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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 82, de 28/06/2021
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 82
PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª AINA VIDAL SÁEZ
Sesión núm. 13
celebrada el lunes,
28 de junio de 2021
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Agenda 2030 (Santiago Romero):
- Para la presentación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001295 y número de expediente del Senado 713/000667) ...
- Para informar sobre las líneas generales de la política en materia de Agenda 2030 que llevará a cabo desde su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
212/001158 y número de expediente del Senado 713/000606) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos a las cuatro y dos minutos. Procedemos a la tramitación del orden del día, en este caso de forma conjunta, de las siguientes iniciativas: Para la presentación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y para informar sobre
la línea general de la política en materia de Agenda 2030 que llevará a cabo desde su departamento. El debate de las comparecencias se realizará de forma conjunta, de acuerdo con el siguiente desarrollo. En primer lugar intervendrá el señor
secretario de Estado de Agenda 2030, a continuación habrá un turno de portavoces de diez minutos de menor a mayor. Seguidamente contestará el señor secretario de Estado de Agenda 2030 y posteriormente tendrá lugar un turno de réplica de los
portavoces por un tiempo de tres minutos. Finalizará el debate el señor secretario de Estado.
Tiene la palabra don Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGENDA 2030 (Santiago Romero): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, muchas gracias por su presencia. Comparecemos ante esta Comisión Mixta Congreso-Senado, a petición propia, una vez aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de España, que
se incluye en el Informe de Progreso 2021 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se presenta esta estrategia en sede parlamentaria antes incluso de haber sido expuesta ante las Naciones Unidas, en el Foro Político de Alto Nivel en el que el
próximo día 15 de julio España se someterá al examen nacional voluntario, en cumplimiento de la Resolución de 25 de septiembre de 2015 de la Asamblea General de Naciones Unidas. También expondremos, como ha dicho la presidenta, las líneas
inmediatas de implementación de esta estrategia que la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 va a acometer para ejecutar lo aprobado por el Consejo de Ministros.
Desde el primer momento, este Gobierno se comprometió con la tarea de definir una Estrategia de Desarrollo Sostenible que trascendiese la mera visión de Gobierno, que fueron estrategia del país, que estableciera prioridades y líneas
estratégicas a medio y largo plazo, construidas sobre el mayor consenso político y social posible, en torno a una visión de país compartida sobre los principales retos que enfrentamos para hacer realidad la Agenda 2030, incorporando además las
lecciones aprendidas durante la pandemia global. Una tarea difícil dados los plazos marcados por las Naciones Unidas y la enorme riqueza y diversidad de actores que debían ser implicados en el proceso. Debemos hacer un breve repaso al proceso de
trabajo y consulta que nos ha permitido alcanzar este objetivo, articulado a través de una hoja de ruta que fue presentada con detalle por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en esta misma Comisión, don Pablo
Iglesias, el pasado 26 de noviembre de 2020. Una hoja de ruta ambiciosa que podemos decir con satisfacción que ha sido cumplida en su integridad.
El compromiso de que la Estrategia de Desarrollo Sostenible trascendiese la mera visión del Gobierno central nos llevó a articular un proceso de trabajo y consultas, generando un diálogo amplio, implicando a los diferentes niveles de
Gobierno y actores, representados en los tres mecanismos formales que conforman el sistema de gobernanza para la Agenda 2030. En primer lugar, la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, como espacio preferente de coordinación
interministerial en esta materia, en la que están representados quince ministerios del Gobierno. Este diálogo interministerial al más alto nivel ha sido asistido por un grupo de trabajo técnico, abierto, además, a la participación de todos los
ministerios, en coherencia con las recomendaciones de las Naciones Unidas de integración del conjunto de esfuerzos de Gobierno.
En segundo lugar, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, que es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Administración local, a
través, en este caso, de la Federación Española de Municipios y Provincias, para poder recabar la visión y tomar en consideración las prioridades de las instituciones autonómicas y locales, cuyas competencias les otorgan una función fundamental para
hacer realidad la Agenda 2030, siempre desde el interés común de favorecer la cohesión social y territorial.
En tercer lugar, el Consejo de Desarrollo Sostenible, que, como ustedes saben, es el órgano asesor y de participación de la sociedad civil que reúne a un total de sesenta representantes de treinta y cuatro plataformas y entidades del mundo
académico, del sector social, de los derechos humanos, del ecologismo, actores empresariales y sindicatos, a los que se suman, además, representantes de trece consejos consultivos de carácter sectorial. En el marco de este Consejo se han activado
distintos grupos
de trabajo que han contribuido de manera sustantiva en las distintas etapas del proceso, incluyendo la elaboración y aprobación de un dictamen valorativo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que fue aprobado con 37 votos a favor, 7
abstenciones y sin ningún voto en contra. Estos tres órganos han desempeñado un papel fundamental en el proceso de debate, diálogo y consenso que nos permite presentar hoy el Informe de Progreso 2021 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
A este proceso también se ha sumado la implicación de las Cortes Generales, precisamente a través de esta Comisión Mixta, que aprobó, como bien saben, el dictamen de la ponencia de estudio de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborado entre
los meses de marzo y abril de este año, sobre cuya relevancia me detendré más adelante.
Complementariamente hemos articulado otros espacios de consulta y contraste con grupos de población y sectores específicos, con el fin de sumar más voces al proceso desde la mirada multidimensional de la Agenda 2030, y así hemos articulado
seis consultas públicas que paso a reseñarles brevemente. Entre julio y noviembre del año pasado se desarrolló la consulta integral al sector empresarial, organizada junto con la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, en la que
participaron más de 1900 empresas de distinto tamaño y naturaleza, estando prácticamente la totalidad de los sectores productivos representados. Esto nos ha permitido conocer las preocupaciones e intereses diferenciados según las específicas
características de cada empresa, las necesidades particulares de las pymes, de las empresas de economía social y de las y los trabajadores autónomos. Los movimientos sociales han sido otro de los actores sujetos de consulta en la primera fase del
proceso; una consulta motivada por el papel fundamental que desempeñan en la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables y para visibilizar las más graves numeraciones de derechos humanos. Es justo reconocer que los movimientos
sociales, junto con la sociedad civil organizada, han sido quienes más han hecho por el cumplimiento de la Agenda 2030, incluso antes de su aprobación, dado que gran parte de las preocupaciones que hicieron necesario este compromiso internacional
son el resultado del esfuerzo y trabajo de años para poner estas materias en la agenda política internacional. Esta consulta a los movimientos sociales nos ha permitido recabar las aportaciones de más de doscientas entidades y plataformas en
ámbitos como la vivienda o para la activación de un nuevo modelo productivo con plena garantía de derechos laborales, la justicia fiscal, la transición ecológica o la reconstrucción de lo común desde la reorganización y el fortalecimiento del
sistema de cuidados.
La Agenda 2030 constituye también un contrato social intergeneracional. Desde esta premisa, hemos impulsado conjuntamente con Unicef España una consulta a la infancia en la que han podido expresar sus preocupaciones y propuestas ciento
noventa y dos niños, niñas y adolescentes de entre ocho y diecisiete años, en representación, que es lo más importante, de setenta y cuatro consejos locales de participación de dieciséis comunidades autónomas. También hemos querido dar voz a uno de
los colectivos más castigados por las situaciones de precariedad laboral y social, las personas jóvenes, a través de un proceso consultivo articulado conjuntamente con el Instituto de la Juventud de España, que ha contado con el apoyo de las
direcciones generales de Juventud de las distintas comunidades autónomas y sus asociaciones, y que nos ha permitido llegar al conjunto del territorio y conocer demandas en el ámbito como el empleo, el emprendimiento, la vivienda, el feminismo, el
ecologismo o la educación, todos ellos ámbitos desde luego de preocupaciones esenciales para las personas más jóvenes de nuestro país.
Las dos últimas consultas han tenido como protagonistas, por un lado, al sector de la cultura y, por otro, a las entidades locales. La cultura no cuenta con un objetivo de desarrollo sostenible específico, pero sí constituye un ámbito
transversal de enorme relevancia para el cambio social que demanda la Agenda 2030. Es por ello que esta consulta, organizada conjuntamente con la Red Española para el Desarrollo Sostenible, ha congregado a profesionales de las instituciones
culturales y de la gestión cultural, permitiendo conocer sus propuestas y recabar su compromiso para reforzar la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Por último, y en coherencia con el reconocimiento de ese papel esencial que desempeñan las entidades locales en la consolidación del nuevo modelo económico y social basado en los principios de la Agenda 2030 y de los derechos humanos, así
como por su cercanía y conocimiento de las problemáticas que afectan a la ciudadanía, hemos realizado conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias una consulta a la que han contribuido activamente casi seiscientos municipios,
diputaciones, cabildos y consejos insulares. Además, y con el fin de preparar este ejercicio conforme a los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas, esta Secretaría de Estado ha participado activamente en los distintos talleres convocados
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas;
una participación que ha sido desarrollada conjuntamente con instancias relevantes como el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en estrecha coordinación
siempre con la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas. Fruto de ese trabajo me permito compartir la satisfacción de este Gobierno por haber sido reconocidas por las Naciones unidas tres de nuestras actuaciones como mejores prácticas
internacionales en materia de construcción de partenariados para el logro de la Agenda 2030. Un reconocimiento que incluye no solamente la participación, por ejemplo, de entidades locales en el proceso, sino las medidas articuladas en forma de
escudo social para paliar las consecuencias sociales y económicas causadas por la COVID-19. Creo que todas y todos debemos estar muy orgullosos de este reconocimiento a nuestro país.
En definitiva, este proceso de trabajo, amplio y conjunto entre una enorme diversidad de actores, nos ha permitido lograr el objetivo al que nos habíamos comprometido: aprobar una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que recoja los
grandes consensos y aprendizajes que extraemos de esta crisis para poder abordar los diferentes desafíos que tenemos como sociedad y como país, para garantizar plenos derechos para todas las personas que vivan en España y contribuir a su ejercicio
también fuera de nuestras fronteras, porque cumplir esta estrategia es imprescindible para garantizar el mejor futuro posible para este país y para este planeta.
Somos conscientes de que el proceso ha requerido una intensa dedicación por parte de los distintos actores implicados, incluida esta Comisión Mixta, con el fin de cumplir con los estrictos plazos establecidos por Naciones Unidas; un
esfuerzo que les agradecemos muy sinceramente y que ha permitido que España cumpla un compromiso internacional que no podíamos dilatar más en el tiempo. España se comprometió con la Agenda 2030 en el año 2015, pero no fue hasta junio del año 2018
cuando aprobamos un plan de acción para la implementación de la Agenda; es decir, señorías, nada menos que tres años después. Un plan de acción que se concibió desde su inicio como un plan de transición hasta la aprobación de una Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible, y así fue trasladado ante la comunidad internacional en el marco del primer examen nacional voluntario que se realizó por España en el año 2018. Han pasado casi seis años desde la aprobación de la Agenda 2030, es
decir, más de una tercera parte del plazo establecido para alcanzar los ODS, y ni la comunidad internacional ni nuestro pueblo podían esperar ya mucho más. Gracias al esfuerzo realizado por este Gobierno, España llegará a este segundo examen
nacional voluntario el próximo día 15 de julio con la tarea cumplida y con el compromiso firme del Gobierno de España de acelerar esfuerzos y políticas para acabar con la pobreza y alcanzar una forma de vida sostenible y, por tanto, respetuosa con
nuestro planeta, con la paz y con la justicia social. Ese es el único camino para ser consecuentes con el llamamiento realizado por el secretario general de Naciones Unidas, en el marco de la Década para la Acción, motivado por la evidencia de un
avance muy desigual entre los distintos países, avance en todo caso insuficiente para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030. Lo conseguido ya era insuficiente incluso antes del inicio de la pandemia global, y ahora
podríamos constatar retrocesos según los informes elaborados por Naciones Unidas.
La aprobación de esta estrategia y la voluntad de este Gobierno de cumplirla nos permite situarnos, como mínimo, al mismo nivel de compromiso que otros países de nuestro entorno europeo, que en su mayoría cuentan desde hace años con
estrategias específicas para el cumplimiento de la Agenda 2030. La Estrategia de Desarrollo Sostenible identifica ocho Retos País, es decir, aquellos desafíos que deben abordarse para hacer realidad la agenda. Para cada uno de ellos se ha
comprometido una política aceleradora que contiene las prioridades de actuación, las metas para 2030, y los indicadores que pueden medir su evolución y su desempeño. Una identificación y análisis que se ha realizado mediante el trabajo conjunto con
las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Esa colaboración y ese carácter multinivel y multiactor es el que hace que estos desafíos sean de todos y todas y que trabajando conjuntamente
podamos hacerlo realidad. De esta forma, cada política aceleradora del desarrollo sostenible contiene una batería de medidas concretas para extender el alcance de estas prioridades de actuación en los tres niveles de la Administración pública,
desde las características y especificidades propias de cada territorio.
El Reto País 1 es acabar con la pobreza y la desigualdad. Erradicar en España la pobreza y la exclusión social pasa por reforzar un sistema de protección social hasta hoy débil y escasamente redistributivo, así como por elevar el gasto
social y las prestaciones como elemento fundamental. En 2008, antes de que la crisis financiera provocase una enorme recesión, España ya tenía un alto porcentaje de población en riesgo de pobreza, un 23,8 %. Entre las causas cabe destacar la
debilidad del modelo
productivo para crear empleo estable y de calidad y una inversión social mucho menor respecto a otros países europeos. Las políticas de recortes, de austeridad fiscal y ajustes salariales hicieron que en el año 2014 la población en riesgo
de pobreza y exclusión alcanzara el 29,2 %, siendo el país de la Unión donde más se incrementó la desigualdad entre los años 2007 y 2014.
Antes de la pandemia España presentaba una fuerte recuperación en forma de crecimiento del producto interior bruto y de creación de empleo, lo que posibilitó una mejora en los datos sobre pobreza y desigualdad. Aun así, conforme a los
últimos datos disponibles del año 2019, el riesgo de pobreza y exclusión continuaban afectando entonces a una de cada cuatro personas en nuestro país, un 25,3 %, y España era el sexto país de la Unión por desigualdad en el nivel de renta.
La política aceleradora diseñada, la transición social, redistribuir la riqueza y garantizar derechos, pretende poner en marcha una transición social que permita reducir las desigualdades y acabar con las situaciones de pobreza económica,
exclusión social y privación material existentes en nuestro país desde antes de la pandemia, cuyos efectos han tenido que ser amortiguados durante el estado de alarma a través del escudo social levantado por este Gobierno. Se trata de fortalecer el
sistema de protección social, garantizar que esta protección llegue a todas las personas, especialmente a las personas y colectivos que están en situación de mayor vulnerabilidad e impulsar políticas públicas que garanticen los derechos económicos y
sociales, particularmente en el ámbito del derecho a una vivienda digna. Es un grave problema en nuestro país el derecho a la vivienda y un factor clave en el análisis del riesgo de pobreza y de desigualdad de la población. Por ello se persigue el
acceso a una vivienda digna y asequible para todas las personas. Es necesario adoptar medidas que permitan que las administraciones promuevan planes de vivienda pública asequible y pongan freno a las subidas abusivas de los alquileres. Se propone
también la adopción de medidas para acabar con la pobreza energética, incluyendo la protección de los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro. Con pobreza energética sabemos que no es posible una vida digna. Estas políticas
aceleradoras contienen hasta veintitrés medidas de prioridades de actuación, que no les voy a relatar, pero, en todo caso, si alguien lo desea después podemos hablar de ellas con más detalle.
Ante una emergencia climática y ecológica cuya magnitud y efectos son innegables, de inmediato hay que desplegar un conjunto amplio de acciones que permitan hacerle frente; acciones sobre el conjunto de nuestra actividad económica, nuestra
movilidad, la protección de nuestros ecosistemas y el resto de actuaciones humanas. Son acciones que deben alcanzar a todas las personas. Este es el Reto País 2, hacer frente a la emergencia climática y ambiental que aborda todos los desafíos
relacionados con el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad que, a pesar de la pandemia y la crisis sanitaria, social y económica, continúa siendo la principal amenaza para la supervivencia de la humanidad, siendo
los países situados en el arco mediterráneo, entre ellos España, algunos de los más afectados, como demuestran las principales evidencias científicas al respecto.
Para responder a este desafío global se ha comprometido la política aceleradora, un país que respete los límites del planeta, que contiene el despliegue de un conjunto amplio de acciones para permitir hacer frente al reto y anticiparnos a
sus efectos con un enfoque siempre transversal, interdependiente e integral, que atraviese el conjunto de nuestra actividad económica, nuestra movilidad, la protección de los ecosistemas y al resto de las acciones humanas, con un enfoque que
garantice que nadie se quede atrás. Tenemos una ocasión única para llevar a cabo estas medidas que nos permitan transformar nuestro modelo productivo, nuestra forma de movernos y nuestra producción energética, haciéndolas más sostenibles y
compatibles con los límites del planeta.
Esta política aceleradora incluye más de cincuenta prioridades de actuación, partiendo del marco de compromisos que supone la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en coherencia con los objetivos europeos e
internacionales en materia de acción climática. Estos compromisos se desarrollarán a través de un conjunto de actuaciones en distintos ámbitos y sectores que han sido recogidos ampliamente en esta política aceleradora, entre los que destacan
actuaciones en materia de transición justa para acompañar a los sectores y trabajadores que potencialmente puedan verse afectados. A ello se suman otras actuaciones en materia de protección de los ecosistemas y la biodiversidad, incluyendo un
ámbito fundamental para nuestro país como es la gestión sostenible de los recursos hídricos, articuladas a través de distintos instrumentos entre los que destaca el tercer ciclo de planificación hidrológica que se iniciará en el año 2022.
Entre las más de veinte metas incluidas como los objetivos de esta política aceleradora se fija la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en un 23 % respecto a 1990 como
antesala de la neutralidad climática a más tardar en el año 2050, una mejora de la eficiencia energética de un 39,5 % para 2030 y un objetivo del 42 % de energías renovables en el consumo energético primario total ese mismo año, entre otras
medidas.
El Reto País 3 es cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, porque a pesar de los avances constatamos que continúa existiendo una brecha de desigualdad de género que afecta a todas las mujeres, en todas
las áreas, como el empleo, las violencias, los cuidados, la participación y la conciliación. El objetivo es una sociedad donde las mujeres y las niñas puedan vivir de forma libre y segura. Una visión de la seguridad conforme al concepto integral
de seguridad humana formulado por las Naciones Unidas; esto es, aquella seguridad que solo puede alcanzarse a través del pleno ejercicio de las libertades y de los derechos humanos. Un concepto amplio de seguridad que proteja a las mujeres frente
a cualquier expresión de la violencia machista y que remueva las barreras y la discriminación que las mujeres continúan enfrentando en España. Todo ello con el fin de contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 que insta a promover
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, abordando las causas estructurales que están en el origen de la desigualdad de género, en coherencia con los compromisos derivados de la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres, de la que nuestro país es parte, así como del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres consagrado en nuestra Constitución en los
artículos 14 y 9.2. Un concepto amplio de seguridad que implique también la ausencia de carencias, de discriminaciones en el mundo laboral, garantizando salarios y pensiones dignas, el fin de barreras en el acceso a una salud y una educación de
calidad en la que se promueva y asegure la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de toma de decisión. Para ello se diseña una política aceleradora, vidas libres e iguales para todas, que es coherente con la aspiración
feminista de este país y de este Gobierno.
Los objetivos concretos que persigue esta política aceleradora son, en primer lugar, medidas dirigidas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como acceso en condiciones de igualdad al empleo de calidad o la reorganización
socialmente justa de los cuidados y la lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad. Un segundo objetivo de esta política aceleradora es remover la brecha salarial que afecta a las mujeres y garantizar la igualdad de remuneración, en
línea con la meta 5.2 del ODS 5.
Permítanme que haga referencia a una de las medidas adoptadas por este Gobierno, plenamente alineada con este objetivo y cuyo desarrollo será parte del proceso de implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Me refiero al Real
Decreto 902/2020, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 14 de abril, que constituye un paso muy importante para garantizar la igualdad retributiva por trabajo de igual valor. A ella se suma el despliegue de otros planes y marcos estratégicos
para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la actividad productiva, incluyendo el sector público y aquellos sectores tradicionalmente masculinizados, a la vez que se sientan
las bases para remover los estereotipos y sesgos de género que continúan condicionando los estudios y futuros empleos de las mujeres, todo ello a través del fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado femenino.
Las actuaciones para garantizar la igualdad retributiva y el acceso a un desarrollo profesional pleno quedarían incompletas si en paralelo no abordamos las causas que explican que las mujeres no puedan participar en el mercado laboral bajo
condiciones de igualdad. Esta situación se explica en gran medida porque las mujeres continúan asumiendo de forma desproporcionada la tarea de los cuidados, un trabajo invisible al que, además, no se concede el valor social y económico que merece.
Es por ello que una de las prioridades de este Gobierno es desplegar todo un conjunto de actuaciones dirigido a configurar un sistema estatal de cuidados que articule una república de atención y dignifique su prestación, tanto para quienes son
sujetos de los cuidados como para quienes los prestan profesionalmente. Otro de los objetivos prioritarios de esta política aceleradora es la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En lo que llevamos de año,
veintiuna mujeres han sido asesinadas en nuestro país por su pareja o expareja, y según datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, el 57,3 % de las mujeres de más de dieciséis años, más de una de cada dos, declaraban haber
sufrido a lo largo de sus vidas algún tipo de violencia, fuera física, psicológica, sexual o económica. Es por ello que, al amparo del Convenio de Estambul, resulta crucial continuar impulsando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el
cumplimiento de todas las medidas acordadas, favoreciendo su consolidación mediante su plena institucionalización a través de una estrategia nacional. Además, se incorporarán a
nuestro ordenamiento nuevos marcos normativos para ofrecer una protección integral a la violencia sexual, para garantizar la libertad sexual y para hacer frente al fenómeno de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual a través de una persecución reforzada de estos delitos y de la mejora de la atención y recuperación de las víctimas. En materia de derechos sexuales y reproductivos, esta política aceleradora comprende la reforma de la Ley
Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin de recuperar los derechos de las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Esta reforma se alinea con la meta 3.7 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3, que insta a los países a garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y sexual, incluidos los de planificación familiar.
Por último, con el mismo objetivo de garantizar el libre ejercicio de la libertad sexual y erradicar las discriminaciones por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, se incorporarán a
nuestro ordenamiento jurídico nuevos marcos normativos dirigidos a promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, prestando especial atención a la desigual situación de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el ámbito
laboral, así como promoviendo el desarrollo de programas y protocolos específicos que den respuesta a sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva.
Estrechamente relacionado con los temas ambientales y sociales está el Reto País número 4, que es superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente. La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha
evidenciado la necesidad de transformar nuestro modelo productivo, respetando los límites ambientales y reduciendo nuestra dependencia del exterior, mediante la promoción de nuevos sectores productivos en los que debemos garantizar capacidades
propias y la creación de trabajo decente y de calidad. También posibilitando inversión en innovación, desarrollo y formación continua, para que nunca más se acepten criterios de competitividad basados en la precariedad y en los bajos salarios, sino
que los trabajadores y trabajadoras en España estén entre los mejor formados de Europa. Asimismo, apoyando el desarrollo de las empresas de capital nacional, que se comprometan a crear y mantener en España empleo de calidad, así como de las
empresas de pequeño tamaño, para la incorporación de nuevas tecnologías en transición energético-ecológica y digital, y propiciando, por tanto, la revitalización territorial.
El más eficaz mecanismo de resiliencia frente a futuras crisis es la modernización de nuestro modelo productivo sobre la sostenibilidad y la justicia social, un modelo económico que ponga a las personas y al planeta en el centro. Para poner
en marcha una economía productiva es ineludible apoyar el desarrollo de un tejido económico basado en sectores estratégicos para garantizar la prosperidad para la gente. Por ello, la política aceleradora que da respuesta a este reto país Un nuevo
modelo económico y productivo verde, digital y justo contiene medidas de apoyo a las empresas de capital nacional que apuesten por crear y mantener en España empleo de calidad, a nuestras pymes, a nuestros autónomos y autónomas y a nuestra clase
trabajadora. Esta política aceleradora orientará la reconstrucción y recuperación de nuestro país, a la vez que reducirá los impactos negativos de las grandes transformaciones que deben llevarse adelante para no dejar a nadie atrás.
Para ello, se diseñan más de cincuenta medidas de apoyo a nuestro sector primario para impulsar la reindustrialización verde, sostenible y circular y para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible social y medioambientalmente, y por
primera vez se hace énfasis en la contribución de las industrias culturales al sistema productivo y a la generación de empleo de calidad. Además, concede una especial importancia a la economía social por su papel en la generación de un tejido
económico inclusivo y sostenible. Para potenciar todos estos aspectos es necesario incrementar nuestra inversión pública en investigación, desarrollo e innovación, y desarrollar actuaciones para atraer y retener el talento investigador e innovador
de nuestro país. Todo ello, por supuesto, alineado con los tres ejes de los planes europeos de recuperación y resiliencia para hacer viables las grandes transiciones y transformaciones necesarias para cumplir con la Agenda 2030, la impostergable
transición ecológica, una transición digital que beneficie a la ciudadanía y la imprescindible transición social que consolide a nuestro país como un referente de protección de los derechos sociales en su agenda doméstica y global mediante el
fortalecimiento de los servicios públicos.
Entre las veintidós metas figuran, entre otras, transformar el tejido industrial, en especial la pequeña y mediana empresa, adaptándolo a la doble transición ecológica y digital y aumentando su contribución al producto interior bruto hasta
el 20 %; fomentar el emprendimiento digital y la colaboración entre los agentes relacionados o alcanzar un pacto para la ciencia y la innovación que asegure el aumento
progresivo de la financiación pública en I+D+i hasta alcanzar el 0,75 % del PIB en 2024 y el 1,25 % en 2030.
El Reto País 5 es poner fin a la precariedad laboral, una política que haga frente a la precariedad en todas sus formas y establezca condiciones de trabajo y empleos dignos en España. Para este Gobierno el empleo ha sido y será una
prioridad. Durante los meses más duros de la pandemia, se trabajó para que la crisis económica tuviera la menor incidencia en el empleo mediante la utilización de los ERTE y debemos felicitarnos porque tan solo en quince meses se han retornado a
los datos de empleo previos a la aparición de la pandemia, que supuso, durante las primeras semanas, la desaparición de casi 1 millón de puestos de trabajo. Con el crecimiento de 211 923 afiliados más a la Seguridad Social en mayo de este año
respecto al mes anterior, el número total de trabajadores en alta se situó en 19 267 221, por encima de los 19 250 000 de febrero de 2020.
Pero estos datos por sí solos no son suficientes para alcanzar el objetivo del Reto de País 5, que es acabar con la precariedad laboral y establecer condiciones de trabajo y empleos dignos en España, para alcanzar ese reto se ha diseñado una
política aceleradora con dos ejes de actuación: la calidad y la estabilidad en el empleo. El primer eje, la calidad en el empleo, supone tener trabajo decente; es decir, seguridad y salud laboral, retribución justa, negociación colectiva eficaz y
promoción profesional, entre otras medidas. El segundo eje es el de la estabilidad en el empleo, imprescindible para superar las inaceptables cifras de desempleo y garantizar proyectos de vida estables y duraderos al conjunto de la población.
Estas políticas enlazan con otros retos de país, particularmente con la transformación del modelo económico y la conformación de un Estado del bienestar resiliente o el abordaje de la brecha de género, que afecta a las mujeres. Entre las
prioridades de actuación, una de gran relevancia son las políticas activas de empleo, facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas, favoreciendo su adaptación a las necesidades de un tejido empresarial en transformación, prestando
especial atención a las personas jóvenes y a aquellos colectivos que se verán afectados por la transformación del modelo productivo derivado de la transición ecológica y digital de nuestra economía.
Igualmente, en la lucha contra la precariedad laboral es fundamental la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atajar las situaciones abusivas que nos alejan del cumplimiento del ODS 8. También es necesario mejorar las
rentas salariales, de forma que las trabajadoras y trabajadores participen de los beneficios que se obtienen con su trabajo, trasladando el crecimiento económico a los salarios, lo que mejorará las condiciones de vida e impulsará el conjunto de la
economía.
La subida del salario mínimo interprofesional ha demostrado tener un gran efecto en el impulso al alza de los salarios y ha conseguido disminuir la brecha de género y la pobreza laboral, y por ello el objetivo en esta legislatura es
conseguir que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España, aplicando plenamente la Carta Social Europea.
La recuperación de la efectividad de los convenios colectivos es otra medida para vertebrar un sistema de relaciones laborales equilibrado, reforzando la representatividad de las partes negociadoras y recuperando la ultraactividad de los
convenios, abordando la relación entre los convenios sectoriales y de empresa, los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y las condiciones de inaplicación de la negociación
colectiva. Hacer realidad la Agenda 2030 implica elevar la tasa de empleo hasta la media de la Unión Europea y aumentar el crecimiento del empleo estable y de calidad, y para ello se adoptarán distintas reformas normativas a través del diálogo
social dirigidas, entre otros aspectos, a garantizar que los contratos indefinidos sean el instrumento principal de contratación y que el contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal, mejorando así la seguridad jurídica en la
contratación. Dichas reformas normativas son parte de la definición del nuevo Estatuto de los Trabajadores, adaptado a las condiciones sociales y laborales del siglo XXI. Para alcanzar todo ello se recogen treinta y una actuaciones prioritarias en
el documento de Estrategia de Desarrollo Sostenible, que omito describirles en este momento.
El Reto País 6 es revertir la crisis de los servicios públicos y su política aceleradora es unos servicios públicos reforzados para un Estado del bienestar democrático y resiliente. La pandemia ha mostrado el papel imprescindible que
desarrollan los servicios públicos en España; una labor de siempre del personal sanitario, del profesorado, de los servicios sociales y de todos y cada uno de los profesionales públicos, que han prestado en condiciones de enorme dificultad ante la
disminución presupuestaria y recortes de los años de la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008. El reto es abandonar las políticas de recortes del gasto público como respuesta a las crisis económicas y garantizar, con políticas
expansivas
e inversiones, la consolidación de unos servicios públicos inclusivos, fuertes y reforzados. Asimismo, impulsar una sanidad pública y de calidad con medios suficientes, que apueste por la investigación; una educación pública de calidad que
ofrezca oportunidades de formación y crecimiento a lo largo de la vida para garantizar la movilidad social, y unos servicios sociales y de atención a la dependencia y a la infancia que cuenten con los recursos necesarios para atender todas las
necesidades de cualquier persona en nuestro país, que independientemente de dónde haya nacido o resida, debe estar protegida por los servicios públicos.
Los objetivos de la Agenda 2030 requieren la expansión del Estado del bienestar, asegurando derechos a través de los servicios públicos de calidad para no dejar a nadie atrás. La atención a la dependencia y los cuidados como derecho humano
universal se sitúan como un elemento central del sistema de protección social junto con la sanidad, los servicios sociales y la Seguridad Social. Por ello se evitarán los copagos sanitarios y se mejorará la atención primaria, así como las
condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Y en materia educativa, la nueva ley de educación, la Lomloe, aprobada en 2020, incorpora los principios de la Agenda 2030 como la base para definir un nuevo currículo educativo, modernizar la
profesión docente, extender la educación infantil de 0 a 3 años y garantizar una inversión en educación y becas al margen de coyunturas políticas, entre otros aspectos.
Como la prevención y protección integral de la infancia y la adolescencia respecto a cualquier situación de violencia también constituye un importante objetivo de la Agenda 2030 es por lo que vamos a tomar medidas para la promoción de
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que es como se denomina este Objetivo de Desarrollo 16. Debemos erradicar el maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra niños y niñas, también respecto a los que se
encuentran en nuestro país y carecen de protección familiar aunque no sean nacionales, y para ello se desarrollarán las disposiciones contenidas en la Ley 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia. Y en la línea de protección a
colectivos especialmente vulnerables, se plantea el refuerzo y mejora del sistema de acogida a personas solicitantes de protección internacional, a través de la creación de nuevas plazas públicas y la reforma de los procedimientos de acogida.
También se impulsará el Plan de Acción y Lucha contra los Delitos de Odio, que incluye la prevención y respuestas ante estos y la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiero hacer aquí un inciso simplemente para llamarles la
atención sobre la alarmante situación que se está viviendo estos días en la provincia de Murcia, sin duda alguna consecuencia de haber extendido durante demasiado tiempo los delitos xenófobos y de odio, que está causando muertes, pérdida de vidas
humanas.
Finalmente señalamos el objetivo del mantenimiento y mejora del sistema público de Seguridad Social y particularmente el sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional y el reparto equitativo de cargas.
El Reto País 7 es poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a los principios democráticos y el multilateralismo. La pandemia ha evidenciado las muchas carencias del proceso de globalización y las enormes
fracturas que ha generado en forma de depredación de los ecosistemas y profundización de las desigualdades, así como la interconexión de los retos que enfrentamos como sociedad global y la necesidad de reforzar el multilateralismo, la solidaridad y
la cooperación internacional para la búsqueda de soluciones conjuntas, inclusivas y justas para todas las personas y todos los pueblos del planeta. España puede ejercer un liderazgo internacional orientado a promover una globalización distinta
basada en la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad, la inclusión, la igualdad y en el refuerzo democrático, siempre desde el respeto a los derechos humanos y la apuesta por el diálogo multilateral con las Naciones Unidas como espacio
privilegiado.
Para alcanzar esa meta desplegaremos las actuaciones contenidas en la política aceleradora denominada Liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos, que combina
una acción exterior orientada por los principios de la Agenda 2030, que ponga fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a las amenazas a los principios democráticos y las amenazas a la sostenibilidad del planeta. Para ello
se requiere también de una política de cooperación para el desarrollo sostenible robusta, eficaz y dotada de recursos humanos y financieros suficientes para articular el compromiso integral con el ODS 17. Por ello deberemos acometer una reforma en
profundidad de la Ley de Cooperación española, para poner en marcha un nuevo marco regulador de los distintos instrumentos aplicables como la cooperación financiera, la acción humanitaria o la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía
global, posibilitando igualmente una eficaz y reforzada articulación con la cooperación descentralizada y con las demás
administraciones públicas. Son muchas las medidas comprometidas, pero destaquemos especialmente el incremento progresivo de la inversión de ayuda oficial al desarrollo hasta alcanzar el 0,5 % de la renta nacional bruta al final de la
legislatura y el 0,7 % en 2030, destinando al menos el 10 % de los recursos a la acción humanitaria.
El respeto de los derechos humanos también es una obligación de las empresas españolas cuando actúan fuera de nuestras fronteras. Nuestro país se dotará de una ley que proteja los derechos humanos del eventual impacto negativo de las
actividades empresariales, especialmente respecto a regímenes laborales, actividades extractivas y contaminantes y respeto a los derechos de otros pueblos, ley que abordará también las necesarias reparaciones en el caso de violaciones o abusos de
los derechos humanos. La obligación de garantizar políticas de migración nacional, europea o internacional justas y solidarias a través de la articulación de vías legales y seguras y el fortalecimiento de la cooperación con los países de origen y
tránsito para acompañar sus esfuerzos en materia de desarrollo sostenible son igualmente compromisos ineludibles para nuestro país, que se encuentran establecidos en la Agenda 2030, y devienen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
del derecho internacional.
Por último, el Reto País 8 es revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. Para abordar el reto demográfico, España se enfrenta al desafío de abordar el fenómeno de la despoblación de gran parte de su territorio rural
para no poner en riesgo la cohesión social y territorial de nuestro país. Se trata de un fenómeno con diversas derivadas, como el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, la masculinización del territorio o la brecha en el acceso a
servicios públicos y en las oportunidades económicas entre las áreas urbanas y rurales, que llevan décadas produciendo un efecto migratorio hacia municipios de mayor tamaño y población. Este desequilibrio demográfico impacta sobre los equilibrios
económicos, ambientales, sociales y culturales, afectando así a la vertebración territorial y social y, por tanto, a nuestro modelo de desarrollo y convivencia. La desigualdad de oportunidades entre las grandes ciudades y las zonas
predominantemente rurales nos aleja de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que su cumplimiento no será efectivo sin cohesión territorial y necesitamos, por tanto, un sistema territorial más diverso, equilibrado y vertebrado, conformado por
una red de comunidades, núcleos urbanos ciudades y pueblos.
Para ello, la política aceleradora Un medio rural con iguales derechos busca ofrecer soluciones con carácter transversal a las áreas en riesgo de despoblación; también soluciones que generen oportunidades económicas, laborales o de ocio en
el territorio, en colaboración con la iniciativa privada. El despliegue de medidas de transición ecológica en ámbitos como las energías renovables, el cuidado y custodia del territorio o la reconstrucción de infraestructuras verdes, entre otras,
tiene un papel esencial para la revitalización de todos los territorios, independientemente de su tamaño o su población a partir de sus recursos endógenos. Afrontar el reto demográfico implica posibilitar el desarrollo de los proyectos personales y
profesionales de todas las personas, garantizando la libertad de residencia y atendiendo particularmente a la situación de desventaja en términos de igualdad efectiva que enfrentan las mujeres en el medio rural. Para su desarrollo, hemos incluido
quince prioridades de actuación, donde destaca el Plan de medidas en el marco de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico; también se integra en esta política aceleradora el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, y hay
otras muchas medidas, entre las que destacan las estrategias de apoyo a las mujeres en el ámbito rural.
Entre las diez metas incluidas en esta estrategia, para esta política aceleradora, se sitúan: garantizar la atención sanitaria, especialmente la primaria; la educación; la atención de los cuidados y protección social en zonas rurales,
dando cobertura al 100 % de la población, y, además, se fijan metas en el ámbito del emprendimiento rural para facilitar el desarrollo de iniciativas, incluyendo el emprendimiento de las mujeres y su participación en distintos sectores económicos,
así como las iniciativas emprendedoras de personas jóvenes a través del fomento de la capacidad digital y una formación profesional adaptada a las oportunidades de los territorios.
Todos estos retos país, los ocho, y las actuaciones se han alineado con el plan europeo Next Generation y con el plan específico formulado por España, el Plan España Puede, una oportunidad irrepetible en décadas y, en concreto, como ya hemos
explicado, con sus grandes ejes de transición energético-ecológica y digitalización de la economía, a lo que se suma el necesario fortalecimiento de los servicios públicos. Trabajaremos, desde luego, para alcanzar coordinación y coherencia entre el
Plan europeo y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, diseñando actuaciones de país y no permitiendo que se conviertan en un mero sistema de concurso público para otorgar subvenciones aisladas.
Permítanme ahora que haga referencia al dictamen de la ponencia de estudio aprobado por esta Comisión Mixta el pasado 19 de abril, para evidenciar cómo sus recomendaciones han quedado recogidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
En primer lugar, quiero destacar que este Gobierno comparte la urgencia que dicho dictamen trasladó en torno a la necesidad de que España solventase su asignatura pendiente, es decir, literalmente lo que decía este dictamen: la necesidad de contar
con una Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Década de la Acción que incorpore el compromiso del Gobierno central coordinado con la imprescindible contribución descentralizada de las entidades locales y comunidades y ciudades autónomas. Es
esta misma urgencia, compartida por este Gobierno progresista, la que ha motivado el esfuerzo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para poder concluir un proceso amplio y participado que nos ha permitido llegar al examen de
Naciones Unidas con la tarea cumplida. El contexto de la crisis sanitaria, social y económica que ha golpeado a España y al mundo habría sido una excelente excusa para posponer el cumplimiento de este compromiso, pero es precisamente esta situación
la que hacía si cabe aún más necesario aprobar la Estrategia de Desarrollo Sostenible y responder así al llamamiento de las Naciones Unidas para acelerar los esfuerzos en el marco de la Década para la Acción.
Otro de los énfasis que el dictamen de esta Comisión nos trasladó y que humildemente considero que hemos abordado de forma solvente fue articular un proceso que tuviera en cuenta el necesario enfoque de abajo arriba y territorial. Prueba de
ello es la importancia que hemos concedido a la participación y diálogo estrecho entre las comunidades autónomas y con las entidades locales, tal y como he hecho ya referencia. Este Gobierno está plenamente comprometido con el respeto del marco
competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía y por ello, en esta nueva etapa que iniciamos de implementación de estos compromisos, continuaremos generando espacios de coordinación y cogobernanza, garantizando la
cooperación entre las distintas administraciones públicas.
En términos de orientación de prioridades, debo señalar que la sintonía es plena. El dictamen de la Comisión Mixta pone de manifiesto la urgencia en mejorar el marco de protección integral de derechos humanos, abordando las desigualdades
que afectan a un importante número de personas y colectivos o la preservación y el refuerzo del sistema público de salud y el fortalecimiento de los demás pilares que conforman el Estado del bienestar, a través de la consolidación de un sistema
estatal que ofrezca servicios públicos de calidad. Ambas demandas de la Comisión Mixta constituyen objetivos centrales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
La preocupación por abordar nuevas estrategias en el marco del diálogo social contra la precarización, la temporalidad y la limitación de los derechos laborales es otra de las recomendaciones de esta Comisión Mixta que ha sido plenamente
considerada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, mediante actuaciones para la recuperación de los derechos laborales desmantelados, a la vez que se aporta seguridad jurídica para unas relaciones laborales más justas que ofrezcan estabilidad
para las personas trabajadoras y para las empresas, desde el compromiso con el diálogo social. Por su parte, la llamada a continuar impulsando una transición ecológica justa que combata la crisis climática o que garantice la intervención pública en
la ordenación y el impulso de la actividad económica para promover su diversificación y circularidad, con fin de que el sistema económico supere las ineficiencias de su concentración y dependencia constituye igualmente un aspecto priorizado conforme
pedía el dictamen de la Comisión Mixta. Y compartimos la necesidad de trabajar para generar capacidades productivas propias que diversifiquen nuestro modelo económico, que generen empleo estable y de calidad y acaben con la dependencia de
determinados monocultivos productivos que nos han hecho más vulnerables como país durante la pandemia global.
Por otro lado, el dictamen de esta Comisión Mixta también reclamaba a este Gobierno el diseño de un sistema de evaluación y seguimiento objetivamente verificable, que acompañase las actuaciones que vamos a impulsar, así como la presentación
anual de un informe de progreso que rindiese cuenta de los avances producidos. Hemos recogido dicha demanda de forma que, con carácter anual, elaboraremos un informe cualitativo, partiendo de los indicadores específicos definidos para la medición
del progreso de cada una de las ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible y de las metas 2030 comprometidas, un informe que será oportunamente presentado con el fin de rendir cuentas ante esta Comisión Mixta. Y tenemos previsto
continuar trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística a través de los espacios de diálogo interministerial e interterritorial existentes, para robustecer aún más las estadísticas públicas, de forma que nos permitan evaluar
con garantías el impacto de nuestras actuaciones.
Quiero también referirme a la importancia concedida en el dictamen de esta Comisión a la integración del enfoque de coherencias políticas para el desarrollo sostenible. Indico expresamente que la Estrategia de Desarrollo Sostenible recoge
el compromiso explícito de impulsar dicho enfoque como principio que deberá guiar todas las actuaciones y que se concretará a través de la definición participada de un sistema integral de coherencias políticas para el desarrollo sostenible en
relación con el cumplimiento de la meta 17.14 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, cuyo desarrollo acompañará la implementación de la propia estrategia. Además, la estrategia mantiene el compromiso con el alineamiento presupuestario como una
de los pilares fundamentales para garantizar la coherencia de las actuaciones, a través de la elaboración de un informe específico, que acompañará las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Finalmente, voy a exponerles las principales líneas de trabajo de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 conforme a las distintas solicitudes recibidas en esta secretaría por parte de los distintos grupos parlamentarios aquí presentes.
Las líneas de trabajo descritas atienden a las funciones reguladas por el artículo 6 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Con carácter general, las actuaciones que desarrollaremos se centrarán en la coordinación de la ejecución y el seguimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 8 de junio de 2021. Lo haremos a través de la colaboración con todos los órganos competentes de la Administración General del Estado, así como con otras administraciones
públicas; una colaboración que se realizará tanto bilateralmente entre esta secretaría de Estado y las secretarías de Estado con competencias compartidas en la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como a través de los tres
mecanismos de gobernanza para la Agenda 2030 puestos en marcha en la actual legislatura: el primero, la Comisión Delegada para la Agenda 2030 y su grupo de trabajo ampliado, que incluye los puntos focales para la Agenda 2030 de todos los
ministerios, lo cual posibilita el diálogo y la coordinación para la ejecución de las medidas adoptadas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible con el conjunto de instancias del Gobierno central. El segundo, la Conferencia Sectorial para la
Agenda 2030 que continuará siendo el canal de diálogo y coordinación con las comunidades y ciudades autónomas, así como con las entidades locales a través de la representación que supone la participación de la Federación Española de Municipios y
Provincias en dicho órgano. Además de servir de espacio de actuación coordinada entre los tres niveles de la Administración, se incentivará el desarrollo de sus otras funciones, especialmente el intercambio de información y de buenas prácticas, de
forma que los distintos niveles de gobierno puedan beneficiarse de las iniciativas y aprendizajes derivados de esas prácticas. También el Consejo de Desarrollo Sostenible que, desde que inició su andadura en septiembre del año pasado, ha situado el
foco de su trabajo en la contribución a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, pero que tiene reconocidas otras funciones que serán desarrolladas con el apoyo de esta Secretaría de Estado como, por ejemplo, generar documentos y análisis
específicos sobre aspectos de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, incluyendo un informe anual de seguimiento de su implementación o contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía.
Otras actuaciones vinculadas con las anteriores incluyen, en primer lugar, el seguimiento y rendición de cuentas sobre los avances en materia de la Agenda 2030 a través de las líneas de trabajo ya mencionadas en materia de fortalecimiento de
los indicadores para la medición del progreso como parte del proceso continuo de mejora de las estadísticas públicas en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y los distintos ministerios y los organismos competentes de las comunidades
autónomas. En segundo lugar, la producción anual de un informe de progreso cualitativo que será oportunamente presentado ante esta Comisión Mixta Congreso-Senado. Continuaremos la colaboración con el Ministerio de Hacienda para la producción anual
de ese informe de alineamiento presupuestario con los ODS, que deberá acompañar el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a través del que se rendirán cuentas de la orientación de las políticas de gasto y su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, el impacto de las actuaciones y su rendición de cuentas se verá reforzado a través de la definición ya mencionada de un sistema integral de coherencias de política para el desarrollo sostenible. Este
trabajo se va a realizar con la colaboración activa de los tres espacios de la cogobernanza y partiendo de las mejores experiencias que existen a nivel internacional, incluidas las recomendaciones de la OCDE.
Además, daremos continuidad al trabajo de localización de la Agenda 2030 en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, con quien ya hemos producido una guía de localización
como herramienta para ayudar a los ayuntamientos y a otras entidades locales que quieran hacer de los Objetivos de Desarrollo Sostenible su hoja de ruta para abordar los diferentes retos de la gestión municipal y dar respuestas a las
necesidades de su ciudadanía y para ello se va a abrir una línea de financiación a entidades locales destinada a fortalecer esta línea de trabajo y a apoyar iniciativas específicas alineadas con el logro de los objetivos de la Agenda 2030. En la
misma línea de apoyar las actuaciones de otros actores, que son clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a poner en marcha una línea de subvenciones para apoyar proyectos e iniciativas cuyas finalidades sean el impulso,
la promoción y la alineación de políticas públicas, así como la realización de actividades para el fortalecimiento, implementación de la Agenda 2030, acciones de incidencia política y social, pero también proyectos piloto y de buenas prácticas,
proyectos en el ámbito de la innovación social y la investigación, desarrollo e innovación, así como en el ámbito del trabajo en red y la generación de alianzas multiactor. A esta convocatoria podrán concurrir asociaciones, fundaciones y demás
entidades sin ánimo de lucro, universidades y centros académicos y entidades de la economía social. La anterior línea de trabajo tiene entre sus objetivos, además, apoyar iniciativas dirigidas a generar conocimiento e implicación de la sociedad en
general en el impulso de la Agenda 2030, trasladando la importancia que su logro tiene para la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía, un objetivo absolutamente relevante para acompañar los esfuerzos y compromisos desde las administraciones
públicas que se están viendo complementadas ya con la puesta en marcha de campañas de publicidad y difusión de esta agenda.
Entre las competencias asignadas por el Real Decreto 452/2020 por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a esta Secretaría de Estado le corresponden las relativas a la difusión de la
forma más eficaz posible, dice literalmente, de los avances y retos pendientes en materia de cumplimiento de la Agenda 2030, así como sensibilizar a la ciudadanía para que conozca la Agenda 2030. Por ello, esta Secretaría de Estado pondrá en marcha
distintas campañas de publicidad institucional, de las que daremos cuenta en sucesivas comparecencias a esta Comisión Mixta en caso de que sea del interés de sus señorías.
Muchas gracias por su atención y, por supuesto, me someto desde este momento a todas sus cuestiones y preguntas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en turno de intervención de los grupos parlamentarios tiene la palabra por un tiempo de diez minutos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias, presidenta.
Arratsalde on. Muchas gracias por la información que nos ha facilitado. Es evidente que para avanzar decisivamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y convertir en hechos las palabras y en políticas las declaraciones la
Secretaría de Estado juega un papel muy importante en el modo de trabajo para la consecución de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Usted convocó la semana pasada a los grupos a una reunión que agradecemos y valoramos su propuesta de trabajo colaborativo. Va a ser necesario mucho trabajo colaborativo para aterrizar en la cogobernanza. Desde este planeamiento, el de la
cogobernanza, y sobre la base del respeto competencial y el trabajo realizado hasta ahora, le preguntamos cómo va a garantizar a las comunidades autónomas los espacios propios para la interlocución y participación tanto en el ámbito europeo como en
el mundial, acorde con las competencias que desarrollen estas.
El Estado, y eso lo sabemos todos porque aparece también en el informe de progreso, tiene carencias estructurales que dificultan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, carencias que se han agravado con la pandemia y con
sus consecuencias. Aunque se haya recuperado el empleo con el dato que usted ha dado, es verdad que tenemos datos de pobreza y algunos otros datos y, por tanto, verdaderamente hay mucho para mejorar.
En cuanto a la comparecencia de finales de año, le recordábamos hoy a la ministra Ione Belarra que la estrategia tiene que definir las metas, el cronograma, el presupuesto, programas y las modificaciones legislativas necesarias para
llevarlas a cabo desde las urgentes necesidades del presente, pero también con la mirada a medio y largo plazo. Hablamos de desarrollo sostenible, también de una estrategia con medidas sostenibles desde el punto de vista social, económico y
medioambiental como usted ha reflejado en esta estrategia o, por lo menos, en palabras así se está reflejando.
Se ha presentado la estrategia dividida en retos, prioridades y metas a las que previamente se ha acompañado de un diagnóstico de la situación de cada reto, pero este diagnóstico es desigual en cada
comunidad autónoma. Así, las prioridades serán diferentes y las metas también. Siguen apareciendo al final de cada reto las aportaciones y la contribución que hacen las comunidades autónomas y también los ayuntamientos sin mucha más
explicación, teniendo en cuenta que para la consecución de muchas de estas dependerá en mayor medida las políticas públicas que estas desarrollen.
Se recoge como compromiso con las comunidades autónomas impulsar y fortalecer la Comisión Sectorial y la Conferencia Sectorial, fomentar el intercambio de información y de buenas prácticas y continuar con el desarrollo de indicadores a nivel
autonómico para la medición de los progresos en materia de Agenda 2030. En este sentido, ¿cuáles han sido las peticiones que le han realizado las comunidades autónomas?
Asimismo, ponemos en valor la alienación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado, pero se echa en falta una mayor definición de las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha las metas planteadas en la
estrategia que va más allá de un ejercicio presupuestario. Hay muchas metas que abarcan mucho más de un ejercicio presupuestario.
También le preguntamos cómo se van a desarrollar las líneas de trabajo. Usted ha dicho que con carácter general le corresponde la coordinación, ejecución y seguimiento de la Agenda 2030 coordinada también con otras administraciones públicas
de manera bilateral y también a través de los tres mecanismos de gobernanza, pero seguimos sin conocer cómo se va a articular una interrelación coherente de las políticas de desarrollo entre las diferentes conferencias sectoriales. Por ejemplo,
cómo afecta la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y qué relación van a tener entre ellas. Evidentemente, todo esto, sobra decirlo, desde el respeto competencial e institucional.
Hace falta igualmente un esfuerzo de concertación por parte del Estado desde un planteamiento europeísta que mejore las capacidades de los países y regiones en las líneas compartidas y redunde la implementación de la agenda en la Unión
Europea en clave de prospectiva estratégica, donde los subestados, regiones y las naciones sin Estado como Euskadi puedan hacer su propia aportación y tengan voz propia.
Es imprescindible, y usted lo ha recalcado, establecer un buen sistema de indicadores de seguimiento. Si se quiere ser un referente internacional en el cumplimiento de la agenda, hay que trabajar a nivel de prospectiva para saber dónde se
quiere ir, de dónde partimos y a dónde vamos. Seguimos echando en falta más claridad y concreción en ese sentido.
Usted ha dicho que se presentará un informe cualitativo. Es necesario que se presenten los informes. El Informe de Progreso de 2020 carece de unos indicadores armonizados, consensuados, comparables y desglosados. El de 2021 también y ello
impide una lectura real del grado de avance de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Usted se ha comprometido a que en 2022 vamos a tener unos indicadores comparables y consensuados y, evidentemente, es una petición que, además,
hizo esta Comisión en las aportaciones que realizó a la estrategia y creemos que es muy importante, tal y como usted también ha dicho. La estrategia recoge como propuesta un marco de indicadores por cada política aceleradora en lo que ha presentado
hoy. ¿Es el marco definitivo o todavía falta consensuar el marco definitivo con las diferentes administraciones públicas?
En definitiva, desde nuestro grupo defendemos una Agenda 2030 construida sobre la base de los liderazgos compartidos y la creación con otros actores públicos y privados, una agenda consensuada, y para ello partimos de dos premisas: de la
voluntad política de cada actor institucional para que en el ámbito de sus competencias trabajar en clave de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, tomándose en serio e incorporando dentro de la Administración la necesidad de la consecución
de estos objetivos y también de un ejercicio de auténtica gobernanza multinivel, reflejo del respeto al reparto competencial.
Como ya se lo adelantamos a la anterior secretaria de Estado, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos mostrado voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, tal y como ha hecho el Gobierno vasco en la anterior
legislatura y lo seguirá haciendo también en esta, no nos cabe la menor duda, preservando en todo momento la hoja de ruta que tiene establecida el Gobierno vasco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero Montero.
Le pido disculpas a la diputada Martín porque nos la hemos saltado. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Beatriz Martín.
La señora MARTÍN LARRED: Gracias.
Soy senadora por el Grupo Democrático, por el Grupo Mixto está Tomás Guitarte. Como hemos cambiado recientemente, por eso quizá ha habido una confusión.
Bienvenido, secretario de Estado, y muchas gracias por su intervención. Desde Teruel Existe nos congratulamos de que el Gobierno haya presentado su Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Debemos caminar como país hacia
ese nuevo contrato social global que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además somos conscientes del papel fundamental que juega el medio rural para la consecución de estos objetivos. Un plan con objetivos o fines necesita medios o
herramientas para lograrlo y frenar la despoblación y reequilibrar el territorio son los medios más importantes que tiene nuestro país para conseguir estos objetivos. En varias intervenciones hemos incidido en la cantidad de ODS que están
relacionados con el medio rural y cuyos indicadores mejorarían si hiciéramos políticas para descongestionar las ciudades y repoblar el campo.
El documento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible nos parece un avance, aunque no hace todo el énfasis que nos gustaría en la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial. Creemos que es un avance que uno de los ocho
puntos claves o retos país que marca el documento sea revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico, pero, al mismo tiempo, no podemos, sino temer que se trate de un brindis al sol. Por poner un ejemplo, nos alegra ver reflejado en
el documento el objetivo, cito textualmente, para que en el 2030 se garantice la atención primaria a través de ratios de proximidad óptimos en cuanto a accesibilidad a centros sanitarios. Sin embargo, contrasta esta idea con la realidad, ya que en
muchos pueblos de la España vaciada los centros sanitarios cada vez más ofrecen sus servicios en días y horarios más limitados. De hecho, el pasado 3 de octubre ciudadanos de todos los territorios de la España vaciada se manifestaron a las puertas
de los consultorios médicos para pedir que no se siguiesen recortando derechos y servicios a la sanidad rural. Después de nueve meses el desmantelamiento sigue en curso y esta semana hemos sabido que los turolenses que sean pacientes graves de
otorrinolaringología no podrán ser tratados en la provincia y tendrán que irse a Zaragoza para ser atendidos.
He puesto un ejemplo sobre sanidad, pero podría haber hablado de servicios educativos, de servicios de seguridad, de exclusión financiera, de falta de empleo en el medio rural o de muchos otros temas. Nos gustaría constatar que las buenas
ideas que aporta la Agenda 2030, y que están reflejadas en el documento, son acordes con la realidad de los territorios despoblados. La autora Ana Iris Simón dijo recientemente que no habría Agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para
placas solares porque no tenemos casas ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Pues bien, además de esto, tampoco habrá Agenda 2030 si solo enfocamos las acciones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para vivir en las grandes
ciudades y no ponemos las condiciones necesarias para que la gente que quiera se quede o vuelva a vivir en los pueblos.
Esto no es un enfrentamiento entre ciudades y pueblos, ambos se necesitan entre sí y hay que enfocar las acciones en ambos. Durante décadas solo han ido a parar las inversiones a las ciudades. ¿No creen que ya es hora de dedicar esa deuda
histórica a los pueblos, que es lo que realmente merecen?
En cuanto a algunas de las cuestiones que ha mencionado en su intervención, me gustaría saber si hay algún orden de prioridad para tratar algunos de estos retos porque en el caso de muchos de nuestros pueblos 2030 quizá ya será tarde para
algunos de ellos.
Por otra parte, también me gustaría preguntarle un poquito más en detalle por las líneas de trabajo hacia el sector primario. Sabemos que es importante en el ODS 22 la producción y consumo responsable. Se impulsa el producto del entorno y
esto solo puede ser en pequeñas ciudades y en pequeños pueblos. Me gustaría saber si -he estado revisando el documento y no he visto que hubiera detalles concretos- han hablado con sectores relacionados con el sector primario para los estudios para
poder realizar los ocho retos o las líneas de acción que han propuesto.
Por último, también me gustaría hablar del enfoque de abajo a arriba que comentaba en su intervención. En mayo se presentó en el Congreso el modelo de desarrollo realizado por las plataformas de la España vaciada. Son ciento una medidas
que se pusieron sobre la mesa para poder trabajar ya porque para nosotros la época de estudios ya se ha terminado. La España vaciada se ha cansado de esperar y ha expuesto lo que hace falta. Ahora solo es cuestión de voluntad para poder aplicarlo
y llevarlo a cabo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenido a esta Comisión, señor secretario de Estado. Quiero agradecer también la premura con la que ha venido a explicar la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
La pandemia mundial de la COVID-19 ha sido y es una grave amenaza sin precedentes para la salud, el bienestar y el desarrollo social y económico de la humanidad y para hacer frente a esta crisis el Gobierno de nuestro país ha tomado y está
tomando medidas urgentes para frenar su propagación, salvaguardar la salud pública, brindar atención médica y asegurar la protección social y económica a quienes más la necesitan. En muchos aspectos esta crisis no ha hecho sino actuar como una
lente de aumento de los problemas estructurales que ya afectaban a nuestra sociedad, especialmente a los colectivos más vulnerables. En el marco actual, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hacen más urgentes y necesarios que
nunca. El fin de la pobreza del que ha hablado de usted, la promoción de sistemas públicos de salud universales, la reducción de las desigualdades, la construcción de ciudades sostenibles, la promoción de empleo digno y la construcción de un
sistema de cuidados eficiente y justo son, sin duda, medidas esenciales y necesarias.
La realidad, tal y como la conocíamos, se ha transformado de manera súbita y sustancial y la crisis de la COVID-19 nos obligó a actuar con rapidez y contundencia. Pero este tiempo también debe llevarnos a reflexionar y mirar a largo plazo.
Precisamente el doble carácter pragmático y estratégico de la Estrategia de Desarrollo Sostenible permite actuar en ambos planos, el de lo urgente a corto plazo y el de lo importante a largo plazo. Si algo podemos aprender de esta pandemia es que
la justicia social y medioambiental son la única alternativa posible al sistema neoliberal que nos había arrojado a una voraz competencia de todos contra todos y de todos contra la naturaleza.
La crisis que atravesamos nos hace aún más conscientes de la necesidad de acometer transformaciones estructurales en nuestro modelo económico, diplomático, social y medioambiental. Nuestro país debe reformar y fortalecer los sistemas de
protección social y el Estado del bienestar, garantizar el enfoque de los servicios públicos como un derecho de la ciudadanía, reorganizar un sistema nacional de cuidados, reconstruir un nuevo modelo productivo apoyado en una reindustrialización
verde y sostenible, implementar una transición ecológica, reformar los sistemas de producción y consumo y reforzar la cooperación internacional.
Para delinear el horizonte en el que avanzamos, no está de más trazar el punto de donde venimos. La crisis del coronavirus va camino de convertirse en un hecho histórico que, como la Gran Depresión o la caída del Muro de Berlín, provocará
cambios políticos, sociales y económicos con los Gobiernos luchando por controlar la extensión de la COVID-19 y aprobando ayudas para relanzar la actividad económica. Se reabre así el debate sobre el papel del Estado del bienestar, sobre su
adaptación y límites en la era postpandemia. Es el momento aplicar políticas de gasto social e inversión pública que reviertan una década de austeridad, recortes del Estado del bienestar.
De acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, eficiencia y equidad en el gasto social de enero de 2020, es decir, antes de la COVID-19, en nuestro país se daban altos niveles de desigualdad y escasa capacidad redistributiva del
gasto social. Usted ha hecho mención también a esto. Este informe del Fondo Monetario Internacional destacaba que antes de la pandemia el gasto para la lucha contra la exclusión social se encontraba muy por debajo de los países de nuestro entorno
europeo, el 16 % del PIB frente al 18 % de media en la Unión europea. Por otra parte, según el informe del relator de Naciones Unidas sustanciado en su visita a España en febrero del pasado año, la gestión neoliberal de la crisis de 2008 habría
dejado a mucha gente atrás como consecuencia de políticas económicas que beneficiaron a las grandes empresas y a los más ricos, mientras que los grupos sociales más desfavorecidos se vieron perjudicados. Además, el relator puso de relieve que las
altas tasas de pobreza y exclusión en España, entre las más altas de la Unión Europea, responden a una elección política, como también fue una elección política poner el dinero de todos al servicio de un capitalismo de amiguetes, de una red
clientelar y de apoyo mutuo entre políticos y empresarios. Precisamente en esta misma sala el 2 de junio, mientras este diputado interrogaba al empresario López del Hierro, nos enterábamos por los medios de comunicación que él y su mujer,
exsecretaria del PP, acababan de ser imputados por cohecho, malversación y tráfico de influencias en el espionaje a Bárcenas. Este caso valga para ilustrar a la perfección el maridaje literal entre política y negocios en nuestro país, poniendo lo
público al servicio de
los intereses privados de los que más tienen. Este es el modelo de Estado que ha de ser superado, un Estado que, hasta no hace mucho, ha sido fuerte con los débiles y protector de los que más tienen.
En el contexto presente, a medida que el desempleo aumenta como resultado de las medidas de prevención sanitaria, la desigualdad social y económica amenaza con verse incrementada respecto al escenario anterior a la COVID-19. Las medidas de
urgencia que ha adoptado el Gobierno hasta ahora son necesarias para la coyuntura inmediata, pero no suficientes para encarar el largo plazo y de ahí los ocho retos de país que usted ha descrito. Pero quería poner de relieve algunas de las medidas
que, sin ser perfectas, sí que han sido imprescindibles durante la crisis que nos ha azotado: ingreso mínimo vital, ERTE para proteger a los y las trabajadoras, ayudas para los autónomos, prestación para las trabajadoras del hogar, acceso a
préstamos ICO, moratoria de alquileres o prohibición del desahucio sin alternativa habitacional.
Además de brindar estas medidas hasta cuando sean imprescindibles en el Plan de Reconstrucción alineado con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, necesitamos un consenso amplio entre distintos partidos que nos permita mirar al futuro.
Para ello considero necesario llegar a grandes acuerdos, algunos de los cuales ya han sido mencionados en su exposición. Necesitamos apostar por un nuevo modelo productivo diversificado, sostenible y soberano, apoyado en una reindustrialización
verde que lidere la transición ecológica. En este sentido, necesitamos avanzar en el cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con prioridad como el objetivo 9, relativo a industria, innovación e infraestructura, el objetivo
7, relativo a energía asequible y no contaminante o el objetivo 12, relativo a producción y consumo responsable.
Asimismo, es urgente y necesario reforzar nuestro sistema de protección social y defender los derechos económicos sociales y laborales, fortalecer nuestro Estado del bienestar y garantizar unos servicios públicos universales gratuitos y de
calidad como construir el cuarto pilar del Estado de bienestar, esto es, el sistema nacional de cuidados, guarderías y escuelas infantiles, junto con un sistema público de residencias que pueda responder con eficacia ante nuevos desafíos
imprevistos.
Por último, quiero subrayar la necesidad de emprender una reforma fiscal progresiva que asegure la financiación de este incremento del gasto afianzado en los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad que establece el
artículo 31.1 de la Constitución española y que nos sitúe paulatinamente en la media europea en términos de ingresos públicos.
Gracias, presidenta. Me guardo algún tiempo para el turno de réplica.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cortés.
Lo tendrán todos en cualquier caso. Por el Grupo Parlamentario VOX la señora Nevado del Campo.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, don Enrique Santiago. La verdad es que hacía falta la implicación de alguien del núcleo duro de la extrema izquierda más radical en el organigrama de la Agenda 2030 porque, tras la salida de Pablo Iglesias, se ha quedado un
poco desangelado (risas), a pesar de que todos los miembros de la Agenda 2030, empezando por la presidenta, son de Podemos, todos comunistas. La señora presidenta de Podemos o similar. El secretario de Estado de Derechos Sociales es comunista, el
Director General de Derechos Sociales es comunista y, por supuesto, también Ione Belarra es comunista. Y la verdad es que llama bastante la atención porque los mismos que hace pocos años se ponían delante de la manifestación en contra del gran
capital y del globalismo, ahora resulta que se ponen al servicio de las élites del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030. La verdad es que llama bastante la atención.
Vamos al documento que usted presenta hoy aquí. Dicen que cuando se marcaron el objetivo de preparar una estrategia desarrollo sostenible no se podían imaginar el futuro que teníamos por delante. Se refieren a la crisis del coronavirus que
les sirve de excusa en todo momento para tapar las vergüenzas de la peor gestión sanitaria y económica del mundo. No se podían imaginar el futuro que teníamos por delante, no se podía saber. ¿Cuándo se marcan el objetivo de diseñar una estrategia
de desarrollo sostenible? Supongo que una vez que se conforma el Gobierno, una vez que toma posesión el día 7 de enero de 2020 o un poco después cuando se crean las comisiones. ¿Y cómo dicen que no se podía saber si pocos días después China está
totalmente confinada? Aparte de esto, nuestro grupo parlamentario también, pocos días después de que se conforme el Gobierno, avisa de la posible llegada de una pandemia a España y les solicita que cierren los aeropuertos. Nos llama poderosamente
la atención que con la íntima relación que tiene la Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial ustedes no estuvieran informados de que pocos meses antes hubo un evento titulado Event 201 Pandemic Exercise, ejercicio de
la pandemia, el 18 de octubre, al que asistieron representantes del Foro Económico Mundial, de la industria farmacéutica y, cómo no, la Fundación Bill y Melinda Gates, y consistió en un simulacro de respuesta a las pandemias graves con la
finalidad precisamente de minimizar las consecuencias económicas y sociales que pudiera provocar una pandemia. No entendemos cómo no les hicieron llegar estas conclusiones. No sabemos por qué en ese momento hubo esa falta de comunicación o es que
quizá lo mejor era mirar para otro lado para en este momento decir que la implantación de la Agenda 2030 es más necesaria que nunca. Señorías, su plan para 2030 es, sencillamente, desmantelar España. Afirman que reducir las desigualdades es uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero, ¿hacia dónde vamos a igualar? ¿Hacia arriba, hacia los salarios que tienen ustedes de media -de unos 120 000 euros-, o nos vamos a igualar hacia los 462 euros del ingreso mínimo vital? Todo indica que
hacia abajo, señorías, porque así lo demuestran los resultados de sus políticas.
Le voy a contar los avances de la Agenda 2030. La mayor tasa de paro del mundo desarrollado. Sí, es así. Las mayores colas del hambre en tiempos de paz; también es así. A la clase media se le suben los impuestos para hacerles imposible
que puedan salir adelante. Los autónomos no pueden soportar las cuotas ni las subidas de impuestos generales ni el pago de los suministros. Emprender se hace una misión imposible. Se desprotege a los agricultores y ganaderos, favoreciendo la
competencia desleal de productos que entran de terceros países. La sociedad en general empieza a percibir que planchar o lavar a la hora que a uno le dé la gana es un verdadero lujo. España está acumulando una deuda que se convertirá en perpetua y
los fondos de recuperación servirán básicamente para beneficiar a las élites. Dicen que la crisis del COVID ha revelado los problemas estructurales de nuestro país, pero, señor Santiago, los problemas los han creado ustedes, que en todo este
tiempo, en vez de dedicarse a proteger a las personas contra el virus chino e intentar salvar nuestra economía, lo que han hecho ha sido intervenir todo lo que han podido y actuar en contra de los intereses de España; obedecer a ciegas las
consignas de la agenda globalista; enfrentar a la sociedad; crear un clima de tensión insostenible; controlar los medios de comunicación, vigilar, censurar y demonizar a todo aquel que piense diferente; abrir las fronteras de par en par;
aprobar una ley de cambio climático que ningún país que quiera prosperar y salir adelante la va a poner en marcha y avanzar en la agenda LGTBI, en el adoctrinamiento de los escolares, en la intervención de la justicia, en la Ley de la Eutanasia, en
indultar a quienes quieren romper España y en apoyar la declaración del aborto como derecho humano, por ejemplo. A eso es a lo que se han dedicado.
Señorías, ustedes solo avanzan hacia lo que nos adelanta el Foro Económico Mundial, avanzan hacia un 2030 deshumanizado, en el que no tendremos propiedades, no viajaremos en avión, 1000 millones de personas habrán tenido que emigrar y los
llamarán refugiados climáticos porque suena bastante mejor que invasores. Estamos avanzando hacia comer el pienso que Bill Gates venderá a los Estados porque la carne será solamente para ellos, para las élites.
Esta estrategia de desarrollo sostenible solo favorece a esas élites a las que ustedes obedecen y va directa hacia un nuevo orden mundial, y ustedes mismos lo han dicho en varias ocasiones. Pon una nota al documento a pie de página
advirtiéndole a la ONU y a sus amos, los señores del Foro de Davos, que nada de lo que planean para 2030 se va a hacer realidad en España, porque para entonces ustedes ya no decidirán y será VOX quien marcará los objetivos que habrán de ponerse en
marcha para restablecer todo lo que están arrasando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nevado del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alonso Pérez.
El señor ALONSO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero saludar al nuevo secretario de Estado para la Agenda 2030, queremos darle nuestra más sincera enhorabuena porque ha caído en el mejor trampolín de la
política española. Así que puede estar tranquilo, no sienta presión por hacer las cosas bien ya que su antecesora, sin prácticamente avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo poco que hizo haciéndolo muy mal, ha
llegado a ser ministra del Gobierno de España y secretaria general de Unidas Podemos. Se dice popularmente que el único lugar donde el éxito va antes que el trabajo es en el diccionario, pero, sin lugar a dudas, ustedes han venido para revolucionar
la política española. Para bien o para mal que juzguen los españoles, aunque viendo los resultados de Madrid y de las últimas encuestas están teniendo ustedes un suspenso radical. Y radical es
el cambio que necesitan sus políticas con respecto a la Agenda 2030. Como sabrá, represento al partido que trabajó, negocio, firmó y ratificó la agenda cuando estaba en el Gobierno. Por eso nos da mucha pena comprobar que los ODS y los
objetivos que se han definido como Retos de País en esta estrategia están cada día mas lejos de ser una realidad, especialmente en lo que se refiere a una reconstrucción alineada con la Agenda 2030.
Es conveniente hacerles ver la auténtica realidad de nuestro país, aunque les sea incómodo, porque es evidente que ustedes estaban mejor en la oposición, lanzando eslóganes vacíos; promesas que, cuando han llegado al Gobierno, son incapaces
de cumplir. Respecto a esa falta de capacidad de gestión quiero hablar, en primer lugar, del que se ha señalado en esta estrategia como el primero de los Retos de País: acabar con la pobreza y la desigualdad. Señalaba usted antes en un lugar
destacado de esta estrategia, como una de las políticas aceleradoras, el ingreso mínimo vital. Ya nadie duda de que el escudo social tan cacareado por este Gobierno -y al que ha hecho usted referencia- ha sido un absoluto fracaso. Según los
propios datos del ministerio publicados el pasado 17 de mayo, apenas se ha concedido al 20 % de los solicitantes. Mientras se despilfarra el dinero público en colocar amiguetes, en movilizar el Falcon para ir de concierto a Benicasim o en nuevos
coches oficiales, Oxfam Intermón señala que si el ingreso mínimo vital se hubiera implementado en su totalidad habría salvado de la pobreza a 277 000 personas el año pasado. ¿Quiere que le dé una pista de dónde recortar? Con lo que su Gobierno
gasta en asesores se podría pagar el ingreso mínimo vital a 65 000 españoles.
Pero continuemos, hablemos del segundo Reto de País, que es hacer frente a la emergencia climática y ambiental. Este Gobierno ha sido incapaz de liderar la transición hacia una sociedad y una economía sostenible, verde y competitiva durante
estos tres años, en los que hemos tenido mucha teoría y pocos hechos por parte de la señora Ribera. Por abreviar porque no tengo mucho tiempo, su política en esta materia puede resumirse en tarde y mal; llegan tarde a la trasposición de las
directivas europeas y no dejamos de recibir advertencias y sanciones. Tres años de retraso para aprobar una ley de cambio climático cuando el Partido Popular ya había registrado un texto legal en esta Cámara en el año 2018. Aprobaron una
estrategia en materia de economía circular con dos años de retraso, cuando nosotros también la dejamos hecha en 2018. Lo único que han conseguido durante estos tres años es perjudicar la competitividad de nuestra industria y que suframos el saqueo
de su política energética. El precio del butano lleva encadenados diez meses de subidas. Si hablamos de gasolinas he de decirle que hoy llenar el depósito de nuestro coche es un 12 % más caro que al comenzar el año, pero ustedes contestan que por
eso quieren apostar por la electrificación, y yo he de decirles que no nos engañen porque ustedes han llevado a cabo un cambio de tarifa que supone un aumento de los costes de hasta un 73 % del precio de la energía en hora punta. Esto se les está
yendo de las manos, son consumos esenciales los que están en máximos históricos por su mala política energética.
Pasemos al tercero de los Retos de País, al que también ha hecho referencia, sobre cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación. Los colectivos que la izquierda dice defender siempre son los que sufren más
las políticas de izquierdas. La tasa de paro femenino es del 19,7 %; somos el segundo país de la Unión Europea con más paro entre mujeres, solo superado por Grecia; en el ámbito laboral la brecha de género se amplía y me preocupa especialmente en
el ámbito rural, donde alcanza un 40 %. Hemos retrocedido diez puntos en bienestar de las mujeres, pasando a ocupar el puesto número quince en el ranking de la desigualdad. Le podría dar muchos más datos, pero es que la izquierda lleva tres años
en el Gobierno y ustedes no hacen nada, solo planes para el 2030 e incluso Sánchez ya habla del 2050, aunque para tener un mundo mejor en 2030, ¿no creen ustedes que deberían empezar a hacer algo en el 2021?
En los Retos de País cuarto y quinto ustedes se llevan la palma. Cada vez que la izquierda entra por la puerta de la Moncloa, el trabajo decente y el crecimiento económico saltan por la ventana. La realidad es que, a día de hoy, en España
hay 5,3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. La radiografía de nuestro país desde que gobierna la izquierda es la siguiente, aunque usted haya hablado de datos muy positivos yo le cuento: se han cerrado más de 110 000 empresas;
se han creado 315 000 empleos públicos, pero se han destruido más de 55000 empleos privados; el paro juvenil ha subido más de un 34 % y ha aumentado el paro en todos los sectores. Ya pueden ponerse las pilas antes de 2030 porque, como sigan así,
para entonces no va a quedar nadie en pie.
Hablan en el sexto Reto de País de revertir la crisis de los servicios públicos, centrándose especialmente en la educación, la sanidad y la dependencia. En educación han logrado ustedes la sectaria Ley Celaá, que ataca la libertad, el
esfuerzo, la equidad y pulveriza la calidad de nuestra
educación. En cuidados y dependencia simplemente le daré un par de datos: fallecimiento de casi 30 000 personas en residencias de servicios sociales. Desde el estallido de la pandemia esas personas murieron solas y asustadas. La
generación que luchó toda una vida por dejar una España mejor a sus nietos no ha tenido la ayuda ni el apoyo de su Gobierno cuando más lo necesitaba. Pablo Iglesias no se dignó a visitar ni una residencia. En el año 2020 más de 55 000 personas
fallecieron sin respuesta en las listas de espera de la dependencia. Creo que estos tremendos datos hablan por sí solos. Ustedes han sido especialmente tenaces a la hora de intentar generar desconfianza en el Sistema Nacional de Salud. La lista
es interminable: reconocimiento tardío de la pandemia, comités de expertos inexistentes, opacidad en las cifras, falta de evaluación de la gestión comprometida por sanidad desde octubre de 2020, compra tardía de equipamiento que encima era fake,
falta de un plan cohesionado de vacunación para todo el país -todavía hay enfermos crónicos sin vacunar a día de hoy-, vaivenes con el uso de las mascarillas y cuatro ministros de Sanidad en tres años, señorías de la izquierda. A partir de estas
carencias, ustedes tienen fiabilidad cero para liderar o aportar valor al cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sobre el séptimo reto, en el que hablan de poner fin a la injusticia global, a las amenazas de los derechos humanos o a los principios democráticos, ya le digo que espero que haya cambiado usted mucho porque defender el comunismo, que es
como defender el nazismo -no lo digo yo, lo dice Europa-, o defender el indulto a quienes rompen la convivencia, la paz, incendian nuestras calles y no solo no se arrepienten, sino que aseguran que reincidirán, no es muy compatible con los derechos
humanos, con el fin de la violencia en el mundo o con la democracia. Tampoco es defender la igualdad entre españoles que su compañera la ministra Irene Montero proponga hoy eliminar las causas contra los independentistas ante el Tribunal de
Cuentas. Todos los españoles pagan a Hacienda, pero los golpistas no. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? El último de los...
La señora PRESIDENTA: Le recuerdo, diputado, que estamos en la Comisión de ODS.
El señor ALONSO PÉREZ: El tiempo, presidenta. Estoy hablando de todos los retos de la estrategia, lo puede comprobar luego usted.
La señora PRESIDENTA: No sé en qué punto están los indultos, la verdad.
El señor ALONSO PÉREZ: Pues en el de democracia, justicia; lo puede ver luego. Señora presidenta, se me han ido unos veinte segundos.
El último de los Retos de País trata sobre revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. Está muy bien tener una vicepresidenta de Reto Demográfico, pero a la hora de la verdad ningún compromiso concreto en cuanto a
calendario o inversiones. Ninguna alusión a la maternidad ni a las ayudas a las familias, algo que deliberadamente ignora este Gobierno. Todas son referencias a metas para 2030, pero sin ninguna concreción. Por lo menos dicen en la página 308
que, como parte de las actuaciones para hacerle frente, se está trabajando en la aprobación de una estrategia nacional frente al reto demográfico. Y yo les digo, ya era hora, esto es precisamente lo que reclamaba el Partido Popular. La respuesta
de su Gobierno es que ya estaba aprobada, a pesar de que no es así, ya que lo que están aprobadas son unas directrices generales de la estrategia. Así que me alegra que reconozcan por escrito que no estaban diciendo la verdad.
Voy finalizando, ustedes han incumplido la primera regla básica de la política: conseguir que la vida de los ciudadanos sea mejor ahora de lo que era hace un año. Con los datos que he facilitado eso está lejos de la realidad, con más paro,
más desigualdad y más desconfianza. Se presentaron como el Gobierno del cambio y han terminado siendo el Gobierno del recambio, parches rápidos para problemas que requieren lo mejor de los servidores públicos. Han dejado claro a los españoles,
especialmente a los más vulnerables, que están solos en la salida de esta crisis; que cuando hablan de justicia se refieren a indultos; que cuando hablan de más representación internacional se refieren a un paseo de veinte segundos con Joe Biden y
que cuando aseguran que están luchando contra la crisis no están luchando contra ella, sino utilizando la crisis como excusa. Su política de engañar a todos todo el tiempo está llegando a su fin, cada día más españoles lo saben y así lo reflejan ya
todas las encuestas. España no se merece este Gobierno, pero les aseguro que el verdadero cambio, el cambio que va a traer el presidente Casado a este país, está muy cerca.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Villagrasa Quero.
La señora VILLAGRASA QUERO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, señor Santiago, en su primera comparecencia a esta comisión mixta desde que fuese designado secretario de Estado. Gracias por hacerlo antes de que la estrategia de desarrollo sostenible sea
presentada en la Asamblea de Naciones Unidas. Gracias también de manera pública por habernos reunido a los grupos parlamentarios antes de esta comparecencia para hacernos llegar el trabajo y dar cuentas del proceso. Señorías, yo no sé si esto se
va a seguir produciendo comisión tras comisión, intervención tras intervención, pero tengo la mala sensación de que sí, y si es así, se va a convertir sin duda alguna en una pérdida de tiempo que las representantes de la soberanía popular tenemos
para hablar en su nombre.
Hace ahora cien años el Partido Socialista abandonó la Segunda Internacional. En un Congreso extraordinario en 1921, tras un viaje de Fernando de los Ríos a la Unión Soviética, se aprobó un dictamen en el que el diputado venía a definir sus
formas de vida. Esa es la respuesta que el PSOE le dio a Lenin: libertad para ser libres. En otro Congreso extraordinario, en el año 1979, el PSOE de Felipe González renunció al marxismo como organización del partido, aunque lo mantuvo como
análisis de la realidad. Y, al mismo tiempo, el Partido Comunista de España era legalizado, parte integrante de la transición y firmes defensores de la Constitución, cosa que entonces ni ustedes hacían, ninguno de los dos. Una de las cuestiones
que peor habla de la derecha de este país es su desconocimiento de la historia y, con ella, de la historia de los partidos políticos (aplausos) que hemos luchado para que España en este momento sea el país democrático que es y que les permite tanto
a ustedes como a mí estar haciendo uso en este momento de este micrófono. ¿Saben en qué otro momento ha estado el Partido Comunista del otro lado? Lo hicimos cuando un golpe de Estado puso en duda nuestra democracia y lo hacemos ahora en este
Gobierno, cuando el espectro electoral se pulverizó e hizo ingobernable al país y lo hacemos -no tengan ninguna duda- no solo para hacer frente a la derecha más corrupta de Europa y al populismo de su regresiva compañera de la extrema derecha, sino
para transformar este país y cumplir con el mandato de justicia social y de dignidad de vida de su ciudadanía; en definitiva, el nuevo orden mundial de la gente decente. (Aplausos).
Señorías, hoy asistimos al riesgo de perder décadas de progreso en la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades y en favor de los derechos humanos. Hoy nos enfrentamos a la paradoja de que la pandemia y sus consecuencias refuerzan
la Agenda 2030 como hoja ruta válida para la salida de la crisis, mientras que se limitan los avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España y en el resto del mundo por el impacto de la COVID-19. Estamos a escasos nueve años
de dar por cumplidos o por fallidos los objetivos de una agenda que no es sino el catálogo de ampliación de derechos humanos más vigente que tenemos. Señor secretario, esta estrategia nace en un momento que no podía ser más propicio para la
reformulación del país y para que caminemos más firmes hacia ese cambio de modelo productivo, económico y social para el que este Gobierno de progreso pactó un plan de gobernabilidad. Digo que no podía ser más propicio porque ver al país tan
tensionado nos ha permitido observar cómo se han llevado al límite algunas de las que creíamos nuestras fortalezas, tales como el sistema público de salud, y nos ha permitido reafirmarnos en, entre otras cosas, cómo caminar hacia la sostenibilidad
ambiental, económica, social y la corresponsabilidad internacional. Por eso este Gobierno ha tenido que trabajar para demostrar que, a diferencia de lo sucedido en 2008, es posible reformular una salida social donde los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sean el horizonte de la reconstrucción y transformación para un futuro a la altura del país y de sus trabajadores y trabajadoras.
Ha dicho usted con acierto, secretario, que el país se ha enfrentado a una grave crisis de seguridad humana. Precisamente si algo no es fácil es llegar a acuerdos, es hacer un análisis de la realidad que nos rodea. Partíamos ya antes de la
pandemia de un escenario de injusticia social y riesgo de pobreza real, que sufría y aún sufre parte de la ciudadanía tras años de olvido, recortes y políticas neoliberales. Frente a ello, este Gobierno progresista ha dotado de presupuesto propio a
la secretaría de Estado, reconociéndola como uno de los ejes vertebradores de un proyecto centrado en las personas y que tiene la coherencia de políticas y la cogobernanza multinivel como máximas. Este Gobierno alineó sus primeros presupuestos, los
de 2021, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y relató cómo cada objetivo tenía sus partidas presupuestarias ajustadas a su consecución. Continuamos con un plan de recuperación avalado por la Unión Europea, que completa esta tarea y
se convierte en una palanca en sí para llevar a cabo la transformación necesaria descrita en la estrategia.
Señorías, esta estrategia se presenta hoy como un proyecto de país para hacer realidad la Agenda 2030; un proyecto para la década de la acción que incorpora un compromiso político del Gobierno central coordinado con la imprescindible
contribución descentralizada de las entidades locales y comunidades y ciudades autónomas, que hace suyo el enfoque de arriba abajo y territorial y que contempla medidas e indicadores de rendición de cuentas, como le pedíamos, concretos y medibles
desde un marco integral de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible para la consecución de sus metas.
Quiero poner de relieve el rol transversal del territorio y de los gobiernos locales y autonómicos entre los retos del país y centrar mi atención en el reto número 8, la revitalización del medio rural y el reto demográfico, que la estrategia
recoge y que afrontamos como país. Lo sabemos, tenemos la obligación política de actuar y no dejar morir el territorio y, para ello, no solo debemos dotar de servicios a los pueblos -que algunos están convertidos en auténticos espacios de cuidados
y sobredotados como nunca lo habíamos imaginado-, sino que tenemos que mantener viva su productividad y hacerlo de forma sostenible. Será difícil pelear con la tendencia social y los ofrecimientos de la vida metropolitana, pero como gobernantes
tenemos la obligación de invertir, idear y dar alternativas reales al sostenimiento de un mundo rural que es profundamente diverso. No voy a caer en el error de hablar de la España vaciada, un término que no comparto por funcionar como un todo
homogéneo porque, si bien coincido con gran parte de su análisis, sería baldío, como algunas de sus tierras, enfrentar con las mismas acciones dos realidades tan distintas como el éxodo extremeño en Las Hurdes y la pérdida de población en la comarca
de Daroca en Zaragoza, por ejemplo. Por eso, para reconocer y diversificar tenemos en la mano los fondos de reconstrucción, para cambiar el modelo productivo del país, para garantizar una vida digna y un futuro de prosperidad, sostenibilidad y
bienestar que reduzca las desigualdades, erradique la pobreza extrema y contribuya a la justicia climática global. Sabemos, por supuesto, que todo irá acompañado de grandes elementos programáticos en marcha, como lo son los trabajos elaborados
desde la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el proyecto España 2050, la Agenda Urbana Española, la nueva ley de formación profesional, la asamblea ciudadana por el clima o todas las leyes puestas en marcha desde la Vicepresidencia cuarta
de Transición o políticas como el ingreso mínimo vital.
Somos conscientes, como usted decía, de que el modelo productivo actual nos ha llevado a una situación de inseguridad nacional por la falta de producción, fruto de la poca diversificación de nuestra industria. Señor secretario, de esta
Comisión le ofrecemos absoluta lealtad institucional para ser vigilantes con la gestión efectiva y sostenible de los recursos y no seremos en absoluto complacientes, como no lo hemos sido con el dictamen. Es nuestro deber como agente de control del
Gobierno y es también un mandato claro al que nos debemos como progresistas.
Además, en esta agenda global no me quiero olvidar de una de sus máximas, que es garantizar la democracia y preservar las instituciones ante el avance de la extrema derecha y los retrocesos de los derechos humanos, tal y como mandata el Reto
de País número 7. Hoy en Europa y América Latina, los dos espacios de mayor influencia para nuestro devenir político, se están produciendo reacciones ante fórmulas de control antidemocrático, como deslegitimar los gobiernos -como es nuestro caso- o
no querer reconocer procesos electorales justos, como es el caso de Perú. Señorías, las democracias sufren así tal descrédito que la ciudadanía padece de una desafección que contamina el fin de esta hoja de ruta transformadora. Tal y como nos
recordaba Laura Sullivan, directora ejecutiva del movimiento europeo WeMove Europe, cuanto menos participe la gente en la formación de la democracia en la que viven, mayor será el daño a la sociedad en su conjunto. Por eso saludamos el proceso del
buen trabajo y el diálogo. Ha sido muy grato reconocernos en algunas de esas propuestas que recogió el dictamen y a las que usted ha hecho referencia.
Señor secretario, acudimos a Naciones Unidas al examen voluntario con la mirada puesta en no dejar a nadie atrás y en extender y cuidar la democracia, la paz y la justicia en un mundo justo y feminista, consciente de los límites de este
planeta. Quizá no vayamos a obtener el resultado tras la COVID-19 que nos agrade, pero será un buen punto de partida para aproximarnos al reto global que enfrentamos en común.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, solo me queda insistir y decirles que les esperamos con la mano tendida, que vuelvan a la senda de la que no debieron salir y se sumen al consenso otra vez por la Agenda 2030. Porque fuera de este
consenso solamente les queda VOX y el frío de la nostalgia de unos tiempos pasados que no fueron mejores y que, por suerte, estamos revirtiendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Villagrasa.
Tiene la palabra don Enrique Santiago Romero para contestar a los portavoces.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGENDA 2030 (Santiago Romero): Muchas gracias.
Quiero dar las gracias a todas y todos los intervinientes por sus palabras y por sus aportaciones en su caso. En primer lugar, quiero hacer una reflexión general. Nuestro país durante la pandemia ha evidenciado graves problemas
estructurales de seguridad humana. Hasta ahora pensábamos que la seguridad humana dependía de cuestiones como el control de fronteras o las potencialidades de la defensa entendida stricto sensu, pero realmente ante una situación como esta, de grave
crisis sanitaria -que inmediatamente ha provocado una crisis económica, una crisis social y una crisis laboral-, nos hemos dado cuenta de las inmensas vulnerabilidades. Es verdad que en primera línea de ataque a la pandemia ha estado nuestro
personal sanitario, con escasos medios -como hemos visto- y no solamente con escasos medios, en muchos casos con contratos de trabajo indignos, precarizados y mal pagados. Asimismo y como siempre, han estado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, pero, al final, quienes han garantizado en primera instancia la seguridad de todos nuestros compatriotas han sido los trabajadores y las trabajadoras de los supermercados, cobrando salarios mínimos, con contratos temporales, preocupados y
preocupadas por cómo iban a llegar al mes siguiente y cómo iban a dar de comer a sus hijos; los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, uno de los trabajos peor considerados socialmente en este país; los trabajadores del transporte, muchos de
los cuales ni siquiera tenían reconocida una relación laboral hasta que este Gobierno de una vez ha puesto fin a esa ficción diabólica de que el que tiene una bicicleta es todo un empresario que puede competir en igualdad de condiciones con
transnacionales del transporte o de la logística. Este país está en deuda con ellos. La seguridad de todos nosotros y nosotras, de nuestros hijos y de nuestras familias la han garantizado los trabajadores peor atendidos y con condiciones más
precarias. Además, nos hemos encontrado con que vivimos en un país en el que no hay medios y habrá que saber por qué no, porque antes los había. Por ejemplo, antes cuando se hacía un ERE la administración podía intervenir y dar su punto de vista,
incluso paralizarlo. Ahora nos hemos encontrado con situaciones muy dramáticas. Quiero recordar, por ejemplo, el caso de Siemens Gamesa. Gamesa, empresa de capital nacional, un ejemplo de emprendimiento y tecnología española, a la cabeza de la
innovación, el desarrollo y la investigación; capaz de producir bienes de equipo para la generación de energía eólica, a la cabeza de la transición ecológica y energética; con beneficios económicos y comprada por una multinacional extranjera. En
tres años, manteniendo beneficios, ha sido partida y deslocalizada de nuestro país, la mitad a Portugal y la mitad a Irlanda, en un momento en el que los planes de recuperación europeos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuestan precisamente
por estos mecanismos de nueva industrialización en transición ecológica y energética. Eso es no tener ni soberanía nacional ni tener seguridad en este país. Y eso tiene unos responsables. Esto es por unas políticas que se han adoptado que han
permitido que este país sea absolutamente vulnerable. Lo que queremos con esto no es ajustar cuentas. Se habla de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional en este momento, empezando por países como Estados Unidos, ha dicho
claramente que la única forma de salir de esta crisis es aumentar la inversión pública y garantizar una intervención desde las administraciones públicas para contrarrestar los efectos de la pandemia y mejorar las condiciones de vida de todo el
planeta. Ya ni siquiera en países como Estados Unidos se cuestiona el cambio climático y la afectación que va a tener para la vida del planeta. Eso se ha cuestionado durante los últimos años en distintos países, pero ya no es así, es una evidencia
científica, al margen de que el planeta sea verde o sea azul. El problema es que el planeta tiene unos recursos finitos y requiere unas medidas que garanticen su sustentabilidad. Creo que todos y todas nos tenemos que sumar a este reto, que no es
un reto que se haya inventado el Gobierno de coalición -que tanto desprecian ustedes-, esto es un reto que viene señalado por la comunidad internacional. Como cuestión introductoria, me parece que deberíamos aprovechar este tipo de comparecencias
para intentar aportar.
Yo agradezco fundamentalmente a todos los que han venido a aportar. A la señora Vaquero Montero le quiero agradecer, en primer lugar, la colaboración del Gobierno vasco y resaltar que, efectivamente, esa necesidad de trabajo colaborativo
que ella decía la tenemos muy presente. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar -no solamente con el Gobierno vasco y con la comunidad autónoma vasca- la colaboración en el seguimiento y la ejecución de esta estrategia y de estos objetivos
que nos hemos marcado. Preguntaba usted cuál es el marco, cómo vamos a garantizar ese espacio de interrelación. Pues a través de todas las conferencias sectoriales, esa es nuestra primera aportación. En cada una de
las conferencias sectoriales en las que se van a abordar cuestiones relacionadas con las políticas, con las metas y con los retos que se incluyen en la estrategia vamos a coordinarnos para que las decisiones que se vayan tomando estén en
correlación con la estrategia y puedan implementarse a través de las reformas legislativas y también a través de la conferencia sectorial específica de la Agenda 2030. Esta conferencia está configurada para que haya una participación de todas las
consejerías, porque todas las consejerías que participan tienen una función de coordinación de la acción de Gobierno de cada una de las comunidades autónomas. Vamos con retraso -ya lo he explicado en mi intervención inicial- porque España en el año
2018 creó primero un Alto Comisionado para la Agenda 2030, pero ha sido este Gobierno el que ha creado ya una estructura estable en un ministerio. Por eso, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido. Creo que debemos estar muy orgullosos
y orgullosas de lo que hemos conseguido sacar adelante en tan poco tiempo, en unos pocos meses. Primero ha habido un proceso participativo, en el que hemos recogido aportaciones de todas las comunidades autónomas, al margen del color de cada
comunidad autónoma. Puedo indicarles, por ejemplo, las aportaciones que ha realizado la Comunidad Autónoma de Andalucía a este proceso: Pedir regulación y subvenciones para el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural -introducido en
esta estrategia-; diseñar un mapa de oportunidades para emprender en las zonas rurales vinculado a la innovación, la transformación digital y la economía circular; fortalecimiento de las redes de colaboración entre personas emprendedoras y
entidades públicas y privadas; una ley sobre las mujeres rurales y el mar; un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera, ambiental y programas concretos para todos los territorios rurales. He
puesto este ejemplo por decir una comunidad autónoma gobernada por un partido distinto al nuestro, en este caso el Partido Popular, pero también han aportado la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el País Vasco. En concreto el País Vasco ha
aportado acuerdos de estrategias para, por ejemplo, la elaboración -a ver si lo digo bien en euskera- del plan Gaztenek para incorporación y mantenimiento de jóvenes en el sector agrario; planes de agricultura ecológica para el periodo 2020-2023;
planes integrales de atención al trabajo temporero; planes de desarrollo rural integral o el plan de desarrollo rural de la Política Agraria. Es decir, todas las comunidades autónomas -dieciséis de diecisiete, no voy a decir la que no ha aportado
por respeto y ella sabrá sus motivos-, dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas, han aportado distintas cuestiones, al margen de su color político. Lo tienen ustedes en la página 308 y siguientes de la estrategia. Porque existe ese
convencimiento de que esto es un reto de país, al margen de quién gobierne en cada momento.
Lo comentaba antes, me gustaría que esta secretaría de Estado tuviera más competencias de ejecución. Eso de que no tenga tantas puede ser malo o puede ser bueno. ¿En qué sentido puede ser bueno? El diseño que aparece en el Boletín Oficial
del Estado atribuye claramente unas competencias compartidas con otras administraciones, especialmente con la Administración General del Estado. ¿Cuál es el trabajo de esta secretaría de Estado? Pues es -y yo lo pongo aquí y, además, me pongo a su
entera disposición- ser capaces de interactuar con los distintos niveles de cada uno de los ministerios que tienen las competencias directas para todas estas medidas y sacar adelante las reformas legales, los programas y las actuaciones. Digo con
los ministerios como digo con las comunidades autónomas; es decir, vamos todo lo rápido que podemos y hemos realizado esta comparecencia en esta Comisión mixta antes de realizar la conferencia sectorial. Tenemos convocada la conferencia sectorial
para antes del 15 de julio, de forma que cuando España concurra al examen voluntario ante Naciones Unidas, en el foro político de alto nivel, hayamos puesto ya en común con todas las comunidades autónomas esta estrategia. ¿Cuál es nuestra
intención? Esto es un proceso permanente porque esta estrategia ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y, obviamente, ya es un plan de nuestro país pero, más allá de ser un plan de nuestro país, con los informes de implementación y los
informes de progreso que vayamos haciendo podremos ir evaluando cuáles son los errores, los puntos más débiles que tenga y también sus fortalezas para ir mejorando e incluyendo rectificaciones, en su caso, o aportaciones para corregir todos los
problemas que tenemos como país y alcanzar esos retos que nos hemos propuesto.
Hablaba la señora Vaquero de la participación de las comunidades autónomas en el marco internacional. Mucho me temo que esto es un problema de configuración de competencias constitucionales. Evidentemente, eso no significa que, por
supuesto, esta secretaría de Estado en todas las tareas que tiene de interlocución para coordinar las estrategias de desarrollo sostenible o en el marco de las conferencias sectoriales también podamos hacer llegar cualquier tipo de aportación o
sugerencia en materia de política internacional.
La señora Martín, del Grupo Democrático, se preguntaba si estas políticas, metas y Retos de País son un brindis al sol o van a ser medidas concretas. Obviamente, esperamos que sean políticas concretas. Desde luego, si hay un cambio de
Gobierno y llegan al Gobierno grupos políticos que entienden que la Estrategia de Desarrollo Sostenible acordada por la comunidad internacional es una conspiración internacional, pues será muy difícil, evidentemente, que esto pase de ser un brindis
al sol. El amplio consenso de la comunidad internacional -de 193 países, que creo que son los que forman parte de las Naciones Unidas- y los llamamientos del secretario general de Naciones Unidas demuestran que hay una urgencia y hay un compromiso
internacional para que no sea un brindis al sol. Pero somos muy conscientes de que para que no sea un brindis al sol hace falta una trasposición normativa y, además, una capacidad de coadyuvar entre todas las administraciones del Estado. Porque si
cumplimos estos objetivos, estas estrategias y estos retos no se va a beneficiar un partido u otro, se va a beneficiar toda la sociedad española, se van a beneficiar todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y la calidad de vida va a mejorar
sensiblemente. Efectivamente, yo, como soy militante desde muy jovencito de la izquierda y del Partido Comunista de España, quiero que todo el mundo viva bien, no que todo el mundo viva mal. Precisamente por eso lo que queremos es que estos
objetivos se puedan desarrollar y se puedan alcanzar por igual para todo el mundo. En el desarrollo de la Política Agraria Común hay, por ejemplo, un intento de incentivar la agricultura ecológica y la digitalización -cuestiones que usted ha
planteado- y, por supuesto, el Gobierno tiene que garantizar los espacios de intervención propios para que toda esta política tan importante de combate a la despoblación no sea un brindis al sol. Para ello también hacen falta políticas coordinadas
con las comunidades autónomas y hemos introducido medidas para que así sea. Por ejemplo, ahora mismo le puedo decir que la ley de racionalización de la justicia -que hemos llevado al Consejo de Ministros hace dos meses- introduce medidas
importantes para evitar el traslado de servicios de la Administración de Justicia a pequeñas localidades donde existían oficinas de juzgados de paz o registros civiles que están prácticamente en desuso. El establecimiento de las oficinas únicas de
Justicia en un sistema de conexión digital con los servicios centrales de los ministerios va a permitir descentralizar servicios de los ministerios, de la Administración General, para que sean desarrollados desde oficinas que estaban condenadas a
desaparecer, como son las de los registros civiles de los pueblos y las de asistencia en los juzgados de paz. Francamente, mediante medidas concretas vamos a posibilitar que acabemos con la despoblación. Respecto a la línea de trabajo del sector
primario yo se la describiría con todo detalle, pero en el plan tiene usted en la página 214 y en la página 308 innumerables medidas de trabajo con el sector primario. Obviamente, hace falta llevar adelante esas medidas.
Le agradezco al señor Cortés también todas sus aportaciones. Es evidente -y nos consta- que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha venido desarrollando un trabajo muy importante junto con otros grupos para la elaboración del dictamen
de esta Comisión mixta que tanto ha ayudado, y que, por supuesto, les agradecemos.
Respecto a otros grupos parlamentarios, señora Nevado del Campo, al margen de sus sospechas conspiratorias sobre esta estrategia -que son muy lícitas, aunque me parece que son poco acertadas-, cuando las Naciones Unidas -porque creo que
todos y todas reconocemos una legitimación internacional a las Naciones Unidas- ponen como ejemplo de buena práctica para combatir la pandemia el escudo social puesto en marcha por este Gobierno -yo le puedo usted pasar el link de esa resolución de
Naciones Unidas, ha sido la semana pasada-, creo que deberíamos reconocer que se ha hecho bien. ¿Que se podría haber hecho mejor? Por supuesto que se podría haber hecho mejor, pero, en todo caso, lo que es cierto es que hemos recuperado en quince
meses todo el empleo perdido desde el inicio de la pandemia. (Denegaciones de la señora Nevado del Campo). Sí, esos son los datos que ya les he dicho antes. Lo único que tiene que hacer es meterse en la página web de la Seguridad Social. Si
usted quiere ser negacionista también con los datos de la Seguridad Social, sea usted negacionista, pero eso es una realidad incuestionable. ¿Por qué? Porque hemos utilizado los ERTE. Los ERTE son una herramienta que estaba en la legislación
española y que se utilizaba para disminuir el empleo, esa es su razón de ser. Son Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, se utilizaban para disminuir el empleo. Este Gobierno ha tenido el buen criterio de utilizar esa herramienta
legislativa para mantener empleos. ¿Cuál es el análisis? Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas estarán de acuerdo en que ha sido un dinero muy bien gastado por la Administración central, gracias a que se pagan impuestos claro, porque si no se
pagaran impuestos habría sido muy difícil pagar los salarios de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras que desde el inicio de los ERTE han venido cobrando sus salarios gracias a que esta herramienta se ha aplicado por primera vez no para
disminuir empleo, sino para evitar la destrucción de
empleo. En este momento, de esos 4 millones de personas que estuvieron en ERTE quedan todavía casi un millón. Esperamos que salgan pronto y seguro que van a salir pronto. Es incuestionable, los datos y la realidad no pueden negarse. Si
ustedes niegan los datos de la realidad, cometerán graves errores. Por ejemplo, fíjese qué error es llamar invasores a los emigrantes, porque eso es un desprecio hacia los compatriotas españoles y españolas. Fíjese, han sido millones -no digo
cientos de miles- los españoles y españolas que a lo largo de la historia de este país han ido a otros países (la señora Nevado del Campo: A trabajar) a labrarse un nuevo futuro, a trabajar. En la inmensa mayoría de los casos sin posibilidad de
retornar, es decir, siendo considerados toda su vida emigrantes, extranjeros en tierra extraña. Y esas personas no eran invasoras. (La señora Nevado del Campo: Legales). Legales o ilegales, porque los españoles han ido cómo han podido. Es
sorprendente que usted diga... Mire la hemeroteca, hay miles de titulares de prensa de españoles y españolas que han llegado en barcos, como llegan ahora a nuestras fronteras, como inmigrantes ilegales a multitud de países de Sudamérica. Españoles
y españolas -imagino que usted conocerá a jornaleros extremeños, alguno habrá visto- que se trasladaban a Alemania y llegaban a trabajar a fábricas o empresas en los años sesenta y setenta sin permisos, repito, sin permisos. Luego eran legalizados
-o regularizados, mejor dicho, porque nadie es ilegal-, como lo han sido en nuestro país en algunos casos y en otros no. A fin de cuentas, ¿cuál es el problema que tenemos, señora Nevado? Pues que la población en España sigue disminuyendo y que el
sistema de bienestar está basado en unos sistemas de transferencia generacional. Eso significa que no podemos estar percibiendo pensiones o prestaciones de desempleo o sufragando la educación y la sanidad pública si no hay más gente trabajando que
la que no trabaja. Si tenemos un problema de natalidad... (La señora Nevado del Campo pronuncia palabras que no se perciben). Sí, el problema de natalidad a lo mejor ustedes consiguen corregirlo no sé, en veinte o en quince años, pero vamos a
intentar corregirlo lo más pronto posible. Estará usted de acuerdo conmigo en que, de momento, ese problema existe, y mientras exista, hace falta que venga gente de fuera de nuestras fronteras para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social que
van a permitir que su padre o el mío cobren su pensión de jubilación. Eso es una realidad, pero que lo vea quien lo quiera ver.
Señor Alonso, muchas gracias por sus aportaciones. Le ha faltado indicarnos qué hizo su Gobierno entre el año 2015 y el 2018 para poner en marcha la Estrategia de Desarrollo Sostenible. (El señor Alonso Pérez pronuncia palabras que no se
perciben). No, ahora no tiene usted el turno. Espero que nos lo cuente porque, de momento, no nos ha dado ni una sola medida. España está en el puesto 20 de los 193 países en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este año
hemos subido dos puestos, según un informe de Naciones Unidas que va usted a tener en breve porque se va a presentar esta misma semana. Es decir, cuando Naciones Unidas señala tres buenas prácticas es evidente que Naciones Unidas tampoco coincide
con su criterio. No voy a repetir los datos de desempleo que ya le he dicho a la señora portavoz de VOX, pero lo que parece demasiado evidente es que el Fondo Monetario Internacional, cuando el señor Rodrigo Rato era su presidente, dijo que en
España la corrupción costaba 60 000 millones de euros. Eso era cuando ustedes gobernaban. Ese ha sido el despropósito más grave que ustedes han hecho. (El señor Alonso Pérez: Andalucía). Sí, sí, seguro que Andalucía eran los 60 000 millones de
los que hablaba el señor Rato.
Señor Alonso, la tasa de riesgo de pobreza en el año 2014 fue de un 29,2 %. En la ley de cambio climático que usted dice que dejaron preparada la única medida que se incorporaba era el impuesto al sol, que, evidentemente, luego hemos tenido
que suspender porque no hay forma más loca de garantizar la transición ecológico-energética que metiendo un impuesto a la producción de energía solar. Eso es algo contradictorio en sí mismo. La mayor tasa de paro juvenil en las series históricas
de nuestro país fue un 56 % en el primer trimestre del 2013, con el Gobierno del señor Rajoy. (Rumores). En series históricas, entre 2012 y 2013 un 25 % de paro, a consecuencia de la reforma laboral. Francamente, creo que es un error que ustedes
continúen apostando por realizar este tipo de políticas de tierra quemada para hacer oposición, cuando las comunidades autónomas que ustedes gobiernan están aportando a la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
Sobre el asunto de la factura de las eléctricas, el Gobierno del Partido Popular en 2012 subió los tipos de IVA, incluyendo una subida de tres puntos en el tramo general, del 18 al 21 %, que era el que afectaba hasta esta última reforma
normativa a la factura de la luz. El injustificado exceso de retribución que reciben las hidroeléctricas y nucleares desde hace varias décadas -que ahora vamos a aminorar en función del precio del CO2- fue creada por la liberalización diseñada por
los gobiernos del Partido Popular, que provocó que las centrales hidroeléctricas y nucleares ya amortizadas no asumieran los costes de emisión
de CO2 porque no son las tecnológicas emisoras, pero lo incorporan al precio del recibo de la luz para que lo paguen los consumidores. Ese es uno de los problemas que está provocando esta subida brutal de la luz. ¿Nosotros qué defendemos
-y cuando digo nosotros digo a este Gobierno- y qué visión tenemos? Pues recuperar de alguna forma una empresa energética que posibilite, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, que haya un sector público fuerte en materia energética.
¿Por qué Italia tiene una empresa pública de energía, Enel, que, por cierto, tiene como propiedad acciones de la malvendida Endesa, que era la empresa pública y nosotros no? Pues porque la vendieron ustedes. El Gobierno del Partido Popular vendió
la empresa pública de electricidad a Enel. Fíjense si no era verdad que en la Unión Europea no podía haber empresas públicas de energía eléctrica que se la vendieron a esa empresa, o compró ella las acciones, no sé si las vendieron directamente o a
través de un intermediario, pero el caso es que las acciones acabaron en poder de una empresa pública de electricidad italiana.
Sobre el ingreso mínimo vital debo decirle que a nosotros desde luego nos gustaría que fuera mucho más rápido. Vamos a seguir trabajando, está en sede parlamentaria ahora mismo para que vaya mucho más rápido. Pero ya hay 682 000 personas
en 260 000 hogares de este país que están viviendo mejor gracias al ingreso mínimo vital y en esos 260 000 hogares hay más de 160 000 menores que se están beneficiando. Y el 70 % de las titulares de la prestación son mujeres. Nos gustaría -y vamos
a hacer todo lo posible, se lo aseguro- por mejorar el alcance del ingreso mínimo vital, igual que de otras muchas cuestiones. Francamente, todo esto es un reto que no es de este Gobierno, sino que es un reto que va a tener que sacar adelante
nuestro país en los próximos años, y por eso se ha consensuado con un alto nivel de acuerdo entre comunidades autónomas, entidades locales, sociedad civil y empresarios. ¿Sabe usted que ninguna de las organizaciones empresariales se ha opuesto a
esta Estrategia de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo es posible que hagan este tipo de intervenciones atacando y sin aportar nada positivo? No sé si esto les da rendimiento electoral, a lo mejor sí -de eso ustedes saben mucho, no me cabe duda-, pero
desde luego no es bueno para España ni es bueno para los españoles. Yo les pediría muy humildemente que abandonen esta actitud destructiva y se preocupen de sus compatriotas, de su país y de contribuir para sacar adelante esta Estrategia de
Desarrollo Sostenible. Le digo más, cuando el próximo 15 de julio la ministra de Derechos Sociales, junto a la ministra de Transición Ecológica, presente esta estrategia en las Naciones Unidas no la van a presentar como una estrategia del Gobierno
de España, la van a presentar como una estrategia de país, como una estrategia elaborada conjuntamente entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la sociedad civil. Espero que cuando pasemos ese examen de forma positiva, con una buena
valoración, todos y todas saquemos pecho y entendamos que ese reto y ese logro son un logro compartido y colectivo, y que hemos conseguido superar tres años -transcurridos entre 2015 y 2018- sin avanzar en nada de esto y que lo hemos conseguido
superar entre todos y todas, también con la participación de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, aunque usted todavía no se haya enterado. Muchas gracias.
Finalmente, quiero agradecer al Partido Socialista sus aportaciones que, por supuesto, tendremos muy en cuenta porque ya, de hecho, han ayudado de una forma muy comprometida con el desarrollo de todas estas estrategias. Agradecemos todos
sus esfuerzos y todo lo que han manifestado.
Gracias.
El señor ALONSO PÉREZ: Por cierto, cuando Rato estaba en el FMI gobernaba Zapatero. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra, señoría. Gracias.
Empezamos el turno de réplica de los portavoces con la señora Martín del Grupo Mixto.
La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidenta.
Simplemente quiero hacer cuatro puntualizaciones. Quiero solicitar su apoyo y, sobre todo, su posición desde la secretaría de Estado para el diálogo interministerial -como he comentado en la anterior intervención- que es necesario para
apoyar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque sería trabajar en la misma línea y aportar en la misma dirección para solucionar el tema de la despoblación. Es necesario entender que unos objetivos tan amplios y enfrentarse
a un problema tan complejo no se puede hacer con herramientas puntuales, aunque fuesen legislativas, sino que debemos apoyarnos en análisis de procesos y trabajo continuado en diferentes escalas. La despoblación tiene una necesidad de actuación
prioritaria en el reequilibrio territorial porque es algo que no es nuevo y que es urgente, así lo están demostrando las plataformas de la España vaciada que llevan los dos últimos años gritando en la calle esa necesidad de líneas y de apoyos a la
situación que tienen. Independientemente
de dónde se encuentran han sido capaces de trabajar de forma conjunta y generar un documento consensuado con medidas que se pueden llevar a cabo con premura para ayudarles en lo que ellos solicitan para el reequilibrio territorial.
Por otra parte, en cuanto a la transición ecológica no se puede olvidar que es necesario fortalecer las sinergias entre las actividades agrarias y las energías renovables. En la transición hay que implicar la participación de la comunidad
local -como usted comentaba- que ha estado escuchando. En nuestra opinión es necesario ruralizar las políticas públicas con un papel proactivo para que el mecanismo de garantía rural implique un conocimiento profundo de las zonas y los valores de
toda la población, independientemente de dónde se encuentre.
Revisaré las páginas que usted me ha indicado sobre las acciones para el sector primario y el medio rural. Hace poco que me he incorporado a la Comisión y no me ha dado tiempo a leer todo el documento. Por último, también estoy de acuerdo
con usted en el convencimiento de reto de país. Independientemente de quién gobierne es necesario el carácter transversal. Se necesita un trabajo conjunto para solucionar el problema demográfico, que no se va a solucionar en cuestión de un año o
dos años o una legislatura. Es necesario un proyecto a largo plazo y que se siga teniendo en cuenta, independientemente de quién gobierne.
Por nuestra parte, le agradezco que haya hecho esta exposición antes del 15 de julio y sabe que puede contar con nosotros para aportar todas las medidas que podamos trasladarles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes terminaba mi intervención hablando de la necesidad de voluntad política de cada actor institucional, sobre todo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también de la necesidad de un ejercicio de auténtica
gobernanza multinivel, reflejo del respeto al reparto competencial. Insistiremos en que es mucho más constructivo tener voz en Europa, o sea poder tener voz directa, no a través de los Estados. Si Europa se quiere construir únicamente desde la voz
de los altavoces de los Estados, negando la participación directa de las regiones o de las naciones sin Estado, no va a ser posible una aportación con éxito de lo local a lo global. Yo creo que esto va en contra de las alianzas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Es decir, que el título de Estado te dé la capacidad de aportar directamente a la Agenda 2030 y no te lo dé el título de región, ayuntamiento o nación sin Estado creo que va en contra de lo que predica la agenda.
Para todo lo demás, desde nuestra insistencia en tener voz propia allí donde tengamos competencias y donde podamos tenerlas, tiene también nuestra mayor colaboración para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.
Por el grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Gracias al señor secretario de Estado por las explicaciones dadas en su turno de réplica.
Usted ha hablado del carácter multinivel de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y en mi turno de réplica quiero poner el foco en el nivel municipal y urbano, concretamente en el fenómeno de la desigualdad urbana que nos conecta con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 11, Reducción de desigualdades y Ciudades y comunidades sostenibles, respectivamente. Usted ha destacado en su primera intervención la importancia de las políticas de vivienda para no dejar a nadie atrás y mi
grupo parlamentario así lo suscribe. Estas políticas, además de estar incardinadas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, lo deberían estar también en los futuros planes de desarrollo urbanístico y en los planes de la Agenda Urbana.
Usted ha hablado de dos ideas fuerza, que son la seguridad humana y la vulnerabilidad. Me gustaría destacar que la desigualdad provoca inseguridad o, mejor dicho, la desigualdad provoca inseguridades de distinta índole. Por lo tanto, creo
que es necesario profundizar en el entendimiento de los factores de vulnerabilidad que operan en los barrios urbanos más empobrecidos, frecuentemente segregados tanto
geográfica como demográficamente del resto del espacio urbano. Tradicionalmente, los planes urbanísticos en este país se han apoyado en una lógica inmobiliaria mercantilista, tanto pública como privada, que ha impuesto un desarrollo urbano
de fragmentación geográfica y demográfica. Un modelo urbano que ha generado una acumulación progresiva de viviendas para grupos vulnerables debido a zonificaciones y ordenanzas que no facilitan la diversidad de oferta en un mismo barrio y
actuaciones públicas de escala media o grande que concentran vivienda protegida de un mismo tamaño y precio para alojar al mismo perfil de familias vulnerables, dando lugar a dinámicas de 'guetización'. En los barrios más empobrecidos se concentra
población que acumula múltiples factores de vulnerabilidad relativos al desigual nivel educativo y a preocupantes niveles de paro o empleo precarizado, todo esto sumado a la falta de patrimonio heredado o adquirido. La población residente en estos
barrios, por consiguiente, tiene, a consecuencia de estos factores, escasos recursos económicos y una mayor dependencia de las prestaciones sociales. Por otro lado, la falta de expectativas consecuencia de la falta de oportunidades reales y
estímulos para la juventud residente en estos barrios perpetúa y cronifica las dinámicas de exclusión. En la mayoría de estos barrios se concentra población que se inscribe en una lengua, cultura, etnia o religión distinta al resto de la sociedad
y, además, un segmento de la población que habita estos barrios ha llegado huyendo del hambre o la guerra, lo cual complejiza los modelos de interacción social, que deberían abrirse a formas de participación ciudadana basadas en el diálogo
intercultural. Estos barrios empobrecidos suelen estar poco cuidados por las administraciones públicas. El relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza hablaba de abandono institucional, el cual resulta de un medio ambiente degradado,
servicios públicos deficientes, mala accesibilidad, y a esto se le suma el cierre progresivo de los comercios y talleres locales y la falta de inversión privada o pública. Simplemente quiero lanzar el reto de que para transformar y mejorar la
situación de estos barrios se requiere una estrategia multidimensional que debe contemplar una intervención a escala de barrio que tenga en cuenta sus factores específicos urbanísticos, ambientales, sociales, económicos y culturales.
Gracias presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario de VOX, la señora Patricia Rueda Perelló.
La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias.
Despidos masivos, cierre de negocios, suicidio en hostelería, España a la cabeza en desempleo juvenil en Europa, con la mayor tasa de paro femenino en 2020, caída del PIB, y hoy nos vienen aquí a contar una serie de milongas.
En esta Comisión he escuchado a la representante del Grupo Socialista decir que este Gobierno está trabajando, pero no sé en qué está trabajando, quizá en contentar a comunistas, filoetarras, separatistas, nacionalistas para aguantar unos
meses más en Moncloa.
Ha hablado de paz y empieza su intervención atacando -y cito textualmente-, diciendo desconocimiento de la historia y llamando a mi compañera extrema derecha, ¿qué historia, la que manipulan a su antojo? ¿Qué extrema derecha, la que
defiende la soberanía nacional? ¿La que defiende a nuestros agricultores? ¿La que lucha por la España rural? ¿La que aporta medidas para que el empleo sea la mejor política social y no sus migajas? ¿La que protege a las mujeres? ¿La que combate
la inmigración ilegal frente a sus chiringuitos y sus mentiras? Eso no es extrema derecha, eso es extrema necesidad.
Ha hablado de justicia climática. ¿Su justicia climática qué es? Más verdes mientras que nuestra industria cierra; mientras que China crece en empleo y economía y nosotros mientras, muchos españoles a la cola, al paro.
Habla de España 2050, ¿qué tal si terminamos 2021 con políticas eficaces que protejan a los españoles?
Y ha hablado del Reto 8, reto demográfico. Su medida para acabar con la despoblación: la inmigración ilegal; esa invasión migratoria frente a las políticas que ayudan a o que deben ayudar a las mujeres y a la familia, que es lo que
defiende VOX. Y para colmo tengo que escuchar a Enrique Santiago decir: yo quiero que todo el mundo viva bien. ¿En qué país comunista se vive bien? (Risas). ¿A qué se refiere con vivir bien, a su modelo leninista de 2017 o al modelo de sociedad
que pretendían implantar sus colegas de las FARC en Colombia? Encima nos dice a nosotros negacionistas cuando los datos son los que son en cuanto a desempleo, a ERTE. Y además nos dice que llamamos invasores a los inmigrantes. Mire, yo creo que
debería estar más atento en las sesiones plenarias, porque hemos repetido en numerosas ocasiones
que estamos en contra de la inmigración ilegal, pero no en contra de aquellos inmigrantes que entran como deben entrar a nuestro país; es más, a los que les hacemos desde aquí un reconocimiento y les damos las gracias. Gracias a todos los
inmigrantes que entran en nuestro país como se debe entrar: por la puerta y no invadiendo.
Habla de su Gobierno, el de la subida de la luz; el del impuesto al diésel; el de las bebidas azucaradas, que hay que incluir las leches infantiles; el de la economía que más cae y el de más de 100 000 empresas que han cerrado, y viene
aquí a decirnos que quiere que vivan bien. Pues vaya modelo. Mire, no sea demagogo, no lo sea, porque lo que deberían hacer son políticas eficaces.
Finalizo diciéndoles que ya está bien, señorías, ya está bien de hablar del 2030, del 2050, porque deben tener en consideración que sin presente no hay futuro, que trabajen por los españoles. Claro que son interesantes muchos de los
objetivos, pero esos objetivos se deberían trabajar por y para los españoles. Y les animo a que ya que los españoles les pagan el sueldo, que elijan patria frente a globalismo y que defiendan los intereses de todos los españoles.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Patricia Rueda.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fabra Prat.
El señor FABRA PRAT: Muchas gracias, presidenta.
Señor Santiago, usted estará comprobando que gobernar es difícil y que muchas de las cuestiones que antes decía en la oposición ahora ni las cumple y, además, tiene que argumentar justo lo contrario. Eso no solo lo hace usted, sino que nos
estamos acostumbrando a que lo haga ese Gobierno que usted llama progresista en España hoy en día.
Además, hay algunas cuestiones que entenderá que son de difícil entendimiento por parte del ciudadano. O sea, ¿cómo justifica usted el crecimiento del valor de la luz en estos momentos? Usted le echa la culpa al Partido Popular. Oiga, es
que el Partido Socialista lleva ya tres años gobernando y ustedes llevan casi año y medio, ¿no cree que alguna responsabilidad deben tener? Siempre vale echar la culpa a los demás. O cuando ustedes extienden el mantra de que son los que mejor y
mayor escudo social hacen defendiendo las políticas públicas para proteger los derechos de los ciudadanos es que a mí se me queda a veces la cara de sorpresa porque en la Comunidad Valenciana, y es un ejemplo como me imagino que habrá muchos,
después de una pandemia muy complicada -y, como usted bien ha dicho, hay que agradecer a los servidores públicos, especialmente a los sanitarios, el trabajo que han hecho-, no han renovado 4000 médicos y enfermeros, con la crítica de todos los
sindicatos. ¿Alguno de ustedes ha salido defender a esas personas? No, ¿sabe por qué? Porque estaban manifestándose delante del Zendal, que era la construcción de un hospital público para atender ese problema. Esa es la realidad, ustedes son la
incongruencia con patas, porque no son coherentes y el ciudadano lo que busca es coherencia.
Tampoco creo que sea bueno el hecho de que ustedes intenten crear excesiva política dentro de la redacción de esta estrategia. ¿Por qué habla usted de la interrupción voluntaria del embarazo para las menores de 16 y 17 años? ¿Cree que ese
es un tema prioritario para atender en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la estrategia? ¿O es crear una polémica para ver cómo no llegamos a ningún acuerdo? Creo que deben hacer ustedes una política transversal, amplia, que busque
los mayores consensos posibles.
Ya finalizo diciéndole que es necesaria, como usted bien comentaba, la fiscalización de las políticas que haga el Gobierno, porque si no, ni cumplirán los objetivos que se habían marcado ni la oposición podremos hacer nuestra tarea. Hablaba
de que acepta que todos los años haya que hacer un informe cualitativo y yo lo que le pido es que sea también cuantitativo. Diga a qué se quieran someter, cuáles son realmente los objetivos, no genéricos, sino con cifras, y veremos si el Gobierno
está cumpliendo o no. Y, desde luego, lo mejor que puede hacer -con esto termino- dentro de esa presentación del informe que haya que hacer en Naciones Unidas es representar al país, no a medio país con esas políticas que usted ha querido incluir,
sino a todo el país, a las necesidades que tienen todos los españoles y españolas sin dejar a nadie a un lado.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fabra.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Elena Diego Castellanos.
La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, usted ha sido muy elegante ante el ataque que ha recibido, yo no tengo por qué defenderla a usted pero sí a la Presidencia de esta Comisión, y la actitud de algunos parlamentarios me hace creer que no estamos en un
Parlamento serio, en un Parlamento democrático. Me parecen absolutamente inaceptables las palabras que se han dirigido hacia su persona y hacia la del secretario de Estado, pero sobre todo hacia usted, porque, aunque les pese a muchos, usted hoy
nos representa aquí y es la presidenta de la Comisión Mixta de los ODS del Parlamento de España.
En segundo lugar, quiero plantear una cuestión en relación a algo que se ha dicho. Ningún ser humano es ilegal, usted lo ha dicho, señor secretario de Estado. Ningún ser humano es ilegal, pero, desgraciadamente, hay seres humanos que son
racistas, xenófobos y fascistas, y ellos son los que quieren inculcar en la ciudadanía que existen personas ilegales; eso es lo que nos diferencia. Por lo tanto, después de escuchar tantas cosas como escucho aquí, cada día estoy más convencida de
que esta estrategia de la Agenda 2030 que ha elaborado y presentado este Gobierno en nombre de este país es lo que realmente necesitan los ciudadanos y ciudadanas españoles, porque el resto de aportaciones y no aportaciones que se han puesto encima
de la mesa única y exclusivamente lo que quieren es que sí queden algunos atrás. Nosotros queremos que nadie quede atrás, pero aquí hay parlamentarios que han puesto de manifiesto que lo único que les interesa son intereses políticos espurios y que
les da igual lo que les está pasando a muchas personas en este país.
Usted ha destacado otra cuestión que quiero poner encima de la mesa. Ha hablado del Plan España Puede. Mal que les pese a algunos de ustedes, España puede y España va a poder, y esta es una estrategia que va a estar reconocida en ese
globalismo de Naciones Unidas que ustedes tanto detestan. Probablemente será porque Naciones Unidas nació tras la Segunda Guerra Mundial, en la que ustedes, la extrema derecha, y Hitler perdió una guerra terrible (la señora Rueda Perelló: ¡Por
favor!), donde Naciones Unidas consiguió que se establecieran los acuerdos de paz.
Al señor Fabra, sabe que le estimo y le estimo mucho, pero, sinceramente, yo le invito a que haga un partido político de verdad de centro, liberal, porque usted no está en este momento en el Partido Popular que a usted le gustaría estar.
Usted está en un Partido Popular que está continuamente en intentar romper y creo que se está equivocando. Saben que hemos trabajado muchas veces conjuntamente. La Agenda 2030 es un proyecto de España, también lo fue de ustedes y ustedes están
rompiendo las reglas del juego única y exclusivamente porque tienen que poner en la agenda política aquellos asuntos en los que VOX les lleva la delantera para intentar conseguir votos a base de generar en la sociedad miedo y desprecio hacia las
personas más vulnerables como son los inmigrantes, no los invasores, los inmigrantes, porque nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor FABRA PRAT: Perdón, señora presidenta.
Es que a mí me sorprende que en una interpelación al secretario de Estado estén interpelando a un parlamentario que está haciendo...
La señora PRESIDENTA: Señor Fabra.
El señor FABRA PRAT: ... y sin haber recibido ninguna atención por parte de la Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Fabra, han hecho ustedes una interpelación en la cual básicamente aludían a cuestiones personales y a cuestiones que nada tienen que ver con la Agenda 2030. (Varios señores diputados: ¡No, no, no!-Rumores).
Tiene ahora la palabra el secretario de Estado de Agenda 2030 para responderles a todos ustedes.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGENDA 2030 (Santiago Romero): Yo al señor Fabra le agradezco su intervención, ahora hablaremos de si muy ponderada, no como la anterior portavoz de otro grupo. En todo caso, estamos hablando de una
comparecencia no de don Enrique Santiago; cuando quieran, hacemos una comparecencia de Enrique Santiago y yo saco mi currículum; llevo trabajando cuarenta años en defensa de los derechos humanos y reto a quien quiera de aquí a que me enseñe un
currículum de defensa de los derechos humanos más completo, exhaustivo y dedicado que el mío, le reto. Eso lo hacemos otro día, hoy estamos aquí para presentar la Estrategia de Desarrollo Sostenible, sinceramente.
Por partes. Es evidente que insulta el que puede, no el que quiere, eso es obvio. La verdad es que a mí no me afecta mucho que me llamen comunista porque claro que lo soy, estoy profundamente orgulloso de eso. Es el partido que más ha
luchado por la democracia en este país y, además, me complace francamente militar en un partido en el que ha militado, en otros países, gente como Nelson Mandela, Pablo Neruda, Marcos Ana, Miguel Hernández o María Teresa León; por eso, francamente
pueden llamarme comunista todas las veces que quieran, que yo se lo agradeceré profundamente.
A la señora Beatriz Martín le agradezco que esté pendiente. Lo que le ruego -porque esto del reto demográfico es algo que nos preocupa creo que a todas las fuerzas políticas, desde luego a esta secretaría de Estado profundamente, y creemos
que una fuerza política como ustedes, que están absolutamente pegados al terreno, podrían aportar y estar vigilantes para que realmente podamos contribuir a llevar a la práctica estos retos que nos hemos marcado-, lo que le pido es que sea exigente,
desde luego, con esta secretaría de Estado para la Agenda 2030, que sean incisivos, que nos recuerden constantemente los retos que nos hemos marcado, que en el momento en que vean que nos desviamos se pongan en contacto con nosotros y nos reclamen
su cumplimiento. Le digo más, como ya he dicho antes, afortunadamente esta secretaría de Estado tiene muchas competencias transversales compartidas con muchos ministerios; a mí lo que me gusta es solucionar problemas y en eso tengo cierta
práctica, y lo que le ofrezco es que en el momento en que ustedes vean que hay cualquier desviación en políticas que se alejan de esos objetivos de estrategia que hemos marcado, de la estrategia que hemos definido, que lo digan y que incluso nos
sugieran mecanismos para enderezar las desviaciones que esté habiendo para alcanzar ese objetivo de que en toda España, al margen de que sean zonas rurales o zonas urbanas tengan los mismos servicios, tengan la misma atención y haya la misma calidad
de vida en todo el territorio de nuestro país.
A la señora Vaquero quiero decirle que nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que han venido haciendo el Gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco en la puesta en marcha de esta estrategia y, además, estamos siendo siempre
dispuestos a favorecer la intervención en foros internacionales del Gobierno vasco porque creemos que cuando el Gobierno vasco interviene en foros internacionales pone de manifiesto, por lo menos en materia de Estrategia de Desarrollo Sostenible,
muchas y buenas prácticas que son así reconocidas por la comunidad internacional. Como usted sabe, el lehendakari Urkullu participó, en 2019, en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, a través precisamente de la posibilidad que rendía
la representación española. Con el señor Jonan Fernández mantenemos un trabajo muy intenso en esta secretaría de Estado. El señor Jonan Fernández, para quien no lo sepa, es el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno
vasco y ha realizado importantes contribuciones a esta estrategia y seguiremos trabajando conjuntamente. Igual que el Gobierno vasco viene haciendo contribuciones importantes en el Comité Europeo de Regiones, que es el ámbito adecuado para poder
llevar adelante todo este tipo de propuestas.
Al señor Cortés le manifiesto mi absoluto acuerdo con esos retos que usted ha planteado. Y también le digo, al igual que lo hago extensible a todos los grupos políticos, que estén vigilantes y que nos exijan el cumplimiento de estos
objetivos.
A la señora Rueda, hombre, yo solamente le pediría que en estas comparecencias me conteste y me insulte si quiere, pero a mí, no al Grupo Socialista, porque es que me ha dejado un poquito sorprendido porque la comparecencia era mía, no era
del Grupo Parlamentario Socialista. Pero quiero decir que como usted prefiera, no hay mayor problema pero, francamente, era yo el que intervenía, no la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Si no puedo contar con sus aportaciones, la verdad
es que salgo de esta comparecencia sumamente entristecido, porque sus aportaciones podían haber sido muy interesantes para mejorar, en todo caso.
Al señor Fabra, en primer lugar, sobre los informes de seguimiento, lo primero que le digo es que nos preocupa que los informes de seguimiento no sean solo cualitativos, sino que sean también con datos cuantitativos. De hecho, todas las
herramientas de análisis cualitativo, esos análisis se hacen con datos cuantitativos, y para eso hemos puesto en marcha un mecanismo de indicadores a través -lo he dicho antes- del Instituto Nacional de Estadística y sobre todo, sobre todo no,
además, que es muy importante, de los homólogos, de los institutos correspondientes en las comunidades autónomas, que son los que están más pegados al terreno. Con esos datos cuantitativos podremos realizar esos informes cualitativos con los que
constantemente ir mejorando la estrategia e ir corrigiendo desviaciones que haya habido.
Simplemente yo le pediría una cosa al Grupo Popular: en la Conferencia Sectorial que vamos a realizar antes del Examen Nacional Voluntario vamos a poner de manifiesto todas estas aportaciones que
han realizado muchas comunidades autónomas, prácticamente todas las que ustedes gobiernan también. Evidentemente, cuando se presente el resultado final al Examen Nacional Voluntario, creo que esas comunidades autónomas van a poder hacer
también suyos esos contenidos de ese plan porque es justo, porque han trabajado en ello y porque ha habido grandes consensos. Yo entiendo la tarea difícil que ustedes tienen que hacer, porque incluso por la oposición parlamentaria tienen que
oponerse hasta a cuestiones obvias que lo único que hacen es mejorar la calidad de vida del país, lo entiendo. Lamento el trago que han tenido que pasar en esta comparecencia por oponerse a una cosa tan sensata, tan evidente como es esta Estrategia
de Desarrollo Sostenible, pero lo único que les pido es una cosa: no sea solamente el Grupo Parlamentario Popular el que se quede criticando esta estrategia cuando las comunidades autónomas gobernadas por ustedes están apoyándolo. Simplemente le
digo eso, creo que estamos a tiempo de rectificar.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Primero, quiero agradecer la predisposición en este caso del secretario de Estado, esta es su Comisión y será bienvenido siempre. Y después hago una reflexión. Creo que la Agenda 2030 es lo suficientemente amplia, por no decir a veces
difusa, como para añadirle espectáculo en esta Comisión. Dicho esto, creo que sería bueno que respiráramos todos un poquito del espíritu de lo que viene siendo la Estrategia de Desarrollo y que nos relajáramos un poco y al menos respetáramos a los
diferentes compañeros que participamos en diferentes posiciones en esta Comisión.
Se levanta la sesión a las 18:53. Muchas gracias.
Eran las seis y cincuenta y tres minutos de la tarde.