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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 35, de 09/12/2020
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 35
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA SUMELZO JORDÁN
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles,
9 de diciembre de 2020
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Unión Europea (González-Barba Pera), para informar con carácter previo sobre el Consejo Europeo que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre de 2020. Por acuerdo de la Comisión Mixta
para la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000990 y número de expediente del Senado 713/000218) ... (Página3)
Solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 y la futura relación con dicho Estado. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 154/000001 y número de expediente del Senado 573/000001) ... (Página35)
Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los
organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente [COM (2020) 642 final] [2020/0289
(COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000041 y número de expediente del Senado 574/000037) ... (Página35)
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 [COM (2020) 652 final] [2020/0300 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 282/000045 y número de expediente del Senado 574/000041) ... (Página35)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de
Evaluación del Rendimiento del Cielo Único Europeo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 577 final] [2020/0264 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000042 y número de expediente del Senado 574/000038) ...
- Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 579 final] [COM (2020) 579 final anexos]
[2013/0186 (COD)] [SWD (2020) 187 final]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000043 y número de expediente del Senado 574/000039) ... (Página37)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 613 final] [2020/0277 (COD)].
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000044 y número de expediente del Senado 574/000040) ... (Página38)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX (Fondo de Asilo y Migración)
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 610 final] [COM (2020) 610 final anexos] [2020/0279 (COD)] [SWD (2020) 207 final]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000046 y número de expediente del Senado 574/000042) ...
- Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE [COM (2020) 611 final] [2016/0224
(COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000047 y número de expediente del Senado 574/000043) ... (Página40)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamento (CE) número 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240
y (UE) 2019/817 [COM (2020) 612 final] [COM (2020) 612 final anexo] [2020/0278 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000048 y número de expediente del Senado 574/000044) ... (Página41)
- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la COVID-19 y los productos
sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19 [COM (2020) 688 final] [2020/0311 (CNS)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000049 y número de expediente del Senado 574/000045)
... (Página42)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea [COM (2020) 682 final] [2020/0310 (COD)] [SEC (2020) 362 final] [SWD (2020) 245 final] [SWD (2020) 246 final]. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 282/000050 y número de expediente del Senado 574/000046) ... (Página43)
- Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema 'Eurodac' para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/XXX (Reglamento sobre la
gestión del asilo y la migración) y del Reglamento (UE) XXX/XXX (Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento), para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los
datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 [COM (2020) 614 final] [COM (2020) 614 final
anexo] [2016/0132 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000051 y número de expediente del Senado 574/000047) ... (Página44)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (GONZÁLEZ-BARBA PERA), PARA INFORMAR CON CARÁCTER PREVIO SOBRE EL CONSEJO EUROPEO QUE SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2020. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA
PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000990 y número de expediente del Senado 713/000218).
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión siendo las 10:30 de la mañana. Procedemos a tramitar el orden del día empezando con la celebración de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea para informar con
carácter previo, a petición de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sobre el Consejo Europeo que se celebrará los días 10 y 11 de este mes de diciembre.
En primer lugar, hace uso de la palabra don Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (González-Barba Pera): Buenos días, presidenta.
Señorías, es muy grato para mí comparecer hoy ante la Comisión Mixta del Congreso para informar sobre la posición de España en el Consejo Europeo de mañana y pasado mañana, 10 y 11 de diciembre. Se trata de un Consejo Europeo formal y
presencial, a diferencia del anterior, que tuvo lugar el 19 de noviembre. Como bien saben sus señorías, ayer mismo tuvo lugar el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, en el que participo en representación de nuestro país. De acuerdo
con los tratados, el Consejo de Asuntos Generales celebra la última reunión preparatoria del Consejo Europeo.
La reunión del 10 y 11 de noviembre del Consejo Europeo cuenta con una agenda cargada, tratando diversos temas de actualidad. El primer punto del que se ocupará el Consejo Europeo es el de la respuesta europea ante el COVID-19, un asunto
que ha sido objeto de atención continuada por los miembros del Consejo desde marzo. Se hará hincapié en la necesaria coordinación de los esfuerzos a nivel comunitario, con el objetivo de lograr una temporada turística normal en 2021. Para ello
sería deseable la adopción en plazo razonable de una recomendación sobre un marco común para test de antígenos y reconocimiento mutuo de resultados de test y certificados de vacunación. El Consejo Europeo abordará la importancia de la coordinación
europea en la cuestión de las vacunas, llamando previsiblemente al lanzamiento de estrategias nacionales de vacunación. Como saben, el presidente del Gobierno anunció recientemente la adopción de la estrategia española de vacunación. Señorías, el
presidente del Gobierno ha trasladado al presidente del Consejo Europeo que es necesario que coordinemos el inicio de las campañas de vacunación de los Estados miembros estableciendo unas indicaciones epidemiológicas comunes para su aplicación. Así
se lo he transmitido a mis homólogos en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada ayer. La Comisión y los Estados miembros hemos realizado muchos esfuerzos para asegurar una coordinación tanto en la compra y distribución de las vacunas
como en el establecimiento de instrumentos de apoyo durante la crisis. Esta coordinación debería también asegurar un consenso sobre la fecha de inicio de la campaña para toda la Unión Europea, sin perjuicio de que sea cada país el que marque sus
sistemas y estrategias de vacunación según sus propias metodologías y sus infraestructuras sanitarias.
El Consejo resaltará también la importancia del proyecto de la Unión Europea de la salud. Como saben, la respuesta sanitaria de la Unión ante esta crisis se ha improvisado con unas competencias y unos medios muy limitados. La pandemia ha
demostrado la importancia de reforzar este marco europeo; un objetivo que me parece ampliamente compartido por la ciudadanía europea y por la gran mayoría de los grupos de estas Cortes. España ya ha hecho algunas propuestas en este sentido, como
un sistema de test de estrés a los sistemas sanitarios europeos, idea que ha recogido la Comisión en sus proyectos. Es de esperar un llamamiento para lograr el objetivo de que las vacunas estén disponibles para todos. Se trata de un objetivo que
el Gobierno de España comparte plenamente. El ministro de Sanidad ya ha anunciado que España ha adquirido más vacunas de las que necesita y que pondrá el exceso a disposición de aquellos países que lo necesiten sin coste. En la línea de
contribución que España realizó en la Conferencia sobre el futuro de Europa, se incidirá en la necesidad de una mayor cooperación internacional para responder a una amenaza, la de las pandemias, que nos acompañará en las próximas décadas.
Paso al cambio climático. Los jefes de Estado y de Gobierno abordarán también otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos: el cambio climático. Este Consejo Europeo tiene lugar un año después del hito que supuso su reunión de
diciembre de 2019, en la que se adoptó el objetivo de neutralidad climática en 2050. De esta manera, se daba cumplimiento a las aspiraciones temporales más ambiciosas del Acuerdo de París, que se refiere a alcanzar este objetivo en la segunda mitad
del siglo XXI. Este compromiso requiere diseñar el camino que debemos recorrer hasta alcanzar la meta. 2030 es la etapa intermedia en la que, si esperamos cumplir el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050, deberemos haber avanzado de manera
sustancial. En este sentido, se prevé endosar el objetivo de una reducción de emisiones en al menos un 55 % en 2030, teniendo como referencia las de 1990. Este compromiso tendrá que incluirse en la propuesta de ley europea del clima que
proporcionará el marco para avanzar en la lucha contra el cambio climático.
De la misma manera que la transición climática crea nuevas oportunidades de crecimiento económico, presenta también importantes desafíos industriales y en términos de equidad. Por ello, la reducción debería alcanzarse con el menor coste
posible, con la participación de todos los Estados miembros y teniendo en cuenta criterios de solidaridad, justicia y la preservación de la competitividad. Este objetivo no se alcanzará sin los avances técnicos que nuestros científicos y empresas
están desarrollando en este mismo momento. Además, la financiación será clave tanto en el desarrollo de innovación tecnológica como en su despliegue posterior. Por ello, será necesario hacer el mejor uso posible del marco financiero plurianual y
del instrumento Próxima Generación UE, para los cuales se pide un objetivo transversal de gasto en el ámbito de transición climática justa de al menos un 30 %.
La Unión debe desempeñar un papel relevante en el desarrollo de estándares globales en el ámbito de la financiación verde. Por ello, la Comisión debería de presentar una propuesta legislativa para la creación de un bono verde europeo. El
cumplimiento de los objetivos climáticos requerirá, además, un ejercicio de reflexión acerca de cómo pueden contribuir los diversos sectores económicos a la transición ecológica, así como el impacto que esta pueda tener sobre nuestras economías.
Por ello, la Comisión debería estudiar propuestas adicionales que contribuyan a los objetivos, teniendo en cuenta los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros. En concreto, señorías, una de las propuestas se centra en el
reforzamiento del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE -ETS por sus siglas en inglés-, cuidándose de no agravar la pobreza energética. En este empeño será fundamental el Fondo de modernización, que va dirigido a apuntalar la
eficiencia energética de los Estados miembros con menores niveles de renta. Se deberá, además, explorar el potencial de reducción de emisiones en otros sectores no cubiertos por el régimen ETS. Por otro lado, y teniendo en cuenta el peso de la
Unión Europea en el comercio internacional, es importante asegurar que su política de comercio esté alineada con sus ambiciones climáticas. Un elemento fundamental para ello será un mecanismo de ajuste en frontera para las emisiones de carbono, a
fin de asegurar que no pueda producirse una competencia desleal con los productos europeos por parte de aquellos terceros Estados que produzcan con mayores emisiones. La Comisión habrá de considerar una propuesta para la introducción de un
mecanismo de estas características. España apoya decididamente esta propuesta en la línea de asegurar la apertura comercial con una competencia justa.
Finalmente, y con la vista puesta en la próxima COP26, que se celebrará en Glasgow, se debería enviar a Naciones Unidas, antes de finales de año, una nueva contribución determinada a nivel nacional, o CDN, acorde con los nuevos y más
ambiciosos objetivos climáticos. Las CDN, o contribuciones determinadas a nivel nacional, son los compromisos en materia climática que, bajo el Acuerdo de París de 2015, se exigen a cada Estado, incluyendo los objetivos de reducción de emisiones.
Europa se encuentra, señorías, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones, como en cuanto a compromisos de reducción futura, en una posición de liderazgo. El reciente anuncio de China de buscar la neutralidad climática en 2060 o
el compromiso de Corea del Sur y Japón de hacerlo en 2050, así como las perspectivas que abren el resultado electoral en Estados Unidos con la victoria de Joe Biden, incitan a un cauto optimismo que no debe ocultar la magnitud histórica del reto,
que conllevará modificaciones profundas de nuestros hábitos y comportamientos. Cuanto antes iniciemos el camino, menor será el coste económico y medioambiental y mayores las oportunidades económicas en términos de empleo y modernización del tejido
empresarial que conllevará el proceso de transición ecológica, así como la posibilidad de situar a España y a la Unión Europea a la cabeza en sectores tecnológicos que marcarán las próximas décadas. Europa debe seguir en la vanguardia, como ya hizo
en las anteriores revoluciones tecnológicas.
Paso a un nuevo capítulo, el de seguridad. El Consejo Europeo aborda una vez más la cuestión terrorista tras los atentados de Viena, París y Niza y el terrible asesinato de Samuel Paty, expresando la solidaridad con Francia, Austria y
Alemania. Tuve ocasión recientemente de expresar públicamente mis condolencias y apoyo a mi homólogo francés, Clément Beaune, que estuvo la semana pasada de visita en Madrid, y quiero reiterar una vez más que los europeos venceremos unidos a la
lacra terrorista. A raíz de la oleada de atentados que golpeó nuestro continente a partir de 2015, el Consejo Europeo dio un impulso decisivo a la interconexión de las bases de datos de las distintas agencias de seguridad de los Estados miembros,
también a la adopción de nuevos instrumentos que reforzarán nuestra información sobre los movimientos en nuestras fronteras, a saber: el sistema de información y autorización de viajes o ETIAS, que obliga a las personas no nacionales de la Unión
Europea a registrarse y pedir autorización previa para su entrada en la Unión; el Sistema Europeo de Entradas y Salidas, que permite registrar cuándo las personas entran y salen de la Unión, y el Registro del Nombre de Pasajeros, que permitirá
identificar a las personas que hagan desplazamientos en avión. Señorías, muchos de los crímenes terroristas que han azotado los últimos años el continente europeo empiezan con una radicalización a través de Internet o la redes sociales. La
retirada rápida de estos contenidos de índole terrorista es importante para evitar que se viralicen y puedan seguir transmitiendo su mensaje de odio y terror. Es importante, pues, el refuerzo de las responsabilidades de las plataformas digitales.
Los avances en este campo han sido importantes, aunque todavía queda camino por recorrer. El rastro digital, por otra parte, es clave en la lucha contra el terrorismo, de ahí la importancia de retener datos relevantes para combatir el crimen. Y,
por supuesto, todo ello con escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otro capítulo que abordará el Consejo Europeo es el de relaciones exteriores. Con vistas a este Consejo Europeo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior adoptaron recientemente una comunicación conjunta titulada: Una nueva
agenda Unión Europea-Estados Unidos para el cambio global. Es este uno de los puntos sobre el que se centra el debate sobre autonomía estratégica. Este debate se ha planteado en numerosas ocasiones como una opción binaria entre los polos de
cooperación con Estados Unidos y la absoluta independencia europea. En mi opinión, no se trata de elementos incompatibles; bien al contrario, no existe tal dicotomía. Sucesivos Gobiernos estadounidenses han insistido en el reforzamiento de las
capacidades estratégicas europeas y precisamente el reforzamiento de nuestras capacidades es lo que hace que la asociación estrecha con la Unión sea más atractiva para nuestro principal aliado, Estados Unidos. En palabras del alto representante
Borrell, ser autónomo es un modo de fortalecer mejor la relación con los socios y no equivale ni mucho menos al proteccionismo. Así lo recoge la Agenda UE-Estados Unidos antes mencionada. En ella se identifican cuatro prioridades para la
cooperación con la futura Administración Biden: un mundo más saludable: COVID-19 y más allá; proteger nuestro planeta y la prosperidad; tecnología, comercio y estándares; un mundo más seguro, más próspero y más democrático. En este nuevo
tiempo se abren nuevas oportunidades transatlánticas en la respuesta a la pandemia, en la distribución mundial equitativa de vacunas y una necesaria reforma que potencie la Organización Mundial de la Salud. También se menciona en la citada
comunicación una nueva agenda verde transatlántica integral que incluya comercio y tecnología, así como mayor coordinación en la lucha contra la deforestación y la protección de los océanos. En el ámbito de la tecnología, comercio y estándares hay
espacio para una coordinación más estrecha, ya que ambas orillas del Atlántico comparten valores, representan alrededor de un tercio del comercio global y ejercen un gran liderazgo en lo normativo.
Las propuestas europeas van en la línea de impulsar la ineludible reforma de la Organización Mundial de Comercio, contar con un diálogo sobre la responsabilidad social y fiscal de las grandes tecnológicas y
establecer un nuevo Consejo de Comercio y Tecnología Unión Europea-Estados Unidos. Además, la Unión Europea apoya activamente y participará en la cumbre por la democracia propuesta por el presidente electo Biden. La defensa de los derechos
humanos y la democracia son dos ámbitos en los que se debe incrementar la acción conjunta. La defensa del sistema multilateral está en el ADN europeo, por lo que se buscarán formas de cooperar y se plantea un diálogo de seguridad y defensa Unión
Europea-Estados Unidos. Durante los últimos años instituciones y normas internacionales se han visto erosionadas. Sin caer en una optimismo desmesurado, se abre una ventana de oportunidad para tratar de mitigar e incluso revertir este proceso. La
discusión de los jefes de Estado y de Gobierno se centrará en determinar cuáles serán nuestras prioridades para la renovación de la agenda transatlántica. El presidente del Consejo Europeo ha invitado además al presidente norteamericano a mantener
una cumbre entre Estados Unidos y los veintisiete Estados miembros.
El Consejo Europeo, señorías, tratará también sobre la vecindad sur, una prioridad para España que ha trabajado intensamente para otorgar impulso político a este expediente y colocarlo en la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno. Como
saben, el pasado 26 de noviembre tuvo lugar en formato híbrido una reunión de ministros de la Unión Europea con nuestros socios de la vecindad sur, con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre cómo reforzar la política de vecindad europea
en el área mediterránea, y el día 27 de noviembre se celebró el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, con motivo del 25º aniversario del lanzamiento del Proceso de Barcelona. Esta iniciativa lanzada por la ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación ha permitido volver a poner el Mediterráneo y la vecindad sur en el centro del debate europeo, en un momento clave con la próxima entrada en vigor de un nuevo marco financiero plurianual. El reforzamiento de las
relaciones de la Unión Europea con la vecindad sur implica renovar nuestro compromiso con la Unión por el Mediterráneo, que cuenta con cuarenta y dos miembros de la Unión Europea y de la orilla sur. Todas estas prioridades se plasmarán en una
próxima comunicación de la Comisión Europea que espero tener la oportunidad de exponerles aquí en una próxima comparecencia.
La discusión de los jefes de Estado y de Gobierno servirá para orientar la comunicación conjunta que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión publicarán el próximo año. Por supuesto, se trata de una cuestión de la máxima
prioridad para España y estaremos en contacto estrecho y permanente con las instituciones en este expediente. Turquía estará de nuevo en la agenda del Consejo Europeo. No se trata, en principio, de una buena noticia, porque, como saben, de un
tiempo a esta parte se han producido actos unilaterales de delimitación marítima y exploraciones petrolíferas sobre espacios marítimos sujetos a controversia. En esta cuestión, España ha partido siempre de la premisa de la plena solidaridad con
Grecia y Chipre, dos socios de la Unión Europea con los que nos une nuestra dimensión mediterránea, y los derechos de ambos Estados sobre sus respectivos espacios marítimos deben ser respetados. La Presidencia alemana ha llevado a cabo un
encomiable labor para relajar la tensión y fomentar el diálogo para explorar la posibilidad de avances en la cuestión de la delimitación. Como saben sus señorías, la ministra González Laya ha estado muy activa en esta cuestión, viajando a Ankara, a
Atenas y más recientemente a Nicosia. Su objetivo ha sido promover el diálogo entre las partes y subrayar a la parte turca la necesidad de abstenerse de acciones unilaterales, permitiendo así que puedan retomarse las conversaciones bilaterales
exploratorias entre Grecia y Turquía, así como las negociaciones sobre Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas.
España defendió la línea de las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de 1 y 2 de octubre pasado, en el sentido de que la Unión Europea tiene un interés estratégico en un entorno estable y seguro en el Mediterráneo oriental y que
todas las diferencias deben resolverse mediante el diálogo pacífico y con arreglo al derecho internacional. Estas consideraciones no deben hacernos olvidar que Turquía es un socio capital de la Unión Europea en muchas áreas, con la que nos unen
estrechos vínculos económicos y con una numerosa comunidad de binacionales residentes en la Unión Europea. A medio y largo plazo, apostamos por el desarrollo de una relación cooperativa y mutuamente beneficiosa de la Unión Europea con Turquía, país
aliado en la OTAN y candidato a la adhesión a la Unión Europea, con el que España mantiene unas fluidas relaciones políticas y económicas. Pero para que esto sea posible las actividades de exploración que se han estado llevando a cabo deben cesar,
dejando paso al diálogo. También debe relajarse el tono de las declaraciones públicas. Las críticas personales a los miembros del Consejo Europeo no son constructivas ni aceptables.
Paso a otro asunto: la Cumbre del Euro. El 11 de diciembre tendrá lugar una Cumbre del Euro, se espera que la cumbre aborde la evolución de la pandemia y la respuesta en materia de política económica.
Los dos asuntos principales de la reunión serán la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales. En este contexto, el pasado 30 de noviembre el Eurogrupo acordó seguir adelante en el proceso de firma y ratificación del Tratado por
el que se reforma el Mecanismo Europeo de Estabilidad o MEDE. Los ajustes acordados desarrollan el conjunto de herramientas del MEDE; entre otras cosas, la reforma establece un respaldo común al Fondo Único de Resolución en forma de una línea de
crédito del MEDE. Los ministros también acordaron la introducción anticipada del respaldo común a principios de 2022. El respaldo reforzará y complementará el pilar de resolución de la unión bancaria y ayudará a garantizar que la quiebra de un
banco no perjudique a la economía en general ni provoque inestabilidad financiera. Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno del euro intercambiarán opiniones sobre la situación de la unión de mercados de capitales y sus implicaciones para
el papel internacional del euro.
Paso a otro punto, señorías: la Presidencia portuguesa. En el Consejo Europeo también se realizará una presentación de la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, que comenzará el 1 de enero de 2021. Tuve la oportunidad la
semana pasada de entrevistarme, por videoconferencia primero y el viernes en persona en Lisboa, con mi homóloga portuguesa, Ana Paula Zacarias, para, entre otros asuntos, conocer el programa de la Presidencia de este país vecino y hermano. Sus
prioridades serán: resiliencia en valores y lo económico, transición ecológica, transformación digital, Europa global, migraciones y la Conferencia sobre el futuro de Europa. No es el lugar de extenderse sobre este punto, pero quisiera resaltar la
prioridad que Portugal da al fortalecimiento del modelo social europeo. El momento más significativo de su Presidencia será quizá la Cumbre Social de Oporto, prevista para el 7 de mayo. Cuentan con nuestro pleno respaldo y apoyo en el impulso de
la Europa social; será, en buena medida, el legado más importante de su Presidencia o uno de los legados más importantes de su Presidencia y es una prioridad en el contexto de la actual crisis. La pandemia ha puesto de manifiesto y ha agravado las
desigualdades existentes y resulta necesario salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.
Paso, señorías, a la parte del debate sobre el marco financiero, Fondo de Recuperación. El Consejo Europeo abordará también la cuestión de la aprobación del marco financiero plurianual y el Fondo de Recuperación. Como saben, tras el
histórico acuerdo alcanzado en julio, la Presidencia alemana llegó a un compromiso con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento de condicionalidad sobre el Estado de derecho el pasado mes de noviembre. Este reglamento se aprueba por mayoría
cualificada; sin embargo, los Gobiernos de dos Estados miembros anunciaron su decisión de vincular la aprobación de este reglamento con la del marco financiero plurianual y la decisión de recursos propios, que requieren ambos unanimidad. Para
justificar esta decisión, ambos países alegaron que el reglamento no respetaba el acuerdo político alcanzado en julio sobre el marco financiero y el Fondo de Recuperación y que sus disposiciones producían indefensión en los Estados miembros. No se
trata de abordar ante las Cortes españolas los argumentos esgrimidos por otros Gobiernos, en los que no entraré, pero sí quisiera informar de las gestiones que ha realizado el Gobierno de España y de las perspectivas sobre este asunto crucial.
Pocos días después de conocerse la noticia, realicé un viaje a Hungría, donde mantuve un encuentro con la ministra de Justicia, también ministra para Asuntos Europeos, Judit Varga, y una semana después viajé a Polonia, donde además de
mantener un encuentro con mis cuatro homólogos del Grupo de Visegrado, mantuve encuentros bilaterales con el ministro para Asuntos Europeos, Conrad Szymanski, y con el secretario de Estado que supervisa los asuntos bilaterales, Szymon Szynkowski;
también me reuní con los alcaldes de Budapest y Varsovia, destacadas figuras de la oposición, para conocer su punto de vista sobre la cuestión. En ambos viajes trasladé un mensaje idéntico a los interlocutores: el reglamento entre el Consejo
Europeo y el Parlamento no puede ser modificado. Se trata de una cuestión, entre otras, de respeto institucional a las potestades del Parlamento Europeo. Era importante que España trasladara este mensaje no solo como cuarto Estado miembro por
tamaño de la Unión Europea, sino como uno de los principales artífices del acuerdo y beneficiario del mismo. Más allá de las divergencias políticas que nos puedan separar, he querido trasladar un mensaje claro a los representantes electos de los
pueblos húngaro y polaco, con los que nos unen lazos de todo tipo. La pertenencia a este gran proyecto común que es la Unión Europea conlleva aceptar los procedimientos de decisión acordados y las decisiones que no nos convencen. El Reglamento que
busca defender el Estado de derecho y el presupuesto de la Unión ha sido acordado con el Parlamento y no caben modificaciones, como he dicho. He recordado a nuestros interlocutores que el reglamento prevé una doble garantía, correspondiendo a la
Comisión en exclusiva iniciar el procedimiento y al Consejo aprobar cualquier medida propuesta por mayoría cualificada. En caso de considerar que el texto acordado no tiene cabida en los tratados, ambos Gobiernos disponen de una tercera garantía,
que es la del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta posibilidad
existe también a dos niveles: cualquier Estado puede solicitar la anulación del reglamento, así como, llegado el caso hipotético, puede recurrir una eventual aplicación del mismo que considere injustificada. Trasladé a mis interlocutores
hasta qué punto sería perjudicial mantener el veto no específicamente para España sino para la Unión en general y, por supuesto, para sus propios intereses.
He mantenido puntualmente informada, señorías, a la Presidencia alemana del Consejo del resultado de estas visitas, es a ella a quien lógicamente corresponde liderar las negociaciones para desbloquear la situación. No es posible tener
certezas sobre lo que ocurrirá mañana y el viernes, pero será importante que los primeros ministros húngaro y polaco puedan comprobar la unidad del resto de los miembros del Consejo Europeo, así como la urgencia de todos ellos en desbloquear el
fondo y el presupuesto e impulsar la recuperación económica tras la pandemia. Quiero dejar claro que la única opción que contemplamos actualmente es la de convencer a estos dos países de la importancia de levantar el veto, con alguna aclaración
sobre el reglamento, llegado el caso, porque esta decisión es la más adecuada para la Unión y, como ya he dicho, para sus propios intereses. He de añadir que, tras una reunión mantenida ayer en Varsovia entre los primeros ministros Viktor Orbán y
Mateusz Morawiecki, junto con el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, ha habido declaraciones esperanzadoras de una aproximación de las posiciones de estos dos países con la Presidencia alemana para resolver sus inquietudes de manera que
se pueda proceder a levantar el veto.
Por último, señorías, me gustaría hacer referencia a otro asunto que no figura en la agenda del Consejo Europeo en estos momentos, pero que posiblemente los líderes tengan que discutir sobre ello. Me refiero a las consecuencias del fin del
periodo transitorio del Acuerdo de Retirada, que supondrá, tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, su salida definitiva del mercado interior y de la unión aduanera. Como saben, las negociaciones con el Reino Unido acerca de las
relaciones futuras se han intensificado en las últimas semanas. Las negociaciones han cerrado muchos de los puntos pendientes, pero no han podido alcanzar un acuerdo en tres puntos: en la competencia leal, denominada level playing field, la
gobernanza del acuerdo y los derechos pesqueros. Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro Johnson han mantenido dos conversaciones telefónicas conviniendo, finalmente, mantener una cena de trabajo esta noche en
Bruselas. Señorías, en este momento no es posible hacer una previsión fundada sobre cuál será el resultado final de las negociaciones. El Gobierno de España respalda la labor que está llevando a cabo el negociador europeo Michel Barnier, que ha
sabido mantener la unidad de los veintisiete Estados miembros, algo especialmente relevante en estos compases finales de la negociación. Nuestra posición es la misma desde el principio: deseamos un acuerdo, pero dicho acuerdo tiene que respetar la
autonomía de decisión de la Unión Europea y la integridad del mercado interior. También es necesario que dé una solución razonable para los pescadores que dependen desde hace muchos años de los caladeros británicos; es decir, un acuerdo
equilibrado y que respete las reglas europeas. Las divergencias son grandes, pero mantenemos la esperanza de que se logre alcanzar un acuerdo. Y he de decir que una señal positiva ha sido el acuerdo alcanzado ayer en el seno del comité conjunto
que supervisa la aplicación del Acuerdo de Retirada por el que la parte británica se comprometió a retirar las cláusulas 44, 45 y 47 del proyecto de ley del mercado interior y a no introducir cláusulas similares en el proyecto de ley sobre
imposición, llamado Taxation Bill.
Señorías, como han podido deducir de mis palabras, se trata de un Consejo Europeo con una agenda muy sustancial. Confluyen a finales de este año 2020, en el que la declaración Schuman ha alcanzado su septuagésimo aniversario, varios asuntos
esenciales para el conjunto de España y de la Unión: la cuestión de la coordinación en la lucha contra la pandemia, el acuerdo de relación futura con el Reino Unido, la aprobación del Fondo de Recuperación o las relaciones con Turquía y con Estados
Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Esta confluencia de asuntos es también reflejo de una situación internacional que desde hace unos años evoluciona hacia una mayor imprevisibilidad e incertidumbre.
Desde que acepté la responsabilidad de ser secretario de Estado para la Unión Europea en febrero, me parece, señorías, que la Unión, en circunstancias extremadamente difíciles, prácticamente únicas, ha superado las expectativas que cabía
razonablemente tener ante una serie de acontecimientos con escaso o ningún precedente. Como demuestra la agenda, el contexto actual requiere un constante esfuerzo de superación. La Unión y los Estados miembros deben responder con rapidez a las
crisis que se plantean con una frecuencia cada vez mayor y, a la vez, no podemos perder de vista la importancia de reforzar a medio plazo nuestras instituciones y políticas. Confío en que los debates y decisiones del Consejo Europeo de mañana y
pasado mañana contribuyan de manera significativa a acercarnos a ambos objetivos.
Señorías, finalizo aquí mi intervención y estaré encantado de responder a sus preguntas.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González-Barba Pera.
A continuación, intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios en turno de siete minutos, de acuerdo con el siguiente orden.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias presidenta. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer la exposición del secretario de Estado. Voy a hacer algún comentario respecto a algunos de los asuntos que ha puesto usted sobre la mesa. En primer lugar, entre los temas que van mañana
y pasado mañana al Consejo de Europa está la estrategia de vacunación. Creo que por parte de España -además, mañana va a comparecer el ministro Illa en esta Cámara para abordar el tema de las vacunas- ha habido más la intención de realizar un plan
para que parezca que estábamos actuando de manera pionera en la Unión Europea que un plan para actuar de forma real y con una estrategia coordinada de vacunación. Por eso hay una parte que está bien planteada, como pueden ser los grupos
prioritarios de la fase primera; nos falta -y es comprensible- las fases segunda y tercera, tener esos grupos prioritarios de manera ordenada, pero hay algunas cosas que son más inexplicables como, por ejemplo, la logística. Vemos que en España se
ha pilotado toda la logística respecto a la atención primaria, una atención primaria que hay que reforzar. Y la pregunta es: ¿Quién la va a reforzar? ¿Se va a pasar esa patata caliente a las comunidades autónomas?
En segundo lugar, algunas vacunas, como las de Pfizer, requieren unas condiciones de conservación por debajo de los setenta grados y no sabemos si España tiene la posibilidad de proveerse a sí misma del hielo seco suficiente o si realmente
este tipo de cuestiones también se van a coordinar con la Unión Europea.
Otro de los temas capitales de este Consejo es, sin duda, el de los fondos europeos y creo que la Unión Europea en su conjunto tiene una preocupación con España y España tiene una preocupación respecto a los fondos europeos. Los fondos
europeos son capitales para nuestro país; de hecho, forman una parte sustancial del presupuesto que fue aprobado por esta Cámara la semana pasada y que está ahora mismo en tramitación en el Senado, pero ya dijo en su momento el comisario de
Economía europeo que esas ayudas probablemente no vendrán hasta el segundo semestre de 2021 y a mí me gustaría preguntarle acerca del horizonte temporal en el que podemos contar con las ayudas. Por un lado, está sobre la mesa el posible bloqueo de
Hungría y Polonia y también quería saber si la Unión Europea está trabajando en un plan B, en el caso de que no se pueda frenar ese bloqueo. Por otro lado, creo que España es uno de los países que más preocupa a la Unión Europea por varios motivos.
En primer lugar, preocupan los socios de Gobierno. Usted hablaba de que ahora en la Unión Europea se va a abordar el terrorismo islámico y no se concebiría en ningún país que hubiese un Gobierno formado con grupos que apoyan el terrorismo islámico;
sin embargo, en España tenemos un Gobierno cuyos presupuestos van a salir con un grupo que lleva décadas apoyando el terrorismo etarra. Y, claro, eso, evidentemente, no da mucha confianza a los socios europeos y genera alarma no solo en los países
de la Unión Europea, sino en cualquier demócrata porque es muy difícil hacer creer que se sustenta un proyecto de progreso para España de la mano de quienes llevan décadas tratando de destruir el proyecto de España, incluso con terrorismo. Por
tanto, la posición de España en materia terrorista estará muy comprometida con los socios que tiene en este momento en el Parlamento.
También hay una preocupación enorme respecto a España por el proceso de reformas iliberales que han puesto sobre la mesa como, por ejemplo, esa amenaza del Gobierno con sus socios parlamentarios para dar un enorme paso atrás en la división
de poderes con la reforma del Poder Judicial, saltándose la mayoría cualificada que requiere este Parlamento. Eso, evidentemente, Europa lo ve con preocupación y quiero saber si esa posición se la trasladan también a ustedes.
También hay preocupación por la situación económica. España es uno de los países que más preocupa, puesto que estamos basando nuestras perspectivas de crecimiento en unas cifras excesivamente optimistas que pocos organismos pueden
considerar que van a producirse el año que viene y eso puede hacer que el déficit sea mucho mayor de lo esperado o que la deuda pública se eleve hacia límites todavía mucho mayores de los esperados.
Por último, hay preocupación también respecto a la forma de gobierno de ese fondo. Creo que lo que pretende la Unión Europea con estas ayudas es que sean utilizadas para las reformas que necesita nuestro país para hacer una economía más
competitiva a medio y largo plazo, pero parece ser que el
Gobierno ha entendido que estos fondos son para usarlos de manera clientelar. Por tanto, a diferencia de otros países, no está buscando una gestión de los fondos a través de expertos o a través de personas independientes, sino que
directamente decidieron que el pastel primero lo repartiese solo el señor Sánchez y luego, cuando el señor Iglesias montó en cólera, se repartieron el pastel. Desde luego, no creo que eso sea muy bien visto por la Unión Europea, porque es
absolutamente contrario al objetivo que tienen estos fondos. Estos fondos no son para usarlos de manera clientelar, sino para hacer las reformas que necesita nuestro país.
Con respecto al brexit, yo también creo que todos ayer recibimos una buena noticia. Sin duda alguna, la unidad de la Unión Europea es una fuerza en la negociación. Nosotros, los navarros, estamos especialmente preocupados porque tenemos un
sector agroalimentario muy importante con un nivel exportador a Reino Unido muy alto y, por tanto, para nosotros es fundamental que pueda haber acuerdo.
Por último, me quería referir también a un tema que probablemente mañana estará, aunque sea fuera de las agendas, que es el tema de Venezuela. España tiene que tener una posición rotunda de defensa de la libertad (aplausos), porque parece
exactamente lo contrario, ya que tenemos al señor Zapatero actuando de embajador chavista y tenemos a un vicepresidente del Gobierno y a un ministro, como el señor Garzón, que son también embajadores chavistas. No puede ser que la posición del
Gobierno de España no sea una férrea defensa de la libertad y una seria condena a la farsa que han sido esas elecciones hechas por Maduro para mantenerse ilegítimamente en el poder y aplastar la libertad de los venezolanos. Es fundamental la
posición de España y es fundamental el compromiso de la Unión Europea con la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sayas López.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Uribe-Etxebarria Apalategui.
El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: (Comienza su intervención en euskera).
Efectivamente, en principio nos encontramos ante el último Consejo Europeo del año y de la Presidencia alemana. Digo en principio, porque la verdad es que la agenda que tiene el Consejo Europeo es muy prolija, muy extensa y muy complicada.
Yo también hago votos con usted, señor secretario de Estado, para que la Unión Europea vuelva a demostrar que es capaz de afrontar adecuadamente los retos y los desafíos que se le presentan.
Ha tocado varios temas -la vacunación, la Unión Europea de la salud, el cambio climático, la unión bancaria- e imagino que el texto de las conclusiones en torno a todos esos temas ya estará prácticamente cerrado. Sin embargo, me voy a
referir a otros asuntos que están todavía quizá un poco abiertos. El primero es el referido al marco financiero plurianual y a la amenaza de veto de Polonia y Hungría. Nosotros esperamos y confiamos en que se alcance una solución en los próximos
días o en las próximas semanas salvaguardando los valores y principios europeos. Coincido con usted en que la emergencia de aprobar el paquete de las ayudas europeas es acuciante para todos, al objeto de paliar la crisis económica provocada por el
COVID. Nosotros somos plenamente favorables, lógicamente, a que el 1 de enero entre en vigor el marco financiero plurianual y todos los fondos de recuperación, y por eso les pedimos -y nosotros en la medida de lo posible también contribuiremos- los
máximos esfuerzos para encontrar las soluciones más adecuadas que respondan a la urgencia de este momento. Es probable que si se consumara el veto polaco y húngaro se provoque un retraso, pero, al mismo tiempo, estoy seguro de que será muy poco
probable que eso suponga dar al traste y hacer fracasar todo el proyecto que tenemos por delante. Confiemos en que se encuentre una solución en los próximos días o semanas para disponer de los fondos lo antes posible, preservando al mismo tiempo,
como digo, los valores y principios democráticos europeos. Hablamos de un asunto con una dimensión muy diferente al típico tira y afloja por unas partidas presupuestarias, porque están en juego, desde nuestro punto de vista, valores y principios
democráticos y, además, porque Polonia y Hungría van a estar entre los principales beneficiarios del marco financiero plurianual y, de alguna manera, les interesa cerrar un acuerdo lo antes posible. No sé si es redundar un poco en lo que ya he
dicho, pero me gustaría preguntarle si está confiado en llegar a un acuerdo y cómo cree que puede solventarse esta cuestión. Como ha mencionado usted, ¿podría solucionarse a través de una declaración aclaratoria de las conclusiones del Consejo
Europeo de julio y del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo? ¿Ve plausible -aunque no sé si deseable- desgajar el marco financiero plurianual del paquete de recuperación? A cambio de un acuerdo, ¿podría suspenderse, por ejemplo, el
procedimiento iniciado bajo el artículo 7 contra Hungría y Polonia?
Se ha referido también usted a Turquía. Nos preocupa la política que Turquía está desarrollando en su área de influencia, que también constituye, como usted bien ha dicho, una zona geoestratégica vital para la Unión Europea. Pensamos que
Turquía maneja principios y actuaciones que no son acordes con los principios, valores e intereses que representa y debe representar la Unión Europea, obstaculizando incluso la actuación de la OTAN en la zona, organización de la que es miembro. Ha
habido intentos por apaciguar la situación, como usted bien ha dicho. Sin embargo, las autoridades turcas han respondido con el silencio o la provocación, especialmente -usted lo ha mencionado- a la oferta del Consejo Europeo del pasado 1 de
octubre. ¿Cree necesaria una profunda aclaración -esa es la pregunta- de la estrategia de la Unión Europea en relación con Turquía? ¿Sanciones, señor González-Barba?
Terrorismo. Estamos de acuerdo con la necesidad de preservar la seguridad de los europeos y luchar contra la lacra del terrorismo sin lugar a dudas, y la declaración conjunta de los ministros del Interior del pasado 13 de noviembre creo que
así lo manifiesta. Pero no puedo dejar de señalarle en este ámbito, señor González-Barba, que el Partido Nacionalista Vasco y el Estatuto de Autonomía de Gernika definen a la Ertzaintza como una policía integral que debe poder participar, junto con
el resto de las fuerzas policiales, en los foros estatales, europeos e internacionales para desarrollar una cooperación policial operativa plena. No debe limitarse la presencia de la Ertzaintza a aquellos puntos y oficinas únicas de los distintos
instrumentos de cooperación en el Estado, sino que se deben posibilitar la vigilancia transfronteriza y su participación en los equipos conjuntos de investigación, reuniones, foros y grupos de trabajo europeos, etcétera. La Ertzaintza está
reconocida como una policía con plenas competencias en Euskadi y ante la Unión Europea, y el objetivo es poder dar una respuesta global transversal y eficiente a la sociedad vasca y, por tanto, también a la sociedad europea, pudiendo responder de
esta manera a los desafíos que la transformación social, actual y futura, demanda y requiere.
Se ha referido también a las relaciones transatlánticas. Estamos básicamente de acuerdo. Imagino que el Consejo Europeo reflejará las conclusiones del Consejo del pasado 7 de diciembre. Efectivamente, nosotros somos favorables a
establecer unas relaciones profundas y fructíferas con Estados Unidos y hacer eso compatible con la necesaria autonomía estratégica que tiene que tener la Unión Europea. La declaración del Consejo del pasado lunes es muy prolija y en ella se tocan
muchos de los temas que usted ya ha mencionado.
Finalmente, respecto al brexit, nosotros también hacemos votos por un acuerdo satisfactorio que sea equilibrado. Simplemente -se me acaba el tiempo- quiero recordarle algo que imagino que tendrán en mente, y es el reciente estudio del Banco
de España titulado Brexit: situación y consecuencias económicas, donde señala que el Estado español será el más perjudicado en caso de que no haya acuerdo sobre el brexit.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uribe-Etxebarría Apalategui.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor secretario de Estado. Comparece usted en virtud del artículo 8 de la Ley 8/1994, que establece que el Gobierno debe comparecer ante esta Comisión mixta antes de las reuniones del Consejo. Nosotros creemos -siempre que
viene se lo digo- que esta Comisión tiene que tener un papel muy relevante no solamente de escucha, sino también en la definición de la política europea, y lo cierto es que el funcionamiento institucional al final hace que el Gobierno tome las
decisiones prácticamente en solitario y que aquí se venga a informar. A nosotros nos gustaría que el Gobierno se comprometiera, como se lo pedimos en algunas PNL y en la Comisión de Reconstrucción, a contar con las aportaciones de los diferentes
grupos parlamentarios de cara a las reuniones. Se debaten asuntos muy importantes -usted ha mencionado algunos de ellos-, como el tema del desbloqueo de los fondos europeos, o el marco financiero plurianual, o el tema de la conferencia sobre el
futuro de Europa, y nosotros queremos estar no solamente para escuchar sino también para que el Gobierno defienda, en nombre de España, en estas reuniones y debates las posiciones y las posturas del conjunto de grupos parlamentarios, cuyo
cumplimiento, por cierto, después tendremos que fiscalizar. Por eso, me gustaría que de cara a las próximas reuniones o para el año que viene se pudieran llevar algunas propuestas de resolución que hubieran sido planteadas y votadas en estas
comisiones; me gustaría que se comprometiera a ello. Se lo digo porque yo sé de su voluntad, que usted comparece todo lo que puede y viene a explicarnos hoy una posición para una reunión que comienza mañana, sé
que las agendas son complejas, pero, sinceramente, con tan poco tiempo nos da también poco tiempo para hacerle llegar algunos planteamientos o algunas propuestas.
Usted ha explicado que en el Consejo Europeo de mañana se van a tratar cinco cuestiones: las relaciones exteriores de la Unión Europea, el tema de la pandemia del COVID, la lucha contra el cambio climático, todo el tema del comercio
internacional y también el tema de la seguridad y el terrorismo. No me da tiempo a hablar de todas, pero sí quiero hacerle, en primer lugar, un breve apunte con relación a las relaciones exteriores de la Unión Europea. Sinceramente, menudo papelón
tienen ustedes mañana -tienen ustedes y tenemos todos los españoles- con las declaraciones del expresidente Zapatero y con las declaraciones de algunos miembros de este Gobierno después de lo que estamos viendo, porque este señor ha sido miembro del
Consejo de Estado, es un expresidente, y tenemos a otros miembros del Gobierno que son ahora mismo ministros y que lo que están haciendo es contradecir directamente las posiciones de la Unión Europea con respecto a la política exterior, con respecto
al no reconocimiento de unas elecciones que no han sido legítimas y con la exigencia de que se celebren unas elecciones presidenciales y legislativas como toca. A nosotros, sinceramente, nos gustaría que ustedes fueran mañana a Bruselas con una
declaración nítida y clara por parte de este Gobierno alineándose con la política exterior europea, con lo que ha dicho el representante europeo, y por supuesto desautorizando todo este tipo de declaraciones que, con todo el respeto, nos están
haciendo quedar como unos frikis por el mundo. Sería importante que llevaran una declaración clara por parte de la ministra y por parte del Gobierno. Y, al hilo de esto, sinceramente a ver si le dejan a la ministra marcar la política exterior y no
se le meten ya más machotes en medio de la política exterior, porque primero fue Ábalos, después ha sido Iglesias, más tarde Zapatero, luego Garzón, y la ministra es la ministra y es ella quien tiene que marcar las líneas, y las líneas son acordes a
lo que dice la Unión Europea, porque para eso somos miembros de la Unión Europea.
Con relación también a la política exterior, usted ha hecho mención a que se van a establecer las relaciones con el equipo de transición del presidente Biden, pero me gustaría preguntarle concretamente si se está ya llevando a cabo alguna
gestión o si han iniciado alguna gestión para la eliminación de los aranceles que tanto coste están suponiendo a los agricultores españoles y cuáles son las perspectivas de que esta reclamación de España y de la Unión Europea puedan ser apoyadas y
se pueda cambiar.
Sobre las posiciones con respecto a la vecindad del sur, que ha mencionado usted, a nosotros nos gustaría mucho saber qué decisiones se toman con respecto a todas las crisis migratorias que han puesto en gran tensión a territorios europeos y
españoles como Canarias. ¿Llevan ustedes alguna propuesta concreta?
Y hablando de la pandemia, le han mencionado ya el tema de las vacunas, pero lo cierto es que las estimaciones de caída del PIB son extremadamente preocupantes, muy preocupantes. Hace unos días la OCDE nos alertaba de que hemos sufrido una
caída del PIB de cerca del 12 % y este escenario se prevé todavía más preocupante para este año; vamos a ser el país que tenga la mayor caída del PIB en la Unión Europea. Ustedes, su Gobierno, han tenido hace una semana la opción de coger la mano
de unos presupuestos moderados, sensatos, que dieran confianza en estas circunstancias, y sin embargo han decidido dar la mano al populismo y al nacionalismo, guiados por un señor que es euroescéptico, como es el vicepresidente Iglesias, y sobre
esto me gustaría preguntarle qué confianza y qué reputación transmitimos ante nuestros socios, ya que se da la circunstancia de que somos los peores de toda la cola. No íbamos a dejar a nadie atrás, pero a nadie atrás, por detrás, por la cola,
porque no hay nadie peor que nosotros.
Muchas de las cosas que ustedes han hecho con la pandemia tienen que ver con algunas cuestiones que nosotros les propusimos desde el Parlamento Europeo, pero luego los distintos ministerios las han hecho mal. Nosotros planteamos el tema de
la aprobación del SURE -estábamos de acuerdo, negociamos- para que se financiaran los ERTE, pero es que los ERTE se han gestionado regular y mucha gente no puede seguirse acogiendo a ellos. Planteamos el tema de la emisión de la deuda conjunta para
tener una emisión de bonos que salvara a España, pero el Gobierno rechazó ir al MEDE para no manchar la reputación con el tema de un rescate que nos está costando dinero. También propusimos los test en los aeropuertos, pero cuando tenía sentido
epidemiológico, no ahora, porque ahora lo que hacen es actuar como un impuesto de retorno para miles de familias que quieren reunirse con sus allegados en Navidad. También hicimos la propuesta de la bajada del IVA de las mascarillas y ustedes, su
Gobierno, han utilizado a la Unión Europea como chivo expiatorio para muchas de las cuestiones. Me gustaría preguntarle cómo justifican estas decisiones cuando van al Consejo Europeo y en reuniones como la de mañana.
La señora PRESIDENTA: Señora Martín Llaguno, tiene que concluir.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Veo la luz roja, así que acabo con la segunda parte.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Illamola.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies. Bon dia, senyora presidenta; bon dia, senyor secretari d'Estat.
Yo, en primer lugar, le quería pedir disculpas porque la pasada comparecencia la seguí telemáticamente porque no puede asistir presencialmente, y al seguirla telemáticamente -las tecnologías no están adaptadas o no se permite la
interpretación del Reglamento en este sentido- no pude preguntarle nada ni intervenir. No obstante, he recuperado algunas de las preguntas que quería plantear aquel día que están relacionadas con lo que usted hoy también nos ha expuesto.
En la comparecencia del 26 de noviembre usted dijo que se iba a reunir con las comunidades autónomas. Yo quería que precisase, por favor, si, en el caso de Cataluña, ha ido, y si no ha ido, cuándo va a ir, y si se reúne con representantes
del Gobierno o con representantes del Parlamento.
Quiero referirme a algo que comentó en la última comparecencia la portavoz de Ciudadanos y que ha vuelto a salir ahora, en relación con las comparecencias y con darnos explicaciones, porque el artículo 3 de la ley dice que el Gobierno
remitirá a las Cámaras, con anterioridad a cada Consejo Europeo ordinario, un informe escrito. Yo entiendo que su comparecencia vendría a sustituir el informe ordinario, lo cual me parece muy bien -prefiero comparecencias que informes por escrito o
que se complementen-, lo que pasa es que usted dijo que no comparecía más porque lo otro habían sido consejos europeos informales. Pero claro, si estamos en pandemia y se están adoptando soluciones extraordinarias y si estamos pidiendo a las
empresas que teletrabajen y que hagan otro tipo de reuniones, no nos parece adecuado que solo se rinda cuentas, solo podamos controlar la política del Gobierno en el caso de reuniones del Consejo Europeo ordinarias, las formales. Y si ahora, como
le decía otro portavoz hace un momento, antes de final de año vuelven a tener otro Consejo Europeo -no sé si será ordinario o no, yo diría que no-, no sabemos si nos informarán o no, por lo que rogaría, por favor, que aunque no sean ordinarios sino
extraordinarios y aunque no sean formales sino informales, que se nos informara porque para algo representamos a los ciudadanos y podemos ejercer este control. Asimismo, y no en relación con el Consejo Europeo sino con el Consejo de la Unión, es
cierto que la Mesa debe aprobar las comparecencias, no obstante, en la ley se nos dice que la Comisión ha de ser informada por el Gobierno de las líneas de la política de la Unión Europea y también de las decisiones y acuerdos del Consejo de la
Unión, y yo esto, sinceramente, en lo que llevamos de legislatura lo echo en falta, no soy consciente de que me hayan informado de estas decisiones y acuerdos del Consejo de la Unión en sus distintas formaciones. En relación con los informes de
subsidiaridad -y esto viene a colación de un correo electrónico recibido hace pocos minutos- que debe presentar el Gobierno a petición de la Comisión mixta, en donde hay un plazo de dos semanas, yo agradecería que este plazo de las dos semanas se
respetara; todos sabemos que estamos muy cargados de trabajo, pero facilita cuando se deben hacer los informes de subsidiariedad y es muy interesante tenerlos.
Ya entrando en los aspectos concretos de su exposición, cuando ha dicho que una de las prioridades de la futura Presidencia del Consejo será la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ¿tiene algo más de información de lo que nos dijo en la
pasada comparecencia? ¿Han avanzado ya los Estados en ponerse de acuerdo respecto de la Presidencia de esta conferencia o todavía andamos con lo que teníamos hace poco? Cuando usted ha hablado de los temas de salud, ha dicho que España defendería
mayor cooperación internacional en relación con pandemias en la futura conferencia. ¿Esto quiere decir que promoverán un cambio en los tratados o cómo piensan encajar esta posibilidad dentro de la distribución actual de las competencias entre la
Unión y los Estados?
En relación con el marco financiero plurianual, respecto del reglamento de la condicionalidad -no entro en los dos países que se oponen, etcétera-, ha defendido la postura de España sobre el reglamento de la condicionalidad, ¿usted cree que
la postura de los veinticinco va a estar de acuerdo con lo que defiende España o van a renegociar, no el propio reglamento, sino rebajarlo de alguna forma a través de algún otro acuerdo? Asimismo, me gustaría que me aclarara, si es posible, en
cuanto a los fondos europeos, que se supone que si todo se aprueba, etcétera, vamos a recibir, ¿por qué la postura de España es la de aceptar únicamente las ayudas a fondo perdido y no los 70 000 millones de euros que van condicionados a créditos en
muy buenas condiciones, pero son créditos? ¿Esto lo entienden
los demás países de la Unión Europea? Supongo que lo respetarán, evidentemente, porque es una cuestión interna, etcétera, pero, ¿es normal, es lógico, dada la situación que tenemos en España y dada la situación de las empresas?
Asimismo, usted ha hablado de Turquía y evidentemente compartimos que España apoye a Grecia y a Chipre en la aplicación del Derecho del Mar, las delimitaciones, etcétera, lo que pasa es que con Turquía también tenemos otro tipo de
relaciones. Entendemos estas prioridades geoestratégicas, pero, ¿los intereses armamentísticos, los intereses de control de fronteras en temas de emigraciones van a pasar por encima de las vulneraciones de derechos humanos y de los crímenes de
guerra que está cometiendo o apoyando Turquía en el conflicto de Nagorno Karabaj? ¿Cuál es la postura de España en este punto? Quizá no esté en el orden del día, como usted nos ha especificado, pero supongo que en algún momento se hablará de este
tema en este encuentro de dos días. Igualmente, aunque tampoco está en el orden del día, en cuanto a la situación en el Sáhara, ¿cuál es la postura de España o cuál será la postura si alguno de los otros jefes de Estado lo plantean? ¿Asumirá
España los efectos de su no descolonización, dejando al pueblo del Sáhara abandonado o continuará alineándose, como viene siendo tradición, con Marruecos por el tema de control de fronteras y otros intereses geoestratégicos, que pueden estar muy
bien, pero debemos delimitar el porqué?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola Dausà.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Elejabarrieta Díaz.
El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.
Señor secretario de Estado, usted ha hablado sobre la transición ecológica y la necesaria tercera revolución industrial, un proceso global que a raíz de esta pandemia puede que se vea acelerado, y ha mencionado que Europa está en una
posición de liderazgo en este proceso, y comparto su reflexión, el problema es que dentro de Europa existen diferentes velocidades, diferentes niveles de esa transición y revolución industrial y el Estado español no está a la cabeza del mismo.
Entendemos que armonizar a nivel europeo también sería importante y qué duda cabe que los fondos europeos, de los que tanto se ha hablado, pueden jugar un papel importante al respecto. Quiero formularle un par de preguntas sobre los fondos
europeos; una sobre la gestión, que es un tema sobre el que ya hemos debatido y preguntado en anteriores comparecencias. Me gustaría saber si existe más claridad al respecto, sobre todo respecto de la gestión de los mismos y quiénes serán sujetos
de esa gestión. Mi pregunta va más centrada a si las autonomías participarán en esa gestión directa de los fondos europeos y, como en otras ocasiones le he preguntado también, si se prevé, se ha hablado o se va a hablar sobre el posible rol que las
eurorregiones podrían tener en la gestión de los mismos.
Ha hablado del veto de Polonia y Hungría y ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Ha dicho que la posición europea probablemente sea invariable pero que se podría dar una aclaración del reglamento de vigilancia sobre el Estado de
derecho. Cuando usted habla de aclaración, ¿a qué se refiere?, ¿en qué términos? ¿Esa aclaración implicaría rebajar o renegociar, como acaba de comentar la compañera catalana, el mismo? Y sobre dicho reglamento, no sé si nos podrían aclarar el
funcionamiento y el rol -por cierto, hemos recibido hoy una explicación del mismo-, porque se habla de sociedad civil y de diferentes agentes a la hora de elaborarlo y quisiera saber cómo se tienen en cuenta a las minorías nacionales en la
elaboración del mismo.
Las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Biden hacen prever o se puede pensar que la posición de Estados Unidos en referencia al Acuerdo de París vaya a variar y también su política de cara a la multilateralidad. ¿Cómo cree usted
que puede, de una parte, acelerar esto la propia transición ecológica por una posición de un Gobierno diferente y más a favor, se supone, de dicha transición y cómo puede afectar a las relaciones bilaterales con la Unión Europea y con el Estado?
También ha hablado de las relaciones exteriores y me gustaría incidir en algunos de los puntos que ha mencionado la señora Illamola sobre vecindad sur. Qué duda cabe que la posición de España y de la Unión Europea de cara al conflicto del
Sáhara nos parece importantísima. Me gustaría saber si es un tema que está en la agenda y se va a tratar y cuál va a ser su posición. Sobre Turquía -no me gustaría repetirme mucho-, compartimos las preocupaciones de Grecia y Chipre, las
entendemos, pero acabamos de ver lo que ha hecho Turquía en Nagorno Karabaj. Me gustaría saber si ese es un tema que se va a tratar o si se da ya por zanjado, porque dicha actitud flaco favor ha hecho a los acuerdos multilaterales, a los acuerdos
internacionales y genera un precedente muy preocupante para otra serie de acuerdos y
situaciones similares. Me gustaría saber cuál es la posición de España de cara a la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Hablamos de un reglamento interno para los Estados miembros, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los
derechos que deberían respetar aquellos Estados que quieren llegar a ser miembros de la Unión Europea? Dejo aquí esta primera intervención para luego seguir conversando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elejabarrieta Díaz.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Señor secretario de Estado, gracias por comparecer de nuevo ante esta Comisión. Voy a comenzar por lo que no es propiamente de fondo, aunque tiene relevancia política, a mi juicio, indudable. En este inicio debo dirigirle a usted un
reproche, porque usted comparece aquí hoy como miembro del Gobierno español, no como miembro de ningún partido político. Comprendo que los portavoces se expresen en determinados términos sobre el presidente Biden y otras cosas, pero en su caso me
parece fuera de lugar. España, como potencia, no puede hacer juicios de esa naturaleza en boca de un alto cargo, como lo es usted, asumiendo por definitivas cuestiones que en este momento -creo que no debería ser yo quien se lo recordase a usted-
están sometidas a enjuiciamiento de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos. ¿Es que usted sabe qué va a resolver la Corte Suprema Federal? ¿Se lo ha comunicado a usted su presidente? Y si se lo ha comunicado, debe ser una cosa insólita en la
historia de la jurisprudencia norteamericana que se anticipen las sentencias a potencias extranjeras, sentencias inexistentes. Esto se lo digo como un reproche redoblado por su condición de diplomático profesional. Usted sabe perfectamente que
esto no se puede hacer. Usted tendrá instrucciones, órdenes de su ministra y del Gobierno, pero usted tiene esa condición de diplomático, es un miembro de la carrera diplomática española y con una larga experiencia. Esto no se puede hacer ni
decir, o no se debe hacer, porque que se puede estamos viendo que se hace, lo acaba de hacer usted aquí. Me permito recordarle los datos siguientes, que creo que usted debería conocer, y si no los conoce debería decirles a los miembros de su
gabinete político y administrativo que le deberían haber informado al efecto antes de comparecer aquí. Hay un recurso ante la Corte Suprema Federal de Estados Unidos contra la resolución del 27 de noviembre de un tribunal de apelación del tercer
circuito, estimatorio de un recurso contra una resolución de un juez de Pensilvania sobre el recuento de los votos en la elección presidencial pendiente de resolución. Además, hay una demanda del Estado de Texas contra la Commonwealth de los
Estados de Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin por violación de competencias de las asambleas legislativas de tales Estados en materia electoral con motivo del escrutinio de las elecciones presidenciales. Se han adherido a esta demanda del
Estado de Texas ante la Corte Suprema Federal -la noticia me ha llegado esta mañana- los Estados de Luisiana, Arkansas, Alabama, Florida, Kentucky, Misisipi, Carolina del Sur y Dakota del Sur. Si a usted le parece poco, me gustaría oír su opinión.
Segunda cuestión, que no es propiamente de fondo tampoco: Venezuela y las declaraciones de la ministra, su superior jerárquico en el ministerio. Dice la portavoz de Ciudadanos que dejen a la ministra que sea ella quien dirija la política
exterior. Espero que la ministra no acoja esta sugerencia ni su Gobierno tampoco, porque es para entrar en crisis de pánico una vez oídas sus declaraciones. La ministra lo que tiene que hacer es dimitir. Sus declaraciones son motivo suficiente
para dimitir. La ministra no puede afirmar con un mínimo de dignidad intelectual y política que las declaraciones del señor Zapatero sobre Venezuela no molestan a la Unión Europea. La ministra debe saber que está en vigor un Reglamento del
Consejo, de 13 de noviembre de 2017, de medidas restrictivas, cuyo considerando primero dice: En vista de que continúa el deterioro de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos en Venezuela, la Unión ha expresado en repetidas
ocasiones su preocupación y ha pedido a todos los agentes políticos... Y a la vista de la ineficiencia de tales peticiones, se adopta este reglamento, que está en vigor. Si en estas circunstancias de pura legalidad, la señora ministra se permite
decir cosas como esta, francamente no sé muy bien de lo que habla y creo que ella misma no lo sabe. Desde luego, es reprochable que no haya nadie en el ministerio entre sus asesores que le indique la inconveniencia máxima de decir este tipo de
cosas, entre otras cosas porque es contrario a lo que dicen las leyes de la Unión Europea, le guste o no a la ministra. Y luego dice que este señor ejerce la libertad de expresión. Pero ¿nos va a hacer creer a nosotros que la cuestión política que
late en las declaraciones del señor Zapatero es si ejerce su libertad de expresión o no? ¡Pero esto qué es! ¿Toma a los españoles por tontos, por niños?
Cuestiones de fondo. Siguiendo el orden de su intervención, según ha ido exponiendo las diversas materias, sobre la coordinación de las campañas de vacunación, no ha tratado usted -no sé si España va a hacer una propuesta sobre este
particular o no- si la vacunación va a ser obligatoria y si la Unión Europea se propone adoptar alguna medida con ese alcance.
Segunda, en materia de seguridad, ha hablado del terrorismo. Omite usted toda referencia y sería deseable que España plantease esta cuestión sobre la relación entre inmigración ilegal y terrorismo.
Tercera, sobre la vecindad sur, dice usted que España ha puesto en el centro del debate europeo esta cuestión. España no ha puesto en el centro de ningún debate europeo esta cuestión, y se lo digo con respeto. Me parece que usted aquí se
da demasiada importancia, o se la ha dado demasiada al Gobierno español; yo no creo que la tenga ni que en Europa se le preste gran atención a esta cuestión. En esto de la vecindad sur hay algo que sí me parece preocupante, que usted no ha
abordado y que, por tanto, me da la impresión de que España ni siquiera va a suscitar en esta reunión del Consejo Europeo, que es la cuestión de la inmigración ilegal masiva que están sufriendo las islas Canarias: 18 000 inmigrantes ilegales han
arribado a las costas canarias en el año 2020. Sobre esto me gustaría decir algo a modo de aclaración de la situación, que es la siguiente. España, como todo Estado, puede realizar operaciones de intervención marítima -que se llama en Derecho
Internacional- en aguas libres, es decir, en aguas no jurisdiccionales. Puede hacerlo y lo puede hacer a través de su Armada. Es decir, si en el mar no territorial, en aguas no jurisdiccionales hay hechos que pueden ser delitos internacionales,
cualquier Estado puede intervenir. En este caso, lo que sabemos es que esta inmigración ilegal llega de Estados africanos...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez García, tiene que concluir.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, concluyo.
... y que la singladura transcurre por aguas internacionales, en las que España debería intervenir para protegerse. La Armada australiana ha hecho una operación de este tipo muy recientemente con gran éxito.
Voy a hablar finalmente, si me da usted medio minuto...
La señora PRESIDENTA: Han pasado ya veinticinco segundos. Dijimos que seríamos muy estrictos con el tiempo, así que tiene diez segundos para concluir.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, diez segundos para concluir.
Ha sido usted ambiguo en la cuestión de la oposición de Polonia y Hungría. Primero ha dicho que el reglamento podía adoptarse por mayoría y no por unanimidad y luego habla del veto. Esto debería aclararlo debidamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenas días, secretario de Estado, y muchas gracias por su comparecencia y por su presentación.
Empezaré tratando asuntos relacionados con el COVID-19. El 28 de octubre la Comisión adoptó una resolución por la cual se acordó coordinar estrategias con respecto a la toma de test, bien PCR bien antígenos, en los diferentes países de la
Unión Europea, especificando grupos de riesgo, prioridades, etcétera, y planteó la definición de estrategias nacionales al objeto de coordinarlas entre todos. ¿Se ha planteado ya por parte del Estado español la estrategia a coordinar con el resto
de países de la Unión Europea? ¿Está definida esa estrategia en la toma de test en los aeropuertos, en los puntos de entrada? También habló la Unión Europea de las aplicaciones nacionales de rastreo y de la existencia de algunas que hayan sido
coordinadas en una herramienta interoperable, así como de la existencia de veintiuna aplicaciones de rastreo de carácter nacional cuyo interés de interoperabilidad sería perseguido. ¿Cuál es la situación de España con respecto a estas aplicaciones
de rastreo? ¿Disponemos de la nuestra? ¿Es interoperable? ¿Se está probando la interoperabilidad? Al parecer se han interoperado seis hasta el momento y no sé cuál es la situación de España en esta materia.
En lo que concierne a la producción de vacunas, todos los expertos dicen que los plazos para su elaboración son largos, sin embargo la Unión Europea está acometiendo un proceso por el cual cuenta con disponer de una vacuna de la Unión
Europea en un plazo de doce o dieciocho meses. Sin embargo,
estamos todos persiguiendo a los diferentes productores de vacunas, dando por sentado -dice la Unión Europea- que algunos, los que estén más avanzados, en el caso de que se hayan contrastado todas las especificidades, podrán ser autorizados
antes de final de año. ¿Tenemos confirmaciones fehacientes de la disponibilidad antes de final de año? ¿O estamos trabajando todos en la hipótesis más favorable? El ministro de Sanidad anunció el pasado 27 de noviembre en la Comisión de Sanidad
que España adquirirá vacunas para el doble de su población. España no tiene en cuenta la inmunidad natural, a diferencia de lo que hace el resto de países de la Unión Europea y las publicaciones científicas, que hablan de que con una vacunación de
un 43 % sería suficiente. El resto de Europa ha optado por reservar vacunas para entre el 90 y el 40 % de su población: Polonia, el 89 %; Portugal, el 80 %; Lituania, el 70 % Francia, el 65 % y así sucesivamente. ¿Sigue el Gobierno alguna
recomendación concreta respecto al porcentaje? ¿Qué ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de comprar vacunas para 80 millones de personas, cuando el resto de los países de la Unión Europea están optando por una cifra suficiente para un
promedio del 70 % de su población? Aunque toda España se vacunase, el 100 % de los españoles, a diferencia de lo que plantean otros países de la Unión Europea, si adquirimos 80 millones de vacunas nos sobrarían 33 millones, por una resta sencilla.
Suponiendo que la candidata fuese aquella que ofrece mayores posibilidades de conservarse, al objeto de ser, como dijo el ministro Illa, puesta a disposición de quien lo necesite con carácter general -no anuncio nada-, el coste de adquisición de
esas vacunas sería de unos 192 millones de euros. ¿Cuáles son los detalles del plan anunciado por la ministra de Asuntos Exteriores para donar un importante número de vacunas a países de ingresos bajos y medios? ¿Cuántas y a qué países? La
afirmación del ministro Illa de 'para el que las necesite' me parece, en todo caso, suficientemente vaga.
En lo que concierne al posible bloqueo de Hungría y Polonia, los medios de comunicación españoles están divididos en sus opiniones. Por una parte, se afirma la existencia de este bloqueo y, por otra, la posibilidad de la Unión Europea de
recurrir a algún mecanismo de emergencia que haga posible sortear este bloqueo. Usted nos ha hablado de sus conversaciones Hungría-Polonia, de las buenas percepciones, de la conversación de la Presidencia alemana y de las expectativas de que esto
tenga un buen fin. Esto es, entiendo, voluntarista hasta el momento. Me gustaría saber en qué datos concretos basa usted su buena percepción, sus buenas expectativas. Por otra parte -ya se ha mencionado, pero quiero repetirlo-, la ausencia de una
agencia independiente para la distribución de fondos de recuperación y resiliencia ¿juega a favor de los esfuerzos de los países de la Unión Europea para poner a disposición los fondos de recuperación en el plazo más breve posible de tiempo? Esto
en cuanto al COVID-19.
En cuanto al cambio climático, que es el segundo punto del orden del día y que usted nos ha planteado, hay buenas expectativas, se han superado los índices de reducción de emisiones que se plantearon en 1990; se apunta a la neutralidad
climática para el año 2050. Por parte de España, aparte de respaldar el objetivo de la Unión Europea, ¿hay alguna propuesta de reducciones concretas? ¿Se ha hecho una evaluación sobre el impacto de la adopción de medidas extraordinarias en el Plan
español de energía y clima? ¿Cuál es la evaluación del impacto? ¿Y en la cuota española de energías renovables y de eficiencia energética?
En relación con la seguridad, los datos sobre actuaciones en materia de seguridad que nos proporciona el informe de Europol que se acompaña a la documentación del Consejo, habla de datos muy buenos para España. Concretamente, en España se
han producido en el año 2019 tres ataques denominados terroristas, un 2,5 % del total, de los 120 que se indican, y sin embargo se ha producido un 10 % de las detenciones, 91 de 1004. Eso quiere decir que frente al número bajo de acciones tenemos
un número alto de detenciones de carácter preventivo, manejando lo que usted mencionaba de las redes. Recientemente, como se ha mencionado, se incrementa la percepción de la existencia de un vínculo entre la migración y el crecimiento potencial de
riesgos de acciones terroristas de alguna naturaleza. ¿Existe alguna postura por parte del Gobierno español de mencionar este asunto en el Consejo Europeo, con carácter de respaldarlo o con carácter, por el contrario, de desvincular la inmigración
del incremento potencial de acciones terroristas?
En lo referente a lo mencionado en relación con la potenciación de las conversaciones con el Mediterráneo meridional -aparte de lo mencionado sobre Turquía, de lo que ya se habló en el Consejo anterior citando los casos anteriores-, me
gustaría saber si se va a hacer alguna referencia concreta a Marruecos con precisión, no a los países de la ribera sur sino concretamente a Marruecos, dada la importancia de las relaciones de buena vecindad que tenemos los españoles con respecto a
este país.
Por último, me quiero sumar a las manifestaciones hechas por mis predecesores sobre la necesidad de que España marque nítidamente una posición inequívoca en apoyo al pueblo de Venezuela y en descalificación y rechazo al llamado proceso
electoral experimentado en ese país el pasado 6 de diciembre.
Muchas gracias, señor secretario de Estado. Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Buenos días. Gracias, presidenta, y gracias al secretario de Estado por comparecer de nuevo hoy.
Me permitirán simplemente que inicie mi intervención haciendo una especie de fact ckeck, porque se dicen algunas cosas muchas veces, y aunque se digan tantas veces no se pueden dejar pasar. Vamos a hacer un pequeño fact check para algunas
de las intervenciones que se han hecho. Primero, España tiene un Gobierno ilegítimo. Bulo. Segundo, con terroristas, independentistas y toda clase de malhechores. Falso. Tercero, en el que se especula con las instituciones. Desinformación
absoluta. Por cierto, añadido y pilotado por Venezuela y por su régimen. Falso. Y, finalmente, que tiene preocupadísimo a todo el conjunto de la Unión Europea. Falso de toda falsedad. Por tanto, podíamos empezar por aquí, porque se repite una y
otra vez, lo llevamos escuchando desde 2018, y realmente la verdad es que en el año del complotismo vale la pena poner los puntos sobre las íes, y yo creo que este Grupo Socialista tiene claro que este es un Gobierno legítimo, un Gobierno que tiene
peso en Europa y un Gobierno que está pilotando dos cosas, como otros países europeos. Y la pregunta es cómo hemos llegado a este punto clave de este Consejo Europeo. Primera reflexión, yo creo que hay una esperanza, creo que lo que hemos visto
estos días con las imágenes de personas de noventa años vacunándose han provocado un efecto esperanza, lo estamos viendo ya en algunos sectores como el turismo, que en los últimos días está habiendo cambios en reservas, etcétera. Y una segunda cosa
-que creo que es la segunda conclusión-, aunque duela a muchos partidos en este país y en otros, es un momento de la Europa de la solidaridad. Este año hemos dado el paso -usted lo ha dicho con la Europa social de Portugal- de dar ese peso social.
La Europa social está volviendo a la agenda. Por tanto, yo creo que esas dos conclusiones son importantes.
Y empieza también por una cosa reciente, la muerte de Giscard, no porque fuera presidente de Francia, sino porque él era el presidente de la Convención Europea que dio paso a una crisis interna que aún está coleando, que son esos dos
referéndums que tumbaron el proyecto de constitución europea, y que demuestra que con esa constitución seguramente hoy no estaríamos en las mismas crisis, pero también demuestra que cuando las cosas van mal en el mundo europeo -en aquel momento de
crisis de los años setenta se crearon los consejos europeos, con Giscard, y también el sistema monetario- y en un momento tan de crisis como el actual, es ese momento en el que Europa avanza, y este año es un año de gran y profundo cambio a nivel
europeo. Yo creo que ese es uno de los elementos clave, que estamos en un año -y no es una terminología mía- con una arquitectura revolucionaria con el Fondo Next Generation, con los pilares sociales. Usted ha hablado del SURE, y también poniendo
los temas sanitarios y sociales otra vez en la agenda, y habíamos descubierto que esos temas no estaban, y están de vuelta. Yo creo que será, por cierto, porque hay un país como España que tiene esa profunda voluntad de que Europa sea una Europa
social, con un Gobierno de coalición pilotado por el presidente Sánchez Pérez-Castejón, que claramente ha tenido peso -lo he dicho en varias ocasiones y este grupo lo ha dicho en varias ocasiones-, ya que el non-paper que se hizo fue clave para esos
fondos, y España ha tenido un papel de peso y de suma importancia, por eso creo que también estaría bien reconocerlo.
Usted ha mencionado muchos puntos, pero para ir rápido otro de los temas clave de este año es la autonomía estratégica. Ha sido y es también el Fondo Next Generation un paso de facto para reforzar esa autonomía estratégica, para demostrar
que somos una Europa potente. Y creo que en los próximos meses -y también se verá en este próximo Consejo Europeo- es uno de los elementos en los que hay que profundizar. Pero no todos son buenas noticias; lo he mencionado al principio con un
poco de sorna y de ironía, pero es el año de todos los complotismos y de todas las conspiraciones. Es curioso que los húngaros también hagan apelaciones a George Soros para no estar muy de acuerdo con lo que está sucediendo en el marco de la Unión.
También lo digo con ironía, porque estoy seguro de que avanzaremos a veintisiete o a veinticinco, pero ya es casualidad que algunos aquí se quejen tanto y luego los de allá acaben hablando de los mismos 'conspirabulos' de Soros y de los complotismos
de Bruselas que nos quieren imponer no se sabe qué tipo de democracia socialcomunista.
Aprovecho para decir que en este grupo pensamos -usted no lo ha dicho- que esta tiene que ser la década de la igualdad real entre hombres y mujeres, y esté o no esté en los consejos europeos nosotros pensamos como Grupo Socialista que tiene
que estar en la agenda en los próximos meses y en los próximos años en lo más alto.
En cuanto a las relaciones trasatlánticas -usted lo ha dicho-, un nuevo multilateralismo. Está claro que en esta Europa de la solidaridad la COVID ha acelerado esa necesidad de cooperación y esa necesidad de solidaridad, y creo que es un
clamor que hay una necesidad de que desde la Unión Europea se profundice en ese nuevo multilateralismo, en esa reforma de las instituciones multilaterales a partir de ese proyecto -que es el nuestro-, que es el proyecto innovador más importante del
planeta en materia de gobernanza a nivel de la Unión Europea. Usted lo ha dicho y yo creo que debemos ser todos optimistas, hoy Boris Johnson está en Bruselas, usted ha hablado claramente de los problemas de condiciones de competencia leal, de
gobernanza y de pesca. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, nadie quería que el Reino Unido saliera, pero tengo la sensación de que ha sido un alivio, y lo hemos dicho en varias comisiones anteriores. Es decir, el Reino Unido trajo una
financiarización de la Unión Europea en esos años setenta, ochenta y noventa -usted conoce bien la historia europea, la lucha de Prodi y de Delors-, y el hecho de que ellos salgan es verdad que es una pérdida, pero tiene esa parte que no tendríamos
con ellos. No creo que estuviéramos hablando de Next Generation Fund si el Reino Unido fuera uno de los veintiocho miembros -ahora ya no-, si hubiera estado. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer y también lo hemos dicho en otras
comisiones, el papel de España, el papel de este Gobierno también ha cambiado con esa situación del brexit en la que también Alemania se ha movido en estos meses y ha hecho posible ese Next Generation.
Voy terminando. También hay una buena noticia, no hemos oído ninguna respuesta a este proyecto, a este año por parte del populismo europeo. No sabemos muy bien cuál es la alternativa. Creo que solo hay una, que es gritar e intentar seguir
a Trump hasta el último minuto, aunque a Trump ya sabemos todos que no lo escuchan ni sus propias cadenas de televisión -aunque haya aquí algunos grupos que siguen insistiendo-, pero bueno, que insistan.
Sobre el Estado de derecho y la condicionalidad si aprovecharé para preguntarle -usted lo ha dicho de una forma muy detallada- cuántas veces ha estado usted en Polonia y Hungría, porque parece que ha sido un trabajo intenso, y tal vez sería
bueno saber cuánto ha estado usted.
Y luego, quiero terminar con el reto migratorio. Creo que es uno de los grandes retos y está en manos también de la Comisión. Solo quiero acabar con una cosa, cuando se hacen amalgamas entre migración, terrorismo y estas cosas, lo que
estamos haciendo -si no lo resolvemos- es no mirar las cosas como son y ayudar a fomentar el odio.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pons Sampietro.
A continuación, el señor secretario de Estado para la Unión Europea responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (González-Barba Pera): Muchas gracias, presidenta.
Gracias a todos los intervinientes por las distintas cuestiones que han planteado, muchas de ellas lógicamente tienen que ver con el tema que me ha traído hoy a esta comparecencia, con la presentación de cuáles pueden ser o cuáles van a ser
los debates en el seno del Consejo Europeo, y cuál es la posición española en relación con estos debates, y hay otros que no tienen que ver con este punto, y a estos daré menos importancia o menos tiempo en mis respuestas, porque quizá pueda
abordarlos en otras comparecencias o son asuntos a los que ya ha respondido, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores, o mañana -y con más detalle- comparecerá el ministro Illa para informar sobre un asunto de primera importancia para los
españoles, como es la campaña de vacunación, pero yo aquí de lo que quiero hablar sobre todo es de la cooperación europea en materia de campaña de vacunación. Hay cuestiones nacionales sobre las que la información cumplida la tendrán de boca del
señor ministro de Sanidad.
Quisiera decirles, como preámbulo a la reacción que tendré a las distintas cuestiones que me han planteado, que soy muy consciente -sigo la actualidad política como todos ustedes, por supuesto- del nivel de polarización que hay en la clase
política española y en este Congreso de los Diputados sobre distintas cuestiones. Estoy convencido de que la agenda europea es una cuestión donde hay una serie de consensos básicos que nos permiten, de alguna manera y de cara a la Unión Europea y a
nuestra
actuación ahí, presentarnos mucho más unidos de lo que podría pensar un observador que nos viera actuando nacionalmente. Digo esto, señorías, porque hay una serie de preguntas que me han sido dirigidas que empezaban con el término del
papelón o el ridículo que se está haciendo en distintos ámbitos. Por ejemplo, han sido las distintas preguntas que ha hecho el señor Sayas, portavoz del Grupo Mixto, sobre los fondos europeos, la preocupación que está despertando el Gobierno en ese
ámbito, en reformas iliberales, en situación económica, las ayudas utilizadas de manera clientelar, etcétera. Y luego estos son puntos en los que, de alguna manera, también algún otro portavoz ha incidido.
Creo que es importante en esta Comisión trasladarles cuál es el debate europeo y no el debate español o no el debate español que se piensa que tiene lugar en el seno de las instituciones europeas, porque nos haríamos un flaco favor,
señorías, si pensamos que estas cuestiones que recogen a lo mejor en sus pronunciamientos como políticos o que reflejan los medios de comunicación es el real debate europeo. Porque esto no lo hace solo un Gobierno, lo hace también la oposición, lo
hacen también los españoles en distintas instituciones, en las siete instituciones que tiene la Unión Europea más los otros órganos consultivos, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, lo hacen también los distintos Gobiernos y sus
oposiciones en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos ciudades autonómicas, me refiero a la posición de España en su conjunto en el seno de la Unión Europea, y el debate que se produce allí no es el que intuyo que piensan algunas de sus
señorías que se está produciendo en Europa.
También un portavoz me ha recriminado que, como representante del Gobierno, nos estamos dando mucho pisto de lo que se hace. Intento ser objetivo e intento no exagerar la aportación española, ni mucho menos, pero creo que se pueden ofrecer
datos objetivos de que en bastantes de los temas que he abordado hay una actuación de España; lógicamente ahora mismo no ostentamos la Presidencia rotatoria de la Unión Europea y el protagonismo en este semestre tiene que recaer lógicamente en
Alemania, en su condición de Presidencia rotatoria, en su condición de país central por población y por situación geográfica y por PIB, pero, por ejemplo, ha habido una participación española en la forja del Fondo de Recuperación cuando en abril -y
había un debate intenso en el seno de la Unión Europea y no se sabía cómo articular la arquitectura de la Unión- se mandó un documento con cierto riesgo, porque no se sabía cuál podía ser la reacción y, al final, fue uno de los documentos que
contribuyeron a forjar el consenso. No quiero decir que fuera el determinante, pero sí digo que fue un elemento que contribuyó a forjar ese consenso, y hubo además opiniones en ese sentido en medios de comunicación de prestigio como Financial
Times, por ejemplo, que así lo reconoció.
En lo que se refiere al último escollo que queda por salvar del Fondo de Recuperación, como es el veto de Hungría y Polonia, y me referiré con más detalle a él porque se me ha preguntado cuál es exactamente el alcance de ese veto y qué
perspectivas tiene de ser superado, nosotros aquí también hemos querido tener un cierto papel, porque creo que nos correspondía, ya lo he dicho en mi intervención, en tanto que uno de los artífices intelectuales, si se quiere, de este Fondo de
Recuperación y de su propia necesidad, el presidente del Gobierno fue el primero que cuando nadie creía en ello, habló de la necesidad de un fondo de recuperación para salir del hoyo socioeconómico al que nos ha abocado la actual pandemia. También
porque somos uno de los principales beneficiados, y todo esto en estrecha cooperación con la Presidencia alemana, que es la que está negociando una solución que esperemos que se pueda presentar en el Consejo Europeo de mañana y de pasado mañana, y
que reciba el acuerdo de todos los intervinientes, porque esa será la única forma de que, a partir del 1 de enero, puedan estar en vigor, tanto el marco financiero plurianual como la decisión de recursos propios, que permitirá movilizar los recursos
necesarios, a través de los avales, que tienen que prestar los distintos Estados miembros a la Comisión Europea para que recabe la financiación en los mercados financieros.
También en el ámbito sanitario ha habido una intervención, un cierto protagonismo español como, por ejemplo, cuando en sus propuestas de una unión sanitaria la Comisión Europea recoge ideas que España transmitió a principios de abril en
medio de la pandemia, y ya veíamos que hacía falta una respuesta coordinada europea en un asunto en el que prácticamente era competencia nacional, y en algunas naciones, como el caso de la española, competencia autonómica, como es la sanitaria. En
el ámbito europeo básicamente hay competencias de coordinación y apoyo. Dentro de esta coordinación y apoyo se puede hacer mucho con un instrumento de financiación ad hoc como es el que se ha aprobado en este marco financiero plurianual, aunque
formalmente todavía no, estamos esperando a que se desbloquee el veto húngaro y polaco, como era la necesidad de hacer test de estrés, que es algo que se ha hecho en el pasado con los sistemas energéticos cuando hubo a principios de la primera
década de este siglo una
crisis energética por la dependencia del gas ruso, y luego, sobre todo, y han sido más conocidos y seguramente es lo que a ustedes les suena, señorías, con la crisis del euro se hicieron tres test de estrés con los bancos sistémicos para ver
hasta qué punto podían resistir en condiciones extremas. Después de lo que nos ha pasado a todos y de las lecciones aprendidas en esta pandemia, creíamos que era importante que la Unión Europea coordinara un ejercicio similar porque, como todos los
expertos nos vienen avisando, esta pandemia no va a ser la única, tenemos que tener suficiente preparación para que en el futuro, cuando vengan otras, estemos más preparados de lo que estábamos en esta ocasión. Si hubo una diferencia en cómo ha
actuado Europa y de cómo ha actuado Asia es que Asia ya había conocido dos anteriores epidemias, y estaba más preparada en material médico, en apps de rastreo, en coordinación y en concienciación, que lo que estábamos en Europa. Recordarán ustedes,
porque ahora, claro, nos parece que lo que era imposible, al final no lo terminó siendo, que cuando recibimos la primera noticia de que un país occidental de la Unión Europea como era Italia iba a proceder a un confinamiento parcial de una región,
de la región de Lombardía, fue un mazazo que nadie esperaba. Creo que ya estamos en condiciones de anticipar estas y peores pandemias, pero es importante hacer este ejercicio de coordinación a nivel europeo.
Me he referido a una de las cuestiones que va a llevar el presidente del Gobierno al Consejo Europeo, que es la necesidad de que en el inicio de la campaña de distribución nacional de vacunas y de vacunación se intente coordinar, en la
medida de lo posible, una fecha porque se ha actuado de una manera sobresaliente en el ámbito de la Unión Europea, en primer lugar, mediante la compra conjunta de vacunas, mediante el fomento y la financiación de la investigación a laboratorios y
otros centros de investigación europeos a que investigaran distintos procedimientos y métodos para hacernos con una vacuna efectiva cuanto antes. También ha habido una coordinación lógica en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos que es una
institución en la que participamos todos los Estados miembros, y que se encarga de la comprobación científica de que en sus distintas fases la vacuna va a ser segura, una vez que se empiece a inocular e inmunizar a toda la población. Pues, ya que
se han hecho todas estas funciones de manera récord en menos de un año, sería importante también que la noticia fuera que todos empezáramos a la vez a recibir las primeras vacunas y las primeras inoculaciones. No sería buena una carrera por ver
quién empieza antes, quién empieza dentro de unos días o no. Aunque haya siempre un prurito nacional, creo que es bueno que la Unión Europea mantenga aquí un perfil solidario también.
En otros aspectos, por ejemplo, en la negociación no del brexit, sino del acuerdo de relaciones futuras entre la Unión Europea y Reino Unido, España también ha mantenido una posición con un cierto perfil que deriva de las relaciones muy
intensas y privilegiadas que tenemos con Reino Unido, sea en materia de intercambio de ciudadanos, sea en materia de relaciones comerciales y de inversión. Uno de los portavoces se ha interesado por qué medidas de contingencia hay y cómo va a
afectar la salida de Reino Unido del mercado interior y de la unión aduanera a las exportaciones, por ejemplo, de productos agroalimentarios, que es un tema importante. Luego, está también la derivada de Gibraltar que, como saben, se está
negociando ahora por un acuerdo separado que regirá las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido en materia de Gibraltar. Aquí también España ha tenido una posición de cierto protagonismo en las reuniones que todos nosotros a distintos
niveles hemos tenido con la task force, tanto la europea como también la británica, y que han sido importantes para saber el estado de las negociaciones y organizar la mejor coordinación interdepartamental posible, y también para dar información a
las distintas comunidades autónomas. Eso se ha hecho; incluso se hizo una Carue específica sobre este punto. Por lo tanto, el primer punto que quería dejar bien expuesto ante sus señorías es el contenido real del debate que se está produciendo en
las instituciones. En segundo lugar, sin pretender exagerar lo que se está haciendo, España tiene un cierto protagonismo en la mayoría de los dosieres que les he enumerado y, por eso, el presidente del Gobierno tiene mañana y pasado mañana un papel
que desempeñar. Como digo, no es la Presidencia rotatoria y, por supuesto, ni siquiera es la Presidencia del Consejo -como saben, el Consejo tiene una Presidencia continua-, pero a sus trabajos coadyuva la labor que ha hecho la Presidencia
rotatoria del momento en las diez formaciones que tiene el Consejo de la Unión Europea, en este caso, la Presidencia alemana. Eso por una parte.
Por otra parte, me referiré a los asuntos de más importancia que se van a ventilar mañana y pasado mañana, y por los que sus señorías se han interesado. El primero de ellos es el Fondo de Recuperación y qué va a pasar con el veto húngaro y
polaco. Como les he dicho, España no podía permanecer ajena a los últimos coletazos de este dosier, porque hemos estado desde el inicio y ese fue el principal motivo de que me desplazara -a pesar de que ahora con el COVID las conexiones no son
fáciles y son vuelos
de ocho o nueve horas-, tanto a Hungría como a Polonia, para oír a todas las partes y transmitir cómo veíamos de una manera sincera y franca la situación. Sobre todo, para que no pensaran que España -al igual que otros países del sur de la
Unión Europea, que han sufrido especialmente las dos oleadas del COVID y que, por el peso que tienen el turismo y los servicios en su economía, han tenido además un impacto grande en la situación socioeconómica- pudiera tener algún tipo de duda
sobre la bondad del acuerdo al que llegó hace unas semanas la Presidencia alemana con el Parlamento Europeo en la cuestión del Reglamento sobre Condicionalidad del Estado de Derecho. Era importante que trasladáramos la firme convicción de que, por
importante que sea la llegada de estos fondos -y es vital; no hace falta que se lo diga a todos ustedes, porque representan a distintas provincias y vienen de distintas comunidades autónomas, y en todas ellas la llegada de estos fondos va a ser
vital para, a partir del año que viene, empezar la recuperación-, por importantes que sean estos intereses, no se pueden sacrificar en el altar de los principios y valores que se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Por ello,
pensamos que no es factible pensar en una renegociación de ese reglamento, y era muy importante que ese aspecto quedara claro. Así nos lo trasmitía, por ejemplo, la Presidencia alemana, que no diera la impresión de que el Consejo flaqueaba. El
Consejo no flaquea en absoluto. Es más, otros dos Estados miembros que pertenecen al Grupo de los Cuatro de Visegrado no comparten la posición de Hungría y Polonia.
¿En qué consiste esta posición? Hungría y Polonia no aceptan este reglamento, y dicen que si no hubiera este reglamento votarían a favor del marco financiero plurianual, que necesita la unanimidad, y también votarían a favor de la decisión
de recursos propios, que es la que luego, mediante la ratificación de los distintos parlamentos nacionales -las Cortes tendrán que votar a favor de la decisión de elevar el techo de recursos propios-, servirá de aval a la Comisión a la hora de
recabar los fondos necesarios para el Fondo de Recuperación en los mercados financieros. Estos dos instrumentos, marco financiero plurianual y decisión de recursos propios, los Gobiernos polaco y húngaro están en condiciones de aprobarlos, pero no
así el Reglamento de Condicionalidad del Estado de Derecho, que se aprueba por mayoría cualificada, y establecen una vinculación. En eso consiste el veto, es decir, no tienen mayoría de bloqueo para oponerse a la aprobación del Reglamento de
Condicionalidad del Estado de Derecho y, como no la tienen, vinculan su aprobación a la no aprobación de la decisión de recursos propios y del marco financiero plurianual; ahí, como es por unanimidad, sí los pueden vetar. En el fondo nos
encontramos, también ellos, en un callejón sin salida, porque, si no se aprueba, la solución es mala para todos y especialmente para ellos, porque en la segunda ola han sufrido los estragos de la pandemia como el que más. Además, aparte de lo que
se puedan beneficiar adicionalmente, tanto Polonia como Hungría del Fondo de Recuperación -que va a ser mucho-, son unos de los principales beneficiarios netos de los fondos de cohesión y otros fondos, a través de los presupuestos anuales y, para
ello, hace falta la aprobación del marco financiero plurianual. Por tanto, si eso no se aprueba, se autoinfligen un daño. Además, el Reglamento de Condicionalidad del Estado de Derecho se va a aprobar en cualquier caso, con lo cual nos podríamos
encontrar con un presupuesto que no se logra aprobar para el año que viene, porque no se ha aprobado el marco financiero plurianual, y entonces habría que ir a prórrogas por doceavas partes. Además, como se entraría en un nuevo marco financiero, no
habría un reglamento que apoyara los diferentes pagos, con lo cual en realidad solo se podrían recibir con cargo al presupuesto prorrogado prácticamente los pagos corrientes para apoyar y financiar el funcionamiento de las instituciones, los pagos
directos a agricultores, la ayuda humanitaria y poco más. Así pues, nos encontramos en una situación en la que hay que buscar una salida airosa para todo el mundo. ¿Cuál puede ser esta salida? Aquella en la que está trabajando la Presidencia
alemana es una declaración interpretativa -que puede tener forma en un documento aparte o quizás en las conclusiones, eso todavía no lo sabemos- que pueda dar garantías a los dos países de que el reglamento se va a ejecutar de la manera más objetiva
posible y de que no va a haber ningún tipo de sesgo, que es una de las cosas que temen. Las declaraciones a las que he hecho alusión ayer del primer ministro de Hungría dan la sensación de que hay una aproximación y de que quizá para mañana o
pasado mañana los líderes se puedan encontrar con una fórmula que satisfaga las preocupaciones de estos dos países y les permita votar a favor del marco financiero plurianual y de la decisión de recursos propios, aunque sigan votando, lógicamente, y
no vayan a aceptar el contenido del reglamento. Pero, como he dicho en la presentación, una vez se apruebe el reglamento de condicionalidad de Estado de derecho les caben dos posibilidades: una es interponer un recurso de anulación y otra es que
se aplique a estos dos países o a cualquier otro. Una de las cosas que me decían, por ejemplo, en nuestras conversaciones era si a España u otros países
no nos preocupaba que en el futuro se nos pudieran aplicar a nosotros los artículos de tal reglamento, y decíamos: no, no nos da miedo en absoluto, porque es una cosa que hacemos los Veintisiete porque queremos todos un control
suplementario de algo tan esencial como es el mantenimiento del Estado de derecho. En el fondo, aunque esto puede interpretarse como injerencia en asuntos internos, como decía hoy el vicepresidente Timmermans -y con razón- en una entrevista que ha
aparecido en uno de los diarios españoles, todos los Estados miembros cuando nos adherimos o cuando hemos aprobado distintas reformas de los tratados somos muy conscientes de aquello a lo que nos obligamos. Además, esto tiene que ver con la
ejecución de políticas que son evidentes, porque hace falta una confianza, por ejemplo, en la neutralidad de las distintas administraciones y de los distintos ordenamientos y sistemas judiciales de los Estados miembros a la hora, por ejemplo, de un
correcto funcionamiento del mercado interior. Solo nuestras empresas y ciudadanos que inviertan o que concursen a licitaciones públicas o cualquier otra actividad saben que si hay un escrupuloso cumplimiento del Estado de derecho -independencia del
Poder Judicial y demás- van a ser tratados de la misma manera en la que lo serían en sus Estados de nacionalidad. Por ejemplo, cuando hemos acordado fórmulas muy avanzadas de cooperación en materia policial, en materia judicial: sin unas fuerzas
del orden público que respeten escrupulosamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin unos ordenamientos jurídicos plenamente independientes sería imposible pensar en el correcto funcionamiento, por ejemplo, de una institución tan
revolucionaria como es la Orden Europea de Detención y Entrega. Esta es la situación actual.
Es cierto que ha habido especulaciones sobre la posibilidad de que la Comisión plantee fórmulas alternativas a veinticinco si no se logra desbloquear la situación. Lógicamente, la Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados y la
Comisión, en tanto que institución que tiene a su cargo la iniciativa legislativa, tiene que estar ya considerando posibles fórmulas de desbloqueo, pero sinceramente les digo que yo confío en que de aquí a fin de año se logre una fórmula que nos
permita aprobar por lo menos el marco financiero plurianual del Fondo de recuperación a veintisiete, porque sería la mejor señal que puede dar la Unión Europea en su conjunto y los veintisiete Estados miembros, incluidos Hungría y Polonia. Este es
uno de los asuntos principales que van a abordar los jefes de Estado y de Gobierno mañana.
Dentro de los debates que va a haber, hay uno muy importante en materia de política exterior, que tiene que ver con Turquía. Varios de los intervinientes han hecho alusión a Turquía y a cuál va a ser la posición española y la posición de la
Unión Europea en general. He hecho unas referencias en mi presentación, en mi primera intervención, pero quisiera someter a sus señorías a algunas consideraciones para evaluar lo que está en juego. Creo que hay por lo menos cuatro elementos sobre
los que los líderes tienen que reflexionar, y en función de estos elementos, se reflejarán sus decisiones en las conclusiones que se aprobarán al término del Consejo. El primero de ellos es si es un debate exclusivamente europeo o tiene también que
ser un debate euroatlántico; en otras palabras, no nos encontramos con un país tercero cualquiera. Aparte de ser candidato, es un país miembro de la alianza del Atlántico Norte y, además, es el segundo aliado más importante en términos de la
envergadura de sus fuerzas armadas. Por lo tanto, esta es una cuestión que quizá Europa, aunque mañana tome alguna decisión, tendrá que abordar en una reflexión conjunta con la nueva Administración norteamericana, que estará operativa a partir del
20 de enero próximo y posiblemente ya tomando decisiones al cabo de una a dos semanas de rodaje mínimo.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX me reprochaba que hiciera valoraciones y que diera ya por hecho que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden, y es cierto que hay recursos interpuestos en varias instancias
judiciales de los Estados Unidos. En mi intervención me he referido al presidente electo -todavía no ha tomado posesión-, pero este reproche en realidad, señoría, tendría que hacérmelo no solo a mí, sino al presidente Macron, a la canciller Merkel,
al primer ministro Conte y a la larga retahíla de líderes de la Unión Europea que han felicitado al presidente electo, Joe Biden, en cuanto se vio que los resultados eran los que eran y que había habido ya una serie de rechazos de distintos recursos
que se habían interpuesto. Con lo cual, cierto es que hasta que no se produzca la formalización en los próximos días y la toma de posesión formalmente no se podrá hablar ni de presidente electo ni de presidente que ya ha asumido las funciones de su
cargo, pero de hace dos semanas a esta parte todos los líderes europeos han felicitado a Joe Biden.
Vuelvo a Turquía. El segundo elemento es si las decisiones que se adopten tendrían que focalizarse en el Gobierno actual o en la importancia que tiene Turquía como país. El Gobierno actual de Turquía no es Turquía; como saben, hay también
unas fuerzas opositoras que, además, en las últimas elecciones
municipales tuvieron un muy buen desempeño. Por tanto, con independencia de que siga o no este Gobierno en las próximas elecciones, hay un país que se llama Turquía, con independencia del Gobierno que la gobierne. Esta fue, por ejemplo,
una pregunta que me hicieron cuando estuve recientemente en Varsovia. Me hicieron una entrevista en uno de los periódicos de más tirada de allí. En ella, me preguntaba el periodista cómo el Gobierno español, un Gobierno de coalición de izquierdas,
iba a hablar, a conversar y a negociar con un Gobierno que pertenecía al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Mi respuesta fue que el Gobierno español habla con todos los socios de la Unión Europea y procura tener las mejores relaciones
posibles con todos los socios y Gobiernos de la Unión Europea, sino ¿qué sería de la construcción europea?, ¿cada familia política solo hablaría con los Gobiernos su familia política? No es eso ni mucho menos. Es un proceso al que han contribuido
varias familias políticas continentales, y yo creo que es importante en estas cuestiones distinguir bien la afinidad ideológica de la importancia de las relaciones de país a país.
Otro tercer elemento que habrá que tener en cuenta es si las decisiones que se tomen, si se imponen sanciones o no, se van a imponer por una serie de cuestiones u otras. Se ha hecho mención por algún interviniente, por ejemplo, a la deriva
iliberal del Gobierno turco, también a la actuación de Turquía en otra serie de escenarios distintos al Mediterráneo oriental -se ha mencionado el Cáucaso, por ejemplo- y a una tercera cuestión, que es la actuación de Turquía en el Mediterráneo
oriental. Este debe ser el foco de las decisiones que tomen los líderes. Por ejemplo, en otros escenarios como el Cáucaso o como Libia, donde también hay una intervención destacada, también la hay de otros actores internacionales, y en relación
con esos otros actores internacionales la Unión Europea no se está planteando la imposición o no de sanciones. En el caso de la deriva iliberal de Turquía, a la que han hecho alusión algunos de los intervinientes, hay que recordar que Turquía es un
Estado candidato a la adhesión y que, precisamente porque hubo retrocesos en algunos aspectos esenciales del acervo comunitario, el Consejo Europeo de junio de 2018 decidió congelar las negociaciones de adhesión y la participación de Turquía en una
serie de programas y políticas de la Unión Europea en las que participaba en tanto que país candidato. Esta es la única manera efectiva que tiene la Unión Europea de tratar de persuadir a las autoridades turcas de que es importante respetar los
valores y principios fundamentales de un club en el que aspira a ingresar. Hay otros países vecinos de Turquía que no aspiran a ingresar en la Unión Europea ni son candidatos y la Unión Europea, a fin de que haya un respeto mayor o menor del Estado
de derecho, no piensa en la imposición de sanciones, con lo cual yo creo que este también es un aspecto importante de no mezclar conceptos.
Me gustaría mencionar respecto de Turquía -porque es un debate que creo que es importante- que es un país clave para la Unión Europea y, desde luego, para España. Aquí algunos intervinientes han hablado de las relaciones excepcionales que
tiene España con Turquía, y es cierto, en materia militar, en materia comercial, en materia de ciudadanía, en materia de investigación o en materia educativa. España es el segundo país, después de Polonia, que recibe al mayor número de estudiantes
universitarios turcos en el ámbito del programa Erasmus, por ejemplo, al igual que tenemos relaciones turísticas; yo, que he sido embajador allí hasta hace un año, sé bien de lo que hablo. Por tanto, creo que es importante que pongamos en
perspectiva lo que hay aquí en juego cuando se habla de relaciones en el Mediterráneo oriental de esta triada entre Grecia, Turquía y Chipre.
Es importante que no olvidemos el gran acuerdo de paz que queda después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Paz de Lausana, de 1923, con el que se puso fin a la guerra que libraron Grecia y Turquía. La naciente República turca va a
cumplir dentro de poco un siglo de antigüedad. Esto es importante porque otros acuerdos que se firmaron después de la Primera Guerra Mundial fueron revisados y anulados tras la Segunda Guerra Mundial, pero este no, este es un elemento esencial para
la estabilidad del Mediterráneo oriental, y hay que decirlo en honor de griegos y turcos, de diferentes políticos y autoridades griegas y turcas que a lo largo de estos cien años han mantenido vigente un acuerdo que es clave para las relaciones de
sus países y para la estabilidad del Mediterráneo oriental.
No sé si saben que uno de los elementos principales de este acuerdo fue un intercambio de población, el primero que se hizo de esa manera masiva, voluntaria, y que fue muy doloroso para los cientos de miles de personas que de repente se
vieron obligadas a abandonar un lugar donde ellas o sus predecesores habían vivido durante siglos. El principio fue que, salvo la población griega en Estambul y la población turca musulmana en Tracia, se produciría un intercambio de las poblaciones
de unos y otros con la excepción de las islas. En las islas, que estaban pobladas mayoritariamente por griegos, se mantuvo -en el Tratado de Lausana- la soberanía griega sobre las distintas islas, con un par de excepciones, que
fueron las dos islas que están en la entrada de los Dardanelos y la isla de Chipre, que entonces era colonia británica; se descolonizó más tarde, en 1960. Digo esto porque una de las polémicas que hay ahora es la delimitación de espacios
marítimos y los espacios que se forman a partir de unas islas que, si se ven en un mapa, están muy cerca de la costa turca. Esta fue una decisión que se tomó en 1923 y se pensó que era la mejor manera para garantizar la estabilidad después de una
guerra muy cruenta y dolorosa. Pues bien, desde 1923 se ha producido la evolución del derecho internacional en materia del mar y una extensión de los espacios marítimos, y esa es una de las fuentes de tensión en las relaciones bilaterales. Se
necesita una respuesta y un acuerdo bilateral entre los dos países para terminar descartando esta fuente de tensión que siempre está ahí. Son unas negociaciones que llevan produciéndose desde hace años entre griegos y turcos; la presidencia
alemana ha intentado darles otro impulso y es necesario que prosiga.
Asimismo, está la cuestión de la independencia de Chipre, que sucede en 1960, con una fórmula bicomunal que a partir de los disturbios de 1963 entra en crisis hasta que, a raíz de un golpe promovido por la junta en el año 1974, da lugar a
una invasión turca en dos momentos: uno, en julio de 1974, y otro, en agosto, que ha dado lugar a la división de la isla. Para la República de Chipre este ha sido el hecho más doloroso en su historia nacional. Habían conocido pocos años de vida
independiente cuando se produce la ocupación de un tercio de la isla, y para solventar esta cuestión no hay otra solución que un acuerdo auspiciado con los buenos oficios de Naciones Unidas. Se ha estado cerca de conseguir una solución -la más
cercana fue en el año 2004- cuando hubo un plan de paz que había sido negociado por el entonces representante especial del secretario general, que era Kofi Annan -por eso se llama el Plan de Paz de Kofi Annan-, que se sometió a referéndum de las dos
comunidades; la comunidad turcochipriota lo aprobó por un sesenta y tantos por ciento del voto y la grecochipriota lo rechazó. Lo que quiero decir es que hay un conflicto subyacente y tenemos que ser conscientes de que las dos partes, Chipre y
Turquía, tienen parte de razón en su narrativa, pero no toda la razón; de hecho, si no, no se habría llegado a un acuerdo de paz como el que se sometió a referéndum entre los dos Estados.
Finalmente está la cuestión del ingreso, primero, de Grecia, luego, de Chipre y, después, de la candidatura de ingreso de Turquía a la Unión Europea. Se pensó que el acicate de una pertenencia a la Unión Europea podría ser un elemento que
favoreciera la aproximación de posturas para conseguir un acuerdo de paz. Como digo, se estuvo muy cerca. La idea era que ese acuerdo de paz permitiera que ingresara en la Unión Europea no una isla dividida -imagínense, año 1974, después de
cuarenta años-, sino una isla que hubiera conocido la paz. No ha sido ese el caso, y ahora tenemos que seguir trabajando entre todos para conseguir esa reactivación de las conversaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas. La última tensión,
como saben, proviene del descubrimiento de ricos yacimientos de gas submarinos entre las plataformas continentales de las zonas económicas exclusivas de Chipre, Turquía y otros países de la zona. En su día se pensó que la exploración y explotación
conjunta de la riqueza de hidrocarburos podría ser otro acicate más para reactivar las negociaciones. De hecho, la última ronda que hubo, de 2015 a 2017, que terminó en Crans-Montana, se hizo llevada por esa percepción, que no cuajó al final.
Precisamente, porque no se consiguió un acuerdo en la última ronda, ahora mismo vemos que el gas se ha convertido en otro motivo de fricción entre los dos países.
Con todo esto quiero decir, señorías, que la relación entre Grecia, Chipre, Turquía y la Unión Europea, en el caso de Turquía, o la OTAN, en el caso Turquía y Chipre, porque son Estados miembros, es una cuestión compleja donde las haya. La
Unión Europea tiene que proceder con el mayor tacto posible, intentando que su objetivo sea siempre la reactivación de las distintas negociaciones a las que he aludido, porque sin ello no habremos solucionado la parte esencial del problema, que es
fundamental para la seguridad de nuestros países y de la Unión Europea en su conjunto.
Me acaban de pasar una nota en la que me indican que el viceprimer ministro polaco, Gowin, ha anunciado que hay un acuerdo en materia del reglamento del Estado de derecho, que Alemania aún no ha confirmado y que sería una declaración
interpretativa con un recurso previo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea más un freno de emergencia. Esta es la información que me acaban de pasar. No la he podido contrastar, pero se la traslado a ustedes, porque, si se confirma,
efectivamente, es una buena noticia que los jefes de Estado y de Gobierno puedan alcanzar una solución que desbloquee el último escollo para que se ponga en marcha el Fondo de Recuperación.
He respondido a lo que me parecía más importante de sus intervenciones en relación con el Consejo Europeo de mañana y pasado mañana. Por supuesto, ahora, en su turno de réplica, tendré la posibilidad de contestar a aquellas preguntas para
las que deseen una ulterior aclaración.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González-Barba Pera.
A continuación, intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios, en un turno de tres minutos, para solicitar aclaraciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿está el señor Sayas López? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco, el
señor Uribe-Etxebarria Apalategui.
El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidenta. Eskerrik asko zuri baitea ere, Gónzalez-Barba. (Continúa su intervención en euskera).
Sí, puede ser una buena noticia y es algo que le iba a comentar. Por lo que está en juego, nosotros confiamos y vemos absolutamente necesario llegar a una solución, una solución que compatibilice la necesidad de librar todos esos fondos de
reconstrucción y el nuevo marco financiero plurianual con la necesidad de preservar también los valores y principios democráticos que defiende la Unión Europea. Desde ese punto de vista, las diferentes fórmulas que se han barajado no nos parecían
mal, ya sea una cooperación reforzada a veinticinco o bien la declaración aclaratoria que parece que se abre camino, según nos ha comentado usted. Ya le digo que a nosotros no nos parece una mala solución, en la medida en que forma parte también de
la historia de la propia Unión Europea. Yo creo que hay ejemplos claros de otro tipo de situaciones complicadas en las que los Estados miembros han negociado. Podemos hablar del Compromiso de Luxemburgo, podemos hablar de la declaración en
relación con Dinamarca, en relación con el Tratado de Maastricht y su primer referéndum negativo o podemos hablar del compromiso de Ioánnina del año 1995. Por tanto, en la medida en que se preserve lo que he comentado antes, a nosotros nos parece
una buena solución.
En relación con el brexit, sobre el que no ha comentado apenas nada en su segunda intervención, yo le quería preguntar si, teniendo en cuenta lo que está en juego y siempre y cuando la contraparte, es decir, el Reino Unido, estuviera de
acuerdo, ¿usted cree necesario, sería deseable, sería bueno, sería beneficioso que aunque no se llegara a un acuerdo este año las conversaciones continuaran el año que viene?, teniendo en cuenta también que el acuerdo al que se pudiera llegar este
año luego tendría que estar sometido a un proceso de ratificación, especialmente en la parte del Parlamento Europeo.
En relación con Turquía, sí, creo que nos ha dado una visión muy global, muy completa y yo creo que muy acertada, muy aproximada a lo que es la realidad de esa parte del Mediterráneo. Lo único que a mí me suscita un poquito de duda es el
hecho de que la Unión Europea solo se vaya a concentrar en posibles sanciones referentes su propio territorio cuando está haciendo declaraciones de tipo geopolítico en otro sentido. Y finalizo, presidenta, también desde ese punto de vista,
acordándome del pueblo kurdo y del Kurdistán.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uribe-Etxebarria Apalategui.
Vamos a suspender la Comisión por cinco minutos. Se reanudará a las una y tres minutos. Gracias. (Pausa).
Se reanuda la sesión con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, justamente me han pasado la información de que, efectivamente, a las 12:32 Bloomberg había sacado la noticia de que podía haber un acuerdo, lo que pasa es que no sé si usted tiene más información sobre los
términos en que se ha alcanzado. Me gustaría, si es que puede -sé que es superprecipitado porque no tengo ni siquiera la información-, que hiciera una valoración sobre los términos en los que se ha producido ese acuerdo, porque no es lo mismo que
se trate de una declaración aclaratoria por parte de Polonia y Hungría o que al final haya ocurrido otra cosa. No lo sé, si pudiera darnos algún detalle más, se lo agradeceríamos.
Me había dejado para la réplica una cuestión de la que ha hablado en la primera intervención y que para mi partido y para mí también es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático. Digo para mí porque
soy valenciana y nosotros estamos sufriendo en mi comunidad
los efectos de danas cada vez más frecuentes y cada vez más severas, que provocan daños irreparables en viviendas, en locales, en vidas humanas y en todas las cosechas. De hecho, ha habido un retraso en el cobro de las ayudas. El objetivo
es acercar posición respecto a los objetivos de reducción de emisiones de cara a 2030, pero es verdad que ya hubo un acuerdo, que es de 2019, de emisiones netas cero en 2050. Realmente nosotros consideramos que la transformación en el cambio
climático, junto con la digitalización, van a ser los ejes que guíen las políticas, pero que en el caso del cambio climático las exigencias deben ser mayores. Porque, en primer lugar, España emite muy poco -solamente el 0,7- y, en segundo lugar,
porque incluso si se cumplieran todos los condicionantes y el Acuerdo de París, el ascenso global sería de 1,5 grados y, si no se cumplen, puede llegar hasta 4 grados, lo cual puede tener grandes repercusiones en zonas como en la que yo vivo, por
ejemplo. A lo que voy, lo que quería preguntarle es si tiene previsto el Gobierno proponer un marco efectivo de adaptación al cambio climático a nivel europeo que vaya más allá de estrategias no vinculantes, si van a llevar algo de esto. Y,
asimismo, qué medidas van a elevar en el seno del Consejo Europeo para evitar que cada año más y más españoles, como mis paisanos, se vean afectados por todas las pérdidas relacionadas especialmente con las sequías, con las riadas y con las olas de
calor que afectan especialmente a todo el litoral mediterráneo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Plural, señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies.
Secretario de Estado, a ver si puede contestar a alguna de las preguntas que no me ha respondido, y le añado alguna cosa más. Una primera eran los encuentros que dijo que tendría con las comunidades autónomas, cuestión sobre la que le he
preguntado antes. En relación con el Consejo Europeo, le he preguntado por los consejos europeos formales, informales ordinarios y extraordinarios y las comparecencias ante esta Comisión.
Le agradezco toda las explicaciones en relación con Turquía, la verdad es que yo he aprendido mucho, me ha aclarado muchas cosas, pero al final llego a la conclusión de que 'en nombre de' y porque hay todos estos intereses, todo vale, y
Turquía puede en algunos casos dar apoyo a crímenes de guerra o ayudar en ciertos conflictos porque como tiene esta situación particular, estas relaciones con Grecia, etcétera, lo justifican y, o bien la OTAN, o bien los Estados de la Unión Europea,
no van a condenar tanto estas acciones que lleva a cabo. Es un poco la conclusión que se saca al final, puede considerarla simplista, pero es la conclusión a la que me ha hecho llegar. Le agradecería que pudiera aclararme la postura de España en
relación con el Sáhara, si es que España la tiene clara. Y también que me respondiera a lo que le he comentado de por qué España no va a solicitar los créditos que parece que sí vendrán ahora, con este acuerdo o esta declaración aclaratoria. Y en
relación con un tema que le ha planteado el portavoz del grupo republicano Bildu en cuanto a las propuestas que se puedan presentarse, ha habido empresas que lo han presentado directamente al Gobierno y ha habido otras que las comunidades autónomas
-Cataluña en este caso- las ha canalizado y las elevará. Entonces, ¿qué criterios va a seguir el Reino de España, el Gobierno en este caso, para elegir cuáles van a ser los proyectos prioritarios, tractores, etcétera? Porque aquí podríamos aplicar
el principio de subsidiariedad y entonces que fueran las comunidades autónomas, que son las que mejor conocen el tejido empresarial y el territorio, las que priorizasen sus proyectos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola Dausà.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Elejabarrieta Díaz.
El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Muy brevemente también. Gracias, presidenta.
Comparto lo que ha dicho la diputada Illamola -y no senadora, antes me he equivocado-, es muy interesante la disertación y explicación sobre el proceso de paz en Chipre. Me gustaría añadir -no lo ha dicho, pero creo que es de todos
conocido- que el que hizo aquella propuesta de paz fue Kofi Annan, persona que participó en tantos procesos de paz a lo largo del planeta, también en el vasco, y que tristemente ya falleció.
Yendo en la misma dirección, eso no debería impedir hablar de la posición del Gobierno actual de Turquía. Usted ha dicho una cosa que me ha llamado la atención y he apuntado la frase, ha dicho que el
Gobierno actual de Turquía no es Turquía o no es toda Turquía, pero me gustaría saber su opinión y si va a ser tema de debate o de discusión la posición que el Gobierno actual de Turquía, con Erdogan a la cabeza, ha realizado en Nagorno
Karabaj y, como ha mencionado el compañero senador del PNV, en Kurdistán, porque nos parece de rabiosa actualidad y nos parece preocupante que habiendo hecho lo que ha hecho, eso no tuviese ningún tipo de contestación a nivel europeo.
Lo segundo, Sáhara. Nos parece un tema de actualidad, nos parece un tema que toca de lleno con la vecindad sur, que toca de lleno con la política exterior de la Unión Europea y que toca de lleno, en este caso, al Gobierno actual de España.
Y lo dejo ahí.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Elejabarrieta Díaz.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidenta.
En relación con el veto polaco y húngaro o por la resistencia de estos países, quiero desearle, por supuesto, tanto al Gobierno como, en general, a la diplomacia española en la Unión Europea el mismo éxito en la gestión, que consigan
solventar esas reticencias, que tengan el mismo éxito que tuvieron con el fondo y que esto pueda resolverse lo antes posible.
Compartimos el criterio de que de alguna forma estos países deberían entender que esto es un reto global en el que también ellos están implicados, y no solo es un reto global o un reto de ámbito comunitario, sino un reto superior, y no solo
es sobre la incidencia económica que ha tenido la crisis de la COVID, sino que es algo más amplio, es sobre la propia COVID. En este sentido, a nuestro grupo le gustaría pedirle un esfuerzo comunitario para que la solución o la salida de la
pandemia y, en concreto, la financiación de la vacuna, tenga en cuenta que este es un problema global y que debería entenderse que la solución sanitaria a este problema global supone preservar un bien común global, como han reivindicado muchísimas
autoridades académicas internacionales y el manifiesto en ese sentido. Se trata de entender los compromisos históricos que debe tener Europa respecto de África en la medida en que también nosotros fuimos país colonizador en Marruecos, Sáhara y
Guinea y llevar la iniciativa a nivel europeo para que no se deje a nadie atrás en la salida de esta pandemia y que los problemas económicos no lo impidan, entre otras cosas, incluso por una cuestión egoísta, porque no va a haber una salida parcial
o de una parte del territorio de lo que es un problema global.
Vinculándolo con esto también, estamos de acuerdo con el diagnóstico que hace, creemos que es positivo el nivel de acuerdo y el nivel de consenso que existe en la sociedad española respecto de las políticas comunitarias. También pedimos a
los partidos de la oposición que intenten resistirse a la tentación de hacer partidismo en esta materia y que la lucha conjunta sea por superar estas reticencias y estos vetos que proceden de países del Este de Europa e incidir en la importancia de
estos consensos en materia europea.
Desgraciadamente, hay una cuestión sobre la que no hay consenso y es una cuestión que no es anecdótica, que es la de la política migratoria. En este sentido, yo sinceramente hago un llamamiento también a estos partidos a que reconsideren su
posición en el reciente llamamiento al bloqueo de Canarias. Por parte de las Fuerzas Armadas ha habido una respuesta clara del almirante en jefe de la Marina que creo que cuando ha dicho que la obligación de la Marina española, de los buques
españoles, es la de rescatar a los náufragos no la de bloquear a nadie, está remitiéndonos a lo mejor de nuestra tradición y de nuestra cultura. Es decir, es algo previo a la democracia. Ya antes que la democracia los orígenes de la civilización
estaban vinculados con la idea del Derecho Internacional que en sus raíces era el derecho de gentes que crearon grandes pensadores, teólogos y juristas españoles como Francisco de Vitoria y demás, que establecieron nítida y claramente el principio
de libertad del mar y el derecho de tránsito inocente. Creo que reivindicar esto, que es lo mejor de nuestra tradición, debería ser patrimonio de todos y es muy triste que haya personas que lo estén cuestionando.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Uriarte.
El señor URIARTE TORREALDAY: En este sentido, quiero agradecer al almirante que haya hecho esta afirmación de que la libertad del mar y el derecho de tránsito inocente son parte constitutiva no solo de la democracia, sino de la civilización
y una de las mejores aportaciones de nuestro país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Uriarte Torrealday.
Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Gracias, señor secretario de Estado, por una noticia que ha transmitido a esta Comisión sobre la controversia acerca de la condicionalidad de los fondos de recuperación. Sobre esta cuestión me parece importante destacar lo siguiente. Si el
fondo de recuperación es extraordinario, y lo es por la circunstancia que lo motiva, debe estar sujeto a una administración extraordinaria si queremos homogeneidad. Si queremos arbitrariedad, no.
Esto es lo que el Gobierno español tiene que comprender y debería defender en Europa.
Se ha referido usted también en su intervención -no he podido hacerlo yo antes por falta de tiempo- a la cuestión de la unión bancaria, a la unión de mercados de capitales, y ha mencionado el MUR, el Mecanismo Único de Resolución. Señor
secretario de Estado, sobre el asunto del MUR y su necesaria reforma, que dice que va a ser objeto de debate en el Consejo Europeo, pende la resolución que haya de recaer en varios recursos -muchos han sido inadmitidos en el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea- sobre la primera aplicación de este mecanismo, que fue sobre el Banco Popular, intervenido en la madrugada del día 7 de junio de 2017. Fue una decisión muy discutible de la Junta Única de Resolución, que está siendo ahora
enjuiciada, basada en la invocación del interés público. Claro, con la invocación del interés público se puede justificar cualquier decisión de este mundo, desde la protección de las jirafas hasta la recolección de las alcachofas. Cualquier cosa
puede estar justificada. No solamente precisa de una reforma el MUR, el Mecanismo Único de Resolución, sino también el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión, porque si episodios como el del Banco Popular han sido posibles ha sido por un fracaso
claro del Mecanismo Único de Supervisión, de modo que hay que prever esta reforma y su alcance aguas arriba. Si no, no vamos nunca a la raíz de los problemas.
Voy a concluir. Ha dicho usted que, afortunadamente, la Presidencia portuguesa va a incluir en su programa la cuestión de las migraciones. Pues bien, en este Consejo Europeo parece que no se va a abordar, como ya hemos dicho. Y aprovecho
para oponerme a lo que ha dicho el portavoz de Podemos hace un instante. Ha hablado de tránsito inocente. Pero si aquí no hay tránsito inocente. Esta es la cuestión. Si usted pretende la aplicación de una norma a un hecho al que le resulta
inaplicable, entonces se equivoca usted. El hecho hay que calificarlo. ¿Pero cómo se puede hablar de tránsito inocente cuando son personas objeto de comercio? ¿Eso es tránsito inocente? ¿Eso es tránsito inocente? ¿Y trasladarlas por el mar
libre para llegar a aguas jurisdiccionales y en aguas jurisdiccionales decir que el Estado, titular de esas aguas, está obligado al salvamento? ¡Claro que lo está, sin duda! Pero tiene que haber una acción previa de la policía marítima, como he
indicado antes en mi intervención. Todo lo demás es desconocer la realidad y no comprendo cómo Podemos, con intervenciones como estas, puede defender el tráfico de seres humanos. Me parece inconcebible. No digo ya el Gobierno, que lo está
defendiendo claramente; no, un partido como Podemos. Me sorprende muchísimo, señor Uriarte.
Me está diciendo el general Asarta que debo terminar, pero me pide el general Asarta una cosa, que pregunte si el Gobierno...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... va a tener un gesto en materia de vacunas como el que tuvo Fraga Iribarne cuando se bañó en Palomares con motivo de la bomba aquella. (Risas). En materia de vacunas, ¿se va a vacunar algún ministro en directo
para dar confianza a los españoles?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario de Estado, por las contestaciones a las preguntas formuladas.
En primer lugar, quiero manifestar en nombre de mi grupo la consideración de la política exterior como una política de Estado que requiere consenso y que está revestida siempre, indefectiblemente, del máximo respeto institucional que mi
grupo practica. Mi grupo está en la oposición y manifiesta puntos de vista discrepantes de los del Gobierno porque está en la oposición y porque tiene puntos de vista propios que, en ocasiones, son discrepantes, ni más ni menos. Y me gustaría
eludir y evadirme de todo tipo de
deslegitimación general sobre la oposición con respecto a lo que la oposición en conjunto dice en relación con determinadas materias, como la migración, la criminalidad y el terrorismo. Esos puntos de vista no son aplicables a toda la
oposición, como se ha formulado hace un momento, creo que de manera equivocada.
En segundo lugar, me gustaría hacer referencia precisamente a la falta de vinculación entre migraciones y criminalidad o criminalidad potencial -que no lo dice mi grupo; insisto en que mi grupo no lo dice- sobre la base de que sería bueno
hacer una manifestación expresa de que el Gobierno desvincula con carácter general la existencia de las migraciones -que, en el caso de España, entiendo que las que estamos viviendo y experimentando son sustancialmente de carácter económico- de la
criminalidad. Si es posible, hacer esa manifestación.
Por último, como diputado nacional por Melilla -aquí se ha hablado de Valencia y yo hablo de Melilla-, insisto en la necesidad del mantenimiento expreso de unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos que faciliten la gestión de todos
los asuntos en los cuales tenemos intereses, que en ocasiones son concurrentes y en otras ocasiones encontrados, y que tienen que basarse en la buena vecindad.
Por último, haciéndome eco de lo que ha planteado la representante del Grupo Parlamentario Plural, la señora Illamola, me gustaría saber la posición de España con respecto al diseño de proyectos para solicitar el respaldo de los fondos de
recuperación: si están en diseño, si están avanzados o no lo están, qué características tienen los proyectos que se están diseñando, de colaboración públicoprivada, de colaboración con las autonomías, de descanso en las autonomías o, si no, de
manera centralizada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias de nuevo por su intervención, señor secretario de Estado. Quiero empezar diciendo que mañana es el día en que celebramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que si hay algo con lo que está comprometido
este Gobierno es con los derechos humanos. Hubo un global compact para la migración al que se adhirieron este país y este Gobierno. Por tanto, creo que cualquier reflexión en contra que se haga es pura falsedad. Creo que es importante recordarlo,
porque mañana es un día clave para los derechos humanos de todos y todos sabemos que el tema de la migración es complejo. Recuerdo que en los años noventa ya Manuel Marín decía, cuando estaba en la Comisión, que era clave la inversión en países de
origen, la cooperación y, efectivamente, una buena regulación del tráfico en fronteras. Por lo tanto, creo que esa política, que es una política bien conocida, tiene ahora también otro gran reto con el plan que se presentó hace unas semanas por
parte de la presidenta de la Comisión. Así, es uno de los temas que desde este grupo hemos dicho que habrá que debatir en los próximos años.
Para ser breve, haré solo tres apuntes. La primera reflexión es que este año, como decíamos antes en el receso, es un punto de inflexión para la construcción europea. Es un punto de inflexión porque se ha abordado el proyecto europeo desde
un punto de vista claramente social. Precisamente en el momento en que la ciudadanía ha demandado mayor respuesta se ha dado una respuesta conjunta y una respuesta claramente social. Eso entronca también con el hecho de que, curiosamente, en este
país ahora mismo hay un presidente y un Gobierno que tienen un objetivo claro que coincide con esa dimensión social del proyecto europeo y también con que nadie quede atrás. Por tanto, el Fondo Next Generation tiene un profundo carácter social y,
sobre todo, implica unos cambios a largo plazo -lo han dicho diversos portavoces- tanto en el tema del cambio climático como en digitalización, etcétera. Es un reto mayúsculo, efectivamente.
Otras dos cosas más para terminar. Una es el tema de la unidad de acción. Estamos hablando de Polonia y de Hungría, pero en realidad no hemos hablado suficientemente de la capacidad de acción conjunta que han tenido este año los países
miembros. También en la salida del Reino Unido se ha trabajado muy bien y de forma muy sólida a nivel conjunto. Como hemos dicho otras veces, eso no fue así en la salida de la crisis de 2008.
Para terminar, creo que usted ha mencionado mucho la política exterior y el tema de Grecia y de Turquía. Lo que está claro es que una de las cosas que se ponen encima de la mesa es la necesidad de hablar en la Conferencia sobre el futuro de
Europa de gobernanza y de cómo vamos a salir. Usted ha explicado la cuestión de los vetos y de la mayoría cualificada, que tiene que ver con la gobernanza y que vuelve sobre aquella idea de la Convención Europea que no se pudo aprobar en 2005.
Termino aquí. Muchísimas gracias y, sobre todo, mucha suerte para estos dos días de negociaciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pons Sampietro.
Finaliza el debate el secretario de Estado para la Unión Europea.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (González-Barba Pera): Gracias, presidenta.
Intentaré ser breve, porque llevamos ya aquí muchas horas y sé que tienen luego trabajo adicional con la comparecencia por videoconferencia del comisario Reynders.
Un tema general que se ha abordado es la cuestión de la migración, la vinculación migración-terrorismo, dónde está el pacto de asilo y migración y si se va a abordar o no en el Consejo Europeo. Tengo que decirle al señor Gutiérrez, portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, que sé bien cuál es la posición tradicional del Partido Popular, la posición cuando estuvo en el Gobierno; entre otras cosas, porque yo empecé mi andadura en la Unión Europea allá por el año 2001 preparando la
Presidencia de 2002. Mis jefes eran Carlos Bastarreche, que era secretario general de Unión Europea; Ramón de Miguel, secretario de Estado, y Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores, y a mí, por fortuna, porque la verdad es que aprendí
muchísimo, me tocó la presidencia del Grupo de alto nivel de asilo y migración. Por tanto, conozco bien la visión del Partido Popular en la oposición y en el Gobierno, una visión muy parecida a la que tiene el actual Gobierno de no mezclar en
absoluto migración y terrorismo, que son cuestiones distintas y conviene abordarlas de manera diferente. España, creo que lo saben, señorías, sobre todo desde el 2006, con la crisis de los cayucos, hasta ahora, ha sido modelo en Europa por la
gestión del fenómeno migratorio a nivel nacional y con una clara diferenciación entre los elementos, que además tienen que ser complementarios, de la lucha contra la inmigración irregular, especialmente contra los traficantes de personas, y al mismo
tiempo la necesidad de integración de los inmigrantes que se encuentren en situación legal en España, sean migrantes por motivos económicos que tengan permiso de trabajo, o solicitantes de asilo a los que se les haya reconocido la protección
internacional; también por la posibilidad de abrir canales para la inmigración legal donde lo requiera nuestro mercado de trabajo, que en muchos casos son trabajadores temporeros y temporeras, el caso, por ejemplo, de Marruecos es uno de los más
conocidos; y además por el apoyo en cooperación al desarrollo, así como para entablar relaciones de cooperación con nuestras fuerzas del orden y seguridad. Ese modelo ha funcionado razonablemente bien.
Si ahora tenemos esta crisis en Canarias es porque, en primer lugar, la pandemia ha provocado en los países de la fachada atlántica occidental una crisis similar, si no mayor, a la que sufrimos en la Unión Europea, con lo cual hay mayor
cantidad de jóvenes que no encuentran trabajo y quieren probar fortuna en la Unión Europea. Y en segundo lugar, esos países han cerrado las fronteras, con lo cual las operaciones de retorno son mucho más complicadas. Además, como saben, hay una
propuesta de pacto de asilo y migración, un paquete con hasta ocho instrumentos distintos; en unos casos son propuestas de reglamento, en otros casos directivas o bien recomendaciones. La presidencia alemana tenía la intención de haber sacado al
final de su mandato unas recomendaciones con elementos comunes en una serie de capítulos. España, en coordinación con otros países de primera entrada, ha defendido que es difícil singularizar elementos concretos del paquete. Queremos un enfoque
conjunto porque conjunto es el fenómeno y la problemática. Vemos en la propuesta de la Comisión elementos muy fructíferos para la negociación, y así se ha expresado en una carta que cuatro presidentes de Gobierno -el nuestro, el italiano, el maltés
y el griego- han enviado a la presidenta del Consejo, a la canciller alemana, con una serie de puntos fundamentales para nosotros como país de primera entrada. Entre ellos, la necesidad de un equilibrio entre la solidaridad y los procedimientos en
fronteras y la responsabilidad, porque no es adecuado, ya que hay una regulación minuciosa de la responsabilidad que toca a los Estados de primera entrada, a los Estados de frontera exterior y, sin embargo, la solidaridad no está lo suficientemente
desarrollada. Ese es un aspecto que campa por su ausencia.
Luego, también nos plantea problemas, por ejemplo, que en el procedimiento de pre-screening o examen previo en frontera se vincule con la necesidad de que los llegados irregularmente, bien hasta que se les reconozca o no su necesidad de
protección internacional, bien hasta que se logre ejecutar una decisión de repatriación si es que así lo deciden las autoridades administrativas y, en su caso, con recursos judiciales, permanezcan sin movilidad. Entonces, eso conduciría a una
especie de campamentos sin que haya un régimen penitenciario, lo cual sería una situación insostenible políticamente para un país como el nuestro. Es decir, que de repente hubiera campamentos de 10 000, de 15 000, de 20 000 llegados a nuestras
costas en Andalucía, en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, sería indigerible políticamente. Es una cuestión respecto de la que, por
ejemplo, cuando he estado en conversaciones con los países de Visegrado -que, como saben, tienen una visión totalmente contraria a la nuestra en materia de flujos migratorios-, les he pedido que imaginen algo parecido a lo que nos están
proponiendo, y es que hagamos la ficción de que estos espacios son asimilables en su régimen a las zonas de tránsito aeroportuario, que no se consideran jurídicamente territorio de la Unión Europea. Si vamos a hacer esta ficción, podemos hacerla
perfectamente en cualquiera de los Veintisiete países de la Unión Europea. No es una manera razonable de pensar que los países de la frontera nos podemos responsabilizar en exclusiva de lo que es la primera entrada, la gestión y la expulsión de los
inmigrantes llegados por vía irregular, y ahí sí que se necesita muchísima más reflexión y que la parte de la solidaridad esté mejor reflejada porque, al final, la cuestión migratoria despierta muchísimas sensibilidades. Es una cuestión sensible
donde las haya, es un ámbito que tiene que ver con el espacio de justicia, libertad y seguridad donde se ha progresado muchísimo, pero quizá se necesita tiempo para que la Unión Europea y todos los Estados comprendan que, aunque estén situados lejos
de la primera frontera, de la frontera exterior, y sobre todo les preocupen los movimientos secundarios, al final esta gran cuestión solo podrá encauzarse satisfactoriamente si logramos tener una visión plenamente europea de lo que está en juego.
Es decir, que a nivel europeo sintamos lo que sentimos ahora mismo en la Península en relación con lo que está ocurriendo en las Canarias, o en relación con lo que puede ocurrir en Melilla o en Ceuta cuando ha habido los saltos masivos de la verja
que nos afectan al resto de España. Cuando logremos verlo a nivel de la Unión Europea, entonces quizá estemos en condiciones de progresar en una política verdaderamente común.
Mientras tanto, uno de los asuntos que quizá pueda suscitar más consenso es lograr una actitud conjunta y con muchísima más financiación y medios respecto a los países de origen y tránsito de donde recibimos y proceden más inmigrantes,
porque ahí con el peso de la Unión Europea, con sus políticas, con su financiación, con su influencia, podremos hacer más de lo que puede hacer España como nación individualmente, porque ahora mismo a través de la ruta atlántica y de la ruta
mediterránea más las solicitudes de asilo fundamentalmente de nacionales de origen latinoamericano, estamos los primeros en los rankings de la Unión Europea, y esto a medio plazo no es sostenible porque sabemos que muchos de los que llegan a
territorio peninsular o insular lo hacen porque aspiran a llegar a la Unión Europea, no a España, con lo cual es uno de los asuntos -créanme- prioritarios para el Gobierno y en el que se quiere adoptar una posición consensuada con el resto de las
fuerzas políticas, como no puede ser de otra manera. Es una cuestión de país que, además, afecta a comunidades autónomas que están regidas en algunos casos por partidos o coaliciones de distinto signo político, con lo cual este es un problema que
nos atañe a todos.
Ha habido sendas preguntas relacionadas con la actitud o la posición de España respecto al Sáhara y la necesidad de tener buenas relaciones de vecindad con Marruecos. Esta es una cuestión que no me corresponde responder a mí sino más bien a
mi colega, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores o a la ministra de Asuntos Exteriores. Yo de lo que puedo hablar es de la posición de la Unión Europea en su conjunto en relación con Marruecos, y les puedo asegurar que Marruecos, dentro de
toda la vecindad sur, es uno de los países prioritarios para la Unión Europea, entre otras cosas porque de todos ellos, es el que desea tener unas relaciones más especiales con la Unión Europea, lo que llaman el estatuto avanzado o incluso
partenariado estratégico. Al final la Unión Europea puede influir en políticas, en formas de cooperación, si hay un interés de los Estados de vecindad en acercarse a la Unión Europea lo más posible. Si ese interés no existe, será mucho más difícil
hacerlo. Desde luego, es mucho mejor que la Unión Europea ejerza su influencia con una agenda positiva que no con una agenda negativa de sanciones, que además tienen un efecto dudoso.
En cuanto a la falta de vinculación de migración y criminalidad, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, que yo creo que expresa, como decía, una posición de larga data del Partido Popular, bien cuando ha estado en el
Gobierno, bien cuando ha estado en la oposición, y desde ese punto de vista hay identidad de visión.
Otros asuntos por los que se me ha preguntado en turno de réplica; la portavoz del Grupo Ciudadanos, la señora Martín, me ha formulado una pregunta sobre cambio climático, si no tenemos exigencias mayores. En principio, el 55 % de
reducción de emisiones de efecto invernadero en relación con 1990, que es la fecha suelo, es ya un objetivo ambicioso. De hecho, es una de las cuestiones que tienen que negociar y acordar los jefes de Estado y de Gobierno porque hay algunos países
que piensan que para poder comprometerse en ese porcentaje necesitan algún tipo de apoyo suplementario, y hay que ver
cómo va a quedar reflejado en las conclusiones. De hecho, había una exigencia todavía más ambiciosa, que era la expresada por el Parlamento Europeo que colocó ese porcentaje en el 60 %. Sin embargo, como en todo, en política hay que saber
compaginar dos objetivos; uno de ellos es conseguir la neutralidad medioambiental, y el otro que el proceso se haga de tal manera que se pueda apoyar a aquellos que necesitan mayor esfuerzo de adaptación o que puedan salir perjudicados. Y para eso
lo primero que hace falta es financiación, que va a llegar entre otras cosas, como saben, del fondo de recuperación. Ya he dicho en mi exposición que el fondo de recuperación se prevé que tenga hasta un 30 % de actividades financiadas en relación
con la transición ecológica. O sea, que ese objetivo es compartido por todos los que van a participar mañana y pasado mañana, lo que ocurre es que algunos necesitan algún tipo de apoyo adicional. Aquí el compromiso del Gobierno español es pleno.
De hecho, no sé si tienen sus señorías noticia de un periódico digital que se llama The Politico, que es quizás uno de los que informa con mayor detenimiento de todo lo que tiene que ver con las instituciones europeas. Pues bien, para finalizar el
año ha hecho una lista de cuáles son las personalidades europeas más influyentes de cara al año que viene, y la personalidad española que ha sido seleccionada entre las veintiocho que van a marcar la agenda europea, ha sido la vicepresidenta cuarta
del Gobierno por su competencia, reconocida en toda la Unión Europea, por su compromiso y por la importancia que tiene que sea un país del sur de Europa el que figure a la cabeza de la ambición en materia de transición ecológica, con lo cual este
compromiso es reconocido incluso por observadores imparciales como es la redacción de este periódico digital al que he hecho referencia.
La señora Illamola, portavoz del Grupo Parlamentario Plural, me pregunta por los encuentros con comunidades autónomas. Quería haber empezado a hacer visitas institucionales desde mi nombramiento, pero vino la pandemia y hasta que no se ha
podido empezar a viajar de nuevo no he retomado esta agenda. Para mí es esencial, como es esencial para el Gobierno. Se han celebrado varias reuniones de la Carue, de la Comisión de coordinación de asuntos europeos con las autonomías. El
presidente del Gobierno, como recordarán, en una de las conferencias de presidentes invitó a la señora Von der Leyen, a la presidenta de la Comisión, a que participara; iba a venir en persona, pero al final, por la situación de la pandemia, lo tuvo
que hacer virtualmente. Mi propósito es intentar seguir haciendo visitas institucionales al menos cada quince días, un par de ellas al mes. La semana que viene iré a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Empecé por Andalucía y luego estuve en
Valencia. Precisamente, tengo pendiente una llamada telefónica la semana que viene con la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno vasco y me gustaría visitar la Comunidad vasca el mes de enero que viene, y también la comunidad canaria, y
así seguiré. Por supuesto, incluyo a las dos ciudades autónomas, que son también esenciales en la configuración territorial de España.
El propósito de estas visitas, primero, es oír tanto a las autoridades como a los parlamentarios y a la sociedad civil -me he reunido con universitarios en las visitas que he hecho, también con empresarios-; transmitir aspectos del dosier
europeo que más interesan a las comunidades autónomas -lo puedo hacer de manera personalizada, no en una reunión, virtual o no, en la que cada uno tiene un tiempo limitado de intervención-; y también oír cuáles son las especificidades y los
problemas e inquietudes concretos o proyectos que pueda tener cada comunidad autónoma. Por ejemplo, hay seis comunidades autónomas que tienen una agencia o un centro especial de la Comisión en su territorio, lo cual les da una singularidad especial
en sus relaciones con la Unión Europea. Cada una o casi todas ellas participan en algún tipo de cooperación interterritorial formando eurorregiones o cooperación transfronteriza, y eso también da una singularidad a cada una de ellas según el
programa de que se trate. En algunos casos como, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo lo que tenga que ver con la política industrial es un asunto de interés primordial por el peso que tiene la industria en el PIB en Euskadi.
Por ejemplo, Andalucía o Valencia, que ya he visitado, pero también Cantabria, que visitaré próximamente, son comunidades que van a verse especialmente afectadas por el brexit, bien porque reciben muchos ciudadanos británicos, bien porque, en el
caso de Cantabria, su puerto es uno de los principales puertos de entrada del transporte marítimo -de hecho, tengo pensado ir a ver en Santander las obras de adaptación del puerto-, o bien, en el caso de Andalucía, porque el brexit tiene una
incidencia importante en el acuerdo eventual sobre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.
En definitiva, desde la secretaría de Estado pretendemos trasladar al debate europeo no solo los intereses de España, de la Administración central, sino también de las distintas administraciones territoriales, que es tan importante, para ver
de qué manera se pueden mejorar los canales de cooperación y qué tipo de iniciativas adicionales puede haber. Por ejemplo, puedo decirles que en el caso de Canarias
tenemos una relación especial con Portugal y con Francia. ¿Por qué? Porque con estos dos países compartimos las nueve regiones ultraperiféricas que se regulan en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tenemos
un lobby especial para defender y promocionar el estatuto de las regiones ultraperiféricas y en este caso de Canarias. En mi reunión reciente con mi colega portuguesa y el colega francés, con los que tenemos un foro de concertación trilateral sobre
asuntos europeos, les sugerí que cuando termine la presidencia portuguesa, las próximas visitas de este foro podríamos hacerlas, una a Canarias, otra a Madeira o Azores, y otra a una de las seis regiones ultraperiféricas francesas, para tratar
asuntos europeos y también, de esta forma, que los tres podamos interesarnos in situ por la problemática de la regiones.
Estos son ejemplos de cómo en la secretaría de Estado intentamos velar por los intereses de las comunidades autónomas en relación con la Unión Europea. Hoy me hubiera gustado, por ejemplo, en relación con Cataluña poder trasladarles el
anuncio de que la candidatura de Barcelona para acoger la sede del Centro europeo de predicciones meteorológicas a medio plazo, del Programa Copérnico, había resultado elegida, pero, al final, hubo una competición muy cerrada y Barcelona ha quedado
en segundo lugar, muy cerca de Bonn, que ha sido la elegida, pero, en fin, este es otro ámbito de las candidaturas de agencias europeas para que sean albergadas en ciudades españolas. Hay otra candidatura pendiente de votación, que es la de León
para acoger el Centro de Ciberseguridad, que es otro ámbito en el que estamos muy pendientes y en cooperación con los demás ministerios sectoriales, que son los responsables de la promoción de cada una de las candidaturas.
También se me ha preguntado por qué España no solicita los créditos que vendrán o que nos corresponderían en el marco del fondo de recuperación. No se solicitan de momento, al igual que no lo hacen el resto de los Estados miembros porque lo
principal ahora es canalizar las subvenciones a fondo perdido, que no incrementan la deuda pública. España sí ha utilizado parte de los créditos que en muy buenas condiciones proporcionaba el MEDE, a través de la línea SURE en dos tramos, pero
ahora, de momento, lo que se va a hacer es intentar aprovechar de la manera más eficaz posible los fondos que llegarán a fondo perdido. En cuanto a los aspectos de diseño del fondo, creo que aquí tendrá que ser el presidente del Gobierno el que
informe sobre esta cuestión tan crucial cuando ya se tenga decidido su esquema final. El presidente va a comparecer, como saben, después de este Consejo Europeo ante el Congreso de los Diputados, y los grupos parlamentarios podrán plantearle esta
pregunta para que dé más información que la que yo estoy en condiciones de ofrecerles.
Creo que con esto he dado contestación prácticamente a todo. Quisiera hacer una reflexión final a todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios y decirles que considero que en España tenemos una cierta fortuna por haber sido,
desde que ingresamos en la Unión Europea, tan firmes partidarios del proceso de integración. Y digo esto porque hay debates en otros países europeos sobre su participación en la Unión Europea exclusivamente en términos de beneficio nacional,
beneficios netos, y no siempre es fácil que la opinión pública entienda y los líderes políticos también lo promuevan el que en el Gobierno de la nación o en las distintas instituciones, entre ellas estas Cortes y esta Comisión mixta, se piense
también en lo que es beneficioso para la Unión Europea en su conjunto. No hay muchas opiniones públicas ni clases políticas que hagan esto con frecuencia. Yo creo que España es una de las excepciones, yo diría que de los Estados miembros no
fundadores es el que con más asiduidad ha realizado contribuciones que no piensan exclusivamente en términos de cómo beneficia el proyecto europeo a España, sino cómo puede beneficiar al proyecto europeo en su conjunto. Esto es importante y es una
cosa que damos por descontado, pero yo veo en conversaciones con otros colegas y en los debates que a mí y a cualquier representante español nos sale más naturalmente intentar pensar en términos europeos. En definitiva, que por el bien y el futuro
de la Unión Europea no se piense solo desde Bruselas y las instituciones, sino también desde las capitales nacionales y las distintas capitales autonómicas y provinciales. Yo creo que esto es algo que tenemos en España y yo diría que, desde luego,
es de las grandes bazas que tenemos para desempeñar un papel creciente en el seno de la Unión Europea.
Muchísimas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor González-Barba Pera, por la información que nos ha trasladado. Creo no equivocarme si le deseo, en nombre de todos los miembros de esta Comisión, unas jornadas productivas en el Consejo.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA EL 1 DE FEBRERO DE 2020 Y LA FUTURA RELACIÓN CON DICHO ESTADO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 154/000001 y número de expediente del Senado 573/000001).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de
2020 y la futura relación con dicho Estado.
A propuesta de la ponencia sometemos a aprobación por asentimiento la prórroga del plazo de los trabajos hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.
DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:
- PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006, RELATIVO A LA APLICACIÓN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS
ORGANISMOS COMUNITARIOS DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE AARHUS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE [COM (2020) 642 FINAL] [2020/0289
(COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000041 y número de expediente del Senado 574/000037).
- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA AL PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE HASTA 2030 [COM (2020) 652 FINAL] [2020/0300 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 282/000045 y número de expediente del Senado 574/000041).
La señora PRESIDENTA: Los puntos 3.º y 4.º del orden del día se tramitan conjuntamente y corresponden al debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea. El punto 3.º es la propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento número 1367/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El punto 4.º es la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa al Programa general de acción de la unión en materia de medio ambiente hasta 2030. Se han recibido informes del Gobierno. Intervendrá para presentar el informe la señora Bueno Alonso con un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora BUENO ALONSO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Por lo que respecta a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento número 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a
la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, la Comisión presenta esta propuesta legislativa como parte del esfuerzo para mejorar el acceso a la justicia en materia medioambiental, y su objetivo es revisar el mecanismo de revisión administrativa creado en 2006 en beneficio de las ONG
respecto a actos y omisiones administrativas de las instituciones y organismos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo y el Consejo piden la modificación del conocido como Reglamento de Aarhus que se centra en tres ejes. La propuesta amplía las
posibilidades actualmente disponibles para las ONG de solicitar revisión administrativa. Si actualmente solo se puede solicitar una revisión administrativa de actos de alcance individual, en el futuro las ONG también podrán solicitar revisión de
actos administrativos de alcance general. Esto suponía una limitación para que las ONG impugnaran actos administrativos a escala de la Unión Europea. Conceder a las ONG acceso al mecanismo de revisión administrativa está justificado por el hecho
de que las ONG suelen estar mejor posicionadas para representar de forma eficaz el interés público y las preocupaciones de la sociedad civil
en este ámbito mediante argumentos profesionales fundamentados y justificados. La propuesta pretende cambiar las referencias al derecho medioambiental. Mientras que actualmente los actos administrativos objeto de revisión deben contribuir
a perseguir objetivos de la política medioambiental, se propone que en el futuro cualquier acto administrativo que infrinja el derecho medioambiental de la Unión Europea pueda ser objeto de revisión, independientemente de sus objetivos políticos.
La propuesta propone ampliar los plazos para las solicitudes y las respuestas, con el fin de mejorar la calidad del proceso de revisión administrativa; incluye una ampliación de dos semanas para las ONG y de cuatro semanas para las instituciones de
la Unión Europea. La propuesta complementa otras disposiciones existentes en el mismo ámbito y contribuye a reforzar el Estado de derecho, de conformidad con las actuales prioridades de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y sobre la protección
de nuestro modo de vida europeo. La propuesta refuerza la protección del medio ambiente, mejorando el procedimiento de revisión disponible para las ONG en cuanto a los actos y omisiones administrativas de las instituciones y organismos de la Unión
Europea cuando vulneran el derecho medioambiental.
La propuesta de reglamento es conforme con el principio de subsidiaridad en tanto en cuanto la propuesta se refiere a la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre la revisión administrativa o el control judicial de
determinadas categorías de actos dictados por órganos o instituciones de la Unión Europea. Estos objetivos solo pueden alcanzarse a nivel de la Unión Europea. Procede, por tanto, modificar el Reglamento 1367/2006, con las siguientes
modificaciones. El artículo 2, apartado 1, letra g) se sustituye por el texto siguiente. Acto administrativo: cualquier acto no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión que surta efecto jurídicamente vinculante y externo,
y contenga disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el derecho medioambiental en el sentido de la letra f) del artículo 2, apartado 1, excepto aquellas disposiciones de dicho acto para las que el derecho de la Unión exija
explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión o nacional.
Dos, el artículo 10 se modifica como sigue: Los apartados 1 y 2 se sustituyen por los siguientes. Apartado 1: Cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados en el artículo 1.1 podrá efectuar una solicitud de
revisión interna ante la institución u organismo de la Unión que haya adoptado un acto administrativo en caso de supuesta omisión administrativa que hubiera debido adoptar dicho acto, debido a que este o la omisión vulnere el derecho medioambiental.
Cuando un acto administrativo sea una medida de ejecución a escala de la Unión exigida por otro acto no legislativo, la organización no gubernamental también podrá solicitar la revisión de la disposición del acto no legislativo para la que se exige
dicha medida de ejecución al solicitar la revisión de dicha medida de ejecución. La petición se hará por escrito en un plazo máximo de ocho semanas a partir de la adopción, notificación o publicación del acto administrativo, tomándose como
referencia la más tardía de estas tres fechas o, en caso de supuesta omisión, de ocho semanas a partir de la fecha en que se haya requerido la adopción del acto administrativo. En la solicitud se expondrán los motivos de la revisión.
Apartado 2: La institución u organismo de la Unión al que se refiere el apartado 1 deberá examinar la solicitud, a menos que carezca claramente de fundamento. Expondrá sus motivos en una respuesta escrita lo antes posible, y a más tardar
en un plazo de dieciséis semanas a partir de la recepción de la solicitud. En el apartado 3, párrafo segundo, se sustituye por el texto siguiente: En cualquier caso, la institución u organismo de la Unión se pronunciará en veintidós semanas a
partir de la recepción de la solicitud.
Tres, a lo largo de texto del reglamento las referencias a las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se sustituyen por referencias a las disposiciones correspondientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.
Cuatro, a lo largo del texto del reglamento, incluido el título, la palabra 'Comunidad' se sustituye por la palabra 'Unión', introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.
En segundo lugar, por lo que respecta...
La señora PRESIDENTA: Señora Bueno, tiene que ir concluyendo.
La señora BUENO ALONSO: En segundo lugar, por lo que respecta a la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa general de acción de la Unión en materia de medio ambiente hasta 2030, el objetivo del VIII
Programa de acción en materia de Medio Ambiente es acelerar la transición a una economía regenerativa eficiente en el uso de los recursos y climáticamente neutra que devuelva al planeta más de lo que necesita, sobre la base del Pacto Verde Europeo.
Plantea seis objetivos prioritarios. España ha sido un país...
La señora PRESIDENTA: Señora Bueno, tiene que concluir.
La señora BUENO ALONSO: Termino ahora mismo.
La señora PRESIDENTA: Se ha pasado ya treinta segundos. Concluya, por favor.
La señora BUENO ALONSO: Conclusión. Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 1367/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aahrus sobre el acceso a la información, la participación del público en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y la propuesta de decisión...
La señora PRESIDENTA: Señora Bueno, tiene que concluir.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? (Pausa).
¿Podemos aprobar los puntos 3.º y 4.º por asentimiento? (Asentimiento). Quedan aprobados.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 2018/1139 EN LO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE LA AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA SEGURIDAD AÉREA PARA ACTUAR COMO ÓRGANO DE
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CIELO ÚNICO EUROPEO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2020) 577 FINAL] [2020/0264 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000042 y número de expediente del Senado 574/000038).
- PROPUESTA MODIFICADA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL CIELO ÚNICO EUROPEO (TEXTO REFUNDIDO) (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2020) 579 FINAL] [COM (2020) 579 FINAL ANEXOS]
[2013/0186 (COD)] [SWD (2020) 187 FINAL]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000043 y número de expediente del Senado 574/000039).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a los puntos 5.º y 6.º del orden del día El punto 5.º es el relativo a la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento número 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de la
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como órgano de evaluación del rendimiento del Cielo Único Europeo. El punto 6.º es la propuesta modificada del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en
práctica del Cielo Único Europeo.
Se han recibido informes del Gobierno e intervendrá para presentar el informe el señor Bolaños Viso.
El señor BOLAÑOS VISO: Gracias, presidenta.
Señorías, haré una sola presentación, pues ambas propuestas se complementan entre sí y porque el sentido de la propuesta es el mismo para ambos reglamentos. El aspecto más importante de la norma a la que se refiere la primera propuesta
consiste en establecer el carácter permanente de la función del órgano de evaluación de rendimiento, función que será ejercida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Las disposiciones necesarias para conseguir este objetivo requieren que se
hagan varias enmiendas al Reglamento 2018/1139, con el fin de asegurar que las funciones del PRB, del órgano de evaluación del rendimiento, se llevan a cabo con la necesaria independencia, experiencia y con los recursos adecuados. España, como país
turístico y periférico, está especialmente interesada en una gestión eficaz y fluida del tráfico aéreo. No hay que olvidar que cuatro de cada cinco turistas extranjeros que han venido a España en los últimos años lo han hecho en avión, por lo que
toda mejora en la gestión del espacio aéreo acabará redundando en una mejora para la economía española.
Por otro lado, las modificaciones propuestas para las condiciones económicas de la prestación de servicios podrán favorecer la competitividad e internacionalización de las empresas españolas del sector. Que la Agencia Europea de Seguridad
Aérea, EASA, se encargue de la función de evaluación del rendimiento es algo adecuado tanto desde el punto de vista organizativo y de experiencia como desde el punto de vista del coste-eficiencia. Esta propuesta tiene que ser vista como un todo con
la modificación del Cielo Único Europeo -en adelante CUE-, que sería precisamente la segunda propuesta objeto de
este informe. La iniciativa del CUE se puso en marcha para dar respuesta a los retrasos resultantes de la navegación aérea, que habían llegado a su punto más alto a finales de la década de los noventa. El CUE tiene, por tanto, el objeto de
reducir la fragmentación del espacio aéreo europeo entre Estados miembros, entre uso civil y militar y entre tecnologías, incrementando de este modo su capacidad y la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y de los servicios de navegación
aérea. El objetivo de esta propuesta es: aumentar la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea mediante la reducción de la fragmentación del espacio aéreo europeo; impulsar la visión central de red europea de
tránsito aéreo; reforzar el marco de regulación económica para lograr un sistema más eficiente con menos costes, y potenciar la digitalización del Cielo Único Europeo a través de mecanismos de incentivos que potencien la modernización y el uso de
nuevas tecnologías. Las ventajas que se pretenden obtener con el Cielo Único Europeo podrían ser enormes. En comparación con 2004, el CUE -cuando se haya completado, lógicamente, hacia 2030 o 2035- puede triplicar la capacidad del espacio aéreo,
reducir a la mitad el coste de la gestión del tránsito aéreo, multiplicar por diez la seguridad y disminuir un 10 % el impacto de la aviación en el medio ambiente. Dado que los principales objetivos del Cielo Único Europeo están aún por alcanzar,
en la actualidad el Parlamento pide a la Comisión que cambie el enfoque ascendente por un enfoque descendente, con el fin de superar cualquier reticencia persistente y acelerar la aplicación de la iniciativa, en particular, por lo que se refiere al
programa Sesar y a los bloques funcionales del espacio aéreo.
Se atiende, por tanto, con este informe a las recomendaciones establecidas en el informe emitido por el Gobierno que apoya el sentido de la propuesta de modificación del Cielo Único Europeo, así como los informes de los parlamentos
autonómicos recibidos. Las propuestas son conformes, por tanto, con el principio de subsidiariedad, ya que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni regional
ni local, y puede alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea, debido a la dimensión y a los efectos de la acción pretendida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bolaños Viso.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir en este punto? (Pausa).
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS SITUACIONES DE CRISIS Y DE FUERZA MAYOR EN EL ÁMBITO DE LA MIGRACIÓN Y EL ASILO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2020) 613 FINAL] [2020/0277 (COD)].
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000044 y número de expediente del Senado 574/000040).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 7.º del orden del día, propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo. Intervendrá, para
presentar el informe, el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿De cuánto tiempo dispongo?
La señora PRESIDENTA: De cinco minutos.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias.
Mi condición de ponente sobre este informe de subsidiariedad -he suscrito el informe- redactado por los servicios jurídicos de la Cámara, en síntesis manifiesta que esta propuesta de reglamento de procedimiento legislativo ordinario es
conforme con el principio de subsidiariedad. Sobre este particular debo recordar que, como se hace en el informe, han de tenerse en cuenta los artículos 78.2 y 79.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que instrumentan la adopción de
una política prevista en el 77.1 del mismo tratado mediante el procedimiento legislativo ordinario. Esto es excepcional porque no es el modo de regular estas cuestiones o las cuestiones, en general, en el Tratado de Funcionamiento, pero está así
previsto -como digo- en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo 77.1 dice que la Unión Europea desarrollará una política en orden a la falta de control de personas en las fronteras interiores, el control de personas y eficiente monitorización en fronteras exteriores y un gradual sistema
integrado de gestión de fronteras exteriores. En cumplimiento de todo ello, el 78.2 del mismo tratado dice que se 'adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
medidas relativas a un sistema europeo común de asilo'-el viejo procedimiento de codecisión-, y el 79.2 se refiere a la inmigración y residencia ilegales, incluidas expulsión y repatriación de residentes en situación ilegal. De modo que,
con arreglo a estos preceptos y a la exigencia del artículo 5.1, que establece el principio de subsidiaridad además del de proporcionalidad -luego desarrollado en el 5.4-, creemos que la propuesta es conforme con dicho principio y a ese efecto debe
ser así informada por este Parlamento nacional.
Hecha esta aclaración, y teniendo presente que esta materia de la inmigración y el asilo comenzó siendo una materia intergubernamental en el tercer pilar en Maastricht y que ha ido evolucionando hasta constituir, como digo, objeto de
procedimiento legislativo ordinario, debo aclarar algo que en realidad ya ha sido objeto de mis palabras con motivo de la comparecencia del señor secretario de Estado de la Unión Europea. Esto es verdaderamente respetuoso con el principio de
subsidiariedad en la medida en que la Unión Europea no invoca ni pretende tener competencias acerca de lo que suceda en las aguas libres. Hablo de este caso porque no tiene por qué ser solamente el medio marítimo, pudiera presentarse una
eventualidad en el medio terrestre o en el aéreo incluso. En aguas libres las competencias son de los Estados miembros, en cuanto potencias soberanas, en ejercicio de la Policía marítima. Lo digo porque en el caso de España, y en particular de las
islas Canarias -no es el único, pero en el caso de Canarias más gravemente-, esta afluencia masiva de nacionales de terceros Estados se considera una situación excepcional, tal y como la define el reglamento en su artículo 1.2 a), pero la
concurrencia de una situación excepcional de este alcance no supone que queden limitadas esas competencias del Estado miembro en cuanto a potencia soberana en el mar libre y que pueda, por lo tanto, actuar para perseguir delitos internacionales. De
modo que, si hemos informado favorablemente esta propuesta de reglamento en cuanto a su conformidad con el principio de subsidiariedad es en el bien entendido de que es así. Es cierto, además, que la definición legal de la propuesta de reglamento
en el artículo citado es un poco más particularizada o pormenorizada, situación excepcional de afluencia masiva de nacionales de terceros Estados o apátridas que lleguen de forma irregular a un Estado miembro o desembarquen en su territorio después
de operaciones de búsqueda y salvamento, de tal naturaleza y magnitud -esto es lo que da medida de la excepcionalidad- en proporción a la población y al PIB del Estado miembro afectado que haga que el sistema de retorno, acogida o asilo del Estado
miembro deje de ser funcional y pueda tener graves consecuencias en el SECA, Sistema Europeo Común de Asilo.
Esto era lo que quería significar y concluyo mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez García.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). Señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gracias.
Yo simplemente quiero manifestar mi sorpresa -ahora con la intervención oral lo he entendido un poco más- al ver el informe escrito porque simplemente hay una remisión a la base jurídica sin ninguna explicación de por qué se respeta el
principio de subsidiariedad. Desde mi punto de vista, la mera remisión a la base jurídica no es suficiente. Lo que tenemos que analizar es si se aplica correctamente y si no se están vulnerando competencias de los Estados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola Dausà.
¿Quieren que sometamos este punto a votación o puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento). Lo aprobamos por asentimiento.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA GESTIÓN DEL ASILO Y LA MIGRACIÓN Y POR EL QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO Y LA PROPUESTA DE REGLAMENTO (UE) XXX/XXX (FONDO DE ASILO Y MIGRACIÓN)
(TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2020) 610 FINAL] [COM (2020) 610 FINAL ANEXOS] [2020/0279 (COD)] [SWD (2020) 207 FINAL]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000046 y número de expediente del Senado 574/000042).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 8.º, propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifica la Directiva 2003/109 del Consejo y
la propuesta del reglamento, Fondo de asilo y migración.
Intervendrá el señor Uriarte Torrealday para presentar el informe.
El señor URIARTE TORREALDAY: Intervengo brevemente para defender la concesión del informe de subsidiariedad positivo, teniendo en cuenta que es una cuestión que reúne las condiciones básicas. En primer lugar, en cuanto al principio de
adecuación, es evidente que la propia naturaleza transfronteriza de la materia que se trata de abordar determina la oportunidad del abordaje en sede comunitaria y, en segundo lugar, en cuanto a la proporción, es evidente también -no plantea ninguna
duda- que se trata de una intervención no excesiva.
Por estas dos cuestiones -no voy a leer la literalidad del informe, a la cual me remito-, creo que no plantea ninguna duda y, por lo tanto, consideramos que el informe de subsidiariedad debe ser positivo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte Torrealday.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA MODIFICADA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO COMÚN EN MATERIA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN Y SE DEROGA LA DIRECTIVA 2013/32/UE [COM (2020) 611 FINAL] [2016/0224
(COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000047 y número de expediente del Senado 574/ 000043).
La señora PRESIDENTA: El punto 9.º es la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva
2013/32 de la Unión Europea.
Interviene para presentar el informe la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gracias.
La elaboración del informe, evidentemente, se ha hecho con independencia de lo que yo piense particularmente o de las observaciones que yo pudiese hacer al texto, porque lo que se ha analizado en este informe es si se respeta o no el
principio de subsidiariedad, al ser una competencia compartida.
En 2013, el Parlamento y el Consejo aprobaron la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de protección internacional. No obstante, en 2016 la Comisión presentó una propuesta de establecimiento de un procedimiento
común y la consecuente derogación de la citada directiva; por tanto, nuevo texto legislativo. Pero cuatro años más tarde, esta propuesta de la Comisión está todavía pendiente de adopción por parte del Consejo y del Parlamento y refleja los
problemas que han tenido en el seno del Consejo en la primera lectura a lo largo de todos estos años. Entonces, haciendo uso de la facultad que tiene la Comisión siempre en el procedimiento legislativo de intervenir en cualquier momento y modificar
sus propuestas, ha presentado una nueva propuesta ahora en 2020 que es la que es objeto de este control de la subsidiariedad y responde a varias cuestiones. Una de ellas es lo que les decía de la primera lectura, de las sensibilidades expresadas
por los Estados en las diferentes reuniones del Consejo de la Unión. También tiene en cuenta los informes favorables pero con propuestas de mejora que en su momento emitieron el Comité de la Regiones y el Comité Económico y Social. Y también
recoge el resultado de amplias consultas que ha ido realizando la Comisión durante este tiempo.
Y por último y no menos importante, forma parte del paquete de cinco propuestas legislativas que desarrollan o pretenden desarrollar el Pacto sobre Migración y Asilo. Un hecho característico e interesante desde mi punto de vista es que se
hace a través de reglamentos, que facilitarán la armonización y también por su característica de aplicabilidad directa. Ello es importante en relación con el contenido y el objetivo del texto legislativo, porque la propuesta de modificación
pretende establecer un vínculo entre todas las fases del proceso de migración -desde el principio hasta el final-, y ello a través de procedimientos sencillos, claros, breves, también a través de garantías procesales de salvaguarda de los derechos
de los solicitantes y también de normas para prevenir el abuso del sistema. Por tanto, se pretende introducir un procedimiento común de concesión y retirada de la protección internacional, una mayor armonización en las emisiones de resoluciones de
asilo y retorno en un mismo acto o, si se trata de actos separados, hacerlo al mismo tiempo y conjuntamente.
Este vínculo del procedimiento del principio al final comporta que se debe ampliar la base jurídica y añadir al 72.2 d) del TFUE el 79.2 c), que posibilita la adopción de medidas en relación con el retorno, en particular en relación con la
emisión conjunta de una resolución de retorno tras una resolución negativa
sobre una solicitud. El mantenimiento de los objetivos de la propuesta inicial y los cambios introducidos en la modificación contribuyen a que todos los Estados destinatarios apliquen los mismos procedimientos y se rijan por las mismas
normas, a fin de garantizar la equidad, la claridad y la seguridad jurídica en el procedimiento de protección internacional. En relación con estos Estados destinatarios, deben tenerse en cuenta las particularidades del espacio de libertad,
seguridad y justicia; de una parte -aplicación del protocolo 22-, Dinamarca no queda vinculada por este texto y, por otra, Irlanda, que tampoco estaba vinculada por la directiva que se pretende derogar, en aplicación del protocolo 21, en cualquier
momento puede manifestar su interés de quedar vinculada.
Todas estas razones son las que justifican que considere que la propuesta de modificación presentada por la Comisión respeta el principio de subsidiariedad. Pero, no obstante, considero pertinente también destacar tres puntos. Uno, que al
elaborar este informe no puede tenerse en cuenta el realizado en la propuesta legislativa que se está modificando porque en su momento, en 2016, la Comisión Mixta de la Unión Europea de esta Cámara no emitió ningún informe como sí hicieron otros
parlamentos nacionales. Dos, que ninguna de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se ha manifestado en contra, simplemente han notificado que archivan el tema. Y por último -y lo he dicho en la comparecencia anterior con el
secretario de Estado-, si bien hoy hemos recibido el informe del Gobierno, pongo de manifiesto el incumplimiento por parte del Gobierno del plazo que tiene para emitir los informes, en el caso del control del principio de subsidiariedad, cuando se
los solicita esta Comisión. Imagino que las propuestas de mejora que introduce el informe del Gobierno serán las que se defenderán por parte de España en el Consejo de la Unión Europea cuando proceda, a lo largo del procedimiento legislativo
ordinario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? (Pausa).
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento).
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE INTRODUCE UN CONTROL DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN LAS FRONTERAS EXTERIORES Y SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) NÚMERO 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240 Y (UE) 2019/817 [COM (2020) 612 FINAL] [COM (2020) 612 FINAL ANEXO] [2020/0278 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000048 y número de expediente del Senado 574/000044).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 10.º del orden del día, propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los
reglamentos número 767/2008, 2017/2226, 2018/1240 y 2019/817.
Interviene, para presentar el informe, el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, presidenta.
Esta iniciativa, esta propuesta se inscribe dentro del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Establece un control previo a la entrada que debe aplicarse a todos los nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no
cumplan las condiciones de entrada o después del desembarco tras una operación de búsqueda y salvamento. Introduce normas uniformes relativas a los procedimientos que deben seguirse en la etapa previa a la entrada de evaluación de las necesidades
individuales de nacionales de terceros países, así como normas uniformes sobre la duración del proceso de recogida de información pertinente para la identificación de los procedimientos que deben seguirse en relación con estas personas. En
particular, el control debe consistir en un chequeo médico y una evaluación de la vulnerabilidad preliminares, un control de la identidad respecto a la información que figura en las bases de datos europeas, el registro de los datos biométricos,
datos dactiloscópicos e imagen facial en las bases de datos apropiadas, siempre que no se haya realizado con anterioridad, y un control de seguridad mediante una consulta a las bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, en particular al
Sistema de Información de Schengen para verificar que las personas no constituyen una amenaza para la seguridad interior.
La propuesta aborda los desafíos relativos a la protección de las fronteras exteriores y la prevención de los movimientos no autorizados en el espacio sin controles en las fronteras interiores. El control complementa las normas relativas al
control fronterizo en las fronteras exteriores previstas en el Reglamento 2016/399, Código de fronteras Schengen. En particular, complementa las obligaciones de los Estados miembros derivadas de los artículos 3 y 13 del Código en cuanto a la
obligación de impedir la entrada no autorizada, así como la obligación de realizar controles fronterizos sin afectar a los derechos de los refugiados y de los nacionales de terceros países que solicitan protección internacional. Las actuaciones en
el espacio de libertad, seguridad y justicia quedan comprendidas en un ámbito de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, de conformidad con el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, el principio de
subsidiariedad se aplica en virtud del artículo 5.3 del tratado. La Unión intervendrá solo en el caso y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, tal como es el
caso de la propuesta que nos ocupa.
La propuesta también es proporcional a los objetivos identificados, respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en los siguientes actos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
las obligaciones que se derivan del derecho internacional, en particular de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y
se modifican los reglamentos mencionados por la presidenta al comienzo de esta presentación es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO EN LO RELATIVO A MEDIDAS TEMPORALES EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO PARA LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 Y LOS PRODUCTOS
SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE ESTA ENFERMEDAD EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19 [COM (2020) 688 FINAL] [2020/0311 (CNS)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000049 y número de expediente del Senado 574/000045).
La señora PRESIDENTA: El punto 11.º es la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112 del Consejo en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas
contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Se ha recibido informe del Gobierno. Intervendrá para presentar el informe la señora Leyte Coello.
La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidenta.
Señorías, como sabemos, el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo fue declarado como pandemia. La Unión Europea desde entonces
está realizando un esfuerzo sin precedentes para proteger la salud y la vida de sus ciudadanos, pero también para proteger sus medios de subsistencia y limitar el impacto del virus en la economía. En colaboración con la OMS y otros actores
internacionales, se ha tratado de acelerar el desarrollo y la distribución equitativa de productos sanitarios de protección, pruebas para diagnóstico in vitro y la investigación de tratamientos y vacunas, participando en el llamado mecanismo Covax,
con una financiación de 400 millones de euros, para garantizar la producción de vacunas y un acceso justo y equitativo, manteniendo la filosofía de que nadie se quede sin ella. Por ello, aunque la Directiva 2006/112 tiene mecanismos que permiten a
los Estados miembros aliviar parcialmente el coste de vacunación y las pruebas destinadas a combatir la COVID, tiene ciertas limitaciones respecto
al IVA. Ya en 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta para modificar la directiva en lo que respecta a los tipos de IVA antes de la pandemia por otros motivos. Esta propuesta denominada de 2018 aún está en trámite en el Consejo,
por lo que, ante las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, es preciso tomar medidas inmediatas y modificar esta directiva de 2006 para que las entregas de vacunas contra la COVID-19 y de productos sanitarios para diagnóstico in
vitro de esta enfermedad, así como las prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales vacunas y productos sean, lo antes posible, más asequibles en toda la Unión Europea. Con este propósito se debe permitir a los Estados miembros
aplicar un tipo reducido de IVA o conceder una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior con respecto a las vacunas y productos ya mencionados, así como con respecto a las prestaciones de servicios directamente relacionados
con tales vacunas y productos. Esta posibilidad solo debe permitirse durante el periodo de circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Debido a la incertidumbre sobre su duración, la propuesta es que la posibilidad de aplicar un tipo
reducido se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2022. Si llegásemos a esa fecha y la pandemia aún no estuviese bajo control, se prorrogaría dicho periodo. Si finalmente se adoptase la propuesta de 2018, la que está en estudio en la Comisión y
entrase en aplicación antes de que concluya dicho periodo, estas medidas temporales para modificar la Directiva 2006/112 para la pandemia de COVID dejarían de cumplir su finalidad porque ya serían cubiertas por la de 2018. Debido a que el objetivo
de modificación de la directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central ni regional y sí puede lograrse de manera más efectiva a escala de la Unión por la dimensión y efectos de la acción pretendida y
dada la urgencia de la situación, la presente directiva debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se recibieron informes de la Xunta de Galicia y de los parlamentos de Cantabria y La Rioja
diciendo que no se oponían, archivándolo. También se ha recibido informe favorable del Gobierno.
La propuesta de modificación de la Directiva 2006/112 del Consejo que se propone para votar en la Comisión Mixta para la Unión Europea es conforme al principio de subsidiariedad y proporcionalidad establecido en el vigente tratado de la
Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Leyte Coello.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). ¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE UNOS SALARIOS MÍNIMOS ADECUADOS EN LA UNIÓN EUROPEA [COM (2020) 682 FINAL] [2020/0310 (COD)] [SEC (2020) 362 FINAL] [SWD (2020) 245 FINAL] [SWD (2020) 246 FINAL]. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 282/000050 y número de expediente del Senado 574/000046).
La señora PRESIDENTA: El punto 12.º es la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea.
Se ha recibido informe del Gobierno e interviene para presentar el informe el señor Uribe-Etxebarria Apalategui.
El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidenta.
Quisiera añadir también a la remisión del informe del Gobierno que también hemos recibido informe del Parlamento de Cantabria, del Parlamento de La Rioja y de la Xunta de Galicia comunicando el archivo del expediente o la no emisión de
dictamen motivado.
Parece claro que con el fin de asegurar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, así como de construir unas economías y sociedades justas y resilientes, es esencial garantizar que los trabajadores de la Unión perciban unos salarios
adecuados. Además del artículo 153, apartado 1, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es la base jurídica de esta propuesta de directiva, no podemos olvidar que en noviembre del año 2017 el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión proclamaron el pilar europeo de los derechos sociales para cumplir con la promesa europea de prosperidad, progreso y convergencia y hacer de la Europa social una realidad para todos. El principio 6 de este pilar, relativo a los
salarios, reclama el establecimiento de un salario mínimo adecuado, así como una fijación de salarios transparente y predecible. Podemos decir que la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en
particular gracias a unos salarios adecuados, beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas de la Unión. La realidad actual es que en la Unión Europea se nos dice que la protección del salario mínimo puede establecerse mediante
convenios colectivos, como es el caso de seis Estados miembros, o mediante la aprobación de salarios mínimos legales, como es el caso de veintiún Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros tienen un salario mínimo legal, pero este es
demasiado bajo para proporcionar una vida digna en comparación con otros salarios, por mucho que haya aumentado durante estos últimos años. En este contexto, por tanto, la directiva propuesta tiene por objeto garantizar que los trabajadores de la
Unión dispongan de la protección de unos salarios mínimos adecuados que les permitan vivir dignamente donde quiera que trabajen. Estos objetivos son pertinentes tanto para los sistemas que se rigen por un salario mínimo legal como para los que
dependen de la negociación colectiva. La directiva propuesta está concebida para alcanzar estos objetivos -es una directiva, no un reglamento-, teniendo en cuenta y respetando plenamente las especificidades de los sistemas estatales, las
competencias estatales, la autonomía de los interlocutores sociales y la libertad contractual. A resultas de todo ello, la actuación de la Unión Europea se considera que es mucho más eficaz para reforzar los sistemas de fijación de salarios mínimos
que las intervenciones a nivel estatal. Esta actuación establecerá unas expectativas más claras, garantizará que los avances no sean parciales o desiguales y reforzará la confianza entre los Estados miembros y los interlocutores sociales.
En consecuencia, por los motivos expuestos, entiendo que la propuesta de directiva es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
Eskerrik asko, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento.
- PROPUESTA MODIFICADA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL SISTEMA 'EURODAC' PARA LA COMPARACIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL REGLAMENTO (UE) XXX/XXX (REGLAMENTO SOBRE LA
GESTIÓN DEL ASILO Y LA MIGRACIÓN) Y DEL REGLAMENTO (UE) XXX/XXX (REGLAMENTO SOBRE EL MARCO DE REASENTAMIENTO), PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN NACIONAL DE UN TERCER PAÍS O UN APÁTRIDA EN SITUACIÓN IRREGULAR, Y A LAS SOLICITUDES DE COMPARACIÓN CON LOS
DATOS DE EURODAC PRESENTADAS POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EUROPOL A EFECTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY, Y POR EL QUE SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (UE) 2018/1240 Y (UE) 2019/818 [COM (2020) 614 FINAL] [COM (2020) 614 FINAL
ANEXO] [2016/0132 (COD)]. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000051 y número de expediente del Senado 574/000047).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 13.º del orden del día: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos para la aplicación
efectiva del Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y del Reglamento sobre el marco de reasentamiento, para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con
los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los reglamentos 2018/1240 y 2019/818. Interviene para presentar el informe la señora
Jiménez-Becerril Barrio.
La señora JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO: Muchas gracias, presidenta.
En el caso del informe que acaba de citar la presidenta, sobre modificación del sistema Eurodac, está claro que los objetivos pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea debido a los efectos pretendidos. La propuesta legislativa
analizada se basa en varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas relativas a un sistema europeo común de asilo que incluya, entre otras cosas, criterios
para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo, así como cooperación con terceros países para gestionar los flujos de personas, la expatriación y expulsión de residentes en situación ilegal y técnicas de
investigación relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada. También hay
medidas que son competencia de Europol y que incluirán la recogida, el almacenamiento, el tratamiento, el análisis y el intercambio de la información, en particular la transmitida por los Estados miembros o terceros países o terceras
instancias. La gestión de la llegada de inmigrantes irregulares o la devolución de estas personas debe abordarse por la Unión Europea en su conjunto y es necesario que se tenga en cuenta la complejidad de una cambiante inmigración, lo que requiere
una mejor coordinación a nivel europeo. Lo ocurrido esta semana en las costas canarias sirve de ejemplo de la presión a la que se ven sometidos en mayor o menor medida los Estados miembros y que afecta a la gestión de los sistemas de asilo,
recogida y retorno.
Esta propuesta modifica la de 2016 relativa a la refundición del Reglamento Eurodac para avanzar en la gestión integral de las fronteras exteriores, la libre circulación, la migración legal y la integración en la línea de un nuevo pacto de
inmigración y asilo. Este pacto garantiza mayor continuidad en los procedimientos de asilo y retorno y tiene en cuenta la presión añadida de los Estados europeos donde llegan los inmigrantes, como ocurre en España; garantiza la continuidad del
procedimiento de la entrada hasta el retorno, mediante controles de identidad, pruebas sanitarias y comprobaciones de seguridad, con la idea de dirigir a las personas hacia el retorno, hacia la denegación de la entrada o hacia un examen de solicitud
de protección internacional. Esta propuesta tiene como objetivo transformar Eurodac en una base de datos europea común que sirva de apoyo a las políticas de la Unión Europea en materia de asilo, reasentamiento e inmigración irregular. No hay que
olvidar el impacto de este mecanismo para la prevención del terrorismo en suelo europeo, al comparar datos biométricos, impresiones dactilares e imágenes faciales en varios sistemas de información. Por ejemplo, si hubiera estado en funcionamiento
este mecanismo cuando hubo el atentado en el mercado navideño de Berlín, se podría haber evitado este atentado en el que murieron doce inocentes y cuarenta y ocho fueron heridos. El terrorista Anis Amri utilizó varias identidades y múltiples
pasaportes de asilados, de personas que ya estaban en Alemania, para ir desde Túnez a Italia y luego a Alemania. Los controles no funcionaron y, por ello, se han llevado a cabo mejoras en los sistemas de Eurodac, DIM y Seiav. Es evidente que nada
tienen que ver asilo, migración y terrorismo, pero es evidente también que los terroristas utilizan todos los canales para conseguir sus fines.
Respecto a la subsidiariedad, la propuesta es coherente y no interfiere en las políticas aplicadas en España respecto a la protección de datos y a la seguridad. Solo se podrán comparar datos de Eurodac después de que las bases de datos
nacionales y automatizadas de otros Estados miembros den resultados negativos. Este instrumento facilitará a la Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros países que entran en la Unión Europea irregularmente o tras
operaciones de búsqueda y salvamento y que solicitan protección internacional. Estos datos son indispensables para una política de inmigración y visado. Eurodac debe modificarse para mejorar el control de la inmigración irregular y para hacer un
recuento de los solicitantes de asilo, y no como hasta ahora solo de las solicitudes. Los Estados miembros no pueden conseguir este objetivo actuando por sí solos, no pueden aplicar de manera eficiente los motivos de exclusión en virtud del
Reglamento sobre el marco de reasentamiento.
Por todo ello -y concluyo, señora presidenta-, esta Comisión entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos, para la aplicación
efectiva del Reglamento de asilo y migración y del Reglamento sobre el marco de reasentamiento a efectos de la aplicación de la ley y por la que se modifican varios reglamentos de la UE es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el
vigente Tratado de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jiménez-Becerril Barrio.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). ¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.