El señor PRESIDENTE: En primer lugar, guardaremos
un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes
laborales.

La comisión, puesta en pie, guarda un minuto de
silencio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tenemos pendiente la aprobación del acta de la
sesión celebrada el pasado 25 de noviembre. ¿Hay alguna observación al
respecto? (Denegaciones). ¿Puede aprobarse por asentimiento?
(Asentimiento). Queda aprobada.

El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con el Acuerdo
de la Mesa del Senado de 11 de febrero de 2020, procede ratificar la
ponencia con la siguiente composición: la senadora Ahedo Ceza, del Grupo
Parlamentario Vasco; la senadora Bideguren Gabantxo, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el senador
Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista; la senadora
Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular; la senadora Godoy
Tena, del Grupo Parlamentario Socialista; el senador Gómez Perpinyà, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; el senador González-Robatto
Perote, del Grupo Mixto; la senadora Heredia de Miguel, del Grupo
Popular; el senador Muñoz Cuenca, del Grupo Parlamentario Socialista; y
el senador Muñoz Lagares, del Grupo Parlamentario Democrático.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento). Queda
ratificada.

El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: A este proyecto se han
representado ciento sesenta y seis enmiendas.

La ponencia, reunida esta mañana a las nueve horas,
ha examinado el proyecto de ley y ha emitido un informe que acuerda, por
mayoría, incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados
las enmiendas 163 a 166, con la corrección de la enmienda 166 en el
sentido de que donde dice «Ministerio de Hacienda» debe decir «Ministerio
de Hacienda y Función Pública». Asimismo, la ponencia ha acordado por
unanimidad una corrección técnica a la disposición adicional cuarta
consistente en modificar la referencia al artículo 31 por el artículo 32.
Tanto las enmiendas aprobadas como las correcciones técnicas y
gramaticales efectuadas se plasman en el texto que se va a publicar. Han
sido aprobadas las cuatro enmiendas que he citado y las demás han sido
rechazadas.

Sin más, pasamos a examinar las enmiendas. Vuelvo a
explicar lo mismo que en la ponencia: no consiste en tratar ahora todas
las enmiendas, sino que los grupos que las han planteado tiene cada uno
tres minutos para explicar y defender, como entienda conveniente, sus
propias enmiendas.

Lo haremos de menor a mayor.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias,
presidente. Buenos días.

Damos por defendidas las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente. Buenos
días.

Damos por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra el señor Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.

Junts per Catalunya ha presentado catorce enmiendas
a este proyecto de ley sobre el ingreso mínimo vital: once de adición,
dos de supresión y una de modificación, y la práctica totalidad de ellas
tienen la finalidad de defender las competencias que tiene atribuidas la
Generalitat de Catalunya en el ámbito de los servicios sociales y sobre
el desarrollo y ejecución de la Seguridad Social, contempladas en los
artículos 165 y 166 del Estatut de Catalunya. Con nuestras enmiendas
pretendemos no solo que se respeten las competencias, sino también que se
garanticen los recursos necesarios para ejercerlas correctamente.

La enmienda que queda hace referencia a temas que
consideramos que no se deberían regular en la ley, sino que tendrían que
ser objeto de reglamento.

También voy a dar por defendidas las otras dos
enmiendas que presenta el Grupo Nacionalista, en este caso las del
senador Clavijo, de Coalición Canaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Gómez Perpinyà,

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Por nuestra parte, voy a dar por defendidas las
enmiendas que presentan mi compañero de Geroa Bai y mi compañero de
Compromís y me voy a centrar en dar dos o tres pinceladas exclusivamente
sobre las doce que presenta Más Madrid.

Creo que este trámite legislativo tiene una
característica particular y es que hemos tenido cerca de un año para
poder analizar el impacto directo de la norma, sus posibles errores y los
elementos que quizás habría que enmendar. Todos y todas somos conscientes
de que se trata de una iniciativa necesaria para nuestro país, que está
conectada con una realidad social muy concreta y que se corresponde con
las características globales del proyecto, pero, ciertamente, tiene
algunas carencias que hemos intentado, con toda humildad, matizar a
través de estas doce enmiendas.

No me voy a detener en cada una de ellas, pero sí
señalaré algunas de las cosas que nos parecen más importantes. La primera
de ellas —que además es algo que compartimos con otros grupos
parlamentarios— es que establecer la edad mínima de acceso por
encima de la mayoría de edad, desde nuestro punto de vista, va en contra
de lo recomendado por la Carta Social Europea y va en contra del espíritu
de la mayoría de edad establecido en nuestra Constitución. El requisito
de edad no debe impedir acceder a la prestación a los mayores que vivan
solos sin poder acceder a una pensión no contributiva ni a los mayores
de 18 años. Sucede lo mismo con otros colectivos que también quedan
excluidos con la regulación que propone el Gobierno. Me refiero a las
personas sin hogar. En estos momentos, en nuestro país, en torno al 60 %
de las personas en situación de sinhogarismo no se encontrarían cubiertas
por los sistemas de rentas mínimas autonómicos. Uno de los principales
factores que reconocen las organizaciones que se dedican a esta materia
es que el problema viene por la cuestión del empadronamiento y la
enmienda que nosotros presentamos pretende evitar que pase exactamente lo
mismo con el ingreso mínimo vital.

Termino ya. Desde nuestro punto de vista, no tiene
ninguna justificación que se impongan unos requisitos más duros a las
personas beneficiarias del ingreso mínimo vital menores de 30 años que a
las que superan esa edad. Y, lógicamente, tampoco tiene ningún sentido
que una prestación social que está destinada a atajar situaciones de
pobreza severa establezca una ratio concreta económica que está por
debajo de lo que en estos momentos se considera en España como una
situación de pobreza.

Por todo esto, yo creo que sería bueno que en el
Senado pudiéramos hacer una contribución legislativa que, en definitiva,
va en beneficio de la gente que está reclamando estas medidas y que
incorporaría al Senado a la toma de decisiones en torno a una cuestión
que yo creo que forma parte de una estrategia nacional de recuperación en
la que todos deberíamos estar comprometidos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Señor presidente, yo no tengo
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Euskal Herria Bildu ha presentado cuatro enmiendas
a este proyecto de ley sobre ingreso mínimo vital, tres de las cuales
hacen referencia al colectivo de los jóvenes, porque consideramos que en
esta ley se les discrimina por su edad. Si hablamos de colectivos
vulnerables, hay que tener en cuenta que los jóvenes son un colectivo en
riesgo de pobreza. El grupo de edad con más personas vulnerables
económicamente ya no es el de las personas mayores, sino el de los
jóvenes: uno de cada tres vive en situación vulnerable, y la pobreza
infantil y juvenil es tres veces mayor que en aquellos que tienen más
de 65 años. Por tanto, con esta realidad, a través de las enmiendas
números 159 y 160, proponemos modificar la cobertura de la protección
social del ingreso mínimo vital en el sentido de poder acceder a esta
ayuda a partir de los 18 años.

La enmienda número 161 hace referencia a uno de los
requisitos de acceso para menores de 30 años, concretamente a la
obligatoriedad de acreditar haber vivido de forma independiente durante
al menos dos años y de haber permanecido, al menos, doce meses en
situación de alta en la Seguridad Social. Para nosotros es incomprensible
que los requisitos sean más restrictivos para los menores de 30 años y lo
que proponemos es que sea igual para todos.

Por último, la enmienda número 162 hace referencia
a la competencia todavía no transferida a la Comunidad Autónoma Vasca y a
la Comunidad Foral de Navarra. Algunos de los aspectos que viene a cubrir
esta ley ya estaban cubiertos en nuestras comunidades autónomas y
preveíamos que podría haber problemas en la tramitación, y los ha habido.
Aun así, aprobamos el Real Decreto 20/2020, con el compromiso específico
de la disposición adicional quinta de asumir, por parte de la Comunidad
Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, funciones y servicios que se
contemplan en esta ley. Sin embargo, esto no se ha cumplido y en una
pregunta que le hice al ministro Escrivá en sesión de control al
Gobierno, éste contestó que había diferentes interpretaciones entre los
gobiernos, pero que había también voluntad de arreglarlo. Por ello,
consideramos imprescindible mejorar la redacción de este artículo para
que no haya dudas de interpretación y no se ponga de excusa la Ley de
ingreso mínimo vital y se transfiera lo antes posible lo que está
contemplado en el Estatuto de Autonomía y en la Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, para la defensa de las enmiendas 108 a 157, la senadora Heredia
de Miguel.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Buenos días.

Como hemos expuesto en la reunión de la ponencia,
el Grupo Popular en el Senado ha presentado cincuenta enmiendas a este
proyecto de ley: nueve al preámbulo, treinta y tres al articulado, cuatro
a disposiciones adicionales, dos a disposiciones transitorias, una a la
disposición final y una al anexo. Cincuenta enmiendas y un solo deseo:
mejorar distintos aspectos de este texto que, como también he expuesto en
la reunión de la ponencia, nosotros habíamos englobado en cinco
bloques.

Diez enmiendas tienen que ver con el empleo y la
formación, con la mayor concreción de esa declaración que se incluye en
el ingreso mínimo vital para que no sea un fin en sí mismo que
desincentive la participación en el mercado laboral y se haga algún
esfuerzo, y no solo en acciones de inclusión, que, desde luego, son las
que necesita gran parte del colectivo afectado por este ingreso mínimo.
No hay que olvidar que la mayor parte de la pobreza en España, en este
momento, se da en las personas que no encuentran un trabajo y en los
parados de larga duración que desisten de la búsqueda de empleo. Por eso
habíamos presentado estas diez enmiendas.

Hemos presentado nueve enmiendas en materia de
colaboración y participación con entidades locales y comunidades
autónomas. Nosotros reclamamos mayor igualdad y no discriminación y un
fondo presupuestario para las entidades locales. Hemos planteado en una
enmienda la desaparición de la disposición adicional quinta porque no
aporta nada. Si todos tenemos claro que el ingreso mínimo vital puede ser
gestionado por las comunidades autónomas, si todas las comunidades tienen
experiencia en tramitar sus rentas de inserción, no entendemos por qué
hay que andar haciendo distingos precisamente en una ley. Entendemos que
esto sobraba y solo obedece a la necesidad de mencionar a unos para que
sean más iguales que otros.

Otro bloque es el de la mayor claridad que pedimos
para que no se elimine la prestación por hijo a cargo y lo que se regule
se haga con mayor claridad. Hemos presentado cinco enmiendas.

En cuanto a las personas beneficiarias, hemos
presentado once enmiendas que son medidas positivas, tanto las que
facilitan la inclusión de otros beneficiarios como las que mejoran los
requisitos de acceso.

Y respecto al procedimiento administrativo, hemos
presentado quince enmiendas. Pensamos que el procedimiento que se regula
en esta ley no respeta la Ley de procedimiento administrativo común y lo
deberíamos pensar porque, si se rechazan tres de cada cuatro solicitudes
y si se tarda más de un año en recibir respuesta o, incluso, no se
recibe, es porque algo se está haciendo mal en materia de procedimiento.
Por eso, habría que darle una vuelta y, al menos, repensarlo.

Ya sabíamos que había materias en las que era
imposible ponernos de acuerdo, pero entre las cincuenta enmiendas
pensamos que hay muchas que mejoran el texto inicial. Yo me haría dos
preguntas. Este texto va dirigido a los interesados y a las
administraciones gestoras de la prestación. ¿De verdad creen ustedes que,
cuando este texto llegue a estos beneficiarios y a esta Administración,
van a respirar más aliviados? ¿Qué creen ustedes que pensarán cuando vean
lo que aprobamos hoy? ¿Ha mejorado en algo? ¿De verdad los beneficiarios
ven satisfechas sus expectativas? ¿De verdad a la Administración se le
han allanado las dificultades que tenía para resolver en tiempo y forma?
Nosotros proponíamos soluciones que entendíamos que aportaban claridad,
rigor y mayor seguridad jurídica, por lo que lamentamos que ninguna de
las cincuenta enmiendas haya sido aprobada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 163 a 166, que están aprobadas.

¿Alguien quiere intervenir en el turno en contra?
(Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
el señor González-Robatto Perote tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.

No intervendremos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Democrático, el señor Muñoz Lagares
tiene la palabra.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.

Quisiera empezar recordando de dónde partimos.
Partimos de un Real Decreto Ley que está vigente desde el 1 de junio del
pasado año 2020, que, tras año y medio para su tramitación, nos llega del
Congreso de Diputados sin los deberes hechos. Nos llega al Senado por el
procedimiento de urgencia, uno más, y lo que es peor, nos llega sin
pulir, sin consenso alguno con las fuerzas políticas. A los hechos me
remito. Poco consenso ha tenido este proyecto de ley que se está
tramitando en el Senado cuando se han presentado un total de 166
enmiendas. Es un proyecto de ley que no contenta a nadie, pero espero que
sean receptivos para incorporar nuestras enmiendas, muchas de ellas muy
necesarias, porque este proyecto de ley tan importante para nuestra
sociedad debe servir de pilar para aquellas personas que se encuentren en
situación extrema, agravada no solamente por la presente crisis de la
COVID-19, sino también por las escaladas de los precios de los productos
energéticos, que afectan a todos los ciudadanos, a todos, no solo a los
ricos; al contrario, afecta con más crueldad si cabe a los colectivos más
necesitados. De igual modo, afecta la inflación disparada y el precio de
los carburantes. Todo ello repercute, sí o sí, en una cesta de la compra
cada vez más inaccesible para muchos.

Un país como el nuestro, que es la cuarta economía
de Europa por tamaño, no puede permitirse dejar a nadie atrás, ni moral
ni éticamente. No podemos defraudar a nuestros ciudadanos. Queremos una
ley que no elimine la prestación por hijo a cargo. No pedimos nada nuevo.
Antes ya estaba contemplado. Queremos simplificar la burocracia y que el
tercer sector de acción social pueda facilitar y asesorar a estos
colectivos en la tramitación administrativa, que, en demasiadas
ocasiones, no dispone ni de los medios técnicos ni humanos para superar
esta barrera administrativa. Como he comentado antes, no podemos dejar a
nadie atrás y esta ley sí deja a mucha gente atrás. Deja atrás a los
jóvenes comprendidos entre 18 y 23 años, deja atrás a las personas con
discapacidad igual o superior al 33 %, a personas que, por compartir una
consanguinidad de segundo grado y convivir juntas, se quedan fuera, o
colectivos de inmigrantes que se ven forzados a compartir piso, no porque
les guste vivir juntos, sino porque sus ingresos no les da para más. Este
Gobierno se enorgullece de su escudo social, pero es un escudo de latón,
solo marketing, llamativo, brillante, pero maleable, poco sólido. Este
ingreso mínimo vital, en vigor desde junio de 2020, solo ha llegado a la
mitad de las familias potencialmente destinatarias, dejando el 50 % del
presupuesto que tenía asignado sin ejecutar, un auténtico fiasco.

Para terminar, es triste que no se hayan tenido en
consideración las veintiocho enmiendas que mi partido, Ciudadanos, ha
presentado. Esperemos que reconsideren su posición para el próximo
Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Señor presidente, por el
Grupo Nacionalista. No sé si ha dicho Socialista, o al menos me ha
parecido entenderlo.

El señor PRESIDENTE: He dicho Nacionalista.

El señor CERVERA PINART: Perdón, aquí se ha
entendido Socialista. Lo siento.

El señor PRESIDENTE: Pues será un problema…
Es que las mascarillas no solamente no nos dejan hablar, a veces tampoco
nos dejan oír. Tienen un factor ambivalente.

El señor CERVERA PINART: Vamos a atribuirlo a las
mascarillas. Gracias, presidente.

Solo quería intervenir para anunciar que mi grupo,
el Grupo Nacionalista, presentará voto particular para que nuestras
enmiendas puedan debatirse en el Pleno. En Junts per Catalunya lo hacemos
porque es evidente que la propaganda sobre el Estado más descentralizado
de Europa es solo propaganda. Vemos que, en cada trámite de ley, hay una
tendencia a recentralizar y uniformizar en todos los ámbitos, también en
el social.

Tendremos posibilidad de ahondar nuestra exposición
en el Pleno. Por eso, ahora no me voy a extender.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
el señor Gómez Perpinyà tiene la palabra.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Cuando se puso en marcha el ingreso mínimo vital,
supuso una esperanza muy importante para miles de familias que estaban
esperando una iniciativa de estas características, que lo estaban pasando
mal, y, sin embargo, hoy, yo creo que causa decepción e indignación a
partes iguales por tres motivos fundamentales: porque es complicado
solicitarlo, porque es lenta su tramitación y porque es excluyente,
claramente excluyente con algunos colectivos, como hemos puesto de
manifiesto en varias ocasiones a lo largo de esta comisión. Ante esta
situación, había dos caminos: el primero de ellos era ponernos de perfil
y hacer como que este asunto no va con nosotros, y el segundo de ellos
era remangarnos y, además de criticar al Gobierno por aquellas cosas que
no están bien, intentar proponer soluciones, que es, sencillamente, lo
que hemos hecho, presentar enmiendas con voluntad constructiva, enmiendas
con voluntad de acuerdo, sin líneas rojas y con vocación de servicio
público. ¿Qué nos hemos encontrado frente a estas enmiendas? Nos hemos
encontrado una negativa, me lo van a permitir, un poco fea, porque no es
que después de exponer nuestros planteamientos no hayamos alcanzado un
acuerdo, sino que ni siquiera han querido sentarse con nosotros a
negociar, y es así. El mismo Gobierno que nos dice, día sí y día también,
que tenemos que aceptar que tres años y medio después sigamos sin derogar
la reforma laboral de Mariano Rajoy porque resulta que hay que respetar
el diálogo social, con Más Madrid, señorías, no ha querido sentarse para
hablar de nuestras propuestas en esta ocasión. Eso, además de ser una
práctica, desde mi punto de vista, muy poco respetuosa para los
ciudadanos que nos han puesto aquí, es fruto de una confusión que veo de
manera recurrente en el Senado y en algunas ocasiones también en el
Congreso, y es que algunos se piensan que tienen mayoría absoluta y,
francamente, no la tienen. Yo creo que harían bien en recordar de vez en
cuando gracias a qué votos sacan adelante las leyes y gracias a qué votos
ustedes están gobernando en España en estos momentos.

Sin embargo, para que nadie se confunda en esta
cuestión, esto no va ni del Gobierno ni de la oposición, de las cosas que
de manera acertada hagamos o en las que nos equivoquemos, que también,
por supuesto, es una posibilidad, sino que va de la universalidad del
derecho fundamental a la Seguridad Social del artículo 50 de la
Constitución española; va de los jóvenes de entre 18 y 23 años que en la
propuesta del Gobierno quedan excluidos del ingreso mínimo vital; va de
las personas sin hogar, que también quedan excluidas; va de los umbrales
que ha fijado el Gobierno, que están muy por debajo del umbral de riesgo
de pobreza en España, que está fijado en poco más de 9000 euros; va de
que se garantice la compatibilidad entre el ingreso mínimo vital y las
prestaciones por hijo menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad
menor al 33 %.

Señorías, honestamente, más allá de los
patriotismos de partido que podamos tener cada uno, no me parece que las
enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario respondan a cuestiones
menores, sino que responden a reivindicaciones legítimas que ha puesto
sobre la mesa la sociedad civil. No creo que merezcan carpetazo, como
algunos pretenden darle. Vox, por ejemplo, ha presentado una enmienda
relativa a eliminar todas las referencias a las víctimas de violencia de
género, y no me parece que las enmiendas que hemos presentado nosotros,
esta enmienda en particular, deban tener la misma consideración por parte
de otros grupos parlamentarios. No me lo parece. Luego nos llevaremos las
manos a la cabeza porque resulta que la gente ve la actividad
parlamentaria con cierta distancia y no entiende nada de lo que hacemos
los partidos políticos. Pues creo que este tipo de decisiones son las que
no lo explican.

Podría darle muchos motivos —y con esto ya
termino— para defender nuestras enmiendas, pero me quedaré
exclusivamente con uno: con la propuesta del Gobierno más de 700 000
menores en riesgo de pobreza severa en nuestro país se quedarían
excluidos del ingreso mínimo vital. La propuesta que les hacemos en Más
Madrid lo evitaría. Quedan todavía algunos días para el Pleno en el que
se va a aprobar definitivamente esto y yo les animaría a que habláramos,
a que negociemos y a que, ojalá, podamos llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco,
la señora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor
presidente.

Hoy voy a ser breve porque en una semana lo vamos a
debatir otra vez en Pleno y no quiero repetirme. Para mi grupo la figura
del ingreso mínimo vital es una herramienta válida, es una herramienta
necesaria, es una herramienta de lucha contra la pobreza y la desigualdad
que en el Estado, por desgracia, tiene carácter estructural y lo único
que ha hecho la pandemia ha sido acentuarlo.

Es cierto que muchas comunidades autónomas cuentan
ya con rentas que posibilitan el acceso a unos ingresos mínimos a
personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza para que puedan
vivir de forma digna. De hecho, en nuestro caso, en Euskadi contamos,
desde hace más de treinta años, con la renta de garantía de ingresos y,
en Navarra, desde hace más de veinte, con la renta garantizada. Y yo
diría que funcionan con notable éxito, sobre todo, con un amplio
consenso, tanto político como social. Estas rentas suponen redistribución
de riqueza, creemos que son de justicia, facilitan la inclusión social y
son un elemento de cohesión de la sociedad. Y aunque algunas existan
desde hace bastante tiempo, entendemos que es importante que a nivel
estatal se haya puesto en marcha una prestación nueva como esta. Ha
llegado, probablemente, tarde y también porque Europa estaba pinchando,
pero la cuestión es que ha llegado y lo que tenemos claro es que será
mejorable, porque en el poco tiempo que lleva en funcionamiento se han
visto disfunciones. Pero vamos a poner en valor lo positivo, y es que por
fin hay un ingreso mínimo vital a nivel estatal. Destacaríamos su
complementariedad, su compatibilidad y su subsidiariedad con los otros
sistemas de protección ya existentes. Y hablando de subsidiariedad, voy a
decir una verdad de Perogrullo, y es que lo que pueda resolverse en lo
próximo, ni necesita ni debe resolverse en la lejanía. Esto es
especialmente importante con lo que tiene que ver con las políticas
sociales. En este sentido, queremos destacar dos disposiciones
adicionales del proyecto de ley: la cuarta y la quinta.

No me voy a extender más. Solo manifiesto que mi
grupo va a votar a favor del informe de la ponencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, la señora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Consideramos, en su día, un avance el Real Decreto
Ley 20/2020 y también este proyecto de ley que hoy debatimos sobre el
ingreso mínimo vital. Era necesario y, por tanto, no podemos votar en
contra de un proyecto de ley que persigue reducir la pobreza y
redistribuir la riqueza, pero tiene aspectos que habría que mejorar en el
sentido que he apuntado en mi intervención anterior. Ponemos el foco,
sobre todo, en los jóvenes, un colectivo vulnerable y, sin embargo,
discriminado por esta ley porque se les deja fuera del ingreso mínimo
vital por su edad, aunque cumplan el resto de las condiciones económicas
o familiares. Es necesario acabar con la invisibilidad de los jóvenes en
los servicios sociales del Estado de bienestar y tenemos una oportunidad
para mejorarlo.

Por otro lado, queremos reforzar y consolidar
nuestro sistema propio de garantía de ingresos y, para ello, es necesario
transferir no solo la tramitación del ingreso mínimo vital, sino la
gestión integral.

En la tramitación de esta ley en el Senado no hemos
visto ninguna voluntad de negociar ninguna enmienda. Aun así, espero que
tengamos la oportunidad de consensuar alguna en los próximos días.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Heredia de Miguel.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Estamos debatiendo una
norma que el Grupo Popular aprobó desde su inicio con el convencimiento
de que sería una buena herramienta, como ya lo estaba siendo en muchas
comunidades autónomas, que venía a ofrecer un apoyo a las personas en
situación de exclusión y una cobertura digna de las necesidades de
vulnerabilidad y de pobreza que tenían, máxime en un contexto de
pandemia, que era del todo excepcional. Como se dice en el preámbulo de
este proyecto de ley, en marzo de 2018, se encargó a la Airef un estudio
sobre rentas mínimas; Airef que presidía el señor Escrivá, que lo hizo
desde 2014 hasta 2020, y que, por supuesto, según consta en el ingreso
mínimo vital, concluyó que todo se hacía mal en las comunidades
autónomas: disparidades territoriales, ineficacias, etcétera, todo se
hacía mal y, por eso, llegó él para hacerlo bien, como con la reforma de
las pensiones. Y llegó para regular una prestación no contributiva de la
Seguridad Social, de las que ya tenemos unas cuantas en el sistema de
Seguridad Social. Llegó para regular una nueva ayuda que se basa,
técnicamente, en tan solo dos elementos: determinar una unidad de
convivencia y asignarle un nivel de rentas. Ayudas de este tipo las hay a
montones en ayuntamientos, comunidades autónomas, incluso en el propio
Estado. De hecho, en el Estado está el reconocimiento de la asistencia
jurídica gratuita, que obedece, en su funcionamiento, a un mecanismo
prácticamente similar al del ingreso mínimo vital; es muy muy parecido,
pero muchísimo más claro. Pero el señor Escrivá lo tenía que hacer a su
manera, sin escuchar a nadie y en aquel momento también a la manera del
vicepresidente, señor Iglesias, con mucha prisa. Por eso, esta
prestación, un año después, se resume, en casi toda la prensa, como un
año de espera para denegarlo en el 70 % de los casos. Y si una palabra se
repite hoy asociada al ingreso mínimo vital es la de fiasco, fracaso o
decepción. Estas palabras se justifican en las cifras. En los
presupuestos se consignaron 3000 millones de euros, de los que, en
septiembre de este año, solo se habían gastado 1400 millones. Un año y
medio después perciben la ayuda unos 800 000 de los 2,3 millones de
potenciales beneficiarios y, de cada cuatro peticiones, se han denegado
tres. Estas cifras son así de claras y contundentes después de las
trampas que nos hacía el señor Escrivá cuando nos confundía dando datos
de titulares y de beneficiarios, hasta que ya le tuvieron que decir que
dejara de multiplicar por 3 las cifras, aunque 3 eran los miembros que
habitualmente viven en un hogar, es decir, cuando se habían resuelto 1000
expedientes y había 1000 titulares, el señor Escrivá daba la rueda de
prensa y decía: Ya tenemos 3000 beneficiarios.

Ante el sonoro fracaso de esta medida, que era la
estrella del escudo social, yo creo que el Gobierno debería haberse
sentado a preguntarse qué ha salido mal y hablar con colectivos, con
administraciones y con grupos políticos, no a poner parches con la excusa
de que esto es un documento dinámico, no, a veces hay que sentarse a
escuchar a los que conocen estos temas y a definir a quién se pretende
ayudar, cómo, con quién, cuánto cuesta, de qué forma.

Cuestiones que han fallado. En primer lugar,
nosotros creemos que los potenciales beneficiarios no son un grupo
homogéneo, y por eso no se puede tratar igual lo desigual, y por eso
tiene que haber medidas de inclusión y también de formación y de trabajo,
porque no hay un grupo igual. Por ejemplo, cuando se impuso la
tramitación telemática, aquello resultaba, cuando menos, sarcástico, pues
se trataba de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza. Si la
mayor parte de la pobreza se da en trabajadores a los que les cuesta
reincorporarse, deberían tener un tratamiento especial.

En segundo lugar, un desconocimiento del
funcionamiento de la Administración. Fue patético escuchar al señor
Escrivá en el Pleno explicar lo difícil que era tramitar esta prestación
y la cantidad de dificultades con las que se encontraba. Claro, esto no
es una pensión de jubilación, que le das a la tecla del ordenador, en dos
minutos aplica un porcentaje a una base reguladora y en cinco minutos ha
calculado una pensión. Esta es una prestación de ayuda y todos los
funcionarios que hemos trabajado en ayudas tenemos muy claro que pasa
como en la novela de Anna Karenina, que las familias felices se parecen
mucho, pero las infelices lo son cada una a su manera. Y los expedientes
de las familias infelices se tramitan cada uno a su manera y son muy muy
complicados, pero está todo inventado, gracias a Dios.

¿Qué no ha fallado? Porque algunas cosas no han
fallado. Pues que ustedes no pierden ocasión para demostrar que no todas
las comunidades somos iguales y que siempre hay que hacer una mención
estelar a los más iguales que otros.

Nosotros damos por defendidas nuestras cincuenta
enmiendas y, como he dicho, un solo deseo, que es mejorar. Desde luego,
sentimos mucho que no nos hayan aprobado cuarenta y nueve enmiendas; hay
una que casi es mejor que no la hayan aprobado, que es la del mago
explicando el truco que va a hacer a partir de ahora en la estadística,
la relativa al artículo 28, con esa invención de solicitudes que no se
aceptan pero se tramitan y que no sabemos cuándo se computan. Eso se
hace, pero jamás se pone por escrito ni nadie se atreve a ponerlo en una
nota de régimen interior. Son los expedientes de repisa de ventana que se
cuentan cuando conviene. Claro que eso se hace, pero jamás nadie se ha
atrevido a ponerlo por escrito, menos en una ley. Y lo siento, pero a
partir de ahora ninguna cifra que dé, ni de solicitudes estimadas ni de
solicitudes tramitadas ni de tiempo, será creíble, porque él solo ha
explicado la trampa en el artículo 28.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Lo primero que quiero es recuperar el espíritu con
el que nació esta prestación, porque parece que algunos grupos empiezan a
olvidar el espíritu principal. Esta no es una prestación más, sino un
conjunto de políticas en torno a una prestación económica; es decir, se
quiere y se debe hacer mucho hincapié en los itinerarios de inclusión, y
para ello es fundamental la cogobernanza, que todas las administraciones
se pongan de acuerdo en ayudar a estas personas en su inserción social y
laboral. El fin de esta medida es sacar a las personas de la pobreza
extrema y estructural. Nuestro sistema, por suerte, cuenta con mecanismos
a distintos niveles: a través del SEPE, a través de las rentas
autonómicas o a través de los servicios sociales municipales que protegen
a personas en situaciones coyunturales y puntuales. Y esta prestación,
señorías, ayudará a quienes les resulta difícil salir de esa espiral de
pobreza estructural.

Señorías, hemos construido nuestro Estado del
bienestar con pilares dirigidos a garantizar una formación educativa que
permita la igualdad de oportunidades, a prestar una sanidad pública que
garantice unos niveles óptimos de salud para toda la población, hemos
garantizado unas pensiones dignas para las personas al final de su etapa
laboral, pero el pilar de los derechos sociales no contaba con un
despliegue óptimo. Hoy, sin embargo, pondremos el foco en los más
vulnerables, creamos una herramienta que les permitirá salir de esa
situación y establecemos un nivel mínimo nacional de renta.

Señorías, hoy construimos una sociedad más justa,
más social, más humana y más equitativa, porque la finalidad no es dotar
con una prestación exclusivamente a las familias, les recuerdo que la
finalidad principal es poder sacar de la pobreza y de la exclusión social
a millones de españoles, es poner un peldaño más a esas personas que
tienen dificultades para salir de esa espiral de pobreza. Es una medida
con la que intentar garantizar que todos y todas las ciudadanas de
España, de nuestro país, cuenten con un mínimo de ingresos que les
permita vivir dignamente y estrechar las desigualdades sociales
existentes. Ese es el espíritu de la norma y eso es lo que nos debe
unir.

Por tanto, al margen de nuestras diferencias, de
nuestras discrepancias y de nuestros puntos de vista, les pido que apoyen
esta medida tan necesaria para muchas personas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Antes de votar el informe de la ponencia, ruego al
señor letrado compruebe las asistencias.

El señor letrado comprueba la asistencia de los
señores senadores presentes y representados.

El señor PRESIDENTE: A continuación, sometemos a
votación el informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Falta designar el portavoz que llevará a cabo la
presentación del dictamen ante el Pleno.

Si les parece bien, como es costumbre, lo
presentará el presidente de la comisión. (Asentimiento).

Señorías, antes de levantar la sesión, quiero
informarles de que el día 16 de diciembre tendremos a las nueve horas
ponencia y a las doce horas, comisión. Hoy mismo se aprueba ya el
Dictamen del Proyecto de Ley de pensiones en el Pleno del Congreso de los
Diputados. Recordarán que en la sesión anterior ya dije que estaba
previsto en la agenda el día 16, acordado en la Mesa y Junta de
Portavoces desde el pasado día 29 de septiembre. Como no concurre ya con
la ponencia de presupuestos, repito, tendremos ponencia el día 16 a las
nueve horas y la comisión para dictaminar la ponencia a las doce
horas.

Aquellos grupos que deseen presentar voto
particular, saben que tienen veinticuatro horas a partir de la
finalización de la comisión.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y veinte minutos.