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DS. Senado, Comisiones, núm. 242, de 18/06/2021
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COMISIÓN DE JUSTICIA


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN LERMA BLASCO


Sesión celebrada el viernes, 18 de junio de 2021


ORDEN DEL DÍA






Ratificación de la Ponencia




Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el
que se establece una cooperación reforzada para la creación de la
Fiscalía Europea.


621/000026
cooperación fiscal europea; cooperación
reforzada; fraude a la Unión Europea; funcionamiento institucional;
ministerio fiscal; organismo y agencia de la UE


GOBIERNO






Dictaminar




Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el
que se establece una cooperación reforzada para la creación de la
Fiscalía Europea.


621/000026
cooperación fiscal europea; cooperación
reforzada; fraude a la Unión Europea; funcionamiento institucional;
ministerio fiscal; organismo y agencia de la UE


GOBIERNO




Se abre la sesión a las doce horas y tres minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Se abre la
sesión.


En primer lugar, quiero pedir disculpas porque tuvimos que
desconvocar la Mesa y Portavoces, ya que, de lo contrario, no habría dado
tiempo a convocar la comisión.


A continuación, pasamos a la aprobación del acta de la sesión
anterior, celebrada el 27 de mayo. ¿Podemos aprobarla por asentimiento?
(Asentimiento). Queda aprobada.






RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL
QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA
FISCALÍA EUROPEA.


621/000026

GOBIERNO


El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del
orden del día, que es la ratificación de la Ponencia del Proyecto de Ley
Orgánica de aplicación del Reglamento de la Unión Europea 2017/1939, del
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.


De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado
del 11 de febrero, procede ratificar la ponencia a este proyecto de ley
con la siguiente composición: doña María Margarita Peregrina Adrio, por
el Grupo Socialista; don Francisco Martín Bernabé, por el Grupo Popular;
don Josep Maria Cervera, por el Grupo Nacionalista; don Pau Furriol, por
Esquerra Republicana; don Imanol Landa Jáuregui; don Carles Mulet; don
José María Oleaga; doña María Victoria de Pablo; don Fernando de Rosa;
don Miguel Sánchez, y don Clemente Sánchez-Garnica. ¿Está de acuerdo la
comisión? (Asentimiento). La damos por ratificada.









DICTAMINAR





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL
QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA
FISCALÍA EUROPEA.


621/000026

GOBIERNO


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo.
Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento de la
Unión Europea 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre, por el que se
establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea. A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto y
sesenta y tres enmiendas, de las cuales, la número 3, de los señores
Sánchez López y Muñoz Lagares y de la señora Ponce Gallardo, y las
números 16, 17 y 18, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han
sido inadmitidas por la Presidencia del Senado. La ponencia designada en
relación con este proyecto de ley ha emitido el siguiente informe:
Acuerda por mayoría proponer a la Comisión de Justicia que se mantenga en
sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.


Pasamos, a continuación, a la defensa de la
propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
por tiempo de diez minutos.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, presentamos el veto a este proyecto de
ley de la Fiscalía Europea no porque este grupo parlamentario esté en
contra de la figura de la fiscalía para la lucha contra el delito a nivel
europeo —vaya por delante nuestra vocación europeísta y el deseo de
una pronta integración jurídica dentro de la Unión—, sino porque
consideramos que este Gobierno está llevando a nuestro país a un caos
jurídico. El 24 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el
anteproyecto de Ley orgánica de enjuiciamiento criminal y, al mismo
tiempo, el anteproyecto de Ley orgánica de la Fiscalía Europea. En el
primer epígrafe de la exposición de motivos del anteproyecto de Ley
orgánica de enjuiciamiento criminal se dice textualmente: «Decenas de
reformas parciales han convertido la Ley de enjuiciamiento criminal, uno
de los textos más brillantes de nuestro pasado jurídico, en un cuerpo
normativo irreconocible». Tras 77 modificaciones, 54 de ellas posteriores
a la aprobación de la Constitución, se ha visto de facto sustituido por
una maraña de normas fragmentarias encajadas unas con otras por razones
coyunturales. ¿No les parece que ustedes mismos están dando la razón al
Grupo Popular y deberían apoyar este veto al poner de manifiesto que van
a introducir un nuevo parche en la ley? Por tanto, flaco favor hace el
legislador aumentando lo que ustedes mismos han denominado maraña de
normas fragmentarias, añadiendo una nueva disposición, la de la Fiscalía
Europea, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo
procedimiento de investigación incongruente con la Ley de enjuiciamiento
criminal. Deberíamos abrir un debate y una reflexión serena en este
sentido.


El Reglamento de la Unión Europea 2017/1939 del
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, es de
directa aplicación en todos los Estados miembros desde su entrada en
vigor sin que sea necesario un acto nacional de transposición. Pero,
claro, hace necesaria la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico para
su verdadera aplicación, y estando en estos momentos en proceso de
revisión de la principal norma procesal penal, no es razonable incorporar
de facto y de manera precipitada y anticipada algunos aspectos como, por
ejemplo, la instrucción del Ministerio Fiscal, cuando las Cortes
Generales todavía no han recibido el proyecto de reforma anunciado de
esta ley y, por tanto, no han podido pronunciarse sobre el mismo.


Reitero que el Grupo Parlamentario Popular está a
favor de una fiscalía europea. Este veto va dirigido a la forma de
gobernar los asuntos jurídicos que tiene este Gobierno. Estamos de
acuerdo en crear una fiscalía independiente, señorías, pero
verdaderamente independiente, no esa falsa independencia que divulgan.
¿Qué credibilidad puede dar a nuestros socios europeos tener a Dolores
Delgado como fiscal general del Estado? No podemos consentir que el
Gobierno hurte al Parlamento, a los operadores jurídicos y a la sociedad
en su conjunto un debate sobre una cuestión tan relevante como la
presente ley y que en su largo articulado den por aceptada, debatida y
consensuada la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, que puede ser
objeto de debate, pero en el momento y el lugar oportunos. Es una
cuestión que está muy lejos de haber alcanzado un acuerdo mínimo entre
todos los partidos y entre todos los operadores jurídicos. Admitir dicho
articulado, como propone el Gobierno, implicaría un menoscabo en la
facultad libre y soberana, una vez más, que tiene el legislador para
decidir sobre esta cuestión.


El Reglamento europeo no impone necesariamente el
cambio en el modelo de la investigación penal. De hecho, otros países de
la Unión Europea, como Francia, Bélgica y Eslovenia, han previsto la
coexistencia de la Fiscalía Europea con el sistema del juez instructor.
Señorías, ¿conocen ustedes el borrador del informe del Consejo Fiscal al
anteproyecto de la Ley orgánica de enjuiciamiento criminal? Léanlo. En
dicho informe se destaca, textualmente también, que «deben rechazarse las
propuestas que reduzcan el proceso de europeización de nuestra
legislación procesal a la mera atribución de la dirección de la
investigación criminal al Ministerio Fiscal, pues ello constituiría una
simplificación difícilmente aceptable». Esto lo dice el Consejo Fiscal.
No rompan el espíritu de consenso que podríamos tener para lograr esta
materia; con sus prisas —como se demuestra en este proyecto de
ley— están reflejando cierta prepotencia.


En la actualidad el Ministerio Fiscal difícilmente
se encuentra en disposición de asumir la dirección de la investigación
criminal sin que previamente se acometa un notable incremento de
plantilla. Lo cierto es que la fiscalía se encuentra hoy en día al borde
del colapso. Es necesario recordar, tal como afirman los propios
fiscales, que las últimas reformas del procedimiento evidenciaron las
notables carencias personales y materiales que sufre la fiscalía. Como
señala la última memoria publicada de la Fiscalía General del Estado,
en 2020, en relación con el número de fiscales, la media nacional en 2019
fue de 4,86 fiscales por 100 000 habitantes. Curiosamente, han reducido
ustedes la ratio de fiscales desde que gobiernan, porque en 2018, cuando
gobernaba el Partido Popular, la ratio era 4,92 %, así que ustedes están
reduciendo el número de fiscales que pueden realizar esta función.


No hay que olvidar que las diversas reformas
operadas durante los últimos cuarenta años han contribuido a diseñar un
modelo procesal avanzado que además resulta plenamente respetuoso con la
Constitución. Por tanto, es verdad que nuestro modelo de instrucción de
la Ley de enjuiciamiento criminal tendría que ser analizado, pero en su
momento, no ahora, deprisa y corriendo, con una semana de enmiendas para
el Pleno del miércoles que viene. Otra vez meten prisas ustedes en una
reforma tan importante como es introducir el modelo de investigación del
fiscal, aunque solamente sea el europeo, para convivir con el modelo de
España, que es de juez instructor, sin establecer la figura del juez de
garantías y sin establecer cómo se va a distribuir la competencia entre
el fiscal europeo instructor y el juez español instructor. No nos
precipitemos, porque a pesar de la necesidad de la reforma de la ley,
como les decía, nuestra legislación procesal funciona, funciona
perfectamente, porque así ha sido puesto de manifiesto por la propia
Unión Europea en su informe del año 2009, que también les remito para que
lo estudien. Sobre todo, en el marco del plan de trabajo para reforzar
los derechos procesales de sospechosos y acusados en el proceso penal.
Por tanto, existe ese informe que dice que nuestra ley perfectamente
puede funcionar hasta que podamos estudiarla y analizarla en
profundidad.


Hay que tener en cuenta que en el modelo actual no
existe en la Europa occidental un modelo común de investigación. Algunos
países, como Francia o Portugal, conservan la figura del juez de
instrucción, aunque convive con la figura del fiscal investigador, a
quien corresponde la dirección de la investigación de la mayor parte de
los delitos, pero en perfecta armonía, y no con una maraña —como
ustedes mismos dicen— e introduciendo un parche —como ustedes
mismos dicen— en la Ley de enjuiciamiento criminal. En otros
países, como Italia, Holanda o Alemania, la dirección de la investigación
criminal se atribuye de modo exclusivo y excluyente al Ministerio Fiscal.
Por tanto, ya vemos distintos modelos. Y el proyecto de ley que estamos
discutiendo ahora no impone para nada un modelo a ningún país.


Merece la pena subrayar que la Ley de
enjuiciamiento criminal actual garantiza todos los derechos de los
encausados y de los investigados. Tenemos un modelo procesal penal
respetuoso con los principios de publicidad e inmediación, con los
derechos de defensa, igualdad, contradicción y acceso a la segunda
instancia. Se garantiza la presunción de inocencia, la tutela judicial
efectiva, un proceso sin dilaciones indebidas y el principio acusatorio y
de legalidad procesal.


Les insto a aceptar este veto para evitar lo que
ustedes han denominado —leo textualmente porque curiosamente es su
propio proyecto— cierta dualidad procedimental respecto de los
delitos que no sean competencia de la Fiscalía Europea y para los que
sean de su competencia —sí, esas frases raras que ustedes emplean
últimamente, como, por ejemplo, la de la ministra portavoz de que no es
una identidad falsa, sino una identidad distinta. Es decir, esas frases
que ustedes inventan—. Hablan de dualidad procedimental. Ustedes
mismos están reconociendo que va a haber dos procedimientos: uno que le
correspondería a la Fiscalía Europea para un tipo de delitos, y otro para
los delitos que no le corresponderían a la Fiscalía Europea y que seguirá
el juez de instrucción. Es decir, dos sistemas diferentes de
investigación en un mismo procedimiento. Supongo que todos los que
estamos aquí conocemos cuál es el trámite de la instrucción de los
delitos y cómo funcionan los juzgados y tribunales en España. ¿Ustedes se
imaginan que el letrado de la Administración de Justicia tenga que
determinar en cada momento a quién le va a corresponder la investigación
y si va a remitirlo al fiscal europeo? ¿Qué garantía va a tener? ¿Va a
convertirse el juez de instrucción en juez de garantía europeo, o no?
¿Ustedes creen que los juzgados están en condiciones de determinar quién
instruye y quién no instruye? Por tanto, como dice el propio texto
legislativo, tendrá que analizarse cada supuesto para determinar quién es
el investigador competente. ¿Se imaginan el caos en los juzgados, ya de
por sí colapsados?


Así pues, en esta ley, como en su actividad
política diaria, intentan hacer una cosa y la contraria, y esto nos lleva
al caos jurídico, afirmando que ustedes no mantienen posturas contrarias,
sino distintas, siguiendo su propio argumento del preámbulo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En turno en contra, tiene la
palabra, por el Grupo Socialista, la señora De Pablo.


La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidente.


Señorías, me corresponde explicar el voto en contra
de mi grupo al veto propuesto por el Grupo Popular al proyecto de Ley
Orgánica de aplicación del Reglamento de 2017 del Consejo, de 12 de
octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para
la creación de la Fiscalía Europea, y las razones son tan claras y
sólidas que ya le aviso, presidente, que no creo necesario agotar el
tiempo que nos corresponde en este punto, y siendo viernes y la hora que
es, estoy convencida de que el resto de sus señorías lo van a agradecer
encarecidamente.


Es verdad que se trae este proyecto para su
aprobación y que es un proyecto de ley orgánica de gran importancia. Como
saben, el 1 de junio se puso en marcha la Fiscalía Europea, órgano común
a los Estados miembros pero independiente de estos, protegiendo los
intereses financieros de la Unión y, por tanto, de todos los ciudadanos
europeos en su conjunto; intensificando y sirviendo para la lucha contra
el fraude, la corrupción, el fraude del IVA, etcétera, mediante un
procedimiento de cooperación reforzada. La Fiscalía Europea, señor De
Rosa, como sabe bien, es un órgano con personalidad jurídica propia al
que se le van a atribuir, efectivamente, las funciones de investigar,
procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los
intereses financieros de la Unión. El fiscal asume las funciones de
investigación y de promoción de la acción penal, al tiempo que una
autoridad judicial nacional, el juez de garantías, se encarga de velar
por la salvaguarda de los derechos fundamentales, que están perfectamente
garantizados.


Señorías, en contra de lo afirmado por el senador
del Grupo Popular, aquí no ha habido ninguna improvisación. Se aprueba
tras largos años de negociación, que se ha llevado a efecto por el
procedimiento de cooperación reforzada y que supone la plasmación
explícita del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5
del texto de funcionamiento de la Unión Europea. En estos momentos se
calcula —porque los dos hemos seguido el debate del Congreso, señor
De Rosa— que se está perdiendo un billón de euros a través de la
evasión fiscal y del fraude; el Consejo dice que solo por el IVA
de 2018, 140 000 millones de euros, es decir, lo mismo que va a venir a
España —por cierto, con nota de sobresaliente al Plan de
recuperación del Gobierno de Pedro Sánchez—, 140 000 millones.


Y lo primero que debo señalar, en contra de lo que
ha manifestado, senador, es nuestra sorpresa, la del Grupo Socialista,
por el mantenimiento del veto, que ya se mantuvo en el Congreso, a pesar
del amplio consenso con el que fue aprobado este proyecto de ley orgánica
en esa fase parlamentaria. Y le voy a decir por qué. Este veto carece de
toda lógica e incluso me atrevería a decir —permítame y perdone la
expresión— que es una auténtica frivolidad. Usted ha comenzado su
intervención diciendo que se declaran un partido con vocación
profundamente europeísta —hay que demostrarlo—, que apoya
completamente la idea de una Fiscalía Europea independiente encargada de
defender los intereses financieros europeos —son frases suyas, no
mías—, hasta el punto de que aprobaron el Reglamento europeo
aprobado el 12 de octubre de 2017. ¿Qué está afirmando? ¿Que cuando
aprobaron el reglamento de octubre de 2017 ustedes no consultaron con los
operadores jurídicos? ¿Qué está afirmando? ¿Que ustedes no estudiaron el
Reglamento? ¿Qué está afirmando? ¿Que a ustedes no les interesaba en
aquel momento consensuar ni debatir ni estudiar la procedencia de este
reglamento europeo, que crea una fiscalía que va en beneficio de todos
los ciudadanos de la Comunidad Europea? Además, son perfectamente
sabedores de que entraba en vigor el pasado 1 de junio y que, de no
aprobar este proyecto de ley orgánica para la aplicación del reglamento
europeo, España corría el riesgo de ser sancionada. Señor De Rosa, ¿es
eso lo que buscaban ustedes, que España fuera sancionada, menoscabar la
imagen del Gobierno y del país? ¿Ustedes, que tanto hablan de ello?


Se ha quejado usted del poco tiempo para el debate
y del rodillo, de prepotencia me parece que ha dicho, cuando realmente,
de que hayamos llegado hasta el 1 de junio son ustedes los únicos
responsables. Hemos llegado al 1 de junio porque ustedes no han
facilitado en ningún momento el proceso. Han pasado de votar a favor del
Reglamento en 2017, porque gobernaban ustedes, a poner todo tipo de
obstáculos y sin ninguna colaboración por su parte. Si algo les importa
España, tanto ruido que hacen con ella, les debería importar que no la
sancionen ni que se menoscabe su imagen en el exterior.


Apelan ustedes a la reforma pendiente de la Ley de
enjuiciamiento criminal, pero son cuestiones independientes y, como sabe
el señor De Rosa, la LECRIM prevé una vacatio legis de seis años. Está
usted planteando que estamos en un periodo transitorio, cuando nuestro
régimen y nuestro sistema no tienen nada que ver con el francés, que
forma parte del Gobierno, con un régimen transitorio de diez años y
cuando nos están apelando y urgiendo al nombramiento y a la aprobación de
esta ley porque solamente quedaban dos países por nombrar. Es verdad que
en estos momentos en España el Gobierno de Pedro Sánchez y ustedes
siempre han defendido el cambio de modelo: el principio acusatorio frente
al inquisitivo mixto que tenemos en estos momentos, convergiendo con la
mayor parte de los sistemas distintos de nuestro entorno. Es un modelo
que, aunque es de aplicación directa, exige una adaptación; lo explica la
propia ley y usted lo sabe. Es un modelo que reside en la Audiencia
Nacional. No puede haber caos de distintos juzgados, no puede haber caos
de todas las instituciones jurisdiccionales cuando estamos diciendo
precisamente —y era una de las quejas de algunos grupos— que
reside en la Audiencia Nacional y que es un órgano europeo independiente
de nuestro sistema fiscal, que no es aplicable a la jerarquía de nuestro
modelo de Ministerio Fiscal. A ustedes esto les ha parecido bien durante
estos tres años; de hecho, aprobaron el Reglamento, y ahora, de repente,
deciden no apoyar al Gobierno en otra institución europea. Aprovechan el
trámite para intentar meter enmiendas en cuestiones que nada tienen que
ver con la Fiscalía Europea, como la Ley del registro civil o como la
reforma del Código Penal. Señor De Rosa, habrá ocasión y además
disfrutaremos con ello, porque esta es una comisión muy técnica, de
debatir la Ley de enjuiciamiento criminal. Habrá ocasión. Nadie está
hurtando ningún debate. Lo que estamos intentando es cumplir nuestros
compromisos con Europa y, gracias a ustedes, hemos llegado in extremis al
último minuto. Allá ustedes con su responsabilidad. No puedo entender que
aprueben la Ley penal del menor, que defiendan el principio de
instrucción en la fase de instrucción y la atribución al Ministerio
Fiscal sin ningún tipo de problema en el año 2000, que desde el año 2000
hasta ahora hayan defendido ese cambio de modelo y que ahora, de repente,
cambien. Supongo que es porque gobierna el Partido Socialista y si puede
quedar un poquito mal ante Europa, pues eso que se llevan por delante; es
la única razón que puedo encontrar. Allá ustedes —termino, señor
presidente, gracias por su tolerancia—. Bajo su responsabilidad, o
mejor dicho, bajo su irresponsabilidad, porque es una estrategia muy poco
constructiva. Solo espero que no sea este mantenimiento de veto el
cumplimiento, porque sería muy dañino, de la afirmación hecha por el
diputado de su partido, señor Santamaría Ruiz, en el debate del proyecto
del Congreso, que veo que también ha estudiado, de que si su partido le
hiciera caso a él, no prestarían jamás su voto afirmativo a ninguna de
las reformas que proviniera del Ministerio de Justicia.


Por eso, en contra de lo que usted ha puesto de
manifiesto sobre que nosotros apoyemos este veto, yo le apelo a que lo
retire, porque con este veto se están ustedes quedando completamente
solos en esto, como en otras muchas cosas.


Nada más y gracias, señor presidente.


Evidentemente, anunciamos el voto en contra.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De
Pablo.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Sánchez-Garnica tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, voy a intervenir muy brevemente, sin
entrar en el fondo del debate, que siempre es interesante, ya que, sin
lugar a dudas, como ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Socialista,
ya tendremos tiempo de entrar en el contenido de otras leyes, a las que
seguro les afectará.


Nosotros no entendemos el veto cuando la
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea se inició
precisamente con el Gobierno de Rajoy y cuando además se trata de la
aplicación de un reglamento europeo. Luego podremos discutir y debatir el
encaje en el modelo procesal español. Se trata de la aplicación de un
reglamento cuyo contenido se ha tenido la oportunidad de debatir amplia y
suficientemente. Por eso, independientemente de que en su día entremos en
el debate sobre el encaje en el modelo procesal español, consideramos que
es un avance importante para la lucha contra la corrupción. Reitero que
no entendemos el veto y por eso votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, señor
Sánchez, tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo de manera muy breve.


No vamos a apoyar el veto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, señor Cervera, tiene la palabra.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon
dia, señorías.


Nosotros tampoco apoyaremos la propuesta de veto
del Grupo Popular y sí apoyaremos el informe de la ponencia y será en el
Pleno donde ya valoraremos el conjunto del proyecto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el
señor Mulet no está y no hay ningún otro representante.


Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra, señor Landa.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señor presidente.
Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas.


Abordamos el veto presentado por el Grupo Popular
al Proyecto de ley de orgánica de aplicación del Reglamento 2017/1939 del
Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Sin perjuicio de la
más amplia exposición que tendré ocasión de trasladar en el segundo turno
de enmiendas, comienzo señalando que la posición del Grupo Vasco sobre
este proyecto es conocida. Después de una ardua e intensa labor de
análisis y aportación de propuestas de mejora en clave constructiva
—de hecho, creo que hemos sido el grupo que más enmiendas
presentó—, después de una importante labor de contraste y
negociación en favor del acuerdo y la transacción con el ministerio y el
resto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, los puntos
de confluencia en relación con el texto inicial se ampliaron lo
suficiente como para desembocar en un apoyo por nuestra parte al texto
que finalmente hoy abordamos en esta comisión. Este texto cuenta, además,
con un amplio respaldo parlamentario en su tramitación en dicha Cámara.
De esta forma, razonablemente satisfechos con el resultado de este
proceso inicial, hemos decidido no presentar ninguna enmienda adicional
en su tramitación ante esta Cámara y apoyar, por tanto, tal cual el texto
remitido por la Cámara Baja.


Con esta posición y en tanto que compartimos la
razón de ser y los objetivos del proyecto de referencia, nuestro voto
será contrario al veto presentado por el Grupo Popular.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Landa.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
tiene la palabra el señor Furriol.


El señor FURRIOL FORNELLS: Buenos días.


Intervengo solo para decir que no apoyaremos el
veto presentado por el Grupo Popular. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor De Rosa.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias,
presidente.


Ratifico la postura de mantenimiento del veto que
ha presentado el Grupo Popular.


Ante lo manifestado y la argumentación efectuada
por la senadora del Grupo Socialista, no entiendo por qué no se adhieren
al veto, se lo digo sinceramente. Ustedes mismos están diciendo de forma
expresa que van a crear un mayor caos penal. Yo digo caos y ustedes
hablan de maraña, de parche de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque
así lo están estableciendo ustedes en el propio proyecto. Nosotros
apoyamos este proyecto, no tenemos que demostrar ante ustedes nuestro
carácter europeo porque lo hemos demostrado ampliamente. Por tanto, no
vamos a entrar en ese debate que ustedes siempre están estableciendo,
porque eso ya lo dejamos a su propia demagogia. Nosotros, desde el punto
de vista europeísta, determinamos que no se exige la inclusión en nuestro
procedimiento de la figura del fiscal investigador. ¡Claro que el Partido
Popular estableció en su momento en la Ley del menor la figura del fiscal
investigador! Y es un éxito que ustedes hasta ahora no han reconocido al
Grupo Popular. Como siempre, se atribuyen todos los beneficios, pero no
hablan de lo efectiva que es la figura del Juzgado de Menores y del
fiscal investigador en el ámbito del procedimiento del menor. También el
Proyecto de ley de enjuiciamiento criminal de Ruiz Gallardón hablaba de
la figura del fiscal investigador. Por tanto, no enrede usted ni intente
confundir el debate. Estamos debatiendo aquí, ahora, una trasposición en
la cual, en un procedimiento que cumple sus garantías, como le he dicho y
como ha dicho la Unión Europea, van a introducir una figura que hoy en
día es extraña en nuestro ordenamiento jurídico, porque no hay fiscal
investigador, sino que es el juez instructor —en eso coincidirá
conmigo—, por tanto, es una figura extraña en nuestro ordenamiento
que va a provocar caos. Es lo único que le estamos diciendo.


Así pues, acepten el veto, aprueben la disposición
de la figura del fiscal europeo y no lo introduzcan en la propia
estructura interna de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque eso lo
permite la propia disposición que se ha aprobado con el apoyo del Partido
Popular. Por lo tanto, avénganse ustedes y hagamos un debate sereno de la
reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, que es lo que está pidiendo
este grupo. Otra cosa es crear caos y un parche a una ley que ya está
bastante en sí parcheada, como es la Ley de enjuiciamiento criminal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Adrio.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, presidente.


Mi compañera, Victoria de Pablos, ya expuso
perfectamente los argumentos que nos hacen votar en contra de este veto.
La trasposición del Reglamento europeo es una exigencia en la que ya
vamos con retraso porque tendría que estar en vigor desde el 1 de junio
de este año. Nosotros, dada la singularidad que tenemos de procedimiento,
donde no teníamos la figura del fiscal investigador, no estamos
debatiendo la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, que se tendrá
que modificar posteriormente y tenemos una vacatio legis de seis meses,
sino que estamos acogiendo el Reglamento europeo y adaptándolo a nuestro
procedimiento, dada la singularidad que hay.


Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de este
veto porque creemos que en este proyecto de ley está perfectamente
recogida la cooperación reforzada de la Fiscalía Europea.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Terminado el debate, vamos a pasar a la votación de
la propuesta de veto.


Vamos a pasar lista.


La señora letrada procede a la comprobación de los
señores senadores presentes.


El señor PRESIDENTE: La aprobación de la propuesta
de veto exige 15 votos favorables, que constituyen la mayoría absoluta de
los miembros de esta comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 8; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta
de veto.


Pasamos, a continuación, al debate y votación de
las enmiendas. Para la defensa de las enmiendas habrá un tiempo de cinco
minutos por cada intervención.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas
números 19 a 63, de los señores González-Robatto y Marín Gascón y de la
señora Merelo Palomares, tiene la palabra el señor Marín.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, hemos presentado cuarenta y cinco
enmiendas a este proyecto de ley orgánica. La mayoría, veintiséis, son de
modificación; diecisiete son de supresión y dos de adición. Por falta de
tiempo para poderlas exponer todas, paso a resumir las más importantes.
Nuestras enmiendas de supresión, como he dicho, son diecisiete. La
número 27 es de supresión de los apartados 2 y 3 del artículo 6, por
innecesarios. Es suficiente con la aplicación del Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de enjuiciamiento
criminal.


La enmienda número 36 es de supresión del párrafo 1
del artículo 29, por existir una contradicción entre la imposibilidad de
cualquier tipo de retraso en la primera comparecencia del primer inciso
del artículo 29 y la declaración de nulidad del juez de garantías cuando
el fiscal europeo delegado retrase injustificadamente la primera
comparecencia.


La enmienda número 53 es de supresión del
artículo 118, porque se trata de preceptos que innovan un trámite cuya
finalidad está perfectamente cumplida en nuestra legislación procesal
respecto a analizar y estudiar la posibilidad de sobreseer la causa. Por
otro lado, algunas circunstancias deben quedar a la valoración probatoria
a resultas del juicio oral, por lo que no hay ninguna necesidad de
introducir este incidente de audiencia preliminar. Puede darse el caso de
que las decisiones tomadas en su seno sean consideradas como cosa juzgada
al respecto, impidiendo a las partes reproducirlas en el juicio
oral.


La enmienda número 63 es de supresión del
artículo 129. En causas complejas como las que nos ocupan debe asegurarse
que toda la investigación es accesible al juzgador y no obligar a las
partes a hacer una selección o cercenar la misma. En la práctica, en
cualquier juicio oral cabe la posibilidad de que se necesite recurrir a
elementos de la investigación en principio considerados secundarios o
inútiles y que a la postre se revelan imprescindibles para una correcta
valoración probatoria.


Por otro lado, nuestras enmiendas de modificación
son veintiséis, como había indicado anteriormente. Las más sobresalientes
son la número 21, que es de modificación del párrafo segundo de la
exposición de motivos II, sobre la base de que, con arreglo a las
enmiendas anteriores y a las que siguen, para la aplicación del
Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea, bastan dichas especialidades para que sea posible la instrucción
por la Fiscalía Europea sobre los delitos de su competencia.


La enmienda número 25 es de modificación del
artículo 1 del proyecto de ley orgánica sobre la base de la acogida de la
recomendación 119 del informe sobre el anteproyecto de ley orgánica, por
la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento de la Unión
Europea 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea, adoptado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
de 25 de marzo del 2021.


La enmienda número 26 es de modificación del
apartado tercero del artículo 4. El concepto de vinculación indisociable
es ajeno al ordenamiento jurídico español y ha sido trasladado sin cambio
ni adaptación desde el Reglamento al presente proyecto de ley orgánica.
Se propone su modificación por el concepto de conexión necesaria definido
en el artículo 17 de la Ley de enjuiciamiento criminal, al que este
precepto ha de remitirse.


La enmienda número 46 es de modificación del
apartado 1 del artículo 42. La salvedad relativa a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico carece de fundamento. No cabe la
antinomia Constitución/Reglamento europeo. De haberla, deberá reformarse
la Constitución, y con mayor motivo, cualquier reforma no constitucional
se entiende abrogada por el Reglamento europeo, sin perjuicio de que la
Comisión Europea incoe un procedimiento de infracción.


La enmienda número 48 es de modificación del
artículo 90. El derecho al recurso es consustancial con el derecho a un
proceso con las debidas garantías y tutela judicial efectiva. Si se
impone una investigación fiscal que sustituya la instrucción judicial,
debe asegurarse expresamente la posibilidad de que se desarrolle conforme
a la ley y derechos fundamentales.


La enmienda número 49 es de modificación del
apartado tercero del artículo 96. Cualesquiera de las partes deben poder
hacer uso de tal elemento probatorio para contrastar la veracidad y
consistencia de la prueba practicada en juicio oral. Lo contrario sería
ocultar al tribunal un elemento útil para la valoración de la prueba, de
igual manera que en la propia ley se contempla la posibilidad de
contrastar declaraciones realizadas en el proceso de investigación y que
en el juicio oral resultan contradictorias.


Por último, nuestras enmiendas de adición son dos.
La número 28 es de adición de un apartado 8 al artículo 8, por ser
cláusula de cierre, en coherencia con el considerando 87 del Reglamento.
La número 51 es de adición de un párrafo final al apartado 2 del
artículo 109, porque la importancia del trámite justifica la inclusión
expresa de la posibilidad de su impugnación. El trámite supone el fin de
la posibilidad de aportar material probatorio o solicitar diligencias de
investigación e implica el inicio de la fase previa al juicio oral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Marín.


Para la defensa de las enmiendas 1 y 2, tiene la
palabra el señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.


Efectivamente, como usted dice, teníamos tres
enmiendas, pero la tercera no ha sido admitida a trámite. Por lo tanto,
me voy a ceñir a las dos que sí lo han sido. Intervendré muy rápidamente,
porque voy a explicar la justificación de ambas, que es la misma. La
acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho y se
encuentra regulada en la Constitución española en virtud de su
artículo 125, que establece que «los ciudadanos podrán ejercer la acción
popular y participar en la Administración de Justicia mediante la
institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos
penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios
y tradicionales». El Reglamento de la Unión Europea que ahora vamos a
trasponer no recoge la necesidad de eliminar la acusación popular en los
procedimientos judiciales relacionados con la Fiscalía Europea, por lo
que no consideramos probada la idoneidad de acabar con una figura
reconocida en la Constitución española que da legitimidad a cualquier
ciudadano español para personarse en un proceso judicial penal, más si
cabe, cuando se trata de delitos contra la estabilidad financiera de la
Unión Europea y, por tanto, de elementos que afectan al interés general
de la ciudadanía en tanto que son recursos públicos. En este sentido,
esta es la justificación de nuestras dos enmiendas, y como quiera que no
han sido incluidas en el dictamen, ya anunciamos que las mantenemos vivas
para el Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas 4 a 15, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bernabé.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado un total de quince enmiendas, que ya tienen ustedes en su
poder: cuatro de modificación, ocho de supresión y tres de adición, que
no han sido admitidas por la Presidencia, lo cual consideramos una
verdadera pena, porque con las mismas podríamos haber resuelto
definitivamente, por un lado, la eliminación de ese lamentable preámbulo
de la Ley Orgánica 5/2021, de supresión del artículo 315.3 del Código
Penal, y por otro, el régimen jurídico aplicable a los jueces encargados
del Registro Civil con destino definitivo. Como saben todos ustedes, es
un compromiso de esta Cámara llevar a buen puerto ambas cuestiones, que
volveremos a plantear cada vez que tengamos ocasión.


Las restantes doce enmiendas tienen por objeto
intentar salvar el articulado de un texto en el que respetamos la
creación de una fiscalía independiente para salvaguardar los intereses
financieros de la Unión Europea, pero no compartimos la intención de
incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, sin ningún debate ni consenso
previo ni con los operadores jurídicos ni con el resto de las fuerzas
parlamentarias, la instrucción de las causas penales por el Ministerio
Fiscal. Tal vez con otro Gobierno más respetuoso con las leyes y con la
independencia del Poder Judicial nos podríamos plantear otro escenario,
pero en las actuales circunstancias consideramos que deben ser las Cortes
Generales las que aborden de forma global un aspecto tan novedoso para la
instrucción de las causas penales en nuestro ordenamiento jurídico como
es que la gestione directamente el Ministerio Público. La única realidad,
señorías del Grupo Socialista y demás fuerzas políticas de la izquierda y
del separatismo que los apoyan, es que ustedes no son de fiar. No lo son
para nada en general, por desgracia para España, pero mucho menos en una
cuestión tan delicada en cualquier Estado de derecho que se precie como
es la justicia. (Rumores). Prueba de ello es que cogieron ustedes la
fiscalía hace ahora año y medio —parte fundamental en la
independencia del Poder Judicial— y decidieron convertirla en su
cortijo particular, poniendo al frente de la misma nada menos que a doña
Dolores Delgado (Rumores), la de las amistades peligrosas con el
prevaricador Garzón o el delincuente Villarejo (Aplausos), además de
candidata socialista, diputada socialista, ministra socialista; en suma,
un compendio de la objetividad, imparcialidad y neutralidad que debe
poseer quien ostente tan alta magistratura del Estado, ¿no les parece a
ustedes? (Aplausos). Desde entonces, bien que se encarga esta fiscalía de
prestar serviles servicios al Gobierno, como hemos visto con los casos
Delcy-Ábalos o Dina-Iglesias, por citar dos clamorosos ejemplos
(Rumores), además de seguir una política sectaria de nombramientos en la
que solo son premiados los ideológicamente afines y rechazados la
capacidad y el mérito de muchos buenos fiscales tan solo por no ser de su
cuerda política. Verdaderamente, tampoco nos sorprende. Señores
socialistas, su jefe Sánchez es el más claro ejemplo de que por la boca
muere el pez, pues no ha existido jamás en la historia de España político
más mentiroso. (Rumores). Sus promesas incumplidas en cualquier ámbito:
indultos, impuestos, etarras, coronavirus, de lo cual podríamos escribir
un auténtico libro, son la prueba fehaciente de que es más falso que
Judas, esa es la única realidad, menos en un caso, que es la excepción
que cumple la regla, precisamente con la fiscalía. ¿Recuerdan ustedes ya
esa legendaria entrevista en la que le espetaba a un periodista: ¿De
quién depende la fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está, y dicho y hecho.
Jamás podremos decir que en este asunto no ha cumplido su palabra. Y así
nos va, claro. (Rumores).


Vaya siempre en todo caso y por delante, señorías,
nuestro más escrupuloso y admirado respeto a los más de 2500 fiscales que
realizan de forma ejemplar su labor a diario en nuestro país, pero, como
diría El Cantar del Mío Cid: «qué buenos vasallos si tuviesen buen
señor».


En definitiva, señorías, son ustedes el mismo
Partido Socialista que nos dijo hace unos años aquello de que Montesquieu
había muerto, como muestra del absoluto desprecio que siente la izquierda
hacia la separación de poderes. Pero lo que nunca podríamos imaginar es
que iba a ser el doctor Sánchez el que firmara el certificado de
defunción en la España europea moderna y democrática del siglo XXI.
(Rumores).


Por todo ello, señorías, les pedimos humildemente
su apoyo a nuestras enmiendas. Nos estamos jugando algo tan serio como
nuestra democracia.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernabé.
No le he llamado la atención porque estamos en el turno de enmiendas y no
le he querido interrumpir, pero este turno correspondía a la defensa de
las enmiendas y no a la intervención que ha hecho usted, que
correspondería más, supongo yo, al turno de portavoces que irá a
continuación. En cualquier caso, ya sabemos para otra ocasión cuál es el
criterio de esta Presidencia.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Tomo buena nota, pero
créame que creía que estaba defendiendo nuestras enmiendas. (Risas).


El señor PRESIDENTE: En el acta podrá usted tener
ocasión de comprobar su intervención.


Pasamos, a continuación, al turno en contra de las
enmiendas.


Tiene la palabra la señora Adrio.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señor
presidente.


En primer lugar, no vamos a admitir ninguna de las
enmiendas de adición, supresión y modificación presentadas por Vox,
porque todo está muy bien recogido en el proyecto de ley, está recogido
el Reglamento europeo.






Estamos hablando de la cooperación reforzada de la
Fiscalía Europea y está todo perfectamente plasmado. De hecho, se debatió
mucho en el Congreso y se han admitido enmiendas de Ciudadanos y de los
nacionalistas vascos; se ha estudiado mucho y ya viene el proyecto de ley
muy reforzado y muy visto. Además, sabemos que Vox va a votar en contra
porque no está de acuerdo con que la investigación la lleve la fiscalía
ni con este Reglamento europeo de la Fiscalía Europea, porque ellos están
a favor de que sean los juzgados de instrucción.


En cuanto a las dos enmiendas que presenta el Grupo
Democrático, también se ha debatido muchísimo en el Congreso; de hecho,
sé que Unidas Podemos las presentaban también, porque hablan de la
acusación popular, que a muchos grupos les afecta. Pero es que está
recogido en el proyecto de ley el espíritu del artículo 125 de la
Constitución española, porque aquí quieren suprimir el apartado 3 del
artículo 19, que nos remite al artículo 36, y en la enmienda número 2, el
apartado 5 del artículo 36, y ahí se recoge expresamente que la acción
penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones y entidades a las
que la ley les reconoce legitimación para la defensa de los intereses que
se han visto afectados por la comisión del delito investigado. Entiendo
que está perfectamente protegida la acusación popular y, por tanto,
votaremos en contra de esas enmiendas.


Me ha sorprendido mucho la intervención del
portavoz del Grupo Popular, porque no ha defendido las enmiendas que en
realidad ha admitido la Mesa, (Aplausos) y se les ha dicho que las tres
enmiendas que no se han admitido no tienen nada que ver con el Reglamento
europeo. Pero en cuanto al tono, yo no soy capaz de ponerme a su altura,
porque para mí se descalifica el que insulta y utiliza una serie de
insultos que a mí no me caben. No sabía yo que en el Senado iba a oír
estas cosas, porque, de verdad, he oído verdaderos insultos. Yo, que soy
abogada y voy a los juzgados, nunca he utilizado esos términos, incluso
si supongo que una persona está faltando a la verdad, digo que falta a la
verdad o que tergiversa la realidad. No entiendo que se utilicen todos
esos términos. (Aplausos).


En cuanto a las enmiendas, el artículo 2 se va a
mantener tal como está, porque está perfectamente recogido en el
Reglamento europeo. No sé si tengo que entrar a hablar de las enmiendas,
porque en realidad ustedes no las han expuesto, y no sé si las mantienen,
si están recogidas y si tengo que entrar en ellas, con lo cual acabo aquí
mí exposición.


Muchas gracias. (Aplausos.— Risas).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos, ahora, al turno de portavoces, empezando
por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: No tengo nada que
decir.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. No hace uso de
la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, el señor
Sánchez López tampoco hace uso de la palabra.


El Grupo Nacionalista en el Senado tampoco hace uso
de la palabra.


El Grupo Izquierda Confederal no está
presente.


Pasamos entonces al señor Landa, por el Grupo
Vasco. Tiene la palabra.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias de nuevo, señor
presidente.


Egun on. Buenos días de nuevo a todos y a todas.
Abordamos, como decía en mi primera intervención, el proyecto de ley
orgánica de aplicación del Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de
octubre, por el que se establece una cooperación reforzada para la
creación de la Fiscalía Europea, un proyecto que, a pesar del carácter
urgente de su tramitación, se sitúa ya en ámbitos de extemporaneidad en
tanto que —como ya se ha señalado— la Fiscalía Europea está
ya en funcionamiento desde el pasado 1 de junio. Como he señalado en mi
primera intervención, nuestra posición, la posición del Grupo Vasco, es
conocida. Después de una ardua e intensa labor de análisis y aportación
de propuestas de mejora en clave constructiva, después de una importante
labor de contraste y negociación en favor del acuerdo y la transacción
con el ministerio y también con el resto de grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados, los puntos de confluencia con relación al
texto inicial se ampliaron lo suficiente como para desembocar en un apoyo
por nuestra parte al texto que hoy abordamos en esta comisión, un texto
que además cuenta con un amplio respaldo parlamentario en su tramitación
en el Congreso de los Diputados.


Por tanto, como decía, estamos razonablemente
satisfechos con el resultado de este proceso inicial y hemos decidido no
presentar ninguna enmienda en esta Cámara y apoyar el texto tal cual se
remite por la Cámara Baja. Señorías, conforme a la exposición de motivos
del proyecto de ley, se establecen las normas de aplicación al
ordenamiento jurídico del Estado del referido reglamento, completando sus
disposiciones y regulando un procedimiento especial para la investigación
por parte de las y los fiscales europeos delegados, de aquellos delitos
cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea. Este
procedimiento introduce novedades significativas en el proceso penal
previsto, regulado en el ordenamiento jurídico español, en tanto desde la
supervisión por parte del denominado juez de garantías de la no
restricción de derechos fundamentales, el liderazgo de la investigación
se asigna a la Fiscalía Europea, que tiene como funciones atribuidas,
además de la citada investigación, la de procesar y llevar a juicio a los
autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Todo
ello desde la plena independencia orgánica y funcional y desde la
inamovilidad, garantizadas ambas a esta fiscalía por mandato del
reiterado Reglamento. Este nuevo paradigma en la investigación de los
delitos tasados en la normativa europea arrastra, a su vez, otros cambios
procesales, como la exclusión del jurado para su enjuiciamiento y el
consiguiente enjuiciamiento profesional o la ampliación de la
legitimación de la acusación particular, por citar dos ejemplos y no
prolongar mi exposición. Estamos, por tanto, ante una suerte de anticipo
del modelo de instrucción penal contemplado en el anteproyecto de Ley de
enjuiciamiento criminal del Gobierno, que acotado, no obstante, a su
ámbito de aplicación concreto, aportará, a nuestro entender, una
experiencia valiosa y oportuna en orden a la futura implantación de este
nuevo modelo con carácter general desde la entrada en vigor, en su caso,
de un texto del anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal que, no lo
olvidemos, contempla en todo caso una vacatio legis de seis años.


También hay que subrayar que la Ley de
enjuiciamiento criminal en vigor se erige en el texto de aplicación
subsidiaria para la regulación de lo no previsto en el reglamento de
referencia. Más allá de las cuestiones procesales, a nuestro entender,
procede reseñar que, conforme se recoge en el propio reglamento, la
posibilidad de crear esta fiscalía está prevista en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea en el título relativo al espacio de
libertad, seguridad y justicia; que tanto la Unión como los Estados
miembros tienen la obligación de proteger los intereses financieros de la
Unión de delitos que cada año causan daños financieros importantes; que
los fraudes que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea
ascienden, según la Comisión, a una cuantía media anual aproximada de 500
millones de euros, aunque, según señalan los expertos, hay razones para
creer que el riesgo de fraude podría ascender a 3000 millones de euros al
año, todo ello según datos ya de hace años. En definitiva, que esta
realidad, la crisis económica que estamos sufriendo, la necesidad de
defender el propio bienestar de la ciudadanía europea y sus propios
recursos ante la corrupción y el fraude justifican, sin duda, la
necesidad de habilitar una fiscalía europea que pueda abordar estas
conductas delictivas que impactan sobre el presupuesto de la Unión
Europea. Hablamos, por ejemplo, de casos de fraude vinculados a los
fondos estructurales europeos o al IVA transfronterizo. No olvidemos
tampoco la realidad del importante y necesario compromiso económico
abordado por la Unión Europea para afrontar la actual crisis económica y
la esperada recuperación en clave de transformación de la economía
mediante los fondos Next Generation. Por todo ello votaremos a favor del
texto remitido por el Congreso.


Termino apelando y exigiendo, tanto en lo que
respecta al presente proyecto de ley como a cuantos textos legales se
tramiten en las Cortes Generales, la implantación de un lenguaje
igualitario e inclusivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
de mujeres y hombres. No es la primera vez que el Grupo Vasco plantea
esta exigencia, ya lo hicimos en relación con proyectos de ley tramitados
previamente, y así se lo formularemos igualmente al Gobierno en la
próxima sesión plenaria. No es, a nuestro entender, únicamente una
cuestión de legalidad, sino más bien de justicia. Es necesario, a fin de
lograr el objetivo de la igualdad entre sexos, hacer uso del lenguaje que
represente a las mujeres y a los hombres y que nombre sus experiencias de
forma equilibrada.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Landa.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra el señor Furriol.


El señor FURRIOL FORNELLS: No vamos a intervenir.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra
el señor De Rosa.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor
presidente.


Señoría del Grupo Socialista, no tenga la piel tan
fina. ¿Es que ustedes escuchan lo que dicen todos los días de este grupo
en el Pleno, los insultos que nos están dirigiendo constantemente?
(Aplausos). Por tanto, en fin, respeten también la posibilidad de que
este grupo pueda dar su opinión sobre lo que consideramos que es la
fiscal general del Estado y la política judicial que realiza su Gobierno.
Por tanto, no tenga la piel tan fina; si no, se lo recordaremos
constantemente cuando salga su compañero senador por Málaga insultando al
Grupo Popular o sus compañeros, que están insultando constantemente al
Grupo Popular y a los miembros de este grupo. Se lo digo con toda
serenidad y sin acritud alguna, como decía Alfonso Guerra.


Ustedes han apelado al europeísmo que marca esta
ley. Hablan de que esta ley es europeísta, incluso su compañera ha
afirmado que pone en duda el europeísmo del Partido Popular. Les voy a
lanzar un guante. El día 21 de junio, es decir, el lunes próximo, se
somete a la consideración en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa un proyecto de resolución aprobado por el Comité de asuntos
legales y derechos humanos de la Asamblea, que viene a reprobar al Poder
Judicial español. Eso lo ha propuesto el Grupo Socialista de Letonia,
creo, que hace un informe en el cual acusa al Poder Judicial español y lo
equipara al de Turquía. Les insto a ese europeísmo, a que defiendan el
Poder Judicial en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En el
comunicado de las asociaciones judiciales instan a su Gobierno a que no
se ponga de perfil y a que repruebe absolutamente cualquier manifestación
contra el Poder Judicial español, que se está poniendo en duda. Se está
atacando al Tribunal Supremo y se dice que las sentencias del Tribunal
Supremo son contrarias a los derechos humanos. Por tanto, ahí está el
europeísmo. El día 23 se discutirá y veremos qué ha dicho el Partido
Socialista en la Asamblea del Parlamentaria del Consejo de Europa.


El proyecto dice —no se si estará de acuerdo
o no— que todos los golpistas de grupos políticos catalanes han
sido condenados por el tribunal español por ir contra la libertad de
expresión, cuando saben perfectamente que el Tribunal Supremo les ha
condenado por delitos no solamente de sedición, sino de corrupción. Esto
es lo que va a proponer el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo,
equiparándonos a Turquía; por tanto, europeísmo en todo momento.


Por otro lado, ustedes han dicho que no iban a
apoyar las enmiendas del Grupo Popular, que vamos a dejar para el Pleno,
y algunas de ellas son relativas al Registro Civil. Ustedes dieron su
palabra, ustedes tienen un compromiso con este grupo, que es reformar la
Ley de Registro Civil para acabar con el agravio que se ha hecho con los
jueces de Registro Civil. Ustedes pactaron con nosotros que en la primera
reforma de ley orgánica se resolvería esa injusticia, pero hoy ustedes no
solamente lo han rechazado en la Mesa para no introducirlo, sino que
ahora dice que por qué lo hemos introducido. Nosotros creemos en la
palabra dada. Espero que la cumplan, que muchos de los que estamos aquí
quedamos en eso. Por tanto, no se extrañen de las enmiendas que
presentamos porque son para cumplir un acuerdo.


Lean ustedes el informe del Consejo Fiscal, que
obligaron a suscribir y a presentar a su fiscal general del Estado, a su
compañera socialista la señora Delgado, por mayoría del Consejo Fiscal.
En dicho informe critican esta ley. Critican que, con la excusa de la
europeización de la figura de la investigación del Ministerio Fiscal, no
se introduzca la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la
reforma del Ministerio Fiscal en España. Eso lo dice el Consejo Fiscal,
del que forman parte tanto fiscales de tendencia conservadora como
progresistas, como ellos mismos se denominan. También lean la memoria de
la fiscalía, que dice que, para realizar esta reforma, habría que
aumentar el número de fiscales, y ustedes han reducido el número de
fiscales en España. (Varios senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
No). No me digan que no, porque lo dice la memoria de la fiscalía.
En 2018 la ratio de fiscales por cada 100 000 habitantes era mejor que en
el año 2019, cuando empezaron ustedes a gobernar. Por tanto, no me digan
que no porque es la memoria de la fiscalía. Si me equivoco, por favor, me
rectifican y lo debatimos el próximo día.


Quiero poner de manifiesto que la figura del fiscal
investigador es una figura que vamos a tener que debatir, claro que sí.
¿Ustedes consideran que ahora es el momento de introducir ese caos? Antes
alegaban que lo iba a llevar la Audiencia Nacional, evidentemente, por la
competencia, pero cuando se está investigando un delito en un juzgado, y
antes de la remisión de la Audiencia Nacional, el propio letrado de la
Administración de Justicia tendrá que realizar un informe en el cual
determine quién es el competente y se establecerá la figura del juez de
garantía ante el delito que se puede haber cometido en la Unión Europea.
Claro que estamos a favor de la lucha de los delitos expresamente
determinados en la relación de esta figura, claro que sí, pero hagámoslo
de una manera lógica, sin crear ese caos. Reservémonos ese debate cuando
esté la Ley de enjuiciamiento criminal, no parchearemos la LECRIM con un
procedimiento aumentando el caos. Es lo único que queremos decir, desde
un punto de vista absolutamente constructivo. Ustedes cogen siempre por
las ramas. ¿Por qué no nos hemos sentado a negociarlo? ¿Por qué no han
querido renegociarlo en el Congreso? ¿Por qué ahora nos lo imponen
también, que ayer se acabó el plazo de enmiendas, hoy lo vamos a discutir
y va al Pleno del miércoles? ¿No era posible realizarlo con tiempo?, que
ustedes ya llevan gobernando tres años, no vinieron ayer. Eso es lo único
que dice este grupo, que las leyes que afectan a la Administración de
Justicia hay que consensuarlas, que hay que sentarse a hablar. Cuando
nosotros nos hemos sentado y hemos debatido en materia de justicia, hemos
alcanzado grandes acuerdos; y cuando ustedes no han querido negociar
absolutamente nada de la Administración de Justicia, han provocado un
nuevo caos en el ámbito de Administración de Justicia.


Por tanto, se lo reitero, vengan ustedes al pacto,
al acuerdo. Modifiquemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Cesen ustedes, su Gobierno, a la fiscal general del Estado por falta de
idoneidad, como ha dicho el Consejo de Europa —no me lo
invento— y el informe Greco, y entonces podremos hablar de una
fiscalía independiente. Si eso les ofende, lo siento mucho, pero es la
pura verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Oleaga.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente. Egun on guztioi.


El proyecto que hoy debatimos —vamos a
centrarnos, porque aquí se han dicho cosas que nada tienen que ver con lo
que estamos discutiendo— es el de la construcción de un instrumento
fundamental para que Europa pueda combatir la corrupción y los delitos
transnacionales ligados precisamente a los delitos financieros. Por
tanto, es un proyecto que sirve para construir Europa; que sirve para que
en Europa podamos vivir más ajustados todos a derecho, para evitar
espacios de impunidad y, en definitiva, para contar con instrumentos que
nos permitan combatir el delito. Esto es lo que discutimos hoy. Hay unos,
el Grupo Popular, que votan en contra de esto y otros que votamos a
favor. Cada uno sabe dónde está en el proyecto europeo. Además, esta
norma crea una fiscalía muy especializada, autónoma, completamente
independiente de las fiscalías nacionales, con unos principios de
inamovilidad fundamentales, como ya se ha expuesto por algunos otros
intervinientes, y, por tanto, que garantiza la imparcialidad, la
neutralidad y, en consecuencia, el fin de las investigaciones. Es un
proyecto extraordinario y es un instrumento muy necesario que entre todos
y todas deberíamos apoyar. Sinceramente, cuanto antes se haga —de
hecho, el 1 de junio ya tendría que haberse puesto en marcha—,
cuanto antes hagamos esta ley, antes contaremos con un instrumento para
combatir la corrupción. Algunos, cuando se trata de corrupción, siempre
encuentran alguna excusa para no apoyar. (Aplausos).


Señorías, este reglamento que hoy trasponemos fue
aprobado en el año 2017. En aquel momento gobernaba el Partido Popular y
supongo que si dio su voto favorable a este reglamento, lo haría después
de haber pulsado la opinión de los operadores jurídicos porque, si no,
esta crítica que hacen ahora carecería de sentido. Este reglamento
establece con toda claridad un sistema moderno de investigación de los
delitos, en el que es la fiscalía, son los fiscales y las fiscales
quienes investigan y los jueces los que actúan como jueces de garantía,
que es una forma diferente, moderna, más ajustada a lo que tiene que ser
la investigación de los delitos. Esto es lo que se aprobó y es tan
sencillo como introducirlo en nuestro país. Claro que caben otras
fórmulas, como la que ha planteado Vox, pero es mantener unos sistemas
que nadie comprende. Lo cierto es que esto es lo que se aprobó en su día
y es lo que hoy estamos transponiendo.


Tengo que confesar que no entiendo la postura del
Partido Popular. Aquí ha habido un consenso extraordinario, en el
Congreso ha sido aprobado por una amplísima mayoría; amplísima mayoría
que incluso se incrementa en el Senado, quedándose fuera solamente la
derecha y la ultraderecha. En el caso de la ultraderecha por las razones
que ya ha expuesto mi compañera Margarita Adrio, pero en el caso del
Grupo Popular es incomprensible porque habían apoyado este reglamento.
¿Qué pasa, que ahora votan en contra porque quien gobierna es Pedro
Sánchez o porque la fiscal general se llama Dolores Delgado? Tengo que
confesarles a ustedes que tienen una auténtica obsesión con Pedro Sánchez
y con la fiscal Dolores Delgado. La fiscal Dolores Delgado, como tuvimos
ocasión de compartir aquí cuando compareció, tiene una hoja de servicios
intachable a la democracia y a la defensa de los delitos. (Risas).
Intachable hasta el extremo de que fueron sus propios compañeros quienes
decidieron que ella entrase en el Consejo Fiscal. Solamente durante un
año y medio se ha dedicado la política, el resto de su vida ha ejercido
una actividad profesional como es la persecución de los delitos de todo
tipo, incluso algunos de los delitos que hoy en día tenemos, como el
blanqueo de capitales, tienen mucho que ver con sus investigaciones en
los juzgados y tribunales del Prat de Llobregat. ¿Por qué atacan
ustedes?, además con términos con los que a veces, sinceramente, señorías
del Grupo Popular, caen en un machismo extraño que no acabo de
comprender. (Rumores). Simplemente, es una de sus obsesiones, como en el
caso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Entiendo que ustedes
votan en contra de un instrumento contra la corrupción porque quien
gobierna es Pedro Sánchez. Esta es la conclusión. ¿Por qué? Porque el
Partido Popular está muy preocupado por el caso Kitchen y todo su
entorno, y esto les hace ver que el tiro está equivocado. (Rumores).
Nosotros les hemos escuchado con atención, sin esos aspavientos que
hacen, y me gustaría que fueran ustedes capaces, por una vez en su vida,
de escuchar la voz de otros que piensan distinto. Parece que a ustedes
solamente les gusta escucharse a sí mismos o la voz de aquellos que
piensan como ustedes y de la ultraderecha, pero no la de partidos como el
Partido Socialista, que lleva más de ciento cuarenta años de servicio
democrático a este país de y al que ustedes no van a dar en ningún caso
lecciones de democracia. (Aplausos).


Hay unos que buscan la crispación permanentemente y
otros que lo que buscamos son soluciones a los problemas. Esta comisión
es un ejemplo de ello. En esta comisión hemos aprobado siete leyes
fundamentales y algunas de ellas, por sí solas, merecen y justifican una
legislatura, como la Ley de eutanasia, por poner un ejemplo. También esta
comisión ha contribuido con otras para aprobar leyes como la de las
personas con discapacidad. Son leyes fundamentales, hemos hecho un
esfuerzo enorme durante estos meses. Además, hemos tenido comparecencias:
en dos ocasiones del ministro de Justicia, de la fiscal general, del
director de calidad e innovación para ver cómo va el proceso de
digitalización. En fin, se está haciendo un trabajo intenso en esta
comisión. Si a esto añadimos que se han aprobado leyes como la LOMLOE, la
del cambio climático o, especialmente, la de presupuestos, estamos
demostrando que el Gobierno de coalición es capaz de transformar este
país y hacerlo de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y de las
ciudadanas para hacer un país más justo, más tolerante; un país mejor
para vivir Eso es lo que se está haciendo y, frente a esto, lo único que
escuchamos, francamente, son expresiones en algún caso muy simplonas
—tengo que decírselo a ustedes— y que caen en el más absoluto
de los ridículos. Sigan ustedes con la crispación porque no van a desviar
en absoluto el propósito del Partido Socialista, el propósito de quienes
apoyamos a este Gobierno para continuar adelante mejorando la sociedad de
nuestro país.


Muy brevemente, tengo que decirles una cosa
respecto a algunas de las afirmaciones que han hecho. En primer lugar,
había dos Judas: uno era Iscariote y el otro Tadeo. No sé a cuál se
referían. Sería bueno que nos aclarasen cuál de los dos Judas era porque,
en función de eso, veremos cuál es su pensamiento, el pensamiento real
que tiene el Grupo Popular sobre este pasaje bíblico. Por otro lado,
cuando ustedes hacen referencia a los refranes, díganlos bien. El refrán
no es coger las ramas, es coger el rábano por las hojas. A ver si
aprenden ustedes un poco de castellano antes de hacer ese tipo de
intervenciones porque, francamente, en algunas ocasiones caen en el más
absoluto de los ridículos. Pero, sobre todo, lo que más me ha llamado la
atención ha sido una frase que ha pronunciado el portavoz del Grupo
Popular. Ha dicho: ustedes nos insultan, déjennos a nosotros también dar
nuestra opinión. Es decir, que para el Grupo Popular insultar es dar
opinión. Es algo verdaderamente incalificable, y me parece que demuestra
cuál es la intención del Grupo Popular cuando acude a este tipo de
intervenciones. (Rumores).


Por mi parte, quiero agradecer a mis compañeros y
compañeras de grupo el esfuerzo y dedicación para sacar adelante todas
estas leyes. Al presidente, le agradezco la manera y la flexibilidad con
las que dirige estas sesiones y a la letrada de la comisión que en muchas
ocasiones nos haya permitido llegar a acuerdos resolviendo algunos de los
problemas; agradecimiento que hago extensivo a todos los servicios de la
Cámara porque, gracias a eso, esta comisión es capaz de sacar adelante
estos proyectos de ley y de hacer un país mejor.


Señorías, voy a concluir mi intervención
—pensaba que iba a ser de otra manera, pero, francamente, al final
ha ido por otros derroteros— poniendo de manifiesto que la
vacunación está avanzando a un ritmo verdaderamente excepcional, que los
fondos europeos ya casi están llegando y que estamos consiguiendo
transformar nuestro país haciendo normas que permiten un país más justo,
donde los derechos se respetan y las libertades se amplían. Este es el
trabajo real. Si ustedes quieren seguir en la crispación, sigan; los
socialistas, las socialistas y todos los que apoyamos a este Gobierno
seguiremos empeñados en hacer un país mejor, más justo y más
tolerante.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Oleaga.


A continuación, vamos a someter a votación el texto
aprobado por la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 18; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la
ponencia. Por consiguiente, ha sido dictaminado por la Comisión de
Justicia el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento de la
Unión Europea 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el
que se establece una cooperación reforzada para la creación de la
Fiscalía Europea.


Finalmente, procede designar el miembro de la
comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno
del Senado.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Yo propongo que sea el
presidente de la comisión, quien representa a todos, el que haga la
defensa en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Hay alguna otra propuesta? (Denegaciones). ¿Están
de acuerdo? (Asentimiento). El presidente asume encantado la
misión.


Concluido el orden del día, se levanta la
sesión.


Eran las trece horas y dieciocho minutos.