El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del
orden del día, que es la ratificación de la Ponencia que ha de informar
el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del
Senado, de 11 de febrero de 2020, procede ratificar la ponencia de este
proyecto de ley con la siguiente composición: dos ponentes del Grupo
Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado y uno por cada uno del resto de los grupos parlamentarios. Las
señorías designadas son: doña Assumpció Castellví Auví, don Alberto
Prudencio Catalán Higueras, doña Adelina Escandell Grases, don Eduardo
Fernández Rubiño, doña María Rosa Peral Díez, doña Inés María Plaza
García, doña María Ponce Gallardo, don Pablo Ruz Villanueva, don Jesús
Vázquez Abad y don José Manuel de la Vega Carrera. ¿Está de acuerdo la
comisión con esta ratificación? (Asentimiento). Gracias

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el
Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Paso a la numeración de las propuestas de vetos y de las
enmiendas presentadas, por orden de presentación. A este proyecto de ley
orgánica se han presentado tres vetos y seiscientas cuarenta y nueve
enmiendas.

Los tres vetos son los siguients: veto número 1, presentado por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos; veto número 2, presentado por el señor
Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 3,
presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En cuanto a las seiscientas cuarenta y nueve enmiendas, se
distribuyen de la siguiente manera: enmiendas de la 1 a la 72, de los
señores González-Robatto y Marín Gastón, y la señora Merelo Palomares;
las enmiendas 73 a 77, de la señora Castellví Auví y el señor Cleries i
González; las enmiendas 78 a 97, de el señor Clavijo Batlle; las
enmiendas 98 a 117, de la señora Castellví Auví y el señor Cleries i
Gonzàlez; las enmiendas 118 a 136, del señor Catalán Higueras; las
enmiendas 137 a 146, de los señores Catalán Higueras y Fernández Viadero;
las enmiendas 147 a 162, de los señores Catalán Higueras, Chinea Correa,
Fernández Viadero y Sánchez-Gárnica Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto;
y las enmiendas 163 a 184, de los señores Chinea Correa, Fernández
Viadero y Sánchez-Garnica Gómez; las enmiendas 185 a 195, de el señor
Chinea Correa; las enmiendas 196 a 254, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; las enmiendas 255 a 281, de la señora Castellví Auví y del
señor Cleries i Gonzàlez; la enmienda 282 de la señora González Modino y
de los señores Fernández Rubiño, Martínez Urionabarrenetxea y Vidal
Matas; las enmiendas 283 a 285, por los señores Fernández, Rubiño y
Martínez Urionabarrenetxea; las enmiendas 286 a 368, del señor Fernández
Rubiño; las enmiendas 369 a 384 del señor Martínez Urionabarrenetxea; las
enmiendas 385 a 410, del señor Vidal Matas; las enmiendas 411 a 460, del
señor Mulet García; las enmiendas 461 a 644, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, y las enmiendas 645 a 649, del señor Mulet García.
Se incluyen también en esta relación de enmiendas las números 647 a 649,
ambas incluidas, del senador Mulet García, inicialmente presentadas por
el error al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021, con intención de presentarlas, en cambio, al proyecto de ley
que debate esta comisión. Por otra parte, el señor Martínez
Urionabarrenetxea ha retirado la enmienda número 376.

Como todos ustedes saben, la ponencia, reunida ayer, ha emitido
un informe en el que se acuerda por mayoría no introducir enmiendas en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados.

A continuación, pasamos a la ordenación del debate. En su
reunión de 11 de diciembre, esta Presidencia, oída la Mesa y los
portavoces de la comisión, ha fijado la siguiente ordenación del debate:
en primer lugar, debate de los vetos, que consiste en un turno de
intervención de los senadores y grupos parlamentarios para la defensa de
las propuestas de veto de las que son autores, por tiempo de diez
minutos; en su caso, un turno en contra, por tiempo de quince minutos y
un turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios,
por tiempo de diez minutos cada uno. A continuación, procederemos a la
votación de los vetos por el orden en que han sido debatidos. En segundo
lugar, pasaremos al debate de las enmiendas, que se efectuará en cinco
bloques, en los que se incluyen los diferentes apartados y disposiciones
del proyecto de ley orgánica. Dentro de cada bloque el orden de
intervención para la defensa de las enmiendas será por grupo
parlamentario, de menor a mayor, y por tiempo de diez minutos cada uno;
el turno en contra, en su caso, será de cinco minutos; y habrá un turno
de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo
de cinco minutos cada uno.

En caso de que surjan modificaciones al informe de la ponencia a
lo largo del debate, y una vez concluido este, la ponencia, previa
suspensión de la sesión, se reunirá a fin de incorporar o no aquellas a
su informe, antes de su sometimiento a votación. Tras la reanudación de
la sesión, se procederá a la votación del informe de la ponencia con las
modificaciones introducidas, en su caso, durante el debate en la
comisión.

Después de esta explicación, pasamos al debate de los
vetos.

Para la defensa del veto número 1, tiene la palabra la señora
Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por tiempo de diez
minutos,

La señora PONCE GALLARDO: Gracias. Buenos días, presidente.

Señorías, en Ciudadanos venimos reclamando desde hace años un
gran pacto por la educación, un pacto nacional que cuente con el consenso
tanto de los diferentes grupos políticos como de la comunidad educativa y
de los colectivos sociales.

Señorías, el futuro de un país —el futuro de nuestro
país— depende de las generaciones venideras. Necesitamos sentarnos
y encontrar el consenso, llegar a un acuerdo, sin pensar en intereses
partidistas y no vendiendo nuestro país a trozos ni mercadeando con las
cosas importantes, sino pensando en nuestros hijos y en las próximas
generaciones; dejando atrás los intereses políticos. Eso es estar a la
altura y eso es lo que se espera de nosotros.

España necesita un modelo educativo ambicioso y para toda una
generación, pero, lamentablemente, eso no es lo que tenemos encima de la
mesa. Hoy es un día triste, señorías; triste para la educación en nuestro
país, pero, sobre todo, triste para esta Cámara y lo que debería
representar. Llevamos denunciando desde que iniciaron ustedes la
tramitación de esta ley la falta de consenso y, sobre todo y más
importante aún, la falta de diálogo del Grupo Socialista. Hoy venimos a
denunciar también la falta de respeto hacia esta Cámara, el Senado, y
hacia todos y cada uno de los que trabajamos aquí, bien como senadores y
representantes del pueblo español, bien como trabajadores de esta
Casa.

Señorías del Partido Socialista, ¿qué representa el Senado para
ustedes? ¿Qué les cuentan a sus hijos cuando vuelven a casa que han hecho
aquí? ¿No les da a ustedes vergüenza que llegue a esta Cámara una
contrarreforma legislativa nada menos que de un tema tan importante como
es la educación, que el martes terminase el plazo de presentación de
enmiendas, que las tuvieran ustedes el miércoles, que el jueves se
celebrase ya la ponencia y que estemos hoy en comisión?

Señorías, esta proposición de ley llega a esta Cámara para una
segunda lectura, y me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que ni
la mitad de ustedes se han leído la totalidad de las enmiendas que hemos
presentado los diferentes grupos. Ese es el respeto que demuestran
ustedes hacia los procedimientos legislativos.

Claro que, pensándolo bien, el cuadro está hecho. En España
existe, como ya saben, la división de poderes. Por una parte, tenemos el
Poder Ejecutivo, y ustedes se niegan a gobernar y a liderar nada; se
limitan a emitir decretos, gobernando a golpe de decretazo. Por otra
parte, tenemos el Poder Judicial, y aquí ya no solo no se conforman con
ningunear a los jueces, cuestionar las sentencias judiciales e intentar
repartírselos para controlarlos, ahora también aplauden y consienten que
se les insulte, como el bochornoso espectáculo que permitieron ustedes,
señorías del Partido Socialista, el martes en el Congreso. Y, por último,
el Poder Legislativo, que es de lo que estamos tratando precisamente hoy,
y llegados a este punto, ya no sé qué hacemos aquí, de verdad, pero,
desde luego, una segunda lectura, no. ¿Estudiar las enmiendas y las
propuestas de los grupos para intentar mejorar esta ley? No. ¿Permitir
que la comunidad educativa y expertos de una cierta reputación puedan
aportar sus muchos conocimientos para mejorar una ley que va a determinar
el futuro de nuestro país y de toda una generación, de nuestros hijos?
Tampoco. Ustedes están aquí y estarán también el día del Pleno para
pulsar un botón y para evitar a toda costa que nosotros hagamos nuestro
trabajo; y, eso sí, antes de Navidad, no vaya a ser que tengan ustedes
que aceptar la propuesta de trabajar en enero. Además, todo esto en mitad
de una pandemia sanitaria mundial que se está llevando vidas a un ritmo
vertiginoso y con una de las mayores crisis económicas de nuestro país,
porque mientras la gente esté preocupada por no poder llevarse un plato
de comida a la mesa o por cuidar de que los suyos no se contagien, no se
están preocupando de lo que hacen ustedes aquí. Y, ¿qué quieren que les
diga? Ciudadanos no va a mirar hacia otro lado. Nosotros, Ciudadanos, no
vamos a ser cómplices de sus tropelías. Ciudadanos nació para buscar lo
mejor de la sociedad española; la igualdad entre los españoles y también
en el ámbito educativo. En definitiva, y con todos mis respetos, no
estamos aquí para hacer lo fácil, que es lo que están haciendo ustedes,
señorías, venir y votar lo que se les diga; estamos aquí para hacer lo
honesto y para trabajar también desde esta Cámara por intentar mejorar
esta ley.

Por eso, hemos presentado esta enmienda a la totalidad, este
veto, porque creemos, primero, que no es el momento; segundo, que esta no
es la ley que va a hacer que España y nuestras futuras generaciones
puedan levantarse después de esta crisis —de hecho, ni tan siquiera
va a perdurar en el tiempo, y ustedes ya lo saben—, y por último,
porque mientras tengamos un hilo de voz no vamos a dejar de denunciar las
formas, las prisas y el ninguneo con el que ustedes están tramitando esta
ley.

Entrando más en materia, vuelvo al principio de mi intervención,
donde denunciaba la falta de diálogo del Partido Socialista desde el
principio de este proceso. En este sentido, y mirando atrás, les recuerdo
que el Grupo Ciudadanos les pidió que parasen la tramitación de la LOMLOE
y que centrasen todos sus esfuerzos en impulsar una evaluación, con
carácter urgente, relativa al impacto de las clases a distancia en el
proceso de aprendizaje durante el tiempo que permanecieron cerrados los
centros escolares, y la ministra Celaá se negó. El Ministerio de
Educación y Formación Profesional se ha negado a trabajar con el resto de
fuerzas políticas en la creación de un programa específico para paliar el
impacto negativo en el proceso de aprendizaje del alumnado durante los
meses en que los centros escolares han permanecido cerrados; y, además,
la LOMLOE va a ser la octava ley básica de educación que nacerá sin
consenso educativo en tan solo 40 años, lo que hace una media de una ley
cada cinco años, aproximadamente. Pensamos que es inaceptable la forma y
el fondo con los que se ha tramitado esta reforma de la ley básica de
educación, lo que le pone fecha de caducidad a su vigencia. La ley durará
tanto en vigor como dure este Gobierno, por lo que podemos afirmar, sin
ningún tipo de duda, que su aprobación será la constatación de un nuevo
fracaso político.

El Gobierno del Partido Socialista y Podemos han omitido en todo
momento los planteamientos de Ciudadanos de volver a poner en
funcionamiento la subcomisión para la elaboración de un pacto de Estado
social y político por la educación. Y, por si fuera poco, el PSOE y
Podemos también han vetado, por primera vez en la historia, la
comparecencia de los actores más relevantes de la comunidad educativa,
así como de los expertos en la materia, tanto en el Congreso como ahora
también aquí, en el Senado. Señorías, no se puede impulsar una reforma de
la ley básica de educación sin tener en cuenta a la gente que trabaja y
que participa en ella. Las consecuencias de esta manera de hacer política
las van a pagar nuestros hijos y, además, serán unas consecuencias
enormes. La ausencia de consenso educativo lleva años, señorías,
laminando el progreso de miles de jóvenes en nuestro país y dificultando
la posibilidad de construir un futuro más próspero y con mayor igualdad
de oportunidades en toda España. Nuestros jóvenes se marchan y perdemos
el talento que tendría que ayudar a hacer de este país un lugar
mejor.

Hace poco, en la comparecencia del secretario de Educación
durante la tramitación de los presupuestos en esta misma Cámara, me
negaba que los datos de la educación en España fueran malos. Pues bien,
según los datos publicados por Eurostat el pasado mes de abril, España es
el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. Los datos
aportados por este organismo revelan que el 17,3 % de los jóvenes
españoles entre 18 y 24 años no siguieron formándose tras finalizar
secundaria en 2019. Si ustedes no reconocen el fracaso de pasar por
tantas leyes educativas, aun con los datos en la mano, ¿cómo pretenden
ustedes ponerle freno?

Señorías, voy terminando. Como vamos a ir viendo en los bloques
de enmiendas, nos encontramos ante una ley que nace sin acuerdo ninguno.
Eso sí, con un gran consenso de oposición de padres, docentes y
sindicatos, que elimina el español como lengua vehicular de la educación
en España, que es un ataque directo a la escuela concertada y a la
educación especial, que rebaja la exigencia, el mérito y el esfuerzo y,
por tanto, atenta también contra la calidad de enseñanza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ponce Gallardo.

Tiene, a continuación, la palabra el señor Catalán Higueras,
para la defensa del veto número 2.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días.

Como se ha dicho, en cuarenta años, desde la instauración de la
democracia en este país, han sido ocho las leyes educativas aprobadas,
una auténtica sopa de letras: LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE,
LOMCE, y ahora la LOMLOE. Podríamos decir, como intenta justificar la
propia ministra de Educación y Formación Profesional, que el número no
importa si afronta la realidad del momento, y otros dirán que lo
importante no es la cantidad, sino la calidad, pero la realidad, la
triste realidad, señorías, es que con cada cambio ideológico que se
produce en el Gobierno se promulga una nueva ley de educación. A lo largo
de los años hemos venido escuchando la importancia de establecer una ley
educativa ambiciosa, justa, solidaria, adaptada a la realidad y a las
necesidades reales de la educación en nuestro país y, sobre todo, que
surgiese del consenso y del acuerdo de las principales formaciones
políticas del país, con la participación de todos los agentes y sectores
afectados, desde asociaciones de padres, docentes, centros educativos,
expertos, representantes educativos de las comunidades autónomas,
etcétera, etcétera. La ley no podía hacerse de espaldas a la comunidad
educativa, se insistía, algo que esta ley, por cierto, vuelve a obviar.
Paradojas de la vida, señorías, la izquierda tan plural, diversa y de
talante abierto, dando ejemplo de imposición, sectarismo y totalitarismo;
del diálogo, de confrontación de ideas, de escuchar o de participación,
nada de nada.

Denunciábamos esta misma semana la irresponsabilidad del
Gobierno a la hora de tramitar esta ley y que se estaba despreciando al
Senado con una tramitación totalmente atropellada y vergonzosa. A
diferencia de lo acontecido en otras ocasiones, no es razonable, al menos
desde nuestro punto de vista, que se tramite una ley tan importante como
es esta coincidiendo con la Ley de Presupuestos; no es lógico que siendo
inhábil el mes de enero no se haya habilitado dicho mes y se haya
trabajado la ley de educación como, por cierto, han pedido diferentes
formaciones políticas. Tampoco es razonable que no se quiera escuchar a
representantes de la comunidad educativa, como también se ha solicitado.
Por no comparecer no lo hace ni la ministra; y luego les molestará que se
diga que la ministra está en búsqueda y captura por parte de esta
Comisión de Educación y que se ha declarado en rebeldía, pero es
verdad.

Finalmente, de ser cierto, sería un auténtico despropósito, una
tomadura de pelo y un nuevo desprecio al Senado que la decisión del
Gobierno sea que no se apruebe ninguna enmienda, por muy buena y
necesaria que sea, en este proyecto de ley. Insisto, de ser cierta esta
intención, dejaría en muy mal lugar al Gobierno y a aquellos grupos que
van a sustentar esta estrategia. La educación española, señorías, es algo
muy importante para este tipo de comportamientos totalmente sectarios y
totalitarios. Si no se busca el diálogo, es imposible el acuerdo.

Imposición y sectarismo: esto es lo que nos trae esta ley. El
Gobierno ha cometido el error, una vez más, de querer imponer una ley
educativa sin escuchar a la comunidad educativa, a las comunidades
autónomas y, como decía, a los representantes públicos. Este
comportamiento es propio de una ley mordaza más que de una ley de
educación. Es triste comprobar que, en la Cámara que se dice de
representación territorial, se vete la comparecencia de los responsables
educativos de las comunidades autónomas españolas para que puedan dar su
opinión sobre la ley. Son los gobiernos autonómicos, y todos lo sabemos,
los que tienen las competencias y van a tener que aplicarla; en este
sentido, algunos ya han anunciado que adoptarán las medidas necesarias
para minimizar sus efectos. En lugar de darse esta situación, ¿no
consideran sus señorías que sería más adecuado, mediante el diálogo y el
entendimiento, llegar a acuerdos? Por otro lado, es evidente que la ley
de educación no puede estar al albur del sectarismo de un Gobierno
determinado ni tampoco del mercadeo, de negociaciones ajenas a temas
educativos.

Señorías, que un escolar español, en cualquier parte de España,
no sea escolarizado en la lengua oficial de su país evidencia que algo
falla, y el Gobierno y la Inspección, en lugar de amparar dicho derecho,
lo castigan. Es algo inadmisible y también, desde el punto de vista
legal, inconstitucional. Pero es que, además, la supresión de la
referencia al castellano como lengua vehicular, que venía recogida en el
texto enviado al Congreso de los Diputados, fue una cesión al
independentismo, para que siga adoctrinando e imponiendo sus objetivos
secesionistas. Señorías se está jugando con el futuro de muchas familias,
de docentes y alumnos, y da la impresión de que al Gobierno le da igual.
Están primando intereses ideológicos y partidistas por encima de los
derechos de las familias. Ayer mismo conocimos una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra que supone una desautorización en toda
regla a la ministra, que venía amparando algunos comportamientos, y un
varapalo a la política lingüística de algunas comunidades autónomas. La
referencia al castellano como lengua vehicular en esta ley es hoy más
necesaria que nunca. La ministra está en la obligación de cumplir y hacer
cumplir las sentencias. Cualquier normativa educativa debe salvaguardar
la libertad de los padres a elegir la educación, eso es fundamental,
sobre todo para que estos padres puedan elegir que sus hijos sean
educados en las creencias morales y religiosas que consideren adecuadas,
tal y como recoge el propio artículo 27 de la Constitución española.

Se somete a un acoso y derribo totalmente injustificado a los
centros concertados. Todos conocemos centros concertados que realizan una
magnífica labor educativa y social. Ahí están, por ejemplo, la inmensa
mayoría de las escuelas católicas o las cooperativas de padres o docentes
sin ánimo de lucro. ¿Que hay que regular la admisión de alumnos? Por
supuesto. ¿Que la educación debe ser gratuita? También, todo lo que
ustedes quieran y todo lo que marque la ley, pero sin esa persecución
absurda, inquisitoria que lo único que hace es cuestionar el derecho de
los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

Algo similar podríamos decir de la educación diferenciada. ¿Qué
problema tienen con ella? El propio Tribunal Constitucional ha dejado
clara su legalidad y su derecho a la concertación. En Navarra, la
realidad educativa, en relación con la escolarización de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, por incorporaciones tardías
—fundamentalmente de origen extranjero—, por condiciones
personales o de historia escolar, no diferencia entre la escuela pública
y la escuela concertada; se establece entre los centros en castellano y
los centros en euskera: aproximadamente, el 66 % de los escolares de
estas características están escolarizados en centros públicos en
castellano; el 21 %, en centros concertados en castellano; el 12 %, en
centros públicos en euskera, y un porcentaje prácticamente
insignificante, en los centros concertados en euskera. Esa es la realidad
de Navarra y a la misma, como a la del resto de comunidades autónomas,
debiera responder esta ley, algo que no hace: por ejemplo, además de los
precisos apoyos individuales, la reducción de ratios o desdobles en los
grupos con elevados porcentajes de alumnos con necesidades educativas
específicas, ya sean en centros públicos o concertados. Por eso, no deja
de sorprender como algunos, como la propia ministra, que ensalzan la
escuela pública y critican a la privada, luego, a la hora de escolarizar
a sus hijos, lo hacen en los centros concertados. Lo mismo ocurre con la
sanidad, que se critica mucho a la sanidad privada y luego, a la hora de
la verdad, muchos de ellos acuden a ella. Eso es, desde nuestro punto de
vista, un claro ejemplo de hipocresía pura y dura.

Seguimos defendiendo que los centros de educación especial
desarrollan una magnífica labor con los alumnos más vulnerables y
sensibles del sistema y que no pueden ser puestos en duda ni con
intenciones ocultas ni con redacciones de textos que generan inquietud,
preocupación y también enfado en muchas familias.

Por nuestra experiencia en Navarra, y por lo que hemos
comprobado en otras comunidades autónomas, esta ley no garantiza el
cumplimiento del currículo y de la legalidad vigente en muchos de los
libros de texto y materiales complementarios, que se utilizan en muchos
centros para el adoctrinamiento y la manipulación. Consideramos que las
administraciones públicas tienen que poner veto a este tipo de
comportamientos. En Navarra hemos tenido ejemplos claros, incluso con
sentencias judiciales, y el Gobierno nacionalista de turno, la
legislatura pasada, amparó dichas prácticas ilegales.

La ley tampoco hace un avance destacado en el aprendizaje de
lenguas extranjeras. Todos los escolares españoles, al menos desde
nuestro punto de vista, independientemente del lugar donde residan o del
poder adquisitivo de sus familias, tienen derecho a acceder a su
aprendizaje. Y, para ello, las administraciones públicas deberán tomar
las medidas pertinentes, también en relación con el acceso de los
docentes a dicha función.

Tampoco nos parece acertada que la solución al fracaso y al
abandono escolar sea pasar de curso con suspensos. Se ha perdido, una vez
más, una oportunidad magnífica para abordar una cuestión tan importante
como es la educación mediante el diálogo y el entendimiento, alejados del
sectarismo y el interés partidista. En Unión del Pueblo Navarro siempre
hemos apostado por el consenso y el acuerdo en materia educativa; lo
hemos hecho en Navarra con el Partido Socialista; lo hemos hecho también
en Madrid con el Partido Popular y con el Partido Socialista; y lo
hicimos incluso en el intento de pacto del ministro Gabilondo. Nosotros,
dentro de la lealtad y del respeto que nos vienen caracterizando, lo
hemos demostrado.

En Unión del Pueblo Navarro seguimos defendiendo la necesidad de
acordar y consensuar una ley educativa que perdure en el tiempo y afronte
los verdaderos problemas del sistema educativo español; un pacto que
profundice en la equidad, la igualdad de oportunidades y la calidad
educativa, en el que todos los escolares tengan las mismas oportunidades,
independientemente de su lugar de residencia, de origen o del poder
adquisitivo de sus familias.

Lamentablemente, la ley Celaá nace muerta. Podrá aprobarse de
manera atropellada y despreciando a esta Cámara, como decía, pero tiene
fecha de caducidad. La ley Celaá, por decisión única y exclusiva del
Gobierno y de los que la van a apoyar, es una nueva oportunidad perdida;
una pena, pero una realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán.

Para la defensa del método número 3, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a intentar exponer, en estos diez minutos, las
razones para este veto. Y, antes de nada, quiero agradecer la presencia
de los medios de comunicación, que van a dar cuenta de lo que va a
ocurrir en esta sala y que a nosotros nos llena por anticipado de
vergüenza.

Razones para este veto: en primer lugar, el desprecio flagrante
a la labor, a la acción y al sentido del Senado; un desprecio absoluto al
sentido real e incluso moral de las enmiendas. Yo les hago una pregunta,
señores del Partido Socialista —que son los que han decidido que
esta comisión se celebrara el día después de conocer las
enmiendas—, aunque la respuesta la conozco como la conocemos todos,
¿han tenido ustedes tiempo para leer 645 enmiendas en un día? (Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sííí!). No,
rotundamente falso. ¿Han tenido ustedes tiempo de reflexionar
profundamente sobre el valor de las enmiendas, su contenido, su sentido
y, lo que es más importante, la motivación de cada una de ellas? Si me
dicen que sí, resultará que ustedes no es que estén incurriendo en una
mentira, es que estarán incurriendo en una gravísima falta de
responsabilidad. ¿Me quieren decir ustedes que no han encontrado ni una
sola enmienda, de las 645 presentadas, que no pudiera ser tenida en
consideración en una ley? Desde luego, lo tienen ustedes muy complicado.
Tienen ustedes las explicaciones, los argumentos muy difíciles. Esto
demuestra que ustedes, y lo digo con total conciencia de lo que digo,
desprecian al Senado, desprecian la labor de los senadores, desprecian el
sentido constitucional de esta Cámara, desprecian al cuerpo de
funcionarios de esta Casa y desprecian al conjunto de los partidos
—bueno, no a los partidos, porque aquí nos eligen directamente
nuestros vecinos—, desprecian la labor de todos los senadores que
no están con ustedes en esta ley.

Y les digo más. Hoy va a ocurrir algo que creo que jamás ha
tenido precedentes hasta ahora, y es que cinco partidos políticos
absolutamente diferentes, absolutamente distintos, absolutamente dispares
en sus planteamientos, lo que desde luego evidencia, en muchos casos, una
equidistancia flagrante, vamos a ser capaces (La señora Plaza García:
¿Que no ha ocurrido jamás?) —si me permite la señora portavoz
continuar... Gracias— de presentar enmiendas conjuntas sobre
aspectos que consideramos inocuos; es decir, aspectos neutrales que se
podrían contemplar en la ley y que ustedes se niegan a que se introduzcan
en un texto para mejorarlo.

Ustedes nos traen una ley en un contexto complejísimo de repunte
de la pandemia, en una situación económica, social y sanitaria de nuestro
país que tampoco tiene precedentes, en plenas Navidades, sin una llamada
y sin ademán de encontrar algo que mejorar. Señores del Partido
Socialista, señores del PNV y señoras de Esquerra Republicana, apelo a su
conciencia para que analicen profundamente qué estamos haciendo aquí
porque es muy grave, gravísimo, y la sociedad española lo tiene que
saber.

La velocidad con la que ustedes quieren sacar adelante esta ley
se relaciona intrínsecamente con todas las leyes que ustedes están
promoviendo a una velocidad de vértigo. Señores del Partido Socialista,
ustedes son destructores: destructores de convivencia, destructores de
acuerdo, destructores de pacto, destructores de libertad y destructores
de todo lo bueno que hemos construido por su profundo amor al sillón,
porque no les mueve otra cosa más que esa.

Esta ley, la ley Celaá, como han comentado quienes han hecho uso
de la palabra anteriormente, nace muerta, es una ley que nace fracasada,
y espero que sea la última vez que una ley se aprueba desde la
unilateralidad. Y digo la última vez porque, cuando lleguemos al
Gobierno, procuraremos no poner en marcha una ley, sino poner en marcha,
de una vez, un pacto nacional educativo en el que todos nos podamos poner
de acuerdo; por cierto, que es algo que ustedes impidieron, en el
año 2012, cuando se levantaron sin más, por sectarismo, del pacto que
estuvo a punto de alcanzarse, el pacto nacional educativo, cuando se
hablaba de acuerdos básicos que en absoluto generaban mayor
controversia.

Todos conocemos cómo es esta ley. Todos somos conscientes de la
respuesta social, no solo de la comunidad educativa, que esta ley ha
generado y va a generar. Por cierto, escuché en el debate de presupuestos
al señor De la Vega mintiendo flagrantemente con respecto a algunos
aspectos. Todos sabemos que esta ley elimina la libertad de los padres.
Señor De la Vega, como le recordaba mi compañera Adrados, la ley elimina
el concepto de demanda social. ¿Cómo hay que explicarles esto? Es que no
sabe nada. El concepto de demanda social aparece por primera vez en el
decreto de conciertos del año 1985, suscrito por el Consejo de Ministros
presidido por el señor González, del Partido Socialista, y es, hasta
ahora, el único decreto de conciertos que ha emitido el Consejo de
Ministros en cuarenta años de democracia, que tampoco lo saben. En ese
decreto de conciertos no solamente se habla de la demanda social; se
habla de un concepto que ustedes han destruido con esta ley, que es el de
cohonestar. En este sentido, la ley que en aquel momento puso en marcha
el Partido Socialista consagraba el sistema español como un sistema dual,
absolutamente dual entre, a su vez, dos modelos: el modelo público y el
modelo público concertado. Esto lo crearon ustedes y ahora destruyen lo
que ustedes crearon. ¿Cómo se llama a eso? Incoherencia. ¿Cómo se llama a
eso, señores socialistas? Afrenta a lo que ustedes defendían
entonces.

Esta ley nace sin consenso, ya lo hemos visto. Esta ley, con
mucha sutileza, pretende vaciar los centros de educación especial, por
mucho que lo nieguen. Lo tienen muy sencillo, si no están de acuerdo con
esto, si consideran —porque es un hecho indiscutible— que la
disposición adicional cuarta genera controversia, elimínenla; pero no lo
han hecho. Elimínenla aquí, lo pueden hacer, pero no lo van a hacer
porque les puede el sectarismo.

Es una ley que destruye el modelo nacional educativo que ustedes
pusieron en marcha. Además, en el artículo 109 pretende cargarse la
libertad de los padres para elegir centro educativo y supedita a los
centros públicos concertados —si quieren, a los centros privados
sostenidos con fondos públicos— a la creación y a la existencia de
plazas públicas; es decir, que subordina unos centros a otros. Se cargan,
por tanto, la pluralidad necesaria en el sistema educativo. Es una ley
que pretende convertir la educación con ideario, que ampara el
artículo 27 de la Constitución, en una educación para ricos. Por cierto,
ustedes eligen ese modelo con frecuencia; otra de las incoherencias.
(Risas). ¡Qué risa les da! No creo que quepa ninguna risa hoy; es un día
para la tristeza. (Rumores). Si me permiten, señorías, es que están poco
acostumbrados a que les canten las verdades. Es una ley que afrenta
directamente contra el mérito y la exigencia —ya lo vimos en el
decreto que ustedes llevaron al Congreso de los Diputados y que se tuvo
que validar con la misma mayoría con la que hoy aplastarán al resto de
formaciones políticas— en tanto que permite pasar de curso y
promocionar sin ningún límite de suspensos. Eso a mí, como profesor, no
solamente me apena y me entristece, sino que me indigna ¿Con qué
autoridad moral voy a exigir a mi alumno que estudie, que se forme, que
aprenda si con esta ley ustedes se cargan el concepto del suspenso, se
cargan el suspenso y eliminan la posibilidad de que un alumno pueda
repetir curso porque no se ha esforzado, porque no ha estudiado? Es una
ley que, además, permite, como hemos dicho, entre otras muchas cosas, que
a partir de los 14 años unos niños se pongan en huelga. Señores del PSOE,
de ERC y PNV, ¿cómo se puede sostener semejante disparate?

En fin, esta ley elimina la demanda social como criterio de
programación de plazas gratuitas y permite la distribución del alumnado
por la Administración. Es una ley que, además, afrenta toda la
jurisprudencia previa.

Ustedes son partido de gobierno para todos y, además, esta ley
responde a las voluntades de una señora que es ministra, y ministro
etimológicamente quiere decir el que sirve. Un ministro tiene que
gobernar para todos, no solo para sus votantes. La señora Celaá olvida
que estamos en un Estado social y democrático de derecho, y con sus
intervenciones hasta ahora —y con las suyas hoy— nos lleva a
un rancio despotismo ilustrado. Se ha llegado a decir: esto es bueno para
el pueblo y por eso lo aprobamos.

Eso sí, señores del Partido Socialista, les hemos de reconocer
un mérito, además de haber puesto de acuerdo a cinco grupos absolutamente
antagónicos para intentar mejorar esta ley que ustedes van a laminar, y
es que llevamos varias semanas reuniéndonos con representantes de la
comunidad educativa en nuestras respectivas provincias y hemos constatado
algo que sin duda es positivo y que ha ocurrido gracias a ustedes: nunca
nadie antes había conseguido unir tanto a padres, profesores y alumnos
del modelo concertado.

Termino ya, señor presidente. Les invito a una reflexión
apelando a la cita de un humanista, Francisco de Vitoria. Dice así: Uno
de los derechos más importantes del hombre es su educación, que ha de ir
perfeccionando en su condición de persona. La educación ha de hacerse con
palabras de corrección y con doctrina más que con enfrentamiento.

Aún están ustedes a tiempo de hacer suya esta reflexión para
modificar esta ley nefasta para todos. Yo me niego y me resisto a perder
la esperanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruz.

A continuación, pasamos al turno en contra, en su caso. ¿Se
solicita turno en contra? (Asentimiento de la señora Plaza García).
Señora Plaza, ¿intervendrá usted sola o va a compartir el turno?

La señora PLAZA GARCÍA: En el turno en contra, intervendré solo
yo. En el de portavoces, mi compañero.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Adelante.

La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo con ninguno
de los vetos, como no podría ser de otra manera, y digo que no podría ser
de otra manera porque si estuviéramos de acuerdo con la derecha de este
país tendríamos un grave problema, y más después de escuchar lo que
estamos escuchando.

Lo primero que nos sorprendió es que el veto de Ciudadanos iba
dirigido más a la pandemia y al presupuesto que a la propia ley. Dicen
que durante la pandemia el ministerio no estuvo en contacto con el
Congreso de los Diputados y que dejó la responsabilidad a las comunidades
autónomas. ¿De qué están hablando?






Se lo he dicho muchas veces, señora
Ponce, y se lo digo con el mejor ánimo: ustedes confunden las
competencias. El Ministerio de Educación no solamente estuvo en contacto
permanente con las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales,
sino que, además, coordinó y tomó las riendas en esta situación
sobrevenida.

No voy a enumerar todas las medidas que se pusieron en marcha,
sobre todo en cuanto a digitalización, porque lógicamente no es el objeto
de esta comisión, donde hemos venido a debatir la ley, pero sí tengo que
decirle que las comunidades autónomas son las competentes en educación y
por eso han tenido que poner en marcha las medidas COVID con el fondo que
les dio el Gobierno de España. En este sentido, no olvidemos que el
Ministerio de Educación dio a las comunidades autónomas 2000 millones de
euros para contratar profesorado. Cosa distinta es que las comunidades
autónomas donde gobierna el Partido Popular y la derecha contrataran a
muchos menos profesores que aquellas en las que gobierna el Partido
Socialista, o dicho de otra manera, el Partido Socialista contrató en sus
comunidades cuatro veces más profesorado que en las comunidades
gobernadas por la derecha.

Claro que seguimos tramitando la ley durante la pandemia, como
nos decía, además, el Partido Popular, que pedía que se siguiera con las
tramitaciones parlamentarias, aunque luego se quejaran de que se
estuviese tramitando la ley. Pues les recuerdo que no se puede sorber y
soplar al mismo tiempo.

Dice que la ausencia de plan presupuestario no va a permitir que
se implante el tramo de 0 a 3 años. ¿Le parece que 200 millones de euros
suponen una ausencia de plan presupuestario, señora Ponce? Precisamente
la equidad es uno de los principios educativos que salen plenamente
reforzados con las medidas para avanzar en la escolarización en la
educación infantil, de forma que, independientemente del lugar donde
vivan los padres, de su nivel socioeconómico y su poder adquisitivo, los
niños y niñas de 0 a 3 años tendrán garantizada la educación infantil,
algo que les va a condicionar el éxito y el futuro.

Por otro lado, dicen que la ausencia de planificación económica
en lo relativo al gasto afecta de manera directa al alumnado con
necesidades educativas especiales. Tengo que recordarle que el 70 % del
presupuesto va destinado a las comunidades autónomas, que son las
competentes, además de destinar 80 millones de euros al programa PROA
Plus para prevenir el abandono escolar temprano de 1800 centros con
complejidad educativa. Se van a invertir también 30 millones de euros en
la creación de 618 unidades de acompañamiento y orientación personal.
¿Les parece que todo esto supone una ausencia de presupuesto?

Además, tenemos garantizado por primera vez en la ley el derecho
subjetivo a beca. De hecho, señora Ponce, su intervención de hoy no tiene
nada que ver con el veto que han presentado, y por eso nosotros nos
preguntamos si hicieron el veto antes de los presupuestos o si es que
quieren confundir a la ciudadanía. No lo sabemos, porque dicen, además,
que tenemos una contrarreforma educativa. ¿Que nosotros tenemos una
contrarreforma educativa? Lo que nosotros tenemos ahora mismo sobre la
mesa es un proyecto de ley y no entendemos esa manera suya de
distorsionar tan tremenda. Por otro lado, quisiera decirle que la
irresponsabilidad del Partido Popular y de la derecha de este país es tan
enorme que, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, les
da igual confundir a las familias con tal de sacar rédito político, y se
lo digo así, señor Ruz. Ustedes están confundiendo a las familias y están
haciendo aquí un teatro que no se lo creen ni ustedes mismos.

Lo que no nos parece de recibo es que el PP lleve tantos años
utilizando la educación como arma arrojadiza. Por ejemplo, la ley Wert,
de 2013, se aprobó tras imponer su mayoría absoluta de entonces, y con
toda la comunidad educativa en contra; y lo hicieron solo con los votos
del Partido Popular. Y no se ría, señoría, es así, porque la aprobaron
solo con los votos del Partido Popular, y dice ahora aquí que no hay
precedentes de que cinco partidos se hayan unido contra los demás
partidos. ¿Pero de qué está hablando usted? ¡Pero si ustedes aprobaron la
ley exclusivamente con los votos del Partido Popular, y absolutamente
todos los demás partidos estaban en contra! (Varios señores senadores del
Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente su mesa con la palma
de la mano). ¿Pero qué está diciendo usted, señor Ruz? Si no se lo cree
ni usted. Viene aquí a hacer un teatro, a decir que no hay precedentes de
esto. Pero, ¿qué precedentes? ¿De qué precedentes estamos hablando? Si
los precedentes son suyos, si eso ya no se puede superar, señor Ruz.

Se lo dije en el Pleno y se lo repito ahora, señor Ruz: ustedes
creen que si están de acuerdo, hay consenso, y si no lo están, no lo hay,
y eso no es así. Estamos en una democracia, lo que quiere decir que se
pueden juntar partidos, aunque sean tres, porque tenemos representación.
En la ponencia estábamos varios partidos, pero el señor De la Vega y yo
representábamos a 113 senadores, en tanto que había partidos que
representaban a un senador. Por tanto, no podemos hablar de partidos,
sino que estamos hablando de las reglas del juego, de las reglas de la
democracia, que ustedes no respetan, señor Ruz. Deberían aprender a
respetar las reglas de juego y deberían entender, además, que están en la
oposición, algo de lo que yo creo que todavía no se han dado cuenta.

Hay algo con lo que sí estoy de acuerdo con las señorías del
Grupo Popular, sin que sirva de precedente, y es que dicen en el veto que
el sistema educativo necesita profundas reformas, y ahora más que nunca
aquellas que permitan resolver sus acuciantes problemas. Y claro que
estamos de acuerdo con eso, por eso vamos a hacer un profundo cambio para
que realmente esas profundas reformas se puedan llevar a cabo. La nuestra
es una ley que está en las antípodas de la suya: una ley segregadora, una
ley excluyente, una ley que lo único que provocaba —y provoca
porque, por desgracia, todavía está vigente—, es que haya más
repeticiones de curso.

Ustedes saben perfectamente que no es cierto que se quiera
acabar con la educación concertada; lo saben perfectamente. Los
conciertos educativos fueron creados por un Gobierno socialista en 1985,
y se hizo como una solución a la falta de plazas de la educación pública.
Fue la LOMCE la que introdujo el concepto de demanda social, y ese
concepto de demanda social que, repito, introdujo la LOMCE, fue un
intento de dar cobertura a la práctica extendida de ceder suelo público
de manera gratuita para garantizar conciertos con empresas y crear
colegios con ánimo de lucro, porque, además, esos colegios cobraban unas
cuotas en teoría voluntarias, pero que no lo eran, eran obligatorias. Por
eso solamente pueden ir a los colegios concertados los que tienen mayor
poder adquisitivo, pero nosotros pretendemos que vayan los mismos a los
colegios concertados y a los públicos. De eso es de lo que se trata. (El
señor Ruz Villanueva: No mienta). No, no estoy mintiendo, estoy diciendo
la verdad.

No se va a ceder suelo público a la concertada, pero va a estar
mejor financiada, y ustedes lo saben. La enseñanza concertada no se toca
como tal, pero sí se trata de evitar que sea un negocio, como lo está
siendo hasta ahora. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).

La LOMLOE establece un modelo coherente para todo el proceso de
admisión. La proximidad del centro al domicilio o al lugar de trabajo de
los padres; la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el
centro y la renta per cápita. Lo que hace la ley es, como digo, acabar
con las cuotas voluntarias. Si se cobran cuotas voluntarias, solamente
podrán ir los que puedan pagarlas, y eso ustedes no lo entienden porque a
lo mejor no están acostumbrados a ir a barrios donde hay un menor poder
adquisitivo. Yo entiendo que ustedes vean de la mitad para arriba, pero
también hay mundo de la mitad para abajo; ustedes están en las nubes,
pero en el suelo, pisando tierra, también hay mundo.

Se trata también de frenar la proliferación de los llamados
colegios gueto. ¿Saben ustedes que España es el sexto país con mayor
segregación escolar de Europa? Eso se debe a los siete años que
estuvieron gobernando ustedes, porque hicieron decretos, como, por
ejemplo, en Andalucía, para segregar. Según un informe de la Universidad
Autónoma de Madrid somos el sexto país con mayor segregación. Además,
hemos tenido una llamada de atención por parte del relator de Naciones
Unidas. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que pasaran estas
cosas.

Se va a acabar, además, con la segregación por sexo en centros
sufragados con fondos públicos; lógicamente, si son centros sufragados
con fondos públicos se tiene que trabajar en la coeducación, no en la
segregación por sexo.

Además, todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen
que contar con un representante del ayuntamiento, algo que ustedes
también han criticado. Si están sufragados con fondos públicos, lo lógico
es que haya un representante del ayuntamiento en el consejo escolar.

Los centros de educación especial no van a desaparecer; no se
van a cerrar los centros de educación especial. El PP miente, miente
descaradamente y, además, la utilización que ha hecho el Partido Popular
de un tema tan extremadamente sensible, como el de los niños y las niñas
con capacidades diferentes, les debería dar vergüenza. (Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano). La ley Wert tenía un artículo que nosotros
hemos copiado. Por tanto, se basa en un artículo que crearon ustedes y
que está en su ley. En la disposición adicional cuarta nosotros
proponemos incrementar los recursos para que en los centros ordinarios
pueda haber garantía de calidad, y para que los padres y madres que
quieran, puedan escolarizar a su hijo en los centros ordinarios con
garantías de calidad; pero, quien quiera, podrá escolarizarlos también en
los centros de educación especial. Y no solamente eso, sino que, además,
los centros de educación especial van a ser un referente de apoyo a los
centros ordinarios.

No es cierto que vaya a desaparecer el castellano en comunidades
con lenguas cooficiales. El castellano y las lenguas propias las
comunidades autónomas están protegidas en la Constitución. El artículo 3
de la Constitución dice que el castellano es la lengua española oficial
del Estado; Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus
respectivas comunidades autónomas de acuerdo con su estatuto. Eso es lo
que dice la Constitución. No es cierto, señora Ponce, que en la
Constitución se hable de vehicularidad y que nosotros lo hayamos quitado.
La vehicularidad se la inventaron los señores del Partido Popular en su
ley Wert. La Constitución no habla de vehicularidad.

El castellano va a tener presencia en todas las aulas del
territorio nacional, y además, la principal novedad que se establece son
las medidas compensatorias, de forma que cuando los alumnos y las alumnas
terminen, tendrán que tener conocimiento tanto de castellano como de su
lengua cooficial, y si en alguna de las dos lenguas no tienen
conocimientos, se les va a reforzar.

Por otro lado, la religión no va a desaparecer de la escuela,
señor Catalán. Las familias y el alumnado tienen derecho, tanto en los
centros públicos, como en los concertados, a que se brinde una oferta
reglada de formación religiosa confesional de acuerdo a sus convicciones,
y esto está garantizado, pero el condicionamiento moral y religioso no
puede ser una ventaja o una desventaja en el expediente académico, para
la obtención de becas o para el acceso a estudios superiores. No puede
ser que el que un niño o una niña dé o no religión sea un
condicionamiento para su expediente. Eso no sería de recibo.

Por cierto, señor Catalán, la LOMLOE es la Ley Orgánica de
Modificación de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación. No sé cómo la ha
denominado usted y es que uno de los motivos de su veto era que la ley se
denomina como la ministra, y hasta donde yo sé la ministra se llama María
Isabel Celaá Diéguez, y no LOMLOE. (Risas). No sé si algún artículo
recoge el nombre de la ministra, pero dice en su veto —y me quedé
sorprendidísima— que es que a los ministros les gusta que las leyes
se denominen con su nombre. Pues hasta donde yo sé, la ley se llama
LOMLOE, y no de otra manera.

La verdad es que no deja de sorprenderme que la derecha de este
país —lo vimos en el Pleno y lo vemos ahora incluso con los
vetos— no deje de citar a los políticos socialistas y, además, nos
ponen como ejemplo. En este caso, el señor Catalán cita al señor
Gabilondo como un ejemplo, y la verdad es que no sé si alegrarme o
preocuparme porque no sé si es bueno que a usted le guste el señor
Gabilondo.

Para terminar quiero decir, en definitiva, que a pesar de la
derecha de este país, con la LOMLOE se da un salto enorme hacia un modelo
educativo moderno e inclusivo. La LOMLOE, a pesar de la derecha,
representa un paso de gigante para reforzar la educación en nuestro país
y, a la vez, garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
españoles y españolas.

Muchas gracias. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista golpean repetidamente su mesa con la palma de la
mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Plaza.

A continuación se abre el turno de portavoces de los diferentes
grupos parlamentarios por orden de menor a mayor, por diez minutos.

Recuerdo a sus señorías de cada grupo que, si desean intervenir
varios portavoces, tendrán que repartirse el tiempo.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a ser breve en mi intervención, fundamentalmente porque las
referencias de la portavoz del Grupo Socialista han sido anecdóticas,
como la referencia a la denominación de la ley. Evidentemente la LOMLOE
se denomina en la calle ley Celaá al igual que ustedes denominan a la
LOMCE como ley Wert. (La señora Plaza García: Pero no lo pongo en un
veto). Por lo tanto, existe la misma justificación que utilizan ustedes
para la ley Wert.

Evidentemente, señorías, el problema no es si me gusta más a
menos lo que diga el señor Gabilondo, la cuestión es el comportamiento
que tuvimos algunos en el pacto que intentó el señor Gabilondo cuando era
ministro y lo que ustedes están haciendo ahora, porque al final no sé si
están de acuerdo. Ustedes dicen que están en contra de los vetos que se
han presentado, ¿y tampoco están de acuerdo con las enmiendas? ¿Con
ninguna? ¿De ningún grupo, señorías? (La señora Plaza García: Estamos
hablando de los vetos). Creo sinceramente que su estrategia, que
desprecia a este Parlamento y también la voluntad mayoritaria de los
españoles al no aceptar ninguna enmienda —y veremos a lo largo del
debate si es así— evidencia que del talante Zapatero, del que
ustedes hacían gala, han pasado a un talante bolivariano. (Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano). Aquí nadie opina, aquí
nadie abre la boca, aquí se hace única y exclusivamente lo que quiere el
Gobierno. Como decía, su talante se demostrará a lo largo de este debate
con la aprobación o no de alguna enmienda. Pero, sobre todo, han pasado
ustedes de una ley de educación a una ley mordaza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Catalán.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la señora Castellví, por el mismo tiempo.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Buenos días.

Voy a ser muy breve, pero debo decir que siento tristeza.

Quiero aclarar que nosotros, Junts per Catalunya, ni ley Wert ni
ley Celaá. Y estoy triste, sí, porque esta ley Celaá se podría mejorar, y
es una pena que, teniendo tiempo hasta el día 25 de febrero para poder
hablar, discutir y encontrar puntos en común, que los hay en educación,
no hayamos agotado el plazo. Vamos con prisas, ¿por qué?, ¿por qué?, y
¿por qué?

Sí, cinco grupos dispares, que estamos en las antípodas política
e ideológicamente, nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a pilares
fundamentales de la educación, y estoy segura de que todos los grupos
—que sirva de precedente—, no solo cinco, habríamos podido
ponernos de acuerdo respecto de algunos temas para poder mejorar la
educación. Esto es lo que nos entristece a nosotros, y por tanto, no voy
a decir nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señor
presidente.

En Izquierda Confederal, y Más Madrid en particular, hemos dicho
en muchas ocasiones que esta ley es necesaria. Desde que se aprobó la ley
Wert, nosotros hemos estado reivindicando que hacía falta dar marcha
atrás esa reforma agresiva, una reforma que dañó la educación pública,
que debilitó nuestro sistema educativo y que, entre otras cosas, abrió
las puertas a la privatización efectiva de la educación al permitir a las
administraciones públicas ceder suelo para la construcción de escuelas
privadas; el aumento de las ratios al 10 %; que los colegios que segregan
por sexo recibieran financiación de dinero público; quitar poder a los
consejos escolares, que era el órgano de participación que tenían los
centros educativos; cambiar el sistema de elección del director de
centro, que ya no era elegido por el claustro sino por la Administración,
que podía escogerlo prácticamente a dedo; la introducción de unas
reválidas en sexto de primaria y en cuarto de la ESO como paso previo a
unos itinerarios que agravaban claramente la segregación escolar; la
eliminación de Educación para la Ciudadanía al tiempo que se aumentaba la
carga de religión y se hacía evaluable, o la supresión de la asignatura
de Ética y la obligatoriedad de la asignatura de Historia de la Filosofía
en segundo de bachillerato.

Todos estos son ya motivos suficientes, aparte de otras muchas
cosas que no tengo tiempo de exponer aquí, para entender por qué hacía
falta dar marcha atrás en una ley que, efectivamente, se hizo de espaldas
a toda la comunidad educativa; levantó el enorme movimiento de oposición
de la Marea Verde frente a esta reforma que durante años estuvo clamando
en las calles que se tumbara esta ley Wert, y efectivamente, creo que el
Gobierno de coalición y los partidos que hemos apoyado la investidura en
esta legislatura teníamos la obligación de atender al compromiso de
derogarla.

Ahora bien, efectivamente la cuestión es si se aprovecha la
oportunidad para hacer una ley que satisfaga y que realmente suponga un
cambio sistémico de modelo en la educación para que nuestro país avance
en esta materia. Nosotros celebramos, y por eso nos vamos a oponer a los
vetos, que hay cosas que esta ley sí incluye y que podemos reconocer. Es
una ley que acaba con la segregación por sexo en centros financiados con
fondos públicos y que elimina el concepto de demanda social que favorecía
los intereses de determinados grupos privados y que facilitó alguna de
las cuestiones que derivaron directamente en casos de corrupción en la
Comunidad de Madrid, como la cesión de suelo público a determinados
amigos a cambio de mordidas. Además, en algunos municipios, las familias
se encuentran con que no tienen acceso a centros públicos, incluso
pidiéndolo, ya que en su municipio solo hay centros concertados a su
disposición, cosa que nos parece totalmente inaceptable, más aún si estos
están cobrando determinadas cuotas obligatorias ilegales.

Creemos que la ley también regula con más fuerza la admisión de
los alumnos en los centros concertados, lo cual celebramos porque es una
cuestión de equidad y una forma de asegurar que los centros sostenidos
con fondos públicos cumplen con sus obligaciones de atender a todos los
alumnos, independientemente de sus circunstancias y sin ningún tipo de
discriminación. Creemos que, además, es una buena noticia que la religión
quede fuera de la nota para los procesos de acceso universitario o de
becas y que no sea una alternativa a una asignatura del currículo.

Además, se obliga a que las comunidades autónomas revisen y
controlen de manera más eficaz que los colegios concertados no cobren
esas cuotas obligatorias, que ya eran ilegales en la ley anterior y que
siempre han sido ilegales. Pero todos sabemos que determinados gobiernos,
como el de la Comunidad de Madrid, sistemáticamente han hecho la vista
gorda o han fomentado un modelo por el cual se cobrara este tipo de
cuotas y se pusiera así una barrera a eso que la derecha en principio
defiende, que es la libertad de elección de centro, pero que, en la
práctica, se convierte en que solo existe libertad de elección de centros
si tienes 300, 400 o 500 euros en el bolsillo para pagar unas cuotas de
unos colegios que están sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto,
están cobrando un copago educativo, algo totalmente inaceptable en el
sistema educativo español porque los estudiantes tienen derecho a una
educación gratuita en condiciones de igualdad y esto, claramente, acaba
con la igualdad de oportunidades y supone una barrera de discriminación
muy importante.

Creemos que también es positivo que, aunque de forma tímida, se
introduzca la mención, en varias ocasiones, a la educación
afectivo-sexual en todas las etapas educativas. Esto, sin duda, supone
dar un paso adelante y es necesario para garantizar el pleno desarrollo
de la personalidad de los niños y de las niñas y de los estudiantes, en
general, cosa que recoge el artículo 27 de la Constitución y que creemos
que es esencial fortalecer, aunque nos hubiera gustado que se llegara más
allá.

Además, gracias a las enmiendas de Más País-Equo, en el Congreso
se aprobaron mejoras importantes en la formación profesional básica,
como, por ejemplo, que se pueda pasar desde este ciclo a la formación
profesional de grado medio.

Hemos trabajado mucho también en las enmiendas referidas al
alumnado con necesidades específicas de apoyo, logrando que se reconozca
la obligación del sistema educativo de poner los recursos necesarios para
la detección precoz de las necesidades de estos alumnos y alumnas. De
nada sirve reconocer cuestiones si en la ley estas no se acompañan de
recursos para hacerlas efectivas, y por eso hemos insistido en que allí
donde se reconozca un derecho, siempre se dispongan los recursos
materiales necesarios para su ejercicio.

En cuanto a algunas de las cuestiones que se han manifestado hoy
aquí y que se vienen repitiendo, yo ya tuve oportunidad de aclarar en el
Pleno que no compartimos que sean ciertas muchas de las cosas que dice la
derecha; creemos, sencillamente, que son mentira. No compartimos que se
ataque a la educación concertada como tal, simplemente se trata de que la
concertada cumpla los requisitos que legalmente ya tenía, por ejemplo,
como hacía referencia antes, que no cobre esas cuotas obligatorias
ilegales, cosa que es totalmente lógica, o que la admisión de los centros
esté regulada como debería haberlo estado siempre; eso no significa que
se ataque a esa educación.

Tampoco se ataca a la educación especial, como ya ha explicado
suficientemente la portavoz del Grupo Socialista. Creemos que aquí hay
una manipulación clarísima, porque solo se trata de poner en el centro de
la educación el principio de inclusión. Basta leer lo que dice la
disposición adicional cuarta en su literalidad: Que los centros
ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las
mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Yo no entiendo que de
ahí se derive que se vaya a cerrar ningún centro. Creo que, simplemente,
se trata de que los centros ordinarios tengan los recursos para atender a
esa diversidad y que, en la medida de lo posible, allí donde haya un
alumno que necesite esos recursos, pueda contar con ellos. Eso no va en
detrimento de los derechos de nadie ni va a cerrar ningún otro tipo de
educación, se trata, simplemente, de que los centros ordinarios puedan
acoger esa diversidad hasta donde les sea posible.

Más adelante seguro que tendremos oportunidad de hablar sobre
cuestiones como la meritocracia y las repeticiones o la participación y
el derecho a huelga de los estudiantes y otras cuestiones que se han
debatido aquí, pero, en general, no compartimos los argumentos que
utiliza la derecha para vetar esta ley.

Por último, sí voy a hacer mención a otra cuestión general que
se ha debatido aquí acerca de cómo está siendo la tramitación de esta
ley, del proceso que se está siguiendo. Por cómo fue el proceso en la ley
Wert, razón de más para que nosotros, en esta ocasión, lleváramos a cabo
un proceso impecable en términos de participación, en términos de debate
social y en términos de intentar llegar a consensos, sobre todo, por el
largo historial de aprobación de leyes de educación que solo han durado
una o dos legislaturas en vigor, hasta que ha llegado el siguiente
Gobierno. Teníamos la obligación de hacer una ley que fuera lo
suficientemente sólida como para perdurar en el tiempo el máximo número
de años posible y que fuera una reforma definitiva. Yo no voy a decir que
lo que están haciendo ustedes aquí hoy, no aceptando ni una sola enmienda
de ningún grupo, sea bolivariano, totalitario o alguna cosa por el
estilo. Creo que, desde el punto de vista formal, es totalmente legítimo
que tres partidos se pongan de acuerdo para no escuchar ni uno solo de
los argumentos que el resto de partidos proponen, pero, claro, que sea
formalmente legítimo no significa que esté bien hecho o que sea deseable
para el resultado final de la ley. Creo que el Partido Popular, de forma
absolutamente legítima, utilizó su mayoría absoluta para aprobar, en
desacuerdo con el resto, la ley Wert y no por ello pensamos que eso
contribuyó a que la ley Wert fuera una ley de consenso. Lo que ocurre hoy
aquí, por respeto a la propia función del Senado, que tiene una función
que, desgraciadamente, no va a poder cumplir y que cada vez está
cumpliendo en menos leyes, nos lleva a hacernos una reflexión general
sobre qué hacemos aquí y qué papel tiene el Senado en un sistema
institucional como el de España. Por otro lado, por una cuestión de cuál
es el resultado final de esta ley, de que consigamos una ley en las
mejores condiciones posibles, tenían la obligación de, al menos, atender
a las seiscientas y pico enmiendas en las que hemos trabajado los
distintos grupos, entre las cuales seguro, seguro, estoy completamente
convencido de que hay cuestiones que sus señorías comparten; las hemos
firmado entre grupos muy diversos y no me puedo creer que ustedes no las
compartan, señorías de Esquerra, del Partido Nacionalista Vasco y del
Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, la señora Ponce Gallardo por tiempo de diez minutos.

La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.

Señora Plaza, dice usted que nosotros hacemos aquí un teatro y
yo, sinceramente, no lo hubiera dicho mejor. Me alegra que lo reconozca
porque lo de hoy, lamentablemente, es un teatro. Están ustedes tratando,
a toda costa, de que nosotros no hagamos nuestro trabajo, con una falta
de respeto absoluta a todos los aquí presentes. Deberíamos estar aquí
para hacer una segunda lectura y para mejorar esta ley, pero,
lamentablemente, esto es puro teatro y ustedes son los títeres de Bildu,
de Esquerra y de los que quieren lo peor para España. El problema es que
el precio de las entradas, el que han pactado ustedes entre bambalinas,
lo vamos a pagar todos en los presupuestos del día 22. Tal vez, como está
tan preocupada por la terminología de esta ley, pueda usted cambiarla y,
en vez de llamarla ley Celaá, la podamos llamar la ley Otegi, que también
le vendría bastante bien. (Rumores).

Dicen que no están ustedes de acuerdo con la derecha y que por
eso no van a aprobar ninguna de las enmiendas en las que hemos trabajado.
Miren, ustedes no están de acuerdo con la derecha, no están de acuerdo
con la izquierda, no están de acuerdo con los padres, no están de acuerdo
con los docentes, no están de acuerdo con los expertos, con la Alta
Inspección educativa; ustedes no están de acuerdo con nadie porque
ustedes no se sientan a escuchar, y ese es el principal problema que
tiene este Gobierno, que no escucha absolutamente a nadie, y tienen
ustedes muy malos compañeros de viaje, señorías.

Sobre mi intervención, señora Plaza, ha dicho usted que yo no me
estaba ciñendo a lo que ponía en el veto. Mire usted, yo puedo decir aquí
lo que quiera y puedo denunciar aquí lo que quiera, le guste a usted o no
le guste. Ya solo faltaba que, además de no permitirnos realizar
correctamente nuestro trabajo en esta Cámara, nos digan también lo que
tenemos que decir en nuestro turno de intervención. Han vetado ustedes a
la comunidad educativa, pero a nosotros, sinceramente, no nos van a
callar. También ha dicho que nosotros en el veto hablamos mucho de la
pandemia, ¿y de qué quieren ustedes que hablemos? ¿Cuántos muertos hay
sobre la mesa? Ustedes fueron avisados por la Organización Mundial de la
Salud de que venía una pandemia, pero no lo quisieron ver, y ahora
tenemos aquí los resultados. Se trata de priorizar y la prioridad, ahora,
es salvar vidas y salvar empleos y, desde luego, la prioridad no es sacar
adelante esta reforma educativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ponce.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Vasco, la señora Peral.

La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, presidente. Egun on
guztioi.

Como ya comenté en la intervención en el Pleno respecto a la
moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular, el objetivo y el
compromiso del Partido Nacionalista Vasco era la derogación de la LOMCE.
No solo nos comprometimos con nuestro electorado en el programa electoral
de las elecciones generales, sino que ya, en 2013, firmamos un acuerdo
con la mayoría de los partidos de la oposición para derogarla en cuanto
el PP saliera del Gobierno porque la LOMCE ha sido una ley fuertemente
contestada y no aceptada en el País Vasco. Fue una ley que no respetaba
nuestra singularidad ni nuestro autogobierno.

Ciudadanos, UPN y PP han presentado propuestas de veto al
proyecto de la LOMLOE. Podemos estar de acuerdo en que la tramitación ha
sido acelerada y, quizá, poco oportuna en tanto que ha coincidido con la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone una
gran carga de trabajo en los grupos pequeños, y, por otro lado, en medio
de una pandemia, con efectos sanitarios, económicos, sociales y también
educativos, seguro.

Toda la comunidad educativa, el alumnado y las familias, han
hecho un gran esfuerzo para terminar el curso 2019-2020 y empezar
el 2020-2021 en las mejores condiciones posibles. Este trimestre va a
terminarse de una manera más o menos normalizada y mayoritariamente
presencial, pero es cierto que, quizá, no sea el mejor escenario para
tener un debate sosegado en torno a una ley tan importante. Pero no
estamos de acuerdo con algunas de las cosas que hemos escuchado, como que
esta ley es el fin de la enseñanza en castellano, de la educación
especial o de la concertada. En este último caso, por ejemplo, mi grupo
no podría aprobar una ley de educación que tuviera este objetivo, cuando
el sistema educativo vasco es bicefálico, con una coexistencia
prácticamente al 50 % entre la red pública y la concertada.

Defendemos nuestra competencia exclusiva en materia educativa,
así se recoge en la disposición adicional primera de la Constitución, esa
que tanto nombran y tanto dicen defender. Es competencia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y de las leyes orgánicas que lo desarrollen. La LOMLOE es un
avance en este sentido, aunque nosotros aspiramos a más. Pero no vamos a
perder esta oportunidad de derogar la LOMCE y, por tanto, votaremos en
contra de las propuestas de veto.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peral.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra la señora Escandell.

La señora ESCANDELL GRASES: Muchas gracias. Bon dia. Buenos
días.

Todos los grupos que han presentado los vetos utilizan la
palabra consenso. Es curioso porque lo cierto es que cuando gobiernan son
los primeros que imponen sus modelos sin escuchar a nadie y, cuando no
gobiernan y algo no les gusta, sencillamente, van a los tribunales. Por
tanto, que no me hablen ni de consenso ni de diálogo. (Aplausos).

Miren, les voy a poner un ejemplo fácil, muy claro. La Llei
d’Educació de Catalunya, la LEC, fue una ley aprobada por el
Parlament de Catalunya —todo constitucional— en 2009. La ley
desarrolla y concreta las competencias de educación que tiene Cataluña en
virtud de su Estatut y se basaba en el pacte nacional de l’educació
de 2006. A este pacto se llegó por la mayoría de las entidades
sindicales, todas las centrales sindicales, entidades pedagógicas, todas,
colegios profesionales, las patronales, asociaciones de madres y padres,
de estudiantes, entidades municipalistas, etcétera, pero, además, los
grupos parlamentarios de Convergencia i Unió, Partit Socialista de
Catalunya, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, que representaban, en aquella legislatura, una
amplia mayoría del arco parlamentario. Consenso: el pacto y la ley. Pero
fíjense ustedes, cuando se aprobó en el Parlament de Catalunya, ¿qué hizo
el PP, que ahora nos quiere dar lecciones de democracia y de consenso? La
llevó al Tribunal Constitucional y amenazó, como hace siempre; cuando una
cosa no le gusta, aunque sea fruto del consenso, nos amenaza con ir a los
tribunales.

¡Y qué decir del Grupo Ciudadanos! ¿Qué nos van a explicar de
consenso? Nacieron con el objetivo de romper el consenso que sobre la
inmersión lingüística teníamos en Cataluña. Inmersión es un modelo
pedagógico que ha obtenido el reconocimiento de diversas entidades
europeas y mundiales, que se da en otros lugares del mundo —por
ejemplo, en Canadá, en la zona de Quebec— y que permite ejercer a
todos los niños y niñas un derecho básico, que es dominar, al acabar la
escolarización, la lengua del país, además, evidentemente, del
castellano. Porque nadie duda de que el castellano sea una lengua que
tengamos que dominar y conocer, y tampoco vamos a negar a ningún niño o
niña este derecho.

Un sistema educativo se articula alrededor de una base
ideológica —entendería el debate— y de unos aspectos más
técnicos y profesionales y sobre esto se podría llegar a consensos, pero
¿saben qué pasa? Que ustedes, desde el comienzo de este mandato, niegan
la legitimidad al Gobierno. Se niegan y nos niegan el debate sereno,
tranquilo, que sería necesario. En una intervención en septiembre ya
hablé de un poeta, Martí i Pol, e hice alusión al concepto setembrear,
volver a la calma, a la tranquilidad, pero no lo han podido escuchar.
Ustedes basan sus argumentaciones en lanzar afirmaciones falsas y de
descualificación constante, manipulan la realidad. No es cierto, es
mentira que no vaya a enseñarse la lengua castellana, pero ¿en qué cabeza
cabe? Se va a cumplir lo que manda la LEC y el Estatut de Cataluña. No es
cierto que se elimine la escuela concertada, ¡por favor! No es cierto que
vayan a desaparecer las escuelas de educación especial. En Cataluña
tenemos una amplia experiencia de inclusión, pero las escuelas de
educación especial no han desaparecido.

El grupo que represento, Esquerra Republicana-Bildu, sí ha
negociado la ley porque entendemos que para eso estamos las personas que
nos dedicamos a la política. Nosotros y nosotras siempre apostamos por el
diálogo en todos los lugares, ámbitos e instancias, somos demócratas y
como tal actuamos. Evidentemente, no todas las enmiendas que presentamos
han sido recogidas, pero esto ocurre en todas las negociaciones. Como los
aspectos principales que reclamábamos sí se han visto recogidos y, de
esta manera, dejamos atrás la ley Wert, una ley injusta que apostaba por
la segregación, que invadía competencias, que dejaba la escuela pública
como subsidiaria de la privada y que tenía como objetivo central
españolizar a los niños de Cataluña, pues vamos a posicionarnos en contra
de los vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Escandell.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Ruz por tiempo de diez minutos.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Vamos por partes. Señora Vega, nosotros no hacemos teatro. Usted
forma parte de una farsa, que es esta comisión. Ustedes han convertido
esta comisión y esta Cámara, con su actitud, con sus decisiones y con su
voluntad de hurtar el debate, en una farsa; muy cara, pero una farsa, y
eso hay que decirlo alto y claro.

Señora Vega, nunca tantas mentiras habían sido vertidas en una
Comisión de Educación. Yo no sé si usted afirma lo que afirma por
ignorancia, que creo que sería menos lesivo, o por voluntad propia,
porque entonces usted se está convirtiendo en una senadora que practica
el sectarismo de una manera, desde mi punto de vista, casi obscena.

Miren, todo lo que usted ha dicho encuentra en una fecha el
dique de contención o el muro de la verdad. Por cierto, como ha afirmado
la señora Escandell hace escasos minutos, si quieren un debate sosegado y
tranquilo, ¿por qué no nos dejan debatir con sosiego y con tranquilidad
esta ley hasta el 25 de febrero? Porque creen, porque hacen, porque
consienten y comprenden esta Cámara y esta comisión como una farsa, como
una gran mentira. Esto es muy grave y tendrán que dar cuentas a la
opinión pública, por supuesto que tendrán que rendir cuentas.

Ha afirmado usted que nosotros, en el año 2013, sacamos adelante
la LOMCE con unilateralidad y con falta de democracia. Mire, vamos a
sumar, vamos a contar, espero que sepa: Partido Popular, mayoría
absoluta, 183 diputados que sacaron adelante la ley Wert (Un señor
senador: Solos); Gobierno Frankestein, el suyo, 177 diputados. Si ustedes
tienen legitimidad, como usted afirma —cosa que yo no he discutido,
por cierto— para sacar adelante esta ley, ¿qué pasa? ¿Que el PP no
la tuvo en el año 2013, con 183 diputados? Porque lo digan ustedes,
¿verdad? Mayor consenso, mayor número de diputados, mayor democracia.
(Risas). Nosotros les escuchamos a todos con mucha atención y con mucho
respeto. (La señora Plaza García: Sí, seguro.) Sí, sí, están ustedes
acostumbrados a interrumpir constantemente a este portavoz. (La señora
Plaza García: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho). Le
ruego, señor presidente…(La señora Plaza García: Me está
insultando).

El señor PRESIDENTE: Les ruego que dejen continuar en calma esta
intervención.

El señor RUZ VILLANUEVA: En fin, democracia es escuchar, aparte
de profundizar en la pluralidad. Democracia, desde luego, es la antítesis
de lo que ocurrió ayer en ponencia cuando la señora Vega me mandó callar
y me dijo que yo estaba dando un mitin en una ponencia de una ley
—y aquí está mi compañero, el señor Vázquez, para acreditar que lo
que digo es cierto—. Se dirigió a mí en unos términos, no solamente
irrespetuosos, sino antidemocráticos y me intentó quitar la palabra, pero
ni se salió ni se va a salir con la suya.






Mire, señora Plaza (La señora
Plaza García: A la tercera va la vencida), cinco partidos... (Rumores).
Es imposible, no puedo seguir.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores, mantengan la
calma, por favor, dejemos que se exprese el señor orador.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Es la segunda vez que tengo que callarme, porque no me permiten
continuar. Lo digo con rotundidad, tenemos hasta el día 25 de febrero y
ustedes nos obligan, nos fuerzan a tramitar esto por la puerta de atrás,
deprisa y corriendo, sin sosiego, sin debate, sin tranquilidad. El día 22
presupuestos y el día 23 una ley tan importante como una ley educativa.
Desde luego, evidencia su absoluta falta de voluntad por llegar a
acuerdos.

La señora Plaza ha hablado de que miran para arriba, de que
miran para abajo, no sé qué de los barrios y de si nosotros defendemos a
los ricos o los pobres, y toda esa parafernalia, esa retórica que yo
pensaba que formaba parte de la retórica de los años 30, 40, 70 u 80. La
señora Plaza incurre en esta semántica. Los colegios concertados no son
colegios para ricos, eso es mentira, y usted lo ha dicho aquí. Le voy a
poner el ejemplo de dos centros educativos. Uno es el Colegio San José
Obrero de mi provincia, de la ciudad de Orihuela. El colegio San José
Obrero de Orihuela atiende a niños que están en una situación social
complicada. Es un colegio que, además, asiste a sus familias para
intentar garantizar una estabilidad educativa a los niños porque
probablemente en su contexto social no la encontrarían. Le voy a hablar
del caso del Colegio Altair de Sevilla, que está incardinado en el barrio
del Cerro, un colegio que es ejemplar precisamente en la integración de
esos niños, no solamente en el tejido laboral a posteriori, sino también
en el contexto social de la propia realidad social sevillana. Le digo
más, le pongo el caso de un colegio concertado de mi ciudad, de Elche, el
Colegio San José Artesano, de Matola, fundamentalmente especializado en
formación profesional. Ustedes viven del eslogan, de la mentira y de la
falta de conocimiento con respecto a la educación concertada. Intentan
hacer creer que la educación concertada, que es un modelo que profundiza
en la pluralidad educativa —nada más, nada más—, es un modelo
para ricos; desde luego, lo van lo van a conseguir, por desgracia para
todos, transigiendo, o eliminando directamente con sus acciones el
artículo 27 de la Constitución.

Señora Plaza, le pregunto, de verdad, con todo respeto: ¿Usted
sabe lo que es el decreto de conciertos? ¿Sabe usted lo que es un
decreto? (La señora Santana Dumpiérrez: ¡Por supuesto que lo sabe!).
Bueno, luego responderá. ¿Conoce el contenido del decreto de conciertos
del 85? Léaselo, está en internet. Léase el decreto de conciertos del 85.
El decreto de conciertos del 85, de su partido, habla del concepto
cohonestar, que es el sistema dual, plural y que se basa en el concepto
de la demanda social que ustedes pusieron en marcha.

Dice la señora Plaza que, claro, los centros concertados han de
tener un representante de la Administración pública para que fiscalice la
acción que en ellos se realiza. Un partido político es una institución
privada, señora Plaza, un sindicato es una institución privada. ¿Está
usted de acuerdo con que representantes de la Administración pública
fiscalicen, observen, gestionen y directamente formen parte del consejo
de gobierno de los partidos políticos o de los sindicatos? Es el mismo
modelo, instituciones privadas financiadas con dinero público. ¿O los
partidos políticos no se financian con dinero público? Y los sindicatos,
¿no se financian con dinero público? Pues igualmente.

En fin, le voy a dar un consejo, señora Plaza, prepare mejor sus
intervenciones y deje a un lado el panfleto, que parece ser que es la
única fuente de información con la que usted formaliza y sustenta sus
argumentos.

Señora Peral, ha afirmado usted algo que a mí me preocupa. Usted
ha afirmado que el PNV jamás estará en contra de los conciertos
educativos. Le digo de corazón que pregunte al Partido Socialista, porque
le pretenden colar algo que es muy grave. Tienen preparado un decreto de
conciertos que es demoledor, demoledor. Señora Peral, invocando a la
nueva ley, tiene preparado el Consejo de Ministros un decreto de
conciertos que comienza a asfixiar la educación concertada... (Rumores).
No se puede intervenir en esta comisión.

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.

Continúe, señor orador, que ya le queda poco tiempo.

El señor RUZ VILLANUEVA: Sí, me queda muy poco.

Un decreto de conciertos que pretende empezar a eliminar la
financiación de estos centros, que son privados, artículo 27, financiados
con fondos públicos. Se lo digo de corazón, infórmese, porque se la
pretenden —y permítame que emplee el término coloquial—
colar, y cuando se la cuelen ya no habrá marcha atrás con respecto a este
decreto. Reflexione profundamente sobre lo que usted va a hacer con su
voto.

Señora Escandell. Voy a rebatir algo que usted ha afirmado y que
me parece gravísimo. El sistema educativo no se puede articular sobre la
base de ninguna acción, visión o cuestión ideológica. El sistema
educativo se tiene que articular sobre la base de criterios técnicos, no
ideológicos. Así nos va en esta nación, pensando en un sistema educativo
que se fundamenta solo y principalmente en aspectos ideológicos.

Ya termino, señor presidente. Desde luego, hoy aquí ustedes han
dado buena cuenta de su visión irresponsable de la educación. La
desgracia para todos es que ustedes suman, y eso es legítimo. Ustedes
suman y nos van a imponer con el rodillo una ley educativa que no
solamente preocupa a la comunidad educativa, sino que también preocupa al
conjunto de la sociedad española. Después, señora del PNV, no cabrán ni
los llantos ni los madre mía. Ustedes son, si no lo evitan, responsables
de este atropello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruz.

A continuación, tendrán que repartirse el tiempo la señora Plaza
y el señor De la Vega, porque van a intervenir los dos.

Señor De la Vega, tiene la palabra.

El señor DE LA VEGA CARRERA: Muchas gracias, presidente.

La verdad es que estoy sorprendido con la declaración del señor
Ruz, en el sentido de que tengo la sensación de que está anunciando las
diez plagas de Egipto. (Aplausos). Después de escuchar sus argumentos,
además hemos podido ver su desesperación, porque si asistimos hoy al
pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y el partido de Puigdemont,
muy desesperados tienen que estar el PP y Ciudadanos para llegar a este
pacto. (Aplausos). Lógicamente, el señor Ruz ha acusado a mi compañera,
la senadora Plaza, de decir mentiras, y a mí mismo también, pero
intentaré de manera sintética, porque el tiempo siempre apremia a los
portavoces, desmontar una por una.

La primera mentira que ha dicho es que los socialistas en la Ley
de 1985, la LODE, incluimos el término de la demanda social. Fíjese, le
voy a leer dónde aparece la demanda social en esta ley, porque no sale en
el articulado, sino que se recoge en el preámbulo. Usted a lo mejor tiene
algún problema de comprensión lectora, por eso lo voy a leer, para que
sus señorías puedan juzgar por sí mismos: «En el último cuarto de siglo y
tras un sostenido retroceso en la enseñanza pública, las necesidades del
desarrollo económico y transformaciones sociales inducidas por este
elevaron de modo considerable la demanda social de educación.» Este es el
único momento en el que sale la demanda social en la LODE. No mienta y no
engañe, como hacen siempre. (Aplausos).

Señor Ruz, ha hablado también de la educación especial y me ha
enfadado mucho. Voy a decir una cosa que nunca había dicho públicamente.
Yo soy una persona que ha sido toda la vida disléxica; evidentemente, he
tenido muchos problemas en la educación primaria, y fue muy duro para mí
por la época en que lo tuve que vivir. Justamente hubo una gran pedagoga,
Mercè Pla, que me ayudó mucho. Hoy en día hay una fundación que se llama
Mercè Pla, que es una fundación que tiene varios centros de educación
especial y cuyo lema —muy bonito— dice: el valor de ser
especial. Esta ley lo que hace es aportar más recursos a los centros
ordinarios para poder atender a personas como yo, que en otra época no
tuvimos oportunidades. (Aplausos). En mi caso tuve la suerte de tener
unos padres que me pudieron pagar esta asistencia de manera privada, si
no, hubiera sido carne de cañón y parte del fracaso escolar del sistema.
Por eso esta ley es tan importante para nosotros.

Hace un momento usted nos ha hablado del consenso y decía que es
una ley que nace sin consenso, pero hace ya año y medio que esta ley se
está discutiendo con la comunidad educativa. Me acuerdo que cuando se
aprobó la LOMCE en el año 2013 hubo manifestaciones por todo el país. Yo
soy de Cataluña, no ha salido nadie a manifestarse ni en Cataluña ni en
el País Vasco ni en Valencia ni en muchos sitios. ¿Sabe por qué? Porque
es mentira que esta ley ataca a la escuela concertada, quien ataca a la
escuela concertada son ustedes. Y lo han hecho porque cuando salieron del
Gobierno la enseñanza concentrada sufrió una reducción del 1,5 %, en
comparación a una década atrás, pero es que encima el recorte en la
enseñanza pública fue del 13,8 %. (Aplausos). Por eso hay que invertir en
la pública también, señor Ruz.

Ustedes decían que no nos habíamos mirado sus enmiendas.
Personalmente, no puedo aceptar estas mentiras. Estuvimos mirando una por
una todas las enmiendas del Grupo Popular, y le voy a decir algunas cosas
de sus enmiendas. Ayer nos dijo que las enmiendas no eran ideológicas
sino educativas. Hoy podemos constatar que muchas de estas nos retrotraen
a modelos que convergen con los preceptos de la escuela tradicional.
Ahora nos es más fácil imaginar cuál sería la propuesta del bloque de la
derecha: una propuesta donde la religión no es un derecho sino un deber;
donde la equidad no es la norma sino la excepción; donde la evaluación
continua en la educación básica se contrapone a pruebas con tintes de
reválida; donde el criterio de los docentes está en entredicho en las
juntas de evaluación y encorsetado, porque hay materias que permiten
progresar a los alumnos y otras no; donde un título de graduado en ESO se
convierte en un simple certificado; donde aprender todas las lenguas
oficiales de un territorio no es bueno para los alumnos y no se entiende
la diversidad. En definitiva, nos devuelven a un modelo que pudo
funcionar para algunos, pero no para todos.

Estoy seguro de que si hoy vivieran personajes de la talla de
María Montessori, Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat y Marta Mata estarían
apoyando esta reforma educativa. (Aplausos). Nuestro mejor tributo es
trabajar todos los días para construir una escuela coeducadora y
competencial, donde los alumnos sean el centro de la enseñanza. ¿Cómo
pueden defender que se separe a los niños de las niñas? ¿Cómo lo pueden
defender hoy en día? Si estamos hablando de igualdad, desde pequeños se
les tiene que enseñar que son iguales, no separarlos. (Rumores). Esta ley
ha venido, señor Ruz, para quedarse, tiene vocación de permanencia y si
algún día vuelve a gobernar la derecha, que esperemos que sea más tarde
que pronto, les pasará como les pasó con la LOGSE o con la LOE, que
descubrieron que en su momento fueron una palanca de cambio educativo que
hizo progresar a la sociedad. Tengo la seguridad de que sus señorías lo
verán con el tiempo en las aulas de nuestro país.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Plaza, cuando quiera.

La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Ruz, ha dicho que digo cosas obscenas, que espera que sepa
contar, que le quité la palabra en la ponencia —bueno, en los
medios de comunicación dice que se la quité y ahora aquí que no lo
conseguí—; me ha preguntado también si sé lo que es un decreto, y
se atreve a darme consejos sobre que me prepare mejor las intervenciones.
Yo le pregunto a usted: ¿quién se cree usted que es, señor Ruz? ¿Usted se
cree ejemplo de algo? Porque para mí usted no es ejemplo de nada y no le
permito que me vuelva a dar ni un solo consejo. Así de claro.
(Aplausos).

Para terminar, solamente quiero decirle que claro que hay ricos
y pobres. Un 27,4 % de pobreza infantil tenemos en España; ustedes no lo
quieren ver, pero es así. Esos niños y niñas que están en la exclusión
social se merecen una educación tanto pública como concertada, aunque a
ustedes les duela. Ese es su problema, que ahora, con la nueva ley, se
van a mezclar los ricos con los pobres, y eso a ustedes les duele.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías, por sus
intervenciones.

A continuación, vamos a pasar a la votación de los vetos por
orden de debate.

Primero, procede que el señor letrado compruebe las
asistencias.

El señor LETRADO: Gracias, señor presidente.

Rapidísimo. Están todos los miembros de la comisión y están
todos los titulares.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Veto número 1, presentado por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 12; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Veto número 2, presentado por el señor Catalán Higueras.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 12; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Veto número 3, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 12; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

A continuación, vamos a proceder al debate de las enmiendas. El
debate de las enmiendas se va a efectuar en cinco bloques, en los que se
incluyen los diferentes apartados y disposiciones del proyecto de ley
orgánica.

El orden de intervención para la defensa de las enmiendas de los
distintos grupos parlamentarios será de menor a mayor y por un tiempo de
diez minutos.

El primer bloque está formado por los siguientes apartados:
título preliminar, capítulo 1. Principios y fines de la educación; título
preliminar, capítulo 2. La organización de las enseñanzas y el
aprendizaje a lo largo de la vida; título preliminar, capítulo 3.
Currículo y distribución de competencias; título preliminar, capítulo 4.
Cooperación entre administraciones educativas; título primero,
capítulo 1. Educación infantil; título primero, capítulo 2. Educación
primaria.

Para el turno de defensa de las enmiendas disponen de diez
minutos.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tienen
posibilidad de intervenir diversos senadores. Comenzaremos con el senador
Catalán Higueras, pero les recuero que han de distribuirse el tiempo en
función de los intervinientes.

Tiene la palabra el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Así es. Pero, si es posible, le agradeceríamos que nos indicase
cuándo hemos cumplido los dos minutos y medio.

El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Como he manifestado anteriormente,
para Unión del Pueblo Navarro es fundamental el derecho de los padres a
elegir la educación que quieren para sus hijos. Es un derecho garantizado
en el artículo 27 de la Constitución y otras normas internacionales,
fundamentalmente aquellas que tienen que ver con los derechos humanos.
Estas normas internacionales sobre derechos humanos también hacen
referencia a la libertad de los padres a que sus hijos sean educados en
las creencias religiosas y morales que estén de acuerdo con sus propias
convicciones. Evidentemente, estamos en contra de la pretensión que,
desde nuestro punto de vista, impone la ley: un modelo educativo
ideologizado con una visión totalitaria de la misma. Por eso, desde
nuestro punto de vista, la ley ataca a la libertad y al libre pensamiento
e intenta imponer un punto sesgado en diferentes materias.

En un Estado de derecho y un sistema democrático como el que
disfrutamos los españoles, el deber de neutralidad ideológica del Estado
es de obligado cumplimiento y se debe prohibir cualquier forma de
proselitismo. Materias obligatorias en enseñanza no pueden ser ningún
pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas
que reflejan tomas de posición sobre las que no hay un consenso social.
En una sociedad democrática no debe ser la Administración pública, ni los
centros educativos, ni siquiera los docentes los árbitros de las
cuestiones morales. Señorías, esto no lo dice UPN, esto viene recogido en
una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de febrero de 2009 en relación
con la asignatura Educación para la
Ciudadanía, y, aunque falla en contra del recurrente, deja también
las cosas claras. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nosotros
estamos en contra del adoctrinamiento y la manipulación en los centros
educativos.

Por otro lado, mucho se ha hablado de los jóvenes de 16 a 18
años y de su falta de formación una vez que acaban las enseñanzas
obligatorias. El ministerio y el Gobierno no pueden hacer una referencia
tan liviana como se hace en la ley en esta cuestión. Si se quiere abordar
con seriedad este tema, se deberá hacer con planteamientos más claros y,
sobre todo, con mayor compromiso concreto por parte de las
administraciones públicas; de ahí la enmienda que hemos presentado. El
Gobierno ha reconocido que no tiene ningún estudio ni ningún informe
sobre la materia. Por lo tanto, le instamos a ello y a que lo haga,
además, con el Consejo Escolar del Estado y que luego lo lleve a la
conferencia sectorial.

Termino ya, señor presidente. La tercera de las enmiendas de
este bloque va encaminada a los programas de cooperación territorial.
Nosotros consideramos que, dada la bondad de los mismos, debiera
extenderse a todos los centros financiados con fondos públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

En primer lugar, hay que recordar que el artículo 1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece el derecho de los
padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el
centro para sus hijos en el marco de los principios constitucionales.
Dicho esto, en este primer bloque proponemos lo siguiente.

En primer lugar, se debe de eliminar la expresión e identidad de
género. El motivo es que la expresión identidad de género procede de las
denominadas teorías de género; teorías sin base científica ni
antropológica. En segundo lugar, se debe suprimir la expresión educación
afectivo-sexual, ya que la educación afectivo-sexual no puede ser
establecida a priori por las autoridades educativas sin que exista la
posibilidad de que los padres lo determinen en función de su libertad,
tal como reconocen los artículos 27.2 y 27.3 de la Constitución española,
y en función de sus propios valores morales.

En tercer lugar, se debe cambiar la expresión «la prevención de
la violencia de género» por la expresión «la prevención de cualquier tipo
de violencia». No se puede educar solo en contra de un tipo de violencia.
La violencia es violencia en todos los sentidos y hay que educar en
contra de ella sin exclusiones de ningún tipo.

En cuarto lugar, es preciso incluir referencias relativas a la
formación integral del alumno, entendida como aquella que engloba la
totalidad del desarrollo de la persona humana en sus distintas
manifestaciones a lo largo de su vida escolar y a cuyo desarrollo debe
contribuir la enseñanza escolar. Por otro lado, la existencia de
diecisiete sistemas educativos ha generado desequilibrios y desigualdades
entre territorios. Por ello, el Ministerio de Educación deberá velar por
que las comunidades autónomas respeten el currículo básico común.

Esta Ley de educación debe incorporar la cooficialidad efectiva
de las lenguas en el ámbito de la educación voluntaria, obligatoria y
postobligatoria. Consecuencia inmediata de esa cooficialidad es el
reconocimiento del derecho de los alumnos a ser escolarizados en
castellano en todo el territorio nacional y en las otras lenguas
oficiales en aquellas comunidades con cooficialidad lingüística.

Por último, se debe garantizar la impartición de la asignatura
de religión en la etapa de educación infantil y, de este modo, garantizar
el derecho que asiste a los padres, madres o tutores legales de elegir la
educación moral y religiosa, así como el deber de los centros a ofrecer
estas enseñanzas y planificar su participación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marín.

A continuación, tiene la palabra el señor Fernández
Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

En este primer bloque de enmiendas, el Partido Regionalista de
Cantabria, junto con la Agrupación Socialista de Gomera, el Partido
Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Navarro —solo algunas de
ellas—, hemos presentado seis enmiendas que pretenden mejorar el
contenido del texto. Por un lado, creemos muy importante que aparezca
reflejado en la ley que a los centros de educación infantil se les dota
del personal especialista para atender y detectar cuanto antes las
necesidades educativas especiales de aquel alumnado que requiera la
atención del profesor especialista; por eso, es necesario que esté
contemplado en la ley.

También creemos que es necesario que esté contemplado en la ley,
en cuanto a la gratuidad de 0 a 3 años, que se tengan en cuenta a
aquellos centros que ya existen, que son privados o que tienen algunos
ayuntamientos como prestación de servicios de las escuelas infantiles
municipales, para que en un momento dado, cuando se vaya hacia la
gratuidad en la etapa de 6 a 8 años, pueda haber algún tipo de concierto.
Para el Partido Regionalista y para el resto de los grupos, es muy
importante la convivencia de los centros públicos y los centros
concertados. Por consiguiente, también pedimos que se contemple en
infantil y que se tenga en cuenta a aquellos centros que actualmente ya
tienen etapas de infantil, primaria, secundaria y que pudieran incorporar
de 0 a 3 años.

En el ámbito más curricular, es importante que en la
administración educativa aparezca reflejado que puedan estudiar desde
segundo ciclo de primaria una segunda lengua extranjera. Los niños cuanto
antes empiecen a aprender idiomas, como son esponjas, los van a adquirir
muchísimo mejor. Dentro de la autonomía de los centros y con la
aprobación del Consejo Escolar y la administración educativa competentes,
proponemos que se les permita confeccionar asignaturas propias. También
es importante que quede reflejado en la ley que en primaria, dentro del
horario, aparezca una hora dedicada a la tutoría. Sabemos que se realiza
por el tutor que da las distintas materias; aunque no aparece reflejado
en su horario, desde el minuto uno ejerce una labor tutorial. Por eso,
también sería preciso que apareciese en el número de materias.

Por último, proponemos que se apoye a aquellos centros que
apuestan por la innovación educativa, por nuevas metodologías, dotándoles
de los medios técnicos y humanos necesarios por haber hecho ese esfuerzo
para estar en la vanguardia de la innovación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Viadero.

A continuación, tiene la palabra el señor Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

En esta primera intervención quisiera expresar, como también
hice la semana pasada en la Ley de presupuestos, mi queja sobre la
tramitación exprés de una ley tan importante como esta en la Cámara, ya
que hubiera sido más deseable y pertinente un debate abierto en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, con la participación del
ministerio y las autonomías, los representantes de la comunidad educativa
y las fuerzas políticas aquí presentes. Como senadores y senadoras, no
podemos seguir permitiendo que las tramitaciones de las iniciativas
legislativas en esta Cámara se finiquiten en dos o tres semanas con
procedimientos acelerados, que, si me lo permiten, cercenan el papel que
debería desempeñar el Senado en la tramitación de proyectos que se
legislan en las Cortes, pero que se gestionan por parte de las
autonomías. Una vez dicho esto, me voy a centrar en las enmiendas que he
presentado por parte de la Agrupación Socialista Gomera en este primer
bloque, que tienen que ver básicamente con la educación infantil.

Mi partido propone lo mismo que se aprobó en el año 2017 en el
Congreso de los Diputados con el apoyo del Grupo Socialista y Podemos,
enfatizando la universalidad no obligatoria y la gratuidad de los dos
ciclos. Son políticas fundamentales para reducir la desigualdad y mejorar
la conciliación de la vida laboral y familiar y constituyen también un
potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo
personal desde las primeras etapas de la vida. Además, en el actual
escenario que vivimos, con miles de familias en una situación de extrema
vulnerabilidad, van a constituir un apoyo importante para muchas de
ellas.

Señorías, propongo también un nuevo punto para que se establezca
un marco común para el primer ciclo de educación infantil donde se
determinen aspectos como los contenidos educativos y los requisitos de
los centros, particularmente los referidos a la ratio profesor/alumno,
las cualificaciones y perfiles profesionales y sus responsabilidades
educativas, así como la composición de los equipos y los tiempos de
atención directa, los órganos de participación y coordinación, los
objetivos de ciclo y, finalmente, señorías, los criterios de
educación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Muchas gracias, presidente.

Vuelvo a insistir en que nuestras enmiendas han tenido como
objetivo mejorar esta ley educativa y que no entendemos por qué no se han
agotado los plazos para tramitarla el 25 de febrero ya que hubiéramos
podido mejorar muchísimas cosas. Los dos portavoces del Grupo Socialista
no me han contestado por qué no hemos agotado estos tiempos.

Dicho esto, ni ley Celaá ni ley Wert, para nosotros está la LEC,
la ley educativa de Catalunya. Voy a exponer el razonamiento de nuestras
enmiendas para mejorar el currículo. En primer lugar, el tiempo escolar
curricular hace referencia exclusivamente a los contenidos, no a los
criterios de evaluación. Asimismo, el actual redactado permitiría que el
currículo, en Catalunya y en otras comunidades autónomas, fuera fijado
por la Administración del Estado, lo que no corresponde con la voluntad
del legislador y la tradición consolidada. Otra mejora que consideramos
es que los currículos, como pone en su ley, no constituyen enseñanzas
mínimas. Como establece la propia ley en el apartado 3 del artículo 6,
las enseñanzas mínimas están constituidas por los objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos
del currículo; otro error. Quiero especificar que los currículos los
establecen las comunidades autónomas. El redactado actual limita
indebidamente las competencias de las comunidades autónomas al desarrollo
de las normas del Estado que no tengan carácter básico.

En otra enmienda hablamos de las garantías de gratuidad. Si el
centro las establece, forman parte de parte del horario escolar. Otra
cosa es que se distinga el horario de las actividades lectivas
curriculares.

Otra de nuestras enmiendas plantea garantizar que la demanda de
escolarización en centros públicos pueda ser satisfecha teniendo en
cuenta que no toda la población escolar opta por recibir la educación en
centros públicos. También proponemos garantizar plazas de 0 a 3 años y
que el profesor de religión tenga igualdad de condiciones de trabajo que
otro profesor o ciudadano que se dedique a estas funciones en destino
definitivo. Aquí doy por acabada mi intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellví.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra por el tiempo indicado el señor Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señor
presidente.

Efectivamente, vamos a defender hasta el final todas y cada una
de las enmiendas que hemos presentado, que nos gustaría que fueran
tenidas en cuenta. Lamentablemente, como se ha puesto de manifiesto, no
va a ser así. Hoy estamos dedicando una larga jornada a exponer nuestras
enmiendas, pero no vamos a contar con la mano tendida de los grupos que
tienen la mayoría y que pueden rechazarlas; es decir, no van a querer
escuchar ninguno de los argumentos que vamos a exponer. Insisto en que
tenemos que hacer una reflexión sobre el papel que tiene esta Cámara en
el sistema institucional español porque esto no está ocurriendo solo con
esta ley, es una cuestión que está empezando a ser sistemática. También
sabemos cómo utilizó el Partido Popular el Senado cuando tuvo mayoría.
Lamentablemente, con este tipo de prácticas, damos la razón a todos
aquellos ciudadanos que cuestionan la utilidad y el sentido que tiene
esta Cámara, que, según la Constitución, tendría que ser la Cámara de
representación territorial y muchas veces parece que esa función no la
cumple suficientemente. Y, desde luego, esa otra función atribuida de
Cámara de segunda lectura queda en evidencia con cosas como las que
estamos viviendo en esta legislatura, porque tampoco se está cumpliendo.
Con lo cual, tenemos que preguntarnos qué hacemos aquí. Señorías, es un
debate que nos debemos todos y todas y nos va en el sueldo justificar por
qué es necesaria una Cámara cuando después la utilizamos de esta forma.
Por nosotros no va a quedar que esta Cámara cumpla con su obligación,
cumpla con su deber y haga la parte que le corresponde.

Dicho esto, voy a defender dos líneas fundamentales de las
enmiendas que hacen referencia a este bloque. De las muchas que hemos
presentado, me quiero centrar en dos aspectos. El primero es la necesidad
de establecer de forma más clara y precisa, y con todas las letras, la
cuestión de atender al desarrollo afectivo-sexual en las etapas infantil
y primaria de los niños y las niñas, de los alumnos. Es una cuestión que
alude específicamente al artículo 27 de la Constitución, que habla de que
la educación debe garantizar el desarrollo de la personalidad. Desde
luego, ahí está una de las facetas más importantes porque la educación
afectivo-sexual, según la Organización Mundial de la Salud, es una
herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad igualitaria y
diversa. La mayoría de expertos están reconociendo ya la necesidad de
comenzar en etapas tempranas, obviamente, de forma adaptada, como no
puede ser de otra manera. Nadie está cayendo en la caricatura que harán
ahora los señores de Vox de que vamos a enseñar zoofilia a los niños de 6
años o a más turbarse. Nadie está planteando cosas como esta. Hay que
tener una mente un poco sucia para pensar que de lo que estamos hablando
es de esto. De lo que estamos hablando es de cosas tan importantes como
que los niños y las niñas aprendan a identificar, por ejemplo,
situaciones de abuso y que las niñas y los niños tengan herramientas para
prevenir situaciones de abuso, que muchas veces se dan en entornos
familiares o cercanos al niño. Por eso, la educación afectivo-sexual no
puede ser simplemente una cosa informal, sino que debe formar parte de
las herramientas básicas que transmitimos a los niños y las niñas. Hay
que tener en cuenta que a veces son sus tíos, sus hermanos o sus
profesores de las clases particulares. Esa exposición se tiene que
prevenir precisamente teniendo conciencia sobre el consentimiento, sobre
el propio cuerpo y sobre determinadas cuestiones y es obligación de que
la escuela garantizarlo.

En segundo lugar, hay que transmitir desde muy pequeños la
importancia del respeto a la diversidad y a su reconocimiento. Un niño
con dos madres en lugar de con un padre y una madre tiene todo el derecho
del mundo a verse reflejado en las aulas y a que se transmita a todos sus
compañeros y a sí mismo que forma parte de la diversidad en el aula. De
ahí la importancia del reconocimiento de los contenidos
afectivos-sexuales desde muy pequeños.

No sé cuándo piensan ustedes que se empieza a utilizar la
palabra maricón en el patio de los colegios, pero les aseguro que desde
muy pronto. Es probablemente uno de los insultos más utilizados en
nuestros colegios y una de las primeras palabras que aprenden nuestros
niños y nuestras niñas. ¿Esto tiene que ver con la homofobia y con cómo
se tiene que combatir esa homofobia desde edades muy tempranas? Señorías,
creo que sí. Podemos hablar sin duda de muchas leyes autonómicas de
identidad de género y leyes trans autonómicas que reconocen y tratan ya
específicamente las cuestiones de las infancias trans, que requieren
también que estos contenidos, en cuestiones afectivo-sexuales, ayuden a
que todos los estudiantes entiendan la importancia de esa diversidad. Por
todo ello, nos parece que son enmiendas, tanto en infantil como en
primaria, fundamentales y adaptadas a lo que requieren esas edades, como
no podría ser de otra forma.

En segundo lugar, voy a hacer referencia a las enmiendas que
tienen que ver con garantizar la oferta de plazas y la gratuidad en la
etapa de 0 a 3. Esto ha sido ampliamente compartido por varios grupos en
este proceso tanto en el Congreso como en el Senado. Es algo que ha sido
solicitado por Save the Children, y reconocer el derecho de una plaza
de 0 a 3 años es una recomendación de la Comisión Europea y el paso
definitivo para avanzar en la igualdad. El reto es garantizar que
cualquier niño o niña menor de 3 años pueda tener la posibilidad de
matricularse en una escuela pública de forma igualitaria.

Cuando no hay plazas públicas suficientes —hay múltiples
escuelas infantiles con precios que en muchas ocasiones se acercan al
salario de un trabajador o trabajadora a media jornada—, sabemos
que la opción de las familias es que especialmente las mujeres se acojan
a reducciones de jornada o abandonen el mercado laboral para el cuidado
de los hijos e hijas.






Esto va en detrimento de los niños y niñas, que
tienen el derecho a recibir una educación en esas etapas, y en detrimento
también de la igualdad de oportunidades, así como de la igualdad de
género, como acabo de hacer referencia.

El acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista recogía
la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a
través de la red pública en condiciones de equidad. Y decía:
Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas y en el seno de
la conferencia sectorial, un plan de extensión de la educación infantil,
con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta
suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3
años. Por tanto, nos preguntamos por qué la ley no reconoce el derecho a
una plaza ni fija calendario para extender esta etapa educativa para
garantizar esa gratuidad y esa universalidad, algo que es tan importante,
ya que es una herramienta y un salto que sí podría suponer un avance
considerable para la educación en nuestro país.

Además, cada vez más expertos reconocen la importancia educativa
también de esas primeras etapas en la formación de los niños y las niñas,
que, más allá de la gestión de los tiempos de los padres y del cuidado de
los niños y las niñas, es importante para el desarrollo cognitivo, para
el desarrollo pedagógico de los niños y las niñas, poder disfrutar de una
escuela infantil desde el primer momento, y para ello, evidentemente,
tiene que ser gratuita, tiene que ser universal y tiene que ser accesible
para todos y todas en condiciones de plena igualdad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

A continuación, para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, presidente.

Lo primero que tengo que decirles es que la exposición de
motivos no me parece suficiente. Es más, está totalmente politizada, y la
educación debe ser todo menos política. En su exposición de motivos
ustedes hacen una crítica feroz contra la LOMCE, y no es que nosotros la
vayamos a defender, pero no pueden ustedes darnos un mitin electoral en
una exposición de motivos. Deberían ser ustedes un poco más serios, más
rigurosos, y deberían sacar las críticas y la política del texto
legislativo educativo. Lo que defendemos en Ciudadanos es esto: que no se
politice en las escuelas, que no se adoctrine. Pero, claro, pedirles a
ustedes que velen por que el español sea lengua vehicular en España
cuando tienen deudas pendientes con determinados partidos para que les
aprueben los presupuestos la semana que viene y no les muevan de la
silla, ¿verdad?, va a ser mucho pedir.

En este primer bloque voy a tratar de ser breve. Hay varias
cuestiones que creo que son relevantes. Para empezar, ustedes hablan de
gratuidad de la educación infantil. Esto es algo que siempre hemos
defendido en Ciudadanos, y la verdad es que lo vemos imprescindible.
Según un estudio de Save the Children, actuar sobre las bases para el
aprendizaje tanto cognitivas como socioemocionales y mejorar la
trayectoria educativa, asistir a educación infantil, reduce el riesgo de
abandono prematuro de la educación. Esto es especialmente relevante en un
país como España que, como ya había comentado anteriormente, tiene una de
las mayores tasas de abandono escolar. De hecho, en 2018 tuvimos la mayor
tasa de abandono escolar de la Unión Europea, un 17,9 %. En 2019, el
abandono temprano fue del 21,4 % en hombres y del 13 % en mujeres.
Precisamente por esto presentamos, entre otras muchas, la enmienda 199,
de modificación del artículo 15, de oferta de plazas y gratuidad, que
modifica el texto en el sentido de que las administraciones públicas
incrementarán progresivamente la oferta de plazas sostenidas con fondos
públicos en el primer ciclo, priorizando la escolarización del alumnado
que forme parte de núcleos familiares en riesgo de pobreza o con
necesidad de apoyo educativo específico. Pero, señorías del Partido
Socialista, ustedes, que se dan muchos golpes de pecho, también la van a
tumbar, porque imagino que no es prioridad, ¿verdad? Esto ahora mismo no
es una prioridad para ustedes.

Señorías, me temo que esta ley tiene muchas fisuras, muchas, y
no vemos un compromiso real por parte del Gobierno. No es más que un
brindis al sol, porque se han olvidado ustedes de lo importante. Nos
sorprende que no recojan ninguna previsión presupuestaria, que no haya
ningún proyecto económico detrás para aumentar las plazas, por ejemplo.
Por mucho que ustedes digan, no es verdad; dejen de mentir. Sinceramente,
esto crea muchísima incertidumbre en las familias. Pero les digo más:
hace dudar de la voluntad del Gobierno de aplicar esta medida, y es que
la credibilidad de este Gobierno es precisamente un hándicap.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ponce Gallardo.

A continuación, para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cantalapiedra
Álvarez.

La señora CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ: Gracias, presidente, y buenos
días, señorías.

Antes de entrar en el tema de la cuestión de este primer bloque
de enmiendas, quiero resaltar una serie de cosas que ya han dicho mis
compañeros, pero que considero de vital importancia. Aunque en otros
términos, voy a hacer hincapié en ellas en esta pequeña
introducción.

Con este proyecto de ley de educación que hoy debatimos en el
Senado, el Gobierno socialcomunista demuestra que poco le importa la
educación de este país. Incluye medidas muy preocupantes para el futuro
de los estudiantes y para España como nación, porque devalúa la calidad
del sistema educativo, porque es un modelo de imposición que limita la
libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus
hijos y, en particular, los centros de educación especial. Es una ley que
nace, como ya se ha dicho, con oscuridad y aprovechando el estado de
alarma. No se recuerda en los anales del Congreso un debate tan agrio y
tan bronco, debate que terminó con un solo voto más de los exigidos para
aprobar esta ley, un margen exiguo para una ley de vital
trascendencia.

La tramitación de esta ley es vergonzosa en la forma y en el
fondo. Se aprovechan del estado de alarma; se niegan a la comparecencia
en esta Comisión de Educación de los sectores afectados: profesores,
centros educativos, padres, pedagogos, expertos, alumnos; la meten de
rondón, junto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado —una de
las leyes más importantes del año—, un 23 de diciembre, lo que
demuestra, como decía también mi compañero, el señor Ruiz, que están
ustedes actuando con premeditación y alevosía. Con esta ley se está dando
un paso importante en la manipulación de los alumnos, tal y como
aconsejan los manuales de manipulación comunista. Se intenta estatalizar
toda la enseñanza pública y concertada, que, por cierto —que a
nadie se le olvide—, se implantó por el Partido Socialista ante la
imposibilidad de atender la totalidad de la demanda escolar en la pública
—¡qué paradigma, señorías!—, y que además ahorra mucho dinero
a las arcas públicas.

Quieren ustedes suprimir la subvención a los centros de
enseñanza diferenciada, desoyendo la doctrina del Tribunal
Constitucional; niegan a los padres el derecho a elegir el centro donde
quieren que estudien sus hijos —los hijos no son de los padres,
Celaá dixit—, cercenando el derecho a la libertad de enseñanza que
consagra la Constitución; se devalúa la calidad, permitiendo a los
alumnos que pasen de curso aunque no aprueben asignaturas; se suprime de
facto la asignatura de religión; resta autoridad a los profesores y al
propio director de centro en detrimento del consejo escolar; se dan todas
las facilidades a las comunidades bilingües para desterrar el castellano
como lengua vehicular. Son tantos los despropósitos que traerá consigo la
aprobación de esta ley que ya está de camino al Tribunal Constitucional y
a los tribunales europeos. Se han convocado en la calle manifestaciones
masivas —decían antes por ahí que no—, manifestaciones
masivas, repito, y un gran número de recogida de firmas —ya vamos
por los dos millones— a través de la plataforma Más Plurales, que
es quien está promoviendo estos movimientos para evitar su utilización
partidista. Este movimiento ha sido despreciado por este Gobierno, al que
ni siquiera ha tenido la dignidad de recibir.

Señorías, como dice el refrán, hay que predicar con el ejemplo,
y lo que no queremos para nosotros no lo debemos querer para los demás.
El problema de este Gobierno es que ellos hacen lo que quieren prohibir
que hagan los demás. Y sirva como ejemplo que muchos de los ministros y
ministras de este innumerable Gobierno han desarrollado sus estudios en
colegios privados, colegios concertados y en colegios religiosos. Esta es
la incoherencia en estado puro. En pleno siglo XXI pretenden cercenar la
libertad de educación y los principios más básicos recogidos en el
artículo 27 de la Constitución. En fin, señorías, con la aprobación de
esta ley estaremos más cerca de parecernos a Venezuela.

La importancia que el Grupo Popular da a la educación infantil
ha quedado reflejada en las enmiendas que ha presentado. Esta ley es
discriminatoria de principio a fin. No se puede tratar a la educación
infantil como una simple cuestión de conciliación. Es necesario
implicarse en la escolarización temprana de los alumnos procedentes de
los entornos poco favorecidos, buscando la igualdad con aquellos que
tienen menos oportunidades por las diferencias de origen cultural, social
y económico. Es necesario trabajar en la detección precoz para dar
solución a las necesidades específicas. El Partido Popular tuvo como
objeto que el segundo ciclo de Educación Infantil fuese gratuito y
voluntario, y no pararemos hasta conseguir que esto ocurra también con el
primer ciclo, y de esta manera poder garantizar que ningún alumno se
quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.

Señorías, la LOMLOE vulnera el derecho a elegir la educación
infantil, y lo fundamenta en su artículo 8 bis, que modifica a su vez el
artículo 15 de la LOE, en el apartado primero, cuando dice que se regula
el incremento progresivo de la oferta de las plazas públicas para el
primer ciclo de Educación Infantil con la finalidad de atender todas las
solicitudes de escolarización. En su apartado tercero prevé la
incorporación de los centros educativos con otras etapas educativas de
primer ciclo de Educación Infantil. También en su artículo 58, que
modifica el artículo 86 de la LOE, donde se habla de regular las áreas de
escolarización aplicando el criterio prioritario de domicilio. ¿Y cuáles
son las consecuencias de estas modificaciones que les acabo de enumerar?
Pues que la libertad de elección de centro se limitará en la etapa de 0
a 3 años para aquellas familias que se encuentren en situaciones
económicas desfavorables al no garantizar la oferta de plazas en centros
sostenidos con fondos públicos. Así, las familias que no puedan pagar el
tramo de 0 a 3 en estos centros de iniciativa social verán perjudicadas
sus posibilidades de elección. Se favorecerán guetos escolares, pues el
barrio de residencia condicionará el acceso al centro educativo, y así,
en los centros escolares ubicados en las zonas en las que se concentren
alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa, en palabras de la
LOMLOE, se concentrarán todos los alumnos y alumnas en situación de
vulnerabilidad socioeducativa por el criterio de la proximidad
domiciliaria. Esta es la realidad, señorías. Solo en los centros de
titularidad pública en los que la LOMLOE prevé la incorporación de la
etapa de 0 a 3 años en condiciones de gratuidad se podrá mantener la
promoción directa entre los primeros cursos del primer ciclo de Educación
Infantil y las etapas siguientes, lo que dificulta a su vez la
incorporación de nuevos alumnos de otras zonas en cursos posteriores si
las plazas ya están cubiertas. Señorías, esto ni es equidad ni es
igualdad de oportunidades.

Señorías, en los Presupuestos Generales del Estado en ningún
momento se garantiza la gratuidad de la educación infantil en el primer
ciclo, y como no nos podemos fiar de este Gobierno, les voy a recordar
que, por ejemplo, en el año 2018 este Gobierno socialcomunista se
comprometió a crear 300 000 plazas infantiles, con un presupuesto de más
de mil millones de euros, y la realidad se convirtió en que crearon menos
de 100 000 plazas, con un presupuesto de menos de 700 millones de
euros.

Sobre la educación primaria, en el Grupo Popular queremos
resaltar varios aspectos que consideramos fundamentales y a los que hemos
encontrado solución a través de las enmiendas —espero que las
tengan en consideración—. Por ejemplo, que las posibles
dificultades de los alumnos y la aplicación de medidas de apoyo se puedan
detectar desde el primer momento, o la necesidad de fortalecer las
materias instrumentales y la necesidad de fortalecer la enseñanza STEM
como asignatura de Ciencias de la tecnología.

También hemos considerado necesario mejorar la enseñanza de los
niños con cosas tan simples como que al iniciarse en las habilidades
lógico-matemáticas o en la lectoescritura, en el movimiento, en el gesto,
también se incluya la práctica de la música a través del sonido y del
ritmo. Desde pequeños debemos enseñarles a amar la música, amar la
cultura y que se convierta en parte de sus vidas; simple sensibilidad.
Que la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente
sean desarrolladas en todas las áreas. Este enfoque transversal será de
aplicación para el logro de las competencias cívicas y sociales, de
participación estudiantil, infantil y juvenil.

Es necesario que los alumnos reciban la mejor formación posible,
que se esfuercen en su trabajo. Para ello, este grupo ha presentado que
al final de la educación primaria se realice una evaluación
individualizada a todos los alumnos que sirva para analizar el grado de
adquisición de las competencias básicas, así como el logro de los
objetivos marcados en cada etapa. Evidentemente, no puede tener carácter
académico, pero tendrá un gran valor informativo para los centros, el
profesorado, las familias, los alumnos y la propia Administración.

También solicitamos, a través de nuestras enmiendas, que los
profesores sean tratados con corrección, consideración y respeto por
parte de todos los miembros de la comunidad educativa, algo que, por
desgracia, últimamente se está vulnerando.

Son tantos los aspectos que desprecia esta ley que sería
interminable enumerarlos todos, y nosotros no podemos enumerar todas las
enmiendas que hemos presentado.

El respeto a los derechos humanos y a la infancia, así como la
igualdad de los derechos y las oportunidades entre hombres y mujeres debe
ser la base de la educación, algo que con esta ley este Gobierno pretende
hurtar. Y como el Partido Popular volverá a gobernar más pronto que
tarde, acabaremos con este despropósito.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cantalapiedra.

A continuación, se abre un turno en contra por si alguna señoría
quiere intervenir. (Denegaciones). No hay intervenciones.

Pasamos, por tanto, a la intervención de los portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios, por un tiempo de cinco minutos.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Catalán, tiene la palabra.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve porque dos compañeros más van a intervenir.

Se ha dicho que el objetivo de esta ley era mezclar ricos y
pobres. Entonces, ¿por qué se mete a todo el mundo en el mismo cajón, a
todos los centros concertados y a todos los centros públicos? Todos
sabemos que hay de todo: centros concertados que realizan una labor
educativa y social envidiable, y también es cuestionada por la ley, y
centros públicos que no escolarizan un número elevado de alumnos con
necesidades educativas específicas. Lo he dicho y he hecho los
porcentajes de lo que ocurre en la Comunidad Foral de Navarra.

Señorías, un senador ¿es pobre o rico? Un miembro del Gobierno
del Partido Socialista o de Unidas Podemos, que lleva a sus hijos a un
centro concertado, ¿es rico o es pobre? Todos los padres que llevan a sus
hijos a los centros concertados, ¿son pobres o son ricos? Y todos los
padres que llevamos a nuestros hijos a los centros públicos ¿somos pobres
o somos ricos?

Evidentemente, la norma sobre escolarización no va a ser la
solución para todos los centros, sean públicos o sean privados. De ahí
que en nuestras enmiendas planteemos que se reduzcan las ratios y que se
hagan desdobles por parte de la normativa básica del ministerio para
estos casos concretos a los que la norma de escolarización no da
solución. Por lo tanto, no hablemos de pobres y ricos, porque de todo
hay, y la hipocresía sigue también siendo una evidencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señorías del Partido Socialista, es de vergüenza su actitud en
la tramitación de esta ley. Explíquennos qué hacemos hoy aquí, cuando
ayer ya se decidió que no se admitía ninguna enmienda para no tener que
devolver esta ley al Congreso y aprobarla el día 23, en vísperas de
Nochebuena. (Aplausos). No nos hagan perder el tiempo.

Ustedes se saltan tanto la legislación española como la
legislación internacional. Tanto que se les llena la boca hablando de los
derechos del niño, lean, por ejemplo, lo que dice el artículo 2 del
protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o los puntos 1 y 2
del principio VII de los derechos del niño, o los puntos 1 y 4 del
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas. Se saltan toda la legislación del Tribunal
Constitucional. Léase, por ejemplo, la sentencia 74/2018, de 5 de julio.
Esta ley va en contra de todo aquello que supone una educación de
calidad, libre de sectarismos y de ideologías. Ataca el libre pensamiento
y el sentido crítico. Quieren unos jóvenes enmudecidos y aborregados, sin
sentido crítico e incapaces de pensar por sí mismos. (Aplausos). Esta ley
surge a espaldas de todos los gestores afectados, a los que se les ha
impedido participar en su tramitación. Esta ley tiene fecha de caducidad
y será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente. Buenos días de
nuevo.

Quería hacer una reflexión en voz alta. Si algo cree el Partido
Regionalista de Cantabria que tiene que caracterizar una ley de esta
envergadura es el diálogo y el consenso, que todos podemos aportar y
formar parte de la elaboración de la ley, y aquí se está coartando, en
este caso, la actividad del Senado. No hemos tenido opción a que haya
comparecencias y no hemos tenido opción a que estén presentes las
comunidades autónomas.

Los regionalistas de Cantabria no estuvimos de acuerdo con la
LOMCE no solo por su contenido, sino también por las formas en las que
fue desarrollada, y al final sentimos que se está tramitando de forma aún
peor que la LOMCE: deprisa, sin tiempo para su estudio, con veinticuatro
horas para leerse 645 enmiendas y sin que ninguna sea aceptada. ¿Tan
malas son todas? ¿Ninguna es buena? ¿Ninguna aporta nada a este texto? La
LOMCE, al menos en el trámite del Senado, admitió 18 enmiendas —5,
por cierto, del Partido Socialista—. En este caso no se va a
admitir ninguna. La pregunta que dejo en el aire es la siguiente: ¿por
qué no se admite ninguna? ¿A qué tienen miedo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Chinea, ¿quiere intervenir también? (Denegaciones).

Pasamos, por tanto, a la intervención del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado. La señora Castellví tiene la palabra.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Voy a ser muy breve.

Lo triste es que aquí hay una pelota que va y viene de un lado
al otro, y la pelota se llama educación. Por lo tanto, fijémosla en un
sitio y, entre todos y todas, intentemos mejorar esta ley, que es para la
educación de nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas.

Nosotros queremos que la cooperación entre la iniciativa pública
y privada-concertada funcione perfectamente. En Cataluña, estos dos
sistemas funcionan a la perfección y conjuntamente. La LEC lo demuestra.
Nosotros apostamos para que todas las escuelas sostenidas con fondos
públicos sean gratuitas, todas. La LOMLOE siempre está hablando de una
oferta suficiente de plazas públicas, y nosotros hablamos de una oferta
suficiente de plazas sostenidas con fondos públicos. Es un binomio entre
iniciativa pública y social que funciona, y este dato, esta corrección,
no costaba nada ponerlo en la LOMLOE. En Junts per Catalunya creemos que
esto es lo que tenemos que preservar. No me alargo más porque ya he
hablado de las enmiendas en el turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellví.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el señor
Fernández Rubiño tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Señor presidente, no haré uso del
turno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
la señora Peral.

La señora PERAL DÍEZ: No haré uso del turno. Muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu va a intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Antes de comenzar mi intervención, quería hacerles partícipes a
todos en este punto de una enmienda de modificación que hemos propuesto,
con un contenido que consideramos que es absolutamente inocuo, con la
esperanza, que debe ser lo último que se pierde, de que se pueda
incorporar al contenido de la ley. El objetivo es incorporar al
artículo 24, en cuanto a la organización de los cursos de primero a
tercero de Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Cultura
Clásica. En torno a esta propuesta de modificación hemos sido capaces de
concitar la firma de cinco grupos, el nuestro y cuatro más, para su
consideración. Si le parece, señor presidente, se la facilito.

Igualmente, me consta el interés de otros grupos políticos en
enmiendas referidas a otras cuestiones, como latín y otras lenguas, que
se podrían incorporar a la ley y que consideramos, insisto, inocuas, que
no tienen ningún tipo de carga ideológica. Queremos que sean contempladas
porque, si no lo hacemos, si hoy no somos capaces de salir de esta
comisión —ya lo ha dicho el señor Catalán en su intervención y
también el portavoz de Vox, del Grupo Mixto— con una modificación
transaccional de la ley, estaremos fracasando como institución. Esto es
muy importante repetirlo hasta la saciedad. Uno de los sentidos de esta
Cámara, de esta institución, es corregir los errores en las leyes que nos
vienen del Congreso de los Diputados. Y si cinco formaciones políticas
nos hemos puesto de acuerdo para enmendar, para incorporar aspectos
inocuos, transversales y neutrales, quiere decir que una mayoría —y
hagan ustedes números— de la sociedad española, que ha sido quien
nos ha votado, considera que la ley se puede modificar, se puede corregir
y se puede mejorar. Si ustedes hoy no son capaces de contemplar estas
enmiendas, estas propuestas transaccionales o de modificación, estarán
siendo cómplices de aquellos que afirman que el Senado no tiene sentido
en sí mismo en tanto que no puede enmendar las leyes que nos vienen del
Congreso y que no puede revisar aquello que consideramos que es revisable
y modificable. Mi compañera, la señora Cantalapiedra, y yo, al igual que
el resto de miembros de mi grupo político lo hará a continuación, lo
hemos afirmado, lo decimos y lo repetimos: seamos capaces de incorporar
modificaciones a la ley. Estamos aquí para eso. Ustedes también. Y
precisamente invocando la calidad de la democracia, invocando el sentido
propio de esta Cámara, tenemos que ser capaces y comprensivos, que de eso
se trata, y para eso estamos aquí además, para eso nos han elegido.

Termino con la intervención que ha hecho mi compañera, la señora
Cantalapiedra. En este bloque nosotros hemos incorporado enmiendas
fundamentalmente encaminadas a la educación de 0 a 3, a garantizar la
gratuidad también para aquellos padres que decidan escolarizar a sus
hijos en centros de iniciativa social sostenidos con fondos públicos. Y
esperamos y deseamos que alguna de estas enmiendas sea tenida en
consideración, pero, insisto, esperamos y deseamos —y, sí, lo
hacemos preocupados— que enmiendas transaccionales inocuas, como la
incorporación de la cultura clásica en cualquier curso de la ESO, sean
tenidas en cuenta para dotar de sentido a esta comisión y para avalar el
sentido que tiene constitucionalmente esta Cámara, hoy, en esta jornada
de finales de diciembre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruz.

Por último, tiene la palabra la señora Mínguez Sierra.

La señora MÍNGUEZ SIERRA: Buenos días. Gracias, presidente.

No hablaré de cultura clásica porque creo que va en el siguiente
bloque, en la ESO. Nosotros llegamos en este bloque solamente hasta
primaria.

Permítanme que, en primer lugar, tenga unas palabras de
reconocimiento para los docentes, para las maestras y los maestros y
todos los trabajadores de los centros educativos por la labor que están
realizando durante el presente curso. El temor a los contagios que
algunos aventuraron ha sido sustituido por la confianza en que los
centros escolares son espacios seguros.

Con la LOMLOE vamos a dejar atrás la peor ley educativa de la
historia de España, la que peores resultados nos ha dejado, la que menos
consenso ha tenido y, lo que es peor, la menos equitativa y la más
segregadora. Los derechos de la infancia son universales; son resultado
de un consenso internacional que no puede obviar una ley educativa como
la que nos ocupa, y deben formar parte de sus principios rectores, como
así lo hacen. De no salvaguardar estos derechos, la segregación educativa
seguirá siendo una realidad social generadora de desigualdades. Nuestro
compromiso es avanzar hacia una ley que nos permita mirar al futuro a
través de nuestros jóvenes, dándoles una oportunidad para que tengan una
formación completa para las necesidades actuales y las del futuro.

La LOMLOE avanza contra el fracaso escolar, por la formación de
los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, pone en valor el
trabajo y el esfuerzo de aquellos estudiantes que alcanzan sus metas y,
lo más importante, aporta recursos para que lo puedan hacer. Estos son
nuestros intereses, que nadie se quede atrás, y esta ley aboga por no
dejar a nadie atrás, por que el sistema educativo sea un medio para que
todos los jóvenes tengan un desarrollo social, personal y laboral acorde
con las necesidades actuales y también futuras. Esta ley sienta las bases
para generar un espacio de posibilidades para nuestros jóvenes y se
orienta hacia el éxito del alumnado, desarrollando y cultivando sus
capacidades y no expulsándolos del sistema educativo, como sucede
actualmente con la LOMCE. Esta ley avanza en la universalización de la
educación de 0 a 3 años, dejando atrás su fin asistencial y avanzando en
el educativo, reconociendo la importancia de dicha etapa. También, y no
menos importante, contempla las evaluaciones de diagnóstico como sistemas
compensadores para aquellos alumnos que lo necesiten.

En este primer bloque se refuerza la coordinación entre infantil
y primaria, el incremento de plazas públicas en la primera etapa de
infantil, y es muy importante el retorno de los ciclos en la etapa de
primaria. Los centros tienen autonomía para la resolución de los
problemas, de sus propias realidades. Se valoran las tecnologías como una
herramienta y no como un fin en sí mismas. Contempla, como elemento
motivador, el aprender a aprender. Garantiza una formación integral,
centrándose en el desarrollo de las competencias con un proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial en todas las áreas. Se fomenta el
hábito y dominio de la lectura, la adquisición de competencias sociales y
de valores y el trabajo por proyectos, cuyas ventajas están demostradas
para la adquisición de competencias. Se fomenta el respeto mutuo y la
cooperación entre iguales. Hay que resaltar los programas de refuerzo y
que la repetición sea el último recurso para que el alumno o la alumna
adquieran las competencias. Además, prevé atención individualizada a los
alumnos.

No se puede amenazar, señorías, con el cierre de centros y
politizar las lenguas cooficiales y el castellano, porque la ley
garantiza el pleno dominio de ambas lenguas y establece medidas
compensatorias ante las carencias que pudieran existir el aprendizaje de
las lenguas. El aprendizaje del castellano es un derecho para todos los
españoles y una gran oportunidad ante la incuestionable presencia de este
idioma en el mundo. La ley es garantista, pero ella misma es la
garantía.

Los alumnos que necesiten escolarizarse en un centro de
educación especial lo tienen garantizado con esta ley, que también
garantiza el apoyo para aquellos alumnos que no van a estar en los
centros de educación especial y lo necesitan.

Esta ley sitúa a los centros docentes como lugares de custodia,
de cuidado en nuestro medioambiente. Y también es importante resaltar que
considera como factores para la calidad de la enseñanza la cualificación
y la formación permanente del profesorado, su trabajo en equipo y la
dotación de recursos educativos, humanos y materiales.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Terminada este bloque, vamos a entrar en el segundo, que engloba
los siguientes apartados: título primero, capítulo 3, Educación
Secundaria Obligatoria; título primero, capítulo 4, Bachillerato; título
primero, capítulo 5, Formación Profesional; título primero, capítulo 6,
Enseñanzas artísticas; título primero, capítulo 7, Enseñanza de idiomas;
título primero, capítulo 8, Enseñanzas deportivas, y título primero,
capítulo 9, Educación de personas adultas.

Comienza el turno de defensa de las enmiendas por diez
minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Catalán, tiene la
palabra.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Creo recordar que en este bloque tengo una única enmienda,
relativa a la incorporación de la ética y la filosofía en el proyecto de
ley. Desde nuestro punto de vista, la ética es importante en los centros
educativos, y no entendemos que ya se haya suprimido en el proyecto de
ley. En este sentido, he firmado una propuesta que me han hecho otros
grupos parlamentarios para una enmienda transaccional —como digo,
de distintos grupos políticos, con diferentes ideologías— que
creemos, sinceramente, que mejora el texto de la ley. Parece ser que el
Gobierno y los grupos que lo sustentan no van a admitirla. Lamentamos que
sea única y exclusivamente por puro interés político y que, en este caso,
el interés educativo sea relegado. Es una pena, pero una realidad, y a
nosotros sí que nos hubiese gustado mejorar el texto con esta enmienda.
Espero sinceramente que las previsiones no se cumplan y se pueda mejorar
el texto propuesto por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor presidente.

En este segundo bloque se debe incluir, entre los objetivos de
la educación secundaria obligatoria, la actividad física, porque la
inactividad física, junto con el sedentarismo, son el principal problema
de salud pública del siglo XXI. A estas edades y etapas educativas, la
actividad física es fundamental para la adquisición y consolidación de
hábitos saludables.

En segundo lugar, se incluye la asignatura de Cultura Clásica
porque aporta una visión inicial, pero global, de las dos civilizaciones
germen del mundo occidental, haciendo un recorrido por sus aspectos
políticos, sociales y jurídicos.

En tercer lugar, proponemos la reestructuración del cuarto curso
de la ESO, el cual debería diversificarse en tres opciones: una primera
opción dirigida a aquellos alumnos que vayan a continuar sus estudios de
bachillerato; una segunda opción para aquellos que elijan matricularse en
un módulo de Formación Profesional, y una tercera opción para aquellos
que deseen obtener su título de secundaria para incorporarse al mercado
laboral. Se garantiza que los alumnos que cambien de opinión y que
hubieran optado por la opción de un cuarto curso orientado a Formación
Profesional o por incorporarse al mundo laboral, puedan ingresar en el
bachillerato mediante la superación de una prueba de ingreso en la que
demuestren haber adquirido los conocimientos y competencias básicas
exigidas al resto de alumnos.

En cuarto lugar, se propone la supresión de la asignatura
Educación en Valores Cívicos y Constitucionales debido a que otras
asignaturas análogas y con contenido idéntico han generado polémica. Las
administraciones públicas deben velar para que las convicciones de los
padres no se vean afectadas, sentencia 5095/71, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

En quinto lugar, se propone la obligatoriedad de la asignatura
de Matemáticas, ya que entendemos que es determinante para cualquier
bachillerato que se precie. El motivo es que las matemáticas son la base
del cálculo en las materias de física, química, informática, estadística,
etcétera. También porque el razonamiento matemático enseña a pensar con
corrección formal y material y es indispensable en el desarrollo de los
procesos cognitivos de carácter racional.

Por último, ante la existencia de un único distrito
universitario, es un sinsentido la existencia de 17 pruebas de acceso a
la universidad, una por cada comunidad autónoma, cuyo contenido es
también diferente. Esto provoca que los alumnos deban enfrentarse a
pruebas de acceso a la universidad de dificultad diferente en función del
territorio en el que se examinen, lo que genera agravios comparativos.
Esta situación es contraria al derecho de igualdad, artículo 14 de la
Constitución española, y por este motivo debe revertirse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Chinea, ¿va a intervenir? (Asentimiento). Adelante.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Este proyecto de ley era una oportunidad de restituir las
asignaturas de Filosofía del bachillerato y de Ética de cuarto de la ESO,
que fueron arrebatadas por la ley Wert; una cuenta pendiente que, sin
embargo, no va a ser saldada en esta iniciativa que hoy debatimos aquí.
Ese es el objetivo de mi enmienda, restituir un gravísimo error. Es una
enmienda que nace de una iniciativa liderada por un colectivo de
profesores y profesoras. Como recuerdo en mi iniciativa, el 17 de octubre
de 2018, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó
por unanimidad la necesidad de garantizar que la filosofía cuente con un
ciclo formativo de 3 cursos en la enseñanza secundaria obligatoria y
postobligatoria, de forma análoga a lo que sucede en otras materias como
Lengua, Matemáticas e Historia, es decir, que se recupere la situación
anterior a la LOMCE con 3 asignaturas comunes para todo el alumnado:
Ética de cuarto de la ESO, Filosofía de primero de bachillerato e
Historia de Filosofía de segundo de bachillerato.

Agrupación Socialista Gomera no entiende que lo que todos
consideramos necesario en 2018 no lo sea tanto solo dos años después.
¿Qué ha pasado desde entonces, señorías? Entendemos que en ningún caso la
formación en valores éticos, cívicos y constitucionales puede sustituir
la reflexión ética. Si acaso, puede complementarla, entendiendo que la
ética puede tratar, desde un punto de vista reflexivo y crítico, los
valores de igualdad, la necesidad de la solidaridad y el análisis y
fundamentación de los derechos humanos que constituyen la base de nuestra
cultura. Cuando el ministro Wert decidió convertir la Ética y la Historia
de la Filosofía en asignaturas optativas, estaba hiriendo de muerte el
hilo conductor en el que la filosofía podía optar seriamente por la
formación de ciudadanos y ciudadanas.

Tenemos la oportunidad en esta Cámara de enmendar un error que,
desgraciadamente, ha estado vigente durante muchísimos años. Hagámoslo,
al menos, por coherencia con lo que hemos defendido durante estos años.
Señorías, es lo mínimo que podemos hacer por aquellos profesores y
profesoras a los que devolvimos la esperanza con las resoluciones
aprobadas en las distintas Cámaras y que hoy se sienten frustrados y
frustradas por un giro que no acabamos de entender.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario presenta en este bloque un total de siete
enmiendas para mejorar el texto y contribuir a una mejor ley
educativa.

Entendemos y defendemos la necesidad de garantizar una plena
atención en esta etapa de educación secundaria a todo el alumnado con
necesidades educativas especiales o específicas, independientemente del
centro en el que esté escolarizado, ya sea ordinario o sea de educación
especial. Creemos que es muy importante que, dentro de la autonomía de
los centros, se dé la oportunidad de que puedan elaborar sus propias
materias optativas con la aprobación del Consejo Escolar y la
Administración educativa competente.

Como ya han dicho mis compañeros que me han precedido en el uso
de la palabra, otra de nuestras enmiendas va referida a la incorporación
de Ética como asignatura obligatoria en cuarto de la ESO, necesario para
que el alumno acabe de complementar esos conocimientos, valores y
actitudes propias de una sociedad democrática, igualitaria y respetuosa
con la diversidad.

Por otra parte, también hemos incorporado una enmienda similar a
la del bloque de educación primaria para que se dote de medios técnicos y
humanos a todos los centros educativos que opten por la innovación
educativa. Asimismo, vemos con buenos ojos la diversificación curricular,
pero consideramos que sería mucho más propio que empezase desde segundo
de la ESO y abarcase segundo, tercero y cuarto, dado que, de lo
contrario, tendremos que ver cómo atendemos a los niños que en segundo de
la ESO ya presentan dificultades de aprendizaje. Sería necesario que
tuviéramos los medios para poder prestar una atención específica a estos
alumnos.

En último lugar, también creemos que un paso muy positivo en la
ley sería dar la posibilidad de convalidar la asignatura de lengua
extranjera inglés a aquel alumnado que haya alcanzado un nivel 2 o
equivalente, o que pueda certificarlo a través de los organismos
cualificados a tal efecto, cuando se incorporan al bachillerato, algo que
ya está en las áreas artísticas y deportivas. Creemos que sería un nuevo
logro en esta ley incorporar que también se haga en la lengua extranjera,
dado que hay mucho alumnado que por formación, por escuelas de idiomas,
por academias, etcétera, han adquirido ya un conocimiento de esta lengua
incluso superior a lo que van a estudiar en el bachillerato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista, la señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.

Nuestras enmiendas van dirigidas también a poner de manifiesto
que esta ley ha hecho desaparecer cualquier referencia a la cultura
clásica, al latín, al griego..., y es una pena pensando de dónde venimos
y adónde queremos ir, pensando en nuestros alumnos y alumnas y también
pensando en el colectivo de profesores.

Cinco grupos nos hemos puesto de acuerdo para hacer una
propuesta de modificación, nuestra enmienda número 100, y lo hemos hecho
con el ánimo de mejorar esta ley. Ténganlo en cuenta, mejorar la ley
educativa.






No politicemos. Hemos argumentado que se debería añadir el
latín al listado de materias en cuarto de la ESO dada la importancia de
este idioma como origen común y vínculo de la mayor parte de las lenguas
del Estado español y de la lengua base lingüística y conceptual que nos
une a las principales lenguas de la cultura europea y americana,
incluyendo el inglés. El estudio del latín fomenta, además, la
competencia lectora, la correcta expresión, el uso adecuado del
vocabulario y la capacidad de abstracción. Lo mismo sería aplicable al
estudio de la filosofía. Su estudio está estrechamente relacionado con la
etapa evolutiva del alumnado, y es muy importante. Es en esta edad cuando
se forjan las bases del pensamiento y el razonamiento crítico, y es
también en este momento cuando los alumnos escogen sus futuros
itinerarios, siendo especialmente importante para los futuros científicos
y profesionales de la salud contar con una sólida base lingüística y
etimológica.

Por ello, esperamos que todo esto se tenga en cuenta y acepten
algunas de las enmiendas. Tenemos tiempo: aprovechémoslo y mejoremos
nuestra educación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellvì.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el senador Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señor
presidente.

Como no puede ser de otra manera, voy a hacer referencia también
a la enmienda que pide la recuperación de la ética en cuarto.
Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo. Yo he presentado una propuesta
de modificación que ha sido firmada por otros grupos parlamentarios, que
voy a entregar ahora a la Mesa y que ha sido apoyada por el Grupo
Popular; por el Grupo Ciudadanos; por el Grupo de Izquierda Confederal,
es decir, por todos mis compañeros además de Más Madrid; por el Grupo
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario, y por el Grupo Mixto.

Creemos que es fundamental que esta enmienda se incorpore a la
ley, porque se trata de recuperar el lugar que la filosofía nunca debería
haber perdido. La filosofía ha sido maltratada sistemáticamente en
nuestro país y arrinconada durante años. Es verdad que fue la ley Wert la
que dio una puñalada tremenda a esta asignatura, y durante muchos años,
en nombre de un discurso sobre la utilidad, se ha desplazado de los
temarios todo aquello que parece que a priori no es útil para la
inserción laboral o para el mercado de consumo de nuestros estudiantes,
pero lo cierto es que en la legislatura pasada se consiguió alcanzar un
consenso aparente, que se puso de manifiesto en el Congreso, para
recuperar lo que se entiende como ciclo completo formativo de tres cursos
de las asignaturas filosóficas, es decir, generar un itinerario completo
para esta asignatura, como ha explicado a la perfección el señor Chinea.
Por tanto, no entendemos que esta ley haya perdido la oportunidad de
establecer ese ciclo completo. Al fin y al cabo, lo importante no es si
se llama ética, filosofía o si tiene otro nombre, sino que lo importante
es que sea una asignatura filosófica. Esto no es sustituible por la
asignatura de valores cívicos y éticos, que va a tener claramente una
escasa carga curricular y que es, si me lo permiten, una especie de
catecismo laico, y que en la actualidad no sabemos siquiera si va a ser
impartida por profesores especializados en filosofía. Es algo que la
ministra me aseguró en sede parlamentaria y se comprometió con ello, pero
queremos verlo hecho realidad en el caso de que ustedes rechazaran esta
enmienda. Creemos que la solución idónea sería que hubiera una asignatura
que de verdad tuviera contenido filosófico, que tuviera la carga horaria
necesaria y que recuperara ese ciclo completo.

Al fin y al cabo, la filosofía no es solo la historia de los
grandes pensadores de nuestra civilización; por tanto, casi una
catástrofe civilizatoria perder todo ese conocimiento y que las nuevas
generaciones no tengan una base mínima y una cultura general al respecto.
También es la base del pensamiento científico, porque en matemáticas les
van a enseñar cálculo infinitesimal y van a hablarles de Leibniz, o les
van a enseñar las coordenadas cartesianas y les van a hablar de
Descartes, pero no les van a enseñar que esos dos señores eran, además,
filósofos y que contribuyeron a hacer un cambio de carácter casi
ontológico en lo que supuso la llegada de la modernidad. Y ese cambio de
paradigma, que tiene una raíz, como digo, ontológica, no es solamente una
cuestión de innovación matemática, sino de mirada de aquello en lo que
consiste el ser de las cosas. Esa es una perspectiva que es
imprescindible que los alumnos comprendan no solamente en una asignatura
concreta, como son las matemáticas, sino que también lo aborden desde el
punto de vista filosófico.

Lo mismo pasa con todo lo que afecta a las cuestiones que tienen
que ver con la ciudadanía, a conceptos como la separación de poderes,
como los principios que sustentan el Estado de derecho, el
parlamentarismo moderno o la democracia. Muchísimo más útil que aprender
a recitar los artículos de la Constitución es que comprendamos el
fundamento de todos estos conceptos, que consigamos que los estudiantes
se pregunten por sí mismos por qué estas instituciones fueron alumbradas
en un determinado momento de la humanidad; qué ocurrió cuando
determinadas personas llegaron a la conclusión de que estos conceptos
debían sostener algo tan importante como la ciudadanía o el ejercicio de
la libertad. No necesitamos que los estudiantes aprendan a recitar los
derechos humanos o aprendan a recitar de memoria los artículos de la
Constitución, lo que necesitamos es que entiendan el marco teórico que
los hizo posible y que aprendan a fundamentarlos, y eso se hace de la
mano de aquellos autores y contenidos filosóficos serios, tan serios como
los de asignaturas como matemáticas, lengua o física; que aprendan a
pensar con ellos y a interesarse por esas cuestiones de la mano de esos
pensadores.

Eso solamente se puede hacer en una asignatura específica como
la que estamos pidiendo y como la que esperamos que, tras haberse
cometido el error de dejarla fuera en el Congreso, podamos por fin
recuperar aquí. Porque, de lo contrario, lo que estaremos haciendo será
despreciar todo de lo que he hablado anteriormente, y con ello finalmente
tiraremos por la borda las raíces más profundas de lo que somos como
civilización y como seres humanos. A mí me parece una catástrofe a la que
creo que no debemos contribuir como parlamentarios ni como ciudadanos en
ningún aspecto.

Por último, en muchas ocasiones se dice esa frase tan manida de
que caminamos a hombros de gigantes, y esa frase está muy bien si
significa que vamos a hacer justicia a todos aquellos que nos han hecho
llegar a la situación teórica en la que estamos, si vamos a estudiarlo,
si vamos a profundizar en ello; si no, esa es solo una frase arrogante
que hace como si no tuviéramos que estudiar todo lo que ha venido antes
de nosotros. Yo no sé si somos más inteligentes que las generaciones
pasadas, si somos más inteligentes que los mayores pensadores que ha dado
nuestra civilización a lo largo de los milenios, pero creo sinceramente
que no, y que, más bien al contrario, tenemos que hacer justicia a esos
gigantes que dijeron cosas muy importantes en la antigüedad, en la
modernidad y prácticamente en cualquier época histórica de la que
queramos hablar. Seguro que todavía tienen hoy mucho que decirnos y no
podemos hacer una generación de ignorantes que olviden a todos esos
grandes pensadores.

Creo que, como digo, esto ha suscitado un consenso amplio que ha
quedado de manifiesto en muchas ocasiones y, por tanto no se entiende por
qué va a ser rechazado. En las propias filas del Grupo Socialista ha
habido voces que se han expresado públicamente al respecto, como Javier
de Luca o Ángel Gabilondo, que ha dicho claramente que él apoya la
obligatoriedad de ética en cuarto de la ESO. Yo le tengo un respeto
infinito a Ángel Gabilondo; somos compañeros en la Asamblea y sé que es
una persona honesta, que dice las cosas porque las piensa, pero, además,
creo que tiene mucho fundamento para hacerlo puesto que no solo ha sido
ministro de Educación, sino que, además, es catedrático de filosofía y de
metafísica.

En ese sentido, también hago referencia al acuerdo al que se
llegó en el Congreso y que nos comprometió ya en la legislatura pasada a
sacar esta cuestión adelante. Yo espero que se reconsidere y que no se
utilice como excusa que la ley se va a retrasar en su tramitación dos o
tres semanas. ¿Qué son tres semanas si de lo que estamos hablando de
verdad es de mejorar el texto? ¿Qué son tres semanas si de lo que estamos
hablando es de algo tan importante como la cuestión a la que he hecho
referencia u otras muchas que se están poniendo sobre la mesa durante el
día? No entendemos las prisas para hacer algo como es cambiar la ley de
educación, que es un debate muy serio y que tiene que perdurar durante
muchos años. ¿A qué viene tener que resolverlo todo en dos semanas cuando
podemos tener un debate tranquilo y hacer el mejor texto posible? Si no
se quiere atender esta posibilidad le estaremos haciendo un flaco favor a
la ley e impediremos que muchos españoles y españolas se sientan
satisfechos con este cambio legislativo. Creemos que eso sería un gran
error por parte del Gobierno.

Por último, simplemente quiero indicar que algunas de las
transaccionales que se han propuesto por parte de otros grupos, y a las
que se ha hecho mención en los respectivos turnos de portavoces, también
van a ser suscritas por mi grupo. En concreto, lo que tiene que ver con
el latín y la cultura clásica será una de las cuestiones que firmemos,
como también otras de las iniciativas que a lo largo del día seguramente
se irán mencionando.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Nosotros nos queremos centrar en la ESO, Bachillerato y FP. Les
decía hace poco que Europa nos pedía un plan contra el abandono escolar.
¿Y ustedes qué hacen?, ¿ponen en marcha un plan para reducir el fracaso
escolar o las causas que llevan a nuestros jóvenes al abandono de sus
estudios? No, ustedes idean todo un plan para que, tengan el número de
suspensos que tengan, pasen de curso como si tal cosa. Y esto es hacerse
trampas al solitario, esto es jugar con la educación de nuestros jóvenes
y de toda una generación. (El señor vicepresidente, Latorre Ruiz, ocupa
la Presidencia). Esto, señorías del Partido Socialista y de Podemos, es
un atentado contra la educación de calidad, y en términos más llanos y
más coloquiales, como se dice en mi tierra, esto es escurrir el bulto.
Ustedes, en vez de planificar y de poner en marcha medidas eficaces para
que nuestros jóvenes sigan dentro del sistema educativo y acaben teniendo
una formación de calidad, van dándoles empujoncitos hasta que lleguen al
borde del precipicio. Abandono escolar no sabremos si habrá si van
pasando de curso sin esfuerzo alguno y sin tener siquiera que aprobar los
exámenes, ¿pero creen de verdad que estos jóvenes van a tener un nivel
educativo alto? ¿Son estos los valores que deben inspirar a las
generaciones del futuro? Ni premian el mérito ni el esfuerzo ni la
capacidad. Flaco favor, señorías, les están haciendo ustedes a nuestros
jóvenes.

Y para más inri, en las comparecencias de presupuestos el
secretario de Estado de Educación se ofendió sobremanera porque
Ciudadanos le decía que el nivel educativo de España estaba bastante por
debajo del resto de países europeos, y lo negaba pese a los resultados
del informe PISA y pese a los índices de fracaso escolar. Si ustedes
niegan que el nivel sea inferior al de otros países aun teniendo los
datos en la mano, ¿cómo van a pensar en mejorarlo? Y eso les pasa
absolutamente en todos los ámbitos, siempre están negando la mayor, y
también con respecto al castellano como lengua vehicular, aunque eso ya
lo debatiremos en el último bloque.

Para ir finalizando, les quiero contar algo. Hace unas semanas
contactó con nosotros, a través de redes sociales, una plataforma de
jóvenes muy preocupados por su futuro, por el de la educación, y más
concretamente por la eliminación que pretenden ustedes, a través de esta
ley, de las asignaturas de Ética y Filosofía de cuarto de ESO, una
preocupación que en Ciudadanos también compartimos. Esa es también una de
las enmiendas que traemos hoy. Sinceramente, que con esa edad muestren
esa iniciativa y ese nivel de madurez es algo digno de mención, pero yo
quería que conocieran este hecho para que entiendan también, señorías del
Grupo Socialista y de Podemos, que hay mucho trabajo detrás de cada una
de estas enmiendas que no se ve, y no solo es el trabajo de los senadores
y de los técnicos de esta Cámara el que ustedes menosprecian, sino que
también hay mucho trabajo de colectivos, de asociaciones y de sindicatos
que está recogido en estas enmiendas, y eso también lo están
menospreciando ustedes. Así que les anuncio ya que Ciudadanos va a
mantener vivas todas sus enmiendas para que se debatan en el Pleno, y
cuando voten en contra, sepan ustedes que no estarán votando solo en
contra de las demandas de Ciudadanos, sino que estarán ustedes votando en
contra de muchos agentes con los que hemos colaborado, porque eso es lo
que Ciudadanos está haciendo y lo que hemos venido a hacer a las
instituciones: dar voz a quienes representamos, y en este caso también a
aquellos a quienes están intentando acallar.

Y les digo más con respecto a la eliminación de la ética y la
filosofía en determinados niveles educativos. Señorías, hay ciertos
gobernantes que prefieren un pueblo poco crítico, que no piense
demasiado, y realmente una de las vías para lograrlo es precisamente
esta: reducir el nivel educativo, eliminar asignaturas que enseñen a
nuestros jóvenes a pensar. Ustedes prefieren enseñarles no a pensar, sino
lo que tienen que pensar. Y otra forma para que la gente no piense
demasiado, que es lo que están haciendo ustedes con esta aberración de
contrarreforma, es impidiendo que se expresen los que pueden rebatir sus
ideas con facilidad porque dominan la materia, porque tienen experiencia
y porque convencen, y por eso han vetado ustedes también en el debate de
esta ley a la comunidad educativa, a los sindicatos y a los
expertos.

Por eso, en Ciudadanos, cada vez que tengamos ocasión, vamos a
recordarles por qué están ustedes aquí y a quiénes representan, para ver
si vuelven a poner los pies en el suelo y vuelven a ser conscientes de la
realidad de país que tenemos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Latorre Ruíz): Muchas gracias,
senadora.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador
Gregorio López.

El señor GREGORIO LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías, integrantes de esta importante Comisión
de Educación, hoy sobre la LOMLOE. Y digo importante por decir algo,
puesto que el Partido Socialista, con el beneplácito de sus socios, la ha
dejado en la mínima expresión, sin debate, sin comparecencias, sin
enriquecimiento de la ley —tal vez una de las más importantes de la
legislatura—, despreciando nuevas propuestas, tanto del Partido
Popular como de otros partidos políticos, o lo que es más importante,
repudiando a la sociedad y a la comunidad educativa. Nada de nada, cero.
Siempre el cero a la izquierda. (Aplausos).

Y siento vergüenza por que, ante la propuesta democrática de
debatir la nueva ley de educación aquí, en el Senado, que puede marcar el
éxito, el fracaso, el futuro de las generaciones venideras, ustedes la
hayan apartado, en la Cámara Alta, como si estuviera apestada, a un
maratón este viernes, de tapadillo, como si la educación en los
verdaderos valores, libertades, derechos y obligaciones fueran para el
Partido Socialista y sus socios algo desechable. Y todo por culpa de la
intransigencia y el sectarismo que emana esta ley de educación.
(Aplausos).

Y así es, esta nueva ley de educación, como dice mi portavoz,
nace muerta o, como dicen los jóvenes, zombi, porque inoculará a nuestros
alumnos el virus del sectarismo y de la mediocridad. Si se aceptaran las
enmiendas de mejora, algo podríamos salvar; pero sin ningún consenso
nacional, sin ningún apoyo de la comunidad educativa, con el silencio del
profesorado, humillado por esta nueva losa que se les pone encima, esta
ley está abocada al fracaso. Y eso no me preocupa, me preocupan los miles
y miles de alumnos que se verán perjudicados por una ley ideológica, que
rebaja la calidad educativa hasta parámetros ridículos. (Aplausos). Eso
es esta ley, como todas las que ha creado el Partido Socialista.

Aquí se ha atacado mucho la LOMCE, pero recuerdo a todos los que
estamos en esta Cámara que la LOMCE fue la única ley que consiguió
rebajar el fracaso escolar y el abandono temprano en secundaria y
bachillerato. Además, entre las anteriores leyes del Partido Socialista y
esta hay una diferencia capital: la LOMLOE pisotea el artículo 27 de la
Constitución, como ha dicho Pablo Ruz, y despoja al Estado de sus
competencias educativas para vestir los votos que necesita en esta
legislatura monstruosa el Partido Socialista. Porca miseria. Porque las
anteriores leyes socialistas, por lo menos, tenían dignidad democrática,
y esta no. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Desde 1970, España ha sufrido muchos cambios en educación: siete
leyes educativas, y con esta la octava. Aparte de la de 1970, que tuvo
vigencia hasta 1990, la LOGSE, que derogó la LOE de Zapatero de 2006, y
por último, la LOMCE, que nació con la idea de relanzar la calidad del
sistema educativo español en contraposición de la LOE. Porque la LOE de
Zapatero, en sí misma, ya era un fracaso. Fíjense en el detalle de la
tasa de abandono educativo temprano: cuando estaba la LOE, era el 26,3 %,
muy por encima del objetivo europeo del 15 %. Pues es curioso, porque
entró la LOMCE, esa que tanto se ataca, en acción y fue España el segundo
país de la Unión Europea que más redujo la tasa de abandono educativo
temprano. La bajamos, por primera vez en la historia, después de cuatro
leyes socialistas, por debajo del 20 %. Por lo tanto, el hombre tropieza
siempre dos veces en la misma piedra —eso se dice—, pero el
Partido Socialista va a tropezar, con esta, cinco veces.

Ahora puede ser aún peor. Las treinta y dos enmiendas que trae
el Partido Popular en este segundo bloque, donde se articula secundaria,
bachillerato, formación profesional, las enseñanzas artísticas y la
educación para adultos, son para mejorar toda la ley, para hacer revivir
un consenso que ustedes no han sabido crear; un consenso educativo en el
que solo se mire mejorar la educación y la calidad educativa para
nuestros hijos y nuestros docentes. Pero ustedes, desde un principio, han
dicho no. ¿No son ustedes los que claman a los cuatro vientos que
nuestros hijos deben ser reflexivos y críticos ante la realidad, que hay
que promover la reflexión crítica y tolerante? ¿Y ustedes dicen, desde un
principio, no? Vaya ejemplo dan a nuestros hijos.

Pero ya lo dijo Cervantes en El Quijote: No puede impedirse el
viento, pero hay que aprender a hacer molinos. Ustedes han construido un
molino sectario y adoctrinador en contra de alumnos, padres y comunidad
educativa. Ustedes vuelven a traernos un país en blanco y negro, donde
nos presentan un mundo bipolar: ustedes son los buenos y los que no
pensamos igual somos los malos. ¿Esa es la herencia que ustedes quieren
dejar con esta ley a nuestros hijos: buenos y malos? ¿Los que creemos en
la libertad educativa somos los malos y los que aplastan la libertad
educativa ahora son los buenos? Pues miren ustedes, aquí hay una gran
mayoría que queremos el color, se piense como se piense, porque uno de
los pilares de la educación es que los alumnos aprendan a conocer la
diversidad. Porque el Partido Popular dice sí a la calidad, al esfuerzo,
a la pluralidad, a la inclusión, a la igualdad de oportunidades, a la
educación especial, a la ética, a los valores, a la religión, a la
modernización, a la innovación, a la flexibilización de enseñanzas
artísticas con secundaria, a los idiomas, al castellano, a las
matemáticas... Fíjese usted lo que queremos, lo mejor para nuestros
alumnos. Pero con ustedes solo hay blanco o negro. Patético.

Con estas treinta y dos enmiendas pretendemos fijar un conjunto
de medidas que mejoren las condiciones para que todos los alumnos puedan
adquirir y expresar sus talentos y alcanzar su pleno desarrollo personal
y profesional como soporte de la igualdad de oportunidades. Con estas
enmiendas queremos mejorar el currículum de secundaria, con asignaturas
como latín, economía, cultura clásica y ética en todos los itinerarios de
cuarto de la secundaria, el refuerzo de los conocimientos instrumentales,
la flexibilización de las trayectorias, el desarrollo del sistema de
evaluación real, la promoción de una mayor autonomía y especialización de
los centros docentes, el incremento de la transparencia de resultados y
rendición de cuentas con la cultura del esfuerzo.

Recuerdo que el Partido Popular —que aquí también se ha
olvidado— impulsó el acuerdo sobre las humanidades, apostando por
la cultura clásica, el latín, la filosofía, fuimos apoyados por el
Partido Socialista —el que era Partido Socialista—, porque
Europa está, históricamente, dentro del ámbito humanista, grecolatino,
cristiano; y ahora ustedes, sin pudor, se lo cargan.

Queremos en bachillerato una prueba general única en toda
España, como en todos los países europeos, y defendemos, en nuestras
enmiendas, el conocimiento histórico, plural, universal, porque la
historia hay que conocerla con todos sus factores y realidades, porque
eso significará para nuestros alumnos avanzar, no cometer los mismos
errores y no retroceder para ser adoctrinado hacia un pensamiento único,
que es lo que ustedes pretenden.

Asimismo, defendemos las matemáticas como un instrumento no solo
de formación, de saber, de vida, sino de equiparación a la comunidad
internacional, donde jamás se les ocurriría cercenar una de las ramas de
la sapiencia humana. Porque, como dijo el pícaro por excelencia, tras El
Lazarillo, Guzmán de Alfarache, en su libro segundo: «En cualquier
acaecimiento, más vale saber que haber, porque si la Fortuna se rebelare,
nunca la ciencia desampara al hombre». Y ustedes desamparan en la
ignorancia, sin la ciencia, a nuestros alumnos.

Con nuestras enmiendas, queremos impulsar la formación
profesional básica, superior y dual, porque es un elemento clave en la
inserción laboral de nuestros jóvenes. La formación profesional es clave
para modernizar nuestro tejido productivo.

Queremos mejorar las enseñanzas generales artísticas, tanto
elementales como superiores, y la creación de un Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas. Además, presentamos otra enmienda de adición para
evitar que los niños que lleguen a bachillerato abandonen los
conservatorios o las enseñanzas artísticas, porque les es muy difícil
compaginar el bachillerato con los estudios musicales. Por eso, pedimos
la flexibilización. Creo que es de justicia apoyar esta enmienda. No
podemos dejar en la estacada a chicos y chicas que podrían tener un gran
futuro musical o en danza. Yo pienso que deben apoyar esa enmienda
porque, si no, ¿cómo vamos a mirar a los ojos a nuestros niños?

Nos habría gustado una modificación de la LOMCE equilibrada,
sostenible en el tiempo, consensuada a través de la participación de
todos los sectores políticos, sociales y educativos. Queremos paliarlo
con estas enmiendas, en las que ofrecemos un conjunto de medidas para que
España se sitúe en el ámbito educativo internacional en la posición que
le corresponde. Si ustedes siguen adelante, no habrá una Europa de dos
velocidades, sino una Europa moderna y un apéndice desfasado, que será
España, y ustedes serán los culpables. Pero recuerden, no se lo vamos a
consentir.

Estas enmiendas quien deshacer el entuerto con el que ustedes
nos dejan indefensos, porque queremos una mayor cohesión del sistema
educativo. Queremos regular las asignaturas troncales, que son las que
deben ser comunes a todas las comunidades autónomas. No queremos
contenidos mínimos, queremos establecer los estándares de aprendizaje
evaluables de las asignaturas en todo el territorio nacional, respetando
las competencias de las comunidades autónomas, claro, pero garantizando
el carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de las
titulaciones.

Queremos proteger en estas enmiendas la cultura del esfuerzo,
responsabilidad y profesionalidad, tanto para los alumnos como para los
centros, equipos directivos y docentes. Estas enmiendas creen firmemente
en los valores, las libertades, los derechos, las obligaciones, la
opinión de la familia, que es fundamental, y ustedes quieren aniquilar.
Porque cuando hablamos de educación, debemos hablar de valores, de
derechos, de confianza y, como he dicho anteriormente, de libertad.
Porque con estas enmiendas del Partido Popular queremos restañar los
valores que el sectarismo de esta ley elimina, porque nada positivo y
duradero se puede construir sin unos principios sólidos, firmes.

Debemos hablar de derechos: derecho a elegir libremente la
educación, derecho a una educación pública. Debemos hablar de confianza;
confianza en los profesionales que, en el desempeño de la enseñanza,
realizan una aportación fundamental al progreso individual del alumno y a
su conjunto. Y debemos hablar de libertad; libertad para aprender a
convivir, a entendernos y respetar a una sociedad, la española, cada vez
más diversa y plural, que ustedes la convierten en una maniquea división
entre buenos y malos.

Finalizo mis palabras para dirigirme a los protagonistas en
torno a los que gira la educación y que han sido apartados, casi
vilmente, por el Gobierno de Sánchez y sus socios. Primero, a los
profesores. Les agradezco su compromiso con la formación de nuestros
hijos. Les transmito que en el PP somos conscientes de la dificultad y la
importancia de seguir trabajando por el bien común en el ámbito de la
familia, la escuela y la libertad, y que ahí estaremos. Segundo, a los
padres, a quienes felicito por su esfuerzo, responsabilidad,
recordándoles que tienen a su lado al Partido Popular para lograr el
éxito en el empeño de dar una buena y libre educación a sus hijos.
Tercero, a los alumnos, a quienes animo a disfrutar y aprovechar el
periodo de formación, que será clave en su futuro. Cuarto, a la comunidad
educativa, que ha sido obviada por esta ministra y este Gobierno. Quinto,
a mis compañeros del Partido Popular de la Comisión de Educación y FP,
ponentes, Pablo, Jesús y Eva, que me han demostrado cuánto quieren y aman
a la educación de calidad por encima de todo. Por su trabajo y por su
esfuerzo, gracias. (Aplausos). Y por último, a la ministra. No hay peor
traición que la traición a uno mismo, y ha traicionado a la concertada,
de la que ella fue parte. Y la traición, como dijo el capitán Alatriste,
es una mancha que jamás envejece. Y así quedará su nombre en la historia
de la educación.

Muchas gracias. (Aplausos.— El señor Ruz Villanueva:
Brillante).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.

Continuamos con el turno en contra, si lo hay, por cinco
minutos. (Denegaciones). Renuncian a él.

Entonces, vamos a la intervención de los portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios, por cinco minutos.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el
señor Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Como dije en mi primera intervención, nosotros, en la Agrupación
Socialista Gomera, entendemos que, en ningún caso y bajo ningún concepto,
la formación de valores éticos, cívicos y constitucionales puede
sustituir nunca la reflexión ética. Y lo digo otra vez, nunca. Si, acaso,
puede complementarla, porque nosotros entendemos que la ética puede
tratar, desde el punto de vista de la reflexión y desde el punto de vista
crítico, los valores de igualdad, la solidaridad o el análisis y
fundamentación de los derechos humanos, que, señorías, constituyen la
base de nuestra cultura. Así que tenemos la oportunidad, en esta Cámara,
de enmendar un error mediante la transaccional que hemos firmado diversas
formaciones políticas y que, como no podía ser de otra manera, mi partido
también va a apoyar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Fernández Viadero, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente.

Como en dije en mi primera intervención, y quiero recalcar cada
vez que tenga oportunidad de intervenir en portavoces, las palabras que
tienen que resumir esta ley deberían ser el consenso y el diálogo y, por
desgracia, no está siendo así. Varios de los componentes del Grupo Mixto
pedimos habilitar el mes de enero para tener comparecencias. Parece que
en otras comisiones sí se ha aceptado que haya comparecencias para el
debate de una ponencia. Me sorprende y me acaba de llegar al correo
—otra sorpresa más—, que, teniendo hasta el 25 de febrero
como margen de maniobra para debatir esta ley, esto se esté haciendo de
esta manera tan rápida, tan metido a calzador, viendo cómo en otras
comisiones sí hay disposición a habilitar el mes de enero para realizar
esas comparecencias, que creo que en toda ponencia y en toda ley son más
que necesarias para que alimenten el texto, para que nos saquen de dudas,
para que, en definitiva, se pueda llegar al mayor acuerdo posible. Aquí,
de eso, absolutamente nada de nada.

Recalco la pregunta que hice antes en el turno de portavoces:
¿Todas las enmiendas que estamos presentando los grupos son malas?
¿Ninguna merece ser admitida? ¿Ninguna? ¿Ni una? Muy desastrosos debemos
ser el resto de grupos que no somos capaces de aportar absolutamente
nada. Debemos ser unos inútiles de maravilla. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Alguna otra señoría del Grupo Mixto quiere intervenir?
(Denegaciones).

Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Nacionalista.

Tiene la palabra la señora Castellví.

El señor CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.

Para que no se diga que tiramos la toalla, vamos a intentarlo,
repetirlo, repetirlo y repetirlo, y lo vamos a seguir intentando. Hay que
volver a decirlo para ver si nos admiten alguna enmienda. Porque —y
me sumo al partido cántabro— alguna será buena para poder mejorar,
no para destruir, para sumar, para positivizar, para construir, para
mejorar mucho esta ley educativa. Todos estamos en el mismo barco.
Estamos en educación; en el mismo barco.

Esta ley, vuelvo a decirlo, deja de lado a la cultura clásica y
a las humanidades. Una lástima. Si las dejamos en el olvido, las
condenamos a desaparecer. Y, vuelvo a repetir, son la base para poder
entender nuestro mundo, nuestra lengua, los valores humanísticos, nuestra
cultura. Es la base.

Por lo tanto, vuelvo a repetir, Junts per Catalunya propone
incluir en la ESO el latín, la filosofía y la cultura clásica. Por favor,
tenedlo en cuenta, es para el bien de nuestra sociedad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, presidente.

No haré uso del turno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Ponce tampoco
hará uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Peral.

La señora PERAL DÍEZ: No haré uso del turno.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la señora Escandell.

La señora ESCANDELL GRASES: No voy a hacer uso de la
palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, presidente.

Señorías, me voy a dirigir, de nuevo, a la señora Peral. Señora
Peral, usted forma parte de un partido, el Partido Nacionalista Vasco,
que ha contribuido a construir la democracia de este país. Eso es
innegable. Me consta que usted es una mujer que entiende, que comprende
la dimensión pedagógica y educativa como una de las arterias esenciales
de cualquier ámbito político y formativo. Le imploramos, le pedimos que
considere alguna de nuestras enmiendas; son enmiendas inocuas. Hemos
conseguido ponernos de acuerdo en esto formaciones tan dispares como
Izquierda Confederal, Nacionalistas en el Senado, Grupo Mixto, Ciudadanos
y nosotros; unos, como en el caso de Izquierda Confederal, el señor
Rubiño, han dicho que están de acuerdo con la ley, solamente piden
tiempo, sosiego, paz para poder abordar esto con sentido común.

Usted, desde luego, defiende unas posturas equidistantes a las
nuestras; las suyas son legítimas, las nuestras también, al igual que la
señora Castellví —por cierto, una verdadera señora—, a pesar
de que, lógicamente… (Rumores.— Protestas). Igual que usted,
igual que usted. No me van a encontrar ustedes. De un trato exquisito y
con la que he podido hablar de muchas cosas en las que no convergemos.
(Rumores). He hablado con el señor Fernández Rubiño con la más
absoluta… (Rumores). ¡No se puede continuar en esta Comisión!

El señor PRESIDENTE: Señor senador, usted debería hacer su
discurso mirando al presidente y no dialogando con una senadora.

El señor RUZ VILLANUEVA: Señor presidente, le ruego que ponga
orden en su grupo para que permitan que el resto de intervinientes puedan
exponer. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Reclamo a todos, por favor, que guarden
silencio y dejen que el senador pueda intervenir.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente. Muchas
gracias, de verdad.

Con el señor Fernández Rubiño, con el que no comparto
prácticamente nada, sí comparto algo, y hoy aquí ha quedado de
manifiesto: que necesitamos tiempo, sosiego y paz para abordar una ley
educativa, que es la base esencial de cualquier sistema democrático. Él
lo pide y yo lo pido también. Y como ha manifestado el señor portavoz del
Partido Regionalista cántabro, es absolutamente imposible e
injustificable que sus señorías no encuentren en ninguna de las enmiendas
razones suficientes para poder someter a votación esas transaccionales y
abordar con calma este debate. No estamos pidiendo otra cosa que
abordarlo con paz y sosiego. No sé si somos conscientes todos de lo que
estamos pidiendo. No estamos pidiendo más.

Aquí tengo a mi compañero David Muñoz, que es senador por Ceuta
y que, además, es un hombre que conoce y entiende la formación
profesional porque ha formado parte del profesorado de la formación
profesional, y lo hablábamos estos días. Necesitamos pensar con paz,
porque la LOMLOE viene con deficiencias manifiestas a esta Cámara. Así
que, señora Peral, se lo imploro, se lo pido como senador, desde la
absoluta divergencia, desde la equidistancia política: que su voto hoy
permita incorporar enmiendas para abordar esto con más sosiego y con más
paz. Tal y como establece el propio Reglamento de la Cámara, tenemos
hasta el 25 de febrero para poder hablar, simplemente hablar.

Ya concluyo, señor presidente, cinco grupos políticos —ya
lo he dicho— dispares absolutamente, antagónicos, hemos entendido
que hay aspectos que nos ponen de acuerdo, nada más y nada menos. ¿Quién
puede sostener, quién puede defender y quién puede justificar que no
vamos a ser capaces el Partido Socialista, el Partido Popular y el resto
de formaciones políticas, hasta Esquerra Republicana, de aprobar aspectos
que mejoren la ley? (La señora Cortès Gès: Aixi, no; amb aquesta
prèpotencia, no).

En fin, apelo al sentido común y apelo también a su lealtad para
con esta Cámara como institución representativa de los territorios y para
con las personas que nos han votado en nuestras provincias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don
Manuel de la Vega, tiene la palabra. (Rumores). Por favor, dejen
intervenir al portavoz del Grupo Socialista.

El señor DE LA VEGA CARRERA:






Gracias, presidente.

Antes de todo, quiero agradecer el trabajo de todos los grupos
parlamentarios por haber hecho estas enmiendas. Es verdad que muchas ya
venían del Congreso y ya se habían debatido entre las diferentes fuerzas
políticas, pero se tiene que agradecer. Ahora intentaré, evidentemente de
manera un poco rápida, porque son muchas, hacer unas observaciones sobre
ellas.

Es sorprendente la actitud del Partido Popular, que habla como
si tuviera una verdad absoluta; habla como si nosotros fuéramos casi una
fuerza antidemocrática, cuando lo que hemos hecho siempre es respetar las
reglas del juego. Lógicamente, algunas cosas que se dicen aquí nos
ofenden. Les pediría un poco más de decoro en este sentido. Es difícil
pedirle decoro a una fuerza política que cuando hablamos de educación sus
referentes pedagógicos son el capitán Alatriste, el triste caballero, y
el Lazarillo de Tormes; es difícil. (Aplausos). De todas maneras, sí que
son grandes referentes de la literatura, y en eso no les voy a
contradecir. (Rumores).

Voy a hacer referencia, primero, a las transacciones que se han
presentado. La LOMLOE recoge una asignatura, una materia —porque
estamos hablando de la ESO y es materia— que se llama educación en
valores cívicos y éticos. En dicha materia, ya dice la misma ley que se
prestará una especial atención a la reflexión ética. Y para que no quede
ninguna duda, porque evidentemente eso se tiene que regular con normativa
posterior, quién impartirá esta materia serán los filósofos. La discusión
de fondo que estamos teniendo aquí, como si estuviéramos haciendo algo
que no estuviera bien hecho, pero no es así, es si esta materia tiene que
ir a cuarto de la ESO o, como dice la ley, se puede dar en cualquier
curso de la etapa. Aquí nos llenamos la boca muchas veces hablando de la
autonomía educativa, y cuando llega la ley orgánica, todo el mundo quiere
regular desde el principio al final, los horarios, los cursos...; es
incompatible una cosa con la otra. Los alumnos de la ESO tienen treinta
horas semanales de clase. Si aceptáramos, aunque fuera el 50 % de
enmiendas que nos han presentado ustedes en este bloque, este horario
pasaría a ser de cuarenta horas semanales, y evidentemente, no cumpliría
con la función pedagógica que tienen los horarios, que están limitados
justamente a estas horas, porque los expertos dicen que, si se dan más
horas, no son efectivas y van contra el objetivo que tenemos como
educación.

Quiero agradecer algunas aportaciones en los principios
generales del Grupo de Ciudadanos, en los objetivos del Grupo Mixto,
también del Grupo Popular. En este caso, cuando hablamos de objetivos
generales, yo creo que el Partido Popular ha pecado por exceso —y
lo tengo que decir— porque llegaríamos a unos objetivos más
específicos. Cuando continuamos con el articulado, creo que el artículo
más importante de este bloque sería el artículo 24, que es del que hemos
estado hablando. Hay algunas propuestas del Grupo Mixto de que tenemos
que impartir la religión con una asignatura alternativa. Yo considero que
no tiene por qué tener la religión una asignatura alternativa. La
religión es un derecho que marca el artículo 27 de la Constitución, pero
porque yo quiera hacer religión, no tengo que obligar al compañero de al
lado a tener que hacer otra cosa. A ver si nos enteramos. Porque parece
que, al final, quieren desvirtuar el debate, y este no es el debate.

El Grupo Mixto propone una asignatura de ajedrez al mismo nivel
que la cultura clásica. La cultura clásica está en el currículum, pero la
cultura clásica se desarrollará por las comunidades autónomas, y serán
ellas las que tengan las competencias. Es a lo que me estaba refiriendo
antes. No podemos regularlo todo, porque si lo regulamos todo, ¿dónde
queda la autonomía de las comunidades autónomas y de los centros
educativos?

Quiero hacer, si me permiten, una observación muy importante que
nadie ha hecho sobre la etapa básica. La etapa básica, como saben sus
señorías, es la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.
Esto se instauró en la LOGSE en el año 1990, anteriormente era la EGB.
Hay un cambio importante, un cambio que va dirigido a intentar reducir el
fracaso escolar: la introducción de la formación profesional básica como
parte de esta etapa básica.

El señor PRESIDENTE: Señor De la Vega, vaya concluyendo.

El señor DE LA VEGA CARRERA: Para finalizar, le diré que es un
cambio significativo. Lo que queremos es que los alumnos y las alumnas no
abandonen el sistema —todo lo contrario de lo que han estado
diciendo ustedes— que no abandonen el sistema y que tengan una
educación de calidad, que es lo que necesitamos para poder salir de esta
crisis que tenemos, y lo conseguiremos con esta nueva ley educativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Vega.

Entramos ya en el tercer bloque de apartados, que engloba los
siguientes títulos. Título segundo. Capítulo 1. Alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. Capítulo 2. Compensación de las
desigualdades en educación. Capítulo 3. Escolarización en centros
públicos y privados concertados. Capítulo 4. Premios y concursos y
reconocimientos. Título tercero. Del profesorado.

En el turno de defensa de las enmiendas, comenzando por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Intentaré ir un poquito rápido y hacer hincapié fundamentalmente
en dos de las enmiendas. En educación, señorías, es esencial la
participación y el compromiso de las familias, más aun en la educación
especial, y una vez que se da, ya sea a iniciativa propia o también
sugerida, las administraciones educativas, los equipos directivos y los
docentes no pueden obviar y menospreciar esta participación de las
familias. El Gobierno debe asumir la realidad y el magnífico trabajo que
se viene realizando en los centros de educación especial. Debe reconocer
que su continuidad no se puede poner en duda. Para ello debe corregir la
redacción incorporada en la propia ley; en caso contrario, su voluntad no
sería creíble.

Desde nuestro punto de vista, es totalmente injusto e
incomprensible el comportamiento que el ministerio está manteniendo en
relación con los centros de educación especial, ante la intranquilidad de
los padres, ya que son, no debemos olvidarlo, los alumnos más sensibles y
más vulnerables del sistema. Por eso consideramos que, independientemente
de lo que viene recogido en el texto, el Gobierno debiera rectificar para
que ese contenido sea realmente lo que deje tranquilo a los padres.

Por otro lado, en otra de nuestras enmiendas proponemos la
disminución de las ratios y establecer desdobles, por parte ya de la
normativa básica, cuando el alumnado con necesidades educativas
específicas supere el 25 % en cada aula. Se deben cubrir, desde nuestro
punto de vista, las necesidades reales del sistema educativo, y la ley
pierde una magnífica oportunidad para ello. Lo hemos dicho antes. En
Navarra, la dicotomía no es centros públicos o centros concertados, es
entre centros en castellano y centros en euskera. Estaríamos hablando de
un 87 % de estos alumnos con estas necesidades escolarizados en centros
de castellano —el 66 % en públicos— y un 12 o un 13 % en
centros en euskera —un 12 % en públicos—. No es igual un
curso con 25 alumnos muy homogéneos que 25 alumnos con gran diversidad y
necesidad. Por eso, independientemente de los apoyos individuales,
creemos que son necesarias estas disminuciones de ratios y los desdobles.
Estamos hablando de alumnos de incorporación tardía, con problemas o con
condiciones personales e historias escolares complicadas.

También se debería tener en cuenta las incorporaciones a los
centros en periodo extraordinario de matrícula y durante el curso. En
Navarra, en el curso 2019-2020, 1187 alumnos, de ellos, 1064 en centros
públicos, la mayoría en castellano y 123 en concertados, la mayoría en
castellano. Situación que, desde nuestro punto de vista, se debe abordar.
No es cuestión solo de modificar la normativa de escolarización. En
muchos casos, fundamentalmente en el medio rural, o porque las familias
quieren llevar a sus hijos a estos centros, la diversidad y la necesidad
se ve incrementada y, por lo tanto, las administraciones no están
atendiendo en este momento como se debiera y adecuadamente esta
necesidad. El compromiso, señorías, se debe demostrar con hechos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Marín Gascón, tiene la palabra.

El señor MARÍN GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente.

En este tercer bloque, en primer lugar, es preciso reconocer las
necesidades sociosanitarias de alumnos con necesidades educativas
especiales y que deriven de enfermedades raras o sin diagnóstico. Los
Estados deben facilitar y hacer efectivas estas medidas de apoyo
personalizadas y ajustadas a las necesidades individuales de cada
persona.

En segundo lugar, se añade el artículo 75 bis y se incluye con
la finalidad de dar respuesta a aquellas situaciones en las que se
encuentran familias que no tienen los recursos necesarios para acceder a
la información necesaria para buscar apoyos, recursos humanos o
materiales que den respuesta a las necesidades de sus hijos con
necesidades educativas específicas.

En tercer lugar, la clausura de los centros educativos
ocasionada con motivo de la COVID-19 ha obligado a que las clases, que
hasta entonces se impartían presencialmente, se estén impartiendo
telemáticamente. Esta medida ha puesto de manifiesto, entre otras cosas,
la enorme brecha digital existente entre centros educativos y también
entre alumnos y familias. Por ello, la crisis del coronavirus debe servir
para que las administraciones públicas impulsen medidas que tengan por
objeto proveer a todos los centros educativos de los medios y
herramientas tecnológicas adecuadas y del mismo modo a todos los alumnos.
En el impulso de esta medida deben gozar de atención preferente aquellos
centros educativos y alumnos que residan en zonas rurales, alejadas de
núcleos urbanos, y en los que, por motivos evidentes, la necesidad de
contar con medios tecnológicos es más acuciante.

En cuarto lugar, se suprime la expresión «en dicha regulación se
dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumno
por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza». El motivo es que el
acceso de los alumnos a los centros públicos y privados concertados en
condiciones de igualdad ya implica que no puede existir ningún tipo de
segregación. Por otro lado, se debe dar mayor prioridad a la
escolarización de alumnos cuando tienen a sus hermanos o padres en el
centro educativo.

En quinto lugar, hay que distinguir las características propias
de un centro o de su oferta educativa y evitar toda confusión que induzca
a error del ideario o carácter propio del mismo, protegido
constitucionalmente, al formar parte de la libertad de enseñanza y del
derecho de creación de centros docentes consagrados en la Constitución
española. El derecho a establecer un ideario propio como faceta del
derecho a crear centros docentes se halla en interacción con el derecho
de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean
para sus hijos. Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981. La libertad
de enseñanza de los padres encuentra su cauce específico de ejercicio por
expresa determinación constitucional en la libertad de creación de
centros docentes, artículo 27.6 de la Constitución española y Sentencia
del Tribunal Constitucional 133/2010.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Chinea, tiene la palabra.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Reconozco el importante avance que supone esta ley en todos los
aspectos relacionados con la escuela rural, pero creemos que después de
la experiencia que hemos vivido durante esta pandemia el texto debe ser
más certero, para que los alumnos y alumnas de los territorios más
aislados no vuelvan a quedar en una situación de total desamparo en el
caso de que nos veamos abocados a vivir una situación similar. Se debe
garantizar la digitalización de la red de escuelas rurales, con la
instalación de redes de telecomunicación de banda ancha y acceso a
Internet, así como equipos y redes informáticas, que alcanzan a los
dispositivos de todo el alumnado de las aulas.

Somos conscientes de que es un proceso en el que están inmersas
todas las administraciones autonómicas, pero no podemos permitir que haya
nuevas fisuras. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la
doble discriminación que sufren los alumnos y alumnas de las escuelas
rurales. Muchas no cuentan con acceso a Internet ni con los equipos
necesarios para sus estudiantes, y muchos y muchas sufrieron las
consecuencias de su aislamiento durante el período en que los centros
estuvieron cerrados; una situación, señorías, que no se puede volver a
repetir en el futuro. La planificación de la escolarización en las zonas
rurales debe contar con los recursos económicos suficientes para el
mantenimiento de esa red de centros rurales, el transporte del alumnado
que lo requiera, y con las redes de telecomunicación de banda ancha y
acceso a Internet.

Las otras dos enmiendas que hemos presentado la Agrupación
Socialista Gomera a este bloque parten de una iniciativa impulsada por la
Federación de Asociaciones de Periodistas para que se levante
definitivamente el veto que impide a los periodistas impartir lengua en
centros concertados o privados, pese a que hayan obtenido el máster
habilitante en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o
Lenguas extranjeras, así como formar parte de la bolsa de interinos. La
actual inhabilitación se debe a la aplicación tardía del Real
Decreto 860/2010, que impide ejercer como profesores de estas asignaturas
a profesionales de carreras que no están adscritas a las humanidades. De
esta manera, tras la entrada en vigor del citado decreto, los centros
concertados y privados de las diferentes comunidades autónomas han
seguido contratando periodistas como profesores de Lengua y Literatura y
Lenguas extranjeras hasta el curso 2015-2016. Desde ese momento, todos
aquellos que han cambiado de centro han recibido la negativa de la
inspección educativa para poder seguir ejerciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra señor Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADER0: Gracias, presidente.

Continuando con las aportaciones a esta ley, en el Partido
Regionalista de Cantabria queríamos hacer algunas observaciones. En
primer lugar, creemos conveniente que las administraciones educativas
faciliten todos los medios y servicios necesarios a las familias para que
su hijo o hija esté escolarizado en el centro, ya sea ordinario o
especial, que mejor garantice su aprendizaje y desarrollo integral, y
esto no está en contradicción con una educación y un régimen, al cual
apoyamos, cada vez más inclusivo.

En segundo lugar, otra de las enmiendas tiene a bien que se siga
contemplando que en el segundo ciclo de educación infantil, a veces de
manera excepcional, los centros se vean en la necesidad de que un niño
tenga que repetir. Esta excepcionalidad, al igual que en el resto de las
etapas, se tiene que contemplar también en infantil, dado que hay muchas
veces que el desarrollo cognitivo y emocional, por desgracia para el niño
o la niña, no está desarrollado y necesita permanecer una año más en esa
etapa.

Las condiciones socioeconómicas del alumnado no tienen que ser
discriminatorias. Y cuando digo que no tienen que ser discriminatorias me
refiero a que se tiene que ayudar a estas familias, independientemente de
dónde escolaricen a sus hijos. Es decir, las ayudas no tienen que mirar
la etiqueta del centro, si es concertado o público, sino que tienen que
mirar la situación de la propia familia, y en muchos lugares esto no se
hace.

La siguiente enmienda se refiere a algo que para nosotros es
difícil de entender, y es el punto 3 del artículo 86. Nosotros hemos
aportado, creemos, una redacción mucho más clara cuando habla de las
comisiones y garantías de admisión. ¿Dónde se van a formar estas
comisiones de garantías? ¿Dónde van a estar físicamente para que la gente
vaya allí a escolarizarse? En todo caso, si alguna familia, en el proceso
de escolarización ordinaria que se hace en los centros, no está de
acuerdo con la información o con lo que se le pide, que pueda remitir y
presentar un escrito ante esta comisión o ante la propia Administración,
y que los centros sean informados de esas reclamaciones. Volvemos a
insistir en que se ayude a las familias en situación económica
desfavorable para acceder a actividades complementarias y servicios
escolares.

En otra enmienda hay un ejemplo de cómo va de rápido el texto.
Lo hemos tenido que enmendar para que pongan el nombre del ministerio
actual: Ministerio de Educación y Formación Profesional, no el que tenía
desde la LOE o desde que existe el Ministerio de Educación y Ciencia. Por
lo menos, la tendrían que admitir para que el texto vaya bien
redactado.

Por último, en cuanto a la formación del profesorado, en los
centros educativos necesitamos que se incluyan en la formación de los
profesores los primeros auxilios como algo específico y obligatorio, con
el fin de atender en muchos casos las urgencias de nuestro alumnado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero aclarar que Junts per Catalunya ha
presentado diferentes enmiendas en el Congreso y en el Senado; no son las
mismas. Quiero hacer esta aclaración, porque el portavoz socialista ha
dado a entender que era más de lo mismo, y no es así, si se han mirado
bien, al menos las enmiendas de Junts per Catalunya.

En una de nuestras enmiendas pedimos que cuando se hable de
vulnerabilidad socioeducativa, se incorpore la pobreza y el bajo nivel
educativo familiar —es una enmienda en positivo—, ya que
también son factores que condicionan el fracaso escolar.

En cuanto a la concertada, que para nosotros es una línea roja a
defender, la justificación de la enmienda 105 es que la armonización
requiere que el derecho de la educación y la elección de centro,
diferente del creado por los poderes públicos esté garantizada, lo que
obliga necesariamente a tener en cuenta en la programación los centros
públicos junto con los concertados, unos y otros —repito, unos y
otros— sostenidos con fondos públicos.

La justificación de la enmienda 106 es que la complementariedad
de todas las escuelas sostenidas con fondos públicos es la clave.
Planteamos lo mismo en las enmiendas 107 y 108. En la 109 proponemos
garantizar la plena escolarización en plazas sostenidas con fondos
públicos; en nuestras enmiendas ponemos siempre énfasis en esto. La
enmienda 110 la hemos hecho para garantizar un ejercicio de transparencia
en la distribución de los alumnos en los centros.

Por lo tanto, mírenlas con buenos ojos y, si puede ser, acepten
una de estas enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellví.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señor
presidente.

En cuanto al capítulo 1, alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, nos parecía importante añadir la que sin duda es la
principal razón de inequidad, como es el nivel socioeconómico. Por tanto,
planteamos crear un apartado para el alumnado en situación socioeconómica
desfavorecida, ya que nos parece que esta cuestión, que, como digo, es la
principal razón de inequidad probablemente, queda diluida como
condiciones personales o de historia escolar; es decir, es abordado desde
la difusa educación compensatoria, pero no de una manera específica. Como
ya han hecho comunidades autónomas como Cataluña, se debe incorporar la
situación socioeconómica como categoría para favorecer la actuación
preventiva y la distribución equilibrada, superando el paradigma
compensatorio. Es clave para combatir la segregación escolar y dotar de
recursos. Se incorporan aspectos hasta ahora incluidos en la educación
compensatoria.

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión, indicador Arope,
afecta actualmente a casi un 30 % de los niños y niñas en España. La
escritora Elena Medel escribía este fin de semana una columna muy
reveladora sobre la generación más preparada y cómo se nos había caído el
mantra de que si estudias mucho, tendrás un buen trabajo y te irá bien en
la vida. Decía una frase demoledora: El ascensor social significa
entelequias; significa lavado de conciencia para el ático e ilusión para
conformar a quienes parten del sótano, semisótano, bajo y entresuelo.
¡Qué hermoso poema inmobiliario! Intentan subir por las escaleras, pero
se agotan y se refugian donde pueden. Los problemas de nuestro sistema
tienen que ver con esto, no con la libertad de elegir un centro.

¿Hay un problema con la libertad educativa en nuestro país
cuando los datos demuestran que en un 9 % de los centros educativos
españoles se concentra más del 50 % del alumnado desfavorecido por
razones socioeconómicas, según el informe de Save The Children de 2018?
Pues no. El problema es que hay condiciones materiales que afectan a
nuestros estudiantes de una manera decisiva en el desarrollo de su
carrera académica y su formación. ¿Hay un problema de libertad educativa
en nuestro país cuando la tasa de abandono escolar temprano afecta siete
veces más a los niños de familiares con menos renta? Pues no. De nuevo,
el problema son las condiciones materiales de esas familias. ¿Hay un
problema de libertad educativa en nuestro país cuando el 45 % de los
hijos de hogares con estudios básicos se quedan en ese mismo nivel? Pues
no. De nuevo, el problema son las condiciones materiales de esas
familias. Por lo tanto, nos parece imprescindible recoger de una manera
mucho más expresa todo lo que tiene que ver con la segregación por
motivos socioeconómicos. Creemos que esta enmienda podría servir para
dejarlo negro sobre blanco en la nueva ley educativa.

También hemos aludido a una enmienda que hace referencia a la
admisión del alumnado en los procesos de escolarización en centros
concertados y públicos. Efectivamente, la ley ha endurecido y ha regulado
de forma más conveniente las cuestiones para evitar algunos de los
fraudes que se producían, pero creemos que aún quedan vacíos legales por
los cuales en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se están
haciendo algunas prácticas que pueden dar lugar a que algunos colegios
intenten convertirse en centros de carácter elitista a los que solamente
pueden acceder determinado tipo de alumno. Por eso, nosotros
incorporábamos al texto del artículo la siguiente coletilla: en ningún
caso podrán introducirse otros criterios que supongan la modificación del
baremo establecido. La utilización, por ejemplo, del área única de
escolarización, que es una competencia autonómica, ha desvirtuado el
criterio de proximidad al domicilio y está permitiendo que, por ejemplo,
las familias que pueden recorrer decenas de kilómetros para ir cada día
al colegio se puedan trasladar a esos colegios, independientemente de la
distancia que haya con respecto a su casa, cosa que no todas las familias
pueden permitirse. O el referido derecho de linaje, por el que un centro
educativo puede otorgar una puntuación adicional por condición de antiguo
alumno, padres y madres, incluso hermanos en antiguas etapas; o por un
criterio complementario establecido por el Consejo Escolar o titular del
centro, asignando hasta un punto adicional, incluso en ocasiones
seleccionando a los alumnos por su nivel académico previo. Esto es algo
que hay que controlar de una forma mucho más clara. En esta dirección van
nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos la señora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.

Señorías, les decía en el Pleno esta misma semana que la
libertad es lo más preciado que tenemos, en este caso, la libertad de los
padres a elegir la mejor educación para sus hijos y, por tanto, también
centro educativo. No hay mayor hipocresía que la demostrada por el
Partido Socialista en este tema. Ustedes están tratando de demonizar a un
tipo de escuela, que no deja de estar dentro de la red pública, en un
intento un poco retorcido de contentar a sus socios de Gobierno. Miren,
años atrás, y ante la falta de infraestructuras, ustedes, el Partido
Socialista, no dudaron en echar mano de las escuelas privadas, a través
de los conciertos, para garantizar la educación pública y gratuita.
Echaron sus números y vieron que les costaba menos una plaza en el
concertado que en el público, hasta el punto de que en treinta y siete
años que gobernaron ustedes en Andalucía pocos colegios públicos han
construido. En Huelva, por ejemplo, hay barrios donde no hay ni un solo
colegio público. Y vean la contradicción. No solo hay que garantizar el
derecho a que los padres puedan llevar a su hijo a un concertado, si lo
prefieren, en vez de a uno público, es que resulta que los padres que
quieren llevar a sus hijos a un colegio público en vez de a uno
concertado, con su nueva ley, tampoco podrían, porque un padre tampoco
podría decidir llevar a su hijo a un centro público aunque quisiera.

Hay algo en lo que sí estamos de acuerdo, y es en las cuotas.
Estamos de acuerdo en que no se deben pagar cuotas en un colegio que
forma parte de la red pública, pero también pensamos que para esto tienen
que estar bien financiados, y es algo que, a día de hoy, tampoco pasa.
Pero ¿saben qué es lo preocupante de todo este debate que se ha creado?
Que ustedes están utilizándolo para dividir y enfrentar a la población.
El debate real no es si el público es mejor que el concertado o el
concertado es mejor que el público, el debate real, el que ustedes están
tratando de evitar, es si van a dejar a los padres elegir; si van ustedes
a respetar algo tan básico y tan democrático como es la libertad, la
libre elección. Han intentado ustedes confundir modificando el término
demanda social por programación. Cuando los padres se han dado cuenta de
lo que suponía y se han echado a las calles con sus coches, en plena
pandemia, movilizándose y reivindicando sus derechos, a ustedes no les ha
gustado. Cada vez se parecen más a sus socios; cada vez están más
radicalizados. No dejan a los expertos opinar; coartan la libertad de los
ciudadanos a elegir; no dejan a los grupos de la oposición trabajar para
mejorar esta ley. Gobiernan ustedes a golpe de decretazo e intentan
amordazar a la prensa. Señorías, están a tiempo de dar una frenada, parar
este desastre de ley educativa y hacer las cosas bien y con consenso.
Están ustedes a tiempo de aceptar algunas de las muchas enmiendas que los
grupos hemos presentado y que, por lo que parece, ustedes ni tan siquiera
se han leído.

Cambiando de tema, hay algo que también está relacionado y que
me sorprende para mal: la falta de empatía y de sensibilidad con los
niños y con los padres de las escuelas específicas de educación especial.
En Ciudadanos nos hemos reunido con varias asociaciones y colectivos de
padres, y es un verdadero drama. Cuando un niño va a una escuela de
educación especial, probablemente, y en muchos casos, ya han pasado por
un colegio ordinario. ¿Ustedes piensan que es fácil para un padre esa
situación? ¿No piensan que cualquiera de ellos haría lo imposible para
que su hijo pudiera de verdad ir a un centro ordinario, ser feliz y estar
integrado y bien atendido? Pues claro que quieren. Pero sean realistas,
sean sensibles, sean humanos. Estos niños necesitan una atención
personalizada; necesitan ambientes amables. Muchos necesitan que les
enseñen a comer, a comunicarse, y se frustran. Necesitan una educación
específica.

Dicen ustedes que no van a cerrar las escuelas específicas de
educación especial, pero si, según esta ley, ustedes empiezan a vaciar
esta escuela de niños y además no las dotan de recursos, ¿qué piensan que
va a pasar, si coges una escuela y sacas a los niños y además no la dotas
de recursos? ¿Qué ocurre con esta escuela? Obviamente, está abocada al
cierre.

Además, el debate en torno a los centros de educación especial
ha generado una enorme incertidumbre a los padres, a las madres y a los
tutores con hijos con algún tipo de discapacidad, y el Gobierno de España
no ha estado a la altura. Ha sido incapaz de hacer una defensa cerrada de
los centros de educación especial a lo largo de todo este debate. En
Ciudadanos defendemos que los centros ordinarios y los centros de
educación especial deben contar con los recursos necesarios para atender
al alumnado que tenga algún tipo de discapacidad y, por supuesto, los
padres, las madres y los tutores de los niños deben tener a su
disposición todos los medios para escolarizar a los niños en el centro
que prefieran.

Los primeros que no se toman en serio a este colectivo y sus
necesidades son los grupos parlamentarios Socialista y Podemos. A pesar
de todas sus declaraciones, el Gobierno de España no ha detallado en
ningún momento de qué manera se van a realizar las inversiones necesarias
para garantizar la escolarización en condiciones de igualdad del alumnado
con discapacidad en los centros ordinarios. Esa información, al igual que
la de las escuelas infantiles, tampoco aparece en la memoria de análisis
normativo, que es donde tiene que aparecer, en la memoria de análisis
normativo. No aparece. Es una prueba más de lo mal que está hecha esa
ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último, tiene la palabra en este turno el Grupo
Parlamentario Popular. (La señora Peral Díez pide la palabra).

Disculpe, tiene la palabra.

La señora PERAL DÍEZ: Está disculpado.

Quería repetir lo que he dicho en mi intervención anterior, en
el turno de portavoces, en la tramitación de vetos, porque tengo la
sensación de que igual no se ha entendido bien lo que he querido
decir.

La LOMCE ha sido una ley fuertemente contestada y no aceptada en
el País Vasco; una ley que no respetaba nuestra singularidad ni nuestro
autogobierno. La LOMLOE es un avance en este sentido, ya que incluye
muchas de nuestras reivindicaciones, aunque nosotros aspiramos a más. Y
por supuesto que es mejorable, pero no vamos a perder esta oportunidad de
derogar la LOMCE.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: No estaba equivocado. No tenía turno ahora,
sino después, en el turno de portavoces.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vázquez
Abad.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Gracias, presidente.

Abordamos en este tercer bloque aspectos trascendentales de este
proyecto de ley. Si hay un bloque en el que se atente contra la libertad
y, consiguientemente, contra la equidad, es precisamente este. Certifica
la ruptura del pacto constitucional, y lo hacen con plena consciencia,
respaldándose en esa supuesta superioridad moral de la izquierda que le
hace ver la educación como su cortijo particular. Sí, señores, un
cortijo, como quien decide, sobre los pastos, las ganaderías o las
plantaciones que explotar o poner en barbecho. Ustedes conciben la
educación como un erial en el que hacer crecer futuros votantes. Educan
como quieren, a quien quieren, donde quieren y en lo que ustedes quieren.
Insisto, quieren ustedes, no queremos todos. Con esta ley ustedes
demuestran una vez más que viven en una realidad paralela, alejados de la
ciudadanía. Ustedes, que tienen acceso a todo tipo de prebendas, ignoran
las dificultades y circunstancias del ciudadano de a pie; o las ignoran o
les da igual, aplicación práctica del ande yo caliente, ríase la gente.
Una vez más, pura contradicción entre lo que dicen y lo que hacen.

Son ustedes autores de la ley más sectaria, injusta,
desmotivadora y retrógrada que se puede tener. Sectaria porque prima por
encima de todo su ideología, imponiendo su modelo y aniquilando la
libertad de las familias. Injusta para quien necesita los recursos; pero
discrepa de ustedes. Desmotivadora para el alumnado y profesorado.
Retrógrada, porque un modelo único de pensamiento, formación y educación
indiscutible, no consensuado, acordado ni consultado y que prioriza
doctrina sobre educación solo tiene un nombre, un espacio y un modelo de
hacer política. Le suena, ¿verdad? Aquí, porque ustedes lo han impedido,
no hemos venido a hablar de educación, porque no encontramos ni una sola
medida que responda a las profundas transformaciones que necesita nuestro
sistema. Ustedes no tienen un modelo educativo, tienen un modelo
político, están obsesionados y constituyen el peor enemigo de la
educación pública.

Hablemos, en primer lugar, del proceso de escolarización y de
alumnado con necesidades educativas especiales, en particular, y de la
admisión del alumnado en general. Ustedes refieren una y otra vez la
palabra inclusión en el texto de la ley. Difícil no estar de acuerdo con
esta aspiración, pero ahí acaba el consenso, porque la cuestión no es el
qué, sino el cómo. Cuando la inclusión no lleva asociada la equidad, la
inclusión es un fracaso. Y le pongo un claro ejemplo. En el cajón de
sastre en el que han convertido el artículo 73, ustedes mezclan el
concepto de alumnado con necesidades especiales con alumnado que necesita
apoyo y recursos diferentes. Ahí está el problema, porque cuestiones como
éstas convierten la equidad en todo lo contrario. Lo que hace esto es
llevarnos al fracaso; una auténtica catástrofe de proporciones
gigantescas.

Mire, lo primero que tendrían que haber hecho es entender lo que
significa la atención a la diversidad, distinguiendo entre necesidades
especiales permanentes y aquellas que son transitorias. Esto, que es de
primero de psicopedagogía, es importante tenerlo claro, pues no todos los
casos son iguales. Los niños, niñas, con déficit, trastornos y
dificultades de aprendizaje necesitan una atención especial siempre,
estén o no en un aula ordinaria. Quienes tienen necesidades transitorias
derivadas de situaciones de vulnerabilidad social, económica, emocional y
familiar también necesitan respuesta, pero puntual y ligada a esa
circunstancia.

El término necesidades educativas especiales se recoge en el
Informe Warnock, de 1978, en Gran Bretaña, cuyo objetivo era dejar de
hablar de las personas en términos afortunadamente hoy erradicados y
pasar al término de integración. Pero, ojo, es un concepto
psicopedagógico. La necesidad de integrar en aulas ordinarias no cambia
el diagnóstico y, por tanto, las niñas y niños con capacidades diferentes
necesitan de atención especial. Negársela, es negar sus derechos, y esa
atención especial y especializada corresponde a quienes están más
capacitados para proporcionarla. Ustedes no pueden tratar al alumnado
como un grupo homogéneo, dándoles los mismos recursos e idéntico
tratamiento. Privar a quienes necesitan estas especificidades no solo
supone obtener resultados diferentes, sino que implica hundir al más
débil y favorecer al más fuerte. Tampoco puede haber inclusión sin la
participación de las familias. En este contexto, la inclusión pasa a ser
imposición, y el perjudicado, el menor. No hay más que ver su disposición
adicional cuarta, que regula la evolución de la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales y que remite al
artículo 74 para resolver sobre su escolarización.

Permítanme que les aplauda, señorías. Ustedes hacen un manejo y
manipulación del vocabulario tan magnífico como grotesco para quienes
defendemos la libertad de la familia. He tenido que leerlo y releerlo
varias veces, pues la verdad es que no daba crédito. En el apartado
segundo se establece que en la resolución de discrepancias sobre la
escolarización, la Administración tendrá en cuenta el interés del menor y
la voluntad de las familias —ojo— que muestren su preferencia
por el régimen inclusivo (Rumores), es decir, las que muestren su
preferencia por lo que ustedes prefieren, despreciando a quienes puedan
optar por otro modelo. Increíble pero cierto: o piensas como yo, o no
tienes derecho a pensar; o aplaudes lo que yo digo, lo que yo decido, o
te quito el derecho a decidir; o pensamiento único, el mío, el correcto,
el superior, o no pensamiento.

Pero eso no es todo. El punto 3 del artículo dice que después de
cada evaluación que haga la Administración al final de cada curso, se
resolverá la situación del alumnado llevándolo hacia el más inclusivo.






Así, por la vía directa, sin encomendarse a Dios ni al diablo; las
familias, ni cuentan ni se les pregunta. Para ustedes, educar es seguir
una hoja de ruta, la suya, sí o sí, lo que yo quiera; y nosotros les
decimos: No, no y no. Y en el apartado cuarto: «La Administración
educativa promoverá la escolarización en centros ordinarios». Miren, esto
no es que sea discriminatorio, es inconstitucional. ¿Quién decide cuál es
el régimen más inclusivo? ¿Qué sistema es el más inclusivo, el que da más
oportunidades al alumnado para desarrollar su potencial o un sistema que
aparque a la última fila a quien tiene una discapacidad? (Rumores). Hay
temas en los que estamos de acuerdo, pero jamás negaremos a los padres su
derecho a elegir que sus hijos se escolaricen en centros de educación
especial. Y su función no es la de imponer ni decidir por las familias;
su función es dotar a todos los centros de los recursos suficientes para
obtener de cada alumno lo mejor de sí, conseguir un sistema justo y
equitativo, lo que implica dar a cada uno lo que se merece en función de
sus méritos o condiciones. Lo que la LOGSE no se atrevió a hacer, la
LOMLOE lo impone.

Ustedes, a quienes tanto les gusta la memoria histórica,
deberían aplicarse el cuento y estudiar antes de legislar; revisen los
anales de la pedagogía y la gran reforma de los años noventa. Los padres
de la LOGSE, como Marchesi o César Coll, no eran menos socialista que
ustedes, pero eran expertos, y eran políticos pero antepusieron criterios
pedagógicos a ideológicos. Y no, no cerraron los centros de educación
especial, pese a que ya figuraba en la hoja de ruta de su Gobierno. Eso
sí, un Gobierno menos totalitario, que creía firmemente en la necesidad
de consenso. A ustedes esto les da igual, porque donde hay ideología
sobran escrúpulos, conocimientos y solidez.

Estudien también algo de derecho. Esta ley es manifiestamente
inconstitucional. Ustedes destrozan, como se dijo, el artículo 27 de la
Constitución, que dice que el Estado debe garantizar el acceso a una
educación de calidad respetando la pluralidad educativa como garantía de
un Estado democrático. Ustedes reinterpretan el precepto; para su
Gobierno, el Estado no garantiza derechos, sino que priva a las familias
de los suyos y pasa a asumir su función.

Señorías, les voy a resumir lo que supone su ley: su LOMLOE
vulnera el derecho a elegir en educación infantil. Su LOMLOE vulnera el
derecho de padres y madres a elegir, al privar de concierto a los centros
que optan por el sistema pedagógico de educación diferenciada. Su LOMLOE
vulnera el derecho de las familias a elegir una formación acorde con sus
principios, sus valores y convicciones. Su LOMLOE vulnera el derecho de
los padres a elegir una formación religiosa y moral con sus convicciones.
Su LOMLOE vulnera el derecho de las familias a elegir la programación de
la oferta educativa. Su LOMLOE aniquila el derecho de las familias a
actuar como familia, propicia la desigualdad y vulnera la equidad. Buscan
imponernos su modelo, y encima pretenderán que les demos las gracias. Lo
llevan en su ADN. Intentan imponer un modelo único, público y laico, pero
no pueden, está en la Constitución, está en la doctrina constitucional.
Ustedes, los de la igualdad y la defensa de los derechos de los
vulnerables, se van a dedicar a clasificar a los ciudadanos. Sí,
señorías, a clasificar: primero acotan la zona donde se puede elegir
colegio y después distribuyen al alumnado en función de... ¡sabe Dios qué
criterio establecerá sabe Dios quiénes! (Rumores). Todo objetividad. El
resultado es que ustedes deciden cómo, cuándo y por qué un alumno debe
estar donde ustedes deciden que debe estar. Esa es la historia, que tiene
nombres y apellidos, señores del Grupo Socialista.

Dejen de enfrentar a unos padres contra otros por el mero hecho
de ejercer como padres y decidir. Acaben ya con el mantra de la
concertada y la pública. La concertada representa el 26 % de nuestro
país, frente a la pública, que supone el 67,2 %. Y, ¿sabe qué porcentaje
de alumnos con necesidades educativas especiales hay en centros
concertados? El 2,8 %, y en la pública, el 2,9 %. Fíjense ustedes, les
recomiendo que bajen a la tierra y pisen los centros de la concertada,
igual que hacemos los del PP con la pública, por favor. (Aplausos).

Y finalmente quiero referirme al profesorado, elemento esencial
dentro del sistema y al que le quiero dar las gracias pese a la inacción
del ministerio, por su esfuerzo constante para sacar a los niños durante
esta pandemia. Al profesorado no se le defiende con sus decretos sacados
a oscuras; se le defiende dándole el reconocimiento, las herramientas y
el apoyo que merecen, y ahí es donde estará el Partido Popular.

Termino. Ustedes son especialistas en la manipulación de la
palabra. Lo intentan con esta ley retorciendo los conceptos de tal manera
que lo injusto parezca justo; lo malo, bueno; que la imposición parezca
libertad y mejora para las familias. (Risas). Lo intentan, pero aunque se
rían no lo consiguen. Esta ley pretende incapacitar a padres y madres,
hacerles abdicar de cualquier decisión que competa a la educación de sus
hijos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que ir concluyendo.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Solo le pido diez segundos, por favor,
presidente.

Esta ley pretende que la educación en principios y valores sean
los decididos por ustedes, y aquellos que no coincidan con los de ustedes
no tendrán derecho a esa educación. Esta ley pretende la existencia de un
orden moral superior, en el que todos tenemos que converger, sobre la
base de los principios que ustedes decidan. Esta ley no forma, adoctrina
futuras generaciones de votantes, correctamente aleccionados en lo que
ustedes decidan que debe hacerse. En resumen, esta ley finiquita la
libertad, la libertad de decisión y de elección y la igualdad de
oportunidades, buscando, a largo plazo, acabar con la libertad de
opinión. Lo tienen ustedes claro desde el principio: su objetivo es
someter a la ciudadanía y así poder controlarla.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Desde luego, no va a ser con nuestra
complicidad ni con la complicidad de los millones de españoles que se
están manifestando en contra de esta ley.

Muchísimas gracia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por tiempo de cinco minutos, ¿alguien
quiere utilizar el turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos a la intervención de los portavoces de los diferentes
grupos parlamentarios, por tiempo de cinco minutos.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, a lo largo de esta semana el Partido Socialista nos ha
venido manifestando que los centros de educación especial no se iban a
cerrar. ¿De verdad piensan que nos lo debemos creer? Ustedes hoy dicen
una cosa y mañana hacen otra. Dijeron, por ejemplo, en campaña electoral
de manera reiterada que no iban a pactar con Bildu, y hemos visto
—lo han demostrado— que han pactado los presupuestos no solo
en Madrid, sino también en Navarra; han pactado la derogación de la
reforma laboral y parece ser que también han pactado la ley Celaá. Si es
cierto lo que manifiestan, ¿por qué no lo dejan claro en la ley? De no
hacerlo, son lógicos los recelos y los rechazos que se plantea una parte
muy importante de la sociedad y de manera especial las familias que
llevan a sus hijos a estos centros de educación especial.
Lamentablemente, en esta legislatura han demostrado ser maestros del
engaño y de la manipulación. Es incomprensible el trato al que están
sometiendo a estas familias que llevan a sus hijos a la educación
especial; no se lo merecen.

Por otro lado, quiero manifestar que muchas de las enmiendas que
hemos presentado, como, por ejemplo, la que se refiere a la disminución
de las ratios y los desdobles, no son enmiendas única y exclusivamente de
Unión del Pueblo Navarro, sino que son también necesidades educativas
planteadas por el Partido Socialista y compartidas con esta formación
política en Navarra.

Navarra ha sido pionera en la atención a la diversidad, y los
centros de educación especial juegan y deberán seguir jugando un papel
fundamental. Y si ustedes quieren que nos creamos su mensaje de que no se
van a cerrar los centros de educación especial, especifíquenlo y, sobre
todo, tranquilicen a las familias y a los profesionales de dichos
centros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Marín Gascón, tiene la palabra.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

En primer lugar, el portavoz socialista ha comentado antes que
esta ley mejoraba la calidad de la educación. Yo creo que la calidad de
la educación no se consigue bajando el nivel y permitiendo el paso de
curso con asignaturas suspensas, sino todo lo contrario. Díganle, por
ejemplo, a cualquier universidad extranjera, americana o inglesa, que
baje en su nivel educativo, a ver qué les dicen. Estamos comprobando año
tras año cómo el nivel con el que los alumnos llegan a la universidad es
malo o muy malo. ¿Por qué será? Desde 1995 se viene diciendo que
generación tras generación el nivel educativo en España va disminuyendo,
cada vez es peor. Con esta nueva ley va a aumentar todavía más este bajo
nivel educativo.

Hemos comentado ya varias veces que es imposible que no se
acepte ninguna de las 640 enmiendas. Señores del Grupo Socialista,
expliquen, por ejemplo, por qué se oponen a reconocer las necesidades
sociosanitarias de los alumnos con necesidades educativas especiales; o
por qué, por ejemplo, no se da respuesta a aquellas situaciones en las
que se encuentran las familias que no tienen los recursos necesarios para
conseguir los apoyos, recursos humanos o materiales que den respuesta a
las necesidades de sus hijos con necesidades educativas específicas. ¿Por
qué se oponen a eso? Den una explicación clara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Señor Chinea? (Pausa). No está.

Tiene la palabra el señor Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.

Voy a hacer la siguiente reflexión y la inicio como todas:
consenso, diálogo, etcétera. El otro día escuchaba en la tele a los
señores Gabilondo y Wert, y decía el señor Gabilondo que hay que empezar
por lo que nos une, y a partir de lo que nos une, iniciar el diálogo para
redactar la ley. Aquí parece ser que nada de nada de nada. Insisto,
¿todas las enmiendas que hemos presentado son malas?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Nadie más va a intervenir por el Grupo
Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, la señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Voy a ser muy breve.

Simplemente quiero resumir nuestras enmiendas de este bloque en
una demanda, en una súplica, porque para nosotros la cooperación y la
colaboración entre iniciativa pública y privada concertada funciona, es
buena y es una línea roja por la cual apostamos. Solo pedimos una cosa,
una: cambiar tres palabras. Cuando habla la LOMLOE, la ley Celaá, de
oferta suficiente de plazas públicas, nosotros pedimos que cambiemos
esto, solo esto: «a ofertas suficientes de plazas» añadir: «sostenidas
con fondos públicos». Estamos hablando de lo mismo, no estamos cambiando
muchas cosas. Nuestra súplica es esta.

Nada más que añadir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Ponce tiene la
palabra. (Denegaciones). No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
la señora Peral Díez. (Denegaciones). No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana ¿señora
Escandell? (Denegaciones). Tampoco interviene.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, presidente.

El señor Vega no está y me hubiera gustado compartir con él unas
reflexiones a colación de su intervención anterior. Él ha intentado
desacreditar la intervención de mi compañero porque citaba a Pérez
Reverte, en este caso un personaje de Pérez Reverte: el capitán
Alatriste. Oiga, el capitán Alatriste, Rinconete y Cortadillo y Zalacaín
el aventurero, son figuras de la literatura española que nos sirven para
encontrar ejemplos reales a lo que ustedes se van a cargar con la propia
ley Celaá.

Señora Peral, me vuelvo a dirigir a usted (Rumores). La bancada
socialista resopla. Ya sabemos que ellos consideran... (Continúan los
rumores). Señor presidente, le ruego algo: cuando las señoras y señores
intervinientes del Grupo Socialista y de Esquerra Republicana hacen uso
de la palabra —en este caso Esquerra Republicana no lo ha
hecho—, nosotros escuchamos con mucha atención. (Algunos señores
senadores: Sí, sí, claro). Sí, señorías. Ustedes, cada vez que un
servidor hace uso de la palabra, le interrumpen, entre otras cuestiones.
Les ruego, por favor, respeto y les ruego, por favor, decoro. ¡Ya está
bien! ¿Puedo o no puedo continuar?

El señor PRESIDENTE: Señor Ruz, el presidente ha intervenido
cuando lo ha considerado necesario. Quien dirige el debate es el
presidente.

El señor RUZ VILLANUEVA: Me parece fenomenal, señor presidente.
Pues le ruego que ponga orden.

El señor PRESIDENTE: El orden no se ve alterado.

Continúe, por favor, con el uso de la palabra.

El señor RUZ VILLANUEVA: Espero poderlo hacer con
normalidad.

Señora Peral, usted ha dicho, efectivamente, y me parece muy
sensato, que la ley es mejorable. Estamos todos de acuerdo. Permítannos a
los demás mejorar la ley, permítannos mejorar esta ley hoy aquí. Es que
estamos pidiendo algo que es de puro sentido común y es absolutamente
democrático. Hay un reglamento democrático de esta Cámara, ese Reglamento
permite que podamos enmendar una ley que nos llega del Congreso y que
usted dice que es mejorable. ¿Por qué usted y su formación política,
dando su voto hoy en esta Comisión al Grupo Socialista y a ERC nos va a
impedir mejorar la ley? ¿No se da cuenta de que le están viendo
ciudadanos de su comunidad autónoma que les van a exigir
responsabilidades y respuestas? Somos conscientes de que usted va a
aprobar esta ley, como somos conscientes de que el señor Fernández Rubiño
también va a aprobar esta ley. Les estamos pidiendo tiempo, sosiego y
calma, nada más. No entiendo qué tiene esto de antidemocrático; no puedo
entender que el Partido Socialista, que es un partido que ha contribuido
a construir esta democracia y que tiene más de 140 años, se niegue a que
podamos incorporar cuestiones positivas en la ley. De verdad que no lo
puedo entender.

Ustedes, obviamente, no compartirán gran parte de los aspectos
que nosotros sostenemos, pero el señor Vázquez, que es doctor en Ciencias
Económicas, ha sido consejero de una comunidad autónoma; repito a la
bancada socialista: consejero de una comunidad autónoma. Si un consejero
de una comunidad autónoma en sus planteamientos —lógicamente podrán
ser compartidos o no por ustedes; probablemente muchos de ellos no sean
compartidos por la mayoría de sus señorías— no les puede convencer
a ustedes de que nos permitan enmendar la ley, el problema no lo tiene el
señor Vázquez, el problema hoy aquí lo tienen ustedes. Creo que no es tan
difícil de comprender ni de entender. (Rumores).

Les rogamos, les imploramos que den sentido a esta comisión, que
den sentido a esta Cámara y que nos permitan, con la ley en la mano, con
el Reglamento en la mano e invocando a la democracia, que la LOMLOE que
traen ustedes a aprobación pueda ser enmendada. No somos capaces de
expresarnos de otra forma. Si con esos argumentos no conseguimos
—señora Peral, del PNV, vuelvo a dirigirme a usted—
rectificar lo que es rectificable, creo que estamos todos haciendo un
flaquísimo favor al sistema democrático, del que todos formamos
parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Ruz, simplemente una cuestión que
parece que no tiene importancia pero sí la tiene: dado su ímpetu en sus
intervenciones, le rogaría que se pusiera la mascarilla, si es
posible.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Hernández Cerezo.

La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Las enmiendas que acabamos de escuchar se engloban en el tercer
bloque, que recoge el articulado de los capítulos y títulos pilares de
esta ley, la LOMLOE: la equidad, la inclusión, la compensación de las
desigualdades y el profesorado. Aprovecho además esta ocasión, yo también
como docente, para reconocer la labor de todos mis compañeros, que han
venido desempeñándola durante toda la pandemia preocupándose por llegar a
todo el alumnado a pesar de las limitaciones tecnológicas en muchos
casos, y por que los centros sean lugares seguros. (Aplausos).

El Grupo Parlamentario Socialista defiende todos los aspectos de
los títulos y capítulos de este articulado como fundamentales para una
ley educativa actualizada que englobe todas las capacidades, todos los
ritmos de aprendizaje, todos los niveles sociales, económicos y
culturales; una ley que no deje a nadie atrás.

Para los socialistas y las socialistas la atención a la
diversidad es una prioridad en la educación, y por eso hemos actualizado
y ordenado las categorías del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo conforme a las clasificaciones de los distintos
colectivos que lo han ratificado. Se refuerza el proceso de evaluación
personalizada del alumnado con necesidades educativas especiales, y las
familias pueden participar en el proceso de identificación y valoración
de estas necesidades de sus hijos e hijas y así avanzar en la inclusión
educativa, respetando siempre —y esto es algo que recoge la
LOMLOE—, siempre, la opinión de las familias cuando elijan la
escolarización en centros de educación especial o en centros
ordinarios.

Señores de Ciudadanos, nadie va a sacar a un niño de un colegio
para ponerlo en otro, nadie lo va a sacar, se va a respetar el papel de
la familia (Aplausos) porque se garantiza la libertad de las familias a
elegir dónde quieren escolarizar a sus hijos e hijas, en un centro de
educación especial o en un centro ordinario. Yo me he leído la LOMLOE, me
he leído el bloque de arriba abajo, y no hay ningún artículo que diga que
se van a cerrar o a suprimir los centros de educación especial; ningún
artículo lo dice. Hay que tener mucha inventiva; tienen sobresaliente,
bien desarrollada la capacidad creativa e imaginativa, señorías, porque
no lo dice. (Aplausos). Entonces, dejen de mentir. No creen desconfianza
en las familias y menos en un tema tan sensible. Háganlo por ellas,
háganlo por estas familias. No usen la política para esto. En ningún
sitio dice que se van a cerrar los centros; todo lo contrario, la LOMLOE
presenta una apuesta firme y comprometida por la educación especial, por
el interés del menor y por sus familias. Y da un paso más, porque
promueve, siempre que se quiera, la inclusión del alumnado con
discapacidad en centros ordinarios. Fomenta que ambos tipos de enseñanza
se integren, se enriquezcan entre ellas. Y se lo digo porque, como
docente, yo he tenido ambos tipos de alumnos en mi aula compartiendo aula
y la hora de clase, la hora de inglés, y ¿saben cómo se llama eso?
Inclusión. ¿Y sabe qué se fomenta con eso? Educar de forma integral,
educar en valores y fomentar a ciudadanos cívicos, sensibles y diversos.
Además, la ley expresa que sean las administraciones educativas quienes
favorezcan que el alumnado continúe la escolarización en los niveles
posobligatorios y añade que serán las administraciones educativas quienes
deban facilitar los recursos y los apoyos complementarios necesarios,
como puede ser el transporte, al que se refería alguna enmienda.

Junto con la equidad, este bloque recoge el articulado sobre la
capacidad inclusiva del sistema, fundamental porque evita la segregación
del alumnado. Esto es fundamental para favorecer una educación de calidad
y reducir el abandono escolar garantizando siempre que los padres puedan
elegir el centro de sus hijos e hijas.

La ley refuerza las políticas de compensación para evitar
desigualdades debidas a entornos socioeconómicos desfavorables,
culturales, vulnerabilidad, etcétera, tanto en la admisión al centro como
a lo largo del proceso educativo. Se garantiza el derecho a la educación
en condiciones de igualdad, sin discriminación de ningún tipo. Se evita,
por tanto, segregar al alumnado, porque la educación de calidad es un
derecho para todos. Y cuando hablamos de corregir desigualdades, hablamos
también de oportunidades para el mundo rural y el mundo insular. Esa es
una novedad que recoge la ley, señorías, que introduce una apuesta clara
por revitalizar la escuela en las zonas rurales, para que haya igualdad
de oportunidades en el ámbito rural y se dote de medios y recursos a este
tipo de centros escolares. Sabemos que un elemento importante y
condicionante en este aspecto es la brecha digital, pero para ello hay un
compromiso claro del ministerio de invertir en digitalización con unas
partidas muy altas y muy concretas para planes específicos.

En cuanto a las becas, que también han nombrado, se abre la
opción a que las comunidades autónomas puedan ofertar también becas y
ayudas con mayor amparo legal, y además estas becas van a ser el recurso
para este alumnado con necesidades educativas especiales en cuanto a la
vulnerabilidad y en cuanto a situaciones específicas de apoyo educativo.
Antes preguntaban algunos grupos cómo atender a ese alumnado en
condiciones socioeconómicas vulnerables, y para eso van a estar también
las becas. Además, el ministerio presenta el presupuesto más alto que
nunca ha tenido en becas, con un 34 % más con respecto al año
pasado.

Respecto al profesorado, se reordena el profesorado de formación
profesional para adecuar la figura del profesor especialista y, además,
la LOMLOE da una especial importancia y fundamental a la formación
permanente para el profesorado en didáctica, en ciencia y en educación
inclusiva, y se incluye: en igualdad y en acoso y malos tratos en el
ámbito docente. También se recoge un compromiso para reforzar el papel
del profesorado y desarrollar la carrera profesional docente.

Señorías, vamos a terminar el año 2020 con unos nuevos
presupuestos generales para 2021, los más altos que ha tenido el
Ministerio de Educación. El Grupo Socialista también desea tener pronto
una nueva ley de educación que cuente con las familias, que permita el
desarrollo integral de todos nuestros niños y niñas y que reconozca y
valore la labor de los profesionales docentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entramos en el cuarto bloque, que engloba el título cuarto,
centros docentes; título quinto, participación, autonomía y gobierno de
los centros; título sexto, evaluación del sistema educativo; título
séptimo, inspección del sistema educativo, y el título octavo, recursos
económicos.

Como hemos hecho en otras ocasiones, comienza el turno de
defensa de las enmiendas por tiempo de diez minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Evidentemente, si tan claro tiene el Partido Socialista que no
se van a disolver o no se van a dejar de potenciar los centros de
educación especial, no sé cómo las familias tienen semejante preocupación
y rechazo. Tampoco entiendo cómo el ministerio no se sienta con ellas
para aclararles la situación y, sobre todo, para modificar la ley a fin
de que no haya ninguna duda. Sus hechos serán reales cuando ustedes los
expliquen convenientemente y sean una realidad. Y, evidentemente, a día
de hoy sus palabras no son creíbles.

Pues bien, a pesar del acoso y derribo al que el Gobierno quiere
someter a la escuela concertada y también a la educación diferenciada, es
evidente que ambas juegan un papel fundamental en el sistema educativo
español del que forman parte. Por ello, desde nuestro punto de vista,
debe quedar claro que asegurar la atención de la demanda de plazas
escolares en centros públicos no puede suponer, en ningún caso, poner
límites o menoscabar la libertad de los padres a la hora de elegir la
educación que quieren para sus hijos. (El señor vicepresidente, Latorre
Ruiz, ocupa la Presidencia).

El artículo 27 de la Constitución española, señorías, solo se
respeta garantizando la existencia de plazas tanto en centros públicos
como en centros concertados, de conformidad con lo recogido en la propia
ley. Por otro lado, es también de justicia y, sobre todo, de
reconocimiento que se tenga en cuenta que la educación, y de manera
especial la educación obligatoria, no tiene como objetivo ser un negocio.
De ahí que, a la hora de priorizar, hemos planteado que se haga con
aquellos centros concertados que no tienen ánimo de lucro.

También hemos presentado una enmienda para reconocer un concepto
retributivo al personal docente de los centros concertados, sobre el que
el propio Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Asimismo,
consideramos adecuado, dada su repercusión en la sociedad, que las
administraciones educativas, dentro de sus programas de convivencia,
mencionen también las situaciones de suicidio. Por desgracia, es una
cuestión que se da entre los escolares y, aunque no se informe de ellas
públicamente, los centros escolares son un buen punto de detección y de
seguimiento de este tipo de comportamientos suicidas, ya sea por
cuestiones del propio centro o también externas al mismo. Es cierto, y
hay que reconocerlo, que algunas comunidades ya están estableciendo o
tienen establecidos protocolos y programas, pero son temas que se deben
abordar y profundizar en ellos. Es fundamental la formación de los
docentes en esta materia para actuar con rapidez y eficacia, algo que en
estos momentos, en algunas comunidades autónomas y en algunos centros
educativos depende fundamentalmente de la propia voluntad de los docentes
o de los responsables de convivencia de estos centros.

Finalmente, me referiré a la indispensable labor que realiza la
Alta Inspección Educativa. Para Unión del Pueblo Navarro, esta no puede
convertirse ni en un comisario político ni en un instrumento público sin
opinión y sin acción. El rigor y la objetividad se les deben presumir. La
Alta Inspección debe velar, por supuesto que sí, por el cumplimiento de
la legalidad, pero también debe dar amparo a la comunidad educativa y a
todos sus integrantes, sobre todo y de manera especial, ante situaciones
de abandono, de presión o de ilegalidades, que cometen incluso las
propias administraciones autonómicas. En Unión del Pueblo Navarro
consideramos que el papel de la Alta Inspección debe reforzarse y que
debe tener más presencia que la que tiene en este momento; debe dar
amparo a los agentes de la comunidad educativa; todo ello, por supuesto
que sí, respetando la división de competencias que hay entre las
diferentes administraciones públicas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Latorre Ruiz): Muchas gracias,
senador.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

En este cuarto bloque proponemos lo siguiente En primer lugar,
la supresión del apartado 56 del artículo único, con el fin de mantener
la redacción vigente del artículo 109 de la Ley Orgánica de educación. La
aprobación de la redacción propuesta en el proyecto de ley supondría la
derogación del principio de no subsidiariedad de la escuela concertada
respecto a la escuela pública, garantizado en la LOE para dar
cumplimiento al mandato constitucional de gratuidad, artículo 27.4 de la
Constitución, en los centros elegidos por los padres, artículos 27.3
y 27.6. En cualquier caso, la opción preferencial en la elección del
centro educativo por la familia constituye el elemento esencial de la
libertad de enseñanzas. La programación de la oferta educativa que
realicen las administraciones deberá asegurar ambos derechos: el derecho
a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza.

En segundo lugar, se propone que el Ministerio de Educación
garantice la igualdad de condiciones de los centros privados concertados
respecto a todos los centros docentes con independencia de su
titularidad. Si los centros docentes están subvencionados con dinero
público y su profesorado tiene la misma titulación, las familias deben
poder acceder a unos y a otros en igualdad de oportunidades a través del
cheque escolar o incluso sin él. Por ello, todo centro escolar
subvencionado con fondos públicos debería gozar de igualdad de
oportunidades, derechos y deberes en cuanto a su profesorado y en cuanto
a la gestión y administración de tales centros. Se propone también el
mantenimiento del concierto educativo durante un período de seis años en
todas las etapas educativas con el fin de dar mayor seguridad jurídica a
los centros y también más estabilidad laboral al profesorado.

En tercer lugar, se propone la supresión de la expresión «en los
términos que establezcan las administraciones educativas», que se prevé
en el artículo 120.4. El motivo es que resulta contradictorio reconocer
el derecho a la autonomía organizativa y pedagógica de los centros y, al
mismo tiempo, limitarla a los términos que establezcan las
administraciones educativas.

En cuarto lugar, dadas las divergencias existentes entre las
distintas comunidades autónomas en asuntos tan importantes como los que
se regulan en el artículo 124, debe ser el Ministerio de Educación quien
regule el protocolo de actuación. En caso contrario, las divergencias
persistirán perjudicando principalmente a las víctimas. También se
suprime la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y
protección, toda vez que esas funciones ya las realiza el departamento de
orientación, la acción tutorial y, en su caso, los asistentes sociales de
los ayuntamientos.

Por último, en quinto lugar, se propone la adición de un
apartado al artículo 149 de la LOE, relativo a la inspección educativa.
En este sentido, el texto propuesto pretende dotar a la inspección
educativa de la necesaria independencia no sujeta a intereses partidistas
para garantizar el efectivo cumplimiento de sus funciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Latorre Ruiz): Muchas gracias,
senador.

A continuación, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.

Siguiendo con las enmiendas para mejorar el texto legislativo
que se nos presenta hoy aquí, quisiéramos modificar el texto del
artículo 109, en los puntos 1 y 5. Queremos dejar constancia de que en el
Partido Regionalista defendemos los centros educativos públicos. También
creemos que esta ley tiene que garantizar que va a seguir habiendo
armonización entre centros públicos y centros concertados y que no va a
enfrentar a ambas redes. Creemos que con esta redacción mejoramos y
dejamos claro que esta ley no va en contra ni de la red pública ni de la
red concertada. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Asimismo, presentamos otra enmienda al artículo 109 porque
creemos que ya va siendo hora de que la Alta Inspección sea un cuerpo
técnico designado por un proceso público de oposición. Llevamos desde el
año 1985 con un decreto por el que se designan a dedo a los inspectores o
a los altos inspectores en cada comunidad autónoma. Creemos que ya va
siendo hora, después de casi cuarenta años, de que este pase a ser un
cuerpo verdaderamente técnico y que cumpla una labor efectiva de velar
por esta ley orgánica y sus reales decretos.

La siguiente enmienda es una mejora técnica, una corrección de
errores, para poner en el texto el nombre actual del ministerio, no la
denominación que tenía en otras legislaturas, que ni eso hemos
cambiado.

Por último, creemos también que nuestra enmienda al artículo 157
mejora el texto en cuanto que pedimos que se reduzca la ratio por aula en
la enseñanza obligatoria en 20 alumnos para la educación primaria y en 25
para la educación secundaria obligatoria. Creemos que estas medidas
contribuyen a que los centros educativos no se cierren, en especial en
los ámbitos rurales, y es también una manera de mejorar la calidad de
nuestro sistema educativo y de no disminuir las plantillas docentes ante
una situación como la que nos encontramos de descenso brutal de la
natalidad. Es una manera de garantizar que los centros se mantengan y
ofrezcan mayores garantías educativas al alumnado que allí asiste.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Castellví, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Sigo en mi línea de brevedad.

Nosotros en este bloque hemos presentado muy pocas enmiendas.
Las que presentamos son simplemente para mejorar el texto y para remarcar
que no se hable siempre de la Administración en general y que no se obvie
la competencia de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señor presidente.

En este bloque queríamos destacar cuatro cuestiones. La primera
tiene que ver con el nombramiento de los directores de centro, que
proponemos que sea decidido por el Consejo Escolar. Hay que recordar que
la ley Wert acabó con algunas competencias de los consejos escolares y
con ello detrajo la participación. Creemos que ese fue uno de los grandes
problemas de la ley y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es dar
pasos en la dirección opuesta y no simplemente enmendar lo que hizo la
ley Wert.

En segundo lugar, queremos fomentar la participación del
alumnado a través de las juntas de delegados y de asociaciones de alumnos
y alumnas, como ha pedido la Asociación Canae, que nos ha hecho llegar
esta enmienda para fomentar la participación de la comunidad educativa y
que señala que no se puede dejar al margen de la participación al
estudiantado, ya que el artículo 27.5 de la Constitución española
reconoce que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la
educación mediante una programación general de la enseñanza con
participación efectiva de todos los sectores afectados.

Con la formulación del proyecto de ley no se reconoce la
existencia de las asociaciones de estudiantes, las cuales pueden existir
en los centros educativos, pero quizás habría que fomentarlas e
incentivarlas, ya que en la actualidad todavía existen en una proporción
bastante minoritaria. Implicar a los alumnos en el funcionamiento del
centro e incluso en el gobierno de los mismos es un buen paso para su
inclusión, en general, en la vida democrática, en la vida pública. Es
importante que los estudiantes, desde el principio, se hagan cargo de la
participación en las instituciones comunes y, por supuesto, en sus
centros educativos.

En cuanto al título séptimo, queremos hacer referencia a un
aspecto que tiene que ver con la inspección educativa. El cuerpo técnico
de inspección en algunos sectores está un poco sorprendido y alarmado por
una modificación que ha tenido lugar. Como ustedes saben, los
funcionarios cumplen con los requisitos que tratan de garantizar los
principios constitucionales de actuación de las administraciones
públicas, y para ejercer estas funciones, el instrumento fundamental es
que el funcionario goce de imparcialidad e independencia para poder
desempeñarlas y que, por tanto, sea elegido bajo las más estrictas
condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Hasta ahora, la exigencia de una prueba para el acceso a la
Inspección Educativa no solo venía refrendada por una norma con rango de
real decreto, normativa básica que regula el acceso a los cuerpos
docentes, el Real Decreto Legislativo de la Ley de función pública o el
Estatuto básico del funcionario público, sino que la propia Ley de
educación guardaba en una disposición adicional la exigencia de que el
acceso al cuerpo de inspección requería la realización de una prueba para
evaluar los conocimientos técnicos y normativos.

Lo que sorprende es que en este proyecto, la ley incluye una
modificación por la cual se elimina esta exigencia y se sustituye el
concepto de prueba por el de evaluación, que no es exactamente un
sinónimo, pues la evaluación puede ser subjetiva, condicionada a una
necesidad concreta de desarrollar un determinado programa de una
administración o un Gobierno y no necesariamente las funciones que van
asociadas a las de un inspector o a la prestación de un servicio bajo los
criterios citados en el artículo 100.3 de la Constitución.

Tenemos experiencias que nos muestran lo que ocurre cuando las
administraciones no llevan a cabo este tipo de pruebas. Durante años ha
habido administraciones en las que no se han convocado oposiciones bajo
estrictos principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y en su
lugar han venido realizando las funciones inspectoras funcionarios
docentes de otros cuerpos que, en régimen de accidentalidad, eran
nombrados en procedimientos, y a veces incluso sin procedimiento, que no
eran públicos y que evitaban que se pudiera asegurar la igualdad, el
mérito y la capacidad para el acceso a la profesión, y donde la fase
decisiva de procedimiento era una evaluación —precisamente palabra
que ahora recoge la ley— de la idoneidad del aspirante mediante una
entrevista a puerta cerrada, realizada por comisiones que incluso estaban
formadas y presididas por profesionales que ya ejercían su profesión en
esa misma situación.

Por lo tanto, nos encontramos con que, en algunos casos, la
justicia tuvo incluso que anular algunos procedimientos por vicio de
constitución de los tribunales en algunas comunidades autónomas. Creemos
que es esencial garantizar que la inspección se elija mediante
oposiciones que evalúen el mérito y la capacidad de una forma totalmente
objetiva y con criterios de publicidad absolutos, precisamente para
evitar que abramos la puerta a mecanismos más inseguros y opacos que
puedan conllevar algo que en algunas ocasiones es una práctica habitual:
que la inspección se acabe convirtiendo en una especie de brazo ejecutor
del consejero de turno, en lugar de ser un cuerpo absolutamente
independiente. Esta enmienda nos parece de especial importancia, y
lamentamos que, por lo que parece, no va a ser tenida en cuenta y creemos
que, por todo lo que acabo de mencionar, se abre una peligrosa
puerta.

Por último, en el título octavo, y en lo referente a lo que
tiene que ver con los recursos económicos, presentamos una enmienda para
reducir la ratio de alumnos por aula a 15 en educación primaria y a 20
para la educación secundaria. La subida de las ratios que conllevó la ley
Wert en un 20 % en primaria supuso un gran retroceso para nuestro sistema
educativo. La ratio de alumno por aula en la educación pública ha
aumentado cinco veces más que en la educación privada en los últimos años
y, sin duda, actualmente, con lo que estamos viviendo con la pandemia, no
cabe duda de que si no hubiéramos tenido un problema de masificación en
las aulas, quizá no habríamos tenido tantos problemas para hacer frente a
la situación que se ha vivido con la COVID.

Pero, desde luego, más allá de esta situación coyuntural, es
evidente que la ratio de alumnos por aula influye de manera decisiva en
la situación académica de nuestros estudiantes, y la semipresencialidad,
que se ha tenido que llevar a cabo de forma un poco chapucera como
resultado de la COVID, no ha satisfecho las expectativas ni de los
profesores ni de las familias y va a tener que ser evaluada claramente.
Creemos que esto debe llevarnos a una reflexión general sobre la
necesidad de bajar esa ratio de alumnos por aula. No se trata solo de
reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una
educación que permita la personalización, que sea inclusiva, y eso pasa,
desde luego, por dotar a las aulas de mayores recursos, pero también por
que no haya masificación en las aulas como de hecho existe.

Hoy —y con esto termino— leía las palabras de una
profesora que escribía en redes sociales lo siguiente: Bajar la ratio
funciona. Es la primera vez que una de mis tutorías no llega a la primera
evaluación con varios alumnos con ocho suspensos. Isabel Celaá, por
favor, bajad la ratio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.

Señorías, parece que la Alta Inspección de Educación les estorba
a ustedes o a sus socios de Gobierno y, como era de esperar, ustedes, que
deberían velar por que se cumplan las leyes y la Constitución, demuestran
de nuevo que no están a la altura ni de las circunstancias ni de su
posición.

¿Saben la diferencia entre un partido constitucionalista como
Ciudadanos y el Partido Socialista o, mejor dicho, en lo que ustedes
están permitiendo que se convierta este nuevo Partido Socialista? Que
Ciudadanos denuncia las ilegalidades, los abusos, los acosos que sufren
algunos ciudadanos en comunidades autónomas, como Cataluña o País Vasco,
y el Partido Socialista los aplaude, los encubre, les da los medios que
necesitan para que sigan incumpliendo y miran hacia otro lado.

Señorías, la reforma aprobada por el Gobierno en lo relativo a
la Inspección Educativa ha provocado inquietud y desasosiego entre el
cuerpo de inspectores. Teniendo en cuenta la redacción actual, se abre la
puerta a que las comunidades autónomas puedan contratar inspectores
educativos sin pasar una oposición. ¿Se imaginan ustedes a un inspector
educativo contratado por Torra?, ¿se lo pueden imaginar? Pero esta
cuestión no es solo problemática si tenemos en cuenta el actual contexto
político en Cataluña, sino que va en contra de los principios del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, lo
cual es grave y además muy preocupante.

Señorías, nos preocupa la modificación que hace referencia a la
Inspección Educativa, porque este el cuerpo que debe garantizar la
calidad y la equidad de todo el sistema educativo. El artículo 61.6 de
este estatuto expone que los sistemas selectivos de funcionarios de
carrera son oposición y concurso y que deben incluir una o varias pruebas
objetivas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el
orden de prelación. Les pedimos que recapaciten.

Por otra parte, en Ciudadanos apostamos por reforzar las
atribuciones de la Alta Inspección Educativa mediante la creación de una
agencia independiente que asuma las funciones de la actual Alta
Inspección Educativa, que es una figura que se recoge en los distintos
estatutos de autonomía, con el fin de evitar, entre otras cosas, el
adoctrinamiento en las aulas. Esta agencia debería tener entre sus
competencias el cumplimiento de la legalidad y, por consiguiente, de los
derechos fundamentales implicados en la educación, en particular el de
los padres y el de los menores, pero parece que ustedes están más
interesados en ejercer control sobre la Alta Inspección Educativa que en
darle independencia y recursos para que pueda funcionar
correctamente.

Y por último me voy a referir a la evaluación educativa. Entre
las propuestas que nuestra formación ha presentado para intentar mejorar
los resultados del sistema educativo se encuentra la creación de una
agencia independiente de evaluación educativa. Por desgracia, España es
un país que tiene muy poca cultura de evaluación de sus políticas
públicas. Medir cada una de las actuaciones que se impulsan desde los
poderes públicos es necesario, porque han de ser lo más eficientes
posible en el gasto y en la corrección de políticas que no acaban de
funcionar. De igual modo, creíamos que la creación de una agencia
independiente de evaluación educativa podría ayudar a sentar las bases en
un futuro próximo de una ley educativa más consensuada. Consenso,
señorías.

Sobre lo concreto se trabaja mejor que sobre grandes dogmas, y
esta es la apuesta de nuestro partido. Esperábamos que el Gobierno de
España, tanto el PSOE como Podemos, fueran como mínimo capaces de aceptar
esta propuesta cuyo coste no sería muy elevado. La experiencia en España
con las agencias independientes está siendo, hasta el momento, bastante
positiva. La Airef ha desarrollado en los últimos años una labor
importantísima en la evaluación del gasto público y en la elaboración de
propuestas y recomendaciones al Gobierno para realizar ajustes en
diferentes materias. Sin embargo, ustedes han preferido que la evaluación
del sistema educativo siga en manos del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa que depende curiosamente del Ejecutivo. Tiene escasa autonomía,
escasos medios y su actividad es entre poco y nada conocida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último en este trámite, tiene la palabra el señor Vázquez
Abad, del Grupo Parlamentario Popular del Senado.

El señor VÁQUEZ ABAD: Muchas gracias, presidente.

Este bloque constata que para ustedes el modelo educativo es una
herramienta política para alcanzar sus objetivos. El fin justifica los
medios, y los medios en este caso son las destrucción de la libertad de
elección de las familias, ignorar la autonomía de los centros,
menospreciar la labor de los equipos directivos, reducir la competencia
de la Inspección Educativa y, por descontado, situar la calidad de
nuestro sistema en mínimos.

Ustedes no trabajan para mejorar la educación, es más, ustedes
no trabajan en educación; lo hacen en un sistema de control sobre el
sistema, al que buscan uniformar y homogeneizar, pero no en calidad,
competencia, capacidad o recursos, sino en pensamiento único de
profesorado, familias y, por supuesto, alumnado.

Vayamos por partes. Ustedes tienen una obsesión patológica con
la libertad en general y la de las familias en particular. Sí, así es, y
por eso reiteramos alto y claro que su LOMLOE vulnera el derecho de las
familias a elegir la programación de la oferta educativa. Ustedes
eliminan la demanda social en la programación de la oferta educativa. El
artículo 56 directamente prioriza las plazas públicas en la programación
de la oferta educativa, regula un incremento progresivo de estas plazas y
suprime la demanda social en su programación. Suprimir la demanda social
implica ignorar lo que la ciudadanía demanda. Ustedes lo ignoran,
asumiendo el papel de las familias en la elección del centro educativo.
Ustedes transforman la red concertada en subsidiaria de la red pública y
dificultan la creación de nuevos centros sostenidos con fondos públicos
promovidos por la sociedad civil. Discrepamos absolutamente de esta
visión; una y mil veces le diremos que la educación concertada es
pública; forma parte del sistema público y ni es subsidiaria de los
centros de titularidad pública ni es una red de segunda división que
merezca menor atención.

Me gustaría también hablar de su falsa apuesta por la autonomía
de los centros y de la evaluación, ambos elementos fundamentales para la
mejora del sistema educativo. La autonomía de gestión es indispensable
para el diseño de una oferta plural y de calidad que permita al sistema
progresar generando proyectos de centros innovadores y acordes con la
comunidad educativa, y por ello les proponemos: dotar a los centros de
capacidad normativa y de organización, así como de los recursos
necesarios; potenciar su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión
económica; la realización de planes de mejoras para los centros de
especial relevancia práctica en el caso de aquellos ubicados en zonas
geográficas con poblaciones en desventaja socioeconómica y sociocultural;
la implantación del programa de centros educativos prioritarios
destinados a actuar en aquellas zonas que, por su situación en entornos
desfavorecidos o por el perfil del alumnado, requieran de actuaciones
preferentes encaminadas a lograr el éxito escolar; la autorización de
creación de centros con especialización curricular, y la
profesionalización de la función directiva.

¿Y qué decir de la evaluación? Les pregunto qué les pasa a
ustedes con la evaluación. ¿Qué miedo tienen a que se evalúe la calidad
de la educación en España? ¿Acaso creen que van a suspender? Y ustedes
son los de la transparencia. ¿Por qué quieren impedir, además, que los
resultados sean públicos? ¿Acaso les preocupa que la ciudadanía vea que
unos colegios, sean públicos, concertados o privados, funcionan mejor que
otros? ¿Por qué no quieren que las familias sepan lo que se puede mejorar
de su propio centro? Repito, ¿qué les pasa a ustedes con la
transparencia? No deberían tener miedo, pues el miedo lo provoca el
desconocimiento, y aquí de eso no hay. Sabemos exactamente cuál es el
resultado de las leyes educativas de la izquierda. Quizá tienen miedo a
que las familias también lo sepan, que conozcan exactamente cuál va a ser
el resultado de su ley.

Nosotros, por el contrario, creemos que la única forma de
mejorar es medir y controlar el resultado de nuestras acciones. Es
necesario evaluar en todos los niveles: al alumnado en cada etapa, al
sistema de forma transparente y global, y a los centros con criterios
claros, objetivos y homogéneos. Evaluar, reevaluar y evaluar otra vez.
Sin evaluación no es posible saber dónde cometemos errores y, lo que es
peor, cómo corregirlos. Sin evaluación no es posible establecer planes de
mejora; sin evaluación tampoco estaremos cumpliendo con nuestras propias
funciones como Administración.

Ustedes siguen cuestionando la necesidad de realizar una prueba
de bachillerato. Podría ser que fueran los más listos y avanzados
teniendo en cuenta que 23 países de la Unión Europea tienen esta prueba.
Pero les aseguro que desde fuera no se ve así, sino como una falta de
control en las capacidades y competencias del alumnado. Esa prueba es una
forma de homologarse con Europa y hacer de nuestro sistema educativo una
fortaleza de España como país. ¿Pero de verdad es tan complicado entender
que un estudiante de Madrid, uno de Barcelona o uno de Ourense tienen que
cumplir los mismos requisitos y se tienen que esforzar lo mismo para
obtener el mismo título de bachillerato? ¿De verdad es tan complicado
entender que defendamos que haya una única prueba en todo el país?

Y atentos al alucinante artículo 143: «La conferencia sectorial
velará por que las evaluaciones se realicen con criterios de
homogeneidad». Renuncian a sus competencias. Cada uno puede hacer lo que
le venga en gana, atendiendo como mucho a un catálogo de sugerencias y
recomendaciones tan claras y precisas como a las que nos están
acostumbrando en este último año. Solo les falta decir que también aquí
se asesorarán con un comité de expertos de identidades dignas que deben
ser protegidas como secreto de Estado.

Nosotros defendemos las evaluaciones porque creemos en ellas, y
lo hacemos porque confiamos en la sociedad española, en su capacidad para
crear, para organizarse, para generar riqueza y para educar. Creemos en
las familias; creemos que son plenamente competentes para elegir dónde
educar a sus hijos y creemos que tienen el derecho a decidir. Creemos en
el profesorado. Creemos en la autonomía de los centros, en su capacidad
pedagógica, en su independencia ideológica y en su competencia
organizativa y económica. Estamos convencidos y seguros de que esa
autonomía redundará en calidad, pero creemos también que esta confianza
tiene que ser auditada; debe ser evaluada por el ministerio y tiene que
ser publicitada, porque las familias tienen derecho a saber el resultado
de su apuesta. Calidad y libertad van unidas de la mano. Ustedes se
conforman con la mediocridad y huyen de la libertad, y los españoles
quieren elegir libremente y en igualdad. Las familias quieren elegir
libremente entre educación pública, educación concertada, educación
diferenciada o educación especial, y nosotros vamos a estar ahí con
ellas, y por eso decimos alto y claro: No a su ley educativa.

No puedo dejar de referirme a la Inspección Educativa. Atónito
me deja su perverso intento de controlarla. Si no fuese tan grave, hasta
pensaría que se trata de una errata de transcripción. Hablamos del cuerpo
que vela por la calidad educativa, que garantiza la equidad y que actúa
como nexo de unión entre los centros y la Administración. Por eso nos
parece terrible su pretensión de sustituir la prueba de acceso a este
cuerpo por una valoración en el acceso de la función inspectora, cuestión
que abre la puerta a la arbitrariedad y al enchufismo, y lo que es peor,
a convertir el cuerpo de inspectores en un instrumento al servicio de
intereses políticos, los de siempre, los suyos, y esto no lo decimos solo
nosotros, lo dice también el propio cuerpo de inspectores. Nosotros
defendemos la Alta Inspección y la Inspección Educativa, pero una
inspección libre, formada, con competencias claras, que vele por el
cumplimiento de la ley y con único objetivo: una educación de calidad que
evite el sectarismo y la segregación.

Por el contrario, ustedes optan por una inspección a la carta, a
la medida de sus intereses, sin proponer medida alguna que contribuya a
recortar las competencias de la Alta Inspección y su capacidad
sancionadora ante el incumplimiento por parte de las administraciones
educativas y los centros de las normas establecidas por la ley orgánica.
Por ello, nuestras enmiendas van dirigidas a la creación del cuerpo de
Alta Inspección Educativa con la finalidad de fortalecer la
imprescindible tarea de mantener un sistema educativo cohesionado y de
garantizar la igualdad de derechos y deberes del alumnado y profesorado;
la ampliación de las competencias de la Alta Inspección para comprobar
que los currículos, así como los libros de texto y demás material
didáctico se adecuan a las enseñanzas comunes, y que las enseñanzas se
imparten con observancia de lo dispuesto en el ordenamiento estatal, que
vele por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos y deberes en materia de educación, de sus derechos lingüísticos
y en particular de recibir la enseñanza en la lengua oficial del
Estado.

En definitiva, señorías, nuestras propuestas pasan por la
defensa a ultranza de la libertad, del derecho a la elección, del derecho
a la decisión de las familias, del apoyo unánime a su competencia y su
interés en implicarse y comprometerse con la educación de sus hijos.
Creemos en la necesidad de controlar y evaluar los resultados de nuestros
proyectos y planes, siempre con espíritu de mejora. Confiamos en la
capacidad de los equipos directivos y en las competencias del
profesorado. Apostamos por un cuerpo independiente y profesionalizado de
inspectores especializados en educación que garantice la igualdad y la
homogeneidad de la educación que se imparte, que vele por el cumplimiento
de los derechos del alumnado, empezando por el de recibir una educación
de calidad homologable entre regiones y países de la Unión Europea.
Apostamos, en definitiva, por un sistema educativo; no político, como
ustedes.

Ustedes nos proponen un modelo político tomando decisiones por
las familias, privando a la ciudadanía de conocer los resultados de la
educación de sus hijos y proponiendo la eliminación de todo tipo de
controles que pongan de relieve el resultado de sus acciones. Frente a la
imposición, libertad; frente a la intervención, evaluación; frente a la
oscuridad, transparencia; frente a la aniquilación de derechos, blindaje
de su garantía. Que otros juzguen quiénes son realmente los progresistas,
los transparentes, los que rinden cuentas y los que luchan, sobre todo y
ante todo, por la libertad. Y les dejo solo una pregunta: Imagínense que
los letrados de esta Cámara también accediesen al cuerpo por una
valoración. ¿Qué estaríamos diciendo en este momento? Eso es lo que
ustedes están haciendo con la Ley de educación, el control sobre el
propio sistema educativo. ¡No, no y no! (Rumores.— Aplausos.—
Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Se abre un turno en contra.

¿Alguna señoría desea intervenir? (Denegaciones).

Vamos, pues, a las intervenciones de los portavoces, por tiempo
de cinco minutos.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.

¿Señor Catalán? (Denegaciones). No interviene.

¿Señor Marín? (Denegaciones). Tampoco interviene.

¿Señor Chinea? (Denegaciones). Tampoco interviene.

Tiene la palabra el señor Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente.

Una de las cuestiones que durante el debate que estamos teniendo
aquí, en esta comisión, todavía creo que no ha aflorado es el tema de la
financiación. Pretendemos cambiar con esta ley muchísimas cuestiones,
hacer obligatorias determinadas etapas, si hablamos de la FP, cambiar de
cuerpo a los profesores técnicos, pero no estamos hablando de cómo vamos
a desarrollar económicamente todas estas medidas. Si la Administración
educativa competente, como se dice, van a ser las comunidades autónomas,
¿piensa el Gobierno estatal dotar o apoyar económicamente a las
comunidades autónomas para que desarrollen esta ley, o se van a comer el
marrón de la ley sin escucharlas y, además, financiándola ellas con sus
propios medios, lo que va a suponer de incremento en el gasto
educativo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Castellví, ¿va a
intervenir? (Denegaciones). Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el señor
Fernández Rubiño tampoco va a intervenir.

¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos va a intervenir?
(Denegaciones).

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tampoco
interviene.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu tampoco interviene.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Voy a hablar en nombre de los nueve compañeros que constituimos
el Grupo Popular en la Comisión de Educación para hacer una petición,
señor presidente, que se la remito a usted y, si en algo me equivoco, le
ruego al señor presidente que me corrija a instancias del señor letrado.
Yo les ruego un receso para poder sentarnos a hablar en otra sala
independiente, para sentarnos a hablar todos los grupos políticos para
poder incorporar a la LOMLOE —fíjense, no les hablo de nuestra
propia transaccional— la enmienda que habla de incorporar la Ética
a cuarto de la ESO. Yo les pido, por favor, que reflexionen. Solo les
estamos pidiendo incorporar una asignatura al conjunto de las asignaturas
de obligada impartición y, por tanto, obligatorias con respecto a la
LOMLOE. Creo que es un ejercicio democrático necesario que nos sentemos
los portavoces, solo los portavoces de los grupos parlamentarios, para
llegar a este acuerdo.

Como anteriormente afirmé, estamos hablando de cuestiones
absolutamente inocuas que, como bien ha comentado el señor De la Vega,
vendrían a especificar de una manera mucho más clara eso que queda desde
mi punto de vista de forma ambigua incorporado en los propios currículums
que la propia ley establece y quedaría manifiestamente claro si se
incorpora al capítulo 25 de la ley con respecto a la asignatura de Ética
en cuarto de la ESO. Yo creo que es una propuesta que nace del respeto
propio que sentimos por la democracia y que requiere el acuerdo de
todos.

Dicho esto, junto con esta afirmación, son 640 las enmiendas que
hemos planteado, repito, 640 enmiendas. De nuestro grupo político hay 20
enmiendas nuevas, señor De la Vega, con respecto a las que llegaron
planteadas por nuestro grupo en el Congreso de los Diputados. Yo le pido,
por favor, que lleguemos a algún acuerdo con alguna de ellas. Somos
conscientes de que el partido del Gobierno son ustedes, de que esto
depende directamente de su formación política y de las formaciones que lo
sustentan. Le pido, como portavoz de Educación y como senador elegido por
la provincia de Alicante, que nos sentemos a hablar de la incorporación
de cualquiera de las 20 nuevas enmiendas, que seguro usted entiende, que
el Partido Popular puede incorporar para mejorar la propia ley.

Y concluyo. Me vuelvo a dirigir a las señoras de ERC y de PNV.
No podemos tener miedo a la democracia. Esta institución es garante de la
democracia que todos nos dimos en el año 1978. No les estamos pidiendo
que voten en contra de la ley, ni les estamos pidiendo que la ley quede
paralizada, solo les pedimos poder enmendar aspectos inocuos, positivos,
relacionados con la calidad educativa, que entendemos que son necesarios.
Se lo pedimos como grupo mayoritario de la oposición, como representantes
de muchas provincias de España y, por supuesto, como senadores que
formamos parte, de forma democrática, de esta Cámara, que, junto con el
Congreso de los Diputados, constituye las Cortes Generales.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Proseguimos el trámite parlamentario de discusión de la
ley.

Tiene la palabra, la senadora Santana, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Este cuarto bloque está destinado a los centros docentes, a la
participación, a la autonomía, al gobierno de los centros, a la
evaluación del sistema educativo, a la inspección educativa y a los
recursos económicos, apasionantes aspectos de la nueva ley de educación.
Intentaré ir brevemente por ello.

Centros docentes. Comienzo con un dato que ya dio mi compañero
portavoz. En la década pasada, con el gobierno popular, la reducción en
la inversión por estudiante en la enseñanza concertada fue del 1,5 %, en
la pública del 13,8 %. Es obvio que las derechas trinen cuando
pretendemos que los centros públicos y privados-concertados mantengan un
equilibrio. La LOMLOE recoge, en su articulado, la distribución del
alumnado de forma heterogénea, que no haya segregación escolar para
conseguir una cohesión social. Sé que a la derecha no le gusta, es uno de
sus mantras. La ley del embudo, lo ancho para los elegidos, lo estrecho
para los desfavorecidos. Modificar los criterios de admisión para dar
prioridad a la cercanía del centro les duele. Centros concertados, donde
llega prácticamente todo el alumnado en transporte escolar, con cuotas
voluntarias —y conocemos esa voluntariedad—, con uniforme con
sus escudos y materiales inaccesibles para el alumnado, cuya familia
tiene dificultades para llegar a fin de mes, ahora, con esta ley, tienen
que admitir a alumnado con domicilios cercanos, que no pagarán
absolutamente nada porque la enseñanza obligatoria es gratuita, y aceptar
esa libertad de la familia para que sus hijos vayan al centro que
quieran; esa es la libertad socialista. Hablamos de que la familia elija
al centro y no de que el centro elija a la familia. (Aplausos). Toda
comunidad autónoma, en comisiones únicas de escolarización, garantizará
el reparto equitativo del alumnado entre centros públicos y
privados-concertados. También garantizará a cada comunidad autónoma la
existencia de plazas públicas en las nuevas zonas de nueva población. Ya
sé que tampoco les gusta, están acostumbrados a que sus amigos les cedan
suelos para hacer negocios con la enseñanza. Les aseguro que la LOMLOE no
acaba con la enseñanza concertada, seguirá existiendo sin duda, pero con
unos parámetros de control iguales a los de los centros públicos. Muchas
enmiendas de la derecha piden que nada cambie al respecto para seguir
manteniendo sus privilegios.

Con respecto a la participación, autonomía y gobierno de los
centros, aspectos entrelazados y que, unidos entre sí, nos llevan a una
eficacia en la gestión de los centros públicos y concertados. La LOMLOE
da a los centros educativos mayor autonomía para completar el currículum,
para poder impartir sus áreas agrupadas por ámbitos o por materia, un
nuevo currículo más competencial, alejado de contenidos
sobredimensionados. Autonomía significa capacidad de decisión y de
adaptación a las características del alumnado de cada centro y de su
entorno; a mayor autonomía, a más libertad, es necesario aumentar la
rendición de cuentas, en primer lugar, a su consejo escolar, a su
claustro, pero también a la sociedad, mediante la evaluación interna y
externa, una evaluación formativa que haga a cada centro mejorar en
aquellos aspectos deficitarios. Un pilar fundamental de la organización
de los centros es contar en cada uno de ellos con un buen equipo
directivo, liderados por una dirección con liderazgo pedagógico y con una
muy buena formación. He leído algunas enmiendas que ha presentado el
Partido Popular, donde se inventan los criterios para elegir a
directores, que dicen que deben tener el grado de director. ¿Pero dónde
han leído ustedes eso, lo del grado de director? ¿Es que tienen todavía
añoranza de leyes franquistas, donde estaba el Cuerpo de Directores?
(Aplausos).

Comunidad educativa y la Administración son las que tienen que
estar unidas. También vuelvo a destacar que vuelva a los consejos
escolares la función de decidir, arrebatada por la LOMCE, y en la que
inciden algunas enmiendas presentadas. Un aspecto de la LOMLOE que puede
pasar desapercibido, pero sobre el que en mi papel como inspectora ya
trabajaba yo en los centros de mi zona, es el compromiso entre un centro
educativo y la Administración sobre la base de proyectos con objetivos a
conseguir, evaluables por la Administración educativa de forma externa e
interna por la propia comunidad educativa y, sobre la base de ello,
acceder a recursos humanos y materiales diferenciados y ser el referente
de innovación educativa. Ese compromiso aparece, por primera vez, en la
Ley de educación.

La evaluación de los centros. En la LOMLOE rechazamos los
rankings públicos, muy del gusto de las derechas. Ni que fueran lo mismo
los resultados de un colegio donde se ha seleccionado al alumnado y que,
además, tiene unos recursos socioeconómicos muy diferenciados, de otros
situados en zonas complicadas y vulnerables, sabiendo, como conocemos por
todos los estudios internacionales, lo que influye en los rendimientos la
situación socioeconómica de partida. Queremos esa compensación de
recursos allí donde haga falta, y le hace falta a la escuela pública. La
evaluación de los centros llevará indicadores de evaluación que nos
informen de la consecución de los principios de equidad, de calidad y de
inclusión, así como las adaptaciones necesarias para la evaluación del
alumnado con necesidades educativas especiales. Por tanto, evaluación
para la mejora será el principio general.

Pero miren, me voy a parar un poquito en lo de la inspección. Yo
soy inspectora educativa y accedí al Cuerpo de Inspectores con el número
uno de mi oposición, después de memorizar cien temas de memoria que
apenas me han servido para nada. ¿Acaso soy mejor inspectora que el
tercio de los inspectores que han entrado con una valoración de una
memoria porque llevaban tres años con valoración positiva? Son excelentes
inspectores, igual que los que hemos entrado con una prueba, o mejores,
porque tienen la experiencia pedagógica de haber sido, durante cuatro
periodos de cuatro años cada uno, evaluados positivamente. (Aplausos).
Entraron con una valoración de la Memoria y, una vez aprobada, era cuando
se les tenían en cuenta sus méritos. Los que provienen de haber sido
directores y directoras de centros educativos son excelentes inspectores
educativos. Hablan de la profesionalidad y de la independencia. Por
primera vez se recoge en esta ley que se va a tener en cuenta la
profesionalidad y la independencia. ¿Dónde dice que no va a haber
oposición? Los principios de igualdad, publicidad y mérito, ¿quién los va
a conculcar? Va a haber un concurso-oposición para entrar a la
inspección, con distintos modelos, ya veremos cómo cuando se regule
—exámenes, tests, pruebas, valoraciones, de memoria…—,
pero, en cualquier caso, serán evaluados de forma objetiva, evaluable y
eligiendo a los mejores docentes que se presenten a las oposiciones para
que tengan el digno cargo de ser inspectores educativos. Mérito, igualdad
y capacidad, siempre ha sido así y va a seguir siéndolo. Es un mantra y
es una mentira que estén diciendo que se va a acceder a la inspección
educativa… Bueno, y la señora de Ciudadanos dice que vamos a
contratar inspectores. ¿Pero dónde ha leído usted eso? ¿Dónde ha leído
usted que vamos a contratar inspectores? Mire, hasta los inspectores
accidentales, hoy en día, salen de la lista de la gente que se ha
presentado a oposiciones y no aprobaron; se va tirando de esa bolsa de
inspectores. Lo que pasa es que el Partido Popular está acostumbrado
—cree el ladrón que todos son de su misma condición— a meter
de la mano a quienes les cuadraba.

Miren, yo fui directora de la Alta Inspección durante cuatro
años en Canarias. Ahora hablan el PP, Coalición Canaria y el compañero
Chinea de un cuerpo específico de la Alta Inspección. Vamos a dejar las
cosas claras. A la Alta Inspección se accede por una convocatoria que
hace la Administración pública y tienes que tener el requisito A1, igual
que para ser subdelegado del Gobierno, igual que para ser del área que se
llamaba Fomento, de Transportes, de Industria, de cualquier área, y
depende de la Delegación del Gobierno. Siempre que en Canarias —y
pongo el ejemplo de Canarias porque yo fui directora de la Alta
Inspección en Canarias— ha gobernado el Partido Popular o ha
gobernado Coalición Canaria, estos que están pidiendo ahora un cuerpo
específico para la Alta Inspección, nunca han puesto un inspector, nunca.
Siempre que hemos sido inspectores de la Alta Inspección ha sido porque
estaba gobernando el Partido Socialista. (Aplausos). Creemos que tenemos
un perfil adecuado para ser Alta Inspección, pero no un cuerpo; no es un
cargo técnico, es un cargo institucional. Entonces, vamos a hacer un
concurso-oposición para ser subdelegado del Gobierno, o para ser director
del área de transportes, o para ser director del área de… ¿Pero de
qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? (Aplausos).

Termino ya con el tema de los recursos económicos. Es obvio que
la ley necesita recursos económicos. Estamos alejados de la media de
Europa para tener un porcentaje del PIB. Canarias y muchísimas
comunidades se están comprometiendo a que el 5 % del PIB esté dedicado a
educación. Ya el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus
competencias —porque todos sabemos que las competencias están
transferidas—, tiene un 70 % más en su proyecto de presupuesto para
la educación, pero será cada comunidad autónoma la que se tendrá que
mojar también y poner al menos el 5 % del PIB en todas las medidas
educativas. Y termino con una frase de Gabilondo, que siempre me ha
encantado: «La mejor política económica es invertir en educación».

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Santana.

Nos adentramos ya en el quinto bloque de apartados, que engloba
las disposiciones adicionales de la primera a la decimoquinta, las
disposiciones adicionales de la decimosexta a la trigésimo novena, de las
disposiciones adicionales de la cuadragésima a la quincuagésima primera,
las disposiciones transitorias y finales, las disposiciones adicionales
de la LOMLOE, las disposiciones transitorias de la LOMLOE, las
disposiciones finales de la LOMLOE y la exposición de motivos.

En el turno de defensa de las enmiendas, tienen, en primer
lugar, la palabra los señores senadores y senadoras del Grupo
Parlamentario Mixto.

Empezamos por el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Después de escuchar la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista, voy a pedir a la Mesa y a su presidente un receso,
fundamentalmente porque algunas de las cuestiones que ha dicho las
comparto. Por lo tanto, vamos a hacer una enmienda que se pueda
incorporar al texto para que, en la Alta Inspección, los inspectores sean
valorados convenientemente. Por lo tanto, señor presidente, si me lo
permite, pido ese receso para hacer esa enmienda que ha planteado la
propia portavoz del Grupo Socialista. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: No se lo voy a conceder porque esto se
puede hacer sin ningún receso.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muy bien.

Yo propongo y firmaré de forma muy gustosa en nombre del Grupo
Mixto esa propuesta que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

De todos es conocido que los tres principios fundamentales del
independentismo, a la hora de la consecución de sus objetivos
secesionistas, son los símbolos, la lengua y el territorio.






Para
imponerlos es imprescindible el adoctrinamiento, la imposición y el
sectarismo. La indignación surge, señorías, cuando, consecuencia del
mercadeo político, se hacen concesiones por el Gobierno de España, más
aún, en materia de educación. ¿Que políticamente interesa al
independentismo anular el castellano como lengua vehicular en los centros
escolares? El Gobierno lo asume. ¿Que para la consecución de sus
objetivos secesionistas precisan de la inmersión lingüística en una de
las dos lenguas de su comunidad y que no sea el castellano? El Gobierno
lo asume. ¿Que se pisotean los derechos lingüísticos de los
castellanoparlantes? El Gobierno lo asume. Gracias a la inacción y
dejación del Gobierno, lo que era el derecho de los españoles a ser
educados en su lengua materna, al menos en un 25 %, ha pasado a ser una
obligación, aprender una de las dos lenguas de su comunidad y que no sea
el castellano. Si un español, en su propio país, no puede ser educado en
la lengua oficial del mismo, algo falla, algo está pervertido.

El Gobierno no puede utilizar la educación para facilitar la
consecución de los objetivos secesionistas. Ante sentencias judiciales,
como la que hemos conocido en el día de hoy y a la que yo me he referido
en mi primera intervención, el Gobierno no puede mirar para otro lado.
Las sentencias amparan los derechos de los escolares y también de sus
familias, y el ministerio debe actuar y cumplir la ley.

Por otro lado, las administraciones educativas también deben
tener herramientas legales suficientes para poder actuar ante los
incumplimientos de editoriales y de algunos centros educativos. Es
inadmisible que se utilicen libros de texto que vulneran la legalidad. El
adoctrinamiento y la manipulación son incompatibles con la educación y es
inadmisible que, además, se financien con fondos públicos. Desde nuestro
punto de vista es un escándalo y una vergüenza.

Por otro lado, como hacíamos referencia al tema de la inspección
y a esa propuesta que hacía la portavoz del Partido Socialista, a la que
yo gustosamente me sumo, en relación con la misma, la fase de oposición
para cubrir las plazas no puede consistir en una valoración totalmente
subjetiva. Se corre un gran riesgo, y va a depender de las autoridades de
las comunidades autónomas. Señorías, hay de todo, en este momento se está
incumpliendo la legalidad en muchas materias educativas. Por lo tanto,
hay que poner freno a esta situación. No pueden nombrarse inspectores
educativos al capricho del político de turno y a dedo en muchas
ocasiones; la justificación, la que tenga que ser. ¿Por qué lo hace así
el Partido Socialista? Hagamos ese receso y planteemos esa enmienda. La
objetividad en este tipo de puestos, la capacidad, el conocimiento y el
rigor son fundamentales e imprescindibles. En educación no puede haber
comisarios políticos.

Por otro lado, en cuanto al aprendizaje de las lenguas
extranjeras, nosotros hemos planteado una enmienda para que, para el
mismo, pueda contarse con docentes formados y que se permitan a las
comunidades autónomas medios para que así sea. La educación de lenguas
extranjeras tiene que llegar a todos los alumnos, independientemente del
lugar de residencia, del poder adquisitivo de sus familias y de su propio
origen.

Finalmente, hemos presentado una enmienda transaccional firmada
por diferentes grupos para hacer un reconocimiento a la labor docente.
Nos parece que es justo, lo han demostrado los docentes y los centros
educativos a lo largo de esta pandemia, se han portado de una manera
excepcional con gran esfuerzo y con gran trabajo por su parte, de ahí el
reconocimiento de Unión del Pueblo Navarro a todos ellos. Pero también
queremos que se haga un reconocimiento público, a través de la
concienciación y la sensibilización de la sociedad española en su
conjunto, de la labor de docencia que realizan: están formando a las
nuevas generaciones que tendrán que dirigir este país, que tendrán que
progresar, y aprovechar y disfrutar de este Estado de derecho y este
sistema democrático, que nos ha permitido avanzar como nunca se había
conocido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Chinea, tiene la palabra.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

En este bloque, mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, se
suma a las peticiones que se han impulsado desde diferentes sectores para
la supresión de la disposición adicional cuarta para proteger a uno de
los colectivos más vulnerables de la sociedad: les hablo de las personas
con discapacidad intelectual. Estos colectivos entienden que esta
disposición pone en grave peligro a los centros de educación especial ya
que permite que se vayan vaciando poco a poco y que terminen
transformándose en centros de recursos sin apenas alumnos.

En cuanto a los planes de contingencia, un paso muy importante
introducido durante la tramitación de la ley en el Congreso de los
Diputados, fundamental, ha sido que se establezca un plazo urgente para
evitar que no se demore su elaboración ante la posibilidad de que se
repitan escenarios similares a los que hemos vivido durante la pandemia
del coronavirus. Un plan en el que entendemos que deben participar todos
los miembros de la comunidad educativa.

Por último, proponemos una disposición adicional nueva que
contemple las materias educativas incluidas en el régimen económico y
fiscal y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, entre las que se
encuentra la elaboración de un programa especial de formación profesional
para el empleo de sectores de servicios avanzados; o un programa
específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no
encuentran en su isla de residencia la oferta educativa que demanden; o
la adecuada provisión de plazas de formación profesional reglada,
formación profesional para el empleo y formación profesional dual a los
estudiantes canarios; o la especial atención a la formación
técnico-profesional en el sector turístico, un sector que es motor
económico de mi tierra, de Canarias. Por tanto, creemos fundamental que
el Estado se comprometa, a través de esta ley, a colaborar con la
Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un plan específico de
formación profesional en el que se impartan las enseñanzas relacionadas
con las diferentes profesiones del sector más importante del sistema
productivo canario.

En estos momentos de incertidumbre es importante que las futuras
generaciones cuenten con todas las herramientas que les permitan tener
acceso a una educación de calidad en los sectores estratégicos como lo es
el turismo en Canarias.

Termino, señorías, como empecé mi primera intervención: no
permitamos que esto vuelva a ocurrir, no seamos cómplices de
tramitaciones exprés que merman la capacidad y el papel que corresponde
al Senado. Tengamos respeto al Senado. Si queremos sentirnos orgullosos y
orgullosas del Senado y queremos ser dignos y dignas representantes de
esta Cámara, esto no puede volver a ocurrir. Dos leyes tan importantes
como la de presupuestos y la de educación no pueden venir a esta Cámara
con el único propósito de que no se toque ni una sola coma del texto
aprobado por el Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Algún otro senador quiere tomar la palabra?

Señor Marín Gascón, tiene la palabra.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

En este quinto bloque proponemos lo siguiente En primer lugar,
se propone la modificación del apartado 78 porque es una proposición
lógica y coherente con la propuesta de mantener la enseñanza de Religión
en el currículo de educación infantil y educación primaria. Además, tal y
como se ha venido denunciando, la derogación del apartado tercero de la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación infringe el
acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos
culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.

En segundo lugar, se añade un apartado nuevo, cuyo objeto es la
modificación de la disposición adicional tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de eliminar las
discriminaciones laborales del profesorado de Religión en comparación con
el resto del profesorado. Asimismo, con esta modificación se pretende
dotar de estabilidad laboral y seguridad al profesorado de Religión.

En tercer lugar, se propone la supresión del apartado 83 del
artículo único. Los centros de educación diferenciada deben tratarse
igual que los demás centros docentes y cumplir con el sistema de
coeducación. Por ello, la redacción del proyecto de ley puede
considerarse discriminatoria, además de ir en contra de lo establecido en
la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018, del 10 de abril, que se
refiere específicamente a la educación diferenciada. Del mismo modo, los
centros de educación diferenciada tienen el mismo derecho que el resto de
los centros docentes a obtener la financiación pública en condiciones de
igualdad.

Por último, en cuarto lugar, se modifica la exposición de
motivos del proyecto de ley a fin de adecuarlo a los principios que
inspiran el sentido de las enmiendas a los artículos propuestos por Vox y
expuestos a lo largo de este escrito de enmiendas. Siendo así, la
modificación de la exposición de motivos es necesaria y consecuente con
la congruencia que debe existir entre la misma y el contenido del
articulado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Fernández Viadero, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.

En este último bloque lo que pretendemos es, como he dicho desde
el principio, mejorar el texto y aclarar algunas cuestiones, como es el
tema que he escuchado antes de que no va a haber ningún tipo de
alternativa a la Religión. Nosotros consideramos que sí tiene que haber
algún tipo de alternativa. ¿O los niños que no cojan Religión, van a
estar 29 horas en secundaria y 24 en primaria? ¿Se van a ir a casa cuando
haya esta asignatura? Debería haber una alternativa aunque no sea
evaluable.

Insisto, la inspección tiene que ser un cuerpo técnico, tiene
que haber pruebas objetivas para acceder al mismo.

Nosotros pretendemos que se mantenga, tal y como ustedes lo
llevaron al Congreso, que el castellano y las lenguas cooficiales tienen
la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la normativa
aplicable. Esto lo llevó el anteproyecto de ley, lo presentó el Partido
Socialista; no entendemos por qué lo han cambiado, bueno, sí lo
entendemos, pero no lo compartimos. Además hay que tener en cuenta que es
una suerte que haya comunidades que tengan lengua propia, porque esto
alimenta y beneficia el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los
alumnos. No vemos como una enemistad que tengan una u otra lengua, vemos
como una fortuna que puedan estudiar tanto el castellano como el catalán,
el gallego, el euskera, etcétera y además otra lengua extranjera. En
definitiva, creemos que es un privilegio que hay que mimar, alabar y
cuidar.

Tenemos que garantizar también que la extensión de la educación
infantil asegure el acceso tanto a los centros públicos como centros
concertados o centros ya existentes, sería un error que no fuera
así.

Mejoramos la disposición adicional cuarta en la redacción para
que quede claro que se apoyará a los centros ordinarios para que sean más
inclusivos y que se garantizará que la educación especial seguirá
existiendo, teniendo el papel de acoger a aquellos niños que por sus
circunstancias lo necesiten, así como darles esa nueva asignación de
centros de referencia y apoyo a centros ordinarios.

Apostamos por una disposición adicional nueva que contemple las
reducciones de ratio, que, como he comentado antes, es muy importante
para el mantenimiento de muchos centros educativos, sobre todo también en
el ámbito rural.

Insistimos en que el texto debería contemplar el nombre del
ministerio tal y como está. No entendemos en un texto de esta importancia
que siga poniendo lo que actualmente no se llama el ministerio.

Acabo con el tema de la FP. Nosotros apostamos por que haya un
único cuerpo de FP, que todos sean de profesores de secundaria, y se les
mejore sus complementos salariales, pero no compartimos, ni muchísimo
menos, que para ser un profesor técnico de una especialidad —de
cocina o mecánico, etcétera—, no puedan seguir desarrollando esa
actividad los profesores titulados de grado superior en formación
profesional y además se les obligue también a tener un título
universitario. ¿Ustedes saben lo que va a pasar en las comunidades con
estos cuerpos docentes, lo que va a pasar con la gente que ahora es
interina? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a pasar con aquellos que están
preparando oposiciones en las comunidades y son titulados de grado
superior y no se van a poder presentar según esta ley?

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Por tanto, creemos que nuestra
enmienda mejora muchísimo este tema.

Hagamos de la formación profesional algo práctico y no, como
ustedes pretenden, algo cada vez más teórico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Castellví, para defender las
enmiendas presentadas por su grupo.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: En nuestras enmiendas, en este quinto
bloque, está otra línea roja para Junts per Catalunya y es el catalán.
Vale la pena que se tenga en cuenta esta ancha gama de interpretaciones
que se pueden hacer a la hora de leer el texto.

Nosotros hemos hecho la enmienda 114 para determinar, porque
aquí lo dejan muy en general, qué administración educativa es la última
responsable de garantizar el aprendizaje en castellano y en la lengua
cooficial que corresponda en su caso. Nosotros pedimos que se acote
mucho, que sea la administración educativa de cada comunidad autónoma la
que garantice, no la administración educativa en general que da un amplio
margen para que haya coladeros. Garantizar que la lengua vehicular sea la
cooficial. Esto, en esta enmienda.

La enmienda número 115 es para mejorar el texto. También falta
concretar. Aquí se piensan ustedes que solo hay una lengua cooficial en
los territorios, y en Cataluña tenemos dos. Por lo tanto, nuestra
justificación es asegurar la enseñanza en los territorios en los que hay
más de una lengua cooficial, e insisto, en Cataluña hay dos, el catalán y
el aranés.

La enmienda 116 es para determinar la administración educativa
o, una vez más, que sean las comunidades autónomas las últimas
responsables de garantizar el aprendizaje en castellano y en la lengua
cooficial que corresponda en su caso, o lenguas oficiales. Por lo tanto,
nosotros blindamos el catalán, blindamos la inmersión lingüística con
estas palabras, estas frases que solo pedimos que se incorporen: blindar
la inmersión lingüística, que tan bien funciona en Cataluña. Nosotros
consideramos que este texto no lo blinda totalmente porque otros partidos
lo interpretan de otra manera y dicen lo contrario. Nos tenemos que
respetar. Por lo tanto, esto demuestra que este texto es tan ancho que da
lugar a tantas interpretaciones, unos lo interpretan de una manera y
nosotros de otra, y no coincidimos en nada, pero en nada.

El señor PRESIDENTE: Gracias

El señor Fernández Rubiño tiene la palabra para defender las
enmiendas presentadas por su grupo.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quería hacer referencia a la cuestión del cuerpo
de inspección. Me ha sorprendido un poco cómo ha derivado en el debate.
No es una cuestión de si unos inspectores por un procedimiento u otro son
mejores o peores. Aquí lo que se está poniendo en cuestión, lo que se
está llevando a la palestra es defender su imparcialidad y su
independencia. Yo creo que eso se garantiza aquí y en cualquier otra
cuestión con unas oposiciones públicas, que es lo que permite que no haya
duda ninguna sobre la posible intromisión o la posible interferencia de
un partido de turno, de un consejero de turno o de cualquier político,
sea del color que sea. Las oposiciones públicas, en cualquier cuestión
que tenga que ver con la Función Pública, creo que lo que aportan es
precisamente una garantía de imparcialidad y de independencia, que en el
caso de la Inspección educativa es totalmente esencial. Hemos vivido, y
seguro que aquí tenemos todos ejemplos probablemente contradictorios que
afectan a partidos diferentes, cómo las inspecciones se han utilizado en
ocasiones como el brazo ejecutor de determinados gobiernos y al servicio
de determinadas consejerías de Educación para determinados fines. Eso es
lo que no se puede poner en cuestión, que ahora se quite o se abra la
puerta a un sistema de elección de la inspección que no pase por una
oposición, sino que pase por una evaluación, que es algo completamente
ambiguo y que no deja claro que va a haber una prueba específica de
oposiciones, como las que claramente esos criterios de independencia e
imparcialidad requieren.

En segundo lugar quiero hacer referencia al tema de las cuotas
obligatorias ilegales. Nosotros hemos incluido una enmienda en una
disposición para asegurar la transparencia en el cobro de cuotas y en la
oferta de actividades complementarias extraescolares y de servicios
escolares, que es una puerta por la que muchos colegios han realizado
estos cobros de cuotas. No lo digo yo, lo dice un informe de una entidad
como CICAE, que se ha dedicado a hacer algo que podían haber hecho las
administraciones en muchas comunidades autónomas: informarse sobre cuál
es la situación real del cobro de estas cuotas. Lo que se han encontrado
es que solamente el 45 % de los 336 colegios que han visitado aporta
algún tipo de documentación que indique los precios de las supuestas
actividades complementarias —que ya veremos luego si son
obligatorias o son voluntarias, porque en muchos casos no lo son—,
y tan solo el 22 % de los colegios muestra los precios y los conceptos
por horario por lo que cobran estas cuotas supuestamente voluntarias y
que en muchas ocasiones acaban siendo obligatorias. Este es un listado de
todos los colegios que directamente se han negado a entregar ningún tipo
de hoja de precios, precisamente para no facilitar esa transparencia y
para poder seguir haciendo esos cobros de una manera informal.

Por último, cabe señalar claramente al respecto de esta cuestión
que los cobros son muy concretos. Tenemos aquí un listado de colegios.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el colegio
Casvi, 209 euros: Las Tablas Valverde, 200 euros; Humánitas Torrejón 194
euros; Humánitas Tres Cantos, 194,65 euros; Greenwich, 189 euros;
Arenales Arroyomolinos, 184 euros; María Teresa 184 euros; y podríamos
seguir así con la lista de todos los colegios, por ejemplo, en la
Comunidad de Madrid, pero no es la única. En el informe, si tienen
oportunidad de verlo, pueden acceder a cuáles son esos colegios. Son
cuotas que están cobrando a día de hoy, en 2020, esos colegios, a la
vista de todo el mundo, y sin que se haya hecho nada para regular los
cobros de esas cuotas obligatorias, que son totalmente discriminatorias,
que acaban con la igualdad de oportunidades y que además en muchas
ocasiones aluden a conceptos que son discriminatorios, porque si lo que
te están cobrando es el servicio de enfermería supuestamente, ¿qué pasa,
que un niño no tiene derecho a la enfermería por el hecho de que sus
padres no quieran pagar una determinada cuota, cuando está yendo a un
colegio que está sostenido con fondos públicos y que forma parte de la
red pública, como ustedes mismos afirman? Evidentemente, esto no se puede
tolerar. De lo que se trata es de conseguir los instrumentos jurídicos
más adecuados para que las administraciones tengan toda la información y
puedan intervenir en todos aquellos casos en los que se detecten estas
prácticas, que no pueden ser toleradas en la red pública bajo ningún
concepto. En esa dirección va nuestra enmienda. Nos hubiera gustado que
se aceptara, porque creemos que aporta mayores herramientas para, como
digo, hacer frente a esta situación, aunque reconocemos y sabemos que la
ley camina también en esa dirección y es algo que valoramos.

Por último, queremos señalar que a nosotros nos hubiera gustado
que la ley reflejara el compromiso de alcanzar el 5,5 % de inversión del
producto interior bruto en la próxima legislatura y así avanzar en la
equiparación progresiva con la medida de los países de la Unión Europea.
Es verdad que la LOMLOE plantea alcanzar el 5 % en doce años desde su
aprobación. Nosotros creemos que son unos plazos demasiado amplios y que
se podría llegar un poco más lejos y ser un poco más ambiciosos. Venimos
de una época realmente tremenda en la que, gracias a los señores del
Partido Popular y a los presupuestos del señor Montoro, ha llegado a
hundirse hasta un 3,8 % del PIB, pero tenemos que ser ambiciosos y tener
un plan que recupere la inversión en educación como una de las garantías
básicas de futuro para nuestro país, de inversión en mejora a todos los
niveles y que la educación sea realmente el centro de la construcción del
futuro de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene
la palabra la senadora Ponce Gallardo.

La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, entramos en el último bloque y no saben la frustración
que produce saber que estamos defendiendo algo, que estamos debatiendo
algo que nos ha costado tantísimas horas de trabajo a todos los aquí
presentes y a los técnicos de esta casa, que, aunque no estén aquí,
también han dedicado muchísimas horas, y que ustedes, con toda
probabilidad, ni siquiera se han leído las enmiendas, ni están haciendo
absolutamente nada por favorecer y por respetar el trabajo de los que
estamos aquí. (El señor Ruz Villanueva golpea repetidamente su mesa con
la palma de la mano).

Ustedes vienen con la cartilla leída, y su cartilla de hoy era
que no se cambie ni una sola coma, ni un solo punto, absolutamente nada.
Pero ese rodillo que nos están pasando, también se lo están pasando sus
compañeros a ustedes porque tampoco están pudiendo aportar absolutamente
nada a esta ley; absolutamente nada. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano). Es una pena que los senadores del Grupo Socialista, la
senadora del PNV y los senadores de otro grupo político ni tan siquiera
intenten mejorar esta ley. Es que no se han planteado ustedes ni tan
siquiera la posibilidad de hacer el mínimo esfuerzo, simplemente vienen a
votar, a presionar el botón, y, sinceramente, no es el sentido de esta
Cámara, y les está retratando bastante.

Ustedes han prometido o jurado su cargo ante la Constitución
española, todos los aquí presentes, también el Partido Socialista y
Podemos. Pues bien, en esta ley se atenta directamente contra uno de los
artículos que recoge esta Constitución, el artículo 3. Este artículo
recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que
todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y
ustedes dicen que por qué insiste tanto la portavoz de Ciudadanos en que
esto va contra la Constitución. Además, hay sentencias que indican que el
castellano debe ser lengua vehicular. Y, señorías, discúlpenme, pero es
que estamos cansados en mi grupo de escucharles decir que no es
anticonstitucional que ustedes lo eliminen de la ley educativa y que no
es ilegal. Con todos mis respetos, los que tienen que interpretar las
leyes son los jueces, no sus señorías. Si los tribunales dicen que debe
ser lengua vehicular, yo, desde la oposición, como partido
constitucionalista al que represento, debo recordárselo una y las veces
que hagan falta. Ustedes como Gobierno tienen la obligación de cumplir y
de hacer cumplir la Constitución. En caso de duda, ya están los
tribunales, no hace falta que ustedes interpreten a su antojo. De hecho,
el Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de junio, dice: «Se trata, en
definitiva, de que, sin perjuicio del mantenimiento del catalán como
centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular
—vehicular, señorías— del castellano en una proporción
razonable y que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de
mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua
vehicular». Hay bastantes más sentencias, pero hay una muy reciente, de
este mismo mes, de diciembre, donde el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña establece lo siguiente: «En conjunto, el uso vehicular de la
lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual o,
al menos, así es en una parte significativa de centros y grupos docentes,
de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente
—esto lo están ustedes consintiendo—, que obliga a un mínimo
del 25 % de enseñanza en castellano». Y ¿saben qué es lo más preocupante?
No es solo que haya tribunales que les obliguen a replanteárselo, que
también, sino el hecho de que un padre o una madre, desesperado porque no
hay un Gobierno que lo ampare ni lo defienda en Cataluña, ni me temo que
tampoco en la nación, haya tenido que recurrir a un juzgado, después de
pasar no sé por cuántas calamidades, y ustedes sigan negando que en
Cataluña hay algún tipo de problema con garantizar el castellano. La
verdad es que no sé qué decirles porque tanto a mí como a muchísimos
españoles esta situación ya nos indigna.

Nosotros hemos propuesto en nuestras enmiendas que se impartiera
el 25 % de la carga lectiva en castellano en todas las etapas, insisto,
en todas las etapas, que es lo que marcan las sentencias judiciales. En
el Congreso nos dijeron que no. ¿Qué nos van a decir ahora, que hay de
nuevo otra sentencia que ratifica lo que pedimos Ciudadanos, que no es ni
más ni menos que cumplan ustedes con las sentencias judiciales? Es
vergonzoso que un Gobierno rechace la petición de un partido
constitucionalista de que cumplan las sentencias judiciales y defiendan
los derechos de los padres y los niños en Cataluña y en otras comunidades
autónomas y que, nada más y nada menos, que los partidos que conforman el
Gobierno de España digan que no.

Espero de verdad que rectifiquen, aunque me temo que, con ese
rodillo que viene arrasando no solo a la oposición, sino también a las
señorías que se sientan en el otro lado de la bancada, no van ustedes a
rectificar.

Para terminar mi intervención, les voy a anunciar que en
Ciudadanos vamos a seguir trabajando hasta conseguir el gran pacto
nacional por la educación que merece España con consenso y para toda una
generación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Rodríguez López para defender sus enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.

Ustedes tienen y conocen las enmiendas que hemos presentado en
este bloque, por lo que me voy a centrar en temas que si algún día
queremos llegar a un acuerdo, que me imagino que hoy no es, serán
esenciales para conseguirlo.

El primer tema sería la religión. El problema de la Religión
siempre es el mismo. La intención de la izquierda, por tradición, siempre
es la misma: que desaparezca la asignatura de Religión. En una ocasión
debatía sobre este tema con un político de izquierdas y me decía que el
que quiera religión, que vaya a misa. Lógicamente, le dije que no. Creo
que no entendía nada. El señor De La Vega ha hecho algunas afirmaciones
en este sentido, y creo que tampoco entiende mucho lo que es la religión.
Por eso, me voy a atrever a hacer mías unas palabras de esa famosa carta,
que todo el mundo conocemos, de ese padre ateo y socialista que hace cien
años envió a su hijo para justificar la necesidad de recibir clases de
Religión. Decía: «Para que la instrucción y la educación sean completas
es obligado el estudio de la religión. No se puede comprender el arte, la
literatura, la filosofía o la historia después de Jesucristo sin conocer
la religión que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización.
La religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la
inteligencia humana, es la base de la civilización y es ponerse fuera del
mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad no querer
conocer esta ciencia. La religión hay que conocerla, comprenderla y
guardarle respeto para ser libres y poder elegir no ser cristianos. La
libertad exige la facultad de poder elegir lo contrario». Señorías, si al
menos entendemos esto, podremos acercar posturas, y entenderán las
enmiendas que hoy les presentan.

El segundo es el de la lengua castellana y las lenguas
cooficiales. ¿Cuál es el problema? El problema lo sabemos todos: los
partidos nacionalistas e independentistas pretenden desterrar el
castellano, el español, en favor de su lengua propia. Una de las noticias
de hoy es la que todo el mundo conocemos, que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña considera que el castellano es residual en las
escuelas de Cataluña; no lo dice el Partido Popular, lo dice el tribunal.
Entiende que está vulnerando los derechos de los alumnos y establece que
se cumpla impartir al menos un 25 % de español en todo el sistema
catalán. ¿Saben cuál es la preocupación de sus socios independentistas
catalanes? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque están encantados con la ley
Celaá porque afirman ellos con seguridad que dejará sin efecto esta
sentencia. Esperemos que no sea así. Pero, señorías del Grupo Socialista,
¿esto va a ser así? ¿Qué va a hacer su Gobierno? ¿Van a mirar hacia otro
lado para conservar su pacto con independentistas, o van a hacer cumplir
esta sentencia? Nuestro país cuenta con varias lenguas, todas ellas son
riqueza y motivo de orgullo —gallego, euskera, catalán, valenciano
o castellano—, pero una de ellas, el castellano, es la que los
españoles utilizamos para entendernos entre todos. Precisamente la
denominamos español porque es la lengua que une a todos los españoles,
sin duda por eso es elegida por todos los españoles, y así lo dice la
Constitución, como lengua oficial de España.

La primera pregunta es obligada: Señorías, ¿ustedes consideran
que Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana es España? La
respuesta de los senadores y senadoras nacionalistas aquí presentes
seguramente sea que no, pero ustedes, señoras y señores el Grupo
Socialista, ¿consideran que son regiones españolas? Si su respuesta es
sí, como Gobierno están obligados a proteger y garantizar los derechos de
los españoles, que en este caso es garantizar que el alumnado español
reciba en su país, en España, su formación en castellano. Con esta ley
sencillamente no se garantiza ese derecho; no se garantiza porque
eliminar el término de lengua vehicular deja el paso libre a la
imposición de otra lengua. Es contradictorio, o, al menos, en Europa lo
van a tomar así, que en Francia se enseñe en francés, que en Italia se
aprenda en italiano, pero en España, cuando les pregunten, dirán que
según dónde.

¿A ustedes les parece normal que en la ley educativa de España
la lengua oficial del Estado no sea la lengua oficial de la educación? ¿A
ustedes les parece normal que una familia extremeña que vaya a trabajar a
Gerona a sus hijos no se les garantice estudiar en castellano? Si no
protegemos y garantizamos la lengua que nos une, nos iremos desuniendo
progresivamente, que es lo que quieren los partidos independentistas; no
sabemos lo que quiere el Partido Socialista. Pero este argumento no lo da
solo el Partido Popular o la derecha como dicen ustedes, les puedo
recordar el manifiesto de miembros del Partido Socialista en el que
pedían que el castellano siga siendo lengua vehicular: Alfonso Guerra,
Antonio Miguel Carmona, Juan José Laborda, Javier Rojo, etcétera; la RAE,
el Instituto Cervantes dicen que es una canallada y un genocidio
lingüístico. Incluso ustedes antes del pacto, claro, porque, como bien
han dicho antes, cuando lo llevaron al Congreso, esto no venía en su
programa electoral. Esto es —lo sabemos todos— un chantaje de
los independentistas a ustedes y lo pagan para que les apoyen los
presupuestos y, seguramente, la legislatura, pero nosotros lo llevaremos
al Constitucional.

Respecto a la inspección educativa —ya se ha dicho
bastante al respecto—, la inspección es la que supervisa y
garantiza la no vulneración de los derechos fundamentales. Esto, a los
nacionalistas, no les gusta porque les impide conseguir lo que pretenden,
que es un control ideológico y del sistema educativo. Señorías, en el
apartado suprimen ustedes el concepto prueba y lo cambian por el de
valoración. Aunque la senadora que ha hablado anteriormente lo ha
defendido muy bien y con mucha vehemencia, todo esto no lo dice el
Partido Popular solo, lo dice el propio sindicato de inspectores. El
propio sindicato de inspectores, USIE, dice que hay riesgo de enchufismo
en muy alto grado. Todos sabemos también que es otro pago a los
independentistas.

Por último —me voy a extender porque creo que merece la
pena—, la escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales. Vamos a ver si hablamos tranquilamente; sin pancarteo, como
muchos dicen. El Partido Popular, y creo que todos, deberíamos tener un
objetivo, que es garantizar que el alumnado con necesidades educativas
especiales logre alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades para
lograr con eficacia su incorporación y participación en la vida social y
laboral. Para ello, los alumnos con discapacidad necesitan lo mejor: las
mejores instalaciones, los mejores recursos materiales, los mejores
profesionales y los mejores programas, y, señorías, la LOMLOE no
garantiza esta atención. La LOMLOE dice —no voy a esconder lo que
pone, que ustedes también lo han dicho—...

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, le ruego que vaya
terminando.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Le pediría un poco de generosidad, más
que nada porque me gustaría debatir este tema, que es importante. Si me
deja cinco minutos más, se lo agradecería. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia ha dado pruebas de mucha
generosidad; en su caso, ha tenido cuatro minutos más de tiempo. Por
tanto, le ruego que vaya concluyendo.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Dice que desarrollarán un plan para
que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los
recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al
alumnado con discapacidad. Señorías, esto es simplemente una declaración
de intenciones porque no matiza nada; lo tenemos claro. Es lo que pone
nervioso sobre todo a las familias que tienen hijos con discapacidad
porque les genera incertidumbre, inseguridad, intranquilidad, inquietud
porque realmente no se especifica nada. Porque ¿en qué va a consistir el
plan? ¿Cuántos niños se van a derivar y en qué condiciones? ¿Todas las
discapacidades van a permitir la inclusión? ¿De qué medios se van a dotar
a los centros?

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, concluya, por favor.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Una serie de preguntas que generan un
problema donde no lo había.

Ustedes hablan de inclusión. El 83 % de los alumnos con
necesidades educativas especiales ya están escolarizados. El 17 % está
disfrutando de centros con instalaciones adaptadas, que cuentan con el
personal profesional especializado necesario —psicólogos,
fisioterapeutas, logopedas, orientadores, trabajadores sociales—,
con los recursos específicos, en sitios hasta con hidroterapia, material
ortopédico, mobiliario adaptado. ¿Ustedes de verdad quieren que creamos,
y termino, que estas condiciones que tienen en esos centros las van a
tener en los 30 000 centros ordinarios? ¿De verdad creen que los centros
ordinarios van a contar con ese equipo multidisciplinar como lo tienen en
los centros de educación especial? Eso es imposible, y usted sabe que no
lo pueden garantizar.

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, termine, por favor.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Por eso, como no lo pueden garantizar,
la LOMLOE perjudica al alumnado de educación especial, no garantiza su
formación, no ofrece mejores recursos ni mejor atención ni mejores
condiciones.

La última frase, señorías. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Termine ya porque se está excediendo de su
tiempo.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Señorías, hay ciertos temas, como este
y algunos más, que, para hablar de ellos, no basta con estar legitimado,
hay que estar capacitado y cualificado, y creo que en estas condiciones
hay personas que no lo están. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Les ruego que se atengan al
tiempo.

Se abre un turno en contra.

¿Alguna de sus señorías quiere utilizar este turno en contra?
(Denegaciones). En este caso, procedemos a la intervención de los
portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, y por tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra el senador Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Hoy hemos asistido a la crónica de una muerte anunciada, y la
mano ejecutora, el Partido Socialista. Hoy el Gobierno y sus socios han
enterrado el diálogo y el entendimiento con la comunidad educativa, las
comunidades autónomas y los responsables públicos, y lo han hecho nada
más y nada menos que con una ley de educación. La ley se ha tramitado de
manera atropellada y vergonzosa.






Se ha despreciado al propio Senado, y se
ha demostrado a lo largo de este debate que había enmiendas que se
podrían haber aceptado perfectamente. Hoy han enterrado la ley Celaá, ley
que nace muerta y con fecha de caducidad; una pena, pero una realidad.
Hoy ustedes, con esta ley, han apostado por la imposición y el
sectarismo. Nosotros, al menos Unión del Pueblo Navarro, seguiremos
defendiendo el diálogo y el acuerdo; seguiremos apostando por un pacto,
por una educación de calidad en nuestro país, las nuevas generaciones se
lo merecen, y ese es el compromiso que nosotros adquirimos con todas
ellas, sus familias y el resto de españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Consideramos que este nuevo proyecto de ley orgánica, tramitado
en un momento poco apropiado debido a la pandemia que atravesamos y de
espaldas a la ciudadanía, debe ser retirado. Por estos motivos, Vox
planteó una enmienda a la totalidad con petición de devolución del texto
al Gobierno de España y por idénticos motivos realizamos las pertinentes
enmiendas al articulado, con el fin de garantizar, por un lado, una
educación y formación adecuada al momento histórico que atraviesa nuestra
nación y, por otro, para minimizar los daños que la aprobación del
proyecto de ley pudiera ocasionar, tal y como se encuentra definida en su
redacción.

Por lo expuesto anteriormente, en Vox proponemos lo siguiente.
En primer lugar, respetar los derechos constitucionales de los padres en
cuanto a la libre elección del modelo educativo, así como garantizar el
principio de demanda social. En segundo lugar, mantener y respetar el
español como lengua vehicular en toda España, como elemento vertebrador y
de cohesión nacional, que garantice la igualdad de oportunidades,
independientemente de la parte de España en la que se resida. En tercer
lugar, mantener y reforzar el actual sistema de centros de educación
especial como elemento esencial de la educación de las personas con
necesidades especiales, acorde con la libertad de los padres para elegir
el modelo que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos. En cuarto
lugar, instaurar en todo el territorio nacional una ley, una sola ley
educativa que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión
nacional, con exigencias y criterios de evaluación comunes que permitan a
cualquier español, mediante el mérito y el esfuerzo, progresar sin
barreras o impedimentos lingüísticos, territoriales o de cualquier otro
tipo. En quinto lugar, garantizar los preceptos constitucionales de la
libertad de cátedra y de conciencia, así como garantizar una educación
neutral, libre de injerencias ideológicas de los poderes públicos. En
sexto lugar, favorecer de forma efectiva y concreta la libertad educativa
y de elección de centro a fin de alcanzar los estándares existentes en
otras comunidades de España. En séptimo lugar, consagrar el principio de
libre elección y de demanda social en los procesos de matriculación y
selección de centros, suprimiendo las trabas y barreras que atentan
contra estos principios. En octavo lugar, blindar los centros de
educación especial frente a la amenaza que supone para su existencia los
proyectos del Gobierno de la nación, dotándoles de los recursos
necesarios y asegurando la continuidad de su importante labor social con
las personas con necesidades especiales. Y, por último, en noveno lugar,
instaurar de forma definitiva el bachillerato y la formación profesional
concertado y su puesta en funcionamiento para el próximo curso escolar,
garantizando que ningún estudiante tenga que abandonar su centro por
falta de recursos, así como el derecho a la libre elección de
centro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.

Para finalizar, quisiera dedicar mis palabras de felicitación a
toda la comunidad educativa y a todo el profesorado por el papel que han
desempeñado durante toda la pandemia, y que siguen desempeñando, haciendo
de los centros lugares seguros para atender al alumnado. Pero quiero
acabar con unas palabras de decepción y tristeza, porque creo que se está
haciendo un flaco favor a esta institución, al Senado; porque como
senador me siento contrariado, y me siento ninguneado. A esta institución
se la está burlando; están haciendo ustedes lo contrario de lo que
criticaron, y, si no, miren ustedes lo que decían cuando se debatió aquí
la LOMCE: Ni una sola enmienda, no se admiten nada, todo a todo correr,
haciendo un flaco favor, repito, tanto a la institución como a los que
aquí estamos.

Si no me he levantado de esta sesión al principio de la misma ha
sido porque tengo mucho respeto a la institución y a los ciudadanos a los
que represento, pero realmente hoy aquí se ha vivido el mayor paripé que
he visto yo en mi vida parlamentaria. Como diputado autonómico en
Cantabria recuerdo que, cuando se iniciaban las legislaturas, en los
debates de las distintas leyes había comparecencias, había diálogos y, al
final, había consenso; aquí con decir que ya se debatió hace año y
pico..., se conoce que los que hemos llegado nuevos no tenemos ni derecho
a opinar. Por tanto, acabo como empecé, diciendo que siento muchísima,
muchísima decepción y que estamos haciendo un flaco favor a esta
institución, que ya de por sí está bastante criticada. Así que, con
acciones como la de hoy, poco pintamos aquí. Como última cuestión, y
acabo, les pregunto, ¿es que las 640 enmiendas son malas?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, a continuación, tiene la palabra la senadora
Castellví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Muchas gracias, presidente.

Antes de nada quiero agradecer a toda la comunidad educativa, a
los padres, a los alumnos y, sobre todo, a los profesores todo el
esfuerzo que están realizando durante la pandemia, dando las clases,
dando educación a los alumnos.

Y entrando en la cuestión, permítanme que les diga, con todo el
respeto, que no entiendo cómo pueden opinar tanto de Cataluña y del
catalán si parece, o al menos da esa sensación, que desconocen totalmente
nuestra realidad, porque la retuercen y cogen el catalán y a Cataluña
como un arma electoral, y estamos hablando de educación.

Sus jueces son los que hacen las sentencias; a nosotros no nos
representan. (El señor Vázquez Abad: ¡Qué barbaridad!— Rumores).
No, no, sentencian a su manera; la que ustedes quieren. (Rumores).
Tenemos presos políticos. (Rumores.— El señor Vázquez Abad: Y el
Grupo Socialista, callado). El catalán no desune; el catalán no
desune. No somos sectarios, no somos sectarios. (El señor Vázquez Abad:
¡Lo que hay que oír!).

En Cataluña convivimos perfectamente las personas que hablamos
catalán y las que hablamos castellano, porque hablamos dos lenguas. Somos
plurilingües. Esta ley no blinda el catalán; no le blinda como lengua
vehicular. Y me explico. Es decir, desprotege... (Rumores). Es nuestra
opinión, tenéis vuestro turno de portavoces para luego hablar y defender
vuestras posturas. Decía que desprotege la inmersión lingüística, que
funciona muy bien en Cataluña; y esta inmersión garantiza el aprendizaje
y el dominio de las dos lenguas, del catalán y del castellano. En el
decreto de ley Celaá —por eso lo explico, y me gustaría que esta
enmienda quedará reflejada—, la Generalitat deja de ser la única
autoridad educativa, repito, la única autoridad educativa, en materia
lingüística, tal y como determina la ley de Educación de Cataluña. Por lo
tanto, esta nueva ley Celaá, esta nueva ley educativa, la LOMLOE, da vía
libre, deja una puerta enormemente abierta, al Ministerio de Educación
—al actual y al que vendrá, que me da mucho miedo— para
intervenir en la regulación lingüística del catalán en la escuela.

La ley LOMLOE dice: Las administraciones educativas, en el
espacio sideral, garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a
recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en
sus respectivos territorios. Nosotros lo que pretendemos es que acotemos
y blindemos nuestras administraciones educativas; por lo tanto, la
administración educativa de cada comunidad autónoma garantizará —y
en esto blindamos a la Generalitat—, el derecho de los alumnos y
las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas
cooficiales; y luego, vamos a asegurarnos la lengua vehicular. Las
lenguas cooficiales —no la cooficial, porque puede haber más—
serán utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje —esto no
lo pone la Ley Celaá— en sus respectivos territorios. Por tanto,
blindamos el catalán como lengua vehicular en los términos legalmente
establecidos, de conformidad con la Constitución española, los estatutos
de autonomía y la normativa aplicada derivada de los mismos.

Vemos las cosas de diferente manera, por lo que pedimos al
Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco y a Esquerra
Republicana, que reconsideren este apartado y blindemos el catalán,
blindemos la inmersión, lingüística y blindemos nuestras
instituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellví.

Tiene la palabra, a continuación, el señor Fernández Rubiño para
la defensa de su posición.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, presidente.

Como este seguramente sea el último turno, voy a empezar de
forma optimista. Vamos a apoyar esta ley, como he dicho al comienzo,
porque creemos que es necesario derogar la ley Wert, que es una ley
nefasta que la comunidad educativa lleva reclamando mucho tiempo que se
derogue. Vamos a apoyarla porque creemos que es una ley que avanza en
determinadas cuestiones con las que recalcamos que estamos profundamente
de acuerdo, quizás en algunos aspectos no tanto como nos gustaría, pero
desde luego avanza, y también por lo que ha podido incorporar Más
País-Equo en la tramitación en el Congreso, de lo cual estamos
profundamente orgullosos y lo vamos a reivindicar.

Siento mucho que esto no pueda quedarse aquí y que haya que
poner esta nota agridulce por nuestra parte a la vista de cómo ha sido la
tramitación en esta Cámara y lo que ha pasado en esta Cámara. Nosotros
creemos que hay cuestiones que han quedado fuera de las enmiendas, tanto
en el Congreso como en el Senado, que son importantes, como la de la
ética; la de bajar realmente las ratios de alumnos por aula; el control
de las cuotas obligatorias ilegales en los colegios concertados, cuestión
esta en la que se podría haber llegado más allá; la de avanzar más en la
educación afectivo sexual; y la de la gratuidad de 0 a 3 años en las
escuelas infantiles. Son todas cuestiones que creemos que tendrían que
haber sido incorporadas a la ley y lamentamos que no haya sido así, pero
también lamentamos especialmente esta tramitación atropellada en el
Senado, porque creemos que hace un flaco favor a esta institución.
Creemos que no es de recibo traer un 22 de diciembre, coincidiendo con la
lotería, los Presupuestos Generales del Estado y sin tocar una sola coma
de los mismos. Creemos que no es de recibo traer algo tan importante como
la ley de educación un 23 de diciembre, justo cuando ya estamos todos
pensando en si estas Navidades vamos a poder cenar con nuestras familias
o no. Creemos que no es el momento para hacerlo, cuando además teníamos
de plazo hasta mediados de febrero para trabajar esta ley. Y creemos que
estas leyes no han sufrido modificaciones, ni la de presupuestos ni la de
educación, porque el objetivo era ese, que esta Cámara no enmendara nada,
ni una coma. No es, como se ha dicho, porque las 600 enmiendas sean
malas. Esto no me lo creo. Y tampoco en presupuestos todas las enmiendas
son malas. Hay enmiendas de todos los partidos sobre las que podríamos
llegar a acuerdos y seguramente incluso ustedes mismos saben que son
enmiendas buenas que a lo mejor se quedaron en el tintero pero que tenían
que haberse aprobado. Lamentablemente, no vamos a tener la oportunidad de
aprobarlas, porque el objetivo era que las leyes no tuvieran
modificaciones, lo que creemos que es un nefasto precedente para esta
legislatura. Sabemos que no son estas dos las primeras leyes con las que
pasa esto, pero nos tememos que pueda pasar lo mismo con las que vengan
en lo sucesivo. Es algo que ustedes mismos, señorías del Partido
Socialista, deberían reivindicar al Gobierno como senadores.
Probablemente sea Moncloa quien tiene tanta prisa por que las leyes se
aprueben, pero ustedes son senadores y senadoras, como nosotros. Yo no
entiendo que ustedes no reivindiquen ante su propio partido y ante su
propio Gobierno el papel que esta Cámara tiene que tener,
independientemente de que formen parte de su mismo partido, con más
motivo quizás. Creo que ustedes tienen que decirle a sus compañeros:
Oigan, queremos participar, queremos poder elaborar también leyes aquí,
queremos trabajar con el Ministerio de Educación, queremos trabajar con
nuestros compañeros del Congreso y aportar nuestra parte, porque para eso
está constitucionalmente esta Cámara en España. Y, si no, tendrán que
decírnoslo, porque si este va a ser el panorama para toda la legislatura,
para lo que queda, entonces tendremos que dejarle claro a los españoles
qué es lo que hacemos aquí, para qué sirve estar aquí, para qué sirven
nuestros sueldos, para qué sirven las horas que dedicamos, el esfuerzo
que dedicamos, no solamente nosotros, sino los trabajadores de esta
Cámara, la gente que nos escribe a los correos electrónicos pidiéndonos
que tramitemos enmiendas, las reuniones que tenemos con la sociedad
civil. Desde luego, que en otras legislaturas se haya hecho mal a este
respecto, cosa que no pongo en duda a pesar de que yo no he formado parte
de esta Cámara hasta hace poco, no es excusa, bajo ningún concepto, para
que en la actualidad nos encontremos con esto.

Esperamos que en lo que queda de legislatura esto se rectifique,
que con las próximas leyes no ocurra nada ni remotamente parecido, y
lamentamos que tengamos que acabar así, cuando debería ser un motivo de
celebración —lo dice una persona que ha estado implicada en el
movimiento en defensa de la educación pública— algo tan importante
como la derogación de la LOMCE y la aprobación de una nueva ley
educativa, pero, lamentablemente, esta celebración está quedando empañada
por estas prisas de última hora y esta forma de tramitar las cosas que
creo que no se corresponde con el deber de quienes estamos en esta
institución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rubiño.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Ponce Gallardo. (Denegaciones). No va a intervenir.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Peral. (Denegaciones). No interviene.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a
intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruz.

El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señor presidente.

Es paradójico, pero también esperanzador, que un senador, con
convicciones muy claras, como lo son las mías, coincida con las
manifestaciones que acaba de exponer en esta Cámara un senador de un
grupo tan distante ideológicamente al nuestro como Más Madrid, no por el
contenido de su intervención, sino por la reflexión final. Es un día
triste, y bien sabe Dios que hemos intentado hasta el último momento
poner un poco de sentido común en todo esto, y que lo hemos hecho
entendiendo que ustedes sostienen unos posicionamientos totalmente
legítimos, todos ustedes, solamente apelando y buscando poder hablar con
tranquilidad y con paz de una ley educativa que tiene que vertebrar el
futuro de la nación. Esta ley, señores socialistas, lo hemos dicho, lo ha
comentado el señor Catalán, nace muerta, y nosotros no legislamos para
hacer leyes muertas; legislamos para hacer leyes perdurables, duraderas,
que tengan futuro y que generen esperanza y no la controversia que esta
ley ha generado hoy en esta Cámara, que ha generado en la calle y que va
a generar, por desgracia para todos, el próximo 23 de diciembre en el
Pleno.

Voy a intentarlo por última vez. En el artículo 32, hay una
disposición adicional 36 que dice que se va a incorporar una prueba que
tendrán que realizar los estudiantes extranjeros que quieran acceder a
las universidades españolas de todo el país. ¿De verdad ustedes creen que
esta propuesta —me he enterado de cuál es el origen, bastante
cuestionable moralmente— no debe ser objeto de revisión? ¿Imponer
una prueba a los estudiantes extranjeros que vienen a España, sobre todo
a través del Plan Erasmus, y que tanta actividad económica generan
—y no solamente económica, sino intelectual— para nuestro
país? ¿De verdad que están ustedes de acuerdo como senadores, señorías,
con incorporar una prueba para estudiantes extranjeros? En fin, me parece
terrible.

Y es un día triste, pero no solamente por el contenido de la ley
—a mis cinco compañeros, les doy las gracias hoy por el trabajazo
que han hecho y también al resto de mis compañeros de comisión; la verdad
es que es un honor estar a vuestro lado—, o por los contenidos
políticos de nuestras valoraciones, que son legítimos y distintos a los
suyos, faltaría más. No solamente es un día triste para nosotros como
formación política y para los millones de españoles que confían en
nosotros. Es un día triste para esta institución, muy triste. Y que en
otras ocasiones se hayan hecho las cosas incorrectamente, no quiere decir
que tengamos que repetir el error de manera reiterada. Fíjese en lo que
les estoy diciendo. Hoy ustedes aquí están incurriendo en un error moral
gravísimo, con nosotros, con ustedes mismos como senadores, que les han
elegido en sus provincias, y con esta institución, que es una de las dos
patas que articula la representatividad de la soberanía nacional a través
de las Cortes Generales.

En fin, nosotros lo hemos intentado. Es muy triste que hoy
ustedes no hayan aceptado poder debatir con calma, con sosiego y con paz
sobre una ley educativa que va a marcar, en principio —esperamos
que así sea y lucharemos para que así sea también—, los próximos
inmediatos años. Y volvemos a decirlo alto y claro: nuestro objetivo no
es político; las leyes no tienen que tener cargas ideológicas, menos aún
una ley educativa, y, visto lo visto, creo que estaremos todos de
acuerdo; las leyes tienen que buscar el máximo consenso posible. Por eso,
lo repetimos, lo decimos y no nos vamos a cansar nunca de reiterarlo:
creemos que existe la esperanza de llegar a un gran pacto nacional
educativo; creemos que esta es la solución y creemos que este es el
futuro.

Señorías del Grupo Socialista, señor presidente, yo con esto
termino. Nos veremos los próximos martes y miércoles en el Pleno.

Yo tengo 37 años; nací en el año 83 y soy hijo de la democracia,
y a mí, como persona nacida en el año 83, como español, como
contribuyente, como profesor, me han decepcionado muchísimo; a mí y a
millones de españoles, y también a muchos votantes socialistas que no
entienden que ustedes se nieguen hoy a abrir un debate sosegado y en
calma sobre una ley que va a marcar el futuro de las próximas
generaciones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruz.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Plaza.

La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Algunas de las intervenciones, por no decir que la mayoría de
las que ha habido hoy aquí, dan a entender que hoy se van a votar las
enmiendas. Quiero que quede clarísimo que, a pesar de las presiones del
señor Ruz al PNV y a Esquerra Republicana de Catalunya hoy aquí, en esta
sesión, hoy no se votan las enmiendas. Las enmiendas se van a votar el
día 23 en el Pleno después de debatirlas todas otra vez. Aquí no hacen
nada más que decir que no debatimos, etcétera, pero ya llevamos aquí unas
cuantas horas debatiendo y en el Pleno se va a volver a debatir...
(Protestas.) Y yo creo que, además, se va a votar en el Pleno.

Usted, señor Ruz, nos habla de debatir a puerta cerrada, y yo,
como soy transparente, quiero debatir públicamente; no quiero hacerlo a
puerta cerrada, porque a puerta cerrada le voy a decir exactamente lo
mismo que le estoy diciendo ahora. (Aplausos).

Hoy se han presentado aquí más del 50 % de las enmiendas, que
son las mismas que se han presentado en el Congreso y que, además, ya se
debatieron allí. Y como no se aprobaron allí, ahora vienen aquí a ver si
hay más suerte. Yo lo entiendo y valoro que cada grupo presente las
enmiendas que quiera, pero los demás también tenemos la libertad de
aceptarlas o no, exactamente igual que ustedes tienen la libertad de
votar a favor de la ley o no. Porque podríamos haber estado toda la
mañana rogándole al Grupo Popular que, por favor, apoye la ley, como
hacen ustedes. Sin embargo, no lo hacemos porque cada uno tiene su
ideología y nosotros la respetamos.

Hay muchas enmiendas que formulan propuestas impropias de una
ley orgánica y que, además, pretenden regular funciones que son
competencia de las comunidades autónomas o bien que se puedan explicitar
cuestiones propias de normas de rango inferior que, en su caso, serán
desarrolladas en la ley. Quiero decir con esto que hay algunas enmiendas
que corresponden al desarrollo de la ley que se pueden tener en cuenta
para cuando se haga el real decreto.

Todo el mundo sabe que la LOMCE una pésima ley que hizo el
Partido Popular; una ley excluyente que fomenta la segregación escolar y
las repeticiones; y yo sí tengo prisa porque esta ley se apruebe ya. ¿Y
sabe por qué? Porque quiero derogar la LOMCE. Tenemos prisa porque la
LOMCE hay que derogarla ya de una vez. Porque tan legítimo es que ustedes
quieran alargar el proceso, como que nosotros queramos derogar una ley...
(Rumores). ¿Ustedes son los que piden respeto y ahora interrumpen?

El señor Rodríguez, del Grupo Popular, nos pide que hablemos sin
pancarteo. ¿Quiénes son los que están usando pancartas para utilizar a
las familias? Yo creo que han sido los del Partido Popular. ¿De verdad
pueden hablar ustedes de pancarteo? No pueden. (El señor Rodríguez López:
No ha habido ninguna donde pusiera PP. Ninguna). Bueno, que pusiera PP...
hay un colegio en Santa Pola que ha repartido publicidad y que se está
investigando. Que pusiera PP, no sé yo; además, la papeleta era del
PP.

Todo el mundo sabe que la LOMCE es una pésima ley que hay que
derogar y, además, lo que nosotros vamos a hacer con la LOMLOE es una
gran apuesta para dar un salto de gigante; es una ley moderna, aunque le
duela a la derecha, una ley que va a modernizar el currículum. Esto
quiere decir que se va a dejar a un lado la enseñanza tradicional con
contenido enciclopédico y memorístico, y que se va a enseñar al alumnado
un aprendizaje reflexivo, significativo y competencial. Y eso era una
realidad. Yo no voy a entrar otra vez ahora en que si la educación
especial, que si la religión, etcétera porque yo creo que ya se ha
debatido suficiente y porque, además, tampoco tengo más tiempo. Por
cierto, lo que sí quiero destacar es una enmienda de la ultraderecha, de
Vox, que dice que no diferenciemos la violencia de género del resto de la
violencia, pero quede claro que la violencia machista es la que ejerce el
hombre sobre la mujer por el mero hecho de creerse superior y querer
tener sometida a la mujer, y eso hay que enseñarlo en las escuelas. No
podemos renunciar de ninguna manera a educar en el feminismo.
(Aplausos).Pero, además, la ley también presta atención a la prevención
de la violencia contra la infancia.

No se puede consentir lo que está pasando en Andalucía, donde,
con el nuevo decreto de escolarización, se persigue acabar con la escuela
pública y lo único que se consigue es fomentar las clases sociales. Una
vez más ha conseguido tener a la comunidad educativa entera en su
contra.

Señor Ruz, usted habla del capitán Alatriste; hablaban aquí de
varios libros, y yo le voy a citar otro que creo que le puede gustar. No
sé si lo conoce; es un libro de Rafael Azcona que se titula El repelente
niño Vicente. Seguro que le encantará porque representa esa época gris de
España que ustedes quieren traer al siglo XXI. (Aplausos).

Y para terminar, porque se me acaba el tiempo, quiero decir que,
como estamos en la sala Clara Campoamor, pues voy a leer lo que pone en
ese frente: Día 2 de diciembre de 1931. Ayer se acordó por cuatro votos
de diferencia que el sufragio femenino entre en vigor. Por una diferencia
de cuatro votos es rechazada la enmienda. (El señor Ruz Villanueva: ¡Pero
si vosotros votasteis en contra!— Risas.— Aplausos).

Por favor, señoría, estoy en el uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

La señora PLAZA GARCÍA: Usted, que se ha tirado toda la mañana
pidiendo respeto, se pone ahora a gritar aquí. No estoy hablando de quién
votó qué; pero es que como no entienden, como no van más allá... (Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
¡Aaaaaah!) Desde luego, qué poco sentido de la responsabilidad tienen
ustedes. Tanto que hablan del sentido de la responsabilidad, qué poco
tienen ustedes. Estoy diciendo que con cuatro votos fue rechazada la
enmienda en el año 1931. Bienvenido a la realidad. Da lo mismo quién
votara y lo que votara… (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Aaah!). Señor presidente, por favor,
le pido que me dejen hablar.

El señor PRESIDENTE: Estoy intentándolo, senadora.

La señora PLAZA GARCÍA: Las faltas de respeto ya son… Nos
han insultado, nos han vejado, nos han dicho de todo. Y ahora el ¡aaah!,
gritando.

El señor PRESIDENTE: Les pido, por favor, respeto para la
persona que está interviniendo.

La señora PLAZA GARCÍA: Si tuviéramos que gritar nosotros por
cada cosa que no nos guste, estaríamos afónicos. (El señor Rodríguez
López: Termina). Terminaré cuando quiera, no cuando usted me lo diga. (El
señor Rodríguez López: Tu tiempo es igual que el mío).

El señor PRESIDENTE: Oigan, por favor, limítense a estar
tranquilos en sus escaños, a no intervenir y, menos, a dialogar.

La señora PLAZA GARCÍA: Esto es tremendo.

Si mi tiempo es igual que el suyo, usted ha estado, por lo
menos, catorce minutos.

Para terminar, simplemente digo que lo mismo que ahí se
aprobaron cuatro enmiendas y salió una ley, independientemente de quién
fuera quien votara, fue una ley buena para las mujeres porque permitió
que las mujeres pudiéramos votar. Esta ley, se apruebe con la diferencia
que se apruebe, aunque fuera por un voto, estoy segura de que va a ser la
mejor ley de educación que ha habido y, además, va a acabar con la
segregación que implantaron ustedes porque son ustedes unos
sectarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señores senadores y senadoras, presten
atención a lo siguiente. A la Mesa han llegado cuatro enmiendas, al
amparo del artículo 115 del Reglamento, por lo que procede suspender la
sesión quince minutos para que la ponencia tome el acuerdo oportuno al
respecto.

Por favor, que se reúna la ponencia y, después de esos quince
minutos, se procederá a la votación del informe.

Se suspende la sesión.

Eran las quince horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco
minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Doy la palabra al señor letrado para confirmar las
asistencias.

El señor LETRADO: Nuevamente, como en los vetos, hay veintinueve
miembros, sin sustituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señores senadores, la ponencia acaba de concluir su reunión y,
por mayoría, ha adoptado el siguiente acuerdo, que a continuación
someteremos a votación: aprobar el texto inicialmente propuesto por la
ponencia, que no introduce enmiendas en el texto remitido por el Congreso
de los Diputados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 12; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Ha sido dictaminado por la Comisión de
Educación y Formación Profesional el Proyecto de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Fuertes
y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista puestos en pie).

Acto seguido, se designará al miembro de la comisión que llevará
a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. ¿Acuerda
esta comisión que sea este humilde presidente quien cumplimente ese
trámite? (Asentimiento). Muchas gracias.

Les recuerdo que el plazo para presentar los votos particulares
concluye el lunes a las catorce horas.

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y cincuenta minutos.