Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Senado, Comisiones, núm. 313, de 13/12/2021
PDF






COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR VIDAL VARELA


Sesión celebrada el lunes, 13 de diciembre de 2021


ORDEN DEL DÍA






Ratificación de la Ponencia




Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio).


621/000037
trabajo temporal

GOBIERNO






Dictaminar




Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio).


621/000037
trabajo temporal

GOBIERNO




Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuatro minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de
Función Pública de hoy, 13 de diciembre.


En primer lugar, procede someter a su aprobación el acta de la
sesión anterior, celebrada el día 24 de mayo pasado. Si no hay ningún
inconveniente, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).






RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO).


621/000037

GOBIERNO


El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del
orden del día.


Conforme al acuerdo de la Mesa del Senado, de
fecha 11 de febrero de 2020, procede ahora ratificar la ponencia que
informa este proyecto de ley. Dicha ponencia está integrada por dos
miembros del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario
Popular y un miembro por cada uno de los demás grupos. Los ponentes han
sido: por el Grupo Parlamentario Socialista, don Santiago José Castellà
Surribas y doña María Teresa Macías Mateos; por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, doña Esther Basilia del Brío González y don Juan
Pablo Martín Martín; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, doña Laura Castel Fort; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, doña María Mercedes Garmendia
Bereciartu; por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera), don Carles Mulet García; por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, don Josep Maria Cervera Pinart; por
el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria), don José Luis Muñoz
Lagares y, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Clemente Sánchez-Garnica
Gómez.


¿Se puede ratificar la ponencia por asentimiento?
(Asentimiento).









DICTAMINAR





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO).


621/000037

GOBIERNO


El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del
orden del día.


Voy a hacer una enumeración de las enmiendas que se
han presentado. No se han presentado propuestas de veto a este proyecto
de ley y se han presentado un total de 109 enmiendas. En concreto, son
las siguientes, por orden de menor a mayor: por el Grupo Parlamentario
Mixto, 17 enmiendas, las número 52 a 68, formuladas por el senador
Sánchez-Garnica Gómez; por el Grupo Parlamentario Democrático, 10
enmiendas, las número 1 a 10, formuladas por el senador Muñoz Lagares, la
senadora Ponce Gallardo y el senador Sánchez López; por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, 41 enmiendas, las número 11 a 51,
formuladas por el senador Clavijo Batlle; por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), 12 enmiendas, las
número 69 a 80, formuladas por el senador Mulet García; por este mismo
grupo parlamentario, 2 enmiendas, las número 81 y 82, de la senadora
González Modino; también por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, 9 enmiendas, las número 83 a 91, formuladas por el senador
Gómez Perpinyà; de nuevo por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, 3 enmiendas, las número 92 a 94, formuladas por el senador
Vidal Matas y, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 15
enmiendas, las número 95 a 109.


La ponencia designada para este proyecto de ley,
cuyos componentes he citado anteriormente, ha emitido el informe que el
senador Castellà Surribas va a explicar.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: La ponencia ha valorado
la presentación de enmiendas, pero dado que había una mayoría de grupos
que daban soporte al texto tal y como venía del Congreso, para que se
tramitara de esta manera ante esta comisión y ante el Pleno del Senado,
ha decidido aprobar el texto sin aceptar ninguna de las enmiendas
propuestas y, por lo tanto, sin ninguna modificación.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Iniciamos el debate de las enmiendas. Primero vamos
a debatir las individuales por orden de presentación y, a continuación,
las de los grupos de menor a mayor; en este caso solamente ha presentado
enmiendas el Grupo Popular.


Tengo que decir que, oída la Mesa, he fijado unos
tiempos teniendo en cuenta varios criterios, principalmente el número de
enmiendas presentadas. Voy a dar un mínimo de dos minutos y un máximo de
diez por grupo, con cierta flexibilidad por si alguno no tuviera
suficiente tiempo.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Democrático, tiene la palabra el senador Muñoz Lagares, por tiempo de
diez minutos.


El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias,
presidente.


No voy a hacer referencia a todas, pero sí a
algunas de ellas; en concreto a las más importantes de las que hemos
presentado.


Hemos presentado las enmiendas números 1 y 2, de
modificación al artículo 1, porque este proyecto de ley recoge que, a los
tres años, los interinos finalizan su condición de interinidad, pero se
los discrimina con respecto a cualquier trabajador de una empresa privada
porque no van a tener derecho a ningún tipo de indemnización. No
entendemos por qué se discrimina a un trabajador por el hecho de trabajar
para la Administración pública con respecto a uno del sector privado, que
sí tendría el derecho de indemnización al cesar su actividad laboral.
¿Qué es lo que va a provocar? Seguramente provocará mucha inseguridad
jurídica y litigiosidad si no modificamos el artículo número 1,
atendiendo a nuestras enmiendas 1 y 2.


Queremos limitar la situación de temporalidad a un
máximo de cuatro años desde la fecha en que fue nombrado personal
interino. No se pueden repetir las situaciones de abuso que hemos vivido
en las que muchos interinos han estado incluso décadas en su puesto de
trabajo. Así, proponemos que, en el caso de que la Administración no
cumpliera este plazo máximo de cuatro años desde el nombramiento de
interino, la plaza quedara extinguida como medida sancionadora a la misma
Administración. También queremos eliminar lo que figura en el actual
proyecto de ley en cuanto a que con solo la publicación de la
correspondiente convocatoria se pueda avalar la continuidad del interino
en situación de abuso. Entendemos que esto no debe provocarse.


Nuestra enmienda número 3, de acuerdo con la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, propone
responsabilizar a las autoridades gestoras del empleo público de las
situaciones que deriven de un abuso en la temporalidad. Los gestores que
actúen con una demora dolosa, culposa o gravemente negligente que
provoque un menoscabo económico a la Administración pública deben asumir
las consecuencias. Con esta enmienda intentamos incentivar los
comportamientos diligentes en los trámites de la oferta de empleo
público, así como evitar que los gestores públicos lleven a cabo este
tipo de comportamientos, engordando las plantillas indebidamente por
amiguismo o por ser personas con el carné político de turno. Son
instrumentos necesarios para disuadir de este tipo de praxis.


Nuestra enmienda número 4 modifica el artículo 2.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la estabilización
del personal público temporal víctima de un abuso, por vía legislativa,
en aquellos casos en los que el Estado miembro no hubieran traspuesto la
Directiva 1999/70. Entendemos que con carácter excepcional
—excepcional con mayúscula—, la estabilización de los
funcionarios que están hoy en situación de abuso es una forma de sanción
a la Administración incumplidora, en coherencia también con lo que se
aplica en la legislación laboral. Hoy en día los empresarios que abusan
de la contratación temporal se ven obligados a hacer fijos a estos
empleados.


Para terminar, nuestra enmienda número 10 propone
una nueva disposición final para suprimir los privilegios de los
políticos. No puede ser que un cargo político, por ser diputado, senador
o parlamentario autonómico y por estar dos años en un escaño, tenga el
privilegio, cuando se reincorpore a la Administración pública, de volver
con un nivel 33 consolidado, con una serie de complementos equivalentes a
los de un director general. Queremos que ese tipo de privilegios
desaparezcan; de ahí nuestra enmienda número 10. De hecho, algunos
tribunales ya lo han manifestado. En este sentido, quiero hacer
referencia al Tribunal de Justicia de Baleares que, en una resolución,
llegó a calificar este plus económico como una discriminación
difícilmente defendible, creando una situación de privilegio que
cuestiona un racional gasto público, el principio de no discriminación y
el principio de a igual trabajo, igual salario. Así fue calificado por
este tribunal. En ese sentido, nuestra enmienda intenta suprimir ese
privilegio que hoy en día tienen los cargos políticos que están dos años
en un escaño y vuelven a la Administración pública.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz
Lagares.


A continuación, le toca intervenir al senador
Clavijo Batlle, pero no veo que esté en la sala.


El señor CERVERA PINART: Si es posible, daré por
defendidas sus enmiendas para que pueda defenderlas él en el Pleno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, interviene el
senador Clemente Sánchez-Garnica, también por diez minutos.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, no se pueden menospreciar los avances de
la ley respecto a los acuerdos de Montoro de 2017 y 2018, y al icetazo,
que proponían básicamente una OPE pura y dura; pero esos avances no son
suficientes, entre otras razones, porque no trasponen la directiva
europea 1999/70, cláusulas 1 y 5 del acuerdo marco en lo que respecta al
trabajo de duración determinada.


Señorías, no estamos ante una norma de
trasposición, sino ante una norma de medidas para la reducción de la
temporalidad, fruto del compromiso del Gobierno en relación con el
componente 11 del plan de recuperación. En este sentido, cabe recordar
que el Estado español en la actualidad tiene abiertos dos procedimientos
de infracción por no aplicar la legislación vigente de la Unión Europea
en el ámbito del empleo público, al contrario que en el ámbito privado,
donde sí se aplica. Con este proyecto de ley, con este texto remitido por
el Congreso las administraciones están plenamente autorizadas a diseñar
sus procesos de selección, tanto las autonómicas como las locales y otras
entidades públicas, lo que va a generar sin duda inseguridad,
incertidumbre, desigualdad y seguramente mucha conflictividad y
litigiosidad.


La ley, insistimos, mejora la situación actual
dejada por el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, pero volvemos a
afirmar que no la soluciona. Por tanto, queda mucho trabajo por realizar
y muchas reformas necesarias que hacer; además, hay que potenciar el
campo de la negociación y la coordinación. En este sentido, nuestras 17
enmiendas, que damos por defendidas, no tienen otra finalidad que la de
intentar mejorar el texto aprobado por el Congreso, para tratar de dar
seguridad y certeza a las medidas para la reducción de la
temporalidad.


En primer lugar —hago un resumen del conjunto
de las 17 enmiendas—, esta nueva ley marca la temporalidad abusiva
en más de cinco años, que en realidad son seis, cuando Europa la
establece en tres años, por lo que, desde nuestro punto de vista, debería
aplicarse para aquellas plazas que, a la fecha de entrada en vigor de la
norma, previsiblemente antes del 31 de diciembre de 2021, vinieran
desempeñadas, al menos, en los tres años anteriores a dicha fecha, es
decir, el 1 de enero de 2019. Así lo ha establecido también —en
cuanto al tiempo para considerar la relación abusiva— el Tribunal
Supremo en la reciente sentencia de 28 de junio del 2021.


En segundo lugar, no menos importante es el
concurso de méritos. Es un proceso de resultado incierto, cuando la
solución para este colectivo debería ser un proceso selectivo de
resultado cierto. Para ello, debería excluirse del concurso de méritos a
aquel personal temporal que ya hubiera superado un proceso selectivo de
acuerdo con los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia y
ser estabilizado administrativamente. También, siguiendo la doctrina de
la jurisprudencia del TJUE, el concurso de méritos debería ser
restringido solo para las víctimas del abuso de contratación. No tiene
demasiado sentido que en él puedan participar personas que no están en
esa situación de abuso de temporalidad. Tal y como se propone ahora, el
concurso de méritos está abierto a todos y, desde nuestro modesto punto
de vista, debería cerrarse lo máximo posible para garantizar la
estabilización del personal abusado.


En tercer lugar, la indemnización marcada por esta
ley no es lo suficientemente disuasoria como para impedir que el abuso en
la contratación temporal pueda volver a producirse, cuando Europa indica
que debe serlo; además, sanciona al abusado, no a la Administración que
ha cometido el abuso. Por eso, solicitamos, para aquellas personas en
abuso, al menos una indemnización acorde con lo que establece la
disposición transitoria del Estatuto de los Trabajadores. Hay otro
problema, además, derivado de quién paga las indemnizaciones por cese,
porque, previsiblemente —no lo deja muy claro la ley—, van a
ser las administraciones autonómicas, locales y provinciales, lo que
implica un aumento de gasto cuando seguramente, en los presupuestos que
ahora están aprobando, no está contemplada esta situación.


En cuarto lugar, y esto también nos parece
trascendente, es muy injusta la situación en la que quedan los empleados
públicos en abuso de temporalidad que han tenido que participar en
procesos selectivos convocados a toda prisa por las distintas
administraciones públicas, aprovechándose de la vigencia del Decreto
Ley 14/2021, de 6 de julio. Se ha producido, y no puede haber la menor
duda al respecto, un solapamiento del decreto y de la ley que va a entrar
en vigor este mes. Esta situación ha permitido que muchas
administraciones públicas se hayan lanzado a una carrera desesperada e
incomprensible para convocar y celebrar procesos selectivos derivados de
los nefastos acuerdos de los años 2017 y 2018, que han demostrado su más
absoluto fracaso. Por eso, se ha venido pidiendo —incluso el
ministro Iceta se comprometió a solicitarlo— la paralización de
todas las OPE y convocatorias, así como la extracción de las mismas
plazas en abuso. En este sentido, lo que se propone es la incorporación
de un texto para incluir, además, las convocatorias en marcha que no se
hayan resuelto, lo cual permitiría incluir a todo ese personal de los
últimos tres meses en la OPE prevista en la nueva ley.


Como disposición final y posible solución, tanto
económica como de racionalización del personal, proponemos una medida que
puede ser alternativa a la disposición adicional sexta y es la
consideración del personal en abuso como personal a extinguir, con lo
cual, por un lado, se respetarían los derechos de los funcionarios de
carrera y, por otro lado, se conseguiría el objetivo, que es la
estabilización.


Básicamente, estas son las ideas, las finalidades
de nuestras 17 enmiendas para las que solicitamos apoyo y cuyo propósito,
repito, no es otro que tratar de mejorar una ley que ha mejorado mucho
respecto al decreto ley, pero en la que todavía quedan cosas que tratar
de pulir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.


Turno ahora para el senador Mulet García, para la
defensa de sus enmiendas por un tiempo de diez minutos.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Como este debate lo repetiremos en el Pleno, doy
por defendidas mis enmiendas y las del resto de compañeros de grupo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Entonces es el turno del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, también durante diez minutos. Tiene la palabra la
senadora Esther del Brío.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenas tardes a todos.


Estamos hoy debatiendo sobre el proyecto de una ley
muy necesaria para la sociedad. Hay una enorme demanda para resolver un
problema que, en sí mismo, no es lo que se percibe en economía como un
juego de suma cero, es decir, que no es que la plaza de uno se la vaya a
quitar al de al lado, pero la sociedad lo percibe así, con lo cual, hay
un enorme debate porque tanto los grupos que demandan una cosa como la
contraria son muy numerosos y tienen razón en muchos aspectos. De ahí la
relevancia de esta ley, la importancia para la sociedad y de ahí también
la insatisfacción que supone para nosotros, como Partido Popular y, más
concretamente como Grupo Popular en el Senado, en la Cámara territorial,
que el texto que nos ha llegado, dado que ya ha recibido el apoyo del
Gobierno y de dos de los grupos parlamentarios, los demás no tengamos
mucho papel que jugar aquí. Por eso, las propuestas de mejoras se hacen
también con menos ilusión, sabiendo que no van a ser efectivas.


Cuando se plantea resolver un problema de esta
dimensión es necesario disponer de muchos datos y mucha información, con
los que parece que el Gobierno no ha contado. Por ejemplo, hay un grupo
de demandantes que dice que la mayoría de las personas que están ocupando
ahora mismo estos puestos de interinidad son mujeres de más de 55 años,
pero no tenemos datos para saber si eso es verdad o es mentira. Tampoco
hemos visto que tengamos información suficiente para saber de qué manera
va a afectar a algunos temas muy relevantes, como las previsiones de
jubilaciones de los próximos años, el impacto del teletrabajo, la
variedad de destinos o de grados de dificultad de cobertura. Nosotros,
por ejemplo, consideramos dos zonas concretas, Cataluña y las áreas
rurales, como zonas de especial dificultad de cobertura para algunas
plazas de la Administración pública. Por lo tanto, creemos que también se
tendría que haber invitado a una mayor colaboración y participación en
esta ley a nuestras comunidades autónomas y a distintos niveles de la
Administración local que, lógicamente, tienen mucho que decir, muchos
conflictos abiertos y muchas personas afectadas por esta situación.


El hecho de que Europa y la propia sociedad nos
estén demandando una solución rápida nos lleva a tratar de buscar
solamente aquellas enmiendas que vemos posibles. Esperamos que el
Gobierno, desde ahora hasta el Pleno de la próxima semana, abra la
negociación y se plantee debatirlas y votarlas a favor, de tal forma que,
al final, no nos encontremos con que una ley que se presenta para
resolver un problema no solo no termina de hacerlo, sino que deja
abiertos muchos otros, como se ha mencionado esta tarde. Estamos buscando
una solución que puede convertir al Gobierno en la ETT más injusta de
España, y yo creo que ese tipo de percepciones hay que resolverlas. No
podemos contentarnos, por tanto, con una ley que se quede en un paso
intermedio. En ese sentido, las enmiendas que nosotros presentamos, por
resumirlas de una forma más o menos rápida, buscan, sobre todo, reforzar
mínimamente la seguridad jurídica, ya que creemos que hay muchas partes
del texto que van a producir esa inseguridad; también que se escuchen las
voces de algunos sectores afectados por esta ley, como, por ejemplo, los
que nos piden, y son muchos, ampliar la fecha del cómputo de los plazos
hasta diciembre de 2021 en vez del 2020; también que a las personas que
superaron un proceso selectivo de acceso a la Administración conforme a
los principios constitucionales se las pueda considerar ya superada la
fase de oposición prevista en este proyecto de ley, restando tan solo la
valoración de los méritos en la fase de concurso. Además, dada la
dificultad para la provisión de determinadas plazas en zonas de difícil
cobertura —como les comentaba anteriormente—, pedimos una
consideración especial para las zonas rurales afectadas por el reto
demográfico, creando un complemento de ruralidad para los funcionarios
que ocupen estas plazas de forma que se incentive su provisión y la
estabilidad en ellas. Ese mismo complemento podría aplicarse a otras
comunidades autónomas como Cataluña, donde se ha comprobado que algunos
puestos de la Administración resultan de muy difícil provisión y, más
aún, garantizar la estabilidad de la plaza.


Algunas de nuestras enmiendas hacen referencia a la
necesaria digitalización y agilización de los procesos, dando además
flexibilidad, como les decía, a las administraciones locales. También
pedimos el mantenimiento de un mínimo de interinidad con plazas sobrantes
que pasen a concursos subsiguientes. No lo han mencionado aquí, pero en
algunas de las enmiendas se traslada el mensaje de que la temporalidad es
posible, es legal y es necesaria; la cuestión está en no llegar a un
exceso de temporalidad. Eso es lo que debe desaparecer.


También hacemos referencia a la necesidad de que,
una vez superada la fase de concurso, se consolide dicha fase; o nos
referimos al cómputo de la indemnización en caso de cese de la relación
contractual, incorporando la responsabilidad también del Ministerio de
Hacienda para evitar muchos problemas presupuestarios que extralimitan
las posibilidades de actuación y de financiación de algunas
administraciones públicas.


No queremos que se vea nada político en ello, pero
no entendemos la necesidad de incorporar la referencia a la aplicación de
la ley en el País Vasco y Navarra, dado que, aunque ese texto no
apareciera ahí, la ley se aplicaría exactamente de la misma forma. Por
tanto, creemos que es mejor suprimir la disposición adicional décima. Nos
parece innecesario abundar en ello y, si no, tendríamos que incluir cómo
se desarrollaría en el resto de comunidades autónomas. A todo esto,
tampoco puedo finalizar esta intervención sin solicitar que, cuanto
antes, se haga llegar una instrucción para la correcta y homogénea
aplicación de la norma en todas las comunidades autónomas.


Creo que el Gobierno puede todavía, de aquí a la
semana que viene, poner seriedad, buscar compromisos y un mayor consenso
para, de esta forma, llegar a un texto que, insisto, aunque sigue
generando problemas de inseguridad jurídica difíciles de resolver, por lo
menos llegue a un nivel de consenso mayor con el resto de los grupos. Es
el deseo de todos. Háganlo posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


Hemos terminado las intervenciones para la defensa
de las enmiendas. ¿Algún senador desea intervenir en el turno en contra?
(La señora Macías Mateos pide la palabra).


Tiene la palabra la senadora Macías Mateos.


La señora MACÍAS MATEOS: Muchas gracias,
presidente, vicepresidenta, senadoras y senadores.


En el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado
—atendiendo a la última referencia que hacía la portavoz del Grupo
Popular— estamos de acuerdo en que los problemas, evidentemente,
hay que afrontarlos, claro, pero como no se pueden afrontar es con la
inactividad total. Aquí ha habido un Gobierno progresista que se ha
echado a la espalda un problema enorme, generado en el seno de las
diferentes administraciones de nuestro Estado —autonómico y hasta
el ámbito local— y que, además, ha logrado el consenso con
diferentes grupos parlamentarios; un consenso que ha llegado en forma de
acuerdo con las principales centrales sindicales, en el que también han
tenido cabida y participación las comunidades autónomas, las entidades
locales y los entes supramunicipales. Por ello, hoy les llamamos al
acuerdo.


Nosotros vamos a rechazar las enmiendas que se han
presentado, sin perjuicio de que, de aquí al Pleno, aclaremos
puntualmente el porqué del no y si tenemos alguna reflexión sobre
ellas.


Creo que podemos agrupar todas las enmiendas en
tres grandes bloques: un primer bloque que viene a abundar en un texto
que ya se entiende de manera suficiente, y, para generar cambios con
respecto a lo acordado, preferimos no tocar; hay otro grupo de enmiendas
que se acercan a las posturas del acuerdo, pero dejan fuera determinadas
situaciones que han venido planteando las comunidades autónomas en las
mesas de participación y, por lo tanto, no queremos que ese amplio
acuerdo deje fuera casuísticas que —tengo que recordarlo, aunque
algunos portavoces dijeran que no— sí se han tenido en cuenta, y
hay un tercer bloque de enmiendas que vienen a cambiar las bases del
marco normativo que tenemos sobre el empleo público a nivel estatal y,
evidentemente, en esta ley, que es una norma muy singular para una
situación excepcional que obedece a los compromisos que nos impone el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia de España, no podemos afrontar una reforma
en bloque sin un consenso y aprovechando puntualmente determinadas
enmiendas que se presentan.


Queremos hacer visible nuestro agradecimiento a
determinados grupos parlamentarios porque, aun con las diferencias que
podamos tener sobre determinados temas, dado que tienen responsabilidades
de Gobierno —como las puede tener un grupo mayoritario como el del
Partido Popular y otros no tan mayoritarios—, han sabido entender
cuál era el matiz y la responsabilidad que se requería a la hora de
tramitar este proyecto de ley.


También hay algunas enmiendas que nosotros no
podemos aceptar porque en nuestro ordenamiento no cabe la retroactividad
de determinadas disposiciones; y tampoco podemos invadir las competencias
de las comunidades autónomas, a las que además se ha requerido —y
se ha agradecido— que trabajemos juntos con toda la coordinación y
cooperación necesaria. Nosotros tampoco podemos atender enmiendas que
recogen supuestos que no son posibles en nuestro ordenamiento ni tampoco
podemos contemplar —en relación con alguna referencia que ha hecho
el Grupo Parlamentario Democrático— sistemas de doble compensación
porque no son legales. Además, tenemos que velar también por la
coherencia del texto que saldrá de las Cortes Generales.


Por todos esos motivos, de manera genérica,
nosotros les planteamos que, a pesar de que no podamos aceptar las
enmiendas, reconsideren apoyar este texto o, al menos, no votar en su
contra. Los partidos que tienen responsabilidad de gobierno saben la
casuística que hay en las diferentes comunidades autónomas y lo que
supone la necesidad de dar soluciones y, como decía antes, no ser
inactivos porque el mayor conflicto será que dejemos los problemas
guardados, creciendo durante años y años.


Como decía antes, queremos mantener una línea de
colaboración y cooperación para que las comunidades autónomas, las
centrales sindicales y las administraciones locales puedan arbitrar los
procedimientos; queremos dotar de seguridad jurídica a estos
procedimientos excepcionales y queremos llevar a un marco normativo de
estabilidad a ese bloque de medidas inmediatas, a las medidas a medio
plazo y a las medidas de gestión y seguimiento para que se corrijan los
errores del pasado. Por eso, les volvemos a pedir, y no nos vamos a
cansar de hacerlo, el apoyo a la norma.


Muchas gracias, presidente. (Varios señores
senadores golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


Turno ahora para los portavoces de los grupos
parlamentarios, por orden de menor a mayor.


Tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Mixto, el senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, quiero insistir en que todavía es posible
mejorar el texto del proyecto de ley. Tenemos tiempo hasta el Pleno para
que se acepten enmiendas o transaccionarlas. Sería deseable que esta
Cámara cumpla con su función de segunda lectura y, en caso contrario,
quizá tendríamos que plantearnos si no deberíamos pensar en modificar esa
función, porque la práctica de traer leyes al Senado después de alcanzar
pactos en el Congreso, de manera que no se puedan modificar, no es muy
sana.


Valoramos el esfuerzo por mejorar el texto y a los
grupos que en el Congreso han hecho posible que no tenga nada que ver con
el decreto ley —y ya en el Pleno me referiré más en concreto a
quienes tengo que agradecérselo—, pero, sinceramente, creo que
todavía se puede mejorar más. ¿Cómo? Pues escuchando a los representantes
de los afectados a través de sus coordinadoras y plataformas, a los que
no se ha escuchado, y a los grupos políticos sin representación en el
Congreso, que no hemos tenido la oportunidad de mantener un diálogo
tendente a aportar cuestiones que, sin duda, repito, podrían mejorar el
texto.


Espero tener la oportunidad de aportar algo porque
para eso estoy aquí, y, en ese sentido, seguiremos esperando a que, de
aquí al Pleno de los días 21 y 22, podamos avanzar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Se hace gala de que ha habido mucho consenso en el
Congreso de los Diputados, pero no creo que sea así cuando se han
presentado 109 enmiendas en la Cámara Alta. Desde mi punto de vista,
todavía hay mucho margen de maniobra, como han comentado algunos de los
senadores aquí presentes.


Se echa en falta la indemnización para cerrar esta
ley y que no provoque inseguridad jurídica al personal que salga de las
administraciones; se echa también en falta garantizar que la reducción
del personal en abuso afecte a todos los cuerpos, a todos los grupos y a
todas las escalas de la Administración pública y se deben eliminar los
privilegios políticos a estos cargos que, cuando vuelven a la
Administración pública, llegan con el nivel 33, el máximo de la
Administración.


Insisto en que todavía hay mucho margen de
maniobra. Espero que el grupo del Gobierno se abra a negociar todas las
enmiendas que se han presentado en esta comisión y que van a ir al
Pleno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, señor Cervera Pinart, tiene la palabra.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.


Resulta constatable, como se ha dicho en esta
comisión, que, en relación con el decretazo de Iceta, ha habido un cambio
de lógica y se han incorporado mejoras en el texto que nos llega del
Congreso, si bien es cierto, y a nadie se le escapa, que no daremos
respuesta a todas las personas, a todas las casuísticas ni tampoco parece
que se vaya a erradicar la posibilidad de que se repita esta
situación.


A pesar de ello, Junts per Catalunya no ha
presentado enmiendas. Tampoco hemos tenido tiempo de valorar las
presentadas por otros senadores y por otros grupos, pues nos coge en este
trepidante final de año, en el que estamos inmersos en esta carrera de
velocidad que son los presupuestos, a la que hoy le han añadido el
esprint final al fijarse unas pocas horas para subsanar las enmiendas
subsanables que no han sido admitidas.


Apoyaremos el texto, como hemos hecho en la
ponencia, y valoraremos las enmiendas presentadas por otros grupos para
el debate en Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Ahora es el turno para el señor Mulet García, en
representación de Izquierda Confederal.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Nosotros mantendremos las enmiendas vivas e
intentaremos defenderlas en el Pleno, aunque sabemos que el margen que
tenemos para que prosperen es nulo. Nos preocupa el funcionamiento de
esta Cámara. Hoy, por ejemplo, hemos sabido a las dos de la tarde que
teníamos hasta las nueve y media de mañana para subsanar centenares de
enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es lo
que pasa siempre en esta Cámara, que todo entra de manera urgente, con
prisas y sin querer consensuar absolutamente nada por un supuesto
consenso anterior en el Congreso. Sin embargo, no tienen en cuenta, por
ejemplo, que en mi grupo parlamentario hay cuatro partidos que no están
en el Congreso y que merecen el mismo respeto que cualquier grupo que sí
esté allí. Lo que hace esa práctica es ir minando la confianza mutua que
podamos tener con el actual Gobierno y esto nos preocupa.


Compromís fue uno de los partidos que convalidó el
real decreto en el Congreso para que se pudiese avanzar en esta
propuesta. Esta propuesta está mucho más cerca del posicionamiento de
partida que teníamos nosotros que del que tenía el Gobierno. Debo
recordar que el Gobierno vetó hasta cinco veces la toma en consideración
de unas proposiciones de ley que presentamos en esta Cámara, para acabar
llegando bastante cerca de lo que propone el texto que ha venido del
Congreso. Por suerte, el Gobierno ha rectificado, aunque tarde y mal, con
malas formas, porque vetó la toma en consideración de la iniciativa
legislativa en esta Cámara con criterios peregrinos, como el que se
esgrimió en su momento para, al final, acabar dándonos la razón en lo que
estamos proponiendo, que no era inconstitucional. Fue simplemente porque
el Gobierno en aquel momento no tenía voluntad —ahora parece que
sí—. Nos preocupa bastante ese funcionamiento muy poco democrático
del Gobierno y de la Presidencia de esta Cámara, que acepta vetar
iniciativas legislativas cuando son perfectamente legales. Aunque no se
compartan, lo que no puede hacer es vetarlas. (Suena un teléfono móvil en
la sala). ¡Qué miedo! (Risas). Les reitero que hemos presentado enmiendas
porque pensamos que el texto es muy mejorable… (Continúa sonando el
teléfono móvil.— Rumores). He intentado seguir el hilo, pero ha
sido complicado porque la música era terrorífica. (Risas).


Como decía, hemos presentado enmiendas, aun
sabiendo que va a ser muy difícil que se acepte alguna de ellas. Vemos
que tenemos puntos en común con la mayoría de grupos que han presentado
enmiendas. Nos tocará votar propuestas de otros grupos y también nos
gustaría que los grupos del Gobierno y los asimilados al Gobierno mediten
un poco, porque el texto podría volver al Congreso. Hablando de ironía,
sería divertido que el día 28 celebren un Pleno en el Congreso. Estamos
hablando de mejorar la situación de muchísimas personas y pensamos que se
lo merecen. En una semana se puede mejorar muchísimo el texto; ojalá
piensen un poquito y rectifiquen porque estamos hablando del pan de
muchísima gente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Tiene la palabra la señora Garmendia Bereciartu,
por el Grupo Vasco.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señor
presidente. Arratsalde on danori.


Estamos debatiendo el Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y,
asimismo, para evitar que en el futuro se generen bolsas de temporalidad.
Ambos bloques de medidas responden a la necesidad de adaptar el
ordenamiento jurídico español a la Directiva 1990/70, que acoge el
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a
las cláusulas cuarta y quinta de ese acuerdo marco, y da respuesta
positiva a las reiteradas recomendaciones de las instituciones europeas
sobre la necesidad de que España ponga fin a sus elevadas tasas de
temporalidad; recomendaciones que se han acogido a través de la reforma 1
del componente 11 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
remitido a Bruselas a finales de abril pasado.


Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco comparte la
necesidad de reducir la elevadísima tasa estructural de temporalidad en
el sector público, así como de prevenir que vuelva a producirse. El texto
recibido en esta Cámara es un texto transaccionado y razonable para los
dos grandes objetivos que nos habíamos planteado: uno, llevar a cabo la
reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para que en el futuro no
se den situaciones como las que en este momento nos comprometemos a
solucionar —estamos hablando del artículo 1— y dos, desmontar
la alta tasa de temporalidad en el sector público que incluso supera la
del sector privado y conducirla hacia un 8 % como máximo, que es mucho
más razonable. Por ello, hoy nuestro grupo votará favorablemente el
dictamen de ponencia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
Garmendia.


Tiene la palabra la senadora Castel Fort, por
Esquerra Republicana-EH Bildu.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.


No es la ley que Esquerra Republicana hubiera
diseñado si fuéramos nosotros los que tuviéramos decisión plena, pero sí
reconocemos que el proyecto es el resultado de un trabajo ingente de
negociación en el Congreso, en el que nuestra compañera, Pilar Vallugera,
ha estado dando la cara y negociando con los otros grupos. Es cierto que
en el texto que nos ha llegado del Congreso se han incluido una serie de
disposiciones respecto al que llegó inicialmente a aquella Cámara que han
mejorado muchísimo el sentido de la ley. Por eso, aunque entendemos que
es mejorable, como ya han dicho otros grupos y lo compartimos, no hemos
presentado enmiendas y, por lo tanto, apoyaremos el texto.


No reiteraré las críticas al procedimiento de
debate que se sigue en el Senado, tanto en las ponencias legislativas
como en las comisiones, a pesar de que compartimos las críticas. Además,
estamos viendo que se está convirtiendo en una pauta de trabajo, porque
aquí siempre se viene con proyectos de ley urgentes y, al final, no da
tiempo a debatir nada. Antes lo decíamos, y es que somos Cámara de
segunda lectura, pero la lectura se hace en diagonal, porque si
hiciéramos una lectura como Dios manda, aquí no seguiríamos este tipo de
procedimientos exprés. Nos estamos encontrando que los proyectos de ley
son de urgencia y que no se admiten enmiendas porque los temas quedan
cerrados en el Congreso, pero algunos grupos no tienen representación en
el Congreso y, por lo tanto, la única opción que tienen de cambiar y de
imprimir su ideología en la legislación es en el Senado, y no encuentran
la forma de hacerlo. O también ocurre que las convocatorias de la
ponencia o de la comisión, como en la que estamos ahora mismo, se hacen
sin Mesa y portavoces. Y, la verdad, si no es necesaria la reunión de
Mesa y portavoces para convocar una comisión o una ponencia, entiendo que
tampoco hace falta que las celebremos nunca más o las podríamos hacer por
vía telefónica. Luego, si quiere, me responde el presidente con respecto
a este último comentario.


A pesar de la crítica, daremos apoyo al dictamen de
la ponencia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


Tiene la palabra el senador Martín Martín, por el
Grupo Popular.


El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, señor
presidente.


Durante toda esta legislatura la cuestión de la
estabilización de los empleados públicos temporales ha sido objeto
recurrente de debate en esta Cámara a través de mociones en comisión, y
en todas esas ocasiones —hay que decirlo claramente— el
partido del Gobierno nunca ha sido claro a la hora de concretar cuál era
su modelo. Tampoco los distintos ministros del ramo que han comparecido
ante esta comisión arrojaron luz sobre cuál sería la orientación de sus
propuestas, a pesar de ser requeridos para ello por todos los grupos
parlamentarios, incluido el Popular, que siempre exigió respuestas
concretas, transparentes y con un calendario cerrado. Ahora, después de
la forma en la que se ha abordado esta cuestión en el ámbito legislativo,
comprendemos mejor el porqué de todos esos balones fuera. Pensamos que
realmente nunca tuvieron una voluntad clara, que la falta de un criterio
certero motivaba esa ausencia de avances y que esa continua ambigüedad a
la hora de manifestar el fondo y la forma de las reformas legales
precisas se debía a una incapacidad para poder definirlas. Solo la
exigencia europea, tanto por las sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, como en el Plan de transformación, recuperación y
resiliencia, les ha obligado a impulsar una regulación que coincidirán
conmigo en que, tal y como ha llegado a esta Cámara, no satisface
absolutamente a nadie. Y miren que es difícil hacer una norma que nadie
considere acertada y cuyos límites y concreciones las vayan a tener que
fijar los tribunales de justicia. Han venido forzados y no por
convicción, y eso se nota.


Entendemos que no se han hecho bien las cosas
porque ni siquiera antes de perpetrar un nuevo abuso del real decreto ley
—este Gobierno tiene el dudoso honor de ser el que más normas de
este rango ha emitido y hasta el Tribunal Constitucional ya ha
sentenciado en varias ocasiones esta tendencia autoritaria del señor
Sánchez—, se ha hecho el trabajo mínimo imprescindible para
orientar una ley en su redacción y objetivos, que es haber evaluado el
alcance real de la situación tanto en cuanto a número de trabajadores en
situación de temporalidad como en cuanto a antigüedades medias, formas de
acceso a las plazas, administraciones afectadas, casuísticas, etcétera.
Hoy nadie de esta comisión puede afirmar con certeza cuáles son las
cifras reales ni las características principales de este problema, que
existe —es innegable—, pero frente al que se va a legislar
con poco rigor. Nos gustaría pensar que se hará con algo más de acierto
de lo que se va a hacer. No se puede recetar un tratamiento sin un
diagnóstico preciso y el argumento de utilizar un genérico de mínimos no
nos parece adecuado. Nosotros defendemos que el grado de temporalidad en
el empleo público en todas las administraciones españolas ha alcanzado
unos niveles que no son aceptables ni para los trabajadores, que precisan
estabilidad en su proyecto vital, ni para los ciudadanos, que precisan
servicios públicos de calidad. Se trata de unos empleados temporales al
servicio de administraciones que, hoy por hoy, a corto plazo, son
insustituibles por su formación, por su cualificación y también por su
edad media. Por eso hemos dicho reiteradamente que era necesario abordar
este problema de enorme envergadura con posturas de carácter integral,
amplias y flexibles, y que las medidas que se adoptasen tuviesen efecto a
medio plazo y con una eficacia tal que permitiera obtener resultados en
todos los ámbitos de la Administración pública.


Lo que hoy viene a esta Cámara como proyecto de ley
procedente del Real Decreto Ley 14/2021, en nuestra opinión, no cumple
ninguno de esos requerimientos y, por lo tanto, está abocado a ser una
oportunidad desaprovechada, pues viene a cerrar en falso el grave
problema de la temporalidad y crea más problemas que soluciones al
contener su regulación auténticas lagunas e imprecisiones
normativas.


Como decía antes, después de la fórmula nada
presentable del real decreto ley para abordar una cuestión estructural en
la Función Pública española, llegó una cuestionable convalidación en el
Congreso de los Diputados, en la que solo las cesiones a las exigencias
de sus socios de siempre, y algunas con reflejo en los Presupuestos
Generales del Estado, les permitieron sacar adelante un texto en segunda
votación, con numerosos cambios y con una remisión a su tramitación como
proyecto de ley por el trámite de urgencia, que es donde estamos. Es
decir, ustedes carecieron de criterio y de principios para sacar adelante
aquella votación, cambiaron aquello que se les exigió y, eso sí, se
guardaron que la regulación para reducir la temporalidad pudiera
tramitarse sin los informes de los órganos consultivos y sin la
participación de asociaciones y colectivos. En definitiva, a todos
nosotros se nos ha entregado un texto ya elaborado, carente del necesario
debate y consenso; un texto, por cierto, que, como vemos, sufrió notables
cambios en un ejercicio parlamentario que tenía como motivación sacar
adelante como fuese lo que fuese, sin importar mucho el qué y el cómo.
Hoy parece que algunas señorías se quejan menos de cómo se está
tramitando este proyecto de ley en el Senado de lo que lo hicieron en su
momento con las conclusiones de una ponencia de estudio en el marco de
esta comisión, lo cual es llamativo, pero reincide, en nuestra opinión,
en la escasa consideración institucional que se tiene a esta Cámara.


Con todos estos antecedentes que hemos citado, esta
norma no solo no va a dar respuesta adecuada a la temporalidad del empleo
público, sino que nos tememos que provocará gran litigiosidad en el
futuro cercano. El Partido Popular no se va a oponer a que se legisle
sobre la cuestión, pues nosotros mismos lo hemos pedido, pero, desde
luego, no vamos a ser partícipes de un trampantojo de este sinsentido que
carece de un modelo definido y que, además, de rondón, plantea de manera
expresa una interpretación sobre la competencia exclusiva para legislar
en materia de Función Pública que no creemos adecuada a los términos de
la disposición adicional décima.


Por todo ello, hemos planteado una serie de
enmiendas que ya ha comentado mi compañera, la senadora Del Brío, y
aunque esperaremos al debate del Pleno para pronunciarnos
definitivamente, lo hacemos con poca o nula esperanza de que este texto
pueda mejorar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Castellà Surribas.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, estamos ante una ley fruto del diálogo y
del consenso; una ley que ha visto cómo un tema profundamente complejo ha
evolucionado a lo largo del tiempo en los planteamientos y en las
soluciones que se podían ofertar. Fue valiente el ministro Iceta al
plantear la necesidad de una solución a los pocos meses de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cabe recordar que es una
sentencia que no venía provocada por las políticas de este Gobierno, sino
por políticas históricas; malas praxis atribuibles a todas las
administraciones; la perpetuación de unas tasas de reposición cero, y, lo
que es más grave, en muchas ocasiones políticas clientelares. Pues bien,
fue valiente el ministro Iceta al plantear la necesidad urgente de una
solución y esta Cámara fue notablemente influyente en reiteradas
ocasiones. Esta comisión detectó que uno de los problemas graves que
había en la Función Pública era la alta tasa de temporalidad. En este
sentido, planteamos una primera moción aprobada por unanimidad y,
posteriormente, ha habido diferentes posicionamientos tanto en
interpelaciones directas al ministro o al secretario de Estado como en
debates sobre presupuestos. Se ha llegado a una solución trabajada en la
mesa sectorial de Función Pública con las comunidades autónomas,
trabajada en las mesas de negociación colectiva con los sindicatos
representativos y trabajada con todos los partidos políticos. Se ha
llegado a un acuerdo con Podemos, con Esquerra Republicana-Bildu, con
Junts per Catalunya, con PDeCAT. Se trata de un acuerdo amplio que,
efectivamente, cambia de manera sustancial las bases del real decreto
inicial para dar una respuesta que no se puede entender que la haga en
exclusiva y unilateralmente el Estado.


Muchas de las enmiendas presentadas por los grupos
van buscando una uniformidad y una homogeneidad que no es posible en un
Estado compuesto y diverso. Hay que recordar que gran parte de la
interinidad está en la Administración autonómica y en la Administración
local —en ayuntamientos y en diputaciones—, y que la
Administración General del Estado cumple con creces el mandato de las
cuotas de temporalidad que establece el acuerdo que recoge la directiva
fruto de la sentencia que ha traído finalmente esta ley aquí. El problema
fundamental está principalmente en las bolsas de interinidad consolidadas
en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en diputaciones, y son
finalmente ellos quienes tendrán que sacar los concursos, convocar las
plazas y decidir las estrategias que mejor se adecúen a sus modelos de
Función Pública, obviamente, en el marco de las bases estatales y de la
legalidad, pero, sobre todo, bajo el control político de las diferentes
instituciones en las que gobiernan los distintos grupos.


Por lo tanto, insisto, hemos llegado a una solución
muy amplia, basada no tanto en el alto número de enmiendas presentadas,
sino sobre todo en que la mayoría de ellas respetan la integridad del
texto y pretenden algunas mejoras técnicas, pero sin cuestionar la
solución general que, insisto, es compleja porque hay diversidad de
intereses en juego. Están los intereses de las personas que están en
situación de temporalidad, muchas de ellas con un sufrimiento de muchos
años, que no han visto posibilidad de consolidación, con sobrecarga de
trabajo y sin una perspectiva de futuro ni una salida adecuada a su
problema. También está la situación de los funcionarios que han pasado
por un concurso-oposición complejo y creen que esta es la manera
ordinaria en la que debería accederse, y también la de los aspirantes
opositores, que tienen sus propios intereses para poder acceder a la
Administración.


Al final, con el acuerdo alcanzado entre los grupos
y también con algunos que no han participado en la votación en el
Congreso pero que sí han efectuado aportaciones —porque muchos de
ustedes han mantenido diálogo con la Secretaría de Estado de Función
Pública y con sus grupos en el Congreso para trabajar estos temas—,
creo que se da una respuesta de interés general; una respuesta sobre qué
papel tiene que cumplir la Administración; cómo queremos que sean
nuestras empleadas y empleados públicos; cuál es el papel del mérito y de
la capacidad, y la posibilidad de responder con eficacia a las
necesidades de una Administración moderna.


Estamos ante una ley que pone los cimientos para
una solución viable a las grandes bolsas de interinidad y, aun así,
quedará mucho por hacer; abre un espacio de trabajo, pero serán
ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y la Administración
General del Estado —porque también en ella hay ámbitos de alta
temporalidad— donde se tendrán que encontrar las respuestas finales
al problema que tenemos planteado en los márgenes que abrirá en breve
esta ley. Y, sobre todo —acabo ya, señor presidente—, evita
la posibilidad de volver a generar cíclicamente una bolsa de interinos,
para que dentro de diez años tengamos que dar de nuevo respuestas al
problema generado. Por primera vez, tenemos una legislación que cierra
las puertas a que se generen de nuevo actitudes y actividades poco
adecuadas con la ley, trabajando con los interinos como una solución
coyuntural, sin ver las perspectivas de trabajo estructural de una
Administración mucho más moderna.


Quiero dar las gracias a los grupos que han
anunciado su apoyo a esta ley y quiero dar las gracias los grupos que han
presentado enmiendas por el trabajo que han hecho con anterioridad.
Quedan recogidos en el Diario de Sesiones de esta comisión los trabajos
realizados en la ponencia de digitalización que tuvimos, pero también en
cada una de las mociones, en especial sobre los temas de temporalidad,
que presentaron las señorías del Partido Popular, el señor
Sánchez-Gárnica y el señor Mulet, que han hecho aportaciones para una
reflexión. Es cierto que ha sido una reflexión ajustada en el tiempo,
como nos exigía Europa y como nos exige un deber ético para con las
personas que están en temporalidad, pero al final, entre todos, hemos
logrado avanzar satisfactoriamente para tener un texto normativo que
puede dar respuesta justa a muchos trabajadores temporales.


Muchas gracias.






(Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Castellà.


Agotado ya el turno de portavoces, pasamos a la
votación del texto propuesto por la ponencia en su informe.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 16; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se declara
que ha quedado dictaminado el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real
decreto ley 1421, ya citado.


Recuerdo a todos los senadores y senadoras que
hayan defendido enmiendas y discrepen del acuerdo de la comisión que, de
no aceptarlas, podrán formular, en el plazo de veinticuatro horas, voto
particular para su defensa ante el Pleno, conforme al artículo 117 del
Reglamento del Senado. Se entiende, pues, que el plazo finaliza mañana a
las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos.


Por último, se procede a la designación del miembro
de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante
el Pleno del Senado.


¿Alguien tiene alguna propuesta?


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Yo propongo que, en
aras de la neutralidad de la presentación del texto, sea el presidente
quien lo haga, que es el órgano institucional que mejor puede representar
al conjunto de la comisión.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún inconveniente a la
propuesta? (Pausa).


En tal caso, será este presidente quién defenderá
el tema ante el Pleno del Senado, que tendrá lugar la próxima
semana.


Quiero agradecer a todos el trabajo realizado en
estas condiciones de urgencia y de rapidez, con escasez de tiempo y con
todos los problemas que se han planteado; también quiero agradeceros que
confiéis en mí para este mandato.


En relación con lo que comentó antes la senadora
Castel Fort, en este caso, curiosamente, la Mesa y Portavoces fue
convocada y luego no se dio notificación de ella porque los servicios
jurídicos de la cámara aconsejaron que era práctica habitual en esta
cámara que no se procediera a convocar Mesa y Portavoces cuando
el único objetivo era fijar el orden del día, y en estos casos el orden
del día es obligatorio: ratificación de la ponencia y dictaminar el
proyecto de ley. Esa es la explicación que puedo darle, que, lógicamente,
se mejorará en próximas ocasiones y lamento si le ha ocasionado algún
problema, pero en este tipo de proyectos de ley urgentes, precisamente,
por razones de urgencia se adopta esta postura, y así fue informado por
los servicios jurídicos de la cámara.


Sin otro asunto, se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y cinco minutos.