El señor PRESIDENTE: En primer lugar, pasamos a la
ratificación de las ponencias.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado
de 11 de febrero de 2020, procede ratificar las ponencias de los dos
proyectos de ley que se debatirán en la presente sesión.

En relación con el Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades, y el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de
no residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, en relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real
Decreto Ley 4/2021, de 9 de marzo), tiene la siguiente composición: tres
ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista, dos ponentes por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y un ponente por cada uno del resto de
grupos parlamentarios.

Los ponentes del primer proyecto de ley son: doña
María Pilar Alía Aguado, del Grupo Parlamentario Popular; don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña María
Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; don Xoaquín María
Fernández Leiceaga , del Grupo Socialista; don Jacobo González-Robatto
Perote, del Grupo Mixto; don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo
Socialista; doña María de los Ángeles Luna Morales, del Grupo Socialista;
don Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Esquerra Republicana EH-Bildu; doña
Beatriz Martín Larred, del Grupo Democrático; don Jorge Domingo Martínez
Antolín, del Grupo Popular; y don Vicenç Vidal Matas, del Grupo de
Izquierda Confederal.

Asimismo, la Ponencia del Proyecto de Ley de
medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la
ejecución de sentencias (procedente del Real Decreto Ley 39/2020,
de 29 de diciembre) está integrada por tres ponentes por el Grupo
Parlamentario Socialista, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado y un ponente por cada uno de los restantes grupos
parlamentarios.

Los ponentes son: don Lluís Cleries i Gonzàlez, del
Grupo Nacionalista; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Vasco;
don Jacobo González-Robatto Perote, del Grupo Mixto; don Miguel Ángel
Heredia Díaz, del Grupo Socialista; doña Beatriz Martín Larred, del Grupo
Democrático; don Manuel Miranda Martínez, del Grupo Socialista; doña
María del Carmen Morán Franco, del Grupo Socialista; doña Elena Muñoz
Fonteriz, del Grupo Popular; don Pablo Pérez Coronado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; don Joan Rufà Gràcia, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana EH-Bildu; y don Vicenç Vidal Matas,
del Grupo de Izquierda Confederal.

¿Está de acuerdo la comisión con estas ponencias?
(Asentimiento).

Antes de pasar al trámite de los proyectos, les
informo que las votaciones tendrán lugar al finalizar los debates y no
antes. Calculamos que, aproximadamente, a las 13:30 horas. Ya veremos
cómo va el debate.

El señor presidente lee el punto que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley se han
presentado dieciocho enmiendas. Por acuerdo de la Presidencia del Senado,
de 7 de febrero de 2022, se han inadmitido las enmiendas números 5
y 10 de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado y Mixto,
respectivamente, por falta de congruencia con el proyecto de ley de
referencia, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Asimismo, se ha dado traslado a esta Presidencia de la
disconformidad del Gobierno con la tramitación de las enmiendas
números 1, 2, 3, 6, 7 y 8, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134.6
de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, por suponer una
disminución de los ingresos presupuestarios. En consecuencia, dichas
enmiendas quedan excluidas del debate.

La ponencia designada en relación con este proyecto
de ley que estamos tramitando ha emitido informe favorable que incluye la
aprobación por mayoría de las enmiendas 12 a 18, del Grupo Parlamentario
Socialista, en sus propios términos. Por tanto, pasamos al debate, con un
turno de un minuto para la defensa de cada enmienda presentada, conforme
a lo acordado en la reunión de Mesa y portavoces del pasado 3 de febrero.
Como saben, hay un cierto margen por parte de esta Presidencia.
Defendidas las enmiendas, cabrá un único turno en contra, si se
solicitara por parte de algún grupo parlamentario, por tiempo máximo de
tres minutos. Concluido el turno en contra, abriremos el turno de
portavoces para la fijación de posición por cada grupo parlamentario, por
un tiempo máximo de cinco minutos.

Sin más dilación, pasamos a la defensa de las
enmiendas. Les recuerdo que tienen un minuto por enmienda. En primer
lugar, enmiendas números 9 y 11, de lo senadores Jacobo González-Robatto
Perote, José Manuel Marín Gascón y la senadora Yolanda Merelo Palomares,
todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la senadora Merelo Palomares, que
sustituye al senador González-Robatto Perote, por un tiempo de dos
minutos.

Muchísimas gracias.

La señora MERELO PALOMARES: Buenos días a todos y
muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Pasamos a la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de
un minuto, el senador Martínez Antolín.

El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, mi grupo político lamenta que,
habiendo presentado cuatro enmiendas, no se hayan tenido en cuenta y se
hayan vetado tres, lo que supone, una vez más, que estamos ante un
Gobierno que le gusta más vetar que debatir. Porque lo propio hubiera
sido que estas enmiendas pudiesen haber ido a Pleno y se hubiesen
debatido como el resto de las enmiendas, algo que podría contribuir a
mejorar esta ley.

Por tanto, solo nos ha quedado viva la enmienda
número 4, que pretende la exención de dividendos, y para la que pedimos
su apoyo. Instamos también a este Gobierno a que, de cara a nuevas leyes,
se consiga lo que se está buscando en gobiernos como el de Castilla y
León, con Alfonso Fernández Mañueco, que son beneficios fiscales más
favorables para apoyar a las familias y al medio rural, porque no siempre
subir impuestos genera más recaudación. Por eso nosotros abogamos por que
se actúe y se trabaje en el Gobierno para que haya menos impuestos y más
beneficios fiscales. (Varios señores senadores golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez Antolín.

Turno en contra. ¿Alguien quiere hacer uso de la
palabra?

El señor Fernández Leiceaga tiene la palabra por un
tiempo máximo de tres minutos.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Gracias,
presidente.

Intervengo muy brevemente para indicar que nuestra
posición es contraria a las enmiendas defendidas y a las que se han dado
por defendidas por entender que no se cumplen los presupuestos indicados
en la argumentación de defensa de las enmiendas; es decir, en el caso de
las enmiendas 4 y 9 de los dos grupos, que son coincidentes, dado que se
van a gravar los beneficios distribuidos con posterioridad a la entrada
en vigor de la ley, no hay retroactividad.

En cuanto a la enmienda número 11, del Grupo
Parlamentario Vox, que pretende igualar el tratamiento de las ganancias
patrimoniales con cambio de residencia al exterior entre los países de la
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo u otros con los que existen
convenios de doble imposición, nosotros consideramos que no debe ser así
porque se trata de garantizar la efectividad de lo que se conoce como
impuesto de salida, exit tax, y desde luego no existen las mismas
condiciones para garantizarlo si se trata de países de la Unión Europea,
con los que tenemos unas relaciones de otro tipo que forman parte del
mismo marco jurídico y con los que existe además un proceso de
armonización fiscal en marcha, que con terceros países en los que estas
garantías no existen.

Por tanto, nos vamos a oponer también a esta
enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos
parlamentarios, con cinco minutos para cada uno, con el siguiente orden.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Merelo Palomares. (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Democrático no hay ningún
representante.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, el senador Cleries tampoco va a hacer uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
¿senador Vidal? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Mi grupo no presentó ninguna enmienda ni en el
trámite del Congreso ni en el del Senado. El impuesto sobre sociedades es
un impuesto concertado de normativa autónoma, y el impuesto sobre la
renta de no residentes es un tributo concertado de normativa común. En
ambos casos, las haciendas forales en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra
han procedido también de la misma forma a la trasposición de la
Directiva 2017 por la que se modificaba la Directiva 2016: la 1164,
en 2016, y la 952, en 2017.

Hablamos de la trasposición de una directiva que
concreta conclusiones del proyecto BEPS dentro del paquete contra la
elusión fiscal de la Comisión Europea. Se trata, tal y como se recoge en
el informe, en la acción 2 del Proyecto OCDE sobre la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios, de evitar la ingeniería fiscal de
las grandes empresas y que estas aprovechen discrepancias normativas en
las diferentes jurisdicciones existentes dentro de la Unión Europea y
también fuera de la Unión Europea, y que, de esta forma, deslocalicen
bases imponibles y eludan el pago de impuestos. Es una norma muy técnica,
bastante compleja, pero tiene un gran contenido político, porque, en
definitiva, hablamos de conciencia fiscal, de disponer de ingresos
suficientes para garantizar servicios públicos, y manifiesta lo necesario
que es seguir dando pasos en la lucha contra el fraude y contra la
elusión. Se necesita legislación que haga cada vez más difícil defraudar
y eludir las obligaciones ante las distintas haciendas. Sabemos que las
grandes empresas, las multinacionales, pueden aprovechar las lagunas en
la interacción entre los distintos sistemas tributarios y que puedan
buscar grietas en las legislaciones; posiblemente las estén también
buscando. Nuestro trabajo es legislar lo mejor posible para hacer que
esto cada vez sea más difícil. Ese sería, por tanto, el desafío.

Vamos a aprobar el informe de la ponencia en la que
se han incluido las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de
modificación del modelo 720, que es consecuencia de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que iguala el régimen
sancionador al general y también la prescripción del cambio de la
obligación para decir sobre qué bienes y derechos se debe informar, en
las que ya se incluyen también las monedas virtuales, las
criptomonedas.

El resto de enmiendas que han quedado vivas, cuya
votación se traslada al Pleno, las votaremos en coherencia con la
posición que hemos mantenido en la tramitación de todo el proyecto de ley
durante el paso por las dos Cámaras.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, el señor Martí tiene la palabra.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal
Herria-Bildu considera, tal y como se ha comentado, que esta es una
directiva muy técnica que pretende avanzar en normas contra prácticas de
elusión fiscal, tema que ya se ha tratado anteriormente en esta Cámara.
En concreto, tiene como objeto neutralizar las conocidas como asimetrías
híbridas que dan lugar a dobles deducciones o a deducciones de gastos sin
el ingreso correlativo.

En un contexto como el actual, en el que venimos de
una crisis sanitaria, que ha tenido graves efectos desde un punto de
vista social y económico, es más necesario que nunca acabar con estas
prácticas de ingeniería fiscal que ejercen unas multinacionales que dejan
de pagar millones y millones de euros cada año. Que estas grandes
empresas no paguen allí donde generen beneficios y que se beneficien
sistemáticamente de las lagunas existentes y no contribuyan con lo que
les corresponde son prácticas totalmente injustas e irresponsables con
las personas y los ciudadanos que viven en los países donde se obtienen
estos beneficios. Porque, precisamente, es la ciudadanía la gran
perjudicada por estas prácticas abusivas, que provocan que millones de
euros cada año acaben engordando las cuentas de resultados de las
multinacionales en lugar de ser destinados a financiar los servicios más
básicos del Estado de bienestar.

Pero avancemos un poco más. ¿Quiénes son los otros
grandes perjudicados? Precisamente, las pequeñas y medianas empresas, las
pymes. Estas prácticas de ingeniería fiscal ejercen una competencia
desleal sobre millones de pequeñas y medianas empresas que no pueden
competir en igualdad de condiciones. Lo vemos cada año cuando comprobamos
que una multinacional acaba pagando menos por el impuesto sobre
sociedades que una pequeña y mediana empresa, fruto de la ingeniería
fiscal que hemos comentado. Hace años que Esquerra Republicana de
Catalunya defiende la armonización del impuesto sobre sociedades a nivel
europeo para acabar con la elusión fiscal de las grandes empresas.
Algunos cálculos de los técnicos de Hacienda, Gestha, indican que se
podría recaudar entre 50 000 y 70 000 millones de euros en Europa solo
con esta reforma.

En estos momentos nos encontramos con la paradoja
de que hay países que tienen una política de impuesto sobre sociedades
que favorece que empresas de aquí acaben pagando ahí. Curiosamente, estos
son los mismos Estados que en verano se negaban a que los fondos europeos
fueran en forma de transferencias netas. Nosotros consideramos que esto
es una doble vara de medir y, por tanto, una hipocresía en política
económica que no se puede aceptar. Las decisiones tienen que ser
socialmente justas.

Esta armonización permitiría que los motivos
fiscales no fueran un condicionante para la ubicación del domicilio
social de las empresas y se reduciría la actual competencia fiscal
desleal entre los Estados miembros. Contar con unas normas comunes para
el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades reduciría
las prácticas de planificación fiscal agresiva y de ingeniería fiscal y
garantizaría que las empresas graven en los países en los que se crea
valor. Es, en definitiva, intentar acabar con el dumping fiscal y la
competencia desleal entre territorios, cosa que también sucede en el
Estado español. No olvidemos que el fraude y la elusión fiscal son un
auténtico agujero negro del sistema fiscal del Estado español y
deberíamos, entre todos, ser valientes para impulsar las reformas
estructurales necesarias para asegurar que pague más quien más tiene. En
este sentido, quiero apuntar que Esquerra Republicana de Cataluña
presentó una enmienda durante la tramitación de la ley contra la elusión
y el fraude fiscal, trabajada junto con los técnicos de Hacienda, con
Gestha.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.

Como decía mi compañero Jorge anteriormente, me
reitero en el tema de la inadmisión de tres de nuestras enmiendas. De
hecho, hemos presentado escrito a la Mesa del Senado porque no tiene
ningún sentido que sean inadmitidas aquí y, sin embargo, sí hayan sido
tramitadas en el Congreso de los Diputados anteriormente. Por tanto, mi
grupo parlamentario manifiesta su disconformidad con la tramitación
parlamentaria de estas enmiendas porque se limita la potestad legislativa
de las Cortes Generales, artículo 66 de nuestra Constitución, y los
derechos parlamentarios. No es de recibo que inadmitan esas enmiendas
porque manifiesten la pérdida de unos ingresos presupuestarios de 1228
millones. Estamos siempre con lo mismo, ese afán recaudatorio, esa
pérdida de ingresos, pero ninguno de ustedes se manifiesta sobre la
reducción de gastos innecesarios en los que ustedes son líderes. (Risas
del señor presidente). Sí, son líderes, no se ría.

Y pasando a la parte técnica, le diré que este
proyecto de ley llega con retraso, mediante un real decreto ley por
motivos de urgencia, para trasposición de la directiva comunitaria en
relación con las asimetrías híbridas. Esta nueva normativa es aplicable a
aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 que no
hayan finalizado a 11 de marzo de 2021, fecha de su entrada en vigor.
Siendo, por lo tanto, aplicable ya para aquellos ejercicios que ahora
están en curso. Y, si nos fijamos, existe una situación de complejidad
técnica, como se pone de manifiesto en el artículo 15 bis de la Ley del
impuesto sobre sociedades, así como por el hecho de que algunas de sus
medidas, sobre todo las relacionadas con los instrumentos financieros
híbridos, pueden resultar incompatibles con el derecho primario de la
Unión Europea, en particular, con el ejercicio de determinadas libertades
fundamentales, así como determinados convenios para evitar la doble
imposición suscritos por España que tengan la cláusula de no
discriminación, una cláusula similar a la reconocida en el artículo 24.4
del modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE. No sé
si han pensado que es importante determinar si esas reglas del
artículo 15 bis del impuesto suponen una restricción de libertades y
otorgan un diferente trato a las situaciones transfronterizas frente a
las situaciones domésticas comparables.

Este real decreto traspone una norma primaria,
entendida como la solución que se considera apropiada para anular los
efectos fiscales de las asimetrías híbridas, y una norma secundaria que
es aplicable cuando no sea de aplicación la primera. Veríamos necesario
que el proyecto de ley estableciera una regla que coordinara la
aplicación de la normativa antihíbridos con otras nacionales que puedan
proyectarse sobre la misma materia. Además, no se debería perder de vista
que el derecho de la Unión Europea protege el principio de igualdad, de
seguridad jurídica, existiendo jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea donde se establece que estamos ante un principio
fundamental del derecho de la Unión, que limita la retroactividad de la
normativa tributaria en aplicación del principio.

En definitiva, estamos ante una regulación
compleja, unida a las diferentes terminologías entre las legislaciones
nacionales, por lo que sería aconsejable utilizar una fuente
interpretativa común oficial para evitar conflictos fiscales
innecesarios. Y, por supuesto, también sería de agradecer que al Grupo
Popular nos dejaran tramitar y defender nuestras enmiendas en Pleno y no
ser vetados de nuevo por el Grupo Socialista y la Mesa del Senado con
reiteración en esta Cámara.

Muchas gracias. (Varios señores senadores golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Para concluir el turno de portavoces, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Luna.

La señora LUNA MORALES: Buenos días. Gracias,
presidente.

Este proyecto de ley viene del Congreso de los
Diputados con un amplio consenso, por eso no entendemos por qué ahora el
Grupo Popular se empecina en mantener las enmiendas. Es, como ya se ha
dicho, la trasposición técnica y compleja de la Directiva 1164,
modificada por la Directiva 952, sobre asimetrías híbridas con terceros
países, por la que se establecen una serie de normas, una serie de reglas
contra las prácticas de elusión fiscal, que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior para allanar el camino de la
competitividad y el mercado único, y dotar de esta forma a todos los
países comunitarios de normas que eviten este tipo de artificio legal
sobre la base imponible de los contribuyentes sujetos al impuesto sobre
sociedades. Estamos ante una trasposición de obligado cumplimiento.

Las llamadas asimetrías híbridas son unos
mecanismos que se aprovechan de las diferencias en el tratamiento fiscal
de un instrumento o entidad con arreglo a legislaciones de dos o más
jurisdicciones tributarias para lograr la no imposición por partida doble
y con el objetivo de neutralizar sus efectos y evitar la elusión fiscal,
un fraude fiscal de guante blanco.

Señorías del Grupo Popular, lamento que a ustedes
no les guste el control fiscal. Ya se lo reprochó el Tribunal
Constitucional cuando declaró inconstitucional la chapuza de amnistía
fiscal del ministro Montoro, que permitió a 31 500 contribuyentes
regularizar elementos adquiridos con rentas no declaradas e, incluso,
blanquear dinero en efectivo. La cantidad aflorada con la denominada
regulación extraordinaria fue de 40 000 millones de euros que estaban
ocultos al fisco y se perdonaron 2800 millones de euros a los
amnistiados. Además, 11 de las principales tramas de corrupción de
nuestro país se han beneficiado de esta amnistía para aflorar sus rentas.
Son los números de la vergüenza, la que nos debería dar a todos.

Que les gustan más las amnistías fiscales y no el
control fiscal también lo demostraron en esta sede con su oposición al
proyecto de ley de fraude fiscal, poniendo como excusa que con ella se
subían los impuestos. Esto demuestra una vez más la debilidad de su
memoria, ya que nadie subió más los impuestos en nuestro país que el
ministro Montoro durante el Gobierno de Rajoy. Los aumentaron más de 50
veces. Cuando este país levanta la persiana todos los días, cada mañana,
utilizamos los recursos comunes de los que España se ha dotado para poder
funcionar: carreteras, sanidad y enseñanza pública, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, investigación pública, la infraestructura de
nuestros pueblos y de nuestras ciudades, la red eléctrica, la red
ferroviaria, puertos y aeropuertos públicos y un sinfín de servicios e
infraestructuras públicas que permiten a la ciudadanía de este país, a
sus empresas y a sus autónomos, desarrollar su actividad económica
privada. Todo ello es posible gracias a los impuestos. También gracias a
los impuestos de toda la ciudadanía, de las empresas, cooperativas y
autónomos, estamos hoy aquí para poder legislar y garantizar que en
España no solo exista la seguridad jurídica que requiere la generación de
riqueza y desarrollo, sino también para que todos contribuyamos, de forma
justa y en función de nuestras posibilidades, al mantenimiento de esos
servicios e infraestructuras públicas tan necesarios para el desarrollo
de nuestro país y para la igualdad de oportunidades. Es lo que se suele
llamar bien común, señorías del Grupo Popular. Un concepto que parece que
les resulta extraño. Para ustedes, señorías del PP, la fiscalidad es la
expropiación injusta de recursos a las empresas y a los ciudadanos por
parte de un Estado extractivo, cuyo único fin es, según ustedes, acabar
con la libertad y la prosperidad de los españoles. Ya vendrá la
iniciativa privada a construir la infraestructura y a ocuparse de los
servicios o prestaciones que deberían financiarse por el erario público,
y a cobrar por ello. Es más, si alguien no tiene dinero para pagar
seguramente ustedes pensarán que es porque no se ha esforzado lo
suficiente, ¿verdad?

En definitiva, para ustedes, señorías de la
derecha, los impuestos son un coste innecesario. Para nosotros, los
socialistas, son una inversión en el bien común. Esa es, ni más ni menos,
la diferencia. Y en este contexto, señorías del Grupo Popular, resulta
curioso que en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos donde
ustedes gobiernan criminalicen los impuestos o prometan bajadas
históricas de la fiscalidad y, al mismo tiempo, reclamen un aumento de su
financiación por parte del Estado porque, como ustedes bien saben, hay
que financiar precisamente a través de los impuestos. Es como decir:
Recaude usted, que ya me lo gasto yo. No cabe, desde luego, mayor
irresponsabilidad.

Señorías del Grupo Popular, no solo es necesario
tener un sistema fiscal justo y progresivo, sino que todos y cada uno
cumplamos con nuestras obligaciones y pongamos las medidas necesarias
para, entre otras cuestiones, evitar la elusión fiscal, que es lo que nos
trae hoy aquí. Por eso, les pido que actúen hoy con sentido común. Les
pido que apoyen este proyecto de ley, porque el objetivo es conseguir en
el marco de la Unión Europea una tributación más justa, más sencilla, más
eficaz, y además crear condiciones equitativas para todas las empresas a
fin de preservar la competitividad y el mercado único.

Muchísimas gracias. (Varios señores senadores
golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

El señor presidente lee el punto que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: Sustanciado el debate del
primer proyecto de ley, pasaremos al segundo que ha motivado la
convocatoria de esta comisión.

A este proyecto de ley se han presentado nueve
enmiendas. Se ha dado traslado a esta Presidencia de la disconformidad
del Gobierno con la tramitación de las enmiendas números 1, 5 y 7, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 134.6 de la Constitución y 151 del
Reglamento del Senado, por suponer una disminución de los ingresos
presupuestarios. En consecuencia, dichas enmiendas quedan excluidas del
debate.

La ponencia designada en relación con este proyecto
de ley ha emitido informe que no introduce ninguna modificación en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados.

A continuación, se abrirá un turno para la defensa
de las enmiendas. En este sentido, diré que la enmienda número 3, del
senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, ha sido retirada y, por tanto,
debatiremos el resto. He de recordarles que para la defensa de las
enmiendas hay un minuto por enmienda. En primer lugar, para la defensa de
las enmiendas 6 y 8, del senador Viçent Vidal Matas, tiene la palabra su
autor, el senador Vidal.

El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias,
presidente.

Quiero recordar que hemos presentado un recurso de
amparo al presidente de la Cámara para pedir que reconsidere su posición.
El veto presentado por el Gobierno nos parece extemporáneo y, por tanto,
creemos que tenían que tramitarse las enmiendas. Si en presupuestos no se
han podido tramitar, no entendemos que tampoco se puedan tramitar ahora.
Por tanto, no sabemos cuándo podremos tramitar este tipo de
enmiendas.

La ley tendría tres bloques: Un bloque social, al
que no hemos presentado enmiendas; un bloque fiscal vinculado a la
insularidad, al que había presentado una enmienda el senador Chinea, con
la que pedía alargar los años para la reserva de inversión, y otra que
había presentado yo, en la que pedíamos lo mismo que el Grupo Socialista
y Podemos habían solicitado en el debate en el Congreso, que se
incorporara para las Illes Balears la parte fiscal del régimen de reserva
de inversión que no se ha incorporado. Las tres enmiendas que quedan
vivas hacen referencia al proyecto Castor. Una pide el cumplimiento del
decreto que conllevó su cierre, para que se investigue y se esclarezcan
las consecuencias de la paralización, los motivos y si hubo dolo en la
paralización, así como la responsabilidad de las empresas que llevaron a
cabo Castor. Otra enmienda pide la supresión del artículo 2, pues creemos
que antes de pagar se tiene que dirimir quién es el responsable del
hecho. Y la tercera sería: Muy bien, si ustedes quieren pagar, paguen,
pero, primero, las responsabilidades, y también tenemos que pensar en el
desmantelamiento de esas instalaciones que están ahora mismo construidas
y que han generado toda una serie de perjuicios a los vecinos de la
zona.

Por tanto, pedimos que todos estos temas se
consideren y se valoren por sus señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vidal.

La enmienda del senador Mulet la ha defendido el
senador Vidal. Para la defensa de la enmienda número 2, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, el senador Rufà tiene la
palabra.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president.

No voy a repetir lo que ha dicho mi compañero
Vicenç Vidal sobre el tema Castor. Es necesario recordar que este
proyecto pudo salir adelante gracias a la financiación de una emisión de
bonos patrocinados por el Banco Europeo de Inversiones y de una
institución financiera pública comunitaria. Y fue clausurado después de
generar una oleada sísmica de centenares de terremotos antes de que se
llegara a poner en marcha. La concesionaria del grupo promotor no asumió
ningún riesgo ni aportaciones económicas. Y tanto la deuda como las
pérdidas recaerán durante muchos años en la factura del gas, solo para
los que pagamos gas; es decir, en los usuarios de un sistema gasista que
es necesario revisar, pues es deficitario, caro y con unas
infraestructuras de elevado coste e infrautilizadas. Solicitar las
pérdidas de una inversión privada fallida, que además va en contra de los
objetivos del Pacto Verde Europeo, es un auténtico disparate. De aquí
nuestra propuesta. Un disparate que se ha convertido en uno de los
mayores escándalos políticos y económicos protagonizados por los
gobiernos del PP y de PSOE y Unidas Podemos.

Ante el fiasco y el escándalo que representa el
Castor, nadie, ni en la política, ni técnicamente, ha asumido ninguna
responsabilidad. PP y PSOE y Podemos llevan varias legislaturas
bloqueando cualquier intento de constituir una comisión de investigación
en las Cortes sobre el Castor, comisión que hemos pedido reiteradamente
Esquerra Republicana de Cataluña junto a Compromís. Hemos vuelto a pedir
la constitución de dicha comisión de investigación durante esta
legislatura, pero seguimos esperando su tramitación en el Congreso.
Pedimos transparencia, la que ha brillado por su ausencia durante todas
las legislaturas precedentes a esta —y también en esta— ante
un problema, el Castor, que se ha convertido en otro tema de Estado. Y ya
sabemos lo que pasa con los temas de Estado en el Congreso y en el
Senado.

Por todo lo expuesto, una vez más, Esquerra
Republicana denuncia la opacidad con la que han actuado y siguen actuando
los gobiernos, tanto del PP como del PSOE y Unidas Podemos, en todo lo
que atañe al proyecto Castor.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gràcies, senador Rufà.

Para la defensa de la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Pérez Coronado tiene la
palabra.

El señor PÉREZ CORONADO: Gracias, presidente.

Presentamos esta enmienda que insta a mantener la
prestación de asignación económica por hijo menor a cargo sin
discapacidad o con una discapacidad inferior al 33 %, en su modalidad de
prestación no contributiva, que, como saben, beneficiaría, sobre todo, a
familias que se encuentran en el umbral para percibir el ingreso mínimo
vital.

Como ustedes saben, la configuración del ingreso
mínimo vital no solo ha afectado a familias que están en esta situación,
sino que, tras veinte meses de su creación, comprobamos que no ha
alcanzado ni de lejos la cifra de peticiones que decía el Gobierno, entre
otras cosas, por su difícil y lenta tramitación. ¿Y saben por qué sucede
también? Porque no contaron en su redacción con comunidades como la mía,
donde la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Alfonso Fernández
Mañueco llevan años explicando y aplicando con éxito la renta garantizada
de ciudadanía, con mayores cuantías para las familias y con una
tramitación mucho más ágil, favoreciendo así a las familias más
necesitadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Pasamos al turno en contra. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, la senadora
Morán.

La señora MORÁN FRANCO: Buenos días, presidente.
Buenos días, señorías.

Las enmiendas hacen fundamentalmente referencia a
un mismo tema: el llamado caso Castor. En esta cuestión hay que partir de
la evidencia de que el Tribunal Supremo ha reconocido a las entidades
financieras, consideradas beneficiarias de la cesión a terceros hecha por
la empresa, que tienen derecho a cobrar las cantidades que reclaman,
además de los intereses de demora. Estos pagos son obligados por el
Gobierno, dado el hecho de haberse producido una sentencia. Así que no
cabe otra, señorías, y hay que dotar al Gobierno de los instrumentos
legales necesarios, que es lo que se hace con esta ley.

La exposición de motivos es clara en este sentido.
Para la obtención de la financiación necesaria, dado el elevado importe
fijado en la sentencia, es preciso acudir en parte al endeudamiento, al
no disponer el Fondo de contingencia de recursos suficientes para
financiarlo, teniendo en cuenta el esfuerzo económico realizado por el
Gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia. Por otra parte,
del desmantelamiento de las instalaciones ya se encargó Enagás por orden
del Ministerio de Transición Ecológica, y están en marcha las gestiones
para ejecutar el proyecto de sellado y abandono definitivo de los pozos
Castor, que deberá hacerse dentro del año 2022.

Respecto a la enmienda del Grupo Popular referida
al ingreso mínimo vital, nosotros creemos que la actual regulación
incluye todas las situaciones que se puedan dar en relación con estas
prestaciones. En ningún caso perjudica ni deja fuera del marco de la
acción protectora del sistema a los actuales perceptores de la asignación
económica, dado que no les priva de derechos adquiridos en base a una
legislación anterior, lo único que hace es restringir el acceso a una
prestación debido a la creación de otra nueva prestación, el ingreso
mínimo vital, que se ha considerado más idóneo y eficaz para la
consecución de los objetivos compartidos por ambos modelos de prestación.
Señor Pérez Coronado, yo le recuerdo que el INSS solicita, a través de
los CEAS, que el Gobierno de Mañueco libere las rentas garantizadas, y yo
le puedo dar algún dato, pero, de momento, vamos a volver al Castor,
pues, en el fondo, creo que todos estaríamos de acuerdo en los temas que
trata esta ley. Se debe cerrar definitivamente el caso Castor y el Estado
no tiene otro remedio que hacer frente a lo que dicen las sentencias,
aunque no nos guste, un hecho al que esta ley ofrece soluciones. Por todo
ello, pensamos que lo más correcto es que esta ley salga adelante con su
actual redacción.

Gracias. (Varios señores senadores golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos
parlamentarios, con un tiempo de cinco minutos para cada uno.

En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo
Mixto, la senadora Merelo Palomares, que no va a intervenir.

La señora MERELO PALOMARES: No, gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Democrático no hay ningún
representante.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, senador
Cleries, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
president.

Con referencia a la tramitación de este proyecto,
en representación de Coalición Canaria, del senador Fernando Clavijo,
quiero mostrar la disconformidad con la decisión que se está poniendo de
moda y es costumbre ya en el Senado de que el Gobierno muestre
disconformidad con algunas enmiendas. Esto es una modalidad nueva que
aquí no se practicaba, pero vemos cómo se va repitiendo en cada nueva
ley. El senador Clavijo ha presentado un recurso y esperemos que la Mesa
lo tenga en cuenta, porque es más democrático que estas enmiendas se
puedan debatir y votar en comisión y en Pleno, donde creemos que sí
tienen lugar. Cuando estamos en el debate de presupuestos se dice que no
se puede modificar nada y ahora tampoco porque altera el presupuesto.
Pues que nos digan en qué momento de la vida parlamentaria podemos hablar
de estos temas, porque vemos que lo vetan todo, cuando no les interesa lo
vetan, incluso enmiendas aprobadas dicen que no las van a ejecutar. Por
tanto, partidas presupuestarias que son ley nos dicen que no se van a
ejecutar, como el Fondo COVID, que son recursos para todas las
comunidades autónomas del Estado español.

En cuanto a las otras enmiendas, mi grupo va a dar
apoyo a las relacionadas con el tema Castor, porque también quiero
recordar que 25 senadores, entre ellos los de Junts per Catalunya, dimos
apoyo a la creación de una comisión de investigación que, como todas las
comisiones de investigación que se piden en el Congreso y en el Senado,
cuando se tocan temas que se dicen del Estado son imposibles. El tema
Castor empezó con un Gobierno socialista, continuó con un Gobierno
popular y ahora el final de la película será con un Gobierno socialista.
La portavoz del Grupo Socialista dice: vamos a cerrar el caso Castor. Los
que lo vamos a cerrar somos todos los ciudadanos del Estado español, que
con nuestros impuestos pagaremos los errores de dos gobiernos y de unas
empresas que, estas sí, se van a ganar muy bien la vida, como vienen
haciendo estas grandes empresas, que están muy bien relacionadas con
determinados palcos de algún club de fútbol y con los gobiernos, sean del
color que sean.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senador
Cleries.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
senador Vidal, tiene la palabra.

El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
president.

Esta ley, como decía, tiene tres bloques;
evidentemente, es intencionado que tenga estos tres bloques y yo quería
llamar la atención sobre este hecho: mezclar la gente que probablemente
tiene más dificultades de recursos económicos, la gente que está teniendo
más dificultades en la pandemia, la gente que tiene más dificultades para
poder tener un proyecto de vida, que es la gente a la que va dirigido el
ingreso mínimo vital, con la gente que va a cobrar de Castor en un mismo
decreto ley cuando no tienen nada que ver los dos temas, creo que es un
chantaje a los senadores que vamos a tener que votar a favor de este
proyecto de ley, porque evidentemente no vamos a estar en contra de las
medidas sociales del ingreso mínimo vital, que van a favorecer a las
clases más populares de nuestro país. Este es un hecho que se tiene que
considerar y reprobar al Gobierno esta técnica de juntar dos temas que no
tienen nada que ver para que no podamos manifestar nuestro desacuerdo
sobre una parte concreta, que es la del Castor, sin perjudicar a la gente
más necesitada del Estado. Creo que eso es reprobable y, por tanto,
quiero expresar nuestro malestar en ese sentido.

Yendo a las enmiendas, en cuanto al Castor pedimos
el cumplimiento de la ley. Hay un decreto aprobado que dice que se tienen
que esclarecer las consecuencias, ver si la empresa cumplió con sus
obligaciones antes de pagar las indemnizaciones y estamos corriendo a
pagar las indemnizaciones antes de esclarecer si no tendría que ser al
revés. Por tanto, no entendemos todas estas prisas que se han tenido en
pagar a Castor, cuando esa concesionaria iba a ganar el dinero en un
plazo de tiempo muchísimo más largo. Recuerdo que el senador Mulet ha
insistido en varias ocasiones en la creación de esa comisión de
investigación aquí en el Senado, que ni siquiera se ha llevado a votación
en esta legislatura. Lo que simplemente pide el senador Mulet es que se
vote y, evidentemente, la mayoría decidirá si hay o no hay comisión de
investigación. Lo que no entendemos es que no se haya producido aún esa
votación. Como el Gobierno expresa su preocupación por pagar esas deudas,
nosotros expresamos nuestra preocupación en pagar las deudas a los
ciudadanos de la zona, que tuvieron un impacto tanto en terremotos como
el impacto de tener esas instalaciones en desuso allí. La portavoz del
Grupo Socialista decía que Enagás ya estaba trabajando en el proyecto de
desmantelamiento; pongámoslo en la ley. Si ya es un hecho, si ya se está
realizando, ¿qué problema hay en aceptar esa enmienda que pide que se
plasme el desmantelamiento en una ley? Así damos tranquilidad a los
ciudadanos de que ese proyecto, esa intención política del Gobierno,
queda recogida en una ley.

Si me permiten, entro en la última parte, la
fiscal. Es la que probablemente a mí más me ha indignado, y tengo que
transmitir mi malestar respecto al veto recibido por parte del Gobierno.
En el Congreso de los Diputados fueron los grupos parlamentarios que dan
apoyo al Gobierno —Podemos y Socialista— quienes introdujeron
temas fiscales referidos a la insularidad, a la reserva de inversión.
Entiendan aquellos que no conocen el mecanismo que por todo eso que se
ahorra durante unos años se deja de tributar para así compensar los
sobrecostes de esa inversión en las islas. El senador Clavijo y el
senador Chinea querían alargar ese período en el caso de Canarias; lo que
quería hacer este servidor era suprimir esa desigualdad entre
archipiélagos; que el mecanismo que está previsto en Canarias, que el
mecanismo que está previsto en nuestro régimen especial fiscal no
desarrollado por parte del Gobierno, se incluyera en esa ley, porque ya
se había abierto el melón, ya se había abierto el tema fiscal, y así
entendíamos que lo podíamos hacer. No entendemos el veto. Es la segunda
vez que se veta esta iniciativa: primero, en los presupuestos y ahora, en
este debate. Por tanto, hemos presentado este recurso por la falta de
motivación del veto, por ser un veto fuera de plazo; entendemos que el
Gobierno tenía dos días para presentar ese veto al tratarse de una
tramitación de urgencia y no se ha cumplido el plazo. Entendemos que el
contenido de la enmienda no es ajeno al contenido del proyecto de ley, es
ajustado, y que también podemos defender el artículo de la Constitución
que se refiere a la insularidad, que no solo afecta a Canarias, sino
también a las Illes Balears. Al producirse un agravio entre dos
archipiélagos, consideraba, al ser senador de designación autonómica, que
teníamos que presentar esa enmienda y subsanar lo que el Partido
Socialista y Podemos en el Congreso no habían tratado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gràcies, senador Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Debatimos el proyecto de ley que procede del Real
Decreto Ley 39/2020, que, en su momento, en su convalidación, votamos a
favor y que hoy, como proyecto de ley, también apoyaremos. Incluye, como
decía el señor Vidal, cuatro medidas, pero son tres bloques. Modifica la
normativa tributaria para considerar exentas las rentas procedentes del
ingreso mínimo vital, que es una medida en consonancia con la que ya
hicimos en la normativa de la comunidad autónoma del País Vasco, de las
diputaciones forales, para que el ingreso mínimo vital tuviera el mismo
tratamiento fiscal que la renta de garantía de ingresos de la que
disponemos en Euskadi con la consideración, por tanto, de rentas exentas,
en línea con lo que hacemos ya en las comunidades forales. Se adapta la
normativa para poder cumplir los compromisos adquiridos por las
instituciones financieras multilaterales, modificando la Ley 14/2020,
habilitando una mayor flexibilidad en las aportaciones. Estamos hablando
de facilitar las contribuciones del Estado para paliar las consecuencias
de la COVID-19. El ejemplo más relevante podría ser la compra de vacunas.
Se amplían, además, en un año los plazos para efectuar la materialización
de la reserva de inversiones en Canarias, tal y como venía en el real
decreto, que parece, a tenor de las enmiendas que han presentado los
grupos canarios, insuficiente, y que ha sido vetada por el Gobierno, como
ya han explicado. Finalmente, la más polémica, me refiero a la medida que
permite al Estado endeudarse para hacer frente al pago de la
indemnización del proyecto Castor, porque no se disponía de recursos
suficientes en el Fondo de contingencia; un pago que hay que realizar
porque es una ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, pero solo
cierra en parte, por lo que parece, la polémica del proyecto Castor,
faltaría el desmantelamiento, el sellado, las responsabilidades y las
indemnizaciones. En todo caso, tampoco parece muy oportuno el momento en
el que se trajo, porque no se puede obviar que esta medida se hizo
justamente cuando estábamos en una ola de la pandemia en la que eran
necesarios tantos recursos económicos para cubrir otras necesidades.

Vamos a votar el resto de enmiendas en coherencia
con lo que votamos en la fase en el Congreso, pero como la enmienda del
Grupo Popular es nueva, sobre las modificaciones de la vigencia de la
prestación por asignación económica por hijo menor a cargo, sin
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, mi grupo no la va a
apoyar porque consideramos más acorde la finalidad de atención a las
necesidades básicas de la infancia integrada en el marco de la prestación
del ingreso mínimo vital. Nos parece correcta la forma en la que se ha
integrado. Por tanto, volviendo al principio, votaremos a favor del
informe de la ponencia. En cuanto a las distintas enmiendas, coherencia
con lo votado en el trámite del proyecto de ley y no apoyaremos la última
que he referido del Grupo Popular.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, señor Rufà, tiene la palabra.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president.

No voy a relatar otra vez el problema del Castor
porque ha sido ya nombrado por los portavoces que me han precedido, pero
no se va a cerrar el tema, senadora del Grupo Socialista, porque la gente
que vive en el territorio, sobre todo en las Terres de l’Ebre y en
Castelló, lo ha sufrido y lo sigue sufriendo, tienen daños particulares y
no hay nadie que haya tomado la responsabilidad. No lo vemos correcto
hasta que no haya unos responsables que dimitan y que esta empresa que ha
sido beneficiaria no pague y encima los consumidores de gas tengan que
pagar esta deuda. Ya veremos si en el futuro, en el 2022, se desmantela o
no se desmantela, qué parte se va a desmantelar, si solo la terrestre o
la marina o las dos, y qué nos explica el Gobierno dentro de seis, ocho o
diez meses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra la senadora Muñoz por un tiempo de cinco minutos.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días a todos.

Estamos debatiendo un Proyecto de Ley de medidas
financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución
de sentencias al más puro estilo del Gobierno de España; un proyecto de
ley que viene de un real decreto ley que incorpora un cóctel de normas
distintas, que mezclan temas tan dispares como el ingreso mínimo vital,
la indemnización por el proyecto Castor, la modificación de medidas
fiscales o el régimen económico de Canarias. Una norma heterogénea que
viene de un Gobierno heterogéneo, donde la falta de rigor también es
marca de la casa, como es marca de la casa la utilización del propio real
decreto ley. Llevamos ya más de 110 reales decretos ley en esta
legislatura, un auténtico récord. Un récord, como también lo es el
retraso en la tramitación de los proyectos de ley que vienen como
consecuencia de esos reales decretos ley. Un ejemplo es el que hoy
estamos debatiendo. El 29 de diciembre de 2020 se aprobó este real
decreto ley, es decir, hace más de un año; y ahora es el momento en el
que este proyecto de ley, con más de un año de retraso, entra en el
Senado, cuando les entran a ustedes las prisas, cuando declaran la
urgencia, cuando dicen que hay que hacerlo muy rápido, no se abren a
admitir ninguna enmienda ni a analizar ninguna enmienda presentada por el
resto de los partidos políticos. No es nada más y nada menos que una
nueva falta de respeto a esta Cámara, al Senado y, por tanto, también una
falta de respeto a todos los españoles. Desgraciadamente, eso también es
marca de la casa, como lo es otro ejemplo más que vemos en cada
tramitación que realizamos en el Senado: la aparición del veto del
Gobierno. El Gobierno del señor Sánchez es un Gobierno que teme a las
mayorías, que teme a la democracia, que tiene miedo a la mayoría
democrática y cada vez que ve que hay riesgo de perder una votación, veta
e impide el debate democrático tanto en comisión como en el Pleno. Esa es
la razón por la cual ha vetado varias de las enmiendas que se han
presentado a este proyecto y al anterior proyecto que hemos debatido.
Señores del Partido Socialista, señores del Gobierno de España, no
respetan ustedes la mayoría democrática; por tanto, no respetan ustedes a
la mayoría de los españoles. Vetan las iniciativas para que no se voten y
cuando se consigue votar alguna iniciativa y pierden, van y la anulan,
como hizo de forma bochornosa la anterior presidenta del Senado, por lo
que tendrá que dar cuenta ante la justicia. Curioso, la ministra de
Justicia tendrá que dar cuenta ante la justicia por una decisión sin
precedentes que tomó como presidenta del Senado, anulando una votación
aprobada por mayoría en esta Cámara. Esta es la forma de actuar del
Partido Socialista, y luego vienen aquí a querer darnos lecciones a los
demás.

Una de las cuestiones que se tratan en este
proyecto de ley, efectivamente, es el ingreso mínimo vital. Aprobaron
ustedes con tanta prisa el ingreso mínimo vital y decían que era tan
bueno y tan extraordinario que se olvidaron de regular un montón de cosas
y han ido poniendo parches a través de reales decretos ley, como en este
caso. Se olvidaron de que la prestación quedara exenta del IRPF y han
tenido que incluirlo como un parche más en toda la tramitación. Esa es la
historia del ingreso mínimo vital, como también es historia del ingreso
mínimo vital el fracaso de esta medida estrella del Gobierno, porque
el 92 % de las personas en pobreza severa no han recibido el ingreso
mínimo vital. Dicen ustedes que es porque la mayoría no cumple los
requisitos. ¡Qué curioso, cuando cada día hay más pobres en nuestro país!
Han hecho ustedes una tramitación difícil, costosa, farragosa, que
dificulta la entrada de muchas personas que sí lo necesitan. Deniegan
ustedes 3 de cada 4 solicitudes y no son ni capaces de ejecutar el
presupuesto asignado. Ese es el balance del ingreso mínimo vital, como
decía, cuando cada vez hay más pobres en este país. Y cada vez hay más
pobres en este país porque cada vez el coste de la vida aumenta más.
Estamos en récord histórico del coste de la cesta de la compra; estamos
en récord histórico de inflación, que es el impuesto de los pobres,
señores del Partido Socialista, el impuesto de los pobres, con el que
están ustedes ahogando a la clase media, a la clase trabajadora de este
país. Sí, cada vez hay más pobres, porque la cesta de la compra no para
de subir: un 28 % el aceite de oliva, por ejemplo; un 15 % la pasta;
un 9 % los huevos; un 10 % las frutas. Cada vez ir a comprar es más
difícil para las familias, cada vez tienen más dificultades, porque
tienen ustedes una inflación descontrolada. Y el único que se beneficia
de esa inflación es el Gobierno de España, que encima se pone medallas
porque consigue récords de recaudación, única y exclusivamente a costa
del empobrecimiento de los españoles. Esa es la realidad de la gestión
socialista y luego vienen aquí y quieren darnos lecciones a los
demás.

En este proyecto de ley —y ya voy acabando,
señor presidente— también viene la indemnización del proyecto
Castor, otro ejemplo de la extraordinaria gestión del Partido Socialista
cuando está en el Gobierno, en este caso, del señor Zapatero, y que nos
está costando a todos los españoles 1350 millones de euros; repito, 1350
millones de euros. Así defiende los intereses de los españoles el Partido
Socialista. Este es el sello del Partido Socialista. Esto es lo que nos
va a dejar también su gestión actual, la que está haciendo el Gobierno de
España. No estamos de acuerdo con la forma de actuar que tienen el
Partido Socialista y el Gobierno de España en esta legislatura. Estamos
en contra de los vetos, estamos en contra de la imposición y de que se
tenga miedo a la mayoría democrática.

Muchas gracias. (Varios señores senadores golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Muñoz
Fonteriz.

Pasamos al turno del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el senador Miranda Martínez por tiempo de
cinco minutos.

El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días a todos y a todas.

Tramitamos hoy en el Senado, aunque no lo parezca
por algunas intervenciones, en esta Comisión de Hacienda, este Proyecto
de Ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de
cumplimiento de la ejecución de sentencias. Tramitamos este proyecto de
ley, procedente del real Decreto-Ley 39/2020, para que —como en más
de ochenta reales decretos, a los que se les ha dado forma de proyecto de
ley— las Cámaras legislativas puedan participar en dicha
tramitación, como no puede ser de otra manera. Obviamente el Gobierno
tiene derecho a ejercer el veto sobre determinadas enmiendas, si se
razona legislativamente y si afecta, por ejemplo, a la disminución de
ingresos presupuestarios, como es el caso, y lo ejerce.

Este proyecto de ley viene a dar respuesta a temas
importantes. En primer lugar, se trata de reducir la fiscalidad de los
beneficiarios del ingreso mínimo vital. Lo que nos diferencia del Partido
Popular respecto a este ingreso mínimo vital es que nosotros lo hemos
creado y ellos no. Este ingreso mínimo vital viene a atender las
necesidades de esa parte más débil de la sociedad con la que, desde
luego, se implica el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, y
con la que no se implicaron en su día los gobiernos del Partido Popular.
Y esto hay que decirlo, señorías, blanco y en botella, porque es
así.

Este proyecto de ley declara la exención en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos términos
que en las prestaciones económicas reconocidas por las comunidades
autónomas en concepto de renta mínima de inserción.

Este ingreso —que la derecha ahora defiende
tanto y que la extrema derecha llamaba, en su día, «paguita»— viene
a ampliar nuestro estado del bienestar, a fomentar la inclusión social y
la inserción en el mercado laboral; a reducir la pobreza y a corregir las
diferencias de rentas mínimas que existían dependiendo del territorio en
el que estuviéramos; y juega un papel clave en la modernización de las
estructuras del estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la
protección social —también, por supuesto, y de manera muy
importante, en regiones como Castilla y León, que hoy han salido a
relucir en un par de ocasiones, posiblemente porque el domingo hay
elecciones y parece ser que al Partido Popular no le va muy bien en las
encuestas—. (Rumores).

No olvidemos que con este proyecto de ley cumplimos
las recomendaciones que nos hace el Consejo de la Unión Europea de
mejorar la cobertura y eficacia de los sistemas de renta mínima
garantizada, siendo España uno de los pocos países que carecía de una
medida de este tipo de ámbito estatal.

Quiero destacar también que los Presupuestos
Generales del Estado para 2022 aumentan el IPREM, que tuvo una subida
del 5 % en 2021 y del 2,5 % en 2022. Esto significa que muchas más
familias se podrán acoger a estas ayudas en función de sus ingresos.

Y sí, este proyecto de ley establece la concesión
de una ampliación de crédito para la ejecución de una sentencia del
Tribunal Supremo al objeto de proceder al pago para hacer frente a la
indemnización del llamado caso Castor. El Tribunal Supremo, el más alto
tribunal de este país, ha reconocido a las entidades bancarias el derecho
a ser indemnizadas por el Estado por la cuantía de las ayudas que dichas
entidades adelantaron a Enagás. Esto nos gustará más o nos gustará menos
—creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta; por
supuesto, al Grupo Socialista tampoco—, pero, obviamente, se trata,
como decimos, de dar cumplimiento a una sentencia. No olvidemos, señorías
del PP, que el ministro Soria, en el año 2014, aprobó a toda prisa un
real decreto ley para indemnizar a ACS y cargó su coste con intereses a
la tarifa del gas, o sea, que quien esté libre de culpa que tire la
primera piedra, como dicen las Sagradas Escrituras.

Otro de los aspectos que recoge este proyecto, en
su disposición final primera, es la modificación de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, para habilitar un mecanismo para que este país pueda
integrarse en los instrumentos de las instituciones financieras
multilaterales.

Y, finalmente, este documento introduce un ajuste
de la Ley 19/2004, de modificación del régimen económico fiscal de
Canarias, con el objetivo de ampliar un año los plazos para que se pueda
materializar la reserva para inversiones. Esta reserva es uno de los
incentivos fiscales más atractivos que tiene esta comunidad autónoma,
porque permite una reducción de la base imponible del impuesto sobre
sociedades y se amplía el plazo a cuatro años; muestra, una vez más, del
compromiso del Gobierno de España con la Comunidad canaria.

No olvidemos, señorías, que este proyecto de ley se
aprobó en el Congreso por unanimidad. Por tanto, el Grupo Socialista lo
que pide es coherencia y, dada la importancia que tiene el texto
legislativo, solicita el apoyo de todos a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Varios señores senadores golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Dada la agilidad con la que se han producido los
debates de los dos proyectos de ley, y puesto que habíamos anunciado que
la votación sería a las trece horas y treinta minutos, haremos una pausa
para que se puedan incorporar todos los señores senadores y senadoras que
no se encuentran en la sala en estos momentos, salvo que se comuniquen
con ellos y comencemos la votación en cuanto estén en la sala.
(Pausa).

Se suspende la sesión a las trece horas y ocho
minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas y catorce
minutos.

El señor PRESIDENTE: Señores senadores y senadoras,
si no me equivoco, ya se han incorporado todos los senadores y senadoras
que faltaban y, si la comisión da su conformidad, adelantamos la votación
a ahora. (Asentimiento).

Antes de pasar a las votaciones, vamos a confirmar
las sustituciones: por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador
Fernández Palomino sustituye al senador Rey de las Heras; por el Grupo
Popular, el senador Márquez Sánchez sustituye al senador Fragoso Martínez
y el senador Hernando Fraile al senador Sanz Ruíz; y por el Grupo Mixto,
la senadora Merelo Palomares sustituye al senador González-Robatto
Perote.

Puesto que estamos todos, podemos pasar a la
votación de los dos proyectos de ley por el orden del debate.

El señor presidente lee el título que figura en el orden del
día.

El señor PRESIDENTE: Se vota con las modificaciones introducidas
al texto remitido por el Congreso por las enmiendas 12 a 18 del Grupo
Parlamentario Socialista, tal como ha determinado la ponencia. De
aprobarse dicho texto, se entenderán desestimadas las enmiendas no
incorporadas al mismo.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Ha quedado dictaminado por unanimidad el
proyecto de ley que se sometía a votación.

El señor presidente lee el título que figura en el orden del
día.

El señor PRESIDENTE: No introduce modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. Como ya hemos dicho, de
aprobarse, se entenderán desestimadas las enmiendas no incorporadas al
mismo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 27; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Ha quedado dictaminado el Proyecto de Ley
de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de
la ejecución de sentencias, procedente del Real Decreto Ley 39/2020,
de 29 de diciembre.

Los senadores que habiendo defendido enmiendas discrepen del
acuerdo de la comisión podrán formular voto particular para su defensa
ante el Pleno. La presentación de los votos particulares se deberá hacer
no más tarde del día siguiente a aquel en que termine la deliberación en
comisión, de acuerdo con el artículo 117 del Reglamento del Senado, y a
través de la aplicación de votos particulares.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la
presentación de los dictámenes ante el Pleno del Senado, que, como es
costumbre y si la comisión está de acuerdo, realizará el presidente de la
comisión. (Asentimiento).

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y dieciocho minutos.