo para emitir
el voto telemático para todas las votaciones reglamentariamente
previstas, que son las siguientes: votación de las enmiendas, de
conformidad con las solicitudes de agrupación de las mismas que han sido
presentadas por los distintos grupos parlamentarios; las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.
Votación en un solo acto de aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.
Votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento, que son las doce horas y veintidós minutos, hasta las catorce
horas y veintidós minutos.










INCOMPATIBILIDADES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU
SESIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES Y
LAS SENADORAS.


503/000004



La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: Con fecha 2 de septiembre de 2020, la Comisión
de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación de varios
senadores y senadoras y ha considerado por unanimidad que de la
documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce
incompatibilidad para los citados senadores.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de
la comisión, la senadora Liberal Liberal, por tiempo máximo de cinco
minutos.


La señora LIBERAL LIBERAL: Eskerrik asko, presidente andrea. Egun on
danori.


Señorías, me cumple presentar ante sus señorías el dictamen aprobado
por la Comisión de Incompatibilidades en su reunión del pasado 2 de
septiembre de 2020. Este dictamen favorable se plantea respecto de 83
miembros de esta Cámara y siguen pendientes de tal trámite 46 senadores y
senadoras. Desde aquí invito a quienes estén pendientes del trámite de
cumplimentar los requerimientos remitidos por la ponencia constituida en
la Comisión de Incompatibilidades a que lo hagan a la mayor brevedad
posible.


La comisión aprobó este dictamen favorable por unanimidad y de
conformidad con la propuesta que le formulara la ponencia permanente en
ella constituida. Siguiendo la práctica de la comisión, la ponencia elevó
su propuesta de dictamen favorable tras su atento examen de la
declaración formulada por los senadores y las senadoras, de los que se
recabó las informaciones y la documentación complementaria que resultaron
necesarias. Toda vez que se trata de un dictamen favorable para la
totalidad de los senadores y de las senadoras incluidas, se formula en
lista y sin motivación individual, de conformidad con el artículo 16 del
reglamento.


Quiero mostrar el reconocimiento a la labor realizada por los
miembros de la Ponencia permanente que en su día designó la comisión:
senadoras Ahedo Ceza, Aldea Gómez, Castellví Auví, Cortès Gès, González
Modino y Merelo Palomares y senadores Sánchez López y Serrano Aguilar.
Bajo la vigencia del régimen de publicidad de las actividades de los
senadores y de las senadoras, todo cuanto declaramos, así como la
documentación que presentamos, será objeto de publicación en la sede
electrónica de la Cámara para que pueda ser objeto de escrutinio por
nuestros conciudadanos.


Concluyo solicitando, en nombre de la Comisión, el voto favorable de
sus señorías para este dictamen favorable sobre la situación de los
senadores y de las senadoras ya citadas desde el punto de vista de la
normativa en materia de incompatibilidades.


Muchas gracias. Milesker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de su turno de
intervención en turno de portavoces? (Pausa).


Por tanto, se procede a la votación. Señorías, este dictamen será
sometido a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de las cuatro primeras mociones.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR LA POLÍTICA
FISCAL A LA BAJA JUNTO CON UNA DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y A
IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE MEJORE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
DE LAS EMPRESAS.


671/000027

GPP


La señora presidenta lee los puntos 7. y 7.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de
la senadora Merelo Palomares; una del Grupo Parlamentario Ciudadanos; una
del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y por tiempo máximo de cinco minutos,
la senadora Del Brío González.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias.


Señorías, al iniciarse el nuevo curso político quiero comenzar
expresando mi recuerdo hacia todos los fallecidos y enfermos por covid, a
sus familiares y a todas las personas que están ayudando a salir de esta
crisis sanitaria. Pero como también es una crisis económica, quiero
extender mi recuerdo a los trabajadores, especialmente a los afectados
por despidos y ERTE, a los miles de autónomos y empresarios que se
enfrentan a quiebras y cierres empresariales y un recuerdo también para
los jóvenes, con un horizonte nefasto, con una tasa de paro juvenil
del 41 %. Y un recuerdo, finalmente, para niños y niñas que inician los
primeros días de cole con una enorme incertidumbre.


El covid representa el mayor shock que hemos experimentado como
sociedad en este siglo. Si la crisis de 2008 fue dura, la COVID suma a la
ruptura del tejido empresarial una crisis humanitaria aún más grave, en
la que vemos crecer el número de fallecidos y enfermos. Pero ambas crisis
tienen algo en común, y es que en las dos ha sido un Gobierno socialista,
inoperante, el encargado de provocar más daño y más pobreza. Con un
Sánchez superando a la peor versión de Zapatero, España en 2020 está
tocando fondo. Lo saben ustedes: somos los últimos del mundo en cualquier
ranking positivo y somos los primeros en cualquier ranking negativo, y
todo ello debido a la tardía y nefasta gestión del Gobierno de Sánchez,
el más caro de la historia, con 22 ministerios fantasma y un genio de la
lámpara que solamente sabe sacar eslóganes publicitarios. Si la COVID nos
ha herido, Sánchez ha hecho la herida mucho más profunda. Otros Gobiernos
con más sentido de Estado, con previsión, con una buena planificación
sanitaria y económica más realista, están generando estabilidad y, sobre
todo, confianza para salir adelante.


Por eso nos preguntamos qué está haciendo mal el Gobierno de Sánchez.
Creo que todo, porque los datos hablan por sí mismos. Ayer, Eurostat
habló de una contracción económica del 18,5 % del PIB en España, frente
al 12 % del resto de la Unión Europea. Los autónomos expresan que siete
de cada diez tendrán que cerrar sus empresas si se produce otro
confinamiento. Y ante esta situación, el Gobierno presenta cuatro medidas
suicidas: primero, subida masiva de impuestos, incluidos los impuestos al
consumo; segundo, derogación de la reforma laboral; también la
apropiación de los fondos de los ayuntamientos y, por último, está dando
la espalda a la necesaria coordinación y cohesión territorial de las
comunidades autónomas, dejándolas a su suerte para luego pedir rendición
de cuentas únicamente a las comunidades gobernadas por el Partido
Popular. Eso es política partidista en vez de gestión eficaz.


¿Y mientras tanto? ¿Alguien conoce los objetivos de la política
económica del Gobierno? Porque a la señora Calviño solo se le conoce eso
de que el covid iba a tener poco impacto sobre nuestra economía y también
ahora que estamos ya con los famosos brotes verdes. Pero lo que sí
conocemos de ella es la solicitud del rescate europeo y un récord en
emisión de deuda pública que despierta ya la duda de una quiebra técnica
del Estado. El Gobierno carece de política económica y tiene una política
fiscal y laboral nefasta, y todo eso hace que cada sector que toca
fracase. Lo hemos visto en el automóvil, la agricultura, el turismo y,
además, ahora provoca fusiones bancarias con nocturnidad.


Ante esta inacción, el Partido Popular quiere ofrecer soluciones a la
sociedad con el programa Activemos España. ¿Y qué pedimos? Pues, sobre
todo, un cambio de 180º grados en la política fiscal, laboral y
económica, comenzando por una rebaja de impuestos que estimule la
economía de empresas y familias; desde luego, que no suba el IVA; que
regrese a la senda de estabilidad y elimine gasto público ineficiente;
que reduzca, por ejemplo, el número de altos cargos; que apoye de una vez
a las empresas, a los autónomos, porque hay que garantizar liquidez,
competitividad y supervivencia empresarial, y solo así van a garantizar
el bienestar de los trabajadores.


Creo que es mucho pedir para un presidente que quiere que los
españoles financien con sus ahorros al Gobierno más caro e inepto de la
democracia.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas y por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidente.


Nos alegra ver el giro del PP a bajar impuestos y a racionalizar el
gasto público. Es una lástima que cuando estuvieron en el Gobierno no lo
hicieran, como tampoco lo hicieran bajando los injustos impuestos de
sucesiones y de patrimonio. Desde luego, desde Vox vamos a estar siempre
apoyando la bajada de impuestos directos y la racionalización del gasto
público, y eso los españoles lo saben perfectamente.


Los matices a la moción del PP que quiero resaltar son que el
Gobierno debe acometer de una vez un plan serio de apoyo a las empresas y
a los autónomos, de forma que se salvaguarde el empleo. La incompetencia
mostrada por este Gobierno en el pago de los ERTE debería llevar a
analizar alternativas que desde Vox ya hemos propuesto, como, primero:
hay que preservar el empleo a través de las empresas, de forma que, como
en otros países europeos, como por ejemplo Alemania, el Estado pague una
parte de los salarios condicionado a mantener el grueso de las
plantillas; sería una forma mucho más eficiente y sensata, aunque pedir
sensatez a este Gobierno social-comunista ya sabemos que se antoja muy
difícil. No obstante, insistimos en que es la mejor solución a esta
dramática crisis que estamos viviendo. Hay que apoyar a las empresas no
solo en temas de digitalización y de I+D, como propone el PP, sino en
todo, para mantener la actividad en este contexto de la pandemia.


Segundo. Hay que rebajar las prestaciones sociales y fiscales a los
autónomos hasta que estos hayan recuperado sus niveles de actividad y
potenciar las facilidades de liquidez a empresas y autónomos. Es puro y
llano sentido común.


Tercero. El Gobierno debe cancelar todos los programas de
subvenciones a grupos afines e ideológicos y que no contribuyan a la
recuperación económica o la investigación con programas serios y
auditados que vayan en beneficio real de todos y cada uno de los
españoles.


Cuarto. El Gobierno debe dejar claro que los fondos europeos se
utilizarán para fines acordados en Europa exclusivamente y de contrastado
interés nacional y no para subvencionar programas y chiringuitos
políticos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos intervendrá su señoría, el
senador Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular trae para su debate y posterior
votación una moción consecuencia de interpelación que pretende, en
definitiva, instar al Gobierno de España a revisar la política fiscal con
el objetivo de disminuir la presión fiscal, en contra del criterio del
socio de Gobierno del señor Sánchez que pretende todo lo contrario,
incrementar la presión fiscal, pudiendo tener esta decisión unas
consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad española y de
nuestra recuperación económica.


Ya le adelanto, señora del Brío, que mi grupo va a apoyar su
iniciativa, pero entendemos que vamos a mejorar su moción con una
enmienda que usted ya conoce y que sustituye una parte de la
original.


Ciudadanos siempre hemos defendido el uso más eficiente de los
recursos públicos, en definitiva, los recursos de todos. La pandemia nos
ha expuesto un desafío que las administraciones públicas no parecen estar
gestionando de la forma más adecuada. Por ello, no solo apostamos por la
eficiencia del gasto, sino también de los procesos, de las estructuras.
La reducción del debate a la disminución del gasto público nos parece una
aproximación extremadamente simplista y por ello apostamos por una mejora
del funcionamiento de la administración pública, eliminando duplicidades,
ineficiencias y gasto superfluo, y por una revisión en profundidad del
marco impositivo.


Todas las medidas que se adopten deberían ir destinadas a equilibrar
de la forma más eficiente posible la brecha estructural entre ingresos y
gastos públicos que viene arrastrando España desde hace décadas. De
hecho, en el momento anterior al estallido de la pandemia de la COVID-19,
España sufría una situación grave con unos déficits estructurales
persistentes, incumpliendo los compromisos de reducción acordados con la
Comisión Europea y establecidos en la legislación española de estabilidad
presupuestaria: en 2019, aproximadamente un 3,1 del producto interior
bruto, unos 35 000 millones de euros.


En Ciudadanos lo tenemos claro y así lo hemos propuesto en infinidad
de ocasiones: que de esta crisis solo saldremos atrayendo a empresas e
inversión que creen empleo, en lugar de espantarlas; luchando contra el
fraude fiscal y la economía sumergida; reduciendo el gasto público
superfluo e ineficiente y reformando de forma íntegra nuestro sistema
impositivo. De igual modo que no exigimos gastar menos, aunque llegado el
caso esto podría darse si es un gasto improductivo e ineficiente, hay que
gastar mejor. Tampoco se debe tratar de recaudar más subiendo impuestos o
creando figuras impositivas nuevas que acabarán pagando los mismos de
siempre, sino recaudar mejor haciendo eficientes nuestros
impuestos.


Así, la revisión del sistema impositivo que planteamos en nuestro
partido tiene una perspectiva estructural que va más allá de buscar una
solución temporal a la grave situación creada por la pandemia; más bien,
se trata de aprovecharnos de esta para, de una vez por todas, llevar a
cabo una de esas profundas reformas que España precisa con urgencia. La
verdadera justicia fiscal no debe ser, en nuestra opinión, el subterfugio
para una subida de impuestos, sino una gran revisión del sistema
tributario en España, encaminada a buscar el impacto positivo de los
tributos en la creación de empleo, la actividad económica y la economía
de las familias. Esta reforma permitiría a España aumentar el margen
fiscal necesario para hacer frente a otros riesgos que pueden surgir en
el futuro, aumentar la competitividad de nuestro país y favorecer un
crecimiento inclusivo y sostenible, reducir la incertidumbre en la toma
de decisiones de los agentes económicos, incrementar la credibilidad de
nuestras instituciones en Europa y mejorar las condiciones de
financiación de nuestra economía en los mercados internacionales.


Señora del Brío, en mi grupo esperamos que considere aceptar nuestra
enmienda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría,
la senadora Delgado Oval.


La señora DELGADO OVAL: Señora presidenta, señorías, hoy el PP trae
de nuevo un engaño en forma de bajada generalizada de impuestos y también
una propuesta de rebaja de gasto público. Cómo se nota que están ustedes
en la oposición, señorías del Partido Popular, y qué rápido han olvidado
lo que decía y lo que hizo el señor Montoro, quien decía que cuando el
PIB cae es necesario subir impuestos para mantener los servicios. ¡Y vaya
si los subió, hasta en 40 ocasiones! Pero, además, también impuso el
copago farmacéutico a los pensionistas.


Miren, el Partido Popular es especialista en subir impuestos
—sí, especialista en subir impuestos, señorías—, pero no solo
eso, también metió la tijera a los servicios públicos, y fruto de esos
recortes tenemos, por ejemplo, en sanidad menos camas hospitalarias y
menos personal sanitario. Ustedes ni bajaron los impuestos a la clase
trabajadora ni mantuvieron servicios.


El PP ha dicho en numerosas ocasiones, incluso en esta Cámara, que
estamos en medio de una crisis económica sin precedentes, fruto también
de una pandemia sin precedentes, para, a renglón seguido, bloquear y
obstaculizar la labor del Gobierno de España.


Señorías del Partido Popular, si una lección hemos sacado clara de
esta pandemia es la importancia de lo público, además de ver dos maneras
totalmente diferentes de gestionar una crisis: la del Partido Popular,
que recortó lo público y rescató, por ejemplo, a los bancos mientras
abandonaba a su suerte a las familias, o la de este Gobierno, desplegando
un ambicioso programa de políticas públicas. Ahí están los datos: el 5 %
del PIB movilizado en recursos públicos directos al tejido productivo,
medidas como los ERTE, prestación por cese de actividad para los
autónomos, moratorias al pago de alquileres o hipotecas, medidas que han
salvado millones de puestos de trabajo y a miles y miles de trabajadores.
Por ejemplo, en Canarias, de donde vengo, siguen más de 80 000
trabajadores y trabajadoras protegidas por los ERTE. Hasta el momento se
han movilizado más de 10 000 millones en este país precisamente para esos
ERTE.


Señorías del Partido Popular, nosotros no vamos a subir los impuestos
a las clases medias y trabajadoras. El Gobierno de todos los españoles lo
que sí va a hacer es reforzar los servicios públicos, todo lo contrario a
lo que hace el Partido Popular. ¿Qué pretende el Partido Popular? Porque
a lo único a lo que han venido aquí es a culpabilizarnos, a decirnos que
no gestionamos bien y, además, a culparnos de las dos crisis. En
definitiva, señorías, dígannos qué quieren, qué quieren que
recortemos.


Son tiempos muy difíciles y ahora más que nunca son necesarios el
diálogo y la unidad para afrontar los retos que tiene por delante este
país. Miren, la tarea más importante que tenemos por delante en los
próximos meses es sacar unos presupuestos generales con el mayor consenso
posible. Ya se lo ha dicho el presidente del Gobierno en numerosas
ocasiones: unos presupuestos generales de toda una nación, que lo que
quiere son soluciones en lugar de trabas; unos presupuestos que actúen ya
para la recuperación y la reactivación económica. Tenemos que gestionar,
señorías del Partido Popular, los fondos de recuperación precisamente
para la transformación digital del tejido productivo, la transformación
ecológica, la cohesión social y territorial, también en la línea de los
acuerdos del Pacto de reconstrucción económica aprobado el mes de julio
en el Congreso de los Diputados. Estos presupuestos deben avanzar en la
idea de progresividad del sistema tributario, una fiscalidad justa y que
tenga en cuenta las perspectivas económicas reales después de la
pandemia. Por eso hemos presentado esta enmienda a su propuesta, porque,
señorías del Partido Popular, la fiscalidad no puede defender los
intereses de una minoría y estar en contra de las clases medias y
trabajadoras.


Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra su
señoría la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta. Señorías, buen día a
todas y a todos.


Vengo a presentar las enmiendas del Grupo Izquierda Confederal a esta
moción consecuencia de interpelación que presenta el Partido Popular y
que tiene que ver con un mantra que repiten con mucha frecuencia: en
Andalucía lo llamaron BMI, bajada masiva de impuestos, y se mostraron muy
convencidos de que publicitariamente habían logrado un eslogan potente.
Eso ocurrió en la campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2018.
Ahora estamos en 2020 y el presidente de la Junta de Andalucía dijo la
semana pasada que es una lástima que los fondos europeos lleguen en 2021
porque Andalucía está exhausta financieramente. Es lo que tienen las
bajadas masivas de impuestos, que se deja de recaudar, que se deja de
recaudar.


De todas formas, no vengo a hablar esta mañana sobre contabilidad
—sé muy poco de contabilidad, podría hablar muy poco—, vengo
a hablar sobre la vida real, sobre las circunstancias que padecen muchas
personas en el conjunto del Estado, particularmente en Andalucía. Porque
si habláramos exclusivamente de contabilidad, yo creo que deberíamos ser
conscientes todas y todos de que el problema lo tenemos en los ingresos,
no en los gastos. ¿Ni siquiera en estas circunstancias, con una pandemia
en la que se ha demostrado que las únicas decisiones que soportan la vida
tienen que ver con la sanidad pública, con la educación pública, con la
inversión pública, ni siquiera en estas circunstancias son capaces de
entender desde la derecha que son necesarios los ingresos del Estado, ese
dinero público que pagamos todas y todos para sostener la vida? Si no son
capaces de entenderlo en estas circunstancias... Evidentemente, no
pretendo llegar a convencerles, yo sé que es imposible, pero sí agradezco
el gesto elegante de la senadora Del Brío, con la que hemos intercambiado
antes un momento de conversación en el que nos ha dicho que no van a
aceptar ninguna de nuestras enmiendas, evidentemente. Yo le he dicho que,
evidentemente, voy a defender lo que pensamos, nuestro discurso, porque
son dos modelos completamente diferentes y porque, además, en ningún caso
puedo hacerles —ni lo pretendo, desde luego— cambiar su voto.
Hombre, a lo mejor, si nos escucháramos un poco, seríamos capaces de
poder cambiar de opinión.


No se puede pretender una rebaja de impuestos y una disminución del
gasto público. El programa del liberalismo radical que siguen ustedes ha
causado un enorme daño, un enorme deterioro del Estado democrático, de
los servicios públicos, de los recursos sociales, que están basados en la
cooperación, en la lealtad y en la cohesión. Pagamos impuestos para que
las personas que tienen mayores dificultades o mayor vulnerabilidad
tengan una vida digna, a la que tienen derecho, y tengan unos servicios
públicos que suponen redistribución de riqueza, que no les llega por
ninguna otra vía. Venir a explicar estas cosas a estas alturas, con la
edad que tenemos la mayoría de nosotros y de nosotras, me parece que
debería ser innecesario.


No obstante, no me cansaré de repetirlo y, en ese sentido, el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal planteamos una batería de enmiendas,
evidentemente, con un discurso político radicalmente diferente. Está bien
argumentado: nosotros queremos revisar la política fiscal transitando
hacia un modelo de fiscalidad progresiva, el que dice la Constitución
—y luego sacamos pecho del constitucionalismo unos y otras—,
en la que la mayor presión fiscal que mantenga los niveles de ingresos
públicos caiga en las altas rentas, en las grandes empresas
multinacionales, para garantizar el sostenimiento de los servicios y de
las políticas públicas y garantizar la función redistributiva de riqueza.
Renegociar la senda de estabilidad y los objetivos presupuestarios para
dirigirlo al blindaje de los derechos sociales y abandonar la concepción
restrictiva y austericida de la contención del gasto público. Medidas de
coordinación, debate multilateral en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera con las comunidades autónomas, las entidades locales. Blindar
como política presupuestaria la inversión del 7 % mínimo del PIB en
sanidad, más necesario que nunca; 5 % mínimo en educación; 2 % en
servicios sociales y algunas otras cosas.


Yo traía el discurso preparado, pero es que me he encontrado con que
me lo ha hecho la OCDE, que no es, que yo sepa, ninguna organización
social-comunista, ni bolivariana, ni ninguna de esas cosas. Dice El Mundo
que la OCDE pide subir los impuestos al patrimonio, al capital y crear
otros verdes para pagar la recuperación. Las recetas para salir de la
crisis no son baratas y han de financiarse. La OCDE recomienda para ello
elevar la carga impositiva, evitando tocar consumo y empleo. Y dice El
País que la OCDE recomienda subir los impuestos verdes y a la propiedad
para financiar la recuperación.


Señorías, el camino de la bajadas masivas de impuestos conduce al
ridículo, que eso no sería reprochable en ningún caso porque no es más
que una decisión personal, pero conduce a un agotamiento de la cohesión
social y de la lealtad que es imprescindible en un Estado
democrático.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado autora de la moción originaria, al
objeto de manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.


Tiene la palabra, señora Del Brío.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a hablar
desde el escaño.


Quiero agradecer, lógicamente, el interés despertado por esta moción
en los distintos grupos y el elevado número de enmiendas que se han
presentado, y también expresar mi gratitud especialmente a los que van a
votar a favor. A los que se van a abstener o van a votar en contra,
entiendo que quizás deberíamos haber ahondado más en el diálogo y haber
trabajado enmiendas que ni siquiera se han presentado por algunos de los
grupos, pero bueno, me parece normal.


En cuanto a las enmiendas que no podemos aceptar, que vienen sobre
todo de los grupos de la izquierda que confían en políticas fiscales con
una elevada carga tributaria, ya hemos hablado con ellos que,
lógicamente, no podemos aceptarlas porque estamos hablando de modelos
fiscales y de modelos económicos diferentes.


Yo creo que poner trabas al consumo puede provocar que cuando vayas a
poner el impuesto la empresa haya cerrado o el trabajador haya perdido su
empleo. Así que siempre tenemos que ser prudentes antes de pensar en
subir los impuestos cuando hay una crisis que ya está dejando el bolsillo
de los españoles muy mermado.


Las enmiendas que vamos a aceptar son, por tanto, las de Ciudadanos.
Yo creo que estaba implícito pero no explícito en la moción el comentario
que ellos han querido sumar y lo hacemos encantados. Y respecto a la
enmienda de Vox, no podemos aceptarla porque hace hincapié en un aspecto
muy específico de los servicios públicos que ellos consideran que el
Gobierno está gestionando de forma ineficiente, y aunque nosotros
habríamos puesto un largo listado de ellos, no queremos poner el foco
únicamente solo en uno.


En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista —lo saben—,
es una enmienda de sustitución donde quieren que hablemos de los
presupuestos. Pues luego hablaremos de los presupuestos en el turno de
portavoces, pero no es el objetivo básico de esta moción. Si ellos
quieren, que presenten una moción específica para la aprobación de los
presupuestos y que cuando el presidente del Gobierno se reúna con el
líder de la oposición le presenten los presupuestos señalizados uno por
uno, negocie y llegue a consensos. Esta moción no es lugar para venir a
negociar unos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, en turno de portavoces, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, su señoría el senador González-Robatto
Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidente.


Lo eficaz y lo necesario sería poner el dinero en el bolsillo de los
contribuyentes y de aquellos que fomentan activamente las inversiones
destinadas a formación y empleo, mucho mejor que ponerlo en manos de un
Gobierno que ha hecho del derroche de los recursos públicos su
bandera.


Y a la senadora socialista, que ha preguntado de dónde hay que
recortar, aquí le doy algunas ideas: puestos a dedo de amiguetes del
presidente, subvenciones a partidos políticos, direcciones generales,
sindicatos, ONG ideológicas, altos cargos innecesarios y demás
chiringuitos.


Y a la senadora de Izquierda Confederal le recuerdo que la
contabilidad está en la vida real de muchísimas familias trabajadoras,
pero al tener en el grueso de sus filas gente que no ha trabajado en su
vida ni aportado nada, le sonará, evidentemente, a una entelequia. Cuando
peor lo están pasando las clases trabajadoras, más las ahogan. Dejen, por
favor, de llevar a España al abismo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿No interviene nadie más por el Grupo Mixto? (Pausa).


Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, intervendrá su
señoría el senador Matamala Alsina, por un tiempo de cinco minutos.


El señor MATAMALA ALSINA: Presidenta, buenos días.


Bé, la moció que presenta el Partit Popular és una moció molt
generalista i gairebé és una carta als reis. Aquí ens posem a
demanar.


I fa tres punts. El primer punt és la rebaixa d’impostos, per a
empreses i famílies. Home, tothom voldria rebaixa d’impostos. Però
en aquests moments hem de vigilar moltíssim els ingressos, perquè una
baixada d’impostos requereix uns dèficits pressupostaris que
s’han de suportar. Però també en aquests moments és veritat que ha
afectat moltes empreses i moltes famílies però no pas a totes. Hi ha
empreses i hi ha famílies que s’han quedat pràcticament igual, que
no els ha afectat aquesta pandèmia i fins i tot hi ha algunes empreses a
les quals els han millorat els resultats. Per tant, no es pot fer una
cosa tan generalista com proposen aquí, una disminució
d’impostos.


Disminució de la despesa pública ineficient. Ineficient per qui? Per
vostès? O per nosaltres? Per tant, amb això d’ineficient no hi
podem estar d’acord, si no es marca quina és la ineficàcia. També
cal recordar que vostès van estar 7 anys al Govern. I, d’aquests 7
anys, alguns en majoria absoluta, l’únic que van fer de reducció de
despesa pública va ser amb ajuntaments i comunitats autònomes.
Pràcticament no es va fer cap reducció —sinó més aviat al
contrari—, l’administració central va augmentar. Per tant, no
té cap sentit.


I després l’altre punt és la liquiditat de les empreses. Aquí
sí que nosaltres podríem estar-hi d’acord. És a dir, entenem que
aquesta solució, la solució sobre l’efecte econòmic de la pandèmia,
s’ha de basar molt en les empreses. Són les empreses les que han de
tenir liquiditat suficient per seguir pagant els impostos i aquí el que
s’ha de fer és que aquests crèdits que s’han de donar a
empreses, autònoms i treballadors serveixin perquè puguin seguir fent la
seva activitat. I que això es pugui amortitzar en uns quants anys. Crec
que aquesta és la solució que no aporten i, per tant, nosaltres no
votarem en contra, però sí que ens abstindrem.


Gràcies.


La moción que presenta el Partido Popular es una moción muy
generalista y casi una carta a los reyes magos: puestos a pedir...


Contiene tres puntos. Primero, la rebaja de impuestos para empresas y
familias. Hombre, todo el mundo quisiera rebajar los impuestos, pero en
estos momentos tenemos que vigilar mucho lo que son los ingresos porque
bajar los impuestos requiere unos déficits presupuestarios que hay que
soportar. Pero también es verdad que en estos momentos ha afectado a
muchas empresas y a muchas familias, pero no a todas. Hay empresas, hay
familias que se han quedado prácticamente igual, que no les ha afectado
esta pandemia, incluso hay algunas empresas que han mejorado sus
resultados. O sea, que no se puede hacer algo tan generalista como lo que
se hace aquí: disminución de impuestos.


Segundo, disminución del gasto público ineficiente. ¿Ineficiente para
quién, para ustedes o para nosotros? Con esto de la ineficiencia no
podemos estar de acuerdo si no se marca quién es ineficaz. También hay
que recordar que ustedes estuvieron siete años en el Gobierno y en estos
siete años, con mayoría absoluta muchos de ellos, y lo único que hicieron
para rebajar el gasto público fue en ayuntamientos y comunidades
autónomas. No se hizo prácticamente ninguna reducción, sino al contrario,
en la administración central, porque aumentó, con lo cual no tiene ningún
sentido.


Y el tercer punto es la liquidez de las empresas. Aquí sí que
nosotros podríamos estar de acuerdo. Entendemos que la solución a la
pandemia dentro del efecto económico que ha tenido se tiene que basar
mucho en las empresas. Son las empresas las que tienen que tener liquidez
suficiente para seguir pagando los impuestos y la administración lo que
tiene que hacer es que con esta liquidez, con estos créditos que se
tienen que dar a todas las empresas, a autónomos y trabajadores, todos
ellos puedan seguir desarrollando su actividad y que esto se pueda
amortizar en algunos años. Creo que esta es la solución, que ustedes no
la aportan, con lo cual nosotros no vamos a votar en contra, pero sí que
nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tendrá la palabra el
senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Me veo obligado a hacer una previa y la haré en castellano para que
el diputado de Vox me entienda.


A lo mejor, a los hijos de papá les duele que hijos de trabajadores
estemos en esta Cámara. (Aplausos). Somos trabajadores, hijos de
trabajadores y trabajamos y sabemos lo que cuesta estar aquí. Hemos
utilizado el ascensor social para estudiar, para trabajar. No necesitamos
ninguna lección de según quién, de señoritos entre ellos.


Començarem i ho faré en català, per dirigir-me a tota la cambra.
Perquè, evidentment, els senyors de Vox, ni es preocuparien
d’haver-me escoltat amb auricular si hagués començat en
català.


Avui, senyors del Partit Popular, els he de dir que amb una cosa sí
que estic d’acord amb vostès, totalment d’acord, necessitem
una revisió profunda del sistema fiscal, de la política fiscal del país.
I fins aquí l’acord amb vostès. En res més de la moció, i comença
el desacord, en com ha de ser aquesta revisió, en com ha de ser la
política fiscal necessària en aquests moments de crisi. Ha de ser una
política fiscal més progressiva. Qui més té, més ha de contribuir. Ha de
ser una política fiscal justa. No tots som iguals i, per tant, no
se’ns ha de tractar a tots igual. Reconèixer la diferencia és un
principi bàsic. Ha de ser un principi de redistribució. Ha de permetre
que els fills dels treballadors siguem aquí fent política. I,
evidentment, ha de ser una política fiscal més verda, en suport del canvi
de model econòmic envers la transició ecològica. Els objectius han de ser
clars: garantir l’estat del benestar i fer aquesta transició
ecològica per fer front a l’emergència que tenim com a estat i com
a planeta.


El Partit Popular sempre promet baixades d’impostos. Són vostès
especialistes en prometre-ho. Però no en fer-les i ja els ho han
recriminat tots els grups i jo també ho faré. Per fer front a aquesta
crisi vostès mateixos han defensat una política expansiva. Per tant, si
hem de fer una política expansiva per sortir de la crisi, si hem de fer
una política keynesiana per sortir —vostès han defensat polítiques
keynesianes en aquesta cambra— cada dia presenten mocions per
incrementar la despesa, haurem d’incrementar també els ingressos i,
per tant, hem d’impulsar aquestes polítiques. Hem
d’incrementar la política social, és clar que sí, si no volem
deixar ningú enrere haurem de gastar més diners en l’ingrés vital,
en els ERTE, en la formació. Haurem d’incrementar la transformació
i modernització de les nostres empreses, haurem d’invertir més en
I+D, haurem de compensar la insolidaritat, haurem de combatre
l’economia submergida. Per tant, hem d’incrementar la
despesa. I hi ha d’haver recursos per fer-ho. Però sí, amb una cosa
estem d’acord. Segons quina pressió fiscal, sí que ha de baixar. Ha
de baixar la pressió fiscal en la despesa d’aquestes ulleres que
per què han d’estar carregades amb un 21 %? O les mascaretes, que
avui portem tots. En canvi, els impostos fiscals damunt l’alcohol o
el tabac han de seguir pujant. Això és una política fiscal justa.


La hipocresia del Partit Popular té un nom majúscul: Montoro. El
ministre Montoro, que vostès tan estimen i vostès tan defensen. Que va
apujar l’






IRPF, l’IVA, els impostos especials, ho va apujar
tot. Però no ho va fer només a l’estat espanyol. També a les illes
balears. Tots els impostos que van poder els van apujar. I, per tant,
queden vostès retratats amb la seva hipocresia. Hipocresia que també
discutirem en l’altra moció, que ara demana que els ajuntaments
puguin utilitzar els romanents. Els romanents que vostès no han deixat
invertir en els ajuntaments. Que vostès bloquejaren amb la llei
Montoro.


Per tant, en l’únic que puc estar d’acord amb vostès és
que fa falta una nova política fiscal. Una política fiscal més justa i
més redistributiva. Res a veure amb la que vostès proposen.


Moltes gràcies.


Y ahora sí, voy a empezar en catalán para dirigirme a toda la Cámara
porque, evidentemente, los señores de Vox no se van a preocupar ni de
ponerse el auricular.


Hoy les quiero decir que con algo sí que estoy de acuerdo con
ustedes, totalmente de acuerdo: necesitamos una revisión profunda del
sistema fiscal, de la política fiscal del país. Y hasta aquí el acuerdo
con ustedes, en nada más en esta moción, y empieza el desacuerdo en cómo
tiene que ser esta revisión, en cómo tiene que ser la política fiscal
necesaria en estos momentos de crisis.


Tiene que ser una política fiscal más progresiva —quien más
tiene, más tiene que contribuir—; una política fiscal justa. No
todos somos iguales, con lo cual, no a todos se nos tiene que tratar
igual. Reconocer las diferencias es un principio básico, por lo que tiene
que ser un principio de redistribución, tiene que permitir que los hijos
de los trabajadores estemos aquí haciendo política y, evidentemente,
tiene que ser una política fiscal más verde, en apoyo del cambio de
modelo económico hacia la transición ecológica. Los objetivos tienen que
ser claros: garantizar el estado del bienestar y hacer esta transición
ecológica para hacer frente a la emergencia que tenemos como Estado y
como planeta.


El Partido Popular siempre promete bajar impuestos. Son ustedes
especialistas en prometer esto, pero no lo son en ejecutarlo. Es algo que
ya le han recriminado todos los grupos, y yo también lo voy a hacer. Para
hacer frente a esta crisis, ustedes mismos han defendido una política
expansiva. Pues si tenemos que hacer una política expansiva para salir de
la crisis, ustedes lo han defendido con políticas keynesianas en esta
Cámara. Presentan mociones para incrementar el gasto, pero también
tendremos que incrementar los ingresos, impulsar estas políticas e
incrementar la política social, ¡claro que sí!, si no queremos dejar a
nadie atrás. Tenemos que gastar más en ingreso vital, en los ERTE, en
formación, en incrementar la transformación, en modernización de nuestras
empresas, invertir más en I+D, en compensar la solidaridad, en convertir
la economía sumergida, es decir, incrementar el gasto y buscar recursos
para hacerlo. Pero estamos de acuerdo en algo, ya que según qué presión
fiscal tiene que bajar, por ejemplo, el gasto de estas gafas. ¿Por qué
tenemos que cargarlo con un 21 %? ¿Por qué incrementar tanto en
mascarillas? La presión ejercida sobre el alcohol o el tabaco tendría que
seguir subiendo. Esto sería una política fiscal justa.


La hipocresía del Partido Popular tiene un nombre en mayúsculas:
Montoro. El ministro Montoro, al que ustedes tanto aman y defienden,
subió el IRPF, el IVA o los impuestos especiales; lo subió todo, pero no
solo en el Estado español, sino también en las Islas Baleares. Todo lo
que pudieron lo subieron, y ustedes quedan retratados en esta hipocresía.
Esto es algo que también vamos a ver en la otra moción. Pedimos que se
puedan utilizar los remanentes que ustedes bloquearon en la ley
Montoro.


Lo único en lo que puedo estar de acuerdo con ustedes es en que hace
falta una política fiscal más justa y más equitativa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene
la palabra su señoría, el senador Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señora Del Brío, muchas gracias por aceptar nuestra enmienda, cuyo
único objetivo era mejorar y enriquecer la moción presentada por su grupo
parlamentario.


Señorías, es hora de pensar en España y no en las cuestiones
partidistas, algo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer
habitualmente. Además, no nos encontramos en una situación de normalidad,
sino ante una situación de grave crisis sanitaria y económica sin
precedentes.


Hemos dicho hasta la saciedad, señorías, que España no puede asumir
la estridente y rocambolesca pretensión del señor Iglesias, como es esa
subida generalizada de impuestos que propone Podemos. Mientras en España
el Gobierno, presionado por una parte del Gobierno, está meditando lo que
todos nos tememos, en el resto de países de nuestro entorno no solo se
alejan de esta idea, sino que están planteándose la bajada de impuestos.
Solo tenemos que ver lo que los Gobiernos de Italia y Alemania están
haciendo, es decir, bajadas de impuestos, consiguiendo aliviar los
bolsillos de sus nacionales. Alemania paga bonos de 300 euros por hijo,
que alcanza a más de 18 millones de niñas y niños. Alemania también ha
puesto en marcha un plan que asciende a más de 130 000 millones de euros
y que incluye incentivos fiscales, ayuda para el cuidado de las hijas e
hijos, ayudas para la digitalización y políticas medioambientales. Italia
también rebaja sus impuestos, relanzando con ello su economía a través de
una serie de medidas urgentes para apoyar la economía del país. En
definitiva, se alejan de las medidas populistas de los señores de
Podemos.


Señorías, en Ciudadanos fuimos los primeros en plantear
—concretamente el 12 de marzo, antes del estado de alarma—
unos presupuestos de emergencia nacional para afrontar la crisis
económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Lo hicimos porque
entendíamos que, en un momento tan grave para el conjunto de familias,
autónomos, pymes, trabajadores, trabajadoras y el sector productivo en
general, los españoles y españolas necesitaban altura de miras y unas
cuentas lo más sensatas, moderadas y alejadas del populismo posible. Hoy,
meses después, toda la sociedad, incluso el propio Gobierno, reconoce que
los presupuestos derivados del acuerdo del Gobierno de coalición no son
los que necesitaba España. Pero para lograr este objetivo hay que
remangarse; por eso, Ciudadanos va a pelear para que no se produzcan
subidas de impuestos generalizadas, como Podemos ha pedido siempre, y en
ocasiones acordado con el PSOE. Vamos a recibir 140 000 millones de
euros, y si los empleamos bien, si no permitimos que Iglesias, Otegui y
Rufián decidan dónde van estos fondos, podemos afrontar la recuperación
sin exigir esfuerzos a familias y trabajadores, eso sí, peleando siempre
contra el fraude, legislando contra la corrupción política y tapando los
agujeros conocidos por los que se cuela la ingeniería fiscal.


Señorías, hoy es 9 de septiembre y todavía no se ha aprobado el
Estatuto del consumidor electrointensivo. El Gobierno viene retrasando, y
no sabemos por qué, la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de
tal valiosa norma, norma que garantizará que al menos nuestras empresas
puedan competir con las empresas de otros Estados. Hagamos un poco de
historia, señorías. La ministra, en su última comparecencia en la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, se comprometió con sus
miembros a que el estatuto estaría aprobado antes de que finalizara el
verano. El 27 de julio de 2020, la secretaria de Estado de Energía hacía
unas declaraciones en las que anunciaba que el Consejo de Estado
tramitaría de forma urgente el estatuto, ratificando las manifestaciones
de la ministra, en las que también aseguraba que antes de finalizar el
verano estaría aprobado. El presidente del Gobierno, hace un mes, en la
habitual rueda de prensa desde la Moncloa, anunciaba una serie de medidas
para paliar la crisis económica y sanitaria, y volvía a manifestar que el
estatuto estaría aprobado inmediatamente. Y ayer, en su comparecencia, el
presidente volvió a mostrar la intención del Gobierno de la pronta
aprobación del estatuto. Señorías, parece que al Gobierno no le interesan
mucho ni el estatuto ni las empresas, porque mientras en el resto de
Europa las empresas pagan el megavatio/hora más barato, a las españolas
les cuesta un 15 % más de media más caro, incluso que en Alemania. Y no
solo eso, sino que en España el precio eléctrico se encuentra disparado.
La cotización estimada para 2021 ya se prevé que será al menos un 7 % más
caro. El año 2020 acabará, si el Gobierno no lo remedia, con un precio
estimado en España de unos 49 euros el megavatio/hora, mientras que las
empresas alemanas pagarán 20,90. Señorías, eso sí es proteger a las
empresas y no lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestras empresas
electrointensivas están sufriendo la dejadez de la ministra, no pudiendo
disfrutar de las compensaciones, de los peajes de transporte eléctrico ni
tampoco de las compensaciones indirectas de dióxido de carbono, siendo
esta una de las causas del precio tan elevado que se está pagando en
España.


Señorías, la competitividad de las empresas, entre otros factores,
tiene especial relevancia en sus costes y en la falta de competitividad
de su empleo, y, si no, que se lo cuenten a los trabajadores de Alcoa y
Nissan.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su
señoría, la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.


Egun on guztioi. Tratamos hoy la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que insta al
Gobierno, entre otras, a revisar la política fiscal, estableciendo una
rebaja de impuestos y una disminución del gasto público
ineficiente.


Inicio mi intervención, como siempre cuando se trata de hablar de
política fiscal, diciendo que las relaciones de orden tributario y
financiero entre la comunidad autónoma vasca y la Comunidad Foral de
Navarra, entre Euskadi y el Estado, vienen reguladas por el sistema de
concierto y el convenio. Quiero recordarles que en el Estado existen
cinco agencias tributarias, es decir, además de la estatal, las cuatro
forales reguladas, como he dicho, por el sistema de concierto y convenio,
y con capacidad normativa en muchos de los impuestos que anuncian que
quieren bajar. Como saben, nuestro grupo colabora en cuantos debates y
decisiones de reforma del sistema tributario se produzcan, pero siempre
con el respeto básico a nuestro autogobierno fiscal con capacidad
normativa.


Me parece que el grupo proponente, aunque lo presenta como una
revisión de la política fiscal, solo propone una bajada generalizada de
impuestos, con una disminución de lo que el Partido Popular llama gasto
público ineficiente, y parece que ambas medidas tendrían como objetivo
reactivar el tejido productivo. Ojalá fuera tan sencillo y tan directo.
No compartimos ni el diagnóstico ni la propuesta. Nuestro grupo entiende
que el resultado de bajadas generalizadas de impuestos siempre es el
mismo: menos dinero para financiar servicios públicos, recortes y
contracción del gasto y de las inversiones, así como aumento del
sufrimiento de las personas. Cada vez con más claridad se va viendo,
también en esta Cámara, dos enfoques en las propuestas de políticas
económicas. En el primer enfoque hay quienes piensan que la pandemia ha
impactado sobre una economía que funcionaba razonablemente bien, que no
tenía problemas estructurales, y la opción sería, una vez pasada la
pandemia, volver a las mismas políticas anteriores: estabilidad
presupuestaria, control del déficit, bajada de impuestos y, nuevamente,
austeridad, que es lo que yo entiendo cuando el PP dice gasto público
ineficiente, porque ¿qué es gasto público ineficiente? Probablemente sea
muy distinto. ¿La dependencia es un gasto público ineficiente? El
Decreto 20/2012 de Rajoy apareció en aquel momento para dar respuesta a
la crisis del 2008.


En el segundo enfoque es con el que nuestro grupo está de acuerdo
porque entendemos que es más realista. Considera que la pandemia ha
acelerado una crisis que estaba larvada. Así, un crecimiento más
moderado, el auge de populismos, el proteccionismo, la precariedad
laboral, la escasa productividad, el desequilibrio de las cuentas
públicas, la emergencia climática, las pensiones, la brecha de género o
la violencia machista ya mostraban un agotamiento del modelo de
crecimiento. Los nuevos planteamientos de política económica que pongan a
las personas en el centro deben ser las nuevas políticas económicas,
fuera del dogma del principio de estabilidad y, desde luego, fuera del
recorte indiscriminado de gastos. En nuestro grupo, teniendo en cuenta la
nueva realidad económica surgida tras la crisis de la COVID-19, creemos
que tan necesario es gestionar con rigor los recursos públicos como
avanzar en una fiscalidad más progresiva y equitativa. Así lo hemos
acordado recientemente en el acuerdo de gobierno en Euskadi. Pero eso no
se puede hacer de una forma precipitada. Avanzar en el diseño de una
nueva fiscalidad precisa hacer una reflexión meditada, adecuada a una
nueva realidad y orientada a una mayor progresividad para el
reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la economía
generadora de empleo que tienda a la convergencia fiscal con Europa y que
permita adaptarse a la economía, a los retos emergentes, incluyendo los
criterios medioambientales y también los de igualdad,
evidentemente.


Por tanto, frente a quienes dicen que un aumento de impuestos frena
el crecimiento, como una reducción no lo aumenta, no necesariamente frena
el crecimiento un aumento de ingresos. No creemos que reducir impuestos
de nuevo aumente directamente el crecimiento, y menos que se pueda
mantener un Estado social de bienestar con menos ingresos. Se precisan
políticas expansivas de inversión pública, y creo que estos debates
dicotómicos populistas no facilitan el debate real que se debería tener,
el de la importancia de un cambio de mentalidad que se debería dar y que
seguramente los distintos gobiernos deban promover. La exigencia legítima
del pago de impuestos por parte del sector público ha de realizarse no
solo con las inspecciones y con la persecución del fraude fiscal, sino
también con el convencimiento a la ciudadanía de que mayores
recaudaciones generan mayor capacidad de gasto y mayor bienestar en las
personas.


Aunque ya no me queda mucho tiempo, me gustaría hacer un apunte sobre
la economía sumergida, ahora, además, que ha quedado en evidencia con la
pandemia que muchos de estos hogares vivían con esta economía informal.
Con datos de 2019 del FMI, España tiene una economía sumergida 10 puntos
del PIB superior a la de Francia. Con estos datos, si se tiene en cuenta
la presión fiscal, con estos 10 puntos del PIB el Estado español no
hubiera tenido déficit en 2019, sino que hubiera habido superávit.


El debate sobre los impuestos es más complejo que el planteamiento de
esta moción y, por tanto, no la apoyaremos.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, senyora presidenta. Senadores,
senadors.


La moció que ens presenta el Partit Popular en el fons ens demostra
que el model econòmic i el model fiscal entre el Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya i també Euskal Herria-Bildu són molt
diferents. De fet, diametralment oposats. La política econòmica dels
partits conservadors, o de dretes, defensen sistemàticament una baixada
d’impostos com a aspecte clau d’aquesta política.


Nosaltres, en canvi, en un context com l’actual, amb
l’increment de necessitat de despesa pública, que ningú no hauria
de qüestionar perquè l’actual context i les circumstàncies
d’emergència sanitària han demostrat la necessitat d’uns
serveis públics bàsics de qualitat i ben finançats, com ara la sanitat o
el pagament de prestacions —entre d’altres col.lectius—
per fer front als ERTOS, als autònoms, treballadors fixos discontinus,
entre d’altres. No ens podem permetre una disminució de la
recaptació pública, al revés. Necessitem i requerim de polítiques
expansives, d’estímul, precisament polítiques com el fons per a la
recuperació econòmica de la Comissió Europea, dotat amb 750.000 milions
d’euros.


La qüestió, per nosaltres, és qui ha de pagar més impostos. En cap
cas apostem per l’augment de figures tributàries que afectin les
classes mitjanes i treballadores. Actualment, el sistema fiscal ja grava
molt més les rendes del treball que les rendes del capital. En canvi,
creiem que hi ha molt de marge per augmentar el gravamen a les rendes més
altes i aconseguir així un sistema fiscal més progressiu. Que pagui més
qui més té.


Per això, proposem nous tributs que gravin les grans fortunes i el
capital i noves figures tributàries que desincentivin
l’especulació. Com, per exemple, l’impost sobre determinats
serveis digitals, —conegut com a taxa Google— o
l’impost sobre transaccions financeres, conegut com a taxa Tobin. A
la tramitació parlamentària dels quals, Esquerra Republicana ja ha
presentat algunes esmenes al Congrés i també ho farem així al Senat. La
pròpia OCDE publicava un estudi fa poc sobre reformes en la política
impositiva del 2020, on es demanava apujar els impostos a la propietat i
al capital i apostava per noves figures que s’adaptessin als nous
fenòmens. De fet, el que cal és lluitar contra l’elusió i el frau
fiscal de les grans fortunes. Per això hem reclamat en diverses ocasions
que s’incrementi el nombre d’inspectors d’Hisenda
destinats a fiscalitzar les grans fortunes.


Per acabar, si parlem de disminució de despesa pública, —o fins
i tot de despesa pública ineficient— podríem començar a
plantejar-nos la reducció del pressupost de defensa o de la casa reial.
No es pot demanar sistemàticament des dels partits de dretes o dels
partits conservadors que s’ha de retallar en sanitat, educació,
dependència, serveis socials, quan el que cal precisament és enfortir
l’estat del benestar.


Per tot això, ja els avanço que el vot del meu grup serà contrari a
la moció.


Moltes gràcies, senyores i senyors senadors.


Muchas gracias, señora presidenta.


Senadoras, senadores, en el fondo, la moción que presenta el Grupo
Popular nos demuestra que el modelo económico y el modelo fiscal del
Partido Popular, y de Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal
Herria-Bildu son muy distintos, opuestos. La política económica de los
partidos conservadores o de derechas defiende una bajada de impuestos
como aspecto clave de esta política.


En cambio, nosotros, en un contexto como el actual, con la necesidad
de incrementar el gasto público —algo que nadie tendría que
cuestionar, porque el actual contexto y las circunstancias de emergencia
sanitaria han demostrado la necesidad de unos servicios públicos básicos
de calidad y bien financiados, como la sanidad o el pago de prestaciones
para hacer frente a los ERTE, a los autónomos o a los trabajadores fijos
discontinuos, entre otros—, no nos podemos permitir una disminución
de la recaudación pública; al revés, necesitamos y requerimos políticas
expansivas, estímulos, políticas como el Fondo para la recuperación
económica, de la Comisión Europea, dotado con 750 000 millones de
euros.


La cuestión es quién tiene que pagar más impuestos. En ningún caso
queremos aumentar figuras tributarias que afecten a las clases medias y
trabajadoras. Actualmente, el sistema fiscal generaba mucho más en las
rentas del trabajo que en las rentas del capital, pero creemos, en
cambio, que hay mucho margen para aumentar el gravamen a las rentas más
altas y conseguir así un sistema fiscal más progresivo, es decir, que
pague más quien más tiene. Por eso, proponemos nuevos tributos que graven
las grandes fortunas y el capital y nuevas figuras tributarias que
desincentiven la especulación, como, por ejemplo, el impuesto sobre
determinados servicios digitales, como la tasa Google, o sobre
transacciones financieras, como la Tobin. En su tramitación parlamentaria
hemos presentado algunas enmiendas en el Congreso y lo haremos en el
Senado. La misma OCDE publicaba hace poco un estudio sobre reformas en la
política impositiva del 2020, en la que se pedía subir los impuestos a la
propiedad y al capital y apostaba por nuevas figuras medioambientales que
se adaptaran a los nuevos fenómenos. De hecho, lo que cabe es luchar
contra el fraude fiscal de las grandes fortunas. Hemos reclamado
incrementar el número de inspectores de Hacienda destinados a fiscalizar
las grandes fortunas.


Para acabar, si hablamos de disminución del gasto público, o incluso
de gasto público ineficiente, podemos empezar a plantearnos la reducción
del presupuesto de Defensa o de la casa real. No se puede pedir
sistemáticamente desde los partidos de derechas conservadores que se
tiene que recortar en sanidad, escuela, servicios sociales, cuando lo que
hay que fortalecer es el Estado del bienestar. Por ello, les avanzo que
nuestro voto hoy va a ser contrario a la moción.


Muchas gracias, señoras y señores senadores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tendrá la palabra la senadora Del
Brío González.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias.


Casi voy a comenzar por el final, con tres nociones, porque se ha
hablado aquí de si no entendemos el concepto impositivo. En primer lugar,
la subida de impuestos no garantiza la eficiencia de los servicios
públicos. No, eso de que si la izquierda sube los impuestos
automáticamente los servicios públicos ya son de calidad, no. No, la
calidad solo la garantiza la buena gestión, y creo que en eso el PSOE
tiene poca experiencia.


En segundo lugar, recaudar más no significa subir necesariamente los
tipos de gravamen, significa tener muchas más personas pagando menos
impuestos. Hay más formas de hacerlo.


Y en tercer lugar, una bajada de impuestos sí defiende la justicia
social, porque la justicia reside en la progresividad del impuesto, no en
la cuantía, y porque cuando la gravación fiscal es baja se está luchando,
por ejemplo, contra la economía sumergida, de la que hablábamos hoy. Se
respetan, además, los ahorros de los trabajadores y no se les impone
cargas que no les corresponden a ellos.


Preguntaba el senador Matamala por un ejemplo de ineficiencia. Yo le
digo uno: haber provocado el cierre productivo más estricto del mundo
para no haber garantizado la salud pública. Ese es un ejemplo claro de
ineficiencia en el gasto público realizado por el PSOE.


Pero no quisiera tampoco obviar lo que pasó ayer aquí, en esta
Cámara, porque el presidente del Gobierno presentó en el hemiciclo un
espectáculo de fuegos fatuos para hacernos creer que él respeta al Senado
y a las comunidades autónomas. Pero con Sánchez siempre deben creer lo
contrario de lo que dice, porque aquí no se ha debatido ni una sola
moción en comisión —lo digo como portavoz de Economía en esta
presente legislatura— sencillamente porque el Gobierno no lo ha
querido, bueno, el Gobierno con el beneplácito del Grupo Parlamentario
Socialista, dando muy mal ejemplo de separación de poderes. No obstante,
vemos con satisfacción que el Ministerio de Economía va aplicando alguna
de las medidas que nosotros estamos presentando en la comisión, que no
defendiendo porque no nos dan la posibilidad.


En ese sentido, ayer mismo aceptaron ya aplicar la tarifa plana para
los autónomos o, por ejemplo —que fue una idea del Partido
Popular—, extender la financiación de los ERTE hasta final de año,
una medida que es la única que ha dado un poco de balón de oxígeno, que
ha aligerado el peso de la crisis al sector productivo. ¡Qué hubiera sido
de España si el PSOE y Podemos se hubieran dado tanto prisa como decían
en derogar la reforma laboral! Aun así, por las palabras de la portavoz
socialista parece que en estos momentos la prioridad es hacer oposición
al Partido Popular porque no apoyamos sus presupuestos, cuando en
realidad los piensan sacar con sus socios de investidura. Ayer mismo hizo
públicamente aquí un pago a Bildu que llena de indignación las redes
sociales. Pero pronto veremos esos presupuestos, y espero que no se les
haya olvidado al hacerlos que Bruselas ya les rechazó unos presupuestos
precrisis porque no se ajustaban a la realidad ni respetaban la senda de
déficit cuando España crecía un 2 %. No quiero ni imaginar qué va a pasar
ahora con sus presupuestos cuando el PIB cae por debajo del 12 %.


Su Gobierno no tiene credibilidad en Europa ni tampoco en España. Son
expertos en eslóganes, pero quiero recomendarles darse un baño de
realidad de vez en cuando. Estos son algunos de los titulares recogidos
durante la pandemia, incluso por su prensa más afín: El comité de
expertos de la desescalada nunca ha existido; El Gobierno oculta la cifra
real de enfermos y fallecidos. El Gobierno no informa con transparencia
sobre sus proveedores de material sanitario. El Gobierno renuncia a
recibir mascarillas de Europa en lo peor de la pandemia para poder cobrar
las comisiones a sus proveedores. El Gobierno paga el mayor número de
prestaciones por desempleo de la historia. Enhorabuena, eso significa que
han tenido la mayor tasa de paro de la historia, y todavía se aplaude. Y
el último: El Gobierno prohíbe el despido. Si hay una noción que nos deja
claro la poca economía que sabe o que le interesa al Gobierno es algo
como esto. Prohíban ya que cierren las empresas y vivamos todos en un
mundo paralelo.


Podríamos seguir así, demostrando rasgos de ineficiencia y de cómo se
ha abordado la solución de una crisis sin ninguna herramienta que haya
tenido como clave la solución del problema. Ahora lo que nos piden es que
apoyemos sus presupuestos y que destinemos el ahorro de los españoles a
financiarlo. Yo le digo que tres cuartas partes de los españoles no les
votan. ¿Van a confiarles sus ahorros a ustedes? Creo que no.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fernández Leiceaga.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenos días.


Les aclaro que vamos a votar que no a esta moción. En primer lugar,
hay un problema de coherencia, y no me refiero, como ha hecho ya nuestra
portavoz, a la distancia entre las promesas de bajar impuestos y la
realidad de subida cuando estaban ustedes gobernando, sino también a esta
idea de ser un partido que quiere colaborar con la reconstrucción de
España, pero, al mismo tiempo, cuando se le da oportunidad de hacerlo,
bien sea en la Comisión de Reconstrucción con el programa económico, o
bien sea ahora a través de una discusión sobre cómo hacer unos
presupuestos transversales de amplia base, pues al final acaban diciendo
que no. Los instrumentos adecuados para colaborar nunca son buenos para
el Partido Popular.


Llama la atención sobre todo que ustedes tengan una única medida de
política económica y que la aplican en cualquier circunstancia, en
cualquier coyuntura. Siempre se trata de bajar los impuestos: que la
economía va bien, bajamos los impuestos; que la economía va mal, bajamos
los impuestos; que sube el paro, bajamos los impuestos; que hay
inflación, bajamos los impuestos. No conocen ninguna otra medida. Es como
una especie de reloj averiado que da siempre la misma hora, la hora de la
bajada de impuestos, y alguna vez aciertan, pero esta vez no, esta vez no
aciertan. (Aplausos).


Ustedes están proponiendo una medida que es inadecuada por razones
estructurales y coyunturales a la vez. Es inadecuada por razones
estructurales, porque una bajada generalizada de impuestos, como la que
están proponiendo, va a comprometer la sostenibilidad de nuestro gasto
público, del Estado de bienestar. ¿Se puede hacer mejor con el gasto
público? Sin duda, ese es un empeño que debemos tener todos aquellos que
nos dedicamos al ámbito público, pero está claro que si nos comparamos
con Europa, con los países a los que ustedes dicen que quieren
aproximarse, estamos muy lejos de su presión fiscal. De Francia nos
separan 12 puntos; de Holanda, 12 puntos; de Alemania, 6; de Italia, 9, y
así sucesivamente. Son estos los países a los que deberíamos intentar
aproximarnos. ¿Saben ustedes cuáles son los dos países que están bastante
por debajo de nosotros en términos de presión fiscal? Rumanía y Bulgaria.
Sin duda, yo prefiero parecerme más al Estado de bienestar que tiene
Francia, a la gestión de las finanzas públicas que tiene Alemania y no a
estos países, que hacen lo que pueden, pero, sin duda, no debe ser un
referente para España.


Pero son sobre todo los problemas de carácter coyuntural los que nos
llevan a decirle que no a su moción. Estamos en un momento crítico, en
una situación compleja que ayer se ha explicado, y en estos momentos
comprometer el gasto público no es la mejor medida de hacer las cosas.
¡Si hasta el presidente de la CEOE en sus entrevistas dice que quiere que
se ayude más a las empresas y a las familias a través del gasto público!
Incluso ustedes mismos, cuando salen aquí, el portavoz de Ciudadanos o la
portavoz Popular, cuando hablan de medidas de otros países, hablan de
ayudas, ayudas y ayudas a las empresas, lo que significa más gasto
público también. Esto es lo que nos están, en realidad,
proponiendo.


Para atender las necesidades precisamos acciones concretas,
dirigidas, porque los efectos de la COVID son asimétricos, no afectan
igual a todos los sectores y, por tanto, tampoco afectan igual a todos
los territorios, y para conseguir esa eficiencia en el gasto dirigida
hacia aquellos que lo necesitan es mucho mejor no medidas horizontales y
generales, como la bajada generalizada de impuestos que ustedes proponen,
sino acciones de gasto público bien orientadas.


Se hablaba antes de la eficacia. Hay algún portavoz que no quiere el
gasto público, quiere que esté el dinero en los bolsillos de los
ciudadanos, pero es que en los bolsillos de los ciudadanos está cuando se
aprueban los ERTE, señor portavoz de Vox; en los bolsillos de los
ciudadanos está cuando se implanta el ingreso mínimo vital, pero son
ciudadanos de rentas bajas, trabajadores, que seguramente no es su caso.
En su caso seguramente la única manera de conseguir más dinero para su
bolsillo es bajar los impuestos, pero hay muchos otros en los que no es
así. Esa es una medida extremadamente eficaz.


Por eso, yo les pido que nos concentremos en lo esencial, y
concentrarnos en lo esencial significa ser capaces de aprobar los
instrumentos que nos permitan usar los fondos europeos, mantener el apoyo
a las familias y a las empresas, y eso se llama Presupuestos Generales
del Estado para 2021. Yo les convoco a hacer un esfuerzo para estar
dispuestos a hablar sobre esto y acabar apoyando unos presupuestos que
necesita España como principal instrumento para la recuperación
económica, pero también para mantener la actividad, el empleo y las
rentas de tantas familias, que es justamente lo necesario en estos
momentos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción, con la adición de la enmienda de modificación
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con número de registro de entrada en
la Cámara 48823, será sometida a votación durante el plazo que abrirá
esta Presidencia después de concluir el debate de las cuatro primeras
mociones.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA.


671/000028

GPP


La señora presidenta lee el punto 7.2.


La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
autor de la moción consecuencia de interpelación, ha presentado una
enmienda de adición que se entiende incorporada al texto original de la
moción.


Además, a esta moción consecuencia de interpelación se han presentado
tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado y
una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción originaria, con la enmienda incorporada,
tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, el senador Ruz Villanueva.


El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítannos que iniciemos esta intervención reconociendo el
papel que los padres, los alumnos y el personal docente y no docente de
los centros educativos de España están ejerciendo ante esta desastrosa
pandemia y ante esta negligente forma de entender la acción de gobierno
por parte del Gobierno de España. A todos ellos nuestra gratitud y
nuestro reconocimiento.


Del mismo modo, permítanme que inicie mi intervención citando a un
hombre, a un pensador de la educación, que destacó, fundamentalmente, por
su amor profundo a sus ideas, que vivió por sus ideas y que luchó hasta
la muerte por sus ideas; de hecho, fue vilmente asesinado por pensar, por
entender que la educación vertebraba, que la educación fundamenta y que
la educación construye. Me refiero a Ramiro de Maeztu, que dijo así:
Probablemente la obra educativa que más urge en el mundo sea la de
convencer a los pueblos de que sus peores enemigos son aquellos que les
prometen imposibles. Efectivamente, utilicé esta cita en la interpelación
a la señora ministra —evidentemente, Maeztu y la señora ministra no
hacen buenas migas—, pero no le hizo mucho caso. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Hoy, de nuevo, traemos aquí una moción que habla de educación, y,
fíjense, señorías, somos el único partido que hasta la fecha ha hablado
de educación en esta Cámara legislativa, algo muy significativo. No nos
tiene que llenar de orgullo, les tiene que llenar a ustedes de vergüenza
(Aplausos) por no hablar de lo realmente importante, y queremos hacerlo
manifestando nuestro compromiso con seis conceptos fundamentales y una
exigencia.


En primer lugar, nuestro compromiso con la libertad educativa, merced
al artículo 27 de la Constitución, la libertad educativa, que es
perfectamente el equilibrio entre la libertad de cátedra y el derecho que
asiste a los padres a elegir el mejor modelo para sus hijos.


En segundo lugar, nuestro compromiso con la patria potestad, que
algunos cuestionan y que la LOMLOE cuestiona. En relación con la patria
potestad, son los padres los que deciden, son los padres los que
determinan, son los padres los que eligen.


En tercer lugar, nuestro compromiso con el modelo educativo
concertado. Señores socialistas, fueron ustedes los creadores del modelo
concertado, son muchos de ustedes los que llevan a sus hijos a colegios
concertados, y son ustedes los que se niegan a defender la educación
concertada. Desde luego, en el absoluto paradigma de la incoherencia y
del cinismo, señores socialistas.


Además, hoy también queremos traer aquí esta moción para defender la
autonomía de los centros con respecto al ideario propio.


Y algo muy importante, una moción que viene también a defender a los
centros de educación especial, también cuestionados por su ley
unilateral, la LOMLOE.


Y, por último, una ley que defienda la equidad.


Además de esto, y es muy importante, a través de una enmienda hoy
queremos exigir al Gobierno de la nación la puesta en marcha de un plan,
de un protocolo nacional de cumplimiento obligatorio para todas las
comunidades autónomas, con un solo objetivo: generar certidumbre,
tranquilidad y confianza a los padres de este país, preocupados por la
educación de sus hijos ante su negligente inacción y ante su negligente
forma de entender el propio Gobierno.


Miren, no lo digo yo, sino que fue su ministra, la señora Celaá, la
que dijo lo siguiente en una entrevista en La Vanguardia el pasado 14 de
junio: En septiembre —señores del PSOE—, apañémonos como
podamos. A mí, desde luego, me da vergüenza que una ministra del Reino de
España, que una ministra de todos los españoles, sea capaz de afirmar que
en septiembre que Dios disponga y las comunidades autónomas que se
apañen.


No soy, no somos capaces de entender cómo ustedes pueden justificar
la permanente actitud irresponsable de la que hasta ahora es, y ya es, la
peor ministra de Educación de la historia de la democracia, del peor
Gobierno de la historia de la democracia, que es el suyo y el del señor
Sánchez. Es imposible justificar la actitud de una ministra superada,
incapaz, negligente, que se desentiende. ¿Y saben qué ocurre? Que los
únicos damnificados de esta gestión nefasta de la señora Celaá no somos
nosotros, son los alumnos y los padres de todo nuestro país. No estamos
hablando de patrimonio cultural ni estamos hablando de patrimonio natural
ni estamos hablando de cuestiones secundarias, estamos hablando del
futuro de nuestros hijos, de una generación completa a la que ustedes
desoyen. Escuchen a los padres, escuchen su preocupación, su pavor, su
terror ante este inicio incierto de curso. Escuchen la calle y demuestren
que hoy, aquí, en esta institución, en el Senado, que es parte del
Parlamento, que es parte de las Cortes Generales, ustedes, todos
nosotros, somos útiles para poner en marcha políticas útiles de servicio
al conjunto de los españoles.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


El señor RUZ VILLANUEVA: Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista, la senadora Castellví para la defensa
de las enmiendas.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Moltes gràcies, presidenta.


Bon dia, senyories. Parlaré en català, la meva llengua vehicular. Per
tant, si voleu podeu posar-vos els cascs.


Nosaltres hem fet una esmena a la supressió de l’apartat 1.
Estem d’acord amb la defensa de l’escola concertada, però no
mitjançant el respecte i la defensa d’una anquilosada Constitució
espanyola. Una Constitució que ara, al desembre, farà 42 anys. 42 anys.
La societat, en aquests anys, ha canviat molt, i cal una Constitució a
l’alçada de la nostra societat. Senyories, ja toca modificar-la.
Avui dia, la majoria d’espanyols i espanyoles vol la reforma de la
Constitució. Un estudi fet pel CIS afirma que el 70 %
—concretament, el 69,6 %— dels ciutadans i ciutadanes vol la
reforma de la Constitució. El que és cert és que la carta magna es troba
més qüestionada que mai. Sobretot després que el conflicte català hagi
obert la crisi constitucional més gran de la democràcia. Els agradi o no,
és així, i mirar cap a un altre costat no és la solució.


La Constitució del 78, en l’article 27, no atribueix als poders
públics l’especulació en la prestació dels serveis educatius. El
que sí garanteix és el dret de tothom a l’educació; en termes
entenedors. Això vol dir la potestat d’exigir a l’escoles el
compliment d’uns estàndards mínims. No encaminar-les cap a un model
educatiu monopolitzat pel Govern central; sigui quin sigui el color del
Govern. Com diu un amic meu, per desgràcia, l’actuació
administrativa sempre és dirigida per directrius polítiques.


En segon lloc, Junts per Catalunya demanem a la moció del PP incloure
l’acceleració de la derogació de la LOMCE. Suposem que el PP tampoc
no ens admetrà aquest punt perquè és una llei del PP, i la va aprovar en
solitari i ningú li va donar suport. És una llei centralitzadora que no
respon als interessos de tota la societat; una llei que en va en contra
de la immersió lingüística dels últims 35 anys. Recordo que la immersió
lingüística és avalada i reconeguda com una experiència d’èxit que
ha facilitat la cohesió social a Catalunya. La LOMCE —la llei
Wert— és una llosa per a la comunitat educativa. El Govern
PSOE-Podem s’ha compromès a derogar-la. Per això és urgent
accelerar aquest procés. I això és el que pretenem demanar en aquest nou
punt d’aquesta moció. Aprofitem per demanar al Govern que, a
l’hora de fer la nova llei, tingui en compte la Llei
d’Educació de Catalunya, i que també generi el consens de totes les
forces polítiques; que tingui en compte les comunitats autònomes, i
sobretot cal que tingui en compte la comunitat educativa, els i les
docents, que són qui l’han d’aplicar, qui realment saben com
funciona el sistema educatiu, i què és necessari per millorar
l’educació. Els i les docents són l’eix central dels nostres
models educatius. Senyories, si us plau, no ho perdem de vista. Els i les
docents són l’eix central dels models educatius. No la
política.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


Buenas días, señorías. Voy a hablar en catalán, mi lengua vehicular,
así que, si quieren, pueden ponerse los cascos.


Nosotros hemos hecho una enmienda de supresión del apartado 1.
Estamos de acuerdo con la defensa de la escuela concertada, pero no
mediante el respeto y la defensa de una anquilosada Constitución
española, una Constitución que ahora, en diciembre, va a hacer cuarenta y
dos años, cuarenta y dos años en los que la sociedad ha cambiado mucho, y
hace falta una Constitución a la altura de nuestra sociedad. Señorías, ya
es hora de modificarla. Hoy en día, la mayoría de españoles y españolas
quiere la reforma de la Constitución. Un estudio hecho por el CIS afirma
que el 70 %, concretamente el 69,6 % de los ciudadanos y ciudadanas,
quieren la reforma de la Constitución. Lo cierto es que la carta magna es
ahora más cuestionada que nunca, sobre todo después de que el conflicto
catalán haya abierto la crisis constitucional más grande de la
democracia. Les guste o no, es así, y mirar hacia otro lado no es la
solución.


La Constitución del 78, en su artículo 27, no atribuye a los poderes
públicos la especulación en la prestación de los servicios educativos; lo
que sí garantiza es el derecho de todos a la educación, es decir, en
términos comprensibles, la potestad de exigir a las escuelas el
cumplimiento de unos estándares mínimos, no encaminarlas hacia un modelo
educativo monopolizado por el Gobierno central, sea cual sea el color de
ese Gobierno. Como dice un amigo mío, la actuación administrativa, por
desgracia, siempre es dirigida por directrices políticas.


En segundo lugar, Junts per Catalunya pide incluir en la moción del
PP la aceleración de la derogación de la LOMCE. Suponemos que el PP
tampoco nos va a admitir ese punto porque es una ley del PP y la aprobó
en solitario, nadie más la apoyó, una ley centralizadora que no responde
a los intereses de toda la sociedad, una ley que va en contra de la
inmersión lingüística de los treinta y cinco últimos años. Recuerdo que
la inmersión lingüística está avalada y reconocida como una experiencia
de éxito que ha facilitado la cohesión social en Cataluña. La LOMCE, la
ley Wert, es una losa para la comunidad educativa. El Gobierno
PSOE-Podemos se ha comprometido a derogarla, y por eso es urgente
acelerar ese proceso. Eso es lo que pedimos en este nuevo punto de esta
moción.


Asimismo, aprovechamos para pedir al Gobierno que en el momento de
elaborar la nueva norma tenga en cuenta la Ley de educación de Cataluña y
que también genere el consenso de todas las fuerzas políticas, que tenga
en cuenta a las comunidades autónomas y, sobre todo, a la comunidad
educativa, a las y los docentes, que son quienes deben aplicarla, quienes
realmente saben cómo funciona el sistema educativo. Es necesario para
mejorar la educación. Los y las docentes son el eje central de nuestros
modelos educativos. Señorías, por favor, no perdamos de vista eso: las y
los docentes son el eje central de los modelos educativos, no la
política.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Asensi.


El señor ASENSI SABATER: Gracias, señora presidenta.


Señor Ruz, no esperaba menos de usted. Ha hecho un ejercicio de
demagogia, de falsedades y de planteamientos que son los típicos de los
que la derecha española ha venido haciendo en los últimos cuarenta años,
pero, además, con el agravante de que está recogiendo usted elementos en
su discurso que ya no son propios de la derecha tradicional, sino que
están ya poseídos por esos efluvios que emana la extrema derecha, que
también está sentada en esta Cámara. Es decir, usted plantea que la
libertad de enseñanza es un principio fundamental —habla usted de
libertad de educación; no, libertad de enseñanza—, y por supuesto
que lo es. La libertad de enseñanza, efectivamente, está recogida en la
Constitución y nosotros la respetamos. No solamente la hemos respetado
siempre, sino que, además, también lo vamos a hacer en la nueva
legislación que está en ciernes, pero tememos que ustedes no respeten
precisamente la enseñanza en libertad (Aplausos). La enseñanza en
libertad es muy importante, y nos tememos que con su apoyo a las medidas
de censura que la extrema derecha ha introducido en algunas autonomías en
las que tiene conciertos con ustedes en los Gobiernos, está en
entredicho. Me gustaría que usted hiciera un canto a la libertad de
cátedra, a la libertad para enseñar en los centros educativos.


Habla usted de la patria potestad. Naturalmente que la patria
potestad existe en el derecho civil español, pero una cosa es la patria
potestad y otra cosa muy diferente es que los niños, los jóvenes, todos,
dice la Constitución, tienen derecho a la educación, todos tienen derecho
a esa educación, o sea, que los padres no tienen todos los derechos, sino
que los niños tienen también derecho a ser educados. Una vez más ustedes
demuestran un sentido patrimonialista, un exceso en cuanto a la necesaria
intervención, por supuesto, de los padres y de toda la comunidad
educativa en los temas educativos.


En cuanto a la enseñanza concertada, mienten ustedes cuando dicen
públicamente que estamos tratando de eliminarla. No es cierto. La
enseñanza concertada forma parte del sistema y se ha respetado siempre;
ahora bien, la enseñanza concertada tiene también sus límites. Es decir,
no puede estar planteada para hacer negocios. ¿Sabe usted que han subido
las cargas de las familias españolas un 26 %? Esto es consecuencia de que
hay algunos sobrecostes que están impulsados de facto por algunas
escuelas concertadas, y no digo todas, digo un sector, que hay que,
naturalmente, tratar de evitar.


La autonomía de los centros, efectivamente, se tiene que dar dentro
de una programación general de la enseñanza —que también establece
la Constitución— con una homogeneidad en los currículos..., en fin,
las cuestiones básicas que todo el mundo sabe.


El tema de la equidad. Por aquí empezó la discusión que tuvimos en
esta Cámara sobre la interpelación que ustedes presentaron. Naturalmente,
el principio de equidad es fundamental, pero ustedes no lo siguen.
Ustedes planteaban que los 2000 millones desglosados de los 16 000
millones del Fondo en la lucha contra la COVID tenían que repartirse
proporcionalmente a los sectores implicados en la enseñanza en España, es
decir, entre la concertada y la pública. Pues ya le dijimos que no, que
eso va en contra de la equidad, porque ese dinero tiene que ir,
fundamentalmente, a los sectores que han estado más perjudicados por la
COVID, que ya eran sectores mucho más expuestos y más débiles y donde,
señor senador, se concentran los niños en situación de pobreza y de
marginación. Repito, donde más inequidad existe, donde está concentrada
es, precisamente, en los centros de educación pública. Entonces, ¿cómo
vamos a ser equitativos si no atendemos a las necesidades de los centros?
No es una cuestión de pública y concertada, es una cuestión de cuál es la
situación real de los niños en la sociedad, es una cuestión de
equidad.


Y esto mismo reza también para lo que pueden ser las propuestas en el
futuro de lo que supone la necesidad de allegar más recursos para la
educación en España, más recursos para el sistema educativo. ¿Están
ustedes de acuerdo con que son necesarios más recursos? ¿Están ustedes de
acuerdo con que es más importante y necesario luchar contra la
exclusión?


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, tiene que ir
terminando.


El señor ASENSI SABATER: ¿Están ustedes de acuerdo con que es
necesario luchar contra la segregación que se está produciendo en las
aulas españolas? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Pues si están de
acuerdo, señoras y señores senadores del Partido Popular, entonces apoyen
la necesaria derogación de la LOMCE que la sociedad española está
pidiendo a gritos. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, tiene que
terminar.


El señor ASENSI SABATER: Ha sido una ley que ha sembrado el caos en
España y ha producido una verdadera situación de peligro para la
enseñanza en nuestro país. (Rumores). Apoyen, si es posible que lo hagan
alguna vez, no solo unos presupuestos —señora presidenta,
gracias—, sino también un pacto educativo tan necesario en nuestro
país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador
Ruz Villanueva.


El señor RUZ VILLANUEVA: Muchas gracias.


Con respecto a las enmiendas de la señora Castellví, nos parece muy
llamativo que ustedes pretendan suprimir lo concerniente al apartado 27
de la Constitución. Además, el texto lo dice claramente. Me refiero al
artículo 27 de la Constitución española en lo relativo a la libertad
tanto de los padres en la elección de centro como de la propia cátedra.
Nos parece muy llamativo que ustedes, que son un partido, Junts x Cat,
heredero de la antigua Convergencia i Unió, estén en contra de la
libertad educativa. Es algo realmente significativo. Háganselo
mirar.


Por otro lado, hablan ustedes, lógicamente, de la derogación de la
LOMCE. Entenderá que no podemos aceptar esta propuesta en tanto que la
LOMCE es una ley que el propio Partido Popular promueve desde la mayoría
absoluta, no desde el Gobierno mal o bien llamado Frankenstein. Les hago
una reflexión: ¿saben ustedes cuántas enmiendas ha habido a una moción
relativa a hablar de la educación en esta Cámara? Tres enmiendas. Les
tendría que dar vergüenza. (Una señora senadora: ¿Otra vez?). Otra vez,
efectivamente, que a veces hay que tener un poco más de virtud y menos
reproche. Vergüenza porque ustedes, realmente, demuestren así que no
creen en la educación como eje vertebrador y como eje constructor de la
nación. No, no creen en ello, creen en la educación como una herramienta
de confrontación, como un arma, y no como un método para la
reconciliación.


Señor Asensi, yo sí esperaba más de usted en su intervención. Qué
vamos a hacer, mi gozo en un pozo. Además, se esperaba que usted hablara
en su intervención, precisamente, de las enmiendas que han presentado, y
no han hablado, ni una sola vez, de ninguna de las enmiendas de
sustitución que ustedes han presentado. Esto se llama incoherencia
política elevada al nivel 1. Y les voy a decir más, señor Asensi. Usted
ha hablado en siete ocasiones de la libertad, libertad de cátedra,
libertad de los padres… Señor Asensi, ¿sabe cuántas veces aparece
en su enmienda de sustitución el concepto libertad? Ninguna. Ninguna.
Hágaselo mirar igualmente, reflexionen en qué tipo de circo están
convirtiendo ustedes esta Cámara.


También ha hablado usted de que creen profundamente en la educación
concertada. Claro, porque gran parte de sus hijos van a colegios
concertados. ¿Saben cuántas veces aparece el concepto educación
concertada en la enmienda que nos ha planteado el Grupo Socialista?
Ninguna. Señor Asensi, prepárese mejor las intervenciones, porque, si no,
nos pondrá, como suele decirse, el balón botando que le dejemos en
evidencia.


En definitiva, no aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista, que
desprenden sectarismo, rencor y, efectivamente, conciben la educación
como un arma y no como una oportunidad y, desde luego, esperamos que
ustedes se avengan al sentido común y aprueben esta moción para exigir al
Gobierno un protocolo único no por el PP, sino por los padres, por los
alumnos, por los profesores y por el personal no docente de todo nuestro
país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Merelo.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en Vox defendemos la libertad, y porque defendemos la
libertad defendemos que los padres elijan la educación de sus hijos, un
derecho que está protegido por la Constitución en su artículo 27. Por
ello, tanto la educación concertada como la educación especial deben ser
protegidas en un Estado de derecho. Ustedes quieren excluir del reparto
de los 2000 millones a la educación concertada. Vox se opone, insisto,
porque defendemos la libertad y porque no pueden imponer a los padres a
qué escuela tienen que llevar a sus hijos bajo la coacción de la retirada
de recursos por parte del Estado, porque estas escuelas acogen a uno de
cada cuatro niños en España. De hecho, como siempre, el Gobierno elude su
responsabilidad y lo deja en manos de las comunidades autónomas. En este
caso, no han garantizado una vuelta al cole segura, y si algo se podía
prever en esta pandemia es que las clases comenzaban en septiembre, pero,
de nuevo, los gobiernos autonómicos y central han eludido su
responsabilidad. El Estado de las autonomías ya se ha mostrado fallido,
es un fracaso, pero el Gobierno las utiliza para lavarse las manos y para
generar una red clientelar, otro asunto que Vox continuará denunciando. Y
el consenso progre lo consiente, incluso cuando hablamos de temas tan
delicados como la educación de nuestros niños.


Respecto al reparto de los 2000 millones de euros para el tramo
educativo del fondo COVID, en Vox exigimos que se incluya a las escuelas
concertadas, porque, primero, la escuela concertada se mantiene con
fondos públicos y, segundo, porque estamos hablando de un asunto de
calado nacional. Quizás deberían ustedes darse un paseo por las escuelas
concertadas y comprobar que no se trata de centros elitistas, sino de
colegios en barrios trabajadores. ¿Se han paseado ustedes por los barrios
humildes? Entendemos que les queda muy lejos de sus zonas de confort, con
su protección pagada por todos los españoles, pero si lo hicieran, se
darían cuenta de que los padres son capaces de hacer un esfuerzo por
darle a sus hijos la educación que consideran más adecuada, porque ellos
son los custodios de la educación de sus hijos, en ningún caso el
Gobierno. Bajo la excusa de que las escuelas concertadas son para ricos,
el Gobierno intenta aumentar la ratio de alumnos a la que imponer su
agenda ideológica, pero no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando
por el derecho de los padres a educar a sus hijos donde y como mejor
consideren. Garantizar la libertad de educación pasa por proteger la
elección de centro por parte de los padres y también por que saquen sus
agendas ideológicas de los centros públicos de nuestros hijos. Por ello
es tan importante implantar un cheque escolar que permita a los padres lo
más básico, elegir la escuela de sus hijos sin tener ninguna traba
económica para ello, y por este motivo es tan importante que, de forma
inminente, las comunidades autónomas devuelvan las competencias de
educación al Estado central. No es la primera vez que se lo decimos, pero
lo haremos tantas veces como sea necesario, ahora y en el futuro. Saquen
las manos de nuestros hijos.


Señorías del PP, para esta moción cuenten con nuestro apoyo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. En primer lugar, en el Partido Regionalista de
Cantabria queremos felicitar el trabajo de los docentes de los distintos
centros educativos de España, que han estado durante todo el verano
velando para que nuestros hijos acudan seguros a los centros escolares en
este comienzo de curso. Les puedo asegurar, como docente que soy, que
nunca han estado los centros más seguros y con mayores medidas que con
las que se ha empezado este curso escolar.


En segundo lugar, señor portavoz del Grupo Popular, somos muchos los
que defendemos la educación, no solo el Partido Popular, y aquí lo hemos
manifestado en varias ocasiones. Otra cosa es que no tenemos tantas
oportunidades de presentar iniciativas por estar en el Grupo Mixto.


Quiero decir también que en Cantabria se garantiza la libertad de
elección de los centros educativos. El único límite que existe a la hora
de que una familia elija su centro es que ese centro tenga plaza, sea
pública o concertada. Y esto es así tanto cuando la consejería la ha
llevado el Partido Popular en mi región como cuando la ha llevado el
Partido Socialista, o cuando la está llevando el Partido
Regionalista.


Los regionalistas defendemos el equilibrio actual entre las redes
pública y concertada, y consideramos que el reparto de fondos tiene que
ser en función de las necesidades del alumnado que se escolarice en esos
centros. El respaldo a la autonomía organizativa de los centros, bajo el
paraguas de una ley educativa consensuada por todos los sectores
educativos y políticos, es necesario que perdure también en el
tiempo.


Como no me queda más tiempo, doy paso a mi compañero.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas Gracias.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Catalán.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, desde una formación política que no apoyó la LOMCE y desde
una familia que lleva a sus hijos a la escuela pública, tenemos muy claro
que hoy hablamos de derechos, de derechos fundamentales recogidos en la
Constitución española. Por eso nos parece impensable que el Gobierno y
sus socios estén sometiendo en este momento a la escuela concertada a un
acoso y derribo incomprensibles.


Todos conocemos centros concertados que realizan una magnífica labor
social. Ahí están las escuelas católicas, que, además de educar, realizan
esa labor social que no se realiza por parte de otros. Todos conocemos
también cuál es la realidad de nuestras comunidades autónomas. En
Navarra, el 66 % de los alumnos con necesidades educativas están
escolarizados en centros públicos en castellano; el 21 % en centros
concertados en castellano; no llega al 10 % en los centros públicos en
euskera; el 1,78 % en los centros concertados en euskera. ¿A quién hay
que ayudar? Con su criterio, a la escuela pública en castellano, por
cierto, la más castigada por el Gobierno nacionalista durante la anterior
legislatura.


Nosotros somos partidarios de buscar más lo que nos une que lo que
nos separa. No solo el amor a España, sino también la libertad de los
padres para defender la educación que queremos para nuestros hijos, en
este caso, también, para llevarlos a la escuela pública y
concertada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senador.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies, presidenta.


Senyories, senyors del PP, l’educació és un punt de trobada, no
de confrontació. Vull recordar al PP que durant els seus set anys de
Govern no van ser capaços de millorar els mòduls de la concertada, tal
com els reclamava el sector i tal com expressen a la moció, cosa que
exemplifica la seva escassa coherència com a força política. Al costat
d’una escola pública de qualitat, i formant part del mateix sistema
educatiu, a Catalunya, institucions diverses i amb gran esperit de servei
han creat les escoles concertades. Tot un ventall de projectes amb
identitat pròpia que reflecteixen la diversitat existent al nostre país.
La seva existència constitueix una riquesa col·lectiva que va en
consonància amb el caràcter del poble català. Són realitats que conviuen
perfectament i que comparteixen el mateix objectiu: la cohesió social i
una educació de qualitat. Parlar de dues xarxes perjudica la consideració
de la concertada, i la situa en igualtat de deures però no de drets;
especialment pel que fa al finançament, que depèn del miserable mòdul de
concert que s’aprova a l’Annex 4t dels Pressupostos Generals
de l’Estat.


Fa uns dos mesos, la Comissió de Reconstrucció de les Corts
Espanyoles va tirar endavant, amb el suport del PSOE i Podem, un paquet
de mesures de reconstrucció en matèria de polítiques socials, del qual
s’excloïa l’educació concertada. Un model que, a Catalunya,
escolaritza al voltant d’un terç del total de l’alumnat, és a
dir, gairebé 367.000 alumnes, i més de 700 centres educatius, que fan de
la pluralitat el principal valor de l’educació. A tall
d’exemple, a Barcelona ciutat, el 60 % dels alumnes van a escoles
concertades. Com a base d’aquesta discriminació, tenim
l’informe del Síndic de Greuges, que podeu consultar a la web
perfectament. L’infrafinançament existent a l’escola
concertada afecta les famílies. No només les que ara són a la concertada,
sinó totes aquelles que voldrien triar un projecte educatiu i no poden
per la barrera d’accés que representen les aportacions
voluntàries.


És un atemptat contra la llibertat d’elecció de les famílies
respecte de l’educació que volen que es doni als seus fills, i
contra l’equitat social per accedir en igualtat de condicions a
projectes diversos i plurals. Senyories, repeteixo com he començat:






l’ensenyament és un punt de trobada, és l’espai on
coincideixen i encaixen perfectament l’educació pública i
concertada. Per tant, no discrimineu, no busqueu enfrontaments on no
n’hi ha, i fem una política educativa que ajudi els centres i els
seus professionals, siguin públics o concertats.


I no vull acabar sense fer un especial reconeixement i agraïment a la
feina ben feta de tots els equips docents, de tots els centres educatius,
públics i concertats. Degut a la pandèmia, en pocs dies han sabut
transformar un centre majoritàriament presencial en una escola en línia.
I això ha estat possible gràcies al seu compromís, la seva
professionalitat i el seu esforç. Per tot això, gràcies, comunitat
educativa.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, señores del Grupo Popular, la educación es un punto de
encuentro, no de confrontación. Quiero recordar al PP que durante sus
siete años de Gobierno no fueron capaces de mejorar los módulos de la
concertada, tal como les reclamaba el sector y tal como expresan en la
moción, cosa que ejemplifica su escasa coherencia como fuerza política.
Al lado de una escuela pública de calidad, y formando parte del mismo
sistema educativo, en Cataluña instituciones diversas y con gran espíritu
de servicio han creado las escuelas concertadas; todo un abanico de
proyectos con identidad propia que reflejan la diversidad existente en
nuestro país. Su existencia constituye una riqueza colectiva que va en
consonancia con el carácter del pueblo catalán. Son realidades que
conviven perfectamente y que comparten el mismo objetivo: la cohesión
social y una educación de calidad. Hablar de dos redes perjudica la
consideración de la concertada, situándola en igualdad de obligaciones,
pero no de derechos, sobre todo en lo que se refiere a la financiación,
que depende del miserable módulo de concierto que se aprueba en el anexo
cuarto de los Presupuestos Generales del Estado.


Hace unos dos meses la Comisión de Reconstrucción de las Cortes
españolas sacó adelante, con el apoyo del Grupo Socialista y Podemos, un
paquete de medidas de reconstrucción en materia de políticas sociales,
del que se excluía a la educación concertada. Es un modelo que en
Cataluña escolariza alrededor de un tercio del total del alumnado. Es
decir, prácticamente 367 000 alumnos y más de 700 centros educativos, que
hacen de la pluralidad el principal valor de la educación. A modo de
ejemplo, en Barcelona ciudad el 60 % de los alumnos van a escuelas
concertadas. Como base de esta discriminación tenemos el informe del
Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, que se puede consultar
en la web perfectamente. La infrafinanciación existente en la escuela
concertada afecta a las familias, no solo a las que ahora están en la
concertada, sino a todas aquellas que querrían escoger un proyecto
educativo y no pueden debido a la barrera de acceso que representan las
aportaciones voluntarias.


Es un atentado contra la libertad de elección de las familias a la
educación que quieren que se imparta a sus hijos y contra la equidad
social para acceder en igualdad de condiciones a proyectos diversos y
plurales. Señorías, repito, como he dicho al principio, que la educación
es un punto de encuentro, es el espacio donde coinciden y encajan a la
perfección la educación pública y la concertada. Por tanto, no
discriminen, no busquen enfrentamientos donde no los hay; hagamos una
política educativa que ayude a los centros y a sus profesionales, sean
públicos o concertados.


Y no quiero acabar sin hacer un especial reconocimiento y
agradecimiento al trabajo bien hecho por todos los equipos docentes de
todos los centros educativos públicos y concertados. Debido a la
pandemia, en pocos días supieron transformar un centro mayoritariamente
presencial en una escuela en línea, y eso ha sido posible gracias a su
compromiso, a su profesionalidad y a su esfuerzo. Por todo ello, gracias,
comunidad educativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


En nombre del Grupo de Izquierda Confederal tiene la palabra el
senador Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy vuelve a traer aquí el Grupo Popular una moción que hemos visto
en parlamentos autonómicos, en ayuntamientos, en el Senado, en el
Congreso... Realmente, y es verdad, ustedes presumen de presentar muchas
iniciativas en favor de la educación, pero siempre de la educación
concertada. Es muy curioso que ustedes nunca presenten una moción para
apoyar la educación pública. Ustedes siempre ponen el acento en la
educación concertada, en pro, además, de ese concepto de libertad de las
familias que es absolutamente falso, porque ustedes son los mayores
enemigos de la libertad educativa que hay en este país. Ya no hablemos de
la libertad de cátedra, porque ustedes están apoyando las medidas del pin
parental de Vox, que es el mayor atentado que hay contra la libertad de
cátedra y que impone una censura educativa gravísima que acaba con uno de
los principios fundamentales de nuestro sistema educativo. Y así lo que
no defienden ustedes es la libertad de los hijos; su libertad para vivir,
para desarrollarse en libertad y para tener el libre desarrollo de su
personalidad que reconoce la Constitución española. Pero es que además
ustedes defienden un modelo muy determinado que, desde luego, es enemigo
de la escuela pública, pero es que también lo es de la escuela
concertada, porque ustedes pervierten lo que debería ser la educación
concertada.


Por sus frutos les conocerán, y allí donde ustedes gobiernan han
conseguido un modelo que no es de libertad educativa; es un modelo de
succión de dinero de los bolsillos de los ciudadanos para unos
determinados grupos que hacen negocio con la educación. Así sucede, por
ejemplo, en la Comunidad de Madrid con un modelo que defendió su querida
presidenta, la señora Esperanza Aguirre, que ha consistido en instaurar
un copago educativo que consiste en que paguemos dos veces, en que los
ciudadanos que mandan a sus hijos a colegios concertados paguen dos veces
por un servicio que ya pagaron con sus impuestos. Ustedes les están
cobrando 200, 300, 400 euros al mes a esas familias, y ya que antes
hablábamos de justicia fiscal, no sé por qué esta aspiradora de dinero de
los bolsillos de los ciudadanos no les escama. A mí desde luego me parece
un escándalo que en este país exista el copago educativo; como me
parecería un escándalo que existiese el copago en sanidad, tal y como
ustedes intentaron, y hemos estado muy cerca y lo hemos bordeado en
muchas ocasiones.


Por tanto, no nos hablen de libertad educativa, porque los mayores
enemigos de la libertad de elección de las familias son ustedes, que les
imponen una barrera económica para hacer de los concertados unos colegios
elitistas a los que solo pueden acceder aquellos con determinados
recursos. Madrid ha sido, desde luego, el laboratorio de sus políticas,
de estas políticas y de este modelo que ustedes defienden, y precisamente
por ese modelo quizás sea Madrid la comunidad que menos invierte en
educación por estudiante de toda España, y quizás también por eso, por
esos colegios que cobran cuotas, es también la comunidad que más gasto
traslada a las familias. Es decir, en una comunidad ustedes no invierten
el dinero que deberían en educación a través de los presupuestos, y sin
embargo, las familias tienen que costear de su bolsillo y están
financiando la educación concertada a través de ese cobro de cuotas
obligatorias e ilegales. Quizás así también se explica que Madrid tenga
el dudoso honor de ser la segunda región de Europa con mayor segregación
escolar. Porque lo que trae este modelo educativo, este modelo elitista
es esto, es segregación, es desigualdad, es profundizar en las
desigualdades estructurales a través del mecanismo que más tendría que
servir para sortear esas desigualdades, como es la educación, que es lo
que debería garantizar una igualdad de oportunidades en este país para
todo el mundo.


En Madrid han hecho auténticas barbaridades, desde cobrar mordidas de
un millón de euros para adjudicar colegios concertados, hasta hacer
cesión de suelo público a determinadas empresas que nada tenían que ver
con la educación; en algunos casos empresas de hostelería hacían negocio
con el comedor de los colegios y, además, luego intentaban sacar lucro,
que es algo que prohíbe expresamente la ley, como también prohíbe
expresamente esas cuotas obligatorias ilegales que cobran ustedes.


Por tanto, señorías, evidentemente no vamos a apoyar su modelo, no
vamos a apoyar esta moción que lo único que busca es ahondar en ese
modelo del que he hecho mención. Nos hubiera gustado que hoy estuviéramos
hablando de cómo bajar las ratios, de cómo llevar a cabo una vuelta al
cole segura para los profesores, de cómo hacer para tener los espacios
necesarios; cosas que, desde luego, no están haciendo en la Comunidad de
Madrid, donde los profesores ya les han convocado una huelga —y
acaba de comenzar el curso—, desesperados por las condiciones en
las que se van a ver desempeñando su función en las circunstancias tan
difíciles como en las que estamos. Nosotros esperábamos no tener una
presidenta que diga que todos los estudiantes se van a contagiar el
primer día de curso, como ha dicho la señora Díaz Ayuso, sino que
estuvieran preocupados de garantizar la seguridad a los estudiantes y a
los profesores para que todos podamos tener la educación en las
condiciones que se requieren en esta crisis sanitaria.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo de Ciudadanos, la
senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Como siempre que una propuesta refuerza el espíritu de nuestra
Constitución y promueve la libertad y la igualdad, Ciudadanos va a apoyar
la moción que se nos presenta hoy. Mi partido, señorías, antepone siempre
los intereses de los españoles, por encima de partidismos, y da más
importancia a los principios y valores constitucionales que a la
aritmética parlamentaria. Pero, por desgracia, esto no siempre se cumple
y es algo que ha provocado una grave crisis política y de desafección en
los ciudadanos. Por eso, Ciudadanos ha propuesto una tregua política en
un momento como el que vivimos actualmente, para dejar de lado el
partidismo y el politiqueo y para que podamos unirnos para salvar vidas y
empleos. Por eso precisamente hoy no me voy a extender en recordar que,
tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han permitido que en
algunas comunidades autónomas el castellano no sea hoy lengua vehicular.
Cuando hablamos de educación, debemos hacerlo de unión, libertad e
igualdad.


Ciudadanos siempre ha compartido la defensa de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución, donde se contempla, entre otros, el
derecho a la libertad de enseñanza, a la libertad de los padres a elegir
la educación de sus hijos; y hablo de libertad con mayúsculas, de
libertad sin imposiciones, que es algo que blinda nuestra Constitución y
que también es algo en lo que Ciudadanos cree. Pero es que, además,
pensamos que tanto el Partido Socialista como Podemos plantean un falso
debate en cuanto al papel que debe tener la escuela concertada en nuestro
país, y es que han abierto ustedes una trinchera política sobre una
institución que ha sido imprescindible para garantizar la educación
gratuita para todos los españoles, porque saben ustedes que por sí solas
las escuelas públicas no tienen capacidad para garantizar lo establecido
en nuestra Constitución. Por eso las escuelas concertadas no solo son
parte del sistema educativo público, sino que lo complementan, lo
completan y potencian su calidad.


Pero, señores del Partido Socialista, déjenme recordarles lo que pasó
cuando se cerraron ustedes a la posibilidad de que los centros
concertados recibieran fondos públicos de las ayudas por COVID. Ustedes
provocaron que el bloque del grupo de trabajo de políticas sociales y
sistema de cuidados no fuera aprobado; dejaron ustedes escapar un acuerdo
por puro sectarismo. Y fíjense la situación tan absurda que se dio, que
el Gobierno de España no impuso esta misma exigencia a las comunidades
autónomas a la hora de gastar los 2000 millones en educación del fondo
COVID.


Señorías, cuanto más miramos a la moderación y no a los extremos, más
acertamos; lo hacemos cuando nos centramos en las cosas que tenemos en
común. Los complejos, señorías, no tienen cabida cuando hablamos de la
educación de los niños en España; la única disputa que deberían tener
ustedes con los señores con los que comparten Consejo de Ministros y con
el resto de los grupos es precisamente la de quién tiene las mejores
propuestas para mejorar la vida de los españoles.


Pero el debate sobre la financiación de la escuela concertada también
apela al Grupo Parlamentario Popular, y es que defender los centros
educativos financiados con fondos públicos no solo es cuestión de
registrar una proposición no de ley en esta Cámara o en el Congreso de
los Diputados, que se puede y que se debe seguir haciendo, es que también
hay que adoptar medidas cuando se está en el ejecutivo. Porque está muy
bien venir y quejarse cuando uno está en la oposición y no tiene
responsabilidad de gestionar, pero es que esa crítica pierde cualquier
tipo de autoridad moral en el momento en el que ustedes actúan de la
misma manera cuando gobiernan, y lo cierto es que cuando ustedes han
podido, señores del Partido Popular, no han actualizado los módulos de
las escuelas concertadas a pesar de haber gobernado con una amplísima
mayoría absoluta.


Para terminar, no queríamos ni podíamos olvidarnos de la educación
especial. El Gobierno de España tiene que dar de una vez por todas
certidumbre a estos padres. No es admisible que el Ejecutivo esté
flirteando con la posibilidad de reducir las aportaciones que realiza a
estos centros. Ciudadanos apuesta, al igual que en el debate entre la
pública y la concertada, por lo mejor de cada modelo, por lo que nos une
a todos; es compatible que los niños y niñas con necesidades especiales
que quieran o que lo necesiten, porque no es cuestión de capricho,
señorías, puedan acudir a centros ordinarios, o en el caso de que así lo
elijan sus padres o sus tutores puedan acudir a centros de educación
especial.


Señorías, los representantes públicos deben sacudirse las siglas de
los partidos y ponerse en la piel de estos padres y de estos niños, poner
por delante de todo el interés de los españoles. Hagamos todos, por
favor, esta tregua política, unámonos para salvar vidas y unámonos para
salvar empleos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Peral
Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Vasco no ha presentado ninguna enmienda al
texto de esta moción por dos motivos fundamentales. Ustedes conocen la
defensa que nuestro grupo hace de la escuela concertada en el sistema
educativo vasco, un servicio público que lo conforman prácticamente
al 50 % la escuela pública y la concertada. (La señora presidenta ocupa
la Presidencia). Estamos, por supuesto, de acuerdo en la defensa de la
libertad de los padres y madres en la elección de la educación que
quieren para sus hijos e hijas. Igualmente, defendemos e impulsamos en
Euskadi la autonomía de los centros para que desarrollen sus propios
proyectos, incentivando y promoviendo equipos directivos y su liderazgo,
atendiendo a las singularidades propias de cada centro con una
participación más activa de la comunidad educativa. Defendemos también y
apostamos por una educación inclusiva de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, tanto en la escuela concertada como en
la pública. En este sentido, los convenios con la concertada incluyen
también diferentes modalidades, como educación especial abierta,
proyectos de refuerzo educativo específico y programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento mediante diversificación curricular.


Es nuestro modelo educativo que desarrollamos sobre la base de
nuestra autonomía competencial. Sin embargo, aun estando de acuerdo con
parte del contenido de la moción, no estamos de acuerdo con el momento ni
con el foro. El nuevo proyecto de ley de Educación, la LOMLOE, está en la
actualidad en fase de presentación de enmiendas en la Comisión de
Educación del Congreso. Algunos puntos del texto de su moción se recogen
explícitamente en el articulado del proyecto de ley. Por tanto, es en el
debate de enmiendas en el Congreso donde creemos que hay que buscar los
consensos para que, en vez de instar al Gobierno, se dé cobertura legal a
las propuestas de la moción.


El segundo punto tiene que ver con el Fondo COVID-19 destinado a
educación. Si recuerdan, el origen de esta moción consecuencia de
interpelación se encuentra en el anuncio de que las ayudas
correspondientes al Fondo COVID-19 de 2000 millones para educación se
iban a destinar únicamente a la escuela pública, lo que desató una
defensa de la escuela concertada por parte de diferentes grupos
políticos, asociaciones, las AMPA, etcétera. Posteriormente, en las
enmiendas al dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica del Congreso, se retiró la mención a dicha educación pública de
gestión directa por aquellos centros que atiendan a alumnado en situación
de vulnerabilidad. En este sentido, en la interpelación del Grupo Popular
en el Pleno del 14 de julio parece que se llegó a un consenso entre el
portavoz Popular y la ministra en cuanto a que las ayudas deberían estar
destinadas al alumnado más vulnerable, pero no hemos visto reflejada esa
palabra en el texto de su moción.


Independientemente de esto, el dictamen social de dicha comisión de
reconstrucción no fue aprobado y el fondo se va a repartir ya con fecha 1
de septiembre. La Orden HAC/809/2020 del Ministerio de Hacienda determinó
las cantidades que percibirá cada comunidad autónoma de ese fondo de 2000
millones en función de su población en edad escolar, fundamentalmente
para educación, sin explicitar en el texto de la orden si es pública o
concertada. Estas cantidades serán transferidas a las autonomías en las
próximas semanas. Serán, por tanto, las administraciones autonómicas,
dentro de sus competencias en materia educativa, las que hagan el
reparto. En este sentido, el departamento de Educación del Gobierno Vasco
ya se ha reunido con la escuela concertada para identificar necesidades
de cara a la publicación de las ayudas que se podrán solicitar para
paliar los efectos que la COVID-19 tiene en la vuelta a las aulas. Por lo
tanto, creemos que ya no es el momento y que no tiene sentido el punto
seis de la moción que hace referencia al reparto del fondo.


Por estos dos motivos que acabo de exponer teníamos también intención
de abstenernos, pero ayer el Grupo Popular presentó una autoenmienda de
adición. No entendemos, por un lado, el contrasentido que supone
solicitar la autonomía de los centros educativos y pretender a la vez que
se den pautas de manera unificada para todo el ámbito educativo nacional
y, como se nos ha dicho hoy en la tribuna, de obligado cumplimiento. Una
vez más, estamos ante un intento de recentralización e invasión
competencial de una competencia exclusiva de Euskadi como es la
educación. Para nuestro grupo esto es una línea roja y, por lo tanto, nos
vemos obligados a votar en contra.


Por último, quiero aprovechar esta intervención para felicitar al
Jokin Bildarratz, hasta esta semana portavoz del Grupo Vasco en el
Senado, por su nombramiento como consejero de Educación del Gobierno
Vasco. Con él la educación en Euskadi está en las mejores manos
posibles.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra la senadora Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Bona tarda, senyores i senyors senadors. Martí i Pol, gran poeta que
ha esdevingut universal —és una pena que qui no llegeix en català
no el pot llegir en la versió original, però els recomano les
traduccions—, va crear el verb setembrejar, en una de les seves
poesies, com a sinònim de tornada a la calma. Però per a vostès, senyores
i senyors del PP, aquest verb significa tornar a les mateixes posicions
de sempre, agressives de fons cap a les classes populars i com si no
haguessin après res de la lliçó que ens ha proporcionat la
pandèmia.


En la moció que comentem la seva proposta rebla el clau en els seus
vells i rancis plantejaments. Vostès consideren l’educació com un
mitjà per perpetuar les desigualtats a través de la segregació escolar;
molt lluny del nostre concepte de garant de l’equitat social. Tot i
que l’Estat espanyol mai s’ha distingit per dedicar el
percentatge del PIB necessari per garantir una educació gratuïta de
qualitat per a tots els infants i joves, i sempre hem estat per sota de
la mitjana dels països de la Unió Europea, les retallades més grans
sempre s’han produït quan vostès han governat. Però ara, al
setembre del 2020, potser caldria setembrejar, i ens hauríem
d’haver adonat de les conseqüències nefastes que han comportat les
retallades i la manca de planificació en la sanitat pública per a la
salut de la ciutadania a l’hora de fer front a la pandèmia, i per
tant, fer-nos conscients que cal una xarxa pública educativa amb molt
bona salut i amb el finançament necessari perquè, a través de
l’educació, la societat s’enforteixi, augmenti en cohesió i
afronti un futur ple d’esperança.


Els nostres infants i joves porten sis mesos sense anar a
l’escola. És cert que s’ha intentat pal·liar els efectes
negatius amb l’educació via telemàtica, però és evident que aquesta
fórmula no pot substituir la presencial, per més que s’esforci tot
el professorat, i les famílies també, i l’alumnat, és clar. I si
això ha estat un problema real per a tothom, ha impactat especialment les
criatures d’ambients més desafavorits i més vulnerables, la majoria
de les quals viuen en entorns que estan més castigats per la pandèmia per
les mateixes condicions de l’entorn: habitatges reduïts, manca de
dispositius electrònics, manca de connectivitat, entorns poc agradables,
etc. Les conseqüències, per tant, també seran diferents. Però tampoc tots
els centres educatius s’han trobat amb les mateixes condicions a
l’hora de fer educació telemàtica. Els centres que acullen famílies
de classe alta, de la classe privilegiada, ja disposaven d’aparells
informàtics per a tot l’alumnat, i la connectivitat els era tan
normal com el carrer asfaltat que trepitjaven quan sortien de
l’escola. És cert que el professorat i l’alumnat s’han
hagut d’adaptar a fer les classes d’una altra manera, però
aquell professorat no s’ha hagut de preocupar de si els seus
infants i joves tenien un ordinador o d’una cosa tan senzilla com
si dinaven cada dia. I ara, en aquest setembre en què tothom torna a
l’escola, ni tots els centres, ni tot el professorat ni tot
l’alumnat ho faran en les mateixes condicions. I és per això que
ens hem de posicionar en contra de la seva moció. Perquè nosaltres creiem
que els fons COVID no es poden repartir a tots els centres com si tothom
sortís en la mateixa posició, som si tothom afrontés el nou curs amb la
motxilla igual de plena o igual de buida. No val el cafè per a tothom
quan tothom ha fet un àpat molt diferent.


Els recursos s’han d’assignar als centres que ho
necessitin en funció d’un barem que contempli totes les necessitats
i situacions que hem anat comentant: la situació de l’alumnat, de
les famílies, de l’entorn... I aquestes situacions de dificultat es
donen majoritàriament als centres públics. I, per descomptat, s’han
d’assignar de manera descentralitzada, respectant les diferents
autonomies i acostant als municipis bona part d’aquesta gestió. I
si cap escola concertada es troba en aquesta situació d’alumnat
vulnerable i entorn desafavorit, també ha de comptar amb els recursos
necessaris per donar resposta als reptes que té plantejats. Al meu grup
apostem per una escola inclusiva, no segregadora, que sigui un element
central per compensar les desigualtats socials. I això ho fa
especialment, els agradi o no, l’educació pública. Per tant,
l’atenció als centres que més ho necessiten cal considerar-la una
urgència de país.


Per acabar, realment vull transmetre tot el meu reconeixement a tots
els equips docents i a totes les famílies que, amb totes les incerteses,
ja han començat o, a Catalunya, esperen el dilluns vinent, per
incorporar-se a l’escola i gaudir d’un ensenyament ric i
ple.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señoras y señores senadores. Martí i Pol, el gran
poeta catalán que devino universal, y es una pena que quien no lea
catalán no pueda leer la versión original, pero aun así recomiendo sus
traducciones, creó el verbo septiembrear en una de sus poesías como
sinónimo de vuelta a la calma. Pero para ustedes, señoras y señores del
PP, este verbo significa volver a las mismas posiciones de siempre,
agresivas de fondo hacia las clases populares y como si no hubieran
aprendido nada de la lección que nos ha proporcionado la pandemia.


En la moción que debatimos su propuesta insiste en sus viejos y
rancios planteamientos. Ustedes consideran la educación como un medio
para perpetuar las desigualdades a través de la segregación escolar, muy
lejos de nuestro concepto de garante de la equidad social. Aunque el
Estado español nunca se ha distinguido por dedicar el porcentaje del PIB
necesario para garantizar una educación gratuita de calidad a todos los
niños y jóvenes y siempre hemos estado por debajo de la media de los
países de la Unión Europea, los recortes más grandes siempre se han
producido cuando ustedes han gobernado. Pero ahora, en septiembre
de 2020, quizás habría que septiembrear y darnos cuenta de las
condiciones nefastas que han comportado los recortes y la falta de
planificación en la sanidad pública en la salud de la ciudadanía a la
hora de hacer frente a la pandemia y, por tanto, ser conscientes de que
hace falta una red pública educativa con muy buena salud y con la
financiación necesaria para que, a través de la educación, la sociedad se
fortalezca, aumente en cohesión y afronte un futuro lleno de
esperanza.


Nuestros niños y jóvenes llevan seis meses sin ir a la escuela. Es
cierto que se han intentado paliar los efectos negativos con educación
por vía telemática, pero es evidente que esta fórmula no puede sustituir
a la presencial, por más que se esfuercen todo el profesorado, las
familias y el alumnado, por supuesto. Y si esto ha sido un problema real
para todo el mundo, ha afectado especialmente a los chavales de ambientes
más desfavorecidos y vulnerables, la mayoría de los cuales viven en
entornos que están más castigados por la pandemia, por las mismas
condiciones del entorno. Viviendas reducidas, falta de dispositivos
electrónicos, falta de conectividad, entornos poco agradables, etcétera.
Las consecuencias, por tanto, serán también distintas, pero tampoco todos
los centros educativos se han encontrado con las mismas condiciones a la
hora de impartir educación telemática. Los centros que acogen a familias
de clase alta, de la clase privilegiada, ya disponían de aparatos
informáticos para todo el alumnado y la conectividad les era tan normal
como la calle asfaltada que pisaban al salir de la escuela. Es cierto que
el profesorado y el alumnado han tenido que adaptarse a hacer las clases
de otro modo, pero aquel profesorado no ha tenido que preocuparse por si
sus niños y jóvenes tenían ordenador o no, o algo tan sencillo como si
comían todos los días. Y ahora, en este septiembre en el que todos
vuelven al cole, a la escuela, ni todos los centros ni todo el
profesorado ni todo el alumnado va a hacerlo en las mismas condiciones y
es por eso que debemos posicionarnos en contra de su moción, porque
nosotros creemos que los fondos COVID no se pueden repartir a todos los
centros como si todo el mundo saliera de la misma posición, como si todos
fueran a afrontar el nuevo curso con la mochila igual de llena o igual de
vacía. No vale el café para todos cuando todos han comido de forma muy
distinta.


Los recursos deben asignarse a los centros que lo necesiten en
función de un baremo que contemple todas las necesidades y situaciones
que hemos ido comentando: la situación del alumnado, de las familias, del
entorno, y estas situaciones de dificultad se dan mayoritariamente en los
centros públicos y, por supuesto, deben asignarse de forma
descentralizada, respetando las distintas autonomías y acercando a los
municipios gran parte de esta gestión. Y si alguna escuela concertada se
encuentra en esta situación de alumnado vulnerable y entornos
desfavorecidos, también debe contar con los recursos necesarios para dar
respuesta a los retos que se le planteen. En mi grupo apostamos por una
escuela inclusiva, no segregadora, que sea un elemento central para
compensar las desigualdades sociales, y esto lo hace especialmente, les
guste o no, la educación pública. Por tanto, la atención a los centros
que más lo necesitan debe considerarse una urgencia, urgencia de
país.


Para acabar, quiero expresar todo mi reconocimiento a todos los
equipos docentes y a todas las familias que, con todas las
incertidumbres, ya han empezado a incorporarse a la escuela o lo harán el
próximo lunes en Cataluña y esperan disfrutar de una educación pública
para todos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Ruz
Villanueva.


El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente hoy venimos a hablar de educación, algunos se
ve que o no quieren entender o no quieren leer o no quieren aceptar que
hemos planteado, además de esta moción que habla de seis puntos
esenciales, una enmienda en la que queremos hablar del inicio de curso
escolar. Me voy a detener con mucha brevedad en dos intervenciones muy
sencillas, e intentaré tener capacidad para sintetizar, y luego
desarrollaré la moción en el tiempo que me quede. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Señora Castellví, soy profesor de un colegio concertado, y a mucha
honra, y que usted, que pertenece a un partido como Junts per Cat, nos
pida a nosotros no obstinarnos en la confrontación me parece realmente
reseñable, ustedes que se han empeñado en confrontar a una parte de
Cataluña con otra de una manera absolutamente injustificable.


Señor Fernández, de Más Madrid, me ha congratulado profundamente
escucharle apelar a una cita evangélica. Qué cosas, por sus obras les
conoceréis, ¿verdad? Señor Fernández, vamos a hablar de educación no una
ni dos ni diez ni veinte veces, sino todas las que sean necesarias en
esta Cámara, que es parte de las Cortes Generales y depositaria de la
soberanía nacional; por cierto, ustedes hasta ahora no han traído ni una
sola moción ni propuesta relativa a defender la educación ni pública ni
concertada ni de ningún tipo.


Y sí, efectivamente, en esas seis propuestas verán que hemos
incorporado una séptima, la exigencia al Gobierno de la nación de poner
en marcha un protocolo nacional que exija, que no recomiende, que pida y
que establezca premisas de obligado cumplimiento a todas las comunidades
autónomas. No por nosotros, sino por nuestros hijos, por los alumnos, por
los padres y por los profesores del conjunto del territorio nacional. Voy
a poner un ejemplo. Fíjense hasta qué punto están ustedes llegando a la
hora de rozar, superar, el esperpento. Con respecto a los umbrales de
temperatura, de fiebre para el inicio del curso. Fíjense ustedes que cosa
más significativa. Umbrales para que un alumno sea despachado, sea
mandado a casa o no pueda acceder a un centro educativo. En el País
Vasco, 37 grados centígrados; en la Comunidad de Madrid, 37,2; en
Extremadura, 37,5. Este es el estrafalario modelo educativo en el que
ustedes persisten —ya lo creo que sí— y que ha convertido el
sistema nacional público y concertado, el sistema nacional educativo en
diecisiete microsistemas, que, en lugar de generar certidumbres, en lugar
de generar certezas, lo que genera a los padres es angustia. Y de esto
son responsables ustedes. ¿Saben por qué? Porque, como les he dicho,
cuando la señora Celaá, la señora ministra de Educación nacional —y
lo digo así porque a veces aquí se escuchan cosas y muchas de ellas son
inciertas. Nosotros, todos los senadores, todas sus señorías somos
depositarios de la soberanía nacional y la competencia en materia
educativa es una competencia nacional; titularidad nacional, transferida
efectivamente en su gestión— dice que se desentiende por completo
de su propia función, en tanto que el Ministerio de Educación es un
ministerio nacional, está incurriendo no solamente en una
irresponsabilidad, sino en una flagrante y negligente forma de entender
la acción política. Yo no lo digo, no lo dice el PP, no lo dice la señora
Alós ni lo dice el señor Ruz, lo dijo la señora Celaá: en septiembre
apañémonos como podamos. ¿Qué pensarían ustedes, como les he dicho en mi
primera intervención, si un cirujano antes de acceder al quirófano les
dijera algo parecido a los familiares de un paciente? Imagínense que les
dice: ya veremos, que Dios nos ampare. Pues yo, desde luego, lo que
pediría es una hoja de reclamaciones y exigiría que ese cirujano
estuviera cuanto antes en la calle. Si la señora Celaá —ya lo dije
en mi primera intervención y lo he dicho muchas veces— trabajara
para la empresa privada, hace mucho tiempo que estaría despedida por
incompetente. El problema es que la señora Celaá es la ministra de todos
nosotros y es la ministra de Educación de todos los españoles, a pesar de
su dejadez y de su incompetencia, y es incapaz de establecer un protocolo
general de obligado cumplimiento, no una recomendación, como ese
documento infumable que ustedes emitieron el pasado mes de junio, que
habla de recomendaciones, de ideas, de propuestas, sin establecer
exigencias. Porque un ministerio tiene que liderar, tiene que tomar la
delantera, tiene que ponerse al frente, tiene que construir, y lo más
importante, tiene que generar certidumbre.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


El señor RUZ VILLANUEVA: Termino ya, presidenta.


En fin, tienen ustedes la oportunidad de votar a favor de esta
propuesta, que son seis medidas más la enmienda que hemos presentado
—que nadie ha hablado de la enmienda, se ve que tenían ustedes las
intervenciones preparadas de antes y ni se han dignado a
introducirla— y, desde luego, demostrar que por encima de su
interés particular y partidista está no el interés general, sino el bien
común de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Plaza García.


La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, presidenta.


Hoy nos encontramos con una moción consecuencia de interpelación que
se supone que era para llegar a acuerdos en educación, sobre todo, a
acuerdos en equidad, y nada más lejos de la realidad. Lo que han hecho ha
sido una moción, una total enmienda a la política educativa del Gobierno.
Pero es que, además, señor Ruz, debería pensar que a lo mejor si
solamente se han presentado tres enmiendas es porque ha hecho una pésima
moción, y una de dos, o se enmienda a la totalidad, como hemos hecho
nosotros, o no caben más enmiendas.


Mire, equidad es dar más a quien más lo necesita. No se trata de
destinar los recursos a la pública o a la concertada, se trata de
destinar recursos donde están los alumnos más vulnerables y eso ustedes,
señorías del PP, lo llevan muy mal, de verdad que lo llevan muy mal.
Existen dos modelos educativos muy diferentes. Por un lado, está el
modelo de la derecha, que es el modelo que recorta, que escatima en
recursos y, por otro lado, está el modelo del Partido Socialista, que es
un modelo progresista que invierte y que cree en el poder modernizado de
la educación. En los siete años del Gobierno del Partido Popular, lo
único que han hecho con sus políticas neoliberales ha sido recortar
drásticamente el presupuesto, subir ratios, aumentar el profesorado
interino y, como consecuencia de esto, hoy nos encontramos con un sistema
educativo bastante debilitado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez
está recuperando la inversión educativa. No solamente ha duplicado su
presupuesto, sino que, además, ha inyectado más de 3000 millones de euros
para el inicio del curso académico, con fondos COVID, con becas, con el
programa de digitalización y con el plan PROA Plus por la equidad.


Señor Ruz, de verdad, yo no sé qué es lo que vienen ustedes a exigir.
Vienen aquí a exigir qué, ¿por qué no les dicen a los presidentes de las
comunidades autónomas donde gobiernan que inviertan en más profesorado y
que bajen la ratio? (Aplausos). Eso es lo que tienen que hacer, porque es
la única manera. Las comunidades autónomas son las competentes. No líen a
los ciudadanos, las comunidades autónomas son las competentes y ustedes
lo que tienen que hacer es invertir más, porque el Gobierno ha repartido
los fondos COVID y lo ha hecho de forma totalmente equitativa. Sin
embargo, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha han
invertido cuatro veces menos en profesorado que las comunidades autónomas
del Partido Socialista. Por algo será, esa es la diferencia entre ustedes
y nosotros.


Y, señoría, la libertad de enseñanza está totalmente garantizada.
Quien diga lo contrario o no está informado o miente. Ustedes pretenden
crear un problema donde no lo hay. Escuche su intervención dándonos
lecciones, una intervención cargada de demagogia que además habla de la
libre elección de centro, y claro, ¿qué padre o qué madre no quiere
elegir centro para su hijo? A eso es difícil resistirse, claro que sí.
Pero es que con esa supuesta libertad de elección, ustedes lo que están
haciendo es que pase de ser un derecho a convertirse en un privilegio
para unos pocos y una desventaja para quien menos tiene. Eso es lo que
ustedes están haciendo. Y, señor Ruz, quienes menos tienen son esos a los
que ustedes no dan ninguna importancia. Con esto, lo que ustedes están
haciendo es atacar a la educación pública de manera encubierta, porque,
al final, serían los centros los que escogerían a la familia y no las
familias la que escogerían a los centros. Saben perfectamente que con
esto lo único que se conseguiría es segregar y eso ni es justo ni es
democrático.


De verdad, dejen de crear polémica con los centros de educación
especial. La educación especial está garantizada en todos los centros, en
los centros especializados, en los ordinarios, en los públicos y en los
no públicos. La ministra lo ha dicho ya de todas las maneras posibles y
ustedes siguen cuestionándolo, es más, siguen con el mismo bulo.






Siguen
levantando ese bulo, pero lo peor de todo es que ni siquiera se ponen
colorados. Señorías del PP, lo que no se puede es utilizar a los alumnos
y a sus familias para sacar rédito político, porque en política no todo
vale.


Para terminar, quiero hacer un reconocimiento a toda la comunidad
educativa, que está haciendo una labor encomiable para que el inicio de
curso sea un inicio seguro, a pesar de las comunidades autónomas
gobernadas por la derecha.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Concluido el debate de esta moción, les recuerdo que la moción será
sometida a votación con la adición, en su caso, de enmiendas o
modificaciones que se lleven a cabo, durante el plazo que esta
Presidencia abrirá al concluir el debate de las cuatro primeras
mociones.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS
ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA
EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA
EN ENERO DE 2020.


671/000029

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 7.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción consecuencia
de interpelación se han presentado veintisiete enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado; cinco del Grupo Parlamentario
Mixto; una del Grupo Parlamentario Socialista; diez del Grupo
Parlamentario Popular; y diez del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, presidenta. Senadors,
senadores.


Presentem avui aquesta moció, conseqüència de la interpel.lació que
va fer el company Jordi Martí a l’últim ple de juliol. Aquest
any 2020 és un any especialment dur, complicat i excepcional per a
tothom. També per a les entitats locals. L’administració més
propera al ciutadà. El primer lloc on els veïns i veïnes es personen per
explicar, preguntar i buscar solucions. Una administració castigada des
de sempre però que, aquest any 2020, està patint més que mai.


Vam començar l’any amb la ressaca dels temporals que van
afectar la costa mediterrània peninsular, la depressió aïllada en nivells
alts, DANA, i la borrasca Cecília a la tardor del 2019. Quan encara no
s’havien recuperat, al gener va arribar el devastador temporal
Glòria, que va deixar al seu pas un rastre desolador al País Valencià,
Catalunya, Aragó, a les illes. Els danys materials es quantifiquen en
desenes de milions d’euros, sense oblidar les persones que hi van
perdre la vida. Són masses les entitats locals i els municipis que
segueixen a dia d’avui esperant respostes i concrecions sobre les
mesures econòmiques i tècniques necessàries per fer front als efectes
dels temporals petits. Molts d’aquests municipis van haver
d’assumir, per necessitat imperiosa, les tasques de reconstrucció,
de reparació, de millora i d’acondicionament dels danys soferts per
poder encarar una temporada d’estiu ja complicada de per si.
Aquestes actuacions han alterat notablement l’equilibri econòmic i
financer i pressupostari d’aquests ajuntaments i els han situat en
una posició financerament molt delicada. I si hi sumem la coneguda regla
de la despesa, queda encara més en evidencia la necessitat de mesures
extraordinàries en forma d’ajudes econòmiques.


Les dinàmiques causades pel canvi climàtic apunten cap a un augment
dels fenòmens meteorològics extrems, hem d’aprendre de
l’experiència i preparar-nos. Per tot això, vam presentar aquesta
moció que instava el govern espanyol a portar a terme diversos acords.
Aprovar un nou reial decret per incloure les zones afectades per la
borrasca Cecília i el temporal Glòria, que van quedar fora del Reial
Decret Llei 11/2019. Va ser esmentat, el 25 d’agost amb la
publicació i aplicació del Reial Decret 778/2020. Agraïm l’agilitat
del govern en demanar-ho per part del nostre grup i portar-ho a terme en
poques setmanes. Sol.licitar la contribució financera del fons de
solidaritat de la UE per a les catàstrofes naturals greus, especialment
per al temporal Glòria. S’arriba tard, ja que el govern ho hauria
hagut de demanar en les properes 12 setmanes posteriors a aquest
temporal. Es demanava un calendari per a la resolució de les sol.licituds
i la simplificació dels tràmits, tenint en compte els més antics,
pendents de resoldre. La firma del conveni específic estat-Generalitat,
al qual la ministra va fer referència en la seva intervenció en el ple
del juliol. Establir una línia de finançament estatal per preparar les
obres publiques, desenvolupaments urbanístics i infraestructures
hidràuliques en vista dels escenaris de canvi climàtic i tenint en compte
els creixents riscos de fenòmens externs. Promoure estratègies per a
despenalitzar les ciutats amb incentius a la captació d’aigua de
pluja, alimentant els aqüífers i reduint el que col.lapsa el sanejament i
genera abocaments directes, sense depurar, quan hi ha tempestes. Crear
una línia estatal d’ajudes territorialitzades per a municipis,
de 200 milions d’euros, per a l’atenció de catàstrofes
naturals. I elaborar un pla estratègic, en col.laboració amb la
Generalitat de Catalunya, per a la protecció del Delta de l’Ebre,
davant dels reptes del canvi climàtic, la reducció del cabdal, i el
dèficit de sediments. Aquests acords que portem avui aquí a debat i a
aprovació són molt necessaris per als municipis afectats i esperem que la
resta dels grups també ho vegin així.


Moltes gràcies.


Gracias presidenta.


Senadores, senadoras, presentamos hoy esta moción consecuencia de
interpelación que hizo mi compañero Jordi Martí en el último Pleno de
julio. Este año 2020 ha sido un año especialmente duro, complicado y
excepcional para todos, también para las entidades locales, la
Administración más cercana al ciudadano, el primer lugar donde los
vecinos y vecinas se personan para explicar y buscar soluciones; una
Administración castigada desde siempre, pero este año 2020 está sufriendo
más que nunca.


Empezamos primero con la resaca de los temporales en la península y
en el Mediterráneo, DANA y Cecilia en otoño de 2019. Cuando todavía no se
habían recuperado, llegó el temporal Gloria, que dejó a su paso un rastro
desolador en el País Valenciano, Cataluña, Aragón, las islas. Los daños
materiales se cuantifican con decenas de miles de euros, sin contar las
personas que perdieron la vida. Son muchos los municipios que todavía a
día de hoy esperan respuestas y concreciones sobre las medidas técnicas
necesarias para hacer frente a los efectos de los temporales. Muchos de
estos municipios tuvieron que asumir por necesidad imperiosa las tareas
de reconstrucción, reparación, mejora y acondicionamiento de los daños
sufridos para poder hacer frente a una temporada de verano ya muy
complicada de por sí. Esto ha alterado el equilibrio financiero y
presupuestario de estos ayuntamientos y les ha situado en una posición
financiera delicada. Además, si sumamos el gasto, todo esto hace que se
tengan que presentar medidas económicas extraordinarias.


Las dinámicas causadas por el cambio climático hacen que preveamos
situaciones extremas en el futuro y hace que nos tengamos que preparar.
Por eso, instamos al Gobierno español a algunos acuerdos: aprobar un
nuevo real decreto para incluir todas estas zonas afectadas que quedaron
fuera del Real Decreto 11/2019, con la publicación y aprobación del Real
Decreto 78/2020. Agradecemos la agilidad del Gobierno, porque lo
solicitamos y lo llevaron a término en pocas semanas. Además, también
pedimos un plan financiero de la UE para catástrofes naturales graves,
especialmente para el temporal Gloria. Llegamos tarde porque se tenía que
haber pedido en las doce semanas posteriores al temporal; calendario para
las solicitudes y simplificación de los trámites, teniendo en cuenta los
más antiguos pendientes de resolver; firma del convenio específico
Estado-Generalitat, al que la ministra se refirió en su intervención en
el Pleno de julio; línea de financiación estatal para preparar las obras
públicas, desarrollo urbanístico, infraestructura hidráulica, en vista de
los escenarios de cambio climático y teniendo en cuenta los riesgos de
fenómenos extremos; promover estrategias para poder ayudar a las ciudades
a la captación de agua de lluvia, más acuíferos, sabiendo también que
todo esto plantea problemas de saneamiento; ayudas para municipios de 200
millones de euros para minimizar el impacto de catástrofes naturales;
plan estratégico con la Generalitat de Cataluña para la protección del
delta del Ebro ante los retos del cambio climático y también déficit de
sedimentos. Todo esto que hoy traemos a debate aquí para su aprobación es
muy necesario para los municipios afectados y esperamos que el resto de
grupos también lo vea así.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cervera
Pinart.


El señor CERVERA PINART: Moltes gràcies.


Mirin, la meva primera intervenció en aquesta cambra es va produir el
passat 11 de febrer d’aquest any. El motiu fou la defensa
d’una esmena de modificació presentada pel Grup Parlamentari
Socialista relativa a pal.liar els danys produïts pels temporals
d’aquells darrers mesos i que en aquell moment teníem molt
presents, especialment el pas del Glòria del mes de gener.


Avui, des de Junts per Catalunya, tornem a presentar una esmena. En
aquest cas, es tracta d’una esmena d’addició. La moció
conseqüència d’interpel.lació del grup d’Esquerra
Republicana-Euskal Erria Bildu sobre mesures econòmiques concretes de
recolzament als municipis i entitats locals per afrontar els efectes de
la DANA i els temporals Cecília i Glòria. I deixi’m dir que hem
presentat una esmena d’addició perquè, des de Junts per Catalunya,
compartíem la totalitat de la moció presentada inicialment, com també
compartim la que finalment han transaccionat, malgrat no haver estat
convidats a parlar-ne ni a participar-hi i constatar que concreta menys
que la primera. I, en aquest sentit va la nostra esmena. Perquè, si volem
parlar de la necessitat d’aplicar mesures econòmiques, i veient
quina està essent l’evolució dels compromisos assumits pel gobierno
del estado des del passat febrer, i coneixedors que a això cal sumar-hi
la crisi sobrevinguda i generada per la COVID-19, doncs resulta evident
que es fa més necessari que mai retirar el Reial Decret Llei 27/2020 de 4
d’agost i autoritzar les corporacions locals a utilitzar els seus
romanents de tresoreria sense condicions. Perquè, com diu la moció
presentada i defensada per la senadora Perez, la necessitat de
reconstruir els desperfectes generats pels temporals ha posat molts
ajuntaments en situacions financeres complicades. I els hi ha posat
perquè han hagut d’avançar diners en alguns casos promesos i en
d’altres perquè era necessari fer actuacions que no podien esperar
i per les que, de moment, no han arribat els recursos i no sabem quan ho
faran.


I, en aquests moments, aquesta manca de recursos el que fan és
dificultar el finançament per a l’aplicació de mesures necessàries
per fer front, a nivell local, a la crisi social generada per la COVID-19
i a la reactivació econòmica dels municipis afectats per aquests
temporals.


Moltes gràcies.


Muchas gracias.


Mi primera intervención en esta Cámara se produjo el 11 de febrero de
este año. El motivo fue la defensa de una enmienda de modificación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a paliar los
daños producidos por los temporales de esos últimos meses, que en ese
momento teníamos muy presentes, especialmente el paso del Gloria el mes
de enero.


Hoy, en Junts per Catalunya volvemos a presentar una enmienda, en
este caso, se trata de una enmienda de adición a la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu sobre medidas económicas concretas de apoyo a los municipios
y entidades locales para hacer frente a los efectos de la DANA y los
temporales Cecilia y Gloria. Y déjenme decir que hemos presentado una
enmienda de adición porque en Junts per Catalunya partíamos de la
totalidad de la moción presentada inicialmente, como también ocurre con
la que hemos transaccionado a pesar de que no hemos sido invitados a
hablar de ello ni tampoco a participar y tras constatar que concreta
menos que la primera. Y en este sentido va nuestra enmienda, porque si
queremos hablar de la necesidad de aplicar medidas económicas y vemos
cuál está siendo la evolución de los compromisos asumidos por el Gobierno
del Estado desde el pasado mes de febrero y a eso sumamos la crisis
sobrevenida generada por la COVID-19, resulta evidente que se hace ahora
más necesario que nunca ver qué ocurre con el Real Decreto Ley 27/2020,
de 4 de agosto, y autorizar a las corporaciones locales a actualizar sus
remanentes de tesorería sin condiciones. Porque, como dice la moción
presentada y defendida por la senadora Pérez, la necesidad de reconstruir
los desperfectos generados por los temporales ha puesto a muchos
ayuntamientos en situaciones financieras complicadas, y ha sido así
porque han tenido que avanzar dinero a veces prometido y, en otros casos,
porque era necesario hacer actuaciones que no podían esperar y por las
que todavía no han llegado los recursos y no sabemos cuándo van a
llegar.


En estos momentos, esta falta de recursos lo que hace es dificultar
la financiación para la aplicación de medidas necesarias para hacer
frente, a nivel local, a la crisis social generada por la COVID-19 y para
la reactivación económica de los municipios afectados por estos
temporales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el senador
Marín Gascón. Tienen, para las dos intervenciones, seis minutos. Les
ruego que procuren ajustarse al tiempo.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, casi un año después de los daños provocados por la DANA en
el mes de septiembre del año pasado, llega el reparto del fondo de
solidaridad de la Unión Europea, del que la Región de Murcia recibirá
solo 2,3 millones de euros. Dicho reparto no es proporcional con las
pérdidas ocasionadas por el peor temporal de lluvia de los últimos ciento
cincuenta años. Los ayuntamientos afectados, como Los Alcázares, San
Javier, San Pedro del Pinatar, han valorado en 10,7 millones de euros el
valor de las obras de emergencia que tuvieron que ser realizadas tras el
impacto de la DANA, por lo que los 2,3 millones de euros que recibe
Murcia solo amortizan la quinta parte de los gastos ocasionados.


La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, todos los años, en el
mes de septiembre, se ve afectada por fuertes lluvias que suelen afectar
a las mismas zonas, y, en septiembre de 2019, fue una de las comunidades
más afectadas por la DANA y, en cambio, solo obtiene el 4 % de los fondos
asignados por Bruselas, lo que es totalmente insuficiente y no
proporcionado.


La comunidad autónoma de Murcia ha invertido ya, solo en reparaciones
urgentes de carreteras regionales, la cantidad de 4,7 millones de euros,
por lo que consideramos injusto dicho reparto.


Por ello, presentamos esta enmienda de adición que exige al Gobierno
que el reparto de los fondos procedentes del fondo de solidaridad de la
Unión Europea se realice con criterios de equidad, solidaridad y
cumpliendo el principio de subsidiariedad que promulga la Unión Europea.
Esperamos que nuestra enmienda sea aceptada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra la senadora Martín Larred.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidenta.


Cuando nos convertimos en senadores, no lo somos solo por el
territorio que nos elige, sino por todo el país. Por eso nos extraña que
en los motivos de la moción no aparezca Aragón, cuando además el
presidente estuvo visitando las zonas afectadas por la borrasca
Gloria.


También nos llama la atención que, después de aprobar una moción
sobre este mismo tema, se vuelva a sacar ahora; da la sensación de que
aprobamos mociones y luego no sirven para nada.


Y, por último, pedimos agilizar los trámites administrativos en
concesión de ayudas ante este tipo de catástrofes para que los ciudadanos
puedan acometer las reparaciones lo antes posible, ya que para ellos
supone un daño personal y, sobre todo, material en sus viviendas y en sus
posesiones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora
Berenguer Llorens.


La señora BERENGUER LLORENS: Hola, bona vesprada a tots. Benvinguts,
vinguen en color més claret, més bronzejat, em dona exactament igual.
Espere que tots estiguen bé i que les seues famílies també. Jo crec que
és allò que entre tots de veres desitgem. Per tant, benvinguts.


Ací, estem precisament parlant d’una moció en un dia que està
afectat la DANA a les nostres poblacions, que pareix que esta vesprada va
a incrementar-se. Per tant, és un dia per a parlar d’això.
M’hauria agradat parlar d’una altra manera però bé, és allò
que tenim.


Nosaltres, el Partit Socialista, presentàrem una esmena perquè
realment quant estiguérem revisant la moció que presentava Esquerra
Republicana-Bildu detectàvem una sèrie de coses que, d’entrada, no
ens quadraven massa. Una, la primera, perquè es parlava de publicar un
decret, decret que es publicà en el mes d’agost —ells ho
feien en el mes de juliol— i una altra sèrie de coses, de
circumstàncies, que no s’acoblaven exactament. I, fonamentalment,
una que parlaré quan estiguem parlant de les esmenes. Per tant, en
redactàrem una altra, que la passàrem, no ha pogut fer-se la
transaccional, però bé explique molt ràpidament en què consistia
l’esmena: primer, en impulsar en una major celeritat la resolució
de totes les sol·licituds de subvencions i ajudes econòmiques per fer
front a tots els danys ocasionats en la DANA, la borrasca Cecília, el
temporal Glòria en totes les zones de les Illes Balears, de Catalunya,
d’Aragó, de la Comunitat Valenciana, i de totes aquelles zones que
han estat afectades; aplicar criteris d’accessibilitat i
transparència en els procediments de concessió de subvencions en els
futurs desastres naturals; i acordar i signar en el més breu termini
possible el conveni específic en l’Estat i la Generalitat per a
cooperació econòmica en els temporals de DANA del 2019, Cecília i
Glòria.


Volíem promoure, evidentment —això ja estava en la proposta que
feia Esquerra— estratègies de permeabilitzar les ciutats.
S’havien fet també ja obres, en este cas, en les línies
d’ADIF, per a millorar el drenatge cap a futurs problemes de
desastres naturals i allò que demanàvem nosaltres o afegíem impulsar
d’ofici i en tota la celeritat possible tràmits i autoritzacions
pressupostàries necessàries per a la concessió d’ajudes per totes
estes catàstrofes. Fonamentalment, ací teníem un problema perquè
inicialment es demanava assignar una quantitat del pressupost a estes
comunitats habitualment afectades. Açò nosaltres no ho trobàvem perquè és
una forma de constrènyer el pressupost perquè no sabem exactament quina
serà la comunitat que estarà afectada cada vegada més. Per això volíem
impulsar d’ofici eixa tramitació; evidentment, tramitar-la al fons
de solidaritat però no constrènyer que els diners estigueren destinats a
una comunitat que, per enhorabona, no estava afectada. Per tant, eixe era
un punt que no havíem arribat a l’acord, esperem poder arribar-hi i
continuar treballant-hi.


I després acceptàvem, per suposat, elaborar el pla estratègic en tota
la resta de comunitats i Administracions públiques per fer tot una
anàlisi morfològica i mediambiental del delta de l’Ebre. Afegíem, a
més, elaborar un estudi integral de tot el litoral, en coordinació en les
administracions i tots els agents implicats i destinar i dissenyar una
estratègia clara d’actuacions front al canvi climàtic i la
regressió de la costa, que ens afectarà dins de poc.


Fa uns anys, jo he sigut regidora molts anys, i comentava
l’altre dia que ara disfrute de la pluja; abans a soles mirava si
el col·lector funcionava, si alguna cosa se n’havia eixit i on
estava el problema. I, sobretot, quan arribava finals d’agost i
primers de setembre teníem d’estar mirant perquè arribava la gota
freda que teníem aleshores i ara hem d’estar preocupats per unes
altres coses.


De tota manera, tinguen per segur que este Govern actuarà amb la
màxima celeritat i transparència, en eficàcia, a suplir totes les
necessitats que tenen les autonomies, municipis, diputacions, pels
desastres naturals, en ajudes directes, i no en préstecs via FLA com es
feia fa uns anys que s’havien de tornar. Evidentment, eixa no és la
forma, perquè nosaltres volem treballar directament per a les
persones.


Ha sigut un plaer treballar amb vostès encara que no hem pogut
arribar a l’acord però ha sigut un plaer i això sempre ens dona la
seguretat que podrem continuar treballant i que, de segur, continuarem
treballant.


I a soles dir-li una cosa perquè abans una companya seua —crec
que em queda molt poquet— ha fet referència a un poeta que és un
dels meus favorits. Per tant, no puc més que tancar esta intervenció
dient, efectivament: «Dona’m la mà per fer camí, en el gran llac
dels somnis, i dona’m el cor per compartir projectes i esperances»,
que és allò que anem a fer.


Bon dia a tots i moltes gràcies. (Aplaudiments).


Hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Más o menos bronceados, espero que
todos estén bien y que sus familias también. Yo creo que es lo que todos
de verdad deseamos. Por tanto, bienvenidos.


Estamos hablando de esta moción precisamente en un día en que
nuestras poblaciones están siendo afectadas por la DANA y parece que está
tarde se incrementará. Por tanto, es un día para hablar de esto. Me
hubiera gustado hablar de otra forma, pero es lo que tenemos.


Nosotros, el Grupo Socialista, presentamos una enmienda porque,
cuando estuvimos revisando la moción que presentaba Esquerra
Republicana-Bildu, detectamos algunas cosas que no nos cuadraban mucho de
entrada, la primera, que se hablaba de publicar un decreto que se publicó
en agosto —ellos lo hicieron en julio— y otra serie de cosas
y circunstancias que no se acoplaban exactamente —me explicaré
cuando hablemos de las enmiendas—. Por tanto, redactamos otra. No
se ha podido hacer la transaccional, pero explico muy rápidamente en qué
consistía la enmienda: impulsar con una mayor celeridad la resolución de
todas las solicitudes de subvenciones y ayudas económicas para hacer
frente a todos los daños ocasionados en la DANA, la borrasca Cecilia y el
temporal Gloria en todas las zonas de las Islas Baleares, de Cataluña, de
Aragón, de la Comunidad Valenciana y de todas las zonas afectadas;
aplicar criterios de accesibilidad y transparencia en los procedimientos
de concesión de subvenciones en los futuros desastres naturales, y
acordar y firmar lo antes posible el convenio específico entre el Estado
y la Generalitat para la cooperación económica en los temporales de DANA
y Gloria en 2019 y 2020.


Queríamos, evidentemente, promover —esto ya estaba en la
propuesta de Esquerra— estrategias para impermeabilizar las
ciudades. Se habían hecho ya obras, en este caso en las líneas de ADIF,
para mejorar el drenaje ante futuros problemas de desastres naturales, y
nosotros añadíamos impulsar, de oficio y con toda la celeridad posible,
los trámites y actuaciones presupuestarias necesarias para la concesión
de ayudas para estas catástrofes. Fundamentalmente, aquí tenemos un
problema porque lo que se pedía inicialmente era asignar una cantidad del
presupuesto a estas comunidades habitualmente afectadas. Esto no nos
parecía bien porque es una forma de constreñir el presupuesto, dado que
no sabemos exactamente cuál será la comunidad que estará afectada. Por
eso, nosotros queríamos impulsar de oficio esta tramitación;
evidentemente, tramitarla con el fondo de solidaridad pero no
constreñirla a una comunidad que por suerte podía no estar afectada. Este
es un punto sobre el que no hemos llegado a acuerdos. Esperamos poder
llegar y continuar trabajando en él.


Aceptamos, por supuesto, el plan estratégico con el resto de
comunidades y administraciones públicas para hacer un análisis
morfológico y medioambiental del delta del Ebro. Añadíamos, además,
elaborar un estudio integral de todo el litoral, en coordinación de las
administraciones y los Estados implicados, y diseñar una estrategia clara
frente al cambio climático y la recesión de la costa.


Yo he sido regidora mucho tiempo y ahora disfruto de la lluvia; antes
solo miraba si el colector funcionaba, si algo se había salido y dónde
estaba el problema y, sobre todo a finales de agosto, principios de
septiembre, teníamos que estar mirando porque llegaba la gota fría que
teníamos entonces; ahora tenemos que estar preocupados por otras
cosas.


De todas formas, tengan por seguro que este Gobierno actuará con la
mayor celeridad y transparencia posible para suplir todas las necesidades
que tienen las comunidades, municipios y diputaciones por los desastres
naturales, mediante ayudas directas y no vía FLA como se hacía antes, que
ese dinero se tenía que devolver. Nosotros queremos trabajar directamente
para las personas.


Ha sido un placer trabajar con ustedes. Aunque no hemos podido llegar
a un acuerdo, ha sido un placer y esto nos da la seguridad de que
podremos continuar trabajando.


Me queda poquito tiempo y solo quiero decir una cosa antes. Una
compañera suya ha hecho referencia a un poeta que es uno de mis
preferidos y, por tanto, para cerrar la intervención no puedo más que
decir: «Dame la mano para hacer camino, el gran lago de los sueños, y
dame el corazón para compartir proyectos y esperanzas», que es lo vamos a
hacer.


Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias.


Tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Popular, señor
Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias.


Señorías, como decía la señoría del Partido Socialista, no podemos
empezar esta intervención sin mostrar nuestra solidaridad y compromiso
con los ciudadanos que, especialmente en estos días, están de nuevo
sufriendo afectados por los efectos de las DANA, que ya empiezan a
visitarnos siempre a partir de finales de verano. También quiero mostrar
nuestra solidaridad y compromiso con los ayuntamientos afectados en los
últimos años por las DANA, por borrascas y por tormentas, devastadoras
todas ellas, además de por las borrascas Gloria y Cecilia, y que no han
recibido ni un euro hasta hace apenas unos días. Desde Galicia, hasta
Murcia, desde Cataluña hasta Andalucía, más de un año van a tardar en
cobrar las empresas que de inmediato se pusieron a trabajar ante la
llamada de los ayuntamientos para poner de nuevo en marcha
infraestructuras esenciales y básicas, en definitiva, para devolver la
normalidad a la vida de millones de ciudadanos. Como decía, han estado a
la espera de cobrar durante un año por sus trabajos en unos ayuntamientos
que, por desgracia, están teniendo muchos más gastos que ingresos. Y digo
ayuntamientos que acaban de recibir sus primeros euros, porque las
comunidades autónomas ni eso.


Señorías del Grupo Esquerra-Bildu, presentan una moción, en nuestra
opinión, insuficiente, parcial y, como ha reconocido, extemporánea en
algunos apartados, que se preocupa principalmente de Catalunya y con
menos intensidad de las Islas Baleares y entiendo que también de
Castellón, Valencia y Alicante, de la Comunidad Valenciana, porque,
cuando la Comunidad Valenciana se nombra de otro modo, solo se puede
generar confusión con relación a las provincias a las que se
refiere.


Como decía, es una moción incompleta en cuanto a su ámbito de
actuación y zonas afectadas, e insuficiente en cuanto a los temporales
que recoge. De hecho, el propio real decreto publicado el 25 de agosto
por el Gobierno de España recoge la totalidad de los fenómenos
atmosféricos que han afectado a toda España, por lo que no podemos más
que sorprendernos por algunas enmiendas que hemos leído, presentadas por
el Partido Socialista, y que dejan fuera borrascas que han afectado
prácticamente a la totalidad del territorio español.


Es por eso por lo que presentamos diez enmiendas que voy a resumir
brevemente. La primera pide extender al resto de España, a la totalidad
de los municipios afectados, las propuestas que incluye la moción. Las
borrascas no entienden de comunidades autónomas, no son selectivas ni se
pueden hacer selectivas, ni aunque se quieran hacer selectivas se pueden
hacer. Por eso proponemos incluir la totalidad de las borrascas para este
periodo de tiempo y en todos los municipios afectados, poner énfasis en
el pronto pago ante catástrofes naturales, especialmente en municipios,
ayuntamientos cuyos recursos ya sencillamente no existen, y también que
participen en la comisión de coordinación, como dice la ley, algo que no
está ocurriendo.


También pedimos la protección para la totalidad de los ecosistemas
singulares, poniendo en marcha planes de actuación, no solo para el Delta
del Ebro, sino también para la Albufera de Valencia o para el Mar Menor,
en Murcia, con ese Plan Vertido 0, que debe activarse ya. Solicitamos que
la inacción o incluso el freno, el stop que el Gobierno aplica también a
las comunidades autónomas y, por ende, a los municipios, se resuelva por
indicación de esta Cámara. Asimismo, instar al Gobierno a autorizar los
préstamos que desde el Banco Europeo de Inversiones tenían preconcedidos
algunas comunidades autónomas, como Murcia. Y la simplificación y el
pronto pago de las ayudas.


Frente a las palabras del actual Gobierno, quiero reivindicar las
actuaciones que se llevaron a cabo por parte del Gobierno del Partido
Popular y que se actualicen y mantengan las estrategias de mitigación del
cambio climático. Pedimos que se reactive la Estrategia de protección del
litoral, que ya existe, ante el cambio climático, aprobada en diciembre
de 2015. Y proveer también de ese fondo extraordinario de 200 millones a
los municipios para dotarles de los recursos necesarios, pero sin
localización. No hay fronteras territoriales para las borrascas y, por
tanto, no se pueden dividir por territorios.


En definitiva, estas enmiendas van dirigidas a preservar los
principios de solidaridad, equidad e igualdad de trato en todo el
territorio español.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa
la Presidencia).


El señor MULET GARCÍA: Bona vesprada a la poca gent que estem en
estos moments.


La veritat és que, com hem comentat, estem en este moment, parlant
dels efectes d’un temporal, en ple temporal, que estem ara tots
pendents del mòbil a vore què està passant en el País Valencià
—País Valencià, sí—, Catalunya, les Illes, tot el litoral
mediterrani perquè, desgraciadament, des que estem en esta Cambra
—almenys nosaltres, Compromís— tots els anys hem
d’estar parlant dels efectes d’eixos temporals. I tots els
anys és el mateix, la mateixa història, es repeteixen, i cada vegada més.
I ara quan ve setembre estem tots patint a vore què passarà, a vore a on
farà mal. I, desgraciadament, açò anirà a més, açò és un efecte més del
canvi climàtic i més quan tots els experts posen el País Valencià en
l’epicentre dels efectes d’eixe canvi climàtic. Per tant,
sempre estem igual: lamentant-nos que les ajudes que ha promès el Govern
no apleguen en temps i forma i no han aplegat encara quan ja ha vingut un
següent temporal, perquè hi ha anys que se n’ajunten dos o tres, i
aixina contínuament.


Per tant, a banda de demanar això, de demanar recursos per a fer
front, hauríem de començar també a replantejar-nos seriosament quina és
la política urbanística que s’ha tingut en el nostre litoral.
Perquè ací estem parlant clar de danys materials però són danys materials
a les persones, estem parlant també de vides humanes, estem parlant
d’economies domèstiques, estem parlant de gent que ho perd tot en
qualsevol temporal i cal no oblidar-nos que no és únicament la costa
perquè sempre quan venen els temporals és molt espectacular vore un
passeig marítim trencat, vore com la mar s’ha menjat un poblat
mariner però recordem que el temporal Glòria va fer molt de mal també a
les comarques de l’interior, que són sempre les grans
oblidades.


Per tant, nosaltres, entre les esmenes que hem presentat, perquè
entenem que vostès han de presentar esmenes demanant solucions per a
Catalunya, nosaltres pensem que estem al Senat de l’Estat espanyol,
i haurien de ser ajudes a totes les comunitats autònomes afectades i allò
que volem és el mateix tracte per part del Govern. No volem que el Govern
d’Espanya tinga convenis específics amb la Generalitat de Catalunya
i no els puga tindre en la Generalitat Valenciana, pensem que ens
mereixem el mateix tracte justament quan el temporal Glòria, del qual
estem parlant, els seus efectes van ser prou més violents en el País
Valencià que no en Catalunya. I no és una competició, a vore on va fer
més mal perquè el següent temporal pot ser a la inversa. I pensem que fa
falta una resposta per a totes les comunitats autònomes. Revisar eixe
model urbanístic que durant tants anys han mantingut tant Partit Popular
com Partit Socialista, que es pensaven que la costa podia admetre tot el
formigó possible, eixa política de PAIs bàrbars, eixa política de ports
esportius allí on no tocava, d’espigons de manera clientelar perquè
en este ajuntament manen els meus i això allò que acaba fent és desviar
cap al sud el problema de la regressió marina.


Per tant, allò que no podem fer és contínuament, tots els anys,
vindre ací a demanar milions d’






euros per a abocar terra al mar per
a que eixe mar d’ací a quatre o cinc mesos se la torne a endur. O
tenim un política sensata i seriosa de què volem fer en el nostre litoral
o estarem contínuament, cada any, això: depenent qui mana, depenent qui
governa, en tals ajuntament soltarem una barbaritat de milions, que serà
pagar a les grans empreses constructores perquè aboquen material
d’enderroc conforme estem lamentant ara en molts pobles del nostre
País Valencià, que veiem les platges fetes pols perquè s’ha tirat,
directament, material d’enderroc i d’ací quatre mesos, o
d’ací dos mesos, o d’ací un mes no quedarà absolutament res i
tornarem a reclamar ajudes al Govern. Per això nosaltres hem presentat
moltes esmenes, moltes esmenes.


També apuntem quines podien ser les solucions: en lloc de tant
d’espigó, solucions que estan donant-se en altres països europeus
com és l’aplicació del geotèxtil submarí, sabem que cada platja té
una patologia i no és extensible per a tots però pensem que és una
proposta. També mesures per a eixe interior que sempre és el gran
oblidat. Nosaltres fèiem una proposta que es poguera condonar l’IBI
d’estes zones de l’interior, d’una manera que els
ajuntaments que no percebrien eixe impost, que és municipal, pogueren
tindre a canvi una compensació per part de l’Administració central
perquè solen ser sempre els municipis de l’interior els més
castigats, com pel temporal Glòria, els que més problemes econòmics tenen
també i, per tant, una reducció de l’IBI seria realment preocupant
per a la seu tresoreria.


Volem demanar també un pla estratègic per a l’Albufera de
València, igual que vostès lamenten els efectes que tenen els temporals
en el delta, que va ser un escàndol, allò que està passant en
l’Albufera de València és preocupant, és preocupant, i més quan el
Govern central, eixos 28 milions d’euros que tenia per a les
platges del Saler i la Garrofera no els està invertint. Per això, anem a
exigir que s’invertisquen. L’Albufera, com a zona sensible
—i acabe ja— igual que puga ser el delta, està també molt
amenaçada, molt amenaçada també per projectes especuladors i insensats i
insensibles com és el projecte d’ampliació del port de València.
Per això exigim, des d’esta Cambra, repensar-lo i fer-lo un
projecte sostenible.


Gràcies.


Buenas tardes a los pocos que estamos aquí en estos momentos.


Como se ha comentado, estamos hablando de los efectos de un temporal
en pleno temporal, y todos estamos pendientes del móvil para ver lo que
pasa en el País Valencià, en Cataluña, en las islas y en todo el litoral
mediterráneo. Desgraciadamente, desde que estamos en esta Cámara
—por lo menos nosotros, Compromís— todos los años tenemos que
hablar de los efectos de los temporales; y todos los años pasa lo mismo:
se repiten; y cada vez más. Y, ahora, cuando llega septiembre, todos
estamos sufriendo por lo que pasará y pensando dónde hará daño.
Desgraciadamente, esto irá a más, es un efecto más del cambio climático,
y más aún cuando todos los expertos ponen al País Valencià en el
epicentro de este cambio climático. Siempre estamos igual, lamentándonos
de que las ayudas que ha prometido el Gobierno no lleguen en tiempo y
forma, y de que no se hayan recibido cuando llega otro temporal, porque
hay años que se juntan dos o tres. Y así continuamente.


Por tanto, aparte de pedir recursos para hacerlos frente, tendríamos
que comenzar a replantearnos cuál ha sido la política urbanística que se
ha tenido en nuestro litoral, porque aquí estamos hablando de daños
materiales, pero se trata de daños materiales a las personas. Hablamos de
vidas, de economías domésticas, de gente que lo pierde todo en cualquier
temporal, y no hay que olvidar que esto no solo ocurre únicamente en la
costa, porque cuando llegan los temporales es espectacular ver un paseo
marítimo roto o cómo el mar se ha comido un poblado marinero, pero
recordemos que el temporal Gloria hizo mucho daño también a las comarcas
del interior, que son siempre las grandes olvidadas.


Ustedes entienden que tienen que pedir ayudas para solucionar esos
problemas en Cataluña, y con nuestras enmiendas nosotros pedimos ayudas
para todas las comunidades autónomas afectadas. Lo que queremos es el
mismo trato por parte del Gobierno. No queremos que el Gobierno de España
tenga convenios específicos con la Generalitat de Catalunya y no los
pueda tener con la Generalitat Valenciana. Pensamos que nos merecemos el
mismo trato precisamente cuando los efectos del temporal Gloria, del cual
estamos hablando, fueron mucho más violentos en el País Valenciano que en
Cataluña. No se trata de una competición, porque con el siguiente
temporal puede ocurrir al revés. Creemos que hace falta una respuesta
para todas las comunidades autónomas y revisar el modelo urbanístico que
durante tantos años han mantenido tanto el Partido Popular como el
Partido Socialista, que pensaban que la costa podía soportar todo el
hormigón posible, con esa política de puertos deportivos donde no tocaba,
de espigones de manera clientelar porque en este ayuntamiento mandan los
míos... Lo que eso hace es desviar hacia el sur el problema de la
regresión marina.


Lo que no podemos hacer continuamente, todos los años, es venir aquí
a pedir millones de euros para verter tierra al mar, para que ese mar,
después de cuatro o cinco meses, se lo vuelva a llevar. O tenemos una
política sensata y seria sobre lo que queremos hacer con nuestro litoral
o estaremos continuamente, cada año, dependiendo de quién mande, de quién
gobierne en un ayuntamiento. Soltaremos una barbaridad de dinero para las
empresas constructoras para que viertan material, como pasa en el País
Valenciano, porque aquí se ha tirado directamente material. Y dentro de
uno, dos o cuatro meses no quedará absolutamente nada y volveremos a
reclamar ayudas al Gobierno. Por eso, nosotros hemos presentado muchas
enmiendas.


También apuntamos cuáles podrían ser las soluciones, en lugar de
espigones, soluciones de otros países europeos, como la aplicación de
geotextil submarino. Sabemos que cada playa tiene una patología, y esta
podría ser una propuesta. Igualmente, proponemos medidas para el
interior, que es siempre el gran olvidado. Nosotros planteamos que se
pudiera condonar el IVA a esas zonas de interior, de manera que los
ayuntamientos que no percibieran ese impuesto municipal pudieran tener
una compensación por parte de la Administración central, porque los
municipios del interior suelen ser siempre los más castigados. Con el
temporal Gloria son los que más problemas económicos han tenido, y una
reducción del IVA sería muy buena.


Queremos también pedir un plan estratégico para la Albufera de
Valencia. Al igual que ustedes lamentan los efectos que han tenido los
temporales en el delta, que fueron un escándalo, lo que pasa en la
Albufera de Valencia es preocupante, y más aún cuando los 28 millones de
euros que el Gobierno central tenía para las playas de El Saler y La
Garrofera no los está invirtiendo en eso. Queremos exigir que se
inviertan. La Albufera, como zona sensible —y ya acabo—,
igual que lo puede ser el delta, está muy amenazada también por proyectos
especuladores, insensatos e insensibles, como el proyecto de ampliación
del puerto de Valencia. Por eso exigimos desde esta Cámara repensarlo y
hacer un programa sostenible.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Mulet.


A continuación, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve, para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, president.


En primer lloc, vull agrair la gran feinada que han fet els diferents
partits polítics en presentar totes aquestes esmenes. Hem intentat fins a
l’últim moment arribar a un acord transaccional, però no ha estat
possible.


Del grup de Junts, acceptem l’esmena presentada, tot i que no
té gaire a veure amb la moció en concret. I, de fet, d’aquest tema
en parlarem en aquest mateix ple, d’aquí una estona.


Del Grup Parlamentari de Izquierda Confederal acceptem
l’esmena 1, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9 i la 10.


Del Grup Parlamentari Teruel Existe acceptem la 1 i la 4.


I de les esmenes que no s’han acceptat, n’hi ha algunes
molt interessants, que realment mereixerien més estudi. Fins i tot
podríem presentar iniciatives noves. Algunes estaven incorporades a la
proposta de transaccional, que millorava la nostra.


Lamentem que el PSOE hagi presentat una esmena de substitució, fet
que provoca que sigui molt complicat arribar a un acord. Amb esmenes
d’addició i de modificació, fins i tot de supressió, hauria estat
molt més fàcil de parlar-ne, tot i que agraeixo a la senadora Moll i a la
senadora Berenguer, que han portat a aquesta moció la bona comunicació i
la bona intenció d’arribar doncs a aquest acord.


I també agrair al senador Vázquez del PP la bona comunicació i que
lamentem que no hagin volgut arribar a aquests acords de transaccional,
tot i que incorporava bona part de les aportacions que ens havien fet a
les esmenes.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecer el gran trabajo que han hecho todos
los partidos políticos al presentar todas estas enmiendas. Hemos
intentando hasta el último momento llegar a un acuerdo transaccional,
pero no ha sido posible.


Aceptamos la enmienda presentada por Junts, aunque no tiene que ver
demasiado con la moción en concreto. De hecho, de este tema vamos a
hablar dentro de un rato en el Pleno.


En cuanto a Izquierda Confederal, aceptamos las
enmiendas 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10.


De Teruel Existe aceptamos las enmiendas 1 y 4.


Y en cuanto a las enmiendas que no se han aceptado, algunas de ellas
son muy interesantes y merecerían más estudio, e incluso podríamos
presentar iniciativas nuevas. Algunas estaban incorporadas en la
propuesta transaccional, que la verdad es que mejoraba la nuestra.


Lamentamos que el PSOE haya presentado una enmienda de sustitución,
lo que provoca que sea muy complicado llegar a un acuerdo. Hubiera sido
más fácil hablar de enmiendas de adición, modificación o supresión. Aun
así, agradezco a las senadoras Moll y Berenguer que hayan aportado a esta
moción la buena intención y la buena voluntad de comunicación.


También agradezco al senador Vázquez, del Partido Popular, la buena
comunicación, y lamentamos que no haya querido llegar a estos acuerdos
transaccionales, aunque incorporaban algunas de sus aportaciones a las
enmiendas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Pérez Estévez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Marín.


El señor MARÍN GASCÓN: Señorías, la comunidad autónoma Región de
Murcia, como consecuencia de los episodios de fuertes lluvias ocurridos
los días 25, 26 y 27 de agosto de 2019, así como por los graves sucesos
ocasionados por una DANA durante los días 12 a 16 de septiembre de 2019 y
por la borrasca Gloria, durante los días 19 a 24 de enero de 2020, se ha
visto sometida —sobre todo, en el caso de los habitantes de la zona
del Mar Menor— a graves y grandiosos daños, cuya especial
intensidad provocaron inundaciones severas y diversos daños en la costa
en general y, en particular, en varios puntos del dominio público
marítimo-terrestre en los que se hace preciso intervenir sin
demora.


Con fecha 17 de febrero de 2020, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico dictó una resolución por la que se
declaraban de emergencia las obras para reparar los daños en la costa
causados por la borrasca Gloria. En dicha resolución no se incluían los
daños sufridos en la Región de Murcia. Una vez más, la Región de Murcia
quedaba apartada del reparto de fondos.


En Vox, siempre apoyaremos un trato igualitario, solidario y
equitativo para todas las comunidades autónomas, sin diferencia alguna.
Por otro lado, del reparto del Fondo de solidaridad de la Unión Europea
la Región de Murcia solo recibirá 2,3 millones de euros, es decir, solo
el 4 % de dicho Fondo de solidaridad, siendo valorados los daños
ocasionados en 10,7 millones de euros. Dicho reparto es insolidario, pues
no es proporcional con las pérdidas ocasionadas por el peor temporal de
lluvia de los últimos ciento cincuenta años.


Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevoló las zonas
afectadas de la Región de Murcia tras el paso de la DANA, manifestó: No
escatimaré en recursos. Pero a la hora de afrontar la realidad volvemos a
ver un trato injusto para con la Región de Murcia. Por otro lado, en los
últimos días hemos podido comprobar cómo el Gobierno Sánchez no trata por
igual a los ayuntamientos afectados, favoreciendo a los de su mismo signo
político en detrimento de los de signo contrario. En definitiva, vemos
cómo la Región de Murcia está siendo tratada injustamente una y otra vez
en el reparto de fondos procedentes del Estado, lo que puede hacer un
daño irreparable a las tesorerías de los consistorios y a la
Administración regional cuando más falta hacen para mitigar los efectos
de la crisis social y económica provocada por la COVID-19.


Por todo ello, exigimos al Gobierno que todo reparto de fondos y
ayudas se realice con criterios de equidad, solidaridad y cumpliendo el
principio de subsidiariedad que promulga la Unión Europea.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Marín.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, des de l’escó.


I molt breument. Primer, per demanar excuses a la ponent assumint la
meva part de responsabilitat perquè, és evident que no hem parlat prou.
Segon, per agrair que s’incorpori la nostra esmena i, tercer, per
reiterar el vot a favor de Junts per Catalunya a aquesta moció.


Moltes gràcies.


Gracias.


Intervendré desde el escaño y muy brevemente. Primero, para pedir
excusas a la ponente, asumiendo mi parte de responsabilidad, porque es
evidente que no hemos hablado lo suficiente. Segundo, para agradecer que
se incorpore nuestra enmienda. Y, tercero, para reiterar el voto a favor
de Junts per Catalunya a esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Cervera.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies, president.


Cada vegada són més freqüents els fenòmens meteorològics extrems. Ara
mateix, discutim aquest fet i s’està produint una DANA damunt les
Illes Balears. Quan preparava aquest discurs, acabava d’haver-hi un
cap de fibló i un esclafit damunt del meu poble i damunt d’on he
passat tota la meva vida. I, per tant, em pot dir que hem viscut com
aquesta realitat cada dia és més constant. I és més constant perquè no
hem sigut capaços d’atacar les causes. I les causes són el canvi
climàtic, no ens enganyem. Hem d’actuar. I als negacionistes els
hem de forçar a veure la veritat, que són fets i que, si no actuem, cada
vegada seran més freqüents. Per tant, hem d’actuar. Hem
d’actuar contra el canvi climàtic. Però també hem de prendre
mesures per prevenir i per corregir els riscos que cada dia són més
freqüents. Hem de preparar la nostra societat amb una nova cultura del
risc. Una nova cultura del risc que ja hem afrontat amb els incendis
forestals. Però cap vegada, probablement, per les inundacions o per
aquests caps de fiblons. Situacions que cada vegada seran més caòtiques,
més freqüents, més violentes i que cada vegada generaran més risc a la
nostra societat.


Cal treballar des de la planificació, des de l’urbanisme, des
de totes les matèries que fan que les infraestructures es posin sobre el
nostre territori. I cal fer-ho des de la coordinació. I sempre, quan
parlem de la coordinació, parlem de la coordinació dels mitjans que
actuen damunt l’emergència. I no, la coordinació ha de ser prèvia.
En totes les institucions que gestionen el territori. Durant
l’emergència, i per ser el màxim d’eficaços en protegir els
béns i les persones i, sobretot, a la post-emergència. Perquè, després de
la foto, després d’aquella visita institucional, ve la feina de
veritat, la feina de posar-se les botes i treure el fang. I, per tant, en
aquesta post-emergència necessiten el suport els ajuntaments, els petits
ajuntaments. I hem de simplificar. L’altre dia, un alcalde em deia
com he d’afrontar ara jo la declaració de zona catastròfica del meu
municipi. Com puc fer front a aquestes emergències. En aquell moment,
s’estaven mobilitzant camions, excavadores, voluntaris amb serres
mecàniques. Per tant, s’estaven produint despeses. I, és clar que
sí. Era necessari que es fes el més ràpid possible per tornar a una
normalitat. El que hem de fer és que, després, totes aquestes despeses
siguin tornades als pobles. A Banyalbufar, a Valldemosa, a Esporles. I,
per això és important que planifiquem. Una resolució ràpida, unes ajudes
ràpides són les eficaces. Aquelles ajudes que arriben tard no són
eficaces. Les ajudes sobre les quals encara discutim, les de l’any
passat del Glòria, no té sentit. A Eivissa encara no han vist res de
segons quines ajudes que s’havien promès, un any més tard. I això
fa que aquestes ajudes no siguin eficients.


I els explicava que quan preparava aquesta intervenció vivia un cap
de fibló i un esclafit al meu poble. I ho vivia des del vehicle amb la
meva família. Amb el meu pare, la meva mare i la meva germana, baixant
cap al Port des Canonge. I em va passar volant un pi per davant i una
alzina pel costat. I vaig quedar tancat durant 3 hores, 3 hores llargues
d’angúnia, pensant en la meva família. I per això demanem i
agraeixo la sensibilitat d’Esquerra Republicana per acceptar
l’esmena de declarar zona catastròfica Banyalbufar, Esporles i
Valldemosa, els darrers municipis de les illes afectades per un fenòmen
meteorològic advers. Habitatges, més de 700 hectàrees d’un bosc
increïble d’alzines i pins. Un bosc mereixedor de ser el Patrimoni
Mundial de la Humanitat pel seu paisatge. Uns boscos que ens han fet
mereixedors de la figura de Parc Natural. Un orgull del cor de la Serra
de Tramuntana. Ara mateix reduït a res. A pins a terra. A risc
d’incendi. A risc de plagues. L’únic positiu va ser que ningú
no va prendre mal. Miraculosament ningú no va morir. Per tant, lamentant
que no pugui tirar endavant aquesta esmena, però agrairia als companys
del Partit Socialista que facin arribar al govern la petició
d’aquests tres pobles de la Serra de Tramuntana petits que volen
que siguin declarats, com es diu popularment, zona catastròfica perquè
s’ho mereixen, perquè hem de col.laborar amb aquells més
dèbils.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos.
Precisamente mientras estamos discutiendo este hecho se está produciendo
una DANA en las islas Baleares. Cuando preparaba este discurso mi pueblo
acababa de sufrir un temporal, pueblo donde yo he pasado toda mi vida.
Por lo tanto, en pocos días hemos visto cómo esta realidad cada día es
más constante, y lo es, porque no hemos sido capaces de atacar las
causas; y las causas son el cambio climático, no nos engañemos. Tenemos
que actuar, tenemos que forzar que los negacionistas vean que, si no
actuamos, estos hechos cada vez van a ser más frecuentes. Tenemos que
actuar contra el cambio climático, pero también tomar medidas para
prevenir y corregir discursos que son cada día más frecuentes, así como
preparar a nuestra sociedad con una nueva cultura de riesgo, porque hemos
afrontado los incendios forestales, pero también hay que hacerlo en el
caso de inundaciones y todo este tipo de situaciones, que van a ser más
caóticas, más frecuentes, más violentas y van a generar más riesgo para
nuestra sociedad.


Hay que trabajar con la planificación, con el urbanismo, en todas las
materias que hacen que las infraestructuras se impongan en nuestro
territorio. Y hay que hacerlo con coordinación. Cuando hablamos de
coordinación nos referimos a la coordinación de los medios que actúan
sobre la emergencia, pero yo hablo de la coordinación previa entre todas
las instituciones que gestionan el territorio durante la emergencia para
ser lo más eficaces posible y proteger a tiempo a las personas. Y también
hay que hablar de la postemergencia, porque después de la foto, después
de esa visita institucional, viene el trabajo de verdad, el trabajo de
ponerse las botas y sacar el barro. Y en esa postemergencia necesitamos
el apoyo a los pequeños ayuntamientos; y hay que simplificar. El otro día
hablaba con un alcalde, y me preguntaba cómo podía pedir la declaración
de zona catastrófica, cómo hacer frente a toda esa burocracia, qué pasaba
con las excavadoras, con los voluntarios. Era necesario actuar lo más
rápidamente posible para volver a la normalidad, pero todos esos gastos
después se tienen que devolver a los pueblos: a Valldemosa, a
Esporlas… A todos esos pueblos. Por eso hay que clarificar este
tema y actuar rápidamente. Las ayudas rápidas son eficaces, pero aquellas
que llegan tarde no lo son. Todavía estamos discutiendo sobre los ayudas
del año pasado por el temporal Gloria. Eso no tiene sentido. En Ibiza
todavía no han visto nada de algunas ayudas que se le habían prometido, y
eso, un año más tarde, hace que esas ayudas no sean eficaces.


Les he dicho que cuando estaba preparando esta intervención, en Es
Canonge, mi pueblo, viví una tormenta desde el coche, con mi familia: con
mi padre, mi madre, mi hermana. Me pasó por delante, y la verdad es que
quedé bloqueado durante tres horas, angustiado, pensando en mi familia.
Por ello, pido la sensibilidad de Esquerra Republicana y que acepte
nuestra enmienda para declarar a Valldemosa, Banyalbufar y Esporles
también como zona catastrófica. Son zonas afectadas por un fenómeno
meteorológico. Hablamos de más de 1700 hectáreas de un bosque de encinas
y pinos, patrimonio de la humanidad por su paisaje, un bosque por el que
somos merecedores de la figura de parque natural en el Coll de la Sierra
de Tramontana, que ahora se ha reducido a nada: con pinos en el suelo,
riesgo de incendios y riesgo de plagas. Lo único positivo es que nadie
resultó herido ni murió en esa situación. Por esta razón, agradecería a
los compañeros del Partido Socialista que hagan llegar al Gobierno la
petición de que estos tres pequeños pueblos de la Sierra de Tramontana
sean declarados zona catastrófica, porque se lo merecen, porque tenemos
que colaborar con aquellos que son más débiles.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a intentar vocalizar para ver si se me entiende. Parece
que ha habido problemas con el acento murciano, y tenemos que vocalizar
porque algunos no nos entienden. Durante los meses del otoño de 2019 y en
enero de 2020 se han venido produciendo distintos temporales fruto de los
fenómenos conocidos como DANA o depresión aislada de niveles altos que
dejaron a su paso, como todos ustedes saben, numerosos daños humanos,
ecológicos y materiales en varias zonas del país. Y esto es importante:
en varias zonas del país. En este sentido, conviene recordar que no
solamente la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, como figura en la
moción, fueron los únicos territorios que sufrieron graves daños. Tan
importantes como estos, o incluso más, si cabe, fueron los que se
produjeron en la Región de Murcia. No en vano, el presidente del Gobierno
—que ayer compareció aquí, en sede parlamentaria— se vio
obligado a trasladarse en helicóptero a la Región de Murcia para no dar
una imagen de indiferencia ante la tragedia. Que se lo digan a la gente
del Mar Menor, por ejemplo, del municipio de Los Alcázares, que llevan ya
unas cuantas encima.


Pero no solo Murcia, también Castilla-La Mancha, la Comunidad de
Madrid o Andalucía también las han sufrido. Lo cierto es que, más allá de
esta apreciación, por otra parte, imprescindible, de enumerar todos los
sitios, todos los territorios donde esto ha sucedido, si no queremos
faltar claramente a la verdad, muchos municipios y familias de esos
territorios siguen hoy sin recibir las ayudas prometidas por el Gobierno
en virtud de esta circunstancia, por lo que se presenta la iniciativa que
hoy viene a debate.


Por tanto, y resumiendo, vamos a ser buenistas, vamos a ser bien
pensados, señorías, en aras del consenso. Dado que en la parte
propositiva de la moción —que, al fin y al cabo, es lo que
cuenta— no existe la discriminación que sí se plantea en la
exposición de motivos, donde, como ya he dicho, los proponentes solo
hablan de los daños en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares,
dado, repito, que en la parte propositiva no existe esa discriminación,
que sí existe en la exposición de motivos, se podría entender
—vamos a aceptar pulpo— como una apelación al mayor consenso,
focalizando la cuestión en aquellas situaciones más desamparadas y que
todavía hoy no cuentan con la cobertura necesaria para paliar las
situaciones heredadas de esos desastres.


En definitiva, como he dicho antes, vamos a ser bien pensados, vamos
a ser buenistas, vamos a pensar que a ustedes se les han pasado los
hechos acaecidos en esos otros territorios, y nos vamos a quedar con la
parte dispositiva, donde ustedes no discriminan. Por tanto, vamos a votar
a favor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Sánchez López.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Medina.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidente jauna. Arratsalde
on.


Señorías, antes de comenzar mi intervención, y tal como han hecho el
resto de mis compañeros que han intervenido en esta moción, vaya por
delante todo nuestro apoyo y solidaridad para todas las personas que han
sufrido y sufren los efectos devastadores de este tipo de adversidades
climatológicas. Por desgracia, estos fenómenos no son algo puntual, y
sufrimos y vamos a sufrir sus efectos hoy y a lo largo del tiempo.


Hoy debatimos una moción que propone, entre otras cosas, una serie de
medidas económicas y la declaración de zonas gravemente afectadas por
estas catástrofes, es decir, propone aplicar unas medidas que ya fueron
aprobadas en el anterior decreto del pasado mes de agosto de 2019.
Nuestro grupo está de acuerdo con las medidas que se plantean en la
moción, claro que sí, por supuesto, porque cuando ocurren catástrofes de
esta magnitud hay que actuar. Creemos que actuar a posteriori es muy
importante, pero tan importante o más es hacerlo a priori. Lo dijimos en
la moción de septiembre de 2019 con motivo de los desgraciados incendios
de Canarias y lo volvemos a decir ahora. Llevar a cabo actuaciones antes
de que estas catástrofes ocurran podría minimizar mucho su magnitud y las
cifras económicas de las que estamos hablando, porque cuando evaluamos
los daños no hablamos de miles de euros, sino que las cifras se disparan
hasta millones. Eso es una verdadera barbaridad. Los daños que se
producen son de tal magnitud, que ha sido necesario aprobar una serie de
medidas para paliar la situación que han padecido los territorios objeto
de esta moción.


Una vez ocurridos los daños, tanto materiales como humanos, por
desgracia, tratamos de mitigar esas pérdidas promoviendo las ayudas que
se mencionan en la moción, pero también nos queda hacer una reflexión que
va más allá de lo que hoy debatimos: el clima está cambiando, lo tenemos
todos claro. Esa es una realidad que ninguno de los que estamos en esta
sala podemos ocultar. Los temporales a los que se refiere esta moción no
son un fenómeno meteorológico cualquiera y no debemos analizarlos
individualmente, sino globalmente, porque los efectos son dantescos y no
solo en las zonas que cita la moción, porque nadie está libre de
ellos.


En esta moción se insta al Gobierno a que acometa una serie de
medidas económicas principalmente, jurídicas, de protocolos y de
prevención en las zonas concretas en las que se han sufrido esos
devastadores efectos. Estamos de acuerdo, pero como nadie está a salvo de
este tipo de catástrofes naturales, como he dicho, esas medidas deben ser
generalizadas, por lo que las distintas comunidades deben dirigirse por
ese camino. Creemos que es fundamental facilitar, financiar y apoyar que
las diferentes comunidades puedan crear sus propios planes estratégicos
de actuación y de protección ante los efectos del cambio climático, como
así estamos haciendo en el País Vasco.


Para finalizar, quiero poner encima de la mesa esta importante
cuestión. Efectivamente, hay que paliar las consecuencias de los
temporales, pero también hay que poner en marcha medidas que nos hagan
estar preparados para poder minimizar en la medida de lo posible los
efectos de estos fenómenos meteorológicos, que, por desgracia, cada vez
son más frecuentes y graves. Por lo tanto, hay mucho trabajo por
hacer.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Medina.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Bé, gràcies, president.


En primer lloc, i com no pot ser d’






una altra manera, lamentem
que aquesta moció no pugui tirar endavant. Creiem que és una bona moció i
que engloba moltes solucions de problemes reals que pateix
l’administració local. Ens hauria agradat poder debatre amb més
temps una transaccional, que incorporés les millores dels diferents
partits, però no ens ha estat possible. El DANA, la borrasca Cecília, i
sobretot el temporal Glòria, així com els temporals posteriors i fins i
tot els que estem patint a dia d’avui, estan afectant tant al
territori, que està fent impossible tornar als punts d’inici. Els
municipis afectats estan fent esforços ingents per tirar endavant i,
moltes de les actuacions que han portat i estan portant a terme no són
competència seva. Però s’estan veient obligats a fer-se’n
càrrec amb els seus pressupostos per poder tenir el municipi en
condicions acceptables i fer front a una temporada que ja ha sigut
totalment estranya.


Fa un any que s’estan esperant les ajudes promeses. Un any. La
pandèmia provocada pel COVID es pot utilitzar en molts casos, però no es
pot utilitzar per a tot. Just després de la interpel.lació que va fer
aquest grup el passat juliol, es va publicar el decret d’ajudes per
al temporal Glòria —ho celebrem— però no podem seguir anant
tard. Els ajuntaments ens necessiten. Des d’aquest grup, seguirem
treballant, demanant i exigint que es portin a terme les actuacions, els
estudis, les inversions tècniques i econòmiques necessàries, però és el
Govern central que ha d’actuar i ha de donar les solucions adients
de manera àgil, eficaç i eficient. Us demanem que, tot i que aquest moció
no tiri endavant, doncs ho treballeu.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


En primer lugar, como no puede ser de otra forma, lamentamos que esta
moción no pueda salir adelante. Creemos que es una buena moción y que
engloba muchas soluciones ante problemas reales que sufre la
Administración local. Nos hubiera gustado poder debatir con más tiempo
una transaccional que incorporara las mejoras de los distintos partidos,
pero no ha sido posible. La DANA, las borrascas Cecilia y Gloria, así
como los temporales posteriores y los que sufrimos hoy están afectando
tanto al territorio, que será imposible volver a los puntos de inicio.
Los municipios afectados están haciendo esfuerzos ingentes para salir
adelante y muchas de las actuaciones que están llevando a cabo no son
competencia suya, pero se están viendo obligados a hacerse cargo de ellas
con sus presupuestos para poder tener al municipio en condiciones
aceptables y hacer frente a una temporada que ya ha sido totalmente
extraña.


Hace un año que se están esperando las ayudas prometidas. Un año. La
pandemia provocada por el COVID se puede utilizar en muchos casos, pero
no se puede utilizar para todo. Justo después de la interpelación que
hizo este grupo el pasado julio se publicó el decreto de ayudas para el
temporal Gloria. Lo celebramos, pero no podemos seguir yendo tarde,
porque los ayuntamientos nos necesitan. En este grupo vamos a seguir
trabajando, pidiendo y exigiendo que se lleven a cabo las actuaciones,
los estudios, las inversiones técnicas y económicas necesarias, pero es
el Gobierno central el que tiene que actuar y dar soluciones de forma
ágil y eficaz. Les pedimos que, aunque esta moción no salga adelante,
sigamos trabajando en ello.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Pérez Esteve.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Vázquez.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias.


Senadora Elisenda Pérez, le agradezco sus palabras, pero,
desgraciadamente, parte de nuestras enmiendas no tenían espacio en sus
pactos y no podían ser consideradas en esa transaccional. De nada nos
sirve traer esta moción si no es para la totalidad de los municipios
afectados. ¿Para los municipios de Cataluña? Por supuesto. ¿Para los
municipios de las islas Baleares y la Comunidad Valenciana? Por supuesto.
Pero también para municipios en Murcia, especialmente en la orilla del
Mar Menor o en toda la Vega del Segura. Todos recordamos las catástrofes
en Alicante, en la ciudad de Orihuela. En Andalucía, en muchísimas
poblaciones. En Castilla-La Mancha. En Castilla y León. En Galicia. O en
Madrid, como en Arganda. Y sí se discrimina, porque cuando no se
contempla la totalidad de las borrascas se dejan fuera muchas zonas
afectadas que, sin embargo, sí recoge el real decreto que publica el
Gobierno. Recuerdo, por ejemplo, las lluvias de Murcia de los días 2 y 3
de diciembre, que recoge el real decreto del Gobierno; en cambio, en esta
moción quedan fuera. O las tormentas Daniel, Fabien, Elsa... Es decir, sí
existe una discriminación. ¿Para el Delta del Ebro? Claro que sí. Pero
también para otros ecosistemas singulares, como he dicho antes, como la
Albufera de Valencia o el Mar Menor, donde el volumen se incrementó una
brutalidad como consecuencia de la entrada de agua tras la tormenta. Por
tanto, seamos una Cámara territorial que se preocupe de la totalidad del
territorio, como sucede con el Fondo de solidaridad europeo, que no trata
de estar distribuido, sino de estar preparado para que aquellas zonas
afectadas puedan acceder a sus ayudas.


¿Inversiones? Claro que sí, pero sin la letra pequeña, que impide,
por ejemplo, limpiar de lodos un colegio o una biblioteca que se inunda.
Y también inversiones suficientes para ayudar a los ayuntamientos a
recuperarse de ese zarpazo, cada vez más frecuente, como consecuencia de
estas trombas de agua. Y, hablando de frecuencia, los vecinos de mi
comunidad autónoma, de Murcia, de San Javier, de Los Alcázares, de San
Pedro del Pinatar, de Cartagena, de la Vega del Segura, tiemblan ya ante
las previsiones del tiempo para la próxima semana, porque se preguntan:
¿Estamos preparados este año? La contestación es: ¿cómo vamos a estar
preparados si no se ha hecho nada, excepto algunas pequeñas acciones
acometidas por los ayuntamientos o por las comunidades autónomas? ¿Qué
han hecho las confederaciones hidrográficas para prevenir avenidas? Los
expertos están preocupados por las estructuras en el litoral ante nuevas
avenidas. Prevención antes que remedio. La pregunta es: ¿qué ha hecho
Demarcación de Costas? Pues nada.


Esta moción nace para ayudar a los ayuntamientos con estas soluciones
de urgencia, con estas intervenciones extraordinarias, y está bien que se
haga, pero es el momento de que se empiece a hablar de prevención, de
evitar que los temporales provoquen daños reiterados en las mismas
infraestructuras y parajes. Llevamos mucho tiempo señalando los problemas
que genera y que puede generar el cambio climático, pero este Gobierno
lleva pocas medidas concretas para prevenir sus efectos. Tiempo habrá
para debatir en los próximos meses el proyecto de ley que se ha
presentado como el del cambio climático, que ya les anticipo que nos
parece que necesita aún de mucho trabajo, entre otras cosas, porque
también adolece de medidas de protección.


En el año 2015 el Gobierno del Partido Popular aprobó en relación con
la costa la Estrategia de protección del litoral ante el cambio
climático, y ni se está desarrollando ni se aplica lo desarrollado. La
inacción en este frente provoca que estemos tratando continuamente
mociones y propuestas para atender los efectos de los temporales, pero
ninguna para prevenirlos. En este sentido, el camino real de las
soluciones lo inició el Partido Popular y lo tiene parado el Partido
Socialista. Nos trae más eslóganes que actividad. Otra señal de stop o de
peligro es la que acecha en estos momentos, ante posibles temporales, a
la bahía de Portmán si el ministerio de Transición Ecológica no retoma
inmediatamente la ejecución del proyecto que inició el Partido Popular y
que ahora quiere sustituir por el sellado de estériles, lo que,
denunciado por el Partido Popular, ha generado el rechazo de vecinos,
agrupaciones de ecologistas y la totalidad de la sierra minera, que piden
que se retome el proyecto iniciado.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Acabo.


Ustedes han presentado una moción exclusiva, prêt-à-porter para
ustedes, y lo que España necesita es una moción inclusiva y para
todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Moll.


La señora MOLL KAMMERICH: Moltes gràcies, president. Bon dia, o bona
tarda, ja senyores i senyors.


Efectivament, justament en aquest moment en què estam debatent
aquesta moció, estan patint de bell nou els efectes d’una DANA,
especialment als territoris de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes
Balears. És, per tant, ben oportú i necessari aquest debat, no sols sobre
ajudes als territoris afectats, sinó també sobre polítiques ambientals
per evitar en el futur les conseqüències catastròfiques de determinats
fenòmens atmosfèrics extrems o, preferiblement, prevenir-los amb mesures
encaminades a un major respecte pel nostre planeta.


El Ministeri per la Transició Ecològica hi treballa a diferents
nivells, amb projectes i polítiques de mitigació, adaptació i
conscienciació, i molt concretament pel que fa al Delta de l’Ebre,
amb diferents actuacions específiques que ja ha mencionat la meva
companya Mercedes Berenguer. El compromís del Govern de cara al futur amb
la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, per tant, és clar
i ferm. Però la moció també parla de qüestions econòmico-financeres,
d’ampliar subvencions i ajudes i d’agilitzar tràmits per
sol·licitar i rebre aquestes subvencions. La ministra Darias, a la seva
intervenció arran de la interpel·lació, va deixar evident el seu
compromís en aquest sentit. Al mes d’agost ja es va signar un reial
decret ampliant l’àmbit d’aplicació de les mesures previstes
a l’article 9 del Reial Decret 11/2019. Ella també va manifestar
allà mateix que era la primera interessada, evidentment, a simplificar
els procediments per poder fer arribar totes les ajudes als qui les
necessitin.


Estam vivint moments molt durs, difícils, complicats, i el Govern
està actuant en molts fronts, amb mesures per a la reconstrucció
econòmica i social, ERTO, renda bàsica, Ingrés Mínim Vital, ajudes als
autònoms... Tot sense deixar enrere els damnificats per temes com el que
ens està ocupant ara. Són mesures pròpies d’un Govern progressista,
totes elles encaminades a rescatar persones, i no a rescatar bancs, com
fa la dreta en situacions com la que estam patint ara mateix. Tot i així,
la moció d’Esquerra inclou una sèrie de punts que, per qüestions
gairebé més aviat tècniques no ens semblen assumibles. Especialment, els
que bloquegen innecessàriament partides pressupostàries o introdueixen un
criteri discriminatori sobre les taxes de cofinançament reals de la
subvenció estatal.


Vull agrair —com ha fet també la meva companya— a la
senadora Pérez Esteve la bona disposició i l’esforç per intentar
arribar a un acord transaccional que, malauradament, finalment no ha
estat possible. Per això, votarem que no a la seva moció, però jo també
voldria emplaçar-nos a treballar conjuntament en aquest tema, perquè en
el futur sí que pugui sortir un text consensuat sobre una qüestió que ens
preocupa molt a tots.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores.
Efectivamente, en el momento en que estamos debatiendo esta moción se
están sufriendo de nuevo los efectos de una DANA, especialmente en los
territorios de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.
Por tanto, este debate es muy oportuno y necesario, no solo sobre ayudas
a los territorios afectados, sino también sobre políticas ambientales,
para evitar en el futuro las consecuencias catastróficas de determinados
fenómenos atmosféricos extremos o, preferiblemente, prevenirlos con
medidas encaminadas a un mayor respeto por nuestro planeta.


El ministerio para la Transición Ecológica trabaja en ello a
distintos niveles con proyectos y políticas de mitigación, adaptación y
concienciación, y muy concretamente en lo que se refiere al Delta del
Ebro, con distintas actuaciones específicas que ya ha comentado mi
compañera Mercedes Berenguer. Por tanto, el compromiso del Gobierno de
cara al futuro con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio
climático es claro y firme. Pero la moción también habla de cuestiones
económico-financieras, de ampliar subvenciones y ayudas, de agilizar
trámites para solicitar y recibir esas subvenciones. La ministra Darias,
en su intervención a raíz de la interpelación, dejó claro su compromiso
en este sentido. En agosto se firmó un real decreto ampliando el ámbito
de aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real
Decreto 11/2019. Y también manifestó que, evidentemente, era la primera
interesada en simplificar los procedimientos para poder hacer llegar
todas las ayudas a quienes las necesiten.


Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles, complicados, y el
Gobierno está actuando en muchos frentes con medidas para la
reconstrucción económica y social, como los ERTE, la renta básica, el
ingreso mínimo vital, o las ayudas a los autónomos, y todo sin dejar
atrás a los damnificados por temas como el que nos ocupa ahora. Son
medidas propias de un Gobierno progresista, todas ellas encaminadas a
rescatar a personas, no a bancos, como hace la derecha en situaciones
como la que estamos sufriendo ahora mismo. Aun así, la moción de Esquerra
incluye una serie de puntos que, por cuestiones prácticamente técnicas,
no nos parecen asumibles, especialmente las que bloquean innecesariamente
partidas presupuestarias o introducen un criterio discriminatorio sobre
las tasas de cofinanciación reales de la subvención estatal.


Quiero agradecer, como ha hecho también mi compañera, a la senadora
Pérez Esteve la buena disposición y el esfuerzo por intentar llegar a un
acuerdo transaccional, que, lamentablemente, no ha sido posible al final.
Por eso, vamos a votar en contra de su moción, pero les emplazo a
trabajar conjuntamente sobre este tema para que en el futuro pueda surgir
un texto consensuado sobre una cuestión que nos preocupa mucho a
todos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Moll.


Señorías, esta moción, con la adición de las enmiendas aceptadas, que
citaré a continuación, será sometida a votación durante el plazo que la
Presidencia abrirá al concluir el debate de las cuatro primeras mociones.
Enmiendas aceptadas: del Grupo Nacionalista, con número de
registro 48443; del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1 y 4,
con número de registro 48819; y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, números 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10, con número de
registro 48866,.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA ESPAÑA RURAL.


662/000027

GPS


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, lee los puntos 8.
y 8.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): A esta moción se
han presentado veintiuna enmiendas: una del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado; cuatro del Grupo Parlamentario Mixto
—una por iniciativa de los senadores González-Robatto y Marín
Gascón y de la senadora Merelo Palomares; dos por iniciativa de la
senadora Martín Larred y del senador Vicente Egea, y una por iniciativa
del senador José Miguel Fernández Viadero—; siete del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y nueve del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Díaz Muñoz


El señor DÍAZ MUÑOZ: Gracias, presidente.


Señorías, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación es
una prioridad para el Grupo Parlamentario Socialista y para el Gobierno
de España, y así lo recalcó ayer desde esta misma tribuna el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo demuestra la existencia de una Comisión
legislativa para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico en
el Senado, y lo demuestran especialmente, día a día, miles de cargos
públicos del Partido Socialista, que luchan por que nuestros pueblos
tengan vida, que luchan por que haya igualdad de oportunidades entre
todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. (Aplausos).


Señorías, dicen que toda crisis trae consigo una oportunidad. Lo
cierto es que este verano tan atípico que acabamos de dejar atrás ha
demostrado que el medio rural está de moda. Está de moda, como hemos
podido ver por la ocupación de muchas casas que llevaban años vacías en
muchos pequeños municipios de nuestro país. Y está de moda también al
permitir que muchas personas hayan descubierto los muchos valores
culturales y medioambientales que hay en pueblos del interior de nuestro
país, lo que se evidencia con la altísima ocupación que ha habido en
casas rurales, en hoteles rurales, e incluso en campings. Seguramente
muchas de las personas que han disfrutado del medio rural durante este
verano, y que probablemente lo hagan con más asiduidad en los meses que
vienen, se habrán dado cuenta de que, en ocasiones, en esos pueblos es
difícil realizar gestos tan corrientes y comunes como ir al banco para
sacar dinero, actualizar una cartilla, o incluso en algunos casos, a la
hora de la adquisición de servicios, poder pagar con tarjeta de crédito,
un lastre —que lo es— para las empresas que existen en el
medio rural, para los autónomos del medio rural, a los que también hay
que reivindicar; un lastre para esas empresas turísticas que están en
auge; un lastre, en definitiva, que sufren los trescientos sesenta y
cinco días del año los habitantes de pueblos de nuestro país. El
movimiento se demuestra andando, y esta moción es un impulso más en
defensa del medio rural.


Como saben ustedes, la crisis económica y financiera, que ha tenido
unos efectos muy importantes en la estructura bancaria de nuestro país en
los últimos diez años, derivó en una profunda reestructuración del
sector; una reestructuración que ha dado lugar al cierre de miles de
oficinas bancarias fruto de la absorción de bancos, de fusiones, y que ha
tenido un efecto evidente en toda la geografía de nuestro país en
ciudades y pueblos. Pero hay una diferencia entre el cierre en una ciudad
y en el medio rural. Al fin y al cabo, en una ciudad el cierre puede que
no suponga más que tener que ir unas calles más allá a un banco o coger
el autobús urbano. Pero en un pueblo en muchos casos esas fusiones y esos
cierres han supuesto la desaparición total del único banco que existía, y
saben ustedes que en un municipio un banco es muy importante para hacer
las gestiones cotidianas, las del día a día, como las que les he
explicado, al igual que también hay otros centros emblemáticos en
cualquier municipio, como el bar, la escuela o el consultorio médico. En
definitiva, es una reestructuración que ha complicado, y mucho, la vida a
las personas que viven en el medio rural, especialmente a las más
mayores, muchas de las cuales no tienen medio de transporte, lo que en
ocasiones les obliga a desplazarse muchos kilómetros a otro municipio
cercano para poder realizar las gestiones que hacían en su banco o caja
habitual.


Quiero ilustrar esta situación con algunos datos que aporta un
informe del Banco de España del año 2019. En la comunidad autónoma a la
que represento, Castilla y León, un total de 1777 municipios carece de
oficina bancaria. Castilla y León tiene, para los que no lo
sepan, 2248 municipios, luego eso significa que el 15 % de la población
castellano-leonesa no tiene una oficina bancaria cercana a su casa. Voy a
darles datos de otras comunidades autónomas. En Cataluña, un total de 480
municipios no tiene banco, lo que afecta al 4,4 % de la población. En
Castilla-La Mancha estaría afectada el 4,9 % de la población. En Aragón,
el 4,4. Y en Extremadura, el 5,7. Repito que son datos del Banco de
España. Frente a este problema, que es causa y consecuencia la
despoblación, es necesario que se pongan medios para afrontar este
desafío, que también viene recogido en la Estrategia nacional frente al
reto demográfico, que, como saben, fue aprobada en el Consejo de
Ministros celebrado el 29 de marzo de 2019. Por ello, solicitamos la
realización de un estudio en el que las administraciones más cercanas a
los ciudadanos arrojen luz sobre la situación y permita que tengamos un
diagnóstico claro en cada territorio de cuáles son las necesidades, para
que, estableciendo una colaboración público-privada con las
administraciones públicas y las entidades bancarias que existen, se
asegure de una forma u otra que todos los ciudadanos, independientemente
de su lugar de residencia, tengan acceso a este servicio básico.


Hablaba ayer también el presidente Pedro Sánchez desde esta tribuna
de la importancia de la transformación digital. Creo que todos somos
conscientes de que acciones que antes nos llevaban mucho tiempo y nos
obligaban a estar presencialmente en una oficina bancaria hoy se pueden
realizar fácilmente a través de las APP que existen en todas las
entidades bancarias o de aplicaciones cada vez más extendidas, como
Bizum. Esto es algo que tenemos que inculcar, en cuanto a pedagogía, para
que también las personas mayores, aquellas que fundamentalmente habitan
en el medio rural, poco a poco se vayan haciendo con estos medios, que
van a ser cada vez más importantes, se vayan familiarizando con estas
aplicaciones, al igual que lo han hecho con toda naturalidad, como vemos
por nuestros padres y abuelos, con Facebook, WhatsApp, etcétera. Si las
entidades bancarias y las administraciones imparten cursos que permitan a
esas personas adquirir un dominio pleno de esas aplicaciones,
probablemente haya una accesibilidad muchísimo mayor.


Vengo hoy aquí después de haberme reunido, junto con la dirección del
grupo parlamentario, con los presidentes de las diputaciones de Badajoz y
Granada, dos diputaciones que —para quienes no lo sepan—, al
igual que algunos otros municipios y alguna diputación que ya está
empezando a realizar acciones similares, como la de Zaragoza, han puesto
en marcha convenios con entidades bancarias que han permitido que decenas
de pueblos que no tenían banco lo tengan ahora con la simple cesión de un
espacio municipal para que allí, uno o dos días a la semana, vayan
personas de ese banco a atender a los ciudadanos y ciudadanas del medio
rural y les ayuden a hacer esas gestiones. Desde luego, es una muestra
del compromiso que tenemos los socialistas con el medio rural, sobre
todo, cuando gobernamos. Y permítanme que diga esto como castellano y
leonés que observa con rabia e impotencia cómo el Gobierno de la Junta de
Castilla y León, del Partido Popular y de Ciudadanos, se está dedicando
en mi comunidad a cerrar centenares de consultorios médicos y plantea
ahora también el cierre de algunos centros de salud, lo que supone una
merma enorme de los servicios que reciben los ciudadanos y ciudadanas de
mi comunidad y, desde luego, demuestra que son muchos los que tienen cada
vez más prisas por echar el cierre al medio rural estableciendo una
política de tierra quemada que nos va a llevar al colapso o al abismo,
como está ocurriendo en algunos territorios.


Por lo tanto, esta moción pretende dar un horizonte de esperanza a
todos los pueblos, a sus habitantes, que, créanme, en los últimos tiempos
están faltos de buenas noticias que vengan de las administraciones y
están hartos también de los retrocesos en los servicios, lo que ha
agravado la sensación de abandono que existe. Y desde el Senado no lo
podemos obviar. Así pues, todos los responsables públicos, pero mucho más
los que tenemos el honor de conformar esta Cámara territorial, debemos
seguir encomendándonos con más fuerza que nunca a ese mandato. Y siempre
tendrán tendida la mano del Grupo Parlamentario Socialista para aportar
soluciones y dar voz a quienes más necesitan que se les escuche.


Muchas gracias, y quedo a su disposición para enriquecer esta moción.
(Fuertes aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Díaz Muñoz.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista,
tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


És evident que aquest problema que vostès plantegen en aquesta moció
hi és, existeix, i fa dies que ens el trobem a moltes zones rurals, i
també en zones urbanes. De fet, és una paradoxa que hem de poder
treballar, perquè si és cert que moltes vegades en aquesta Cambra apostem
per la digitalització i la modernització, també és cert que, si hi ha un
sector que s’ha digitalitzat i s’ha modernitzat, aquest és el
sector financer. I paradoxalment, estem també aquí per buscar solucions
als efectes d’aquesta digitalització del sector.


Nosaltres hem presentat una esmena perquè, més enllà d’elaborar
estudis —que jo penso que n’hi ha molts—, es tracta de
coordinar el coneixement que hi ha des de la proximitat a cada territori,
d’impulsar mecanismes —que aquí tampoc no es concreta
quins— perquè hi hagi una millor inclusió financera, o
d’afavorir cursos, que semblarien solucions a un problema que
encara ha de venir, tot i que de fet el problema ja el tenim, i fa dies
que està assentat als nostres territoris. Per això, el que nosaltres
demanàvem a la nostra esmena és que s’aturi el tancament de les
oficines i la desaparició dels caixers automàtics, especialment en les
zones petites. I quan li diem això som molt conscients que el Govern no
pot fer això per decret. Això ha de ser mitjançant l’adopció
d’acords que passin per un trànsit en el tancament d’aquestes
oficines, amb una carència i una informació als usuaris, perquè no siguin
tancaments tan dràstics i que resultin traumàtics respecte de la
informació a aquesta població.


Pensem que aquesta esmena no els posa per res en evidència ni
complica la feina que pot tenir el seu Govern si és que el que fan és
apostar directament per buscar solucions reals a problemes reals per al
món rural. Aquesta, però, no és només per al món rural, perquè la
desaparició física de les entitats financeres és també un problema de les
zones urbanes, perquè hi ha gent gran i gent vulnerable a les zones
urbanes que no tenen accés a la digitalització, i en aquest sentit també
se’ls ha d’atendre.


Per tant, la nostra reflexió aquí és que apostem per la
modernització, apostem per la digitalització, també en el món rural. El
problema és: estem preparats? Hem fer la feina de preparar-nos quan
arribi aquesta digitalització? Per això, ja li dic que nosaltres, ens
acceptin o no ens acceptin l’esmena, no posarem pals a les rodes
per trobar solucions a això, però pensem que hem de posar solucions en
aquells llocs on encara podem posar-les. I està a les seves mans. Igual
com es negocia una cosa es pot negociar aquest trànsit endreçat, aquest
trànsit informat i aquest trànsit perquè la gent tingui el temps de
preparar-se, de fer aquests cursos i d’adaptar-se a aquests canvis;
a les zones rurals, però també a les zones urbanes.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Es evidente que el problema que plantean ustedes en esta moción
existe, y no solamente en muchas zonas rurales, sino también urbanas. De
hecho, es una paradoja en la que tenemos que trabajar, porque, si bien es
cierto que muchas veces en esta Cámara apostamos por la digitalización y
la modernización de los sectores, también lo es que si hay un sector que
se ha digitalizado y se ha modernizado es el sector financiero. Y,
paradójicamente, estamos también aquí para buscar soluciones a los
efectos de esa digitalización del sector.


Nosotros hemos presentado una enmienda porque, más allá de elaborar
estudios —yo creo que hay muchos—, se trata de coordinar el
conocimiento que existe por la proximidad a cada territorio, de impulsar
mecanismos —aquí tampoco se concretan— para que haya una
mejor inclusión financiera, o de favorecer cursos, que parecerían
soluciones a un problema que aún tiene que llegar, aunque, de hecho, hace
tiempo que ya existe en nuestros territorios. Por eso, en nuestra
enmienda pedimos que se detenga el cierre de las oficinas y la
desaparición de los cajeros automáticos, en especial en los pueblos
pequeños. Y cuando decimos esto somos muy conscientes de que el Gobierno
no puede hacerlo por decreto, sino que tiene que hacerse mediante la
adopción de acuerdos que pasen por una transición en el cierre de esas
oficinas, con una carencia, con información a los usuarios, para que los
cierres no sean tan drásticos y no resulten tan traumáticos por la
información que se da a estas poblaciones.


Creemos que esta enmienda no les pone en evidencia para nada ni
complica en absoluto la labor que pueda realizar su Gobierno si lo que
hacen es apostar directamente por buscar soluciones reales a problemas
reales para el mundo rural, aunque no solo para el mundo rural, porque la
desaparición física de las entidades financieras es, como he dicho,
también un problema en las zonas urbanas, donde hay gente mayor y
vulnerable que no tiene acceso a la digitalización; y también en ese
sentido se les debe atender.


Por tanto, nuestra reflexión es que apostemos por la modernización,
que apostemos por la digitalización también en el mundo rural. El
problema es si estamos preparados. ¿Hemos hecho el trabajo de prepararnos
para cuando llegue esa digitalización? Por eso, acepten o no la enmienda,
nosotros no vamos a ponerles palos en las ruedas para encontrar una
solución a este problema, pero creemos que tenemos que buscar soluciones
para aquellos lugares donde todavía se puedan implantar. Está en sus
manos. Al igual que se negocia una cosa, se puede negociar esa transición
ordenada, informada, para que la gente tenga tiempo para prepararse, para
hacer esos cursos, para adaptarse a esos cambios en las zonas rurales,
pero también en las zonas urbanas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Rivero.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
empezamos por la defensa de la enmienda del senador Marín Gascón. Tienen
que repartirse seis minutos entre los tres.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en la actualidad existen muchos pueblos de esa España
llamada vacía, vaciada o abandonada en los que el acceso a la
alimentación, a la sanidad, a la educación y a sus recursos económicos es
muy complicado o no existe. Hay 4375 municipios en España, que ocupan
el 53 % del territorio español, que tienen menos de doce personas por
kilómetro cuadrado, lo que sitúa a esas zonas como áreas de riesgo de
despoblación. Son más de 2,5 millones de personas, lo que supone el 5 %
de la población de España.


La escasez de personas hace poco rentable para empresas o gobiernos
brindar según qué servicios. No obstante, como hemos mencionado antes,
existen algunos de los que es imprescindible disponer, como el acceso a
recursos económicos. Según el Banco de España, hay más de un de un millón
de personas que no tienen acceso a sacar su dinero del banco cuando lo
desean o, lo que es lo mismo, hay 3399 municipios que no tienen cajeros
automáticos, lo que representa la mitad de los municipios del Estado
español. Esta es la situación a la que se enfrentan más de 2,5 millones
de personas en su día a día. La gente no quiere vivir en zonas aisladas.
El aislamiento es la clave que diferencia este tipo de territorio.


En España hay casi 4 millones de personas —el 7 % de la
población, según los últimos datos, publicados en 2019— que no
disponen de una conexión de calidad a internet, cuando, según la Agenda
Digital Europea, el objetivo era alcanzar el cien por cien de cobertura
de al menos 30 megabits y un 50 % de velocidad superior a 100 megabits en
enero de 2020. Una comarca que se quede aislada tecnológicamente es una
comarca muerta a corto o medio plazo. En los pequeños núcleos de
población es imposible teletrabajar o seguir una clase on line por el
deficiente sistema de conectividad a internet.


Por todo lo anterior, presentamos esta enmienda de adición, cuya
finalidad es obtener la mayor y mejor cobertura de redes de comunicación
para todos los españoles, que esperamos que sea aceptada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Gracias, senador
Marín.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


El Partido Regionalista de Cantabria va a apoyar esta moción porque
nos parece muy interesante que se traigan iniciativas que sirvan para
facilitar la vida de la gente que está en el medio rural; un medio rural
que necesita del apoyo de las instituciones para salir de la crisis en la
que estamos metidos y que también ha dado a conocer la importancia que
tiene la vida en el campo, la vida en los pueblos.


Nosotros, que, como he dicho y reitero, apoyaremos esta moción, vimos
que podíamos presentar una enmienda de adición para facilitar y promover
la prestación de servicios bancarios en itinerancia, dado que esto ya se
está haciendo en algunas comunidades autónomas, como ya ha dicho el
portavoz del PSOE, que me ha precedido en el uso la palabra. Queríamos
que apareciera reflejado en esta moción, y agradezco al Grupo Socialista
que vaya a aceptar nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Fernández Viadero.


Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Martín
Larred.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias, señoría.


Nos parece muy interesante esta moción, porque estamos de acuerdo en
la necesidad de buscar mejoras para el medio rural. Hay cientos de
pueblos sin un servicio bancario, que es necesario, sobre todo para la
población que mantiene todo el año a nuestros pueblos y que no tiene a su
alcance servicios de transporte accesibles para poder ir al pueblo de al
lado.


En el caso de la presente moción, los servicios financieros son
entidades privadas que no van a abrir una sucursal en cada localidad ni
les resultaría rentable debido al amplio abanico de entidades que
existen. Pero se pueden dar opciones de atención telemática gracias al
desarrollo informático actual. Por ello, hemos presentado dos enmiendas a
la moción que estamos debatiendo. Por un lado, para que, en las zonas en
las que no haya oficina bancaria, el Gobierno, en colaboración con las
comunidades autónomas, diputaciones provinciales, los cabildos y consejos
insulares, ayuntamientos y las entidades financieras, pueda elaborar un
plan de desarrollo y despliegue de redes de cajeros multientidad que
permitan a todos los ciudadanos tener acceso a sus gestiones bancarias
sin que ello suponga un sobrecoste por operación para los usuarios. Pero
no solo se trata de implantar el cajero, sino que, en referencia al
punto 3 de la moción, proponemos que las entidades financieras
desarrollen cursos en el medio rural, con el apoyo de centros de estudios
y escuelas de adultos, que permitan a sus habitantes familiarizarse con
los servicios de banca electrónica y fomentar su uso, con especial
atención a los de mayor edad. Estos centros de formación ya están
instaurados en todo el territorio y no implicarían más coste que el de
impartir la formación en la población de la zona, además de mantener el
personal que deba dar esas clases.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Martín Larred.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Serrano.


El señor SERRANO AGUILAR: Buenas tardes, señor presidente.


Señorías, señor portavoz del Grupo Socialista, está muy bien traer
mociones que beneficien y traten de la problemática del mundo rural, pero
también hay que utilizar otras herramientas importantes, como la Comisión
de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, que lleva, ni más ni
menos, nueve meses sin convocarse y en la que hay decenas de iniciativas
pendientes de debatir. (Aplausos).


El Grupo Popular presenta siete enmiendas de adición con el ánimo de
enriquecer esta moción, de cuyas buenas intenciones no dudamos, porque
entendemos que hay que concretar más en su parte resolutiva con el fin de
intentar dar respuesta y contribuir a solucionar un problema tan
importante como es el de la exclusión financiera en el mundo rural, lo
que sin duda necesita de actuaciones y decisiones inmediatas.


Señorías, el tiempo corre a favor de la despoblación y el
envejecimiento de nuestros pueblos, y sus vecinos necesitan de la
implicación de las administraciones de manera urgente y efectiva. Así,
con las tres primeras enmiendas pretendemos completar los puntos de
resolución de la moción.


En el primer punto de la moción ustedes hablan de elaborar y
colaborar con otras administraciones en un estudio detallado sobre la
situación real de la exclusión financiera. Aquí nosotros añadimos que
este estudio permita desarrollar un marco legal y regulatorio para la
inclusión financiera digital.


En el segundo punto de la moción ustedes hablan de impulsar el empleo
con mecanismos que faciliten la accesibilidad a los servicios
financieros. Aquí nosotros añadimos: «En consecuencia, que el Gobierno se
comprometa a establecer una partida presupuestaria destinada a las zonas
rurales en los próximos presupuestos generales del Estado para impulsar y
ayudar a aquellas personas que no se pueden permitir económicamente usar
el móvil o un ordenador, y para fomentar la banca online.»


En el tercer punto de su moción hablan ustedes de favorecer que las
entidades financieras desarrollen cursos en el medio rural; nosotros
estamos de acuerdo con ello. Aquí nosotros añadimos que exista un
compromiso del Gobierno para establecer también una partida en los
próximos presupuestos generales del Estado para potenciar programas de
educación financiera en relación con los servicios financieros online,
sobre todo entre las personas que, por ser de avanzada edad o por
carencia de formación tecnológica, pueden verse apartadas.


Además de estas tres enmiendas, hemos propuesto otras cuatro nuevas,
de adición, en las que hablamos de impulsar, de acuerdo con las
comunidades autónomas, la modificación de las leyes y reglamentos que
procedan para poder realizar la cesión gratuita del uso del patrimonio
público a entidades interesadas en la instalación de cajeros automáticos
en los municipios rurales. Esta es una enmienda que considero es bastante
importante.


También hablamos de establecer una partida en los próximos
presupuestos que impulse generalizar la instalación de cajeros
automáticos de marca blanca en las localidades afectadas por la exclusión
financiera. Hablamos asimismo de impulsar y promover entre las entidades
financieras el compartir oficinas en las zonas rurales.


Y por último, en nuestra séptima enmienda, hablamos de establecer una
partida en los próximos presupuestos generales del Estado que impulse la
conexión a internet de alta velocidad en el ámbito rural de manera
efectiva.


Creemos que son unas enmiendas asumibles, que complementan y
fortalecen su moción, por lo que esperamos sean aceptadas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Serrano.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal tiene la palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidente.


Es evidente que esta moción, o alguna otra de esta índole, es
necesaria, y no solo por la preocupación que expresaba ayer el presidente
del Gobierno. Yo creo que todas y todos estamos razonablemente inquietos
con el problema de la despoblación de muchos de los territorios del
conjunto del Estado. Y no es tanto porque el mundo rural esté de moda,
sino porque probablemente buscamos espacios donde sentirnos a salvo y
porque en el mundo rural se mantienen, a pesar de muchas incomodidades,
algunas formas auténticas de del bien vivir o de vivir razonablemente
bien; pero tienen problemas y sufren pequeñas desigualdades, como es esta
dificultad para acceder a la utilización de las entidades bancarias, de
las tarjetas de crédito, de las aplicaciones informáticas y digitales
sobre este cometido, pequeñas desigualdades que acaban provocando grandes
e indeseados efectos como la despoblación.


En nuestro caso también hemos presentado nueve enmiendas, una de
modificación y el resto de adición, en un sentido muy parecido a algunas
que se han defendido ya por senadores y senadoras de otros grupos, y en
algún otro sentido un poco más específico. En el caso concreto de
Andalucía, según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 102
municipios andaluces, de los 786 que tiene mi comunidad, carecen de
sucursal bancaria, no tienen ninguna. El Defensor del Pueblo andaluz
emitió una queja en 2018 en la que alertaba de la exclusión financiera de
las áreas rurales de Andalucía. Esta es una dificultad para la vida
cotidiana, especialmente para la vida cotidiana de las personas mayores
que viven en el mundo rural. En ese sentido, y con esa preocupación,
nuestras enmiendas quieren contribuir a abundar en algunos de los
contenidos de la moción y a completar algunos otros.


La primera se refiere a elaborar, en colaboración con las comunidades
autónomas, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y
ayuntamientos, un estudio detallado sobre la situación real de exclusión
financiera en el territorio, especialmente en zonas rurales y remotas,
con especial atención al número de sucursales que han cerrado cada una de
las entidades financieras en el mundo rural, todo ello en aras de
favorecer la transparencia y facilitar a los ciudadanos la información
relevante a la hora de contratar servicios de dichas entidades bancarias
o financieras.


Otra de las enmiendas que presentamos trata de ofrecer a las
entidades financieras incentivos y espacios dentro de dependencias cuyo
titular sean administraciones públicas para facilitar la instalación de
cajeros automáticos que contribuyan a paliar la discriminación que supone
para los vecinos y vecinas de las zonas rurales la imposibilidad de
acceder a un servicio que es básico y que es universal de toda la
ciudadanía.


La tercera se refiere a algo que también han planteado otros
senadores y senadoras, y nos parece particularmente importante; tiene que
ver con formar, con la formación de la población rural y de la población
en general con cursos de digitalización y tecnologías de la información,
para que toda la sociedad disponga de unos conocimientos mínimos sobre
productos bancarios y financieros, con lo cual se puedan evitar futuras
malas praxis que desgraciadamente ya conocemos: contratación de productos
tóxicos como preferentes, créditos rápidos, prácticas usureras, productos
de riesgo, etcétera. También queríamos fomentar desde la Administración
la implantación de oficinas bancarias móviles o itinerantes.


Las fusiones que se han producido en estos últimos años han
propiciado la concentración de sucursales bancarias en las ciudades y han
acarreado el cierre de pequeñas sucursales, de pequeñas oficinas en el
mundo rural, quedando sin servicio muchas localidades del interior. Las
administraciones públicas deberían poner los mecanismos de colaboración
necesarios para fomentar la llegada y la presencia de este servicio para
que las localidades rurales se aseguren este servicio bancario, este
servicio básico, de forma periódica.


Hay alguna otra enmienda que tiene que ver con incentivar la
implantación de datáfonos de las entidades financieras en locales
comerciales sin cobro de comisiones adicionales y sin restricción de
cantidad mínima para facilitar el uso de la tarjeta en las poblaciones
del medio rural.


También hay enmiendas de adición como esta, que tiene carga
ideológica, señorías, pero es nuestro derecho, y que se refiere a aplicar
mecanismos para que las entidades bancarias que fueron rescatadas en 2013
con dinero público y que no hayan devuelto estas cantidades, puedan
compensar parte de la deuda con programas de extensión de servicios
bancarios a zonas sin servicios.


La última es muy de actualidad: garantizar que el proceso de
absorción de Bankia por CaixaBank no suponga la privatización de la parte
pública de Bankia, para que desde esta participación pública se pueda
ayudar a convertir esta nueva entidad financiera en una banca al servicio
de la ciudadanía, especialmente en zonas despobladas sin servicio
bancario


En resumidas cuentas, señorías...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señor presidente. Termino
inmediatamente.


... nuestra intención con la presentación de estas enmiendas es
mejorar en lo posible el texto que trae el Grupo Socialista para su
debate.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora González Modino.


En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Vico para indicar si acepta o no las enmiendas
presentadas.


El señor VICO RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme comenzar con una confesión: supone para mí un
honor, un doble honor, intervenir en el debate de una moción sobre la
exclusión financiera en el mundo rural; y es un honor porque he nacido,
he vivido siempre y lo sigo haciendo en el mundo rural, en un municipio
de apenas 1000 habitantes del norte de la provincia de Granada; es un
honor también porque esta moción se basa en buena medida en una
iniciativa llevada a cabo por la Diputación de Granada.


Decía Sergio del Molino en su libro sobre la España vacía —y
leo textualmente— «No es bueno que parte de la población de un país
se sienta al margen de la marcha de ese país porque sus problemas suenan
extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden
del día.» Pues bien, hoy la intención es que uno de esos problemas, el de
la exclusión financiera, primero, ya no nos suene tan extraño y, segundo,
aparezca —y además lo hace literalmente— en el orden de este
día. Por cierto, no es la primera vez y podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que tampoco va a ser la última, pues este Grupo Socialista
ya trajo el 11 de febrero una moción en la que nuestros portavoces
hablaron de los habitantes del mundo rural como ciudadanos de primera,
como ciudadanos merecedores de servicios dignos, como ciudadanos, en
definitiva, iguales a los del mundo urbano. (Aplausos de los señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista).


Ayer el presidente del Gobierno habló aquí de cohesión territorial
para el mundo rural, que al final no es sino hablar de igualdad, y es que
si hubiese que destacar una idea de fondo que defina esta moción sería
precisamente la idea de igualdad. La preocupación por la igualdad para
nuestro grupo es fundacional, consustancial, transversal. Por ello
trabajamos para que exista igualdad de oportunidades, o lo que es lo
mismo: no discriminación en el acceso a servicios esenciales como puede
ser el financiero.


La moción gira en torno a la idea de igualdad, porque pensamos que
constituye el mínimo común denominador que nos puede unir a todos. Vamos
a aceptar enmiendas de casi todos los grupos y vamos a agradecer el
esfuerzo por sus aportaciones a todos los grupos que entienden esta idea
de igualdad como nuclear. La idea de equidad del vecino rural en relación
a cualquiera adquiere tal fuerza que la mayor parte de los grupos la
respeta; no en vano, la mayoría de las enmiendas son de adición. Por
tanto, es mucho más potente lo que nos une —un principio— que
lo que nos separa —cuestiones técnicas—. Por tanto, apelamos
a poner el énfasis sobre las coincidencias y superar las tentaciones de
viejos y nuevos nostálgicos que piensan en el mundo rural en blanco y
negro.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


El señor VICO RUIZ: Estos nostálgicos añoran los buenos viejos
tiempos, y nosotros debemos componer un ilusionante nuevo tiempo. Estos
nostálgicos —y con esto termino— a veces, es verdad, se hacen
las mismas preguntas que nosotros respecto al mundo rural, pero pocas dan
la misma respuesta.


Muchas gracias. (Aplausos de los señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Vico.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Marín.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, nadie plantea la duda de que la España rural, vacía o
vaciada, tiene grandes necesidades en materia de equilibrio territorial,
brecha digital e infraestructura, así como de servicios económicos,
vivienda, seguridad y cambio de imagen de la vida en los pueblos. La
pérdida de población, sobre todo joven, que sufre el medio rural ha sido
una constante desde hace décadas y provoca, además de pérdida de talento,
un alarmante envejecimiento. También el tejido empresarial y los
servicios esenciales resultan resentidos por esta huida del medio
rural.


Durante todos estos años se evidencia que las actuales políticas de
cohesión territorial no son lo suficientemente eficaces para plantar cara
a estos problemas que se han convertido en endémicos. La brecha social y
económica entre el medio rural y el urbano se ha hecho más patente. Para
reducirla y eliminarla debemos cambiar de políticas, que deben estar
encaminadas a atajar la despoblación y a dotar al medio rural de los
medios suficientes y atractivos para lograr la repoblación. Con ello y
con el impulso a la dotación de infraestructuras necesarias para su
desarrollo, que hasta el momento se han incumplido, como en materia de
infraestructuras, carreteras y ferroviarias, podrá reactivarse la
actividad económica, que es la que será la locomotora de los demás
cambios necesarios, así como ofrecer oportunidades laborales y atraer
población.


En Vox mantenemos que hay que rescatar el medio rural. Representa la
España vertebrada. Sin la España rural no existiría España. Para ello se
necesitan buenas infraestructuras, tejido industrial y una buena red de
servicios que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y
transitabilidad de la red viaria provincial que ponga fin al estado de
incomunicación de muchas poblaciones. Los políticos tenemos la
responsabilidad.


En Vox el mundo rural tiene nuestro firme compromiso para conseguir
que la calidad de vida en el medio rural sea equiparable a la de los
territorios más densamente poblados y que vivir en un pueblo no
signifique tener que renunciar a unos servicios educativos, sanitarios o
sociales suficientes y de calidad porque es un derecho de todos los
ciudadanos, independientemente de donde residan.


Nos parece necesario el fomento de la natalidad a través de la
protección a la familia para luchar contra la despoblación y evitar el
suicidio demográfico.


Nada de discursos grandilocuentes, sino la implantación de medidas
para conservar el medio ambiente, base del desarrollo rural y fuente de
riqueza. Es necesario avanzar en la implantación tecnológica en el mundo
rural. ¿Cómo si no podrán acceder a servicios tan esenciales en las
circunstancias en las que nos encontramos como la educación, los
servicios sanitarios y también los financieros?


Vox está y estará siempre con el medio rural y el apoyo a sus gentes
para que puedan vivir y realizar sus proyectos con las mismas garantías
de calidad que la población urbana, por lo que apoyaremos esta
moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Marín.


Tiene la palabra la senadora Martín Larred.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.


Ayer, cuando estaba revisando la intervención con el presidente del
Gobierno, al lado había una persona haciendo interpretación de signos y
me di cuenta de que no hacía una interpretación correcta del término
vaciada porque lo interpretaba como vacía. He escuchado al compañero en
su intervención anterior. Sí que me gustaría aclararle que no es vacía,
es vaciada, porque vacía es cuando no hay nada y vaciada es cuando estaba
lleno y por diversos factores en los que ahora no voy a entrar en detalle
se acaba vaciando y ahora no hay gente en esas zonas. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Continúo con la moción; nosotros la apoyaremos. Me gustaría aclarar
igualmente que estamos de acuerdo en que cualquier tipo de aportación al
medio rural es buena, en este caso los cajeros, la formación, o el que
haya apoyo, aunque sea informático, para la mejora de la conectividad.
Pero en los servicios sí que se pueden hacer mejoras por el Gobierno y sí
que están en su mano. Por ejemplo, en la reapertura de las oficinas de la
Seguridad Social que han cerrado en Montalbán, en Daroca o en otras
localidades de la España vaciada por la falta de reposición de personal,
o en mantener abiertas las estaciones de ferrocarril convencional para
mantener los pocos servicios de transporte que permanecen accesibles para
nuestros pueblos; incluso mantener abiertos los cuarteles desplegados por
todo el territorio para dar seguridad a toda la España vaciada.


Estos puestos de trabajo son familias que se mantienen y otras que
pueden venir para paliar el acusado efecto de la despoblación.


Creemos que esta moción es una solución para dar un servicio esencial
y que, a largo plazo, ojalá nuestros pueblos se vuelvan a poblar y sea
posible reabrir una entidad con atención presencial, lo que significaría
que estamos avanzando en el camino correcto.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.


Vostè diu que tenim moltes coses en comú respecte de la ruralitat, i
deu ser veritat. Em sap greu que no hagi acceptat la nostra esmena. Però
també hi ha coses que ens diferencien.


Vostè diu que és la segona vegada que porten iniciatives respecte de
la ruralitat i és la segona vegada que nosaltres li diem que no es pot
tractar la ruralitat en contraposició a la ruralitat ni en comparació amb
la urbanitat. Perquè la gent que vivim al món rural no volem viure com
viu la gen al món urbà. Només volem les mateixes oportunitats. I penso
que aquest és un punt de partença que s’ha de corregir quan es
volen buscar solucions a la ruralitat.


Amb molt bona voluntat per part seva de parlar del món rural i de
buscar solucions al despoblament, creiem que novament s’utilitza la
ruralitat —tant de moda i sobre la que sempre trobem un consens
paternalista—, per parlar d’un tema que va més enllà de donar
solucions a un dels problemes de la ruralitat —que també—, i
que no afecta únicament als pobles. Els asseguro que avui a moltes zones
rurals de Catalunya ens preocupa que ens abandonin les oficines
financeres o que ens retirin els caixers automàtics, com passa també en
alguns àmbits de la urbanitat. Però la nostra preocupació no es deslliga
tampoc en l’àmbit rural del context de l’actualitat
financera. Per tant, també ens preocupa a les zones rurals catalanes com
ens afectarà la fusió de Bankia i CaixaBank que s’ha
anunciat.


Si poguéssim ens aïllaríem del context, però és evident que el
financer és un servei necessari; no l’únic, en tenim molts altres
que es poden millorar i que estaria a les mans del seu Govern —al
que dona suport el seu partit— millorar. Si volen millorar les
oportunitats al món rural ja coneixen la fórmula. Hem fet infinitat de
ponències, hem fet moltes radiografies, hem fet moltes diagnosis, hi hem
donat moltes voltes, ho hem escrit per activa i per passiva. Cal entendre
que no hi ha una única ruralitat, per començar, però que és un fet que
les zones rurals estan prenyades de possibilitats, i són la solució, més
que no pas el problema, a un esdevenidor que ha de ser sostenible o no
serà. En aquest sentit, no insistiré, perquè tampoc tinc temps, en el
canvi de paradigma que la COVID-19 ja ens ha empès a emprendre; un canvi
que ha hi era però que ara s’ha accelerat.


Abordar la ruralitat des del paternalisme és un gran error. El que
cal no és contraposar ni comparar, el que cal és un gran pacte per
l’agenda urbana i rural, rural i urbana. Són tres eixos molt
concrets, i la fórmula està escrita —com el cafè amb llet, que fa
dies que està inventat—: pedagogia del fet rural, inversions
estratègiques, reals i virtuals, i discriminació positiva. Només
dependrien de decisions polítiques, més o menys complexes, que en aquest
cas no estarien en mans d’entitats de caràcter privat. Però no, no
ens podem aïllar del context. A les zones rurals ens preocupa el que
passarà amb la fusió de Bankia. Bankia, a la qual van rescatar els
contribuents el 2012, controlada en part per l’Estat, ara anuncia
una fusió amb CaixaBank. Una fusió que, al nostre parer, va fins i tot
més enllà de la dimensió econòmica. Des de Catalunya ho llegim també amb
una gran càrrega política. I penso que ens guanyat el dret de veure-hi
una càrrega política. De fet, encara està a l’ordre del dia el
decret del 2017 que convidava entitats financeres catalanes a abandonar
el nostre territori.


Ens preocupen els caixers i ens preocupen els serveis, però a les
zones rurals de Catalunya també hi ha un munt d’emprenedors, perquè
les nostres zones no estan abandonades. Les nostres zones estan poc
poblades, però no abandonades, i hi ha un munt d’emprenedors que se
la juguen cada dia i aposten per mantenir el territori. Ens preocupen
també les regles de la competència del mercat financer. Ens preocupen els
riscos o els perjudicis que pot causar als consumidors aquesta moció en
cas que es materialitzi.






Ens preocupa que no hi hagi una competència
efectiva al sector, i com això pot afectar les petites i mitjanes
empreses.


Per tant, si ens demanen si hi ha d’haver serveis financers a
les zones rurals, sí, gràcies, com a tot arreu. Si creuen que només ens
preocupa que el caixer dispensi s’equivoquen. Perquè estem
d’acord, i vostès ho diuen: un banc no és només un banc, sens
dubte. No és un negoci més; això ho sabem tots, vostès, nosaltres i
tothom que viu també a les zones rurals.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Usted dice que tenemos muchas cosas en común respecto a la ruralidad,
y debe ser verdad —me sabe mal que no haya aceptado nuestra
enmienda—, pero también hay cosas que nos diferencian.


Usted dice que es la segunda vez que trae iniciativas respecto a la
ruralidad y es la segunda vez que nosotros le decimos que no se puede
tratar la ruralidad en contraposición a la urbanización o en comparación,
incluso, con la urbanidad, porque la gente que vivimos en el mundo rural
no queremos vivir como vive la gente en el mundo urbano, solo queremos
tener las mismas oportunidades, y creo que ese es un punto de partida que
debe corregirse cuando se quieren buscar soluciones a la ruralidad.


Con muy buena voluntad al hablar del mundo rural por su parte y de
buscar soluciones a la despoblación, creemos que nuevamente se utiliza la
ruralidad, tan de moda y sobre la que siempre encontramos un consenso
paternalista, para hablar de un tema que va más allá de dar soluciones a
uno de los problemas de la ruralidad, que también, y que no afecta
únicamente a los pueblos. Les aseguro que hoy a muchas zonas rurales de
Cataluña nos preocupa que nos abandonen las oficinas financieras o nos
retiren los cajeros automáticos, como pasa también en algunos ámbitos de
la urbanidad. Pero nuestra preocupación tampoco se desliga en lo rural
del contexto de la actualidad financiera, por tanto, en las zonas rurales
catalanas también nos preocupa cómo nos va a afectar la fusión de Bankia
y CaixaBank que se ha anunciado.


Si pudiéramos aislarnos del contexto —pero es evidente que el
servicio financiero es necesario, no el único—, hay muchos otros
que se pueden mejorar y que estarían en las manos de su Gobierno o del
Gobierno al que apoya su partido. Si quieren mejorar las oportunidades en
el mundo rural ya conocen la fórmula —han hecho infinidad de
ponencias, han hecho muchas radiografías y muchos diagnósticos y han dado
muchas vueltas—. Lo hemos escrito por activa y por pasiva. Para
empezar hay que entender que no hay una sola ruralidad. Pero es un hecho
que las zonas rurales están preñadas de posibilidades y son la solución
más que el problema a un futuro que debe ser sostenible o no será. Y en
este sentido no voy a insistir, porque tampoco tengo tiempo, en el cambio
de paradigma que la COVID-19 ya nos ha empujado a emprender, un cambio
que ya estaba pero que ahora se ha acelerado.


Abordar la ruralidad desde paternalismo es un gran error, lo que hay
que hacer es no contraponer ni comparar, lo que hay que hacer es un gran
pacto por la agenda urbana y rural, rural y urbana. Tres ejes muy
concretos —la fórmula está escrita, como el café con leche que hace
tiempo que está inventado—: pedagogía de lo rural, inversiones
estratégicas reales y virtuales y discriminación positiva. Solo
dependerían de decisiones políticas más o menos complejas, que en este
caso no estarían en manos de entidades de carácter privado. Pero no, no
nos podemos aislar del contexto en las zonas rurales porque nos preocupa
lo que va a pasar con la fusión de Bankia y CaixaBank. Bankia, a la que
rescataron los contribuyentes en 2012, controlada en parte por el Estado,
ahora anuncia una fusión con CaixaBank, una fusión que a nuestro parecer
va incluso más allá de la dimensión económica. En Cataluña lo leemos
también con una gran carga política y creo que nos hemos ganado el
derecho a verlo una carga política. De hecho, aún está a la orden del día
el decreto de 2017 que invitaba a las entidades financieras catalanas a
abandonar nuestro territorio.


Nos preocupan los cajeros y nos preocupan los servicios. Pero en las
zonas rurales de Cataluña, donde también hay un montón de emprendedores
—porque nuestras zonas no están abandonadas; nuestras zonas están
poco pobladas, pero no abandonadas—, muchos de ellos se la juegan
cada día y apuestan por mantener el territorio. También nos preocupan las
reglas de la competencia del mercado financiero, nos preocupan los
riesgos o los perjuicios que puede causar a los consumidores esta fusión
en caso de que se materialice y nos preocupa que no haya una competencia
efectiva en el sector, cómo eso puede afectar a las pequeñas y medianas
empresas.


Por tanto, si nos dicen que tiene que haber servicios financieros en
las zonas rurales, sí, gracias, como en todas partes; si creen que solo
nos preocupa que el cajero dispense, se equivocan. Ustedes lo dicen: un
banco no solo es un banco, sin duda, un negocio más no lo es; eso lo
sabemos todos, ustedes, nosotros y todos los que viven también en las
zonas rurales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyora presidenta.


Tots sabem que les mocions valen per a ben poquet i mocions que
aporten poques solucions encara valen per a menys. Vostès demanen coses
genèriques, demanar un estudi financer, impulsar mecanismes, afavorir no
sé què, així en abstracte, i això és fum, no és res. Vostès estan
governant i vostès tenen la capacitat d’aplicar mesures.


El seu Govern, fa molt poquets mesos, en una resposta parlamentària
escrita a una pregunta que vaig fer, li vaig dir que si feien compte de
recuperar els 62 473 milions d’euros, com sí que havia fet
Portugal. Portugal havia demanat a la banca que havia rescatat que
tornara els diners per a fer front a la COVID-19. Saben que em va
contestar el Govern? Que no. Va contestar que no estava entre les seues
previsions reclamar el retorn dels diners pagats a la banca. I això és un
exemple que una cosa és vindre ací i fer declaracions de bones intencions
i després, quan poden aplicar mesures, el que estan fent.


Nosaltres sí que hem presentat una esmena que precisament diu que
part d’eixos diners del rescat bancari es puguen destinar a
compensar, per part de les entitats bancàries, programes d’extensió
dels serveis bancaris en les zones sense servei. I més en un debat com
l’actual, en el qual estem tots tement què passarà amb eixa fusió
entre Bankia i CaixaBank. I ho hem de témer perquè si vostès ja oculten,
el Partit Socialista oculta a part del Govern eixos avanços, eixes
negociacions, en la fusió de la banca, és que realment alguna cosa
s’està cuinant i no sempre és positiva perquè podem aportar dades:
segons hem pogut vore, el PSOE, per exemple, deu 40 milions d’euros
a la banca, PP deu 25 milions d’euros a la banca. Segurament la
banca no reclamarà eixos diners, per això entenem que vostès no reclamen
els diners a la banca: jo no et reclame i tu no em reclames.


Nosaltres hem fet una aportació d’esmenes en matèries
concretes, amb propostes concretes perquè ací tampoc podem criminalitzar
la banca. La banca no és el dimoni, s’ha de criminalitzar a qui
actue com a peó polític de la banca. Vostès saben el calvari que han
hagut de patir els treballadors i treballadores del sector bancari durant
esta epidèmia? Han hagut de donar la cara, fer més hores que un rellotge,
mai reconegudes, per torejar davant la ineptitud d’este Govern amb
mesures com la moratòria hipotecària. Milers de persones han hagut
d’anar a les entitats bancàries a demanar una moratòria perquè
realment estaven necessitats i havien de ser el propis treballadors de la
banca qui deien que no, que com els requisits que es demanaven eren
pràcticament un handicap, pràcticament la majoria de gent no podia
acollir-se a eixes moratòries hipotecàries.


Per tant, el que hem de fer és revertir les polítiques que durant
massa temps vostès, tants els uns com els altres, han estat duent a
terme. L’abandó continu a l’Espanya buidada, s’han
tancat les oficines de Correus, s’han tancat les escoles, els
serveis sanitaris, els bancs, els llocs de treball, no s’ha
invertit en infraestructures… I ara tenim un abisme insalvable
entre món urbà i el món rural. Per tant, el problema no és que no hi ha
bancs als pobles, que és problema, el problema és que no hi ha gent als
pobles. El problema és que no hi ha treball en els pobles i podem forçar
la situació però mentre no hi haja gent, serà mantindre artificialment el
servei bancari, el servei escolar o el servei sanitari. Allò que hem de
fer és revertir-ho d’arrel. I això s’ha de fer canviant les
polítiques que han estat vostès fent durant massa temps.


Per tant, nosaltres hem fet propostes molt concretes: que siga
l’Administració qui forme la gent en la digitalització,
l’accés a les noves tecnologies. Vostès proposen que siguen les
entitats bancàries però és que les persones dels pobles han de fer front,
no únicament a una banca electrònica, també a una administració
electrònica i estem demanant que siga també la pròpia Administració qui
siga capdavantera en formar la gent. Vostès es pensen que en la banca per
Internet està tot solucionat i és un abisme d’allò que estem
parlant. Nosaltres apostem per una oficina bancària mòbil perquè és molt
bonic parlar d’Internet com la solució de tots els mals, però el
problema no és que en molts pobles del nostre territori no hi haja 4G, és
que no hi ha 4G, 3G, no hi ha senyal d’Internet, i en molts pobles
no hi ha ni servei telefònic digne, no hi ha ni senyal telefònica.


Per tant, ací, l’exposició que han fet primer, com que este
estiu molts han anat de turisme a l’Espanya vaciada i han vist quin
desastre. Segurament, si hagueren xafat durant més temps esta Espanya
buidada, hui la seua percepció seria molt diferent perquè haurien tinguda
com a prioritària la inversió.


Demanem que l’ICO es transforme en una banca pública al servei
d’estos pobles; demanem que Bankia i CaixaBank si es fusionen
realment l’Estat no perda la part pública de Bankia i es puga
invertir realment en estos pobles; que no es perda ni un lloc de treball;
que no es tanque ni una oficina i que es retorne fins a l’últim
cèntim del rescat que s’ha fet a esta banca.


Per tant, volem que els serveis bancaris, com la resta de serveis
essencials, estiguen garantits, es visca en el centre d’una gran
ciutat o es visca en el poble més xicotet del nostre país.


Gràcies.


Gracias, señora presidenta.


Todos sabemos que las mociones valen para bien poco, y mociones que
aportan pocas soluciones todavía valen para menos. Ustedes piden cosas
genéricas: demandar un estudio financiero, impulsar mecanismos, favorecer
cosas muy abstractas, y eso no es nada. Ustedes están gobernando y
ustedes tienen la capacidad de aplicar medidas.


Hace pocos meses, en una respuesta parlamentaria escrita a una
pregunta que hice sobre si pensaban recuperar los 62 473 millones de
euros, como había hecho Portugal, que había pedido a la banca rescatada
que devolviera el dinero para hacer frente a la COVID-19, el Gobierno me
contestó que no, que no estaba entre sus previsiones reclamar a la banca
que devolviera el dinero. Esto es un ejemplo de que una cosa es venir
aquí y hacer declaraciones de buenas intenciones y otra cosa es cuando
pueden tomar medidas y no lo hacen.


Nosotros hemos presentado una enmienda que, precisamente, dice que
parte del dinero del rescate bancario, de las entidades rescatadas, se
destine a programas de extensión de servicios bancarios de zonas rurales,
y máxime en un debate en el que todos tememos lo que pasará entre Bankia
y CaixaBank cuando se fusionen. Tenemos miedo porque si ustedes, el
Partido Socialista, a parte del Gobierno, ocultan esos avances en las
negociaciones referentes a la fusión de la banca, es que realmente algo
se está cocinando, y no siempre es positivo y podemos aportar datos.
Según hemos podido ver, el PSOE, por ejemplo, debe 40 millones de euros a
la banca y el Partido Popular, 25 millones. Seguramente la banca no
reclamará ese dinero; tú no me reclames, yo no te reclamo.


Nosotros hemos hecho a través de las enmiendas unas aportaciones en
materias concretas, propuestas concretas, porque tampoco lo que podemos
hacer aquí es criminalizar a la banca. La banca no es el demonio. A quien
se tiene que criminalizar es a quien actúa como peón político de la
banca. ¿Ustedes saben el calvario que han tenido que sufrir los
trabajadores y trabajadoras del sector bancario durante esta epidemia?
Han tenido que dar la cara, hacer más horas que un reloj nunca
reconocidas y torear ante la ineptitud de este Gobierno, con medidas como
la moratoria hipotecaria. Miles de personas han tenido que ir a las
entidades bancarias a pedir una moratoria porque realmente lo necesitaban
y tenían que ser los propios trabajadores de la banca los que dijeron que
no, que como los requisitos que se pedían eran prácticamente un hándicap,
la mayoría de la gente no podía acogerse a esas moratorias
hipotecarias.


Por tanto, lo que tenemos que hacer es revertir las políticas que
durante demasiado tiempo ustedes, tanto unos como otros, han estado
llevando a cabo: el abandono continuo a la España vaciada, se han cerrado
oficinas de Correos, escuelas, servicios sanitarios, bancos, lugares de
trabajo; no se ha invertido en infraestructuras, y ahora tenemos un
abismo insalvable entre el mundo urbano y el mundo rural. Por tanto, el
problema no es que no haya bancos en los pueblos, que lo es, el problema
es que no hay gente en los pueblos, el problema es que no hay trabajo en
los pueblos. Podemos forzar la situación, pero mientras no haya gente,
será mantener artificialmente el servicio bancario, escolar o sanitario.
Lo que tenemos que hacer es revertir de raíz, y eso se tiene que hacer
cambiando las políticas que ustedes han hecho durante demasiado
tiempo.


Nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, como que sea la
Administración quien forme a la gente en la digitalización y en el acceso
a las nuevas tecnologías. Ustedes proponen que sean las entidades
bancarias, pero es que las personas de los pueblos no tienen que hacer
frente a una banca electrónica, sino a una administración electrónica.
Por tanto, pedimos que la Administración forme a la gente. Ustedes
piensan que con la banca por internet está todo solucionado y es un
abismo. Nosotros apostamos por una oficina bancaria móvil. Es muy bonito
hablar de internet como la solución a todos los males, pero en muchos
pueblos de nuestro territorio no es que no haya 4G ni 3G ni señal de
internet, es que en muchos pueblos no hay ni un servicio telefónico
digno, no hay señal telefónica.


Este verano han ido a la España vaciada de turismo y han visto el
desastre. Seguramente si hubieran ido más tiempo a la España vaciada su
percepción sería muy diferente porque la hubieran tenido como
prioritaria.


Pedimos que el ICO se trasforme en una banca pública al servicio de
estos pueblos y pedimos que si Bankia y CaixaBank se fusionan, realmente
el Estado no pierda la parte pública de Bankia y se pueda invertir
verdaderamente en estos pueblos; que no se pierda ni un lugar de trabajo,
que no se cierre ni una oficina y que se devuelva hasta el último céntimo
del rescate que se ha hecho a esta banca.


Por tanto, queremos servicios bancarios como el resto de servicios
esenciales que estén garantizados, tanto si se vive en el centro de una
gran ciudad como en el pueblo más pequeño de nuestro país.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría,


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Hervías Chirosa.


El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, España hace mucho tiempo que va a dos velocidades: la
España rural y la España urbana. Nada nuevo, no estoy descubriendo aquí
la pólvora, pero la realidad es que hasta hace apenas un par de años no
se comenzó a hablar en las Cortes Generales de la problemática de la
despoblación. Vimos durante años cómo surgían plataformas —a día de
hoy, algunas de ellas convertidas en formaciones políticas— en
Teruel, en Cuenca, en Soria que reclamaban, que alzaban la voz y decían
que eran necesarios más recursos, más infraestructuras, al fin y al cabo,
más inversión en lo que es toda la España rural. ¿Pero qué veíamos?
Inacción, abandono, inactividad; no se hacía absolutamente nada para
intentar que las zonas de nuestro país que se estaban despoblando
pudieran coger el carro del progreso y poder ponerse al nivel de las
zonas urbanas. ¿Y ahora qué nos encontramos? España tiene a día de hoy
más de 8000 municipios, 8131, de los cuales 7000 tienen menos de 5000
habitantes, y de esos 7000, 5000 tienen menos de 1000 habitantes. Los que
hemos vivido en primera persona y sufrimos la despoblación sabemos qué
es. Yo nací en un pueblo de 3000 habitantes, origen de un pueblo de menos
de 1000 habitantes de la provincia de Granada, municipio, por cierto, que
fue el último municipio de España donde se pasó del teléfono manual al
teléfono automático. Las clavijas, hasta el año 1988, funcionaron de esa
forma, siendo el último municipio en el que se puso el teléfono
automático, un ejemplo claro de cómo ha estado abandonada la España
rural. Ahora comenzamos a poner parches, comenzamos a alzar la voz, todos
nos damos algunos golpes en el pecho diciendo: yo ahora voy a solucionar
los problemas de la España rural. Esto se va a solucionar con consenso, y
nos lo tenemos que creer, hay que creérselo, porque, realmente, la
problemática existe, está allí y es una realidad. Y hoy hablamos de que
se están cerrando oficinas bancarias, y a nuestros mayores, en nuestros
pueblos, les cuesta acceder a ese servicio. Se han cerrado más de 20 000
oficinas en los últimos años. Pero el problema no solamente es ese como
bien saben ustedes, señorías. Aquí, en el Senado, hace unos meses, ya se
aprobó una serie de medidas para impulsar el desarrollo de la España
rural. Pero no solo tenemos que llevarlo de boquilla, hay que tomar
acciones, hay que tomar medidas, hay que impulsar, al fin y al cabo,
herramientas para poder desarrollar todas nuestras zonas rurales de
España.


Yo siempre me he fijado en una persona, que es diputada de Ciudadanos
por Cantabria, Marta García, que, además, es ganadera de una zona del Val
del Mazo —ella habla de la Cantabria profunda—, donde hay
seis habitantes por kilómetro cuadrado, para que nos hagamos una idea,
que siempre dice una frase que creo que representa muy bien lo que
tenemos: el medio rural es fundamental para producir alimentos de gran
calidad, porque, precisamente, en los pueblos es donde se produce y se da
de comer a las ciudades y a las áreas urbanas. Es una realidad. ¿Pero qué
nos encontramos? Falta de infraestructuras, falta de servicios, falta de
recursos. De ahí también que Ciudadanos hayamos solicitado hace ya unos
cuantos años una reforma de la Administración para, por ejemplo, quitar
grasa política de la diputaciones y esos recursos destinarlos a más
políticas sociales y a más infraestructuras en el medio rural.


En definitiva, señorías, Ciudadanos, lógicamente, vamos a apoyar esta
moción, como no podía ser de otra forma, pero sí que me gustaría que,
entre todos, con consenso, unidos, pongamos el remedio a la situación que
están viviendo todas las zonas rurales de España, sin excepción, y que
entre todos, por fin, consigamos que la gente que vive en esas zonas
tenga también los mismos derechos y las mismas oportunidades que las
personas que residen en las áreas urbanas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco,
el senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta andreak.
Arratsalde on.


Señorías, debemos tener en cuenta que el servicio financiero es un
servicio básico más y que la desaparición de este en municipios menores
es un elemento más que alimenta la despoblación de estos, salvo, claro,
está muy bien, como expresa la moción, que se realice un estudio de la
situación de la banca en las entidades menores. De acuerdo, pero las y
los habitantes de los municipios rurales, esta realidad ya la conocemos y
la estamos sufriendo a día de hoy.


Estamos de acuerdo también en que se deben impulsar medidas que
faciliten la accesibilidad a los servicios financieros, así como la
formación de la población rural en cursos de familiarización con los
servicios de banca electrónica. En Euskadi, este propósito ya se está
realizando con diferentes proyectos financiados por las administraciones
vascas, como la canalización, distribución y disponibilidad del servicio
de fibra, llegando hasta los municipios más pequeños y lejanos. También
se ha realizado una planificación a través de las administraciones
públicas —ayuntamientos, diputaciones— y de las fundaciones
de las cajas vascas para realizar cursos de formación y aprendizaje para
la utilización de estos servicios informáticos con las personas mayores.
Todo este tipo de acciones, necesarias para actualizar y acercar a la
ciudadanía rural a estas nuevas tecnologías, no nos hace más que asumir
una realidad y esta es contradictoria por desgracia, porque, con el
objetivo de mantener y de dar estas posibilidades a esta población,
también estamos asumiendo la desaparición de la actividad de las oficinas
y de los cajeros.


Por esto, y estando de acuerdo con todas estas medidas, creemos en la
necesidad de un mínimo servicio financiero presencial, ya que no todas
las personas del mundo rural se encuentran en disponibilidad de acceder a
estas tecnologías informáticas on-line. Una vez llegados a esta
situación, todas las administraciones públicas —ayuntamientos,
diputaciones, gobiernos—, y en sintonía con las entidades
financieras, debemos realizar una serie de esfuerzos, en este caso
económicos, para mantener el tejido y estructura de las oficinas y, sobre
todo, de los cajeros, evitando así una situación de desamparo injusta y
que, como he citado anteriormente, contribuye con, además de la ausencia,
otro tipo de infraestructuras como el trabajo, las escuelas, las tiendas,
la vivienda, centros médicos, transporte, a lo que hoy estamos sufriendo
en la despoblación rural. Las administraciones públicas debemos velar
para que todos estos servicios, todos, servicios públicos y de interés
general, sean garantizados también en los pequeños municipios, porque los
derechos y necesidades de las personas son los mismos en las zonas
rurales que en las zonas urbanas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, el senador Castellana
Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Moltes gràcies.


A l’entorn rural, i crec que és una obvietat, només cal una
cosa; no només per aturar el despoblament, sinó per recuperar la
vitalitat passada. I és una cosa tan senzilla i tan difícil
d’implementar; però és un concepte molt senzill. No cal màgia.
L’únic que cal és garantir la prestació efectiva dels serveis
necessaris per realitzar la vida diària. I només des d’unes
polítiques públiques globals es garantirà la prestació efectiva i en
condicions d’equitat d’aquests serveis.


Permetin-me que els parli des de la pròpia experiència del meu
entorn. Els posaré un exemple positiu de servei prestat efectivament a
l’entorn rural, com és el servei postal. Des del meu record, i el
record dels qui m’han precedit, cada dos dies tenim el servei de
correu per part de l’operador públic, Correus. No falla, el tenim.
Què ha passat quan hi ha hagut liberalització del serveis de missatgeria
i de paquets? Doncs que alguns dels proveïdors, uns quants dels
proveïdors que proveeixen aquests serveis, ens els fan anar a buscar a
Solsona, la capital comarcal, a 20 minuts en cotxe, o els facturen a
través de l’oficina de Correus perquè presti aquest servei.


Parlem d’un altre tipus de servei que és tan o més necessari al
món actual: telefonia fixa, mòbil i accés a Internet. Doncs bé,
l’operador que havia de fer això, l’antic operador públic,
ara privatitzat, no garanteix un servei. Hi ha moltes zones on el servei
d’accés a Internet és clarament deficitari —casa meva, per
exemple— i on a més no tenim cobertura de telefonia mòbil. Per a
mi, és impossible mantenir una conversa de telèfon mòbil fent una volta a
casa meva.


Però, a més, ja que parlem del sector financer, resulta que per a una
entitat de les grans, després d’una de les absorcions no vaig poder
mantenir l’adreça postal amb aquella entitat. Era incapaç de
reconèixer la meva adreça, que durant generacions el servei postal de
Correus havia identificat. Aquest gran banc era incapaç d’introduir
aquesta adreça en el seu sistema d’informació. Vaig haver de donar
com a adreça postal la del meu germà. Una entitat financera que és
incapaç d’introduir la meva adreça tindrà l’empatia
necessària per prestar un servei adequat a l’entorn rural?


Crec que és evident que el capitalisme, a l’entorn rural, és
part del problema i no de la solució. La solució ve per polítiques
globals. Però ja que parlem de l’entorn financer, allò que el
capitalisme diu de la llibertat de mercat, de la competència, en el món
financer va desaparèixer fa temps. I ara ens trobem amb una concentració
sistèmica que el que vol és el somni humit del capitalisme. És
privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues. També al món rural
necessitem lliure competència de serveis financers perquè les nostres
empreses, els nostres emprenedors a l’entorn rural, tinguin accés a
finançament. La resposta ens ve d’Europa: són les fintech. Però en
canvi, al Regne d’Espanya, han trobat moltes i moltes traves per
part de les administracions públiques, cosa que ha llastrat el seu
desplegament. Per tant, per al desenvolupament econòmic del món rural,
garantim la lliure competència dels serveis financers, és a dir, traguem
els problemes i els pals a les rodes que troben les fintech per veure si
som capaços de recuperar la veritable competència al sector financer. I,
pel que fa a l’entorn rural, si de debò hi ha el compromís, no
d’aturar el despoblament —que també—, sinó de recuperar
la vitalitat de temps passats, és molt senzill. Garantim que a
l’entorn rural tinguem accés als serveis en equitat a la resta de
la població.


Moltes gràcies.


Muchas gracias.


En el entorno rural, creo que es una obviedad, solo hace falta una
cosa, no solo para parar la despoblación, sino para recuperar la
vitalidad pasada, y es sencilla y difícil de implantar. Es un concepto
muy sencillo. No hace falta magia, lo único que hace falta es garantizar
la prestación efectiva de los servicios necesarios para desarrollar la
vida diaria. Y solo desde unas políticas públicas globales se va a
garantizar la prestación efectiva y en condiciones de equidad de estos
servicios.


Permítanme que les hable desde la experiencia propia de mi entorno.
Les voy a poner un ejemplo positivo del servicio prestado eficazmente en
el entorno rural, como es el servicio postal. Desde mi recuerdo y el
recuerdo de quienes me han precedido, cada dos días tenemos el servicio
de correo por parte del operador público, Correos. No falla, lo tenemos.
¿Qué ha pasado cuándo ha habido liberalización de los servicios de
mensajería y de entrega de paquetes? Pues que alguno de los proveedores,
unos cuantos, que prestan estos servicios o nos hacen ir a buscarlos a
Solsona, la capital comarcal, a 20 minutos en coche, o los facturan a
través de la oficina de Correos para que Correos preste este
servicio.


Hablemos de otro tipo de servicio que es tanto o más necesario en el
mundo actual: la telefonía, fija, móvil, acceso a internet. Pues bien, el
operador que debía hacer esto, el antiguo operador público ahora
privatizado, no garantiza un servicio. Hay muchas zonas en las que el
servicio de acceso a internet es claramente deficitario, en mi casa, sin
ir más lejos, donde, además, no tenemos cobertura de telefonía móvil.
Para mí es imposible mantener una conversación por teléfono móvil dando
una vuelta a mi casa.


Además, permítanme, ya que hablamos del sector financiero, que les
diga que en una entidad de las grandes, después de una absorción, no pude
mantener la dirección postal que tenía con esa entidad, era incapaz de
reconocer mi dirección, la que durante generaciones el servicio postal de
Correos había identificado; este gran banco era incapaz de introducir esa
dirección en su sistema de información. Tuve que dar como dirección
postal la de mi hermano. ¿Una entidad financiera que es incapaz de
introducir mi dirección va a tener la empatía necesaria para prestar un
servicio adecuado en el entorno rural?


Creo que es evidente que el capitalismo en el entorno rural es parte
del problema y no de la solución. La solución va a venir de políticas
globales. Pero ya que hablamos del entorno financiero, lo que el
capitalismo dice de la libertad de mercado, de la competencia, en el
mundo financiero desapareció hace tiempo y ahora nos encontramos con una
concentración sistémica que lo que quiere es el sueño húmedo del
capitalismo: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.






También
en el mundo rural necesitamos libre competencia de servicios financieros
para que nuestras empresas, nuestros emprendedores en entornos rurales
tengan acceso a financiación. La respuesta nos viene de Europa, son las
fintech, pero, en cambio, en el Reino de España han encontrado muchas
trabas las administraciones públicas, lo cual ha lastrado su despliegue.
Por tanto, para el desarrollo económico del entorno rural tenemos que
garantizar la libre competencia de servicios financieros, es decir,
quitemos los problemas y los palos en las ruedas que encuentran las
fintech para ver si somos capaces de recuperar una auténtica competencia
en el sector financiero. Y en lo que se refiere al entorno rural, si de
verdad hay un compromiso no de parar la despoblación, que también, sino
de recuperar la vitalidad de tiempos pasados, es muy sencillo:
garanticemos que en el entorno rural tengamos acceso a los servicios en
equidad con el resto de la población.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Serrano Aguilar.


El señor SERRANO AGUILAR: Muchas gracias.


Señorías, hoy tenemos la oportunidad de hablar de municipalismo real,
de necesidades reales y concretas, de los vecinos de los pueblos de
España y, en especial, de los más pequeños. Desgraciadamente, y pese a
las enormes oportunidades que puede ofrecernos el mundo rural, su
realidad es cada vez más dramática desde el punto de vista de la
progresiva despoblación que se ha intensificado en el presente siglo XXI
con la consecuente pérdida de servicios básicos de salud, educativos y
también financieros, como los que estamos tratando y debatiendo
hoy.


Por dar una pincelada de los datos de los que estamos hablando, de
los 8131 municipios que hay en España, más de 6000 han perdido población
en la última década, es decir, tres de cada cuatro. Y esta situación se
agrava más en los municipios más pequeños. Según ha señalado la propia
Federación Española de Municipios y Provincias, los 5000 municipios que
hay en España con menos de 1000 habitantes sufren un continuo
envejecimiento de su censo demográfico, un mínimo o nulo relevo
generacional y unas escasas o nulas cifras de natalidad. Además,
aproximadamente 1300 municipios subsisten con una cifra inferior a 100
habitantes.


En base a ello, ya en el año 2017, tras un estudio exhaustivo, la
propia Comisión Nacional de Despoblación de la Federación Española de
Municipios y Provincias, en la que tengo el gusto de estar como alcalde
de una pequeña población, ya proponía un plan nacional contra la
despoblación y pedía medidas extraordinarias urgentes como las que
estamos tratando hoy en esta moción, medidas tales como un plan digital,
universalización de las telecomunicaciones y el acceso a internet, la
formación digital de la población rural o la obligación de garantizar las
prestaciones y el acceso al sector bancario en el mundo rural, en este
último caso señalando el mismo como un derecho a garantizar a la
ciudadanía.


También aquí, en el Senado, nuestro grupo, a través de los miembros
de la Comisión de despoblación y reto demográfico, presentó el pasado mes
de mayo varias preguntas escritas al Gobierno interesándonos por el tema
que hoy debatimos. Por eso, señorías, lo que debatimos hoy va más allá de
una simple moción, trata el hecho de que los vecinos de nuestros pueblos
más pequeños puedan o no acceder a servicios financieros básicos como
disponer de efectivo, actualizar su cartilla o libreta de ahorros, o
hacer una transferencia, hechos reales, concretos y básicos que, aunque
parezca mentira, corren serio peligro de extinción en las zonas rurales.
Por eso, mi grupo va a votar favorablemente esta moción y, por eso, hemos
intentado aportar nuestro grano de arena a través de las enmiendas que
hemos presentado.


Lamentamos que algunas no se nos hayan aceptado, como, por ejemplo,
que el Gobierno se comprometiera a través de una partida presupuestaria
destinada a las zonas rurales en los próximos presupuestos para impulsar
y ayudar a aquellas personas que no pueden permitirse económicamente el
lujo de usar un móvil o un ordenador. También lamentamos que no se haya
aceptado, por ejemplo, que se ponga una partida presupuestaria en los
próximos presupuestos generales del Estado para potenciar programas de
educación financiera en relación con los servicios financieros on-line,
especialmente entre las personas de avanzada edad o las que, por su
carencia de formación tecnológica, puedan quedar apartadas. También
lamentamos que no se haya aceptado que se ponga una partida
presupuestaria que impulse generalizar la instalación de cajeros de marca
blanca en las localidades afectadas por la exclusión financiera. En fin,
lo lamentamos porque el objeto era mejorar, si cabe, la moción y hacerla
más concreta y exhaustiva en determinados aspectos. Son enmiendas en
positivo, sin ánimo de polemizar, y que van en beneficio de nuestros
pueblos y sus vecinos.


El afán de mi grupo, con estas enmiendas, era claro: dar mayor
relevancia al problema de la desbancarización en nuestros pueblos y
posibilitar en la mayor medida posible su corrección y mejora cuanto
antes y en beneficio de los habitantes que aún subsisten en ellos.


Señorías, la despoblación no conoce de colores políticos; solo
conoce, como he dicho al principio de mi intervención, de necesidades
reales y concretas.


Por último, solo diré que, como alcalde de un municipio rural, me
siento orgulloso de que nuestras instituciones al más alto nivel debatan
sobre los problemas que tenemos en nuestros pueblos y les busquen
soluciones. Aún lo estaré más si esas soluciones se hacen realidad, si se
consiguen efectivamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Díaz Muñoz.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quería agradecer sinceramente, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el buen tono, el tono constructivo de todas las
enmiendas, de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos
días con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Creo que
es muy buena señal de cara a la comisión y de cara a lo que resta de
legislatura que estemos todos de acuerdo al menos en que este tema es una
prioridad. Me alegra también especialmente oír hablar de despoblación con
diferentes acentos, en los diferentes idiomas que componen nuestro
Estado. Muchas veces nos creemos que esto de la despoblación es algo que
afecta, vamos a decir, al interior de la Península y que no va con
determinadas comunidades autónomas, pero es evidente que va con todas las
comunidades autónomas; incluso Madrid, por pequeñita que sea, tiene
también problemas de este tipo en la zona de la sierra. Y yo creo que
todas las comunidades autónomas tienen que trabajar junto con las
administraciones, junto con el Gobierno, junto con las diputaciones,
junto con los ayuntamientos, para resolver esta cuestión.


Me van a permitir incidir en algunas de las cuestiones que han dicho
algunos portavoces. Me ha gustado que la portavoz de Junts per Cat hable
de pedagogía del medio rural. Sinceramente, creo que tenemos que hablar
bien del medio rural, creo que tenemos que potenciar el medio rural y
creo que tenemos que creernos que una persona que decida quedarse a vivir
en el medio rural va a tener las mismas garantías y va a vivir
exactamente igual o incluso mejor que una persona que opte por vivir en
una ciudad. Y eso es algo que la sociedad, por la razón que sea, no tiene
interiorizado y en lo que debemos trabajar, y mucho, en tribunas como
esta.


Ciudadanos. Señor Hervías, cierto es que se lleva hablando de
despoblación desde hace dos años: efectivamente, desde que el señor
Sánchez ganó la moción de censura y desde que el señor Sánchez es el
presidente del Gobierno (Risas.— Aplausos de los señores senadores
del Grupo Parlamentario Socialista), porque no he escuchado a ningún
presidente del Gobierno hablar de despoblación. Sí, hablan ustedes del
medio rural, si me permiten decirlo, como si ustedes no gobernasen en
ninguna comunidad autónoma que tenga nada que ver con el medio rural. No
gobiernan en Andalucía, no gobiernan en Castilla y León. Oiga, hable con
el señor Igea, que es el que manda en Castilla y León y coméntele lo que
está haciendo con la sanidad rural de Castilla y León: cerrar todos los
consultorios. Y no me digan que un consultorio que esté ahí físicamente
es un consultorio, porque, si no hay médico, no hay atención primaria y
si no hay atención primaria, están acabando con un derecho fundamental de
los ciudadanos y ciudadanas que viven en el medio rural.
(Aplausos.— Un señor senador pronuncia palabras que no se
perciben). Sí, bueno, tranquilícese, no pasa nada. Si además yo creo que
el tono es bueno y constructivo, se lo vuelvo a decir, y yo me quedo con
eso. Más allá de eso, han sido muy buenas ideas algunas de las que se han
aportado, independientemente de que las enmiendas se hayan aceptado o no.
En cualquier caso, estoy convencido de que la inmensa mayoría de las
cuestiones que han propuesto los grupos parlamentarios se podrán al menos
poner en marcha. ¿Saben cómo? Si este país por fin aprueba unos
presupuestos generales del Estado. (Aplausos de los señores senadores del
Grupo Parlamentario Socialista). Y en eso tenemos que trabajar todos y
todas porque es nuestro deber.


Por mi parte, nada más. De verdad me voy con un buen sabor de boca.
Creo que el mensaje que volvemos a lanzar desde esta tribuna, desde este
Senado, es positivo para el medio rural. Queda muchísimo, muchísimo
trabajo por delante, pero, en definitiva, las bases que podemos sentar
son buenas si trabajamos todos unidos y de la mano por los habitantes que
viven en los pueblos de España.


Muchas gracias. (Aplausos de los señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, a continuación vamos a dar inicio a la votación de
distintos puntos del orden del día de hoy, comenzando por el dictamen de
la Comisión de Incompatibilidades y siguiendo por las mociones:


Moción por la que se insta al Gobierno a revisar la política fiscal a
la baja junto con una disminución del gasto público y a implementar una
política económica que mejore las condiciones productivas de las
empresas, del Grupo Parlamentario Popular. Se votará la moción con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con
número de registro de entrada 48823.


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Autor, el Grupo Parlamentario Popular. Se vota la moción en
sus propios términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas económicas de apoyo a los municipios y a las entidades locales
para hacer frente a los efectos de la depresión aislada en niveles altos,
DANA, y a las borrascas Cecilia en otoño de 2019 y Gloria en enero
de 2020, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu. La
votación de la moción será con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista, con número de registro de entrada 48443; las
enmiendas 1 y 4, del Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro de
entrada 48819; y las enmiendas 1, 3, 4 y 7 a 10, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 48866.


Por último, moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en
marcha de un plan contra la exclusión financiera en la España rural, del
Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la moción con la incorporación de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, con números de registro de
entrada 48840 y 48821, y la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 48864.


Son las cinco horas menos cinco minutos. Tenemos a partir de este
momento dos horas, hasta las siete menos cinco, para llevar a cabo la
votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECTIFICAR Y A DEROGAR
EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSENSUAR CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS UN ACUERDO QUE ATIENDA A LAS
NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES.


662/000026

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 8.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por tiempo de diez minutos, el
senador Priego Chacón.


El señor PRIEGO CHACÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos a escasas horas de que se debata y se vote
en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real
Decreto 27/2020, un decreto crucial para los municipios españoles. A
través del mismo, el Gobierno pretende nada más y nada menos que usurpar
los ahorros de las entidades locales de nuestro país para ponerlos a
disposición de su proyecto político —son 15 000 millones de euros
de los ayuntamientos—, para maquillar unas cuentas públicas que
hacen aguas por todos lados, con un desplome histórico del PIB, un
crecimiento exponencial del endeudamiento público, caída del empleo y de
los ingresos, incremento desmesurado del gasto público, incapacidad
manifiesta del Gobierno para adoptar las reformas necesarias que cuadren
las cuentas y nos hagan salir adelante en esta crisis social, económica y
sanitaria. El único recurso que han conseguido ha sido meter la mano en
las cuentas de los ayuntamientos. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).


El Senado de España, como Cámara de representación territorial del
Estado, lo es también de los ayuntamientos, de los municipios de nuestro
país y, por lo tanto, debe dejar manifiesta su opinión en este asunto tan
importante para los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos y ciudades.
Por eso presentamos esta moción en este primer Pleno de este período de
sesiones, instando al Gobierno a que dé marcha atrás a lo que
consideramos una cacicada impuesta por el Gobierno. Pedimos que vuelva al
diálogo con los alcaldes, que se aparte de la imposición y de la soberbia
y modifique aquellos aspectos del real decreto ley que han suscitado un
rechazo unánime y contundente del municipalismo español. Fíjense ustedes:
trece fuerzas políticas en contra de este real decreto. Pero voy más
allá: incluso sus propios alcaldes han manifestado que no están de
acuerdo. O pregunten al alcalde de San Sebastián de los Reyes, de Denia,
o también al presidente de la Diputación de Teruel. Se han quedado solos,
señorías; el presidente Sánchez no tiene apoyo para este real decreto.
(El señor senador muestra varios documentos) «Sánchez se queda solo:
alcaldes socialistas se levantan también contra el decreto de Hacienda.»
«Rebelión contra Sánchez de los alcaldes de todos los partidos por el
decreto que confisca sus ahorros.»


Hoy, el Senado tiene una oportunidad de oro una vez más para mostrar
su utilidad, pero también para que todos los municipios de España sepan
que estamos de su parte. Hoy podemos apoyar al municipalismo español
apoyando esta moción. Hoy podemos hacer una apuesta clara pidiéndole al
Gobierno una solución negociada y consensuada a un problema que ha creado
el mismo Gobierno. Pedimos al Gobierno que reflexione y rectifique en
estas últimas horas antes de la votación de mañana en el Congreso de los
Diputados. Si hoy el Senado muestra su rechazo a este real decreto,
mañana será muy difícil que pueda darse viabilidad al mismo en el
Congreso.


Esta moción no es un trabajo in extremis del Grupo Parlamentario
Popular a falta de pocas horas de la votación en el Congreso. Llevamos
meses trabajando en este tema. Hemos pedido la comparecencia de la
ministra y no ha venido. Hemos interpelado a la ministra en varias
ocasiones y no ha contestado. Esa falta de transparencia, esa falta de
respuesta era maquillada con un supuesto acuerdo entre el Gobierno y la
Federación Española de Municipios y Provincias, que nunca lo fue y que se
ha convertido en un fraude.


Nos llamaron alarmistas y mentirosos, pero el tiempo nos ha dado la
razón. Dijimos cuáles era las intenciones del Gobierno y están plasmadas
en ese real decreto ley, aunque lo hayan intentado ocultar durante mucho
tiempo.


El refranero español, señorías, es muy sabio. El tiempo da y quita
razones. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Por sus obras los
conoceréis. Y a ustedes ya les vamos conociendo, porque hablan ustedes
continuamente de consenso, de apoyo a los presupuestos, de aunar
voluntades, pero les ha bastado un mes, en verano, para cargarse el
consenso del municipalismo español, que se declaró el 22 de mayo en el
acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias.


Piden ustedes ayuda a las entidades locales para gestionar el ingreso
mínimo vital, para la vuelta al colegio, para intentar paliar los efectos
de la crisis social que estamos padeciendo, pero, en vez de ayudarnos, lo
que hacen es quitarnos los recursos que con tanto esfuerzo hemos
conseguido ahorrar.


Otro refrán: A Dios rogando y con el mazo dando. Y los ayuntamientos,
las entidades locales, estamos ya bastante cansados de que siempre se nos
trate con un mazo. Queremos que se escuche nuestra voz, que no se nos
ignore y que se atiendan nuestras necesidades. Las entidades locales de
este país cumplen con todo y con todos, y solamente recibimos desprecio y
desatención. No necesitamos tutelas, necesitamos recursos, precisamente
para hacer muchas cosas que son competencia de otros y recaen sobre las
espaldas de los ayuntamientos.


Por eso, hay muchos motivos para decir no a este real decreto.
Decimos que no, porque no ha sido consensuado. Por mucho que quiera decir
el Gobierno que lo ha consensuado con la FEMP, saben ustedes que eso no
es verdad, que necesitaron el voto de calidad del presidente, porque
solamente lo apoyó el Grupo Socialista; que se negociaron, a espaldas de
los alcaldes, en un despacho con la ministra de Hacienda, aspectos y
asuntos al margen de la voluntad de los alcaldes. El señor presidente de
la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho mucho daño a
esta institución, que estaba para velar y defender a los ayuntamientos.
(Aplausos). La ha puesto al servicio del Partido Socialista y del
Gobierno, y por ese motivo debe presentar su dimisión, porque no
representa a los municipios de este país.


La ruptura perpetrada por ustedes al municipalismo español es grave,
pero también es cierto que estamos a tiempo de poder recuperarla. Tenemos
una oportunidad, apoyemos esta moción, que tan solo pide diálogo y
acuerdo en los asuntos que han sido manipulados y no consentidos del real
decreto. Decimos que no porque no es justo ni es solidario, porque deja
atrás a más de 3000 ayuntamientos, que no tienen remanentes positivos de
tesorería y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de este real decreto o
del reparto de esos 5000 millones de fondos que dice el señor Sánchez que
va a repartir entre los ayuntamientos. Son precisamente esos
ayuntamientos los que más necesidad tienen de apoyo del resto de
administraciones.


Fíjense ustedes, acabamos de hablar del mundo rural, pues este real
decreto es sumamente dañino para el mundo rural de nuestro país.


Decimos que no al real decreto porque, tal y como está planteado,
supone un chantaje intrínseco e inaceptable a las entidades locales, que
gozan constitucionalmente de autonomía, y es que, bajo la falsa
apariencia de voluntariedad, el Partido Socialista y el Gobierno plantean
una disyuntiva claramente tramposa: si haces lo que yo quiero, te premio;
si no lo haces, te castigo. Eso no es voluntariedad, eso es un chantaje
en toda regla y, encima, nos dicen que ya nos devolverán el dinero dentro
de diez, doce, quince o diecisiete años, porque, hasta en eso, no han
dicho la verdad. Una vez más, ese trato infantiloide a las
administraciones locales demuestra el poco respeto que les tienen. No nos
merecemos esto somos también Estado, somos tan Estado como el Gobierno de
España y las entidades locales merecemos lealtad y respeto.


Y decimos que no porque, ahora justamente, es cuando más necesitamos
estos recursos. Pero, fíjense, voy a ser muy claro: aunque haya que hacer
reformas, aunque haya que modificar leyes. Estamos en un momento
extraordinario y habrá que hacer cosas extraordinarias. Yo sé que ustedes
van a repetir otra vez el mantra de que la culpa es del Partido Popular y
del señor Montoro —son ustedes muy originales, y estoy convencido
de que su debate va a ir por ahí—, pero no es verdad, y lo saben.
La realidad es otra. La realidad es que hay bastantes alcaldes aquí
—y es muy bueno que los haya— que no tenemos chófer, que no
tenemos coches oficiales, que no tenemos moquetas en los despachos de
nuestros ayuntamientos, que tenemos colas de personas pidiéndonos
recursos para poder comprar el pan de sus hijos, la bombona de butano o
pagar la luz. (Aplausos). Eso es lo que tenemos.


Le pido al Gobierno que se siente a hablar con cualquier alcalde, con
cualquier concejal de cualquier pueblo de España y que, después, salga de
los jardines de Moncloa, salga del coche oficial y de la publicidad
institucional y vea que lo que hay es un país pidiendo auxilio ante una
situación desesperada.


Decimos que no, porque supone un atentado contra el principio de
autonomía local, y es que el Gobierno nos va a decir además en qué
tenemos que gastarnos ese dinero. Y, miren ustedes, curiosamente, no nos
va a permitir que lo gastemos en lo más necesario: ni en empleo ni en
apoyar a los autónomos ni en apoyar a las pymes que lo están pasando mal
en esta crisis. (Aplausos). ¿Cómo se entiende eso?


Y sí, señores socialistas, hay una alternativa, hemos presentado una
alternativa. La alternativa del Partido Popular está negro sobre blanco
en un documento oficial firmado por todos los alcaldes de España,
incluidos los alcaldes del Partido Popular, el pasado 22 de mayo, y
quiere lo que pide ese papel. Queremos lo que pide ese papel: 5000
millones de euros incondicionados, ayuda al transporte, ayuda al ingreso
mínimo vital, ayuda a las entidades locales con remanentes negativos y
que podamos gastar, modificando lo que tengamos que modificar, el cien
por cien de los remanentes de los ayuntamientos.


Pido el apoyo para esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, el senador Martín Rodríguez.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Con su venia, señora presidenta, lo haré
desde el escaño.


A la enmienda presentada por mi grupo —enmienda de
modificación—, me suscribo porque su literalidad no necesita
explicación alguna.


Pero yendo al proponente y homólogo del Partido Popular, querido
compañero, es obvio que la mentira más perniciosa es la que se desliza
sobre el filo de la verdad, y en eso ha hecho usted hoy un ejercicio de
esgrima. (Aplausos). Y le voy a hacer varias consideraciones sobre el
aserto que acabo de pronunciar.


La FEMP es un organismo autónomo, soberano, democrático, que el 22 de
mayo de 2020 decidió hacer un acuerdo con el Gobierno de la nación, con
la ministra de turno, que ha dado lugar al Real Decreto 27. Y usted pedía
el voto a favor de su enmienda para que no prosperara en el Congreso. Y
se ha acordado usted hoy aquí de que los alcaldes —a Noé le va a
hablar del diluvio, que llevo veinte años— necesitaban el dinero
para dar pan al pueblo, cuando Montoro nos lo quitó. (Aplausos). En fin,
vamos a ver si decimos la verdad. No su verdad, la verdad machadiana.
Incluso, mi verdad puede estar en contra de la suya y, si quiere, salimos
al pasillo y la paseamos juntas, a ver si llegamos a una, pero a la
verdad, no a la manipulación de la verdad.


La segunda cosa que quiero traer a colación es que dice usted: Seguro
que dicen que esto es el mantra... Yo no voy a utilizar ningún mantra,
compañero, pero la máxima jurídica de que la causa de la causa es causa
del mal causado es lo que aquí trae causa, causa de su moción. ¿Y cuál es
la causa de la causa? Pues la causa de la causa es que ustedes,
gobernando, secuestraron la autonomía fiscal a los concejales, a los
alcaldes, a las entidades locales y bloquearon nuestros propios recursos,
que es donde están: bloqueados. (Aplausos). Y ahora que hemos conseguido
parcialmente desbloquearlos, resulta que vienen ustedes aquí con una
moción a decir que volvamos a la casilla de partida, para negociar qué,
¿la autonomía fiscal que nos secuestraron ustedes, y donde quieren que
volvamos a estar? Oiga, esto es como dice el cómico de mi tierra,
Calzada: Si hay que ir, se va, ¡pero ir pa na, ir pa na! (Risas.—
Aplausos).


Yo me pregunto, señorías, ¿con qué legitimidad puede hoy esta Cámara
cuestionar un acuerdo entre partes legítimas, como es el Gobierno y la
FEMP? ¿Quién es esta Cámara para que no se cumpla un acuerdo? Por cierto,
acordado democrática y libremente. Y, por cierto, un acuerdo que son
lentejas: el que quiere, las come, y el que no, las deja. Es que esto de
prestarle el dinero al Gobierno —como usted lo ha llamado— es
el que quiera prestárselo. Y me saca usted a compañeros míos que han
dicho que no lo van a hacer. Están en su legítimo derecho. ¡Para eso son
alcaldes, coño! (Aplausos.— Risas). Es que este acuerdo no obliga a
lo que Montoro obligaba, que es a tener el dinero paralizado en el banco
y no poder utilizarlo para dar el pan. (Aplausos).


En todo caso, voy a terminar la reflexión. Yo creo que tiene usted
mucho mérito, porque para subirse ahí y decir lo que ha dicho, hay que
tener cuajo. Y le ha tocado a usted ese papel. A mí me ha tocado este. Yo
estoy a gusto con el mío, pero con estas consideraciones, cabría
preguntarse: ¿Cómo entiende el Partido Popular la democracia? ¿La
entiende como el ejército de Zapata, que si no la gana, la empata, y lo
que no ganó en la FEMP lo quiere ganar aquí? ¿Así es como entienden
ustedes la democracia? Han digerido muy mal que haya un Gobierno de
coalición que busque diálogo, al que ustedes apelan ahora, para deshacer
lo que hicieron, pero volviendo al principio.


Y una reflexión filosófica. Cuando el disparate se instala en la
realidad es que el sujeto está enfermo, y la verdad de esta moción es que
ustedes están enfermos por las pérdidas electorales que sufren allí donde
se presentan.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra su señoría, el señor Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik asko, presidente
andrea. Arratsalde on, senatori jaun-andreok.


Ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero. ¿Recuerdan? Agosto de 2011.
Mientras PSOE y PP aprobaban la modificación del artículo 135 de la
Constitución española, las personas que se manifestaban ante el Congreso
de los Diputados gritaban: ¡Ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero!
También Pedro Sánchez votó a favor de aquel cambio, junto con el diputado
de UPN, voto este, incluso más vergonzoso, puesto que los otros dos
partidos no tenían ninguna necesidad del voto de UPN ni de nadie
más.


Esta reforma se llevó a cabo en el plazo de un mes, rodeada de dudas,
sobre su legalidad, sin una práctica garantista, sin consenso social, sin
consulta a la ciudadanía y sin declaración consistente sobre su urgencia,
seguramente, porque no había ninguna.


Han pasado nueve años desde que esa modificación daba rango
constitucional a la prioridad absoluta al pago del capital e intereses
públicos de la deuda de las administraciones sobre cualquier necesidad de
gasto. La señora Soraya Sáenz de Santamaría y el señor Montoro afirmaban
entonces, y lo digo textualmente: Esta reforma pone a salvo el Estado del
bienestar y las políticas sociales. Y no, lo que posibilitó aquella
reforma fue que se antepusieran los intereses de los bancos a las
necesidades de la ciudadanía. Esa reforma posibilitó que tanto PSOE como
PP pusieran en marcha una inusitada política de extrema austeridad,
recortes, privatizaciones e involución social.


La Ley Montoro es hija directa de aquella reforma. Esta ley es origen
y causa de las restricciones que actualmente soportan las entidades
locales, y debe ser derogada en su totalidad, porque los remanentes de
los ayuntamientos son de ellos y solo de ellos, y no valen medias
tintas.


Nosotros entendemos que la economía debe estar al servicio de la
justicia y los derechos de las personas, y no al revés. El primer
objetivo de cualquier gobernante debe ser el bienestar de la ciudadanía.
Un Gobierno responsable es aquel que protege a la ciudadanía y a los
servicios públicos que esta recibe. Por eso, insisto, hay que derogar la
Ley Montoro.


Los derechos humanos son incompatibles con la austeridad. Cualquier
solución a una crisis económica, como la que hoy vivimos y la que vivimos
hace unos años, que pretenda ser social y democrática pasa por la
inversión pública en promoción de igualdad. Esto es, pasa por la
derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y
de la Ley Montoro. Seguramente mi recuerdo de aquella consigna de hace
diez años habrá molestado a senadores y senadoras del PSOE, porque, es
verdad que a lo largo de estos años el PSOE ha cambiado; no sé si por
necesidad, convencimiento o conveniencia, pero ha cambiado. El mejor
ejemplo, el propio presidente del Gobierno o la evolución del Partido
Socialista de Navarra.


Ha cambiado, pero el presidente Sánchez me contestaba largamente ayer
en el Pleno en relación con mi reclamación de que los ayuntamientos
pudieran utilizar sus remanentes, y vino a decir que la propuesta
acordada con una parte de la Federación Española de Municipios y
Provincias —lo ha dicho también el portavoz socialista— son
lentejas: si quieres las comes y si no las dejas. El menú que el Gobierno
y el Partido Socialista proponen es presa ibérica. Presa, porque busca
apresar los dineros de los ayuntamientos para engordar los ingresos del
Estado. Y lo que quieren los ayuntamientos no es presa ibérica, sino
solomillo. Han ahorrado durante años para comer solomillo y quieren
compartirlo, para garantizar el bienestar y la salud de sus vecinas y
vecinos en una crisis sin precedentes.


Señorías del PSOE, señorías, del PP, denles solomillo a los
ayuntamientos, dejen que utilicen su dinero sin tener que recurrir a
cambalaches; se lo han ganado. Para ello, nuevamente lo digo, lo mejor es
derogar la Ley Montoro y restituir la racionalidad y la justicia en la
distribución de un dinero que es de los ayuntamientos y de sus ciudadanas
y ciudadanos, y solo de ellos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para
manifestar si acepta o no las enmiendas formuladas, por tiempo máximo de
tres minutos.


Tiene la palabra el senador Priego Chacón.


El señor PRIEGO CHACÓN: Gracias, señora presidenta.


Voy a contestar al señor portavoz del Grupo Socialista diciéndole
que, obviamente, no le vamos a aceptar su enmienda. Creo que hay motivos
varios para hacerlo, pero me voy a centrar en dos: en primer lugar,
hablando, como usted, de causas y consecuencias. Usted sabe que la Ley de
estabilidad trae causa de la modificación del artículo 135 de la
Constitución, promovido por su Gobierno cuando gobernaba Zapatero y
votado por el señor Sánchez. (Aplausos). Esa es la causa de la Ley de
estabilidad.


En segundo lugar, habla usted de verdades y de mentiras. Es cuando
menos curioso que se atrevan todavía ustedes a hablar de verdades y de
mentiras. Mire: Si quiere se lo digo cinco o veinte veces: con Bildu no
vamos a pactar. (Aplausos). Voy a otra: No voy a permitir que la
gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. ¿Quiere
más? Voy a otra: Con Pablo Iglesias a ningún lado. Sánchez dixit. Ha
hecho todo lo contrario, es el Gobierno de la mentira, sustentado en la
mentira sistemática. (Aplausos). ¿Cómo vamos a confiar en un presidente
del Gobierno que ha engañado a todos los españoles para estar en La
Moncloa? Desde luego, los alcaldes no nos vamos a fiar y no vamos a dar
nuestro voto a favor de un compromiso que seguramente vuelva a traicionar
el presidente del Gobierno.


En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Federal,
tengo que decir que es su opinión sobre la Ley de estabilidad. Nosotros
nunca rehuimos un debate. Podrá traer causa con otra moción y hablaremos
de la Ley de estabilidad. Pero entendemos que esta es una moción blanca,
es una moción que todo el mundo puede apoyar, centrada en el Real
Decreto 27/2020. Por eso no vamos a aceptar su enmienda, pero estaremos
encantados de debatir ese tema en cualquier otro ámbito y en cualquier
otro momento, cuando lo deseen.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, compartirán
su tiempo los senadores González-Robatto y Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, el
decreto ley desde luego no supone una solución definitiva al problema de
la financiación de las entidades locales. Su contenido incluye apartados
específicos que son aceptables, pero otros, y muy importantes, que son
necesariamente mejorables, y, en fin, hay omisiones que difícilmente
pueden ser asumidas.


Tenemos que ser honestos y reconocer que ni todo está mal ni todo es
maravilloso. Apostamos por trabajar para tratar de mejorar el texto. Para
ello, consideramos que el real decreto ley debe ser tramitado como
proyecto de ley para dar oportunidad a enmiendas, a la corrección de sus
defectos y a la potenciación de sus virtudes. Llamamos a todos a
aprovechar la oportunidad. No pudo ser en la FEMP, no ha podido ser en
estas semanas, pero el entendimiento debe abrirse camino en breve. La
premura de plazos que marca el decreto ley tiene que quedar en suspenso
hasta que exista ese acuerdo al máximo. Lo importante, señorías, es
mejorar el decreto y llegar a un pacto lo más amplio posible.


Por eso, no podemos compartir la finalidad, que no el contenido, de
la moción. No ofrece, desde nuestro punto de vista, alternativa e impide
un debate abierto sobre la solución a los remanentes municipales y a
otros problemas derivados de la financiación municipal. La retirada del
texto no supone una solución, sino una acción política totalmente
legítima, en la que nosotros no podemos entrar. Preferimos partir del
texto para mejorarlo. Por eso, señorías, votaremos en contra.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el mismo grupo, intervendrá el senador
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidenta.


Esta intención socialista es un chantaje para los municipios
españoles, especialmente para aquellos que han cumplido los planes
fiscales y de gasto responsables. Después de esquilmar fiscalmente a los
ciudadanos y a las empresas, el Gobierno sigue sin tener los recursos
necesarios para financiar un gasto público desbocado, y siguen buscando
dinero ajeno, en lugar de buscar en el suyo propio. Es un ataque directo
a la autonomía financiera municipal. Muestran, una vez más, la hipocresía
socialista. De hecho, la primera administración, la más cercana al
ciudadano es el ayuntamiento, y quieren quitarles a los que han hecho
bien los deberes sus recursos.


Pretenden expropiar esos 5000 millones para regar aun más sus
ocurrencias en tiempos tan nefastos como los que este Gobierno nos ha
dirigido. Si una corporación municipal es austera y genera superávit en
los años buenos para hacer frente a los malos, no podrá obtener beneficio
alguno de su gestión, ya que el dinero que se ha ahorrado será incautado
por el Gobierno para financiar —como he dicho antes— sus
despilfarros y sus ocurrencias.


En este contexto, los gobiernos locales tendrán todavía, y con razón,
todos los incentivos para no tener unas cuentas públicas en equilibrio o
en números negros, sino para incurrir en déficits permanentes, como de
facto hace el Gobierno central y la mayoría de los autonómicos. El
Gobierno está atrapado en sus propias inconsistencias; no quiere reducir
el gasto público, pero no tiene, ni tendrá, ingresos necesarios para
financiarse. En medio del absoluto desplome de las finanzas públicas,
quiere dirigir al abismo a la única administración territorial que no
hace aguas: la local. Esto es, sencillamente, inaceptable.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, intervendrá el
senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Amb el Reial Decret Llei 27/2020 de 4 d’agost de mesures
financeres de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats
locals, el govern espanyol el que pretén és disposar dels romanents
d’aquells ajuntaments que han realitzat una bona gestió la darrera
dècada, per a cobrir la seva manca de liquiditat. Per Junts per Catalunya
això representa un nou atac i una deslleialtat envers l’autonomia
municipal. Representa una apropiació en tota regla dels estalvis de
moltes corporacions locals, el que significa, en definitiva, dels
estalvis dels veïns i les veïnes de molts pobles i ciutats de
l’Estat.


Amb el poc temps que fa que exerceixo en aquesta Cambra, en
reiterades ocasions he reclamat a aquest Govern la necessitat
d’alliberar l’ús dels romanents dels ajuntaments. Uns
romanents intervinguts des de fa anys. I, lluny d’això, el que ens
proposen ara és una centralització dels mateixos. Pretendre, amb un acte
únic, que els ajuntaments, les diputacions i els consells insulars
realitzin la transferència de la totalitat del seu romanent de
tresoreria, en forma de préstec a l’estat, no és de rebut. Molt
menys quan és aquest estat el que fixa el termini
d’amortització: 15 anys que, en realitat són 17, perquè s’han
de començar a comptar a partir del 2022. I amb l’agreujant que
també és el mateix estat qui estableix les condicions financeres del
mateix.


Ho entenen això, vostès? S’han trobat mai anant a demanar un
préstec i ser vostès els que fixen les condicions? És evident que això és
un abús de poder i una manca de respecte institucional.


I sí senyors, és veritat. La mesura és voluntària però, no
acollir-s’hi, té conseqüències. Perquè no es participarà del crèdit
extraordinari previst per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals. Així, què ens estan dient? Que la resta
d’entitats, les que no tinguin romanents, les que no els aportin
voluntàriament no tenen dret a recuperar-se?


És igualment important tenir clar que lliurar els romanents de
tresoreria a l’estat pot generar greus problemes de tresoreria a
les entitats locals perquè, com vostès saben, el romanent de tresoreria
està format bàsicament per l’existència en caixa més el pendent de
cobrar un cop descomptat el pendent de pagar. I vostès saben que el
pendent de cobrar mai no està tot materialitzat. Però els ens locals
l’haurem de lliurar, l’hauran de lliurar a l’estat com
si estigués ingressat i ho tinguessin tot a caixa. Cal tenir present que
el paper ho aguanta tot. Però la realitat, en aquesta situació de crisi,
és que en els ajuntaments hem endarrerit el cobrament de taxes i impostos
i que, previsiblement, el nombre d’impagats creixerà, i els
problemes de caixa, els problemes de metàl.lic poden ser més reals.


Des de Junts per Catalunya, considerem que els estalvis de cada
ajuntament han de revertir a cada municipi, perquè considerem que la
gestió municipal s’ha de fer en clau local i de forma propera i amb
el coneixement de les realitats i les singularitats de cada població. Els
diners del consistori han de revertir en benefici dels seus veïns i
veïnes, de tot el teixit associatiu, empresarial i comercial, que en
aquests moments està patint una greu crisi a causa de la pandèmia.


No és de rebut que, de forma reiterada i barruera, l’estat
trepitgi un altre cop les competències municipals. Des de Junts per
Catalunya estem convençuts que els ajuntaments no hem de fer de banc
d’un estat centralista, autoritari i fallit. Un estat que ha
mostrat molt poc respecte amb el diner públic que, en definitiva, és de
tots. Hem vist com ha malgastat, fos d’un color o d’un altre.
En infraestructures innecessàries, en rescats a la banca, en armament,
equipament militar, en el desplegament de milers de policies i guàrdia
civils per pegar-nos o en mantenir una monarquia anacrònica, corrompuda,
per posar alguns exemples. Saben molt bé que nosaltres treballem per
tenir un estat propi, que posi l’accent en uns altres valors, els
valors d’






una república social i democràtica, on la separació de
poders sigui real, on es respectin les llibertats i els drets
fonamentals. Per aquest motiu, sempre que tenim oportunitat, reiterem el
nostre compromís polític amb el mandat de l’1 d’octubre. Com
l’única alternativa per a desvincular-nos d’aquest estat
espanyol immers cada dia més en una decadència global.


No acostumo a esgotar el temps però avui això em donaria per molt. No
tinc l’oportunitat de continuar. Malgrat això, avui donarem suport
a la moció del grup parlamentari, sabent que ells també hi tenen una part
de responsabilitat, però sobretot hi donarem suport per reiterar i
denunciar un cop més la manca de sensibilitat d’aquest estat
espanyol envers el món local.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Con el Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de carácter
extraordinario y urgente, de medidas financieras, el Gobierno español
pretende disponer de los remanentes de estos ayuntamientos que han
realizado una buena gestión en los últimos tiempos para cubrir su falta
de liquidez. Para nosotros, esto supone un ataque y una deslealtad a la
autonomía municipal. Esto es una apropiación en toda regla de los ahorros
de muchas corporaciones locales, lo que significa, en definitiva, de los
ahorros de los vecinos y vecinas de muchos pueblos y ciudades del
Estado.


Con el poco tiempo que llevo ejerciendo en esta Cámara, en muchas
ocasiones he reclamado a este Gobierno la necesidad de liberar el uso de
los remanentes de los ayuntamientos, intervenidos desde hace años. Lejos
de esto, lo que nos proponen ahora es su centralización. Pretender, con
un acto único, que los ayuntamientos, las diputaciones y los consejos
insulares realicen la transferencia de la totalidad de su remanente de
tesorería en forma de préstamo al Estado no es de recibo, y mucho menos
cuando es este Estado el que fija el plazo de amortización, quince años,
que en realidad son diecisiete, porque se tienen que empezar a contar a
partir del 2022, con el agravio de que es el mismo Estado el que
establece las condiciones financieras del préstamo.


¿Ustedes entienden esto? Cuando han ido a pedir un préstamo, ¿alguna
vez se han encontrado con que han sido ustedes los que han puesto las
condiciones? Es evidente que esto es un abuso de poder y una falta de
respeto institucional.


Y sí, es verdad que la medida es voluntaria, pero no acogerse a ella
tiene consecuencias, porque no se va a participar del crédito
extraordinario previsto para la recuperación económica y social de las
entidades locales. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Que el resto de
entidades, las que no tengan remanentes, las que no los aporten
voluntariamente no van a tener derecho a recuperarse?


Es igualmente importante tener claro que librar los remanentes de
tesorería al Estado puede generar problemas a las entidades locales.
Porque, como ustedes saben, estos remanentes de tesorería están formados
básicamente por la existencia en caja del pendiente de cobrar, después de
descontar el pendiente de pagar. Y ustedes saben que el pendiente de
cobrar nunca se materializa del todo. Pero los entes locales lo tendrán
que librar al Estado como si estuviera ingresado y lo tuvieran todo en
caja. Hay que tener presente que el papel lo aguanta todo, pero la
realidad, en esta situación de crisis, es que los ayuntamientos hemos
retrasado el cobro de tasas e impuestos, y previsiblemente va a aumentar
el número de impagados. Los problemas de caja, de metálico, pueden ser
más reales.


En Junts per Catalunya consideramos que los ahorros de cada
ayuntamiento tienen que revertir en cada municipio, porque consideramos
que la gestión municipal se tiene que hacer en clave local, de forma
cercana, con el conocimiento de las realidades y las singularidades de
cada población. El dinero del consistorio tiene que revertir en beneficio
de sus vecinos, en el tejido empresarial y comercial, que en estos
momentos está sufriendo una grave crisis a causa de la pandemia.


No es de recibo que, de forma reiterada, el Estado vaya pisando las
competencias municipales. En Junts per Catalunya estamos convencidos de
que los ayuntamientos no tenemos que hacer de banco a un Estado
centralista, autoritario y fallido; un Estado que ha mostrado muy poco
respeto con el dinero público, que, en definitiva, es de todos. Hemos
visto cómo ha malgastado, ya fuera de un color o de otro, en
infraestructuras innecesarias, rescates a la banca, despliegue de miles
de policías y guardias civiles para pegarnos o mantener una monarquía
corrupta, anacrónica, por poner algunos ejemplos. Saben muy bien que
nosotros trabajamos para tener un Estado propio, que ponga el acento en
otros valores, los valores de una república social y democrática, donde
la separación de poderes sea real, donde se respeten las libertades y
derechos fundamentales. Por este motivo, siempre que tenemos la
oportunidad, reiteramos nuestro compromiso político con el mandato del 1
de octubre como la única alternativa para desvincularnos de este Estado
español que está metido cada vez más en una decadencia global.


Normalmente, no agoto el tiempo que tengo, en estos momentos no puedo
continuar; a pesar de ello, vamos a apoyar la moción de este grupo
parlamentario sabiendo que ellos tienen parte de responsabilidad. Vamos a
apoyarles para reiterar y denunciar una vez más la falta de sensibilidad
del Estado español en relación con el mundo local.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik asko.


En una de mis intervenciones sobre los remanentes municipales, antes
del acuerdo que yo denomino de la vergüenza, alababa la capacidad de Abel
Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de haber logrado en la Comisión de Reconstrucción del
Congreso el consenso de todos los grupos políticos en su defensa de la
autonomía municipal. Por desgracia, la cosa quedó ahí, no pasó de ser un
momento ilusionante, seguido de una vuelta atrás muy descorazonadora por
parte del Partido Socialista.


Los intereses del partido del Gobierno se han impuesto a las
necesidades de las y los ciudadanos de los municipios. La decisión de
Abel Caballero de desdecirse de sus apelaciones a que los ayuntamientos
pudieran gastar lo que tanto les había costado ahorrar ha roto el
consenso que había entre los municipios, independientemente de su color.
Esa ruptura, con el único fin de echar un salvavidas al Gobierno,
acompañará a Abel Caballero y hará que las luces de Navidad de Vigo este
año sean algo más mortecinas.


Los ayuntamientos ni pueden ni deben convertirse en prestamistas del
Gobierno de turno. El propio presidente del Gobierno nos recordaba ayer
que la decisión de prestar ese dinero es voluntaria y que si no hay
préstamo, los remanentes seguirán sin poder usarse, porque así lo dice la
normativa. Le propongo que dé un paso adelante y derogue esas normas
jurídicas, que fueron aprobadas también por el Partido Socialista en
alguna medida, y que se posibilite el uso de todo el remanente por los
municipios. Es decir, que desande lo andado para empezar a ir en la buena
dirección.


Los ayuntamientos de Navarra han demostrado en estos años su madurez,
no han gastado lo que no tenían y han hecho bien su trabajo. Están bajo
el control de la Cámara de Comptos, el equivalente navarro del Tribunal
de Cuentas, y no necesitan que desde Madrid se les imponga más controles
y una disciplina de gasto que redunda en la ineficacia y limita su
capacidad de gestión. Son mayores de edad, al igual que los demás
ayuntamientos del Estado.


Los remanentes son la vacuna que necesitan los municipios para poder
mantener sus servicios; para poder tener en condiciones las escuelas,
cuyo mantenimiento tienen que asumir; para poder continuar con su labor
asistencial a quienes menos tienen; para dotar de vivienda a los jóvenes
que, con sueldos míseros y precarios, no pueden acceder a un alquiler y
ven cercenado un proyecto de vida; en definitiva, para seguir siendo la
punta de lanza de la lucha contra la exclusión y no dejar que la crisis
se lleve por delante a capas muy amplias de la población.


Ustedes, senadoras y senadores del Grupo Popular, tienen ahora
también la oportunidad de enmendar el inmenso error que cometieron al
impulsar la Ley Montoro. Esta ley tiene poco de racional y nada de
sostenible. Es un instrumento que ahoga administrativa y económicamente a
los municipios y tiene sus consecuencias negativas para las vecinas y
vecinos. Además, para los navarros y navarras es también un contrafuero,
porque ataca no solo la autonomía municipal, sino también nuestra
foralidad, nuestro autogobierno.


Por eso, y porque hoy más que nunca los ayuntamientos necesitan
gastar más a pesar de ingresar menos, es necesario no quitarles su
dinero, porque lo necesitan más que nunca y porque es suyo. La mejor
manera de actuar en consonancia no es, señoras y señores senadores del
Grupo Socialista, como hacen ustedes con su muy habitual arte de la
prestidigitación, pedirles prestado, no. La mejor manera es derogar la
Ley Montoro, volver a la senda de la racionalidad, dejar de tratar a los
ayuntamientos como el brazo tonto del Gobierno y confiar en la capacidad
que han demostrado de asumir sus responsabilidades, y hacerlo como lo han
hecho en tantas y tantas localidades: de manera unitaria, sin
partidismos, pensando en el bien común por encima del interés de cada
partido.


Señoras y señores senadores del PP, esta moción suya, esta moción del
PP, esta sí, es una moción trampa; trampa porque obvia y silencia su
actuación, su puesta en marcha de la Ley Montoro. Aun así, sabiendo que
esta moción se asemeja mucho al agua con la que Pilatos se lavó las
manos, algunos y algunas de nosotros votaremos a favor, solicitándoles
nuevamente a ustedes, PP y Partido Socialista, que deroguen de una vez la
Ley Montoro, sobre la que se ha montado todo este desaguisado. Es de
sentido común.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la
senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Señorías, lo que el Gobierno pretende con este real decreto ley no es
ni más ni menos que conseguir todo el remanente de los ayuntamientos para
devolverles tan solo una pequeña parte, 5000 millones, diciéndoles además
en qué gastarlo. Curiosa forma de entender el municipalismo y curiosa
forma de entender la justicia económica tienen ustedes. Se ha calificado
de chantaje, y la verdad es que no es exagerado, porque del fondo de 5000
millones solo se beneficiarán los ayuntamientos que tengan remanentes y,
además, que acepten dárselos en su totalidad al Gobierno, posición en la
que ahora mismo se encuentra solo el Partido Socialista.


Como consecuencia, se quedarían fuera de este fondo aquellos que no
acepten estas condiciones y todos los que no cuentan con superávit que
transferir al Gobierno. Entre estos ayuntamientos destacan, por ejemplo,
el de Zaragoza, Granada, Cádiz o Murcia. Además, este fondo, 5000
millones, parece ser que va a ser financiado con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, o sea, con el dinero de todos los ciudadanos. Por
tanto, no parece muy justo que solo se beneficien de él los ciudadanos
que vivan en municipios cuyos ayuntamientos se hayan acogido al acuerdo y
transferido la totalidad, es decir, el cien por cien de sus remanentes.
Además, pretenden también decirles a ustedes en qué se lo pueden gastar
o, más importante y peor todavía, en qué no se lo pueden gastar, porque
no les están ustedes permitiendo ayudar a quienes están soportando uno de
los mayores pesos económicos en esta crisis, como son los autónomos, los
profesionales de la hostelería, el turismo o el comercio, que dan trabajo
a muchísimas familias españolas.


Señorías, este acuerdo es entre el Partido Socialista y el Partido
Socialista; es decir, entre la facción socialista del Gobierno y los
representantes del PSOE en la FEMP. Extrañamente, hay algo positivo en
todo esto, y es que han conseguido ustedes algo histórico. Decía ayer en
esta misma Cámara su presidente, el señor Sánchez: unidad, unidad y
unidad. Pues bien, se han unido trece formaciones políticas, eso sí, en
contra de esta iniciativa del Partido Socialista. Señorías, ¿no serán
ustedes los que van con el pie cambiado? Pregunto. Mal lo tiene que estar
haciendo este Gobierno para que se unan alcaldes de toda España, todos de
diferente ideología y signo político, algunos incluso de municipios donde
ustedes cogobiernan, como Barcelona, Bilbao o Valencia, en contra de esta
propuesta. Pero es que hay incluso presidentes socialistas —se lo
decía anteriormente otro portavoz—, como el de la Diputación de
Teruel, y alcaldes socialistas que están en contra de este real decreto;
que les han dicho que se han equivocado. También les están diciendo que
se van a equivocar todavía más si siguen adelante sin escuchar
absolutamente a nadie.


En Ciudadanos seguiremos pidiéndoles que rectifiquen, apoyando el
municipalismo y presentando mociones en ayuntamientos y diputaciones, por
cierto, mociones que se han aprobado con el voto a favor de diputados
provinciales, de alcaldes y de concejales socialistas, en contra de esta
medida, incluso antes de ser presentada. De hecho, como también se ha
dicho ya en esta Cámara, treinta y un alcaldes de municipios de más
de 100 000 habitantes de trece formaciones políticas, entre las que,
repito, se incluye Ciudadanos, se han unido para exigirles un real
decreto exprés por el cual el Gobierno cree un fondo de 5000 millones que
no esté sujeto a la entrega de los remanentes y a distribuir entre todos
los ayuntamientos de manera justa, aplicando criterios de población y
sobre el que los ayuntamientos, además, mantengan el total de la
autonomía; es decir, con características similares al llamado Fondo
COVID, de 16 000 millones, aprobado para las comunidades autónomas.


Hay otro dato curioso: es la primera vez que se rompe el consenso en
el municipalismo, una forma también un tanto peculiar de apelar a la
unidad o de parar el virus todos juntos, como dicen ustedes. De hecho, en
la FEMP el presidente socialista tuvo que hacer uso de su voto de calidad
por primera vez en la historia, señorías. El presidente de la FEMP ha
actuado de forma partidista, sin atender a las necesidades del
municipalismo y en vergonzante contradicción con sus propias
manifestaciones cuando declaró en la Comisión de Reconstrucción que los
ayuntamientos —se lo voy a citar textualmente— demandamos un
fondo municipal de actuación para el impulso de la economía local
—atención—, que sea utilizado singularmente también en
ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos que no tengan ni
superávit ni remanente. Y añade: Nosotros no podemos estar con
restricciones para poder utilizar nuestros recursos, porque salieron de
los impuestos de nuestros ciudadanos y los queremos utilizar para
ellos.


Señorías, este es un real decreto que se aleja enormemente de la
unidad, que redunda en la injusticia y la desigualdad y que distingue
entre ciudadanos de primera o de segunda dependiendo de su lugar de
residencia.


La señora PRESIDENTA: Señoría, termine.


La señora PONCE GALLARDO: Termino ya. Saben que no pueden encontrar
ahí a Ciudadanos, que es un proyecto de igualdad en toda España, pero
saben también que pueden encontrarnos en la unidad, en la negociación
para que rectifiquen y para que, en definitiva...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde
on guztioi. Buenas tardes a todas y a todos.


Tratamos hoy la moción que presenta el Grupo Popular solicitando al
Pleno de esta Cámara que inste al Gobierno a rectificar y retirar el Real
Decreto 27/2020. Es cierto que este decreto, el de 4 de agosto, de
medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, aplicables a
las entidades locales, ha venido precedido de la polémica y con un
rechazo muy amplio desde el primer momento. Pero de la misma forma es
cierto que quien presenta esta moción —en política es así—
elige el momento o la oportunidad política, y casualidad
—permítanme la ironía—, nos lleva a debatir esta moción en la
víspera en la que en el orden del día del Congreso está previsto su
debate para la convalidación o derogación. Además, sabiendo el Grupo
Popular, porque ha sido partido de Gobierno, que el Gobierno en este
momento no puede retirar un real decreto publicado en el Boletín Oficial
del Estado; solo corresponde convalidarlo o derogarlo y, en su caso,
tramitarlo como proyecto de ley.


En relación con el real decreto, hemos manifestado nuestra opinión.
No nos gusta la solución, pero no voy a entrar en el contenido del
decreto, ya que no es lo que se está debatiendo hoy. Aquí debatimos una
moción que tampoco nos convence, porque lo mismo que el polémico decreto,
no tiene en cuenta ni respeta el sistema de concierto económico ni el
convenio de Navarra; es decir, no se atiende a la particular relación
financiera de las comunidades forales con el Estado, una relación
bilateral entre gobiernos.


Tampoco esta moción contempla la especificidad foral, no la tiene en
cuenta en tanto que lo que propone es aprobar el documento aprobado por
unanimidad en mayo del 2020 por la FEMP, en el que nuestros ayuntamientos
no están representados. Cometen el mismo error.


Asimismo, hay que tener en cuenta que cualquier decisión y cualquier
acuerdo sobre la financiación y la sostenibilidad de las instituciones
vascas se debe abordar y adoptar de forma bilateral en la Comisión Mixta
del Concierto. Reitero que los ayuntamientos vascos no se financian con
recursos del Estado, se financian con recursos propios y recursos forales
y no están representados en la FEMP.


Desde luego, para nosotros no es lógico ni tampoco de sentido común
que, con la situación derivada de la COVID, una crisis inaudita en la que
las administraciones van a tener que realizar importantes gastos para
paliar la crisis, haya recursos ociosos —los remanentes de los
ayuntamientos lo son—, y estos no pueden ser utilizados,
argumentando la imposibilidad de hacerlo por la Ley Montoro o la Ley de
estabilidad, la ley que llaman Montoro, que es la Ley de
estabilidad.


En este contexto de crisis sanitaria, que ha derivado en una crisis
económica sin precedentes, los recursos de las administraciones, de
todas, deberían poder ponerse a disposición de las políticas que necesita
la ciudadanía. Y al hilo de esta reflexión resulta —y aquí voy a
mirar a las dos bancadas— bastante justo decir que la Ley de
estabilidad como la conocemos no sería posible si previamente un Gobierno
socialista no hubiera modificado de forma exprés —también en
agosto— el artículo 135 de la Constitución. Algunas leyes, por lo
visto, se pueden cambiar rápidamente.


Los ayuntamientos no deberían solo poder esquivar la regla de gasto.
La regla de gasto debe ser flexibilizada en lo inmediato, en el medio
plazo debería cambiarse la ley. Ayer le preguntaba la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado al presidente cómo iba a arreglar lo de
este decreto. No contestó. En todo caso, con esta moción el Partido
Popular pretende patrimonializar el malestar de las entidades locales,
siendo el autor intelectual de las leyes menos municipalistas, y esto,
por lo menos a nosotros, a nuestro grupo, le genera cierta
desconfianza.


Eskerri asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, senyora presidenta. Gràcies,
senadores, senadors.


Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, podríem
passar-nos molta estona debatent de qui és la responsabilitat
d’haver arribat a aquesta situació que ens planteja la moció del
Grup Parlamentari del Partit Popular. Però, si bé és veritat que el
Partit Popular ha tingut certa responsabilitat en el que ha passat fins
ara, no ho és menys que la proposta via Reial Decret Llei 27/2020 del
govern del PSOE,tampoc no ofereix massa solucions. I no ofereix massa
solucions perquè parteix del discens i no del consens, dins de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per exemple. I ha
aconseguit que hi hagi més de trenta alcaldes al conjunt de l’estat
espanyol, de 13 formacions polítiques diferents, que diguin que aquesta
proposta no els agrada. I, per tant, alguna cosa no s’ha fet bé o
alguna cosa no està funcionant.


Clar, què ens proposa el govern del PSOE. El govern del PSOE el que
ens està dient és: feu-nos confiança cega al reial decret llei que
s’ha de convalidar demà i, en tot cas, quan aquesta tramitació es
faci per la via d’un projecte de llei, ja introduirem unes quantes
esmenes. Quan el que passa és que, a dia d’avui, els ajuntaments
necessiten d’aquests romanents. Necessiten dels seus estalvis per
fer front a moltes despeses, entre elles, les generades per la crisi
sanitària del COVID. Què proposem a Esquerra Republicana de Catalunya?
Esquerra Republicana de Catalunya ha entrat una proposició de llei al
Senat per modificar la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Per permetre incórrer en dèficits puntuals quan
concorrin circumstàncies de crisi sanitària o fins i tot de catàstrofes
naturals.


I des d’aquí els demano que quan aquesta tramitació, aquesta
iniciativa vegi la llum al Senat, doncs que cadascú faci les seves
aportacions i, en la mesura del possible, hi donin també el seu suport.
Nosaltres entenem que la situació és bastant més senzilla. I la podríem
resumir de la següent manera. I aquest és el posicionament
d’Esquerra Republicana de Catalunya, entenc que per avui i per la
votació de demà també al Congrés dels Diputats. Cal, en primer lloc,
desvincular el fons dels 5000 milions d’euros dels romanents al fet
que els ajuntaments s’acullin a aquesta mesura. Hi ha
d’altres ajuntaments que no tenen romanents, que no tenen estalvis
i d’altres que, voluntàriament, lliurement, decidiran que no
s’hi volen acollir. I és respectable. Perquè per això existeix el
principi d’autonomia local, reconegut a la pròpia
Constitució.


Per altra banda, s’ha de poder fer ús, lliurement, dels
superàvits i dels romanents. El que no pot ser és que, a més a més, la
mesura que proposa el govern del PSOE digui en què s’han de gastar
aquests diners. No pot ser.


En tercer lloc, permetre fer ús de la capacitat d’endeutament,
en aquells municipis, com per exemple, Barcelona, que potser no tenen
molts romanents però si un baix endeutament i que poden encórrer en
endeutament per mobilitzar tots aquests diners per fer front a les
despeses necessàries per a la seva ciutat. I aquest dèficit no s’ha
d’entendre de manera estructural. Es pot entendre de manera
puntual. I, quan dic estructural, vull dir que no s’hauria
d’entendre en l’exercici econòmic sinó al llarg d’un
cicle econòmic.


Per altra banda, eximir del compliment de la llei d’estabilitat
pressupostària per als anys 2020 i 2021. I això val per al compliment de
la regla de la despesa i també valdria, encara que no es modifiqués la
llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, —i també hauríem de recordar aquí la llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local—
també hauríem de permetre que no s’apliquessin els mecanismes
coercitius en cas que aquesta modificació no es pogués tirar endavant.
Perquè una cosa és modificar la llei i una altra cosa és aplicar les
mesures coercitives si aquesta llei no es pot modificar.


Per tant, aquest és el posicionament d’Esquerra Republicana,
esperem que d’avui a demà el govern del PSOE, en el marge possible,
faci algun gest en aquest sentit. No només perquè ho demana Esquerra
Republicana sinó per afavorir un consens necessari pensant en els veïns i
les veïnes, també en els mecanismes de liquiditat que permeten la cadena
de pagaments a proveïdors, autònoms, petites i mitjanes empreses.


Moltes gràcies, senyores i senyors senadors.


Gracias, señora presidenta.


Senadoras, senadores, en el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana podríamos pasarnos mucho rato debatiendo de quién es la
responsabilidad de haber llegado a esta situación que nos plantea la
moción del Grupo Popular. Pero, si bien es verdad que el Grupo Popular ha
tenido cierta responsabilidad en lo que ha pasado hasta ahora, no lo es
menos que la propuesta vía Real Decreto Ley 27/2020, del Gobierno del
PSOE, tampoco ofrece demasiadas soluciones. Y no ofrece demasiadas
soluciones porque parte del no entendimiento y no del consenso. Ha
conseguido que haya más de treinta alcaldes en el Estado español de trece
formaciones distintas que digan que esta propuesta no les gusta; por lo
tanto, algo no se ha hecho bien, algo no está funcionando.


¿Qué nos propone el Gobierno del PSOE? Nos propone que tengamos
confianza ciega en este real decreto ley que se tiene que convalidar
mañana, y cuando esta tramitación se haga por la vía de un proyecto de
ley, que introduzcamos algunas enmiendas. Lo que ocurre es que a día de
hoy los ayuntamientos necesitan de estos remanentes, necesitan sus
ahorros para hacer frente a muchos gastos, entre ellos los generados por
la crisis de la COVID. ¿Qué proponemos en Esquerra Republicana de
Catalunya? Hemos presentado una proposición ley en el Senado para
modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera para permitir incurrir en déficits puntuales cuando concurran
circunstancias de crisis sanitaria o incluso catástrofes naturales.


Desde aquí les pido que, cuando la tramitación de esta iniciativa vea
la luz en el Senado, cada uno haga sus aportaciones y, si es posible, le
den su apoyo. Nosotros entendemos que esta situación es mucho más
sencilla. La podríamos resumir de la siguiente manera, y esta es la
postura del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya
entiendo que para hoy y para la votación de mañana también en el
Congreso. Es necesario, en primer lugar, desvincular el fondo de los 5000
millones de euros de los remanentes del hecho de que los ayuntamientos se
acojan a esta medida. Hay ayuntamientos que no tienen remanentes, que no
tienen ahorros, y otros que voluntaria y libremente no se quieran adherir
a ello, y es respetable porque por ello existe el principio de autonomía
local, reconocido en la propia Constitución.


En segundo lugar, se tiene que poder hacer uso libremente de los
superávit y remanentes, lo que no puede ser es que, además, la medida que
propone el Gobierno del PSOE diga en qué se tienen que gastar este
dinero, No puede ser.


Y en tercer lugar, permitir hacer uso de la capacidad de
endeudamiento en municipios como Barcelona, por ejemplo, que a lo mejor
no tiene muchos remanentes, pero sí endeudamiento, y pueden incurrir en
esta deuda para movilizar este dinero y hacer frente a los gastos
necesarios para su ciudad. Este déficit no se tiene que entender de forma
estructural, se puede entender de forma puntual. Y cuando digo
estructural es porque no se tendría que entender en el ejercicio
económico, sino a lo largo de un ciclo económico.


Por otro lado, eximir del cumplimiento de la Ley de estabilidad
presupuestaria de los años 2020-2021 sería válido para el cumplimiento de
la regla de gasto. También sería importante, aunque no se modifique la
Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
recordar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. Igualmente, tendríamos que permitir que no se apliquen los
mecanismos coercitivos en caso de que esta modificación no pudiese salir
adelante, porque una cosa es modificar la ley y otra aplicar las medidas
de coerción si esta ley no se puede aplicar.


Esta es la postura de Esquerra Republicana. Esperamos que de hoy a
mañana el Gobierno del PSOE haga algún gesto en este sentido, no solo
porque lo pida Esquerra Republicana, sino para favorecer un consenso
necesario, pensando en los vecinos y vecinas, también en los mecanismos
de liquidez que permiten la cadena de pagos a proveedores, autónomos y
pequeñas y medianas empresas.


Muchas gracias, señoras y señores senadores.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, intervendrá
el senador Priego Chacón.


El señor PRIEGO CHACÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hay una alternativa al fondo y a las formas con las que se
pretende aprobar este real decreto. Hay otra forma de hacer las cosas.
Además, es la primera vez en mi vida que veo una férrea defensa de un
real decreto que antes de aprobarlo ya lo quieren cambiar o lo quieren
dejar en suspenso en otra parte. Ustedes mismos se han autoenmendado.
Ayer dijo aquí el presidente que el reparto de los 5000 millones de euros
habría que establecerlo de otra forma, es decir, ya están ustedes
enmendando aquello que mañana quieren aprobar. Además, la ministra
también dijo que iban a dejar en suspenso el tema de los remanentes,
porque sabe que no tiene el apoyo ni el consenso de nadie. Esto no es una
forma de hacer oposición más dura o menos dura del Partido Popular al
Gobierno del Partido Socialista, es un clamor de toda la oposición en
contra de un real decreto que entendemos profundamente injusto para las
entidades locales.


Lo primero que tenía que haber hecho el Gobierno es construir el
consenso teniendo como base el acuerdo de los alcaldes de 22 de mayo, y
no silenciar su voz en un despacho a puerta cerrada con el presidente de
la FEMP, poniendo, como dije anteriormente, a esta institución al
servicio del Gobierno del Partido Socialista.


Pero si las formas son un error, el fondo es aún peor. En estos
momentos de profunda crisis social, sanitaria y económica es cuando más
necesitamos hacer uso de estos recursos que hemos conseguido ahorrar con
mucho esfuerzo estos últimos años, por cierto, gracias a la Ley de
estabilidad. Porque no sé si convendrán conmigo en que si no hubiese
habido Ley de estabilidad no habría ahora 15 000 millones de euros de
remanente. (Aplausos). Por lo tanto, algo bueno tendría la Ley de
estabilidad cuando ahora, cuando vienen los tiempos duros, podríamos
tirar de ese dinero para atender a necesidades de los ciudadanos. Lo que
en ningún caso entendemos que sea justo es que ese dinero, que es de los
vecinos de nuestros pueblos y ciudades, vaya a parar a manos del Gobierno
más caro de la historia, que no ha hecho ningún gesto de moderación y de
prudencia ante la crisis que estamos viviendo.


Dicen que no presentamos ninguna alternativa. Yo ya se lo he dicho
antes. Nuestra alternativa es la pactada y consensuada con todos los
alcaldes: 5000 millones de euros de fondos incondicionales para las
entidades locales, una correcta financiación para los transportes
públicos, también para el ingreso mínimo vital; un apoyo a las entidades
locales que no tienen remanente positivo de tesorería
—curiosamente, casi todos, ayuntamientos con una elevadísima deuda
después de muchísimos años gobernados por el Partido Socialista, véase el
ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza— o también utilizar ese cien
por cien de los remanentes de tesorería con las modificaciones o con las
reformas legales, insisto, que haya que hacer y partiendo del consenso. A
situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias.


Miren ustedes, llevan dos años gobernando —que parece que han
llegado ahora—. ¿Qué han hecho? ¿Llevan dos años en Doñana de
vacaciones? Porque si tan mal ven las cosas y tan necesarios son los
cambios, en dos años entiendo que les debería haber dado tiempo a hacer
algo.


Nosotros estaremos en aquellas reformas que sean buenas para los
ayuntamientos y para el conjunto de las administraciones públicas.
Repiten, como decía anteriormente, la misma cantinela siempre; después de
lo miles de asesores que tienen en Moncloa, ya podrían ustedes
rentabilizarlos un poco más y sacar nuevos argumentos. Pero siempre
vuelven a lo mismo: a la Ley de estabilidad y al ministro Montoro. Y se
les olvida a ustedes decir por qué nace esa Ley de estabilidad que, como
he dicho, trae causa, señoría, en la modificación del artículo 135 de la
Constitución que propuso el Gobierno del señor Zapatero. Además, lo hace
en el contexto económico de una crisis brutal en nuestro país
—curiosamente, después de un Gobierno también socialista—.
Los ayuntamientos —se lo digo yo que fui alcalde ya en el
año 2011— no teníamos para pagar las nóminas; teníamos miles de
facturas sin pagar en los cajones, ahogando a las pymes de nuestros
municipios; no teníamos, incluso, para pagar la luz y teníamos aviso de
corte de suministro. Esa era la realidad, y esa realidad cambió con la
Ley Montoro y con otras medidas que puso en marcha el Gobierno de Mariano
Rajoy, como el pago a proveedores. ¿O no se acuerdan? Porque todo los
alcaldes nos pudimos beneficiar de eso. La consecuencia es que hoy
hay 15 000 millones de remanente en las arcas de los ayuntamientos, que
ustedes quieren utilizar; y la consecuencia también es que hoy los
ayuntamientos pagan a treinta días todas sus facturas y somos las
administraciones más saneadas.


Miren, están todavía a tiempo de hacer rectificar al señor Sánchez y
de no convertir esta cacicada en una realidad que maltrate y machaque aún
más al municipalismo español. Háganlo, están a tiempo, de verdad que
están a tiempo. Y nosotros estaremos con el Gobierno si realmente hay una
medida consensuada, de apoyo y que respete al municipalismo.


Coja nuestra mano que se la volvemos a ofrecer... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Moscoso González.


El señor MOSCOSO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En la tarde de hoy debatimos la moción del Partido Popular y el
Partido Socialista quiere destacar que es en virtud del Real
Decreto 27/2020, que aprueba el Gobierno de España de común acuerdo con
la Federación Española de Municipios y Provincias. No debemos de olvidar,
igualmente, que recoge las demandas aprobadas en la Comisión de
Reconstrucción del Congreso en el bloque de reactivación económica que
apoyaron todos los partidos políticos.


Este real decreto aporta la posibilidad de usar el remanente de los
ayuntamientos con un novedoso mecanismo para su utilización, y que no
compute en la regla del gasto, la posibilidad de compensación por la
caída de ingresos en la prestación de servicios públicos en el transporte
de viajeros para aquellos municipios y ciudades que han visto caer de una
forma importante sus ingresos. Igualmente recoge medidas extraordinarias
en relación a la financiación local; ofrece la posibilidad de que los
ayuntamientos seamos beneficiarios directos del fondo de recuperación
europeo, y asimismo, para que ningún municipio se quede atrás, con
independencia de su situación económica y financiera, se arbitran otro
tipo de mecanismos económicos y financieros.


Por tanto, podemos concluir, en relación con este decreto, que en él
se recogen las bondades necesarias para dotar a los ayuntamientos de los
recursos económicos para afrontar la recuperación económica y social en
el ámbito competencial de todos y cada uno de los 8132 municipios que
conforman la geografía española. Por tanto, tenemos que destacar que, por
supuesto, es un acuerdo histórico.


No comprendemos, y la ciudadanía tampoco, que teniendo los
ayuntamientos miles de millones de euros, estos no se puedan utilizar. Y
tenemos que recordar que, cuando en el año 2012 gobernaba el Partido
Popular, con esa mayoría absoluta, se aprobaron dos leyes: la LRSAL y la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, que provocaron la mayor asfixia y
opresión sobre los ayuntamientos, el mayor corsé legislativo que ningún
Gobierno de la nación ha impuesto a los alcaldes y alcaldesas. Les
obligaron a tener los fondos en los bancos, y no lo olvidemos, unos
fondos que nos cuestan a todos los españoles 70 millones de euros.


Señorías del Grupo Popular, ¿le pueden decir a la ciudadanía dónde
estaban en aquellos años? Y, sobre todo, ¿dónde están ustedes para evitar
esas tropelías? Acabamos de escuchar al portavoz del Grupo Popular decir
que el Gobierno de España usurpa los ahorros;






que el Gobierno de España
tiene una incapacidad manifiesta de gestionar; que el Gobierno de España
mete la mano en las cuentas de los ayuntamientos, y que el Partido
Popular lleva meses trabajando. No, señoría, el Partido Popular lleva
ocho años impidiendo que los ayuntamientos puedan utilizar los fondos.
(Aplausos). Indudablemente, cuando se recurre al insulto y a la mentira
es porque se carece de argumentos, y, por tanto, es una táctica a la
desesperada la que utiliza el Grupo Popular. Lo único que le ha quedado
por decir es que esto era una selva negra.


Señorías, las empresas, los empresarios, las familias demandan de la
política, pero sobre todo de los políticos, que seamos parte de la
solución y no del problema. Tenemos que ser conscientes de las
consecuencias que se derivarían de la derogación y de la inaplicación del
Real Decreto 27/20 para los ayuntamientos, y de las consecuencias de la
inmovilización, una vez más, de los 5000 millones de euros que el
Gobierno de España pretende que los municipios utilicen para realizar
inversiones que generen empleo, para la financiación de la construcción
de vivienda y para más medidas sociales. Esa inutilización perjudicaría
la diversificación económica y frenaría el desarrollo socioeconómico de
los pueblos y ciudades de nuestra geografía. Por tanto, lo que hoy se
debate, y lo que se va a aprobar, ¿son las políticas austericidas del
pasado o la política progresista e inversora del actual Gobierno?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción será sometida a votación en sus propios
términos durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el
debate de la última moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA
PANDEMIA EN LLEIDA Y LA COMARCA DE EL SEGRIÀ.


662/000028

GPERB


La señora presidenta lee el punto 8.3.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han presentado seis enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; una del Grupo
Parlamentario Mixto por iniciativa de los senadores González-Robatto
Perote y Marín Gascón, y de la senadora Merelo Palomares; una del Grupo
Parlamentario Socialista; dos del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, y una del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la senadora
Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies, presidenta.


La crisi sanitària de la COVID19 ha obligat a adoptar mesures de
salut pública que han alterat la normalitat de les relacions socials,
econòmiques i productives. Tots i totes les que som aquí hem viscut en
pròpia pell la duresa de les mesures sanitàries per combatre la pandèmia.
Hem afrontat setmanes de confinament estricte per controlar un virus, de
transmissió molt fàcil, que ha provocat una pandèmia mundial. A tot el
món, els governs han hagut d’actuar per protegir la vida i a la
vegada, s’han hagut de desplegar com mai recursos extraordinaris i
plans ambiciosos per atenuar l’impacte negatiu de les mesures de
control de la pandèmia.


Durant mesos, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i els
ajuntaments han treballat intensament per garantir la salut de les
persones a la comarca del Segrià. 41 nous professionals han reforçat el
Servei de Vigilància Epidemiològica a Lleida, i 60 professionals
s’han incorporat als centres d’atenció primària com a gestors
COVID. Es va desenvolupar també un protocol específic per assegurar que
la campanya agrària, tant important a les comarques de Lleida, es pogués
dur a terme de forma segura. Però malgrat tots els esforços, el nombre de
casos positius de COVID19 a Lleida va augmentar de forma preocupant. I
això va portar el Govern a adoptar mesures per al control de la pandèmia:
primer, amb un confinament perimetral i posteriorment amb mesures de
contenció reforçades per protegir la salut de les persones.


Davant d’aquesta situació, en què l’activitat econòmica
s’ha vist alterada per preservar la salut de ciutadans i
ciutadanes, ha tocat adoptar mesures per mitigar-ne l’impacte. La
Generalitat ha destinat 6,5 milions d’euros per reforçar
l’economia de Lleida i del Segrià, amb 4 milions d’ajudes
directes als sectors econòmics més afectats i 2,5 milions destinats als
ajuntaments per les tasques de suport a la sanitat catalana. S’han
destinat 4 milions d’euros al Consell Comarcal del Segrià per a la
reactivació del comerç i dels serveis. Els professionals i les micropimes
del sector turístic han pogut optar a una línia d’ajudes dotada
amb 5 milions d’euros. I es van reforçar amb 730.000 euros
l’allotjament i atenció a temporers i a persones en situació de
sensellarisme.


El Govern de la Generalitat ha complert amb la seva part. La Paeria
també, i el Consell Comarcal del Segrià també, i segur que queda feina
per fer i feina per continuar assegurant la viabilitat econòmica de la
comarca del Segrià. Però no n’hi ha prou. I és per aquest motiu,
perquè encara hi ha marge de millora, perquè encara hi ha marge per fer
més, que avui presentem aquesta moció, per plantejar aquelles mesures que
podria adoptar l’Estat, que hauria d’adoptar l’Estat,
en el marge de les seves competències.


A nosaltres ens sembla que ningú no es pot relaxar davant
d’aquesta situació. La ciutadania ens reclama solucions i això és
el que plantegem avui ab la nostra proposta. Recollir aquelles
necessitats dels treballadors i treballadores, dels autònoms i les pimes
de Lleida, en què l’Estat pot contribuir i molt. I ha de contribuir
perquè és el que li correspon. Ha de complir amb la seva part. A donar
una mica d’aire als qui estan patint les dures conseqüències
laborals i econòmiques de la pandèmia. Hem de poder contenir la pandèmia
i, a la vegada, donar suport a aquelles persones que se’n vegin
afectades. I ho hem de fer des de la col·laboració, però també des de la
responsabilitat d’assumir cadascú el paper que li toca. Ho hem de
fer des de la lleialtat institucional.


Som aquí, presentant aquesta moció, en defensa del Segrià, després
d’haver escoltat alguns dels sectors més afectats, després
d’haver estudiat les seves necessitats i propostes. Som aquí per
plantejar solucions als treballadors i a les treballadores, que estan en
ERTO o que estan directament sense feina; per defensar els autònoms i les
pimes de Lleida i del Segrià que s’han vist afectades per una
reducció dràstica de l’activitat econòmica. Som aquí proposant
solucions per a un territori que pateix greus dèficits d’inversió i
també en infraestructures que depenen de l’Estat espanyol. Som aquí
per donar la cara i per alçar la veu per una comarca que ha patit, i que
ha patit molt. I que se n’està sortint, i estem segures que
se’n sortirà. Som aquí per dir amb orgull que a Lleida hem tirat
endavant la campanya agrària més difícil que hem hagut d’afrontat
mai. I que ens n’hem sortit malgrat tot.


La recuperació de l’economia de Lleida després de la crisi
del 2008 va ser molt més lenta que a la resta de Catalunya. És evident
que les polítiques de retallades no hi van ajudar. Es va prioritzar
salvar els bancs abans que salvar les persones, es van retallar els drets
laborals dels treballadors i de les treballadores amb reformes laborals
que encara avui continuen vigents. Es van instaurar polítiques
d’austeritat, de contenció del deute públic, que segueixen vigents
i que, irracionalment, ens impedeixen de retornar aquests recursos que
són dels ciutadans i de les ciutadanes, perquè reverteixin en una millora
dels serveis, que els permetin sortir endavant quan més ho
necessiten.


També les entitats socials han fet evident en els seus informes que
tenir un habitatge i una feina no sempre permet viure amb dignitat, i que
moltes persones a Lleida es troben, encara ara, i tot i que
l’economia s’havia anat recuperant, en situació de
vulnerabilitat. L’emergència del coronavirus no ho ha posat gens
fàcil i, sens dubte, ens ha fet retrocedir. Cinc mesos després de
l’inici de l’Estat d’alarma, hi havia a Lleida 1.500
persones que no havien cobrat ni un euro de la prestació dels ERTO. I els
que van tenir la mala sort de cobrar per error ara es veuen davant
l’amenaça de patir recàrrecs de fins al 20 %. Els bancs
d’aliments municipals han hagut de donar resposta a un augment
exponencial de la demanda. I no em responguin, com ens han fet altres
vegades, amb l’Ingrés Mínim Vital, que també es troba encallat. O
no em responguin tampoc amb altres ajudes que el govern de l’Estat
ha adoptat i que han estat marcades també per la lentitud. Només una
dada: fins al mes de juny el telèfon d’atenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya va rebre 350.000 trucades. El 80 %
d’elles va ser per incidències en la prestació per desocupació. A
nivell català els grans sindicats estimaven en més de 30.000 les persones
a Catalunya que encara no havien cobrat les prestacions que els
corresponien al més de juny. Per això demanem a la moció que
s’adoptin les mesures que calgui per agilitzar els procediments i
que tothom pugui cobrar les prestacions que els corresponen.


A Lleida, quatre de cada deu treballadors afectats per un ERTO
pertanyen al sector del comerç i de l’hoteleria. Les entitats
empresarials d’àmbit català, també les de Lleida, demanen ajudes
directes per a la digitalització i el desenvolupament sostenible de les
pimes, ja que no poden sostenir més nivells d’endeutament. També
reclamen ajudes per a les persones autònomes que hagin hagut de tancar la
seva activitat. Les empreses de Lleida que es van beneficiar dels crèdits
ICO no estan ara en disposició de començar a retornar-los, i necessiten
que s’ampliï el període de carència. A més a més de les polítiques
actives d’ocupació que porta a terme la Generalitat, i que ja sabem
que els fons que s’hi destinen per part de l’Estat han estat
considerablement reduïts.


No voldria acabar sense fer un reconeixement al paper que ha jugat la
ciutat de Lleida, que ha exercit com mai ho havíem vist abans la seva
capitalitat; a nivell sanitari, a nivell d’acollida de persones
sense sostre, a nivell ciutadà amb iniciatives solidàries, creatives i de
voluntariat. I per això plantegem també aquesta moció, per reconèixer
aquest esforç diari, quotidià, de tantes persones que, a la comarca del
Segrià, durant els últims mesos, ho han donat tot per sobreposar-se. I
perquè es puguin adoptar també les noves mesures que facilitin la
recuperació de la comarca i que, si s’escau, puguin ser també
aplicables a altres municipis que hagin de fer front a nous
rebrots.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


La crisis sanitaria de la COVID-19 ha obligado a adoptar medidas de
salud pública que han alterado la normalidad de las relaciones sociales,
económicas y productivas. Todos y todas las que estamos aquí hemos vivido
en propia piel la dureza de las medidas sanitarias para combatir la
pandemia; hemos afrontado semanas de confinamiento estricto para
controlar un virus de transmisión muy fácil, que ha provocado una
pandemia mundial. En todo el mundo los gobiernos han tenido que actuar
para proteger la vida, y a la vez se han tenido que desplegar como nunca
recursos extraordinarios y planes ambiciosos para atenuar el impacto
negativo de las medidas de control de la pandemia.


Durante meses la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal y los
ayuntamientos han trabajado intensamente para garantizar la salud de las
personas en la comarca de El Segrià. Así, 41 nuevos profesionales han
reforzado el servicio de vigilancia epidemiológica en Lleida,
y 60 profesionales se han incorporado a los centros de atención primaria
como gestores COVID. Se desarrolló asimismo un protocolo específico para
asegurar que la campaña agraria, tan importante en las comarcas de
Lleida, se pudiera llevar a cabo de forma segura, pero, a pesar de todos
los esfuerzos, el número de casos positivos de COVID-19 en Lleida aumentó
de forma preocupante, y eso llevó al Gobierno a adoptar medidas para el
control de la pandemia, primero, con un confinamiento perimetral y,
posteriormente, con medidas de contención reforzadas para proteger la
salud de las personas.


Ante esta situación en la que la actividad económica se ha visto
alterada para preservar la salud de ciudadanos y ciudadanas ha habido que
adoptar medidas para mitigar su impacto. La Generalitat ha destinado seis
millones y medio de euros para reforzar la economía de Lleida y de El
Segrià, cuatro millones para ayudas directas a los sectores económicos
más afectados y dos millones y medio destinados a los ayuntamientos para
las tareas de apoyo a la sanidad catalana. Se han destinado cuatro
millones de euros al Consejo Comarcal de El Segrià para la reactivación
del comercio y los servicios. Los profesionales y las micropymes del
sector turístico han podido optar a una línea de ayudas dotaba de cinco
millones de euros, y se reforzó con 730 000 euros el alojamiento y la
atención a temporeros y personas en situación de «sinhogarismo».


El Gobierno de la Generalitat ha cumplido con su parte, como lo ha
hecho la Paeria de Lleida y el Consejo Comarcal de El Segrià, y seguro
que queda trabajo por hacer para seguir asegurando la viabilidad
económica de la comarca de El Segrià, pero no basta, y por ese motivo,
porque aún hay margen de mejora, porque hay margen para hacer más, es por
el que hoy presentamos esta moción para plantear aquellas medidas que
debería adoptar el Estado en el margen de sus competencias.


A nosotros nos parece que nadie puede relajarse ante esta situación.
La ciudadanía nos reclama soluciones, y eso es lo que planteamos hoy con
nuestra propuesta, que recoge aquellas necesidades de los trabajadores y
de las trabajadoras, de los autónomos y de las pymes de Lleida, que el
Estado puede contribuir a atender, y mucho, y debe hacerlo porque es lo
que le corresponde; debe cumplir con su parte. Debe dar un poco de aire a
quienes están padeciendo las duras consecuencias laborales y económicas
de la pandemia. Tenemos que poder contenerla y, al mismo tiempo, tenemos
que poder apoyar a las personas que se vean más duramente afectadas, y
tenemos que hacerlo con colaboración, pero también con la responsabilidad
de asumir cada uno el papel que le toca. Tenemos que hacerlo con lealtad
institucional.


Estamos aquí presentando esta moción en defensa de El Segrià después
de haber escuchado a algunos de los sectores más afectados, después de
haber estudiado sus necesidades y propuestas. Estamos aquí para plantear
soluciones para los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE o
directamente sin trabajo. Estamos aquí para defender a los autónomos y a
las pymes de Lleida y de El Segrià que se han visto afectados por una
reducción drástica de su actividad económica. Estamos aquí para proponer
soluciones para un territorio que sufre graves déficits de inversión y
también en infraestructuras que dependen del Estado español. Estamos aquí
para dar la cara y para levantar la voz por una comarca que ha sufrido
mucho y que está saliendo adelante; de ello estamos seguros. Estamos aquí
para decir con orgullo que en Lleida hemos sacado adelante la campaña
agraria más difícil que hemos tenido que afrontar hasta ahora, y lo hemos
conseguido a pesar de todo.


La recuperación de la economía de Lleida después de la crisis de 2008
fue mucho más lenta que en el resto de Catalunya. Es evidente que las
políticas de recortes no ayudaron en absoluto. Se priorizó salvar a los
bancos antes que salvar a las personas; se recortaron los derechos
laborales de los trabajadores y las trabajadoras con reformas laborales
que siguen aún hoy vigentes. Se instauraron políticas de austeridad, de
contención de la deuda pública que siguen vigentes y que irracionalmente
nos impiden devolver estos recursos, que son de los ciudadanos y
ciudadanas, en una mejora de los servicios que les permitan salir
adelante cuando más lo necesitan.


Las entidades sociales han puesto de manifiesto en sus informes que
tener una vivienda y un trabajo no siempre permite vivir con dignidad, y
que muchas personas en Lleida se encuentran todavía, aunque la economía
se ha ido recuperando, en situación de vulnerabilidad. La emergencia del
coronavirus no lo ha puesto nada fácil y, sin duda, nos ha hecho
retroceder. Cinco meses después del inicio del estado de alarma había en
Lleida más de 1500 personas que no habían cobrado ni un euro de la
prestación de los ERTE, y los que tuvieron la mala suerte de cobrar por
error se ven ahora bajo la amenaza de sufrir recargos de hasta el 20 %.
Los bancos de alimentos municipales han tenido que dar respuesta a un
aumento exponencial de la demanda; y no me respondan, como han hecho en
otras ocasiones, con el ingreso mínimo vital, que también se encuentra
encallado; ni me respondan tampoco con otras ayudas que el Gobierno del
Estado ha adoptado y que también han estado marcadas por la lentitud. Tan
solo les daré un dato: hasta el mes de junio el teléfono de atención del
Servicio de Empleo de Catalunya recibió 350 000 llamadas, y el 80 % de
ellas fueron por incidencias en la prestación por desempleo.


En lo que concierne a lo catalán, los grandes sindicatos estimaban en
más de 30 000 las personas en Cataluña que aún no habían cobrado en junio
las prestaciones que les corresponderían. Por eso, pedimos en la moción
que se adopten las medidas que hagan falta para agilizar los
procedimientos y que todo el mundo pueda cobrar las prestaciones que les
corresponden.


En Lleida cuatro de cada 10 trabajadores afectados por un ERTE
pertenecen al sector del comercio y de la hostelería. Las entidades
empresariales del ámbito catalán, y también las de Lleida, piden ayudas
directas para la digitalización y el desarrollo sostenible de las pymes,
ya que no pueden asumir más nivel de endeudamiento, y también reclaman
ayudas para las personas autónomas que hayan tenido que cerrar su
actividad; como las empresas de Lleida que se beneficiaron de los
créditos ICO, que no están ahora en disposición de empezar a devolverlos
y necesitan que se amplíe el periodo de carencia. Además, están las
políticas activas de empleo que lleva a cabo la Generalitat, y ya sabemos
que los fondos que se destinan por el Estado se han reducido
considerablemente.


Y no querría acabar sin hacer un reconocimiento al papel que ha
desempeñado la ciudad de Lleida, que ha desplegado como nunca lo habíamos
visto antes su capitalidad sanitaria, acogiendo a las personas sin techo,
y ciudadana, con iniciativas solidarias, creativas y de voluntariado. Por
eso, planteamos también esta moción, para reconocer el esfuerzo diario y
cotidiano de tantas personas que en la comarca del Segrià durante los
últimos meses lo han dado todo para sobreponerse y para que se puedan
adoptar también las nuevas medidas que faciliten la recuperación de la
comarca, para que, si procede, puedan ser también aplicables a otros
municipios que tengan que hacer frente a nuevo rebrotes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado tiene la palabra
la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.


Parlaré breument des de l’escó. Proposem una esmena
d’addició des de Junts per Catalunya que pensem que, lluny de
rebaixar les pretensions de la moció, les completa, i a més a més situa
temporal i immediatament la celeritat amb què s’han de prendre
aquestes decisions.


Esperem que acceptin aquesta esmena i celebrem aquesta moció que
presenten vostès avui aquí. Ja els avanço que tindran el nostre suport
sigui quina sigui la seva decisió, ja que des de Junts per Catalunya
també vam presentar en el seu moment diferents iniciatives en aquest
sentit, per prevenir, alleugerir i compensar els efectes de la pandèmia a
Lleida; especialment al Segrià i concretament, també, als petits
municipis del Baix Segrià que, juntament amb la capitalitat de Lleida,
han fet front a una campanya de la fruita especialment complicada; més
complicada, si cap, del que sempre havia vingut sent.


Hem acompanyat també aquests ajuntaments a fer consultes als
ministeris, avançant la dificultat que tindríem en aquesta campanya, i la
veritat és que hem de dir que ens vam trobar força sols davant
d’aquesta dificultat. I malgrat això, tal com ha dit la senadora
Bailac, ens n’hem sortit, ens en estem sortint. Pensem que, des de
l’administració de la Generalitat, s’ha fet un esforç; també
des dels ajuntaments, també des de la Diputació. Però pensem que aquest
arrimar el hombro que ahir mateix sentíem en aquesta Cambra també
l’hem de veure en aquelles mesures que l’Estat central pot
prendre pel seu compte. I, més enllà de les que vostè detalla a la seva
moció, que ja li dic que les compartim, el que nosaltres li proposem és
la necessitat concreta d’un nou reial decret que vingui a permetre
la pròrroga dels ERTO a treballadors i a empreses, i que reculli també
els ajuts als autònoms que han hagut de cessar en la seva activitat. Això
ha de ser bastant ràpid. És cert que la ministra ha parlat d’això.
Això s’ha anunciat. Es demana, s’anuncia, se’n parla,
s’espera, però el que nosaltres voldríem és que això quedés
reflectit a la moció, perquè el que cal és que arribi i que arribi
ja.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Hablaré brevemente desde el escaño. En Junts per Catalunya proponemos
una enmienda de adición que pensamos que lejos de rebajar las
pretensiones de la moción, las completa, y además nos sitúa temporalmente
dada la inmediatez o la celeridad con la que hay que tomar estas
decisiones.


Esperamos que acepten esta enmienda al tiempo que celebramos esta
moción que presentan ustedes hoy aquí. Ya les adelanto que van a tener
nuestro apoyo, sea cual sea su decisión, ya que en Junts per Catalunya
presentamos también en su momento distintas iniciativas en este sentido
para prevenir, aligerar y compensar los efectos de la pandemia en Lleida,
en especial en El Segrià y, concretamente, en los pequeños municipios del
Bajo Segrià que, junto con la capitalidad de Lleida, han hecho frente a
una campaña de la fruta especialmente complicada, más complicada, si
cabe, de lo que había venido siendo siempre.


Hemos acompañado también a esos ayuntamientos a hacer consultas en
los ministerios, anticipando la dificultad que habría en esta campaña, y
la verdad es que tenemos que decir que nos encontramos bastante solos
ante esta dificultad, y a pesar de eso, tal como decía la senadora
Bailac, estamos saliendo adelante. Creemos que en la Administración de la
Generalitat se ha hecho un esfuerzo, también en los ayuntamientos y en la
diputación, pero creemos que este arrimar el hombro, del que ayer mismo
se hablaba en esta Cámara, debemos verlo plasmado aquí también con
aquellas medidas que el Estado central puede tomar por su cuenta; pero
más allá de las que usted detalla en su moción, que ya le digo que
compartimos, nosotros creemos que hay necesidad concreta de un nuevo real
decreto que venga a permitir la prórroga de los ERTE a trabajadores y
empresas y que recoja también las ayudas a los autónomos que han tenido
que cesar en su actividad, y esto debería ser bastante rápido. Es cierto
que la ministra ha hablado de esto, que se ha anunciado, que se pide y se
anuncia, que se habla de ello y se espera, pero nosotros lo que
querríamos es que esto quede reflejado en la moción, porque lo que hace
falta es que llegue y que llegue ya.


Muchísimas gracias


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías de la izquierda republicana y de Bildu, en VOX consideramos
que esta moción debe incorporar la enmienda que hemos presentado. Esto
significa que estas medidas se amplíen a todas las zonas de España que se
encuentren en condiciones similares, porque tenemos que pensar en el
conjunto de la nación, porque somos senadores del Reino de España y
porque la España que madruga lo hace a lo largo y a lo ancho de todo el
país. No nos debemos a los intereses partidistas de ningún político, nos
debemos al interés de todos los españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Godoy Tena.


La señora GODOY TENA: Buenas tardes, señoras y señores
senadores.


Señora Bailac, subo al estrado para explicar el motivo de la enmienda
que nuestro grupo ha presentado a su moción. Compartimos el espíritu de
su moción, pero encontramos ciertas carencias que entendemos que deben
ser corregidas y que nos hacen presentar esta enmienda.


Partimos de una evidencia, del reconocimiento de las múltiples
medidas que se han adoptado en el Gobierno de España, que no se ha
relajado en ningún momento, para la simplificación de las solicitudes de
prestación, y le voy a recordar los decretos para que todos los
recordemos. Real decreto 8/2020, 9/2020, 13/2020 y el Real
Decreto 24/2020, de 26 de junio, que prorroga hasta el 30 de septiembre
las medidas de protección y que recoge las particularidades de los casos
de rebrote, lo que usted quiere plantearnos aquí. Pero hemos de apelar a
la responsabilidad, porque señora Bailac, la responsabilidad de la
tramitación y la resolución de los expedientes de prestaciones en los
casos de los ERTE corresponde a la autoridad laboral de su comunidad
autónoma y se necesita su celeridad en la resolución para que el SEPE
autorice el cobro de la prestación. El SEPE ha tomado medidas para la
agilización del pago de las prestaciones: un acuerdo con el sector
bancario. Pero es necesario continuar agilizando el procedimiento del
SEPE, sin olvidar que hay que avanzar en la gestión compartida y en la
asunción de las respectivas responsabilidades.


Usted pide ayudas para los autónomos. Nuevamente hay que recordar que
se han implementado numerosas ayudas para los autónomos. En el Real
Decreto 24/2020 se aprueba la prolongación de ayudas extraordinarias con
el objeto de aliviar de forma progresiva la carga que para el inicio y
continuación de su actividad han tenido que asumir los trabajadores
autónomos. Quiero destacar que se ha creado, con el fin de realizar el
seguimiento y evaluación de las medidas establecidas, una comisión de
seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad
de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social. Usted
nos pide ayudas para contrataciones nuevas por el cierre total de la
actividad, y nos preocupa, señora Bailac, por eso implantamos medidas,
porque ¿son para las empresas y los autónomos que lleven a cabo el cese
definitivo? Recordemos que el fin de las ayudas es reincorporar a los
trabajadores que han tenido un ERTE; ya habrá momentos para nuevas
contrataciones que tienen sus ayudas adicionales.


A nuestro grupo y al Gobierno de coalición durante esta pandemia, en
los momentos más crudos y ahora en los rebrotes, lo que nos preocupa y
ocupa es recuperar plenamente la actividad de las empresas y de nuestros
autónomos, proteger rentas y mantener el empleo. Esa es la función de
todos los decretos enumerados anteriormente y esa es la labor que en la
comisión tripartita laboral, constituida por representantes del
Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social y Migraciones, la Cepyme, la
CEOE, Comisiones y UGT, van a llevar a cabo durante este mes, y ya han
empezado a trabajar. Estas reuniones con los agentes sociales sirven para
reevaluar las medidas de protección, todas en su conjunto, y para cumplir
con el compromiso del Gobierno desde el inicio de la crisis originada por
la COVID-19: evitar que nadie se quede atrás.


El objetivo es dar la mayor certidumbre posible a empresas, autónomos
y trabajadores que sigan afectados, sobre todo los que se encuentran en
territorios afectados por rebrotes. Dejémosles hacer su trabajo. No le
pongamos puertas al campo definiendo tan estrictamente, como ustedes
hacen, cuáles deben ser sus conclusiones. Nadie mejor que ellos para
saber qué es lo que necesitan y cómo hay que hacerlo.


Usted ha hablado todo el tiempo de una comarca, y, por eso, le
añadimos en nuestra enmienda dos puntos nuevos, porque no hay que olvidar
que en un Estado autonómico, como es el nuestro, debe existir la
cogobernanza. Esa cogobernanza es una suma de esfuerzos de las diferentes
administraciones, y ahí estamos todos de acuerdo, para lograr que los
empleos se mantengan, que se garanticen las rentas, y que se vele para
que las ayudas lleguen a las zonas y personas que más lo necesitan, como
es su caso, el de Lleida y el de la comarca de El Segrià.


Y, para terminar, señora Bailac, en esta situación de crisis generada
por la COVID-19, sus rebrotes y todo lo que ha supuesto, nuestra enmienda
evidencia que todos somos conscientes de la situación asimétrica que se
da en algunos sectores y que debemos dejar trabajar a la comisión
tripartita laboral. ¿Para qué? Para que evalúe las medidas de protección
de rentas con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno de evitar
que nadie se quede atrás, para continuar protegiendo a los trabajadores,
para extender el marco de protección a trabajadores, empresas y autónomos
más allá del 30 de septiembre, y para definir el marco que estará vigente
a partir de octubre, para que aporte la mayor certidumbre posible a
trabajadores, empresas y autónomos afectados por la pandemia con la
recuperación plena y completa de la actividad, del trabajo. Y todo esto,
tal y como dijo ayer nuestro presidente Pedro Sánchez, implementémoslo en
el territorio con la cogobernanza, siendo positivos, sin entrar en
competencias entre comunidades y el Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Señoría, termine.


La señora GODOY TENA: Termino ya, señora presidenta.


Todo esto hay que hacerlo en colaboración, eso sí, cada uno con sus
competencias y asumiendo sus responsabilidades; ese es el espíritu.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
senador Pérez Coronado.


El señor PÉREZ CORONADO: Buenas tardes, presidenta, señorías. Fruto
de las medidas sanitarias adoptadas y las que se siguen adoptando en la
lucha contra la pandemia, muchas empresas, pymes y autónomos, se han
visto forzados a reducir o restringir su actividad en los últimos meses,
afectando gravemente a la supervivencia de estas. Algunas de las
propuestas que se hacen en la moción son necesarias, pero consideramos
que no son suficientes para que las empresas puedan superar la difícil
situación en la que se encuentran en estos momentos, y más teniendo en
cuenta que el Gobierno de España es el que ha hecho menor esfuerzo
presupuestario respecto al PIB para ayudar al tejido productivo
comparándonos con los países de nuestro entorno.


La primera enmienda que presentamos es fundamental para incentivar la
actividad económica y el consumo, que es algo que yo considero que es de
primero de economía, lo que se llama una política fiscal expansiva, que
quizá es algo que no les suene, pero se lo explico. Consiste en una
bajada generalizada de los impuestos para incentivar de esa forma el
consumo y la actividad económica, y es que nuestro tejido productivo está
tremendamente debilitado debido a la crisis económica, y si además se le
machaca con impuestos, como pretende este Gobierno, se va a limitar la
capacidad de remontar del todo el sector económico con una nueva losa,
con esta que le quieren imponer, con esos anuncios, a nuestro tejido
productivo: la losa impositiva. Y es que numerosos países ya han tomado
medidas de exención o bajadas de impuestos para favorecer a su sector
económico. Por el contrario, y preocupantemente, vemos cómo el Gobierno
de España no deja de anunciar y plantear futuras subidas de impuestos.
Pero espero que realmente en algún momento entiendan que las empresas no
son el cajero automático del Gobierno, las empresas son las generadoras
de la política social más importante de nuestro país: el empleo.


En la segunda enmienda instamos a mantener, además, la reforma
laboral por la seguridad jurídica que se debe de mantener en estos
momentos y por los efectos beneficiosos que esta ha tenido sobre el
empleo en nuestro país, y así ha sido reconocido por multitud de
instituciones, tanto nacionales como internacionales. Se trata de la
reforma laboral que consiguió crear tres millones de puestos de trabajo,
que redujo la tasa de paro y que incrementó la calidad del empleo en
España, reduciendo de ese modo la tasa de temporalidad del empleo en
nuestro país.


Por ello, presentamos estas dos enmiendas a la moción, las cuales
consideramos un punto de partida básico para que nuestro tejido
productivo y, por lo tanto, el empleo tengan las herramientas necesarias
para salir de esta profunda crisis. Cualquier medida que se tome por este
Gobierno en otra dirección a la que se plantea en estas enmiendas
provocará que las empresas no solo tengan que luchar contra la crisis
económica, sino contra un Gobierno empeñado en poner trabas para que
puedan salir de esta difícil situación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora Vilà Galán.


La señora VILÀ GALÁN: Gracias, presidenta.


A Catalunya en Comú-Podem hem presentat una esmena al punt 1 per
continuar agilitzant els procediments de reconeixement de prestacions en
cas d’ERTO per part del SEPE. I és que cal fer una precisió sobre
la presentació dels ERTO, perquè si la moció es refereix als tràmits
específics per realitzar la tramitació davant l’autoritat laboral
dels procediments relatius a la suspensió del contracte o reducció
temporal de la jornada, cal dir que és una competència aliena al Servicio
Público de Empleo Estatal.


D’altra banda, el Govern ja ha adoptat múltiples mesures, com
deia la portaveu del Grup Socialista, per simplificar i agilitzar el
pagament de les prestacions per aturada derivada dels ERTO que
s’han donat per part del SEPE. S’ha citat el Reial
Decret 9/2020, que permet que els treballador que estiguin confinats i no
puguin presentar ells mateixos la sol·licitud ho puguin fer a través de
l’empresa. El Reial Decret 13/2020 permet que es puguin prendre
mesures urgents en matèria de treball agrari; és un reial decret que,
evidentment, afecta molt a la comarca del Segrià, i que se n’ha
pogut beneficiar en aquests moments de molta dificultat. A més a més, ja
sabem també que el camp necessita de mesures particulars per poder tirar
endavant. Té una situació molt complicada, més complicada encara a través
de la pandèmia, i per això era necessari aquest reial decret, i des del
Govern s’ha tirat endavant.


Finalment hi ha el Reial Decret 24/2020, que pren mesures sobre la
reactivació del treball i la protecció dels autònoms i de competitivitat
en el sector industrial. Són mesures extraordinàries de protecció que no
havien existit abans, i són mesures que s’estenen a les persones
afectades per nous expedients en cas de rebrot. D’aquesta manera,
tenen en compte les situacions que s’han pogut produir, com la de
Lleida i la comarca del Segrià.






La pròrroga és fins al 31 de desembre
del 2020, i a més s’han introduït les mesures necessàries per
reduir les càrregues administratives de les empreses i l’impacte en
la gestió del SEPE, i facilitar la tramitació de les prestacions.


En conclusió, podem dir que, a banda dels afectats, que són els
primers interessats a rebre l’ajuda que suposa l’ERTO, també
ho és la pròpia administració. L’administració ha patit i pateix
una saturació per la càrrega de treball que s’ha derivat com a
fruit de la pandèmia. Això no és res nou. Per això vull aprofitar
l’ocasió per facilitar tot el personal de l’administració.
Crec que també s’ho mereixen. És un personal invisible que, darrere
del taulell, ha fet un esforç increïble perquè totes les persones
afectades per un expedient de regulació del treball es puguin beneficiar
del seu ERTO. Recordem que l’administració ha arribat a gestionar
més de 3,8 milions d’ERTO en una quantitat de temps molt escassa.
Una quantitat mai vista fins ara per una situació mai vista tampoc fins
ara. De ben segur s’han comès errades, però cal veure també allò
que s’ha fet bé gràcies a les persones que han seguit treballant
per a tots i per a totes, malgrat les circumstàncies.


En Catalunya, en Comú-Podem hemos presentado una enmienda para que el
SEPE siga agilizando las prestaciones en caso de ERTE y es que hay que
hacer algo con ellos, porque la moción se refiere a los trámites
específicos para agilizar la tramitación ante la autoridad laboral de los
procedimientos relativos a la suspensión del contrato o reducción
temporal de la jornada, pero hay que decir que es una competencia ajena
al Servicio Público de Empleo Estatal.


Por otra parte, el Gobierno ya ha adoptado múltiples medidas, como
decía la portavoz del Grupo Socialista, para simplificar y agilizar el
pago de las prestaciones por paro derivadas de los ERTE que se han dado
por el SEPE. Se ha citado el Real Decreto 9/2020, que permite que los
trabajadores que estén confinados y no puedan presentar ellos mismos la
solicitud, puedan hacerlo a través de la empresa. El Real Decreto 13/2020
permite que se puedan tomar medidas urgentes en materia de trabajo
agrario y es un real decreto que, evidentemente, afecta mucho a la
comarca de El Segrià que se ha podido beneficiar de ello en estos
momentos de mucha dificultad; además, ya sabemos también que el campo
necesita medidas particulares para poder salir adelante, porque tiene una
situación muy complicada, más complicada aún después de la pandemia. Por
eso, era necesario este real decreto que el Gobierno ha sacado
adelante.


Finalmente, el Real Decreto 24/2020, toma medidas sobre la
reactivación del trabajo, la protección de los autónomos y la
competitividad en el sector industrial. Son medidas extraordinarias de
protección que no habían existido antes y que se extienden a las medidas
afectadas por los nuevos expedientes en caso de rebrote. De esta manera
se tienen en cuenta las situaciones que se hayan podido producir, como en
Lleida o en la comarca de El Segrià, y la prórroga es hasta el 31 de
diciembre de 2020. Además, se han introducido medidas necesarias para
reducir las cargas administrativas de las empresas y el impacto en la
gestión del SEPE y facilitar la tramitación de las prestaciones.


En conclusión, podemos decir que, aparte de los afectados, que son
los primeros interesados en recibir la ayuda que supone el ERTE, también
ha sido afectada la propia Administración. La Administración ha sufrido y
sufre una saturación por la carga de trabajo derivada, como fruto de la
pandemia —esto no es nada nuevo—, y, por eso, quiero
aprovechar la ocasión para felicitar a todo el personal de la
Administración, que creo que se lo merece, porque ese personal invisible
detrás del mostrador ha hecho un esfuerzo increíble para que todas las
personas afectadas por un expediente de regulación del trabajo se puedan
beneficiar de su ERTE. Recordemos que la Administración ha llegado a
gestionar más de 3,8 millones de ERTE en un periodo de tiempo muy
limitado, una cantidad nunca vista hasta ahora, por una situación también
nunca vista hasta ahora. Seguramente se han cometido errores, pero hay
que ver también lo que se ha hecho bien gracias a las personas que han
seguido trabajando para todos y todas a pesar de las
circunstancias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para manifestar si acepta o
no las enmiendas formuladas, por un tiempo máximo de tres minutos.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies, presidenta.


En primer lloc, vull agrair als diferents grups parlamentaris que han
dedicat una part del seu temps a analitzar i a avaluar la situació a
Lleida i a la comarca del Segrià i que han presentat esmenes, totes elles
amb la voluntat de millorar el text. Nosaltres acceptarem l’esmena
presentada pel Grup d’Izquierda Confederal. És una esmena que
afecta la modificació del punt número 1, on s’expressa la
necessitat de prendre les mesures adequades per agilitzar el pagament
dels ERTO als treballadors i treballadores afectades. També acceptarem la
moció presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista, que ha defensat la
senadora Rivero, perquè creiem que és necessari incorporar també al text
de la moció aquesta necessitat, aquesta reivindicació, de prorrogar els
ERTO per més temps; i també per concretar aquestes ajudes per als
autònoms en el cas de la finalització de l’activitat, que la moció
ja contenia, amb aquest plus que aquest pagament es pugui fer amb
rapidesa, que aquestes ajudes arribin amb celeritat.


D’altra banda, rebutjaríem les esmenes proposades pel Grup
Parlamentari Popular. La primera fa referència a la baixada generalitzada
dels impostos. També crec que és de primer d’Economia entendre el
concepte de la progressivitat fiscal, és a dir, que paguin més i que
aportin més els qui més tenen. No podem compartir aquesta baixada
generalitzada que proposa el Partit Popular; ni tampoc, ni molt menys,
podem coincidir en la demanda de mantenir la reforma laboral, que per a
nosaltres és la causa, és l’origen, del problema que ha laminat els
drets de tants treballadors i treballadores al nostre país. També
rebutgem l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Mixt, que ha
defensat la senadora Merelo. Sempre que Esquerra Republicana fa propostes
ens responen amb el «café para todos». El que nosaltres fem és proposar
unes iniciatives que creiem que són bones per al territori de Lleida, i
per tant, la rebutgem. També rebutgem l’esmena presentada pel
Partit Socialista i defensada per la senyora Godoy. Només vull deixar
molt clar que nosaltres no tenim cap por d’assumir les
responsabilitats que ens corresponen; tampoc la Generalitat de Catalunya.
De fet, les voldríem totes, les responsabilitats. Per tant, allò que no
puguin complir, o que no es vegin en condicions de complir, ja els hem
dit moltes vegades que, gustosament, ens ho poden transferir. A més a
més, quan es tracta de la demora en el cas dels ERTO, si pot ser, amb
interessos de demora per a les persones que s’han vist afectades
pels endarreriments. Per tant, no veiem que és el que aporten de
diferent, que és el que aporten de nou, les esmenes que ens proposa el
Partit Socialista, més enllà de voler intentar posar en valor algunes
iniciatives que se’ns explica que el Govern hi està treballant,
però de les quals ni nosaltres, ni els treballadors ni les empreses de
Lleida i el Segrià hem tingut encara cap mostra.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a los distintos grupos
parlamentarios que hayan dedicado una parte de su tiempo a analizar y a
evaluar la situación en Lleida y en la comarca de El Segrià y que hayan
presentado enmiendas, todas ellas con la voluntad de mejorar el texto.
Nosotros vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda
Confederal, que es una enmienda que afecta a la modificación del punto
número 1 y en la que se expresa esta necesidad de tomar las medidas
adecuadas para agilizar el pago de los ERTE a los trabajadores y
trabajadoras afectados. También vamos a aceptar la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Nacionalista, que ha defendido la senadora
Rivero, porque creemos que es necesario incorporar también en el texto de
la moción esta necesidad, esta reivindicación de prorrogar los ERTE
durante más tiempo y concretar estas ayudas para los autónomos en el caso
de la finalización de actividad, que ya contenía la moción, pero también
este plus de pedir que ese pago sea con rapidez, que estas ayudas lleguen
con celeridad.


Por otra parte, rechazaríamos las enmiendas propuestas por el Grupo
Parlamentario Popular, y en concreto la primera, que hace referencia a la
rebaja generalizada de los impuestos. También creo que es de primero de
economía entender el concepto de la progresividad fiscal, es decir, que
paguen más y que aporten más quienes más tienen. Por tanto, no podemos
compartir esta rebaja generalizada que propone el Partido Popular ni
tampoco, ni mucho menos, podemos coincidir con la demanda de mantener la
reforma laboral que para nosotros es la causa, el origen del problema que
ha laminado los derechos de tantos trabajadores y trabajadora en nuestro
país. También rechazamos la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, que ha defendido la senadora Merelo. Siempre que
Esquerra Republicana hace propuestas nos responden con el café para
todos. Nosotros lo que hacemos es proponer unas iniciativas que creemos
que son buenas para Lleida, para el territorio de Lleida y, por tanto, la
rechazamos. Y también rechazamos la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, defendida por la señora Godoy. Solo quiero dejar muy claro
que nosotros no tenemos miedo alguno a asumir las responsabilidades que
corresponden, y que tampoco lo tiene la Generalitat de Catalunya. De
hecho, querríamos todas las responsabilidades y, por lo tanto, lo que no
puedan cumplir o no se vean en condiciones de cumplir, ya les hemos dicho
muchas veces que gustosamente pueden transferírnoslo; y, además, cuando
se trata de la demora en el caso de los ERTE, si puede ser, tiene que
conllevar intereses de demora para que las personas que se han visto
afectadas por los retrasos tengan una compensación. Por tanto, no vemos
qué es lo que aportan que sea diferente o novedoso las enmiendas que nos
proponen en el Grupo Socialista, más allá de querer intentar poner en
valor algunas iniciativas que se nos cuenta que el Gobierno está
trabajando en ellas, pero de las que ni nosotros ni los trabajadores ni
las empresas de El Segrià, de Lleida, hemos tenido ninguna muestra.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy nos presentan una moción para que se adopten una serie
de medidas en Lérida y en la comarca de El Segrià. Nos parecen bien las
medidas, muy bien, de hecho, porque muchas las propusimos nosotros en
marzo para el conjunto de la nación y otras son denuncias que nuestra
formación ha venido haciendo a lo largo de estos meses de agonía desde
que comenzó la pandemia oficialmente. Vayamos por puntos. Quieren que el
Senado inste al Gobierno a agilizar el pago de los ERTE. Vox no ha cesado
de denunciar que los ERTE no llegaban, que la gente no cobraba y que, en
consecuencia, las colas del hambre cada vez eran más largas, y ustedes
presentan esta moción el 2 de septiembre y para una provincia. Mientras,
no decían nada cuando el Gobierno se gastaba el dinero en propaganda, en
los medios de comunicación, con el famoso Salimos más fuertes. ¿Recuerdan
aquella famosa frase del programa de los sábados Aló presidente con el
que Sánchez nos deleitaba cada semana en la que nos amenazaban con cortar
los ERTE si no se prorrogaba el estado de alarma? Ni siquiera ahora los
trabajadores afectados saben hasta cuándo se van a prolongar los ERTE. Y
de esta situación, señores de la izquierda republicana y de Bildu, son
ustedes tan responsables como el Gobierno al que apoyan para conseguir
sus fines criminales e imposibles. Piden ayudas específicas para los
autónomos, obligados a cerrar por las nuevas restricciones. Les
recordamos que ustedes sostienen a un Gobierno que permitió que se pasara
la cuota de autónomos el primer mes del estado de alarma. Ahora se
acuerdan de los autónomos y de los de Lérida, claro, del resto, no,
¿verdad? Recuerden que VOX pidió que se les pagara las nóminas todo el
tiempo que durara el estado de alarma. Hablan también de adaptar los
créditos ICO concedidos al contexto actual. Hemos dicho en numerosas
ocasiones que para empezar los ICO tienen que llegar. No escuchan a los
trabajadores ni a los emprendedores ni al pequeño empresario, pero vistos
los antecedentes de los partidos que presentan la moción, no nos extraña.
Ustedes son más de bombas y de golpes de Estado. (Rumores). Hablan de
digitalización, pero, al mismo, tiempo sostienen a un Gobierno que
apuesta por la penalización fiscal para los operadores telefónicos con el
Programa España Digital 2020-2025. Son ustedes una contradicción en sí
mismos, capaces de decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Solo
hay que leer su moción y ver lo que hace el Gobierno al que sustentan.
Los senadores de VOX no somos sectarios. (Rumores). Por ello, apoyaremos
esta moción, porque allá donde haya un compatriota pasándolo mal
estaremos apoyándoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.


Más allá del escenario bélico de bombas y demás, reitero nuestro
apoyo a esta moción y les confieso que me quedo perpleja porque,
últimamente, en esta Cámara, que tiene que ser una Cámara de
representación territorial, porque se supone que los senadores
representamos a territorios, que tenemos un conocimiento del territorio
donde vivimos porque lo pisamos y lo sufrimos, porque hablamos con la
gente que vive ahí y trasladamos a esta Cámara sus problemas, defender a
cada territorio parece un problema. Yo insto a la gente que tiene
problemas, a los senadores que tengan problemas, a dar apoyo a peticiones
justas que quieren resolver problemas que existen en algún territorio;
les insto a que hagan su trabajo y a que pidan lo que crean necesario
para los territorios que representan. Asimismo, agradezco la senadora
Bailac que haya traído esta iniciativa, que nos haya hecho una
radiografía tan clara de lo que ha sucedido en Lleida, de la dificultad
de la gestión. Por su parte, la senadora Sara Vilà también nos ha hablado
de dificultades añadidas en tiempos de pandemia, de aciertos y de
errores, que los ha habido por todas partes. Pero aquí se viene a buscar
soluciones y creemos que lo que se pide es justo y además es competencia
del Gobierno central y tampoco nos vale eso de pasar del mando único a la
responsabilidad compartida. ¿Qué les parece si retomamos todos las cosas
desde el punto de no retorno e intentamos sumar esfuerzos para dar
soluciones a la gente? Ayer el presidente del Gobierno nos decía que
teníamos que practicar un cierto buenismo parlamentario, nos hablaba de
la dificultad, en un tono absolutamente correcto y nos instaba casi a
desnudarnos de ideología para no escudarnos en el virus, y yo les pido
hoy, por favor, a todos ustedes, que no se escuden en el virus para
obviar aquello que tiene que hacer el Gobierno central para dar
soluciones, juntamente, sí, con las comunidades autónomas, que están
asumiendo sus responsabilidades, pero con una diferencia, que no tienen
los recursos necesarios y que les son propios para hacerlo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora Vilà Galán.


La señora VILÀ GALÁN: Gràcies, presidenta.


Jo també vull felicitar la senadora Bailac per haver dut la comarca
del Segrià al ple del Senat, cosa que no és fàcil. Crec que té un cert
mèrit poder parlar del Segrià, el meu territori, allà on he nascut i
viscut. És un territori que conec a la perfecció i sé el patiment que hi
ha hagut al Segrià. Tots l’hem patit; els qui hem estat confinats
al Segrià també. Hem vist aquesta preocupació per part dels autònoms,
dels comerços, i l’hem fet nostra. L’hem patit conjuntament,
familiars, amics, etc. Tothom, qui més qui menys, està patint aquesta
situació, ja sigui econòmicament, ja sigui personalment, ja sigui per
qüestions de salut i de malaltia. La veritat és que la preocupació és
compartida. Per tant, felicitats per haver portat aquesta moció al ple
del Senat.


També és veritat que si haguessin presentat aquesta moció abans, en
el moment en què només el rebrot estava al Segrià tindria més sentit
parlar del Segrià. Però és clar, els rebrots han acabat apareixent en
molts territoris, i per tant, la moció no parla només del Segrià, encara
que ho faci a l’exposició de motius. S’entén que totes les
mesures que es demanen, tant pel que fa a l’agilització dels ERTO
com a les ajudes per als autònoms i per als territoris, són per a tots
els territoris. Per tant, hi ha algunes demandes d’altres grups
polítics que no tenen cap sentit, perquè totes les mesures que hi ha en
aquesta moció són per a tothom. El Segrià és l’excusa per poder
demanar ajudes per a tothom. Entenem que l’esperit d’Esquerra
Republicana també és aquest: no només parlar del Segrià, no només
beneficiar la gent del Segrià i de Lleida, sinó beneficiar tots el qui
han patit aquests rebrots.


Però crec que també hem de parlar especialment dels territoris
deprimits. Aquí hi ha l’especificitat del Segrià, que és un
territori econòmicament deprimit. I ho és per molts motius. És veritat
que els pressupostos de l’Estat han oblidat moltíssimes vegades
Lleida, però també els pressupostos de la Generalitat. En això hem de ser
clars. Nosaltres, des del nostre punt de vista, a Catalunya en
Comú-Podem, també haguéssim preferit moltes vegades que s’hagués
invertit molt més a les comarques de Lleida, i en especial a la comarca
del Segrià, quan tocava, i no s’ha fet amb els pressupostos en
anteriors ocasions. D’altra banda, també vam advertir en el seu
moment que el tema dels temporers al Segrià acabaria causant una certa
problemàtica, perquè era fàcil que es pogués descontrolar un rebrot a
través dels temporers. Per això també hem demanat moltíssimes vegades a
la Generalitat, a través del Parlament de Catalunya, que es faci càrrec
de la situació que, any rere any, es repeteix a les comarques de Lleida
sobre la qüestió dels temporers. No ho diem nosaltres; ho deien les
pròpies entitats, com Càritas, Creu Roja, el Consell Comarcal del Segrià,
estaven molt preocupats pel que podia passar enguany amb la pandèmia,
quan sabien que molts treballadors temporers acabarien fent cap a
Lleida.


Per tant, jo crec que sí que és una qüestió de responsabilitats
compartides, perquè el que vol la ciutadania és que busquem aquestes
solucions. Per això també ens sap greu que no s’hagi arribat a un
consens, a un acord, amb el Partit Socialista en aquesta moció. La moció
que presentava Esquerra Republicana tenia tot el sentit del món, però
l’esmena que presentava el PSOE també el tenia. Crec que
s’hagués pogut arribar a un acord si hi hagués hagut voluntat, però
això no ha passat. I no sé quina lectura en farà ara mateix la gent del
Segrià, però havent pogut ser útils per a la ciutadania, al final no ho
serem perquè no ens hem sabut posar d’acord. I això crec que és una
mala notícia per la gent del Segrià, però —repeteixo— també
per tots aquells i aquelles que han hagut de patir un ERTO, tots aquells
i aquelles autònoms que ara mateix estan en una situació complicada. Em
sembla que és una llàstima que no haguem arribat a un acord.


Crec que la Generalitat té molta part de responsabilitat amb el que
ha passat al Segrià. Crec que hi ha molta gent que està profundament
descontenta amb la gestió que ha fet el Govern de la Generalitat pel que
fa a la pandèmia al Segrià. Entenc també les crítiques que hi pugui haver
cap al Govern de l’Estat. I sí, és una responsabilitat compartida.
L’Estat està aportant la seva part pel que fa als ERTO i les ajudes
als autònoms, però la Generalitat ha d’aportar la seva part pel que
fa a les competències de sanitat; perquè les competències de sanitat i
educació són exclusives de la Generalitat de Catalunya.


Era important que ens haguéssim posat d’acord i no ho hem
aconseguit.


Gracias presidenta.


Sí, yo también quiero felicitar a la senadora Bailac por haber traído
la comarca de El Segrià al Pleno del Senado, cosa que no es fácil y, por
tanto, yo creo que tiene un cierto mérito, para que podamos hablar de El
Segrià, de mi territorio, de un territorio que conozco a la perfección,
porque es allí donde he nacido y vivido, y que me duele porque sé del
sufrimiento que ha habido en El Segrià. Todos lo hemos sufrido, quienes
hemos estado confinados en El Segrià también; todos hemos visto la
preocupación de los autónomos, de los comercios. La hemos hecho nuestra.
La hemos sufrido conjuntamente familiares, amigos, etcétera. Todos, quien
más, quien menos, estamos sufriendo esta situación, ya sea económica o
personalmente por cuestiones de salud y de enfermedad. Y, la verdad, la
preocupación es compartida. Por tanto, felicidades por haber traído esta
moción al Pleno del Senado.


También es cierto que esta moción, si la hubieran presentado antes,
en el momento en que el rebrote estaba solo en El Segrià, tendría más
sentido hablar solo de El Segrià, pero, claro, los rebrotes han acabado
apareciendo en muchos territorios. Por tanto, la moción no habla solo de
El Segrià. Aunque lo haga así en la exposición de motivos, se entiende
que todas las medidas que se piden, tanto en lo que se refiere a la
agilización de los ERTE como a las ayudas para autónomos y para
territorios, son para todos los territorios. Por tanto, hay algunas
demandas de otros grupos políticos que no tienen ningún sentido porque
todas las medidas que hay en esta moción son para todos. Digamos que El
Segrià es la excusa para poder pedir ayudas para todos, porque entendemos
que el espíritu de Esquerra Republicana es este, no hablar solo de El
Segrià o de que se beneficie solo la gente de El Segrià y de Lleida, sino
que se beneficien todos los que han padecido estos rebrotes.


También tenemos que hablar especialmente de los territorios
deprimidos. Aquí tenemos la especificidad de El Segrià, que es un
territorio económicamente deprimido, y que lo es por muchos motivos. Es
verdad que los presupuestos del Estado han olvidado muchísimas veces a
Lleida, pero también los presupuestos de la Generalitat. Y en esto
también hay que ser claros. Si pensamos en Catalunya, en Comú-Podem
habríamos preferido que se hubiera invertido mucho más en las comarcas de
Lleida, en especial en la comarca de El Segrià, cuando correspondía, y no
se ha hecho en los presupuestos en anteriores ocasiones. Por otro lado,
también advertimos en su momento de que el tema de los temporeros en El
Segrià acabaría causando una cierta problemática porque era fácil que
pudiera descontrolarse un rebrote a través de los temporeros. Por eso,
también hemos pedido muchísimas veces a la Generalitat, a través del
Parlamento de Cataluña, que se haga cargo de la situación que año tras
año se repite en las comarcas de Lleida en relación con los temporeros.
No lo decimos nosotros. Lo decían entidades como Caritas o Cruz Roja. El
Consejo Comarcal de El Segrià estaba también muy preocupado por lo que
pudiera pasar este año con la pandemia cuando sabían que muchos
trabajadores temporeros acabarían en Lleida.


Por tanto, es una cuestión de responsabilidades compartidas, porque
la ciudadanía lo que quiere es que busquemos soluciones a estas
situaciones. Me sabe mal que no se haya llegado a un consenso, a un
acuerdo con el Grupo Socialista, en esta moción, porque la moción que
presentaba Esquerra Republicana tenía todo el sentido del mundo, pero la
enmienda que presentaba el Grupo Socialista también lo tenía. Creo que se
podría haber llegado a un acuerdo si hubiera habido voluntad, pero esto
no ha pasado, y no sé qué lectura hará ahora mismo la gente de El Segrià.
Habiendo podido ser útiles para la ciudadanía, al final no lo vamos a ser
porque no nos hemos sabido poner de acuerdo. Y creo que esto es una mala
noticia para la gente de El Segrià, pero también para todos aquellos y
aquellas que han tenido que sufrir un ERTE, para todos aquellos autónomos
que ahora mismo están en una situación complicada. Como digo, es una
lástima que no hayamos llegado a un acuerdo.


Creo que la Generalitat tiene gran parte de la responsabilidad en lo
que ha pasado en El Segrià. Creo que hay mucha gente que está
profundamente descontenta con la gestión que ha hecho el Gobierno de la
Generalitat en lo que se refiere a la pandemia en El Segrià. Entiendo
también las críticas que pueda haber al Gobierno del Estado. Y sí, la
responsabilidad es compartida. El Estado está aportando su parte en lo
que se refiere a los ERTE y ayudas a autónomos, pero la Generalitat tiene
que aportar también su parte en lo que se refiere a las competencias de
sanidad, porque las competencias de sanidad y educación son exclusivas de
la Generalitat de Cataluña. Y en eso estamos.


Era importante que nos hubiéramos puesto de acuerdo y no lo hemos
conseguido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora
Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta, y buenas tardes,
señorías.


Esta moción que ahora debatimos es un ejemplo muy ilustrativo de lo
que significa ser útil en política o, más bien, en este caso, de lo que
significa no serlo y de lo que es, incluso, contraproducente.


Nos presentan los grupos proponentes una serie de medidas que hacen
referencia a los ERTE, a las ayudas a autónomos, a las bonificaciones a
la contratación o a la línea de crédito para las PYME. Y yo me pregunto,
señorías de Esquerra Republicana y de Bildu, ¿dónde estaban ustedes
cuando se aprobó el plan de choque contra el virus que contiene todas
estas medidas? Porque muchas de estas medidas ya las propuso Ciudadanos y
nos quedamos solos negociando con el Gobierno para arrancarles el recurso
a los ERTE como alternativa a los despidos masivos, la prestación
extraordinaria de autónomos, el teletrabajo o las líneas de
crédito.


¿Sabe qué hacía Esquerra Republicana mientras Ciudadanos negociaba
los ERTE, la prestación de autónomos o las líneas de crédito para las
PYME, también en beneficio de todos los catalanes? Pues sí, adivinan:
estaba pidiendo la independencia. Pero, hasta donde yo sé, no sirve para
salvar vidas ni para salvar empleos por mucho que su gobierno separatista
dijera que en una Cataluña independiente habría menos muertos. ¡Pero si
rechazaron en su momento los hospitales de campaña para salvar vidas de
catalanes porque los montaba el Ejército español!


En cuanto a los señores de Bildu, no sé qué hacían y prefiero no
saberlo. Lo que sí sé es que, en plena pandemia, con las PYME, autónomos
y empresas más exigidas que nunca, con millones de trabajos pendientes y
pendiendo de un hilo, se dedicaron a pedir la derogación íntegra de la
reforma laboral, la derogación de la reforma que permite los ERTE como
alternativa de los despidos masivos. Y que hoy vengan aquí a hablar de
ERTE, señorías...


Pues bien, les hablaba de utilidad precisamente porque, en un
contexto como en el que estamos viviendo, los españoles lo que necesitan
es política útil y que los políticos seamos capaces de apartar nuestras
diferencias y arrimar el hombro para trabajar por el bien común de
todos.


Me ahorraré en esta intervención sacar a relucir el historial de los
partidos que proponen esta moción, que ya sería suficiente para producir
un sonrojo a cualquiera. Me voy a quedar únicamente con su contribución
durante esta pandemia. ¿Qué han hecho ustedes para luchar contra el virus
y hacer más fácil la vida a los ciudadanos? ¿Hablan sus señorías de
Esquerra de pensar en los más vulnerables cuando no tuvieron ningún
atisbo de vergüenza en abstenerse o votar en contra del estado de alarma
y del confinamiento en función de intereses puramente partidistas? ¿Qué
han conseguido ustedes? Déjenme decírselo, señorías: absolutamente nada.
Y la ciudadanía es muy consciente de su falta de utilidad durante la
gestión de esta emergencia sanitaria. Porque todo esto que ahora piden
está muy bien, pero este barco ya zarpó hace unos meses. Afortunadamente,
gracias a Ciudadanos, el empleo de los españoles no ha dependido ni de
Rufián ni del señor Otegui.


Les voy a hablar de utilidad, señorías, porque con menos aspavientos,
que ustedes, con más voluntad de diálogo y negociación que ustedes y con
más conciencia y responsabilidad que las que el momento actual nos exige,
Ciudadanos ha sido capaz de arrancar a este Gobierno medidas que
realmente han permitido hacer más fácil la vida de todos los españoles
durante esta crisis sanitaria: extensión de los ERTE hasta el 30 de
junio, después la prórroga hasta el día 30 de septiembre y ahora
trabajamos para que sea, como mínimo, hasta el día 31 de diciembre;
ayudas extraordinarias para los autónomos y ahora igualmente trabajamos
para que se recupere la prestación extraordinaria allí donde sea
necesario, o, por ejemplo, logramos encauzar una alternativa al estado de
alarma, que tuvo una concreción en el decreto de la nueva normalidad, una
norma, por cierto, que, a diferencia de todo lo que ha venido después, no
ha tenido ni un solo reproche ni cuestionamiento jurídico. Y seguimos
trabajando, señoría; nunca hemos dejado de hacerlo, ahora para que los
ERTE se apliquen durante todo el tiempo necesario, para que los autónomos
no se queden sin ninguna ayuda, para que las familias puedan conciliar
durante esta segunda ola, y ahí está ya presentada una iniciativa de
Ciudadanos, la semana pasada, para que los padres cuyos hijos tuviesen
que quedarse en casa ante la suspensión de las clases, sin PCR o con una
PCR negativa, pudiesen cuidar de ellos sin tener que comprometer su
empleo o renunciar a su salario.


Esto es política útil, señorías, y lo demás es teatro. Para el
postureo, para la insolidaridad y el partidismo saben que no pueden
contar con nosotros.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde
on.


El impacto de esta epidemia ha tenido una grave repercusión, primero
en el nivel sanitario, y esto nos lleva a un confinamiento con
consecuencias también sociales y económicas, encima en un momento en el
que empezábamos a ver la recuperación de la crisis anterior. Ante esa
situación, hemos sufrido bastante, y lo que se ha hecho es poner en
marcha diferentes medidas de apoyo que han intentado minimizar el impacto
en la economía y el empleo y también mantener la protección social a la
población más vulnerable. Pero la pandemia no ha terminado y los
rebrotes, más o menos controlados, están suponiendo, en determinadas
zonas, restricciones sanitarias, probablemente necesarias, pero que
inevitablemente repercuten negativamente en una realidad económica,
laboral y social ya crítica, sobre todo para algunos colectivos y
sectores. Porque es cierto que todos han estado afectados, pero
claramente esta crisis se está —permítanme la expresión—
cebando especialmente en algunos. Esto hace totalmente necesario
—creo que en esto habrá consenso total— el mantenimiento de
algunas herramientas, y voy a poner como ejemplo los ERTE en aquellos
sectores que lo necesiten, pero también hacer un planteamiento global y
coherente de revitalización.


En esta moción que presenta Esquerra Republicana de Catalunya, por un
lado, se enumeran una serie de medidas promovidas por la Generalitat
—otras administraciones también están haciendo cosas, por ejemplo,
en el Gobierno vasco tenemos algunas relativas a créditos a coste cero,
ayudas a la digitalización, promoción de comercio, hostelería,
etcétera— y, por otro lado, ustedes nos presentan una batería de
propuestas dirigidas al Gobierno central. Lo primero que le decimos es
que no nos parece ni bien ni mal, pero su propuesta se refiere en
concreto exclusivamente a la comarca de El Segrià. Entendemos que ha sido
una de las más azotadas por esta segunda fase de la pandemia, pero no ha
sido la única, y espero que de nuestra parte no entienda que esto es café
para todos en absoluto. Asimismo, las medidas que plantean son muy
genéricas, así que son fácilmente aceptables para todos, pero creemos que
deberían concretarse un poco más en el momento en el que estamos.


Le quiero comentar en concreto el punto 3. Todos ustedes saben que
nosotros tenemos un sistema fiscal diferenciado y no solemos entrar en
temas de fiscalidad, pero como reflexión, me pregunto: ¿bonificaciones?,
¿por qué no otras medidas que también pudieran ser eficaces? ¿No sería
mejor, en vez de proponer una medida concreta que al final interfiere
inevitablemente y tiene repercusión en otras, hacer una revisión global,
una reflexión profunda que lleve a una fiscalidad más progresiva y a una
redistribución equitativa que al final nos daría el resultado
probablemente que ustedes quieren?


Está claro que una situación excepcional como la que estamos viviendo
requiere una respuesta urgente que mitigue impactos inmediatos, pero tal
vez ahora sea el momento de hacer un planteamiento no solo en el corto
plazo. Creo que cada crisis puede y debe convertirse en una oportunidad,
y tenemos que aprovechar esta. Tenemos que aprovechar esta crisis como
una oportunidad y creo que las prioridades están claras: garantizar la
salud de todos y todas; garantizar los servicios públicos que posibiliten
una sociedad cohesionada, y esa sociedad estará cohesionada en cuanto en
tanto todos entren en el carro, no se quede nadie atrás, y reactivar la
economía y el empleo, es decir, recuperar la senda del crecimiento, que
sea sostenible, y sostener los empleos, pero no de cualquier manera, sino
evitando precariedad y temporalidad.


Así que todas las propuestas que plantean siguen siendo necesarias,
se lo reconocemos, pero ha pasado el momento de solo medidas de choque,
sin embargo, estoy viendo en esta Cámara que, en general, los grupos se
están quedando ahí. Ahora lo que toca plantear es una política global y
coherente y una clara colaboración interinstitucional.






Para todo eso,
creemos que estaría bien contar con unos presupuestos, porque hoy más que
nunca es necesario tener unos presupuestos adaptados a la realidad
actual, que reflejen la voluntad real y el compromiso con esas
prioridades a las que antes me he referido y donde el centro sean las
personas. Hace falta también impulsar la materialización y la gestión de
los fondos europeos y del Plan de recuperación y resiliencia. Las medidas
que ustedes plantean en esta propuesta son aceptables, son necesarias y
hay que mantenerlas, pero hace falta más concreción, porque se refieren
solo a una comarca y el punto 3 nos genera dudas. Por ello,
lamentablemente, vamos a abstenernos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu,
tiene la palabra la senadora Bailac Ardanui.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies, presidenta.


Deixin-me començar pel tan anomenat concepte de cogovernança. Que
ningú tingui la temptació d’amagar-se darrere de l’etiqueta
de la cogovernança; d’altra banda tan poc creïble, venint
d’aquesta política de comandament únic i de gestió centralitzada a
les quals ens van sotmetre des de l’inici de l’estat
d’alarma. Ara toca parlar de cogovernança. Doncs que ningú es
vulgui amagar al darrere de l’etiqueta de la cogovernança, perquè
continuen tenint obligacions i els reclamem que exerceixin aquestes
obligacions, igual com nosaltres les exercim també des de les
institucions on governem.


Ajudin els treballadors i les treballadores de Lleida, ajudin les
pimes, ajudin els autònoms, compleixin les seves obligacions amb un
territori que pateix un dèficit crònic d’infraestructures,
compleixin amb la seva responsabilitat de destinar a Lleida la inversió
que li correspon. I aquí deixin-me sumar-me a les paraules de la senadora
Vilà, quan parlava de l’infrafinançament que han patit Lleida i la
comarca del Segrià, i que, precisament amb el seu suport al Parlament de
Catalunya, hem tractat de revertir amb els últims pressupostos de la
Generalitat, augmentant un 55 % els pressupostos destinats a Lleida,
amb 106 milions d’euros. I aquest increment, si hi sumem
l’Alt Pirineu i l’Aran, és del 85 %. Per tant, estem
d’acord que aquest era un dels reptes i així ho hem fet
conjuntament amb la formació que la senyora Vilà representa en aquesta
Cambra.


Sobre la campanya agrària, que també han mencionat, deixin-me
recordar que des del mes de març es van començar els treballs
—abans i tot— per fer que la campanya agrària fos un èxit,
conjuntament amb els ajuntaments. Llàstima que hi ha hagut mesures
d’aquells que ens exigeixen i ens parlen de cogovernança que no les
hem arribat a veure i haurien estat molt necessàries. No vam arribar a
veure, per exemple, que es controlés efectivament la mobilitat de les
persones que sense contracte van arribar a la ciutat de Lleida i a la
comarca del Segrià i a les quals van condemnar a situacions de
vulnerabilitat, també per no accedir a la regularització de les persones
sense papers. Tampoc no hem vist que es tingués cap voluntat per rebaixar
el mòduls de l’IRPF als agricultors, que és una mesura que també
hem demanat repetidament en aquesta Cambra.


Per tant, no es vulguin amagar darrere de l’etiqueta de la
cogovernança i actuïn vostès també —això és el que els demanem
avui—, entomin també el repte, actuïn en la mesura de les seves
competències i des recursos que tenen disponibles per fer-ho.


Deixin-me fer també una referència. A casa meva em van ensenyar que
al feixisme se li planta cara, el feixisme se’l combat.
Determinades declaracions que s’han fet avui des d’aquest
faristol em fan fàstic, i no puc deixar de passar per aquí sense
dir-ho.


Senyors del Partit Socialista que avui no volen sumar-se a aquest
clam, a aquesta petició de treball lleial, de treball conjunt per fer
possible que l’economia a la comarca del Segrià pugui tirar
endavant; no entenem els seus motius. Ens sembla realment que el que
exposa la nostra moció és completament assumible per vostès, i més encara
veient que les esmenes que han presentat així ho certifiquen. Ajudin-nos
en tot allò que els pertoca, com també en revertir
l’infrafinançament de la sanitat pública. Perquè si no, pensarem
que a Espanya hi ha un Govern més preocupat a tapar les vergonyes de la
monarquia i a escriure cartes de recomanació a Martín Villa que no pas a
pagar puntualment els ERTO de les persones que fa mig any que esperen per
sortir d’una situació de vulnerabilitat molt preocupant.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Permítanme empezar por el tan citado concepto de cogobernanza. Que
nadie tenga la tentación de esconderse detrás de la etiqueta de la
cogobernanza, por otro lado, tan poco creíble viniendo de esta política
de comando único y gestión centralizada a la que nos sometieron desde el
inicio del estado de alarma. Ahora toca hablar de cogobernanza, pues que
nadie se quiera esconder detrás de esta etiqueta, porque siguen teniendo
obligaciones y les reclamamos que ejerzan estas obligaciones, igual que
nosotros las ejercemos también en las instituciones donde
gobernamos.


Ayuden a los trabajadores y a las trabajadoras de Lleida, ayuden a
las pymes, ayuden a los autónomos, cumplan sus obligaciones con un
territorio que padece un déficit crónico de infraestructuras, cumplan con
su responsabilidad de destinar a Lleida la inversión que le corresponde.
Y déjenme aquí sumarme a las palabras de la senadora Vilà cuando hablaba
de la infrafinanciación que ha sufrido Lleida y la comarca de El Segrià;
situación que, precisamente con su apoyo en el Parlamento de Cataluña,
hemos intentado revertir con los últimos presupuestos de la Generalitat
aumentando un 55 % los presupuestos destinados a Lleida, con 106,8
millones de euros. Este incremento, si sumamos el alto Pirineo y el Arán,
es del 85 %. Por tanto, estamos de acuerdo en que este era uno de los
retos y así lo hemos manifestado conjuntamente con la formación que la
senadora Vilà representa en esta Cámara.


Sobre la campaña agraria, que también han mencionado, permítanme
recordar que, desde el mes de marzo —antes, incluso—,
empezaron los trabajos, conjuntamente con los ayuntamientos, para hacer
que la campaña agraria fuera un éxito; lástima que algunas de esas
medidas dependían de aquellos que nos exigen y que nos hablan de
cogobernanza, porque no hemos llegado a verlas, y habrían sido muy
necesarias. No llegamos a ver, por ejemplo, que se controlase
efectivamente la movilidad de las personas que, sin contrato, llegaron a
la ciudad de Lleida y a la comarca de El Segrià, a quienes condenaron a
situaciones de vulnerabilidad, también, por no acceder a la
regularización de las personas sin papeles. Tampoco hemos visto que se
tuviera voluntad alguna de rebajar los módulos del IRPF a los
agricultores, una medida que reiteradamente hemos pedido también en esta
Cámara.


Por tanto, no pretendan esconderse detrás de la etiqueta de la
cogobernanza y acepten el reto, actúen —esto es lo que les pedimos
hoy—, en la medida de sus competencias y de los recursos que tienen
disponibles para hacerlo.


Déjenme hacer una referencia a otro asunto. En mi casa me enseñaron
que al fascismo se le planta cara, al fascismo se le combate y
determinadas declaraciones que se han hecho hoy desde este atril me dan
asco y no puedo dejar de pasar por aquí sin decirlo.


Señores del Partido Socialista, que hoy no quieren sumarse a este
clamor, a esta petición de trabajo conjunto, de trabajo leal, para hacer
posible que la economía en la comarca de El Segrià pueda salir adelante.
No entendemos sus motivos. Realmente, lo que expone nuestra moción nos
parece completamente asumible por ustedes, más aun cuando vemos que las
enmiendas que han presentado así lo certifican. Ayúdennos en todo lo que
les compete, como también en revertir la infrafinanciación de la sanidad
pública, porque si no, pensaremos que en España hay un Gobierno más
preocupado por tapar las vergüenzas de la monarquía, por escribir cartas
de recomendación a Martín Villa, que por pagar puntualmente los ERTE de
las personas que hace medio año que esperan para salir de una situación
de vulnerabilidad muy preocupante.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pérez Coronado.


El señor PÉREZ CORONADO: Gracias, nuevamente, presidenta.


Señorías, no descubro nada si digo que la gestión de la pandemia por
parte del comité de expertos, por parte del Gobierno o por quien quiera
que digan que la ha gestionado, tanto desde el punto de vista sanitario
como económico, no puede ser peor. (Rumores).La crisis originada por la
COVID-19 ha sido una crisis global, eso es cierto, pero la gestión de los
gobiernos ha provocado que no haya afectado por igual, ni sanitaria ni
económicamente, a los diferentes países. España, desgraciadamente, es uno
de los países del mundo en el que su Gobierno ha gestionado peor la
pandemia en el ámbito sanitario. Ahí tienen las cifras. No lo digo yo, lo
dicen los datos, las opiniones, los expertos, y también nos situamos a la
cabeza de la peor gestión económica. Ahí tienen los resultados: la caída
de nuestra economía es de las mayores a nivel mundial.


Entre tanto, el Gobierno de España, su Gobierno, se parapeta tras
fotos, pasillos triunfales de ministros, eslóganes que falsean la
realidad o debajo de una sombrilla, como este verano, hizo el presidente
Sánchez durante la peor crisis económica y sanitaria que ha sufrido
España en el último siglo. (Aplausos.— Protestas). En medio de lo
que ya es la segunda oleada de la pandemia, con el número de casos
creciendo por toda España y la inseguridad de no saber qué va a pasar, es
una frivolidad escucharles hablar de recuperación robusta, salida en uve
de la crisis económica o decir que han tejido una amplia red social de
seguridad. Mientras tanto, nuestro país tiene la segunda tasa de paro de
toda Europa, duplicando a la media europea, y tenemos el dudoso honor de
ser el país con las peores previsiones de caída de su producto interior
bruto de todo el continente.


Hace unos días, el Banco de España estimaba que alrededor de una
cuarta parte del tejido productivo español presentaba una situación de
quiebra técnica. Si traducimos este dato en niveles de empleo, se estaría
diciendo que cerca de 2 millones de empleos, 2 millones de
personas, 2 millones de familias se encuentran en riesgo en estos
momentos. ¿A quién pretenden engañar diciendo que salimos más fuertes? A
ello debemos sumar que el índice de confianza del consumidor —y
esta es la segunda lección de economía que les damos— se encuentra
en mínimos históricos, por lo que el consumo interno, que es fundamental
para la salida de la crisis, sigue estancado debido a la desconfianza
respecto a las medidas adoptadas y de que la economía vaya a remontar a
corto plazo, y es que a día de hoy nadie piensa que con este Gobierno
España puede —como dice su último eslogan de la factoría de Iván
Redondo—. Y es que la menor contundencia de las medidas puestas en
marcha por este Gobierno respecto al resto de países de nuestro entorno
para apoyar a nuestras empresas, autónomos y pymes es abrumadora, por
mucho que ustedes quieran vender otra cosa. La realidad es que somos uno
de los países que menos recursos públicos sobre el PIB ha puesto a
disposición del tejido productivo para ayudarle a salir de la crisis.
Estamos a la cola en cuanto a la línea de avales, en cuanto al
aplazamiento o rebaja de impuestos y en cuanto a medidas de apoyo directo
a nuestras empresas.


Por otro lado, la propuesta estrella, la propuesta del ingreso mínimo
vital, se evidencia como otro ejercicio propagandístico, que no sirve
para eliminar la pobreza y que, además, no está llegando a quien lo
necesita (Rumores), ya que el 99 % de los solicitantes aún no la
perciben. Deben entender que las familias y las empresas no pueden vivir
de su propaganda política y sus eslóganes. Son casi hasta inmorales estas
campañas de marketing del Gobierno en el peor momento que atraviesa
España en los últimos tiempos. Es necesaria una mayor efectividad en las
políticas generadoras de crecimiento y menos propaganda, señorías.


Algunas de las medidas que se proponen en esta moción podrían llegar
a estar bien encaminadas, ya que suponen un incremento de las ayudas
respecto a las raquíticas ayudas puestas en marcha por el Gobierno de
España, comparándolo con los Gobiernos de nuestro entorno. En ese
sentido, son medidas necesarias, como decía antes, pero no suficientes.
Por lo tanto, no vamos a apoyar esta moción, no serviría de nada aplicar
estas medidas si después se sigue machacando a impuestos a nuestras
empresas y autónomos, generando inseguridad jurídica en la economía y
poniendo en peligro muchos puestos de trabajo con la amenaza de derogar
la reforma laboral del año 2012.


Con todos estos datos, es fundamental que el Gobierno de España salga
de esa peligrosa espiral de marketing que ignora y frivoliza con la
destrucción de empresas. En caso contrario, el desastre para el empleo y
para las familias será de unas dimensiones desconocidas hasta
ahora.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Castellà Surribas.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, la comarca del Segriá sufrió, por decisión de la
Generalitat de Catalunya, un confinamiento que comportó el cese de la
actividad económica, con la consecuencia del grave perjuicio para la
población y los sectores comerciales, industriales y el conjunto de la
economía y la vida social. La decisión de la Generalitat ha sido
ampliamente criticada por los alcaldes y los sectores económicos de la
comarca, por la falta de información, las imprecisiones, las
informaciones inconexas, la falta de previsión y, en especial, el
desconocimiento de los datos reales que motivaron tomar esta decisión. La
indignación se ha generalizado en esta comarca y el territorio y mañana
el Pleno del Parlament debatirá una moción donde se pide la reprobación
contundente de la acción del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y se
le insta a adoptar un conjunto de medidas para la reactivación económica
y recuperación de la vida económica y social de la comarca.


Es un territorio donde llueve sobre mojado. En los últimos diez años
la Generalitat ha reducido casi un 80 % sus inversiones en este
territorio. De hecho, los territorios, en especial la Cataluña despoblada
y vaciada, son las principales víctimas de los años de desgobierno que
hemos vivido; el procés independentista ha absorbido gran parte del gasto
de la Generalitat mermando gravemente la inversión de los territorios en
sanidad, educación, seguridad, cultura, empresa y residencias. Sin
embargo, en la pandemia hemos podido experimentar las posibilidades
efectivas de la cogobernanza, como expresión de la lealtad institucional
propia del espíritu federal, viendo cómo funciona bien y cómo puede
funcionar mejor. Hay un camino largo que recorrer en el que la
ciudadanía, sus intereses, sus necesidades y sus anhelos ocupan el centro
exclusivo de la acción política, por encima de partidismos, banderas y
grupos, y a esto están invitadas todas las instituciones. Hoy parece que
ya no sirve explicar lo bien que lo hacen los suyos y lo mal que lo hacen
todos los demás.


Y parece también que hacen un juego de malabarismo político y, frente
a las críticas a la gestión de la Generalitat de Catalunya en las
comarcas de Lleida, nos presentan una carta a los Reyes Magos, algo
imprecisa, con algún déficit técnico, sin evaluación real, pidiendo al
Estado que se gaste 100 millones de euros en ayudas, desgravaciones y
exenciones. Pero hay que decir, y así lo señalamos en nuestra enmienda,
que compartimos el fondo, el espíritu y la voluntad de la
iniciativa.


Creemos que con ustedes y con gran parte de esta Cámara —el PP
y Vox están en sus guerras y no se les espera— se puede dar una
respuesta conjunta de todas las administraciones, clara y confiada, a la
comarca de El Segrià y a otras comarcas especialmente afectadas por las
consecuencias de la crisis. Saben que no podíamos votar su texto por las
generalizaciones, inexactitudes y desajustes técnicos que presenta, pero
queríamos salvar el fondo con un compromiso con la comarca —por
cierto, se olvidan de citarla en el texto— y una alianza con todas
las administraciones para su rápida recuperación.


Hemos presentado, con la mejor voluntad de responder a la
insatisfacción y preocupación de las personas de El Segrià, una enmienda
de sustitución que no ha sido aceptada; con ella arreglábamos su texto y
llevábamos a la mesa extraordinaria de diálogo social, a la mesa
tripartita, donde están todos los ministerios y actores sociales, el
apoyo de todas y cada una de las medidas que ustedes presentan, pero
redactadas y enmarcadas adecuadamente. Hemos presentado una enmienda de
sustitución que además contempla la cooperación leal y la gobernanza
efectiva entre Estado, Generalitat y ayuntamientos. No ha sido posible
consensuar un texto y un acuerdo. Pero quiero agradecer el clima de
diálogo de todos los grupos y dar las gracias a la Izquierda Confederal,
a en Comú Podem, al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra, a
Ciudadanos.


Creo que, aunque los límites que nos impone el procedimiento
parlamentario lo han hecho difícil, en el fondo late una percepción, una
preocupación y una respuesta similar: compartimos la voluntad de hacer
efectiva la recuperación económica y social de todo el territorio. El
escudo social levantado por el Gobierno progresista es, en términos
históricos, el más importante, si me lo permiten, el socialmente más
avanzado, el más justo de nuestra historia. Tienen ahora la oportunidad
de apoyar los presupuestos más progresistas, más sociales, más
comprometidos de la historia y costaría entender que malgastaran esta
oportunidad de ser tan influyentes. Si son coherentes con la petición de
las ayudas que hoy pedían al Estado, serán también valientes para aprobar
los presupuestos que deben dar cobertura a todas estas medidas.
(Aplausos). Al final del camino —y acabo— hay que elegir, o
las personas o las banderas, o el postureo o presupuestos, y esto en la
izquierda, por eso confío, siempre lo hemos tenido claro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de todos los asuntos incluidos en el
orden del día, procedo a proclamar los resultados de las votaciones de
las iniciativas cuyo plazo de votación telemática ha concluido.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL
REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.(Votación)


621/000004

Interior


La señora presidenta lee los puntos 5., 5.1. y 5.1.1.


La señora PRESIDENTA: Enmienda número 2, autor Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; emitidos, 260; a favor, 15; en contra, 242;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 260; a favor, 245;
abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos
del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos
graves.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.(Votación)


621/000007

Justicia


La señora presidenta lee el punto 5.1.2.


La señora PRESIDENTA: Enmiendas números 63, 66
a 70, 72, 74, 80, 82, 83. Autores: González-Robatto Perote, Marín Gascón
y Merelo Palomares, Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 3; en contra, 250;
abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas.


Enmiendas 64, 65, 71, 73, 75, 76, 78, 79 y 81. Autores:
González-Robatto Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares, Grupo
Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 3; en contra, 259.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 17 a 23, 26, 27, 35 a 37, 40, 45 a 47. Autores:
Cleries i Gonzàlez, Cervera Pinart, Grupo Parlamentario Nacionalista en
el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 6; en contra, 226;
abstenciones, 30.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 24, 28 a 34, 38, 39 y 48. Autores: Cleries i
Gonzàlez y Cervera Pinart, Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 20; en contra, 226;
abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1 a 3, 5, 6, 8 a 13. Autor: Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 19; en contra, 225;
abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 4, 7, 84 y 85 del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 14; en contra, 225;
abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 51 a 56 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 101; en contra, 149;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 52 y 54 a 57 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 261; a favor, 98; en contra, 138;
abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 53. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 115; en contra, 136;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 101; en contra, 159;
abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas
en las votaciones anteriores.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 235; en contra, 7;
abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 262; a favor, 239; en contra, 3;
abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
del texto definitivo por S.M. el Rey.










INCOMPATIBILIDADES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU
SESIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES Y
LAS SENADORAS.(Votación)


503/000004



La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 260;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR LA POLÍTICA
FISCAL A LA BAJA JUNTO CON UNA DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y A
IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE MEJORE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
DE LAS EMPRESAS.(Votación)


671/000027

GPP


La señora presidenta lee los puntos 7. y 7.1.


La señora PRESIDENTA: Se vota la moción con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos con número de registro de
entrada 48823.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 110; en contra, 144;
abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA.(Votación)


671/000028

GPP


La señora presidenta lee el punto 7.2.


La señora PRESIDENTA: Se vota la moción en sus propios
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 111; en contra, 147;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS
ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA
EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA
EN ENERO DE 2020.(Votación)


671/000029

GPERB


La señora presidenta lee el punto 7.3.


La señora PRESIDENTA: Se vota la moción con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista con número de registro de
entrada 48443, las enmiendas números 1 y 4 del Grupo Parlamentario Mixto
con número de registro de entrada 48819 y las enmiendas números 1, 3, 4
y 7 a 10, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, con número de
registro de entrada 48866.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 47; en contra, 114;
abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA ESPAÑA
RURAL.(Votación)


662/000027

GPS


La señora presidenta lee los puntos 8. y 8.1.


La señora PRESIDENTA: Votamos la moción con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro de
entrada 48821 y 48840 y la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, con número de registro de entrada 48864.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos telemáticos
autorizados, 265; votos emitidos, 263; a favor, 253; en contra, 1;
abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECTIFICAR Y A DEROGAR
EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES Y
CONSENSUAR CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS UN ACUERDO QUE ATIENDA A LAS
NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES.(Votación)


662/000026

GPP





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA
PANDEMIA EN LLEIDA Y LA COMARCA DE EL SEGRIÀ.(Votación)


662/000028

GPERB


La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación, procedemos a la
votación telemática de los siguientes asuntos:


Moción por la que se insta al Gobierno a rectificar y a derogar el
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales y
consensuar con las formaciones políticas un acuerdo que atienda a las
necesidades y prioridades de las entidades locales, del Grupo
Parlamentario Popular. Votación de la moción en sus propios
términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para
minimizar el impacto económico de las medidas de control de la pandemia
en Lleida y la comarca de El Segrià, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu. Votación de la moción, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista con
número de registro de entrada 48441 y la enmienda del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal con número de registro de entrada 48867.


Les recuerdo, señorías, que los resultados de la votación de estas
dos iniciativas serán comunicados a sus señorías, publicados en la página
web del Senado y proclamados al inicio de la próxima sesión
plenaria.


Se abre la votación telemática en este momento, en que son las
diecinueve horas y veintiocho minutos hasta las veintiuna horas y
veintiocho minutos.


Señorías, sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y veintiocho minutos.