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DS. Senado, Comisiones, núm. 236, de 16/06/2021
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COMISIÓN DE TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO ARMANDO FERRER SAIS


Sesión celebrada el miércoles, 16 de junio de 2021


ORDEN DEL DÍA






Comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad
Social y Pensiones, D. Israel Arroyo Martínez, ante la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para informar sobre
nuevas prestaciones y pensiones.


713/000213
prestación social

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO





Contestación del Gobierno a




Pregunta sobre los motivos de la falta de
contestación a su pregunta sobre las actuaciones realizadas por el
Gobierno para dar cumplimiento a la moción por la que se le instaba a la
adopción de determinadas medidas en relación con la jubilación
anticipada.


681/000120
cotización social; jubilación
anticipada; política de empleo


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre las actuaciones realizadas por el
Gobierno para dar cumplimiento a la moción por la que se le instaba a la
adopción de determinadas medidas en relación con la jubilación
anticipada.


681/000121
cotización social; jubilación
anticipada; política de empleo


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el importe medio de la pensión del
colectivo de jubilados anticipados a los cuales se les ha aplicado una
penalización por jubilarse antes de los sesenta y cinco años de edad, con
anterioridad a la aplicación de los coeficientes reductores, con
indicación del porcentaje medio de penalización aplicado y del número
medio de años de anticipación en su acceso a la pensión de
jubilación.


681/000124
cotización social; declaración fiscal;
jubilación anticipada; pensión de jubilación


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que, a los efectos de acreditación del periodo de
cotización efectiva en los casos de jubilación anticipada voluntaria, no
se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y solo
se compute el período de prestación del servicio militar obligatorio o de
la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un
año.


681/000125
cotización social; jubilación
anticipada; política de empleo; servicio militar


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para realizar las modificaciones legales necesarias para que, en
aquellos casos en los que se haya accedido a la jubilación anticipada de
manera voluntaria y en los que se aplican coeficientes reductores por
trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir
la edad legal de jubilación, dejen de aplicarse los coeficientes
reductores desde el momento en que el pensionista cumpla la edad legal de
jubilación.


681/000126
cotización social; jubilación
anticipada; pensión de jubilación


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que a todos aquellos jubilados anticipados que hayan
cotizado por el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores
por cuenta ajena, así como por el Régimen de Trabajadores Autónomos, con
cuarenta o más años cotizados y que en el momento de promulgarse las
correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social
tengan ya 65 o más años de edad, se les deje de aplicar los referidos
coeficientes reductores y se les calcule la pensión según su base
contributiva y los años cotizados.


681/000127
cotización social; pensión de
jubilación; política de empleo; profesión independiente


MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la gestión del ingreso mínimo vital por parte de las
Comunidades Autónomas.


681/000682
ingreso mínimo de subsistencia; relación
Estado-entidades territoriales


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre el planteamiento del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con respecto a la obligada
modificación del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, referido al complemento por maternidad en las
pensiones contributivas, derivada del fallo del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.


681/000757
prestación por maternidad; programa de
actuación


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre el calendario inicial que tiene el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para realizar la
traslación normativa derivada de los acuerdos conseguidos en el Pacto de
Toledo.


681/000803
política social

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre si el Gobierno remitió a Bruselas
una propuesta para ampliar a 35 años de cotización el período para el
cálculo de las pensiones.


681/000826
cotización social; pensión de
jubilación


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre el documento o propuesta enviados a
Bruselas en relación con el cálculo de las pensiones, así como sobre el
documento remitido, en su caso, referido a la reforma del sistema de
pensiones.


681/000850
modificación de la ley; pensión de
jubilación


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre los criterios que han servido de
base para la nueva redacción del artículo 60 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.


681/000869
modificación de la ley; seguridad
social


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre si el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones ha propuesto alguna medida para que no se
tengan en cuenta las prestaciones de un expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) como procedentes de un segundo pagador, a los efectos
del IRPF.


681/000903
impuesto sobre la renta de las personas
físicas; seguro de desempleo; supresión de empleo


PÉREZ SICILIA, BORJA (GPP)





Pregunta sobre las actuaciones que va a impulsar
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con respecto a
los fondos de pensiones públicas de empresa para la jubilación, con
indicación de la previsión temporal en cuanto a la presentación del
proyecto de ley.


681/000906
condición de jubilación; pensión
complementaria


FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre la fecha en la que el Gobierno
remitió a la Generalitat Valenciana el borrador del decreto-ley que
regula el ingreso mínimo vital para que pudieran presentar aportaciones,
así como respecto a las reuniones mantenidas con el Ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tratar este
asunto.


681/001115

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas que han
solicitado el ingreso mínimo vital en el municipio de Torrechiva
(Castellón/Castelló) en los años 2020 y 2021 y se les ha denegado la
petición.


681/001116

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas que han
solicitado el ingreso mínimo vital en el municipio de Montán
(Castellón/Castelló) en los años 2020 y 2021 y se les ha denegado la
petición.


681/001117

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas que han
solicitado el ingreso mínimo vital en el municipio de el Campo de
Mirra/Camp de Mirra (Alicante/Alacant) en los años 2020 y 2021 y se les
ha denegado la petición.


681/001118

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el calendario definitivo de
implementación del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de
los trabajadores autónomos por sus ingresos reales.


681/001122

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre si se ha negociado con los
interlocutores sociales la reforma del sistema de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores autónomos.


681/001123

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (GPP)





Pregunta sobre el número de personas del municipio
de Cofrentes (Valencia/València) beneficiarias con el ingreso mínimo
vital de importe inferior a 200, 100 y 50 euros al mes durante los años
2020 y 2021.


681/001143

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas del municipio
de Alaquàs (Valencia/València) a las que se les ha denegado la concesión
del ingreso mínimo vital durante los años 2020 y 2021.


681/001146

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas del municipio
de Mislata (Valencia/València) a las que se les ha denegado la concesión
del ingreso mínimo vital durante los años 2020 y 2021.


681/001147

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas del municipio
de Manises (Valencia/València) beneficiarias con el ingreso mínimo vital
de importe inferior a 200, 100 y 50 euros al mes durante los años 2020 y
2021.


681/001148

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de personas del municipio
de Sempere (Valencia/València) a las que se les ha denegado la concesión
del ingreso mínimo vital durante los años 2020 y 2021.


681/001149

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





Pregunta sobre el número de hogares beneficiados
con el ingreso mínimo vital de importe inferior a 100 y 400
euros.


681/001157

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)






Dictaminar




Proyecto de Ley de trabajo a distancia (procedente
del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre).


621/000025
Derecho del trabajo; Internet; condición
de trabajo; contrato de trabajo; cultura organizativa; igualdad de trato;
nueva tecnología; pequeña y mediana empresa; trabajo a
distancia


GOBIERNO




Se abre la sesión a las once horas y quince minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días,
señorías.


Antes de iniciar el orden del día la sesión quiero comentarles
una cuestión. Como saben, está convocada también la comisión a las
dieciséis horas para tratar el Proyecto de Ley sobre el trabajo a
distancia y, si estuvieran de acuerdo, al terminar la comparecencia del
secretario de Estado de la Seguridad Social, continuaríamos para empezar
ya a tratar esta misma mañana, si nos da tiempo, el proyecto de ley. Si
no hay ninguna objeción, entiendo que todos están de acuerdo. La razón es
simple: que hay senadoras y senadores que tienen previsto el regreso a
sus domicilios con anterioridad a las seis y media o siete de la tarde, y
la idea sería terminar antes. ¿Les parece bien? (Asentimiento). Veo que
no hay ninguna objeción; por lo tanto, al terminar la comparecencia del
secretario de Estado, comenzaremos la tramitación del proyecto de ley.
(La señora Ahedo Ceza pide la palabra).


Senadora Ahedo, tiene la palabra.


La señora AHEDO CEZA: Perdón, yo no voy a poner ninguna pega,
pero, por lo que está diciendo, entiendo que dentro de la comparecencia
van incorporadas todas las preguntas y las respuestas.


El señor PRESIDENTE: No, aparte. De hecho, la convocatoria es
con las preguntas orales. Esto lo haríamos al terminar las preguntas
orales, claro.


La señora AHEDO CEZA: ¡Pero hay veintiséis preguntas!


En todo caso, yo sí pediría un mínimo receso, aunque sea de un
cuarto de hora; entre otras cosas, porque a los grupos pequeños nos
cuesta revisar las enmiendas y necesitamos, por lo menos, ponerlas en
orden en el papel.


El señor PRESIDENTE: La idea, que no la he expuesto por no
parecer exhaustivo en el preámbulo, sería empezar con el proyecto sobre
las trece horas o trece horas y treinta minutos, trabajar una hora, hacer
una pausa de otra hora y volver a las a las quince horas o quince horas y
treinta minutos, como máximo. Con lo cual, ya tenemos una hora de trabajo
por delante y atendemos así a lo que está planteando, porque no es lo
mismo para los grupos con mayor número de componentes que para aquellos
en los que hay una sola persona. Sin duda, atendemos esa petición.


Corresponde la aprobación del acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado 2 de junio. ¿Alguna observación al acta? ¿Podemos
considerar que se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).


Se aprueba por asentimiento.







COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES, D. ISRAEL ARROYO MARTÍNEZ, ANTE LA COMISIÓN
DE TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, PARA INFORMAR
SOBRE NUEVAS PRESTACIONES Y PENSIONES.


713/000213

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


El señor PRESIDENTE: Empezamos con la comparecencia del
secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, don Israel
Arroyo Martínez, para informar sobre las nuevas prestaciones y pensiones,
a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Le damos la bienvenida,
señor secretario de Estado.


Adelanto que, posteriormente, las intervenciones de los
portavoces serán de siete minutos. No habrá turno de réplica, sino que
habrá una contestación final del secretario de Estado. Gracias.


Por lo tanto, tiene la palabra el señor secretario de
Estado por el tiempo que estime necesario.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PENSIONES (Arroyo Martínez): He preparado una breve presentación, que yo
creo que es la forma más adecuada de dar respuesta a la petición de
comparecencia. (El señor compareciente apoya su intervención con una
presentación digital). Básicamente, la hemos estructurado en tres grandes
puntos. El primero es sobre las medidas que se han adoptado durante
el 2020 y que se han prorrogado y extendido, y en algún caso modificado,
durante el 2021 para hacer frente a la pandemia. Son medidas que en gran
parte tienen que ver con la Seguridad Social, en algunos casos con
prestaciones, pero en otros con exoneraciones o ayudas en la cotización o
en medidas de liquidez; en cualquier caso, nos parecían muy relevantes de
cara al contenido de la petición de comparecencia. Vamos a hacer una
referencia, por supuesto, al ingreso mínimo vital, como no podía ser de
otra manera, que, como saben ustedes, ha sido uno de los elementos
esenciales de la labor del ministerio durante este año y medio. Y luego
haré una somera mención del estado de la implementación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, que todos celebramos que se pudieran
aprobar el año pasado después de mucho tiempo.


Comienzo, como les decía, con las medidas adoptadas
para hacer frente a la pandemia. En este gráfico mostramos, en la parte
de arriba, el número de hospitalizaciones por meses, desde el comienzo de
la pandemia a principios de marzo hasta el momento presente. La idea de
esto es ver cómo la pandemia, como todos sabemos, ha tenido una acción en
olas, no ha sido continua. Los problemas que teníamos en marzo o abril
del año pasado no fueron los que tuvimos después del verano ni los que
hemos tenido después de Navidades o hace un mes. La intensidad de la
pandemia ha sido muy diferente y eso ha tenido implicaciones,
fundamentalmente, de cara al tipo de medidas que se han tenido que
adoptar. A nosotros nos gusta hablar de que ha habido un binomio entre
medidas de protección y medidas destinadas a la activación. De manera
inicial, al comienzo de la pandemia, lógicamente, como ocurrió en todos
los países del mundo prácticamente, lo que hubo fue una contracción muy
fuerte de la actividad económica derivada de unas medidas administrativas
de restricción, y en ese momento sabíamos que lo imprescindible era
contener la extensión de la enfermedad. Posteriormente, de esas medidas
hubo que ir pasando a otro tipo de medidas que lo que buscaban era que la
actividad volviera a la normalidad de manera paulatina, siempre
manteniendo unos niveles adecuados de protección. Aquí podemos ver cómo
las primeras medidas que se adoptaron, incluso ya antes del primer real
decreto ley, de mediados de marzo, tuvieron que ver con la extensión de
la incapacidad temporal, o sea, la protección no solo para los
trabajadores infectados, sino también para aquellos, por ejemplo, que
tenían que ser aislados aunque no se les hubiera diagnosticado la
enfermedad. Esto comenzó desde el primer día en que tuvimos conocimiento
de la enfermedad, se ha mantenido hasta la fecha y continúa
existiendo.


Ya en el primer real decreto ley se sacaron los
primeros ERTE, un instrumento que ya existía, pero se sacaron unos
específicos y adaptados para la situación de la pandemia. Estos ERTE
tenían como característica principal el hecho de conllevar un fuerte
acompañamiento del sector público, en el sentido de que durante la
situación de ERTE las empresas no estaban obligadas a cotizar, o sea,
había una exoneración de cotizaciones. La exoneración de cotizaciones era
una ayuda de la Seguridad Social al mantenimiento del empleo en esta
situación. De forma paralela, se sacó algo muy novedoso: una prestación
para los autónomos, que, lógicamente, no tenían posibilidad de estar en
ERTE y que lo que tenían hasta ese momento era lo que se conoce
coloquialmente como el paro de autónomos, que era el cese de actividad,
pero el cese de actividad no está dimensionado realmente para hacer
frente a una situación como la que se vivió. Lo que se creó en ese
momento fue una prestación absolutamente novedosa que básicamente
extendió de una manera muy generalizada la posibilidad de protección ante
la falta de ingresos a los autónomos. Esta prestación se concedió a
través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.


Vemos cómo, más o menos a finales de abril o mediados
de mayo, la situación de la pandemia mejoró mucho y de cara al verano
pasamos a una situación muy distinta, y en ese momento se produjo una
enorme activación. Perdón, olvidaba mencionar que junto a esto se
produjeron medidas de acompañamiento que tenían que ver con la liquidez
de las empresas. La Seguridad Social concedió el doble de aplazamientos
de los que se conceden en un año normal; se eliminó la necesidad de
presentar garantías; se bajaron mucho los intereses. En resumidas
cuentas, lo que se puede decir es que la Seguridad Social, junto con los
préstamos del ICO, concedieron toda la liquidez que era necesaria y que
en ese momento demandaban las empresas. Y eso ha permitido algo que yo
creo que es muy relevante, muy significativo: que hemos conseguido
mantener la tasa de morosidad de las empresas durante esta crisis en
niveles incluso inferiores a los que teníamos antes de la pandemia. Esto,
por ejemplo, es absolutamente contradictorio con lo que ocurrió en la
crisis financiera, donde la morosidad en las empresas se disparó, las
insolvencias se dispararon y, finalmente, asistimos a los procesos
concursales y las quiebras. Esto hasta la fecha no ha pasado, y yo creo
que es algo novedoso y relevante. Como decía, con una situación que
mejoraba de cara al verano, la siguiente prórroga de los ERTE y la
siguiente prórroga de las prestaciones a autónomos, en ese binomio
protección-activación, pretendió incidir en la activación. Funcionó muy
bien, se introdujeron incentivos para que las empresas que tenían
trabajadores en ERTE los fueran activando, se fuera superando esa pequeña
incertidumbre que las empresas tenían de cara a volver a la actividad, y
conseguimos sacar de manera muy rápida a un par de millones de
trabajadores que estaban en ERTE; salieron en un mes de la situación de
ERTE y volvieron a la actividad. Después del verano, como sabemos, llegó
la segunda ola y, nuevamente, hubo que volver a medidas de protección.
¿Cuál es la característica peculiar de la segunda ola? Que la segunda ola
ya estaba muy encapsulada, si en la primera ola la pandemia en sus
aspectos económicos afectó a toda la economía, en la segunda ola
fundamentalmente se concentró en unos cuantos sectores: turístico, líneas
aéreas, hoteles. El resto de la actividad, aunque lógicamente se vio
afectada, mantuvo un nivel de actividad muy diferente al que tuvo durante
la primera ola. Las medidas que se adoptaron entonces tuvieron esto en
cuenta, con una protección específica y extraordinaria para las empresas
de estos sectores. Esta situación más o menos se prorrogó sin cambios en
la siguiente prórroga, que fue la que tuvo lugar después de Navidades,
porque, efectivamente, justo en Navidades hubo un pequeño rebrote
—como podemos ver en el gráfico superior—, un pequeño
recrudecimiento de la situación sanitaria. Y en la última prórroga de los
ERTE que se acaba de firmar después de pasar por el diálogo social se da
una situación intermedia, donde se mantiene la situación de protección,
pero se vuelven a introducir algunas medidas tendentes a la activación,
fundamentalmente porque entendemos que al ritmo que está yendo la campaña
de vacunación y con la evolución que están mostrando los principales
indicadores económicos, lo fundamental en este momento es que las
empresas que puedan activar a sus trabajadores lo hagan, que superen esta
incertidumbre; todo esto, lógicamente, manteniendo a la vez la protección
para aquellas empresas que aún la sigan necesitando. Esta es una
panorámica prácticamente completa de las medidas que se han adoptado a lo
largo de este año y medio.


Esta es la evolución del número de trabajadores en
ERTE. Como decía, tuvimos un momento de un incremento enorme del número
de trabajadores en ERTE. Esto era algo inimaginable en nuestro mercado de
trabajo: 3 600 000 de trabajadores en el punto máximo, que a su vez
mantenían la relación laboral con su empresa y cobraban su prestación de
desempleo, y además la empresa estaba exonerada y no pagaba cotizaciones
o, si las pagaba, eran muy reducidas. Quizá lo más llamativo es cómo
esos 3 600 000 trabajadores pudieran volver de una manera muy rápida a la
actividad. Se redujeron rápidamente y desde el verano nos hemos mantenido
entre 500 000 y 1 millón de trabajadores en ERTE, es decir, ese gran
número de trabajadores que fueron protegidos al comienzo de la pandemia
ha conseguido reducirse de manera muy rápida y se ha estabilizado,
fundamentalmente en aquellos sectores que, como decíamos, mantienen una
situación más precaria en este momento por estar básicamente relacionados
con el sector turístico e industrias asociadas. El número de trabajadores
se refleja en estos picos y aquí podemos ver cómo hay pequeños aumentos,
pero que ya nada tienen que ver con el primero; sí tienen que ver con la
evolución sanitaria, con el gráfico que veíamos anteriormente. Cuando la
pandemia se recrudece, las administraciones estatal y autonómica
introducen medidas de restricción y los ERTE son un instrumento que se ha
diseñado con la flexibilidad suficiente como para poder adaptarse a estas
restricciones, con lo que el número de trabajadores aumenta o disminuye
de manera paralela a esas restricciones. A día de hoy, hay prácticamente
cuatrocientos setenta mil afiliados en ERTE y la tendencia en el último
mes y medio es una disminución continua, y pensamos que con la evolución
de la campaña de vacunación este número no va a hacer sino
reducirse.


Aquí podemos ver cómo este mecanismo de los ERTE ha
permitido contener la destrucción de empleo. La línea superior del
gráfico, la línea azul, es la evolución de la afiliación a la Seguridad
Social. La línea roja es la evolución de la afiliación si descontamos los
ERTE. Esto sería la destrucción de empleo que habríamos tenido si no
existiera este mecanismo, si no se hubiera utilizado. Podemos ver que en
el peor momento la introducción de estas medidas ha permitido evitar la
destrucción de tres millones de puestos de trabajo. Esto es muy
relevante, porque esta crisis es muy distinta a otras que hemos vivido
anteriormente, porque sabíamos que tenía un horizonte limitado; nadie
sabía cuándo iba a estar la vacuna, pero todos sabíamos que estaría en un
plazo concreto de tiempo, no era un horizonte absolutamente desconocido.
Por eso era muy relevante que no se produjeran daños permanentes en la
economía, y con esto me refiero a que los trabajadores rompieran
totalmente su vinculación con su puesto de trabajo y tuvieran que volver
a empezar a buscar trabajo desde cero. Sabemos por crisis anteriores que
eso provoca un fenómeno que en economía se conoce como histéresis, que
viene a decir que el daño se prolonga más allá de lo que es estrictamente
imprescindible, o sea, más allá de lo que es el impacto inicial de la
crisis. Yo creo que esto demuestra que este instrumento ha sido
extremadamente útil. Ha sido tan útil que el mecanismo de los ERTE se
quiere hacer permanente; de hecho, es uno de los elementos esenciales del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia que se ha enviado a
Bruselas. Este diseño de un nuevo mecanismo de ERTE con carácter
estructural y con algunas características que un poco por ensayo y error,
no nos engañemos, se han ido perfilando en estos meses se quiere que
forme parte de manera estructural de nuestro arsenal de políticas de
empleo.


Aquí podemos ver cómo la respuesta del empleo no ha
tenido nada que ver con la que, por desgracia, padecimos en la crisis
anterior. En el momento actual ya hemos recuperado o estamos muy cerca de
recuperar el número de afiliados previos a la pandemia; nos queda todavía
por recuperar el crecimiento que no hemos tenido durante este año y
medio. Ese sería el resumen de la labor que aún queda por hacer; hemos
recuperado la posición en la que estábamos, pero no hemos recuperado
dónde estaríamos si no hubiera ocurrido la crisis. Sin embargo, la crisis
financiera, como podemos ver, no solo duró mucho más, sino que encima se
produjo una crisis sobre otra. Todos recordamos cómo tuvimos un primer
impacto muy fuerte en 2008 y 2009, cómo tuvimos un año y medio de
estabilización en el que se hablaba de brotes verdes, que parecía que en
la economía mundial se podía atisbar una pequeña recuperación. En ese
momento —y esta es una opinión mía— creo que las políticas
macroeconómicas impulsadas por los bancos centrales fueron bastante
equivocadas y en parte contribuyeron a que en 2011 y 2012 viviéramos un
recrudecimiento de la crisis que profundizó todavía más esa situación.
Tardamos, como podemos ver, prácticamente once años en recuperar los
niveles de empleo. En este caso —es verdad que en la pandemia las
características son muy distintas a las de la anterior crisis—, no
ha afectado a una parte tan importante de la economía como es el sector
financiero, pero ha tenido un impacto cuantitativamente incluso mayor que
la anterior, la caída ha sido más rápida y pronunciada. Creo que todos
hemos aprendido qué cosas no funcionaron entonces, por qué es importante
que las medidas de protección sean muy intensas, y desde el principio, o
sea, que es mejor equivocarnos protegiendo demasiado que protegiendo
demasiado poco, porque protegiendo demasiado poco se pueden producir
daños permanentes de los que después es muy difícil poderse recuperar.
Las instituciones macroeconómicas internacionales, fundamentalmente los
bancos centrales, también han aprendido que en este momento es más
importante incluso excederse en las medidas de apoyo que quedarse
cortos.


Si miramos los autónomos, aquí vemos que la diferencia
es todavía más llamativa. Los autónomos durante la crisis financiera
fueron el colectivo que quizá peor lo pasó, aunque es difícil decir quién
lo pasó peor; ellos no tuvieron realmente ni una medida de alivio. En la
crisis actual, como hemos visto, las medidas de apoyo han sido
inmediatas, muy rápidas, y eso ha permitido que en apenas unos meses
pudiéramos recuperar el nivel previo a la crisis; realmente no ha habido
destrucción de empleo entre los autónomos, e incluso ahora estamos por
encima de la situación previa a la crisis.


Además, se han adoptado otras medidas de protección.
Como explicábamos, la protección por incapacidad temporal se extendió
desde el principio a todos los trabajadores afectados por la COVID, no
solamente a los afectados, sino también a los aislados. Muchos de
nosotros habremos pasado periodos de aislamiento o conocemos a gente que
los ha tenido que hacer, porque, como todos recordaremos, en esos
primeros momentos era muy difícil que te diagnosticaran con los servicios
sanitarios colapsados. Incluso en ese caso se permitió que estos
trabajadores no perdieran su protección y tuvieran una protección por
incapacidad temporal mejorada, una protección que se asimiló a la de
accidente de trabajo. Esto fue todavía más intenso en el caso de la
protección del personal sanitario y sociosanitario, donde esta
consideración fue la de enfermedad profesional para estos colectivos
directamente más relacionados con la pandemia. También se permitió que
los trabajadores sanitarios jubilados que tuvieron que realizar labores
durante la crisis no tuvieran que renunciar a su prestación de
jubilación, pudieran compatibilizarla con esta vuelta a la actividad.
Esto cuantitativamente no es muy significativo, pero nos parecía que
simbólicamente era importante ponérselo lo más fácil posible a esta gente
que hacía un sobreesfuerzo.


Cabe destacar el importe muy significativo que tanto la
Tesorería como la Agencia Tributaria y el ICO han aportado para regar de
liquidez la economía en estas circunstancias. Esto tiene un aspecto
puramente económico, o sea, se ha entendido que era muy necesario que las
empresas tuvieran toda la liquidez del mundo para atravesar esta crisis,
pero tiene también un aspecto de gestión, porque no es nada fácil que en
una situación como la que hemos pasado, con las administraciones de la
Seguridad Social cerradas o abriendo por turnos y con las oficinas de la
Agencia Tributaria cerradas, se pudiera hacer todo esto, porque todo esto
conlleva ciertos trámites. Quiero también aquí poner de manifiesto el
esfuerzo y la extraordinaria capacidad que han demostrado las distintas
administraciones —en el caso que me toca, la Administración de la
Seguridad Social— al ser capaces de llegar a un número tan grande
de empresas de una manera tan sencilla y con agilidad. Para ello se han
diseñado procedimientos específicos, simplificados, porque lo que se
pretendía era que tanto empresas como autónomos tuvieran la posibilidad
de hacer sus solicitudes de la manera más sencilla posible; se han
minimizado los requisitos a solicitar, todo con objeto de que el dinero
pudiera llegar a las empresas en el menor plazo posible. ¿De cuánto
estamos hablando? Solamente la Seguridad Social, y es un cálculo
aproximado, ha destinado hasta septiembre unos 21 000 millones de euros
directamente a la lucha contra la pandemia. Aquí no está incluidos el
importe de las prestaciones de desempleo de los ERTE, que es otra
administración, el Servicio Público de Empleo quien los abona; si no
recuerdo mal, hasta mayo fueron 13 000 y a esto probablemente habría que
añadir otros 15 o 16 000 millones más hasta septiembre. Podemos ver el
importe muy significativo del volumen de ayudas; no están aquí tampoco
los aplazamientos y moratorias. Creo que llama la atención
particularmente el dinero que se ha destinado a ayudar a los autónomos,
sobre todo si lo comparamos con crisis anteriores en las que esto era
prácticamente cero. Es verdad que, en el caso de las empresas, lo que no
se hubiera gastado en ERTE se hubiera gastado en prestación por
desempleo; aquí ha habido un añadido, que son las exoneraciones a la
cotización, pero para los autónomos no había nada.


Voy a pasar ahora a comentar brevemente los principales
aspectos del desarrollo del ingreso mínimo vital, que creo que lo conocen
ustedes de sobra, porque no hace mucho estuvo aquí el ministro hablando
de ello, pero voy a resumirles la situación actual. No hace falta que les
diga lo que ha supuesto el ingreso mínimo vital para la Seguridad Social.
Esta prestación era un proyecto que se pretendía llevar a cabo a lo largo
de la legislatura, un proyecto que estaba en el programa de gobierno y el
horizonte que se manejaba era ese. Esto no solamente no ha sido así, sino
que ha habido que llevarlo a cabo en meses, ponerlo en funcionamiento en
seis meses y atender un número de solicitudes que nos ha sorprendido a
todos en un breve espacio de tiempo. Para poner un poco en contexto lo
que ha supuesto el ingreso mínimo vital, aquí podemos ver que hemos
recibido 1 300 000 solicitudes en un año, que es el doble de las
solicitudes en pensiones que recibe la Seguridad Social en un año. Por
supuesto, hemos recibido a su vez las pensiones también, o sea, este ha
sido un trabajo añadido que ha recaído en la Seguridad Social estos
meses. De ese 1 300 000, se han tramitado ya un 1 200 000, el 90 % de las
solicitudes ya se han tramitado. Para que se hagan una idea, las
solicitudes que están entrando ahora ya se están tramitando, o sea, ya no
hay bolsa. La enorme cantidad de solicitudes que se recibieron en
cuestión de mes o mes y medio, que, lógicamente, produjo un embolsamiento
y provocó que tuviéramos que ir tramitándolas con cierto retraso porque
la capacidad de gestión era la que era, ya se ha superado, se ha
eliminado, y ahora estamos tramitando en plazo las que van entrando.
Básicamente, ya podemos decir que el ingreso mínimo vital está en una
actividad estacionaria, de rodaje normal, que será la que tenga en el
futuro.


Tenemos ya 300 000 hogares beneficiarios del ingreso
mínimo vital, que suponen, aproximadamente, 730 000 personas. El 40 % de
ellas son menores, lo cual pone de manifiesto una de las características
del ingreso mínimo vital desde su diseño, que era una prestación que
tenía muy presente la pobreza estructural, pero, sobre todo, la pobreza
infantil, que yo creo que ha sido la gran olvidada del Estado de
bienestar español durante mucho tiempo. Una vez más, por poner esto en
contexto con la mejor referencia que tenemos en este ámbito, que son las
rentas mínimas autonómicas, puedo decir que ya tenemos más beneficiarios
que los que tenían en 2019 todas las comunidades autónomas después de
muchos años de experiencia. Esto no es por hacer de menos a las
comunidades autónomas, ni mucho menos, sino por poner en valor la enorme
capacidad que ha demostrado la Seguridad Social para hacer frente a una
prestación que, si ustedes conocen las rentas mínimas, saben que es
extremadamente compleja: tiene requisitos complicados, de distinto tipo,
que hay que comprobar personalmente y no es nada sencillo. ¿Cómo hemos
conseguido esto? Lo hemos conseguido, fundamentalmente, porque se ha
dedicado mucho esfuerzo a realizar y a automatizar los cruces necesarios
con otras administraciones. Para todas estas prestaciones se exigen
requisitos que tienen que ver con la capacidad económica del solicitante
y con el tipo de hogar que lo solicita, o sea, con cuánta gente vive ahí,
cuál es el domicilio, desde cuándo están. Para comprobar todos estos
requisitos, que normalmente y hasta la fecha se hacía físicamente
—o sea, el solicitante tenía que ir con papeles a la
ventanilla—, hemos hecho de la necesidad virtud y, en una situación
en la que las administraciones y los centros de atención de la Seguridad
Social estaban cerrados, hemos tenido que automatizarlos. Entonces, se
han realizado cruces con las distintas administraciones que permiten que
todas esas verificaciones se realicen de manera automática agilizando
enormemente el procedimiento.


Esto es un esquema que resume el modelo de
funcionamiento del ingreso mínimo vital, que es lo que permite que esta
agilización haya sido tan notable. Se puede leer así: llega la
solicitante en este caso —la personita que está aquí—,
presenta su solicitud, bien a través de nuestro formulario web, bien
presencialmente o a través de una comunidad autónoma; esa solicitud se
digitaliza, se sube a la nube y se vuelca a la aplicación donde se
gestiona el ingreso mínimo vital; se abre el expediente y, a partir de
ahí, se producen todos estos cruces: con el Servicio Público de Empleo,
con la Agencia Tributaria o, en su caso, con las haciendas forales, con
el INE y con la Policía —son cruces con los que todos los datos de
estas distintas administraciones se incorporan al expediente—;
después se cruza con la base de datos de pensiones y con el fichero de
afiliación, que esto ya es interno nuestro pero también se hace
automáticamente, y, finalmente, se produce un expediente donde ya van
incorporados todos los datos y los requisitos y el funcionario lo único
que tiene que comprobar es si efectivamente ese se dan o no se dan los
requisitos que contempla la ley. Con todo esto, lo que estamos
consiguiendo es que a día de hoy, una vez liberados de toda esa bolsa que
se produjo en los primeros meses, la gestión de una solicitud del ingreso
mínimo vital esté siendo, en la práctica, inferior a un mes. Estamos
tramitando de una manera muy rápida, no distinta a una pensión, por
ejemplo, y eso es muy significativo porque, como podemos ver y como
saben, esta es una prestación mucho más complicada.


Aun así, no estamos satisfechos y les mentiría si
dijera lo contrario. El ingreso mínimo vital es una política que nació
con la intención de ser un elemento esencial de nuestro Estado de
bienestar, un elemento que faltaba, y la Comisión Europea nos lo afeaba
de manera permanente, a través de sus recomendaciones específicas de
país, diciendo que no había un instrumento genuino de lucha contra la
pobreza, específicamente de lucha contra la pobreza infantil, y que lo
que había eran parches más o menos bien intencionados que en unos casos
funcionaban mejor y en otros no, pero que como Estado nos faltaba ese
elemento del Estado de bienestar. Y el ingreso mínimo vital se diseñó a
partir de mucho conocimiento previo y mucha experiencia previa, pero un
poco de una manera experimental, y ese diseño experimental tiene que ver
también con cómo entendemos nosotros esta política y con cómo tienen que
ser, en general, las políticas públicas. Nosotros pensamos que las
políticas públicas tienen que ser objeto de una evaluación continua; o
sea, no podemos estar nunca satisfechos, sino que tenemos que buscar
permanentemente la mejora de las políticas públicas. Hemos visto, durante
la implantación del ingreso mínimo vital, que había cosas que en el
diseño inicial se nos escaparon y que había que mejorar; creemos que
todavía quedan cosas por mejorar y que hay cosas que habrá que añadir.
Esto se ha reflejado en distintas modificaciones que se han producido
durante la vigencia, ya en funcionamiento, del ingreso mínimo vital.
Algunas de estas mejoras que se han introducido en algunos de estos
reales decretos —se han mencionado aquí— tienen que ver con
algunos requisitos de acceso; tienen que ver, por ejemplo, con la
configuración de lo que entendemos por unidad de convivencia, es decir,
lo que entendemos por un hogar, con la relación, que es compleja, entre
hogares y viviendas, que en esta prestación es compleja porque en una
vivienda pueden vivir varios hogares —sabemos que entre los
solicitantes de esta prestación esto es así en muchos casos—, y
tienen que ver con la forma de acreditar ciertos requisitos que, en
aquellos casos en que los datos no obran en poder de las
administraciones, es necesario que alguien los acredite. Nosotros no
tenemos un sistema de servicios sociales lo suficientemente dimensionado
para realizar esa acreditación de una manera directa y eso nos ha llevado
a que se habilite, de manera transitoria, de manera temporal y hasta que
estos servicios sociales se adapten, la posibilidad de que distintas
organizaciones no gubernamentales que cumplan unos determinados
requisitos puedan también realizar esa labor de acreditación. En
cualquier caso, como les decía, pasado un año de vigencia del ingreso
mínimo vital, se va a realizar una evaluación; se va a poner a
disposición de la sociedad y, por supuesto, también de todos ustedes una
evaluación exhaustiva del resultado y de los objetivos iniciales, de los
que se han conseguido, de los que aún estamos lejos, de las razones por
las que pensamos que estamos lejos. Esto será presentado en breve.


Un tema relevante —quizá lo recuerden, porque
creo que ya lo contó el ministro en su anterior comparecencia— es
que, entre las solicitudes que estamos denegando, un número importante de
ellas —cuando vemos el número de denegaciones puede parecer alto;
estamos hablando de que prácticamente dos tercios de las solicitudes que
llegan se deniegan— es porque no cumplen los requisitos de renta o
patrimonio, es decir, nos está solicitando la prestación gente que tiene
rentas altas o que tiene un patrimonio alto, en algún caso muy elevado.
Aquí podemos ver que los importes que muestran son muy superiores a los
umbrales, es decir, que no es que estén un poquito por encima de lo que
marca la norma, sino que están muy por encima. Y esto nos hace pensar que
también hay gente que, cumpliendo los requisitos, no nos lo está
pidiendo, o sea, gente que si hubiera pedido la prestación probablemente
tendría derecho, pero que no la ha pedido. Esto, en la literatura de
lucha contra la pobreza o de rentas mínimas, se conoce como non take up.
Se dará más detalle cuando se presente esta evaluación, pero creo que
estudiar las causas y cómo luchar contra este non take up es un elemento
muy importante y novedoso de esta evaluación que vamos a realizar.


Y aquí podemos ver cómo esta prestación, esta política,
sí atiende a ese objetivo que nos estaba solicitando la Comisión Europea,
ese objetivo genuino de lucha contra la pobreza y redistribución. La
primera parte de este gráfico muestra la relación entre la renta per
cápita de las distintas comunidades autónomas y el porcentaje de su
población beneficiario de sus propias rentas mínimas autonómicas. Podemos
ver, de manera un poco sorprendente, que cuanto más rica es la comunidad
autónoma, más beneficiarios tiene, que es un poco contradictorio con lo
que uno pensaría de una política que lo que pretende es luchar contra la
pobreza. En el gráfico derecho vemos qué ocurre con los beneficiarios del
IMV cuando los distribuimos por comunidades autónomas. Aquí vemos que
ocurre lo contrario, lo que uno espera de un instrumento de lucha contra
la pobreza, que las comunidades que son más pobres y que tienen, por lo
tanto, más pobres también tienen más beneficiarios. Este es un gráfico
que nos tiene que hacer pensar que vamos por el buen camino, o sea, que
efectivamente este es un instrumento que está ayudando a luchar contra
esa pobreza extrema. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con que la
prestación, aunque pueda parecer modesta, es significativamente más
elevada que la prestación media en las distintas comunidades autónomas;
es decir, no solamente estamos dando más y a gente más pobre, sino que
además la prestación es más elevada. Y, como les decía, los hogares a los
que nos estamos dirigiendo también son singulares. Tenemos muchos hogares
con menores: prácticamente, la mitad de los beneficiarios de la
prestación son menores; en un gran número de hogares beneficiarios hay
menores y, en muchos casos, son hogares monoparentales. Hay muchísima
casuística, si algo estamos aprendiendo en estos meses es que hay una
casuística enorme y que, en general, el problema de la pobreza infantil
existía y existe en nuestro país. Y algo que nos tiene que hacer
reflexionar es el hecho de que de esto no se haya hablado en muchos
años.


Y ahora voy a pasar a la tercera y última parte de la
presentación, que es exponerles brevemente cuál es la situación, en este
punto, de la implementación y traslación de las recomendaciones que nos
ha hecho el Pacto de Toledo.


No les descubro nada si les digo que las
recomendaciones del Pacto de Toledo, que tuvieron un consenso amplísimo
tanto en la comisión como después, en su ratificación por el Pleno del
Congreso, son unas recomendaciones bastante genéricas —las podemos
ver aquí—. Son muy completas en el sentido de que atienden a muchos
aspectos muy distintos del sistema de Seguridad Social, pero —y
creo que este es el precio que hay que pagar por un consenso tan
amplio— son unas recomendaciones muy genéricas que no es fácil
trasladar a una norma, porque una norma tiene que tener un nivel de
detalle mucho mayor y, a lo mejor, detrás de ese consenso, no todos
estábamos entendiendo lo mismo. En una recomendación, una parte podía
estar viendo una cosa y otra podía estar viendo, entiendo que con
matices, algo ligeramente distinto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho
ha sido intentar trasladar esas recomendaciones de la manera más honesta
y responsable y que atendiera al espíritu de las recomendaciones de la
manera más clara posible. Esto lo hemos hecho mediante la apertura de un
proceso de diálogo social que se inició una vez se aprobaron las
recomendaciones, a finales de septiembre, y se ha pasado por la comisión
permanente del Pacto de Toledo para dar cuenta de la evolución de ese
diálogo social y de la implantación de esas recomendaciones. Y aquí ha
habido un elemento con el que no contábamos ninguno en este proceso, que
es que, entre una cosa y otra, entre la aprobación de las recomendaciones
del Pacto de Toledo y su traslación a normas, se nos ha atravesado el
Plan de recuperación, transformación y resiliencia que, como saben, tiene
como componente 30 un elemento que es la reforma de las pensiones.
Entonces, a nosotros nos parecía que la forma cabal de integrar en ese
componente las reformas que necesita España era trasladando a su vez las
recomendaciones del Pacto de Toledo y los principales elementos de esa
reforma que pretendíamos. Si el Plan de recuperación lo que pretende es
poner de manifiesto cuáles son los elementos y las reformas que necesita
España para crecer, parece que lo lógico es que las recomendaciones del
Pacto de Toledo y las políticas que se iban a llevar a cabo en respuesta
a esas recomendaciones se tuvieran en cuenta; tenía que haber una
coherencia total entre ambos ámbitos. Esto ha complicado llevar esto a
cabo porque nos ha marcado unos plazos que no eran con los que contábamos
inicialmente. Fundamentalmente, ha supuesto comprimir mucho los plazos
del diálogo social, y hay que dar las gracias a los interlocutores
sociales porque han tenido una disposición magnífica a tener tantas
reuniones y tantas horas de trabajo como han sido necesarias para poder,
junto con nosotros, intentar poner cara y ojos a estas
recomendaciones.


El punto de partida con la Comisión Europea ha sido
complicado, y lo ha sido porque partíamos de una situación que yo creo a
ninguno nos resulta confortable. Partía de que, básicamente, el statu quo
con la Comisión Europea era la reforma de las pensiones aprobada en 2013
que, como recordarán, es una reforma que no pactó el Pacto de Toledo y
que no pasó por el diálogo social, pero que está en legislación, que
básicamente es la reforma que contiene el índice de revalorización de las
pensiones, la desvinculación de la evolución de las pensiones del IPC y
el factor de sostenibilidad. Este es el punto de partida de la Comisión
Europea, pero no es el punto de partida del Pacto de Toledo, que ha
rechazado de manera unánime esa reforma. Entonces, claro, hemos tenido
que ir a la Comisión Europea y explicarles que la reforma del Pacto de
Toledo va en una línea distinta, pero que eso no quiere decir que las
pensiones no sean sostenibles o que haya un problema de sostenibilidad
con las pensiones; lo que quiere decir es que las medidas que se tienen
que adoptar para garantizar la sostenibilidad se entiende que son
diferentes. Esto también tiene que ver con que las cifras de
sostenibilidad con las que contaba la comisión, que eran las cifras que
en su momento comunicó España, no eran correctas, no reflejaban
adecuadamente cuál es la posición de la sostenibilidad del sistema de
pensiones a largo plazo. Esas cifras ha habido que corregirlas, explicar
el motivo de esos errores y ha habido una labor de diálogo con la
Comisión Europea más o menos intensa. Básicamente, la Comisión Europea,
en su escenario vigente hasta ese momento, entendía que la derogación del
IRP, del índice de revalorización de las pensiones, y el factor de
sostenibilidad suponían un aumento de 5 puntos en el porcentaje de gasto
sobre PIB que suponía el gasto en pensiones en 2050. La cifra correcta,
según todas las estimaciones, está más en el entorno del 3,5, pero,
claro, ese 5 era una cifra que había salido de nosotros. Entonces, ha
habido que realizar una labor intensa de pedagogía para explicar el
motivo de estas diferencias. Pero, una vez que hemos aquilatado cuál es
realmente el impacto que sobre el gasto en pensiones tiene esta
eliminación del factor sostenibilidad y del índice de revalorización de
las pensiones y ya sabemos exactamente de cuánto estamos hablando, será
posible ver las medidas alternativas que se han diseñado para garantizar
la sostenibilidad del sistema.


Este gráfico es un poco abstracto. Voy a hacer un
esfuerzo por explicarlo. Este era el problema que tenía el IRP, del que
todos éramos conscientes, de ahí que por unanimidad hayamos llegado al
entendimiento de que este mecanismo no tenía que seguir en vigor. El
índice de revalorización de las pensiones lo que suponía era una pérdida
de poder adquisitivo para un pensionista medio de un 30 %, y no solamente
suponía una pérdida de poder adquisitivo del 30 %. En la primera parte
del gráfico, la señalada con el número 1, ese triángulo rosa es la
pérdida de poder adquisitivo del pensionista medio. Si las pensiones se
siguieran revalorizando con el IPC, como hasta 2013, la pensión final de
ese pensionista sería el punto de arriba de la diapositiva. Con el índice
de revalorización en vigor, la pensión no se revalorizaría con el IPC,
sino con un coeficiente que normalmente sería el 0,25. Eso suponía que,
dependiendo de cuánto fuese el IPC cada año, la pérdida de poder
adquisitivo iba a estar cerca del 1,5 % o 1,75 %, y de manera acumulada
en toda la vida del pensionista, iba a llegar al 50 %. Además, la pérdida
iba a ser creciente, es decir, cuanto mayor fuera el pensionista mayor
iba a ser la pérdida. Yo creo que a ninguno se nos oculta que este
mecanismo tenía unos problemas de diseño serios y por eso todos hemos
estado de acuerdo en que no podía seguir en vigor. Pero ¿qué ocurría?
Pues que este mecanismo era todavía más sangrante con un pensionista en
base máxima o en pensión máxima; es decir, con un pensionista con una
pensión topada porque al pensionista con pensión topada este efecto, esta
erosión de su poder adquisitivo, no le ocurría desde el momento de
jubilarse, sino incluso mientras estaba en activo porque se producía no
sobre su pensión, sino sobre la pensión máxima del sistema. Eso quiere
decir que para un pensionista que estuviera en pensión máxima, que a día
de hoy es de unos 2500 euros —supongo que todos o la mayor parte de
los presentes estamos en ese colectivo— la erosión de su poder
adquisitivo se iba a acumular, se estaba acumulando ya desde 2013; es
decir, desde el momento en que entró en vigor la reforma ya empezamos a
perder poder adquisitivo como pensionistas. Un cálculo aproximado podía
ser que llegáramos a perder un 50 % o incluso a tener una pérdida
superior. Yo creo que no hace falta mucho más que el gráfico que ven para
darnos cuenta de que esto era un problema y realmente insostenible
política y económicamente.


Este es el elemento esencial que había que derogar y
eso es algo que todos teníamos claro, pero lógicamente, supone un aumento
del gasto a largo plazo en pensiones. ¿Hay palancas, hay elementos del
sistema que permiten moderar el gasto en pensiones sin tener que tocar
estas cosas? Entendemos que sí, y el Pacto de Toledo también lo ha
entendido así. Por ejemplo, una cosa muy importante que ya se ha empezado
a hacer es culminar la separación de fuentes. Es decir, que muchas
políticas que estaba financiando la Seguridad Social —por ejemplo,
todo lo que les he contado en la primera parte, como los ERTE, las
exoneraciones de autónomos o la lucha contra la COVID— no forman
parte de lo que tiene que hacer un sistema de pensiones. Lo hemos hecho.
¿Por qué? Porque tenemos unos medios, tenemos una administración ágil y
tenemos 20 000 funcionarios con una predisposición total de servicio.
Está muy bien que todo eso lo haga la Seguridad Social porque puede
hacerlo, y lo hace muy bien, pero no tiene sentido que se pague con
cuotas. Lo que estamos haciendo es que estas cuestiones se paguen a
través de los Presupuestos Generales del Estado.


Como estas, ha habido otras cosas que durante muchos
años la Seguridad Social ha ido haciendo, a lo mejor no tan
significativas y de tanta cuantía, y que poco a poco han ido
sobrecargando el sistema de gastos que no necesariamente tenía que
realizar o que se tenían que financiar de otra manera. Se decidió en el
Pacto de Toledo que eso tenía que financiarlo el Estado y se ha aprobado
un calendario hasta 2023 para que esa separación sea completa. Ya se han
llevado a cabo tres cuartas partes de esa separación; quedaría una parte
menor, pero se tiene que culminar.


Otros elementos son la alineación de la edad efectiva
con la edad ordinaria de jubilación. Nosotros tenemos una edad ordinaria
de jubilación que es muy elevada, son 67 años, y es muy homologable con
los principales países de Europa. Hay muchos países muy importantes que
ya querrían tener una edad de jubilación legal así. ¿Cuál es el problema
que nos encontramos? Que la edad efectiva está bastante por debajo de
esa. Hay gente que, por distintas razones, se jubila antes de la edad
legal de jubilación. Es una medida muy potente. Si conseguimos que la
gente se jubile más tarde voluntariamente, eso tendrá un impacto grande
sobre el gasto en pensiones sobre PIB, primero, porque esa gente deja de
cobrar pensiones y, segundo, porque sigue trabajando y sigue
contribuyendo al PIB; es decir, que sigue siendo productiva para la
economía y para el país. En un escenario en el que vamos a contar con
menos jóvenes, de envejecimiento demográfico, no podemos renunciar como
país a que gente que está en perfectas condiciones y que desea seguir
trabajando deje de hacerlo. Esos serían los principales elementos que
afectan en materia de ingresos.


Hay otra recomendación inequívoca del Pacto de Toledo,
que es reformar el sistema de autónomos. Yo soy funcionario de la
Seguridad Social y desde que entré estoy oyendo hablar de la reforma del
sistema de autónomos. Ha habido distintos intentos por conseguirlo y
siempre se han frustrado porque es un proceso muy complicado. Es un
procedimiento muy complejo que básicamente consiste en integrar los dos
grandes procedimientos recaudatorios de este país: el de la Seguridad
Social y el de Hacienda. Hasta la fecha, las dificultades técnicas eran
tan grandes que el proyecto siempre se iniciaba y al final no éramos
capaces de culminarlo. Esta vez lo vamos a llevar a cabo porque ha habido
avances técnicos tanto en la Seguridad Social como en las agencias
tributarias. El procedimiento está diseñado ya a grandes rasgos de una
manera muy completa.






Se ha tratado en el diálogo social con las
asociaciones de autónomos, con sindicatos y patronal, y hay un consenso
esencial en cómo tiene que ser este nuevo sistema. Yo creo que por
primera vez vamos a ser realmente capaces de hacer que los autónomos
coticen no por bases tarifadas, por este sistema en el que ellos eligen
su base, sino por una base que tenga que ver con cuánto están ingresando
realmente.


En cuanto al elemento esencial, que es la recuperación
y el mantenimiento del poder adquisitivo, fundamentalmente lo que vamos a
hacer es volver a la revalorización de las pensiones con el IPC.
Básicamente, vamos a volver a una fórmula en la que la pensión de cada
año se revalorizará en función del IPC del año anterior. Esta idea, sobre
la que ha habido un consenso unánime en el diálogo social, creo que no
ofrece especiales dificultades, es muy sencilla de entender y ha sido uno
de los elementos que nos ha llevado a diseñarla así. Se ha pretendido
primar la sencillez. Los pensionistas tienen que saber que la pensión de
cada año se la van a revalorizar con el IPC y esencialmente no va a haber
pérdida de poder adquisitivo. Aun así, el Pacto de Toledo cada cinco años
evaluará cómo está funcionado esta fórmula y si está cumpliendo ese
objetivo.


En cuanto a lo que les comentaba sobre la evolución de
la edad efectiva, ese intento de acercar la edad efectiva a la edad legal
de jubilación, si miramos las tasas de actividad de España por grupos de
edad, podemos ver en la tercera barra de este gráfico que en el grupo de
más de 65 años estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea.
Los trabajadores de más de 65 años en España, en general, se retiran del
mercado de trabajo fundamentalmente vía jubilación y en otros países
—lógicamente, en todos los países existe la jubilación— se
mantienen durante más tiempo y no necesariamente porque la edad legal sea
mayor, como hemos visto, sino porque existen otras instituciones del
mercado de trabajo que lo favorecen. ¿Qué elementos creemos nosotros y
cuáles cree el diálogo social que se pueden tocar aquí? Se pueden tocar
fundamentalmente los incentivos voluntarios a prorrogar la edad de
jubilación; es decir, que aquella gente que pueda estar más tiempo
trabajando, en lugar de jubilada, trabaje. Esto tiene que ver con que la
gente que cumpla la edad de jubilación esté más tiempo, se mantenga más
tiempo trabajando, y tiene que ver también con que la gente que puede
jubilarse anticipadamente no lo haga o lo haga más tarde. Creemos que
todo esto se puede modificar mediante incentivos. Básicamente, creemos
que los incentivos a la jubilación anticipada voluntaria estaban mal
diseñados, eran incentivos lineales y por trimestres que no favorecían
realmente que el trabajador que se podía jubilar con 63 años tuviera un
interés en hacerlo con 63 años y 6 meses, por ejemplo, y que aguantará
seis meses más trabajando en lugar de anticipar tanto. Esto ahora lo
cambiamos haciendo que les resulte mucho más ventajoso aguantar esos seis
meses, es decir, que la pensión se les reduzca mucho menos si aguanta un
poquito. La idea que tenemos de que en esos poquitos meses que ese
trabajador pueda aguantar recupere con creces gracias a una pensión más
alta. En agregado, en el efecto global en el sistema, va a tener un
impacto potente.


Además, contamos con otros mecanismos que son los
incentivos a la jubilación demorada. Ahora mismo ya existen estos
incentivos: por cada año que una persona siga trabajando después de la
edad de jubilación, la pensión mejorará entre un 2 y un 4 %. ¿Qué nos
hemos encontrado? Que ese porcentaje no tiene un gran efecto; que la
gente no sabe que tiene esta opción, que el que lo sabe no la puede
utilizar, y que aquel que lo sabe y la puede utilizar no la utiliza
porque le parece poco. Ese mecanismo funcionaba mal y ahora veremos cómo
lo hemos diseñado. Un elemento que se introdujo en 2019 en nuestra
legislación laboral, que es la posibilidad de que los convenios
colectivos incluyeran la obligación de jubilarse para los trabajadores
que cumplieran la edad legal, hay que eliminarlo porque, si no, todo lo
anterior no tiene sentido. Si el trabajador quiere seguir, la empresa no
le puede obligar a jubilarse.


En los incentivos a la jubilación anticipada
básicamente lo que hacemos es cambiar la pendiente. Esto se va a hacer de
una manera muy pausada, con un periodo transitorio muy largo que a su vez
en buena parte va a ser absorbido por el aumento de la pensión máxima de
jubilación, que irá aumentando de manera paulatina durante ese periodo
transitorio. Para que lo entendamos, el sistema actual es la escalera que
vemos en la pantalla. Lo que quiere decir esta escalera es que por cada
tres meses más que el trabajador aguantaba sin anticipar su jubilación
hasta el máximo de veinticuatro, que es el máximo que se puede anticipar
ahora, su pensión se reducía un poquito. Ahora lo que hacemos es cambiar
esa escalera por esta curva. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de más o
menos los quince meses la pendiente de la curva es mucho mayor que la de
la escalera; es decir, que el trabajador sabe que, si se jubila un mes
más tarde —porque ya no va por trimestre sino por meses—, su
pensión será mejor, y será mejor de manera significativa. La pendiente es
lo suficientemente alta como para que esto tenga un impacto. El efecto de
aguantar un mes más en el trabajo va a ser lo suficientemente relevante
en el importe de la pensión que a ese trabajador le va a quedar como para
que le compense aguantar un poco más. Esencialmente lo que se ha cambiado
es la pendiente de la curva con esa idea de que el trabajador eche sus
cuentas, él o alguien que le asesore, por ejemplo, los recursos humanos
de la empresa. Esto es algo que todos somos capaces de hacer: pensar si
te interesa jubilarte en julio o esperar hasta septiembre, en función de
la pensión que te pueda quedar. Eso es lo que queremos que funcione, que
esas decisiones individuales de manera agregada tengan un impacto
significativo, y creemos que pueden tenerlo. Es lo que comentaba respecto
a la jubilación demorada, sobre esta posibilidad de jubilarse más tarde
voluntariamente.


Ahora les mostraré una encuesta que hemos hecho a
personas que están cerca de la edad de jubilación preguntándoles cuánto
creen que aumenta su pensión si siguen un año más trabajando. Nos hemos
encontrado con que solamente, en el mejor de los casos, un 7 % sabe que
existe esta posibilidad, que representaría a los que en el gráfico están
recuadrados entre un 2 y un 4 %. El resto de la gente, los que dicen que
no aumentaría o los que dicen que no tienen información, no sabe cómo
funciona este mecanismo. ¿Qué hemos visto también? Que el que tu pensión
mejore en un 2 % no es muy atractivo. No sabemos muy bien por qué, pero
la gente prefiere que les des una cuantía fija si retrasa su jubilación
en lugar de un 2 %. Es decir, que prefiere acumular ese 2 % que cobraría
a lo largo de toda su vida de pensionista en un solo pago. Esto es
inequívocamente lo que prefieren. En la pantalla pueden ver, en las
barras de la izquierda, cuánta gente prefiere un pago único frente a
cuánta gente prefiere que le den el mecanismo actual, que es un pequeño
incremento en el importe de su pensión. Económicamente, es indiferente. A
la Seguridad Social le cuesta lo mismo y al pensionista al final de su
vida va a recibir lo mismo, pero prefieren una cuantía fija tanto los
pensionistas en pensión baja como aquellos en pensión media o alta. Esto
nos ha hecho entender que es un elemento importante. Lo que hemos visto
también es que la gente que conoce la posibilidad de seguir trabajando y
no lo hace porque nos dice que no puede, en un 50 % aproximadamente de
los casos es por lo que comentaba, porque la empresa o el convenio no se
lo permite; es decir, porque esta cláusula de jubilación obligatoria que
se contiene en muchos convenios colectivos se lo impide. Esta gente, si
no existiera esa cláusula y con los incentivos existentes hoy en día,
seguiría trabajando. Entendemos que esto, incluso si los incentivos se
mejoran de una manera importante, aumentaría.


¿Qué pensamos en relación con esta panoplia de medidas
que les he descrito? Pensamos que de aquí a 2050 la edad efectiva de
jubilación puede aumentar de una manera relevante, entre uno y dos años.
Eso tiene un impacto muy importante en el gasto en pensiones porque, como
les decía, no solamente es gente que va a cobrar la pensión durante menos
tiempo, sino que es gente que va a seguir trabajando, y en unos años en
los que vamos a tener muy pocos jóvenes —y esto es un hecho porque
los jóvenes que tienen que trabajar en los próximos años ya no han
nacido, ya no hay tiempo para que nazcan— va a ser muy importante
que la población trabajadora no se reduzca. Tenemos que conseguir que
todo aquel que esté dispuesto, en condiciones y con interés por seguir
trabajando, lo haga, que no haya elementos institucionales que se lo
impidan o se lo dificulten.


Presidente, voy acabando. Solamente mencionaré el tema
de los autónomos, en el que, como les decía, hay un consenso unánime. En
la pantalla pueden ver algo que es importante porque es la distribución
de rendimientos de los trabajadores autónomos. Estas cifras corresponden
a 2019, pero este ejercicio lo hemos repetido en los últimos cuatro o
cinco años y la distribución es muy similar. Básicamente, lo que vemos es
que hay un porcentaje muy elevado, prácticamente la mitad de trabajadores
autónomos que tiene ingresos inferiores a la base mínima; es decir, que
hay un número importante de trabajadores que están ahora mismo cotizando
con una base que no se corresponde con sus ingresos, y de manera paralela
hay trabajadores que tienen ingresos muy superiores y que en muchos casos
están eligiendo cotizar por la base mínima o incluso en algunos casos
cotizar con la tarifa plana porque saben que solo pagan unos 60 euros.
Esto nos parece a todos, incluidas las asociaciones de autónomos, que es
un sistema que no tiene que mantenerse en la medida en que no hay razones
técnicas para ello.


En resumen, las medidas que se han adoptado para
contener la crisis han funcionado, han tenido un impacto importante en
sostener la economía durante estos meses. Creemos que hay cosas
mejorables, por supuesto, pero han sido eficaces en su principal
objetivo, que ha sido evitar la destrucción de la economía, y han
permitido una recuperación acelerada, que es la que estamos viendo ahora.
Si nos dicen hace un año cómo íbamos a estar ahora, con todas las cifras
de crecimiento del empleo y de actividad económica, nos habría parecido
mentira, y además salir tan rápido.


El ingreso mínimo vital yo creo que es el buque
insignia de este ministerio en esta legislatura y está cumpliendo hitos;
aún le quedan muchos por cumplir, pero entre todos tenemos que hacer un
esfuerzo por mejorar sus características.


Por último, les he dado unas pinceladas del estado
avanzado en el que está la implementación de esta primera parte de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, de esa traslación a la ley de las
recomendaciones del Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de
Estado.


En primer lugar, va a intervenir la portavoz del grupo
parlamentario solicitante de esta comparecencia, el Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Fernández González.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias, igualmente, secretario de Estado, por la
amplitud de su comparecencia y la exhibición de datos y de diapositivas a
las que nos tiene acostumbrados este ministerio.


Cuando nosotros planteamos esta comparecencia,
estábamos pensando, señor secretario de Estado, señorías, en nuevas
prestaciones, refiriéndonos con toda claridad al ingreso mínimo vital,
que es una prestación nueva de la Seguridad Social, y a toda la
traslación normativa que, consecuencia del Pacto de Toledo, se tenía que
derivar para llevar a cabo la importantísima reforma de las
pensiones.


El Grupo Parlamentario Popular, como usted sabe, apoyó
las recomendaciones del Pacto de Toledo y, desde luego, creemos que la
amplitud de estas —y creo recordar que su señoría hacía referencia
a ese extremo—, posibilitaron un acuerdo. Sin embargo, esta
amplitud, a nuestro juicio, no da un cheque en blanco al ministerio para
que lleve a cabo una serie de negociaciones que en muchos casos hemos
calificado como faltas de transparencia y de opacas.


Esta reforma, señorías, es una reforma que nos ocupa y
nos preocupa a todos los españoles, a los que ya están percibiendo su
pensión de jubilación y a los que aún tenemos la esperanza de poder
percibirla en un futuro. En este sentido, en aspectos como la
revalorización de las pensiones, señor secretario de Estado, ha habido
multitud de vaivenes acerca del factor de sostenibilidad, acerca de la
posposición en el cálculo para su adecuación al IPC y a nosotros nos
gustaría que, con toda claridad y con toda rotundidad, no ya por
nosotros, sino por los pensionistas, se pudiese saber si estamos hablando
de un periodo de cálculo de tres, cuatro o cinco años o si, por el
contrario, tendrá un criterio anual, y que, con independencia de que el
IPC tenga características bajas o negativas, habrá una revalorización
histórica aceptable.


Señor secretario de Estado, nosotros hemos puesto en
muchas ocasiones el acento en los autónomos. La reforma del RETA, del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la hemos calificado
—sin duda—, como una de las reformas de mayor calado que se
aborda en la reforma del sistema global de las pensiones en nuestro país.
Hemos escuchado no pocas veces afirmaciones tan sorprendentes del
ministro titular del departamento en el sentido de que si los autónomos
cotizan más tendrán prestaciones superiores en la jubilación. Bueno, es
una evidencia de tal magnitud que ya los autónomos saben que en la
actualidad si cotizan más, en un futuro tendrán mayores prestaciones. Por
tanto, esta no puede ser la novedad de la reforma, como no lo puede ser
igualmente el hecho de que puedan hacer variaciones a lo largo del
ejercicio fiscal porque ya en la actualidad, y usted lo sabe muy bien, se
pueden realizar cuatro modificaciones a lo largo del ejercicio. Aproximar
los ingresos reales a las cotizaciones de la Seguridad Social, señoría, a
nuestro juicio, lleva a la incertidumbre y, por ello, ha habido una
réplica, creemos que contundente, por parte de las asociaciones de
trabajadores autónomos mayoritarios en nuestro país porque aproximar no
quiere decir coincidir, hay que utilizar el lenguaje con toda la
precisión de la que seamos capaces y más en el ámbito normativo. Cuando
hablamos de aproximar, hablamos de aproximar en el tiempo, de hacerlo de
forma paulatina y no de pegarles un hachazo, si usted me permite la
expresión coloquial, que les suponga una cotización que no tienen en la
actualidad. Desde luego, no es el momento para hacer ese planteamiento de
subidas importantísimas —usted calificaba de especial soledad la
situación de los autónomos en estos momentos de COVID, o en los momentos
iniciales de COVID— porque, efectivamente, el esfuerzo que han
hecho los trabajadores autónomos en nuestro país para mantener su negocio
y seguir subiendo la persiana todos los días merece reconocimiento y
merece también, señor secretario de Estado, el reconocimiento, auxilio,
apoyo y ayuda del ministerio del que forma parte.


Quiero referirme también al componente 30, al que usted
ha hecho referencia respecto al envío a Bruselas y que dijo que se nos
coló en el medio. No, no, era sabido y conocido que íbamos a tener que
hacer un planteamiento ante Bruselas si España quería obtener una serie
de recursos importantísimos. Teníamos que hacer una serie de
planteamientos, llámense reformas estructurales: una de ellas era muy
importante, en el mercado de trabajo, y otra, sin duda, en el mercado de
pensiones. Tengo que decirle, señoría, que la traslación de estos
documentos del componente 30 no se ha hecho con transparencia, no se ha
hecho con seriedad y no se ha hecho con rigor. Hemos recibido
informaciones contrarias, contradictorias, acerca de lo que pretendía y
quería el ministerio, que parecía más que bailaba la yenka que que hacía
un ejercicio de seriedad, porque daba un paso adelante y dos pasos atrás.
Esto, sin duda alguna, creó incertidumbre, mientras que el ministro
titular del departamento nos solicita certidumbre a todos nosotros y nos
abronca por el hecho de que cumplamos con nuestro deber, que es el
control parlamentario en sede parlamentaria. Esto, señorías, es la
esencia de la democracia en nuestro país, el control parlamentario en
sede parlamentaria.


Voy a hacer una referencia final al ingreso mínimo
vital. Hace un año se publicó el ingreso mínimo vital, se convalidó en el
Congreso de los Diputados y contó con el aval, con el voto, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Por qué? Señorías, porque creíamos —y
seguimos creyendo— que se trata de una buena idea, porque creíamos
—y seguimos creyendo— que era una asignatura que nuestro país
debía resolver y debía hacerlo en términos positivos y de solidaridad.
Ahora bien, tengo que decirle que el galimatías en el que ustedes se
metieron, con 30 bloqueos en el Congreso de los Diputados, ha propiciado
que todavía no haya llegado al Senado el real decreto que está siendo
objeto de convalidación a través de ley y, por tanto, en periodo de
enmiendas. Ha habido, por tanto, bloqueo y ha habido descontrol; ustedes
lo han modificado en innumerables ocasiones y se refugian en denominarlo
documento vivo. Mire usted, yo creo que no se puede llamar documento vivo
a las cosas que no se hacen bien. Han generado unas expectativas sociales
muy importantes y han defraudado otras no menos importantes y con las
comunidades autónomas, señor secretario de Estado, han organizado también
un desconcierto de primer orden. En el real decreto solamente dan una
categoría, que yo denominaría como privilegiada, al País Vasco y a
Navarra. El resto de las comunidades autónomas tienen serios problemas
para poder hacer esas denominadas pasarelas o compatibilizar el tema con
la prestación básica de la Seguridad Social. Yo creo que les ha faltado
didáctica, les ha faltado explicación y, desde luego, les ha faltado
rigor en la tramitación de las peticiones y de las prestaciones. Señor
presidente, finalizo, creo que podré referirme a ello en la tanda de
preguntas que a continuación se formularán.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su
portavoz, el señor González-Robatto Perote. (Pausa). No está.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra su portavoz, el señor Clavijo Batlle. No está.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra su portavoz, el señor senador Chinea Correa. No está.


Ahora corresponde la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Democrático, de nueva creación, y que está formado
—lo digo para conocimiento de sus señorías— por Ciudadanos,
la Agrupación de Electores de Teruel Existe y el Partido Regionalista de
Cantabria, pero tampoco está presente.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señor secretario de Estado, bienvenido y
muchísimas gracias por su intervención.


Voy a empezar por el ingreso mínimo vital. Hace un año
ya que hay ingreso mínimo vital. Entendemos perfectamente que una nueva
herramienta como esta tenga problemas de implantación y que sea
complicado. En este sentido, querría preguntar si usted cree que ha
habido un refuerzo suficiente de recursos humanos en la Seguridad Social,
visto que existía un problema estructural previo reconocido por el propio
ministerio de falta de funcionarios, y encima se les ha exigido que
tramitasen una prestación como esta, que es nueva y complicada.


Según los datos que usted también nos ha dado
—algunas cifras pueden variar entre fuentes, pero no me preocupa el
dato exacto—, hay más de 1 300 000 solicitudes, un 81 % tramitadas,
pero solo un 21 % concedidas. Solo hay un 21 % concedidas y parece que
usted nos ha dicho que lo pide quien no debe y mi pregunta es: ¿lo pide
quien no debe o no está diseñado para llegar a quien lo necesita?
Entiendo que va a haber una evaluación, pero me gustaría saber si tienen
una preevaluación de este tema, porque es cierto que si se tiene
patrimonio no se puede, pero hay veces que uno no se puede comer el sofá
de su casa. Además, quisiera saber si tienen ya una idea de que esto
pueda ser así, porque ya han modificado en varias ocasiones el ingreso;
de hecho, hoy mismo, con la Ley de trabajo a distancia, vamos a votar
otra modificación y, mientras, está en tramitación eterna en el
Congreso.


La segunda cuestión que quiero abordar es la de las
recomendaciones del Pacto de Toledo y las modificaciones en el sistema de
pensiones. Usted nos ha hablado de un primer bloque de cuestiones que, en
algunos casos, ya están abordando. Algunas son, si me permite la
expresión y entrecomillado, las fáciles, como la separación de fuentes o
el haber llegado a un acuerdo relativamente ágil para mantener el poder
adquisitivo e indexar las pensiones al IPC. Sin embargo, hay otras
cuestiones que parece que no son tan fáciles. Por ejemplo, cuando usted
habla de lo que se pretende hacer para alinear la edad real con la edad
legal de jubilación. En este sentido, lo que nosotros hemos visto es que,
primero, se han lanzado globos sonda, se han hecho propuestas que luego
se han echado hacia atrás; se han establecido plazos, y luego se ha dicho
que iban a ser diferentes; se ha hablado de que todo iba a ser paulatino,
pero también ha habido noticias en el sentido de que era casi inminente,
en unos meses, en jubilaciones a partir de principios de 2022, etcétera.
Por todo ello, me gustaría preguntarle si el calendario que presentó el
señor Escrivá en el Congreso, hace poco tiempo, en una comparecencia y el
que ha presentado usted hoy son similares, si ha habido variaciones y a
qué se deberían esas variaciones. En el fondo es casi preguntarle cómo va
el diálogo social, de alguna manera.


El señor Escrivá ya habló de un segundo bloque, que
usted no nos ha mencionado, y en el segundo bloque hay cuestiones que no
son tan fáciles, como, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, todo lo
que tiene que ver con el factor de sostenibilidad. A ver si nos puede
comentar un poco como va esa cuestión.


Y ya más en concreto, dentro las recomendaciones del
Pacto de Toledo, me gustaría que nos dijese cómo está el anticipo de la
edad de jubilación para los trabajadores con discapacidad, cómo va la
modificación del Real Decreto 1851/2009, cuestión de la que se ha hablado
infinidad de veces —la semana pasada, sin ir más lejos, en esta
misma Cámara— y siempre hemos recibido buenas palabras del
ministerio, pero pocos hechos para todas las personas con discapacidad y
con especial mención a las personas con polio y síndrome postpolio. En
este punto quiero hacer un inciso sobre coeficientes reductores de la
edad de jubilación y, en este caso, una reivindicación histórica de
nuestro grupo que tiene que ver con las rederas, neskatillas y
empacadoras. Existe el compromiso de una revisión normativa y, de hecho,
el señor ministro dijo, en febrero del 2020: sabrá sobre nosotros.
Además, yo misma mantuve una conversación con usted, pero no hemos sabido
más. Por ello, me gustaría saber si en este trámite, que podría hacerse
perfectamente de oficio, se está haciendo algo o no.


Finalmente, entre las cuestiones que ustedes han dicho
que querían modificar y que nos producen cierta preocupación, de modo que
nos gustaría saber realmente cómo va a quedar, se encuentra el de que
cualquier práctica cotice a la Seguridad Social. Entendemos que cualquier
persona que esté en una empresa, aunque sea estudiante, debe tener
cobertura y eso no se lo vamos a negar; también entendemos que las
prácticas en muchos sitios pueden haber sido, o ser en este momento,
abusivas o incluso fraudulentas, pero en muchos otros sitios no es así. Y
aquí se plantea un problema porque hay prácticas curriculares que solo
son aprendizaje, exclusivamente aprendizaje, que, encima, son
obligatorias por reales decretos, por ejemplo, en formación profesional.
¿Quién va a pagar esa ronda? Porque si son las empresas las que tienen
que pagar la cotización a la Seguridad Social, igual nos encontramos con
menos empresas que oferten prácticas —a lo mejor, porque no están
obligadas— y nos encontramos con alumnos y alumnas que no pueden
hacer esas prácticas obligatorias y no pueden obtener su título. Entiendo
que la cobertura, pero se pueden encontrar otras herramientas, y si hay
fraude o abuso lo que habrá que hacer será perseguirlo. Tenemos cierta
preocupación por cómo van a plantear este tema y las disfunciones que
pueda generar, por ejemplo, en la formación profesional.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, en primer lugar, intervendrá la senadora
Bideguren Gabantxo y, en segundo lugar, la señora Surra.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias, presidente.


Muchas gracias, señor secretario de Estado. Siguiendo
con su presentación, me voy a centrar sobre todo en su última parte.
Durante estos meses, desde que se aprobaron las recomendaciones del Pacto
de Toledo, teníamos cierta falta de información sobre muchos aspectos de
la reforma de pensiones y creo que es la primera vez que nos dan unas
explicaciones con datos concretos y, por lo tanto, agradezco la
presentación y su intervención.


En Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, lo tenemos
muy claro: las reformas sí hay que hacerlas porque desde que se diseñó el
Pacto de Toledo ha pasado ya mucho tiempo, la sociedad ha cambiado y es
necesario adaptarse a las nuevas realidades; además, hay que reparar
algunas injusticias que ya hemos observado todos. Sin embargo, es
importante que las reformas no sean para profundizar en desigualdades,
como ocurrió en otras ocasiones, sino para todo lo contrario, que sirvan
para paliar algunos problemas y que reduzcan la desigualdad, de modo que
tengamos un sistema más justo y equitativo.


Como ha explicado en su intervención, parece que va a
ser posible la derogación definitiva de la Ley 23/2013, que regula el
factor de sostenibilidad, un diseño regresivo que consideramos que no ha
hecho más que profundizar en desigualdades y, en este sentido, me
gustaría preguntarle qué fechas tienen previstas en cuanto a la
derogación. Esperamos que sea cuanto antes.


Para Euskal Herria Bildu es una prioridad evitar el
empobrecimiento de los y las pensionistas por pérdida del poder
adquisitivo y, sobre todo, mejorar las pensiones mínimas. No se puede
seguir permitiendo que haya personas pensionistas que vivan por debajo
del umbral de la pobreza, que la Unión Europea nos dice que sería el
equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores del entorno. En
mi caso, en el País Vasco, serían 1080 euros. Hay que tener en cuenta que
más del 60 % de los pensionistas cobran menos de 1000 euros de pensión y
las pensiones más bajas las tienen las mujeres. La pensión media de las
mujeres está alrededor de los 800 euros. Nos preocupan, por lo tanto, las
pensiones mínimas y también si mejorarán las pensiones de viudedad,
teniendo en cuenta que el 92 % de las personas receptoras son también
mujeres y es imposible tener una vida digna con pensiones de 600
euros.


En cuanto a las medidas que se plantean para alinear la
edad efectiva de jubilación con la edad legal, no podemos estar de
acuerdo. Nosotros consideramos que no es necesario retrasar más la edad
de jubilación; es más, consideramos que estas medidas se plantean como
recortes maquillados que penalizan a aquellas personas que no pueden
prolongar más su vida laboral. La mayoría no está en condiciones de
alargar su vida laboral, pero, además, flaco favor se hace, desde nuestro
punto de vista, al relevo generacional y al empleo de las personas
jóvenes. Si tuviésemos pleno empleo quizás estaríamos hablando de otra
cosa, pero no es el caso. Asimismo, me gustaría conocer también —se
ha comentado ya— cuándo se van a corregir los desajustes normativos
en medidas de anticipación de la jubilación que da derecho a personas con
discapacidad. En este sentido, debido a los requisitos demasiado rígidos
son pocas las personas que han podido acceder a la jubilación anticipada.
Estamos hablando de personas desprotegidas, como son las personas con la
enfermedad de polio y síndrome postpolio, que llevan años sin
reconocimiento ni protección. No tienen ningún sentido exigirles un grado
de discapacidad del 45 % en el periodo de cotización mínima exigido.
Consideramos que es urgente, por tanto, reparar esta injusticia.


Y, por último, hay que tener muy presente que lo que
repercute positivamente en el sistema de pensiones y en el principio de
sostenibilidad son las mejoras en la calidad del empleo y la elevación de
salarios. Aunque no sea directamente la función de su departamento, creo
que esto es clave porque sobre un empleo débil no se puede generar una
sociedad fuerte. Por tanto, creemos que es hora de incidir en los
ingresos.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora SURRA SPADEA: Nosotros creemos que se debe
llamar a las cosas por su nombre. No debemos olvidar que las pensiones
son un salario diferido de los trabajadores y es la solidaridad entre
ellos la que ha creado este sistema —o sea, que el Gobierno no
tiene mucho que ver en esto— y que deben ser revalorizadas al IPC
automáticamente.


Tampoco queremos que se hable de un desequilibrio
financiero de la Seguridad Social porque lo que hubo fue un saqueo de la
Seguridad Social, y eso hay que decirlo también con palabras.


Desde nuestro punto de vista, las nuevas medidas no
deben servir para legitimar recortes, para potenciar el sistema privado
de pensiones ni para evitar un debate público sobre las pensiones. En
este sentido, las discusiones en el Pacto de Toledo tendrían que ser
públicas para esta comisión.


Jubilación anticipada. Pensamos que el coeficiente
reductor de por vida es injusto, porque a pesar de que se llama
voluntario, ya que las personas tienen que firmar, realmente no lo es. No
se despide la gente porque sí y cuando llega a una edad cercana a la
jubilación, no consigue trabajo y solamente tiene una posibilidad de una
ayuda de 426 euros, mientras que la jubilación anticipada le permite
alcanzar los 900 o 1000 euros, y la gente no tiene por dónde perderse,
tiene que seguir comiendo y pagando el alquiler. En cualquier caso, es
injusto que eso se mantenga todos los años de la jubilación, porque hay
gente que ha cotizado cuarenta años y que va a mantenerse con una pensión
muy baja durante mucho tiempo. Eso habría que cambiarlo.


Con respecto a que la baja tasa de natalidad y los
bajos salarios impiden que la Seguridad Social se sostenga, ¿por qué no
se plantea con énfasis la regularización de la inmigración, que ya
existe, y que trabaja en negro, o la entrada de gente que aumente la
natalidad? Ese es un asunto tema que el sistema de la Seguridad Social
tendría que plantearse.


Y, por último, por qué no se estudia la posibilidad de
hacer una auditoría de la Seguridad Social, sobre todo en relación con
los gastos impropios que ha tenido todos estos años, para recuperar
dinero que pueda servir para aumentar las jubilaciones de acuerdo con el
IPC.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el senador Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, como saben, el ámbito económico de nuestro
sistema público se estructura en dos apartados. Por un lado, están los
ingresos, procedentes principalmente de las cotizaciones sociales de las
empresas y de los trabajadores; y, por otro tenemos los gastos como
consecuencia de las prestaciones derivadas de las contingencias cubiertas
y que protegen a los trabajadores, es decir, la jubilación, la invalidez,
la maternidad, la incapacidad, etcétera.


Con respecto a las prestaciones, como sus señorías
saben, recientemente hemos aprobado las recomendaciones del Pacto de
Toledo para modernizar y ajustar la acción protectora a las nuevas
realidades sociales, que en estos momentos se encuentra en plena
negociación en la Mesa de diálogo social.


Por tanto, señorías, permítanme que, como se suele
decir en fútbol, cambie el balón de banda. Centraré mi intervención
principalmente en el apartado de ingresos, apartado fundamental, ya que
la sostenibilidad financiera del sistema ayuda a transmitir certidumbre y
confianza entre los ciudadanos. Por ello, lo primero que quiero destacar
es la apuesta decidida del ministerio por clarificar aquellos gastos que
debe sufragar el sistema y aquellos otros que se deben trasladar a los
Presupuestos Generales del Estado, los conocidos como gastos impropios
procedentes de bonificaciones, como ha dicho el secretario de Estado, de
cuotas, de prestaciones por nacimiento de hijos, importes de lagunas de
cotización, etcétera. En este sentido, como ustedes saben, ya se han
destinado 14 000 millones de euros de los Presupuestos Generales del
Estado para hacer frente al abono de estos gastos.


Otro aspecto que hubiera dado solidez económica al
sistema, pero que, por desgracia, no contamos en la actualidad con él, es
el importante montante económico que teníamos en el Fondo de reserva de
las pensiones, que llegó a alcanzar los 70 000 millones de euros, y que
el Gobierno de Mariano Rajoy gastó.


Como he apuntado, los ingresos se nutren principalmente
de las cotizaciones sociales. Y, por ello, en nuestro grupo queremos
destacar el importante aumento de la afiliación del pasado mes de mayo.
En este sentido, los datos indican una fuerte y robusta recuperación
laboral y económica, ya que el sistema ha recuperado 711 000 trabajadores
de media con respecto a mayo del año pasado. Señorías, en mayo la
Seguridad Social registró 19 267 000 afiliados de media. Esta cifra
supone unos 212 000 cotizantes más con respecto a la media del mes de
abril. Otro dato que me gustaría destacar son los contratos indefinidos a
tiempo completo, que entre enero y mayo de este ejercicio han sido
de 495 000, un 25 % más que en el mismo periodo del año 2020.


Con respecto al desempleo, hay que decir que abril
finalizó con un total de 2 539 000 personas en desempleo, una disminución
respecto al mismo ejercicio del año anterior del 53 %. El mismo
comportamiento han tenido los ERTE, ya que el mes de junio, como ha
apuntado el secretario de Estado con sus datos, cuenta con 472 000
personas en ERTE, lo que supone que ya se ha podido activar en torno a
un 85 % de los trabajadores que estaban en esa situación al principio del
año.


Y en relación con los autónomos, he de decir que vuelve
a crecer el número de altas, y ya es el octavo mes consecutivo que lo
hacen. El secretario de Estado, en su presentación, nos ha apuntado que
hay 68 000 más desde el inicio de la pandemia. También su protección ha
sido importante, ya que en mayo 442 000 autónomos perciben la prestación
extraordinaria por cese de actividad, una prestación que se ha puesto en
marcha por primera vez en la historia.


Señorías, destaco estos datos porque cuando hablamos de
Seguridad Social tendemos a hacerlo sobre las prestaciones. Sin embargo,
también debemos poner el foco en las cotizaciones, máxime cuando hemos
pasado una pandemia —y estamos aún, pasándola, así como los efectos
de esta crisis—, que ha supuesto un duro impacto en la economía y
en el sector productivo de nuestro país. E, igualmente lo destaco, porque
el impacto económico y laboral ha sido bastante menor que el sufrido en
las anteriores crisis. Y eso se ha debido, señorías, a la respuesta tan
distinta que ha dado este Gobierno. En esta ocasión, las medidas
desplegadas por el Gobierno central, el llamado escudo social, no solo
han ayudado a mantener la economía sino también el tejido empresarial y
laboral de nuestro país. He ido apuntando unos datos que ha ido
exponiendo el secretario de Estado y es que ha hablado de que se ha
protegido a 8 millones de personas, 4,2 millones de personas en ERTE
y 600 000 empresas. Además, como ha apuntado, la recuperación ha sido en
tan solo 15 meses, en lugar de 11 años como en la crisis anterior. Por
tanto, señorías, se ha demostrado que los ERTE, las exoneraciones de
cuotas a las empresas y las prestaciones extraordinarias para los
autónomos han sido una herramienta fundamental para mantener los ingresos
de nuestro sistema público de pensiones.


Aparte de todo esto, además de amortiguar el impacto de
las empresas, se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, una
prestación que en tan solo un año ha protegido a más familias que muchas
rentas mínimas de algunas comunidades con décadas de funcionamiento. Con
respecto a esto, señora Fernández, déjeme que le haga un apunte. Usted
plantea que siempre ha apoyado las recomendaciones del pacto y que apoyó
el ingreso mínimo vital, pero suele tener una opinión posterior crítica,
en lugar de propositiva, como tienen otros grupos políticos. Creo que
aquí estamos para buscar soluciones a los españoles y no solo para poner
trabas a la gestión.


Una vez destacada la gestión del Gobierno, que
apoyamos, y que, como hemos expuesto, ha sido necesaria y fundamental,
nosotros también, como grupo parlamentario, queremos ir un poco más allá.
Por eso quisiéramos preguntarle, como grupo parlamentario proponente en
esta Cámara, por dos mociones que contaron con un amplio respaldo. Por
ello, señor secretario de Estado, nos gustaría conocer cuándo y cómo se
va a resolver la discriminación que sufren las parejas de hecho en la
viudedad, así como cuándo se va a derogar la Ley 23/2013, del índice de
revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado, para el
cierre del debate.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a
todos.


Voy a intentar no dejarme nada y contestar a todas las
preguntas.


Primero, y por dejarlo claro porque me parece que es
fundamental, efectivamente, la revalorización va a ser con el IPC del año
anterior; no va a haber fórmulas. Yo creo que de muchas cosas se nos
podrá acusar, pero no de falta de transparencia porque tanto el ministro
como yo hemos estado aquí y hemos estado en el Pacto de Toledo. Yo doy
una rueda de prensa cada mes y raro es el mes en que no me preguntan por
esto. Nosotros estamos contando en todo momento nuestras intenciones y la
situación en cada momento del diálogo social. Pero, lógicamente, el
diálogo social, si es un diálogo genuino, implica cambios. De hecho, hay
cosas aún que están pendientes de concreción porque queremos alcanzar un
acuerdo, queremos que haya un consenso y no todos lo ven con la misma
perspectiva; hay cuestiones, matices. Yo creo que, en este momento, son
elementos muy secundarios o menores, pero que aún no están perfectamente
definidos. Respecto a este, que es un elemento esencial, y que, como me
comentaba su señoría, es fácil, porque todo el mundo nos vamos a poner de
acuerdo en revalorizar con el IPC, hubo un pequeño debate sobre cuál
tenía que ser la fórmula y si tenía que ser una media de varios años o
tenía que ser el año previo… Pues bien, al final se decidió, y a mí
me parece bien —no tengo ninguna objeción a la fórmula que al final
se decidió en el ámbito del diálogo social—, que el IPC sería el
del año anterior. Y, por supuesto, si el IPC de un año fuera negativo, no
habría disminución de la pensión. Digo esto por dejarlo claro, porque me
parece que es muy relevante y no quiero que haya ninguna ambigüedad sobre
ello.


En cuanto a los autónomos, creo que en los datos que
les he facilitado, los que he presentado aquí, se puede ver que no
solamente no se les ha olvidado, sino que se les ha tenido
extraordinariamente presentes, lo que no ha sido así en otras ocasiones.
Hemos visto que se han dedicado a los autónomos 10 000 millones; o sea,
prácticamente la mitad del gasto total que ha hecho este ministerio
—sin incluir la parte del IT, pues también habrá un porcentaje
dedicado a autónomos—, se ha dedicado a ellos. Es decir, que se ha
tenido absolutamente presente a los autónomos; se ha mantenido un diálogo
permanente con las asociaciones de autónomos durante todo este período y,
por supuesto, también en la reforma. Esta reforma cuenta con el aval del
Pacto de Toledo; es una recomendación unánime del Pacto de Toledo, sin
matices. Los autónomos tienen que cotizar por ingresos reales y, en este
sentido, firmaron en 2018, con la entonces ministra Magdalena Valerio, un
acuerdo para cotizar por ingresos reales. Nosotros estamos reuniéndonos
con ellos permanentemente y los autónomos están de acuerdo en cotizar por
ingresos reales y además están esencialmente de acuerdo también en cómo
hacerlo. Están de acuerdo en cuál es el sistema y en que tiene que ser
gradual. Esto es lo que está ahora mismo en la mesa de negociación.


Creo que el grado de acuerdo, tanto en los plazos, como
en la fórmula y el contenido es muy amplio. No nos parece que sea algo en
lo que estemos en desacuerdo. Se ha avanzado muy rápido en ese punto y no
le puedo decir otra cosa. El modelo —






que no lo he contado, pero que
está en la presentación, y yo creo que tampoco habría mayor problema en
hacérselo llegar— es muy sencillo: los autónomos declararán a la
Seguridad Social cuáles prevén que van a ser sus ingresos fiscales, pero
podrán modificarlos, como usted bien decía, y lo podrán hacer ahora con
la base de cotización. Ellos pueden decir cuánto creen que van a
ingresar, por ejemplo, 50 000 euros, y luego podrán cambiar esa cantidad
a peor, si al final ingresan 40 000 euros, o a mejor, si ingresan 60 000
euros. Así, la Seguridad Social, en función de eso, ajustará el tramo de
cotización, y, a final de año, cuando la Agencia Tributaria conozca los
ingresos reales que ha tenido ese autónomo, efectuará una regularización.
Esa regularización podrá ser a pagar más o a devolver. El autónomo, si es
a devolver, podrá renunciar a ella, si quiere que su base de cotización
sea más alta, para que no lo perjudique en prestaciones; podrá hacerlo,
como lo hacía hasta ahora. Hay muchos autónomos que están ingresando
menos que aquello por lo que cotizan y es porque no querrán perder
prestaciones.


Este es más o menos el sistema, y ya le digo que es un
sistema en el que todos están de acuerdo. Efectivamente, esto no se hace
para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización, que ya
pueden, sino para que los autónomos que ganan poco puedan cotizar por
menos y los que ganan más coticen por más, igual que pasa con los
trabajadores por cuenta ajena. Si ahora mismo dejáramos que los
trabajadores por cuenta ajena cotizaran lo que quisieran, no sé si este
sistema sería sostenible. A lo mejor hay mucha gente que, o bien porque
no quiere, o bien porque no entiende que esto vaya a tener una
repercusión en sus prestaciones el día de mañana, o porque no es muy
consciente a los 30 años de qué va a pasar con su pensión dentro de
otros 30 años, o no le importa, preferiría cotizar por menos. Por eso
tenemos un sistema de Seguridad Social donde mantenemos una
proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido.


Yo creo que este es un elemento esencial. De hecho, es
la recomendación 0 del Pacto de Toledo. Es tan esencial que no tiene ni
número, es la 0. Este es el marco que tenemos: un sistema contributivo en
el que se cotiza en función de los ingresos. Hay una serie de excepciones
que tienen que ver con determinados colectivos en los que es muy difícil
saber cuánto ganan. El principal de ellos, por todo, por tamaño y por
características tan heterogéneas, es el de los autónomos. En cualquier
caso, todos nos hemos puesto de acuerdo: los grupos parlamentarios, las
asociaciones de autónomos y el Gobierno se han puesto de acuerdo en que
esto hay que solucionarlo, y se está en disposición de hacerlo. Esperemos
que salga bien y que no haya ningún problema. Yo creo que va a ser así
porque realmente se están poniendo todos los medios para ello, pero, aun
así, se va a hacer de una manera gradual y paulatina porque ninguno
queremos que esto cree problemas ni conflictos. Repito, vamos a hacerlo
de una manera gradual. Esta reforma la intentó el PP cuando gobernaba,
que yo recuerde, una vez, y puede que alguna más. Por tanto, todos
estamos de acuerdo en que esto es algo que hay que hacer, y creo que
todos tenemos el suficiente sentido común para pensar que hay que hacerlo
de manera paulatina y con pies de plomo.


Cuando digo que el componente 30 se coló en el medio,
me refiero a que se coló entre las recomendaciones del Pacto de Toledo.
En ese momento nadie sabía que iba a haber un plan de recuperación ni que
fuese a haber un componente 30. Quizá lo sabía usted, pero yo no lo
sabía. Esto se coló en medio en el sentido de que surgió una oportunidad.
En esta crisis se han hecho las cosas de una manera muy distinta a la
crisis anterior. Ya nos hubiera gustado que en el año 2009 hubiera habido
un plan de recuperación como este, que nos hubiera permitido salir de una
manera mucho más rápida de la crisis. No lo hubo y ahora lo hay.
Lógicamente, eso conlleva unos requisitos y unos compromisos que España
asume con la Comisión Europea, y que asume de buen grado porque todo lo
que se ha establecido en ese plan de recuperación, que es público y que
es conocido —yo no creo que se pueda hablar de falta de
transparencia, porque todo está publicado—, son recomendaciones y
propuestas que realmente tienen todo el sentido del mundo para que España
crezca a largo plazo. Me parece que son recomendaciones que tenemos que
asumir y no porque nos las pida Bruselas sino porque son genuinamente
necesarias.


En cuanto a la tramitación del ingreso mínimo vital y a
si se está demorando, pues le doy la razón. Han presentado un número de
enmiendas enorme; ayer me comentaron que más de 400, muchas de su grupo,
y es lógico. Creo que esto hay que verlo en positivo porque es una norma
tan importante, tan novedosa, tan atractiva, que todos queremos
contribuir. Me siento orgulloso de que haya 400 enmiendas, porque me
parece que todo el mundo quiere ser partícipe. Esta es una norma que
salió con un consenso muy amplio porque todos vimos —usted misma lo
ha dicho— que era un déficit de nuestro sistema de bienestar, y así
es. Es una norma que todos hemos apoyado, y, lógicamente, todos queremos
que funcione de la mejor manera posible. Veremos en el trámite de
enmiendas qué hay que cambiar. Creo que ese diálogo será muy productivo
para todos nosotros.


Creo que he contestado a lo principal. Si me he dejado
algo, me lo recuerda, por favor.


En cuanto a lo que me preguntaba usted sobre si ha
habido una dotación de personal adecuada, pues lamentablemente le tengo
que decir que no. Esto lo ha hecho la Seguridad Social con los medios que
tenía en ese momento, y no solamente eso, sino con unos medios muy
mermados, porque ha sido en plena pandemia, cuando teníamos a una parte
muy importante de nuestro personal sin poder prestar atención presencial.
Sí hemos tenido una ayuda en forma de trabajadores interinos, y tengo que
reconocer que, en ese aspecto, tanto el Ministerio de Función Pública
como el Ministerio de Hacienda entendieron la necesidad, sobre todo esa
bolsa inicial de prestaciones tan importante, e hicieron lo que estuvo en
su mano en ese momento, que era poner a disposición de la Seguridad
Social un número de interinos que han contribuido de una manera muy
importante a aligerar la bolsa inicial. Pero de manera estructural no ha
habido un incremento de plantillas, sino al revés. Como usted sabe, la
plantilla de la Seguridad Social tiene unos problemas que se acumulan
desde hace muchos años; tenemos un déficit de personal respecto a nuestra
estructura óptima muy serio y pensamos que lo tendremos que abordar por
muchas razones. Si la Seguridad Social ha podido funcionar tan bien
durante estos años —creo que es un orgullo y que todos tenemos que
sentirnos muy orgullosos como país de que hayamos sido capaces de tener
una Administración tan ágil para ayudar a tantas empresas y a tantos
trabajadores—, es en parte porque tenemos un número de funcionarios
importante; y no podemos dejar que eso caiga en saco roto. Es una
reflexión que en algún momento tendremos que plantearnos. Pero la
respuesta a la pregunta es que se ha hecho como se ha podido, y eso ha
necesitado también que todos nos estrujáramos un poco el cerebro para
crear este sistema de cruces e intentar automatizar lo más posible la
gestión, porque, si no, no hubiéramos llegado. Si hubiéramos tenido que
hacer esto de una manera más manual habría sido inviable.


Me preguntaba sobre el porcentaje de solicitudes
favorables respecto al total de solicitudes. Efectivamente, en agregado
es más bajo, pero de las solicitudes que se van tramitando desde hace
unos seis meses en torno a un 30 % son favorables. En cuanto a las no
favorables, mucha gente que las está pidiendo no tiene derecho porque no
cumple los requisitos de renta y patrimonio, y no los cumple en muchos
casos por mucho, no porque tenga que vender el sofá; está excluida la
vivienda habitual. Es decir, no cumple el patrimonio a lo mejor porque
tiene dinero en el banco o un fondo de inversión. Nos estamos encontrando
casos así, casos singulares. La tranquilidad que tenemos es que las que
se están rechazando por este motivo bien rechazadas están, porque se
diseñó la alarma, de la que todos nosotros votamos a favor, con la
intención de que esto fuera para atender realmente a la gente que lo
necesitaba. Pero luego nos tenemos que preguntar por qué las personas
que, según los cálculos iniciales que hacíamos, salían como potenciales
beneficiarias no lo han pedido. En esa evaluación que estamos haciendo lo
queremos ver, lo queremos saber, e incluso nos queremos dirigir a ellas y
decirles: según los datos de que yo disponía, usted tendría derecho y no
lo ha pedido. Queremos saber por qué, cuál es el motivo, si tiene
dificultades. Y, entre otras cosas, eso nos permitirá mejorar. Nos hemos
encontrado con que determinados colectivos que sobre el papel tienen
derecho no lo han solicitado; por ejemplo, un porcentaje relativamente
importante de autónomos que aparentemente no tienen ingresos cotizan a la
Seguridad Social, pero no tienen ingresos y no lo han pedido. Es decir,
hay causas muy heterogéneas —por ejemplo, gente que ha salido del
país—, hay muchas circunstancias. Pero para nosotros lo esencial de
esta evaluación es saber exactamente por qué la gente que no lo pide no
lo hace e intentar conseguir que lo haga, intentar ayudarla a ello.


Me ha comentado que hemos hecho las medidas fáciles.
Como le decía, sí y no, porque si solo hubiéramos hecho las fáciles ya
habríamos alcanzado un acuerdo. No es tan fácil porque, por muy sencillo
que nos parezca sobre el papel, cualquier medida que se adopte afecta a
mucha gente; los representantes de empresas y trabajadores tienen sus
intereses ahí y, lógicamente, alcanzar un acuerdo en todos los extremos
es laborioso, no es sencillo. Tampoco estoy de acuerdo con que sea tan
fácil. Por ejemplo, a lo mejor todos nos podemos poner de acuerdo en que
es imprescindible aumentar la edad efectiva de jubilación, pero luego no
es tan fácil hacerlo o no estamos tan de acuerdo en los incentivos que
van a tener efecto y cuáles no y, sin embargo, sabemos que es una medida
que tiene un impacto grande en el gasto en pensiones a largo plazo.


¿Qué queda para el segundo bloque? Quedan otras
cuestiones que a lo mejor tienen menos impacto pero que nos va a costar
más sacar porque son más ambiguas, más abiertas. Creo que ahí el papel
del Congreso y el Senado y de la Comisión del Pacto de Toledo es posible
que tenga que ser más intenso desde el principio, porque son cuestiones
en las que posiblemente todos tengamos que hacer institucionalmente
reflexiones. Cuando decimos que el gasto en pensiones en 2050 va a
aumentar en tres puntos y medio quiere decir que de lo que España se
gasta —su gasto público— tres puntos y medio, que es un
porcentaje relevante, se va a gastar en pensiones, y ese gasto en
pensiones es un gasto que no se va a hacer en sanidad, en educación o en
infraestructuras. Es sostenible y se puede hacer, claro que se puede
hacer, pero tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son que eso no
se gasta en otra cosa. Creo que ese es el tipo de reflexión que le toca
fundamentalmente al Pacto de Toledo, pero que todos ustedes también
tienen que hacer. Es decir, estas consecuencias redistributivas en el
país que tenemos hoy, pero también redistributivas entre generaciones,
las debemos tener presentes.


En cuanto a cómo va el diálogo, yo diría que va
bastante bien, me atrevo a ser optimista en este punto. Hay algunos
elementos, más bien pequeños, que están aún por ajustarse. El calendario
que se presentó no ha cambiado en lo esencial, pero es verdad que cada
semana que esto no se firma es una semana que nos vamos. La comisión se
ha comprometido en que esto tendría que estar aprobado antes de final de
año. La verdad es que vamos a ir muy justos, le soy sincero, pero la
intención es cumplir el calendario. Como le digo, en lo esencial tenemos
una propuesta prácticamente ultimada.


Respecto de los trabajadores con discapacidad, cuestión
por la que han preguntado varias señorías, no está en el acuerdo del
Pacto de Toledo ni va en este bloque de reformas, pero se está trabajando
en ello. Hay una propuesta concreta, se está trabajando con asociaciones
de estos colectivos, se tiene muy identificado cuál es el problema, que
básicamente tiene que ver con el período que se considera y con cómo
acreditar desde cuándo se tiene la dolencia, y creo que hay una solución
que a no mucho tardar se podrá poner sobre la mesa.


En relación con los coeficientes anticipados por
penosidad o por peligro, no lo he contado, pero esto sí va en este
bloque, es decir, en este bloque se reforma el sistema de determinación
de esos colectivos. Y es que, con lo que tenemos a fecha de hoy, creo que
tenemos muestras más que suficientes de que no sirve, no es viable, no es
operativo y no responde a ninguna de las funciones que cumplía. Los
colectivos que realmente tienen que ver atendida esa dificultad objetiva
para realizar su trabajo tienen muy difícil atravesar ese procedimiento.
Y para las administraciones públicas, que tenemos la obligación de
responder, es un proceso muy prolijo, muy complejo. Es muy difícil
acreditar las dificultades, hay una falta de objetividad importante, y
una de las cosas que va en este paquete es una reforma de eso. Esto va
incluido en el contexto de medidas relacionadas con la edad de
jubilación, y pretendemos que colectivos que tienen una penosidad y una
dificultad objetivas para realizar su trabajo hasta la edad ordinaria
puedan tener un mecanismo relativamente sencillo para solicitarlo; que se
evalúe, que se compruebe que efectivamente eso es así, que se cumplen
unos criterios objetivos y se puedan jubilar antes. Otra cosa que creemos
que tiene que acompañar a esto es un procedimiento de revisión, porque la
penosidad o la dificultad de un trabajo también cambia con el tiempo y
si, por ejemplo, dentro de diez años ese trabajo se ha tecnificado mucho,
a lo mejor los trabajadores que hoy tienen 50 años se tienen que jubilar
antes, pero los que hoy tienen 20, cuando tengan 50 ya no. Creemos que
todo eso también habrá que evaluarlo. Como le digo, va a ir en ese
paquete.


En cuanto a los becarios, tiene usted razón, pensamos
que es un tema vital. Era algo que estaba pendiente de desarrollo
reglamentario —tampoco es una innovación genuina—, pero
creemos que también había que tener un gesto hacia los jóvenes en este
acuerdo. Entendemos que a los becarios, ya sea en prácticas laborales o
en prácticas lectivas, ese periodo se les tiene que considerar cotizado.
Y va a haber una exoneración muy importante para las empresas, es decir,
esto no va a tener un coste significativo para ellas.


Y agradezco el agradecimiento por haber hablado aquí
del tema de las pensiones, pero, como he dicho, el ministro estuvo en el
Pacto de Toledo hace unos meses, con lo cual contó cómo estaba la
situación en ese momento. Yo he hablado de alguna cosa nueva, pero se han
ido contando las cosas. Nuestra intención en todo momento es que exista
ese diálogo con el Parlamento, es decir, no es algo que se esté llevando
fuera. Otra cosa es que esté habiendo filtraciones en la prensa; eso no
lo podemos manejar ni depende de nosotros, pero queremos llevar los temas
fundamentalmente a la Comisión del Pacto de Toledo pero también aquí y al
Congreso, entre otras cosas, porque, como explicaba al principio, las
recomendaciones del Pacto de Toledo son bastante genéricas y nosotros,
que estamos tratando de concretarlas, también queremos tener un poco de
guía por parte de ustedes, queremos que nos ayuden a saber si vamos por
el buen camino. Me decía su señoría que no nos han dado carta blanca; por
supuesto, y no lo entendemos así, todo lo contrario, lo que pasa es que
es una labor complicada, porque el sistema de Seguridad Social es un
sistema complejo y cualquier reforma afecta a un montón de colectivos. En
todo caso, nuestra intención es ser absolutamente transparentes.


Estoy totalmente de acuerdo con el tema de las
pensiones mínimas, de hecho, las pensiones mínimas en estos años han
subido por encima de lo que lo han hecho las pensiones en general, se han
revalorizado por encima. Aun así, con independencia de otras cosas, para
las pensiones mínimas lo fundamental también es la derogación del IRP,
que ayuda a todas las pensiones: las mínimas, las máximas y las medias.
Es decir, que la pensión no pierda poder adquisitivo es lo fundamental. A
partir de ahí, que haya medidas para que la pensión mínima suba con
carácter general entiendo que es algo que se tiene que estudiar y tener
en cuenta en el contexto del conjunto del sistema. Este es un elemento
que posiblemente, no en este acuerdo, pero sí en el segundo, tenga alguna
mención particular o se intente dar algún tratamiento particular a lo que
tiene que pasar con las pensiones mínimas. Pero no es algo a lo que
seamos ajenos.


Y no puedo estar de acuerdo, y lo siento, con que las
medidas para acercar la edad efectiva y la edad legal son recortes
maquillados, en absoluto. Primero, esto afecta a las jubilaciones
voluntarias, es decir, no afecta ni a las involuntarias ni a la gente que
viene del desempleo; e incluso aunque sea voluntaria y se venga del
desempleo tampoco afecta. Por otro lado, los coeficientes, en su
grandísima mayoría, bajan. En el gráfico que he presentado antes se ve
que la penalización de una persona por jubilarse anticipadamente no la
hacemos más grande, la hacemos más pequeña. Lo que cambiamos es la
pendiente, lo que cambiamos es cuánto deja de ganar por retrasar un mes
más, o sea, cuánto deja de reducirse la pensión por retrasar un mes más.
Me invento la cifra: imagínense que antes era de un 1 %, pues ahora va a
ser del 1,5 %, pero el nivel es más bajo, o sea la penalización es menor,
pero le va a compensar aguantar un mes más. Queremos jugar con eso, pero
no hay en absoluto un recorte. Y no le digo ya si hablamos de los
incentivos por la demora, que son mucho más generosos. Antes teníamos una
mejora que era de entre un 2 % y un 4 % en función de la carrera de
cotización y ahora va a ser de un 4 % siempre, y el trabajador que lo
prefiera en lugar de ese 4 % va a poder optar por un pago a tanto alzado
que puede alcanzar hasta 12 000 euros en un solo año. Es decir, en
absoluto se puede entender que esto sea un recorte, todo lo contrario.
Creemos que son incentivos, en concreto los de la demorada, que eran
insuficientes, escasos y funcionaba mal; la gente no los conocía y no los
podía usar. Y como es una medida que tiene impacto y que a largo plazo
ahorra, creemos que merece la pena gastar ahí. Además, queremos que se
diseñen mejor porque entendemos que había un problema grande de diseño y
que se pueden diseñar de manera que sean más efectivos. Por tanto, en
absoluto hay un recorte.


Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía usted
sobre que lo fundamental es tener buenos empleos y salarios altos; por
supuesto. Entre otras cosas, el Plan de recuperación es una oportunidad
muy buena para conseguir que la productividad de la economía española
aumente, y eso aumentará los salarios de los españoles. Es una
oportunidad que no podemos desaprovechar, y hay muchas medidas
—ustedes lo conocen, lo han estudiado— que tienen que ver con
mejorar nuestro mercado laboral e inversiones que deberían aumentar
nuestra productividad a largo plazo. Todas esas cuestiones en última
instancia van orientadas a mejorar nuestro nivel de vida, a mejorar
nuestra economía y nuestros empleos.


En cuanto a la auditoría de la Seguridad Social, no
quiero dejarlo pasar porque me parece que no puede quedar aquí la idea de
que la Seguridad Social no tiene controles. La Seguridad Social tiene
todo tipo de controles, tiene su intervención, el Tribunal de Cuentas la
fiscaliza cada año. La Seguridad Social no ha sido saqueada, ni muchísimo
menos, y no me parece que esto lo pueda dejar pasar. Lo que la Seguridad
Social ha sufrido —lo he tratado de explicar antes— es una
sobrecarga con gastos que en puridad no deberían haberse asumido con
cargo a cotizaciones. Todos los gobiernos, con la mejor intención y de
manera muy legítima, han decidido hacer políticas activas de empleo,
añadir un subsidio de no sé qué o mejorar la prestación, y muchas de
ellas sido políticas muy útiles de las que se ha beneficiado mucha gente,
pero muchas veces se nos olvida, como decía el senador, la parte de
ingresos. Entonces, para un Gobierno es muy fácil decir: voy a añadir un
subsidio de no sé qué, que está muy bien diseñado, que está muy bien
pensado y era muy necesario. Pero ¿cómo se va a pagar? Como la Seguridad
Social tiene sus ingresos, ya lo pagará la Seguridad Social. Pero, a la
larga, esas políticas, todas las cuales pueden ser magníficas —no
cuestiono ninguna de ellas—, suponen que la Seguridad Social va
apareciendo con unos déficits que no son reales o producidos por su labor
genuina o inicial, que es el mantenimiento del sistema de pensiones y
prestaciones. Lo que nos ha dicho el Pacto de Toledo es: la Seguridad
Social tiene que hacer lo que hace ya de por sí, que es pagar pensiones,
que lo hace muy bien; y además queremos que siga haciendo todo esto. Pero
todo esto que sigue haciendo lo tenemos que financiar porque, si no,
parece que el déficit de la Seguridad Social es mayor de lo que realmente
es y eso produce mucha intranquilidad y mucha incertidumbre en los
pensionistas y salen en los medios noticias que alarman y que no tienen
que salir. Pero no ha habido ningún saqueo, por favor. Yo creo que ha
habido una inatención a la parte de los recursos.


Respecto a las dos preguntas del senador, la viudedad
de parejas de hecho va también en este primer bloque de reforma, pero no
definido, sino con el compromiso de eliminar esa desigualdad en el
acceso. Ahora tendremos que sentarnos y ver exactamente cómo plasmamos
eso, pero se ha comprometido ya en este acuerdo, ha habido un consenso
unánime en la Mesa del diálogo social.


Y en cuanto a la derogación de la reforma, básicamente
es el elemento esencial de este primer bloque. No puedo dar más detalles
de cuándo porque hasta que no firmemos no hay un cuándo, pero la
intención es que en cuanto entre en vigor esté derogada la reforma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.








CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A





PREGUNTA SOBRE LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE
CONTESTACIÓN A SU PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN POR LA QUE SE LE INSTABA A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA.


681/000120

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR
EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN POR LA QUE SE LE INSTABA A
LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA.


681/000121

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL IMPORTE MEDIO DE LA PENSIÓN
DEL COLECTIVO DE JUBILADOS ANTICIPADOS A LOS CUALES SE LES HA APLICADO
UNA PENALIZACIÓN POR JUBILARSE ANTES DE LOS SESENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD,
CON ANTERIORIDAD A LA APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES REDUCTORES, CON
INDICACIÓN DEL PORCENTAJE MEDIO DE PENALIZACIÓN APLICADO Y DEL NÚMERO
MEDIO DE AÑOS DE ANTICIPACIÓN EN SU ACCESO A LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN.


681/000124

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA QUE, A LOS EFECTOS DE ACREDITACIÓN DEL PERIODO DE
COTIZACIÓN EFECTIVA EN LOS CASOS DE JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA, NO
SE TENGA EN CUENTA LA PARTE PROPORCIONAL POR PAGAS EXTRAORDINARIAS Y SOLO
SE COMPUTE EL PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO O DE
LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA, CON EL LÍMITE MÁXIMO DE UN
AÑO.


681/000125

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA QUE,
EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE HAYA ACCEDIDO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA
DE MANERA VOLUNTARIA Y EN LOS QUE SE APLICAN COEFICIENTES REDUCTORES POR
TRIMESTRE O FRACCIÓN DE TRIMESTRE QUE LE FALTE AL TRABAJADOR PARA CUMPLIR
LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN, DEJEN DE APLICARSE LOS COEFICIENTES
REDUCTORES DESDE EL MOMENTO EN QUE EL PENSIONISTA CUMPLA LA EDAD LEGAL DE
JUBILACIÓN.


681/000126

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA QUE A TODOS AQUELLOS JUBILADOS ANTICIPADOS QUE HAYAN
COTIZADO POR EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA, ASÍ COMO POR EL RÉGIMEN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CON
CUARENTA O MÁS AÑOS COTIZADOS Y QUE EN EL MOMENTO DE PROMULGARSE LAS
CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TENGAN YA 65 O MÁS AÑOS DE EDAD, SE LES DEJE DE APLICAR LOS REFERIDOS
COEFICIENTES REDUCTORES Y SE LES CALCULE LA PENSIÓN SEGÚN SU BASE
CONTRIBUTIVA Y LOS AÑOS COTIZADOS.


681/000127

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE LA FECHA EN LA QUE EL GOBIERNO
REMITIÓ A LA GENERALITAT VALENCIANA EL BORRADOR DEL DECRETO-LEY QUE
REGULA EL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA QUE PUDIERAN PRESENTAR APORTACIONES,
ASÍ COMO RESPECTO A LAS REUNIONES MANTENIDAS CON EL MINISTRO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PARA TRATAR ESTE
ASUNTO.


681/001115

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
SOLICITADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL EN EL MUNICIPIO DE TORRECHIVA
(CASTELLÓN/CASTELLÓ) EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y SE LES HA DENEGADO LA
PETICIÓN.


681/001116

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
SOLICITADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL EN EL MUNICIPIO DE MONTÁN
(CASTELLÓN/CASTELLÓ) EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y SE LES HA DENEGADO LA
PETICIÓN.


681/001117

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
SOLICITADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL EN EL MUNICIPIO DE EL CAMPO DE
MIRRA/CAMP DE MIRRA (ALICANTE/ALACANT) EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y SE LES
HA DENEGADO LA PETICIÓN.


681/001118

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE COFRENTES (VALENCIA/VALÈNCIA) BENEFICIARIAS CON EL INGRESO
MÍNIMO VITAL DE IMPORTE INFERIOR A 200, 100 Y 50 EUROS AL MES DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021.


681/001143

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE ALAQUÀS (VALENCIA/VALÈNCIA) A LAS QUE SE LES HA DENEGADO LA
CONCESIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
2021.


681/001146

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE MISLATA (VALENCIA/VALÈNCIA) A LAS QUE SE LES HA DENEGADO LA
CONCESIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
2021.


681/001147

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) BENEFICIARIAS CON EL INGRESO
MÍNIMO VITAL DE IMPORTE INFERIOR A 200, 100 Y 50 EUROS AL MES DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021.


681/001148

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE SEMPERE (VALENCIA/VALÈNCIA) A LAS QUE SE LES HA DENEGADO LA
CONCESIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
2021.


681/001149

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)





PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE HOGARES
BENEFICIADOS CON EL INGRESO MÍNIMO VITAL DE IMPORTE INFERIOR A 100 Y 400
EUROS.


681/001157

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del
orden del día, contestación del Gobierno a las siguientes preguntas.


En primer lugar, el señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, ha pedido el aplazamiento de las
preguntas que se relacionan en el orden del día y que doy por conocidas
por todas y todos ustedes. No se pueden aplazar por ser todas ellas
reconvertidas, por lo tanto, todas estas preguntas decaen.









PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO
CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR PARTE DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


681/000682

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que
están vivas. Les recuerdo que son tres minutos para formular la pregunta;
tres minutos también para responder el señor secretario de Estado.
También les recuerdo que en ningún caso cabe la sustitución de la
senadora o senador preguntante para formular preguntas orales que no
hayan sido presentadas por ellos mismos.


La primera pregunta es sobre las previsiones del
Gobierno con respecto a la gestión del ingreso mínimo vital por parte de
las comunidades autónomas. Autora: Fernández González, María Mercedes,
del Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias,
presidente.


Antes le decía que volveríamos con esta pregunta ya
más singularizada al ingreso mínimo vital. Señor secretario de Estado,
quiero poner algunos ejemplos de manifiesto, porque creo que es una forma
muy ilustrativa de hacer un chequeo de cómo va esta tramitación del
ingreso mínimo vital.


Efectivamente, el Partido Popular apoyó esta
iniciativa, esta prestación de la Seguridad Social, pero ello no quiere
decir —y lo digo en referencia al portavoz socialista— que
tengamos que estar de acuerdo con la gestión, que tengamos que estar
silentes con la gestión y que tengamos que decir sí a todo lo que hace el
Gobierno o a lo que omite. Por esa razón, nosotros creemos que las
expectativas que se generaron cuando se creó la prestación fueron muy
superiores a la actual concesión de prestaciones.


En Asturias —y voy a ponerle el ejemplo de
por donde soy senadora electa—, el ministerio rechazó seis de cada
diez peticiones, de 18 866 peticiones solo fueron aprobadas 6692. ¿Qué
quiere ello decir? Ustedes ponían mi comunidad autónoma como ejemplo y se
ve que se volvieron atrás, porque esa pasarela a través de la cual se
podía pasar de uno a otro sistema ha fracasado y ha creado frustración
tanto en la comunidad autónoma como en los perceptores.


Por lo que se refiere al País Vasco y a Navarra, yo
no voy a utilizar palabras propias, que ya las dijimos en su día cuando
se singularizó en el real decreto una transferencia especial y
singularizada. Voy a hacer referencia, señoría, a una declaración pública
que hicieron los letrados de la Seguridad Social —un cuerpo muy
acreditado—, que pusieron de manifiesto que se rompería la unidad y
se iría contra la legalidad si la transferencia no es solo de gestión,
sino que es íntegra. Es decir, que se rompería la caja única, porque
estamos hablando de una prestación de la Seguridad Social y, por tanto,
al igual que las pensiones no contributivas las gestionan las comunidades
autónomas —es así, las gestionan—, las atribuciones son del
Estado, como también lo son en este caso.


Señor secretario de Estado, yo creo que ustedes han
perdido de vista la seguridad jurídica. Ese documento tan vivo, tan
móvil, tan cambiante, sinceramente, creo que ha hecho perder seguridad
jurídica en aquellas personas, en aquellos españoles que legítimamente
aspiraban a ser perceptores de esta prestación. Por esa razón, yo le pido
concreción. Y aunque es trámite parlamentario, me parece bastante
ilustrativo que llevemos un año de convalidación como ley y que todavía
no haya llegado al Senado y no haya concluido en el Congreso la
tramitación de las enmiendas. ¿Que hay muchas? Estupendo, porque eso
quiere decir que se enriquecerá el proyecto, pero eso no quiere decir que
haya que hacer treinta y cinco bloqueos a la tramitación de la ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias.


En cuanto al contenido estricto de la pregunta, el
Gobierno se está limitando a dar cumplimiento a las disposiciones
adicionales cuarta y quinta de la Ley del ingreso mínimo vital, que
habla, en un caso, de la asunción por parte de las comunidades autónomas
forales de la gestión correspondiente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y, por otro, que se podrán buscar fórmulas de gestión
con las distintas comunidades autónomas.


Primero, quiero poner de manifiesto que la gestión
que se está haciendo en relación con las comunes autónomas está siendo
muy intensa. Desde el primer momento, esta prestación se ha diseñado
teniendo en cuenta a las comunidades autónomas, desde el comienzo ha
habido relaciones con todas ellas, reuniones con todas ellas a todos los
niveles, y se han establecido todo tipo de mecanismos de colaboración en
la gestión entre ellas para todo esto que usted decía de una pasarela.
Todo esto se ha creado en la ley, esto no existe con otras prestaciones,
esto se ha creado ex profeso para facilitar esta coordinación entre los
sistemas de lucha contra la pobreza de las comunidades autónomas y el
ingreso mínimo vital. Si hay beneficiarios de prestaciones autonómicas
que no cumplen los requisitos del ingreso mínimo vital, es lógico que no
se les reconozca. Si hay comunidades autónomas donde, por ejemplo, no hay
límites de ingresos o no se mira el patrimonio y gente con patrimonio
importante está cobrando una prestación autonómica, lógicamente, no podrá
cobrar a nuestra. Yo creo que eso no es un defecto, sino una virtud; es
lo que queremos y lo que queremos es que estas cosas se miren.


Lo que queremos es que el procedimiento también sea
ágil y se ha creado lo que denominamos una ventanilla integral, por la
que solicitudes que se presentan a través de la comunidad autónoma nos
pueden llegar a nosotros. Es decir, nosotros estamos ya en un flujo
continuo de información con las distintas comunidades autónomas; hay un
número importante de comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Aragón,
País Vasco, Navarra y Cataluña, con las que ya se están produciendo
intercambios y con las que se están produciendo conversiones de las
rentas autonómicas de aquellos beneficiarios que cumplen los requisitos
para el IMV, con lo cual esas comunidades autónomas se están ahorrando
esa prestación —en su caso, la podrán complementar, podrán
añadirla, etcétera—. Lo que queremos es un sistema en el que el
Estado pueda prestar ese mínimo nacional y, después, las comuniones
autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan complementarlo,
puedan ampliar los colectivos o si el colectivo es el mismo,
mejorarlo.


La relación con las comunidades autónomas está
siendo muy intensa, está siendo muy fructífera, está sirviendo
verdaderamente a lo que queríamos y en un futuro lo que tenemos en mente
es eso, que haya una coordinación total entre ambos niveles de la
administración. Hay otras experiencias de prestaciones que se gestionan
entre distintos niveles de la administración a las que creemos que les
falta ese grado de integración, ese grado de coordinación, que al final
lo que favorece —y era un poco el problema que tenía nuestro
sistema de rentas mínimas— es que no hay la suficiente
organización. Al final, se perjudicaba la homogeneidad del sistema de
protección social porque los requisitos eran diferentes, porque, a lo
mejor, no se verificaba que los plazos de gestión de las prestaciones
fueran los mismos..., cuestiones que tanto a nosotros como a las
comunidades autónomas nos interesa que sean homogéneas. Por supuesto, es
perfectamente legítimo que una comunidad autónoma quiera dar unas
prestaciones distintas o más elevadas en su territorio, pero lo que no
puede ser es que si está gestionando una prestación nuestra los trámites
sean más largos. Eso no puede ser y hay cuestiones que
tenemos…


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le
ruego que termine.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Lo dejamos aquí.


El señor PRESIDENTE: Gracias.









PREGUNTA SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CON RESPECTO A LA OBLIGADA
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 60 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30
DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, REFERIDO AL COMPLEMENTO POR MATERNIDAD EN LAS
PENSIONES CONTRIBUTIVAS, DERIVADA DEL FALLO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA UNIÓN EUROPEA.


681/000757

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente
pregunta, sobre el planteamiento del Ministerio de Inclusión Seguridad
Social y Migraciones con respecto a la obligada modificación del
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, referido al complemento por maternidad en las pensiones
contributivas, derivada del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. La autora es la senadora Fernández González, del Grupo
Popular.


Tiene la palabra. Le agradecería que se ciña
también a los tres minutos.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Eso dígaselo al
secretario de Estado, que yo me he ceñido. Muchas gracias, señor
presidente.


Efectivamente, cuando nosotros planteábamos esta
pregunta, más atrás en el tiempo, había una tarea por hacer que hoy está
hecha, a nuestro juicio, no de forma satisfactoria. Cuando se planteó la
modificación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social
—y quiero recordar al secretario de Estado y a sus señorías que fue
la primera pieza de modificación en el sistema de Seguridad Social
español y, por tanto, la primera pieza dentro de la adecuación del Pacto
de Toledo, donde hay un mandato para que así sea— consecuencia de
una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, nosotros creíamos que
esta sentencia era una buena oportunidad para ampliar la prestación.


¿Qué han hecho ustedes? Ustedes han penalizado a
las familias numerosas de una forma muy intensa y muy importante, con lo
que no estamos de acuerdo; y, en segundo término, han hecho hincapié en
decir que en el primer hijo se producía la principal brecha de género.
Bien, ante eso, nosotros preguntamos, hicimos varias reflexiones al
respecto y lo que preguntamos es: si el ministerio tiene datos, si tiene
estudios que señalan esta cuestión, por qué no se aplica retroactividad a
aquellas mujeres que están percibiendo esa prestación desde el 1 de enero
de 2016, porque si no se está dando garantía a la comisión de una
injusticia una vez más. Nosotros creíamos que era una posibilidad para
adecuar este complemento y hacerlo con mayor amplitud, si cabe.


Ustedes también han corregido la jubilación
anticipada. En el programa que estableció el Gobierno del Partido Popular
en el año 2016, la jubilación anticipada no era un requisito que
permitiese la obtención del complemento, pero ustedes nuevamente crean un
agravio comparativo: es decir, la jubilación anticipada no es para las
clases pasivas y la jubilación anticipada sí se tiene en cuenta para los
trabajadores y las trabajadoras que están sujetos al Estatuto de los
Trabajadores. Yo quiero preguntarle por qué han hecho eso, en base a qué
criterios, si ha sido una negociación con los sindicatos o si ha sido
algo del ministerio.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, aténgase a
la pregunta. Usted ha formulado una pregunta sobre la maternidad y la
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, no sobre la jubilación
anticipada. No puede introducir otra pregunta sobre una misma.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No, no, me ratifico.
¿Cómo que no puedo? Es que debo, es que debo, porque en el real decreto
que se establece para dar cobertura a la sentencia del Tribunal Europeo
se establece por el Gobierno una nueva dualidad, y me parece que es una
buena oportunidad, en nombre de las mujeres españolas y, sobre todo, de
las funcionarias, para ponerlo aquí de manifiesto, señor presidente,
naturalmente que sí, naturalmente que sí.


Y finalizo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario
de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Como usted decía, ya se aprobó esta
modificación. Usted dice que era una oportunidad, pero yo veo que la
oportunidad era que cuando se diseñó el complemento de maternidad
inicialmente se tenía que haber hecho bien. Que ahora haya habido una
sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea que nos ha sacado los
colores, yo no diría que es una oportunidad, pero, efectivamente, hay que
reformarlo y hay que reformarlo de la mejor manera posible.


Esto se ha hecho, primero, para atender a esta
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, segundo, para
atender a una serie de cuestiones porque el complemento de maternidad
preexistente estaba mal diseñado; estaba mal diseñado, entre otras cosas,
porque a las madres, ahora padres o madres, que tenían un solo hijo no
les beneficiaba, y era un colectivo enorme: un 78 % de las madres de dos
hijos salen beneficiadas con este complemento; todas las de un hijo salen
beneficiadas todas, el cien por cien; el 63 % de las de dos hijos salen
beneficiadas; el 54 % de las de tres hijos salen beneficiadas. No me diga
que perjudica a las madres de familia numerosa, porque beneficia a la
inmensa mayoría. Hay un pequeño colectivo que no se beneficia, que son
madres de familia numerosa de rentas muy altas, efectivamente, pero es
que también tenemos una restricción presupuestaria. Podríamos haber
decidido que todo el mundo cobrara el doble, o ustedes en su momento
podrían haber decidido que las madres de un hijo lo cobraran; no lo
hicieron, entiendo que ustedes también valorarían que había una
restricción presupuestaria y que el gasto no podía ser excesivo. Creo que
eso es legítimamente labor de gobierno.


¿Cuál es el sentido de decir que esto afecta a
partir del primer hijo? No lo decimos nosotros, lo dice toda la
literatura sobre esta cuestión. No es que el segundo hijo no afecte, no
es que el tercer hijo no afecte, pero es que la brecha se abre a partir
del primer hijo, y eso ocurre aquí y ocurre en todos los países del
mundo. Por eso, en esa brecha que se abre a partir del primer hijo es en
la que nosotros entendíamos que era donde había que atacar, pero, por
supuesto, la ayuda va con cada hijo y se añade a cada hijo.


Con carácter general, la ayuda es mucho más
potente, se están dedicando muchos más recursos y se están dedicando de
una manera más progresiva, porque mejora más a las pensiones más bajas y,
además, porque tiene en cuenta la posibilidad de que sea el padre o
incluso incentiva que sea el padre el que realice esas labores de
crianza, no necesariamente tiene que ser la madre, que era el principal
elemento de la crítica de la sentencia del Tribunal de Justicia, que nos
decía: si usted está atendiendo la aportación demográfica, la aportación
demográfica es tanto del padre como de la madre. Aquí se ha aprovechado
—y aquí sí le doy la razón— para rediseñar eso y dar un
incentivo a que haya una corresponsabilidad en la crianza. Con la máxima
humildad, todo es mejorable, pero creemos que, con carácter general, el
diseño tiene mucho más sentido, es más justo.


En cuanto a la cuestión de clases pasivas, clases
pasivas tiene un régimen que en muchos casos es distinto; en algunos
casos está privilegiada respecto a los trabajadores del régimen general,
pero son regímenes muy diferentes en muchos elementos y no me parece que
la comparación tenga que ser en términos homogéneos, la verdad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de
Estado.









PREGUNTA SOBRE EL CALENDARIO INICIAL QUE TIENE
EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PARA REALIZAR
LA TRASLACIÓN NORMATIVA DERIVADA DE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS EN EL PACTO
DE TOLEDO.


681/000803

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, sobre el
calendario inicial que tiene el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones para realizar la traslación normativa derivada de los
acuerdos conseguidos en el Pacto de Toledo. Presentada por la señora
Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor secretario de Estado, hemos leído de todo,
hemos escuchado declaraciones de todo tipo y condición respecto a los
calendarios y a la traslación normativa de los acuerdos y recomendaciones
del Pacto de Toledo a la necesaria modificación —no en todos los
casos, pero sí en su mayor parte— de la Ley General de la Seguridad
Social y disposiciones complementarias.


Por tanto, a nosotros nos parece importante, pero
no ya como senadores, no ya como parlamentarios, nos parece importante
que tengamos esa caja de resonancia hoy aquí en el Senado para contarle
muy bien a los actuales pensionistas y a los futuros pensionistas cómo se
va a articular y en qué plazos se va a articular la traslación normativa
de las reformas que se están negociando ahora mismo con los sectores
sociales. Nos parece importante porque tenemos también ahí un córner
—si usted me permite la expresión coloquial— con Bruselas,
pues debemos tener muy en cuenta ese complemento número 30 y todas las
recomendaciones que en él se contienen. Y, desde luego, ustedes también
tienen que convencer a sus señorías para que lo negociado fuera de las
Cortes Generales pueda ser aprobado, porque, en definitiva, somos en el
Congreso y en el Senado los que daremos carta de naturaleza a esas
modificaciones normativas necesarias para la modificación real del
sistema.


Hemos oído dos fases: algunos dicen —no sé si
maliciosamente— lo fácil primero y lo difícil después. A nosotros
nos gustaría que usted nos hablase de esos dos paquetes, en su caso, o de
un paquete con las características temporales que usted sepa y conozca
como alto representante del ministerio. Porque queremos saber, queremos
colaborar, desde luego, en que este calendario sea razonable y no
queremos tampoco que se causen sorpresas no deseadas como, a nuestro
juicio, sucedió en el caso de los autónomos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor secretario de
Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): En cuanto al calendario —ya
lo he contestado antes—, lo estuvo explicando aquí, en esta misma
Cámara, el ministro. El calendario es público, está trasladado a
Bruselas. Este primer bloque tiene que estar aprobado en este año y tiene
que estar en vigor el año que viene. En el segundo bloque hay un par de
hitos, pero esencialmente tiene que estar aprobado en 2022.


Obviamente, es un calendario exigente. Lo que
nosotros no podemos hacer es condicionar el diálogo social. Yo creo que
los interlocutores son conscientes también de este calendario, se les ha
puesto de manifiesto en todo momento y han hecho un esfuerzo, dentro de
lo que han sido capaces, por adaptarse y dedicar el máximo número de
horas de trabajo a intentar alcanzar un acuerdo y a trabajar por el buen
fin de esto. En el ínterin, sí, nosotros hemos ido dando cuenta de esto
tanto al Pacto de Toledo como en cada una de nuestras comparecencias.
Usted habrá oído de todo, pero no a nosotros, nosotros siempre hemos
dicho lo mismo y nuestros plazos siempre han sido los mismos, no hemos
variado ni una coma en eso.


Y lo mismo le digo respecto a las sorpresas a los
autónomos: sorpresas ha habido muy pocas, porque lo que se les ha dicho a
los autónomos es lo que se está hablando con ellos desde octubre. Yo no
me voy a hacer responsable de lo que se diga en la prensa o de lo que
quien, más o menos interesadamente, pretenda filtrar. Nosotros seremos
responsables de lo que nosotros decimos y de lo que se hable en la Mesa
de diálogo social.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Fernández, tiene derecho a la réplica.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No voy a hacer uso de
ella.


El señor PRESIDENTE: Gracias.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO REMITIÓ A
BRUSELAS UNA PROPUESTA PARA AMPLIAR A 35 AÑOS DE COTIZACIÓN EL PERÍODO
PARA EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES.


681/000826

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre si el Gobierno
remitió a Bruselas una propuesta para ampliar a treinta y cinco años de
cotización el período para el cálculo de las pensiones.


Tiene la palabra la señora Fernández González.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor secretario de Estado, usted sabe que
circularon fichas por todos los sitios. Desde luego, los que no somos
responsables somos los del Grupo Parlamentario Popular. Las vimos
reproducidas en los medios de comunicación social. Yo no sé si hubo
filtraciones de parte del Gobierno, de la otra parte del Gobierno que
forma parte de la coalición. Yo no sé si ustedes no fueron vigilantes y
cuidadosos con los papeles. Lo cierto y veraz es que esa ficha que yo
tengo, donde figuran los treinta y cinco años, luego se rectificó.


Y yo quiero aprovechar la solemnidad que nos da
esta sesión en el Senado para que el secretario de Estado de Seguridad
Social nos explique de forma clara, de forma diáfana, de forma
transparente que, efectivamente, no está en el planteamiento del
ministerio ampliar a treinta y cinco años el periodo de cotización.


Y esta, sin más, ni más ni menos, es la
pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias.


Por supuesto que no se ha enviado a Bruselas una
ampliación a treinta y cinco años. Las fichas son conocidas, son públicas
y están a su disposición y a la de sus señorías. Pueden comprobar
exactamente lo que dice la ficha y lo que dice la reforma concreta a la
que entiendo que usted hace referencia, que es la que habla de adaptar
los periodos de cotización a la nueva realidad del mercado laboral. ¿Cuál
es la intención de esa propuesta? Pues exactamente lo que indica su
título: tenemos un mercado de trabajo donde las carreras de cotización o
las vidas laborales cada vez son más irregulares, donde la gente no
empieza a trabajar con 25 años y va ganando más y más hasta que se
jubila, de manera continua, sin experimentar periodos de desempleo, sin
experimentar reducciones de ingresos o sin tener que dejar de trabajar
para cuidar a un dependiente. ¿Cuál es el problema de nuestra fórmula de
cálculo actual? Que, como ustedes sabrán, coge los últimos veinticinco
años. Esa fórmula de cálculo está pensada para ese tipo de carreras de
cotización que, por desgracia, cada vez son menos frecuentes.


¿Qué piensa el Gobierno? Piensa que haríamos
dejación de nuestras funciones si no atendiéramos a esas realidades que
son cada vez más frecuentes. Nos hemos encontrado con que hay muchos
trabajadores que, a lo mejor, han sufrido en los últimos años, fruto de
la crisis de 2009, de la de 2011 o de esta última, una reducción
importante de sus ingresos en los últimos años antes de jubilarse, y a
ellos la fórmula de cálculo actual les perjudica; gente que ha tenido que
dejar de trabajar para cuidar a un hijo o a un dependiente y, por lo
tanto, presenta lagunas; gente que está atrapada en una trampa de
temporalidad en la que engancha contratos temporales, periodos de paro,
vuelve a otro contrato temporal... A toda esta gente, el statu quo actual
los penaliza. Entonces, pensamos que un sistema contributivo, un sistema
equitativo y un sistema justo debe tenerlos en cuenta.


Cuando decimos eso de que lo difícil queda para
después, estoy de acuerdo, pero no porque sean decisiones menos
populares, sino porque son decisiones en las que no hay una respuesta
clara. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tratamos a esa gente? ¿Cómo hacemos que el
sistema sea más justo para ellos? Creemos que en esa segunda parte del
bloque de reformas hay que atender a eso, y es lo que pretende esa
medida. Habrá que verlo en el diálogo social y yo creo que habrá que
verlo también con ustedes, habrá que verlo también en el Parlamento. Si
este primer bloque afecta a aspectos paramétricos importantes, pero
paramétricos, del sistema de Seguridad Social, esto otro afecta a
elementos esenciales, a elementos sobre los que conviene que
reflexionemos profundamente entre todos, pero yo creo en el fondo de la
cuestión todos vamos a estar de acuerdo. De hecho, yo creo que todos
vamos a estar de acuerdo tanto que cuando esto ha salido ha salido no ha
habido absolutamente ninguna polémica, o sea, todos entendemos que esta
realidad es así.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Fernández, tiene tiempo para la
réplica.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor
presidente.


Simplemente, agradezco que quede claro que no se
tendrá en cuenta el periodo de treinta y cinco años.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.









PREGUNTA SOBRE EL DOCUMENTO O PROPUESTA
ENVIADOS A BRUSELAS EN RELACIÓN CON EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES, ASÍ COMO
SOBRE EL DOCUMENTO REMITIDO, EN SU CASO, REFERIDO A LA REFORMA DEL
SISTEMA DE PENSIONES.


681/000850

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, sobre el
documento o propuesta enviados a Bruselas en relación con el cálculo de
las pensiones, así como sobre el documento remitido, en su caso, referido
a la reforma de las pensiones, también de la señora Fernández González.
Someto a la consideración de su señoría si la da por contestada con la
pregunta anterior.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: La doy por
contestada. Luego apelaré a la generosidad del presidente,
seguramente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.









PREGUNTA SOBRE LOS CRITERIOS QUE HAN SERVIDO
DE BASE PARA LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.


681/000869

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente
pregunta, sobre los criterios que han servido de base para la nueva
redacción del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social. La autora es también la señora Fernández González.


Tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor
presidente.


Tiene también mucho que ver con la pregunta que
hicimos anteriormente, pero, si usted me permite, no ya como senadora
electa por Asturias, sino en mi condición de mujer, para nosotros tiene
muchísima importancia que se mantenga y se mejore un programa pionero que
puso en marcha el Partido Popular el 1 de enero del 2016.


Y tengo que decir —vi gestos de
desaprobación— que las diputadas del Partido Socialista votaron en
contra esta iniciativa. Yo no sé si era mejorable —seguramente,
como todo en esta vida—, pero no había nada con qué compararla, era
un programa nuevo y pionero. En la iniciativa legislativa se justificaba
—yo lo lamento, pero no conozco exactamente en qué términos fue la
defensa ante el Tribunal de Justicia Europeo— que no solamente se
estaba hablando de brecha salarial, sino también de brecha de género y,
desde luego, también se estaba hablando de esta contribución por parte de
las pensionistas españolas.


Sinceramente, señor secretario de Estado,
coincidiendo en esos estudios estupendos que ustedes han hecho
—supongo que con el dinero de todos los españoles y, por tanto, son
estudios que a todos nos pertenecen—, creo que deberían ser
utilizados para aplicar la retroactividad a 1 de enero del 2016 a
aquellas pensionistas que tienen un solo hijo, que es donde ustedes
hicieron la radiografía más exacta —según palabras del ministro,
que hoy han sido ratificadas por usted aquí— y donde se evidenció
que se producía una mayor brecha.


Efectivamente, el tema judicial fue un revés, pero
los reveses hay que aprovecharlos siempre con carácter positivo. Y
naturalmente que es una posibilidad legislativa que nos da, sin ningún
género de duda, una posibilidad de ser más solidarios, de ser más
ambiciosos y de reconocer a las mujeres españolas su contribución al
desarrollo de nuestro país a través de la maternidad y también por el
soporte que tuvieron en la brecha de género, ya que no son las pensiones
más elevadas, desgraciadamente, las que perciben las mujeres españolas.
Por eso, nosotros creíamos que era importante hacer ese esfuerzo y
aplicar esa retroactividad.


También le digo que no me quedó nada claro en la
pregunta anterior por qué diferencian ustedes a las trabajadoras que se
acogen al Estatuto de los Trabajadores de las trabajadoras que son
funcionarias, porque a unas les permiten la jubilación anticipada para
obtener el complemento —a los que se regulan por el Estatuto de los
Trabajadores y normativa complementaria— y no se lo permiten a las
funcionarias en nuestro país que se acogen a esa jubilación anticipada,
desde luego, cumpliendo un número de años elevadísimo de cotización a
través de su sistema de clases pasivas. Por eso, señor secretario de
Estado, yo le agradecería, en nombre de mi grupo, que volviésemos sobre
esta cuestión, que a nosotros nos parece muy importante. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor secretario de
Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): No abundaré en lo que he comentado
antes sobre los elementos que se han mejorado esencialmente en el diseño
y me centraré en lo que usted menciona sobre la retroactividad.


¿Por qué hasta el 2016? ¿Por qué no hasta el 2015,
el 2014 o el 2013? ¿Y por qué cuando ustedes aprobaron el 2016 no dieron
retroactividad? ¿Y por qué no aprobaron entonces las jubilaciones
del 2014, del 2013, del 2012? Porque, lógicamente, cuando se introduce
una medida hay que tener una mesura por el impacto que eso tiene, y todo
esto tiene unas consecuencias presupuestarias importantes. Uno de los
motivos de haber adelantado el calendario de esta modificación es que la
sentencia del Tribunal de Justicia ha tenido unas consecuencias enormes
en cuanto al gasto, porque estaba suponiendo que el mismo complemento se
estaba reconociendo al padre y a la madre en la misma cuantía, con lo
cual el gasto se nos estaba duplicando. Lógicamente, no se pueden olvidar
las consecuencias que tiene en materia de ingresos o en materia de gastos
una medida de este tipo. Todos nos enfrentamos a una restricción
presupuestaria y tenemos que hacer lo más posible y de la manera más
eficiente y justa con los recursos disponibles. No podemos hacer
demagogia con esto, sinceramente, me parece que es demasiado importante
para ello.


En cuanto a clases pasivas, yo me refería a que el
sistema de jubilación anticipada y, en general, el sistema de jubilación
en clases pasivas y en el régimen general son diferentes en muchos
aspectos y, con carácter general, no para peor en el sistema de clases
pasivas. Cualquiera puede admitir que los funcionarios de clases pasivas
tienen unas condiciones, en general, más ventajosas que los funcionarios
del régimen general. No hay ninguna voluntad de penalizarles ni, por
supuesto, se les penaliza, lo que se hace es adaptar a una realidad
diferente el ejercicio de este complemento.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Fernández, tiene usted aún un tiempo para
replicar.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Quiero decir muy
brevemente al secretario de Estado por qué yo sitúo la retroactividad
el 1 de enero del 2016: porque fue cuando empezó el programa, antes no
había nada, señor secretario de Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor secretario de Estado, tiene usted también
derecho a la réplica.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Si yo entiendo el argumento, pero
cuando esto se aprueba siempre podemos hacer mayor la retroactividad. O
sea, ¿por qué a una madre que se jubila en 2015 no le vamos a dar la
ayuda, con el mismo argumento y con el mismo razonamiento? Y también tuvo
una penalización en su vida laboral, por supuesto, porque las situaciones
van cambiando y, en función de las prestaciones que no existían y ahora
existen, siempre puede haber alguien que se hubiera beneficiado de ella
si hubiera existido. Lo que tenemos que hacer es intentar hacer las cosas
bien desde el principio y cuanto antes, lógicamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias


Señora Fernández, tiene aún unos segundos.
(Denegaciones de la señora Fernández González).









PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES HA PROPUESTO ALGUNA MEDIDA PARA QUE NO SE
TENGAN EN CUENTA LAS PRESTACIONES DE UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL
DE EMPLEO (ERTE) COMO PROCEDENTES DE UN SEGUNDO PAGADOR, A LOS EFECTOS
DEL IRPF.


681/000903

PÉREZ SICILIA, BORJA (GPP)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente
pregunta, sobre si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones ha propuesto alguna medida para que no se tengan en cuenta
las prestaciones de un expediente de regulación de empleo como
procedentes de un segundo pagador a efectos del IRPF. El autor es el
senador Pérez Sicilia.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No se encuentra en
este momento por razones imponderables.


El señor PRESIDENTE: Pues pasamos a la siguiente,
como había advertido.









PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A
IMPULSAR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CON
RESPECTO A LOS FONDOS DE PENSIONES PÚBLICAS DE EMPRESA PARA LA
JUBILACIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PREVISIÓN TEMPORAL EN CUANTO A LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.


681/000906

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre las actuaciones
que va a impulsar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones con respecto a los fondos de pensiones públicas de empresas
para la jubilación, con indicación de la previsión temporal en cuanto a
la presentación del proyecto de ley.


La autora es la senadora Fernández González. Tiene
la palabra.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor secretario de Estado, a esta cuestión, a la
que me refiero en nombre de mi grupo, ustedes, cuando presentaron los
Presupuestos Generales del Estado, le dieron una gran dimensión porque
realmente se trata de un tema muy importante. Y tal dimensión le dieron
que la disposición adicional cuadragésima de los Presupuestos Generales
del Estado establece y recoge una serie de compromisos que el Gobierno se
autoimpuso y que entendemos que debe cumplir. En el plazo máximo de doce
meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre el fondo de
pensiones público —esto fue lo determinado y establecido en los
Presupuestos Generales del Estado—. Se podrán adscribir —se
decía igualmente— pensiones del sistema de empleo. El proceso de
selección de la entidad gestora se hará a través de un procedimiento de
concurso competitivo que garantizase la imparcialidad. Habrá una comisión
de control y las decisiones estratégicas en materia de inversión serán o
podrán ser vetadas por el Ministerio de Seguridad Social. Podrán
igualmente —decía el precepto— integrarse los trabajadores
autónomos.


Nosotros tenemos que leer y leemos con sumo agrado
los medios de comunicación social. El ministro muchas veces habla de
autores anónimos, de que él no sabe, de que le preguntemos a él. La
verdad, no tenemos muchas oportunidades de preguntarle, pero leemos los
medios de comunicación escritos y se dijo que el objetivo era llegar a
manejar activos equivalentes a un 30 % del PIB y que, según estimaciones
del ministerio, este era un objetivo a largo plazo; que el fondo se
podría constituir a mediados del año 2021 y que dependerá, a su vez, de
la crisis, para la mayor o menor captación de los recursos.


Por todas esas razones, señor secretario de Estado,
yo le pregunto: ¿Qué hay del fondo de pensiones público? ¿En qué
situación procedimental se encuentra? ¿Cuándo van ustedes a remitir al
Consejo de Ministros y a las Cortes Generales el proyecto de ley?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias.


Pues, como muy bien ha leído usted, tenemos hasta
fin de este año para presentar el proyecto y, lógicamente, en el proyecto
se está trabajando; se está trabajando junto con el Ministerio de
Economía y el Ministerio de Hacienda, y se está trabajando en los
elementos esenciales de lo que ahí se dice, que es la creación de un
fondo de pensiones público que tiene que cumplir una función muy
importante, pero que no es la más importante, entendemos, para el
desarrollo de los planes de previsión social complementarios colectivos
de los planes de empleo. Para que funcionan adecuadamente, tiene que
haber un cambio en la legislación de planes de empleo que haga más fácil
su utilización por parte de las empresas y su utilización por parte de
los autónomos, que en este momento es mínima. El fondo de pensiones
público va a tener un papel relevante, pero creo que secundario respecto
a esta otra parte. Todo esto, por supuesto, también se tiene que ver en
el diálogo social y es nuestra intención verlo en este segundo semestre
del año con los interlocutores sociales, esencialmente, porque queremos
que esté vinculado a la negociación colectiva y, por lo tanto, ellos van
a tener un papel destacado en la utilización de estos planes de
empleo.


Desde luego, tampoco pretendemos aquí haber
descubierto la pólvora con el fondo. Esto es algo que existe en otros
países, que es la posibilidad de que el propio Estado gestione un fondo
para aquellos colectivos que tengan complicado acceder a un fondo de los
ofrecidos por el sector público, con unas condiciones muy sencillas y
que, en general, será gestionado privadamente. El Estado lo que hará será
una labor de contratación y de tutela de las condiciones de ese fondo y
de los activos en los que invierte, de su riesgo y de su gestión
cotidiana.


En resumidas cuentas, estamos cumpliendo
perfectamente los plazos que, como usted decía, nos habíamos autoimpuesto
en esa ley de presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Fernández, tiene pendientes aún veinticuatro
segundos para réplica.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Suficientes, señor
presidente. Gracias.


No lo veo nada convencido, señor secretario de
Estado. Me da la sensación de que el 31 de diciembre no habrá proyecto de
ley presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor secretario de Estado tiene treinta y tres
segundos para la réplica.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Si se quiere apostar algo conmigo
su señoría, yo estoy encantado. El 31 de diciembre estará el proyecto
presentado.


Muchas gracias.









PREGUNTA SOBRE EL CALENDARIO DEFINITIVO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR SUS INGRESOS REALES.


681/001122

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)






PREGUNTA SOBRE SI SE HA NEGOCIADO CON LOS
INTERLOCUTORES SOCIALES LA REFORMA DEL SISTEMA DE COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.


681/001123

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES
(GPP)



El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, someto a su
consideración la posibilidad de que las dos preguntas restantes las
conteste el secretario de Estado como una sola. Las dos hacen referencia
a los trabajadores autónomos y la cotización por ingresos reales. ¿Le
parece bien?


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Sí.


El señor PRESIDENTE: Formulo las dos, por lo tanto,
secretario de Estado.


Pregunta sobre el calendario definitivo de
implementación del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de
los trabajadores autónomos por sus ingresos reales. Autora: la senadora
Fernández González.


Pregunta sobre si se ha negociado con los
interlocutores sociales la reforma del sistema de cotización de los
trabajadores autónomos. Autora: la señora Fernández González.


Tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Lo que no nos dijo es si se duplicaban los tiempos.
En todo caso, la acumulación tiene todo el sentido.


Señor secretario de Estado, las preguntas se
formulan cuando existe un clamor social, como existió en este país cuando
ustedes sacaron de su chistera particular los trece niveles o los trece
escalones de cotización de los trabajadores autónomos, donde pusieron en
cuestión que desaparecía la tarifa plana y donde además garantizaban un
incremento para determinados trabajadores autónomos. Se decía también: y
tendrán unas mejores pensiones. Naturalmente, estamos, de momento, ante
un sistema contributivo y cuanto más se aporta más se obtiene. Esa es la
regla que existe en España, incluso antes de que llegasen los socialistas
al Gobierno. Nos parece importante que esta regla se mantenga, se respete
y que hagamos todo el elenco de desarrollo normativo suficiente para
garantizarla: el carácter contributivo de las pensiones.


Por tanto, señor secretario de Estado, cuando
nosotros formulamos estas preguntas había una convulsión absoluta entre
las asociaciones de autónomos. ¿Y por qué la había? Porque ellos decían,
y nosotros tenemos constancia de que así era, que no se había llevado a
cabo una negociación veraz, una negociación certera y una negociación
transparente, y se encontraron con un apresuramiento que, añadido a la
situación que estaban sufriendo como consecuencia de COVID y pos-COVID,
no era la situación adecuada para decir a los autónomos que iban a pagar
más, pero que iban a tener mejores pensiones. Eso ya lo sabían ellos,
porque para eso, señoría, no hace falta que ustedes hagan una encuesta.
Eso lo saben muy bien.


Por todas esas razones —y aprovecho la
ocasión para reactualizar la pregunta—, le pregunto en el día de
hoy cómo están esas negociaciones, qué nivel de acuerdo tienen con las
asociaciones más representativas de autónomos y, finalmente, qué
filosofía tiene el ministerio de concreción normativa para modificar lo
que para nosotros es uno de los pilares más importantes en este país, el
de los trabajadores autónomos, y, por tanto, debemos ser muy respetuosos
con ellos y, desde luego, ayudarles porque son generadores de empleo de
una forma impresionante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor secretario de
Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muy brevemente.


Esto se lleva negociando con los trabajadores
autónomos, con las asociaciones de autónomos, desde octubre. Ellos
conocen perfectamente la propuesta, no se han encontrado nada
inopinadamente, tenían todos los detalles y yo, una vez más, no me voy a
hacer responsable de lo que cada uno diga fuera de la mesa de
negociación. En la mesa de negociación todos han mostrado su conformidad
con la propuesta, todos han mostrado su conformidad con la propuesta, y
la única diferencia o discrepancia que hay es entre asociaciones de
autónomos, entre ellas, porque unas quieren ir muy rápido y otras quieren
ir más lento. Al final, tendremos que llegar a un acuerdo en eso, en cómo
de rápido o de lento se va, pero básicamente se tendrán que poner de
acuerdo entre ellas porque las asociaciones, las tres más
representativas, representan en general a colectivos diferentes que
pueden tener un incentivo distinto. Yo creo que nos pondremos de acuerdo
también en eso. No me parece que eso sea un elemento lo suficientemente
importante como para que esto no llegue a buen puerto.


En cuanto a la ayuda o la atención a los autónomos,
me remito nuevamente a lo que se ha gastado durante esta crisis en ayudas
a autónomos: 10 000 millones. Para que pongamos esto en contexto, el
régimen de autónomos recauda al año unos 8000 millones, es decir, nos
hemos gastado en un año mucho más de lo que recauda el propio régimen en
todo el año. Este Gobierno se ha volcado con los autónomos, se ha
volcado, no se puede decir de otra manera, y la conclusión de eso es que
tenemos más autónomos que antes de la pandemia. Si comparamos
—aunque está feo— con lo que pasó en la crisis anterior en
cuanto a recursos y a resultados… No lo hagamos.


En cuanto a si este es el momento, lamentablemente,
este no es el momento. Hubiera sido mucho mejor haberlo hecho hace unos
cuantos años, porque si lo hubiéramos hecho hace unos cuantos años,
cuando llegó la crisis los autónomos a los que les hubieran caído los
ingresos hubieran pagado menos. Por desgracia, llegó la crisis y, como no
teníamos este sistema, los autónomos tenían que seguir pagando lo mismo,
aunque no tuvieran ingresos, y ha habido que hacer otras cosas. Este es
un sistema que se adapta particularmente a la situación en la que al
autónomo le va mal, porque cuando al autónomo le va mal con este sistema
va a pagar menos, y al autónomo que le va bien pagará más, lógicamente,
pero como el trabajador por cuenta ajena paga más cuando gana más. Y creo
que eso es, como usted decía, el elemento esencial de este sistema, que
ni hemos creado nosotros, ni queremos cambiar nosotros, ni quieren
cambiar ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Le quedan dieciocho segundos para la réplica,
señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor secretario de
Estado, es que el tema de las velocidades es fundamental. Y aprovecho
para preguntarle, porque habló de gastos impropios: ¿esos 14 000 millones
de euros ya llegaron a las arcas de la Seguridad Social?


El señor PRESIDENTE: Le quedan diecinueve segundos,
pero, evidentemente, tiene más tiempo para poder contestar a una pregunta
que se ha introducido que no estaba prevista.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Por supuesto, el tema de las
velocidades es fundamental, y ya le digo que nos pondremos de acuerdo, es
decir, se pondrán de acuerdo las asociaciones, porque las discrepancias
en este punto están entre ellas.


Y en cuanto a si esos mayores ingresos han llegado,
han llegado, se han consignado en presupuestos y se están liberando, como
el resto de las transferencias que hace el Estado a su Seguridad Social.
No se preocupe por ello.


El señor PRESIDENTE: No hay más preguntas. Le
agradezco su comparecencia y su disposición tanto a acudir a la
convocatoria como a responder a las preguntas.


Teníamos previsto continuar, pero, vista la hora,
creo que es mejor hacer una pausa hasta las 15:30, también tomando en
consideración que parte de los grupos que han presentado enmiendas no
están presentes ahora.


Si les parece bien, levantamos la sesión hasta
las 15:30.


Se suspende la sesión a las catorce horas y siete
minutos.


Se reanuda la sesión a las quince horas y treinta y
seis minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se
reanuda la sesión tal y como habíamos comentado, aunque con unos minutos
de retraso.


Antes de empezar, quiero hacer dos consideraciones
previas. La primera es que aquellos grupos que planteen votación separada
lo hagan llegar al letrado para que pueda organizar la votación. Teníamos
previsto votar por bloques de enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios, pero por parte del Grupo Popular se nos ha sugerido una
fórmula; por lo tanto, que se traslade al letrado. La segunda, antes de
iniciar el debate sobre las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios, el letrado quiere hacer dos consideraciones que pueden
simplificar el debate.


Tiene la palabra.


El señor LETRADO: Son dos cuestiones puramente
técnicas que se sugiere introducir en el dictamen sin que se considere
enmienda, simplemente corrección técnica. La primera es designar el
preámbulo como exposición de motivos, que es lo correcto desde un punto
de vista técnico. La segunda, en la disposición final tercera,
apartado 1, cuando se dice que se modifica el artículo 13 del Estatuto de
los Trabajadores, el texto remitido por el Congreso de los Diputados dice
que las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los
términos previstos en el Real Decreto-ley 287/2020, de 22 de septiembre,
de trabajo a distancia. Dado que lo vamos a derogar, sería un error. Por
tanto, la sugerencia sería sustituir el Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre, por la Ley de trabajo a distancia. Insisto, son dos
cuestiones puramente técnicas; se trata de correcciones de errores
manifiestos que no se consideran enmiendas a los efectos de la
tramitación subsiguiente. Si la comisión está de acuerdo, se
introducirían estas correcciones técnicas en el dictamen.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna reacción a esta
propuesta que nos ha hecho el letrado? (Denegaciones).


¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento).









DICTAMINAR





PROYECTO DE LEY DE TRABAJO A DISTANCIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE).


621/000025

GOBIERNO


El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar el
Proyecto de Ley de trabajo a distancia en el que se han presentado
enmiendas. De la 1 a la 11 del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la enmienda 12, del senador Mulet
García, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; las enmiendas 13
a 28, de los senadores González-Robatto Perote y Martín Gascón y de la
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas 29
a 56, del Grupo Parlamentario Democrático; las enmiendas 57 a 60, del
Grupo Parlamentario Nacionalista; y las enmiendas 61 a 89, del Grupo
Parlamentario Popular.


El tiempo de exposición de las enmiendas será de
tres minutos y empezamos por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


Tiene la palabra el señor Miguel Caminal.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias, presidente.


De momento, no vamos a intervenir.


El señor PRESIDENTE: ¿Doy por supuesto que las da
por defendidas, señor Caminal?


El señor CAMINAL CERDÀ: Sí, las doy por
defendidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor Mulet no está, y como hemos dicho esta
mañana, en la medida que hemos anticipado media hora la reanudación de la
sesión en el momento que se incorpore le daríamos la palabra.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor González-Robatto Perote para defender las enmiendas 13
a 28.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Tengo dos
preguntas previas. ¿Son tres minutos por enmienda o tres minutos en
total?


El señor PRESIDENTE: Son tres minutos por el bloque
de enmiendas.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Vale.


También quería comentar otra cosa. El anticipo de
la convocatoria de media hora a mí me ha llegado de casualidad, y era
para ver si la próxima vez que se adelantara esto fuera comunicado por
correo para que pudiéramos estar todos atentos.


El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría, es que no
había una convocatoria específica para esta sesión del Proyecto de Ley de
trabajo a distancia, era la misma convocatoria.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Pero ponía a las
cuatro horas.


El señor PRESIDENTE: Sí, pero lo hemos anticipado
media hora por cuestiones que habíamos comentado de varios senadores y
senadoras que tenían problemas de trasporte y en función de quien no
pudiera estar haríamos lo que he planteado en el caso anterior para que
nadie saliera perjudicado.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Vale, era
simplemente para estar atento.


El señor PRESIDENTE: Si hubiera sido una
convocatoria específica, hubiéramos hecho lo que usted plantea, pero es
la misma convocatoria.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Vale, queda
claro.


Damos por defendidas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Entonces, se retira la
enmienda número 14, que es la del preámbulo que ha expuesto el señor
letrado.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Sí, sí.


El señor PRESIDENTE: Correcto.


El senador del Grupo Ciudadanos no está, pero
cuando llegue podrá intervenir.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, don Josep Maria Cervera.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.


Damos por defendidas las enmiendas
presentadas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, de la 61 a la 89. ¿Quién es el portavoz? (Pausa).


Tiene la palabra el señor Márquez Sánchez.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Damos por defendidas las enmiendas, aunque queremos
manifestar que no se justifica la urgencia con la que se ha tenido que
tratar este proyecto de ley, no existe argumentación para ello. Una cosa
es que se aprobara en su momento el decreto, pero otra cosa es que se
haya tenido que tratar este tema por vía de urgencia. Yo creo que en el
fondo supone una limitación a todos los miembros que forman parte de las
Cortes Generales y supone una limitación de derechos e incluso podríamos
dudar de la constitucionalidad del día de mañana de la presente ley.


En este caso, entendemos que la Ley de trabajo a
distancia que se ha formulado es bastante ambigua y susceptible de
mejora, y prueba de ello son todas las enmiendas que ha formalizado los
diferentes grupos y también nosotros que hemos formalizado hasta 29. No
voy a ser exhaustivo porque, obviamente, nos extenderemos más en la
sesión plenaria, pero sí creemos que es necesario en el artículo 2
incrementar la definición en cuanto a los efectos de equipos y
herramientas, por una sencilla razón, porque se puede dar lugar a una
indefinición que haga que incluso un trabajador tenga que poner material
que a lo mejor no le corresponde. Es una obviedad, pero en esta ley no se
recoge.


Lo mismo que en el artículo 3, que habla de las
limitaciones de la ley y, sin embargo, solamente se hace referencia a los
contratos respecto a los menores, pero en modo alguno se está haciendo
referencia a que estas relaciones laborales tienen que estar sujetas a
otra obviedad, como es esta ley, como es el Estatuto de los Trabajadores,
como es la negociación o los convenios colectivos aplicables a los
sectores. Porque, ojo, no en todos los sectores se puede aplicar este
tipo de trabajos.


A nuestro juicio, es importante también que la
empresa tenga una relación de puestos de trabajo porque es una
modificación que tendría que ser, como hemos expuesto, en el
artículo 6.2, porque el derecho a acogerse al trabajo a distancia y
cuándo se puede acoger uno a este derecho también está muy ambiguo en
esta ley y demasiado abierto para la negociación colectiva, y casi lo que
existe es una desregulación. En este sentido, también hemos presentado
una enmienda de modificación del artículo 7 por una sencilla razón,
porque la ley habla de la disponibilidad, pero, ojo, la disponibilidad se
paga, y tiene que haber un plus de disponibilidad y además se tiene que
determinar, efectivamente, el derecho de desconexión, y hablar de la
reversibilidad.


Es importante la cobertura en los ámbitos rurales,
y aquí se habla muchas veces en las mociones, etcétera, de que los
ámbitos rurales deben tener derecho a la conexión, pero si no se
establece por ley estamos haciendo un brindis al sol. Aquí hay una
oportunidad precisamente para que se apruebe como ley, no como un brindis
al sol en función de una proposición no de ley, una moción, etcétera.
También hemos ampliado el Plan Me Cuida hasta el 31 de diciembre de 2021
y especialmente en la disposición adicional sexta que coincide con una de
las mociones de otro grupo político, de Vox concretamente, de ayuda a las
pymes, pero nosotros entendemos que ese plan tiene que hacerse mucho
antes, en seis meses y no un año como se establece en esa enmienda. Por
tanto, damos por defendidas nuestras enmiendas para el Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Márquez.


Tiene el turno en contra la señora Abascal
Jiménez.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Gracias, señor
presidente.


En primer lugar, me gustaría explicar que esta ley
nace de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y
empresariales con el Gobierno en el contexto del intenso diálogo social
desarrollado durante el año 2020. Por lo tanto, no es una ley que sea
precipitada, no es una ley que salga de la invención del Gobierno, sino
que es de la negociación pura y dura con las entidades sindicales y con
el sector empresarial. Por lo tanto, es una ley aceptada por todas las
partes.


Por este motivo, no podemos incorporar las
enmiendas presentadas, ya que se ha hecho un gran esfuerzo en esta
negociación, y en el Congreso ya se incorporaron enmiendas de todos los
grupos. Por lo tanto, consideramos que ahí ya se había mejorado. Esto no
significa que el trabajo que realizamos en esta Cámara no sea importante,
pero en este caso el diálogo social permite aprobar una ley que es
fundamental, que va a permitir regular una realidad nacida de la
situación extraordinaria que vivimos.


El trabajo a distancia es una ley que viene desde
el año 2005, pero que tampoco había tenido nunca un impacto importante en
nuestro país, porque no había sido necesaria, pero a raíz de la pandemia
nos damos cuenta de que es fundamental poder llevar a cabo ese trabajo a
distancia y, por lo tanto, es necesaria esa regulación. Efectivamente, se
hizo un real decreto, pero en ese real decreto no se estableció en
profundidad, como sí hace la ley. Por lo tanto, entendemos que era
necesaria la aprobación de esta ley cuanto antes, para que así se pueda
llevar a cabo la implantación del trabajo a distancia y otras
disposiciones que se han incorporado en esta ley, como es el tema de la
formación profesional, que hasta que se desarrollo el reglamento de la
Lomloe es necesario poder contratar a personas que puedan llevar a cabo
el profesorado de la formación profesional. Además, es importante que
podamos implementar y facilitar a la empresa y a las personas que durante
este verano puedan seguir trabajando. Hay una disposición que permite la
contratación del profesorado de FP hasta que se apruebe el reglamento de
la LOMLOE.


Me gustaría referirme a determinadas enmiendas
presentadas por Ciudadanos sobre la conciliación, tiempo de trabajo,
permiso, etcétera. No solo se trata de temas ajenos a esta regulación del
trabajo a distancia, sino que, además, están en contradicción con uno de
los criterios adoptados de manera clara y tajante por los interlocutores
sociales en las negociaciones: la oposición a que se considerara al
trabajo a distancia como un instrumento de conciliación. Por el
contrario, el trabajo distancia se aplica de manera indistinta a todas
las reglas relativas al tiempo de trabajo, a los permisos y a la
conciliación.


Se han presentado en total 89 enmiendas, de las
cuales 14 son nuevas; el resto ya fueron debatidas, como he dicho antes,
en el Congreso y muchas de ellas ya fueron admitidas. Nuestro grupo ha
estado estudiando con detalle las enmiendas alcanzadas. Podemos estar de
acuerdo en algunas, pero entendemos que no competen a esta ley y que se
pueden tramitar en otras proposiciones de ley o que se pueden desarrollar
a través de los planes del Gobierno.


En concreto, me gustaría referirme a una que habla
de la necesidad de lanzar inversiones en el mundo rural. Si hay algo que
esta ley va a permitir es precisamente poder desarrollar la jornada
laboral o el trabajo en las zonas rurales, algo tan importante para poder
conseguir lo que estamos proponiendo en esta Cámara sobre llevar a más
personas a vivir en las zonas rurales. Pues bien, es verdad que se
necesitará una digitalización para llevar a cabo ese trabajo, pero es que
precisamente ayer se aprobó por parte de la ministra un plan para las
zonas rurales, por el que se destinan 250 millones de euros para extender
la banda ancha ultrarrápida. Dicho plan se llama Programa de
universalización de infraestructuras digitales para la cohesión. Por lo
tanto, no es necesario presentar aquí una enmienda sobre este tema porque
ya hay un plan específico y a lo que sí instamos es a que desde las zonas
rurales se solicite dicho plan.


Así pues, pedimos que se apoye esta ley para que
pueda entrar en vigor cuanto antes, para que el teletrabajo esté regulado
y sea una realidad en nuestro país.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Abascal.


Pasamos al turno de portavoces. Les recuerdo que si
se incorporan tanto el representante de Izquierda Confederal como el de
Ciudadanos les daríamos la palabra para el turno de defensa de enmiendas
junto con el turno de portavoces.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto,
el señor González-Robatto. Ahora son cinco minutos de intervención, que
no lo había dicho.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: No vamos a
intervenir.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista, el señor Cervera.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.


Tampoco haremos uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tendría la palabra el Grupo de Izquierda
Confederal, que no se ha incorporado aún. El Grupo Parlamentario
Democrático tampoco se ha incorporado.


Damos la palabra, pues, por el Grupo Parlamentario
Vasco, a la señora Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas tardes. Voy a ser breve, pero sí deseo decir
algo que hemos dicho en tantas leyes que creo que no hace falta
repetirlo, pero las urgencias y las prisas no sé si son buenas
consejeras. Estamos viendo cómo está siendo la tramitación de esta ley
cuando conseguimos las enmiendas el lunes por la noche o el martes por la
mañana, y hoy a las tres y media de la tarde tenemos que estar
debatiéndolas. También deseo que conste en el Diario de Sesiones que, sin
haber mediado una reunión de Mesa y portavoces, la comisión de hoy,
día 16, ha tenido un cambio del orden del día, lo que ha supuesto que se
esté debatiendo en este momento esta ley, y también que haya habido una
decisión unilateral de no hacer ponencia. Solo lo comento porque creo que
en una institución las formas, si me permiten, la reglamentariedad, son
más que importantes y en este caso creo que nos las hemos saltado.


Yendo a la ley, durante el debate en Pleno vamos a
tener tiempo de debatirla. Simplemente quiero decir que el teletrabajo no
es ni malo ni bueno per se, sino que tiene más de una cara, pero que lo
que sí es claro es que hacía falta regularlo, con lo cual esta ley es
necesaria. Es curioso que de todas las páginas que tiene la ley, dos
tercios no se dediquen al trabajo a distancia, y si no, basta con ver
todas las disposiciones que tiene que hablan de otras leyes. Por tanto,
yo la llamaría la ley ñu.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ahedo.


Quiero comentar dos cuestiones en referencia a su
intervención. Al ser un proyecto de ley que nos envía la Mesa del Senado,
no cabe hacer reunión de Mesa y portavoces. Y en cuanto a la segunda de
las cuestiones, no es preceptivo constituir ponencia, es decir, lo que
hubiéramos hecho es multiplicar los pasos para llegar al mismo final. De
hecho, si hacemos un poco de memoria, veremos que hemos tramitado ya
otros proyectos de ley derivados de las medidas sociales, concretamente
el Proyecto de Ley 8/2020, tampoco se constituyó ponencia y nadie dijo
nada, lo cual no quiere decir que usted no esté en libertad de presentar
el escrito que tenga a bien. (La señora Ahedo Ceza pide la palabra).


Por supuesto, tiene la palabra.


La señora AHEDO CEZA: Es simplemente para decir
que, si entendiese que ha habido una irregularidad, probablemente esta
comisión estaría impugnada. Lo que digo es que no parecen las formas
adecuadas; es una opinión que puede ser compartida o no, y quería que eso
constante en el Diario de Sesiones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, el señor Caminal.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias, presidente.


No vamos a intervenir.


El señor PRESIDENTE: Perfecto.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Ruiz-Sillero.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Muchas gracias,
señor presidente.


Quisiera empezar el debate recordando que en el
año 2012 fue el Partido Popular quien legisló sobre el teletrabajo con la
modificación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. El objeto
de la regulación fue asegurar los mismos derechos y garantías para todos
los trabajadores, trabajaran de forma presencial o a distancia. Cierto es
que las circunstancias originadas por la pandemia de la COVID han hecho
que tengamos que abordar de una manera más exhaustiva la figura del
teletrabajo o del trabajo a distancia. Esto me da pie para que, en primer
lugar, critique —igual que han hecho otros ponentes de esta ley de
distintos grupos— las prisas y las premuras. Hemos tenido escasos
diez días desde que tuvo entrada el proyecto de ley en el Senado, para,
aparte de estudiarlo, presentar las enmiendas y consensuarlas con los
demás grupos políticos. Porque para que una ley sea excelente, porque se
supone que debe durar en el tiempo y debe servir para solucionar los
problemas, sería bueno ese debate en una ponencia y con más tiempo entre
los distintos portavoces y los distintos grupos políticos para llegar a
acuerdos sobre esas enmiendas que enriquezcan el texto. De por sí el
texto, si bien es cierto que ha tenido algunas enmiendas transaccionales
aprobadas en el Congreso, sigue siendo deficiente desde el punto de vista
del Partido Popular, y sería bueno que se incorporaran enmiendas desde el
Senado. Incluso el Partido Popular ha presentado enmiendas nuevas que no
se habían debatido en el Congreso los Diputados, porque esa es una de las
facultades que tiene el Senado: la posibilidad de enriquecer con una
segunda lectura los textos legales que tenemos que aprobar, y eso es lo
que ha hecho el Partido Popular.


Deseo agradecer todo el trabajo del grupo
parlamentario del PP, del departamento técnico de asesoría y de todos los
compañeros, especialmente en del coponente en esta ley, el senador por
Jaén, Javier Márquez.


Respecto al fondo del proyecto de ley que estamos
debatiendo, quisiera añadir que se pierde la oportunidad de aprobar una
ley excelente que se adecue al mercado laboral que tenemos en España,
principalmente para pymes y micropymes. Por ello, el Grupo Popular
presentó una enmienda para que en el plazo de seis meses se elaborara un
plan específico por parte del Gobierno para ayudar a estas pymes a que se
adaptaran al teletrabajo, ya que tienen mayor dificultad. Esta sería una
de las enmiendas que queremos que se apruebe en el Senado, junto con las
enmiendas a las que se ha referido especialmente el senador Márquez.


Y termino haciendo también referencia a cómo nos
están llegando los textos del Gobierno. Hay una pequeña parte, que se
refieren a esta ley de teletrabajo, llena de disposiciones transitorias,
de disposiciones adicionales, que cambian el sentido de otras leyes que
previamente ha hecho el mismo Gobierno y que son deficientes. En
concreto, la disposición adicional octava, referida a los profesores de
formación profesional. Ayer mismo anunció la ministra Celaá que se va a
abordar una ley y, sin embargo, recientemente la LOMLOE aprobó estas
cuestiones, nació mal esta ley, como denunció el Partido Popular, y ahora
pretenden corregirlo y subsanarlo con esta ley. Y también quiero
referirme a todas las disposiciones transitorias que afectan a la
tramitación del ingreso mínimo vital —ha habido un arduo debate por
parte de la senadora Mercedes Fernández al respecto—, que ponen
también de manifiesto las deficiencias del Gobierno cuando aprobó,
también deprisa y corriendo, la normativa del ingreso mínimo vital, lo
que trae estas consecuencias. Así que termino. En este proyecto de ley lo
que se ve son las prisas y las deficiencias con las que el Gobierno
legisla y con las que también el Gobierno actúa.


Nada más. Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Se ha incorporado el señor Chinea, por el Grupo de
Izquierda Confederal, que asume la defensa de la enmienda del señor
Mulet. Por lo tanto, tiene la palabra en turno de enmiendas por tres
minutos. Si quiere también utilizar su turno de palabra de portavoces,
sumamos los tiempos.


Tiene la palabra.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


Doy por defendida la enmienda.


El señor PRESIDENTE: ¿También en el turno de
portavoces? (Asentimiento del señor Chinea Correa).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Delgado Oval.


La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero poner en valor la
importancia del diálogo, el diálogo que ha venido manteniendo el Gobierno
de España con las organizaciones sindicales y empresariales, fruto de ese
diálogo surge el acuerdo de trabajo a distancia que da origen
posteriormente a este proyecto de ley. La portavoz del Grupo Popular
afirma que el Gobierno legisla con prisas y deficiencias, lo que no le
gusta al Partido Popular es el diálogo social, señorías del Partido
Popular, eso es lo que realmente al Partido Popular no le gusta
(Aplausos). El diálogo y el acuerdo han venido marcando la acción del
Gobierno, y este es un ejemplo más. Este proyecto de ley ha sido aprobado
en el Congreso, con la inclusión de numerosas enmiendas de los distintos
grupos parlamentarios, y, además, ha sido aprobado sin votos en
contra.


Señorías, como ya ha explicado anteriormente mi
compañera, la senadora Patricia Abascal, es urgente aprobar este proyecto
de ley porque durante la pandemia vimos cómo fue necesario adoptar
medidas de prevención y contención, y eso supuso limitar el trabajo
presencial para evitar los contagios. De la noche a la mañana hubo que
idear nuevas formas de organizar el trabajo. Según los propios datos del
INE, más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores estuvieron
trabajando a distancia en el momento de mayores restricciones.


El teletrabajo ha sido un elemento decisivo para
permitir la coexistencia de la actividad económica y las medidas de
contención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, pero esta
forma de trabajo no es pasajera, sino que la transformación digital, que
ha cambiado la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de acceder a los
servicios y también de trabajar, ha venido para quedarse, y tenemos que
legislar para dar respuesta a estas nuevas realidades tecnológicas. Hay
que legislar para dar respuesta a los nuevos modelos de relaciones
laborales y a la nueva metodología productiva de nuestro país, y esta
norma que hoy debatimos nos pone a la vanguardia de las legislaciones
europeas, es una norma muy importante que viene a completar un vacío
legal que existía, puesto que tan solo teníamos el artículo 13 del
Estatuto de los trabajadores, que no fue ni siquiera suficiente para dar
respuesta en tiempo de pandemia. En este sentido, esta norma viene a
recoger aspectos como límites del trabajo a distancia, la flexibilidad de
horarios, quién debe sufragar los costes o, por ejemplo, qué trabajadores
podrán acogerse al trabajo a distancia, y esto es muy importante porque
no cualquier trabajador que trabaje esporádicamente desde casa está
haciendo trabajo a distancia. Por eso es necesario tener muy claro cuáles
son las situaciones laborales que se consideran como trabajo a distancia
y, por lo tanto, estarán reguladas y definidas en esta ley.


Hay que destacar también que prima el carácter
voluntario, por lo tanto, el trabajador no puede ser obligado a
teletrabajar, pero tampoco puede imponer hacer teletrabajo. Además, es
muy importante formalizar un acuerdo por escrito y al ser voluntario no
es una causa justificada de despido ni de modificación de las condiciones
de trabajo negarse a trabajar a distancia. Esta ley tiene la vocación de
garantizar los derechos laborales en el teletrabajo. Es una norma que
plantea elementos imprescindibles para garantizar la igualdad en la
prestación laboral dentro y fuera del centro de trabajo. Es una ley,
además, que tiene la vocación de seguir avanzando en los derechos de los
trabajadores y trabajadoras. Las empresas deberán evitar cualquier tipo
de discriminación por razón de género. Las empresas deberán garantizar la
conciliación, la corresponsabilidad, las medidas contra el acoso y la
protección de víctimas de violencia de género. Además, en ningún caso
podrá suponer la asunción de estos gastos por parte de trabajadores y
trabajadoras y en el convenio colectivo es donde se deben fijar los
mecanismos para determinar, asumir y compensar esos gastos.


Otro de los retos a los que tenemos que dar
respuesta es que el teletrabajo, y lo subrayo ─lo ha dicho antes mi
compañera─, no es una forma de conciliación, este avance no puede
suponer de ninguna forma un riesgo para que las mujeres vuelvan a cargar
con todos los cuidados familiares (Aplausos). Es también esta ley una
oportunidad para la España rural y, como ha explicado mi compañera, el
Gobierno también conoce los problemas que tenemos y hay un plan para la
conectividad digital, para la adquisición de competencias digitales y
para la digitalización de las pymes.


Finalmente, quiero aprovechar este turno para decir
que el Grupo Parlamentario Socialista propone que sea el presidente de la
comisión quien presente el dictamen en el Pleno.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Se ha incorporado el portavoz de Ciudadanos, el
señor Muñoz Lagares. Tiene la palabra tanto para la defensa de sus
enmiendas como para el turno de portavoces.


Cuando usted quiera, señoría.


El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias, presidente.
Gracias, señorías.


Ante todo, quiero disculparme porque pensaba que
era a las cuatro en punto y de ahí mi retraso.


El presente proyecto de ley del trabajo a distancia
nace con el objeto de regular el trabajo a distancia, valga la
redundancia, y establecer los derechos y garantías de los trabajadores
que acceden a esta modalidad de trabajo. Este proyecto de ley que se
tramita adolece, según nuestro criterio, de determinadas ausencias e
indeterminaciones. Con las presentes enmiendas queremos solucionar y
mejorar el texto. Ciudadanos ha presentado un total de 27 enmiendas, a
las que no me voy a poder a referir en mi intervención, pero me gustaría
hacer incidencia en algunas más concretas.


Las enmiendas 29 y 30 hacen referencia a la
modificación del artículo 1 y establecen el régimen al que se le aplica
el teletrabajo de manera ocasional. También da seguridad y flexibilidad
para la implantación del teletrabajo con el fin de poder conciliar la
vida laboral y, sobre todo, que suponga un derecho para el trabajador y
no un pacto voluntario. Quiero hacer referencia también a las enmiendas
números 32 a 34, inclusive, que plantean una mejor de definición qué es
el lugar de trabajo y determinan que el convenio y el acuerdo entre las
partes debe ser un documento prioritario. Con estas enmiendas se busca
simplificar el procedimiento de adopción y crear un acuerdo externalizado
para que las empresas puedan llevarlas mejor a la práctica. También
clarifican y determinan la compensación de gastos y el abono que pueda
generar el trabajo a distancia. La enmienda 35 hace referencia al
artículo 16 para poder evaluar los riesgos inherentes asociados a
localizaciones móviles o a localizaciones itinerantes en el teletrabajo.
La enmienda 36 hace referencia a la modificación del artículo 20. Esta
enmienda aclara la obligación previa a la representación legal de los
trabajadores, sin perjuicio de las facultades en materia de seguridad
reconocidas por la empresa.


Por otro lado, podemos reseñar también la
enmienda 37, en la que se proponen medidas para reducir la brecha de
género y otras materias de Seguridad Social. Las enmiendas 39, 40 y 41
hacen referencia a una nueva disposición adicional para establecer una
bonificación sobre la cotización por accidente de trabajo y enfermedades
profesionales como incentivo; también para regular un visado y una
autorización de residencia para los extranjeros extracomunitarios, con el
fin de facilitar que lleguen extranjeros y puedan hacer atractivo el país
como un lugar de teletrabajo. Hay un punto importante: garantizar la
continuidad de la formación profesional, modificando la disposición
adicional undécima, integrando a todo el profesorado de FP en el mismo
cuerpo, circunstancia que a día de hoy no ocurre.


Para concluir, las enmiendas 44 a 52, inclusive,
que hacen referencia a la disposición final tercera y proponen una
adición, tratan de favorecer las medidas para la igualdad y la
conciliación relativas a la prestación de trabajo a distancia; favorecer
la eficacia en su control y supervisión; modificar el Estatuto de los
Trabajadores para flexibilizar la obligación del registro de la jornada y
la interinidad de estos datos al registro; establecer un banco de horas
—creo que es bastante interesante— para facilitar el control
horario y poder utilizarlo para conciliar la vida personal, familiar y
laboral del trabajador; flexibilizar el disfrute de la suspensión del
contrato de trabajo por nacimiento, adopción o guarda legal; permitir
convertir parte de los días de vacaciones en horas de asuntos
particulares para dar mayor flexibilidad y poder conciliar de una manera
mejor.


Por último, las enmiendas presentadas por nuestro
grupo de la 52 hasta la 56 plantean añadir puntos en la disposición final
para dar garantías para que las empresas adopten medidas para acomodar el
puesto de trabajo a los trabajadores por responsabilidades familiares,
adaptación en los casos de embarazo de riesgo.


En definitiva, son enmiendas, que esperamos que el
resto de los grupos de esta Cámara apoyen, que mejoran el texto. Además,
las lagunas, los pequeños espacios que hemos encontrado quedan
solucionados. No queremos que decaigan estas enmiendas, por lo que las
trasladaremos al Pleno si no son aprobadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Entiendo que también
ha utilizado el turno de portavoces. (Asentimiento del señor Muñoz
Lagares).


Si les parece, vamos a hacer una pausa de quince
minutos, hasta las cuatro y media, para que los senadores y senadoras que
están ausentes se puedan incorporar.


Por otro lado, las propuestas de votación que se
pidieron al principio por parte de algunos grupos, que se las trasladen
al letrado.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: No sé si en el resto de
grupos falta alguien, pero creo que estamos todos. Por lo tanto, si se
quiere, podemos esperar cinco minutos.


El señor PRESIDENTE. Tenemos que dar un poco de
tiempo para que el letrado cuadre el sistema de votación, ya que ha
habido una propuesta. (La señora Ruiz-Sillero Bernal pide la
palabra).


Señora Ruiz-Sillero, tiene la palabra.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Presidente, de
acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista, y como se hace en otras
comisiones, el letrado puede ir nombrando a los integrantes de la
comisión y quiénes son los sustitutos para comprobar quiénes son las
personas que van a votar. Eso se hace en otras comisiones, es una
opinión.


Respecto a la votación, si los demás grupos no
quieren agrupar, como disponga usted, presidente. Por nosotros,
continuamos la sesión.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Al final, vamos a tardar
exactamente lo mismo.


A continuación, el letrado va a pasar lista.


El señor letrado procede a la comprobación de los
señores senadores presentes.


El señor PRESIDENTE: Respecto al sistema de
votación, ¿la propuesta de votación separada está consensuada? Lo
pregunto porque no la tenemos.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Perdón, presidente,
no sé cómo tendrá usted prevista la votación, pero yo presenté una
propuesta de bloque. Los demás grupos no sé qué han hecho y no sé cuál es
la previsión que tendrá usted que hacer.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: No la tenemos; físicamente, no
sabemos quién la tiene. (El señor letrado: La tiene la senadora).


La señora AHEDO CEZA: A ver, yo entiendo, aunque no
sé si es así, que se va a votar por bloques por grupo parlamentario.


El señor LETRADO: Por enmiendas, sí.


La señora AHEDO CEZA: Entonces, ¿hay que decirles
que queremos que se vote por separado?


El señor LETRADO: Sí, hay grupos que pueden pedir
que las enmiendas de un grupo se voten por separado.


El señor PRESIDENTE: Como hay alguna dificultad
técnica de seguir el sistema de votación separada, nos parece que lo más
operativo es votar una a una, porque no hay manera de cuadrarlo y vamos a
tardar menos.


El señor GILABERT SÁNCHEZ: Presidente, yo antes lo
comenté y me dijo el letrado que no. Es que lo lógico es votar una a una
y así vamos más rápido, porque de la otra manera puede crear
confusión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gilabert.


Si todos y todas están de acuerdo votamos una a
una. (Asentimiento).


Votamos la enmienda número 1 presentada por Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la enmienda número 2, también presentado
por Esquerra Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 3, también de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; en contra, 12; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada…
(Rumores).


Volvemos a repetir la votación número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; votos en contra, 13; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Entonces, estaba bien. Queda
aceptada.


Votamos la enmienda número 4, también de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La señora AHEDO CEZA: Perdón, ¿podría decir el
resultado de la votación de la enmienda número 3, por favor?


El señor PRESIDENTE: 14 votos a favor, 12 en contra
y 2 abstenciones. (Rumores). No sé si falta una persona para votar,
porque el senador de Izquierda Confederal, el senador Chinea, no
está.


La señora AHEDO CEZA: Es que en todas las
votaciones están saliendo 27. No sé si estamos 27 o 28 y alguien no vota,
no sé, pero salen 27, y casualidad que en esa salen 28: 14, 12, 2.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Yo creo que son 13 en
contra, 12 a favor y 2 abstenciones. Son 13 en contra.


El señor PRESIDENTE: Ha habido un error.


¿Estamos de acuerdo en que son 2 abstenciones?
(Asentimiento). Se corrige. Repetimos el resultado de la enmienda
número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores).
Estamos hablando de otra, la que ha suscitado el problema. Es que votar
una a una tiene estos problemas.


Pasamos a la enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 6.


La señora AHEDO CEZA: Perdón, no puede ser que en
unos momentos en unas enmiendas seamos 27 votando y en otras seamos 28.
Y 3 más 23 más 2, que yo sepa, son 28.


El señor PRESIDENTE: Es que somos 28.


La señora AHEDO CEZA: Entonces 3 más 23 más 1
son 27.


El señor PRESIDENTE: Es porque donde se ha puesto 1
eran 2.


La señora AHEDO CEZA: Perdón, en la enmienda
número 1 solo ha habido una abstención, que ha sido la mía.


El señor PRESIDENTE: Pues se ha dicho mal; deberían
ser 2.


Tiene razón, tiene que dar 28 siempre. Si queréis,
la repetimos. (Rumores). Perdonad, pero este sistema tiene estos
inconvenientes. La senadora Ahedo ha hecho una sugerencia y yo le planteo
si quiere que se repita la votación de la enmienda número 1.


La señora AHEDO CEZA:






Yo lo quiero saber es cuántas
personas estamos votando aquí. Si somos 27, esta está mal, y si somos 28,
están mal las otras. Yo no quiero repetir ni no repetir. ¿Cuántas
personas con derecho a voto estamos en esta sala en este momento?


El señor PRESIDENTE: 28.


La señora AHEDO CEZA: Es decir, ¿tenemos varias
votaciones en las que una persona no ha votado? (Una señora senadora: A
lo mejor ha venido más tarde). Bien, entonces hay una persona que en
cuatro votaciones no ha votado.


El señor PRESIDENTE: En cuatro no, en las dos
primeras votaciones.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Yo creo que tiene
razón porque somos 28 y además no pueden entrar y salir.


La señora AHEDO CEZA: Los resultados han
sido: 3, 23, 1; 3, 23, 1; 13, 12, 2; 3, 23, 1. Eso es 27. Y 3 más 23
más 2 son 28.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Señor presidente,
repitamos desde el principio las votaciones y así nos quedamos tranquilos
todos. (Rumores).


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Miren, es que nosotros
tenemos defensa de mociones en la Comisión de Asuntos Exteriores. Esto
nos está restando tiempo y tenemos que estar en la Comisión de Asuntos
Exteriores para defender la moción.


El señor PRESIDENTE: Para no alargar la situación,
la opción es repetir.


Vamos a repetir las dos primeras votaciones, que
son las únicas en las que se han computado 27 personas; en las otras se
han computado 28. (Rumores). Ya hemos repetido la tercera; es que la
tercera la hemos votado dos veces ya.


Volvemos a votar la enmienda número 1 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


¿Estamos de acuerdo ahora? (Asentimiento).


Votamos la enmienda número 2 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La votación de las enmiendas 3, 4 y 5 estaba bien
porque habían votado 28 personas.


Vamos a votar la enmienda número 6 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 4; en contra, 22; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 7 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 8 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 9 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 22; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
(Rumores).


Os ruego que esperéis a que la Mesa dé el resultado
para corregirnos. No lo hagáis en tiempo real, porque entonces no nos
ayudáis. Si nos equivocamos, vale la pena que lo digáis cuando demos el
resultado.


Votamos la enmienda número 10 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 4; en contra, 22; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 11 de Esquerra
Republicana-Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 4; en contra, 22; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 12 del senador Carles Mulet, que ha
defendido el senador Chinea.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 13 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La enmienda número 14 se retiró porque era una
cuestión técnica: el cambio de denominación de preámbulo por exposición
de motivos.


Enmienda número 15, también del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 18 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 19 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 2; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 20 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 21 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 22 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 2; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 23 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 24 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 25 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 26 del Grupo Parlamentario
Mixto.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Señor presidente,
perdón, vamos a hacer una sustitución de voto porque el senador Muñoz
está en la Comisión de Asuntos Exteriores donde tiene que intervenir en
una moción. Vamos a sustituir su voto por el del senador Javier
Guerra.


Disculpe, pero es que esta comisión se está
simultaneando con la Comisión de Asuntos Exteriores y vamos con retraso.
Gracias.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Señor presidente, no es
por nada, pero el Reglamento dice que en el momento de la votación no
puede entrar ni salir nadie de la sala. El Reglamento es el Reglamento.
Que lo hubieran previsto antes de iniciar la votación. No se puede llevar
a cabo un cambio durante la votación.


El señor PRESIDENTE: Su argumento, señora Abascal,
lo he oído y lo tengo en cuenta, pero ese argumento vale para el Pleno,
no para la comisión. Por tanto, se tiene en consideración el cambio.


La señora AHEDO CEZA: Yo quiero que el señor
letrado nos diga dónde pone que eso se puede hacer. (Rumores).
Simplemente para tener conocimiento.


El señor PRESIDENTE: El señor letrado le va a decir
lo que le he dicho porque me ha auxiliado en la respuesta.


La señora AHEDO CEZA: Lógicamente, pero me gustaría
que nos lo dijese para tener conocimiento, sin más.


El señor SÁNCHEZ NÚÑEZ: Señor presidente, en la
Comisión de Cultura se presentó esta misma situación y el letrado la dio
por válida.


El señor PRESIDENTE: Disculpen un momento, las
decisiones de las comisiones no generan doctrina. Ustedes recordarán que
se invocó una resolución en la que hubo un empate y, en cambio, en esta
comisión resolvimos de otra manera. (Rumores).


Continuamos.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Señor presidente, será
así, ocurrirá así y será legal, pero no es muy normal que en una votación
estén entrando y saliendo personas. Lo siento mucho, que conste en el
Diario de Sesiones.


El señor PRESIDENTE: Señora Abascal, una vez que la
Presidencia ha tomado una decisión, usted y su grupo tienen la capacidad
de actuar como ustedes entiendan, pero le ruego que no interrumpa.


Votamos la enmienda número 26 del Grupo
Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 27 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 28 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 29 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 30 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 31 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 32 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 33 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 34 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 35 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 13; abstenciones,14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 36 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 37 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 13; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 38 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 13; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 39 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 40 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 41 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 14; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 42 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 43 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 13; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor LETRADO: Se ha producido un empate que se
resolverá por la regla de ponderación de los grupos presentes.


El señor PRESIDENTE: El sistema de empate se
resuelve ponderando no por el número de miembros, sino por los
porcentajes electorales.


A favor han votado el Grupo Parlamentario Popular,
Esquerra Republicana-Bildu y Ciudadanos; en contra han votado el Grupo
Socialista y el Grupo Nacionalista, y se han abstenido el Grupo Vasco y
el Grupo Mixto.


Avanzamos y luego ya damos el resultado del voto
ponderado.


Votamos la enmienda número 44 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 45 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 13; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Igual que anteriormente, hay
un empate. Si les parece, cuando resolvamos la que ha quedado pendiente,
daremos también este resultado.


Votamos la enmienda número 46 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 47 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 48 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 49 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 50 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 51 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 52 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 53 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 54 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 55 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 3; en contra, 13; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 56 de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 57 del Grupo Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






votos a favor, 3; en contra, 13; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 58 del Grupo Parlamentario
Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 14; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 59 del Grupo Parlamentario
Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 14; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 60 del Grupo Parlamentario
Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 14; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 61 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 62 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 63 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 64 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 65 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Me está apuntando el letrado que si ningún grupo
tiene ninguna objeción de votación separada, como todas corresponden al
Grupo Popular, las podríamos votar todas juntas, si les parece.
(Rumores). ¿Las quieren seguir votando individualmente?


La señora AHEDO CEZA: Depende de cuántas sean. Yo
solo tengo una que quiero que se vote de forma diferenciada.


El señor PRESIDENTE: Es más sencillo seguir igual;
perdemos más tiempo en la polémica, así que vamos a continuar como
estábamos. Nunca me hacen caso, pero háganmelo esta vez, que seguro que
ganaremos tiempo.


Enmienda número 66 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 67 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 68 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 69 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 70 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 71 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 72 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 73 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 74 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 75 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 76 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 77 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 78 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 79 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 80 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; en contra, 12; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).


Enmienda número 81 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 12; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 82 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 83 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 84 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 85 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 86 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 87 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 88 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 89 del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, antes de ponderar las dos enmiendas
que han quedado pendientes por el empate, si les parece, pasamos a votar
el texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados en
lo que no se ha modificado por las enmiendas. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento).


Se vota el texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo no modificado por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 27; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Respecto a la designación para presentar el
dictamen de la comisión, si no tienen inconveniente, lo presentaré yo
mismo, como propuso la senadora Delgado. Si tienen algún inconveniente,
me hacen un favor.


Vamos a esperar unos segundos para que el letrado
resuelva este tema. (La señora Ahedo Ceza pide la palabra).


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor
presidente.


Me gustaría intervenir porque creo que la situación
que hemos vivido con las votaciones ha sido, cuando menos, irregular, y
me parece que es peligroso porque crea precedentes. Si vamos al
Reglamento del Senado, en el capítulo de las votaciones, en el
artículo 95.2 pone: «En el desarrollo de la votación ordinaria los
senadores no podrán entrar ni salir del salón de sesiones». No es ya no
entrar ni salir, es que, además de entrar y salir, se han producido
sustituciones. El buen entendimiento no está reñido con que hay
cuestiones que hay cumplir. Cuando se crean precedentes de este tipo
puede haber momentos en los que esto nos cree problemas y complicaciones
serias. Si hay una votación y no se puede entrar ni salir, ni se entra ni
se sale. Y si un partido, un grupo, entiende que puede tener menos votos,
lo entiende así, y está hablando un grupo pequeño que saldría totalmente
perjudicado, porque si yo salgo en una votación probablemente no va a
haber nadie que entre. Tenemos que entender que cuando nos toca estar en
un sitio, nos toca estar en un sitio, y si nos sustituyen, nos sustituyen
desde el principio, pero en una votación yo entiendo que, visto ese
artículo, queda clarísimo que no se puede entrar ni salir, y muchísimo
menos hacer una sustitución. Creo que es un precedente bastante negativo
para esta Cámara.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Tomamos nota, pero la
interpretación que ha hecho el letrado es que ese artículo hace
referencia al Pleno del Senado.


La señora AHEDO CEZA: Entonces, me remito al
artículo 64 del Reglamento, que dice: «Son aplicables a las
deliberaciones y votos de las comisiones todos los preceptos que regulan
la deliberación y el voto del Pleno de la Cámara». Si no les vale el 95,
me remito al 64.


Gracias.


El señor LETRADO: Por ponderación de votos, los 13
votos a favor de la enmienda 43 eran del Grupo Popular, el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y el Grupo
Parlamentario Democrático, antes Ciudadanos; esos tres grupos son 116
senadores: 97 más 16 más 3. En contra, se manifestaron el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Nacionalista, es decir, 115
más 6: 121. Por tanto, el empate en ambos casos se resolvería con el
rechazo de las enmiendas. (Rumores).


Quedan rechazadas, por tanto, las enmiendas 43
y 45.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las diecisiete horas y veintiocho
minutos.